Dos palabras definen el nivel de transparencia del poder legislativo de Panamá: <b>opaco y cerrado</b>. La Asamblea Nacional sigue estando en los últimos lugares del <b>Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa 2023 (ILTL): </b>quedó en el puesto 10 de 14 países evaluados y obtuvo una calificación de <b>38.93%</b>, en una escala donde 0 es opaco y cerrado, y 100% es transparente y abierto. En 2020, el país también quedó en el puesto 10, con una nota de 35.2%, y aunque esta vez obtuvo una leve mejora en la calificación (38.93%), no logró entrar al grupo de países que están por encima del promedio regional (42.13%), puntaje que si lograron Chile, Perú, Costa Rica, México, Paraguay, Argentina, Colombia y Ecuador. El estudio ubica a Panamá en el grupo de naciones con menor puntuación, junto a Guatemala, Uruguay, República Dominicana, Bolivia y Honduras. La investigación, que se hace pública a 32 días de las <a href="https://www.prensa.com/tema/elecciones-2024/" target="_blank">elecciones generales del próximo 5 de mayo</a>, fue presentada este miércoles 3 de abril en el atrio del <b>Tribunal Electoral</b>, en un acto organizado por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional. <b>El ILTL 2023 evaluó cuatro aspectos:</b> En lo que concierne a normatividad, el ILTL destaca que en Panamá no existe ninguna regulación que obligue a los diputados a proporcionar información sobre sus gastos. Sin estos datos, advierte el estudio, la ciudadanía "rara vez" tiene conocimiento del trabajo de los diputados, lo que diluye la capacidad ciudadana de fiscalización. La investigación califica de "desfasada en exceso" la actual legislación sobre declaración patrimonial. También advierte que "carece de los requisitos mínimos para ser considerada un instrumento de transparencia". "En general, los diputados no están obligados a hacer declaración patrimonial al iniciar o finalizar sus respectivos periodos. En el ámbito legislativo, esta obligación solo existe para el presidente y para los funcionarios de manejo. Sin una reforma apropiada a la Ley, los documentos que hoy conocemos como declaraciones patrimoniales carecen de eficacia como instrumento de fiscalización ciudadana", se lee en el documento. En la mesa redonda denominada <b>Retos y oportunidades para la Transparencia Legislativa en Panamá</b>, se analizaron los resultados. En esta dinámica participaron Leah Cedeño de Boersner, vicepresidenta de la Fundación Espacio Cívico; Carlos González, gerente de proyectos de IDEA Internacional Panamá; Hernán Larraín Fernández, expresidente del Senado de Chile; Salvador Sánchez, director del Instituto de Estudios Democráticos del TE; y Juan Diego Vásquez, diputado independiente. Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, presentó el ILTL 2023. <i>Información en desarrollo</i>