El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, aprobó mediante la resolución 13/24 el "Protocolo para la protección y seguridad de fiscales, funcionarios y servidores de los Ministerios Públicos", ratificado en la XXXI Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) en Santiago de Chile, el 1 y el 2 de febrero pasados.
El documento fue elaborado por el Grupo de Trabajo de Seguridad y Protección de Fiscales de la AIAMP, que promueve mecanismos para implementar medidas de seguridad y protección para fiscales, funcionarios y empleados cuando estén en riesgo por el ejercicio de sus funciones.
Participa la Secretaría de Coordinación Institucional (SCI) de la Procuración General de la Nación (PGN), que encabeza Juan Manuel Olima Espel, que aplicará el protocolo.
Cuando un integrante del Ministerio Público Fiscal de la Nación considere estar sometido a violencia, amenaza o intimidación, podrá solicitarle por correo electrónico a la SCI que active medidas de protección. La dependencia le remitirá los planteos al Ministerio de Seguridad de la Nación, que evaluará el riesgo y, en su caso, tomará decisiones para garantizar el resguardo de la integridad física o el normal funcionamiento de la dependencia en riesgo.
El protocolo también contempla el resguardo a los miembros de los ministerios públicos que integran la AIAMP cuando se encuentren fuera de sus países.