El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, ha remitido este martes a las presidencias del Congreso de los Diputados y del Senado su propuesta de modificación del sistema de nombramientos de cargos gubernativos del Poder Judicial y de magistrados del Tribunal Supremo.
La propuesta, enviada a título personal y que no representa la opinión del órgano de gobierno de los jueces, tiene por objeto contribuir a desbloquear la renovación del CGPJ ofreciendo una "fórmula intermedia".
Por un lado, que permita superar la división entre el modelo parlamentario o corporativo de elección de los vocales de la institución y, por el otro, "diluir de una vez por todas la injerencia de otros poderes sobre su actuar, necesariamente independiente", ha anunciado Guilarte en una nota de prensa.
En su escrito a las Cortes, de 17 folios, Guilarte arremete duramente contra la clase política y su falta de entendimiento para renovar el CGPJ, que lleva 5 años en funciones, y alerta del "cambio de cromos" que supondría los 122 nombramientos que tiene este órgano pendientes, y que no puede realizar por estar en funciones, si se renueva con el actual sistema de elección parlamentaria.
Recuerda que la disputa parte de que el partido del Gobierno entiende imprescindible persistir en el modelo de elección parlamentaria, mientras que para "su opositor debe ser sustituido –a tal fin se argumentan las recomendaciones europeas— por una elección estrictamente corporativa de los doce vocales de extracción judicial".
"Advierto por ello -dice Guilarte- que, como única posibilidad de entendimiento, hay que ofrecer fórmulas intermedias con las cuales atemperar la absurda diversidad que paraliza la renovación, para así alcanzar tanto el principal objetivo de renovar el CGPJ como de diluir de una vez por todas la injerencia de otros poderes sobre su actuar, necesariamente independiente".
"La necesidad de renovar el CGPJ -añade- surge de que seguimos actuando internamente con una subliminal tendencia a la continuidad, desprovista frecuentemente de toda legitimación. Muy recientemente se ha manifestado tal realidad, en términos a mi juicio irresponsables, con la renovación de la cúpula de la Escuela Judicial cuando entiendo que debiera haberse acometido este cambio, en su caso, por el nuevo CGPJ".
Guilarte, que ha anunciado su intención de dejar el cargo este verano, considera que su propuesta tendría "una relevante ventaja colateral al debilitar el tribal enconamiento político que ha conducido a desencuentros dramáticos como el que nos aflige", y además "serviría para recomponer las maltrechas relaciones entre los Poderes del Estado".
Se trata de limitar "la inevitable discrecionalidad actual, reenviando de manera efectiva las designaciones a llevar a cabo por el CGPJ a los principios constitucionales de mérito y capacidad". Se haría modificando "tanto la fórmula de selección respecto de cargos gubernativos como de nombramientos del Alto Tribunal".
Los electores deberían ser todos los miembros de la Carrera Judicial del territorio respectivo, es decir, aquellos sobre los que el Tribunal, Audiencia o Sala tenga competencias gubernativas, y los candidatos habrán de presentar un programa de actuación sobre la mejora en su caso del órgano, expone Guilarte.
"Y si bien es tema de mayor recorrido, quizás sea ya momento de diseñar la carrera judicial, es decir el cursus honorum que permita conocer apriorísticamente cuáles son los méritos a valorar para acceder a la cúpula de la Judicatura. Tema hasta ahora entregado a una relativa discrecionalidad del CGPJ", propone también.
Alerta además sobre los 122 nombramientos pendientes por el CGPJ, que tiene limitada esa función al no haberse renovado.
Con el actual sistema, advierte, "el ingente número de cargos vacantes fatalmente acaecería el denostado 'cambio de cromos', conforme a criterios 'políticos', perturbador para la percepción como independientes de los así designados".
Por eso aboga por el cambio en la renovación del CGPJ, "de manera que una vez renovado el CGPJ se pudiera proceder bajo los nuevos parámetros de objetividad al nombramiento de todas las plazas discrecionales vacantes".
"El compromiso político -plantea-, en el momento de la renovación, debiera ser que no se sacaran las plazas vacantes a concurso en tanto no se arbitraran las formas de objetivar los nombramientos discrecionales: las que propongo o cualesquiera otras imaginables".
Sin embargo, añade Guilarte, "parecería que el fondo del desencuentro radica en el afán de los grandes partidos por apropiarse de una mayor cuota de poder".
"A mi juicio, de distinta manera a lo manifestado, lo que mueve a los grandes partidos para persistir de manera inamovible en sus respectivas fórmulas es la disimulada pretensión, proscrita en su expresión, de captación de los Vocales de cara a poder influir, piensan equivocadamente, en futuros enjuiciamientos ante los órdenes jurisdiccionales con mayor relevancia política", apunta el presidente del CGPJ.
Tres presidentes distintos
5 años de bloqueo
El pasado diciembre el CGPJ llegó a los 5 años en funciones por la incapacidad de los dos partidos que se turnan en el gobierno, PSOE y PP, de pactar su renovación.
Esta anomalía, que se traduce en una imagen de descomposición del sistema que deslegitima al Poder Judicial ante la ciudadanía, se prolonga desde el 4 de diciembre del 2018, de manera que su menguante número de vocales –de 20 han pasado a 16 por las dimisiones y jubilaciones– lleva en el cargo desde diciembre del 2013, cuando gobernaba el popular Mariano Rajoy, y con el mandato caducado desde hace un lustro.
Tres presidentes han pasado por el CGPJ en esta década. El último de ellos, Vicente Guilarte, que lo es de forma provisional, ha señalado una salida de emergencia para el laberinto de politización en el que se hallan los magistrados.