Mientras avanza la causa que investiga el presunto abuso sexual por parte de los jugadores de Vélez Abiel Osorio, José Florentín, Braian Cufré y Sebastián Sosa, este último es el único que está libre y tiene predisposición para volver a entrenar al club.
El arquero, tras la audiencia de imputaciones sucedida a fines de marzo en la que fue señalado como "partícipe secundario", fue el único que logró el "beneficio" de la libertad tras abonar una suma de $50 millones en concepto de caución. Mientras tanto, el resto de los denunciados quedó en Tucumán cumpliendo prisión domiciliaria por 90 días.
Ante la posibilidad de que el uruguayo vuelva a vestir los colores del Fortín, son varias las incógnitas que giran en torno a su situación legal. En primera instancia, cabe destacar que, como cualquier trabajador, los vínculos laborales en el fútbol argentino están regidos por la Ley de Contrato de Trabajo.
El abogado especialista en materia laboral Mariano Santi explicó que, según esta normativa, "todos los efectos quedan suspendidos hasta que exista una condena firme, ya sea por absolución o condenatoria". En esta línea, el club no tiene la obligación de abonar el sueldo y en contrapartida, el jugador no tiene la obligación de presentarse a entrenar.
Sobre la responsabilidad que podría caberle al club, por más que el hecho haya sucedido dentro del ámbito laboral tras haberse desarrollado dentro de la concentración, la institución no correría riesgos de ser denunciada. Santi agrega que el club, en caso de que existiera un ilícito, la entidad no tiene la responsabilidad de responder por el empleado.
El letrado detalló además que, en caso de que la condena le otorgue finalmente la libertad, "si aparece una prueba nueva o algo que lo incrimina, esa libertad se puede revocar. Muy probablemente empiecen a jugar no solo los intereses deportivos, sino que también juegan los de imagen, la que el club quiera dar".
Otro instrumento legal que sirve de apoyo es la Ley 20.160, mejor conocida como el Estatuto del jugador de fútbol profesional. Esta normativa se trata de un complemento de la Ley de Contrato de Trabajo y de ninguna forma se puede tomar como la regla troncal.
En esta ley se habla que un contrato puede extinguirse por faltas graves, lo que implicará "la inhabilitación del mismo para actuar hasta el 31 de diciembre del año siguiente de la fecha en que se produjera la misma".
La normativa también abarca una variedad de sanciones que podrían aplicarse en caso de falta grave, las cuales incluyen amonestación y multas que en un mismo mes no excedan el 20% del sueldo mensual y premios que percibe.
Como otra opción emerge la posibilidad de suspender al futbolista sin goce de retribución alguna por un período fijo que no podrá exceder de 60 días en una misma temporada, con la obligación de continuar con sus ejercicios de entrenamiento. Por último, si así se considerara, es posible rescindir el contrato.
Apenas días después de conocida la denuncia, Vélez se expidió al respecto y confirmó la suspensión contractual de los cuatro denunciados y por ende, los separó del plantel.
"Desde ya que Sosa podría intimar a Vélez porque se encuentra en libertad y puede reintegrarse a entrenar, tal como ocurrió con Villa en Boca", comentó el letrado, aunque advirtió: "Para el club el tema del sueldo no es problema porque ya lo tiene contemplado, sino el ejemplo que quiera dar. Ahí habría que leer los contratos o ahondar en lo interno porque estaban concentrados, es decir, estaban en prestación de servicios".
Fabián Berlanga, el presidente del equipo de Liniers, la semana pasada se refirió a esta situación en el programa Vélez a Fondo y manifestó: "Se resolverá cuando venga (Sosa), la Comisión Directiva va a marcar un camino a seguir para decidir. Cuando llegue el momento, que el Departamento de Legales nos dé el ok, mantendremos reuniones para preservar la situación. El fútbol argentino está esperando la reacción de Vélez. No hubo ninguna acción porque estamos atentos. Nosotros no hicimos nada, somos parte de los que recibimos un perjuicio y tenemos que defender los intereses del club".
Ante esta situación, desde la institución de Liniers remarcaron a C5N.com que se está instruyendo el sumario interno, por lo que hasta que no concluya esa etapa y no se tomen medidas definitivas, el futbolista no va a poder entrenar.
Según Santi, la decisión es pura y exclusivamente del club, que de forma interna puede recurrir a distintas opciones. "Más allá del camino legal, el club puede suspenderlo o aplicarle una sanción disciplinaria, por ejemplo, por 10 fechas debido al incumplimiento de las obligaciones. También puede decidir hacer una suspensión de los servicios con goce de haberes, porque la obligación del club es pagar, no garantizar la titularidad", concluyó.