Poco antes de las 9 de la mañana llegó hasta el Tribunal Oral en lo Pernal de Rancagua, el alcalde, Juan Ramón Godoy. Esto bajo una amplia expectación periodística donde incluso el denominado, "Hombre del Cartel", llegó provisto de monedas para lanzarle al edil. Confiado en demostrar su inocencia ingresó el edil, en una audiencia de formalización que se esperaba fuera muy extensa.
Entre los hechos relatados por la Fiscalía se señaló que habría favorecido a ciertos contratantes con diversos actos, tratos directos sin justificación, no cobró multas por incumpliendo, se pagó a empresas por obras no ejecutadas, beneficiándolos con el uso de documentos falsos, generados de forma fraudulenta, para beneficio de particulares, por al menos 2 mil 300 millones de pesos.
La Fiscalía acusó contratos fraudulentos por ejemplo, con el imputado, Javier Cornejo durante los años 2021, 2022 y 2023. Larga fue la exposición sobre el uso que Godoy habría realizado para diversos pagos personales de una cuenta del Banco Itaú a nombre de Cornejo. Se dijo que entre otros pago colegiaturas de una de sus hijas y se realizaron diversas compras tanto en Chile como en el extranjero.
De este modo Godoy -según la acusación- Godoy habría asignado tratos directos a la empresa de Cornejo, por ejemplo un proyecto de mejoras en colegios de la comuna, licitando fragmentadamente temas como pintura y, mejoramiento de baños de establecimientos de educación, donde el imputado Cornejo presenta certificados falsos para adjudicarse los trabajos. Se pagan en exceso trabajos no ejecutados, 29 millones de pesos por obras no ejecutadas y, por diferencia de superficies a pintar pagadas, ocultando el vínculo de amistad con Cornejo mediante testaferros.
En el caso del imputado, Diego Barba Oliva, se le acusa de haberse adjudicado licitaciones fraudulentas. Él le habría comprado a Godoy un automóvil marca Mazda, año 2021 en la concesionaria Anfruns Motors de Rancagua, por más de 32 millones de pesos, además pagó un paquete turístico a Lima para Godoy por más de un millón de pesos. Esto lo hace el mismo que se adjudica una licitación por temas de seguridad en época de Fiestas Patrias.
En lo que respecta a Oscar Martínez Catalán, empresario gastronómico, Godoy le prometió negocios una vez que asumiera en el a cargo. Para esto Godoy le pedía el 10 por ciento de diferentes tratos directos que le ofrecía, a los que el imputado accedía, pagando sobornos por más de 10 millones de pesos para obtener licitaciones fraudulentas, configurándose los delitos de cohecho, fraude al Fisco en calidad de autor en grado de consumado.
En tanto, Carlos Felipe Rodríguez Cajas, entre enero del año 2020 al año 2023 celebró contratos con el municipio, a los que Godoy solicitaba el pago del 10 por ciento de la cuantía de los contratos asignados, a lo que el imputado accedía. Fue favorecido en al menos diez oportunidades. Estos delitos se configuran según la fiscalía como cohecho reiterado y fraude al Fisco, por parte del alcalde y, soborno reiterado en el caso de Rodríguez Cajas.
En cuanto a Daniel Salazar González, entre los 2021 al 2023, concretó tratos directos en temas medioambientales, configurándose delitos de cohecho.
La formalización prosiguió indicándose delitos de cohecho y frade al fisco presuntamente cometidos por Godoy, esto entre los 2021 al 2023, sumado a lavado de activos, utilizando dinero en efectivo y, testaferros para adquisición de bienes a nombre de terceras personas. Por ejemplo, recibe en su cuenta bancaria abonos por más de 3 millones de pesos, así como realiza una serie de pagos millonarios con dinero en efectivo, así como se le incauta en su oficina más de un millón de pesos.
La fiscalía señala que utilizaba cuentas de otras personas para justificar la obtención ilícita del dinero, entre ellas la de Javier Cornejo. Utiliza testaferros para la adquisición de bienes inmuebles, entre ellos uno en la comuna de Doñihue donde realiza un contrato de promesa de compra por la suma de 135 millones de pesos. Esto lo suscribe el asesor Daniel Salazar. Se configura el delito de lavado de activos.
En este sentido, el Fiscal, Nicolás Núñez, sostuvo que para el alcalde Godoy se pide la prisión preventiva, para Javier Cornejo, se pide arresto domiciliario total y arraigo nacional, para Diego Barba la Fiscalía pide la prisión preventiva, para Carlos Rodríguez se pide la prisión preventiva, para Daniel Salazar se pide arresto domiciliario parcial, solicitando el Ministerio Público siete meses de investigación. En el caso del imputado Daniel Salazar finalmente se determinó su arresto domiciliario parcial entre las 20:00 horas y hasta las 06:00 de la mañana. En cuanto a Cornejo a Javier Cornejo, formalizado por el delito de soborno y malversación de caudales públicos, determinó el arresto domiciliario total.
Tras esta determinación estos imputados con sus abogados se retiran, continuando la formalización durante la jornada de la tarde.
DESIGNACIONES DE PROVEEDORES A DEDO
Tras un receso de casi media hora continuó la exposición de cargos, pero esta vez se entregan detalles de las prubas que tendría la fiscalía para su imputación, ya que en la mañana solo se señalaron los hechos sobre los cuales el ministerio público fundamentaba esta investigación. Es así como elFiscal, Nicolás Núñez, adujo que desde el comienzo del gobierno de Godoy, asignaba a dedo como proveedor del municipio a quienes le entregaban beneficios económicos al alcalde, en el caso de Javier Cornejo para que sus empresas fueran favorecidas en el sistema de cuentas públicas. En su teléfono Godoy tenía guardadas claves de acceso a la cuenta bancaria del banco Itaú del imputado Cornejo, clave 1, 2, 3,4, además de uso de tarjetas, que eran usadas para pago de colegios, pagos en supermercados, por parte del alcalde, compras no por menos de 12 millones de pesos, lo que luego era reflejada en que Cornejo se adjudicaba compras públicas. Transferencias por 73 millones de pesos entre agosto del 2021 a mayo del año 2023, coinciden con la fecha en que Godoy recibió por parte de Cornejo la tarjeta para compras y gastos, incluso compras y giros internacionales por montos millonarios, hechos por el alcalde Godoy en países como Perú y México. Los giros de la tarjeta de Cornejo, coinciden con las fechas en que Godoy se encontraba en el extranjero.
Se detectaron cuatro pagos de colegiatura de una de las hijas de Godoy, por más de 2 millones de pesos, pagos realizados con dinero obtenido según el Fiscal, producto de sobornos. Parte de los pagos se realizaron también con la tarjeta de débito de Javier Cornejo, del Banco Itaú. Pagos de gastos médicos personales, compras en grandes tiendas, con tarjetas de Cornejo quedaron en evidencia para la Fiscalía luego que Godoy al momento de realizar las compras, entregaba su Rut para la acumulación de puntos en estas grandes tiendas. 42 millones de pesos en compras entre el año 2022 y parte del 2023 realizó Godoy con dos tarjetas de débito, de propiedad de Cornejo.
Según la fiscalía Javier Cornejo era un proveedor privilegiado de la Municipalidad de Rancagua, la acusación asegura que Godoy pedía a cambio de los contratos que le pagaran el 10% del monto asignado de las licitaciones..
"Existió una gobernanza fraudulenta que asignaba y adjudicaba compras públicas a dedo a aquellos empresarios que entregaban beneficios económicos al alcalde. Idearon y utilizaron un mecanismo para el pago de sobornos a través de la cuenta corriente del Banco Itaú del imputado Javier Cornejo y que, además, utilizaron las tarjetas de débito con las que se lavaba el dinero proveniente de los ilícitos del fraude al Fisco, malversación y cohecho agravado", detalló el fiscal de Alta Complejidad de O'Higgins, Nicolás Núñez.
La Fiscal, Javiera Oro, se refirió a la relación que Godoy mantenía con Diego Barba, dueño de una empresa de seguridad contratada de manera frecuente por el municipio. Coimas y favores comerciales fueron relatados, entre ellos la compra de un vehículo para el alcalde en la suma de 32 millones de pesos, esto en Anfruns Motors, lugar donde Barba pagó con cheques y otra parte en cuotas. Barba propietario de la empresa Bod Seguridad SpA, entre los años 2021 al 2023 ha facturado por lo menos 130 millones de pesos al municipio de Rancagua, entre ellos adjudicarse el servicio de seguridad para las Fiestas Patrias del año 2022.
El relato de la Fiscal Oro indica por ejemplo que por un costo de 45 millones de pesos, el año 2021 Oscar Martínez, quien en esta etapa procesal no está formalizado, podía obtener el arriendo del recinto medialuna para la realización de la feria navideña de aquél año, pudiendo subarrendar 144 locales. Para concretarlo, debía entregar el 10 por ciento del monto al alcalde, vale decir 4 millones 500 mil pesos. Todo lo anterior mediante trato directo y sin licitación.
Pasadas las 17 horas, y una vez terminado el relato de los hechos por parte de la Fiscalía, el tribunal resolvió continuar con esta audiencia mañana a partir de las 9:15 horas. Será el turno de las defensas para presentar sus argumentos y tratar de deslegitimar los argumentos presentados por la fiscalía, momento en que también se discutirá sobre las medidas cautelares de Godoy. Eso sí, durante la discusión de las cautelares de Barba y Rodríguez la Fiscalía ya adelantó que solicitará prisión preventiva para Godoy y un plazo de investigación de al menos 7 meses.