El Gobierno de Aragón se pondrá próximamente en contacto con las personas que depositaron sus datos en el banco genético de la comunidad, con el objetivo de facilitar la identificación de los restos encontrados en las fosas exhumadas de la guerra civil y la posguerra. Una estrategia que conforma uno de los siguientes pasos que el Ejecutivo de Jorge Azcón debe tomar tras derogar la Ley de Memoria Democrática de Aragón, que invalidó varios organismos y actuaciones políticas del Gobierno en materia memorialista.
Pese a que en esta semana, en pleno enfrentamiento con el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, tanto Azcón como la consejera de Presidencia, Tomasa Hernández, anunciaron que el presupuesto para exhumaciones crecerá en un 10%, el Ejecutivo debe tomar varias decisiones en base a la derogación. Una de las más sensibles, por el respeto a la privacidad, es la gestión de los datos.
Por ello, la DGA enviará más pronto que tarde una carta a los ciudadanos que entregaron esta información al banco de datos autonómicos. En ella se relatará lo que se debe hacer y se preguntará a cada persona si quiere o no que sus datos se traspasen al banco de datos nacional, ya que el aragonés desaparece por la derogación de la ley. Más allá de los plazos o de las respuestas de los ciudadanos, hay un problema mayor: no hay banco de datos nacional, por ahora. La última novedad registrada en este aspecto, por parte del Gobierno central, se notificó el pasado mes de septiembre, cuando Justicia anunció la compra de un software encargado de gestionar los datos que lleguen en un futuro y los más de 435.000 de los que ya dispone el ministerio.
El procedimiento aragonés distinguirá entre los registros de ls vivos y de los fallecidos. Hoy, en la base de datos aragonesa, hay perfiles genéticos de 168 familiares y de 42 víctimas de la guerra civil y el franquismo. Además del proceso de comunicación con los familiares, en el Pignatelli tienen claro que los registros de las víctimas se seguirán conservando, ya que no se va a destruir información de los restos exhumados hasta ahora.
Sin plazos exactos para enviar las mencionadas cartas, los servicios jurídicos trabajan para que no se vulnere la privacidad ni la información personal de ninguno de los ciudadanos que cedió sus datos para la investigación. Fuentes del Gobierno aseguran que la protección es «máxima» y que los datos se encuentran «encapsulados de la manera más segura posible», para evitar cualquier falla o filtración.
Todos los avances hechos en torno a la política memorialista genética se hacen siguiendo la ley de protección de datos, que es la que rige en este caso. Se cumplirá siempre con la normativa establecida en este aspecto.
Evidentemente, la derogación de la ley autonómica de memoria no tiene como único reto la buena gestión de los datos, sino que el Ejecutivo también tiene que resolver otra serie de cuestiones. Por ejemplo, la protección de los declarados lugares de memoria democrática: perderán esta categoría, por la derogación, pero seguirán siendo Bien de Interés Cultural, tal y como lo declaró el anterior Gobierno de Aragón.
Aunque el BOE señalaba que la derogación acababa con las acutaciones en el ámbito educativo relacionadas con la memoria, el Ejecutivo autonómico confirma que el derecho a recibir información sobre la guerra civil, la posguerra o el franquismo no se ve alterado. La información seguirá siendo «accesible» para los ciudadanos, aunque desaparecen algunos de los portales web creados al calor de la propia ley.
Sobre las ayudas ministeriales, en las que participa la DGA como una suerte de intermediario, el modelo seguirá siendo el mismo. El Gobierno de Aragón se reunirá con las asociaciones para conocer sus necesidades y traspasarles los fondos que llegan desde Moncloa. Los plazos se decidirán en una reunión sectorial con el Estado que aún no tiene fecha.
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