El 16/04/2012, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció la expropiación del 51% del paquete accionario de YPF, que tenía Repsol. El relato gubernamental fue que así el Estado recuperaba la petrolera creada por Hipólito Yrigoyen en 1922 y privatizada por Carlos Menem en los años '90. El Congreso aprobó y el 04/06/2012 CFK promulgó la norma.
Hay un trabajo muy interesante de Pascale Bonnefoy, periodista y magíster en Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, sobre este tema y que ilustra el backstage de lo que sucedió finalmente con YPF, empresa que hoy día gestiona un reciente ejecutivo de Tecpetrol (Techint / Paolo Rocca), algo que ha provocado no escasa polémica, y seguramente será tema de investigación en breve.
Desde los eventos de 2012, cuando cesó Antonio Brufau como presidente, en representación de Repsol, los presidentes han sido:
- Miguel Galuccio: 05/05/2012 – 29/04/2016
- Miguel Ángel Gutiérrez: 30/04/2016 – 13/12/2019
- Guillermo Nielsen: 13/12/2019 – 19/01/2021
- Pablo González: 19/01/2021 – 10/12/2023
- Horacio Daniel Marín: 15/12/2023 - Actual.
El origen
Pascale Bonnefoy menciona que YPF se fundó como empresa estatal en 1922, y se abrió a la inversión privada en 1985, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, cuando el gobierno de la UCR ofreció en licitación áreas para la exploración y explotación de hidrocarburos, para aumentar las reservas petroleras.
Luego, Carlos Saúl Menem comenzó a desregular y privatizar el sector de los hidrocarburos. Un decreto de 1989 facultó a YPF a convocar a concurso público internacional para seleccionar a las empresas privadas, nacionales o extranjeras, con las que se asociaría en las áreas autorizadas para explotar los yacimientos de hidrocarburos.
Este decreto permitió la libre disponibilidad de los hidrocarburos extraídos para ser comercializados libremente en el mercado interno y externo. E instruyó a los ministerios de Economía y de Obras y Servicios Públicos a presentar un programa de "progresiva desregulación integral de la industria, basado en el cumplimiento del plan de crecimiento de la producción de hidrocarburos".
En 1992 el Congreso argentino aprobó, por abrumadora mayoría, una ley que convertía a la empresa estatal en una sociedad anónima: Estado nacional (51%), provincias petroleras (39%), personal de YPF (hasta 10%). La ley obligaba al Estado nacional y a las provincias a vender al menos el 50% de las acciones de la empresa en un plazo máximo de 3 años.
Durante 1999, Repsol adquirió la casi totalidad del paquete accionario de YPF.
En la década siguiente, vendió el 25,46% de esas acciones al grupo Petersen, de la familia argentina Eskenazy, a la que le financió casi la mitad de la adquisición a través de un 'vendor's loan' (préstamo del vendedor)-, y un 17,09% a otras empresas, manteniendo el control de la compañía.
Luego sucedió la expropiación de los activos de Repsol.
Vaca Muerta
Pascale Bonnefoy menciona que meses antes de la expropiación, Repsol había descubierto enormes reservas de hidrocarburos no convencionales en el yacimiento Vaca Muerta.
Urgente24: CFK fue convencida que con esas inversiones posibles por el fracking que había resultado impactante en USA, su Gobierno podría lograr capitales que no conseguía, y retomar el crecimiento económico. En 2012, CFK mantenía el proyecto de la re-reelección, que sólo abandona con la derrota electoral de 2013.
Volvemos a Bonnefoy: "Sin embargo, la reacción de la comunidad internacional y de potenciales nuevos inversionistas ante el carácter discriminatorio de la medida, obstaculizaron la llegada de capitales frescos. Ante la falta de recursos y tecnologías propias para explotar Vaca Muerta, el gobierno argentino revirtió nuevos controles sobre la inversión extranjera, pagó compensaciones pendientes establecidas en laudos anteriores, acordó una indemnización con Repsol por fuera de su propia legislación y ofreció generosas concesiones a la petrolera estadounidense Chevron para que esta invirtiera en los nuevos yacimientos."
Chevron
La petrolera estadounidense Chevron ignoró las advertencias de Repsol y se aseguró su participación en Vaca Muerta, logrando a cambio condiciones muy favorables en el contrato de explotación con YPF.
En septiembre de 2012, YPF y Chevron firmaron un Memorándum de Entendimiento para iniciar negociaciones sobre la exploración y explotación de los recursos hidrocarburíferos en Vaca Muerta.
En consecuencia, Repsol interpuso una demanda en contra de Chevron ante un tribunal mercantil de España, acusando a la empresa de competencia desleal, y otro en tribunales estadounidenses. En ambos solicitó la anulación del acuerdo y compensaciones.
No obstante las demandas de Repsol, las negociaciones entre Chevron e YPF continuaron y en diciembre de 2012 llegaron a un acuerdo para la explotación del yacimiento, con una inversión inicial de US$1.200 millones y más de US$17.000 millones proyectados para 2017.
Casi 1 año después, en noviembre de 2013, Repsol amplió la demanda en contra de Chevron ante el tribunal de Nueva York, pidiendo nuevamente que se anulara su acuerdo con YPF. Según el presidente de YPF, Miguel Galuccio, el monto inicial de inversión de Chevron ya se había concretado para mediados de diciembre de 2013.
Miguel Galuccio
El relato de Pascale Bonnefoy rescata el rol de Miguel Galuccio en aquellos días de CFK: si bien conducía YPF para el gobierno panperonista, mantuvo la bandera de la inversión extranjera necesaria.
El contrato con Chevron se firmó en julio de 2013, un día después de la promulgación del nuevo Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos, que de alguna manera flexibilizó los nuevos controles a la inversión extranjera.
El entonces presidente de YPF, luego fundador de Vista, defendió la decisión. "El decreto 929/13 constituyó un punto de partida para atraer las inversiones que nos permiten poner en producción vastos recursos de gas y petróleo de la Argentina, en especial los no convencionales, y dar un horizonte de previsibilidad para las inversiones que, por su naturaleza, son de muy largo plazo".
Pemex
Pascale Bonnefoy: "Mientras YPF y Chevron acercaban posiciones, otra empresa extranjera también buscaba introducirse en el negocio de Vaca Muerta: la petrolera estatal mexicana Pemex, segundo accionista de Repsol (9,4%). Esto puso a México en una incómoda posición. Pemex no podía suscribir contratos con YPF mientras Repsol mantuviera un litigio internacional pendiente con la empresa argentina.
Esta situación llevó a Pemex a cuestionar la gestión de la directiva de Repsol, presionar por un acuerdo con YPF y tomar medidas. Así, en noviembre de 2013, Pemex congeló acuerdos para construir 14 barcos en astilleros de Galicia y amenazó con retirar sus inversiones de Repsol78. El Presidente mexicano, Enrique Peña y Nieto, incluso llegó a solicitar a su par español que propiciara un acuerdo entre Repsol e YPF.
Finalmente, en una reunión promocionada por directivos de Pemex en Buenos Aires, el 25/11/2013 el gobierno de Argentina y ejecutivos de Repsol alcanzaron un principio de acuerdo sobre compensaciones por la expropiación. (...)
Con una indemnización de US$ 5.000 millones, Repsol obtiene solo la mitad de lo que había exigido inicialmente como compensación por la expropiación, pero evitó un largo proceso arbitral en el CIADI, que podría terminar con un laudo que le otorgue una cifra de indemnización aún menor, con el riesgo adicional de que Argentina no lo pagara. Por otra parte, con este acuerdo se despejó el camino para que uno de sus principales accionistas, Pemex, pudiera invertir en Vaca Muerta."
Conclusiones
"El caso de Repsol-YPF en Argentina demostró lo costoso que es nacionalizar o expropiar bienes o recursos, transgrediendo obligaciones internacionales derivadas de acuerdos y tratados suscritos en el pasado y que continúan vigentes. El carácter discriminatorio de la expropiación -y el momento en que se hizo, solo meses después del descubrimiento de nuevas reservas en Vaca Muerta- le trajo a Argentina una durísima reacción internacional. La avalancha de críticas y represalias, y la renuencia de otros inversionistas a firmar contratos con YPF -tanto debido a la amenaza de demanda de Repsol, como a la percepción de un clima de inseguridad jurídica- le hizo muy difícil a Argentina atraer nuevos inversionistas para el sector de los hidrocarburos.
Fueron estas dificultades -más la urgente necesidad de contar con el capital y tecnologías para explotar el yacimiento Vaca Muerta- las que obligaron a Argentina a aceptar pagar compensaciones pendientes de casos anteriores ante tribunales arbitrales; llegar a un acuerdo de indemnización con Repsol por fuera de su propia legislación; promulgar un nuevo régimen de inversiones en hidrocarburos más favorable para los inversionistas extranjeros, y acordar concesiones para una transnacional como Chevron que, tal vez, en otras circunstancias, no habría permitido.
Con ello, Argentina levantó las principales barreras que le impedían avanzar en su meta de autosuficiencia energética a través del control estatal de YPF y nuevas inversiones en el sector. Sin embargo, si los términos del acuerdo Chevron son tal como se sospechan, significaría un altísimo costo para Argentina: un costo no solo económico, sino también político, dado que sería contradictorio con los propios principios detrás de la «Ley de Soberanía Hidrocarburífera»."
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