La policía no tiene pruebas para afirmar que los balazos contra el vehículo y la casa de un fiscal en Jacó de Puntarenas estén relacionados con el ejercicio de su cargo. La extrema cautela esperada de los investigadores tampoco les permite llegar a conclusiones sobre los disparos contra el auto de una jueza, un par de semanas antes, en plena vía pública en Tarbaca de Aserrí.
No obstante, sería imprudente no considerar estos casos como intentos de intimidación contra funcionarios judiciales. Los dos atentados se ejecutaron contra bienes, no contra las personas. Los delincuentes se aseguraron de no causar muertos o heridos. En ambas situaciones, el propósito evidente es comunicar una advertencia.
No hemos llegado al punto de atrevimiento necesario para asesinar a un juez, pero todo indica que estamos en camino. Por eso urge tomar, cuanto antes, las medidas de prevención para poner freno a la ola de homicidios y, en particular, al desarrollo del crimen organizado.
Después de los disparos contra el auto de la jueza, la presidencia de la Corte Suprema de Justicia hizo, como lo exige la prudencia, la relación que los policías todavía no pueden hacer. El comunicado enfatizó el compromiso de la Corte con la capacitación de su personal en materia de vigilancia y manejo de riesgos. La Dirección de Seguridad del Poder Judicial, agregó, está revisando los protocolos para mejorar la detección temprana de riesgos y hay coordinación con autoridades fuera del Poder Judicial para proteger a los funcionarios encargados de administrar justicia.
Mario Zamora, ministro de Seguridad Pública, manifestó su deseo de colaborar para poner coto a actos de intimidación como el ocurrido en Aserrí. "La defensa del Estado de derecho nos convoca a dar nuestros mejores esfuerzos para preservar nuestra institucionalidad", afirmó.
Pero el respeto a la integridad física de jueces, fiscales y otros funcionarios de la Corte —hasta ahora la norma en Costa Rica— deriva del respeto hacia la función judicial. Sin ella, no hay Estado democrático ni medios para resolver conflictos sin recurrir a la violencia. Tampoco hay garantía para las libertades individuales.
Por eso el discurso público, especialmente cuando emana de las máximas autoridades de la República, no puede apartarse de la consideración debida al Poder Judicial. Si desde la cúpula se escuchan afirmaciones amenazantes o intimidatorias contra jueces y fiscales, la protección conferida por el respeto a la magistratura se erosiona y puede conducir a resultados nefastos para el Estado de derecho.
La reiterada mención, en conferencia de prensa del presidente Rodrigo Chaves, del nombre de la jueza que dictó la suspensión del decreto emitido para reducir los aranceles del arroz inquietó a la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) y a la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM). También debe inquietarnos a todos, especialmente cuando las menciones se acompañan de afirmaciones ambiguas, como "esto no se va a quedar así".
"Es reprochable que, en momentos de lamentable inseguridad en el país, con atentados contra personas de la Judicatura y la Fiscalía, se indique de manera ligera el nombre de la persona juzgadora, exponiéndola además a un eventual riesgo. Esta no es la transparencia por la que siempre abogamos, es amedrentamiento e irresponsabilidad", lamentaron las dos organizaciones en su comunicado.
Las palabras tienen consecuencias, algunas veces no deseadas por quienes las pronuncian. Si emanan de altas esferas de la autoridad política, su peso y posibles consecuencias deben ser medidos con extremo cuidado, si no por las implicaciones para las personas, al menos por sus efectos sobre la institucionalidad. Los funcionarios judiciales no están exentos de crítica, pero el examen de sus actos no debe cruzar la frontera del ataque y el amedrentamiento.