Procuraduría interroga nuevamente a contratista por caso Calamar
El interrogatorio al contratista Fernando Crisóstomo ocurre en un momento en que vence el plazo para la presentación de la acusación.
En la continuación de las investigaciones en el caso Calamar, la Procuraduría General de la República llamó nuevamente para interrogatorio al contratista Fernando Crisóstomo, en un momento en que vence el plazo para la presentación de la acusación.
De acuerdo a una fuente ligada a la investigación, Fernando Crisóstomo, fue interrogado el pasado fin de semana por la directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso.
El expediente elaborado por el Ministerio Público sobre el caso Calamar, señala que el acusado Fernando Crisóstomo era la persona que le hacía entrega de dinero en efectivo del erario al también investigado Víctor Matías Encarnación Montero, quien al igual que los demás supuestamente buscaba favorecer la campaña de Gonzalo Castillo.
Encarnación Montero, exdirector técnico de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), en la audiencia del caso Antipulpo donde también figura como acusado, admitió que recibió RD$35 millones del contratista Crisóstomo para financiar a los candidatos municipales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de la región sur, durante la campaña de 2020.
Crisóstomo es acusado, junto a los demás señalados en el presunto entramado de corrupción, de realizar acciones en favor de esa estructura para los procesos de expropiaciones, cobros ilegales de bancas deportivas, de lotería y colmados donde se operan de manera ilegal máquinas tragamonedas cuya participación fue vital para lograr el pago emitido por el Ministerio de Hacienda.
Asimismo, es señalado como la persona que presuntamente instruyó al acusado Efraín Santiago Báez Fajardo, de entregarle dinero en efectivo a Ramón Aquilino Pérez Rojas, asistente del despacho del ex contralor general de la República, Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana.
Además, es acusado junto a otros encartados, de realizar cobro ilegal a los dueños de bancas de lotería y de bancas de apuestas, para permitir la operatividad y el uso de máquinas tragamonedas.
Agrega que cuando los dueños de comercio no realizaban el pago, el departamento de fiscalización del Ministerio de Haciendas, por instrucciones de los directores de Casino y Juego de Azar cerraban las respectivas bancas. Dicho plan también incluía el pago por el uso de las tragamonedas en los denominados colmadones.