Último día de huelga de los vigilantes de seguridad del aeropuerto Alicante-Elche. Desde el pasado jueves y coincidiendo con las vacaciones de Semana Santa, el personal ha venido manteniendo paros parciales de 8.30 a 9.30 horas y de 18.00 a 19.00 horas. Unos paros que se han repetido este lunes a primera hora y acabarán con la huelga de esta tarde. La huelga se retomará el próximo 22 de junio si hasta entonces no hay una negociación seria por parte de la empresa para solucionar el conflicto, ha advertido el presidente del comité de empresa, Carlos Antón. Para este lunes, en la terminal había programados un total de 333 vuelos, por lo que las aglomeraciones y las colas se han dejado notar mientras han durado los paros.
"Los vigilantes sin servicios mínimos han secundado el 100% el paro, además los auxiliares de servicios que pertenecen al grupo Sureste también están realizando paros, ya que también realizaron convocatoria de huelga", aseguró. Desde el Comité de huelga se indicó que este lunes es el último día de paros de Semana Santa y que estos se retomarán a partir del día 22 de junio "si hasta entonces no hay ninguna negociación sería para solucionar el conflicto. No se descarta realizar otros métodos de movilizaciones en el aeropuerto para que se cumplan nuestras condiciones laborales, el Estatuto de los trabajadores y nuestro Convenio colectivo". Sureste Seguridad sustituyó a Ilunion el pasado mes de diciembre en la gestión de los servicios de seguridad de la terminal.
Desde el comité se lamentó que "las licitaciones para conseguir concursos públicos en las administraciones públicas tanto nacional como autonómica son aceptadas a la baja por lo que se crea precariedad laboral y económica en el sector de la seguridad privada". Del mismo modo, estas fuentes destacaron también que "existe abierto desde hace tres años un expediente en la Inspección de trabajo sobre riesgos psicosociales debido a los turnos de trabajo, abusos de poder, acoso y coacciones en el ámbito del Aeropuerto". Desde el comité se ha denunciado que la empresa había impuesto unos servicios mínimos del 85 por ciento, un porcentaje que los trabajadores consideran excesivo-
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