La regularización de las concesiones municipales es un punto pendiente del Gobierno de Inés Rey, sobre todo en la Concejalía de Deportes, donde numerosas instalaciones se encuentran gestionadas por empresas cuyo contrato ha caducado. Un ejemplo de ello es el campo de golf de la Torre, dirigida por la UTE de Supera Sidecu y Orto. Pero hay otros que se encuentran en una situación similar, como el complejo deportivo de San Diego (también de Sidecu).
En realidad, todas las instalaciones de la Concejalía de Deportes que se hallan en régimen de concesión se encuentran caducadas desde hace varios meses. Esto incluye, además de las dos mencionadas anteriormente, la gestión del servicio publico de actividades deportivas (el contrato de Serviplus finalizó en noviembre) y el de la piscina municipal de San Amaro, cuyo contrato, gestionado por el Club del Mar San Amaro, caducó en mayo del año pasado.
No está de más recordar la polémica sobre dichas instalaciones que vivió en 2022: el Club exigía que fuera el Ayuntamiento el que se hiciera cargo del sobrecoste que había generado la piscina por estar climatizada. Los costes, de 24.000 euros al mes se habían disparado y con las cuotas no podía cubrirse. Al no obtener una respuesta satisfactoria del Ayuntamiento, solicitaron una rescisión del contrato. Desde entonces la situación se ha enquistado sin que se haya llegado a una solución definitiva.
La falta de un contrato en regla tiene consecuencias, y no solo administrativas: los trabajadores del campo de golf de la Torre protestaron ayer porque la concesión llevada caducada desde 2017, y aseguran que la UTE cada ve invierte menos en las instalaciones, de ahí que su estado sea "cada vez máis lamentable".
Este abandono sería la causa, según ellos, de que los usuarios se estén dando de baja o se movilicen para protestar, como ocurrió hace unos meses. También genera problemas laborales: desde el sindicato CIG protestan por el "absoluto desprezo polo cadro de persoal" que, aseguran, muestra el Gobierno local.
El responsable político de estas instalaciones, Manuel José Vázquez Martínez (adscrito al área de Fomento y Promoción de la Ciudad), se ha negado a entrevistarse con la delegación sindical alegando "e a través da súa secretaria, que o problema das persoas traballadoras é un problema da concesionaria, e que el non está para isto". Pero desde CIG-Servizos recuerdan que se trata de una propiedad municipal y que la concesión lleva seis años en situación irregular