La cruzada del Gobierno contra los visados de oro (golden visa, en inglés) es, ni más ni menos, que una cruzada para apenas 10.000 visados que se han concedido en la última década, de acuerdo con los datos que ha aportado el Ejecutivo.
Según con la información que han aportado fuentes de Moncloa, las 10.000 autorizaciones concedidas por inversiones inmobiliarias (que no tienen que ser únicamente por compraventa de vivienda, ya que pueden incluir otros activos -inmueble, piso, terreno, local…-, y en cuantía suficiente para superar el umbral de los 500.000 euros) representan el 94% de estos permisos de residencia VIP, desde su entrada en vigor en 2013.
La ley de apoyo a emprendedores y a su internacionalización que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy contemplaba la creación de estos visados en cuatro modalidades: inversiones en títulos de deuda pública española por valor de más de dos millones de euros; inversiones en capital, fondos de inversión o depósitos bancarios por más de un millón de euros; compra de inmuebles por más de 500.000 euros; y la inversión en proyectos empresariales de interés general, que conlleven creación de empleo o tengan un impacto relevante en determinadas zonas geográficas.
De estas cuatro excepciones, la más utilizada, por ser también la más barata, ha sido la de las inversiones inmobiliarias, muy criticada por los partidos a la izquierda del PSOE, como Sumar, que ha celebrado la decisión. «Las golden visa son una vergüenza europea. Yo como parlamentario europeo las combatí de una manera muy clara porque no puede ser que a alguien, por el hecho de ser multimillonario y poder garantizarse una inversión inmobiliaria de un millón de euros, se le otorgue un permiso de residencia», señaló el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, tras conocerse la medida.
El portavoz económico en el Congreso, Carlos Martín, celebró a través de la red social X (anteriormente conocida como Twitter) el anuncio, señalando que los próximos pasos a seguir deberían ser «prohibir comprar una vivienda en la que no se va a vivir, como pasa en Canadá y Ámsterdam».
De hecho, en su programa electoral para el 23-J, el partido liderado por la vicepresidenta Yolanda Díaz ya contemplaba una restricción a las autorizaciones de compraventa en zonas de mercado tensionado. «Estudiaremos si conviene condicionar las autorizaciones administrativas de compraventa de vivienda a que el comprador resida en la misma, la destine a alquiler habitual de larga duración o a un alquiler protegido», detalla el documento.
Formalmente, la entrada en vigor de esta modificación -solo se prevé eliminar la cláusula referente a las inversiones inmobiliarias- aún tardará un tiempo, ya que el anuncio del presidente Pedro Sánchez hace referencia al estudio en la reunión del Consejo de Ministros de un informe para su retirada.
Además, en el sector creen que la medida tendrá poco recorrido, ya que afecta a un porcentaje muy pequeño de los 4,5 millones de viviendas que se han comprado en España en la última década, por lo que difícilmente será la solución para los problemas de vivienda en zonas como Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante, Islas Baleares y la ciudad de Valencia. Son estos los lugares que más están concentrando la inversión de este tipo, como señaló Sánchez.
«Es decir, precisamente los territorios y las ciudades que se están enfrentando a un mercado de la vivienda altamente tensionado y donde es casi imposible encontrar una vivienda digna para quienes viven y trabajan en ellos y pagan sus impuestos cada día«, arengó el presidente.
En un comunicado, el portavoz de Idealista, Francisco Iñareta, ha criticado la medida y ha asegurado que «no tendrá ningún impacto en el mercado inmobiliario». «Según los últimos datos oficiales, entre 2013 y 2022 se concedieron en España menos de 5.000 permisos de residencia de este tipo, lo que supone menos del 0,1% de los 4,5 millones de viviendas vendidas en el mismo periodo». Apenas supone un 0,2% si tenemos en cuenta los datos que ha aportado Moncloa.
Tampoco lo creen en pisos.com. Su director de Estudios, Ferran Font, asegura que ese impacto será «relativo» y pide prudencia: de acuerdo con los datos de 2022, apenas se concedieron 136 visados de esa clase, un 0,1% de las compras por parte de extranjeros en todo el territorio nacional.
Los despachos tampoco están muy preocupados por su eliminación. Gran parte de los compradores extracomunitarios son inversores latinoamericanos que quieren adquirir inmuebles en España -sobre todo, Madrid- como manera de gestionar su patrimonio y para tener un «refugio» en Madrid, donde pasan grandes temporadas. Lo explica el socio de Dfive Legal Partner Miguel Ángel Albaladejo: «No hemos recibido llamadas. A los inversores latinos les da igual la 'golden visa'. Muchos de los que compran un piso de tres millones no la solicitan», indican.
Los grandes interesados, explica el experto, serían patrimonios de China o Rusia. Y, precisamente, a estos últimos se les restringió el acceso como parte de las sanciones tras la invasión de Ucrania.
En la actualidad, España es uno de los cuatro países en la Unión Europea -junto con Malta, Grecia e Italia– que emiten un visado de estas características. Portugal anunció el año pasado su eliminación.