La Confederación de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) se ha sumado a las voces críticas de la última "hazaña" congresal: la aprobación, por insistencia, de una ley que le abre las puertas de las aulas públicas a profesores desaprobados en la evaluación docente. Alfonso Bustamante Canny, presidente de la referida institución, advierte una suerte de negociación entre las bancadas respecto de esta norma, y es que resulta demasiada coincidencia que 92 legisladores de distintas tendencias ideológicas hayan coincidido en un tema que, a todas luces, es una contramarcha en el proceso de reforma educativa.
El Congreso aprobó la insistencia de la autógrafa de ley que dispone el reingreso a la Carrera Pública Magisterial de miles de profesores que desaprobaron la evaluación docente o, en su defecto, se negaron a someterse a ella. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Es una gran contradicción, es como si los maestros dijeran que los alumnos ya no tienen que aprobar los cursos. Los maestros tuvieron la oportunidad de ser examinados y, en caso hubiesen reprobado, tenían la posibilidad de volver a tomar el examen. Es muy grave que tengamos a una población juvenil educada por profesores claramente no aptos. Preocupa este retroceso en la Carrera Pública Magisterial. Recordemos, además, que sobre una parte importante de esa población, sobre todo la rural, pesa la lacra de la anemia infantil, para que ahora, encima de eso, tengamos profesores no calificados; realmente es una vergüenza. (...) Habría que preguntarles (a los congresistas) en qué estaban pensando cuando votaron de la forma que lo hicieron.
¿Cuál cree que es el trasfondo político en esta decisión que se aprobó por 92 votos de todas las tiendas?
Solamente nos queda entrar en el terreno de la especulación, puesto que no somos parte del Congreso, y partimos de la base de encontrar un Congreso muy fragmentado además de altamente polarizado. Lo que vemos, lo que supongo a título personal, es que entre las bancadas tienen que encontrar una forma para negociar una por otra; lo que llama la atención es que se utilice la educación de los niños y los jóvenes como una moneda de cambio, si fuera así eso cruza cualquier raya de negociación política, ¿no? Llama la atención que bancadas opuestas hayan coincidido en un tema tan elemental como este y de una gravedad tal.
Dado que es una norma aprobada por insistencia ya no puede ser observada. ¿Cree que el Ejecutivo se animará a presentar una acción de inconstitucionalidad? No se ha escuchado tampoco la voz del ministro de Educación.
Es correcto, al aprobarse la norma por insistencia no se requiere que el Ejecutivo la promulgue. Yo he hablado con el ministro de Educación y él comparte la preocupación, pero busca encontrar los espacios para ir hacia adelante, y con una estrategia de generar en el marco de la actual ley, una meritocracia; nos vamos a reunir próximamente para ello.
La bancada del Bloque Magisterial, afín al Movadef, ha presentado un proyecto para extender hasta 2027 el accionar de la minería ilegal ampliando los plazos de formalización, y en un contexto de violencia, con un ataque a la minera Poderosa en Pataz que dejó un muerto y varios heridos, ¿cuál es su reflexión?
Lo que estamos viendo en el ámbito de la minería ilegal es que, efectivamente, tiene acciones terroristas; el asesinar a personas inocentes, a trabajadores, volar torres, nos hace recordar los años 80. Lamentablemente, vemos que está recrudeciendo el terrorismo de la mano de la minería ilegal. Lo que sucede es que coexisten dos tipos de regulación, para la minería formal unos estándares de primer mundo, difíciles de cumplir, y por ello tenemos a los mejores operadores del mundo en el país. Sin embargo, esa regulación tan rígida y exigente, como debe ser, hace difícil que la pequeña minería pueda obtener esa formalización y se ha optado, entonces, por una norma que es absolutamente contrapuesta con la formal, en la que basta una declaración jurada para decir: 'me voy a portar bien', 'no voy a utilizar los explosivos de manera ilegal'. (...) Se está generando una escalada de violencia terrorista, tenemos que tener cuidado, las principales víctimas de la minería ilegal, que viene ya acompañada del terrorismo, son los pequeños mineros informales, quienes son atropellados por estas organizaciones criminales, (...) ya no es un tema de formalización minera solamente, es un tema de combate contra el terrorismo.
El año pasado se presentó un proyecto para que el presidente ejecutivo de Essalud sea elegido por el consejo directivo de la institución donde están representados el Estado, empresarios y trabajadores, pero no ha prosperado el tema. ¿Cuál es su postura sobre el particular?
Es una iniciativa que ya tiene un poquito más de un año y que presentó el congresista Alejandro Cavero, pero que tiene el respaldo de diversas bancadas y busca que los trabajadores que están asegurados en Essalud realmente puedan recibir atención de salud, cosa que hoy es muy limitada. Creemos que la norma va por buen camino de gobernanza de la institución en lo que significa que la Junta Directiva se haga responsable de todos los hechos y acciones de la entidad, no solamente el representante del Ministerio de Trabajo. Desde la Confiep hemos hecho nuestro este proyecto de ley y lo venimos promoviendo con reuniones con las diferentes bancadas en el Congreso, los ministros de Salud y de Trabajo y no encontramos resistencia porque es un proyecto que va a beneficiar a cientos de miles de peruanos. (...) Lo que queremos es que haya gerentes profesionales, que los nombramientos en los directorios sean, independientemente de quién los nombre, de profesionales capaces y con la experiencia para llevar una empresa del tamaño de Essalud.
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