Santo Domingo.- Los 3,849 funcionarios que fueron electos en cargos en los ayuntamientos en las pasadas elecciones la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) exhortó que soliciten la suspensión de su Registro de Proveedores del Estado (RPE) ante esa entidad.
Carlos Pimentel expresó que en su condiciones rector del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas y en aras de contribuir con la transparencia e igualdad de oportunidades y evitar conflictos de interés, estaremos identificando a todas las autoridades electas que tengan Registro de Proveedores de Estado (RPE) y que entran en el régimen de incompatibilidades para proceder a la suspensión de oficio de sus registros, cuando asuman sus funciones.
La observación es extensiva para los 158 alcaldes; 1,164 regidores; 235, directores; 735 vocales; 158 vicealcaldes; 1,164 suplentes y 235 subdirectores.
El órgano rector informó que, a partir de la toma de posesión de las nuevas autoridades, el próximo 24 de abril, procederá a realizar un cruce en su base de datos con el fin de identificar a todos los funcionarios electos en el ámbito municipal que se encuentren en el régimen de incompatibilidades para proceder con la suspensión de su RPE.
La DGCP recordó que, el artículo 14 de la Ley 340-06, de Contrataciones Públicas, establece que las autoridades municipales, como son los alcaldes, regidores, directores de juntas distritales y vocales, no pueden ser oferentes ni contratar con el Estado para suplir bienes, obras y servicios a las instituciones gubernamentales.
Mediante una nota de prensa, Pimentel también exhortó a las nuevas autoridades municipales a gestionar sus procesos de compras a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (Portal Transaccional), que es la plataforma de uso obligatorio para la gestión de los procesos de compras y contrataciones de los organismos sujetos al ámbito de aplicación de la Ley 340-06, para garantizar el cumplimiento de los principios de participación, transparencia y publicidad.
El funcionario recordó que los gobiernos locales son evaluados a través del SISCOMPRAS, un indicador que mide el cumplimiento de la normativa, a través de los registros en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
Pimentel reiteró a las autoridades electas que la DGCP está en la mejor disposición de acompañarles en este proceso, en caso de tener cualquier duda o consulta en la materia, a fin de que su accionar se realice siempre en el marco de lo que establece la Ley 340-06 y su reglamento de aplicación 416-23.