La reciente irrupción en la embajada de México en Ecuador ha desatado una controversia sin precedentes, sacudiendo la región y generando reacciones en todo el mundo. Esta acción, considerada como una violación a la inviolabilidad de las sedes diplomáticas, ha provocado un enfrentamiento entre ambos países, con acusaciones y reproches mutuos.
El pasado incidente en la embajada de México en Ecuador ha desencadenado una serie de reacciones a nivel regional e internacional. Si bien las embajadas son tradicionalmente consideradas inviolables, el gobierno ecuatoriano ha defendido su acción como un acto de soberanía, lo que ha generado un tenso debate sobre los límites de esta prerrogativa diplomática.
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En respuesta a la situación, Ecuador ha solicitado una reunión de emergencia de la Organización de los Estados Americanos (OEA), buscando abordar el incidente y defender su postura. Sin embargo, la OEA no solo ha reprochado el accionar de Ecuador, sino que también ha dirigido críticas hacia México, acusándolo de violar la convención de Caracas al asilar a un criminal condenado, en referencia al exvicepresidente Jorge Glas.
El gobierno mexicano, por su parte, ha anunciado que llevará el caso ante cortes internacionales, argumentando que la acción de Ecuador violó normativas diplomáticas. Sin embargo, expertos legales ecuatorianos como el abogado penalista Gabriel Ponce han señalado que no existe una base legal sólida para esta reclamación, ya que Glas no califica como asilado político ni como huésped según las leyes internacionales. En una entrevista exclusiva a PanAm Post, el letrado expresó lo siguiente:
"El artículo tres de la Convención sobre Asilos Diplomáticos, que es la famosa Convención de Caracas, dice que no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios, competentes y por delitos comunes, o que estén ordenadas por tales delitos y por dichos tribunales sin haber cumplido las respectivas penas".
Glas, quien enfrenta condenas por malversación de fondos relacionados con la ayuda a damnificados del terremoto de 2016 en Ecuador, se encuentra en el centro de esta controversia. A pesar de haber sido liberado anticipadamente, su estatus legal continúa siendo objeto de debate, con Ecuador argumentando que no puede ser considerado como perseguido político debido a la naturaleza civil de los delitos por los que ha sido condenado.
"Los delitos de peculado, de enriquecimiento ilícito, organización internacional o delincuencia organizada son delitos comunes, no es un delito político. Entonces, al no ser un delito político y al haber una sentencia condenatoria por un delito común, el gobierno mexicano, el gobierno mexicano habría violentado el artículo tres de la Convención sobre Asilos Diplomáticos. Ahora, ¿qué es lo que le correspondía al gobierno mexicano en el momento en el que Jorge Glass pidió el asilo?, de acuerdo a la misma resolución de la OEA, señala que el Estado, en este caso el Estado mexicano, una vez que recibe al solicitante del asilo, debió haber entregado a la autoridad local competente que lo requiera para que cumpla con la condena".
Este enfrentamiento diplomático entre Ecuador y México también ha puesto de manifiesto el papel de México como refugio para políticos del socialismo del siglo XXI con antecedentes penales. La situación ha generado preocupación en la comunidad internacional y ha dejado un precedente controvertido en cuanto a la inviolabilidad de los territorios diplomáticos.
Aunque el gobierno ecuatoriano ha defendido su acción como una medida soberana, enfrenta el desafío de lidiar con las repercusiones a nivel mundial, con solo El Salvador mostrando su apoyo al país sudamericano en este conflicto diplomático.
El incidente en la embajada de México en Ecuador ha generado una crisis diplomática de proporciones significativas, sacudiendo las bases de la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y desencadenando un debate sobre la soberanía de los estados en el ámbito internacional. Mientras Ecuador busca defender su posición ante las acusaciones de violación de normativas diplomáticas, México busca respaldar su reclamación mediante acciones legales internacionales. Sin embargo, el caso sigue siendo objeto de controversia y debate, con repercusiones que podrían afectar las relaciones bilaterales entre ambos países y su reputación a nivel mundial.