El Gobierno analiza mantener el congelamiento de tarifas del transporte público -trenes y colectivos- en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante mayo. De esa manera, tendría un respiro con la inflación, que igualmente vendrá sobrecargada por los aumentos en el gas natural y la energía eléctrica.
Del otro lado de la cuenta, el Estado nacional, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires deberían aportar más dinero en subsidios para garantizar el normal funcionamiento de los colectivos y evitar otro paro más -o "retención de tareas" como el que ocurrió el jueves 11.
"En principio no hay ajuste previsto para mayo", comentó una fuente oficial a Clarín, que consultó si se aplicaría el mes que viene la actualización por inflación de hasta 51,6% en las tarifas de trenes y colectivos, de acuerdo a lo establecido por el artículo 11 de la Resolución 5/2024 de la Secretaría de Transporte.
Si se implementara el ajuste, el boleto mínimo los colectivos en la Ciudad y el Gran Buenos Aires (GBA) debería saltar de $ 270 a $ 409,32 -como máximo-, y el de trenes, de $ 130 a $ 197,08, siempre para los que tengan su tarjeta SUBE registrada.
En caso de que el Gobierno extienda el congelamiento -la última actualización fue en febrero y la suba de tarifas de los colectivos acumuló 419% en lo que va del año-, la Nación deberá otorgar más subsidios para sostener el funcionamiento del sistema.
Por esta razón, el camino es estrecho y cada alternativa tiene un enorme costo: social, si los aumentos lo pagan los usuarios; económico, si se cubren con subsidios en medio del ajuste fiscal; y político, si el Gobierno no reconoce más gastos y obliga a los trabajadores y las empresas a prolongar el conflicto salarial.
El paro de esta semana tuvo que ver, nuevamente, con esta situación. Según la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), que representa al grupo Metropol, el segundo en importancia detrás de DOTA, en marzo el costo "real" de un pasaje de colectivos fue $ 1.198 -con IVA incluido-.
Los usuarios pagan con sus tarifas un mínimo de $ 270 y el Estado, con subsidios, otros $ 354 por pasajero para completar $ 624, reconocidos por el Gobierno.
Por eso, declara el sector privado, van a pérdida por $ 574 por boleto o $ 92.912,24 millones por mes, que se reflejan en una "pérdida de calidad del servicio, frecuencias, seguridad y renovación de unidades".
Dentro de la estructura de costos reconocida por el Gobierno, con los $ 624 por pasajero alcanzaría para pagar salarios a los choferes de $ 737.000 y no los $ 987.000 que reclama la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el sindicato que representa a los trabajadores del sector.
En los próximos días el sector espera la publicación de una nueva estructura de costos en la que el Estado se debería comprometer a gastar más en subsidios o, finalmente, avanzar con el incremento de tarifas. Si no, la situación se puede volver a tensar a partir del jueves 25 de abril, cuando la UTA retomaría las medidas de fuerza.
De acuerdo a lo que dicen en el sector, el conflicto se podría haber evitado con tan solo $ 12.500 millones más ($ 250.000 a cada uno de los 50.000 choferes en actividad).
En los primeros 100 días de 2024, el Estado nacional pagó subsidios al transporte público por colectivos en AMBA por unos $ 190.902,25 millones, canalizados a través del Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT), de acuerdo a los datos de Presupuesto Abierto.
Mientras tanto, las transferencias a Trenes Argentinos sumaron otros $ 132.877,44 millones, por lo que la contracción en términos reales -descontado el efecto de la inflación- se acerca al 60% interanual. La baja corresponde a los aumentos de tarifas, pero también a haber pisado los pagos.
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