El grupo municipal de Compromís del Ayuntamiento de Castelló quiere una comisión de investigación no permanente que trate «el impago de la zona azul y las sanciones que se derivan por parte del concejal de Movilidad». Los valencianistas tienen el propósito de profundizar en esta cuestión después de que el pasado mes de enero los socialistas denunciaran que el edil Cristian Ramírez «no había abonado las multas que el Ayuntamiento le había puesto por estacionar en la ORA sin pagar».
Así lo recoge el texto que el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, registró ayer en la secretaría del consistorio y en la que proponen al pleno la apertura de esta comisión de investigación porque «Castelló tiene como máximo infractor de la zona azul al concejal de Movilidad de la capital».
Será la sesión plenaria del 30 de mayo la que determine si abre esta comisión de investigación. Para ello tiene que contar con la mayoría absoluta del pleno, por lo que es difícil que salga.
La presentación del escrito obedece, según Garcia, a la negativa de Carrasco «a facilitar la información y el acceso a la documentación y datos que nos permitan realizar nuestra función como concejales de la oposición elegidos democráticamente para el pueblo de Castelló».
Acceder a los expedientes
Para el valencianista es necesario que ellos accedan a los expedientes, así como a la información de la empresa «con el fin de poder dilucidar, tanto el número de sanciones como la gravedad de estas, así como los trámites que se realizaron para su liquidación y discernir los motivos del concejal de Movilidad para este incumplimiento reiterado de la ordenanza de laque es máximo responsable». Garcia manifestó que la creación de esta comisión «nos permitiría acceder a la información que la empresa contratada tiene la obligación de compartir con el Ayuntamiento de la gestión de la zona azul, así como la que tenga este Ayuntamiento de Castelló alrededor de este caso».
Si bien el pleno dirá si tiene lugar la comisión de investigación o no, el concejal de Movilidad ya compareció en sesión plenaria donde mostró dos documentos donde afirmaba que no tenía deudas ni con el Ayuntamiento ni con la empresa de la ORA. No obstante, el equipo de gobierno tardó más de cinco semanas en hacer llegar esos documentos a la oposición, según destacó Ignasi Garcia.
Hay que recordar que, en el caso de que el consistorio apruebe esta investigación, no será la primera que tenga lugar en Castelló. En el mes de septiembre de 2019, a petición del PP y Ciudadanos, comenzó una sobre el Centro Integrado Municipal de Seguridad y Emergencias, mientras que en marzo del 2016 se inició la auditoría sobre la gestión de las fiestas de la Magdalena que solicitó Castelló en Moviment.
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