Teresa Domínguez
Los cuatro menores acusados de la violación múltiple de dos niñas de 12 y 13 años el 16 de mayo de 2022 en una casa abandonada del centro de Burjassot, en la provincia de Valencia, de la que informó en su momento en exclusiva Levante-EMV, del mismo grupo editorial, consiguieron evitar este lunes 'in extemis' el juicio tras acceder a un acuerdo, tal como había adelantado horas antes este diario. El acuerdo ha sido impulsado por la acusación particular que ejerce la penalista Isabel Carricondo, del despacho de Juan Carlos Navarro, en nombre de la niña de 13 años, quien sufrió una violación individual a manos de uno de los acusados y después una grupal por parte de tres menores, aunque solo dos han podido ser acusados, juzgados y condenados porque el tercero era menor de 14 años y, por tanto, inimputable.
Tal como adelantó este periodico el lunes instantes después de que se cerrara el acuerdo, las máximas medidas -término que designa la pena en la jurisdicción de Menores- son para los dos autores de la violación grupal. Uno de ellos, con mayor grado de participación y, por tanto, de culpabilidad, tendrá que cumplir cuatro de los seis años en régimen cerrado que pedían tanto la Fiscalía como la acusación particular. Una vez que termine esos cuatro años de encierro, deberá cumplir tres más de libertad vigilada y tres de alejamiento de su víctima.
El otro autor de la violación en manada ha aceptado tres años de internamiento en régimen cerrado en lugar de los cinco que pedían las acusaciones, y los mismos tiempos de alejamiento -tres años- y de libertad vigilada -tres años- que su amigo.
En total, 16 años de libertad vigilada.
Así mismo, las familias de ambos pagaron ayer 10.000 euros cada una de ellas a la víctima, como indemnización y reparación parcial del daño.
Por lo que respecta a los otros dos acusados, cada uno de ellos ha admitido los hechos imputados, esto es, sendas violaciones individuales. El que agredió sexualmente a la menor de 12 años ha evitado el internamiento con esa asunción de culpa, pero deberá pagar con cinco años de libertad vigilada y otros cinco de alejamiento de su víctima, mientras que al otro, el que forzó a la niña de 13 justo antes de que fuera objeto de la violación grupal, se le aplican las mismas medidas: cinco años de libertad bajo vigilancia y cinco de alejamiento de la menor.
Ambos han indemnizado a las víctimas de manera solidaria con la misma cantidad, 10.000 euros cada uno.
Una negociación tensa: sin reparación no hay pacto
A las diez de la mañana de ayer, todo estaba listo para iniciar el juicio si no se llegaba al acuerdo que llevaba semanas en gestación. La previsión es que ese pacto se firmara oficialmente a las 10.00 horas, la hora de inicio de la vista, que iba a celebrarse en la sala Tirant lo Blanc II de la Ciudad de la Justicia dada la cantidad de acusados.
Pero las cosas empezaron a torcerse porque algunos de los acusados, acompañados de sus padres y de otros familiares, llegaron tarde y, además, uno de ellos lo hizo con la mitad del dinero que debía abonar a su víctima. Era uno de los violadores grupales.
Reunieron 5.000 euros en 45 minutos
Tras varios minutos de tira y afloja en la que el abogado de ese menor pretendía cerrar el acuerdo con 5.000 euros porque la familia decía no tener más dinero, las acusaciones se negaron en redondo. La tensión llevó a pensar por momentos que el juicio se celebraría. Finalmente, la jueza accedió a darles 45 minutos para que fuesen en busca de la suma restante.
Al filo de las 12.00 horas, regresaron con prácticamente la cuantía íntegra, es decir, 10.000 euros, de manera que el acuerdo pudo cerrarse. Uno a uno fueron entrando en la sala y dando el sí a la pregunta de si reconocían los hechos como los narraban las acusaciones, esto es, si habían violado a las menores, dos de ellos individualmente, y los otros dos (junto con el tercero que no ha podido ser juzgado), en manada y por turnos, esto es, sujetándola dos mientras el tercero la agredía sexualmente.
Y todos, los cuatro, deberán someterse a cursos de reeducación sexual que fijarán los equipos técnicos de Menores, como es habitual en estos casos.
A continuación, la jueza les informó a cada uno de ellos de la medida (pena) impuesta. Y ahí ya sí hubo lloros y lamentos. Incluso enfados y hasta un codazo de malos modos a una periodista de una televisión. Luego, abandonaron la Ciudad de la Justicia entre gestos de abatimiento y disgusto, muy diferentes a la algarabía de la primera vez, cuando los detenidos quedaron libres tras pasar a disposición judicial.
"Nngún dinero repara el inmenso daño que le han hecho a mi hija"
La madre de la menor de 13 años que sufrió una violación individual y, a continuación, la grupal, se mostró ayer satisfecha por ver, por fin, que los agresores sexuales de su hija han reconocido los hechos y han «empezado a pagar por lo que le hicieron».
Es consciente de que las penas se han visto rebajadas y que las indemnizaciones están lejos de lo que se pedía, pero también de que ese dinero es «fundamental» para que la pequeña reciba los costosos tratamientos terapéuticos que le esperan. "Ningún dinero repara el inmenso daño que le han hecho a mi hija, pero al menos ayudará a afrontar la terapia. Y a ella le sirve para ver que lo que le hicieron a ella y a la otra niña no queda sin castigo", concluye.
En el sótano de una vieja casa abandonada
Tal como ha venido publicando desde el inicio Levante-EMV, las dos niñas fueron objeto de una violación individual cada una por parte de dos menores que tenían 16 años en aquel momento y con quienes había quedado una de ellas a través de Instagram, que se produjo en el interior de una antigua casa abandonada en el centro del casco urbano de Burjassot.
Tras ese primer hecho, una de ellas fue conducida de nuevo al sótano de esa vivienda, donde fue sometida a una violación en manada por parte de tres menores: los dos condenados este lunes, 22 de abril, casi dos años después de aquellos hechos, y un tercero que tenía 13 años y, por lo tanto, es inimputable porque la edad penal mínima para poder responder de un delito está en los 14.
Es precisamente esa menor la que mayores secuelas psicológicas ha sufrido y continúa sufriendo, entre otras razones porque no pudo ser sometida a terapia, porque así lo decidió la jueza para salvaguardar el derecho a la defensa de los acusados, hasta que pasó la cámara Gesell. Esa diligencia se pospuso hasta en dos ocasiones por exigencia de los abogados defensores.
En ambos casos solicitaron el aplazamiento a la espera de conocer el contenido de los móviles de dos de ellos, a los que la Policía Científica no pudo acceder precisamente porque los presuntos violadores dijeron haber olvidado súbitamente el PIN para desbloquearlos desde el mismo momento en que fueron detenidos.
Ninguna de esas estratagemas ha dado finalmente resultados. Gracias al trabajo de las acusaciones particulares
Las máximas penas
Una vez concluida la instrucción, la fiscal presentó su escrito provisional de acusación, en el que pedía para los cuatro menores encartados, tal como adelantó también en exclusiva Levante-EMV, del mismo grupo editorial, las máximas penas que contempla la ley del Menor para estos casos: 21 años de internamiento en régimen cerrado por las violaciones y 15 de libertad vigilada.
Los cuatro encausados han continuado hasta el juicio en situación de libertad y sin medidas cautelares por decisión de la magistrada, decisión que tomó el mismo día que pasaron a disposición judicial tras ser arrestados por la Policía Nacional.
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