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Sólo el desinterés por parte de sucesivas autoridades por defender y acentuar el concepto de lo que es y significa el principio del espacio público puede explicar la presencia de los llamados trapitos -que dicen cuidar coches- y limpiavidrios violentos en el casco céntrico de La Plata, cuyas calles y lugares de estacionamiento, además de paradas obligatorias por semáfortos en esquinas, parecieran permanecer en manos de la prepotencia de unos pocos.
La vía pública, sus calles. veredas, plazas y paseos, sus lugares de estacionamiento conforman un bien que es común y que por consiguiente le concierne administrar en forma excluyente al Municipio.
En ese contexto de permisividad, el pasado sábado hizo su presentación "informal" el autodenominado "sindicato de trabajadores de la vía pública", en una jornada que derivó en nuevas polémicas e incidentes con automovilistas y en la detención de algunos de ellos por parte de la Policía.
Nada nuevo bajo el sol de La Plata, testigo de incidentes similares –algunos de ellos muy graves- que se reiteran sin solución de continuidad.
En julio del año pasado, el grupo liderado por un exjefe de la barra brava de Estudiantes y condenado por un crimen ocurrido en 2009, en la puerta de un bar de Berisso, presentó un pedido de reconocimiento para crear un sindicato de trapitos y limpiavidrios ante el ministerio de Trabajo de la Nación. Es decir, buscan que se reconozca una actividad que está expresamente prohibida por las normas legales en vigencia.
La presentación de hecho se concretó anteayer en la Ciudad con algunos de ellos vistiendo remeras y pecheras que los identificaban como administradores del espacio público. Y el desembarco derivó en incidentes con automovilistas y comerciantes, hasta que se registró la acción policial que se llevó a algunos de ellos a la comisaría.
El intento de debut gremial se efectivizó en la jornada en la que el club Estudiantes disputó su reciente partido por la Liga Profesional de Fútbol en el Estadio de la avenida 1, a través del correspondiente pedido de dinero a quienes buscaban estacionar o aceptaban alguna tarea de limpieza de sus autos.
Bien se conoce que las inmediaciones de los estadios se convierten, tanto en los partidos de fútbol como en los recitales, en escenarios propicios para toda clase de abusos relacionados a los estacionamientos de los vehículos.
Es de esperar que desde el ministerio de Trabajo ni siquiera se considere un insólito pedido de reconocimiento institucional, hacia personas que transgreden leyes de larga data.
No existe justificación alguna para que algunos limpiavidrios o trapitos apelen a comportamientos violentos y extorsivos, suscitándose graves altercados entre ellos, originados, mayormente, en "disputas territoriales", tal como lo destacan las crónicas periodísticas.
Tampoco debiera dejar de sopesarse que existen verdaderas organizaciones mafiosas -como ocurre con las que actúan en torno a algunos estadios, en donde los barrabravas "administran" los espacios de estacionamiento- ocupadas de ejercer en forma sistemática este tipo de presiones para así aumentar sus ganancias. Espacios que son públicos y que unos pocos deciden "privatizar".
En buena hora, entonces, la acción policial desplegada en las últimas jornadas. El problema debe ser abordado con decisión, ya que no existe motivo alguno que justifique dejar el espacio público en manos del arbitrio y mucho menos de la prepotencia de nadie.
Hay que volver a decirlo: existen normas legales que prohíben que esto ocurra y el Estado municipal sólo tiene que hacerlas cumplir, más allá que la Policía cumpla con su obliagación de mantener el orden público.
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