Sumar prioriza la estabilidad del Gobierno al cumplimiento de sus exigencias y rehúye el conflicto con el PSOE en el seno de la coalición. Han pasado casi cinco meses desde que echó a andar el nuevo Consejo de Ministros, y en este tiempo la plataforma de Yolanda Díaz ha exhibido una estrategia diametralmente opuesta a la que impulsó Unidas Podemos en su papel de socio minoritario del Ejecutivo, donde hizo del enfrentamiento su principal arma política.
Lejos de esta pugna permanente, desde Sumar limitan su confrontación con los socialistas a las quejas formales y "desacuerdos pactados", garantizando su lealtad a Pedro Sánchez. Aseguran además que el Ejecutivo "aguantará hasta el final de legislatura" porque "el Gobierno progresista goza de buena salud", según detalló este lunes el propio portavoz de Sumar, Ernest Urtasun. "Es verdad que cuando hay gobiernos de coalición hay diferencias políticas (...) que deben resolverse. Para eso tenemos comisión de seguimiento de la coalición", defendió el dirigente. Sumar pidió convocar este comité de crisis el pasado 5 de febrero, sin que haya habido respuesta por parte de los socialistas, aunque los de Díaz excusan el desplante en el estallido del caso Koldo, en las convocatorias electorales y la Asamblea de Sumar, y se muestran confiados de que se celebrará.
En rueda de prensa, el también ministro de Cultura enumeró los puntos de discrepancia con los socialistas, anunciando que habían trasladado su disconformidad tanto al Ministerio del Interior de Fernando Grande Marlaska, pidiendo una investigación por la actuación policial en Lavapiés, como al Ministerio de Defensa de Margarita Robles, por el uso del Puerto de Mahón como base logística de la OTAN. "Rechazamos de plano esa posibilidad, creemos que, en este momento de conflictos bélicos, es una temeridad situar a Baleares como una zona de escala de la OTAN", defendió el portavoz de Sumar, al tiempo en que admitía no haber recibido respuesta a sus quejas.
QUEJAS PÚBLICAS
En las últimas semanas, Sumar trata de marcar perfil propio enumerando sus diferencias políticas con el PSOE e hilvanando peticiones y quejas que son sistemáticamente desoídas por el socio mayoritario de la coalición. Fue el caso del índice de precios del alquiler, que se aprobó sin atender las alegaciones de Yolanda Díaz, que inicialmente amagó con impulsar una reforma si no se cumplían sus exigencias y que después renunció al pulso, advirtiendo de que tendrían primero que "valorar" su funcionamiento.
También ocurrió con el anuncio de las inversiones millonarias para ampliar el aeropuerto de Barajas y el Puerto de Valencia; o el viaje frustrado a Palestina de la vicepresidenta segunda, que fue frenado por el Ministerio de Exteriores. Este mismo lunes Urtasun insistía en que el viaje se llevaría a cabo, aunque se encontraba aún "en preparación".
Criticaron más tarde la renuncia "unilateral" de Moncloa a los Presupuestos de 2024 y después exigieron al PSOE cumplir el acuerdo de Gobierno y hacer permanentes los impuestos a la banca y a las energéticas. Estas consideraciones, lanzadas públicamente, no parecen ser atendidas por los socialistas, que no dan acuse de recibo a sus socios minoritarios. Mientras, Podemos repite como un mantra que "el PSOE es quien manda" dentro de la coalición, despreciando así el papel de Sumar en el Gobierno.
TENSIONES LIMITADAS
Pese a los desplantes socialistas y las críticas a su izquierda, a día de hoy Díaz procura mantener el control de daños y limita las tensiones con el PSOE a una cierta escenificación de estas diferencias, sin amenazar en ningún caso con tumbar las propuestas socialistas o con dar cauce a su malestar a través de sus propias propuestas parlamentarias.
Este planteamiento va en línea con la tesis de Díaz, que desde que asumió el liderazgo del espacio a la izquierda del PSOE trató de marcar distancias con Podemos, criticando el "ruido" dentro del Gobierno. La dirigente ha abogado por el formato de "tándem" con el PSOE, tal y como sucedió en las últimas elecciones generales, donde Sumar logró ser decisivo para la revalidación del Gobierno progresista.
Esta estrategia trató de ser replicada sin éxito en Galicia, donde su partido continuó su campaña de no agresión con el resto de fuerzas de izquierda, aunque con un desenlace radicalmente distinto, quedando fuera del arco parlamentario gallego.
Esto no impide que Sumar mantenga su presencia en el Consejo de Ministros como una baza electoral en el ciclo de comicios que empezó con las gallegas y que continúa con las vascas, catalanas y europeas, donde tendrá lugar el primer choque de 'tú a tú' entre Podemos y Sumar tras su ruptura y donde los morados echan el resto para hacer a Irene Montero eurodiputada.
Sin embargo, la imposibilidad de arrancar medidas al PSOE a través del acuerdo presupuestario y la falta de "ambición" de la que le acusan a los socialistas a la hora de aprobar propuestas merman ahora sus opciones de rentabilizar su papel en el Gobierno. Una circunstancia a la que se une ahora el riesgo de quedar desdibujados dentro de la coalición, después de meses de llamamientos continuos que han sido por sistema desoídos.
PODEMOS: PULSO PERMANENTE
La tónica de esta legislatura es bien distinta a la anterior, donde Unidas Podemos formaba parte del Gobierno. Entre enero y junio de 2020, los cinco meses en los que se estrenó el primer Gobierno de coalición del país, Unidas Podemos y PSOE exhibieron grandes desencuentros que Pablo Iglesias se encargó de hacer públicos, en una manera de presionar para arrastrar a los socialistas a sus posiciones.
Si en esta legislatura, Sumar pidió reunir al comité de seguimiento de la coalición hace casi dos meses sin que su petición haya sido atendida, Unidas Podemos consiguió arrancar dos reuniones del comité de crisis al PSOE en los dos primeros meses de Gobierno. Fue a cuenta del anteproyecto de Ley de Libertad Sexual que preparaba el Ministerio de Igualdad de Irene Montero y que fue calificado como una "chapuza" por parte del ala socialista del Gobierno. Las alegaciones técnicas que presentó el Ministerio de Justicia al texto llevaron a que el entonces vicepresidente tercero del Gobierno (Iglesias) acusara a Juan Carlos Campo de machismo, asegurando que "en las excusas técnicas hay mucho machista frustrado''.
En sus primeras semanas, la coalición ya se enfrentaba a una crisis de calado. Una pugna que persistió durante toda la legislatura, que más tarde se llevó por delante a Campo y a Carmen Calvo -que salieron del Gobierno- y que terminó por implosionar hacia el final de legislatura, cuando la ley del sí es sí llevó a una rebaja generalizada de penas a agresores sexuales condenados, provocando un cisma sin precedentes en el Consejo de Ministros que culminó con el PSOE aprobando gracias al PP la corrección de la norma.
Pero en esos cinco meses Unidas Podemos promovió el desencuentro como una forma de marcar perfil frente a los socialistas, como fue la crisis abierta con Fernando Grande-Marlaska, criticando su política migratoria, o en su propuesta para investigar en el Congreso de los Diputados los negocios del rey emérito Juan Carlos I, contra el criterio de los socialistas. Unas diferencias políticas que, además de expresar, los morados siempre trataron de llevar hasta el final, abriendo desafíos dentro del Gobierno para presionar al PSOE y convirtiendo la legislatura en un pulso continuo donde, alguna vez, ganaban la mano.
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