La reforma laboral que ha obligado a transformar en fijos discontinuos a una gran parte de los trabajadores eventuales de la Región ha cumplido dos años y, además, ha propiciado la reconversión de 63.100 contratos eventuales en indefinidos . Los cambios introducidos en el mercado de trabajo han coincidido con una etapa de crecimiento del empleo tras la crisis provocada por la pandemia, que ha permitido acabar el año 2023 con 81.000 trabajadores fijos más que en 2021, lo que supone un aumento del 21,5%, según los datos que ofrece el Consejo Económico y Social (CES). Mientras tanto, el número de ocupados con contrato fijo discontinuo casi se ha duplicado en el bienio y alcanza los 55.600.
La penalización a la contratación temporal es el principal cambio que introdujo la nueva regulación, cuyo objetivo era acabar con el encadenamiento de los empleos de corta duración en actividades de carácter cíclico.
Los 104.900 asalariados temporales que estima la EPA en 2023 suponen una disminución anual del 17,7%, «mengua que se duplica si se toma como periodo de análisis el citado bienio».
Mientras tanto, en diciembre había 457.300 ocupados con un empleo fijo. Más de 63.100 de ellos eran eventuales reconvertidos en fijos, según los datos de UGT. En 2021, antes de que empezara a aplicarse la reforma, ya se reconvirtieron otros 34 contratos temporales.
La Región es la segunda comunidad que suma más contratos fijos discontinuos después de Baleares
En su balance sobre el impacto de la reforma el CES apunta que «la mejora es incontestable, aunque una parte proceda de lo que aporte el trabajo fijo discontinuo, una modalidad que no es óptima desde la vertiente de la calidad en el empleo, pero mejora notablemente el trabajo temporal».
El peso de esta modalidad de contrato alcanza en la Región el 12,2% de la población con contratos indefinido, que multiplica por tres la media de España (4,3%).
Baleares es la única comunidad autónoma que supera a la Región en la utilización de este tipo de contrato indefinido, con el 20,4%.
El secretario general de CC OO en la Región, Santiago Navarro, explica que su uso en la Región es muy distinto, dado que se concentra sobre todo en el campo y en el sector agroalimentario, mientras que en Baleares está marcado por la temporada turística.
La diferencia es que en Murcia llegan a trabajar hasta ocho o nueve meses en el sector agroalimentario
Santiago Navarro también señala que gran parte del aumento está motivado por la reconversión de contratos eventuales en fijos discontinuos, sobre todo en las empresas de trabajo temporal (ETT), que surten de mano de obra al campo, los almacenes de manipulado de frutas y hortalizas y a la industria agroalimentaria . De hecho, el 43,2% de los trabajadores que tienen este tipo de contrato fijo están en el sector agrario, mientras que un 34,5% están en el comercio y la hostelería. Casi el 53% son hombres y un 47,1, mujeres.
«La diferencia respecto a Baleares es que los contratos del sector turístico son a tiempo cierto para los meses que dura la campaña de verano, mientras que en la Región un fijo discontinuo llega a trabajar ocho o nueve meses», aunque no sea de forma constante.
El CES estima que 2023 ha terminado con 55.600 fijos discontinuos, un 30,1% más que el año anterior y casi el doble que 2021. No obstante aunque la reforma laboral entró en vigor a principios de 2022, se estableció una moratoria de tres meses, que aplazó hasta finales de marzo las penalizaciones a los contratos temporales.
Por su parte, el secretario general de UGT, Antonio Jiménez, recuerda que «el punto de partida para los fijos discontinuos en la Región ya era inusitadamente alto y estaba cerca de representar casi la mitad de las contrataciones fijas registradas en 2021». En 2023 han pasado a suponer el 61% del total de contratos fijos.
Un análisis realizado por el sindicato destaca que, además, «la reforma laboral ha generado un aumento de la contratación indefinida, que en 2023 se ha triplicado con respecto a 2021. El número de contratos fijos firmados el pasado año ha superado los 345.000, cuando en 2021 se reducían a 59.733, lo que supone un aumento del 487%».
«Observamos que los contratos fijos discontinuos, al absorber la mayor parte de las contrataciones temporales desaparecidas o limitadas con la reforma laboral, adquieren una mayor relevancia, pasando de representar el 42% en 2021 al 61,5% en 2023, respecto al total de contratos indefinidos», indica Antonio Jiménez.
Recuerda que en 2021 los eventuales representaban el 90,3% del total, mientras que el año pasado no llegaban al 43%, mientras que los indefinidos subieron al 57,3%. «En toda la serie histórica no encontramos ni un solo ejercicio que mejore la actual proporción de contratos indefinidos», concluye.
Los sindicatos quieren retomar los contactos con Albarracín
CC OO y UGT quieren retomar los contactos con la Croem para desbloquear los convenios caducados desde hace años que siguen sin cerrarse, a pesar del compromiso adquirido por el presidente de la patronal José María Albarracín, de propiciar la negociación en los sectores más problemáticos. Albarracín se reunió el pasado mes de noviembre con los secretarios generales de ambos sindicatos, Santiago Navarro y Antonio Jiménez, respectivamente, que pidieron su mediación para conseguir que las patronales más reticentes vuelvan a la mesa de negociación, después de los buenos resultados obtenidos en el convenio de la hostelería, que no se había renovado desde 2008.
El compromiso adoptado por ambas partes era dar un impulso a los convenios colectivos caducados antes de que acabara el año 2023, aunque no se han cumplido las expectativas.
El secretario general de CC OO espera que en los próximos días se cierre la fecha de un nuevo encuentro con José María Albarracín con el propósito de conseguir un avance antes del verano.
Santiago Navarro recuerda que, a pesar de los meses transcurridos desde que se celebró aquel encuentro, solo se ha alcanzado un acuerdo en el sector de la limpieza de edificios, que ha cerrado la negociación esta misma semana. La firma ha evitado la huelga indefinida a la que estaban convocadas más de 9.000 trabajadoras a partir del 15 de abril.
El pasado mes de enero se firmó también el convenio del mueble, que afecta a unos 7.500 trabajadores, la mayor parte de los cuales están en las empresas de la madera de Yecla.
Esta semana se ha iniciado la negociación con las empresas dedicadas al manipulado del tomate, según ha anunciado la asociación de exportadores Proexport. Afectará a más de 2.500 trabajadores de almacenes de manipulado y envasado de tomate fresco, principalmente mujeres, que trabajan en doce empresas ubicadas en de Águilas, Mazarrón, Lorca y Cartagena.
Sin embargo, sigue pendiente la negociación del convenio del sector agropecuario, que emplea al grueso de los trabajadores del campo y lleva años empantanado.
De igual forma, continúan estancadas las negociaciones en sectores que llevan más tiempo con el convenio caducado, como los hospitales privados o el transporte, que está pendiente desde 2019. Este convenio, que es otro de los más conflictivos, se aplica en unas 3.500 empresas y afecta unos 26.000 trabajadores, 15.000 de los cuales son conductores dedicados en su mayor parte al transporte internacional.
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