La jugada del Gobierno Sánchez puesta en tela de juicio
El Ejecutivo, que se sabe rehén de la tropa del prófugo Carles Puigdemont asumió hace semanas una nueva cesión a los líderes independentistas en la ley de amnistía.
Concretamente, el gabinete sanchista tragó con la exigencia de amnistiar el delito de terrorismo durante el procés, justo después de haber esgrimido por activa y por pasiva que amnistiar el terrorismo era una línea roja y de defender que el terrorismo quedaba exceptuado de la ley de amnistía.
PSOE y Juntos por Cataluña pactaron una enmienda transaccional en la comisión de Justicia del Congreso de los Diputados en la que continúa apareciendo el delito de terrorismo como excluido de la amnistía pero solo en los casos de violaciones graves de derechos humanos.
De esta manera, con la enmienda introducida a petición de la formación de Puigdemont, el Gobierno Sánchez le manda un recado al magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que el caso del prófugo de Waterloo es amnistiable.
Sin embargo, el Tribunal Supremo le acaba de torpedear las intenciones con una decisión que ha caído como una bomba tanto en el entorno del PSOE como en el de los independentistas.
La magistrada de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Susana Polo cita como investigados para que presten declaración voluntaria entre los días 17 a 21 de junio de 2024 a Carles Puigdemont, y al diputado del Parlamento catalán Rubén Wagensberg en la causa abierta en el mes de febrero por delitos de terrorismo en el llamado caso Tsunami Democràtic.
La instructora indicó que las declaraciones se llevarán a cabo a través de videoconferencia y que los investigados deberán asistir acompañados de abogado, una vez que se averigüe su paradero y domicilio.
En el caso de Puigdemont, se encuentra aforado ante la Sala Segunda del Supremo por ser europarlamentario, de ahí que Polo haya decidido ofrecerle declarar de forma voluntaria por videoconferencia, indican fuentes jurídicas.
Pere Aragonès, presidente de la Generalitat y candidato de ERC a las elecciones del 12 de mayo de 2024 mostró su disconformidad con el Supremo:
Más allá de los procedimientos, la instrucción del TS de la causa del Tsunami Democrátic es una causa viciada políticamente, una causa que tiene un objetivo político. Una protesta no es nunca un acto de terrorismo. Denuncio una vez más cómo desde la cúpula judicial se interviene políticamente utilizando algo tan grave como es el terrorismo. Hablar de las movilizaciones de Cataluña como terrorismo es una falta de respeto. Es faltar a la verdad y faltar a la memoria.