La Cámara de Diputadas y Diputados dio luz verde a un proyecto de ley destinado a combatir el sobreendeudamiento de las familias y reforzar las medidas contra el fraude bancario. Con el boletín 16408 ahora convertido en ley, se adoptan diversas medidas para aliviar la carga financiera de aquellos que luchan por cumplir con sus obligaciones económicas.
Entre las iniciativas más destacadas se encuentra la creación de un programa de garantías para el refinanciamiento de deudas de consumo y comerciales dentro del Fondo de Garantías Especiales (Fogaes), dirigido especialmente a la clase media. Además, se propone un nuevo mecanismo para el cálculo del pago mínimo en tarjetas de crédito, otorgando a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) la potestad de determinar la fórmula correspondiente, enfocándose en la amortización del capital.
En respuesta a los crecientes casos de auto-fraudes bancarios, la ley introduce requisitos más estrictos para la denuncia de operaciones fraudulentas, incluyendo una declaración jurada del usuario y una denuncia ante autoridades penales. La CMF, por su parte, regulará los estándares mínimos de seguridad y autenticación de usuarios, con la posibilidad de ajustar el monto a restituir entre 15UF y 35UF, y extendiendo el plazo para la restitución de fondos de 5 a 10 días.
El proyecto también contempla importantes extensiones y modificaciones a los fondos estatales. El Fogaes ve aumentados sus recursos disponibles y su duración extendida hasta diciembre de 2024, al igual que el Fondo de Garantía Estatal para la Vivienda y el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape), este último con modificaciones para facilitar la distribución de recursos entre empresas de diferentes tamaños.
Adicionalmente, se elimina el impuesto de timbres y estampillas para los créditos hipotecarios celebrados hasta diciembre de 2024, siempre que se trate de la primera vivienda y esté destinada a uso habitacional.
Problema del fraude
El debate en la Cámara destacó la valoración de las extensiones de programas y recursos, así como las mejoras en el pago de tarjetas de crédito y la rebaja del impuesto de estampillas. No obstante, hubo expresiones de preocupación sobre cómo las medidas contra el fraude bancario podrían afectar a los clientes bancarios, favoreciendo a las instituciones financieras.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, reconoció que la práctica de auto-fraudes se ha convertido en un problema serio, indicando que muchas personas generan ingresos a base de engaños relacionados con sus transacciones. La ley busca equilibrar la protección de los consumidores con la necesidad de prevenir el fraude, manteniendo el peso de la prueba en el emisor pero introduciendo ajustes para hacer frente a estos desafíos.