El Referéndum y Consulta Popular, proceso electoral en el que este domingo más de 13 millones de ecuatorianos están convocados a participar, tiene su pregunta imprescindible y la resolución dibujará el futuro de seguridad del país.
Ya de por sí la palabra seguridad es un punto álgido, y se desbordó desde que arrancó el 2024. Hasta el 8 de abril estuvimos en un estado de excepción decretado en la misma fecha de enero, pero aún seguimos ahogados en un conflicto armado interno y "no siempre se puede estar así", citando a la especialista en Perfilación y Comportamiento Criminal, Ana Minga.
En el casillero A de la papeleta se encuentra la pregunta 1 de la jornada, la cual -de aprobarse- reformaría la Constitución en lo que respecta la colaboración de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) a la Policía Nacional en la protección interna del crimen organizado y mantenimiento del orden público.
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Con la reforma al artículo 158 de la Constitución de Montecristi se busca agregar: "Previa solicitud motivada de la Policía Nacional, la o el Presidente de la República del Ecuador podrá disponer el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Este apoyo complementario se brindará para combatir el crimen organizado de forma extraordinaria y regulada".
"No siempre se puede estar en conflicto armado interno"
Para la experta hay un panorama claro en caso que la mayoría electoral de esta pregunta sea el no. Socialmente, el país seguiría en un estado de zozobra y miedo ya que el crimen organizado continuará como actualmente opera y los números seguirán en rojo. Los esfuerzos deberán ser mayores y, de la mano con la Fiscalía General del Estado, la Policía Nacional tendrá un trabajo 24/7. En una situación en que los militares solo podrán intervenir en declaratorias de estado de excepción.
Recordemos que dicho recurso solo puede ser por 60 días y extenderse 30 días más, es decir, 90 días y acaba el apoyo de las FF.AA. a la Policía, algo que ya ha sucedido en lo que va de año. Para Minga, durante ese periodo los grupos de delincuencia organizada "bajan la guardia" hasta que culmine ese tiempo.
"Eso sería gravísimo, por el tema de las cárceles, ya que los militares están en un sitio que se ha considerado peligroso. Ahorita los recintos carcelarios son el nicho para las negociaciones de sicariato y diversas funciones que tiene el crimen organizado".
Ante una negativa ciudadana a dicha pregunta, las cárceles podrían seguir siendo tierra de nadie, "donde los guías penitenciarios, unos quieren pertenecer a ese crimen organizado y otros son sometidos a ello porque -caso contrario- les matan a su familia".
Tendríamos entonces que esperar un nuevo estado de excepción para tener el apoyo militar, "y todo queda en la impunidad como hasta ahora". Pero en el caso que comiencen las restricciones, ya significaría un problema para ellos (los grupos de delincuencia organizada).
"Con un no veríamos mayor índice de homicidios y más captación de gente para los grupos delincuenciales (...) Actualmente estamos en un conflicto armado interno pero no siempre un país puede estar así y si no se da la reforma Constitucional viviremos el mismo desangramiento de ahora".
El apoyo militar a la policía debe ser permanente
Minga destaca la importancia de este apoyo permanente de las FF.AA. a la Policía Nacional ya que tenemos zonas rojas y territorios tomados en el país, tanto en Quito como en Guayaquil y otras ciudades de la Costa, por organizaciones delictivas nacionales e internacionales.
"No quiere decir que la Policía Nacional no tenga los conocimientos, sí cuentan con cuerpos especiales, pero se requiere de mayor apoyo para hacer operativos efectivos".
Agrega que justamente en el anexo de dicha pregunta del Referéndum se refiere a que esta intervención de las FF.AA. se va a dar dentro del marco de la Ley, de la legalidad de un procedimiento adecuado y de los Derechos Humanos.
Sin embargo, aún existe la duda o confusión ciudadana ya que lo asocian con un estado represivo y no se trata de ello. Esta ligado a los delitos de narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas y de personas, terrorismo, minería ilegal, extorsión e intimidación. Incluso se abarca la delincuencia común. "Todo esto ha formado parte de un gran engranaje de delincuencia organizada", extendió Minga.
Recalca que ese trabajo conjunto de las Fuerzas Armadas no ha sido continuo, sino para cuidar el territorio en el ámbito internacional y la soberanía, mientras que la Policía ha sido para el orden público y la parte interna.
"Ahora, como no tenemos guerra, no tenemos conflictos externos, es cuando se necesita el apoyo de las Fuerzas Armadas en el conflicto interno que tenemos (...) el Ecuador está entre lo legal y lo ilegal en este momento", puntualizó.