Rocío Muñoz-Ledo
(CNN) — Juan Brito López tenía unos 20 años cuando los soldados irrumpieron en su casa de la aldea de Pexla, ubicada en el altiplano occidental de Guatemala. Escapó, escondiéndose en el bosque, pero no pudo salvar a su mujer y a sus cuatro hijas.
Brito López, que ahora tiene 70 años, relató los horrores de aquel día al Juzgado de Alto Riesgo A en la Ciudad de Guatemala esta semana, en el que dijo que los soldados asesinaron a su familia durante la incursión de la madrugada del 20 de enero de 1982, quemando sus cuerpos dentro de su casa de madera.
Sus muertes se produjeron en medio de la guerra civil que asoló Guatemala durante 36 años, cuando una serie de gobiernos militares respaldados por Estados Unidos reprimieron a los rebeldes izquierdistas en todo el país. La campaña de contrainsurgencia de Guatemala causó la muerte de más de 200.000 personas, el 83% de las cuales eran indígenas mayas, según una comisión de la verdad respaldada por las Naciones Unidas en 1999.
Décadas después, el derramamiento de sangre se revive en el juicio de alto nivel del ex jefe del ejército de Guatemala, Manuel Benedicto Lucas García, en un proceso de un mes de duración en el que se espera que presten declaración más de 150 testigos, 30 sobrevivientes de violencia sexual y decenas de expertos forenses.
Según Brito López y otros testigos que vivían en la región occidental de Quiché, las tropas bajo el mando de Lucas García mataron a hombres, mujeres y niños, y expulsaron de sus hogares a los indígenas mayas ixiles que vivían allí.
El general retirado Benedicto Lucas García (91) es visto en una pantalla durante una videollamada desde la sala de un hospital militar donde se encuentra recluido durante su audiencia en la corte en Ciudad de Guatemala el 5 de abril de 2024. (Crédito: Johan Ordonez/AFP/Getty Images)
El exobrero, que en ocasiones rompió a llorar durante su testimonio, habló ante una gran pantalla que retransmitía la figura impasible de Lucas García. Lucas García participó en el proceso por videollamada desde un hospital militar.
El general retirado fue acusado de genocidio, crímenes contra la humanidad, desapariciones forzadas y violencia sexual contra el pueblo maya ixil, según la organización que representa a las víctimas, la Asociación por la Justicia y la Reconciliación (AJR).
La AJR lo acusa de ordenar más de 30 masacres y destruir 23 aldeas en la región maya ixil, causando la muerte de al menos 1.771 personas cuando dirigía el ejército entre 1981 y 1982, durante el mandato de su hermano, el presidente Fernando Romeo Lucas García.
El ex general ha negado los cargos, y uno de sus abogados dijo al tribunal la semana pasada que "Lucas García solicitará una sentencia absolutoria con libertad inmediata". CNN intentó ponerse en contacto con su representación legal para solicitar comentarios.
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El juicio es uno de los varios procesos importantes por crímenes de guerra que desde los años 90 han intentado abordar las atrocidades cometidas durante la guerra civil, que terminó en 1996. Los procesos se han tambaleado a lo largo de los años, y algunos han producido resultados innovadores, como la primera vez que se juzgó a un jefe de Estado guatemalteco. En 2018, una corte guatemalteca dictaminó que el ejército cometió actos de genocidio, pero no se condenó a nadie.
Las organizaciones de derechos humanos y las víctimas mayas de las masacres de la guerra se sienten cada vez más frustradas por la lentitud del camino hacia la justicia, especialmente cuando los presuntos autores y sus víctimas comienzan a morir de viejos.
Lucas García, de 91 años, debía ser juzgado este año junto con el ex jefe de inteligencia militar Manuel Callejas y Callejas. Ambos fueron condenados en 2018 por agresión sexual agravada, crímenes de lesa humanidad y desapariciones forzadas, y sentenciados a 58 años de prisión. Callejas y Callejas fue considerado no apto para presentarse en este juicio actual, ya que sufre de demencia, dijo Jesús Silvio, presidente en funciones y representante legal de AJR, a CNN.
Campaña de tierra quemada en Guatemala
El derramamiento de sangre durante la guerra civil aumentó drásticamente bajo el régimen del presidente Romeo Lucas García (1978-1982), según un informe de Human Rights Data Analysis Group, que vio cómo "lo que había sido una campaña selectiva contra los simpatizantes de la guerrilla se convirtió en una enorme matanza".
"Bajo su mandato, fue cuando realmente se intensificó la campaña de tierra quemada contra las comunidades indígenas de Guatemala", afirmó Jo-Marie Burt, investigadora principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, experta en derechos humanos y justicia transicional en Guatemala. Durante este periodo, soldados y fuerzas paramilitares ejecutaron a autoridades mayas, decenas de miles de personas desaparecieron forzosamente y pueblos enteros fueron arrasados por el fuego.
Un reporte de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) , respaldada por la ONU, concluyó que entre 1981 y 1983, periodo en el que Lucas García dirigía el ejército, el Estado guatemalteco cometió actos de genocidio contra cinco grupos mayas, entre ellos el pueblo ixil.
El ejército afirmó que estaba combatiendo una insurgencia izquierdista, pero el informe concluyó que el Estado "magnificó deliberadamente la amenaza militar de la insurgencia" y "en la mayoría de los casos… exageró intencionadamente" la conexión entre las comunidades mayas y la guerrilla.
El racismo fue un componente de la violencia, según el reporte, que también concluye que "la innegable existencia de racismo expresado reiteradamente por el Estado como doctrina de superioridad" explica la "brutalidad con la que se llevaron a cabo las operaciones militares contra cientos de comunidades mayas".
Durante la guerra civil del país, el general del ejército guatemalteco Benedicto Lucas García señala un mapa en una guarnición militar, Santa Cruz de Quiché, Guatemala, 19 de enero de 1982. (Crédito: Robert Nickelsberg/Archive Photos/Getty Images)
Burt dijo que esta "expresión de racismo es extremadamente profunda", y sus efectos en cadena son evidentes en Guatemala en la actualidad. Durante otro juicio por genocidio en 2013, que condujo a la condena del dictador Efraín Ríos Montt, Burt, que observó el proceso en persona, vio a partidarios del general rociar perfume sobre asientos en los que se sentaron indígenas.
En la actualidad, las comunidades indígenas de Guatemala representan más del 40% de la población del país, pero "su participación en las instituciones públicas y en la vida pública es ciertamente menor en comparación con su tamaño", afirma Tiziano Breda, experto latinoamericano del Armed Conflict Location & Event Data Project, sobre las profundas desigualdades que persisten en Guatemala.
"Las infraestructuras y los servicios en las zonas habitadas mayoritariamente por población indígena (son) muy calamitosos, y el hecho de que haya 22 lenguas mayas en el país, y casi no haya letreros en la capital en esos idiomas" son reveladores, añadió.
Un millón de personas se convirtieron en refugiados a causa de la guerra civil, y en la actualidad la desigualdad ha convertido al país centroamericano en uno de los principales países de origen de los migrantes que llegan a las fronteras estadounidenses, muchos de los cuales proceden de zonas rurales pobladas en su mayoría por indígenas guatemaltecos.
Justicia tardía y genocidio
Tras el conflicto, Guatemala tardó años en desarrollar la capacidad de su sistema judicial. Se dieron pasos positivos en la década de 2000 con reformas vitales y el liderazgo de personas como Claudia Paz y Paz, que fue fiscal general de 2010 a 2014 y trabajó para romper la tradición de impunidad de los elementos criminales en el país, dijo Burt.
Los actores internacionales, como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por la ONU, ayudaron en cientos de condenas, capacitaron a fiscales y se les atribuye haber ayudado a reducir la tasa de homicidios del país.
Sin embargo, la CICIG fue disuelta en 2019 durante un periodo de retroceso democrático en el país, en el que los sucesivos gobiernos guatemaltecos y las élites del país han sido acusados de intentar controlar el poder judicial del país.
Decenas de fiscales y jueces huyeron del país. Los que quedan han denunciado en privado haber recibido amenazas de muerte, dicen los expertos.
"El sistema está cooptado", afirma Silvio, de AJR. "Este caso lleva 13 años retrasado y aún no entendemos las razones, pero este año nos han dado la posibilidad".
La cuestión no era construir un caso, sino "superar el miedo a ir tras algunas de estas personas, algunos de los operadores más violentos del régimen militar de Guatemala, que mantienen conexiones con actores armados y su propia red de violentos", dijo Will Freeman, miembro de estudios sobre América Latina en el Council on Foreign Relations.
Sobrevivientes de la guerra civil se reúnen frente a la Corte Suprema, antes de una audiencia en el juicio por Genocidio Ixil, en Ciudad de Guatemala, Guatemala 25 de marzo de 2024. (Crédito: Cristina Chiquin/Reuters)
CNN se puso en contacto con la fiscalía y el departamento de justicia de Guatemala para solicitar sus comentarios.
El actual presidente del país, Bernardo Arévalo, una figura de la lucha contra la corrupción que desafió las probabilidades y ganó las elecciones el año pasado en una victoria aplastante, prometió potenciar el poder judicial. Se ha visto limitado por el Ministerio Público –dirigido por la fiscal general Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos– que presentó dos solicitudes para retirarle la inmunidad y está acusado de intentar descalificar los resultados de su elección. La Fiscalía General de Guatemala no ha respondido a las múltiples solicitudes de comentarios de CNN respecto a esta acusación.
Los defensores de las víctimas esperan que el juicio haga rendir cuentas a quienes perecieron durante la guerra, pero el tiempo apremia, dijo Michelle Liang, que ha seguido el juicio como acompañante internacional de la Red de Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (NISGUA).
El equipo de Lucas García ha estado desplegando "tácticas dilatorias para, básicamente, tratar de hacer esperar a los testigos", dijo. "Saben que otros testigos están envejeciendo, y ya han fallecido más de 40 testigos".
CNN intentó en repetidas ocasiones ponerse en contacto con su abogado de oficio y su abogado particular.
Cuando el juicio debía comenzar a finales de marzo, los abogados de Lucas García anunciaron su renuncia. Acabó recurriendo a un abogado de oficio, que necesitaba cinco días para familiarizarse con el caso, según la ley, lo que retrasó el proceso hasta el 5 de abril.
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Durante el testimonio de Brito López esta semana, admitió no ser capaz de recordar algunos detalles como la edad de su mujer cuando fue asesinada o los nombres de algunos de los 66 aldeanos que, según dijo, fueron asesinados en su pueblo.
Lo que queda claro es el trauma de aquel periodo, en el que estaba demasiado devastado para recoger los restos de sus familiares. "No podía soportar la tristeza", dijo. "Me desmayé, así que otros recogieron las cenizas".
Otra víctima, Catarina Chel, relató a la corte los días que pasó en las montañas en enero de 1981. Se escondía de los soldados que habían acorralado a sus vecinos y los habían matado en una casa utilizada para almacenar maíz, dijo.
Ahora, más de 40 años después de aquella fecha, ya no se esconde. Vestida con orgullo con el traje tradicional, dio su testimonio a pocos metros de una pantalla que retransmitía en vivo al presunto verdugo de su pueblo, Lucas García.
"Él era quien mandaba los ejércitos, y ellos mataron a mis hijos", dijo.
No es dinero lo que quieren las víctimas, lo que necesitan es responsabilidades, dijo Silvia, de AJR.
"Se logre o no una condena", dijo, lo que la AJR y sus testigos buscan es un registro de "lo que pasó para que nunca se repita".
Tara John de CNN reportó y escribió desde Nueva York e Ivonne Valdés de CNNE reportó desde la Ciudad de México
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