PAÍS
EL CASO
Piden extraditar a Soza, el fiscal del caso 'Terrorismo' condenado por extorsión, que fue asilado en Brasil
El exfiscal publicó a través de sus redes sociales una planilla Excel que refleja la lista de pasajeros del vuelo en el que llegó Rósza y el resto de los ciudadanos europeos que llegaron al país. Acusó a las logias, aunque también hay versiones sobre la financiación venezolana de esos boletos.
Marcelo Soza fue el fiscal que envió a prisión a unas 39 personas a las que acusó de "terrorismo", un delito que nunca se pudo probar. Además, el hombre fue condenado en 2018 a 12 años de prisión por extorsión y huyó a Brasil donde está asilado. Hoy exigen su extradición.
La demanda está vinculada con la investigación a funcionarios estatales en el asalto al hotel Las Américas, donde se cometieron "ejecuciones extrajudiciales" y "torturas", además de enjuiciamientos ilegales, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El caso está relacionado con graves violaciones a los derechos humanos y motivó, al menos, cuatro recomendaciones internacionales, como la de reparación de daños a las víctimas, así como el juzgamiento de los responsables en territorio nacional.
El 16 de abril de 2009, hace 15 años, tras el asalto al hotel Las Américas los extranjeros Eduardo Rózsa Flores, Arpad Magyaroisi y Michel Dwyer resultaron muertos, mientras que Elöd Tóásó y Mario Tadic fueron detenidos de manera preventiva por al menos ocho años.
Pedido de extradición de Marcelo Soza
"Si de verdad quieren mostrar buena voluntad y seriedad, el primer paso es iniciar el proceso de extradición de Marcelo Soza de Brasil", afirmó el presidente de Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz (ALD), Zvonko Matkovic Ribera.
Matkovic estuvo recluido durante casi 10 años, de manera preventiva, ocho tras las rejas y dos con detención domiciliaria, por una no demostrada implicación en el caso "terrorismo". La CIDH admitió su demanda, pero no fue la única, pues existen al menos siete querellas en esa entidad, según precisó el procurador César Siles.
"Soza está sentenciado (en rebeldía) por extorsión a los investigados del caso terrorismo, y desde el 2018 nadie ha hecho ni el más mínimo intento de extraditar a esta persona, que ya ha hecho público cómo fue que se manejó el caso terrorismo", sentenció el presidente de la ALD.
En ese contexto, Matkovic instó a las autoridades judiciales para que se haga una investigación "independiente del poder político", además con el fin de esclarecer las extorsiones "a unas 100 familias cruceñas" por esa investigación, calificada de "indebida" en el ámbito internacional.
Soza ingresó a Brasil el 6 de marzo de 2014 tras la difusión de audios con su voz, en la que mencionó al exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana y a Raúl García Linera, hermano del exvicepresidente en actos de extorsión a empresarios y cívicos investigados.
La Fiscalía General del Estado no investigó la naturaleza del audio, pero acusó a Soza de incumplimiento de deberes. Desde Brasil, Soza dijo, en 2022, que llegó tras el asalto al hotel Las Américas y que denunció irregularidades durante las investigaciones iniciales del caso.
¿Qué dijo el exfiscal Soza?
Desde su cuenta en redes sociales, el exfiscal afirmó este lunes que se deben investigar las muertes de los ciudadanos extranjeros ejecutados por la Policía hace 15 años, pero también las motivaciones de su presencia en el país.
Añadió que la investigación no se cerró "por falta de pruebas", sino porque Arturo Murillo, cuando fue ministro de Gobierno en 2020, "a punta de pistola y manillas obligó a los jueces y Fiscales a cerrar ese caso".
El exfiscal Soza afirmó que existen pruebas de "los pasajes fueron pagados los de la logia Caballeros del Oriente, más concretamente la Unidad 10 de esa logia que estaba encargada de la cooperación directa con Eduardo Rozsa".
Soza acompañó esta versión con una planilla de Excel, en la que figuran los nombres de los viajeros en Aerosur con la solicitud de emisión de boletos por Alejandro Melgar, otro de los ciudadanos que fue implicado en este proceso judicial cerrado en 2020.
Los argumentos de la Fiscalía para retirar la acusación se fundaron en que Soza recibió una condena de 12 años de cárcel y su edecán, ocho por uso indebido de influencias y concusión. El fallo de entonces señala que la jueza ciudadana Sonia Mamani Vargas presentó hace tres semanas su renuncia al caso y denunció que sus pasajes y viáticos eran pagados por el exministerio de Gobierno.
"El pasaje con el que Rózsa llega (a Bolivia), junto a otro personaje que nunca se lo persiguió ni se lo trajo a Bolivia para investigarlo, fue pagado con una tarjeta de crédito del Banco Canarias de Venezuela que estaba a nombre de Félix Osorio, que era ministro secretario del gobierno de Hugo Chávez. Él paga con su tarjeta de crédito el pasaje de Rózsa desde Budapest (Hungría) hasta Sao Paulo (Brasil) y de ahí para acá (Bolivia) Rózsa viene en ómnibus", dijo Gary Prado, el abogado de Matkovic, en una entrevista con EL DEBER Radio el 27 de marzo de este año.
El presidente de la ALD dijo que existen varias personas que se deben investigar en este caso, pero también autoridades vinculadas con la justicia. "Tengo serias dudas (de que este caso prospere) pero no me queda más que confiar. Ahora va a depender de todas las personas que vayan a declarar ante este tribunal que pueda llevarse adelante una investigación seria", remarcó.
¿Qué dijo la CIDH sobre lo ocurrido en el hotel Las Américas, en su informe?
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó, en un informe de fondo al que tuvo acceso este medio que, en el hotel Las Américas hubo ejecuciones extrajudiciales y torturas ordenadas por el Gobierno en contra de cinco miembros de un supuesto grupo armado, e instó para evitar un juicio internacional que los responsables sean procesados y sancionados dentro del territorio boliviano.
El documento fue aprobado por la CIDH el 21 de diciembre de 2021, y está en la antesala de la Corte Internacional de Derechos Humanos, que juzgará al estado boliviano, no al gobierno de Evo Morales. Pero, para evitarlo, el país debe cumplir cuatro recomendaciones, entre las que figura un juicio en contra de los responsables por la ejecución extrajudicial.
El siguiente punto conclusivo apunta al Gobierno. "Constan en el expediente notas de prensa que refieren que miembros de la Fiscalía y de la Policía departamental de Santa Cruz no fueron considerados porque "todo estuvo a cargo del Ministerio de Gobierno, desde La Paz, y que tenían orden de no intervenir". Esa noche, el entonces presidente Evo Morales se encontraba en Venezuela, mientras que el entonces Ministro de Gobierno, Alfredo Rada, había viajado a Brasil.
El gobierno dio la orden de proceder, según la comisión, en un operativo sin ninguna orden judicial ni fiscal.
Las cámaras de seguridad del hotel, dice la CIDH, fueron apagadas desde el 15 de abril, cuando ingresaron las presuntas víctimas. Tampoco hubo internet desde las 3:10 de la madrugada, minutos antes del operativo y el servicio fue restablecido a las 9:00 de la mañana. Se habrían eliminado videos y registros de internet del hotel y personal del Ministerio de Gobierno estuvo alojado en el mismo.
La comisión analizó las condiciones de las detenciones y las torturas cometidas en contra de los peticionantes Mario Tadic, Elöd Tóásó, Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza.
Sobre Tadic y Tóásó estableció que fueron detenidos en el hotel Las Américas sin mandamiento de aprehensión ni orden de allanamiento. La comisión destaca que el operativo se realizó sin ningún fiscal y anota que Marcelo Soza, el fiscal asignado, se constituyó en Santa Cruz casi al mediodía del 16 de abril de 2009 y recién, entonces, emitió orden de aprehensión en contra de las dos presuntas víctimas, argumentando que existía probabilidad de autoría en el atentado a la casa del cardenal Julio Terrazas y que había peligro de fuga.
Rósza, según el gobierno de Morales, tenía el plan de separar a Santa Cruz de Bolivia
No fueron hallados en flagrancia, el informe resalta que se encontraban durmiendo. En la habitación de Tóásó no habían armas y en la de Tadic no hubo rastros de fuego cruzado. No hay vinculación entre el atentado a la casa del cardenal y la detención de las presuntas víctimas con relación a colaborar con un movimiento separatista en Santa Cruz.
"En consecuencia, la comisión estima que las detenciones se produjeron de manera ilegal y arbitraria. El Estado es responsable de la violación de su derecho a la libertad personal, basada en que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal ya que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas en la Constitución, las leyes o partes dictadas conforme a ellas.
Más grave aún, la Comisión IDH evidencia que "los graves actos de tortura cometidos contra las cuatro víctimas no merecieron una investigación adecuada por parte de las autoridades judiciales bolivianas. Por una parte, la CIDH nota que pese a los evidentes signos de tortura que mostraban los señores Tadic, Tóásó, Guedes y Mendoza, cuando fueron presentados, ni el Ministerio Público en La Paz ni los juzgados que definieron sus detenciones preventivas, iniciaron investigaciones de oficio, incumpliendo su obligación general de cumplimiento y garantía".
Menciona que resultó evidente la omisión, en el caso de Guedes y Mendoza, que su arribo a las oficinas de la Fiscalía de La Paz visiblemente golpeados y con los ojos vendados fue cubierto por diversos medios, pese a lo cual no se inició indagación alguna.