G.Porcel/A.Martínez.
La eliminación de la Comisión de Medio Ambiente y la amnistía urbanística que aprobará el Govern de Marga Prohens han encendido las alarmas tanto de los ecologistas como de los partidos de la oposición, que ayer cargaron directamente contra el Ejecutivo autónomo.
Ante las críticas, la consellera de Vivienda, Marta Vidal, justificó el cierre de la Comisión de Medio Ambiente porque el Govern quiere «eliminar toda injerencia política». «Se darán todas las garantías porque quien dirá si un proyecto cumple o no los criterios ambientales serán los técnicos y no los políticos», prometió la consellera. La titular de Territorio afirmó que hasta ahora los ciudadanos no tenían «ningún tipo de certeza» sobre lo que iba a pasar con sus proyectos: «Nuestra responsabilidad como políticos es elaborar normativa clara y segura para que los técnicos puedan aplicarla con tranquilidad. Buscamos seguridad jurídica y agilidad en la tramitación», concluyó.
El diputado de Més Ferran Rosa cuestionó la defensa de la consellera: «¿Agilizar trámites para hacer qué? Porque media isla ya está destruida, sin agua, completamente saturada de turismo. ¿Dónde más quieren construir? ¿Quieren acabar con la poca costa virgen que queda? ¿Quieren acabar de llenar el suelo rústico?».
Por su parte la diputada del PSIB Pilar Costa preguntó «si en el decreto ley de depredación administrativa quedarán amnistiadas las tramas de Campos y Andratx», y criticó que «todos los caminos de este Govern nos llevan a las etapas más oscuras de estas islas con Jaume Matas al frente».
El GOB denunció la intención del PP de facilitar una «nueva ola inversora, de impulso de la construcción y la especulación» en las islas en un contexto «agravado de crisis ecológica y climática global con graves impactos locales que no son tenidos en absoluto en cuenta» por parte del Govern.
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