El procurador general de Texas, Aaron Nielson, admitió este miércoles durante una audiencia en una corte de apelaciones en Nueva Orleans, Luisiana, que los legisladores texanos "quizá fueron demasiado lejos" al redactar la polémica ley migratoria SB-4, que permite al estado arrestar y deportar migrantes en la frontera.
La SB-4, actualmente en disputa legal, ha generado controversia por su posible discriminación racial y su implicación en asuntos migratorios, que son atribuciones exclusivas del Gobierno federal.
El tribunal de apelaciones del Quinto Circuito rechazó recientemente la solicitud de Texas para que la ley entre en vigor mientras se examina su legalidad. Esto mantiene bloqueada la entrada en vigor de la SB-4, que había sido programada para marzo.
Durante la audiencia, Nielson explicó que, según la interpretación de la Fiscalía General de Texas, los migrantes detenidos en base a órdenes emitidas por tribunales estatales serán entregados a las autoridades federales para su deportación.
La ley ha enfrentado múltiples demandas, calificada como inconstitucional por el Centro Las Américas de Abogacía por los Inmigrantes y otros grupos, incluyendo la ACLU y el Proyecto Texas de Derechos Civiles.
Los abogados del gobierno de Texas argumentaron que los demandantes no están directamente afectados por la ley y, por lo tanto, no tienen un reclamo válido en el caso.
Fernando García, presidente de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, expresó a EFE la determinación de resistir la ley, convocando a manifestantes de diferentes partes del estado de Texas.
La ley SB-4 es parte de la Operación Estrella Solitaria, iniciada por el gobernador Abbott en 2021, que movilizó unidades de la Guardia Nacional de Texas para apoyar la vigilancia fronteriza, generando preocupaciones adicionales sobre su implementación y consecuencias.
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