Fuente: La Nación
En medio de las negociaciones entre el gobierno nacional y los gobernadores para la restitución de la cuarta categoría en la ley del Impuesto a las Ganancias, el ministro del Interior, Guillermo Francos, aseguró que el nuevo piso para pagar el gravamen estaría entre $1.500.000 y $2.000.000.
"El ministro (Luis) Caputo lo está analizando con su equipo para ver cómo puede impactar en el tratamiento de la ley y en el objetivo del déficit cero", explicó, y adelantó: "Seguramente va a estar entre $1.500.000 y $2.000.000. Las escalas son progresivas, pero hubo bastante acuerdo".
Asimismo, el diálogo con Radio Rivadavia, negó que el impuesto vaya a cobrarse de forma retroactiva y detalló que la ley tendrá un artículo en el que se establecerá esto con respecto al último trimestre de 2023 y al primer cuatrimestre del 2024. De esta forma, responsabilizó a la gestión del Ministerio de Economía durante la gestión de Sergio Massa al no haber aclarado estos puntos cuando sacaron la normativa. "Vamos a resolver lo que estuvo mal hecho cuando se sancionó la ley", destacó.
Aunque al no estar definido el mínimo no imponible no se puede conocer con exactitud el número de personas que deberían volver a pagar, las estimaciones de los tributaristas apuntan a que estaría alrededor o ligeramente debajo de los 800.000 contribuyentes que dejaron de tributarlo con la decisión electoralista de Massa, en su doble rol de ministro de Economía y candidato presidencial.
Al escenario de cálculo del universo alcanzado por la medida se suma de momento la histórica falta de estadísticas de cuántas personas pagan Ganancias en cada período. Y la estimación también se dificulta por elementos como las deducciones y el estado civil de las personas que pueden hacer que eventualmente, pese a sus salarios, no terminen pagando el impuesto.
Por otro lado, el funcionario también se refirió a la votación del mega decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23 de desregulación de la economía que está próximo a debatirse en Diputados y adelantó que no ve "mayores dificultades" por lo que esperan "tenerlo aprobado a fin de mes".
"Todo depende de la voluntad de los Diputados, pero -de acuerdo a lo que conversamos- hay posibilidades", consideró, antes de agregar: "Son leyes que benefician la actividad económica y productiva y hay inversores esperando y observando; es importante, como gesto institucional y político, aprobar la ley de desregulaciones económicas que permite inversiones". Además, manifestó que siguen en continuas conversaciones con los gobernadores provinciales para conocer la posición de los legisladores: "La primera vez fue mucho más complejo porque la ley tenía varios temas y generaba cuestionamientos. Ahora condensamos los temas más importantes para generar rápidamente inversiones que permitan pegar un rebote en la economía. Conversamos sobre esos puntos y hay un apoyo importante".
En esta misma línea, aseguró que las reuniones no fueron un "toma y daca", sino que los dirigentes aprovechan para manifestar "problemas internos y en su relación con Nación", pero que "de ninguna manera eso representa un condicionamiento para el voto". Y destacó: "En general, hay un apoyo de los gobernadores de Juntos por el Cambio hacia el proyecto".
Finalmente, Francos se refirió al paro de camioneros con el que amenazó el líder del gremio, Pablo Moyano, si el Gobierno no homologa el acuerdo al que llegaron con las cámaras empresarias por la paritaria del sector. "No se va a mover una hoja, una pluma, en todo el país", había alertado el dirigente. Frente a esto, el ministro reiteró que el Gobierno "no va a convalidar aumentos por arriba de la inflación" y catalogó a las palabras de Moyano de una "patoteada". "A los argentinos los tiene hartos la coerción del gremio de Camioneros", consideró. "El sindicato hará lo que le parezca y el Gobierno tomará las medidas a las que esté habilitado", dijo, sin descartar a la conciliación obligatoria como una "herramienta" en una "situación de crisis gremial".