El naufragio de la reforma a la salud ocasiona incertidumbre en el país
A los graves problemas que ya tenía el sector salud del país se sumó que Petro ya contemplaba aplicar su modelo de salud a como diera lugar.
Aunque el sistema de salud colombiano ya venía con graves problemas –que han dejado por ejemplo la liquidación de un centenar de EPS por líos financieros o de corrupción- y que ello no es responsabilidad exclusiva del actual gobierno, los sectores políticos independientes y de oposición han advertido que el presidente Gustavo Petro se dedicó a profundizar la crisis debido a que ya tenía preconcebido su modelo y de ahí la poca disposición a dialogar con las EPS y el Congreso.
El presidente (e) del Centro de Estudios Económicos ANIF, Anwar Rodríguez Chehade, ha dicho que el hueco fiscal asociado a la subestimación de la Unidad de Pago por Capitación, UPC –lo que paga el Estado a las EPS por cada paciente-, y a presupuestos máximos –lo que paga el Gobierno a las EPS por tratamientos de enfermedades no cubiertas en el Plan de Beneficios de Salud, PBS-, asciende a aproximadamente $9,6 billones en los últimos tres años.
El experto consideró además que para el 2024 las estimaciones indican que es necesario un aumento de 15% de la UPC ($39,8 billones) y uno de 10,6% ($4,7 billones) de presupuestos máximos, con respecto al 2023.
Por su parte, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha dicho que el incremento del 16,23% para el para de la UPC de 2023 –estimado por el DANE en el 12%- se calculó con la información que reportaron las propias EPS, a partir de las frecuencias de uso y los costos de los servicios que prestaron en 2022, y el aumento de la inflación.
Acemi, gremio de las EPS, ha criticado que la UPC aprobada por el Gobierno para 2024 es insuficiente: "El 12.01% aprobado como incremento para UPC del 2024 no representa un crecimiento real, no corrige la desviación acumulada del sistema de los últimos años y, por el contrario, aumenta el desequilibrio financiero".
De hecho, la Corte Constitucional declaró hace un par de meses el nivel de cumplimiento bajo respecto de la suficiencia de los presupuestos máximos para la financiación de los servicios y tecnologías del PBS que no se sufragan con la UPC y ordenó en consecuencia al Ministerio de Salud pagar los reajustes debidos por tal rubro correspondientes a 2021, 2022 y 2023.
En 2019 el Presupuesto de Salud en el país fue de $28,2 billones, en 2020 hubo un incremento del 13,1% y subió a $31,9 billones, en 2021 del 14,7% y se situó en $36,6 billones, en 2022 del 10,1% y llegó a $40,3 billones, en 2023 del 25,4% para quedar en $50,5 billones, y en 2024 llegó a $61,5 billones, convirtiéndose en la segunda cartera con mayores recursos.
Entre tanto, la Contraloría reportó que 26 EPS deben $25 billones a hospitales, clínicas y proveedores y que incumplen, a excepción de cinco, con las reservas técnicas.
Toda esta crisis se concentró en el hundimiento esta semana de la reforma a la salud en su tercer debate en el Congreso, que para los críticos del Ejecutivo obedeció a los errores que cometió el Gobierno al dejar ir la coalición y a los virajes en el gabinete, lo que llevó entonces a la Casa de Nariño a negociar prebendas en el Legislativo e intentar lo que fue leído por el Capitolio como presiones, con constituyentes a bordo e intervenciones de EPS, para poner a andar su reforma en medio de la cada vez más pronunciada crisis del sistema de salud, que es en lo único en lo que hay consenso general en el país.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro atribuyó el archivo de su proyecto bandera a "tres o cuatro congresistas financiados por dineros extranjeros y por extranjeros que se han robado decenas de billones de pesos de la salud de toda la población colombiana".
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El proyecto fue radicado a mediados de febrero de 2023 y desde ese momento la principal controversia giró alrededor del cambio de rol de las EPS, que para el Gobierno deben dejar de ser intermediarias de los recursos públicos de la salud pero que para los detractores de la reforma son claves para la administración de la atención en salud de los ciudadanos.
Aunque la reforma pasó en la Cámara el pasado 5 de diciembre tras un año de deliberación en la Cámara, con audiencias públicas, comisiones accidentales e ires y venires, en el Senado se veía venir el fracaso, que se empezó a materializar cuando ocho senadores de la Comisión VII firmaron la ponencia de archivo, a la que se adhirió otro voto más, lo cual terminaría siendo la crónica de la muerte anunciada.
Terminó de enrarecer el ambiente la intervención por parte del Ejecutivo de la EPS Sanitas, y luego de la Nueva EPS, que fueron vistas en los círculos políticos independientes y opositores como una amenaza al Congreso, pese a que, por ejemplo, el expresidente Iván Duque liquidó 13 de ellas.
Y es que el Capitolio se sentía bajo presión desde semanas antes con el planteamiento de Petro de una constituyente como alternativa para pasar las reformas y hacer otros cambios más a la Constitución de 1991, que dice no se ha cumplido a cabalidad e incluso ha sido contrarreformada.
Pero para el mandatario lo que sucedió con la reforma a la salud es que "el Congreso no puede hacer verdaderas reformas en favor del pueblo, quizás porque los grandes contratistas se han vuelto dueños de la política".
Agregando que "a los congresistas que votaron en contra de la iniciativa, algunas de cuyas campañas políticas fueron financiadas por EPS, no les gustó el proyecto, porque no querían que las EPS se volvieran gestoras y buscaban que continuaran siendo aseguradoras, a pesar de que se comieron la plata de los fondos de reservas técnicas y no han dado los resultados esperados".
Para el analista político, Yann Basset, aplicar esta reforma por vía administrativa no es posible: "Puede hacer mucho por decreto el Gobierno pero provocando controversias jurídicas. Sí puede desarrollar algunos aspectos del proyecto que no requieren cambios legales, por ejemplo tratar de ampliar la cobertura en el ámbito rural o cosas por el estilo".
Pero, advierte el catedrático de la Universidad del Rosario, no puede cambiar la arquitectura realmente del sistema, porque la Ley 100 sigue vigente, aunque la verdad es que el sistema necesita nuevas reglas.
"Puede intervenir EPS pero eso también genera muchas controversias sobre la condición de intervención y sobre si eso es proporcional o no, lo vemos hoy día con la Procuraduría, y más allá de esto si eso se toma como una especie de forma de cambiar el sistema, es muy insatisfactoria, porque la intervención genera de por sí muchos problemas además de los que ya tenían las EPS", indicó el politólogo.
Y concluye Basset que "a veces es en los momentos de mayores bloqueos donde pueden surgir soluciones, aunque yo no creo que el Congreso esté en una actitud de bloqueo completo contra el Gobierno".
En la opinión del consultor político Juan Francisco Valbuena, "después de este estruendoso fracaso del Gobierno en el Congreso, que no solamente le costó gran parte de su capital político sino también varias prebendas que el Gobierno les dio a representantes para pasar esa reforma que terminó hundida en el Senado, pues las alternativas realmente son pocas".
Señala el ex editor político en el Congreso que no se debe aplicar vía decreto o intervenciones la reforma, como lo ha venido haciendo la Superintendencia de Salud, "porque evidentemente ese organismo no tiene la capacidad para brindarle de manera adecuada el servicio de salud a alrededor de 25 millones de personas que están en las EPS que ya fueron intervenidas de manera arbitraria y dictatorial".
"La alternativa aquí es que el presidente detenga esa máquina, esa avalancha de intervenciones ilógicas y se siente con todos los sectores interesados en la salud y con los partidos y los gremios y se construya un proyecto sencillo que apunte a la universalización del servicio y a unos mayores controles a algunas EPS", puntualizó.
El sociólogo Jorge Bolívar Berdugo, investigador senior de la Universidad Simón Bolivar, dijo que no es posible lograr la reforma mediante decretos: "La ley está por encima de los decretos, la actuación sería ilegal y demandable ante el Consejo de Estado, estamento que decretaría dicha legalidad. Y los costos y tiempos de transición del nuevo sistema lo hacen inviable".Añade el catedrático que por el camino de las intervenciones a las EPS "no se pueden cambiar sus funciones ni sus objetivos, la Intervención es para administrar recursos. Y el Gobierno no tiene las capacidades técnicas ni logísticas para administrar las siete EPS".
Aunque advierte que "es cierto que las EPS limitaron sus servicios, abandonaron el concepto de salud pública, omitieron la atención primaria y hasta desviaron recursos, pero todo ello se puede corregir con base en la ley".
Otra pregunta que ronda es si las reformas pensional y laboral correrán la misma suerte que la de la salud.
El analista político Carlos Arias anota en este sentido que "la reforma pensional tiene un espacio y tiene una luz de esperanza siempre y cuando termine siendo acogida la propuesta de La U. En esa propuesta se recoge más o menos el 90% del articulado propuesto por el Gobierno. Y si el Gobierno cede por primera vez y acoge verdaderamente los cambios, es posible que pase en esta instancia".
Pero, advierte, la laboral la tiene más difícil "porque a pesar de que el tema de las horas extras es muy popular, no le veo espacio, porque se va a cruzar con la pensional y en un momento el Gobierno va a tener que decidir cuál impulsa".
Agrega el catedrático de la Universidad Externado que, no obstante, "los tiempos están muy apretados y la tozudez del Gobierno va a obstaculizar, y meter la reforma a la salud por decreto y vía intervención de las EPS estoy convencido de que generó un malestar en muchos de los miembros del Congreso".
Y en la consideración de Basset esto va a depender mucho de la actitud del Gobierno: o cambia finalmente de discurso y trata de recomponer un poco la relación con el Congreso o insiste en acusar al Congreso y pierde la oportunidad de generar cualquier diálogo, lo que sería complicado para el mismo Gobierno porque no le convendría llegar a las próximas elecciones sin haber podido pactar alguna de sus grandes reformas.