Las candidaturas para las próximas elecciones al Parlamento Europeo están al caer. En el seno de los distintos partidos políticos se intensifican los movimientos de los diferentes interesados para lograr entrar en las listas en puestos de salida y conseguir el codiciado puesto de eurodiputado. Ambiciones personales al margen, será también la primera prueba del interés que tienen los grupos políticos por el sector agrario y el mundo rural en general. Me explico: muchas de las formaciones políticas repiten hasta la saciedad la importancia que conceden a las cosas del campo; sin embargo, cuando llega la hora de poner sobre la mesa las pruebas que corroboren sus afirmaciones, fallan estrepitosamente. Ahora estamos ante la primera ocasión que tienen para demostrar su interés, o no, por todo lo relativo al sector agrario. Y es que la próxima legislatura en el Parlamento Europeo va a ser clave desde el punto de vista agrario por diversos motivos.
El primero es que, durante los próximos cinco años, a partir del mes de julio, habrá que decidir el nuevo Marco Financiero de la UE para el periodo 2028-34 y, por lo tanto, el dinero para financiar la Política Agraria Común (PAC), por lo que hacen falta expertos en presupuestos y en la PAC; en segundo lugar, porque a lo largo de ese mismo periodo de tiempo, se deberá diseñar la nueva PAC, que sustituya a la actual, que, siendo muy suaves, se puede calificar de "chapuza". En ambos asuntos, los eurodiputados tienen competencia compartida con el Consejo de Ministros, es decir, que, para que las normas salgan adelante, hace falta, primero, la propuesta de la Comisión Europea; después, la aprobación del Consejo de Ministros y, en paralelo, que el Parlamento Europeo conceda su visto bueno. Además, hay otra serie de asuntos de carácter medioambiental y agrario que también afectan a los agricultores y ganaderos y que deben recibir el visto bueno del PE: autorización de insecticidas y herbicidas, el bienestar de los animales durante el transporte o la protección de los suelos y el agua son tan solo algunos de ellos.
Vista, por lo tanto, la importancia de los asuntos a tratar, de su transcendencia para el sector agrario y de que los eurodiputados tienen competencias en todas esas materias, es clave que en las listas se incluyan candidatos con conocimientos en el funcionamiento interno de la UE y en la PAC, entendida en sentido amplio: desde las normas estrictamente agrarias, hasta el comercio internacional, dado que también se están negociando y se firmarán acuerdos con países terceros, que, en la mayor parte de los casos incluirán una importante factura para los agricultores y los ganaderos comunitarios. Eso sin olvidar expertos en asuntos presupuestarios, capaces de relacionarlos con el gasto de la PAC, que ahora mismo supone algo más de un tercio de las cuentas totales de la UE.
Mientras tanto, el actual Parlamento Europeo está dando los últimos coletazos. Esta semana se ha celebrado un mini pleno en Bruselas y se ha dado el visto bueno a varios temas relacionados con el campo. Y días atrás se supo también que se ha acordado tramitar por el procedimiento de urgencia la propuesta de la Comisión Europea para simplificar algunas de las normas de la PAC, que ya ha sido aprobada por el Consejo de Ministros de Agricultura. Ahora solo falta, para que se pueda aplicar, que reciba el visto bueno de los eurodiputados durante el último pleno de la legislatura, que tendrá lugar durante la próxima semana, y que no se introduzcan cambios en los textos, porque entonces volverían al Consejo.
Los agricultores y ganaderos comunitarios, incluidos los españoles, están esperando como "agua de mayo" esa aprobación de los eurodiputados para que puedan entrar en vigor, en algunos casos con carácter retroactivo, las nuevas normas, que suponen un enmienda a la reglas del juego que se llevan aplicando desde principios de 2023. Esas modificaciones afectan a las normas medioambientales y los llamados ecorregímenes. Ese visto bueno de los eurodiputados es el paso que se necesita para que, en los diferentes Estados miembros, se puedan adoptar las modificaciones de carácter nacional. En España, el Ministerio de Agricultura ya tiene listo su proyecto que ha remitido a las organizaciones agrarias y también a las Comunidades Autónomas, que son las encargadas de su aplicación. Precisamente esta semana se ha convocado una reunión de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, en la que es previsible que los representantes de las regiones planteen estas cuestiones, aunque con Luis Planas de por medio, nunca se sabe lo que puede suceder.
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