El camino por el que se desenvuelve la política en España es el de la exacerbación de todos los vicios de un sistema político en crisis. Ante las manifiestas disfunciones originadas por el sectarismo de unos partidos que no son sino la cobertura formal de unas élites extractivas, no sólo no se ha reformado la defectuosa, deteriorada y enferma democracia, sino que, para retener como sea el poder político se han creado otras nuevas que han acelerado un proceso autodestructivo de final incierto. A la desnaturalización del Estado que ha supuesto la eliminación del delito de sedición, la rebaja de la malversación, los indultos a los golpistas de 2017 que insisten en su voluntad de repetir los delitos, la destrucción de la separación de poderes, la aprobación de una investidura y de una ley de amnistía pactadas con un delincuente en el extranjero, se han sumado nuevas actuaciones que están tensando las costuras de la convivencia hasta extremos insoportables.
A raíz del reciente escándalo Koldo de corrupción con la compra de mascarillas en la pandemia, que se ha llevado por delante al ex ministro Ábalos y señalado al propio presidente, hemos llegado a saber que el expediente ya estaba sobre la mesa del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, antes de las elecciones del 23J sin que se formulara ninguna acusación por parte de quien tiene encomendada por la Constitución la misión de promover la acción de la justicia, la defensa del interés público, de oficio o a petición de los ciudadanos, subordinando la justicia al interés político del Gobierno responsable de su nombramiento. Se le ha sumado el de las relaciones de la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, con el gestor de Globalia, Javier Hidalgo, y uno de los comisionistas del caso Koldo, Víctor de Aldama, que han precedido el rescate de la compañía por el Estado por un importe, entre ayudas directas y créditos, superior a los 1.000 millones de euros. A éste se han sumado las adjudicaciones a otras empresas valoradas por la consorte. La respuesta de Sánchez a las informaciones y a las denuncias de la oposición no fue la cumplida explicación que requiere la práctica democrática, sino aplicar el ventilador del «y tú más» que supone embarrar el espacio público. No sólo con acusar de corrupción a Isabel Ayuso por parte de todo el elenco gubernamental por las peripecias fiscales de su novio Amador con la AEAT, replicada con manifiesta torpeza por la presidenta de Madrid, sino hacerlo vulnerando delictivamente la confidencialidad a la que está obligada la Agencia tributaria y la ministra de Hacienda, la dicharachera María Jesús Montero. La respuesta de Julio César fue el divorcio de Pompeya, «la mujer del César no sólo debe ser honrada, sino que también debe parecerlo». La respuesta de Sánchez, tras la iniciativa del PP creando comisiones de investigación en el Senado sobre el escándalo Koldo, reservándose la posibilidad de investigación de las andanzas de Begoña Gómez, es la creación de otra comisión en el Congreso para investigar a Ayuso por el supuesto delito de su novio.
Vamos a toda marcha en el tren de los hermanos Marx, con el caníbal Sánchez quemando toda la madera del edificio constitucional, del que no va a quedar nada. Si el Gobierno ya no gobierna, pues no ha cumplido su deber constitucional de presentar los presupuestos, ha decidido ahondar en el desgobierno renunciando al resto de atributos formales que caracterizan a quienes dirigen un país en una democracia: El Gobierno debe gobernar y a la oposición le corresponde ejercer la crítica al Gobierno. Sánchez no admite ni la obligada contención del que ejerce el poder ni los contrapesos de la democracia. Tan acorralado se siente por la corrupción, que no da explicaciones y su única estrategia consiste en hacer oposición aguerrida a la oposición soliviantada por sus desmanes. Ésta es la desgracia del país. Dos oposiciones que se machacan a palos, como el Duelo a garrotazos de Goya, y nadie al volante del país. Es su estrategia, la única para la que está dotado, la de la división, la de la construcción del muro entre los buenos (la izquierda) y los malos (la derecha). Hay que remontarse a Schumpeter para describir la estrategia impulsada por la intelectualidad post ilustrada. La de los religiosos, nutridos de todos los estratos sociales, que administran el miedo a la muerte; y la de los seculares, de la franja burguesa, que administran una variante del malestar ante la vida, «organizando, alimentando, verbalizando y dirigiendo el resentimiento». El ejecutor por excelencia de la estrategia de estos últimos es el autócrata Sánchez.
Si ya ha colonizado el autócrata la administración del Estado, ahora dirige sus tentáculos a RTVE. Después de obligar a dimitir a su presidente, colocó a Elena Sánchez, fiel seguidora. Y ahora, tras la resistencia de esta última al fichaje de Broncano, ha colocado en la radiotelevisión pública que pagamos con nuestros impuestos y obligada por su condición estatutaria a preservar la independencia de la política, a una disciplinada militante del PSOE, Concepción Cascajosa. Se trata de contrarrestar la supuesta crítica del Gobierno del programa El Hormiguero de Pablo Motos. Y hacerlo contratando y blindando al cómico y presentador David Broncano por 28 millones de euros en dos años. Algo en lo que no se para en mientes el caníbal. El Estado y el dinero público para sostenerle en la silla curul del poder, el que haga falta. Si Aznar utilizó a Telefónica para defenderse de El País, él va a hacerse con el 10% de esta compañía privada, 2.290 millones de euros, con la excusa de la compra del 9,9% de Arabia Saudí, cuyo control de la compañía podía haber abortado con la acción de oro. ¿A qué el control de Telefónica? Pues la tecnología al servicio del Gobierno. Como Penélope, privatizamos y nacionalizamos al albur del capricho del Gobierno de turno. ¿Y cómo lo hace el autócrata sin partida presupuestaria ad hoc y tras la subida de las acciones? Detrayendo 500 millones de una partida de 16.000 millones destinada a autonomías y ayuntamientos, y a más deuda del Estado que deberemos abonar con nuestros impuestos todos los ciudadanos para intervenir una empresa privada bien gestionada. Todo lo que sea necesario para sostenerle en el poder.
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