Minutos antes de las 24.00 horas del jueves 14 de abril de 2016, el que era en ese momento titular del Juzgado Número 3 de Cangas, David Pérez Laya, decretaba el ingreso en prisión de Sinaí Giménez y dos de sus hermanos, Saúl y Juan Paulo. Comenzaba así el proceso judicial de la denominada Operación Vida. Coincidía el Día de la República y había caído un rey, un príncipe, el de los gitanos gallegos; el rey, su padre Olegario Giménez, se encontraba hospitalizado. Esa misma noche, el juez dejó en libertad a otras cuatro personas: la madre de Sinaí, Flora Jiménez, su mujer Amelia, un sobrino y otra mujer vinculada con la familia de los Morones, cuyo patriarca ahora mismo es Sinaí Giménez, tras la muerte de Olegario Giménez, que figuraba como investigada en el caso, lo mismo que Flora Jiménez, también fallecida. El denominado clan de los Morones fue acusado en esta Operación Vida de organización criminal, extorsión, coacciones o amenazas, delito contra la Seguridad Social y blanqueo de capitales.
Tras 8 años y 21.000 folios de instrucción y la declaración de 12 testigos protegidos, la Fiscal Susana Anzueta aún no presentó el escrito de acusación de una Operación Vida que había comenzado con una redada en la casa de los Morones en Tomiño el día 12 de abril de 2016, con hasta 11 personas detenidas, en la que también se encontraba Miguel Valverde, mano derecha de Sinaí Giménez y secretario de la Plataforma de la Cooperativa de Vendedores Ambulantes y también el gestor de la misma. Un operativo que se montó con el respaldo del Subdelegado del Gobierno Antonio Coello y con Juan Carlos Aladro en la Fiscalía. En estos ocho años, los acusados cambiaron una y otra vez de abogados y recurrieron cada auto del juez. Hasta tal punto que el Juzgado del Penal 2 de Pontevedra emitió el 28 de diciembre de 2019 un auto en el que recordaba que había transcurrido en exceso el plazo concedido para la designación de nuestros letrados para que se nombraran del turno de oficio. Por Cangas pasó lo más granado, desde el letrado Gutiérrez Aranguren, el que fuera abogado de Sito Miñanco, Gonzalo Boyé, Emilio Bachirrelli, Ramón Montenegro, Marcos García Montes, Cándido Conde Pumpido, la esposa del juez Vázquez Taín, Beatriz Seijo y el despacho de los abogados que dirige Adolfo Pego Oliver y Toliber, que fue en su momento magistrado del Tribunal Supremo. Todos, o se marcharon, o los echaron. El único abogado que permanece es el de los testigos protegidos, Alfredo Iglesias.
El primero de los hermanos que salió de la cárcel fue Marino Giménez, por un problema de salud; la obesidad mórbida que padece influyó de manera notable. Antes tuvo que satisfacer la fianza de 50.000 euros. Poco después, en verano de 2017, salía de prisión Juan Paulo, tras abonar la misma fianza. Sinaí Giménez salió de la prisión e Villabona, en Asturias, el 16 de agosto de 2017, haciendo efectiva la fianza de 50.000 euros. En todos los casos, la fianza había pasado de 100.000 a 50.000 euros. En ese momento, el cuarto hermano, Samuel, aún continuaba en prisión. Fue el último de salir de prisión.
El hecho de que los abogados de los acusados fueran recurriendo primero uno y después otro los autos y la práctica totalidad de las decisiones judiciales retrasó de forma consideraba el caso, según señalan los expertos. Pero también determinada documentación que se requirió a la Agencia Tributaria. El último, un documento contable de una tranmisión económica de Sinaí Giménez a un banco de Europa que retiró en efectivo supuestamente.
Sinaí Giménez aseguraba ayer mismo que la Operación Vida estaba más muerta que viva y pedía el archivo de la causa. Considera que la citada operación es fruto de un interés político, de las cloacas del Estado donde se encuentran políticos y policías corruptos. "Eso de lo que se habla ahora, también existía antes en la provincia de Pontevedra. Con los nuevos gobiernos se han ido limpiando esa manzana podrida. No hablo del retraso, lo que no veo norma es que haya empezado la Operación Vida. Estamos en silencio, que es el idioma de las personas inteligentes. No hicimos nada de los que se nos acusó. Nada de lo que se dijo fue cierto. No se incautó dinero ni armas y en mi habitación encontraron 25 euros. No había dinero en bancos de Suiza ni en el España. Fue algo que se inventaron". Asegura que todo se hizo para beneficiar a los gitanos zamoranos, que son los que tienen todos los puestos en los mercadillos de sur de Pontevedra, de los que los morones están alejados, como medida preventiva impuesta en su día por el juez.
Entre los testigos protegidos sí que hay asombro por la tardanza de la apertura de juicio y por una sentencia "sea mala, buena o regular, pero que la haya" . Comentan que sí que hay mucho ruido en las redes por parte de la familia de los Morones contra quienes ahora ocupan los puestos en los mercadillos a los que ellos no pueden acceder, entre ellos el de Cangas y también el de Moaña.
Suscríbete para seguir leyendo
- MorrazoUna patrulla de Tráfico evita que una mujer se suicide en el puente de Rande
- MorrazoLocalizan en Pontevedra a la perra de Bueu desaparecida y terapia de una niña autista
- MorrazoMoaña retira la inscripción "Saludo a Franco. Arriba España" del lavadero de Regueiro
- MorrazoPersonal de ambulancias, con retrasos en salarios y el empresario "desaparecido"
- MorrazoEl gobierno de Cangas otorga 15 días de plazo para que los locales legalicen sus terrazas
- MorrazoEl millo corvo invita a la mesa a su peor enemigo
Peligro a que se caigan los nichos