El Gobierno está decidido a estrechar el control sobre el margen de los supermercados. El ministro de Agricultura, Luis Planas, presentó la semana pasada un paquete de 43 medidas a las organizaciones agrarias de apoyo al campo, en el que se incluye una mayor vigilancia respecto a los beneficios de la distribución. Entre otras cosas, Planas se ha competido a que el Observatorio de la Cadena sobre costes y márgenes se reunirá de forma trimestral, en lugar de hacerlo cada seis meses, como hasta ahora, e "incrementará la publicación de estudios de márgenes para las distintas cadenas de alimentos".
Pero no solo es eso. Agricultura apoyará igualmente a las organizaciones agrarias, mediante un programa específico para cada una de ellas, "para informar al agricultor y ayudarse a calcular el coste efectivo de producción y defenderles presentando denuncias de manera colectiva y armonizada". Aunque no se menciona de forma explícita, uno de los objetivos que se persigue con ello es lograr una remuneración justa para el sector primario, que le permita cubrir los costes, impidiendo además la venta a pérdidas.
El Gobierno reforzará del mismo modo la capacidad inspectora de la Agencia de Control e Información Agroalimentario (Aica), convirtiéndola en una Agencia Estatal, con rango de dirección general, "con medios humanos y materiales que permitan incrementar y reforzar significativamente su capacidad inspectora".
A través de la labor de coordinación de la Aica de los organismos de control de las comunidades autónomas se aumentarán también las inspecciones sobre las operaciones comerciales. Planas se ha cometido a publicar no solo las multas impuestas sino también el importe de las sanciones acumuladas por quiénes vulneren la Ley de la Cadena e incurran en prácticas comerciales abusiva.
Tras la flexibilización del control y las sanciones previstas en la PAC a los pequeños agricultores por parte de Bruselas, el Gobierno se ha comprometido además a apoyar en Europa la aplicación de las cláusulas espejo, a establecer un grupo de trabajo permanente para el seguimiento de las exportaciones e importaciones agrícolas o a reforzar los controles en frontera a las importaciones de terceros países. Con ello se pretende evitar que haya importaciones extracomunitarias de forma masiva a precios más bajos, al no tener que cumplir los mismos requisitos medioambientales que se reclaman en la UE. El problema de fondo es que España no tiene mayoría, por ejemplo, para sacar adelante las denominadas cláusulas espejo.
Agricultura ha anunciado créditos ICO por valor de 700 millones de euros, de los cuales 200 irán destinados a los jóvenes agricultores que estén llevando a cabo el relevo generacional del sector. Los 500 millones restantes serán para "garantizar operaciones de crédito" de agricultores y ganaderos, argumentó Planas.