El tribunal que juzga el alijo de 3.800 kilos de cocaína del buque MV Karar en 2020 ha descartado suspender el juicio por la baja médica del ex inspector jefe de la comisaría de Pontevedra, testigo principal de la Fiscalía e investigado por supuesta relación con el narcotráfico.
Por lo tanto, la vista comenzará el lunes con las declaraciones de los acusados después de tres jornadas de cuestiones previas.
Los tres primeros días de la próxima semana han sido reservados por el tribunal de la Audiencia Provincial de Pontevedra para tomar declaración a Juan Carlos Santórum y los otros 27 procesados, entre ellos su hermano y un funcionario de Aduanas al que sorprendieron con 368.000 euros en dos bolsas de plástico en Madrid.
La sala no ha apreciado ninguna causa que determine la suspensión del juicio y los magistrados han avanzado que las cuestiones previas serán resueltas en la sentencia.
El lunes, antes de dar paso al interrogatorio de los acusados, se decidirá sobre una prueba documental propuesta por la Fiscalía con imágenes de una de las naves registradas y de los fardos que llevaba a bordo el Karar, con la embarcación ya atracada en puerto.
En la tercera sesión, la última de cuestiones previas, el fiscal ha respondido este viernes a las defensas y ha rescatado las "evidencias" que relacionan a los procesados con el alijo del buque, como las coordenadas marítimas, una tarjeta telefónica portuguesa empleada para controlar la singladura del barco o los teléfonos satelitales incautados.
Ha destacado así conversaciones entre los investigados en que hacían alusión a la "merca" y los "3.8", en referencia a los 3.800 kilos que llevaba el buque, o que las coordenadas que aparecieron anotadas en una nave registrada por los investigadores coincidían con las del puente del mando del MV Karar.
"¿A que eso no lo han dicho las defensas?", se ha preguntado el fiscal, que ha valorado la droga incautada en 127 millones de euros.
Algunos letrados habían puesto en duda la competencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra para juzgar este caso al entender que debería corresponderle a la Audiencia Nacional porque la carga del MV Karar, de acuerdo con el escrito de acusación, se hizo fuera de España con un tripulante nacional a bordo, un delito cometido por un español en el extranjero.
Además, argumentaban que el delito tuvo efecto en varias provincias, ya que, entre otras cosas, uno de los procesados, colombiano, reside en Madrid y no había "pisado Galicia", por lo que, según eso, también habría que "unificar la actuación" en la Audiencia.
El fiscal, sin embargo, defendió que el núcleo de la actividad de la "organización criminal" se produjo en la provincia de Pontevedra y la jueza no encontró motivo para la no celebración del juicio.
Las defensas también habían exigido una investigación sobre la actuación del ex inspector jefe de la comisaría de Pontevedra, que llevaba 20 años vinculado al Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (Greco) de Galicia y que dirigió la operación del MV Karar después de que recientemente fuera detenido por Asuntos Internos como investigado por su presunta relación con el narcotráfico.
El mando policial, que estará de baja médica un mes, es el testigo principal de la Fiscalía, y los letrados solicitaban la suspensión hasta que pudiera prestar declaración, algo a lo que tampoco ha accedido el tribunal.
El Ministerio Público ha asegurado que "cualquier duda" sobre el testimonio del mando policial habrá que "despejarla" en el juicio cuando sea interrogado.
Sobre la vulneración de derechos fundamentales que alegaban los acusados, el Ministerio Fiscal ha argumentado que entre los datos obtenidos -y aportados- por la DEA (agencia de los EE.UU. contra el tráfico de drogas) sobre el MV Karar "nada hay que fuera el motor de esta investigación" que requiriera autorización judicial previa.
El fiscal llegó a decir que las defensas plantearon en las cuestiones previas "fuegos artificiales".
La abogada del Estado se ha adherido a lo expuesto por el Ministerio Fiscal y ha hecho énfasis en que no ha tenido "ningún problema en el acceso a la causa ni a la documentación", como sí esgrimían las defensas, al tiempo que ha pedido a los abogados de los procesados que concreten qué cuestión del tomo 31 -señalado por varios letrados por no haberlo recibido a tiempo para poder practicar pruebas- les ha causado la indefensión que alegaban.
El ministerio público solicita 18 años de prisión y una multa de 438 millones de euros para Juan Carlos Santórum, considerado como jefe de la organización que se preparaba para recepcionar la cocaína que iba a bordo del buque.
Para su hermano, así como para el funcionario del Servicio Marítimo de Vigilancia Aduanera, la mujer de este y otras 24 personas, solicita la Fiscalía trece años y medio de prisión y dos multas de 400 millones de euros.
En el caso del trabajador de Aduanas pide, además, cuarenta años de inhabilitación absoluta y otros seis años de cárcel, mismo tiempo de prisión que para su mujer, además de una multa de 1,47 millones de euros por un delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.
Entre los 28 procesados hay doce gallegos, nueve de Nepal, cinco de Bangladesh, uno de Colombia y otro de Uruguay, aunque con domicilio en Galicia.
Los de Nepal y Bangladesh se encuentran en la cárcel y quedarán libres el próximo jueves ya que se agota el plazo de la prisión preventiva -cuatro años-.
Su abogado ha pedido que, una vez declaren, puedan dejar de acudir al juzgado, ya que estarán alojados en diferentes localidades gallegas y tendrán dificultad para desplazarse, algo a lo que el fiscal no se opuso, si bien la jueza ha recordado que, en principio, tienen que estar a disposición del Tribunal y presentes.