El Tribunal de Cuentas ha reactivado hoy el expediente sobre el desvío de fondos públicos para la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la promoción exterior del 'procés' independentista catalán.
La consejera encargada de juzgar la responsabilidad contable en este asunto, Elena Hernáiz, ha dado un plazo de 10 días a los demandantes -el fiscal y la entidad Sociedad Civil Catalana- para que presenten por escrito sus conclusiones finales.
A continuación, los 35 demandados -entre ellos, los expresidentes catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas y el exvicepresidente Oriol Junqueras- tendrán un plazo similar para formalizar sus conclusiones.
Una vez presentados todos los escritos, quedará visto para sentencia este procedimiento contable, expresamente incluido como amnistiable en la que en este momento tramita el Senado.
Hernáiz rechazó el pasado noviembre suspender la vista pública celebrada para practicar las pruebas propuestas por los demandados, en contra de lo que solicitaron Junqueras y los exconsejeros Raül Romeva y Dolors Bassa invocando la futura ley de amnistía.
La consejera, cuyo criterio compartió el fiscal, resolvió que la amnistía no puede ser aplicada hasta que sea aprobada y entre en vigor.
La Fiscalía —representada por el fiscal jefe ante el Tribunal de Cuentas, Manuel Martín Granizo— solicita que los 35 demandados devuelvan a las arcas públicas un total de 3.093.198 millones de euros indebidamente empleados, a su parecer, en el proceso soberanista catalán.
Sociedad Civil Catalana, que ejerce la acción popular, eleva el importe a 5,3 millones de euros, algo menos que la cantidad determinada en la liquidación provisional efectuada por la delegada instructora, Esperanza García Moreno, que ascendía a 3.903.294 euros.
A Puigdemont y Mas se les reclama 2.486.790 y 739.918 euros, respectivamente.
El exvicepresidente catalán y líder de ERC Oriol Junqueras es demandado por la misma cantidad que Puigdemont y el exconsejero de Economía Andreu Mas-Collel por idéntica cuantía que Mas.
El exconsejero de Acción Exterior Raül Romeva deberá responder por una reclamación de 2.277.101 euros; la exconsejera de Trabajo Dolors Bassa, por 987.964 euros; Jordi Turull, por 995.822 euros y los exconsejeros Antoni Comín y Lluis Puig, en la actualidad prófugos de la Justicia, por 826.649 euros.
En febrero de 2022, la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas revocó, por dos votos a uno, la decisión de la delegada instructora de no admitir los avales presentados por el Instituto Catalán de Finanzas para hacer frente a la fianza solidaria de 5,4 millones de euros impuesta a los líderes del 'procés' y funcionarios de la Administración catalana demandados.
La aceptación de los avales del ICF, una entidad financiera propiedad de la Generalitat de Cataluña, permitió a los demandados eludir el embargo de sus bienes.