A la ciudadanía oaxaqueña:
Oaxaca de Juárez, 18 de abril. El 2 de abril pasado, el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca resolvió inhabilitarme por un año para ejercer cargos públicos, en los hechos, me remueve del cargo de Presidenta del IEEPCO e ilegalmente impone efectos inmediatos a su sentencia vulnerando su propia normatividad y mi derecho a la defensa.
Esta sanción es una afrenta contra el Estado de Derecho y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la que establece que sólo el Consejo General del Instituto Nacional Electoral puede remover a las consejerías de los institutos electorales locales de su cargo, la razón de este criterio es precisamente evitar la intromisión de poderes facticos que vulneren la autonomía e independencia de los Institutos Electorales Locales. Por ello, la sentencia del Tribunal también atenta de forma flagrante contra mis derechos civiles, políticos y laborales a ejercer el cargo en el que fui designada.
La sanción se enmarca en una persecución política y administrativa que inició en mi contra el encargado de despacho de la Contraloría General del IEEPCO, Salvador Alejandro Cruz Rodríguez, a quien los intereses económicos le nublaron la vista y dedicó todo el 2023 y lo que va de este año para presionarme en la toma de decisiones administrativas, y denostar mi imagen y mi desempeño en el cargo. Ha iniciado auditorías y procesos administrativos de asedio contra mi equipo de trabajo administrativo, sobre todo, contra mujeres, actos que, durante la presidencia anterior, encabezada por un hombre, nunca tuvieron lugar.
Hablamos de un Encargado de Despacho, designado por una Comisión del Congreso estatal sin facultades para realizar ese nombramiento, por lo que todos sus actos son ajenos a la legalidad. No es fortuito que el Congreso del Estado haya emitido recientemente una convocatoria para designar, ahora sí, legalmente, a la persona que ocupará la Contraloría General.
El encargado de la contraloría extralimitó sus funciones, de ello ya ha quedado constancia en la resolución de octubre de 2023 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que me reinstaló de forma inmediata porque en efecto, la única institución que puede remover a una consejería es el INE.
Hoy en día, los procedimientos han transitado de lo administrativo a lo penal en una clara utilización política de las instancias judiciales, incurriendo incluso en hostigamiento, ya que el día 16 de abril el Juez de Control de Tanivet libró una orden de comparecencia y ese mismo día a la medianoche acudieron a mi domicilio a tratar de notificarme un citatorio judicial, con la clara intención de amedrentarme. Por lo que desde este momento denuncio la intención evidente de privarme arbitrariamente de mi libertad.
Reitero la falsedad de los señalamientos en mi contra, agotaré todas las instancias legales internas y de ser necesario acudiré a instancias internacionales hasta limpiar mi imagen. No permitiré, por ningún motivo, que mi caso se convierta en el ejemplo de lo que les puede pasar a las mujeres que no son condescendientes con un sistema racista, clasista, machista, misógino y patriarcal al interior de las instituciones y de los gobiernos, ni a las formas tradicionales de ejercer un cargo o presidir una institución.
A todo el personal del Instituto quiero expresarle mi más alta y distinguida consideración por el trabajo que realizan, sé que su profesionalismo sacará adelante este proceso electoral, como siempre lo han hecho. Ustedes son la fortaleza del IEEPCO, y lamento que sean víctimas de daños colaterales de este embate hacia mi persona. El embate no ha sido sólo contra mí, ha sido contra esta noble institución y contra la democracia.
Tengan la plena satisfacción que hemos cumplido de manera ejemplar con nuestro trabajo, juntas y juntos sacamos adelante de forma exitosa la elección a la gubernatura, las elecciones extraordinarias en siete municipios de la entidad y las elecciones en los más de 400 municipios que se rigen por Sistemas Normativos Indígenas en 2022; mientras que en 2023 tuvimos un buen arranque de proceso electoral e iniciamos los trabajos de tres consultas ciudadanas históricas en la entidad, que concluyeron de forma ejemplar este año y que se quedan como legado.
Convencida del estado de derecho, la democracia y la institucionalidad; acato la decisión que comunicó la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Electorales, a cuyas Consejerías, y del Consejo General, respeto, admiro y reconozco su enorme compromiso con la democracia mexicana.
Reitero que daré la batalla en los tribunales hasta limpiar mi nombre y mi prestigio, y para generar un precedente que ayude a que ninguna mujer tenga miedo a sufrir esta persecución por miedo a atreverse a ser titular de un órgano autónomo del Estado o a ejercer cualquier algún cargo público
Atentamente
Elizabeth Sánchez González