El Ayuntamiento de Ibiza descarta por completo regular el precio de los alquileres y, aunque afirma que cederá suelo municipal al Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) para la construcción de nuevas promociones de Protección Oficial, matiza que esta no puede ser la única solución a la emergencia habitacional. Blanca Hernández, concejala de Vías Públicas, Obras y Movilidad, defendió en el pleno municipal de este jueves que hay un problema de «inseguridad jurídica» para los propietarios, lo que genera —ha agregado— que haya menos oferta residencial.
Lo dijo respondiendo a una moción sobre la gestión de las caravanas presentada por la concejala de Unidas Podemos, Guadalupe Nauda. El texto, que fue rechazado por PP y Vox (con la abstención del PSOE), solo fue apoyado por la edil morada e incluía cuatro puntos.
El primero, que el jefe del Consistorio, Rafael Triguero, «elevase al Consell de Alcaldes la solicitud de habilitar uno o varios puntos de servicio con conexiones para la eliminación de aguas residuales de las caravanas a través de la mancomunidad»; no multar a «autocaravanas cámperes o similares que estén correctamente aparcadas en la vía pública» y permitir esos vehículos en parkings públicos «siempre que cumplan con la normativa vigente de estacionamiento»; «instar a la administración competente a facilitar licencias para la ampliación coherente de plazas de caravanas en los campings existentes»; y al Govern a aplicar la ley estatal de vivienda, lo que incluye declarar zona tensionada a toda la isla (con tal de aplicar el índice de precios).
Hernández señaló que estos vehículos no están diseñados, en ningún caso, para ser utilizados como residencia habitual y que el Consistorio no puede «normalizar esa situación y fomentar los asentamientos». «Todos somos conscientes de que esta opción, a la que recurren no solo trabajadores de temporada sino de todo el año, es el resultado de los precios prohibitivos en Ibiza», añadió, no sin matizar que la isla «no es un caso aislado» en España, y criticó que «no ha habido medidas efectivas» por parte de los gobiernos de Pedro Sánchez.
Asimismo, Hernández, también teniente de alcalde, apuntó a varios factores como causantes de esta crisis habitacional: el uso turístico ilegal, que «muchos propietarios que no se deciden a alquilar su vivienda por la inseguridad jurídica frente a impagos u ocupaciones», la falta de un plan general durante años y «la limitación del suelo disponible en el municipio».
Según la concejala, «se estima que en Ibiza hay unos 1.000 pisos vacíos, pero existe miedo a impagos, a que [a los caseros] les destrocen la vivienda, a inquilinos que realquilan» o a que destinen el inmueble al mercado turístico ilegal. También destacó, en relación con el segundo punto de la moción, que «la ley de tráfico permite aparcar y estacionar en cualquier lugar, no así acampar».
Nauda lamentó que «ese speech» no tuviera «nada que ver con la moción», que «recoge que esta opción no es la ideal». «No es la mejor manera de vivir, pero es la que se puede permitir la gente que viene a trabajar. La moción va enfocada a dar una solución a la realidad que tenemos, no a lo que queremos hacer ni a cuántas viviendas van a sacar adelante ni a lo que deberíamos haber hecho. Ahora tenemos esta situación y la respuesta debe ser inmediata». La edil de Podemos subrayó que quienes malviven en caravanas no pueden esperar durante «cinco, seis o diez años» a la construcción de nuevas VPO. Nauda preguntó qué alternativa ofrece el Ayuntamiento a quienes están en esas caravanas y cuántos pisos tiene «para reubicar a las familias», a lo que Hernández detalló que «hasta la fecha se están atendiendo a varias personas, pero no se ha detectado ninguna familia en situación de riesgo, el perfil mayoritario es de adultos». «Muchas de las personas que están en caravanas están en situación activa de empleo, no son demandantes de prestaciones sociales. Los Servicios Sociales hacen seguimiento quincenal, mensual, de quienes se encuentran en situación de calle. Se les ofrecen los recursos disponibles, se valora la situación de vulnerabilidad y se tiene especial atención si en alguna caravana se encuentran menores», en palabras de la teniente de alcalde, que afirmó, sin embargo, que lo habitual es detectar a adultos, no a familias enteras.
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