Opinión
Cara a cara
Con las protestas de los trabajadores públicos en rechazo a una jubilación obligatoria (a los 65 años), otra vez la mirada está en las rentas bajas. La norma establece que para acceder a un 70% del último salario, los afiliados al Sistema Integral de Pensiones deben tener una carrera laboral longeva. Sin embargo, la realidad es que muchos no logran alcanzar este porcentaje, incluso con largos años de aportes.
El Gobierno argumenta que las rentas bajas se deben a la falta y escaso valor de los aportes realizados durante la vida laboral. También señalan que el grupo familiar del trabajador al momento de jubilarse (edad de la cónyuge, número y edad de hijos) influye en el monto final de la pensión. Sin embargo, no mencionan que -por ley- se obliga a invertir el dinero de las jubilaciones en el país, cuando pueden existir mejores alternativas en mercados internacionales que incrementen la rentabilidad.
Tampoco menciona el Ejecutivo que el mayor deudor de la Gestora es el Estado a través de los bonos del Tesoro General, con más de $us 6.000 millones y que el dinero se ha destinado para invertir en empresas estatales.
Esta situación provoca incertidumbre en la población, especialmente en aquellos que se acercan a la edad de jubilación. La pregunta que surge es: ¿podrán mantener su nivel de vida después de tantos años de trabajo? Es necesario tomar medidas para mejorar las rentas en Bolivia y el objetivo debe ser garantizar una jubilación digna para todos los bolivianos que han dedicado su vida al trabajo.