El juicio contra los CDR se retrasa, aunque no por el motivo de fondo que alegaban las defensas, sino por la salud de uno de los abogados de los 12 acusados de terrorismo. La Audiencia Nacional ha aplazado este lunes la vista previa al juicio oral en el que se iban a estudiar las peticiones de no celebrar el juicio o aplazarlo. Entre ellas, la inminente aprobación de la Ley de Amnistía.
El tribunal presidido por Alfonso Guevara ha aceptado suspender la vista a la espera de que la defensa de Alexis Codina pueda participar en ella, como solicitaba. El tribunal, tras deliberar la situación, ha concluido que todos los trámites han sido correctos, pero ha accedido a la petición de la defensa. Se habían opuesto a ello tanto el fiscal Vicente González Mota como el abogado de la Asociación Catalana de Victimas de Organizaciones Terroristas (Acvot), Ignacio Fuster-Fabra.
Antes de la suspensión, el abogado Xavier Monge ha tenido oportunidad de pedir al tribunal el aplazamiento del juicio ante la "certeza" de que se va a aprobar la Ley de Amnistía: "No se puede obviar que en seis semanas estará en el Boletín Oficial del Estado y obligará al archivo sin llegar a juicio". "¿Vamos a seguir como si oyéramos llover", ha añadido, pidiendo "prudencia" al tribunal.
En su intervención, la defensa ha resaltado que tanto la Audiencia de Gerona como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña han aplazado ya juicios o vistas debido a que la aprobación de la ley les afectaría de lleno. Actualmente la norma está tramitándose en el Senado. Cuando vuelva al Congreso, antes de dos meses, se aprobará definitivamente.
Carrera de plazos
Así pues, la entrada en vigor podría llegar antes de que la Sección Tercera de la Audiencia Nacional retomara el examen de las cuestiones previas del caso de los CDR. En ese caso, la ley le daría dos meses para decidir si la amnistía cubre los delitos por los que acusan la Fiscalía y la Acvot: pertenencia a organización terrorista, tenencia de explosivos y tentativa de estragos.
El Ministerio Público, que sí ve terrorismo en este caso a diferencia de lo sucedido con Tsunami Democràtic, reclama penas de entre ocho y 27 años de cárcel, que en el caso de la Acvot llegan hasta los 33.
Si llega a celebrarse la vista de las cuestiones previas antes de que lo impida la Ley de Amnistía, el tribunal deberá resolver varias alegaciones de las defensas. Entre ellas, que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón no era el competente para asumir el caso, al no tratarse de terrorismo. También se alega que alguno de los hechos que sustentan la acusación ya han sido juzgados.
Tanto la Fiscalía como la asociación de víctimas que ejerce la acusación popular se han opuesto a que el tribunal estime las cuestiones.