Que la Justicia dicte la prisión preventiva contra quienes asaltan a una persona vulnerable en la vía pública como medida cautelar urgente. Esa es la idea central de un proyecto de ley que ingresaron por mesa de entradas legisladores del oficialismo, con el fin de que se considere una modificación del Código Procesal Penal (Ley N° 8.933).
La iniciativa fue presentada por el legislador Gerónimo Vargas Aignasse, con el apoyo de sus pares oficialistas Carlos Najar (presidente de la comisión Seguridad y Justicia), Javier Noguera, Christian Rodríguez y Maia Martínez. La modificación en el artículo 236 (subapartado 5 del inciso 1) se refiere a robos cometidos contra una persona menor, una mujer embarazada, un mayor de 70 años, una persona incapaz o una persona que no puede valerse por sus propios medios.
"Entendemos que quien comete un delito contra la propiedad sobre una persona vulnerable, además de generar una profunda indignación social busca aprovechar características personales de la víctima para asegurar su resultado final. Por eso proponemos en este agregado al artículo 236 y establecer parámetros para que sea considerado por la justicia alguien con peligrosidad procesal", se expresó en los fundamentos del proyecto.
"Este tipo de delitos considerados 'menores' por su escala penal generan gran impacto en la vida pública. Atacar al delito en sus diferentes modos de la manera más eficaz posible también es adelantarse a que los mismos terminen encadenándose a otro delito de mayor cuantía y que genere mayores daños a la comunidad", concluyeron los legisladores en los argumentos.
La iniciativa fue ingresada recientemente y debe ser analizada y dictaminada favorablemente por la comisión de Seguridad y Justicia antes de intentar llegar al recinto. De todos modos, cabe recordar que el sistema carcelario se encuentra desbordado, a la espera de que avance la obra de la nueva cárcel en Benjamín Paz para descomprimir un poco las celdas. Las comisarías están colapsadas con unas 1.400 personas, cuando tienen espacio para poco menos de 500. De todas ellas, 1.000 son condenados a quienes no se pudo ingresar en las prisiones de Villa Urquiza (con unas 1.300 personas), Concepción (600) o la cárcel de mujeres de Banda del Río Salí, por falta de cupo (actualmente con unas 400 reclusas).