Desde que el Ministerio de Teresa Ribera subió el nivel de protección del lobo sin ningún tipo de consenso, los ataques crecen exponencialmente y los ganaderos sufren las consecuencias.
Los ataques del lobo se han convertido de un tiempo a esta parte en la gran preocupación para los ganaderos de Castilla y León. Asociaciones de este gremio en la región y la Junta gobernada por Alfonso Fernández Mañueco ya han dejado claro que, a pesar de que se encuentren muchas piedras por el camino, no van a cejar en su empeño para buscar una solución a este problema que arrastran desde el año 2021. Las reivindicaciones han sido constantes desde entonces.
Por aquellas fechas ya tenían problemas con los numerosos ataques de este animal a su ganado, pero a partir de esta polémica decisión todo ha ido a peor. Fue en el mes de septiembre de ese mismo año cuando el Ministerio para la Transición Ecológica y el reto demográfico de Teresa Ribera incorporó al lobo al Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE).
Desde ese momento se subió el nivel de protección de este cánido, prohibiéndose la caza de esta especie al norte del Duero y por lo tanto el control poblacional por daños a la ganadería en toda la comunidad autónoma, así como en el resto de España. Todo ello de forma súbita e inesperada, sin contar con la opinión ni buscar el consenso de los principales damnificados por esta decisión: los ganaderos.
Desde entonces desde la Junta de Castilla y León, en cooperación en su caso con diferentes asociaciones de ganaderos, se pusieron manos a la obra para intentar buscar una solución intermedia para contentar a todas las partes. Sin embargo, del otro lado se encuentran un muro con un Gobierno de España que no solo no da su brazo a torcer sino que no escucha propuestas. La principal y resumiendo es que saquen al lobo de esa lista LESPRE y pase de estar clasificado como "estrictamente protegido" a "protegido", lo que permitiría su caza controlada. Y es que hay que dejar claro que el objetivo final es buscar el equilibrio entre biodiversidad y ganadería, es decir, que ambos coexistan en un mismo ambiente.
En el año 2022 el asunto llegó al Parlamento Europeo y proclamaron su preocupación por los daños que producía el lobo a distintos intereses comunes agrícolas, ganaderos y también claro está a las personas que viven de ello, con el caso de España y por lo tanto de Castilla y León como ejemplo a nivel europeo. De hecho, en un comunicado firmado por la propia presidenta de la UE, Úrsula Von der Leyen, confirmaba esa preocupación y dio instrucciones a los servicios de la Comisión para estudiar qué es lo que habría que hacer.
En el 2023 la Comisión abrió un periodo de consultas para hacer un mapa general de los problemas y reivindicaciones desde los diferentes puntos afectados. Su decisión final, tras hablar con los Estados, regiones y organizaciones de todo tipo es clara: resolvió que la protección del lobo en Europa tiene que cambiar a un régimen de simple protección. Una decisión que respalda la tesis que ha mantenido la Junta de Castilla y León en la materia y que demuestra que la decisión del Ejecutivo de Sánchez fue precipitada.
Sin embargo y como dice el dicho: las cosas de palacio van despacio. Y más si se tratan de cambiar leyes y normativas no solo a nivel nacional, sino a nivel europeo. Y es que el proceso es largo y con muchos pasos tal y como informan desde el Gobierno castellano-leonés: "Habría que cambiar el convenio internacional de Berna, como trámite previo para modificar el régimen legal del lobo en el ámbito de la UE previsto en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992".
A pesar de ello y como decimos, tanto la Junta de Castilla y León como los ganaderos de la región no van a parar. Y es que las cifras -que repasamos a continuación- no dejan lugar a la duda y dan argumentos más que de sobra a los que piden este cambio de normativa respecto a la caza controlada del lobo.
Desde que se metió al lobo en el LESPRE, año a año se han ido incrementando el número de ataques y cabezas de ganado muertas, tal y como apuntan los datos recogidos por la Junta de Castilla y León:
-2021: 2.669 ataques y 4.288 cabezas de ganado muertas.
-2022: 3.058 ataques y 5.118 cabezas de ganado muertas.
-2023: 3.558 ataques y 5.566 cabezas de ganado muertas.
Esto supone un crecimiento de ataques del 33% en tan solo dos años y de muertes de animales del 30%. Según datos del Gobierno regional, "el importe de las indemnizaciones abonadas por los daños de lobo en el año 2023 ha supuesto un total de 3,45 millones de euros". Gracias a la nueva normativa aprobada en el año 2023 se comenzaron a regular los pagos compensatorios derivados de los daños producidos por el lobo en las explotaciones ganaderas de la Comunidad. Esto ha permitido la compensación de los daños al norte del río Duero con carácter retroactivo desde la inclusión del lobo en el LESPRE.
En la actualidad, el problema sigue encima de la mesa a la espera de que se resuelva la cuestión a nivel europeo. Sin embargo, tal y como hemos explicado, este tipo de cuestiones normativas y legales van despacio. Todo ello mientras se siguen produciendo ataques a diario y muchos ganaderos se toman la justicia por su mano para defender su modo de vida.