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La estrategia política puede asemejarse a una sala de máquinas con diferentes calderas, donde se va echado carbón en función del asunto que se quiera calentar o azuzar para intentar abrasar otros que no convienen o interesan. El Gobierno, golpeado por el caso Koldo, el cerco que el PP quiere trazar sobre Begoña Gómez -la mujer de Pedro Sánchez-, y las exigencias de los independentistas catalanes para abordar la celebración de un referéndum y una financiación singular, echa todo el carbón en la caldera socioeconómica para intentar llevar la iniciativa ante la opinión pública y anular que cale el mensaje del PP de trato de favor a Cataluña.
El motor ruge desde hace semanas. Los últimos datos económicos son vistos por La Moncloa y por Ferraz como la palanca sobre la que intentar desactivar el mensaje de favoritismo hacia Cataluña, un esfuerzo por hacer ver que no todo es la amnistía, al tiempo que se busca orillar el caso Koldo y el propósito del PP de hacer causa respecto al desempeño de Begoña Gómez. Además de los números, ahí también se enmarcan medidas sociales como la vivienda y el propósito de poner fin a la Golden Visa, que más que el impacto en el mercado inmobiliario, es un gesto político, o la gira europea que va a emprender Sánchez para hacer campaña para reconocer el Estado de Palestina.
En el PSOE se asume que hay un coste por el hecho de defender la amnistía, aunque subrayan que las encuestas no les penalizan con una caída notable. Pero este lunes, en Sevilla, los abucheos y silbidos a Sánchez en dos actos, sobre todo en Dos Hermanas -feudo socialista- son ejemplo de que la crispación política salta a la sociedad y afecta al Gobierno.
Este propósito del Gobierno de presentar un desempeño sin favoritismos es zarandeada por los independentistas catalanes que, inmersos en la precampaña, suben sus exigencias y demandas. Al tiempo que da alas a las tesis del PP de ese posibilidad de trato de favor. El presidente catalán, Pere Argonès, insistió este lunes, en una intervención en el Senado, en que «en paralelo a la negociación del referéndum», el Ejecutivo tiene que «hacer posible un sistema de financiación singular para Cataluña».
Frente al permanente reto del secesionismo, el Gobierno quiere posar la pelota en el terreno de juego de la economía, porque considera que al PP no le viene bien ese debate. Que lo rehuye porque los datos, al menos hasta ahora, juegan más a favor de La Moncloa que de Génova. De hecho, hace sólo unos días, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se quejó de que desde que ha accedido al ministerio la oposición no le ha hecho preguntas sobre temas económicos. «España va ganando todas las contiendas: en economía y en empleo, en políticas sociales y en derechos, en convivencia y en cohesión territorial», ahondó Sánchez el pasado fin de semana en un mitin en Vitoria.
El mensaje se repite a modo de martillo pilón por todos los miembros de la Administración y del partido. «Feijóo: 'España tiene la peor clase política en 45 años.' España con un gobierno progresista: 21 millones de afiliados; crecimiento 5 veces superior al de la UE; referente internacional. Igual lo que tenemos es la peor oposición PP-Vox de la democracia», lanzó recientemente Félix Bolaños, ministro de la Presidencia.
Un mensaje que se acentúa en aquellas comunidades gobernadas por el PP. «Nunca antes un gobierno había acometido una agenda tan compacta tan sólida y tan transformadora en el ámbito de las infraestructuras en esta tierra», presumió el lunes Sánchez desde Sevilla. Hace sólo unos días, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, afirmó que el Gobierno de Pedro Sánchez transformó esta comunidad en una «tierra de oportunidades». La línea es clara, diluir el trato bilateral y el protagonismo que los independentistas catalanes han logrado en esta legislatura. Para ello, despliegue dialéctico y de datos: «Las inversiones y los planes del Gobierno llegan la cada casa de Galicia en forma de beca para estudiar, de pensión, de ayuda para la rehabilitación, de ayuda para digitalizar su pyme o renovar su calle».
También hace sólo unos días, con motivo del inicio de las obras del tercer carril de la A-67 entre Santander y Torrelavega, con una inversión de 173 millones por parte del Ministerio de Transportes, Eugenia Gómez de Diego, delegada del Gobierno en Cantabria, siguió la misma estela: «El Gobierno de Pedro Sánchez está comprometido con el desarrollo de Cantabria y su trabajo lo demuestra»; «es una muestra más del compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con Cantabria y del dinamismo y la fuerte actividad inversora del Gobierno en nuestra región».