El acuerdo alcanzado beneficia a los funcionarios de los Cuerpos Generales de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial, así como a los de los Cuerpos Especiales de Médicos Forenses y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Enmarcado en las nuevas leyes de eficiencia de la Justicia que impulsa el Gobierno para modernizar este sector, el acuerdo contiene dos puntos esenciales.
Por un lado, el aumento de las retribuciones a través del complemento específico, que se llevará a cabo de forma escalonada y progresiva en 2024 y 2025, y con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año.
Por otro lado, la convocatoria de la mesa delegada en el plazo de tres meses para mejorar las condiciones laborales en materias como la reducción de la temporalidad, el nombramiento de personal de refuerzo, la formación y la protección de la salud en el trabajo.
Bolaños ha subrayado la relevancia de este acuerdo, fruto del diálogo social, que muestra el respeto del Gobierno por el trabajo que realizan los funcionarios de la Justicia y que pone fin a un conflicto que llevaba tiempo bloqueado. Por tanto, según ha explicado, desde hoy todo el capital humano del sector se centrará en llevar a la práctica las importantes reformas aprobadas para transformar el servicio público de Justicia.
Diálogo, acuerdos e impulso reformista
El pacto firmado se enmarca en la línea seguida por el ministerio, marcada por dos ejes: la búsqueda de acuerdos con todos los operadores jurídicos y una transformación a gran escala del servicio público de Justicia.
En relación con el primero, el ministro ha puesto como ejemplo los entendimientos alcanzados en fechas recientes con actores relevantes como la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, la carrera fiscal o la abogacía.
Y en relación con el segundo, el ministro ha recordado que había un gran consenso social sobre la necesidad de grandes avances en materia judicial y que, ahora, ese consenso está llegando al BOE. Las reformas se centran, sobre todo, en la digitalización de los procesos judiciales, la modernización de la organización judicial y el impulso de una Justicia centrada en las personas, con iniciativas como las oficinas de atención a las víctimas de delitos o la ampliación del programa de becas para opositores.
El acuerdo ha sido firmado por el ministro Bolaños, Javier Jordán de Urries, presidente del sector nacional de Justicia de CSIF, y Carlos Javier Álvarez, secretario general de Servicios Públicos de UGT. También han asistido, entre otros, el secretario de Estado de Justicia, y múltiples representantes sindicales.