Imagen de archivo de ayudas de Cáritas en la parroquia de Sant Francesc de Ciutadella | Josep Bagur Gomila
La clandestinidad en la que viven miles de personas, sin acceso a derechos y condenados a trabajar en la economía sumergida, es una realidad «que también tocamos en Menorca», asegura Mar Pons, coordinadora de Inclusión Social de Caritas Menorca. La ONG de la Iglesia Católica es una de las que ha promovido, con la recogida de firmas, la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para poner en marcha la regularización extraordinaria de extranjeros, casi 20 años después de la última realizada con el gobierno de Rodríguez Zapatero. Según Pons, la propuesta que ha llegado al Congreso es «por respeto a los derechos fundamentales de las personas, porque vemos que son invisibles y quedan desprotegidas, en situación de explotación». La ILP también apunta al lado económico de esta situación, ya que son personas que no cotizan, su trabajo no reporta ingresos a las arcas del país, recuerda Pons.