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Al quitarle recursos al sistema, el gobierno de Javier Milei ha buscado un triunfo por partida doble: por un lado el recorte le sirve al afán de mantener el superávit financiero, del que se ufanó en la cadena nacional como una proeza. Por otro cree que desmantela a los "antros" repleglados en las casas de estudio, bajo el supuesto de que se encuentran tomadas por las fuerzas del mal.
Hace tiempo que los funcionarios, y hasta el mismo presidente, vienen fogoneando lo del "adoctrinamiento" y, al conocerse que la marcha sería imparable, arrancaron con el tema de las auditorías dando a entender que los fondos se despilfarran y sustentan la corruptela.
El último manotazo consistió en una operación comunicacional de patas cortas cuando anunciaron que se había sellado un acuerdo presupuestario con los rectores, quienes se apuraron a desbaratar la maniobra.
Temas como reformas educativas necesarias, administración eficiente de los recursos, bolsones improductivos, uso de recursos sin rendición y sospechas varias han buscado desviar el eje del debate de hoy, que consiste centralmente en el presupuesto universitario. En ese marco vuelve a resurgir, sin pronunciamiento oficial explícito, la idea de arancelamiento "porque muchos estudiantes pueden pagar" y, menos solapadamente, los cuestionamientos a la autonomía universitaria.
En verdad las universidades argentinas, aún con los señalamientos puntuales y las mejoras que siempre hay que alentar, se han mantenido incólumes pese a la decadencia del país. Eso es gracias a la autonomía que las ha preservado de los avatares gubernamentales que han llevado al país a una pobreza desgarradora.
La autonomía, con cogobierno plural y representativo, permite el desarrollo de las casas de estudio de manera relativamente independiente de las miserias de los gobiernos de turno.
No es anecdótico que cada vez que hubo un golpe de Estado, desde 1930 en adelante, se intervino el sistema universitario. Es tristemente recordada la "Noche de los bastones largos" cuando tras el derrocamiento del gobierno de Arturo Illia, el régimen de Onganía expulsó del país a los garrotazos a docentes y científicos que daban clases e investigaban en las universidades nacionales.
Desde 1983, cuando la Argentina recuperó la democracia después de la trágica dictadura, la universidad pública y gratuita abrió sus puertas para que cientos de miles de estudiantes pudieran estudiar y aportar capital humano al país formado y fortalecido. La educación y, en este caso, las universidades públicas son la herramienta central de transformación y movilidad social ascendente, y el factor estratégico del progreso de las sociedades.
Una increíble obviedad que sin embargo es necesario remarcar: sin los fondos presupuestarios no se podrá garantizar el funcionamiento del sistema. La excelencia requiere de recursos y gestión de calidad. La inversión en educación debe ser prioridad de Estado, aunque pueda analizarse fuentes alternativas de financiamiento siempre que se garantice que ningún estudiante sea excluido del sistema.
Pero traer a colación en este momento tal cuestión implica correr el eje. La brutalidad del recorte para el funcionamiento y los salarios de la comunidad educativa es insostenible. Eso explica las extraordinarias marchas en todo el país que no se resumen en la militancia ni en la comunidad activa universitaria, puesto que han abarcado a todas las capas sociales movilizadas, aun de votantes de Milei.
El hecho de que las universidades sean autónomas no obsta que sean fiscalizadas al interior y desde fuera del sistema universitario, como corresponde. Es otro de los temas que se ha pretendido instalar para desviar el debate. La Auditoria General de la Nación reporta sus informes periódicos al Congreso de la Nación, lo que no quita que se incrementen los controles y se ponga el foco donde hay sospecha de irregularidades.
El vicerrector de la UNCuyo, Gabriel Fidel, se puso al frente de la marcha universitaria que culminó en la plaza Independencia, de Ciudad.
Las universidades deben ser modélicas y no habría que descuidar ningún aspecto de su administración. Pero si hay casos puntuales de irregularidades no se deben proyectar como si fuera una generalidad, porque es lesionar la probidad del sistema que de hecho está sometido a diversos controles.
Los objetivos de transparencia, racionalización de recursos y administración eficiente deben ser un compromiso de las autoridades universitarias, de su gestión compartida por todos los claustros, y de la política nacional. Pero eso no debe implicar que se pretenda la afectación de la autonomía universitaria.
Otro aspecto fundamental a considerar es todo lo relativo a lo educativo, cómo y qué se enseña, qué carreras hay que alentar, la flexibilidad y extensión de las currículas, y las estrategias de desarrollo humano y económico del país. Con diagnósitcos precisos se puede corroborar qué carreras están al día, cuáles en proceso de actualización y si hay espacios que están aletargados o no responden a las necesidades. Este es un debate que hay que seguir promoviendo, pero sin que sea usado como excusa para retacear los fondos que se necesitan para funcionar.
Las universidades se autoevalúan y son evaluadas en los ámbitos nacional e internacional a través de indicadores precisos y varias están ranquedas en altos niveles de excelencia, entre ellas nuestra UNCuyo.
La inversión en educación, y especificamente en la universidad pública, es fortalecer el presente y asegurar el futuro desde la promoción del conocimiento en un mundo competitivo, para lo cual sería promisorio promover una educación ensamblada con un proyecto de país, algo que no se logra a los hachazos como lo está buscando el actual gobierno.
Después de las históricas marchas en todo el país, el presidente Javier Milei tiene la pelota en su campo. Sería deseable que sea capaz de convocar a los rectores a un diálogo honesto para apuntalar la educación universitaria y, si se quiere, para que su gobierno salga menos magullado de esta crisis que él mismo ha provocado, en aras de un cambio que sin embargo redunda en un retroceso imperdonable.
Fuente: Diario UNO