El intento del fondo emiratí Taqa de desembarcar como máximo accionista de la energética Naturgy levanta las alarmas en el Gobierno y resucita el debate sobre la participación del Estado en el accionariado de las empresas estratégicas españolas. El ala socialista del Ejecutivo se apresuró este miércoles a asegurar que tiene instrumentos normativos para detener la operación, que supondría dejar la empresa en manos de un Estado extranjero, ya que Taqa pertenece mayoritariamente al emirato de Abu Dabi. Pero Sumar quiere ir más allá y ha empezado a presionar dentro del Consejo de Ministros para que el Gobierno no solo bloquee la operación, sino que también entre en el accionariado de Naturgy como ya ha aprobado hacer con Telefónica.
Por ahora, el partido mayoritario en el Ejecutivo se ha limitado a no cerrar a esa posibilidad, aunque ha mostrado su preferencia por encontrar otras empresas con capital "transparente" y preferentemente español que inviertan en Naturgy. Así lo planteó este miércoles la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que defendió que una compañía estratégica como la energética —es el principal proveedor de gas natural y el tercero en el mercado eléctrico— no debe quedar en manos de un Estado extranjero, aunque aseguró que el Gobierno actuará "siempre respetando las reglas de la competencia" a las que están sometidos todos los Estados miembros de la UE.
Las palabras de Montero se vieron posteriormente complementadas por otras declaraciones del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que fue quien no quiso cerrar la puerta a ninguna posibilidad, incluida la entrada directa del Estado en el accionariado de Naturgy. "Tenemos una normativa que nos permite mantener un equilibrio perfecto entre la protección de las empresas estratégicas y la atracción de inversión extranjera", señaló Cuerpo, que planteó dos posibles respuestas ante el intento de compra emiratí: la "protección" del interés nacional exigiendo "requisitos" a Taqa "para que mantenga las inversiones y el empleo en España" o, directamente, "la entrada del Estado" en el accionariado.
El escenario, por ahora, es incierto, aunque el Gobierno tiene la sartén por el mango porque una OPA de las características que plantea el fondo de Emiratos —por la totalidad del capital de Naturgy— solo puede autorizarse si el Consejo de Ministros da su visto bueno. Por ello, fuentes de Sumar explican que van a mantener la cautela hasta ver cómo se desarrolla la situación. Este miércoles, el único mensaje que trasladó oficialmente la formación liderada por Yolanda Díaz es que "las empresas estratégicas deben estar bajo control de capital español o, incluso mejor, del Estado", pero ninguno de sus líderes quiso hablar en público.
Fuentes de Sumar señalan, no obstante, que su postura de máximos es clara: frente a las diferentes opciones que maneja el ala socialista del Gobierno para responder a la operación lanzada por Taqa, los de Díaz apuestan por que el Estado acceda al accionariado de Naturgy. Estas fuentes, en cualquier caso, insisten en que la operación se encuentra en una fase aún inicial, y de hecho la propia empresa ha hecho hincapié en que todavía no se ha alcanzado ningún acuerdo con los actuales accionistas de la energética para la venta de sus acciones y ha señalado que tampoco hay garantías de que se vaya a cerrar ninguna operación.
En cualquier caso, ya llueve sobre mojado con las diferencias en el seno del Gobierno en relación al accionariado de Naturgy. La OPA lanzada por Taqa supone una situación nueva, puesto que la compra por parte del fondo emiratí supondría que la energética pasaría a estar controlada directamente por una potencia extranjera. Pero lo cierto es que Naturgy ya está en manos de capital mayoritariamente foráneo —solo entre los fondos GIP y CVC controlan más del 40% de la empresa—, aunque de carácter privado, y eso generó hace unos meses un choque entre PSOE y Sumar.
En concreto, este rifirrafe tuvo lugar el pasado enero, cuando Sumar pidió al PSOE que impidiera al fondo buitre Blackrock la entrada en el capital de Naturgy a través de la compra de GIP, propietaria del 20% de la energética. El ala socialista del Gobierno hizo oídos sordos a la exigencia del socio minoritario, y precisamente ahora es GIP uno de los fondos con los que Taqa negocia acceder al accionariado de Naturgy. Blackrock, no obstante, es un viejo conocido en el Ibex35: entre otras, el fondo ostenta una participación del 5,25% en Iberdrola, del 5,048% en ACS, del 5,306% en Repsol y del 5,08% en Santander.