El Gobierno de Pedro Sánchez llevará a las Naciones Unidas, al Parlamento europeo y el Consejo de Europa su ofensiva contra gobiernos autonómicos del PP y Vox por la derogación de la ley de memoria democrática y su sustitución por las llamadas leyes de concordia presentadas en la Comunitat Valenciana, Castilla y León y en Aragón.
El Gobierno ya anunció esta semana que recurrirá ante el Tribunal Constitucional si estas comunidades no retiran los puntos de las iniciativas que a su juicio vulneran el espíritu de la Ley de Memoria.
Fuentes del Gobierno han avanzado que recurrirán al relator especial de la ONU sobre Verdad, Justicia y Reparación y al relator de Ejecuciones Extrajudiciales para que evalúen la conformidad de estas iniciativas.
Además, promoverá el debate sobre estas leyes en el Parlamento Europeo y se pondrá en contacto con el Consejo de Europa para alertar de la "posible violación de varias disposiciones del convenio de derechos humanos".
En la Eurocámara, promoverán iniciativas para incluir en el orden del día del pleno del Parlamento para su debate y votación por parte del Grupo de los Socialistas y Demócratas.