El día posterior a la multitudinaria movilización en demanda de una actualización del presupuesto educativo, el Gobierno nacional tomó nota y redujo el tono de confrontación, confirmando que recibirá a los rectores de las universidades el 30 de abril, según informó la agencia NA.
La reunión programada para el próximo martes será liderada por Alejandro Álvarez, titular de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, y se llevará a cabo en el Palacio Sarmiento. El objetivo será avanzar en los acuerdos con el sector, manteniendo como premisa que las auditorías en cada una de las universidades no son negociables.
Conscientes del número de participantes en la Plaza de Mayo, la estrategia adoptada por la administración libertaria fue dar espacio al reclamo, calificándolo como "genuino", y centrar las críticas en la presencia de referentes opositores como Sergio Massa, Axel Kicillof, Martín Lousteau, entre otros, así como en el uso político de la causa.
"Los mismos vivos de siempre utilizaron el escudo de una causa que suena noble para defender sus intereses de casta", expresó el presidente Javier Milei en un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, tras la participación de más de un millón de personas en todo el país en la protesta.
En línea con esto, en los pasillos de Balcarce 50 reconocieron la magnitud de la protesta, aunque precisaron que fue una acción "más en defensa de la educación pública que en contra de Milei".
"Los conductores del tren fantasma lograron instalar que la educación pública estaba en peligro, y eso jamás ocurrió", argumentó una fuente gubernamental, al tiempo que anticipó un acercamiento de posturas con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en el futuro.
En este sentido, se reiteró la obligación de transparentar las cuentas de las universidades, asegurando que el conflicto "se resolverá a través de la cuestión presupuestaria".
Aunque todos los referentes libertarios insisten en avanzar con el control de las cajas universitarias, la realidad es que, como informó la agencia, no existe una estrategia definida para ello. Sin la conformación de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas (seis senadores y seis diputados) ni un plan de auditoría aprobado, el debate se mantiene en el ámbito discursivo.
"Instalar el tema de las auditorías es un muy buen primer paso. Después veremos, pero hoy están hablando todos de eso", destacó un funcionario.
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