«El que se salta la normativa no debe tener premio», sentencia el presidente del GEN-GOB de Ibiza, Joan Carles Palerm. Para el presidente de la organización ecologista, la intención del Govern balear de permitir la regularización de construcciones que se hicieron sin permiso cuando las sanciones hayan prescrito «es una vía completamente equivocada, que va en la dirección contraria a la lógica».
Considera que dar la opción a que se legalicen viviendas construidas «faltando al respeto a las Administraciones y al resto de ciudadanos no se debería permitir, más bien al contrario, se debe perseguir».
Respecto al argumento dado por el vicepresidente del Govern, Toni Costa, en la rueda de prensa de presentación del borrador del decreto de medidas de simplificación administrativa, según el cual la medida es para «dar una salida» ante una infracción que ha prescrito, Palerm señala que esa salida no es en absoluto necesaria.
«Lo que hay que hacer con estas construcciones es mantenerlas fuera de ordenación, observarlas y cuando hagan una reforma, que la harán, sancionarlos. Y como han cambiado las ventanas, la Administración tiene derecho a tumbar esa construcción ilegal», contraargumenta Palerm: «Lo que no puedes hacer es regalarles la regularización con una multa del 20% del coste de la obra».
Recuerda que la Ley de Urbanismo de las Illes Balears (LUIB) recoge multas de hasta el 250% del coste de la construcción más la demolición de lo construido. «Cualquier coste mínimo para regularizar esas obras debería ser por lo menos lo que se fijaría si se hubiera cazado al infractor», valora: «Menos de eso es un regalo y reírse de todos aquellos que han hecho las cosas bien».
Indicó que, si realmente existe un problema en la isla «porque haya tan poca gente que haga las cosas como toca, es culpa de las Administraciones». «Como no han perseguido, ahora les dejan que se salgan con la suya y eso no puede ser», insiste.
También señala que se deberá estar muy atento a la letra pequeña del futuro texto normativo, que todavía no es público, en lo que se refiere a las obras realizadas en suelo rústico protegido. «Las sanciones en terrenos protegidos no prescriben y buena parte de la isla está en este régimen», recuerda.
También desde Amics de la Terra subrayaron que «la amnistía es un insulto a las personas que han respetado la legislación». Este grupo ecologista considera que esta clase de medidas «supone un incentivo para cometer otras actuaciones ilegales. Una muestra de los valores del Govern balear con el que todo se puede resolver con dinero, fomentando la desigualdad social».
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