La reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid quedará guardado en un cajón hasta que la tensión entre el Ejecutivo nacional y el Gobierno regional se calme. El Partido Popular de Madrid ha manifestado este lunes su negativa a apoyar el proyecto del PSOE-M y Más Madrid para modificar el texto y eliminar el término "disminuidos". Los populares creen que la tramitación puede ser utilizada, según apuntan fuentes del partido, por el Ejecutivo central para "intervenir de facto Madrid". Para los socialistas, esta posición está motivada por su personación como acusación popular en el caso contra la pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.
La pugna entre administraciones de diferente signo político complica las negaciones y bloquea los posibles acuerdos. La última consecuencia de las malas relaciones entre Madrid y Moncloa se han visto reflejadas en la reforma del Estatuto autonómico para adaptar el texto a la nueva redacción de la Constitución para reemplazar la expresión "disminuido" por la de "personas con discapacidad". En un primer momento, tanto PP como PSOE se mostraban afines a materializar este cambio. Además, se abría la puerta a introducir otras modificaciones como la denominación de la Cámara o el número de diputados que la componen. Sin embargo, esto parece inviable en el corto plazo.
"Deberemos esperar a que haya una mayoría distinta en el Congreso de los Diputados para reformar el Estatuto de Autonomía", declaraba el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, este lunes en la Asamblea de Madrid. Desde el partido ven peligroso acometer esta modificación con el panorama actual, ya que, argumenta, "esto es un caballo de Troya para que Sánchez tenga una baza negociadora más con los secesionistas".
Pache aseguraba durante su intervención que, a pesar de esta decisión, presentarán un proyecto de ley en la Cámara de Vallecas para modificar el resto de la legislación regional y reemplazar las menciones peyorativas relativas a las personas con discapacidad.
El cambio legislativo debería contar con la mayoría de dos tercios de la Asamblea de Madrid para ser ratificada con posteridad por el Congreso de los Diputados por medio de ley orgánica. Es este último trámite el que preocupa al PP. "Allí se podría modificar vía enmiendas y aprobarla con mayoría absoluta, los 179 de la investidura", afirman las mismas fuentes. Desde el Partido Popular creen que se podrían cambiar aspectos como la fiscalidad, usándolo como moneda de cambio en las negociaciones entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder prófugo de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, para decidir cómo es la norma de funcionamiento de la Comunidad de Madrid.
Por su lado, desde el PSOE-M consideran "inaceptable" e "indecente" que el término "disminuido" permanezca en la norma autonómica. Fuentes del partido valoran que la posición del PP se debe al hecho de haberse personado como acusación particular en la causa abierta contra la pareja de Díaz Ayuso por un delito de fraude fiscal y falsedad documental. "Esto supone penalizar a 205.600 personas entre 16 y 64 años con discapacidad reconocida de un 33% o más en la Comunidad de Madrid", manifiestan fuentes del PSOE-M, que consideran que deberán explicarles a ellos y a sus familias las motivaciones de esta decisión: "Esto es el PP de la Sra. Ayuso".