En las últimas horas se han realizado nueve detenciones y más de 50 allanamientos en todo el país.
La admisión de millonarias coimas pagadas por la empresa de seguridad privada Securitas Argentina SA a representantes de organismos públicos entre 2014 y 2018, con el fin de evitar la pérdida de contratos y cobrar servicios adeudados, ha resultado en nueve detenciones y más de 50 allanamientos en todo el país, según informa La Nación, que cita un expediente de la Justicia.
Según el documento, se realizaron pagos indebidos por parte de Securitas a la compañía Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), el Registro Nacional de las Personas (Renaper), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), entre otros.
Aparentemente, los pagos tenían como objetivo agilizar trámites de tenencias de armas y mantenerse informados sobre inspecciones.
La investigación, que se inició en 2020, surgió a raíz de una denuncia presentada por representantes de Securitas, quienes afirmaron que un grupo de exdirectivos abusaron de la estructura corporativa y su posición en el mercado para obtener beneficios personales y para las empresas que representaban.
Aunque la 'autodenuncia' de la empresa menciona pagos indebidos entre 2014 y 2018, la Justicia está investigando hechos ocurridos entre 2012 y 2018, abarcando los últimos tres años de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y los primeros dos de la gestión de Mauricio Macri, según fuentes judiciales citadas por el medio.
En el momento de la denuncia, Securitas Argentina SA era una filial de la compañía Securitas AB, con sede en Estocolmo, Suecia. Posteriormente, la filial pasó a manos de una empresa de capitales argentinos y un grupo latinoamericano especializado en mercados emergentes. Fuentes de la investigación aseguran que la nueva gestión no tiene relación con el escándalo. Todos los detenidos ocupaban cargos gerenciales en la empresa.