Los vecinos de Carbayín cuyas casas amenazan ruina y que esperaban por las viviendas nuevas del Principado se sienten "estafados, engañados y de nuevo en el punto de partida diez años después". Un grupo de afectados por la adjudicación de los pisos de promoción pública que se levantaron en terrenos de Pumarabule se concentraron ayer ante el Ayuntamiento para denunciar su situación, una vez que el Principado ha iniciado la adjudicación de estas viviendas en régimen de alquiler. "Es decir, pagaríamos una renta por vivir en esos pisos pero seguiríamos siendo propietarios de las viviendas con grietas, lo que implicaría hacernos cargo de su derribo llegado el momento", denunció públicamente Altea Ruiz en representación de los residentes.
"Un incumplimiento flagrante" de lo que se acordó en su día con los afectados, toda vez que "por petición del Ayuntamiento se nos dieron por escrito las condiciones en las que podríamos acceder a las viviendas, que pasaban por renunciar a la casa antigua y abonar la diferencia", detalla Ruiz. Ahora, en cambio, la opción de compra se esfuma, se ven abocados a pagar un alquiler y "encima nosotros no podríamos concurrir a ese alquiler, porque en las bases pone que no podemos ser propietarios de otra casa si queremos optar a un piso nuevo".
"Todos esos requisitos excluyen a las familias para las que en su día se construyeron las viviendas, no tiene ningún sentido", aseguraba otra de las afectadas, Covadonga Martínez. "Si estamos en esta situación es precisamente porque somos propietarios de una vivienda que Vipasa nos vendió con defectos estructurales", afirmó.
El gobierno regional ha sacado a adjudicación doce de las 36 viviendas que se levantaron ya hace años y que han permanecido cerradas desde entonces. De hecho, ha sido necesario actuar en este primer bloque porque los pisos presentaban daños y no estaban en condiciones de ser habitados. En los otros dos bloques la situación es aún peor, tras numerosos actos vandálicos. Los vecinos afirman que "el PSOE nos ha estado mintiendo durante años".
Los afectados reclaman ayuda al Ayuntamiento, que "nos ha dado buenas palabras y cero hechos", denuncian, así como una reunión con el presidente Adrián Barbón "antes de que acabemos viviendo debajo de un puente".
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