En un escrito de 7 páginas el Ministerio de Justicia dejó plasmados los argumentos por los que pide al Consejo de Estado que suspenda, como medida cautelar, un decreto del 2021 que había formulado esa misma cartera y que regulaba las aspersiones con glifosato contra los narcocultivos.
Se trata del Decreto 380 de 2021, expedido por el gobierno del entonces presidente Iván Duque, y que generó una demanda contra la Nación que ahora evalúa el alto tribunal. Si bien la demanda se interpuso desde mayo de 2021, esta solo fue admitida para estudio el 29 de febrero pasado, y como primer paso el Consejo de Estado estudia la medida cautelar de suspensión que se pidió.
Frente a esa solicitud de suspensión versa el concepto del Ministerio de Justicia, que le pone de presente al alto tribunal varios antecedentes como el hecho de que desde 2015 el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) ordenó la suspensión del uso del herbicida en las operaciones de erradicación de cultivos ilícitos por afectaciones a la salud humana y el medioambiente.
También citó que en 2017 la Corte Constitucional ordenó al CNE no reanudar el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con Glifosato (Pecig) hasta que se cumplieran unas condiciones que el gobierno Duque intentó cumplir expidiendo el Decreto 380 del 2021, entre otras medidas.
Es de recordar que si bien ese Decreto regulatorio, así como otros pasos ordenados por la Corte en su sentencia de 2017, se cumplieron durante el gobierno Duque, en enero 2022 el alto tribunal constitucional tumbó el Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Pecig, que era otro de los pasos requeridos, y además ordenó realizar una consulta previa a comunidades étnicas, lo cual impidió que volvieran las fumigaciones aéreas con glifosato.
Sobre el estado actual de la situación, el Ministerio de Justicia, ahora en cabeza del ministro Néstor Osuna, indica que el Decreto 380 de 2021 "no tiene aplicación material alguna" pues es contrario a la nueva Política Nacional de Drogas del gobierno del presidente Gustavo Petro.
"Dicha nueva política reconoce que, a pesar de los esfuerzos realizados por más de medio siglo de lucha contra las drogas, los resultados no han sido los esperados, y en cambio la política tradicional ha generado miles de víctimas, muchas de ellas sujetos de especial protección, como campesinos, mujeres y grupos étnicos, e impactos nocivos al ambiente. Finalmente, la nueva Política Nacional de Drogas tiene como prioridad el cuidado de la vida y del ambiente, y pone en primer lugar los derechos humanos, la salud pública y la consolidación de la paz", se lee en el concepto de la cartera de Justicia.
De otro lado, el Ministerio también indicó que la Constitución Política señala que las instituciones del Estado deben propender por la protección ambiental, "atendiendo a la llamada Constitución Ecológica, y a la connotación del ambiente como principio, derecho, deber y obligación estatal".
Se agrega que bajo el marco constitucional actual, existe una posición que considera al medioambiente como un derecho, pues todas las personas tienen la garantía de gozar de un medioambiente sano; y como un bien jurídico susceptible de ser protegido por la vía administrativa o judicial.
El documento también refiere que la Corte Constitucional ha hablado en varias ocasiones sobre el principio de precaución y los deberes de protección y prevención, que les imponen a las autoridades "el deber de evitar daños y riesgos a la vida, a la salud y al medio ambiente".
Por todo esto, y con base en la nueva política de drogas, la cartera dirigida por Osuna le solicitó al Consejo de Estado que "en virtud del principio de precaución, se suspendan provisionalmente los efectos jurídicos del Decreto 380 del 2021, debido a que sus disposiciones permiten que se desempeñe una actividad que puede desencadenar daños a la salud y al ambiente, y no están acordes con el principio de proporcionalidad, teniendo en cuenta que, en el ordenamiento jurídico colombiano, existen otros mecanismos encaminados a la erradicación de cultivos ilícitos, que resultan menos nocivos".
Es de recordar que a finales de 2022 se conoció un proyecto de decreto del Ministerio de Justicia, ya durante el gobierno de Petro, que proponía de plano derogar el Decreto 380, y aunque se publicó el borrador de esa norma para recibir comentarios ciudadanos, más de un año después este decreto no se ha firmado.