Argentina atraviesa la peor epidemia de dengue de la historia, con 163.000 infectados y 129 muertos. El ministro de Salud de la Nación se refugia en el clásico "no es mi área" y denuncia lobbies y conspiraciones.
Mario Russo habló ayer por primera vez en público. Dio entrevistas a distintos medios. Había que salir a despegarse del descontento popular creciente por la falta de respuestas efectivas. Pareciera que el temor a los costos políticos puede más que el resultado sanitario.
El ministro dijo que la gestión de la epidemia es responsabilidad exclusiva de las provincias. Y que la prevención compete individualmente a las personas: descacharrar, usar pantalones largos y camisas o remeras mangas largas. Tampoco existen campañas nacionales de concientización. El corte de la publicidad oficial no admite excepciones.
El ministro insistió en que no corresponde en esta etapa incorporar la vacunación contra el dengue al calendario nacional. En eso lo acompaña la unanimidad de los especialistas. Explican que la inmunización masiva no serviría para cortar el brote, porque los anticuerpos se obtienen con la segunda dosis, que debe aplicarse tres meses después de la primera. En pleno invierno, la estación en la cual el brote cede porque es la más adversa a la propagación del mosquito.
Infectólogos reconocidos sí aconsejan inmunizar en las zonas endémicas, básicamente las provincias del norte, de clima cálido. Ya lo hacen, por cuenta propia, Salta, Misiones y Corrientes.
Russo puso en duda la eficacia y la seguridad de la vacuna para personas adultas. No es la conclusión de la Anmat –organismo técnico dependiente de su Ministerio– que la autorizó para personas de hasta 60 años. Las publicaciones científicas subrayan que la vacuna no evita la infección, pero sí los cuadros los cuadros graves y mortales.
El martes, el Ministerio de Salud denunció en un comunicado, sin nombrarlo, al laboratorio japonés Takeda que la produce. Afirmó que estaba presionando para colocar su producto. Sugirió que habría pagado sobornos a infectólogos y a medios o periodistas, como parte de esa presunta operación. No aportó pruebas, como suele ocurrir con este gobierno de gatillo fácil para la descalificación y la injuria a quienes elige como enemigos. Si las tiene, debería llevarlas a la Justicia y publicarlas.
Tampoco la indefensión que provoca la falta de repelentes inmuta al gobierno nacional. Considera que es un tema "de oferta y demanda" entre privados. Que el mercado en algún momento lo resolverá. Y que el Estado no debería interferir en ese proceso.
Tal vez las autoridades nacionales deberían sincerarse. ¿Para qué quieren un Ministerio de Salud si carece de políticas públicas a desarrollar? El mismo criterio sería válido para el de Educación, si la enseñanza primaria y secundaria –según sostienen– es competencia exclusiva es de las provincias. Motosierra o dinamita y sanseacabó.
El prejuicio ideológico anarcocapitalista es evidente en estos ejemplos. Y expone contradicciones irresueltas en el relato oficialista. El presidente invoca la lucidez de la generación de 1880 que convirtió a la Argentina en potencia mundial. Y acaba de reivindicar la figura de Julio Argentino Roca. Si algo distinguió a aquel presidente, además de la controversia revisionista sobre la campaña del desierto, fue su rol de constructor del Estado federal moderno. Además de las obras de infraestructura, de la creación de hospitales y escuelas públicas, y de la ley de enseñanza pública gratuita y obligatoria. Auténticos pilares del progreso económico que Milei señala como modelo.
El fundamentalismo libertario es además funcional a una buena dosis de inoperancia en la gestión, en la que sobresale el área de Salud. Aun cuando el vocero presidencial califique como "exquisito" el desempeño del ministro. Manuel Adorni es un funcionario de paladar negro para el autoelogio del gobierno.
Carlos Sagristani