La empresa constructora Aldergarten quiso levantar una urbanización en la playa del Espartal, en el concejo de Castrillón, pero no lo pudo hacer porque, asegura, las exalcaldesas Ángela Vallina (2003-2004 y 2007-2014) y Yasmina Triguero (2014-2023) –ambas de Izquierda Unida (IU)– les engañó. Este presunto engaño llevó a la empresa a querellarse contra la dos políticas. En febrero de este año, fue admitida a trámite la segunda de las querellas al respecto.
Fruto de esta incoación fue que el juez instructor del caso abriera diligencias: el primer paso de esas diligencias fue el interrogatorio de las dos políticas que se produjo ayer en Avilés, en los juzgados de Marcos de Torniello.
Sin embargo, Sergio Herrero, el abogado de ambas políticas, declaró a LA NUEVA ESPAÑA que sus clientas no engañaron a nadie. "Hubo un convenio para permutar la finca de Aldergarten por una municipal cercana. Ese convenio estuvo en tramitación desde 2013 a 2017 y la empresa querellante dice que el Ayuntamiento de Castrillón actuó de mala fe porque tenía pensado, desde el principio, incumplirlo. En los expedientes municipales, donde están todas las actuaciones del Ayuntamiento, no es eso lo que muestra", señaló el letrado. Y añadió: "El motivo por el que finalmente no se puede llevar a cabo la permuta de las fincas es porque por un acto de otra administración, del Principado de Asturias, no el Ayuntamiento, se acaba aprobando un plan especial del suelo de costas en el que se resuelve que la parcela del Ayuntamiento, la de la segunda línea de playa, no se puede permutar por la de las dunas".
Ni Vallina, ni Triguero atendieron los requerimientos de la empresa querellante, que ya había presentado una querella referida a los hechos hasta 2010, es decir, los del gobierno de Vallina, una acusación que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) archivado porque había prescrito.
La toma de declaración de ayer a mediodía es, en puridad, "la continuación de una querella anterior", dijo el letrado de las dos exregidoras. "Lo que esta nueva querella dice en resumen es que el Ayuntamiento de Castrillón actuó de mala fe cuando se estaba tramitando un convenio para resolver de forma pactada la edificación del Espartal", explicó Herrero. "Ellos dicen que el Ayuntamiento sabía ya sabía que el convenio no se iba a poder cumplir. En el expediente municipal, que hemos aportado como defensa, tal y como han explicado las dos alcaldesas, lo que consta es lo contrario, es decir, desde que el Ayuntamiento de Castrillón tuvo noticia de que el Principado está tramitando ese plan especial, cosa que sucedió en 2013, hace todo lo posible, presenta todas las alegaciones –tanto jurídicas como arquitectónicas de los técnicos municipales– para que la decisión del Principado en ese plan especial haga una excepción y no afecte a esa finca municipal y, por tanto, se permita cumplir el convenio".
La peripecia legal del plan del Espartal comienza en noviembre de 2000, cuando el gobierno castrillonense del PP aprobó la revisión del Plan General de Ordenación Urbana para que la finca de Aldergarten fuera clasificada como suelo urbano de edificación abierta para tres alturas. En febrero de 2001, la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio (CUOTA) aprobó el documento municipal pero no la calificación de la finca de El Espartal, que determina como suelo no urbanizable de especial protección. La empresa interpuso entonces un contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) contra el acuerdo de la CUOTA. Una sentencia de 2005 da la razón a la propietaria del suelo. El gobierno socialista del Principado interpuso un recurso de casación y el Supremo mantuvo el fallo del TSJA.
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