¿Quién miente? "Las Afores no se tocan, ni por las administradoras ni por partidos, gobiernos, por nadie, eso es de los trabajadores y tiene un gran valor significativo porque tiene que ver con una vejez, con una pensión digna para ellos", dijo el diputado Ignacio Mier, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena. El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, por su parte advierte que votarán en contra de que el gobierno tome recursos de las Afores para el Fondo de Pensiones para el Bienestar, ya que ese es dinero de los trabajadores. Esta semana subirán de tono las discusiones al respecto, y claramente, alguien está diciendo mentiras.
A la sombra…
Este fin de semana miles de personas marcharon sobre el malecón de Campeche hacia el Palacio de Gobierno en apoyo a los policías estatales que se han mantenido en protesta durante 28 días en las instalaciones de la Secretaría de Protección Ciudadana y Seguridad (SPCS). Los manifestantes exigen la renuncia de Marcela Muñoz Martínez, titular de la dependencia, acusándola de ser la responsable intelectual de un operativo fallido que resultó en al menos 50 heridos el pasado 15 de marzo. Durante la marcha, asociaciones civiles recabaron firmas para un juicio político contra Muñoz Martínez. Pancartas y lonas expresaban rechazo hacia ella y la gobernadora Layda Sansores, mientras se escuchaban cánticos como "Fuera Layda" y "El pueblo despertó, Morena ya murió". La manifestación coincidió con el inicio de las campañas estatales y municipales.
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Que Evelyn Salgado Pineda, la gobernadora de Guerrero, ya no sabe dónde pagar publicidad que resalte las bondades del estado, más en estos días que la atención está puesta en Acapulco, por la reciente reunión de la industria del turismo, y por la cumbre de banqueros que ya arranca esta semana. Y es que todos dicen que la tregua entre delincuentes que piden dinero a transportistas ya terminó. Este fin de semana al menos cuatro unidades de transporte público fueron incendiadas. Que está muy molesto su papá, Don Félix, pues las recomendaciones que le han hecho para evitar que eso se publique en los diarios importantes de la capital no han servido de nada. Desgraciadamente para ellos, ni el presidente puede tapar el Sol con un dedo.
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Dicen los que saben que Martí Batres, el sustituto de Claudia Sheinbaum al frente de la Ciudad de México, anda muy enojado, pues pensó que estar por fin en la cumbre de la toma de decisiones, como por arte de magia, resultaría como un día de fiesta en el Zócalo. Lo malo es que le dejaron la capital muy mal y él no ha logrado meter los fracasos de la 4T debajo del tapete de sus discurso, tuitazos, reconocimientos a dentistas y bailes improvisados.
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Es más, ni la llegada de Interpol le ha bajado la presión a las críticas que todos los días lo hacen esconderse más y más detrás de sus compañeros y del mismísimo Presidente de México. El más reciente capítulo que todos recordarán, es su forma de despreciar el diálogo con los habitantes de la Benito Juárez que reciben agua contaminada en sus hogares, en lugar de líquido potable. Aunque sigue diciendo en sus presentaciones públicas que para él lo más importante es la gente. ¿Será cierto Martí?
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Que Google, bajo el mando de Pichai Sundararajan, ha desplegado una estrategia que deja en entredicho su compromiso con el periodismo y la libre circulación de información. Al anunciar su prueba para eliminar enlaces hacia sitios de noticias de California en protesta contra la posible aprobación de la Ley de Preservación del Periodismo de California (CJPA), la empresa de Mountain View evidencia su postura contraria a un sistema justo de remuneración para los medios de comunicación.
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Esta medida, calificada por la empresa como una defensa contra lo que denominan un "impuesto al enlace", parece más una maniobra para proteger sus propios intereses financieros que un genuino esfuerzo por apoyar a la industria periodística, como anuncian a la menor provocación en los países pobres y sin tecnología de América Latina. La retórica de Google sobre la inviabilidad financiera de la CJPA y la supuesta incertidumbre empresarial que generaría su promulgación parece más una estrategia de presión que un diálogo constructivo.