La pelea del Gobierno con las prepagas tendrá efectos en el mediano plazo; el diálogo está roto, en el Palacio de Hacienda dicen que hay fundamentos para sospechar que las empresas se cartelizaron, pero estas lo niegan.
Por Francisco Olivera, en diario La Nación
Dicen en el equipo económico que Luis Caputo venía cuestionando los aumentos en prepagas desde hacía varias semanas, pero que terminó de estallar cuando le llegó, padre de familia numerosa, la factura de su propio plan médico. Historias personales que irrumpen y que a veces hasta inciden en el modo de administrar. En 2009, en su primer intento de quita de subsidios, Cristina Kirchner le ordenó a Julio De Vido revocar el tarifazo después de ver la boleta de Edenor que acababa de llegarle a uno de sus secretarios privados. No era el mejor ejemplo, en realidad: cuando la distribuidora revisó el consumo, detectó que el usuario, de viaje, se había olvidado la losa radiante encendida durante un fin de semana entero. Pero el episodio influyó en la decisión final.
La pelea del Gobierno con las prepagas tendrá efectos en el mediano plazo. La magnitud y el modo en que se aplicaron los aumentos, de hasta 165% desde diciembre, convencieron a Caputo de intervenir. No le importó quedar, en los hechos, como que desoía el decreto de desregulación de Sturzenegger ni que el Gobierno estuviera en ese momento pidiéndole al sector lo contrario: precios libres y una mayor competencia. ¿Entre quiénes? ¿Habrá a partir de ahora nuevos empresarios pensando en invertir en el negocio de la salud? Fue como entrar en el quirófano con la motosierra. La contradicción solo se entiende a partir de un objetivo explícito y de cortísimo plazo: el ministro necesita que la Argentina, un país propenso y habituado a la indexación, tenga en mayo un IPC de un dígito. Se lo dice así a los funcionarios. Esa es su obsesión.
El conflicto se inició a partir de varios desencuentros. El Gobierno había sondeado a las empresas a principios de la semana pasada, días antes de tomar la decisión de exigirles dar marcha atrás y denunciarlas en la Justicia. Aquel martes, funcionarios de la Jefatura de Gabinete se comunicaron con la cámara y preguntaron qué pensaban hacer las prepagas con las facturas de mayo. "No lo tenemos decidido, pero probablemente aumentemos 10 u 11%", contestaron. Esa respuesta no cayó bien. El enviado se limitó a recordarles la meta de Caputo para mayo y la necesidad de que apoyaran el programa de la Casa Rosada con "aumento 0″ y el diálogo terminó ahí. Pero dos días después, el jueves, la dependencia que conduce Nicolás Posse volvió a tantear y la reacción fue la misma. "Lo vamos a discutir hoy a las 18 en una reunión de la cámara", dijeron. Dicen que Caputo estalló. Y lo que pasó después ya se sabe: al día siguiente, viernes, el ministro afirmó en una entrevista con TN que las prepagas debían competir y entender que había en la Argentina un cambio cultural, y a eso siguieron críticas por Twitter y likes del Presidente contra Claudio Belocopitt.
El diálogo está roto. En el Palacio de Hacienda dicen que hay fundamentos para sospechar que las prepagas se cartelizaron. Lo ven casi como algo lógico: porque vienen con el hábito de los acuerdos sectoriales que hacían con Massa. En las empresas lo niegan, pero hay ya unas cuantas arrepentidas de haber aumentado de ese modo. Tal vez con un sendero de precios, no los aplicados de golpe, habrían quedado conformes.
El problema se trasladó ahora a hospitales, clínicas y sanatorios privados que dependen de esos valores y esperaban, con la desregulación, recomponer a mitad de año desequilibrios que arrastran por lo menos desde 2020. Ayer, una de las principales prepagas les adelantó las malas nuevas: el aumento del 12% que les había concedido para las facturas de los pacientes de abril queda sin efecto y se le restará además un 20,71% a las de marzo. Para los prestadores son 33 puntos porcentuales de pérdida que intentarán recuperar mediante el cobro de copagos. A menos, dicen, que se llegue a un acuerdo.
Difícil, porque el Gobierno siente que ganó. Y no parece por ahora dispuesto a desviar a otros temas la atención puesta en el equilibrio fiscal y el costo de vida. Fausto Spotorno, de buena relación con Milei y su entorno, lo expuso casi en esos términos el martes, durante un almuerzo en la sede de la Asociación Empresaria Argentina, ante un auditorio de inquietudes múltiples. Escuchaban Luis Pagani, Aldo Roggio, Cristiano Rattazzi, Alejandro Butti, Julio Figueroa, Sergio Kaufmann, Alejandro Bulgheroni, Enrique Duhau y Jorge Aufiero, entre otros. "¿Hay atraso cambiario, como dice Cavallo?", le preguntó Pagani. "Algo hay", contestó el economista, pero agregó que todavía no lo suficiente como para que valga la pena cambiar la política económica porque el foco, insistió, está en combatir la inflación. Y Bulgheroni se llevó una respuesta parecida. "Si no va a haber una devaluación, ¿qué otras decisiones se pueden tomar para bajar el costo empresario?", preguntó. Respuesta de Spotorno: "No esperes nada de eso por ahora".
El Gobierno se envalentona porque, aun a costa de una descomunal recesión, y como dijo anteayer Kristalina Georgieva, el objetivo parece estar cumpliéndose más rápido de lo previsto. A pesar incluso de torpezas propias que admiten algunos funcionarios. Quienes consultaron esta semana a Rodolfo Barra por la demanda que la Superintendencia de Salud presentó en la Justicia, por ejemplo, no recibieron un panorama alentador: según el procurador del Tesoro, la medida no rebosa sustento jurídico y lo mejor sería buscar un acuerdo. Algunos detalles de esa estrategia llaman la atención. El dictamen de la Comisión de Defensa de la Competencia contra siete prepagas incluye a las de los hospitales Británico y Alemán, pero no a la del Italiano. Y la denuncia de la Superintendencia de Salud, que va en paralelo y es más abarcadora, agrega al Italiano, pero saca al Británico y al Alemán. Uno de estos centros de salud ya hizo la cuenta: perderá unos 5 millones de dólares por mes con la orden de revocar los aumentos.
El entendimiento parece entonces improbable. Las mismas empresas ya prefieren tomar distancia. Después de la renuncia de Belocopitt, la Unión Argentina de Salud (UAS) puso como presidente a Juan Carlos Villa Larroudet, de Omint, pero solo porque lo obliga el estatuto: sus integrantes han empezado a preguntarse si la UAS tiene verdadero sentido. ¿Vale la pena enfrascarse corporativamente en una discusión como la que tuvo con el Gobierno el dueño de Swiss Medical? Milei no le perdona a Belocopitt no solo su cercanía con Massa o sus gestiones para negociar subsidios con el gobierno anterior, sino hasta la cobertura del canal América, del que el empresario es accionista, durante la campaña electoral.
Haber doblegado a las prepagas supone para él un activo político. Es lo que el Gobierno buscaba también cuando se negó a homologar la paritaria de Camioneros, cuyo reclamo inicial logró al menos atenuar. Moyano aceptó, pero a cambio de recibir algo de lo que se habla poco: aportes no remunerativos de 10.000 pesos mensuales por trabajador para la obra social del sindicato, Oschoca. Pensada hasta para sus siglas con la lógica del gremio, Oschoca atraviesa grandes dificultades. Cuentan los transportistas que hay miles de camioneros sin cobertura.
Haber resistido en esa paritaria envalentonó a la Casa Rosada para próximas negociaciones salariales. La del sector de la salud, por ejemplo, que acaba de empezar y compete a otro massista, Héctor Daer. El contrincante ideal para un gobierno dispuesto a jugar al límite y, si es posible, cobrarse alguna cuenta.