Ha saltado la sorpresa en el pleno del Consell de Ibiza. Una moción del grupo de Unidas Podemos en la que se solicita que se habiliten espacios donde las autocaravanas puedan deshacerse de las aguas negras -la misma que se presentó ayer en diversos municipios de la isla y que no obtuvo apoyos suficientes, tampoco de los populares- ha sido aprobada hoy por el pleno de la institución insular con los votos a favor de PP y Vox y la abstención del PSOE.
En su intervención, el vicepresidente primero del Consell, Mariano Juan, se ha comprometido a llevar esta cuestión a la próxima reunión del Consell de Alcaldes para intentar lograr un acuerdo sobre el lugar donde ubicar una instalación de estas características. "¿Infraestructuras para ofrecer un servicio técnico a las autocaravanas? Sí. Pero nunca legalizar infra asentamientos, ya que las autocaravanas no son la solución al problema de la vivienda".
No legalizar
En la exposición de la moción, el conseller de Unidas Podemos, Óscar Rodríguez, se ha mostrado muy cuidadoso para que su propuesta no fuera interpretada como una legalización, de facto, de los asentamientos de autocaravanas habitados en la mayoría de los casos por trabajadores que no pueden acceder a una vivienda digna: "No hay que fomentar estos asentamientos, pero es necesario proteger a las personas que malviven ahí, y también proteger al medio ambiente", ha señalado Rodríguez, al recordar que estas caravanas vacían sus residuos y aguas negras sin ningún control, y que "en muchas ocasiones se realiza en zonas rústicas, con el perjuicio que genera en el medio ambiente".
La iniciativa ha obtenido también el voto positivo de Vox, y su portavoz, Jaime Díaz de Entresotos la ha calificado como una "medida valiente"". Por su parte, el portavoz del grupo socialista, Josep Marí Ribas, ha anunciado la abstención al considerar que se corre el riesgo de que "si se ponen a su disposición estos servicios, tengo miedo de que se acabe consolidando esta forma de vida que no es buena".
Nuevos recursos para atender a menores
Por otro lado, el pleno ha aprobado por unanimidad la modificación de un contrato que permitirá que Ibiza pueda disponer del primer servicio público de Balears de acogida para menores de edad en situación de guardia o tutela del Consell, diagnosticados con problemas de conducta o que presenten conductas disruptivas o disociales. Este servicio estará dotado de seis plazas y tendrá un coste de 906.783 euros anuales.
"Estos niños y niñas sufren problemas muy graves que necesitan una atención intensa y muy profesional", ha señalado la consellera de Bienestar Social, Familia e Igualdad, Carolina Escandell.
La creación de esta unidad permitirá que se eviten traslados innecesarios de estos menores a la Península y facilitará la reincorporación del menor a su entorno.
También en el ámbito de la atención a menores, el pleno ha dado luz verde a las primeras 'unidades verticales', destinados a la acogida de niños y niñas en su primera infancia, que les dota de un ambiente similar al de una unidad familiar y en el que se prioriza no separar a los pequeños de sus hermanos y mantener su entorno social, escolar y de amistad. Este servicio se licitará por dos años prorrogables a tres, tendrá una dotación de 24 plazas y tendrá un coste de 2.651.056 euros anuales.
Finalmente, se ha aprobado habilitar un servicio de acogida de menores extranjeros no acompañados, para facilitarles las herramientas necesarias para su integración, con un equipo que pueda atender sus necesidades culturales y lingüísticas, así como sus necesidades psicosociales y afectivas. Este servicio se licitará para dos años prorrogables a tres más, estará dotado con 16 plazas y tendrá un coste de 1.717.713,36 euros anuales.
Residencia Colisée
En el pleno que se ha realizado este viernes, el grupo socialista ha presentado además una interpelación en la que ha cuestionado la actuación de la consellera de Bienestar Social en la inspección de la residencia para mayores Colisée. El conseller del PSOE, Víctor Torres, ha preguntado cómo es posible que, ante la gravedad de las infracciones detectadas, finalmente solo se impusieran dos multas graves y siempre por la cantidad mínima estipulada, 12.001 euros. "Había 26 trabajadores que no acreditaron la titulación exigida, se detectaron fallos en el parte de medicación, falta de supervisión en la medicación o la atención que se ofrece a los residentes, pacientes deshidratados, no había registros de los cambios en los pañales, no tenían terapeuta ocupacional", desgranó el conseller de la oposición, "usted ha firmado un pacto de no agresión con la dirección de la residencia", ha interpelado a la consellera.
Por su parte, la consellera de Bienestar Social, Carolina Escandell, ha replicado que la petición de sanción económica no la formuló ella sino los técnicos: "La instrucción ha sido muy rigurosa, pero le recuerdo que yo no sanciono a nadie. Quiero pensar que no me está pidiendo que presione a los técnicos. La tramitación de todo se ha hecho de acuerdo a la ley", y ha recordado que "continuamente se están haciendo reuniones de seguimiento e inspecciones, seis el año pasado y una en lo que llevamos de año".
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