PUBLICIDAD
Estado
miércoles, 03 abril 2024 | 09:45
PUBLICIDAD
Chihuahua— El exgobernador Javier Corral plasmó la persecución e intento de control a los notarios, que ejecutó cuando fue mandatario de Chihuahua, en el proyecto anticorrupción presentado el lunes pasado a la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo.
"Conozco varios notarios honestos, pero también los hay muy corruptos, frente a los que a la hora de la autorregulación, el conjunto termina siendo muy flexible (...) No por otra cosa el PRIAN, en sus enjuagues, en lugar de repartirse secretarías se reparte notarías", dijo Corral Jurado al reseñar el proyecto planteado.
Intenta controlar fe pública con 'Proyecto Anticorrupción'
Presenta un extenso plan de posibles reformas legales para el próximo sexenio y la creación, reestructura o fortalecimiento de las dependencias
El expanista tiene experiencia de la relación del Poder Ejecutivo, que encabezó en la entidad, con los depositarios de la fe pública que le auxilian, pues hizo intentos por retirar del cargo a dos de ellos, Guillermo Dowell de la Notaría 12 de Juárez y al notario número 4 de Chihuahua, Luis Raúl Flores Sáenz, a quienes la justicia restituyó en sus cargos.
Además, involucró a otro, el número 3 de Juárez, Javier Camargo Nassar, en la transacción irregular para hacerse de un terreno con el que amplió su casa de la frontera, además de que buscó darles notarías a dos funcionarios de su administración: el que fuera director del Registro Público de la Propiedad y el Notariado, Daniel Olivas y la que fungió como secretaria del Trabajo y Previsión Social, Ana Luisa Herrera.
El comienzo de esta semana, Corral Jurado presentó a Sheinbaum las conclusiones del grupo de trabajo en materia de combate a la corrupción, creado en el marco del programa Diálogos por la Transformación, que organiza la campaña de la candidata presidencial.
En su mensaje, el exmandatario dio a conocer a los integrantes del grupo que colaboraron en el trabajo que él coordinó, entre ellos Muna Dora Buchaín, Gema Guadalupe Chávez, César Chávez Flores, Paulo Diez Gargari, Francisco González Arredondo y Jorge Espinoza, algunos también exintegrantes de su administración en Chihuahua.
Reseñó un extenso plan de posibles reformas legales para el próximo sexenio y la creación, reestructura o fortalecimiento de las dependencias encargadas del combate a la corrupción.
Entre esos planes, aseguró que era crucial revisar el sistema de fe pública, básicamente a los notarios, dada la corrupción vinculada con la concesión de sus patentes y porque los consideró parte de entramado que permite la operación de miles de empresas fantasma.
"Por supuesto que hay, yo conozco varios notarios honestos, honorables, pero también los hay muy corruptos, frente a los que a la hora de la autorregulación, el conjunto termina siendo muy flexible (...) No por otra cosa el PRIAN, en sus enjuagues, en lugar de repartirse secretarías se reparte notarías, por eso debemos visibilizar un eslabón fundamental de esa cadena corruptora", consideró.
"Revisar y simplificar sistema de fe pública" y "asegurar transparencia e integridad en la labor de notarios públicos", aparecen como ejes del proyecto anticorrupción presentado, en un apartado de seguridad y justicia denominado "Enfrentar la corrupción en cadena".
Líos y transas de Corral con los notarios
En su administración, el exgobernador Javier Corral chocó con algunos notarios e intentó manejar el sistema de fe pública estatal a conveniencia. Incluso, en diciembre de 2019 logró la aprobación en el Congreso del Estado de una nueva Ley del Notariado, que llegó a relevar a la que existía desde 1995, por lo que la reforma a procedimientos y normativas relacionadas corresponden a su administración.
Antes de eso, desde el 4 de julio de 2017, su administración anunció la sanción al notario público número 12 del Distrito Bravos, José Guillermo Dowell Delgado, por supuestas irregularidades al ausentarse de su cargo fuera de los tiempos de licencia, para fungir como dirigente estatal del PRI en un momento y en otro como representante estatal en Juárez, durante la gestión de César Duarte.
Desde febrero de ese año, la Secretaría General de Gobierno había anunciado una inspección de parte del Registro Público de la Propiedad y el Notariado a la notaría de Dowell, luego de una queja presentada por una ciudadana.
"La inspección se debe a presuntas irregularidades realizadas por el titular de la notaría, tras ausentarse por períodos extendidos y fuera de tiempo en las licencias solicitadas", de acuerdo con la información oficial de la administración de Corral. Directamente aludía a posibles infracciones del notario desde el tres de febrero de 2015, por haber asumido como subsecretario de Gobierno en Juárez, además de haber desempeñado el cargo de presidente del Comité Técnico del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua, "que realizó sin obtener las licencias y separarse de la función notarial en casos no autorizados por la Ley del Notariado".
En su momento, Dowell calificó como "una vileza" la sanción, que combatió ante la misma Secretaría de Gobierno, la cual resolvió un año después la improcedencia de cualquier sanción en su contra, regresándole la notaría a finales de julio de 2018.
En el mismo año, pero en el mes de octubre, un contrato de compraventa de un terreno, cuya legalidad fue cuestionada por los afectados, herederos del inmueble, fue signado en la Notaría Pública 3 de Ciudad Juárez, cuyo titular es Javier Ignacio Camargo Nassar.
En este caso, el entonces gobernador trató de presentar dicho contrato como una acción notarial de Camargo Nassar, pese a lo cuestionable de la transacción en el predio de 277 metros cuadrados para ampliar su casa de la calle Costa Rica en la frontera.
La intentona estaba dirigida a escriturar dicho "terreno caliente", envuelto en litigios, a su favor, lo que nunca hizo el notario, quien se negó a hacer la anotación correspondiente en el Registro Público de la Propiedad.
Inclusive ese dato quedó confirmado en el año 2022, cuando el alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, denunció al exgobernador y a quienes resultaran responsables por los posibles delitos cometidos de defraudación fiscal. No consiguió el edil probar la defraudación porque el terreno continúa sin aparecer en el RPP a nombre de Corral Jurado.
Malestar en el gremio de los notarios
Hacia la parte final de su administración, el gremio de los notarios públicos descalificó la posibilidad de que funcionarios de la administración de Javier Corral pudieran ser favorecidos con notarías, tras el lanzamiento de convocatorias para llenar las vacantes que existían.
Pese a la molestia y reclamos privados al interior del Colegio de Notarios del Estado, el 30 de enero renunció a su cargo el director del Registro Público de la Propiedad y el Notariado, Daniel Olivas, para buscar una patente dentro de un concurso del que tenía mayor conocimiento que otros aspirantes, por el cargo que había ejercido en la administración corralista.
El 8 de julio de ese año, Olivas quedó calificado como aspirante oficial a una notaría, pero los tiempos del procedimiento rebasaron el término de la gestión de Corral.
En similares condiciones terminó quien fuera secretaria del Trabajo en esa administración, Ana Herrera, quien renunció a su cargo el 4 de mayo de ese año, con la misma finalidad de buscar la titularidad de una notaría, la número 12, que había quedado vacante a la muerte de su padre, Armando Herrera.
"A una semana de que finalice su gestión, el gobernador Javier Corral fue despedido con un doble manotazo: los diputados dejaron sin resolver su petición de escoltas al abandonar el cargo, y los notarios no se presentaron a un examen para la asignación de la Notaría Pública número 12, por la que compite una exsecretaria del gabinete estatal", publicó El Diario en su edición del 31 de agosto de 2021.
En este caso, cuatro notarios públicos adscritos al Distrito Judicial Morelos, que integrarían el jurado calificador del examen para otorgar la patente de la Notaría Pública número 12, no se presentaron al examen que se estaría aplicando a la única aspirante, la exsecretaria del Trabajo y Previsión Social en el gobierno de Corral.
La entonces directora del Registro Público, Norma Eréndira Romero Magaña, explicó que los integrantes del jurado enviaron por escrito una justificación por medio del Colegio de Notarios del Distrito Judicial Morelos, la cual no se podía hacer pública por formar todavía parte del proceso, pero en ésta mostraron su inconformidad con el procedimiento y otros problemas con la gestión que estaba por terminar.
La nómina secreta y la embestida contra Flores Sáenz
También en la parte final de la administración de Corral Jurado, uno de los casos de mayor notoriedad fue el del notario público número 4 de Chihuahua, Luis Raúl Flores Sáenz, a quien acusó directamente el entonces mandatario, en marzo de 2021, de haber servido a la creación de empresas "fantasma" del exgobernador César Duarte.
Dicho señalamiento surgió cuando Flores Sáenz se negó a reconocer la "certificación" de supuestos recibos de la nómina secreta de Duarte Jáquez, que involucraban a la entonces aspirante del PAN a la gubernatura, Maru Campos y a César Jáuregui Moreno, quien a la postre sería secretario de Gobierno de la gestión actual y fiscal general del Estado.
Al surgir una filtración en medios sobre esos supuestos recibos, el notario público desconoció los sellos que le acreditaba la Fiscalía del Estado y el mismo mandatario, en una aparición pública, lo vinculó directamente a supuestas operaciones irregulares ordenadas por Duarte Jáquez.
Por ello, la Secretaría General de Gobierno inició un proceso para sancionar al notario, suspendiéndole las operaciones de su notaría por seis meses, mientras eran realizadas investigaciones penales y administrativas en su contra.
Un mes después, mediante una suspensión provisional dictada en el juicio de amparo que demandó el afectado, pudo reabrir su notaría, en medio del procedimiento iniciado. Un año después ganó el juicio en el Juzgado Octavo de Distrito, instancia que consideró inconstitucional la actuación de la autoridad estatal en el intento por sancionarlo.
"Quería (el exgobernador) quitarme la patente y meterme a la cárcel", dijo Flores Sáenz en ese tiempo, al ser consultado sobre el resolutivo de la justicia federal, con el cual, aseguró, no termina el proceso, pues alguien debe enfrentar las consecuencias jurídicas de la sanción ilegal aplicada en su contra.
Hasta la fecha, dichas consecuencias no han alcanzado al exgobernador, quien ahora encabeza un grupo asesor de la candidata de Morena a la Presidencia de la República. (David Piñón Balderrama / El Diario)
dpinon@diarioch.com.mx
PUBLICIDAD
ENLACES PATROCINADOS
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD