"Simple protocolo. No hubo amenazas", aclaró una fuente del Ministerio de Seguridad respecto a la intensificación de las medidas de protección que fue acordada en una reunión que protagonizó la titular de la cartera, Patricia Bullrich, y el secretario del área, Vicente Ventura Barreiro.
La decisión fue madurada luego de que la Cámara Federal de Casación Penal responsabilizara a la organización fundamentalista islámica Hezbollah, patrocinada por el gobierno de Irán, de los atentados perpetrados contra la Embajada de Israel, en 1992, y la AMIA, en 1994.
La intención de la administración es maximizar los cuidados en las áreas que consideran sensibles, susceptibles a ataques del estilo. Algunos de los edificios son aeropuertos, las embajadas de Estados Unidos y la de Israel, e instituciones culturales y religiosas de la colectividad judía.
El fallo declaró, además, que ambos episodios deben ser considerados como delitos de lesa humanidad, lo que implica que las investigaciones no prescriben pese al paso del tiempo y la carencia de resultados judiciales.
Los jueces Carlos Mahiques, Ángela Ledesma y Diego Barroetaveña determinaron que ambos atentados fueron planificados desde Irán y ejecutados por Hezbollah, organización a la que definieron como un virtual brazo armado para acciones terroristas.
Por su parte, la AMIA publicó en sus redes sociales: "Frente a la resolución emitida ayer por la Cámara de Casación Penal, AMIA recibe en forma favorable la afirmación que el atentado del 18 de julio de 1994 respondió a una decisión política de la República de Irán, ejecutada por la organización terrorista Hezbollah. Dicha sentencia reitera lo que la propia justicia argentina viene sosteniendo a través de numerosos dictámenes desde hace décadas".