Chueca critica a Escrivá por plantear una evaluación a los funcionarios y recortar los fondos de formación
La alcaldesa, vocal de la FEMP, carga contra las "contradicciones" del Gobierno central y pide aclarar ya qué ocurre con el impuesto de plusvalía.
La alcaldesa de Zaragoza y vocal de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Natalia Chueca, critica que la misma semana que el ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, planteó una evaluación a los funcionarios se conociese la reducción, en un 31,6%, de los fondos de formación que reciben los ayuntamientos aragoneses y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (Famcp).
En 2023, las entidades locales y la Federación recibieron 878.610 euros, mientras que para este ejercicio, la partida asignada por el Gobierno de Pedro Sánchez bajaría a 601.836. Es decir, 276.774 euros menos en solo un año.
"¿En qué quedamos? ¿Queremos que el cuerpo de funcionarios públicos esté actualizado y se les someta a examen periódico? ¿O recortamos los fondos para esa formación?", se pregunta Chueca.
En su opinión, resulta una contradicción anunciar que se les va a exigir que estén en la vanguardia para, acto seguido, reducir el dinero para que reciban los cursos que les permitirían estar mejor preparados para atender a los ciudadanos y desempeñar una gestión más eficiente y eficaz.
Sobre todo teniendo en cuenta que, en la futura reforma del sector público, podrían aprobarse mecanismos para vincular los sueldos a los objetivos alcanzados.
A su juicio, todo esto podría ser "un nuevo brindis al sol". "Sabe que este anuncio no podrá llevarse a la práctica recortando formación. Igual que le ha sucedido con la propuesta para la sostenibilidad de las pensiones, que Europa ya ha cuestionado", expone.
Para la regidora, los ayuntamientos "vuelven a pagar" de esta manera las consecuencias de las políticas del Gobierno socialista.
No es, en todo caso, el único asunto para el que exige una solución. Chueca cree que el Ejecutivo central debe aclarar ya qué ocurre con el impuesto de plusvalía, declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional en octubre de 2021. Especialmente teniendo en cuenta las graves consecuencias que está teniendo esta decisión para las arcas municipales. En 2016, el Ayuntamiento contabilizaba 75,8 millones de euros en derechos reconocidos netos por este tributo, mientras que el 2023, la cifra se vio reducida hasta los 23,9, un descenso del 33%.
Los consistorios llevan meses tratando de presionar al Gobierno central, sin que por ahora hayan obtenido respuesta. También está pendiente todo lo referente a la liquidación de los tributos especiales. La prórroga del presupuesto de 2024 como consecuencia del adelanto de las catalanas ha hecho, según que, según la regidora, los ayuntamientos lleven semanas sin tener noticias.