"Cese al fuego ha sido el principal motor de las violaciones de derechos"
Carlos Camargo presentó el informe 'Situación de Derechos Humanos de la Población Minera Colombiana'.
Durante la presentación este viernes del informe 'Situación de Derechos Humanos de la Población Minera Colombiana, visibilizando la cara de la economía ilegal', en Pasto, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, criticó duramente el cese al fuego decretado por el gobierno del presidente Gustavo Petro en el marco de la paz total.
La Defensoría del Pueblo advirtió en la Alerta Temprana de Inminencia 008 del 2024 sobre la alianza entre el ELN, la Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc y las Autodefensas Unidas de Nariño para combatir al Estado Mayor Central (también disidente de las Farc), ya que hay interés en el dominio de la zona del Triángulo del Telembí y la subregión de la cordillera nariñense, donde sus reportes indican que hay más de 200 máquinas de explotación criminal.
"El cese al fuego ha sido la patente de corso y el principal motor para las vulneraciones de derechos humanos de la ciudadanía en el último año y medio. Y todo porque ha generado un incremento en la extorsión, lo cual afecta a los más pobres del país. Ha habido, además, un aumento desbordado del reclutamiento de niñas y niños, situación que está exterminando a las comunidades indígenas de la región", manifestó el funcionario.
Añadió en este sentido que "se han aprovechado de la generosidad ciega e imprudente del Gobierno para adueñarse de los territorios, disparando el desplazamiento de las familias campesinas y sometiendo al hambre y al terror a miles de comunidades confinadas".
Así mismo, indicó el jefe del ente del Ministerio Público que la disminución de los cultivos está trasladando a las estructuras criminales hacía negocios vinculados con extracción ilícita de minerales, con lo cual esta actividad criminal es el nuevo combustible de la expansión de los grupos armados ilegales.
Por ello anunció que la Defensoría del Pueblo está construyendo el Observatorio de Derechos Humanos y Minería, y el informe servirá como primer aporte para el análisis de la minería ilegal, además de que será el punto de partida para ampliar la observación de los conflictos económicos, sociales, culturales y ambientales derivados de esa actividad a nivel territorial.