El plan de Vox sobre la migración irregular y las subvenciones se votará hoy en el Congreso
La formación quiere expulsar de inmediato a los inmigrantes que entren ilegalmente, eliminar las ayudas a las ONG que les atiende, y suspender la cooperación a los países de donde proceden.
El Pleno del Congreso de los Diputados debate este martes una proposición no de ley de Vox, de 19 puntos, que solicita al Gobierno a "tramitar de forma preferente y urgente la inmediata expulsión de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente al país". También exigen eliminar las subvenciones a asociaciones, ONG o instituciones que, según cuentan, faciliten la inmigración ilegal y el tráfico de personas. Asimismo, quieren promover el endurecimiento de las penas contra las mafias de la inmigración irregular.
El partido de Abascal se muestra tajante. Trata de "impulsar que todas las administraciones públicas trasladen el mensaje claro de que cualquier inmigrante que entre ilegal en España nunca podrá regularizar su situación en nuestro país ni recibir ningún tipo de ayuda pública".
Se apoyan en que "actualmente se utilizan de manera fraudulenta las figuras jurídicas de arraigo y asilo". El fraude de ley, según dicen, se produce cuando un inmigrante ilegal, que está a punto de ser expulsado, solicita asilo con el propósito de aprovecharse de la ley y de la protección subsidiaria, impidiendo así su expulsión mientras se evalúa su solicitud.
Igualmente, solicitan suspender la cooperación al desarrollo con cualquier país que no colabore en la lucha contra la inmigración ilegal, y también la cooperación con los países que mantienen paralizadas las negociaciones con la UE para firmar Acuerdos de readmisión de inmigrantes ilegales.
También han incluido el asunto sobre los pagos destinado a Palestina o a cualquier ONG que opere en dicho territorio. Quieren suspenderlos con el fin de realizar una auditoría urgente de estos que determine si se han destinado, o no, a ayuda humanitaria.
Otro punto de su propuesta es acabar con la reubicación de cualquier inmigrante que haya entrado ilegal y no haya solicitado protección internacional de ningún tipo, salvo que el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se responsabilice.