Los paupérrimos ingresos de la mayoría de los jubilados de Argentina están muy lejos de cubrir sus necesidades básicas, por lo que un número creciente se ve obligado a seguir trabajando, incluso nonagenarios, mayormente en la informalidad y con salarios igualmente deprimidos.
En Argentina, la edad de jubilación es de 60 años para las mujeres y de 65 para los hombres y hay unos 6,5 millones de jubilados, lo que representa casi el 14% de la población total del país.
La población de más de 60 años y ascendía al 15,7% en el año 2020, con casi 7,1 millones de personas, así que se han reducido los márgenes, aunque se proyecta que la proporción continúe incrementándose, llegando al 22% en 2050, unos 12,5 millones de personas.
Según datos oficiales del cuarto trimestre de 2023, de 19 millones de personas ocupadas (formal e informalmente) dentro de la población urbana de Argentina, un 4,4 % eran mayores de 65 años, buena parte de ellos jubilados.
Esa proporción era del 3,9% a finales de 2022, lo que evidencia que el peso de la tercera edad dentro de la fuerza laboral ha aumentado en el último año, en un escenario de creciente deterioro económico y elevadísima inflación (211,4% en 2023).
"Aquel que logra acceder a jubilarse en Argentina, cobra una jubilación ridícula, que está lejos de cubrir mínimamente una canasta de necesidades básicas. Por lo cual, aun cobrando una jubilación, tiene que trabajar en un mercado informal, donde hay una sobreexplotación de las personas mayores", explica a EFE Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires.
Los registros oficiales dan cuenta de que, de 10,6 millones de personas con ocupación formal, 927.405 son mayores de 60 años y, dentro de ellos, 329.716 son trabajadores que ya cobran una jubilación.
Los jubilados que trabajan formalmente lo hacen sobre todo por cuenta propia. Apenas unos 73.405 son, además de jubilados, asalariados bajo contrato formal.
En los registros oficiales sorprenden 1.332 jubilados mayores de 90 años con un trabajo formal y destacan las casi 30.000 personas jubiladas, en su mayoría mujeres, inscritas en el régimen de casas particulares (servicios de limpieza y cuidado).
Más allá de este grupo que permanece en el mercado laboral formal están los adultos mayores, jubilados o no, que trabajan en la informalidad, en condiciones de extrema fragilidad, protagonistas, según Semino, de una "crisis humanitaria" de "padecimiento y explotación".
Según datos oficiales, la población ocupada mayor de 60 años es de 1,7 millones de personas y en este segmento la tasa de empleo no registrado era del 43,4 % al tercer trimestre de 2023.
Semino señaló que, en condiciones de informalidad, "al adulto mayor se le paga muy poco" y se le dan tareas de riesgo o penosas "que no condicen con su edad o con sus patologías crónicas".
Por ejemplo, varones de 70 a 80 años son ocupados como conductores de autos de alquiler "clandestinos" o hacen guardias de seguridad nocturnas en edificios, y mujeres son empleadas en tareas de limpieza o en el cuidado de otros ancianos -postrados o con cuadros de demencia- o de niños, lo que requiere un importante esfuerzo físico y psicológico.
Otros, en situación de extrema precariedad, aceptan hacer tareas de limpieza en pensiones u hoteles que son "verdaderas pocilgas" sólo a cambio de tener una habitación donde dormir y algo de comida.
Más grave aún, advierte Semino, es la explotación en talleres clandestinos de costura o la utilización de adultos mayores como "mulas" del narcotráfico. Por necesidad económica y sin antecedentes penales, terminan en las cárceles.
En un escenario de severa crisis económica en Argentina y con la tasa de inflación más alta del mundo, el 65% de los jubilados cobra la jubilación mínima, que en abril fue de 171.217 pesos (192 dólares / 175 euros), un ingreso que llegó a los 241.000 pesos por el bono de refuerzo que la seguridad social ha otorgado por la situación de emergencia.
Este ingreso, que representa un 82% del salario mínimo legal en Argentina, margina a los jubilados a la indigencia.
El gasto en jubilaciones es uno de los más afectados por el plan de ajuste fiscal del Gobierno de Javier Milei. Las jubilaciones se actualizan con porcentajes por debajo de la tasa de inflación, mediante decretos presidenciales hasta que el Parlamento debata y establezca otra fórmula de actualización.
El ingreso promedio entre los mayores de 60 años con una ocupación está por debajo de la media del mercado laboral y apenas un 37% por arriba de una jubilación mínima.
Si un adulto mayor cobra una jubilación mínima y, además, trabaja, la suma de sus ingresos no cubre sus necesidades básicas, con una cesta de alimentos y servicios que la Defensoría de la Tercera Edad calculó en 685.041 pesos para marzo último.
Un problema en toda Latinoamérica
La precariedad del sistema de pensiones en los países de América Latina y el Caribe obliga a millones de sus trabajadores a buscar en el mundo laboral informal una vía para completar sus bajos ingresos, después de décadas de trabajo y de haber superado la edad de jubilación.
Desde México hasta Paraguay, los sistemas de pensiones en la región están marcados por dificultades estructurales y sociales que impactan profundamente en la calidad de vida de los adultos mayores.
En México, la situación de las pensiones refleja la complejidad de un país donde la informalidad laboral afecta a casi la mitad de la población activa. Con una pensión mínima que apenas supera los 6.000 pesos mensuales (unos 350 dólares), muchos mexicanos se enfrentan a la difícil decisión de prolongar su vida laboral para asegurar un retiro medianamente estable, considerando que el salario mínimo es de 7.468 pesos (unos 435 dólares).
El Congreso mexicano evalúa ahora una serie de iniciativas que buscan otorgar una tasa de reemplazo del 100% para los trabajadores que comenzaron su vida laboral formal a partir de 1997, con un tope de 17.000 pesos (unos 990 dólares) mensuales.
La Cámara de Diputados aprobó el pasado lunes, únicamente con los votos oficialistas, una reforma de las pensiones que beneficiará a 28 millones de trabajadores del sector público y privado, así como la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar, una bolsa de 40.000 millones de pesos (2.333 millones de dólares) que busca que el Estado garantice jubilaciones con 100 % del último sueldo.
En Argentina, en un escenario de severa crisis económica y con la tasa de inflación más alta del mundo (287,9%), el 65% de los jubilados cobra la jubilación mínima, que en este abril ha sido de 171.217 pesos (192 dólares), un ingreso que llegó a los 241.000 pesos por el bono de refuerzo que la seguridad social otorgado por la situación de emergencia.
Este ingreso, que representa un 82% del salario mínimo legal en Argentina, actualmente situado en los 202.800 pesos (232 dólares), coloca a muchos jubilados en una situación de gran vulnerabilidad económica.
A pesar de los intentos legislativos para garantizar un nivel mínimo de ingresos para los jubilados, la realidad es que muchos se ven obligados a seguir trabajando, incluso después de alcanzar la edad de retiro.
De acuerdo a datos oficiales correspondientes al cuarto trimestre de 2023, sobre un total de 19 millones de personas ocupadas (formal e informalmente) dentro de la población urbana de Argentina, un 4,4% eran mayores de 65 años.
En Brasil, con una pensión mínima que apenas supera el salario mínimo, y un aumento en la población de adultos mayores que aún están en la fuerza laboral, el desafío de garantizar una jubilación digna es evidente.
En Brasil el salario mínimo es de 1.412 reales (unos 274 dólares), valor que marca la pensión mínima y que percibe un 64% de los pensionistas.
Aunque no hay estadísticas exactas del número de pensionistas que trabajan en Brasil, según datos oficiales, en 2023 había 7,4 millones de brasileños de 60 años o más que continuaban trabajando, lo que supone el doble que hace una década, y un incremento del 12% en un año.
En Chile, el sistema de pensiones, establecido durante el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990), enfrenta críticas por no garantizar retiros dignos. Este sistema se basa en la capitalización individual, en la que los trabajadores aportan mensualmente un 10 % de su sueldo a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Sin embargo, las pensiones resultantes son insuficientes, con cifras que frecuentemente se sitúan por debajo del sueldo mínimo del país, que es de 470.000 pesos (unos 531 dólares).
Este problema se agrava debido a las características del mercado laboral chileno, marcado por la inestabilidad y los bajos salarios. La falta de estabilidad laboral genera lo que se conoce como "lagunas previsionales", períodos en los que los trabajadores no cotizan y, por ende, no ahorran lo suficiente para su jubilación.
Además, los bajos sueldos limitan su capacidad de ahorro, especialmente de las mujeres, quienes enfrentan discriminación salarial y dificultades adicionales para acceder a empleos estables y bien remunerados. Esta situación lleva a una alta proporción de personas a continuar trabajando incluso después de alcanzar la edad de jubilación.
Sin sistema de pensiones
En Perú, la situación no es menos preocupante. La pensión media en Perú es de 500 soles (133 dólares), mientras que el salario mínimo es 1.025 soles. Con la mayoría de los adultos mayores sin acceso a un sistema de pensiones formal, y una gran proporción trabajando en la informalidad, la jubilación se convierte en un lujo para muchos.
Aunque se han implementado programas de asistencia social, como el programa estatal Pensión 65, la realidad es que los ingresos de los adultos mayores son insuficientes para cubrir sus necesidades básicas.
Bolivia, a pesar de contar con un sistema de pensiones que permite una renta de vejez de hasta el 70% del salario referencial, enfrenta desafíos significativos en términos de cobertura y suficiencia de ingresos.
En un país de 12,2 millones de personas, el número de jubilados que reciben pensión es de apenas 220.000, un 68% de los cuales reciben una prestación menor a 6.000 bolivianos, (unos 862 dólares).
Aunque el sueldo mínimo es de 2.362 bolivianos (unos 342 dólares), lo cierto es que el 80% de la población económicamente activa trabaja en la informalidad, según Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En Paraguay, la cobertura de la seguridad social es de apenas el 24,5%, muy por debajo del promedio latinoamericano, que es del 61 % de la población total, dejando a una gran proporción de la población sin acceso a un sistema de pensiones formal.
En un país donde el salario mínimo es de 2.000.000 de guaraníes (unos 367 dólares), existen dos pilares para el régimen de protección social, uno contributivo, que se financia con aportes de los trabajadores, y otro no contributivo, que recibe fondos del erario público.
La realidad de las pensiones en América Latina es un reflejo de las profundas desigualdades y dificultades económicas que enfrentan millones de ciudadanos en la región.