Mientras Lázaro Báez aguarda que la Cámara de Casación defina si mantiene, agrava o reduce la pena de seis años de prisión, en la causa conocida como "Obra Pública", el empresario santacruceño sumará un nuevo pedido de condena.
Se espera que mañana el fiscal Abel Córdoba culmine su alegato acusador en el expediente "El Entrevero", una causa derivada de la "Ruta del Dinero K", y luego le pida al Tribunal Oral Federal 4 una condena junto a otras siete personas acusadas.
Durante su turno, la querella que representa a la Unidad de Información Financiera exigió que se le imponga la pena de nueve años de prisión, mientras que la Administración Federal de Ingresos Públicos que ejerce el mismo rol, reclamó siete años.
En este expediente se investiga la adquisición de un lujoso campo de 152 hectáreas ubicado cerca del exclusivo balneario de José Ignacio en la República Oriental del Uruguay por US$ 14 millones.
De acuerdo a la acusación, la compraventa del inmueble se dio a través de diversas sociedades y testaferros de Báez para buscar ocultar al verdadero propietario.
De la maniobra participaron distintas personas vinculadas a Austral Construcciones y que, al igual que Báez, fueron condenados en "La Ruta del Dinero K". Entre otros, Leonardo Fariña, el abogado Jorge Chueco y el contador Daniel Pérez Gadín.
El debate transita por la segunda parte de su etapa cúlmine, y en unas semanas las defensas brindarán sus alegatos donde pedirán sus absoluciones. Superada esa instancia vendrán las últimas palabras y la lectura del veredicto. La intención del tribunal es finalizar el debate antes del segundo trimestre del año.
Uno de los alegatos que tendrá la atención es el de la defensa de Leonardo Fariña. El contador platense declaró como arrepentido en "La Ruta del Dinero K" y no se descarta que se valga de ese argumento para reclamar su absolución o una pena menor a la que reclame la fiscalía.
De acuerdo a lo dicho por el propio Fariña, la adquisición de "El Entrevero" fue a través de la firma Traline SA, encabezada por Maximiliano Goff Dávila y que luego pasó a manos de Jumey Sociedad Anónima, cuyo titular era Daniel Pérez Gadín, excontador de parte del emporio empresarial de Báez.
En tanto, por su lado, el empresario K espera un gesto de la Justicia en la causa conocida como "Obra Pública", que se encuentra en la instancia de revisión de condena. Porque la Sala IV de Casación, la misma que le redujo dos años de prisión en "La Ruta del Dinero K", pero con otra integración, es la encargada de analizar la decisión del Tribunal Oral Federal Número 2 que lo condenó a seis años de cárcel por ser partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, de la cual su abogado Juan Martín Villanueva reclamó sea revocada y por ende, absuelto.
Sin embargo, y durante su turno, el fiscal ante Casación Mario Villar, insistió con el reclamo de su colega de Juicio Diego Luciani, que se lo condene a doce años de prisión y que se incluya el delito de asociación ilícita.