Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont y negociador de la ley de amnistía que se tramita en el Senado, ha afirmado este jueves desde la Cámara Alta que la norma "resistirá el paso del tiempo y el peso de las cuestiones prejudiciales y de inconstitucionalidad". "¿Está confiado el señor Puigdemont?", le ha preguntado el senador popular Antonio Silván. "El que tiene que estarlo soy yo, y yo creo en la ley y en el Estado de Derecho", ha contestado Boye.
La presencia del letrado en la comisión conjunta que tramita la amnistía en el Senado se debe a que este órgano ha brindado a los grupos parlamentarios que lo conforman la posibilidad de llamar a comparecer a juristas que den su punto de vista sobre la norma. Junts ha decidido llamar al abogado de Carles Puigdemont, que desde el comienzo de su comparecencia ha advertido de que su papel allí era "aportar conocimientos técnicos".
No obstante, Boye ha dejado algunas pistas sobre sus predicciones de cara a la aplicación de la ley de amnistía. Entre otras, ha indicado que llegarán antes las cuestiones prejudiciales (esto es, dudas que los jueces que deben aplicar la ley presentan ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea), que las cuestiones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
Y la ley se diseñó pensando, en primer lugar, en pasar el filtro del TJUE. "El TJUE tiene clara la distinción entre los indultos y las amnistías, y acepta incluso amnistiar delitos graves", ha subrayado el abogado, "nunca hemos tenido ninguna preocupación". Después ha ahondado en una de las discusiones jurídicas que más ha suscitado la amnistía: la prohibición de los indultos generales en la Constitución española.
La amnistía "no es una medida de gracia"
Existe una rama jurídica representada en esta comisión por catedráticos como Enrique Gimbernat que sostiene que al estar expresamente prohibidos en la Constitución los indultos generales, con más razón lo están las amnistías. Es el argumento conocido como ad minore ad maius, según el cual si se prohíbe lo menos, también se prohíbe lo más. Al ser la amnistía una medida de gracia más amplia que el indulto -en tanto que no perdona una condena, sino que borra el carácter delictivo de un hecho-, la prohibición de los indultos generales imposibilita la constitucionalidad de las amnistías.
Este argumento no tiene sentido para Gonzalo Boye, y según él, tampoco lo tiene para la legislación europea. Según ha explicado, la amnistía ni siquiera forma parte del derecho de gracia. "En Europa nadie comete el error de confundir la amnistía con el derecho de gracia. El legislador de la Unión siempre ha distinguido el derecho de gracia de las prerrogativas del Parlamento". La diferencia esencial reside, según la tesis de Boye, en que la amnistía es "una medida legislativa". "El constituyente quiso huir de la figura de los indultos generales con intención de dar una pátina más democrática al texto constitucional. Si no hubiera querido permitir las amnistías, habría excluido esta facultad de las Cámaras", ha razonado Boye desde la Cámara Alta.
Otra razón que lleva a Gonzalo Boye a pensar que la amnistía pasará el filtro del TJUE es que se han seguido "los dictámenes de la Comisión de Venecia en 2013". Este órgano consultivo, además, se pronunció este año sobre la medida de gracia a petición del Partido Popular, y lo hizo a través de un documento que Boye ha tildado de "muy positivo".
"Cuando vayamos a Europa, este documento es un criterio muy válido para el TJUE a la hora de interpretar la ley", ha apuntado, "nos ha ayudado muchísimo a aclarar determinadas cuestiones".
Por descontado, el jurista también está seguro de que la norma supera los principios de separación de poderes e igualdad. El primero, porque "no se aplica por si misma". "El legislador emite la norma, entra en vigor y los jueces después evalúan, como sucede con todas las leyes que se aprueban en las Cámaras", ha explicado Boye. En cuanto al principio de Igualdad, el letrado lo ve garantizado en tanto que "no existen individuos o grupos con privilegios especiales dentro del ámbito objetivo de aplicación de la ley".