Se mencionan a tres penitenciarios, pero podrían ser más los implicados en un caso de presuntos apremios ilegales contra un preso, desobediencia a una orden judicial y hasta la supuesta falsificación de un acta. Todo eso ahora está en manos de la UFI Delitos Especiales a partir de la presentación de un hábeas corpus presentado por un preso del penal de Chimbas ante un juez y que habría derivado en más golpizas contra su persona y la posible maniobra de algunos guardias para dejar todo en la nada.
La causa es escabrosa y pone bajo sospechas q miembros del Servicio Penitenciario Provincial. En el medio se encuentra un interno identificado como Lucas Suárez Garrido, que purga una condena de 4 años de prisión por delitos contra la propiedad y que el próximo 26 de abril próximo cumple su pena.
Según fuentes judiciales, el reo presentó el miércoles último en horas de la mañana un hábeas corpus al juez de garantías Eugenio Maximiliano Barbera –de turno- pidiendo protección. En su escrito, Suárez Garrido denunció que estaba sufriendo hostigamiento, amenazas y agresiones físicas por parte de un oficial penitenciario y otros uniformados, explicó un vocero. Aseguró que temía por su vida y pedía que lo sacaran del pabellón 2, del Sector 4, y lo alojaran en otro sector para garantizar su integridad física. El interno ya había protagonizados incidentes dentro de la cárcel.
Frente a esto y los datos que revelaba, incluso dando nombres, el juez ordenó el mismo miércoles al mediodía a las autoridades penitenciarias que en el plazo de 2 horas trasladaran a Suárez Garrido a otro sector de la cárcel, que lo pusieran bajo resguardo y que los guardiacárceles señalados elaboraran un informe sobre la situación.
Lo que llamó la atención fue que, en vez de cumplir con la orden judicial, los penitenciarios supuestamente llevaron al reo a una oficina, lo interrogaron y más tarde enviaron un acta al juez Barbera en la que se señalaba que el interno se desdecía de la denuncia. Según ese escrito, el preso negaba haber sufrido agresiones y pedía que no lo sacaran del pabellón, explicó una fuente del caso. Todo eso con una firma que supuestamente era de su puño y letra. Esto con el fin de dejar sin efecto lo expresado en el habeas corpus.
Cuando ese papel llegó a Tribunales, notaron que la firma de Suárez Garrido estampada en esa acta difería o era muy distinta a la que figuraba en la presentación del hábeas corpus. Pero, además, causó sorpresa el hecho de que los penitenciarios no cumplieran con la orden judicial y en cambio citaran al reo y luego enviaran ese papel al magistrado.
Además de los supuestos apremios ilegales, investigaran por qué no cumplieron con la orden judicial y la posible falsificación de la firma del preso.
El juez Barbera no se quedó con esa acta que enviaron los penitenciarios y el jueves a la mañana dispuso que llevaran al preso a Tribunales para escucharlo en persona. Suárez Garrido ahí ratificó sus dichos sobre las supuestos maltratos y amenazas, y agregó que después de presentar el hábeas corpus recibió más agresiones y hostigamiento por parte de los uniformados. Admitió que los guardias hablaron con él, pero aclaró que la firma y algunas expresiones citadas en esa "acta", donde supuestamente se rectificaba, no eran suyas.
Como primera medida, el magistrado ordenó que el preso no regrese al penal de Chimbas por resguardo su vida y dispuso que lo alojen en una dependencia de la Policía de San Juan. Por otro lado, el interno Suárez Garrido realizó la denuncia en la UFI Delitos Especiales, en la cual reiteró que sufrió apremios ilegales y reiteradas amenazas. Según fuentes judiciales, señaló con nombre y apellido a un guardia, a un oficial y una mujer que sería una jefa de cuerpo como los responsables de los maltratos. Todo eso ahora será investigado, al igual que el contenido de esa acta para ver si fue falsificada.