Karim Bouyakhrichan, considerado uno de los principales líderes de la Mocro Maffia —la banda criminal que tiene amenazada de muerte a la princesa Amalia de Holanda—, se ha fugado de España debido a una descoordinación entre la Audiencia Nacional y la Audiencia Provincial de Málaga. Lo que a principios de años fue un éxito policial ha desembocado en desastre judicial en el periodo de tres meses.
La Policía Nacional detuvo el pasado 24 de enero a Bouyakhricha por blanquear, presuntamente, seis millones de euros procedentes del narcotráfico internacional. Junto a él, los agentes de la Udef arrestaron a otras cinco personas en la provincia de Málaga y en la ciudad autónoma de Melilla. Bouyakhricha era el delincuente "más buscado por las autoridades neerlandesas", según destacó el Ministerio del Interior cuando se hizo pública su detención.
El arrestado había estado implicado, presuntamente, en numerosas investigaciones policiales a lo largo de los últimos años. En el operativo se intervinieron 75.000 euros en efectivo, joyas valoradas en 10.000 euros y dos armas de fuego. También se bloquearon 173 propiedades inmobiliarias y tres millones de euros de 148 cuentas bancarias.
Casi todo queda ahora en papel mojado con la fuga de Bouyakhricha. Tras su detención y posterior envío a prisión provisional, Países Bajos inició los trámites para su extradición, remitiendo a la Audiencia Nacional una Orden de Detención Europea. Pero mientras tanto, la defensa de Bouyakhricha recurrió el ingreso en prisión provisional ante la Audiencia Provincial de Málaga. Este tribunal, en oposición a lo solicitado por la Fiscalía, ordenó su puesta en libertad el pasado 18 de marzo bajo fianza de 50.000 euros y retirada del pasaporte.
Y se le perdió la pista. Cuando la Audiencia Nacional contactó con la defensa de Bouyakhricha para que acudiese a Madrid, ésta comunicó que no tenía conocimiento del paradero del mafioso.