El Gobierno porteño sigue operando las grúas de acarreo, aunque hace un año y medio que se inició el proceso de licitación para volver a concesionar un servicio siempre polémico. La preadjudicación ya tiene dictamen. Pero el proceso no exhibe avances desde diciembre y por ahora todo parece indicar que habrá más demoras para cambiar el sistema que se utiliza desde que se le quitó la concesión a las dos empresas que, durante décadas, operaron un servicio que pagaba cánones irrisorios y levantaba autos de manera irregular.
La Ciudad, a través de Ausa, se hizo cargo del servicio de acarreo en octubre de 2022. El área de operación de las grúas, salvo excepciones, se mantiene en el perímetro donde hay estacionamiento medido, por una cuestión de cercanía con las playas que ya existen. Sin embargo, una ley del mismo año prohíbe llevarse autos que tengan el tiempo de estacionamiento vencido y limitó el acarreo a situaciones puntuales, como la invasión de senda peatonal, obstrucción de paradas de colectivos, rampas para discapacitados, ciclovías o entrada y salida de vehículos, y espacios de carga y descarga.
El objetivo inicial del gobierno porteño, cuando suspendió los contratos de las empresas BRD-SEC y Dakota-STO, que pagaban un irrisorio canon de $ 55.000, en agosto de 2022, era avanzar hacia un nuevo modelo. Entonces lanzó una licitación para dividir la Ciudad en tres grandes áreas, con dos playas cada una.
Recién el año pasado, con más demoras de las esperadas, se definieron las tres empresas que seguían en carrera. La preadjudicación se produjo en diciembre del año pasado, a cambio de 57 mil millones de pesos por diez años.
Según pudo saber Clarín, desde diciembre hasta ahora hubo reuniones con representantes de las empresas, pero no se lograron avances. Además, está previsto un nuevo encuentro en los próximos días, y no se descartan más demoras e incluso una reformulación de la operación para abaratar los costos que debe afrontar el Ejecutivo porteño. Al mismo tiempo, comenzarona surgir críticas y otros proyectos.
"Yo planteo que este sistema quede administrado por la Ciudad, como ocurre ahora, y que se caiga la licitación porque ya no tiene sentido. No es viable pagar esa plata a las empresas, porque la situación se modificó primero en septiembre de 2022, cuando se terminaron los viejos contratos, y después del llamado a licitación se votó otra ley que limitó la cantidad de autos que se puede levantar", dijo Facundo del Gaiso, autor del proyecto de ley que tiene como objetivo que la Ciudad continúe al frente del servicio.
"Que la Ciudad pague toda esa plata perdió razón de ser porque ahora te hacen una multa pero no te llevan el auto. Además, una de las empresas, Ashira, está vinculada a Hugo Moyano. Entonces, para qué pagar ese canon, si se levanta un 75 por ciento menos de autos porque una ley cambió cuáles se pueden acarrear", agregó el legislador de la Coalición Cívica, que todavía es parte del interbloque de Juntos por el Cambio.
Las empresas
Las tres empresas que superaron la apertura de sobres con las propuestas técnicas y económicas son SAEM SA, la única con experiencia previa en la operación del servicio de acarreo. Es la que podría hacerse cargo de la zona sur. Se trata de una compañía que tiene la concesión del sistema de estacionamiento medido en Neuquén. Además, a través de Tránsito Rosario es la encargada de gestionar el sistema de Acarreo y Estacionamiento medido de Rosario desde 2009.
Según publicó Clarín el año pasado, ya se había presentado en licitaciones previas, en 2014 y 2018, que luego fueron desestimadas por amparos y trabas judiciales. Las playas ya están hechas en Tacuarí y San Juan y debajo del Obelisco.
Transporte 9 de Julio, en caso de que avance la adjudicación, operaría la zona oeste. Se trata de una compañía sin experiencia en el rubro pero vinculada a la recolección de residuos en La Plata y Mar del Plata. Esa zona no tiene playas de acarreo en la actualidad, y serán construidas, según los pliegos, en Ramón Falcón al 4700 y Dávila al 1000.
Por último, la empresa que se haría cargo de la zona norte es la unión entre Ashira SA y Ecoba. La primera tiene, desde 2014, asignada parte de la recolección de residuos en la Ciudad. La segunda pertenece al rubro de la construcción y también tiene contratos con la Ciudad para mantenimiento del espacio público. Esta previsto que la playa de acarreo que está junto a la Facultad de Derecho se mantenga, y se sume una nueva en Chacarita, en Guzmán al 900.
Hay versiones que indican que existe algún tipo de vinculación entre Ashira-Ecoba y Transporte 9 de Julio con el gremio de Camioneros, que conducen Hugo y Pablo Moyano. No solo por la participación activa que tuvo cuando se hizo el traspaso de los empleados de las ex concesionarias a las Ciudad. Ashira, en conjunto con Martin & Martin, es contratista del Gobierno porteño en la recolección de residuos: tiene asignados barrios como Flores, Parque Chacabuco, Caballito, Boedo y Almagro.
Antes de la adjudicación en 2014, diferentes versiones sostuvieron que Ashira tenía algún tipo de vínculo con el hombre fuerte de Camioneros, a quien también se lo relacionó con BRD-SEC, una de las empresas que gestionó el estacionamiento medido y el acarreo hasta el año pasado y durante más de 30 años. Aunque nunca se pudo obtener información concreta sobre los dueños reales de las empresas.
En 2022, cuando se resolvió el traspaso a la Ciudad, los Moyano ejercieron presión activa para que los trabajadores de las empresas de grúas afiliados al gremio de Camioneros mantuvieran sus beneficios. Para resolver el conflicto, finalmente se determinó que los empleados mantuvieran el convenio de camioneros pero pasaran a estar bajo la órbita de Sbase, la empresa estatal de la Ciudad que gestiona los subtes. Fueron despedidos, indemnizados y luego recontratados por la gestión porteña con los mismos sueldos que tenían. Ese convenio también es parte de la negociación, ya que está vencido y la presión de Camioneros no es menor en toda la negociación.
Según información a la que accedió Clarín, una vez que se concrete la adjudicación, el tiempo de puesta en práctica del nuevo sistema demandaría al menos 4 meses. Pero aún restan resolverse varios factores que podrían causar más demoras o finalmente llevar a que se cambie o se desestime el actual proceso. Y la cuestión económica no es un tema menor.
La semana pasada, el Gobierno de la Ciudad anunció que sumaba al área tarifada a Puerto Madero, un barrio que se convirtió en un gran estacionamiento a cielo abierto en los últimos años y en el que las grúas operan, aunque con las restricciones actuales. Por ahora, aunque la ley lo permite, no está previsto agregaron nuevas zonas de estacionamiento medido. La hora cuesta $ 127 y los 3.695 nuevos espacios de Madero serán con tarifa progresiva. Es decir, de la segunda hora en adelante se suma un 30% al costo de la primera. En el resto de la Ciudad hay 4.457 lugares pagos en barrios como San Telmo, Monserrat, Balvanera, San Nicolás, Retiro y Recoleta.
SC
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