"Negocio o derecho": PSOE y Sumar evidencian sus diferencias respecto a cómo abordar el problema de la vivienda
Unas declaraciones de la ministra Isabel Rodríguez y la decisión de cambiar la normativa para agilizar las construcciones de viviendas hacen saltar las alarmas en las filas de Sumar, que ven "extraño lanzar la idea de un nuevo boom".
Aunque la mecha respecto a la vivienda lleva un tiempo ya instalada en el Gobierno, unas declaraciones de la ministra Isabel Rodríguez encendieron una chispa que avanza a ritmo constante a lo largo de un filamento del que se desconoce aún su longitud. En una entrevista en la Cadena SER, interpelada sobre esta materia, la responsable del Ministerio de Vivienda afirmó querer "que los promotores privados participen de la oferta en alquiler asequible". El punto de ignición llegó justo después, cuando dijo: "Y hay negocio, pero con rentabilidades ajustadas, proporcionadas. Sus márgenes [de beneficio] no serán del 10%, pero pueden estar en el 5%".
El comentario se produjo poco antes de una reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y la propia Rodríguez con representantes del sector inmobiliario, además de los sindicatos CCOO y UGT. En el encuentro, el fuego avanzó tras anunciar el Ejecutivo que modificarían la normativa para agilizar la concesión de licencias urbanísticas. "Hay que aumentar la oferta", sostuvo Cuerpo en una entrevista en RNE.
Estos dos hechos llevaron a rebato a las filas de Sumar, cuya principal distancia con su socio de Gobierno es, desde el inicio de la legislatura, el tema de la vivienda. Primero fue la apuesta del PSOE por los avales públicos para la compra de vivienda, luego el índice de precios del alquiler y, ahora, esto. "O hay negocio o hay derecho", zanjó el portavoz de la formación en el Congreso, Íñigo Errejón, a quien completó la portavoz adjunta, Aina Vidal: "No puede primar el negocio de unos pocos sobre el derecho de los muchos. Esperamos más de una ministra de Vivienda que debería defender a los vecinos sobre los especuladores".
Los ministros Pablo Bustinduy y Sira Rego también juzgaron las palabras de su compañera en el Gobierno. "Intervenir el mercado de la vivienda es una urgencia social", comentó el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que pidió una "regulación estricta del precio del alquiler de temporada y turístico, un índice de alquiler efectivo que baje los precios y prohibir la compra especulativa de fondos buitre". "Insistiremos hasta que sea un derecho y no un negocio", señaló. De igual modo, la ministra de Juventud e Infancia defendió que "intervenir el mercado de la vivienda es una urgencia social" al tratarse "el precio de la vivienda" de "uno de los mayores condicionantes de la pobreza infantil". E insistió: "Trabajaremos incansablemente para garantizar que el acceso a una vivienda digna sea un derecho".
Para Sumar, la vivienda es una cuestión nuclear. En declaraciones a El HuffPost, Aina Vidal se muestra convencida de que "el Gobierno se equivocará si envía mensajes ambiguos". "En el mercado de la vivienda", defiende, "no hay negocios, hay fondos buitre expulsando a sus vecinos". Respecto a los frentes en los que debería centrarse el Ejecutivo, Vidal señala dos: "Dedicar el 1% del PIB a aumentar en dos millones el parque de vivienda social y, por otro lado, regular la vivienda vacacional y el alquiler de habitaciones". "Con tanta vivienda vacía es extraño lanzar la idea de un nuevo boom de la construcción y más aun sin reservar ningún porcentaje para la vivienda social, como el 30% que destinaba Barcelona", comenta.
Desde el Ministerio de Vivienda, pese a las diferencias públicas al respecto, explican a El HuffPost que su intención es la de continuar trabajando "unidos y unidas, porque así está escrito en el acuerdo de coalición". Se muestran seguros, además, de que "la política de vivienda se va a convertir en el quinto pilar del Estado de Bienestar en esta legislatura".
La ley de Vivienda, la negociación más dura
La ley de Vivienda fue uno de los principales hitos de Podemos en la pasada legislatura. Cuando la actual secretaria general del partido, Ione Belarra, anunció el acuerdo alcanzado con el PSOE para la nueva norma, aseguró estar ante un "día histórico". "Hoy", comentó entonces, "gana la ciudadanía y pierden los fondos buitre, la banca y los especuladores que durante décadas han estado en España campando a sus anchas jugando con las vidas de la gente".
Belarra, que en esta ocasión asiste a la disputa en el seno del Gobierno desde el Grupo Mixto del Congreso de los Diputados, recuerda para El HuffPost aquella negociación, "la más dura de la legislatura", para precisar que "el PSOE concibe la vivienda como un negocio y está defendiendo los intereses de la patronal inmobiliaria y de la gran banca". "La única medida de vivienda que han impulsado en esta legislatura", denuncia, "es una idea de Ana Patricia Botín: el aval a las hipotecas para personas jóvenes". "En la pasada legislatura tardamos dos años en lograr que el PSOE incluyera la regulación de precios del alquiler en la ley de Vivienda precisamente por eso", dice.
Según la secretaria general de Podemos, "hay que regular con urgencia el alquiler de temporada y los pisos turísticos, limitar la compra de vivienda a no residentes y atar en corto a los fondos de inversión que han convertido la vivienda en puro negocio".
Desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, que no fueron invitados al encuentro en Moncloa, advierten de la raíz del problema: "Los vecinos han sido expulsados de sus barrios, que se han convertido en nidos de pisos turísticos". La agrupación no solo denuncia el encuentro convocado por Pedro Sánchez ("el PSOE no llama a Marlboro para hablar de políticas antitabaco pero sí llama a la patronal inmobiliaria para tratar la crisis de vivienda") sino también la orientación anunciada hacia la facilitación de construir más viviendas: "No solo hay que construir, sino regular de una vez los contratos de temporada y de alquiler de habitación para evitar el fraude masivo de ley". Y van más allá: "Hay que echar a los fondos buitre de este país, que lo único que hacen es radicalizar los mercados, solo les interesa el lucro".
Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, un sindicato que sí participó en la reunión, se suma también a las críticas a las medidas propuestas por el Gobierno. "En España", escribió, "sí se ha hecho una vigorosa política de vivienda en las últimas décadas, lo que pasa es que su finalidad principal fue incrementar los precios y mantenerlos artificialmente altos": "Plantear que el eje de bóveda para conseguir precios asequibles es seguir incrementando oferta, sin más, es puro dogmatismo, o puro interés".
Hay, no obstante, quien sí ha celebrado el anuncio hecho por el Gobierno, como la Asociación de Promotores y Constructores de España. Para el organismo, la modificación de la normativa para agilizar la construcción de viviendas es una "reivindicación histórica". Por otro lado, Borja Carabante, responsable de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, cree que el Gobierno de Sánchez "copia" al Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el PP, "creando la licencia básica que permite agilizar y acortar plazos para poder ejecutar y construir viviendas".
El 50% del alquiler, en riesgo de pobreza
Tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, que provocó fuertes caídas en el sector inmobiliario, desde 2013 el precio de la vivienda no ha dejado de subir en España. Son ya diez años seguidos de incrementos. En 2023, aunque con un crecimiento menor que en 2022, subió un 4,2%, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE). La vivienda nueva se encareció un 7,5% y la vivienda usada, un 3,6%.
En 2022, según el último estudio sobre la Relación de salarios y vivienda en alquiler en 2022 que realizan Infojobs y Fotocasa, "el español medio tuvo que dedicar el 43% de su sueldo bruto al pago del alquiler de su vivienda, frente al 40% que necesitaba en 2021". En 2013 se destinaba un 28%.
Siguiendo esta línea, en su último informe anual, el Banco de España alertaba de que "unos precios del alquiler elevados, en comparación con las rentas del trabajo, aumentan la proporción de población en riesgo de exclusión social y de hogares con capacidad de gasto restringida en otros bienes y servicios". Según el estudio, en 2021 prácticamente la mitad de los hogares españoles en régimen de alquiler, el 48,9%, "se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social", el porcentaje más elevado de la Unión Europea, "mientras que un 40,9% dedicaba más del 40% de su renta disponible a la vivienda, con especial incidencia en las familias con menor renta".
A falta de hacerse públicos los datos respecto al año 2023, las previsiones no son halagüeñas. Y, con el desacuerdo entre los socios del Gobierno respecto a cómo solucionar el problema, la vivienda y la crisis económica son, cada mes que pasa, dos de los principales problemas señalados en el CIS.
La mecha, por ahora, sigue avanzando.