Fraude de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira ha disminuido en 25 %
En un seminario realizado por Air-e y Uninorte, el exfiscal Eduardo Montealegre propuso una reforma legislativa a la política criminal para combatir el robo de energía.
La empresa Air-e informó que gracias al trabajo articulado entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación se logró disminuir en un 25 % el fraude de energía en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.
De acuerdo con Jussy Zelaya, gerente General de Negocio de Air-e desde que la empresa empezó en el mercado de Atlántico, La Guajira y Magdalena, en octubre de 2020, el fraude de energía ocasionaba pérdidas no técnicas, pasando de una pérdida diaria de 2 mil millones a 1.500 millones de pesos.
"Nuestro gran reto fue empezar, no solamente a través de las inversiones para detectar y regularizar el fraude, sino también un cambio cultural a través de la penalización de este delito", comentó el ingeniero en el marco del seminario "Delito de defraudación de fluidos y su impacto" que realizó la empresa de energía con la Universidad del Norte.
Participaron expertos en la materia como el exfiscal General de la Nación y exmagistrado de la Corte Constitucional, Eduardo Montealegre para reforzar todo el aspecto normativo y procedimental asociado a este delito.
Sobre la toma indebida de la energía eléctrica que constituye un delito en Colombia, el exfiscal Montealegre consideró que la legislación actual es insuficiente porque son billones de pesos los que se pierden en el país por el hurto de energía.
"Usted como usuario es el que tiene que pagar los fraudes en los fluidos que hacen personas inescrupulosas, por eso se requiere una reacción más fuerte por parte de la legislación penal, una nueva política criminal frente al hurto y al fraude de fluidos, de robo de energía, agua y telecomunicaciones. Se necesita más fortaleza, más claridad, más capacidad de investigación de la Fiscalía General frente a estos casos", agregó.
Desde su concepto, el Gobierno nacional a través del Ministerio de Minas debe crear una comisión de análisis de política criminal para presentar una reforma legislativa que comprenda herramientas más efectivas en la lucha contra la defraudación de fluidos por parte del Estado y la justicia.
Esta formación académica cumplió el objetivo de brindar una orientación en los conceptos técnicos asociados a la manera en cómo se apropian del servicio de energía eléctrica, identificando los elementos materiales probatorios y las cuantificaciones de los perjuicios que genera esta conducta para los usuarios, la sociedad, el Estado y la empresa.
En palabras de Alberto Madero Rincón, decano de la División de Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte, en las aulas de clase en Derecho Penal "estamos profundizando un poco, no solo en las características jurídicas de este tipo de delitos, cuándo aplica cuándo se tipifica la conducta, sino también su impacto en la sociedad y las consecuencias que esto trae en las tarifas".
Al seminario taller asistieron: Fiscalía General de la Nación, seccional Atlántico, Jueces de la Judicatura del Atlántico, Policía Metropolitana de Barranquilla, Departamento de Policía Atlántico, Personal Seccional de Investigación Criminal -SIJIN, Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía – CTI, docentes y directivos de Uninorte, directivos y colaboradores de Air-e.