El Gobierno español mueve ficha. Ante la inminente disolución del Parlamento Europeo, que tiene apenas cuatro semanas para aprobar la simplificación de la Política Agraria Común (PAC) y aplacar las protestas del campo en toda Europa, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha propuesto a las organizaciones agrarias un conjunto de medidas para intentar alcanzar un acuerdo que permita poner en marcha en el ámbito nacional un paquete de medidas fiscales y de financiación extraordinarias.
En concreto, el documento, al que ha tenido acceso EL MUNDO, recoge un total de 43 medidas distribuidas en siete apartados, empezando por las medidas de simplificación, reducción de la carga administrativa y de flexibilización de los plazos de la PAC que dependen del acuerdo en Bruselas. A partir de ahí, el Ministerio se compromete con las organizaciones profesionales a defender en los foros internacionales una serie de cuestiones relativas al comercio internacional de productos agrarios, como son las cláusulas espejo, germen de las protestas de los agricultores que exigen que se imponga a las importaciones las mismas condiciones laborales y fitosanitarias que se exigen en Europa.
El Ministerio también propone la creación de un grupo de trabajo para el seguimiento de las exportaciones e importaciones agrarias y el refuerzo de los controles en frontera a las importaciones de terceros países, además de establecer a cero el denominado "límite máximo de residuos" de los productos no autorizados en la UE para las importaciones en su territorio.
En paralelo, Planas plantea reforzar la Ley de la Cadena a nivel nacional e introducir en el debate europeo la prohibición de la venta a pérdidas vigente en España. Todo ello, reforzando la capacidad inspectora de la Agencia de Control e Información Agroalimentario (AICA), convirtiéndola en una Agencia Estatal con rango de dirección general. Y recoge también en el documento su compromiso de reforzar el sistema de seguros agrarios.
Y a partir de aquí, el documento de negociación redactado por el Ministerio desgrana una serie de medidas en materia económica. La principal novedad en este apartado, que hasta ahora no había trascendido, es el lanzamiento de una línea de crédito en colaboración con el ICO por un total de 700 millones de euros, repartidos entre 200 millones para jóvenes agricultores y relevo generacional y otros 500 millones para garantizar operaciones de crédito dirigidos a agricultores y ganaderos.
En ambos casos, se trata de una estimación de dinero movilizado, ya que la línea para jóvenes consiste en una dotación extraordinaria de 20 millones de euros y 7 millones para avales, con subvención del 15% del principal y la totalidad del aval, y el segundo instrumento consiste en una aportación del Ministerio de 50 millones para garantizar operaciones de crédito entre 100.000 y 2.000.000 euros.
En el apartado de ayudas económicas, Agricultura también ofrece una serie de ventajas fiscales. Primero, el mantenimiento del tipo reducido en el gasóleo agrícola, que implica un beneficio fiscal de 400 millones de euros, y de la deducción del 35% en la factura de carburantes y combustibles de uso agrario y de un 15% en la de fertilizantes, en el método de Estimación Objetiva del IRPF, lo que implica una reducción de base imponible de 575 millones de euros.
Además, en el documento se recoge la "adecuación del rendimiento neto en el método de estimación objetiva IRPF en 2023" y fija que, "considerando la situación coyuntural del sector agrario, se establecerá una reducción general del 15% en el rendimiento neto para el ejercicio fiscal 2023", además de "la adaptación del cómputo de los ingresos para la aplicación del límite máximo de tributación por estimación objetiva del IRPF, revisando a estos efectos la consideración de los ingresos por compensación por IVA e IPRF".
Ofrece también el mantenimiento de la exención de las ayudas a los ecorregímenes, lo cual implica una reducción de base imponible de 1.100 millones de euros, y el . "incremento y armonización a nivel del Estado del límite de ayudas de minimis, de 20.000 a 25.000". Se trata de las ayudas a pequeña escala que están reguladas en Europa y el Gobierno se compromete a buscar la fórmula legal para incrementarlas en España en 5.000 euros, desde ese límite de 20.000 euros hasta los 25.000 euros.
En rueda de prensa este lunes, el ministro Planas ha explicado, sin revelar los detalles del documento en negociación, que este paquete de medidas que ha ofrecido a las organizaciones agrarias depende en parte de Bruselas y se está estudiando de manera conjunta con el Ministerio de Hacienda, para poder habilitar las medidas fiscales a la mayor brevedad. Ahora tienen la palabra las organizaciones profesionales, que están analizando la oferta a nivel interno de cara a una próxima reunión con el Ministerio que todavía no tiene fecha.
En un tono más político que técnico, Planas ha afirmado que con las medidas que ha puesto el Gobierno sobre la mesa se está "dando respuesta a las preocupaciones" que han planteado los agricultores, con "voluntad de trabajo, de compromiso y de mano tendida para solucionar los problemas del sector", mientras fuerzas políticas "como PP y Vox quieren que continúen las movilizaciones, al menos, hasta las elecciones europeas de junio". "Las organizaciones agrarias están sometidas a una gran presión por parte de los que no quieren que en España haya un acuerdo en nada", ha asegurado el ministro.