Los sindicatos hacen frente común en Europa para forzar al Gobierno a acometer una reforma del sistema de despido en la que los dos socios de la coalición tienen importantes discrepancias. La resolución favorable del Consejo de Europa a una demanda de UGT en la que el sindicato cuestionaba el despido improcedente en España ha abierto la caja de los truenos. Una caja que el Ejecutivo los sindicatos y los empresarios acordaron dejar cerrada en la última reforma laboral, cuando este fue uno de los temas que no se discutieron para tratar de atraer a la patronal al acuerdo.
Tanto UGT como CCOO han denunciado que el sistema de despido español incumple la Carta Social Europea, un tratado suscrito por España en 2021 cuyo cumplimiento vigila el Comité Europeo de Derechos Sociales, dependiente del Consejo de Europa. Ambos sindicatos lo hicieron en 2022, aunque con enfoques algo diferentes.
El sindicato de Pepe Álvarez denuncia que el despido improcedente en España no es disuasorio ni resarce el daño que provoca en los trabajadores de forma suficiente. En cambio, la central que lidera Unai Sordo pidió, además, recuperar los salarios de tramitación —el sueldo que deja de percibir un trabajador desde que le despiden y hasta que el cese es declarado improcedente— y que los jueces puedan valorar la obligación de reingreso. Dos opciones que se perdieron tras la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Rajoy en 2012, todavía en el punto álgido de la gran recesión.
El Comité Europeo de Derechos Sociales ya ha resuelto la reclamación de UGT y se lo comunicó a las partes el 28 de marzo. Su contenido aún no es público —y no lo será hasta dentro de cuatro meses— pero ya se sabe que da la razón al sindicato. Las reacciones a la misma se sucedieron durante la semana pasada. El martes, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey —el 'número dos' de Yolanda Díaz en Trabajo— señaló que la reforma del despido se hace "imprescindible" a la luz de los acontecimientos. Su homólogo en Seguridad Social, Borja Suárez, fue preguntado por lo mismo y decidió guardar silencio.
Es importante recordar que PSOE y Sumar pactaron en su programa de coalición para esta legislatura cumplir con la Carta Social Europea en materia de despido. En concreto, se comprometen a "establecer garantías para las personas trabajadoras frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea y reforzando la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral".
Sin embargo, los dos partidos tuvieron sonadas discrepancias durante la legislatura pasada. Mientras Yolanda Díaz defendió en varias ocasiones que despedir en España sale barato, la ex vicepresidenta primera, Nadia Calviño, dijo que el Gobierno no había discutido una reforma y el exministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, manifestó sentirse cómodo con el modelo en vigor.
Empresarios, a la espera
Más allá de los sindicatos y el Gobierno, la tercera parte en discordia —los empresarios— está a la espera de que se conozca el texto de la resolución definitiva para dar su opinión. No obstante, fuentes de la patronal trasladan que las decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales no son vinculantes. Un punto con el que discrepan los sindicatos, que defienden que son de obligado cumplimiento.
La posición de la patronal sobre este asunto ya quedó reflejada en las alegaciones que presentó a las demandas de UGT y Comisiones en 2022. En ellas, los empresarios defienden que la indemnización por despido en España es más garantista que en la mayoría de países del entorno. Además, sostienen que el despido improcedente tiene una indemnización suficiente, adecuada y reparadora para el trabajador, a la vez que es disuasoria para las empresas. De igual modo, apuntan a que el derecho español permite que los jueces decida indemnizaciones complementarias en determinados casos superiores a los 33 días por año trabajado actuales.
¿Sale barato despedir en España?
En el panorama internacional, España tiene una legislación que es relativamente poco estricta en comparación con la de sus socios europeos. En el índice que elabora la OCDE, España es el cuarto país de la UE con legislación menos estricta en materia de despido improcedente. Solo, Irlanda, Dinamarca, Luxemburgo, Estonia y Lituania tienen una regulación. Sin embargo, la indemnización que cobran los trabajadores españoles que se ven en esta situación (33 días por año trabajado con un tope de 24 meses) es de las más elevadas de la UE, aunque está por debajo de las tres grandes economías del bloque (Italia, Francia y Alemania).
Los últimos datos disponibles de despidos en general reflejan que en España se despidió a 528.413 trabajadores en 2022, con una indemnización que en promedio se situó en 8.251 euros. Sin embargo, esa cifra engloba situaciones muy dispares. Para los menores de 24 años, la indemnización no llega a 800 euros de media. En cambio, para mayores de 55 alcanza los 19.366 euros.
Para los sindicatos, los datos muestran que el despido improcedente en España es barato. "El empresario elige si te quedas en la calle y sube un poco la indemnización o si te readmiten. Esta segunda opción de la readmisión se da entre ninguna vez y una vez cada milenio. En la práctica se habla de otra indemnización más alta", señala Raúl Olmos, adjunto a la secretaria de Acción Sindical de CCOO en conversación con 20minutos, sobre la utilización del despido improcedente. "Las empresas lo utilizan fundamentalmente sabiendo que tienen coste de risa", añade.
"El problema es que hay una tabla rasa en la que por poco dinero uno puede cometer cualquier tipo de ilegalidad, por grave que sea", reflexiona Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical en UGT. Luján reclama que la compensación debe reflejar la gravedad de la situación. "Una cosa es que haya habido una disputa, pero la causa es real. Otra cosa es que no sea suficiente y otra es que el despido sea caprichoso o viole de manera grave el ordenamiento jurídico", sostiene. Esta cuestión, agrega, "debería tener su consecuencia en la indemnización a efectos del carácter disuasorio".