El Gobierno incluyó un artículo en la Ley Bases para poder transferir obras de las empresas públicas que buscan ser privatizadas a las provincias. Según pudo saber TN, fue un pedido de algunos gobernadores sobre proyectos considerados de urgencia -como rutas, cloacas y cárceles- con alto grado de avance.
El detalle se encuentra en el artículo 7 del capítulo II, que propone: "Para proceder a la privatización de tales empresas y sociedades, se podrá considerar la transferencia a las provincias de contratos que se encuentren en ejecución".
Esto permitiría que los gobernadores utilicen sus cuentas o un esquema de Participación Público-Privado (PPP) para terminar el desarrollo de obras que comenzaron empresas públicas, como podría ser, por ejemplo, Corredores Viales y Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA).
Los mandatarios provinciales que harán un pedido al Gobierno son Maximiliano Pullaro (Santa Fe) e Ignacio Torres (Chubut), mientras que Leandro Zdero (Chaco) y Gustavo Sáenz (Salta) lo estarían analizando.
En el caso de Santa Fe, hay obras de vialidad bajo la mira, como el mantenimiento del tramo Rosario-Santa Fe y Crespo-Avellaneda de la ruta 11 y la recuperación de trayectos de la ruta 178. Barajan, además, proyectos como las defensas Los Amores y San Javier, junto con la readecuación del segundo tramo del canal línea Paraná y la finalización del acueducto Gran Rosario, junto con la planta potabilizadora de Santa Fe, que tiene deuda de $95.000.000.
Entra en la misma lista está el Centro Federal Penitenciario de Coronda, que avanzó solo un 25,68% y tiene un costo estimativo total de $4.107.517.550. El mandatario quiere que la cárcel sea cedida a la provincia y se utilice para presos de alto perfil, pero la intención del Gobierno es que continúe siendo federal.
Chubut tiene obras como la conservación del trayecto de Rawson de la ruta 3, que tiene un avance del 64,32% y un costo estimado de $1.079.096.778, y la reparación del trayecto entre Las Plumas y el Paso de los Indios de la ruta 25, que avanzó un 67% y cuesta $2.191.913.836.
Salta tiene proyectos como la repavimentación del trayecto que pasa por la ciudad Joaquín Gonzáles de la ruta 16, que se desarrolló en un 48,32% y tiene un presupuesto de $1.732.473.258, y la construcción de alcantarilla y pavimento del tramo entre Molinos y Vallecito de la ruta 40, que tiene un costo de $3.592.088.449 y avanzó un 71,07%.
La transferencia de la obra implica que la empresa esté sujeta a privatización. En caso de aprobarse la Ley Bases, el Gobierno deberá presentar ante la comisión bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones (creada por el artículo 14 de la Ley N° 23.696) un informe de situación de las empresas y el detalle de las formas bajo las que propone privatizarlas.
Según el artículo 13 del proyecto, la Auditoría General de la Nación deberá realizar un examen respecto del proceso de privatización de cada una de las empresas, evaluando el cumplimiento de los aspectos legales y financieros. El punto siguiente propone que la Sindicatura General de la Nación realice un informe integral sobre la empresa pública en cuestión, que contenga sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos.
El Ejecutivo apoya que los mandatarios se hagan cargo financieramente de las obras que crean de urgencia, pero sostiene que "los gobernadores de alguna forma siempre terminan pasando la cuenta". Es por eso que el ministro del Interior, Guillermo Francos, les ofreció terminar algunas obras que tiene el Ente Nacional De Obras Hídricas De Saneamiento (ENOHSA) con una parte de la recaudación del impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS).
Tras la salida de Guillermo Ferraro del exministerio de Infraestructura, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se quedó con las dependencias relacionadas con la Obra Pública, que quedó frenada desde que asumió Javier Milei.