La secretaria autonómica de Igualdad y Diversidad, Asunción Quinzá, ha lamentado que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no vaya a prorrogar, más allá de 2025, las ayudas para las personas desplazadas como consecuencia de la crisis migratoria provocada por la invasión de Ucrania, ya que el Ejecutivo central considera que son las administraciones locales y autonómicas las que deben asumir los gastos generados por la atención a estas personas. Según ha señalado la secretaria autonómica en un comunicado, la Generalitat, en "dos ocasiones", ha trasladado al Gobierno central "la situación de estas ayudas y la necesidad de mecanismos que permitan prorrogar la financiación y los fondos necesarios para atender a las beneficiarias y beneficiarios del régimen de protección temporal afectados por la guerra en Ucrania y que carecen de recursos económicos suficientes". Con más de 42.000 personas acogidas, la Comunitat Valenciana es la región del país que más población desplazada ha recibido desde que se inició este conflicto bélico. La secretaria autonómica ha recordado que la llegada masiva de desplazados por la guerra supuso el "desbordamiento" del sistema de acogida diseñado por el Gobierno de España, lo que provocó que tanto la Generalitat como las administraciones territoriales realizaran un "sobreesfuerzo económico, material y humano" para prestar asistencia a la población procedente de Ucrania. El objetivo, ha hecho hincapié Quinzá, "ha sido atenderles, desde el inicio, y evitar problemas de integración" poniendo a su disposición servicios públicos esenciales como la atención sanitaria, educación para la población infantil o asesoramiento en la búsqueda de empleo. AYUDAS DIRECTAS Y FINANCIACIÓN DE SERVICIOS En total, desde 2022, el Ejecutivo central ha destinado a la Comunitat Valenciana 20,4 millones de euros para financiar prestaciones económicas directas y para sufragar las actuaciones realizadas por las administraciones locales en beneficio de las personas desplazadas. Desde entonces, la Generalitat ha tramitado y abonado 8.907 ayudas y ha trabajado para incorporar al mercado laboral a muchos de los hombres y mujeres que huyeron del conflicto, "lo que ha reducido su dependencia de la asistencia social", ha afirmado la secretaria autonómica. Sin embargo, ha señalado, en estos momentos "existen más de 20.000 desplazados que siguen necesitando el apoyo y la asistencia de la administración", tanto en la búsqueda de empleo como en atención a sus necesidades básicas. Por ello, y ante el anuncio del Ejecutivo central de no prorrogar estas ayudas, el Consell ha expresado su "preocupación" y ha insistido en la "importancia" de "continuar asistiendo a las familias refugiadas que carecen de recursos económicos suficientes", sobre todo porque, a fecha de hoy, la guerra continúa y su regreso a Ucrania "no parece viable". El argumento del Gobierno de que deben ser los servicios sociales autonómicos y locales los encargados de dar respuesta a la situación y la alusión a las medidas de apoyo financiero que ya existen, como las rentas mínimas de inserción de las comunidades autónomas y el Ingreso Mínimo Vital, "choca de lleno con la infrafinanciación a la que tiene sometida a la Comunitat que, en este caso, dificulta hacer frente a las ayudas de personas vulnerables que han tenido que huir de la invasión de su país", ha indicado Quinzá. Pese a eso, ha asegurado que seguirán en contacto permanente con los refugiados y refugiadas y con el cuerpo consular acreditado en la Comunitat "para conocer sus necesidades, inquietudes y preocupaciones, y trabajar de manera conjunta para continuar brindando asistencia a las familias acogidas en la región", ha avanzado.