Amparándose en un fallo del Tribunal Constitucional (TC), de febrero de 2023, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó incorporar a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a los titulares de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) en los alcances del artículo 99 de la Constitución, de tal forma que sean pasibles de antejuicio y juicio político.
Dieciséis votos de ocho bancadas —Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Avanza País, Acción Popular, Podemos Perú, Somos Perú y Unidad y Diálogo— dieron luz verde al dictamen que está pendiente aún de aprobación en el Pleno donde, por tratarse de una reforma a la Carta Magna, deberá ser votado en dos legislaturas ordinarias consecutivas.
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Hubo cinco abstenciones y otros cuatro votos en contra, entre ellos el de Diana Gonzales de Avanza País, quien advirtió que la medida pone en riesgo la imparcialidad en los procesos electorales toda vez que los parlamentarios, que representan a partidos políticos, tendrán en sus manos la posibilidad de acusar o no a los representantes del Sistema Electoral.
El congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular, por su parte, señaló que la decisión está respaldada por tres sentencias del TC. "Se trata de funcionarios públicos de la mayor importancia en un Estado de derecho, cuya labor es garantizar que el escrutinio sea reflejo de la voluntad popular", subrayó.
Dato
El Pleno del JNE se pronunció en contra de la norma porque "resultaría contraria a los principios de un Estado de derecho, separación de poderes, independencia e imparcialidad".