En los últimos años, el mundo educativo ha vuelto a focalizarse en políticas de alfabetización inicial que aseguren la adquisición de habilidades para la lectoescritura y funciones aritméticas básicas en los primeros años de escolaridad.
Este énfasis ha sido particularmente fuerte a partir de los retrocesos en los desempeños de los estudiantes en el marco del COVID-19.
En Argentina, estas políticas han proliferado en múltiples provincias, con el apoyo de distintas organizaciones, algunas de las cuales han tomado esta iniciativa como bandera.
Para medir su éxito y tomar aprendizajes a futuro, también se aplicaron evaluaciones con el apoyo del sector privado, ONGs y científicos del CONICET.
Académicos y políticos de todo el espectro vienen apoyando esta iniciativa, en buena medida partiendo de un diagnóstico común: la mitad de los estudiantes termina el secundario sin comprender lo que lee, como emerge de Aprender.
En esta línea, en la última reunión del Consejo Federal de Educación (8 y 9 de febrero), se propuso la creación de un Plan Estratégico de Alfabetización Inicial, una prioridad que el secretario de educación, Dr. Carlos Torrendel, ya había planteado al inicio de su gestión.
Sin embargo, la cuestión de base es: si el diagnóstico es que el grupo de estudiantes que llega al final del secundario no comprende lo que lee, ¿por qué la alfabetización inicial es la mejor estrategia posible? ¿Qué dice la evidencia sobre ello? ¿Cuál es el impacto de otras políticas vis-a-vis "volver a lo esencial"?
La insistencia en los enfoques de alfabetización inicial no es casual; la evidencia más rigurosa en los últimos años (impulsada por el éxito de algunos programas que priorizaron la focalización pedagógica en la lectura, escritura y operaciones matemáticas de los niños más pequeños con un enfoque particular en contextos de pobreza) ha demostrado el potencial para que grupos alfabetizados desde temprano puedan luego beneficiarse de otras políticas.
Para dar un ejemplo de "desaprovechamiento" de políticas, las investigaciones tradicionalmente han demostrado que la tenencia de libros de texto está asociada a mayores niveles de lectura. Sin embargo, se ha mostrado el fracaso de una política de libros en escuelas donde se los mantiene guardados en vez de distribuirlos a los estudiantes, presumiblemente porque éstos no pueden leerlos.
Muchas veces los esfuerzos de digitalización, por ejemplo, no son aprovechadospor parte de los estudiantes a partir de sus dificultades en habilidades de comunicación y cálculo.
¿Esto quiere decir que no sirve invertir en libros, computadoras, escolarización superior? Por supuesto que no. Pero hay tres razones que favorecen priorizar las políticas de alfabetización inicialen este momento en el país:
-hay evidencia internacional robusta sobre sus ventajas; si bien no es posible recomendar un método para cada contexto, el principio estructurante pareciera ser el mismo en buena parte del mundo en desarrollo
- el consenso internacional parece apoyar la implementación de estas políticas, a partir del costo-beneficio que reportan
- no menor (o, dígase, fundamental), en el país hay consenso de su prioridad entre sectores políticos de diferente origen, sector privado, academia y ONGs.
Ahora bien, no hay política de alfabetización posible ―no hay política educativa posible― sin docentes bien formados y bien recompensados por su tarea, en condiciones de trabajo dignas que además potencialmente les permitan ser efectivos, como también señala la evidencia desde mucho antes.
En este sentido, la eliminación repentina del FONID y, sobre todo, la ausencia de alternativas que lo compensen, atenta contra la posibilidad de creer en la eficacia de cualquier plan de alfabetización. Dentro de lo que sucede en una escuela, es la calidad de la docencia, afectada por su formación y condiciones de contratación, lo que más incide en los resultados de los estudiantes.
A pesar del contexto sombrío que acompaña al presente, y sin marginar otras políticas que también son importantes ―en particular de protección social―, haber acordado nacionalmente sobre la necesidad de implementar una política fundamental no es poco.
Revertir cuanto antes la calamitosa situación en que dejamos a nuestra infancia y adolescencia no puede requerir menos. Ojalá que la asignación de recursos a la formación de los docentes, así como a sus salarios, esté a la altura del plan de alfabetización que el país necesita.