En los días recientes los mexicanos hemos sido testigos de la ligereza con la que legisladores han tomado decisiones en el país con el fin de beneficiar a una u otra fuerza política de cara al próximo proceso electoral, a celebrarse el 2 de junio.
En primer lugar, tenemos la decisión del Senado de la República en la postergación de nombrar a los miembros faltantes del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación y sus salas regionales y locales. La labor de dichos magistrados es de vital importancia, ya que en ellos recae la responsabilidad de dar legitimidad al sistema democrático y que los resultados en los comicios electorales se ajusten a lo establecido en nuestra Constitución.
Al momento faltan de nombrar 44 cargos; dos magistraturas de la Sala Superior, seis regionales federales y treinta y seis magistraturas electorales. El Tribunal Electoral es la autoridad especializada a nivel local y federal para impartir justicia electoral y proteger los derechos de la ciudadanía.
Es importante señalar que desde hace muchos años en nuestro estado el Tribunal Electoral de Veracruz ha resuelto las impugnaciones y controversias electorales, por ejemplo, aquella en 2004 en la que el priista Fidel Herrera Beltrán resultó ganador, legitimando su triunfo, o en algunas otras municipales donde ha ordenado la repetición de los comicios o ha fallado a favor de uno u otro candidato, como por ejemplo en Alvarado y Emiliano Zapata, ante las inconsistencias en los procesos electorales.
En materia de leyes de amparo, las últimas reformas violan los principios de nuestra Constitución poniendo en riesgo los derechos de los ciudadanos. El juicio de amparo es un recurso legal que permite que las personas puedan impugnar actos administrativos y sentencias judiciales que puedan vulnerar sus derechos fundamentales, al limitar la posibilidad para que se otorgue por medio de un juez una suspensión provisional o definitiva en los juicios de amparo; dicha herramienta ha sido vital para proteger los derechos de los ciudadanos en nuestro país, en casos de violaciones graves, libertad de expresión y discriminación.
Desde Coparmex exigimos a nuestros legisladores cumplir con las normas constitucionales, que han fortalecido nuestro sistema democrático, la legitimidad de los gobiernos, la participación de la ciudadanía en los procesos electorales y el resguardo de las garantías que nuestra constitución nos otorga como mexicanos.
*Presidente Coparmex-Xalapa