Todos hemos contemplado, y seguimos haciéndolo, las tractoradas de los agricultores en España y en otros países europeos. Quizá ahora somos todos más conscientes que las verduras y frutas en la mesa, las viandas y el pescado no aparecen por arte de ensalmo, sino que provienen de un trabajo muy duro e imprescindible de personas, los agricultores, que son insustituibles para mantener la llamada cadena alimentaria de la que, por desgracia, no son los más beneficiados pese a ser los que crean con su esfuerzo diario los productos de la alimentación humana. Por supuesto, no olvidemos a la gente de mar.
Dicho eso, pues obligado es reconocer el esfuerzo de todos aquellos que nos procuran el sustento preciso para la vida diaria, conviene señalar que, desde el plano de lo internacional, es la FAO la organización dependiente de las Naciones Unidas la encargada de gestionar, en la medida de lo posible, unas reglas básicas sobre la agricultura a nivel mundial. Intenta cumplir una misión tan esencial como lo es la consistente en resolver los problemas de la alimentación. Sus funciones constitucionales son amplias: información; promoción de la acción en el campo de la investigación, de la educación, de la conservación de fuentes naturales, de la producción y la distribución, del crédito y de los productos básicos; asistencia técnica y de «Knowhow». Pero con referencia, por supuesto, al campo de la agricultura, la nutrición y la alimentación.
En una época de globalización de casi todos los sectores, en los que nos ha tocado vivir con las amenazas de sequías duraderas, cambios climáticos duraderos o temporales, la imprescindible necesidad del agua con reducción del abastecimiento del precioso líquido, se deben tratar de resolver los problemas de una creciente contaminación, la posibilidad de causar lluvias artificiales, traer témpanos desde las regiones polares o destilar el agua de los océanos. Ocasionalmente, se habla de las guerras por el agua. Debe tenerse en cuenta que, según estimaciones del año 2000, más del 60% de la producción agrícola mundial corresponde a una agricultura que depende exclusivamente del régimen de lluvias y utiliza el agua precipitada antes de que ésta se concentre en zonas superficiales o subterráneas. Ello supone un alto grado de aleatoriedad en la viabilidad de las producciones agrícolas y aun de las ganaderas. No digamos si es preciso acudir al riego o a la extracción subterránea, siempre que ello sea posible. La proliferación del plástico y del goteo en los cultivos es otro medio de racionalizar el uso del agua.
Como nuevas direcciones en la agricultura y piscicultura marina, los estudios del Banco Mundial indican que la acuicultura marina de algas marinas y moluscos en un área equivalente al 5% de las aguas territoriales de USA puede producir una cantidad de proteínas equivalente a 2,3 billones de hamburguesas y obtener un volumen de carbono igual al producido por 20 millones de coches. Y que el cultivo de menos del 10% de los océanos podría absorber todo el carbono producido en un año a escala mundial y producir suficiente biocombustible para suministrar energía a todo el mundo. Desde luego, como se dice vulgarmente, estos datos merecen una pensada.
En la Unión Europea se aplica una Política Agraria Común, la denominada PAC en acrónimo muy conocido, que, en el caso de España, tiene peculiaridades para Canarias como Región ultra pirenaica que es y se caracteriza porque se aplica una política específica de protección a las producciones agrícolas locales, además de no aplicarse allí la tasa láctea o las ayudas de pago único. Esa especificidad la aplica en exclusiva la Comunidad Autónoma Canaria, gestionando los fondos FEOGA y de la UE, sin perjuicio de las facultades del control de la Hacienda Pública y de coordinación en materia financiera del Estado.
Por lo demás, entre otros extremos de interés, la UE dispone de un importante acervo normativo derivado referido al control, etiquetado y restricción del cultivo de los organismos modificados genéticamente, de los llamados transgénicos (sobre todo, maíz destinado a la alimentación animal en España), así como de la denominada producción ecológica y de la convencional o tradicional, pero no de su convivencia o de la evitación de la contaminación de unos a otros (salvedad hecha de un Reglamento parcial de 2018).
Los productos hortofrutícolas (frutas, hortalizas y productos de la agricultura mediterránea) gozan de una protección inferior en la PAC a la concedida a los sectores de los cereales y a la ganadería vacuna, lo que hace que los agricultores europeos, sobre todo los españoles, no vean con buenos ojos la entrada en la UE de productos similares de terceros Estados. España colabora habitualmente con la FAO por medio de un Acuerdo Marco del año 2004, habiendo dado lugar a diversos desarrollos tales como el Simposio sobre el uso de aguas no convencionales para lograr la seguridad alimentaria celebrado en Madrid en 2019.
José Manuel Suárez Robledanoes magistrado y profesor de Derecho Internacional.
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