En proyectos separados, legisladores radicales ingresaron proyectos en los que plantearon quejas en el funcionamiento del Ente Regulador de los Servicios Públicos (Ersep), con pedidos para que se lleven adelante las audiencias públicas.
El bloque Construyendo Córdoba, integrado por los legisladores radicales Sebastián Peralta y Dante Rossi, ingresaron un proyecto en el que plantearon "la intervención" del Ersep por 60 días "dejando a salvo la representación de los partidos políticos, atento su carácter de sujetos de derecho público, y al director elegido por la Asociación de Usuarios".
El pedido de los legisladores opositores es establecer como interventora de este organismo a la presidenta de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos de la Unicameral, la parlamentaria oficialista Ileana Quaglino, quien aseguraron que puede cumplir su función "sin percibir ningún tipo de retribución económica".
Para esto, establecieron en el mismo proyecto que la interventora tendrá las facultades de gobierno y administración del Ente, establecida por la ley 8.835, junto a los otros directores, a los efectos de realizar una auditoría, junto con una revisión técnica, jurídica y económica que "evalúe el cumplimiento por parte del organismo... de la razonabilidad y legalidad de los estudios técnicos que avalaron el 314% de aumento anual de la boleta de Aguas Cordobesas".
También hicieron mención a la suspensión de las audiencias públicas previas a los aumentos tarifarios y de la necesidad de trabajar sobre estudios técnicos, principalmente, en el transporte interurbano. Entre otros puntos, establecieron en el proyecto la suspensión en sus funciones de los tres miembros del directorio del Ersep desde el momento mismo de la intervención.
"Frente a todas estas irregularidades, presentamos esta iniciativa buscando que se intervenga el organismo por el lapso de 60 días a los efectos de que se corrijan las cuestiones mencionadas, y el Ersep vuelva a cumplir con el rol por el que fuera creado mediante la Carta del Ciudadano, que era el de defender a los usuarios de servicios públicos frente a posibles abusos de parte de las empresas prestatarias", expresaron los legisladores.
Por su parte, la legisladora radical Ariela Szpanin solicitó la restitución del mecanismo de audiencia pública para el funcionamiento del proceso tarifario.
"Esto es un atropello a los derechos de los ciudadanos porque no pueden ser escuchados. Córdoba cuenta con las tarifas más caras del país, y ante esta situación los cordobeses se ven perjudicados. Por eso solicitamos que vuelvan las audiencias públicas", expresó la integrante del interbloque de Juntos por el Cambio.