La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ratifica en una sentencia del pasado día 15 que el ayuntamiento se tendrá que hacer cargo del mantenimiento de la urbanización del sector uno de la Sierrilla. Frente a los argumentos de la entidad municipal contrarios a asumir este coste, el tribunal recurre a un hecho que califica de "determinante": el acuerdo, de diciembre de 1997, del ayuntamiento de recepción de las obras de urbanización con la cesión de viales, zonas verdes, servicios y parcelas patrimoniales.
La junta local de gobierno del ayuntamiento conoció este viernes el contenido de la sentencia. Al término de su reunión, el portavoz del gobierno local, Ángel Orgaz, aseguró que no se presentará recurso al Tribunal Supremo y que por parte de los servicios jurídicos y técnicos del consistorio se valorará a partir de ahora en qué condiciones se hace la recepción definitiva de la urbanización.
En su sentencia, el TSJEx rebate los argumentos del ayuntamiento y da la razón a las argumentaciones de la entidad de conservación del sector uno de la Sierrilla, que con la firmeza de la resolución judicial se podrá disolver, pasando la responsabilidad del mantenimiento al ayuntamiento.
El tribunal fundamenta en primer lugar que el sector uno de la Sierrilla está en suelo urbano y que "por tanto una calificación así no se otorga a unidades aisladas y fuera de la malla urbana" y añade que es "palmaria la conexión incluso por transporte público". Son argumentos en los que insiste el tribunal para concluir que es un sector que está dentro de la trama urbana.
Sobre las infraestructuras, suministros y canalizaciones, el tribunal asegura que del examen de los planos y los informes se deduce "con toda claridad la existencia de estos sin particularidades con los de otras zonas a las que también sirven, aludir -por parte del ayuntamiento- al tipo de material de canalización es algo intrascendente".
Hay otro motivo que da el tribunal cuando asegura que el ayuntamiento, "de acuerdo con sus propios actos" en 2018, entiende que el sector uno de la Sierrilla "se trata de una urbanización no privada, sino municipal", pese a que se continuara gestionando por la entidad de conservación.
El sector uno de la Sierrilla se desarrolló cuando estaba en vigor el Plan General de Ordenación Urbana del año 1985. Su plan parcial se aprobó un año después y los estatutos de su junta de conservación se ratificaron en 2001. Por los mismos se establecía que el fin de la entidad, a cuya incorporación están obligados todos los propietarios de parcelas de uso residencial, es la conservación de la urbanización y el mantenimiento de las instalaciones y dotaciones de los servicios públicos, pagando para ello las cuotas que se fijen. En el mencionado plan parcial, los propietarios, con el fin de colaborar con el ayuntamiento, se comprometían a la formación de una entidad urbanística colaboradora.
Pero en septiembre de 2022, la entidad de conservación presentó un escrito en el ayuntamiento para su disolución. Al final se terminó en la vía judicial ante la negativa del ayuntamiento. El juzgado concluyó que es la entidad municipal la que se tiene que hacer cargo de los costes de la urbanización. Ahora el tribunal ratifica esa consideración en su sentencia del pasado día 15.
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