El asesinato de menores a manos de su progenitor como forma de infligir al otro el daño más extremo y cruel posible se está repitiendo con una frecuencia muy preocupante. Tan execrable acto suele ir seguido del suicidio del autor como demostración palpable de la inmensa cobardía de quien es capaz de acabar con la vida que ha engendrado. Las víctimas no son solo los menores fallecidos, también la madre que sobrevive pero realmente muerta en vida y en la que vamos a centrar estas líneas. Resulta aterrador pensar en la situación emocional en que queda pero también puede serlo pensar en su situación jurídica, especialmente si asesino y víctima de violencia vicaria tenían una vivienda (u otros bienes) en común.
Al tratarse de parejas jóvenes no es extraño que tengan una vivienda en común y que el crimen venga precedido de una separación de la pareja o matrimonio. Este escenario es el cóctel perfecto para aumentar, si cabe, el sufrimiento, y es la tormenta perfecta para añadir dolor a quien ha padecido lo peor que le puede ocurrir a una persona.
Si la pareja tenía el testamento más frecuente (del uno para el otro y en caso de faltar ambos se reparte la herencia entre los hijos) éste habrá quedado sin contenido. La separación habría dejado sin efecto las disposiciones recíprocas entre ellos y no habría hijos por haber sido asesinados. En ese caso se abriría la sucesión intestada por ser el testamento ineficaz y resultarían ser los herederos de la mitad del piso los padres del asesino u otros de sus parientes (hermanos, tíos, sobrinos).
Si la pareja no tenía testamento se abre directamente la sucesión intestada con el mismo efecto: la mitad de la vivienda la heredarán los familiares del agresor.
Esta consecuencia legal, realmente no pensada ni prevista por el legislador para estos penosos casos, va a comportar que la víctima sobreviviente tenga que relacionarse y ponerse de acuerdo con los familiares del causante de la tragedia. Por muy racionales y empáticos que sean estos esa cotitularidad va a generar una tensión añadida y una dificultad adicional a la ya de por sí complicada y casi imposible recuperación psicológica. La víctima va a depender para todas sus decisiones sobre su vivienda habitual de la generosidad o mezquindad de esas personas.
Haber vivido esta situación muy de cerca en mi vida profesional me ha llevado a escribir este texto y a hacer públicamente una propuesta.
Evidentemente lo más importante es dictar normas y poner todos los recursos posibles para evitar que este tipo de violencia de género, como cualquier otra, exista. Pero también es necesario regular y solucionar estos problemas aparentemente menores pero que no lo son tanto.
Por ello considero imprescindible una reforma legal que establezca que en los casos expuestos los bienes de que sean cotitulares ambos progenitores sean heredados por la víctima, por ministerio de la ley, y ello siempre que el Juzgado de Violencia de Género competente declare (en el momento procesal que se determine) que nos hallamos ante un caso de violencia vicaria.
Legislación estatal y legislaciones de comunidades autónomas con competencia en derecho sucesorio deberían acometer lo antes posible estas modificaciones legales que, evidentemente, no van a ser la solución de este gravísimo problema pero va a suponer una expresión de apoyo y ayuda a quien ha perdido tan cruelmente a sus seres más queridos, sus hijos.
Ojalá se haga para no aplicarlo nunca.