Las Palmas de Gran Canaria
Sábado, 13 de abril 2024, 22:55
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Tras un largo proceso, la Justicia dio la razón a seis promotores de las islas que se consideraban perjudicados por la moratoria turística de 2009. El resultado son 36 expedientes «cada uno con su sentencia» que sirven de base para reclamar al Gobierno de Canarias más de 700 millones por no poder desarrollar suelos de su propiedad.
La comunidad autónoma no ha cuantificado aún el valor de estas compensaciones. Cuando lo haga, se abrirá un proceso de negociación con las empresas que podría acabar, nuevamente, en los juzgados.
Las parcelas que se encuentran afectadas por la Ley de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo están localizadas en Gran Canaria -15 en San Bartolomé de Tirajana (fundamentalmente en Meloneras) y cuatro en Mogán-; Fuerteventura -15 en Pájara-; y uno en el municipio lanzaroteño de Yaiza.
Estos pleitos llegaron a las más altas instancias judiciales y finalmente la comunidad autónoma ha tenido que ejecutar estas 36 sentencias vía decreto, aunque aún queda por resolver la «valoración del daño» y, por tanto, poner cifras a la indemnización.
El director general de Ordenación del Territorio, Onán Cruz, detalla que los fallos judiciales obligan a la modificación del planeamiento para cambiar la categoría del suelo de esas 36 parcelas afectadas por sentencia.
En ejecución de las sentencias, el Gobierno publicó los correspondientes decretos que incluyen que los ayuntamientos deben proceder, en el plazo de seis meses, a un cambio en sus planeamientos para modificar los usos previstos y reclasificarlos como suelo rústico o sería asumido por la comunidad autónoma.
Recogía además que cuando acabara este proceso, algunas parcelas podrían ser expropiadas, una circunstancia que no se contempla.
Explica el director general al respecto que, después de mandar notificación a los cuatro municipios afectados, estos argumentaron que no tenían medios para llevar a cabo la necesaria modificación del planeamiento, por lo que, en cumplimiento de la sentencia, la está tramitando la comunidad autónoma.
De momento, se han publicado los procedimientos ambientales previos para reclasificar los espacios. En paralelo, y después de haber recibido todas las peticiones de indemnización la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas está realizando las valoraciones «y cuando estén finalizadas, tendremos que sentarnos a negociar para intentar llegar a acuerdos con los promotores».
Esta cuantificación «en algunos casos difiere mucho de las peticiones de los promotores, mientras que en otros se acercan bastante», señala Cruz, quien agrega que, una vez que estén todos los expedientes valorados, la intención es agruparlas por promotores e intentar acuerdos «lo más beneficiosos posible para la comunidad autónoma».
En cualquier caso, da por hecho que no será se podrá cerrar la negociación con todos y «seguramente tendrán que ser los jueces los que determinen su importe». La intención del departamento que dirige Manuel Miranda es «llegar a acuerdos con todos para liquidar este asunto cuanto antes».
Los argumentos expresados por los promotores para reclamar ante la moratoria es basicamente el lucro cesante por no poder desarrollar su actividad en este tiempo «y atendiendo además al valor del suelo, porque difiere mucho según la zona en la que se encuentre».
Puntualiza Cruz que esta valoración «uno a uno» es muy complejos y «respaldado siempre por informes técnicos que avalen bien la posición del Gobierno».
Frente a los más de 700 millones que las empresas reclaman al Gobierno de Canarias por los perjuicios ocasionados por la moratoria, la provisión para afrontar estas reclamaciones ascienden a 468 millones.
Esta cuantía, que permanece igual desde el año 2021, que supone el 68% de la compensación solicitada. La cantidad que 'guarda' la comunidad autónoma con este objetivo es parte de la partida para contingencias que se puedan presentar a lo largo de un ejercicio.
En este sentido, el director general de Ordenación Territorial, Onán Cruz, señala que, si no se llegara a acuerdo y los promotores recurrieran nuevamente a los tribunales, «la primera sentencia es la que abre camino».
En su opinión, «una vez que un juez haya dictaminado una referencia, el resto caerá por su propio peso». Es decir que, si la Justicia da la razón al sistema de valoración del Gobierno, el resto estará avalado por este fallo. «Si no, habrá que buscar financiación, buscar pagos diferidos o llegar a acuerdos para que la afección de la comunidad autónoma sea la menor posible».
En su informe de fiscalización de 2020, la Audiencia de Cuentas ya detalló que no existía ninguna provisión con este objetivo, por lo que se incluyó una cantidad al año siguiente.
En la anterior legislatura, la Consejería de Transición Ecológica había incorporado más de 856 millones en provisión para hacer frente a las reclamaciones por los suelos afectados por la moratora.
Esta cuantía fue rectificada a la baja tras considerar los servicios jurídicos que se habían incorporado partidas que no debieron ser incluidas, sobre todo en parcelas que afectan a parcelas de Gran Canaria y Fuerteventura, donde se encuentra la practica totalidad de los suelos.
Toda vez que aún no hay indemnizaciones exigidas por los tribunales, la administración hizo una estimación «fiable» de estos 468 millones .
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