El más reciente informe del ODH-ULA, titulado Impunidad ante graves violaciones de derechos humanos con especial referencia a la región andina de Venezuela, documenta casos de asesinatos registrados durante las protestas sociales de 2014 y 2017 y la impunidad que existe aún cuando ya pasaron 10 años.
El informe señala que solo en el contexto de protestas sociales antigubernamentales, el ODH-ULA registró ocho asesinatos en 2014 en la región andina del país. En 2017, la cifra ascendió a 31. Dos años después, en 2019, al menos 11 personas perdieron la vida a manos de funcionarios de la fuerza pública en el estado Mérida.
El informe del ODH-ULA afirma que desde al menos 2014, Venezuela padece un desfavorable escenario en el que se violan masivamente los derechos humanos, directa o indirectamente, bajo la impunidad y una erosión considerable del espacio cívico y democrático.
«Se documenta que al menos 12.320 personas consideradas como opositoras, o como amenazas para el Gobierno, fueron detenidas arbitrariamente entre enero de 2014 y abril de 2018 y que más de 7.000 fueron liberadas, pero bajo la condición de acatar una serie de medidas que restringían sus libertades», precisa el informe.
En cuanto a detenciones arbitrarias, el ODH-ULA ha documentado y asistido legalmente a víctimas de este crimen en Mérida, quienes también padecieron torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes.
La discriminación y persecución por motivos políticos también ocurrió en la región y sobre esto, la investigación resalta que entre agosto y noviembre de 2017, el fiscal impuesto por la Constituyente, Tarek William Saab, destituyó a 25 fiscales de Mérida que no estaban de acuerdo con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.
Finalmente, el ODH-ULA resaltó la importancia de la investigación que realiza la Corte Penal Internacional en Venezuela, debido a que el informe demuestra que «el Estado venezolano no tiene genuino interés ni capacidad estructural para investigar por su cuenta los presuntos crímenes de lesa humanidad que se han cometido en el país, la mayoría de ellos a manos de funcionarios que siguen ocupando cargos en la administración pública del país».