Aragón cree que Sánchez busca "enmascarar" los casos de corrupción con la ley de Memoria
La portavoz de la DGA, Mar Vaquero, reitera que la derogación aprobada en el Parlamento aragonés fue "jurídicamente intachable".
Para el Gobierno de Aragón, la ofensiva del presidente de España, Pedro Sánchez, contra la derogación de la ley de Memoria Democrática en la Comunidad responde a una campaña para "tapar otros problemas", como los casos de corrupción o la aprobación de la amnistía.
Así lo ha manifestado este jueves la portavoz de la DGA, Mar Vaquero, tras conocer que el Ejecutivo central va a denunciar la eliminación de esta normativa por parte de PP y Vox en instancias internacionales como la ONU y la UE. Según la Moncloa, la derogación de la ley autonómica vulnera principios universales como los derechos humanos.
El Gobierno de Aragón rechaza estas acusaciones y defiende que la derogación de la ley fue "jurídicamente intachable" y que "cuenta con todos los avales de los servicios jurídicos", ha expresado Vaquero desde Madrid, donde ha participado en una reunión sectorial en el Ministerio de Trabajo.
Para la portavoz de la DGA, el anuncio de la Moncloa "es un intento más del Gobierno de generar discrepancias con las comunidades autónomas". Para Vaquero, primero el ministro de Memoria, Ángel Víctor Torres, y ahora el propio presidente Sánchez aplican una "política de confrontación permanente con la finalidad de enmascarar otro tipo de problemas más importantes para los españoles y para el Gobierno".
En concreto, la consejera del PP se ha referido a "los casos de corrupción que vamos conociendo, la aprobación de la ley de amnistía o la falta de presupuestos". "Tratan de tapar generando fractura y confrontación con las comunidades", ha remarcado.
Mientras, el Ministerio prepara el recurso que presentará a la DGA por la derogación de la ley, que abrirá un plazo máximo de seis meses para que las partes negocien un acuerdo, aunque Vaquero ya advirtió hace unos días que no se sentarán a la mesa. En ese caso, el Gobierno central acudirá al Tribunal Constitucional.