Casi ocho meses después de que Luis Rubiales presentara su dimisión, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tiene de nuevo un presidente legítimo y con plenos poderes. Como se preveía desde el momento del cese de su antecesor, Pedro Rocha es el nuevo presidente de la Federación. La comisión electoral del organismo ha hecho oficial este viernes su nombramiento, después de que varios recursos hayan ido retrasando su proclamación.
Rocha era el único candidato que había reunido los avales necesarios para aspirar a la presidencia. De este modo, la asamblea no ha tenido que votar, sino que su designación se ha producido de manera automática una vez cerrado el plazo para la recogida de esos avales y estudiados y rechazados los recursos e impugnaciones al respecto.
El extremeño asume un cargo que puede ocupar durante cerca de medio año, hasta que se celebren las elecciones propias del ciclo olímpico 2024-28, que elegirán una nueva asamblea, que a su vez designará a un presidente para un mandato completo de cuatro años. Mientras tanto, Rocha tiene la potestad de nombrar una junta directiva y actuar con plenos poderes al frente de la RFEF. La comisión gestora que ha gobernado transitoriamente el organismo durante los últimos meses, cesa definitivamente en sus funciones.
Hasta aquí, las certezas. A partir de ahora, las muchas incertidumbres. Porque Rocha cuenta con dos amenazas inminentes, y otra más a medio plazo, para su permanencia en la presidencia. Está pendiente un recurso de Miguel Galán ante el TAD por la composición del censo electoral, que a juicio de la comisión electoral no debía congelar la proclamación de Rocha. Este recurso, dadas las decisiones previas del propio TAD, tiene pocos visos de prosperar.
La siguiente amenaza para Rocha es la reunión que celebrará el martes la comisión directiva del CSD. En ella, el Gobierno tiene la potestad de suspenderle provisionalmente por el expediente que le ha abierto el TAD por haberse extralimitado, presuntamente, en sus funciones como presidente de la gestora federativa.
La tercera amenaza es precisamente ese expediente del TAD, que podría derivar en las próximas semanas en la inhabilitación de Rocha, si el tribunal estimara que en efecto cometió una o varias infracciones muy graves al tomar decisiones para las que no tenía potestad. Sin incidencia para su cargo, al menos de momento, Rocha también está imputado en el caso que investiga la presunta corrupción en la RFEF cuando Rubiales era presidente y él ejercía de vicepresidente económico.
En este sentido, sí queda por saber cómo argumentará Rocha la procedencia de su propia continuidad en el cargo, después de que él mismo tomara la decisión de apartar a los empleados de la RFEF José Javier Jiménez y Pedro González Segura y rescindir el contrato con el despacho de Tomás González Cueto, después de que los tres fueran imputados en ese mismo caso por la jueza Delia Rodrigo.
Y todo esto a expensas de cómo desarrolle el Gobierno esa extraña "comisión de supervisión, normalización y representación" cuya creación ha anunciado para ejercer la "tutela" de la RFEF en los próximos meses, asumiendo que Rocha sería hoy proclamado como presidente.
El deseo, indisimulado pero no expresado abiertamente, del Gobierno sería que Rocha convocara elecciones y dimitiera antes del próximo martes, lanzando el nuevo proceso electoral para después de los Juegos Olímpicos y delegando de nuevo el poder en una junta gestora. Pero es Rocha el único que tiene autoridad para decidir cuáles serán sus próximos pasos al frente de la RFEF.
De fondo, la postura que puedan adoptar tanto la FIFA como la UEFA. Ambas partes, Gobierno y Federación, aseguran contar con el apoyo de las federaciones internacionales (en especial de la primera de ellas, la que rige el fútbol a nivel mundial) para los planes que han trazado para el futuro inmediato de la RFEF. Los mensajes oficiales de la FIFA y la UEFA son, por ahora, los suficientemente ambiguos como para que quepan, de manera más o menos forzada, ambas interpretaciones.
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