El conflicto universitario ya está en marcha y, en los últimos días, la disputa no hizo más que crecer. Para este martes se espera una movilización multitudinaria en la Capital -y el resto de país- y nadie tiene claro aún cómo seguirá el asunto. Ahora, ¿cómo se llegó a tanto? ¿Impericia del Gobierno para la negociación? ¿Diferencias políticas insalvables?
En realidad, las que parecen insalvables son las diferencias económicas, entre lo que el Estado nacional decidió invertir en las universidades nacionales este año y lo que el sistema venía recibiendo hasta ahora.
El jueves de la semana pasada el Gobierno hizo un último intento por frenar la pelea, o al menos desactivarla en parte. Anunció un aumento adicional en gastos de funcionamiento y una partida extraordinarias para los hospitales, que concretó recién este lunes por la noche.
Pero el aumento depositado ($ 21.888 millones) representa solo el 3,4% del presupuesto, que hoy es $1,42 billones y con el cambio se va a $ 1,46 billones.
En términos reales, y de no mediar ampliaciones adicionales, el ajuste será de más de 70% en el año respecto de 2023, según cálculos que hizo el economista Javier Curcio para Clarín.
Esto es así porque el Gobierno anunció las ampliaciones solo en dos áreas del presupuesto universitario que tienen muy poco peso respecto del total: 70% prometido en gastos de funcionamiento (ya habían dado una suba de 70% en marzo), más una partida de $11.800 millones para algunos hospitales universitarios.
Estas dos áreas representan cerca del 5% del total de los fondos previstos para el sistema universitario por la Secretaría de Educación nacional.
El diálogo entre esa secretaría y los rectores de las 57 universidades nacionales, agrupados Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) -que alterna su conducción, año tras año, entre rectores peronistas y radicales -nunca se detuvo estos meses.
Así y todo, cuando el jueves el Gobierno anunció el aumento, las autoridades universitarias ni siquiera estaban enteradas. Solo se ajustaron a decir que, para los gastos de funcionamiento, esperaban el doble de lo anunciado.
El huevo de la serpiente
El origen del conflicto universitario se encuentra en la prórroga del Presupuesto de 2023 a 2024, un aplazamiento que fue acordado entre los entonces candidatos a presidentes Javier Milei y Sergio Massa en septiembre del año pasado, cuando tenía que haberse tratado la nueva ley de Presupuesto.
Como consecuencia de la prórroga, ahora el sistema universitario tiene asignado el mismo dinero nominal (crédito vigente) que el año pasado. Pero como la inflación fue de 211,4% en todo 2023, más un 51,6% acumulado a marzo de 2024, la caída presupuestaria del crédito vigente, en términos reales, asciende a 72,4%.
Lo que está haciendo el Gobierno es ir ampliando las partidas cada tanto y en forma discrecional. El panorama parece sombrío si se mira hacia adelante, lo que resta del año. Es que si bien los salarios del sector se ajustaron muy por debajo de la inflación: 37,1% desde diciembre frente a una inflación acumulada de 93,3%, al haber aumentado en forma nominal el sistema está consumiendo de más su crédito vigente y -si no hubiera ampliaciones- no habrá más dinero para pagar salarios.
"La estrategia del Gobierno es ir abriendo la válvula a medida que ven que está a punto de explotar. Y con esto tienen algún argumento para descomprimir, pero no permiten planificar porque no hay un presupuesto aprobado, consensuado, que diga estos son los recursos que van a tener para trabajar este año", le dijo a Clarín Curcio.
"Lamentablemente, esta es la forma de garantizar de que el ajuste no se haga. Porque si se hace mal, termina no saliendo. Tenemos mucha experiencia en eso. Para hacer el ajuste, tenemos que racionalizar, sentarnos sobre los datos, planificar y ver cuáles son las posibilidades de reducir generando consensos", agregó el especialista.
El ajuste actual
Javier Curcio y Julián Leone -ambos profesores de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA- calcularon el ajuste actual, a partir de lo que ya fue devengado -es decir, ejecutado- por las 57 universidades nacionales en lo que va del año.
Allí se puede ver que lo devengado fue de $ 62.800 millones. En 2022 y 2023 esa misma cuenta había rondado los $ 93.000 millones (a valores constantes). Con lo cual el ajuste actual, ya implementado, es del 33%. O dicho de otra forma, las universidades tuvieron 2 de cada 3 pesos que tenían años anteriores.
Solo para tener dimensión del ajuste. En 2001, el recorte del presupuesto universitario propuesto (no ejecutado) por Ricardo López Murphy fue de $ 361 millones sobre un total de $ 1.800 millones. Eso representaba una caída presupuestaria del 20%. Ese nivel de ajuste, grande pero mucho menor que el actual, le costó el cargo al exministro radical.
Todo se recalienta
La marcha de este martes se empezó a cocinar el martes 9 de abril. Ese día se hizo el plenario de los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo que reúne a las autoridades máximas de las 57 universidades nacionales del país.
Al plenario fueron invitados el secretario de Educación nacional Carlos Torrendell y el subsecretario de Políticas Universitarias Alejandro Álvarez. Allí se produjeron fuertes cruces entre los rectores y las autoridades nacionales, quienes acusaron a las universidades de "gastos superfluos" y ambientes académicos no pluralistas. Esto último en línea con las críticas de "adoctrinamiento" por parte del presidente Milei.
Tras la participación de los funcionarios nacionales, y una vez que se retiraron, los rectores decidieron -por unanimidad- convocar a una marcha de protesta, en todo el país, para el martes 23 de abril. A la manifestación luego se sumaron todas las organizaciones de docentes, no docentes y estudiantiles de la Argentina.
La semana pasada, quienes estuvieron muy activos fueron los integrantes de la comunidad educativa de la Universidad de Buenos Aires, la más numerosa -en estudiantes, hospitales y centros de investigación- del sistema universitario.
Organizaron distintas actividades para hacer visible el reclamo, entre ellas un abrazo simbólico al Hospital de Clínicas -uno de los seis hospitales universitarios de la UBA- en donde estuvo presente el rector Ricardo Gelpi. Marcelo Melo, el director del Clínicas, señaló que por los recortes el hospital tuvo que suspender cirugías, ya no pueden comprar insumos y funciona al 30%.
Consultado por CNN Radio, Melo propuso como opción para encontrar una solución que los hospitales universitarios también reciban presupuesto del Ministerio de Salud, para cubrir la función asistencial, de salud, que hacen (además de la académica y de investigación).
La respuesta oficial y el debate
Desde la Casa Rosada la principal respuesta fue insistir con el "adoctrinamiento" y señalar que las universidades "deben ser auditadas". En rigor, los números de las universidades nacionales son supervisados actualmente por la Auditoria General de la Nación (AGN), organismo que asiste al Congreso nacional y no al Poder Ejecutivo.
El fin de semana, el subsecretario Álvarez anunció en la red X que el Gobierno va a profundizar las auditorías y que están "armando un área de fiscalización y auditoría que no existía".
Un aviso importante: pase lo que pase, hagan lo que hagan, por lo menos mientras @JMilei sea presidente, el dinero de la gente que va a las universidades se va a AUDITAR, la fiscalización del gasto en las universidades esta en la ley de Educación Superior. pic.twitter.com/EZufqYPRuc
— Alejandro Alvarez (h.) (@AleCiroAlvarez) April 20, 2024
La cuestión de las universidades es compleja y lo refleja la mirada de Marcelo Rabossi, investigador de la Universidad Di Tella y especialista en educación superior.
"En esta lucha irracional se mezclan muchas cuestiones. Por un lado, la simpleza con la que Milei utiliza la palabra adoctrinamiento. Adoctrinar implica 'programar' mentalmente a una persona para erradicar su pensamiento crítico. Difícilmente se pueda adoctrinar a una ya adulto estudiante universitario. En los modelos autoritarios, como la Unión Soviética, el adoctrinamiento comenzaba casi desde la cuna, única forma de lograr cierta sumisión acrítica de la persona. Sí existe una clara intolerancia en ciertas cátedras o facultades", dijo el especialista a Clarín.
"Por otro lado, y en algunos casos, la universidad nacional ha abusado de su condición de entidad autónoma. La rendición de cuentas no ha sido en general transparente. Y la creación de muchas universidades nacionales sin razón estratégica y con el solo objetivo de favorecer políticamente a intendentes y amigos, tampoco ha ayudado y ha abonado a los discursos críticos", agregó el experto.
"De cualquier manera, la política de Milei, de ahogarlas presupuestariamente, no solo no se justifica, sino que debe ser repudiada. No solo no resuelve el problema de fondo, sino que lo agrava. ¿Cuál es la universidad que piensa Milei, ¿qué tipo de sistema universitario tiene en mente? Creo que por ahora ninguno. Le aconsejaría que primero proponga un sistema de educación superior, que se lo discuta entre las universidades, expertos, representantes de la ciencia, la producción y la sociedad, y a partir de allí comencemos a andar por un nuevo sendero. Recortar el presupuesto brutalmente no es el mejor inicio para un verdadero cambio", concluyó Rabossi.
Mientras tanto, la secretaría de Educación anunció que el 30 de abril se reunirá con el Consejo Interuniversitario. "La agenda del encuentro incluye el financiamiento, junto con los procesos de auditoría y fiscalización de las Universidades. Además, se oficializará el cronograma de pagos a Hospitales Universitarios", dijeron.
Ya habrá pasado la manifestación de este martes, cuyos resultados seguramente tendrán mucho peso en esa futura negociación.
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