Sergio R. Viñas
La comisión directiva del Consejo Superior de Deportes (CSD) se reúne este jueves, a partir de las 11.00 horas, para decidir si suspende provisionalmente a Pedro Rocha y a los miembros de la gestora de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Lo hace tras la apertura de un expediente por parte del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) por la presunta comisión de infracciones muy graves de todos ellos. Y, mañana, la comisión electoral de la RFEF tiene previsto proclamar a Rocha como su nuevo presidente.
Hasta aquí, las certezas del caso. A partir de ahora, el mar de dudas jurídicas y políticas que le acompaña. Porque a estas horas, nada está claro. Bueno, hay otra cosa que sí lo está: el Gobierno piensa que Rocha ni puede ni debe convertirse en el nuevo presidente de la RFEF, puesto que, en palabras del secretario de Estado José Manuel Rodríguez Uribes "no podemos permitirnos como país que el representante del fútbol español en la Eurocopa o los JJOO pudiera ser una persona investigada en una causa penal".
Se refiere, claro, a la imputación de Rocha en la causa que investiga la presunta corrupción en la RFEF durante los años de la presidencia Rubiales, época en la que el dirigente extremeño ejerció de vicepresidente económico. Pero la decisión no solo ha de tomarla Uribes, sino la comisión directiva por mayoría, un órgano formado por otras 10 personas, entre ellas representantes de entidades autonómicas y locales, de ligas y asociaciones y altos funcionarios del Estado.
De la Fuente, Camps, CVC...
Argumentos tienen de sobra para bajarle el dedo al único candidato a la presidencia de la RFEF. El TAD, en su apertura de expediente, advierte de indicios de que ha cometido seis infracciones muy graves diferentes mientras ha estado al frente de la gestora federativa. Entre ellas, destacan el despido de quien era secretario general, Andreu Camps, la ampliación del contrato de Luis de la Fuente, o su decisión de que la RFEF se personara en el caso Supercopa (en el que paradójicamente, fue imputado días después) o de que saliera del litigio de LaLiga por CVC.
Frente a lo que tratan de vender desde su entorno, no se trata de que el TAD cuestione el fondo de sus decisiones, no es su objetivo. El problema, indiciariamente, es que Rocha adoptó esas decisiones sin que la ley le permitiera hacerlo, dado que su como presidente de la gestora debía limitarse a ejecutar "actos ordinarios de mera administración y gestión", tal y como recoger la ley que regular el funcionamiento de las federaciones deportivas.
Es previsible que, de forma mayoritaria, la comisión se alinee con la línea marcada por el Gobierno, destinada a suspender a Rocha. El problema es que el extremeño no puede ser suspendido ahora mismo en sus funciones federativas... porque no tiene ninguna. Sí puede ocurrir con los miembros de la comisión gestora, cuya suspensión implicaría dejar a la RFEF en situación de total desgobierno en las alrededor de 24 horas que van a pasar entre la decisión del CSD y la prevista proclamación de Rocha.
Una situación totalmente enrevesada
Eso es algo, no obstante, que el Gobierno manejaba entre sus previsiones. De hecho, la reunión de la comisión directiva del CSD se agendó para el jueves apenas unas horas después de que la comisión electoral de la RFEF desestimara un recurso de Miguel Galán contra el censo de las elecciones, confirmando que la proclamación de Rocha tendría lugar este viernes.
¿Qué pasará si, como es previsible, el Gobierno suspende a Rocha? Desde el CSD mantienen un determinado silencio al respecto, pero sus servicios jurídicos llevan diez días analizando al detalle todas las posibles casuísticas de un escenario enrevesado a más no poder y que, con toda seguridad, dará todavía muchos coletazos por vía administrativa y judicial. A priori, su proclamación no debería decaer, aunque decaería en sus funciones casi de manera automática si fuera suspendido. Esa, al menos, es la teoría. Pero...
Lo que es seguro es que una hipotética suspensión de Rocha y de los miembros de la gestora sería provisional, hasta que el TAD resolviera sobre el fondo del asunto, para lo que tiene un margen temporal de tres meses. La decisión final puede oscilar entre la absolución y la inhabilitación de todos ellos, con varios escenarios intermedios. Aunque, para entonces, la RFEF podría estar ya intervenida por la FIFA. Ese comodín sigue ahí. ¿Se llegará a usar? En esa crisis ya es imposible predecir nada con una mínima seguridad.
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