Los municipios de Vilaboa, Poio, Barro, Portas, Caldas y Pontevedra podrán reclamar este año 1.476.000 euros en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a Audasa, la empresa concesionaria de la autopista AP-9, por los terrenos de sus respectivas demarcaciones que se ven afectados por el trazado de la AP-9.
Esto supone un incremento en la recaudación de aproximadamente 1.380.000 euros sobre lo que venían cobrando hasta ahora, puesto que la empresa gozaba desde hace cinco décadas de una exención del 95 por ciento en este impuesto. La había aprobado el gobierno de Carrero Blanco (en plena dictadura franquista) apenas dos meses después de su nombramiento, en el acto de aprobación de la construcción del vial, auspiciada entonces por media docena de entidades bancarias. Mantuvieron esta exención los gobiernos posteriores. El agujero en las cuentas públicas se vería incrementado apenas diez años después, en 1983, cuando, ya con Felipe González en la Moncloa, la compañía tuvo que ser rescatada.
Es difícil calcular con exactitud la pérdida que supuso para las arcas públicas de la zona medio siglo de reducción, de la Contribución Territorial Urbana primero y del IBI después, pero solo en la última década la cifra superaría los 13 millones de euros.
Comarca
Caldas ingresaba hasta ahora 32.000 euros por este concepto y este año podrá exigir unos 330.000. Portas, que no llegaba a los 10.000 euros, subirá a 194.000; una cifra que Barro calcula en 187.661 euros, mientras que Poio pasará de apenas 1.700 euros a unos 34.000, aunque, sin duda, los más beneficiados serán la capital de provincia y Vilaboa.
El gobierno de Miguel Lores, que había intentado, sin éxito, reclamar ante los tribunales lo dejado de ingresar por este concepto en el período 1998-2002, incrementaría su recibo en aproximadamente 300.000 euros, de 15.740 a 314.081, cifra que supera Vilaboa, al pasar de 23.200 a unos 464.000. Así, el concello presidido por César Poza obtendrá de Audasa uno de cada diez euros de los ingresos previstos en el presupuesto de este año.
La exención fiscal concluyó el pasado 19 de agosto, que era cuando debía de haber caducado la concesión si no fuese por la ampliación de otros 25 años aprobada a principios de milenio por el ejecutivo de José María Aznar, siendo Manuel Fraga presidente de la Xunta y Alberto Núñez Feijóo conselleiro de Política Territorial.
Eso hará que el paso por el vial siga repercutiendo en los bolsillos de los usuarios hasta 2043, y tampoco será positivo para las arcas públicas pues la empresa concesionaria es compensada por el Estado por cada bonificación aplicada en un peaje.
A esa cantidad habría que añadir los peajes en sombra, es decir, aquellos tramos de carretera de acceso libre para el conductor pero que le suponen un desembolso a las arcas centrales por cada tránsito. Mientras, Audasa alcanzaba en 2023 la cifra récord de beneficios en concepto de ingresos por la AP-9. Según su página web, fueron 192,6 millones de euros frente a los 171,8 del ejercicio anterior o los 150,3 de 2021.
Y todo parece indicar que, a pesar del fin de la exención del IBI, los resultados tampoco van a ser malos en 2024 puesto que la empresa ha compensado ese gasto aplicando a la autopista entre Ferrol y Tui una de las mayores subidas de peajes en lo que va de siglo: un 6,55 por ciento de media, que rondará el 7% para quien realice todo el tramo. Un viaje que alcanza en este 2024 los 25,50 euros de coste.
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