El Gobierno de Aragón activa un protocolo para denunciar bajo secreto casos de corrupción
Los trabajadores públicos o de contratistas de obras y servicios de la Administración disponen de un teléfono y una dirección electrónica para informar, además de poder hacerlo por correo.
El Gobierno de Aragón acaba de activar un protocolo para poder denunciar bajo secreto cualquier caso de corrupción o de infracción de la normativa que afecte a la Administración. Tanto los empleados públicos y de las contratistas, subcontratistas y proveedores de la DGA como cualquier extrabajador o becario disponen desde el pasado viernes de un teléfono específico (976 716 900) para comunicar irregularidades, además de un canal habilitado en la web oficial.
No serán las únicas formas de denunciar, ya que también podrá hacerse de forma anónima mediante una carta remitida a la sede del Pignatelli, siempre que conste como destinatario el 'Sistema Interno de Información de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón'. También se podrá solicitar una reunión presencial transcurridos un máximo de siete días desde la comunicación de los hechos y dicha grabación será grabada, tal y como se recoge en la orden firmada por el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro.
En todo el procedimiento, la DGA está obligada a garantizar la confidencialidad, así como a contar con un libro-registro de las informaciones recibidas y de la investigaciones que hayan dado lugar. Además, subraya la indemnidad para los informantes, "salvo que las comunicaciones se realicen con pleno conocimiento de su falsedad o faltando de manera temeraria a la verdad".
El responsable del denominado sistema interno de información es el inspector general de Servicios, Manuel Díaz Muiña, quien será el único que tenga acceso a la identidad de los denunciantes, junto a la persona delegada de protección de datos. Y solo se extenderá a los responsables de los Servicios Jurídicos y de Personal de la DGA en caso de que se adopten medidas legales o disciplinarias contra un empleado público. Fuentes oficiales de la DGA han asegurado este lunes que no hay constancia de ninguna denuncia interna, actual ni previa al protocolo.
El Gobierno de Aragón se ha obligado a resolver cualquier "indicio razonable o suficiente sobre la certeza de la información" en un plazo de tres meses, salvo que su complejidad obligue a una prórroga máxima de tres meses. Y la Administración también asume el compromiso de comunicar las conclusiones del informe que elabore al denunciante, salvo que haya comunicado los hechos de forma anónima o haya renunciado a este derecho.
En todo caso, a los informantes que se identifiquen, siempre bajo garantías de anonimato, dispondrán de un código alfanumérico de identificación "a los solos efectos de mantener la relación con la persona responsable del sistema interno de información y de adicionar información relevante". Dicho código se le trasladará a los siete días para que pueda hacer un seguimiento de su denuncia.
Al mismo tiempo, el nuevo protocolo es garantista con los propios denunciados. No solo evidencia su derecho a la presunción de inocencia, sino a su derecho a ser informados de la admisión de un caso, salvo que sea necesario mantener el secreto para comprobar los hechos. De la misma forma, podrán acceder al expediente, garantizándose el anonimato del informante.
En todo caso, si hay indicios de conductas o hechos constitutivos de delito, la DGA los trasladará "de forma inmediata" a la Fiscalía. De afectar a los intereses financieros de la Unión Europea, se trasladará igualmente a la Fiscalía europea.
El precedente del caso Plaza
Esto es lo que ocurrió en el caso Plaza, cuando un trabajador de una de las contratistas de la urbanización, Chabier Mayayo, puso en conocimiento del entonces gerente de la sociedad pública, Jesús Andreu, una trama de sobreprecios y obras no ejecutadas. La denuncia se interpuso en 2013 ante la Fiscalía Anticorrupción en Madrid y su determinación permitió recuperar 62 millones de euros de dinero público.
La iniciativa del Gobierno PP-Vox viene obligada por una directiva europea de 2019, cuya transposición al derecho nacional se hizo el año pasado a través de una ley específica aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Esta norma regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas e impone a las administraciones autonómicas la puesta en marcha del citado sistema interno de información.
No obstante, el expresidente aragonés Javier Lambán sacó adelante una ley más ambiciosa en 2017, la de Integridad y Ética Públicas, que recogía un estatuto del denunciante, aunque no ha servido de nada: en los casi siete años transcurridos no se ha constituido la agencia anticorrupción a la que se debía comunicar cualquier infracción. Este ente debe constituirlo las Cortes de Aragón y entre sus funciones están la lucha contra el fraude, la corrupción, el clientelismo y cualquier otra actuación que, en perjuicio de los intereses generales, infrinja los códigos de conducta y de buen gobierno.