Es difícil pensar que las elecciones presidenciales convocadas para el próximo 28 de julio no serán otra vez un fraude como en 2013 y 2018, cuando se instauró la dictadura de Nicolás Maduro. El fraude ocurrirá pesar de los acuerdos de Barbados (2022-23) entre el régimen chavista y la oposición, compuesta por los principales partidos opositores unidos en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
Los acuerdos, apoyados por Estados Unidos, la Unión Europea, facilitados por Noruega y aplaudidos por las democracias latinoamericanas, esencialmente apuntan a garantizar el proceso electoral democrático, integro (justo, libre, transparente, competitivo).
Pero (oh sorpresa) la dictadura no ha cumplido con lo acordado y ha manipulado el proceso para no perder la elección. Sabe que elecciones democráticas son un suicidio político, sabe que las pierde. Por ello no ha reconocido las primarias de la oposición y ha inhabilitado como candidata presidencial a su ganadora (por amplio margen), María Corina Machado (MCM); y no ha permitido la inscripción de su sustituta, la doctora Corina Yoris.
También ha obstaculizado el registro electoral de más de 4 millones de venezolanos en el exterior; todavía no se ha confirmado la presencia de Misiones de Observación Electoral independientes y rigurosas (la Unión Europea, el Centro Carter); y continúa la persecución, desaparición y encarcelamiento injustificado y secreto de miembros de la oposición
Y peor todavía, ha decretado recientemente una ley "contra el fascismo" que atenta contra la libertad de expresión, de asociación y de reunión –a todas luces un instrumento de intimidación, persecución, censura y proscripción contra cualquier oposición o disidencia con el gobierno.
En paralelo, el régimen ha promulgado una ley que declara y anexa, insólitamente, el Esequibo (2/3 del territorio de Guyana) como estado de Venezuela, ignorando acuerdos previos (Ginebra y St Vincent and the Granadines) para resolver el tema vía el diálogo, rechazando la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia pero curiosamente presentando a su sede un reclamo formal sobre el territorio; y violentando además reglas fundamentales del derecho inter-americano e internacional.
Dado esto, no es descabellado pensar que el régimen, si anticipa que no gana las elecciones, desencadene un conflicto armado con Guyana para suspender o anular los comicios.
El régimen señala (no muy ingeniosamente) que se han inscripto 12 candidatos de la oposición para mostrar que existe apertura democrática y pluralismo. Sólo tres de ellos poseen algún reconocimiento político: Manuel Rosales (gobernador del estado Zulia), Edmundo González Urrutia (político, ex diplomático) y Enrique Márquez (ex rector de Consejo Nacional Electoral). El régimen ha permitido su inscripción porque los considera derrotables y manipulables para negociar su inmunidad e impunidad en caso de perder. Tampoco hay garantías de que una victoria de cualquiera de ellos, será aceptada por la dictadura.
Por el momento, la oposición insiste que la candidata de la PUD es MCM o su sustituta y exhorta a la comunidad democrática que demande que el régimen cumpla con los acuerdos de Barbados. Si la prohibición se confirma, determinante será a quién de las candidaturas habilitadas apoya MCM y la PUD. Las candidaturas de Rosales, González Urrutia y Márquez no parecen convencer a la PUD ni a MCM, aunque podrían llegar a un acuerdo unificador para el 20 de abril (fecha límite para sustituir candidatos y/o formar alianzas).
Es posible que la oposición termine dividida –para beneficio del régimen, que siempre busca dividirla. Pero los errores o indefinición de los opositores en su enfrentamiento con el régimen para llegar a elecciones democráticas no se comparan con su represión, manipulación, fraude y abusos para realizarlas a su medida.
Por otro lado, el régimen chavista es un factor desestabilizante en la región, por no decir una amenaza a la estabilidad regional. Más allá de su destrucción del orden democrático y violación de los derechos humanos, su desastrosa y perversa política económica y social ha convertido a más de 8 millones de venezolanos en involuntarios migrantes que han tensionando la realidad socio-económica del vecindario hemisférico; ha cobijado y transado con grupos narcotraficantes como el ELN y las disidencias de las Farcs; se ha sumido en un conflicto diplomático con Argentina por dar su embajada en Caracas refugio a 6 perseguidos políticos de la oposición; ha amenazado con iniciar un conflicto armado con Guyana, y ha facilitado la penetración estratégica de las dictaduras de China, Irán y Rusia, regímenes empecinados en desafiar y desestabilizar el mundo liberal y democrático, liderado por Estados Unidos.
A pesar de la condena, presión, exhortación y sanción internacional por parte de EEUU, la Unión Europea, la OEA y las democracias latinoamericanas, y de los numerosos "diálogos" y acuerdos con la oposición, lo más probable es que el régimen permanezca en el poder por medios truculentos: puede ganar unas elecciones fraudulentas con la oposición dividida, puede no aceptar una derrota, puede cancelar las elecciones si anticipa que pierde, o en este caso también puede iniciar un conflicto bélico con Guyana para suspenderlas. Esto último podría provocar una reacción más contundente contra el régimen por parte de la comunidad internacional.
Lo indudable es que el régimen pretende mantenerse en el poder indefinidamente, a expensas de la miseria de su gente, por medio del fraude, la represión y la tiranía, con el apoyo de China, Irán y Rusia.
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