130.000 euros es la cantidad que le toca pagar a una empresa de San Bartolomé de la Torre, en Huelva, por una infracción en materia laboral al obstruir la labor de los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia.
Los hechos se produjeron el 27 de mayo de 2021. Hasta en dos ocasiones, dos inspectores se personaron en la finca y las dos veces un grupo de trabajadores, trece según la sentencia, salieron huyendo a la carrera.
Ahora, la Sala Social del Tribunal Supremo ha confirmado la sanción económica a esta empresa dedicada al cultivo y recolección de fresas, tras el acta de infracción en materia laboral por obstrucción a la labor inspectora extendida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Huelva.
El Supremo determina que la actuación de los empleadores encaja en una falta de obstrucción a la comprobación de la situación de alta de los trabajadores que presten servicios en la empresa, desestimando así el recurso de la empresa propietaria de la finca.
El Supremo determina que la actuación de los empleadores encaja en una falta de obstrucción a la comprobación de la situación de alta de los trabajadores que presten servicios en la empresa
Para el Alto Tribunal, "no se trata solo de que la empresa pudiere haber eludido sus obligaciones a la hora de comprobar la situación de alta de unos determinados trabajadores, sino de que los trabajadores afectados abandonaron a la carrera y por dos veces el centro de trabajo, sin que la empresa haya podido esclarecer tan anómala y extraordinaria situación, ni tan siquiera identificar finalmente a tales trabajadores. Lo que sin duda va mucho más allá de obstruir la normal y ordinaria actuación inspectora dirigida a comprobar la situación de alta de los trabajadores que se encuentran prestando normalmente servicios en el centro de trabajo", añade.
Explotación laboral: las empresas freseras en el foco de la Inspección
En 2021, precisamente, la ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, se comprometió a "intensificar" la labor de la Inspección de Trabajo durante la campaña de los frutos rojos, y a prestar especial atención a las condiciones de las trabajadoras migrantes.
Según los datos de la Subdelegación del Gobierno en Huelva, difundidos a raíz del anuncio de la tramitación de una ley ciudadana para la regularización extraordinaria de inmigrantes en el Congreso, un total de 13.825 personas contratados en origen han llegado a la provincia de Huelva desde el pasado 19 de enero para trabajar en la campaña de la fresa y los frutos rojos. 12.916 de ellos, mujeres procedentes de Marruecos. Este tipo de contrataciones suponen el 15% de los contratos que se realizan en plena recogida de estas frutas.
Desde 2019, la Inspección de Trabajo ha llevado a cabo más de 20.000 actuaciones en el sector agrícola onubense, levantando alrededor de 1.300 infracciones en materia laboral. No obstante, diferentes organizaciones y colectivos de trabajadores, como es el caso de Jornaleras en Lucha, han denunciado las carencias de la inspección de trabajo y la falta de recursos y efectivos en esta materia. También han demandado que se refuercen estas actuaciones en los campos de frutos rojos de Huelva durante la campaña.
La "denuncia segura" en el debate
Las inspecciones de este tipo combaten el abuso de los empleadores respecto al derecho laboral, pero también tiene consecuencias para los empleados, que en caso de que estén en situación administrativa irregular, se enfrentan a mucho más que a una multa. Según la legislación vigente, podrían enfrentarse a un expediente sancionador por estancia irregular, una sanción administrativa que podría conducirles a la expulsión del país.
Por todo ello, distintas ONG de Extranjería, como Cepaim, Red Acoge o Andalucía Acoge consideran que introducir los llamados mecanismos de denuncia segura en las reformas legislativas de Extranjería y Trata que tiene contempladas el Gobierno es clave. Estos mecanismos posibilitarían que las víctimas de un delito, aunque estén indocumentadas en ese momento, puedan denunciar sin miedo.
Las personas migrantes que trabajan sin contrato en la campaña de la fresa, o en otras actividades económicas, no solo ven cómo se vulneran sus derechos laborales, sino que temen consecuencias si denuncian estos abusos, por lo que viven una situación de indefensión ampliamente denunciada por estas entidades sociales. De ahí que crean que esta medida fomentaría las denuncias de los trabajadores y facilitaría el trabajo de los inspectores.
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