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Un juez de Madrid ha abierto una investigación contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por posibles delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El procedimiento puesto en marcha por el Juzgado de Instrucción número 41 de la capital tiene su origen en una denuncia presentada por Manos Limpias sobre las actividades empresariales de la esposa de Pedro Sánchez, según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
En una resolución del pasado 16 de abril, el magistrado Juan Carlos Peinado acordó -sin la habitual consulta previa a la Fiscalía- abrir unas diligencias para investigar los hechos denunciados y mantenerlas bajo secreto. La denuncia hacía acopio de informaciones periodísticas que vinculaban a Gómez con un empresario que había recibido contratos de la Administración Central por un valor superior a los 10 millones de euros. Se trata de Carlos Barrabés, cuya consultora -en unión con otra sociedad- logró en 2020 y 2021 tres adjudicaciones del ente público Red.es, dependiente del Ministerio de Economía. Lo hizo contando con el apoyo escrito de Begoña Gómez, que en una carta daba su aval a la empresa. Gómez es codirectora del Máster en Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense, impulsado precisamente por Barrabés.
«La dirección del Máster es conocedora de la iniciativa de Barrabés y The Valley, promovida por Red.es y FSE (Fondo Social Europeo). Por medio de la presente, manifestamos nuestro apoyo a dicho programa, que persigue detectar, formar e incorporar al mercado digital a jóvenes desempleados», decía la carta con la firma de Begoña Gómez, según informó El Confidencial. La empresa de Barrabés logró las adjudicaciones gracias a que obtuvo la máxima puntuación en el apartado subjetivo de la valoración del tribunal.
«La denunciada, prevaliéndose de su estatus personal (esposa) del presidente del Gobierno de España, ha venido recomendando o avalando por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas», indica la denuncia de la asociación encabezada por Miguel Bernad. El secretario general de Manos Limpias fue condenado por la Audiencia Nacional a cuatro años de prisión en el caso Ausbanc por extorsión, pero la semana pasada el Supremo revocó la condena.
Las actividades de la mujer del presidente del Gobierno también se han puesto en cuestión por su relación con el Grupo Globalia, que ha patrocinado la carrera de Begoña Gómez y que obtuvo del Gobierno el aval para rescatar a su aerolínea, Air Europa, con más de 600 millones de fondos públicos. A través de la sociedad Wakalua, la dueña de Air Europa apoyaba financieramente el Africa Center del Instituto de Empresa, que en el momento del rescate dirigía la esposa de Sánchez.
La denuncia que ha activado la presente investigación proponía al juzgado que citara a declarar como imputada a la mujer del presidente del Gobierno, que se tomara declaración a varios testigos y que se recabara documentación sobre los contratos públicos, entre ellos la carta firmada por la esposa del presidente del Gobierno.
El juzgado notificó el martes a los responsables de dos de los medios de comunicación que publicaron los hechos denunciados que deben comparecer como testigos el próximo 10 de mayo. La llegada de las citaciones destapó la existencia de la causa contra Begoña Gómez.
La denuncia recibida por el juez Peinado incluía informaciones sobre la relación de la mujer de Sánchez con el empresario Víctor de Aldama, principal comisionista en el caso Koldo que investiga la Audiencia Nacional. Precisamente ayer, la asociación Liberum, personada como acusación popular, pidió al juez del caso, Ismael Moreno, que reconsidere su negativa a citar como testigo a la mujer del presidente del Gobierno. En su recurso de reforma, la asociación -centrada en investigar las actuaciones de la administración durante la pandemia- considera que Gómez puede aclarar la actuación.
La esposa de Sánchez mantuvo encuentros con el presidente de Globalia, Javier Hidalgo. En una de ellas estaba presente Aldama.
La citación fue rechazada por el juez siguiendo el criterio de Anticorrupción. El fiscal indicó que «la supuesta existencia de tales contactos o reuniones no es, en principio, indicativa o reveladora de que la Sra. Gómez pudiera haber tenido conocimiento o alguna relación con los hechos objeto de las presentes diligencias». Y que por ello no era procedente citarla «en el momento actual».
La asociación considera que sí es el momento de hacerlo y estima que la incoación de una causa en un juzgado de Madrid demuestra la oportunidad de hacerlo. También el desarrollo de la comisión de investigación en el caso Koldo, que ha citado a representantes de Globalia, hace que sea «más oportuno que nunca».