El presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Antonio de la Haza, se presentó ante la Comisión de Constitución del Congreso para cuestionar el proyecto de reforma constitucional que busca reemplazar a la junta por una Escuela Nacional de la Magistratura.
Al ser citado como parte del debate sobre la reforma, el titular de la JNJ recordó que si bien su institución fue creada en el 2018, han pasado menos de cinco años desde que se realizaron cambios en el sector justicia con la aprobación de una política pública entre los años 2019 y 2021.
"Por eso nuestra pregunta sobre la posibilidad de este proyecto es si la necesidad de esta modificación constitucionales oportuna porque no han transcurrido ni cinco años de la existencia de la última modificación vinculada al sector Justicia que fue la del año 2018 con relación a la JNJ que la creó y esta política pública que va desde el año 2019 al 2021 donde tanto el Poder Judicial, Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, la JNJ y con la Academia de la Magistratura vienen desarrollando e implementando", aseveró.
La reforma constitucional que Constitución, presidida por Martha Moyano (Fuerza Popular), está evaluando plantea la eliminación de la figura de la JNJ para implementar, en su lugar, una Escuela Nacional de la Magistratura donde se llevarán a cabo procesos de formación, elección, evaluación y ratificación de jueces y fiscales.
Antonio de la Haza cuestionó que se esté usando como modelo para esta propuesta la escuela diplomática y las escuelas militares, ya que a diferencia de estas instituciones la reforma no plantea límites de edad ni alternativas sobre cómo se procederán a ocupar miles de plazas llenas de jueces y fiscales provisionales.
Asimismo, rechazó el argumento que la JNJ no se ha dado abasto con los procesos disciplinarios que requiere el sistema de justicia al recordar que hasta la fecha han procesado unos 585 expedientes en total, con más de 300 con resolución sancionadoras.
"No hay razón para que se dude que no hay esa eficiencia. Somos muy respetuosos de los derechos de las personas y cuando imponemos una sanción, nos manejamos por los códigos de ética", explicó.
Quien también opinó sobre esta reforma constitucional junto a De la Haza fue el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, quien no cuestionó la modificación pero sí traslado lo que aseguró eran observaciones técnicas de su sector.
"Este nuevo modelo que se pone a consideración del Congreso es un modelo que hay que estudiarlo, hay que evaluarlo. Consideramos que es importante, pero también debe someterse a debate de la ciudadanía y desde el Ministerio de Justicia hemos hecho un informe técnico", aseveró el ministro.
Arana dijo que había que hacer precisiones en el texto sobre la conformación de la escuela y la elevación a nivel constitucional de las autoridades de control del Ministerio Público y el Poder Judicial para poder así regular su funcionamiento.
Asimismo, señaló la necesidad que tanto en la escuela de la magistratura como en las autoridades de control se precisen los conceptos de faltas graves que justificarían posibles remociones, ya que al ser "abiertos e imprecisos pueden generar incertidumbres" sobre las sanciones aplicadas contra magistrados.