Los precios, que hoy estrangulan y deprimen a la mayoría de los espirituanos, desde hace ya tiempo se han posicionado aquí como la materia prima fundamental de la agenda pública, ese elegante concepto académico que sintetiza las conversaciones en las colas, en la bodega, entre vecinos, en los centros de trabajo y hasta en la sala de cualquier casa.
Está más que demostrado: sencillamente la cuenta no da y en el desespero diario por exprimir hasta el último quilo en pos de la sobrevivencia, muchos se cuestionan la calidad y cantidad del enfrentamiento gubernamental a las altas tarifas de todo, en particular, de los productos de primera necesidad, que ya no solo resultan inalcanzables para los jubilados o menesterosos, sino para la mayoría de las familias.
Como consecuencia, no pocos se preguntan: ¿y los inspectores dónde están?, ¿quién le va a poner freno a esta escalada que ha elevado el costo de la vida hasta cifras impagables?, ¿por qué no aplican el Decreto-Ley No. 30, vigente desde inicios de 2021 contra los precios abusivos y especulativos?
La Dirección de Inspección Provincial, cuerpo que más se ocupa de esta disposición aquí, admite que tanto durante el 2023 como en lo que va de 2024 el índice de imposición quedó por debajo de lo previsto: del 50 por ciento de las inspecciones que debían ser por ese concepto, solo se realizaron poco más del 40 por ciento.
No obstante, hasta el cierre de febrero concretaron unas 2 700 inspecciones en función de esta problemática y como resultado aplicaron 966 multas, de entre 2 500 y 8 000 pesos, aproximadamente. Los municipios donde menos se actuó en este sentido fueron Yaguajay, La Sierpe, Trinidad, Jatibonico y Taguasco.
Los inspectores, quienes reconocieron como insuficiente este resultado, enumeran entre las principales violaciones detectadas los costos excesivos de productos agrícolas como malanga, frutabomba, pepino y tomate; y las irregularidades en las tablillas informativas, donde muchas veces no aparecen ni todos los productos, ni las tarifas reales.
Como parte de su labor de enfrentamiento mencionan además el actuar en comisiones —de conjunto con el Ministerio del Interior, la Fiscalía y otras instituciones—; su trabajo en la feria de los domingos; los apercibimientos y decomisos; así como la realización de ventas forzosas de productos al importe establecido.
Pero ni los 80 inspectores activos en este momento —apenas el 65 por ciento de la plantilla—, ni probablemente 500 pueden enderezar el torcido y turbulento camino de los precios hoy, en un escenario donde ya suman más de 26 000 Trabajadores por Cuenta Propia, alrededor de 300 mipymes, innumerables puntos de ventas legales e ilegales y un creciente comercio online.
Sin mencionar los establecimientos estatales, que también en no pocas ocasiones venden a precios abusivos y especulativos, si tomamos en consideración el estreñido poder adquisitivo del salario medio de los cubanos en este momento.
El diseño actual de la economía nacional —con tan diversos actores y donde el comercio, y no la producción, se ha convertido en el protagonista principal de esta película de suspenso—, mucho dificulta y enrarece el enfrentamiento, que dicho sea de paso no pocas veces también es mal visto y cuestionado por la población.
Aunque el Decreto-Ley No. 30 permite incluso actuar contra quienes expenden mercancías importadas —cuando sobrepasan el 30 por ciento de las ganancias a partir del valor que aparece en la factura del producto—, resulta bien difícil aplicar lo legislado en estos casos a partir de un argumento que, cierto o no, esgrimen como excusa perfecta: en el exterior compran con divisas que muchas veces adquieren en el mercado informal, también a precios exorbitantes.
Por otra parte, según los inspectores, sus sanciones en este sentido a veces cojean porque el complemento con que algunas autoridades debían calzarlos no se concreta, ya que muchas entidades estatales no le imponen medidas disciplinarias de consideración a los violadores, y las direcciones de Trabajo no siempre les retiran la licencia a los cuentapropistas reincidentes en estas infracciones.
Pero creer que solo las multas regularán y ordenarán el angustioso asunto de los altos precios resulta un pensamiento, cuando menos, ingenuo, porque en realidad otras variables definen mucho más en el escenario de una economía en restructuración y con sobradas tolerancias: desde las mínimas finanzas del país para importar y la menguada producción y prestación de servicios estatales, hasta la escasez de casi todo y una inflación ya no galopante, sino desbocada.
En el rompecabezas de la economía cubana también pesan el atraso tecnológico, la falta de materias primas e insumos y la crisis electroenergética, mientras que muchos de los llamados emprendedores se enriquecen cada día más, sin escrúpulos ni un ápice de filantropía, con las consabidas omisiones del pago al fisco y sus tarifas ya casi exclusivas para clientes poderosos.
Ese círculo vicioso —donde casi todos quieren vender algo y venderlo caro, mientras casi nadie se interesa por producir ni prestar servicios de calidad a precios razonables— ha generado un desinterés crónico y peligroso por el trabajo.
Entonces, aunque los planes de multas y su aplicación se multipliquen, muchos van a seguir riéndose, como hasta ahora, de los peces en colores, es decir de los comités de concertación y de los precios que estos establecen cada semana en los gobiernos municipales.
Porque, hasta que no se demuestre lo contrario, ahora mismo aquí, la permitida ley de la oferta y la demanda —la ley de la selva— manda mucho más y en ella "los leones" ganan lo suficiente como para asumir cualquier sanción financiera, mientras las "otras especies" sobreviven desamparadas en esta jungla.