Después de que el primer proyecto de ley ómnibus volviera a comisiones mientras se votaba en particular, ahora el Poder Ejecutivo volvió a enviar a la Cámara de Diputados la "Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos", con cambios que consensuó con dirigentes de la oposición "dialoguista".
El nuevo proyecto de ley ingresó al Congreso de la Nación el martes por la noche, en la semana en que funcionarios del Gobierno nacional se reunieron con diputados de distintos bloques para consensuar algunos puntos.
El texto central de la nueva ley "Bases" anticipa controversias, especialmente por las decisiones que contiene en relación con las emergencias solicitadas por el Poder Ejecutivo y las posibles privatizaciones de empresas estatales.
Una de las modificaciones más destacadas es la reducción a cuatro de las emergencias solicitadas por el Poder Ejecutivo, abarcando ámbitos administrativos, económicos, financieros y energéticos, con un plazo de vigencia de un año. Esta reducción representa un ajuste respecto a las once emergencias originales propuestas.
Por otro lado, prevée la posibilidad de privatizar total o parcialmente 18 empresas estatales, entre las que destacan Aerolíneas Argentinas y el Banco Nación. En el ámbito del trabajo, si bien se contempla la moratoria y el blanqueo para los empleadores, el texto no incluye directamente la reforma laboral, la cual será presentada por la Unión Cívica Radical (UCR) en un proyecto aparte.
El acuerdo entre la Casa Rosada y la UCR para tratar la reforma laboral de manera separada evidencia la búsqueda de consensos y la voluntad de evitar conflictos innecesarios en el proceso legislativo. Sin embargo, se espera que esta iniciativa genere un intenso debate, especialmente en lo que respecta a los aspectos más controvertidos de la reforma laboral.
Otro aspecto relevante de la nueva ley "Bases" es el capítulo fiscal, que propone la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias con un piso de ingresos establecido en 1,8 millones de pesos. Esta medida busca establecer una escala progresiva en el impuesto, según el gobierno.
En cuanto al blanqueo de capitales, se establecen condiciones y beneficios para aquellos contribuyentes que decidan adherirse al régimen, con el objetivo de regularizar su situación financiera tanto en el país como en el exterior.