Por un 1 de mayo de derechos sociales y democracia
Casi todo el mundo conoce que el 1 de mayo se conmemora la huelga por la jornada de ocho horas que estalló, en el siglo XIX, en los Estados Unidos. Más de cinco mil fábricas fueron paralizadas y 340.000 personas salieron a calles y plazas a manifestar su exigencia. Lo que mucha menos gente conoce es que 4 de los líderes sindicales de aquella protesta fueron conducidos al cadalso, en virtud de un juicio con falsas acusaciones de ser responsables de actos violentos, plagado de irregularidades y amañado, que sirvió de excusa para que los poderosos eliminaran la vida de cuatro jóvenes emigrantes que habían huido de la pobreza en el viejo continente, que se habían alzado contra la explotación laboral que sufría la clase trabajadora en el país que los había acogido. Esa es la razón por la que se les conoce como los mártires de Chicago.
Por eso, para las organizaciones sindicales el 1 de mayo no es solo una fecha histórica, sino que sirve para reivindicar, para encarar el futuro haciendo un balance de lo alcanzado por el conjunto del movimiento sindical. Este año lo hacemos después de unas jornadas en las que el anuncio del presidente del Gobierno nos hizo tomar conciencia, a todos, del encanallamiento de la política, hasta tal punto que se ha convertido en una ciénaga en la que la mentira, el bulo el acoso civil y mediático se utilizan, como nuevos cadalsos, para eliminar al rival político. Ya no se trata de deteriorar la calidad de la democracia sino de socavar la democracia en sí misma. Salvar nuestra convivencia democrática hace que, desde el sindicato, requiramos una política social con rostro humano. Sólo desde una condición humanitaria de hacer política se puede avanzar en políticas sociales que protejan a las personas trabajadoras. Es hora de regenerar nuestro Estado Social y democrático de Derecho, protegiendo los cimientos básicos de la democracia, apuntalando la voluntad popular de la que, como dice el primero de los artículos de nuestro texto constitucional, emanan todos los poderes del Estado, ya sea ejecutivo, legislativo o judicial.
La sociedad española debe estar orgullosa del camino recorrido en los últimos años en la lucha contra la desigualdad, de conquistas sociales y de mejoras laborales. Los interlocutores sociales, especialmente las organizaciones sindicales, hemos contribuido a apostar por las subidas del salario mínimo interprofesional, el escudo social articulado durante la pandemia, la reforma laboral y el logro de un nuevo modelo de relaciones laborales articulado sobre la estabilidad y no sobre la precariedad. Todo ello demuestra que la justicia social es una enorme palanca de cambio, de transformación social y de lucha por la igualdad de oportunidades y de mejora de la sociedad.
El avance social debe significar que podamos dedicar más horas a nuestros seres queridos, a nuestras familias, a una mejor calidad de la vida personal y familiar
Este 1 de mayo, más que nunca, lo que nos jugamos es construir una sociedad más justa. Si queremos luchar contra la desinformación, contra la deslegitimación de la democracia, debemos apostar por ampliar los derechos sociales. La pandemia nos demostró que el escudo social es el mayor de los antídotos frente al negacionismo y la desinformación. Los derechos laborales conseguidos en los últimos años nos obligan a defender su conservación y mejora porque ni son inamovibles ni nuestra lucha se encuentra, ni mucho menos, completada.
Es la hora de recuperar reivindicaciones básicas, como trabajar menos horas sin perder poder adquisitivo. No se entiende que la implantación de herramientas de automatización en casi todos los sectores, inimaginable hace unos años, no haya ido aparejada de un mejor uso del tiempo de trabajo con una reducción del mismo. El avance social debe significar que podamos dedicar más horas a nuestros seres queridos, a nuestras familias, a una mejor calidad de la vida personal y familiar. El reparto del tiempo de trabajo, además, nos permitiría acercarnos al pleno empleo, otro de los grandes retos por los que nuestra sociedad debe pelear en los próximos años. La plena ocupación de la ciudadanía contribuiría a un fortalecimiento del pilar social de nuestro Estado. La ley de dependencia fue un éxito rotundo de nuestro modelo de protección social, pero ha llegado la hora de robustecer y ensanchar este derecho. Corresponde al poder público ofrecer una cobertura y garantías de accesibilidad y universalidad en derechos y en servicios.
Es el momento, en definitiva, de impulsar con energía renovada la agenda social del Gobierno de progreso como fórmula para consolidar la democracia y el avance de nuestro país.
¡Viva el primero de mayo!
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Pepe Álvarez es secretario general de UGT.