El Gobierno del presidente Luis Abinader tildó de "agresivo" e "infundado" en lo que respecta a este país el informe dado a conocer este lunes sobre los derechos humanos en el mundo, emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Así lo consigno en un breve comunicado el portavoz del Gobierno dominicano y director de Estrategia y Comunicación Gubernamental, Homero Figueroa.
El Gobierno ha tomado conocimiento del extenso Reporte sobre los Derechos Humanos en nuestro país, emitido por el Departamento de Estados Unidos, afirmó el alto cargo.
Estamos estudiando el informe y responderemos en el momento oportuno a través de los canales oficiales apropiados, agregó.
"No obstante, aprovechamos la oportunidad para manifestar nuestro asombro ante el tono agresivo e infundado del informe, que no reflejan la realidad actual de los derechos humanos en República Dominicana, ni la estrecha y respetuosa amistad entre nuestros gobiernos", puntualizó Figueroa.
Afirmó que el Gobierno dominicano reitera su compromiso con el respeto a los derechos humanos "y estamos dispuestos a dialogar constructivamente con nuestros amigos" sobre cualquier preocupación legítima en esta área.
El informe estadounidense asegura que República Dominicana se vieron cambios significativos en la situación de los derechos humanos del país, incluyendo la expulsión masiva de nacionales haitianos y apátridas de ascendencia haitiana, independientemente de sus peticiones de estatus legal.
En ese sentido, el Gobierno estadounidense consideró que la decisión de su par dominicano de cerrar la frontera con Haití en septiembre pasado, la suspensión de la emisión, renovación de permisos de residencia, visados y certificados para solicitar asilo de los migrantes haitianos y personas de descendencia haitiana, incluidos los indocumentados, puso en mayor riesgo a poblaciones que de por sí ya eran vulnerables.
El reporte aseguró de la existencia de informes verídicos de devolución de refugiados a un país (Haití) donde enfrentarían tortura o persecución, incluidos daños graves como una amenaza a la vida o la libertad u otros maltratos que constituirían un abuso separado de los derechos humanos.