Con una, para mí, sorprendente facilidad, el Partido Popular de Balears se ha entregado a las exigencias de Vox en cuestiones que deberían ser nucleares en formaciones que se autodefinen como democráticas. La derogación de la ley de memoria democrática que proponen los diputados de la ultraderecha en el Parlament, representados por Idoia Ribas, tiene asegurados los apoyos de los conservadores que lidera Marga Prohens. El despropósito es descomunal. El nuevo texto se basa en la justificación del golpe de Estado de 1936 y la posterior Guerra Civil, además de la dictadura franquista que se prolongó hasta la muerte de Francisco Franco. Cierto es que la República cometió importantes errores, pero ello no puede servir de pretexto para su deslegitimación como régimen democrático y menos para validar cuarenta años de represión. Pretender devolver al olvido a todas las víctimas de este período histórico -desde 1931 a 1975- es una vergüenza inadmisible. El PP no puede hacer suyo el relato histórico de Pío Moa, como sí hace Vox. Con esta actitud, la derecha democrática de las Islas firma con parsimonia su claudicación ante la extrema derecha y confirma la debilidad de sus dirigentes.
Prohens claudica ante Vox
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