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El juez en lo Civil y Comercial Nº 21 de Resistencia, Julián Benito Flores, dictó una medida cautelar innovativa ordenó «suspender de manera inmediata toda actuación relacionada a infracciones generadas por medio de los radares instalados en rutas nacionales y provinciales del Chaco, a partir del año 2022.
Asimismo, la medida innovativa es hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, que es la acción de amparo presentada por el defensor del Pueblo del Chaco, Bernardo Voloj.
En la parte resolutiva, el juez Flores dispuso: «Decretar una medida cautelar innovativa contra el Poder Ejectivo de la Provincia del Chaco y/o el Ministerio de Seguridad y/o la Subsecretaría de Seguridad Vial. En consecuencia, ordenar al organismo pertinente suspenda -de manera inmediata- los efectos jurídicos-administrativos de cualquier instrumento legal emitido en relación a las infracciones generadas por medio de mecánica cinemática (radares) ubicados en las rutas nacionales y provinciales del Chaco, colocados y/o habilitados a partir del año 2022, hasta tanto se tramite la acción de amparo».
Así, la Justicia hizo lugar a la presentación realizada por la Defensoría del Pueblo del Chaco, a cargo de Bernardo Voloj, a partir de la avalancha de reclamos que comenzó a recibir luego de que la Subsecretaría de Seguridad Vial de la Provincia habilitara una página web donde los ciudadanos constataron que se les atribuían infracciones desde el año 2022 por las cuales nunca habían sido notificados.
En los considerandos, el juez Flores tuvo en cuenta «la presunción de legitimidad de los actos administrativos cuestionados se ve categóricamente debilitada».
En ese marco, sostuvo que «específicamente, se trata de actas de infracción de tránsito emitidas por la Subsecretaría de Seguridad Vial y Ciudadana, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia del Chaco, las cuales son impugnadas por su legalidad y falta de información en cuanto al medio que las origina (FOTOMULTA)».
«La falta de notificación adecuada y la falta de información suficiente verían afectados los derechos al debido proceso y defensa de la propiedad», aseguró.