Llevo un tiempo trabajando jurídicamente el delicado problema de la manipulación informativa, de forma tal que a día de hoy lo veo como una de las principales amenazas para nuestros sistemas democráticos. La razón de ello es que altera la base de conocimiento que necesita la opinión pública para controlar al poder, desactiva la racionalidad del elector, fomenta el discurso del odio y dificulta la toma de decisiones. Todo un desafío, por lo tanto, para la calidad de nuestra convivencia y para el progreso social. Un problema de envergadura que tiene que ser analizado con rigor y reflexión, no desde posturas emocionales que equivocan el enfoque e, incluso, tergiversan la correcta visión.
Existen relevantes situaciones que dificultan el análisis de la desinformación y que no podemos desconocer. Así, por ejemplo, la realidad es diversa, no única ni maniquea. Hay realidad conocida, seleccionada, publicada o interpretada, lo que dificulta en grado sumo el parámetro para saber si una notica es verdad o no. Pero también la libertad de expresión da cobertura a casi cualquier opinión, incluida posiblemente una mentira. En cambio, la libertad de información solo protege noticias veraces, esto es, construidas diligentemente, lo que excluye las manipuladas. Toda una serie de matices que no se avienen bien con el simplismo que a veces se emplea en estas cuestiones, reduciéndose prácticamente a esquemas de blanco-negro, que olvidan que la realidad de la que hablamos es ciertamente gris.
¿Qué hacer? Es aconsejable aplicar varios tipos de medidas para enfrentarse a las noticias falsas. Para las más graves debe haber sanciones (como las injurias o calumnias del Código Penal), pero vemos con temor el control de los medios pues eso huele a una censura que repugna a la democracia. Lo más importante es educar con calidad a todas las personas, para que sean capaces de moverse en la Sociedad de la Información y muestren compromiso con nuestro sistema de libertades. Así serán resistentes a los engaños informativos.
Sánchez reclama luchar contra los bulos. Tiene razón, por supuesto, pero a veces semeja que el Gobierno no boga en esa dirección al fomentar la polarización y poner trabas a la transparencia. Al poder hay que exigirle mayor talante para buscar acuerdos y, tal vez, consensos. Todas las instituciones y los partidos deberían apostar por una acción más racional y pausada, que se concentre en el fondo de los asuntos y no en la frase efectista pensada para alguna red social. Y los medios (y la sociedad) deben apostar por un periodismo de calidad, que haga suya la exigencia del derecho a recibir información veraz y no caiga en los vectores del populismo. Una ciudadanía correctamente educada, y alfabetizada informacionalmente, no solo valorará todo ello, sino que también lo exigirá. Por lo tanto, es imprescindible apostar de una vez por todas por una educación de calidad. Y, por supuesto, la pareja del presidente debe ser objeto de estricto control político y, llegado el caso, judicial, pues estamos en una democracia y no en una dictadura que genere inmunidad a las familias de los dirigentes.
*Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela
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