Lo pensé en cuanto me llegó la propuesta de escribir este artículo sobre la cuestión territorial, formulada como qué se puede hacer mientras no se alcance la solución. Se me pedía que me situara en el "mientras tanto".
Pensé que era un buen concepto. No es de extrañar que esta alocución haya adquirido sentido como figura urbanística en lo que se ha dado en llamar urbanismo adaptativo o urbanismo del mientras tanto. Esencialmente se traduce en que, conociendo el pasado y también el futuro como lugar al que llegar, podemos ser parte activa en la construcción de su presente.
Los llamados "senderos de deseo" son esos caminos en parques y lugares al aire libre, no proyectados en los diseños urbanísticos que la ciudadanía crea por necesidad práctica y como mejor alternativa a las rutas establecidas. Son rutas que no han sido diseñadas por las autoridades municipales ni por los equipos de arquitectos, que no vieron o no quisieron ver su necesidad, y que aparecen de forma espontánea por el uso repetido. Senderos de deseo abiertos por muchas personas que coincidieron en que vale la pena transitarlas, que se mantienen porque miles de pasos eligen el mismo camino. Y que no se borran, porque la gente cree que ese es el camino que se debiera haber trazado.
Desde esa enseñanza, si algo nos muestra el pasado es que la cuestión territorial en el Estado español es sobre todo la gran cuestión pendiente para la democratización de este Estado. Un problema irresuelto, que hunde raíces en la historia, que siguió latente tras una dictadura que no pudo hacerla desaparecer, que se mantiene tras la Transición y que si viene de tan lejos es porque la realidad diferenciada del pueblo vasco perdura desde hace siglos. Ni es algo inventado ni es algo nuevo.
Y ahora mismo, la situación actual proviene de una decisión que el Estado español adoptó en 1978 y que no es otro que un modelo errado. De hecho, el modelo constitucional, heredero de aquel "café para todos", está más cuestionado que nunca tanto en Euskal Herria como en Cataluña, y también en sectores de la izquierda española.
Se dice que estamos ante el debate político eterno. Y sí, así será mientras no se resuelva. Y además ahondará sin duda en la crisis del régimen del 78 que hoy tenemos ante nuestros ojos. La fotografía que el hemiciclo del Congreso de los Diputados ofrece desde las últimas convocatorias electorales es el mejor reflejo de esa realidad en la que la plurinacionalidad está presente como nunca antes lo había estado.
El gran argumento para oponerse al derecho a decidir de vascos o catalanes es la desaparición de España, y no deja de sorprender que un Estado, con todos sus instrumentos y sus capacidades, sea en realidad tan débil. Tan débil como para no poder abordar y asumir lo que parte de la ciudadanía que en ella convive quiere, sin que ese Estado colapse. Y llegados a ese punto, cabría preguntarse por la escasa grandeza de un Estado que no puede siquiera gestionar las diferencias que en ese mismo Estado existen o por la escasa fortaleza y solidez de un estado que no es capaz de habilitar ninguna otra fórmula que no sea la de la imposición.
Esta es la actitud que debe cambiar, cerrar la fase de la imposición para abrir la del respeto a las naciones del Estado y los deseos de sus sociedades. Esta es la pedagogía que se necesita, la pedagogía democrática que alude a la construcción de nuevos consensos, basados en valores solidarios y respetuosos con la diversidad plurinacional.
Y este es el reto que deberíamos abordar en este "mientras tanto": abrir una nueva fase histórica hacia un modelo de democracia avanzada, que reconozca y respete los sentimientos y aspiraciones nacionales, un objetivo que redunde en beneficio de todos y todas, de todos y cada uno de los ciudadanos de este Estado y sus pueblos.
Por ello repetimos que esta debe ser la legislatura de la plurinacionalidad, la legislatura para abrir nuevos caminos que otros Estados, como Reino Unido o naciones como Escocia, ya están recorriendo, el de la democracia; sin prisas, sin ansiedades, y con visión y con paciencia estratégica.
Nos enfrentamos a un futuro cambiante, más que nunca, en el que se cobijan más incertidumbres que certezas. Y por ello, precisamente, necesitamos más que nunca el derecho a la libre decisión. Porque el debate ya no es qué es posible dentro de la Constitución española -este debate ha pasado ya- sino qué nivel de soberanía necesitamos para dar una respuesta positiva a esta nueva era.
Para ello, y por lo que respecta a Euskal Herria, necesitamos nuevos estatus políticos, tanto en la Comunidad Autónoma Vasca como en la Comunidad Foral de Navarra, para hacer frente a los complejos retos que tenemos delante con las suficientes garantías y poder seguir avanzando como pueblo.
Sabemos lo que queremos. Tal como se recoge en la propuesta "De la autonomía a la soberanía, bases para un nuevo estatus político" presentado en 2018, los nuevos estatus políticos deberían dotar a ambas comunidades de poder con capacidad de decidir sobre todas aquellas cuestiones que afecten directamente a la sociedad vasca, de acuerdo al principio de proximidad; posibilitar la articulación institucional entre los territorios de Euskal Herria sobre un modelo confederal, de modo que cualquier espacio de acción común sea consecuencia de la libre voluntad de la ciudadanía de cada ámbito territorial; y arbitrar sistemas de garantías que aseguren una bilateralidad efectiva de tipo confederal con el Estado español.
Abrir el debate. Este es nuestro "mientras tanto". Con la mente abierta y contraponiendo la lógica política a esa visión falsaria de la derecha que cuando reivindica la igualdad territorial a lo que aspira es a la uniformización por abajo: es decir, al manido café para todos. Una igualdad que se basa en tratar igual a los desiguales nunca será la solución política.
En este mientras tanto, la política progresista española tiene una oportunidad magnífica para repensar su Estado; y creo que harían bien si no la desaprovecharan. Corresponde a los agentes políticos e institucionales dar con la fórmula. Pero lo perentorio es abrir ese debate, afrontarlo con serenidad y profundidad, sin plantear dinámicas abruptas ni con una intensidad que no se pueda regular.
Porque hay una cuestión que enlaza directamente con la política entendida como debiera entenderse: en su intrínseca vocación de servicio al mandato de la ciudadanía. La nuestra, la que da el voto a Euskal Herria Bildu pide una sociedad más justa y más soberana. A ese mandato nos debemos.
Y como en el urbanismo, a las instituciones y a la política corresponde respetar y dar oficialidad a esos senderos de deseo abiertos por la gente.