La Fiscalía vinculó a seis personas más en el caso Reconstrucción de Manabí por el presunto delito de peculado. Esto ocurrió este viernes 12 de abril de 2024.
Entre los nuevos procesados está el exministro de Obras Públicas del gobierno de Rafael Correa, Walter Solís. En la lista de Vinculados también hay otros cinco exfuncionarios públicos. Solís actualmente está prófugo. Tiene sentencias por los casos Sobornos y Senagua. Él recibió el estatus de refugiado por parte de México en el 2021.
En esta causa, Fiscalía determinó la presunta existencia de un abuso de dinero público en beneficio de terceras personas, que fueron contratistas y fiscalizadores de contratos suscritos en el marco de la emergencia por el terremoto de Manabí del 16 de abril de 2016.
#AHORA | Caso #ReconstrucciónDeManabí: con la presencia del fiscal general del Estado (s), Wilson Toainga, se instala la audiencia de vinculación de 6 personas (incluido el exministro de Obras Públicas, Walter S.) a la causa en la que se investiga un presunto #peculado. pic.twitter.com/adf4FDPL4j
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) April 12, 2024
Según las investigaciones, el exministro Solís "habría delegado a los subsecretarios zonales del Ministerio de Obras Públicas para realizar los procedimientos considerados emergentes y autorizar el gasto en los diferentes procedimientos de contratación, entre ellos el puente sobre el rio Mataje. Además, habría trasladado esa disposición a la Subsecretaria Zonal 1".
En el caso Reconstrucción de Manabí también están procesados el exvicepresidente Jorge Glas y dos personas más. A ellos les formularon cargos el 5 de enero de 2024, durante una audiencia en la Corte Nacional. Por este proceso, Glas tiene orden de prisión preventiva y se encuentra recluido en la cárcel La Roca, en Guayaquil
Investigación de Fiscalía
Tras el terremoto del 16 de abril de 2016 en Manabí y Esmeraldas, mediante el Decreto Ejecutivo 1004 se creó el Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva, que estuvo presidido por Jorge Glas.
Además, el 20 de mayo de 2016 se expidió la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto.
"El propósito era recaudar contribuciones solidarias que permitieran la planificación, construcción, reconstrucción de la infraestructura pública y privada, y la reactivación productiva", señaló Fiscalía.
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Por esta Ley, entre 2016 y 2020, se recaudaron 1.614'348.387,20 dólares. Este dinero, que fue descontado directamente de la remuneración de los servidores públicos y trabajadores privados, tenía como finalidad ser usado para la reconstrucción y reactivación económica de las zonas afectadas por el terremoto.
La Fiscalía General recopiló información de 584 proyectos priorizados por el Comité para la Reconstrucción y que fueron ejecutados por entidades como el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Inmobiliar y Secob, por más de 367 millones de dólares.
Tras esta investigación, Fiscalía determinó que estas obras "no tienen relación con el objetivo de la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación, pues no se ajustaban al contexto de la emergencia".