LONDRES (AP) — Se espera que un punto clave del plan del gobierno del Reino Unido para enviar a algunos solicitantes de asilo en un viaje de ida a Ruanda se convierta en ley esta semana, pero los opositores planean nuevos desafíos legales que podrían mantener en tierra los vuelos de deportación.
Un proyecto de ley destinado a superar un bloqueo de la Corte Suprema del Reino Unido sobre el envío de inmigrantes a Ruanda debe ser aprobado por el Parlamento una vez que el gobierno supere los intentos de suavizarlo en la Cámara de los Lores.
El plan de Ruanda es clave para la promesa del primer ministro Rishi Sunak de "detener los botes" en que llegan inmigrantes sin autorización legal al Reino Unido. Sunak ha repetido que los primeros vuelos largamente retrasados despegarán en junio.
"Esta semana, el Parlamento tiene la oportunidad de aprobar un proyecto de ley que salvará las vidas de aquellos que están siendo explotados por traficantes de personas", subrayó el lunes el portavoz de Sunak, Dave Pares. "Está claro que no podemos continuar con el status quo, ahora es el momento. Es hora de cambiar la ecuación".
Han pasado dos años desde que el Reino Unido y Ruanda firmaron un acuerdo para enviar a los inmigrantes que cruzaran el Canal de la Mancha al país de África Oriental, donde se prevé que permanezcan permanentemente. El plan ha sido impugnado en los tribunales y nadie ha sido enviado todavía a Ruanda en virtud de un acuerdo que le ha costado al Reino Unido al menos 370 millones de libras (470 millones de dólares).
En noviembre, la Corte Suprema del Reino Unido dictaminó que el plan de Ruanda es ilegal porque la nación no es un destino seguro para los solicitantes de asilo. Durante décadas, grupos de derechos humanos y gobiernos han documentado supuesta represión de la disidencia por parte del gobierno ruandés, tanto dentro del país como en el extranjero, así como graves restricciones a las libertades de reunión y expresión.
En respuesta al fallo, el Reino Unido y Ruanda firmaron un tratado comprometiéndose a fortalecer la protección de los inmigrantes. El gobierno de Sunak argumenta que el tratado le permite aprobar una ley que declara a Ruanda un destino seguro.
El Proyecto de Ley de Seguridad de Ruanda declara que el país es seguro, lo que dificulta que los inmigrantes impugnen la deportación y permite al gobierno del Reino Unido ignorar las órdenes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que prohíben las deportaciones.
Grupos de derechos humanos, organizaciones benéficas para refugiados, clérigos de alto rango de la Iglesia de Inglaterra y muchos expertos legales han criticado la ley. En febrero, un organismo parlamentario de vigilancia de los derechos indicó que el plan de Ruanda es "fundamentalmente incompatible" con las obligaciones de derechos humanos del Reino Unido.