La Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) y la Federación Latinoamericana de Magistrados (Flam) calificaron de amedrentamiento las declaraciones del presidente de la República, Rodrigo Chaves, contra la jueza que congeló el decreto que redujo los aranceles de importación del arroz.
Mediante un comunicado conjunto, las organizaciones repudiaron las manifestaciones de Chaves y recordaron la importancia de que los jueces puedan realizar sus funciones de forma independiente e imparcial.
"La independencia judicial es una condición no solo moral, sino también cultural, tanto para quienes detentan la judicatura como para quienes están llamados a respetar los fallos.
"Evitar la imparcialidad de la justicia, ya sea por actos de presión o intimidación, compete a todas las personas ciudadanas y, aún más, a quienes ejercen la representación del Estado, como el señor presidente de la República, quien realizó desafortunadas afirmaciones e insinuaciones sobre una resolución judicial en fase cautelar emitida por una jueza de la República", indicó el comunicado.
Durante una conferencia de prensa en Casa Presidencial el miércoles pasado, el mandatario mencionó el nombre de la jueza Patricia Lorena Calderón en reiteradas ocasiones y dijo que "esto no se va a quedar así". Insinuó que la funcionaria dictó la medida cautelar porque no estaba de acuerdo con el decreto, al considerar que el precio del arroz no ha bajado lo suficiente y hay gente que se queja.
La medida cautelar fue otorgada por el Juzgado Contencioso-Administrativo a raíz de una solicitud del Grupo Organizado de Productores de Arroz de la Región Pacífica Norte, mediante un proceso judicial contencioso-administrativo.
Los grupos de jueces también reprocharon que el presidente expusiera la identidad de la jueza ante la ola de inseguridad que vive el país.
"Es reprochable que, en momentos de lamentable inseguridad en el país, con atentados a personas de la Judicatura y la Fiscalía, se indique de manera ligera el nombre de la persona juzgadora, exponiéndola además a un eventual riesgo. Esto no es la transparencia por la que siempre abogamos, es amedrentamiento e irresponsabilidad", lamentaron los órganos.
La receta de América Latina
En el oficio, las asociaciones recordaron que esta no es la primera vez que realizan un vehemente llamado al respeto y la congruencia hacia quienes intentan presionar la labor jurisdiccional con "falaces cuestionamientos", basados en el disgusto que les causa a representantes políticos el resultado de un fallo emitido por un órgano judicial.
"La deslegitimación sistemática de actos jurisdiccionales se ha convertido en una receta de consenso en América Latina, desde diferentes poderes políticos o fácticos, provenientes de quienes buscan legitimación popular, sin ninguna base técnica y deconstruyendo con ello las bases democráticas de separación de poderes y de respeto a los fallos judiciales derivados de una función estrictamente regulada", agregó el documento.
En el fallo, dado a conocer esta semana, la jueza tramitadora argumentó que el decreto impugnado crea "una enorme y desventajosa diferencia para los productores nacionales".
El arancel de importación bajó de un 35% a un 3,5% para el arroz con cáscara y a un 4% para el arroz pilado. Ahora, esa reducción quedó congelada.