Los altos cargos están obligados a formular la la declaración de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones, según recoge la Ley de incompatibilidades de Andalucía, "en el plazo de dos meses desde la fecha de la toma de posesión, cese o modificación de sus circunstancias".
La declaración de Miguel Ángel Guzmán, el exviceconsejero de Salud, fichado ahora por Asisa, no consta en el registro público, "a pesar de que la ley también obliga a ello en un plazo no superior a dos meses desde que se produce la renuncia o el cese", según especifica Por Andalucía.
Este es otro de los puntos regulados por la misma norma, que el grupo parlamentario de la coalición quiere reformar a través de una Proposición no de Ley en el Parlamento. En su capítulo III, concretamente, se establece la obligatoriedad de formular este tipo de declaraciones. Su artículo 12, además, fija el plazo para efectuarla.
Las claves de esta propuesta de reforma normativa
La formación de izquierdas ha registrado este jueves en el Parlamento una modificación de la Ley de incompatibilidades para de proteger el interés general cuando la ley se incumpla. El objetivo de esta iniciativa es "proteger el interés general cuando la ley se incumpla".
Entre las modificaciones que se plantean, proponen recuperar la redacción del artículo 9 de la citada Ley 3/2005, que fue "modificada vía decreto" por el Gobierno de Juanma Moreno, según han subrayado desde la formación andaluza. Se trata de "reforzar la protección legal ante las "puertas giratorias" que puedan protagonizar ex altos cargos de la administración.
En este punto, antes de la reforma normativa, una empresa que aspiraba a ser adjudicataria debía certificar desde su órgano de dirección o administración que no contaba con ninguna persona que pudiera estar incumpliendo la ley de incompatibilidades. Tras los cambios, ahora solo se requiere una declaración responsable de alguien que represente a la empresa en el proceso, porque se simplifica el trámite.
La ley no establece sanción para la empresa implicada
Por otra parte, la norma no establece sanción para la empresa que acoge a un alto cargo que haya infringido la ley y/o que le haya dispensado un trato de favor. Según Por Andalucía, este podría ser el caso de Asisa por parte de Miguel Ángel Guzmán, el anterior gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Por ello, la formación política propone que la constatación de estas prácticas corruptas sea motivo de la rescisión del contrato que la Junta de Andalucía tenga con la empresa beneficiaria.
Según Inma Nieto, portavoz de Por Andalucía, "la redacción actual permite a las empresas corruptoras seguir disfrutando del contrato público conseguido y, por tanto, sacando provecho como si nada. No es de recibo".
Nieto considera que el nombramiento de Miguel Ángel Guzmán como director médico de la empresa Asisa apenas tres meses después de cesar en su puesto como viceconsejero de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, "ha puesto en evidencia la indolencia del Partido Popular ante una práctica corrupta, toda vez que Guzmán adjudicó a dedo contratos millonarios a la empresa desoyendo los reparos de Intervención. El silencio cómplice de Moreno Bonilla es atronador".
"El gobierno del PP habla ahora de estudiar el asunto, pero lo cierto es que no ha cumplido con su obligación, y tendrán que explicar las razones", afirma Nieto. Todos estos extremos se encuentran recogidos en la denuncia presentada por el Grupo Parlamentario de Por Andalucía ante la Oficina Antifraude, competente para dilucidar la legalidad de la polémica contratación.
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