El capítulo laboral del proyecto de ley Bases impulsado por el presidente Javier Milei quedó acordado entre el oficialismo y la oposición. Del cuestionado DNU que está siendo debatido en la Justicia y el proyecto que quedó pendiente en febrero solo sobreviven la extensión del período de prueba a seis meses; la opción del fondo de cese laboral por convenio; el agravamiento indemnizatorio por despido discriminatorio y la eliminación de las multas por trabajo no registrado.
Por desacuerdo entre los bloques oficialistas y la oposición dialoguista, quedó pendiente la imposición de penas, de entre 6 meses y 3 años de cárcel, por bloqueos sindicales y se descartaron los artículos referidos a la prohibición de las cuotas solidarias, la ultraactividad de los convenios colectivos, la reglamentación del derecho de huelga en los servicios esenciales, la limitación de las asambleas y el teletrabajo, entre otros.
Este jueves a las 12 se convocará la Comisión de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales, con el objetivo de firmar el dictamen de la nueva ley de Bases. Por la tarde, a las 16, se hará lo propio con el paquete fiscal.
Tensas negociaciones y principio de acuerdo: habrá dictamen en Diputados
A lo largo de todo el miércoles surgieron frentes inesperados de conflicto a partir de diferencias entre los tres principales bloques de la oposición con los que el Gobierno viene conversando.
Por la mañana el jefe del bloque Hacemos Coalición Federal Miguel Pichetto había dejado trascender que no estaba de acuerdo con meter la reforma laboral dentro de la ley Bases, ya que el tema podía boicotear la aprobación de la iniciativa en el Senado una vez que Diputados girara la media sanción.
El planteo de Pichetto generó confusión en la UCR, ya que había sido Nicolás Massot, un diputado de su círculo más cercano, quien había pedido un mes atrás la inclusión de la reforma laboral cuando se estaba discutiendo el DNU en la comisión bicameral de Trámite Legislativo.
Atento a la resistencia que generó su planteo de barrer con la reforma laboral, Pichetto bajó sus pretensiones y aceptó que se trate la reforma laboral, pero más acotada en relación a lo que quería el oficialismo y en base a tres puntos centrales: eliminar las multas, extender los períodos de prueba, y el fondo de cese laboral.
Al sentir que su reforma laboral estaba amenazada, el radicalismo jugó una carta arriesgada: le hizo llegar al Gobierno el mensaje de que "sin reforma laboral, no hay Ley Bases".
La UCR es consciente de que tiene la llave para la media sanción de la Ley ómnibus, y usa ese poder de fuego para negociar sobre una cornisa muy delgada, en la que también hacen equilibrio Hacemos Coalición Federal y el PRO.
El ultimátum radical sirvió, al menos, para que arrimaran posiciones en un punto intermedio. Habría acuerdo para impulsar una reforma laboral más acotada, que no tocará aquellos puntos que afecten los intereses de la CGT, como el artículo que eliminaba las cuotas solidarias obligatorias para no afiliados a sindicatos.
El Gobierno tampoco quería abrir un frente de conflicto con los gremios, en contraste con la UCR y la Coalición Cívica, que insistían con avanzar en ese sentido.