Tras 22 años de retraso y de lucha vecinal, el plan de expropiaciones del edificio Venus del barrio de la Mina, situado en Sant Adrià de Besòs (Barcelonés), ya es definitivo y, si no se producen nuevos atrasos, su derribo se llevará a cabo en 2028. El plan, aprobado este jueves por el Consorci de la Mina, también incluye el realojo e indemnización de más de 200 familias.
El proyecto de expropiación afecta a 244 viviendas de protección oficial y 15 locales distribuidos en seis escaleras: 179 viviendas son de propiedad privada, 33 del Consorci y 32 del Ayuntamiento de Sant Adrià, según ha informado la Conselleria de Derechos Sociales de la Generalitat. Un total de 105 vecinos cumplen los requisitos del plan para ser realojados y los demás tienen derecho a una indemnización o alquiler social para familias vulnerables.
El presidente y la vicepresidenta del Consorcio del barrio de La Mina, Carles Campuzano y Filomena Cañete, se han mostrado "contentos" y "satisfechos" de la aprobación definitiva del plan, que permite desatascar la situación del edificio Venus después de más de dos décadas. "Es un día muy significativo para la ciudad y para el barrio de la Mina", ha afirmado Cañete, que es la alcaldesa de Sant Adrià de Besòs. "Es un día importante en la historia de la Mina y de Sant Adrià", ha agregado Campuzano tras la reunión de la Junta de Gobierno del Consorcio, en la sede del departamento.
Lucha de los vecinos
El Plan Especial de Reordenación y Mejora (PERM) del barrio de la Mina se aprobó en 2009, aunque el primer proyecto que preveía el derribo del edificio Venus es de 2002. Ahora bien, el Consorcio nunca ejecutó nunca el plan por las discrepancias con los vecinos sobre la tasación de los pisos y por la imposibilidad de las familias de pagar los 40.000 euros que les pedían para acceder a las nuevas viviendas, mientras las condiciones de insalubridad se agravaban.
En los últimos años, y viendo que seguían en el olvido, algunas familias impulsaron procedimientos judiciales para reclamar una indemnización por el retraso del derribo. En 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se pronunció sobre la primera demanda vecinal y condenó al Consorcio a ejecutar el PERM, en un barrio complejo y vulnerable.
Garantizan una vivienda para las familias vulnerables
El actual plan de expropiaciones mejora el que se aprobó en 2009 para hacer efectivo el derribo del edificio con garantías de realojamiento para las familias que viven en él. Todos los vecinos de Venus tienen derecho a realojo, indemnización o alquiler social para familias vulnerables. "Hay situaciones muy singulares", ha dicho Cañete, que ha destacado que el derribo de Venus y la transformación del barrio deben "generar oportunidades".
Así, el alquiler social se ofrecerá a todas las familias vulnerables que no cumplan requisitos para un realojamiento o indemnización independientemente de la situación contractual de su hogar, para evitar situaciones de exclusión.
El importe total inicial del plan de gestión aprobado en febrero de 2021 es de 30,8 millones de euros (MEUR). El proyecto de expropiación se aprobó inicialmente en abril de 2023 y durante este año se ha estado explicando a los vecinos, que han hecho sus alegaciones. El importe total de valoración de los bienes y derechos del proyecto de expropiación asciende a 19 millones de euros.
De momento, hay 31 vecinos que han notificado la voluntad de acogerse a la indemnización prevista en el plan y el Consorcio está en disposición de empezar a pagarlas de forma inmediata y también de realizar los primeros 30 realojos.
Desde Derechos Sociales destacan, como mejoras del plan, el aumento de la valoración de las viviendas para calcular las indemnizaciones, que han pasado de 79.340 euros (tres habitaciones) y 98.851 (cuatro) a 97.450 y 121.514 respectivamente.
También se aplica el Decreto de viviendas para afectados urbanísticos (Haus), tal y como reclamaban los vecinos. Así, se ofrece la posibilidad de aplicar el criterio metro cuadrado por metro cuadrado en caso de realojamiento. Si no se aplicara, el vecino debería pagar unos 90.000 euros, que es la diferencia entre el valor de la vivienda nueva de sustitución con las mismas habitaciones y metros cuadrados que en Venus y la indemnización por el piso en el que viven ahora.
Si las familias no pueden asumir el coste de los impuestos de compraventa, que pueden oscilar entre los 10.000 y los 16.000 euros, la administración se hará cargo de ellos a cambio de una pequeña parte proporcional de la propiedad del nuevo inmueble -situación que se podrá revertir si los vecinos compran la parte de la Generalidad-. También aumenta la indemnización por gastos de traslado a 1.500 euros y se establece una indemnización por pérdida de posesión para los vecinos que no son propietarios, de 6.846 y 8.529 euros según las habitaciones y que se descontará de la indemnización del propietario.
En cuanto a la reclamación patrimonial que han presentado 38 vecinos, el Consorci de la Mina sigue el criterio de la comisión jurídica asesora, que reconoce el daño moral pero establece que la responsabilidad del mantenimiento y conservación de cualquier edificio corresponde también a los vecinos. La comisión jurídica ha fijado la cantidad de la indemnización en 5.000 euros por cada reclamante.
Un nuevo futuro para el barrio
El Consorci de la Mina también ha aprobado una serie de actuaciones en el proyecto 'La Mina amb futur' para revitalizar el barrio, entre las que figuran establecer un complejo administrativo de la Generalitat, construir 70 pisos de protección oficial para realojar a familias del edificio Venus, la promoción de 250 pisos nuevos en parcelas de la Generalitat, la remodelación integral del Casal Cívic La Mina, la construcción a medio plazo de una guardería o situar un centro de referencia de las luchas olímpicas.