Este martes, 9 de abril, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro),Dimayor y Federación Colombiana de Fútbol (FCF) acordaron el inicio de las negociaciones enfocadas a las condiciones laborales de los deportistas en el país; en la asamblea, 31 votaron por el sí, uno estuvo ausente y 3 votaron que no, entre esos, el presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez.
"Nunca me voy a sentir derrotado por expresar mi voluntad y cuando actúo pensando en el fútbol. Estoy tranquilo. Ayer hablé ante la asamblea, creo que fui el único que dije por qué no estaba de acuerdo con las negociaciones", dijo en diálogo con Blog Deportivo.
Cabe recordar que las condiciones de Acolfutpro fueron solicitadas desde 2019. Además, actualmente, cursa un expediente contra la FCF y Dimayor por parte del Ministerio del Trabajo por lo que estas negociaciones buscan solucionar este tipo de problemas al interior del fútbol colombiano.
Sin embargo, Méndez no está de acuerdo con la forma en que se están realizando dichas conversaciones y él no quedó tranquilo con lo mencionó el abogado del caso; según él, desde el 2019, cuando llegó al club, ha tratado de cumplir con todas las obligaciones laborales y legales ante el Ministerio del Trabajo por lo que no considera acorde lo que establecido.
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"Yo hasta donde tengo entendido, los tiempos han cambiado y habían unos hechos que ocurrían hace 20-30 años en el fútbol, pero hasta donde tengo entendido los equipos tienen muchos controles para no incumplir a las obligaciones a cada una de las empresas que actúan en la Dimayor. Todos somos empresa, todos somos vigilados y tenemos que darle un reporte al Ministerio del Trabajo para que nos dé un soporte deportivo", añadió.
Asimismo, el presidente de Independiente Santa Fe aseguró que es un error comparar a Colombia con Francia o Inglaterra, pues las condiciones están bajo el concepto de la realidad del país: "No me opongo a lo que pensaba hace años, pero sigo actuando de la misma forma pensando que al trabajador hay que cumplirle"
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La preocupación del mandatario es que hay una amenaza, bajo los términos de que si no hay un acuerdo, de una multa y sanción de 22.000 millones de pesos, cosa que no apoya el mandatario cardenal.