La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (Finjus) expresó su preocupación por el paro de docencias y la movilización nacional convocada por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) para el 1 de mayo.
De acuerdo con la fundación, esta acción desafía la razonabilidad y proporcionalidad en la protección del derecho a la educación, consagrado en la Constitución, y genera una crisis que degenera la calidad y el tiempo oportuno de aprendizaje en la comunidad educativa.
Finjus destacó que la interrupción de la educación de los niños, niñas y adolescentes que asisten a los centros educativos públicos del país constituye un ejercicio ilegítimo del mandato constitucional, plasmado en el artículo 63.
Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones, indicó.
La fundación señaló que este modelo ha generado distorsiones en el sistema educativo del país y ha causado daños a los avances sociales e institucionales que la nación ha logrado.
Finjus argumentó que a pesar de que las reivindicaciones de los educadores poseen un cierto grado de reconocimiento, no deben resultar en una vulneración del derecho esencial para el desarrollo de la nación.
La fundación se basó en la sentencia del Tribunal Constitucional que señala que "el derecho a la huelga no constituye un derecho absoluto (…) la educación tiene por objeto la formación integral del ser humano (…) y es un derecho que debe ser garantizado a lo largo de toda la vida".
Según Finjus, es necesario concentrar los esfuerzos en un diálogo nacional que reúna a las diferentes organizaciones públicas y privadas que puedan examinar en profundidad los parámetros educativos sustanciales y llegar a un consenso de mejora.