Las nominaciones del juez Ariel Lijo y el académico Manuel García-Mansilla para integrarse a la Corte Suprema de Justicia volvieron a alterar la estabilidad de los átomos políticos en el máximo tribunal, y así como causaron una fuerte controversia puertas afuera de la justicia, dispararon una lluvia de electrones en el cuarto piso del palacio de Tribunales.
El padrinazgo del ministro Ricardo Lorenzetti sobre la candidatura de Lijo y la poco disimulada promesa de construir una nueva mayoría en la Corte que supuestamente ofrezca su comprensiva lapicera a los planes económicos del presidente Milei, recrudeció la desconfianza mutua entre Lorenzetti y sus tres colegas.
Una nota necesaria para evitar exageraciones o lecturas equivocadas: aún con profundas diferencias internas respecto de la superintendencia del tribunal -la organización interna, funciones, personal y responsabilidades de los empleados de cada vocalía- los acuerdos siguen sucediéndose cada martes sin inconvenientes ni peleas, y según el tema sobre el cual se sentencie, las resoluciones incluso pueden ser unánimes.
Es cierto: debajo de aquella cáscara almibarada hay un sonoro reclamo de Lorenzetti para que su sucesor en la presidencia del cuerpo, Horacio Rosatti, "pase la Corte a nafta" y lleve a los acuerdos temas cruciales que están en manos del tribunal desde hace meses o incluso años. En una prolija carpeta de la que siempre hay una copia disponible en su vocalía, se enumeran cientos de expedientes trascendentes que, según su mirada, estarían durmiendo más de la cuenta.
Entre ellos hay cuestiones políticas de importancia electoral -como el reclamo por la supuesta inconstitucionalidad de la reelección indefinida del gobernador en Formosa-, temas económicos con consecuencias millonarias -el más reciente es el pedido porteño de embargar la cuenta del gobierno nacional en el Banco Nación para cobrarse el monto de coparticipación federal que la propia Corte ordenó depositar-, respuestas institucionales esperadas desde hace tiempo, o recursos extraordinarios en causas por corrupción de funcionarios kirchneristas, por ejemplo.
Del otro lado del muro invisible que hoy divide al máximo tribunal, rechazan esa tesis y contraargumentan con palabras que Rosatti viene haciendo públicas: "la política debe resolver sus problemas donde corresponde. Nosotros esperamos que lo haga, y sólo si eso no ocurre intervenimos con la Constitución en la mano". Retóricas.
Esa guerra de trincheras rompió su monotonía con las designaciones de Lijo y García-Mansilla, bienvenidas de un lado -sobre todo la del juez federal porteño- y que cayeron como lluvia helada del otro, aunque desde luego jamás lo admitan.
La primera señal de que el golpe de Milei impactó en el plexo solar de la mayoría de la Corte se vio la semana pasada, cuando el máximo tribunal rechazó dos pedidos para anular el copioso DNU 70/23 del presidente. "Se resolvió cuando estuvieron listos los votos, no pasó nada raro ni tuvo nada que ver el anuncio con las candidaturas de Lijo y García-Mansilla", intentaron minimizar desde el campamento Rosatti-Rosenkrantz-Maqueda.
Otro detalle marginal, o no tanto: en esa mayoría estable también comenzaron a moverse algunos electrones, y los pensamientos respecto del gobierno y cómo gestionar la relación institucional con sus funcionarios no son idénticos. Tampoco las ideas sobre las prioridades de la agenda judicial que debería -o al menos podría- llevarse adelante desde la Corte.
Lo indiscutible es que la resolución sobre el DNU envió una rama de olivo a la Casa Rosada, cuyo inquilino principal cree que los ministros del máximo tribunal se propusieron detener o entorpecer su gobierno. Alguna paloma aviesa habría cuchicheado ese alegato en los oídos presidenciales, o en los de El Jefe. Peor todavía.
La presidencia de la Corte, batalla imaginaria
Mientras las nominaciones de los candidatos para completar el máximo tribunal iniciaron su camino de apoyos e impugnaciones -con los actuales ministros de la Corte echando todo el carbón posible al fuego, defendiendo o cuestionando a Lijo por interpósitas personas- otra cuestión emergió de los recoletos despachos de sus señorías. O mejor dicho, de uno de esos despachos: la pelea por la elección del próximo presidente del máximo tribunal.
La cuestión serpenteó en los medios este fin de semana, para sorpresa de al menos dos de los cuatro ministros de la Corte. "Es una operación tratar de instalar ese tema, porque acá adentro no se habla de eso. Hay tiempo hasta el 1 de octubre para someter a votación las propuestas y designar al próximo presidente y vice del cuerpo", dicen en esas oficinas. "Como sólo hay una fecha límite, la elección puede ocurrir en cualquier momento, no se adelanta, no se atrasa, no se pospone ni nada", reiteran.
Otra es la música en la vocalía de Ricardo Lorenzetti, cuyas chances de volver al sillón de la presidencia que ocupó durante tantos años son nulas en lo inmediato. "Bueno, se puede elegir un presidente ahora y en febrero poner a otro", sugirieron sin inocencia desde allí. En ese escenario, "febrero" operaría como un futuro hipotético en el que ya estarían sentado en la Corte tanto Lijo como García-Mansilla. ¿U otra persona en reemplazo del actual decano de Derecho de Universidad Austral? ¿Quizás una mujer? En la agenda de Lorenzetti sobran nombre para recomendar.
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