PANORAMA
Aragonès avisa que "la amnistía dejó de ser imposible, como pasará con el referéndum"
Defiende la financiación singular en el Senado, y Ayuso replica que "Catalunya no es una nación soberana"
La Cámara, con mayoría del PP, avala un texto contra la ley entre críticas de PSOE, ERC y Junts
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, aseguró ayer que la ley de amnistía "es inevitable" y avisó que esta "dejó de ser inconstitucional e imposible de un día para otro, como pasará con el referéndum". Así se pronunció en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, donde defendió la norma ante barones del PP que, encabezados por la madrileña Isabel Díaz Ayuso, insistieron en criticar con dureza el texto pactado entre los partidos independentistas y el PSOE. "Por mucho que se grite, la amnistía será inevitable", subrayó el president, antes de sostener que esta ley debe servir "para reparar parte del dolor causado por la represión". En este sentido, remarcó que la norma será una realidad a pesar de que varios dirigentes socialistas, como el líder del PSC, Salvador Illa, aseguraran que sería "imposible". En este sentido, defendió que esta norma "es el camino" para "consolidar la vía de la negociación" que concluya en el referéndum.
Aragonès reivindicó su presencia en el Senado para "defender" a Catalunya "ante el odio y el desprecio". Denunció que "el actual sistema de financiación es una losa insoportable para Catalunya" y añadió que "si alguna vez quieren seducirla, atrévanse a ganar democráticamente y no por imposición".El president escuchó a los siete barones del PP que fueron al pleno, al que no acudieron miembros del Gobierno español ni presidentes socialistas, lo que provocó las críticas de los populares. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, aseguró que la amnistía es "un golpe contra la unidad nacional y el Estado de derecho" y advirtió que "será imparable si no reaccionamos a tiempo". También rechazó el referéndum, y dijo que "Catalunya no es una nación soberana" porque "la soberanía nacional reside en el pueblo español, es única e indivisible". El presidente murciano, Fernando López Miras, afirmó que la amnistía "torpedea" los "éxitos de la transición", y el aragonés, Jorge Azcón, dijo que la financiación singular que propone el Govern es un "agravio sin precedentes" para el resto del territorio.Por otra parte, el Senado aprobó un informe del PP que sostiene que la amnistía "deja desprotegido el Estado de las Autonomías". Este salió adelante con el aval del PP, UPN y Vox y los votos en contra del PSOE y sus socios parlamentarios. Socialistas, ERC y Junts presentaron votos particulares al texto y acusaron al PP de hacer un "uso partidista del Senado". La senadora de Junts Maria Teresa Pallarés criticó "el aquelarre" del PP contra la amnistía, y aseguró que se trata de una ley "sólida". Entretanto, el socialista Juan Espadas reivindicó la norma como medida "excepcional" y enmarcó el referéndum que Aragonès reclama en la campaña de las elecciones catalanas.
El fiscal general rechaza informar a la Cámara Alta sobre la norma
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, reiteró ayer su negativa a informar al Senado sobre la ley de amnistía al insistir en que carece de competencia para emitir informes sobre "proposiciones de leyes que se hallen en tramitación en sede parlamentaria". Contestó así a la Cámara Alta, después de que la Mesa del Senado, con mayoría del PP, reclamara en marzo al Consejo Fiscal que hiciera un informe sobre la norma. García Ortiz ya había rechazado otra petición del Senado en enero, cuando la ley ni siquiera había llegado a la Cámara.
Un juez comparte una guía para 'esquivar' la ley tras su aprobación
Un miembro de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial y magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha compartió el pasado 20 de marzo en un chat corporativo de la judicatura española una guía para que los magistrados sepan cómo intentar driblar la ley de amnistía tras su eventual entrada en vigor. Según publicó ayer el diario Ara, este magistrado plantea "cuestiones de inconstitucionalidad" o bien plantear dudas al Tribunal de Justicia de la UE sobre su aplicación en relación con el derecho comunitario.