La política de paz total de Gustavo Petro no ha logrado disminuir los graves índices de situación humanitaria en Colombia. El más reciente 'Balance Humanitario 2024′ presentado este miércoles por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) hace un llamado para que los diálogos que se llevan con al menos siete grupos armados —entre negociaciones políticas y procesos con miras al sometimiento— tengan acuerdos especiales que permitan proteger a la población.
"Es fundamental que el Estado colombiano y los grupos armados sitúen las preocupaciones humanitarias en el centro de los diálogos de paz", dice el informe que además afirma que el país pasó de tener siete conflictos armados internos a ocho, pues reconoce como uno de ellos las disputas entre la disidencia de las antiguas FARC, conocida como Estado Mayor Central, y el Clan del Golfo (ahora llamado Ejército Gaitanista de Colombia - EGC).
De acuerdo con el CICR, esos ocho conflictos armados, afectaron en 2023 a miles de civiles con hechos como la desaparición, el desplazamiento, la violencia sexual, el confinamiento, las minas antipersonal y el reclutamiento de menores de edad
Lorenzo Caraffi, jefe de delegación del CICR en Colombia, planteó que esos acuerdos especiales deben cumplirse con o sin ceses al fuego —actualmente hay dos en curso, uno con el ELN y otro con el Estado Mayor Central, este último que está suspendido solo en tres regiones—.
Según el informe, de los ocho conflictos identificados, tres son entre el Estado colombiano, el ELN (en proceso de diálogos de paz), el Clan del Golfo o EGC, y el Estado Mayor Central. El cuarto conflicto es entre el ELN y el Clan del Golfo.
Los otros son los que tiene la disidencia de Mordisco con la Segunda Marquetalia, la otra disidencia de las antiguas FARC que comanda Iván Márquez, el que tiene con los Comandos de la Frontera, con el ELN, y con el Clan del Golfo. Ese último fue identificado por el CICR luego de un seguimiento de dos años a las acciones armadas de ambas estructuras y sus consecuencias humanitarias.
Desplazamientos y confinamientos en los territorios
Según las cifras oficiales, al menos 145 mil personas se desplazaron individualmente en 2023, un incremento del 18 % respecto al 2022. Bolívar, departamento donde opera el Clan del Golfo, tuvo un aumento mayor. La población afectada por esa problemática aumentó en un 94 %. Cauca y Putumayo, donde hacen presencia grupos como el Estado Mayor Central, ELN, Segunda Marquetalia, entre otros, el incremento fue del 50 %.
Sobre los desplazamientos masivos, la principal consecuencia fue la fractura de las prácticas sociales y culturales de distintas comunidades.
Según el documento de CICR, 50.236 personas sufrieron este fenómeno y por quinto año consecutivo Nariño se mantuvo como el departamento con el mayor número de personas afectadas, concentrando el 52 %. Bolívar sigue esa lista con 4.085 personas afectadas, luego Cauca con 3.909, Valle del Cauca con 3.695 y Chocó con 3.670. Nariño, Cauca y Valle del Cauca tienen actualmente suspendido el cese al fuego con las disidencias del Estado Mayor Central.
El caso de Putumayo también es muy particular pues, aunque no alcanza los número de los otros departamentos, los casos de personas desplazadas aumentó casi en 1.000 % pues pasó de 169 personas desplazadas en 2022 a 2.009 casos en 2023.
Por otro lado, el confinamiento fue otra de las vulneraciones que también aumentó durante el 2023 debido a las disputas territoriales entre actores armados. Según el CICR, 47.013 personas estuvieron en confinamiento, lo que representa un aumento del 19% a nivel nacional en comparación con 2022. Uno de los departamentos más críticos sigue siendo Chocó, territorio que concentró el 44%.
"Es fundamental que los actores armados puedan respetar los principios del DIH para limitar al máximo las consecuencias para la población civil y evitar a toda costa los desplazamientos y confinamientos", dijo Stéphanie Eller, Jefa de subdelegación del CICR en Bucaramanga.
El informe apunta a que, durante 2023, las violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) fueron una constante, contabilizando por lo menos 444 vulneraciones.
"Es necesario que las preocupaciones humanitarias ocupen un lugar central en la agenda de conversaciones para la paz. El DIH es una guía y una base concreta para que esto suceda pues, aunque no busca el fin de los conflictos armados, sí tiene herramientas que podrían dar pautas a las partes en su diálogo para reducir el sufrimiento (...) A las partes de los conflictos armados les seguiremos recordando que en la guerra no todo vale, pues, aun en medio de esta, seguimos siendo humanos", resalta el informe.
Minas antipersonal y explosivos
Una de las situaciones que derivan en confinamiento es la amenaza que representa para las comunidades los artefactos explosivos en el camino o las minas antipersonal que se instalan en las rutas de las comunidades. Solo la sospecha de un material de este tipo puede provocar que la población se resguarde durante largos periodos de tiempo, lo que limita su acceso al agua, comida, atención médica y escolaridad. "Nos preocupa que se restrinja arbitrariamente la movilidad a las comunidades y que se limite el acceso a servicios básicos", explicó Hugo Fiz, jefe de la Subdelegación del CICR en Florencia.
Durante 2023, en el país se registraron 380 víctimas directas de minas antipersonal, restos de explosivos de guerra, artefactos lanzados y artefactos de detonación controlada. Entre las víctimas, el 54% son civiles, el 40,5% son de la Fuerza Pública y el otro 5,5% de grupos armados no estatales.
Del total de casos, 196 fueron por artefactos explosivos y 184 por minas antipersonal. Así mismo, el informe registra que 61 personas fallecieron. Entre los departamentos con más casos se ubica Nariño (91 casos), Cauca (81 casos), Norte de Santander (50 casos), Antioquia (48 casos).
La persistencia de la desaparición
Según los datos registrados por el CICR, desde la entrada en vigor del Acuerdo de Paz en 2016 hasta diciembre de 2023, el fenómeno de la desaparición ha sido una constante preocupante, con un total de 1.476 víctimas. Para el último año se documentaron 222 casos en relación con los conflictos armados y el dato confirma la persistencia de este hecho en departamentos como Arauca, Cauca, Nariño, Norte de Santander, Chocó y Valle del Cauca, con un total del 75% de casos documentados.
Otro dato relevante que identificó el CICR señala que, del total de casos registrados en 2023, 49 corresponden a niños, niñas y adolescentes. "El análisis de esta problemática resalta la vulnerabilidad que enfrenta la niñez y la juventud en medio de los conflictos armados y la violencia", destaca el informe.
La salud como víctima de la violencia
Si bien las misiones médicas están protegidas por el DIH, durante 2023 se registraron 511 actos violentos contra la asistencia de salud en todo el país. Según datos de la Mesa Nacional de Misión Médica, del total de casos, 140 estuvieron relacionados con conflictos armados. "La mayoría fueron contra la vida y la integridad del personal sanitario e impactaron directamente a auxiliares, enfermeros, psicólogos, odontólogos, médicos, conductores de ambulancias y equipos de salud pública", señala el documento del CICR.
Las agresiones han sido de tal intensidad que equipos completos de personal sanitario fueron forzados a dejar de trabajar, lo que significó en la privación total de servicios de salud para las comunidades. Incluso el informe destaca que se produjo el homicidio de nueve personas: la cifra más alta registrada en los últimos cinco años. Cinco de esas personas eran sanadores tradicionales.
De ahí que el llamado sea enérgico y urgente para que actores armados atiendan las recomendaciones de respetar los límites de la guerra y el Derecho Internacional Humanitario. También hace un llamado a las mesas de negociación en curso entre el Estado y los grupos armados. "Exhortamos a que incluyan las preocupaciones humanitarias como un punto fundamental en las agendas de negociación y diálogo", concluye el documento.