Madrid, 26 abr (EFE).- La Fiscalía Anticorrupción de España pide 63 años de cárcel y una multa de 42,4 millones de euros para el ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Rodrigo Rato en un juicio sobre el supuesto origen ilícito de su patrimonio.
Rato, que fue vicepresidente del Gobierno español, está acusado de once delitos fiscales, de blanqueo de capitales y de corrupción en los negocios.
En un escrito presentado este viernes, la Fiscalía se ratificó en su acusación y además elevó la cuantía de las cuotas supuestamente defraudadas en el ejercicio de 2008, tras una reformulación por parte de la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude en España.
Por su parte, fuentes próximas al exbanquero calificaron de "extrema" la posición de la Fiscalía, al considerar que no tuvo en cuenta nada de lo ocurrido durante el juicio contra quien fue director gerente del FMI entre 2004 y 2007.
A su salida del tribunal, Rato explicó que una vez que el sumario deje de ser secreto, no descarta personarse como acusación.
La Fiscalía aseguraba en su escrito haber identificado incrementos patrimoniales no justificados entre 2005 y 2015, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior tampoco declarados a la Hacienda española, la tributación de servicios profesionales a través de sus sociedades y que Rato mantuvo un patrimonio oculto al fisco español a través de diversas sociedades extranjeras.
El acusado defiende que como director gerente del FMI tenía su residencia en Washington, donde está la sede del organismo, pero las acusaciones sostienen que su residencia fiscal estaba en España.
El próximo 6 de mayo se reanudará la vista con la lectura del informe final de la Fiscalía y a continuación será el turno de las defensas y del derecho a última palabra de los acusados, que Rato ha asegurado que está dispuesto a ejercer.
Rato fue vicepresidente y ministro de Economía en España entre 1996 y 2004 durante el Gobierno del conservador José María Aznar, antes de estar al frente del FMI hasta su dimisión en 2007, tras lo que dirigió el grupo financiero español Bankia entre 2010 y 2012 y desde 2013 fue asesor para Latinoamérica y Europa de la multinacional española Telefónica.
En 2017 fue condenado en España a cuatro años y medio de cárcel por apropiación indebida en un caso que afectó a esa entidad financiera, por el que estuvo en prisión hasta que en 2021 obtuvo la libertad condicional. EFE
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