Lara Graña
En la mañana del 10 de septiembre de 2023 se dio la alerta de que Carmen Fernández (Cangas, 1980) no se encontraba a bordo del 'García del Cid', oceanográfico adscrito al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y donde ejercía como camarera. Todavía no había amanecido. El dispositivo de búsqueda se desplegó enseguida con el helicóptero de salvamento Helimer 203, la patrullera 'Río Ladra' o una embarcación del Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Alicante. A la flota pesquera se le pidió colaboración por si avistaban en la zona –a unas veinte millas del Cabo de la Nao– un cuerpo a flote. Que el caso trascendía a un fatal accidente no fue público hasta el día 13, cuando Faro de Vigo, del mismo grupo editorial, advirtió que la mujer, casada y con tres hijos, había denunciado a un miembro de la tripulación por una agresión sexual. Carmen había estado dos años de baja médica y solicitado, para su reincorporación y sin éxito, un traslado de centro de trabajo. Recibió un "no". Un proceder que, unido al "silencio" de la institución –el Gobierno no se pronunció sobre este caso de acoso hasta el 27 de febrero, a través de una respuesta al Congreso–, ha airado a la comunidad científica. "La falta de un comunicado público por parte del CSIC y su asistencia en la causa confirman la falta de compromiso real contra el acoso", clama la Oficina Española de Integridad en Investigación (OEII). Un parecer que comparte la Asociación de Profesionales de la Observación Científica Marina (APOCM). "Tocan dimisiones y actuaciones contundentes", demandan.
La cobertura de Faro y la presión en redes sociales han conseguido que el CSIC abra la puerta a repetir la investigación sobre la desaparición de Carmen. Pero, hasta hace poco más de un mes, el Ejecutivo insistía en que, como la denuncia judicial de la mujer por agresión sexual había sido sobreseída, "no cabe hacer referencia a medidas cautelares en este caso". El caso de esta tripulante ha logrado que la entidad tenga que dar un vuelco a su protocolo, a petición del Pleno del Congreso: a partir de ahora la investigación interna administrativa se ejecutará hasta el final, al margen de lo que dirima un juzgado, y las mujeres podrán cambiar de buque como medida de prevención. "La inmediatez en la separación, la confianza y la protección son prioritarias, seguidas de una investigación transparente y la aplicación de sanciones", continúan desde la OEII, una red de profesionales que reúne, entre otros, a víctimas de acoso en la universidad y ofrece asesoría a jóvenes investigadores. Amparo que Carmen no tuvo y que el Gobierno central justificó tras su desaparición, para "repulsa" de esta Oficina.
"Hay una importante ley del silencio en las instituciones en lo que respecta a los abusos, ya que la mayoría de los que deberían hacer algo tienen miedo de que perjudique a la imagen de la institución y prefieren no hacerlo público", abunda. Para la Oficina Española de Integridad en Investigación, responsables de casos como éste, en el que no se adoptan medidas cautelares de protección, deben ser sancionados por el Comité Español de Integridad en la Investigación, facultad que, a día de hoy, no tiene.
La instrucción por la desaparición de Carmen Fernández, que arrancó en un juzgado de Gandía, ha quedado finalmente cerrada por decisión de la Audiencia Provincial de Valencia. Como avanzó Faro, se le ha dado carpetazo incluso sin haberse realizado diligencias en sede judicial, sin haber tomado testimonio a la tripulación –la Guardia Civil lo hizo solo con 4 de las 16 personas que quedaban a bordo– y sin haber visionado las cámaras de cubierta. La familia baraja ahora otras vías ante eventualidades responsabilidades por "negligencia" del CSIC, la mayor institución pública de investigación de España.
"Si mi abuelo llega a ver esto se vuelve a morir. Es indecente"
Consuelo García del Cid es investigadora, escritora y activista. Y una de las últimas que portan ya el apellido de su abuelo, Francisco García del Cid, por quien fue bautizado el buque del CSIC en el que desapareció Carmen Fernández el pasado septiembre. Contacta con Faro. "Si mi abuelo llega a ver esto se vuelve a morir. El comportamiento de la institución ha sido indecente. En un barco no puedes dar un portazo e irte, escapar; en un barco solo tienes el mar para tirarte".
Consuelo García del Cid conoció el caso de esta tripulante de Cangas por este periódico, tras lo que acudió al canal de denuncias telemáticas del CSIC. "Siempre que me había dirigido a ellos habían sido muy amables, pero esta vez no me contestaron". Hasta contactó con Victoria Rosell, para entonces delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. "Me dijo que todo estaba siguiendo su curso y nada más. Pero una persona no desaparece así. Ha sido de vergüenza".
García del Cid es, además, presidenta de una asociación contra la violencia machista, Destacadas Hijas de Eva. A su juicio, la decisión de la Audiencia Provincial de Valencia de dar carpetazo al caso judicial, es un "disparate". "Así, sin ver las grabaciones de las cámaras ni nada. Parece de la Camorra".
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"Falta de compromiso real"