¿Hace su reforma a la salud a la fuerza? Esa era la pregunta que este miércoles se hacía la prensa colombiana luego que el Presidente de ese país, el izquierdista Gustavo Petro, interviniera en la víspera a Sanitas, la segunda EPS (Entidad Promotora de Salud, el símil de las isapres chilenas) más grande del país, con 5,7 millones de afiliados. La decisión de la Superintendencia de Salud se da en medio de una profunda crisis en el Senado, que tiene a la reforma del mandatario al borde del hundimiento.
Según el diario español El País, desde que llegó al poder Petro ha buscado transformar de raíz el sistema de salud y eliminar las EPS privadas, que según él han convertido la salud en un negocio y no en un derecho. El objetivo de su reforma, que el martes sufrió una gran derrota en la Comisión Séptima del Senado y que se votará este miércoles, es eliminar la intermediación de las promotoras para que el dinero pase directamente del Estado a las clínicas y hospitales.
"El gobierno tiene la obligación de salvar el sistema de salud, y la vida de los colombianos", dijo la noche de este martes Petro, al pronunciarse sobre la intervención a la EPS Sanitas que dispuso la Superintendencia de Salud. En un mensaje escrito en su cuenta de la red social X, el mandatario agregó que "el actual sistema, como desde hace años se venía denunciando desde diferentes instancias de control administrativo, judicial y político, extrajo recursos públicos por decenas de billones de pesos que no se invirtieron de acuerdo a la ley y se perdieron".
"Se han perdido 12 billones de pesos del presupuesto público que el gobierno nacional giró a varias EPS el año pasado. El gobierno nacional no puede permitir que se evaporen los impuestos de los colombianos", insistió Petro este miércoles, asegurando que "tanto prestadores de salud de Sanitas como los afiliados seguirán con sus servicios de salud y sus pagos al día".
La intervención de Sanitas, sostiene el diario El Colombiano, se venía alertando desde hace meses por varios choques de sus directivos con el Ministerio de Salud, que incluso llamó a conferencias de prensa para enfocarse en las deudas de Sanitas con hospitales y clínicas y exigirle a la EPS la revelación de los estados financieros de manera pública.
La EPS Sanitas es propiedad del grupo español Keralty, que tiene empresas relacionadas con el sector salud en Estados Unidos, México, Brasil, España, Perú, Venezuela, Filipinas y República Dominicana. De acuerdo con el ministro de Salud colombiano, Guillermo Alfonso Jaramillo, esta es una de las EPS que más dinero reciben por concepto de UPC, una tarifa que el gobierno le paga por cada afiliado. Entre 2019 y 2023 el Estado le giró más de 31 billones de pesos colombianos (8.053 millones de dólares). "Siguen insistiendo en que no tienen dinero", ha dicho Jaramillo en varios escenarios, consigna El País.
Pero la intervención de Sanitas no es la primera. En los últimos cuatro años se han intervenido y luego liquidado 13 EPS en Colombia, lo que ocasionó que 6,4 millones de pacientes hayan tenido que cambiar de EPS, apunta el diario español. Incluso, la revista Semana señala que con la intervención a la EPS Sanitas, la administración de Petro quedó a cargo de la salud de casi la mitad de los colombianos, que corresponden a 25 millones de usuarios del sistema.
A las intervenidas Asmet (1,6 millones de pacientes), Emsanar (1,7 millones), Famisanar (2,9 millones), Sanitas (5,7 millones) y Savia Salud (1,6 millones) se suman los 11,2 millones de afiliados a Nueva EPS, la entidad más robusta de Colombia y que cuenta con una participación directa del Estado colombiano. En total, esto significa que en plena discusión de la reforma a la salud ya hay 25.109.405 de colombianos cuya salud depende directamente de la responsabilidad del Estado.
"Los números son contundentes: el gobierno de Gustavo Petro está acercándose al control del sistema de salud sin siquiera aprobar su reforma a la salud que está en trámite en el Congreso", denunció Semana.
Entre tanto, diversos sectores políticos también se refirieron a la decisión tomada por el gobierno en contra de Sanitas, al punto que algunos aseguran que se trataría de una represalia por el fracaso que en la tarde del martes tuvo el Ejecutivo en un nuevo intento por salvar el proyecto de reforma a la salud que hace trámite en la Comisión Séptima del Senado.
Por ejemplo, el representante a la Cámara Víctor Salcedo, del partido de La U, dijo: "El gobierno quiere pasar factura a la ponencia de archivo a la reforma. Lo que se está dando es lo que anunció la exministra (de Salud) Carolina Corcho. Ella, cuando estuvo en el gobierno, habló de la crisis explícita. Y la tienen lista. Intervinieron a Sanitas con 5,7 millones de afiliados en Colombia. Ya sabemos lo que ha pasado con las EPS que intervienen, es peor la intervención que como estamos".
El representante a la cámara del opositor Centro Democrático, Andrés Forero, que fue el primero en alertar sobre la intervención, denunció: "Ante la frustración del gobierno nacional por el inminente hundimiento de la reforma a la salud, se está tomando una retaliación y está interviniendo de manera arbitraria e injustificada a EPS Sanitas (…) El gobierno pretende intervenir a Sanitas de forma inminente. Tras la asfixia financiera viene el despojo. No aprendieron de lo ocurrido con las EPS intervenidas, que empeoraron indicadores tras la intervención. Claramente, los pacientes no son prioridad". "Reforma a la salud de facto por parte del gobierno de Petro", denunció en X.
Miguel Uribe, senador uribista, también cuestionó la decisión: "¿Comienza el principio del fin de la democracia? ¿Será una represalia por haber agendado la discusión de la reforma a la salud?". "A las buenas o a las malas parece ser el designio oficial para que la ciudadanía quede sin buenos aseguradores en salud y al final solamente se disponga de estatismo, burocratismo y politiquería. ¿Quién en el sector privado volverá a invertir para prestar servicios de salud?", se preguntó el expresidente Álvaro Uribe.
"Ningún estatismo, estimado expresidente Uribe: todas las clínicas, hospitales y consultorios que pagaba Sanitas con dineros públicos seguirán sin intermediario siendo pagadas con dinero públicos, es decir, crecerán. En toda EPS intervenida debe establecerse la libre elección de médico a su afiliado", le respondió Petro.
Pero los cuestionamientos a las intervenciones de las EPS fueron más allá. Alejandro Gaviria, exministro de Salud de Juan Manuel Santos y de Educación de Petro, alertó que la decisión podría causar millones de muertos: "La inminente destrucción del sistema de salud es una tragedia para Colombia. El sistema de salud ha representado el mayor avance social desde 1991. El revanchismo ideológico del gobierno afectará muchas vidas y podría causar muchos muertos". José Antonio Ocampo, el exministro de Hacienda de Petro, que salió del gobierno por su desacuerdo con la reforma, reforzó los argumentos de Gaviria: "La respuesta al fracaso de la reforma a la salud, que el gobierno fue incapaz de concertar, no es apoderarse del sistema, primero de la Nueva EPS y ahora de Sanitas. El gobierno es incapaz de manejar el sistema. Se necesita un acuerdo con los agentes de las principales EPS para evitar la crisis total del sistema, que sufriremos todos los colombianos", escribió en X.
Citado por El País, Andrés Vecino, académico experto en sistemas de salud de la Universidad John Hopkins, se expresó en el mismo sentido: "Con la intervención de Sanitas viene la fuga de afiliados sanos que contribuyen solidariamente con su UPC al manejo de los enfermos. Los hospitales empezarán a negar servicios. ¿Quiénes terminan afectados? Los afiliados enfermos que no pueden trasladarse. El gobierno de la vida".
Ahora, apunta el periódico, la palabra la tienen los senadores de la Comisión Séptima, que este miércoles definirán el destino de la reforma de salud. Si los nueve parlamentarios que firmaron la ponencia de archivo mantienen su voto negativo, el proyecto de ley más importante del gobierno de Petro se hundirá definitivamente.