El presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Poder Judicial de Perú, Javier Arévalo, afirmó este martes 2 de abril que el allanamiento al domicilio de la jefa de Estado, Dina Boluarte, y al Palacio de Gobierno, cumplió con la ley y no fue inconstitucional, como denunció el Gobierno.
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"Ninguna medida que se ha adoptado es inconstitucional. Acá tenemos que ser claros, la Policía ha cumplido su papel, no tenemos que culparla de nada, se ha llevado adelante un procedimiento y se siguió", dijo Arévalo a medios de comunicación.
Añadió que fue la Fiscalía quien hizo la petición de allanar el domicilio y el Palacio de Gobierno como parte de la investigación por un caso de corrupción, y que el juez autorizó el descerraje de la puerta.
"Todos han actuado de acuerdo a la ley. Yo no veo ningún aspecto de inconstitucionalidad", afirmó.
Sostuvo que las decisiones judiciales se tienen que cumplir, "gusten o no" y que estas "no tienen que estar respaldadas por el presidente, lo que el presidente respalda es el cumplimiento".
"Yo no voy a tomar ninguna decisión porque esto está en trámite. Entiendan que los jueces son independientes y ellos responder por lo que resuelven. Cada juez responde por sus decisiones", indicó Arévalo.
Cerca de la medianoche de este viernes y hasta la mañana del sábado un equipo fiscal de policías y fiscales allanó el domicilio de la presidenta y el Palacio de Gobierno como parte de la investigación preliminar abierta por la supuesta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, por no haber declarado relojes de lujo ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Horas después, en un pronunciamiento, Boluarte definió este suceso como arbitrario, desproporcional y abusivo.
"Nunca ha existido como se viene diciendo, ni rehusamiento ni rebeldía de mi parte frente a la investigación fiscal, muy por el contrario, me he apersonado a esta instancia poniéndome a disposición, por lo que la medida de la madrugada es arbitraria, desproporcional y abusiva", afirmó Boluarte en una declaración sin preguntas.
La presidenta dijo que es "respetuosa de la investigación fiscal", pero que rechaza la forma en la cómo se hace, "de manera discriminatoria e inconstitucional".
En este sentido, criticó que rompieran la cerradura de su domicilio, en el distrito limeño de Surquillo, puesto que su familia no tuvo tiempo para abrir la puerta y dijo que esta medida arbitraria afecta a los derechos de su familia y también a la gobernabilidad del país.
Después de estas declaraciones, la Fiscalía emitió un comunicado en el que detalló que el operativo se realizó "por orden del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema" y, por tanto, descartaron que la intervención "haya sido ilegítima, inconstitucional y abusiva".