La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, quiere modificar el Estatuto de los Trabajadores para reducir la jornada laboral máxima a 37,5 horas en 2025. Se trata de una reforma pactada con el PSOE en el acuerdo de coalición y que trata de materializar con un escalón previo por el que el límite quedaría fijado en 38,5 horas en 2024. La vicepresidenta segunda del Gobierno advirtió de que la aprobaría con o sin el apoyo de los empresarios y los sindicatos urgen a aprobarla antes del verano, si bien los representantes de los trabajadores son partidarios de hacerlo con un pacto con CEOE para facilitar la negociación colectiva y también, el apoyo del PNV y Junts.
La cartera de Díaz convocó a las dos partes de la negociación en enero, tras lo que dio comienzo una mesa bilateral en la que empresarios y sindicatos se han marcado la meta de medir cuál sería el impacto de esta reducción en los diferentes sectores y tipos de compañía. El Ministerio de Trabajo volvió a citarles para seguir la evolución de estas conversaciones, pero tras constatar que habían sido escasas concedió cierto margen al diálogo social. Las reuniones entre CEOE, Cepyme, CCOO y UGT se llevan con la máxima discreción y apenas han trascendido detalles de los temas abordados, pero el secretario de Comisiones Obreras, Unai Sordo, reconocía esta semana que las negociaciones "no van tan rápidas" como para dar cuenta de ellas cada semana.
Desde un inicio, la parte empresarial se había posicionado en contra de llevar a cabo esta reducción por ley, ya que entendían que la negociación colectiva era la esfera adecuada para llevarlos a cabo y no con una modificación de la norma. Sin embargo, el resultado de las negociaciones entre los delegados sindicales y las empresas no se ha traducido en una reducción de las horas trabajadas, de hecho se ha producido un pequeño incremento en la comparativa interanual. De acuerdo con la estadística de convenios colectivos que publica Trabajo, los acuerdos registrados en 2024 recogen una jornada laboral media de 1.779,4 horas anuales, lo que en términos semanales se sitúa en la franja que va de las 38,5 a las 39,5 horas de trabajo.
En marzo de 2023, la jornada media negociada en los convenios suscritos ese año era de 1771,16 horas anuales, por lo que se trata de una diferencia muy reducida, pero que avanza en sentido contrario al perseguido por el Gobierno. Entre enero y marzo se han registrado 80 convenios colectivos, de los que más de la mitad se restringen al ámbito de una empresa determinada (55) al tiempo que otros 25 son territoriales o sectoriales. Y la jornada laboral media es notablemente superior en los segundos, con 1.780 horas anuales frente a las 1.695 horas que recogen los que se circunscriben al espacio de la empresa y por los que 6.170 trabajadores trabajan unas 37 horas a la semana.
El Gobierno ha recogido este compromiso de recortar las jornadas de trabajo en el Plan Normativo de 2024 que aprobó en Consejo de Ministros hace dos semanas. No obstante, parece complicado que Trabajo pueda contentar a los sindicatos con la aprobación de esta medida antes del verano, dado el ciclo electoral que se iniciará en dos fines de semana con las elecciones vascas y que culminará en el mes de junio con los comicios europeos, elecciones catalanas mediante. Primero, por la complejidad política de un contexto en el que los partidos en los que se sustenta la coalición tendrán que competir entre sí -y con los partidos en el Ejecutivo- en los próximos meses. La mayoría de formaciones nacionalistas apoyan el cambio, pero el partido de Carles Puigdemont quiere una negociación propia para brindar sus votos a favor.
Y en segundo lugar, porque el Ministerio de Trabajo quiere introducir en este texto la modificación del control horario en las empresas. La norma fue aprobada en 2018 por el primer gobierno de Pedro Sánchez y tanto los negociadores sociales como el equipo de Díaz coinciden en señalar que su diseño ha sido un fracaso, dado que no ha conseguido acabar con el fraude respecto a las horas extra trabajadas y no pagadas. Por ello, el Ejecutivo quiere impulsar cambios basados en que el registro tenga que hacerse en formato digital obligatoriamente y en incorporar la inteligencia artificial para permitir a la Inspección de Trabajo tener acceso en remoto a este historial.