Juan Ramón Castellanos recibió una condena de un año y ocho meses de prisión. Al jefe comunal de la localidad de Perugorría, le impusieron tres años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La Justicia de Corrientes condenó en las últimas horas a un año y ocho meses de prisión en suspenso al actual intendente de la localidad de Perugorría, Juan Ramón Castellanos, por haber derrumbado con una topadora la casa de un vecino del barrio La Tablita, hecho que ocurrió en 2021.
Además, el tribunal de juicio de la ciudad de Mercedes le impuso tres años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos y una serie de reglas de conducta que deberá cumplir durante el mismo periodo, tras haberlo considerado culpable de los delitos de usurpación y abuso de autoridad.
Todo comenzó el 9 de diciembre del 2021, cuando Castellanos llegó hasta la casa de un vecino y con una topadora tiró abajo su vivienda, aprovechando que en ese momento no se encontraba nadie. El jefe comunal se justificó asegurando que era algo que había hablado previamente con el dueño del inmueble y que su idea, una vez despejado el lugar, era construir otras viviendas.
Sin embargo, el damnificado negó cualquier tipo de acuerdo. Incluso afirmó que ese día había ido como cualquier otro a trabajar al campo hasta que le avisaron que le habían "tumbado" su casa.
Tras la denuncia, la Justicia constató que el vecino era propietario legal. Fuentes judiciales indicaron que tenía un permiso de ocupación que le había otorgado la Municipalidad de la localidad.
El caso llegó a juicio. El debate comenzó a mediados de marzo pasado y concluyó ayer tras tres jornadas en las que declararon testigos, el acusado y los partes presentaron sus versiones de los hechos. En su alegato, el Ministerio Público Fiscal, representado por el doctor Juan Carlos Alegre, pidió dos años de prisión de cumplimiento en suspenso y, tomando una condena anterior de Castellanos de un monto de seis meses, requirió la unificación de pena.
Así, Alegre requirió la aplicación de 2 años y 6 meses de prisión de pena unificada, de cumplimiento en suspenso; y la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo.
Por su parte, la defensora oficial Julieta Lacroze se opuso al planteo de la fiscalía y solicitó la pena mínima de la condena y sin inhabilitación por entender que, al no estar firme la sentencia, resulta inaplicable.
Finalmente, el juez de Juicio Unipersonal de Mercedes, Ramón Alberto Ríos, resolvió una pena inferior a la solicitada por la fiscalía y condenó al intendente a un año y ocho meses de ejecución en suspenso y tres años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
"Así, el doctor Ríos expresó de manera sucinta, conforme las previsiones legales (Art. 339 del CPP), los motivos entre los que mencionó principalmente la imposibilidad de volver al estado anterior en su totalidad, ya que la vivienda usurpada fue destruida y los bienes muebles fueron devueltos parcialmente a la víctima", agregaron desde el Poder Judicial correntino.
En el veredicto se menciona que "está probado el despojo de la propiedad y la destrucción de la casa". Respecto al abuso de autoridad, se hizo mención a que "Castellanos es el intendente de Perugorria y abusó de sus facultades de funcionario público". El magistrado remarcó que "el hecho se cometió en la clandestinidad, ya que López no estaba en el lugar y nunca fue avisado ni sabía que su vivienda iba a ser derrumbada".
Entre los fundamentos, el juez Ríos determinó que "quedó probado en la audiencias la usurpación de la vivienda, que era propiedad del denunciante López". Además, subrayó "el uso de violencia" y que "no quedó probado la existencia de un acuerdo previo entre Castellanos y López".
La localidad de Perugorría está ubicada al sur de Corrientes, en la quinta sección del departamento Curuzú Cuatiá, a la vera de la ruta provincial RP 24, y a 228 kilómetros de la capital provincial.
Los dos intendentes que precedieron a Castellanos en Perugorría también fueron condenados por la Justicia. Se trata de Jorge Luis Corona y Angelina Soledad Lesieux, quienes fueron jefes comunales de dicha localidad entre 2005 y 2017. En sus casos, los condenaron por hechos de corrupción luego haber sido acusados de quedarse con más de $56 millones de pesos destinados para obras públicas que nunca se concretaron.
Lesieux recibió 8 años y 3 meses de prisión, mientras que su pareja, Corona, fue condenado a 5 años de cárcel. Además, el matrimonio fue inhabilitado de manera perpetua para ejercer cargos públicos.
La sentencia se dictó en septiembre de 2020; en aquel momento, ambos ya se encontraban en prisión, habiendo sido arrestados en febrero de 2018.