La justicia cuestionó la decisión de la policía de Río Negro de retener más del 70% del salario de una agente de Roca quien además de ser jefa de hogar tiene tres hijos a cargo. Ordenó limitar los embargos a la mujer y puso en evidencia la falta de perspectiva de género del organismo público y el comportamiento por fuera de la ley que pone techo a los embargos salariales aun cuando hayan sido consecuencia de una decisión voluntaria.
La crisis económica obligó a una mujer policía, y sostén de familia con tres hijos, a tomar créditos para sostener el costo de vida de su grupo familiar. Sin embargo, las cuotas de sus préstamos le generaron un ahogo financiero que no tuvo ningún reparo por parte de la empleadora. La jefatura de Río Negro le hizo descuentos en sus haberes que no solo superaron lo que permite la ley, sino que la dejaron con un salario, en enero de 2024, de 93 mil pesos.
La policía, que ostenta el cargo de cabo, lleva más de 14 años en la fuerza y cobra un bruto que está por debajo de la canasta básica. Según el fallo judicial roza los 500 mil pesos. Con los descuentos previsionales y otros aportes su salario se reduce a menos de 350mil pesos.
En ese contexto recurrió a una serie de créditos y por eso el área de liquidación de sueldos de la policía de Río Negro no tuvo reparos para embargar casi la totalidad el sueldo a pesar que la ley restringe las retenciones por encima del 20%.
Por eso la mujer, que presta funciones en Roca, con patrocinio de su abogada Lucía Benatti presentó un recurso de amparo para limitar "el atropello" de la provincia ante los "desmedidos" descuentos. En la presentación del recurso, la letrada manifestó que a pesar de la carrera policial de la demandante no tuvo en más de 10 años una mejora sustancial de su salario y, que además es soltera y sostén de familia, que tiene tres hijos, y que la mayor estudia en la Universidad de Rio Negro.
El argumento de la policía de Río Negro fue que la mujer solicitó créditos y que los embargos llegaron al área de Liquidación y que se concretaron, sin más. La Cámara Primera del Trabajo de Roca falló a favor de la mujer y ordenó al organismo público que restrinja los descuentos salariales al 20% como estipula la ley.
La Cámara manifestó que, ante la falta de una normativa provincial, corresponde aplicar en forma analógica la normativa existente a nivel nacional, tal como se siguiera en «Peñaloza» citado por la amparista, la que sentó como límite embargable del salario un tope del 20%.
La justicia dejó claro la actuación del Estado provincial en contra del derecho afectando sensiblemente la situación económica de la cabo quien además tiene a su cargo tres menores.
«En el caso la actuación del Estado Provincial ha sido contraria a derecho, al haber efectivizado descuentos sobre los haberes de su dependiente, excediendo ampliamente los límites legales de afectación de las remuneraciones al punto de abonarse a la misma una suma dineraria que no resulta suficiente para su subsistencia".
El tribunal explicó que de la normativa que rige a nivel nacional se evidencia claramente la obligación del Estado en su rol de empleador "de resguardar la efectiva percepción del salario de sus dependientes, y los límites en su afectación o cesión, tal como imponen las normas constitucionales y supra legales citadas. Ello aun cuando se trate de préstamos que hubieran sido voluntariamente contratados por la trabajadora, en cuanto rige el orden público laboral que prohíbe la cesión del salario, de modo que comprometa la subsistencia del trabajador y su familia», sostiene la sentencia del fuero laboral de Roca.