El Poder Judicial ha vuelto a confirmar la legitimidad de la fiscal suprema Delia Espinoza para investigar a la ex fiscal de la Nación Patricia Benavides por el caso de su presunta red criminal en el Ministerio Público. Esta vez, además, ha ratificado que también puede investigar a congresistas y otros altos funcionarios que estén involucrados en la misma trama.
La resolución fue emitida por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema en respuesta a un recurso de tutela de derechos de la defensa legal del congresista Édgar Tello, del Bloque Magisterial. Su objetivo era que se anule su inclusión en el caso, dispuesta por Delia Espinoza en marzo, y que -en todo caso- su investigación sea vista por el fiscal de la Nación. En suma, se buscaba apartar a Espinoza de las pesquisas.
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Édgar Tello es investigado por la fiscal Espinoza junto a Patricia Benavides por dos hechos vinculados a ella. Lo mismo aplica para los otros legisladores incluidos en el caso: todos están por hechos presuntamente relacionados a la ex fiscal de la Nación.
Los 14 congresistas investigados por Delia Espinoza
Congresista investigado por caso Patricia Benavides | Delitos imputados |
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1. Martha Moyano (Fuerza Popular) | - Organización criminal - Tráfico de influencias agravado |
2. Patricia Chirinos (Avanza País) | - Organización criminal - Cohecho activo específico- Cohecho pasivo impropio- Negociación incompatible |
3. José María Balcázar (Perú Bicentenario) | - Cohecho activo específico - Cohecho pasivo impropio |
4. Katy Ugarte (no agupada) | - Cohecho activo específico - Cohecho pasivo impropio |
5. Édgar Tello (Bloque Magisterial) | - Cohecho activo específico - Cohecho pasivo impropio |
6. Germán Tacuri (Bloque Magisterial | - Cohecho activo específico - Cohecho pasivo impropio- Tráfico de influencias agravado |
7. Luis Cordero | - Cohecho activo específico - Cohecho pasivo impropio |
8. José Williams (Avanza País) | - Cohecho activo específico - Tráfico de influencias agravado |
9. Luis Aragón (Acción Popular) | - Cohecho activo específico - Cohecho pasivo impropio |
10. José Jerí (Somos Perú) | - Cohecho pasivo impropio - Tráfico de influencias agravado |
11. Ílich López (no agrupado) | - Cohecho activo específico - Cohecho pasivo impropio |
12. César Revilla (Fuerza Popular) | - Cohecho activo específico - Cohecho pasivo impropio- Tráfico de influencias agravado |
13. Jorge Flores Ancachi (Acción Popular) | - Cohecho activo específico - Cohecho pasivo impropio |
13. Alejandro Soto (APP) | - Cohecho activo específico - Cohecho pasivo impropio |
A Édgar Tello se le imputa ser autor de cohecho pasivo impropio por presuntamente haber accedido a votar en junio pasado a favor de la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ávalos, que estaba enfrentada a Patricia Benavides, a cambio de que la entonces titular del Ministerio Público lo favorezca en las investigaciones que ella misma le seguía por los casos 'Mochasueldos' y 'Los Niños'.
También se le atribuye ser cómplice de cohecho activo específico por presuntamente haber ayudado a gestionar una reunión entre Jaime Villanueva, asesor de Patricia Benavides, y su compañero de bancada Germán Tacuri, para que también se le ofrezca votar por la inhabilitación de Zoraida Ávalos a cambio de favorecerlo en su investigación por el Caso 'Los Niños'.
Fue por eso que, a inicios de marzo, Delia Espinoza incluyó a Édgar Tello en el grupo de 14 parlamentarios que son investigados junto a Patricia Benavides por presuntos actos de corrupción. El caso es conocido como 'La fiscal y su cúpula de poder'. Todos los involucrados niegan las acusaciones.
El recurso de Édgar Tello
En una audiencia desarrollada la semana pasada, la defensa de Édgar Tello sustentó su tutela de derechos. Su abogado argumentó que por ser congresista y tener antejuicio (inmunidad), toda indagación en su contra solo puede ser hecha por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, y no por una "fiscal delegada", en referencia a Delia Espinoza.
El mismo Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, entonces a cargo de Juan Carlos Checkley, ya había resuelto un tutela de derechos planteada por la propia Patricia Benavides con ese mismo argumento: que la investigación debía ser hecha por el fiscal de la Nación y no por la fiscal suprema Delia Espinoza. Ese pedido fue rechazado.
Aquella vez, a mediados de marzo, el juzgado dio la razón a los argumentos de la fiscalía: que Juan Carlos Villena no podía realizar esa investigación porque él mismo estaba incluido como testigo. Además, porque al haber pedido que Patricia Benavides renuncie al puesto de fiscal de la Nación cuando estalló el caso de su presunta red criminal, se podía considerar que había adelantado opinión.
Los mismos argumentos para excusarse de dirigir el caso aplicaban para el fiscal supremo más antiguo, Pablo Sánchez, por lo que la investigación debía ser realizada por la única otra fiscal suprema en funciones: Delia Espinoza. Fue por ello que a mediados de diciembre pasado, Juan Carlos Villena le dio competencia para investigar el caso de Patricia Benavides.
Pese a ello, la defensa de Édgar Tello sostuvo, esta vez ante el juez Saúl Peña Farfán, que los motivos de Juan Carlos Villena para no ver el caso no aplicaban para él ni tenían nada que ver con el congresista. En todo caso, argumentó, la investigación en lo que respecta a él tenía que ser separada y realizada por el fiscal de la Nación, no por Delia Espinoza.
En la misma audiencia, Delia Espinoza se opuso al pedido de la defensa. La fiscal suprema recordó que, luego de que le encargó la investigación, Juan Carlos Villena amplió su competencia para que pueda incluir allí a otros altos funcionarios que estén involucrados. Dicha ampliación se hizo a través de una resolución publicada en el diario oficial El Peruano.
Con esa base legal, Delia Espinoza sumó como investigados a los 14 congresistas, entre ellos Edgar Tello, y a otros funcionarios, como el fiscal adjunto supremo Marco Huamán, quien fue la mano derecha de Patricia Benavides en casos de altos funcionarios.
Ante el juzgado, la fiscal suprema defendió la necesidad de que todos los investigados estén en una misma carpeta y el caso no se divida. "Este es un megacaso complejo, no se puede fragmentar ni separar, porque se estaría afectando la unidad de la investigación y poniendo en riesgo su éxito [...] No hay que tener temor a las investigaciones", dijo.
La resolución del juez
Frente a las dos posturas, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria optó por darle la razón a la fiscalía. En su resolución, a la que accedió El Comercio, el magistrado Saúl Peña declaró infundada la tutela de derechos planteada por la defensa de Édgar Tello.
El juez consideró que si estuviésemos ante una investigación "ordinaria" contra un funcionario con antejuicio (inmunidad), el investigado tendría razón. Sin embargo, advirtió que este se "trata de un caso singular", el cual inició en diciembre pasado con Patricia Benavides como única investigada.
En esa línea, es "una situación objetiva" que Juan Carlos Villena y Pablo Sánchez son testigos en este caso y que, por respeto a la imparcialidad y al debido proceso, ellos "no podrían asumir actualmente la conducción de esta investigación". A esto se suma que la propia Patricia Benavides "consideró que ellos habían adelantado opinión respecto al caso, al solicitarle su renuncia al cargo de Fiscal de la Nación que ejercía".
El juez supremo Saúl Peña resolvió que "al existir solo tres fiscales supremos titulares, de los cuales dos (Villena y Sánchez) están impedidos de intervenir, resulta razonable que el conocimiento del caso haya sido derivado por el fiscal de la Nación para que sea asumida por la fiscal suprema Espinoza". Así, se se sumó así al criterio del juez supremo Juan Carlos Checkley, que en marzo pasado había resuelto con ese mismo argumento la tutela derechos de Patricia Benavides
Por ello, el juez Peña indicó que también se entiende que Juan Carlos Villena haya ampliado la competencia de Delia Espinoza para que pueda investigar a otros altos funcionarios con inmunidad y a jueces y fiscales "de todos los niveles" por hechos relacionados a la misma carpeta fiscal, que se inició con Patricia Benavides como única indagada.
Finalmente, consideró que los delitos por los que se investiga al congresista Édgar Tello "guardan conexidad con la presunta comisión del delito de organización criminal que se ha atribuido a la investigada Liz Patricia Benavides Vargas". Por ello, "no se aprecia que haya afectación al debido proceso ni a derechos específicos del solicitante".
Argumento rechazado dos veces
La decisión es de primera instancia. El abogado de Édgar Tello, David Mujica, dijo a El Comercio que aún no revisaba la resolución, pero que que "si es infundada, vamos a apelar". Sin embargo, por ahora, la decisión ratifica a la fiscal suprema Delia Espinoza al frente las investigación a Patricia Benavides y los 14 congresistas.
El mismo argumento rechazado ahora dos veces por dos jueces supremos del Poder Judicial, que Delia Espinoza no puede investigarlos, fue usado por un grupo de los 14 congresistas investigados para presentar denuncias constitucionales y buscar la inhabilitación de Juan Carlos Villena y de Espinoza.
En el caso de la denuncia contra Delia Espinoza, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) aprobó un informe que la declaró improcedente. En el caso de Juan Carlos Villena, la denuncia constitucional continúa en trámite.