Este lunes se dio a conocer la muerte de Sergio Fernández, ex ministro de la dictadura chilena y uno de los colaboradores civiles más importantes del ex dictador Augusto Pinochet. El abogado, cofundador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), falleció a los 85 años a raíz de un cáncer que lo aquejó durante sus últimos días de vida.
Su defunción generó varias reacciones dentro del mundo de la defensa a los derechos humanos, donde hubo un consenso a la hora de señalar que su partida en impunidad resulta dañina para la democracia chilena. Así lo declaró Alicia Lira, presidenta de la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP).
"Los familiares lo lamentarán, pero para esta sociedad, no solamente para los familiares y las víctimas que nos arrebataron, no es placentero ver que mueren de viejitos. Y en una total impunidad, ni si quiera sancionados social o políticamente", reflexionó Lira en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile.
La dirigente, cuyo compañero y hermano fueron asesinados durante la dictadura, agregó que la postura de los familiares de las víctimas de violaciones a los DD.HH. no tiene que ver con alegrarse o entristecerse con su muerte.
"Lo que indigna es que hay 3 mil responsables civiles de esta política de exterminio de Sergio Fernández que mueren alrededor de su familia, con todo el dinero que tienen, mientras que nosotros seguimos en la búsqueda de los familiares de los que aún falta saber la verdad. Y eso no le ha hecho bien a este país, a esta sociedad, a esta democracia", aseveró.
El rechazo a un "blanqueamiento" de imagen
Para Claudio Nash, abogado y coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, resulta importante recordar que el papel que jugó Fernández en la administración liderada por Pinochet no fue menor. "El rol de Sergio Fernández es clave para entender el diseño autoritario en la Constitución de 1980, además de las medidas que como ministro del Interior tomó para garantizar la impunidad, como fue la dictación del decreto de Ley de Amnistía en el año 1978″, aseguró.
"Su rol, tanto como ministro y luego como senador designado, fue defender el modelo autoritario diseñado para perder el gobierno, pero mantener el poder una vez terminada la dictadura", agregó Nash.
En palabras del abogado, el trabajo del ex ministro "es un claro ejemplo de la participación activa de los civiles durante la dictadura y el rol fundamental que tuvieron para el desarrollo de una política de exterminio y de graves violaciones de derechos humanos en Chile. Lamentablemente, nunca se hizo justicia y Sergio Fernández termina muriendo en la más total impunidad. Esta es una más de las deudas que tiene la democracia chilena con la justicia y la memoria".
Carlos Margotta, también abogado y presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, concuerda con las declaraciones de su colega.
"Sergio Fernández fue un gran admirador de Pinochet y un estrecho colaborador de la dictadura; y uno de los grandes responsables de la política represiva que se implementó a partir del 11 de septiembre de 1973. Firmó la Constitución de 1980, que pretendía perpetuar el antidemocrático e ilegítimo orden político, económico, social y cultural que se había impuesto a sangre y fuego a partir del 11 de septiembre de 1973. En 1984, plasmó sus ideas antidemocráticas en la co-fundación de la UDI, que hasta el día de hoy defiende las ideas de Pinochet y del modelo económico que se instauró a la fuerza a partir del Golpe de Estado de 1973″.
Luego de que se diera a conocer la noticia de su deceso, dicho partido compartió un comunicado de prensa donde valoraron "su contribución al proceso de retorno a la normalización democrática y su papel protagónico en el diseño de la transición hacia un régimen democrático y en paz para nuestra patria". Un texto que no fue bien recibido por parte de los familiares de las víctimas de la dictadura.
"De la UDI no se puede esperar más porque fue el partido que más aportó cuadros políticos a la dictadura, los más crueles. Nombremos, por ejemplo, a Jaime Guzmán. Y porque sus valores no son los nuestros. Ellos tienen amor al poder y, por lo tanto, hoy en día se dedican a difamar, a difundir una política anticomunista, a negar todo lo que beneficia a los trabajadores, a los pensionados, a la población, para así acorralar al Gobierno", señaló Lira.
En esa misma línea, desde la Comisión Chilena de Derechos Humanos esperan que la muerte de Fernández "no sirva para blanquear su imagen, toda vez que el pueblo de Chile y las organizaciones de derechos humanos sabemos perfectamente el rol nefasto que jugó durante la dictadura, tanto como cómplice de las violaciones a los DD.HH. como en un intento por amparar la impunidad de los graves crímenes cometidos durante el período".
Un hombre imprescindible
Nacido en Punta Arenas y titulado de la Universidad de Chile, la carrera política de Fernández arrancó en 1976, cuando fue designado a la cabeza del Ministerio de Trabajo y Previsión Social durante la dictadura encabezada por Augusto Pinochet. En 1978 se transformó en el primer civil en ocupar el cargo de ministro del Interior, el cual ostentó hasta 1984. Más adelante, en 1987, volvió a la cartera para apoyar a Pinochet en la campaña del plebiscito de 1988, donde se decidió la no continuidad del régimen dictatorial.
Sin embargo, su vida pública no solo se limitó a su liderazgo en dichos gabinetes. En septiembre de 1983, Fernández fundó junto a Jaime Guzmán, Pablo Longueira y otras figuras de la derecha chilena más dura el partido Unión Demócrata Independiente (UDI). Además, y tras el triunfo del "No", fue designado por Pinochet como senador vitalicio entre 1990 y 1998. En las siguientes elecciones presentó su candidatura al Senado y fue electo por 14.187 votos, correspondientes al 24,17% del total de sufragios válidamente emitidos y resultando electo gracias al sistema binominal.
Tras el término de la dictadura, Fernández fue sindicado por las organizaciones defensoras de los derechos humanos como uno de los "cómplices" civiles. En efecto, él fue investigado por su responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad ejercidos a partir del 11 de septiembre de 1973: desde 1999 que tuvo vigencia una orden de captura internacional, solicitada por el juez Baltasar Garzón, y en 2005 se ingresó una petición para su desafuero por su presunta vinculación con la 'Operación Cóndor'.
"Fue acusado de ser uno de los gestores de la operación Plan Cóndor, que era una articulación y coordinación de los servicios de seguridad de las diferentes dictaduras militares latinoamericanas durante la década de los 70, que tenía por finalidad exterminar a los opositores políticos. Fue, además, suscriptor del decreto de ley 2191 de abril de 1978, que buscaba, precisamente, amparar y consolidar la impunidad de los criminales de lesa humanidad que habían operado entre el 11 de septiembre del 73 y abril de 1978", explicó Carlos Margotta a este medio.