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Estados Unidos
jueves, 25 abril 2024 | 07:38
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Washington— En su última argumentación del período, el Tribunal Supremo considerará el jueves si el expresidente Donald Trump debe enfrentar un juicio por cargos de que conspiró para subvertir las elecciones de 2020.
La respuesta del tribunal a esa pregunta será una declaración importante sobre el alcance del poder presidencial. Dependiendo de su momento y contenido, la decisión también ayudará a determinar si el juicio de Trump comenzará antes de las elecciones, a tiempo para que tanto los jurados como los votantes evalúen las pruebas que Jack Smith, el fiscal especial del caso, busca presentar.
La mayoría de los expertos legales no esperan que Trump prevalezca en sus argumentos más amplios. Pero cuándo y cómo pierde puede resultar tan importante como si pierde.
Incluso si el tribunal actúa con considerable rapidez y dictamina definitivamente en contra de Trump dentro de un mes, es probable que el juicio no comience hasta al menos el otoño, en pleno apogeo de la campaña presidencial. Si el tribunal no se pronuncia hasta finales de junio o devuelve el caso a los tribunales inferiores para una mayor consideración del alcance de cualquier inmunidad, el juicio podría no tener lugar hasta después de las elecciones.
Si Trump prevalece en las elecciones, podría ordenar al Departamento de Justicia que retire los cargos.
Trump está acusado de un esfuerzo generalizado para anular el resultado de las elecciones de 2020, incluido el intento de reclutar listas falsas de electores en un intento de alterar los recuentos de votos y presionar a una variedad de funcionarios, incluido el vicepresidente Mike Pence, para subvertir los resultados. Trump enfrenta un cargo de conspiración para defraudar al gobierno, otro de conspiración para privar de derechos a los votantes y dos cargos relacionados con obstruir de manera corrupta un procedimiento del Congreso.
El caso ante el tribunal involucra solo uno de los cuatro conjuntos de cargos penales pendientes contra Trump, incluidos los que están en cuestión en un juicio en curso en un tribunal estatal en la ciudad de Nueva York por acusaciones de pagos de dinero para mantener en silencio destinados a distorsionar las elecciones de 2016. Independientemente de lo que suceda después de la argumentación del jueves, las elecciones de 2024 se llevarán a cabo a la sombra del sistema de justicia penal.
Trump sostiene que tiene derecho a inmunidad absoluta de los cargos de Smith, basándose en una amplia comprensión de la separación de poderes y un precedente de la Corte Suprema de 1982 que reconoció tal inmunidad en casos civiles por acciones tomadas por presidentes dentro del "perímetro exterior" de sus responsabilidades oficiales.
Los tribunales inferiores han rechazado la afirmación de Trump de que está completamente inmune a la persecución por actos que tomó como presidente.
"Independientemente de las inmunidades que pueda disfrutar un presidente en funciones", escribió la jueza Tanya Chutkan del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Washington, "los Estados Unidos tienen solo un jefe ejecutivo a la vez, y ese cargo no confiere un pase vitalicio de 'salida de la cárcel'".
Un panel unánime de tres jueces del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia estuvo de acuerdo. "Para el propósito de este caso penal, el ex presidente Trump se ha convertido en ciudadano Trump, con todas las defensas de cualquier otro acusado penal", escribió el panel en una decisión sin firmar. "Pero cualquier inmunidad ejecutiva que pudo haberlo protegido mientras se desempeñaba como presidente ya no lo protege contra esta persecución".
Al aceptar escuchar el caso, el Tribunal Supremo dijo que decidiría esta pregunta: "¿En qué medida disfruta un ex presidente de inmunidad presidencial de enjuiciamiento penal por conducta que se alega involucra actos oficiales durante su mandato en el cargo?"
La pregunta sugiere que el tribunal podría rechazar la inmunidad absoluta pero pedir protecciones más limitadas. También indica que los jueces pueden tratar de distinguir entre actos oficiales y privados.
Dos de los precedentes clave en el caso involucran al presidente Richard Nixon.
En United States v. Nixon, el tribunal dictaminó en 1974 que Nixon, entonces aún en el cargo, debía cumplir con una citación de juicio que buscaba grabaciones de sus conversaciones en la Oficina Oval, rechazando sus reclamos de privilegio ejecutivo.
"Ni la doctrina de la separación de poderes, ni la necesidad de confidencialidad de las comunicaciones de alto nivel, sin más, pueden sostener un privilegio presidencial absoluto e incondicional de inmunidad frente al proceso judicial en todas las circunstancias", escribió el presidente del tribunal, Warren Burger, para un tribunal unánime.
Pero en 1982, mucho después de que Nixon dejara el cargo bajo amenaza de juicio político, el tribunal falló a su favor en Nixon v. Fitzgerald, un caso civil presentado por un analista de la Fuerza Aérea que dijo que fue despedido en 1970 en represalia por sus críticas a los sobrecostos.
Los jueces fallaron a favor de Nixon por un voto de 5-4. "Dada la naturaleza especial del cargo y las funciones constitucionales del presidente", escribió el juez Lewis Powell para la mayoría, "consideramos apropiado reconocer la inmunidad presidencial absoluta de responsabilidad por daños por actos dentro del 'perímetro exterior' de su responsabilidad oficial".
Ese precedente, dijo Smith a los jueces en un escrito, no se aplica en casos penales.
"Este caso involucra el interés mucho más importante de vindicar la ley penal federal en una persecución llevada a cabo por el propio poder ejecutivo", escribió. "Eso no fue cierto en Fitzgerald".
El tribunal ha escuchado otros dos casos en este período relacionados con el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021.
En marzo, el tribunal rechazó por unanimidad un intento de excluir a Trump de la boleta electoral bajo la Sección 3 de la 14a Enmienda, que declaró inelegibles para ocupar cargos a las personas que participen
en insurrecciones. El tribunal, sin discutir si Trump estaba cubierto por la disposición, dictaminó que los estados no pueden usarla para excluir candidatos a la presidencia de la boleta electoral.
La semana pasada, el tribunal escuchó argumentos en un desafío al uso de una ley federal de obstrucción para enjuiciar a miembros de la multitud que asaltó el Capitolio. Los jueces parecieron escépticos de que la ley, que fue una reacción a un escándalo contable, se aplicara a las acciones de los alborotadores.
Dos de los cuatro cargos contra Trump se basan en la ley de obstrucción, y la decisión del tribunal puede complicar los esfuerzos de Smith para perseguir esos cargos.
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