El proyecto de ley estatutaria con el que el Gobierno busca reglamentar la educación como un derecho fundamental avanza a paso firme en su segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, luego de que esta aprobara este lunes 8 de abril el 53 por ciento del articulado.
Se trata de una de las principales iniciativas legales en la agenda del Ministerio de Educación, y que el ejecutivo considera como escencial para cumplir con distintas metas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo.
De esta manera, los congresistas avalaron de manera unánime un total de 23 de los 43 artículos contenidos en la ponencia para este segundo debate. Así las cosas, se espera que la discusión continúe este miércoles 10 de abril.
Cabe recordar que al tratarse de una ley estatutaria, el proyecto apenas está pasando por la mitad de su camino, dado que debe aprobarse también en Senado, tanto en Comisión Primera como en plenaria, en esta misma legislatura, es decir, hasta el 20 de junio de este año.
La discusión se desarrolló en un aparente consenso general con respecto al articulado, siendo votados los artículos aprobados de manera afirmativa y unánime, lo que presagia un buen desenlace para el proyecto, el cual es considerado por el Gobierno como necesario para adelantar las reformas educativas anunciadas en su agenda legislativa.
Sin embargo, vale la pena señalar que quedaron pendientes de discutir algunos artículos más sensibles en los cuales se ha evidenciado algunas tensiones y que podrían modificarse, o incluso eliminarse, como ocurrió en comisión con las facultades especiales para el presidente de la República en materia presupuestaria.
Uno de ellos es el artículo 42, el cual propone una modificación al artículo 36 del Estatuto Orgánico de Presupuesto.
¿Un proyecto del Gobierno con respaldo mayoritario?
A diferencia de las otras reformas legales que el Gobierno busca sacar adelante en el Congreso, como la de la Salud (que se hundió en Senado la semana pasada) y la Pensional, con el proyecto de ley estatutaria el ambiente parece mucho más favorable.
Y eso se debe en parte a que la iniciativa no toca aún temas delicados como dinero, inversión, modelo educativo entre otros, sino que al tratarse de una estatutaria, busca establecer un derecho, algo a lo que pocos congresistas, principalmente de oposición, se han opuesto.
Pese a ello, las tensiones políticas actuales en el país pueden calar. Y es que a pesar de que hasta en la oposición no se han visto grandes reparos al proyecto, si se prevé una dilación de la discusión, como ya ocurrió la semana pasada, cuando el inicio de la discusión del articulado se aplazó porque se rompió el quórum después de que congresistas del Centro Democrático abandonaran el recinto.
Al ser un proyecto estatutario, este tiene de frente una carrera contrarreloj. Tiene hasta el 20 de julio para superar no solo el debate en Cámara, sino pasar también dos debates en Senado, donde las mayorías se le complican al Gobierno. De hecho, está el antecedente de la reforma de la Salud, hundida precisamente en esta corporación.
¿En qué consiste el proyecto de ley estatutaria de Educación como derecho fundamental?
De acuerdo con expertos y las mismas declaraciones del Ministerio de Educación, aprobar el derecho fundamental a la educación en todos sus niveles, así como para poblaciones vulnerables implicará, por obligación, cambiar otras leyes, como la Ley 30 de 1992 que regula la educación superior, o el Sistema General de Participaciones, que es la principal bolsa de recursos del sistema educativo, y por lo tanto, de donde deben salir los dineros adicionales para garantizar el derecho en los niveles en los que aún no está cubierto.
De esta forma, Estado tendría la obligación de ampliar la oferta en educación superior, por ejemplo, y conseguir recursos adicionales que aumenten la base presupuestal de las universidades, lo que llevaría a la tan ansiada reforma a la Ley 30, que entre otras cosas establece los recursos que el Gobierno gira a las Instituciones de Educación Superior. Esta reforma cubriría el histórico déficit presupuestal de las universidades y les daría también para ampliar su cobertura.
Pero la ley estatutaria también ayudaría, por ejemplo, a alcanzar las metas de trayectorias educativas completas, es decir, reducir la deserción y el abandono escolar, sobre todo en las regiones, y que cada persona que entre en el sistema educativo logre graduarse.
En Colombia, la obligatoriedad de la educación se da entre los 6 y los 15 años, es decir, hasta el noveno grado. Con la estatutaria pasaría a ser obligatoria la educación inicial así como la media (grados décimo y once). Todo esto requerirá más profesores y mejor y mayor infraestructura, es decir, más recursos que vendrían de la reforma al Sistema General de Participaciones.