Los abogados especialistas en Derecho laboral y de la Seguridad Social de Ibiza denuncian la precariedad del Juzgado de lo Social, que «ha sufrido, como ningún otro, la falta de medios y el escaso reconocimiento de la Administración», según exponen en un escrito firmado por 14 letrados que han presentado al Colegio de Abogados.
Los continuos cambios de ubicación de este órgano han provocado que el retraso en la resolución de expedientes aumente considerablemente, de entre seis y ocho meses a 18-20 meses (desde la presentación de la demanda hasta la fecha del juicio) , una demora «que a día de hoy es del todo inasumible», consideran.
En los últimos tres años se han producido varios traslados del juzgado, lo que supone una «mudanza» administrativa de envergadura que ha ralentizado la resolución de expedientes, aseguran los abogados. «¿Qué ha provocado esto? Que uno de losjuzgados que mejor funcionaba ahora sea un auténtico desastre», manifiesta una de las letradas que ha firmado el documento.
«Los abogados que nos dedicamos a esta especialidad desde hace muchos años hemos podido comprobar cómo se nos ha ido reubicando en 'espacios alternativos'», protestan por escrito.
Traslados del juzgado
Desde su creación, el órgano judicial ha pasado por cuatro oficinas distintas, incluidos los antiguos juzgados y un piso en la calle Gaspar Puig de Vila, desde donde trabajaban durante la pandemia.
El Juzgado de lo Social se trasladó luego a las oficinas del Cetis y, recientemente, al edificio de sa Graduada tras aprobarse la creación del sexto juzgado de Primera Instancia y se decidiera que éste órgano judicial iba a compartir espacio con los otros cinco juzgados de Primera Instancia ya existentes en la isla. «En el covid accedimos a celebrar las vistas en sa Graduada por problemas de espacio (también cuando estábamos en el Cetis) y para hacer factibles las normas sanitarias de distanciamiento», recuerdan.
Los laboralistas lamentan que ahora que están ubicados «definitivamente» en el nuevo edificio se vean obligados a celebrar los juicios (que el Juzgado de lo Social celebra los martes y los miércoles), y desplazarse para ella, hasta el Cetis, porque las tres salas para vistas previas que hay en el edificio de sa Graduada ya están «ocupadas» por el resto de juzgados que hay en estas dependencias.
Los profesionales expresan su «preocupación», por otro lado, de que ante la posibilidad de celebrar las vistas en el nuevo edificio esto suponga modificar la fecha de más de mil juicios señalados por el Juzgado de lo Social. «Lo que implicaría una nueva paralización para gestionar el cambio de miles de citaciones (de partes personadas, testigos, peritos …)», manifiestan los letrados. Esto supondría, además, el aplazamiento de cientos de juicios que «pasarían a tener que ser celebrados en el año 2026», añaden.
«Exigimos los medios y el espacio adecuado a fin de posibilitar que todos los usuarios, también los usuarios del Juzgado de lo Social, sus funcionarios y los letrados que desarrollamos nuestra actividad a través del mismo tengamos las mismas posibilidades y contemos con las mismas garantías. También nosotros nos comprometemos a luchar y defender los derechos de aquéllos a quienes representamos», continúan en la reclamación.
Réplica a Juan Carlos Torres
En este sentido, los laboralistas expresan su «malestar y disconformidad» con las declaraciones hechas por el magistrado del juzgado de Violencia Contra la Mujer, Juan Carlos Torres, tras la reubicación del Juzgado de lo Social en la tercera planta de la sede judicial de sa Graduada, que comparte con el juzgado exclusivo de atención a las víctimas de violencia machista.
El juez aseguró, durante la presentación de las tres nuevas salas amables en las dependencias judiciales, que la coexistencia de los dos órganos en el mismo piso «vulnera la confidencialidad e intimidad» de las mujeres y niños víctimas y supone un «retroceso» a la hora de darles tratamiento y en la «operatividad» del juzgado.
«Compartimos con Torres que se debe salvaguardar la intimidad de las víctimas pero no a costa de otros administrados . Se deberían habilitar los espacios y aplicar técnicas de organización que permitan compatibilizar el trabajo de unos y otros, pero no a costa de la expulsión de unos…», replican los abogados.
Otros letrados de fuera de la isla que llevan casos en Ibiza respaldan el escrito pero no lo pudieron firmar por la «urgencia» de presentarlo cuanto antes frente al Colegio de Abogados y también por que se hiciera público.
Derechos de los clientes
Los profesionales también reivindican, «sin entrar en conflicto con las víctimas de violencia machista», la vulnerabilidad de los trabajadores, progenitores, parados, enfermos , incapacitados, autónomos y empresas (en su gran mayoría pequeñas y medianas), a los que representan principalmente.
«Estas personas deben contar también con unos medios y un espacio digno en el que poder reclamar sus derechos», reivindican los abogados laboralistas de Ibiza en el comunicado.
Entre las situaciones de sus clientes que los letrados destacan en el escrito están los casos por pérdida injusta de un puesto de trabajo, la vulneración del Derecho laboral, la necesidad de reclamar una baja médica por no poder desempeñar el trabajo (único medio de vida) o las víctimas que por accidente o enfermedad reclaman la protección de la Administración a través de la incapacidad.
Entre estos casos, también están las conciliaciones laborales con la vida familiar, en ocasiones para cuidar a personas dependientes, algunas de ellas, de hecho, víctimas de un caso de violencia de género, puntualizan.
«Además, lo de que hay una masificación en la tercera planta [otra de las críticas que hizo Torres en referencia a la reubicación del juzgado] es mentira», expresa una de las abogadas que ha firmado el documento. La letrada explica que, anteriormente, sí se acudía a los juzgados con regularidad para tramitar cualquier notificación, pero que hoy en día, desde que se implantó el servicio electrónico, no es necesario ir al edificio con tanta asiduidad porque todo se lleva a cabo de manera telemática (a través de las plataformas LEXNet y Horus 5).
En ese sentido, apunta que los abogados pasan actualmente periodos de semanas o incluso meses, en ocasiones, sin acudir a la oficina, y por ende, tampoco sus clientes.
Los letrados se han opuesto a la «propiedad» y «exclusividad» de unos espacios de la Administración de Justicia «si ello implica el menosprecio al derecho de otros ciudadanos, muchos de ellos en situaciones de extrema vulnerabilidad que también deben ser protegidos». También critican haber sido siempre el primer juzgado que ha sufrido los cambios que se han aplicado por necesidad ante los escasos recursos y espacios con los que cuenta la Justicia en Ibiza. «Lo que queremos es tener de una vez unas condiciones dignas de una vez por todas», reivindican los profesionales que conforman el juzgado de lo Social en la isla, «cansados de aceptar y quedarse callados».
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