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El abogado general de la UE, Maciej Szpunar, ha dado la razón este jueves al ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y su ex consejero, Toni Comín, en una de las muchas causas que tienen abiertas en los tribunales de Luxemburgo. Se trata del recurso presentado por los hoy eurodiputados contra la decisión adoptada en 2019 por el entonces presidente de la Eurocámara, el popular italiano Antonio Tajani, que tras las elecciones europeas decidió no concederles el estatus de diputados, ya que la Junta Electoral Central española no incluyó sus nombres en la lista definitiva de diputados, al no haber completado los trámites administrativos habituales, que incluyen jurar la Constitución.
Se trata de la opinión del abogado, que no es vinculante. Dentro de unos meses los jueces tendrán que pronunciarse definitivamente. Suelen seguir las recomendaciones de los juristas, pero no siempre. Y en este caso concreto parece haber diferentes estrategias. El Tribunal General de la UE, en primera instancia, dijo que los recursos se los políticos catalanes no eran admisibles porque disputaban decisiones que no eran recurribles. Hoy, sin embargo, Szpunar cree que los jueces tendrían que decir en todo caso que aquella decisión de la Eurocámara sí fue contrataría al derecho comunitario, pero lo hace amparándose en una sentencia del propio TJUE posterior a cuando ocurrió todo aquello. Así que hay mucho margen para que la sentencia definitiva vaya por un lado u otro.
En todo caso, se trata de una cuestión con menos repercusiones prácticas, al menos hoy y para ellos, dado que se discute una decisión que dejó sin escaño temporalmente a Puigdemont y Comín, que sin embargo accedieron al mismo meses después, cuando el alto Tribunal, dando una vuelta a los precedentes en toda Europa, estipuló que una persona se convierte en diputado cuando se cuentan los votos, sin necesidad de ningún trámite adicional. Hasta entonces la propia Eurocámara lo veía de forma diferente, y así lo defendieron sus letrados en las vistas. Pero tiene serias implicaciones de cara al futuro, ya que cambia completamente la forma de entender el proceso y fija los límites de la institución para establecer sus propias normas internas
En 2019, Puigdemont y Comín llevaban ya casi dos años huidos en Bélgica, por lo que no acudieron a las oficinas públicas en nuestro país para tramitar la documentación. La Eurocámara consideró entonces que una persona no se convertía en diputada nada más concluir el recuento de los votos, sino que eran necesarios los pasos correspondientes según cada administración nacional. El 29 de mayo de ese año, tres días después de las elecciones, Tajani dio órdenes no de dar el clásico paquete de bienvenida a los diputados, anticipando que habría problemas.
El 14 de junio de 2019, Puigdemont y Comín solicitaron que se tomara nota de los resultados de las elecciones que aparecían en la lista de electos proclamada por la Junta Electoral Central el 13 de junio de 2019, en la cual habían sido incluidos. Y también le solicitaron que revocara sus directrices del 29 de mayo para poder gozar de los derechos como miembros del Parlamento Europeo desde el 2 de julio de 2019, fecha de la primera sesión plenaria tras las elecciones. Tajani, amparándose en la lista de candidatos electos enviada por la Junta Electoral española, dijo que no y ellos acudieron a la Justicia, el primero de muchos casos abiertos.
El Tribunal General, en primera instancia, dio la razón a Tajani. O más bien, no se la dio a los políticos catalanes, al considerar, en julio de 2022, que su recurso era inadmisible al considerar que las negativas del presidente del Parlamento Europeo impugnadas no eran actos recurribles. No entraba en si había sido acertada o no, sino que no eran recurribles. Puigdemont y Comín recurrieron la sentencia y hoy el abogado general del TJUE, el órgano superior, considera que llevaban razón.
El Abogado General Szpunar estima que las alegaciones contra la instrucción de 29 de mayo de 2019, sobre el paquete de bienvenida, carecen de fundamento, en línea con lo que dijo el Tribunal General. Pero sin embargo, propone al Tribunal de Justicia que anule la sentencia en lo referente a la negativa a reconocer la condición de miembros del Parlamento Europeo, y que anule asimismo dicha negativa.
Duras afirmaciones
¿Por qué? Según el Abogado General, "el principal error en que incurrió el Tribunal General consiste en no haber considerado que el escrito de 27 de junio de 2019 contenía la decisión definitiva del presidente del Parlamento Europeo de hacer caso omiso de la proclamación de 13 de junio de 2019, por la cual, de conformidad con la sentencia Junqueras Vies, los Sres. Puigdemont y Comín habían adquirido la condición de miembros del Parlamento".
Su razonamiento es que Tajani "puso en cuestión los resultados electorales oficialmente proclamados, a pesar de que el Parlamento estaba vinculado por la proclamación de 13 de junio de 2019, que era la proclamación oficial de los resultados" y que "optó por dar curso a las posteriores notificaciones de las autoridades españolas, que no reflejaban de forma fiel y completa esos resultados". Son afirmaciones duras. Hoy esa línea se sostiene por la sentencia que en diciembre de 2019 dio la razón a Junqueras y abrió la puerta a Puigdemont, al decir que eran diputados de pleno derecho desde junio de 2019. Pero en el momento en el que se tomaron esas decisiones, meses antes, la interpretación de las instituciones europeas era otra.
El abogado general va incluso más allá, al reprochar que al suspender "las prerrogativas de los Sres. Puigdemont y Comín dimanantes de su condición de miembros del Parlamento Europeo", la Eurocámara violó el Derecho de la Unión. "Efectivamente, ningún precepto de este Derecho autoriza a un Estado miembro a suspender las prerrogativas de los miembros del Parlamento Europeo", dice el comunicado del tribunal.