La primera tiene que ver con un nuevo fallo de tutela —que se suma a otro dado a conocer hace 10 días— en el que un juez de la República le ordenó al alcalde responder en 48 horas por qué una información requerida por el representante a la Cámara Alejandro Toro es de carácter reservada.
La segunda está relacionada con una comunicación que envió la Contraloría General de la República al senador Álex Flórez en la que informó que esa entidad no recibió ningún hallazgo o denuncia por parte de Gutiérrez y su equipo en la fecha posterior a la revelación de la denominada auditoría forense.
Las dos escenas suman un nuevo capítulo a la disputada entre Gutiérrez y Quintero por las irregularidades que habrían ocurrido en la administración de la ciudad durante el periodo 2020 - 2023. El primero señala al segundo de haber robado a Medellín, mientras que el exalcalde responde que el actual mandatario engañó a la ciudadanía. ¿Qué es lo que está pasando?
Las dos tutelas
La polémica tiene su origen en una solicitud de información que radicaron ante la Alcaldía de Medellín los congresistas Flórez y Toro en la que pidieron, entre otras cosas, el informe completo de auditoría forense y los traslados a los organismo de control.
En un primer momento, la administración de Gutiérrez le contestó a Flórez que requería de una ampliación a los términos de respuesta, debido que el Congreso de la República no ejerce control político sobre el ente territorial, por lo cual, la petición se tramitaría en 15 días y no en cinco como lo había solicitado el senador.
Ante tal respuesta, Flórez decidió presentar una acción de tutela en la que pidió ordenar al Distrito de Medellín que contestara la petición según lo establecido en el Reglamento del Congreso.
El proceso fue admitido y el pasado 5 de abril la juez 10 municipal de pequeñas causas laborales de Medellín declaró la carencia del objeto por hecho superado, toda vez que, dentro del trámite, la Alcaldía le respondió al congresista.
En efecto, el pasado 18 de marzo, la administración distrital respondió por separado a las dos solicitudes de los legisladores.
En la contestación que conoció EL TIEMPO, la Alcaldía de Medellín explicó que los hallazgos encontrados por presunta corrupción se enmarcaron en la Ley 951 de 2005 que establece el mecanismo de empalme entre los gobiernos saliente y entrante en todo el país.
¿Cómo se les ocurre que nosotros vamos a entregar los testigos y los testimonios? Yo no voy a poner en riesgo a la gente ¿para que empiecen a amenazar testigos?
Nicolás Ríos, secretario de Gobierno y Gestión del Gabinete, señaló que durante el proceso se emplearon técnicas de auditoría forense y que para tal fin no se contrató a ninguna entidad o auditor especializado. Los respectivos informes fueron elaborados por los funcionarios que recibieron cada una de las dependencias del Conglomerado Público de Medellín.
A los dos congresistas, sin embargo, les negaron acceder a los documentos trasladados a los organismos de control "atendiendo a lo establecido en las normas propias de cada proceso que consagran la reserva del sumario que pretenden evitar que la tarea investigativa (...) se vea entorpecida o frustrada por el conocimiento público de todo aquello que lo integra".
Precisamente, por este punto, el representante Toro presentó otra acción de tutela en la que pidió protección al derecho constitucional de petición, "ordenando al señor alcalde de Medellín que de inmediato responda de fondo a la petición y suministre copa del documento solicitado".
La tutela fue estudiada por el juzgado 19 penal municipal de Medellín con funciones de conocimiento, quien en fallo del 11 de abril concluyó que: "si bien es cierto efectuó respuesta oportuna, esta no fue resuelta de fondo (...) ya que se informó que no era posible la entrega del documento solicitado 'informe completo de la auditoria forense', porque tenía carácter de reserva, en el caso no le dijo los motivos por los cuales era reservado, es decir no le efectuó el análisis que el petente le solicito al respecto".
Por tal razón, el despacho tuteló el derecho constitucional fundamental y le ordenó al alcalde Federico Gutiérrez que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo proceda a dar respuesta clara y de fondo a la petición del representante Toro.
"¿Cómo se les ocurre que nosotros vamos a entregar los testigos y los testimonios? Yo no voy a poner en riesgo a la gente ¿para que empiecen a amenazar testigos?", respondió el alcalde al ser consultado sobre el tema. Sin embargo, Gutiérrez dijo que explicarán a la justicia la razones por las cuales las pruebas de los 501 hallazgos deben permanecer reservadas.
El reporte de la Contraloría
Los legisladores, además de la solicitud realizada a la Alcaldía de Medellín, hicieron las respectivas consultas a los organismos de control para conocer detalles de los radicados.
Fue en la respuesta de la Contraloría General de la República donde se conoció que esa entidad no recibió ningún hallazgo o denuncia por parte de Gutiérrez y su equipo en la fecha posterior a la revelación de la denominada auditoría forense.
Si bien el alcalde nunca mencionó específicamente a la Contraloría General de la República —solo utilizó el nombre genérico sin detallar si era del orden nacional o local—, durante la rueda de prensa del pasado 4 de marzo se utilizaron los logos de ambas entidades.
Federico Gutierrez es un mentiroso, los "hallazgos" no existen. La Contraloría nos dice que no es cierto que les hallan enviado algún hallazgo como dijo el alcalde en una rueda de prensa. Tampoco hubo auditoría forense y un fallo de tutela lo ratificó.
De hecho, la propia Alcaldía, en respuesta al derecho de petición, le contestó a los dos congresistas que había enviado las presuntas irregularidades a diferentes entidades entre las cuales mencionó a la Contraloría General de la República. Pero a raíz de la información dada a conocer por Flórez en las últimas horas, la administración distrital precisó a cuales organismo de control remitió los hallazgos.
"Todos los documentos de presuntos hechos de corrupción fueron puestos a disposición de las autoridades competentes y se dieron a conocer a la ciudadanía el pasado 4 de marzo en una atención a medios", dijo la Alcaldía de Medellín en un comunicado de prensa.
A la Contraloría Distrital de Medellín fueron remitidas 156 presuntas irregularidades; a la Procuraduría General de la Nación y la Personería Distrital de Medellín, 262, y a la Fiscalía General de la Nación, 83. "La administración distrital cuenta con los radicados de las denuncias interpuestas ante los órganos de control", agregaron en el documento.
Ante el ruido generado en los últimos días, el acalde Gutiérrez anticipó que los hallazgos aumentaron y ya van en 650. "Eso ya le corresponde a la justicia y a los entes de control, pero Medellín fue saqueada y mi responsabilidad sí es mostrar cómo lo hicieron al tiempo que gobierno y que vamos sacando a Medellín adelante", puntualizó el alcalde.