El abogado español de la familia de Edwin Arrieta, Juango Ospina, declara este miércoles como testigo en el juicio contra Daniel Sancho por el presunto asesinato del cirujano colombiano. Se prevé un interrogatorio largo al letrado español, que declara como representante y portavoz de la familia Arrieta, y que aprovechará su declaración para volver a exigir al acusado una indemnización de 410.000 euros (16.051.506 de bats tailandeses) por el perjuicio económico causado.
Su despacho ha presentado un informe ante el tribunal de Koh Samui, al que ha tenido acceso 20 Minutos, en el que se detalla minuciosamente cómo se ha calculado esa cantidad de 410.000 euros exigida a Daniel Sancho.
En ese documento se especifica que Edwin Arrieta "disfrutaba de unos ingresos que superaban los 10.500 euros mensuales", que procedían de su actividad como cirujano. Concretamente, en los ejercicios 2021 y 2022 ingresó 57.617 y 21.439 euros brutos, respectivamente, de las actividades ordinarias de su empresa Ciruplastico Galeno Group Sas. Asimismo, tenía un ingreso mensual de 2.210 euros por un contrato externo suscrito con la estética Santa Cruz; y otro ingreso mensual de 3.516 euros por un contrato con la Fundación Amigos de la Salud.
Se hace hincapié en que Arrieta tenía 44 años en el momento de su muerte y que todavía le quedaba "una vida laboral en Colombia de 18 años para optar a la base mínima de pensión, aunque alguien de su posición no se hubiese jubilado a tan temprana edad". "La esperanza de vida media en Colombia alcanza los 73 años para los hombres, lo cual sitúa que el señor Arrieta aún podía vivir una media de 29 años", añade.
Por otra parte, en su clínica trabajaba su hermana Darling, quien en julio de 2023 dejó su puesto de trabajo indefinido como administrativa en Aqualia Latinoamérica para trabajar en la clínica de Edwin. "Con su asesinato no solo tiene un fuerte daño emocional, sino también económico al no percibir salario ni ingreso alguno", se detalla en el informe presentado ante el tribunal.
Asimismo, expone que del salario de Edwin Arrieta dependían sus padres, de 75 años, "quienes desde su fallecimiento han quedado en situación de pobreza". En este punto, el documento detalla que el fallecido "facilitaba 1 millón de pesos colombianos al mes (245 euros)" a sus padres "para su sostenimiento económico al padecer una enfermedad visual (el padre) que le impide trabajar". Además de ese dinero, también se hacía cargo de otros gastos corrientes como electricidad o una empleada del hogar.
Incide, además, en que la muerte de su hijo les ha provocado un importante deterioro en su estado de salud: "Cabe destacar que la salud de los padres era óptima hasta el fallecimiento de su hijo (sin considerar los problemas visuales del padre), agravándose en la actualidad con cuadros depresivos, ansiedad y terrores que les hacen enfermar con asiduidad y requerir tratamientos médicos".
A todo ello, añade "los gastos de representación procesal de los intereses de la familia Arrieta y repatriación del cuerpo", que ascienden a un total de 79.200 euros.
"Con su fallecimiento se ha afectado gravemente la forma de vida de su hermana y empleada Darling Arrieta, así como de sus padres, dependientes económicamente suyos, Leovaldo y Ana Marcela, situación empeorada al tener que abonar los gastos judiciales de la presente causa y los derivados del propio asesinato, como repatriación del cuerpo o entierro", concluye el informe elaborado por su equipo de abogados en España.
Declaraciones juradas del padre y la hermana
El documento que obra en poder de la corte de Koh Samui incluye una declaración jurada del padre de Edwin, Leovaldo José Arrieta Nieves, en la que detalla el perjuicio económico sufrido.
"Mi oficio era la reparación de televisores y equipos de sonido, pero debido a mi deficiencia visual tuve que dejar mi trabajo y por esto mi hijo me sostenía económicamente, me suministraba vestuario, el pago del servicio de energía, también mensualmente hacía un mercado de carnes, arroz, aceite, granos, azúcar, café, sal, productos para aseo personal, pago de la empleada doméstica y los productos para el aseo de la casa y me daba 1 millón de pesos para lo que eran mis gastos personales, este millón de pesos se retiraban de una cuenta que era de mi hijo y para lo cual me dejó una tarjeta".
También figura una declaración jurada de Darling, hermana de la víctima, dejando constancia del perjuicio económico sufrido: "En la actualidad me encuentro desempleada, debido a que había renunciado en el mes de julio de 2023 ante la empresa Acualia Latinoamérica, dado que en el mismo mes inicié a trabajar con mi hermano, y en estos momentos, con su asesinato no solo he sido afectada emocionalmente y psicológicamente, sino que también económicamente puesto a que en estos momentos no tengo ningún salario".