La Justicia no hizo lugar al pedido de la defensa de José Forno, que pretendía que se aplique un criterio más benévolo para el acusado.
Se confirmó que el sindicado líder de una asociación ilícita que cometió diferentes delitos en el Alto Valle cumplirá 33 años de prisión ya que se le realizó una unificación de penas, pese a que su defensa reclamó la aplicación de una ley más benigna.
Se trata de José Forno, el exempleado municipal de la vecina ciudad de Cipolletti quien habría participado en al menos 19 golpes y lideraba una temible banda de boqueteros.
Fuentes judiciales explicaron que en agosto de 2004, el Congreso de la Nación aprobó un paquete de reformas al Código Penal producto de una serie de propuestas impulsadas por el denominado "Petitorio Blumberg". Así se sancionó la ley 25.928.
En el nuevo contexto, un autor de varios delitos puede llegar a ser condenado con hasta 50 años de prisión o reclusión, es decir que se duplicó el tope vigente hasta antes de la reforma, que era de 25 años.
Frondoso prontuario
Forno había sido condenado a seis años de prisión por las estafas cometidas cuando era empleado judicial. Ese delito ocurrió antes de la reforma de la ley 25.928. Por ello cuando el tribunal unificó sus condenas en 33 años de prisión la defensa exigió la aplicación de la ley más benigna, que fijaba un tope en 25 años.
En otras palabras, Forno pretendía la aplicación de normas que regían al momento de comisión de los hechos por los que fue condenado en dos legajos que se unificaron, pero que habían sido modificadas al momento de la comisión de los hechos del legajo al que se unifican.
La fiscalía solicitó aplicar la ley vigente al momento de la comisión de los hechos que dieron lugar a la pena dictada. El tribunal convalidó esa postura y la defensa interpuso un recurso ante el Tribunal de Impugnación. El Tribunal de Impugnación compartió el criterio de Cipolletti y agregó que el monto de 33 años ya fue convalidado por el Superior Tribunal de Justicia y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Forno enfrentó un primer proceso por delitos cometidos cuando formaba parte del Poder Judicial provincial. El cipoleño tenía un rango similar al de jefe de despacho y no dudó en alterar oficios con el fin de que otras personas realicen cobros en bancos de la ciudad. En el proceso en su contra, ese grupo de personas describió la maniobra delictiva y desde la fiscalía se resolvió concentrar la acusación sobre Forno.
Con diversas pruebas incriminatorias, Forno fue condenado por el delito de defraudación a la administración pública. El fiscal Gustavo Herrera fue el encargado de avanzar con la acusación y jueces que formaron parte de la ex Cámara en lo Criminal Primera de Cipolletti lo declararon culpable. La pena que se le impuso fue de 6 años de cárcel efectiva.
A pesar de lo resuelto, Forno permaneció libre debido a que el fallo no estaba firme. En ese marco, se comprobó que había organizado una banda de boqueteros, con importantes robos en distintas localidades de la región. Tras ser detenido, enfrentó un segundo juicio junto a sus cómplices y recibió una severa condena unificada de 33 años.