La junta comunal <b>José Domingo Espinar,</b> en San Miguelito, deberá entregarle información al diputado independiente <a href="https://www.prensa.com/tema/juan-diego-vasquez/" target="_blank">Juan Diego Vásquez</a>, sobre el manejo de fondos asignados al programa de iniciativa comunitaria, al igual que sobre los recursos para la compra de insumos para los centros educativos de ese sector. Así lo decidió un fallo del Primer Tribunal de Justicia, que le concedió un recurso de<i> habeas data</i> a Vásquez, quien solicitó información sobre el uso de $120 mil entregados a la mencionada junta comunal para iniciativas comunitarias y otros $14 mil para la compra de materiales para las escuelas. La junta comunal de José Domingo Espinar está a cargo de <b>Dixia Delgado</b>, del <a href="https://www.prensa.com/tema/prd/" target="_blank">Partido Revolucionario Democrático</a>, quien pretende reelegirse en las reelecciones del próximo 5 de mayo. En el fallo, con fecha del pasado 27 de marzo, bajo la ponencia del magistrado <b>Carlos Pizarro,</b> se informa a la junta comunal que deberá entregar la información requerida por Vásquez. El 13 de noviembre de 2023, el diputado pidió la información, pero pasaron 30 días y no se la entregaron. Entonces, recurrió al <i>habeas data</i>. El fallo dice que la junta comunal de José Domingo Espinar violó la <b>Ley 6 de 22 de enero de 2022</b>, conocida como Ley de transparencia. El pasado 29 de septiembre, el Primer Tribunal también concedió a Vásquez otro recurso de <i>habeas data </i>que obliga a la junta comunal de <b>Mateo Iturralde</b>, también de San Miguelito, a entregar información sobre las diferentes transferencias efectuadas por la Autoridad Nacional de Descentralización (AND). El diputado Vásquez también interpuso ante la Sala Tercera de la Corte un recurso de nulidad contra una resolución de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional que asignó un traslado de partido por la suma de $7.5 millones a la AND el 5 de septiembre de 2023, sin que hubiera funcionarios de esa entidad en la Asamblea Nacional para sustentar dicha petición.