El Senado de Salta le dio ayer el acuerdo a la propuesta del Ejecutivo provincial para renovar la designación de la jueza Teresa Ovejero en la Corte de Justicia de Salta.
El senador Javier Mónico (representante de Rosario de la Frontera), de la Comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones, fue el encargado de presentar el dictamen a favo de la designación.
A pesar de que en el Senado no hubo un solo rechazo a la postulante, el legislador empezó defendiendo la validez de la designación de Ovejero, quizás en una respuesta dirigida a expresiones púbicas que venían sosteniendo que ningún juez o jueza de Corte está en condiciones de ser designado nuevamente. Es que el artículo 156 de la Constitución de Salta, reformado en 2021, establece que las juezas y jueces de Corte duran diez en sus funciones y no pueden ser reelectos.
Mónico empezó recordando esta reforma de la Constitución provincial, pero argumentó que como Ovejero fue designada por primera vez con la anterior redacción del artículo 156, que preveía mandatos de seis años con posibilidad de reelección, está habilitada para este nuevo mandato.
"Una correcta interpretación de esta normativa implica dejar constancia de que la doctora Teresa Ovejero actualmente se desempeña como ministra de Corte, ejerciendo incluso su presidencia, habiendo sido designada para ello con la anterior redacción del artículo 156, la cual establecía claramente que los ministros de corte podrían ser reelectos o postulados nuevamente para dicho cargo", aseguró.
Después detalló los antecedentes de Ovejero. Es abogada, egresada en 1993 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Católica de Salta en 1993, en 2016 obtuvo una diplomatura en género y participación política en América Latina dictada por la Escuela de Capacitación de Transparencia Electoral en Buenos Aires. Ese mismo año se diplomó en derecho electoral por la Universidad Austral.
Ovejero hizo carrera en el Poder Judicial de la provincia. Se desempeñó como prosecretaria letrada en la Cámara I en lo Criminal desde 1993 a 1994; fue secretaria electoral de la provincia de Salta desde 1994 a 2018; fue secretaria de la Unidad de Concursos del Poder Judicial de 2015 a 2018. Integró la comisión técnica para el análisis de las propuestas de iniciativas privadas para la implementación del voto electrónico en la provincia; fue secretaria interina en el programa piloto de mediación; integró el Foro Federal de Organismos Electorales Provinciales desde 1994 a 2018; fue secretaria de la Escuela de la Magistratura desde 1994 al 2000. En abril de 2018 fue designada jueza de la Corte de Justicia, en diciembre de 2021 fue electa presidenta de ese tribunal y en diciembre de 2023 fue reelegida en este cargo.
En la docencia se desempeñó en la Escuela de la Magistratura en el programa de formación inicial, de 2012 a 2018; dictó clases sobre la materia electoral en la Universidad Católica, y fue coordinadora de las capacitaciones para autoridades de mesa y veedores judiciales electorales de 1994 a 2018.
Trabajadores migrantes en mineras
En una sesión que estuvo centrada en expresar el rechazo a la exclusión del proyecto de ley de Bases de la modificación impositiva al tabaco y en pedir a legisladoras y legisladores nacionales por Salta que traten de lograr su reincorporación y debate en el Congreso de la Nación, la Cámara alta salteña aprobó también ayer un pedido de informes sobre la situación de los trabajadores en campamentos mineros.
El pedido es una reacción a la novedad de la contratación de trabajadores extranjeros sin los requisitos exigidos por la legislación argentina en la minera Posco, en el Nodo Logístico de General Güemes, lo que fue puesto al descubierto por un operativo de Migraciones, la Dirección Nacional de Trabajo y Policía Federal. Según se informó, entre los trabajadores se detectó a personas que en algunos casos habían ingresado ilegalmente al país y en otros, tenían visa de turistas.
El senador Leopoldo Salva, autor de la iniciativa, dijo que si bien saben que la Secretaría de Trabajo de la provincia realiza controles a las mineras, les interesa "saber si (las empresas mineras, sobre todo las que operan en la Puna) están cumpliendo con la ley 8164, que es de promoción minera" y que establece que las mineras deben cubrir el 70% de su planta con trabajadores de la provincia.
En ese punto recordó las novedades conocidas en estos días en Güemes. "Eso también crea muchas dudas acá en la Puna porque esas mismas empresas tienen los yacimientos en nuestra zona y creo que es necesario que los organismos que tienen que hacer el contralor nos informen si están cumpliendo o no con esta ley", sostuvo Salva.