El presidente catalán Pere Aragonés, inmerso ya en plena campaña electoral aunque oficialmente aún no ha comenzado ha vuelto a insistir en su propuesta de referéndum de independencia pactado con el Estado, invocando el artículo 92 de la Constitución española.
El artículo 92 dice exactamente que" las decisiones políticas de especial transcendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados".
El citado artículo, invocado por Pere Aragonés donde hace una lectura un tanto sui generis del mismo habla en primer lugar de un referéndum consultivo, es decir, no vinculante. Quiere esto decir que el resultado que salga de las urnas, no obliga a su cumplimiento. Es decir, en el supuesto de que ganara el sí a la independencia, no significa que Cataluña vaya a ser independiente.
Y en segundo lugar, el artículo hace referencia al término "todos los ciudadanos". El referéndum no vinculante podría celebrarse, según la Constitución española, si votan todos los españoles y no solo los catalanes, como quieren los independentistas.
Eso, sin mencionar, que Europa nunca reconocería a Cataluña como un Estado independiente.
Por tanto, por mucho que insista el señor Pere Aragonés y el señor Carles Puigdemont, la Constitución no contempla un referéndum a la escocesa, como le gusta decir a Pere Aragonés. Ni ninguna clase de referéndum o consulta, salvo que votemos todos los españoles.
Celebrar un referéndum exigiría modificar la Constitución española, a través de un anteproyecto de ley de reforma constitucional que requeriría de una mayoría de tres quintos de ambas Cámaras. En el Senado, el PP tiene mayoría absoluta.
Por tanto, el referéndum que plantea Pere Aragonés es un brindis al sol.
El Gobierno ha dado pasos importantes para normalizar la situación en Cataluña, como han sido los indultos y otros más cuestionables, como la propia Ley de Amnistía. Se han cedido nuevas transferencias a Cataluña para mejorar el autogobierno. Ha habido una condonación de la deuda de 15.000 millones de euros. Es decir, el Gobierno ha hecho todo lo que ha estado a su alcance, incluso algo más, para mejorar la convivencia en Cataluña. Hasta ahora todas las cesiones han venido únicamente de un lado.