En tan solo cuatro meses en el poder, el presidente Daniel Noboa ha llevado a Ecuador a una posición de fragilidad en la política interior y exterior. A la crisis desatada por el asalto a la embajada mexicana en Quito, condenada por la comunidad internacional, hay que sumar la situación de emergencia en la seguridad nacional del país, con un "conflicto armado interno" contra 22 organizaciones criminales que han puesto al joven presidente contra las cuerdas.
En las últimas horas, Noboa emitió un decreto a través del cual reconoce la persistencia de un "conflicto armado interno" en el país y mantiene la participación de los militares en actividades de control de la seguridad interna de la nación. El anuncio de este decreto vino pocos minutos antes de que termine el estado de excepción, que regía en el país desde el 8 enero pasado para tratar de controlar los niveles de inseguridad en el país. Noboa otorgó mayores poderes a los militares, permitiéndoles ingresar a las prisiones y colaborar con la policía a nivel nacional. Además, estableció un toque de queda nacional entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana.
La presidencia argumenta que las bandas criminales no son simplemente delincuentes, sino actores no estatales beligerantes. Por ello, entre las disposiciones de Noboa a los militares, en el marco de este "conflicto armado interno" contra las bandas criminales, figura el ejecutar operaciones militares para "prevenir y erradicar la actividad de grupos armados organizados en el territorio nacional".
A la Policía y a las Fuerzas Armadas, dispuso continuar con el despliegue operacional y táctico requerido para neutralizar los ataques armados, amenazas o riesgos orquestados por el crimen organizado, grupos armados organizados o terroristas.
Asimismo, dispuso la coordinación necesaria para establecer una programación presupuestaria plurianual respecto a la seguridad interna, sistemas de inteligencia estratégica y de contrainteligencia, entre otros
Además, Noboa declaró a los centros de privación de libertad como zonas de seguridad, tal como lo hizo ya el pasado 7 de marzo, cuando extendió por 30 días el estado de excepción, que comenzó en enero. De acuerdo al Ejecutivo, estas decisiones permitirán que el Gobierno, con el apoyo las fuerzas del orden, continúe desplegando acciones prioritarias para velar por la seguridad y el bienestar ciudadano.
Inicio de año violento
El pasado 8 de enero, Noboa, que no llevaba ni dos meses en el poder, decretó el estado de excepción por sesenta días, ante una serie atentados y acciones violentas de las bandas criminales, que se acrecentaron al día siguiente con el asalto por parte de un grupo de encapuchados armados al canal TC Televisión durante una emisión en directo.
Ese día, Noboa declaró el "conflicto armado interno" contra 22 bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".
Al mismo tiempo se sucedieron una serie de motines simultáneos en diferentes cárceles de las que se fugaron cerca de 90 presos y donde unos 200 guardias y policías permanecieron secuestrados durante cerca de una semana.
Días antes se había fugado el narcotraficante José Adolfo Macías Salazar ('Fito'), líder de Los Choneros, considerada una de las bandas más peligrosas del país, con presuntos nexos con cárteles mexicanos.
Estos episodios se sucedieron cuando el Gobierno de Noboa se disponía a acrecentar acciones de su plan de seguridad, denominado Fénix, para recuperar el control de las prisiones, muchas de ellas dominadas internamente por bandas criminales, cuya rivalidad ha dejado más de 450 presos asesinados desde 2020 en una serie de masacres carcelarias.
La violencia carcelaria saltó a las calles a tal punto que Ecuador se convirtió en uno de los países más violentos de América Latina en 2023, con 45 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes. EFE
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