La Habana/La prensa oficial rescató este miércoles el caso de robo de dos caballos y dos bueyes en Ciego de Ávila en 2022, perpetrado por tres campesinos residentes en Sancti Spíritus. La noticia, que anuncia la sanción de nueve y seis años de cárcel para los implicados, coincide con el proceso de control de ganado y tierras que lleva a cabo el Gobierno desde el pasado marzo y hasta el mes de mayo.
Según Escambray, los tres hombres de 40, 41 y 27 años, que "tenían la misión de hacer parir la tierra (...) en la zona de La Teresita, próxima a Majagua, trastocaron la honrosa profesión por la de matarifes ilegales de ganado mayor de ajena pertenencia". Además, resalta, dos de ellos cuentan con "abultados currículos delictivos", que incluyen varios años de cárcel y multas. El tercer imputado, aunque no tiene antecedentes penales, "mantiene una mala conducta social", argumenta el diario.
El robo se produjo el 5 de septiembre de 2022, en la cooperativa Gratitud del municipio avileño de Majagua, donde los implicados cortaron la cerca y se llevaron a los animales, tres de ellos de la empresa y uno propiedad de un guajiro. Estos fueron sacrificados y vendidos a 100 pesos la libra de carne.
Los animales fueron sacrificados y vendidos a 100 pesos la libra de carne
"Durante el proceso investigativo la Policía efectuó registros en los domicilios de los tres acusados en los que ocupó carne de ganado mayor y los instrumentos utilizados en la matanza ilegal y la pesa empleada en la comercialización de las mismas y, con esos elementos, procedió a la detención de dichos ciudadanos", resume el diario
Dos años después del delito, dos de los acusados fueron sentenciados a nueve años de cárcel y el otro a seis, por hurto y sacrificio ilegal de ganado mayor y venta de sus carnes. También deberán indemnizar en conjunto a los perjudicados, añadió el diario.
Otro delito relacionado con los alimentos se produjo recientemente en Las Tunas, donde el Ministerio del Interior decomisó seis toneladas de papas a una mipyme del municipio cabecera. Según la prensa oficial, las autoridades notaron la "ilegalidad de las facturas" del negocio, por lo que el producto les fue retirado y se inició una investigación.
Un agente del ministerio, Ender Simón Gutiérrez, explicó al diario local Periódico 26 que, "al revisar la documentación de la supuesta compra legal, la misma no justificaba la procedencia del volumen del producto".
La papa había sido adquirida por la empresa privada en la provincia de Artemisa y se vendía en la ciudad tunera a 80 pesos la libra, un precio que, asegura el diario, tampoco estaba autorizado. En las bodegas de la provincia, el precio de una libra para este alimento es de 11 pesos, mientras en los mercados estatales arrendados a particulares está a 70
La empresa de Acopio, a quien le fueron entregados los tubérculos, distribuyó las toneladas entre los hospitales Ernesto Guevara, el pediátrico Mártires de Las Tunas y el psiquiátrico Clodomira Acosta, además del hogar de ancianos Carlos Font, el centro médico Calixto Sarduy y dos hogares de niños sin amparo filial. Estos centros, añade Periódico 26 con una exaltación a los agentes que "velan por la legalidad", "ahora cuentan con una buena cantidad de ese producto para reforzar la alimentación de pacientes, ancianos y niños".
La persecución de las autoridades a los delitos relacionados con la producción de alimentos en el país se ha intensificado en los últimos meses, cuando la incapacidad del Gobierno para importar comida se ha puesto en evidencia. El control a los guajiros, en el que se prometió "mano dura", es una de estas estrategias para paliar la crisis y que ha devuelto a la industria, a pesar de las molestias de los guajiros, cantidades de productos "desviados".
La persecución de las autoridades a los delitos relacionados con la producción de alimentos en el país se ha intensificado
Un artículo publicado el pasado 19 de abril en Periódico 26 revelaba que, solo en Las Tunas, cuando el registro se ha completado en apenas una quinta parte, el Ministerio de la Agricultura ha logrado sumar al inventario estatal 30.170 litros de leche, 27 toneladas de carne vacuna y 142 toneladas de productos agrícolas que no estaban siendo entregados al Estado.
"Los primeros datos revelan una diferencia negativa entre la masa ganadera asentada en los registros y la verdaderamente existente en los potreros, sin documentos que avalen de manera apropiada las razones de ese faltante", dijo entonces el medio. Además, pululan los casos de "conversiones atrasadas, nacimientos no debidamente registrados, animales sin identificar y compraventas ilegales".
La historia se repite en Artemisa, donde las autoridades encontraron todo tipo de fechorías: animales sin marca a fuego, sin presilla, con cambio de categoría sin reportar, fuera de la finca sin autorización y sin documentos han sido apenas algunas de las 9.300 violaciones contabilizadas.
La presión estatal sobre los ganaderos y propietarios de tierras, sumado al miedo de ser multados o encerrados, los ha obligado a asistir en masa a los registros de control pecuario para inscribir a los animales fallecidos o que criaban de forma ilegal. No obstante, la cifra de violaciones sigue siendo notable. En apenas un mes y medio de "controles" en la provincia, las autoridades han sumado al plan estatal 2.600 litros de leche que los guajiros no entregaban a los canales oficiales, según El Artemiseño.
El pasado febrero también fue noticia el robo de 133 toneladas de pollo congelado de la Empresa Comercializadora de Alimentos de La Habana, que terminó con unos 30 imputados, 11 de ellos en prisión preventiva.