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Actualizado 08 abr 2024
No ha sido, ni de lejos, el debate que la ciudadanía merecía escuchar en la cámara de representación territorial, pero al menos esta vez el presidente Aragonés no se limitó a lanzar una soflama a favor de la ley de amnistía para acto seguido desaparecer. Fue, sí, un acto más de la campaña catalana. Un acto más, si se quiere, de la campaña permanente en que últimamente vive instalada la política española. Esperar algo distinto a estas alturas, por desgracia, sería iluso. El gobierno de Pedro Sánchez no quiso recoger el guante, y la coalición que le sostiene estuvo representada por ERC.
Por motivos distintos, las autonomías gobernadas por el PSOE tampoco se atrevieron a dar la cara. Se evitaron así el bochorno de escuchar a Aragonés argumentar que lo que hasta anteayer era imposible, la amnistía, está hoy a punto de ser aprobado. Y que lo mismo sucederá con la futura financiación, a medida de Cataluña, y con un nuevo referéndum independentista del que hablan ya abiertamente los socios de Sánchez. La respuesta que recibió este discurso por parte de las autonomías gobernadas por el PP fue contundente. La esperada y esperable. Suficiente, en todo caso, para mostrar que el trato preferencial del Gobierno al independentismo no es cosa de dos, sino que afecta al conjunto de la nación. Este es el gran problema de los pactos de coalición y la razón por la que ningún gobierno autonómico socialista podía permitirse verse retratado ayer junto a Aragonés. Podrá criticarse la brocha gorda de algunos argumentos, pero si el Senado no afrontara este debate estaría incumpliendo su función.
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