El Gobierno de Javier Milei convocó a una audiencia pública para el próximo 27 de marzo en la que propondrá un nuevo esquema para la medición del consumo de agua.
Las universidades, al borde de colapso: "No podemos pagar los servicios"
La rectora de la Universidad Nacional del Comahue (UNco) aseguró por AM750 que ya en abril el presupuesto no es suficiente para hacer frente a todos los costos, por lo que tendrán que analizar qué servicios dejan de pagar.
Actualidad 09/04/2024El presupuesto no alcanza ni para la luz
La advertencia de las universidades nacionales públicas estaba clara: con el presupuesto prorrogado de 2023 sin actualización y con el diálogo roto con el recién asumido Gobierno de Javier Milei, las casas de altos estudios no iban a poder funcionar más allá de los primeros seis meses del año. A cuatro meses de la asunción del libertario, el escenario empieza a hacerse realidad en diversas facultades, donde los fondos no alcanzan ni para pagar la luz.
Entrevistada por La Mañana de AM750, la rectora de la Universidad Nacional del Comahue (UNco), Beatriz Gentile, explicó con preocupación que la situación actual de la importante universidad de Neuquén y Río Negro es crítica y que este mes ya comenzaron a analizar qué gastos dejarán de pagar y cómo pueden ingresar en planes de pago de deudas para poder seguir operando.
"Nosotros, como gran parte del sistema universitario nacional, veníamos advirtiendo que el congelamiento del presupuesto universitario iba a tener un dramático momento. Justamente, llegando a marzo y abril. Esto se está presentando, ya que los gastos de funcionamiento, que están congelados a enero del 2023, no nos están permitiendo hacer frente al pago de servicios", afirmó ante la consulta de Víctor Hugo Morales.
Gentile añadió que "el gasto de funcionamiento en una universidad se usa para el pago de alquileres de edificios para aulas, becas de estudiantes, de investigación y el pago de servicios. Nuestra universidad está en dos provincias, en más de 10 localidades, por lo que nuestros proveedores son distintos. Así como las tazas municipales y el impuesto inmobiliario".
"Este mes tenemos que ver qué recortes hacer y qué cosas no podemos pagar. El servicio, por ejemplo, de luz, de agua, de telefonía celular, hoy no lo estamos pudiendo pagar. Hay algunos servicios que tenemos que ver de qué manera hacer un plan de pago", señaló.
La situación asfixiante de las instituciones
Respecto al funcionamiento, que es lo más acuciante, los gastos fueron los que se formularon en septiembre de 2022 que fue cuando se presentó el presupuesto para el 2023. Desde ese momento no hubo ninguna otra actualización, o sea que las universidades están expuestas a una pérdida de poder adquisitivo alrededor del 300%. Nosotros ya estamos funcionando mal. Por ahora estamos reduciendo contrataciones de vigilancia, de limpieza, fotocopiadoras: tratamos de reducir todo al mínimo.
En el caso del personal, la última actualización fue la de noviembre de 2023. Luego estuvo la inflación de estos últimos tres meses que supone una inflación acumulada de aproximadamente el 60%. A esa inflación le han ofrecido a los gremios una recomposición salarial del 16%. Haber perdido más de la mitad de poder adquisitivo es dramático. Lo que puede llegar a ocurrir en el mediano plazo es que los mejores académicos se vayan, como ya ha ocurrido en otras épocas, en donde los principales investigadores y profesores titulares tenían ofertas de otras latitudes. Estamos frente a un nuevo posible éxodo.
Para empeorar la situación, el Gobierno de Milei ha frenado la creación de cinco nuevas universidades, cuya puesta en marcha estaba prevista para este año. Esta medida, sumada al ajuste presupuestario, pone en peligro el futuro de la educación superior en el país.
Si no se realizan correcciones inmediatas en las partidas presupuestarias, las 57 universidades nacionales distribuidas en todo el país no podrán hacer frente al pago de salarios ni a los servicios básicos de luz, agua y limpieza. Esto podría derivar en el cierre de las instituciones y dejar en la calle a aproximadamente 300 mil trabajadores docentes y no docentes, así como dejar a 2 millones y medio de estudiantes sin la posibilidad de continuar con sus estudios.
"Intentamos entender cuál es la política que tiene el gobierno en relación a la educación. Tenemos conversaciones, pero no hay respuesta", asegura Carlos Greco, rector de la Universidad Nacional de San Martín y presidente del CIN. Ante la falta de soluciones, las autoridades están dispuestas a llevar el reclamo a todas las instancias necesarias para garantizar el presupuesto universitario como un derecho.
La situación es crítica en todas las universidades. Alicia Bohren, rectora de la Universidad de Misiones, advierte sobre la necesidad de mantener las políticas de inclusión estudiantil en un contexto de congelamiento presupuestario y alta inflación. Por su parte, desde la Universidad Nacional de Quilmes sostienen que nunca antes han estado tan cerca de un asfixio presupuestario que afecta no solo los salarios y el funcionamiento, sino también la investigación, la extensión, la cultura y la transferencia de conocimientos.
La falta de inversión en las universidades nacionales no solo pone en peligro la educación superior, sino también limita la capacidad de investigación y producción de conocimiento en el país. El futuro de miles de estudiantes y el desarrollo de la ciencia y la tecnología están en juego.
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