Alcoa ha puesto a la venta el complejo de San Cibrao, tanto la planta de aluminio como la de alúmina, pero las administraciones públicas –Gobierno central y Xunta– no quieren que se repita el fiasco de Alu Ibérica y pretenden estar presentes en el proceso. Para ello, la semana pasada, las tres partes acordaron cerrar un acuerdo de confidencialidad mediante en el que el Ministerio y la Consellería de Industria velarían por la "seriedad" de las empresas interesadas en el momento en el que se aborde el examen de las ofertas. De momento no hay nada firmado de forma oficial pero este jueves, y según ha podido saber Economía Digital Galicia, se ha producido la primera reunión de carácter técnico de la terna.
Se trató de una reunión telemática a la que que estaban convocados representantes de las dos administraciones y de la compañía, que ha insistido en su vocación de lograr cerrar una venta satisfactoria de todo el complejo, a pesar de que la semana pasada puntualizó que el resultado del proceso es «incierto». De carácter técnico, siendo los participantes cargos de la compañía y del Ministerio y la Consellería de Industria, en la misma se habría marcado un calendario de reuniones para las próximas seis semanas, periodo de tiempo estimado hasta que se abra, según las previsiones de los de Pittsburgh, el proceso de ofertas vinculantes por el histórico activo industrial.
Tal y como se adelantó la semana pasada, en el marco de la reunión mantenida en Madrid dentro de la llamada Mesa de Seguimiento de Alcoa, la idea es que tanto la empresa como el Gobierno central y autonómico lleguen a un acuerdo de confidencialidad, un requisito que ven indispensable para abordar el proceso de venta con garantías y encontrar un comprador solvente. Los trabajadores creen que será posteriormente, cuando haya ofertas vinculante sobre la mesa, cuando como ocurrió en otros procesos dentro del grupo, los pretendientes presentes sus propuestas a la parte social.
Intervención de la SEPI
De momento, en las conversaciones que se han mantenido sobre el futuro de Alcoa, la compañía no ha solicitado, como sí hizo en el pasado, una intervención del Estado vía SEPI en el proceso de venta de la factoría de aluminio y la de alúmina. Sí lo pide, no obstante, el comité de empresa, que cree que la participación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales es la única garantía de que no se reproduce un fiasco como el que llevó a liquidación las plantas de A Coruña y Avilés.
A este respecto, este jueves, el Congreso, con los votos del PP y del BNG frente al rechazo del PSOE, ha reclamado al Gobierno activar, «si es necesario», la intervención pública «instrumental y temporal» de Alcoa a través del organismo que acaba de entrar en el capital de Telefónica.
El texto aprobado partió de una iniciativa del BNG defendida por el diputado Néstor Rego y había sido pactada con el PP, y finalmente ha salido adelante en la Comisión de Industria del Congreso frente al voto en contra del PSOE y gracias a la abstención de Sumar y Vox, y la ausencia del PNV, Junts y Bildu.
Se trata de una enmienda transaccional que las dos formaciones han pactado a un texto original del Bloque para adoptar medidas urgentes para asegurar la continuidad de la actividad industrial y el mantenimiento de puestos de trabajo en Alcoa, que plantea cerrar su fábrica en San Cibrao.
Posturas enfrentadas
La redacción definitiva incluye un punto específico para activar la intervención pública de la empresa de forma temporal, siempre que sea necesario, hasta que se pueda buscar un operador fiable «que presente un proyecto industrial solvente y de futuro con el objetivo de garantizar la continuidad de la actividad y el mantenimiento de todos los puestos de trabajo».
El voto conjunto de populares y nacionalistas gallegos no gusto al PSOE, que indicó que lo que se tiene que garantizar en este momento no es la intervención de la SEPI sino que Alcoa cumpla los compromisos de inversión que pactó con la plantilla y no está cumpliendo, como es el caso del horno de cocción de ánodos.