Opinión
Bolivia emulando a Venezuela
Karen Longaric| EXCANCILLER DE BOLIVIA
Finalmente, Maduro espetó a la comunidad internacional que no democratizará las elecciones previstas para julio de 2025, con lo cual admite su condición de dictador y su desdén con el Acuerdo de Barbados y con todas las normas nacionales e internacionales sobre derechos humanos y convivencia pacífica y democrática.
Esto ya era previsible desde que Maduro asumió la presidencia de Venezuela. Recordemos que en las elecciones nacionales de 2015 la oposición venezolana obtuvo mayoría en la Asamblea Nacional y Nicolás Maduro consciente de que esa mayoría iba a ser un escollo para sus pretensiones prorroguistas, arremetió contra la Asamblea y fue despojándola poco a poco de todas sus atribuciones y facultades, debilitándola e incluso induciendo a muchos al transfugio político.
Al mismo tiempo, fue cooptando al poder judicial y al Consejo Nacional Electoral, apoderándose de todas las instituciones nacionales; persiguiendo y encarcelando a los opositores políticos, induciendo al exilio a otros miles y provocando el éxodo de millones de venezolanos que huyeron de los abusos del régimen y la pobreza que éste iba generando.
Pasada una década de destrucción de las instituciones y dilapidación de los bienes del Estado venezolano, Maduro consciente de que debía elegir entre dos caminos a seguir; ha decidido sin más tapujos ni disimulo exhibir ante el mundo su dictadura, poner candados a su reelección y eliminar cualquier vestigio de oposición política y ciudadana.
Recientemente, se han publicado noticias sobre la aprobación de una "ley contra el fascismo" en Venezuela, que tiene como único objetivo perseguir a sus opositores, sean de izquierda, centro o de derecha, con el pretexto de combatir a un fascismo inexistente o prácticamente irrelevante en Latinoamérica. Esas son las herramientas que utilizan las dictaduras para acallar las voces disidentes.
Al cabo de dos lustros se tiene constatado que el régimen de Maduro ha cometido crímenes de lesa humanidad, violaciones de las libertades y los derechos humanos en todas sus expresiones, usurpación de la propiedad, ruptura del orden constitucional y la democracia; todo esto a vista y paciencia de una comunidad internacional, que se ha mostrado a veces indiferente, otras veces escrutadora, pero también tolerante.
Lo más lamentable es que los países de la región no hubiesen puesto freno desde un inicio a tanta iniquidad contra el pueblo venezolano. El derecho internacional cuenta con mecanismos óptimos para estos efectos, y cuando la comunidad internacional tiene voluntad política, dichos mecanismos funcionan eficientemente, pero cuando no hay voluntad política, resultan inoperantes.
Hoy frente a la vulneración del Acuerdo de Barbados, avalado internacionalmente, la comunidad de Estados vuelve a levantar la voz, esta vez para reprochar al régimen de Maduro el cercenamiento de los derechos de María Corina Machado y de su sucedánea Corina Yoris, a participar en los comicios del próximo mes de julio; lo que en definitiva vulnera los derechos políticos de todos los venezolanos a elegir y ser elegidos en elecciones libres y democráticas.
En medio de estos hechos que preocupan a toda la región, Bolivia es el único país sudamericano que apoya el accionar del régimen dictatorial de Maduro. Incluso gobiernos de izquierda -otrora aliados- han criticado duramente al régimen venezolano. No cabe duda que el gobierno de Arce Catacora con este manifiesto apoyo a Maduro se aísla más y más de los gobiernos demócratas e incluso de sus propios aliados. Al apoyar a la dictadura venezolana pierde el poco crédito que le quedaba en la región y devela su impostura de aparentar ser democrático.
Pero los paralelismos con Venezuela vienen de mucho antes. Recordemos que, en 2020, siguiendo el modelo de la dictadura venezolana, Eva Copa entonces presidente del Senado, cambio abruptamente las reglas en la Asamblea Legislativa y derogó la aprobación de leyes por 2/3, preparando el rodillo masista para la legislatura que a partir del 8 de noviembre de 2020 empezaría a presidir David Choquehuanca. Esto con el propósito de restarle fuerza a la oposición en el poder Legislativo. Hoy la oposición parlamentaria democrática está inmovilizada por el rodillo del MAS. A esto se suma la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional que declaró inconstitucional las interpelaciones a los ministros.
Siguiendo la fórmula de Maduro, el gobierno del MAS se hizo del control de jueces y fiscales, encarceló a la expresidenta Jeanine Añez, al Gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho, a exministros, activistas, policías y militares e indujo al exilio a cientos de bolivianos que disentían del totalitarismo que ya se vislumbraba. Asimismo, el MÁS fue tomando el control del Tribunal Supremo Electoral. Ya son 18 años en los que la institucionalidad del país está siendo destrozada y acondicionada como fuente de prebendalismo para construir una recia estructura que le facilite al MAS prorrogarse por varias décadas.
Así como en Venezuela, en Bolivia quienes critican al gobierno del MAS son calificados de fascistas. No sorprendería que más adelante el gobierno copie la ley aprobada por Maduro para criminalizar a toda voz disidente.
Los organismos y la comunidad internacionales tienen su cuota parte respecto a la crisis extrema que vive Venezuela. Después del Grupo de Lima no hubo políticas sostenidas de la comunidad internacional que presionaran a Maduro a reconducirse por la senda democrática. Cuando el gobierno en Venezuela empezaba a tomar rasgos dictatoriales, la comunidad internacional hizo de la vista gorda. ¿Cometerán el mismo error, ahora con Bolivia?
No se puede esperar mucho de los organismos regionales en el ámbito de los derechos humanos pues están cooptados ideológicamente y tampoco de las potencias democráticas; unos y otros han mostrado una indiferencia pavorosa frente a las constantes violaciones de los derechos humanos en Bolivia.