El juez supremo Juan Carlos Checkley realizará este lunes 29 de abril la audiencia en donde evaluará el pedido fiscal de impedimento de salida del país por 36 meses contra la exfiscal de la Nación Patricia Benavides.
La solicitud fue formulada por la fiscal suprema Delia Espinoza, quien está a cargo de la investigación. Esta decisión, sin embargo, la adoptó luego de que el equipo especial contra la corrupción del poder hallara nuevas evidencias que complican a la extitular del Ministerio Público.
El equipo especial liderado por Marita Barreto logró ayer la detención de siete personas, implicadas en intercambio de favores con Benavides y el pago de presuntas coimas.
Entre esos personajes aparecen el abogado José Luis Castillo Alva, su pareja Mirtha Gonzáles y el capitán PNP Jorge Rodríguez.
Según la indagación, Castillo Alva y Gonzáles habrían ofrecido a Benavides ayudarla con su proceso disciplinario en la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a cambio de que removiera a los fiscales del equipo Cuellos Blancos que investigan al primero.
El apoyo se habría concretado con la declaración que Rodríguez, encargado de elaborar los informes técnicos sobre las llamadas telefónicas entre los Cuellos Blancos, habría brindado en mayo de 2023 a la JNJ limpiando de responsabilidad a la suspendida fiscal suprema.
Y es que existían comunicaciones entre Benavides Vargas y el empresario Antonio Camayo, sindicado integrante de la red criminal. Ante la declaración del oficial PNP, de acuerdo a la tesis fiscal, la entonces fiscal de la Nación cambió a los fiscales como lo exigió el letrado.
El otro grave hecho en el que está inmersa la fiscal en la presunta coima que habría recibido por direccionar una licitación de compra de computadoras para la Fiscalía. La buena pro por S/3 millones 451 mil 769 se concedió a inicios de octubre de 2023 a la empresa Inversiones Tecnológicas del Perú.
Según el relato del exasesor Jaime Villanueva, Giancarlo Valer, vinculado a esa compañía, le entregó después de la adjudicación un sobre manila que contenía S/70,000.
El dinero se lo repartieron entre Valer, Villanueva, el otro asesor Miguel Girao y el gerente de la Oficina de Logística de la Fiscalía, Jorge Palomino. Los restantes S/30,000 fueron a manos de Benavides, según la imputación.
Toda esta información fue elevada por la fiscal Barreto a la suprema Delia Espinoza, quien por la investidura es la encargada de seguir el proceso contra Patricia Benavides.
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