Aunque en el país debemos reconocer que se ha avanzado con relación al acceso de informaciones en la Administración Pública, la verdad es que aún falta mucho por hacer público y transparentar.
A nivel de transparencia y rendición de cuentas, estamos aún muy por debajo del promedio internacional sobre la materia.
No existe rendición de cuentas real ni transparencia comparable con países organizados. No hay un deseo realmente de informar, quizás por temor a las críticas o a que se conozcan verdades indeseables.
Ni el gobierno central ni las instituciones estatales publican estados financieros de obras mensuales en sus portales, ni informes detallados de costos y gastos de sus obras. Esta opacidad fomenta la corrupción y el despilfarro en los gastos públicos.
La mayoría de los ayuntamientos y alcaldías tampoco publican nada, son los peores. Lo poco que se conoce o informan los funcionarios lo hacen vía esporádicas declaraciones públicas, en discursos de inauguraciones, entrevistas televisivas, y todo de manera informal.
Todo es un misterio. Solo se conocen cifras generales ofrecidas en ruedas de prensas y "auditorias" de Contraloría que reflejan superficialidades, así como breves discursos, pero nada formal por escrito.
Los costos unitarios de las obras construidas (avenidas, escuelas, iglesias, polideportivos, acueductos, bacheos de calles) no se conocen con exactitud. No existen informes finales de costos de obras ni cifras y presupuestos detallados publicados en la página web de Presupuesto o de la institución ejecutora.
Los proyectos de las EDEs se manejan al margen de la gobernanza y de la prudencia. No hay presupuestos detallados, causas de aumentos de costos, licitaciones administrativas internas maquilladas, gastos financieros increíbles.
No existen publicadas cifras confiables sobre la nómina de empleados. Todo es un misterio. Se dice que el total de la empleomanía pública del gobierno central y entidades autónomas es más de 700,000, pero no se conoce con exactitud, como tampoco cuánto ha aumentado desde el año 2020 hasta la fecha.
El Ministerio de Obras Públicas no publica casi nada o nada en su página web sobre la ejecución de cada proyecto vial y de infraestructura. Se publican fotos, ruedas de prensa e informaciones parciales, pero nada de la ejecución, costos, calendario y egresos por proyectos.
En general, para no entrar en más detalles, es obvio que en el país no existe una real concepción moderna de transparencia. El gobierno informa y exhibe lo mínimo con informaciones parciales.
La gran mayoría de los portales de transparencia de las instituciones públicas se encuentran desactualizados desde el 2022, y las pocas que están habilitados son para promover las fotografías de cada titular, y para informar de talleres, cursos o cualquier evento menor.
Pero no hay informaciones económicas y financieras relevantes, informes de ejecución de obras con datos financieros y auditorías finales.
La ciudadanía y la sociedad demandan cada vez más una mayor información sobre las distintas actuaciones que se realizan desde los poderes públicos.
Debemos aspirar al libre uso de la información pública de una forma fácil y accesible, procurando conocer qué, quiénes, cómo, cuándo y cuánto gastan los responsables en las diversas políticas que desarrollan.
El éxito de las políticas de transparencia depende de que la información sea accesible y disponible para todos los usuarios. Una política pública es transparente si es comprensible, si la información está disponible y se garantiza el derecho de acceso a la información pública. No basta con discursos.