Vivienda pública además de regular el mercado
Dos de cada tres habitantes de las comarcas de Lleida vivirán en municipios que tendrán topes al importe de los alquileres tras haber sido declarados de mercado residencial tensionado. Inicialmente, la Generalitat aprobó esta calificación para diez –Lleida ciudad, Balaguer, Mollerussa, Tàrrega, Cervera, Guissona, Solsona, La Seu d'Urgell, Tremp y Sort–, que entró en vigor hace un mes, después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, y esta semana ha iniciado los trámites para incluir a otros once: Vielha, El Pont de Suert, Bellver de Cerdanya, Artesa de Segre, Ponts, Almacelles, Alpicat, Alcarràs, Les Borges Blanques, Bellpuig y Linyola. El Conselh d'Aran había solicitado que se aplicara en toda la Val, lo que de momento no es posible porque la ley, que es de ámbito estatal, solo lo permite en los municipios de más de 2.000 habitantes. En toda Catalunya, serán 271 las localidades en esta situación, ya que a las 140 donde ya está en vigor se les sumarán otras 130. Esta declaración comporta que el precio de los nuevos arrendamientos no podrá superar el importe del de los cinco últimos años, una vez aplicada la cláusula de actualización anual. Si se alquila por primera vez o no ha estado en el mercado durante el anterior lustro, entonces no puede superar el índice de referencia estatal, que fija unas cantidades máximas en función de la zona del municipio en la que se encuentra el piso, su estado o su antigüedad, entre otras características. Asimismo, si el propietario es un gran tenedor (empresa o particular titular de cinco o más inmuebles en municipios tensionados), el importe tampoco podrá sobrepasar el de este índice. El precio de los alquileres ha subido en los últimos años de forma muy notable, especialmente en las grandes ciudades, pero también a nivel general, como prueba el hecho de que en la provincia de Lleida haya aumentado una media del 6,6% solo en 2023. Esto hace necesario adoptar medidas que garanticen que no acabe siendo una barrera insalvable para el acceso a la vivienda, así que establecer topes que eviten contratos abusivos es una buena iniciativa. Ahora bien, las administraciones, especialmente la Generalitat y el Gobierno central, deberían asumir la responsabilidad de promover la construcción de vivienda pública asequible, que hace tiempo que han dejado totalmente aparcada. Hay que regular el mercado residencial, hay que obligar a que los grandes fondos o la Sareb adecuen de una vez los miles de viviendas que tienen vacías y los destinen a alquiler social, pero también hay que disponer de un parque público residencial suficiente para poder atender situaciones a las que el mercado privado no da respuesta, como por ejemplo pisos para alojar a personas y familias que no cuentan con ingresos para afrontar un alquiler ni aunque este se encuentre dentro de los parámetros del índice de referencia.