El Parlamento español debatirá si se entrega permiso de residencia y trabajo al medio millón de personas que se encuentra en el país de forma irregular. El pasado martes, el Congreso aprobó la toma en consideración de una iniciativa legislativa popular impulsada por más de 900 asociaciones. Aunque todavía es pronto para aventurar si la propuesta verá la luz —la iniciativa todavía está en fase embrionaria y el proceso fácilmente se puede dilatar meses o años— la literatura académica sugiere que las regularizaciones tienen efectos favorables sobre la economía.
Más concretamente, se cree que permiten a los migrantes acceder a empleos mejor retribuidos y con mejores condiciones, aumentan los ingresos por IRPF y cotizaciones sociales y, en el caso de España, pueden jugar un papel clave para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Quizá por eso ayude a explicar por qué tanto empresarios como sindicatos —estos últimos eran más reacios al principio— y los dos partidos en el Gobierno ven con buenos ojos una regularización.
En el plano económico, una de las consecuencias más directas de entregar papeles a estos migrantes es que se rescatarían empleos de la economía sumergida. Es decir, los trabajos que muchos de esos migrantes irregulares desempeñan ahora fuera de la ley, pasarían a estar en la economía formal. Esto implicaría que estas personas empezarían a pagar IRPF o a cotizar para la Seguridad Social y, por tanto, tendrían derecho a cobrar prestaciones contributivas como el paro o una pensión de jubilación
Un estudio elaborado por Gonzalo Fanjul, de la fundación porCausa —una de las firmantes de la ILP— y Ismael Gálvez-Iniesta de la Universidad Carlos III de Madrid estima que en España hay unos 300.000 migrantes extracomunitarios trabajando en la economía sumergida. De ellos, un 30% se dedica a servicios para otros hogares y otro 30% a la hostelería. El resto se reparten en oficios como la industria manufacturera, las actividades sanitarias y de servicios sociales o la construcción.
Otra de las consecuencias de entregar permisos de trabajo y residencia es que estas personas podrían transitar hacia empleos con mejores condiciones y mayor remuneración. En este sentido, un estudio publicado en 2021 por tres investigadores universitarios catalanes concluyó que, tras la regularización aprobada durante el Gobierno de Zapatero en 2004 (la más numerosa de la historia reciente) la mitad de los migrantes que se vieron beneficiados salieron de la economía sumergida y muchos transitaron hacia trabajos mejor pagados.
Los empresarios y el ala socialista del Gobierno también ven en la regularización una oportunidad para cubrir empleos en sectores donde hay problemas para encontrar trabajadores. Las empresas llevan más de un año reclamando que no encuentran personal en actividades como la hostelería o la construcción. Un problema de vacantes que los sindicatos y Sumar niegan que existe, amparándose en las escasas tasas de empleos sin cubrir que aparecen en las estadísticas oficiales.
Este es, precisamente, uno de los principales puntos de fricción entre sindicatos y empresarios y PSOE y Sumar. Las centrales sindicales tardaron en mostrar su apoyo a la regularización, ante las dudas de que la contratación de migrantes se convirtiera en la excusa para ofrecer empleos con condiciones más precarias. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha opuesto a las políticas del PSOE para tratar de traer trabajadores de fuera. Díaz ha defendido en varias ocasiones que en España hay tres millones de parados disponibles y se ha mostrado a favor de una regularización que no esté condicionada a realizar determinados trabajos.
IRPF y pensiones
Las regularizaciones también tienen efectos demostrados para las finanzas del Estado. La investigación catalana de 2021 calculó que la acometida por Zapatero en 2004 aumentó los ingresos en cotizaciones sociales en unos 4.000 euros por cada migrante. Por su parte, el estudio de la fundación porCausa calcula que por cada persona regularizada supondría una aportación fiscal neta a las arcas públicas de 3.250 euros.
De hecho, la contribución de la migración es clave para garantizar la sostenibilidad de las pensiones públicas. Las previsiones demográficas con las que el Gobierno elaboró su reforma asumen que los flujos migratorios se adecuarán para responder a las necesidades de empleo que tenga la economía española. Las proyecciones del Ejecutivo prevén que a partir de 2044 el país absorba más de 400.000 migrantes netos (descontando salidas). Hasta el punto de que la migración, sería "la única fuente de crecimiento demográfico en los próximos 50 años" ante el declive demográfico que se espera.
Tampoco encuentra la literatura económica indicios de que se haya producido un 'efecto llamada' considerable en España las veces que se han entregado papeles. Según los investigadores catalanes, tras la regularización de Zapatero no se produjo ningún incremento diferencial en las llegadas de migrantes extracomunitarios frente a las de nacionales de la UE. Esta es, precisamente, la razón por la que Vox fue el único partido que votó en contra de la toma en consideración de la ILP el pasado martes.
20 años sin regularizaciones
La regularización que debatirán las Cortes no es la primera que se discute en España. De hecho, las entregas masivas de papeles a migrantes fueron frecuentes durante los años 90 y los 2000 tanto en Gobiernos del PP como del PSOE: Entre el año 2000 y el 2001 el Ejecutivo de Aznar regularizó a unos 400.000 inmigrantes. En el caso de los socialistas, la más recordada es la gran regularización de 2004, cuando se dio papeles a unas 600.000 personas. Después llegaría la crisis financiera, que provocó todo un éxodo de migrantes de vuelta a sus lugares de origen o hacia países con más oportunidades. Desde entonces, ningún Gobierno ha vuelto a entregar papeles masivamente a inmigrantes en situación irregular.
Según estiman los promotores de la iniciativa en España podría haber entre 390.000 y 470.000 personas residiendo en el país de forma irregular. Al contrario de lo que a menudo se piensa, cuatro de cada cinco proceden de América Central y América del Sur. Además, el 70% son menores de treinta años, por lo que se encuentran en un momento de plenitud laboral.