El Banco de España considera que España, haga lo que haga, no puede bajar de una tasa de paro del 12%. Ese es, para la institución, nuestro desempleo estructural, innato, y duplica la tasa media de la Unión Europea del 6%. Detrás de esta brecha, el supervisor sitúa al propio funcionamiento de nuestro mercado laboral y, en concreto, a tres agentes: las políticas activas de empleo, las pasivas (prestaciones y subsidios) y la negociación colectiva.
"A finales de 2023, en España la tasa de desempleo aún era el doble que la del conjunto de la UE-27, del 5,9%. Por su parte, la tasa de paro juvenil (de 16 a 24 años) era del 28%, casi el triple que la del conjunto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (10,7%) y alrededor del doble que la media de la UE-27 (14,9%). Además, a pesar de la elevada rotación del empleo en nuestro país, el porcentaje de parados que lo han estado durante más de un año era del 39% en España, frente al 25,4% del conjunto de la OCDE. Estos indicadores de la elevada magnitud del desempleo de la economía española, incluso en períodos de intensa recuperación económica, y su desigual distribución por grupos de población sugieren que una buena parte de este es de carácter estructural", advierten en el tercer capítulo de su informe anual, titulado El mercado de trabajo español: situación actual, tendencias estructurales y políticas de empleo.
El paro estructural no es un indicador que se pueda medir, es una estimación "sujeta a mucha incertidumbre", aclara Ángel Gavilán, director general de Economía y Estadística, quien lo sitúa en el entorno del 12-13%. "En el área del euro el paro estructural está en el 6%. Deberíamos preguntarnos por qué la economía española tiene un nivel de paro estructural tan elevado", reflexiona, y él mismo señala que son los elementos que caracterizan el funcionamiento de nuestro mercado de trabajo los que provocan que sea comparativamente tan elevada, ya que tienen una incidencia incluso mayor que los cambios tecnológicos.
Aunque la institución que gobierna Pablo Hernández de Cos admite que el mercado de trabajo ha mostrado un "considerable dinamismo" recientemente, muestra preocupación por la productividad, que apenas ha aumentado desde el comienzo de la pandemia, y por una tasa de desempleo "persistentemente más elevada" que en otros países. Para abordar este reto, hacen varias recomendaciones:
1. Reforma de las políticas activas
El supervisor aboga por una "revisión exhaustiva" de las políticas de empleo en su conjunto, tanto en la parte activa como en la pasiva. En la primera, propone revisar el papel de los servicios de empleo en la intermediación laboral y modernizarlo haciendo uso de perfilado estadístico; y adecuar la formación que se ofrece a los parados con las demandas de las empresas.
"Entre otros aspectos, las políticas activas en nuestro país se han caracterizado por una reducida cobertura de los trabajadores desempleados, por una muy baja participación de los servicios públicos de empleo (SEPE y Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas) en la intermediación de nuevas colocaciones y en la formación ocupacional, y por una insuficiente evaluación de sus resultados", lamentan.
Apuntan, además, a que es pronto para evaluar si la Ley de Empleo, aprobada hace un año, ha mejorado en algo las políticas activas.
2. Prestaciones y subsidios demasiado generosos
En cuando a las políticas pasivas, destinadas a brindar protección a los parados, el Banco de España recuerda que deben cumplir con ese objetivo pero sin desincentivar el retorno al mercado laboral de los desempleados.
En este sentido, valoran positivamente la reforma de la protección por desempleo que el Gobierno pretende aprobar cuanto antes -para no ser penalizado en el cuarto desembolso de los fondos europeos- y que fue tumbada en enero por Podemos en el Parlamento, ya que va reduciendo gradualmente la cuantía de la protección para incentivar la reincorporación y hace compatible la protección con el empleo. "La revisión de las políticas pasivas de empleo debería incrementar los incentivos para el retorno al empleo de los parados, así como garantizar la suficiencia de las prestaciones y mejorar la coordinación con las políticas activas de empleo", señalan.
Entre los problemas de estas políticas en España mencionan que "la tasa de sustitución de las prestaciones por desempleo en España es relativamente elevada en el contexto internacional. En España, la tasa media de sustitución de las prestaciones contributivas por desempleo (en relación con el salario neto anterior) se sitúa entre el 60% y el 80% -siendo menor a medida que aumenta la duración del desempleo-, lo que supone una de las tasas más elevadas entre los países de la OCDE. Por otra parte, aunque la duración máxima de las prestaciones, en su modalidad contributiva, es de 24 meses, en determinados casos la duración de la prestación asistencial por desempleo es ilimitada. Esto hace que el gasto en prestaciones por desempleo se concentre en los trabajadores de mayor edad y menor empleabilidad".
3. Modificación del despido
El Banco de España pide al Gobierno que aclare cuáles son las causas objetivas por las que se puede hacer un despido, ya que hay demasiada incertidumbre en los procesos y muchos despidos acaban judicializándose y son declarados nulos o improcedentes en los tribunales.
En España se está produciendo una reasignación del empleo de unos sectores a otros y esta institución cree que se acentuará en el futuro y que será necesario que estén claras las normas del despido en el país: "Estamos viendo una reasignación de la actividad muy intensa entre sectores y ocupaciones que se va a intensificar en el futuro. Esta reasignación se tiene que producir por motivos económicos; obstaculizarla va a generar ineficiencias y pérdidas de productividad, así que tenemos que asegurarnos de que la regulación la facilita, manteniendo el nivel de seguridad", apunta Gavilán.
Esta clarificación es más importante que nunca ahora que está sobre la mesa una reforma de las indemnizaciones por despido para dar cumplimiento a la recomendación de Estrasburgo, algo que en opinión del Banco de España sería peligroso: "Es importante clarificar las causas del despido objetivo más aun si se quiere considerar la introducción de costes reparativos disuasorios que elevarían tanto la incertidumbre de trabajadores como de los empresarios sobre cuánto costaría el despido si es improcedente. Esta introducción podría generar efectos adversos sobre el empleo y la actividad si no viene aparejada de la clarificación de los costes objetivos".
4. Flexibilidad en la reducción de jornada
Finalmente, este organismo cree que para reducir la elevada tasa de desempleo la negociación colectiva tiene que dar más flexibilidad a las condiciones laborales. Pone como ejemplo la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas que quiere llevar a cabo el Gobierno en esta legislatura y apunta a que lo deseable es que "pueda adaptarse con una cierta flexibilidad a las distintas circunstancias de las empresas".
"Mantener la producción trabajando menos horas (lo que implicaría más productividad) no es igual de fácil de conseguir en todas las empresas, por eso es fundamental que se haga con un amplio nivel de flexibilidad, porque habrá empresas que pueden acomodarlo cambiando su método de trabajo u organización -lo que les permitirá conseguir mejoras de productividad-, pero para otras no, y tendrán aumento de costes laborales, pérdida de competitividad, pérdida de empleo y de actividad", alerta.
Como apunte final, el supervisor recuerda que es más fácil para un país reducir su jornada de trabajo si ha registrado ganancias de productividad, algo que en España, desafortunadamente, no se ha producido.