El ministro de de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, fue recibido este martes con una cacerolada y gritos de «¡Justicia solución, ministro dimisión!». Ocurrió a su llegada a la Ciudad de Justicia de Valencia. Varios representantes sindicales y funcionarios de esta institución protestaron desde las plantas superiores del edifico contra su presencia.
El ministro socialista acudió a un acto de entrega de las condecoraciones de la Orden de San Raimundo de Peñafort, que se concedieron en la Ciudad de Justicia de Valencia a una treintena de personas por su compromiso y dedicación a la justicia.
Una vez iniciado el evento, dos personas se levantaron de sus butacas para interrumpir las intervenciones y pedir la dimisión de Félix Bolaños, exhibiendo pancartas con mensajes de «Justicia» y «Solución». Estas dos personas, que exhibieron logotipos de los sindicatos CCOO y STAJ, abandonaron el salón de actos tras sus protestas.
En la cacerolada a Bolaños participaron delegados de ambos sindicatos, con el objetivo de exigir al ministro unas retribuciones acordes a todas las funciones que desempeñan los trabajadores judiciales y el desarrollo de la carrera profesional que «está durmiendo el sueño de los justos», según explicaron posteriormente a los medios.
No tenía autorización
La sala de la Ciudad de la Justicia de Valencia en la que el ministro Félix Bolaños celebró esta entrega de condecoraciones carecía del preceptivo visto bueno de la Consejería de Justicia de la Generalitat Valenciana, que dirige Elisa Núñez, para ser ocupada y, por tanto, para la celebración de ese acto, según revela OKDIARIO este miércoles. Es más, según fuentes de la citada Consejería, ese permiso no le fue, ni siquiera, solicitado.
Esa misma consejería, tampoco fue informada acerca de la ocupación de la citada sala. Una circunstancia que ya desde horas antes del acto era comentada en los círculos políticos y jurídicos de Valencia. Por parte de la Consejería no había intención de bloquear el acto, pero no gustaba nada lo sucedido.
En el caso de la Consejería de Justicia, el malestar procede de que, de acuerdo con el Reglamento 1/2000, de 26 de julio, de los órganos de gobierno de los tribunales, publicado el 8 de septiembre de 2000 y actualizado a fecha 6 de diciembre de 2016 se establece que «las actividades ajenas a la función judicial en los edificios judiciales o sus dependencias no podrán llevarse a cabo sin el acuerdo de la Sala de Gobierno, el de la Administración a la que corresponda la titularidad del inmueble y el de las demás administraciones con competencias concurrentes, si las hubiere». Y agrega que «en caso de discrepancia, el asunto será examinado por la comisión mixta correspondiente, que formulará las propuestas que estime oportunas».
«Acercar la justicia a la ciudadanía»
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes defendió durante su intervención el proyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de enero. Aseguró que esta norma llegará «muy pronto» al Congreso. Bolaños recalcó que esta ley «servirá para garantizar el derecho constitucional a la defensa y cuenta con la práctica unanimidad del sector».
Además, aprovechó el acto de entrega de las condecoraciones de la Orden de San Raimundo de Peñafort para sostener que «una de las prioridades» de su ministerio es «acercar la justicia a la ciudadanía». «Esto es imprescindible para convertirla en un elemento fundamental del Estado del Bienestar. En ocasiones no ha sido la primera de las preocupaciones y hoy es una prioridad para este Gobierno», aseveró.
Félix Bolaños afirmó que la Ley del Derecho a la Defensa está ligada «a una transformación digital sin precedentes en décadas» y que tiene como objetivo «lograr una justicia del Siglo XXI». Además, asegura que el Gobierno de Pedro Sánchez «seguirá trabajando en otras normas para dotar a la justicia de medios suficientes y para que los ciudadanos se sienten cerca y vean garantizados sus derechos».
El ministro de Justicia y Presidencia, dirigiéndose a los condecorados, enfatizó que su trabajo «contribuye a hacer de la justicia un servicio público mejor y de España un país mejor». También recordó a los tres distinguidos que ya han fallecido: José Enrique de Mota, Antonio José Llácer y Paco Ceacero.
Por su parte, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Pilar de la Oliva, alabó el nivel de los premiados, así como su compromiso con la justicia. «Los profesionales jurídicos tienen la grandeza de mejorar la vida de la ciudadanía», resaltó durante su discurso.
Como fiscal delegada de la especialidad civil y de personas discapacitadas en Valencia, Ana María Lanuza reivindicó que «el derecho no se puede desvincular de las personas» y destacó que estas condecoraciones suponen una «inyección de ánimo» para un trabajo que «en ocasiones» genera «sensación de desanimo e incomprensión».