De la veintena de miembros del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Balears reunido el pasado 18 de abril, sólo uno, Mariano Juan, el conseller insular que acudía en representación del Consell de Ibiza, votó en contra de la adjudicación a Puertos y Litorales Sostenibles (PyLS) de la dársena que durante 99 años ha gestionado el Club Náutico Ibiza. Juan defendió «el papel social que debería haber tenido la concesión en las bases», según sus palabras, y puso en duda que, como defendió la abogacía del Estado, PyLS pudiera participar en el concurso, dado que uno de sus responsables, Alberto Pedraza, había sido condenado por estafa procesal y falsedad documental.
El resto votó a favor de conceder la autorización temporal a PyLS: «No quedaba más remedio», resume el ibicenco José Antonio Roselló, vicepresidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), cuya presidenta, Carmen Planas, fue quien emitió el voto a favor de PyLS en aquel consejo: «No se puede criticar a la APB, y por tanto al conjunto de sus miembros del consejo de administración, en la medida en que ellos tienen que cumplir la normativa tal como está establecida, con unas bases concretas y con unos informes jurídicos que las avalan. Los miembros del consejo de administración de la APB tuvieron que amoldarse estrictamente a lo que dice la normativa. Una cosa es atacar a la normativa y otra a las personas. Si atacamos a las personas estamos intentando matar al mensajero».
"Los miembros del consejo de administración de la APB tuvieron que amoldarse estrictamente a lo que dice la normativa"
En similares términos, es decir, que no había más remedio, se expresó aquella jornada Llorenç Córdoba, presidente del Consell de Formentera, que es miembro del consejo de administración: «Los letrados han dejado claro que lo que no se podía hacer era votar en contra [de la concesión], pues hubiera sido una decisión arbitraria. (…) Hemos estudiado los informes y no teníamos muchas opciones de votar en contra».
«Dudas, no certezas»
¿Y, sin embargo, sí pudo Mariano Juan? «El conseller y vicepresidente primero del Consell votó en contra, sí, pero planteando dudas. No planteó certezas. Eso es muy importante. Él mismo no tenía claro el sentido exacto de los términos. Tampoco él estaba muy seguro de lo que hacía», responde José Antonio Roselló, para quien la solución habría sido «modificar la normativa». «Lo que se tendría que haber hecho en su día —matiza—, si no se consideraba, como era el caso, que otros aspectos de carácter más moral no entran en la configuración de este tipo de procesos, es haber cambiado la normativa. Pero, la normativa actual es lo que es». Lo dicho: no había más remedio.
«Otra cosa —señala el vicepresidente de la CAEB— es la crítica moral que puede hacerse a Ibiza y a todos nosotros en general por unos tiempos en los que manda el poder del dinero. Pero eso sucede en el contexto de una normativa que es muy clara. Y como todos los informes y las bases iban en esa línea, los miembros del consejo de administración no profesionales, como pueden ser la presidenta de la CAEB, Carmen Planas, y los de la Asociación Provincial de Empresas de Actividades Marítimas (Apeam), votaron a favor de la propuesta de Puertos y Litorales Sostenibles». Para mostrarse en contra con firmeza hubieran necesitado «oponerse con otros informes jurídicos. El único que lo hizo fue Mariano Juan (Consell de Ibiza), pero planteando dudas, sin certezas», insiste Roselló.
"El CNI pide que intangibles, como la historia o la manera en que está involucrada la sociedad, entrasen en las valoraciones, pero eso realmente no entra ahí pues no está recogido en las bases ni en la legislación"
«Todo lo ocurrido —prosigue— plantea un problema de mucho calado y que no es sólo de Ibiza, sino del conjunto de los clubes náuticos, a los que la estructura de la ley no favorece. Pero que caigamos ahora en esto es rasgarse las vestiduras por algo que ya se podía saber». A su juicio, el CNI pide que «intangibles, como la historia o la manera en que está involucrada la sociedad, entrasen en las valoraciones, pero eso realmente no entra ahí pues no está recogido en las bases ni en la legislación. Lo que tiene peso es el poder del dinero. Más en Ibiza. Da para una crítica muy clara. Pero es lo que hay».
El peligro de prevaricar
Coincide con él Rafael Cardona, presidente de Apeam en las Pitiusas. Cardona no estuvo presente en esa votación, pero sí el presidente provincial, Santiago Mayol, que dio su apoyo a la propuesta de Puertos y Litorales Sostenibles. Eso sí, Cardona matiza que lo que deseaba Apeam Ibiza era que ni siquiera se llegara a votar: «Hay otros asociados, navieras, áreas de reparación y mantenimiento y consignatarios, que, posiblemente, durante la junta directiva de Apeam, que asume la vicepresidencia de la Autoridad Portuaria, votaran a favor para no ir contra el criterio de la APB. Pero desde Ibiza se pidió que se recapacitase y que la Autoridad Portuaria de Balears, como ya hizo otras veces, rescatase el concurso. No sería la primera vez». «Lo que se dijo desde Ibiza —apunta Cardona— es que la APB fuera sensible, y que igual que otro consejo de administración ya había sacado del concurso una concesión porque había encontrado que existían errores, hiciera igual en este caso».
«Lo que se dijo desde Ibiza es que la APB fuera sensible, y que igual que otro consejo de administración ya había sacado del concurso una concesión porque había encontrado que existían errores, hiciera igual en este caso»
Es decir, el propósito de los ibicencos era que «no se llegara a votar siquiera. Y el problema era ese: si se votaba era difícil ir en contra de los criterios de las bases del concurso, en las que hay una valoración. En este caso no había justificación alguna para votar en contra». No quedaba, pues, más remedio: «Puedes llegar a prevaricar dependiendo del voto. No es tan sencillo», avisa.
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