El gobierno de Javier Milei anunció días atrás un aumento del 500% en la asignación del Plan Primeros Mil Días de Vida, destinado a brindar apoyo integral a mujeres embarazadas y niños de hasta tres años. A la par, el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo de la Torre, lanzó el Programa Nacional de Primera Infancia, inspirado en el modelo del municipio bonaerense de San Miguel que busca limitar el acceso al aborto. El objetivo original del Ejecutivo era remplazar el segundo por el primero, pero no pudo ser.
El nuevo Programa Nacional de Primera Infancia que De la Torre calcó de su paso como secretario de Salud y de Infancia y Familia de San Miguel es un proyecto que formaba parte de la ley ómnibus y que fue retirado del bodoque de más de 600 artículos antes de su caída en el Congreso. La iniciativa se presentaba como una reforma a la Ley 27.611 de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, conocida como Ley de Mil Días, sancionada por unanimidad en ambas cámaras y votada el mismo día que la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 2020.
Como explicó este medio, la ley ómnibus original proponía numerosas reformas a la ley 27.611. Por ejemplo, eliminaba el artículo 3° sobre los principios rectores de la norma, donde dice que se complementan con las leyes 26.061 (de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes) y 26.485 (de Protección Integral para Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres) "y en los sistemas de protección allí definidos".
Según relató De la Torre a Infobae a mediados de marzo, el nuevo programa "cuenta con el aval de, entre otros organismos internacionales, del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)". El pediatra explicó a ese medio que uno de los tres ejes de la iniciativa es "salir a la búsqueda de la mujeres embarazadas hasta los primeros años de vida", meta que también pretendía incorporar en la modificación de la ley de Mil Días con la "detección y asistencia a la madre embarazada y su hijo por nacer".
Aquel texto proponía "brindar a los gobiernos locales bases de datos en conformidad con la Ley N° 25.326 (de Protección de Datos Personales) que les sirvan de fuente y referencia para la detección activa de embarazadas en situación de vulnerabilidad". En ese espejo de El cuento de la criada aparece la hilacha del modelo San Miguel.
San Miguel, el feudo antiaborto del clan De la Torre
Como contó Letra P hace más de un año, San Miguel es el feudo de Joaquín de la Torre, quien fuera tres veces intendente del municipio. Miembro del Opus Dei y de origen peronista, De la Torre encabezó la boleta del Frente para la Victoria, luego saltó al Frente Renovador y después fue ministro de María Eugenia Vidal. Hoy es senador bonaerense. Tiene un monobloque denominado Derecha popular. San Miguel fue declarado "provida" en 2018, en pleno debate por la legalización del aborto. Es prácticamente el único municipio de la provincia de Buenos Aires que no cumple con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
En San Miguel, Pablo de la Torre -hermano de Joaquín- impulsó políticas activas antiaborto. Una de ellas, a través de las "Consejerías Guadalupe", ubicadas dentro del Hospital Larcade, donde hace diez años detectan y persiguen a mujeres embarazadas para que no aborten. Allí les pasan videos con supuestos abortos sanguinarios para asustarlas y les prometen ayuda económica, pañales, ropita para el bebé y también una salida laboral con oferta de capacitaciones en peluquería o cocina, siempre y cuando lleven los embarazos a término.
De acuerdo con el relato de la obstétrica Carina Luchetti a la periodista Mariana Carbajal, "como director de Primer Nivel en San Miguel, De la Torre recorría las salas de atención primaria en los barrios y arrancaba la cartelería con información sobre anticoncepción y nos decía que los preservativos no había que ponerlos como en carameleras. No veía que es un derecho cuidarse y prevenir un embarazo no intencional. Nos decían que las adolescentes y las mujeres se embarazaban porque las incentivábamos a coger. La orden era que, si veíamos a una embarazada que no quería seguir con la gestación, la teníamos que mandar al Hospital Larcade, a las Consejerías Guadalupe".
En esa experiencia se basa el nuevo programa que lanzó De la Torre con el paraguas del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, donde los dos programas de primera infancia vigentes por fuera de Mil Días siguen teniendo el mismo presupuesto que en enero.
Financiamiento internacional, en duda
Lo que aún no está claro es el financiamiento de este nuevo programa con el que De la Torre insiste cada vez que puede. No hay comunicación oficial de las entidades bancarias internacionales respecto de su respaldo y las organizaciones feministas están atentas a esta cuestión.
La duda principal es si el BID y el Banco Mundial apoyarán financieramente un plan violatorio de leyes vigentes y que cambia el modelo de autonomía, respeto y protección de derechos por un modelo policial.
La libertad no avanza para niñas y adolescentes
Mientras resulta evidente que al gobierno de Milei le preocupa mucho impedir que las mujeres puedan decidir sobre su maternidad, no está tan claro que las infancias y las adolescencias estén entre las prioridades.
Un claro ejemplo es el desfinanciamiento del Plan ENIA (Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia), que se inició durante la gestión de Mauricio Macri y continuó con la de Alberto Fernández y redujo el embarazo en adolescentes en la Argentina en casi un 50% en cinco años.
Las declaraciones del diputado Alberto "Bertie" Benegas Lynch en una entrevista con Romina Manguel afirmando que "libertad es que si no querés mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller, puedas hacerlo" hasta debieron ser enmendadas por el Presidente y su vocero.
También el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, está preocupado por la adolescencia argentina. Ya anunció que esta semana presentará un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad a 14 años. Niñas y adolescentes embarazadas en situación de vulnerabilidad que no pueden terminar sus estudios y sufren más el desempleo, trabajo infantil y jóvenes a partir de 14 años condenados como personas adultas, sí están entre las preocupaciones oficiales.