La masacre en Usme del pasado domingo 30 de marzo se sumó a una serie de hechos violentos con actos de sicariato y robos masivos en Bogotá que se han presentado durante los últimos meses, en medio del temor general.
Pulzo conversó con Hugo Acero, experto en asuntos de seguridad, justicia y manejo de crisis, que reconoció que la realidad en la capital colombiana es evidente, al tiempo que advirtió cómo afecta también al resto del territorio nacional en un problema del que señaló un incremento en los últimos años.
¿Por qué han subido los robos y asesinatos en Bogotá?
"Tenemos una criminalidad cada vez más estructurada que no se puede enfrentar solo con aumentar el número de policías en las calles. Desde luego que es necesario aumentarlos, pero realmente lo que se requiere, de manera urgente, es fortalecer las labores de inteligencia para evitar que estos hechos sucedan, y también de investigación criminal para dar con los culpables de los hechos que cometen estos delincuentes", explicó Acero.
Sobre los recientes casos de inseguridad y sus responsables, agregó: "Lo que llama la atención es que se han presentado una serie de hechos en donde todavía la ciudadanía desconoce si han sido detenidos, si no han sido detenidos, si están siendo juzgados, si los privaron de la libertad".
El especialista fue asesor presidencial de las Consejerías de Paz y de Seguridad Nacional entre 1993 y 1995, subsecretario de seguridad de Bogotá en 1995 y 2003 y secretario de Seguridad de Bogotá entre 2021 y 2022. De ahí, apuntó de manera contundente a lo que sucede en Colombia, con la capital como un referente notorio.
"El proceso de deterioro realmente viene en el país en los últimos años y eso hay que decirlo. El incremento de los grupos criminales, particularmente de aquellos dedicados de manera muy fuerte al narcotráfico, que son todos, incluido el ELN, las militares, y demás que ahora están dedicados exclusivamente al narcotráfico, se viene dando desde hace cuatro o cinco años. Igualmente en las ciudades se viene dando una serie de acciones criminales organizadas que corresponden realmente a ese tipo de estructura", expuso sobre un tema en el que Bogotá ha sido muy afectada.
Acero resaltó cómo el nivel de alta virtualidad ha puesto en evidencia cada vez más los hechos de violencia y delincuencia, que quedan grabados por cámaras de seguridad, por las autoridades o por particulares. De ahí, la difusión de una situación que, remarcó, no es un tema de percepción.
En ese sentido, apoyado en su experiencia, si bien planteó la tarea pendiente de los gobiernos locales, la del Distrito en el caso bogotano, en conjunto con la Policía, también se preguntó qué está haciendo la Fiscalía y qué están haciendo los jueces, además de la responsabilidad del Gobierno Nacional frente a la inversión para el mejoramiento de las condiciones carcelarias, no solo en grandes prisiones sino en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y en las celdas de los Centros de Atención Inmediata (CAI).
"Una persona de esas sale con problemas mentales. Esa persona va a salir a seguir violentando de manera muy fuerte y más porque se ha profesionalizado y con mucha más violencia de la que [tenía] antes de ser detenido", afirmó.
Por eso, apuntó: "Esta es una responsabilidad compartida del Gobierno Nacional, que no estamos viendo las inversiones claras en materia de seguridad; de los gobiernos municipales, porque tienen que responder los alcaldes; de la Policía, desde luego; pero también de la Fiscalía, de los jueces y del sistema carcelario y penitenciario, que no está dando respuesta a las necesidades de seguridad y de justicia.
¿Qué hacer frente al aumento de robos y sicariato en Bogotá?
Acero puso sobre la mesa la necesidad de un trabajo en equipo planeado, al tiempo de la importancia de una legislación más fuerte para enfrentar una problemática que ha tomado mayor impulso en los últimos años.
De ahí, recomendó que el Consejo de Seguridad sesione una vez por semana y no "después de que sucedan las cosas", con el fin de llevar a cabo un seguimiento más detallado con el Alcalde Mayor reunido durante al menos dos horas con el comandante de la Policía, el comandante del Ejército, el fiscal seccional y las instituciones de desarrollo.
"Lo primero es ese trabajo en equipo. Mientras que los delincuentes están trabajando en equipo, las instituciones del Estado, cada una está trabajando por su lado y terminan reuniéndose después de que suceden los hechos. Debe ser también una acción preventiva y de trabajo permanente de las autoridades de seguridad y justicia nacionales y territoriales", aseguró.
Si bien exaltó la necesidad de contar con más personal de la Policía en las calles, aceptó que es complicado porque actualmente, los que llegan de formación, apenas alcanzan para suplir a los que se han retirado. De ahí, al menos, consideró clave ejecutar un esfuerzo por aumentar los profesionales dedicados a la inteligencia y a la investigación criminal.
"Eso supone no solamente aumentar policías profesionales a la investigación criminal, sino además que requerimos más fiscales. Necesitamos que la Fiscalía le meta la mano a esto y que haya más fiscales especializados en los distintos delitos. Ahí no es solamente un problema de la Policía. Esos dos temas hay que fortalecerlos de manera urgente", destacó Acero.
En esa misma línea, puso el dedo en la llaga en casos de personas detenidas "15, 20, 30, 40 y hasta 60 veces" por el mismo delito, que llegan a los juzgados y vuelven a salir para seguir delinquiendo.
"Debe haber una modificación legal, que si una persona es presentada tres o cuatro veces por las mismas circunstancias, pues que no lo dejen en libertad. Esa persona tiene que ir para la cárcel y es una modificación que hay que hacerla porque encontrar la reincidencia no tiene efectos", aseveró el experto.
Por esa misma razón, insistió en la responsabilidad actual de Gustavo Petro como presidente de Colombia para ofrecer condiciones carcelarias con inversión para evitar que desde las prisiones continúen con extorsiones y demás delitos.
Cabe recordar que Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, anunció la construcción de una nueva cárcel, que para este caso se suma en medio de las múltiples necesidades por cubrir en esta situación de orden público que ha afectado a la capital colombiana recientemente.
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