El Govern de Marga Prohens quiere anular la compra de 3,7 millones de euros en mascarillas a la trama de Koldo, acordada hace cuatro años por el Govern de Francina Armengol. La reclamación se basa en que «su objeto social no amparaba dicho suministro en el momento de adjudicación del mismo». Sin embargo, la inmensa mayoría de los contratos millonarios de 2020 vinculados a la covid se concedieron a empresas no sanitarias, lo cual obligaría al actual ejecutivo balear a exigir el reintegro de decenas de millones de euros.
El Govern Armengol recibió un millón y medio de mascarillas fraudulentas de Koldo, que no reclamó hasta tres años después, el día antes de desalojar el Consolat. El Govern Prohens permitió deliberadamente que caducara una iniciativa de reintegro no explorada en Balears, pero que fue efectiva en otras instituciones españolas. A cambio, el director general del IB-Salut, Javier Ureña, ha explorado por su cuenta y riesgo la innovadora vía del «objeto social». Bajo este criterio, quedarían anulados cuatro de los cinco contratos millonarios tramitados de emergencia por el Servicio de Salud del PSOE el 4 de mayo de 2020.
Las empresas agraciadas en esa fecha fueron Rayan Holdings (seis millones de euros), Hartrodt Shanghai (dos millones de euros), Asia Manufacturer Supply (once millones de euros), Soluciones de Gestión apadrinada por Koldo (3,7 millones de euros) y Tyrval Import Export (cinco millones de euros).
Solo la última de las compañías citadas introduce entre su amplio abanico de prestaciones el «equipamiento médico», dado que Tyrval Import Export presume de contar «con equipos y productos certificados y de alta calidad, tanto de uso personal así como hospitalario y sanitario. Todos nuestros productos cuentan con las certificaciones y documentación legal».
Pese a la ausencia de un objeto social sanitario específico para suministrar mascarillas, guantes o buzos, los otros cuatro contratos millonarios citados recibieron la bendición de los interventores de la comunidad, un factor que también será esgrimido para contrarrestar la tardía reclamación del PP. En cambio, la Intervención nunca fue informada de que las mascarillas suministradas por Koldo no se ajustaban a las comprometidas en las conversaciones del IB-Salut socialista con la trama.
Rayan Holdings es la primera de las empresas contratada por el IB-Salut, presidido por la consellera Patricia Gómez y dirigido por su esposo, Juli Fuster. La compañía citada se especializa en el tráfico de piedras preciosas o petróleo, con incursiones ocasionales en el turismo pero sin mención a la faceta sanitaria que le permitió proveer al Govern con seis millones en gafas, vestidos y mascarillas.
Hartrodt Shanghai es otra transportista en campos tan diversos como la comida o el petróleo, pero tampoco introduce la parcela sanitaria entre sus actividades habituales. De hecho, el funcionamiento de todas las empresas seleccionadas incluida Soluciones de Gestión se limitaba a intermediar el traslado a España de ingentes cantidades de material, y así lo referenciaba la ahora reclamada. El detallado estudio de la Agencia Tributaria señala a los dos suministradores legales de mascarillas utilizados por el asesor íntimo de Koldo, que son la firma madrileña Star Tic y la valenciana Gama Global. Pese a las irregularidades que denuncia en el funcionamiento de la trama, Hacienda no advierte obstáculos en el apartado del objeto social.
El IB-Salut no solo contrató «para adquirir material sanitarios» a empresas de adscripción heterogénea, sino que felicitaba a los ofertantes que se apartaron de su actividad habitual para subvenir a las urgencias de Balears. Así ocurre con la firma AMS (Asia Manufacturer Supply), facilitada por Paco Calatayud, mallorquín instalado en China. La resolución oficial de contratación establece que «AMS es una empresa que, aunque sea en otra rama de actividad, tiene experiencia en el tráfico mercantil chino, lo cual nos facilitaba mucho la tarea que tenía que hacerse desde el Servicio de Salud». Estas compañías modélicas quedarían ahora en el foco de Ureña, por la ausencia de un «objeto social» adecuado.
Un segundo punto que el IB-Salut actual solo reprocha a Koldo es «la posible falta de solvencia económica y técnica para llevar a cabo» el suministro. Este argumento para la nulidad choca contra la evidencia de que Soluciones de Gestión sirvió veinte millones de mascarillas a toda España, al margen de la investigación en curso sobre la dimensión penal o las posibles comisiones en dicho tráfico.
A favor de los criterios de nulidad del IB-Salut solo se pronuncia de momento, y de modo colateral, una sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza. Al absolver a un abogado acusado de atentar contra el honor de Soluciones de Gestión, se detalla que el objeto social de la matriz de la trama «no le habilitaba en modo alguno a concurrir a esas contrataciones públicas de suministro de mascarillas». Sin embargo, los magistrados también precisan que «podrá compartirse o no el criterio de este tribunal».
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