En una sesión maratónica, el Gobierno que lidera Javier Milei logró su cometido y dio el primer paso clave: cuando logre el espaldarazo definitivo en el Senado, podrá activar la venta de una serie de empresas que hasta ahora venían operando bajo la órbita del Estado. De ese pelotón no formará parte la petrolera YPF pese a que, post balotaje del año pasado, estuvo entre las primeras que fueron mencionadas como "privatizables".
La Ley de Bases que acaba de recibir el aval de Diputados contempla la privatización de Aerolíneas Argentinas, otra de las firmas largamente cuestionadas por Milei, y también serán de la partida desde Energía Argentina SA (la ex ENARSA) hasta AySA e Intercargo. El proyecto incluye, además, al Correo Argentino, el Belgrano Cargas y Trenes Argentinos (SOFSE), y la operadora de peajes Corredores Viales SA. A contramano de lo que se pensaba, el Ejecutivo decidió impulsar la fórmula de capital mixto para la estatal carbonífera de Río Turbio y Nucleoeléctrica SA, la firma que tiene a su cargo el manejo de las centrales nucleares de la Argentina.
En el caso de Aerolíneas Argentinas, la decisión de transferirla a un privado viene siendo una bandera desde los tiempos de la campaña presidencial. A partir de 2024, el Ejecutivo fue aplicando recortes con el fin de reducir el flujo de fondos hacia la empresa y es a partir de esa estrategia que recientemente se aplicó un recorte de casi el 20% de los vuelos de cabotaje y regionales, a la par de que se decidió levantar las rutas a Nueva York y La Habana.
Aerolíneas Argentinas tiró el achique
Hace muy pocos días, y tal como expusiera iProfesional, Fabián Lombardo, CEO de la empresa estatal, anticipó mediante una carta su postura de tomar "decisiones difíciles, con el peso de la responsabilidad que cada una implique", con la perspectiva de "resolver sus problemas estructurales" y "reducir el déficit operativo profundo" de Aerolíneas Argentinas.
"En un contexto en el que muchos argentinos están haciendo un gran esfuerzo por salir adelante, cada centavo que se aporta desde el Estado para que Aerolíneas subsista tiene que ser y va a ser cuestionado. Esto nos obligará a todos, y a mí en particular, a tomar decisiones difíciles", dijo en la misiva.
Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que aporta datos a requerimiento de los legisladores, la línea de bandera supo ubicarse entre las compañías con desequilibrios financieros más pronunciados en los últimos años. La firma llegó a tener disponibles fondos nacionales por hasta 72.000 millones de pesos. La privatización de Aerolíneas Argentinas también alcanzará a Intercargo, la firma que controla casi todos los servicios de rampas y puentes de acceso en los aeropuertos del país.
Por el lado de la ex ENARSA, en 2023 la compañía que opera en el ámbito de la energía alcanzó un rojo superior a los 2.400 millones de dólares y durante el año pasado concentró casi el 50% del total de los fondos transferidos por el Estado a sus empresas controladas.
La firma en cuestión, de las estatales con mayor visibilidad por su participación en la obra del gasoducto Néstor Kirchner, y con un rol determinante en las importaciones de gas natural, se ubica a la cabeza de las compañías públicas que reciben mayor caudal de capital proveniente, justamente, del Ejecutivo.
De acuerdo a la OPC, luego de la ex ENARSA se ubican los operadores ferroviarios como SOFSE, con casi el 15% de las partidas, AySA, con una porción cercana al 12,5 y Correo Argentino, que en el último año bordeó una porción del 3 por ciento.
Los resultados de las estatales
Por el lado de AySA, la empresa de aguas viene de evidenciar el mayor déficit de todas las empresas bajo control oficial con un déficit que llegó a superar los $162.000 millones en los primeros 9 meses del año pasado. En marzo de este año, la cúpula de la firma reconoció que preveé, también, un déficit de al menos $232.500 millones para lo que resta de 2024.
Las también incluidas SOFSE y Belgrano Cargas están entre las pocas empresas que este año recibieron partidas oficiales. En concepto de subsidios, la primera se alzó con más de $36.300 millones sólo entre enero y febrero, mientras que la segunda recibió alrededor de $4.000 millones por el movimiento de los trenes del San Martín, el Belgrano y el Urquiza.
De acuerdo a un informe de la Fundación Libertad y Progreso divulgado en marzo por iProfesional, Radio y Televisión Argentina (RTA) cosechó un rojo de $27.006 millones en 2023, y el resultado negativo de Corredores Viales SA, la estatal a cargo de los peajes, alcanzó los 24.349 millones de pesos en el mismo lapso.
RTA es la empresa estatal que tiene a su cargo la gestión de la Televisión Pública, Radio Nacional, Canal 12 TV Pública Regional y el servicio de Radiodifusión Argentina al exterior. Fuera de su órbita se ubican, por ejemplo, medios públicos como la agencia Télam. Precisamente, la no inclusión de esta última en el proyecto de Ley de Bases deja a la vista que el Gobierno considera a Télam como una empresa que ha dejado de operar de forma definitiva.
En la vereda de enfrente a estos números se ubica Nucleoeléctrica SA, que según lo fijado en la Ley de Bases podrá contar con participación privada. La empresa, a cargo de las centrales nucleares de Atucha I y II y Embalse, llegó a finales del año pasado con un superávit del orden de los $125.700 millones.
Por último, resta decir que Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) tampoco será vendida aunque, como en el caso de la firma anterior, sí podrá incorporar capital privado. En este caso, sorprende la medida del Gobierno dado que, a principios de enero, el oficialismo sostuvo que la producción de Río Turbio se ubicaba muy por debajo de los niveles indicados para evitar una operatoria deficitaria.