Nuestra ciudad tiene mala suerte hasta para esto. Resulta que en España solo hay seis suelos radioactivos por diversas causas, en especial por la antigua actividad de ciertas actividades mineras o de diversas industrias. Solo seis en toda España: hay radioactividad en suelos industriales o exindustriales en Almería, Huelva, Madrid, Toledo, Tarragona… y Cartagena. Siempre nos toca lo peor. En el caso de Cartagena son 108 hectáreas en El Hondón, en los terrenos que ocupaba la antigua Potasas y Derivados (FESA), también conocida anteriormente como Explosivos Riotinto. Una empresa química del cinturón industrial cartagenero que estuvo muchas décadas en activo y cuya actividad cesó en 2001, como consecuencia de uno de los últimos coletazos de la reconversión industrial que sufrimos en los años noventa. La multinacional Ercros, su última propietaria, cerró la empresa, despidió a sus últimos 100 obreros, demolió las instalaciones, se largó y dejó un extenso terreno yermo de un millón de metros cuadrados contaminados con uranio 238, además de varias capas de metales pesados.
Han pasado más de 20 años y allí nadie ha tocado nada desde entonces. El amplio terreno, de aspecto desangelado, es fácilmente identificable porque transcurre por debajo de la autovía elevada en la entrada a Cartagena por la zona este, junto al barrio de San Ginés. En condiciones normales, el crecimiento urbano de la ciudad tendría que haberse dado por esa zona. Pero nadie ha urbanizado ni edificado nada en estas dos décadas. Porque antes hay que limpiar esos terrenos y retirar el material radioactivo. Se esperaba que lo hiciera la empresa Ercros, que debería ser la responsable de llevarlo a cabo y la que ha recibido sucesivos requerimientos para hacerlo, pero no ha sido posible hasta el momento. Todo esto está envuelto en un galimatías jurídico y administrativo en el que están involucrados un montón de administraciones, colectivos y organismos: la Dirección General de Medio Ambiente de la comunidad autónoma de la región de Murcia, el Ayuntamiento de Cartagena, el Ministerio de Transición Ecológica, la empresa, los vecinos en el papel de víctimas, los tribunales de justicia, la Confederación Hidrográfica del Segura, el Consejo de Seguridad Nuclear… Como para aclararse.
Y ahora en 2024 parece que, como todo en esta ciudad, lentamente y muy tarde, se proyecta una nueva solución. Ojo: se proyecta. Porque es doloroso leer que 23 años después de haberse marchado la empresa, nuestra lentísima comunidad autónoma le ha dado ahora un ultimátum a Ercros para que en dos meses presente un proyecto de limpieza definitivo y que devuelva el machacado terreno a su estado inicial. No es un ultimátum para limpiar: un ultimátum para presentar un proyecto de limpieza, a estas alturas. Y esta empresa parece que se va a dedicar a demorar una vez más sus responsabilidades: en todo este tiempo ha presentado soluciones de limpieza parciales y absolutamente insuficientes, cuando no ha acudido a los tribunales para recurrir las sucesivas órdenes de descontaminación. Un enredo endemoniado que tiene como consecuencia que aquello no se arregle nunca, como tantas cosas en la comarca de Cartagena: ese Mar Menor envenenado y desprotegido, esa bahía de Portmán que también lleva 30 años enredada en una regeneración imposible y que nunca se acaba…
Y al ciudadano le queda la triste sensación de que en este territorio nuestro tiene más poder cualquier empresa actual o antigua que todo el poder político junto: el estatal, el autonómico y el municipal. Que es algo que sucede en todos sitios, pero aquí mucho más: nuestro sistema democrático y judicial no es capaz de imponerse y defender los derechos de los ciudadanos ante los intereses de una empresa que se dedicó a esquilmar los recursos, producir algo de riqueza un tiempo y acabar largándose dejándonos un montón de mierda radioactiva en el suelo que, me temo, nos la tendremos que comer con patatas muchos, muchos años más.