El desastroso historial de derechos humanos de Corea del Norte bajo su líder, Kim Jong-un, se enfrenta a un mayor escrutinio. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó recientemente una resolución que refuerza la investigación de las violaciones de derechos humanos, tanto pasadas como vigentes, del gobierno totalitario norcoreano.
Argentina, miembro actual del Consejo, apoya desde hace tiempo que se preste más atención y se emitan resoluciones sobre la situación de derechos humanos en Corea del Norte.
La resolución del Consejo de Derechos Humanos, la más ambiciosa sobre Corea del Norte desde 2016, tiene una gran importancia para las víctimas de graves abusos en un país que se encuentra entre los más aislados y represivos del mundo. La resolución aumenta los recursos para que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU se centre en la rendición de cuentas en Corea del Norte.
También subraya el vínculo que existe entre el programa armamentístico de Corea del Norte, la paz y la seguridad internacional y los derechos humanos, así como la urgencia de abordar estas cuestiones de forma colectiva. Asimismo, prevé un informe exhaustivo que cubra la situación de derechos humanos en el país desde el 2014, basándose en las importantes conclusiones que la Comisión de Investigación emitió hace una década.
El informe de la Comisión de Investigación de 2014 concluyó que las violaciones generalizadas, sistemáticas y graves de derechos por parte del régimen norcoreano constituían crímenes contra la humanidad. Las atrocidades documentadas incluían campos de prisioneros políticos, instalaciones de trabajos forzados, secuestros internacionales y persecución de creyentes religiosos y de personas que intentaban huir del país, entre otras. Los abusos iban desde la inanición masiva hasta la tortura y la violencia sexual.
Un nuevo informe de Human Rights Watch publicado el mes pasado documenta el empeoramiento de la ya crítica crisis humanitaria y de derechos humanos tras la pandemia del Covid-19. El gobierno norcoreano selló casi en su totalidad la frontera con China e impuso excesivas e innecesarias cuarentenas y restricciones a la libertad de circulación y de comercio.
Tras el inicio de la pandemia en 2020, el gobierno construyó nuevas vallas y puestos de guardia en sus fronteras y aplicó las normas estrictamente, incluida una orden permanente para que los guardias fronterizos "disparen en el acto" a cualquier persona o animal que se acercara a la frontera sin permiso.
Las nuevas restricciones también exacerbaron el impacto de las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU en 2016 y 2017, que restringieron la mayoría de las exportaciones y algunas importaciones, perjudicando el sustento y la seguridad alimentaria de los norcoreanos.
Las medidas del gobierno han afectado gravemente al acceso a alimentos y a bienes fundamentales para satisfacer derechos básicos, como medicina, instrumental médico, jabón, pasta de dientes, ropa, zapatos y baterías, que antes entraban en el país a través de rutas comerciales formales o informales con China.
Una norcoreana que vive en el extranjero y se dedicaba al comercio de hierbas medicinales declaró que, en noviembre de 2022, un pariente en Corea del Norte le dijo que nadie podía acercarse a la frontera. "Mi [familiar] dijo que no había palabras para describir lo dura que era la vida", indicó. "No había comercio [informal] con China, ni siquiera para conseguir un poco de arroz o un saco de trigo (…). Si [las autoridades] se enteraban de que un soldado permitía eso, ese soldado simplemente desaparecía (…). Los soldados están muy asustados, la gente (…) dice que no hay ni una hormiga cruzando la frontera".
La ampliación hacia la frontera norte de la política de seguridad interna del gobierno ha imposibilitado casi todos los viajes nacionales e internacionales no autorizados, ya sea para actividades comerciales informales o para escapar del país. El gobierno también endureció aún más las restricciones a la comunicación con el exterior y al acceso a la información, al tiempo que intensificó otros controles ideológicos para evitar disturbios.
Incluso antes de la pandemia, Corea del Norte era uno de los países más pobres del mundo.
Durante mucho tiempo, el gobierno no ha podido garantizar el derecho a la alimentación, incluida una nutrición infantil adecuada, y el acceso a los medicamentos. Durante décadas, el gobierno ha priorizado el desarrollo de armas nucleares y programas de misiles por encima de servicios sociales, desviando miles de millones de dólares que podrían haberse destinado a servicios públicos e infraestructura.
La resolución del Consejo de Derechos Humanos, adoptada por consenso, demuestra el compromiso de diferentes países, incluida Argentina, para que Pyongyang rinda cuentas de sus actos. Pero las víctimas de Corea del Norte necesitan más apoyo de las instituciones internacionales y de los gobiernos. Argentina, que en el pasado ha apoyado esfuerzos para avanzar en la aclaración de responsabilidades en Corea del Norte, debería reforzar los nuevos intentos de fortalecer la rendición de cuentas por las violaciones de derechos y las investigaciones internacionales sobre el nexo entre las violaciones de derechos y la proliferación de armas.
Argentina también debería apoyar las iniciativas de la sociedad civil destinadas a amplificar las voces de las víctimas norcoreanas y a defender sus derechos en la escena mundial.
Lina Yoon es investigadora sénior sobre la península coreana en Human Rights Watch