El fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Diego Funes, solicitó la elevación a juicio oral y público de 23 efectivos del Servicio Penitenciario de la Provincia, por la presunta coautoría de los delitos de "severidades, vejaciones y apremios ilegales", luego de que dos hombres que permanecieron detenidos los denunciaran.
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El fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Diego Funes, solicitó la elevación a juicio oral y público de 23 efectivos del Servicio Penitenciario de la Provincia, por la presunta coautoría de los delitos de "severidades, vejaciones y apremios ilegales", luego de que dos hombres que permanecieron detenidos los denunciaran.
Se trata del docente universitario salteño Nahuel Morandini y Roque Villegas, conocidos comúnmente como "los tuiteros", quienes están procesados por los presuntos delitos de "supresión de identidad en perjuicio de una persona menor de edad y violencia psicológica en el contexto de violencia de género".
Una fuente judicial que fue consultada por nuestro diario permitió saber que los hombres que permanecieron detenidos desde principios del mes de enero hasta el 26 de febrero, denunciaron ante la sede fiscal que los tres primeros días fueron obligados a permanecer desnudos delante de los guardiacárceles, realizar sus deposiciones fecales en un fuentón, orinar en una botella, comer pan mojado con el agua del piso que contenía orín y soportar dentro de la celda baldes con excremento de terceras personas, entre otras vejaciones.
Según la requisitoria fiscal, "las prácticas vejatorias han sido constatadas y denotan un comportamiento absolutamente violatorio de reglas consagradas internacionalmente aplicables a personas privadas de su libertad".
Es así que 23 empleados y funcionarios del Servicio Penitenciario de la Provincia fueron requeridos por el fiscal Diego Funes, quien en su momento solicitó la imputación y el jueves pasado dio por culminada la investigación y solicitó elevar la causa a juicio por presuntos delitos previstos en el artículo 144 bis del Código Procesal Penal (vejaciones y severidades), que prevé una pena de uno a cinco años de prisión.
Ahora el Juzgado de Control deberá analizar el pedido fiscal y determinar si da curso al pedido de juicio oral y público.