Euskadi vende a Heyco Energy su participación pública en el yacimiento de gas Viura de La Rioja
Euskadi empieza a desprenderse de sus activos de gas. El Gobierno vasco ha cerrado un acuerdo con la empresa Heyco Energy para vender su participación en el pozo de gas de Viura en La Rioja, el único yacimiento que está en estos momentos activo en España. El Gobierno vasco tenía un 37,69% del accionariado a través de Shesa, la sociedad pública vasca de hidrocarburos, y esas acciones pasan ahora a la empresa norteamericana, que contará con la práctica totalidad del capital a excepción del 3,51% que sigue en manos de la firma OGS (Oil&Gas Skills), según han confirmado dos fuentes conocedoras de la negociación a elDiario.es/Euskadi.
Pese a que el acuerdo está ya cerrado, la firma definitiva está pendiente de contar con la autorización del Ministerio de Transición Ecológica, que tiene que dar el visto bueno a cualquier cambio en el accionariado de la explotación de este pozo en régimen de concesión. Tampoco se conocen los términos económicos de la operación. De hecho, la Administración vasca ni confirma ni desmiente la noticia y apela a los acuerdos de "confidencialidad" con sus socios en Viura.
El Gobierno vasco empieza de esta forma a dar cumplimiento al mandato explicitado en la ley contra el cambio climático y para la transición energética aprobada en el Parlamento Vasco justo antes de que se disolviera por la convocatoria de las elecciones. Esta norma, pactada con EH Bildu por el Gobierno del PNV y PSE-EE, obliga al Gobierno vasco a desprenderse de sus inversiones en gas y otros hidrocarburos antes de 2030 para destinar este dinero a promocionar las energías renovables.
Con el yacimiento de La Rioja el Gobierno de Iñigo Urkullu, ahora en funciones, se ha adelantado en más de cinco años al plazo fijado por la ley, en parte porque entre todas las inversiones hasta ahora con presencia pública es la que le ha proporcionado una menor rentabilidad en relación con las inversiones realizadas. Y también porque se ha encontrado con el interés de la otra parte, la multinacional Heyco Energy, de ampliar su participación en la empresa, en la que ya era mayoritaria, en un momento en el que tienen aprobada la prórroga de la concesión para explorar nuevos pozos. Además, esta prórroga suponía para el Gobierno vasco tener que afrontar nuevas inversiones.
Precisamente la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente en funciones, Arantxa Tapia (del PNV), ya reconocía en una respuesta parlamentaria en noviembre del año pasado que se planteaban la salida del accionariado, es decir, meses antes de aprobarse la legislación que lo hace obligatorio. Decía la consejera entonces que no se descartaba la venta a un tercero y daba cifras sobre el resultado de esta explotación que cuestionaban su rentabilidad para las arcas vascas.
Los ingresos conseguidos por el Gobierno vasco desde que empezó a funcionar el pozo en el año 2015 en concepto de venta de gas ascienden a 44 millones de euros, que varían según los años en función de la evolución del precio del gas. Por ejemplo en 2022 se ingresaron más de 9 millones de euros por el elevado precio de esta energía. Sin embargo, el balance final de siete años de funcionamiento, pese a ser positivo, se queda en los 4,7 millones de euros, -unos 670.000 euros por año- ya que el Gobierno ha tenido que pagar en este periodo unos gastos e inversiones pendientes de amortizar que suman 39,3 millones de euros, según confirmaba el propio Ejecutivo.
No ocurre lo mismo con otras inversiones relacionadas con el gas, que están siendo muy rentables para las arcas vascas, especialmente la de Bahía Bizkaia Gas (BBG). El Gobierno vasco participa a través de Ente Vasco de Energía (EVE) en el 50% del capital. El otro 50% restante está en manos de Enagás. Según la información facilitada por el Gobierno vasco entre los años 2018 y 2022, el Ejecutivo ha percibido un total de 50,25 millones de euros en concepto de dividendos por los resultados obtenidos por esta planta.
En 2022 el Gobierno vasco ingresó 49 millones de euros en dividendos a través de las empresas energéticas participadas por el Ente Vasco de la Energía (EVE). Estos ingresos están sustentados esencialmente en las participaciones en Bahía Bizkaia Gas y Bahía Electricidad, que son las dos empresas participadas que más rentabilidad suponen a la sociedad pública, 7 y 39,7 millones respectivamente durante el año pasado. Desde 2018 los ingresos suman 155,07 millones.
También tiene participación en Enagás Transporte del Norte con lo que ha ingresar 567.900 euros el año pasado, mientras que el 10% que la sociedad pública tiene en Zabalgarbi, la planta de valorización energética de Bizkaia, ha supuesto un rédito de 1,5 millones de euros. Por último la participación en Itsas Gas Bunker, la naviera de gaseros que el EVE comparte con Murueta y Compañía de Remolcadores Ibaizábal, ha supuesto en el año 2023 por primera vez un dividendo de 230.300 euros.
No ha trascendido el dinero que el ingresará el Gobierno vasco por la venta de su participación en el yacimiento de gas de Sotés, en La Rioja, pero se estima que por la venta del conjunto de las las inversiones que tiene a través del EVE en temas de gas podrá suponer unos 500 millones de euros. El Gobierno vasco empezó a participar en el yacimiento de gas de Viura en 2015, cuando comenzó en el interés de participar a través de Shesa en negocios de extracciones de gas convencional y mientras seguía viva la apuesta por emplear la técnica del 'fracking'. De momento la sociedad vasca de hidrocarburos seguirá operativa aunque el yacimiento de Viura era ya la única participación de la empresa y mantendrá su actividad en otras áreas relacionadas con el análisis de los recursos geológicos.
El Gobierno de La Rioja tiene presentado una reclamación al Ministerio de Hacienda como compensación porque se esté extrayendo gas en su territorio. Viura es el único pozo que se encuentra ahora en funcionamiento en España. El Gobierno vasco intentó poner en marcha un pozo en Subijana de Álava, a las afueras de Vitoria. Pero se encontró incluso con la oposición del Ayuntamiento del propio PNV. Desistió en 2022 cuando el Congreso aprobó por ley en 2022 la prohibición de extraer gas a partir de entonces a los yacimientos que no estuvieran operativos en ese momento.