España rechaza ante Estrasburgo que el Tribunal Supremo siguiera una «directriz política» en el «procés»
La defensa de la Abogacía del Estado responde a la demanda presentada por Turull y Sànchez por vulneración de derechos políticos cuando se les suspendió como diputados
18 abr 2024 . Actualizado a las 20:34 h.La Abogacía del Estado ha defendido ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que el Supremo actuó «sin motivaciones políticas ni explícitas ni implícitas» y sin ninguna «directriz» cuando envió a prisión a los dirigentes de Junts Jordi Turull y Jordi Sànchez por el procés.
La Abogacía defiende la imparcialidad del Tribunal Supremo en el caso del procés en el segundo informe de alegaciones que ha presentado ante el Tribunal de Estrasburgo, en respuesta a la demanda presentada por Turull y Sànchez por vulneración de sus derechos políticos cuando se les suspendió como diputados al ser encarcelados y procesados por un delito de rebelión.
En sus alegaciones, a las que ha tenido acceso Efe, la Abogacía descarta que se vulneraran los derechos de los políticos de Junts y argumenta que no hay «indicio alguno» que apunte a que el juez instructor Pablo Llarena o los miembros de la sala de apelaciones del Supremo que avalaron sus decisiones actuaran «siguiendo indicaciones políticas de miembros del Gobierno o influenciados por directriz política alguna».
Los demandantes arguyen ante el TEDH que España conculcó sus derechos fundamentales al enviarlos a prisión, suspenderlos como diputados y, en el caso de Jordi Sànchez, impedirle participar en los actos de la campaña electoral de diciembre del 2017.
No obstante, sostiene la Abogacía del Estado que en las decisiones del Supremo no hubo «ninguna arbitrariedad ni motivación política», lo que a su parecer se desprende de la «simple lectura de las resoluciones judiciales» de Llarena y de la sala de apelaciones del Supremo.
«Y es que en el sistema español la ausencia de injerencias del Gobierno sobre los jueces en el ejercicio de su función jurisdiccional se encuentra plenamente garantizada, como parte de su independencia», sin que los demandantes hayan justificado «mínimamente» que los magistrados pudieran estar «influidos o afectados» por declaraciones públicas del Ejecutivo.
En el caso de Turull, que alega que el Supremo lo envió a prisión provisional con el fin de impedir su investidura como presidente de la Generalitat en el 2018, la Abogacía insiste en que la decisión «no fue arbitraria ni desproporcionada», sino basada en «razonamientos lícitos», en las diligencias practicadas y en el riesgo de fuga.
En ese sentido, apunta a que Turull fue enviado a prisión cuando la líder de ERC Marta Rovira, también procesada por el procés, había huido de España días antes de la entrada en prisión del político de Junts y exconsejero de Carles Puigdemont.
También refuta la Abogacía la supuesta intencionalidad política alegada por Turull y Sánchez en su procesamiento por rebelión, delito que acarrea la suspensión del cargo de diputado, a diferencia del de sedición por el que finalmente fueron condenados los líderes independentistas en el caso del procés.
En ese sentido, recuerda el informe que el Tribunal Supremo «sí que consideró que había existido violencia» en los actos del procés, «si bien no con la intensidad suficiente como para integrar el tipo del delito de rebelión, razón por la que fue condenado por el tipo de sedición».