REDACCIÓN
Bajo el lema de que es mejor prevenir que curar, los gallegos que deciden blindar el futuro de sus bienes ante un posible accidente o enfermedad que los incapacite para tomar decisiones por sí mismos no paran de aumentar y ya se encuentran en cifras récord. Un total de 504 ciudadanos otorgaron el año pasado poderes preventivos a un tercero, lo que supone un 29% más que el año anterior, según los datos del Colegio Notarial de Galicia.
Los poderes preventivos suponen designar a alguien para actuar en representación de los intereses del que otorga el documento para el caso de verse en una situación de no poder decidir por sí mismo.
El año pasado se firmaron 504, con 211 en la provincia de Pontevedra, 224 en la de A Coruña, 54 en la de Ourense y apenas 15 en la de Lugo. Desde 2017, estos documentos han alcanzado los 1.894.
Sin embargo, estos poderes no son la única fórmula legal existente para proteger el patrimonio ante una causa sobrevenida que incapacite a un ciudadano. También existen las autocuratelas, en la que el interesado, además de dejar por escrito cómo desea que se organicen y administren los asuntos relativos a su persona y bienes, incluye el nombramiento de un curador, que será preferentemente asistencial. En este caso se precisa autorización del juez para funciones representativas.
Durante el año pasado, se firmaron 318 de estos documentos, que son compatibles con los poderes preventivos. En el primer caso, la cifra supone un aumento del 14,8% respecto a 2022, cuando se suscribieron 277. En los últimos siete años, los documentos suman 2.147.
Estas fórmulas, así como las actas de notoriedad de guardadores de hecho, permiten establecer un plan de medidas voluntarias de apoyo "para que las personas que han perdido el discernimiento puedan seguir viviendo como ellas han previsto, determinando la persona de su confianza que se encargará de cuidarlas y cumplir su voluntad, deseos y preferencias", según el Colegio Notarial de Galicia.
Su decano, José María Graíño, inauguró el viernes en la facultad de Derecho de A Coruña unas hornadas sobre la Ley 8/2021 para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica y vinculó el aumento de estos documentos para designar tutores con el incremento del grado de conocimiento de estos mecanismos entre la población.
También intervino el magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo José Luis Seoane Spiegelber, que celebró el "cambio radical" que supone la citada legislación, abandonando un modelo anterior que aplicaba "una concepción paternalista de incapacitación total de las personas, que las anulaba y convertía en muertos civiles y cuya voluntad era sustituida por la de un tutor".
Seoane defendió la modificación legal, si bien matizó que en los casos de ausencia total de autonomía debería acordarse una curatela representativa en la que el curador tenga que sustituir absolutamente la voluntad de otra persona. En ese caso, "debe procurarse su participación efectiva en la toma de decisiones con ayuda de otra".
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