La fiscal Gisella Astocondor, ha solicitado una pena de 25 años de cárcel para uno de los implicados en el asesinato de 123 pobladores en Putis, Ayacucho, durante el período de conflicto armado interno. Se trata de Luis Óscar Grados Bailetti, ex capitan del Ejército Peruano, quien estaba a cargo de la Compañia Lince.
La matanza en Putis ocurrió en diciembre de 1984. Un centenar de mujeres, niños y hombres quechuahablantes fueron engañados por miembros del Ejército, quienes les indicaron que excavaran lo que sería una piscigranja, sin saber que en realidad estaban cavando su propia fosa común.
Los pobladores de esta localidad fueron víctimas de una estrategia fatal de las fuerzas armadas que buscaban, bajo engaños, consolidar sus acciones represivas contra supuestos simpatizantes de grupos armados insurgentes. Grados Bailetti es acusado por su responsabilidad mediata en la muerte de al menos 92 personas, cometidas en el contexto de su actividad militar.
Por tal motivo, la fiscal penal plantea su acusación de 25 años de pena privativa con base en "la suma gravedad en que se realizaron los hechos, la gran cantidad de agraviados, la naturaleza de la acción, el lugar, los medios utilizados, el modo de ejecución, la pluralidad de agentes, la extensión del daño, el peligro causado, y la alevosía; de igual forma considerando los móviles fútiles que determinaron a causar los atentados, y las condiciones personales con la que actuaron, se debe determinar la pena en el rango más alto", se lee en un documento difundido por la periodista Jacqueline Fowks.
Estos hechos sucedieron cuando el acusado tenía 35 años; hoy en día tiene 74 años de edad. Bajo su mando, se ejecutaron los crímenes contra la comunidad de Putis.
92 víctimas de Putis aún sin identificar
En 2023, la Defensoría del Pueblo reiteró que 92 de las víctimas de la masacre de Putis aún no son plenamente identificadas, contando solamente con códigos numéricos por identificación desde el funeral colectivo realizado en 2009. Esta información surge en el contexto de exigencias por parte de los familiares de las víctimas que buscan el esclarecimiento y la debida identificación de sus seres queridos, así como justicia por los hechos ocurridos durante el periodo de violencia entre 1980 y 2000 en la región.
De las 123 víctimas iniciales, solo 28 fueron identificadas mediante pruebas de ADN. La propuesta actual sugiere la asignación de nombres a las tumbas actualmente marcadas solo con códigos. Esta medida busca ofrecer algún consuelo a los deudos y avanzar en el proceso de reparación y memoria hacia las víctimas de tales atrocidades.
Richard Olivera, coordinador del Módulo Defensorial en Huanta, destacó la importancia de reconocer individualmente a cada víctima para honrar su memoria y subrayó la necesidad de continuar con el proceso penal contra los responsables de la masacre, en línea con las demandas de justicia de los familiares.
En relación con los derechos de las víctimas y sus familiares, la Ley N 28592, que crea el Plan Integral de Reparaciones, estipula mecanismos de reparación en diversas áreas, incluyendo compensación económica y acceso a servicios básicos, bajo la coordinación de una Comisión Multisectorial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Este enfoque integral hacia la reparación demuestra un reconocimiento oficial de las secuelas que ha dejado el conflicto en la comunidad, aunque aún hay pasos que tomar para su plena efectividad.
El informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), mencionado en el contexto de estos eventos, apunta a efectivos militares como perpetradores de la masacre que afectó de manera indiscriminada a la población de Putis, incluyendo mujeres y niños. Este lapso de violencia dejó una profunda herida en la memoria colectiva del Perú, especialmente en aquellos directamente afectados por las pérdidas.