Catalina Moragues, es jurista especializada en derechos humanos y memoria democrática y miembro de la entidad Memòria de Mallorca.
¿Qué supone, a efectos prácticos, la derogación de la Ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos de Balears planteada por Vox y que cuenta con el apoyo de los populares?
En primer lugar, la eliminación de cuatro derechos fundamentales respaldados por las Naciones Unidas y el Consejo Europeo y que son: el derecho de justicia, verdad, reparación y memoria. Todos ellos nos conducen a la garantía de no repetición. De ahí, por ejemplo, que algunas películas muestren el horror que se vivió en los campos de concentración nazis, para que no vuelva a ocurrir. Y en segundo lugar, nos suprimen el derecho a poder acceder a toda la información que hay ahora mismo en la web sobre qué ocurrió, cómo, cuándo,… No podremos acceder a estas investigaciones ni debatir sobre ello porque la ultraderecha y sus socios nos dicen que «no es necesario».
Desde Vox argumentan que la norma autonómica de 2018 «discrimina al bando franquista», además de que no es «potestad de ningún legislador juzgar lo de entonces…» ¿Se sostiene este argumento?
No se sostiene por ningún lado. La exposición de motivos de su propuesta de ley es mentira y una manipulación de la extrema derecha porque en la norma no hay discriminación. No se puede discriminar a alguien que tiene todos los derechos y ellos los han tenido todos durante 80 años. Se ha reconocido a los vencedores, que son los abuelos de los militantes de Vox y de la derecha, y se ha indemnizado a sus viudas. En cambio, las viudas de los republicanos fueron rapadas, encarceladas, y muchas tuvieron que prostituirse porque no tenían nada que darle de comer a sus hijos. Es una vergüenza que un partido que dice ser demócrata pueda tener esa versión histórica. Y lo más peligroso: que haya gente que se lo crea.
«En la norma no hay discriminación porque no se puede excluir a alguien que tiene todos los derechos»
¿Y que va en contra de la libertad ideológica, de cátedra o de investigación?
Como jurista, no tiene ni pies ni cabeza. Nunca se diría que en la Segunda Guerra Mundial los aliados atacaron a Alemania y que Hitler lo único que hizo fue defenderse. Y aquí lo que se intenta hacer es eso. La extrema derecha quiere que se dé la misma importancia a sus versiones, sin documentación ni pruebas científicas, a lo que revelan las fosas, con cientos de cuerpos con un tiro en la cabeza, las investigaciones y los extensos documentos que acreditan la barbarie. Tienen derecho a contar su versión y tener su propia opinión, pero lo que no pueden pedir es que los poderes públicos los subvencionen con algo que no se sostiene científicamente.
¿Por qué incidir en cambiar la historia?, ¿por qué volver a sembrar la confrontación en vez de la paz?, ¿no nos ha enseñado nada la historia?
El problema es que quieren continuar con el silencio: que estemos callados, que los muertos continúen en las cunetas, que no se exhumen las fosas y que nadie explique por qué ocurrió. Pero ellos saben dónde están sus abuelos y se sigue reparando el daño, ¿por qué nos impiden a nosotros encontrar a nuestros familiares y reparar nuestras heridas? Es nuestro derecho. Además, es falso el argumento de que quieren concordia y reparación. Desde las Naciones Unidas y la Unión Europea dicen que la reconciliación y la concordia solo es posible reconociendo la dignidad de las personas. Y la dignidad de las personas se reconoce a través de la justicia y la verdad. Por tanto, lo que ellos buscan no es la reconciliación ni la concordia, sino el olvido y el silencio. Así, a lo mejor en cualquier otro momento del futuro pueden volver a hacer lo mismo. Y eso es la extrema derecha.
«Quieren continuar con el silencio, los muertos en las cunetas y que nadie explique por qué ocurrió»
La asignatura de Historia no deja de estar sumergida en una eterna controversia...
La historia basada en documentos, investigada, tiene la función de educar. Si enseñas toros en las escuelas estás adoctrinando porque enseñas la muerte y el dolor. Pero cuando tú explicas que todos tenemos los mismos derechos, sean blancos o negros, con diferentes tendencias sexuales e ideas ideológicas, eso no es adoctrinar sino educar para el futuro. Y todo ello tiene un objetivo, que es crear sociedades justas. ¿Quiere Vox crear sociedades justas? Está claro que no porque no reconoce la dignidad de las personas.
¿Qué ocurrirá tras la eliminación de la ley autonómica?
El Govern del PP balear intentará que todo quede en stand-by y no pase nada, ya que juega a dos bandas con sus socios de Vox y el resto de partidos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que existe una norma estatal, la Ley de Memoria Democrática 20/2022, que protege los derechos fundamentales, y una comunidad autónoma no puede aprobar una ley que vaya en contra de la estatal. Es más, el Gobierno de Pedro Sánchez ya ha avisado de que lo recurrirá al Tribunal Constitucional y, como en otros casos, es previsible que falle a favor del Ejecutivo por vulnerar las competencias estatales y suspenda la ley autonómica. Además, es evidente que desde el punto de vista legislativo esta norma es un desastre porque no respeta las resoluciones de las Naciones Unidas. [Los de la extrema derecha] son unos ignorantes, no les han educado en democracia y por tanto no saben que todas estas normas se basan en unos derechos fundamentales. En una democracia puedes ampliar derechos pero jamás suprimirlos como hace Vox.
Esta semana usted misma ha entregado una carta a Bruselas exponiendo el caso. ¿Qué papel juega la Unión Europea y la ONU en todo esto?
No tienen competencias para frenarlo porque existe una ley estatal, que es la que prima en este caso, pero sí pueden dictar una resolución, que siempre son de obligado cumplimiento. Es decir, el consejo de derechos humanos de la ONU puede sacar una resolución que diga que en Balears se están violando los derechos humanos internacionales al derogar la ley de Memoria, ya que se suple con una que no tiene en cuenta los cuatro derechos fundamentales. Por tanto, se está vulnerando el pacto internacional de derechos políticos y civiles, que se firmó en Nueva York en 1976, al no reconocer la dignidad de las víctimas, promover que se investigue, se castigue y se repare el daño.
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