Los motores están en marcha desde hace varios días, quizá semanas, pero será mañana lunes cuando se dará el pistoletazo de salida a las investigaciones parlamentarias sobre las compras de material sanitario por parte de las administraciones públicas durante los primeros meses de la pandemia sanitaria por coronavirus, y más específicamente sobre las que afectaron a varios ministerios, entes públicos y a las comunidades autónomas de Canarias y Baleares. Es el llamado caso Koldo, en referencia Koldo García (exasesor del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos), que aparece como uno de los principales implicados por el supuesto cobro de comisiones ilegales en esas operaciones con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, y que en el caso del Gobierno de Canarias, que entonces presidía el socialista Ángel Víctor Torres, hoy ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, se sustanciaron en contratos por valor de 12 millones de euros. Junto a Torres, en la diana del caso en las Islas aparecen también su mano derecha entonces y ahora, Antonio Olivera, y el exconsejero Julio Pérez.
Las investigaciones parlamentarias se van a llevar a cabo en el Congreso y el Senado en el ámbito estatal, y en el Parlamento de Canarias en el autonómico. En los dos primeros casos, con ambas comisiones ya constituidas el lunes y martes pasado, los principales partidos políticos, PSOE y PP, han abierto una guerra sin cuartel para tratar de controlar sus objetivos y por tanto su método de trabajo y, muy especialmente, las comparecencias a reclamar. La del Senado, centrada en el caso Koldo, se abre a petición de los populares, con mayoría absoluta en la Cámara, pero con el voto afirmativo de los socialistas. En la del Congreso, sin embargo, se crea a iniciativa del PSOE y sus socios para ampliar la investigación a las compras de material sanitario en todas la administraciones, pero con la abstención del PP (además del voto en contra de Vox) por considerar que previamente a ello debería dimitir la presidenta de la cámara, Francina Armengol, por ser una de las responsables políticas, como presidenta de Baleares en aquel momento, afectadas por la investigación.
En el caso del Parlamento de Canarias, la comisión se crea a petición de CC y el PP y con el apoyo del resto de grupos parlamentarios, y es en principio la que de forma más precisa y menos politizada se puede acercar a una indagación neutral y técnicamente más pegada a los hechos que se tratan de aclarar. Todas ellas, sin embargo, son investigaciones parlamentarias que en el marco de la crispación y la polarización políticas del país se convierten en instrumentos de disputa entre partidos con escasas posibilidades de que sirvan para esclarecer los hechos. El horizonte electoral más próximo, con las citas vasca (21 de abril), catalana (12 de mayo) y europea (9 de junio) marcará todo este 'circo' parlamentario que se avecina.
Illa, Torres, Armengol...
La creación de sendas comisiones en Congreso y Senado aparecen así como operaciones de ataque y contraataque por parte del PP y PSOE, respectivamente, en las que cada partido va a tratar de involucrar a dirigentes del otro. Las solicitudes de comparecencia serán las que indiquen la profundidad a la que se pretende llegar en la embestida al contrario, pero hay una serie de nombres que sin duda estarán en al menos alguna de las comisiones. Este mismo lunes se cierra el plazo para que los grupos presenten sus propuestas para la comisión de la Cámara alta, y el PP ya a anunciado que requerirá en ella los testimonios de Torres, Armengol, Ábalos, Koldo García, y el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, mientras amaga con citar también al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su esposa, Begoña Gómez.
La comisión senatorial, que preside el popular aragonés Eloy Suárez, podría convocar también, además de a Torres como principal responsable político del Gobierno de Canarias cuando se contacto con la trama del caso Koldo, a sus más cercanos colaboradores en presidencia, así como a los gestores del Servicio Canario de Salud (SCS). El hecho de que el PP haya colocado a dos canarios en la comisión de investigación, Australia Navarro y Sergio Ramos, da una idea del interés de la cúpula popular por centrar buena parte de sus indagaciones en desvelar qué conexiones hubo entre el Gobierno de Canarias de aquella época con la trama de las mordidas ilegales.
El PP asegura no tener reparos en hacer comparecer a Torres, al que ya le ha pedido que asuma responsabilidades políticas en varias ocasiones por este asunto, o a su entorno político más cercano.
Comparecientes canarios
Por su parte, el senador de CC, Pedro Sanginés, que forma parte de la comisión, va solicitar, según fuentes de la formación nacionalista, la comparecencia del ex ministro Salvador Illa, y de cinco personas relacionadas con las operaciones de compra de mascarillas por parte el Gobierno de Canarias, aunque solo dos de ellas con cargo político. Se trata del Julio Pérez, en calidad de consejero de Sanidad, secretario del Consejo de Gobierno, que autoriza las compras y pagos superiores a dos millones, y miembro del Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria en Canarias, que jugó un papel clave en la recomendación de empresas para el suministro de material sanitario durante la covid. También reclamará el testimonio de Antonio Olivera, actual jefe de gabinete de Torres en el Ministerio, en su calidad de viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, y director del SCS en el momento de la contratación de la empresa vinculada a la trama Koldo. El resto de comparecientes solicitados por Sanginés, que también ha reclamado diversa documentación relacionada con las operaciones sujetas a investigación, son directores generales de diversos servicios de la Consejería de Sanidad. Por su lado, la diputada Cristina Valido espera a conocer hoy los planes de trabajo que establezca al comisión del Congreso de la que forma parte como representante del grupo Mixto.
Frente a la estrategia del PP de apuntar especialmente hacia los ex presidentes autonómicos Torres y Armengol, así como hacia Illa, como peones circunstanciales en su ofensiva de fondo contra el propio Sánchez, el PSOE pretende convertir estas comisiones en una demostración de que su actitud ante los casos de corrupción es muy distinta a la de los populares, resaltando que mientras los socialistas han tomado medidas contra Ábalos, pese a no estar investigado, el PP «respalda» a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pese a su imputación por delito fiscal. Los socialistas buscan contrarrestar en la comisión del Congreso el coste que le puede suponer la del Senado y pedirá con toda probabilidad la comparecencia de Ayuso, la del propio Feijóo en su calidad de presidente de Galicia durante la pandemia, y la del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en todo los casos en relación a contratos dudosos de sus respectivas administraciones en aquellas fechas.
En este juego de ajedrez político entre socialistas y populares en relación con el caso Koldo y las compras covid por parte de las administraciones públicas, CC busca una estrategia propia que le obliga a mirar a ambos lados del tablero político y a los dos ámbitos parlamentarios de la investigación. La respuesta de los nacionalistas está siendo comedida y cautelosa, intentando no quedarse atrás en la exigencia de aclaraciones y búsqueda de responsabilidades políticas, pero evitando señalamientos previos. Buscan así su propio espacio intentando acompasar su protagonismo en la indagación a otros intereses políticos en sus relaciones con el PP como su socio de Gobierno en Canarias, y al PSOE en calidad de socio con el que sacar adelante la agenda canaria en Madrid.
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