La suerte está echada. CriteriaCaixa ha realizado todos los movimientos que estaban en su mano para facilitar la salida del capital de Naturgy de los fondos CVC y GIP y ya tan solo le queda aguardar al pacto que se pueda producir con la emiratí Taqa y así marcar su estrategia. El 'holding' inversor de la Fundación La Caixa no ha desvelado si seguirá reforzándose en el capital o entregará el primer puesto en el accionariado a un extranjero mediante un pacto de no agresión -parasocial o de gestión mancomunada-, de manera que los intereses españoles tuvieran preeminencia y capacidad de veto en las grandes decisiones estratégicas.
El conglomerado ha ejercido como intermediario y sí ha asegurado que las conversaciones están encaminadas a alcanzar un "acuerdo de socios" para blindar el accionariado de la gasista tras las recientes turbulencias derivadas de los planes de salida de algunos accionistas. También ha reafirmado su compromiso de permanencia en la energética y su vocación de largo plazo.
No obstante, la duda está en cómo lo hará. Si finalmente Taqa se queda con el 41,3% se convertiría en accionista mayoritario, superando ampliamente al 26,7% de CriteriaCaixa. Fuentes del mercado aseguran a La Información que la idea de que el Estado entre en el capital la través de la SEPI como contrapeso no se baraja a día de hoy. Ayer la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lanzó el primer dardo. Deseó que llegue otro comprador con capital "claro, transparente y a ser posible español". El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, también quiso pronunciarse para afirmar que el Ejecutivo tratará de defender los intereses de España.
Las mismas fuentes señalan que en España no hay empresa o entidad que tenga músculo financiero suficiente para lanzar una opa sobre Naturgy, lo que deja la operación en un callejón sin salida y obliga (prácticamente) a firmar con la empresa de Emiratos Árabes Unidos. "Naturgy ya tiene un accionista en primer lugar que es español, y que además está liderando todo el proceso. Se está trabajando para buscar una solución para Naturgy, que actualmente tiene un 55% de su capital en manos de tres fondos extracomunitarios (CVC, GIP e IFM) y, hasta ahora, no ha supuesto ningún problema para nadie", subrayan las fuentes.
Lo que está claro es que Criteria busca blindar el control de la compañía en España y ha dejado claro que no venderá y que su deseo es seguir a largo plazo en el capital de la multinacional que preside Francisco Reynés. "CriteriaCaixa, holding que gestiona el patrimonio empresarial de la Fundación la Caixa, quiere reafirmar su compromiso como inversor a largo plazo con el proyecto industrial de Naturgy, compañía de la que es primer accionista desde hace décadas", ha subrayado evidenciando su deseo por mantener el poder en Naturgy, fuente de ingresos para la fundación a través del cobro de los dividendos. De este modo, aspira así crear un nuevo núcleo accionarial si se produce la reorganización y la llegada de los emiratíes.
Todas las opciones están abiertas
No obstante, no hay que dar nada por sentado. Las fuentes consultadas aseguran que están todas las opciones abiertas -incluso que la operación no se produzca- al estar el proceso en una fase "muy preliminar" como ha dicho la propia Criteria. Por el contrario, otras fuentes afirman que esto lleva tiempo cocinándose a fuego lento. Este medio ya publicó antes de la junta general de accionistas, que se celebró el 2 de abril en Madrid, que en el seno de la gasista esperaban próximamente noticias en relación con la salida de los fondos.
El que parece que seguirá siendo el hombre de confianza para Fainé es Reynés. El directivo Mallorquín ha recibido un fuerte apoyo por parte de Criteria en el último año. El verano pasado el 'holding' defendió la gestión de toda la cúpula tras que prácticamente se diera por hecho el fichaje de Ignacio Gutiérrez-Orrantia como consejero delegado tras la presión de los fondos. Asimismo, en la última junta cambió el sentido del voto y votó a favor de la remuneración del consejo, frente a la abstención de la anterior cita y dejando solo a IFM.
¿Se reforzará Criteria si finalmente hay opa?
Criteria ya dio un golpe de mano en la opa que lanzó IFM principios de 2021 y que tardó diez meses en fraguarse. El fondo australiano, que suma más de dos años como accionista, aspiraba a hacerse con entre el 17% y el 22,69% del capital, pero que acabó alcanzando un 10,8%. Porcentaje que con el paso del tiempo ha elevado hasta el 15,01% actual. El 'holding' respondió elevando su participación de un 24,8% al 26,7%, con la aspiración de alcanzar hasta el 29,9%. Fuentes de Criteria no hacen comentarios sobre posibles compras ni otro tipo de detalles de la operación.
En todo caso, Naturgy manifestó lo siguiente en su momento: "El refuerzo de la posición en Naturgy se efectuará de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente y siguiendo las recomendaciones de la CNMV sin que, en ningún caso, se sobrepase el umbral legalmente fijado para formular una OPA (30%)". Argumento que parece mantenerse igual. CVC, IFM y la propia Naturgy tampoco hacen comentarios.
El Gobierno esperará a que la oferta se oficialice la oferta
Aparte de las declaraciones de Montero y Cuerpo, fuentes del Gobierno señalaron ayer a última hora de la tarde que el Ejecutivo dispone de los canales e instrumentos necesarios para analizar la operación cuando se oficialice la propuesta de la empresa emiratí. "A partir de ahí se verá cómo mantener los intereses estratégicos de España en un sector particularmente importante a futuro, en el que hay que conservar el esfuerzo inversor en las próximas décadas", aseguraron.
En la misma línea, destacaron que España dispone de los instrumentos necesarios y cuenta con una normativa reforzada que permite un "equilibrio perfecto" entre la protección de las empresas españolas e intereses estratégicos y la atracción de inversión extranjera directa. "En el marco de esta normativa el Gobierno analizará la operación de inversión sobre Naturgy cuando se materialice, igual que se ha hecho en otros casos como el de Orange-MásMóvil", argumentaron desde el Ejecutivo, poniendo en valor que esta protección conlleva a veces la entrada del Estado en la participación -como en el caso de Telefónica- o la fijación de requisitos -como en la fusión entre Orange y MásMóvil-.