Europa Press
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Actualizado 11:29
Activistas birmanos denuncian la muerte de al menos trece presos políticos en lo que va de año
La junta que gobierna Birmania desde el golpe de Estado de febrero de 2021 ha criticado las "acusaciones unilaterales" de la ONU sobre su historial en materia de Derechos Humanos y ha asegurado que no ha recibido ninguna comunicación oficial sobre el reciente nombramiento de un nuevo enviado especial al país asiático, que se encuentra sumido en una grave crisis.
La cúpula militar birmana ha arremetido así contra la postura de Naciones Unidas y los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que buscan establecer un diálogo con los rebeles y opositores, a los que la junta quiere en cambio eliminar.
La semana pasada, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptó una resolución en la que denunciaba las "terribles y sistemáticas violaciones de los Derechos Humanos" en Birmania y lamentó la falta de ayuda humanitaria entregada por la junta, lo que favorece una grave crisis de desplazados que ya afecta a millones de personas.
Según el Ministerio de Exteriores de la junta, esta resolución incluye "acusaciones infundadas y unilaterales" sobre la situación que atraviesa el país, tal y como ha recogido el diario 'Global New Light of Myanma", por lo que "son rechazadas de forma categórica".
Asimismo, la junta ha asegurado que la ONU no ha realizado "comunicaciones oficiales" sobre el nombramiento de enviados especiales después de que saliera a la luz que la exministra de Exteriores australiana Julie Bishop sería la elegida para ocupar dicho cargo.
La Red de Presos Políticos de Birmania (PPN) ha alertado este miércoles de que al menos trece presos políticos han muerto bajo custodia durante los primeros meses de este año y ha asegurado que seis de ellos fueron asesinados por militares, mientras que siete fallecieron debido a la falta de atención médica en las cárceles del país.
Ko Thaik Tun Oo, del PPN, ha acusado a la junta de intensificar "estos homicidios", además de recurrir frecuentemente a la tortura y negar la atención sanitaria a los presos. "La junta deja de informar a las familias sobre las muertes y lleva a cabo la mayoría de los crímenes, incluidas las palizas, sin que nadie los vea", ha dicho.
Varios informes recabados por la PPN apuntan a que los activistas Ma Noble Aye y Ko Lay Jwin murieron tiroteados a manos de las tropas birmanas cuando regresaban de comparecer ante un tribunal del municipio de Waw, en Bajo. Ambos habían sidodetenidos por portar armas presuntamente para entregárselas a miembros de la resistencia.
La organización ha señalado que durante el año 2023 fueron al menos 35 los presos políticos que murieron a manos de la junta birmana, 18 de los cuales habrían sufrido torturas y ejecuciones extrajudiciales, por lo que ha pedido que la comunidad internacional aumente la presión sobre la junta.
La Asociación de Atención a los Presos Políticos (AAPP) estima que actualmente han sido encarceladas 26.490 personas, de las cuales 20.317 siguen bajo custodia, mientras que casi 4.864 han muerto a manos de los militares durante las fuertes campañas de represión.
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