Marcos Palicio
Sogepsa acaba de licitar la venta de una parcela para uso residencial en Avilés con un precio que a algunos ojos llama la atención. Los 1,3 millones de euros superan en un 23 por ciento el millón largo por el que la sociedad mixta de gestión del suelo intentó vender sin éxito el mismo terreno en 2017 y sobre todo duplica, en un traslado de la cantidad a euros por vivienda a construir, lo que la empresa pedía a principios de la década pasada por las parcelas que enajenaba en la misma zona.
Comparando precios, a los representantes de los propietarios expropiados por Sogepsa para el desarrollo de la promoción avilesina de La Magdalena no les salen las cuentas ni les ha pasado desapercibida una subida que les hace sospechar que se está operando un significativo "giro" en la política de ventas de la empresa.
Miguel García Rúa y Francisco Sánchez llevan diecisiete años pleiteando contra la compañía y cuestionando su manera de operar en el mercado, con lo que ellos entienden como una rebaja deliberada y presuntamente fraudulenta de los precios a los que vendía los terrenos como método para beneficiar a las empresas constructoras, a la sazón accionistas de la parte privada de la empresa.
Ahora que los importes se disparan en esas magnitudes, ellos interpretan que la sociedad, en proceso de transformación en íntegramente pública, está reconociendo implícitamente alguna anomalía en los procedimientos de su actuación en el pasado.
Sus denuncias han desembocado en el proceso judicial que tiene en curso el Juzgado de Instrucción número 4 de Avilés y en el que, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, se investiga por un presunto delito societario a los miembros del consejo de administración y la comisión ejecutiva de Sogepsa desde 2007.
Se trata de dilucidar si la sociedad, mediante la rebaja en los precios a los que vendía las parcelas a sus socios constructores, renunció a una parte de los beneficios que habrían correspondido a la compañía en provecho de las empresas compradoras, a la sazón accionistas de la parte privada de una empresa que recientemente, por cierto, ha modificado su distribución de capital para incrementar la proporción de participación pública.
Por decisión del Gobierno del Principado, que ha suscrito íntegramente una ampliación de capital, la porción de los constructores ha menguado del 42 por ciento al 12,2 y queda pendiente de que la Administración autonómica adquiera las acciones que todavía ostentan los accionistas privados.
García Rúa y Sánchez ven "ratificados los fundamentos de la denuncia" que presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción a la vista del nuevo precio de venta, que a sus ojos da por probado que hasta ahora "Sogepsa vendía suelo a precio de coste", una práctica sentenciada como "ilegal" por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) –en una resolución de 2012– y contraria a la normativa europea sobre la valoración y enajenación de solares y bienes inmuebles.
De acuerdo con estas disposiciones, detallan los perjudicados, "en el precio de la venta de los terrenos urbanizables ha de ser incluido el coste de la retribución del capital y el riesgo y la duración de la inversión" y nada de eso ocurrió, sostienen, en las operaciones residenciales que la sociedad mixta del suelo emprendió al menos en La Magdalena.
Según sus cálculos, en la promoción avilesina esa tarifa debería haber propiciado un beneficio para Sogepsa del orden de 26.000 euros por vivienda y, en la práctica, "las ventas de 2010 a 2012 generaron un margen de apenas 94". De acuerdo con su tesis, en el precio al que vende ahora Sogepsa sus terrenos en Avilés ya incorpora el margen de beneficios al que se renunció en el pasado, ya sea por los efectos que ha causado el procedimiento judicial en marcha o los cambios operados en el accionariado de la sociedad. Sea como fuere, constatan, la política de venta de suelo ha dado "un giro de 180 grados".
La toma de control del Principado en la empresa "salva a la parte privada", denuncian
Con la operación para hacer pública Sogepsa, interpretan los expropiados de La Magdalena, el Principado endosa a todos los asturianos los 144 millones de deuda que había acumulado la sociedad, "salva a los socios privados" y hace que la sociedad evite la concurrencia pública en las adjudicaciones. Según la interpretación de Miguel García Rúa y Francisco Sánchez, la tesis con la que el Gobierno regional justifica su toma de la posición mayoritaria en el accionariado, por "agilidad" en sus operaciones y para poder ser transformada en "medio propio" de la Administración, "enmascara" en realidad la pretensión de evitar la concurrencia pública "y seguir realizando adjudicaciones 'a dedo'".
Recuerdan los denunciantes, por lo demás, que este interés del Principado por el control público de Sogepsa viene de muy atrás, pero que también era falso, sostienen García Rúa y Sánchez, aquello que en 2017 defendía el Ejecutivo regional respecto a que la normativa comunitaria obligaba a hacer la sociedad íntegramente pública. Lo que decía la Comisión, corrigen, es que podía seguir siendo público-privada, pero siempre que eligiera con transparencia a los socios privados de su accionariado o adjudicase sus proyectos por concurso.
Tampoco se les escapa el procedimiento "sibilino", que el Principado ha empleado para hacer pasar la operación por la Junta con sigilo y "hurtando el debate al parlamento".
La incrustaron en una disposición adicional de la ley de presupuestos para 2022, con dos días de plazo para revocarla y llevarla al Pleno si al menos dos grupos así lo solicitaban. No ocurrió, nadie lo vio y la ley y su disposición fueron aprobadas sin votación ni debate… Por todo lo dicho, los perjudicados invitan a los grupos parlamentarios a personarse como acusación en la causa que está en curso en Avilés "para defender los intereses de los ciudadanos".
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