"Quiero ser claro en esto, son 30.000 y digo que son, porque los estamos buscando. Nos tenemos que parar un lugar y es el de los 30.000 para reclamar lo que no nos permiten conocer. La cifra está abierta y es una exigencia de respuesta al Estado", dijo el fiscal general, Miguel Palazzani, en la apertura de la acusación contra 36 imputados por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca. La etapa testimonial, que duró dos años, llegó a su fin en el juicio.
La fiscalía federal, en un equipo integrado por Palazzani, Paula Molinari y Pablo Fermento, comenzó a argumentar sobre las pruebas recolectadas en los dos años de juicio para pedir condenas.
El alegato continuará por varias semanas, se extenderá hasta superar el mes de mayo y la agenda del mega juicio para abril señala que seguirá los días 15, 18 y 25.
El equipo de fiscales abrió la acusación días después de declaraciones del Ejecutivo nacional encabezado por Javier Milei que relativizaron el horror en los centros clandestinos de la dictadura. Esto motorizó a la fiscalía a señalar las pruebas de los expedientes judiciales para rebatir los dichos mediáticos y luego comenzar con el trazado de los reglamentos militares que forjaron el plan sistemático de exterminio, los lugares en Bahía Blanca que fueron utilizados para la tortura y el cumplimiento del plan.
En las próximas audiencias, se adelantó que desarrollarán cada caso y luego la situación de los acusados por los delitos cometidos contra esas víctimas.
En total fueron 333 hechos que se ventilaron en este juicio, de los cuales 248 fueron personas que estuvieron frente a un tribunal con su causa por primera vez, recordó Fermento.
Palazzani destacó que se demostró en este juicio que 63 de los mas de 300 casos debatidos fueron asesinados y otros 21 "se desconocen aún dónde están los cuerpos".
La gravedad de los delitos cometidos incluyó el robo de dos bebés (uno de ellos el hijo de Graciela Romero, secuestrada en Cutral Co) y cinco agresiones sexuales "de algo que fue generalizado", sostuvo el fiscal.
"Ante el avance del discurso negacionista recordamos que en 1978, en un cruce de información entre los espías chilenos y la inteligencia argentina por el Plan Cóndor, los militares informaron 22.000 y esto fue cinco años antes" de que cesaran en el poder, destacó Palazzani. En una de las pantallas también mostró documentos que Estados Unidos desclasificó y que la fiscalía usó "a modo ilustrativo".
Agregó que no buscó una "disputa de cifras bajo comprobación", sino que se quería puntualizar que no se inventó lo de los 30.000, sino que, como "funcionarios de un Estado democrático" debía continuar la responsabilidad de trabajar para "consolidar un efectivo Nunca Más, hasta que esto no ocurra".
Describió que en estos años de avances de juicios por los crímenes cometidos durante la dictadura se ubicaron 740 centros clandestinos en el país y se avanzó en detectar a responsables de otras esferas, como los jueces.
Recordó que en Neuquén, en el juicio que se sigue contra los imputados Pedro Duarte y Víctor Ortiz, hubo "zona liberada del Poder Judicial" para la cobertura de los crímenes, mientras que funcionarios judiciales con otra conducta fueron cesanteados o "secuestrados y torturados, como en La Pampa".
Agregó que, a 48 años de los crímenes, frente al tribunal se contaba con la distorsión de ver a jóvenes que padecieron tormentos a los 15 o 20 años pero que declaraban con más de 60.
"Y ellos tenían unos 30. Uno de los imputados le hizo una cámara oculta al juez de instrucción cuando fue citado a indagatoria. Qué harían a los 30", cuestionó Palazzani.
Hubo otros escándalos protagonizados por los acusados en este juicio, como dichos inapropiados contra fiscales y querellas o apuntar la cámara a la zona de la entrepierna durante las audiencias por Zoom.
Unos días después del inicio del alegato en Bahía Blanca, el gobierno nacional cerró el área de archivo del ministerio de Defensa y despidió al personal que ubicaba la documentación que se solicitaba para las causas en los juicios, en tanto el fiscal Palazzani fue reprendido por el procurador Eduardo Casal, por plantear al ministerio que "tuviera a bien evitar cualquier decisión que pusiera en peligro el acervo documental" que se utiliza para las causas de lesa humanidad.