Expedientes que desde septiembre de 2022 no han obtenido respuesta y negocios que contaban con la puesta en liza de 39 millones de euros que zozobran. El colapso por la tramitación de las ayudas del fondo Next Generation –15.000 expedientes según fuentes del propio Gobierno– se ha instalado en la Administración canaria, más concretamente en el ámbito de la Consejería de Transición Ecológica y Energía. Su titular, Mariano Hernández Zapata, ha anunciado la puesta en marcha de un plan de choque que debe desembocar de aquí a final de año en el abono de todas las ayudas.
Desde la consejería insisten en que se trata de un problema que dejó en herencia el Gobierno anterior. «Hemos pasado del 8% de ejecución al 30% en muy poco tiempo», sostienen. Esos avances son espacios de esperanza, que no de consuelo, porque los tiempos corren desde hace ya muchos meses y el efecto nocivo de la falta de concreción en la llegada de las ayudas ha generado un peligroso parón a las pequeñas y medianas empresas del sector de las energías renovables.
"Crear falsas expectativas conduce a la paralización del sector"
Se trata de empresas que no cuentan con el músculo financiero de los grandes gigantes energéticos, más capacitados para asumir demoras en la llegada de los fondos públicos. «La eficiencia energética y las renovables fueron uno de los ejes principales para los fondos Next Generation, pero crear falsas expectativas conduce a la paralización del sector».
Así lo sostiene Carlos Rodríguez, presidente de la Asociación Provincial de Empresas de Energías Renovables de Las Palmas (Aserpa), integrada en la Federación del Metal (Femepa). Al describir el problema alude al aplazamiento de las inversiones. «Si hay una rentabilidad interesante en la apuesta por las renovables, pero se anuncian ayudas a fondo perdido del 20%, el 30% o hasta el 50%, es imposible no pensar en que el periodo de amortización se reduce a la mitad», detalla.
Inversiones aplazadas
De tal manera que proyectos ya concretados se guardan en el cajón a la espera de la llegada de ese dinero que, a fondo perdido –no hay que devolverlo–, Europa dispuso para la recuperación económica de los países que resultaron más afectados por el parón de la actividad en la crisis sanitaria.
En el plano más concreto se trata de 12 millones de euros para la mejora de la eficiencia en el sector hotelero; 9 millones para el industrial y otros 18 millones para el sector residencial (hogares). Nada que objetar. ¿Qué problema hay en esperar unos meses más? Uno y grande, el dinero no llega porque los expedientes se amontonan en un aparato gestor que ya andaba corto de oxígeno y al que la obligación de tramitar ayudas contra reloj ha terminado por colapsar.
Y mientras tanto, las empresas realizan «los estudios de obra, redactan los proyectos y analizan la viabilidad económica», relata el presidente de Aserpa. Todas esas horas de trabajo tienen como fin la venta de un producto –eficiencia y renovables– que no se adquirirá hasta que lleguen unas ayudas anunciadas pero, hasta el día de hoy, desaparecidas.
"La carrera por el cumplimiento de los compromisos de descarbonización se ve frenada"
El sector alerta, además, de que esperar dos o tres años por la concreción de las cantidades prometidas significa dar por supuesto que los balances de las empresas soportan la ausencia de ingresos. «Esta ralentización puede suponer muchas pérdidas económicas e incluso la desaparición de puestos de trabajo y de empresas canarias del sector», explica Aserpa en un comunicado. Y también, que la situación de los clientes no varía y las agendas inversoras son inmunes al paso del tiempo.
Según el Informe sobre Energías Renovables de Red Eléctrica (Redeia), Canarias aportó el año pasado tan solo el 1,2% de la potencia renovable instalada en todo el país. El mismo documento detalla que la generación eléctrica con energías limpias supuso el 19% en el Archipiélago. No es el dato más exiguo de entre todas las comunidades autónomas –Baleares (11%) o Cataluña (16%) lo empeoran–, pero tiene un margen de mejora de gran dimensión en comparación con Castilla y León (89%) o Aragón (82%).
Viajando de lo concreto a lo general, también la carrera por el cumplimiento de los compromisos de descarbonización se ve seriamente frenada. Más grave es que suceda de este modo cuando en realidad debería ocurrir lo contrario. Es decir, hay unos objetivos, se destinan grandes sumas de dinero público a su consecución y el resultado final es que se acaba generando daños al sector.
30 megavatios en el aire
El Archipiélago decidió adelantar diez años, a 2040, el destierro de la tecnología convencional –la que utiliza hidrocarburos–, el consejero Zapata mantiene el compromiso, aunque esta misma sena ha reconocido «que será difícil» llegar a tiempo. Poco ayuda tener paralizados 15.000 proyectos. Tomando una potencia media de 20 kilovatios, su puesta en marcha aportaría 30 megavatios al mix energético de las Islas.
«Sigue habiendo una parte importante de la población canaria que quiere pasarse a las energías renovables en su casa o negocio pero aún no sabe cómo hacerlo, ni cuáles son las ayudas que están a su disposición. Ahí resultan esenciales las Oficinas Verdes de Canarias. Hay que llegar a más personas y aprovechar al máximo todas las subvenciones». Son palabras de Hernández Zapata hace menos de dos meses.
"Hay que llegar a más personas y aprovechar al máximo todas las subvenciones"
Nadie duda de la buena voluntad y la atención que se dispensa en esas oficinas, pero no están pensadas para mejorar el nivel de ejecución, y esa es la batalla que se libra en estos momentos. El año pasado recibieron las consultas de 81.405 usuarios, 30.000 más de las que llegaron en 2022.
Buena voluntad aparte, el presidente de Aserpa sostiene que antes de la existencia de las oficinas verdes, los promotores sabían «quiénes eran los técnicos», con los que mantenían una relación fluida en aras de subsanar cualquier problema durante el periodo de tramitación. «Ahora no sabemos con quiénes hablar ni dónde están», afirma Rodríguez.
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