Esta es una historia de desengaños. Así es como lo sienten Carmen e Ildefonso, aunque no quieren hablar mucho de ello. Durante casi 50 años han sido los guardeses de un convento de las Hermanas Clarisas Capuchinas. Él trabajó, con contrato, en mantenimiento. Ella era la portera, nunca lo tuvo, y por tanto no cotizó, se ha quedado sin pensión y nunca tuvo vacaciones. Así fue desde 1975. Las monjas se marcharon en 2017 y desde entonces el Obispado de Cádiz, tras ofrecerles un arrendamiento que rechazaron, les ha venido reclamando que abandonen la casa. Hoy se enfrentan ambos a juicio para desahuciarlos. Tras un litigio de 7 años, esta semana le han escrito al papa Francisco, para que interceda.
El trabajo de Carmen, quien hoy tiene 69 años, fue ser los pies y las manos de las hermanas de clausura en el mundo, como llaman las religiosas a todo lo que existe más allá del torno que comunicaba el convento con el exterior. A ella se le pagaba en especie: con el uso de una vivienda en el edificio. Como nunca jamás fue dada de alta, el matrimonio, tras la jubilación de Ildefonso, depende únicamente de la pensión de él como oficial de 1.ª de albañil, dentro de la categoría con la que se le dio de alta. El hombre se jubiló con 65 años y hoy tiene 72.
Como trasfondo, se encuentra la venta del edificio por el Obispado a una promotora privada en un acuerdo tripartito con el Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz). Son más de 7.000 metros cuadrados, destinados a viviendas y a una residencia de ancianos. De renta libre, entre 50 y 60 viviendas, según cálculos iniciales. Habrá también 30 viviendas protegidas y otros 30 alojamientos en régimen de vivienda colaborativa. Aunque la vivienda de la que no se quieren ir ni Ildefonso ni Carmen "está fuera del convenio urbanístico", precisa el Obispado a EL ESPAÑOL, y pertenece a la Iglesia de San Pedro y San Pablo de la localidad.
La finca ocupa una manzana en pleno centro histórico de la localidad. Tiene un enorme huerto, pozo, alberca de riego, noria e incluso cementerio para las monjas. Del adecentamiento de las instalaciones se ocupaba Ildefonso.
"El proceso de desahucio se inicia en 2017, mucho antes de que se hubiese planteado cualquier operación en este sentido, que se ha fraguado en el último año y medio. Rechazamos por tanto que se relacionen ambas cuestiones", abunda el Obispado. Fuentes consultadas de toda solvencia precisan además que la Diócesis de Cádiz y Ceuta intentó, en primer término -y antes de la operación urbanística- que el edificio acogiera a otra comunidad religiosa, una tarea que fue imposible debido a la falta de vocaciones.
La Santa Sede
En 1975 "había 15 monjas", recuerda Ildefonso. Cuando echó el cierre, solo quedaban 4. El cierre del convento de las Capuchinas se acomete en 2017, también, "por la avanzada edad de las cuatro religiosas que lo habitaban", detalla el Obispado, al tiempo que recuerda que la decisión de su cierre "no depende del obispo de la Diócesis, sino de la Santa Sede".
Auxiliadora Moreno es graduada social y llevó, hace unos años, jurídicamente, el tema laboral de Carmen. "Ella se ocupaba de la portería y de hacer los recados en la calle. No tenía vacaciones porque no había nadie que la supliese. La clausura en el fondo, también la tenía ella". Cuando pasaron los años el matrimonio comenzó a solicitarles a las monjas que le dieran de alta. "Pero ellas necesitaban del permiso del Obispado de entonces para tomar aquella decisión", puntualiza Moreno.
En 2008, y fruto de aquella petición, la abadesa del convento dejó un escrito, al que ha tenido acceso este periódico, que precisaba que ambos "son actualmente los porteros del monasterio, realizando labores de portería y otros trabajos necesarios de mantenimiento, acondicionamiento y cuantos sean precisos para la buena marcha de esta Comunidad Capuchina".
"Ambos habitan en dependencias del propio monasterio. Es de tener en cuenta que la actividad de los indicados señores se extiende más allá de lo ordinario, toda vez que la Comunidad Capuchina tiene servicios propios de monjas de clausura por lo que no salen del monasterio salvo para ser tratadas médicamente, actos jurídicos y otros".
El matrimonio, abundó el escrito, "lleva prestando los servicios indicados desde el día 3 de noviembre de mil novecientos setenta y cinco, como antes los ejercieron sus padres; siendo de total satisfacción de la comunidad, representada por la madre abadesa, sor Inmaculada, comprometiéndose a mantenerles en dicho servicio remunerándoles a cambio con el pago de la luz, el agua y donativos fungibles como alimentos, etc.".
El documento pretendía "acreditar lo anteriormente indicado, además de asegurarles, en la medida que sea posible por la Comunidad Capuchina representada por su madre abadesa, la permanencia en la vivienda y las ayudas mencionadas en los párrafos anteriores". La abadesa, sor Inmaculada, ya ha fallecido.
Ildefonso precisa que no querían demandar a las monjas. "Eran como de la familia", indica. Nosotros sabíamos que ya pagarme a mí les suponía un esfuerzo". Tanto, que el hombre, en los últimos años antes de su jubilación, y ante la incertidumbre de la situación de Carmen, pagó de su bolsillo el incremento del IRPF de su cotización para tener más pensión si es que finalmente se quedaba con solo una. El detalle lo corrobora Auxiliadora. "Lo hizo los últimos 7 años", puntualiza. Cuando el caso recayó en sus manos,"ellos estaban convencidos de que se iba a cumplir lo pactado, pero no ha sido asumido".
El Obispado antes de iniciar el proceso de desahucio, ofreció un contrato de arrendamiento a la pareja "con condiciones ventajosas", extremo que es confirmado por todas las partes. "Ese rechazo fue el que inició, hace 7 años, el proceso de desahucio que ahora llega a juicio". Auxiliadora precisa que fueron "300 euros al mes por tres años", y que fue rechazado debido a la falta de pensión de ella. "Es que si la hubiera tenido, se habrían ido porque podrían haber pagado un alquiler".
"Justicia moral"
Macarena Escolar es una de las dos abogadas de oficio que tiene asignado el matrimonio. "Aquí hay dos temas. Uno es la justicia legal, y otro la justicia moral", detalla la letrada. La situación legal del desahucio, con la ley en la mano, pinta mal. Porque Ildefonso, al estar jubilado y estar cerrado el convento, ya no tiene derecho a habitar la vivienda. "Lo que estamos intentando es dilatar el proceso para ver si se les encuentra una solución. Es cierto que ellos se negaron y no firmaron el acuerdo de alquiler. Yo aún no estaba designada como abogada, pero luego el abogado del Obispado lo volvió a ofrecer. Y realmente no era una solución, sino un parche, para que luego sí que se fueran".
Cuando le comentaron el caso "me dí cuenta de que había una relación laboral no reconocida". La de Carmen. "El escrito de la abadesa lo reconoce, pero por la relación de cariño no quisieron demandar. Y ellas no regularizaron la situación de Carmen porque no tenían poder de decisión y el obispo anterior al actual no lo autorizó, pese a que se lo transmitían los visitadores del Obispado que iban al monasterio".
Al marcharse las monjas en 2017 el matrimonio acudió a un abogado quien le dice, asegura Auxiliadora, "que jurídicamente no podía hacer nada. Ese consejo, unido a que ellos no quisieron emprender acciones contra las religiosas, hizo que se les pasara el plazo para presentar la demanda contra ellas". No obstante, la interpusieron ante el Obispado. En primera instancia el juez del Juzgado de lo Social nº 2 de Cádiz les dio la razón parcialmente, entendiendo que al menos había relación laboral desde enero de 2017, cuando se hace cargo del convento el Obispado. Pero la Diócesis apeló y el TSJA revocó la sentencia.
En paralelo, la abogada de oficio cuenta a EL ESPAÑOL que han solicitado la situación de vulnerabilidad para el matrimonio, que precisa de informes de Asuntos Sociales que aún no han acabado de redactarse. No podrán parar el juicio por desahucio de hoy que inicia el proceso, pero sí el lanzamiento, es decir, el momento en el que se ejecute, hasta que no se declare si hay vulnerabilidad o no. "La ley dice que sin un justo título (sobre la vivienda), hay desahucio. Yo creo que sí lo tenían, en base a esa relación laboral de Carmen. Y legalmente, pues bueno. Pero hablamos de la Iglesia y de una actitud y caridad cristianas", ultima Macarena Escolar.