La Fiscalía del Biobío confirmó el inicio de una investigación ante la sospecha de filtraciones de información en el marco del Caso Convenios en la región, el cual aborda los recursos transferidos desde el Gobierno Regional a distintas fundaciones.
La indagatoria se desencadenó luego de un análisis a los teléfonos celulares confiscados tanto al gobernador regional, Rodrigo Díaz, como a una abogada perteneciente a su equipo legal.
Según fuentes cercanas a la investigación, en los dispositivos móviles se han descubierto conversaciones entre el jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI en la zona, Walter Oyarce, y el propio gobernador Díaz, según consignó Radio Biobío.
En tanto, en el teléfono celular de la abogada del gobernador se encontraron intercambios de mensajes con un funcionario de Fiscalía. Estos hallazgos plantean serias interrogantes sobre la posible filtración de información confidencial del caso.
En relación con este asunto, se informó que el jefe de la BIPE fue suspendido de sus funciones el 11 de abril, como medida precautoria en medio de la investigación en curso.
La investigación, aun en una etapa inicial, busca determinar la veracidad de las conversaciones halladas en los teléfonos celulares incautados, así como identificar posibles responsabilidades en caso de confirmarse las filtraciones.