El Gobierno de España, la Comunidad de Madrid y los Ayuntamientos de Madrid y de Rivas han firmado este lunes un protocolo para desarrollar en los próximos diez años el 'plan extraordinario de realojos' de 1.600 familias la Cañada Real, con una inversión de 330 millones de euros.
Esta vía pecuaria de 14,2 kilómetros de longitud discurre en su mayor parte por el municipio de Madrid, pero también por Coslada y Rivas Vaciamadrid, y se ha convertido en los últimos cincuenta años en el asentamiento irregular más grande de España, con unas 7.300 personas. Todos los firmantes han destacado la importancia de que el documento cuente con el apoyo de "las tres administraciones" -local, regional y nacional- para asegurar su cumplimiento.
Por parte del Gobierno central ha rubricado el documento el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, quien ha recalcado al resto de actores que este protocolo se tiene que trasladar a un convenio, para que sea correcto desde el punto vista jurídico.
Lucas ha recordado que "han sido muchas las reclamaciones por parte de organismos internacionales y grupos sociales" que han exigido poner fin a este asentamiento "tan complejo" y con "duras carencias", que se ha consolidado como "uno de los núcleos de infraviviendas más grandes e importantes de toda Europa". Por ello, ha pedido al resto de firmantes que "sean capaces de ser eficaces y hacer las cosas bien, con procesos de participación" para garantizar que los afectados "sean sujetos activos".
"Eliminación del chabolismo"
Por parte de la Comunidad de Madrid, el consejero de Vivienda, Jorge Rodrigo, ha celebrado esta firma enfocada en la "eliminación del chabolismo" y en ayudar a las personas en situación de precariedad y pobreza.
Como representante del Ayuntamiento de Madrid ha firmado el delegado de Políticas de Vivienda y presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS), Álvaro González, quien "ha reafirmado, una vez más" el compromiso del Consistorio con las familias.
La alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo, ha recalcado la importancia de que "se negocien" unos "plazos ciertos" de ejecución de los planes "que den garantía a las familias".