Una veintena de jefaturas de Policía Local aragonesas se reunieron el martes en la localidad zaragozana de Cuarte de Huerva para analizar «el detrimento» de la seguridad en el medio rural de la comunidad. Todos ellos coincidieron en «una evidente falta» de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente, de agentes de la Guardia Civil como el «principal garante» de la seguridad ciudadana en los pueblos. Pero no fue la única conclusión del encuentro porque los agentes también clamaron por una «equiparación de medios» con el resto de las unidades policiales con las que conviven.
Según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, es evidente el descontento y el malestar de las jefaturas con la unidad de intervención de armas de la Guardia Civil como consecuencia de las diferentes interpretaciones de la ley que hace cada una de las compañías que el Instituto Armado tiene desplegadas en el territorio aragonés. Y es que, por un lado, se limitan los ejercicios de entrenamiento de tiro policial con carácter anual y, por otro lado, se impide la obtención de licencias de armas largas. Y, precisamente, los afectados recuerdan que un decreto del Gobierno de Aragón ampara la obtención de este tipo de armas y, por ello, reclaman al Ejecutivo autonómico «que defienda su propio decreto de medios».
La citada representación de policías locales –en total, 24 municipios– incide, sobre todo, en que la incorporación de estas armas a su dotación de recursos redundaría en una mayor «seguridad» de los propios agentes y, por ende, en la «seguridad» de los pueblos. O lo que es lo mismo: una «igualdad de medios ante una agresión».
Las reivindicaciones de las jefaturas de Policía Local llegan en un momento en el que su presencia es fundamental en el territorio como consecuencia de la falta de guardias civiles. No en vano, se calcula que existen más de 600 vacantes sin cubrir, lo que limita la primera respuesta que la Guardia Civil puede ofrecer a raíz de una llamada de alerta.
A ello aluden las jefaturas al recordar que la «capacidad operativa» del Instituto Armado se ha visto «mermada» desde hace varios años. No en vano, el Justicia de Aragón pormenorizó el año pasado la problemática con un profuso informe que, ahora, no quieren pasar por alto los policías locales de los diferentes municipios aragoneses. Su preocupación por la seguridad en el medio rural es «honda» y demandan «ambiciosos avances» al Gobierno de Aragón.
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