MÉXICO- Una de las principales sedes de la Procuraduría General de la República en tiempos de Enrique Peña Nieto, el presidente a quien le explotó el drama de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa en septiembre de 2014, está abandonada; frente a ésta, también el campamento que montaron los padres para exigir justicia.
El escenario, ubicado en la zona centro de la avenida Reforma, una de las principales de la capital mexicana, mantiene los cristales en color azul aunque empañados y un patio que se ha llenado de basura y polvo que se arrastra desde las carpas de enfrente, donde quedan solo fotos deslavadas de los normalistas del estado de Guerrero.
De vez en cuando, los familiares se dan una vuelta a las carpas y, de manera muy discreta se ve a algunos funcionarios desconocidos asomarse en las oficinas sin burócratas.
Este abandono asoma todos los días en el corazón del país como el símbolo de una herida abierta que no cierra a casi 10 años del caso y con la esperanza rota porque el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador no dio justicia al crimen a pesar de su promesa.
Sin embargo, más allá del símbolo, la inconformidad persiste y se manifiesta iracunda.
En días recientes, cientos de estudiantes y familiares marcharon en Iguala, la ciudad vecina a Ayotzinapa, donde se encuentra su centro de estudios y donde desaparecieron los 43. Días antes mantuvieron un plantón en el Zócalo de la capital y derribaron una de las puertas de Palacio Nacional, para exigir la presentación con vida de los jóvenes.
En la cuenta regresiva para el cambio de administración, los familiares de las víctimas sacan cuentas y concluyen que otro presidente se va en tanto los delitos quedan impunes. Entonces, su inconformidad crece persistente como antaño con marchas aquí y allá, bloqueos, pintas y tomas de recintos del gobierno.
El próximo 13 de abril realizarán una Asamblea Nacional en la Escuela Normal de Ayotzinapa para analizar las acciones que siguen.
"Este caso tenía que haber sido representativo de lo que iba a transformarse en el país, está terminando el sexenio siendo demostrativo de las dos grandes decepciones: el nuevo poderío militar y la inacción frente a las deficiencias de la Fiscalía General de la República", lamentó Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, una de las organizaciones civiles que acompaña a las víctimas en el tema legal.
ENTRE EL EJÉRCITO Y LA RETÓRICA
La desaparición de los 43 alumnos de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa es considerado uno de los hechos que más indignación ha generado en el país y el que más sumó a la victoria del actual presidente.
Fue tan importante que, dos días después de que López Obrador llegó al poder firmó un decreto en el que ordenó "todo el apoyo" para la investigación del caso.
Incluso puso a uno de sus mejores alfiles, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, a la cabeza de la ayuda al Alto Comisionado de Naciones Unidas; al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes así como la investigación trunca de su antecesor.
Prometió que todas las dependencias del Ejecutivo federal facilitarían la información requerida y que nada se podría clasificar como reservado en el caso y así siguieron por un tiempo, en una especie de romance justiciero hasta que… ¡le pidieron la apertura de los expedientes que tienen en su poder los militares!
El abogado Aguirre sostiene que, en resumen, ese es el punto crucial por el que se rompió el diálogo: los deudos de los 43 desaparecidos exigen 800 folios que presuntamente la Secretaría de la Defensa Nacional no quiere dar a conocer.
El presidente, por su parte, dio un giro de 180 grados en su postura de cuando era candidato y sostiene ahora que no le tiene confianza ni a las organizaciones ni organismos de derechos humanos y acusa a los abogados e investigadores aliados de los familiares de colaborar para dejar libres a los responsables.
El 25 de marzo pasado, en su conferencia de prensa dijo más de 80 personas que presuntamente participaron en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron puestos en libertad por integrantes del Poder Judicial bajo el argumento de que habían sido torturados.
"Sí, algunos fueron torturados, pero de ese grupo, hay quienes no fueron torturados y sí participaron en la desaparición de los jóvenes porque hay pruebas", indicó el presidente.
El caso tiene múltiples clarosocuros. En la primera semana de marzo, por ejemplo, el país amaneció con la noticia del asesinato de Yanqui Rothan Gómez Peralta, otro estudiante de Ayotzinapa, como resultado de un "enfrentamiento", según autoridades locales.
La versión policial local sostuvo que Gómez Peralta, junto con otros cuatro sujetos, iba a bordo de una camioneta que presuntamente había sido reportada como robada, por lo que se les pidió descender del vehículo y al no hacerlo recibieron los disparos.
Dos lustros atrás, hubo una hipótesis de investigación en la cual se creía que los 43 estudiantes habían sido atacados y desaparecidos por las organizaciones criminales debido a que los jóvenes habían robado un camión cargado con goma de opio que se dirigiría hacia Chicago en una de la rutas de tráfico de droga.
La postura actual del presidente es que "sí habrá diálogo", pero solo con los padres (sin los asesores de éstos) mientras que las exigencias de los familiares son más precisas: quieren los 800 folios que el Ejército no ha entregado, y la extradición de Tomás Zerón, ex funcionario federal y José Ulises Bernabé, un juez local involucrado en el caso.
"Quiero decirle al señor presidente que a nosotros no nos maneja absolutamente nadie. El presidente es necio, es terco, ya se lo dijimos en todos los medios: no nos vamos a arrodillar: solo queremos justicia", dijo en una manifestación Clemente Rodríguez Moreno, padre del estudiante desaparecido Christian Alfonso Rodríguez Telumbre.
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