El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, utilizó un correo electrónico corporativo del grupo sanitario Quirón para maniobrar en una supuesta adjudicación de vacunas por la Covid-19 en Costa de Marfil como mecánica para defraudar a Hacienda, según las sospechas de la Agencia Tributaria (AEAT).
En la causa judicial en que se investiga a González Amador por dos presuntos delitos fiscales y otro de falsedad documental consta cómo el empresario se puso en contacto con una empresa de distribución de vacunas para ofrecerle un negocio. Su carta de presentación no fue como gerente o administrador de su empresa, Maxwell Cremona SL, sino como director de proyectos "en nombre y por cuenta de Quirón Prevención". Así consta en uno de los informes de la AEAT en los que se basó la Fiscalía para preparar su denuncia. Resulta que el grupo sanitario Quirón es el mayor beneficiado en contratos por la Comunidad de Madrid, por lo que partidos como el PSOE han puesto la lupa en posibles tratos de favor.
La Vanguardia ha contactado de manera reiterada con un portavoz de la entidad sin obtener una respuesta de si el correo corporativo y cargo con el que se presentaba González realmente lo ostentó y en qué términos. Realizada la comprobación, a día de hoy el e-mail que utilizó para su operación en Costa de Marfil no está en funcionamiento. Quirón Prevención fue durante varios ejercicios fiscales el mayor cliente de Maxwell, quien realizaba para sus hospitales certificados ambientales.
La inspectora de Hacienda
Recoge la operativa con la que González maniobró para conseguir facturas falsas
La inspectora de Hacienda encargada de la investigación recoge la operativa con la que González maniobró para conseguir facturas falsas y reducir al máximo el pago al fisco.
La pareja de Ayuso se habría compinchado con una persona que la propia Hacienda califica de "posible testaferro" para que abriera una sociedad en Costa de Marfil, supuestamente para abrir negocio allí a raíz de la pandemia. Con esta empresa, Gayani, firmó un contrato de intermediación por el que le pagó una factura de 922.000 euros. En paralelo, González se puso en contacto con una empresa, Tec Pharma Europe, para, en nombre de Quirón, ofrecer la posibilidad de poder presentarse a una adjudicación para la distribución de vacunas en Costa de Marfil. Según explicaron los responsable de esta empresa en la inspección tributaria, González les hizo el ofrecimiento de acudir a aquel concurso del Ministerio de Salud del país africano para la gestión de la venta de vacunas AstraZeneca, pero como mero informante, sin firmar ningún acuerdo de intermediación.
González lo único que hizo fue poner en conocimiento a Tec Pharma de la existencia de tal adjudicación. Según consta en el informe de la AEAT, al que ha tenido acceso La Vanguardia, los contactos con el ministerio y la presentación de la oferta la hizo esta compañía. Finalmente no resultó adjudicataria porque el Gobierno marfileño consideró que el precio era caro. Tec Pharma comunicó a González que no era la elegida y ahí acabó su relación.
Aun así, Maxwell pagó una factura a Gayani por apertura del mercado de Costa de Marfil. "Estas circunstancias vienen a acrecentar la situación evidenciada por la inspección relativa a la factura de Gayani LTD, no responde a la realidad de las actuaciones y que no hay conexión alguna entre Gayani, DBT ni Tec Pharma como pretende hacernos creer el contribuyente. De forma que los importes realmente abonados no se correlacionan con la factura de Gayani aportada relativa a la apertura del mercado y la comisión por la intermediación en la compra de las vacunas, sino más bien podría admitirse como gastos ordinarios y previos para poderse llevar a término la negociación", según dice el informe de la AEAT.
La Agencia Tributaria
Ha cuantificado como cantidad defraudada en 350.000 euros en dos ejercicios fiscales
Lo que se desprende de la investigación es que González usó a Tec Pharma para aparentar un posible negocio en Costa de Marfil y así justificar una factura de casi un millón de euros a una empresa pantalla con el único objetivo de justificar ese pago como gasto en sus cuentas empresariales, y así poder reducir al máximo el pago de impuestos.
Una vez que Alberto González tuvo conocimiento de la inspección por parte de la Agencia Tributaria, anuló la factura sobre el aparente negocio en Costa de Marfil en el 2022 "tanto física como contablemente". La propia inspector de la AEAT advierte que esa anulación se produce "casualmente, en el ejercicio en el que se desarrollan las actuaciones inspectoras". Más sospechoso es que González anulase otra factura con una sociedad mexicana, cuyo titular es el mismo que el de Gayani, por un valor de 600.000 euros.
La Agencia Tributaria ha cuantificado como cantidad supuestamente defraudada 350.000 euros en dos ejercicios fiscales, lo que supone un presunto delito contra la hacienda pública que ya está investigando un juzgado madrileño. Será el 20 de mayo, tal y como ha acordado la jueza que instruye el caso, cuando la pareja de la presidenta madrileña acuda a sede judicial en calidad de investigado para prestar declaración por los delitos de fraude a Hacienda y falsedad en documento mercantil.