La investigación policial ha puesto al descubierto una red criminal que presuntamente se lucraba con la explotación sexual de sus víctimas. Las engañaban diciendo que tendrían otro tipo de trabajo o bajo condiciones muy diferentes. Una de las mujeres tiene reconocida judicialmente una discapacidad intelectual.
Los implicados eran quienes contactaban con los clientes a través de páginas web y convenían todos los servicios sexuales. Las víctimas no podían rechazarlos y se les obligaba a pagar a la organización aún más dinero en concepto de abono por realizar estas gestiones.
Una víctima con discapacidad intelectual
La organización captaba a sus víctimas a través de personas que conocían, familiares o compatriotas, bien en su país de origen o encontrándose en España en situación irregular. En este último caso, se les imponía la condición de prostituirse para poder pagar deudas que se hubieran originado en su país. Una de las víctimas presentaba una discapacidad intelectual reconocida al
haberle sido dispuesto judicialmente el sistema de protección denominado curatela.
Las víctimas captadas en origen, fundamentalmente Colombia aunque también de otros países de Latinoamérica, entraban en España a través de los aeropuertos de Madrid o Barcelona. Los implicados las engañaban ofreciéndoles un trabajo diferente, en el sector de salones de belleza o cuidado de ancianos, o bajo condiciones muy diferentes a las que finalmente las forzaban a someterse.
Explotadas sobre palés
El entramado criminal obligaba a sus víctimas a prostituirse bajo amenazas, trasladándolas con frecuencia de una provincia a otra, lo que dificultaba la detección de su actividad delictiva. Las controlaban con cámaras de videovigilancia instaladas en los pisos donde las explotaban. Las mujeres tenían que abonar a los miembros de la organización el 50% de cada servicio sexual. Además, debían anotar cada uno de estos servicios en cuadernos.
Los integrantes de la red eran quienes realizaban todas las gestiones relacionadas con los anuncios en las páginas web de contactos, así como acordaban ellos mismos las solicitudes y tipos de servicios sexuales que pedían los clientes. Las víctimas tenían que abonar una cantidad de dinero, por estas gestiones, que se cobraba aparte de la mitad de los beneficios que reportara su explotación. Las mujeres no podían rechazar ningún tipo de servicio sexual y eran forzadas a trabajar encima de palés, sin somier ni colchón y aunque se sintieran indispuestas.
Investigación policial
El operativo policial ha puesto al descubierto una organización criminal que explotaba sexualmente a mujeres vulnerables en situación precaria bajo amenazas y condiciones lamentables. Los implicados compraban sustancias estupefacientes que ofrecían a los clientes. La investigación ha dado a conocer que la máxima responsable de la red adquirió múltiples propiedades inmobiliarias en varias provincias de España, e incluso en Colombia, con el dinero obtenido de la explotación y la venta de sustancias estupefacientes.
La investigación ha culminado con la liberación de 23 víctimas de explotación sexual en las ciudades de Úbeda (Jaén), Alicante, Guadalajara, Alcalá de Henares (Madrid), Lugo y Ciudad Real. Se ha detenido a ocho personas en las localidades de Úbeda (2), Alcoy (2), Guadalajara (2), Lugo (1) y Ciudad Real (1), por los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación
sexual, relativos a la prostitución, contra los derechos de los trabajadores, blanqueo de capitales, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.
Se han realizado diez entradas y registros en las ciudades de Alcoy, Úbeda, Alcalá de Henares, Lugo, Ciudad Real y Guadalajara. Se han intervenido teléfonos móviles, más de 5000 euros en efectivo, sustancias estupefacientes tales como cocaína y "tusi", así como documentación relacionada con la investigación.