El futuro político de España se juega en lo geográfico y en lo económico. Hablo de tendencias a largo plazo, que actúan ya de una forma predominante en la sociología electoral. La geografía viene marcada por una evidente mutación: el voto socialista se concentra mayoritariamente en determinadas regiones de España, con las llamadas comunidades históricas a la cabeza. Cataluña, por ejemplo, es vital para el PSOE, de un modo en que Andalucía –tradicional granero de la izquierda– lo fue hasta 2019. Este cambio se inició durante los gobiernos de Aznar, cuando el partido socialista empezó a perder voto urbano, y se aceleró en los años de la presidencia de Rodríguez Zapatero. Sus sociólogos de referencia entendieron muy bien entonces que ya no volverían las mayorías absolutas del PSOE (porque, sin un dominio apabullante en el sur y unos resultados aceptables en Madrid, eran ya inviables) y que hacía falta tejer una alianza parlamentaria muy amplia con los demás partidos para consolidarse en el poder. La estrategia fue simple y efectiva: releer la memoria histórica en un sentido contrario al de la Transición para demonizar a la derecha. El retorno de los populismos –y la pérdida de anclajes culturales y sociales– facilitó la implantación de un relato que ha terminado por amenazar la viabilidad de lo que algunos han denominado despectivamente «el régimen del 78» y que, simple y llanamente, es nuestra democracia. Dicho de otro modo, la caída del bipartidismo ha empujado a la izquierda hacia sus extremos. Desde un punto de vista político y de preservación del poder, ha sido una decisión adecuada. El PP, a su vez, tiene que entenderse con Vox, situado en la otra punta del arco parlamentario español. La lección aprendida es que, sin un sólido sistema bipartidista, el moderantismo pierde fuelle.
La segunda tendencia a largo plazo es la economía. En democracia la experiencia parece demostrar que las crisis favorecen los cambios de gobierno, sobre todo de la izquierda hacia la derecha. Así llegó Aznar al poder en 1996 y Rajoy en 2011. ¿Volverá a suceder en el futuro? Quizás, sólo quizás. Porque la narrativa no es la misma y, con esta transformación de la narrativa, también se han modificado las expectativas de la ciudadanía. Si el PP prometía una gestión económica anclada en una cierta austeridad presupuestaria y en una rebaja moderada de la fiscalidad, la izquierda puede vender ahora el recuerdo de los recortes después del crac de 2008 frente a la expansión presupuestaria del sanchismo en tiempos del coronavirus. El mensaje es tan efectista como falso: con el PP llegaría la motosierra de Milei, mientras que Sánchez y sus aliados han repuesto a una maltrecha situación económica con un incremento de las ayudas sociales. Ni siquiera con medidas keynesianas, sino con algo más básico y comprensible: cheques descuento y abonos culturales, intervención de los precios del alquiler, gratuidad del transporte público, etc., etc. Es la política que se ha ejecutado durante estos últimos años con resultados, en el mejor de los casos, desiguales en lo económico. Gran parte de los problemas españoles proceden de nuestra incapacidad de recuperar un modelo de crecimiento sólido y sano que nos permita competir en el campo de la globalización sin tener que asistir a la progresiva erosión de los estándares de vida de los ciudadanos. Mejores salarios, mejores servicios, una vivienda accesible, una educación de calidad y un crecimiento robusto de la productividad deberían ser las claves del buen gobierno, cuando realmente no van mucho más allá de la verborrea demagógica de los partidos. Todo en la política española parece invitar al extremismo y, por tanto, a la estupidez.