Condenado a un indetenible deterioro, la Presidencia de la República ha visto perder su grandeza en los últimos tiempos en el Perú. El accionar de algunos que lograron instalarse en la casa de Pizarro movidos más por apetitos políticos y sin un mínimo de compromiso democrático han contribuido al desgaste del más importante cargo en el país.
Otra elección está cerca. Unos 27 partidos con afiliación vigente en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE se encuentran habilitados para participar en los comicios, y el número podría elevarse a más de 40, gracias a la legislación promovida por este Congreso.
Los peruanos esperan un presidente probo, no quieren que los gobierne alguien que cargue sobre su espalda sentencias por algún delito grave, en realidad con ninguna sentencia.
Así lo refleja la última encuesta realizada por Ipsos para Perú21 donde un abrumador 94% considera que no debería permitirse que postulen a la Presidencia los condenados por homicidio, así hayan cumplido su condena. Un 3% cree que no debería prohibírseles ser candidatos. Es decir, nueve de cada 10 peruanos no quiere que un condenado por asesinato participe en las elecciones. En Lima el rechazo a este tipo de postulantes se eleva a 97%.
Consultados por si debería prohibirse postular a la Presidencia a una persona sentenciada por rebelión contra el Estado, por secuestro y asesinato de policías, así haya cumplido su condena, el 93% de entrevistados se mostró de acuerdo con que se les prohíba tentar el sillón presidencial. Esta es la situación que se presenta, por ejemplo, en el caso de Antauro Humala, sentenciado por esos graves cargos penales.
En el centro del país, el 97% apoya este impedimento. El 100% de los encuestados por Ipsos pertenecientes al nivel socioeconómico A también rechaza la posible presencia de estas personas en la lucha por la Presidencia. La moral es una condición esencial para el ejercicio de la función pública.
"El solo plantearlo como posibilidad me parece insólito, además de riesgoso e inadecuado", indica la psicoanalista Matilde Caplansky, convencida de que esta prohibición debe alcanzar a cualquier persona que tuviese acusación de delito cualquiera que este fuese.
"Los candidatos deben tener, no solo preparación como estadistas, sino una hoja de vida impecable tanto de su formación, como de sus actos. Estamos sufriendo, con este símil de 'gobierno' actual con personas que no son precisamente ni transparentes, ni decentes, y con candidatos con CV inadecuados para el puesto al cual pretenden postular", dijo Caplansky a Perú21 lanzando, además, una pregunta: "¿Es que los peruanos no vamos a aprender a elegir a personas correctas y morales?".
Para el excanciller y expresidente de Transparencia, Allan Wagner, lo ideal, siempre, es garantizar idoneidad en la función pública. "Las personas que recibieran sentencia en segunda instancia no deberían estar en condiciones de postular a la Presidencia, es una cuestión de idoneidad y de respeto al país y a su población", indicó a este diario.
El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, también comentó la respuesta que dieron los encuestados a Ipsos ante esta posibilidad. "Esta encuesta refleja el repudio de la población contra aquellas personas que habiendo cometido delitos muy graves pretendan postular a cargos de elección popular", dijo a Perú21.
"La legislación electoral debe ser adecuada a la lucha contra el crimen para que las próximas autoridades que elijamos sean representantes del pueblo y no de la delincuencia", subrayó.
PROPUESTA CONGELADA
En marzo del año pasado, la Comisión de Constitución aprobó el dictamen que establece los impedimentos para postular a un cargo de elección popular. La iniciativa imposibilitaría postular a personas condenadas a prisión efectiva y suspendida, ya sea en calidad de autor o cómplice, por delitos de terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación sexual, corrupción, homicidio, secuestro, rebelión, entre otros.
Han transcurrido trece meses y el dictamen continúa en agenda del Pleno. No se sometió aún a votación por el temor a no alcanzar los 87 votos requeridos en dos legislaturas. Una de las contadas iniciativas parlamentarias que sí beneficiarán al país descansa en la congeladora.
Definir estos impedimentos evitaría elegir a candidatos impresentables que no garanticen la estabilidad democrática. Hace unas semanas, Aníbal Torres, el expremier de Pedro Castillo, logró salvarse de la inhabilitación en el Pleno del Congreso.
Pese a su probada apología a la violencia y rebelión, el ex brazo derecho presidencial tiene ahora el camino libre para postular a cargos públicos. El 55% de los encuestados por Ipsos, sin embargo, considera que Torres debería ser inhabilitado.
Un 57%, además, cree que el ex primer ministro fue cómplice en el golpe de Estado que dio Castillo en diciembre de 2022.
Quien sale mal parado en esta encuesta es Wilfredo Oscorima, el gobernador regional de Ayacucho. El 87% de peruanos tiene una opinión desfavorable de quien le prestó costosos relojes a la presidenta Boluarte, según el estudio de Ipsos.
FICHA TÉCNICA
UNIVERSO: Hombres y mujeres mayores de 18 años, de todos los niveles socioeconómicos (NSE), residentes en Perú urbano y rural. MUESTRA: 1218 personas entrevistadas en zonas urbanas y rurales. Margen de error para resultados totales de ± 2.8%. CAMPO: Bus Express: Cuantitativa mediante encuestas en tablets con técnica cara a cara. TÉCNICA: Se llevó a cabo el 18 y 19 de abril del 2024.