Para que los partidos no se vieran tentados por el dinero del narcotráfico y otras fuentes ilícitas, se estableció por ley el % de los ingresos públicos, un dineral, como financiamiento partidario en año electoral. Pero eso no ha impedido que el dinero mal habido sea parte del financiamiento de las campañas. Adicionalmente, el financiamiento público ha fomentado una creciente industria de partiduchos. Legalistas exigen estricto apego a la ley; entrega de fondos. Otros opinan que debería ignorarse y no hacerlo. Que como los partidos están aun así abiertos al dinero de origen cuestionable y no hay fiscalización, eso es una afrenta al contribuyente. ¿Usted, lector, con quién está?