La coordinadora provincial y diputada, Mari Carmen Pérez, ha destacado la falta de voluntad política por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía, conformado por el Partido Popular, para aplicar la Ley Estatal de Vivienda. Esta ley, según Pérez, es una herramienta fundamental facilitada por el Gobierno de España para garantizar que la vivienda sea un derecho y no una herramienta en manos de especuladores.
La diputada de IU Granada ha señalado que la media de los alquileres en la provincia y en la ciudad de Granada ronda los 700 euros, lo que dificulta enormemente el acceso a la vivienda para jóvenes y familias. Pérez incidió que esta situación los está expulsando de las ciudades y pueblos en favor de los intereses de los grandes tenedores y del mercado turístico.
Pérez ha criticado especialmente la falta de aplicación de medidas para facilitar el acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes, y denunció que Granada, como ciudad universitaria, afronta dificultades para alojar a sus 30.000 estudiantes debido a los altos costos de alquiler y la competencia con el mercado turístico.
Por su parte, Paco Puentedura, Coordinador Local de Izquierda Unida, ha arremetido contra la especulación urbanística en Granada y la falta de políticas municipales para proteger el acceso a la vivienda digna, ha destacado que el Ayuntamiento de Granada está en connivencia con la especulación, lo que ha llevado a la pérdida de cientos de habitantes cada año. El aumento del coste del alquiler en más del 35% en los últimos cinco años es una clara señal de esta crisis.
El coordinador local de IU Granada ha presentado una serie de propuestas para abordar la crisis del alquiler. Entre estas propuestas se incluye la exigencia al Ayuntamiento de Granada de presionar a la Junta de Andalucía para declarar la ciudad como zona tensionada, lo que impediría la emisión de nuevas licencias de viviendas destinadas al alquiler turístico. Además, se propone una revisión de las políticas urbanísticas para garantizar que las promociones de viviendas estén estrictamente vinculadas al uso residencial.
Asimismo, se plantea una regulación de los usos comerciales en los cascos históricos para fomentar el pequeño comercio y revitalizar los barrios, junto con limitaciones al uso de locales comerciales como alojamientos turísticos. Estas medidas buscan proteger el tejido social y económico de la ciudad, promoviendo un modelo de desarrollo más sostenible y equitativo. En el ámbito fiscal, la organización propone la aplicación de un recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a las viviendas vacías, con el fin de incentivar su uso y destinar los fondos recaudados a programas de alquiler protegido, alquiler social y promoción de vivienda pública.
Además, se plantea la puesta en marcha de la tasa turística cuyos fondos se destinen a la recuperación del patrimonio urbano, la mejora de los servicios públicos y la lucha contra la precariedad laboral en el sector turístico. Por último, se propone establecer una moratoria en la emisión de nuevas licencias de habitabilidad para grandes tenedores con fines turísticos, priorizando el uso de estas viviendas para el alquiler protegido y el alquiler social. Estas medidas, según la organización, son fundamentales para garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible para todos los ciudadanos de Granada.