Los propietarios de viviendas vacacionales temen que dejar el futuro del sector en manos del planeamiento municipal limite o restrinja el crecimiento de esta modalidad turística. La consejera de Turismo del Gobierno regional, Jéssica de León reiteró ayer que «no habrá nueva vivienda vacacional en las Islas sin que el planeamiento lo habilite», una afirmación que para la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Ascav) lleva implícita la prohibición de más pisos turísticos si no lo contemplan expresamente los planes generales de los municipios, una circunstancia contraria a lo que sucede actualmente y es que si no se recoge su limitación en el planeamiento es que se permiten bajo una serie de condiciones que están reguladas en el decreto autonómico que regula esta modalidad desde 2015.
El borrador del anteproyecto de ley para la regulación de la vivienda vacacional saldrá hoy a exposición pública, y, entre las pinceladas que se han sugerido en él estará que «no habrá nueva vivienda vacacional en las islas sin que el planeamiento lo habilite». De León explicó que, una vez la ciudadanía vea el borrador, podrá sentirse identificado con él, y ha afirmado que en las islas «no habrá nueva vivienda vacacional sin que lo habilite el planeamiento» y que la intención del Gobierno será trabajar en este asunto de forma coordinada junto con los ayuntamientos.
Asimismo, la titular de Turismo reiteró que el Ejecutivo canario se ha ofrecido a dar una ordenanza tipo para que los ayuntamientos, una vez se apruebe la normativa, la tengan en vigor en torno a los cuatro y seis meses.
Convocatoria
Los miembros de Ascav están pendientes de que el anteproyecto de ley se conozca para estudiarlo en profundidad. Esta asociación y otros colectivos y organizaciones han sido convocados para mañana a una reunión para debatir el texto, aunque ahora se abre un plazo de 20 días hábiles para los interesados presenten propuestas y sugerencias.
La presidenta del colectivo, Doris Borrego, advierte que a priori «no nos podemos dejar llevar por la planificación municipal cuando en muchos casos los planes generales superan los 20 años de antigüedad y en ellos la vivienda vacacional ni siquiera se contemplaba». Por ello, la máxima representante de Ascav reclama al Ejecutivo autonómico «que proteja y respalde al 27% de las camas turísticas de Canarias, que están en manos de propietarios particulares que son familias que generan riqueza y pagan sus impuestos en las Islas».
A este porcentaje se suma los propietarios que tienen más de 25 viviendas vacacionales en explotación, lo que eleva hasta el 37% las camas que se encuentran en el segmento del alquiler vacacional. En este sentido, Borrego insistió en que el impacto económico del sector supera los 2.500 millones de euros, genera unos 43.000 puestos de trabajo directos y paga más de 140 millones en IGIC. «Democratizamos el turismo para toda la sociedad y la riqueza se queda en Canarias, por eso pedimos al Gobierno que proteja y apoye a este sector», reiteró.
Frente a las críticas de la Consejería de Turismo al decreto de 2015, la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional defiende su regulación a través de las declaraciones responsables y el registro que legaliza los pisos de uso turístico. Ahora el cambio de pasar a los ayuntamientos a través de la planificación urbanística preocupa a los propietarios, ya que genera inseguridad para futuras autorizaciones y que al final sea el Gobierno el que imponga sus tesis ante la inacción del planeamiento.
Por parte de las organizaciones empresariales turísticas también se está a la expectativa de los detalles de la regulación del alquiler vacacional. El presidente de la patronal turística de Tenerife, Jorge Marichal, recordó ayer la alerta de Ashotel con el fenómeno del alquiler vacacional, sobre el que ahora celebra su regulación «valiente» aunque lamenta que llega «un poco tarde». Por su parte, el presidente de la Federación de Hostelería y Turismo de Las Palmas, José María Mañaricua, no cree que el alquiler vacacional perjudique a los hoteleros tanto como la residencialización de las zonas turísticas, que sí va en detrimento de la economía ya que detrae riqueza y supone hurtar camas al sector. «El problema de las viviendas vacacionales es de la sociedad ya que perjudica también a la vivienda residencial, lo que debe hacer el Gobierno es legislar para regular y ordenar la proliferación de estas viviendas», añade el dirigente empresarial.
Sentencia del Supremo
En una sentencia de noviembre de 2020 el Tribunal Supremo avaló que el planeamiento urbanístico de los ayuntamientos regule y ordene las viviendas de uso turístico en el ámbito municipal. Afirmaba el Tribunal que la intervención normativa municipal está legitimada, ya que la misma está orientada a la protección del derecho a la vivienda digna y adecuada, conforme a la Constitución, así como a evitar el deterioro del entorno urbano, conforme a la Directiva de Servicios. Esta situación justifica la intervención municipal en el planeamiento, ya que se trata de razones de interés general que posibilitan la conciliación de la actividad económica del alquiler vacacional con la organización del régimen interno de la ciudad y su compatibilidad con la vivienda residencial.
Suscríbete para seguir leyendo
- CanariasLimitar el elevado precio del alquiler tensiona a los municipios y al Gobierno canario
- CanariasAna Oramas denuncia amenazas de muerte a través de Twitter
- CanariasManuel Sánchez: «Para la Iglesia, el auténtico ogro en el Gobierno de Zapatero fue López Aguilar»
- CanariasLa historia de superación de la piloto canaria que cumplió el sueño de volar a Madrid: 35 años de estudio y una crisis de por medio
- CanariasLos edificios 'twins' para combatir las catástrofes en Canarias estarán listos en 24 meses
- CanariasEEUU vende misiles a Rabat para prevenir ataques terrestres en el Sáhara
- Canarias¿Está Canarias masificada de turistas?
- CanariasLas aguas isleñas, en la frontera de las mayores maniobras militares en África
Caso Koldo