paula pérez
La Xunta dispone ya de cuatro robots para automatizar trámites administrativos que hasta ahora realizaban los empleados públicos y así ahorrarles tiempo que podrán dedicar a otras tareas. Se están utilizando, por ejemplo, para agilizar los cambios de puesto de los funcionarios y para revisar las cuentas de depósito y consignación judiciales. El objetivo del Gobierno gallego es comprar hasta 50 sistemas robóticos en función de las necesidades.
Estas máquinas no están pensadas para sustituir al empleado público sino para ayudarlo en aquellas tareas que son "más repetitivas" como revisar grandes volúmenes de documentos o procesos recurrentes. En este momento, según explican desde la Axencia pola Modernización Tecnolóxica (Amtega), están en marcha 20 proyectos piloto para identificar y evaluar qué tipo de procedimientos se pueden beneficiar de este tipo de sistemas robó ticos.
No se trata de robots humanoides sino de sistemas informáticos que utilizan la automatización y la inteligencia artificial para realizar procesos internos de la Administración. "El objetivo es agilizar los procedimientos y mejorar tanto los tiempos como la calidad del servicio a la ciudadanía, así como el desempeño de los empleados públicos", recalca la Amtega.
En el marco de este plan de automatización se han adquirido ya los primeros cuatro robots, que se encuentran ya en funcionamiento.
Así, se está probando su uso en los procedimientos de cambio de puesto del empleado público. Sirve de ayuda a la gestión de las altas y bajas de las aplicaciones corporativas que se realizan cada vez que un trabajador se cambia de unidad.
La Administración autonómica gestiona cada año unas 10.000 operaciones de este tipo que requieren un tiempo estimado de 20 minutos cada una.
Cada vez que se activa este procedimiento el sistema robótico puede identificar qué aplicaciones necesitará el empleado público en su nuevo puesto de trabajo y gestionar automáticamente su activación, así como la baja en aquellas que no vaya a usar.
Se calcula que la automatización de este proceso permite a los trabajadores del Centro de Atención a Usuarios (que es el departamento que hace estos trámites) dedicar un 20 por ciento "a tareas de mayor valor añadido", según explican desde el Ejecutivo autonómico.
Otro proyecto que se está probando con esos robots afecta al ámbito de la justicia. Se trata de la automatización de la revisión de las cuentas de depósitos y consignación judiciales.
Esta tecnología es capaz de comprobar si las personas que tienen que realizar depósitos o consignaciones lo han hecho. Además cruza los datos para relacionar cada ingreso con el procedimiento al que le corresponde. "Los empleados públicos podrán acceder a esta información e incorporarla al expediente judicial correspondiente sin tener que revisar operación a operación", explican desde la Amtega.
Tras adquirir los primeros cuatro robots, la Xunta advierte que su intención es seguir desplegando más sistemas robóticos. "Se hará en función de las necesidades. El acuerdo marco contempla hasta 50 unidades pero es una previsión de máximos, que garantiza que se podrá agotar el presupuesto previsto o no en función de las necesidades del proyecto", explican desde la Administración gallega. Dispone de hasta 8 millones de euros para esta iniciativa.
Ante el avance de estas tecnologías, así como de la inteligencia artificial la Xunta ha creado una comisión de expertos que vigilará su desarrollo y su uso ético. Sus conclusiones serán incluidas en el futuro proyecto de ley para el desarrollo e impulso de la inteligencia artificial en Galicia.
En la segunda reunión de esta comisión de expertos, celebrada a principios de este mes, se abordó precisamente su opinión sobre las posibles alternativas para la implantación de este tecnología dentro de la Administración autonómica.
Con anterioridad, en otro encuentro se centraron en analizar los aspectos éticos y jurídicos que deberán fundamentar la nueva legislación sobre inteligencia artificial, entre los que se encuentran la transparencia, claridad, imparcialidad y ausencia de sesgos. También se abordaron los derechos de la ciudadanía, así como los mecanismos que debe incluir la ley para garantizarla.
Este grupo está formado por diez personas expertas en distintos ámbitos como la economía, la filosofía y la evolución humana, la tecnología aplicada, la ética o la política pública.
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