El titular de Buses Paraná, Marcelo Lischet, emitió un descargo en respuesta a la intimación realizada por la Municipalidad para retomar el servicio de colectivos. El paro de transporte cumple ocho días mientras se realiza una sesión en el Concejo Deliberante para derogar la actual ordenanza y emitir un nuevo marco regulatorio al sistema.
Paro de transporte: el titular de Buses Paraná respondió al municipio
Marcelo Lischet, de Buses Paraná contesta y pide que se abstenga de aplicar sanciones que afecten la permanencia del vínculo contractual, por paro de Transporte
A través de una carta dirigida a Rosario Romero, Lischet intimó al Municipio a "abstenerse de aplicar sanciones o tomar medidas que afecten la permanencia del vínculo contractual, bajo su exclusiva responsabilidad". En este sentido, alegó: "Debo señalar que la suspensión total del servicio es por la medida de fuerza de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), quien está reclamando mejoras salariales de los choferes de la concesión, lo cual impide su continuidad".
Nuevamente el empresario responsabilizó a la Municipalidad por la falta de servicio ya que "no atiende los reclamos económicos contractuales de las empresas, realizadas en sendas oportunidades, ni abona las diferencias adeudadas -ya reclamadas oportunamente- que se arrastran desde hace varios años, poniendo al borde del quebranto a las empresas que represento". "No es cierto que el Municipio no sea deudor de las empresas de transporte en cuestión, ya que existen sendos reclamos de deudas atrasadas y no abonadas cuya resolución se encuentran pendientes o a la espera de ser resueltas", insistió Lischet.
"Es cierto que la ciudadanía no puede ni debe tolerar la falta de un servicio como el de transporte, pero decir que el municipio y su gestión 'es ajena a tal crisis del servicio' es falso y huir de las obligaciones legales a cargo (...) la parte incumplidora del contrato no han sido las empresas, sino el propio municipio a quien se le ha reiteradamente reclamado las deudas devengadas por éste", agregó el empresario, quien anunció el rechazo de la intimación realizada por la gestión de Romero "por incausada e ilegítima" y subrayó: "El restablecimiento del servicio depende exclusivamente de la intervención del Municipio, que debe ajustar la tarifa y debe realizar el pago de lo adeudado, a los fines de normalizar todas las variables económicas que mantienen operativa a las empresas y al servicio de transporte".
Comunicado de Buses Paraná
Por otro lado, la agrupación Buses Paraná emitió otro comunicado en el contexto del conflicto, el cual consideró que "es producto del quiebre de su ecuación económica y financiera, dado que los recursos que el mismo genera son insuficientes para sustentar la operación de los servicios diagramados".
Al igual que Lischet, insistieron en que la Municipalidad de Paraná es el titular del servicio de transporte y son los que "han diseñado los servicios y fijado las reglas de licitación y el contrato de concesión, a pesar de las cual ha cumplido sistemáticamente en cuanto a la fijación de tarifas".
No obstante, indicaron: "Las soluciones para la crisis se encontrarán por la vía del diálogo sincero y responsable, las medidas con sustento técnico y el respeto a las normas y los contratos, no en los tribunales de Justicia". Finalmente, esgrimieron: " Buses Paraná Agrupación se mantiene a disposición de las autoridades para construir los consensos necesarios para proveer un servicio seguro, regular y continuo y se disculpa con los usuarios por los inconvenientes ocasionados por una situación que reiteradamente ha denunciado, lamentablemente, sin eco en las autoridades que tienen el poder para resolverla".
Paraná, sin servicio de colectivos desde hace ocho días
Se recordará que el pasado lunes 8, a las 18 horas, UTA emitió un comunicado donde se informó que al "no haberse hecho efectivo la totalidad del pago de los haberes correspondientes al mes de marzo del año 2024 (...) se iban a retener servicios a partir de las 20.30 de ese día y se iniciaría un paro por tiempo indeterminado, a partir de las 0 horas del día 9.
A diferencia de otras oportunidades, la empresa Buses Paraná no depositó lo adeudado a los trabajadores y la medida de fuerza se extendió y profundizó con el pasar de los días. El miércoles 10 de abril se realizó una reunión de conciliación obligatoria entre la empresa, el municipio y UTA que no tuvo resultados positivos. Ese mismo día Buses Paraná había emitido un primer comunicado donde indicó que la falta de servicios era "como consecuencia de que la Municipalidad de Paraná, al determinar la tarifa vigente, realizó y aprobó cálculos económicos que distan de la realidad" y se adujo que había una deuda desde 2020 con la empresa.
No obstante, la secretaria de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, Katherina Stickel, indicó a Radio Costa que la Municipalidad de Paraná "está al día" con las obligaciones económicas para las empresas concesionarias del transporte público. Además, apuntó: "Fiscalizamos las unidades y hemos advertido una prestación muy por debajo de lo que el pedido de concesión exige (...) Este nuevo paro genera incertidumbre y molestia, pero estamos convencidos en sostener nuestra postura: el reclamo hacia el Municipio no corresponde. Se ha dicho que hay deudas y es mentira. Estamos al día y adelantamos las obligaciones en el marco de la concesión y los aportes del Boleto Estudiantil Gratuito y Universal (BEGU)".
Por su parte, los choferes nucleados en UTA acampan desde el jueves en el depósito ubicado en calle 3 de Febrero y ratificaron que no levantarán la medida de fuerza hasta tener los sueldos en sus cuentas. "Queremos que se termine esta disputa. La empresa dice que no puede pagar los sueldos porque la Municipalidad le debe la plata. Nosotros estamos en el medio de todo esto, tanto los choferes como los usuarios", había indicado a UNO Juan José Britos, secretario General de UTA Entre Ríos.
Sesión clave en el Concejo Deliberante
El Concejo Deliberante fue convocado para sesionar, desde las 12 de este martes 16, un nuevo marco regulatorio del Sistema de Transporte junto a la derogación de la actual ordenanza en la materia, que fue sancionada durante el gobierno de Sergio Varisco en 2016.
Cabe mencionar que, en febrero de este año, los ediles aprobaron por unanimidad la declaración de emergencia en el servicio del transporte y una suba del boleto a 680 pesos. La iniciativa se dio en el contexto de una retención de servicios, dispuesta por la empresa, donde los colectivos dejaban de circular desde las 14 horas aludiendo que el subsidio para combustibles no era suficiente y, además, el gobierno nacional había anunciado la remoción del Fondo Compensador del Interior. La ordenanza disponía rediseñar, en el lapso de 30 días, el sistema público de transporte, redefinir líneas, frecuencias y todas las prestaciones necesarias.