La Audiencia Nacional ha suspendido debido a la baja de un abogado la vista programada este lunes para estudiar los argumentos con los que las defensas de los acusados de los Comités de Defensa de la República (CDR) buscan anular su juicio por terrorismo, entre los que destaca la ley de amnistía.
Al inicio de la vista sobre los artículos de previo pronunciamiento (similar a las cuestiones previas), algunas defensas han solicitado el aplazamiento de este trámite al encontrarse un abogado de baja y no haber podido manifestar si se adhería a las peticiones planteadas por sus compañeros.
Tanto la Fiscalía como la acusación popular han abogado por continuar con el trámite, si bien el tribunal ha acordado suspender la vista y posponer así el estudio de los argumentos con los que las defensas piden anular su juicio al considerar vulnerados sus derechos.
Entre esos argumentos destaca la ley de amnistía, aprobada por el Congreso hace unas semanas y ahora en el Senado. Un proyecto que, según ha defendido uno de los letrados ante el tribunal, "es una certeza ya".
El abogado Xavier Monje ha pedido reflexionar si "a día de hoy se puede obviar que en seis semanas" esta ley estará en el BOE y "obligará al archivo sin llegar a juicio". "¿Vamos a seguir como si oyéramos llover?", se ha preguntado.
"No se trata de dar un riñón a cambio de dinero, sino de esperar unos días para ver si hay que entrar en quirófano", ha añadido en alusión, aunque sin decirlo, a los argumentos que esgrimió el presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, para votar en blanco al borrador contrario a la ley de amnistía que aprobó este órgano.
La falta de competencia de la Audiencia Nacional para juzgar unos hechos que, "más allá del buen o mal gusto, no pueden señalarse" como terrorismo es otro de los motivos por los que las defensas piden anular el juicio en el que la Fiscalía pide entre 8 y 27 años de cárcel para los acusados.
En declaraciones a los medios tras la suspensión de la vista, la abogada Eva Pous, del colectivo Alerta Solidaria, ha valorado que esta es una de las causas que entraría "100 %" dentro de la amnistía, aunque ha admitido que no tiene confianza plena en la Justicia.
A la Audiencia Nacional también ha acudido uno de los acusados, Eduard Garzón, que ha confiado asimismo en que su causa entre en la amnistía, pero ha considerado que el "principal problema" que existe es que "no tenemos un sistema judicial ecuánime y justo", al tiempo que ha condenado un procedimiento sin garantías suficientes.
Esta es una de las causas relacionadas con el "procés" que la Audiencia Nacional tiene abiertas por delitos de terrorismo, junto con la relativa a los disturbios atribuidos a la plataforma Tsunami Democràtic en octubre de 2019, de la que el Tribunal Supremo asumió una parte para investigar al expresidente catalán Carles Puigdemont.
A diferencia de este caso, la Fiscalía sí que ve terrorismo desde el primer momento en la causa de los CDR, acusados de integrar una facción radicalizada de estos grupos que planeó, supuestamente, acciones violentas contra sedes oficiales de Cataluña en 2019 en protesta a la sentencia del "procés".