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El Paso
jueves, 25 abril 2024 | 06:00
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El fiscal de distrito de El Paso, Bill Hicks, fincó cargos formales el martes a 140 inmigrantes acusados de "disturbios" cerca del muro fronterizo el 12 de abril, un día después de que un juez de un tribunal del condado determinara que el estado no mostraba causa probable para arrestarlos y desestimó los casos.
Hicks dijo que convocó a un gran jurado de 12 personas para revisar el caso y responder a la pregunta de si los agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) tenían causa probable para arrestar a los inmigrantes. El jurado aprobó las acusaciones, dijo.
Al menos 300 personas cruzaron una valla temporal en el lado estadounidense de la frontera el 12 de abril en un intento de entregarse a agentes de la Patrulla Fronteriza en el muro fronterizo. De ese grupo, 142 fueron acusados por oficiales estatales de un delito menor de clase B, un delito que puede resultar en hasta 180 días de cárcel o una multa de 2 mil dólares.
"Cuando llevamos el caso más amplio ante el gran jurado, presentamos el caso en su totalidad, presentamos evidencia en video de lo sucedido. Los miembros del gran jurado creyeron que, de hecho, existía causa probable", dijo Hicks durante una conferencia de prensa el martes. "Esos casos están siendo procesados ahora a través del sistema y volverán al sistema judicial como casos activos".
El juez Rubén Morales, del Tribunal de Ley N. 7 del Condado de El Paso, el lunes desestimó los casos después de revisar una declaración jurada, dictaminando que el estado no proporcionó suficiente causa probable.
Hicks reconoció que es raro presentar un caso de delito menor ante un gran jurado, que según dijo, normalmente se convoca sólo para casos de delitos graves.
"La acusación del gran jurado es esencialmente un caso completamente nuevo", dijo.
La defensora pública del condado de El Paso, Kelli Childress, dijo el martes que la oficina de Hicks no tiene pruebas contra sus clientes y dijo que la decisión de acusarlos ante un gran jurado fue "horrible".
"La gente sale de la custodia del sheriff al mediodía. Y dos días después, (Hicks) está buscando órdenes judiciales para volver a arrestarlos por un caso que un juez ya dijo que no hay causa para continuar", dijo Childress.
"No tienen testigos. No tienen pruebas", agregó.
Hicks comentó que la evidencia contra los inmigrantes acusados de disturbios "es que ese individuo es parte del grupo".
"A través del vídeo sabemos que el grupo es un grupo conciso", dijo. "Si eres parte de un grupo que está cometiendo un acto criminal, sabes que eres parte de ese grupo, sabes que el grupo ha cometido un acto criminal, entonces eres culpable del delito de disturbio".
Las declaraciones juradas presentadas por los agentes del DPS no identificaron a nadie que realmente presenciara el motín de los migrantes.
A los inmigrantes arrestados se les impuso una "detención" de inmigración federal. Un migrante con una orden de detención es liberado de la cárcel en El Paso dentro de las 48 horas posteriores a su arresto y luego entregado a las autoridades federales de inmigración.
Childress argumentó que los agentes del DPS estaban impidiendo que los migrantes, que en su mayoría procedían de Venezuela, se entregaran legalmente a los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos para solicitar asilo.
"Su capacidad de llegar a esa puerta una vez que estén en el país es su derecho. Y poner esos obstáculos es ilegal", dijo Childress, refiriéndose al alambre de púas y las cercas de alambre que la Guardia Nacional de Texas ha colocado a lo largo del Río Grande para disuadir a los migrantes de cruzar.
La litigante dijo que los migrantes ya han sido transferidos de la cárcel del condado de El Paso a la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
La cuestión de dónde alojar a los inmigrantes acusados de disturbios surgió el mes pasado después de que por supuestamente participar en una pelea separada cerca del muro fronterizo el 21 de marzo. La cárcel del condado del centro pudo albergar a los inmigrantes sólo porque un contratista Acababa de terminar el trabajo en las tuberías de aguas residuales de la cárcel y liberó tres pisos de espacio para camas un par de días antes del arresto masivo del mes pasado, según el sheriff Richard Wiles.
"No hay razón para que nuestra cárcel pague para albergar a 140 personas a más de $100 por día cuando esas personas, A, no están acusadas de ningún delito, y B, ya no han sido encontradas sujetas a esos cargos", dijo Childress.
Pero mientras estén bajo custodia federal, Childress dijo que no puede reunirse con los inmigrantes que representa. "Ni siquiera saben que tienen un abogado", dijo.
Si bien ninguno de los inmigrantes arrestados ha aceptado un acuerdo de declaración de culpabilidad, Hicks dijo que permitirá a cada uno de los inmigrantes una oferta de declaración de culpabilidad por delito menor que incluiría el tiempo cumplido.
"Y luego serían entregados a la Patrulla Fronteriza, y algunas personas serían deportadas u otras serían liberadas", dijo.
Hicks, un republicano designado para el cargo por el gobernador Greg Abbott a finales de 2022, dijo que los casos de inmigración "no son el énfasis de la Fiscalía de Distrito". Pero continuó con los casos, dijo, para disuadir a otros de provocar disturbios y "derribar barreras (y) poner en peligro vidas".
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