Durante la mañana de este martes varios diputados de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados solicitaron al gobierno más tiempo para discutir algunos temas relacionados con la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos (SII) incluso rondó la idea de que la sala de la Cámara lo analizaría la próxima semana, pero nada de eso ocurrió.
La comisión aceleró el paso durante la jornada de la tarde y logró aprobar y despachar a la sala, el proyecto de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias.
Entre los cambios que presentó el gobierno está el hecho de que se incorpora los subdirectores del SII al sistema de Alta Dirección Pública (ADP), lo que permite dotarlos de una mayor independencia en el ejercicio de su función.
Asimismo, se establecerá en la Ley Orgánica del organismo la existencia de las subdirecciones de Fiscalización, Normativa y Jurídica para que participen en las decisiones colegiadas a nivel nacional. Así, una subdirección deberá estar a cargo de la contraloría interna y otra subdirección deberá estar a cargo de las tecnologías de la información.
También se establecen nuevas decisiones colegiadas. Según la propuesta del gobierno, se crean cuerpos colegiados a nivel nacional (Comité Nacional) y regional (Comité Regional) que tendrán por función decidir sobre aquellas materias calificadas como casos relevantes o de interés institucional.
En especial, según se detalló, el Comité Nacional deberá pronunciarse sobre: presentación de querellas por sobre las 1.200 UTA; aprobación de los avenimientos extrajudiciales y decisiones que puedan tener impacto institucional, por ejemplo, aquellas que permiten unificar criterios de interpretación administrativa. A estos puntos se suman las medidas de mayor probidad funcionarias incluidas dentro del proyecto de ley.
En otro tema, la norma general antielusión logró avanzar, pero sólo con los votos del oficialismo.
Entre las indicaciones propuestas por el Ejecutivo se regula expresamente la carga de la prueba, señalando que el SII debe acreditar el abuso o simulación, pero el contribuyente es el obligado a acreditar la existencia de efectos económicos o jurídicos relevantes o que su operación está dentro de las posibilidades que otorga la legislación tributaria.
Asimismo, se regula expresamente que el contribuyente siempre conocerá la opinión del Consejo Asesor Consultivo. También se reconoce la posibilidad de presentar en juicio la opinión del CAC tanto al contribuyente como al SII. Otro cambio propuesto es que los miembros del CAC serán remunerados por sus funciones con una dieta de 50 UTM por cada terna que les corresponda conformar.
Se incorpora, dentro del sistema de elección de los 7 miembros del CAC, que 3 de sus miembros serán escogidos a propuesta de organismos externos (los otros 4 por concurso): un miembro será sobre en base a una terna propuesta por el CFA y dos miembros serán escogidos en base a ternas propuestas por el Consejo de Rectores (CRUCH).
También se aprobaron las materias relacionadas con la repatriación de capitales y la eliminación de la exención tributaria a importaciones menores a US$41 entre otras.