Buenos Aires, 6 abr (Sputnik).- No hubo una evaluación de su desempeño, ni un aviso de advertencia. Carolina Salvatore, una empleada de la Secretaría de Educación de Argentina, se enteró el 27 de marzo de que había sido despedida a través de una notificación en su cuenta institucional.
«Fue terrible», reconoce esta joven de 24 años a la Agencia Sputnik. «Estaba cursando en la facultad cuando de repente empecé a leer el grupo de Whatsapp de mis compañeros de trabajo, que contaban que les había llegado el telegrama. Abrí mi correo y me largué a llorar».
Las tareas de Carolina dentro de la Secretaría, que era un Ministerio hasta que el área fue degradada por el Gobierno del presidente Javier Milei, se desenvolvían en torno a las Becas Progresar, una ayuda dirigida a estudiantes de entre 16 y 24 años para que completen su formación educativa.
«Mi trabajo consistía en hacer informes oficiales del programa, de difusión; trabajaba con grupos de vulnerabilidad, atendía a referentes jurisdiccionales y a las instituciones de cada una de ellas y también hablaba con becarios», narra la joven.
Aunque el curso lectivo comenzó en marzo, las Becas Progresar que beneficiaron a 1,5 millones de estudiantes el año pasado, están paralizadas. «Teníamos preparados todos los procesos para comenzar en tiempo y forma, pero el programa no ha arrancado, a falta de una dirección», puntualiza. «Me consta que en otras dependencias también hay falta de autoridades. En Educación, el que vendría a ser el secretario, (Carlos Torrendell), jamás se presentó».
Esta ciudadana argentina, que estaba contratada como personal de planta transitoria y cobraba 350.000 pesos mensuales (unos 350 dólares), queda sin ingresos para hacer frente a un alquiler de 180.000 pesos (180 dólares), por un solo ambiente, en un contexto de altísima inflación. «Yo vivo sola y, gastando poco, no estaba llegando a fin de mes. No sé cómo voy a hacer», reconoce.
Desmantelamiento de estructuras
Como Carolina, 15.000 trabajadores públicos vieron rescindidos sus contratos desde el 31 de marzo, dentro de un Estado en el que predominan los empleos precarios o temporales.
Es el caso de Valeria Villalba, que fue despedida junto a otros diez compañeros del Equipo de Relevamiento y Análisis de los archivos de las Fuerzas Armadas.
Este grupo, bajo la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, era responsable de analizar y responder los requerimientos judiciales en causas relacionadas con los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura cívico-militar (1976-1983).
Desde 2010, el Equipo examinaba la documentación de las Fuerzas Armadas para brindar información que pudiera ser relevante en los juicios. Durante estos 14 años, aportaron más de 160 informes que contribuyeron a juzgar a decenas de genocidas. En la actualidad, investigaban la documentación relacionada con 30 causas de lesa humanidad.
«En mi caso fue un doble despido, porque fui echada en 2017, reincorporada en 2022 y despedida otra vez el 27 de marzo», comparte. «El director de la Dirección Nacional, Lucas Erbes, y el asesor legal, Jerónimo Pèrés Vieyra, se acercaron a nuestro espacio de trabajo y nos informaron de que estábamos despedidos por decisión del ministro de Defensa, Luis Petri, y del secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Claudio Pasqualini», agrega.
En este equipo, que aportaba documentación sobre las Fuerzas Armadas para esclarecer los crímenes del terrorismo de Estado quedan contratadas tres personas. Es un área desmantelada.
«Nuestro trabajo era dar respuesta a los requerimientos del Ministerio Público Fiscal y a diferentes dependencias del Poder Judicial en las causas por delitos de lesa humanidad, nacionales e internacionales», detalla Valeria. «Trabajamos en proyectos destinados a ampliar el acceso a la sociedad a documentos de las Fuerzas Armadas, al análisis, la clasificación, la puesta en consulta», añade.
A partir de ahora, las Fuerzas Armadas asumirán este trabajo, que era realizado en su totalidad por profesionales civiles, lo que podría representar un conflicto de intereses, aclara esta socióloga de 43 años, que ahora debe hacer frente a un alquiler sin ahorros a los que recurrir.
«Además, se pierde el trabajo técnico y la formación. No es fácil descifrar archivos burocráticos: no vamos a encontrar documentos sobre centros clandestinos de detención o listas de desaparecidos; es un trabajo minucioso de reconstrucción, de cruzar documentos. Aunque la Fuerza lo quiera hacer, no tiene profesionales que puedan dedicarse a esa tarea», explica.
Desde que asumió la actual gestión, el Equipo de Relevamiento y Análisis fue impedido de examinar documentos con datos sensibles del Ejército, como legajos o historias de familia. «En estos 14 años, nunca nos había pasado de no tener acceso a la documentación directa dentro de los archivos. Esa documentación queda en manos de las Fuerzas y van a dar respuestas militares, no civiles», lamenta Valeria.
Pero la desintegración de estas labores son, por sobre todo, una pérdida para la sociedad argentina. «Es un derecho que se pierde de acceso a la verdad y a documentos muy importantes para la historia argentina, como es el accionar de las Fuerzas Armadas. No está todo desclasificado», advierte la mujer. «Es un retroceso y un ocultamiento de información para los juicios de lesa humanidad, porque son centrales para muchas causas que están en curso».
Protesta en pie
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el principal sindicato que reúne a los empleados de la administración pública en Argentina, lideró el viernes un paro nacional en todo el territorio en protesta por los 15.000 contratos dados de baja.
Pedro Lynn, secretario gremial de la sección de capital del gremio, asegura a este medio que «no hubo un criterio unificado para seleccionar a los despedidos, sino una orden muy firme de Presidencia y jefatura presionando a las autoridades para que entreguen nóminas».
En algunas dependencias públicas, los despidos alcanzan al 20 o 30 por ciento del personal.
«Ante eso, cada organismo tuvo que resolver en la mayoría de los casos, sin ningún tipo de criterio racional, pues la mayoría de las autoridades no están nombradas todavía y no tienen posibilidades de definir criterios de rendimiento laboral», observa.
Desde la presidencia que ejerce el líder de La Libertad Avanza (ultraderecha) hubo una orden de reducir la planta de contratados en un 20 por ciento, precisa el referente gremial. La excepción fue la Secretaría de Agricultura, que se deshizo de 900 de sus 1.000 empleados.
«La magnitud de los despidos es relativamente parecida entre los organismos, con mayor impacto en lo que fue el Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría de Niñez, la Agencia de Seguridad Vial, la Agencia de Discapacidad, el Servicio Meteorológico Nacional o el Instituto Geográfico Nacional», detalla Lynn.
El 31 de marzo vencían unos 70.000 contratos de la administración pública y el Gobierno informó que los que no fueran rescindidos tendrían una prórroga por tres meses más para evaluar su continuidad. Milei los da por despedidos.
Desde que asumió la presidencia en diciembre, su Ejecutivo lleva adelante un importante plan de ajuste para alcanzar el equilibrio fiscal y reducir la inflación, lo que ha llevado a una severa reducción del gasto público y a una licuación de los ingresos en un contexto de recesión. (Sputnik)