El anuncio por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de renunciar al desdoblamiento del bypass a su paso por Sagunt no pilló por sorpresa al ayuntamiento, que llevaba "muchos meses de negociaciones" para evitar que esta vía se acercara al núcleo urbano. Sin embargo, resulta muy llamativo que la confirmación se produjera justo un mes después de que la Audiencia Nacional resolviera a favor del Estado el recurso presentado por el consistorio de la capital del Camp de Morvedre para que los tribunales frenaran esta infraestructura.
Esta demanda se remonta a mayo de 2018, cuando los servicios jurídicos municipales litigaron contra la aprobación del expediente de información pública y el estudio informativo de esta circunvalación exterior de València. Además de reclamar su "nulidad e ineficacia", el ayuntamiento solicitaba que se diera por caducada la declaración de impacto ambiental (DIA), a la que se había dado luz verde en febrero de 2015 por la secretaría de Estado de Medio Ambiente.
Además de alguna controversia procedimental, el consistorio alegaba que este proyecto, impulsado desde 2003, no solo era perjudicial para los vecinos de Sagunt, sino que era contrario a la Ley General de Carreteras, al no motivar la aprobación del estudio informativo y provocar así la indefensión municipal.
Vigencia de la DIA
Por su parte, la Abogacía del Estado se defendió de los retrasos por la complejidad del proyecto y argumentó que el ayuntamiento no había recurrido el estudio informativo del bypass ni la DIA, además de añadir que esta última seguía vigente.
Frente a estas posturas, la sección octava de la sala contencioso-administrativa de la Audiencia Nacional centra la controversia en el estudio informativo sobre el que concluye que "cumple todas las exigencias normativas", sin ser suficiente que el ayuntamiento alegue "los efectos negativos que tendría sobre la urbanización del Pla del Bou" y la "conectividad viaria" del municipio, con una justificación "manifiestamente defectuosa e insuficiente".
Según la sentencia, el Ministerio de Transportes "respondió a las alegaciones" del ayuntamiento y "justificó la alternativa seleccionada", así que no solo acaba por desestimar el recurso municipal, sino que impone al consistorio el pago de las costas procesales que, "habida cuenta del alcance y la dificultad de las cuestiones suscitadas", fija en un máximo de 3.000 euros.
200 viviendas amenazadas
Sin entrar a valorar este pronunciamiento judicial, que tampoco se trató en la reunión de este miércoles entre las dos administraciones, desde el gobierno municipal insisten en que la ejecución del proyecto tal y como estaba planteado "implicaba la desaparición de unas 200 viviendas del Pla del Bou, atravesaba los campos de fútbol Xulla-Vicent Graullera y afectaba directamente al colegio de educación especial Albanta".
Estas mismas fuentes añaden que "evidentemente, cuando trasladamos estas cuestiones, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible mostró su voluntad de buscar una opción técnicamente viable, que diese respuesta a la necesidad de ampliar la capacidad viaria, pero no a costa de acercar esta infraestructura a la ciudad. Verbalmente, habían mostrado su compromiso, pero esta semana nos confirmaron que el proyecto se descartaba y se sustituía por esa ampliación en dos carriles de la AP-7".
Administraciones "de la mano"
Pese a mantenerse el pulso judicial hasta el final, desde el Ayuntamiento de Sagunt señalan que detrás de esta marcha atrás está que "ambas administraciones vamos de la mano. El Gobierno de España es plenamente consciente del potencial de Sagunto como municipio en expansión, a todos los niveles, y siempre ha demostrado sensibilidad con nuestras demandas. Somos dos gobiernos totalmente alineados. Está claro que el crecimiento económico de Sagunto supone también el de la Comunitat Valenciana e, incluso, el de España, así que las mejoras en las infraestructuras del municipio tienen un impacto positivo en el avance y el desarrollo de nuestro país".
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