Los datos que se difundieron los primeros días de abril son elocuentes: las ventas de comercios cayeron 12,6% en marzo; y en lo que va del año, esa retracción acumula un 22,1%, según reveló la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came).
Estas cifras van en sintonía con otra relevada por el Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos), que en su última medición sobre ventas en supermercados halló una caída interanual de 13,6%.
A eso se agrega lo sucedido con el índice construya (IC), que mide la evolución de las ventas de los grandes proveedores de la construcción: registró una baja del 11,2% mensual desestacionalizada y se mantuvo un 40% por debajo del nivel de marzo de 2023.
En Córdoba, en particular, la situación no cambia y suma otros indicadores; por ejemplo, el de la venta de autos usados. En marzo se transfirieron en Córdoba 13.149 vehículos, 23,9% menos que en el tercer mes de 2023, según datos preliminares de los registros de propiedad automotor.
Así, el acumulado del primer trimestre sumó la transferencia de 39.638 unidades, 14% menos que en el período enero-marzo de 2023.
No es de extrañar, entonces, que los ingresos totales del Gobierno provincial hayan caído un 18% en marzo, en términos reales.
Si bien en todo el último año la recaudación de Córdoba venía en retroceso, lo que al principio era un leve descenso se convirtió en derrumbe desde diciembre, y en marzo tocó un piso que no se veía desde la cuarentena por la pandemia de Covid-19.
Todo esto sucede mientras los costos, en especial los de los servicios públicos, siguen actualizándose luego de un largo período de controles estatales.
Lo mismo sucede con el aluvión de subas de las prepagas o las matrículas de escuelas privadas, lo que también ayuda a explicar en parte la caída del consumo: muchas familias se ven obligadas a hacer malabares para enfrentar gastos básicos.
El salario, que desde hace años –en especial, en los últimos meses– corre una carrera imposible contra la inflación, obliga a las familias a reasignar prioridades. Y eso significa, en definitiva, elegir qué se deja de pagar o de consumir.
Y si bien es el Estado nacional el que dispone las reglas básicas de la macroeconomía, tampoco se puede dejar de mirar con preocupación cómo los demás niveles estatales –municipales y provinciales– acompañan la suba de tasas, servicios e impuestos que impactan de manera directa en esta realidad.
Es cierto que Argentina había llegado a un estado de situación insostenible, que hacía inviable cualquier tipo de crecimiento genuino. Pero las medidas que se propicien, si bien pueden ser radicales en relación con un necesario cambio estructural, no deben sobrepasar un límite que implique un punto de no retorno. Una empresa que cierra, por ejemplo, difícilmente reabra sus puertas en el futuro, aun en el supuesto de que la situación macroeconómica mejore.
Más que nunca, se requiere equilibrio, consenso y planificación metódica para que el impacto de volver a ser un país en crecimiento no deje a tanta gente en el camino.