La posibilidad de compatibilizar trabajo y pensión suele ser algo muy apreciado por los sindicatos y bien aceptado por las empresas, pero en cambio suele topar con la reticencia de una Administración que teme los costes que le va a suponer. Este posicionamiento previo permite entender mejor que el esperado planteamiento del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social sobre cómo reformar la jubilación parcial anticipada, una vez ha llegado, haya provocado el rechazo de los sindicatos. Lo planteó el ministerio en la mesa de diálogo social de este lunes, y la interpretación de UGT y de CC.OO. es que supone un recorte de derechos.
No hubo propuesta formal, pero sí un documento con las líneas maestras de la reforma al que ha tenido acceso La Vanguardia , y en el que se dificulta especialmente el acceso a la jubilación parcial anticipada en el sector manufacturero con contrato relevo. En este caso, se reduce a tres años el máximo para adelantar la jubilación respecto a la edad legal, cuando actualmente son cuatro, se limita la reducción de jornada a un máximo del 50% en caso de una anticipación de 36 meses, además de aplicar coeficientes reductores de cuantía y de que no se recalculará la pensión una vez el trabajador tenga acceso a la jubilación plena. Es decir, una serie de factores que hacen más difícil y menos atractivo acudir a esta jubilación parcial anticipada. Se le añaden otras condiciones, como que la empresa que lo aplique disponga de un 85% de contratos indefinidos.
Tres años máximo de adelanto, coeficientes reductores y no recalcular la pensión son algunas novedades
"La propuesta queda lejos de nuestras expectativas, y consideramos que recorta derechos, no solo para la industria manufacturera, allí donde existe con contrato de relevo garantizado, sino también en otros sectores", afirmó Cristina Estévez, secretaria de Política Institucional de UGT, que añadió que "es una pérdida de oportunidad para el rejuvenecimiento de las plantillas y para una salida flexible y pausada del mercado de trabajo". También Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas de CC.OO., dijo que "el planteamiento general dista mucho de estar en los términos de un posible acuerdo", para añadir que "tiene algunos elementos interesantes y otros que directamente disminuyen los derechos de acceso a esa regulación y generan elementos de penalización que no compartimos".
Respecto a la jubilación parcial anticipada para sectores distintos del manufacturero, la propuesta mantiene los dos años de adelanto máximo sobre la edad legal de jubilación y se establecen algunos cambios respecto a las condiciones de acceso.
Para la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, se trata de "garantizar un régimen de compatibilidad efectiva de trabajo y pensión que preserve la calidad del empleo de los relevistas y que equilibre el coste que esta modalidad de pensión tiene para el sistema", según manifestó en su intervención en la comisión del Pacto de Toledo.