El Gobierno asumirá aquellas competencias suprimidas por la coalición PP-Vox en Aragón, como los mapas de fosas o los lugares y rutas de memoria y, en general, incluirá «de oficio» en la ley estatal de Memoria Democrática todo lo que los ejecutivos autonómicos del PP y Vox eliminen de sus leyes de «concordia», como prevén en Castilla y León y Comunidad Valenciana.
Tras el Consejo de Ministros que ayer abordó el informe jurídico que sentará las bases del recurso del Gobierno central contra la derogación de la Ley de Memoria Democrática en la comunidad del popular Jorge Azcón, el ministro del ramo, Ángel Víctor Torres, compareció ante la prensa para volver a ofrecer un acuerdo al Ejecutivo del PP, que ya advirtió el lunes que no entablará una negociación sobre este caso, lo que aboca al anunciado recurso ante el Tribunal Constitucional (TC).
De cualquier modo, Torres anunció los pasos a seguir para intentar llegar a un entendimiento previo cuando el ministerio convoque formalmente a una comisión bilateral para abordar este desacuerdo. En primer lugar, se va a activar el procedimiento previsto en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), que contempla el diálogo con las comunidades autónomas para resolver discrepancias competenciales y evitar recursos de inconstitucionalidad.
La idea, según el ministro, es «sentarnos con Aragón para llegar a un acuerdo y que su nuevo texto respete la Ley de Memoria». Si la región en manos de Jorge Azcón «no lo acepta o despues de los seis meses preceptivos no hay acuerdo, el Gobierno de España acudirá al Constitucional».
Sin embargo, unas declaraciones de la portavoz del Gobierno de Aragón fueron concluyentes. Mar Vaquero defendió que la derogación fue «jurídicamente intachable» y dejó claro que no van a participar en una «farsa instrumentada», por lo que declinarán la negociación con el ministerio.
Ángel Víctor Torres deploró que «la condena de la dictadura desaparece de la ley», lo que considera una «imposición de la ultraderecha que acepta el PP», aunque los de Abascal obligan a «rectificarse de lo que en su momento dijeron», porque «muchísimas de las enmiendas que el PP presentó siendo presidente Lambán fueron aceptadas». Y «ahora, el PP, con la imposicion de Vox», apuntó el ministro, «elimina aquello que, en su momento, contó con su voto. Estamos en un mecanismo de involución, que va en contra de lo que debiera ser el avance democrático de nuestro país». El responsable de Política Teritorial y Memoria Democrática cree que en la práctica iguala la dictadura con la II República.
Según los servicios jurídicos del Ministerio de Memoria Democrática, la ley de derogación aprobada en febrero por el Parlamento aragonés supone «una vulneración de la Constitución, de los derechos humanos, del derecho internacional, de las resoluciones de Naciones Unidas y de los convenios internacionales».
Torres hizo referencia a la eliminación de la disposición que homenajeaba a los aragoneses que perdieron la vida en los campos de concentración nazis, del mapa de fosas comunes y del inventario de lugares y rutas de memoria.
El ministro aseguró además que en todo caso el Gobierno continuará con las exhumaciones, porque «la recuperación de las victimas que están en fosas comunes es un principio irrenunciable y una reclamación justa».
Anunció también que llevará al Consejo de Ministros del próximo 23 de abril el acuerdo que establece la Ley de Memoria Democrática para crear una comisión de trabajo sobre la Memoria y la Reconciliación con el Pueblo Gitano en España. La disposición adicional duodécima de la norma establece la constitución de esa comisión a propuesta del titular del departamento competente –actualmente el propio Torres– «en el plazo de seis meses» –que se cumplió hace un año, en plena precampaña de las autonómicas y municipales, siendo responsable de esta materia Félix Bolaños–.
Ese 23 de abril se esperan asimismo novedades respecto al renombrado Valle de Cuelgamuros, enclave cuya «resignificación» está pendiente.
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