La Dirección Regional Metropolitana de Gendarmería ha instruido la suspensión de todos los permisos al personal, determinando además la imposibilidad de que salgan de la región. La razón de ello obedece a que próximamente se pondrá en marcha un sistema que bloqueará la señal de celular en el recinto Santiago 1.
Se trata de una señal elocuente respecto de la delicada situación que se vive en las cárceles del país, donde resulta evidente que la existencia de numerosas bandas que operan al interior de los recintos -se ha estimado que hay unas 600 que están activas-, junto a la presencia de reos de alta peligrosidad, fundamentalmente asociados al crimen organizado, a lo que se unen las graves condiciones de hacinamiento que existen en el sistema carcelario -el porcentaje de ocupación ronda el 120%-, están llevando a que cada vez resulte más complejo para el personal de Gendarmería asegurar la adecuada mantención del orden.
Los gendarmes son quienes resienten de mayor manera estas riesgosas condiciones de trabajo, tal como lo ilustró un reportaje publicado por este medio, donde se puso de relieve la escasez de personal que se observa en algunas zonas del país -particularmente en las regiones del norte-, así como la mayor prevalencia de enfermedades mentales a las que se ve expuesto el personal de dicha institución. Es fundamental atender a la realidad que viven estos funcionarios, porque en la medida que estos no cuenten con las condiciones elementales para desempeñar su quehacer todo el sistema penitenciario se ve resentido.
Es un hecho que el fuerte aumento de la población penal ha sobrepasado con creces las capacidades establecidas. Se estimaba que en 2024 se alcanzarían los 50 mil internos, número que ya fue sobrepasado en 2023, estimándose que el total de reos en el país ya supera los 54 mil. En ello han incidido una serie de factores, entre ellos el aumento de las prisiones preventivas -actualmente hay cerca de 20 mil personas en esta condición-, lo que si bien amerita una revisión en la forma como se ha venido aplicando esta medida cautelar, lo cierto es que tratándose de medidas dictadas por los tribunales el Estado debe asegurar su correcta ejecución.
Pero el mayor peligro parece estar en los reos de alta peligrosidad, considerando el explosivo aumento de casos relacionados con el crimen organizado. Las recientes experiencias que se han visto en las cárceles de Rosario (Argentina), o en Ecuador, donde los carteles han desplegado todo su poder para desafiar al Estado, hace necesario no solo dotar con mayor personal de Gendarmería a las cárceles, sino en ampliar el número de recintos que cuenten con medidas de seguridad reforzadas.
En el pasado reciente se dieron señales muy contradictorias al poner en cuestión el modelo de cárceles concesionadas. El gobierno acertadamente ha decidido retomar esta política con ciertas reformulaciones, para lo cual llevará a cabo una serie de licitaciones en distintos puntos del país. El Ejecutivo también se ha abierto a la implementación de cárceles especializadas en crimen organizado, lo que parece ir en la dirección correcta para evitar que reos de menor peligrosidad se mezclen con este tipo de delincuentes y se inhiba que sigan operando desde las mismas cárceles. Es una clara prioridad para la política pública, que no puede seguir demorando las soluciones para una crisis potencialmente muy peligrosa.