Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha interpuesto una querella contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, y contra el fiscal de delitos económicos Julián Salto por la revelación de datos secretos de los que tuvieron conocimiento por razón de sus cargos y que se referían a la investigación tributaria abierta a Alberto González.
Esa investigación, iniciada por la Agencia Tributaria, dio lugar a la presentación de una denuncia firmada por Salto y a la apertura el pasado 20 de marzo de unas diligencias penales que tramita el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid por delitos fiscales y de falsedad documental.
La querella de González Amador ha sido interpuesta ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, cuyo presidente, Celso Rodríguez Padrón, ha asumido la ponencia.
La Sala ya ha dado traslado de la querella a la Fiscalía Superior de Madrid para que informe sobre su admisibilidad. Si el TSJM acepta tramitarla, se abrirá un proceso penal a Rodríguez y Salto y se nombrará a un instructor que dirigirá la investigación contra ellos.
La fiscal superior se abstiene
La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, ha dirigido un escrito al fiscal general, Álvaro García Ortiz, comunicándole que ella debe abstenerse de intervenir en todo lo relativo a la querella de González Amador por concurrir la causa legal consistente en "haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo".
Lastra intervino en el proceso interno de la Fiscalía que culminó con la difusión pública de una Nota informativa sobre González Amador, con la que la fiscal superior no estaba de acuerdo.
Esa Nota informativa es la base de la querella promovida por la pareja de Díaz Ayuso. Fue difundida en la mañana del pasado 14 de marzo, después de que algunos medios publicaran que la Fiscalía había "ofrecido un pacto" a González Amador para que admitiera los delitos fiscales que se le atribuyen.
La información era falsa y se basaba en una versión manipulada de un correo electrónico enviado por el fiscal Salto al abogado de González Amador el 12 de marzo, con posterioridad a la presentación de la denuncia del Ministerio Público en los Juzgados.
En realidad, había sido el abogado de Alberto González el que el 2 de febrero propuso un pacto al fiscal admitiendo por escrito que "ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública".
La versión que dieron algunos medios no solo atribuía al fiscal el ofrecimiento de un pacto sino que añadía que luego había habido "órdenes de arriba" para que no se llegara a un acuerdo que evitara el juicio al novio de Ayuso, lo cual también era falso.
La Nota informativa, encabezada por la Fiscalía Provincial de Madrid que dirige Pilar Rodríguez, tenía la finalidad de dejar clara la actuación del Ministerio Público y, para ello, optó por detallar, con fechas, horas y frases entrecomilladas, el intercambio de correos electrónicos entre la defensa de González Amador y el fiscal Salto.
De acuerdo con la querella presentada contra Rodríguez y Salto, la Fiscalía reveló en esa nota datos relativos a los contactos mantenidos con González Amador y al contenido de los mismos, datos que tenían el carácter de secreto por referirse a presuntas responsabilidades penales objeto de investigación.
Los delitos
La querella, elaborada por un reputado bufete penalista, atribuye a la fiscal jefe de Madrid y al fiscal Julián Salto dos delitos, descritos en los artículos 417 y 197 del Código Penal.
El primero es un delito contra la Administración Pública que castiga a "la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados".
En este caso, la revelación afectaría a secretos de un particular, lo que sitúa la pena mínima en dos años de cárcel, además de suspensión de empleo o cargo público por un tiempo de uno a tres años.
El segundo es un delito contra la intimidad. En este caso, castigaría con una pena mínima de prisión de dos años la difusión de datos reservados de carácter personal.
Reunión con García Ortiz
La querella también menciona al fiscal general, Álvaro García Ortiz. Aunque no es querellado (en ese caso, la acción penal hubiera debido presentarse ante la Sala Penal del Tribunal Supremo), sí se apunta a su intervención relevante en cuanto a la necesidad de elaborar y difundir la Nota informativa.
Se menciona, en concreto, la reunión que García Ortiz mantuvo en la mañana del 15 de marzo con la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, y con el decano de los abogados de Madrid, Eugenio Ribón, dado el malestar generado entre los abogados por la difusión de los contactos entre un letrado y la Fiscalía en el ámbito de comunicaciones relacionadas con una posible sentencia de conformidad.
En esa reunión, a la que también asistió Pilar Rodríguez, el fiscal general explicó la actuación de la Fiscalía de Madrid.
Sus explicaciones no convencieron. El Consejo General de la Abogacía difundió por la tarde de ese mismo 15 de marzo una declaración institucional en la que indicó que "la difusión del contenido concreto de comunicaciones, en este caso correos electrónicos, intercambiadas entre el Ministerio Fiscal y la defensa de un investigado supone una clara vulneración de la garantía de confidencialidad en las comunicaciones entre las partes que el Pleno [del Consejo General de la Abogacía] rechaza y condena.
Añadía que "es legitimo" que el Ministerio Fiscal informe cuando se cuestiona su actuación. Pero ello "no puede exceder de las facultades de información que atribuye a la Fiscalía su Estatuto" y debe "respetar, en todo caso, el Protocolo de conformidades suscrito entre el Consejo General de la Abogacía y el Ministerio Fiscal para impedir que se puedan revelar datos que pueden perjudicar la posición del investigado en el proceso".
El Colegio de Abogados de Madrid, por su parte, interpuso el 18 de marzo una denuncia por revelación de secretos "contra ignorados miembros del Ministerio Fiscal" que, pese a tener fuero ante el Tribunal Superior de Madrid o ante el Tribunal Supremo, fue presentada en los Juzgados de Plaza de Castilla.