Si usted cree que para abatir la corrupción lo que falta es darle más poder a una sola persona, el día de ayer fue un buen día, pues desde la campaña de Claudia Sheinbaum proponen justo eso, que la titular del Ejecutivo tenga más poder y herramientas en esa lucha.
Si, por el contrario, usted es de los que creen que, sobre todas las cosas, abrir la puerta a la discrecionalidad de que la jefa máxima del gobierno incida en qué se investiga y qué no, entonces ayer tuvo un mal lunes: la candidata puntera no coincide con usted.
Ya vendrán distintas voces especializadas a decir lo que les parece condenable o rescatable de lo que ayer Javier Corral presentó, a nombre de la candidata de Morena a la Presidencia, como estrategia de Estado en contra de la corrupción.
En lo que eso llega a plenitud, un apretado resumen sería el siguiente: el presidente López Obrador es muy honesto, muy, pero ni así alcanzó para combatir adecuadamente el flagelo que, en efecto, lastra a México desde tiempos inmemoriales. Por tanto, decretaremos nuevos derechos y un pacto, y dar más poder a quien encabece el Ejecutivo.
El diagnóstico, no sin sorpresa pues hablamos de la campaña que dice que ya no hay corrupción, parte de culpar la aún existente a insuficiencias institucionales, aberraciones jurídicas, pendientes añejos (notarías), resistencias de poderes judiciales, descoordinación entre instancias y, como ya es costumbre lopezobradorista, penas bajas.
La propuesta, por otra parte, insiste una y otra vez en apostar a la tecnología la posibilidad de hacer maravillas en todo tipo de tentaciones. La tecnología nos hará honestos, podría decirse que dicen. Eso y, una vez más, reinventar el hilo negro: nuevo sistema anticorrupción.
Algo del viejo IEPES sobrevoló ayer el evento morenista. Quieren reformular todo a pesar de que todo han tenido seis años y no hay manera de que, a pesar de la promesa empeñada por AMLO en 2018, puedan justificar nada ejemplarmente sancionados casos como el de Segalmex, o la incipiente (es un decir) investigación en las denuncias periodísticas de abusos en el Tren Maya o la opacidad de la Sedena.
Y como en aquellos tiempos (los del IEPES) que uno creía idos, ahora el oficialismo dice que se debe reformular todo un sistema (también Peña quiso borrar la Función Pública) para crear nuevas agencias, como un zar (zarina) anticorrupción, dependiente de la Presidencia.
Ese enfoque materializaría de jure lo que ocurrió de facto desde 2018: quien está en Palacio Nacional decidirá la suerte de cualquier denuncia sobre presunta falla o delito ocurrido en algún espacio de la administración pública que esa misma persona coordina.
Desde que asumió la Presidencia, Andrés Manuel ha sido el gran árbitro que decide qué o qué no se investiga o persigue. La fiscalía anticorrupción es un ente sin protagonismo, la UIF, una instancia para revanchas y pesquisas a modo, etcétera. Y la Secretaría de la Función Pública, una entelequia.
Ayer hablaron de cambiar todo un entramado. Si ganan, y si cumplen, bienvenidos a una especie de 1982, donde podría haber una cacería de brujas, por supuesto que de otros partidos antes que de Morena, porque el oficialismo, ayer nos recordaron, no tiene gente deshonesta.
Dos cosas que hubiera sido bueno escuchar más enfáticamente este lunes: qué hacer con la enorme corrupción en las elecciones, que es donde los partidos y futuros gobernantes se entregan a previsibles casos de corrupción.
Y transparencia que empodere ciudadanos, no como ardid gubernamental. Pero quieren desaparecer el Inai.
¿El lunes fue un buen día para usted?