La Justicia ordenó la inhibición general de bienes del expresidente Alberto Fernández y pidió que se levante su secreto fiscal y bancario en la causa seguros. La medida dictada por el juez Julián Ercolini en la noche del martes dispuso "el congelamiento de todas las inversiones y plazos fijos".
Además, el magistrado ordenó investigar datos sobre "si han adherido, aún de forma condicional, alguno de los sinceramientos fiscales y/o al sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional y/o extranjera y demás bienes en el país y en el exterior, incluyendo también a sus familiares".
En la misma línea le solicitó al Banco Central, que le requiera "información a entidades bancarias, financieras, agencias y casas de cambio" respecto de Alberto Fernández retrotraída al 2009.
La misma abarca "la totalidad de operaciones pasivas tales como números de cuentas corrientes y/o cajas de ahorro en pesos y/o en moneda extranjera, como también los extractos con los movimientos desde su apertura a la fecha".
También "la documentación obrante en las respectivas carpetas de clientes, legajo comercial o legajo legal", con el fin de "contar con toda la documentación presentada por el cliente al solicitar el producto", consigna la agencia NA.
La orden dictada por el juez comprende incluso "cuentas que estén cerradas en la actualidad y/o que no hayan registrado movimiento".
La información pedida desde la justicia abarca "operaciones de plazo fijo en pesos y/o moneda extranjera; operaciones activas crediticias de cualquier índole (préstamos hipotecarios y prendarios, descuentos de documentos; transferencias ordenadas o recibidas y/o giros emitidos y recibidos". En el caso que se detecte la posesión de cajas de seguridad, "deberá proceder a franjar" e impedir el acceso a ellas.