Casi una década después, por fin ha llegado la hora de enjuiciar al Dioni de Almensilla. Por el paralelismo de su historia con la del auténtico Dioni, aquel vigilante privado que en 1989 atracó un furgón blindado con 298 millones de pesetas y después se fugó a Brasil, así es como se conoce a Julio Mateos Palacios. Sólo que él presuntamente no robó a ninguna entidad privada sino a unas 600 familias, la mayoría compuestas por personas de avanzada edad, y que no huyó a Brasil sino a la República Dominicana. Y lo que les quitó fue el dinero que fueron aportando para que el barrio donde vivían, el Sector F de esa localidad del Aljarafe, fuese dotada con todos los servicios básicos. La Fiscalía cifra el supuesto desfalco en casi 2,7 millones y pide seis años de prisión y una multa de 7.200 euros para Mateos, que era el tesorero de la junta de compensación del Sector F. Es decir, el organismo que coordinaba los ingresos para llevar agua y luz a esa urbanización. También reclama cuatro años y medio para el entonces presidente de la junta de compensación, el concejal socialista Ismael Perea, y un año menos un día para un auditor. Está previsto que el juicio, que empieza este miércoles en la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, dure nueve sesiones y acabe el 20 de mayo.
En su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía considera que Dioni y Perea son coautores de un delito continuado de apropiación indebida, mientras que el auditor es considerado cómplice de unos hechos ocurridos entre 2009 y 2015. Los dos primeros, que eran "los únicos autorizados con su firma para disponer mediante cheques de los fondos de la junta de compensación", se dedicaron a "detraer" ese dinero "de común acuerdo". Para ello, según la acusación pública, libraron cheques a su favor y aportaron a sus respectivos patrimonios 2.466.506,85 euros.
El desfalco se desarrolló en dos fases, según el fiscal. Hasta 2012 actuaron conjuntamente y desde entonces hasta 2015 el Dioni obró "solo" aunque con colaboración de otras personas. Hay que tener en cuenta que Perea cesó en el cargo el 22 de diciembre de 2012 y su sucesor como presidente "no dispuso de firma autorizada para disponer de los fondos".
En el primer periodo, establece el Ministerio Público, Perea cobró 301.695,32 euros a través de 33 cheques por distintos importes, mientras que Mateos ganó 1.941.204,34 euros a través de siete cheques cobrados por él mismo y otros 42 a favor de Asema, la mercantil de la que era administrador único y gestor. En la segunda fase, el único con firma autorizada para disponer de los fondos era el Dioni y lo "aprovechó para continuar detrayendo a su favor" hasta un total de 223.607,19 euros, según el escrito.
"Con el fin de enmascarar sus actos", prosigue el fiscal, el principal acusado contó con la "colaboración" del auditor Juan Carlos Navarro, con quien tenía una doble relación empresarial y de amistad "de tiempo atrás" porque era el apoderado y el gestor del bufete de su mujer, que además representaba a la junta de compensación en los procedimientos judiciales en que esta figuraba como parte demandada. Siempre según el fiscal, ambos se concertaron para emitir talones con "sobrecoste a los servicios previamente pactados", lo que "contribuyó a que el tesorero se apoderara de más fondos de la junta".
Además de las penas de prisión, la Fiscalía también solicita que las víctimas de la junta de compensación del Sector F sean indemnizados con 2.649.172 euros: Mateos sería responsable civil directo de 2.164.811,53 euros, Perea respondería de 301.695,32 y Navarro, de 182.665,15 euros.
A mediados de mayo de 2015, el propio Dioni de Almensilla reconoció en un correo electrónico que se había apropiado de dinero de los parcelistas. Acto seguido huyó a la República Dominicana, donde fue detenido en 2016. Procesado a principios de 2019, en mayo quedó en libertad provisional después de pagar una fianza de 40.000 euros. Para entonces ya llevaba tres años en prisión provisional. En abril de 2021, la magistrada que mandó el caso a juicio le impuso una fianza de casi 2,9 millones de euros. El resarcimiento económico a las víctimas será una de las claves del juicio.