El Gobierno de Luis Arce anunció este jueves que no descarta investigar como un posible caso de trata de personas lo ocurrido con los 69 bolivianos que llegaron a España en un crucero, pero no pudieron desembarcar por falta de visados para ingresar al espacio Schengen.
El viceministro de Gestión Consular, Fernando Pérez, explicó a los medios sobre las gestiones que realiza la Cancillería para apoyar a los connacionales varados en el Puerto de Barcelona (nordeste de España).
Según Pérez, el cónsul boliviano en Barcelona, Martín Bazurco, «está haciendo seguimiento in situ» del proceso de trámite migratorio del grupo, «pero habrá que ver con cada persona cómo ha adquirido el pasaje, si lo ha adquirido de manera directa con la empresa, si lo ha hecho con algunas agencias de viaje».
«Vamos a sacar una comunicación a las autoridades del Consejo Plurinacional contra la Trata (y Tráfico de Personas) porque esto puede ser una red, eso tendría que investigarse, las otras entidades del Estado también tendrán que colaborar en esto», sostuvo.
Entre tanto, en una primera etapa, la prioridad «es ver que estén bien y que retornen a Bolivia», aseguró.
Pérez recordó que el pasado martes la Cancillería tuvo conocimiento de la situación de los 69 bolivianos que estaban a bordo de un crucero de la empresa MSC Cruises que iba a cubrir una ruta en el mar Mediterráneo y que no pudieron desembarcar en Barcelona.
La información con la que cuenta el Gobierno boliviano es que sus connacionales «no portaban los documentos correspondientes para el ingreso al espacio Schengen», aunque desde España se ha informado que tienen visados falsos.
El buque en el que viajaban llegó el martes por la mañana a Barcelona y no pudo partir hacia Córcega esa misma tarde, como estaba previsto, a causa de la situación administrativa de estos pasajeros.
El grupo de bolivianos, que se considera víctima de un engaño, desembarcó esta mañana para que el barco pudiera continuar el viaje rumbo a Italia.
Los afectados fueron trasladados a otro buque en el mismo puerto que fue facilitado por la compañía naviera para que tengan un lugar donde alojarse mientras esperan la decisión de las autoridades españolas.
Los pasajeros bolivianos fueron informados formalmente de la denegación de entrada a España y empezaron las gestiones para tramitar su situación con extranjería.
El viceministro Pérez ratificó que las autoridades españolas verán la situación del grupo «caso por caso» e indicó que «España ha adelantado que la mayor parte, si no son todos, va a ser inadmitidos en territorio español y tendrán que ser retornados a Bolivia».
También sostuvo que la empresa de cruceros «tiene una responsabilidad» porque debió verificar los documentos de sus pasajeros para el ingreso a cualquier territorio y que se comprometió a correr con los gastos para que los bolivianos estén en condiciones «adecuadas» mientras se resuelve su situación y luego ver su eventual traslado a Bolivia.
El retorno «va a demorar un tiempo» por la cantidad de gente que debe ser atendida y luego se verá también el tema logístico.
Pérez insistió en que una vez que se tenga la información sobre el tipo de documentación que tenían, se tendrá que investigar cómo y dónde la tramitaron.
«Lo importante ahora y lo que nos corresponde como Cancillería es velar por el bienestar de los bolivianos, que no les falte nada mientras dura esto, y por supuesto velar por el respeto a sus derechos humanos», añadió.