La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia absolvió a Alfonso Fernando Bustos Ojeda y Reinaldo Rogelio Ortiz Rebolledo, quienes fueron gobernadores encargados de Vichada y eran investigados por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
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Los dos exfuncionarios fueron investigados a partir de una auditoría que hizo la Contraloría sobre los dineros asignados para la educación de niños en el departamento en 2002. El ente de control cuestionó en su momento que se celebraron varios contratos entre 2001 y 2002 sin que se cumpliera con todos los requisitos legales.
En el caso de Bustos Ojeda, la investigación fue por el presunto fraccionamiento de la contratación para el suministro de víveres para los centros núcleos educativos de esa parte del país. Sin embargo, el alto tribunal encontró que la decisión de dividir la contratación "obedeció a motivos razonables, como son la accidentalidad del territorio, su amplia extensión y las condiciones de orden público".
Por su parte, Ortiz Rebolledo fue investigado por los estudios previos para comprar la dotación del personal administrativo de la Secretaría de Educación. En ellos, no detallaban los bienes que iban a ser adquiridos, ni el método para seleccionar al ganador de la licitación.
En su caso, la Sala que, para la época y modalidad del contrato destinado a la compra de dotación, "el proceso de contratación sí contó con información suficiente sobre ambos aspectos".
Según la sentencia del alto tribunal, "(La Fiscalía) no probó, más allá de toda duda, que esa división obedeció a una postura caprichosa de los funcionarios de turno con la finalidad de defraudar los principios de la contratación estatal para favorecer a determinados contratistas".
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