SEÑOR DIRECTOR:
Lamentablemente, hay un aumento del número de niños, niñas y adolescentes expuestos a situaciones graves, y cada vez más complejas de vulneración de sus derechos, asociadas a la falta de acceso a condiciones mínimas para su desarrollo, en salud, educación y seguridad, además de su exposición y participación en actividades criminales, lo que pronostica un aciago futuro para ellos, sino para toda la sociedad.
A pesar de los esfuerzos y la dictación de una bien intencionada y profusa legislación, como la Ley 21.403 sobre Garantías y Protección Integral, la realidad supera las voluntades y normativas. El problema sigue anclado en la insuficiencia de recursos y en las deficiencias de gestión de un Estado incapaz de abordar esta problemática o de crear las condiciones para que la sociedad civil contribuya a solucionar este drama social como lo ha hecho históricamente.
Más de 60 mil niños, niñas y adolescentes que tienen una orden de ingreso al sistema de protección no están siendo atendidos, según los últimos informes trimestrales de la Corte Suprema sobre las medidas de protección decretadas por los tribunales de familia. Los NNA quedan en listas de espera por meses y hasta años, permitiendo el agravamiento de las vulneraciones de sus derechos.
Esta situación es reflejo de la debilidad estructural de la oferta del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. No podemos permitirnos como sociedad que este nuevo servicio fracase en su propósito de cumplir con la protección prometida a los más indefensos y vulnerables de nuestra sociedad.
Como organización de la sociedad civil entendemos que solamente un actuar mancomunado permitirá cambiar esta realidad que compromete el futuro de nuestra convivencia y cohesión social.
José Pedro Silva Prado
Presidente de la Fundación Ciudad del Niño