«Para mí es una satisfacción increíble, ya en su día la tuve al ganar el caso, pero si nuestra sentencia puede favorecer a otras personas y al medio ambiente...». Así comienza su relato Gregoria López Ostra, acerca de cómo llegó hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) para reclamar algo que nunca deberían haberse visto vulnerado: su derecho, y especialmente el de su hija, a respirar.
Nacida en Águilas hace cerca de 70 años, Gregoria se traslada a la Ciudad del Sol tras su matrimonio. La pareja comienza su convivencia en un lugar aparentemente idílico. Rodeados de naturaleza casi por los cuatro costados, junto al cauce del río Guadalentín, viven casi 15 años sin mayor novedad hasta que en julio de 1988 comienza a funcionar a escasos metros de la casa una planta depuradora construida para la gestión de las aguas residuales y residuos sólidos producidos por las fábricas de curtidos cercanas: «Un día todo estaba bien y al día siguiente, de repente no podíamos ni respirar», señala.
Como se descubriría más adelante, la planta, construida con dinero público, carecía de licencia para operar, aunque el desencadenante de todo fue un funcionamiento defectuoso que provocaba la emisión de gases, humos y malos olores, especialmente a su hija Cristina. «Era horroroso, estaba siempre enferma, vomitaba… nos mandaron a varios sitios, consultamos a diferentes especialistas y nadie podía curarla», relata López Ostra.
Así las cosas, tras presentar varias quejas a las autoridades locales, a los pocos meses de empezar su funcionamiento, se ordena el cese del tratamiento de residuos sólidos, aunque se siguen tratando las aguas residuales. «El alcalde –José Antonio Gallego– no se portó bien con nosotras, me tenía en la escalera del Consistorio horas y horas sin siquiera recibirme», cuenta Gregoria. Del mismo modo, destaca que, aunque al principio muchos vecinos se sumaron a la lucha, al final lo tuvo que hacer sola.
«Los vecinos primero dijeron que íbamos a ir juntos, luego se empezaron a echar atrás cuando tuvimos que enfrentarnos con el Ayuntamiento y los empresarios del curtido… me dejaron sola, hasta que encontré a un abogado dispuesto a llegar hasta el final», explica.
De esta forma, Gregoria y su abogado fueron presentando diversas demandas que, a pesar de recibir informes favorables del ministerio fiscal, son desestimadas, lo que la lleva hasta Estrasburgo. Allí, el 9 de diciembre de 1994, el TEDH falla a favor de la demandante, considerando que la instalación de la planta suponía una violación del artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, es decir, el 'derecho al respeto a la vida privada y familiar'.
De forma independiente a la lucha de Gregoria, sus cuñadas interpusieron varias denuncias por delito ecológico, que desembocaron en la clausura del centro en octubre de 1993. Antes, de octubre del 92 a febrero del 93, el Ayuntamiento realoja a la familia en una vivienda del centro, de la que sufraga el alquiler. Al final de ese periodo Gregoria y su marido deciden adquirir una vivienda en otra zona del municipio. «No sabíamos lo que iba a pasar, así que decidimos irnos para poder vivir en paz», indica emocionada.
Un caso internacional
A los pocos meses se confirmaba la victoria de Gregoria contra la administración local, que debía indemnizar a la demandante, sentando un precedente jurídico que en la actualidad se estudia en las facultades de Derecho y que se ha usado como argumento en múltiples casos similares tanto dentro como fuera de las fronteras españolas. «He llegado a recibir cartas de todo el mundo, especialmente de Estados Unidos, agradeciendo que luchara hasta el final», aporta López Ostra.
Y es que su lucha está ahora, quizá, más viva que nunca, pues la semana pasada se conocía que, por primera vez, un Estado era condenado por violar los derechos fundamentales de la población con sus políticas climáticas. El TEDH volvía a ponerse del lado del medio ambiente y se usaba la sentencia de Gregoria como base para certificar el fracaso suizo a la hora de cumplir con sus obligaciones para detener el cambio climático.
El caso, planteado por una asociación de mujeres suizas contra su Estado, ha sido calificado por los expertos como «histórico», ya que permite presionar a los gobiernos para poner fin a la emisión de gases de efecto invernadero que provocan un aumento de la temperatura a nivel global. En concreto, la demanda la presentaban un grupo de más de 2.000 mujeres suizas agrupadas bajo el nombre de 'KlimaSeniorinnen'. «Ojalá pudiera conocerlas, he estado buscando información sobre ellas y es muy interesante todo lo que hacen», expresa la aguileña, que termina con una nota amarga: «Creo que la sentencia se ha agradecido más fuera de Lorca que aquí... Pero bueno, solo queríamos poder respirar».
Poco después del cierre se desmantelaban las instalaciones, que eran cedidas a la Comunidad de Regantes de Lorca. En la actualidad, la zona tiene una balsa de agua de riego con 60.000 metros cúbicos, una nave de materiales de la entidad comunera y otra del Paso Encarnado.
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