Un grupo de presuntos mineros ilegales relacionados con elementos criminales han volado dos torres de alta tensión en la mina Poderosa, en Pataz, en la región peruana de La Libertad, a pesar de que la zona estaba en estado de emergencia, ha informado este viernes la emisora nacional RPP. "Lamentablemente hemos vuelto a ser víctimas de un nuevo atentado. Esta vez con la voladura de dos torres de alta tensión por un grupo de mineros ilegales coludidos con elementos criminales", ha explicado a la mencionada emisora el gerente de asuntos corporativos de la minera, Pablo de la Flor. De la Flor ha detallado que el grupo ha intentado tomar también dos galerías de sus operaciones, destacando el hecho d que ambos sucesos se han producido "a pesar de estar en estado de emergencia y contar en la zona con un contingente de 300 efectivos policiales y militares". Así las cosas, el gerente ha denunciado que "lo que ha ocurrido en Pataz es expresión precisamente de esta situación de escaso compromiso contra la minería ilegal" por parte del Gobierno y ha recordado que "el Congreso hace algunas semanas derogó el Decreto Legislativo 1607, que básicamente permitía combatir de manera más contundente la minería ilegal, actuando algunos congresistas de manera cómplice con mineros ilegales". Con este nuevo ataque, ya son 15 las torres dinamitadas en un contexto que De la Flor ha descrito como "realmente inexplicable y sumamente complejo por lo que involucra y por los antecedentes". "La minería ilegal se ha convertido en la principal generadora de recursos ilícitos en el país y creo que todos los peruanos tenemos que aunar esfuerzos para combatir este flagelo", ha agregado. De acuerdo con un comunicado de Poderosa recogido por RPP, el atentado tuvo lugar en torno a las 23.15 horas (hora local) el jueves, con el objetivo de interrumpir el fluido eléctrico de dos bocaminas. La minera ha lamentado "la total impunidad" con la que siguen operando los mineros ilegales en la región y ha instado al Gobierno a "no cesar en su lucha contra la minería ilegal, una de las principales amenazas a la seguridad del país". Del mismo modo, se han dirigido al Congreso para pedir que se tomen "acciones concretas para frenar este terrible flagelo". Este hecho se produce después de que al menos nueve personas murieran y otras 15 resultaran heridas el pasado diciembre cuando "delincuentes armados" entraron en las instalaciones de la misma mina y se enfrentaron "de manera violenta" a la seguridad interna de la empresa llevándose a cuatro personas como rehenes.