El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, reconoció que el secuestro y homicidio del disidente venezolano Ronald Ojeda pudo ser organizado "desde Venezuela", refiriéndose abiertamente a la posibilidad de que se trate de un crimen político.
"Hasta el momento no tengo otro antecedente que nos demuestre o que nos indique hacia otro lado. En este caso nosotros hemos descartado todas las tesis que tengan que ver con la participación de él en algún ilícito, por lo tanto, la única hipótesis que queda vigente es la que usted indica (móvil político)", dijo el fiscal en declaraciones a Chilevisión.
El persecutor manifestó que "hay un grado de organización, hay un grado de ejecución de este delito que nosotros no hemos visto. El Tren de Aragua jamás actuó haciendo una mise en scène (puesta en escena) como hicieron en este caso, disfrazados de policías y tomarse el trabajo además de enterrarlo a un metro 40 de profundidad y poner sobre él cemento (...), eso el Tren de Aragua no lo ha hecho jamás".
Asimismo indicó que, al revisar las cámaras de seguridad, "he llegado a la conclusión de que la persona que traslada a la víctima efectivamente es una persona que tiene preparación y que tiene una condición distinta a los demás partícipes".
PRÓFUGOS ESTÁN EN VENEZUELA
Al ser consultado de si podría ser un agente de la contrainteligencia venezolana, Barros expresó que "no lo sé, lo único que puedo asegurar es que es una persona extranjera" y que "de acuerdo a la apreciación del video sí" es una persona con preparación militar.
Según el reportaje de CHV, Maikel Villegas y Walter Rodríguez -ambos miembros del Tren de Aragua- volvieron a Venezuela luego de participar en el secuestro y crimen de Ojeda.
Ello, indicó el fiscal, muestra que "esto se organizó y se solicitó el secuestro y posterior homicidio del señor Ojeda desde Venezuela".
Barros dijo que espera que ese país colabore con la investigación y que "se detengan lo antes posible tanto a Walter como a Maikel que están actualmente en territorio venezolano, para que nosotros los podamos extraditar y juzgarlos en Chile".
MONSALVE: "TENEMOS QUE RESPETAR EL SECRETO (DE LA INVESTIGACIÓN)"
Ante estas declaraciones, el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, dijo que no tiene nuevos antecedentes y remarcó que "las investigaciones son secretas, y vulnerar ese secreto es un delito, como ya sabemos en Chile".
"Tenemos que respetar el secreto, y en este caso, es el fiscal quien lleva adelante la investigación y quien conoce los resultados de las diligencias", añadió Monsalve.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, realizará este viernes, a primera hora en La Moneda, una declaración sobre el caso del teniente Ojeda, tras las revelaciones del reportaje.
Tras la emisión del reportaje, y a través de un comunicado, la bancada de diputados y senadores del Partido Republicano exigió al Gobierno "que convoque al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) mañana a primera hora para discutir y adoptar medidas estrictas frente a la grave vulneración de nuestra soberanía nacional por parte de la Dictadura de Nicolás Maduro".
Asimismo, pidió que "se decrete la expulsión de la delegación diplomática de Venezuela en Chile y se ponga término a las relaciones con el régimen de Nicolás Maduro por esta grave afrenta a nuestra soberanía".
El crimen de Ojeda ha suscitado polémica en Chile y Venezuela, luego de que algunas voces plantearan la hipótesis de que el delito obedece a una incursión militar extranjera de carácter político, una aseveración que fue desestimada por el considerado número dos del chavismo, Diosdado Cabello, quien aseguró que Venezuela "no tiene nada que ver" con este hecho.
El nombre del exmilitar figuraba en el listado difundido a finales de enero por el ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, de 33 militares degradados y expulsados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) "implicados en conspiraciones" que incluían el asesinato de Maduro.
Por el crimen del exmilitar hay detenido de momento un venezolano de 17 años, quien se encuentra en Chile en carácter de irregular, mientras que también se emitieron otras tres órdenes de detención contra sospechosos de participar en el mismo.
El Gobierno de Gabriel Boric llamó este jueves a consultas a su embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri, en protesta por unas recientes declaraciones del canciller de Caracas, Yván Gil, en las que negaba la existencia del Tren de Aragua.