El escándalo político se desató el pasado 14 de marzo tras un informe del programa «La Encerrona», realizado por Ernesto Cabral, que reveló la posesión de una amplia colección de relojes por parte de Boluarte (habría portado también una pulsera Cartier valorada en unos 50.000 euros, engastada con 204 diamantes de cuatro quilates entre otras caras joyas) tanto durante su mandato como ministra como desde que asumió la presidencia el 7 de diciembre de 2022.
La mandataria debía haber declarado estos bienes en su registro de propiedades ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), lo cual según la Fiscalía, no hizo. A pesar de afirmar que no existe ningún desbalance patrimonial, la Fiscalía y la Policía allanaron su vivienda y su despacho presidencial después de varios intentos fallidos de ser recibidos por Boluarte.
El fiscal supremo Hernán Mendoza, en su declaración ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, indicó que entre las diligencias pendientes estaba la recepción de la declaración de Boluarte y la exhibición de al menos tres de los relojes mencionados, ambas acciones frustradas por la ausencia de la presidenta.
La presidenta denuncia un «ataque sistemático» contra su persona y llama a defender la democracia
Boluarte denunció un supuesto ataque sistemático y acoso en su contra, al tiempo que hizo un llamado a defender la democracia.
Durante un pronunciamiento en el Palacio de Gobierno, acompañada por los miembros del Gabinete Ministerial, calificó la diligencia fiscal realizada en su domicilio como «discriminatoria e inconstitucional».
La Mandataria expresó su respeto por la investigación fiscal, pero rechazó la manera en que se llevó a cabo, afirmando que afecta los derechos de su familia y la gobernabilidad del país. Destacó que mientras otros presidentes han enfrentado investigaciones previas antes de ser sometidos a una investigación preliminar, ella ha sido directamente objeto de esta última por parte del Ministerio Público.
Negó haber mostrado rebeldía ante las pesquisas y aseguró haberse aproximado a la instancia fiscal poniéndose a disposición. Describió la intervención en su domicilio como «arbitraria, desproporcional y abusiva», y la consideró parte de un ataque sistemático que representa una amenaza a la democracia y al Estado de derecho.
Además, instó a la población a no permitir que se generen distracciones para desviar la atención de los verdaderos problemas del país. Hizo un llamado a defender la democracia, el Estado de derecho y la Constitución, así como a los congresistas para que protejan la institucionalidad y rechacen cualquier intento de vacancia presidencial o adelanto de elecciones.
La Presidenta también enumeró una serie de ataques en su contra, entre los que destacan acusaciones vinculadas a negociaciones con fiscales, presuntos vínculos con el prófugo Vladimir Cerrón y la filtración de informes sobre su patrimonio con el propósito de asociarla con actividades ilícitas. También aseguró que estos ataques no solo van dirigidos contra ella, sino contra la institución presidencial.