En 2022, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa abroncó al Gobierno de Pedro Sánchez por «no cumplir satisfactoriamente» ninguna de sus recomendaciones. El organismo encargado por velar por las medidas anticorrupción de los Gobiernos destacaba. Entre ellas, una dirigida al ámbito más personal de los altos cargos: reclamaba conocer los bienes de sus cónyuges, siguiendo el modelo de otros países.
El Ejecutivo español lo descartó alegando «restricciones derivadas de la normativa de protección de datos». Pero el Consejo de Europa insistió: «Siguiendo la experiencia de otros miembros de GRECO, se puede buscar un equilibrio adecuado entre las preocupaciones de privacidad individual y el interés general de la publicación de la información. GRECO no está convencido de que se haya prestado suficiente atención a este asunto, como se recomendó. En consecuencia, se pide a las autoridades que hagan más». El año pasado, el Consejo de Europa presentó un nuevo informe de evaluación del cumplimiento de esas recomendaciones, y mostró la misma decepción con el Gobierno de Pedro Sánchez, dándole de plazo hasta el 31 de diciembre de este año para presentar un nuevo informe de «avances».
El asunto entra ahora de lleno en plena polémica por las actividades de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. En los últimos días, se ha conocido su mediación para que la empresa de Carlos Barrabés, su socio en la Universidad Complutense, se hiciese con un contrato público. Aunque la trayectoria profesional de la esposa del presidente siempre ha sido cuestionada por si Sánchez podría incurrir, con ello, en conflicto de intereses.
La Ley del Alto Cargo, que regula las obligaciones del presidente del Gobierno y sus ministros, entre otros, incluyendo también el mencionado conflicto de intereses, establece la obligatoriedad de revelar sus bienes al asumir el puesto y también al abandonarlo. En 2006, la versión de esta ley recogía que, de manera voluntaria, el cónyuge del alto cargo podría declarar sus bienes. «GRECO recuerda que el reglamento anterior establecía la
declaración voluntaria de rentas y bienes de los cónyuges», advierte de hecho el informe del Consejo de Europa.
Pero la reforma de 2015 omite cualquier referencia. La única mención a los cónyuges se hace, precisamente, sobre el conflicto de intereses, considerándose como tal «cuando la decisión que vaya a adoptar» el alto cargo pueda afectar «a los intereses familiares, incluyendo los de su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad».
En algunas comunidades autónomas, las parejas de los altos cargos pueden declarar sus bienes de forma voluntaria.
Polémicas
Desde que llegó a La Moncloa, la actividad de Begoña Gómez ha estado rodeada de polémica por su posible conexión con el Gobierno. Como ha publicado OKDIARIO, Gómez recaudó para su máster en Transformación Social Competitiva que dirige en la Universidad Complutense de Madrid 7.000 euros por alumno procedentes de grandes empresas que posteriormente cerraron importantes tratos con el Ejecutivo de Sánchez.
Igualmente, ha participado en distintos foros patrocinados por ministerios y empresas públicas, como Correos. Y ha acompañado a su marido en varios viajes internacionales, en los que nunca se ha conocido su agenda. Uno de los más polémicos fue el que la llevó, en 2022, a Kenia y Sudáfrica, dos países con los que había estado vinculada a través del Africa Center que dirigía en el IE Business School. Gómez llegó a entrevistarse con el embajador de Ghana, país con el que pocos meses después cerró un acuerdo para su centro africano.
La polémica más reciente afecta a dos contratos públicos del Ministerio de Economía que fueron adjudicados a una UTE del empresario y consultor Carlos Barrabés, impulsor del máster de Gómez en la Complutense. La mujer de Sánchez medió con una carta en la que avalaba a su socio para reforzar sus posibilidades en el contrato. Finalmente, se llevó varios lotes por un importe total de 10,2 millones. Como ha publicado este periódico, la empresa destacó en el informe de valoración subjetivo, llevándose el único sobresaliente de entre los 18 candidatos. La entidad pública Red.es ha defendido que el proceso de contratación fue «impecable».