Escribo esto antes de conocer la decisión de Sánchez, suspendiendo su agenda pública y retirándose a meditar sobre la decisión que debe tomar ante la admisión de una denuncia frente a su esposa y la apertura, frente a la misma, de unas diligencias previas. Una denuncia a la que se ha sumado una querella de "Hazte oir".
La carta remitida a la ciudadanía en general, las manifestaciones de apoyo acompañadas de críticas feroces a los denunciantes, a los jueces (otra vez el lawfare) y a los medios de comunicación, calificados todos de derecha, son poco respetuosos con el sistema democrático y manifestación preocupante de la confrontación basada en la irracionalidad, en las pasiones, en los bloques que se han ido creando en este país, hasta hace muy poco orgulloso de haber conseguido un poco de concordia y de entendimiento, de comprensión entre ideologías que, como sostiene Wagenstein, se suelen confundir con el sistema político, siendo evidente que esta equiparación es engañosa y, normalmente, falsa.
Conforme establece el art. 269 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, toda denuncia ha de ser admitida e investigada si tiene respaldo en hechos de apariencia delictiva y si no es manifiestamente falsa. Si aparecen indicios de que los hechos pueden ser constitutivos de delito, la admisión de la denuncia es obligada, no una mera facultad judicial y la apertura de la investigación, una consecuencia legalmente establecida. Para todos, sin excepción. Y lo digo al margen de cualquier consideración sobre el fondo, sus fuentes incluso. Esta opinión me la reservo por respeto a los tribunales. Una querella, exactamente igual conforme al art. 313 de aquella ley. Y en ambos casos no es posible investigar sin la previa admisión porque todo investigado tiene derecho a participar en su investigación, siendo nulo actuar sin su conocimiento por razones estrictas de defensa.
Aunque el PSOE, que ha perdido el paso, considere que existe "lawfare" contra Sánchez, debe saber que el Juez está aplicando la ley. A lo mejor este partido prefiere otra alternativa. Seguramente.
Sostener, como hace el presidente, el carácter espurio de una denuncia, que no es solo un derecho, sino un deber legal (art. 259 de la LECrim), por el hecho de provenir de lo que llama derecha o extrema derecha es un ataque frontal a la igualdad y un desprecio manifiesto a la ley, pues viene a decir, ni más ni menos, que las denuncias deben admitirse o inadmitirse según la ideología del denunciante. No son los hechos, sino las convicciones o ideas de los denunciantes los que deberían, parece decir, constituir el elemento esencial a la hora de admitir una denuncia legalmente formulada y admitida conforme a la ley. Y de esta forma se pronuncian muchos comentaristas que, tal vez, no son conscientes del alcance de sus palabras.
Quienes apoyan estas tendencias imponen sus opciones o pasiones sobre la ley y, paralelamente, se adhieren inquebrantablemente a esta idea autocrática de la inmunidad de sus líderes y la necesidad de obligar al Poder Judicial a abstenerse de investigarlos, así como de que la prensa se ciña al guion de la verdad oficial, imponiendo leyes que cercenen la libertad de información y opinión y controles estrictos frente a quien critique al poder establecido. Incluso una parte de la prensa, que se califica de independiente, reclama medidas contra las "noticias falsas" que hacen equivalentes a las que difieren de las verdades que ellos califican de absolutas. Poca independencia y excesiva soberbia.
Grave, muy grave es que Sánchez deslegitime una denuncia por la ideología del denunciante y mucho más que cargue contra la prensa que se adhiere a posiciones que no comparte, tan legítimas en un sistema democrático como las otras. Y mucho más que hablen, él y su partido, de una derecha judicial que es prevaricadora porque le atribuyen esta cualidad.
Disentir y defenderse es legítimo, un derecho; despreciar un acto por su procedencia, irresponsable. Dimitir sin dimitir, llamando a una movilización frente a una resolución judicial, incompatible con el sentido común y con las bases de la democracia. Y absurdo, porque el Poder Judicial no se va a ver afectado por manifestaciones trumpistas o las que llenaban la Plaza de Oriente. Por mucho que cambien las leyes, la independencia de los tribunales y su sumisión a la ley no podrá nunca doblegarse. No se engañen. No es posible. Y el Poder Judicial es una garantía para todos, aunque se constituya en obstáculo para las tendencias autocráticas que quieren imponerse a la par que la legitimidad pregonada de una ideología única o, mejor dicho, de un sistema único que no siempre se identifica con los calificativos ideológicos en los que pretende ampararse o revestirse.
En una carta, que no puede justificarse por razones personales en tanto es presidente del gobierno, ha reflejado una forma de entender la convivencia y el respeto que lo deslegitiman como presidente y como político. El amor es esencial en la vida privada, en la poesía o en la música, pero a la ciudadanía no le importan las relaciones íntimas de quien nos gobierna y menos que sus sentimientos hayan de prevalecer sobre la ley.
La actuación de Sánchez es peligrosa para el sistema, para el Poder Judicial que ha puesto en su diana, para la división de poderes, para el derecho a la libertad de expresión, para el derecho a la tutela judicial efectiva y un largo etcétera que nunca pensé podría volver a ver teniendo en cuenta lo que costó hacer realidad estas conquistas.
Pero, aunque se empeñe o empeñen el sistema no va a cambiar. Aunque algunos, cautivados y absorbidos por su yo más íntimo, deseen con fervor que en "España vuelva a amanecer".
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