La impostura en la que se ha instalado la política española ha alcanzado su cenit con el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que cancela su agenda pública y se da cinco días, hasta el próximo lunes, para decidir si continúa o no al frente del Gobierno. Una decisión frívola, que sume el país en la incertidumbre y que ahonda en el descrédito de las instituciones, al poner en duda también el funcionamiento de la Justicia.
Es comprensible que el presidente esté dolido por las informaciones periodísticas que en las últimas semanas han afectado a su mujer, Begoña Gómez, señalada por haberse reunido con responsables de Globalia antes del rescate público de Air Europa y también por haber suscrito cartas de recomendación a empresas que optaban a concursos públicos. Pero en absoluto justifica su decisión de este miércoles por la tarde. Antes, otros responsables políticos han visto cómo se cuestionaba la actuación de familiares muy directos. Si no hay nada que esconder, el camino es defenderse de las acusaciones en los tribunales.
La gota que ha colmado el vaso, según Sánchez, es la decisión de un juez de Madrid de incoar diligencias previas y llamar a dos testigos para decidir si hay caso tras la denuncia contra su mujer presentada por Manos Limpias, los mismos que consiguieron llevar a los tribunales a Iñaki Urdangarin y la Infanta Cristina, no lo olvidemos. La reacción de Sánchez sitúa sobre el magistrado una sombra de duda respecto a las razones que le habrían llevado a tomar esta decisión, porque su anuncio se produce inmediatamente después del auto judicial. Asume, implícitamente, la posibilidad de que en España exista el denominado lawfare, algo que el PSOE siempre ha negado ante las reiteradas denuncias de los independentistas catalanes.
Si el movimiento de este miércoles es sincero o puramente estratégico sólo lo sabe Sánchez y su equipo; el resto de los ciudadanos nos podremos hacer una idea tras escuchar su decisión final el próximo lunes. Porque es muy difícil aceptar que el presidente del Gobierno ha dado este paso sin tener decidido ya el siguiente, sea este dejar la Moncloa definitivamente, someterse a una cuestión de confianza para atar a sus socios actuales, convocar elecciones el 29 de mayo -fecha a partir de la cual ya tiene potestad legal- convertir las elecciones europeas en un plebiscito o vender a la ciudadanía que no se pliega ante la "derecha y la ultraderecha" y que luchará hasta el final.
Sea cual sea la decisión que tiene tomada Sánchez, sitúa al país en una inestabilidad institucional que se suma a la parálisis legislativa o a la imposibilidad de aprobar los Presupuestos Generales del Estado.
El presidente está acostumbrado a vivir en el filo de la navaja, es un superviviente de la política, pero un representante público debe anteponer, siempre, los intereses del país que gobierna a los suyos propios. Si cree que está sufriendo lo que Umberto Eco bautizó como "la máquina del fango" debe denunciarlo y hacerle frente. O marcharse si considera que es la mejor opción para él o su familia.
Pero darse cinco días para anunciar su decisión y además explicarlo públicamente huele demasiado a estrategia política cocinada en Moncloa.
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