Los órganos judiciales andaluces registraron el año pasado 1.372.072 asuntos, un 6% más que en 2022, volviendo a situar a la comunidad autónoma a la cabeza del país. Andalucía supera la media estatal de 145,7 asuntos por mil habitantes es la segunda más elevada después de Canarias.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha recalcado que las cifras de la memoria que ha presentado este viernes son muy similares a las de años anteriores y ha detectado una gran judicialización y una sobrecarga que, desde su perspectiva, es "a veces innecesaria". Del Río ha considerado relevante contar con medidas de mayor eficiencia y mejorar el sistema "organizativo, procesal y funcionarial" para hacer que la Justicia sea más eficiente, señala Efe en una nota.
La memoria anual de actividades y funcionamiento del alto tribunal andaluz correspondiente a 2023 destaca que la cifra de asuntos pendientes ha alcanzado de nuevo un récord, lo que acerca el "colapso" judicial y requiere un incremento cuantitativo y cualitativo de medios.
Durante 2023 los órganos judiciales andaluces resolvieron 1.276.551 asuntos, algo menos que el año anterior, por lo que quedaron pendientes otros 758.989 asuntos, con una pendencia que aumentó casi un 16% respecto a los asuntos que quedaron en trámite a final de 2022. El volumen de asuntos pendientes se ha incrementado en una década un 40% al pasar de los 542.514 de 2013 a los 759.518 del año pasado.
Necesidad de refuerzos
El presidente del TSJA ha recordado en la memoria que la Justicia ha superado la pandemia y la huelga de funcionarios de justicia pero se enfrenta a un alto porcentaje de suspensiones y a una carga de trabajo en la que el número de casos registrados supera siempre al de resueltos. La memoria del TSJA especifica que sería imprescindible la creación de plazas judiciales para paliar el atasco de la justicia y expone que, dado el volumen sostenido de ingreso de asuntos, sería necesario crear al menos 15 plazas en los órganos colegiados y 104 nuevos órganos judiciales.
Del Río ha precisado que los asuntos ingresados se han incrementado un 8%, una tendencia mantenida desde 2017 que varía solo en la jurisdicción con mayor aumento de causas. La jurisdicción con mayor incremento ha sido la contenciosa, que sube un 18%, seguida de la social, que ingresa un 6% más de asuntos, mientras que la penal recibió en 2023 un 4% más de causas.
Los procedimientos penales suponen cuantitativamente la mayor carga de trabajo judicial, con un 54% de los asuntos, seguida de la civil, con un 37%, y la social, con solo seis de cada cien asuntos. El presidente del TSJA ha resumido que la valoración final de la situación, recogida en la memoria, es negativa y suma conclusiones similares a las de años anteriores que facilitan que la justicia sea percibida como "lenta y poco eficiente".
Evitar el colapso
"Y si no ha colapsado todavía se debe, en gran parte, al sentido de la responsabilidad que mantienen en general quienes trabajan día a día en los Juzgados, pese a las deficiencias estructurales, organizativas, y de recursos, junto a unos niveles de litigiosidad nunca sometidos a métodos y criterios de razonabilidad y sostenibilidad", indica el documento.
La memoria vuelve a reflejar la falta de modernización del poder judicial y lamenta que los responsables políticos sigan "frustrando" reformas necesarias del sistema judicial por la falta de consenso político y visión de Estado.
"Llevamos más de veinte años de transitoriedad. La justicia, a nuestro pesar, no es una prioridad política", ha expuesto Del Río, que ha considerado que esta memoria es una oportunidad para que la clase política reaccione y evite el colapso.