A escasos doce días de las elecciones, nuestra nación se enfrenta a una crisis institucional que no puede ser ignorada. La Corte Suprema de Justicia, una piedra angular de nuestra democracia, guarda un silencio ensordecedor respecto a una demanda de inconstitucionalidad contra uno de los candidatos presidenciales. Este silencio no solo es preocupante, sino que socava la confianza en el proceso electoral y la integridad de nuestras instituciones democráticas. Es inconcebible que, en un momento tan crítico, el máximo tribunal del país no haya emitido siquiera un comunicado para informar a la ciudadanía sobre el estado de una demanda que ocupa el centro del debate público. Esta falta de información es un reflejo alarmante de la irresponsabilidad institucional que afecta no solo la percepción de justicia, sino la fe en todo el sistema electoral. Además, la reciente controversia sobre errores en la papeleta virtual para el voto adelantado en el extranjero solo añade leña al fuego de la desconfianza generalizada hacia el tribunal electoral. Este tipo de fallos no son menores y tienen el potencial de deslegitimar todo el proceso electoral. La pregunta que se cierne sobre nosotros es alarmante: ¿Llegaremos al 5 de mayo sin conocer la postura de la Corte Suprema sobre un asunto de tanta trascendencia? La falta de decisión y la ausencia de transparencia no son solo irresponsables, son un peligro directo a la estabilidad democrática. Es hora de que la Corte Suprema actúe con la diligencia que la gravedad de la situación demanda.