La obstaculización del acceso al aborto de una nena de 12 años que denunció abusos sexuales de parte de su padre, en diciembre de 2022, fue denunciada en enero del año pasado en Santa Fe. La actuación de la ONG Grávida consistió -eso es lo que se investiga- en secuestrar a la niña para que no asistiera al hospital Iturraspe para realizar la práctica. Pasaron 14 meses sin avances en la investigación en la causa a cargo del fiscal Matías Broggi, hasta que el 8 de marzo pasado, la querella impulsada por las organizaciones feministas Asociación Civil Palabras y Tramas, Derecho en Movimiento, solicitaron medidas de prueba. Por decisión del juez Sergio Carraro, una semana después se allanaron tres inmuebles y secuestraron dos celulares.
El litigio feminista, entonces, fue fundamental. "Esto nos da la pauta de la importancia que reviste la figura de la querella, que es lo que hizo que pudiéramos solicitarle al fiscal Matías Broggi la realización de las medidas", establece Sabrina Muñoz Denis, abogada querellante junto a Guillermo Munné y Mara Mansilla.
Los investigados son Emilio Perizzotti, titular de Grávida, y Raúl Dalla Fontana, médico tocoginecólogo que en su momento admitió haber tomado contacto con la niña para disuadirla de la práctica. La nena había concurrido al centro de salud de su pueblo, Garibaldi, donde detectaron el embarazo, allí denunció los abusos a los que era sometida por su padre, delito que se está investigando en otra causa penal. En Garibaldi le gestionaron un turno en el Hospital Iturraspe, el 2 de enero de 2023, pero la nena y su madre nunca llegaron. No las pudieron ubicar. Finalmente, tras la denuncia pública, la práctica se realizó, y el gobierno provincial realizó la denuncia judicial, firmada por la entonces secretaria de Niñez, Patricia Chialvo.
En la causa para investigar la obstaculización de un derecho se presentaron las Asociaciones Civiles feministas Palabras y Tramas, para formar parte de la investigación, a partir de la ampliación de ley de víctimas. Fueron aceptadas en primera instancia, la defensa de Perizotti apeló, y fueron ratificadas en octubre del año pasado.
En verdad, la demora en la investigación había sido señalada ya por el camarista Sebastián Creus, quien ratificó la aceptación de esta querella. "En distinto orden y sin que sea pertinente para la decisión, debo decir que la investigación está demorada dado el tiempo transcurrido desde que se inició y/o desde que se hizo conocer al Señor Perizotti sus derechos, pero esta cuestión debe ser discutida por otros carriles tales como los previstos en el artículo 90 del Código Procesal Penal por ejemplo, aunque existen otras vías procesales para instar las definiciones".
Muñoz Denis establece claramente el objeto de la investigación: "Qué sucedió con los integrantes de la Asociación Civil que, en definitiva, son los que coptaron a la niña y por la cual no se presentó a la citación que tenía prevista para la Interrupción del embarazo, durante un lapso de tiempo en el que no se sabía dónde estaba ni ella, ni su progenitora, ninguna de las dos".
Los allanamientos fueron en la casa de Perizzotti, en la Residencia Casa de Betania, donde estaba presente la titular, Rosa Alabe, y en una clínica privada de la ciudad de Santa Fe.
Según publicó en aquel momento Aire de Santa Fe, la trabajadora social que participó en todo el proceso, "relata que el señor Emilio Perizzotti (referente de la ONG Grávida) se había comunicado con ella en malos modos, amenazándola y refiriendo que harían lo imposible por 'salvar la vida del bebé, que no tenía la culpa de los abusos'". Antes, habían sacado a la nena y a su mamá de su casa, para llevarlas a Santa Fe y trasladarlas a la clínica privada para hacerle una ecografía 4D, y así presionarla para que desistiera de la interrupción del embarazo.
En cuanto a las medidas de prueba, además de los allanamientos, se secuestraron los teléfonos de Dalla Fontana, y de una señora de apellido Leurino, quien -según los datos preliminares- condujo el automóvil que trasladó a la niña, mientras se buscaba su paradero por orden judicial.
"Con todo este conjunto de pruebas, estos secuestros de computadoras, teléfonos dispositivos de almacenamiento y demás, ahora falta que se hagan los peritajes para ver qué pruebas podemos obtener para la investigación", sostiene Muñoz Denis y destaca lo obvio: "El problema es el tiempo que pasó entre el hecho y estas medidas".
Como abogada, Muñoz Denis intervino en 2015 en un procedimiento disciplinario del Colegio de Psicólogos hacia una profesional integrante de Grávida, María Belén Catalano, quien se había hecho pasar por funcionaria provincial para obstaculizar el acceso al aborto de una niña que no era su paciente en el Hospital Iturraspe de Santa Fe. La psicóloga fue apercibida por el Tribunal de Ética por forzar a la niña a continuar un embarazo producto de una violación. La sancionada fue a la Justicia y consiguió que, en 2017, la Cámara de Apelaciones anulara esa sanción. En 2021, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe anuló el fallo de la Cámara, y convalidó lo actuado por el Colegio.
"Las personas involucradas son las mismas de aquel caso, Perizzotti estuvo citado dentro del sumario disciplinario. Dalla Fontana también había declarado en aquella oportunidad. Lo que intentamos es atar cabos para dilucidar si efectivamente hay una organización, con una práctica sistematizada, que ha ido mutando en función de la entrada en vigencia de la Ley de IVE, para obstaculizar el acceso", expresó Muñoz Denis.
Para la profesional, en definitiva, "que estén las organizaciones hace que la querella sea una herramienta para posibilitar el impulso del proceso, de este proceso o cualquier otro que se presente".
Lo importante es "monitorear los casos a través de las organizaciones sociales o los movimientos feministas, que también presionan para reclamar saber qué pasó, qué ocurrió, cuál es el accionar, si esto es sistemático o es ocasional, si hay algún tipo de responsabilidad, si se está obstaculizando el ejercicio del derecho al aborto legal, seguro y gratuito porque también las militantes sabemos que tenemos la ley y ahora hay que custodiar la para que su aplicación sea efectiva y esté garantizada".
Un linaje sin desobediencia
En este punto, es necesario recordar -una vez más- que Emilio Perizzotti es el hijo de Juan Calixto Perizzotti, represor condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Aunque nunca los hijos son responsables de los hechos cometidos por sus padres, en este caso, existe una continuidad, ya que Emilio también fue policía.
Entre los crímenes probados a Juan Calixto se encuentra el aborto forzado al que sometieron a Silvia Suppo, quien había sido violada por la patota durante su detención. Según la condena, fue Perizzotti quien le anunció a Suppo que estaba embarazada y que iban a "reparar ese error". "La también condenada María Eva Aebi se hizo pasar por la hermana de Silvia y junto con Adolfo Farina la llevaron secuestrada a una clínica en la zona de la Costanera, donde un médico le practicó el aborto. Después la volvieron a llevar al mismo centro clandestino donde la habían violado para que se recupere de la intervención", detalla la sentencia del Tribunal Oral Federal de Santa Fe, conocida en 2018. Esa historia fue contada por la propia Silvia Suppo a Las12, pocos meses antes de su asesinato político, en marzo de 2010.