Vox confirma que registrará esta misma semana en el Parlament la iniciativa legislativa para eliminar lo antes posible la ley de Memoria aprobada en la pasada legislatura. La portavoz del partido, Idoia Ribas, califica la norma de «sectaria» y censura que «se acota a una parte de la historia de España y se impide a los ciudadanos opinar libremente sobre lo que ocurrió».
Ribas asegura que los políticos «no tienen que obligar a las personas a interpretar la historia» sino que cada ciudadano «debe poder interpretar como considere» los hechos pasados, por lo que se posiciona en contra «de cualquier imposición ideológica».
Asimismo, rechaza que manifestar una opinión pueda ser delito porque «esto no cabe» en democracia: «Los ciudadanos deben poder opinar sin temor a que venga la Fiscalía a perseguirte. Los políticos no tienen que legislar sobre la historia porque esto pertenece a los historiadores. Parece un estado opresor que impide que los ciudadanos sean libres». Hace apenas unas semanas el conseller electo de la ultraderecha, David Gil, fue denunciado ante el Servei de Memòria por afirmar que el golpe de Estado de 1936 fue «última cruzada de liberación».
La dirigente de Vox rechaza por completo la norma porque «se ciñe a una parte de la historia de España» y se opone a la revisión de los acontecimientos: «Legislar desde la visión del siglo XXI sobre lo que se debe opinar respecto a lo que ocurrió en otros momentos históricos me parece ridículo».
Ribas añade que España «tiene otros periodos que también pueden ser reprochables», en referencia a los «desastres de la Segunda República española», mientras acusa a la izquierda de «perseguir» a quienes no comparten su visión de la historia: «Solo se persigue una visión de la historia y de un periodo determinado. No considero que se deba perseguir a los ciudadanos a no ser que se esté injuriando o se haga apología del terrorismo».
Reacción de la izquierda
PSIB, Més y Unidas Podemos registraron ayer una Proposición no de Ley para evitar la derogación de la ley de Memoria Democrática y para «tomar medidas» en caso de que el Govern decida seguir adelante con el «retroceso». Algunos representantes de la Plataforma por la Memoria Democrática de Balears acompañaron a los partidos de izquierda en la presentación de esta iniciativa parlamentaria.
En concreto, la iniciativa insta al Ejecutivo de Prohens a dar continuidad a las políticas públicas de memoria democrática y a no promover la derogación de la ley de memoria y reconocimientos democráticos, «teniendo en cuenta que fue fruto del amplio consenso social y político». Además, la propuesta insta al Gobierno central a recurrir ante el Tribunal Constitucional las derogaciones de las leyes autonómicas de memoria por parte de los gobiernos de PP y Vox, y que también eleve esta cuestión a las instancias europeas e internacionales «por su gravedad».
También piden al Estado que recurra al relator especial sobre Verdad, Justicia y Reparación y al Relator de Ejecuciones Extrajudiciales para que evalúen la conformidad de la derogación de esta ley con las mejores prácticas internacionales y los compromisos adquiridos por España en materia de Derechos Humanos.
El diputado del PSIB Omar Lamin acusa al PP de dejar la fulminación de esta normativa en manos de Vox y recuerda que «el coautor de esta ley también es el PP, de quien se aceptaron más de 100 enmiendas para tener una ley de memoria consensuada».
Por su parte, la diputada de Més per Mallorca Maria Ramon lamenta que el PP «se abrace a las ideas de Vox para poder gobernar en solitario» y pide a la sociedad que «no podemos permitir que se derogue la ley de memoria democrática». En este sentido, el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, afirma que esta voluntad de derogar la ley de Memoria Democrática «demuestra que la cultura democrática del PP es muy débil». El diputado menorquín añade que la ley «supuso un avance muy importante en el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y del Franquismo, y por esto su derogación supondría un retroceso inconcebible a otros países con una tradición democrática más fuerte».
Por último, la diputada de Podemos Cristina Gómez denuncia que el Partido Popular «se arrodilla ante la ultraderecha» porque la derogación de esta ley no solo no estaba prevista en su programa electoral: «En realidad, el partido de la presidenta Prohens fue coautor de su redacción la pasada legislatura». Por este motivo, añade Gómez, los populares «se resitúan en posiciones extremas y contrarias a las normas de Derecho Internacional y a resoluciones de la ONU, que indican claramente que solo puede haber concordia, cuando todas las víctimas, no solo las de un bando, han sido reconocidas y reparadas».
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