El Tribunal Constitucional ha dado un varapalo al Estado en relación con las competencias de Costas a raíz de su recurso contra la ley del litoral de Galicia. Este fallo puede beneficiar a Canarias cuando la Comunidad Autónoma presente el recurso que ha anunciado debido al pleito que mantiene con el Ministerio de Transición Ecológica, que se niega a traspasar a Canarias expedientes sobre concesiones y autorizaciones en el litoral pese a contar con las competencias desde el 1 de enero de 2023. Galicia aprobó una ley del litoral que el Gobierno central entendió que invadía sus competencias, la impugnó ante el Constitucional y éste ha dado la razón a la Xunta pese a que su Estatuto de Autonomía no contempla las competencias exclusivas en Costas como sí lo hace el Estatuto canario desde 2018.
Los servicios jurídicos del Gobierno canario y varios expertos analizan los detalles de la sentencia del Tribunal Constitucional con el fin de estudiar los argumentos jurídicos que fundamentan el fallo ya que, aunque no es el mismo caso de Canarias, sí puede marcar un precedente ya que se trata de una comunidad autónoma que aprobó una ley de gestión del litoral sin negociar el traspaso de las competencias y el Constitucional valida que una comunidad pueda asumir la gestión del litoral por ley ordinaria y no por ley orgánica como es el caso del Estatuto.
Enfrentamiento jurídico y político
La confrontación entre la Xunta de Galicia –que gobierna el PP con mayoría absoluta– y el Gobierno central llegó al punto de que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, afirmó a principios de este año que la norma gallega constituía «casi una declaración de independencia». Morán estuvo la semana pasada en la comisión bilateral Canarias-Estado en representación del Ministerio de Transición Ecológica junto al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, encuentro que acabó sin acuerdo y con un claro enfrentamiento jurídico y político entre ambas administraciones.
En respuesta al recurso de inconstitucionalidad presentado por el Estado por invasión de competencias, la sentencia descarta que la comunidad gallega deba modificar su Estatuto de Autonomía para otorgar autorizaciones de utilización y ocupación del dominio público al entender incluida dicha función ejecutiva en la competencia exclusiva sobre ordenación del territorio y del litoral, establecida por el artículo 27.3 del Estatuto gallego. El fallo también rechaza que la regulación de los instrumentos de ordenación del litoral y de los concretos usos que podían realizarse en el mismo sean contrarios a las disposiciones de la legislación estatal aprobada en virtud de la facultad del Estado de preservar el dominio público marítimo-terrestre.
Nueva negativa del Ministerio
El Consejo de Ministros desestimó ayer el requerimiento de incompetencia presentado por el Gobierno canario en contra de la resolución del Ministerio de Transición Ecológica que declaró la caducidad de la concesión otorgada al Hotel Oliva Beach, en Fuerteventura. El departamento que preside Teresa Ribera entiende que el decreto de traspaso «tiene un importante valor interpretativo, como ha subrayado el Tribunal Constitucional» y, como sucede en los decretos de traspasos de Andalucía y Cataluña, se atribuye a la Comunidad Autónoma «la gestión de las concesiones demaniales a que se refiere el artículo 64 de la Ley de Costas y no las concesiones compensatorias de la disposición transitoria primera de esta misma norma».
La contestación esgrimida por el Gobierno central cree que el Ejecutivo regional se contradice en su requerimiento al argumentar que no hay diferencias entre las competencias ordinarias del artículo 64 y las compensatorias de la disposición transitoria y que éstas deben estar contempladas en el decreto de traspaso, cuando el requerimiento hace alusión al Estatuto de Autonomía como garante de la competencia exclusiva de Canarias en la gestión del litoral de forma plena.
Este es el último recurso de la Comunidad Autónoma previo a la impugnación ante el Tribunal Constitucional. Una vez formalizada la contestación, el Gobierno canario tiene un mes de plazo para presentar el recurso por conflicto de competencias si antes no hay un acuerdo político como pretende el ministro Torres.
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