Este martes 30 vence el plazo para aceptar la oferta que la fiscalía de Delitos Económicos de Neuquén les hizo llegar a los imputados por la estafa con planes sociales. Los pocos que respondieron hasta ahora ocupaban los escalones más bajos de la asociación ilícita que, según la acusación, funcionaba en el ex Ministerio de Desarrollo Social.
Con este panorama la fiscalía prepara la voluminosa presentación que realizará en la audiencia de control de acusación en la cual pedirá la elevación a juicio del legajo y ofrecerá la prueba que considera pertinente para demostrar su teoría del caso.
Esa audiencia no tiene fecha todavía; el plazo límite es el 27 de julio, pero la intención es hacerla entre fines de junio y los primeros días de julio, antes de la feria judicial de invierno. Ocupará más de una jornada, y será más extensa cuantos menos acuerdos pueda tejer la fiscalía con las defensas de las y los imputados.
Con el objetivo de acotar el control de acusación se hizo llegar la oferta de juicio abreviado: el imputado tiene que reconocer el delito, aceptar la condena y en su caso devolver el dinero producto de la estafa.
Ofertas personalizadas
Como informó diario RÍO NEGRO, las ofertas fueron personalizadas, según el grado de responsabilidad que la fiscalía les atribuye a cada integrante de la supuesta asociación ilícita.
Respecto de los cinco señalados como cabecillas, estas fueron las propuestas:
• Ex director de Planes Sociales, Ricardo Nicolás Soiza: 8 años de prisión efectiva (está con preventiva desde el 10 de julio del año pasado y podría obtener la domiciliaria en agosto, por cumplir 70 años).
• Ex director de Fiscalización, Néstor Pablo Sánz: 6 años de prisión efectiva (está con domiciliaria desde el 18 de noviembre).
• Ex director de Gestión de Programas, Marcos Ariel Osuna: 7 años de prisión efectiva (está con preventiva desde el 10 de julio del año pasado).
• Ex ministro de Desarrollo Social, Orlando Abel Di Luca: 6 años de prisión efectiva (está en libertad).
• Ex coordinador Provincial, Tomás Siegenthaler: 5 años de prisión efectiva (está en libertad).
Sus respectivos abogados defensores declinaron hacer un acuerdo. Manifestaron su intención de ir a juicio común con la expectativa de obtener una absolución.
De todos modos la puerta no está cerrada por completo: hay experiencia en el Poder Judicial neuquino de acuerdos que se cierran incluso horas antes de que empiece el juicio oral.
Los demás niveles
A los otros niveles de la organización -son cinco en total- les ofrecieron acuerdos con penas que van de los cuatro años de cumplimiento efectivo a los tres años en suspenso.
En ese grupo de 22 personas, hubo tres que aceptaron declararse culpables a cambio de tres años de prisión en suspenso. La fiscalía les ofreció además el beneficio contemplado en el artículo 27 del Código Penal: el antecedente condenatorio se borrará «si dentro del término de cuatro años, contados a partir de la fecha de la sentencia firme», la persona «no cometiere un nuevo delito».
Quienes aceptaron la oferta fueron Carolina Hernández, Pamela Rivera y Pamela Cea. A las dos primeras les atribuyen el rol de «reclutadoras»: se encargarían de detectar a personas desamparadas, con el perfil para obtener un subsidio. La última figura como «extractora»: sería una de las que iban a los cajeros automáticos con las tarjetas y el PIN del beneficiario y realizaban «extracciones ráfaga» (una detrás de la otra con los distintos plásticos) y vaciaban las cuentas.
Contraofertas rechazadas
Hubo otros dos imputados que presentaron una contraoferta: los contadores Julio Arteaga y José María Gallo dijeron que están dispuestos a asumir su responsabilidad a cambio de una pena de 3 años en suspenso.
La fiscalía los ubica en el nivel 2, apenas por debajo de los jefes, y su oferta fue de 4 años de prisión efectiva. No hubo rebaja, de modo que en principio irán a juicio común.
Una lectura posible es que si presentaron una contrapropuesta es porque les preocupa su situación procesal y tratan de obtener algún beneficio antes de llegar al juicio.
A estos acuerdos, materializados o frustrados, se le suma que la fiscalía retirará la acusación contra cuatro personas que declararon como arrepentidas y confirmaron la maniobra. Sus dichos fueron utilizados además para dictar las prisiones preventivas de Soiza, Sánz y Osuna, en julio del año pasado.