Ecuador negó este viernes el salvoconducto al exvicepresidente Jorge Glas, a quien el gobierno de México le otorgó asilo al considerarlo un perseguido político.
La cancillería ecuatoriana señaló en un comunicado que la concesión de esa condición, en este caso, constituye un "acto ilícito del Estado que lo concede, apoya una evasión a la justicia del Estado y promueve la impunidad".
En su nota, el Gobierno ecuatoriano cita la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 y la Convención sobre Asilo Político de 1933, y señala que no es posible conceder esa condición a personas condenadas o procesadas por delitos comunes y por tribunales ordinarios competentes.
Según el documento, México tiene la obligación de entregar a Glas para ponerlo a disposición de los tribunales de justicia.
Este viernes, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México anunció que otorgaron el asilo de conformidad con la Convención de 1954 sobre el tema, un tratado internacional del cual ambas naciones son parte.
Esa decisión llega a raíz de que el gobierno del presidente Daniel Noboa declarara a la embajadora de México, Raquel Seur, como persona non grata, una medida catalogada como un desacierto de la política exterior de la nación andina que tensa la relación diplomática bilateral.
Según Ecuador, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se inmiscuyó en asuntos internos de este país con pronunciamientos sobre las elecciones de 2023 y también sobre el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, el 10 de agosto pasado.
A pesar de la tensión diplomática, López Obrador descartó romper relaciones con Ecuador y rechazó la presencia de fuerzas policiales ecuatorianas afuera de la embajada en Quito.
"El Gobierno de México exige a Ecuador a respetar nuestra soberanía, a no lesionar el Derecho de Asilo y a cumplir con sus obligaciones internacionales, garantizar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y cesar la política de hostigamiento y amedrentamiento", subrayó la nota oficial mexicana.
Glas, considerado uno de los símbolos del "lawfare" en Ecuador, recibió de forma temporal el beneficio de la prelibertad el 28 de noviembre de 2022, luego de la unificación de dos penas de cárcel de seis y ocho años por los casos Odebrecht y Sobornos, respectivamente; sin embargo, la medida fue revocada.
A inicios de este año, la justicia ordenó la captura del exfuncionario por presunto peculado en el caso denominado Reconstrucción de Manabí, que investiga una supuesta malversación en obras públicas tras el terremoto de 2016.