El primer vicepresidente de la República, Stephan Brunner, anunció que el Poder Ejecutivo presentará un proyecto de ley para quitar a las municipalidades la potestad de frenar la apertura de rellenos sanitarios en sus respectivos cantones.
La propuesta será dada a conocer el viernes 5 de abril, fecha en la que también se expondrá la política pública para el manejo de residuos de la administración del presidente Rodrigo Chaves. Así lo dio a conocer Brunner a la Comisión Especial de Ambiente de la Asamblea Legislativa.
Brunner aseguró que el país cometió un error en 2010, cuando entró a regir la actual Ley para la Gestión Integral de Residuos, porque se le dio a los gobiernos locales la potestad de decidir si permiten o no, que un relleno sanitario opere en sus territorios.
"Obviamente, una decisión de ese tipo tiene externalidades hacia las otras municipalidades, porque si yo no permito, pues los otros no lo pueden traer aquí y lo que resulta es lo que vemos; todas las municipalidades piensan que por qué no hacen el relleno en las otras 83 que aún hay en el país y todas se plantan de esa forma", explicó el vicepresidente.
"Entonces, ahí tenemos un error, que pusimos a decidir a entidades que generan una externalidad negativa al país, al tomar ellas una decisión en función de sus intereses municipales-cantonales, digamos así, y ese es un proyecto de ley que vamos a oficializar", agregó.
Brunner no detalló los cambios normativos que se promoverían para limitar el poder de las municipalidades en la posible instalación de los rellenos sanitarios, debido a que la propuesta "aún no está en su punto de maduración".
Ministro Minae: 'País enfrenta una crisis por negativa de municipios'
Por su parte, el ministro de Ambiente y Energía (Minae), Franz Tattenbanch, aseguró a los parlamentarios que el país enfrenta una crisis de costo de gestión de la basura, debido a la negativa de los municipios de aceptar el establecimiento de rellenos sanitarios en sus localidades.
"La crisis es que no haya ninguna otra alternativa porque los municipios más lógicos y más cercanos que inclusive, están mandando (desechos) a lugares más lejanos, no aceptan en su comunidad bastante rural un relleno sanitario que ya está aprobado, que ya tiene una viabilidad ambiental porque no contamina el ambiente donde está, esa es la crisis que tenemos", manifestó Tattenbanch.
El jerarca del Minae indicó que se trata de un sistema que resulta caro y cuyo costo es pagado por todos los habitantes del municipio que hace el traslado, por concepto de tarifas.
"Tal vez no se llaman impuestos, pero los impuestos los están pagando todos los ciudadanos en una municipalidad que envía su basura 200 kilómetros", apuntó.
Impuesto ambiental
El vicepresidente también expuso a los diputados sobre otra iniciativa de ley que sería impulsada por el Ejecutivo, para establecer un impuesto ambiental, como mecanismo para desincentivar el uso de productos no revalorizables y así disminuir la cantidad de residuos que deben ser trasladados a rellenos sanitarios para su disposición final.
"La idea es que, en un plazo de 10 a 15 años, llegue a los rellenos prácticamente nada. Calculamos que tal vez un 1% o 2% de lo que está llegando hoy, y con eso, pues prácticamente un relleno, para todo el país, va a estar y sobrar para atender el tema de los residuos", expresó el vicemandatario.
No obstante, la propuesta fue criticada por la diputada Kattia Cambronero, del Partido Liberal Progresista (PLP), quien adelantó que votaría en contra de la iniciativa.
"Disculpen, pero si a mí me vienen con un proyecto de ley para aumentar impuestos, soy la primera que no lo voy a aprobar, porque la vía de seguir aumentando los impuestos no es la vía que este país necesita. ¡No lo es! No podemos seguir empobreciendo más al costarricense", advirtió la legisladora.
Gobierno esboza política de residuos
Las restantes acciones a las que se refirió el vicepresidente, y que esbozan la política del gobierno, tienen que ver con el tratamiento particular que se le daría a los residuos, según se clasifiquen como ordinarios, valorizables o no valorizables.
Brunner estimó que un 50% de los residuos en el país son ordinarios, por lo que propone que el 80% de estos sean tratados en los sitios en donde se generan, por medio de programas de compostaje, biodigestores o como alimento animal.
El 20% restante, proveniente de condominios verticales, restaurantes, hoteles y hospitales, sería recolectado por las municipalidades. Si bien recibirían de igual forma un manejo mediante el compostaje o los biodigestores, estos tendrían dimensiones industriales para atender la demanda.
En el caso de los residuos valorizables, que Brunner calculó representan el 30% de todos los residuos del país, se implementaría "un sistema de depósito y reembolso".
"A la hora de que se importen o se produzcan, mayoritariamente son empaques, se cobraría un depósito", indicó. Estos dineros irían al Fondo Nacional Ambiental, que ya existe y se estableció en la Ley Orgánica del Ambiente.
Estos residuos serían llevados por las personas a los centros de acopio, labor que, de acuerdo con el vicepresidente, pueden ejecutar las municipalidades.
"La gente interesada tiene que llevar ahí sus materiales reciclables: secos, limpios y clasificados y así se les devuelve el depósito. Como referencia, estamos pensando en alrededor de ¢500 por kilo. Eso va a variar, según el material", agregó Brunner.
El vicepresidente aseguró a los legisladores que en los países en los que se ha implementado este sistema, se recolecta más del 90% de los materiales reciclables.
"Esto nos da un chance, para traer plantas de reciclaje. Ya con estos montos, que sería más o menos diez veces de lo que recogemos hoy, pensamos que tenemos una oportunidad para traer empresas que reciclen sobre todo plásticos", apuntó.