El próximo mes de septiembre España y el resto de estados miembro que incumplen las metas de déficit o deuda deberán enviar a Bruselas su plan fiscal estructural a medio plazo, en virtud de las nuevas reglas fiscales. Este documento incorpora los compromisos de ajuste presupuestario, así como de reformas e inversiones públicas para los próximos cuatro años. Un periodo que puede ampliarse a siete años si la senda está respaldada por reformas estructurales y por compromisos de inversión a los que el Ejecutivo comunitario debe dar el visto bueno.
Dentro de estas reformas se tendrán en cuenta las aprobadas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y aquellas relacionadas con la transición verde y digital o con la Defensa. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) recomienda al Gobierno que diseñe de esa hoja de ruta en colaboración con las comunidades autónomas y con el resto de administraciones territoriales.
Sólo así la senda resultante será "creíble", dado el notable peso del gasto autonómico sobre el total y la cuantía del ajuste que España tendrá que llevar a cabo en los próximos cuatro años para ceñirse al nuevo marco europeo. Es, de hecho, la propia presidenta del organismo fiscalizador, Cristina Herrero, quien sugiere al ministerio de Hacienda que convoque una Conferencia de Presidentes. El máximo órgano de cooperación política entre el Gobierno de España y los de las comunidades se reunió por última vez en 2021.
"Sería deseable que se convocara una Conferencia de Presidentes como ya se hizo en el pasado para tratar temas de estabilidad presupuestaria", apuntaba el jueves durante la presentación del 'Informe los Presupuestos Iniciales de las Administraciones Públicas 2024'. En ese contexto Herrero apostaba, además, por iniciar ese diálogo a través, también, del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y de la Comisión Nacional de Administración Local.
La financiación autonómica, entre las prioridades
El objetivo debe ser abordar temas prioritarios como la reforma de la financiación autonómica, la vuelta de las regiones que todavía no lo han hecho a los mercados financieros, la solución que se dará para los mecanismos extraordinarios de liquidez (instrumentos que, como el Fondo de Liquidez Autonómico, se crearon en plena crisis de deuda para apoyar a las comunidades que no podían financiarse por sí mismas) y el compromiso con la senda de ajuste y con las nuevas reglas fiscales.
Todos son temas prioritarios que, en su opinión, debieran ser objeto de una negociación bilateral antes de plantear siquiera otros asuntos como la condonación de parte de la deuda autonómica, que el PSOE acordó con ERC para Cataluña en el marco del pacto de investidura, y de la que la Autoridad Fiscal no cuenta con información de momento.
Las convocatoria anticipada de las elecciones catalanas, que se suman a las vascas del próximo fin de semana y a las europeas de junio, ha hecho que se pospongan los encuentros bilaterales que técnicos del ministerio que capitanea María Jesús Montero iban a tener con las consejerías para abordar cómo se llevaría a cabo el procedimiento para aquellas regiones que quieran adherirse al mismo -al margen de que acudiesen o no al FLA-. El Gobierno, además, ha renunciado a presentar los Presupuestos Generales del Estado de 2024 y se centra ya en los trabajos para sacar adelante las cuentas del año que viene.
Incumplimiento de la regla de gasto 'casi' generalizado
Mientras tanto, la Autoridad Fiscal ve "riesgo" de que incumplan la regla de gasto nacional, del 2,6%, el Estado, todas las comunidades autónomas y diez de las entidades locales que son fiscalizadas por la AIReF: Madrid, Valencia, Palma, Las Palmas de Gran Canaria, Alicante y Gijón, así como las diputaciones de Barcelona y Sevilla, el Cabildo Insular de Tenerife y la Diputación Foral de Álava. Todas ellas estarían obligadas, por tanto, a presentar un plan económico financiero con el que reconducir sus cuentas.
A medio plazo la AIReF anticipa que el déficit se estancará por encima del 3% desde 2025 y que la deuda no bajará del 100%. Hace solo unos días, la propia Comisión Europea advertía de que la sostenibilidad de las cuentas públicas españolas presenta riesgos a medio plazo por el envejecimiento de la población y el mayor gasto en pensiones previsto los próximos años, cuando se jubilará el grueso de la generación del 'baby boom'.
En concreto, el Análisis de Sostenibilidad de la Deuda (ASD, por sus siglas en inglés) colocaba a España entre los países cuya ratio de endeudamiento sobre PIB se mantendrá por encima del 90% a lo largo de los próximos cinco años junto a otras dos de las grandes economías del euro (Francia e Italia) Bélgica, Portugal, Grecia, Rumanía y Finlandia.