El abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi se pronunció sobre la citación del Ministerio Público al presidente del Congreso, Alejandro Soto, quien ha sido incluido en las investigaciones a la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides, acusada de dirigir una organización criminal.
El legislador de Alianza para el Progreso debe presentarse hoy jueves 25, a partir de las 8 y 30 de la mañana, ante la Fiscalía para dar su manifestación ante la fiscal suprema Delia Espinoza sobre las coordinaciones que, según el colaborador eficaz Jaime Villanueva, habría sostenido con Benavides para que se archive la investigación en su contra por el caso 'fábrica de trolls' a cambio de que él ponga a debate en el Pleno del Parlamento la moción que planteaba remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
En declaraciones a Perú21, el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi afirmó que "Soto está obligado a rendir su manifestación y colaborar con la justicia".
"De acuerdo a la Constitución, los parlamentarios están obligados a cumplir y hacer cumplir las disposiciones del Ministerio Público y del Poder Judicial, así que él está obligado a rendir su manifestación. Caso contrario, al acabar su periodo parlamentario, podría ser denunciado por infracción a la Constitución y por un delito de obstrucción a la justicia", advirtió.
Rospigliosi añadió que "los cargos imputados contra Soto son muy fuertes porque presumen que él habría utilizado su cargo de presidente del Congreso para buscar apoyo con la anterior fiscal de la Nación para que se archive su investigación".
Recordó que el legislador de APP goza de inmunidad, pero explicó que la fiscal suprema a cargo puede avanzar en la recopilación de "elementos de convicción y luego, al terminar la investigación preliminar, el fiscal de la Nación deberá hacer eventualmente la denuncia ante el Congreso".
"Es imprescindible que el señor colabore y no haga una obstrucción a la justicia. Además va a ser una manera de que se rectifique en la práctica por sus bravatas lanzadas días atrás contra el Ministerio Público por el allanamiento de algunas oficinas de congresistas investigados; ese fue un mensaje totalmente insólito e incoherente con la Constitución", declaró el jurista.
Asimismo, recordó que al igual que Soto hay otros trece congresistas de distintas agrupaciones políticas que también son investigados por el Ministerio Público por sus vínculos con Patricia Benavides. Entre ellos figuran Luis Aragón, José María Balcázar, José Williams, Martha Moyano, José Jerí, Ilich López y Luis Cordero Jon Tay
"El tema es muy delicado. Ya hemos visto los casos de Kenji Fujimori, de Michael Urtecho. ¿Cuál es el mensaje para el país? Que el poder es efímero y tarde o temprano los altos dignatarios de Estado, como son los congresistas, deberán hacerse responsables de su comportamiento y puede caer sobre ellos todo el peso de la ley", concluyó Rospigliosi.
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