Podemos cree que "alguien se forra con el dinero de todos" en el modelo de vivienda "antisocial" de Page
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Podemos Castilla-La Mancha ha criticado lo que califica de "modelo de vivienda antisocial" el que practica el Gobierno de Emiliano García-Page por "su absoluta falta de transparencia, por desproteger a la ciudadanía de la región y por entregar dinero y terrenos públicos a manos privadas".
La formación morada cree que "alguien se forra con el dinero de todos" con promociones de construcción como la de las 475 nuevas viviendas en Toledo e Illescas, para las que se van a destinar más de 17 millones de euros procedentes de los Fondos Next Generation de la Unión Europea. En este sentido, denuncian que las viviendas de Toledo van a tener un precio de alquiler de 646 euros, mientras el precio medio de mercado que publica el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ronda los 500 euros.
El coordinador autonómico de Podemos, José Luis García Gascón solicita a la Junta de Castilla-La Mancha "transparencia" al respecto: "Es necesario que el Gobierno regional deje de lanzar anuncios contradictorios demagógicos sobre vivienda y aporte datos suficientes y reales".
En este sentido ha señalado que "sobre el supuesto Plan 10.000, el gobierno de Page un día incluye viviendas para venta y alquiler, al siguiente se pasan al régimen de cooperativa, y al otro se da por cumplido el 30% cuando no se conoce la finalización de ninguna vivienda, para la sorpresa de la ciudadanía".
En este sentido, José Luis García Gascón incide en la idea de que el Ejecutivo de la región está "jugando con dinero público, mientras miles de personas viven asfixiadas por los altos precios del alquiler o por tener que acogerse a préstamos hipotecarios de por vida".
La segunda región con peor tasa de emancipación
Marcos Isabel Núñez, portavoz de prensa de la formación morada y miembro del Área Joven plantea que desde el PSOE de Castilla-La Mancha "rechazan las viviendas sociales porque las que proponen son auténticas viviendas antisociales, construidas con dinero público y cedidas a manos privadas que solo buscan lucrarse con nuestros derechos, ofertando viviendas de alquiler social con precios mayores a los del mercado".
Además dice que "no están a la altura del principal problema que tenemos hoy en la región, que es el acceso a la vivienda. Un problema que nos afecta especialmente a los jóvenes que vivimos en la segunda región de España con la peor tasa de emancipación (13,3%)".
Proponemos que sea GICAMAN quien construya las viviendas sociales, que para eso es una empresa pública, lo que ahorraría más del 30% del coste en beneficios privados
Podemos también se ha referido a la repetición de un concurso público para viviendas de alquiler en Toledo que ha propiciado la subida del precio, tras una reclamación de la empresa constructora, tal y como publicaba Toledodiario.es
Sostienen que "Page gobierna al dictado de empresarios que especulan con la vivienda y, por ello, rechaza gestionar lo público con objetivos sociales". Por ello desde Podemos proponen "que sea GICAMAN quien construya las viviendas sociales, que para eso es una empresa pública, lo que ahorraría más del 30% del coste en beneficios privados en un sector tan especulativo como el del ladrillo".
Marcos Isabel Núñez recuerda que "es inadmisible que el Gobierno de Castilla-La Mancha se niegue a aplicar la Ley de Vivienda para limitar los precios del alquiler porque, a pesar de que han declarado dispuestos a aceptarlos, mienten diciendo que ningún municipio lo ha solicitado cuando agrupaciones de su partido han aprobado mociones en esta línea en, por ejemplo, Cuenca o Azuqueca de Henares".
José Luis García Gascón, también candidato a las elecciones europeas del 9 de junio en la papeleta de Irene Montero, recuerda su propuesta de programa electoral de "alquiler de vivienda pública para jóvenes y familias a partir de 50 euros, pero esto se hace creando un verdadero servicio público de vivienda como en el resto de países europeos, no desmantelándolo como hace Page". En este sentido, manifiesta que "Page se olvida de que la vivienda es un derecho recogido en nuestra Constitución y no un bien de mercado con el que especular con precios de casi 700 euros, muy superiores a los del mercado".