La asamblea general extraordinaria del Club Náutico Ibiza (CNI) acordó anoche presentar un recurso contencioso administrativo contra la decisión acordada el pasado 18 de abril por el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Balears (APB) de otorgar a Puertos y Litorales Sostenibles (PyLS) la autorización para la gestión de los amarres para embarcaciones de esloras de hasta quince metros en el muelle de Ribera-Poniente del puerto, que ocupa desde hace 99 años el Club Náutico Ibiza. La votación, a mano alzada, sólo contó con una abstención de los casi 300 presentes.
Además de ese recurso, el CNI solicitará medidas cautelarísimas para paralizar la concesión y la entrega, el próximo 5 de mayo, a PyLS de ese muelle, fecha en la que, en principio, el Club Náutico Ibiza debe abandonar las instalaciones y haber desalojado de allí todo su material y pertenencias.
Se produjeron, además, otras dos votaciones, ambas aprobadas por unanimidad. La primera, que el club continúe al menos hasta el 27 de febrero de 2025, fecha en la que cumplirá su centenario, si bien es probable que lo celebre fuera del recinto que ocupó desde sus inicios. La segunda, que no se disuelva.
Eso sí, estas dos últimas llevan aparejadas dolorosas medidas económicas. El CNI entra en economía de guerra para poder mantenerse al menos un año más, lo que supone apretarse el cinturón hasta extremos nunca vividos en las últimas décadas. Adoptarán un modelo «austero» que les obligará a «cambiar el modelo de gestión» y a «reducir los costes al mínimo», según se expuso desde su directiva. Se favorecerá el «voluntariado a coste cero» y se reducirá la plantilla (se habló de tres trabajadores menos). El déficit será de unos 78.000 euros, suficiente, calculan, para «llegar hasta el 27 de febrero de 2025 sin problemas» y con la intención de volver a concursar, aunque todos son conscientes de que si el Estado no cambia las reglas del juego y favorece la marina social, poco podrán hacer frente a empresas que disponen de un poderoso músculo financiero.
Aunque primará la austeridad, el club mantendrá sus actividades deportivas y sociales, como la escuela de vela y 'Un Mar de Posibilidades', que no sufrirán recortes. «El objetivo final es sobrevivir, pero para volver aquí», señaló Pedro Matutes, vocal de la directiva, que apuesta por presionar a la APB para que convoque el nuevo concurso «lo más rápido posible», a poder ser, en un año, como su presidente, Javier Sanz, dio a entender en febrero.
Fundamentos que avalan el recurso
Lo más inmediato será lograr que la Justicia acepte las medidas cautelarísimas, para así paralizar el proceso y no tener que salir del actual edificio el próximo 5 de mayo. El abogado, expolítico y miembro de la directiva Josep Maria Costa reiteró que, si bien esa es la fecha asignada, aún no les ha llegado el requerimiento en el que se concreta ese día: «No tenemos fecha para salir», aseguró. El CNI intentará, mediante la judicialización de la concesión, dilatar al máximo cada paso, incluso el de la salida. Costa asegura que el abogado que trabaja para el CNI considera que existen suficientes «fundamentos jurídicos que avalan el recurso».
En cuanto a dónde se ubicará el club si se ve forzado finalmente a salir de su actual instalación, sus dirigentes están en conversaciones con el Casino des Moll para que les ceda parte de su espacio. Su presidente, Joan Marí, Botja, presente en la asamblea, recordó que no sería la primera vez que esta entidad ofrece sus estancias al CNI: ya lo hizo en 1925, cuando se creó, y hasta 1930, cuando se terminó de construir el actual edificio en el muelle de Ribera-Poniente. Durante esos cinco años, el CNI celebró todas sus reuniones en el Casino des Moll. Es posible que durante un tiempo sea su sede provisional: «Pero hay que hablarlo», según Costa.
Un lugar en el puerto
También aseguran que han recibido «generosas ofertas» de empresas y de administraciones públicas que «se han ofrecido para que el club no desaparezca». El Consell ha puesto a disposición del CNI una explanada. Y un socio, una nave para poder guardar allí todo el material, según explicó Josep Maria Costa, que además dio a entender que existe la posibilidad de que la entidad pueda disponer de un espacio propio dentro del puerto. Lo dijo después de que uno de los socios propusiera pedir la dimisión de Javier Sanz como presidente de la Real Federación Española de Vela (es presidente de la APB desde el pasado mes de septiembre) por su papel en todo este proceso. Costa conminó «a bajar ahora la presión» para, al menos, lograr ese espacio portuario. «Una cosa es lo que dice el corazón y otra lo que dice la cabeza. Dejadnos gestionar eso», pidió un Costa en modo pragmático.
Buscan, asimismo, amarres «dentro del puerto de Vila» para las embarcaciones de entre ocho y 15 metros, que serán las más afectadas por las nuevas tarifas que aplicará la nueva concesionaria, pues podrían llegar a triplicar las actuales. Con el Nàutic de Sant Antoni negocian también «colaborar». Costa considera que la creación de una asociación de amarristas sería «imprescindible».
También sobrevoló la idea de que un próximo concurso estará perdido si no se avanza en el reconocimiento de la náutica social. Costa cree que lo más eficaz es que las asociaciones de clubes náuticos de las islas elaboraren un proyecto de ley al respecto.
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