Montse Martínez
Han pasado 13 años desde la primera directiva europea para la lucha contra la trata de seres humanos. Más de una década en la que han cambiado muchas cosas, incluido el 'modus operandis' de los delincuentes que trafican con personas con ánimo de explotarlas. Por eso, los trabajadores sociales especializados en este perfil de víctimas han saludado con satisfacción los "importantes avances" que presenta la reforma de una directiva, a todas luces obsoleta, recién aprobada por el Parlamento Europeo.
Es el caso de Marta González, coordinadora de incidencia social y política de la Fundación Amaranta, con una dilatada carrera en atención a víctimas de trata. "Cuando hablamos de trata ya no solo hablamos de explotación sexual, de prostitución, hay muchas más modalidades y, además, ha entrado en juego las tecnología como herramienta para acosar a las víctimas". La experta aplaude la ampliacion de ámbitos en la trata de personas: matrimonio forzado, adopción ilegal, maternidad subrogada para la explotación reproductiva y la explotación de menores en instituciones residenciales, entre otros". "La trata también evoluciona y las herramientas legales también deben evolucionar", añade.
La directiva europea reformada se hace eco de que un número cada vez mayor de infracciones relacionadas con la trata de seres humanos se cometen o facilitan a través de las tecnologías de la información o la comunicación. "Las víctimas de explotación en línea han aumentado", explica la coordinadora de la Fundación Amaranta, que añade que los delincuentes utilizan con frecuencia internet y las redes sociales para captar a víctimas, exponerlas y ejercer un control sobre ellas. "Es necesario --añade la experta-- que los Estados refuercen los equipos y las dinámicas de investigación de la delincuencia online".
Sanciones a personas jurídicas
La Fundación Amaranta, a través de su coordinadora, también considera muy positivo que se contemplen sanciones a personas jurídicas implicadas en casos de trata --con la posibilidad de excluirlos de la función pública o de la retirada de licencias-- y sanciones administrativas que impliquen multas. En este punto, González señala una de las carencias, desde su punto de vista, de las que adolece la reforma: "Nos hubiera gustado que los bienes embargados hubieran sido destinados a la indemnización de víctimas pero no se contempla".
La directiva hace mención explícita al tratamiento que deben recibir las víctimas de trata que, además, tienen derecho a solicitar asilo. Elena Muñoz, coordinadora estatal del servicio jurídico de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), considera positivo que los Estados miembros estén obligados a tener en cuenta la situación específica de vulnerabilidad de las víctimas de la trata necesitadas de protección internacional en los procedimientos de asilo. Estas garantías procesales generales pasarían por excluirlos del procedimiento fronterizo tras una evaluación individual realizada por las autoridades nacionales.
En este sentido, Muñoz hace hincapié en la necesidad de que las autoridades policiales de los Estados miembros tengan formación para detectar a una persona que está sometida en algún sentido. "Es difícil conocer de palabra que una personas es víctima de trata pero hay indicios, que de conocerlos, ayudan a identificarlas", dice la experta para añadir: "El lenguaje no verbal puede aportar mucha información, por ejemplo, la forma en que ha viajado, si tiene el control de su dinero, cómo es su actitud, si va muy mal vestida o, por el contrario, muy bien vestida". Es muy importante, según la experta, saber detectar estas situaciones y poder ofrecer el trámite al derecho a asilo así lo merece.
Para la coordinadora estatal del servicio jurídico de CEAR, es muy importante el artículo de la directiva que exige evitar que las víctimas tengan que elegir entre el procedimiento de asilo y solicitar un permiso de residencia e insta a los Estados a garantizar la complementariedad entre procedimientos.
Entre los aspecto negativos de la nueva directiva, los expertos destacan que no se garantiza la indemnización efectiva a las víctimas de trata. "En Holanda existe un fondo estatal por el que el Estado adelanta el pago de indemnizaciones", explica la coordinadora de incidencia y política.
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