José Luis Santa Isabel (València, 1959) es ingeniero de Caminos por la Universitat Politécnica de València. Arrancó su carrera profesional a mediados de los ochenta en la antigua Fomento de Obras y Construcciones (hoy FCC) en el proyecto de la autovía que une Alicante con Murcia. En 1992 fichó por una empresa nacional especializada en el mantenimiento de carreteras y en 1996 montó su propia compañía: Firmes y Alzados. «Era una empresa pequeña con la que realicé líneas de negocio para otros. Ayudé a la fallecida Rosa Lladró a montar su promotora y constructora», recuerda. Después lo fichó el dueño de Midascon y ayudó al crecimiento de la constructora que pasó de embrión a facturar más de 100 millones de euros. Con el estallido de la burbuja inmobiliaria se reinventó y se fue a África a proyectar vivienda social en 17 países, sobre todo en Costa de Marfil y Senegal. En 2012 asumió la presidencia de la patronal valenciana de contratistas Fecoval. De forma paralela, está vinculado a la gestora de cooperativas de viviendas ADU Mediterráneo, que durante un año tuvo la exclusiva para impulsar las torres del viejo Mestalla.
¿Han sido efectivos los fondos de reconstrucción?
No. Siete de cada diez euros de los fondos de reconstrucción pasan directa o indirectamente por la construcción. Yo creo que no han sido tan efectivos como se esperaba porque no ha habido una gestión eficaz de esos fondos.
¿Por la burocracia?
Ha habido una estructura de gestión absurda. Y creo que han ido un poco como pollo sin cabeza sin saber muy bien por donde pegar el tiro. El gasto no ha sido eficaz y llevamos un retraso enorme de esos fondos. España tiene que mejorar muchísimo a nivel de país y de Administración para que los fondos lleguen de verdad a la calle y sean efectivos.
El Gobierno está a punto de licitar la ampliación del Puerto y se está transformando la red ferroviaria. ¿Qué grandes licitaciones quedan pendientes?
Muchísimas. En la Comunitat Valenciana hemos estado abandonados. Tenemos un déficit de licitación en los últimos diez años de 30.000 millones de euros. Hay muchos proyectos históricos pendientes de licitar. El túnel pasante es vital, falta por licitar la doble vía de alta velocidad en el tramo de València a Castelló, en el puerto queda la obra grande de la ampliación y está pendiente el acceso norte del puerto donde tengo claro cuál es la solución.
¿Cuál sería su solución para el acceso norte del puerto?
Yo creo que tiene que ser un acceso ferroviario. El puerto de València es un motor del transporte de mercancías y debe tener un acceso básicamente ferroviario.
¿Cuándo cree que será una realidad el túnel pasante?
El túnel pasante tiene muchos condicionantes. Yo sinceramente no lo veo hecho antes de 2035. Antes es imposible porque se trata de una obra complicada. Hemos avanzado y el trazado está consensuado, algo que nos ha costado mucho. Es un gasto muy alto y todavía tenemos que terminar la alta velocidad, que no está acabada ni al norte ni al sur. Es increíble que todavía no estemos conectados con Alicante. Faltan 20 kilómetros. Y también faltan los accesos de cercanías.
¿Por qué cree que no se construye más vivienda pública?
Es una cuestión política. Hay una serie de herramientas como las medidas fiscales por las que no se apuesta. Ahora hay una decisión de construir 180.000 viviendas de alquiler asequible en España y 10.000 viviendas accesibles en la Comunitat Valenciana, pero hay otras medidas que están en la esfera política que no se adoptan. Si el acceso a la vivienda es un derecho recogido en la Constitución, ¿por qué se grava con el IVA la primera vivienda? Tenemos un gran problema entre las personas que necesitan una vivienda y su capacidad de compra por el coste. El suelo y la construcción cuestan lo que cuestan y las familias no tienen el ahorro para la entrada por la parte que no financia el banco y los impuestos (50.000 euros para un piso de 200.000 euros).
El Gobierno ha anunciado la movilización de suelo público.
Sí, ese es un paso. Ahora falta la parte fiscal. El 10 % del IVA es una barrera. Si lo eliminas, creas puestos de trabajo para la construcción de pisos y eso genera mucha más riqueza al Estado (en impuestos) que el 10 % de IVA. El Estado debe quitar el IVA a la compra de la primera vivienda porque es una necesidad. Antes todos comprábamos nuestra casa con la ayuda del Estado (hasta la eliminación de la desgravación fiscal). Necesitamos esas ayudas porque ni la gente joven ni los mayores tienen la capacidad de compra.
Los expertos alertan de que las casas son muy caras porque la normativa de eficiencia energética es muy exigente.
Es cierto. Yo prefiero que la gente tenga acceso a una vivienda a que el piso disponga de clasificación energética A. Lo primero que hay que hacer es que la gente pueda vivir en su casa. Hacerla con clasificación energética A lo encarece mucho. Es hora de replantearse si hay que construir viviendas con los materiales que se exigen ahora (por imposición de Europa). Nuestro problema es que en València tenemos a 40.000 personas a las que no les podemos dar una vivienda. Lo más importante es que tengan una vivienda digna y da igual si la clasificación energética es A o B. Y más nosotros, que tenemos un clima aceptable. Ya haremos viviendas con clasificación energética A, pero de momento pongamos techo a esta gente.
¿Falta mano de obra en el sector?
Muchísima. Sufrimos una gran pérdida de mano de obra tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Durante el boom de la construcción vinieron muchos sudamericanos y tras el pinchazo inmobiliario volvieron a sus países. También muchos trabajadores del sector se fueron a la hostelería y ya no volvieron. Nuestro plantel de gente tiene una edad media cercana a los 48 años. Se nos está haciendo muy mayor y no encontramos la regeneración. Nos es muy difícil hacer ver a los jóvenes que es un sector donde pueden ganarse su futuro. En cuanto a la incorporación de la mujer al sector, estamos casi 20 puntos por debajo de Europa y no tiene sentido esa diferencia. La construcción ha hecho un esfuerzo enorme en estos años últimos por la tecnificación. En las obras cada vez montamos más elementos prefabricados y hacemos menos esfuerzo manual.
¿Necesita Valencia un aeropuerto más grande?
Sí, estoy convencido. València es una de las ciudades de España que más crece en turismo y en tráfico. El aeropuerto se queda pequeño y hace falta una segunda pista y otra terminal. Lo que no tengo tan claro es si debe estar en Manises o se debe buscar otra ubicación. Manises se ha quedado prácticamente dentro de València.
Ha salido la opción de un aeropuerto en Requena.
Sí, se ha hablado de Requena y de Llíria. Es un tema que hay que abordar por el potencial económico de Valencia. El año pasado el aeropuerto tuvo diez millones de pasajeros.
El presidente Carlos Mazón ha anunciado un plan contra la burocracia. ¿Qué problemas están teniendo?
En la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) comprobamos que hay 1.800 procesos de interrelación entre la Administración y los administrados. Son procesos burocráticos que están mal hechos. Pertenecen a otro siglo. Hay que cargarse los procesos burocráticos absurdos. Es increíble que para un trámite con la Administración tengas que rellenar tu nombre 33 veces. El Consell tiene el plan Agiliza, que creo que está muy bien.
¿Es partidario de los peajes en las autovías?
Sí. Es necesario el pago de una tasa para garantizar su conservación. Yo soy partidario del pago por uso.
¿Por qué si algunas vías como la antigua autopista del Mediterráneo están más que amortizadas?
Porque el coste de conservación de las infraestructuras es muy alto. España ha hecho un esfuerzo muy grande durante los últimos treinta años para tener la mejor red de autovías de Europa, pero hay que conservarla. Eso cuesta un dineral y el Estado no tiene capacidad para hacerlo. Así que debemos colaborar todos
Al margen de Fecoval, usted lideró el plan para construir 500 viviendas en el solar de Mestalla en régimen de cooperativa con ADU Mediterráneo. ¿Por qué fracasó aquel plan?
Nosotros no nos sentimos fracasados. Nos sentimos todavía en el barco. Fue una pena porque nos pilló la pandemia, Teníamos que dar los avales el 30 de marzo y el 15 de marzo nos encerraron. También hago autocrítica. Nosotros sabemos de hacer viviendas en régimen de cooperativa, pero no centros comerciales. Nuestras 500 viviendas estaban adjudicadas. El máximo error en los nueve meses del proyecto fue el terciario. Seguimos creyendo en el proyecto porque es magnífico para València. Nosotros seguimos buscando a un socio.
¿Qué solución le ve?
Yo creo que la única manera de llevar ese proyecto adelante es con una cooperativa. Es muy difícil que un promotor privado entre ahí porque es un proyecto a dos o tres años vista y el coste de la inversión es una barbaridad.
¿Qué costaban sus viviendas?
Nosotros teníamos precios ahí de 2.400 euros el metro cuadrado. Todos nos acusaron de que éramos muy caros y hoy es el precio medio en toda València.
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