Un supuesto error de identificación, siete fallecidos y una comunidad internacional que teme más que nunca por la integridad de sus trabajadores humanitarios. El ataque perpetrado el 2 de abril contra un convoy de World Central Kitchen al norte de Gaza ha abierto un nuevo capítulo en el conflicto entre Hamás e Israel. Este, ante las presiones de Estados Unidos, ha anunciado que abrirá el puerto de Ashdod y el paso de Erez para aumentar el flujo de ayuda a civiles.
Aunque la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH) celebra esto como una "buena noticia", su portavoz, Jeremy Laurence, ha recalcado a los medios que el flujo de asistencia sigue siendo muy limitado y ha insistido, a la vista de los acontecimientos, en la necesidad de respetar y proteger a los trabajadores humanitarios. ACNUDH ha aprobado una resolución instando a un acceso inmediato a la asistencia humanitaria y al personal de las agencias pertinentes.
La escalada de violencia en la región está teniendo un impacto devastador. Esta semana, el bombardeo al vehículo donde se trasladaban siete trabajadores de la oenegé del chef José Andrés en una zona sin operaciones militares en curso ha reflejado cómo el terror en la Franja de Gaza se está cebando con los cooperantes de la misma manera indiscriminada en que lo está haciendo con el resto de la población.
Los empleados por los que la oenegé con sede en Estados Unidos pide justicia y explicaciones son el palestino Saifeddin Ayad Abutaha, la australiana Lalzawmi Frankcom, el polaco Damian Soból, el canadiense-estadounidense Jacob Flickinger y los británicos John Chapman, James Henderson y James Kirby. Con ellos, ya son al menos 196 las personas en misión que han perdido la vida en Gaza en los últimos 182 días.
Tras el incidente, World Central Kitchen reclamó una investigación independiente sobre las agresiones a trabajadores humanitarios en Gaza, petición que ha contado con el apoyo del secretario general de la ONU, António Guterres. Junto a ellos, otras entidades que operan en el territorio como UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina) recuerdan que las acciones contra quienes surten a los refugiados en la Franja no son ninguna novedad desde hace seis meses.
Raquel Martí, su directora ejecutiva en España, lamenta el ataque perpetrado contra los compañeros de World Central Kitchen, pero también recuerda que "lo único excepcional" que hay en este reciente ataque —a un convoy perfectamente marcado como ayuda humanitaria— "fue que los cooperantes eran internacionales". UNRWA, que lanza cada pocos días actualizaciones de la crisis en la Franja, confirmó ayer, 4 de abril, que 177 de sus trabajadores han fallecido desde que empezó el conflicto.
En declaraciones a ENCLAVE ODS, Martí critica que la visibilidad de las amenazas a los trabajadores humanitarios llegue tan tarde. "Me entristece que pueda crearse una diferencia entre los cooperantes locales y extranjeros, porque nunca ha habido una cobertura como esta con el resto de personas que han fallecido", reflexiona. En cualquier caso, aplaude que la repercusión haya llegado a tal punto que incluso "EEUU haya presionado a Israel en la apertura de nuevos pasos fronterizos".
"No hay lugar seguro"
Desde UNRWA denuncian que "no hay lugar seguro para nadie en Gaza", tampoco para quienes acuden para asistir a los civiles. "Sin ir más lejos, el edificio en el que se aloja nuestro personal internacional ha sido atacado en dos ocasiones", recuerda. A la hora de entregar ayuda, la opción más factible es "la entrada terrestre, aunque necesitamos que los procesos sean más rápidos", porque los trámites burocráticos están enlenteciendo "la entrada de camiones en los cruces de Karem Shalom y Rafah".
Durante el mes de marzo, apenas 159 camiones han entrado cada día a la Franja con alimentos y artículos de primera necesidad. La cifra se aleja significativamente de los 500 que entraban diariamente antes de la guerra y que "se necesitan actualmente" en el enclave, según compartió en X la presidenta de la Comisión de la Unión Europea (UE), Ursula von der Leyen.
En este contexto, las organizaciones humanitarias denuncian la omisión de atención por parte de la administración de Tel Aviv a los llamados internacionales para permitir la entrada de ayuda a través de la puerta fronteriza de Rafah, localizada en la frontera con Egipto —país en el que espera buena parte de la ayuda enviada a Gaza—.
La semana pasada, Israel anunció que dejaría de trabajar con UNRWA, organización a la que acusa de tener vinculaciones con Hamás y de que trabajadores suyos participaran en el ataque del 7 de octubre. Tras esto, varios países retiraron su financiación dejándola prácticamente sin el 70% de sus fondos, si bien España ha seguido apoyándola con la movilización de casi 24 millones de euros para el año 2024.
A esto se suma que, pese a los esfuerzos por garantizar la asistencia humanitaria, muchas organizaciones se plantean abandonar la Franja. El caso más reciente es el de Open Arms, que ha tenido que suspender su misión y retornar este miércoles a Chipre. Médicos Sin Fronteras, a través de su secretario, Christopher Lockyear, ha denunciado que la "pauta en los ataques" contra trabajadores indica que son deliberados o producto de una "temeraria incompetencia".
MSF, que exige "un alto al fuego inmediato" ante las dimensiones del desastre humanitario, recordó al respecto que lo que está sucediendo con los hospitales bombardeados y los trabajadores de las oenegés "es una amplia manipulación de la ley humanitaria". En palabras de Lockyear, que se permitan estos ataques a los trabajadores humanitarios "es una opción política" que no puede tolerarse desde la comunidad internacional.
"La hambruna será inminente"
El conflicto entre Hamás y el Ejército de Israel ha dejado en tiempo récord un saldo trágico, con más de mil personas fallecidas y cientos de secuestradas. Además, en las últimas 24 horas, 54 palestinos han perdido la vida y 82 han resultado heridos, según informes oficiales. Naciones Unidas ha confirmado estos datos, que ponen números una crisis humanitaria sin precedentes en la región.
La Franja de Gaza se encuentra en una situación desesperada, con hospitales colapsados, escasez de agua potable, y un aumento alarmante de la inseguridad alimentaria. En este sentido, Oxfam Intermón denuncia que la población del norte lleva desde enero obligada a sobrevivir con una media de 245 calorías al día, lo que supone menos del 12% de las 2.100 kilocalorías diarias necesarias por persona, menos de lo que hay en 100 gramos de pan, que equivale a cuatro rebanadas de pan de molde.
Los más afectados, los niños, están obligados a crecer en medio de un conflicto que los convierte en víctimas colaterales con graves secuelas emocionales. "Están delgados como el papel", lamentó James Elder, portavoz de Unicef, en una conferencia reciente. Según datos del organismo, uno de cada tres niños de menos de dos años sufre malnutrición aguda, una crisis que se agrava a gran velocidad, pues el ratio ya es el doble de lo que era en enero.
El subdirector ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Carl Skau, advirtió que, si no se restablecen los sistemas alimentarios, "la hambruna será inminente en el norte de Gaza". La semana pasada, el PMA tuvo detuvo las entregas de alimentos en el norte por los saqueos a varios convoyes. UNRWA, que ha descartado a este periódico cualquier remota posibilidad de suspender sus operaciones en la zona, es la única que puede gestionar esta infraestructura. "Es una responsabilidad muy alta y no dejaremos de cumplir con ella", asegura su directora en España.