Anna Moilanen aprovechó ayer la presentación de la memoria de la Oficina de la Defensora de la Ciudadanía de Palma para lanzar un SOS. «Todo tiene un límite», advirtió después de describir un escenario de sobrecarga de trabajo por la tramitación de un número récord de expedientes con menos recursos.
La intervención de Moilanen recibió el aplauso de la izquierda y varios reproches de la derecha; Vox insistió en cerrar este departamento porque considera que incurre en una duplicidad, mientras que el PP le afeó su adhesión a una declaración institucional firmada con Sindicaturas de Cataluña en la que «se pone de vuelta y media a este equipo de gobierno».
La Oficina de la Defensora tramitó en 2023 un cifra récord de 565 expedientes, de los que un 66% se resolvieron a favor de los ciudadanos. «Es decir, ellos tenían razón», aclaró Moilanen, que dedicó buena parte de su intervención a lamentar que el volumen de trabajo que manejan pone a prueba a un departamento lastrado por «la destitución de mi adjunto [Vicente Rodrigo] y recortes presupuestarios».
«Les traslado mi sorpresa por la actitud del gobierno actual cuando decidió mermar los recursos de mi oficina en lugar de reforzar el equipo. El destituir, de un día para otro, al adjunto de la Defensora supuso el traslado de la administrativa adscrita a otro departamento y dejar la Oficina con un administrativo y dos auxiliares. Me pregunto cómo responderían los concejales si de repente se quedaran sin sus directores generales», manifestó Moilanen.
«Hemos tocado techo en relación al número de expedientes y el compromiso de esta Defensoría con la ciudadanía es inamovible. Continuaremos proponiendo mejoras a la Administración con la mejor disposición; sin embargo, todo tiene un límite», añadió.
Durante su discurso, Moilanen reclamó más agilidad a los diferentes departamentos del Ayuntamiento para resolver las quejas y problemas que les trasladan los ciudadanos y que a veces «permanecen abiertos años sin recibir una respuesta».
Asimismo, destacó que el ruido es la primera causa de queja por parte de la ciudadanía. «Es un contaminante que afecta a nuestras vidas y su origen es diverso. Es una tarea pendiente de nuestra ciudad. Puede ser motivado por la ocupación, excesiva o no, de la vía pública, el uso de terrazas o locales de restauración, las obras, los aparatos de aire acondicionado, los músicos de la calle o el uso y el vaciado de contenedores de basura», señaló.
Asimismo, lamentó que en 2023 redactó siete recomendaciones pese a que a día de hoy «no he recibido una respuesta expresa, ni formal, con la excepción del Área de Movilidad. Algunas de ellas se refieren a la bonificación de las tarifas de EMAYA por ingresos bajos, la deficiente notificación de multas de circulación o la demora en la tramitación de las plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida.
PSOE, Podemos y Més per Palma agradecieron a Moilanen su trabajo y reclamaron al equipo de gobierno más compromiso para apoyar y responder a la Oficina. En cambio, Vox y PP le reservaron algunas críticas.
Vox: «¿Qué han conseguido?»
«¿Qué ha conseguido que no hayan conseguido los concejales, las juntas de distrito o las asociaciones de vecinos?. Nada», espetó Fulgencio Coll, líder de Vox, quien reiteró su deseo de cerrar la Oficina. «En la administración no puede haber organismos redundantes porque incrementa el gasto. No decimos que usted no trabaje, lo hace, pero no es necesario porque ya hay oficinas de atención ciudadana, juntas de distrito y concejales que estamos en contacto con los vecinos. También sabemos hacerlo», indicó Coll.
Por su parte Mercedes Celeste intervino como portavoz del equipo de gobierno. La regidora afeó a Moilanen que se adhiriera a una declaración con otras sindicaturas de Cataluña en la que «se pone de vuelta y media a un equipo legitimo salido de las urnas». Celeste indicó que «declaraciones como esta no ayudan. Usted dice que no quiere injerencias políticas. ¿Y esto qué es? Dicen que el PP y Vox desmantelan los derechos de los ciudadanos de Palma. Le recuerdo que democráticamente decidieron romper con años de expedientes parados y falta de recursos humanos», manifestó Celeste.
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