El crecimiento de la producción no convencional deVaca Muerta creó una nueva dinámica en la industria del petróleo en la Argentina, en la cual YPF es el actor principal y quedó en medio de la polémica por las decisiones tomadas por las nuevas/viejas autoridades.
El crecimiento exponencial del área no convencional de la Patagonia Argentina hace que las cuencas y las empresas adjudicatarias compitan por capital, mano de obra e insumos. Según los especialistas, esta competencia genera un costo de oportunidad entre la producción tradicional y la no convencional a favor de esta.
La situación no es nueva, lo que sí es nuevo es la forma de encararla. Según recuerda un informe del CEPA, mientras el Gobierno anterior presentó sobre el fin de su mandato un proyecto en el Congreso para crear un régimen de incentivos a las áreas maduras de hidrocarburos, a partir del nuevo gobierno y las nuevas políticas de gestión, el Directorio de YPF en pleno, con el voto positivo de los Directores de las Provincias, y el voto negativo del Director que representa al gremio SUPeH, aprobó el plan de desinversión, desprendiéndose de 55 de las llamadas áreas maduras en cuatro provincias del país (entre ellas Mendoza), para concentrar la inversión en Vaca Muerta.
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YPF decidió abandonar más de 50 areas convencionales para centrar toda su inversión en Vaca Muerta. Los riesgos para la fuerza laboral y las finanzas de las provincias.
El CEPA analizando los números de los últimos balances e indicadores de la petrolera estatal, destaca que el desprendimiento de bloques marginales siempre estuvo en carpeta de las conducciones de YPF en los últimos años, y se venía apreciando en las estadísticas.
La diferencia es que en ocasiones anteriores se buscaba la remediación, entrega a otros jugadores o desinversiones acordadas que no generaban perjuicios inmediatos en las provincias.
Hoy el escenario político juega a favor para avanzar rápidamente en el camino sin tener en cuenta las circunstancias y consecuencias que rodean a esas desinversiones y a lo que se suma la política del Ejecutivo Nacional de liberalización de los precios de hidrocarburos, la búsqueda de paridad de precios con el mercado internacional y la libre exportación de las operadoras sin tener en cuenta el mercado interno.
El CEPA advierte que más allá del camino que YPF elija para salir de esas áreas maduras, surgen otros interrogantes, como la velocidad con la que se lleve a cabo el proceso de transición entre la operación de YPF y el eventual nuevo operador.
YPF con el acelerador a Fondo
El nuevo directorio de YPF no ha hecho más que acelerar y precipitar un final anunciado, que es su retiro de los yacimientos maduros para ir a yacimientos de máximo potencial como Vaca Muerta, y eventualmente el offshore o Palermo Aike, en un mercado altamente concentrado y que tiene enormes barreras de entrada tanto técnicas como de capital.
El informe del CEPA destaca que la velocidad con la que se está llevando a cabo el proceso de transición iría en contra de una salida ordenada que puede desde generar una importante pérdida de puestos de trabajo hasta consecuencias ambientales.
Desde los sindicatos del sector advierten que mientras se decide el futuro de esos yacimientos los trabajadores podrían acceder a una especie espera con el 80 % de su salario básico y algunos programas de retiro voluntario o jubilación anticipada y estiman que Mendoza, la transición entre YPF y posibles nuevas operadoras o el abandono definitivo de la petrolera estatal pone en riesgo alrededor de diez mil trabajadores entre puestos directos e indirectos.
Pero el CEPA también advierte sobre las consecuencias fiscales para las provincias como Mendoza, que tienen la mayoría de su producción atada a los pozos convencional de la que YPF decidió retirarse.
El tema cruza las negociaciones que están manteniendo los gobernadores con el Ejecutivo Nacional, ya que no es un proceso simple encontrar oferentes privados para hacerse cargo de esas áreas en la medida que la empresa estatal las abandone.
Por ahora las autoridades provinciales esperan respuestas y certezas de una gestión nacional que no tiene entre sus prioridades las necesidades de las provincias y sus ciudadanos.