En un desarrollo reciente dentro del caso de Israel Vallarta, detenido desde 2005 por delitos de delincuencia organizada y secuestro, un Tribunal Colegiado de Apelación concedió un amparo (amparo 40/2023) a su favor con el que se exige que se revise si la Fiscalía General de la República (FGR) justificó adecuadamente la prolongación de la medida de prisión preventiva que Vallarta ha enfrentado por más de 18 años.
A través de un comunicado, la Defensoría Pública dio a conocer que la decisión del Tribunal, confirmada en la sesión del pasado 25 de abril, pone en relieve la necesidad de reevaluar la aplicación de la prisión preventiva en el caso de Vallarta. Según esta resolución, se debe considerar si la autoridad ministerial proporcionó fundamentos sólidos para extender dicha medida cautelar contra el presunto líder de la banda de secuestradores Los Zodiaco.
Israel Vallarta y Brenda Quevedo Cruz, ésta última quien también ha permanecido bajo prisión preventiva durante 14 años, representan casos emblemáticos de los retos que enfrenta el sistema judicial en México para adherirse a los criterios internacionales y nacionales sobre la revisión de la prisión preventiva. Esta medida, ideada como una acción cautelar provisional, se ha extendido de manera excesiva en ambos casos, lo que ha llevado a críticas por parte de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
La Defensoría Pública Federal, representando a Vallarta, argumenta que la prolongada prisión preventiva carece de justificación y que deben explorarse medidas alternativas no privativas de libertad. Esta postura se fundamenta en los principios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), y observaciones del Comité contra la Tortura de la ONU.
¿De qué se le acusa a Israel Vallarta?
Israel Vallarta es una figura central en un caso judicial de alto perfil en México, conocido principalmente por su implicación en el denominado caso Vallarta-Cassez. Este caso cobró notoriedad a mediados de la década de los 2000, marcado por controversias legales y mediáticas en torno a acusaciones de secuestro.
Vallarta fue detenido en diciembre de 2005 junto con Florence Cassez, ciudadana francesa, bajo la acusación de pertenecer a una banda de secuestradores conocida como Los Zodiaco. La detención fue llevada a cabo por la Agencia Federal de Investigación (AFI) de México y rápidamente se vio envuelta en polémica debido a la manera en que los medios de comunicación cubrieron el operativo. Lo que se presentó como un operativo en vivo fue, de hecho, una recreación para las cámaras, lo cual suscitó dudas sobre la legalidad y la ética de las acciones tanto de las autoridades como de los medios de comunicación.
A lo largo del proceso judicial que enfrentó, Vallarta ha sostenido su inocencia frente a las acusaciones de secuestro. A diferencia de Florence Cassez, quien fue liberada en 2013 tras un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que señalaba violaciones al debido proceso, Vallarta sigue detenido y enfrentando su proceso en el sistema judicial mexicano. La Suprema Corte argumentó que la puesta en escena de la detención afectó los derechos de Cassez, lo que eventualmente condujo a su liberación.
El caso de Israel Vallarta ha llamado la atención no sólo por las irregularidades procesales y los posibles errores judiciales, sino también por el amplio debate que ha generado sobre los derechos humanos, el debido proceso y la influencia de los medios de comunicación en los procesos judiciales en México.
Hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador, al ser cuestionado sobre si aplicaría la recién aprobada Ley de Amnistía en casos como el de Israel Vallarta, señaló que esta ley "aplica en todos los casos".
Enfatizó especialmente su aplicabilidad en aquellos que contribuyan a esclarecer violaciones a derechos humanos. AMLO mencionó que, en el caso de Vallarta, si se ha demostrado que existen violaciones a los derechos humanos, entonces la Ley de Amnistía podría aplicarse.