Toniza-Ecologistas en Acción Chiclana ha solicitado al Ayuntamiento de Chiclana que inicie acciones legales, tanto en vía administrativa como judicial, contra los notarios, quienes, según esta entidad, "siguen vulnerando la legislación urbanística y territorial, con el enorme perjuicio que supone para los intereses generales, el bien común de la ciudadanía y el de las generaciones futuras".
Además, ha anunciado que va a solicitar al concejal de Urbanismo, Rodolfo Pérez (PSOE), "que convoque una reunión urgente con los cuatro notarios y los dos registradores de Chiclana, para acabar con estas prácticas aberrantes y fraudulentas, que están posibilitando que estén accediendo al Registro de la Propiedad miles de títulos eventualmente nulos de pleno derecho".
En un comunicado, Toniza explica que "la gran mayoría de las escrituras de nuevos proindivisos autorizadas por los notarios de Chiclana incumple la Ley 7/2021 de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), porque no disponen de la obligada licencia urbanística". Como base de esta acusación, los ecologistas señalan el artículo 91.4 de esta ley, que textualmente recoge: "No podrá autorizarse ni inscribirse escritura pública alguna en la que se contenga acto de parcelación, segregación o división sin la aportación de la preceptiva licencia ..., que los titulares de las Notarías deberán testimoniar en la escritura correspondiente".
Por otro lado, la asociación medioambiental detalla en la nota de prensa que, "en los diez primeros meses del año 2023, los notarios autorizaron 500 transmisiones de participaciones indivisas en Chiclana".
En opinión de esta, "el cúmulo de ilegalidades está conduciendo a un enorme caos territorial, ambiental y urbanístico en el municipio sin parangón en todo el país".
Asimismo, Toniza subraya que, "habitualmente, las escrituras de ventas de participaciones indivisas que los notarios autorizan parten de una finca rústica, indivisible, de secano y de menos de 30.000 m²". De tal manera que "los notarios ignoran las prescripciones del planeamiento urbanístico general vigente (art. 466 de las Normas Subsidiarias en vigor desde 1995) que prohíbe la división física o ideal de parcelas de suelo no urbanizable de menos de 60.000 m². Por sorprendente que parezca, los notarios están autorizando parcelas de hasta menos de 500 m²".
La entidad, en la misma nota de prensa, recuerda que "cuando se aprobó la Ley 7/2021 de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, que confirmaba la apertura legal a la regularización de más de 300.000 viviendas que habían sido construidas ilegalmente en Andalucía, tanto el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno (PP), como la entonces consejera de Ordenación del Territorio, María Francisca Carazo (PP) -actual alcaldesa de Granada-, advirtieron que se acabaron las construcciones y las parcelaciones ilegales en nuestra Comunidad".