El 6 de enero de este año, la presidencia del Congreso hizo de conocimiento público que, durante el 2024, no se entregaría bono alguno a "ningún estamento laboral" del Poder Legislativo. En el comunicado, firmado por el propio titular del Parlamento, Alejandro Soto, se puntualizaba que el anuncio tenía por objeto desmentir "informaciones inexactas" sobre nuevas concesiones en ese sentido. La notificación, pues, parecía ser una reacción a las señas de disgusto detectables en la ciudadanía por los continuos beneficios económicos que los miembros de la representación nacional se otorgaban a sí mismos y el marcado contraste que eso suponía con respecto a la satisfacción que su gestión les reportaba a los peruanos. Una muestra de reflejos que, aunque tardía, era mejor que ninguna.
Es obvio, no obstante, que la entrega de un nuevo bono no es la única manera de incrementar el monto que los parlamentarios reciben mensualmente. Se puede también aumentar la asignación que se les concede para el cumplimiento de tal o cual función y el resultado será el mismo… Y eso es exactamente lo que, según reveló el programa "Punto final", acaba de suceder, por decisión de la Mesa Directiva liderada precisamente por Soto.
Esta ha acordado, en efecto, elevar en casi 50% el monto que los parlamentarios recibían todos los meses por concepto de "función congresal". Los S/7.617 que se les depositaba mensualmente para solventar los gastos de alojamiento, alimentación, transporte y combustible, entre otros, han sido convertidos ahora en S/11.000, lo que representa un aumento de S/3.383. Para ello, supuestamente, se tomó como factor de actualización el Índice de Precios al Consumidor, pero esa no es, ciertamente, la tasa en la que la inflación se ha incrementado del 2021 (el año en el que los actuales legisladores estrenaron su escaño) al presente. Semejante "indexación", por otra parte, no es común en otras dependencias del Estado. Por si eso fuera poco, el incremento, al parecer, será reconocido como existente desde marzo del año en curso.
La referida cifra, por otra parte, viene a sumarse al sueldo mensual de S/15.600, a las gratificaciones de julio y diciembre por esa misma cantidad, a los S/2.800 que se les asigna por cada semana de representación y a la tarjeta para canasta navideña que se les da cada año y que en el 2023 fue de S/1.700.
Cabe destacar también que el incremento recién acordado (cuyo beneficio se extiende a los cinco representantes de nuestro país en el Parlamento Andino) va a significar un gasto anual de más de S/5 millones. Si se recuerda que hace aproximadamente un mes el Gobierno le otorgó al Congreso un crédito suplementario por más de S/50 millones, queda claro a dónde se está destinando más del 10% de lo concedido. Con ello, en realidad, los legisladores van a conseguir más bien un descrédito suplementario, pero daría la impresión de que ese es, a sus ojos, un inconveniente menor.
Falta ver, por supuesto, cuál será la reacción de las distintas bancadas ante lo resuelto por la Mesa Directiva, pero no imaginamos un rechazo mayoritario de estas. Sus integrantes, se diría, están convencidos de que, con medidas populistas como la autorización del séptimo retiro de fondos de las AFP, la población desarrollará de pronto una inédita simpatía que les franqueará el camino hacia la eventual reelección a la que no pocos de ellos aspiran. Pero están, desde luego, equivocados. El común de la gente, estamos seguros, percibirá esta enésima granjería como una muestra más de todo aquello que la ha llevado a desaprobar el comportamiento y la performance de los congresistas que eligieron. Es cuestión de esperar hasta la publicación de las próximas encuestas para comprobarlo.