En un país que parece estar normalizando las crisis políticas, presenciamos nuevamente la degradación de la función pública al más alto nivel. Aunque es prematuro aventurarse a predecir qué pasará, parece difícil que las bancadas parlamentarias promotoras de una vacancia presidencial consigan los votos necesarios para concretarla. Lo más predecible es que se mantenga el statu quo, con un Ejecutivo sostenido por una mayoría de legisladores que continuarán aprobando leyes para sus fines particulares (o incluso subalternos). Es decir, con las autoridades dándole la espalda al país.
Ejemplos de esta situación son la derogatoria del decreto que aprobó el Ejecutivo para luchar contra la minería legal, y la aprobación de un séptimo retiro de los fondos privados de pensiones. La proliferación de medidas antitécnicas y populistas frena la recuperación de la confianza de los agentes económicos. Lo peor es que el Gobierno no hace siquiera el intento de pararle la mano al Congreso, porque se encuentra rehén de su precariedad política. Un Ejecutivo que aprueba créditos suplementarios para sufragar gastos parlamentarios que van en contra del anunciado plan de austeridad del Ministerio de Economía y Finanzas.
El Gobierno requiere el apoyo de bancadas, las que continuarán presionando por mayores recursos o cuotas de poder y por posiciones dentro del Ejecutivo, no solo para que el nuevo gabinete obtenga el voto de investidura, sino como única manera de permanecer en el poder hasta el 2026.
Algo similar ocurre en la relación entre el Ejecutivo y los gobernadores regionales. Muchos de ellos extienden su apoyo político a la presidenta a cambio de partidas presupuestarias para mantener la fiesta en paz. Poco se avanza en asegurar calidad y transparencia en la inversión pública a nivel regional. Esta sigue sin mostrar mejoras, en desmedro del bienestar ciudadano.
Ante la incertidumbre generada en un país que no recupera la estabilidad política, el resultado es que hay una prima de riesgo que impide la plena recuperación de la inversión privada. Los constantes cambios ministeriales alimentan una marcada desinstitucionalización de la función pública. Cargos que en el pasado tenían una permanencia mínima de doce meses, hoy se reducen a una fracción, cosa que impide dar continuidad a la aplicación de políticas públicas.
En consecuencia, el crecimiento económico este año tendrá un tope que no será suficiente para generar empleo y revertir el avance de la pobreza. Temas sensibles como la lucha contra la inseguridad ciudadana, la corrupción o el avance las economías ilícitas seguirán estando relegados, lo que también limitará la recuperación económica. En síntesis, el país continuará estando lastrado por una clase política que hipoteca el progreso de todos los peruanos a cambio de permanecer unos meses más en el poder.