WASHINGTON — La Cámara de Representantes aprobó el viernes una propuesta para renovar y aplicar amplias reformas a una ley de vigilancia del gobierno estadounidense, sin las restricciones en cuanto a cómo el FBI podrá usar la herramienta para buscar datos de la ciudadanía.
La propuesta, aprobada con 273 votos a favor y 147 en contra, pasa ahora al Senado, donde su futuro es incierto. El programa expirará el 19 de abril si no es renovado por el Congreso.
El titular de la Cámara Baja, el republicano Mike Johnson, presentó la propuesta, que modificaría y ampliaría la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera (FISA, por sus siglas en inglés), por un período abreviado de dos años, en vez de cinco años como había sido sugerido inicialmente. Johnson esperaba que el período más corto convencerá a los republicanos escépticos al dejar cualquier debate futuro sobre el tema a la presidencia de Donald Trump en caso de que éste gane las elecciones de noviembre.
Otra cláusula, que pondría fin a la vigilancia de ciudadanos sin orden judicial, también fue presentada a votación, pero pese a tener respaldo de la extrema derecha y la extrema izquierda, no logró los votos necesarios para ser aprobada en la Cámara Baja.
Crece el escepticismo
En años recientes ha aumentado el escepticismo hacia los poderes de vigilancia del gobierno, particularmente en los sectores de derecha.
Los republicanos han discutido desde hace meses sobre cómo reformar la ley FISA, creando divisiones que se hicieron patentes esta semana, cuando 19 republicanos se rebelaron contra su propia dirigencia e impidieron que la propuesta sea presentada a votación.
Sin embargo, la idea de reducir el tiempo de la ley ayudó a convencer a algunos republicanos para que voten a favor de la medida.
"El lapso de dos años es mucho mejor porque nos da dos años para ver si esto funciona, en vez de aplazarlo otros cinco años", dijo el jueves el representante republicano Chip Roy. "Dicen que estas reformas funcionarán. Pues bien, ya veremos".
La legislación en cuestión le permitiría al gobierno estadounidense recabar, sin orden judicial, las comunicaciones de no ciudadanos en el exterior como parte de la colección de inteligencia en el extranjero. La reautorización está vinculada a una serie de reformas que buscan satisfacer a quienes denunciaban que se estaban violando las libertades civiles de los ciudadanos.
Pero sectores de derecha se han quejado de que esos cambios no van suficientemente lejos. Los críticos más vocales han sido miembros del Freedom Caucus, que han arremetido en contra de Johnson por tratar de llegar a consensos para que el gobierno de Biden sigan con sus planes.
FUENTE: AP.