El Gobierno nacional determinó no renovar los contratos de los profesionales que conforman hace seis años el Plan de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia en 12 provincias: Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Salta, Jujuy, y Buenos Aires.
En este contexto, organizaciones de la sociedad civil alertaron sobre "las políticas libertarias de desmantelamiento sobre programas que tienen un funcionamiento óptimo y fácil de comprobar". Cabe resaltar que las últimas estadísticas disponibles del Plan ENIA exponen que la tasa de fecundidad adolescente, que mide la cantidad de hijos nacidos vivos por año, se redujo de 49% a 27% en chicas de 10 a 19 años. Es decir, hubo 23.567 menos chicas que se convirtieron en madres.
El desarrollo de este programa consistía en ofrecer consejería sobre anticoncepción a las adolescentes de sectores vulnerables y la opción de colocarse un implante anticonceptivo subdérmico de larga duración que no requiere un seguimiento diario por parte de ellas, como las pastillas orales. Además, ampliaba el trabajo en las comunidades fortaleciendo la educación sexual integral (ESI) en escuelas, centros de salud y otros espacios, tanto para los y las adolescentes como para profesionales.
Distintas organizaciones referentes en la temática sostienen que "el contexto de crisis social y económica es la excusa para el ajuste". "No hay plata y la motosierra de Milei no para ni para evaluar el impacto positivo de las políticas que recorta", agregan. En ese sentido, destacan que el funcionamiento del Plan ENIA permite ahorrar el 0,16% del PBI que implican los costos asociados a la atención durante la gestación y los partos de las adolescentes.
La decisión gubernamental incluye, de acuerdo a lo establecido por las organizaciones, la desatención a miles de adolescentes y el despido injustificado de 709 profesionales interdisciplinarios que conforman el programa. "Esto se suma a otras acciones concretas y provocaciones simbólicas que propician desde La Libertad Avanza", sostuvieron y recordaron que en febrero de este año, la diputada de La Libertad Avanza Rocio Bonacci, presentó un proyecto para derogar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el que incluso planteaba la punibilidad del aborto en casos de violación.
Por su parte, el presidente también se manifestó en varias ocasiones en contra de la IVE sosteniendo que la considera "un asesinato agravado por el vínculo". Además, en reiteradas oportunidades, mencionó que no está a favor de la ESI porque "atenta contra la familia".
Desde Amnistía Internacional sostienen: "Hay evidencia contundente de que la ESI puede contribuir a dar respuesta a problemas estructurales que han afectado a nuestras sociedades durante décadas: desde las violencias y desigualdades de género hasta los problemas vinculados con la salud sexual y reproductiva." Y agregan: "Es, además, una herramienta clave para la prevención de abusos sexuales y tiene el potencial de cambiar la vida de niños, niñas y adolescentes que cuenten con herramientas para pedir y recibir ayuda a tiempo; así como para el disfrute de otros derechos humanos".
"En este contexto de ataque permanente, no pareciera casual o meramente presupuestaria, la determinación del cierre del Plan ENIA. En este sentido, la libertad atrasa", consideraron referentes de las distintas organizaciones que trabajan día a día la temática.