Estela Torres
Helena Maleno es activista y defensora de los derechos humanos y directora y fundadora en 2002 de la organización Caminando Fronteras, colectivo de defensa de los derechos de las personas y comunidades migrantes. Durante su trabajo humanitario, se ha enfrentado a amenazas de muerte, intentos de asesinato y agresiones físicas. Llevaba muchos años viviendo y trabajando en Tánger cuando, en 2017, el Tribunal de Apelación de la ciudad la citó tras una acusación de tráfico de inmigrantes y fomento de la inmigración ilegal, a partir de dosieres criminales elaborados por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras del Cuerpo Nacional de Policía de España. La acusación se fundamentó en sus llamadas a Salvamento Marítimo para avisar de la presencia de pateras con dificultades en el Mediterráneo. En 2020 publicó 'Mujer de frontera', un ejemplar que relata lo que supuso para ella y sus seres queridos este proceso.
¿Qué la movió a escribir este libro?
Nace con la vocación de que se conozca que muchas mujeres son perseguidas por defender derechos y que esto no está lejos. Pasa en el Estado español, pasa en Marruecos y en territorios muy cercanos, en los que las mujeres somos castigadas y criminalizadas simplemente por defender derechos. A través de mi historia quería contar la de otras muchas mujeres que también están defendiendo derechos en la frontera.
Cuando llega la citación del Tribunal, sabían que esto llegaría. ¿Por qué?
Unos años antes habíamos asistido a una criminalización de la solidaridad, que además estaba siendo instada desde Europa y que obligaba a países terceros, con los que hay acuerdos de externalización de control de fronteras, a perseguirla también... Lo vimos, por ejemplo, en la frontera turca con Grecia, los bomberos de Proemaid, todos los barcos que han sido criminalizados en la frontera Italiana... En Marruecos, repartir comida a migrantes era un delito. Esto también pasaba cuando se pedía cárcel en Francia porque una persona sin documentación durmiera en tu casa, o estaba el caso de una enfermera que había curado las heridas de los pies a un chico que había cruzado los Alpes... En ese contexto tan duro, supimos que nos había tocado lo que a tantas otras compañeras antes.
¿Cómo es para una mujer trabajar en la frontera occidental euroafricana?
El machismo nos acompaña siempre. Con otras mujeres, trabajamos en un estudio sobre mujeres defensoras y había dos cosas que todas marcaban. Por un lado, el racismo: las mujeres racializadas defensoras eran mucho más perseguidas. Por otro lado, se nos perseguía por nuestra vida personal, no por nuestras ideas y por nuestra defensa. Éramos putas, éramos madres que no nos habíamos casado... Todo el imaginario moral que salía en mi dosier, también lo contaban otras mujeres. En contra de las mujeres defensoras operan otras formas de violencia. Desgraciadamente, lo tuve que ver escrito por la policía española, cosa que me horrorizó, de un estado supuestamente democrático.
¿Ha pensado alguna vez en dejarlo todo?
No, nunca. En un momento lo de huir era porque había que pensar si era lo mejor, sobre todo por la familia, por mi hijo, mi hija y el resto de la gente que me quería. Pero las mujeres también tenemos la suerte de haber generado redes de solidaridad muy fuertes. Desde el principio me dijeron: «Si quieres quedarte y seguir luchando, nosotras estaremos aquí». Decidí quedarme y decidí luchar. La policía española y la marroquí habían ideado un caso que querían que fuera ejemplarizante. Si me hubiesen condenado a cadena perpetua, como pedía la policía española, simplemente por llamar a un servicio de rescate, eso hubiera infligido miedo en el trabajo de otras organizaciones... Por eso no sólo era ganar mi caso individual, sino demostrar al mundo que se estaba persiguiendo la solidaridad y apoyar al resto de compañeras para que no fueran perseguidas.
¿Cómo es vivir sabiendo que cualquier día puede llegar el aviso de que se le acaba la libertad?
También fue una forma de castigo. Se me notificó que el primer día que fuese a declarar iba a entrar en prisión provisional. Eso se paró porque hubo una movilización, en el Estado español, en Marruecos y con agencias de Naciones Unidas implicadas. Al final, fue lo mismo que había dicho la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que lo que yo hacía no era un delito, pero era como tener una espada de Damocles siempre encima de la cabeza... Como vivir al día. No podía hacer planes, no sabía si iba a ver la graduación de mi hija... Una tortura.
¿Esperaba que fuera España, su país, el que le acusase?
Muchas veces hablamos de las cloacas del Estado... Pero una nunca se imagina esa dimensión, porque tienes en mente la democracia y que hay unas ciertas garantías. Hasta que no vi y leí el dosier firmado por la policía española no fui consciente de hasta dónde llegan las cloacas del Estado. Yo había sido investigada sin control judicial, esta presunta documentación criminal había sido enviada a Marruecos de policía a policía sin pasar por el juez de enlace de la embajada, que es garante de nuestros derechos. Había una serie de violaciones de derechos humanos que se habían cometido contra mí, solamente en el procedimiento de hacer ese dosier policial, que jamás pensé que eso pudiese salir del Estado español. Podría haber salido de Túnez, de Libia, de China... Ahora nos damos cuenta de que necesitamos más resortes de protección de la democracia, porque la podemos perder muy fácilmente.
¿Ha cambiado desde entonces el panorama?
Ha cambiado a peor. El tema de las fronteras es cada vez un negocio más grande. La mayor parte de la inversión militar en control fronterizo es en tecnología israelí, que se ha ensayado en uno de los controles individuales del movimiento más grande del mundo, el de Palestina. Es terrible saber qué está pasando con esa tecnología en las fronteras, como está pasando en Gaza ahora mismo, y quién está manejando esa tecnología. La militarización es cada vez más amplia y se alcanzan acuerdos sin transparencia. El Pacto Migratorio Europeo no mejora esa situación. Introduce de forma velada vulneraciones sistemáticas de derechos humanos y las normaliza para que el resto de los estados las implementen.
¿Qué ocurre con las víctimas?
En paralelo hay una invisibilización de las víctimas y de los procesos de lucha, sobre todo de mujeres y de madres, en el reconocimiento de las víctimas y en la búsqueda de las muertas y desaparecidas... A partir del libro, en Ibiza hablaremos de la ruta migratoria balear, que está llegando a Formentera. Hablaremos de lo que está ocurriendo en Argelia, cuáles son las luchas de las madres por las desaparecidas en ese mar cercano... Y de las mujeres que están luchando en ese territorio.
¿Se está acostumbrando la sociedad a la llegada de cayucos?
La normalización de estas situaciones, de que el control migratorio esté por encima del derecho a la vida y por encima de los derechos humanos es un grave riesgo porque aboca a la deshumanización y estamos viendo lo que trae, con el genocidio de Palestina, por ejemplo. Hay un rol muy importante, como el que se juega desde los medios de comunicación. Durante muchas décadas muchos medios nacionales utilizaban términos como avalancha, o MENA [Menores Extranjeros No Acompañados] para hablar de infancia migrante, de niños, niñas y adolescentes... Todos esos términos y todo ese lenguaje promociona la deshumanización. Sin embargo, hay otra forma de contar y de acercarse a los protagonistas de las historias y saber lo que está ocurriendo.
¿Cómo es estar al teléfono con alguien que llama desde un barco que se está hundiendo?
Intentamos que se calmen, porque el pánico cuesta vidas. El otro día había una neumática que se estaba hundiendo, el agua les llegaba a las rodillas, en medio del inmenso océano Atlántico. Mantener el contacto, hablar, tranquilizar... Es importantísimo y, sobre todo, dar toda la información necesaria a los servicios de rescate para que salgan. Nuestra labor es necesaria porque, cuando llamamos, los servicios de rescate no siempre salen. No siempre con la misma celeridad, y no siempre responden. Decimos que desgraciadamente hay dos derechos diferentes en el mar, que se han instalado desde 2018: uno es el derecho a la vida de los que van en yate y en crucero, y otro es el derecho a la vida de los que van en patera, y eso en Balears es terrible. Lo hemos denunciado varias veces a la Delegación de Gobierno para que tomen todas las medidas. Balears es una de las zonas en las que menos medios de rescate se activan de todo el estado español.
¿Cómo habría que recibir a quienes llegan?
Hay un protocolo de asistencia a víctimas de tragedias múltiples que tiene el Estado español, cuando hay un accidente de avión o autobús y que debería de aplicarse cuando hay una situación de este tipo, para acompañar a las víctimas supervivientes. Pedimos la aplicación de los protocolos y que, cuando llegan, se ponga en el centro a las personas, el respeto a los derechos humanos y que se cuenten las historias de los protagonistas. Estamos en un momento muy delicado en el que tenemos una responsabilidad democrática en esa recepción.
¿Qué efecto tuvo la publicación del libro?
Cuando salió la sentencia definitiva estábamos muy alegres, todas lo celebramos. Era un triunfo colectivo. Pero las organizaciones de mujeres defensoras internacionales ya nos dijeron: "Cuando falla la persecución, cuando no logran perseguirnos por esta vía, usarán otras". Efectivamente, a partir de ahí eliminaron mis derechos sociales y administrativos en Marruecos. No podía acceder a mis cuentas bancarias, no podía hacer absolutamente nada. Me quitaron la residencia y cuando volvía de trabajar en España me devolvieron, hicieron una expulsión sumaria a España. Me separaron de mi hija menor de edad, que se quedó en Marruecos. Estuve durante más de 30 días intentando recuperarla. Tuvo que venir al Estado español y entrar al barco escoltada por representantes de la embajada española para garantizar su seguridad. Vivimos un infierno y nos dejaron sin nada.
¿Y ahora?
Todavía no hemos podido volver a casa y, cuando recurrimos esa sentencia de expulsión, Marruecos declaró que yo era una amenaza para la seguridad interna y externa del país. Naciones Unidas acaba de hacer pública una carta pidiendo al Estado español y a Marruecos que dejen de perseguirme, que me reintegre en mis derechos y, sobre todo, que España me proteja. Esto acaba de suceder hace nada. El libro tampoco gustó a las autoridades, sobre todo a las policiales, pero había que contarlo. Había que contar lo que puede suceder en un estado democrático.
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