El Ayuntamiento de San Fernando aprobará en el próximo Pleno la bonificación del 95 por ciento en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) previsto en las ordenanzas fiscales para personas inquilinas de viviendas de alquiler social en San Fernando. La medida alcanzará a un total de 467 familias vulnerables de la ciudad, que verán reducidas sus cargas impositivas en un total de 146.676,16 euros en el ejercicio 2024.
La concejala delegada de Desarrollo Social, Isa Blanco, ha explicado que HEMSA (antigua ESISA) gestiona estas 467 viviendas, de las que 274 pertenecen la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) y las 193 restantes son de propiedad municipal.
El gobierno local lleva al Pleno ordinario de abril, que se celebra el próximo día 26, la declaración de actividad de especial interés o utilidad pública municipal de estas viviendas por concurrir circunstancias sociales que así lo justifican. Como ha subrayado Blanco, el objetivo de la medida es "beneficiar y mejorar la situación de las familias de San Fernando con recursos limitados" y que son adjudicatarias de alquileres sociales en viviendas del parque público.
Así, esta medida de corte social no solamente se mantiene, sino que ya el año pasado se aumentó hasta el máximo legal de bonificación permitido, alcanzando el 95 por ciento del impuesto. De esta manera, las ayudas oscilarán entre los 167 euros en los casos de familias arrendatarias de viviendas con menor valor catastral y los 562 euros para las de mayor valor.
La edil ha destacado que esta medida se enmarca en la planificación estratégica del equipo de gobierno que busca promocionar la igualdad de oportunidades entre todos los vecinos y vecinas de San Fernando, la cual se materializa a través de diferentes medidas que se articulan a través de bonificaciones fiscales o de subvenciones para personas vulnerables y colectivos sociales, entre otras, buscando siempre que repercutan directamente en la calidad de vida de la ciudadanía.
Otro ejemplo reciente es, como ha recordado, la puesta en marcha de un programa de ayudas de hasta 3.000 euros para el alquiler o la hipoteca de personas mayores de 65 años. Una medida que no existe en otros ayuntamientos y con la que se quiere llegar a colectivos que no suelen ser usuarios de los servicios sociales, pero que afrontan dificultades para llegar a fin de mes como consecuencia de la subida del mercado hipotecario y del alquiler.