Rodrigo Uprimny le ha hecho una enjundiosa crítica al Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional por haber elegido como rector al profesor José Ismael Peña, y no al profesor Leopoldo Múnera. En su columna, admite que conoce a Múnera desde "hace décadas" y que ha colaborado con él "en muchas actividades docentes." Un reconocimiento de este tipo debería ser asumido como modelo por otros columnistas. Hay un buen número que tiene profundos conflictos de interés y, sin embargo, omite el deber de informar a sus lectores qué sesgos podrían haber afectado las opiniones que reconocidos medios de comunicación les publican.
Desafortunadamente, esta es la única parte encomiable de la columna de Uprimny. El resto es la expresión sesgada de una opinión favorable a Múnera en detrimento de un razonamiento mucho más juicioso e imparcial. Quisiera mostrar aquí los graves errores de apreciación en que incurrió este columnista, que justifican la descalificación de su opinión sobre este asunto.
De partida, quisiera referirme a la investigación de la revista Raya con base en la cual afirma que la elección del profesor Peña estuvo acompañada de elementos preocupantes: "reuniones previas de algunos consejeros [del CSU] y adopción el mismo día de una nueva forma de decisión propuesta por el exrector Ignacio Mantilla (…)". Le pregunté al profesor Diego Torres, representante de los profesores en el CSU, si la revista Raya lo había contactado para pedirle su versión de los hechos. Me dijo que no. Es crucial tomar en cuenta que la versión del profesor Torres es muy diferente de la de la revista Raya. Esto pone en cuestión el profesionalismo del equipo editorial que decidió publicar una historia no corroborada. También pone en cuestión la contundencia de las afirmaciones de Uprimny.
El profesor Torres dio a conocer su versión de los hechos el 26 de marzo en la lista de correo de profesores de la Universidad Nacional. Al día siguiente fue publicada por El Espectador y referida brevemente por La Silla Vacía. Si Uprimny no estuviese tan parcializado a favor de Múnera, entonces se habría tomado el trabajo de examinar la disparidad aludida y de investigar más en profundidad cuál de esas versiones era la más creíble. En vez de ello, prefirió hacer caso omiso de la versión de Torres y le dio toda la credibilidad a la revista Raya. Ojalá en algún momento periodistas casados con los hechos, y no con sus prejuicios, puedan hacer la tarea de cotejar estas versiones. Eso nos permitiría tener un recuento fidedigno de qué reuniones tuvieron los miembros del CSU, cómo realizaron las entrevistas a los candidatos, cómo escogieron el método de votación y cómo llegaron a la decisión final.
Quisiera referirme, brevemente, al método de votación. Uprimny considera creíble la versión de que el CSU adoptó el llamado "método Borda". Con este método, los miembros del CSU habrían podido escoger rector instantáneamente, si se hubiesen limitado a expresar sus preferencias personales acerca de los candidatos. No obstante, según la versión de Torres, el método escogido de ponderación de los candidatos fue más complejo, de modo que el proceso de eliminación sucesiva de candidatos con puntajes más bajos tomó más tiempo.
Es dudoso que un método de eliminación sucesiva viole las reglas electorales de la Universidad Nacional. La existencia de más de dos alternativas da lugar a situaciones que ponen en jaque la racionalidad misma de los procesos de toma de decisión colectiva, un problema que fue planteado por Nicolás de Condorcet a finales del siglo dieciocho y que ha dado lugar a una enorme literatura sobre los métodos de votación. De ahí la relevancia de métodos ponderados. Creer que la mayoría simple es el criterio adecuado sería un grave error.
No obstante, Uprimny apela a la mayoría simple para afirmar que el más alto puntaje obtenido por Múnera en la consulta universitaria es "un resultado contundente". Lo mismo piensa Múnera, quien se ha declarado en "desobediencia civil". Uno y otro parecen asumir, además, que democracia universitaria es igual a elección popular de rector. En la Universidad Nacional, como en la gran mayoría de universidades colombianas, hay un grave déficit democrático. Es cuestionable, sin embargo, que nos presenten como resultado democrático la adhesión a un líder por un poco más de la tercera parte del conjunto de la comunidad universitaria.
Quisiera resaltar que El Espectador publicó la carta de tres de los cinco candidatos entrevistados por el CSU en la cual expresan su apoyo a la elección de Peña. Estos tres candidatos representan a otra tercera parte de la comunidad. Con Peña, suman más que Múnera. ¿No es este un resultado más contundente que el anterior? Lo es, además, porque valida el procedimiento de escogencia de rector que todos los candidatos se habían comprometido de antemano a respetar. Se trata, desde luego, de un método imperfecto de selección, que requiere ser reformado. Empero, sería un desacierto afirmar que la discrecionalidad del CSU dio paso a la arbitrariedad.
La peor parte de la argumentación de Uprimny es la que concierne al carácter secreto de la votación, adoptado luego de amenazas contra varios miembros del CSU. Lo descalifica llamándolo "secretismo" y lo considera difícil de aceptar en el ámbito universitario, pues uno de sus principios fundamentales es la transparencia. El columnista parece haber olvidado todo lo que aprendió, cuando era magistrado auxiliar de la Corte Constitucional. En efecto, de acuerdo con la reiterada jurisprudencia de ese tribunal, no hay principios absolutos. La aplicación de cada principio depende de las condiciones de hecho de cada caso y de la aplicación de otros principios relevantes. La protección de la vida y la integridad de los miembros del CSU es ese principio; las amenazas en su contra, una de las condiciones de hecho más importantes. Es lamentable que Uprimny soslaye la gravedad de esta situación e insista en la aplicación a rajatabla del principio de la transparencia.
La actitud del referido columnista es el síntoma de un problema más profundo y grave de la Universidad Nacional -no sólo de la universidad sino de toda la sociedad colombiana: la protección de la vida y la integridad de las personas sigue estando sujeta a criterios políticos-. Si el amenazado fuese un miembro del CSU adepto a la causa de Múnera, los profesores más activos en las discusiones en la lista de correo de la universidad ya habrían escrito y publicado un comunicado interpelando a la opinión pública, pedido medidas de protección, etc. Sin embargo, como se trata de consejeros considerados opositores, casi que enemigos, el tema de su protección ni se plantea. Las condenas de la violencia son vagas, reveladoras de una falta de compromiso con una verdadera garantía de pluralismo.
Personalmente, encuentro aquí la parte más deprimente y mezquina de todo el proceso de elección de rector. Por esta razón, le he pedido a El Espectador que publique esta columna con un seudónimo. Ojalá en un futuro no muy remoto pueda dejar de temer por la expresión de críticas como esta.
Ramón Otálora [Nombre ficticio]. Profesor de la Universidad Nacional de Colombia.
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