El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela anunció el inicio de una «jornada especial de inscripción y actualización del Registro Electoral« que se extenderá desde el 18 de marzo hasta el 16 de abril. A medida que avanza el tiempo, se han evidenciado una serie de obstáculos para los venezolanos a la hora de realizar los trámites, la ONG Acceso a la Justica, ha descrito cada uno de ellos.
Entre la desinformación y los bandazos
Para llevar a cabo este proceso, se han establecido 315 puntos de registro en todo el país, destinados a recibir solicitudes de nuevos votantes y actualizaciones de datos de los ya registrados.
Sin embargo, la divulgación de las ubicaciones de estos centros se realizó el mismo día que comenzó la jornada, lo que ha causado confusión y ha limitado la capacidad de los ciudadanos para aprovechar el tiempo disponible para inscribirse. Además, la organización Voto Joven ha señalado que, sin previo aviso, al menos 21 centros de registro han sido reubicados recientemente.
Mientras tanto, el CNE ha optado por publicar una extensa lista de seis páginas con las direcciones de los centros de registro electoral, una medida que parece insuficiente frente a las necesidades de información clara y accesible para la población.
Menos lugares, recursos y tiempo
La reducción significativa de centros de registro, la disminución de recursos y el acortamiento del tiempo disponible para inscripciones y actualizaciones son aspectos que han generado preocupación entre observadores y la ciudadanía.
Para el actual proceso, se han establecido 315 puntos de registro, una cifra notablemente inferior a los 531 puntos de las elecciones presidenciales de 2018 y mucho menos que los 1.558 de las parlamentarias de 2015. Esta disminución afecta principalmente a estados con grandes extensiones territoriales y dificultades geográficas, como Amazonas y Delta Amacuro, donde se asignaron únicamente cuatro y dos centros respectivamente, localizados en sus capitales. Tal asignación parece insuficiente para atender las necesidades de una población dispersa y con limitaciones de movilidad.
El estado Zulia, siendo la circunscripción electoral más grande, cuenta con solo 26 puntos fijos, seguido por Miranda con 24 y el Distrito Capital con 22. Estas cifras contrastan con la necesidad de registrar a más de 3 millones de jóvenes que han alcanzado o están por alcanzar la mayoría de edad, según estimaciones de la organización Voto Joven. El plazo otorgado de poco más de un mes es críticamente corto en comparación con los más de cinco meses disponibles en 2015.
Por último, se han emitido comprobantes de inscripción con fechas incorrectas, lo que suscita dudas sobre la validez de las inscripciones y actualizaciones para las próximas elecciones presidenciales. Estas irregularidades ponen en tela de juicio la eficacia y transparencia del proceso electoral venezolano, y subrayan la importancia de una revisión y mejora sustancial para garantizar la participación equitativa de todos los ciudadanos en la vida democrática del país.
Sin internet ni luz
En medio de la crisis de servicios públicos que enfrenta Venezuela, se han evidenciado serias dificultades que comprometen el ejercicio democrático de sus ciudadanos. Un claro ejemplo de estas adversidades se presentó recientemente en el estado Táchira, específicamente los días 18 y 19 de marzo.
Durante estas jornadas, las interrupciones en el suministro eléctrico y las fallas de conexión a internet resultaron en la imposibilidad de numerosos ciudadanos de inscribirse o actualizar sus datos en el Registro Electoral (RE), mientras esperaban en la oficina regional del Consejo Nacional Electoral (CNE) en San Cristóbal.
Este incidente no fue aislado, ya que situaciones parecidas se vivieron en otros municipios de la región andina, tal como reportaron medios de comunicación locales.
La situación alcanzó un punto crítico cuando el concejal Jesús Márquez reveló que en el municipio Jauregui, los funcionarios del CNE no lograron procesar ninguna solicitud durante un día entero. La razón: dependen de una conexión de internet móvil proporcionada por Movilnet, la cual, lamentablemente, no ofrece cobertura en esa área. Este conjunto de eventos pone en relieve las barreras que enfrentan los venezolanos para ejercer sus derechos políticos en un contexto ya de por sí desafiante.
Electores de primera y de segunda
En el proceso de registro electoral de Venezuela, se han identificado desafíos significativos que afectan a los ciudadanos que residen fuera del país. Según un análisis de Acceso a la Justicia, hasta el 19 de marzo, aproximadamente 20 representaciones diplomáticas venezolanas en América Latina y Europa carecían del equipo necesario para registrar a nuevos votantes o actualizar los datos existentes.
Esta situación afecta a una fracción mínima de los más de 7 millones de venezolanos que viven en el extranjero, con solo 107.000 habilitados para votar fuera de Venezuela. A pesar de que cerca de 4 millones están registrados para votar en el exterior y 1,5 millones han alcanzado la mayoría de edad para votar, la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) impone barreras adicionales. El artículo 124 de la Lopre exige a los venezolanos en el extranjero demostrar una residencia legal para poder registrarse, un requisito que no se aplica a los residentes dentro del país, quienes solo necesitan presentar su cédula de identidad.
Este requerimiento adicional parece contradecir el artículo 21 de la Constitución de Venezuela, que prohíbe la discriminación y garantiza la igualdad en el ejercicio de los derechos y libertades. Además, la práctica actual otorga a las autoridades extranjeras la potestad de influir en la capacidad de los venezolanos para ejercer su derecho al voto.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha añadido aún más requisitos, lo que va en contra de la Lopre y la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). En la sentencia n.º 50 de la Sala Electoral del 28 de marzo de 2012, el TSJ dictaminó que solo las autoridades competentes del país de residencia pueden certificar la legalidad del estatus migratorio de una persona.