Veintiún años le llevó a la justicia santafesina darle una respuesta a las víctimas de la inundación de 2003 en la ciudad capital. La Corte Suprema resolvió que el gobierno de Carlos Reutemann fue responsable, y ahora el fiscal de Estado Domingo Rondina confirmó que la decisión de Maximiliano Pullaro es no apelar la sentencia y cumplir con los resarcimientos.
El fallo de los supremos, por la extrema demora, tiene un sinsabor para los damnificados pero, además llega en un momento de alta tensión entre la cúpula del Poder Judicial y la Casa Gris. Tanto así, que desde el Ejecutivo no dejan de leer el fallo entrelíneas y ven una estocada cortesana. Si apelaban, no sólo era injusto para quienes fueron arrasados por las aguas del río Salado entre el 29 de abril y el 4 de mayo de 2003, sino que para argumentar la apelación, el Ejecutivo iba a tener que defender el accionar de Reutemann.
"La condena establece que el gobierno de aquel momento fue responsable de la inundación por una falta de cuidado, por no haber hecho las obras necesarias, por no tomar las medidas de prevención y por no haber reaccionado, ni ayudado a la gente cuando se vino el agua. A esa injusticia original, se agrega una segunda que es la demora en la resolución del caso", detalló Rondina en diálogo con Letra P.
-¿Cómo se explican dos décadas de demora?
-La demora del Poder Judicial es inaudita, pero tampoco quiero dejar de quitarle responsabilidad a la Fiscalía de Estado, que en las gestiones anteriores también especuló mucho y apostó a demorar la solución judicial. La provincia tiene que pedir perdón, porque hubo una estrategia de dilación. Los santafesinos necesitamos que se termine esta etapa, que los damnificados puedan cobrar la indemnización y que se deje de humillar a la gente que pide justicia.
-¿Les llama la atención que salga ahora el fallo?
-Sí, podría haber salido en los últimos cuatro años, durante la gestión de exgobernador Omar Perotti, cuando había muchos funcionarios en el gobierno que también eran funcionarios en 2003. Hubiera sido interesante. Y sin embargo, lo sacan ahora, apenas Pullaro asume y lo hacen hacerse cargo de una indemnización multimillonaria.
Maximiliano Pullaro y la Corte, máxima tensión
-¿Ven un hilo conductor entre la temporalidad del fallo y los planteos del Ejecutivo sobre la necesidad de renovar la Corte? ¿Es una respuesta?
-Pullaro no está recibiendo la misma amabilidad judicial que gozó el gobierno anterior. Desde que asumió Pullaro y dijo que había que cambiar y mejorar la Justicia, empezaron a sacarnos fallos en contra. Pero esto no va a hacer que demos marcha atrás. Al contrario, demuestra lo que venimos diciendo: que la Justicia santafesina es demorosa.
-El fallo condena al gobierno, marca la responsabilidad civil de la gestión de Carlos Reutemann pero el exgobernador nunca fue citado a declarar en la justicia santafesina. ¿No hay una contradicción?
-La causa penal tiene otra lógica. ¿Por qué no lo llamaron a declarar es algo que tienen que explicar los jueces penales que tuvieron la causa. En la justicia civil la lógica es otra, por más que la condena penal impactó en los fundamentos de la justicia civil.
Según la Corte, la culpa fue del gobierno provincial de 2003
Se estima en más de un millar el total de juicios iniciados contra el Estado provincial. Ahora que la Corte resolvió el fondo de la cuestión, cada juzgado deberá fijar la indemnización que le toca a cada uno de los demandantes. Mientras, se terminan los cómputos precisos de la millonaria indemnización.
En este mes de abril se cumplen 21 años de lo que fue la peor tragedia de la ciudad de Santa Fe. La crecida del río Salado inundó gran parte del cordón oeste de la capital provincial. La anillo terraplenado que protege el oeste de la ciudad y sobre el que está montada la avenida de Circunvalación oeste, tenía un tramo inconcluso que permitió el ingreso del agua a la ciudad.
Esa situación dio inicio a la trágica jornada del 29 de abril de 2003, cuando la crecida extraordinaria del río afectó a un tercio de la población, obligó a evacuar a unas 60 mil personas y mató de forma directa a 23 personas, según la lista oficial de entonces, que las organizaciones civiles amplían a 130 contando quienes sufrieron secuelas en su salud física y mental y fallecieron en semanas y meses posteriores.