En épocas de agudas crisis económicas es sabido que suele experimentarse un auge de las actividades ilegales, que no se circunscribe, por dar un primer y visible ejemplo, a la venta ambulante, sino que puede irradiarse hacia distintos quehaceres, en los que resulta más dificultoso constatar su grado de legitimidad.
Ese contexto caracterizado por las emergencias sociales, sin embargo, no debe traducirse en una mayor permisividad por parte de los organismos del Estado, sino que, por el contrario, deben intensificarse los controles previstos para evitar más desbordes y consecuencias.
Un caso típico se presenta con algunos de los transportes de escolares y de pasajeros en nuestra ciudad, que pueden poner en serio riesgo -justamente, por no cumplir con reglamentaciones- la seguridad y la vida de miles de personas. La situación plantea potenciales derivaciones de seguridad a los pasajeros y, asimismo, un cuadro de competencia desleal con los transportistas que cumplen con las normas vigentes.
En este sentido resultan necesarios los operativos que la Municipalidad impulsó en las últimas horas, destinados justamente a controlar la legalidad de ese tipo de transportes.
Según se informó ahora, inspectores de la Comuna desplegaron un operativo en inmediaciones de la Terminal de Trenes, donde se verificó la documentación obligatoria para circular con el objetivo de identificar al transporte ilegal de pasajeros y sacarlo de circulación.
En total, se detectaron ocho vehículos que funcionaban de manera ilícita y quedaron retenidos. Seis de ellos trabajaban bajo la modalidad de viajes Uber, Didi y Cabify, mientras que los dos restantes eran remises que no contaban con la habilitación correspondiente para el traslado de pasajeros.
Carencia de los seguros obligatorios, no disponer con las verificaciones técnicas y la documentación exigible, son condiciones que generan peligro para los pasajeros que transportan. Se conoce también que existen remiserías que funcionan sin poseer ningún tipo de habilitación municipal. En cuanto a los transportes escolares que puedan incurrir en estas faltas, el hecho de que quienes puedan correr riesgos sean chicos de corta edad exime de todo comentario.
El transporte clandestino de pasajeros, que incluye a no pocos ómnibus particulares carentes de habilitación, origina una justificada inquietud. Es evidente, entonces, que resultaría extremadamente negativo que los organismos municipales competentes no actúen con el debido rigor, en defensa también de principios de igualdad ante la ley.
Asimismo, frente a los riesgos concretos que corren miles de personas, en forma cotidiana y muchas de ellas sin advertirlo, ya que al pasajero le resulta virtualmente imposible determinar si el vehículo que lo traslada está o no legalmente autorizado para ejercer la actividad, las autoridades deben extremar los controles que se realizan. No sólo para proteger los derechos de los eventuales pasajeros, sino para impedir que se vean desnaturalizadas las leyes y el propio valor de la autoridad comunal.
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