Tras el anuncio el pasado lunes del Govern balear de la amnistía urbanística que incluirá en el futuro decreto de simplificación administrativa, los partidos de izquierdas de Ibiza reaccionaron en contra, pues consideran la medida como clientelar y negativa para el interés general de la isla.
PSOE: premio al que lo hace mal
El presidente de la Federación Socialista de Ibiza (FSE-PSOE), Josep Marí Ribas Agustinet, calificó de «muy negativa» la amnistía urbanística planteada por el Govern balear en el borrador del futuro decreto de simplificación administrativa.
«Vemos que se trata de una propuesta para favorecer a la gente que no ha cumplido con la normativa», alertó Agustinet. Desde su punto de vista, la medida supondrá, además, «un llamamiento a que en una isla tan machacada y tan masificada se sigan incumpliendo las normas». Para el líder socialista la norma está «destinada únicamente a premiar los que lo han hecho mal» y «contentar la clientela del PP».
Por otra parte, consideró que «es un agravio comparativo para aquella gente que ha cumplido con la legalidad. Tendremos construcciones en las que se ha cumplido con la ley y a su lado otras que no han cumplido y están en la misma situación». Recordó que «ya pasó en 2014 y ahora se vuelve a repetir, para contentar a una clientela del Partido Popular», una decisión que no es «ni justa ni correcta».
A la espera de conocer con detalle el contenido del decreto, el PSOE también advierte de que «sustraer del ámbito de la Administración municipal el otorgamiento de licencias y hacerlo a través de empresas que validen estas cosas tampoco es lo correcto».
Si se sigue esta dinámica, consideró que se acabará «suprimiendo el trabajo de empleados públicos que tienen un régimen jurídico determinado, y esto no pensamos que sea lo que toca. Podemos simplificar determinados trámites, pero estos no creo que se tengan que sacar de dentro del ámbito del mismo ayuntamiento».
Agustinet también alertó de que la decisión de eliminar la Comisión de Medio Ambiente, «un órgano que ha velado por el cumplimiento de la normativa medioambiental», es una equivocación. «Es un trabajo que no se puede dejar de lado, y menos en una isla y una comunidad como la nuestra y en un contexto de crisis climática en que los retos medioambientales son fundamentales, advirtió el secretario general socialista.
Podemos: amnistía para ricos
Por su parte, la secretaria de Emergencia Climática de Podemos en Balears y coordinadora de Sant Josep, Mónica Fernández, indicó no esperar «otra cosa del PP para ayudar a sus amigos a legalizar todas las atrocidades que se han hecho en suelo rústico hasta ahora».
Consideró que la medida es «una maniobra» que muestra «la verdadera cara del PP, que por delante parece que quiere proteger y luego impulsan una amnistía urbanística que es absolutamente innecesaria».
Señaló que el anuncio de que se podrán legalizar las obras cuando las infracciones hayan prescrito, «previo pago de una multa, significa que los que podrán legalizar sus casas no serán los que han construido de extranjis una casita para sus hijos, sino aquellos que tengan dinero y puedan pagar la multa».
Fernández subrayó que el territorio «hay que protegerlo y el PP parece que anima a cometer ilegalidades porque, cuando ellos llegan, no hay que preocuparse, ya se encargan de impulsar una amnistía».
Anunció que desde el partido balear ya se están estudiando posibles medidas legales en caso de que finalmente se llegue a hacer efectiva la medida legal.
Ara: medida innecesaria
El portavoz de Ara Eivissa, Josep Antoni Prats, lamentó «que siempre se tenga que repetir la historia, cuando gobierna el PP tenemos amnistías para los infractores urbanísticos. Parece una rutina cuando vuelven a gobernar».
Consideró «lamentable» que la sociedad balear no alcance «unos criterios mínimos de conservación del territorio y de respeto a la legalidad que puedan ser aceptados por todos sin que cambie la normativa cada vez que gobierna la derecha».
A falta de poder estudiar con más detenimiento el texto legal cuando se publique, recordó que las construcciones fuera de ordenación, para las que se pone en marcha esta medida, «ya tienen unos derechos y están permitidas algunas actuaciones», lo que desde su punto de vista hace innecesaria la medida.
«Lo que hacen en realidad es aquello que les interesa: que se pueda obtener un rédito económico de estas construcciones. Con la ley actual ya están permitidos determinados usos de una edificación fuera de ordenación o inadecuada al planeamiento. Sin embargo esto va más allá de una simple amnistía, al legalizar estas construcciones se les da vía libre para que puedan poner en marcha unos usos que lo que harán es masificar más el territorio, como son los usos turísticos».
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