La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha aplazado su debate sobre el llamado caso CDR, al suspender este lunes una vista en el que las defensas de los doce procesados por terrorismo iban a exponer sus argumentos para tratar de suspender este juicio contra sus representados.
El motivo no ha sido otro que la baja médica de uno de los letrados, el del acusado Alexis Codina. Ahora bien, esta decisión de la Audiencia Nacional también se produce días antes de que entre en vigor la Ley de Amnistía, que afectará a la mayor parte de los delitos cometidos en defensa del procés catalán. La norma, ya aprobada por el Congreso de los Diputados, aún debe tramitarse en el Senado.
Así lo ha recordado, de hecho, otra de las letradas, Eva Pous. "No tiene mucho sentido continuar la tramitación de este procedimiento", ha señalado, antes de advertir de que, en pocas semanas, existirá "un motivo legal para que esta causa sea definitivamente cerrada y que no pueda continuar".
Tal y como informó EL ESPAÑOL, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita penas de entre ocho y 27 años de cárcel a los 12 procesados, miembros del llamado Equipo de Respuesta Táctica (ERT), un grupo muy radicalizado integrado en los Comités en Defensa de la República (CDR).
Entre otras acciones, el fiscal les atribuyó la elaboración de explosivos para reivindicar, de forma violenta, la independencia de Cataluña. Todos ellos fueron detenidos por la Guardia Civil en la llamada Operación Judas.
El fiscal autor de este aquel escrito de acusación fue Miguel Ángel Carballo, recientemente nombrado fiscal jefe de la provincia de Ciudad Real. Por ello, ha sido sustituido por Vicente González Mota, quien se ha opuesto a la suspensión de la vista. Aun así, el tribunal de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, presidido por el magistrado Félix Alfonso Guevara, la ha acordado. Otra de las partes que se ha opuesto ha sido la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (Acvot), representada por el letrado Ignacio Fuster-Fabra.
"¿Vamos a seguir como si oyéramos llover, con derroche de esfuerzos y recursos? Se aconseja, como mínimo, prudencia", ha solicitado este lunes otro de los letrados, Xavier Monge, a su salida de la Audiencia Nacional.
El escrito de acusación de Carballo, precisamente, fue enviado a la Audiencia Nacional sólo once días después de que el PSOE registrase la primera proposición de la Ley de Amnistía, que, tras sufrir varios cambios, fue finalmente aprobada por el Congreso hace dos semanas.
La Fiscalía considera que Eduardo Garzón, Esther García Canet, Sonia Pascual, Queralt Casoliva, Germinal Tomás Abueso, Alexis Codina, Jordi Ros, Rafael Joaquín Delgado, Ferran Jolis, Xavier Buigas, David Budria y Clara Borrero habrían conformado una organización terrorista, "de carácter clandestino y estable", cuyo objetivo sería "llevar a cabo acciones violentas o atentados con explosivos y sustancias incendiarias" en el contexto del proceso independentista catalán.
A Jolis, Buigas, Budria y Borrero les pide, a cada uno de ellos, ocho años de prisión por pertenencia a una organización terrorista.
"Subvertir el orden constitucional"
De acuerdo con el relato de hechos que contiene el escrito de acusación, los acusados conformaron dentro de los CDR una "organización terrorista paralela", el ERT, cuyo objetivo era "subvertir el orden constitucional de forma material, mediante una estrategia planificada y organizada".
Carballo describía al Equipo de Respuesta Táctica como una "célula" integrada por los acusados que "evidencia una gran radicalidad" y cuya finalidad era "conseguir la independencia conseguir la independencia de Cataluña, empleando para ello la violencia en su máxima expresión".
Trataron de "forzar a las instituciones a conceder por la vía de los hechos la separación de Cataluña del resto de España", afirmaba.
Sobre los acusados, aseguró que "conformaban una estructura jerarquizada, con reparto de roles y especializaciones, dotada de los medios adecuados y vocación de permanencia para la comisión de hechos delictivos".
Desde esa estructura organizada, el ERT habría participado en algunas de las acciones más contundentes reivindicadas por los CDR: cortes de carreteras, vertido de aceite la calzada de la C-55 en un lugar de paso obligatorio de la comitiva que trasladaba los presos desde la cárcel de Lledoners, levantamiento de las barreras de los peajes...