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(CNN) — El expresidente Donald Trump sufrió dos importantes reveses el jueves en sus esfuerzos por hacer descarrilar los casos penales en su contra: los jueces del caso de interferencia electoral en Georgia y del caso federal de documentos clasificados rechazaron sendas peticiones del posible candidato presidencial del Partido Republicano para 2024 que pidió que se desestimen esos casos.
Los jueces de ambos casos aún tienen que decidir sobre otras peticiones presentadas por Trump para que se desestimen las acusaciones federales y de Georgia, presentadas por la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, y el fiscal especial Jack Smith, respectivamente. Por ahora, la posibilidad de que los casos lleguen a los jurados sigue viva, y un juicio en un tercer proceso penal contra Trump —el caso de pago de dinero a cambio de silencio de la campaña de 2016 presentado en Nueva York— está en camino de comenzar este mes.
Aparte del caso de Nueva York, la probabilidad de que los otros procesos contra Trump —que también incluyen un caso federal de subversión electoral presentado en Washington, por el fiscal especial— vayan a juicio antes de las elecciones de noviembre está todavía muy en el aire. El retraso ha sido una parte clave de la estrategia del expresidente, y ha tenido un éxito considerable en la prolongación de los litigios previos al juicio en los procesos en su contra. El caso de Washington, que en un momento dado estaba avanzando con la mayor rapidez entre todos los casos penales de Trump, está ahora en suspenso mientras el Tribunal Supremo estudia si la condición de expresidente de Trump le otorga inmunidad frente a esos cargos penales. Esos argumentos están programados para este mes.
Trump ha presentado argumentos similares de inmunidad presidencial en el caso de Georgia y en el de los documentos clasificados. En los cuatro casos se ha declarado inocente.
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En el caso de los documentos clasificados, que se está llevando a cabo en el sur de Florida, la jueza de distrito Aileen Cannon rechazó el jueves la petición de Trump de que desestimara el caso basándose en sus argumentos de que tenía autoridad para llevarse consigo documentos clasificados o sensibles después de abandonar la Casa Blanca.
La breve orden de Cannon, sin embargo, mantuvo abierta la posibilidad de que Trump aún pudiera usar el argumento para defenderse en el juicio o pudiera sacarlo a colación en otros procedimientos previos al juicio.
La jueza, designada por Trump, no detalló su opinión sobre las alegaciones del expresidente, basadas en una ley llamada Ley de Registros Presidenciales, pero dijo que los abogados de Trump no cumplían el estándar legal para desestimar los cargos.
Escribió que los fiscales "no hacen referencia a la Ley de Registros Presidenciales" en la acusación contra Trump y no "se basaron" en el estatuto para presentar cargos.
Cannon también utilizó la orden para rechazar una petición del fiscal especial de que se pronunciara definitivamente sobre si la teoría podía incorporarse a las instrucciones para el jurado de un eventual juicio, de modo que los fiscales pudieran apelar esa decisión ante el 11º Circuito. Dijo que esa "demanda" era "sin precedentes e injusta".
Todavía hay más de una decena de peticiones pendientes sobre las que Cannon debe decidir, incluidas otras varias peticiones de sobreseimiento del caso.
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El juez del caso de subversión electoral en Georgia rechaza los argumentos de Trump sobre libertad de expresión
En el caso de subversión electoral de Georgia, el juez del Tribunal Superior del condado de Fulton, Scott McAfee, rechazó el argumento de que los supuestos esfuerzos de Trump para anular las elecciones de 2020 estaban protegidos por la Primera Enmienda.
"La defensa no ha presentado, ni el Tribunal es capaz de encontrar, ninguna autoridad de que el discurso y la conducta alegados sean discurso político protegido", escribió el juez del área de Atlanta en su orden.
El fallo de McAfee es el último paso en el caso contra Trump. Willis ha sugerido que estaría lista para ir a juicio tan pronto como agosto, pero el juez aún no ha fijado una fecha de juicio para Trump o sus restantes 14 coacusados en Georgia.
La decisión se produce cuando algunos de los otros acusados de Trump consideran la posibilidad de solicitar una orden de silencio contra Willis después de que ella haya hecho comentarios públicos sobre el caso.
La negativa de McAfee a desechar la acusación se produce cuando la defensa de la libertad de expresión se ha quedado corta en repetidas ocasiones en las disputas previas al juicio en casos de intromisión electoral.
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"Después de interpretar el lenguaje de la acusación liberalmente a favor del Estado, como se requiere en esta fase previa al juicio, el Tribunal considera que las expresiones y el discurso de los acusados supuestamente se han hecho en apoyo de la actividad delictiva y constituyen declaraciones falsas hechas a sabiendas y deliberadamente en asuntos dentro de la jurisdicción de una agencia gubernamental que amenazan con engañar y perjudicar al Gobierno", escribió McAfee en su orden emitida el jueves.
McAfee rechazó anteriormente impugnaciones similares de la Primera Enmienda de otros acusados en el caso de Georgia. En el caso de interferencia electoral federal presentado en Washington por el fiscal especial, la jueza Tanya Chutkan también escuchó —y rechazó— el argumento de que las acciones de Trump deberían considerarse discurso político protegido.
La oficina de la fiscal del distrito del condado de Fulton declinó hacer comentarios sobre la orden del jueves de McAfee.
El abogado de Trump en Georgia, Steve Sadow, dijo en un comunicado que Trump y otros acusados "respetuosamente están en desacuerdo" con el fallo y explorarán sus opciones.
"Es significativo que el fallo del tribunal dejara claro que los demandados no estaban excluidos de volver a plantear sus 'desafíos en el momento apropiado después del establecimiento de un registro de hechos'", decía el comunicado de Sadow.
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Cannon defiende su enfoque
Mientras que la nueva orden de Cannon en el caso de los documentos clasificados federales fue una derrota para Trump, los fiscales también fueron rechazados en su petición de más claridad por parte de la juez sobre cómo ve la Ley de Registros Presidenciales en el contexto del caso.
Smith hizo la petición cuando Cannon ordenó a ambas partes que presentaran instrucciones hipotéticas para el jurado que tuvieran en cuenta las afirmaciones de Trump sobre su amplia autoridad para retener documentos.
Cannon defendió ese ejercicio en la orden del jueves, diciendo que no debería "interpretarse como otra cosa que lo que era: un intento genuino, en el contexto del próximo juicio, de comprender mejor las posiciones enfrentadas de las partes y las preguntas que se presentarán al jurado en este complejo caso de primera impresión".
La ley PRA posterior al Watergate regula la gestión de los archivos tras el final de una administración, incluida la entrega de los archivos presidenciales a los Archivos Nacionales. Trump ha alegado que, en virtud de la ley, él tenía la autoridad última para decidir qué documentos son sus registros personales que se le permite mantener en su posesión.
Los fiscales han mantenido que la PRA no es relevante para los cargos. En las presentaciones judiciales, argumentaron que la teoría de Trump de que la ley le permitía designar los registros clasificados como sus documentos personales era una "ficción" inventada muchos meses después de dejar el cargo.
Cannon dijo el jueves que sus solicitudes de instrucciones para el jurado "no deben ser malinterpretadas como una declaración de una definición final sobre cualquier elemento esencial o defensa afirmada en este caso".
— Este artículo y su titular fueron actualizados con información adicional.
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