La impunidad en el caso de homicidio de Camila Gómez, una niña de 8 años nos costó muy caro a todos los mexicanos, no sólo por la pérdida de la vida de una menor, sino por las consecuencias que tuvo y tendrá.
La negligencia, incompetencia y debilidad institucional de las autoridades municipales de Taxco y de las estatales de Guerrero impidieron el acceso a la justicia para los familiares de Camila, produjeron un linchamiento, costaron la vida de dos personas, ponen en riesgo la libertad de una parte de la población de Taxco y sentaron un muy lamentable antecedente para todas las comunidades de nuestro país.
Camila fue víctima de homicidio presuntamente por parte de una vecina quien, para encubrir el delito, fingió el secuestro de la niña.
El conjunto de deficiencias, errores y maltrato institucional comenzó cuando en la agencia del ministerio público local impidieron que la madre de Camila denunciara el secuestro, quien tuvo que trasladarse a Iguala para ser atendida.
Gracias a las cámaras de videovigilancia particulares el tío de Camila pudo identificar que la niña entró a casa de la vecina Ana Rosa Díaz y no volvió a salir; que Ana Rosa salió acompañada de un hombre cargando un bulto -en el que estaba escondido el cuerpo de la víctima- que lo subieron a un taxi.
De nuevo fueron los pobladores quienes identificaron y localizaron al taxista y lo obligaron a informar dónde estaba el cuerpo de Camila.
Tras el hallazgo del cuerpo de Camila, pasaron casi siete horas sin que la autoridad actuase -pese al conjunto de evidencias que señalaban a Ana Rosa como posible responsable-.
La negligencia encendió a la masa, la masa entró a casa de Ana Rosa y golpeó en repetidas ocasiones a la presunta responsable y a dos de sus hijos. La policía municipal no supo actuar, antes, durante y después del hecho. Ana Rosa murió como efecto de los golpes, los policías municipales pensaron llevar a la mujer herida a la agencia del ministerio público, donde murió, en vez que al hospital. Poco después murió uno de sus hijos.
La primera parte de esta tragedia termina con hechos de revictimización y exhibición de descontrol e ingobernabilidad: el secretario de seguridad estatal responsabilizó a la madre de Camila de no vigilarla; el alcalde de Taxco afirmó que la policía local era insuficiente e incapaz por falta de apoyo estatal y que la gobernadora ni siquiera la tomaba la llamada; la gobernadora simplemente afirmó que el caso ya se atendía.
La segunda parte de esta tragedia probablemente nos presente acusaciones, declaraciones, promesas vacías y ninguna acción para evitar que un hecho similar vuelva a ocurrir.
¿Quién va a ser el responsable de este desastre? Probablemente nadie, la justicia no se aplicó, se ejecutó una venganza mediante un delito igualmente grave.
Probablemente nadie será sancionado por no haber atendido la denuncia de la mamá de Camila, por no haber investigado, por no haber actuado, por haber fallado en proteger a los presuntos responsables del homicidio de Camila o por matar a Ana Rosa y a uno de sus hijos -presunta homicida de un hecho que no se investigó ni al que se llegó a una responsabilidad fehaciente-.
Asimismo, nada hace pensar que el secretario de seguridad será sancionado por revictimizar a la madre de Camila, el alcalde no será responsabilizado por no capacitar a los cuerpos policiales ni la gobernadora por no atender las necesidades del Estado ¡bendita impunidad!
En México por cada mil delitos que se consumen, apenas uno llega a la sanción, lamentablemente (1) sobra evidencia que muchos sentenciados ni siquiera eran culpables de los hechos delictivos y (2) que en nuestro país hay un sin fin de delitos graves -como ocurre con la desaparición de personas- en los que la impunidad es del 100% de los casos.
La impunidad es el factor principal que permite el crecimiento de los delitos y el prosperar de delincuentes y violencia.
Combatir la impunidad requiere de estrategias, evaluación, compromiso y recursos, algo que en este momento no existe ni en Guerrero ni en el país en general.
El homicidio de Camila, el linchamiento y muerte de Ana Rosa y su hijo, las fallas institucionales son resultado de la impunidad y lo más seguro es que terminarán impunes.
Si no se actúa con seriedad, si no se impulsa un cambio real sobre la forma como no se atiende la seguridad y se niega la justicia a las víctimas, las cosas sólo empeorarán, los delitos continuarán al alza, las comunidades se sentirán cada vez más abandonadas y ejecutarán venganzas al margen de la ley -incluso asesinando a personas inocentes-, el Estado de Derecho será cada vez más débil y los ciudadanos viviremos en mayor peligro.
Director del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL