Los intendentes peronistas del Conurbano bonaerense advierten sobre el incremento de la asistencia social por parte de los municipios en los últimos meses, ante la combinación de la mayor demanda y el freno en el reparto de alimentos del Gobierno nacional. Por el momento se trata de un llamado de atención que no alcanza a implicar una alarma sobre el clima social, aunque vislumbran un panorama imprevisible en caso de no revertirse la crisis.
En La Matanza, el distrito más poblado del Gran Buenos Aires, calcularon que la demanda aumentó en un 30%. Fernando Espinoza aseguró que los comedores dependientes de la intendencia pasaron de 800 a 1.000 y que unas 150 mil familias son asistidas en el distrito. También entre los adultos mayores el requerimiento de alimentos creció un 25%, según los datos del municipio.
"Desde diciembre fuimos destinando más recursos para lo que es asistencia, con prioridad en alimentos y medicamentos, para fortalecer la capacidad de los comedores", transmitieron desde el populoso distrito, y pusieron como ejemplo que este año suspendieron los festejos de carnaval y otros gastos para potenciar las partidas orientadas a la ayuda social.
La inquietud entre los intendentes se potencia por el combo en el que enumeran la caída del poder adquisitivo de trabajadores y jubilados, la suspensión del envío de comida desde el Ministerio de Capital Humano y la baja en la recaudación de los municipios.
"En nuestro caso la caída no es tan significativa, pero se siente. Lo que subimos de impuestos siempre es menor a la inflación y lo primero que te dejan de pagar es el ABL, patentes, multas. La tasa de publicidad de la cartelería tampoco te la paga nadie. Podemos contener, el tema es hasta cuándo con este panorama", indicaron en un municipio de la Primera Sección.
Los municipios ya tenían un esquema de ayuda a comedores y merenderos, en coordinación con la Nación y Provincia. La mayoría de los consultados aclara que se mantiene el reparto por parte de la administración de Axel Kicillof, aunque estima que "el ajuste a las transferencias a PBA puede derramar para abajo". Por el momento predomina la cautela en cuanto al humor social.
Temor por la suba de los servicios
"Nosotros tenemos un incremento de la asistencia, dentro de los valores previsibles. No sabemos qué puede pasar cuando se sientan los aumentos en las facturas de los servicios. Suponemos que la conflictividad va a aumentar, y eso se va a dar también en la clase media baja y clase media media", analizaron en Quilmes, uno de los municipios en poder de La Cámpora, gobernado por Mayra Mendoza.
En Tigre, la asistencia alcanzó los 15.000 bolsones de comida por mes: el municipio compra unos 200 mil kilos de alimentos y la Provincia envía otros 10 mil. "No hay una situación de estallido, la contención por el momento está garantizada", aclararon desde la intendencia en poder de Julio Zamora. En ese distrito también les resultó significativo el aumento de la demanda de chapas, materiales de construcción y colchones, y lo adjudicaron a un incremento de los desalojos.
En otras intendencias dieron un panorama similar, aunque pidieron reserva para mantener la expectativa de entablar un vínculo con funcionarios del Gobierno nacional. "Estamos acostumbrados a articular, pero se cortó todo. Hasta con Macri hablábamos con (Rogelio) Frigerio, (Carolina) Stanley, (Emilio) Monzó. Ahora nada, y también nos pega la obra pública paralizada", contaron desde un municipio de la Tercera Sección electoral.
En algunos distritos empezaron a colocar carteles para responsabilizar al Gobierno nacional por las obras frenadas. Entre los intendentes de lo que era Juntos por el Cambio remitieron a otros indicadores que emergieron en esta etapa de ajuste.
"Acá la asistencia alimentaria es más acotada, lo que vemos con preocupación es una suba de cerca del 30% de la demanda en los hospitales públicos, de personas que tuvieron que dejar la prepaga. Si esto crece, va a estar complicado", contaron en un municipio del norte del GBA.
En San Isidro, Vicente López y Tres de Febrero, los tres gobernados por el PRO, también alertaron sobre la baja de la recaudación por ABL de entre el 5% y el 25%, en el caso del distrito conducido por Ramón Lanús. Al menos 19 intendencias del GBA cobran una tasa vial sobre el consumo de combustibles para sumar recursos.
Acaso por los niveles de apoyo conserva Javier Milei pese al ajuste, los intendentes peronistas no encienden las alarmas sobre un desborde social aunque abren interrogantes para los próximos meses.
Un jefe comunal de un populoso distrito del oeste describió un panorama imprevisible al llegar hace unos días a una reunión del PJ: "Por ahora estamos conteniendo, pero cada vez son más. Cuando ya no podamos, que vayan directamente a la Plaza de Mayo. No va a hacer falta llevarlos".
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