Nicolás Maduro, quien profundizó la represión y el control social que comenzó Hugo Chávez, ha constituido un régimen de terror en Venezuela, uno que se alimenta del miedo y no solo buscan castigar a aquellos que se atreven a alzar la voz, sino que además viralizan cada acto de represión como una advertencia para todos aquellos que desafíen su autoridad.
Los objetivos de esta represión son específicos y calculados: defensores de derechos humanos, sindicalistas, líderes políticos e incluso figuras públicas como un youtuber, han caído bajo su yugo. El propósito es evidente: eliminar cualquier voz disidente dentro de la sociedad venezolana, sin tapujos ni disimulos.
La piedra angular de este régimen del terror es la reciente propuesta de la "Ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares", impulsada por la dictadura de Maduro. Bajo el pretexto del "antifascismo", estos autócratas modernos han amenazado, perseguido, torturado, desaparecido y asesinado a aquellos que osan desafiar su autoridad.
Cosa curiosa, por demás, puesto que es el propio chavismo el que cumple a rajatabla las 14 claves para identificar a un fascista, descritas por Umberto Eco.
Esta propuesta no es más que un paso más en la línea de legislaciones autocráticas diseñadas para socavar los derechos humanos en nombre de la política, como lo fueron la infame Ley Orgánica de Telecomunicaciones; la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión; la Ley Constitucional contra el Odio y por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia; y la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos y la de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público.
Todas y cada una de ellas significaron un paso más hacia la eliminación de la libertad de expresión y la persecución a la disidencia. De hecho, según los registros del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), durante una década (hasta el año 2022), «se contabilizaron 3.578 violaciones a las garantías informativas de los periodistas, medios y ciudadanos. En medio de este escenario cada vez más hostil, la censura sistemática ejercida desde el poder gubernamental ha logrado imponerse contra la libertad de expresión y el acceso a la información pública en el país».
El modus operandi es conocido: a través de un texto legal -aparentemente legítimo-, se establecen prohibiciones vagas y subjetivas destinadas a justificar medidas punitivas, incluso de naturaleza penal. Estas restricciones atacan directamente el pluralismo político y la libertad de expresión, pilares fundamentales de la democracia, según lo establecido en la Carta Democrática Interamericana. Esto, además, y tal como lo ha desarrollado el abogado José Ignacio Hernández, es otro avance en el apartheid político venezolano, lo cual se suma a los crímenes de lesa humanidad que ahora mismo son investigados en La Haya.
Pero como con un régimen como el chavista que tortura, desaparece, asesina, persigue, apresa arbitrariamente y condena al exilio a millones, nada es casualidad, esta mal llamada Ley busca, también, profundizar la violación de las garantías electorales y consolidar el control absoluto del régimen sobre el proceso electoral. Ocurre justamente este año 2024, cuando estamos frente a la oportunidad de lograr una transición hacia la democracia por medio de elecciones mínimamente competitivas (lo que ellos buscan evitar), o por el contrario, consolidar un Estado totalitario.
Las restricciones a las reuniones políticas y el derecho de asociación debilitan aún más el espacio para la participación política, mientras que las sanciones a quienes financien a organizaciones políticas y medios de comunicación independientes refuerzan el cerco en contra de cualquier forma de disidencia. No se trata de atacar al "fascismo" ni al "neoliberalismo". Esas son las fachadas de lo que realmente busca Nicolás Maduro: que nadie se oponga, que nadie piense, que nadie se manifieste, que el ciudadano deje de ser ciudadano y se convierta en un súbdito silente.
En resumen, la "Ley contra el fascismo" no es más que un instrumento para criminalizar la disidencia y consolidar el poder autoritario del régimen de Maduro. Al cerrar el espacio para la sociedad civil y restringir aún más la participación política, el régimen demuestra su desprecio por la democracia y su determinación de mantenerse en el poder a cualquier costo. Es hora de que el mundo vea esta ley por lo que realmente es: otro ataque flagrante a los derechos humanos y a la democracia misma. Ya varios aliados históricos del régimen han abierto los ojos, pero todavía faltan más. Y falta más.
*La autora es defensora de derechos humanos y secretaria general del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD).