El juicio contra la excúpula de UGT continúa con impactantes declaraciones sobre el supuesto fraude en los cursos de formación, las últimas vuelven a destapar la dudosa gestión en la Junta.
Las declaraciones de los acusados de la antigua cúpula de UGT en Andalucía durante el juicio que se está celebrando en la Audiencia de Sevilla y que investiga un presunto delito continuado de fraude de subvenciones por parte del sindicato, salpica cada vez más a la administración autonómica de la etapa del gobierno socialista.
El lunes, el exsecretario general de UGT-A, Fernando Fernández Sevilla, afirmó ante el juez que contaban con el "ok" de la Junta a las justificaciones que presentaban de las subvenciones para cursos de formación y este martes ha sido la exsecretaria de Gestión Económica de UGT-A María Charpín la que ha declarado, dejando de nuevo muy mal parada a la Junta del PSOE por no haber sido nada exigente en el control del dinero público.
Charpín ha comparecido como acusada y, al igual que su antecesor, sólo ha accedido a responder a su abogado defensor y al tribunal, no así al fiscal del caso ni al resto de acusaciones, según las cuales el sindicato orquestó con sus proveedores un sistema de facturas fraudulentas o "falsas" con cargo a las subvenciones autonómicas para cursos de formación, gracias al cual cosechaba un "bote" económico con el cual sufragar gastos no imputables a las ayudas. El presunto fraude de UGT asciende a más de 40 millones de euros y fue cometido entre los años 2009 y 2013.
La acusada se ha desmarcado de sus responsabilidades en el sindicato y ha alegado que aunque su cargo era de Gestión Económica, no tenía "funciones de control económico" de la organización ni tenía "poder sobre las cuentas" del sindicato, así como tampoco firmó las justificaciones de las subvenciones que el sindicato remitía a la Junta.
Su labor fue, según ha destacado, de "cobradora del frac" de UGT-A, pues en aquellos tiempos, según ha dicho, la Junta de Andalucía sufría una importante falta de "liquidez" para abonar al sindicato las cuantías en efectivo derivadas de las acciones de formación, con lo que los responsables de la Junta intentaban "no pagar las justificaciones" trasladando al sindicato "muchos requerimientos" de subsanación, extremo que ella se encargaba de resolver, para conseguir "esa financiación".
La situación de 'morosidad' llegó a tal extremo que, según ha dicho, a finales de 2012, en plena crisis internacional financiera y con las políticas de austeridad en marcha, la Junta de Andalucía adeudaba "ocho millones de euros" a UGT-A por cursos justificados.
La exdirectora de UGT ha aclarado que ella no daba "directriz" alguna en materia de cómo justificar las subvenciones, asegurando al respecto que en todos estos trámites, la Junta reclamaba al sindicato "mucha concreción" en los expedientes de justificación de las ayudas, pero a la vez pedía "cierta laxitud en los conceptos" de las facturas a presentar.
Este ha sido el momento alarmante de la sesión, ya que llama la atención que una administración no sea escrupulosa a la hora de exigir conceptos claros y específicos del uso del dinero público.
Además ha añadido que las empresas proveedoras de UGT Andalucía hacían descuentos al sindicato por determinados volúmenes de compra durante periodos concretos, toda vez que durante el juicio ha quedado constatado que tales descuentos no eran comunicados al órgano gestor de la fiscalización de las ayudas autonómicas sobre las que se sustentaban los gastos, es decir, la Junta.
Sobre ello, Charpín ha declarado que resultaba "complicadísimo, casi imposible" plasmar estos descuentos en cada factura concreta, porque tales descuentos eran "liquidados a final de año", la relación del sindicato con los proveedores era "global" y cada programa de cursos de formación contaba con "cientos" de acciones formativa que derivaban en sus correspondientes facturas.