Es hora de pasar de las medidas de contención a acciones que promuevan la inclusión, la equidad y el desarrollo integral de los jóvenes de Bucaramanga.
La implementación del toque de queda para menores en Bucaramanga por parte del alcalde Jaime Andrés Beltrán es un intento sincero por abordar el preocupante aumento de la delincuencia juvenil en la ciudad. Sin embargo, es importante reconocer que esta medida restrictiva no aborda por sí sola las causas profundas que llevan a los menores a participar en actividades delictivas, aunque la medida llega como respuesta a una serie de incidentes delictivos protagonizados por jóvenes. Es comprensible que se tomen medidas inmediatas para controlar esta situación, pero es fundamental entender que las soluciones a largo plazo requieren un enfoque más integral y sistémico.
La realidad es que los problemas sociales que enfrentan los menores en situación de vulnerabilidad, como el comercio sexual, el consumo de drogas o la delincuencia, entre otros, no se resolverán simplemente restringiendo su movilidad durante ciertas horas. Estos jóvenes necesitan un apoyo integral por parte del Estado que aborde las causas objetivas de sus comportamientos problemáticos. En este sentido, es alentador que la medida se implementará de manera pedagógica durante los primeros 15 días, sin embargo, se necesitan políticas públicas de fondo sobre educación, concientización y dignificación de los menores, especialmente aquellos que enfrentan mayores desafíos socioeconómicos.
La intervención, hace unos días, de la mamá de una menor implicada en un robo, demuestra la importancia del papel de los padres en la prevención del delito juvenil, sin embargo, no todos los menores cuentan con un entorno familiar estable y protector que los guíe por el camino correcto.
Es fundamentalmente una responsabilidad del Estado garantizar que todos los niños y adolescentes tengan acceso a una educación de calidad, a servicios sociales adecuados y a oportunidades de desarrollo personal, por lo que el gobierno de Bucaramanga y las autoridades competentes deben comprometerse con la protección y el bienestar de los menores, lo que implica no solo medidas coercitivas como el toque de queda, sino también políticas de prevención, intervención y rehabilitación que aborden las causas profundas de la delincuencia juvenil.
En última instancia, el éxito en la lucha contra la delincuencia juvenil dependerá de la capacidad del Estado y de la sociedad en su conjunto para brindar a los menores las herramientas y el apoyo que necesitan para construir un futuro mejor. Es hora de pasar de las medidas de contención a acciones que promuevan la inclusión, la equidad y el desarrollo integral de los jóvenes de Bucaramanga.