Suspenso en septiembre. Calp comenzará el curso escolar con alumnos desperdigados aquí y allá. Ahora mismo la única solución para paliar la masificación del instituto (se construyó para 500 alumnos y asisten más de 1.200) es habilitar aulas en dos edificios municipales, la Casa de Cultura y la Casa Nova. El centro provisional de barracones, que acogería el segundo instituto y un nuevo colegio, no se puede construir de la noche a la mañana. El ayuntamiento ha cedido los 30.000 metros cuadrados. Debe acondicionarlos (las obras se van a casi 3 millones de euros). Y luego le toca al Consell instalar las prefabricadas. La concejala de Educación, Mariola Mulet, ha afirmado hoy que ese complejo de barracones estará como pronto en febrero. También señaló que hay unos 120 alumnos que ya no caben en el instituto y que son los que asistirían a esas aulas de la Casa de Cultura y la Casa Nova.
Los técnicos e inspectores de la conselleria de Educación visitaron este jueves los espacios municipales que podrían transformarse en aulas. «Tienen que elaborar un informe que evalúe si etos espacios son adecuados y seguros. En una semana o diez días tendremos más información», explicó Mulet.
En los colegios también hay saturación. Calp necesita una nueva escuela pública. La concejala considera que en estos centros todavía se pueden hacer particiones y ubicar a los alumnos. No obstante, muchos colegios ya han tenido que reconvertir bibliotecas, laboratorios y otras salas en aulas.
La emergencia educativa de Calp aboca a un inicio curso muy complicado. En mayo, se abren las nuevas matrículas. «No paran de crecer», advierte Mulet.
El problema viene de lejos. La construcción del segundo instituto (14,9 millones de euros) y del nuevo colegio de educación especial Gargasindi (7,5 millones) están bloqueadas. El Consell no autoriza al ayuntamiento a licitar las obras. Está revisando el presupuesto, que se ha incrementado por la inflación de los materiales de las obras.
¿Pagaría el ayuntamiento las obras?
La alcaldesa, Ana Sala, recuerda que los servicios jurídicos municipales consideran que el ayuntamiento no puede sufragar obras educativas, ya que son competencia autonómica. No obstante, los técnicos también recomendaron al consistorio que realizara una consulta al Consell Jurídic Consultiu. «Si nos dice que sí podemos pagar estas obras, lo haremos», avanza la alcaldesa.
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