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Atención | Este es el escrito de acusación contra el expresidente Álvaro Uribe. Dice la Fiscalía que actuó "como determinador"
El documento de 13 páginas con el que la Fiscalía espera llevar a juicio al exmandatario resumen el proceso por fraude procesal y soborno en actuación penal.
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La Fiscalía radicó la acusación contra el expresidente Álvaro Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Los detalles de la investigación se resumen en el documento de 13 páginas que el ente acusador presentó ante los jueces penal del circuito de Bogotá.
Dice el ente acusador que, sin lugar a dudas, el expresidente Uribe, junto con otras personas, se encargó de idear la forma de obtener algunas declaraciones que no correspondían con la realidad, esto con el objetivo de favorecerse a él y a su hermano Santiago Uribe, mientras insistían en controvertir las versiones en su contra por otros testigos.
"Contando con apoyo consciente, deliberado y sistemático de múltiples personas, bajo la coordinación, la dirección y con el beneplácito, patrocinio o aval suyo, materializó la estrategia que idearon para lograr testimonios, documentos, y/u otros medios probatorios que dieran cuenta de hechos o situaciones parcialmente cierto(a)s o que no correspondían con la realidad y que les sirviera para falsear o colocar en duda versiones que contra él y su hermano Santiago", señaló la Fiscalía.
Los testimonios que, según la Fiscalía, el expresidente trató de afectar fueron los rendidos por Pablo Hernán Sierra García y Juan Guillermo Monsalve Pineda, justamente los testigos que cursan en contra del exmandatario y que ahora lo tienen con una acusación formal ante los jueces de Bogotá, y que hace tres años lo tuvo bajo medida de detención domiciliaria.
"Lo habían rendido y reiterado los señores Pablo Hernán Sierra García y Juan Guillermo Monsalve Pineda, entre otros, particularmente con ocasión de la investigación previa referida atrás o por actuaciones penales distintas y que se ventilaban ante la Corte Suprema de Justicia o ante otras autoridades", dice la Fiscalía en la acusación.
El fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia señaló en la acusación que el expresidente Uribe "determinó" al abogado Diego Cadena para que se ofreciera dinero u otros beneficios a los procesados con el objetivo de cambiar las versiones que habrían entregado a la Corte Suprema de Justicia, cambiando la verdad o que simplemente no entregaran más versiones a las autoridades.
"Uribe Vélez, determinó al abogado Diego Javier Cadena Ramírez, para que directamente o por interpuesta persona, entregara y/o prometiera dinero u otras utilidades a seleccionados testigos de hechos delictivos, para que faltaran a la verdad o la callaren total o parcialmente en las actuaciones penales aludidas. Al mismo tiempo, con tan específicos actos, indujo en error a la Sala de Instrucción No. 2 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, para obtener de esta, decisiones contrarias a la ley", señala el documento.
Incluso se mencionan las reuniones que sostuvieron con otros protagonistas como el exsenador Mario Uribe para "coordinar" de qué forma se realizarían las declaraciones y cómo se harían llegar a la Corte Suprema de Justicia. Además de la posibilidad de contactar a paramilitares que confirmaran un plan para desprestigiar al expresidente y su hermano Santiago.
"Tras reuniones especiales que -en los primeros meses del 2017- propició o facilitó su pariente y exsenador de la república Mario de Jesús Uribe Escobar, el Dr. URIBE VÉLEZ impartió instrucciones precisas al abogado Diego Javier Cadena Ramírez, para que, directamente o con otras personas, ubicaran y contactaran a ex paramilitares u otros ciudadanos que, a cambio de dinero en efectivo, promesas remuneratorias, servicios gratuitos u otras utilidades o beneficios, rindieran su testimonio", explica la acusación de la Fiscalía.
Con el escrito de acusación la Fiscalía y las partes en el proceso abren la posibilidad de presentar en juicio todo el material probatorio. Por un lado en el propósito de confirmar o desvirtuar los hechos que a criterio de la Corte y ahora de la Fiscalía se convierten en hechos relevantes para el juicio.