El Consejo Asesor de Turismo ha echado a andar en Asturias con un asunto de lo más importante para el sector: la reforma de la ley para mejorar la regulación de las viviendas de uso turístico (VUT). La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, insistió en lo que ya dijo cuando presentó los puntos claves del anteproyecto de ley, que debe ahora debatirse y aprobarse en la Junta: la aspiración a que esté salga adelante de manera "dialogada y consensuada" con todos los agentes implicados.
Sin embargo, hay un punto que parece que dará más que un quebradero de cabeza a Llamedo y a la viceconsejera de Turismo, Lara Martínez: el de la autorización expresa de las comunidades de vecinos para abrir un piso turístico en un edificio. Contra el mismo ya se ha pronunciado la Asociación de titulares de Viviendas Turísticas, que ha denunciado un "acoso" de las instituciones y asociaciones de hostelería a este tipo de alojamientos. Su presidente, Rubén Espina, quien ya trasladó el pasado 25 de marzo al Principado su postura, reiteró este lunes su crítica a la exigencia de autorización expresa de las comunidades de vecinos. Sostiene que esto "contradice la normativa vigente en la actualidad". Además, rechazan por inconstitucional el carácter retroactivo de la futura ley. "Que sepan que cuentan con la oposición más firme por parte de los titulares", advierte Espina.
Lo cierto es que tanto la patronal Otea como los ayuntamientos han dado su apoyo en general al Principado. No obstante, en Gijón, Ángela Pumariega, edil de Turismo, planteó en el consejo "algunas dudas jurídicas con respecto a varios artículos que consideramos que debemos tener cautela, para asegurar que las regulaciones propuestas sean sólidas y resistan posibles desafíos legales".
Gimena Llamedo quiso tranquilizar al sector. Sostiene que el decreto actual ya recoge que si la comunidad de vecinos prohíbe la instalación de viviendas de uso turísticos éstas "no se pueden desarrollar" y que el Principado va en la línea de otras autonomías al respecto. Con la modificación de la norma, ha explicado, "se da un paso más" y se pide la "aceptación expresa" por parte de las comunidades vecinales para el desarrollo de esa actividad económica.
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