El mantenimiento del polígono de A Sionlla sigue generando desacuerdos entre el Concello de Santiago y la Xunta de Galicia. Tras las discrepancias por la carencia de un alumbrado público en condiciones en el parque empresarial, ambas administraciones se encuentran en fase de dar forma a una entidad de conservación constituida por los propietarios de las parcelas, pero no hay consenso sobre cuáles son las funciones que debe asumir este órgano.
En un escrito al que ha tenido acceso EL CORREO GALLEGO, Raxoi rechaza que esta entidad se haga cargo únicamente de las zonas verdes, tal como plantea Xestur, el ente dependiente de Ejecutivo autonómico dedicado a la gestión del suelo industrial.
El Gobierno local tiene que dar luz verde a los estatutos que regulan el funcionamiento de la entidad de conservación, mientras que corresponde a los promotores la elaboración de dichos estatutos. Por ello, Xestur hizo llegar al Concello un proyecto "no que limita as obrigas de conservación a cargo da entidade ás zonas verdes". Raxoi argumenta que "isto supón desprazar todas as outras obrigas de conservación á administración municipal, en contra do previsto no proxecto sectorial, na inscrición rexistral dos soares e na normativa aplicable".
Una postura manifestada "en varias ocasións"
En su respuesta a la propuesta, añaden que "o Concello manifestou este reparo a Xestur en varias ocasións, se ben a Administración municipal está a colaborar na conservación da urbanización, posto que asumiu a limpeza viaria, a recollida de residuos e os consumos de enerxía eléctrica para o alumeado público".
El ejecutivo municipal también incide en que "aínda que poida semellar excesivo, a xurisprudencia confirma a posibilidade de que os estatutos dunha entidade de conservación imputen a esta os citados consumos, precisamente co fin de aliviar a carga económica que para as facendas locais conleva soster os servizos das novas urbanizacións".
Además, aclara en el mismo escrito que el mencionado proyecto sectorial establece que estas funciones "correrán a cargo da citada entidade urbanística por un prazo mínimo de 25 anos". Los deberes de este órgano incluirán "a reparación e, de ser o caso, a reposición de cantos elementos sexan precisos para garantir o correcto funcionamento das instalacións".
Figura habitual
En el mismo documento se recuerda que es habitual acudir a la figura de la entidad de conservación en el ámbito de los polígonos industriales periféricos, puesto que "os servizos e instalacións que neles se prestan atenden –case exclusivamente– á demanda ocasionada polas actividades económicas que se emprazan neses polígonos, fóra do continuo urbano", apelando de nuevo al "elevado custo" que implica para un concello la prestación de servicios en estos espacios.
El escrito no cierra del todo la puerta a ampliar la contribución municipal a la conservación del polígono, aunque para ello insta a que se presente una petición que incluya una memoria justificativa del interés público de la propuesta, una estimación económica de los gastos anuales y una propuesta de reparto de obligaciones entre el Concello y la entidad.
El polígono sigue sin luz
Mientras continúa el diálogo entre administraciones, el polígono permanece sin alumbrado público en las calles, lo que redunda en una "sensación de abandono" y "problemas de seguridade", tal como relatan los propietarios de los establecimientos situados en A Sionlla. Después de las quejas trasladadas por los empresarios a este diario, Xunta y Concello hicieron públicas sus discrepancias.
Varios días después, la exvicepresidenta de la Xunta y actual conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, señaló al Concello como "único responsable", asegurando que se le requirió "dez veces consecutivas" la ejecución de los trabajos de mantenimiento y conservación del polígono. En la misma comparecencia, también instó a la creación de la entidad de conservación, cuyos estatutos se están discutiendo ahora.
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