La asamblea principal de derechos humanos de la ONU acordó el jueves medidas destinadas a ejercer presión sobre Myanmar e Irán, cuyos gobiernos han sido acusados de usar la violencia contra su propio pueblo.
El Consejo de Derechos Humanos, compuesto por 47 países miembros, respaldó por consenso una medida que insta a los gobiernos a evitar exportar o vender combustible de aviación a Myanmar si creen que su junta militar gobernante podría usar el combustible para violar los derechos humanos en el país del sureste asiático asolado por la guerra.
También instó a un alto en la transferencia ilegal de armas, municiones y otro equipamiento militar a Myanmar.
Un experto independiente comisionado por el consejo advirtió el mes pasado que el gobierno militar de Myanmar está intensificando la violencia contra civiles a medida que enfrenta más contratiempos en el campo de batalla contra los grupos armados pro democracia y étnicos.
El ejército se hizo con el poder hace más de tres años al derrocar al gobierno electo de Aung San Suu Kyi, desencadenando una amplia oposición no violenta que fue reprimida con violencia. La represión dio origen a la resistencia armada y sumió al país en una guerra civil.
El grupo de defensa Amnistía Internacional ha denunciado repetidamente envíos ilícitos de combustible a Myanmar y en enero señaló datos de envíos que apuntaban a esfuerzos por evitar sanciones en la cadena de suministro de combustible de aviación. Señaló que al menos siete envíos de combustible llegaron a Myanmar el año pasado, con vínculos directos a una unidad de almacenamiento en Vietnam.
Vietnam, que actualmente ocupa uno de los escaños en el consejo, no se opuso al consenso del consejo.
"Este es un mensaje importante del principal órgano de derechos humanos de la ONU de que no es aceptable hacer negocios como de costumbre cuando se suministra combustible para aviones a aquellos que utilizan ataques aéreos para cometer crímenes de guerra", dijo Iniyan Ilango, representante de Amnistía Internacional en la ONU en Ginebra.
Dijo que era "un buen comienzo" pero que el Consejo de Seguridad de la ONU debería imponer una suspensión de los envíos directos e indirectos de combustible de aviación a Myanmar, ya que tal medida tendría un impacto importante en el terreno al ayudar a evitar que el ejército continúe con sus ataques aéreos, "muchos de los cuales han constituido crímenes de guerra".
La decisión sobre Myanmar llegó al final de la primera sesión del año del consejo, que comenzó el 26 de febrero, con acciones sobre más de 40 resoluciones sobre temas tan diversos como los derechos de la infancia, el medio ambiente y los derechos humanos, y la prevención del genocidio, y las situaciones de derechos en países como Sudán, Bielorrusia y Corea del Norte.
Se espera que en la sesión final del viernes se presente una resolución que insta a los países a detener el envío de armas a Israel en medio de su campaña militar en Gaza que ha provocado la muerte de casi 33,000 palestinos en respuesta a los mortales ataques en Israel por parte de militantes armados el 7 de octubre.
En otra acción, el consejo votó 24-8, con 15 abstenciones, para adoptar una resolución que prorroga por un año las investigaciones de los derechos humanos en Irán por dos equipos diferentes: uno dirigido por un "relator especial" que examina la situación general de los derechos, y otro por una "misión de investigación" que se centra en las violaciones de derechos relacionadas con las protestas desde septiembre de 2022.
Los miembros de la misión informaron al consejo el mes pasado que el gobierno de Irán era responsable de "violencia física" que provocó la muerte de Mahsa Amini, una mujer de 22 años que falleció en un hospital tras ser arrestada por la policía de moralidad del país por supuestamente no llevar su hiyab según el gusto de las autoridades.
La muerte de Amini desencadenó enormes protestas y una represión de seguridad de varios meses que provocó la muerte de más de 500 personas y la detención de más de 22,000.