El Gobierno de Pedro Sánchez siempre ha rechazado el referéndum de autodeterminación que exigen los independentistas catalanes. En eso no ha habido cambio, hasta ahora.
Lo rechazaron en la pasada legislatura, lo rechazaron en el pacto con Carles Puigdemont para la investidura de Sánchez el pasado mes de noviembre y ahora siguen rechazándolo en vísperas de las elecciones autonómicas catalanas, cuando ERC y Junts sitúan esta exigencia como prioridad.
El Gobierno inscribe las peticiones de los independentistas en su necesidad de echar mano de su programa de máximos en vísperas de las elecciones. Junts y ERC necesitan presentarse así a las elecciones para unir y movilizar a los votantes independentistas, objetivo para el que compiten ambos. También para apelar a los separatistas desilusionados con el fracaso de 2017.
El planteamiento por parte de ERC y Junts de esta exigencia y la del sistema de financiación singular responde, según el Gobierno, a la tregua en sus acuerdos que se han dado durante el proceso electoral, otorgándose libertad para confrontar y plantear sus posiciones diferentes.
Por eso, los socialistas, además, señalan que mantendrán su rechazo durante la campaña, porque entienden que no sólo no les perjudica en las urnas, sino que les facilita diferenciarse de los independentistas.
La lista del PSC que encabeza Salvador Illa pretende presentar al separatismo y sobre todo a Puigdemont como un reducto de un pasado ya superado. Las encuestas que manejan indican que su objetivo de crecimiento son los votantes "hartos del independentismo" y los que quedan de los que en 2017 dieron la victoria al Ciudadanos de Inés Arrimadas para frenar el separatismo.
Además, Moncloa explica que a diferencia de lo que ocurría en 2017, ahora Aragonès y Puigdemont hablan de "referéndum pactado" y se remiten a la Constitución. Es decir, abandonan la vía unilateral que usaron dos veces, siempre en tiempos de gobiernos de Mariano Rajoy, lo que supone un cambio sustancial.
Admite Moncloa la evidencia de que también rechazaron con contundencia la amnistía hasta el pasado mes de julio, sosteniendo hasta el día después de las últimas elecciones generales que es inconstitucional. Sánchez ha rectificado y ha llevado a su partido a la rectificación y la ley de amnistía está a punto de salir del Parlamento para su aplicación inmediata.
Las sentencias del TC
Lo mismo dicen respecto al referéndum de autodeterminación, sin poder evitar la duda sobre la firmeza de su rechazo frontal a la petición de consulta. La diferencia, según explican, es que en el caso de la amnistía no había pronunciamiento expreso del Tribunal Constitucional, mientras que sobre el referéndum de autodeterminación sí hay ya una docena de sentencias de esa institución rechazándolo tajantemente.
Lo ha rechazado en una docena de resoluciones, adoptadas todas por unanimidad de sus miembros, incluido el actual presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, que, incluso, es ponente de alguna de ellas.
Moncloa invoca estas resoluciones para respaldar la firmeza de su rechazo al referéndum y la imposibilidad de aceptarla.
Por ejemplo, en 2017 el tribunal dijo que "no pueden someterse a consulta popular autonómica —referendaria o no— cuestiones fundamentales que fueron resueltas en el proceso constituyente y que están sustraídas a la decisión de los poderes constituidos. Por ello, la redefinición de la identidad y unidad del sujeto titular de la soberanía es cuestión que ha de encauzarse a través del procedimiento de reforma previsto en el artículo 168 CE de la Constitución, por la vía del referéndum de revisión constitucional".
Explicaba también que la soberanía de los artículos 1 y 2 de la Constitución no puede trocearse, sino que corresponde al conjunto de loes españoles.
"La Constitución misma es fruto de la determinación de la Nación soberana por medio de un sujeto unitario, el pueblo español, en el que reside aquella soberanía y del que emanan los poderes del Estado".
El pacto con Junts
Se destaca también que la soberanía de la nación, residenciada en el pueblo español, conlleva necesariamente su unidad. Pero ni el pueblo de Cataluña es "titular de un poder soberano, exclusivo de la Nación española constituida en Estado" ni puede, por lo mismo, ser identificado como "un sujeto jurídico que entre en competencia con el titular de la soberanía nacional"; tampoco los ciudadanos de Cataluña pueden "confundirse con el pueblo soberano concebido como «la unidad ideal de imputación del poder constituyente y como tal fuente de la Constitución y del Ordenamiento»".
En 2014 señalaba que "el reconocimiento al pueblo de Cataluña de la cualidad de soberano, no contemplada en nuestra Constitución para las nacionalidades y regiones que integran el Estado, resulta incompatible con el art. 2 CE, pues supone conferir al sujeto parcial del que se predica dicha cualidad el poder de quebrar, por su sola voluntad, lo que la Constitución declara como su propio fundamento en el citado precepto constitucional: la indisoluble unidad de la Nación española".
El rechazo del Gobierno al referéndum estaba también expresamente en el texto del pacto firmado con Junts el pasado mes de noviembre.
En concreto, ese acuerdo señalaba que "Junts propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Catalunya amparado en el artículo 92 de la Constitución. Por su parte, el PSOE defenderá el amplio desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatut de 2006, así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Catalunya".
Este martes, la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, reiteró el rechazo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros a la petición de referéndum planteada por Aragonès: "Es antagónica con este Gobierno"