El gobierno de Javier Milei está analizando solicitar una inspección técnica a la base espacial china ubicada en Bajada del Agrio, sobre la ruta provincial 33, en la provincia de Neuquén, que se empezó a construir en 2014 bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y que se terminó en 2017. Es un predio de unas 200 hectáreas que el gobierno de Neuquén le cedió a China por un lapso de 50 años.
Una alta fuente de la Casa Rosada le reveló a Infobae que la intención es "analizar si hay algo raro con la base en Neuquén. Se pueden revisar los contratos". Esa misma fuente explicó que ese contrato "dice que el 10% de los recursos en la base los debe utilizar Argentina y eso es lo que queremos comprobar que se cumpla".
A tono con otros aspectos de gestiones de gobierno anteriores que la administración Milei pretende revisar ahora, en momentos que se produce la llegada a nuestro país de la generala Laura Richardson, titular del Comando Sur de Estados Unidos, el Gobierno cree que "hay que chequear qué se construyó y qué no, de lo que establecía el contrato".
En las últimas horas el embajador estadounidense en Argentina, Marc Stanley, había manifestado su "sorpresa" porque se "permita que las Fuerzas Armadas chinas operen en Neuquén, en secreto, haciendo quién sabe qué. Tengo entendido que se trata de soldados del Ejército chino que operan este telescopio espacial, no sé lo que hacen, creo que los argentinos tampoco lo saben, y deberían entender por qué los chinos están desplegados allí".
En Casa de Gobierno saben que "puede entrar una inspección técnica". Aseguran, además, que "queremos respetar el contrato que se firmó". Sostienen que "si este contrato con los chinos nosotros (por el Gobierno) lo hubiésemos firmado con Estados Unidos, también nos estarían pidiendo explicaciones".
De acuerdo a la información oficial esa estación en territorio neuquino en una superficie de unas 200 hectáreas fue creada a partir de la suscripción de acuerdos interinstitucionales entre China Satellite Launch and Tracking Control General (CLTC) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), la provincia de Neuquén y los gobiernos de Argentina y la República Popular China.
La estación cuenta con una antena de 35 metros de diámetro dirigida a misiones de exploración del espacio profundo, ubicadas a distancias que superan los 300.000 km de la Tierra. En operación desde el mes de abril de 2018, es una de las tres antenas que conforman la red de estaciones de espacio profundo de China, junto a otras dos que están en su territorio.
El ex ministro de Ciencia y Tecnología durante el gobierno de Alberto Fernández, Daniel Filmus, visitó el 4 de abril de 2022 la denominada Estación de Espacio Profundo CLTC-CONAE-Neuquén acompañado por una comitiva encabezada por el director Ejecutivo y Técnico de la CONAE, Raúl Kulichevsky, junto a funcionarios/as de la agencia espacial argentina. El ministro en esa oportunidad recorrió la sala de interpretación, donde se expone contenido sobre las actividades espaciales de China y las misiones del Plan Nacional Espacial de la CONAE, la sala de operaciones de la estación y la antena, de gran sensibilidad, indispensable para la exploración interplanetaria.
También en la gestión de Mauricio Macri hubo una visita coordinada por la Cancillería argentina y por la CONAE de una delegación de representantes diplomáticos, incluyendo de Estados Unidos, a la estación. Siempre circularon diferentes versiones sobre los verdaderos objetivos de fondo que China tiene en la estación de Neuquén con una antena que podría tener uso dual (pacífico y militar). Se afirma que podría tener capacidad de intercepción de satélites y que las instalaciones están controladas por una agencia espacial que reporta a la milicia de Xi Jinping.
Ese uso dual de la base, tanto para la observación astronómica como para el seguimiento estratégico de satélites con fines militares quedó prohibido por una adenda al convenio original que hizo la entonces canciller Susana Malcorra, durante el gobierno de Macri. Aunque los expertos técnicos aseveran que esa restricción ya se estaba clara en el contrato que firmó Cristina Kirchner cuando autorizó la construcción de la estación.