La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un planteo de Ángel Rubén Toninelli, ex titular de la DGI de la época K, investigado por defraudación contra la administración pública en el segundo tramo de la llamada causa Oil Combustibles.
En esta se juzga el tramo entre mayo de 2013 y diciembre de 2015 de fraude impositivo de la empresa de combustible de Cristóbal López y Fabián De Sousa. Se estima que la firma de los empresarios K defraudó al estado con maniobras con el impuesto a los combustibles en unos mil millones de dólares.
El reproche penal contra Toninelli, como máximo responsable de la aplicación de la legislación impositiva en la DGI, consistió en que incumpliendo con los deberes asignados en el decreto número. 618/97 y también en haber colaborado con el Administrador Federal de la AFI y militante K, Ricardo Echegaray en la omisión deliberada de las tareas de aplicación, percepción y fiscalización de las obligaciones fiscales de la firma "Oil Combustibles SA".
El Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3) condenó en el 2022 a Echegaray a 4 años y 8 meses de prisión pero absolvió a los empresarios K.
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el año pasado un pedido del fiscal Mario Villar y confirmó la absolución de Cristóbal López y Fabián De Sousa y ordenó recalcular la condena a Etchegaray.
Ahora, la defensa de Toninelli planteó a la Corte la recusación del juez de la Cámara Federal porteña Leopoldo Bruglia para intervenir en Oil II. Señaló que, al momento de confirmarse el procesamiento de Toninelli, el abogado querellante de la AFIP era Alejandro Carrió, quien luego representó al juez Bruglia en oportunidad de llevarse a cabo el procedimiento de revisión de su traslado ante el Senado de la Nación.
Esta circunstancia, junto a otras cuestiones vinculadas al desarrollo de diversas denuncias en torno al funcionamiento interno de dicho organismo, coadyuvaron "a generar en su representado un temor de parcialidad respecto del mencionado juez Bruglia", según la defensa.
Al emitir el informe pertinente, Bruglia indicó, entre otras cuestiones, que la relación profesional con el abogado Carrió "se debió a su reconocimiento profesional y ocurrió con posterioridad a la actuación del letrado como patrocinante de la AFIP".
La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal rechazó el planteo de recusación de Bruglia. Entonces, la defensa apeló esa decisión y la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal también declaró inadmisible el planteo.
Contra esa decisión, la defensa de Toninelli presentó un recurso extraordinario federal, que también fue declarado inadmisible por la Cámara Federal de Casación Penal.
Finalmente, tras la presentación de un recurso de queja, el caso llegó al Máximo Tribunal que, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, desestimó el planteo por falta de sentencia definitiva.
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