La Diputación de Castellón muestra su defensa del territorio y la protección de los intereses de la ciudadanía. La presidenta, Marta Barrachina, y el diputado de Transición Energética, José María Andrés, se reunieron este jueves con entidades que rechazan la implantación de megaplantas fotovoltaicas en la provincia. Contó con la asistencia de representantes de Defensem les nostres arrels (les Useres), Nostra Terra (les Coves de Vinromà), Per un Cabanes Viu (Cabanes), La Terra Casa Nostra (Vilafamés), Junts Per La Terra (Vall d'Alba) y la Plataforma No a la MAT.
«La defensa del territorio es uno de los principales objetivos marcados por el gobierno provincial en el inicio de la legislatura para que el conjunto de la provincia continúe avanzado y siga generando oportunidades y desarrollo», remarcó Barrachina.
La dirigente provincial incidió en que «desde la Diputación de Castellón creemos en la compatibilidad de las energías renovables, la sostenibilidad medioambiental, la ordenación del territorio, el desarrollo económico, pero todo ello desde el consenso y el diálogo con todos los agentes implicados».
La presidenta y el diputado trasladaron a las asociaciones las acciones previstas por parte de la institución en defensa del territorio y, como añadió Andrés, «la Diputación va a ir siempre de la mano de los ayuntamientos y por ellos vamos a reforzar nuestro apoyo con una línea de ayudas encaminada a la protección de los intereses de la ciudadanía».
Últimos pasos para las ayudas
La institución provincial ultima las bases que regirán las ayudas dirigidas a los consistorios para la defensa del territorio con vistas a sufragar gastos de asesoramiento técnico y/o legal en el proceso de alegaciones a proyectos de plantas de energía solar durante el presente ejercicio. Estas ayudas surgen de esa escucha activa realizada por parte del ejecutivo provincial con el fin de atender las demandas y necesidades del conjunto del territorio.
Al respecto, la Diputación de Castellón ha mantenido diversas reuniones con ayuntamientos y agentes implicados en los megaproyectos que se quieren instalar en la provincia, para recoger sus inquietudes y peticiones y, así, poder marcar las acciones de gobierno y poner a disposición los recursos necesarios para poder defender el presente y el futuro de la provincia y proteger el territorio y los intereses del conjunto de la ciudadanía.
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