La Procuraduría Delegada Preventiva, estuvo el 11 de marzo, en la Agencia Nacional de Infraestructura, revisando los documentos que llevaron la decisión de derogar el contrato que le daba el control del Muelle 13 de Buenaventura a la Sociedad Grupo Portuario. Esa decisión, que contradice lo que dijo días antes el mismo gobierno a través de la ANI, y que tiene muy cerca a la nación de enfrentar una demanda multimillonaria.
En la visita administrativa comparecieron Carolina Barbanti Mansilla, en su calidad de vicepresidente de Gestión Contractual, Gustavo Adolfo Salazar Herrán como vicepresidente de Gestión Corporativa y Olga Isabel Buelvas.
La señora Buelvas, en su calidad de vicepresidenta Jurídica, dice que se encuentra "impedida para actuar en el marco del contrato de concesión portuaria de Buenaventura, debido a que recibió amenazas a través de un anónimo enviado a su correo electrónico".
¿Existe una denuncia formal en la fiscalía sobre esas amenazas que, según Buelvas, recibió en su correo electrónico?
En al acta de la Procuraduría, que contiene 11 páginas, llama la atención que cuando el procurador Melgosa pregunta por los soportes técnicos presentados durante la sesión del 28 de diciembre de 2023, cuando deciden echar para atrás la resolución que entregaba el manejo del Muelle 13 a la Sociedad Grupo Portuario alegando "afectaciones ambientales negativas al territorio de Buenaventura", la ANI manifiesta que el Consejo Directivo, en su ejercicio de votación, no debe tener un argumento técnico". Es decir, que caprichosamente, sin ningún peso ni jurídico, ni técnico, las resoluciones de la nación pueden simplemente borrarse de un plumazo.
Esa afirmación de la ANI llevó a que el Ministerio Público manifestara "su preocupación frente a la ausencia de un soporte técnico en materia ambiental, máxime teniendo en cuenta que a partir de ello se expide un acto administrativo que debe contener la debida motivación".
Luego, en otro momento tenso en la reunión, cuando la Procuraduría pregunta por las actas del Consejo Directivo, en las que se menciona que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales debe "ser consultada para revisar la pertinencia del tipo de carga de carbón", es decir, emitir un concepto sobre el supuesto daño ambiental que llevó a que reversaran la prórroga entregada el 23 de diciembre de 2023, la ANI reconoce que no "cuenta con ese concepto".
¿Cuáles son las reglas que pudieron infringir?
La Procuraduría recuerda, además, que según el Reglamento del Consejo Directivo de la ANI, las sesiones del Consejo deben ser citadas como mínimo 5 días de antelación, pero en las sesiones del 22 y 28 de diciembre de 2023 se evidencia que la citación se remitió apenas un día antes.
Uno de los funcionarios de la ANI que estaba en la visita, el señor Gustavo Salazar, vicepresidente de Gestión Corporativa, dice que prefiere guardar "silencio para no endilgarse responsabilidades".
Lo cierto en todo este proceso, que todavía tiene un largo camino por recorrer y que seguramente terminará en una multimillonaria demanda contra el Estado, es que según las pruebas recolectadas por la Procuraduría, no existe una causa legal que explique por qué se emitió una nueva resolución que echó para atrás la primera decision de entregar la prórroga de la concesión del Muelle 13 del puerto de Buenaventura.