En España, mientras que un 67% del alumnado acude a centros de titularidad pública, cerca de un 30% lo hace en financiados con fondos públicos pero de titularidad privada, los centros concertados, y solo un 4% acude a privados autofinanciados.Dependiendo de la etapa educativa, entre un 81% y un 95% del alumnado paga cuotas. Así lo recoge el estudio «El coste de acceso a la escuela concertada en España: las cuotas que pagan las familias y sus causas», de la escuela de negocios Esade, UAB y GEPS.
La cuota media se encuentra entre los 680 y los 860 euros al año por alumno. Esto supone una cantidad total entre los 947 y los 1.186 millones de euros para las tres etapas, dependiendo de la definición de cuotas que se use. Hay un 13% del alumnado que no paga cuota en las etapas consideradas, mientras que un 18% paga una cuota muy baja –de menos de 20 euros al mes por alumno–. En el lado opuesto, el 10% de alumnado con más cuotas asume el 45% del gasto total.
Existen importantes diferencias de pago de cuota por renta de las familias: el 20% de renta más baja paga una media de 310 euros anuales de cuota, mientras que el 20% de la más alta paga cuotas ligeramente superiores a los 1.000.
En cuanto a las comunidades autónomas, el grueso de las cuotas (70% del total) se concentra en Cataluña, Madrid y País Vasco, donde más del 90% de las familias que acceden a centros concertados pagan cuotas. El porcentaje es algo menor en el caso de la Comunidad Valenciana (82% de las familias) y se reduce significativamente para Andalucía (60%).
La cuota media por alumno al año de las familias que pagan es de 1.696 euros en Cataluña, 1.156 en la Comunidad de Madrid, 959 en el País Vasco, 597 en la Comunidad Valenciana y 453 en Andalucía. Cataluña, seguida del País Vasco y Madrid, regiones con mayor homogeneidad en el pago de cuotas entre familias, mientras que Andalucía muestra el reparto más desigual.
A partir de la Encuesta de Financiación y Gasto de la Educación Privada analiza Esade el cobro de cuotas por parte de los centros concertados y las razones por las que lo hacen. Al calcular el resultado económico de los centros encuentra que la financiación es extremadamente desigual, con un 20% de centros con resultado económico negativo o esencialmente cero, otro 50% con un resultado económico positivo e inferior a los 300 euros por alumno al año y un 30% que tienen una clara situación de sobrefinanciación.
El porcentaje de centros que cobra cuota oscila entre un 66% y un 75%, dependiendo de la etapa educativa. La probabilidad de cobro de cuotas y la magnitud de la cuota pagada es mayor en los centros con peor y mejor financiación, y más bajo en la zona intermedia de la financiación.
El 90% los centros educativos de mayor tamaño cobran cuota, mientras que en los centros medianos y pequeños, la proporción baja a entre un 60% y un 70% de los centros: este fenómeno explica que haya menos porcentaje de centros cobrando cuotas que porcentaje de familias pagándola.
Los motivos
¿Los motivos para cobrar cuotas? El informe diferencia tres situaciones posibles: centros infrafinanciados que cobran cuota para sobrevivir, centros adecuadamente financiados que cobran cuotas para hacer frente a gastos no concertados –esto es, partidas de gasto no contempladas por las administraciones educativas y que permiten ampliar los servicios ofertados– y centros bien financiados que cobran cuota por diferenciación o beneficio económico. A partir de aquí podemos segmentar de manera precisa, para cada etapa educativa (Segundo Ciclo de Educación Infantil, Primaria y ESO), todos los centros del sector concertado en cinco grupos: un 17%, 20% y 19% respectivamente no cobran cuotas y están adecuadamente financiados. Un 14,5%, 12% y 14,5% no cobran cuotas y están infrafinanciados. Un 23% en todas las etapas educativas sí cobran cuotas para cubrir el hecho de que están infrafinanciados. Un 28%, 29% y 28% respectivamente sí cobran cuotas para cubrir gastos no concertados. Y, finalmente, el 17,5%, 15% y 15% respectivamente cobra por beneficio económico.
En estos capítulos, Andalucía se caracteriza por una financiación baja respecto a la media nacional, unos gastos no concertados razonablemente contenidos en la mayor parte de la distribución de financiación y, sobre todo, el nivel más bajo de cuotas de entre todas las comunidades autónomas consideradas.
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