Doña Nicolasa aún recuerda el día en que el entonces director de Gobernación de Chiautempan, Enrique Zecua, la encerró tres horas junto con su esposo en un despacho para obligarlos a poner su huella en un documento cuyo contenido desconocían, pues no saben leer ni escribir, según consta en documentos en poder de este Diario.
Como la mayoría de las familias de Chiautempan y específicamente las de la comunidad de Guadalupe Ixcotla, a don Roberto y doña Nicolasa, quienes no saben leer ni escribir, les llevó prácticamente 30 años construir su vivienda, pues a pesar de sus limitantes tuvieron que realizar un triple esfuerzo para salir adelante.
Roberto tomó el oficio de albañil y tuvieron que pasar muchos años para tener los ingresos básicos para sostener a su familia pues, como todo padre de familia, su intención era brindar una mejor vida y una casa digna a sus hijos.
Después de tres décadas, prácticamente vio cumplido su sueño de contar con una vivienda a su gusto, con una amplia cocina, un baño completo y hasta una recámara adicional.
Sus hijos estaban contentos de contar con una casa digna para vivir y, junto con su esposa, pese a las limitaciones económicas ya se sentían más tranquilos, pues habían cumplido uno de sus sueños, incluso ya tenían planes para ampliar su vivienda y efectuar otras mejoras.
Desgraciadamente, Nicolasa y Roberto admitieron que la vida todavía les tenía preparada una mala jugada; sobre todo, de quienes menos se debe confiar, de un político y una autoridad municipal, quienes lejos de preocuparse por el bienestar de los ciudadanos, solo buscaban la forma de fregarlos más.
Esto lo vivieron en 2019, cuando el entonces director de Gobernación, Enrique Zecua Lima, un personaje que siempre ha estado metido en el ayuntamiento sarapero y ha buscado acomodarse en la mayoría de las administraciones, los visitó en su vivienda para llevarles supuestas buenas noticias.
El planteamiento fue simple y llano, en aras del desarrollo de su pueblo, el entonces presidente municipal, Héctor Domínguez Rugerio, tenía previsto abrir la calle que daba con la parte trasera de su vivienda, pues era urgente conectar la red de drenaje sanitario para evitar futuras inundaciones en la zona, además de que era una petición de todos los vecinos, aunque hasta ese entonces, nadie les había comentado nada.
Para concretar dicha obra, requerían que facilitara una parte de su casa, alrededor de 45 metros cuadrados parar abrir la calle que, en su mayoría, colinda más con la vivienda de su vecino, quien simplemente se negó a permitirlo.
No obstante, para convencerlos, Enrique Zecua les informó que, a cambio de su autorización, le entregarían un terreno de 500 metros cuadrados; incluso, podrían escogerlo de entre tres predios propiedad del ayuntamiento.
Aunque la propuesta parecía magnifica, Nicolasa y Roberto decidieron no aceptarla, pues de lo contrario les destruirían su hogar que les llevó construir tres décadas, esto a pesar de la insistencia del director de Gobernación, quien en reiteradas ocasiones los visitó y hasta los llevó a dar un paseo por los supuestos predios que podrían recibir a cambio y a quien, incluso, ya le tenían un poco de confianza.
Desafortunadamente, el 26 de noviembre de 2019 la pareja fue sorprendida por el servidor público, al asegurarles que el presidente municipal tenía excelentes noticias para ellos, por lo que era necesario que se presentaran en las instalaciones de la alcaldía junto con sus documentos, para que les explicaran del asunto.
Aprovechándose de su ingenuidad, fueron trasladados a la presidencia municipal, donde los mantuvieron encerrados durante tres horas para, prácticamente, obligarlos a firmar de forma ilegal y con mentiras, un contrato para ceder una fracción de su vivienda a cambio de un supuesto terreno de 500 metros cuadrados.
Al menos eso fue lo que Enrique Zecua les aseguró que venía estampado en el documento que, aunque lo vieron con sus propios ojos, nunca lo pudieron corroborar porque ni uno de ellos sabe leer ni escribir, y porque después de tres horas, literalmente los mantuvieron secuestrados pues, aunque sus hijos acudieron a la presidencia municipal para preguntar por ellos, nunca les permitieron entrar a la reunión a ver a sus padres.
Desesperados por la situación y ante la presión que varios trabajadores ejercían en su contra, Nicolasa y Roberto terminaron por estampar sus huellas dactilares en el documento, pues tenían miedo de que les fuera a pasar otra cosa y porque, al final, estaban confiados en que el predio que recibirían podría ser de beneficio para alguno de sus hijos.
"La verdad es que nunca estuvimos de acuerdo en firmar, pero todo el tiempo nos tuvieron encerrados y nos comenzaron a presionar, aunque intentamos salirnos, nuevamente nos obligaban a escuchar lo que supuestamente decía el documento, al final, ya estábamos desesperados y preocupados por lo que podría pasarnos, por lo que decidimos poner nuestras huellas y ya salir del lugar, pues también teníamos miedo de que nos pudieran hacer algo", comentó Roberto.
Para su desgracia, dijo que no pasaron ni tres días, cuando en las primeras horas del 30 de noviembre de 2019 varias patrullas y camionetas de la presidencia municipal, llenas de trabajadores encabezados por Enrique Zecua Lima, se estacionaron frente a su vivienda para informarles que, como parte del acuerdo, iban a abrir la calle.
Temerosos por la presencia de los policías que iban hasta armados, los dos se quedaron sorprendidos mientras miraban cómo los trabajadores comenzaron a tirar parte de su vivienda, y aunque ellos insistieron en que aún no les habían hecho entrega del terreno que les prometieron, las autoridades solo se limitaron a informarles que ese procedimiento era más largo, pero que más adelante se los entregarían, además de que nunca les exhibieron documento alguno de autoridad judicial para iniciar con el derribo de su vivienda.
Fue a partir de los primeros días de 2020 que comenzaron con su peregrinar en todas las áreas del ayuntamiento, pues después de que les derribaron parte de su vivienda, ya nadie los atendía y el director de Gobernación, de plano les hizo el feo y ya ni siquiera los saludaba.
Por si fuera poco, les informaron que en el acuerdo que habían firmado, se establecía que el predio que les otorgarían no era de 500 metros cuadrados, sino de 50, motivo por el cual era complicado conseguir un terreno de esas medidas y les informaron que mejor serían liquidados por la parte de su vivienda.
Después de varios meses, ni el predio ni el dinero recibieron, era tal su coraje e impotencia que ya no sabían qué hacer y sin los recursos económicos para hacerle frente a la presidencia municipal, parecía que todo se encontraba perdido.
Fue hasta que decidieron luchar por su vivienda y contactaron a un abogado, quien finalmente desde 2020 hasta la fecha, es el que ha dado seguimiento a su caso, para exigir a las autoridades municipales una indemnización por todos los daños causados.
Sin embargo, el procedimiento ha sido largo y cansado, pero no pierden la esperanza de que las autoridades correspondientes puedan actuar en consecuencia, pues a cuatro años de los hechos, por lo menos la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ya emitió una recomendación en contra del ayuntamiento de Chiautempan.
De acuerdo con la recomendación de dicho organismo autónomo, ante la evidente vulneración de derechos humanos a las víctimas, la propia comisión intervino en diferentes ocasiones ante el expresidente municipal de Chiautempan, Héctor Domínguez Rugerio, para plantearle finiquitar el asunto a través de una conciliación, sin embargo, el munícipe solo dio largas y fue omiso, pues estaba a unos meses de culminar su administración.
Lo mismo ha ocurrido con el actual alcalde, Gustavo Jiménez Romero, quien a pesar de que este caso formó parte de los pendientes que le heredó la anterior administración, se ha negado a llegar a un acuerdo, pues la única oferta que le hicieron fue cubrir la cantidad de 50 mil pesos, cantidad que no cubre en nada los daños causados a la vivienda de Nicolasa y Roberto.
Ya ni hablar de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en el Estado de Tlaxcala, pues aunque se acreditaron fehacientemente los hechos de corrupción en que incurrieron las exautoridades municipales de Chiautempan, ninguno de los diferentes titulares que ha tenido dicha instancia, dependiente de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, ha hecho algo por actuar en contra de los exservidores públicos.
En esa dependencia poco o nada les importó que la CEDH haya acreditado la vulneración de sus derechos humanos, pues el abogado de esta pareja aseguró que después de más de cuatro años no han hecho nada por atender este asunto, pareciera que solo están esperando que culmine el sexenio para dejar todo a la siguiente administración, además de que han visto ingresar en algunas ocasiones al entonces alcalde y director de Gobernación, Héctor Domínguez Rugerio y Enrique Zecua Lima, respectivamente.
Incluso el 15 de febrero de este 2024, el ayuntamiento aceptó dar una disculpa pública a los afectados como parte de la recomendación emitida por la CEDH, pero aún están pendientes de atender el resto de los puntos recomendatorios, entre ellos, que los integrantes del Cabildo sesionen para establecer la indemnización correspondiente, aunque hasta la fecha han sido omisos y a cinco meses de que concluya su administración, no hay día para cumplir con esto.
Nicolasa y Roberto, con la ayuda de sus hijos, decidieron levantar la pared de su vivienda para que sus pertenencías no quedaran expuestas, aunque cada vez que salen de su hogar y ven la diminuta calle que el ayuntamiento abrió sobre hogar, les regresa el coraje y la impotencia de poder hacer algo en contra de los responsables, pues ellos siguen acomodándose en puestos públicos y no les importa pasar sobre quien sea, para lograr sus objetivos.