El último pleno del Senado, el "pleno Aragonès" del lunes, ha sido incómodo para el Partido Socialista. Tan incómodo y desagradable que su Gobierno, nuestro Gobierno, le aplicó el viejo castigo popular: "No hay mayor desprecio que no dar aprecio", y ordenó a su plana mayor que no apareciese por allí ni para cobrar la dieta. Así que la sesión se distinguió por el dominio del PP y sus discursos sobre la España que se deshilacha y por el anuncio de referéndum que hizo "el catalán Aragonès, valga la redundancia nominal", como escribió Ignacio Camacho.
El episodio tiene importancia relativa, pero este cronista le da bastante por cuatro motivos. Primero: ha vuelto a demostrar el manejo partidista de las instituciones, que está empezando a ser un peligro para la fortaleza de la democracia. Feijóo acusa a Sánchez de ocupar todos los centros de poder, y es una acusación cierta e inquietante, pero Feijóo también hace lo que puede: se niega a renovar el Consejo General del Poder Judicial y utiliza el Senado para el conflicto y la oposición, porque en él disfruta de una mayoría absoluta que garantiza servidumbre y lealtad.
Segundo: las mayorías se usan en este país para todo, desde el debate ordinario (tan agresivo como alejado de la realidad social) hasta la creación de comisiones de investigación. El PP monta la que puede manejar en el Senado. Y el PSOE, la del Congreso, donde están quienes hacen posible su sueño de larga gobernación. Es todo de un oportunismo que roza la indecencia, con un anuncio de conclusiones más ideológicas que éticas, con la verdad enterrada bajo toneladas de basura filibustera y unos políticos que parecen sufrir el complejo de Diógenes.
Tercero: tiene razón Feijóo al asegurar que se hace la peor política de los últimos 45 años. Con tal uso de las ambiciones, esa mala –bueno, deficiente– clase política logra resultados que los historiadores no podrán elogiar. No podrán elogiar que el Gobierno haya rechazado estar en una sesión de la que llaman "Cámara territorial" que debatió un asunto esencial como la amnistía. ¿Qué entenderán por "Cámara territorial"? ¿Sólo un lugar donde el jefe del Gobierno se somete a control (es un decir) una vez al mes? Eso parece. Quizá por eso el gran ideólogo y estratega Félix Bolaños le dijo a Carlos Alsina que el Congreso era más soberanía nacional que esa Cámara de segundo nivel.
Y cuarto: el desplome de la credibilidad política. Ha caído tan baja, que ya no existe. Lo que niegan Sánchez o sus portavoces, la opinión lo entiende como anuncio de lo que sí ocurrirá. Lo dijo Aragonès: se negó la constitucionalidad de la amnistía y los indultos, y tenemos amnistía e indultos. No sería extraño que la mayoría de la población crea que habrá referéndum, pacto con Bildu en Euskadi, o más poder del independentismo que de la ortodoxia constitucional. Para agravar el diagnóstico, añadamos que quienes rechazan la Constitución solo requieren la tolerancia de un presidente seducido por la meta de una extensa –e intensa– permanencia en el poder. Dudo que sea el mejor clima para la salud democrática y la confianza social.