El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha propuesto este jueves en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales que las oficinas de empleo autonómicas asuman la gestión de las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital (IMV), según denuncian las 11 comunidades gobernadas por el PP, entre ellas Aragón. La instancia consta como carácter consultivo en el orden del día de la reunión, pero las regiones conservadoras se han revuelto y han firmado una carta conjunta en la que critican que sus institutos de empleo no pueden asumir funciones y competencias que no le corresponden, sin los fondos y los medios precisos.
La vicepresidenta segunda y consejera de Economía, Empleo e Industria, Mar Vaquero, ha criticado la "improvisación" del Gobierno central , que se une a la "incapacidad manifiesta" para gestionar un área "fundamental y esencial" para la vida de todos los ciudadanos. En ese sentido, Mar Vaquero ha lamentado que el Gobierno de España "pretende que las comunidades autónomas resolvamos su fracaso de gestión". Según se contempla en las intenciones del Ejecutivo central, las oficinas de empleo autonómicas deberán atender también las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital (IMV), además de recomendar a cada familia en concreto cuál es la prestación adecuada a sus circunstancias, cuando esas tareas corresponden al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), ya que es ese organismo el que dispone de los medios materiales y económicos, además de la información, para llevarlos a cabo.
Ante este hecho, las 11 comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla han trasladado una carta conjunta en la que manifiestan su oposición a la tramitación en los términos actuales del Real Decreto por el que se desarrolla la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo y los servicios garantizados establecidos en la Ley 3/2023.
En esa misiva se insta al Gobierno central a que mantenga una reunión con las administraciones autonómicas para "definir y acordar una regulación que sea compatible con el reparto competencial recogido en la Constitución Española", lo que obliga a la modificación de los artículos 41.d y 44.
Trasladar "el colapso"
En palabras de la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, la intención del Ministerio de Trabajo y Economía Social no es más que "trasladar a las comunidades y ciudades autónomas el colapso que han generado y la responsabilidad de una cuestión muy importante para miles de familias".
Realidad que se une a la "falta de seguridad jurídica" que provoca que "dejen en el limbo muchas cuestiones que son fundamentales para la prestación correcta de este servicio". "Están actuando con una gran deslealtad con las comunidades autónomas, que tenemos numerosas competencias y unos fondos muy limitados para poder mejorar la vida de los ciudadanos", ha lamentado la vicepresidenta segunda y consejera de Economía, Empleo e Industria.
Las consecuencias de la prórroga presupuestaria
En cuanto a la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024, Vaquero ha lamentado que "la dejación de funciones en la que el Gobierno de España está inmerso está perjudicando a los aragoneses y, muy especialmente, a aquellos que buscan un empleo, que desean formarse para encontrar nuevas oportunidades o para los que quieren el apoyo de las administraciones para diseñar un nuevo rumbo a su trayectoria profesional".
En este sentido, la vicepresidenta del Ejecutivo aragonés ha advertido de que mantendrá su carácter "reivindicativo" para reclamar al Ministerio de Trabajo y Economía Social que dispense un trato "justo" a Aragón porque de ello depende el "bienestar de nuestros ciudadanos".
Además, ha criticado el envío a última hora de la documentación del orden del día de la sesión o del cambio de los programas de empleo en el mes de abril, cuando ya ha transcurrido el primer trimestre y buena parte del trabajo de puesta en marcha de esas iniciativas por las diferentes comunidades autónomas ya está avanzado y que ahora deberán volver a efectuar para adaptarse al nuevo contexto.
Desde el Gobierno de Aragón, en voz de Mar Vaquero, se ha insistido en la importancia de que se "tengan en cuenta las particularidades de cada territorio" porque "la realidad aragonesa es diferente a la de otras regiones". Por eso, ha considerado necesario que exista la voluntad de "adaptarse al contexto de cada autonomía" para obtener la "máxima rentabilidad" de los recursos públicos que permitan "generar el mayor número de empleos y atender a los colectivos más necesitados de un puesto de trabajo".
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CONFERENCIA SECTORIAL