Tras 14 años de tramitación, hace tres semanas el gobierno promulgó la Ley de Seguridad Privada, que establece que las empresas que presten estos servicios quedarán sujetas al control de la Subsecretaría de Prevención del Delito y bajo la fiscalización de Carabineros.
En ese marco, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, aborda qué falló en Lo Valledor, luego de que una mujer, tras ser retenida por un guardia en medio de la puesta en marcha de los controles de acceso, le quitara el arma a un vigilante, abriera fuego e hiriera a tres personas.
El subsecretario apunta a la falta de especialización del personal que hoy ejerce labores de seguridad privada y que es uno de los puntos que aborda la nueva legislación. También advierte que el gobierno no apoyará iniciativas que impliquen armar a los civiles, y eso incluye a los guardias municipales.
¿Cómo evalúa el procedimiento que se llevó a cabo en Lo Valledor?
Cuando hablamos del procedimiento, el vigilante reaccionó a una persona que le robó un arma. Y con las herramientas de la nueva ley, justamente uno de los nudos críticos que tenemos en el país es que estamos al debe en la especialización de guardias de seguridad y de vigilantes privados.
Con la nueva ley, ¿a qué multas se hubiese expuesto la empresa?
Diría que son dos escenarios. Uno tiene que ver con las capacidades de seguridad privada, claramente hubiésemos contado con vigilantes con mejor capacitación; esto no significa que estoy emitiendo un juicio respecto al vigilante al que le robaron el arma. Segundo, una estandarización de las medidas tecnológicas implementadas en el recinto. Si es que se hubiese determinado que había una falta en materia de seguridad, una sola multa podría haber superado los $800 millones. Y podría haberse sumado a otras multas.
¿Cómo se garantizará la especialización de los guardias?
La nueva ley no solo permite avanzar en la especialización, sino que también en la formación. Se estableció que serán ciclos de cada cuatro años en los que no solamente el personal de seguridad privada va a ser fiscalizado, sino que también se va a requerir actualizar las certificaciones. Y son entidades externas que van a estar autorizadas por la Subsecretaría y por Carabineros (para fiscalizar).
Lo Valledor es considerado una "entidad estratégica", ¿estima que debería contar con despliegue militar ante la aplicación de la Ley de Infraestructura Crítica?
Lo que hemos visto en Lo Valledor, como también en La Vega, son instituciones privadas que han hecho una inversión muy significativa en seguridad privada. Una vez que se apruebe una legislación que permita la participación de otras fuerzas de seguridad en infraestructura crítica se determinará si es que una u otra infraestructura va a requerir ese tipo de resguardo.
Pero a luz de los hechos, ¿debiese ser considerado?
Es que esa interpretación no me corresponde. Esa es una interpretación que va a decantar de una evaluación técnica. Lo que nosotros hacemos para definir cuándo se decreta una entidad estratégica en el país es por medio de un análisis que es bastante profundo y que tiene que ver con las debilidades y las fortalezas, donde además juega un rol Carabineros.
El gobierno se reunió con la gente de Lo Valledor una vez que anunciaron la exigencia de pedir carné para ingresar. ¿No considera que el Ejecutivo está reaccionando a la medida de los privados?
Al menos en lo personal, estuve el año pasado y este año en Lo Valledor. He trabajado con ellos en aumentar las capacidades de denuncia, hemos apoyado con el programa Denuncia Seguro, entre otras medidas. Entonces, el trabajo que llevamos con ellos no es nuevo, no es reactivo, sino que más bien es proactivo. Sin duda hay medidas que muchas veces los privados, con las mejores intenciones, pueden implementar, pero nuestra responsabilidad como gobierno también es conducir a que la ejecución de acciones siempre se haga en el marco, no solamente de la ley, sino que también en la evidencia que nos muestra si funciona o no.
El Presidente ordenó reducir de 12 a 3 meses el tiempo para elaborar el reglamento de la nueva Ley de Seguridad Privada. ¿Puede dar garantías de que ese plazo se va a cumplir?
Absolutamente, el plazo lo vamos a cumplir. De hecho, esta semana tuvimos una reunión muy importante con distintos actores del sector privado. El Presidente nos pidió sentido de urgencia, pero también de responsabilidad. Y vamos a ingresar ese reglamento en tres meses.
Usted anunció que lugares como Lo Valledor y La Vega formarían parte del sistema de televigilancia anunciado por el Presidente en la Cuenta Pública. ¿Cuándo veremos ese sistema operando?
El compromiso es que cuando se cumpla un año del anuncio vamos a dar el balance de la etapa piloto. Y ya hemos avanzado bastante en la integración de municipios, de privados como las autopistas o centros comerciales y ahora con Lo Valledor. Tenemos una conversión muy avanzada con el Metro y con otras instituciones públicas y privadas. Estaremos en condiciones de aquí al 1 de junio de mostrar los primeros avances, que van a estar particularmente orientados en la interconexión del robo de vehículos y posteriormente en la detección de prófugos, como también de personas extraviadas.
Sin duda que fenómenos migratorios tienen y cumplen un factor en los fenómenos criminales. No solamente en Chile, sino que a nivel latinoamericano, europeo, en Estados Unidos y Canadá"
Sobre los guardias municipales, algunos han planteado que estos funcionarios usen armas. ¿Cuál es la posición del gobierno?
La posición del gobierno ha sido muy clara y ha sido manifestada particularmente en el debate legislativo. Hemos avanzado mucho en la ley y el foco ha estado en fortalecer el rol preventivo de los municipios, pero hemos sido muy claros en algo: los municipios con sus tareas y las policías con las suyas. Y en esa clarificación hemos sido incluso más claros y enfáticos en que el gobierno no va a armar a los municipios. Esa claridad la hemos demostrado desde el primer día, entendiendo que puede haber opiniones y enfoques distintos. Pero es una línea que tenemos no solamente muy clara, sino que además sostenemos con mucha fuerza.
Los diputados del PS presentaron una indicación en la línea del porte de algún tipo de armamentos...
Sí, se presentó una indicación para el uso de elementos eléctricos. Y el consenso del trabajo de la comisión fue que no íbamos a avanzar ni en ese tipo de armas, que algunos las califican como no letales, ni bajo ninguna circunstancia en armas de fuego. Y yo he repetido una y otra vez que el gobierno no va a armar a los municipios. Y armar significa con armas de cualquier tipo.
En el caso hipotético de que una ley permita ese porte de armas, ¿ve un riesgo en la operación de los guardias municipales?
Me he reunido con muchos alcaldes, y diría que los alcaldes y alcaldesas de Chile comparten, en su mayoría, la definición que hemos tomado como gobierno. El gobierno no va a cometer el error de avanzar hacia allá. Y esto no solamente está sustentado en una decisión que tomamos antes de gobernar, es una decisión que ha sido ratificada en el día a día de mi trabajo. Pero por sobre todo es una muralla que marca la diferencia entre el rol preventivo de un municipio y el rol policial. Y desdibujar eso es algo que no va a suceder.
Esta semana aparecieron tres cuerpos maniatados en Alto Hospicio; los homicidios son algo que ha estado al alza en Chile. ¿Cuál es su juicio respecto a eso?
Lo que hemos visto desde el 2016 es que el fenómeno de homicidios está asociado con dos factores más: armas e imputados desconocidos. Chile ahora cuenta con el primer informe de homicidios, y esto no solamente son cifras, sino que además es información de contexto. Sin información detallada como la que existe hoy se hace bastante difícil hacer una persecución efectiva al homicidio. Pero esto no es el único elemento, el Centro de Homicidios además cuenta con estrategias preventivas. Entonces, frente a lo que está ocurriendo, el Estado siempre tiene que tener una capacidad de dinamismo y adaptación.
¿No ve también que haya influido en esto el fenómeno de la migración?
Sin duda que fenómenos migratorios tienen y cumplen un factor en los fenómenos criminales. No solamente en Chile, sino que a nivel latinoamericano, europeo, en Estados Unidos y Canadá. Pero siempre creo que es importante poner sobre la mesa y como primer elemento el bien superior que es la seguridad. Y si bien la información es necesaria para avanzar, hay modelos que estamos mirando que nos muestran que hay caminos distintos y que son efectivos.