El Gobierno cumplirá sus planes y aprobará este martes en el Consejo de Ministros la designación de una comisión técnica para estudiar ―que no investigar―, la violencia que se produjo durante la Transición. En concreto, desde la promulgación de la Constitución, en 1978, hasta el 31 de diciembre de 1983, cuando el Gobierno de Felipe González llevaba ya un año de rodaje.
Hace poco menos de un mes, el propio ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, anunció en sede parlamentaria su voluntad de llevar esta cuestión al Consejo de Ministros del próximo 23 de abril, así como su intención de crear otras dos comisiones: una sobre las víctimas de la guerra y la dictadura, y otra sobre el pueblo gitano. En este sentido, fuentes de su departamento han ratificado a Infobae España que estos planes se llevarán a cabo tal como estaba previsto.
Esta medida fue fruto del acuerdo entre el PSOE y EH Bildu en el marco de las negociaciones de la norma en el Congreso. Aunque salió adelante con el apoyo de estas dos fuerzas, Unidas Podemos y Más País, la propuesta motivó duras críticas por parte de la derecha al entender que la comisión suponía el "blanqueamiento de los miembros de ETA".
Más allá de las críticas, a pesar del escueto redactado de dicha disposición, fue la primera vez que el Estado se abría a revisar las grietas del tan cuestionado relato de la Transición. Así lo defendió en su día EH Bildu por medio de su portavoz en el Congreso, Mertxe Aizpurua, quien señaló que con este comité se iniciaba el camino para "reparar de alguna forma el sufrimiento" y "esa categorización diferente de víctimas", en relación, entre otros, al caso de los jóvenes vascos Joxean Lasa y Joxi Zabala, torturados, asesinados y enterrados en cal viva por los GAL en otoño de 1983.
El próximo martes 23, por tanto, el Gobierno dará luz verde a "la designación de una comisión técnica que elabore un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983″.
Estas voces aseguran que los nombres de los integrantes de este nuevo órgano se darán a conocer el próximo martes. En esencia, serán los encargados de la metodología y de redactar el informe que "señale posibles vías de reconocimiento y reparación a las mismas", tal como viene reflejado en la disposición adicional decimosexta de la Ley de Memoria Democrática, que entró en vigor el 21 de octubre de 2022.
Desde el PSOE justificaron que el objeto de la comisión que ahora se va a poner en marcha era "revisar aspectos para recuperar situaciones que derivaron en un marco de consecuencias que no se deberían haber producido nunca". Si bien, ante el revuelo creado, en el Gobierno rechazaron que la comisión serviría para ampliar del límite temporal de la ley, establecido hasta 1978. Es más, desde el departamento de Memoria Democrática, entonces en manos de Félix Bolaños, destacaron que tendría carácter de estudio (solo para identificar a estas víctimas) y que estaría compuesto por historiadores y especialistas.
La disposición establecía el plazo de un año para la creación de la comisión por parte del Gobierno, pero el propio Torres justificó el retraso –la designación se aprobará un año y medio desde la entrada en vigor de la ley– en las citas electorales del año pasado: se celebraron comicios locales y autonómicos el 28 de mayo y elecciones generales el 23 de julio. Después, el Gobierno estuvo cuatro meses en funciones.
¿Qué hechos podrían ser objeto de estudio?
La gran incógnita es qué casos podrían ser objeto de estudio. Ante la falta de datos oficiales, el periodista Mariano Sánchez documentó en su libro La Transición sangrienta (Península) las 591 muertes por violencia política cifradas entre 1975 y 1983. La mayoría de estos asesinatos fueron ejecutados por los propios cuerpos de seguridad del Estado y por grupúsculos de extrema derecha asociados a estos. Según el periodista, esta vinculación de ultraderechistas con los servicios de información del régimen franquista, primero, y una vez muerto Franco, con funcionarios del aparato en activo, se conoce como "tramas negras".
Por otro lado, la historiadora Sophie Baby contabilizó en su ensayo El mito de la transición pacífica: Violencia y política en España (Editorial Akal) 714 muertos entre 1975 y 1982. Y, aunque la mayoría de ellos fueron perpetrados por la banda terrorista ETA, casi 200 lo fueron a manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En el marco de esa violencia instalada en la etapa transicional, destacan algunos casos más mediáticos. Dos de ellos, que se corresponden al periodo fijado en el marco de la comisión, fueron incluidos en la conocida querella Argentina contra Rodolfo Martín Villa, una causa criminal que sigue en curso. Uno de ellos es el asesinato por la Policía Armada de Germán Rodríguez durante las fiestas de Sanfermines en Pamplona el 8 de julio de 1978, el cual permitió ampliar el período temporal al que se circunscribía inicialmente la querella argentina (hasta junio de 1977) a hechos acontecidos con posterioridad. Otro caso es el de Gustavo Muñoz, un joven activista de 16 años asesinado por un agente de Policía Nacional en Barcelona durante la manifestación de la Diada de 1978.
Otro caso con opciones de entrar en los parámetros de la comisión es el asesinato de Yolanda González, estudiante de electrónica y militante del Partido Socialista de los Trabajadores, a los 16 años por dos miembros de Fuerza Nueva en febrero de 1980. Ese mismo año, Arturo Pajuelo fue asesinado por un grupo de extrema derecha cuando volvía de casa de la manifestación convocada por el Día del Trabajador.
Por otro lado, en aplicación de la disposición adicional decimosegunda de la ley memorialista, el Gobierno también pondrá en marcha la constitución de una comisión de trabajo sobre la memoria y la reconciliación con el pueblo gitano en España. Igualmente, en virtud de la disposición adicional decimoquinta de la ley, el ministerio designará la comisión técnica para la elaboración de un estudio de medidas de reparación de carácter económico dirigidas a las víctimas de la Guerra y la Dictadura.