Son muchas las personas que viven en Baleares en situación administrativa irregular, es decir, lo que coloquialmente se conoce como 'sin papeles'. En concreto, según los datos de la Plataforma de Inmigración de las islas, unas 6.000. Una circunstancia que no solo les priva de pertenecer legalmente a una provincia y a un país que han elegido «buscando mejorar su calidad de vida», sino que les impide acceder a los derechos básicos y les obliga, así, a tener que vivir de una determinada forma y a verse en muchas ocasiones «explotados» laboralmente porque carecen de opciones. ¿Cambiará su suerte ahora que el Congreso de los Diputados ha dado el primer paso para regularizar a las 500.000 personas migrantes -según los datos aportados por las 900 organizaciones que respaldan la iniciativa- que viven hoy en día en España?
Papa Seydou Dieng se muestra muy esperanzado, de hecho reconoce que el martes, cuando se dio luz verde a la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que implica iniciar el trámite parlamentario del texto, él y sus amigos siguieron la votación de principio a fin. «Era el último día del Ramadán, y mientras hacíamos los preparativos no le quitábamos ojo a la televisión», señala, además de asegurar que cuando se desveló el resultado, gritaron y saltaron de alegría. «Nos alegramos mucho y esperamos que de verdad salga bien, porque somos muchos los que estamos aquí sin los documentos necesarios», apunta el joven.
Llegó a Mallorca a los 17 años procedente de Senegal. Ahora tiene 24 y hace todo lo que está en su mano para conseguir regularizar su situación lo antes posible, ya que asegura, ahora únicamente puede dedicarse a trabajos que no le gustan, como la venta ambulante. «Sin papeles solo puedo vender en la calle, y tenerlos sería un sueño, porque podría dedicarme a algo que me apeteciese y no tendría que estar así», sostiene.
Vive con otras seis personas en Platja de Palma, barrio palmesano en el que recaló desde su llegada, en 2017. Según explica, sus «paisanos» estaban ahí, le recomendaron ir Càritas Mallorca, se puso manos a la obra con el idioma y en verano «ya salí a la calle para vender. Es lo que hacen todos aquí cuando llegan a la isla. Se dedican a la venta ambulante, porque necesitas dinero para conseguir algo de comida y pagar el alquiler, pero a mí no me gusta», confiesa el joven senegalés. Por eso, en cuanto tuvo la oportunidad, decidió dedicarse a la agricultura y la ganadería.
Fue en 2018, ya con nociones de español, conoció a un hombre que tenía una finca con animales en La Vileta, en Palma, y empezó a trabajar con él. «Tenía ovejas y cabras y yo las cuidaba. Me contrató cinco horas al día de lunes a domingo, y como era poco tiempo le dije que no hacía falta tener ningún día libre», relata. Como ya llevaba tres años en la isla, decidió pedirle si podía hacerle contrato. Accedió, pero en el momento de regularizar su situación, en Extranjería, le solicitaron una documentación de la que el propietario no disponía y su oportunidad se truncó.
«Tener los papeles es lo más importante ahora, porque sin ellos tienes muchos problemas, falta de acceso a servicios y no puedes dedicarte a lo que quieres», explica Papa Seydou. Como ya no le era posible conseguir la documentación necesaria con este trabajo, lo dejó y se puso manos a la obra para tratar de lograrla por medio del arraigo por formación, una fórmula que permite acceder a un permiso de residencia legal válido por un período de doce meses a quienes lleven dos años en España.
Realizó un curso de construcción, porque pensaba «que aquí en invierno podría trabajar en muchas obras y que me contratasen», reflexiona, aunque sin embargo no consiguió la firma con una empresa en el plazo requerido, un hecho que le impidió lograr de nuevo su objetivo.
Pese a las dificultades, no ceja en su empeño y mientras está a la espera de iniciar otro curso para regularizar su situación lo antes posible, este con Médicos del Mundo, trabaja en un restaurante. «Estoy cuatro horas por las noches para limpiar y fregar, pero espero conseguir los papeles pronto», dice esperanzado.
Y es que la votación favorable en la Cámara Baja para tramitar la ILP ha hecho que las cerca de seis mil personas de Baleares sin la documentación necesaria sientan la ilusión, por primera vez, de poder cambiar su situación.
Según los datos que maneja Delegación de Gobierno, el año pasado entraron 33.497 expedientes, de los cuales 32.541 fueron resueltos. En estas cifras se incluyen los que fueron iniciados en 2022 pero finalizados en 2023. Así, se resolvieron una media diaria de 91 expedientes el año pasado. Cabe destacar, eso sí, que todas estas personas llevaron a cabo la tramitación por iniciativa propia.
«Nos deberíamos acoger todos»
Un hecho importante de esta ILP es que contempla regularizar la situación de los extranjeros que se encuentren en territorio nacional desde antes del 1 de noviembre de 2021. Cinthia lleva en Mallorca desde el 28 de diciembre de 2022, y por ello pide que se rectifique y que finalmente «nos podamos acoger todos», ya que -argumenta- «tienen que pensar en la cantidad de niños que por ello están de forma irregular, porque al regularizar a una persona, se acaba regularizando a toda la familia», contempla.
En este sentido, considera que la iniciativa «supone un gran apoyo» para todos aquellos que se puedan beneficiar, «por sus pequeños y porque hay mucha gente explotada laboralmente por culpa de la falta de papeles».
Sus circunstancias son muy diferentes a las de Papa Seydou. Ella es peruana y se encuentra en Mallorca con su marido y sus dos hijos, de nueve y quince años, a quienes se pudieron traer a la isla en noviembre del año pasado «gracias a la ayuda de mi jefe», reconoce.
Según relata, por medio de Càritas Mallorca encontró trabajo a los quince días de llegar a la isla, por lo que se considera una persona «con suerte». Pero no solo por eso, sino porque como explica agradecida, su jefe le proporcionó una vivienda en la que poder vivir con su familia y también se preocupó de enseñarle cómo podía escolarizar a sus pequeños, además de «asesorarme sobre diferentes asuntos».
Desde que llegara hace ya más de un año, cuida de una persona mayor. Primero vivía en una pequeña habitación con su marido, que llegó meses antes que ella a la isla, y con el paso del tiempo, finalmente pudo conseguir traer a sus hijos y reunir así a su familia.
Cinthia tiene 36 años y la situación en su país hizo que su pareja y ella decidieran poner rumbo a España y «mejorar nuestra calidad de vida». «Nos gusta mucho cómo funciona España. Tienen unas leyes y una economía bien dirigidas. En Perú no tenemos eso», dice con admiración, aunque también sostiene que «aquí es todo tan correcto, como quien dice, que en ocasiones nos perjudica». Así, cree que los tiempos para regularizar la situación administrativa son «muy extensos». «Ahora estoy esperando, porque para conseguir el arraigo por formación tengo que llevar dos años en España, y para el social, tres. Es una situación que me perjudica a mí, pero más a mis hijos», puntualiza, ya que, según señala, en ese tiempo su hija ya será mayor de edad y «deberá llevar sus papeles de forma independiente».
Finalmente, concluye señalando que las trabas a las que cada día debe enfrentarse al no disponer de papeles son numerosas. Entre ellas, destaca la dificultad para enviar la cantidad de dinero que quiere a su país, no poder viajar y no poder «ni comprarte un coche, porque te faltan los documentos necesarios».
A pesar de todo, Cinthia se siente «una mujer con suerte» y confía en que cuando se apruebe definitivamente la ley, pueda encontrarse entre los beneficiados.
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