Tres de los cuatro acusados de un delito de estafa continuada por negociaciones fraudulentas para la importación y reventa de vehículos en un falso concesionario de Telde reconocieron hoy los hechos y llegaron a un acuerdo parcial de conformidad con los siete denunciantes que continúan en el procedimiento. La cuarta persona, sin embargo, ha optado por ir a juicio.
Esta mañana comenzó en la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria el proceso judicial contra J.A.S.H., J.R.S.H., A.S.S. e Y.D.C., a quienes la Fiscalía les imputaba un presunto delito de estafa continuada por participar en una trama para obtener un beneficio patrimonial ilícito a través de falsas ventas de coches de importación bajo la apariencia de una sociedad ficticia llamada JyJ Automóviles, con sede en Jinámar, que no estaba inscrita en el Registro Mercantil, unos hechos que fueron reconocidos por los tres primeros, dos hermanos y su padre, con un lacónico "sí".
De esta manera, los dos hermanos reconocieron la venta fraudulenta de los vehículos y el padre, que proporcionaba matrículas provisionales de su titularidad para ser utilizadas en los vehículos objeto de engaño.
Un año y nueve meses
El acuerdo de conformidad conlleva, además de la aceptación de los términos recogidos en el escrito de acusación de la Fiscalía, una pena de prisión de un año y nueve meses, y el pago de las cantidades exigidas, que suman 123.031 euros, más los intereses a los siete de los diez denunciantes que no se han retirado del procedimiento, así como el pago de las costas.
Para la rebaja de la pena de cárcel se han tenido en cuenta, entre otros aspectos, el reconocimiento del delito y la dilación indebida, puesto que los hechos que se juzgan se cometieron entre los años 2014 y 2015. Si entran o no en prisión finalmente está supeditado a sus antecedentes y a si los delitos por los que habían sido condenados previamente están prescritos.
Antecedentes
En ese sentido, J.R.S.H. ha sido condenado por varios delitos contra el patrimonio con penas que suman más de cinco años de prisión; J.A.S.H., por estafa y abandono de la familia; y A.S.S., por estafa. El primero de ellos, por otro lado, acudió en silla de ruedas, con visibles problemas de movilidad y desmejorado físicamente. De hecho, su abogado informó al inicio de la sesión que había presentado como prueba documental un informe médico.
La cuarta acusada, Y.D.C., por su parte, no ha querido sumarse a este acuerdo y ha optado por ir a juicio para defender su versión. Fuentes de la acusación explican que la encausada asegura que no tuvo nada que ver con esta trama reconocida por el que fuera su pareja, J.R.S.H. y los otros dos acusados.
Presunta intermediaria
En su caso, el escrito de la Fiscalía recoge que como responsable de una aseguradora de El Carrizal, con ánimo de intervenir en el engaño y de obtener un enriquecimiento ilícito, se encargó de tramitar las pólizas de los seguros de responsabilidad civil de los vehículos en la aseguradora en la que trabajaba en El Carrizal y hacía de intermediaria para la captación de compradores.
Uno de los denunciantes, antes de iniciarse juicio y tras conocer la negativa de la acusada de sumarse al acuerdo de conformidad, afirmó a LA PROVINCIA que precisamente fue ella la que -presuntamente- le puso en contacto con la falsa empresa con sede en Jinámar, donde finalmente pagó más de 20.000 euros por un coche que nunca le llegó.
No recuerda
Durante la sesión de hoy, que duró apenas 15 minutos, solo un abogado de la acusación particular interpeló a uno de los tres acusados que reconocieron los hechos, concretamente a J.R.S.H., que aseguró que no recordaba detalles de la compra de un BMW X3 en Alemania en 2014 ni si le ingresó a Y.D.C. 22.000 euros ese mismo día, unas preguntas relacionadas con una prueba documental presentada por el letrado al comienzo de la sesión.
De las diez víctimas que aparecen en el sumario, solo siete han continuado en el proceso que ha tardado nueve años en juzgarse. Entre los testigos, un empresario teldense al que los acusados pagaron por sus servicios con pagarés falsos, aunque finalmente consiguió que les abonaran la deuda.
Mañana la Audiencia Provincial dirimirá si Y.D.C. es culpable de los hechos que se le imputan o no. Para ella el fiscal pide en su escrito cinco años de cárcel y once meses de multa con una cuota diaria de 12 euros.
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