Los principios rectores de la función electoral que debe defender el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) están aprueba, como lo está su credibilidad, pues en la validación de las 216 solicitudes de registro de candidatos a diputados locales, deberá hacer cumplir la norma, sin titubeos ni dudas.
La legalidad, la imparcialidad, la objetividad, la certeza y la independencia deberán prevalecer en el actuar los consejeros electorales, quienes desde hace unos días viven una exacerbada presión de parte de los actores, jugadores y partidos políticos que, a toda costa, buscan que sus candidaturas a las diputaciones locales sean aprobadas sin mayor objeción.
Sin embargo, la mayoría de los institutos políticos tienen claro que sus listas, tanto de representación proporcional como de mayoría relativa, tienen observaciones que solventar y que algunas, de plano, podrían ser sujetas de impugnación, en caso de ser autorizadas.
Ha trascendido que hay partidos que han tratado de hacer "un fraude a la ley" con tal de cumplir con las acciones afirmativas a favor de personas con discapacidad, indígenas, jóvenes, de la diversidad sexual y migrantes, pues han presentado nominaciones que penden de un hilo.
El ITE podrá argumentar que actúan de buena fe y creen en la autoadscripción y determinación de los abanderados que representarán a los grupos prioritarios, pero es su obligación comprobar el cumplimiento real de esas acciones y no permitir cualquier fraude que atente contra el juego limpio y la credibilidad de la elección.
Una de esas presiones extremas es la que ejerce la cúpula priista que busca que su lista de candidatos a diputados plurinominales sea aprobada, aunque contravenga a lo dispuesto en la legislación, la cual ordena que dichas nominaciones deben ser encabezadas alternadamente entre mujeres y hombres cada periodo electivo.
La de hace tres años la lideró el hoy diputado Fabricio Mena y querer que sea nuevamente un varón, como proponen a Enrique Padilla, es una clara violación a la norma, que atenta contra la paridad y el derecho de las mujeres. Los consejeros del ITE no deben permitirlo, pues hacerlo sería un mal presagio que atenta contra su credibilidad en unos comicios que en los hechos apenas comienzan.