El gobierno nacional decidió retirar el control de calidad para la exportación de subproductos de cereales, como aceite y harinas de soja, que hacía el Senasa, por los que cobraban aranceles importantes para las arcas del estado. Se trata de una transferencia de más de mil cien millones de pesos anuales para las agroexportadoras. "Esto se traduce en pérdida de soberanía alimentaria y sanitaria, en menor trabajo y menor recaudación en concepto de aranceles y otorgar a empresas privadas los controles mediante la tercerización. Son funciones indelegables del Estado porque se trata de la salubridad de los agroalimentos que consume todo nuestro pueblo" denunció Rodrigo Romariz, secretario gremial de la junta interna de ATE, uno de los dos gremios que representa a los más de 400 trabajadores del sector. "Esto es poner el estado al servicio de las corporaciones, con todo el riesgo que significa un estado débil, máxime cuando son cuestiones sanitarias". El dirigente denunció además que esta medida es preparatoria para una nueva estocada: "Retirarle definitivamente a la actividad cualquier tipo de control y dejarlo en manos privadas".
Por su parte el diputado provincial Carlos del Frade presentó en la Cámara una pedido de informes donde deja sentada su "preocupación por la tercerización de los servicios del Servicio Nacional de Sanidad Animal que no solamente afectan al estado nacional, sino también a los trabajadores del área que cumplen tareas en la geografía santafesina". En la misma línea agrega que la medida "también constituye un potencial riesgo para la soberanía alimentaria de la población y una preocupación concreta sobre animales que entran y salen de los puertos radicados también en Santa Fe".
Romariz explicó a Rosario/12 que "hace ya más de un mes y medio que se vienen reuniendo en el Ministerio de Agroindustria autoridades del Senasa, miembros de la industria aceitera, como la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) las exportadoras de cereales, con Presidencia de Nación. Lo que hicieron fue derogar una norma del Senasa, la Nº 260 del año 2014 mediante la cual se llevaban adelante controles fitosanitarios de mercaderías derivadas de los granos, que son los subproductos como aceites, harinas de soja, y lecitina entre otros. Esto es el 70 por ciento de lo que se exporta en todo el cordón industrial, desde Timbúes hasta Villa Constitución".
"Al derogarse esta norma se deja sin controles a la exportación de estos productos, se deja sin control a los contenedores que venían a cargar esos productos. Es decir, cuando viene un buque se le controlaba la bodega para saber si estaba en condiciones, en este caso insectos o plagas exóticas para nuestro país, que pueden ser perjudiciales".
Para el dirigente gremial, "a los privados no le gustan que los controlen y pagar aranceles que era importantes. Lo que pagaban los exportadores eran entre 300 y 400 mil pesos por cada barco, lo que sumaban más de 1.100 millones de pesos anuales".
"Esto se traduce en pérdida de soberanía alimentaria y sanitaria, en menor trabajo y menor recaudación".
Para Romariz esto es grave porque "el Senasa es el garante de la inocuidad y de la calidad de todo lo que se exporta, y esto lo elimina. Sin embargo, cuando hay algún problema en el exterior por algún alimento que exportamos, no va a ser responsable la empresa privada que lo vendió sino el mismo estado nacional. Esto ya pasó con el tema aftosa, cuando Carlos Menem a mediados de los 90 quiso colgarse la escarapela de haber dejado al país libre de aftosa sin vacunación, lo que era un status muy importante para nosotros. Pero lo hizo sin tener en cuenta las condiciones de ese momento y el país sufrió un brote de aftosa bastante importante que nos dejó sin los mercados y con un montón de gente sin trabajo por esa mala decisión".
El SENASA es el organismo responsable de planificar, organizar y ejecutar programas y planes específicos que reglamentan la producción, orientándola hacia la obtención de alimentos inocuos para el consumo humano y animal.
Los trabajadores del Servicio Nacional de Sanidad Animal de la provincia de Santa Fe, unas 450 personas, "comenzaron a percibir la presencia de controles privados de empresas multinacionales como "SGS", "COTECNA", "Schutter" y "Control Uncon", a los que se suman empresas nacionales como "Operagro", según reveló el diputado Del Frade en su presentación.
"Esta tercerización de funciones del estado nacional repercute en el medio ambiente, salud y alimentación de la provincia de Santa Fe, como también en el debilitamiento de los organismos de control sobre las grandes exportadoras radicadas en el territorio santafesino.
Para Del Frade "esta medida tiende a la desaparición de la barrera sanitaria, algo fundamental no solamente para el comercio internacional, propiamente dicho, sino también para la calidad de vida de toda la población, en este caso, santafesina". Por eso sostuvo que "la derogación del decreto 260 le significará un gran ahorro a las exportadoras, pero un pésimo negocio a los estados, ya sean el nacional como los provinciales".
También el diputado provincial Héctor Cavallero, las concejales Marina Magnani y Norma López, y el diputado nacional Eduardo Seminara se interesaron en el tema con sendas presentaciones.
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