Cápsula
Elefantes blancos: reflejo de la eterna corrupción que desangra a las regiones
Encuentra aquí lo último en Semana
La Academia de la Gestión Pública (AGP) llama a los recién posesionados gobernantes para que, en sus primeros 100 días de gestión, cumplan con su obligación de evaluar el estado de las obras pendientes en su jurisdicción, según la Ley 2020 de 2020.
Según datos de la Contraloría General de la República (CGR), se logran identifican 1.753 proyectos considerados como "elefantes blancos" y obras críticas en todo el territorio nacional, representando una inversión de aproximadamente 15 billones de pesos.
El informe de la AGP busca estacar que los departamentos con mayor inversión comprometida en obras inconclusas son Valle del Cauca, Antioquia, Tolima, Santander y La Guajira. Además, se señala que Cundinamarca, Valle del Cauca, Santander, Antioquia y Bolívar son los territorios con mayor cantidad de proyectos de este tipo.
Los proyectos identificados, 1.054 son elefantes blancos, con un valor de $7.02 billones, mientras que los restantes 699 son de relevante importancia, con un valor de $8.2 billones de pesos.
Sandra Avellaneda Avendaño, directora nacional de la AGP, señala que las obras inconclusas son resultado de ineficacia, falta de gestión pública y corrupción. Avendaño enfatiza en la importancia de la Ley 2020 de 2020, que establece el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, para identificar y destinar recursos a estas obras.
Ella busca resaltar que el desconocimiento de las normas no ha de eximir a los gobernantes de su cumplimiento, instándolos a conformar equipos capacitados para evitar la corrupción y cumplir con las obligaciones legales.
Por otro lado, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia informa que, entre los años 2010 y 2023, se han registrado un total de 57.582 denuncias asociadas a corrupción, con una mínima cantidad de condenas y capturas.
El informe reciente de la Fiscalía General de la Nación destaca avances en las investigaciones de corrupción, con imputaciones, medidas de aseguramiento y sentencias condenatorias contra funcionarios y servidores públicos, reforzando la necesidad de abordar la corrupción en todos los niveles de gobierno.