Carlos Barrabés, el empresario aragonés en la investigación a Begoña Gómez
Los contratos obtenidos por una de las compañías del emprendedor oscense han acabado tanto en la comisión parlamentaria que investiga el caso Koldo como en los juzgados.
En la última tormenta política española, la más insólita porque ha hecho dudar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre su continuidad en el cargo, uno de los protagonistas es uno de los empresarios aragoneses más conocidos: el oscense Carlos Barrabés. El emprendedor se ha visto en el foco de la polémica por sus vínculos con la esposa del presidente, Begoña Gómez, por el apoyo que esta le prestó para obtener dos contratos públicos. Citado en una comisión de investigación del Senado, ahora queda pendiente de lo que concluya un juzgado de Madrid que ha decidido abrir diligencias contra Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Barrabés (Benasque, 1970) inició su andadura empresarial en 1988, cuando montó una tienda de material de esquí y de montaña. Impulsó la venta 'online', convirtiéndose en uno de los pioneros del comercio electrónico. Posteriormente se convirtió en uno de los promotores del parque tecnológico Walqa y dio el salto a Madrid, con Barrabes.biz. Según informaciones periodísticas, Barrabés el empresario ayudó en 2019 a la esposa de Pedro Sánchez a montar el Máster en Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense.
Hasta ahora, Barrabés no ha querido hacer comentarios, más allá de unas declaraciones a El Confidencial, en la que negaba cualquier tipo de irregularidad. "Estamos siendo víctimas de una situación que para nosotros era impensable. Era muy injusto. Nunca hemos ganado un concurso público porque nadie nos haya apoyado o dejado de apoyar", dijo. El citado medio de comunicación había publicado que Begoña Gómez había expresado en una carta su apoyo a la propuesta presentada por la UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Innova Next SLU (la empresa de Barrabés) y la escuela de negocios The Valley.
Ambas empresas habían logrado la adjudicación de un contrato del Gobierno central en 2020, en plena pandemia, por valor de 7,7 millones de euros. La entidad pública Red.es, dependiente del Ministerio de Economía, encargó a esta UTE la prestación de un servicio de formación para el empleo juvenil en la economía digital. Después se supo que Begoña Gómez firmó otra carta de apoyo para que se llevara dos de los lotes de un contrato de formación para personas desempleadas en la economía digital, por el que había hecho una oferta de 4,4 millones.
Red.es emitió un comunicado en el que se sostenía que a la hora de adjudicar un contrato "únicamente se toman en consideración las cartas que aportan valor e información al objetivo del procedimiento de licitación, sin considerar otras, como la aludida en las informaciones", en referencia a las supuestas misivas de recomendación de Gómez. La entidad sostuvo que "el 60% del peso de la licitación descansa en los criterios económicos y el resto en los sujetos a juicio de valor, en los que el criterio de menor peso es el relativo al plan de difusión, que únicamente supone un 20% del 40% restante de la valoración, es decir, su peso sobre la valoración final es del 5%".
Citación en el Senado
Ante el conflicto de intereses que supuestamente se había creado, la polémica no tardó en saltar a la arena política. En el marco de la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, el PP solicitó los expedientes de las adjudicaciones al empresario oscense y se le llamó a declarar. El motivo de la citación estaba en los vínculos de Begoña Gómez con Víctor de Aldama, una de las piezas clave de la trama del supuesto cobro de comisiones ilegales por la compra de mascarillas durante la pandemia, en el que también participaba Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos.
La cuestión ha llegado a los tribunales. Tras una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias, el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha abierto diligencias de investigación contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por la supuesta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El procedimiento, que se ha declarado secreto, gira en torno a la posible comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios por parte de Gómez.
El juez ha decretado el secreto de las actuaciones, pero según fuentes jurídicas uno de los puntos de interés son los contratos obtenidos por la empresa de Barrabés. Además se va a investigar un patrocinio firmado por el IE Africa Center de Begoña Gómez con Globalia, matriz de Air Europa, antes de que esta empresa fuera rescatada por el Gobierno. También se analizarán los contratos a una consultora de la que es accionista Gómez.