Más tiempo. Las comunidades autónomas, entre ellas Canarias, han pedido prolongar el periodo de estudio del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027 (PIT) –conocido como Plan Antitabaco– para poder decidir si adherirse o no a la norma. Una decisión que deberán tomar hoy antes del mediodía, tal y como adelantó el Ministerio de Sanidad.
El Archipiélago ha sido una de las comunidades que ha pedido a la cartera dirigida por Mónica García más tiempo para estudiar el documento después de recibir el borrador con las 157 enmiendas aceptadas en la noche del martes (sobre las 20:00 horas).
Esta situación les ha obligado a retrasar la decisión que, en principio, se iba a tomar en la jornada de ayer durante la celebración de una Comision de Salud Pública extraordinaria.
El objetivo es que este viernes pueda entrar en vigor el plan en toda España y las comunidades empiecen a trabajar en cómo lo van a ejecutar en su región, tras la celebración del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Canarias se ha mostrado a favor de este plan antitabaco, pero entiende que la norma tiene que seguir unos mínimos de «consenso, evidencia científica y diálogo». Como han explicado fuentes de la Consejería de Sanidad, la mayor parte de las enmiendas presentadas por el Archipiélago han sido aceptadas, aunque en la tarde de ayer dudaba sobre la no inclusión concreta de una de ellas: la concreción de los espacios que serán libres de humo.
«Esto es lo más importante porque si no hay consenso no se pondrá en marcha en toda España por igual», argumentan fuentes de la Consejería de Sanidad.
En concreto, Canarias ha propuesto una delimitación más precisa de los espacios sin humo, incluyendo la prohibición de fumar en las terrazas de bares y restaurantes, en las paradas de guaguas y en los espacios deportivos al aire libre y que se tomen medidas restrictivas sobre el comercio de vapeadores. Hasta el momento, el plan no ha mencionado, en concreto las terrazas de los establecimientos hosteleros, pero es una de las posibilidades que han esbozado en más de una ocasión los dirigentes del ministerio.
Además, el departamento de Esther Monzón cree «esencial contar con una ficha financiera detallada que garantice la viabilidad de las medidas propuestas», detallando cómo se distribuirán los recursos entre las comunidades, ya que estas serán las principales responsables de implementar y ejecutar el plan.
Limitar los cigarrillos electrónicos
En cuanto a los cigarrillos electrónicos y los vapeadores, el Ejecutivo ha defendido equiparar a efectos fiscales, tal como se ha hecho ya en las islas, y legislativos todos los productos del tabaco, incluyendo en la definición los derivados del tabaco, en referencia a los cigarrillos electrónicos, que actualmente no tienen esa categorización. Plantea, asimismo, que se prohíba la venta de vapeadores de un solo uso, porque contienen microplásticos y componentes electrónicos no biodegradables que perjudican de forma grave al medio ambiente.
En este sentido, de la reunión de ayer ha trascendido que el Ministerio de Sanidad ha aceptado, precisamente, la equiparación fiscal y legislativa de los cigarrillos electrónicos y vapers con el resto de productos derivados del tabaco. Muchas comunidades habían insistido en que esta vía es «la puerta de entrada» al consumo de tabaco en los jóvenes.
Poco más ha trascendido de esta reunión que tendrá su conclusión mañana. Sin embargo, dentro de las diez propuestas desestimadas se encuentra la enmienda de Baleares para aplicar beneficios fiscales a las terrazas que voluntariamente se adhieran al plan antitabaco para convertirse en espacios sin humo. Baleares quería mayor concreción en cómo se pretende regular la prohibición del consumo de tabaco en ámbitos privados, siendo partidaria de una adhesión voluntaria antes que una prohibición generalizada.
Tampoco se ha aceptado otra de las alegaciones de la Comunidad para que las nuevas cargas impositivas del tabaco sean impuestos finalistas que reviertan en la lucha contra el tabaquismo. El documento presentado por Baleares advertía de que, de otro modo, «se entenderían como medidas con afán únicamente recaudatorio».
Sanidad también pretende subir la imposición a los productos del tabaco, que es la medida que más efectiva se ha demostrado a la hora de reducir el consumo. Para esto hará falta el consenso con el Ministerio de Hacienda, que es el que tiene las competencias.
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