Frente al reducido margen de maniobra presupuestal que les dejará el actual gobierno, los aspirantes a la Presidencia de la República deberían estar hablando de una reforma fiscal para poder financiar sus propuestas, dijeron especialistas a EL UNIVERSAL.
Sin embargo, parece poco probable que lo aborden, puesto que se trata de un tema tabú, pero los candidatos que participarán en las elecciones del próximo 2 de junio deben precisar de dónde van a salir los recursos para sus promesas y qué cantidad les van a destinar, señalaron los expertos.
De acuerdo con los Precriterios Generales de Política Económica entregados la semana pasada al Congreso de la Unión por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para 2025 se plantea un crecimiento en los ingresos de apenas 0.6% y un recorte al gasto programable de 12%, lo que significa que no hay recursos para mantener el paso, afirmó Aníbal Gutiérrez, profesor e investigador de la Facultad de Economía de la UNAM.
"Las dos principales candidatas prometen dar más becas y mejorar los servicios de salud, pero todo eso cuesta en un contexto donde los recursos serán limitados e inciertos, lo que nos lleva de la mano a la necesidad de una reforma fiscal, pero de eso nadie quiere hablar en campaña", destacó el investigador.
Reforma inevitable
En Morena hubo un debate sobre la necesidad de la reforma fiscal, pero negaron esa posibilidad debido a que estiman obtener recursos adicionales a través de la llamada 'renuncia recaudatoria'.
Esto es lo que antes se llamaba Presupuesto de gastos fiscales, que incluye pérdidas recaudatorias causadas por tratamientos especiales como exenciones, subsidios, condonaciones, deducciones autorizadas, entre otros conceptos.
Sin embargo, el académico afirmó que esos recursos no son suficientes para cubrir los requerimientos, además de que su ajuste es difícil de realizar debido a las implicaciones que conllevan los cambios a estas disposiciones fiscales.
En su opinión, la principal opción es una reforma fiscal con mayor progresividad, que busque gravar más a quienes tienen los ingresos más altos, además de combatir la informalidad para que haya un mayor número de personas que estén obligados a pagar impuestos.
Rubros clave
En particular, los candidatos deben dar detalles sobre el origen de los recursos y el gasto previsto para sus propuestas de educación y salud, temas que se discutirán el próximo domingo durante el primer debate público que sostendrán.
"Si simplemente se mencionan acciones generales, ya sea de la ampliación del sistema de salud o educativo, pero no hay un compromiso claro de cuánto presupuesto van a dedicar, vamos a tener una debilidad en lo que se mencione", advirtió Rodolfo de la Torre, director de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).
En su opinión, los recursos destinados a esas importantes áreas del desarrollo social se han mantenido por abajo del mínimo requerido.
En 2023, el gasto público presupuestario destinado a salud representó 2.5% del producto interno bruto (PIB), tasa inferior a 2.7% del año anterior, mientras que el destinado a educación llegó a 2.9%, cifra menor a 3.0% promedio observado en lo que va del gobierno.
Así, en ambos el monto debería ser de 6% del PIB, el mínimo para un presupuesto adecuado, afirmó De la Torre.
Talones de Aquiles
El reto del sistema educativo no está en la educación básica, sino en la media superior, pues hay una caída del gasto por estudiante muy fuerte, además de un enorme abandono escolar, explicó el especialista.
A pesar de que se habla de que se van a ampliar las transferencias monetarias para estudiantes, el problema no se puede concretar a eso, pues la pandemia de Covid-19 generó un fuerte rezago educativo, principalmente en el nivel medio superior, además de una menor calidad del aprendizaje.
"Tenemos que ver qué nos proponen los aspirantes para mejorar la calidad del sistema educativo, en lugar de decirnos que van a dar más dinero a los estudiantes", señaló.
En el caso de la salud, lo que se requiere es combatir la enorme fragmentación de esfuerzos que existe en el sistema, con varias instituciones como el IMSS, ISSSTE, Pemex, Fuerzas Armadas, además del IMSS-Bienestar, que generan una enorme dispersión de esfuerzos.
Idealmente, lo que se debería de hacer es unificar todo el sistema de salud y el tratamiento que se da a las personas, no importa si son trabajadores formales o no, consideró el especialista.