Desde hace largos años el partido de La Plata viene reclamando a la Provincia que le pague una contribución. Se trata de la tasa por Capitalidad por la que se busca compensar los servicios que presta el municipio al gobierno bonaerense por el funcionamiento de sus dependencias.
Si bien esa tasa está creada por ordenanza hacia varios años, carece de una ley que la respalde. Fue así que durante algunos tramos del gobierno de Daniel Scioli, a partir de un convenio, el Ejecutivo comunal recibió diversos giros. Pero esa mecánica se discontinuó en la administración de María Eugenia Vidal. En lo que va de la gestión de Axel Kicillof, directamente no hubo desembolsos.
La anterior intendente Julio Garro judicializó la controversia. Según diversas estimaciones, esa demanda estaría acumulando cerca de 8 mil millones de pesos por el lapso 2014-2022. Sólo en 2023 la Provincia adeudaría alrededor de 850 millones de pesos.
Ahora, un senador platense volvió a la carga con el tema y presentó un proyecto para que la tasa por Capitalidad quede consagrada por ley, de tal forma que sea de obligatorio cumplimiento para el gobernador de turno.
Quien motoriza la iniciativa es Marcelo Leguizamón, senador del PRO y ex funcionario de Garro. Pretende que en el Presupuesto de la Provincia se cree una partida anual que no podrá ser inferior al 0,22 por mil del total de recursos y gastos de la Provincia.
Leguizamón dice que se debe compensar los servicios prestados y las erogaciones realizadas por el municipio por su condición de capital de la Provincia, sede de los tres poderes del Estado y de organismos descentralizados, ente otras dependencias.
El legislador del PRO señala que ostentar el rol de capital de provincia genera a la ciudad beneficios pero también costos. Enumera entre los primeros "el dinamismo aportado a la actividad económica".
Pero en el renglón de los costos menciona que las exenciones impositivas que tienen las actividades administrativas implican una pérdida de ingresos fiscales para el gobierno local, que se ve impedido de percibir los servicios que presta a las sedes gubernamentales.
Leguizamón también señala que "el emplazamiento de edificios públicos, generalmente en zonas centrales o privilegiadas, impide la radicación en dicho espacio físico de otras actividades residenciales, comerciales o de servicio, que sí tributarían a la Municipalidad".
El senador sostiene que el principal costo asociado a la Capitalidad tiene que ver con la denominada "población en tránsito". Es decir, el flujo de no residentes que ingresa en forma temporaria a la Ciudad para trabajar en dependencias públicas, hacer trámites o estudiar. "Durante su estadía, los visitantes utilizan los servicios que el municipio brinda a sus propios habitantes (transporte público, gestión de tránsito vehicular, recolección de residuos, limpieza, mantenimiento de carpetas asfálticas y seguridad ciudadana), pero sin embargo, el financiamiento de los mismos recae únicamente en los residentes", detalló.
También mencionó que por ser capital de la Provincia, La Plata es sede de protestas y manifestaciones que generan para el municipio costos en seguridad, controles de tránsito, limpieza y reparación del mobiliario urbano.
Leguizamón recordó que este tipo de tributo existe para otras ciudades capitales y menciona el caso de los municipios de Pamplona y Santiago de Compostela, en España, que son depositarias de una compensación por ser las capitales de Navarra y Galicia, respectivamente. También mencionó casos en Paraguay, México y Colombia.
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