Durante los últimos 40 años, Argentina ha logrado consolidar el período democrático ininterrumpido más prolongado de toda su historia. Se trata de un logro que debería enorgullecer a todos los ciudadanos, ya que la consolidación de instituciones democráticas sólidas resulta fundamental para proporcionar un marco estable en el que se puedan abordar las problemáticas que enfrenta la sociedad.
Sin embargo, aún queda pendiente el desafío de consensuar y delinear una estrategia de desarrollo que permita abordar aquellos aspectos críticos en lo económico, lo social y lo institucional que no pudieron ser resueltos durante las últimas cuatro décadas. En esa línea, la democracia y el desarrollo deben entrelazarse como pilares indisociables para alcanzar este objetivo.
La inclusión social emerge como uno de estos desafíos más acuciantes. A pesar del fortalecimiento de las políticas sociales a lo largo de las últimas tres décadas, los indicadores de bienestar social han mostrado pocas mejoras consistentes. Por ejemplo, en los últimos 30 años, la tasa de pobreza medida por ingresos nunca fue inferior al 25%, lo que significa que, incluso durante períodos alcistas en el ciclo económico, una cuarta parte de la población ha vivido por debajo del umbral de la pobreza.
La situación actual es aún más apremiante: los datos más recientes del Indec evidencian que el 41,7% de la población vive en situación de pobreza. Esto afecta en especial a niños y adolescentes, con el 58,4% de los menores de 14 años que viven en hogares que no pueden acceder a una canasta básica de bienes y servicios.
Existe suficiente evidencia que demuestra que la pobreza en la primera etapa de la vida puede acarrear consecuencias irreversibles para el desarrollo cognitivo, social y nutricional de los/as niños/as. Por lo cual estas cifras no sólo representan una vulneración de los derechos fundamentales en el presente, sino que también tienen un impacto profundo en el futuro de estos/as niños/as, así como de la sociedad en su conjunto.
Un indicador propio
Desde Cippec consideramos que el Estado debe desempeñar un papel fundamental en la solución de estos problemas estructurales, a través de la implementación de políticas públicas efectivas que aborden las necesidades de la población a lo largo de todo su ciclo de vida: el cuidado infantil, el mercado laboral y el sistema previsional.
En primer lugar, el cuidado infantil tiene un papel fundamental en el desarrollo de las generaciones futuras. En Cippec hemos desarrollado la canasta básica de cuidados, un indicador para medir los déficits en los sistemas de cuidado y dotar a los gobiernos locales, provinciales y nacionales de una herramienta que permita mejorar la eficacia de sus políticas públicas.
A su vez, el indicador permite visibilizar el rol de las familias, y especialmente de las mujeres, en la provisión de cuidado y su contribución al desarrollo de niños, niñas y adolescentes.
Por otro lado, en lo referido al mercado laboral, consideramos necesario impulsar iniciativas que promuevan mejoras en problemas estructurales como el desempleo y la informalidad. Estas acciones deben focalizarse en los jóvenes, que presentan niveles de desempleo tres veces mayores a los del resto de la economía y tasas de informalidad que duplican al promedio general.
Asimismo, consideramos crucial fortalecer la vinculación entre los programas sociales y el empleo formal, mediante una caracterización y un perfilamiento sociolaboral más preciso de sus beneficiarios, junto con una mayor coordinación de las políticas de formación e inserción laboral.
Por último, desde Cippec consideramos fundamental llevar a cabo un reordenamiento del sistema previsional. En Argentina, aproximadamente el 10% del producto interno bruto se destina a financiar el sistema previsional en su conjunto, que establece una barrera de 30 años de aportes en un contexto de alta informalidad laboral y cuenta con más de 177 regímenes de excepción.
Este sistema resulta costoso e inequitativo, ya que limita el acceso a la jubilación a quienes contribuyeron durante su vida laboral. Con el objetivo de promover una mayor equidad y sostenibilidad, desde Cippec proponemos un reordenamiento de los elementos existentes, consolidando la cobertura universal e incorporando un componente contributivo que reconozca el valor de cada año de aporte durante la vida laboral.
En resumen, es de vital importancia implementar políticas públicas efectivas respaldadas por evidencia y centradas en la inclusión social como pilar fundamental. Esto es crucial para diseñar una estrategia de desarrollo que promueva una mejor calidad de vida de manera sostenible para todos los ciudadanos. En Cippec hemos abogado por esta causa durante casi 25 años.
* Directora ejecutiva de Cippec. ** Director de Protección Social de Cippec