El Pleno del Congreso de los Diputados examinará próximamente el proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, que contempla multas de entre 60.000 y 500.000 euros para restaurantes, bares y supermercados que tiren comida.
El proyecto de ley, que fue inicialmente aprobado por el Consejo de Ministros en enero a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, establece una jerarquía de prioridades para el destino de los alimentos que inevitablemente se conviertan en desperdicio. La prioridad máxima es el consumo humano, a través de la donación o redistribución de los alimentos a empresas, entidades de iniciativa social, organizaciones sin ánimo de lucro o bancos de alimentos, con los que los agentes de la cadena alimentaria deberán suscribir convenios de colaboración.
Quedarán exentos de esta obligación y sanciones los establecimientos de distribución alimentaria con una superficie de venta al público igual o inferior a 1.300 m². Cuando los alimentos ya no sean aptos para el consumo humano, se contempla su uso para alimentación animal, fabricación de piensos, subproductos industriales, compost o biocombustibles, en ese orden de preferencia.
Plan Estratégico y Nacional contra el desperdicio alimentario
La ley también prevé que el Gobierno elabore un Plan Estratégico para la prevención y reducción de pérdidas y desperdicio alimentario, que se revisará cada cuatro años. Por su parte, el Ministerio de Agricultura deberá desarrollar un Plan Nacional de control en esta materia, en consulta con otros ministerios relacionados.
Según datos de la FAO, se desperdician anualmente en el mundo unos 1.300 millones de toneladas de alimentos, un 30% de la producción total. En España, durante 2022, los hogares registraron un desperdicio de 1.170,45 millones de kilos o litros, lo que supone una media de 65,5 kilos por hogar. Aunque esta cifra supone un descenso respecto a años anteriores, el desperdicio de platos cocinados aumentó un 6,7% en relación a 2021.
¿Cuándo se aplicarán las multas por desperdicio alimentario a restaurantes?
En abril de 2023, el Congreso rechazó enmiendas a la Ley planteadas por la Asociación Nacional de Alimentos (ANDAS), como la eliminación del IVA a las donaciones de alimentos realizadas por ciudadanos a los bancos de alimentos. Estas enmiendas quedaron pendientes de debate en el Senado.
El proyecto de ley fija su fecha de entrada en vigor el 2 de enero de 2025, dando así un periodo de adaptación a los diferentes agentes implicados en la cadena alimentaria para implementar las medidas necesarias y ajustarse a las nuevas obligaciones y requisitos establecidos en la norma.
¿Qué se considera desperdicio alimentario?
Entre las causas más comunes se encuentran la sobreproducción, los estándares estéticos, las ineficiencias en la cadena de suministro, la confusión en el etiquetado de fechas, las compras excesivas y la falta de planificación en los hogares o establecimientos de restauración.
El desperdicio de alimentos tiene un impacto negativo a nivel económico, social y ambiental. Supone una pérdida de recursos naturales, contribuye al cambio climático por las emisiones generadas, y contrasta con la realidad de millones de personas que sufren hambre y desnutrición.