El Govern, a través del vicepresidente y portavoz Antoni Costa, insiste en que contrató a detectives para que buscaran supuestos micrófonos ocultos en el despacho del conseller de Empresa, Empleo y Energía Alejandro Sáenz de San Pedro «por consejo de la Policía Nacional». Pero fuentes de la Jefatura palmesana lo niegan de forma categórica. El rastreo de los investigadores privados en las dependencias del conseller costó más de 4.000 euros a la Hacienda autonómica.
Versiones antagónicas y discrepantes en el 'caso micrófonos'
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