Una reducción del gasto es necesaria en todos los sectores, y de ninguna manera debería implicar "el cierre de las Universidades", como se viene planteando desde los claustros.
Por Eduardo Jacobs (*), en diario Clarín
En el marco del ajuste que el Gobierno está llevando a cabo en el Gasto Público Nacional, también ha recortado el presupuesto asignado a las Universidades. El recorte implica una fuerte baja en los gastos de funcionamiento y afecta menos al presupuesto para su personal.
La discusión que se ha generado al respecto, una vez más, plantea las posiciones como blanco o negro, e impide analizar seriamente que partidas presupuestarias se quieren recortar y cuales no se van a recortar.
El presupuesto universitario ha crecido de una manera impresionante en los últimos 20 años, desde 2003 se crearon 17 universidades nacionales. El grueso de ellas en el Conurbano Bonaerense. Todas están en actividad y en plena ampliación de infraestructura y propuestas académicas . Estas nuevas casas de estudio absorben el 6% del presupuesto universitario total, mientras que 6 Universidades concentran casi el 70% del presupuesto total.
Dentro de esas 6 grandes universidades, la UBA concentra una enorme proporción. Este enorme crecimiento del presupuesto universitario no se correlaciona con lo que han sido los presupuestos provinciales que financian la educación de los jardines de infantes, primaria y secundaria. El fuerte crecimiento del gasto universitario ha sido una parte importante de la consolidación política del kirchnerismo en la conducción de prácticamente todas las nuevas casas de estudio.
Somos muchos los que estamos de acuerdo con la necesidad de ajustar los gastos del gobierno nacional para poder equilibrar las cuentas del Estado y así poder dar con fuerza la batalla contra la inflación. Eso no excluye que estemos muy interesados en que los gastos que se recorten afecten lo menos posible a cada sector.
Así por ejemplo parece muy razonable que se postergue todas las obras públicas que no sean indispensables y urgentes como por ejemplo la finalización del gasoducto Néstor Kirchner, mientras que el resto se postergue hasta que la economía argentina comience a normalizar su funcionamiento y como todas las economías del mundo accedan al crédito para la realización de las obras públicas que tienen una larga maduración de la inversión.
La cuestión universitaria es más difícil porque la ejecución de los presupuestos dependen de los órganos de conducción de las casas de estudio y ellos son quienes podrían sugerir diferentes esquemas de reducción del gasto durante estos años donde el recorte y la austeridad del gasto público debe ser muy alta.
Sin embargo, ante la reducción que globalmente sugiere el Gobierno la respuesta del colectivo universitario ha sido totalmente confrontativa. El planteo es que el recorte de 30% del presupuesto universitario significa el cierre de las universidades y la única respuesta ha sido trabajar para una movilización masiva contra el gobierno.
Esta respuesta por parte de la conducción de las Universidades, en particular de la UBA que maneja un porcentaje enorme del total, parece no percibir la necesidad que existe de reducir el gasto público.
Este ajuste nos está doliendo a todos, los jubilados, los trabajadores informales, los empleados públicos que han visto interrumpidos sus contratos, y en general toda la sociedad está haciendo su aporte para que el Gobierno pueda alcanzar el superávit primario y financiero en las cuentas públicas, y así, de a poco comenzar a salir de la tremenda crisis en la que nos sumergimos cada vez más.
Sin embargo, parece que hay sectores como las Universidades que ni siquiera reconocen que en los últimos 20 años han crecido presupuestariamente mucho más que la educación primaria y secundaria. No hay más que recorrer la infraestructura edilicia de las Universidades y compararla con los colegios primarios y secundarios en cada distrito, por ejemplo del Conurbano Bonaerense.
Evidentemente la solución pasa por aumentar la inversión en la infraestructura primaria y secundaria, pero habrá que discutir cómo asignar los recursos nacionales para que yendo, como han ido, a las provincias lleguen a los establecimientos estudiantiles.
Todos estos debates podrían darse para reducir lo más posible los efectos no deseados que inevitablemente produce una reducción del gasto como la que es necesaria, pero que de ninguna manera implica el "cierre de las Universidades" como lo vienen planteando quienes conducen el colectivo Universitario.
(*) Magíster en Filosofía de la Economía de la Universidad de Cambridge.