¿Es eficiente el Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid? El informe correspondiente a 2023 deja en entredicho esta cuestión después de que solamente haya respondido al 36% de las reclamaciones recibidas durante el año 2023. Así, de las 391 reclamaciones recibidas, solo se resolvieron 140, quedando 160 pendientes de resolver y 91 pendientes de estudio y valoración. Esto significa que un total de 251 reclamaciones quedaron sin respuesta, representando el 64% del total, según figura en el documento al que ha accedido LA RAZÓN. De ahí que el Ejecutivo autonómico justifique la reforma que se hizo en diciembre pasado a través de la conocida como «Ley Omnibus», pese a que los más críticos hablen de «defunción» del Consejo.
El organismo, creado en 2019 por el PSOE, está adscrito a la Asamblea de Madrid con plena autonomía de funcionamiento. Su objetivo principal es fomentar, analizar, controlar y proteger la transparencia y la participación en la región madrileña resolviendo reclamaciones relacionadas con el acceso a la información.
Desde el Ejecutivo autonómico detallan que los cambios introducidos propuestos en el Consejo de Transparencia y Participación apuntan a una mejora en su funcionamiento y a la ampliación de sus competencias, extendiéndolas al ámbito de la Protección de Datos, unos cambios que «mantienen la autonomía e independencia del organismo». Con esta reforma, «el nuevo Consejo de Transparencia y Protección de Datos gozaría de total autonomía e independencia funcional del Gobierno regional, los ayuntamientos y la propia Asamblea».
Además, se propone que el presidente sea elegido entre personas de reconocido prestigio y sea ratificado por la Asamblea de Madrid. Las resoluciones de las reclamaciones ciudadanas serían propuestas por funcionarios de carrera en lugar de personal eventual y también se incluiría la participación de diputados de la Asamblea y otros actores de interés en el grupo de trabajo asociado al Consejo, algo que no ocurría anteriormente.
Estas modificaciones también otorgan al Consejo las competencias de coordinación en Protección de Datos en la Comunidad de Madrid, un aspecto crucial en el contexto de la digitalización administrativa.
El régimen sancionador seguiría las pautas establecidas por la normativa estatal, garantizando la uniformidad en su aplicación. La propuesta de modificación del Consejo de Transparencia se inspira y se asemeja prácticamente a la que rige en la Administración General del Estado, según detallan desde el Ejecutivo autonómico.
Sin embargo, la oposición cree que la reestructuración es un intento de «colonizar» una institución que resulta incómoda para el Ejecutivo de Díaz Ayuso. El PSOE ya ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la reforma emprendida.
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