El pleno del Consell aprobó ayer una modificación del decreto que regula la tipología y funcionamiento de los centros, servicios y programas de servicios sociales, que permitirá que «en breve» se puedan iniciar las licitaciones de todos los centros que tienen prórrogas de contrato, especialmente los de mayores.
Así lo explicó ayer la vicepresidenta segunda del Consell y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, durante la rueda de prensa tras la reunión del pleno del Consell, en la que explicó que «muchos» de los centros sociales que funcionan mediante concesión, especialmente los de mayores, incurrían «desde hace años» en enriquecimiento injusto al estar todos sin contrato desde la anterior etapa del Botànic.
En concreto, tal y como informaron desde la Vicepresidencia segunda, de los 122 centros de gestión integral de la Generalitat, 52 incurren en enrriquecimiento injusto, es decir, el 42,6 por ciento. El importe previsto para las licitaciones de este tipo de centros asciende a unos 200 millones de euros.
En cuanto a los centros destinados a la violencia de género, de los 28 centros residenciales, 18 de ellos, los que funcionan mediante concierto, se encuentran también sin contrato. De los diez Centros mujer, cinco se encuentran en resarcimiento y otros cinco en prórroga, que es la fase previa. Las licitaciones previstas para los Centros Mujer ascienden a 12,5 millones de euros, y para los centros residenciales se prevé destinar 6 millones de euros.
Con estas licitaciones, explicó Camarero, lo que se garantiza es la continuidad de las prestaciones y la seguridad laboral de los profesionales.
Camarero reseñó que la modificación de este decreto se realiza para ampliar los plazos de adaptación de los centros a los nuevos requisitos, a petición de una buena parte del sector que ha planteado 1.790 alegaciones.
Camarero justificó el cambio parcial del decreto en las «carencias, limitaciones y contradicciones» de una norma que el anterior Consell aprobó en marzo de 2023 y modificó en julio, y adelantó que en los próximos meses se hará una modificación «más profunda» para dar solución a las necesidades de estos centros.
Destacó que no pretenden acabar con el decreto existente, sino modificar los aspectos que según las entidades no podían cumplir y les habían llevado a presentar varios recursos contencioso-administrativos e incluso la petición de una suspensión cautelar, y han empezado exclusivamente por su calendario de aplicación.
Así, esta primera modificación del decreto afecta a seis de las veintitrés disposiciones transitorias de la norma inicial, para ampliar en un año el periodo para la adecuación de los centros, servicios y programas de servicios sociales actualmente autorizados en cuanto a las denominaciones y contenidos de las nuevas tipologías.
Además, se añade un periodo de dos años más para que los centros autorizados adapten sus instalaciones, y también se amplía en un año más para que los centros adapten sus plantillas, figuras profesionales, ratios y titulaciones a los criterios o requisitos establecidos.
Camarero hizo hincapié en que las personas usuarias de estos centros no se verán afectadas por este «primer paso» en la modificación de un decreto con la que se apuesta por la especialización de los centros y la adecuación «real» de los profesionales a las necesidades de cada centro.
Señaló que, así, se amplía el tiempo para que las entidades puedan ampliar sus espacios sin reducir las plazas, porque «no es de recibo» tener que reducirlas cuando hay unas listas de espera tan grandes, y adecuar sus ratios de personal, que se ajustará a «las necesidades reales de los centros», sin exigir figuras profesionales «innecesarias». La vicepresidenta explicó que también se mejora una normativa que es «muy farragosa y poco comprensible» para las propias entidades, y se acomete una simplificación administrativa para que las entidades puedan dedicar más tiempo a las personas usuarias y menos al papeleo.
Con estos cambios, explicó, se puede acometer de forma inmediata la licitación de todos los centros, especialmente los de mayores, que están todos sin contrato y con expedientes de enriquecimiento injusto, con lo que se garantiza la continuidad de las prestaciones y la seguridad laboral de los profesionales.
En concreto, Camarero detalló que actualmente todas las residencias de mayores están sin contrato, también muchos centros de día de mayores, muchos centros de día de personas con discapacidad y muchos centros de menores.
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