Pedro Pierluisi reconoció la facultad del organismo de intervenir en la discusión sobre el modelo de compensación a los consumidores que exportan la energía que producen
Pedro Pierluisi reconoció la facultad del organismo de intervenir en la discusión sobre el modelo de compensación a los consumidores que exportan la energía que producen
El gobernador Pedro Pierluisi aseguró este viernes que, pese a las objeciones de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a la extensión legislada a la tarifa que aplica a consumidores que exportan la energía que producen, no habrá ningún "cambio" inmediato en el programa de medición neta, si bien reconoció el peso que conlleva el plan fiscal certificado de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que ordena revisar el modelo de compensación a esos clientes.
Pierluisi señaló, además, que su administración no ha determinado si continuará implantando la Ley 10-2024 –en vigor desde el 10 de enero–, el estatuto que pospuso hasta 2030 el estudio encomendado al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) para definir si el programa de medición neta requiere cambios.
"Tenemos que ver cuáles son nuestras opciones. Una opción pudiera ser legislar sobre el asunto", expresó Pierluisi, aunque aceptó que ello no ocurrirá antes del próximo lunes, fecha límite que la JSF estableció para que el gobierno responda si implantará o no la Ley 10.
"Esto no conlleva un cambio. Se le va a seguir dando el crédito que se le está dando a los consumidores bajo la supervisión del Negociado. La decisión de si se implanta esa ley, a pesar de la objeción de la Junta, no se ha tomado", añadió.
En una carta con fecha del miércoles, el abogado principal de la JSF, Jaime El Koury, comunicó al gobierno que la Ley 10 atenta contra la independencia que el NEPR debe mantener como regulador de los asuntos energéticos. La Ley 17-2019 de Política Pública Energética requería que, dentro de los cinco años de su vigencia –plazo que se cumplió el jueves–, el NEPR completara el estudio sobre el programa de medición neta que, a su vez, daría paso a los ajustes que se consideraran necesarios.
"Tengo que reconocer la jurisdicciónde la Junta para opinar, y tengo que reconocer que el plan fiscal de la Autoridad es relevante, que fue lo que la Junta mencionó "
El plan fiscal certificado de la AEE incorporó esa política, pero la Ley 10 enmendó la Ley 17-2019 para ordenar al NEPR posponer cualquier análisis hasta, al menos, 2030, por lo que cualquier cliente que, en ese período, instalara sistemas propios de generación disfrutaría de la tarifa que ha estado vigente hasta hoy. La tarifa, según la JSF, compensa la energía exportada por los "prosumidores" al mismo precio que la energía consumida, provocando que los clientes dependientes de la red asuman una carga "desproporcionada" de los costos de mantener el sistema eléctrico.
"Tengo que reconocer la jurisdicciónde la Junta para opinar, y tengo que reconocer que el plan fiscal de la Autoridad es relevante, que fue lo que la Junta mencionó. Lo vamos a evaluar y, entonces, tomaremos una decisión en cuanto a cuál es el próximo paso. Pero le diría a todos los prosumidores que esto no les va a impactar de forma inmediata, que tomaremos las decisiones que correspondan", afirmó Pierluisi.
El jueves, una portavoz del NEPR informó que el organismo había reclutado una firma para que completara el análisis que la Ley 10 ordenó que se pusiera en pausa. Sin embargo, al momento de publicación, no se había precisado en qué etapa había quedado el estudio o cómo se procedería ante las objeciones de la JSF.
"Esto es un asunto que está en manos del Negociado y es el Negociado el ente con el peritaje para opinar. En esta etapa, para mí, es importante recibir el insumo del Negociado, porque es quien tiene la responsabilidad de fiscalizar (y) supervisar todo el proceso de medición neta", manifestó Pierluisi.
El gobernador habló con los medios tras inaugurar un Centro Educativo Tecnológico (CET) en el residencial San Fernando, en Río Piedras. Según Pierluisi, la Administración de Vivienda Pública ha abierto 52 CET en residenciales públicos y mantiene la meta de alcanzar la centena en lo que resta de año.