Como una oportunidad para ejercer su derecho a defensa calificó el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, la solicitud de formalización que ingresó la Fiscalía Centro Norte ante el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, en el marco de las indagatorias sobre la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).
Cabe destacar que las investigaciones comenzaron luego de que la empresa Best Quality SA ingresara una querella contra los dirigentes de la asociación por presunto cohecho. Desde la empresa acusan coimas por parte de la autoridad comunal en razón de una donación que habría sido solicitada a la compañía y que, a cambio, habría asegurado la adjudicación de un convenio para la compra y venta de insumos sanitarios durante la pandemia del Covid-19 en 2020.
Sin embargo, Jadue ha insistido en su inocencia e incluso -aseguró- abrió sus cuentas bancarias y puso todos los antecedentes a disposición del Ministerio Público.
Frente al escenario judicial, desde el Partido Comunista se ha hecho un llamado a la "prudencia" y a esperar el curso del proceso. Fue la secretaria de la colectividad, Bárbara Figueroa, quién afirmó en entrevista con Línea Uno de Santiago TV y Radio Usach que este "no es como otros casos de alcaldes".
"Nosotros tenemos la convicción de que no va a haber dolo detrás de la figura de esta acción. Tenemos la convicción y la tranquilidad de que en el caso del alcalde Jadue ha puesto toda la información sobre la mesa que se ha requerido y eso no solamente es una tranquilidad como partido, como militantes que lo conocemos de toda una vida, sino también para los propios habitantes de la comuna", añadió.
El senador Daniel Núñez (PC) sostuvo que "no es primera vez que (Jadue) enfrenta acusaciones de distinto tipo, algunas de ellas absolutamente infundadas y en todas (…) ha logrado demostrar su inocencia. Tenemos la convicción de que durante el proceso judicial él va a poder hacer uso de su derecho a la defensa y que vamos a obtener el mismo resultado que ya ha habido en otras acusaciones que ha enfrentado".
Parte de la militancia comunista también se inclinó por apelar a una persecución. El exministro Marcos Barraza indicó que Jadue "ha estado sometido a una permanenten campaña de hostigamiento".
Mientras que, la diputada Lorena Pizarro (PC), mediante su cuenta X, afirmó que "cuando alguien demuestra que las cosas se pueden hacer distinto, empiezan los ataques, ataques que se agudizan para tapar hechos realmente graves como el Caso Hermosilla y toda la red de mafiosos que este arrastra consigo. Fuerza compañero Daniel. ¡Las manos limpias!".
Cuando alguien demuestra que las cosas se pueden hacer distinto, empiezan los ataques, ataques que se agudizan para tapar hechos realmente graves como el Caso Hermosilla y toda la red de mafiosos que este arrastra consigo. Fuerza compañero Daniel. ¡Las manos limpias! https://t.co/0BoDrlNlnY
— Lorena Pizarro Sierra (@LorenaPizarroS) April 2, 2024
Lo cierto es que el caso complica el escenario político para el oficialismo. El proceder anterior desde el sector, en casos que involucraron a militantes con irregularidades en el uso de recursos públicos, como fue el caso Democracia Viva, en particular, el Frente Amplio decidió llevar a los implicados hasta el Tribunal Supremo de los partidos para evaluar su eventual expulsión.
Fue la diputada de RD, Maite Orsini, quién sacó el debate a colación afirmando que "nosotros tomamos medidas preventivas, decidimos, antes de que la justicia determinara la culpabilidad o la inocencia, dar una señal clara a la ciudadanía de que en nuestro proyecto político la corrupción no tiene cabida".
"Esperaría que el Partido Comunista siguiera más o menos la línea que como Frente Amplio hemos seguido cuando nos ha tocado enfrentar casos de corrupción y que puedan también tomar medidas preventivas", añadió.
Consultada sobre las medidas que podrían adoptar desde el PC, Orsini propuso "una medida cautelar, una suspensión de su militancia. Alguna señal".
Desde la oposición, quiénes también han vivido en carne propia formalizaciones a jefes comunales como fueron los casos de Raúl Torrealba en Vitacura o Cathy Barriga en Maipú, ya hay voces que instan a Jadue a dar un paso al costado.
La candidata a alcaldesa del Partido Republicano por Recoleta, Ruth Hurtado, señaló que "Daniel Jadue no debería estar en el municipio. Por los antecedentes que expone la Fiscalía, Daniel Jadue debería estar en la cárcel".
Por su parte, el diputado de Renovación Nacional, Eduardo Durán, sostuvo que "el alcalde Jadue coincide en que nadie está por sobre la justicia. Por lo tanto, todas estas situaciones que se están investigando, él tendrá que poner todos él tendrá que poner todos los antecedentes a disposición para que puedan ser aclarados.
"No puede ser que alguien que permanentemente está a través de los medios dictando cátedras de superioridad moral, de ética, y de un buen trabajo en su comuna y que pretendió en algún momento ser presidente de todos los chilenos, esté siendo investigado por estos ilícitos relacionados con las farmacias populares, la salud de los vecinos de Recoleta, y situaciones que son muy importantes que la justicia tendrá que develar en su momento", añadió.
En tanto, desde el Socialismo Democrático hicieron un llamado a los distintos sectores a tener congruencia y a respetar la presunción de inocencia. En el sector, marcaron como "punto de inflexión" el dictamen de medidas cautelares.
El diputado Jaime Araya (indp- PDD) sostuvo que "no puede ser que la sola comunicación de que se inicia una investigación aquí se pida la salida de una persona. Aquí no es aceptable el doble estándar de la derecha que no acepta que se pida la renuncia del general Yáñez porque es solo formalización y hoy día piden la salida del alcalde Jadue".
"Y no es aceptable lo que han planteado algunos parlamentarios comunistas que tiene que salir el director de Carabineros porque va a ser formalizado y respecto al alcalde Jadue queremos escucharlos en el mismo estándar", zanjó.
Ministra Vallejo: "No vamos a intervenir ni vamos a decir cómo tienen que actuar los partidos"
La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, fue consultada por la solicitud de formalización contra el alcalde Daniel Jadue, con quién comparte militancia, a propósito del "Criterio Tohá" que instruye a todos los funcionarios dependientes del Gobierno a dejar sus cargos de ser formalizados.
En esa línea, la secretaria de Estado sostuvo que "como Ejecutivo podemos decir cuáles son nuestros estándares y nuestros principios que hemos determinado cuando se trata de funcionarios o funcionarias de Gobierno que están en proceso de formalización o eventualmente estarían en proceso de formalización, son momentos de inflexión".
Sin embargo, afirmó que "no vamos a intervenir ni vamos a decir cómo tienen que actuar los partidos en este sentido. Los partidos tienen que hacer sus propias reflexiones de acuerdo a los casos que están enfrentando al interior de sus filas".
"Lo que nosotros podemos decir como Gobierno es que nos parece importante que las instituciones de justicia avancen. En Chile ha quedado por mucho tiempo la sensación que frente a delitos o a hechos de corrupción no pasa nada y lo peor que puede suceder es que no pasa nada", finalizó.