La derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura estaba en el programa electoral de María Guardiola, y se materializó después en el acuerdo de gobierno firmado con Vox. La supresión de esta norma es, por tanto, uno de los objetivos de esta legislatura. La intención, tal y como ha avanzado el Ejecutivo autonómico ya en varias ocasiones, es desarrollar una nueva que ellos denominan «de concordia», pues entienden que en la actual no se protege a todas las víctimas. El planteamiento de la Junta es que se tenga en cuenta tanto a los represaliados como a los del bando franquista.
Tanto la oposición (PSOE y Unidas por Extremadura) como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en Extremadura han mostrado ya su rechazo a que se derogue la norma. «Es falso que la ley de memoria histórica no tenga en cuenta a todas las víctimas. Ese argumento de la Junta esconde en realidad otras motivaciones, porque parece que sobran todas estas personas que fueron asesinadas y encarceladas y los familiares de estas víctimas que todavía los siguen buscando en las cunetas; parece que sobra la historia», reprochaba en este diario el presidente de este colectivo, José Manuel Corbacho.
Derechos humanos
Pues bien, ahora es el Estado el que planta cara a Extremadura. La ley que el Gobierno regional quiere derogar es autonómica, lo que ocurre es que existe otra de rango superior, estatal, en la que se basa la extremeña y que lo que busca es «defender los derechos humanos» y proteger a las víctimas, en palabras del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Víctor Ángel Torres.
De esta forma, Torres ha amenazado a las comunidades que, como la extremeña, quieren derogar la ley de memoria histórica y democrática con recurrir esta decisión al Tribunal Constitucional (TC): «Hemos analizado algunas iniciativas que han aprobado gobiernos de PP y Vox o que pretenden aprobar, derogando avances como destituir la verdad o proteger a las víctimas de la dictadura y de la guerra de España y en ese sentido nos sentaremos con esas comunidades a que rectifiquen. Si no lo hicieran iríamos al Tribunal Constitucional y a los organismos internacionales en defensa de la verdad y de la democracia», ha advertido el ministro.
Desde la Junta de Extremadura señalan que por el momento no se está trabajando en la nueva ley, pero no descarta hacerlo. «Se continúan con las exhumaciones y se han hecho los primeros trámites para crear el banco de ADN. Estos son algunos de los ejemplos de todas las actuaciones que se están llevando a cabo y en las cuales la Junta está centrada en estos momentos, sin perjuicio de que pueda haber cambios legislativos en la materia en el futuro», apunta el Ejecutivo autonómico.
El objetivo de esa nueva ley incluirá también la búsqueda de víctimas del bando de Franco, tal y como indicó la directora general de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural, Adela Rueda: «La ley (en vigor) solo habla de un mapa de fosas de la represión franquista, pero existen muchos combatientes franquistas que están en la categoría de fosas trasladadas al Valle de los Caídos», apuntó en una comisión en la Asamblea.
150.000 € en exhumaciones
En ese mismo espacio avanzó que este año está previsto exhumar cuatro nuevas fosas para identificar víctimas del franquismo en Extremadura, con una inversión de cerca de 150.000 euros que proceden del Estado. Estarán en la finca Las Cabezas (Badajoz), donde invertirá 34.000 euros; en el cementerio de Segura de León (Badajoz), cuyos trabajos también costarán 34.000 euros; en la finca el Sedador de Alcuéscar (Cáceres), con un montante de 18.000 euros; y en la finca La Paloma de Zarza la Mayor (Cáceres), a la que se destinarán otros 10.000 euros. A estos se sumarán los análisis antropológicos que se van a desarrollar para identificar a las víctimas ya encontradas en Feria (Badajoz), que costarán 15.000 euros; en el cementerio de Miajadas (Cáceres), con una inversión de 30.000 euros; y en el de Villanueva de la Serena (Badajoz), que costará 7.000 euros.
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