Finalmente, a casi dos meses de que se cayera el primer proyecto de Ley de Bases -más conocida como Ley Ómnibus- en la Cámara de Diputados, el Gobierno de Javier Milei envió el nuevo borrador para su discusión, que incluye la privatización de 18 empresas estatales, menos de la mitad de las 41 presentadas en el original.
A diferencia de la primera Ley Ómnibus que contaba con más de 600 artículos, el borrador contiene 270. El capítulo 2, que ocupa casi cuatro páginas y ocho artículos, agrupa a las empresas públicas en tres categorías en función del destino que tendrán.
Las compañías estatales que el gobierno de Javier Milei quiere dejar en manos privadas en su totalidad son Aerolíneas Argentinas SA, Energía Argentina SA (Enarsa), Radio y Televisión Argentina SE (RTA) e Intercargo SAU. Esta última es la que se agregó a la lista de las que no figuraban en la versión anterior.
El segundo grupo tiene que ver con cinco empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria del Estado que, de acuerdo a la propuesta, serían traspasadas a concesionarias privadas: allí se enlistan Agua y Saneamientos Argentinos SA (Aysa), Correo Oficial de la República Argentina SA (Correo Argentino), Belgrano Cargas y Logística SA, Sociedad Operadora Ferroviaria SE (SOFSE) y Corredores Viales SA.
El último grupo de empresas estatales "sólo podrán ser privatizadas parcialmente debiendo el Estado Nacional mantener la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias". Entre estas se encuentran Nucleoeléctrica Argentina SA, la cual tiene a su cargo a Atucha I y II y la Central de Embalse; el Banco de la Nación Argentina, Nación Seguros SA, Nación Reaseguros SA, Nación Seguros de Retiro SA, Nación Servicios SA, Nación Bursatil SA, Pellegrini SA y Yacimientos Carboníferos Río Turbio SA (YCRT).
A diferencia del proyecto de Ley Ómnibus previo, el borrador quita de la lista a algunas de las empresas que más controversias generaron para su aprobación, tales como YPF, Empresa Argentina de Soluciones Satelitales SA (ARSAT), Dioxitek SA, Ferrocarriles Argentinos SE y Administración General de Puertos SE.
Desconocida para el gran público, Dioxitek tiene un carácter estratégico en el procesamiento del uranio concentrado para abastecer los reactores nucleares. La tecnología para la fabricación de polvo de uranio y cobalto escasea en el mundo. Sólo dos países poseen tecnología similar: Brasil y Suecia.
La agencia estatal de noticias Télam se encontraba sujeta a privatización en el primer proyecto pero finalmente fue cerrada cuando su edificio amaneció vallado el 4 de marzo pasado. El gobierno justificó el cierre en que esta tenía pérdidas por $20 mil millones anuales.
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, creada por la misma Ley Bases, intervendrá en las privatizaciones en colaboración con la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación.
El artículo 11 de la ley de Bases establece que "el proceso de privatización deberá desarrollarse de conformidad con los principios de transparencia, competencia, máxima concurrencia, gobierno abierto, eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos, publicidad y difusión".
El artículo 12, en tanto, define que "la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, creada por el artículo 14 de la Ley N° 23.696, intervendrá en las privatizaciones que se lleven adelante en virtud de las disposiciones de la presente ley".
El artículo 13 dispone que "la Auditoría General de la Nación deberá realizar un examen respecto del proceso de privatización de cada una de las empresas, evaluando el cumplimiento de los aspectos legales y financieros, una vez finalizado el mismo y dentro de un plazo de treinta (30) días hábiles".
"Este examen deberá ser presentado ante la Comisión Bicameral prevista en el artículo 14 de la Ley N° 23.696", se indica.
También intervendrá la Sindicatura General de la Nación, según prevé el artículo 14, en la elaboración de "un informe integral sobre la empresa pública en cuestión, que contendrá información detallada sobre sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos, debiendo formular las observaciones y sugerencias que estime pertinentes".
"El plazo para la emisión del informe será de quince (15) días hábiles a contar desde la recepción de las actuaciones remitidas por el Poder Ejecutivo nacional. Las observaciones o sugerencias formuladas deberán ser expresamente consideradas por el Poder Ejecutivo nacional y remitidas a la Comisión Bicameral creada por el artículo 14 de la presente ley", se agrega.
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