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Contradiciendo a quien funge de presidente de la República y por si aún alguien dudaba de las razones por las cuales lo habían hecho, el senador Basilio Núñez (ANR, cartista) afirmó que la restitución de los fueros a sus colegas Erico Galeano (ANR, cartista), Hernán Rivas (ANR, cartista) y Rafael Filizzola (PDP) "es una respuesta al blindaje que un sector del Frente Democrático le dio a un expresidente, impidiendo que la Justicia actúe" , que "la Constitución aclara que todos somos iguales" y que "vamos a desaforarlos a todos, o si no, vamos a blindarles a todos". Resulta evidente, pues, que la insólita medida supuso una revancha, lisa y llana: si el senador vitalicio Mario Abdo Benítez hubiera sido desaforado, los hoy encausados lo seguirían estando. Y, guardando las debidas distancias, los hechos –tal cual ellos los plantean– sugieren que si un presunto ladrón de gallinas no es sometido a proceso, ningún otro debería serlo, por el principio de igualdad ante la ley.
La intención manifiesta de paralizar los procesos en curso viola el art. 248 de la Constitución, referido a la independencia del Poder Judicial, que prohíbe expresamente a los miembros de los otros poderes provocar dicha circunstancia. Además, según el excamarista Pedro Mayor Martínez, supone la comisión de los hechos punibles de "atentado contra el orden constitucional" y de "frustración de la persecución y la acción penal", ambos penados con hasta cinco años de prisión. Se trataría, pues, de una cuestión gravísima que exige desde ya la pronta intervención del Ministerio Público e incluso de la Corte Suprema de Justicia, instituciones soberanas que no deberían desperdiciar un minuto de tiempo para ratificar sus compromisos con nuestras instituciones republicanas y el apego a la Constitución Nacional.
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, dijo que el despropósito perpetrado "no tiene parangón"; en efecto, el cartismo y sus aliados están abriendo una nueva modalidad en lo que a atentados contra la Constitución respecta: desaforan primero y luego –en venganza– revocan la medida, favoreciendo también de paso a un senador de la oposición, para disimular sus atropellos al sistema democrático. Si esta aberración hace escuela, un juicio penal que afecte a un legislador podrá ser paralizado cuando así se les ocurra a sus colegas, mediante el simple recurso de devolverle su inmunidad, no previsto en normativa alguna. El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, hizo bien en recordar que la dictadura está fuera de la ley, pero fue un desacierto afirmar que "romper un esquema abruptamente es discutible": es más bien indiscutible que el Congreso no puede pretender congelar un proceso a su capricho, tras haber suspendido en sus fueros al legislador, previo examen de los antecedentes remitidos por el juez, de acuerdo al art. 191 de la Ley Suprema.
La máxima autoridad del Ministerio Público prometió que al regreso del fin de semana adoptaría una postura oficial; en opinión del exmagistrado Mayor Martínez, dicho órgano debe abrir una investigación ante la presunta comisión de dos hechos punibles, en tanto que los jueces están dispensados de cumplir con una decisión inconstitucional. Por su parte, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia deberá pronunciarse –necesariamente– sobre el absurdo acuerdo del Senado, al resolver un recurso de casación planteado por el defensor del senador Filizzola en la causa que se le sigue por lesión de confianza: los ministros Víctor Ríos, Manuel Ramírez y Carolina Llanes tendrán que resolver si la decisión de restituirle los fueros impide o no que continúe el proceso, siendo de esperar que no se demoren tanto.
Es necesario que este trascendental asunto, en el que está en juego la vigencia efectiva de ciertas normas de la Constitución y del Código Penal, sea resuelto en la brevedad posible y en un sentido favorable a su imperio, incluso en el Senado, que se ha permitido intervenir de hecho en tres procesos en marcha, algunos más graves que otros. Los senadores habían puesto sus respectivas inmunidades a disposición, pero dos de ellos –Rivas y Galeano– votaron por recuperarlas, obedeciendo una orden de Horacio Cartes, agraviado porque Mario Abdo Benítez conserva la suya. En el Congreso, casi todo dependería de lo que diga el patrón, cuyos antecedentes en materia de apego a la Ley Suprema no son muy encomiables.
La resolución senatorial resulta inválida, de acuerdo al Derecho y al buen sentido, de modo que es preciso que el Ministerio Público y el Poder Judicial pongan las cosas en su lugar, para que el Paraguay no acabe siendo privatizado en la práctica: a este paso, se está pareciendo a una gran finca, explotada por un patrón bastante ávido. Se hace cada vez más necesario que las instituciones sean recuperadas para la ciudadanía, para lo cual urge abandonar la indiferencia.