MÉRIDA, Yuc.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) promovió un "Mecanismo de control previo de constitucionalidad local" en contra de la reforma a la Constitución Política del Estado de Yucatán y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad, aprobada por el Congreso del Estado el pasado 28 de marzo, en la que se establece que ese poder elija a sus propios magistrados.
Dicho recurso fue presentado ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), que deberá erigirse en Tribunal Constitucional, para determinar si la citada reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial es constitucional o no.
Agregó que dicho recurso es en pleno ejercicio de su autonomía constitucional y por considerar de interés social que en Yucatán deben prevalecer los derechos humanos, el estado de derecho y el equilibrio entre las relaciones de los poderes públicos.
Asimismo, expuso que los efectos que busca la Codhey al plantear este mecanismo, de primera instancia, es obtener la suspensión oficiosa del procedimiento legislativo, para frenar la publicación del decreto impugnado, y posteriormente que el Tribunal Constitucional local se pronuncie sobre el fondo del asunto, es decir, la inconstitucionalidad del mismo.
Vicios graves
Lo anterior, por considerar que el decreto aprobado por el Congreso del Estado adolece de vicios graves de inconstitucionalidad que ponen en riesgo el derecho a la legalidad y seguridad jurídica, al principio de división de poderes y de independencia judicial, tal y como lo manifestaron diputadas y un diputado en la propia sesión del pleno del Legislativo, el pasado jueves 28 de marzo.
A través de un comunicado, la Codhey informó que "estaremos pendientes que se garantice la protección de los derechos humanos y la no regresividad de los mismos; y coadyuvaremos para el fortalecimiento de las instituciones en nuestra entidad, desde una perspectiva de prevalencia del estado de derecho que fortalece nuestra democracia y sistema Federal".
Este mecanismo se denomina Control Previo de Constitucionalidad y fue presentado ante el propio TSJE, ya que es el mismo que se erige para conocer este tipo de asuntos como un Tribunal Constitucional Local, de conformidad con la Ley de Justicia Constitucional del Estado de Yucatán. Lo anterior implica una revisión previa sobre la probable inconstitucionalidad del decreto aprobado por el pleno del Congreso, hasta antes de que cobre vida jurídica, es decir, antes de su publicación.