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Su espíritu, proteger a un legislador de una persecución político-judicial por alguna denuncia u opinión vertida durante su actuación como parlamentario.
El fuero tiene así la finalidad de garantizarle el ejercicio pleno de la mayor libertad de expresión posible, para que, dentro de sus funciones como congresista, no caiga en la autocensura por temer represalias.
En nuestro país es también una figura instituida en la Constitución, que establece que la inmunidad plena solo se interrumpe temporalmente durante ese período legislativo y para responder a una causa judicial específica y determinada, siempre que los compañeros de la cámara del congresista afectado consideren que existen méritos suficientes para ponerlo a disposición de la justicia, estableciendo además la necesidad de una mayoría calificada de dos tercios para que esto se concrete, es decir, una medida que debe tener una alta legitimidad en términos de representación parlamentaria.
El jueves pasado, atropellando todo a su paso, como viene haciéndolo en varios temas, una mayoría simple de congresistas aprobó una disposición con la que pretenden que tres de sus colegas, puestos hace tiempo a disposición de la justicia para ser investigados, deben volver a tener una coraza que impide seguir sometiéndolos a la justicia, por casos en los que nada tiene que ver su actuación como congresistas.
La medida fue explícitamente justificada como una represalia por no tener garantizados los dos tercios de apoyos para sacarle los fueros al senador vitalicio y expresidente Abdo, en la causa en la que fue denunciado por el también expresidente Cartes por filtración de información de uso confidencial con fines proselitistas.
Es la primera vez en toda nuestra historia que se da algo de este tipo. En ocasiones anteriores hubo rechazos de desafueros con el hediondo olor de la impunidad, pero es la primera vez en la que se intenta este tipo de maniobra apelando a la lógica del artículo 23, es decir, la lógica de que tengo una mayoría de votos y puedo hacer absolutamente todo lo que quiero sin importar si eso es dañino, razonable o justo.
Es por eso que calificamos a lo que ocurrió el jueves pasado como una barrabasada, a la que la Real Academia de la Lengua Española define como un desaguisado, un hecho contra la ley o la razón, inconveniente e injusto, un disparate, una acción que produce gran daño o perjuicio.
Un gran daño o perjuicio a la imagen del propio Congreso, o si no cómo es posible explicarle al ciudadano que tras poner a disposición de la justicia a Erico Galeano para investigarlo por lavado de dinero del narcotráfico, a Hernán Rivas por utilizar un título falso de abogado para estafar al Estado y convertirse en presidente del Jurado de Magistrados, y a Rafael Filizzola por lesión de confianza en la reparación de comisarías en todo el país, ahora los rescatan y blindan políticamente como represalia por no conseguir la cantidad de votos que la Constitución establece como necesaria para desaforar a Abdo.
La pretensión de devolución de inmunidad tiene entonces el efecto de sensación de impunidad desde el poder.
Quienes hoy están atropellando todo lo posible, con la lógica del votazo que impide hasta la discusión parlamentaria de artículos de leyes que se van aprobando tienen que hacerse cargo de la rabia que pueden estar generando no en sus ocasionales rivales políticos, sino en ciudadanos comunes que están hartos de estas luchas de poder por el poder a cualquier costo para la República.
Es solo cuestión de ver, leer y escuchar medios tradicionales y redes sociales para percibir esa sensación de hartazgo de muchos que no responden a intereses de grupos políticos organizados.
Más de un veinte por ciento de ciudadanos participó en las últimas elecciones apoyando a un candidato que se presentó con un discurso antisistema prometiendo barrer con este diseño institucional.
Los bravucones que atropellan todo a su paso actúan como incubadoras de estos huevos de serpientes.