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Este jueves 4 de abril, el ministro del Interior Guillermo Francos y el jefe de Gabinete Nicolás Posse recibirán a un pelotón de gobernadores procedentes de Juntos por el Cambio en el marco de las negociaciones para la aprobación de la 'Ley Bases' y el blindaje del decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 70/2023). En este marco, es oportuno repasar las últimas encuestas al respecto. Según CB Consultora, casi 47% de los electores está de acuerdo con el DNU vs casi 44% en desacuerdo (gráfico arriba). Esto perfila una oposición que se consolida en el mismo orden de magnitud del voto obtenido por Unión por la Patria en el ballotage (44,35%), mientras que el apoyo a la medida de Javier Milei se ubica casi 9 puntos porcentuales (pp) por debajo del caudal que lo consagró como presidente: 55,65%. Eso implica un empate técnico, puesto que la brecha de 3 pp entre ambas posturas no resulta estadísticamente significativa.
Asimismo, el último informe de la Universidad de San Andrés (Udesa) muestra que 48% de los electores creen que el Congreso debe debatir y negociar algunas reformas propuestas por Milei; apenas 22% prefiere que apruebe sus proyectos de ley, y al otro extremo de esta minoría intensa un 18% se inclina por el rechazo a esos proyectos (gráfico arriba). Así, la postura a favor de una discusión parlamentaria se configura como primera minoría, muy por encima de quienes avalan que el Congreso le extienda una carta blanca al presidente o, en el otro extremo, rechace de plano sus proyectos.
Luego del rechazo al DNU en el Senado, el sistema de comunicación oficialista calificó como "traidores" a quienes aún tienen la llave para destrabar el trámite parlamentario, lo cual plantea la duda de si a Milei le interesa realmente construir el consenso que surge de las encuestas como reclamo y que necesita para sus proyectos sean aprobados. Con una Cámara de Diputados donde el balance de fuerzas arroja 91 legisladores nacionales aliados vs 104 opositores, el gobierno nacional tiene que persuadir a 62 "traidores" si quiere evitar que ese recinto también rechace el decreto (gráfico arriba), con lo cual dejaría de tener vigencia y abriría un escenario manifiesto de crisis de gobernabilidad.
En este contexto en el que la demanda de consenso emerge por encima de las posturas extremas, las últimas medidas del oficialismo no ayudan: luego de haber recortado a las provincias recursos para transporte, educación y fondos discrecionales, la semana pasada el DNU 280/24 eliminó los artículos 92, 93 y 94 de la Ley de Presupuesto 2023 prorrogado para este año. Esos párrafos estipulaban que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) debía transferir el día 20 de cada mes la doceava parte del déficit anual a las provincias que no hubieran transferido sus regímenes previsionales al Estado nacional. La medida afecta a las cajas de 13 provincias (Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego) e implica una nueva vuelta de tuerca al conflicto que arrancó en febrero y que alcanzó su pico con el cruce entre Ignacio Torres (gobernador de Chubut) y Milei. La encuesta realizada en marzo por la consultora Mercados & Estrategia en la Patagonia detectó que casi 52% de los electores de esa región le dio la razón a los mandatarios provinciales, aventajando por casi a 10 pp a quienes se inclinaron por el presidente (gráfico arriba).
Finalmente, la última medición de Zuban Córdoba ratificó lo que ya había arrojado su encuesta de febrero pasado: casi 62% de los electores creen que los gobernadores deben defender los intereses de sus provincias aunque tengan que enfrentar al presidente, mientras que casi 36% prefieren que los mandatarios ayuden a Milei aunque eso implique pérdida de recursos para
sus distritos (gráfico arriba). Ese 35,9% se ubica en el mismo orden de magnitud del voto obtenido por La Libertad Avanza en las primarias de agosto y la primera vuelta presidencial de octubre, muy lejos (casi 20 pp) del 55,6% del ballotage. En un contexto en el que el presidente acelera el conflicto mientras la opinión pública reclama debate y consenso, el protagonismo de los gobernadores y de los diputados nacionales será central en abril.