La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) ha manifestado su rechazo al veto impuesto por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a la inscripción de la candidatura de Corina Yoris para participar en las próximas elecciones presidenciales del 28 de julio.
En un comunicado emitido el viernes 5 de abril, la Cidh señaló que impedir la participación de ciertas candidaturas opositoras en el proceso electoral es un indicio de que el Poder Electoral carece de independencia e imparcialidad, lo que pone en riesgo la posibilidad de llevar a cabo elecciones presidenciales libres, justas y competitivas.
Esta exclusión de candidatos vulnera los derechos de participación política, desalienta a los electores a participar en el proceso electoral y contribuye a la perpetuación de un gobierno represivo, en referencia al gobierno liderado por Nicolás Maduro.
Corina Yoris, una profesora, filósofa y doctora en Historia, se había postulado como candidata para reemplazar a María Corina Machado como opción de la ganadora de las primarias de octubre de 2023 y la Plataforma Unitaria Democrática, luego de que Machado fuera inhabilitada para participar en los comicios por una decisión judicial.
La Cidh ha expresado su rechazo a cualquier obstáculo que impida la participación de candidaturas opositoras en el proceso electoral venezolano, incluyendo la inscripción de candidatos para las elecciones presidenciales de 2024, según lo compartido en su sitio web.
Reiteran llamado a levantar inhabilitaciones políticas
La Comisión ha reiterado su llamado al Estado venezolano para que levante las sanciones administrativas contra candidatos, que no solo afectan a Machado, sino también a otros líderes políticos como Henrique Capriles Radonski, César Pérez Vivas y Juan Pablo Guanipa.
Es crucial que se levanten las inhabilitaciones administrativas en Venezuela y se ponga fin a cualquier acción que desaliente la participación ciudadana en asuntos de interés público. La Cidh insta a tomar medidas urgentes para restablecer la independencia del Poder Electoral, el Poder Judicial y demás poderes públicos, con el objetivo de reconstruir la democracia y restaurar la confianza en las instituciones públicas.
En meses anteriores, la Cidh exigió al Ministerio Público venezolano garantizar la presunción de inocencia tras las detenciones de dos políticos cercanos a Machado (Henry Alviarez y Dignora Hernández).
Además, condenaron la expulsión de los funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos de Venezuela, luego de que el organismo denunciara la desaparición forzada de la abogada y activista Rocío San Miguel, quien se encuentra detenida desde el 9 de febrero.
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