Empezó a trabajar en la Junta recién licenciada gracias a una beca al mejor expediente universitario. Después continuó en distintas empresas públicas de la administración regional y en 2006 se presentó a las únicas oposiciones convocadas en la Junta de su especialidad: biología o ciencias ambientales. No obtuvo plaza, pero entró a formar parte de la lista de espera (o bolsa) y en 2010 le ofrecieron un contrato en la Consejería de Agricultura para sustituir a una funcionaria que estaba en comisión de servicio y que sigue vigente a día de hoy. Casi 15 años desempeñando el mismo puesto de trabajo como interina.
Pero ahora su empleo pende de un hilo tras años desempeñando las labores encomendadas, formándose para mejorar en su empleo y a la espera de unas oposiciones de su especialidad que nunca llegaron y que se han convocado ahora por la vía de la estabilización, pero solo ofrecen una plaza fija. «Llevo casi 15 años trabajando para la Junta y no voy a estabilizar y eso significa ahora irte al paro. Y somos muchos en distintas especialidades en mi situación. Hay mucha gente que se va a quedar sin trabajo tras años dedicados a la administración», cuenta María. Su nombre es ficticio pero su historia, real.
Dice que no quieren que nadie les regale nada -«somos gente luchadora»- pero quieren mantener sus puestos y quedarse en el paro no es la solución para cientos de empleados públicos que han sido durante años, e incluso décadas, usados por la administración para cubrir puestos vacantes sin darles en muchos casos, como el de María, la opción nunca de lograr una plaza fija y estable en la Junta ante la ausencia de convocatorias de empleo.
Por eso ella asistirá
en Mérida, a las 10.00 horas coincidiendo con la celebración del pleno de la Asamblea de Extremadura, para reclamar a la Junta que aplique la última sentencia europea que avala la transformación en fijos de los empleados que son víctimas del abuso de la temporalidad que han cometido las administraciones públicas.
Piden una solución porque la convocatoria de estabilización que se está desarrollando en estos momentos y se lanzó en 2022 como solución a este problema en realidad, señalan, no resuelve el conflicto, ya que puede dejar a muchos interinos y temporales sin empleo a finales de este 2024, cuando debe estar concluida. «Es que no han sacado plazas suficientes para todo el personal que está en fraude de ley, si hubieran hecho un análisis pormenorizado y hubieran sacado más plazas se habría resuelto el problema», apunta María.
La convocatoria de estabilización en la Administración General cuenta con 3.193 plazas de las que 2.746 se adjudicarán mediante concurso de méritos y otras 447 a través de un concurso-oposición, cuyos
. Pero en realidad, subraya, son muchas más las personas que están en esa situación de fraude de ley porque llevan más de tres años trabajando de forma continuada en un mismo puesto de trabajo y cumplen los requisitos estipulados por una directiva europea. «Hay más de 6.000 afectados», apunta Marisa González, la portavoz de Piltex, quien avisa de que esto supondrá que muchas personas se queden sin estabilizar en sus plazas mientras otros ya se han quedado por el camino, lo que va a provocar un aluvión de reclamaciones e impugnaciones en los tribunales, donde ya se están dirimiendo varios recursos.
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