Tras un año soportando a los okupas de la urbanización del Soho, los vecinos de Leganés han decidido tomar la iniciativa en un acto de rebeldía y han dejado sin luz a las 20 viviendas que tienen tomadas. Ha sucedido este miércoles por la noche, aunque la batalla ha continuado este jueves con un intento de desahucio que no ha llegado a buen puerto al no haber presente nadie a quien hacer entrega de los inmuebles. Se han sublevado tras otra protesta que se produjo el pasado martes y que tampoco sirvió de nada.
A pesar del tiempo que llevan aguantando este escenario, la situación ha ido a peor en las últimas semanas, cuando algunos jóvenes han empezado a caldear más el ambiente. Según los testimonios de los vecinos, «varios grupos de chicos marroquíes» están ocasionando «problemas con machetes», e incluso ha habido quien se ha dedicado a colarse en las casas en las que hay gente.
También se han producido redadas policiales por venta de drogas, indican. El movimiento de sustancias estupefacientes en la urbanización ha sido otra de las causas por las que se han dado peleas «bastante gordas».
Aun así, y pese a la presencia de los agentes por las redadas, fuentes municipales aseguran que ni la Policía Local de Leganés ni la Policía Nacional ha recibido denuncia alguna en lo que respecta a la okupación, por lo que las fuerzas del orden no pueden actuar al respecto. Además, si se hubiera presentado la denuncia, cabe recordar que sería únicamente el primer paso de un largo proceso que requiere, igualmente, de la aprobación de un juez para desalojar.
La decisión de dejar sin luz las viviendas okupadas se tomó tras una reunión vecinal en la que se acordó reforzar la vigilancia. Cuando llevaron a cabo el corte, los okupas comenzaron a concentrarse en los pasillos, molestos porque en esas viviendas hay familias con niños pequeños, incluidos bebés.
Los invasores llegan incluso a mostrarse comprensivos con los vecinos que quieren echarlos -con los que dicen no haber tenido jamás un roce-, hasta el punto de manifestar que entienden que no quieran vivir ese tipo de situaciones, pero al mismo tiempo ponen el grito en el cielo porque les hayan cortado la luz tras una reunión, porque «no pueden bajar en pandilla» como si aquello fuera «una caza de brujas de la Edad Media». También expresan que no los entienden porque «no les perjudican».
A este respecto, los vecinos confirman que algunos no son problemáticos, pero que muchos de los okupas son «muy violentos» y así lo han dejado ver en la calle, cuando han sido los causantes de que se creen varios momentos tensos.
Los pisos son propiedad del banco, que aún no se ha pronunciado, ni para dar respuesta a los okupas -los que proponen hacer equipo con los residentes contra los violentos-, que le piden poder alquilar las viviendas, ni para dar respuesta al hastío de los vecinos.
Denuncian también los vecinos la compra de estas viviendas por parte de inversores que se están haciendo con 30 o 40 a la vez, y es a ellos a quienes hacen responsables reales del problema. Gracias a ellos, añaden, las casas han perdido valor en el mercado y su precio se ha reducido a más de la mitad. De hecho, especifican que ahora las entidades ofrecen cerca de 40.000 euros por los okupas, en lugar de los 100.000 euros por los que se habrían tasado anteriormente.
La urbanización está formada por 300 viviendas que se organizan en cinco bloques. Las puertas de las que están okupadas fueron forzadas en su momento, mientras que la del parking del residencial está completamente rota.
Bastaron seis meses, según las declaraciones de vecinos y okupas, para que el trasiego de gente se convirtiera en un negocio con compradores que dan «verdadero miedo». Uno de los okupas reconoce que no tenía a dónde ir y se vio obligado a pagar por la llave del piso en el que vive. La compró por 1.500 euros, aunque los hay que han pagado hasta 2.000.