Miguel Ángel Ramírez revela que grabó al juez corrupto Salvador Alba respaldado por ''altas esferas del país''
0
''Se inventaron un relato. Que una empresa con 7.000 trabajadores de un chico de Tamaraceite, de Las Palmas de Gran Canaria, llevase las seguridad de organismos e instituciones tan importantes de nuestro país, molestaba''. Después de diez años desde que se iniciara la investigación, la Audiencia Provincial de Las Palmas ha absuelto al empresario Miguel Ángel Ramírez del fraude de 36 millones de euros a Hacienda y la Seguridad Social que la Fiscalía le atribuía. Un día después de que se conociera el contenido de la sentencia, Ramírez ha ofrecido una entrevista al magazine radiofónico El Espejo Canario, en la que ha dado algunas de las claves de la ''persecución'' que ha vivido.
La sentencia considera acreditado que el exjuez Salvador Alba, ahora en prisión por conspirar contra la magistrada Victoria Rosell, contaminó la causa penal durante los seis meses que estuvo al frente de la investigación al utilizarla con fines ''espurios''. Su único objetivo era perjudicar a Rosell, su antecesora en el cargo y que en aquellas fechas había pedido la excedencia para concurrir a las elecciones generales de 2015 en las listas de Podemos. ''Él mismo, cuando yo tuve la conversación con él, me dijo que todo esto era un tema inventado, que yo no había cometido ningún delito, que todo era un pleito que habían hecho en mi contra'', afirma Ramírez en la entrevista.
La resolución judicial sitúa el 3 de noviembre de 2015 como una fecha crucial en este caso. Es el día en que Salvador Alba toma posesión en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria y firma una providencia en la que cita a declarar para finales de ese mismo mes y en calidad de investigado al empresario, que ya había comparecido ante la jueza en abril. En una amplia argumentación que bebe de la resolución judicial que condenó a seis años y medio de cárcel a Salvador Alba por conspirar contra Victoria Rosell, la Audiencia de Las Palmas concluye que la finalidad de esa providencia era manipular la causa para "conseguir la finalidad ilegal perseguida".
La difusión de una conversación grabada por Ramírez en el despacho del juez hizo estallar el caso Alba en 2016. En la grabación, Alba se compromete a anular la causa contra el empresario si este le aportaba a cambio ''información lesiva para la imagen pública'' de Rosell para que así aumentaran las posibilidades de que fuera admitida a trámite la querella que había presentado contra ella José Manuel Soria, entonces su rival político y ministro de Industria, Energía y Turismo y presidente del PP canario.
En la entrevista ofrecida este martes, el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas ha admitido que grabó a Alba ''con permiso de altas esferas de nuestro país". "Por eso las cosas llegaron al final. Si no, posiblemente las pruebas se hubiesen perdido en el camino. En este caso, para poder ir contra un magistrado del nivel que era el señor Alba, era complicado hacerlo solo'', añadió. ''Yo hice lo que tenía que hacer para poder demostrar que estaba siendo una persona extorsionada con el fin de perjudicar a una magistrada. Yo no iba a ser cómplice de acabar con la carrera de una persona que no me había hecho nada para beneficiar a no sé quién para conseguir otros objetivos'', subrayó Ramírez.
El voto particular
La sentencia, que aún no es firme y puede recurrirse ante el Tribunal Supremo, contó con el voto particular discrepante de una de las magistradas que conforman el tribunal, Mónica Herreras. En un escrito de 126 páginas, la magistrada sostiene que la intoxicación de Alba no debe afectar al procedimiento contra Ramírez y apunta que "la afirmación de que la injerencia perjudicó a los encausados por la parcialidad del juez instructor ni cuenta con una concreción que le preste soporte ni abre una perspectiva que permita detectar cambios de orientación en la investigación" contra el empresario.
En la entrevista, Ramírez ha afirmado que la magistrada ''es pareja de un inspector de Hacienda'' que había inspeccionado al grupo Ralons, una de sus empresas. ''Nos había imputado diferentes delitos por pagar horas extra como dietas. Pudimos acreditar y demostrar que esto no era así y él reconoció que el cálculo de la cuota no era la correcta y retiraron la acusación'', recordó. ''En el juicio conocíamos la conexión. Interrogaba también a los inspectores de Hacienda que eran los superiores de su pareja, pero confiábamos en la independencia de la magistrada''.
Evangelina Ríos
La sentencia ha supuesto un duro revés para la fiscal de Delitos Económicos de Las Palmas, Evangelina Ríos, quien con esta instrucción, las Diligencias Previas 644/2014, inició una larga sucesión de acusaciones contra Miguel Ángel Ramírez que de momento no han desembocado en condena alguna al empresario. Para él, la fiscal solicitaba en este caso 21 años de prisión por un fraude que cifraba en 36 millones de euros, 30 a la Seguridad Social por las cotizaciones entre 2009 y 2017 y 6 a Hacienda por las retenciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) entre 2009 y 2013.
''Una vez mi abogado hablando con ella le dijo que habría que buscar una solución, porque lo que se estaba haciendo conmigo no era cierto. Ella le dijo que estaba dispuesta a llegar a un acuerdo, pero que el acuerdo pasaba por que entrara en prisión'', señaló Ramírez en la entrevista. ''Yo no quería llegar a ningún acuerdo porque quería demostrar mi inocencia como he podido acreditar. Tuve que venir de Miami en un vuelo privado porque me puso una orden de busca y captura. Esta sentencia deja claro que no cometí ningún delito'', aseveró el empresario.
El presidente de la UD Las Palmas también ha hablado de la posible connivencia entre la fiscal y un inspector de Hacienda. ''Hay una prueba evidente. Yo llego a un acuerdo con la Seguridad Social después de una inspección de cuatro años donde había diferencias de cotización por un importe de tres millones de euros. Queda probado en el juicio que el inspector de Hacienda llamó al inspector de Seguridad Social para decirle que si llegaba a ese acuerdo con nosotros, se le caía el caso a la Fiscalía de la Agencia Tributaria, y pasaron de tres a catorce millones de euros'', relató Ramírez.
''Se trata de tener siempre la figura de Ramírez judicializada. El daño ha sido irreparable. Se ha tratado de jugar conmigo, con mi familia, con mis amigos, con la gente que me quiere, con mis empresas, con mis proyectos, pero afortunadamente he tenido la fuerza suficiente y la solvencia económica y patrimonial suficiente para seguir en el mercado laboral'', concluyó.