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La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha desestimado los dos recursos interpuestos por el Valencia CF contra las resoluciones de la Generalitat Valenciana que denegaban la prórroga y declaraban la caducidad anticipada de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) que afectaba al antiguo y al nuevo estadio de Mestalla.
Los magistrados establecen en dos sentencias notificadas este viernes a las partes que el club incurrió en diversos incumplimientos en este plan urbanístico, aprobado definitivamente por el Consell en febrero de 2015 y suscrito en un convenio entre ambas partes en abril de ese año. El primero, la propia construcción del estadio y la demolición del actual Mestalla, pero también la obligación de construir un hotel en la parcela adyacente al campo en la Avenida de Aragón, donde se ubicó años atrás un edificio municipal, y el polideportivo de Benicalap.
En la primera de sus demandas, el Valencia CF solicitaba que le fuera concedida la prórroga y reorganización de los plazos que contemplaba la ATE, algo que pidió en noviembre de 2021 a la Conselleria de Economía Sostenible del Gobierno del Botànic y que le fue denegado. En este punto, el club señalaba a la Administración como responsable del retraso, algo que la Sala no comparte. "Incumplió, por causas únicamente imputables a él y no al Ayuntamiento de Valencia" su obligación de desarrollar en diez años toda la ATE, empezando por el hotel que tenía un plazo "improrrogable plazo de tres años".
Los magistrados descartan que todos incumplimientos se debieran a "dilaciones procedimentales" o "inactividad" imputables al Ayuntamiento de Valencia.
El segundo recurso se dirigía contra el acuerdo del Consell de fecha 29 de julio de 2022 por el que se declaró la resolución anticipada y la caducidad de la 'ATE Valencia CF'.
En este caso, el Tribunal rechaza la caducidad de los plazos para dictar esta resolución administrativa e insiste de nuevo en el incumplimiento del promotor y no por la dilación del Ayuntamiento, a quien el Valencia acusaba no haber aprobado el proyecto modificado que presentó el club en febrero del año 2022. La razón que esgrime la Sala es que "incurría en diversas deficiencias, entre ellas el incumplimiento de la capacidad de aforo mínimo del nuevo estadio pactado en el convenio".
En este sentido, a juicio de los magistrados, la falta de aprobación de ese nuevo proyecto "no obedece a inactividad municipal, sino a la inidoneidad de la propuesta", así como también "a la ausencia de recursos financieros por parte del promotor para el cumplimento de las obligaciones que tiene comprometidas".
En este punto, la sentencia recoge el informe realizado por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) sobre la capacidad presentada por el club para financiar las obras, que fue considerada insuficiente. Pero añade más: esa insuficiencia se refería a costear las obras del estadio, sin tener en cuenta que la inversión para acabar la ATE sería aún mayor.
Entienden, además, que al Valencia se le designo como promotor de la ATE "en atención a su capacidad para hacer frente a dicha inversión, por lo que no se puede ahora aducir esas dificultades para obtener financiación como justificación del incumplimiento de las actuaciones", aseguran.
En cuanto al principio de legítima confianza que esgrimía el club -basado en que no había recibido avisos por parte de las Administraciones de los incumplimientos en los que ya había incurrido antes de 2021 y que, por tanto, no tendrían consecuencias-, el Tribunal estima que no sólo no hay obligación de "previo requerimiento" sino que "la actitud dilatoria del promotor quiebra la naturaleza de la confianza legítima"
La Sala rechaza, en definitiva, ambos recursos y rebate la tesis del recurrente de que la denegación de la prórroga y la declaración de caducidad de la ATE eran medidas desproporcionadas y resultaban contrarias al interés general.
"Lo que el interés general demanda es la pronta ejecución de las actuaciones previstas en la ATE, que el Valencia Club de Fútbol SAD ha incumplido y no ha acreditado poder llevar a cabo", precisa el Tribunal.
Las dos sentencias no son firmes, pues contra ambas cabe interponer recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo o bien ante la propia Sala de lo Contencioso del TSJCV.
Parálisis
Esta decisión del TSJ no tiene una incidencia directa en la situación de parálisis que vive la operación urbanística desde el 29 de julio de 2022. El club recurrirá a la propia sala o al Alto Tribunal mientras sigue buscando que el Ayuntamiento de Valencia le pueda otorgar no sólo la licencia para retomar las obras sino un instrumento de planeamiento que le dé seguridad jurídica al recoger los derechos que, en la resolución del Consell, se aseguraba que serían respetados "por interés general".
Por tanto, la pelota sigue en juego. El Ayuntamiento mantiene en trámite las licencias para el estadio, que la alcaldesa María José Catalá aseguró que podrían estar en el primer trimestre de 2024, y sigue sin llevar a la Comisión de Urbanismo y al pleno las fichas de gestión que recogen las condiciones y el régimen urbanístico que condicionan el suelo de los dos estadios. Estas fichas, acordadas con por el anterior equipo de Gobierno, formaban parte de un convenio que ligaba el planeamiento al cumplimiento de las obligaciones por parte del club. No fue firmado por las partes antes de las elecciones y la nueva alcaldesa aseguró en octubre que no negociará hasta que no estén avanzados los trabajos en la Avenida de las Cortes.
Tampoco podría sacar adelante la aprobación de esas fichas aunque lo deseara, porque no cuenta con los votos suficientes. Su socio de Gobierno, Vox, ha sido muy tajante a la hora de asegurar que estará en contra de cualquier acuerdo con Meriton. Y a la oposición tampoco puede recurrir porque, pese a haber sido diseñadas con PSPV y Compromís en el Gobierno, ahora no están ligadas a un convenio "que defienda los intereses de la ciudad".
Si bien la sentencia no despeja el futuro, deja una cuestión a la que el Ayuntamiento puede agarrarse si el Valencia, como así parece que podría ser, decide interponer demanda por el retraso en la obtención de licencias. Y es que el TSJ estima que el proyecto modificado que había presentado el club hasta el pasado mes de enero era una propuesta "inidónea".
También hay otro aspecto valorado que puede tener incidencia. Mientras el consistorio trata de acelerar la auditoría a la que someterá el coste de las obras presentado por el Valencia, la Sala valora el informe del IVF en que se certifica la "insuficiencia financiera" del club.
Suspensión de licencias en agosto
Sin embargo, este escenario no puede ser eterno. La resolución del Consell, ahora validada por el TSJ, establecía una suspensión por un plazo máximo de dos años para "todas las licencias de edificación de obras de nueva planta de uso residencial o terciario" tanto en el entorno del nuevo como del viejo Mestalla hasta que se aprobara el nuevo planeamiento. Esos dos años se cumplirán el próximo 29 de julio.
La suspensión, según fuentes consultadas por El Mundo, podría ser prorrogada con argumentos precisos que tendría que formular el Ayuntamiento. De otra manera, el club recuperaría la certeza de qué puede hacer en ese suelo, que no es otra cosa que lo que había previsto en el PGOU en 2007. En el caso de las parcelas del nuevo estadio, lo que ya recogía la ATE, pero con menos metros de suelo comercial y terciario. En el viejo Mestalla, Urbanismo introdujo modificaciones en las fichas con las que no podría contar.
Con las negociaciones encalladas, en el horizonte aparece ese 29 de julio como una nueva fecha límite para alcanzar un acuerdo antes de que todo se pueda complicar aún más.