Efe
El Consejo de Gobierno andaluz tomó conocimiento este martes de la propuesta de inversiones para el desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica en Andalucía para el periodo 2025-2030 que la Consejería de Industria, Energía y Minas presentó ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y Red Eléctrica de España (REE) como gestor de la red de transporte del sistema eléctrico.
La propuesta de la Junta se realizó en función de cuatro premisas que son las del «aprovechamiento del abundante recurso renovable del que dispone la comunidad andaluza; para atender la creciente electrificación y dar respuesta a la movilidad eléctrica, a la economía del hidrógeno verde y a proyectos industriales que necesitan un gran consumo; para reforzar las interconexiones con otras comunidades para la evacuación de la producción renovable y nuevos desarrollos industriales; y la localización de iniciativas tractoras de inversión y empleo que fijen población y vertebren el territorio, favoreciendo el desarrollo socioeconómico de la región». Según detalló el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, se ha solicitado al Ejecutivo central la construcción de seis subestaciones, 88 nuevas posiciones -incluidas ampliaciones de subestaciones- y ocho nuevas líneas de doble circuito en la red de transporte como principales actuaciones sobre la red de transporte del sistema eléctrico, que suponen una inversión de 544 millones a ejecutar en el periodo entre 2025 y 2030.
Inversiones en todas las provincias
Si bien la petición de la Junta incluye inversiones en todas las provincias «asegurando un desarrollo territorial equilibrado», se han solicitado infraestructuras que tienen «gran impacto» en cuatro áreas geográficas con mayor déficit de inversiones que abarcan a 199 municipios, entre los que se incluye sólo una capital de provincia (Jaén) y 23 municipios de más de 15.000 habitantes, y que atenderían al 18% de la población andaluza, representando el 35% de la superficie de Andalucía.
En concreto, el consejero detalló que estos cuatro bloques se corresponden con la conexión Baza-Úbeda-Manzanares (Castilla-La Mancha) en la provincia de Jaén, para dar apoyo a la distribución y a la generación de renovables en el sur de Jaén (Mazuelos) por ser una de las zonas que cuenta con menos infraestructuras; la conexión Lancha-Peñarroya-Maguilla (Extremadura) en la provincia de Córdoba, donde además se piden desarrollos en Los Pedroches y Alto Guadiato, y un nuevo eje de interconexión con Sevilla; la conexión Costa de la Luz-Puebla de Guzmán-Brovales (Extremadura) en la provincia de Huelva para la evacuación renovable y atender la demanda de la Faja Pirítica; y la conexión Arcos-Cartuja y otras actuaciones para mejorar la seguridad del suministro, dar respuesta a proyectos industriales y renovables en la provincia de Cádiz.
Además de las anteriores infraestructuras, también se han solicitado inversiones para el resto de las provincias andaluzas como, por ejemplo, en Málaga y Granada una nueva línea para mejorar la seguridad del sistema y atender el crecimiento de la comarca de la Axarquía y de la Costa Tropical, y, en Sevilla, una nueva conexión estructural de 400 kV.
80 millones para invertir en las universidades
El Consejo de Gobierno fijó este martes los criterios del Plan Extraordinario de Inversiones e Infraestructuras para el conjunto del sistema público universitario, que cuenta con una dotación inicial de 80 millones de euros y una vigencia de cuatro años, así como los criterios de distribución de esos recursos.
El diseño y desarrollo de este instrumento se contempla en el modelo de financiación consensuado con toda la comunidad universitaria y se articula a través de tres ejes de actuación: el primero de los cuales se corresponde con esta dotación inicial de 80 millones procedente de transferencias de financiación de la Junta de Andalucía no ejecutadas por las instituciones académicas, y los otros dos se encuentran concretándose y permitirán incrementar ese presupuesto, según una nota de la Junta.
Esos 80 millones circunscritos a esta primera línea de actuación se distribuirán en un máximo de 20 millones por cada ejercicio y para todo el sistema público y permitirán a las diez universidades públicas acometer mejoras de las instalaciones e infraestructuras consideradas prioritarias para sus diferentes campus.
Para seleccionar las iniciativas, el Gobierno andaluz ha establecido seis criterios y, a partir de éstos, se podrán acoger a esta herramienta aquellas intervenciones en ejecución y que hayan sido autorizadas en el Plan de Inversiones 2020-2023.
También se primará las inversiones previstas que cuenten con proyectos ya definidos y con la tramitación administrativa en un estado avanzado que haga posible su ejecución entre 2024 y 2025.
El Gobierno andaluz ha indicado que se pondrá el acento en las remodelaciones y adecuaciones de infraestructuras ya existentes.
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