El Gobierno central no ha convocado ninguna vacante para el puesto de la Guardia Civil de Ariño en la última orden publicada el pasado martes 9 de abril. Es el único de los 19 cuarteles que hay en todo el Bajo Aragón Histórico y Cuencas Mineras que no aparece mencionado en el documento, siendo que solo hay un agente desde hace tiempo que debe unirse con sus compañeros de Albalate para formar patrulla. Es más, el cuartel debería de tener hasta seis agentes de acuerdo con el catálogo del Ministerio del Interior. En la convocatoria de octubre de 2023 tampoco se ofertó ninguna plaza y esta nueva decisión refuerza la intención del Ministerio de cerrar el cuartel de Ariño, tal y como desveló La COMARCA.
El alcalde de Ariño, Carlos Ros, califica esta situación de «catastrofista» para el pueblo. «El que no se hayan convocado plazas nos da indicativos del cierre inminente del cuartel, lo cual, para cualquier localidad que tenga un puesto y lo pierda es una problemática brutal por el tema de la delincuencia», señala Ros. El Ayuntamiento no ha recibido ningún documento oficial que comunique el posible cierre del cuartel, sin embargo, tampoco se aumentan los efectivos, por lo que se encuentra «en un limbo, tanto de agentes como de información». Su intención es tratar de averiguar por sí mismo qué futuro le aguarda al puesto dirigiéndose a la Subdelegación del Gobierno en Teruel o «dónde haga falta».
El Ministerio lleva mucho tiempo sentenciando de muerte los puestos más pequeños con la falta de inversión, que los hace poco atractivos para los nuevos agentes tanto porque los guardias están prácticamente solos sin compañeros como por las malas condiciones de habitabilidad. Uno de los casos más extremos es el de Ariño, donde no hay cuartel ni viviendas, tras su demolición hace ya muchos años. Su único agente trabaja en el antiguo piso del médico, que es una instalación municipal. «El Ayuntamiento cedió al Ministerio del Interior unos terrenos en la entrada del pueblo hace varias legislaturas para una posible construcción de un cuartel. Se ha quedado en caldo. Así que ahora tenemos que ver de qué manera podemos recuperarlos para el municipio», explica Ros.
Monroyo sí saca vacantes
Una situación totalmente opuesta atraviesa el puesto de Monroyo tras esta última convocatoria. Al igual que Ariño, aparecía en un informe que el Ministerio solicitó a las comandancias de algunas provincias sobre los cuarteles que consideraban que deberían eliminarse en un hipotético cierre. En octubre de 2023, no salió en la convocatoria, por lo que también se temió por su futuro, sin embargo, ahora se han ofertado cuatro plazas. Eso sí, que se hayan sacado estas vacantes no significa que se vayan a cubrir. «Ofertan las plazas para que la gente las pueda pedir, pero eso no quiere decir que se vayan a cubrir. Faltan efectivos para tantas vacantes, así que es imposible llenarlas. Mientras no salgan más agentes de la academia la situación seguirá igual», explica Cristóbal Soria, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).
El proyecto de cierre de cuarteles en las zonas rurales de toda España, que en algún momento llegó a tener fecha, se habría paralizado por el Gobierno, conocedor de la polémica que levantarían. Tanto social, por el recorte de un nuevo servicio; como política, porque ningún alcalde quiere que le cierren el cuartel de su localidad y habría contestación en los territorios. Sin embargo, la omisión del puesto de Ariño en esta última convocatoria vuelve a sembrar dudas sobre cuáles son las intenciones futuras del Ministerio del Interior.
37 plazas en Teruel, menos de la mitad de los agentes que perdió
El Gobierno central ha sacado en esta convocatoria de abril un total de 37 plazas en los cuarteles de la Guardia Civil de la provincia de Teruel frente a los 102 agentes que perdió en el último concurso de traslados. Por lo tanto, aunque se llenaran todas las vacantes, ni siquiera recuperaría la mitad de los agentes que perdió. Es más, al igual que llegarán nuevos guardias también se producirán traslados, por lo que la sangría podría ser todavía mayor. «La situación es patética. Sacan 37 plazas cuando lo más probable es que se marchen el doble de agentes o incluso más», lamenta Soria.
De acuerdo con el catálogo del Ministerio del Interior, la provincia de Teruel debería de tener 781 guardias civiles, sin embargo, solo hay 620. Es decir, que el déficit real de agentes se eleva hasta los 161.
Cada año en el mes de abril se publican las plazas del concurso anual de vacantes. En junio, se dan a conocer los destinos y en septiembre se hacen efectivos. Este 2024, debido a la falta de personal, se ocuparán las plazas ya en el mismo mes de junio. Algunos de los traslados podrán ser forzosos, sin embargo, esta no es una solución a largo plazo. «En la última resolución de destinos se mandó a mucho personal de forma forzosa, de manera que en junio del año que viene se podrán ir. Es un arma de doble filo, porque vienen pero de forma temporal», advierte Soria.
42 vacantes en el Bajo Aragón Histórico y Cuencas Mineras
En el conjunto del Bajo Aragón Histórico y las Cuencas Mineras se han ofertado en esta última convocatoria 42 plazas. Son las siguientes: siete en Caspe; seis en Maella y Alcañiz; cuatro en Andorra, Monroyo y Utrillas; dos en Híjar, Albalate del Arzobispo y Calaceite; y uno en Valderrobres, Calanda, Aliaga, Muniesa y Montalbán. Por su parte, Valdealgorfa, Mas de las Matas, Alcorisa y Cantavieja han salido a cero en el boletín, aunque con vacantes bloqueadas. Esto conlleva que, igualmente, un guardia puede solicitar ese puesto por si algún agente se marcha en el concurso pero, al estar bloqueadas, solo si se van más de la cantidad bloqueada (0) se podría cubrir esa plaza.
En el caso de estas siete comarcas, la falta de agentes se traduce en que tan solo cuentan, en el mejor de los casos, con seis patrullas de la Guardia Civil por turno. La zona de la Compañía de Alcañiz se divide en tres núcleos y en estos momentos solo se saca una patrulla por núcleo. Una que abarca el Bajo Aragón, otra para el Matarraña y una tercera para las comarcas de Andorra-Sierra de Arcos y el Bajo Martín. En la Compañía de Caspe, el núcleo operativo que agrupa los cuarteles de la Ciudad del Compromiso, Maella, Escatrón y Mequinenza solo tiene una patrulla en la calle. La situación no mejora en las Cuencas Mineras, donde entre los puestos de Utrillas y Montalbán apenas sacan una patrulla para recorrer una comarca muy extensa con casi una treintena de municipios muy alejados entre sí.
«No disponen de suficiente personal y tienen que coger un guardia de un sitio y un guardia de otro para dar el servicio. Hay situaciones que parecen más propias de una película de Torrente. Por ejemplo, que habiendo un cuartel en tu pueblo tengas que recorrer 40 kilómetros para poner una denuncia», critica Soria.