La Justicia emitió una orden de inhibición de bienes contra el ex presidente Alberto Fernández, en el marco de la investigación por la causa de los seguros. La orden la dictaminó el juez Julián Ercolini.
La medida también se aplicó para otros ex funcionarios y varios empresarios vinculados al escándalo, tales como el ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, el broker Héctor Martínez Sosa, su esposa y secretaria del ex presidente María Cantero, el broker Pablo Torres García, y las empresas Bachellier, San Ignacio, Castello Mercuri, San German, entre otras. Con esa medida, no podrán vender ni disponer de sus bienes.
Además, Ercolini pidió que se levante su secreto fiscal y bancario por esta causa.
Para la inhibición de bienes, el juez extendió una requisitoria a la Oficina Anticorrupción para que el ex mandatario y los funcionarios aporten sus declaraciones juradas. Según la última declaración jurada de Fernández, presentada al cierre de su mandato en 2023, explicita un patrimonio neto valuado en $14 millones.
Sin el impacto de sus deudas -entre ellas, la histórica que mantiene con su amigo Martínez Sosa que dijo es de 20 mil dólares pero en los papeles pesifica en $ 102.240- Fernández detalla en el ítem "bienes, depósitos y dinero al final del año" la cifra de $17.902.847,99.
Pero la inhibición que le fue impuesta judicialmente no afecta a cuentas ni efectivo. Afuera de la medida judicial quedan una caja de ahorro con $3,5 millones y otra con una cifra irrisoria en dólares (3 pesos con 69 centavos). Tampoco a los créditos a favor que declaró: retenciones y percepciones a cobrar por más de $7 millones y un saldo a su favor por la sociedad Inmueble Callao 1960 SA de poco más de 2 millones.
La restricción tampoco alcanza un departamento de 175 metros cuadrados en Recoleta que Fernández declaraba el año anterior en poco más de $12 millones, ya que salió de su patrimonio para ir al de su ex esposa, la abogada Marcela Luchetti.
Entonces, pasible de inhibición, Fernández declaró una camioneta Toyota Corolla Xei Pack 1.8 Sedan 4 puertas que compró en 2019 y tasó en precio fiscal a poco más de $4,5 millones.
Luego, tiene bienes de hogar por $530.000 y la mitad del paquete societario de la firma Inmueble Callao 1960 SA que tasa en $84.000. Esa sociedad contiene a su viejo estudio jurídico -con oficina propia en esa dirección- que comparte con su histórica socia Marcela Losardo, ex ministra de Justicia devenida embajadora en la UNESCO cuando Cristina Kirchner la apuntó como funcionaria que no funcionaba.
Bienes de la ex secretaria
María Cantero fue secretaria privada durante los cuatro años de mandato de Fernández y casi durante toda su carrera política.
Sobre Cantero, su jefe Fernández puso dudas cuando dijo que "se extralimitó" en caso de haber hecho alguna gestión en favor de su marido, el broker Martínez Sosa, quien en tiempos de cuarentena estricta visitó a su amigo presidente en la Quinta de Olivos.
La última declaración jurada de la secretaria ante la OA, es prácticamente líquida. Cantero dejó la función pública con dos cajas de ahorro que sumaban $341.000, bienes de hogar por 2 millones y 50.100 dólares en efectivo, que declaró provenientes de una "venta de activos" y que cotizó en $40,3 millones.
El patrimonio explicitado por Cantero -superior al del propio ex presidente- fue tasado en $42.812.372,62. Cuando asumió como secretaria en el mandato de Fernández declaró un patrimonio de $854.945 pesos. Es decir que en cuatro años, expuso una suba del valor de sus bienes de un 4.900%.
No obstante, la secretaria aportó dos curiosas observaciones en su presentación obligatoria de bienes.
"Soy cotitular de la cuenta bancaria (se omite el número) del Santander Río y de una cuenta bancaria del Citibank del exterior. Los fondos de ambas cuentas provienen de la actividad que realiza mi concubino, Héctor Martínez Sosa, por lo que son declaradas por él", acotó Cantero a pie de página del documento.
Y agregó: "Adicionalmente tengo un Jeep Wrangler Sport 3,8L, que me fue donado por mi concubino en 2009. Dicho rorado es declarado por mi concubino en su declaración jurada de Bienes Personales", sostuvo.
Martínez Sosa, empresario de los seguros, no está obligado más que ante la AFIP a exponer su patrimonio. Allí fue la requisitoria judicial para inhibirlo desde la Justicia.
De esa manera, Cantero muestra poco y nada afectado por la inhibición judicial.