El consejero de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, hizo oficial ayer la calificación definitiva como vivienda protegida de las 132 unidades de la urbanización Las Brisas del barrio de Sardina de Santa Lucía de Tirajana.
El inmueble fue adquirido por la empresa Santa Lucía Real Estate, SL, que ahora cuenta con la calificación definitiva por un periodo de 25 años. La sociedad recibió para su rehabilitación una subvención del Instituto Canario de la Vivienda, por importe de 1,6 millones de euros, con cargo al Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025. Estos fondos se acogen a la línea destinada al fomento de la promoción de viviendas protegidas de promoción privada en régimen de arrendamiento.
La propietaria de la empresa promotora, Shaila Cogolludo, destacó el apoyo recibido por la administración pública y la asociación de promotores de Las Palmas, que les ha permitido «rehabilitar el edificio, cuya construcción se inició en el año 2006 y fue suspendida por la crisis inmobiliaria que se produjo en los años posteriores».
Rodríguez destacó que se trata de «un ejemplo de la colaboración público-privada» que su departamento quiere impulsar «para que el sector sume esfuerzos junto a las administraciones públicas y, a través de la inversión en activos inacabados, se puedan poner en el mercado un mayor número de viviendas». Las 132 viviendas se distribuyen en formatos de una, dos y tres habitaciones, cuenta con cuatro inmuebles adaptados, 132 plazas de garaje vinculadas y 56 cuartos trasteros.
Derecho de superficie
En los próximos meses, ha adelantado que "estará listo" el concurso público sobre el derecho de superficie, que es un mecanismo que permite que, conservando la titularidad de suelo público, un tercero realice la construcción de viviendas asumiendo este su financiación y explotación para poner en el mercado viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible".
Además, ha informado de que se está ultimando el informe sobre los terrenos disponibles en cada una de las islas para proceder a la licitación de los mismos.
Al mismo tiempo, Pablo Rodríguez ha recordado que próximamente se presentará el nuevo planteamiento del programa de vivienda vacía, que aunque estuvo vigente en la pasada legislatura, no obtuvo el éxito esperado.
Como ha apuntado, se procederá a "replantear su estrategia para alentar a la puesta en el mercado de viviendas desocupadas, tanto por parte de grandes tenedores como de particulares, articulando medidas atractivas para que los propietarios tengan garantías para facilitar el acceso a estas".
Para el consejero, esta calificación responde a la emergencia habitacional, que hay que abordar "desde diferentes perspectivas" como con el decreto ley de medidas urgentes, que "recoge iniciativas destinadas a incrementar la disponibilidad de suelo y la utilización de edificaciones con destino a vivienda", y otras enfocadas a "la promoción e impulso de la construcción de viviendas protegidas".
"Además de todas las políticas que impulsamos desde la administración pública, consideramos fundamental el apoyo del sector privado, porque los costes que supone la construcción y promoción de nueva vivienda, así como la puesta en el mercado de activos inacabados para dar respuesta a la demanda de todo el archipiélago es inasumible por parte de la comunidad autónoma", ha señalado.
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