Tras el desarrollo de cuatro jornadas de audiencias en el juicio del "Caso Eduardo Mottola" en Santiago Del Estero, se fortalece la teoría de que el policía federal Juan Pablo Fernández, detenido desde hace más de cuatro años con prisión preventiva, fue injustamente acusado del asesinato del mecánico.
A Fernández lo acusan de haber sido un "sicario" contratado para cometer el crimen. Pero la declaración de una testigo clave, Lucía Gabriela García, lo desvinculó del hecho investigado. En el expediente conta una declaración de García reconociendo a Fernández: "era un hombre alto, canoso y tenía tonada porteña", pero ahora ella negó rotundamente haber dicho esas frases, y denunció haber recibido presión de los fiscales.
El tribunal compuesto por los jueces Raúl Santucho, Gabriela Campos Nitinger y Graciela Viaña Alvendaño vio el relato con sorpresa pero en línea con la defensa que sostiene que Fernández es un "perejil" puesto a dedo por un acuerdo político judicial y para cubrir la "pista narco".
Otra de las irregularidades de este escandaloso juicio se presentó a la hora de analizar los inventarios y los procederes de la División Canes de la Policía de la provincia. Fue allí cuando el oficial Leandro Campos confirmó que "entregó los autos antes de hacer el inventario detallando que si bien el día del hecho fue el 6 de agosto de 2018 interrumpieron arbitrariamente por orden superior el procedimiento sin dejar constancia del porqué de la interrupción y que continuaron el día 8 de agosto para luego, recién el 18 de septiembre, devolver los cinco autos supuestamente peritados".
Es decir, que devolvieron los autos antes y los revisaron con perros expertos en drogas recién a los veinte días para finalmente hacer el inventario casi un mes después. Ese operativo quedó viciado de nulidad: fue contundente la declaración del Jefe de Criminalística, el Comisario Mayor José Fernández, que ratificó frente al tribunal que los operativos "no se pueden interrumpir" y que por lo tanto "este operativo es nulo".
Las críticas en la instrucción del caso apuntan contra la ex fiscal Aída Farrán Serlé, quien en un audio filtrado que se volvió viral, reconociendo que Fernández fue inculpado por que necesitaban cerrar la causa: "Cómo llegan a tu marido me parece una locura. ¿Cuál es la justificación de que el hombre lleve cuatro años detenido?. Toda detención tiene un plazo razonable y se han cumplido".
Y sigue: "Yo sé cuál es la línea investigativa que esa causa tendría que haber seguido, no este coso. Mira si voy a contratar un sicario y ¿le voy a depositar la plata en la cuenta del sicario? Es un pobre hombre que le ha tocado esta situación porque han necesitado cerrar una causa", reconoce allí la ex fiscal hablando con Angela Marin, esposa de Fernández.
Con la viralización de esos audios, Farrán Serlé, el juez Darío Alarcón, y el fiscal coordinador Julio Mariano Gómez, fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura, donde se los acusó de "omisión de deberes, denegación de justicia e incumplimiento de los deberes de funcionario público". Y el Ministerio Público Fiscal imputó a Farrán Serlé: el fiscal Mauricio Abramczuk ya le tomó declaración indagatoria.
A la par, se viralizaron nuevos audios que probarían que los armados de las causas eran comunes a la operatoria de una asociación ilícita: los investigadores también involucran en las maniobras a la anterior defensa de Fernández, quien contrató una nueva defensa técnica que está siendo ejercida durante el presente juicio oral y público por el reconocido penalista Alfredo García Kalb y el veedor del Colegio Público de San Isidro, Iván Horvath.
Con el inicio del juicio, largamente postergado, el caso a despertado el interés de los medios nacionales y de las plataformas de streaming (Paramount y Netflix) que se interesaron por el desenlace de la historia que hoy transcurre en los tribunales de Santiago Del Estero.
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por R.N.