En los últimos días se volvió una vez mas con una propuesta sumamente anacrónica, que no funciono en ninguna parte del mundo y mucho menos considerando lo que se pretende abarcar, la Empresa Nacional de Alimentos, la cual colaboraría en atacar la inflación, fijando precios de referencia.
El eje de la propuesta es que la llamada ENA, al decir de sus mentores, sea socia de los productores. "La planificación se hace con los productores. El Estado asociado a los productores de alimentos para fortalecer los productos, que lleguen sin intermediarios, abaratamos costos y los hacemos sanos".
Según un borrador que circulo entre los medios, esta Empresa que dependería de la secretaria de Comercio "tendría por objeto realizar por cuenta propia o a través de la asociación estratégica con terceros, la producción, fabricación, fraccionamiento, distribución, comercialización e industrialización de productos alimenticios en la República Argentina"
En síntesis, el objetivo de esta Empresa Nacional de Alimentos sería asociarse con productores de alimentos y regular el precio final al consumidor controlando los costos de producción y comercialización, un deseo perseguido desde hace mucho tiempo por las actuales autoridades.
Ello seria en cierta forma seria recrear Organismos como la Junta de Granos o Carnes que, al margen de la época de su constitución, y las atribuciones propias, tenían una intervención directa en los mercados.
Sin dudas, la experiencia muestra el fracaso de estos organismos, como en el caso de un ente similar al planteado, que se desarrollo en la Venezuela de Chavez, y que solo logro mayor desabastecimiento y alta corrupción en cuanto al tamaño y la cantidad de funcionarios involucrados.
Porque si el eje es la inflación y por ende el mayor costo de los alimentos, como el de todos los bienes de la economía, ya que muchos de ellos se incrementaron muy por encima de estos, es necesario atacar las raíces de la misma, en el marco de un proceso del profundo déficit fiscal actual y la incontrolable emisión monetaria.
Para el caso, y lejos de querer avalarlos y no bregar por la eliminación definitiva de estos, los enormes ingresos en materia de derechos de exportación que se estiman para este ciclo cercanos a los 9 mil millones de dólares, y que a lo largo de los últimos veinte años totalizaron mas de 120 mil millones, bien podrían haber sido una base para conformar una política anticíclica, que permitiera evitar las distorsiones en el precio de muchos alimentos.
Pero no, parece que la política agroindustrial en Argentina, solo se basa en fuertes gravámenes al comercio exterior, limitación en las exportaciones de productos que puedan encarecer la llamada "mesa de los argentinos", fideicomisos absurdos donde se generan nuevas cargas a la propia producción, y ahora Empresas testigo que solo pretenden mayor intervencionismo.