Representantes de algunos casinos online se reunieron a comienzos de abril con autoridades del Ministerio del Deporte en el marco de la discusión del proyecto de ley que busca resguardar la integridad competitiva y prevenir el fraude en competiciones asociadas al deporte, además de establecer penas para quienes "arreglen" resultados de competencias deportivas.
Los casinos online o casas de apuestas que trabajan en Internet han sido blanco de críticas por la supuesta ilegalidad en la que operan, además de una eventual influencia que tendrían en las competencias.
Desde la industria se defienden argumentando que "hay un vacío en la legislación". Señalan que respaldan la regulación y que la actual tecnología "impide que se pueda influir en resultados de partidos de fútbol", por ejemplo.
El empresario español y CEO de Betsala, Albert Bellavista, comentó que asistir a la reunión en el Mindep y poder hablar de una regulación que sea "coherente con la industria y el Gobierno, que aporte al país, es fundamental".
"Los casinos físicos actualmente están intentando proteger sus intereses, pero nosotros venimos aquí a darle cara a todo esto, ver que también tenemos lo nuestro, que es plenamente loable", dijo a la salida de la cita.
El dueño del portal de apuestas EstelarBet, el abogado Sebastián Salazar -otro de los participantes en el encuentro- destacó el respaldo de la industria a la ley.
"Creemos que es una norma muy buena. Creemos que era necesaria su existencia desde hace algún tiempo en el país, conecta muy bien con lo que hacemos los sitios de apuestas deportivas en el sentido que podemos proveer de información veraz para colaborar con las investigaciones que pueda haber por eventuales amaños", añadió.
Salazar también apuntó a que la normativa chilena "está rezagada" en relación con las páginas web de apuestas deportivas, y que al observar la legislación en otros países del continente, las regulaciones "permiten que haya un juego seguro para el usuario final. Además, el Estado puede recaudar tributos con la actividad, lógicamente que se proteja a los menores de edad, que haya trazabilidad sobre el origen de los fondos utilizados para jugar".
El proyecto de ley
El proyecto, que está en segundo trámite en el Senado, busca principalmente resguardar la integridad competitiva y evitar el fraude en las competencias asociadas al deporte.
También establece penas de cárcel para quienes "arreglen" resultados de competencias deportivas como el fútbol. La pena propuesta corresponde a la de un simple delito, es decir, presidio menor en su grado medio (541 días a 3 años).
En concreto, se buscará penalizar "a quien dé, ofrezca o consienta en dar un beneficio económico o de otra naturaleza, a una persona que se desempeñe en una organización deportiva o organización deportiva profesional".
De acuerdo a lo expresado por el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, en la discusión legislativa, el proyecto "busca sancionar las conductas que tengan por finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una competición".