La Fiscalía del Tribunal de Cuentas solicita el reintegro a las arcas públicas de 3,1 millones de euros de manera conjunta y solidaria a 35 ex dirigentes políticos y funcionarios de la Generalitat de Cataluña. Esta petición se debe a su implicación en el desvío de fondos para el referéndum ilegal del 1-O y la actividad exterior del Govern. Según fuentes fiscales consultadas, el fiscal Manuel Martín-Granizo ha presentado un escrito de conclusiones en el que sostiene esta petición, tras recibir un plazo de 10 días para hacerlo por parte de la consejera del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento, Elena Hernáez.
Martín-Granizo, sin plegarse a los intereses de Pedro Sánchez, argumenta que el perjuicio causado es real y efectivo, y está plenamente individualizado, con cada acto que generó dicho daño identificado. Igualmente, defiende que los actos de los demandados fueron los responsables del perjuicio, sin dudas sobre la imputabilidad objetiva de los daños a su conducta.
Por tanto, la solicitud de la Fiscalía es mantener la reclamación de 3,1 millones de euros, distribuidos en 883.695 euros por los gastos del referéndum y 2.209.503 euros por los gastos de actividad exterior.
El fiscal argumenta que las actividades incluidas en la demanda no corresponden al ámbito de competencia de la comunidad autónoma y muestran numerosas irregularidades. Estas irregularidades abarcan gastos que no se justifican adecuadamente y acciones que no se alinean con las competencias autonómicas en materia de actividad exterior.
El fiscal Martín-Granizo indica que la responsabilidad contable de los líderes secesionistas en los gastos de actividad exterior proviene de su participación y dirección en los proyectos y estrategias para desarrollar relaciones internacionales, excediendo los límites legales de promoción exterior de Cataluña. Respecto a los gastos del referéndum del 1-O, según la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, aunque Carles Puigdemont no intervino en las fases posteriores de la tramitación presupuestaria, sigue siendo responsable por haber aprobado los gastos de la consulta.
Además de Puigdemont, hay otros 34 nombres en la lista de encausados, incluido el expresidente Artur Mas y otros exfuncionarios condenados por el Tribunal de Cuentas por la organización del referéndum independentista de 2014. Entre los encausados también hay personas condenadas por el Tribunal Supremo y otras procesadas por el Juzgado de Instrucción Número 13 de Barcelona por su papel en los preparativos del referéndum ilegal de 2017. Entre otros, el exsecretario general de la Presidencia del Govern Joaquim Nim; el exsecretario de difusión de Presidencia Antoni Molons; el exsecretario general de Trabajo Josep Ginesta; y el exdirector del Diplocat Albert Royo.
En la lista también figuran consejeros condenados Raül Romeva y Jordi Turull; exconsejeros huidos, como Toni Comín y Lluís Puig; exdelegados de la Generalitat en el extranjero, como los de Estados Unidos, Francia, Italia y Portugal; y delegados en el exterior que aún permanecen en el cargo, como Marie Katinka (Alemania) y Eric Hauck (países del sudeste de Europa).
Una vez que el Tribunal de Cuentas reciba la respuesta del Ministerio Público y de Sociedad Civil Catalana, que como acusación popular reclama 5 millones de euros, se dará traslado a las defensas. Los procesados ya han abonado fianzas para hacer frente al juicio.