Deudores alimentarios morosos se han denunciado en Quintana Roo desde la pandemia, pero organizaciones señalan que la falta de denuncias ha derivado en un registro bajo de personas que no se responsabilizan de sus hijos.
Según información de la Secretaría de Gobernación (Segob) de Quintana Roo, en el estado se han registrado 50 deudores alimentarios morosos del 2020 al 2024, donde el 80% radica en el municipio de Othón P. Blanco.
Pero, Ariadne Song Anguas, fundadora de la Red de Víctimas Quintanarroense, señaló que como colectivo se atienden al menos 330 denuncias de mujeres que señalan a sus exparejas de no dar pensión alimenticia a sus hijos.
La razón por la que hay pocas personas consideradas oficialmente como deudores alimentarios es porque no hay denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE), ya que hay mujeres que desconocen los derechos a una pensión alimenticia.
"Muchas veces en apariencia no se tramita un divorcio o no hay desaparición del concubinato como tal ante la autoridad, pero físicamente ya existen esas separaciones", comentó.
Song Anguas explicó que los vínculos matrimoniales que suelen romper por violencia de género o familiar contra la mujer o los hijos.
Pero hasta que la violencia es demasiada para las mujeres es cuando llegan las denuncias contra los hombres, por estar ausentes y no cumplir con su deber.
Aunque, la entrevistada agregó que las autoridades han propiciado la impunidad porque hacen que las víctimas hagan más trámites de los que deberían, lo que resulta agotador.
"No tienen una asesoría jurídica adecuada, no se les habla de la pensión compensatoria que tienen derecho a pedir derivado de que pueden demostrar que se dedicaron solamente al cuidado del hogar, y no tuvieron las oportunidades laborales que tuvieron sus maridos", dijo.
La fundadora de la Red de Víctimas destacó que por derecho a las mujeres les corresponde una parte de los bienes adquiridos durante el matrimonio, y a una pensión compensatoria.
Para manifestarse por la situación, la entrevistada mencionó que se planea colocar tendederos de deudores alimentarios en los juzgados de Solidaridad y en otros sitios concurridos, en el marco del Día del Padre.
Además, las víctimas se pueden acercar a las colectivas feministas para denunciar.
Entre los requisitos para denunciar a un deudor están el presentar oficios ante un juez familiar para probar que un deudor no ha cumplido.
Al tener la información de los adeudos, se puede denunciar ante la FGE y solicitar ante el Poder Judicial la inscripción del deudor al padrón de deudores.
Las consecuencias para los deudores alimentarios es la privación de beneficios, como el no poder expedir su licencia de conducir, su INE, el no poder salir del estado, no poder aspirar a cargos públicos, entre otros.
Finalmente, según datos de la Segob, en el 2023 se agregaron nueve personas al registro de deudores alimentarios morosos. De los 50 deudores, dos se han reportado en Benito Juárez, tres en Cozumel, cinco en Solidaridad, y el resto en Othón P. Blanco.