Hace 24 horas la Fiscalía General de la Nación anunció que el fiscal primero delegado ante la Corte Suprema, Gilberto Iván Villarreal, radicó escrito de acusación contra el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez por la presunta comisión de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
De acuerdo con el ente acusador, la decisión fue adoptada luego de dos solicitudes de preclusión de fiscales diferentes que resultaron desestimadas por las jueces penales del circuito competentes y ante nuevos elementos de prueba, como las declaraciones de Deyanira Gómez y Juan Guillermo Monsalve, entre otras.
El caso correspondió por reparto al juzgado 44 penal del circuito de conocimiento, cuyo despacho está a cargo de la juez Sandra Liliana Heredia Aranda, ella tendrá en sus manos la suerte del político más poderoso e influyente del país en el último cuarto de siglo y quien se convierte en el primer expresidente de la República que enfrenta un juicio penal.
El caso arranca, según registros, el 22 de febrero de 2018, cuando con fundamento en copias que se compulsaron la Corte Suprema de Justicia dispuso abrir investigación previa, para verificar hechos denunciados por el defensor del senador Iván Cepeda Castro, relacionados con mensajes que, vía WhatsApp, se "le habían enviado al testigo Juan Guillermo Monsalve Pineda, a efectos de que se retractara de lo que había declarado contra los hermanos Uribe Vélez".
Posteriormente, el 24 de julio de 2018, la Sala de Instrucción No. 2 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante auto, ordenó abrir investigación contra Uribe y contra el epresentante a la Cámara Álvaro Hernán Prada Artunduaga, y su vinculación por medio de indagatoria.
Luego, el 17 de octubre de 2018, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por razón de competencia, dispuso remitir el proceso a la recién creada Sala Especial de Instrucción de esa misma corporación.
Fue así como el 8 de octubre de 2019, ante Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia Uribe Vélez rindió su diligencia de indagatoria, en cuyo desarrollo se le formularon cargos por los delitos, en concurso homogéneo y heterogéneo, de soborno en actuación penal y fraude procesal.
Y fue el 4 de agosto de 2020 cuando la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia resolvió la situación jurídica de Uribe Vélez, imponiéndole medida de aseguramiento de detención preventiva en su lugar de residencia, por los punibles endilgados en su diligencia de descargos.
Pero el 31 de agosto de 2020 Uribe presentó su renuncia irrevocable al senado, por lo que la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó la remisión de este proceso a la Fiscalía General de la Nación, para que prosiguiera con el trámite legal respectivo, y el exsenador quedó bajo sus órdenes.
Registros de la Fiscalía dan cuenta de que este caso llegó al ente acusador ese mismo día y en septiembre de ese año le fue asignado al fiscal delegado ante la Corte Suprema, Gabriel Ramón Jaimes, quien el 5 de marzo de 2021 sustentó ante una juez la primera solicitud de preclusión que intentó la Fiscalía en este caso.
Luego, en abril de 2022, casi un año después, la juez 28 penal del circuito de Bogotá negó la preclusión. Posteriormente, el 2 de mayo de 2022, el expediente fue asignado al fiscal delegado ante la Corte Suprema Javier Cárdenas.
Dos meses después, la Fiscalía solicitó por segunda vez la preclusión del caso, la cual fue negada el 23 de mayo de 2023, por la juez 41 penal del circuito de Bogotá.
Esa decisión fue ratificada por el Tribunal Superior de Bogotá el 6 de octubre de 2023, por lo que el caso fue asignado a un tercer fiscal, esta vez ante el fiscal 10 delegado ante la Corte Suprema, Andrés Palencia Fajardo.
No obstante, Palencia renunció a la Fiscalía en enero de este año y el proceso contra Uribe se le asignó al fiscal 12 delegado ante la Corte, Víctor Andrés SalcedoFuentes, quien a los pocos días presentó impedimento para asumir la investigación contra el expresidente.
Fue por ello que el 16 de enero de este año el caso llegó, por reparto, al fiscal primero delegado ante la Corte Gilberto Iván Villarreal, quien determinó radicar este 9 de abril de 2024 el escrito de acusación contra el expresidente, con miras a llevarlo a juicio.