El Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST) se posiciona «en contra de la tasa turística generalizada», como han propuesto en los últimos días representantes políticos del Archipiélago. La organización defiende en un comunicado que este tipo de impuestos «no tienen una utilidad real para la sociedad canaria y se muestran en contra de que sean los establecimientos alojativos los que tengan que asumir la responsabilidad de recaudarlos».
El presidente del CEST, Javier Cabrera, asegura que la posición de la asociación ante esta medida, cada vez que se ha puesto sobre la mesa, ha sido la misma: «Siempre hemos considerado, en base a los datos que nos arroja el establecimiento de la ecotasa en otros destinos del mundo, que no tiene una utilidad real para el conjunto de la población, ya que ni siquiera se habla del destino de esos fondos una vez recaudados».
Sin embargo, aclara que «los responsables de los alojamientos se verán expuestos a situaciones desagradables con los clientes que, una vez han pagado sus reservas, ven que deben abonar un importe mayor al acordado». Por eso, lamenta que se vuelva a plantear la posibilidad de establecer esta medida, en lo que teme que sea «una maniobra para contentar a una población crispada, sin llegar a ofrecer soluciones reales», en referencia a la manifestación convocada para este sábado en Tenerife y otros puntos de Canarias, España y el mundo contra el modelo turístico.
La junta directiva de la asociación considera que «directamente, la ecotasa no es útil» y recuerda que «la administración no tiene capacidad para ejecutar el 100% de su presupuesto, ni para gestionar los fondos europeos, por lo que los impuestos recaudados no tendrían un efecto real en los problemas que afectan a la sociedad canaria».
Por otra parte, el Círculo sí está dispuesto a entender la posibilidad de aplicar tarifas a la prestación de ciertos servicios, como puede ser el caso del acceso a parajes naturales, «de manera que no solo se controle el acceso a los mismos, sino que permita mantener, a través de estas aportaciones, los costes derivados de su cuidado». «Las cantidades obtenidas por el cobro por el acceso a espacios protegidos deben servir para dotarlos de servicios y mantenimiento», concluye el CEST.
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