A partir del próximo 14 de julio, organizaciones sociales integrantes de la Asamblea Nacional por el Agua (Anavi) realizarán otra jornada por la liberación inmediata del líder comunitario y defensor de la Maltlacuéyetl, Saúl N., quien se encuentra preso al ser imputado de su presunta responsabilidad en el homicidio de un hombre en San Pedro Tlalcuapan, municipio de Chiautempan.
Sin embargo, antes de esta actividad, del 26 de abril al 26 de septiembre de este año fortalecerán la lucha y resistencia de madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en 2014 en Ayotzinapa, Guerrero; entre ellos el tlaxcalteca César Manuel González.
Estas acciones coordinadas serán realizadas en todos los espacios públicos de diferentes entidades del país, como mercados y escuelas, pues así lo determinaron en la pasada cuarta plenaria de la Anavi, celebrada en marzo en La Magdalena Tlaltelulco.
Las diversas organizaciones y activistas determinaron emprender una campaña mediática en contra de la militarización, por el derecho al agua y por la libertad de presas y presos políticos, entre los que se encuentra Saúl N.
Para la Anavi, se ha impuesto una "injusta sentencia" a este líder comunitario, la cual no solo atenta contra los derechos individuales, sino también "contra todos los pueblos defensores" de su territorio".
Puntualiza que el Estado mexicano sanciona "a los pueblos originarios de Tlaxcala" mediante la detención arbitraria, como una forma "de castigo ejemplar" a quienes se atreven a organizarse y a proteger los cerros.
Asimismo, plantea que esta es una manera de atentar contra el artículo 2 constitucional, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los tratados internacionales en materia de protección a defensores del territorio.
Expone que uno de los argumentos para declarar culpable a Saúl N. de homicidio calificado y para mantenerlo en prisión, es que él era presidente de comunidad cuando sucedieron los hechos y que su obligación era defender a la persona fallecida.
Asienta que este es un caso en el que hay "una serie de irregularidades en el debido proceso", en el que durante casi un año ocho meses ha sido acusado de ese delito, derivado de un hecho presentado en la comunidad (linchamiento de un presunto ladrón), "en donde ni siquiera él estuvo presente".
Reprocha que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (PGJE) no ha aportado pruebas suficientes para demostrar la culpabilidad de esta persona.