Eliminar 'Golden Visa' y regularizar a personas migrantes: el primer ladrillo de la casa
Dos noticias que se entienden mejor si se leen juntas.
La primera. Pedro Sánchez anuncia que el Gobierno eliminará las Golden Visa que permiten a las personas extranjeras hacerse con la residencia española previa compra de una vivienda con un coste mínimo de medio millón de euros.
La segunda. El Congreso aprueba una iniciativa legislativa popular para regularizar a medio millón de migrantes que ya viven y trabajan en España.
Dos noticias (y una cifra: medio millón. En un caso, de euros. En otro, de personas) que se entienden mejor si se leen a la vez porque muestran una fotografía precisa del panorama político y social actual.
Fue el Gobierno de Mariano Rajoy el que aprobó en 2013 los llamados visados de oro. Era la fórmula para tratar de reactivar el mercado de inversiones tras la crisis de 2008 y el estallido de la burbuja inmobiliaria. Una década después, esta pasarela privilegiada para los extranjeros no comunitarios no ha dado los resultados esperados. Solo hay que echar un vistazo a lo que ocurre en numerosas ciudades: especulación y mercados tensionados en capitales como Madrid, Málaga, Barcelona o València.
Ciudades en las que los precios de compra y alquiler son tan altos que a los vecinos y vecinas no les queda más remedio que hacer las maletas, recoger sus cosas y marcharse de los lugares que, en muchos casos, les han visto crecer. Sus viviendas se convertirán en pisos turísticos que los fondos buitres -de los que habrán tenido que aguantar amenazas hasta irse de sus hogares- alquilarán cada mes por miles de euros. Un negocio redondo que está convirtiendo las ciudades en parques temáticos, en centros comerciales vendidos al capitalismo más salvaje, a la ley del más fuerte. Ciudades de mal vivir: agresivas, frías e inhumanas
Desde hace una década se han concedido más de 14.000 visados de este tipo y quienes más dinero han desembolsado han sido los inversores rusos: hasta 3.420 millones de euros para hacerse con la residencia. El sistema, podríamos pensar, ha sido rentable, pero ¿para quién? Hay organizaciones que han denunciado que este método, sin mecanismos de control exigentes para fiscalizar la dudosa procedencia del dinero, se ha convertido en un coladero para el crimen organizado, el lavado de capital y la corrupción.
Durante diez años, miles de personas han comprado su derecho a vivir en España, de forma acelerada y con un sistema a todas luces injusto, que atenta contra la igualdad. Resulta especialmente vergonzoso que mientras esto ha ocurrido, otras miles de personas se hayan visto obligadas a vivir en situaciones de exclusión pese a llevar años trabajando y residiendo en este país: temporeras, jornaleros, cuidadoras, trabajadoras del hogar, menores extranjeros no acompañados... Mano de obra barata, obligados a vivir, en muchas ocasiones, en semiesclavitud. Personas en situación irregular y atrapadas en un bucle infinito de trámites burocráticos que se han tenido que someter al escrutinio de numerosas instituciones, ante las que tienen que justificar sus ingresos, demostrar su arraigo o sus conocimientos de cultura española.
Es perverso que una persona tarde 3 años en obtener el permiso de residencia mientras otras sólo tienen que enseñar el dinero. Es eso lo que les obliga a estar en los márgenes, en una rueda perversa que les condena a no tener ni trabajo ni derechos básicos
Es perverso que, en la mejor de las situaciones, a un migrante le cueste de media casi 3 años obtener el permiso de residencia mientras otras personas sólo tienen que poner el dinero encima de la mesa. Es esa dinámica la que les obliga a estar en los márgenes, en una rueda perversa que les condena a no tener trabajo y a la falta de acceso a derechos básicos como la sanidad o la educación. Personas que no viven, sobreviven.
La eliminación de las Golden Visa no es la solución definitiva, pero sí es un paso adelante con el que atajar el problema de la vivienda, uno de los más graves que afrontamos. También es un avance la aprobación de la ILP, por la que llevan años luchando movimientos como Regularización YA, que legalizará la situación de miles de personas migrantes. De momento, en el Congreso hoy ha dejado una imagen inédita en los tiempos que corren: todos los grupos han votado a favor excepto la ultraderecha, que se ha quedado sola enarbolando la bandera de la antiinmigración a base de bulos y fake news. Un consenso que también sería necesario en materia de vivienda: el PP siempre ha mostrado su rechazo a la ley aprobada por el anterior Gobierno y a principios de este mes casi ninguna comunidad se había interesado por el índice de alquiler para poner límites a las rentas. Queda camino por recorrer también en esa batalla, pero es el primer ladrillo para construir la casa.