La Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) cuestionó la reforma a la Ley de Manejo del Fuego que se encuentra en tratamiento en el Congreso de la Nación y a través de un comunicado titulado "La propiedad privada bajo fuego" sostuvo que la actual normativa establece los presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de incendios forestales y rurales en el ámbito del territorio nacional y se aplica a las acciones y operaciones de prevención, presupresión y combate de incendios forestales y rurales.
Por su parte, señaló que los artículos 22 y 22 bis establecen que el responsable del daño ambiental que produzca un incendio tendrá la obligación de recomponer y adoptar las medidas de reparación que, en cada caso, resulten necesarias para la recuperación de las áreas incendiadas vedando las modificaciones en el uso y destino que dichas superficies.
"El actual proyecto de reforma girado en revisión a la Cámara alta, asume la ineficacia de la justicia para encontrar a los responsables de los incendios provocados y la incapacidad del Estado de tener un plan y equipamiento eficiente de prevención, manejo y control del fuego", agrego.
Otro de los puntos que destacó es que los diputados no han distinguido entre incendios naturales, accidentales o provocados.
"Es llamativo que los autores del proyecto en lugar de hacer cargo al Estado de sus responsabilidades en esta cuestión, trasladen una especie de castigo a quien ya ha sufrido una tragedia como lo es un incendio involuntario en su propiedad, incluso llevando la sanción al nivel de restringir el dominio por el termino de 30 a 60 años", indicaron.
Esta inconsistencia pone en evidencia que la iniciativa en trámite denota un nuevo intento de avance sobre la propiedad privada, esta vez, bajo la cobertura de una supuesta protección ambiental.
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