Con base en una denuncia anónima, el Consejo de la Judicatura Federal inició un expediente de investigación J/108/2024 a través de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, en contra de ex colaboradores del ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, Carlos Antonio Alpízar Salazar, ex Secretario General de la Presidencia del CJF; la ex contralora del Poder Judicial de la Federación (PJF), Arely Gómez González, actual auditora especial de la auditoría Superior de la Federación (ASF), jueces y magistrados en activo así como otros funcionarios del PJF, y el abogado Julio Scherer Ibarra, ex Consejero del Poder Ejecutivo Federal.
En el caso de Arturo Zaldívar, el CJF puntualiza que por ser ex ministro de la SCJN la Judicatura "carece de competencia para investigar y, en su caso, sancionar los hechos que le son imputados; por tanto, para los efectos que establecen los artículos 11, fracción XI, y 113, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que disponen que ese Alto Tribunal resolverá sobre las faltas administrativas", cometidas por él.
De acuerdo con el oficio de "formación" del expediente se investigarán actos que vulneraron "la autonomía e independencia de titulares de órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros".
El documento de inicio de la investigación señala que Zaldívar "ejerció presión sobre titulares de órganos jurisdiccionales, a través de Carlos Antonio Alpízar Salazar, con el objeto de que resolvieran a favor de sus intereses, prometiendo beneficios políticos, económicos, adscripciones favorables, ratificaciones en el cargo y hasta dinero, o bien a través de extorsiones y amenazas de cambios de adscripción, inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa o suspensiones".
Para ello se menciona que en los casos específicos en los que existió presión de la Presidencia del CJF, que también ostentó Arturo Zaldívar y que se cometieron entre 2019 y 2022, se encuentran Ley de Hidrocarburos y de la Industria Eléctrica; el proceso penal del Caso Emilio Lozoya Austin; el fraude cometido al Infonavit por cinco mil millones de pesos; la creación de juzgados y tribunales "a modo" para resolver casos relacionados con telecomunicaciones.
Asimismo se señala que casos de extradición que "se citaron a diversos juzgadores, principalmente de Primer y Segundo Circuito para ordenar que resolvieran de manera prioritaria asuntos relacionados con extradiciones a los 'EUA', o presionarlos sobre asuntos específicos, cuyas personas relacionadas y sus detenciones eran usadas como motivo de orgullo del Presidente en mañaneras previas".
De igual manera se investigará "desvío de recursos públicos para beneficio propio de Alpízar, ya que presuntamente "utilizaba al personal de seguridad del Consejo de la Judicatura Federal para realizar labores domésticas en su domicilio, como choferes, mucamas, servicio, construcción o cualquier otra labor que fuera necesaria para él y su familia, incluso los obligaba a acudir a realizar dichas funciones por lo menos un mes antes que iniciara oficialmente su nombramiento.
"Una jefa de seguridad fue obligada a realizar trabajo pesado a pesar de estar embarazada. Usaba los insumos del Consejo de la Judicatura Federal para eventos privados, se llevó a su casa televisores, computadoras, impresoras etcétera".
"Asignaba vehículos blindados y escoltas de manera excesiva para él y su familia".
También se mencionan conductas de acoso contra jueces y magistrados, valencia sexual y de género.
De igual manera se investigará a "Edgar Manuel Bonilla del Ángel, en su actuación como titular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, así como las personas servidoras públicas que resulten responsables, adscritas a ese instituto", por corrupción, ya que presuntamente utilizaba a dicho Instituto para apersonarse en los asuntos relativos a concursos mercantiles, a través de los síndicos que designaban, para que los procedimientos siguieran determinado sentido, mediante promociones insidiosas o bien se citaban a las partes para ejercer presión y lograr convenios que los beneficiaran -infundían terror-.
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"Presionaron a las empresas que tenía contratos con PEMEX para declararse en quiebra a cambio de sobornos y prometiéndoles que así no pagarían nada a sus acreedores. Cuando la empresa no aceptaba, el Instituto realizaba prácticas dilatorias, solicitudes sin fundamento y recursos innecesarios a fin de retrasar el procedimiento o bien, evitar la ejecución de resoluciones que las pudieran beneficiar a la empresa "rebelde", aprovechando sus contactos con instituciones bancarias, como la novia del director que es alta funcionaria de CIBANCO para lograr su cometido".
A Netzaí Sandoval Ballesteros, se le indagará por presunto enriquecimiento ilícito, uso indebido del cargo e instalaciones, ya que en su actuación como director General del Instituto Federal de Defensoría Pública, señalando que presionaba a los defensores y asesores para que actuaran conforme a sus intereses.
"Creó una unidad de peritos adscrita al Instituto Federal de Defensoría Pública, el costo era elevado y su participación en procedimientos era nula".
"Se le asignó el caso Wallace, donde ordenó que la línea que se siguiera era conseguir a costa de lo que sea la libertad de los implicados, tanto que por conducto de Salvador Leyva Morelos Zaragoza ("incondicional"), le exigió a María Dolores Vera que en este caso alegara actos de tortura, pero se negó".