El pasado año, la Seguridad Social recibió una transferencia récord del Estado de casi 40.000 millones, un 7,6% más que en 2022 para supuestamente garantizar la sotenibilidad del sistema público de pensiones. Pero ni con esa inyección millonaria se logra el ansiado superávit.
De hecho, la Seguridad Social cerró con un déficit de 8.000 millones incluso con esta ayuda. Pero ni siquiera esta abultada cifra indica la realidad de una administración que lleva en pérdidas desde comienzos de la pasada década. Para obtener la foto real es necesario comparar el balance entre ingresos y gastos que van a pagar exclusivamente las pensiones contributivas y restar a esa cifra la parte de las transferencias del Estado que se destinan a gastos impropios que por ley no corresponden a la Seguridad Social (aproximadamente la mitad de los 40.000 millones recibidos).
El déficit real de la Seguridad Social sin transferencias del Estado ascendió el pasado año a 28.400 millones, el 2% del PIB
Pues bien, esta operación se salda con un déficit real de 28.400 millones en 2023, casi el 2% del PIB. Una cifra astronómica que se produce incluso con el alza de los ingresos por cotizaciones sociales de trabajadores y empresas, que aportaron un 10,3% más durante el pasado curso, hasta 155.000 millones. Además, la caja de las pensiones también incorporó los ingresos adicionales de la sobrecotización que se aplica a todas las nóminas, el llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que dejó otros 2.700 millones. Pese a toda esta aportación extra, la Seguridad Social se ve incapaz de cubrir el incremento anual de las pensiones (15.800 millones en 2023), provocado por la revalorización de las pagas al IPC. Esta decisión y el progresivo retiro de la generación del baby boom harán cada vez más insostenible las pensiones. Solo con medidas que racionalicen el gasto se podrá revertir el creciente desequilibrio.