La Zona Franca de Cádiz ha logrado cerrar uno de sus capítulos más negros de su historia: el desarrollo empresarial de Quality Food, firma privada que se ubicó en el recinto interior del Consorcio y en la que la sociedad estatal entró como accionista, antes de que se produjesen graves problemas en la gestión de la compañía que acabaron ante los tribunales.
La disputa entre la dirección de la Zona Franca y el empresario gaditano Manuel García Gallardo se ha alargado durante cerca de dos décadas. Hasta hoy habían quedado en el aire dos decisiones judiciales. Una, la orden del Tribunal de lo Mercantil que obligaba al Consorcio a pagar al empresario 10.148.320 euros, que con intereses ascendían a 20.290.422 euros, según valoración del Consorcio. Y otra, la decisión del Tribunal Supremo de anular el juicio celebrado por la Audiencia Provincial de Cádiz en el que resultó condenado García Gallardo a 10 años de cárcel por estafa, falsedad documental y apropiación indebida.
Este jueves, las dos partes estaban convocados ante los tribunales, para iniciar el nuevo proceso judicial. ordenado por el TS. Sin embargo, hace ya unos meses comenzaron unas intensas y complicadas negociaciones entre las dos partes. El objetivo era evitar otro debate público ante los tribunales que terminarían en una sentencia y, seguramente, en nuevas demandas que impedirían cerrar de forma definitiva el caso Quality Food.
Finalmente en estos días se ha cerrado un acuerdo que este jueves se trasladó ante la Audiencia Provincial. Acuerdo que da carpetazo, esta vez sí, al caso Quality Food.
Así, en la vistilla celebrada esta mañana en la Audiencia Provincial de Cádiz, Manuel García Gallardo ha asumido su responsabilidad en este caso. Su asunción de la culpabilidad le evita ir a la cárcel por una "suspensión extraordinaria" de prisión aceptada por el tribunal. Anteriormente, el Ministerio Fiscal había rebajado las penas a unos tres años y medio en total por los tres delitos, con un máximo de 21 meses por el de estafa en concurso medial, de manera que ninguna de ellas superaba los dos años. Así, la condena se ve conmutada por una multa de unos 2.900 euros.
También se ve beneficiado de "una suspensión ordinaria" de la pena de prisión Víctor Ocaña, que en su día era director de una sucursal del BBVA donde García Gallardo tenía unas cuentas bancarias, y se le había condenado inicialmente a cuatro años de cárcel. En su caso, la pena definitiva es de una multa que no llega a los 800 euros y que podrá pagar en 24 meses.
Ambas suspensiones de la pena privativa de libertad cumplen los requisitos de que los condenados han delinquido por primera vez y que las penas impuestas no son superiores a los dos años. Además, están condicionadas a que no vuelvan a delinquir en dos años. En el caso de Víctor Ocaña, que llegó a la audiencia Provincial trasladado de prisión, donde paga por otra condena, la primera de las condiciones se cumple porque el delito por el que se le juzgó esta mañana es anterior al que estaba penando y el primero que cometía.
A la vez, esta decisión judicial deja sin valor la decisión del Tribunal de lo Mercantil (que estaba supeditado a la culpabilidad o no de García Gallardo), por lo que la Zona Franca evita el pago millonario al empresario. Pago que, por si fuera poco, había crecido de forma desorbitada con el paso de los años hasta una cifra que llega a los casi 20,3 millones de euros, doblando, debido a los intereses, la cifra impuesta por el Tribunal de lo Mercantil. Si finalmente la Zona Franca se hubiera visto obligada a pagar estos millones, su situación financiera, que ha mejorado en los últimos años, habría entrado en un estado grave para la institución.