Alberto Fernández sí que usó la lapicera. Cristina Kirchner le reprochaba en público su renuencia a ponerle el gancho a medidas audaces. Pero al compañero de fórmula de la exvicepresidenta no le faltó tinta, ni decisión para firmar un decreto tan audaz como el 823/21.
Esa norma obligó a todos los organismos públicos a contratar los servicios de Nación Seguros. Su titular era Alberto Pagliaro, un antiguo amigo de Fernández. Compartieron desventuras durante el menemato. Su gestión en el Instituto de Reaseguros acabó en medio de denuncias de irregularidades.
Pagliaro obtuvo al menos 45 contratos para la aseguradora oficial –es lo probado hasta ahora–. Y encargó a brokers privados que los gestionaran. Una intermediación innecesaria entre dependencias estatales, a cambio de comisiones superiores a las del mercado.
Otro viejo amigo del expresidente, Héctor Martínez Sosa, y productores vinculados a él concentraron el 80% del negocio, según las conclusiones preliminares del juez Julián Ercolini. También mordió el entorno de Sergio Massa, a través del productor Pablo Torres García. El espíritu emprendedor de Pagliaro expandió la operatoria a compañías privadas, con las cuales contrató coseguros y reaseguros hoy también bajo la lupa judicial. En la formalidad, era un modo de diversificar el riesgo que el Estado podría generarle al Estado. En los hechos, una ampliación del negocio.
Osvaldo Giordano descubrió, sin proponérselo, la punta del ovillo. Revocó uno de esos contratos porque era 40% más caro que un autoseguro de Anses, la práctica habitual antes del decreto de Alberto. El periodista de Clarín Ricardo Roa tiró de ese cabo suelto y descubrió la densa opacidad de la maniobra. Otros colegas sumaron nuevos hallazgos. Y el tema llegó a la Justicia.
La prueba que colectó hasta ahora el juez Julián Ercolini perfila una presunta corrupción a gran escala. Vinculó de manera directa a Fernández, lo imputó y le está rodeando la manzana. La sospecha inicial de delitos de baja penalización, como el incumplimiento de los deberes de funcionario público, se extendió a un posible fraude. Y ahora se evalúa la hipótesis de que actuó una "organización delictiva". El paso previo al cargo, más grave, de asociación ilícita. Ercolini también detectó transacciones sospechosas previas al decreto y amplió la pesquisa a todo el mandato de Alberto.
Dictó la inhibición de bienes registrables (inmuebles y automotores) del expresidente, de su amigo Martínez Sosa y de la mujer del broker, María Cantero, quien oficiaba de secretaria privada Fernández. Ella habría intervenido "apurando" a funcionarios renuentes para que contrataran los seguros. Quienes frecuentaban Olivos dicen que la asistente presidencial se conducía en autos de lujo. Y su próspero marido, según consta en los registros de ingresos y egresos, era partícipe frecuente de largas veladas nocturnas en la quinta. Incluso en tiempos de cuarentena. Ya se sabe que allí la vida social era muy activa, pese a las restricciones severas que el expresidente impuso a los ciudadanos comunes.
La inhibición de bienes es una medida cautelar para impedir su enajenación. Para evitar que los posibles responsables de delitos se insolventen para no responder por el posible daño inferido al patrimonio del Estado. El juez dispuso además el levantamiento de los secretos fiscal y bancario de los tres mencionados y de otras 30 personas físicas y jurídicas. Indagará si existen activos no declarados y eventuales testaferros.
Es probable que a Alberto Fernández no le encuentren demasiado. Cuando no está en España, vive en un piso que, se supone, le presta otro exfuncionario y contratista del Estado, José Albistur. Y, a veces, conduce su viejo Toyota Corolla. Aunque ese relato no parece convencer al juez.
Cuando en las entrevistas periodísticas se rozaba el tema de la corrupción en las gestiones kirchneristas, Alberto Fernández se indignaba. Y hacía gárgaras de honestidad personal, aunque no ponía las manos en el fuego por sus jefes. Curioso sentido de la lealtad –que proclamaba con el mismo énfasis– hacia quienes lo rescataron de la grisura. Y lo encumbraron en funciones de otro modo inalcanzables para su estatura política.
Carlos Sagristani