La jueza de Garantías Claudia Puertas otorgó el arresto domiciliario para F., la joven acusada por el homicidio agravado de su pareja, cometido el 24 de marzo último. Se investiga si hubo legítima defensa en contexto de violencia de género.
Puertas negó el pedido de prisión preventiva que había realizado el fiscal Gabriel González y ordenó que la acusada cumpla arresto domiciliario en la residencia de su hermana en la localidad de Atocha, vecina a la ciudad de Salta.
La abogada Sandra Bonari, de la Fundación Cielos Libres, que ejerce la defensa de la mujer, indicó que F. tiene 26 años, es madre de dos niños y una niña y es oriunda de Urundel, localidad del departamento Orán, en la provincia de Salta; mientras que el hombre fallecido tenía 29 años y era de El Talar, Jujuy. En el último mes la pareja estaba conviviendo en un inquilinato de la zona oeste de la ciudad de Salta.
Al momento de resolver, la jueza tuvo en consideración, entre otras leyes vigentes, lo ordenado por la Convención Belém do Pará, y dijo que surgen de la investigación elementos que podrían hacer suponer que la mujer era víctima de violencia de género. Consideró que en las tres declaraciones que hizo la acusada, tanto en el lugar del hecho como ante la fiscalía, introdujo elementos que podrían "desplazar la antijuridicidad de su acción", dejando ver que el hecho podría haber sido en defensa propia, lo que la misma fiscalía dijo estar investigando.
Durante la audiencia flexible y multipropósito fijada en el marco del plan piloto de oralidad por la Oficina de Gestión Judicial de Garantías (OfiJu), las partes expusieron los fundamentos en los que basaron sus respectivos pedidos.
"Nosotros quedamos satisfechos porque por lo menos es un arresto domiciliario. No había llegado el informe de la Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico (UADME) de (la disponibilidad de) las pulseras y pensamos que podía no haber una resolución y tener que esperar a que llegue el estudio de factibilidad de la pulsera y, sin embargo, la jueza sacó esta resolución rechazando la prisión preventiva del fiscal y poniendo la nota sobre la Convención de Belém Do Pará, la necesidad de aplicar la perspectiva de género, la no revictimización de F.", dijo Bonari a Salta/12.
Junto al codefensor Esteban Nieva Haro, la letrada había solicitado como primera medida la libertad y en caso de que fuera negada, el arresto domiciliario.
"No es corriente (el arresto domiciliario)", señaló Bonari, que fue jueza de la Corte de Justicia de Salta. "Lo dije hoy, es lo que se debe y qué bueno sería que se morigere la prisión con una medida que contemple la perspectiva de género y no victimización de quien no es victimaria sino víctima", manifestó. Desde su experiencia contempló que usualmente los jueces y las juezas en la etapa investigativa suelen disponer la prisión preventiva.
F. seguirá con arresto en el domicilio de su hermana, donde habrá una consigna policial fija hasta contar con el informe de factibilidad de la UADME.
El hecho por el que se encuentra acusada sucedió el 24 de marzo pasado en la zona oeste de la ciudad, en un inquilinato donde convivía la pareja. Al lugar concurrió personal policial a verificar un hecho de violencia familiar, y allí se entrevistaron con la mujer, que contó que su pareja había estado tomando con un amigo. Momentos más tarde, mientras cenaban él empezó a hacerle escenas de celos y le pegó.
Al declarar en la fiscalía la mujer contó que su pareja la agarró del cuello y ella sintió que se desmayaba, por lo que tomó un cuchillo y le asestó una puñalada. De la investigación surgió que al momento de ser detenida la joven presentaba lesiones en el cuello compatibles con la presión de las manos, mientras que el hombre falleció por una herida en el tórax.
La defensa de la mujer indicó además que la joven tenía alrededor de 15 moretones en diversas partes del cuerpo, que serían mordiscones que su pareja le produjo los días anteriores.
"La investigación ha avanzado muchísimo, faltan muy pocas diligencias por hacer como para poder ir a juicio y finalmente lograr la libertad de F. por la inexistencia de un delito porque hay una causal de justificación que es la legítima defensa", dijo Bonari.
Contó que están esperando que se concrete el viaje de una comisión investigativa a El Talar, en Jujuy, donde la pareja estuvo conviviendo junto a la hija de 9 años y dos hijos más pequeños de la mujer. En este lugar, según indicó F., su concubino ejerció hechos de violencia de género contra ella y también contra su hija y habría habido intervenciones del hospital local y de la escuela.