La medida que ha lanzado la patronal consiste en que las empresas les transfieran a los trabajadores la totalidad del coste laboral de su nómina (el salario bruto más la cotización social a cargo del trabajador y del empresario) y que luego sea el estado el que les reclame a esos trabajadores todos los tributos que quiera percibir sobre ese mismo coste laboral – a la práctica la liquidación la podría seguir haciendo la empresa.
El elemento más importante de la propuesta es el de integrar la cuota patronal de contingencias comunes como sueldo bruto en nómina, para luego descontarlo e ingresarlo, como se hace con las retenciones del IRPF. De esta forma, el salario bruto coincidiría con el coste salarial de la empresa.
Cuando se calcula la carga fiscal que soporta un trabajador suelen excluirse las cotizaciones alegando que "no son impuestos". Pero lo cierto es que en la medida que los aumentos de la base de cotización no se traducen en una mayor pensión, es decir, no devengan en un derecho patrimonial frente a la Seguridad Social, las cotizaciones sociales que se aplican a partir de un determinado umbral son, en la práctica, un impuesto puro y duro. Una exacción monetaria sin contrapartida alguna.
La propuesta de Garamendi es interesante y parece razonable –¡cuánta más transparencia e información para el contribuyente mejor!–. Sin embargo, las críticas no han tardado en aparecer. La reacción más vehemente ha sido la de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha acusado al presidente de la patronal de emular a Donald Trump.
El periodista de la Vanguardia Enric Juliana, en una intervención televisiva, aseguraba que lo que se busca "desde arriba" es "un enfrentamiento contra el sistema de solidaridad fiscal" y "subvertir el orden social creado después de la Segunda Guerra Mundial". "Esto no lo habría hecho una patronal de un Estado democrático. Esto es nuevo y forma parte de las tendencias políticas que nos van a conducir a sistemas semiautoritarios si no se frenan en el corto medio plazo en Europa", denunciaba.
Lo que demuestra la intervención de Juliana, jaleada desde múltiples voces de la izquierda española, es que si el trabajador de verdad descubriera la cuña fiscal soportada por el trabajador, habría una masa muy importante de ciudadanos que se rebelarían contra el fisco. Lo que sugieren las palabras del periodista es que si el asalariado medio español tolera a día de hoy su elevada factura fiscal es porque no es consciente de todos los pagos que está efectuando al Estado.
Según un estudio de la plataforma de gestión laboral y recursos humanos PayFit, hasta un 76% de contribuyentes no sabe descifrar su nómina, e incluso un 9% directamente «no la comprende en absoluto». Pero algunos parecen preferir que siga reinando la opacidad tributaria en España de tal manera que puedan seguir esquilmando a esos mismos trabajadores cuyos intereses supuestamente defienden.
Algunos exclaman que hay que seguir pastoreando a la población a través de un sistema tributario opaco. Temen que cuando el contribuyente pague, lo note.
Por todos los medios, se consigue que el coste del Estado sea lo menos visible posible. Bien haríamos de eliminar la batería de cortinas de humo que esconden todo tipo de gravámenes. Para incrementar la información del contribuyente, bastaría con aplicar descuentos simultáneos en cuenta corriente o, al menos, con rebajar las retenciones de IRPF para que, al contrario de lo que sucede ahora, la mayoría de las declaraciones salieran "a pagar". Es evidente que al ciudadano medio le gusta que la declaración de la renta le salga "a devolver". Y cuando debe pagar algo, le duele más esa contribución que la retención que le han ido practicando mensualmente, aunque esa suele ser mucho más cuantiosa. Ojos que no ven, corazón que no siente.
Algunos exclaman que hay que seguir pastoreando a la población a través de un sistema tributario opaco. Temen que cuando el contribuyente pague, lo note. Quieren evitar que seamos conscientes de cuánto es nuestro coste laboral completo y cuánto nos detraen en impuestos.
Una mayor concienciación sobre la importancia de la eficiencia del gasto público permitiría avanzar hacia un volumen de ingresos y una distribución de la renta acorde con las preferencias sociales, con el menor coste posible. Reclamemos una pequeña dosis de transparencia fiscal.