Jesús Carlos Laiglesia: "Eliminar la palabra disminuido es el fin del paternalismo"
El nuevo presidente de Cermi Aragón, que engloba a 220 entidades del sector de la discapacidad, habla sobre cómo afronta esta etapa y los retos a corto plazo.
Nacido en Zaragoza en 1969, Jesús Carlos Laiglesia es desde hace poco más de un mes el nuevo presidente de Cermi (Comité español de representantes de personas con discapacidad) en Aragón. En la comunidad agrupa a 220 entidades de este sector. Desde los 16 años lucha por los derechos de este colectivo.
Es vicepresidente de la Asociación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón (ASZA), ¿qué le ha llevado a dar el paso de asumir la presidencia de Cermi Aragón?
Cuando la anterior presidenta decidió no continuar, la gente me animó. Pensé que era el momento adecuado, después de varios años ostentando la representación de otras entidades. Sé que es una responsabilidad importante y tengo el compromiso de trabajar y contribuir positivamente en todas las partes involucradas.
¿Cuánto lleva en esta lucha?
Desde joven, con 16 años comencé a participar en la sección de juventud sorda de ASZA y luego continué en diferentes comisiones hasta llegar a la junta directiva. También he estado involucrado en Cermi Aragón como representante del colectivo de personas sordas. Somos fundadores desde el año 2000. Desde entonces, con algunas excepciones, he sido miembro de la junta directiva.
¿A cuántas personas representa Cermi Aragón?
Las organizaciones que integran Cermi atienden distintos tipos de discapacidad, física, orgánica, intelectual, sensorial y salud mental, lo que supone unas 220 entidades. Según el último censo del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, hay unas 17.000 personas con discapacidad censadas con certificado igual o superior al 33%. El 8% de la población aragonesa.
¿Qué objetivos se ha marcado al frente de la entidad?
Nuestra prioridad es empezar a trabajar con lo que tenemos a mano, desarrollando la ley de derechos y garantías de las personas con discapacidad, y dando énfasis a la creación del plan de empleo, el plan para mujeres y la revisión del plan de acción integral para personas con discapacidad, cuyo vencimiento es este año.
La eliminación de la palabra disminuidos de la Constitución ha sido todo un hito, ¿por qué son tan importantes las palabras?
Es una reivindicación histórica, demandada por todos los colectivos de personas con discapacidad. No solo implica cambiar los términos, sino que también representa un gran avance en los derechos, marcando el fin del paternalismo y la caridad, con todas las implicaciones que ello conlleva, tanto en la Carta Magna como en el Derecho Foral en Aragón.
¿Cómo va a impulsar el desarrollo de la Ley de derechos y garantías de las personas con discapacidad de 2019?
Gracias a la firma del nuevo protocolo entre el Gobierno de Aragón y Cermi el pasado 4 de diciembre, que comenzó firmándose en 2011, se ha creado la comisión de seguimiento para evaluar esta ley y proponer los planes que he comentado antes.
La DGA va a incrementar el precio por plaza residencial concertada para personas con discapacidad un 4,3%, ¿es suficiente?
Es un primer paso, pero no suficiente. Demandábamos un 8%.
¿Son necesarias más plazas concertadas, se van a crear?
Siempre hay necesidad de más plazas concertadas, pero es una cuestión que depende de los presupuestos del Gobierno aragonés. Y de momento, a corto plazo, parece que no va a ser posible.
Las Cortes de Aragón están estudiando el proyecto de modificación del Derecho Foral en materia de capacidad jurídica de las personas con discapacidad, ¿qué esperan de este cambio?
Esperamos que las organizaciones a las que se ha dado audiencia sean escuchadas. Es importante modificarlo para algunos colectivos que necesitan capacidad jurídica en igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida, así como para cumplir con la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad que entró en vigor en España en 2008.
La lista de espera de la valoración de la discapacidad supera las 12.000 personas. ¿Se llegará a rebajar?
Nuestra preocupación por este tema la trasladamos tanto a la anterior consejería como a la actual de Bienestar social. Según el último informe a nivel estatal, en Aragón la espera puede llegar hasta las once meses como media. La DGA ha puesto en marcha un plan de choque y habrá que evaluar dentro de un tiempo si tiene efecto.
Las entidades del sector salieron muy tocadas económicamente de la pandemia. ¿Se han recuperado?
Durante la pandemia asumimos gastos extras para la prevención y protección que no fueron cubiertos por las administraciones. públicas, Aunque las subidas salariales para profesionales y el aumento del salario mínimo inteprofesional nos parecen correctos y justos, seguimos recibiendo la misma cantidad, o incluso menos, en partidas presupuestarias por las administraciones públicas, lo que genera problemas de liquidez en algunas entidades, especialmente las no grandes, debido a la falta de fondos.