El Plan Energético de Aragón que está preparando el Gobierno de Aragón saldrá a información pública en el último trimestre de este mismo año. Así lo aseguró la directora general de Energía y Minas de la DGA, Yolanda Vallés durante su comparecencia en la última sesión del lunes de la comisión de investigación sobre la implementación de energías renovables y la gestión del INAGA en esta materia. En su anexo incluirá un mapa zonal que determinará las zonas «más sensibles», que en su caso podrán ser excluidas, y cuyas conclusiones se elevarán en el mes de mayo.
Durante su comparecencia Vallés defendió la necesidad de una planificación, pero se mostró reacia ante una moratoria solicitada por algunos partidos políticos, principalmente por la «responsabilidad patrimonial» que el procedimiento supondría para el Ejecutivo autonómico. «Creemos que es necesaria una planificación, pero nunca hemos visto la posibilidad de una moratoria», dijo Vallés. Al mismo tiempo, el Gobierno de Aragón está «fijando los objetivos» de la Ley Energética.
La actual directora general aseguró a los diputados que desde el punto de vista «formal y material» se está llevando a cabo el cumplimiento de los procedimientos de acuerdo a la normativa vigente y que «no hay ningún parque eólico o fotovoltaico que sea concedido sin el cumplimiento de los mismos». Vallés informó además que desde su dirección general se está trabajando en dar «mayor seguridad y transparencia» y en lo que lleva de gestión se han autorizado 21 parques en coordinación con todos los servicios provinciales.
Con anterioridad a Vallés comparecieron también anteriores directivos del ramo para dar cuenta de la gestión durante sus respectivos mandados. Uno de los asuntos que se cuestionaron es que un proyecto se dividía en varios, cada uno por debajo de los 50 megavatios, y evitar así que la declaración ambiental dependiera del Ministerio. Al respecto, Marina Sevilla que estuvo al frente de Energía y Minas entre 2011 y 2015, afirmó que el control se producía igualmente desde el Ejecutivo regional con el mismo rigor. «No hay fragmentación si se divide y evalúa otra administración. Al final evalúan igual, o bien la dirección general de evaluación y planificación del Estado o la de la comunidad autónoma», destacó Sevilla, quien defendió que «en cualquier caso» siempre se estudian los «efectos sinérgicos» de otros parques. La que fuera directora general hace más de 10 años recordó que fue durante su gestión cuando se impulsó el Plan Energético en vigor hasta 2020 y que podría prolongarse otros 5 años.
Con respecto a las dudas sobre la fragmentación de los proyectos, el exdirector general entre 2015 y 2019, Alfonso Gómez, defendió que los procedimientos estaban contemplados «dentro de la ley» y que se tenían en cuenta los «efectos acumulativos» en las evaluaciones ambientales de proyectos fragmentados. También se mostró contrario a una moratoria asegurando que «Aragón lo lamentará» si pierde el tren de las renovables.
En la misma línea Luis Simal, que fue director provincial de Industria de Zaragoza, de 2011 a 2022 y desde el año pasado es gerente del INAGA, aseguró que «cada proyecto se ha sometido «al trámite ambiental que correspondía legalmente». «No considero que se haya fraccionado para eludir ningún trámite ambiental», enfatizó. Ante las preguntas de los diputados considera que una moratoria podría tener «consecuencias jurídicas».
En ello coincidió también el director del Servicio Provincial de Teruel desde 2011 Ángel Lagunas quien además reivindicó la necesidad de una «planificación estatal». Defendió que los expedientes se tramitaron en «riguroso orden de entrada» y que «no existe una justificación jurídica» para denegar un proyecto de menos de 50 megavatios. «Las declaraciones de impacto ambiental son autorizaciones regladas, si se cumplen los requisitos hay que autorizar», concluyó.