En el Día Mundial de la Tierra, el régimen de Daniel Ortega entregó a una concesión minera de 36 610.10 hectáreas por 25 años en los municipios de Siuna y Mulukukú, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN). Pese a la gran dimensión del área concesionada se desconocen los estudios de impacto ambiental del proyecto.
La concesión fue otorgada a la empresa Nicaragua Xinxin Linze Minera Group, SA., representada por Edward Xiang Liu, "para el aprovechamiento de minerales metálicos y no metálicos en el lote denominado Nuevo Bijagual, con una superficie de treinta y seis mil seiscientos diez punto diez hectáreas (36,610.10 ha)", indicó el Ministerio de Energía y Minas (MEM), a través de una certificación publicada en el Diario Oficial La Gaceta.
De acuerdo con la certificación, firmada por la viceministra del MEM, Estela Martínez Cerrato, la concesión fue otorgada tras cumplir "con los requisitos catastrales de ley", y después de haber consultado "al Consejo Regional de la Costa Caribe Norte, el cual emitió su aprobación (...) el dieciséis de febrero del año dos mil veinticuatro".
La empresa Nicaragua Xinxin Linze Minera Group, SA., "dispone de los documentos indicativos de capacidad técnica y financiera para desarrollar y llevar a término las actividades mineras dentro de la concesión", explicó el Ministerio de Energía y Minas.
A cambio de la concesión, el régimen nicaragüense recibirá 0.25 centavos de dólar por cada hectárea en el primer año, cantidad que se elevará paulatinamente hasta llegar a los 12 dólares que Nicaragua Xinxin Linze Minera Group, SA., pagará a partir del décimo primer año.
Adicionalmente obtendrá el 3% deI valor de las sustancias extraídas por el derecho de extracción y regalías.
No se conocen estudios ambientales
Sobre esta concesión minera, el ambientalista Amaru Ruiz, director de la cancelada Fundación del Río, señala que no se conocen los estudios de impacto ambiental que la empresa debió presentar a las autoridades del régimen y que deberían estar disponibles al público, de acuerdo con la Ley de Acceso a la Información Pública.
"No tenemos conocimiento o información sobre la presentación de esos estudios, si (esas más de 36 000 hectáreas) se ubican en territorio indígena o no, los avales que tienen para el proyecto o la consulta previa libre, informada que tienen", indicó Ruiz.
Al ambientalista también le preocupa que, por tratarse de una empresa china, los estándares ambientales y laborales sean inferiores a los estándares aplicados por otras empresas mineras que tienen concesiones en Nicaragua.
"En el caso de China, es históricamente conocido que sus estándares ambientales y laborales son muy bajos. Eso aumenta la preocupación sobre el impacto que pueda tener (este proyecto) sobre el ambiente y también sobre la gente que participa de esta empresa", subrayó Ruiz.
La Plataforma de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes (INANA-AIP) ha denunciado que estas concesiones constituyen una "profundización del extractivismo y la creación de condiciones para mayor violencia, colonización y genocidio de los pueblos que habitan estos territorios en la Moskitia ".
La "gravedad del avance del extractivismo radica en que representan una amenaza existencial para la cultura de los pueblos indígenas y afrodescendientes, al imponerse contra su voluntad, perseguir y expulsarlos en caso de oposición a través de diversas formas de violencia", denunció INANA-AIP en julio de 2023.
23% del territorio está concesionado
Datos del Ministerio de Energía y Minas revelan que, hasta el 1 de marzo de 2024, un total de 2 778 081 hectáreas, equivalentes al 23.3% del territorio nacional de Nicaragua, están concesionadas o solicitadas para la explotación minera.
El área concesionadas para explotación metálica y no metálica es de 1 977 769.18 hectáreas, equivalentes al 16% del territorio nacional. Con esta nueva concesión a la empresa Nicaragua Xinxin Linze Minera Group, SA., el país fácilmente superará los dos millones de hectáreas cedidas para explotación minera.
Al mismo tiempo, el área solicitada para explotación minera es de 800 312.73 hectáreas, equivalentes al 6.7% del territorio nacional. Del total del área solicitada, 788 897.86 hectáreas son para explotaciones metálicas y 11 414.87 para explotación no metálica.
En octubre de 2022, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a la Dirección General de Minas, adscrita al MEM, por ser el instrumento utilizado por el régimen de Ortega para gestionar el sector minero burlando las sanciones que EE. UU. impuso en junio de 2022 a la compañía estatal Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas).
Además acusó a las autoridades nicaragüenses de utilizar las ganancias de la producción y venta de oro para "oprimir al pueblo nicaragüense" e incluso "apoyar la invasión de Ucrania lanzada por Rusia".
Nicaragua vendió en el exterior un total de 1030.6 millones de dólares en oro en bruto entre enero y noviembre de 2023, según estadísticas oficiales del Banco Central de Nicaragua, (BCN), publicadas en enero de 2024. Con ese resultado, el oro se convirtió en el primer rubro de exportación nicaragüense.
Régimen explora nuevos mercados
Nicaragua Xinxin Linze Minera Group, SA., no es la primera empresa china autorizada por el régimen para explotar minerales en Nicaragua. En julio de 2023, fue entregada una concesión en dos lotes, que suman 15 400 hectáreas, a la empresa china Zhong Fu Development S.A., subsidiaria de Zhong Fu Invest Group, con sede en Beijing, China, según la alcaldía de Bilwi o Puerto Cabezas, en la Región Autónoma del Caribe Norte (RACN) de Nicaragua.
En noviembre de 2023, el Ministerio de Energía y Minas otorgó una segunda concesión minera a la empresa Zhong Fu Development, SA. El lote otorgado a la empresa china tiene una superficie de 1200 hectáreas, ubicado en los municipios de Cinco Pinos y Santo Tomás del Norte, en el departamento de Chinandega.
Para Ruiz, de la Fundación del Río, la presencia de empresarios chinos en el negocio de la minería en Nicaragua, es parte de la estrategia del régimen orteguista para evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos.
El régimen está en "búsqueda de otros mercados", comenta el ambientalista. De ahí, considera que, "el interés de que lleguen empresas chinas es ir cambiando paulatinamente el mercado y tener acceso al mercado asiático en términos de oro".