Repetidas veces en este espacio de opinión en La Opinión notamos que la comunidad latina en el sur de California es especialmente vulnerable a los daños y riesgos de la contaminación ambiental, junto con los afroamericanos y más allá de otras comunidades.
Esto se debe a factores diversos desde la cercanía de las áreas habitacionales a focos de contaminación, insuficiencia de recursos para combatir estos males, déficit de conocimientos sobre lo que se puede hacer para proteger a nuestras familias y más.
Entre las principales áreas de contaminación están las 15 refinerías de petróleo, cinco de las cuales se encuentran en el área de Los Ángeles. Alrededor de ellas convive un millón de californianos, la mitad de los cuales son latinos. Y si bien en ese sentido el sur de California es la capital de la contaminación, se calcula que hay dos millones de latinos a nivel nacional que son perjudicados por las refinerías.
Es en estas refinerías donde mediante una serie de procesos el crudo se convierte en gasolina o diésel, todavía elementos cruciales en nuestra economía.
Como es sabido es en ese proceso donde se despiden en la atmósfera gases tóxicos y gases de efecto invernadero, causando graves daños a la salud humana. Como enumerábamos en otras columnas, están entre las principales causas del asma, Alzheimer, alta presión arterial, diabetes, enfermedades del hígado, problemas cardíacos, cáncer y más.
La industria petrolera es una de las más poderosas en todo el país y tiene una nada despreciable influencia en nuestro proceso político. Cada cambio en la dirección de preocuparse por la salud de nuestras comunidades se topa con oposiciones bien financiadas.
Un puñado de funcionarios electos en la Legislatura de California junto con una gran cantidad de organizaciones de base colaboran para ganar esta batalla.
Entre quienes lideran estos esfuerzos está la senadora estatal demócrata Lena González, quien en el pasado lideró otras iniciativas por el medio ambiente en bien de la comunid.
Esta vez, González está promoviendo la ley SB 674, cuyo título reza "Refinerías: Sistemas de monitoreo del aire comunitario: sistemas de monitoreo de línea establecidos a lo largo de la cerca divisoria de los establecimientos".
La moción apunta a una falta en las leyes existentes en lo que respecta al conteo y control de los polutantes despedidos por las refinerías. Esto se logrará estableciendo un estándar estatal unificado que asegure la medición de los contaminantes nocivos.
El proyecto hace responsables a los dueños y operadores de las refinerías de conducir auditorías de sus sistemas de monitoreo, cubrir todas las instalaciones adecuadas, proporcionar una notificación pública adecuada cuando se excedan los umbrales de emisiones. No menos importante, el texto de la ley permitirá que toda la información proveniente de los monitores de línea de la cerca sean fácilmente accesibles para el público.
La moción reconoce la demanda existente de un sistema de monitor de aire comunitario, cuyo costo debe ser pagado y mantención ejercida por el propietario u operador de la refinería.
La moción da un paso más al expandir la lista de establecimientos que se deben plegar a estas obligaciones y desarrolla el sistema de rendición de cuentas en la manera más pública posible.
La moción da un paso más allá de la ley AB 647 de 2018 que ya establecía la estructura de los sistemas de monitoreo de la cliadad del aire.
Por último, es una ley especialmente importante para la comunidad latina. Por ejemplo, hay una serie de refinerías conjuntas establecidas en la ciudad de Wilmington, donde cuatro de cada cinco residentes son latinos.
La ley fue enmendada por última vez en el Senado el 10 de abril pasado y en la Asamblea el 19 de junio, también de 2023.
Una vez más, la única solución aceptable, verdadera, es el cierre de las refinerías, lo que sería consecuencia de la transición a fuentes no fósiles de energía. Mientras tanto, apoyamos la ley SB 647 y esperamos que su proceso legislativo llegue a su fin con la firma del gobernador.