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Desde el inicio del caso, tanto la Policía Nacional como el Ministerio Público han sido señalados por su ineficiencia y falta de coordinación, dejando que las responsabilidades se diluyan en una burocracia interminable. Si bien, días después del crimen, la Policía allanó una residencia ubicada en el barrio Santa Teresa.
En el sitio fueron detenidos los hermanos Marcial (30), Cristian (31), (ambos con orden de captura por homicidio), y Ricardo Torales Giménez (23), (este por su parte cuenta con antecedentes por robo agravado y era buscado por el mismo hecho). El cuarto apresado es Jorge Riquelme Jara (37), sin historial delictivo ni cuentas pendientes con la justicia, pero tenía las características físicas similares al que aparece en las imágenes de circuito cerrado huyendo del lugar tras cometer el asesinato, conforme a los datos proporcionados por los intervinientes en aquel entonces.
No se hallaron evidencias
Al no hallarse evidencias que los vincule con el crimen del comunicador, esas cuatro personas terminaron siendo procesadas por reducción, ya que en el procedimiento fueron encontradas algunas motocicletas destartaladas, no así la moto usada por el sicario ni el arma homicida.
Allanamientos simultáneos
El seguimiento del trayecto del sicario realizado por medio de las cámaras de seguridad condujo a las autoridades hasta un sector del barrio San Gerardo. No se determinó a que vivienda ingresó, por lo que se tuvieron que allanar en forma simultánea casi todas las casas de la cuadra donde el sicario se perdió de la vista de las cámaras.
En una de las casas allanadas fueron halladas pistolas de la marca Glock de la misma característica y calibre del arma utilizada en el crimen. Las armas incautadas tenían selector de tiros y a su vez el número de serie borrado, lo que de por sí ya constituyen hechos punibles, de acuerdo a la legislación vigente en materia de armas.
Cinco detenidos
En dicho procedimiento fueron detenidas cinco personas identificadas como Ronald Valentín Giménez Arguello (31), Héctor Javier Cohene Candia (32), Félix Adrián Cohene Candia (25), Francisco Alexander Medina Bernal (25), todos de nacionalidad paraguaya y el brasileño Carlos Benítez (23).
Armas nunca fueron peritadas
Los citados fueron imputados por el hecho punible de detentación, previsto y penado por el artículo 94 de la Ley 4036/10, que en su inciso C establece una pena privativa de libertad de 5 a 10 años.
Llamativamente las armas incautadas nunca fueron peritadas al igual que los aparatos celulares que habían sido incautados en la ocasión.
Los cinco procesados, pese a que fueron imputados por un hecho grave con expectativa de pena elevada, y a falta de la realización de importantes diligencias, fueron beneficiados con la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva, sin tener en consideración el peligro fuga existente, además de la posibilidad de que obstruyan las investigaciones.
Si bien, se les impuso la obligación de presentarse periódicamente ante el Juzgado, raras veces se presentaban y el último registro data del mes en diciembre de 2023. Esto demuestra que en todo momento estuvieron renuentes a someterse a la Justicia, lo que levanta aún más las sospechas de la implicancia de los mismos en el crimen.
Investigadores se tiran la pelota
Mientras, ambos entes encargados de investigar, es decir el Ministerio Público y la Policía Nacional, se pasan la pelota y esquivan las críticas. En tanto, las pistas se enfrían y los culpables permanecen en la sombra, burlándose de la Justicia.
Los familiares y colegas de Álvarez claman por respuestas y exigen que se haga justicia por su brutal asesinato. Sin embargo, la falta de voluntad y compromiso por parte de las autoridades amenaza con dejar impune este crimen, enviando un peligroso mensaje de impunidad a quienes buscan silenciar la voz de la verdad.
Temen que caso quede en el olvido
A medida que el tiempo avanza, el temor a que el caso quede archivado en los anales de la impunidad se hace más palpable. La sociedad civil y los defensores de la libertad de prensa instan a las autoridades a tomar medidas urgentes para revitalizar la investigación y llevar a los responsables ante la Justicia, antes de que sea demasiado tarde y el legado de Alexander Álvarez se convierta en otro triste recordatorio de la fragilidad de la libertad de expresión en nuestro país.