Las Palmas de Gran Canaria
Domingo, 14 de abril 2024, 02:00
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Un agente de la Policía Local logró cobrar este año la indemnización que le reconoció un juez por los daños sufridos durante un servicio realizado en el año 2001 en el que hubo un forcejeo que acabó en una caída. Veinte años más tarde, y ya jubilado, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) obliga al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a pagar la parte de los daños que no resarció el autor del delito, que se declaró insolvente.
Las heridas que sufrió el policía fueron cuantificadas en una indemnización fijada en 23.942,63 euros por un auto emitido en el año 2009. El particular que le causó las heridas solo le abonó 2.301,43 euros y luego, en 2010, fue declarado insolvente.
A pesar de ello, «se realizaron actuaciones dirigidas al cobro de los bienes», de ahí que en 2021, se volviera a declarar la insolvencia del causante de los daños.
Javier Darriba
Esto hizo que el agente reclamara al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria los 21.641,2 euros que faltaban por completar la indemnización.
El Consistorio se negó en un primer momento, alegando, en función de la Ley General Presupuestaria de 2003, que las obligaciones de la Hacienda Pública prescriben a los cuatro años, en este caso, en 2014.
Sin embargo, el agente de la Policía Local exigió en los tribunales que la administración pública se hiciera cargo de la cuantía impagada en base al principio de indemnidad. Y así, en octubre de 2022, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 determinó que el Consistorio debía pagarlos 21.641,2 euros restantes.
La sentencia se basa en la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, que recoge que «las lesiones y perjuicios sufridos por los agentes de policía como consecuencia de acciones ilícitas de las personas sobre las que ejercen, sin culpa o negligencia por su parte, las funciones que son propias de su cargo deben ser resarcidos por la Administración, mediante el principio del resarcimiento o de indemnidad, principio general que rige para los empleados públicos».
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria recurrió esta sentencia, pero en julio de 2023, elTribunal Superior de Justicia de Canarias volvió a dar la razón al agente.
«La indemnidad del funcionario (...) determina que la Administración debe researcirles por todos los daños que sufran en elejercicio de sus fuciones, siempre que no hayan incurrido en dolo o negligencia grave», señalan los magistrados, «(...) ese deber no es una manifestación de la responsabilidad patrimonial de la Administración, sino que se enmarcar en la relación de servicio del empleado público y, por ello, despliega efectos aunque la administración no haya tenido papel alguno en la producción del daño».
También desecha la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC el argumento municipal de que los cuatro años de prescripción habían pasado ya. Aquí los magistrados recuerdan que hubo dos declaraciones judiciales de insolvencia (en 2010 y en 2021), de ahí que no se podía ignorar la segunda fecha.
«Este logro de los servicios jurídicos del Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (Spplb) en reclamación del derecho de indemnidad de los policías locales, y que los agentes sean indemnizados por su Ayuntamiento cuando el causante de las lesiones se declare insolvente, se une a las otras 3 sentencias favorables obtenidas contra el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, así como a otros 2 procedimientos iniciados frente al Ayuntamiento de Yaiza, que no han llegado a juicio al haber abonado este Ayuntamiento a sus agentes», exponen fuentes sindicales, «todos los procedimientos tramitados en reclamación de estas indemnizaciones han tenido resolución favorable para los policías locales».
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