Cuando el ajuste aprieta, el manual ortodoxo ya no alcanza
La necesidad de mostrar resultados le ganó a la ideología; la aritmética de la política, al diseño de laboratorio
La bomba se fue armando a lo largo del verano pero nadie intentó evitar que estallara. Relativizar el impacto que tendrían en la opinión pública los fuertes aumentos en las cuotas de las prepagas, habilitados mediante el DNU 70 de desregulación que en diciembre puso fin a los controles estatales, fue un error de cálculo que obligó al Gobierno a la sobreactuación de estos días. Pero difícilmente el conflicto haya tomado a los funcionarios por sorpresa.
Ya en febrero, en la primera audiencia que un grupo de asociaciones de defensa del consumidor mantuvo en la Secretaría de Comercio, el encarecimiento de la medicina privada había monopolizado la conversación. En aquel momento el Gobierno prometió que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) se encargaría del tema en cuanto estuviera conformada. El organismo -al igual que otras áreas del Estado- aún no había terminado de completar a sus integrantes. Ya había llegado allí la denuncia de la Coalición Cívica por una posible cartelización de las prepagas, que recién fue abordada dos meses más tarde.
Según fuentes privadas, luego del decreto 70 hubo una reunión con algunas prepagas en la que el Gobierno bajó un mensaje: "libertad total; ya nadie les va a decir qué tienen que hacer". Afirman que, a cambio, se convino de palabra "salir de la jaula" con un esquema progresivo, en el que las empresas no pretendieran recuperar de golpe los años de rentabilidad perdida. Consistiría en un 40% de aumento inicial para luego ir subiendo mensualmente dos o tres puntos por encima del IPC. El dueño de Swiss Medical, Claudio Belocopitt, elegido por el Gobierno como enemigo, lo contó con naturalidad en una entrevista televisiva a fines del año pasado; fue el origen de la denuncia de la Coalición Cívica. Así, el propio Gobierno habría permitido la cartelización, aunque ahora lo niegue, esté dispuesto a investigarla y a, eventualmente, castigarla a partir de la letra que le dio un partido "socialdemócrata" con el que hasta acá planteaba "trazar una línea" para diferenciarse.
Se sabe que en salud hay una demanda inelástica por parte de los adultos mayores, en un contexto de caída fuerte de ingresos y jubilaciones, y que el sistema atraviesa una crisis en la que los copagos de facto y la huida de médicos de las cartillas son moneda corriente. La tormenta se seguía formando, pero en ese momento en el Gobierno compartían el análisis de Belocopitt: no era un problema universal, ya que solo el 15% de la población tiene prepaga.
El hecho de que fuera una situación aparentemente acotada no facilitó su resolución. "De los 6,5 millones de afiliados a las prepagas, 4,5 millones la tienen a través de acuerdos corporativos y el restante millón y medio la paga directamente. De ellos, 500.000 personas siguieron pagando aunque aumentaran las cuotas y 300.000 se arreglaron bajando a un plan más barato. Tenías que resolverle el problema a unas 700.000 personas, básicamente jubilados", razonan en el sector. Demasiada sutileza para el gobierno de la motosierra, que obligó a retrotraer precios y a un recálculo de cuotas en forma general, una medida que traerá algo de alivio pero no soluciona el problema de fondo.
La aritmética de la política y de las encuestas es distinta. Enfocado en mostrar que las cuentas fiscales cierran para que no sea necesario emitir y eso le saque combustible a la inflación, la mayor demanda hoy de la sociedad, el Gobierno está decidido a archivar la receta liberal. ¿Cómo tolerar aumentos incesantes en un contexto en el que se buscan contener los crecientes reclamos salariales en las paritarias o el pedido de mayor asignación presupuestaria en otro sector sensible como la educación pública? "Es la historia del bombero pirómano: provocan el incendio y luego se visten de bombero y lo apagan", dice el exdirectivo de una prepaga. La lista de tropiezos es larga: Ley de bases, registros automotores, aumento de las dietas en el Congreso. Ante la falta de soluciones se buscan enemigos. Gestionar es exponer.
En el sector de la salud ven detrás del giro a Caputo, pero no al ministro de Economía, Luis, sino a su sobrino Santiago, el spin doctor estrella del Gobierno. Creen que su influencia es tan decisiva que hasta le atribuyen haber escrito personalmente el posteo de "Toto" en X en el que dijo que las prepagas le declararon la guerra a la clase media. "Es una frase demoledora, que nos pega en la línea de flotación", reconocen. Difícil de comprobar. En todo caso, secreto de familia.
Quién mira la micro
El caso de las prepagas expone al Gobierno a la crítica más común de una parte del empresariado, que es que el gobierno libertario no se ocupa de la micro, que tiene el foco puesto en la macro, sobre todo en las variables financieras y en el ajuste fiscal, y por eso comete estos errores.
"Hay una mirada pro sector privado, pero no integral, transversal. Caputo tiene un enfoque macro y el resto trata de acomodarse; hay que mejorar la gestión", sentencia un hombre de la industria que suele tener trato con los funcionarios. La preocupación en el mundo de la producción es que no haya una reacción a tiempo para revertir la recesión. "El consumo no repunta, la inversión, si es que se da, tarda en rendir frutos. No hay obra pública. No se ve cuál será el motor de la recuperación", agrega, y enumera las fuertes caídas que se están verificando en varios rubros. En algunos hay bajas de ventas de entre 30% y 40%, como en textil, electro, metalmecánica, línea blanca y construcción. "La situación está afectando especialmente a las pymes; hay que ver si esto es políticamente sostenible", lamenta la fuente.
En el Gobierno dicen que están trabajando en despejar trabas burocráticas y simplificando impuestos para ayudar a las empresas. Entienden que, con la baja de la inflación y la mayor estabilidad, la recuperación llegará inexorablemente.
Hay contactos con la Unión Industrial Argentina (UIA), aunque por ahora muy incipientes, con una idea embrionaria de un programa que contemple ayuda crediticia e incentivos tributarios para la inversión. En el sector privado miran de reojo el plan Nueva Industria Brasileña, un paquete de créditos por US$61.000 millones en tres años que puso en marcha Lula da Silva en enero. Pero es otro mundo. Está en las antípodas del paradigma mileísta. "Vamos a ayudar, pero no a regalar dinero. Aportes no reembolsables no va a haber más", aclaran fuentes oficiales, al referirse a los fondos que el gobierno anterior entregaba a pequeñas y medianas empresas para financiar proyectos sin la obligación de devolverlos. En su cadena nacional, Milei dio pocas esperanzas. "No esperen la salida por el lado del gasto público", advirtió.
Hay otros empresarios, en tanto, a los que les gustaría ver un gobierno más activo en el plano internacional. Creen que Milei debería aprovechar su popularidad global para atraer inversión extranjera en la economía real. La participación en Davos, en enero pasado, y el reciente encuentro con el magnate Elon Musk se vieron como oportunidades perdidas de promocionar al país.
En paralelo, algunos sectores buscan actuar preventivamente, acaso por la manera en que el Gobierno manejó la crisis de las prepagas. Con la concentración que existe en varios rubros de la economía son varios los que ven venir acusaciones de oligopolio o cartelización y quieren anticiparse a los hechos. En el caso de la lechería, por ejemplo, desde la industria acercaron a Luis Caputo un plan para aumentar la oferta, desarrollar nuevas áreas productivas y recuperar pequeños productores que permitan una menor concentración. Piden que las retenciones a la leche en polvo y el queso sigan en cero y discutir los reintegros a la exportación. Aún no recibieron respuesta.
La realidad va llevando a dejar atrás ideas que salieron del laboratorio libertario que cocinó la Ley de bases y el decreto 70 de desregulación, cuyo más notorio integrante, pero no el único, fue Federico Sturzenegger. Desde entonces, la hoja de ruta se hizo más sinuosa en virtud de las concesiones a la que todo ejercicio del poder obliga. Una flexibilidad que Milei ya había proclamado antes de las elecciones y que ahora, curiosamente, busca disimular con el relato.