El ex director de Planes Sociales involucrado en las estafas por $153 millones rechazará el acuerdo de ir 8 años a prisión. No quiere ventilar información política.
Ricardo Soiza, ex director de Planes Sociales de la Provincia de Neuquén e involucrado en las estafas de los planes con el cobro por las tarjetas del BPN, no quiere convertirse en un "buchón de la política" en la causa judicial.
El ex funcionario que atravesó varias gestiones del MPN en el manejo de planes sociales asegura, a través de su abogado Esteban Sampayo, que no hará ningún arreglo con el Ministerio Público Fiscal, a cambio de hablar y "tirar nombres de políticos" para no ir preso.
Incluso el ex funcionario del ministerio de Desarrollo Social fue más allá y le pedirá algo especial a los fiscales: unas disculpas, debido a que algunas de las pruebas que se presentaron y las firmas con las autorizaciones de pagos se hicieron mientras él transitaba una enfermedad, con coma inducido.
"Queremos un pedido de disculpas y no estamos dispuestos a hacer un arreglo", dijo Sampayo, quien acotó que "hay documentación firmada cuando Ricardo estaba en coma y eso no se puede truchar".
La causa, en la que se analiza la responsabilidad de tres funcionarios clave, (que son Soiza; Pablo Sanz, ex director de Fiscalización; Marcos Osuna en gestión de programas; y otros 31 imputados más del ex ministerio de Desarrollo Social, en los que están el ex ministro Abel Di Luca y el ex administrador, Tomás Seingenthaler), podría elevarse a juicio, a pedido de los fiscales Pablo Vignaroli y Juan Manuel Narvaez.
"Nos han hecho un ofrecimiento de ocho años de prisión efectiva y Ricardo (Soiza) tendría que asumir toda la responsabilidad. También al ex ministro Di Luca le proponen seis años. Nos ponen un límite hasta el 30 de abril para contestar", sostuvo Sampayo, en diálogo con LMNeuquén.
Pruebas y códigos de silencio
"Lo que hacen es acorralarlos y les ofrecen una salida para no ir a la cárcel, tiene que tirar nombres de otros políticos que cobraban, pero la causa es una gran venta de humo", indicó el letrado.
Sostuvo que pese a las pruebas que se presentaron, filmaciones, testimonio de impuestos, la idea del Ministerio Público Fiscal es "meter preso a los funcionarios como una causa política" y dejar libre a los que aparecen "en las filmaciones llenándose los bolsillos de dinero".
"De todo lo que se ha hablado no hay nada en contra de Ricardo, que pruebe de lo que lo acusan. Pero sí hay otros imputados que daban las órdenes y que se quedaban con el dinero, estaban acorralados y les ofrecían una salida", dijo Sampayo.
Y acotó: "La causa está floja de papeles, porque pasan cosas que en otras no, no se aplican criterios. Hay un objetivo claro y es político, no hay un interés en conocer la verdad".
Sampayo sostuvo que hay cosas extrañas en la causa, con imputados que no puede justificar compras de propiedades pero que no les cae la justicia con el mismo rigor que a Soiza. "Sólo se busca escandalizar con nombres de políticos y listas, pero eso no existe", dijo.
El hilo de las estafa con los planes sociales
La causa comenzó formalmente el 29 de noviembre de 2022, cuando se realizó la primera formulación de cargos por el delito de asociación ilícita, en concurso real con defraudación especial por uso de tarjeta de débito ajena; y fraude a la administración pública, todos en calidad de coautores.
El pasado 27 de noviembre de 2023 hubo una reformulación de cargos, se sumaron otros imputados y se fueron más atrás en el tiempo de los hechos, hasta 2020.
Soiza y Osuna están con prisión preventiva mientras que Sanz, quien presentó una "lista" de políticos que cobraban dineros, está en la casa. Los primeros días de junio se vence el período de preventiva, y podría haber fecha de juicio.