Activar la colaboración con el sector privado y los ayuntamientos es el pilar en el que se se basa el plan diseñado por el Gobierno valenciano que preside Carlos Mazón para aumentar el parque público con 10.000 nuevas viviendas de 2024 a 2027. 7.000 de ellas serán construidas y financiadas directamente con fondos privados a través de acuerdos con los municipios para la cesión del suelo público, modificaciones legislativas que favorezcan la construcción e instrumentos como las permutas, las concesiones administrativas o el derecho de superficie, que permite a las constructoras recuperar su inversión gestionando el alquiler asequible por un periodo de entre 50 y 75 años.
Estas iniciativas, enmarcada en el llamado Plan Vive, supondrán una inversión público-privada de 7.326 millones de euros y beneficiará a 24.600 personas, generando 74.000 empleos directos e indirectos. «No es una expectativa. Es un plan ambicioso, pero realista y posible», aseguró Mazón.
El primer paso ha sido firmar un convenio de colaboración para los próximos cuatro años con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) para activar la bolsa de suelo público. Serán los ayuntamientos de las tres provincias quienes determinen en qué lugares se alzarán los nuevos edificios destinados a alquiler social, asequible y a la compra a precio VPO, de manera que se puedan integrar en la trama urbana o conformar nuevos barrios. «La Generalitat sólo marca las reglas del juego y modifica la normativa», puntualizó la consejera de Vivienda, Susana Camarero.
La previsión es que se construyan 6.250 viviendas en la provincia de Valencia, 2.466 en la de Alicante y 562 en la de Castellón. Para ello se ha retocado la normativa aprobada por el anterior gobierno para dar «seguridad jurídica» en cuestiones como las normas de diseño y calidad en edificios de vivienda, el Reglamento de vivienda de protección pública y régimen jurídico del patrimonio público de vivienda y suelo y la agilización administrativa de licencias de obras recogida en la nueva Ley de Ordenación del Territorio (LOTUP). Según el secretario autonómico de vivienda, Sebastián Fernández, esta legislación paralizaba la implicación de la iniciativa privada en el desarrollo de proyectos.
Esta es la principal vía de financiación que activará el Consell, junto con los fondos europeos. Se contempla el concurso de derechos de superficie o concesión administrativa destinado a desarrollar por el sector privado promociones para alquiler asequible por un periodo determinado y también las permutas de suelo o inmuebles que permitan concursos para promoción de vivienda protegida y la entrega a la Administración de viviendas para fines sociales, entre otros.
A este nuevo impulso se suma la culminación de actuaciones pendientes de la anterior legislatura, como los 360 inmuebles del proyecto Cuartel Ingenieros de Valencia para alquiler asequible o rehabilitación de 184 inmuebles en el edificio de La Torre también en Valencia.
El Plan Vive no sólo prevé fondos para el incremento del parque actual, «colapsado» según Camarero, sino que prevé la rehabilitación de viviendas ya existentes en régimen de alquiler social. En concreto, serán 600 viviendas remodeladas con fondos europeos y de la Generalitat.