En el regreso del fin de semana extra largo, la Asociación de Trabajadores del Estado realiza protestas en todo el país que incluyen posibles tomas de edificios públicos. Es en rechazo a los más de 11.000 despidos en la administración nacional. Ya se vivieron los primeros momentos de tensión entre los manifestantes y Fuerzas policiales.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) inició este miercoles un nuevo plan de lucha contra los despidos masivos de empleados públicos, que durante el fin de semana extralargo alcanzó a más de 11.000 trabajadores. Ya se vivieron momentos de tensión entre los trabajadores y efectivos de seguridad en el Inadi y Conicet.
La medida comenzó pasadas las 9 e incluye, además de un paro nacional, un ingreso masivo a distintas oficinas públicas.
Los primeros momentos de tensión se vivieron en la sede del Inadi, cuando minutos después de las 10, el grupo de trabajadores despedidos lograron vencer la valla policial que habían fromado un grupo de agentes y lograron ingresar al edificio. La misma situación se vive en otros edificios donde funcionan distintas dependencias estatales.
Por su parte, los trabajadores de Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) asistieron a la sede de Buenos Aires y tuvieron que hacer una cola bajo la intensa lluvia para saber si perdieron, o no, sus empleos.
Tanto la Policía Federal como efectivos porteños se encuentran apostados en cada uno de los edificios públicos. Las protestas también se replican en algunos puntos del resto del país.
En medio de las protestas, el vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que "el número ronda los 15 mil contratos que no se han renovado" y aseguró que "es parte del trabajo para achicar los gastos del Estado, personal que no es necesario que no siga cobrando un ingreso del Estado, del otro lado hay un contribuyente que lo paga".
Durante su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, el vocero advirtió a quienes protestan: "Lo que sea fuera de la ley tendrá las consecuencias correspondiente de cada caso".
"Vamos a ejercer derechos constitucionales: de huelga, de peticionar, de reunión y de libertad de expresión", aseguró en las últimas horas Rodolfo Aguiar, líder de la central sindical.
La protesta incluye el ingreso de los trabajadores cesanteados a sus lugares de trabajo, un cese total de actividades y movilizaciones.
"Durante el fin de semana contamos más de 11.000 despidos. El Presidente se ha decidido a quebrantar el sistema jurídico argentino en su parte medular y tanto él como sus funcionarios podrían terminar presos", alertó el dirigente sindical en la red social X.
El titular del gremio que agrupa empleados de la administración pública acusó al Gobierno de "provocar cesantías masivas en el Estado" e indicó que "suprimir derechos fundamentales de las personas es una conducta tipificada en nuestro Código Penal".
Por su parte, el presidente Javier Milei advirtió que "no va a dejar pasar" la toma de edificios y Aguiar lo hizo responsable por las consecuencias en caso de haber represión.
"Delito no es lo que vamos a hacer, delito es gobernar a espaldas del Congreso, contrariamente a la Constitución nacional y perjudicando al pueblo", contestó el sindicalista en una entrevista televisiva.
En tanto, Aguiar ratificó que durante este miércoles habrán "ingresos masivos y simultáneos" de los trabajadores del Estado a los distintos organismos en el marco del plan de lucha contra el Gobierno para revertir los despidos.
"Tenemos que demostrar que es el Gobierno el que actúa al margen de la Constitución y de la ley", enfatizó.
"Mañana a las 16 hs convocamos un Plenario Federal con más de 1.000 delegados para profundizar el plan de lucha", informó, y destacó que "por la mañana, los trabajadores con nuestros ingresos masivos y simultáneos estaremos ejerciendo nuestros derechos de huelga, manifestación y reunión".
Sobre la posibilidad de que ocurran incidentes, Aguiar aclaró que "si hay violencia y represión, la única responsable será la Casa Rosada".