El Gobierno valenciano ha aprobado la modificación del decreto que regula la tipología y funcionamiento de los centros, servicios y programas de servicios sociales y les tiempo de adaptarse a la nueva normativa, lo que permitirá que se inicien las licitaciones para evitar que sigan funcionando con un contrato que venció y en situación de enriquecimiento injusto. En este situación, según la vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, están todos los centros de mayores de la Comunidad Valenciana y algunos de los centros de día y de menores.
El Consell ha modificado el decreto aprobado en marzo de 2023 por el Botànic, y revisado en junio, para dar a la empresas más tiempo para adaptar los centros sin tener que dejar de prestar servicio y también para adaptar su personal. La exigencia de la anterior normativa había provocado que el sector planteara 1.790 alegaciones.
Camarero ha justificado el cambio parcial del decreto en aspectos que las entidades no podían cumplir y, de manera especial, en el calendario de aplicación. El cambio afecta a seis de las 23 disposiciones transitorias de la norma inicial, para ampliar en un año el periodo para la adecuación de los centros sin que tengan que dejar de prestar servicio, -"porque con la carencia de plazas no es de recibo", aseguró la vicepresidenta- dos años más para adaptar sus instalaciones y uno más para configurar las plantillas que cumplan con las figuras profesionales, ratios y titulaciones requeridas, "sin exigir ninguna que no sea necesaria".
Un caso paradigmático es el de las residencias de atención a personas con problemas de salud mental que incrementaba el personal exigido en un 130%, es decir, en un centro de 40 plazas debía pasar de 20 trabajadores a 46 en el plazo de un año.
La vicepresidenta ha explicado que también se mejora una normativa que es "muy farragosa y poco comprensible" para las propias entidades, y se acomete una simplificación administrativa para que las entidades puedan dedicar más tiempo a las personas usuarias y menos al papeleo.
Camarero ha afirmado que cuando el actual Consell llegó al cargo se encontró con más de 100 millones de euros de deuda en estos centros, lo que ha supuesto que durante meses muchos de estos profesionales hayan tenido su nómina sin cobrar o en riesgo de no poder hacerlo.
Valoración positiva de Aerte
Desde la patronal Aerte se ha recibido con agrado que se atiendan las demandas del sector y, sobre todo, que se consensuen las medidas.
Una de esas demandas planteadas es la creación de centros específicos para la atención de personas con Alzheimer, que no fue atendida por el Gobierno del Botànic en la redacción original, o la participación de entidades científicas como la Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología que no fue invitada en aquel momento.
"El sector veía imposible aplicar los requisitos en tan escaso periodo de tiempo. Creemos que este es un buen paso y que va en la línea con lo solicitado ampliamente a la vicepresidenta segunda, Susana Camarero, pero que debe ser continuado de manera rápida por una reforma de mayor calado en el fondo del decreto para hacerlo eficaz y viable para las familias, las entidades y la Administración", advierte su presidente, José María Toro.