Dicen por ahí que el nombramiento del nuevo responsable de la Autoridad Portuaria es inminente. Pero es lo que dicen cada quince días desde la constitución del Gobierno de Fernando López Miras, y por aquí vamos. «De febrero no pasa», parece ser la última expresión al respecto que algunos han escuchado del presidente. Estamos en abril, aunque no lo parezca por el tiempo atmosférico, ya casi a un año cumplido del ensayo PP/Vox. Y nada de nada.
Es extraño. La presidencia del Puerto de Cartagena tiene muchos novios. Es uno de esos cargos apetecibles por muchas razones, empezando por el sueldo y porque es una de esas empresas que, sin obviar sus complejidades, va sola. De hecho, funciona a la perfección desde hace más de un año con una presidencia provisional, sin que por provisional halla que restarle méritos. Se supone que a las puertas de San Esteban tendría que haber cola para recordar a López Miras la necesidad de recompensar servicios prestados. Pero el presidente remolonea.
Es entendible que tras la dimisión de Yolanda Muñoz, investigada por corrupción en la adjudicación de contratos, con el añadido de su escasa habilidad para gestionar su relación con los sindicatos y otros agentes relacionados con el Puerto, López Miras quiera acertar en el nombramiento, y para esto se esté tomando tiempo. Pero un año es demasiado tiempo, demasiada precaución, hasta el punto de que tal dilación no puede dejar de llamar la atención.
"¿Por qué el presidente provisional del Puerto no ha proclamado que aparten de él ese cáliz? Tal vez porque aspire a que su abnegación, la paz tras la convulsión del caso Yolanda Muñoz, y la gestión ordenada de la actividad le sean considerados méritos para que se le encargue la presidencia con todo derecho"
Hace meses, en un acto público, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, sugirió que el actual presidente en funciones, Pedro Pablo Hernández, estaba calentando en banda para asumir oficialmente el cargo, y se entendió que si ella adelantaba esa posibilidad era porque existía el plácet del presidente, pero lo cierto es que el gabinete de la alcaldía salió de inmediato a matizar las declaraciones de Arroyo, lo cual indicaba que el asunto no estaba tan maduro como pareció darse a entender.
Hernández, que no es la primera vez que por su posición en el Consejo de Administración del Puerto accede a la presidencia provisional, desarrolla su función gratis total, con tan solo la gratificación de dietas por su actividad. Es curioso que uno de los cargos públicos mejor pagados de la Región, cuando se ejerce en modo provisional no merezca asignación alguna, un misterio que se debe al reglamento de la institución. Cabe suponer que esto es así porque la provisionalidad se contempla como un espacio de tiempo reducido: semanas o pocos meses. Pero en el caso de Hernández tal provisionalidad se ha convertido en un hecho cotidiano, hasta el punto de cumplir más de un año en esa situación. Debe ser el único actor de la política regional que no recibe remuneración por su trabajo.
El presidente de Esamur, fichado en su día por el antecesor de López Miras, Pedro Antonio Sánchez (PAS), dimitió hace largo tiempo, y el cargo quedó libre sin que el presidente haya encontrado sustituto. Aseguran ciertas malas lenguas generalmente bien informadas que hay un tira y afloja entre López Miras y PAS por el titular de esa plaza, desde la que se licitan contratos de envergadura
¿Por qué Hernández no ha proclamado que aparten de él ese cáliz? Tal vez porque aspire a que su abnegación, la paz en la administración del Puerto tras la convulsión del caso Yolanda Muñoz, y la gestión ordenada de la actividad le sean considerados méritos para que se le encargue la presidencia con todo derecho. En realidad, cumple los requisitos esenciales: es un empresario bien considerado en Cartagena, tiene buena entrada en la patronal regional y mantiene una excelente relación con la alcaldesa, cuestión esta última determinante para desarrollar el proyecto en marcha Puerto Ciudad sin tensiones y buena colaboración, aunque le falta el membrete que suele requerirse en estos casos: no pertenece a la colla del PP y, por lo tanto, hay que entender que atendería más a los aspectos técnicos que a los políticos. En ese sentido es un contratipo de su antecesora, Yolanda Muñoz, quien mantuvo durante años cargos estratégicos en la Administración autonómica y, como guardiana de muchos y delicados secretos, resultó gratificada con la dirección del Puerto. Fue una lealísima cumplidora de consignas políticas, incluidas las que contemplaban la desconsideración a los medios de comunicación críticos con el Gobierno. Hernández no es un político, y por tanto no tendría ese grado de confianza tan íntimo.
El nombramiento de la Autoridad Portuaria es una prerrogativa del presidente, que lo propone a la Administración central como mera formalidad, aunque la institución está adscrita a la consejería de Fomento. De ahí que sorprendiera la naturalidad aparente con que Vox, que dispone de ese departamento en el Gobierno, no peleara en su día para atribuirse la responsabilidad de hacerse cargo del Puerto o, al menos, de exigir una designación consensuada para la presidencia del mismo. Vox desestimó sin resistencia uno de los cargos más señalados del staff político regional, a pesar de tratarse de un institución de enrome solvencia económica, de gran influencia en la comarca de Cartagena (estratégica para los abascales), básica para el plan de comunicaciones de mercancías de la Región y para el diseño de ampliación del Gorguel, así como para apoyar al gobierno municipal en proyectos diversos y al movimiento asociativo cartagenero. ¿Ingenuidad de Vox en la negociación para el Gobierno coaligado? Misterio. Como misterio es también que López Miras, una vez que ha extraído el Puerto del ámbito de Vox, relegue más de un año el nombramiento de la presidencia.
También está pendiente el probable caso de ingeniería consistente en reconvertir el Consejo de la Transparencia en el Defensor del Pueblo, que al estar en el ámbito de Vox sería rebautizado como Defensor del Campo, lo cual supondría un curioso viaje
Pero del Puerto de Cartagena no es el único caso de extraña dilación en el nombramiento de responsables de organismos públicos. También llama la atención el caso de Esamur, la sociedad relacionada con la desaladora de Escombreras. Su presidente, fichado en su día por el antecesor de López Miras, Pedro Antonio Sánchez (PAS), quien lo trajo de Andalucía, dimitió hace largo tiempo para contribuir, dicen, a la redacción de planes urbanísticos en zonas de aquella Comunidad, y el cargo quedó libre sin que el presidente haya encontrado sustituto. Aseguran ciertas malas lenguas generalmente bien informadas que hay un tira y afloja entre López Miras y PAS por el titular de esa plaza, desde la que se licitan contratos de envergadura. PAS se habría reinstalado en Puerto Lumbreras, en un chalé de nueva planta en la pedanía del Esparragal, regresado de Miami, y aspiraría a seguir contando en puestos clave del Gobierno regional con personas de su estricta confianza, a lo que López Miras querría poner coto. Esta interpretación daría a entender que el presidente ha tomado relativa distancia de quien lo designó inicialmente para la presidencia, tal vez porque considera que los tributos ya están saldados.
También está pendiente el probable caso de ingeniería consistente en reconvertir el Consejo de la Transparencia en el Defensor del Pueblo, que al estar en el ámbito de Vox sería rebautizado como Defensor del Campo, lo cual supondría un curioso viaje.
Es sorprendente, en definitiva, que la avidez de ocupar cargos se resuelva con tanta contención, lo cual indica la existencia de dificultades que no se revelan, pero que dan lugar a todo tipo de sospechas. Porque mira que es raro que haya tan importantes sillones sin ocupar habiendo tantos aspirantes a ocuparlos.
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