La secretaria de Gobernación expresó su preocupación por la posible decisión de la SCJN de anular la prisión preventiva oficiosa.
Para la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anule la prisión preventiva oficiosa, en respuesta a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reviste peligro.
Alcalde dijo que tal acción excede las facultades de la SCJN y podría tener graves consecuencias para la paz y seguridad en México, ya que la anulación del artículo 19 de la Constitución, que establece la prisión preventiva oficiosa, podría resultar en la posible liberación de 78 mil presuntos delincuentes en todo el país.
De hecho, dijo que entre estos presuntos delincuentes se encuentran acusados de homicidio, secuestro, violación y narcotráfico, entre otros delitos graves.
Además explicó que la decisión afectaría significativamente la seguridad en diferentes estados de México, como el Estado de México, Jalisco y Veracruz, ya que ahí se liberaría a miles de presuntos delincuentes.
El riesgo no es solamente que se les libere, sino que habría una amenaza real para testigos, víctimas, personal policial y judicial, así como para la población en general.
Desde su punto de vista, sienta un mal precedente que la SCJN haya asumido la decisión de forma unilateral, sin considerar otras opciones, como la intervención del Congreso de la Unión para analizar posibles modificaciones constitucionales.
Indicó que el viernes pasado el gabinete de Seguridad le envió una carta a todas las ministras, a todos los ministros, para plantearles cuáles las preocupaciones que se tienen y de entrada señalaron que la decisión impactaría a la posible liberación de 68,000 presuntos delincuentes bajo prisión preventiva oficiosa al día de hoy.
"Estamos hablando de 11 mil 640 acusados de homicidio, 7 mil 150 acusados de secuestro, 5 mil 617 de violación, 4 mil 13 de narcotráfico y narcomenudeo, 3 ml 800 de portación de armamento y explosivos, mil 405 de feminicidio, mil 273 de abuso infantil y corrupción de menores y 405 por delincuencia organizada", precisó la titular de la Segob.
La funcionaria hizo hincapié en que ningún estado, gobierno o tribunal extranjero tiene la autoridad para ordenar a México modificar su constitución o su régimen político, ya que esto sería considerado una injerencia inadmisible. Alcalde recordó que, en caso de conflicto entre normas internacionales y la Constitución mexicana, esta última debe prevalecer, como ha sido criterio en ocasiones anteriores.