Han sido ya varias veces en las que desde este espacio hemos criticado leyes o reformas constitucionales aprobadas por el actual Congreso. Lo ocurrido el jueves pasado, no obstante, seguramente será recordado como una de las decisiones más perjudiciales para el país tomadas en los últimos años por nuestro Poder Legislativo, sobre todo por sus consecuencias de largo plazo.
Como ya es sabido, aquel día, el Congreso aprobó por insistencia –ya que antes había sido observada por el Ejecutivo– la norma que permitirá el reingreso a la carrera pública magisterial de profesores que habían sido nombrados interinamente y que fueron retirados por no rendir o haber desaprobado las evaluaciones docentes, a través del rendimiento de una prueba menos rigurosa. Lo hizo con un total de 92 votos a favor, apenas 6 en contra y ninguna abstención.
Con ello, el Estado peruano ha retrocedido drásticamente en una política que nos tomó varios Gobiernos implementar. Y que se trata del esfuerzo más serio que el sector público ha hecho en décadas por volver más meritocrática la contratación de los maestros escolares, premiando con mejores contratos y salarios a quienes demuestren tener mejores competencias.
La decisión ha generado la crítica prácticamente unánime de especialistas en educación. Y es que esta lleva a varias preguntas: considerando que las plazas de la carrera magisterial son limitadas, ¿cómo así podría no ser razonable que el Estado procure asignarlas a los mejores candidatos? ¿O que promueva el crecimiento profesional continuo de los docentes ya contratados con incentivos? Además, ¿con qué criterio un político honesto y genuinamente preocupado por el país podría poner los intereses de los maestros separados por motivos meritocráticos por encima del interés de los niños?
Sin duda, esto último ha sido un problema no solo de este Congreso, sino de varios de los anteriores también: olvidar que la finalidad principal de las políticas educativas es asegurar el futuro de los niños, no la estabilidad laboral de los maestros. Por supuesto, los derechos y condiciones laborales de estos últimos deben siempre respetarse, pero sin dejar de tener claro que la prioridad número uno es el bienestar de los niños. Lamentablemente, la cruda realidad en nuestro país parece ser que el hecho de que lo maestros voten hace que varios de nuestros políticos olviden todo lo señalado.
Si antes este Congreso había aprobado normas problemáticas, el haber aceptado perjudicar el futuro de miles de niños con una norma cuyo único resultado podría ser empeorar la calidad de los docentes ha marcado un nuevo hito. Si el Tribunal Constitucional no llega a corregir este despropósito antes de que sea implementado –he ahí la importancia de un Tribunal independiente del Congreso de turno–, tomará mucho recuperarnos del retroceso.