Las Palmas de Gran Canaria
Miércoles, 3 de abril 2024, 02:00
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El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está tramitando la suspensión de cuatro artículos del Decreto Ley 1/2024 de medidas urgentes en materia de vivienda del Gobierno de Canarias. En concreto, se trata del articulado que trata de incrementar la oferta de edificaciones existentes para aumentar el parque de viviendas.
El área municipal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda está trabajando en estos momentos en el impulso de un acuerdo plenario para evitar la aplicación de los artículos 13 a 16 del decreto ley del Ejecutivo autónomo. Con ello, Las Palmas de Gran Canaria se convertirá en el primer municipio en mostrar sus discrepancias respecto a la norma autonómica aprobada a fines de febrero del presente año.
La posibilidad de evitar la aplicación de este articulado está contemplada en el propio decreto ley: «Las medidas y reglas establecidas en estos preceptos son de aplicación directa, salvo que el ayuntamiento, en el ámbito de sus competencias en materia de urbanismo, decida mediante acuerdo del Pleno la no aplicación de las mismas».
Sin embargo, establece condiciones. Así, para el caso de las recalificaciones de locales comerciales o de oficinas y de otras edificaciones desocupadas durante más de un año se debe atender «la necesidad de garantizar la mixticidad de usos y la generación de economía y empleo»; y en el supuesto de incremento de la edificabilidad -hasta la altura máxima de las edificaciones colindantes- o la división de viviendas existentes, se podrá acordar por razones paisajísticas, de preservación del entorno, asoleamiento o cualquier otra razón motivada.
Detrás de la negativa del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a aplicar estos artículos está la defensa de la planificación de las políticas impulsadas por el municipio para facilitar el acceso a la vivienda, tomando como base las disposiciones que vienen determinadas por el Plan General de Ordenación.
«El hecho de que se limite la implantación de las medidas propuestas en los artículos 13 a 16 del Decreto Ley 1/2024 no significa que no se entienda necesario apostar por el fomento de la vivienda de protección, particularmente pública, sino todo lo contrario», señalan desde el Consistorio capitalino, «es sobradamente conocida la implicación de este municipio en la construcción de vivienda protegida y su colaboración con otras administraciones cediendo suelo, elaborando proyectos y promoviendo su construcción».
«La razón obedece a que Las Palmas de Gran Canaria dispone de un Plan General de Ordenación que está en vigor y adaptado a la legislación ambiental y urbanística vigente, e incorpora las exigencias legislativas en materia de vivienda protegida», prosiguen las mismas fuentes, «el Ayuntamiento ya tiene incorporado en su planeamiento las reservas de suelo mínimas establecidas por la ley estatal del suelo en materia de vivienda protegida, así como en la legislación autonómica».
Esto supone que las licencias o títulos habilitantes en materia urbanística se seguirán rigiendo por el planeamiento municipal que está en vigor.
«La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria cuenta con un planeamiento actualizado en relación con las exigencias legislativas en materia de vivienda protegida, lo que sitúa al municipio en una situación de ventaja respecto a la estrategia que se desprende del Decreto Ley 1/2024, de modo que puede focalizar sus actuaciones en favorecer la construcción de este tipo de viviendas, desde sus competencias y en colaboración con otras administraciones».
El Ayuntamiento asegura que va a «desplegar» todas aquellas acciones que la normativa vigente contemple para facilitar el acceso a la vivienda de los habitantes de su municipio. Y ahí se incluyen tanto la Ley Estatal de Vivienda como la resolución de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, por la que se determina el sistema de índices de precios de referencia, como el cuerpo normativo autonómico.
El decreto canario de medidas urgentes en materia de vivienda reconoce que la realidad de las islas en esta materia es de «emergencia habitacional» por el hecho de que la demanda ha crecido mucho más que la oferta de casas, en especial de viviendas protegidas. Por eso propone incrementar la disponibilidad de suelo destinado a uso habitacional y facilitar la construcción de nuevos bloques.
El gobierno municipal que preside Carolina Darias en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se ha planteado como reto la construcción de un millar de viviendas en régimen de alquiler durante el mandato actual con el fin de dotar de más oferta pública a la ciudad.
En estos momentos, Las Palmas de Gran Canaria tiene en marcha tres promociones de construcción de viviendas públicas diferentes con un total de 137 pisos: una de 36 viviendas en Tamaraceite -con una inversión de 5,7 millones de euros con cargo al Plan de Recuperación de Transformación y Resiliencia del Gobierno de España- y otra de 74 -con una inversión de 8,4 millones de euros-, ambas en Tamaraceite; y una tercera de 27 casas de alquiler asequible, en la calle León y Castillo, que está financiada por fondos del Instituto Canario de la Vivienda, con un montante de 2,5 millones de euros.
Estas propuestas se completarán en los próximos años con la proyección de 657 nuevas viviendas en Tamaraceite. Estas casas están distribuidas en dos grupos diferentes, uno de 266 unidades y otro de 391 que está planificado en cuatro parcelas diferentes. En este último grupo se incluyen 130 que cuentan ya con 15,3 millones de euros financiados con los fondos Next Generation de la Unión Europea.
El parque de viviendas de alquiler asequible que impulsa el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria trata de poner en el mercado pisos cuyas mensualidades medias rondarán los 375 euros aproximadamente.
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