La labor de Rafael Yanes y su equipo desde su elección el 12 de junio de 2018 como Diputado del Común se puede calificar de brillante. Tras relevar a Jerónimo Saavedra se convirtió en el sexto Diputado del Común de Canarias una labor en la que ha tenido "un sabor agridulce", porque ha logrado muchas metas, pero también algunos fracasos que le enseñaron a "duplicar el esfuerzo" en su labor. Quería ser el Alcalde de todos los Canarios y por eso abrió la Diputación a toda la ciudadanía, sobre todo los más débiles. Abandona con la "gran frustración" de no haber convencido a los diferentes gobiernos que es necesario un "revulsivo presupuestario en favor de las políticas sociales".
-¿Cómo valora su trayectoria al frente de la Diputación?
"Para mí ha sido un verdadero honor ser Diputado del Común porque, junto a la alcaldía de tu localidad, es la función más bonita que puede tener una persona con vocación de servicio público. Ha sido un trabajo en equipo, he tenido la suerte de contar con personas estupendas como mis adjuntos, Felipe Afonso El Jaber, Milagros Fuentes González, Beatriz Barrera Vera, personal de gabinete como Paqui Rodríguez, el secretario Lázaro Brito, así como personal funcionario y laboral, y asesores, que han colaborado para hacer una labor que es reconocida por la sociedad. Mi objetivo era ser el alcalde de todos los canarios y abrir las puertas de la Diputación del Común a la ciudadanía, no esperando sentado a que vinieran con sus problemas, y ahí hemos tenido un colaborador fantástico en los medios de comunicación. En estos casi seis años he tenido un sabor agridulce, porque he visto algunas metas logradas y también algunos fracasos, pero estos nos enseñaron que debíamos duplicar el esfuerzo, de manera que siempre hemos tenido una actitud positiva para decirle a la administración cuáles eran sus incumplimientos y cuáles deberían ser las posibles soluciones. Tengo que mostrar mi gratitud a las personas que confiaron en mí. Estoy satisfecho por el hecho de que me suceda una persona que tiene una gran sensibilidad social como Dolores Padrón. Mi sustituta será una persona muy sensible con los problemas sociales ya que ha vivido una alcaldía también apegada a la ciudadanía, y estoy absolutamente convencido de que llevará a cabo una gestión cercana a los problemas de los más vulnerables y que será una gran Diputada del Común".
-¿Cuáles han sido los mayes sinsabores?
"Son muchos lo problemas sociales que hemos llevado a la Administración, pero se pueden resumir en que no se toma en serio las políticas sociales, en ninguno de los expedientes más importantes para las personas vulnerables, bien en Dependencia, en Discapacidad, en la Renta Canaria de Ciudadanía, en las pensiones no contributivas, en vivienda…, veo que cumpla con sus obligaciones y con los plazos. Mi gran frustración ha sido no haber convencido a los tres diferentes gobiernos que han coincidido conmigo que es necesario un revulsivo presupuestario en favor de las políticas sociales, que se tomen en serio y que cumplan la legislación atendiendo adecuadamente a los más vulnerables".
-¿Cómo se puede mejorar el trato de las Administraciones públicas a la ciudadanía en estos aspectos que ha comentado?
"Indudablemente aportando más recursos a las Políticas Sociales, áreas que en Canarias están infradotadas presupuestariamente. Hay que duplicar el dinero invertido en Servicios Sociales para igualarlos a otras Comunidades Autónomas que sí cumplen con la legislación y los plazos establecidos. Dos ejemplos, el próximo 1 de mayo se cumplirán 17 años que Canaria se hizo cargo del servicio de Dependencia, y en ese momento se puso se aprobó una relación de puestos de trabajo (RPT) con 54 valoradoras, que 17 años después apenas se ha actualizado. En aquel momento habían 240.000 mayores de 65 años que son potencialmente dependientes y hoy superamos los 400.000, pero dentro de seis años, Canarias tendrá 500.000 mayores de 65 años. ¿Tiene el Gobierno de Canarias y el resto de Administraciones previsto la adecuación del personal, los medios y las infraestructuras necesarias para atender a esas personas? Este es el gran problema, por eso creo que las Administraciones no se han tomado en serio en las Políticas Sociales en nuestra tierra".
-Durante su mandato ha elaborado Informes Extraordinarios ¿Cree que han tomado en cuenta sus propuestas?
"Hemos realizado cuatro informes extraordinarios monográficos y hemos visto que se tomaban decisiones. Hicimos uno sobre Residencias de Mayores e inmediatamente se crearon nuevas plazas de inspección y se visitaron e inspeccionaron los centros, pero a mí me parece que insuficientemente. A continuación hicimos un trabajo sobre Representación Paritaria de la Mujer en los órganos de decisión políticos y, en ese aspecto, sí creo que se tomaron decisiones. Posteriormente presentamos el Informe sobre la Dependencia en Canarias, en el cual establecimos las enormes dificultades para cumplirse los plazos y servicios establecidos en toda la promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia. Dos años después vemos que se han mejorado algunos aspectos, pero seguimos siendo los últimos de España. El último Informe monográfico presentado fue el de Vivienda, que es un problema estructural que necesita años para ver la solución, porque durante demasiado tiempo se ha dejado en manos del mercado libre, sin tomar decisiones en política pública de vivienda. En este trabajo realizamos 39 propuestas y líneas de actuación que en resumen señala que la Administración debe contar con un número suficiente de viviendas públicas de alquiler social para atender a aquellos ciudadanos que no pueden afrontar el alto costo del mercado libre".
-Han quedado otros pendientes como el de la Discapacidad.
"Los importantes problemas de la Dependencia han hecho que los gravísimos incumplimientos en materia de Discapacidad queden un poco opacados, sobre todo aquellos que piden el reconocimiento del grado de discapacidad. Antes eran tres meses de plazo y ahora son seis meses, pero en Canarias estamos tardando hasta 60 meses, es decir si una persona tiene un accidente hoy, la administración reconocería su discapacidad en 2029. Y en el caso de dependencia una persona que la presente hoy tendría que esperar al año 2026, si no fallece antes como las 2.300 personas en 2023. Y el incumpliendo del plazo para resolver los expedientes de la Renta Canaria de Ciudadanía, de 16 meses cuando deberían ser tres, una prestación muy necesaria para las personas más vulnerables. Estas son tres situaciones inaceptables y no podemos admitir como habitual lo que no es normal".
-En las plazas de residencias de mayores, las mejoras caminan lentamente.
"Antes comenté que en 2030 habrán 500.000 canarios con más de 65 años y observamos poca previsión en la relación de puestos de trabajo en áreas como Dependencia, Discapacidad, Sanidad o plazas residenciales para atender a esa población, área en la que somos de los peores de España, con un déficit de 9.400 plazas. Si la Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja que hayan al menos cinco plazas disponibles por cada 100 mayores de 65 años, deberíamos tener 16.000 plazas".
-En Sanidad también hay demoras inaceptables.
"La ley no prevé en qué plazo hay que realizar una operación quirúrgica, una consulta médica o una prueba diagnóstica, pero sí nos comparamos con otras Comunidades, puedo asegurar que según el Ministerio de Sanidad, Canarias está en el último lugar en el tiempo de espera para una operación quirúrgica con 153 días cuando la media es 112 días, y estamos en el último lugar en relación a la espera para una consulta, que tardamos 123 días cuando la media nacional es casi la mitad, 78 días. Espero que las medidas que se tomen sean más efectivas".
-En el área de menores. ¿Cómo ve la situación?
"Yo separaría dos campos, el primero es el de la atención a los menores no acompañados que llegan a nuestra tierra desde el continente africano. Ahí hemos contado con dos colaboradores magníficos como son María Farnés desde la Fiscalía Superior de Canarias, y Ángel Gabilondo desde el Defensor del Pueblo, en primer lugar para luchar por la determinación de la edad para distinguir los que son mayores de edad, que corresponden al Estado, y los que son menores y a los que se deben proteger sus derechos. Hemos luchado por la modificación de la Ley de extranjería y para que esos menores sean repartidos adecuadamente por todas las Comunidades. El segundo aspecto es la actualización de la legislación, que hemos pedido reiteradamente, además de la elaboración del II Plan de Infancia y Adolescencia, que fue un compromiso del 2014 y tampoco se ha realizado".
-En el área de Educación los progenitores de alumnos con necesidades especiales piden una mayor inclusión.
"En particular han tenido especial incidencia los padres y madres de alumnos que sus hijos estén en un aula enclave, en los que los menores están unas determinadas horas lectivas y en otras conviven con la clase de referencia. La educación debe ser inclusiva, y la administración pública tiene que poner los medios adecuados para que esos chicos puedan integrarse en su aula habitual, ya que la integración y la inclusión van en los dos sentidos, si se integran con los chicos de su edad ellos avanzarán socialmente y también los compañeros podrán aceptar a esa persona que es diferente como una normalidad social para ser una sociedad más inclusiva y plural. He tenido quejas de una alumna con movilidad reducida que tenía el laboratorio en la segunda planta y no podía acudir a prácticas obligatorias. Hace unas semanas tuvimos la queja de una madre a la que su hijo con TEA se le discriminaba porque el centro no le permitía ir al viaje de fin de curso con sus compañeros. También a muchos progenitores de estos alumnos se les dificulta conciliar la vida laboral o social al no tener servicios de recogida temprana o de permanencia. Pese a que se han logrado avances, todavía hay mucho que hacer y nos corresponde seguir pidiendo su plena inclusión".
-La situación de estos alumnos al cumplir los 21 años es dramática ¿Habrá una solución para ellos y sus familias en breve?
"Ese es tema muy importante. Estos chicos y chicas cuando llegan a los 21 actualmente tienen que abandonar los centros educativos y sus padres o madres tienen que reajustar su vida porque no hay plazas en los centros ocupacionales. Hemos pedido a los Cabildos que promuevan programas de ayuda al empleo para personas con discapacidad y tanto los Cabildos como desde el Gobierno de Canarias se está trabajando en varias soluciones y programas educativos o formativos".
-¿Le preocupa que Canarias tenga estos dramáticos registros de violencia de género?
"Muchísimo, los datos son muy preocupantes y todavía queda muchísimo trabajo por hacer. En violencia de género hemos llevado a cabo dos actuaciones de oficio importantes. Una sobre la consolidación de las dos oficinas previstas en el Decreto de atención a las víctima del delito que nos han dado la razón pero todavía no se han constituido, y la segunda fue sobre la necesidad de dotar de más psicólogos a los Institutos de Medicina Legal para las pruebas periciales, que deben ser inmediatas, porque de ellas dependen la seguridad de las madres y de sus hijos. La viceconsejería nos ha aceptado la recomendación y espero que pronto estén dotados de estos profesionales".