Por Francesca García, periodista, docente y politóloga peruana
Cuando menos, la Presidenta Dina Boluarte mintió con descaro sobre el origen del Rolex de US$ 18 mil que gatilló el escándalo hace tres semanas. Los certificados incautados por la Fiscalía peruana en su casa confirman que ella no compró el reloj. Su ostentosa joya no es de "antaño", ni "fruto de su esfuerzo y trabajo" como se esforzó en justificar antes de entrar en silencio.
Boluarte, con poco más de un año en el cargo, alcanza un apabullante 86% de desaprobación según el Instituto de Estudios Peruanos (IEP). Sin embargo, parece no importarle el daño irreparable que el escándalo causa a la institucionalidad presidencial y a su imagen frente a la ciudadanía. Da la impresión que se basta con el amparo de las fuerzas políticas representadas en el Congreso y de los altos mandos militares. Las dos mociones de vacancia en su contra fueron desestimadas por los congresistas con el mismo ímpetu que otorgaron la confianza al nuevo gabinete.
Exigirle a la Presidenta transparencia y explicaciones claras sobre sus numerosos artículos de lujo no declarados (y que no se condicen con sus ingresos), sobre el incremento de más de US$ 100 mil en su patrimonio en dos años o la relación con Wilfredo Oscorima, gobernador regional de Ayacucho y sentenciado por corrupción (quien le habría entregado un Rolex); no es girar en torno a superficialidades, sino atacar los problemas de fondo.
El jefe del gabinete ministerial, Gustavo Adrianzén, afirmó que Boluarte resolvería el tema con su declaración en la fiscalía este viernes 5. Lo cierto es que si esa hubiera sido la intención inicial habría ya mostrado las joyas y dado explicaciones al país, sobre todo, a los millones de peruanos que, a diferencia de ella, sobreviven día a día con lo básico.