Política -
Congreso de los Diputados
El Congreso tramitará la iniciativa de regularización extraordinaria de personas extranjeras
Por el contrario, el pleno del Congreso ha rechazado la propuesta para declarar una situación de "emergencia habitacional" en el Estado español. También ha sido rechazada la proposición para duplicar el impuesto a la banca.
Agencias | EITB Media
Euskaraz irakurri: Kongresuak pertsona atzerritarren ezohiko erregularizaziorako ekimena tramitatzea onartu du
El pleno del Congreso aprobará, con el apoyo del PSOE y sus socios parlamentarios, la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular (ILP) para la regularización extraordinaria de alrededor de 500 000 personas extranjeras que residen en España, a la que el PP no se opondrá.
El diputado de Junts en el Congreso Josep María Cervera ha confirmado durante el debate en la Cámara Baja que votará a favor de tramitar la iniciativa, que cuenta con el respaldo de más de 600 000 firmas, lo que permitirá, junto a los votos del PSOE y el resto de socios parlamentarios, que sea tramitada en la Cámara Baja. Lo hará por "respeto" a las 900 entidades sociales promotoras de esta iniciativa y las firmas recogidas, pero estudiará en los pasos siguientes de la tramitación parlamentaria su posicionamiento definitivo sobre esta cuestión, ha matizado.
También en sendas comparecencias ante los medios, los portavoces de Sumar y Podemos habían confirmado su voto a favor de la toma en consideración de la iniciativa, como han hecho durante el debate ERC, EH Bildu y BNG, al mostrar un apoyo expreso al fondo de la propuesta.
El PNV, en palabras de su diputado Mikel Legarda, ha adelantado el "sí" de sus diputados, pero ha matizado que, para su grupo, la propuesta deberá reorientarse hacia una regularización extraordinaria, "caso a caso".
Esta iniciativa comenzó su andadura hace más de dos años con una gran campaña de recogida de firmas y su objetivo es dar al Gobierno español seis meses para aprobar un real decreto con el procedimiento para regularizar la situación administrativa de las personas extranjeras que se encuentren en el Estado antes del 1 de noviembre de 2021.
Según sus promotores, esto acabaría con la vulneración de los derechos fundamentales de estas personas migrantes, que cifran en alrededor de 500 000, y las barreras que les impide contribuir económica y fiscalmente a la sociedad, además de acceder a un trabajo digno, vivienda, salud o educación.
Por el contrario, el pleno del Congreso ha rechazado la propuesta de EH Bildu para declarar una situación de "emergencia habitacional" en el Estado español, que serviría para solicitar a todas las administraciones públicas e instituciones que desarrollaran planes y leyes específicos de vivienda ambiciosos.
En la presentación de la propuesta, Oskar Matute ha advertido que hay un problema estructural con la vivienda en España y que, aunque se comparta piso el inquilino tiene que destinar más del 40 % de sus recursos a pagar una habitación, por encima del 30% recomendado para el gasto de vivienda. "Estamos entrando en situaciones de peligrosa vulnerabilidad social", ha denunciado Matute.
El PSOE ha dicho compartir el objetivo de estas medidas, pero las ha considerado insuficientes y no adecuadas al foro y la forma propuestos, por lo que ha presentado una enmienda para modificar el texto, que EH Bildu no ha aceptado.
Finalmente, la proposición de la coalición se ha votado punto por punto de forma separada y ninguno de ellos ha recibido el respaldo suficiente para salir adelante.
Tanto los socialistas como el PNV ven "electoralismo" en la proposición no de ley. La diputada jeltzale, Maribel Vaquero, ha señalado en su turno que, aunque comparte que son necesarias soluciones "integrales y efectivas" para el mercado de la vivienda, "sobran el populismo y la demagogia" para responder ante un problema "tan grave".
Además, PSOE, PP y Vox han unido sus votos para rechazar la proposición de ley de Podemos para duplicar el impuesto a la banca y que, en "ningún caso", la cantidad a abonar por las entidades financieras fuera inferior al 50 % del beneficio bruto. La propuesta no ha conseguido prosperar tras recibir el voto en contra de estos tres partidos, así como del PNV también. Por su parte, Junts ha decidido abstenerse, mientras que Sumar, ERC y EH Bildu han votado a favor.