Michel Comte
El creciente descontento contra el impuesto al carbono, una medida prioritaria para el gobierno canadiense, ha llevado a que al primer ministro liberal Justin Trudeau le cueste cada día más imponer su política de "quienes contaminen deben pagar".
El aumento de la inflación y el auge de la oposición conservadora, que promete eliminar este impuesto si regresa al poder, han debilitado la política ambiental que el gobierno impulsa desde 2019.
En los últimos meses, el propio primer ministro ha dado muestras de debilidad, al autorizar una excepción para la calefacción de gasóleo durante tres años.
El impuesto al carbono es la principal medida adoptada por su gobierno para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) entre 40% y 45% para 2030, como se comprometió a hacerlo en el acuerdo climático de París de 2016.
Desde el 1 de abril el impuesto a la tonelada de carbono pasará de 65 a 80 dólares canadienses (de 48 a 59 dólares estadounidenses). Se prevé que el precio de la gasolina aumente entonces en tres centavos de dólar canadiense (algo menos de dos centavos de dólar estadounidense).
Siete provincias han pedido suspender o cancelar la medida.
La de Terranova, controlada sin embargo por un aliado de Trudeau, reclamó esperar "al menos hasta que la inflación se estabilice".
Este descontento beneficia al principal oponente del primer ministro liberal para las elecciones de octubre de 2025, el conservador Pierre Poilievre, que ha hecho de la eliminación del impuesto al carbono uno de sus principales argumentos de campaña.
Canadá, un país que debido a su ubicación geográfica se está calentando más rápidamente que el resto del planeta, se ha enfrentado en los últimos años a fenómenos meteorológicos extremos cuya intensidad y frecuencia se ven incrementadas por el calentamiento global.
En 2023, padeció una ola de incendios histórica: más de 18 millones de hectáreas ardieron.
Para Lori Turnbull, profesora de política en la Universidad de Dalhousie, las próximas elecciones no se ganarán con el tema del clima.
"La gente siente la presión en el supermercado, en el surtidor, en el alquiler o en la hipoteca, y un aumento del impuesto al carbono puede dar la impresión de que el gobierno está haciendo oídos sordos a esta crisis", observó.
En contraste, los defensores del medio ambiente señalan que Ottawa ha aplicado más de diez planes climáticos desde 1990, pero que ninguno ha logrado sus objetivos y que el país sigue siendo uno de los mayores emisores per cápita de GEI.
Según las últimas estimaciones del Instituto del Clima de Canadá, publicadas en 2022, las emisiones del país, cuarto productor mundial de petróleo, nunca han dejado de aumentar.
El medio más eficaz
La oposición ha convertido el caso de la fábrica de hongos de Osgoode, Ontario, en símbolo de los supuestos desastres causados por la política de Trudeau.
Su responsable, Mike Medeiros, señaló que no podrá hacer frente al aumento de 23% del impuesto al carbono.
La empresa, que emplea a 160 personas y produce 90 toneladas de setas cada semana, es un gran consumidor de gas natural.
"En 2030, nuestros costos sólo por calefacción ascenderán a medio millón de dólares. No podré absorberlos", dijo el productor a la AFP.
En un mensaje a las provincias que envió el martes, Trudeu explicó que el impuesto al carbono es "la forma más eficaz de reducir las emisiones" y que sólo contribuye en un 0,1% a la inflación.
"La mayoría de los canadienses obtienen rebajas sobre su consumo de carbono, lo que significa que reciben más dinero del que pagan", añadió, mientras que "los efectos devastadores de las inundaciones, los incendios forestales y las sequías aumentan los costos cada año" para todos los habitantes del país.
No obstante, según el Instituto Angus Reid, el costo de la vida está ahora entre las principales preocupaciones de los canadienses (56%), por delante de la lucha contra el cambio climático (31%). Y alrededor de 40% se dice favorable a abolir el impuesto al carbono, en comparación con sólo 27% que cree que debería aumentar de acuerdo a lo planeado.
AFP
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