La Comisión Europea reprocha al Gobierno de Pedro Sánchez que no avance en una de las cuestiones que más le preocupa en el ámbito de la Justicia: la despolitización del fiscal general del Estado. En una respuesta por escrito, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, el comisario de Justicia, Didier Reynders, recuerda que ya en 2002, la Comisión «recomendó a España que reforzase el estatuto del fiscal general del Estado, especialmente en lo que respecta a disociar en el tiempo el mandato de éste con el del Gobierno, teniendo en cuenta las normas europeas sobre la independencia y autonomía del Ministerio Fiscal». En particular, subraya Reynders, en el informe sobre el Estado de Derecho en 2023, «en el capítulo correspondiente a la situación del Estado de Derecho en España», Bruselas «señaló que no había habido avances en relación con esta recomendación». Una situación que se mantiene.
En concreto, en dicho informe, la UE alertaba que España «no ha seguido avanzando en el reforzamiento del estatuto del fiscal general del Estado», en alusión a lo destacado por Reynders. «No se han tomado medidas para reforzar el estatuto del fiscal general del Estado, no se ha avanzado en la aplicación de la recomendación formulada», aseveraba el informe.
En la pregunta, formulada por la vicepresidenta del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, se trasladaba a la UE la preocupación por «recientes hechos» que afectan a la Fiscalía General del Estado.
«En 2020, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, nombró Fiscal General del Estado a su ministra de Justicia, Dolores Delgado. En 2022, el número dos de la Fiscal General, Álvaro García Ortiz, la sustituyó en el cargo. Poco antes de ser nombrado, éste hizo campaña electoral por el PSOE, que lidera el presidente Sánchez. García Ortiz elevó a Dolores Delgado a la máxima categoría del Ministerio Fiscal. La carrera fiscal criticó duramente que García Ortiz ascendiera a Delgado solo dos meses después de llegar al cargo, cuando Delgado era quien previamente lo había promocionado. Recientemente, el Tribunal Supremo anuló el ascenso de Dolores Delgado por desviación de poder», resume Montserrat.
Los populares recuerdan, asimismo, que la Asociación de Fiscales ha pedido la dimisión de García Ortiz «por su pasividad en la defensa del Estado de Derecho ante el reciente pacto del PSOE con los partidos separatistas catalanes, que incluye una amnistía y medidas relativas al lawfare».
«¿Está la Comisión preocupada por los hechos mencionados? A la luz de la decisión del Tribunal Supremo, ¿piensa la Comisión defender la independencia de los jueces y fiscales en España?», se planteaba a Bruselas.
En su respuesta, Reynders destaca que «la Comisión es sabedora de los hechos a los que se refiere su señoría» y reitera la preocupación por la falta de independencia en el Ministerio Fiscal, enviando una clara advertencia al Ejecutivo español: «La Comisión mantiene su compromiso de tomar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del Derecho de la UE y defender el Estado de Derecho en todos los Estados miembros y seguirá colaborando con las autoridades españolas para promover el Estado de Derecho, incluido en el contexto de la preparación del Informe de 2024 sobre este asunto».
El escrito responde a la ofensiva planteada por el Partido Popular en Bruselas después de que, en noviembre, el Tribunal Supremo anulase el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala al apreciar «desviación de poder visible e innegable» en su ascenso. Un día después, el Gobierno de Pedro Sánchez confirmó a García Ortiz como fiscal general hasta 2027, el mismo tiempo de legislatura, en caso de que no exista un adelanto electoral. El propio Reynders admitió en pleno debate sobre la Ley de Amnistía que uno de los principales «problemas» que existe en el ámbito de la Justicia en España es que la duración del mandado del fiscal general «coincide» con el de otras instituciones, por lo que reclamó una corrección a España. El PP denunció que la ratificación de García Ortiz suponía «una nueva anomalía democrática» hacia el «control» que «desde el Gobierno se quiere ejercer sobre el Poder Judicial».
Polémicas del fiscal general
García Ortiz acumula polémicas. La última, en relación a las filtraciones sobre la información fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Este lunes, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) anunció una denuncia por revelar la Fiscalía datos «confidenciales» sobre las conversaciones entre el abogado de Alberto González Amador y el fiscal. Con esa filtración, señala el ICAM, se atenta contra el «derecho de defensa» que es «sagrado» y una «pieza básica del Estado de derecho» y se cuestiona la «neutralidad» de la Fiscalía. La infidelidad en la custodia de documentos y la revelación de secretos están recogidos en el Código Penal, con inhabilitación de hasta tres años.
Además, García Ortiz se convirtió en una salvaguarda de la Ley de Amnistía de Pedro Sánchez y llegó a impedir que el Consejo Fiscal se pronunciase sobre ella. Su pasividad ante los ataques del independentismo también recibió las críticas del mundo judicial. Los fiscales del Tribunal Supremo le remitieron una carta en la que le acusaban de «ignorar deliberadamente» la demanda de amparo de los fiscales del procés por las «injuriosas insinuaciones» de lawfare en el acuerdo entre PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez.
Por todas esas polémicas, en noviembre, García Ortiz se convirtió en el primer fiscal general al que el Consejo General del Poder Judicial declaró no idóneo para el cargo.