El revisionismo de una etapa distinta a la Guerra Civil y la dictadura franquista, no es exclusivo de la Ley de Concordia valenciana de PP y Vox que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende bloquear en el Tribunal Constitucional al entender que esa ley equipara los años de dictadura con los de la II República. La Ley Estatal de Memoria Democrática, impulsada por el propio Gobierno de Sánchez y aprobada en octubre de 2022, también incluye revisar, en su caso, cuestiones referentes a la etapa comprendida ya después de la entrada en vigor de la actual Constitución. En concreto, entre 1978 y 1983. Esta parte de la ley es la que sustenta la disposición adicional décimosexta. Esa disposición resultó clave para que Bildu apoyara el texto, a fin de investigar lo que se conoce como guerra sucia contra ETA y los crímenes de los GAL.
Se da la circunstancia de que en el caso de la Ley de Concordia valenciana PP y Vox plantean investigar los crímenes de ETA y otras bandas terroristas no resueltos hasta nuestros días y cifrados en 11 por los propios impulsores de esta ley.
El Gobierno de España ha determinado en la última reunión del Consejo de Ministros, de este martes, acudir al Tribunal Constitucional «si persiste la colisión» entre la futura Ley de Concordia de la Comunidad Valenciana y la Ley Estatal de Memoria Democrática, que percibe un informe recibido por el Ejecutivo sobre la «situación de la Memoria Democrática, el desarrollo de la Ley e incidencia en las comunidades autónomas».
En el citado informe se sostiene que, en el caso de la Ley de Concordia de la Comunidad Valenciana y en la de Castilla y León, ambas «equiparan los años de la Dictadura con los de la II República y evitan condenar el franquismo».
De hecho, una crítica unánime en la izquierda a la ley valenciana de Concordia es la inclusión de las víctimas de la II República. Ese periodo, incluye el Gobierno del Frente Popular, que alcanzó el Gobierno tras las elecciones de enero de 1936.
Así incluye la ley estatal de Memoria el periodo 1978-1983
Sin embargo, se da la circunstancia de que la Ley Estatal de Memoria incluye en una de sus disposiciones adicionales, la décimosexta, que: «El Gobierno, en el plazo de un año designará una comisión técnica que elabore un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas, por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983, que señale posibles vías de reconocimiento y reparación a las mimas».
Una disposición que, de facto, supone revisar no ya de una época pasada, sino de un periodo democrático, como el que ahora critica y amenaza con llevar al Tribunal Constitucional. Durante este periodo que la actual Ley Estatal acepta revisar se produjeron procesos electorales victorias de UCD y del PSOE. El triunfo socialista fue en 1982. Un año antes del final ese periodo 1978-1983 del que habla la Ley Estatal de Memoria democrática.
La Ley de Concordia valenciana: desde la II República a nuestros días
Se da la circunstancia de que la Ley de Concordia valenciana sí acepta revisar no sólo ese mismo periodo, sino que su alcance llega hasta el día hoy. Por tanto, extiende el marco hasta nuestros días (2024). Es decir, 41 años más adelante de ese 1983.
Se da también la circunstancia de que este 6 de febrero, el PSOE se comprometió con ERC a nombrar, a más tardar en este mes de abril, a los miembros de esa misma comisión técnica que se encargará de investigar si hubo casos de vulneración de derechos humanos tras la aprobación de la Constitución (6 de diciembre de 1978) y hasta 1978, según EP ese 6 de febrero. Una investigación que, como se ha dicho, estaba prevista en la Ley Estatal de Memoria Democrática aprobada en la pasada legislatura.
La creación de esa comisión se fundamenta en uno de los acuerdos alcanzados por los socialistas con Bildu en la legislatura que se cerró con los comicios de julio de este 2023 para que Bildu apoyase la Ley Estatal de Memoria Democrática. Y, una de las cuestiones susceptibles de estudio por la citada comisión es lo que en su día se conoció en círculos políticos como la guerra sucia contra ETA, lo que incluye a los GAL en los inicios del Gobierno de Felipe González.
Ley de Concordia: investigar los crímenes de ETA
Se da la circunstancia de que la Ley de Concordia valenciana, como ha adelantado OKDIARIO, lo que plantea también investigar son, precisamente los crímenes de ETA y de otras bandas terroristas no resueltos, que en el caso de este territorio se elevan a 11.
De hecho, El presidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón ha mantenido este viernes, como ha publicado también OKDIARIO, que él no entendería una emoria democrática «y hablar de las víctimas y a quienes han podido perder a sus seres queridos si no se incluyen las víctimas de los crímenes no resueltos de ETA en la Comunidad Valenciana».
El texto valenciano reconoce el mismo régimen de protección y reconocimiento a las víctimas del terrorismo «que a las que hace referencia la Ley 20/2022 de 19 de octubre, de Memoria Democrática».
También, reconoce «expresamente» a las víctimas del terrorismo «como víctimas de violencia social y política efectuada por grupos terroristas». Y reconoce, además «el derecho a la investigación de los hechos delictivos perseguibles realizados contra las víctimas del terrorismo que no hubieran sido resueltos».
Y, además, defiende, como ya adelantó OKDIARIO, que «se podrá autorizar a la Abogacía General de la Generalitat Valenciana la iniciación de procesos o la personación en los ya existentes…, para el ejercicio de las correspondientes acciones procesales frente a los órganos jurisdiccionales, por la existencia de indicios de comisión de delitos en esta materia».
El Ejecutivo valenciano ha mantenido en todo este tiempo que el objetivo de la norma es que consolide la reparación de todas las víctimas y no sólo de las de una parte, porque todos tienen derecho a saber qué fue de sus antepasados, recuperar sus restos y darles el reposo que cada descendiente considere de acuerdo con la ley.
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- Ley de Memoria Histórica