Por Gabriel Rodríguez
El reciente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 impulsado por el líder liberal Milei, que liberó a las empresas de medicina prepaga de ciertas regulaciones, ha generado un fuerte revuelo en el ámbito político y económico. En medio de un contexto de crecientes tensiones, un ministro clave del gobierno ha expresado su preocupación ante los excesivos incrementos en las tarifas de las prepagas.
El ministro, cuyo nombre no ha sido revelado, lanzó una advertencia contundente: «Se les fue la mano». Esta declaración se produce en respuesta a los incrementos desmesurados que han experimentado las tarifas de las prepagas en los últimos meses, alcanzando un alarmante 40% en enero, 27% en febrero y 20% en marzo, con una nueva subida prevista para abril.
En un intento por calmar las aguas y asegurar la estabilidad económica del país, el gobierno insta a los empresarios a «apostar al país», incluso si ello implica asumir pérdidas en el corto plazo. Sin embargo, esta llamada parece no haber tenido el efecto esperado, ya que las empresas de medicina privada tienen previsto implementar un nuevo aumento en sus planes para abril, estimado entre un 16% y un 19%.
Estos incrementos, que representan la cuarta subida consecutiva por encima de los dos dígitos en lo que va del año, se justifican en parte por un nuevo impuesto del 20% sobre los adicionales que paga un trabajador por un plan superior al ofrecido por su obra social, según lo dispuesto por el mencionado decreto.
Las críticas del ministro reflejan las tensiones internas dentro del propio gobierno respecto a las repercusiones de las medidas adoptadas en el sector de la salud privada. En una entrevista televisiva, el funcionario dejó entrever que el Gobierno está evaluando posibles soluciones y estrategias para abordar esta problemática, haciendo hincapié en la necesidad de promover un cambio cultural que implique una mayor competencia y entendimiento por parte de las empresas del sector.
A medida que el debate sobre la regulación de las prepagas continúa, queda patente la importancia de encontrar un equilibrio entre la libre competencia y el acceso equitativo a servicios de salud de calidad para todos los ciudadanos.