Gabriela Sandoval
@Gabriela_Sxndo
En una reciente entrevista en YSUCA, la diputada de la Asamblea Legislativa, Claudia Ortiz, afirmó que continuará defendiendo iniciativas que contribuyan a los derechos humanos durante el período legislativo 2024-2027. Asimismo, expresó su compromiso de seguir siendo una opción para los salvadoreños que deseen presentar proyectos ante el pleno legislativo. «Gracias al pueblo salvadoreño que nos ha permitido servirles por 3 años. Hemos trabajado para estar a la altura de las necesidades de la gente (…) gracias también porque nuevamente han confiado en nosotros para 3 años más», dijo.
Ortiz aseguró que, durante los últimos tres años, abogó por una amplia gama de temas políticos, económicos, institucionales, legales y judiciales. De igual manera, destacó que su criterio para votar tanto a favor como en contra depende de si los proyectos de ley expanden derechos humanos o permiten que el Estado brinde un servicio público. «Siempre hemos votado a favor cuando el proyecto de ley que se somete al pleno legislativo busca aumentar derechos», enfatizó la diputada.
En cuanto a la actual Asamblea Legislativa, Ortiz mencionó la falta de transparencia en la rendición de cuentas sobre la gestión de fondos públicos, incluyendo la ejecución de inversiones públicas. Según Ortiz, en algunos casos, como en educación, solo alcanza el 1 % de inversión. «En una discusión sobre la rendición de cuentas, por ejemplo, en educación, al preguntarle al ministro sobre la ejecución de la inversión pública, no supo responder y los diputados oficialistas solo decían que las obras son el mejor portal de transparencia», dijo.
Asimismo, Ortiz denunció la falta de acción legislativa por parte de los diputados oficialistas en temas fundamentales, como el estudio de la Ley de Justicia Transicional. Según la diputada, aunque la comisión, bajo presión, logró que se escuchara a las víctimas y diversas organizaciones impulsoras de un proyecto de ley propuesto por tres colectivos importantes de defensa de derechos humanos, de víctimas del régimen de excepción y de organizaciones que velan por la memoria histórica de El Salvador, el proyecto no avanzó significativamente.