El Poder Judicial en funciones implosiona sin renovación a la vista
El próximo verano, salvo en caso de renovación, los vocales del caducado Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se verán obligados a elegir al cuarto presidente del mandato si, como ha anunciado, Vicente Guilarte renuncia al cargo. Sería el suplente, del suplente, del suplente: el tercer nombramiento interino en menos de dos años, tras la dimisión de Carlos Lesmes en octubre de 2022. La situación es paradigmática del convulso estado en el que se encuentra el órgano de gobierno de los jueces tras más de cinco años de bloqueo y cuyos vocales encadenan una bronca interna tras otra. La última, a propósito de la Escuela Judicial, el órgano técnico donde se forman los jueces.
La situación no pasa desapercibida para las asociaciones de jueces —conservadoras y progresistas— que esta semana han elevado la presión con la emisión de comunicados en los que piden que se acuerde la renovación que el Partido Popular lleva impidiendo desde 2018 y que, por el momento, no se ha logrado desencallar ni con la mediación de la Comisión Europea que exigió el partido de Alberto Núñez Feijóo. Un escenario de interinidad que, según las asociaciones, ya está afectando a las relaciones de los ciudadanos con la Administración de Justicia. Al estar en funciones, el órgano no puede tomar decisiones clave como hacer nombramientos en la cúpula judicial. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, afirmó este viernes que el CGPJ "está en un proceso de descomposición irreversible y acelerado" y urgió de nuevo al PP a la renovación.
Esta crisis adquirirá sin duda una dimensión mayor si el conservador Vicente Guilarte cumple su órdago y deja la presidencia que asumió el pasado verano por un "criterio de longevidad". Él era el vocal de más edad cuando su antecesor, también interino, cumplió la edad legal de jubilación, que está fijada a los 72 años para jueces y magistrados. Esta semana dejó caer a los miembros de la Comisión Permanente —el núcleo duro de la institución— que no cuenten con él después de verano. En otros círculos, Guilarte lleva tiempo deslizando que su fecha límite es el próximo julio, coinciden varias fuentes consultadas por elDiario.es.
Es una decisión que verbalizó de forma pública en febrero, en un desayuno informativo ante la cúpula judicial, aunque en ese momento no fijó una fecha. "Estaré a la espera de que se produzca ese acuerdo [entre el PP y el PSOE] y si no se produce hay personas más cualificadas que yo para ocupar este cargo", dijo entonces. "No tengo la sensación tanto de capitán que abandona el barco como que no me gusta ser juguete de algo que no controlo", añadió sin precisar si se refería a los políticos que tienen que acordar esa renovación o a los jueces y juristas con los que comparte plenos y comisiones.
En todo caso, la decisión parece ya irreversible, algo a lo que ha contribuido la situación de gran tensión que se vive en el órgano. En los últimos tiempos se han acrecentado los recelos y la desconfianza entre los vocales, que arrastran el desgaste de cinco años de mandato interino. Además, en los últimos meses se han acumulado hasta media docena de renuncias de cargos del primer nivel de los órganos técnicos.
"Hay más tensión que hace un mes, para qué negarlo", sostiene una vocal. Otros consejeros de ambos sectores hacen un diagnóstico similar y reconocen que el ambiente es, por momentos, casi irrespirable. El último episodio es la renovación en funciones de la dirección de la Escuela Judicial tras la renuncia de su anterior director interino, Jorge Jiménez, ante las maniobras del mayoritario sector conservador. Finalmente, estos vocales lograron imponer a su candidata, la jueza María Jesús Millán, actual directora de Formación Continua. Es un puesto con sede en Madrid, cuando la Escuela está en Barcelona, lo que ha alentado las sospechas sobre que la verdadera intención de estos consejeros es "tratar de controlar" el órgano que coordina la formación de los nuevos jueces y "poner en solfa" que se formen en Catalunya.
La elección de Millán fue acordada por los tres vocales conservadores de la Comisión Permanente, a quienes se sumó la progresista Pilar Sepúlveda. Por contra, las otras dos progresistas y el presidente preferían que ese puesto fuera ocupado por la magistrada y jefa de sección del Servicio de Formación Inicial Clara Carulla, que hacía las funciones de jefa de estudios de la Escuela y era la 'número dos' del anterior director.
"Lo de la Escuela Judicial ha sido un desastre. En un sitio estratégico. Y aunque el plan docente está aprobado, la dirección sí tiene influencia", dice un vocal. "El asalto a la Escuela es dramático", sostiene otro. Entre los partidarios de la aspirante finalmente elegida niegan cualquier intención de controlar el centro docente y afirman que su candidata tiene una mejor posición en el organigrama de la institución. Además, defienden que el anterior director estaba en una situación "ilegal" que debían solucionar.
Los recelos del bloque conservador
Este episodio ha vuelto a poner de manifiesto el distanciamiento entre Guilarte y los miembros del sector conservador, al que se supone que pertenece pero del que nunca se le ha considerado miembro activo. Guilarte fue elegido en su día a propuesta del PP, aunque siempre se le ha calificado de verso suelto. Es catedrático de Derecho Civil y llegó al CGPJ gracias a su cercanía con la familia de Mariano Rajoy.
Esta semana, los vocales María Ángeles Carmona, José Antonio Ballestero y Carmen Llombart, que integran el núcleo duro del sector conservador, lo acusaron de actuar de forma irregular y de convertir el principal órgano de decisión del CGPJ "en una mera caja de resonancia de su voluntad". En los últimos meses, Guilarte no se sumó al rechazo de los vocales de la derecha a la reelección del fiscal general del Estado y tampoco ha apoyado los informes críticos con la amnistía promovidos por estos vocales. Es más, les pidió no interferir en la actividad política cuando hicieron una apocalíptica declaración contra la amnistía cuando ni siquiera se conocía el texto de la ley.
"Son cosas que no le perdonan", dicen desde el sector progresista, donde también creen que entre los vocales designados a propuesta del PP no ha sentado bien que Guilarte haya cultivado durante su presidencia un "perfil propio", con asistencia a actos públicos y cierta presencia en los medios de comunicación. Estas fuentes atribuyen al actual presidente interino una adscripción conservadora, pero alejada de los posicionamientos más escorados a la derecha de otros vocales elegidos a iniciativa del PP.
Además, Guilarte inició su mandato haciendo cambios en la plenipotenciaria Comisión Permanente, una especie de núcleo duro que tiene en su mano muchas decisiones sobre asuntos de calado que antes de la reforma de 2013 se debatían en el Pleno. Sus miembros, además, son los únicos vocales que tienen sueldo —más de 130.000 euros anuales— y dedicación exclusiva frente al resto, que deben asistir a los plenos desplazándose desde donde residan —cobran dietas por ello— y compaginar esta tarea con sus trabajos. Eso hace que los de la permanente sean puestos especialmente codiciados. Su predecesor, el también interino Rafael Mozo, no hizo cambios en este órgano reducido.
La tensión dentro del órgano del consejo va en aumento mientras sigue sin haber renovación a la vista. Especialmente, en una primavera con un frenético calendario electoral por delante con comicios en el País Vasco, Catalunya y Europa. La semana pasada, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, avisó al PP y al PSOE de que deben mostrar voluntad de acuerdo si quieren retomar la mediación iniciada el pasado enero y que, hasta ahora, no ha dado frutos. Pero, por el momento, el partido de Alberto Núñez Feijóo sigue sin comprometerse a buscar una salida al bloqueo.