La interventora y la tesorera del Ayuntamiento de Orihuela han solicitado acceso al expediente del Catálogo de Puestos de Trabajo, que aprobó la junta de gobierno en marzo, así como que se paralice el plazo para interponer recurso de reposición.
Carmen Corral y Beatriz Velasco, respectivamente, han remitido el mismo escito para tener acceso al expediente administrativo completo, con motivo de interponer un recurso. Por ello, también han pedido que se paralice el plazo hasta que se autorice el acceso al mismo como garantía del derecho efectivo y no caer en indefensión.
Así, se basan en el derecho que otorga la Constitución a los ciudadanos a acceder a los archivos y registros administrativos, así como el que reconoce la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas para que los interesados en un procedimiento administrativo puedan conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación y obtener copia de los documentos.
Además, argumentan, la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno considera que los interesados en un procedimiento son quienes tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que se adopte.
En este caso, Corral y Velasco, a raíz de la propuesta en febrero de Catálogo de Puestos de Trabajo por parte de la Concejalía de Recursos Humanos, que incluía la creación de cuatro nuevos altos cargos con un salario total de 400.000 euros, presentaron al alcalde Pepe Vegara (PP) una solicitud en la que recordaban que esas plazas deberían crearse realizando una valoración objetiva de sus retribuciones tal y como dice la ley. Sin embargo, se les había asignado un sueldo a los nuevos puestos "por asimilación a otros ya existentes".
En este sentido, afirmaban, se debe aplicar el mismo criterio en los puestos de Intervención y Tesorería, habilitados nacionales, y contar con el mismo sueldo que para el puesto de Secretaría General. Porque, según los datos públicos sobre las retribuciones de los funcionarios municipales, el secretario general, Virgilio Estremera, percibe, sin incluir trienios de antigüedad, 101.000 euros brutos anuales (también es Secretario acumulado en Torrevieja), y la interventora 76.000 euros. El caso de la tesorera es más llamativo. Su sueldo es de 56.000 euros brutos anuales, casi la mitad del que percibe su compañero habilitado con el mismo rango.
Al mismo tiempo, señalaban que las funciones de Intervención y Tesorería se han reforzado de forma considerable desde 2018 por su condición de fiscalización y gestión del dinero público, mientras que las del secretario general en un Ayuntamiento de gran población están muy delimitadas en la ley. Por ello, exigían una nueva valoración de sus puestos de trabajo derivada de nuevas asignaciones de funciones y responsabilidades.
Sin embargo, el catálogo se aprobó finalmente en marzo, sin que se tuvieran en cuenta las consideraciones de Corral y Velasco. Ese mismo mes, tras la baja de Corral, Vegara nombró un interventor accidental, Eduardo Gabriel Rodríguez, algo que ha sido muy criticado por parte de la oposición en el pleno extraordinario que aprobó los presupuestos 2024. No en vano, Rodríguez estampó la firma a las nuevas cuentas, que estaban bloqueadas a raíz de la solicitud de la interventora y la tesorera para que se equiparasen sus sueldos.
Ahora, la tesorera también está de baja, después de que el alcalde enviara un oficio que anulaba una instrucción interna de Velasco para la tramitación de los pagos, algo que Velasco ha calificado como una respuesta desorbitada, ya que se exponía que dejaba sin efecto su instrucción, comunicándolo a todo el Ayuntamiento y publicándose en los periódicos de tirada regional y bajo amenaza de apercibimiento de responsabilidades, trayendo a colación cuestiones ajenas a las propias de la instrucción.
Supone, afirmaba la tesorera, una desautorización de la figura que representa, así como un escarnio público, ajeno a un normal actuar administrativo y de una relación de empleo, además de un menoscabo de las funciones atribuidas por el ordenamiento jurídico a la Tesorería.
Dos días después del escrito de Velasco, la tesorera cursaba baja y solo cinco después más tarde Vegara procedía al nombramiento de una tesorera accidental, María Teresa Almela.
Recurso de reposición
El grupo municipal Ciudadanos ha interpuesto un recurso de reposición frente al Catálogo de Puestos de Trabajo, por considerarlo "contrario al ordenamiento jurídico".
La formación naranja pone el foco en que el Catálogo es discriminatorio en materia salarial tanto dentro de la misma categoría profesional como comparando categorías diferentes: "Es clara la discriminación que se produce cuando trabajadores que ocupan puestos similares y ejercen idénticas funciones perciben retribuciones distintas por un criterio discriminatorio y absurdo que se acordó años atrás".
Entre otros ejemplos, señala que el Catálogo "retribuye de forma desigual, discriminatoria y completamente arbitraria sin ningún tipo de justificación los puestos de interventor, tesorero y secretario general", pese a que la ley ha dispuesto para los dos primeros "nuevas exigencias y funciones que suponen un mayor grado de responsabilidad, complejidad y especial dificultad técnica".
El recurso también hace referencia a que "no se especifica razón alguna ni motivación de por qué es necesario utilizar el Catálogo para crear los cuatro puestos directivos".
Por último, señala que se crean puestos nuevos y se llevan a cabo diversas modificaciones en el Catálogo cuando el criterio que desde hace años viene señalando la Secretaría General, a través de diversos informes, es de la aprobación definitiva de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que dé solución de una vez por todas a las carencias organizativas del Ayuntamiento y no llevar a cabo un catálogo para efectuar modificaciones parciales y sin motivación de los puestos de trabajo, sin valoración ni descripción de funciones.
En este sentido, el escrito de Ciudadanos recuerda que el Ayuntamiento lleva desde hace muchos años intentando aprobar una RPT sin éxito: "Sorprende el cambio de criterio y la arbitrariedad jurídica de la Secretaría General que durante años ha venido señalando en sus informes su negativa a modificar el Catálogo y, sin embargo, el informe preceptivo que ha emitido en relación con el Catálogo de Puestos 2024 se ha limitado a una mera nota de conformidad".
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