En Puerto Rico existe una crisis de agresiones sexuales contra menores de edad. Expertas en el tema lo han definido como un problema endémico. Los recientes casos de agresiones sexuales contra menores han visibilizado este asunto. Hay que atenderlo de forma urgente. Hace alrededor de un año, escribí una columna sobre este tema. Sin embargo, durante el transcurso de este año la legislatura no ha atendido esta crisis. Necesitamos un proceso democrático y participativo, basado en la ciencia, contando con el peritaje y con la participación de todos los sectores afectados.
Lo cierto es que, desde la legislatura, el Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD) —siempre con el voto del Partido Proyecto Dignidad (PD)— mediante la aprobación del Proyecto del Senado 727 (de la autoría de toda la delegación del PNP y dos senadores del PPD, Ramón Ruiz y Albert Torres) perpetúan este grave problema eliminando la educación sexual del sistema de educación público. Obvian lo que la experiencia reciente nos ha enseñado. Según la entonces Procuradora de las Mujeres, Lersy Boria, luego del encierro provocado por la pandemia, hubo un aumento en las querellas de delitos sexuales contra menores cuando el estudiantado regresó a tomar clases presenciales, porque comenzaron a asistir a los planteles escolares.
Es decir, que las escuelas del sistema público educan a menores sobre lo que es un acto sexual, sobre el consentimiento requerido para estos actos, sobre las consecuencias, sobre sus derechos a la intimidad y la privacidad y además, cómo denunciarlo. En muchas ocasiones, mediante la educación sexual, es la única manera en la que se permite que menores puedan identificar estas situaciones y denunciarlas. Esto debido a que en Puerto Rico la mayoría de los casos de agresiones sexuales son cometidos por personas del núcleo familiar.
El PS 727 alarmantemente reconoce que la manera exclusiva de educar sobre sexualidad y afectividad recae sobre los padres, madres y personas encargadas. Esta disposición es totalmente contraria a las políticas públicas establecidas para fomentar la educación sexual basada en la ciencia. #NoAlPS727.