El juez instructor del caso Koldo, Ismael Moreno, ha pedido a la Guardia Civil que investigue la treintena de cuentas bancarias que tiene activas Rogelio Pujalte, uno de los empresarios imputados en la causa. Según un documento judicial consultado por este periódico, el juez pide a los agentes del Instituto Armado que «concluido el proceso y analizada la correspondiente información, la deberán expedir el oportuno informe pericial y remitirla al Juzgado Central de Instrucción». Fuentes consultadas señalan que se analizarán las cuentas bancarias que tiene activas Pujalte en las que se trata de buscar irregularidades en pagos con empresarios de la trama.
La Audiencia Nacional continúa la investigación sobre la presunta corrupción en los contratos públicos de abastecimiento de mascarillas. Uno de los imputados en la trama es el empresario murciano Rogelio Pujalte, a quien se le acusa de haber cometido un presunto delito de cohecho y revelación de secretos. Los investigadores de la Guardia Civil le señalaron como uno de los cabecillas de la trama tras interceptar una conversación con Koldo García en la que le avisaba de que le estaba investigando, además de una transferencia de 100.000 euros por parte del también imputado Víctor de Aldama para poner en marcha un negocio de una incineradora de droga.
El juez ha ordenado nuevas diligencias para que los agentes de la Benemérita estudien el patrimonio de Pujalte con el objetivo de probar estas relaciones dentro de la trama. Fuentes consultadas señalan que el empresario murciano tiene 39 cuentas a su nombre, de las cuales una treintena estarían activas. «Pueden investigar las cuentas que quieran, mi cliente tiene todo declarado y es todo legal», señala el abogado de Pujalte en una conversación telefónica con OKDIARIO.
Archivo del 'caso Koldo'
La defensa de Rogelio Pujalte también ha interpuesto un recurso de súplica en el que se pide el archivo de la causa para el empresario murciano. En un documento de 10 páginas al que ha tenido acceso este periódico, su defensa argumenta que «no tiene responsabilidad alguna en ninguno de los hechos que se persiguen en la presente causa».
En el escrito sí admiten la vinculación de Rogelio Pujalte con Víctor de Aldama, el cerebro de la trama, cuyos negocios han estado bajo inspección de la Agencia Tributaria. Los abogados señalan que en 2019 Aldama se interesó por comprarle el negocio de depósito judicial del que Rogelio es propietario desde hace 24 años. Las negociaciones no llegaron a buen puerto, pero Aldama sí se interesó en poner en marcha un horno crematorio de sustancias estupefacientes y demás residuos especiales en Murcia, quedando encargado Víctor de Aldama de buscar financiación para ello.
Aldama consiguió una provisión de fondos llegando a hacerle una transferencia de 100.000 euros a Pujalte a través de Deluxe Fortune, una de las empresas cuyas cuentan han sido investigadas en el caso Koldo. Pero la puesta en marcha de la incineradora de droga no logró ver la luz, a pesar de que Rogelio llegó a reunirse con empresas del sector y consiguió una autorización ambiental. Además, también adquirió parcelas para construir la incineradora por un valor de 149.784,47 euros, más otros 76.493,87 euros más por gastos de vallado y acondicionamiento.
«La realidad del negocio en proyecto como la provisión efectuada por el Sr. de Aldama a tales fines, resulta a todas luces incuestionable, no teniendo absolutamente nada que ver con la presunta "trama" de que tratan las
presentes diligencias», explica la defensa de Pujalte en el documento en el que pide el sobreseimiento de Rogelio.
Efectivo incautado
Los abogados también han solicitado que se le devuelva a Rogelio Pujalte el dinero incautado por la Guardia Civil durante el registro de su domicilio ordenado por el juez del caso Koldo que también quiere investigar sus cuentas. En concreto, los letrados se refieren a los 125.310 euros que los agentes de la UCO encontraron en el depósito judicial, así como los 5.900 euros que le intervinieron en su domicilio.
«Recuperar el dinero intervenido, sobre todo en las instalaciones de la empresa es de todo punto necesario para la buena marcha de la misma, toda vez que existe un pago perentorio en julio próximo, concretamente del Impuesto de Sociedad, por importe de 287.931,46 euros, según Balance de sumas y saldos (Cuentas Mayor) de dicha mercantil», solicitan los abogados en el recurso de súplica presentado el pasado viernes 29 de marzo al que no ha contestado el juez del caso Koldo que también investigará sus cuentas bancarias.