La organización social, Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), solicitó este jueves la recusación del fiscal federal de Roca, Matías Zanona, por «impedir la defensa» en una causa en la que se los investiga. Sostienen que el funcionario «demostró su falta de imparcialidad para sostener la investigación» y por este motivo piden que sea apartado del caso.
A través de un comunicado compartido desde la organización, indicaron que el pedido surgió luego de que el fiscal Zanona no aceptara incluir los testimonios necesarios de integrantes de la FOL. Según explicaron en 2017 se dio inicio a una causa que apunta contra cuatro integrantes del Frente de Organizaciones en Lucha Fiske Menuco, Roca, por el cual a principios de este año se había acordado con el fiscal y los abogados defensores, incorporar nuevas declaraciones.
«Por primera vez, tras siete años de investigación la justicia iba a escuchar a integrantes de esa organización», indicaron. Sin embargo señalan que recientemente, el fiscal Zanona, dio por desconocido el acuerdo y pidió al juez la elevación a juicio sin haber agregado los testimonios.
"La negativa de incorporar a los testigos que propusimos da cuenta de la animosidad de la fiscalía", refirió el abogado del FOL, Mariano Pedrero y agregó: "Es evidente que el procesamiento criminaliza una forma de organización social, ya que los hechos imputados resultan imprecisos, amplios y ambiguos".
Asimismo Pedrero señaló que "en el proceso se cuestionan los criterios y pautas establecidos por el FOL y ellos, pueden gustarnos o no, podemos compartirlos o no, pero de ninguna manera se puede afirmar que sean delictivos".
Causa contra una organización social: «es persecución política»
Desde la organización detallaron que la causa investiga por «graves delitos» a cuatro personas de integraban el FOL en 2017, quienes fueron acusados por el dirigente político, Nicolás Suárez Colman. En el comunicado emitido aseguran que el dirigente «ataca las formas de organización de quienes son parte de la clase trabajadora excluida de los mercados formales y para ello se vale de figuras penales de gravedad no asociadas a la protesta social, como es habitualmente».
Por su parte agregaron que en la investigación, la policía Federal realizó «escuchas telefónicas a integrantes del FOL, tareas de inteligencia en los barrios donde el FOL realiza cotidianamente sus actividades y allanamientos en las casas de las personas acusadas».
«La acusación evidencia la persecución política ya que realiza una reconstrucción de los hechos seleccionando solo algunas de las pruebas y utiliza generalidades para imputar delitos graves», criticaron. Por otro lado, señalaron que «en el proceso se desestima el proceso de organización colectiva y las instancias asamblearias de resolución para adjudicar la responsabilidad del funcionamiento de la organización en un grupo de sus integrantes».
Finalmente concluyeron en su descargo: «Que la Justicia Federal, cuyos representantes cobran sueldos de privilegio, persiga a una organización social compuesta casi en su totalidad por mujeres que se dedican a trabajar para mejorar la vida de sus comunidades mediantes equipos de trabajo, sosteniendo comedores y merenderos, y sosteniendo cotidianamente espacios de cuidado, evidencia cómo la Justicia persigue de manera infundada a los más pobres, gastando importantes recursos del Estado, al tiempo que no investiga los verdaderos graves delitos de los ricos de la región».