El anuncio de la desalinizadora flotante en el puerto de Barcelona, sumado al decreto ley que deja en manos de los ayuntamientos decidir qué piscinas públicas y privadas podrán abrir este verano, ha desatado la indignación en el Consistorio barcelonés. Una contundente primera teniente de alcaldía, Laia Bonet, mostró su "sorpresa, decepción y preocupación" por lo que considera "una acción de gobierno irresponsable, más propia de un partido en campaña que de una administración responsable".
Bonet insistió en que estas decisiones "improvisadas y a golpe de decreto, no participadas y no contrastadas, generan una preocupación muy grande y nos esperamos lo peor". La teniente de alcaldía teme que la apuesta por la desalinizadora, "de la que poco sabemos, solo que costará 100 millones", comprometa soluciones estructurales, "proyectos que están previstos y no ejecutados".
El gobierno municipal lamenta que la cuestión de la desalinizadora no se haya planteado en ningún momento en el grupo de trabajo sobre sequía que impulsó el propio Consistorio y en el que participan todas las administraciones y entidades relacionadas con la gestión del agua. "En esta mesa hemos planteado y resuelto temas como la prohibición inicial de regar con agua freática o de llenar las piscinas de uso público", explicó.
Laia Bonet no quiso entrar en cómo gestionarán la apertura de las piscinas privadas: "No caeremos en su juego de improvisación; trabajaremos en lo que tenemos competencias, que son las piscinas públicas, y las trataremos todas como refugios climáticos".