La Corte Suprema de Justicia adelantó la investigación en el caso que implica al exsenador Ciro Ramírez, en el que se han practicado un total de 70 pruebas testimoniales entre funcionarios del Departamento de Prosperidad Social (DPS), la Gobernación del Quindío y contratistas. Este proceso busca arrojar luz sobre presuntas actividades ilícitas relacionadas con millonarios contratos de obras públicas en varios departamentos del país.
El exsenador Ciro Ramírez se encuentra bajo la lupa de la justicia, al ser investigado por la presunta comisión de delitos como concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos, que habrían tenido lugar entre 2021 y 2022. En este sentido, una extensa documentación de 345 páginas en posesión de la revista Semana reveló que la solicitud de prisión domiciliaria por parte del excongresista fue denegada por el alto tribunal.
Según el expediente, Ramírez es señalado como presunto intermediario entre el Departamento de Prosperidad Social, dirigido por el también procesado por la Fiscalía Pierre Eugenio García Jacquier, exdirector del DPS durante el gobierno de Iván Duque, y diversas empresas vinculadas a obras en los departamentos de Quindío y Tolima. La investigación se centra en la supuesta participación del exsenador en una red de corrupción que habría manipulado la adjudicación de contratos públicos.
Uno de los testimonios que cobró relevancia en este proceso es el de Pablo César Herrera, exgerente de Proyecta Quindío, que habría proporcionado detalles sobre reuniones llevadas a cabo en sedes tanto del DPS como de Proyecta Quindío. Este último, una de las empresas implicadas en un convenio suscrito con Ramírez, en el cual figuran nombres como Katherine Rivera Bohórquez, integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo del senador, y el contratista Anderson González, ambos imputados por la Fiscalía en 2023.
De acuerdo con la acusación fiscal, Rivera habría actuado como enlace entre el senador y Proyecta Quindío, al facilitar la firma de un contrato cuyo valor supera los $48 mil millones, así como la presunta promesa de sobornos que alcanzarían la cifra de $1.000 millones. Otro actor relevante en este entramado es el contratista Alejandro Noreña, que mantenía estrechos vínculos tanto con Ramírez como con el senador Mario Castaño, según lo revelado en una interceptación telefónica.
Las comunicaciones registradas entre Ramírez y Noreña sugieren un interés directo del excongresista en la adjudicación de contratos, en donde discuten detalles financieros con el contratista. La detención del excongresista el 14 de diciembre de 2023, por orden de la Sala de Instrucción, y su posterior reclusión en la cárcel La Picota desde el 15 de diciembre, marcan un punto de inflexión en este caso que fue liderado por el magistrado Marco Antonio Rueda Soto desde junio de 2023.
El exsenador preguntó a Noreña cuánto era el monto final, a lo que Noreña respondió que era de 85 mil más 30 mil de viviendas, pero que Pierre le había mencionado que ese día podía cambiar. En otra conversación, el contratista también mencionó la prominencia pública del excongresista, al comentar: "Ciro es un redurísimo, eso se ve en los medios".
Con la formalización de la acusación por parte de la Sala de Instrucción, el exsenador se enfrenta ahora a la perspectiva de un juicio en el que deberá responder por los delitos mencionados anteriormente. A pesar de las múltiples pruebas testimoniales practicadas, Ramírez mantiene su inocencia, al afirmar: "Ni un solo testimonio me incrimina en los delitos que me acusan", de acuerdo con la cadena radial La W.
Así mismo, la Procuraduría General de la Nación señaló en octubre de 2023 que abriría una investigación preliminar contra el senador Ciro Alejandro Ramírez Cortés, basada en sospechas de su implicación en el direccionamiento de contratos valuados en más de $9.000 millones.