El presidente Javier Milei apuesta al "plan colchón" para una eventual dolarización con competencia de monedas y hasta aseguró en una entrevista que no le importaría que los billetes que ingresen al sistema tengan origen ilegal. El problema es que ese proyecto podría chocar con las normas internacionales estrictas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Según se dé ese goteo de venta de divisas en el mercado blue o las modalidades del blanqueo que se prepara, también podrían ocurrir roces con los Estados Unidos, país con el que el Gobierno dice alinearse. Es sabido que, como mínimo, Washington demanda a países como la Argentina cooperación contra el terrorismo y el narcotráfico, así como un combate serio contra el dinero negro que lubrica ambas actividades.
Dolarización y origen de los fondos
En una entrevista reciente, el periodista Alejandro Fantino le preguntó al Presidente de dónde sacaría el dinero para dolarización y Milei le respondió que provendrían de los ahorros "de la gente" y de un régimen amplio de exteriorización de activos. Ante esa contestación, el entrevistador le planteó la posibilidad de que ingresen divisas de origen ilegal; situación que tanto la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como organismos internacionales deberían revisar.
"Me importa un rábano", contestó Milei y agregó: "Algunas cosas que los políticos definen como delito para mí no son delito. Sin embargo, emitir dinero sí es delito. Reventarle la cabeza al pagador de impuestos no, eso está bien. Que 50 mil dólares puedan usarlos sin problemas te parece bien. Si quieren, que usen 50 palos verdes, me importa un rábano", reiteró.
Qué es el GAFI
El GAFI es un organismo multilateral creado en 1989 por el Grupo de los Siete (G7). Busca que se apliquen estándares legales para procesos de blanqueo de capitales que ayuden a luchar contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo o amenazas al sistema financiero internacional.
Argentina es miembro de la entidad y por lo tanto cualquier medida de exteriorización de activos sería revisada por ese organismo. Cuando el Presidente invita a sacar los dólares guardados debajo del colchón, interesándole poco cómo fueron generados, podría abrirle la puerta a que recursos evadidos, pero de fuentes legales y se mezclen con pocas chances de rastreo, se mezclen con otros de origen ilícito.
Ante las declaraciones de Milei, cuando al vocero presidencial Manuel Adorni se le volvió a consultar en la conferencia de prensa habitual de Casa Rosada, respondió: "No vamos a incumplir ninguna norma internacional ni vamos a entrar en ninguna cuestión que pueda atentar contra el futuro de la Argentina".
Los estándares internacionales
En el nuevo borrador de la ley ómnibus XS que el Ejecutivo envió al Congreso, el equipo económico incluyó un proyecto de exteriorización flexible, con la posibilidad de que cualquier monto de dinero, sin ningún tipo de límite, evite pagar impuestos si este capital queda inmovilizado en el sistema financiero hasta 2025. En caso contrario, quien haya ingresado al proceso deberá tributar una tasa que va del 5% al 15%, según la suma a retirar del sistema.
El Gobierno aún no explicó cómo haría para implementar un esquema de competencia de monedas, en el que los billetes sean aportados por ahorristas. Ante el eventual proceso que lleve adelante la Argentina, el fiscal general federal Carlos Gonella adelantó que la tarea del GAFI será "hacer un monitoreo puntual de sus 47 estándares técnicos y sacar sus conclusiones".
En caso de incumplimiento, el organismo podría hacer un llamado de atención o incluso evaluar sanciones mayores. En la actualidad, el país se encuentra en la categoría 1A y el GAFI está realizando la cuarta revisión, una auditoría cuyo objetivo es verificar el grado de efectividad de las políticas públicas desarrolladas a lo largo de los años..
En 2009, el país se encontraba en la "lista gris". Para ese entonces, el proceso de revisión del funcionamiento de la Unidad de Información Financiera (UIF) arrojó incumplimientos de 49 de las 54 directrices estratégicas y eso provocó que entrara en una mala categoría. En 2011 comenzó un proyecto de regulación de esos estándares que culminó en 2014. Hasta ahora, el GAFI considera que el país mantiene una buena política antilavado de dinero.