La lectura de<b> Daniel Zovatto</b>, <b>Global Fellow del Programa Latinoamericano del Wilson Center en Washington, Estados Unidos</b>, sobre lo ocurrido en Ecuador con la detención del <b>exvicepresidente Jorge Glas</b>, es clara: por un lado, calificó como un hecho inédito, "muy grave" e "injustificable" la irrupción de estamentos de seguridad del país suramericano en la embajada de México en Quito y, por otro lado, subrayó que lo ocurrido invita a una rigurosa reflexión sobre los riesgos asociados a un uso desnaturalizado y abusivo de la figura del asilo político como estamos viendo en algunos países de la región, Panamá incluido. En palabras de Zovatto, Ecuador ha cometido una clara y seria violación del artículo 22 de la <b>Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961</b>, que establece la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y de su personal; del artículo 31 de la<b> Convención de Viena sobre relaciones consulares</b> de 1963, y también de la <b>Convención sobre Asilo Político de Montevideo</b>. Ambos Estados son países miembros de estos tratados internacionales y, por ende, están obligados a cumplir de buena fe con sus normas. Sin que ello sirva de excusa -ya que la acción del gobierno ecuatoriano no amerita ninguna justificación-, para el analista es importante que los países de la región lleven a cabo, con urgencia, en el ámbito de la<b> Organización de Estados Americanos (OEA),</b> un debate profundo sobre la obligación incondicional de los Estados de respetar en todo momento a la Convención de Viena de 1961 y 1963, pero también acerca de la naturaleza y los objetivos de la institución del asilo político para garantizar su uso correcto y evitar que termine concediéndose a personas que no son perseguidas políticas, sino delincuentes acusados por casos de corrupción o delitos comunes y donde existe una sentencia en firme. Glas, quien fue vicepresidente en las administraciones de <b>Rafael Correa y Lenín Moreno</b>, estuvo en prisión tras ser condenado por el caso de sobornos de Odebrecht. Luego de cumplir cinco años de cárcel por dos condenas por los delitos de cohecho y asociación ilícita, quedó en libertad provisional a finales de 2022. La primera condena era por ocho años y la otra por seis. El juez que le concedió la libertad fue procesado por el delito de usurpación y simulación de funciones públicas debido a que se encontraba suspendido de sus funciones en ese momento. Actualmente, Glas está siendo procesado por la presunta comisión del delito de peculado, en un caso denominado como Reconstrucción, relacionado con unas obras en la provincia de Manabí tras el terremoto de 2016. Este es un escenario con el que Panamá está familiarizado, considerando que actualmente hay una tensión diplomática por el asilo concedido por Nicaragua al expresidente panameño<b> Ricardo Martinelli</b>, quien fue condenado a 10 años y 8 meses de prisión por lavado de activos en el caso conocido como New Business. Según el Global Fellow del Programa Latinoamericano del Wilson Center, esta crisis que ocurre en Ecuador debe servir como un "campanazo de alerta" para analizar lo que sucede en Panamá con Martinelli. "En Panamá, el tema es aún más complejo que en Ecuador. Además de la situación con Nicaragua, que es una dictadura, y de conceder asilo político a un expresidente sobre el cual hay una sentencia firme por un caso de lavado de activos, también hay un elemento inédito en América Latina: Martinelli está asilado pero sigue participando activamente en la campaña electoral en abierta violación a las normas que establecen que los asilados deben abstenerse de hacer comentarios políticos respecto de la situación en su país", apuntó. Además planteó que "el correcto reclamo hecho por la Cancillería panameña al Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense para que cumpla con sus obligaciones internacionales no ha sido acatado por Nicaragua, quien erróneamente insiste en calificar a Martinelli como perseguido político". En medio de esta realidad surge una gran interrogante según Zovatto: ¿cómo se resuelve esta tensión? Su respuesta es directa: "Lo correcto sería evitar que la figura de asilo político sea utilizada incorrectamente para acoger a delincuentes comunes sobre los cuales existe una sentencia en firme, como es el caso de Martinelli y Glas. Las embajadas no pueden convertirse en lugares de protección para evitar la cárcel y garantizar la impunidad de personas que han sido condenadas por delitos comunes y cuyas sentencias estén firmes". Y agregó: "obviamente lo que no puede hacer el Estado territorial es irrumpir por la fuerza en la sede diplomática como lo hizo Ecuador, eso es injustificable y es un hecho muy grave. Pero sí creo que es importante tratar de entender, no de justificar, que estos casos donde un Estado califica como perseguido político a delincuentes comunes terminan generando situaciones de alta tensión política que deberían ser resueltas mediante el diálogo a través de los canales diplomáticos y no por la fuerza". Lamentablemente esto no fue lo que ocurrió entre México y Ecuador. Ahora lo importante y prioritario para el experto es ayudar a abrir canales de negociación para acercar a las partes y lograr una solución a este grave incidente diplomático. A su juicio pareciera ser que en esa dirección marcha el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, quien en su comunicado del 6 de abril utilizó un lenguaje muy cuidadoso, calificando como "acciones improcedentes" lo ocurrido en Ecuador, así como el uso del término "rechazar" en lugar de "condenar" los actos en la embajada de México en Quito. "Urge como primer paso una reunión del Consejo permanente de la OEA y, de ser necesario, otras medidas de distensión y de negociación", dijo. Zovatto también realizó un análisis sobre el precio que podría pagar el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, tanto a nivel internacional, regional así como en su propio país, debido a esta acción. Desde su óptica, si bien Noboa arriesga pagar un precio alto a nivel internacional y regional -México y Nicaragua han roto relaciones diplomáticas, la mayoría de los países latinoamericanos han condenado a Ecuador, México llevará el caso ante la Corte Internacional de Justicia, y otras acciones que iremos viendo en los próximos días- en cambio, a nivel nacional el panorama no es tan claro. "Noboa incluso podría salir fortalecido al ser percibido por un sector importante de la población como un mandatario de mano dura que está combatiendo con determinación no solo el crimen organizado y el narcotráfico sino también la corrupción", aportó. En este sentido Zovatto recordó que el 21 de abril habrá una consulta popular y un referéndum en Ecuador enfocado prioritariamente en temas de seguridad y lucha contra el crimen organizado. Lo actuado por Noboa podría aumentar sus posibilidades de obtener un resultado exitoso en esta consulta, lo cual fortalecería aún más su imagen positiva (actualmente cercana al 80%) y posicionarlo favorablemente para su reelección en 2025. Y añadió "obviamente no todo serán ganancias. También deberá pagar un precio a lo interno: una fuerte confrontación con el correísmo [Rafael Correa] y un eventual pedido de juicio político en su contra. Habrá que monitorear de cerca la reacción de la población en los próximos días y cómo evoluciona la situación política interna". "Diría, en cierta medida, que este es el cálculo que hizo Noboa: ser criticado en el exterior, pero tratar de asegurarse un impacto positivo al interior del Ecuador. Este elemento me parece que no debe ser pasado por alto", manifestó el experto. En este sentido Zovatto señaló que "este comportamiento de Noboa no es ajeno a la región, como lo demuestran, entre otros, presidentes como Nayib Bukele en El Salvador, quienes privilegian las decisiones y los impactos de sus políticas al interior de sus países, pese a las violaciones que muchas de estas tienen en materia de derechos humanos e incumplimiento de normas internacionales, sin prestar mucha atención a las críticas o a la opinión que reciben de parte de la comunidad internacional". En palabras de Zovatto, estamos llegando a un momento peligroso y delicado en la región en el que prácticamente se han borrado las "líneas rojas" que distinguen entre lo que está bien y lo que está mal, casos en los cuales las normas de derecho internacional público y en materia de derechos humanos y de elecciones con integridad se están violando con total impunidad y sin consecuencias, todo lo cual genera un incentivo para que cada presidente haga lo que quiera dentro de su país. Por otro lado, mencionó la frecuente discordia y disputas entre presidentes de la región, citando los recientes casos del cruce mediático entre los presidentes de Argentina, Javier Milei, con el de Colombia, Gustavo Petro (a quien llamó "terrorista y asesino") y con el de México, Andrés López Obrador, a quien calificó de "ignorante", así como el enfrentamiento entre Bukele y Petro y el de Noboa con López Obrador. Resumiendo el panorama actual, Zovatto destacó: "Existe una combinación de factores negativos. Por un lado, tenemos la grave e injustificada violación de la Convención de Viena, y por otro, el riesgo que conlleva el uso desnaturalizado de la figura del asilo político, empleada incorrectamente en algunos casos no para proteger a perseguidos políticos sino para amparar a delincuentes comunes que tienen sentencia en firme". Además, observa un "deterioro creciente" de las normas y principios del derecho internacional público y de los derechos humanos, el quiebre del consenso regional para la defensa de la democracia y la inoperancia de la Carta Democrática Interamericana, todo ello agravado por las "crecientes tensiones y enfrentamientos personales" entre algunos de los presidentes latinoamericanos que generan desconfianza y dificultan la solución de los mismos vía el diálogo: "una tormenta perfecta". <br/>