En un comunicado de apenas cinco líneas, el gobierno de Macri se desmarcó del intento soberanista de Cataluña, apoyando el diálogo "en el marco de la legalidad constitucional de España".
Se reitera así, cuando arrecian los pronósticos de un inminente anuncio catalán de independencia, la posición de defensa de la integridad territorial de los países.
Esta declaración, de tono muy prudente y con palabras escogidas con delicadeza, está en sintonía con la tradicional posición argentina respecto al pleito con Gran Bretaña.
De entrada, la respuesta obligada es que la alusión a Cataluña como colonia es un argumento político para sostener el reclamo de independencia del sistema de monarquía constitucional que rige en España desde la recuperación democrática. Se necesita mucha imaginación para aceptar que llena los estatutos del coloniaje, como sí los cumplen Malvinas y el peñón.
El referéndum catalán, que fue más una masiva demostración política que un acto en el que se haya cumplido con la legalidad, tuvo un resultado previsiblemente favorable a la independencia y la grosera acción policial potenció sus efectos, añadiendo una fuerte reacción emocional.
En Malvinas, en 2013, el 99,8% de los votantes apoyó el estatus de territorio de ultramar británico.
Argentina lo desconoció, con fundamentos, por ilegal. Los pobladores de las islas que pueden hacer uso del voto son británicos, de acuerdo con el estatus que les dio Margaret Thatcher luego de la guerra de 1982. ¿Pueden autodeterminarse?
Hay profundas objeciones legales aunque ese paso, que Londres no entorpece, responderá más a una decisión de política que jurídica.
El gobernador de Malvinas lo decide el poder inglés, no los isleños. No hay similitud posible con Cataluña, que elige su propio Govern, tiene Parlamento por el voto popular y cuenta con un estatuto (al que le recortaron atribuciones) que garantiza su autonomía.
Hay otros dos aspectos a considerar: el gobierno de centroderecha de Rajoy y la dicotomía Monarquía vs. República, que tiene reverberación de la feroz Guerra Civil de finales de los años '30 del siglo XX, que alumbró la larga dictadura de Franco que sojuzgó a catalanes y a otras regiones autonómicas de España. En Cataluña fue la última resistencia a los franquistas en aquella guerra que dejó al menos un millón de muertos.
Rajoy ha manejado con mano pesada y con poca ductilidad el desafío.
Nunca creyó en la seriedad de la decisión aventurada de los soberanistas. Ahora la democracia española está frente a un brete en el que debería primar de ambos lados la racionalidad y el diálogo.
No es lo que ocurre hoy con Cataluña, donde los protagonistas de ambos lados, descartando el miope oportunismo, parecieran no estar a la altura de la gravedad de los acontecimientos por venir.
La monarquía constitucional que sucedió al franquismo cumplió un papel central al enfrentar al golpe de Tejero en 1981.
Ahora debe mostrar que puede encontrar puentes de diálogo que garanticen las libertades de todos y la paz.
Si no lo logra, será un remedo formal -e ineficaz- del pasado. La Historia no perdonará.