La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI), cuestionó el rol de la Contraloría General de la República en el caso de los auxilios económicos del <a href="https://www.prensa.com/tema/ifarhu/">Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu)</a> y aseguró que es "cómplice de la corrupción". En un comunicado, TI hizo énfasis que sin órganos de control independientes y eficaces en el país, la democracia peligra. "Es justo lo que nos está sucediendo en Panamá. Hoy escuchamos al contralor Gerardo Solís justificar la opacidad y discrecionalidad en el uso de los recursos públicos, con un descaro inaudito y desvirtuando completamente la labor de la institución que preside", destacó. <b>Lea: </b><a href="https://www.prensa.com/politica/el-listado-que-el-ifarhu-no-queria-que-vieras-la-prensa-presenta-la-primera-base-interactiva-de-los-auxilios/" target="_blank">El listado que el Ifarhu no quería que vieras: La Prensa presenta la primera base interactiva de los auxilios</a> Agregó que el Contralor elige "ignorar" lo que establece Ley 6 de Transparencia y la jurisprudencia que han establecido en múltiples casos que el nombre, el número de cédula y el monto de fondos públicos recibidos por una persona como beneficiaria o contratista del Estado "no es información confidencial y debe ser publicada". "La propia ley de protección de datos personales establece la excepción de que los datos se pueden tratar en el beneficio del interés público y la rendición de cuentas del uso de fondos públicos. Tergiversa el cumplimiento de la ley bajo el argumento insostenible de la 'discriminación'", añadió. TI hizo un llamado a la <a href="https://www.prensa.com/tema/corte-suprema-de-justicia/" target="_blank">Corte Suprema de Justicia </a>para que se pronuncie sobre el recurso de inconstitucionalidad que presentaron en contra la reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría, la cual fue aprobada en diciembre de 2022 por impulso de Solís, que "da sustento a la falta de controles de su administración". En una entrevista en <b>Telemetro</b>, el contralor reconoció este viernes 12 de abril que unilateralmente tomó la decisión de ocultar el nombre del 56% de los beneficiarios de los auxilios económicos, entre julio de 2019 y mayo de 2023, y contó que hace 40 años él también recibió una de estas ayudas no reembolsables. Para Leah Cedeño, vicepresidenta de la fundación Espacio Cívico, sus declaraciones "son injustificables" "Además desconocer la ley de transparencia, está manejando a su antojo el acceso a información que debe ser pública", dijo. "Los cleptócratas tratan el dinero público como si fuera su cuenta bancaria personal. Tenemos el derecho ciudadano a conocer toda la información relacionadas a los auxilios económicos y alzar nuestra voz contra la opacidad", aseguró.