Vox se abre a investigar si el Govern de Marga Prohens dejó caducar la reclamación de los 2,6 millones de euros vinculada a la trama Koldo. Así lo explicó ayer la diputada Patricia de las Heras a la salida del IB-Salut tras recoger el expediente de las mascarillas. «Si se desprende que puede haber existido algún tipo de negligencia o hechos relevantes por parte del actual Govern obviamente llamaremos a declarar a todas las personas que tengan una implicación directa con la trama», detalló De las Heras, que representará a Vox junto a María José Verdú en la comisión de investigación que se celebrará en el Parlament.
Cuestionada respecto a si pondría la mano en el fuego por el actual Ejecutivo, la también presidenta de Vox Balears detalló que todavía no ha podido estudiar en profundidad el expediente. «Desconocemos en que estado se encuentra porque acabamos de recogerlo. Ahora tenemos que valorarlo y esclarecer todos los hechos», destacó. Por parte de la portavoz de los ultraconservadores, Idoia Ribas, defendió que, tras hablar sobre el caso con el director del IB-Salut, Javier Ureña, ha corroborado que "esto se parece más a la cueva de Alibaba que a un gobierno autonómico".
El objetivo de esta comisión es llegar hasta el final y conocer la verdad de todo este asunto. Asimismo, Ribas confirmó que Verdú será la presidenta de la comisión después de que el Partido Popular haya confirmado que les cederán el liderazgo a sus socios en esta investigación. En este sentido, Vox fue la formación que registró dicha comisión.
Caducidad del expediente
Cabe recordar que, tal y como adelantó este diario, el Govern de Marga Prohens tenía tres meses como máximo para resolver la reclamación de los 2,6 millones de euros por las mascarillas a la trama Koldo. El argumento esgrimido ahora por el PP balear de que disponía de hasta ocho meses fue tumbado por el Tribunal Constitucional, que en una sentencia de 2021 decretó la nulidad de ese plazo para las administraciones autonómicas sin una legislación contractual propia, como es el caso de Balears.
Por parte del vicepresidente Antoni Costa, volvió a defender que el Ejecutivo balear optó por desistir de la reclamación de 2,6 millones porque «estaba abocada al fracaso». En cuanto a la nueva vía abierta para declarar la nulidad del contrato, Costa aseguró que no tiene constancia de que la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a la trama corrupta, haya alegado al procedimiento. De esta forma, insistió en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern en que, de momento, la empresa investigada por la Audiencia Nacional no se ha pronunciado al respecto.
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