Ciudadanía: ¿Derecho o privilegio?
Coinciden distintos lemas de las sociedades del occidente desarrollado en reconocer la pluralidad de las personas que los componen. Así la Unión Europea afirma desde su constitución que estamos Unidos en la diversidad, mientras que los Estados Unidos acuña en su moneda la misma idea expresada bajo la frase de muchos uno. Es este un concepto de ciudadanía amplio y común con base a una definición de pueblo que viene desde antiguo, bajo la idea de que la sociedad permanece unida por el vínculo de que la ley ha de ser igual para todos, y más en concreto por la igualdad en los derechos.
Somos sin embargo conscientes de las enormes dificultades que atraviesan las personas que migran a nuestro mundo occidental cuando lo hacen por las distintas necesidades que les impulsan: las dictaduras, el hambre, la discriminación y opresión o las crisis climáticas. Más de mil millones de personas en todo el mundo son migrantes, a veces incluso dentro de su propio país, otras en diferentes continentes, pero en su inmensa mayoría sufren una situación distinta y peor que las que tienen los nacionales de los países en los que viven, trabajan, cotizan, crían a sus hijos y mueren, sin alcanzar cuotas mínimas de bienestar y de igualdad. Forman parte de la mayoría social, pero se sitúan en los márgenes de la misma.
En nuestro país las cosas no son diferentes, pero han acontecido en las últimas horas dos hechos que nos permiten proyectar y reflexionar al respecto del significado del concepto de ciudadanía que hemos adoptado. Se trata por un lado de la derogación de la conocida como Golden Visa que se ha otorgado a quienes vienen a especular con la vivienda de lujo provistos del dinero suficiente para invertir en zonas tensionadas y contribuyen al aumento del precio de las casas, y por otro la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular relativa a la regularización de quinientas mil personas migrantes que viven en España desde hace dos décadas. Ambos hechos legislativos afectan a la cara y la cruz de una migración que se produce por muy distintas razones, por perfiles de personas claramente diferenciadas, y que producen efectos muy distintos en nuestra sociedad: los unos empeoran el modo de vida de la mayoría, no se integran, no aportan valor, mientras que los otros contribuyen con su trabajo a la generación de riqueza y a la estabilidad de una sociedad que afronta una más que inmediata crisis demográfica.
La eliminación de las 'Golden visas' es una medida tan valiente como necesaria, a menos que consideremos que la ciudadanía y el patriotismo se compran con dinero
La eliminación de las Golden visas significa tanto como poner fin a la consideración de que los derechos pueden comprarse, que derivan del privilegio de la posesión del dinero, y es una medida tan valiente como necesaria, a menos que consideremos que la ciudadanía y el patriotismo se compran con dinero. Pero, a mi juicio, es mucho más relevante y más valiente la iniciativa legislativa que ha alcanzado nada menos que setecientas mil firmas de personas que exigen de sus representantes la regularización (por otro lado medida no novedosa en nuestra legislación) de otras personas que viven y trabajan en nuestro país, que tienen el arraigo suficiente y a las que no solamente necesitamos, sino con las que tenemos la deuda de que disfruten de los mismos derechos fundamentales y constitucionales de los que disfrutamos los demás que junto con ellos vivimos y trabajamos en convivencia.
Pensemos en el propio derecho a la vivienda a la que no pueden acceder ante la falta de permisos de residencia y trabajo y de documentos justificativos de nóminas, cuando no son rechazadas por el color de su piel o la expresión de su religión. Directamente la vivienda deja de ser un derecho de todos para constituirse en un instrumento especulativo en manos de unos pocos, quedando así vedado para una buena parte de la sociedad, la más desfavorecida entre las que están las personas migrantes, pero no solo, los acompañan los jóvenes, y tantos otros y otras para los que el salario no llega ni siquiera a un mísero alquiler.
Por eso resulta relevante definir cuál es la posición que nuestro país adopta con relación a las personas que quieran venir al mismo, y a las que ya están aquí. Si las exigencias han de basarse en razones de recursos económicos de que dispongan, o por el contrario en la actividad económica productiva y social que puedan desarrollar. Tenemos que decidir también si hacemos efectivos los compromisos internacionales de respeto y salvaguarda de los derechos humanos, o no. Si queremos un país de ricos con privilegios vengan de donde vengan, o igualitario y protector para todos los que contribuyan al funcionamiento colectivo, y ser un país solidario y de acogida cuando sea preciso.
Se trata de determinar la condición de ciudadanía, y no en términos filosóficos, sino prácticos, concluir si nuestros recursos están en venta, o si el acervo de derechos civiles, políticos, sociales, culturales o medioambientales han de estar a disposición de todas las personas que componen la sociedad, vengan de donde vengan, y para ello es necesario un reconocimiento legal, pero también sustantivo de afirmación de la dignidad y de construcción de un marco de respeto.
En esta dirección avanzan las dos medidas indicadas, especialmente la iniciativa legislativa popular, que además parte del impulso democrático de la sociedad civil que se organiza desde una pluralidad de posiciones ideológicas diferentes para integrar, reconocer la diversidad y apostar por la convivencia. Hoy se ha aprobado una toma en consideración a tal fin, ojalá avancemos y se inicie una gestión democrática de la inmigración. Nos lo deben, se lo debemos.
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María José Landaburu Carracedo es Doctora en Derecho, experta en derecho laboral y autora del ensayo 'Derechos fundamentales, Estado social y trabajo autónomo'.