El Consejo de Ministros aprobará previsiblemente este martes un plan para resarcir a las víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia. Se trata de un plan que implementa el informe elaborado por el Defensor del Pueblo al respecto, dado a conocer el pasado mes de octubre, que cifra las víctimas de abusos en el ámbito eclesiástico en más de 440.000 afectados en España.
El borrador del 'Plan de respuesta e implementación del informe del Defensor del Pueblo sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos', según avanza 'El País', tiene cinco ejes: reconocer y reparar; atender a las víctimas; prevenir; formar y sensibilizar; e informar e investigar. Además, prevé indemnizar a las víctimas cuyos casos hayan prescrito penalmente.
El texto consultado por dicho rotativo incide en la importancia de que la reparación no dependa de las entidades religiosas, y concibe una fórmula para indemnizar a los afectados que idealmente contaría con la colaboración de la Iglesia, aunque también prevé una segunda opción si esta rechaza colaborar.
La primera posibilidad pasaría por crear un órgano independiente y de carácter temporal para la reparación de las víctimas cuyos casos hayan prescrito o cuyo ha fallecido o no ha podido ser procesado penalmente. Este exigiría la colaboración de la Iglesia para "hacerse cargo de la totalidad o una parte sustancial de las compensaciones y facilitar otros elementos de reparación simbólica".
Si la Iglesia rechazara colaborar, la segunda opción sería aprobar "un proceso administrativo" que reconozca la condición de víctima y "las medidas reparadoras que sean adecuadas", con una posible colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas. El plan, sin embargo, no prevé un baremo de cantidades para las indemnizaciones ni qué procesos tendrían que seguir los afectados.
Según lo avanzado por 'El País', este plan estaría inicialmente vigente hasta 2027 y la encargada de impulsarlo sería la Dirección General de Libertad Religiosa, aunque se creará también una comisión con los ministerios implicados y se buscará que también participen las víctimas, además de impulsarse la coordinación con la propia Iglesia para implementar las recomendaciones del Defensor del Pueblo.
Asimismo, también contempla la celebración de un acto de Estado de reconocimiento a las víctimas o que la responsabilidad civil por este tipo de delitos no prescriba aunque lo haga la penal.