El director de la Guardia Civil se echa atrás y no sanciona a los agentes ultras que prometieron "derramar su sangre"
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La Dirección General de la Guardia Civil ha archivado sin sanción el expediente contra el presidente y secretario de la Asociación Pro-Guardia Civil (APROGC) que se abrió el pasado mes de noviembre tras difundir un comunicado en el que criticaban la ley de amnistía, mostraban su confianza en la judicatura y mencionaban su juramento "para derramar sangre" en defensa de España y la Constitución.
Así consta en una propuesta de resolución de 11 de marzo, consultada por Europa Press, del jefe de la asesoría jurídica de la Guardia Civil refrendada días después por el director general, Leonardo Marcos, en la que el instructor "acuerda la terminación del expediente sin declarar responsabilidad" de dos miembros de la Asociación Pro-Guardia Civil (APROGC).
Al presidente y secretario de APROGC se les abrió el 13 de noviembre un expediente por una falta muy grave tipificada en el artículo 7.2 de la Ley Orgánica 12/2007 consistente en "la violación de la neutralidad política en el desarrollo de la actuación profesional" debido a un comunicado titulado "La última barrera ante la derrota del imperio de la Ley".
Los representantes de APROGC recurrieron lo que consideraron una "grave y dura medida cautelar" de tres meses sin prestar servicio y sin cobrar el sueldo, aunque no llegó a completarse ya que el Tribunal Militar Central la suspendió --según la asociación-- "por considerarla absolutamente desproporcionada y no motivada".
En sendos comunicados, APROGC y el bufete PenalTech celebran que los agentes expedientados no sean sancionados puesto que "se ha logrado probar que el controvertido comunicado fue elaborado por un despacho de abogados".
En este sentido, la asociación profesional lamenta que en noviembre se informara de la apertura de expedientes con una "celeridad inusitada" tanto del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como de la Dirección General de la Guardia Civil, motivo por el que los dos agentes expedientados tuvieron que personarse en un cuartel para recibir la notificación.
La Dirección General de la Guardia Civil abrió en noviembre otro expediente a Agustín Leal, el portavoz de otra asociación profesional, JUCIL, debido a los comentarios en redes sociales en los que se aludía a la "felonía" que suponía, en su opinión, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hubiera defendido la ley de amnistía ante el Comité Federal del PSOE.
Al portavoz de JUCIL se le abrió en marzo un segundo expediente, en este caso por su discurso en una manifestación convocada en la Plaza de Cibeles de Madrid contra la ley de amnistía y para exigir la dimisión de Sánchez. En su caso, según fuentes de esta asociación, sendos expedientes continúan abiertos a la espera de decisión del Instituto Armado.