Este domingo, la víspera de la decisión final de Pedro Sánchez tras sus cinco días de reflexión, el 'Financial Times' publicaba un artículo de opinión de la abogada española Miriam González Durántez (Valladolid, 1968), en el que defendía la existencia de un código ético para dirimir de forma rápida posibles conflictos de intereses como los que estudia un juzgado de Madrid en el caso de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno. La experta legal argumenta que esa regulación existe en otros países, como Reino Unido, y que su aplicación habría servido para que Sánchez y su mujer se ahorraran este trago.
Miriam González conoce bien estas prácticas porque ella misma se vio sometida a examen. La abogada vallisoletana está casada con el político liberal Nick Clegg, quien fue viceprimer ministro británico de 2010 a 2015 en un gobierno de coalición junto a David Cameron, y dice que la administración pública de aquel país no tardó ni una semana en estudiar cuáles eran los ámbitos de su profesión en los que podía haber conflicto de intereses con la actividad de su marido.
"Fueron cinco días", afirma en una entrevista telefónica con EL ESPAÑOL. Los mismos que se ha tomado Pedro Sánchez para reflexionar que debía seguir, sin ofrecer medidas concretas para esos cambios institucionales que sugirió.
González sabe de esto y de la presión mediática, que en su caso denuncia que fue irrespirable. Aunque entiende que, dentro de la responsabilidad, es algo que "va en el cargo". Es experta en Derecho comunitario, asesoró a altos cargos de la UE, ha trabajado en dos bufetes internacionales con sede en Londres en asuntos relacionados con el comercio y hace un año fundó la plataforma ciudadana 'España Mejor', desde la que lanza propuestas para la regeneración democrática.
PREGUNTA.- Imagino que habrá seguido el discurso de Pedro Sánchez. ¿Le ha sorprendido?
RESPUESTA.- Toda la situación es un poco sorprendente, ¿no? Me han sorprendido tanto el presidente del Gobierno como el líder de la oposición, porque creí que después de este momento tan inusual en el país ambos se comprometerían a subir los estándares de control y dirían que iban a poner en marcha sistemas para solucionar este tipo de cosas. Y en lugar de eso hablan de las movilizaciones y siguen en un contexto de polarización al que ya nos tienen acostumbrados. En cinco días había tiempo para perfilar qué tipo de normas quieres para hacer una España mejor.
P.- Usted decía en ese artículo en el 'Financial Times' que si el problema venía por la investigación a Begoña Gómez, todo esto se podía haber resuelto de una forma mucho más sencilla, ¿no?
R.- Mire, yo he estado sometida a un régimen de control de conflictos de intereses cuando mi marido era vicepresidenta del Gobierno británico. Tardaron precisamente cinco días en investigarme. Las dos condiciones que le puse a mi marido fue que siguiéramos viviendo en nuestra casa y que yo pudiese seguir trabajando. Me dijeron que como era socia en España de un bufete de abogados había un área que podía dar lugar a conflictos tanto directos como indirectos. Y, efectivamente, yo dejé esa parte y todos contentos. El sistema funcionaba, el drama es que es fácil. Sólo es falta de voluntad no ponerse a ello.
P.- ¿Y qué es lo que propone exactamente para España?
R.- Desde 'España Mejor' lo que proponemos es un código ministerial con un sistema de control como existe en otros países o como el que funciona incluso en la Comisión Europea. Lo de tener una oficina ética y un asesor independiente -o una combinación de ambos sistemas- ya está en muchos sitios. Y si los políticos no hablan de esto lo pondremos nosotros en el debate público como sociedad civil.
P.- ¿Cree que el discurso del presidente se queda vacío sin una propuesta en este sentido?
R.- Creo que estamos en una situación todavía más polarizada de lo que estábamos antes de este episodio. Y habría que intentar salir de aquí con el listón más alto, con mejores sistemas.
P.- En España existe ya una Oficina de Conflictos de Intereses, que es dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública. ¿Cree que no es suficiente o que no es lo bastante efectiva?
R.- La Oficina de Conflictos de Intereses es criticada sistemáticamente por la Comisión Europea y el Grupo Greco del Consejo de Europa año tras año. En 2022 ya dijeron que no tenía suficiente autonomía, independencia, eficacia y eficiencia. Y nos lo volvieron a repetir en este 2023. Pero es que es lo mismo que nos pasa con otras muchas críticas que nos hacen sistemáticamente desde la Unión Europea y siguen sin solventarse.
P.- Usted, que es abogada y está especializada entre otros temas en disputas comerciales, ¿cree que con la ley en la mano el presidente, Pedro Sánchez, se debía haber abstenido del rescate de una compañía que había firmado patrocinios con la institución para la que trabajaba su mujer?
R.- Como soy abogada, no me gusta pronunciarme sobre cosas en las que me faltan detalles y documentación. Pero lo que sí que tengo clarísimo es que se ha producido al menos una apariencia de conflicto. Y esa apariencia de conflicto no se tenía que haber producido, tenía que haber existido un sistema para evitarlo. La Oficina de Conflictos de Intereses remitió una carta que se centraba en que la cónyuge del presidente no estaba en el consejo de administración, ni asesoraba directamente a las empresas afectadas, pero no especifica qué ocurre cuando puede haber un conflicto indirecto. Creo que es suficiente para tener que mirarlo.
P.- ¿Cree entonces que Pedro Sánchez se ha creado su propia trampa al no crear un entramado regulatorio más fuerte en este sentido?
R.- Es que esto tampoco lo ha inventado Pedro Sánchez. En democracia no ha habido ningún presidente del Gobierno que haya puesto el foco en la modernización del sistema político. Y cuando no mejoras tu sistema, los problemas son mayores y se van acumulando.
P.- Y, como experta legal, ¿tiene objeción a que este tipo de casos sean investigados por los medios de comunicación?
R.- Mire, yo he estado sometida a un escrutinio por parte de los medios británicos que a veces no sé ni cómo explicarlo en España. Porque la presión de la prensa sobre las mujeres, más que sobre los maridos de los políticos, es enorme. Ya desde el primer día de la campaña de mi marido tuve fotógrafos en la puerta de mi casa durante cinco semanas desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. He tenido un fotógrafo en la puerta del colegio de mis hijos, cada dos por tres había un periodista dedicado a ver a qué colegio iba mi hijo. Y muchas veces piensas que vienen a por ti porque quieren ir a por él.
Entiendo que esa presión te pueda desbordar, hay que tener la cabeza muy bien puesta para saber gestionar esa exposición pública. Pero al poder nunca se le puede olvidar que tiene que estar sometido a control con responsabilidad, y la función de los medios es fundamental. Y ahora estoy escuchando decir cosas en España que ponen los pelos de punta, como que habría que limitar ciertos medios o no darles dinero público. Entiendo el fragor del momento, pero, ¿cómo sonaría eso en boca de una persona como Orbán o como Trump?
P.- Y a pesar de haberlo sufrido usted misma, ¿entiende que eso puede ocurrir?
R.- Es que, por ejemplo, Cherie Blair [mujer de Tony Blair] tuvo que dar una rueda de prensa en directo para explicar que había alquilado un apartamento ayudada por una persona que había hecho algo incorrecto [Cherie Blair reconoció en 2010 que compró dos pisos asesorada por un hombre acusado de estafa]. Michelle Obama ha estado en primera línea de fuego. Creo que todo el mundo tiene que ser comprensivo y actuar con responsabilidad. Pero bueno, en último término, pues viene con el cargo. Mi actitud ha sido siempre pensar que estás al lado del poder, tienes muchos privilegios y lo otro es casi inevitable.
P.- En su artículo en el 'Financial Times' consideraba a esos medios británicos como "carnívoros". ¿Cree que en España la prensa es más o menos "carnívora"?
R.- La prensa británica tiene mucho más poder que la prensa española, entre otras cosas porque tienen mucho más dinero. Aquí hay una serie de magnates internacionales financiando medios de comunicación con una fuerza enorme.
P.- Al margen de los medios, al final toda esta historia de la esposa del presidente la tendrán que dirimir los jueces. Antes hablaba de las críticas sistemáticas de la UE a ciertos aspectos institucionales de nuestro país. ¿Cree que España tiene también un problema con su sistema judicial?
R.- No sé siquiera si llegará a desarrollarse un proceso judicial, pero me sorprende mucho que los políticos se hagan de cruces sobre las acusaciones de politización. Llevan intentando politizar el sistema judicial desde la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985. No sé si hay una mezcla de falsa inocencia e hipocresía. Tienen lo que se han labrado durante casi 40 años.
P.- Es decir, que quiere decir que el sistema judicial está politizado. Y ahí habría un problema…
R.- No sé si está politizado, pero que los políticos intentan interferir en el sistema judicial es un hecho. Es otra cosa que nos dicen constantemente desde el Consejo de Europa y desde la Unión Europea. ¿Tenemos propuestas concretas para ver cómo se tiene que cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial en los nombramientos de las altas instancias jurídicas? No. Se han ido a Bruselas a hablarlo y todavía no tenemos las propuestas específicas del Partido Socialista ni del Partido Popular sobre la mesa.
P.- Y por lo que he entendido, al caso de Begoña Gómez no le augura demasiado recorrido judicial…
R.- No me gusta pronunciarme sobre cosas en las que me faltan detalles, pero en principio no parece tener mucha fuerza. Lo que sí está claro es que, desde luego, ha habido una apariencia de conflicto que no tenía que haberse producido y que eso quita la confianza de la sociedad en el sistema.