Para mí el trabajo se ha convertido en una rutina que debo cumplir para mantener a mi familia, y eso me lo repito cientos de veces, porque el ambiente laboral en el Estado es cada vez más pesado y hay días en los que quisiera renunciar.
Hace unos meses estuve a punto de dejar todo y empezar con un negocio familiar, pero cuando me di cuenta que redujeron las indemnizaciones por antigüedad a todos los empleados públicos, me decepcioné y no lo hice porque básicamente me dejaron sin el dinero con el que podía empezar mi proyecto.
Antes de 2018 al menos podíamos quejarnos entre nosotros, pero hoy todos debemos callar, porque no sabemos quién nos está espiando y nos va a quemar solo por criticar algo de lo que hace el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Eso me hace tener demasiada frustración porque nos quieren controlar todo, casi que quieren saber cómo pensamos.
Llevo más de diez años trabajando en un hospital y en los últimos dos años he visto a muchos compañeros renunciar. Se van hartos y prefieren ir al desempleo o a ganar menos, pero tener cierta libertad.
Todos los trabajadores públicos somos prisioneros del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y es molesto que tengamos que participar en marchas y actividades políticas de forma obligatoria, porque nos quieren hacer creer que nos están haciendo un favor al emplearnos.