El 15 de marzo se presentó la propuesta inicial que dará comienzo a la discusión sobre el proyecto de ley No. 291 de 2023 ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, que busca promover y asegurar la seguridad de quienes denuncian casos de corrupción.
Transparencia por Colombia y diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el Movimiento Ciudadano Anticorrupción, hacen énfasis en la importancia de establecer un marco legal que proteja a los denunciantes de actos corruptos, garantizando su seguridad y el pleno ejercicio de sus derechos básicos.
Ya que, durante años, se ha hecho un llamado constante al Congreso y al Gobierno nacional para que avancen en la discusión y aprobación de esta legislación, contando con el respaldo de más de 8.500 firmas ciudadanas en la plataforma "change.org".
El actual proyecto, propuesto en el Congreso por el Gobierno nacional y respaldado por diversos sectores políticos, representa una oportunidad crucial para avanzar hacia un marco legal específico que garantice una protección completa a quienes exponen la corrupción en todo el territorio nacional. Durante una década, se intentó establecer una legislación sobre protección de denunciantes, que se rechazó en el Congreso.
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Sin embargo, el proyecto en curso podría cambiar esa dinámica y finalmente proporcionar el apoyo necesario a los denunciantes de corrupción.
Tanto las denuncias formales ante las autoridades como las advertencias públicas desempeñan un papel crucial en la detección, investigación y castigo de la corrupción. No obstante, la ausencia de garantías de protección puede desmotivar a los denunciantes y permitir que más actos de corrupción queden impunes. Esto conduce al desvío de recursos públicos destinados al bienestar común.
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En términos de avances, resulta importante que la ley considere a los periodistas como sujetos que necesitan protección especial, ya que reconoce su papel fundamental en la difusión de información sobre corrupción y los riesgos que enfrentan al hacerlo.