San Juan es la cuarta provincia más cara del país para usuarios de ingresos en lo que refiere a la factura de electricidad. En otras palabras, los sanjuaninos más pobres pagan mucho más cara la luz que el promedio nacional. El dato surgió del último informe elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) y del Conicet.
En este estudio comparativo, se dividió a los usuarios del servicio de energía eléctrica en tres categorías, según su nivel de ingresos: Altos ingresos, Ingresos medios, e Ingresos Bajos. A través de este estudio se analizó la factura eléctrica sin impuestos ni descuentos por 300 Kwh/mes, tomando los datos correspondientes al mes de marzo de este año.
Según los datos recabados, en el grupo de usuarios de Altos ingresos de San Juan está en el noveno puesto, con una factura promedio de 31.365 pesos; mientras que la facturación promedio de todo el país es de 25.988 pesos.
Con respecto a los usuarios considerados de Ingresos medios, la provincia está en el cuarto lugar. La boleta ronda 14.885 pesos. En este caso, la facturación promedio en el país es de 9.625 pesos.
Por otro lado, el punto más interesante, está en la categoría de usuarios de Ingresos bajos. El estudio determinó que la factura promedio en San Juan es de 14.617 pesos, en tanto que el promedio del país es de 9.135 pesos. Por lo tanto, la provincia está entre las más cara de la Argentina para el segmento más pobre de la población. El ranking lo lidera Mendoza con una factura de 22.718 pesos.
"Al mes de marzo de 2024 se encuentra vigente la Resolución 7/24 de la Secretaría de Energía de la Nación, que fija los precios estacionales de la energía eléctrica para el periodo febrero-abril de 2024 en todo el territorio nacional", sostiene el informe.
Además, el relevamiento destaca que, al momento de realizarse este análisis tarifario comparativo, en el sector de distribución conviven tanto empresas públicas (provinciales) como empresas privadas y cooperativas; y que dichas empresas están alcanzadas por marcos regulatorios nacionales (como en el caso de EDENOR y EDESUR), provinciales y municipales (en el caso de las cooperativas).