Wendy Paola Chávez Villanueva, titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas de Delito por Razones de Género y la Familia (FEM) informó que ante la liberación de un sujeto acusado de violar a una menor de edad, se interpuso un recurso de apelación en contra de la determinación de la jueza a cargo del caso, mismo que fue respaldado por el magistrado de la Primera Sala de lo Penal, Jorge Abraham Ramírez Alvídrez.
Sin embargo, el caso no se ha podido retomar ya que el presunto agresor interpuso un recurso de amparo y, en tanto no se cuenta con una resolución a favor de la FEM, el asunto permanece detenido y legalmente, no se puede verificar la ubicación del sujeto.
La fiscal explicó que la denuncia se judicializó y se llevó a la etapa de juicio oral, sin embargo, la jueza Silvia Padilla dejó en libertad al imputado argumentado que hubo una falla técnica y no por la carga probatoria que presentó el Ministerio Público.
La violación se denunció en 2020 y el año pasado la defensa de la menor presentó una petición para que se retomara el proceso penal ya que tenía 2 años de haberse judicializado; la jueza Silvia Padilla cita a audiencia e indica que el caso tiene meses traspalado.
Cabe señalar que, en la etapa intermedia se lleva a cabo una audiencia en donde se indica de manera verbal el auto de apertura a juicio oral, el video se transcribe y se envía a la jueza de enjuiciamiento.
No obstante, el caso se transcribió mal y no se incluyó la frase en donde se indica que el agresor penetró a la víctima por lo que, al iniciar el juicio, la asesora jurídica pide que la jueza haga un saneamiento y diga que la transcripción hecha por el propio tribunal está mal y que agregue esa frase ya que en los registros de audio y video de la intermedia si se señaló de forma verbal.
Silvia Padilla rechaza subsanar y pese a reconocer que hubo una violación, por un error del Ministerio Público y de la asesoría jurídica no puede condenar al imputado, declarando su libertad y emitiendo una sentencia de lectura fácil que llevó personalmente a la menor, haciéndole saber que por un error del Ministerio Público y de la asesoría jurídica, no podía sentenciar a su agresor.
La FEM y la defensa apelaron la resolución y el magistrado Ramírez Alvídrez ordenó revocar la resolución y retomar el caso.