La ofensiva del Ejecutivo de Pedro Sánchez contra las nuevas leyes de concordia que impulsan los gobiernos autonómicos de la coalición PP-VOX en la Comunitat Valenciana, Aragón, y Castilla y León tendrá dimensión internacional. Fuentes gubernamentales han avanzado que denunciarán esta nueva normativa ante las Naciones Unidas y el Consejo de Europa por ser contrarias a los Derechos Humanos e incluso presentaran diversas iniciativas ante el Parlamento Europeo.
Las tres nuevas leyes autonómicas, según fuentes del Gobierno, son "contrarias a los valores que recoge la ley de Memoria Democrática y, por ello, no solo serán objeto de recurso ante el Tribunal Constitucional (TC), sino que, además, el Gobierno elevará esta cuestión por su gravedad a las principales instancias europeas e internacionales".
Denuncia ante Naciones Unidas
En el caso de la ONU, el Ejecutivo recurrirá al Relator especial sobre Verdad, Justicia y Reparación y el Relator de Ejecuciones Extrajudiciales, "para que evalúen la conformidad de estas medidas con las mejores prácticas internacionales y los compromisos internacionales adquiridos por España en materia de Derechos Humanos", explican.
Ante el Parlamento Europeo
Paralelamente, en el Parlamento Europeo, las mismas fuentes indican que "se promoverán distintas iniciativas para incluir en el orden del día del pleno del Eurocámara para su debate y votación". Estas iniciativas las firmará el grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D), al cual pertenece el PSOE y que es el segundo más grande al aglutinar 146 eurodiputados.
En el Consejo de Europa
En el tercer frente, el Consejo de Europa, donde el Gobierno invocará "la posible violación de varias disposiciones del Convenio de Derechos Humanos" por parte de estas leyes de concordia autonómicas, se promoverán tres actuaciones. La primera de ellas es "un debate urgente en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para analizar la derogación de las leyes de memoria democrática aprobadas por las comunidades autónomas gobernadas por PP y Vox".
En segundo lugar, se informará a la Secretaría General del Consejo de Europa y al Comisario de Derechos Humanos "para ponerles en conocimiento de la gravedad de la situación", añaden las citadas fuentes. Y, por último, se solicitará la elaboración de un informe "sobre la situación de la memoria democrática en España ante la aprobación de leyes de derogación por parte de los gobiernos autonómicos de PP y Vox en la Comunitat Valenciana, Aragón y Castilla y León".
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