El escándalo de la última quincena, por los relojes Rolex y otras joyas de la presidenta Dina Boluarte, ha tensado el escenario político. Tras la ausencia de explicaciones, se produjo la intervención fiscal con el descerraje y allanamiento de su domicilio y el propio Palacio de Gobierno, buscándose documentación de su adquisición.
La Presidenta emitió un mensaje, de 9 minutos, sin esclarecer ninguna de las dudas y sospechas. Más bien se presentó como víctima e insinuó un trato discriminatorio por su condición de mujer, o la difusión del tema por la prensa habiendo preocupaciones mayores de las que ocuparse. Bastaban 10 palabras para explicar dónde compró los relojes y joyas, quién se los obsequió y a cambio de qué.
Esta crisis política profundiza el desgobierno existente y coloca en posición cada vez más subordinada al Poder Ejecutivo frente a la dictadura congresal que avanza desembozadamente en su propósito de controlar el próximo proceso electoral. El intento de descabezar la Junta Nacional de Justicia falló, por suerte, aunque temporalmente. Mantiene la intención de descabezar al Jurado Nacional de Elecciones con la destitución de su presidente y aprueba leyes que, sin reparo alguno, violentan decisiones populares ya tomadas. Las grandes movilizaciones del 2022 y 2023 expresaron la discriminación y la violación de los derechos políticos y la urgente necesidad de cambios significativos en el modelo de crecimiento económico que exporta minerales sin construir mercado interno ni desarrollar niveles mínimos de bienestar. Por el contrario, la pobreza y la desigualdad continúan en alza.
Queda organizarnos y movilizarnos demandando que se vayan todos, nuevas elecciones bajo nuevas reglas y el inicio de un proceso constituyente para el debate y decisión popular sobre una nueva Carta Magna.