Luego de los lamentables episodios ocurridos en el último año, como fue el paro de 83 días que sufrieron los colegios en Atacama y que dejaron en evidencia la fragilidad con la que operan algunos de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), el gobierno presentó un proyecto de ley que tiene como propósito principal resolver varios de los nudos críticos que han perjudicado la correcta instalación y funcionamiento del nuevo sistema de administración de la educación de provisión estatal.
En primer lugar, es posible que la iniciativa presentada signifique una contribución necesaria en cuanto a facilitar un mejor traspaso del servicio educativo desde los municipios a los SLEP, al dar obligatoriedad a los planes de transición que hasta ahora habían sido voluntarios para los alcaldes.
En segundo lugar, el proyecto propone varias modificaciones que buscan dar mayor agilidad a la gestión de los nuevos SLEP, las que van desde la definición de plazos, hasta cambios en la estructura orgánica y atribuciones de los propios servicios. Si bien es posible que algunas de ellas efectivamente favorezcan una correcta puesta en marcha de estos, no parece tratarse de cambios suficientemente profundos como para incidir más allá, es decir, en la eficacia de la gestión educativa en adelante.
Más aún, se contemplan una serie de instancias superiores de coordinación que, más que agilizar, previsiblemente terminarán burocratizando y, lo que es peor, diluyendo las responsabilidades en desmedro de la necesaria autonomía local. Entre éstas se cuenta la conformación de un Comité de Ministros para la Educación Pública y el reforzamiento de las atribuciones del Ministerio de Educación sobre los SLEP, que podrían ser un retroceso en términos de la necesaria separación de funciones, convirtiendo a este organismo en juez y parte a la vez. Asimismo, es discutible que, en vez de dar mayores grados de descentralización a los establecimientos para responder a sus variados desafíos, se pretenda que estos se resuelvan desde el nivel central.
Con todo, si bien el proyecto contiene algunas medidas que apuntan en la dirección correcta para favorecer una mejor instalación de los nuevos SLEP, en definitiva se trata de un proyecto insuficiente para hacer frente a los problemas estructurales que exhibe el Sistema de Educación Pública. Esto, pues deja fuera las modificaciones necesarias para solucionar materias como la politización de las autoridades, la sobredotación docente o la insuficiente autonomía en la gestión local de la educación, todo lo cual, tal como se ha visto desde que se creó el primer SLEP en 2018, es esencial si se pretende que el nuevo sistema se constituya como una mejor alternativa a la administración municipal. Lo que se ha visto hasta ahora es que el desempeño de los SLEP es tan heterogéneo como el de los municipios, de lo que se desprende que la nueva institucionalidad no estaría ofreciendo necesariamente mejores condiciones para la gestión de la educación pública. Mientras no se hagan cambios profundos, no parece que ello vaya a cambiar.