ESCUCHA ESTA NOTICIA
|
Quito, 18 abr (EFE).- José Sánchez, el alcalde de una población de Ecuador con presencia de minería ilegal, pasó a incrementar la larga lista negra de autoridades asesinadas en el país andino, en una ola de violencia que tiene detrás a las bandas del crimen organizado y cuyo caso más notorio fue el mortal atentado contra el candidato presidencial Fernando Villavicencio el año pasado.
Sánchez, alcalde del cantón (municipio) Camilo Ponce Enríquez y conocido popularmente como 'Jushico', fue acribillado a tiros por presuntos sicarios en la noche del miércoles en plena vía pública de esta localidad la sureña provincia andina de Azuay, donde el año pasado ya había denunciado una atentado contra su domicilio.
Su predecesor en el cargo, Baldor Bermeo, también fue víctima el año pasado de un atentado del que logró salir con vida.
Hace menos de un mes apareció asesinada dentro de un automóvil junto a su coordinador de Comunicación Brigitte García, la alcaldesa más joven de Ecuador, que con 26 años estaba al frente del cantón de San Vicente, en la costera provincia de Manabí.
Los asesinatos de García y Sánchez se produjeron bajo el «conflicto armado interno» declarado por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, contra las bandas criminales, como también el de Diana Carnero, concejal de 29 años asesinada en febrero en el cantón Naranjal, otro municipio de la costa ecuatoriana.
Alcalde electo de forma póstuma
En el contexto de las elecciones locales de 2023 fue asesinado Omar Menéndez, candidato a alcalde del municipio costero de Puerto López, quien al día siguiente resultó electo de manera póstuma con el 46,22 % de los votos.
En esa misma campaña electoral fue asesinado Julio César Farachio, candidato a alcalde de la costera ciudad de Salinas, mientras realizaba un acto proselitista.
La ola de violencia política creció en el marco de las elecciones generales extraordinarias de 2023 con el asesinato de Rider Sánchez, candidato a asambleísta por Esmeraldas.
Intriago y Villavicencio, los rostros más populares
Siguió con el sonado asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, uno de los más populares del país, reelegido con el 61,25 % de los votos, en un ataque donde también falleció una joven futbolista.
Pocas semanas después, el 9 de agosto, llegó el crimen contra Villavicencio que dio la vuelta al mundo al quedar captado en video el momento que disparan contra su vehículo a la salida de un mitin electoral en Quito.
El asesinato de Villavicencio concentró por primera vez la atención internacional del fenómeno de violencia que ya ocurría meses antes en Ecuador, y que siguió días después con el crimen contra Pedro Briones, un dirigente local de Esmeraldas.
En octubre fue el turno de Charbel Rouhana, concejal del cantón de Yaguachi, acribillado pocas horas después de que se registrase en esa localidad de la provincia de Guayas una masacre donde fueron asesinadas diez personas, presuntamente por enfrentamiento entre dos bandas criminales.
Chonillo, el alcalde sobreviviente
Muy cerca de sumarse a esta negra lista estuvo Luis Chonillo, alcalde de Durán, uno de los municipios del área metropolitana de la ciudad Guayaquil, que en mayo pasado sobrevivió a un atentado en el que murieron dos de sus escoltas y una persona más.
Sin embargo, no corrió la misma suerte Miguel Santos, director de Terrenos de Durán, quien a inicios de agosto fue asesinado por tres personas armadas, y en septiembre ocurrió lo mismo con el concejal Bolívar Vera. También la exalcaldesa de Durán Mariana Mendieta permaneció tres días secuestrada también en ese mes de octubre.
A la par que los políticos, los magistrados también han sido objeto en este último año de atentados, como los fiscales Leonardo Palacios y Édgar Escobar, acribillados en Durán y Guayaquil, respectivamente; y el juez Nelson Yánez, en Lago Agrio; mientras que la fiscal general, Diana Salazar, ha denunciado también amenazas de muerte y planes para atentar contra ella.
El 11 de enero fue igualmente asesinado en Guayaquil el fiscal César Suárez, un magistrado que llevaba el caso de la toma del canal TC Televisión por parte de un grupo armado, uno de los episodios que llevaron a Noboa a declarar el «conflicto armado interno». EFE