Jorse Segura
Fue la presidenta de la Junta, María Guardiola, la que aseguró ante los periodistas que tenían un informe jurídico que impedía modificar la convocatoria extraordinaria de las oposiciones docentes del próximo junio como solicita un grupo de interinos que se han agrupado en el colectivo Desprotegidex. Reclaman a la Junta que ante la excepcionalidad de las próximas oposiciones de estabilización (que son más sencillas) las listas ordinarias que se conformen no sustituyan a las actuales, procedentes de las últimas oposiciones ordinarias. Es lo que se hace en la Administración General de la Junta y el sistema que aplican otras comunidades, que dan prioridad a los interinos que han prestado servicio en su territorio. Pero esa modificación, según la presidenta, no es posible. Y alude a un informe jurídico que ha solicitado el sindicato PIDE en Mesa Sectorial y el grupo Unidas por Extremadura, pero que de momento no ha sido facilitado.
«¿Cuáles son los motivos por los que la Junta de Extremadura no ha facilitado a los sindicatos el informe jurídico que impide las modificaciones de la convocatoria de oposiciones?». Con esta pregunta formulada por la portavoz de Unidas por Extremadura ante el pleno de la Asamblea de este jueves, Irene de Miguel pide transparencia a la Junta. «Sería un absoluto escándalo que ese informe no apareciera», señaló.
Documento técnico-jurídico
Sobre este asunto, la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, habló ayer en rueda de prensa a preguntas de los periodistas. Aseguró que no tiene ningún problema en facilitar dicho informe, pero aclaró que se trata de un documento técnico-jurídico de consumo interno para debatir con su gabinete antes de tomar una decisión y que en relación a este asunto solo ha recibido una única comunicación por escrito, que es la pregunta que se formulará en el pleno de este jueves. Insistió, asimismo, en que las consideraciones de dicho documento se les ha expuesto tanto al colectivo de interinos como a los sindicatos en los encuentros que ha mantenido la consejería con ambas partes.
Aún así, la consejera extremeña de Educación destacó que la postura de la administración regional no va a cambiar respecto a la demanda de este colectivo, que sigue estudiando una posible impugnación del proceso selectivo que comienza el próximo 22 de junio y al que se han inscrito más de 15.000 aspirantes para optar a 819 plazas de estabilización.
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