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"La filtración de la información confidencial vinculada a los salarios percibidos por Óscar Boidanich en la firma TABESA, habría sido expuesta por MARIO ABDO BENÍTEZ con el objetivo de desacreditar políticamente al expresidente de la República Horacio Cartes, puesto que en ese momento ambos se encontraban disputando el cargo de presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR)" (sic), dice uno de los párrafos del acta de imputación firmada por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti.
Este relato hace referencia a un discurso que hizo el exmandatario, el 8 de mayo de 2022, sobre los pagos de G. 16 millones en forma mensual recibidos por el extitular de Seprelad de parte de Tabacalera del Este SA (Tabesa), ligada a Cartes, entre 2019 y 2021.
Lo cierto es que un correo interno del organismo, que debe prevenir el lavado de dinero en nuestro país, revela que dicha información se incluyó recién al reporte financiero el 20 de mayo de 2022. Es decir, luego de ser pública y no era un dato confidencial, tal como plantearon los agentes del Ministerio Público.
Esta contradicción queda al descubierto en los siguientes párrafos de la misma imputación. Y es que los fiscales, luego de afirmar que el expresidente filtró información confidencial, dicen finalmente que "habría propiciado la elaboración y filtración del referido informe de inteligencia con fines electorales" (sic).
Más contradictorio es que en otro párrafo Cantero y Grisetti señalan que "MARIO ABDO BENÍTEZ habría impulsado la incorporación de datos de Santiago Peña en el informe de inteligencia (...) cuando que el actual presidente de la República no era sujeto de investigación por parte de la Seprelad" (sic).
En otras palabras, primero era confidencial y luego había sido que Abdo Benítez habría impulsado la inclusión y su posterior "filtración".
Lo que se pedía
El correo interno de Seprelad del 20 de mayo de 2022, a las 08:43, enviado por el ahora imputado Guillermo Preda al funcionario Derlis Ruiz dice: "Facturaciones a exintegrante del gobierno del expresidente Horacio Cartes", mencionando las transferencias a Óscar Boidanich, extitular de la entidad antilavado (2013-2018) y las denuncias que para entonces existían contra el mismo, como inacción en sonados casos de lavado de activos del clan González Daher, Darío Messer y otros.
Asimismo, hacía mención a Santiago Peña, exministro de Hacienda (2015-2017), que habría recibido unos G. 10.000 millones del Banco Basa, vinculado también a Cartes.
Ambos exfuncionarios públicos, sean o no sujetos de investigación, estaban identificadas como Personas Expuestas Políticamente (PEP), tal como establece el Art. 2 de la Resolución N° 50 de Seprelad por el cual se aprueba el reglamento de identificación de PEP y las medidas de la debida diligencia a ser aplicadas por los sujetos obligados, determinados en las normas ALA/CFT de la República del Paraguay, conforme a un enfoque basado en riesgos.
Este reglamento se había aprobado a partir del compromiso de nuestro país para cumplir con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi).
Llamativamente, la mencionada disposición, con este detalle clave, se omitió en la supuesta investigación de los fiscales Cantero y Grisetti.
Verbalmente
Derlis Ruiz, que aparece como el testigo estrella de la Fiscalía, señaló en su declaración que los datos sobre Boidanich y Peña los agregó al informe luego de que "verbalmente" le dijeron por "instrucciones de arriba".
Lo curioso es que no existe insinuación de eso en el correo interno.
Verificaron si Mario Abdo era afiliado de la ANR
La Fiscalía, en el marco de su supuesta investigación de "filtración", también verificó si el expresidente Mario Abdo Benítez era afiliado al Partido Colorado y otros detalles que llaman la atención. El 25 de enero de 2024, el fiscal Aldo Cantero remite la nota N° 18 a Gunter Krone, director de Análisis de Información Estratégica (DAIE) del Ministerio Público, por la cual pide datos personales de fuentes abiertas y cerradas sobre el exmandatario.
En la respuesta de esa dependencia, enviada el 31 de enero de 2024, se observa que se verificaron informes comerciales confidenciales, antecedentes judiciales, redes sociales, vehículos a su nombre, certificado de nacimiento, declaraciones juradas, datos en el Instituto de Previsión Social (IPS), registro como Contribuyente y afiliación en la ANR.
Un punto bastante curioso es que, en una de las contestaciones, el encabezado habla del diputado colorado e imputado Mauricio Espínola, pero los datos corresponden a Abdo. Es decir, el informe "técnico" de la DAIE estaba al parecer preelaborado.