La contratación de obra pública en España registró el pasado año un volumen que no se veía desde antes de la crisis financiera de 2008. En concreto, el conjunto de las Administraciones Públicas adjudicó proyectos por un importe de 19.901 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 15,9% con respecto a los 17.175 millones de 2022. Cataluña ha arrebatado a Madrid el trono de la obra pública en un año en el tras las elecciones generales de julio Pedro Sánchez inició las negociaciones con Junts y Carles Puigdemont para formar gobierno.
La cifra total de 2023 mejora incluso más los datos de los años precedentes: 12.201 millones en 2021, 6.903 millones en 2020, 10.286 millones en 2019, 7.516 millones en 2018 y 5.304 millones en 2017.El impulso viene dado desde todas las Administraciones Públicas, con un incremento muy destacado desde el lado de las Comunidades Autónomas.
El Estado se mantiene como el mayor contratista de obra pública de España gracias, en gran medida, al esfuerzo realizado por Adif. El crecimiento de la inversión estatal viene propiciado tanto por el aumento de la vía presupuestaria como por el efecto de los fondos Next Generation. En concreto, el Estado adjudicó contratos por 7.553 millones, lo que supone un 7,3% más que en 2022.
Mientras, las Autonomías elevaron su cifra hasta los 7.296 millones, lo que implica un alza del 37,4% en relación al ejercicio anterior. Por último, las Administraciones Locales, que incluye a ayuntamientos, diputaciones y cabildos, limitó el incremento al 4,6%, hasta los 5.051 millones. Se trata, en todos casos, de niveles que no alcanzaban desde antes de la crisis financiera.
Los datos de2023 devuelven a Cataluña al liderazgo en el listado de Comunidades Autónomas con más contratos rubricados. En concreto, Cataluña acumuló adjudicaciones, por parte del conjunto de las Administraciones, por 3.342 millones. Este importe mejora un 48,7% la cifra de 2022, cuando se situó en 2.247 millones. Supero así a la Comunidad de Madrid, que en 2023 fijó su volumen de contratación en 2.911 millones, con un ascenso mucho más moderdo, del 5,3% (en 2022 había registrado 2.765 millones).
En un año electoral y con el pacto de Gobierno entre el PSOE y Junts de trasfondo, Cataluña rubricó obras por parte de la Administración General del Estado por 1.191 millones de euros. Este volumen más que duplicó (+118,7%) al que había obtenido en 2022 (545 millones). El crecimiento se vio fuertemente impactado, en cualquier caso, por la adjudicación, por parte de Adif, del soterramiento del tren de Montcada por 540 millones de euros.
A la escalada de Cataluña también contribuyo la propia Generalitat, que elevó un 78,5% las adjudicaciones, hasta los 1.115 millones. Por el contrario, los entes locales catalanes contrajeron las contrataciones un 3,9%, hasta 1.035 millones.
Cataluña, fue por tanto, la Comunidad Autónoma en la que más crecieron los contratos del Estado en términos absolutos y, además, lideró el volumen total con los 1.191 millones referidos. Superó así a Andalucía, con 1.168 millones (+86,2%) y a la Comunidad de Madrid, con 864 millones (23,6%).
En términos relativos, el mayor crecimiento correspondió a Navarra, con un 8.293,3% más, hasta 305 millones; La Rioja, con un 429,9% más, hasta 88 millones; Castilla-La Mancha, con 300,5% más, hasta 386 millones; y Castilla y León, con un 179,5% más, hasta 789 millones.
Por el contrario, el Estado realizó los mayores recortes de contrataciones en Baleares y la Comunidad Valenciana, dos Autonomías donde en 2023 el PP desbancó de sus respectivos gobiernos al PSOE. En concreto, en las islas la reducción fue del 80,3%, hasta 100 millones, y en la Comunidad Valenciana del 69,8%, hasta 327 millones. La Administración estatal también rebajó las adjudicaciones en Ceuta, un 67,5%, hasta 9 millones; en Asturias, un 42,9%, hasta 152 millones; en el País Vasco, un 40,2%, hasta 140 millones; y en Galicia, un 24%, hasta 449 millones.
En el cómputo de las Administraciones, al margen de Cataluña y Madrid, completa el podio Andalucía, con 2.608 millones, un 37% más que los 1.903 millones de 2022. En cuarta posición se situó el País Vasco, con 1.628 millones tras subir un 57%. Una cifra similar cosechó Castilla y León, con 1.628 millones y un alza del 79,3%.
La Comunidad Valenciana cayó del tercer al sexto puesto al recortar la contratación de obra pública un 31,9%, hasta 1.505 millones (2.212 millones en 2022). También registraron una variación negativa Aragón, del 2,8%, hasta 460 millones; Baleares, del 39,7%, hasta 455 millones; Extremadura, del 15,5%, hasta 369 millones; y Ceuta, del 81,2%, hasta 10 millones.