El ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Mauricio Batallla Otárola, reconoció que el peaje que se cobraría con la ampliación de la carretera San José-San Ramón, será el mismo que había estimado el Fideicomiso Ruta 1, del Banco de Costa Rica (BCR), en los estudios de factibilidad entregados desde finales del 2020.
La manifestación la hizo este jueves durante un foro del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) sobre este rezagado proyecto vial. Previamente, Batalla había anunciado que el peaje costaría 16% menos que lo ofrecido por el BCR, según el nuevo estudio de optimización contratado por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
No obstante, el jerarca debió reconocer el error en su afirmación, luego de una intervención del ingeniero del CFIA Mario Durán Ortiz. El profesional le indicó que los ¢1.500 (en un solo sentido) que representan la rebaja de 16% sobre los ¢1.800 estimados por el Fideicomiso, son los mismos $3 del momento en que se hizo la estimación en los estudios del 2020 y lo que representa ese monto convertido al valor actual del dólar.
"Pueden ser los mismos $3 pero no es la misma calidad de obra, lo van a ver cuando se presente el proyecto", respondió Batalla.
Sin detallar montos del costo total de la ampliación de la vía, Batalla sostuvo que dentro de 15 días se presentarán los resultados del estudio de optimización que se encargó por un monto de $1 millón.
En la propuesta del Fideicomiso, se estimaba que los peajes la ampliación de los 60 km de carretera se requería una inversión de $740 millones, de los cuales $110 millones serían considerados como aporte estatal, la cual correspondía a la inversión de las llamadas obras impostergables. Según lo estimado por ese ente, viajar de ida y vuelta entre San José y San Ramón costaría al menos ¢3.600 en peajes.
El jerarca de Obras Públicas agregó que la optimización encargada a Cal y Mayor-UG21, arrojó más de 400 observaciones de diseño y una inversión total menor a la estimada por el Fideicomiso.
'Error' y 'desperdicio'
Antes de la participación de Batalla, también hizo tuvo intervención la ingeniera Hadda Muñoz, quien fungía como directora del Fideicomiso del BCR. Según ella, la responsabilidad de los atrasos que fueron citados por el gobierno como la causa para romper el contrato con el BCR, era en realidad del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) debido a las múltiples demoras en temas como la revisión y aprobación de estudios y diseños.
Muñoz también calificó como un error y un desperdicio de recursos haber contratado una optimización, pues ese trabajo ya se había hecho por parte de esa unidad asesora.
También cuestionó los términos de referencia que se contemplaron en esa contratación, debido a que, entre otras cosas, recomienda que la futura carretera ofrezca velocidades de diseño de 90 km/h y hasta 100 km/h en el tramo entre el puente Juan Pablo II y el cruce de Manolos.
"Esto no es conveniente desde el punto de vista de seguridad vial y movilidad, es darle una expectativa a los usuarios que va a poner en riesgo el tránsito por la carretera", advirtió.
Muñoz manifestó que dentro de las cuatro alternativas que había arrojado el análisis hecho por el Fideicomiso había quedado demostrado que esa opción (90 km/h y hasta 100 km/h) no era rentable ni técnicamente viable.
Para ella, la nueva contratación de estudios fue una "mala decisión" que se traducirá en sobrecostos y más atrasos.