Miguel Terrés Hernández
Que hoy en día la bicicleta es el vehículo más eficiente para luchar contra la contaminación del aire que respiramos es algo incuestionable.
Que los beneficios para la salud física y mental que reporta su práctica son evidentes y muchos, también.
Por eso, que algunos regidores municipales estén poniendo en tela de juicio la idoneidad de los carriles bici es cuando menos asombroso.
¿Es que se considera un gasto superfluo haberlos trazado por lo general sobre aceras y márgenes de avenidas, calles y plazas y en arcenes de caminos y carreteras secundarias que unen pequeñas y no tan pequeñas entidades de población?
Se ve circular por ellos a personas de cualquier edad, gente que aún no tiene la facultad de votar, los que tuvieron la potestad de hacerlo el 28 de mayo de 2023 y probablemente hasta aquellos que tomaron la decisión de abstenerse.
De modo que cabe preguntarse: ¿estarían dispuestos a suprimir los carriles bici los votantes que delegaron en las autoridades locales la adopción de medidas que estimaban conveniente que se ejecutaran en su nombre en favor de la vida comunitaria?
Porque si hay que presuponer que solo se trata de contravenir ideológicamente a los representantes públicos que fueron desalojados desde ese día de los escaños de los salones de gobierno consistoriales, ¿no entra en los límites de lo razonable preguntarse qué bagaje ideológico pueden tener en sí mismos los carriles bici?
¿No son un tipo de vía pública más y por lo tanto un bien de derecho consuetudinario? Es decir, un patrimonio de uso y disfrute libre por parte de todos porque su pertenencia al común se ha convertido con el tiempo en una costumbre basada en un tácito acuerdo tomado por la generalidad de los habitantes de un lugar?
Si su desmantelamiento se produjera, ¿no acarrearía a quien lo ordenase un severo tanto por ciento de desprestigio e impopularidad?
¿Y por qué no se consulta sobre su eliminación o su mantenimiento a los ciclistas aficionados y profesionales, a los que los utilizan con un fin recreativo, a quienes transitan por ellos para obtener simplemente bienestar físico y psicológico e incluso a los que no tienen bicicleta?
Finalmente, en ese sentido, ¿no resultaría esclarecedor para que se conocieran las consecuencias de ese despropósito que los concejales de los grupos de oposición municipales realizaran de forma anónima entre los vecinos de sus pueblos y ciudades un sondeo o una encuesta telefónica para que estos manifestaran si están a favor o en contra de su desaparición?
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