No hay encuesta de opinión que no resalte a la corrupción como uno de los grandes problemas que enfrenta nuestro país. Así, según una encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) a mediados del 2023, cuando se pregunta cuál es el principal problema del país, la corrupción aparece en segundo lugar para 25 de cada 100 peruanos. Un estudio de Ipsos para 29 países sobre qué problemas preocupan más a los latinoamericanos en el 2024 señala que, en el Perú, a la ciudadanía le preocupa particularmente la corrupción política y financiera (53%), situándose muy por encima del promedio global (26%).
La corrupción tiene múltiples consecuencias y en varios ámbitos. En lo económico existe evidencia sobre los efectos de la corrupción sobre la inversión privada y el crecimiento, sobre la pobreza y no solo sobre los montos involucrados en los delitos de corrupción.
Para hacer frente a la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas son dos de las principales herramientas.
No existe transparencia y, por tanto, existe opacidad cuando la presidenta Dina Boluarte, la primera servidora pública, ante indicios de presunto enriquecimiento ilícito, da una primera explicación aduciendo que el reloj Rolex que luce es una adquisición de antaño y luego calla señalando que las explicaciones las dará solo a la Fiscalía, por recomendación de su abogado.
No existe transparencia y, por tanto, existe opacidad cuando la presidenta no exhibe automáticamente sus declaraciones anuales que cada año debe presentar a la Contraloría General de la República y en la que debe consignar todos los signos exteriores de riqueza, incluyendo joyas por valor de dos Unidades Impositivas Tributarias (S/10,300 a valores del 2024).
Tampoco existe transparencia y, por tanto, existe opacidad cuando el alcalde de Lima decide endeudar a la Municipalidad de Lima a fines del 2023 por S/ 1,200 millones a una tasa de interés cara (10.1% anual) para depositarlos en cuentas de dos bancos privados, ganando mucho menos intereses, y a la fecha solo lleva invertidos S/ 120 millones, nivel similar a la inversión de años anteriores sin deuda.
Tampoco existe transparencia y, por tanto, existe opacidad en la empresa pública Petroperú cuando a un costo de US$ 6,500 millones construye una refinería con capacidad de refinar 95,000 barriles diarios de petróleo y la empresa actualmente solo tiene una participación de mercado 50,000 barriles y no se informa a los contribuyentes si ellos van a financiar con sus impuestos el pago de la deuda contraída para construir la refrida refinería.
Finalmente, tampoco existe transparencia y, por lo tanto, existe opacidad cuando no se explica a los ciudadanos por qué el costo de la nueva carretera central ascenderá a S/ 24,000 millones ($ 6,300 millones), es decir, se invertirá US$ 34 millones por kilómetro de carretera, cuando el costo por kilómetro de carretera en los países desarrollados no excede de $ 1 millón.
Necesitamos avanzar en propuestas concretas y eficaces para combatir la corrupción. Estas propuestas deben provenir, entre otras instituciones, de los partidos políticos, que deben preocuparse en primer lugar de proponer candidatos libres de cuentas pendientes con la justicia. La prensa ha identificado que, de los 130 congresistas actuales, 82 consignan carpetas fiscales, lo que sin duda representa conflictos de intereses al momento de legislar.
La primera tarea consiste en fortalecer las instituciones y la meritocracia:
Una institución clave en la lucha contra la corrupción es la Contraloría General de la República, la cual debe ser más proactiva en identificar y sancionar los casos de corrupción.
También debe fortalecerse todo el proceso de adquisiciones y contrataciones. La ley que regula este proceso ha tenido innumerables cambios, pero con poco éxito para frenar los casos de corrupción en la contratación de las obras públicas, según lo que la propia Contraloría ha informado. La ley y el reglamento de contrataciones y adquisiciones deben asegurar que no solo el precio es relevante sino también la calidad de las propuestas. Debe evitarse que mediante adendas se eleve excesivamente el precio de las ofertas originales.
La Sunat es una institución clave porque tiene como función identificar los casos de incremento patrimonial no justificado. Por ello, la Sunat debe mantener independencia de todo tipo de injerencia política. Lamentablemente, esto no ha sido posible en varias etapas de la institución ya que el Gobierno de turno se ha asegurado de tener como jefe de la entidad a alguien allegado al régimen. Así, por ejemplo, el jefe de la Sunat anterior tiene una carpeta fiscal por la presunta comisión del delito de omisión de actos funcionales y omisión de denuncia, vinculados a su ratificación en el actual Gobierno. Todo ello me lleva a insistir en una propuesta de convertir a la Sunat en un organismo constitucional autónomo como lo son la CGR y la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) bajo cuyo ámbito se encuentra otro organismo clave en la lucha contra la corrupción: la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La Sunat y la UIF deberían trabajar de la mano con equipos conjuntos para determinar los casos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Para terminar, todos los funcionarios públicos deberían tener claro que administran recursos que no son suyos, sino de los contribuyentes del país. Nunca deberían esgrimir como asuntos personales los referidos a la fiscalización de sus patrimonios, ingresos y egresos, ni fustigar a la prensa por preocuparse e investigar sobre estos asuntos. Menos aún victimizarse por que se realicen investigaciones preliminares de sus actos. Se requiere menos opacidad y más transparencia.