La administración provincial de Martín Llaryora convocó a licitación para contratar a la empresa que durante los próximos años realizará la gestión de cobro de las actas labradas por la Policía Caminera.
El pliego, que también está como anexo en el Boletín Oficial, establece que el plazo de concesión es de cuatro años –prorrogable por 24 meses– y que el presupuesto estimado sobre la base de la recaudación actual es de caso 4.650 millones de pesos. Demás está decir que la cifra es apenas un indicio del negocio: los montos de las multas se actualizan con la suba de los combustibles, y quien gestiona el cobro se queda con un porcentaje.
Desde el año 2005 la exKolektor realiza la gestión de cobro de los impuestos provinciales y desde el 2008 ejecuta el cobro de las multas de la Policía Caminera. Aunque la empresa luego cambió de razón social, continuó ininterrumpidamente a cargo de esa prestación.
La última licitación de la gestión de multas de la Caminera se había realizado en 2019 y en ese entonces la empresa de los hermanos Karsten le ganó la pulseada a Boldt al presentarse como una UTE conformada por SYC (Servicios y Consultoría SA) y CGAF (Compañía de Gestión, Administración y Fiscalización SA).
Ese contrato, que establece que la prestataria se queda con el 8,75% del valor de cada multa abonada, se encuentra vencido desde diciembre pasado. La licitación se demoró primero por el cambio de gestión provincial y luego por los reacomodamientos ministeriales. Habitualmente al llamado lo hacía el Ministerio de Gobierno, que solía tener bajo su órbita a la Policía de la Provincia. Ahora la ejecutará el Ministerio de Justicia y Trabajo, que encabeza Julián López.
Cambio de jurisdicción
Según se explicó desde esa cartera, la licitación depende de Justicia dado que en el nuevo organigrama la Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito que encabeza Miguel Rizzotti está bajo la órbita de la Secretaría de Convivencia Ciudadana.
Es una particular distribución, puesto que la Policía Caminera depende funcionalmente del Ministerio de Seguridad que encabeza Juan Pablo Quinteros. El funcionario en el pasado tuvo posiciones muy críticas respecto de ese contrato que siempre estuvo en manos de la exKolektor y en la actualidad esa contratación ya no estará bajo jurisdicción del área que encabeza.
El llamado a licitación pública para la contratación del servicio de "Asistencia y colaboración, –bajo modalidad de riesgo empresario–, en la generación y gestión de multas impuestas mediante actas de infracciones por parte de la Dirección General de Prevención de Accidentes de Tránsito, dependiente del Ministerio de Justicia y Trabajo de la Provincia y la Policía Caminera de Córdoba" destaca que el sistema "ha resultado altamente beneficioso para la optimización de las tareas que le resultan propias (...) siendo satisfactoria en la gestión de deudas no tributarias, redundando en una mayor eficiencia y eficacia de los procesos administrativos implicados, permitiendo al Estado Provincial disponer de los fondos debidos de manera más expedita".
El hecho de que el contrato se encuentre vencido parece incidir en la premura de los plazos. El llamado a licitación fue firmado el 16 de abril, se publicó hoy 18 de abril y la presentación de ofertas cierra en apenas 12 días: el 30 de abril próximo.
El decreto también designa a los integrantes de la Comisión de Apertura y Preadjudicación que deberá llevar adelante el proceso: el director general de Administración, el titular del servicio administrativo, el director general de Prevención de Accidentes de Tránsito, y director general de Asuntos Legales, todos dependientes del Ministerio de Justicia.
Los pliegos no evidencian grandes cambios en la prestación solicitada. La dotación mínima de personal que se exige es menos de 20 personas. Además, se establece la provisión de equipamiento tecnológico para el procesamiento y el labrado de las multas y también el mantenimiento y reparación de esos dispositivos móviles que usa la Policía Caminera.