En 2018, salí en mi carro con mis hijas en varias caravanas de protesta contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Mi indignación crecía día con día por los asesinatos a personas inocentes. Y todo eso lo expresaba en redes sociales.
Compartía información de los medios independientes, videos y todo tipo de denuncias de las terribles violaciones de derechos humanos que se cometen en en Nicaragua. Incluso una de tantas veces encaré a una vecina orteguista ante sus comentarios provocativos en mis redes, que les decía criminales a los manifestantes. Pero cuando empezaron los policías y paramilitares a tomarse la ciudad, poco a poco fui tomando medidas para no caer presa y la principal fue quedarme callada para proteger a mi familia.
Aunque muchos participamos en las protestas, quienes han sufrido la peor represión son los rostros más visibles. Sin embargo, prácticamente todos estamos criminalizados, porque a quienes no somos fanáticos o empleados del régimen nos consideran enemigos.
La dictadura ha organizado a sus fanáticos, turbas, trabajadores públicos, policías y paramilitares para que sean órganos de espionaje. Todos convivimos con ellos, pero no sabemos cuál de nuestros vecinos, clientes o gente que nos encontremos por la calle es alguien que nos está vigilando. En ese sentido, creo que muchos vivimos con paranoia de si hacemos algo que ellos consideren un acto subversivo.