Presentaron formalmente un pedido de juicio político contra Milei
Referentes de derechos humanos, encabezados por el abogado Adolfo Pérez Esquivel, acusaron al Presidente por "instigación a la población a cometer uno o más delitos específicos", entre otros motivos.
Encabezados por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, un grupo de juristas, profesionales y activistas presentaron ante la Cámara de Diputados de la Nación un pedido para que el cuerpo presidido por Martín Menem inicie un proceso de juicio político contra el Presidente de la Nación, Javier Milei.
El documento sobre el que distintos referentes de derechos humanos trabajaban desde hace semanas ingresó ayer ante la Cámara baja y el expediente quedó registrado número 0031-P-2024 impulsado por Pérez Esquivel, la exembajadora argentina en Venezuela y Reino Unido, Alicia Castro, el constitucionalista Eduardo Barcesat, el exjuez Carlos Rozanski, la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, y el politólogo Atilio Borón.
Asimismo, el proyecto lleva la firma del exdiputado nacional Claudio Lozano, Jorge Elbaum (sociólogo), Dora Barrancos (investigadora), Liliana Hendel (secretaria de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidades de La Matanza), Jonatan Baldiviezo (presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad) y María Eva Koutsovitis (referente del Movimiento La ciudad Somos Quienes La Habitamos), entre otros.
Tal como había informado este medio, los mencionados trabajaban desde hace semanas sobre el texto que denuncia al jefe de Estado por los supuestos delitos de instigación a la población a cometer uno o más delitos específicos; apología del delito y la incitación a cometer delitos financieros con la posible afectación a la división de poderes; y la posible comisión del delito de apología del crimen.
Por otro lado, acusan a Milei de cometer el delito de abandono de personas y el incumplimiento de deberes de funcionario público que tuvieron como algunas de sus consecuencias el desfinanciamiento y el desmantelamiento los recursos asignados al Plan Nacional Argentina Contra el Hambre, poniendo en peligro la vida y la salud de miles de personas que asisten cotidianamente a los comedores comunitarios.
Por último, se lo acusa de "la suspensión de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (la Dadse) que implicó el desfinanciamiento de los subsidios para la adquisición de medicamentos y/o elementos de tecnología biomédica para pacientes oncológicos; la malversación de caudales públicos; mal desempeño por el desfinanciamiento de la educación, entre otros puntos entre los que hay también cuestiones vinculadas a la política exterior y la soberanía territorial".