Salvatore Strazzullo, abogado de Nueva York que ha representado a celebridades, fue acusado de robar casi $3,8 millones de dólares a varios clientes de bienes raíces de Brooklyn (NYC), muchos de ellos ancianos.
Strazzullo, de 51 años, que representó a clientes como el rapero Foxy Brown y al ex propietario de un club nocturno acusado de golpear a un miembro de la familia real de Mónaco, fue procesado el miércoles en la Corte Suprema de Brooklyn por hurto mayor y plan para defraudar, informó Daily News.
Ésta es la segunda acusación contra Strazzullo, quien en diciembre fue procesado por supuestamente robar alrededor de $1,5 millones de dólares a otros tres clientes de bienes raíces en Brooklyn.
Según los fiscales, Strazzullo vivió a lo grande usando el dinero de ventas de viviendas de sus clientes desde junio de 2021 hasta marzo pasado ejecutando un esquema Ponzi al tomar dinero de nuevos clientes para pagar a los más antiguos.
Con el dinero ajeno al parecer Strazzullo llevó un estilo de vida de excesos: $50,000 dólares en restaurantes como Wolfgang's Steakhouse, Cipriani y Ponte Vecchio; casi $100,000 en un BMW y un conductor; unos $60,000 en hoteles en París y Miami, y unos $406,000 dólares en el alquiler de un apartamento en Battery Park City, en el Bajo Manhattan. También hizo retiros de efectivo por un total aproximado de $970,000, alegan los fiscales.
Una historia en The New York Times en 2012 lo apodó "el abogado de la vida nocturna" por su trabajo representando a celebridades no muy conocidas que también se meten en problemas legales mientras salen de discotecas.
Sus clientes ese año incluyeron a Adam Hock, quien golpeó al príncipe Pierre Casiraghi de Mónaco, nieto de Grace Kelly, durante un tumulto el 12 de febrero de 2012 en "Double Seven" en el Meatpacking District de Manhattan. Hock recibió 10 días de servicio comunitario después de declararse culpable de alteración del orden público.
Strazzullo, quien fue liberado ayer sin fianza, no respondió mensajes en busca de comentarios. Su abogado tampoco.
Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.
En un caso similar, en marzo una mujer se declaró culpable de un plan de fraude de unos $3.5 millones de dólares durante seis años, cuando era Directora de Finanzas y Administración en la Universidad de Nueva York (NYU).