El Nuevo Pacto de Asilo y Migración de la Unión Europea se ha aprobado recientemente. Europa ha pisado el acelerador ante lo que pueda pasar en las elecciones del próximo mes de junio. La reforma del sistema de asilo está pendiente desde la mal llamada crisis de refugiados de 2015, donde casi un millón de personas llegaron a las costas europeas a través del Mediterráneo. Digo mal llamada porque no fue una crisis de refugiados, sino una crisis de gestión de Europa, de los sistemas de asilo de los países con fronteras exteriores como España, Italia, Grecia, Malta… que se vieron saturados ante las llegadas de personas huyendo de la guerra de Siria, y de otras situaciones de violencia en países como Iraq, Afganistán o Túnez. La saturación de los sistemas de asilo se ha perpetuado desde entonces, y en países como España se tarda un año y medio en resolver una solicitud de asilo.
El Nuevo Pacto se presentaba como una oportunidad para Europa de mostrarse como lo que dice que es: defensora de los derechos humanos y de la dignidad de las personas, y solidaria entre sus Estados miembro tal y como consagra el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. Y es una oportunidad que se ha dejado pasar.
Los Estados miembro tienen la obligación jurídica – a través de la Convención de Ginebra sobre la Protección de las Personas Refugiadas de 1951 y su Protocolo Adicional de 1967 – de conceder el asilo a las personas que huyen de sus países por temores fundados de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a grupo social o ideología. Una persona es refugiada en tanto se dan en ella las condiciones para serlo según el derecho internacional, y los Estados que han firmado la Convención de Ginebra – entre los que se encuentran todos los pertenecientes a la Unión Europea – están obligados a protegerlos una vez pidan asilo. Pero ¿cómo van a pedir asilo si para ello tienen que estar en el territorio europeo? ¿Cómo van a llegar a Europa si no existen vías legales y seguras para solicitar la protección internacional?
El Nuevo Pacto de Asilo en lugar de facilitar esa protección, la dificulta. Ahora, las solicitudes de asilo se presentarán en la frontera, y los solicitantes de asilo tendrán que esperar a que se resuelva lo que sin duda incrementará los campos de refugiados en los países de tránsito y fronterizos con la Unión. ¿Qué dará la Unión Europea a cambio a estos países? Se acorta el procedimiento máximo para tramitar una solicitud, pero ya hemos visto que los plazos son difíciles de cumplir con sistemas saturados o con falta de personal y recursos. Así, la defensa de los derechos humanos y de la dignidad de las personas, en este caso de las personas refugiadas, se desdibuja en aras de una mayor seguridad interior y protección de las fronteras.
¿Y la solidaridad entre los Estados miembros? ¿Consigue el Nuevo Pacto la tan anhelada solidaridad entre Estados miembros ante la saturación de algunos Estados? No. Plantea una solidaridad donde el Estado en cuestión tendrá la última palabra y podrá elegir si aceptar una cuota de personas refugiadas para tramitar sus solicitudes y estudiar caso por caso, o negarse a acoger y sustituirlo por una dote económica al Estado saturado.
Europa ha perdido una oportunidad donde demostrar que los valores y principios que forman parte intrínseca de su construcción no son papel mojado. Se ahonda en una crisis de identidad del proyecto europeo que probablemente se refleje en los resultados electorales del próximo mes de junio.
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