La Corte Suprema creó nuevos cargos en la justicia federal de Rosario a menos de un mes del cambio de Código
El máximo tribunal habilitó 16 puestos de funcionarios y empleados para implementar la Oficina Judicial, un nuevo organismo que es el corazón de la gestión del nuevo sistema
La Corte Suprema de Justicia creó 16 cargos para la implementación de la Oficina Judicial en Rosario, un organismo que va a ser clave para poner en marcha el 6 de mayo próximo el nuevo Código Procesal Penal Federal en esta jurisdicción.
La Oficina Judicial es el organismo administrativo que sortea a los jueces que deben intervenir cada vez que el fiscal requiere una audiencia con un detenido. Organiza esas audiencias, dispone de las salas para que se hagan, realiza las grabaciones de esas audiencias y almacena la información audiovisual de manera digital (eso reemplaza al expediente de papel).
Es el corazón de la gestión del nuevo sistema procesal, en el que los fiscales son los protagonistas: recogen la prueba e instan la investigación. Los jueces, en este procedimiento, son una suerte de árbitros que resuelven entre la posición de la fiscalía, la defensa y la eventual víctima, y son sorteados para cada incidencia por la Oficina Judicial.
Ahora, la Corte reforzó la dotación de la Justicia Federal de Rosario con 16 cargos de funcionarios y personal para la Cámara de Apelaciones local. A través de la resolución N° 651/2024, el máximo tribunal creó cargos de funcionarios y de personal administrativo, técnico y de servicio.
Esta decisión se suma a las adoptadas el 21 de marzo, cuando la Corte asignó tres aeronaves al Ministerio de Justicia de Santa Fe para realizar actividades operativas e investigativas de policía en función judicial orientadas a la lucha contra el narcotráfico. Además, autorizó para ello la contratación de seis funcionarios en los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Rosario.
La resolución N° 651/2024 crea un cargo de secretario letrado, cuatro de secretarios de juzgado, dos de prosecretarios administrativos, dos de jefes de despacho, dos de oficiales, cuatro de escribientes y uno de medio oficial.
La resolución invoca lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 27.150, de implementación del Código Procesal Penal de la Nación, que establece la creación de Oficinas Judiciales en los Distritos Federales con asiento en las provincias. En ese marco, ya se han creado oficinas en Salta y Jujuy, las provincias pioneras en la puesta en marcha del sistema acusatorio.
Desde que el Ministerio de Justicia avanzó con la puesta en marcha del nuevo Código en Rosario, son permanentes las reuniones de un equipo interinstitucional que integran funcionarios de la Corte, de la Procuración General, del Ministerio de Justicia, de la Defensoría General y del Consejo de la Magistratura para repasar los detalles de la puesta en marcha del nuevo procedimiento.
En esos encuentros se sacaron chispas. Hubo quejas y reproches porque no está claro de dónde van a provenir los recursos ni de cuánto dinero se trata. Se menciona una cifra cercana a los tres millones de dólares -o unos 3500 millones de pesos-.
Cuando se habló del tema en el Consejo de la Magistratura, hace una semana, los consejeros empezaron a reclamarle respuestas al representante del Poder Ejecutivo y viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, que ante el cariz de la conversación y la falta de certezas, prefirió retirarse.
Asimismo, se menciona que son necesarios unos 140.000 dólares para la construcción y el equipamiento de cada una de las salas de audiencias, que deberán contar con un sistema de grabación de video y, especialmente, con servidores de alta capacidad de almacenamiento para el nuevo expediente audiovisual.
Equipos de arquitectos de la Corte viajaron a Santa Fe, relevaron las necesidades de cada jurisdicción y planearon cómo se organizarían a nivel edilicio. Hay tres edificios judiciales donde podrían funcionar las salas de audiencias.
Por otro lado, la Procuración General de la Nación está acondicionando un edificio propio, pero recién va a estar terminado en junio. Se armaron espacios preparados para que puedan alojarse los detenidos cuando llegan allí, para que haya áreas de atención al ciudadano, una oficina para la custodia de los efectos secuestrados y todo lo necesario para que los fiscales puedan trabajar con el nuevo Código.
Las mismas necesidades tiene la Defensoría Oficial, pues sus defensores deben participar de las audiencias cuando son convocados.
Preocupación por los plazos
La percepción general de los actores que están organizando la puesta en marcha de este nuevo Código es que es clave que la implementación no sea improvisada, ya que una mala primera impresión puede marcar el futuro de este cambio que propone realizar la justicia federal en todo el país.
Algunos de los actores involucrados creen que los plazos, muy reducidos, no colaboran, pero avanzan con la idea de cumplir con el compromiso de poner en marcha el nuevo Código Procesal Penal el 6 de mayo, a como dé lugar.
El nuevo Código Procesal Penal funciona en Salta y Jujuy, donde su implementación requirió tres meses y la construcción de dos edificios, además de adecuar la tecnología y crear nuevos cargos. El proceso, con el nuevo sistema, prevé que las fuerzas de seguridad deban comunicar cualquier delito al fiscal. Para eso, se usa un mecanismo electrónico on line, lo que requiere adaptar el sistema.
El nuevo sistema, paso a paso
Una vez que el fiscal tiene el caso, si hay un detenido, tiene 72 horas para realizar una audiencia de control de detención y formalizar la situación. El fiscal debería pedir la audiencia a la Oficina Judicial, el organismo cuyos cargos acaba de crear la Corte.
Esa oficina sortea al juez que tendrá el caso, que debe realizar la audiencia oral en la que el fiscal presenta su acusación con los fundamentos del pedido de detención o el uso de medidas alternativas a la prisión preventiva, e informa sus plazo para la investigación. La defensa plantea su caso. La audiencia oral es la clave del sistema acusatorio porque no hay expediente escrito. La audiencia debe grabarse y guardarse en servidores que hoy no están.
El otro problema es la falta de jueces suficientes. Fiscales hay porque se nombraron auxiliares, pero los jueces federales penales de Rosario son dos. Por eso, se baraja la posibilidad de sortear de una lista de conjueces a los subrogantes, mientras se sustancian nuevos concursos en el Consejo de la Magistratura.
En el régimen acusatorio, el juez, cuando llega a la audiencia, escucha al fiscal y a la defensa, y ahí mismo resuelve. Tras esa audiencia, que debe hacerse dentro de las 72 horas posteriores a la detención, quedan en claro los hechos, la calificación legal inicial y el plazo de la investigación. En esa audiencia se resuelven además las medidas cautelares (por ejemplo, si se dispone la detención o una medida alternativa, como el arresto domiciliario, que debe ser controlado por la Oficina Judicial).
Después, al completarse la investigación, el fiscal convoca a una audiencia de control de la acusación, que está a cargo de jueces que actualmente serían los integrantes de la Cámara de Apelaciones. Revisan la legitimidad de las evidencias, su pertinencia, y resuelven los planteos de las defensas, si es que los hay. Después, se realiza un juicio oral y público similar al actual. La única diferencia es que en este juicio oral hay dos etapas: una donde se establece la responsabilidad -o no- del acusado y otra donde se fija el monto de la pena.
Un problema adicional es el de la custodia de los efectos secuestrados y la evidencia. Hasta ahora, le correspondía al Poder Judicial, pero con el nuevo código estos depósitos quedan en la fiscalías. El otro asunto es el diseño de los edificios, que requieren circuitos de circulación de detenidos distintos a los de circulación del público en general. Con las particulares condiciones de Rosario, donde la violencia sobre inocentes y las amenazas están a la orden del día.