"Doña, soy un pobre", me increpó en la calle un niño que apenas se elevaba sobre sus diez años. La frase, por inesperada, me sorprendió. Desafiante, aquel muchachito.
A la hora en la que otros niños llenan las aulas, con su pedido de limosna estaba desnudando, también, lo que hicimos como sociedad. Convertir a la pobreza en una identidad social.
No lo que realmente es, una tragedia colectiva. Si todo el tiempo, a toda hora, en las radios, en la televisión, la palabra "pobreza" se repite como un mantra, ¿por qué , aquel niño al que la sociedad identifica con un número, no va a reclamar lo que él cree le pertenece, la dádiva de una moneda?
No su derecho a estar en las aulas, a una familia, a la protección adulta para hacer de él, también, un ciudadano.
La pobreza no es un destino, ni una anomalía social.
Es una contingencia destinada sí a desaparecer cuando finalmente el Estado democrático ofrezca a los niños de nuestro país lo que les pertenece como derechos, la educación, la salud y sobre todo, la dignidad.
Un esfuerzo de todos que no puede ser demagogia electoral ya que nadie está exento de responsabilidad. Fracasamos todos como sociedad.
Crecieron ante nuestros ojos. Dejaron de ser niños para convertirse en adolescentes temidos en los semáforos o reclutados como soldados de la droga.
Como formadores de opinión, en lugar de hablar tanto de la cifra de la economía, las fluctuaciones del dólar y el escepticismo de los que indiferentes responden: "…Y es lo que hay", debiéramos ya incorporar al debate público los principios que sostienen la democracia, los derechos, la ciudadanía y la responsabilidad inherente al privilegio de vivir en libertad.
Todo lo que no hicimos tras la debacle del 2001 que no solo mostró los escombros sobre los que estábamos parados, sino que instaló en el paisaje urbano a los niños de la calle.
Una novedad dramática que a su vez puso en movimiento la mejor energía social, la de la solidaridad. Sin embargo, los sucesivos gobiernos post 2001 deslindaron en las organizaciones piqueteras la que es función ineludible del Estado, garantizar los derechos.
Una palabra que no existe en el diccionario y ya puedo imaginar las reacciones de los que se arrogan el derecho a decirnos cómo debemos nombrar y hablar.
Si el diccionario define el "operismo" al "conjunto de actitudes y doctrinas sociales encaminadas a mejorar la vida de los operarios" no debiera escandalizar como seguramente ocurrirá que bauticemos "pobrerismo" al "conjunto de actitudes sociales que buscan mejorar la vida de los pobres". No su erradicación.
La multiplicación de las organizaciones sociales son la mejor muestra de esa concepción.
Desde la vecina inicialmente solidaria que convirtió su pequeña casa en un comedero y con el tiempo, habituada a recibir del estado una subvención, "pichinchó" con la comida, ofreció la menos nutritiva, prescindiendo de las profesionales con las que deben contar las instituciones publicas de educación y salud, a la pesadilla de los "Sueños compartidos".
La consecuencia de un Estado que delegó su función para evitar los controles sobre los dineros públicos. Todo bajo el ropaje de los derechos humanos, concebidos como asistencialismo y no lo que son: la más bella filosofía de igualdad definida por la dignidad humana.
Bajo esa extorsión ideológica, que se apropió de los pobres, aunque los negaran en las estadísticas oficiales, se confundió la participación ciudadana que es libre y voluntaria con la movilización, no siempre espontánea pero sí indigna ya que se sirve de la debilidad de los que mas necesitan.
Los gritos, las descalificaciones, tomaron el lugar de lo que debieran ser los debates de la democracia. En lugar de reclamar por escuelas se terminó clamando por más penas. Y así vamos por el tiempo postergando soluciones.
Sin incorporar como valor democrático el de la igualdad. Vale insistir. La pobreza no es un destino sino una contingencia que puede desaparecer si somos capaces de trabajar sobre sus causas. A largo plazo, pero un plazo ya impostergable.
Periodista y ex senadora nacional.