La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, pidió al Gobierno español "no dar lecciones" sobre el acceso de las mujeres al aborto, después de que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, criticara en las redes sociales una medida sobre la interrupción voluntaria del embarazo actualmente en tramitación en el Parlamento de Italia.
"En varias ocasiones he escuchado a ministros extranjeros hablar de cuestiones internas italianas sin conocer los hechos. Normalmente cuando se ignora un tema se debe tener la buena costumbre de no dar lecciones", dijo la primera ministra italiana a su llegada a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se celebró este miércoles en Bruselas.
La polémica entre Roma y Madrid se produjo después de que la Cámara de los Diputados aprobara la presencia de asociaciones anti-abortistas en clínicas y ambulatorios donde se realizan este tipo de prácticas. "Permitir el acoso organizado contra las mujeres que quieren interrumpir su embarazo es socavar un derecho reconocido por ley. Es la estrategia de la ultraderecha: amedrentar para revertir derechos, para frenar la igualdad entre mujeres y hombres", denunció Redondo.
A la polémica se sumó también la ministra de la Familia e Igualdad de Oportunidades de Italia, la ultra conservadora Eugenia Roccella, que "sugirió" a su homóloga española –sin nombrarla-- la lectura completa del texto para que no basara su opinión "en la propaganda de la izquierda italiana". Según Roccella, la enmienda aprobada por el Parlamento italiano "reproduce textualmente un artículo de la ley sobre el aborto vigente desde hace 46 años".
La medida aprobada por la Cámara de los Diputados este miércoles forma parte de un paquete de iniciativas impulsadas por el Gobierno de Meloni, que serán financiadas por el Fondo de recuperación post pandemia de la Unión Europea. En concreto, la enmienda permitirá, en la práctica, financiar a estas organizaciones pro-vida con fondos europeos y abrirá las puertas de los consultorios -centros del servicio nacional de salud donde se realizan interrupciones del embarazo, regulados por una ley de 1978- a activistas anti-abortistas para "garantizar asistencia a las mujeres".
El texto, presentado por el diputado Lorenzo Malagola, del partido Hermanos de Italia de Meloni, apunta que "las regiones (…) podrán valerse, sin nuevos o mayores cargos a las cuentas públicas, de la implicación de sujetos del Tercer Sector de cualificada experiencia en el apoyo de la maternidad".
El plan de Meloni para favorecer a los movimientos provida ha despertado la indignación de la oposición. Para la líder del Partido Demócrata, Elly Schlein, se trata de "un fuerte ataque contra la libertad de las mujeres", mientras que el Movimiento Cinco Estrellas denunció que el derecho al aborto "está siendo atacado" en Italia, al mismo tiempo que recordó que en el país transalpino muchas mujeres tienen que viajar fuera de sus provincias o regiones para poder abortar.
Italia legalizó el aborto en 1978, pero según datos del Ministerio de Sanidad, alrededor del 65% de los ginecólogos italianos se niegan a realizar interrupciones voluntarias del embarazo. Sin embargo, hay regiones como Sicilia o Las Marcas, histórico feudo de Hermanos de Italia, donde el número de sanitarios que se niegan a practicar el aborto alcanza el 80%.
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