El Gobierno da Gales aprobó el año pasado una nueva ley ambiental que podría suponer un problema para el Rey Carlos III, teniendo en cuenta los terrenos agrícolas y rurales que el monarca posee en esta tierra del oeste de Inglaterra. Para evitar que fuera procesado, según adelanta el diario inglés "The Guardian", un miembro de su corte se puso en contacto con el líder electo galés -el equivalente en España a un presidente autonómico- para "exigir" que se concediera al jefe de Estado una exención especial.
Una conversación que acaba de ver la luz y con la que Mick Antoniw, el fiscal general del gobierno galés, asegura no estar "contento", aunque tuvo que aceptar el requerimiento de Buckingham en virtud de una "costumbre arcaica" que exige a los parlamentos de todo el Reino Unido que cuenten con la aprobación expresa del Rey antes de dar luz verde a una nueva ley.
Se trata de un mecanismo que obliga a los ministros regionales a notificar a la Familia Real las cláusulas específicas en proyectos de ley que puedan afectar su patrimonio, su propiedad privada o sus funciones públicas, y el monarca debe aceptarlas antes de que sean aprobadas.
Un mecanismo que varios líderes británicos consideran "antidemocrático" y contra el que ya se han manifestado, aunque sus quejas no han evitado que el Rey Carlos III e incluso la Reina Isabel II se beneficien de este sistema.
De hecho, atendiendo a las investigaciones del diario citado anteriormente, la fallecida monarca "examinó más de 1.000 proyectos de ley antes de que fueran aprobados por los políticos electos. Entre ellos se incluían proyectos de ley que afectaban su propiedad, como sus terrenos en Balmoral y Sandringham".
Esta exención en la nueva ley que se aprobó en Gales el año pasado se traduce en una especie de inviolabilidad para el Rey Carlos III ante determinados tipos de delitos ambientales, incluidos delitos contra la vida silvestre o de contaminación. Un ejemplo práctico, tal y como destaca "The Guardian", es que la policía tiene prohibido acceder a Balmoral y Sandringham sin el permiso expreso del jefe de Estado, aun sospechando que se está comiendo un delito ambiental, siendo el monarca el único ciudadano del Reino Unido que goza de este privilegio.
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