El PP de Alberto Núñez Feijóo usará su baza del Senado para exigir los papeles clave del caso Koldo que el Gobierno de Pedro Sánchez niega a la Unión Europea (UE). Así lo aseguran fuentes de Génova sobre la importancia de la puesta en marcha de la comisión de investigación en la Cámara sobre la presunta trama de corrupción socialista con epicentro en el Ministerio de Transportes. Este órgano echó a andar este lunes en la Cámara alta tras la celebración de su sesión de constitución.
Fuentes de Génova subrayan que, además de las comparecencias que se soliciten -el PP quiere que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, acuda con la «máxima urgencia»-, la solicitud de documentación al Gobierno a través de esta vía del Senado será «determinante», sobre todo, teniendo en cuenta que «el Ejecutivo no está facilitando a Bruselas toda la información» sobre el caso Koldo.
Tanto es así que el pasado 13 de marzo la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, la alemana Monika Hohlmeier, acusó al Gobierno español de «no estar colaborando» con la investigación desplegada por la Fiscalía Europea y la Oficina europea de lucha contra el fraude (OLAF), adscrita al Ejecutivo comunitario que preside Ursula von der Leyen.
«Hay obligación por ley de facilitar toda la información y hasta ahora no lo está haciendo», dijo Hohlmeier sobre el gabinete de Sánchez durante su intervención en la Eurocámara con motivo de un debate monográfico sobre Acusaciones de corrupción y uso indebido de fondos de la Unión en España durante la pandemia. La presidenta de la Comisión de Control Presupuestario, perteneciente al PP europeo, instó además al Gobierno español a que «abandone cualquier reticencia a cooperar con la Fiscalía Europea y garantice una cooperación total para esclarecer los hechos y encontrar a los culpables».
En su caso, la Fiscalía Europea, que tiene la competencia de investigar los delitos contra el presupuesto de la UE y de ejercer la acción penal contra sus autores y llevarlos a juicio, ha centrado su investigación en los presuntos contratos fraudulentos -con comisiones irregulares por la compra de mascarillas- que afectan a fondos europeos y que fueron suscritos concretamente por los Gobiernos socialistas de Baleares y Canarias.
Al frente tales administraciones, que podrían haber incurrido en delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias, se encontraban en ese momento la hoy presidenta del Congreso y tercera autoridad del Estado, Francina Armengol, y el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, respectivamente.
Según fuentes parlamentarias, el Gobierno está obligado a suministrar la información reclamada en una comisión de investigación, si bien existen «varias limitaciones», como que se trata de «información clasificada» o que se encuentren «bajo secreto de sumario» en una instancia judicial.
El Partido Popular formalizó el pasado mes de marzo sendas denuncias ante la Fiscalía Europea y la Oficina Europea contra el Fraude (OLAF) para «llegar hasta el final» del caso Koldo y defender los intereses de la Unión Europea.
La dirección de Alberto Núñez Feijóo avanzó entonces que el principal partido de la oposición pondrá «en manos» de la Justicia europea «toda la información que se vaya conociendo», y éste será también su propósito con los informes clave que el PP solicite al Gobierno en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, donde los populares tienen mayoría absoluta.
En esta ofensiva, el PP no sólo incluyó los contratos de suministro de mascarillas que los Gobiernos socialistas de Baleares y Canarias adjudicaron a la empresa de la trama con fondos europeos, sino también las adjudicaciones bajo sospecha de varios ministerios, según se desprenden del sumario que instruye el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. La red de las mordidas también medió en contratos del Ministerio de Transportes y del Ministerio de Interior.
Con «opacidad»
Desde el PP vienen denunciando que «la única respuesta» de Pedro Sánchez y los suyos ante esta presunta trama de corrupción haya sido «cerrar filas» con «opacidad» y «pasar al contraataque» sin asumir «ninguna responsabilidad». «Estamos ante una política única y exclusivamente de autodefensa», critican los populares sobre la actitud del Gobierno en un escándalo que «afecta al corazón» del PSOE y el Ejecutivo y que cuenta, además, con diversas ramificaciones, como el caso Delcy o los negocios de la mujer de Pedro Sánchez sobre los que no se inhibió el presidente del Gobierno.
«Sánchez lo sabía todo y el PSOE lo sabía todo, pero lo callaron, lo taparon y hoy, lejos de responder, pulsan el botón del ventilador para desviar la atención», lamenta la dirección del Partido Popular.