Será cuestión de horas o de días pero la dirigente piquetera de Jujuy, Milagro Sala, terminará cambiando las condiciones de su prisión.
De la cárcel del Alto Comedero, salvo un imprevisto, pasará a su domicilio particular.
El gobierno de Gerardo Morales habrá cumplido de esa manera con la cautelar que, en dicha dirección, emitió días pasados la Comisión Intermaericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.
La decisión podría inducir, tal vez, a interpretaciones erróneas. La recomendación de la CIDH significaría un afianzamiento político objetivo para el gobernador jujeño.
La entidad no cuestionó la prisión preventiva de Sala –como se barajó hace meses- sino su forma. La dirigente de la Tupac Amarú podrá cumplir, nueve meses después, con un deseo que había rechazado en octubre del 2016.
En ese momento, la Justicia de la provincia le ofreció la detención domiciliaria.
Resolvió desestimarla porque todavía tenía en marcha, con atisbo de esperanza, el plan de victimización pública que pergeñó y atizó el kirchnerismo.
Ese plan fracasó por cuatro motivos. Primero, el consenso social que causó en Jujuy, sobre todo en la capital, su encarcelamiento.
Segundo, porque los jueces fueron añadiendo pruebas de peso a las investigaciones contra la dirigente piquetera. Tercero, porque la Tupac Amaru se desguazó sin los fondos millonarios que proveía el Estado Nacional.
Cuarto, porque la diplomacia de Cambiemos advirtió sobre el filo que la CIDH no podía quedar a merced de los eficientes gestores kirchneristas.
Mauricio Macri escuchó con alivio la reacción inicial de Morales. El gobernador marcó diferencias con los argumentos de la CIDH pero admitió que las cautelares son de cumplimiento obligatorio.
Una precisión clave en momento en que la Argentina tiene un marcado protagonismo frente a la colosal crisis en Venezuela, que acumula un centenar largo de muertos.
Nicolás Maduro no cumplió ninguna de las recomendaciones de la CIDH. Sólo en el último año y medio soslayó 27 de ellas.
La última por impedir con violencia las manifestaciones del último domingo a raíz de la elección de la Asamblea Constituyente.
Tampoco reparó en una severa advertencia de la propia Corte Internacional, donde ejerce Raúl Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema en nuestro país.
La Argentina hizo notar cada una de esas fallas en la última cumbre del MERCOSUR en Mendoza que dejó a Venezuela un poco mas cerca de su aislamiento del bloque regional.
Maduro, incluso, contrarió determinaciones que decrecieron la tensión con la CIDH. El 8 de julio había resuelto trasladar desde la cárcel militar a su domicilio, en condición de arrestado, al dirigente opositor Leopoldo López.
Ayer, es decir tres semanas más tarde, volvió a enviarlo a la cárcel junto a Antonio Ledezma. Los acusó de haber fomentado los incidentes del domingo y de poseer entre pliegues un supuesto plan de fuga.
Esa crisis forma parte de un recuerdo que Macri se encarga de desenrrollar cada vez que puede en la campaña. Hace apenas horas exclamó. "Pensar lo cerca que estuvimos de que en la Argentina ocurriera lo mismo".
Esa alusión posee dos caras que el Presidente intenta capitalizar. Por un lado, remontar la memoria colectiva a la herencia recibida.
Como justificativo tardío, quizás, de los problemas que evidencian la economía y el bolsillo popular.
Por otro lado, subrayar el silencio y la prescidencia de Cristina Fernández y su fuerza respecto de la crisis venezolana. En especial, de los muertos.
Macri estará precisamente hoy mismo en Jujuy. El Presidente, ante la incertidumbre que envuelve todavía el destino de las PASO del 13 de agosto, resolvió visitar personalmente todas las provincias.
El lunes estuvo en Santa Fe y Corrientes. Morales es un radical importante en el sistema de poder de Cambiemos. Alli habrá en juego en octubre tres bancas de senadores.
Y está además el conflicto con Sala, un emblema de la época kirchnerista. Por esa razón Macri tiene previsto recorrer el barrio Alto Comedero, que supo ser la fortaleza de la Tupac Amaru.
El gobierno jujeño ya dió vista de la resolución de la CIDH al Superior Tribunal de la provincia.
Este debe informar a los dos jueces actuantes quienes tendrán que notificar al Ministerio Público y a la defensa para que emitan opinión.
Recién después los jueces difundirán su veredicto. Difícilmente el trámite consuma toda esta semana.
La cautelar de la CIDH desató una polémica fuerte en la justicia y la defensa de la dirigente piquetera.
El titular del Ministerio Público, Sergio Lello Sánchez, adelantó que hará su recomendación a los jueces para que se inclinen por el "arresto domiciliario" como alternativa a la prisión preventiva a la que Sala es sometida desde enero del 2016.
Aunque objetó los argumentos del organismo de la OEA acerca de los riesgos de las condiciones carcelarias.
"En general no son muy favorables para ningún detenido en la Argentina", afirmó. Podría aventurarse todavía mas.
¿En cuantos países de América Latina existe un cuidado razonable con los encarcelados?. Idéntico interrogante podría extenderse a otras regiones del mundo.
El juez Pablo Pullen Llermanos también disintió con los fundamentos de la CIDH. Se trata del magistrado que dictó prisión preventiva para la dirigente piquetera en dos de las tres causas que explican su detención.
La primera de ella conocida como la balacera de Azopardo. Una tentativa de homicidio agravada, al parecer, por una compensación económica postergada.
El otro trámite refiere al caso de Luca Arias, un dirigente que terminó peleado con Sala y habría sido agredido a culatazos por ella misma dentro de una dependencia oficial.
Pullen Llermanos negó que la situación de salud y alojamiento en la cárcel de Alto Comedero impliquen algún riesgo de vida para Sala.
Tampoco que exista algún malestar de tipo psicológico. Todos argumentos que figuran en la cautelar de la CIDH.
En la vereda opuesta se paró Luis Paz, el abogado de la dirigente de la Tupac Amaru. Cargó contra la Corte Suprema que, desde hace tiempo, posee bajo evaluación dos expedientes presentados por la defensa.
En uno de ellos requirió la libertad lisa y llana de Sala por estimar que la prisión preventiva es "arbitraria". En la otra se ampara en los supuestos fueros que poseería la dirigente como diputada del Parlasur. Cargo que nunca juró.
En febrero pasado, el Máximo Tribunal sostuvo que la CIDH no puede revocar sentencias de la Corte. Como tales sentencias aún no están, el sendero para la prisión domiciliaria de Sala parecería bien allanado.