La posibilidad de una reforma del despido en España para hacerlo disuasorio y reparativo, modificando las indemnizaciones en función de la situación personal de cada trabajador, añadiría conflictividad judicial, incertidumbre y un aumento de los costes laborales, todo ello con potenciales efectos sobre el empleo, advierte el Banco de España (BdE).
En el capítulo dedicado al mercado de trabajo en su Informe anual publicado este martes, el Banco de España apunta, en relación sobre el despido, que este debe ofrecer «un nivel adecuado de protección a los trabajadores», pero que al mismo tiempo tiene que «facilitar la movilidad sectorial y ocupacional del empleo».
Ahora mismo hay un debate abierto en el seno del Gobierno acerca de la regulación del despido. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha apostado por restringir las causas del despido objetivo, al tiempo que busca reformar las indemnizaciones por el cese de la relación laboral. Este tema se dejó fuera de las negociaciones de la reforma laboral de 2021, pero UGT presentó una reclamación ante el Comité Europeo de Derechos Sociales argumentando que la regulación española contraviene la Carta Social Europea. Un Tratado que está reconocido por nuestro país y, por tanto, es fuente de derecho.
El Gobierno y el sindicato ya conocen una resolución que aún no pueden hacer pública, pero que fuentes conocedoras al diario 'El País' habrían adelantado como favorable a los intereses de la central. Ahora se abren varios escenarios: uno de ellos, que sea el Gobierno quien aborde esta regulación. Otro, que lo hagan los jueces hasta que se siente jurisprudencia.
Posibles efectos sobre el empleo con un despido restaurativo
El Banco de España propone que la reforma del despido se centre en mejorar la determinación de las causas y también en reducir la incertidumbre asociada. «Para favorecer la necesaria reasignación sectorial y ocupacional del empleo, podría resultar adecuado seguir avanzado en la definición de las causas objetivas de despido y en la reducción de la incertidumbre asociada a estos procesos. Esto sería particularmente relevante en el contexto de una posible determinación de las indemnizaciones por despido improcedente mediante costes disuasorios y reparativo, que propiciara que la cuantía de dichas indemnizaciones variase en función de la situación personal de cada trabajador», apunta el supervisor.
Si la decisión de la institución del Consejo de Europa se implementa y se crea un 'despido variable', esto «aumentaría, previsiblemente, la conflictividad judicial por despidos y la incertidumbre y el coste de dichos procesos, con potenciales efectos negativos sobre el empleo».
El informe recuerda que los costes del despido procedente por causas objetivas «son mayores en España que los que se observan en nuestro entorno», en tanto que la indemnización adicional por despido improcedente «es inferior».
Un 75% de los despidos que llegan a juicio son improcedentes
Precisamente, el año pasado un 75% de los despidos resueltos por sentencia judicial en España fueron improcedentes o nulos, de acuerdo con los datos oficiales. «Esta evidencia, junto con los menores requisitos para iniciar y ejecutar los despidos disciplinarios, parece estar detrás del hecho de que muchos despidos en España se canalicen por esta vía«, apunta el Banco de España.
La modificación del despido es una de las cláusulas en el acuerdo de Gobierno firmado entre el PSOE que lidera el presidente Pedro Sánchez y Sumar, de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Durante una comparecencia en el Senado, la ministra de Trabajo insistió en que su intención era «introducir un mecanismo» en la legislación que atienda a los «factores personales» del trabajador despedido, de tal manera que se encuadre la regulación española con la normativa europea.
«Es necesario que reforcemos las causas (…). Se puede despedir sencillamente si una empresa no alcanza los niveles de beneficios que había previsto, no es que tenga pérdidas, sino lo que había previsto. Bueno, pues alguna cosa tendremos que cambiar», dijo la vicepresidenta, que insistió en que el despido no puede salir «rentable» a las compañías.
Actualmente, el despido objetivo, que implica una indemnización de 20 días por año trabajado hasta un máximo de 12 mensualidades, puede aplicarse siempre que existan determinadas causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP).
Por causas económicas se entiende que la empresa tenga pérdidas o prevea tenerlas, o una disminución persistente del nivel de ingresos ordinarios o ventas (durante tres trimestres consecutivos); en tanto que se entenderá por causas técnicas cuando se produzcan cambios en los medios o instrumentos de producción.
Justo el mismo día que comparecía la vicepresidenta ante la Cámara Alta para presentar sus prioridades de cara a esta legislatura, el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe sobre la economía española recomendaba las recetas opuestas. Para la institución con sede en Washington D.C. (EEUU), la protección del empleo debería «relajarse» a futuro, lo que implicaría reducir la «incertidumbre en torno a los costes del despido» como forma de incentivar a las empresas a crear contratos indefinidos.