La confrontación de Isabel Díaz Ayuso, con el Gobierno central no se agota en las fronteras de la política nacional. Tras el anuncio de Pedro Sánchez hoy en el Congreso de que "España está preparada para reconocer al Estado palestino", la presidenta de la Comunidad de Madrid considera que "no es el momento" y se pregunta qué hace el presidente del Gobierno poniéndose a la cabeza de esta causa mientras calla "de manera vergonzosa" sobre la persecución a la oposición en Venezuela o sobre el Sáhara.
"En plena campaña [Sánchez] ha decidido ponerse a la cabeza de la cuestión palestina, que yo considero respetable, pero no era el momento", ha asegurado tras ser preguntada en la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno de la Comunidad, celebrado de manera excepcional en Alcobendas. La presidenta madrileña cuestiona que ese reconocimiento sea el mensaje más adecuado que se pueda lanzar al mundo. "¿Dar territorio cada vez que haya un ataque terrorista, ¿esa es la respuesta?", se ha cuestionado. "Esto ha comenzado, porque ha habido un ataque terrorista. El Estado palestino no es una cuestión que yo creo que sea ahora la que resuelva las cosas. No estoy en contra, digo que no sé a qué viene", ha insistido.
Ayuso, por el contrario, ha reclamado a Sánchez que se pronuncie sobre Venezuela o el Sáhara. "Nos hemos acostumbrado a que el presidente del Gobierno decida sobre la política exterior de todos los españoles sin ni siquiera consultarlo en el Congreso de los Diputados" y "no hable de cuestiones que son básicas como la situación que se está viviendo en Venezuela por la que una democracia que no es democracia va a impedir que el pueblo venezolano vaya a las urnas porque están inhabilitando y persiguiendo a la oposición política, algo que suena parecido en algunas latitudes no lejanas, y para lo que el Gobierno de España nunca dice nada, no le va ni le viene, no da explicaciones de nada", ha enfatizado.
"No manda tanto como cree"
Las críticas de Ayuso al Ejecutivo central no se han quedado solo en asuntos de política exterior, no obstante. Las alusiones a la cuestión palestina las ha hecho en respuesta a cuestiones de los periodistas, pero sin que nadie le preguntara nada ha arrancado su intervención "alertando de la situación política que se está viviendo en España". El Gobierno, al que se ha referido como "el más débil que hemos tenido en democracia" está utilizando, ha apuntado, "todas las herramientas del Estado a su servicio". Se refería en particular al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al que ha acusado de "boicotear al Senado y al Consejo Fiscal, hurtándoles el informe en el que los fiscales alertan contra la Ley de amnistía".
Ante la negativa de García Ortiz, de realizar un informe pedido por el Senado sobre la proposición de ley de amnistía, seis vocales del Consejo Fiscal han realizado su propio borrador, en el que se oponen a la norma. "Parece que Sánchez no manda tanto como cree, y esto es porque en España sigue habiendo profesionales valientes dispuestos a luchar para salvar la Constitución y la convivencia", ha elogiado la líder popular madrileña, quien ha vuelto a comparar la actuación del Gobierno con el régimen de Maduro.
"En ese camino a la venezolana", ha afirmado, "estorban muchas cosas: estorba la Corona, la Transición, la Constitución y la Comunidad de Madrid. Es lo que nos estamos encontrando en esta semana, donde el Gobierno de manera furibunda ataca como nunca se ha visto en democracia a gobiernos autonómicos".
'Golden visa'
Asimismo, se ha referido a la supresión de la llamada 'Golden Visa' para acceder a los permisos de residencia a través de inversiones inmobiliarias anunciada por el Ejecutivo central. Ayuso ha tildado la medida de populista en medio de una campaña "donde están las dos izquierdas del Gobierno viendo quién es más de izquierdas".
La presidenta regional madrileña cuestiona la eficacia de una decisión, que, ha asegurado, "no resuelve nada a la clase media", pues apenas afecta al 0,3% del mercado inmobiliario, y ha remarcado que en la Comunidad de Madrid solo ha incluido a 600 viviendas desde su adopción, en 2013. A pesar de lo cual, entiende que es una decisión que "atenta directamente contra las inversiones en zonas clave de España" y que juzga diseñada contras comunidades autónomas gobernadas por el PP como Andalucía o Madrid. "Lo tiene perfectamente estudiado", ha concluido.
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