La Justicia puso la lupa en un presunto direccionamiento de licitaciones públicas y contrataciones directas para favorecer a la cooperativa de trabajo "Manos a la Obra", que debía realizar tareas de limpieza y mantenimiento en Las Heras.
Por otro lado, la causa por coacciones se deriva de la declaración de una empleada municipal que denunció que fue obligada a grabar una conversación y mantener relaciones sexuales con un ex funcionario que le respondía políticamente a la ex secretaria de Gobierno de Las Heras.
A esa acusación se suma la de otra empleada que dijo haber sido violada en una dependencia comunal por un empleado de esa municipalidad. Cuando fue a contarle el grave hecho a Ortiz, la ex funcionaria de Las Heras le habría contestado: "no digas nada, con algo te vamos a arreglar".
Ante esas acusaciones, Ortiz marcó que Romina Moyano, la mujer que dijo haber sido obligada a tener relaciones con Osvaldo Oyhenart "en la foja número 1 dice que lo hizo bajo amenaza mía a través de una amiga, y en la foja 5 de su declaración dice que lo conoce, que tenían una relación amorosa y que habían tenido relaciones sexuales previamente", rebatió.
Para sostener su hipótesis de que esa acusación estuvo armada y que el audio de ese encuentro sexual que se difundió buscaba perjudicarla, Janina Ortiz contó que en las desgrabaciones de las conversaciones de los teléfonos de quienes la acusan -que están en poder del Ministerio Público Fiscal- "ellas dicen que recibieron más de $600.000, hablan de un frente político, del frente Cambia, lo dicen ellas, no lo digo yo". E insistió una y otra vez que esas mujeres buscaban un rédito económico.
Acto seguido, negó haberle pedido dinero a Osvaldo Oyhenart, ni haber invertido fondos de la cooperativa para armar un búnker político, que es algo que el funcionario de Las Heras habría denunciado recientemente.
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Quién firmaba las autorizaciones para la cooperativa
Una de las pruebas que la ligan a la cooperativa "Manos a la obra" se relaciona con varios documentos que aparecen con su firma. Al respecto, Janina Ortiz puntualizó cómo era el proceso para utilizar su rúbrica.
"Osvaldo Oyhenart se encargaba de las Políticas Sociales y se encargaba del trabajo de la limpieza en la época del Covid, en el que las cuadrillas estaban diezmadas. En paralelo, había mucha gente pidiendo trabajo. Ahí arman este programa, yo le doy el visto bueno y los trámites hacen todo un camino. Primero firma la parte de Legal y Técnica, dando la validez de que se ajustaba a derecho, y después firmo yo, como la secretaría que envió el proyecto, también diciendo que se contaba con esa partida", comenzó diciendo la diputada suspendida.
Sin embargo, acotó que cuando conoció detalles de la causa penal desconoció firmas. "Hay un tomo casi entero en el que mi firma no está casi en ningún lado", remarcó.
Aseguró que ante la consulta del fiscal Flavio D´Amore, sobre si había alguien que pudiera firmar en su lugar, ella respondió: "En el caso de que yo estuviera enferma, en los casos de locaciones de servicios, no en un procedimiento administrativo, había una persona que estaba autorizada a usar mi firma digital".
Revés de la Corte
El pasado miércoles 10 de abril se conoció el fallo de la Suprema Corte de Justicia en el que rechazó el pedido de Janina Ortiz para zafar de la imputación en el marco de la causa Cooperativas.
Se trata de dos recursos, uno de casación y otro por supuesta inconstitucionalidad de los últimos fallos en su contra, que tres jueces desestimaron por unanimidad. Fuentes judiciales afirmaron que fue el último paso que faltaba para poder imputarla.
El fallo fue firmado por los supremos Omar Palermo, José Valerio y Mario Adaro. En total concordancia resolvieron en contra dos de las últimas peticiones de la legisladora suspendida, que apuntaba contra las decisiones de una jueza de apelaciones y señalaba que sus últimos reveses no se ajustaron a la Constitución.
Puntualmente, estos recursos impulsados por la defensa de Ortiz fueron contra la última decisión del Tribunal Penal Colegiado Número 2 de la Primera Circunscripción. Fue porque este órgano rechazó otro recurso de apelación que la mujer había impulsado contra la resolución del Juzgado Penal Número 1 en 2023.
Ortiz fue suspendida de la Cámara de Diputados a mediados de marzo.