Una jueza federal desestimó una demanda que pretendía bloquear una nueva ley de Nevada que convierte en delito grave el acoso a los trabajadores electorales.
La jueza Cristina Silva dictaminó el lunes que los demandantes no pudieron alegar una amenaza creíble de enjuiciamiento y reglamentó que un perjuicio no puede ser hipotético.
Cuatro residentes de Nevada presentaron una demanda federal en junio de 2023 contra la Ley de Protección del Trabajador Electoral, que tipifica como delito que cualquier persona amenace, intimide, coaccione o use cualquier acto de violencia contra un funcionario electoral con la intención de interferir en unas elecciones.
El secretario de Estado demócrata, Cisco Aguilar, había encabezado la legislación, el Proyecto de Ley 406 del Senado, durante la sesión legislativa de 2023, y el gobernador republicano Joe Lombardo la convirtió en ley en mayo.
Los residentes, que dicen haber trabajado como trabajadores electorales, argumentaron que la nueva ley es demasiado amplia y vaga y viola la Primera y la Decimocuarta Enmiendas de la Constitución de Estados Unidos.
Uno de esos residentes es Robert Beadles, un residente del norte de Nevada que lleva mucho tiempo denunciando fraude electoral y acusando falsamente a la registradora de votantes del Condado Washoe de contar votos fraudulentos. Tras una avalancha de llamados acosadores de personas que pensaban que ella formaba parte de una conspiración para arreglar las elecciones de 2020, la registradora Deanna Spikula renunció, temiendo por la seguridad de su familia.
Los demandantes se quejaron de que un trabajador electoral podría malinterpretar las acciones de sus clientes en un colegio electoral y, por tanto, los demandantes podrían ser procesados por error. Ese temor a ser procesados disuadió a los demandantes de participar como observadores electorales, lo que constituye un "enfriamiento" de sus derechos constitucionales, argumentaron.
Silva desestimó la demanda en octubre de 2023, al considerar que los demandantes no alegaban una amenaza de "daño inminente y creíble" suficiente para otorgarles legitimación, pero dio a los demandantes la oportunidad de presentar una demanda modificada, lo que hicieron en noviembre.
El lunes, Silva volvió a dictaminar que los demandantes no habían alegado una amenaza creíble de enjuiciamiento. Consideró que no habían demostrado que existiera una base que sugiriera la probabilidad de que se aplicara la ley y que se hubieran producido persecuciones en el pasado. Como ya había dado a los demandantes la oportunidad de modificar la demanda y no habían presentado alegaciones "útiles", desestimó la demanda sin darles la oportunidad de modificarla.
La abogada Sigal Chattah, que representaba a los demandantes, declinó hacer comentarios el martes. La Secretaría de Estado no respondió a la solicitud de comentarios.