Chile y Bolivia acordaron abrir de manera ininterrumpida los pasos fronterizos de Chungará y Colchane, una decisión que facilitará el flujo de personas y carga a través de una frontera colmada de inseguridad, narcotráfico y contrabando. Se trata de una decisión que no aporta tranquilidad al norte y se vuelve mezquina con las localidades del altiplano chileno, inmersas en un riesgoso proceso de distanciamiento del Estado chileno, que hace años abandonó a su suerte a esta geografía tan estratégica para el país.
La decisión chilena es una señal errónea al régimen de Luis Arce, pues se conceden facilidades a un gobierno con sesgos autoritarios, que viola los derechos de los políticos opositores, encarcela a sus figuras (como la Presidenta Añez) o los obliga a seguir el camino del exilio ante la inseguridad jurídica (excanciller Longaric) y que no ha sido capaz de contener el narcotráfico, el contrabando, la violencia y la migración irregular hacia nuestro país. Es el mismo régimen que meses atrás firmó un memorándum de entendimiento con Irán, y que según el Instituto de Estudios para la Guerra (ISW en inglés), proveerá de drones a Bolivia, los mismos que podrían asegurar la clandestinidad -y el flujo de la droga y la violencia- por los corredores fronterizos que sostiene la frágil economía boliviana, agobiada por el agotamiento del gas y el subsidio a los combustibles.
Cabe asumir como un hecho, que la violencia dejó de tener causas domésticas en Chile. Su modus operandi, sus rasgos y características se referencian como un fenómeno internacional, y en este cuadro, Chile no solo importa, sino que también exporta violencia a la región.
Es lo que resaltó semanas atrás el gobierno argentino al destacar que la droga que ingresa a Argentina lo hace también desde Chile. Según el Instituto de Heidelberg para la Investigación de Conflictos Internacionales (HIIK), en pocos años nuestro país migró a ser un foco principal de violencia en el cono sur.
Urge atender, por lo mismo, el fenómeno de la violencia en Chile como una variable internacional, y para eso es necesario impulsar una acción decidida de nuestra política exterior, no solo en la definición de una estrategia, sino que orientando y alertando al Estado y sus organismos sobre los efectos y consecuencias de las decisiones que comprometan las relaciones políticas con terceros Estados.
La Cancillería debe tematizar y fijar su atención en la "ruta de la violencia", que comprende los países andinos y utiliza como ejes centrales a Venezuela y Bolivia. Una diplomacia prospectiva de los movimientos trasnacionales de la violencia, articulada con embajadas dirigidas por profesionales adiestrados en interpretar y filtrar información relevante, evitaría bochornos como el convenio de cooperación policial suscrito con el régimen de Maduro y ponderaría con más elementos de juicio una mayor apertura fronteriza con Bolivia.
Por Teodoro Ribera, rector U. Autónoma de Chile y ex ministro de Relaciones Exteriores