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Economía
lunes, 29 abril 2024 | 20:20
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Ciudad de México.- La sociedad demanda alimentos suficientes, nutritivos e inocuos, es por ello que los agricultores requieren de la innovación para obtener variedades vegetales más productivas, con mejores capacidades de adaptación, resistentes a plagas, enfermedades, sequía, salinidad, composición, contenido nutricional y con cualidades atractivas para el consumidor.
"La innovación resulta clave para la agricultura. Nuestros agricultores han realizado selecciones y mejoras al maíz. Los alimentos y productos agrícolas que se consumen hoy son el resultado de la diversidad genética, la adaptación de las plantas al ambiente y las modificaciones realizadas por la mano humana de manera empírica o con las herramientas y conocimiento desarrollado desde el siglo XVIII", expone Enriqueta Molina Macías, consultora en Semillas y Propiedad Intelectual para el sector Agroalimentario.
Para la consultora, las limitaciones en los recursos para las instituciones públicas de investigación se ha reflejado en la reducción de las variedades vegetales liberadas, las dificultades en la producción de semillas y largos plazos para transferir la tecnología hacia los agricultores.
"La posibilidad de sumar esfuerzos y contar con alianzas entre los sectores público y privado se consolida al contar con activos tecnológicos que brinden competitividad, certeza legal y de largo plazo, y que permitan focalizar la investigación en cultivos estratégicos", destaca la consultora.
Asimismo, señala que la generación de variedades vegetales implica la dedicación de recursos humanos, económicos, de infraestructura y tiempo que necesitan ser compensados de manera justa. "La factibilidad de recuperar la inversión y, mejor aún, impulsar el financiamiento para atender un mayor número de cultivos, regiones y necesidades a través de esquemas de protección al derecho de obtentor, puede representar una ampliación en las actividades de investigación y fitomejoramiento, de las alternativas tecnológicas para responder a las necesidades de los agricultores y el fortalecimiento de las instancias dedicadas a la investigación".
Enriqueta Molina declara que la experiencia que se ha observado en otros países es que al asegurar la recuperación de la inversión que representa el fitomejoramiento, aumenta la inversión en especies de fácil reproducción, tales como el frijol o el arroz, por ejemplo, lo que favorece la suficiencia alimentaria.
De hecho, refiere que para cultivos como frutillas o berries, o especies ornamentales para las que se generan tecnologías de punta en otras latitudes, un esquema eficaz de protección facilitaría el acceso a las mejores tecnologías del mundo, dotando de mejores oportunidades a los agricultores en beneficio del sector y del país.
Necesario actualizar la legislación mexicana en materia de protección al derecho de obtentor La protección de la propiedad intelectual en el sector agrícola data de 1833. "Hace casi 100 años que Estados Unidos promulgó una legislación específica para proteger las variedades vegetales con el fin de promover y proteger las innovaciones generadas para este sector. En la Ley de Semillas de 1961, México estableció el Registro Nacional de Variedades de Plantas, otorgando el derecho de uso exclusivo de variedades con vigencia de 25 años", expone Enriqueta Molina.
En la actualidad, indica que el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, adoptado en 1961, responde a las particularidades que tienen las plantas como materia viva y su estrecha vinculación con la agricultura y la alimentación. Es por ello que 100 países forman parte de este convenio, aplicando criterios y disposiciones de forma armonizada, promoviendo la inversión en la investigación y el intercambio comercial.
El convenio ha sido revisado en 1972, 1978 y 1991 con el propósito de incorporar mejoras según la experiencia y avances tecnológicos, para una protección eficaz que ofrezca un incentivo enfocado en el desarrollo de nuevas y mejores variedades vegetales.
La consultora en Semillas y Propiedad Intelectual para el sector Agroalimentario menciona que los acuerdos comerciales incorporan disposiciones de propiedad intelectual debido al valor que el conocimiento, las ideas y los nuevos desarrollos tienen para los países. De hecho, en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), cuya entrada en vigor fue el 1º de julio de 2020, México asumió el compromiso de implementar el Acta de 1991 del Convenio UPOV dentro de un plazo máximo de cuatro años a partir de su entrada en vigor, es decir, antes del 1º de julio de 2024.
"Más allá de las oportunidades de integración regional, diversificación de mercados y acceso e intercambio de tecnología, la necesidad de actualizar la legislación mexicana en materia de protección al derecho de obtentor es innegable. El progreso de la ciencia, las tecnologías de la información y comunicación, el contexto internacional, las relaciones comerciales y la propia experiencia en la aplicación de las regulaciones representan grandes desafíos para la legislación actual", concluye Molina.
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