La pandemia de la Covid-19 marcó un punto de inflexión en los indicadores socioeconómicos. Los argentinos, en general, y los tucumanos, en particular, tuvieron que subirse a las nuevas plataformas online para hacer frente a un escenario de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio en un 2020 que dejó en la pobreza a 418.190 habitantes del Gran Tucumán-Tafí Viejo, casi el doble del registrado en 2017 (214.000 personas), cuando el asistencialismo estatal sostenía artificialmente los indicadores socioeconómicos. La última medición oficial, que corresponde al segundo semestre de 2023, arrojó que en el principal aglomerado urbano de la provincia, alrededor de 404.020 personas estuvieron en situación de pobreza, producto de una aceleración inflacionaria que disparó los precios de los alimentos y de los servicios más utilizados por la población. El primer semestre de este año promete sostenerse al alza a partir de la incidencia de la actualización brusca de precios, dispuesta por el actual Gobierno a mediados de diciembre. En lo que va del año, las tarifas de los servicios públicos privatizados se mantuvieron en esa senda alcista.
La pandemia hizo crecer la pobreza en todos los países, pero la Argentina muestra la atipicidad de que, superada la pandemia, mantiene la misma incidencia de la pobreza (41,7% de la población bajo ese flagelo). Más paradójico aún es que la tasa de indigencia llegó a 11,9% de la población, superior a la que había en pandemia que fue de 10,5%, indica un reporte del Instituto para el Desarrollo Social de la Argentina (Idesa).
Esta degradación social se dio en el marco de una creciente intervención del Estado. Por ejemplo, indica el diagnóstico al que accedió LA GACETA, las transferencias monetarias asistenciales del Estado nacional se multiplicaron por cuatro en términos reales entre 2019 y 2023. Según el Ministerio de Economía, en 2019 las transferencias asistenciales representaban 0,7% del PBI, mientras que en 2023 ascendieron a 3% del PBI. "Esto demuestra el rotundo fracaso de la política asistencial basada en transferencias monetarias con la intermediación de las agrupaciones piqueteras", considera.
De todas formas, la involución social es de larga data. Una forma de ilustrar este fenómeno es comparando la incidencia de la pobreza de la Argentina con la de países vecinos. Según información publicada por los institutos oficiales de estadística de cada país se observa que:
• En Argentina en 2006 la pobreza afectaba al 27% de la población mientras que en 2023 afecta al 42%.
• En Uruguay la pobreza en 2006 afectaba al 25% de la población mientras que en 2023 afecta sólo al 10%.
• En Chile la pobreza en 2006 era del 29% de la población mientras que en 2023 afecta sólo al 7%.
Según Idesa, estos datos muestran que el retraso social es un fenómeno propio de Argentina. Partiendo de una situación inicial similar en 2006, cuando los tres países del cono sur comenzaron a transitar una gran bonanza internacional, en la Argentina la tasa de pobreza aumentó en un 50%, mientras que Chile y Uruguay la redujeron al 7% y 10%, respectivamente. "En el medio no hubo ninguna catástrofe natural, guerra o invasión; los tres países comparten similares perfiles raciales y culturales y los tres enfrentaron el mismo contexto internacional", recuerda el instituto dirigido por el economista Jorge Colina.
Esto avala la tesis de que la alta y crónica tasa de pobreza en la Argentina es un derivado de malas políticas públicas apoyadas por amplios sectores de la sociedad. "Entre las principales se encuentran los excesos de gasto público financiados con emisión monetaria y deuda pública, el uso del Estado para beneficiar intereses espurios, desdén por el profesionalismo y la eficiencia en la gestión pública, mala organización del sistema tributario y de la coparticipación federal, desorden previsional, aislamiento del mundo y perversas regulaciones laborales", fundamenta el reporte.
A su entender, la pobreza es un derivado de la perseverancia en aplicar políticas equivocadas. Por eso, no se revertirá con algún "milagro" (Vaca Muerta, litio, altos precios agropecuarios o algún otro hecho exógeno). Es imprescindible poner racionalidad a las políticas públicas. En este contexto, Idesa sostiene que el aval de la población a las ideas disruptivas de Javier Milei es una oportunidad. "Ahora hace falta capacidad política y técnica de gestión en el Estado para instrumentarlas", finaliza.