"Van a ir a saco a por el Consejo General del Poder Judicial". La frase, dicha de esa manera o con expresiones aún más graves (hay quien habla de "asalto" al órgano de gobierno de los jueces), era compartida este lunes por vocales nombrados por distintas fuerzas políticas tras escuchar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ver el tenor de las preguntas del CIS sobre la investigación judicial abierta a su esposa, Begoña Gómez.
En la comparecencia sin preguntas en la que anunció que seguirá como presidente del Ejecutivo "con más fuerza, si cabe", Sánchez se quejó del "ataque indiscriminado a personas inocentes" y de que se "obligue" a "las víctimas de mentiras a tener que demostrar su inocencia".
El CIS, por su parte, ha hecho un sondeo 'ad hoc' en el que ha preguntado si abrir una causa penal "contra la mujer de Pedro Sánchez" está justificado "o es solo una manera de meterse" con el presidente del Gobierno y "hacerle daño".
A continuación, el centro demoscópico público que dirige el socialista José Félix Tezanos pregunta si es "necesaria" una "reforma de la Justicia en estos momentos", con una respuesta abrumadoramente mayoritaria.
Una "excusa"
La interpretación más extendida en el seno del CGPJ, y también entre distintos jueces del Tribunal Supremo consultados, es que Sánchez "se ha dado una excusa a sí mismo" (la afectación personal y familiar que representa la denuncia contra su mujer) para acometer lo que denomina una "regeneración", que empezaría por el órgano de gobierno de los jueces.
Las manifestaciones de Sánchez en la entrevista en RTVE apuntan en esa dirección. "Este Gobierno quiere ayudar y contribuir al buen nombre y fortalecimiento del Poder Judicial", dijo el jefe del Ejecutivo, que añadió que el "secuestro" del CGPJ por el PP "lastra, mina, debilita, no la legitimidad, pero sí la credibilidad del Poder Judicial y tenemos que dar respuesta".
"Me gustaría hacerlo de la mano del PP. Pero si ese bloqueo [de la renovación del Consejo General del Poder Judicial] continúa, habrá que tratar de buscar entre todos una solución", zanjó.
En el CGPJ se cree que Sánchez recuperará el plan de rebajar las mayorías necesarias para renovar a los vocales, una iniciativa que ya frenó la Comisión Europea en abril de 2021. Lo pidió al entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, la vicepresidenta Vera Jourová, que ahora ha tomado el relevo de Didier Reynders en la intermediación entre socialistas y populares para lograr la sustitución del actual Consejo, en prórroga de mandato desde diciembre de 2018.
Los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial son elegidos desde 1985 por una mayoría de tres quintos, que se bajaría a la mayoría absoluta del Parlamento en el caso de los 12 vocales que deben ser jueces y magistrados.
Los ocho juristas seguirían siendo designados por los tres quintos de las Cámaras y, por tanto, no podrían ser renovados sin el concurso del PP.
Pero la reforma de la mayoría requerida para elegir a los vocales judiciales bastaría para conformar un CGPJ afín al Gobierno. El nuevo Consejo se encargaría de realizar los 94 nombramientos de altos cargos judiciales pendientes hasta ahora, aunque la cifra aumentará conforme se produzcan nuevas jubilaciones, excedencias o fallecimientos.
En este momento hay 25 vacantes de magistrados del Tribunal Supremo, 38 en las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia y presidencias de Sala de estos órganos, una vacante en la Audiencia Nacional y 30 presidencias de Audiencias Provinciales sin titular.
"Rebajar las mayorías para elegir a los vocales judiciales es una medida extrema y excesiva. Sería la degradación del sistema constitucional. Polonia y Hungría empezaron por ahí", señala un vocal no designado a propuesta del PP.
"Me da mucho miedo de que tomen atajos de ese tipo", añade una consejera propuesta por el PSOE.
Entre los jueces se habla de otras medidas posibles, como la rebaja de la edad de jubilación de los jueces (que también fue puesta en marcha en Polonia) y la aprobación de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal para sustituir a los jueces por fiscales en la investigación de los delitos y limitar a la acción popular.
La elaboración e implantación de un nuevo modelo procesal penal sería, no obstante, mucho más lenta que un cambio de la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo referido al CGPJ, por lo que las fuentes consultadas consideran que es más factible que se acometa lo segundo en un corto plazo.