La Comunidad Valenciana está a la cola, junto a Catalunya, de las autonomías donde menos plantas de energía renovable (fotovoltaica y eólica) se han instalado en España en los últimos años. De hecho, en últimos cinco del Botànic solo se instalaron 100 megavatios de solar frente a los casi 5.000 de Castilla-La Mancha o 6.000 de Extremadura, según datos oficiales. En la comunidad se han instalado en total 419 megavatios de solar, cifra que representa solo el 2,1 % de la capacidad fotovoltaica de España, donde hay parques con una potencia de 19.203 megavatios. En estos momentos hay más de 400 expedientes pendientes en tramitación en la Generalitat Valenciana, con una potencia de unos 6.000 megavatios aproximadamente, a la espera de resolución administrativa. Una grave situación que hace imposible cumplir con los objetivos de energía verde para el año 2030 si no se aceleran los trámites durante esta legislatura.
Las modificaciones afectarán a la Lotub y a los decretos del Botànic para instalar plantas de renovables
Manuel Argüelles, director general de Energía y Minas de la Generalitat Valenciana, es contundente al valorar la situación: "este bloqueo nos aleja completamente de los objetivos marcados por la UE y está provocando una grave inseguridad jurídica". Y anuncia que ya se ha finalizado el trabajo para adaptar la legislación valenciana "para hacerla más rápida y ágil, que permita desatascar la tramitación de expedientes y que no seamos la única autonomía que los bloquea". En los próximos días, Carlos Mazón presentará estos cambios que afectarán a leyes y decretos para acelerar las plantas de menos de 50 megavatios; cuando superan esta cifra la autorización depende directamente del Gobierno.
En concreto, se han modificado la Ley de Ordenación del Territorio, Paisaje y Urbanismo, LOTUP, y los decretos 14/2020 y 1/2022 que regulan la tramitación de la instalación de plantas de energía verde en la Comunidad Valenciana. Entre los cambios realizados, se anula la condición de "vinculantes" de los informes de la dirección general de Paisaje, una situación que se impuso durante el Botànic y que no existe en ninguna otra autonomía, y se adoptan medidas para agilizar la tramitación burocrática. En la actualidad, algunos expedientes para solo un megavatio llevan cuatro años a la espera de autorización.
El atasco valenciano tiene su raíz en la manera como el Botànic, y especialmente los cargos públicos de Compromís, entendieron la gestión de la autorización para instalar plantas fotovoltaicas o eólicas en el territorio valenciano. En agosto de 2020 se aprobó el decreto 14/2020 que obligaba, entre otras condiciones, a que cualquier proyecto fuera auditado por la Dirección General de Calidad y Medio Natural, que se ubicaba en la conselleria de Medio Ambiente que gestionaba Mireia Mollà, y por la dirección general de Paisaje, también en manos de Compromís y dentro de la conselleria de Movilidad y Territorio.
Ximo Puig intentó desbloquear la situación de los cargos de Compromís sin mucho éxito
El problema fue que los informes de Paisaje eran vinculantes, lo que provocó el bloqueo de la mayoría de proyectos por la posición contraria de un sector de Més Compromís. Una situación que fue cuestionada por la Abogacía de la Generalitat. Fue tal la situación que incluso Ximo Puig intentó, a finales de 2022 (cuando había 395 expedientes solicitados y solo se habían tramitado unos 40) resolver un bloqueo que se ha mantenido más o menos con los mismos efectos hasta ahora. Incluso se redactó el decreto 1/2022 para modificar la Lotup pero los cambios, controlados por Compromís, seguían estableciendo unas exigencias para la instalación en los municipios que hacía imposible tramitar la mayoría de expedientes solicitados a la Generalitat.
Otro de los problemas de la administración valenciana es la falta de personal funcionario para ayudar a la tramitación. La anterior administración del Botànic alcanzó un acuerdo con la empresa Tragsa para disponer de más personal, pero este acuerdo finalizó días después de las pasadas elecciones autonómicas y no ha sido renovado.
Las nuevas modificaciones para acelerar la tramitación responden, según Manuel Argüelles, a la voluntad de "reducir la burocracia y hacer que la administración sea más ágil". El problema añadido a todo esto son los municipios valencianos, dado que existe una gran disparidad de predisposición a aceptar plantas fotovoltaicas o eólicas. Expertos consultados valoran que, de no agilizarse los trámites, solo las grandes compañías tendrán instalaciones. dificultando que pequeños inversores puedan optar a montar plantas renovables