El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha defendido que los aragoneses también tienen derecho a opinar sobre el referéndum de Cataluña. Lo ha hecho un día después del anuncio del presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, sobre la propuesta en relación a las elecciones que tendrán lugar el próximo 12 de mayo.
Jorge Azcón sobre el referéndum
«Los aragoneses también queremos opinar. Nosotros creemos que va en contra de España y del Estado de Derecho», ha expresado este martes, cuando ha sido preguntado por los medios de comunicación al respecto de las declaraciones del catalán, en la sala de Columnas del Edificio Pignatelli, en Zaragoza.
Si lo que se va a plantear es un referéndum sí o un referéndum no, los aragoneses también queremos opinar.
Hablamos sobre el referéndum propuesto por Aragonès. pic.twitter.com/UaKwILibC7
— Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) April 3, 2024
El presidente del Ejecutivo aragonés ha insistido en la penosas consecuencias que ya está teniendo la amnistía en nuestro país: «La Ley de la Amnistía es la gran mentira. No es una ley para la reconciliación, está agravando el problema, porque los independentistas se están reafirmando en su tesis».
Algo evidente, teniendo en cuanta que Aragonés defendió ayer que «votar sobre la independencia es posible en el actual marco legislativo y sólo es cuestión de voluntad política», basándose en el art. 92 de la Constitución Española, basándose en el el referéndum como «instrumento jurídico concreto» para realizar la consulta.
Este última exigencia de los secesionistas catalanes, además no requeriría de una participación mínima para que el resultado fuera válido. La pregunta del referéndum para la independencia de Cataluña sería la siguiente: «¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente?».
Mientras, Pilar Alegría mostraba su sorpresa por el anuncio de Aragonés: «Va en contra de nuestra política de unidad, de reencuentro y avance para Cataluña con España».
La inconstitucionalidad y el Gobierno de Sánchez
El líder del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, ha aprovechado para insistir en la hipocresía de Moncloa, comparando la posición del Gobierno de Sánchez, respecto a la amnistía, con la última polémica que desde Madrid han creado en relación a la derogación de las leyes de memoria democrática en las comunidades donde no gobiernan.
En el caso de Aragón, se trata de la aprobación este pasado febrero de la Ley que deroga la Ley de Memoria Democrática, y que, sirva de paso para aclaratorio, no consiste en una supuesta ley de concordia, como dio a entender el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Victor Torres.
«Me extraña oír que, para el Gobierno de Sánchez, la Ley de Amnistía es constitucional, pero la derogación de la Ley de Memoria Democrática es inconstitucional, no cuela», ha expresado. «El Gobierno no quiere hablar del Caso Koldo, o del propio ministro Ángel Víctor Torres, cuando era presidente de Canarias».
«El Gobierno tiene que hablar siempre del Franco vive», ha añadido mostrando su hartazgo por la estrategia repetida de Sánchez a lo largo de estos años, y que han empleado como diana en esta derogación que se ha producido «legal y democráticamente».
De tal manera, como ya anunció al inicio de semana, el Gobierno de Aragón no aceptará la celebración de una comisión bilateral sobre este asunto, tal y como anunció Torres, indicándole al ministro canario que acuda «directamente al Tribunal Constitucional» si «están tan seguros de la supuesta inconstitucional».
Al respecto de la solvencia jurídica sobre la derogación de la Ley, el Gobierno de Aragón, calificó la derogación de dicha Ley como «jurídicamente intachable», apoyándose en el análisis de los servicios jurídicos del Ejecutivo autonómico y también por el «escrupuloso respeto» a la legislación y a los trámites democráticos.