La Legislatura de Córdoba analiza un proyecto de reforma de algunos artículos de Ley Orgánica del Poder Judicial (la normativa 8.435) en cuanto a las competencias y obligaciones que tienen en la provincia los jueces de paz. Uno de los puntos abordados y que ya fue tratado en comisión por los legisladores es la condición de que los puestos sean "inamovibles" y que estos funcionarios públicos "conserven sus cargos mientras dure su buena conducta".
El proyecto inicial había sido presentado en 2023 por los legisladores oficialistas con mandato cumplido Ramón Giraldi y Alejandra Piasco, y por los parlamentarios en su segundo período legislativo Julieta Rinaldi y Leonardo Limia.
En la última reunión de Comisión de Legislación General se avanzó en darle tratamiento a este cambio en el proceso de selección de los jueces de paz, según la ley 9.449.
En principio, se conoció que hubo acuerdo para dar debate en el tratamiento por parte del bloque de Hacemos Unidos por Córdoba, que motoriza el cambio, así como de la oposición.
En esta misma reunión, en la que se planteó la reforma, participaron, además, los vocales del Tribunal Superior de Justicia: Domingo Sesín y Luis Rubio; el presidente de la Junta Federal de Justicia de Paz de Argentina (Jufepaz), Guillermo Vega); y la titular de la Junta Federal de Cortes, María del Carmen Bataini.
También estuvieron el inspector de la Justicia de Paz del Poder Judicial de Córdoba, Ricardo de Toro; y el administrador General del Poder Judicial de Córdoba, Luis Sosa Lanza Castelli, quienes fueron recibidos por la vicegobernadora Myrian Prunotto y por la vicepresidenta de la Legislatura, Nadia Fernández.
Se sumaron a la reunión los legisladores Daniela Gudiño (UCR) y los oficialistas Ileana Quaglino y Limia.
En este debate hubo coincidencias en que la inamovilidad en el cargo de los jueces de paz es una forma de "consolidar la seguridad jurídica".
Entre los fundamentos del proyecto se describió: "La Justicia de Paz de la Provincia de Córdoba ha venido jerarquizándose desde el punto de vista de la competencia material, además de todas las facultades establecidas de la ley 8.435, siendo así el eslabón más próximo de los ciudadanos para el acceso de la Justicia".