En democracia, el titular del poder ejecutivo, del poder judicial y del poder legislativo es el pueblo. En efecto, la soberanía radica en el pueblo en su conjunto, en todas y cada una de las personas que forman parte del cuerpo social. Por eso, quienes en cada momento histórico forman parte del poder legislativo, del poder judicial y del poder ejecutivo ejercen potestades, nada más y nada menos, que del pueblo son y al pueblo han de dar cuenta de su gestión y administración.
Las leyes, las sentencias y las normas y actos del poder ejecutivo, gobierno-administración pública, están sometidos plenamente a la Constitución y al resto del Ordenamiento jurídico. El artículo 9.1 constitucional lo señala meridianamente al subrayar que en un Estado social y democrático ninguna persona física o jurídica, ningún poder del Estado puede estar por encima del sistema jurídico. Ningún poder del Estado, ni el judicial, ni el ejecutivo, ni el legislativo, es absoluto. La democracia, debemos recordarlo, se basa en la limitación del poder y en el principio de participación ciudadana.
La democracia no es aritmética política pura ni una cuestión de estadística sin más. Es, sobre todo, como brillantemente recordó Friedrich, un sistema político diseñado y construido en la cotidianeidad por la ciudadanía y sus representantes para que se pueda dialogar con argumentos y razonamientos orientados a la mejora de las condiciones de vida de las personas. Las cualidades democráticas son exigibles, pues, a los ciudadanos y, con mayor intensidad, a quienes en cada momento ejercen el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo.
Como es sabido, la amnistía que el Congreso de los Diputados acaba de votar favorablemente, plantea un problema grave de convivencia social cuando debería ser una medida creadora de paz y armonía social. No hay más que constatar las reacciones suscitadas cuando se planteó esta delicada cuestión para descartar que su justificación descanse en la búsqueda de la paz y la concordia.
Las medidas de gracia son siempre especiales y extraordinarias porque significan ordinariamente que el poder ejecutivo a través de ellas asume funciones jurisdiccionales cancelando para determinados supuestos la responsabilidad derivada de los ilícitos cometidos. Por eso siempre deben estar suficientemente motivadas y justificadas.
En la Constitución de 1978 solo está contemplado el indulto como medida de gracia encontrándose prohibidos expresamente los indultos generales, es decir medidas de gracia para más de una persona concreta. Además, quien conozca la elaboración de la Carta Magna sabe que no prosperaron varias enmiendas que postulaban la competencia del poder legislativo para aprobar leyes de amnistía. Primero fue rechazada los Padres de la Constitución y después se descartaron en Comisión dos enmiendas de los diputados César Llorens de UDC y de Raúl Morodo del PSP.
Así las cosas, en la campaña electoral del 22-J de 2023, quien ahora gobierna nuestro país se comprometió a no amnistiar a los condenados por el simulacro de referéndum del 1-O de 2017. Según sus palabras, la amnistía no cabía en la Constitución. Más tarde, sin embargo, por cálculos políticos con el fin de seguir en la Moncloa, dio su brazo a torcer y asumió la pretensión de los grupos independentistas con las consecuencias de confrontación y enfrentamiento social que hemos conocido y experimentamos desde entonces.
En realidad, ante un asunto de tanto calado y envergadura como es la cancelación de la responsabilidad penal de los condenados por el Tribunal Supremo a raíz del simulacro de referéndum de autodeterminación de Cataluña del 1 de octubre de 2017, lo razonable es actuar de acuerdo a la Constitución y al resto del Ordenamiento. En su lugar, acoge la aspiración de los partidos independentistas y se fuerza a la mayoría de gobierno a proponer una ley que, tras su paso por el Congreso, ahora está en el Senado donde es previsible que se cuestione su constitucionalidad e idoneidad jurídica.
Pues bien, dada la actual coyuntura y ante la magnitud de la situación a la que se ha llegado, agravada por la escalada verbal a la que lamentablemente asistimos a causa de la corrupción, debemos reclamar a nuestros políticos cordura, sensatez, capacidad de entendimiento y búsqueda de una solución a esta cuestión que, más allá de lo que deba hacer el Senado, que tiene ante sí la ocasión para pasar a la historia como el defensor del Estado de Derecho y del orden constitucional, pasa por que se devuelva la voz al pueblo español y que se pronuncie sobre esta cuestión pues de haber estado en el programa electoral de quien ahora gobierna es probable que la reacción popular hubiera sido otro muy distinta.
En efecto, el pueblo es el verdadero soberano y es a quien corresponde dirimir una cuestión que fue hurtada a su consideración en la última campaña electoral y que por su especial trascendencia debe ser objeto de consulta popular.
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