Cortar caminos públicos para cazar: "¿Por qué se da prioridad a la escopeta frente a derechos constitucionales?"
Es una "amenaza pionera" en España. Esta una de las conclusiones a la que las organizaciones ambientales y ecologistas han llegado sobre la polémica reforma de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha que permitirá cortar vías pecuarias y caminos públicos para que se practique la actividad cinegética. Esta medida, aprobada "de tapadillo" en la denominada 'Ley de Acompañamiento' de los Presupuestos regionales, todavía tiene que desarrollarse en un futuro reglamento y debatirse en el Consejo Asesor de Medio Ambiente. Pero su controversia no ha cesado desde hace dos meses. Los ambientalistas y ecologistas quieren pararla y estudian llevarla a los tribunales.
El argumento principal que defienden los contrarios a esta medida es que esta reforma otorga derechos cinegéticos a los cazadores, a titulares privados de cotos, frente a un bien público como son los caminos y frente a derechos constitucionales como el libre tránsito de la ciudadanía.
Así lo van a detallar Ecologistas en Acción y WWF en las IX Jornadas de Vías Pecuarias, Caminos Públicos y Ganadería Extensiva que se celebran este sábado en Maranchón (Guadalajara). Parten del hecho de que el deber de las administraciones es respetar los caminos públicos, de titularidad municipal, y las vías pecuarias, de titutlaridad autonómica.
No aceptan que el Gobierno de Castilla-La Mancha haya defendido esta reforma amparándose en la seguridad de la ciudadanía, como explicó la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, en una entrevista con elDiarioclm.es. Principalmente, porque si así fuera no se hubiera incluido "de tapadillo". "Eso ya significaba algo: cuando intentas encubrir es que no quieres darle publicidad porque algún problema puede haber", indica a este periódico Juan Carlos Tomás, coordinador de las jornadas.
Atenta directamente contra un derecho fundamental y al mismo tiempo otorga derechos cinegéticos a unos titulares privados
"Las excusas son bochornosas y engañosas. Se trata siempre de fomentar la caza y esta región es pionera en coartar. Primero se ampararon en el control de poblaciones de animales, después defendieron la seguridad del propio cazador y ahora hablan de la seguridad de los viandantes. Pero esto último es un claro engaño, porque esa seguridad ya está garantizada con la prioridad del viandante sobre los cazadores, incluso con distancias de seguridad", argumenta.
Para el también miembro de Ecologistas en Acción, el frontal rechazo de las organizaciones ambientalistas parte de que la reforma no solo supone cortar caminos y prohibir el paso. "Es que atenta directamente contra un derecho fundamental y al mismo tiempo otorga derechos cinegéticos a unos titulares privados, lo de los cotos de caza. Esto es muy importante. Nunca se ha otorgado un derecho a titulares privados sobre dominios públicos y más para una explotación económica".
Para Juan Carlos Tomás, esto supone la "transgresión de derechos constitucionales" y de normas básicas de las propias legislaciones de vías pecuarias y caminos públicos. "Estas vías son de titularidad de la ciudadanía, de uso público. ¿Por qué ahora se le da prioridad a la escopeta frente al uso del ciudadano de un bien público, frente a sus derechos constitucionales?", se pregunta.
Es el motivo por el que estas organizaciones están estudiando la vía judicial. "A nivel de derechos constitucionales, estamos en el mayor rango". Es decir, es posible que terminen recurriendo la reforma ante el Tribunal Constitucional. También acudirán al Defensor del Pueblo, porque aunque sus recomendaciones no son vinculantes, "suelen tenerse en cuenta". En paralelo, ya se han dirigido a los ministerios implicados y siguen recabando apoyos para incrementar la "presión social".
"Mucha gente lo rechaza. No hablamos únicamente de viandantes, senderistas o ciclistas. Hay también empresas y entidades privadas que están apoyándonos. Nos llenamos la boca con el tema de la despoblación, cuando todo el turismo activo que se está desarrollando se basa en la utilización de estos caminos públicos. Hay empresas que viven de ello y que se echan las manos a la cabeza. Es una hipocresía dedicar inversiones a fijar población cuando luego atentamos contra eso. Lo único que lo explica es el poder del lobby cinegético, de una minoría que se impone a una mayoría",
Hay comunidades autónomas como Extremadura en las que está regulada la posibilidad de cortes temporales de este tipo de vías, con permiso especial de la administración, pero, según Juan Carlos Tomás, es la primera vez que se otorga un derecho cinegético a un titular privado sobre un uso público. "Somos, desgraciadamente, pioneros en coartar".
Uno de los temas que se abordarán en las jornadas y que preocupan especialmente a las organizaciones ambientalistas es la "desprotección" de los caminos públicos. Según la ley, deberían estar inventariados y registrados en cada ayuntamiento, para otorgarles legalidad cuando se producen cortes. Pero la gran mayoría no lo está.
"Las grandes fincas privadas tienen mayor poder judicial cuando se inician litigios mientras que la mayoría de ayuntamientos no disponen de esos recursos. Esto sucede porque no se cumple la obligación del inventario. Propusimos una línea de ayudas para fomentar estos registros, pero no ha llegado a ningún sitio".
Otras amenazas "clásicas" y el papel de las fotovoltaicas
En el evento de este sábado también van a analizarse "amenazas clásicas" de los caminos públicos y vías pecuarias, como son las "ocupaciones ilegales, las inclusiones en determinadas fincas y en zonas agrícolas, o su utilización "vertederos escondidos".
A todo ello se unen también los proyectos de instalaciones de energías renovables, en especial los fotovoltaicos, porque con ellos se cortan y se vallan estas vías.
"Hasta hace un tiempo las empresas intentaron la compra de caminos públicos mediante procesos de desafectación, convirtiéndolos en privados. Hemos conseguido que se haga retroceder en algunos de estos trazados, pero ahora la nueva moda es arrendar el camino público directamente. Se alquilan durante 30 años, se coarta el paso y cuando pasen tres décadas, ya nadie se acuerda de que por ahí había un camino. También estamos luchando contra ello", concluye el coordinador de las jornadas.
En este acto colabora también la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP) y la Asociación Micorriza. El objetivo es difundir "las graves amenazas que se ciernen sobre este patrimonio que pertenece a todos los ciudadanos". Intervendrán historiadores, representantes de la PICP, de Ecologistas en Acción, de WWF, ganaderos y apicultores locales. También se realizará un homenaje al histórico ecologista recientemente fallecido Suso Garzón.
El domingo se realizará una marcha apta para todos los públicos por el Camino Real de Aragón acompañando a un rebaño de ovejas, y al mediodía finalizarán las jornadas con migas de pastor para todos los asistentes.
Ya es el noveno año en que estas organizaciones reivindican y exigen a las administraciones que cumplan con sus deberes legítimos de protección, recuperación y mantenimiento de estos bienes públicos. Quieren, ante todo, que "puedan cumplir con su función de conexión entre los distintos pueblos de nuestra geografía".