Para el próximo viernes 26 de abril está programada la primera audiencia regional de reconocimiento en el caso de secuestro, en la que 10 exmiembros del Comando Conjunto Central de las Farc hablarán ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre este flagelo en Tolima, Huila y Quindío. La diligencia se desarrollará en Ibagué y, debido a la situación de inseguridad en esa zona del país, sumado a las amenazas que han sufrido algunos de los comparecientes, la Corte Constitucional adoptó varias medidas para garantizar el desarrollo de la audiencia.
La Sala de Seguimiento al fallo que declaró el estado de cosas inconstitucional en materia de seguridad para los firmantes del Acuerdo de Paz en proceso de reincorporación resaltó, mediante sentencia, la importancia de la audiencia en la búsqueda de verdad de las víctimas, motivo por el cual le ordenó a varias entidades del Estado apersonarse de sus competencias para garantizar la seguridad tanto de víctimas como de comparecientes.
Como primera medida, el alto tribunal le ordenó al director general de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, y al subdirector de seguridad y protección, Miguel Ángel Quiroga, tramitar de emergencia medidas para atender la situación de los comparecientes e implementar medidas de protección transitorias y complementarias para garantizar la participación de los firmantes en la audiencia de reconocimiento. De igual manera, la Sala fue enfática en subrayar que, por ningún motivo, se deberán levantar o descompletar las medidas de protección con las que actualmente cuentan los comparecientes.
Corte ordena medidas de seguridad urgentes para evitar doble vulneración de derechos de excombatientes del antiguo comando conjunto central de las extintas FARC-EP que comparecerán a la audiencia de reconocimiento del macrocaso 1 de la JEP
— Corte Constitucional (@CConstitucional) April 24, 2024
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De igual manera, la Corte Constitucional ordenó a diferentes entidades del Estado garantizar la seguridad y el libre desarrollo de la audiencia de reconocimiento, teniendo en cuenta la grave situación de inseguridad y orden público que enfrentan departamentos como Huila y Tolima, siendo este último el lugar donde se llevará a cabo la diligencia. En las últimas semanas, mandatarios locales han advertido el crecimiento de los delitos de extorsión, los cuales tendrían su origen en ordenes del Estado Mayor Central (EMC).
El Ministerio de Defensa, la Unidad Policial para la Edificación de la Paz, la Policía de Ibagué, el Comando Conjunto Estratégico de Transición del Comando General de las Fuerzas Militares, la División Quinta y a la Sexta Brigada del Ejército deberán reforzar las estrategias y protocolos para garantizar las condiciones seguridad, "con el fin de que la JEP pueda realizar la diligencia judicial pacíficamente y sin riesgos de seguridad para quienes asistirán". Las autoridades, señala el fallo del alto tribunal, deberán presentar un informe de cumplimento en no menos de dos días.
Otro tema que genera preocupación tanto para la Jurisdicción de paz como para la Corte Constitucional, son las amenazas que han sufrido algunos de los comparecientes, por lo que le ordenó a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) "atender y coordinar el traslado de los proyectos productivos para algunos firmantes debido a su desplazamiento forzado por amenazas contra su vida, integridad y seguridad personal".
Los comparecientes que deberán responder el próximo viernes 26 de abril en el caso de secuestro son: Luis Eduardo Rayo, Enoc Capella Trujillo, John Jairo Oliveros Grisales, Nelson Antonio Jiménez, Édgar Ramírez Medina, Víctor Hugo Silva, Álvaro López, Gustavo Bocanegra, Wilson Ramírez Guzmán y Raúl Agudelo Medina.
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