Mariano Casasnovas Vicente debería haberse sentado esta semana en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Zaragoza como presunto autor de dos delitos contra la Hacienda Pública por, supuestamente, eludir la declaración del IRPF correspondiente a los ejercicios 2013 y 2014. Son los dos años en los que su nombre trascendió a la opinión pública aragonesa al interesarse firmemente por la compra del Real Zaragoza, aunque nada ha podido aclarar sobre ello porque el juicio ha quedado suspendido al alegar Casasnovas motivos médicos. El ministerio fiscal solicita tres años y medio de cárcel que podrían sumarse a anteriores condenas por estafa y administración desleal.
De acuerdo al escrito de calificación de la Fiscalía, el importe defraudado a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) asciende a más de medio millón de euros a tenor de los 194.000 correspondientes al IRPF de 2013 y los 394.000 del IRPF de 2014. Será el importe que Casasnovas deberá abonar a la Administración en el caso de que sea condenado y a ello podrían sumarse multas de entre 500.000 y 900.000 euros con una responsabilidad subsidiaria de entre hasta cuatro meses y 15 días de cárcel en caso de impago.
Se da la circunstancia de que el ministerio público acusa a Casasnovas de llevar a cabo este tipo de prácticas ilícitas justo cuando se interesó por la compra del Real Zaragoza en 2014. Lo hizo, presuntamente, a través de la entidad Inversiones Creativas Siglo XXI, «de la que era apoderado con facultades generales» y con la que, según la Fiscalía, presentó ingresos muy a la baja con la intención de enmascarar «deliberadamente las ganancias patrimoniales percibidas».
Este viejo conocido de las páginas de sucesos y tribunales de la prensa diaria aragonesa, pero también de la sección de deportes, se encuentra interno en el centro penitenciario de Soto del Real. Allí cumple una condena de cuatro años de cárcel por un estafa inmobiliaria que ascendió a 280.000 euros. Junto a su testaferro, el abogado José Javier Palos, urdieron una trama para tratar de recalificar terrenos rústicos en Calahorra con usos comerciales y luego urbanizarlos con el fin de construir un complejo de la cadena Lidl.
En aquella ocasión utilizaron un contrato falso con Lidl para presentarlo a los dos prestamistas y quedarse con 140.000 euros de cada uno de ellos. Cuando las víctimas se percataron de ello, amenazaron con denunciarle, aunque Casasnovas trató de frenar la acción penal al presentarle una novación contractual con una empresa madrileña. Pero fue un nuevo engaño para ganar tiempo y vender los terrenos de Calahorra.
Apenas unos meses antes ya había sido condenado a otros dos años de cárcel como autor de un delito de administración desleal al participar en una operación inmobiliaria de similares características a la anterior. En 2009, el Juzgado de lo Penal número 5 de Zaragoza le condenó a otros dos años de cárcel como autor de dos delitos de fraude fiscal por eludir el pago de un millón de euros derivado del IVA.
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