El Congreso de Quintana Roo analizará antes del 31 de mayo, una iniciativa que pretende sancionar a los diputados faltistas o que firman asistencia en las sesiones, pero que no se quedan, confirmó la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) de la XVII Legislatura, Jissel Castro.
"Vamos a apoyar esta propuesta porque tenemos un compromiso con el pueblo. Aún estamos a tiempo de dictaminarla y aprobarla, pues el actual periodo ordinario concluye a finales de mayo, pero con la posibilidad de abordarla en un periodo extraordinario", declaró la diputada.
La reforma en cuestión fue presentada por la diputada Cristina Alcérreca, la cual adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Entre los cambios se propone que, a la diputada o diputado que no asista de manera regular a las sesiones o no visite los distritos que representa durante un mes se le descontará la dieta correspondiente a 30 mil pesos mensuales.
El objetivo es evitar impugnaciones por afectar el sueldo de los legisladores, ya que las dietas incluyen "apoyos" como son vales de gasolina, gastos de hospedaje, etc.
Si bien los legisladores podrán justificar sus faltas, éstas sólo serán permitidas por cuestiones de enfermedad con documentos emitidos por un organismo público, como el ISSSTE. También se permiten las faltas por gestación, paternidad, maternidad o encomiendas previamente autorizadas.
De esta forma, los legisladores ya no podrían utilizar las justificaciones de siempre: motivos personales, partidistas o "por cuestiones inherentes a su cargo". Además, aún con justificación, se establece un límite de seis inasistencias consecutivas.
De igual manera, se propone reformar la Ley Orgánica para que los diputados tengan la obligación de votar en al menos la mitad de los asuntos del orden del día, para registrar la asistencia, ya que se han registrado casos donde se presentan en el pleno, firman su asistencia y se retiran.
Información de la página oficial del Congreso detalla que, en promedio, los diputados llegan a faltar al 35% de las sesiones y al 52% de los trabajos de comisiones, donde se discuten los dictámenes de las iniciativas antes de ser votadas en el pleno.