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FOTO: archivo.
La Municipalidad de Córdoba y el senador Luis Juez quedaron enfrentados hoy por el manejo de los subsidios al transporte, con denuncias ante la Justicia Federal.
El Palacio 6 de Julio informó que, por instrucción del intendente Daniel Passerini, se presentará ante la Justicia Federal para que se analice e investigue "todo el proceso vinculado al esquema de administración de los subsidios nacionales" que se recibieron para el sistema de transporte urbano de la ciudad.
El anuncio se produjo en momentos en que el senador nacional Luis Juez y representantes del Frente Cívico en los distintos poderes concurrían al Ministerio Público Fiscal de la Nación para presentar una denuncia sobre "la corrupción en el sistema de transporte de la Ciudad de Córdoba"-
Justamente, la Municipalidad recuerda en su informe que "este sistema se puso en marcha en el año 2003, cuando Luis Juez era el Intendente de la ciudad, y Néstor Kirchner el Presidente de la Nación".
Y revela que, ante el anticipo de la denuncia de Juez, la Municipalidad definió "su propia presentación para la investigación integral desde los inicios de este sistema, para que las conclusiones de la intervención judicial lleve la necesaria transparencia y tranquilidad a los vecinos".
"Debe analizarse todo el proceso temporal, al tratarse de fondos públicos con un destino de alivio al costo del transporte para los usuarios. No deben quedar dudas y para eso entonces, nada mejor que una investigación completa", señaló el Palacio 6 de Julio.
Y agrega: "La transparencia y la coherencia no se declaman, se ejercen. Es compromiso de este Gobierno Municipal, para que no se enturbien con permanentes ataques y politiquería que solo busca sembrar sospechas y desprestigio a quienes gobernamos y hacemos todos los días".
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La denuncia de Juez avanza con nombres propios y fechas. Así, apunta sobre el actual secretario de Transporte de la provincia, Marcelo Rodio, y sobre el funcionario Eduardo Ramírez y el empresario Emilio Monzón, y señala a "demás cómplices actuantes como funcionarios de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, o propietarios de la empresa ERSA URBANOS S.A., para los meses que van de diciembre de 2022, hasta el 10 de diciembre de 2023.
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"Mínimamente la maniobra es de un año, pueden ser 15 meses, pero tenemos acreditado que por lo menos fueron 12 meses", dijo el senador en Cadena 3.
En ese marco, lanzó: "Les voy advirtiendo que todo lo que tiene que ver con la transferencia de ERSA a TAMSE tiene una oscuridad que asusta a los cordobeses". Y sumó: "La denuncia es directamente contra los funcionarios municipales que determine la investigación judicial; tienen responsabilidad de dar cuenta.
Juez explica que "desde el 23 de diciembre de 2013 y por el término de diez años, período hoy ya vencido- se adjudicó por la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba a la empresa ERSA Urbano S.A., la explotación del servicio público de transporte urbano de pasajeros, en una serie de líneas diagramadas por el municipio, identificadas como grupo tres de la correspondiente licitación".
Destaca que el 2 de diciembre de 2022, mediante el acuerdo de colaboración, se conviene en que la prestación del servicio de las líneas 600, 601, 53, 54 y Aerobus, fuera ejecutado por TAMSE, por el período de tres meses, prorrogable por doce meses más.
Pero destaca: "Tal prestación no implicaba cesión o transferencia del contrato obtenido en el 2013, y solo establece la ejecución del servicio por TAMSE, con su propio personal y colectivos".
Entonces, plantea que, "en un aspecto que afecta al erario de la Municipalidad de Córdoba, las recaudaciones del servicio tomado por TAMSE, fueron recibidas directamente por ERSA Urbano S.A.y se reintegraban a TAMSE, cada treinta y cinco días, cuestión que, por su vil dispendio financiero en épocas de inflación galopante, será denunciada ante la Justicia Penal de la Provincia de Córdoba".
Juez destaca que "más allá de la estafa precedentemente expuesta, por el punto sexto del acuerdo, la empresa ERSA recibió los subsidios correspondientes a los aportes del Estado nacional por las líneas de ómnibus, objeto del acuerdo".
Como los subsidios que administra la Secretaría de Transporte de la Nación para asegurar la prestación del servicio en distintas ciudades del país, se reparten conforme el número de viajes ejecutados y las unidades utilizadas para concretarlos, desde el mes de diciembre de 2022 y por todo un período extendido durante 2023, la empresa ERSA "cobró los subsidios nacionales, sin prestar ningún servicio, en cinco líneas de la Ciudad de Córdoba", denuncia.
Esto lleva a Juez a plantear que "mediando connivencia entre funcionarios municipales y la empresa ERSA, esta percibió subsidios, por un alto monto dinerario, en virtud de un servicio que jamás prestó, defraudando al Estado Nacional, que nunca tomó conocimiento cabal, del ardidoso "acuerdo de colaboración".
En ese sentido, apunta: "Y no se trata de un enriquecimiento sin causa de ERSA, facilitado por la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, sino de un montaje para eludir los controles de la Secretaría de Transporte de la Nación, cobrando ERSA por lo que no hizo, a partir de un pacto espurio con la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, que suple al privado, pero le deja percibir los aportes que le envía el Estado".
A su vez, Juez indicó que "el fiscal tiene que investigar si lo que estamos diciendo es cierto, si vinieron fondos del Gobierno Nacional para sostener el sistema de transporte urbano de pasajeros durante el 2022; si parte de esos fondos fueron distribuidos por la Municipalidad en un acuerdo privado con una empresa privada, y la prestación de servicios de 49 colectivos, a razón de 30 millones de pesos el colectivo".
La defraudación, explica Juez, "logró su camuflaje jurídico, mediante la resolución 0115, del secretario de Transporte de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, Marcelo Rodio", que el 18 de ficiembre de 2022, aprueba el acuerdo de colaboración entre TAMSE y ERSA, formando el convenio parte de la resolución.-
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Informe de Francisco Centeno.
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