Agentes de la Policía Nacional liberaron en Lugo a una joven de origen extranjero que era obligada a prostituirse en un piso de la capital. Esta intervención forma parte de un operativo desarrollado a nivel nacional, que se saldó con el rescate de 23 víctimas de explotación sexual. Las chicas llegaron a España engañadas por una organización que les prometía trabajo en salones de belleza o cuidando ancianos. Los agentes detuvieron a ocho personas en varias provincias del país —una en Lugo—, dos de las cuales ingresaron en prisión provisional.
La investigación llevada a cabo por las fuerzas y cuerpos de seguridad permitió la desarticulación de una red criminal que presuntamente se lucraba con la explotación sexual de sus víctimas. Los miembros de la organización se encargaban de contactar con los clientes a través de páginas web y negociaban todos los servicios sexuales, sin que las víctimas pudiesen rechazarlos. Además, obligaban a las chicas a pagarles aún más dinero por realizar dichas gestiones. Tal y como explicó la Policía, la organización captaba a sus víctimas a través de personas que ellas conocían, familiares o compatriotas, bien en su país de origen o cuando las chicas se encontraban en España en situación irregular. "En este último caso", explican, "se les imponía la condición de prostituirse para poder pagar deudas que se hubieran originado en su país". Las víctimas que eran captadas en origen —fundamentalmente en Colombia, aunque también de otros países de Latinoamérica— entraban en España a través de los aeropuertos de Madrid o Barcelona. Una de las víctimas presentaba una discapacidad intelectual reconocida, "al haberle sido dispuesto judicialmente el sistema de protección denominado curatela".
El entramado criminal obligaba a sus víctimas a prostituirse bajo amenazas, trasladándolas con frecuencia de una provincia a otra, "lo que dificultaba la detección de su actividad delictiva". Los detenidos controlaban a las mujeres con cámaras de videovigilancia instaladas en los pisos donde las explotaban y les exigían el 50% del dinero cobrado por cada servicio sexual. Además, las chicas tenían que anotar cada uno de los servicios en cuadernos. Los integrantes de la red eran quienes realizaban todas las gestiones relacionadas con los anuncios en las páginas web de contactos y gestionaban ellos mismos las solicitudes y los tipos de servicios sexuales que pedían los clientes. Las víctimas tenían que abonar una cantidad de dinero por estas gestiones, que se cobraba aparte de la mitad de los beneficios que reportara su explotación. Las mujeres no podían rechazar ningún tipo de servicio sexual y eran forzadas a trabajar encima de palés, sin somier ni colchón y aunque se sintieran indispuestas. Los implicados compraban además sustancias estupefacientes que ofrecían a los clientes.
Las víctimas fueron liberadas en Úbeda (Jaén), Alicante, Guadalajara, Alcalá de Henares (Madrid), Lugo y Ciudad Real, mientras que los arrestos se llevaron a cabo en Úbeda (2), Alcoy (2), Guadalajara (2), Lugo (1) y Ciudad Real (1). Los arrestados están acusados de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, relativos a la prostitución, contra los derechos de los trabajadores, blanqueo de capitales, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.