El lunes toda la atención mediática giró hacia el centro de abastecimiento y mercado de Lo Valledor. La transmisión en vivo de un matinal presenció una detención de rutina que terminó con disparos y heridos. Pero Lo Valledor ya se había instalado en la agenda pública hace meses: dos agricultores asesinados en enero y el reciente anuncio de medidas de control de identidad son señales que debemos tomar con respeto y seriedad. Si la detención del lunes es considerada como un caso aislado, o las medidas de control de identidad como una exageración, no estamos leyendo bien las señales para nuestra política contra el crimen organizado.
La organización criminal se busca desplegar por nuestras ciudades, configurando negocios ilícitos por medio de la violencia o la corrupción. Lo Valledor y sus más de 30 hectáreas, su ubicación, los importantes flujos de comercio y dinero (en efectivo), son una zona estratégica para el crimen organizado. Espacios como Lo Valledor permiten desarrollar lavado de dinero, reclutamiento delictual y muchas más actividades para el fortalecimiento de redes criminales.
El anuncio del control de identidad por parte de la administración de Lo Valledor recibió fuertes críticas producto de la discriminación. Muchos lo consideraron desproporcionado, pero las imágenes del lunes los hicieron dudar. Lo relevante de esto, es que no solo las medidas de fuerza y el aumento de penas permitirán consolidar una política contra el crimen organizado. Debemos acompañar las medidas de fuerza con políticas públicas de planificación urbana e incorporación de privados y la ciudadanía. Por mucho que dotemos a nuestras instituciones de seguridad de una capacidad mayor de despliegue y recursos, debemos implementar políticas públicas que permitan restablecer el Estado de Derecho, la tranquilidad social y el libre desarrollo económico.
La reapropiación de espacios públicos como plazas y parques debe considerar la de barrios y servicios estratégicos para el funcionamiento de las ciudades. Mercados, estaciones de metro, centros comerciales y de esparcimiento deben volver a producir tranquilidad social. La legitimidad de la democracia depende de su capacidad de combatir el miedo y establecer el derecho al libre tránsito. Esto no se logra solamente con el uso de la fuerza, la política comparada en seguridad demuestra que la incorporación de la ciudadanía y los agentes privados involucrados es crucial para que no exista una rotación permanente de las organizaciones criminales.
Lo Valledor no debe ser subvalorado, es una oportunidad para enviar una señal pública. Debemos demostrar que la violencia puede ser revertida. No se puede permitir que avance la sensación de marginación barrial y social. La reunión inmediata entre el gobierno y la administración de Lo Valledor en La Moneda va en la línea correcta.
Por Patricio Morales, cientista político y expresidente del Partido Liberal