La tramitación de la amnistía echa a andar en el Senado. La Comisión híbrida de Constitucional y Justicia, creada expresamente para tramitar esta ley, ha calendarizado este jueves sus primeros pasos. El día 6 de mayo está prevista la ponencia, en plena campaña de las elecciones catalanas. A continuación tendrá lugar la sesión de la comisión, que precederá al veto del Senado, con mayoría del PP, a la amnistía. Antes, sin embargo, varios expertos desfilarán por la comisión para aportar su punto de vista sobre la ley. Ahí hay lío entre socialistas y populares.
La comisión, que preside el expresidente de la Cámara Alta Pío García-Escudero, ha dado de límite para la designación de comparecencias hasta el día 11 de abril. A partir del 16, es decir, un mes antes del tope que tiene el Senado para tramitar la Ley de Amnistía, desembarcarán en la Comisión todos esos expertos que se deciden en comisión.
El PSOE no quiere que perfiles que ya se hayan pronunciado sobre la ley —incluso antes de que se conociera el texto— formen parte de ese cuerpo de expertos. Fuentes socialistas han puesto como ejemplo algunos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Es una línea roja que en ningún caso trazan en las filas del Partido Popular, que se limita a decir que se llamará a "expertos técnico-jurídicos" para arrojar luz sobre la ley. Como en cualquier batalla en el Senado, el PP podrá imponer su criterio gracias a su mayoría.
No obstante, antes de las comparecencias hay una fecha de particular importancia. El 9 de abril es el límite para que los distintos grupos presenten sus enmiendas y vetos. Después, el 6 de mayo, la ponencia emitirá un dictamen sobre la ley, que deberá aprobarse en una sesión de la comisión todavía sin fecha. Por último, siempre antes del 16 de mayo, el Pleno del Senado decidirá sobre dicho informe.
Es importante no confundir el carril de la Comisión híbrida Constitucional-Justicia, donde se tramita la Ley de Amnistía, con el de la Comisión General de Comunidades Autónomas, que, de forma paralela, se encuentra en plena elaboración de un informe sobre los efectos de la amnistía en las comunidades autónomas. En cualquier caso, se trata de un informe, como todos los que ha encargado el PP desde el Senado, que no es vinculante.
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