La audiencia pública por el aumento del boleto del transporte urbano de pasajeros no despejó dudas respecto de cuándo se hará efectivo el aumento de la tarifa a 980 pesos que ya autorizó el intendente Walter Cortés, porque resta instrumentar el descuento del 25% para los usuarios que acrediten residencia en Bariloche.
La instancia de participación ciudadana que se cumplió esta mañana, con escasa asistencia, es una exigencia del contrato del transporte aunque el intendente por resolución ya definió la tarifa "ad referéndum" de la audiencia pública, una situación que para concejales de la oposición podría generar impugnaciones administrativas y legales.
La asesora letrada municipal, Yanina Sánchez y el director de Tránsito, Carlos Catini, intentaron despejar dudas de los usuarios, concejales y referentes de la multisectorial por el transporte que participaron. Explicaron que el nuevo valor no estará operativo hasta tener certeza de la aplicación del descuento, para eso ya se instrumenta un registro de personas a través de un formulario diseñado por el municipio y se debe inscribir la titularidad de la tarjeta SUBE.
Catini indicó que en paralelo se pidió al Registro de las Personas un padrón con los residentes locales para buscar una alternativa que agilice la tramitación, pero todavía no hay certeza de obtener esta información.
El director de Tránsito señaló además que para instrumentar la nueva tarifa y el descuento, el Ejecutivo debe remitir la información en planilla a la CNRT, el organismo nacional que debe autorizarlo para luego cargar en el sistema. Por lo tanto, no será inmediato el aumento y por ahora el boleto se mantiene en 320 pesos.
Pablo Figueroa, referente del gremio UTA, dijo que esperan el aumento de tarifa para tener un incremento salarial. Apuntó que la empresa Mi Bus adeuda parte del salario de enero y de febrero, además de una suma no remunerativa de 390.000 pesos, y sin la actualización del boleto seguirán postergando ese desembolso.
Las expresiones del dirigente de UTA generaron cuestionamientos de los usuarios de la multisectorial que reprocharon que UTA no reclamaba a la empresa que reparta sus ganancias cuando en las temporadas les va bien en la recaudación. Figueroa justificó que con la tarifa actual la empresa genera ingresos por 170 millones de pesos y la masa salarial asciende a 230 millones de pesos.
Ante la consulta de usuarios, los funcionarios admitieron que el costo del 25% de descuento por usuario será afrontado por el municipio aunque no dieron precisiones de cuánta inversión será, ni tampoco si se descontará del subsidio actual que la comuna otorga a la empresa Mi Bus a través de la entrega de 200.000 litros de combustible por mes.
Una usuaria reflejó la crítica situación para los trabajadores que necesiten llegar al cerro Catedral en temporada, con el aumento previsto esa línea tendrá un boleto de 3.380 pesos y la 72 que va al Aeropuerto, 3.000 pesos. Catini ratificó que también para esas líneas se podrá aplicar el descuento del 25% a los residentes.
Otro debate de la audiencia se dio en torno a la falta de dictamen que justifique cómo se llega a la tarifa de 980 pesos. Roxana Ferreyra, concejal e integrante de esta comisión, dijo que no fue incluido ese dictamen y solo se firmó un acta, por lo que el Ejecutivo se comprometió a incorporarlo. La asesora letrada insistió que la empresa pretendía una tarifa de 1.300 pesos y por decisión del intendente ese monto se bajó.
La concejal Julieta Wallace también puntualizó la las formalidades y procesos administrativos adecuados para actualizar la tarifa debido a que está normado cada paso en el contrato y por eso remarcó que antes de definir el valor debe existir un dictamen de comisión, la audiencia pública y posteriormente la decisión política del intendente, cuetsión que ahora fue totalmente a la inversa.
En otro aspecto, Ferreyra señaló que la resolución de intendencia determina que a partir de ahora la tarifa se actualizará cada dos meses y marcó una incompatibilidad con la normativa, por lo que puso en duda su aplicación. El contrato establece una revisión semestral, con exigencia de audiencia pública cada vez que se realice el análisis de costos.