Keralty, el conglomerado internacional propietario de la EPS Sanitas inició una disputa legal tras la intervención del Gobierno de Gustavo Petro en sus operaciones. El abogado Juan David Riveros, representante de Keralty, en una entrevista en Mañanas Blu con Néstor Morales, dijo que la demanda incluye acusaciones graves como el prevaricato por parte del superintendente de salud, Luis Carlos Leal.
Riveros detalló que la serie de acciones legales no solo se circunscribe a lo penal, sino que también abarca una recusación contra el Superintendente en la que se argumenta lo que, dijo, es un claro sesgo contra las EPS, evidenciado por publicaciones previas en redes sociales.
"Es crucial que en un cargo con responsabilidades tan significativas como la inspección, control y vigilancia, la objetividad y la imparcialidad sean la norma. No es el caso aquí", señaló el abogado.
"Además, estamos contemplando llevar nuestras preocupaciones a instancias internacionales, dada la magnitud del impacto de esta intervención no solo en la empresa sino también en el derecho fundamental a la salud", dijo Riveros.
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"Es una expropiación"
En la entrevista en Mañanas Blu, Riveros, dijo que el caso puede considerarse una expropiación indirecta, que tiene efectos similares en términos de impacto y consecuencias para la empresa.
Según el abogado, esta acción gubernamental podría ser vista como una parte de una serie de medidas que buscan asfixiar financieramente a la EPS, algo que en derecho administrativo se conoce como desviación de poder.
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Además, Riveros destacó un hecho particularmente alarmante: la suspensión de la asamblea de accionistas, quitándoles los derechos de propiedad que se desprenden de sus acciones. Este acto, según el abogado, no tiene precedentes ni está previsto en la normativa aplicable, lo cual refuerza la percepción de una expropiación indirecta. Este argumento es uno de los pilares de la defensa de Keralty y forma parte de la justificación para llevar el caso a instancias internacionales, además de los tribunales nacionales.
"Nosotros creemos que esto puede ser un fenómeno que se llamaría una expropiación indirecta, que no es un trámite de expropiación, pero que, en una en el marco de una decisión arbitraria como ésta, termina teniendo el mismo efecto", dijo.
Del plano nacional al internacional
La estrategia legal de Keralty no se limitará al escenario nacional, según dijo el abogado. Riveros mencionó que se están preparando demandas bajo tratados de protección de inversión extranjera, lo cual podría incluir procedimientos ante tribunales internacionales de arbitraje.
"Esto no es solo una cuestión de recuperar la administración, sino de asegurar que los derechos de nuestros inversores no sean pisoteados", explicó.
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La denuncia por prevaricato
La gravedad de la denuncia penal radica en la acusación de que el acto administrativo que justificó la intervención de Sanitas fue ilegal.
"Identificamos una falsa motivación y una desviación de poder en la acción del superintendente, lo que nos lleva a considerar seriamente la vía penal como parte de nuestra defensa integral", sostuvo Riveros.
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Riveros también tocó un punto especialmente delicado al referirse a la suspensión de la asamblea de accionistas, algo que calificó como un acto sin precedentes y posiblemente ilegal.
"Es normal que se remueva a la junta directiva durante una intervención, pero eliminar los derechos de propiedad de la asamblea de accionistas es un territorio completamente nuevo y alarmante", señaló.