El BNG cree que la apertura por parte de la Comisión Europea (CE) de un procedimiento de infracción contra España por las condiciones para extender la concesión de la autopista AP-9 supone una "oportunidad de oro" para que esa infraestructura sea "gallega y libre de peajes".
Así lo ha manifestado este jueves en una conferencia de prensa el diputado del BNG Luis Bará, que ha analizado la decisión comunicada de que la CE cuestiona las condiciones de concesión de dos autopistas -la AP-9 y la AP-66, entre Asturias y León- sin respetar la normativa europea sobre licitaciones públicas.
Bara ha indicado que el Bloque va a impulsar iniciativas ante el Parlamento de Galicia, el Congreso de los Diputados y las instituciones de la Unión Europea para "anular la concesión", favorecer que Galicia pueda "asumir la gestión directa" de esa infraestructura y "suprimir los peajes abusivos" que aplican las concesionarias Audasa a la AP-9 y también y Acega en la AP-53, ambas del grupo Itínere.
El BNG va a iniciar una "ofensiva en todas las instituciones" para conseguir esos objetivos de "una AP-9 gallega y libre de peajes", ha incidido, puntualizando que ya ha presentado hoy una iniciativa para ser debatida en una sesión plenaria del Parlamento de Galicia instando a la Xunta a pedir al Gobierno central que "inicie los trámites para la anulación de la prórroga de 25 años otorgada".
Una prórroga, ha recordado el diputado nacionalista por Pontevedra, que llega al año 2048 y que alargó la concesión hasta el máximo legal permitido (75 años), situación que en el conjunto del Estado solo se produce en otra autopista gallega, la AP-53, y en la que va de León a Campomanes, en Castilla y León.
Además de solicitar al Estado la gestión directa, la supresión de los peajes abusivos y la transferencia a Galicia de las competencias, la iniciativa del BNG propone que la Xunta sea "parte activa" de este procedimiento y encargue un estudio sobre la viabilidad de anular la concesión de la AP-9 y rescatar la infraestructura para el público.
Un estudio que, según la propuesta del BNG, debería explorar las vías jurídicas para anular la prórroga "concedida irregularmente" y cuantificar el coste económico que tendría para el Estado la asunción de la gestión directa de la AP-9 y la supresión de los peajes.
1.500 millones en bonificaciones
El diputado del Bloque ha recordado, en este sentido, que ya se hicieron cálculos sobre las "cantidades astronómicas", en torno a los 1.500 millones de euros, que tiene que pagar el Gobierno del Estado por las bonificaciones de los peajes y los peajes en la sombra, lo que lleva a pensar en que con el rescate "las cuentas saldrían a favor".
"Galicia sufre un agravio y una discriminación evidente en el caso de la AP-9 y con respecto a otras autopistas de la misma época que fueron rescatadas en el 2018 y pasaron a ser gratuitas", ha denunciado Bará en una rueda de prensa en la que ha subrayado que los peajes "son un gran lastre para la economía de Galicia, para su desarrollo y para los bolsillos de los gallegos y las gallegas".
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