Mieres se ha transformado en un concejo escarabajeado, moteado de pintadas. Los grafiteros no solo han convertido el casco urbano en su lienzo, "sino que además muestran un total desprecio hacia el patrimonial cultural", según denuncia el movimiento vecinal. El Ayuntamiento ya se gastó 12.000 euros en la restauración del casi centenario monumento dedicado a Teodoro Cuesta, situado en la plaza de La Pasera. El vandalismo también lleva años campando a sus anchas por el poblado minero de Bustiello, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC). Inmuebles singulares como la iglesia de San Juan lucen llenos de pintadas. Pero el mayor problema es que los garabatos surgen a cientos en el caso urbano: en fachadas, cocheras, escaparates, bancos o contenedores. "Hay que poner freno a este deterioro de la imagen del municipio", apuntan desde la Agrupación Vecinal de Mieres.
La reciente denuncia presentada por los vecinos de Bustiello, tras la aparición de nuevas pintadas en el poblado minero, entronca con otras que viene presentados numerosas comunidades residenciales del casco urbano, la última localizada en la calle Fuente Les Xianes. Además, el movimiento ciudadano se queja de que buena parte de los carteles con información turística que se han ubicado en diferentes sendas del concejo han sido últimamente pintarrajados. Se pide al Ayuntamiento que "aumente la vigilancia" y que "aplique la nueva normativa de limpieza para sancionar a los infractores".
La Policía Local hace tiempo que ha intensificado la vigilancia sobre los grafiteros. El punto de inflexión se produjo hace casi un año, cuando un grupo fue sorprendido durante la Folixa mientras realizaba pintadas en la zona centro de la ciudad. La prolija investigación desarrollada por los agentes municipales para desbaratar las actividades que desde hacía meses venía desarrollando este grupo de grafiteros terminó con tres personas denunciadas. El atestado atribuye a estos jóvenes, en los tres casos conocidos garabateros, cientos de pintadas que se extienden por todo el casco urbano. El servicio policial ha canalizado hacia un procedimiento penal contra los presuntos autores las denuncias de aproximadamente una veintena de propietarios afectados. Uno de los identificados está relacionado él solo con casi un centenar de pintadas. Los daños se estiman en más de 12.000 euros. El juicio está pendiente de fecha.
Será el juez quien valore la gravedad de los hechos. "La clave en estos casos es que se establezca si se ha ocasionado un daño o simplemente un deslucimiento del bien afectado", explican fuentes policiales consultadas por este diario. "Si el daño es muy considerable, se podría establecer un procedimiento penal contra el autor, pero si con una simple limpieza de la propiedad afectadas se puede restaurar, la infracción entraría en vía administrativa".
Caso especial supone que las pintadas se realicen sobre bienes culturales, como ya ha sucedido en Mieres. El caso de Bustiello es el más conocido, con infinidad de pintadas en las instalaciones del antiguo sanatorio del poblado, integrado en el BIC. Los autores, en caso de ser finalmente identificados, se enfrentarían incluso a posibles penas de cárcel. La sala penal del Tribunal Supremo lo ha considerado así cuando los daños ocasionados de forma dolosa en los bienes del patrimonio histórico-artístico (artículo 323 del Código Penal) tienen cierta entidad y no se limitan un mero deslustre fácilmente reparable. Una sentencia de la alta magistratura conllevó una condena de cinco meses de prisión para el autor de una pintada en una escultura de Eduardo Chillida situada en la plaza del Rey de Madrid. El responsable tuvo que indemnizar al Ayuntamiento con 1.376 euros, que fue el coste de reparación.
En el casco urbano de Mieres, los daños acreditados por pintadas suman miles de euros. La multiplicación de pintadas se intensificó a finales de 2022. La presencia de garabatos afecta tanto a espacios públicos como privados. En el caso de Bustiello, los autores se enfrentan a una potencial sanción de calado. En Asturias, cualquier tipo de intervención sobre un bien protegido que suponga su destrucción o cause una pérdida de su valor está considerada como una infracción grave. Las multas oscilan entre los 3.005 y los 150.000 euros.
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