Todo es válido, ahora, que de nuevo hay que tirar de argumentario con la amenaza del "enemigo único": el PP secuestrado por Vox
El lunes de Pascua no es fiesta en Madrid. Pero en La Comuntat si. Esa circunstancia ha sido aprovechada por el ministro de Política territorial, Ángel Víctor Torres, para anunciar que el gobierno de Pedro Sánchez llevará al Tribunal Constitucional la futura ley de Concordia Democrática presentada por los grupos en Les Corts PPCV y Vox, actualmente en trámite parlamentario, porque considera que "va en contra de la Ley estatal que regula esta materia".
No es nueva tal pretensión. Ya lo hizo público Diana Morant el pasado domingo de Ramos al ser designada responsable de la franquicia valenciana del PSOE. Ambos, sin saber cuál será el resultado del trámite parlamentario, ni hacer ningún comentario del articulado. Y en el caso de la ministra Morant, "que es el resultado de las cesiones del presidente Mazón a Vox". Exclamación apuntalada por el mismo Pedro Sánchez. Todo es válido, ahora, que de nuevo hay que tirar de argumentario con la amenaza del "enemigo único": el PP secuestrado por Vox. Las elecciones vascas, catalanas y europeas están ahí, y Pedro Sánchez se juega ir a elecciones en otoño si no saca los votos para aprobar los presupuestos de 2025: Junts per Catalunya o el PNV según les vaya.
Si entramos en el texto nos daríamos cuenta de que mienten. El presidente Mazón no ha cedido ante Vox, ni el PPCV ante el socio. Lo que pretendía Vox, sin más, era abolir la ley valenciana de Memoria Histórica y no lo ha conseguido. Lo tenía en su programa. Al contrario de sus pretensiones, PPCV y Vox han presentado un texto, a enmendar, si viene al caso, que en su articulado amplia derechos individuales y en su exposición de motivos aclara conceptos que no chocan con la Constitución. Veremos lo que dice el Tribunal Constitucional, pero si no conculca derechos, sino que los amplia en el marco legal de la materia, poco tiene que decir.
La proposición de Ley de la Concordia Democrática presentada amplía derechos a todas las víctimas de la violencia política y social sin excepción. Por primera vez se incluye a las víctimas de terrorismo a las que reconoce nuevos derechos. Reconoce el derecho a las actividades de indagación, localización, exhumación e identificación de las personas desaparecidas. Permite el acceso a toda la documentación existente sobre las víctimas. Establece nuevas garantías de protección de los lugares objeto de violencia política y social. Reconoce el derecho a investigar los hechos delictivos perseguibles cometidos contra las víctimas del terrorismo que no hayan sido resueltos. Garantiza la protección de todos los vestigios y restos patrimoniales de memoria inventariados por La Gneralitat. Y fuera de su articulado, en la exposición de motivos, desplaza el término "guerracivilista" de memoria histórica y lo sustituye por el de Concordia.
Por supuesto, en su disposición final, Deroga la Ley 14/2017 dela Comunitat que solo contempla las víctimas "de parte". El nuevo texto se abre con nuevos derechos a todas "las partes", superando un conflicto que nunca debió darse. En fin, 90 días nos quedan para ver cómo queda el ciclo electoral iniciado en Galicia donde veremos de todo.