San José, 11 abr (EFE).- La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua aprobó este jueves en Managua una reforma a la Ley Contra la Trata de Personas que autoriza al Ministerio del Interior como la autoridad administrativa encargada de aplicar esa normativa y proteger a las víctimas de ese delito.
La reforma, aprobada de forma unánime por los diputados que integran el Parlamento, define al Ministerio del Interior como la autoridad de aplicación de esa Ley y la encargada de establecer un registro nacional único de información sobre trata de personas para disponer de una base de datos que permita la protección y asistencia a las víctimas.
De esa manera se pretende fortalecer la eficacia y efectividad de la Ley en la lucha contra ese delito, el cual pone en riesgo la vida, integridad y dignidad de las personas, así como la seguridad y soberanía del Estado de Nicaragua, de acuerdo con la enmienda.
El diputado sandinista Filiberto Rodríguez, presidente de la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos del Legislativo, dijo en el pleno que era necesario actualizar la Ley "para poder garantizar la protección de las personas, la familia y la comunidad, lo que implica el fortalecimiento del trabajo institucional articulado y de cero tolerancia a la trata de personas".
Por su lado, la presidenta de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, la diputada oficialista María Auxiliadora Martínez, dijo que esa reforma era necesaria y adecuada a los nuevos tiempos en que se lucha contra ese delito.
Destacó que establecer un registro único de información sobre la trata de personas, como sistema de información oficial, administrado por el Ministerio de Interior, permitirá disponer de una base de datos estadísticos y de información para la protección y asistencia de las víctimas de ese delito.
Según la reforma de esa Ley, el Ministerio del Interior tiene la responsabilidad de formular, implementar, evaluar y dar seguimiento a las políticas públicas de prevención, investigación, atención y protección a las víctimas, apoyándose en otras instituciones involucradas como la Policía Nacional, Ministerio Público, Ministerio de la Familia, Ministerio de la Mujer y Cancillería.EFE
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