El alto tribunal cántabro entiende que los problemas «de índole laboral» tenían una «clara conexión temporal» con el suicidio, pues se habían iniciado «apenas tres meses antes del fatal desenlace» y estaban «muy presentes los días previos a la toma de la decisión de quitarse la vida», que tuvo lugar «tres días antes» de reincorporarse a su puesto.