La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha presentado un escrito de conclusiones en el que reclama algo más de tres millones de euros a los líderes del procés por los gastos injustificados en el las consultas ilegales del 1-O y del 9-N y en las actividades de acción exterior de la Generalitat y de Diplocat.
Los 35 afectados por la reclamación incluyen a los ex presidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, así como al ex vicepresident Oriol Junqueras y diversos ex consejeros de Economía, Presidencia, Asuntos Exteriores y Relaciones Institucionales. Entre estos están los condenados por las consultas ilegales Homs, Raül Romeva, Dolors Bassa Coll y Jordi Turull. Pero también no procesados como Andreu Mas-Colell o a huidos como Antoni Comin y Lluis Puig. La larga lista la completan cargos intermedios que tramitaron los gastos.
La cifra exigida resulta de la suma de lo gastado en la consulta de 2017 (883.695,29 euros) y en la de 2014 y en actividades en el extranjero sin base legal para ello (2.209.503,8 euros). La cifra total asciende a 3.093.199,09 euros.
"Los pagos relacionados en la demanda se han realizado sin la adecuada justificación, al no responder a la consecución de objetivos y fines legales y legítimos, sino a la organización del referéndum de autodeterminación que tendría lugar el 1 de octubre de 2017, convocado por la totalidad de los integrantes del Gobierno de la Generalitat, mediante Decreto 139/2017, conforme a lo previsto en las Leyes [...] cuya suspensión fue acordada por el Tribunal Constitucional", indica la Fiscalía respecto a la consulta del 1 de octubre de 2017.
En el apartado centrado en las actividades en el extranjero, añade: "En el empleo dado a los fondos públicos en el ámbito de la acción exterior de la Generalitat de Cataluña se incurrió en múltiples actividades que no tienen cabida en el ámbito competencial de la Comunidad Autónoma al no haber respetado la Generalitat las normas a cuyo amparo se desarrollan las actividades realizadas en el ejercicio de esa competencia autonómica, por cuanto las actividades desarrolladas para la promoción del proceso de independencia o soberanía no tienen encaje en las competencias autonómicas de acción exterior".
En el escrito remitido al Tribunal de Cuentas, el fiscal Manuel Martín-Granizo explica que la ley de amnistía sigue adelante con su tramitación, pero aún no está aprobada y por tanto debe seguirse adelante con el procedimiento.
La proposición de ley, actualmente en el Senado, indica expresamente que se archivaran las reclamaciones económicas en el Tribunal de Cuentas relacionadas con el procés. La tramitación llevó a los investigados a solicitar la suspensión de la causa, a la que se opuso el fiscal y que fue denegada por la consejera encargada del caso.
Además del fiscal, Sociedad Civil Catalana también reclama la restitución del dinero público, que en su caso cifra en cinco millones de euros, de los que hace responsables a 11 ex cargos del Govern.
La consejera dará ahora un plazo de 10 días a las defensas para presentar sus escritos y, con ambas versiones opuestas sobre la mesa, dictará sentencia. La resolución que dicte podrá recurrirse ante la propia Sala del Tribunal de Cuentas y luego ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Los gastos no podrán reclamarse hasta que la sentencia no sea firme, por lo que es previsible que con la aplicación de la Ley de Amnistía nunca llegue a pagarse el dinero público gastado en las consultas ilegales.