El Gobierno envió en primer lugar el capítulo fiscal, que contiene algunas soluciones a los problemas económicos de las provincias. En tanto, representantes de los bloques de la oposición dialoguista de la Cámara de Diputados definieron este miércoles sus propuestas de modificaciones, en una reunión a la que se sumaron emisarios del PRO, que en los papeles figuraba como aliado del oficialismo.
Es así que en el caso de que Milei no acuse recibo de los reclamos de los legisladores flexibles, el desenlace será el mismo que el de febrero, es decir, un final anunciado. Es que la reunión de los diputados tuvo a referentes de Diputados de la UCR, Hacemos Coalición Federal (HCF), Innovación Federal (partidos provinciales) y un PRO abierto a todos los temas.
Con respecto a las emergencias y las privatizaciones, no hay marcadas diferencias en relación al borrador que ya se trató en el recinto. HCF tiene la mitad de su bloque en contra, ya que no las apoyan la Coalición, cordobeses y socialista, con lo cual hay pocas probabilidades de que sean aprobadas.
En la misma línea, la emergencia administrativa no tiene los votos porque la UCR no acepta la posibilidad de intervenir y disolver organismos; mientras que -como condición excluyente- exigen enviar una lista con varios entes a proteger. Ya logró excluir del listado a las dependencias del Poder Legislativo, del Judicial, del Ministerio Público, el Conicet, el INTA y de las universidades.
Los fondos fiduciarios también son un obstáculo para Milei, que –en su obstinación- no quiere ceder en eliminarlos. El oficialismo ofreció garantizar el destino de las partidas, pero en HCF quieren que sean coparticipables con las provincias, una propuesta que no pasa el filtro de los planes fiscales libertarios. La UCR pide sostener varios fondos fiduciarios y por ahora no fue escuchada por el Gobierno.
El borrador propone consolidar la deuda del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES con el Tesoro. Desde la oposición lo admiten pero quieren que esa caja pague las 80 mil sentencias judiciales por jubilaciones. Mientras que el capítulo de las privatizaciones tampoco está cerrado por la decisión del Gobierno de convertir al BNA en una sociedad mixta. Los radicales piden que sea ubicado en un anexo junto a sus empresas satélites (como Nación Seguros), para votarlo en contra. No es una propuesta atractiva para la Casa Rosada.
Otro reclamo es sobre el Impuesto al Tabaco, porque el Gobierno mantiene la exención a una de las grandes empresas. Hubo consenso en incorporar ese artículo en el texto y el PRO no se opuso. Así los dialoguistas y el PRO consensuaron otras modificaciones al borrador en el capítulo sobre Defensa de la Competencia: agregarán la posibilidad de revisar las sentencias por un Tribunal de Apelaciones.
El Régimen General de Inversiones (RIGI) tampoco cuenta con los votos necesarios: la oposición no acepta que sea reducido a grandes empresas, con capacidad de invertir 200 millones de dólares. El Gobierno avisó que avala la idea de extenderlo a las pymes. Además, los referentes de la Cámara baja identificaron beneficios que consideran excesivos para los inversores, como por ejemplo, la eximición del pago de dividendos si no son distribuidos los primeros cuatro años, que se compute el pago del Impuesto al Cheque a cuenta de Ganancias, que es coparticipable, o permitir que se cambie el destino de las inversiones a gusto.
En otro orden, la eliminación de la moratoria previsional es bien recibida en el Congreso por la oposición, que en su mayoría no aprobó su última prórroga, hace un año. Empero, la UCR y HCF sostienen que el sistema debe ser sustituido por otro para no dejar sin nada a personas en edad de jubilarse. Expresan que ese grupo debería acceder a una pensión universal para la vejez (PUAN), pero los trámites para cobrarla no son automáticos. La UCR trabaja en una alternativa para jubilarse con un ingreso proporcional a los aportes realizados
Por último, con respecto a la reforma laboral, la UCR pedirá incorporar la reforma laboral que presentó hace una semana al dictamen de la ley ómnibus, en tanto que LLA está de acuerdo, pero quiere eliminar la supresión de los aportes sindicales no obligatorios y la reducción de contribuciones patronales. En HCF prefieren debatir la reforma laboral aparte y no quieren tocar a los sindicatos. Así, piden reducir el proyecto al periodo de prueba (que la UCR propone extender de tres a seis meses), a ocho meses.