¿Cómo puede un Gobierno sobrevivir cuando rechaza de plano las dos exigencias fundamentales de sus principales socios, los que sostienen la legislatura?
Esa es una de las preguntas que se hacen dirigentes del PSOE al analizar las dificultades para avanzar en la legislatura. Se refieren a la clara y contundente negativa que ha expresado el Gobierno, con Pedro Sánchez a la cabeza, a las pretensiones de ERC y Junts de un sistema de financiación autonómico singular para Cataluña similar al del País Vasco y Navarra, y la que refiere a la celebración de un referéndum de autodeterminación.
Ya se ha pactado y casi aprobado la ley de amnistía y ahora Sánchez se topará con esos dos altos muros.
Ambas exigencias son difíciles de reconvertir en propuestas intermedias en una negociación, según admiten fuentes del Gobierno. El referéndum, porque el Tribunal Constitucional ya ha dicho una docena de veces que no es posible celebrarlo con la actual Constitución; y el sistema de financiación, porque resulta insostenible económicamente según el Gobierno y, además, es muy difícil de impulsar un acuerdo sobre este asunto sin contar con el apoyo del resto de comunidades autónomas.
Es decir, no hay puntos intermedios de entendimiento, según admiten las dos partes.
De hecho, en el acuerdo de investidura que firmaron PSOE y Junts en noviembre, las dos partes hacen constar claras discrepancias sobre estos asuntos, aunque aceptan negociarlos en una mesa y con un verificador internacional. En la anterior legislatura, ERC ya puso estos temas en la mesa de negociación y el PSOE pudo ir retrasando el abordarlos hasta que llegaron las elecciones generales. Ahora vuelve a encontrárselos y, en teoría, las posturas se mantienen igual de alejadas.
¿Hasta dónde están dispuestos a llegar los independentistas en su exigencia?
Fuentes de Junts y de ERC aseguran que son condiciones imprescindibles para avanzar en la legislatura y lo será también para una hipotética negociación con Salvador Illa para formar Gobierno en Cataluña.
Aseguran que ya no aceptan más largas por parte de Sánchez.
Y Moncloa mantiene que ambas iniciativas han sido planteadas por interés electoral y explican que pueden sentarse con los independentistas, pero con el sobrentendido de que nunca aceptarán ninguna de las dos exigencias.
Después de junio...
Si hubiera un gobierno independentista en la Generalitat, esa negociación pasará a ser una negociación entre gobiernos, con la implicación institucional que supondría. Y si Salvador Illa fuera president, la negociación incluiría a un partido de la oposición en Cataluña, pero que es necesario para mantener la legislatura.
Sería algo parecido a lo que hizo José Luis Rodríguez Zapatero cuando pactó el Estatuto con Artur Mas, que estaba en la oposición en Cataluña, en lugar de hacerlo con ERC, que gobernaba con el socialista José Montilla.
De lo que sí se felicita Moncloa es de que ahora los dos partidos independentistas hablan de "referéndum pactado", es decir, abandonan la unilateralidad de 2017, al menos en este momento de la negociación.
Por el momento, ese diálogo ha quedado postergado a después de las elecciones europeas de junio, lo cual ya es un triunfo para Sánchez, necesitado de ganar tiempo para avanzar en la legislatura.
Las comisiones del 'lawfare'
Tienen también pendiente otro elemento de tensión: el contenido y alcance de las tres comisiones de investigación en el Congreso incluidas en el acuerdo de investidura.
Se trata de la supuesta implicación o negligencia del CNI en los atentados de Barcelona en 2017, del espionaje con Pegasus a independentistas y de la llamada "Policía patriótica" en tiempos de Mariano Rajoy.
Los independentistas exigen que se cite a mandos del CNI y a magistrados, y que se desclasifiquen documentos secretos. El Gobierno considera imposible ceder a ambas pretensiones.
Sigue en al aire también la reivindicación para el uso de las lenguas cooficiales en las instituciones europeas. En este caso, el propio Carles Puigdemont ha elogiado la celeridad y eficacia del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, para presentar la solicitud en Bruselas, aunque aún esté atascada y sin visos de resolverse rápidamente.
Fuentes de Moncloa insisten en que su gran baza para mantener el apoyo de los independentistas es, precisamente, la ley de amnistía. Consideran que en el largo proceso de aplicación, que dudará aún varios años, Puigdemont prefiere estar acompañado de un Gobierno presidido por Sánchez que arriesgarse a forzar que haya uno con el PP al frente.