Recientemente, la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama) presentó un informe relacionado con la demanda y oferta del fentanilo en México.
El fentanilo es un fármaco opiáceo sintético. Se considera que su actuar es, aproximadamente, 100 veces más potente que la morfina y hasta 50 veces más potente que la heroína, según la Administración de Control de Drogas (DEA).
La Conasama destaca que el fentanilo es un fármaco útil en escenarios clínicos, actuando como anestésico y analgésico. No obstante, al igual que con su comparativo con la morfina y la heroína, se han presentado casos relacionados con el uso ilícito que, por su naturaleza de elaboración, implica riesgos para la salud.
"Desafortunadamente, con el fentanilo ilícito se suele desconocer si la cantidad contenida en una dosis puede ser fatal o no; la identificación del riesgo de sobredosis sucede cuando ya se consumió la sustancia y provoca intoxicación aguda"
Conasama
El informe reportó que en Estados Unidos, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades detectaron, de 2013 a 2019, un aumento de 1,040%en la tasa de mortalidad, realcionada al uso de opiodes sintéticos.
Dichas cifras son importantes, debido a que el impacto que sufre el país vecino tiene repercusiones en la dinámica de oferta y consumo en México, señalaron.
La Conasama destacó que en nuestro país se registraron 430 casos de atención por consumo de fentanilo en 2023, estos son 97 casos más que los reportados en el transcurso de 2022 (333).
Estos casos se concentran, mayormente, en estados del norte del país como Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora.
"Esto muestra que el incremento es a nivel local, no nacional; sin embargo, la principal preocupación gira en torno a su alta letalidad"
Conasama
Mediante un monitoreo, registraron nueve atenciones hospitalarias de junio de 2023 a enero de 2024, en las cuales tres personas fallecieron.
Por último, señalaron la importancia de la información y la investigación del fenómeno con la finalidad de que las políticas y programas de prevención, tratamiento y reducción de daños estén sustentadas en evidencia científica.
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