La cuota de mayo no debería superar en más del 80% a la de diciembre, teniendo en cuenta la inflación acumulada desde entonces y la estimada para abril. Aún no queda claro cómo se devolverá lo ya pagado.
Luego de que el Gobierno ordenara a las empresas de medicina prepaga dar marcha atrás con los aumentos aplicados a sus cuotas que superen el nivel de inflación, un conjunto de compañías incluidas en una medida de tutela anticipada de la secretaría de Comercio deberá retrotraer los valores de sus servicios a diciembre de 2023 y ajustarlos según inflación acumulada desde entonces.
Es decir, en mayo, las prestadoras de salud privadas incluidas en dicha nómina deberían cobrar una cuota que no supere en más del 80% lo que los afiliados pagaron en el último mes del año pasado.
Esta alícuota se calcula teniendo en cuenta que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a abril se ubicaría en torno al 10%, mientras que en diciembre, enero, febrero y marzo fue del 25,5%; 20,7%; 13,2% y 11%, respectivamente.
Al anunciar la decisión, el vocero presidencial, Manuel Adorni, detalló también que la misma no sólo obliga "a las empresas que concentran el 90% del mercado de medicina prepaga a retrotraer el valor de las cuotas", sino que también establece que deberán "devolver a los afiliados el monto por encima de la inflación que cobraron desde diciembre a la fecha".
Sin embargo, aún no está claro cómo será el reembolso por parte de las compañías alcanzadas -Galeno Argentina S.A, Hospital Británico de Buenos Aires Asociación Civil, Hospital Alemán Asociación Civil, Medifé Asociación Civil, Swiss Medical S.A, Omint S.A de Servicios, Organización de Servicios Directos Empresarios (OSDE) y Unión Argentina de Salud (UAS)-, ni qué sucederá con aquellas que no fueron incluidas en la tutela, que es una suerte de medida cautelar pero en el ámbito administrativo.
Las empresas deberán presentar informes sobre su cumplimiento, pudiendo apelar a ella, aunque la misma no será suspendida y tendrá vigencia "por los próximos seis meses", indicó Adorni.
En paralelo, la Superintendencia de Servicios de Salud presentó este miércoles una acción de amparo con una medida cautelar para retrotraer los incrementos que calificó como "abusivos producto de una posición dominante en el mercado". En línea con la cartera a cargo de Pablo Lavigne, desde el organismo autárquico que funciona en la órbita del ministerio de Salud también pidieron "que se ordene la devolución a los usuarios de lo percibido por encima de la inflación estos últimos cuatro meses".
Al respecto, aclararon que "no se trata de una intervención del mercado", sino que es "una acción que lleva adelante la Superintendencia en su rol de fiscalizador para que se transparenten los indicadores y se garantice la libre competencia".
En cuanto a las compañías que abarca su medida, el organismo mencionó 18: Medicina Esencial, Accord Salud, Prevención Salud, Hominis, Avalian, Federada Salud, SIPSSA, Hospital Italiano, OS Luis Pasteur, OSDE, Medifé, Sancor, Jerárquicos Salud, Medicus, Met Córdoba, Swiss Medical, Omint y Galeno.
El aumento mensual en las cuotas de las prestadoras se dio luego de que el Ejecutivo decidiera desregular el sector a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023. Desde entonces, los aranceles registraron subas del 30% en enero, del 26% en febrero, del 23% en marzo y 19% en abril, en todos los casos por encima de la inflación. En tanto, las cuotas se incrementarían en mayo un 9% promedio respecto del mes anterior.
La semana pasada, el ministro de Economía, Luis Caputo, quien este miércoles celebró la resolución de la secretaría de Comercio, había asegurado que las empresas de medicina privada le "hacen la guerra a la clase media" con sus aumentos de precios sin fin.
Posteriormente, los representantes de las prepagas pidieron reunirse con el titular del Palacio de Hacienda, quien aún no les respondió. Mientras tanto, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia está estudiando si hubo colusión (pacto ilícito) para aplicar las subas.