La Comisión Gestora de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha decidido este miércoles de forma mayoritaria la convocatoria de elecciones a su presidencia, según lo esperado. Un movimiento que se ha hecho esperar muchos meses más de lo previsto, debido a toda la polémica en torno a Luis Rubiales, y que ha acabado dándose ahora, de nuevo con el expresidente en el centro de todas las miradas. Será en la primera semana de mayo, el día 6, cuando se celebren estos comicios, en el caso de que haya dos o más candidatos en liza.
Todo hace indicar que una de las candidaturas será la de Pedro Rocha, hasta ahora al frente de la Gestora y que dimitirá de este cargo precisamente para poder optar a la presidencia a secas de la RFEF. Esta dimisión se une a la que ya acometió el pasado 18 de marzo al frente de la Federación Extremeña de Fútbol, precisamente para aspirar a liderar el fútbol español. La única alternativa en el horizonte, en estos momentos, es la de Eva Parera, con pasado en la política y cuyo padre, Antón Parera, fue director general del Barça cuando José Luis Núñez estuvo al frente del club azulgrana.
El periodista Carlos Herrera y Salvador Gomar, presidente de la Federación Valenciana, son otros nombres que han sonado para presentarse. Sin embargo, esas opciones, y otras menos aireadas, parecen haberse ido diluyendo con el paso del tiempo. Se necesitan al menos 21 avales para ser candidato. Una vez proclamadas las candidaturas de forma provisional, hay dos días naturales de plazo para presentar alegaciones ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), que tiene una semana para resolverlas. En el caso de que no hubiera inconvenientes que poner sobre la mesa, los aspirantes pasarían a ser definitivos, con 10 días naturales para que se produzca la cita con las urnas.
Se da la circunstancia de que sólo se va a elegir presidente de la RFEF para seis o siete meses. Más adelante, deben convocarse otras elecciones que sirvan para renovar toda la Asamblea General federativa y que se ajusten a la nueva Orden EFD/42/2024, de 25 de enero, por la que se regulan los procesos electorales en las federaciones deportivas españolas. Tendrían que celebrarse en octubre, con un mandato que iría de 2024 a 2028. Es decir, el próximo ciclo olímpico.
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Posibilidad de impugnación
Ya hay elecciones convocadas y eso es una batalla ganada, aunque la guerra aún puede prolongarse. Es así por la intención del presidente de CENAFE y principal opositor a la actual gestión federativa, Miguel Galán, de impugnar esta convocatoria electoral. Expuso el principal motivo para hacerlo en un mensaje del que Infobae España tuvo conocimiento en los últimos días: "Más de 40 personas físicas y entidades jurídicas de la actual Asamblea han perdido la condición de asambleísta. Por lo que antes de proceder a la convocatoria de elecciones a la presidencia de RFEF por parte de la Comisión Gestora, deben celebrar elecciones parciales para sustituir a esos asambleístas que han perdido tal condición".
En total, hablamos de 39 asambleístas de la Asamblea General, de los 142 miembros con los que cuenta esta, que teóricamente deberían ser renovados, al haber caducado sus cargos. Entre ellos, se encuentran Luis Enrique y Jorge Vilda, por ejemplo. La otra cuestión por la que Galán quiere impugnar es que "con esta Asamblea no hay voto femenino": apenas la componen seis mujeres (Andrea Romero, Vanessa Quintana, María de los Ángeles García, Aintzane Gamboa, María Dolores Martínez Madrona y Patricia González), con cuatro de ellas entre los asambleístas que han perdido su condición.
Tampoco hay que pasar por alto que el TAD podría abrir expediente contra Pedro Rocha, en una maniobra facilitada precisamente por Galán al denunciar todas las sombras del dirigente (sobrepasarse en sus funciones, despedir a Jorge Vilda, renovar a Luis de la Fuente al frente de la selección masculina, etc.) en marzo. Entonces, pidió una inhabilitación de un año para él.
Por tanto, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas todavía no las tienen todas consigo. Que su situación siguiese sin resolverse no ayudaría de cara a la organización del Mundial 2030, con la FIFA vigilante por si finalmente tiene que intervenir. La preocupación es extensible a la UEFA. Lo único claro, ahora mismo, es la incertidumbre.