La ley ómnibus XS que propone el Gobierno por ahora no tiene fecha de tratamiento. Representantes de los bloques de la oposición dialoguista de la Cámara de Diputados definieron este miércoles sus propuestas de modificaciones, en una reunión a la que se sumaron emisarios del PRO, que en los papeles figuraba como aliado del oficialismo.
De esta manera, si Javier Milei no cede a los reclamos de estas fuerzas no podrá evitar el mismo abrupto final que en febrero: la aprobación en general del proyecto y una reescritura en particular, algo que que en aquella oportunidad no estuvo dispuesto a aceptar. Por ahora, no hay fecha para iniciar el debate y la negociación está en curso.
La cumbre opositora, adelantada por Letra P, tuvo a referentes de la UCR, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal (partidos provinciales) y el PRO, que no puso resistencia en casi ningún tema. Tal vez el partido amarillo oficie de nexo con el Gobierno para acercar posiciones.
En emergencias y privatizaciones, las diferencias respecto al borrador no son muy distintas a las que había con la versión que se trató en el recinto. En el primer caso, HCF tiene la mitad de su bloque en contra, ya que no las apoyan la Coalición, cordobeses y socialistas. Si hay resistencia en el resto del recinto, difícilmente sean aprobadas.
La ley ómnibus que no pasa
La emergencia administrativa no tiene los votos porque la UCR no acepta la posibilidad de intervenir y disolver organismos. De mínima, el radicalismo pide enviar una lista con varios entes a proteger. Ya logró excluir del listado a las dependencias del Poder Legislativo, del Judicial, del Ministerio Público, el Conicet, el INTA y de las universidades.
Los fondos fiduciarios siguen siendo un obstáculo para Milei, que insiste en eliminarlos. El oficialismo ofreció garantizar el destino de las partidas, pero en HCF exigen que sean coparticipables, una propuesta que no pasa el filtro de los planes fiscales libertarios. La UCR pide sostener varios fondos fiduciarios y por ahora no fue escuchada por el Gobierno.
El borrador propone consolidar la deuda del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES con el Tesoro. En la oposición lo aceptan pero solicitan utilizar esa caja para pagar las 80 mil sentencias judiciales por jubilaciones.
El capítulo de las privatizaciones tampoco está cerrado por la insistencia del Gobierno en convertir al Banco Nación en una sociedad mixta. La UCR solicita que sea ubicado en un anexo junto a sus empresas satélites (como Nación Seguros), para votarlo en contra. No es una propuesta atractiva para la Casa Rosada.
Tal como anticipó Letra P, el artículo 70 -ex 71- no será aprobado. Es el que permite desregular la economía a gusto del Presidente y en la oposición lo llaman cláusula (Federico) Sturzenegger, por el cerebro detrás del DNU 70/2023 y otras reformas libertarias. Fue reescrito en la última versión, pero no conformó a nadie.
Sólo los ricos
Otro reclamo es sobre el Impuesto al Tabaco, porque el Gobierno mantiene la exención a una de las grandes empresas. Hubo consenso en incorporar ese artículo en el texto. El PRO no se opuso.
Los dialoguistas y el PRO consensuaron otras modificaciones al borrador en el capítulo sobre Defensa de la Competencia: incorporarán la posibilidad de revisar las sentencias por un Tribunal de Apelaciones.
El Régimen General de Inversiones (RIGI) tampoco cuenta con los votos necesarios: la oposición no acepta que sea reducido a grandes empresas, con capacidad de invertir 200 millones de dólares. El Gobierno avisó que avala la idea de extenderlo a las pymes.
Además, los referentes de la Cámara baja identificaron beneficios que consideran excesivos para los inversores, como la eximición del pago de dividendos si no son distribuidos los primeros cuatro años. No aceptan computar el pago del Impuesto al Cheque a cuenta de Ganancias, que es coparticipable, ni tampoco avalan permitir que se cambie el destino de las inversiones a gusto.
Moratoria, adentro
La eliminación de la moratoria previsional es bien recibida por la oposición, que en su mayoría no aprobó su última prórroga, hace un año.
Sin embargo, la UCR y HCF sostienen que el sistema debe ser sustituido por otro para no dejar sin nada a personas en edad de jubilarse. Debería acceder a una pensión universal para la vejez (PUAN), pero los trámites para cobrar no son automáticos. La UCR trabaja en una alternativa para jubilarse con un ingreso proporcional a los aportes realizados. Si no avanza, prefiere no eliminar la moratoria.