Movimiento corporativo de mucho calado en el sector de la VTC en en el mercado español. Uber aterriza en el consejo de administración del grupo Auro, gestor de flotas de vehículos que ha sido durante años socio clave para la española Cabify. La firma acaba de incorporar a dos directivos del gigante estadounidense en el máximo órgano de decisión de una holding recién creada. Se produce en plena pugna legal entre la propia Auro y Cabify por el acuerdo de exclusividad entre ambos en el Tribunal Constitucional. Mientras tanto, la flota ya trabaja prioritariamente con la multinacional americana.
A principios de este mes de abril, según queda constancia en los registros públicos, fueron designados formalmente como consejeros de la matriz del grupo el jefe de Uber en Alemania, Christoph Weigler, y el director de desarrollo corporativo de Uber, Parham Ghods. Este último también está presente en el órgano de administración de Moove Cars, otro de los grandes nombres de la VTC en España del que también es accionista la estadounidense tras haber adquirido el 30% en un rescate firmado a principios del año 2021.
¿Por qué es importante esta irrupción? Auro ha sido tradicionalmente uno de los grandes socios de Cabify. Es uno de los grupos con más licencias VTC en su haber, después de haber sumado más de 2.400. En un mercado cuya oferta de autorizaciones está a día de hoy limitado, contar con estos vehículos para prestar el servicio se antojó clave durante años. Prueba de esa importancia es cómo las grandes plataformas se acercaron a estas flotas para contarlas como socios a largo plazo.
En 2017, Cabify financió a Auro con más de 45 millones de euros. La contraprestación era una exclusividad clara: no podía operar con otra 'app' de transporte y ponía a disposición sus más de 2.000 licencias. La gestora de flotas podía operar gracias a este dinero y la startup se aseguraba permisos para dar respuesta a la oferta en su plataforma. Pero en 2019 arranca una dura pugna. La plataforma, que tiene entre sus accionistas relevantes al venezolano Alejandro Betancourt y a otros empresarios españoles como Félix Ruiz, lanza su propia aplicación, lo que acabó siendo el desencadenante.
La reorganización y la inversión
Estos dos nuevos consejeros forman parte de una sociedad holding de reciente creación, Auro HoldCo. Uber formaliza la entrada en el consejo de administración dos años después de una primera inversión. Hay que tener en cuenta que en el año 2021 la compañía estadounidense firmó un acuerdo comercial y otro de refinanciación. Aportaba una línea de crédito de 20 millones de euros para la refinanciación de Auro y para afrontar el pago de los 32 millones de euros de deuda viva con Cabify. No había exclusividad pero como prenda se aportaban las acciones de decenas de filiales de Auro. No se ha hecho público si la americana ha puesto sobre la mesa más dinero aparte de ese acuerdo.
El caso de Moove Cars es un espejo claro. El rescate se formalizó en el año 2021. Se firmó con la compra de una participación minoritaria del 30% de las acciones -adquiridas a socios existentes, entre los que estaban empresarios como Jaime Castellanos o el fondo King Street Capital- por un precio inicial de 5 millones de dólares y un desembolso de hasta 185 millones por esa posición -en función de una serie de hitos financieros-. Esto en 2022 permitió a Castellanos y el resto de socios ingresar otros 15 millones. Se sumaba a una línea de crédito de hasta 230 millones de dólares para su refinanciación y mantener las operaciones. Es decir, como sucede ahora, tanto deuda como compra de acciones.
El accionariado de Auro New Transport, la que hasta ahora era la holding de una serie de compañías propietarias de las 2.400 licencias, contaba a cierre de 2022 con Gainsboro Developments, con sede en Luxemburgo, y New Magic Inc, radicada en Panamá, como socios principales controlando el 42%. Ambas firmas estaban controladas por personas del entorno del inversor venezolano Alejandro Betancourt. También estaba Boom Ventures SL (el cofundador de Tuenti y expresidente de Jobandtalent, Félix Ruiz), con el 16,4%. Una empresa con sede en Países Bajos cuyo accionista no se ha hecho público, VTC Mobility BV, ostentaba algo más del 19%.
La batalla en el Constitucional
Este aterrizaje de Uber en el consejo de Auro se produce en plena batalla legal de ésta con Cabify. La parada más relevante está en el Tribunal Constitucional. Los magistrados admitieron a trámite a mediados del año pasado el recurso de amparo presentado por Auro. Están revisando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de anular el laudo arbitral que dio la razón a la plataforma dirigida por Juan de Antonio sobre la cláusula de exclusividad, que impedía a la flota trabajar con empresas de la competencia como Uber o Bolt.
Pese a que esta sentencia va a ser clave -de ella dependería una potencial adquisición por parte de Uber de la gestora de flotas-, existe toda una maraña de casos cruzados en diferentes juzgados y varios arbitrajes en paralelo con resultados diferentes. La realidad es que a día de hoy Auro opera principalmente con Uber. Lo admitía en sus propias cuentas correspondientes a 2022 pero firmadas a mitad del año pasado: "Uber sigue siendo nuestro principal cliente; seguido de Cabify". La empresa cerró el periodo como 'empresa en funcionamiento' pues tenía un fondo de maniobra negativo de 8,7 millones y pérdidas de 7,4 millones en 2022, con un patrimonio neto negativo de 8,1 millones. En ese ejercicio, la facturación fue de casi 64 millones.
Para Cabify, la pérdida de esa oferta de coches en su plataforma ha sido todo un quebradero de cabeza en este tiempo pese a que cuenta con licencias propias a través de filiales como Vector y Prestige and Limousine. Ahora, la compañía dirigida por De Antonio está a la espera de que la Dirección General de Transportes de la Comunidad de Madrid vuelva a pronunciarse sobre miles de licencias solicitadas en 2018 -antes del llamado 'decreto Ábalos'-. Lo tendrá que hacer después de que el Tribunal Supremo haya concluido que se deben estudiar estas peticiones en base a la regulación de la fecha pero sin basarse en ninguna ratio limitativa.