Condenan a la Nación a pagar millonaria indemnización por asesinato de miembro de la UP
El tribunal resolvió una demanda de reparación contra la Nación.
El Consejo de Estado condenó a la Nación a pagar más de $700 millones a la familia de Jhon Jairo Bermúdez, un militante de la Unión Patriótica que fue secuestrado y asesinado por las extintas AUC en 2002.
Los demandantes solicitaron al tribunal que fallara en favor de ellos por concepto de las violaciones a los derechos humanos y la victimización producto de los hechos que violencia que rodearon este hecho que se registró en el municipio de Curillo (Caquetá).
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"El 2 de octubre de 2002, en el municipio de Curillo, Caquetá, el señor Jhon Jairo Bermúdez Marín fue abordado por integrantes de un grupo paramilitar, quienes lo obligaron a subir a un vehículo en el que se lo llevaron con rumbo desconocido", afirma el documento.
Los demandante alegaron que el asesinato de Jhon Jairo Bermúdez se ejecutó por su condición de militante del partido político que fue objeto de varios secuestros y asesinatos de sus integrantes por hombres armados.
"Según la demanda, el móvil de los hechos obedeció a su militancia política en la Unión Patriótica y las demandadas no impidieron esa grave violación a los derechos humanos, sino que actuaron en connivencia con los autores de esos delitos", agregó el fallo del tribunal.
Los magistrados reconocieron que la desaparición forzada de Bermúdez se dio en el marco de las violaciones a los derechos humanos de todos los integrantes de la colectividad política, por lo que reconoció la reparación económica en favor de la familia.
"No hay duda de la grave afectación moral que supone para los demandantes la desaparición forzada del señor Jhon Jairo Bermúdez Marín, como lo consideró la Corte Interamericana, la cual resaltó que el móvil de las violaciones de derechos humanos fue la pertenencia de las víctimas al partido político Unión Patriótica, lo cual constituía una grave violación a los Derechos Humanos", afirma la decisión.
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Frente a esto, el tribunal decidió sentenciar a la Nación al pago de $750 millones de pesos en concepto de la reparación a la familia de la víctima por los daños causados producto de la desaparición de su familiar.
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