El presidente ejecutivo de Estudio Lamela Arquitectos, Carlos Lamela, confirmó hoy por videoconferencia en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Valladolid por el caso 'Perla Negra' que el coste final de la ejecución de la obra del Centro de Soluciones Empresariales de la Junta de Castilla y León, en Arroyo de la Encomienda, ascendió a 33,8 millones de euros, más el correspondiente IVA.
En esa cuantía, "una cifra real" según precisó ante las preguntas de la acusación particular, no se incluye el valor del solar, un aspecto que desconocen "en el 99,9 por ciento de los casos" cuando se les requiere un certificado sobre el coste de las obras, ni los honorarios profesionales o el importe de las licencias. Los certificados sobre el coste de las obras, como el que él mismo suscribió en 2010 sobre el coste final de la ejecución de esa obra, "se refieren el coste estricto de las obras, la ejecución material de las obras o el precio por contrata, pero en ningún caso se establece nada referente al precio del solar", precisó en su declaración, facilitada por Ical.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valladolid acogió hoy la reanudación del juicio, que arrancó con la declaración telemática del responsable de uno de los estudios de arquitectos a los que la empresa Urban Proyecta había encargado la codirección de la obra. Tras recalcar que "han pasado casi 20 años", Lamela explicó que cuando sucedieron los hechos ahora juzgados él era el presidente de un estudio que entonces contaba con más de un centenar de empleados, y que él "no estaba en los detalles de las operaciones".
Ante las preguntas del fiscal, Lamela explicó que Francisco López de Blas ha sido el gerente del Estudio hasta que recientemente se jubiló por edad, y que era él el responsable técnico general de todos los proyectos que llevaban adelante, si bien el proyecto del edificio de Arroyo lo dirigió "otro arquitecto en persona".
Asimismo, aseguró que "en ningún momento" mantuvo ninguna reunión con representantes de Gesturcal ni de ninguna otra empresa pública, puesto que su cliente era Urban Proyecta, y aseguró que conoció a Alberto Esgueva (exdirector de la División Internacional de ADE para quien la Fiscalía solicita seis años de cárcel y de inhabilitación) "muy de refilón como tres años después en Varsovia" (Polonia), por un edificio que hicieron para ellos.
Además, dijo desconocer que cuando suscribieron el contrato con Urban Proyecta el 1 de noviembre de 2005 para el edificio de Arroyo, esa empresa aún no era la propietaria del solar. "Nosotros firmamos muchas veces con clientes que todavía no han comprado. Podemos hacer un proyecto en cualquier lugar, aunque aún no esté comprado, hemos hecho muchos trabajos así, aunque en este caso concreto no lo recuerdo", detalló. También explicó que es "imposible recordar" si en 2009 el Estudio Lamela intervino en alguna obra de adaptación en ese edificio.
Por su parte, el presidente del desaparecido grupo inmobiliario Mahía, Ramón López Casal, que fue condenado en el 'caso Arroyo' a una pena de tres años de privación de libertad y siete de inhabilitación como inductor de un delito de prevaricación y autor de un delito de cohecho, aseguró que el precio de venta de la parcela que ocupa el edificio rondó los doce millones de euros, IVA aparte, con una extensión de alrededor de hectárea y media y "mucha edificabilidad". Según apuntó, el contrato privado de venta se firmó en 2005 con la consecuente entrega de una señal de "un 10 por ciento como mínimo", si bien la firma de la escritura pública definitiva se retrasó hasta el ejercicio siguiente por intereses de la empresa vendedora.
En la jornada de hoy también prestó declaración de forma presencial la técnico del departamento de contabilidad de Gesturcal Lourdes Barrio Matute, que detalló el proceso de tramitación de facturas ante preguntas de la defensa del exdirector financiero de ADE, Francisco Armero. Ella precisó que "todas las facturas de compra del edificio las firmaba el consejero delegado".
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