La Generalitat Valenciana se compromete a implementar la jornada laboral de 35 horas, el teletrabajo, así como planes de igualdad y de género que "mejorarán los servicios a la ciudadanía"
La Generalitat Valenciana y los principales sindicatos han alcanzado un acuerdo para la estabilización de los trabajadores públicos, desde sanidad, justicia o educación, que implantará la jornada de 35 horas semanales, el teletrabajo y planes de igualdad y de género. Las organizaciones sindicales CSIF, UGT y CC.OO, han calificado de "satisfactorio" el acuerdo y el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se ha comprometido a cumplir el calendario fijado.
El jefe del Consell ha agradecido el trabajo realizado por los sindicatos y las consellerias de forma transversal y ha señalado que este acuerdo "es el primer reto conseguido que se ha saldado con nota gracias a la responsabilidad de todos".
En esta línea, ha mostrado su "orgullo y compromiso" con la negociación alcanzada y ha remarcado que con este acuerdo se avanza con "certeza y seguridad" en la estabilidad, la reducción de la temporalidad y la brecha salarial, así como en la violencia laboral, las 35 horas, el teletrabajo y las condiciones que necesitan los servidores públicos.
El presidente ha remarcado que este pacto no es un cheque en blanco porque "la ciudadanía espera lo mejor de nosotros como un instrumento para prestar el mejor servicio público". Por ello, ha puesto en valor las políticas de evaluación porque "estamos sometidos al examen de los ciudadanos" y ha señalado la importancia de "establecer una corresponsabilidad de todos".
El máximo representante del Consell ha instado además a luchar contra la estigmatización del funcionariado y ha señalado que con este acuerdo el personal público "da un paso adelante para comprometerse", al tiempo que ha elogiado "su labor y vocación de servicio público".
Este acuerdo recoge los asuntos y materias sobre las que el Consell y los sindicatos se comprometen a negociar a lo largo de esta legislatura vinculados al personal funcionario, estatutario y laboral de la Generalitat, incluyendo también a Sanidad, Justicia y Educación.
Se trata de la hoja de ruta que va a marcar las negociaciones de los asuntos concretos y contempla un calendario con los plazos y objetivos que se abordarán durante los próximos tres años. Además, esta propuesta llega tras varios meses de negociación entre las dos partes.
Se trata de un marco consensuado de negociación y diálogo para impulsar la necesaria dinamización de la administración, con la finalidad de avanzar en un empleo estable y mejorar los servicios públicos. Para ello, recoge cuestiones que se consideran prioritarias sobre las condiciones de trabajo del personal, la planificación del empleo público, formación, igualdad y violencia sobre la mujer, entre otras.
En concreto, se mantiene el 'Programa de la lucha contra la brecha salarial y racionalización y mejora de la clasificación de puestos', y se someten a revisión y modificación las retribuciones por servicios extraordinarios (horas extras por ejemplo), su actualización conforme al IPC y también se actualiza la compensación por kilometraje o dietas, entre otras.
Por lo que respecta a la reducción de la temporalidad en la Administración valenciana, la Generalitat y los sindicatos se comprometen a que las Ofertas de Empleo Público se encaminen hacia el objetivo de que la temporalidad quede por debajo del 8 % a final de la legislatura. Para ello, se acuerda también de manera unánime solicitar al Gobierno de España la eliminación de la tasa de reposición.
Asimismo, ambas partes se comprometen a desarrollar un Plan Estratégico de Recursos Humanos en todos los sectores de la Administración autonómica (incluidos Sanidad, Educación o Justicia) y el resultado de este plan servirá de diagnóstico para mejorar la cultura organizativa de la administración y para adecuar los procesos de selección.
Este documento recoge por primera vez la negociación de aquellos aspectos relativos a la evaluación del desempeño. Uno de los propósitos de este Consell es aspirar a la eficacia y eficiencia de la Administración, para lo cual se necesita orientar el trabajo de los funcionarios a la consecución de unos objetivos estratégicos y la evaluación de los mismos. Al respecto, se incluyen otros aspectos como el análisis de las ausencias en la jornada laboral.
En este sentido, se contempla que la evaluación del desempeño se retribuirá de acuerdo con la evaluación y con complementos variables, es decir, complementos no consolidables que variarán cada año en función del rendimiento.
El acuerdo también recoge la negociación de la implantación de la jornada de 35 horas y del teletrabajo, cuestiones que están condicionadas a la disponibilidad presupuestaria y a la garantía de que su puesta en funcionamiento no afecte a la correcta prestación de los servicios públicos.
Del mismo modo, el pacto prevé la revisión de los planes de igualdad con el fin de adaptarlos a la normativa vigente, así como elaborar nuevos en los ámbitos donde no existan o que hayan caducado.
Igualmente, se recoge la realización de cursos de formación sobre igualdad y violencia sobre la mujer, en los que se tendrá en cuenta en los baremos de acceso, provisión y promoción profesional.
Además, el derecho a la movilidad de las trabajadoras víctimas de violencia de género se amplía también a aquellas mujeres que tengan a su cargo mujeres que sufran este tipo de violencia. Para ello, el acuerdo contempla realizar convenios con administraciones locales, autonómicas, universidades y administración del Estado para facilitar la movilidad en estos casos.
El texto recoge la necesidad de reactivar las Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas de la Comunidad Valenciana, la Mesa General de Negociación de Administración Local y la Mesa General de Negociación de las Universidades Públicas de la Comunidad Valenciana, dado que pese a estar recogidas en la Ley de Función Pública, el Botànic no las puso en marcha.
De igual modo, se le otorga peso a la formación continua y permanente de los empleados públicos, para lo cual la Administración plantea ofrecer esta oferta formativa y también, como novedad, los sindicatos podrán homologar sus acciones formativas.