La desaceleración de la inflación se ha logrado al costo de congelar los salarios de la nómina pública y reducir el gasto público, contraer el consumo privado que mueve la economía y prolongar el deterioro de los servicios públicos de agua, electricidad, gas, telecomunicaciones; así como de los sistemas públicos de educación, salud e infraestructura.
Por lo tanto, el costo de bajar la inflación lo están pagando sobre todo los trabajadores, la clase media y los hogares venezolanos. El gobierno socialista ha congelado el salario mínimo para minimizar el impacto fiscal del salario de la abultada nómina pública. En la aritmética oficialista, cualquier aumento tendría una enorme incidencia en las prestaciones sociales, utilidades, vacaciones y otros beneficios legales de los trabajadores que el gobierno solo podría financiar con emisiones de dinero inorgánico e inflacionario.
La indexación al tipo de cambio oficial del bono de alimentación se aplicó para proteger y sostener el poder adquisitivo de los trabajadores, pero en un contexto donde la inflación es mayor que la depreciación, el tipo de cambio se rezaga en comparación con los demás precios y, a la larga, los trabajadores salen perdiendo. Esta indexación debe hacerse con una frecuencia mensual, pero según los datos del BCV -en 17 de los últimos 24 meses-, la tasa de cambio ha subido menos que la inflación y, por lo tanto, la indexación no compensa el poder de compra que quita a los bonos el alza de los precios. Esta problemática se empeora por el estancamiento de los salarios para los trabajadores públicos.
El aparato productivo nacional sale castigado en la lucha contra la inflación
Si bien es cierto que el costo del ajuste fiscal para desacelerar la inflación y estabilizar el tipo de cambio recayó principalmente en la nómina de funcionarios públicos, también es cierto que al congelar los salarios se castiga el consumo privado y esto repercute negativamente en la actividad económica que no encuentra mercado.
Los bajos salarios limitan la demanda, contraen las ventas y desestimulan la actividad económica. Y mientras la inflación interna sea mayor que depreciación, el tipo de cambio real se mantendrá apreciado, los costos de los productores nacionales serán mayores que los costos de los productos importados, y así siempre será mejor negocio importar que producir. El mejor negocio será comprar la divisa relativamente barata para importar productos desde otros países con una inflación mucho menor. Esto puede ayudar a desacelerar la inflación, pero somete a la producción nacional a una desventajosa y ruinosa competencia.
Las intervenciones del BCV en el mercado cambiario para frenar el alza de la divisa y abaratar las importaciones forman parte de una errática estrategia antiinflacionaria que genera efectos contraproducentes en el aparato productivo interno y castigan la oferta nacional. Lo Hecho en Venezuela no está en condiciones de competir con importaciones exoneradas de impuestos de importación e IVA que además se traen con un dólar barato y sin tener que cumplir con las normas técnicas y permisos que si se le exigen a la producción nacional.
El costo electoral de vencer la inflación
El gobierno de Maduro sigue siendo muy criticado por el deterioro que ha sufrido el ingreso real de los trabajadores, sin lo cual será muy difícil lograr un crecimiento estable de la economía. En Venezuela se amplió la brecha salarial, la remuneración promedio del sector comercio y servicio en el Área Metropolitana de Caracas -que representa más del 60% del empleo del sector privado-, está en 202 $/mensuales. Los gerentes devengaron $447, los profesionales y técnicos $290 y los obreros $ 185 mensuales. Pero con esos ingresos, ninguna de estas categorías puede adquirir la canasta alimentaria cuyo valor supera los 548,65 $/mensual.
La brecha entre las remuneraciones del sector privado y público se amplió significativamente debido a la política de congelación salarial aplicada por el gobierno nacional. Incluso, con los recientes aumentos de los bonos, el ingreso de los funcionarios públicos apenas llega a 103 $/mensual, mientras el promedio del sector privado supera los 200 $/mes.
La reducción del gasto público también se nota en la falta de mantenimiento y desinversión en los servicios públicos de electricidad, agua potable, gas doméstico, telecomunicaciones, sistemas públicos de educación y salud, todo lo cual deteriora aún más las condiciones de vida en los hogares venezolanos. Pero también obliga a las empresas a realizar paradas no programadas de la producción y a incurrir en sobre costos que castigan la competitividad nacional frente a los productos importados.
La recuperación del trabajado productivo y la mejora de los salarios está muy asociada a la recuperación de la actividad económica, que a su vez depende de la ampliación del crédito a la producción y el consumo, la sincronización de los costos de producción con la variabilidad de la tasa de cambio y de la inflación, el alivio de las presiones fiscales derivadas del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) y de la voracidad fiscal de las gobernaciones y alcaldías que aún espera por la aplicación de la Ley de Armonización Tributaria.
La contracción del consumo privado y del gasto público frenan el ritmo de la actividad económica. Esta caída castiga los ingresos fiscales del gobierno. A menor producción y comercialización, menor es la recaudación de ISLR e IVA y menor la capacidad para financiar el gasto público que mueve la economía. El fisco no recauda suficiente ISLR, IVA y aranceles, y con menos ingresos fiscales de origen petrolero, el gobierno no tendría ingresos para financiar el gasto público en un año electoral. Por eso maniobra para adelantar las elecciones presidenciales, antes de que se materialice el daño por la reimposición de las sanciones, se desplome el ingreso petrolero y ni siquiera pueda cubrir el aumento de las remuneraciones aprobadas para este año. Esto tendría un alto costo electoral para un gobierno que ya registra un alto rechazo en las encuestas.
Víctor Álvarez R.
@victoralvarezr