Tuvo el mismo efecto que la sentencia del Tribunal Oral Federal 3 que, en 2013, benefició al ex presidente Fernando De la Rúa en la causa por las coimas en el Senado y ordenó investigar al denunciante.
Hoy, las coimas del caso Odebrecht están todavía protegidas por el mutismo judicial.
El fallo que benefició a Boudou está salpicado, además, por la sospecha que ubica a dos de los magistrados firmantes como adherentes a Justicia Legítima, la agrupación que sostiene a y es sostenida por el kirchnerismo.
Hace algunos años, con simpática y brutal ironía, un juez de la Corte decía: "Los jueces también somos seres humanos… aunque no lo parezca". Quería decir que nadie es libre de sus pasiones, incluidas las políticas.
Lo que no debería hacer un juez es supeditar la administración de justicia a sus pasiones, porque entonces los poderes del Estado pasan a ser un mercado de pulgas.
La salvación de Boudou llegó pocos días después de que el diputado Julio De Vido hubiera evitado su propio naufragio, la exclusión de la Cámara por indignidad moral, gracias al voto de sus camaradas de partido, compañeros en este caso, y también de los camaradas, aquí sí cabe el adjetivo, de un sector de la izquierda que, con pompa y sin circunstancia, se denomina a sí misma revolucionaria.
Las pasiones partidarias, el voto solidario, la obediencia debida, con perdón de la parábola, deberían tener un límite en la ética, en la moral, si el término no suena arcaico.
Son los legisladores quienes deberían estar alertas ante el avance de la cultura de la deshonestidad.
El oprobioso silencio con el que un amplio sector político y social de la Argentina habla del drama de Venezuela, es una variante de esa misma cultura.
Si un gobierno latinoamericano, sospechado de ser o identificado con la derecha, cometiera la mitad de las barbaridades que Nicolás Maduro perpetra en su país, y las que vendrán, nuestras calles estarían incendiadas en rechazo a un régimen brutal que condena al hambre y a la miseria.
El silencio ante la tragedia venezolana, consagra que hay regímenes brutales malos y regímenes brutales buenos.
La cultura de la deshonestidad, la de ellos, es motivo de preocupación en los Estados Unidos.
Es a raíz de las andanzas de Donald Trump hijo y sus reuniones con espías rusos antes de las elecciones del año pasado, y de las trapisondas que a diario comete Donald Trump padre al frente de la Casa Blanca.
Un editorial del New York Times preguntaba la semana pasada: si una cultura de la deshonestidad se arraiga en la administración pública, ¿cómo los ciudadanos pueden creer cualquier cosa que digan sus funcionarios? No parecía una pregunta retórica.