Luego de haber salido a la luz las "operaciones" que uno de los apuntados dueños de la tabacalera más cuestionada del mercado llevaría cabo para mantener sus sospechosos beneficios en la venta de cigarrillos y en sus otras actividades, el gobierno de Javier Milei parece no haberse enterado de la existencia del presunto millonario monto de evasión que dichas actividades estarían generando.
El dueño de esta compañía, cuya foto se masificó en casi todos los medios de comunicación al estilo de lo que sucedió con quien condujo OCA en la década de los 90, no está enfrentando el embate que debería estar preparando la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Según pudo saber iProfesional, un grupo de funcionarios del ente recaudador estarían analizando diversas alternativas para obligar a estas tabacaleras a dejar la supuesta evasión de impuestos tal como se lo acusa desde las empresas que cumplen con la normativa.
La lentitud del ente recaudador no va en línea con lo que el propio presidente Javier Milei viene sosteniendo, en especial, en tuits escritos en contra del mayor "evasor" desde que desembarcó en la Casa Rosada y que se profundizó luego del fracaso de la ley Ómnibus en el Congreso.
Esto se debe a que el mega proyecto legislativo contiene una sección sobre "impuestos internos", en los artículos 189 a 198 que cambian la carga tributaria sobre los cigarrillos elevándola al 73%, además de eliminar un "impuesto mínimo" que generó fuertes disputas entre las tabacaleras multinacionales y las locales supuestamente autodenominadas pymes.
Una tabacalera con protección judicial
Establecido en el 2017 por el ex presidente Mauricio Macri, el pago de este tributo es cumplido por las extranjeras como Massalin y British American Tobbaco (BAT), y no por el resto, en especial por la que preside un empresario de "dudoso curriculum".
Este personaje recurrió a la justicia presentando una serie de medidas cautelares que le permiten "bloquear" el cumplimiento de un impuesto incluido en una ley sancionada por el Congreso.
De acuerdo al mega decreto de Milei, el impuesto mínimo se derogaría por lo que todas las tabacaleras pasarían a pagar lo mismo, decisión que estaría siendo resistida por este empresario, ya que pondría a su tabacalera en condiciones de competencia con el resto de las compañías del sector.
En este sentido, la reacción de la AFIP no se empezó a notar aún a pesar de los años de "pereza" por parte del mismo organismo cuando estuvo bajo control kirchnerista y de la presidencia de Alberto Fernández.
De hecho, la AFIP tampoco parece haber tenido en cuenta un amplio informe de la Federación Argentina de Productores Tabacaleros en donde se evidencia el "daño" que la supuesta evasión en el pago de impuestos por parte de las empresas "pymes" locales le genera a las arcas del Estado nacional y que ascendería a los $250.000 millones al año.
La cifra agrupa los fondos que el sector público deja de percibir en concepto de impuestos internos; fondos de la asistencia social; IVA y, en algunas jurisdicciones, por Ingresos Brutos.
Gravedad institucional
La preocupación de los productores se vincula al proceso de desfinanciamiento que el llamado Fondo Especial del Tabaco (FET) viene sufriendo desde el 2018 por la reducción del dinero que le llega debido al supuesto incumplimiento de la mencionada tabacalera y de las otras pymes locales.
"La falta de pago del monto mínimo del Impuesto Interno por parte de estas tabacaleras implica un grave perjuicio al interés público, y ha sido la propia AFIP la que ha reconocido ante los estrados judiciales que la falta de pago del impuesto reviste gravedad institucional, pues afecta la hacienda pública por los recursos impositivos y por los destinados al gasto en salud pública", advierte el documento al que tuvo acceso iProfesional.
Asimismo, pide tener en cuenta que la falta de pago del monto mínimo del Impuesto Interno por parte de las empresas incumplidoras también perjudica la recaudación de otros tributos que recaen sobre la actividad tabacalera.
Tributo coparticipable
Ocurre que el 70% del precio de venta de un atado es la base imponible para calcular el FET, dinero que percibe la Secretaría de Agricultura y que financia en gran parte las actividades de los productores tabacaleros, sector golpeado muchas veces por los cambios climáticos en las provincias donde se cultiva el tabaco como son Salta; Jujuy; Misiones; Chaco; Tucumán; Catamarca y Corrientes.
Además, se trata de un impuesto coparticipable, con lo cual las provincias pierden por dos lados a partir de la caída de la recaudación del FET causada por el constante incumplimiento de la mencionada tabacalera y las otras tabacaleras locales que nunca habrían tributado el impuesto interno mínimo y que venderían sus paquetes de cigarrillos por debajo de los precios que las multinacionales gracias a ese incumplimiento tributario.
En este sentido, Enrique Cornejo, dirigente tabacalero y senador provincial de Salta, admitió que el sector envió un amplio documento a la AFIP para demostrar el daño que, en especial generaría la tabacalera de dudosa procedencia más grande entre las evasoras está generando no sólo a la producción sino también al Tesoro nacional.
Entre los ejemplos que sobresalen del informe se encuentra lo que las empresas locales aportan al FET contra lo que pagan las multinacionales. En el primer caso, pagan $20 por atado mientras que Massalin y BAT llegan a los $71, marcando una abismal diferencia por el mismo tributo.
También el mencionado informe asegura que al año se venden 654 millones de paquetes de cigarrillos, de los cuales el 40% fueron comercializados por la compañía dueño de las marcas más baratas que se comercializan en el mercado actualmente como la que hace referencia a un punto de color rojo, entre otras.
Ese porcentaje implica una masa de $22.000 millones que no ingresaron a dicho fondo, cifra que surge de contabilizar la cantidad de paquetes declarados ante la AFIP; determinar el aporte económico al FET y compararlo con lo declarado por las empresas que cumplen con toda la estructura fiscal y multiplicar ese valor por las ventas totales de la industria.
En ese marco, hay que admitir que no le será fácil a la AFIP canalizar la nueva embestida contra las llamadas "truchas", teniendo en cuenta los sucesivos fallos judiciales que las vienen beneficiando para no tributar los impuestos por considerarlos inconstitucionales, con fundamentos judiciales poco usuales como eximir de tributar un impuesto sancionado por el Congreso para productos suntuarios como se cataloga al cigarrillo.
"Enorme subfacturación"
Es más, la Corte Suprema de la Nación ya ha ordenado revocar las medidas cautelares que fueron solicitando las tabacaleras locales durante los últimos años para sostener su esquema comercial.
Sin embargo, la empresa del tabacalero más cuestionado por el resto del sector presentó nuevas apelaciones y logró que el juez Enrique Lavié Pico le otorgara una nueva protección para que su empresa siga sin pagar los impuestos correspondientes.
Es decir, permitir que las tabacaleras de capitales nacionales sigan fugando recursos declarando ante la AFIP un precio tres veces menor al que pagan los consumidores por sus marcas.
Si bien el mes pasado, las mencionadas tabacaleras nacionales habrían aumentaron sus declaraciones y las llevaron a precios de entre $550 y $600 por atado, de los $250 a $350 que declaraban en enero, en los quioscos se venden a valores que oscilan entre los $1.500 y $1.800 por atado.
Para Cornejo estas diferencias de valores evidencian una "enorme subfacturación de casi $1.000 por paquete que no ingresan al Estado ni al FET".
El senador salteño entiende que la AFIP debe corregir esta situación en la que se encuentra el pago del impuesto interno, fiscalizando a las tabacaleras nacionales.
Cornejo también le pide a la AFIP que obligue a las tabacaleras locales a colocar códigos QR en lugar de las tradicionales estampillas, como ya hacen las multinacionales como Massalin y BAT para que los consumidores sepan el precio real del atado.
Sin embargo, quienes en el mercado creen que es la mayor empresa entre las "evasoras" ordenó a sus ejecutivos demorar la homologación del código para seguir beneficiándose del proceso de formación de precios en negro, con lo cual los productores también reclaman al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que pida a la Corte Suprema que se expida en el menor tiempo posible sobre las cautelares y el problema de fondo, teniendo en cuenta que son causas relevantes para las arcas oficiales.