Se rumorea que se volvería a presentar el mismo dictamen que fue discutido durante las sesiones extraordinarias.
Mientras el Gobierno continúa negociando los detalles finos de la Ley Ómnibuscon gobernadores y sectores de la oposición más moderada, el oficialismo ha llegado a la conclusión de que no podrá cumplir su objetivo inicial de sesionar antes de que termine este mes. Ahora, la expectativa se sitúa en principios de mayo.
Lo cierto es que surgieron ciertas complicaciones que tienen que ver con una serie de objeciones que siguen manteniendo, a pesar de algunos avances, los sectores de la oposición más inclinados a colaborar con el Gobierno.
Los referentes de las cuatro bancadas "amigables" (UCR, PRO, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal) celebraron una reunión productiva en la cual compartieron sus evaluaciones sobre el último borrador de la ley Bases propuesto por el Gobierno. Han acordado enfoques y presentarán mañana al Poder Ejecutivo sugerencias de cambios.
Queda claro en este encuentro que, aunque el número necesario para la aprobación general está asegurado (el PRO está totalmente a favor y la UCR garantiza 30 de sus 34 votos), hay cuestiones que la oposición conciliadora no está dispuesta a respaldar. Si el Gobierno intenta avanzar sin cambios, se enfrentará a la misma resistencia que en febrero pasado, cuando fracasó el primer intento de aprobar la ley ómnibus.
En este contexto de negociaciones pendientes y reclamos de la oposición moderada que persisten, el escenario de una sesión en abril ya no es relevante.
Cuándo se tratará la Ley Ómnibus
Se están considerando varias fechas tentativas para convocar al recinto: el jueves 2 de mayo (un día después de la marcha por el Día del Trabajador), el viernes 3 de mayo (aunque cae en fin de semana, lo que podría complicar la logística), el martes 8 de mayo y el miércoles 9 de mayo.
Según se ha filtrado, se revivirá el mismo dictamen que había sido discutido durante las sesiones extraordinarias y que fue rechazado por la oposición. Sobre ese dictamen, se propondrán y votarán cambios en el recinto, basados en el borrador enviado por el Gobierno la semana pasada. También se incorporarán las modificaciones que se negocien hasta el día de la votación, que probablemente sean numerosas.
Revivir el dictamen original evitará el debate en el plenario de comisiones, donde las discusiones de este tipo suelen estancarse, retrasando los plazos establecidos por el Poder Ejecutivo.
Además de la "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", el oficialismo pretende incluir en la misma sesión el tratamiento del proyecto de "Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes" que ingresó a la Cámara de Diputados este miércoles.
Los temas conflictivos que el Gobierno necesita modificar
En el primer plano de las discrepancias con el borrador oficialista está la cuestión de los fondos fiduciarios que el Poder Ejecutivo desea eliminar, aunque se ha comprometido a mantener los recursos para los fideicomisos a través del presupuesto.
Además, los bloques de la UCR, Hacemos Coalición Federal, PRO e Innovación Federal reclaman que las asignaciones específicas de los fideicomisos se destinen nuevamente a la coparticipación en lugar de ir al Tesoro.
"No hay acuerdo sobre cómo está redactado el artículo en el último borrador conocido. No queremos que esos fondos queden en manos de (el ministro de Economía, Luis) Caputo", señaló en privado una fuente importante del bloque radical que participó en las negociaciones con los otros bloques de la oposición colaboradora.
Tampoco hay acuerdo con el artículo que autoriza la disolución de organismos, y se exige que se agreguen excepciones (para evitar su cierre) como el Instituto Malbrán, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En cuanto al capítulo de privatizaciones, persisten las diferencias, ya que hay una facción interna de la UCR y otra de Hacemos Coalición Federal que se opone a declarar sujeta a privatización parcial (aunque el Estado mantenga la mayoría accionaria) al Banco Nación, Nación Seguros, Nación Reaseguros, Nación Seguros de Retiro, Nación Servicios y Nación Bursátil.
En este sentido, proponen como solución alternativa incluir la privatización parcial de estas empresas en un anexo separado al paquete que incluye a otras empresas.
De esta manera, los diputados de estos dos bloques tendrán la libertad de votar a favor o en contra de la privatización parcial del Banco Nación sin afectar su posición sobre el resto de las empresas propuestas para la privatización en otro anexo.
La ley de Medidas Fiscales está en una etapa más avanzada
El proyecto de "Medidas Fiscales" ingresó este miércoles y este jueves comenzará a debatirse en comisiones con la presencia de funcionarios de la secretaría de Hacienda y la AFIP.
A diferencia de la ley ómnibus, donde los sectores colaborativos expresan sus discrepancias y mantienen posturas firmes frente a ciertos temas, en el debate sobre el paquete fiscal las diferencias son menos marcadas, por lo que no se esperan grandes obstáculos.
Sin embargo, hay observaciones y planteos. En cuanto al Régimen Simplificado de Grandes Inversiones (RIGI), la oposición moderada está de acuerdo en general, pero ha expresado su deseo de que el umbral para acceder a los beneficios impositivos no sea tan elevado (200 millones de dólares de inversión mínima), para fomentar inversiones de menor escala.
También están de acuerdo en eliminar la moratoria previsional, pero exigen un compromiso para implementar alguna política alternativa. "De lo contrario, habrá personas con 28 años de aportes que no podrán recibir ninguna pensión", advirtieron.
En cuanto a Bienes Personales, aunque están conscientes de que los beneficios para "los ricos" son excesivos (como el anticipo de hasta cinco años fiscales para dejar de pagar este tributo hasta 2038), van a acompañar la medida. Pero insisten en que lo recaudado sea coparticipable y no quieren sorpresas de último momento en este sentido.