El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha participado en el XXVII Congreso de la Federación de Bancos de Alimentos de España, donde ha trasladado el apoyo de la Junta de Andalucía a la labor que vienen desempeñando los bancos de alimentos, "que en estos momentos se ve peligrada por las decisiones que desde el Gobierno de la nación se está planteando al querer suspender los programas que hasta ahora eran un rotundo éxito". En declaraciones a los periodistas, Sanz ha indicado que "eso significa que hay 280.000 andaluces que se van a quedar sin alimentos básicos por una decisión unilateral del Gobierno de la nación, que incluso puede ser mayor, porque las tarjetas monederos, que es la alternativa que ofrece el Gobierno de Sánchez, no sea suficiente" "Los andaluces van a poder contar con entre 9.000 y 15.000 tarjetas al año, y eso significa que un 85% de las personas que necesitan los alimentos pueden quedar excluidas por esta decisión", ha afirmado Sanz, que ha añadido que "es un error unilateral del Gobierno de la nación que deja fuera a ocho de cada diez municipios de Andalucía y que pone en riesgo, ni más ni menos, la labor de 1.300 entidades de reparto de alimentos". En este sentido, el consejero ha apuntado que "además castiga de manera muy importante a la Andalucía rural, porque al no encontrarse en esos municipios las entidades que van a repartir los alimentos, ya que los supermercados de esa marca no existen en todos los pueblos y si no existen los supermercados pues no se puede abonar las tarjetas monedero y cambiarlas por alimentos". Sanz, tras recordar que este mes es en el que debe ponerse en marcha la tarjeta monedero, ha pedido "una reflexión y una rectificación al Gobierno de la nación antes de tener que abordar otro tipo de situaciones". "Esto no es algo compartido con las comunidades autónomas, es una competencia del Estado que lo que hacen las comunidades autónomas es ayudar a la gestión, pero no es una gestión compartida es una gestión, es una competencia del Estado que hasta ahora ha venido asumiendo, y de manera excepcional, Banco Alimento y también Cruz Roja". Asimismo, ha afirmado que el Gobierno, "siendo el mes de abril cuando debía ponerse en marcha, sigue sin aclarar cuestiones técnicas que son imprescindibles para que los servicios sociales comunitarios puedan establecer quiénes son las familias beneficiadas". En este sentido, ha señalado que sigue sin definirse claramente qué se entiende por unidad familiar, sin fijar el umbral de renta marcado para tener acceso a la tarjeta, no ha definido si depende de la renta del 23 o de la situación actual, sin definir qué documentación tendrán que solicitar los servicios sociales comunitarios para acreditar los requisitos de la familia, "y más de 280.000 personas en Andalucía se van a quedar sin alimentos básicos por la decisión unilateral del Gobierno, que establece un único criterio que es familias con hijos a su cargo, pero deja fuera a muchísimas familias que no tienen hijos y muchas más situaciones". Sanz ha destacado que "del 24 al 29 los fondos destinados a Andalucía son de 118,8 millones de euros, pero con ese reparto, significa que los andaluces van a disponer solo de entre 9.000 y 15.000 tarjetas monedero al año y todos los demás se quedan fuera". "El 85% de los beneficiarios les decía que queda excluido, porque hay muchísimas familias desfavorecidas y que necesitan este acceso a alimentos que no están en el ámbito de protección que plantea el Gobierno, como personas mayores con pensiones muy bajas, personas sin hogar, inmigrantes, mujeres víctimas de violencia de género o familias con hijos con 18 años o más que evidentemente pueden estar en una situación de extrema necesidad", ha indicado Sanz. El consejero ha insistido en apelar a la "responsabilidad y la rectificación" y ha señalado que "si se aplicara el modelo de reparto que plantea el Gobierno deja fuera a 665 municipios de Andalucía, ni más ni menos, de 785 en los que no hay ningún supermercado donde poder usar las tarjetas monederos, es decir, ocho de cada diez municipios". "En Andalucía solo hay 319 supermercados donde poder usarlas y la mayoría está en capitales de provincias o en grandes municipios, por tanto se castiga a la Andalucía rural claramente, pone en peligro la supervivencia de muchas asociaciones de barrios y de pueblos y pone en riesgo a esas 1.300 entidades atendidas por Banco de Alimentos y Cruz Roja". Finalmente, Sanz ha indicado que el 26 de abril la consejera ha sido convocada a una reunión con el ministro, tras una carta que se pidió en el mes de diciembre. "Nosotros le pedimos una reunión en el mes de diciembre y nos la dan para el mes de abril, cuando ya prácticamente hay que aplicar el sistema", ha señalado el consejero, que espera que en dicha reunión "pueda haber soluciones".