Quince años después del inicio de las expropiaciones promovidas en la Costera por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) dentro de las obras del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad, algunos propietarios siguen todavía a la espera de una resolución firme para cobrar por la ocupación de sus terrenos, mientras los pronunciamientos judiciales tienen resultados dispares para los afectados.
Dos sentencias recientes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) han desestimado las pretensiones económicas de diversos titulares de suelo de uso agrícola vinculado hace años a un sector industrial sin desarrollar en Moixent que mantienen litigios con la Administración del Estado.
En una de las últimas resoluciones que se han hecho públicas, el órgano judicial ha confirmado el justiprecio de 14,83 euros/metro cuadrado que determinó la administración demandada para una parcela de olivos de secano en plena producción que fue expropiada en 2009. Los propietarios pidieron corregir al alza el cálculo invocando una sentencia anterior del TSJ que en 2016 elevó a 54,2 €/m2 el precio que debían percibir por una finca colindante a la anterior de la que también eran titulares en el ámbito industrial no desarrollado de Sant Cristòfol, dentro del mismo proyecto.
Los recurrentes reclamaron el cobro de 17.414 euros por el terreno de 296 m2 de olivos, apelando a la naturaleza urbana-industrial del mismo en el momento de la expropiación, al mantener que, pese a no estar urbanizado, dicho suelo tenía una vocación de ser industrial, eliminado total o parcialmente por las obras de la Alta Velocidad. El alto tribunal valenciano, sin embargo, ha rebajado un 70% el importe demandado por los dueños, hasta situarlo en 4.742 euros, ratificando la valoración del Jurado de Expropiación, que trató el suelo como no urbanizable en situación rural.
En su impugnación ante el TSJ, los propietarios señalaron que Adif tardó siete años en elevar el expediente correspondiente a la citada finca para determinar su justiprecio, por lo que "no pudo establecerse el valor como a las otras fincas colindantes", un retraso que consideran que les ha perjudicado.
El abogado del Estado se opuso al recurso haciendo hincapié en que no puede extenderse el justiprecio acordado en anteriores procedimientos "al tratarse de expedientes expropiatorios diferentes y autónomos con fechas de valoración diferentes" que afectaban a parcelas de distintas circunstancias físicas y jurídicas.
La sala de lo contencioso del TSJ comparte dicho criterio al señalar que los parámetros de cuantificación del coste de la finca "no pueden ser los mismos de otras fincas similares que fueron objeto de valoración en 2012". El tribunal subraya el "amplio lapso temporal transcurrido" y señala que el precio abonado por un terreno contiguo al expropiado no siempre sirve para determinar la indemnización debida al adyacente".
Suelo expropiado a 5,33 €/m2
Otra sentencia ha fijado en 2.037,28 euros la indemnización a pagar a los dueños de otro terreno de olivos de 1.498 m2 que fue ocupado temporalmente durante las obras del AVE, también en término de Moixent. En este caso, el Jurado de Expropiación valoró el suelo en 5,33 €/m2 dentro del mismo sector industrial sin desarrollar de Sant Cristòfol, teniendo en cuenta la pérdida de cosecha que se produjo.
Los demandantes consideran que el suelo debería valorarse teniendo en cuenta su vocación industrial, al enclavarse en el sector sin desarrollar de Sant Cristòfol de Moixent
La parte demandante defendió ante los órganos judiciales que la parcela debería haberse valorado con su vocación industrial (pese a ser su grado de urbanización nulo), a tiempo que censuró la demora de Adif en remitir el expediente al Jurado para su tasación, en este caso de 13 años. Igualmente, el recurso citó sentencias previas en las que el mismo suelo se valoró a 54,2 €/m2.
El TSJ ha desestimado estos argumentos señalando los mismos razonamientos expuestos en el anterior pronunciamiento judicial. La resolución, además, impone las costas del proceso a los recurrentes, limitadas a 1.200 euros.
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