(Desde Quito, Ecuador) - Un nuevo caso de connotación sacude al sistema judicial ecuatoriano. Se trata del caso Plaga, que investiga a exfuncionarios públicos, policías, abogados en ejercicio, secretarios y jueces de varias provincias de Ecuador que "habrían participado en actividades ilegales para facilitar la liberación de personas sentenciadas a cambio de dinero o favores", según informó el Ministerio Público.
Cerca de la medianoche del 3 de abril se instaló la audiencia de formulación de cargos. La diligencia, que se extendió hasta la madrugada de este jueves, resultó en la aceptación del juez Wiler Choez de los pedidos de la Fiscalía para vincular a los procesados al caso y para disponer la prisión preventiva para 13 de ellos. La vinculada restante tiene prohibición de salida del país y debe presentarse periódicamente ante un juez porque está embarazada.
Los 14 detenidos del caso operaban en las provincias de El Oro, Azuay, Manabí, Pichincha, Chimborazo, Santo Domingo de los Tsáchilas, Tungurahua y Guayas. La audiencia del caso Plaga se realizó en el Complejo Judicial Norte de Quito, con la participación de los abogados de los procesados compareciendo de manera virtual desde las provincias donde fueron detenidos. El juez Choez dirigió la audiencia que comenzó a las 23:33 y se extendió hasta pasadas las 03:30 del día siguiente.
Algunos de los detenidos ya están siendo procesado en otros casos de corrupción. Por ejemplo, el juez Ángel Lindao Vera que es uno de los 52 investigados en el caso Metástasis.
Durante la audiencia del caso Plaga, los abogados de los investigados argumentaron posibles irregularidades en las detenciones, incluyendo la falta de notificación con anticipación y la ausencia de investigaciones previas por parte de la Fiscalía de Pichincha. Sin embargo, el juez a cargo de la audiencia, Wiler Choez, determinó que las detenciones eran legales y permitió que la Fiscalía continuara con el proceso contra los investigados por delincuencia organizada.
Según la Fiscalía, el grupo criminal coordinado por Lenín Vimos, preso en la cárcel de Quito, y Hugo Lars Olmos, recluido en la cárcel de Riobamba, habría reclutado a prisioneros de distintas penitenciarías del país para solicitarles dinero a cambio de gestionar acciones constitucionales irregulares a favor de los mismos. Este proceso supuestamente involucraba sobornos a funcionarios judiciales y policiales para obtener la liberación de los presos.
El caso Plaga se apoya en evidencia obtenida a través de la extracción de 5.000 mensajes del teléfono de Lenín Vimos y en informes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que muestran transferencias de dinero relacionadas con actividades ilícitas. La fiscalía también ha solicitado prisión preventiva para la mayoría de los procesados, mientras que para uno de ellos pidió la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas, debido a su estado de gestación.
El fiscal de Pichincha, Hernán Flores, lidera la investigación que busca "erradicar esa plaga que opera en el sistema de justicia, que se ha sistematizado como un círculo vicioso y que da cuenta -nuevamente- de la profunda irrupción de la corrupción en instituciones del Estado", según ha indicado la Fiscalía.
Diana Salazar, fiscal general del Estado, se refirió al caso Plaga en X: "Abusar de las acciones constitucionales y dejar libres a delincuentes peligrosos se convirtió en una Plaga en el sistema de justicia". La fiscal general sentenció: "Tenemos que continuar con la depuración, no vamos a parar".
Este es el tercer caso de connotación relacionado a redes de delincuencia organizada instaladas en la justicia que favorecían a narcocriminales. En diciembre de 2023, la Fiscalía reveló el caso Metástasis. De este derivó el caso Purga y ahora inicia el caso Plaga. Estas investigaciones muestran los nexos entre el narco, la justicia e incluso la política ecuatoriana.