La noticia del fin de semana ha sido, sin duda, los allanamientos realizados por la Fiscalía de la Nación tanto al domicilio de la presidenta Dina Boluarte como al despacho presidencial. Ello en el marco de la investigación que la Fiscalía viene realizando contra Boluarte por los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos, a partir de que se descubriera que la mandataria posee una serie de joyas de muy alto valor –entre ellas relojes marca Rolex– cuyo origen no ha podido explicar.
En realidad, más allá de la evidente torpeza política de utilizar esas joyas públicamente ejerciendo un cargo que representa a todos los peruanos, este parecería –y debería, en principio– tratarse de un asunto menor. Un asunto que la presidenta debería ser capaz de despejar rápidamente, explicando con detalle el origen de los bienes cuestionados.
Lejos de contribuir a despejar las dudas, sin embargo, las respuestas de la presidenta y del presidente del Consejo de Ministros han dejado mucho que desear. E incluso, han agravado la crisis, al generar más dudas por evitar responder sobre un asunto muy concreto: el origen de las joyas.
Detrás de todo esto parecería estar una incomprensión de Boluarte de cuál es su verdadero rol. Las inmunidades y protecciones legales con las que cuenta por su cargo no están allí para protegerla personalmente, sino a la institución presidencial. Esto último no es lo mismo que la persona que ocupa la presidencia, quien más bien tiene el deber de siempre actuar con transparencia y respeto por el cargo que ocupa.
Si en cualquier circunstancia quien ocupa la presidencia utiliza ese cargo para proteger asuntos personales, como sería intentar encubrir un caso de enriquecimiento ilícito, no solo estaría incumpliendo su rol, sino dañando al país y a la institución presidencial. Este es exactamente el caso de Boluarte, quien desde el inicio viene faltando a su deber de transparencia.
Si la presidenta no explica con claridad de dónde obtuvo estas joyas, ¿cómo podemos saber que no fueron un regalo a cambio de algún favor indebido? ¿O que no se trata de un caso de lavado de activos? ¿Y acaso no nota la presidenta cómo todo este ruido termina perjudicando aún más la imagen del país y la confianza en su institucionalidad?
Es vital que en lo que sigue, el sistema de justicia actúe con rectitud, pero también con prudencia y apego estricto a la Constitución. Nuestro país ya tiene una imagen de ser un lugar en donde la política tiene más injerencia de la debida en la justicia. Si este caso no se lleva con el debido cuidado, esa imagen solo empeorará.