Manuel Riu
Los miles de jubilados que cotizaron a las mutualidades sectoriales que proliferaron en la región antes de la puesta en marcha de la Seguridad Social tendrán facilidades para obtener la devolución de lo que han tributado de más por sus pensiones. Hacienda, que ha recibido una oleada de reclamaciones, habilitará a partir del 20 de marzo un "sencillo" formulario que permitirá canalizar todas las solicitudes sin necesidad de adjuntar documentación, puesto que será la propia Agencia Tributaria quien recabará de la Seguridad Social y de otros organismos la información sobre la vida laboral de los solicitantes.
Las cotizaciones a la Seguridad Social, creada en 1967, fueron consideradas un gasto deducible en el Impuesto sobre la Renta (IRPF), mientras que la cuotas de las mutualidades tributaban por dicho impuesto al 100%. Había una desigualdad evidente entre los dos colectivos de trabajadores y de ahí que se aprobara una disposición transitoria a la Ley del IRPF para permitir a los mutualistas deducir un porcentaje del tributo.
Ese marco transitorio estuvo vigente hasta 1978, cuando entró en vigor el actual modelo de cotizaciones a la Seguridad Social. La sentencia del Supremo reconoció a los pensionistas que cotizaron en la Mutualidad Laboral de Banca el derecho a disfrutar de una reducción fiscal del 100% por lo cotizado hasta el 31 de diciembre de 1966 y de un 25% por lo cotizado entre el 1 de enero de 1967 y el 31 de diciembre de 1978.
Los mutualistas tienen derecho a solicitar la rectificación de las autoliquidaciones de IRPF de todos los ejercicios no prescritos (los últimos cuatro años) para reducir su base imponible y solicitar la devolución de lo que les corresponda. Cada caso es diferente, pero distintas fuentes señalaron que las devoluciones pueden llegar a superar los 2.000 euros.
Alivio hipotecario
Cerca de 7.900 familias se acogieron en 2023 a las medidas de alivio hipotecario promovidas por el Gobierno, que permitían alargar el plazo para hacer frente al préstamo o pedir una moratoria de hasta dos años, para suavizar el impacto de la subida del euríbor.
Según ha detallado el Banco de España, las operaciones aceptadas en 2023 fueron exactamente 7.919, lo que supone el 12,89 % de las solicitudes recibidas en el año, que ascendieron a 61.428, de las que un 42,02 %, esto es 25.818, fueron rechazadas, en la mayoría de los casos por no cumplir con las condiciones, y el 45,07 % restante, o lo que es lo mismo 27.691, estarían aún pendientes de estudio.
Un año antes, en 2022, el número de familias que se habían acogido a las medidas de alivio antiguas fue de 1.352, con lo que en el acumulado de los dos años la cifra de beneficiarios es de 9.271, muy lejos del objetivo del millón de familias que se fijó el Ejecutivo en noviembre de 2022.
El propio Banco de España, que desvela estos datos en su Informe de Estabilidad Financiera publicado este lunes, explica que el volumen de operaciones sigue siendo contenido -a pesar del aumento "considerable" de 2022- gracias a que la situación económica y del empleo ha ido mejor de lo esperado.
De hecho, eso, unido a una mejora de las rentas, explicaría que el porcentaje de familias altamente endeudadas, aquellas que destinan más del 40 % de su renta al pago de deudas, esté en el 11,2 % en 2023, "únicamente" un aumento de 0,7 puntos porcentuales desde 2020.
Volviendo a las medidas de alivio hipotecario, las cerca de 7.900 operaciones concedidas en 2023 equivalían a un volumen de deuda pendiente de 907 millones de euros, el 0,2 % del saldo vivo del crédito a hogares, mientras que las 1.350 aprobaciones de un año antes se limitaba a 135 millones.
En cuanto a la calidad crediticia de las operaciones acogidas a Códigos de Buenas Prácticas, empeoró y un 46,9 % correspondía a operaciones reestructuradas morosas, un 2,7 % directamente a morosas y un 26,3 % en vigilancia especial por el riesgo de entrar en impago.
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