Lo que entró en crisis no es solo la situación de las prepagas, sino todo el sistema de salud privado. Problemas económicos de larga data hacen eclosión hoy en los precios de los alimentos, la energía, la construcción, los colegios privados, y obviamente, en los seguros privados de salud. Dadas las severas deficiencias de prestación médica de muchas obras sociales y de la mayoría de los sistemas públicos del país, durante cinco décadas los argentinos fueron paulatinamente migrando en la media de sus posibilidades a sistemas privados, ahora amenazados.
Desde el gobierno se pusieron en marcha dos maniobras que, en los hechos, ponen al sistema de salud privada de la Argentina, con la mitad de las camas de internación del país y la casi totalidad de los centros de altísima complejidad, en crisis. Primero el DNU 70/23 desreguló intempestivamente el aumento de las cuotas de las prepagas, que salieron a recomponer su atraso de un año y medio respecto de la inflación y en tres meses llevaron el valor de las cuotas a niveles insostenibles, especialmente para la gente mayor.
Las empresas de medicina prepaga son el método para financiar los costos de salud del sector privado, y no se ha inventado alternativa alguna. Ningún particular puede individualmente afrontar de bolsillo los costos de internación, cirugías, y tratamientos especiales que la medicina moderna impone. Luego se crean seguros. Y dada la magnitud del riesgo y la complegidad de su gestión, se requieren organizaciones de salud; así llegamos a las entidades de medicina prepaga. Frente a los aumentos no menos de 300 mil personas ya perdieron su cobertura privada, y deben pasar a utilizar PAMI, obras sociales provinciales y sindicales, o ir al sector público. Sectores estos con problemas aun mayores que la medicina privada.
El gobierno reaccionó con una segunda medida, de la Secretaría de Comercio, aduciendo supuesta cartelización y exigiendo retrotraer precios a diciembre y ajustarlos por el IPC, lo que redundaría en cuotas 30% más bajas. En una medida judicial se reclama además, la devolución de la diferencia. Esto impacta directamente ahora sí, en el sector prestador.
Las prepagas deberán aplicar ese reajuste a médicos y centros de salud, llevando a muchos de estos a la quiebra. En la práctica el sector prestador venía manteniéndose con el cobro de copagos, no pagando las cargas sociales (la morosidad es enorme), y recibiendo una suma fija por empleado desde la pandemia desde el gobierno nacional, que se suspendió. Los centros de salud ya firmaron en febrero una paritaria para sus empleados (60 a 70% de sus costos operativos), en concordancia con las prepagas, homologada por la Secretaría de Trabajo.
Si todo vuelve a diciembre, los números no cierran, por una sencilla razón: poco o nada aumentó junto con el IPC. Las prepagas aumentaron 129% desde diciembre, con una inflación (IPC) acumulada del 90%, y con costos sanatoriales como luz, gas, agua, y alimentos, cercanos al 130%. Sin contar que el transporte público al personal le aumentó casi 200%. Pensemos que el IPC es un promedio ponderado de precios, y como tal es el centro de una distribución que en este caso divide todos los precios finales de la economía en dos, la mitad por arriba y la mitad por abajo. Obviamente que los ingresos actuales de la clase media no pueden afrontar muchos gastos. Para los colegios se dio ayuda. Ahora hay que ver qué se hace con la salud.
El tema debe resolverse, y rápido. Bajar las cuotas es indispensable, a menos que se piense en aumentar los ingresos de la clase media, bajarle otros impuestos, o se otorguen subsidios como en educación. La única forma de bajar las cuotas salvaguardando la calidad es morigerar los costos operativos del sistema de salud privada, financiado a través de la medicina prepaga. Para esto se debe crear un PMO de emergencia, crear un seguro para los medicamentos de altísimo costo y otro para la discapacidad, y se debe permitir modular la cobertura de prepaga. Para que esto suceda hay que fortalecer el sistema de las obras sociales, hoy en serios problemas, y el sistema público. Lo que no se debe hacer, es no dialogar y presentar abogados. Porque la salud tiene otras exigencias que son la solidaridad y la efectividad en la urgencia.