El último esfuerzo del primer ministro británico, Rishi Sunak, para deportar a migrantes a Ruanda finalmente obtuvo la aprobación del parlamento británico anoche, horas después de que prometiera que los vuelos de deportación comenzarían en julio.
El estancamiento parlamentario que había paralizado la legislación durante dos meses finalmente se disolvió después de una intensa noche y de meses de tira y afloja entre la Cámara de los Comunes (baja) y la de los Lores (alta), debido a las enmiendas que habían añadido los pares, rechazadas por los diputados. Queda así despejado el camino para que la pieza legislativa acabe convirtiéndose en ley a finales de esta semana, tras la aprobación real del rey Carlos.
Queda superado así el último obstáculo que se interponía en el plan de Sunak para deportar a migrantes, y que ha sido bloqueado repetidamente por una serie de fallos judiciales y la oposición de activistas de derechos humanos.
El proyecto se convertirá en ley a fina les de esta semana, tras la aprobación real
Decenas de miles de migrantes -muchos de ellos huyendo de las guerras y la pobreza en África, Oriente Medio y Asia- han llegado al Reino Unido en los últimos años cruzando el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones, emprendiendo viajes arriesgados organizados por bandas de tráfico de personas.
Después de que la ley superase el trámite parlamentario, Sunak dijo en una declaración a los medios que la ley es "histórica" y supone "un cambio fundamental en la ecuación global sobre migración". "Presentamos el proyecto de ley de Ruanda para disuadir a los inmigrantes vulnerables de realizar cruces peligrosos y romper el modelo de negocios de las bandas criminales que los explotan", señaló. La aprobación de esta legislación "dejará muy claro que si vienes aquí ilegalmente, no podrás quedarte. Nuestro objetivo ahora es lograr que los vuelos despeguen, y tengo claro que nada se interpondrá en nuestro camino para lograrlo y salvar vidas", agregó.
Detener el flujo es una prioridad para el gobierno, pero los críticos dicen que el plan de deportar personas a Ruanda en lugar de hacerse cargo de los solicitantes de asilo en su país es inhumano. Citan preocupaciones sobre el propio historial de derechos humanos del país de África Oriental y el riesgo de que los solicitantes de asilo sean enviados de regreso a países donde enfrentan peligro.
La nueva ley de Sunak establece que algunos estatutos de derechos humanos existentes en el Reino Unido no se aplicarán al plan y los jueces británicos deben tratar a Ruanda como un destino seguro, en un intento por anular un fallo del Tribunal Supremo que declaró ilegal el plan al concluir que la nación africana no es segura porque los migrantes podrían ser devueltos a sus países de origen, de los que huyeron. También limita las opciones de los individuos para apelar sólo a casos excepcionales.
Según la política formulada hace dos años, y acordada con Ruanda, cualquier solicitante de asilo que llegue ilegalmente al Reino Unido será enviado a Ruanda bajo un plan que, según el gobierno, disuadirá los cruces del Canal y destruirá el modelo de negocios de los traficantes de personas.
El equipo de Sunak espera que la promesa preelectoral ayude a cambiar su suerte electoral, particularmente entre los votantes conservadores vacilantes que quieren ver menos inmigración. Las encuestas sugieren que su Partido Conservador será duramente derrotado en las elecciones de este año por el Partido Laborista, que ha dicho que abandonará el plan si gana el poder. El Partido Laborista dice que buscará un acuerdo con la Unión Europea para devolver algunas llegadas a Europa continental.
La ONU pide que se reconsidere el plan
Dos altos cargos de las Naciones Unidas pidieron al Reino Unido que reconsidere su plan de trasladar a solicitantes de asilo a Ruanda, advirtiendo de que la medida tendría un impacto perjudicial sobre los derechos humanos y la protección de los refugiados. En una declaración conjunta, Filippo Grandi, alto comisionado de la ONU para los Refugiados, y Volker Turk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, pidieron que, en su lugar, Sunak adopte medidas prácticas para hacer frente a los flujos irregulares de migrantes y refugiados.
Incluso después de superar con éxito los obstáculos parlamentarios, Sunak aún puede enfrentar desafíos legales a la ley.
Organizaciones benéficas y grupos de derechos humanos dicen que intentarán detener las deportaciones individuales y el sindicato que representa al personal de la fuerza fronteriza promete argumentar que la nueva legislación es ilegal "a los pocos días" de que los primeros solicitantes de asilo sean informados de que serán enviados a Ruanda. "Necesitamos urgentemente que el gobierno del Reino Unido comience a tratar a los refugiados con decencia y deje de intentar enviarlos a un futuro inseguro en Ruanda", aseguró en un comunicado Lucy Gregg, jefa interina de Defensa de Freedom from Torture.
Otros países europeos, incluidos Austria y Alemania, también están estudiando acuerdos para procesar a los solicitantes de asilo en el extranjero.