SEÑOR DIRECTOR:
¿Qué omitió el general Yáñez? ¿Qué debió hacer y no hizo para terminar sentado en el banquillo de los acusados? ¿Le faltó quizás el don de la ubicuidad para hablarle al oído a cada carabinero que, asustado, violentado, sin dormir, sin ver a su familia, pudo tomar buenas o malas decisiones en fracciones de segundos?
El derecho penal se basa en considerar delitos una serie de acciones cometidas por un individuo, y que la sociedad ha concordado castigar a través de la ley. También existe la figura de omisión, que sanciona a quien, pudiendo hacerlo, se abstiene de cumplir una obligación legal. De esto es lo que se acusa a tres generales de Carabineros que encabezaban la plana mayor de esa institución durante el estallido social, período en que el actual general director se desempeñaba como director de Orden y Seguridad.
Entonces, más allá de las instrucciones impartidas varias veces al personal que intentaba contener los actos de violencia, a los generales se les reprocha por no haber podido tener ojos, desde la dirección central en Santiago, sobre cada uno de los 30 procedimientos policiales por minuto que hubo en ese periodo. Esos generales serán formalizados por 450 casos en que no fueron capaces de adivinar en qué lugar del país algún carabinero lesionaría en defensa propia o por exceso a alguna persona, como para haberlo llamado ordenándole que mejor se dejara golpear, o bien que retrocediera en su obligación constitucional de recuperar el orden quebrantado.
Es decir, tres generales de Carabineros, incluyendo a su actual general director, serán formalizados porque no hicieron algo imposible de cumplir.
Y he aquí una agravante del asunto. Al menos una de las persecutoras fue una activa promotora del estallido social, que en los hechos y en su relato promovía dañar a Carabineros. Cuatro años después, y sin tener la suficiente honestidad para inhabilitarse dado el evidente conflicto de interés, esa misma fiscal hoy tiene la oportunidad de concretar ese daño a esa organización.
El círculo de gravedad se cierra cuando, en los hechos, el gobierno le entrega a esos mismos fiscales la capacidad de remover, a través de una formalización, al general director de Carabineros, al transformar la fecha de esa audiencia en la espada de Damocles que hoy se blande sobre el general Yáñez, forzado a una renuncia desproporcionada e injusta por los hechos que se le imputan, y peligrosa para la salud de nuestra institucionalidad.
Luis Silva Irarrázaval
Profesor de Derecho Constitucional