La ola de cesantías y despidos en organismos públicos nacionales mostró una vez más la perversidad de un sistema arbitrario, poco transparente y que precariza a los trabajadores estatales, que lleva décadas y ha contribuido a justificar el desmantelamiento a ciegas de entes claves para la atención de los ciudadanos. En su objetivo de bajar el gasto público, el presidente Javier Milei no ha dudado en aplicar la "motosierra" a entes que considera sobredimensionados y superfluos. Así, achicó ministerios, subsecretarías y organismos como el Inadi y el Enacom, entre otros, a los que considera "poblados de militantes" del anterior gobierno o de "ñoquis".
Sin embargo, también incluyó a trabajadores que desempeñan tareas desde hace décadas y eran los únicos encargados de atender al público o prestar servicios en oficinas de lugares apartados en Anses, Vialidad o Parques Nacionales. El objetivo parece ser recortar gastos como sea, sin mirar demasiado en la utilidad o no de los puestos suprimidos. Se agregaron gestos de maltrato innecesarios: empleados notificados por WhatsApp o bloqueados al ingresar al lugar de trabajo.
El sistema de empleo público en Argentina tiene tres categorías generales. Primero, los puestos "políticos", que ingresan en cada gestión para asesorar. Luego, los "contratados" para tareas específicas y por un tiempo determinado y finalmente los "de planta", que son permanentes y tienen régimen de estabilidad. Los primeros pueden ser cesados en cualquier momento. A los segundos, la estabilidad les dura lo que defina su contrato y a los terceros sólo se los puede echar con causa justificada y previo sumario administrativo. Esta garantía busca un plantel profesional estable de empleados públicos, protegidos de represalias o despidos ante un cambio de gestión política. La contracara es que se exige su ingreso mediante concursos públicos y exámenes de idoneidad.
El sistema se ha desvirtuado desde hace décadas. Especialmente en los poderes ejecutivos y legislativos (Nación, provincias y municipios), el ingreso al Estado vía contratos temporales y designaciones directas han sido la regla y los concursos la excepción. El amiguismo, el nepotismo, los contactos políticos y el clientelismo proliferan. Siempre hay una "urgencia" a mano para saltarse las reglas y se aduce que es "complejo" concursar. No se repara en que, en varias provincias, hace años que la Justicia ingresa cada año a cientos de empleados de esta forma y las designaciones de miles de docentes se hacen por asambleas de antecedentes académicos, con total normalidad. Lo que falta, entonces, es voluntad política.
Hoy conviven casi 50 escalafones diferentes de empleo público y trabajadores de planta con designados políticos y contratados. Eso genera "burocracias paralelas" que duplican costos y generan injusticias e ineficiencia en la administración pública.
A ello se agrega una hipertrofia del empleo público, como remedio a la incapacidad de la economía de crear puestos de trabajo genuinos en el sector privado. Entre 2003 y 2023, el empleo público creció un 70%, mientras la población aumentó un 25%. Tampoco contribuyó al prestigio del empleo público que, antes de entregar el mando, la anterior administración mezclara personal político y empleados corrientes al realizar masivos pases a planta y renovar miles de contratos. Eso generó una confusión y precarización que hoy pagan miles de cesados, algunos con 20 años de servicio.
La arbitrariedad de ingreso no justifica la de despido. Hay fallos de la Corte que definen que contratos renovados varias veces generan relación laboral y derechos. Negarlo sólo llevará a una costosa catarata de acciones judiciales.
Más allá del conflicto actual, la dirigencia política y sindical debiera entender que un aparato estatal moderno y eficiente requiere de empleados profesionales, bien remunerados y capacitados periódicamente. Para ello debiera garantizarse un sistema meritocrático, público y transparente de ingreso, formación y sanciones que los autonomice del partidismo y las relaciones personales. Sólo así mejorarán la gestión y los servicios que brinda el Estado, hoy tan cuestionados.