La Fiscalía del Tribunal de Cuentas reclama a los líderes del 'procés' 3,1 millones de euros
La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha mantenido su petición de 3,1 millones de euros de forma conjunta y solidaria para el expresidente catalán huido Carles Puigdemont y otros 34 excargos de la Generalitat de Cataluña por su presunta responsabilidad contable en el supuesto desvío de fondos para el referéndum ilegal del 1-O y la acción exterior del Govern, informa Europa Press.
El fiscal Manuel Martín-Granizo se ha pronunciado así en un escrito de conclusiones, al que ha tenido acceso Europa Press, después de que la consejera del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento, Elena Hernáez, le diera un plazo de 10 días para que presentara su postura.
Según las fuentes del órgano fiscalizador consultadas, una vez recibida la respuesta del Ministerio Público y de la acusación popular que ejerce Sociedad Civil Catalana, el tribunal dará traslado a las defensas para que se pronuncien.
La consejera pidió informe a la Fiscalía después de que el pasado enero rechazara suspender el procedimiento por la tramitación de la proposición de ley de amnistía, como pedía el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y el resto de encausados de ERC. La norma de olvido jurídico supone la extinción de la "responsabilidad penal, administrativa y contable".
Cabe recordar que aunque el Tribunal de Cuentas emplazó a la Fiscalía y a Sociedad Civil Catalana a que emitiesen sus conclusiones, ambas se pronunciaron en el marco de la vista del 17 de noviembre de 2023 y presentaron informes incluso antes.
Reclama 3,1 millones de euros
El Ministerio Público reclama 3,1 millones de euros de forma conjunta y solidaria a los 35 encausados tras rebajar las estimaciones iniciales del propio Tribunal de Cuentas, que había previsto una responsabilidad contable de unos 9,5 millones de euros.
Sociedad Civil Catalana, por su parte, reclama 5 millones de euros a 11 excargos del Govern incluidos en la lista del Ministerio Público. Los encausados ya han aportado una fianza de cara al juicio para evitar embargos.
Entre los 35 nombres consta –además de Puigdemont– el del expresidente catalán Artur Mas, que ya fue condenado por el propio Tribunal de Cuentas a devolver a la Generalitat algo más de 4,9 millones de euros (a los que se sumó más de un millón de euros en concepto de intereses) por la organización de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014.
En la lista también figuran exconsejeros condenados por el Supremo, como Raül Romeva y Jordi Turull; exconsejeros huidos, como Toni Comín y Lluís Puig; exdelegados de la Generalitat en el extranjero, como los de Estados Unidos, Francia, Italia y Portugal; y delegados en el exterior que aún permanecen en el cargo, como Marie Katinka (Alemania) y Eric Hauck (países del sudeste de Europa).
Asimismo, están encausadas nueve personas que fueron procesadas por el Juzgado de Instrucción Número 13 de Barcelona en la causa abierta por los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Destacan el exsecretario general de la Presidencia del Govern Joaquim Nim; el exsecretario de difusión de Presidencia Antoni Molons; el exsecretario general de Trabajo Josep Ginesta; y el exdirector del Diplocat Albert Royo.
La sentencia del Supremo relativa al 1-O impuso penas de prisión para los nueve principales acusados. Sin embargo, no fijó la responsabilidad civil, sino que remitió la resolución al Tribunal de Cuentas para que impusiese dichas cantidades, un asunto sobre el que gira el presente procedimiento en el órgano fiscalizador.