El PSOE congeló la votación sobre las listas a las elecciones europeas que lidera la actual vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, tras el 'impasse' del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero una vez resuelto el enigma, el Comité Federal vota este martes y Ribera entra en una contrarreloj antes de su (previsible) marcha a Europa para aprobar su medida estrella que rebajaría la factura de la luz hasta en un 13%.
La propia Ribera defendió a principios de año que se debería considerar en un futuro retomar la tramitación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) porque, a su juicio, "estaba bien diseñado". Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica consultadas por La Información sobre cualquier novedad se remiten a las palabras de la vicepresidenta y no hacen más comentarios.
La creación del FNSSE fue aprobada en Consejo de Ministros en diciembre de 2020 y en septiembre de 2021 salvó su primera votación en el Congreso de los Diputados, pero la tramitación estaba planificada para antes de que estallara la crisis en los mercados energéticos internacionales. En este sentido, desde el Gobierno defendieron que no era prudente hacer modificaciones de tal calado con las medidas de urgencia que se aprobaron, como la rebaja en la fiscalidad de la electricidad y la puesta en marcha de la 'excepción ibérica', entre otras. El fondo causó un gran revuelo en el sector e incluso Naturgy llegó a romper con la patronal eléctrica Aelec por su apoyo a este.
Sacar costes del recibo eléctrico
En concreto, el FNSSE pretendía asumir los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos (Recore) -entre 6.500 y 7.000 millones de euros al año- y sacarlos de la factura de la luz de los hogares. El Ministerio para la Transición Ecológica lo propuso con un triple objetivo: evitar subidas en el precio de la electricidad, dar señales claras de electrificación de la economía y aportar certidumbre, sostenibilidad y equilibrio al sistema que permita la movilización de las inversiones necesarias en los próximos años.
Según el Gobierno, el fondo rebajaría hasta un 13% el recibo eléctrico en cinco años tras sacar del mismo el coste de las primas a las energías renovables, por lo que supondría un nuevo ingreso del sistema eléctrico que sustituiría gradualmente los cargos fijos del sistema eléctrico del Recore, incluidos actualmente en los peajes de acceso. El objetivo era que el trasvase fuese del 20% el primer año, para el segundo alcanzar el 40% y el tercero el 60%, hasta alcanzar el 100% en el quinto ejercicio.
Las petroleras serían las empresas más perjudicadas
Bajo el sistema actual, son los consumidores, ya sean particulares o empresas, los que cargan actualmente con los costes asociados al Recore, y lo que el Ejecutivo pretendía es que los sujetos obligados a financiar dicho mecanismo sean los comercializadores de todos los sectores energéticos: las empresas comercializadoras de gas natural y electricidad, los operadores de productos petrolíferos al por mayor, los operadores de gases licuados de petróleo al por mayor y los consumidores directos de los productos anteriores. Las aportaciones de los sectores energéticos se realizarían mediante pagos proporcionales a sus ventas.
De este modo, el objetivo total de recaudación y el reparto entre los distintos sujetos obligados se calcularía cada año a partir de las estimaciones de ventas comunicadas por los agentes, una vez descontados los ingresos provenientes de otras fuentes de financiación, como tributos o ingresos de las subastas de CO2. Según los volúmenes de venta actuales, el sector que más debería contribuir a este fondo sería el petrolero, seguido del eléctrico y del gasista, lo que levantó muchas ampollas. Compañías como Repsol, Cepsa o BP son las que más sufrirían las consecuencias. En su momento, con el fin de garantizar la equidad y la redistribución, se introdujeron exenciones y compensaciones para aquellos sectores con menor capacidad de adaptación y respuesta al sistema.
El fondo 'verde' se creó como proyecto de ley con tramitación urgente y la previsión del Ejecutivo era que entrara en funcionamiento en 2022. Por su parte, también quedó pendiente en la anterior legislatura la aprobación del mecanismo por el que se actuará sobre la retribución del C02 no emitido del mercado eléctrico. La cartera que dirige Teresa Ribera considera que la generación de energía mediante las centrales eléctricas no emisoras de CO2 (hidráulicas y nucleares) percibe una sobrerretribución en el mercado mayorista y quiere usarla para sufragar parte de la factura eléctrica de los consumidores vulnerables severos en riego de exclusión social, con un 10% del total, mientras que el 90% restante se destinaría a financiar los costes asociados al Recore.