El Partido Popular (PP) ha presentado una Proposición no de Ley para su debate en Pleno en la que exige al Gobierno que apruebe un marco eléctrico competitivo, estable y predecible para la industria electrointensiva. El PP exige modificar el Estatuto de estos consumidores, cambiar el límite de dotación presupuestaria máxima permitida para la compensación de los costes indirectos por CO2 o, en su defecto, dedicar el 25% de estos ingresos para que las empresas dispongan de un precio estable y competitivo.
Asimismo, el texto registrado pide incrementar el servicio de respuesta activa de la demanda o establecer otros mecanismos de interrumpibilidad efectivos para reducir el precio eléctrico de la industria.
La formación azul también solicita mantener la bonificación de los peajes del 80% con carácter permanente y activar las subastas de energía procedentes de fuentes renovables específicas para consumidores industriales intensivos en energía.
La industria electrointensiva
La iniciativa denuncia que este Gobierno pretende discriminar a la industria electrointensiva y asevera que la política industrial siempre ha ido de más a menos, lo cual es francamente preocupante. «La política energética de este país es un no al empleo, a la captación de inversiones y a la competitividad de nuestras empresas», subraya.
En este sentido, el PP critica que el precio final que tienen que asumir esta industria en España frente a países como Francia o Alemania es tres veces superior y reprocha que el gobierno es incapaz de establecer un precio estable y competitivo, después de 3 años de la aprobación del Real Decreto por el que se regula el Estatuto de los consumidores electrointensivos.
La escalada de los precios energéticos ha llevado a estas industrias a una pérdida de competitividad traducida en recortes en la producción o en su deslocalización hacia otros países porque el coste de la electricidad ha llegado a alcanzar el 50% de sus costes.
Empresas tan significativas como Alcoa, en la Mariña lucense, que ha puesto a la venta su complejo de San Cibrao; Arcelor, en Asturias que ha decidido no acometer la inversión prevista aún con una ayuda concedida de 450 millones de euros; o Ferroglobe en Cantabria y Galicia, han tenido que desviar su producción a otros países.
El Ejecutivo es plenamente consciente de las limitaciones del Estatuto y, sin embargo, es incapaz de abordar una reforma en profundidad pese a que la anunció la ministra en febrero del año pasado. El Estatuto no recoge un marco normativo específico para las empresas más electrointensivas y el propio Gobierno se ha encargado de desnaturalizarlo con la ampliación del número de consumidores que tienen tal consideración.
Para acceder a estas ayudas, que en 2023 ascendieron solo a 86 millones de euros, las empresas tienen que asumir importantes obligaciones que suponen costes muy relevantes que no se ven compensados por las ayudas recibidas y provoca que, en muchos casos, los propios beneficiarios renuncien a las ayudas.