La Fiscalía pide que Puigdemont y una treintena de dirigentes paguen 3,1 millones por el dinero desviado al procés
La Fiscalía del Tribunal de Cuentas solicita que 35 ex altos cargos de la Generalitat de Catalunya —entre los que están los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas y el exvicepresidente Oriol Junqueras— paguen 3,1 millones por el dinero público desviado para la organización del referéndum del 1-O y la promoción exterior del procés. Así consta en el escrito de conclusiones del fiscal jefe del órgano fiscalizador, Manuel Martín-Granizo, al que ha tenido acceso elDiario.es.
Martín-Granizo ha presentado su escrito después de que la consejera Elena Hernáez le diera 10 días de plazo para presentarlo. Hernáez acordó el pasado enero seguir adelante con el procedimiento sobre la derivada económica de la causa penal por el procés que ya sentenció el Tribunal Supremo en 2019 a la espera de la ley de amnistía. Esa norma dejará previsiblemente en papel mojado cualquier multa por el supuesto desvío de fondos públicos en el procés al considerar "extinguidas" las responsabilidades civiles y contables derivadas de esos actos.
La consejera rechazó entonces la solicitud de suspensión planteada por la representación procesal de Junqueras y otros ocho codemandados más, con el respaldo de la Fiscalía. Ahora, una vez recibida la respuesta del Ministerio Público y de la acusación popular que ejerce Sociedad Civil Catalana, el tribunal dará traslado a las defensas para que se pronuncien y, después, dictará sentencia.
En su informe, Martín-Granizo afirma que la ley de amnistía "es un hecho futuro y no exactamente incierto, pero tampoco dotado de una certeza plena, al desconocer la fecha de entrada en vigor de la ley y su exacto contenido y alcance". En consecuencia, considera que subsisten las "razones" que esgrimió cuando, durante el juicio, se posicionó en contra de suspender el procedimiento.
En total, el Ministerio Público reclama 3,1 millones de euros de forma conjunta y solidaria a los 35 encausados tras rebajar las estimaciones iniciales del propio Tribunal de Cuentas, que había previsto una responsabilidad contable de unos 9,5 millones de euros. De esa cantidad, 883.695 euros corresponden a gastos en el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017 y 2.209.503 euros al dinero utilizado para la promoción exterior del procés.