En medio de un panorama de críticas y escepticismo, después de que diputados de Morena en el congreso mexicano anunciaron posibles reformas para la creación de un Fondo Compensatorio para Pensiones para el Bienestar, una medida destinada a garantizar un retiro digno para los trabajadores afectados por políticas laborales anteriores.
Esta iniciativa, en palabras del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, busca contrarrestar los efectos negativos de leyes promulgadas durante los gobiernos de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, ha despertado tanto interés como dudas entre la población.
El mandatario dijo en La Mañanera, que el impulso para este fondo surge de la necesidad de atender las injusticias cometidas durante años, especialmente en el ámbito de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), a quien señaló por cobros excesivos mientras administraban las pensiones.
"Sorprendentemente, algunos de los críticos más vocales anteriormente ligados a la gestión de Afores ahora guardan silencio ante esta medida", dijo el morenista.
La implementación del fondo compensatorio, que sería manejado por el Banco de México, tiene como objetivo principal asegurar que aquellos que se jubilen bajo condiciones adversas reciban una cantidad justa y suficiente para garantizar su bienestar.
Se estima que, según las autoridades federales, los beneficiarios podrían recibir una cantidad mayor, que sea equivalente a su sueldo previo al retiro, representando un alivio significativo para miles de trabajadores.
¿Cómo se financiaría ese fondo?
Para financiar este fondo, el gobierno federal ha identificado diversas fuentes de ingresos. Una de ellas radica en los recursos que las Afores retienen ilegalmente, provenientes de los ahorros no reclamados por los trabajadores, que se calcula son alrededor de 40 mil millones de pesos.
Aunque la ley establece que estos fondos deben ser devueltos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la práctica, esta devolución no siempre se efectúa, lo que genera una acumulación considerable de recursos.
Además de los recursos no reclamados, otra fuente de financiamiento provendrá de que todo lo que se confisque y que tiene que ver con el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) y se destine a ese fondo y las utilidades generadas por empresas estatales.
Se espera que los proyectos emblemáticos del gobierno, como el Tren Maya y los Aeropuertos de la CDMX, Tulum, Felipe Ángeles, entre otros, bajo la gestión de la Marina y la Defensa Nacional y la aerolínea de Mexicana, contribuyan a este fondo a través de sus ganancias.
Esta medida garantizaría que los beneficios de tales proyectos se reviertan en la sociedad, especialmente en aquellos que más lo necesitan.
Sin embargo, las críticas no han tardado en aparecer. Algunos expertos y detractores argumentan que estas fuentes de financiamiento son insuficientes o poco realistas. Se cuestiona la viabilidad de obtener utilidades de proyectos aún en desarrollo, como el Tren Maya o el AIFA.
A pesar de las dudas planteadas, el gobierno defiende esta medida como un acto de justicia social y una forma de corregir las injusticias del pasado.