La ofensiva del PP contra el Gobierno en el Senado continúa. Este jueves se ha reunido la comisión conjunta de las comisiones Constitucional y de Justicia para fijar su calendario de tramitación, que coincidirá y condicionará la campaña de las elecciones catalanas del 12 de mayo. Y, además, la ponencia que evalúa el impacto autonómico de la amnistía, que ha recibido el dictamen propuesto por el PP, muy crítico con la ley, tras la que ve peligrar el andamiaje del Estado autonómico en su conjunto.
El dictamen puede recibir enmiendas hasta el próximo día 9 de abril, pero la mayoría del PP, en cualquier caso, podrá sacar adelante un texto demoledor contra la ley de Amnistía que ha sido remitida desde el Congreso, en el que se califica lo ocurrido en septiembre y octubre del 2017, el momento álgido del proceso independentista, de "insurrección de los poderes públicos" de Catalunya y se denuncia que la tramitación de la norma ha sido "fraudulenta" y su contenido es "inconstitucional".
El texto de la propuesta del grupo parlamentario popular incide en los aspectos que el partido de Alberto Núñez Feijóo ha ido desgranando durante esta compleja legislatura para justificar su rechazo absoluto a una amnistía para los encausados por su participación en el procés, que, según el PP, es una forma de "corrupción política", ya que ha sido aceptada por el PSOE para conseguir los siete votos de Junts en la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
Asimismo, el informe sobre el contenido autonómico de la ley de Amnistía recuerda que el Senado ya expresó sus dudas sobre la constitucionalidad de la proposición de ley enviada desde el Congreso, que contiene "vicios de procedimiento" ante los que la Cámara Alta ha reaccionado con un inédito conflicto institucional en el que insta a la Cámara Baja a retirar la norma, habida cuenta de que pretende dejar en el olvido que en el 2017 se produjo un "golpe de Estado (civil)" con el que se pretendió sustiuir "de modo ilegítimo" un ordenamiento jurídico por otro.
La propuesta del PP recuerda que el Senado, precisamente, el que, en aplicación de sus atribuciones constitucionales como cámara territorial, fue el escenario en el que, según lo establecido en el artículo 155 de la Carta Magna, se desplegó el mecanismo para detener la "insurrección" en el 2017, cuando la Cámara Alta autorizó al gobierno central, a la sazón presidido por el popular Mariano Rajoy, pero con la aquiescencia del PSOE, a intervenir la comunidad "en defensa de la propia autonomía, secuestrada por los separatistas".
"Desde un punto de vista político, la gravedad de la ley -al margen de su manifiesta inconstitucionalidad y arbitrariedad- reside en que con ella se produce una deslegitimación del Estado en su conjunto, también como Estado autonómico, y singularmente del Senado como cámara de representación territorial, de las provincias y de las comunidades autónomas", concluye la propuesta del PP, que sentencia que "la amnistía supondría un "golpe mortal" para el Estado.
Esto es así, explica el texto, que cita como autoridad al catedrático de Derecho Constitucional Manuel Aragón, porque "si fue injusto el derecho que lo reprimió, entonces fue justo el proceso de secesión". Y por todos los motivos expuestos, desarrollados a lo largo de 24 páginas, el PP cierra su propuesta con una advertencia: "Nos encontramos ante el mayor atentado contra el principio de seguridad jurídica que se ha producido en España desde la aprobación de la Constitución de 1978".