Más allá de las reacciones a la decisión de Pedro Sánchez de meditar sobre su continuidad al frente del Gobierno, las cuestiones más polémicas como la amnistía o el referéndum o la política de pactos, el debate de los candidatos a las elecciones catalanas del 12 de mayo ha permitido la reflexión sobre la gestión del Govern y las propuestas de los partidos en políticas sectoriales como la educación, la fiscalidad, la financiación autonómica, la vivienda, la gestión de la sequía o las infraestructuras.
Los periodistas especialistas de La Vanguardia en los ámbitos concretos analizan lo que ha dado de sí el debate respecto a políticas sectoriales. Mucha crítica cruzada pero pocas propuestas.
Eduardo Magallón
Ruido en la financiación y silencio en los tributos propios
Ninguno de los candidatos está en contra de una mejora de la financiación para Catalunya aunque discrepan del camino a seguir para conseguirla. Es fácil opinar sobre algo que depende de un tercero ya que el modelo debe ser pactado con el Estado. En cambio en lo que sí que es potestad del nuevo Govern que salga de las elecciones del 12 de mayo (la política tributaria sobre los impuestos propios o cedidos) ahí no hubo debate. No confrontaron propuestas.
Ante las acusaciones de la derecha (PP, Ciutadans y Vox) de que Catalunya es un "infierno fiscal" por contar con varios impuestos singulares (aunque muchos de ellos con recaudación muy baja), la respuesta de los tres partidos con más representación (PSC, ERC y Junts) fue el silencio. No dijeron si pensaban bajar el tramo del IRPF (como recogían los presupuestos fallidos del 2024) para sacar a Catalunya del primer puesto del ranking español de comunidad con el impuesto más alto para las rentas bajas. O en sucesiones donde desde hace meses hay una desaforada carrera en media España para dejarlo en la mínima expresión. No fue un elemento central del debate porque no se citó en el minuto de oro final. Tampoco estuvo en esa intervención última la financiación autonómica salvo en el caso del candidato de ERC, Pere Aragonès, quien usó sus 30 segundos para referirse a su propuesta de "financiación singular" como una de sus tres líneas rojas. Tienen tiempo durante las próximas dos semanas para confrontar lo que sí pueden hacer sin depender de nadie desde el mismo lunes día 13. Hay tiempo.
Maite Gutiérrez
Sin noticias del Aeropuerto de Barcelona
Los candidatos al 12-M han aterrizado pocas propuestas a lo concreto. Quizás una de las muestras más notorias de ello ha sido la ausencia de debate sobre el aeropuerto de Barcelona, una cuestión que ha protagonizado gran parte de la agenda económica y política catalana los últimos tiempos pero que hoy nadie ha mentado. La gestión de las grandes infraestructuras de Catalunya –El Prat, Puerto, cuarto cinturón...- separa a los principales partidos y la incapacidad para llegar a acuerdos sobre ello amenaza de nuevo con paralizar su futuro. En tres años no han sido capaces de pactar soluciones para el aeropuerto y de momento no hay señales de que esto vaya a cambiar con la nueva legislatura. ¿Se puede tener un activo como El Prat desactualizado sine die? Mientras en Catalunya se soslayan decisiones polémicas, sea en el sentido que sea, otros territorios actúan.
Resulta difícil de entender que el casino del Hard Rock haya protagonizado más minutos del debate, sacado a colación por la cabeza de lista de los comunse, Jéssica Albiach, que la conectividad aérea del país. Mala señal.
Rosa Salvador
La vivienda, fuera de foco
El difícil acceso a la vivienda, sobre todo de alquiler, es considerado como el quinto problema más importante de los catalanes según la última encuesta del CIS, pero ha tenido un papel modesto en el debate. Quizás porque aunque todos los candidatos coincidieron en la gravedad de la situación las soluciones son complejas, y las medidas más efectivas solo darán resultados a largo plazo, por lo que sus votantes probablemente se vean decepcionados porque el escenario inmediato es improbable que vaya a mejorar.
Alejandro Fernández (PP), Pablo Garriga (VOX) y Carlos Carrizosa (Ciutadans) vincularon la política de vivienda de la Generalitar con el problema de la ocupación ilegal, que a su juicio han fomentado y la inseguridad, e insistieron en corresponsabilizar al PSC de la situación por el apoyo al ejecutivo Aragonés.
Las candidatas Laia Estrada (CUP) y Jéssica Albiach (Comuns Sumar) fueron las más beligerantes, reflejando también que sus electores, según la encuesta del CIS, muestran el doble de preocupación por este problema que la media de los catalanes. Ambas candidatas centraron sus intervenciones en el derecho a la vivienda y coincidieron en su receta, de profundizar las regulaciones especialmente en el ámbito del alquiler, en detrimento de los propietarios.
Pere Aragonés (ERC) defendió la inversión, como recogía su proyecto de presupuestos, para crear vivienda social, y ni nombró el activismo legislativo del Govern, que en las últimas dos semanas ha pedido el control de rentas para 138 municipios y ha laminado el alquiler de temporada.
En el medio, Josep Rull (Junts) criticó "la cultura del no" y el "regularlo todo" que a su juicio agrava el problema en perjuicio de las clases medias y populares, pero no entró en detalles. Y también Salvador Illa, finalmente, pasó de puntillas sobre el tema: aseguró que los últimos 10 años han sido una década perdida para Catalunya y mostró su preocupación por la situación de la vivienda pero los oyentes también se quedaron sin conocer sus recetas
Antonio Cerrillo
Energía y sequía, críticas cruzadas y pocas propuestas
Muchas críticas cruzadas y pocas propuestas en materia de agua o energía. Es el balance del debate sobre la gestión desarrollada por el Govern.
Salvador Illa (PSC) sostiene que lo peor de esta gestión "ha sido la mala preparación frente a la sequía" (y lo mejor el desempeño en Cultura).Y aunque admitió la adversidad meteorológica, recalcó que "se deberían de haber hecho la cosas mejor". Illa también fue muy critico al subrayar que materia de renovables "estamos exactamente igual que hace 10 años" y prometió hacer una auditoría de los servicios públicos, pero no para "levantar alfombras, sino para saber dónde estamos".
El presidente Pere Argonès (ERC) insistió en que "hemos superado la etapas de los recortes" y se mostró a la defensiva cuando dijo que "se nos pide hacer en 3 años lo que otros no hicieron en 10 años". Lo más grave, dijo, es que ahora "todo está en riesgo", y juzgó "incomprensible" que los Comunes no apoyaran los presupuestos.
Josep Rull (Junts) pensó que la mejor defensa es un buen ataque. Dijo que en realidad la estrategia de Illa es "que decida Madrid" y le echó en cara a la Administración central va a financiar la desalinizadora Tordera II con un préstamo que "al final pagarán los catalanes". Por eso le espetó: "hay que ser coherente entre lo que se dice y lo que se hace". También pidió una "sacudida" y una "revolución" para renovar la Administración catalana.
Sobre la sequía, Jèssica Albiach (Comuns) dijo que se "debe acabar con la barra libre" que, en su opinión, disfruta el turismo. Pese a volver a expresar su rechazo al Hard Rock, no vinculó este proyecto urbanístico con la carencia de recursos hídricos.
Para dar solución a la falta de fuentes renovables en Catalunya, Laia Estrada (CUP) reclamó cumplir la ley de Canvi Climàtic, dar prioridad a las instalaciones en zonas ya ocupadas por actividades humanas, fomentar las comunidades energéticas y ayudar al Institut Català d'Energia, para entre otras cosas dar salida a las ayudas al autoconsumo que se solicitan.
"Catalunya es cada vez más decadente. Los partidos que nos han gobernado son corresponsales del desastre", dijo Carlos Carrizosa que habló de "infierno fiscal" pero no de asuntos concretos sobre agua o energía. "Levamos más de 15 años sin inaugurar ninguna nueva infraesctructura para el agua", sentenció Ignacio Garriga (Vox).
Alejandro Fernández (PP) empleó buena parte de su tiempo a atacar a la CUP, acusándola de "antisistema" ("anticapitalista", le replicó Laia Estrada) y a defender de que su partido se había opuesto al corredor mediterráneo, y lanzó como contraofensiva la idea de que Pujol quien se opuso en su día.
Carina Farreras
Educación, huérfana de propuestas
La educación ha servido para arrojar al atril de Pere Aragonès el estado en que están los bajos resultados escolares, una preocupación que todos los candidatos han compartido y expresado, pero que no ha ido acompañada de ni una sola propuesta. "Más maestros que nunca pero crisis educativa profunda" (Comuns Sumar), "Educación ha retrocedido mucho, está a la cola de España" (PSC), "Se ha destrozado la educación" (Vox). "Los peores datos de calidad educativa" (PPC).
Paradójicamente, sólo el candidato de ERC, que ha defendido su gestión recordando la entrada de más profesorado lo que dará frutos "en el futuro", ha puesto sobre la mesa la necesidad de invertir en la etapa de 0-3 años de edad para asegurar el éxito educativo de los alumnos más vulnerables.
Ninguno ha mencionado el pacto educativo que firmaron las principales fuerzas políticas en el Parlament en verano de 2023, dando el apoyo al Govern para asegurar una educación de calidad.
Por lo demás, el eje educativo ha pivotado sobre el modelo de inmersión lingüística en la escuela, defendido por ERC, PSC y Comuns Sumar, y discutido por el bloque de derecha. La candidata de la CUP, Laia Estrada, ha pedido explícitamente que no se revalide el acuerdo sobre la ley de uso lingüístico en las escuelas que normaliza el castellano dentro de los centros educativos. Aragonés ha defendido la ley gracias a la cual no se aplica la sentencia que impone el 25% del castellano en todas las escuelas del país. Una ley sobre la que el Tribunal Constitucional debe aún pronunciarse.
En esta sequía de iniciativas se ha producido un brote verde. Salvador Illa, en su intención expresa de "unir y servir", ha propuesto a Alejandro Fernández, que se sume a la defensa del catalán, como el PPC hizo votando a favor la inmersión en su momento. El candidato popular reconoció su preocupación por el descenso del uso social del catalán, que, según expresó, se ha reducido en 20 puntos en los jóvenes. Y respondió de forma afirmativa: si se impulsa con acciones de difusión y no con coerción, imposición y multas, "nos tendrían de su lado".
Jaume V. Aroca
El problema de los servicios públicos
El debate ha tenido como fondo la cuestión de los servicios públicos que presta la Generalitat y tres candidatos, Salvador Illa (PSC), Josep Rull (Junts+) y Jèssica Albiach (Comuns Sumar) han abordado el problema desde sus perspectivas políticas. Illa ha sido el más claro al apostar abiertamente por una reforma en profundidad de la administración pública catalana lastrada por muchos años de indecisión, cuando no de indolencia, en esta cuestión. En este sentido, y como ya había avanzado hace algunas semanas ha reiterado su propósito de hacer una auditoria de los servicios públicos "no para levantar alfombras, eso no me interesa, lo que realmente em interesa saber qué está fallando, tener un diagnóstico claro de qué hace falta".
Josep Rull, desde una perspectiva distinta también a abordado esta cuestión cuando ha asegurado que la administración catalana necesita "una sacudida" y se ha centrado especialmente en la excesiva burocratización de las relaciones entre la ciudadanía y la administración. Rull -acorde con su talante más liberal- se ha mostrado partidario de una flexibilización de las restricciones administrativas. "La respuesta de la administración ha de ser, de entrada, sí".
Por último, Jéssica Albiach también ha abordado la cuestión cuando replicaba al president y candidato de ERC, Pere Aragonès en relación a su afirmación de que se han revertido los recortes que provocó la crisis financiera. "¿De verdad se han revertido los recortes? Tal vez sí, pero tenemos más problemas que nunca en la escuela y en sanidad". Algo no funciona parece advertir la candidata de los Comuns.
Y en realidad, si lo piensan, las intervenciones de los grupos más conservadores, en especial Alejandro Fernández, del PP, transitaron sobre el mismo debate cuando reprochaba a los aliados de Aragonès el mal funcionamiento de la administración que desde su perspectiva cabe achacar al 'procés'. Bien podría leerse de otro modo su denuncia: Catalunya ha estado en otras cosas, ahora toca arreglar lo que hemos postergado.
Así que, como han propuesto un sinfín de expertos, un acuerdo transversal en lo básico sobre esta cuestión quedó sobre la mesa. Recuérdenlo para después del día 12.