La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, analizó cinco tutelas de personas privadas de la libertad y concluyó que las autoridades penitenciarias, carcelarias y los entes territoriales desconocieron la prohibición de tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes, los derechos a la dignidad humana, la integridad física, la salud, la alimentación, entre otros, de las personas privadas de la libertad que se encuentran en los centros de detención transitoria por más de las 36 horas establecidas.
La Corte evidenció que la coyuntura actual que enfrentan los centros de detención transitoria no permite garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad en el corto plazo.
La Sala identificó que, transcurrido un año desde la extensión del estado de cosas inconstitucional penitenciario y carcelario a los centros de detención transitoria, persiste la vulneración masiva y generalizada de los derechos fundamentales de la población privada de la libertad en estos lugares.
Al analizar los casos concretos, la Corte evidenció que, en materia de hacinamiento en establecimientos de reclusión del orden nacional, la asignación de cupos en los centros carcelarios en los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca supera los cupos disponibles en más de 4.100.
Además, encontró cifras elevadas de solicitudes de medidas de aseguramiento, en su mayoría de detención preventiva, que son concedidas por los jueces de control de garantías en más del 90% de los casos.
En dos de los casos le ordenó al INPEC trasladar a los privados de la libertad al establecimiento de reclusión más cercano al lugar de arraigo de los detenidos o a su vivienda. Asimismo, le solicitó remitir un informe de cumplimiento a la Sala Especial de Seguimiento, una vez cumpla con los traslados.