Las irregularidades de la contratación que el Gobierno de las Islas Baleares realizó con la empresa del "caso Koldo" se produjeron desde el primer momento, incluso antes de que se firmara el contrato. Tal como figura en el sumario, la entrega de las mascarillas que se compraron por el procedimiento de emergencia y sin publicidadpara los servicios de salud del archipiélago balear se realizó con antelación de que se formalizara la adjudicación: primero se entregó el material y después se firmó el contrato. Esto ocurrió en la etapa en que la actual presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, era presidenta de esa comunidad autónoma.
"La entrega del material sanitario se produjo antes de que se formalizara contrato alguno, incluso antes de que se acordara la tramitación de emergencia de ese suministro en concreto", señalan los agentes a cargo de las diligencias como parte de las conclusiones que extraen tras revisar la documentación vinculada con esta adjudicación.
Esta información es relevante porque "el hecho de ejecutarse la prestación del servicio antes de la formalización del mismo es indiciario que la adjudicación estaría precondedida", algo que no está permitido no en las contrataciones ordinarias ni tampoco en las adjudicaciones de emergencia, señala el documento policial.
Según consta en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la sociedad adjudicataria de la trama de mordidas recibió dos pagos del Servicio de Salud de las Islas Baleares. El primero de ellos por importe de 3.701.500 euros abonados por el suministro de cerca de1,5 millones de mascarillas FFP2. El segundo pago fue por importe de 56.715,24 euros, para la gestión del flete del transporte de las mascarillas desdeMadrid a Palma de Mallorca.
La entrega de las mascarillasse produjo el día 27 de abril de 2020. Sin embargo, tal como destaca el informe policial, no fue hasta dos días más tarde, el 29 de abril, cuando se solicitó al órgano de contratación la declaración de tramitaciónde emergencia para el contrato de suministro de mascarillas. Además, solo el 4 de mayo, es decir, una semana después, se produjo la resolución del órgano de contratación en la quese acordaba la tramitación de emergencia de dicho suministro.
En base a esas fechas, los agentes a cargo de la investigación del contrato bajo sospecha que se formalizó en la etapa en que Armengol estaba al frente del Gobierno balear concluyen que la entrega del material sanitario se realizó de manera previa a la tramitación documental y legal del contrato y antes de su formalización.
Aunque los agentes reconocen que, tal como recoge la Ley de Contratación del Sector Público (LCSP), cuando la contratación se realiza por el procedimiento de emergencia, como es el caso, abre las puertas a que este se ejecute con carácter previo asu formalización, matizan esta posibilidad.
Efectivamente, en el caso de Baleares existía un acuerdo del Consejo de Gobierno dela comunidad autónoma fechado el 18 de marzo de 2020 en el que se avalaba que todos los contratos suscritos entre laadministración Balear para proteger a las personasfrente a la pandemia seríapodían acogerse a la tramitación de emergencia. Además, dejaba enmanos del órgano de contratación la potestad para contratar libremente sin cumplir los requisitos formales de la ley.
Sin embargo, señala el informe que "como medidafiscalizadora, son los propios órganos de contratación los que debendiscernir qué contratos están afectos a ese acuerdo del Consejo deGobierno y cuáles no".
Por ello, en el caso del contrato que analizan, el entonces subdirector de Compras yLogística del Servicio de Salud de las Islas Baleares, Antonio Mascaró, solicita el 29 de abrilal órgano de contratación la tramitación de emergencia para el contrato con Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL. Más tarde, es el director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares, Julián Fuster, quien acuerda que se tramite de emergencia, el 4 de mayo.
Frente a estos datos, en las conclusiones del informe de la UCO se entiende que la declaración de tramitación deemergencia para la adjudicación del suministro de mascarillas a la empresa de la trama liderada por Koldo García, Víctor de Aldama y Juan Carlos Cueto se concreta el 4 de mayo, que es cuando el órganode contratación dictó la resolución, y no el 18 de marzo.
"Por ende, al haberse producido la entrega del suministro días antesdel 4 de mayo, se infiere que esta adjudicación es contraria a lo referido enel precitado artículo 153.6 de la LCSP", señala el documento.
Sin documentación del contrato
Pero las irregularidades no quedan solo ahí. Según deja constancia el sumario, "no se ha localizado documentación sobre la formalización del contrato" en el que figuren detalles mínimos, como la identificación de las partes, la definicióndel objeto del contrato, las condiciones de recepción de las prestaciones, nisiquiera comunicación alguna entre las partes.
A ello se suma que tampoco se nombró a unresponsable de la adjudicaciónque se encargase de supervisar la correcta ejecución del contrato, incumpliendo de este modo varios artículos de la ley.
Los agentes destacan la relevancia de estos aspectos a efectos de la investigación porque "se desconoce de qué manera y qué personas físicas son las que gestaron los acuerdos en referencia a cantidades de mascarillas a suministrar e importe a abonar por las mismas".
Y recalca que la razón de emergencia no debería impedir "realizar el más mínimo trámite antes de iniciar la actividad contratada" y tampoco impide que, en un momento posterior, se formalice por escrito y se publiquen los extremos del contrato o que se puedan cumplir las exigencias de publicidad y transparencia. Algo que no se dio en el contrato de Baleares que se fraguó durante la etapa de FrancinaArmengol como presidenta del Gobierno balear.
La Audiencia Nacional (AN) investiga nueve contratos adjudicados de emergencia durante la pandemia a la sociedad de la trama del "caso Koldo" por el supuesto cobro ilegal de comisiones. Las adjudicaciones procedieron del Ministerio de Transportes -por parte de Puertos del Estado y Adif-, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Sanidad, del Servicio de Salud de Canarias (cuatro contratos) y del Servicio de Salud de Baleares.
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