En mayo Costa Rica someterá a consulta pública su primera taxonomía de finanzas sostenibles. ¿Por qué surge esta taxonomía? ¿Qué ventajas le traerá al sector financiero costarricense? ¿Será de aplicación obligatoria en Costa Rica? Y, ante todo, ¿qué es una taxonomía?
En un sentido amplio, una taxonomía es una clasificación ordenada y jerárquica. La más usual es la taxonomía biológica, que usamos para clasificar a los seres vivos. Gracias a ella los humanos actuales nos designamos como Homo sapiens sapiens. Ese título de hombres sabios, al cuadrado, nos deja con enormes responsabilidades, como la de procurar una vida más sostenible, que respete la biodiversidad y combata el cambio climático y sus efectos.
Taxonomías verdes y el greenwashing
Las taxonomías de finanzas sostenibles, a veces conocidas como taxonomías verdes, nos auxilian con esa tarea. Brindan un sistema de clasificación para las inversiones o créditos sostenibles, como los bonos sostenibles o los créditos verdes. Rápidamente se están volviendo una herramienta imprescindible para cualquier inversionista con conciencia ambiental y social, ya que responde a una pregunta clave: ¿se destinará mi dinero a esfuerzos genuinamente sostenibles o simplemente contribuirá con el greenwashing?
El greenwashing o ecoblanqueo consiste en aparentar ser sostenible, cuando la realidad es otra. Este es un tema candente en Europa, donde recientemente se ha publicado una directiva que ayuda a disminuir las afirmaciones engañosas de las empresas a inversionistas o consumidores relacionadas con la sostenibilidad. ¿Por qué deberían interesarle las taxonomías al sector financiero costarricense?
Según RepRisk, los servicios bancarios y financieros ocupan el segundo lugar después del sector de gas y petróleo en el número de incidentes de ecoblanqueo a nivel global. Estos incidentes le generan un riesgo reputacional y legal a las instituciones financieras. Si los bancos y otras instituciones financieras en Costa Rica desean atraer capital extranjero para inversiones sostenibles, deben alinearse con una taxonomía de finanzas sostenibles. La taxonomía costarricense se está diseñando para lograr justamente eso.
¿Qué le brinda la taxonomía al inversionista?
Primero, estandariza los parámetros de lo que es, o no, sostenible. Esto genera certeza jurídica y evita fragmentación del mercado. Segundo, le brinda transparencia y confianza al inversionista de que su dinero se está utilizando en inversiones sostenibles. Porque no todos los proyectos que, en apariencia son sostenibles, lo son. Por ejemplo, si un proyecto hidroeléctrico ha provocado daño a áreas de conservación o desalojo de comunidades de forma irregular, el proyecto no clasifica como sostenible, según las taxonomías.
Es decir que, además de contribuir con la mitigación de las emisiones de carbono a la atmósfera, el proyecto debe demostrar que no ha generado un daño significativo a otros objetivos ambientales ni a las personas. Además, la taxonomía exige que la empresa a cargo del proyecto cuente con buenas prácticas de gestión y supervisión internas, que garanticen una adecuada gobernanza en temas de sostenibilidad.
Por otro lado, las taxonomías permiten movilizar recursos hacia sectores o actividades que contribuyan con objetivos prioritarios. En Costa Rica, los objetivos prioritarios de la taxonomía son la mitigación y adaptación al cambio climático, aunque desde ahora se trabaja en la siguiente que incluirá los objetivos de protección de la biodiversidad y restauración de los ecosistemas. Otros objetivos que se irán sumando con la evolución de la taxonomía son la transición hacia una economía circular, el uso sostenible y la protección del agua y los recursos marinos y la prevención de la contaminación.
¿Qué ha involucrado la elaboración de la taxonomía?
El desarrollo de la taxonomía de finanzas sostenibles de Costa Rica es liderado por el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y por las cuatro superintendencias del sector financiero (Sugef, Sugeval, Supén y Sugese). El proceso inició a mediados de 2023 con la identificación de los actores locales clave para el levantamiento de los insumos técnicos que componen un instrumento de este tipo.
En enero 2024, se instauraron 12 mesas de trabajo con representantes de los sectores económicos priorizados, entre ellos: agricultura y ganadería, construcción, transporte, residuos sólidos, manufactura y turismo, y en las que participaron representantes de los sector público, privado y de la academia. A partir de esas mesas de trabajo se definió una versión inicial de la taxonomía, que ha atravesado por varios procesos de revisión técnica.
La consulta pública, que tomará aproximadamente un mes. La versión para consulta se publicará en las páginas web de todas las superintendencias financieras. Seguidamente se llevará a aprobación ante las cuatro superintendencias y el Minae. Luego, habrá un proceso de pilotaje con una muestra de bancos, aseguradores, fondos de pensiones, y emisores. Finalmente, se desarrollará un borrador de regulación, que estaría lista para la segunda mitad del 2025.
¿Será de aplicación obligatoria?
Una vez adoptada y publicada, la taxonomía servirá como una guía voluntaria para los actores del mercado. Sin embargo, llegará a ser obligatoria en un proceso gradual y paulatino que definirán las superintendencias, tal y como ha ocurrido en Europa.
Además, el hecho de que exista una taxonomía para Costa Rica no omite el hecho de que inversionistas extranjeros prefieran la aplicación de otras taxonomías, como la europea. Esto significa que, quienes hayan avanzado en la definición de productos financieros verdes o sostenibles, siguiendo otras taxonomías, llevan trabajo avanzado que luego se podrá afinar según el inversionista.
Después de México, Colombia y Panamá, Costa Rica será el cuarto país latinoamericano que cuente con una taxonomía verde o sostenible. Conviene estar atentos a la publicación de esa taxonomía, en mayo próximo, para hacer aportes que robustezcan este importante instrumento.
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La autora tiene un doctorado en Geoquímica Ambiental de Imperial College, Reino Unido y es especialista en finanzas sostenibles. Es directora general de Futuris Consulting.