La primera reafirmación del Estado como pilar de la sociedad la viví en los Estados Unidos, el país de la utopía privada.
Cubría el Mundial de Fútbol de 1994 y hacía una nota en Boston sobre el fenómeno de las chicas que juegan al fútbol en las escuelas, que allí llaman porfiadamente soccer.
Entrevistaba a los padres de las alumnas y me sorprendió que no me pudieran explicar si los colegios al que asistían sus hijas eran públicos o privados.
"El colegio es nuestro; las canchas de soccer son nuestras…", insistían. Mi inglés precario no ayudaba a aclarar el asunto.
Pero finalmente lo entendí cuando me dijeron que la escuela era del town, que es como le llaman a los municipios pequeñas. El colegio era municipal pero ellos decían "es nuestro".
Y realmente lo era porque los padres, además de enviar a los chicos a la escuela pública, se organizaban en turnos para hacer la limpieza, pintar las paredes, arreglar los escritorios y cortar el césped de la cancha de fútbol (soccer, bah).
Fue un buen ejemplo para aprender que la pertenencia del Estado podía ser algo más constructivo que un eslogan o el ejercicio de la intolerancia para plantear un reclamo.
Y fue la idea que recordé cuando comenzaron las tomas de los colegios en la Ciudad de Buenos Aires con la excusa de que la reforma educativa que lleva adelante el Gobierno porteño podría poner en riesgo el futuro de los estudiantes secundarios.
Sólo porque incluye en el último año del ciclo lectivo una serie de prácticas laborales para que los alumnos comiencen a experimentar las demandas concretas del mercado del trabajo.
Una posibilidad de altísimo valor para cualquier joven que tenga como objetivo empezar a trabajar para valerse por sí mismo ni bien termine el secundario.
Las tomas de los colegios porteños, como lo señalaba ayer Alejandro Borensztein en Clarín con su buena memoria y su talento privilegiado, se convirtieron en una parodia de la exageración que se explica únicamente por la cercanía de las elecciones legislativas del 22 de octubre y por la adolescencia demorada de algunos de los padres de esos alumnos.
Es que la politización ciega de esos padres no les permite ahondar con sus hijos el músculo tolerante del debate democrático y, en cambio, los lleva a incentivar y hasta aplaudir el culto a las aristas más violentas de algo tan saludable como la temprana militancia política.
"El colegio es nuestro", decían los padres bostonianos para explicar porque las instalaciones estaban en tan impecables condiciones.
Porque ellos se sentían dueños de la escuela pública y tan dueños eran que no iban a permitir que el abandono estropeara las aulas ni los campos deportivos.
Porque asumir la pertenencia de la infraestructura pública implica, antes que nada, hacerse responsable de mantenerlo en condiciones de ser utilizado además de participar activamente en el perfeccionamiento de la formación educativa.
Incluso interrumpir el funcionamiento normal de las clases; impedirles a otros alumnos que sí quieren seguir asistiendo; pintar sus consignas en las paredes de los colegios y romper en algunos casos las oficinas de los directivos sólo para manifestar el rechazo hacia sus decisiones.
Una pertenencia malentendida y acordada por minorías que se arrogan el sentir mayoritario. Nada podría resultar más elitista.
El punto de discordia es verdaderamente insólito.
En un país donde el desempleo es alto y la desocupación entre los jóvenes duplica a la de los adultos argentinos, todos los caminos que faciliten una salida laboral rápida deberían ser bienvenidos.
Hay una tendencia histórica de las compañías más importantes del país a buscar talentos entre los alumnos que egresan de las escuelas con la garantía de una formación escolar competitiva.
Como ayer lo anticipó Clarín, el 30% de las escuelas porteñas ya utilizan ese mecanismo para ayudar a los alumnos a meterse más rápido en el mundo del trabajo. Y lo mismo sucede en el 13% de los colegios de todo el país.
Personalmente, me tocó asistir en la escuela secundaria a un colegio industrial bonaerense cuyo mayor atractivo para las familias de pocos recursos era que las empresas más pujantes del Gran Buenos Aires ofrecieran becas y empleos a los alumnos más destacados.
Esta práctica se vio siempre como una oportunidad y no como el intento trasnochado de algunos dirigentes para explotar a los alumnos en el final de sus carreras secundarias.
Sin embargo, así es como lo presentan quienes toman las escuelas para justificar el ejercicio de la intolerancia.
Sería un bálsamo para Buenos Aires, y para la Argentina toda, que después de las elecciones el conflicto de las escuelas tomadas pueda tener un desenlace racional y constructivo.
El equívoco de los colegios paralizados es apenas una fotografía más del país en crisis que demora el flujo de sus mejores atributos y agiganta el riesgo de congelarse para siempre en el altar de la decadencia.