La Audiencia de Palma tiene previsto iniciar el lunes el juicio contra nueve policías locales de Palma, un funcionario del área de Urbanismo de Cort y el empresario Miguel Pascual Bibiloni por la presunta trama de corrupción y sobornos entre los años 2007 y 2015. Los agentes y el empleado del Ayuntamiento supuestamente dieron un trato de favor a los negocios de Pascual en la Playa de Palma, entre ellos el Bierkonig y el Overbayern, a cambio de servicios sexuales y consumiciones gratuitas.
La vista oral por cohecho y prevaricación administrativa está señalada para que se celebre durante prácticamente todo este mes de abril. Uno de los principales encausados, el empresario Miguel Pascual, se enfrenta a la petición de condena más alta y la multa más elevada por parte de la Fiscalía Anticorrupción: cinco años de cárcel por cohecho activo continuado. La sección primera de la Audiencia Provincial absolvió a Pascual en 2019, por falta de pruebas, de abusos deshonestos y explotar a jóvenes prostitutas en sus dos clubes de alterne de s'Arenal. A partir del lunes, vuelve a juzgarle por sobornar a funcionarios.
Penas de cuatro años y medio de cárcel
El ministerio público reclama sendas penas de cuatro años y medio de prisión y diez años de inhabilitación para empleo público a los diez funcionarios acusados, los nueve policías locales y el empleado de Cort, por un delito de cohecho pasivo continuado. Además, a uno de ellos, el subinspector Bartolomé Capó, antiguo jefe operativo de la unidad nocturna y de la Patrulla Verde, se le imputa también prevaricación administrativa continuada por la que se le pide la inhabilitación durante diez años. Cinco de los policías sospechosos fueron juzgados y absueltos también por la sección primera de la Audiencia en el denominado caso Cursach.
Según la versión de Anticorrupción, Miguel Pascual, que controlaba exitosos locales de ocio en la Playa de Palma, se concertó con una decena de funcionarios para que le dieran un trato de favor a sus negocios a cambio de servicios sexuales y consumiciones gratis en sus establecimientos.
Así, entre 2007 y 2015, los policías locales informaban al empresario de las inspecciones que se iban a realizar en materia de horarios, extranjería, trabajo, etc. Además, Bartolomé Capó presuntamente ordenó que no fueran tramitadas determinadas denuncias que afectaban a los locales de Pascual, impidiendo su introducción en el sistema informático o retirándolas del mismo.
Expedientes municipales de obras
Un funcionario de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, con competencias en obras, licencias y actividades, también disfrutó de las dádivas al tiempo que intervino en cuatro expedientes municipales de obras en establecimientos de Pascual, según la fiscalía.
Por último, cuatro policías locales de Palma vinculados al Grupo de Actuación Preventiva (GAP) cubrían servicios propios de seguridad privada, dando órdenes a sus subordinados, para que el empresario evitara contratarlo incluso en uno de sus negocios de mayor aforo en s'Arenal. De esta manera, los agentes se desplegaban alrededor de los locales de Pascual, disuadían a carteristas, evitaban conflictos e intervenían en caso de incidentes. Diez agentes del GAP se quejaron en 2014 a sus superiores de esta situación, lo que obligó a Pascual, finalmente, a contratar seguridad privada.
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