El director del Instituto de Medicina Legal (IML) de Santa Cruz de Tenerife, Jesús Vega González, presentó la solicitud para acceder a su jubilación. Así lo han confirmado fuentes de la Consejería de Justicia, Presidencia, Seguridad y Administraciones Públicas del Gobierno de Canarias, que explican que esa petición fue formulada hace alrededor de un mes.
Ante dicha circunstancia, desde la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Ejecutivo autónomo no se plantean la destitución de Vega González.
Curiosamente, apartar de la Dirección del Instituto de Medicina Legal a Jesús Vega González ha sido la primera y principal reivindicación del Comité de Huelga en dicho organismo desde comienzos del presente año, junto con la demanda de más recursos humanos, medios materiales e infraestructuras, así como un nuevo modelo de gestión.
Cerca de 15 años
Vega González fue nombrado director del IML en agosto del 2009, cuando José Miguel Ruano era consejero de Presidencia y Justicia, tras un proceso selectivo que se inició dos meses antes para la provisión de dicho cargo de libre designación. Vega sustituyó en el citado puesto al médico forense Miguel Ángel Tous.
El todavía director del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife accedió como funcionario de carrera al cuerpo de médicos forenses en 1994 y llegó en 2003 a dicha institución, donde ejerció como jefe del servicio del Laboratorio Forense y jefe del área de Patología Forense del IML.
Además de tener la licenciatura en Medicina y Cirugía por la Universidad de La Laguna (ULL), obtuvo la especialidad de Medicina Legal y Forense, así como un máster en Antropología y Genética Forense por la Universidad de Granada. Y también ejerció como médico forense en los juzgados número 3 y 6 de Santa Cruz de Tenerife, así como en el número 1 y 2 del partido de Icod de los Vinos.
Quejas internas
Hace años que un grupo de forenses había cuestionado su labor ante el Gobierno canario. Sin embargo, desde comienzos de este año las críticas y acusaciones contra su manera de gestionar se acentuaron.
El diputado del Común, Rafael Yanes, admitió a trámite la queja presentada por el Comité de Huelga del IML «por estimar que reúne los requisitos establecidos en el artículo 57 del Estatuto de Autonomía de Canarias y en la Ley del Diputado del Común».
De esta manera, dicha institución que trabaja para la defensa de los derechos de particulares y colectivos ante las administraciones públicas solicitará información a la Viceconsejería de Justicia del Gobierno canario sobre las críticas planteadas por los sindicatos presentes en el Comité de Huelga, como son Intersindical Canaria (IC), Comisiones Obreras (CCOO), Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ).
Desde el 20 de febrero
Desde el citado órgano lamentan que la última reunión entre los representantes de los trabajadores del Instituto de Medicina Legal y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, María del Carmen de León, se produjo el pasado 20 de febrero; es decir, el día anterior a que comenzara la actual huelga indefinida que protagonizan médicos forenses del IML. Señalan que, desde entonces, no ha habido encuentro alguno.
No comprenden los sindicalistas que si desde la Administración canaria señalan que quieren resolver el problema «no nos convoquen». Y apuntan que el único que muestra interés por resolver el asunto es el diputado del Común, Rafael Yanes.
Sin embargo, fuentes de la Consejería de Presidencia y Justicia manifiestan que «el Comité de Huelga no ha solicitado reunión» y que, «cuando la solicite, la convocaremos».
Forense en Arona
Una de las peticiones que plantearon las organizaciones sindicales cuando convocaron la huelga fue cubrir una plaza de médico forense en los juzgados de Arona, señalan desde la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia que «se contrató» a dicho profesional «el mismo día en que empezó la huelga».
Otra demanda consistía en el refuerzo de auxiliares de autopsia. Y desde el Gobierno regional aclaran que los mismos «estaban contratados a las dos semanas» haberse iniciado la protesta. Es decir, se completó en menos de 20 días un proceso que suele requerir meses, según comentan desde la Dirección General.
Una minoría de la plantilla
Para dicho departamento del Ejecutivo, secundan la huelga solamente cinco médicos forenses de una plantilla de 54 profesionales, entre los que hay forenses, auxiliares de autopsia, psicólogos, gestores o tramitadores. Es decir, a juicio de la administración autonómica, «el Comité de Huelga sólo representa al nueve por ciento de la plantilla» del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife.
En los últimos meses, la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Administraciones Públicas también ha incrementado la inversión en el IML de la provincia occidental.
Agresiones sexuales
Así, se han destinado cuatro millones de euros a programas informáticos de gestión y para dotar de una unidad de exploración no invasiva para casos de agresiones sexuales.
También resaltan desde el Gobierno canario que se ha aumentado la partida para material fungible en el Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife y en el de Las Palmas, que han pasado de disponer 15.000 euros a contar con 50.000.
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