La polémica ley contra el fascismo alarma hasta a los comunistas
El diputado Oscar Figuera del PCV critica duramente el nuevo proyecto de ley, advirtiendo sobre los riesgos de autoritarismo y represión.
En un ambiente ya cargado de tensiones políticas, la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el madurismo, ha introducido un nuevo elemento de discordia: el «Proyecto de Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares». Esta propuesta, presentada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, ha encendido las alarmas entre sectores de la oposición y particularmente dentro del Partido Comunista de Venezuela (PCV), cuyo diputado Oscar Figuera no ha tardado en expresar su profundo rechazo y preocupación.
Figuera, a quien le fue negado el derecho a la palabra por Jorge Rodríguez, presidente del Poder Legislativo, se abrió a Tribuna Popular para discutir los peligros inherentes al proyecto. «Significa un peligro para quienes luchamos por los derechos del pueblo trabajador del campo y la ciudad», explicó el secretario general del PCV. Su crítica se centra en la potencial entrega de una herramienta punitiva a un gobierno que considera «profundamente autoritario» y señala la preocupante tendencia de «judicialización de las luchas» como un precedente alarmante.
La nueva ley se suma a otros instrumentos legales como la «ley contra el odio», que según Figuera, ya se utilizan para perseguir y reprimir voces disidentes. El diputado comunista traza un paralelismo entre el fascismo y las políticas actuales del gobierno de Nicolás Maduro, sugiriendo que ambos buscan suprimir el avance de las luchas obreras y populares mediante la imposición de una «dictadura terrorista del gran capital».
Figuera ratifica el compromiso del PCV con la lucha contra el fascismo y otras formas de discriminación, aunque cuestiona la necesidad de una nueva legislación cuando, a su juicio, lo que falta en Venezuela no son leyes, sino justicia. El uso del término «clasismo» por parte de Rodríguez para describir el fascismo también ha sido motivo de crítica, interpretado por Figuera como un posible intento de criminalizar la lucha de clases. La decisión del PCV de abstenerse en la votación del proyecto, que no fue presentado con antelación para su estudio, subraya la desconfianza hacia una ley que, según ellos, podría fortalecer aún más un régimen autoritario. La promesa de someter el contenido de la ley a un debate amplio y diverso muestra la intención de buscar un consenso más allá de las filas del gobierno y sus aliados inmediatos