El alto tribunal determinó que, aunque sigue investigando al Embajador de Colombia ante la FAO, no es necesario imponer detención preventiva.
Casi un mes después de que la Corte Suprema de Justicia decidiera que el exsenador Armando Benedetti no requería ir a prisión mientras se le investigaba por el caso de corrupción de Fonade, la misma institución tomó una decisión similar en otro proceso.
En este caso, se trata de la causa que la Sala Especial de Instrucción adelanta contra el embajador de Colombia ante la FAO por el delito de concusión, presuntamente cometido entre 2009 y 2011 en colaboración con la Fiduprevisora, administradora del Fondo del Magisterio (Fomag).
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La Corte inició su investigación en agosto del año pasado. Un mes después, cuando Benedetti aún estaba formalmente fuera del Gobierno, el excongresista respondió a una indagatoria ante el magistrado Francisco Farfán.
Según consta en el expediente, Benedetti habría solicitado dinero a abogados y beneficiarios de resoluciones judiciales para que luego la Fiduprevisora pagara liquidaciones y pensiones vitalicias a maestros de Lorica y Planeta Rica.
Durante su comparecencia ante la indagatoria, el exsenador afirmó que se le ofreció a alguien un principio de oportunidad a cambio de declarar en su contra.
"Hay una supuesta persona que había echado unos cuentos míos, pero que nunca ha declarado en contra mía. Lo único que hay son dos declaraciones donde él dice me iban a ayudar con un principio de oportunidad, pero no lo hicieron porque no hablé mal de Benedetti", aseguró Benedetti.
Quien supuestamente habría buscado a la persona para declarar fue el fiscal Daniel Hernández, quien actualmente enfrenta un juicio en medio del caso Odebrecht.
En el pasado, el excongresista cordobés Otto Bula denunció que Hernández lo había amenazado por haber comenzado a delatar a personas involucradas en ese entramado de corrupción.
Junto a Hernández habría actuado otro fiscal de apellido Parada, cuyo nombre no fue revelado por Armando Benedetti. Ambos habrían abordado al presunto testigo, quien actualmente se encuentra en prisión. El exsenador añadió que ya ha denunciado a Hernández por esos señalamientos.
"Desde la cárcel, el testigo dijo que un sábado y un domingo lo fueron a buscar el bandido de Daniel Hernández y el fiscal Parada, diciéndole que si hablaba mal de mi lo sacaban de la cárcel, cosa que no podría porque estaba condenado a 25 años de prisión", manifestó.
La Sala de Instrucción, con Francisco Farfán en una licencia no remunerada, tuvo que definir la situación jurídica del actual Embajador ante la FAO. Siete meses después, decidió que una medida de aseguramiento es innecesaria, pero sigue investigando la responsabilidad del político costeño.
En la Corte Suprema reposan al menos cuatro expedientes más por los que Armando Benedetti debe responder. Uno de ellos involucra una red de corrupción que desvió recursos del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) a cambio de coimas que beneficiaron a varios políticos.
Tras abrir una indagación y vincularlo al proceso mediante una indagatoria, el siguiente paso en la Sala de Instrucción era determinar si ordenaba una medida de aseguramiento. La posición mayoritaria, con cuatro votos a favor y tres en contra, fue la de dejarlo en libertad.
Además, la Sala determinó que es competente para seguir procesando al político, incluso si ostenta un cargo diplomático y no es congresista, debido a que los presuntos hechos delictivos investigados estaban relacionados con su función anterior como senador.
El caso comenzó con denuncias en 2017. La Corte recibió la hipótesis de que miembros del Partido de la U, como Musa Besaile, Bernardo 'el Ñoño' Elías y Armando Benedetti, eran los verdaderos operadores de los convenios que se manejaban dentro de Fonade.
De hecho, Elías y Besaile ya admitieron su participación en la red. La justicia los alcanzó, y preliminarmente también a Benedetti, tras las declaraciones de Jorge Iván Henao, exasesor de la gerencia de Fonade, quien colabora con la Fiscalía luego de alcanzar un acuerdo.