La normativa establece que los precios deben ser justos y razonables, asegurando que todos los argentinos puedan acceder a servicios de calidad sin importar su ubicación geográfica o situación económica.
En un movimiento audaz hacia la liberalización del mercado de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), el gobierno argentino ha emitido el Decreto 302/2024, que modifica la Ley Argentina Digital N° 27.078. Este decreto marca un precedente al eliminar la regulación de precios en los servicios de telefonía, televisión por cable e internet, con el objetivo de impulsar la competencia, fomentar la inversión y mejorar la calidad del servicio para todos los usuarios del país.
Bajo el nuevo marco regulatorio, los licenciatarios de servicios TIC tendrán la libertad de fijar sus tarifas, en un intento por estimular la competencia en el sector y, consecuentemente, mejorar la calidad y diversidad de los servicios ofrecidos a los consumidores. La medida busca promover un entorno más dinámico y competitivo, incentivando a las empresas a innovar y ofrecer mejores servicios.
La publicación oficial en el boletín señala que "los licenciatarios de Servicios de TIC fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación". Esto refuerza el compromiso del gobierno con la creación de un mercado equitativo y transparente, donde los precios sean determinados por las fuerzas del mercado y la competencia.
Es importante destacar que, a pesar de la desregulación de precios, el decreto reafirma la clasificación de los servicios de TIC como esenciales y estratégicos, subrayando el compromiso del Estado en garantizar el acceso universal a estos servicios. La normativa establece que los precios deben ser justos y razonables, asegurando que todos los argentinos puedan acceder a servicios de calidad sin importar su ubicación geográfica o situación económica.
Una de las principales motivaciones detrás de esta reforma es incentivar la inversión en infraestructura de telecomunicaciones, especialmente en áreas rurales y remotas, con el objetivo de reducir la brecha digital en Argentina. Al liberar a los licenciatarios de las restricciones de precios, el gobierno espera estimular la expansión de redes y servicios, asegurando una cobertura más amplia y una mayor inclusión digital en todo el país.
El gobierno fundamenta su decisión en la necesidad de adaptarse al creciente desarrollo de los servicios de telecomunicaciones y generar un equilibrio competitivo sostenible. Se argumenta que la regulación tarifaria establecida previamente estaba limitando el dinamismo del mercado y obstaculizando el desarrollo de una mayor oferta de servicios a precios justos y con mayor calidad.
Además, el decreto enfatiza que los servicios de TIC han sido creados en competencia y que la libertad de fijar precios es esencial para su desarrollo y crecimiento. Se espera que esta medida no solo beneficie a las empresas del sector, sino también a los consumidores, al promover una mayor competencia y una mayor oferta de servicios.