Los cuestionamientos sobre el sistema que actualmente existe para nominar a los integrantes del Poder Judicial han recobrado protagonismo luego de que se revelara que el abogado Luis Hermosilla -quien está siendo indagado por la Fiscalía en el llamado "caso audios"- habría llevado a cabo una serie de gestiones ante el gobierno de la época para lograr que determinados candidatos fueran elegidos ya sea en la Corte Suprema o en la Corte de Apelaciones. Más allá de si dichas gestiones se concretaron en la forma que ha trascendido, el tema ha dejado a la vista los problemas que presenta la actual institucionalidad, la que sigue dejando espacio para que consideraciones políticas o gestiones que escapan al escrutinio público puedan incidir en estas designaciones, poniendo en riesgo la independencia del Poder Judicial. Todo ello vuelve a poner sobre la mesa la relevancia de que se avance prontamente en reformas que permitan corregir estos problemas.
Con motivo de estas revelaciones, el pleno de la Corte Suprema emitió un reciente comunicado en el que hace ver que el máximo tribunal, consciente de que el sistema constitucional y legal vigentes podrían permitir algunos "espacios de opacidad", ha implementado una serie de medidas para velar por la objetividad y transparencia en los concursos para cargos de jueces y ministros, recordando que ha manifestado reiteradamente la necesidad de revisar el actual proceso; asimismo, ha instado por cambios que separen la función jurisdiccional del gobierno judicial. La propia Asociación de Magistrados ha planteado la pertinencia de crear un órgano autónomo, para evitar la politización.
Se trata de un tema que lleva largo tiempo debatiéndose en el país, pues existe conciencia de la importancia de asegurar que el Poder Judicial no solo cuente con la debida autonomía externa para el ejercicio de sus funciones, sino que además internamente también se garantice que los jueces podrán desempeñar su rol sin el temor de que su carrera quede condicionada a tener que complacer a sus superiores.
Los ministros de la Corte Suprema son designados mediante un mecanismo en que intervienen los tres poderes del Estado. Así, es el máximo tribunal el que propone una quina al Presidente de la República, y este elige a un candidato, que deberá ser aprobado por los dos tercios del Senado. Las designaciones de ministros de la Corte de Apelaciones, a su vez, son fruto de ternas propuestas por el máximo tribunal, donde también escoge el Presidente. Aun cuando dicho mecanismo asegura que intervengan distintas instancias y que la decisión final quede en manos de los representantes que ha elegido la ciudadanía, ha sido inevitable que varias de las designaciones hayan estado marcadas por ácidas polémicas, fruto de pugnas políticas de los parlamentarios, o bien que se haya prestado para contactos indebidos entre los postulantes y parlamentarios. Esto ha llevado a que algunos vean el riesgo latente del "besamanos", lo que claramente daña la imagen del Poder Judicial, si bien no cabe por ello cuestionar sin más la idoneidad de la gran mayoría de los magistrados.
Bajo el gobierno del Presidente Piñera se presentó en 2021 un proyecto de ley -fruto de un amplio trabajo llevado a cabo por distintos estamentos- que crea la Comisión Nacional de Nombramientos Judiciales -en cuya composición intervienen los tres poderes del Estado- y modifica el sistema de nombramientos en el Poder Judicial, además de introducir una serie de normas que favorecen la transparencia. En los dos fallidos procesos constituyentes post 2019 hubo propuestas para crear un ente autónomo que designara a los jueces y se hiciera cargo de la gobernanza del Poder Judicial, pero fue el segundo de dichos procesos el que parece reunir mayor consenso, donde se descentraliza la designación y gobernanza de este poder, mediante la creación de distintos órganos.
Todo esto deja claro que hay un diagnóstico compartido sobre la necesidad de avanzar en reformas que modifiquen la designación de los jueces, para velar por su adecuada independencia externa e interna, y a su vez con mejores niveles de gobernanza. Ciertamente que siguen habiendo diferencias entre los expertos respecto de la mejor fórmula para aterrizar estas propuestas -la idea de un Consejo de la Magistratura, como existe en otros países, es la que menos acuerdo genera-, pues hay quienes estiman que es necesario que las autoridades electas sigan teniendo algún papel, en tanto que otros abogan por una independencia total del poder político. Con todo, tanto en el proyecto de ley que se tramita en la Cámara, como en la propuesta constitucional de 2023, se sigue contemplado que la designación de los ministros de la Corte Suprema se mantenga en términos similares a lo actual, por lo que sigue en pie el debate hasta dónde se extenderá la intervención de los poderes del Estado. La discusión se anticipa compleja, pero en este momento lo relevante es no dejar pasar el momento para empeñarse en sacar adelante una reforma en profundidad.