En nuestra sociedad de la posverdad siempre se encuentra el argumentario preciso para sostener las decisiones políticas. Cuando además existe un claro interés partidista es mucho más sencillo, algo que de manera torticera estamos advirtiendo en el gobierno de María Guardiola. El acuerdo de la mentira rubricado entre PP y Vox permite descifrar una calculada hoja de ruta contra los pilares del estado de bienestar que hemos construido los extremeños y las extremeñas.
La justicia social según Naciones Unidas se basa en la equidad y la distribución justa de los recursos. Así, a partir del estado social de derecho, la dignidad humana y la igualdad de oportunidades se contribuye al desarrollo. Los hechos nos indican que el gobierno extremeño camina en sentido contrario.
Los comienzos del pacto PP y Vox en Extremadura son ejemplarizantes del escaso valor de la palabra dada, pero sus políticas son tremendamente reveladoras. La medida más vociferada durante los últimos meses ha sido una presunta reducción de impuestos. Acabamos de iniciar la campaña del IRPF más injusta de los últimos años. En esta ocasión, se eliminan los impuestos a 1.200 privilegiados, concretamente aquellos que cuentan con un patrimonio superior a 2 millones. Al mismo tiempo, se reducen los impuestos de matriculación para los coches de lujo así como para aquellos que posean más de cinco viviendas en propiedad. Perverso concepto de la equidad del gobierno de María Guardiola que rompe con la trayectoria de progresividad fiscal, donde se aporta en función de la riqueza, conforme establece la justicia social.
Este tipo de políticas orientadas a los que más tienen confluyen en otras áreas. Valga como ejemplo la eliminación de la gratuidad universal de los comedores escolares y aulas matinales o la creación de una nueva fórmula para conceder las becas universitarias donde se eliminan los factores socioeconómicos. En lugar de valorar la renta familiar, se considera únicamente el resultado académico, con lo que los hijos de esos 1.200 privilegiados podrían acceder a una beca, que seguramente no necesitan.
Al mismo tiempo para favorecer la emancipación de los jóvenes el gobierno extremeño ha puesto en marcha un nuevo trampantojo. La Junta de Extremadura avalará la compra de la primera vivienda a los menores de 36 años pero de nuevo sin tener en cuenta los criterios de renta, patrimonio o ahorro. Una nueva ayuda que tras el espejismo de la universalidad segrega las oportunidades de los que menos tienen frente a los que lo tienen todo. En contraposición el Observatorio para la Emancipación del Consejo de la Juventud de España recomendaba actuar en la temporalidad laboral y los precarios salarios de los jóvenes que en Extremadura están entre los más bajos del país.
Las consecuencias económicas de esta nefasta hoja de ruta tienen su reflejo en el grave deterioro de la justicia social en nuestra tierra. En apenas 9 meses de gobierno, María Guardiola ha incrementado el déficit público en 8 décimas, ha aumentado el pago a los proveedores en 9 días y el empleo, pese a la buena coyuntura nacional, crece 3 veces por debajo del resto de España. Una región más pobre, injusta y desigual.
Aún pueden rectificar haciendo propia la reflexión de Víctor Hugo que sentencia que «la principal igualdad es la equidad». Necesitan mucha ambición y coraje para construir una Extremadura con plena igualdad y equidad social que distribuya la renta de manera justa dignificando los derechos de todas y todos.
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