l mal comportamiento de los hinchas se ha recrudecido en las últimas semanas. Invasiones de cancha, butacas incendiadas, peleas en las tribunas entre fanáticos del mismo club, enfrentamientos y hasta robos en las carreteras han ocupado minutos en medios y publicaciones en redes.
Y la situación se torna aún más difícil en medio de una coyuntura: la decisión del Gobierno Nacional de desmontar la presencia de la policía en los estadios, de acuerdo con una sentencia de la Corte Constitucional.
Este jueves hubo una reunión técnica de la Comisión Nacional de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, convocada por elMinisterio del Interior, en la que, por primera vez, se juntaron representantes del Gobierno, la Policía, la Federación de Fútbol, la Dimayor, los futbolistas (a través de Acolfutpro), hinchas y medios de comunicación.
La preocupación por el desmonte de la presencia de la policía en los estadios está latente en todas las partes involucradas. Será gradual: en el primer año, será un 40 por ciento menos, en el 2025 será el 70 por ciento y en 2026, el 80 por ciento.
No tenemos las facultades desde el punto de vista logístico para requisar a una persona, para sacar a una persona del estadio"
"Es impensable que nosotros podamos contener en un partido, por poner un ejemplo, un América-Nacional, Millonarios-Nacional, Millonarios-América o América-Junior, eso es imposible desde el punto de vista de la contención. No tenemos las facultades desde el punto de vista logístico para requisar a una persona, para sacar a una persona del estadio", explicó Jaramillo a EL TIEMPO antes de la reunión de ayer, que estuvo encabezada por el viceministro del Interior, Diego Cancino.
"La Policía tiene que ser un socio nuestro por mucho tiempo más, hasta que las condiciones del país cambien y podamos llegar a ese punto. La Policía tiene un deber constitucional, aunque ellos lo interpretan de otra manera", agregó.
Alejandro Villanueva, sociólogo y experto en el manejo del tema de las barras populares, cree que ese desmonte se puede hacer de manera gradual. "La policía debe ser reemplazada por equipos de logística y seguridad, mantenidos y sufragados por los clubes. El espectáculo del fútbol es privado, con grandes inversiones del sector público. No tiene sentido llevar 1.300 policías a un clásico mientras la ciudad queda desprotegida, favoreciendo los intereses de un espectáculo privado. La tendencia es tener sus propios estadios y su propia logística", explicó.
Villanueva recordó que ya existe un plan decenal de seguridad y convivencia en el fútbol, pero se acaba este año. En la reunión de ayer se dieron los primeros pasos para lo que será un nuevo "acuerdo nacional de convivencia y paz en el ecosistema del fútbol". Habrá una nueva reunión el próximo 18 de abril.
Otro de los pasos que tienen estancado el proceso es la implementación de los mecanismos de identificación de los hinchas que ingresan a los estadios desde el momento en que adquieren la boleta. En agosto de 2022, por decreto se fijó un plazo de seis meses para implementarlo, pero el Ministerio del Deporte no lo hizo, argumentando que no contaba con los recursos para hacerlo.
"Hay operadores de boletería que ya están haciendo la tarea. W Arena ha avanzado mucho en ese tema y hoy los hinchas que van al estadio de Cali, esa boleta se le carga directamente al documento. Si una persona es infractora, se hace la consulta al sistema de validación nacional y queda bloqueada", explicó Alirio Amaya, experto en temas de convivencia y seguridad.
"Lo que hay que hacer es cruzar las bases de datos para que los hinchas sean sancionados. Las autoridades tienen que hacer lo propio. Ya hay unas leyes que tienen las dos variables, multa y restricción, que son muy específicas para el fútbol. Con la carga de la boleta al documento, se acaba la carreta de la carnetización", agregó Amaya.
Cabe recordar que durante la administración de Jorge Enrique Vélez en Dimayor, en 2017, se comenzó un proceso de enrolamiento en el que cada hincha pagaba 11.900 pesos. Más de 240.000 personas cumplieron con el requisito, pero eso no quedó en nada y los recursos nunca se devolvieron.
El asunto de la seguridad tiene preocupados a los representantes de los jugadores. Si se desmonta la presencia de la policía, podría traer consecuencias.
"Nosotros, con preocupación, le manifestamos al ministro del Interior que esa situación pone en grave riesgo a los futbolistas; primero, porque no hay barrera de acceso a la cancha y los jugadores y los árbitros están expuestos, no hay cómo contener a los aficionados conforme a la disposición de quitar esas protecciones. Además, no hay cómo identificar a los agresores, no se sabe quién está en el estadio. Por eso, el señor del Tolima que agredió a Daniel Cataño (en febrero de 2023) sale luego y se toma fotos en el estadio", dijo el director ejecutivo de Acolfutpro, Carlos González Puche.
El Gobierno y la Policía siguen firmes en la posición del retiro de los estadios porque, además de la destinación específica de los efectivos para el control de los partidos de fútbol, también tienen que salir a reprimir en los barrios cuando se presentan hechos violentos. Con un argumento adicional: dicen que eso es gratuito para los clubes y se paga con los impuestos de los contribuyentes.
Jaramillo asegura que no es así. "Nosotros pagamos impuestos, pagamos el 10 por ciento del espectáculo. Las boletas en Bogotá, por ejemplo, pagan el 22 por ciento, más lo que pagan los clubes por su cuenta. Eso hace que de alguna manera, no para exigir el servicio de policía, pero sí como ciudadanos que dan un espectáculo muy importante para este país, pues pedir que haya una consideración con nosotros desde el punto de vista del servicio que se presta, porque es un espectáculo para todo el mundo", declaró.
Ya a mediados de 2023, la Dimayor tuvo que aplazar varios juegos al no contar con la presencia de la policía para controlar la seguridad, por motivos ajenos al fútbol.
"Tuvimos que aplazar porque había el día del patrullero y por otras razones. Eso demuestra que la policía es esencial para el espectáculo. No podemos asumir la responsabilidad de la seguridad en el estadio porque no tenemos facultades", insistió Jaramillo.
"Eso se vuelve muy complejo cuando los temas de violencia se han visto repetidamente en las últimas fechas. Creo que es el peor momento para hacer eso en Colombia. Debemos tener una corresponsabilidad. Es claro que nosotros la tenemos, porque nosotros tenemos una logística que ayuda a la policía, pero no se puede dejar sola porque no tiene ningún tipo de facultad, ni represiva, ni preventiva, ni nada", agregó el dirigente.
Acolfutpro comparte esa preocupación. "¿Qué facultades tienen esas empresas de vigilancia para retener y conducir a los agresores ante las autoridades de policía? Eso no está regulado. La única que puede hacer esa retención es la policía. Esos vacíos hay que resolverlos y encontrar una solución", dijo González Puche.
El directivo de la agremiación agregó que el problema se extiende afuera de los estadios, donde varios planteles han recibido agresiones y amenazas. Aunque ayer hubo un avance: ya quedó un contacto directo con la Fiscalía para reportar este tipo de acciones.