"Desde la Policía Local ya se está trabajando en dispositivos para prevenir actos vandálicos registrados en horas no lectivas que, aunque son hechos puntuales, hay que evitar que sucedan porque generan inseguridad".
La problemática por el alto precio del alquiler de la vivienda en San Vicente sigue siendo un tira y afloja constante en los plenos municipales. Un territorio que no para de crecer, que da cobijo a cientos de universitarios y que debe expandirse en población joven. Síntomas por los cuales el Ayuntamiento de San Vicente y la oposición formada por el PSOE, Compromís y Esquerra Unida-Podem, deben dar diagnóstico en el pleno celebrado mensualmente. Una cuestión que sigue copando gran cantidad del tiempo de debate, y pese a ello todavía quedar por dar una solución al elevado precio del alquiler de la vivienda y la escasa oferta de inmuebles.
La moción llevada en conjunto por PSOE y EU-Podem de declarar San Vicente como zona de mercado residencial tensionado conforme a la Ley de Acceso a la Vivienda ha sido rechazada por el gobierno municipal. El edil socialista Bruno Radermecker ha expuesto cuál es la situación actual, "13 viviendas medias he encontrado en San Vicente con un precio de entre 800/1.300 euros, actualmente el sanvicentero dedica entre el 45,6% y el 74% de sus ingresos netos mensuales al alquiler. Supera la regla de no destinar más del 30% de los mismos, ni subir más del 3% del IPC para este 2024".
Datos que ha complementado EU-Podem con Natalia Jerez como portavoz, la cual ha comentado que "los precios han subido un 31% en la última década. Podemos limitar los alquileres de los grandes tenedores y ofrecer bonificaciones fiscales a los pequeños propietarios que colaboren en este esfuerzo común". Mediante esas medidas "benefician a los arrendatarios e incentivará a un mercado más justo, alquileres equilibrados y regulación de los deshaucios", finaliza Jerez.
Por contrario Pablo Quintana, edil de VOX, definía la Ley de la Vivienda como un "atajo", prefririendo escoger el "camino correcto" al "camino rápido". No cree que sea la solución, puesto que esta ley "fomentaría la economía sumergida y los alquileres no declarados", y señala su solución: "fomentar medidas que faciliten a los propietarios poder poner las viviendas en alquiler, mejorando la fiscalidad y seguridad jurídica".
La concejal de Derechos Sociales, Mariela Torregrosa, ha argumentado que "la limitación obligatoria de los precios de los alquileres derivados de esta declaración no es la solución" y ha puesto el foco en "la necesidad de crear un parque de vivienda pública a través de iniciativas como la propuesta por el actual Gobierno de la Generalitat para construir 10.000 residencias con ayudas públicas". La edil y el concejal de Vox, Pablo Quintana, han coincidido en que "la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno central repercute en los propietarios una obligación que es de las administraciones y genera inseguridad".
Por destacar otro punto del día, el pleno ha respaldado por unanimidad mejorar la seguridad en los colegios y apoyar el impulso de medidas educativas transversales. La propuesta ha contado con el respaldo del equipo de Gobierno formado por PP y Vox y de los grupos de la oposición de PSOE, EU-UP y Compromís. Ante el mayor número de actos vandálicos en áreas educativas, el concejal de Educación Santiago Agulló ha explicado que "desde el Ayuntamiento queremos mostrar nuestra disponibilidad a colaborar en la mejora de la vigilancia en aquellos centros educativos que lo demanden, pero nuestro papel será orientativo, ya que se trata de competencias exclusivas de la Conselleria, previa petición de cada centro escolar", ha matizado. Pese a la voluntad y unanimidad de crear un plan para aumentar la vigilancia policial en períodos no festivos, la instalación de la videovigilancia es competencia de la Consellería.
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