La Junta de Andalucía prevé destinar 80 millones para mejorar las instalaciones de las universidades públicas
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El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha fijado este martes los criterios del Plan Extraordinario de Inversiones e Infraestructuras para el conjunto del sistema público universitario, que cuenta con una dotación inicial de 80 millones de euros y una vigencia de cuatro años, así como los criterios de distribución de esos recursos.
El diseño y desarrollo de este instrumento se contempla en el modelo de financiación consensuado con toda la comunidad universitaria y se articula a través de tres ejes de actuación: el primero de los cuales se corresponde con esta dotación inicial de 80 millones procedente de transferencias de financiación de la Junta de Andalucía no ejecutadas por las instituciones académicas, y los otros dos se encuentran concretándose y permitirán incrementar ese presupuesto, según una nota de la Junta.
Esos 80 millones circunscritos a esta primera línea de actuación se distribuirán en un máximo de 20 millones por cada ejercicio y para todo el sistema público y permitirán a las diez universidades públicas acometer mejoras de las instalaciones e infraestructuras consideradas prioritarias para sus diferentes campus.
Para seleccionar las iniciativas, el Gobierno andaluz ha establecido seis criterios y, a partir de éstos, se podrán acoger a esta herramienta aquellas intervenciones en ejecución y que hayan sido autorizadas en el Plan de Inversiones 2020-2023.
También se primará las inversiones previstas que cuenten con proyectos ya definidos y con la tramitación administrativa en un estado avanzado que haga posible su ejecución entre 2024 y 2025.
El Gobierno andaluz ha indicado que se pondrá el acento en las remodelaciones y adecuaciones de infraestructuras ya existentes, especialmente las que sean una cesión gratuita de otras administraciones, así como las actuaciones que sean de carácter urgente para posibilitar la implantación de títulos incluidos en la nueva programación académica que aprobó la propia Junta.
Se elegirán de forma preferente las inversiones que sean resultado de las auditorías energéticas realizadas por las universidades y que tengan como objetivo reducir el consumo de energía y aumentar la confortabilidad de la comunidad universitaria.
Por último, se podrán sufragar con estos recursos aquellas infraestructuras o inversiones que, previa justificación de su necesidad por parte de la universidad en cuestión, se consideren esenciales.
De forma paralela a la tramitación de este plan extraordinario, el Gobierno andaluz ya trabaja, en colaboración con las instituciones académicas públicas desde febrero, en la elección de iniciativas consideradas estratégicas y necesarias para agilizar la toma de decisiones y de ponerlas en marcha lo antes posible.
Esta decisión se ha adoptado con la perspectiva de que la renovación y modernización de las instalaciones universitarias contribuirá a fortalecer la competitividad del sistema y mejorará la docencia y la actividad investigadora y de transferencia de conocimiento.
El Consejo Andaluz de Universidades deberá tener conocimiento de la ejecución de los proyectos financiados con cargo al plan y cualquier modificación de las iniciativas implicará remitir una nueva solicitud a la Junta de Andalucía para su validación.
Transferencias sin ejecutar
Para poder beneficiarse del Plan Extraordinario de Inversiones e Infraestructuras 2024-2027, la Junta de Andalucía ha incluido en el documento tres requisitos de carácter financiero que tendrán que cumplir estas instituciones académicas.
El primero fija la obligación de disponer de transferencias autonómicas no ejecutadas a 31 de diciembre del año anterior a la ejecución de la inversión, mientras que el segundo exige a las universidades contar con un presupuesto (o prórroga) en situación de equilibrio en términos de contabilidad nacional.
En tercer lugar, se determina la necesidad de presentar para el ejercicio en el que se solicita la autorización una previsión de liquidación presupuestaria en equilibrio y un saldo positivo de transferencias no ejecutadas de la Junta de Andalucía.
Al margen de las transferencias no ejecutadas, la Consejería de Universidad trabaja en la definición de las otras dos vías de financiación. La segunda contará con financiación europea y dará cobertura a intervenciones de transformación digital y energética de edificios y dependencias universitarias.
En este caso ya se explora la posibilidad de que las instituciones académicas opten por primera vez al programa de incentivos en materia de eficiencia energética en las administraciones que convoca la Agencia Andaluza de la Energía, dependiente de la Consejería de Industria, Energía y Minas.
Para la tercera vía se contempla el impulso de nuevos proyectos apoyados con fondos propios extraordinarios de la Junta en función de su viabilidad económica y técnica. Para ello ya se analiza posibles alternativas.