El Decreto 0500 de 2024, firmado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue demandado ante el Consejo de Estado poco después de su promulgación. Este decreto establece el 19 de abril como 'Día Cívico de la Paz con la Naturaleza', con el objetivo de enfrentar la grave situación de los embalses del país y fomentar el ahorro de agua y energía eléctrica.
Sin embargo, el abogado Germán Calderón España interpuso una acción legal, con el argumento que el mandatario estaría excediendo sus competencias al declarar un día cívico sin la aprobación del Congreso de la República, según informaciones difundidas por Caracol Radio y el Colombiano.
La controversia surge bajo el argumento de que solo el Congreso tiene la facultad de modificar el calendario de días festivos y cívicos en el país, según lo estipula la Ley 51 de 1983.
Calderón España sostiene que la medida viola el principio de legalidad, ya que cualquier modificación al calendario laboral debe ser realizada a través de un proceso legislativo y no por decreto presidencial. Además, se ha mencionado que este decreto se anunció coincidiendo con la fecha del cumpleaños del presidente Petro y el aniversario de la fundación del Movimiento 19 de abril (M-19), lo que ha añadido una capa de controversia política a la medida.
La demanda busca que el Consejo de Estado declare la "nulidad simple" del decreto y ordene la suspensión provisional de sus efectos jurídicos de manera urgente.
Esta medida ha generado un amplio debate sobre las competencias del ejecutivo y la legislatura en la gestión de las festividades nacionales y cívicas. Mientras tanto, sectores de la oposición han criticado la medida, sugiriendo que detrás de la iniciativa podría haber motivaciones políticas, especialmente relacionadas con desviar la atención de una marcha contra el gobierno programada para días después del decreto.
Mientras el Consejo de Estado evalúa la demanda, el debate sobre los límites de la autoridad presidencial y la participación del legislativo en estas áreas continúa.
19 de abril, día cívico: entre celebraciones ambientales y la sombra del M-19 en Colombia
La medida, enmarcada oficialmente por razones ambientales, ha suscitado diversas interpretaciones entre la población y sectores políticos, algunos de los cuales proponen que podría tener vínculos tanto con la celebración del cumpleaños del mandatario como con una fecha relevante para el M-19, movimiento del cual Petro fue parte en su juventud.
La fecha del 19 de abril tiene significados distintos dentro del contexto histórico y político de Colombia. Según aclaraciones hechas por Antonio Navarro Wolff, exintegrante del M-19 y político, el día no conmemora la fundación del movimiento guerrillero, sino un evento de presunto fraude electoral contra el general Gustavo Rojas Pinilla en las elecciones de 1970, una situación que eventualmente motivaría la aparición pública del M-19 en 1974.
El Espectador documentó los sucesos de aquellas elecciones, marcadas por una controversia sobre los resultados. Durante la noche electoral, los primeros informes sugirieron una ventaja para Rojas Pinilla, que se invertiría sorpresivamente tras una interrupción en la publicación de los datos.
La victoria fue finalmente adjudicada a Misael Pastrana Borrero con una pequeña diferencia de votos. Estas circunstancias fueron objeto de amplias especulaciones y acusaciones de fraude, las cuales persistieron durante años, hasta que en 1995 Carlos Augusto Noriega, entonces ministro de Gobierno, reconoció en una transmisión de Inravisión, entidad de radio y de televisión colombiana, fundada en 1963 y disuelta en 2004, la posibilidad de irregularidades en el conteo de votos.
La decisión del presidente Petro de declarar el 19 de abril como día cívico, por lo tanto, se inserta en un panorama complejo de historia y política colombiana, reviviendo memorias de un capítulo controversial en la democracia del país y generando un espectro de opiniones en el ámbito público y político. Este nuevo día cívico, aunque presentado como una medida en respuesta a una crisis medioambiental, ha abierto un espacio para el debate sobre la historia reciente de Colombia y la influencia de sus memorias colectivas en las decisiones políticas actuales.