Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución sobre la prisión preventiva de Milagro Sala.
Este pronunciamiento había sido solicitado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y otras organizaciones.
Aunque la noticia retumbó en los medios, surgieron algunas confusiones sobre el contenido de la resolución.
Aclarar estas cuestiones es especialmente importante en este contexto, en el que la Corte Suprema tiene pendiente emitir un fallo sobre si tal prisión preventiva se ajusta a derecho.
En la práctica, no obstante, esta estructura de poder sirvió a otros propósitos. La evidencia indica que la Tupac Amaru instauró un sistema de vasallaje feudal en pleno siglo XXI.
Tenía sus fuerzas de seguridad, sus criterios arbitrarios para el reparto de beneficios y un sistema de "justicia popular", que difícilmente cumplía con los estándares de los organismos de derechos humanos.
La gran mayoría de las instituciones jujeñas estaban capturadas por esta red.
La policía no reaccionaba, los fiscales no investigaban, el gobernador permitía el florecimiento de un Estado paralelo, y el Estado nacional continuaba girando cheques millonarios para mantener este régimen de facto.
Actualmente, la Justicia está investigando a Milagro Sala por delitos económicos relacionados con importantes desvíos de fondos.
Sin embargo, en Jujuy, muchas personas dan testimonios desgarradores: desde maltratos psicológicos hasta gente que llora a familiares muertos, pasando por diversas formas de abuso de poder que sufrieron los jujeños en general, pero principalmente los sectores más pobres.
El año pasado, el Tribunal Superior de Justicia de Jujuy consideró que Milagro Sala podía atentar contra el curso de la investigación, sobre la base de los testigos que habían afirmado ser amenazados por ella, y tomando en cuenta todo el poder de facto que había acumulado durante años. Por eso, decidió convalidar la prisión preventiva.
Tanto el Código Procesal Penal de Jujuy como tratados internacionales de derechos humanos aceptan que, cuando hay peligro de entorpecimiento de la causa, el juez está facultado para dictar tal medida, sin que ello implique la declaración de culpabilidad del acusado.
No obstante, en un informe que no tiene fuerza de ley ejecutable, el Grupo de la ONU sobre detenciones arbitrarias consideró que la prisión preventiva de Milagro Sala no satisfacía estándares internacionales.
Hoy, esta decisión está en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La prisión preventiva de una persona puede ser analizada desde dos perspectivas.
La primera concierne a si es o no arbitraria, lo que requiere analizar, principalmente, si hay indicios suficientes para concluir que la persona atentará contra el curso de la investigación.
La segunda refiere a las condiciones en las cuales se encuentra la persona; por ejemplo, si está sufriendo depresión, si se intentó suicidar o si hay vulneraciones de derechos por parte del personal penitenciario.
El objetivo de la resolución de la CIDH es pronunciarse sobre este segundo aspecto. Aclara explícitamente que su fin no es expedirse sobre si la prisión preventiva se encuentra legalmente justificada.
Pretende, más bien, evaluar las condiciones que la Unidad 3 de Mujeres del Servicio Penitenciario de Jujuy ofrece para una prisión preventiva.
Al visitar Jujuy, la delegación de la CIDH ya había afirmado que la prisión de Milagro Sala se desarrollaba en condiciones humanitarias razonables.
No obstante, tomando en cuenta principalmente su intento de suicidio y sus declaraciones, el organismo solicitó ensayar medidas alternativas, y puso como ejemplo la prisión domiciliaria.
Esta resolución tampoco tiene fuerza de ley, lo que no quita que deba ser tenida en cuenta.
Es lo que se conoce como "soft law" ("derecho blando"). Lo que sí debe señalarse es que, en el documento, la CIDH no le dio a Milagro Sala estatus de presa política, ni nada parecido a ello.
Doctor en Derecho (UBA), Profesor investigador (Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella)