Cuando un Estado se declara en guerra, se espera de él que al menos honre y cumpla las convenciones de Ginebra y el derecho humanitario internacional, para evitar o al menos minimizar los efectos colaterales que todo acto bélico acaba teniendo sobre la población civil, que siempre acaba siendo la víctima principal del conflicto.
La guerra de Gaza se está convirtiendo en un ejemplo paradigmático de cómo Israel ignora e incumple sus compromisos jurídicos internacionales. Tras los ataques de Hamas del 7 de octubre, nadie puso en duda el derecho de Israel a la autodefensa y a una respuesta militar. Con la losa de los rehenes capturados por la milicia palestina, la gran pregunta era dónde pondría el Gobierno de Beniamin Netanyahu el listón de la proporcionalidad en su ofensiva. Con el paso de los meses hemos visto que parece no haber listón.
Netanyahu cree tener patente de corso e ignora las acusaciones de crímenes de guerra
Los bombardeos sobre los gazatíes han causado más de 32.000 muertos, el desplazamiento forzoso de más de dos millones de personas y una hambruna derivada de la oposición israelí a la entrada de ayuda humanitaria. La Convención de Ginebra considera crimen de guerra atacar a los civiles y sus hogares, su traslado forzoso, privarles del derecho a recibir ayuda e interferir contra el envío de ayuda humanitaria.
El ataque aéreo contra un convoy de la organización World Central Kitchen, del chef español José Andrés, en el que han muerto siete voluntarios de esta oenegé, es la última muestra de los métodos del ejército israelí, pese a que los vehículos estaban perfectamente identificados y la operación se había coordinado con los militares. La violación de las leyes de guerra era tan evidente que el propio Netanyahu no tuvo más remedio que admitir a las pocas horas que el ejército había matado a los cooperantes, eso sí, en un "ataque no intencionado". Y el ejército afirmó cínicamente que una "entidad independiente" investigaría el ataque, que es un duro golpe al envío de ayuda humanitaria a la franja. De momento, WCK ha suspendido las entregas de alimentos. Además de trabajadores humanitarios, en esta guerra han muerto bajo fuego israelí periodistas, médicos, conductores de ambulancias y al menos 173 miembros de la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos.
La ONU, Amnistía Internacional y diversas oenegés dicen tener pruebas de que Israel ha cometido crímenes de guerra, afirmaciones que no hacen mella en el Gobierno hebreo. En gran parte, Israel sigue haciendo oídos sordos a las acusaciones internacionales porque, aunque últimamente se ha abierto una brecha en su alianza con EE.UU., el presidente Joe Biden sigue brindando al Estado judío, pese a criticar que frene la ayuda humanitaria, toda la asistencia militar necesaria. Como prueba, la reciente aprobación del envío de más de 2.000 bombas y 25 cazas a Israel.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ), máximo tribunal de la ONU, ordenó hace unos días a Israel que actúe sin demora para permitir la entrada de alimentos, medicinas y otros suministros básicos a Gaza, señalando que las condiciones de vida catastróficas en la franja han empeorado aún más y ya ha empezado la hambruna. El Consejo de Seguridad es el único órgano de las Naciones Unidas que puede aplicar medidas para asegurar que se cumplan. Y ya hemos visto cómo, pese a que esa instancia aprobó el 24 de marzo una resolución que pedía un alto el fuego durante el Ramadán, Israel la ha ignorado y sigue efectuando operaciones militares en la franja.
La comunidad internacional exige a Israel respetar el derecho internacional humanitario y el distanciamiento es cada vez mayor, pero es incapaz de castigar a este Estado con sanciones. Por eso no cambia el modus operandi de un Netanyahu que depende de los extremistas ultrarreligiosos para seguir en el poder, que hace oídos sordos a las denuncias de crímenes de guerra y violaciones de los derechos humanos, y que cree tener patente de corso para actuar militarmente sin límites.