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Nacional
martes, 23 abril 2024 | 20:17
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Ciudad de México.- Aunque desde el 2020 existe una ley que protege a las personas en contra de quien difunda sin su autorización videos de tipo sexual, especialistas y diputadas indican que se requiere de un enfoque con perspectiva de género, capacitación y presupuesto para dar acceso a la justicia a las víctimas por parte de las autoridades.
El abogado penalista, José Luis Nassar, del despacho Nassar Nassar Asociados, señaló que el desgaste emocional que las víctimas pasan al enfrentar un proceso judicial tras interponer una denuncia por un delito contra la intimidad sexual u otro de violencia de género se debe a que está diseñado para revictimizar, por lo que no siempre las personas terminan el proceso.
"El Estado te suelta una vez que puso en la cárcel al agresor, entonces, lo que pasa es que las víctimas terminan por desistir porque es mucha inversión en tiempo, en dinero, en emoción", señaló.
Por ello, las víctimas optan por un juicio abreviado o por dejar el caso y no seguirsiendo violentadas por la misma autoridad, lo que es comprensible, lamentó el abogado.
De acuerdo con la diputada local de la Ciudad de México, Polimnia Sierra, en los acompañamientos que ella ha hecho a víctimas hay un seguimiento de la carpeta, pero tarda años porque la Fiscalía aún trabaja con aparatos de 1980.
"El problema es que la Policía de Investigación no tiene la capacidad, este es un asunto que más de intención o de voluntad, es un asunto presupuestal", consideró la legisladora.
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