El Gobierno fue a la Justicia. Las subas fueron más del 160% en el año y el Ejecutivo apuntó contra el empresario
En medio de la pelea con el Gobierno, el dueño de Swiss Medical Group, Claudio Belocopitt renunció a la presidencia de la Unión Argentina de Salud (UAS), la cámara que representa a las prepagas. Días atrás, el ministro de Economía, Luis Caputo, había hecho hincapié en que a las prepagas "se les había ido la mano" con los aumentos en los planes.
Anoche se conoció que tras el pedido de congelamiento de precios para los próximos tres meses, el Gobierno presentó un amparo en la Justicia contra las prepagas para suspender los aumentos de aquí en adelante.
La demanda está a nombre de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación y menciona a 17 prepagas, entre ellas las más conocidas. La presentación fue realizada ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.
Para el Gobierno, Belocopitt es el principal impulsor de los fuertes aumentos en las cuotas desatados luego del decreto que desreguló al sector. Esos incrementos, que promediaron el 165% y llevaron a que más del 10 por ciento de los afiliados a las prepagas deba darse de baja.
"Como todos ustedes saben, en los últimos días, el sector de la salud privada ha recibido reproches y observaciones por parte de funcionarios del gobierno nacional. Con la necesidad de preservar la posibilidad de que todos los canales de diálogo sean considerados, y entendiendo que quizás el debate sobre mi persona sea obstáculo para lograr posiciones superadoras, he considerado procedente y necesario renunciar a la presidencia de la Unión Argentina de Salud", escribió Belocopitt en un comunicado.
Antes de conocerse la renuncia de Belocopitt, el Gobierno tenía previsto presentar una demanda ante la Comisión de Defensa de la Competencia, que ya investiga a las firmas de medicina prepaga por presunta cartelización, y hoy la Superintendencia de Servicios de Salud planea enviar una medida cautelar para reclamar que se retrotraigan los precios.
"Debe ser prioridad de todas las asociaciones que integran esta Federación poder seguir prestando el servicio de salud a más del 70% de la población argentina, con la misma calidad en la que se han invertido esfuerzos durante tantos años. Por eso, se deben despejar subjetividades que obstruyan la posibilidad de encontrar salidas consensuadas, basadas en debates técnicos, realidades de mercado y equilibrios económico-financieros", continuó el escrito del empresario
"Las agresiones de las últimas horas sobre mi persona son riesgos propios de participar y comprometerse con esfuerzos e ideales. Quizás mi vehemencia o carácter, muchas veces malinterpretados, son consecuencia de mi pasión por esta actividad que heredé de mi padre y que he desarrollado durante toda mi vida, invirtiendo y reinvirtiendo en mi país. La Unión Argentina de Salud de ninguna manera puede quedar involucrada o asimilada a cualquier defensa que yo en lo personal pueda ejercer, todo lo cual concurre a la decisión de apartarme del cargo para el que fui honrosamente designado", remarcó.
"Manifiesto mi deseo de que el Sr. Presidente de la Nación, Dr. Javier Milei, tenga el éxito que el país necesita para salir del estancamiento y la recesión de las últimas décadas y que todos los argentinos tengan la posibilidad de tener, de acuerdo con lo establecido por la Constitución Nacional, el derecho a la vida, a la seguridad, a la educación, a la salud y a la propiedad privada", cerró.
Belocopitt quedó envuelto no solo en el escándalo por los aumentos en las coberturas privadas de salud, sino también en otra denuncia del Gobierno, que lo acusa de haber recibido U$S13 millones en subsidios en la pandemia. Anoche, en un programa de TV se defendió: "Eso es tirar un balde de mierda para que algo quede. Más de 200 mil empresas recibieron el programa ATP. Entonces, el Gobierno tiene que acusar a todos", sostuvo.
Según la UAS, el mercado de la salud privada ronda entre los 8 millones y los 10 millones de afiliados. Pero las empresas de medicina están registrando bajas, que podrían llegar hasta 1 millón de cápitas. En el sector, estiman que desde principio de año, cuando se liberó la industria, se desafiliaron un 15% de socios.
La Comisión de Defensa de la Competencia -que funciona bajo la órbita de la Secretaría de Comercio- desarrolla una investigación por presunta colusión o cartelización, que se encuentra en instancia de instrucción. Una vez terminada esta etapa y en caso de comprobar el delito, se podrían aplicar sanciones económicas "severas".
La investigación surge de una denuncia que realizaron los diputados de la Coalición Cívica, Hernán Reyes y Juan Manuel López, contra las empresas de medicina prepaga que integran la Unión Argentina de Salud (UAS), a cargo de Claudio Belocopitt, por incurrir a esa presunta cartelización para fijar los aumentos de precios de manera coordinada.
Caputo había puesto el foco en las empresas del sector. "Las prepagas le están declarando la guerra a la clase media. Nosotros desde el gobierno, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender a la clase media", tuiteó el ministro.
Luego de eso, las compañías pidieron una reunión con el Gobierno, algo que por el momento no se concretó. En las últimas horas hubo trascendidos de que el Gobierno podría ir a las Justicia con la idea de lograr una marcha atrás con los aumentos y que prepara un informe en el que habla de la supuesta cartelización del sector.
En el DNU desregulador que firmó Milei en diciembre –el mismo que fue rechazado en el Senado y deberá ser tratado en la Cámara Baja– se liberó el precio de las cuotas de las prepagas y se determinó que los empleados puedan optar en derivar sus aportes a las obras sociales o, directo, a los prestadores privados.
"Eso es tirar un balde de mierda para que algo quede", replicó Belocopitt
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