La indecisión del gobierno de Alzira sobre el proyecto de urbanización de la parte baja del Torrejó podría tener un coste las arcas municipales de hasta 2,3 millones de euros. Es la cantidad que, finalmente, reclama la empresa que aspiraba a ejecutar el desarrollo de los terrenos, sobre los que estaba prevista la construcción de un barrio bioclimático que estaba llamado a ser el proyecto estrella de la ciudad y un ejemplo a seguir por parte de muchas otras localidades. El ejecutivo municipal considera excesiva la cuantía que se le reclama y confía en cerrar «en semanas» un procedimiento administrativo que sigue abierto más de un año después a pesar de que el ayuntamiento inició la tramitación por vía de urgencia en su momento.
Como ya ha informado en diversas ocasiones Levante-EMV, la empresa Palinuro 2000 se presentó como candidata a urbanizar el barrio y entregó sus proposiciones jurídico-económicas el 14 de marzo del pasado año. Aunque, por entonces, intuyó que el procedimiento se resolvería en cuestión de días, como marca la ley, la mesa de contratación dictaminó que necesitaba informes externos antes de resolver o no la adjudicación. Un año y un mes después, sigue sin cerrarse el trámite.
Viabilidad
El concejal de Urbanismo, Andrés Gomis, reconoció a este periódico que el consistorio prevé disponer de una resolución «en semanas» y excusó el retraso en la complejidad del proyecto. «Los informes necesarios han tardado más de lo que nos habría gustado. Nosotros siempre hemos seguido los criterios técnicos y se nos dijo que era necesario un informe para conocer de forma detallada los costes económicos que para el ayuntamiento, si resultaba viable desde el punto de vista urbanístico o si cumplía todas las condiciones del pliego. Se consideró que algunas cuestiones no quedaban claras y por eso se actuó de ese modo. De haber considerado que todo estaba correcto, se hubiese resuelto favorablemente; y si hubiese sido lo contrario, igual», manifestó el edil.
Ante el retraso, la empresa reclamó el amparo del Síndic de Greuges y, finalmente, se decantó por recurrir a la vía judicial al considerar que se habían vulnerado sus derechos. Una primera estimación, como adelantó este rotativo, situaba la posible indemnización en algo más de un millón de euros. La última documentación enviada por la sociedad al consistorio eleva la cantidad hasta los 2.287.363,20. El cálculo incluye el coste de los informes económicos, jurídicos y técnicos realizados para la concurrencia en el concurso público y también el concepto de lucro cesante, pues la mercantil también exige que se repare la oportunidad de negocio perdida.
Conflicto urbanístico
Gomis, por su parte, consideró excesiva la cuantía, el entender que la indemnización debería reconocer únicamente el trabajo realizado. Sin embargo, la Justicia tendrá la última palabra.
Por su parte, el concejal también admitió que el gobierno municipal «quiere darle una solución» al bajo Torrejó, zona de la ciudad que arrastra décadas de conflicto urbanístico desde las expropiaciones practicadas en los años noventa para construir una ciudad deportiva. «Es un problema con muchas aristas, hay que actuar, sí, pero con cautela y sentido común. No queremos que sea un nuevo Tulell», concluyó.
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