Defensoria alerta sobre guerra territorial de las disidencias de las Farc, Eln y paramilitares en Nariño
–Una alerta temprana de inminencia lanzó la Defensoría del Pueblo por la guerra que libran en Nariño el llamado estado mayor central de las disidencias de las Farc contra la presunta alianza criminal del Eln, la segunda Marquetalia y un reducto paramilitar.
Al respecto, la Defensoría le envió 22 recomendaciones a entidades del Gobierno Nacional y autoridades regionales para que implementen acciones urgentes de coordinación y articulación interinstitucional bajo una perspectiva de derechos humanos.
Según el Defensor del Pueblo Carlos Camargo Assís, la alerta se emitió debido a la grave situación de riesgo de vulneración de derechos que está afectando a los habitantes de los municipios que integran la subregión de la cordillera nariñense, como son Cumbitara, Leiva, El Rosario, Policarpa y Taminango, y sus áreas rurales.
Todo se debe, agregó el Defensor, "a las disputas por el control territorial y poblacional entre el frente Franco Benavides, adscrito al bloque occidental Jacobo Arenas, del estado mayor central de las disidencias de las Farc, y la presunta alianza conformada por el frente comuneros del sur del Eln, la segunda Marquetalia, también grupo disidente de las Farc, y las autodefensas unidas de Nariño".
El documento de advertencia y carácter preventivo detalla que las acciones bélicas y hechos violentos ocurridos en Cumbitara y Leiva dan cuenta de que en el corto plazo pueden afianzarse e impactar gravemente la vida, seguridad, integridad y libertad de las comunidades de los dos municipios.
El Defensor subraya que los efectos de los enfrentamientos armados se han ido extendiendo paulatinamente, e incluso podrían replicarse en los municipios de El Rosario, Policarpa y el corregimiento Remolino, jurisdicción de Taminango, tanto por la cercanía de los límites geográficos como por el control hegemónico del disidente Estado Mayor Central (EMC), el cual, ante la amenaza de perder territorio y fidelidades del liderazgo en general, «ha endurecido sus mecanismos de control social».
Camargo Assís afirma que "el grave escenario de riesgo advertido en nuestra Alerta Temprana da cuenta de un elevado riesgo de desconocimiento de los principios de precaución, distinción y proporcionalidad del derecho internacional humanitario. La zona en disputa se ha convertido en un lugar propicio, territorial y climatológicamente hablando, para la siembra de coca, por ende, para actividades conexas con la cadena del narcotráfico".
Con el paso del tiempo, recalca el Defensor del Pueblo de los colombianos, "la coca se ha convertido en un monocultivo, creando una dependencia invisible de carácter económico y sociocultural. Así mismo, el amplio lugar se ha usado para el desarrollo de la minería ilegal, a tal punto de desplazar a la agricultura tradicional".
La Alerta establece dos escenarios. El primero, los riesgos inminentes derivados de la confrontación entre el Frente Franco Benavides y la presunta alianza criminal, que se disputan el territorio.
La Defensoría prevé que los combates se intensifiquen, teniendo en cuenta que, de acuerdo con el monitoreo en la zona, se ha establecido que el Franco Benavides habría ordenado movilizar unidades de otras facciones adscritas al Bloque Occidental Jacobo Arenas que delinquen en el Cauca y la costa Pacífica nariñense, con el objeto de fortalecer su capacidad bélica y repeler los ataques.
El segundo escenario es el endurecimiento de presiones sobre las comunidades y sus liderazgos, lo que conlleva un inminente riesgo para la población porque podría replicar patrones observados en otras regiones del suroccidente del país, donde se intensifican los controles y regulaciones sobre la vida comunitaria y la libre circulación por el territorio, acompañados de señalamientos y estigmatización.
La entidad también advierte que la presencia del EMC, la Segunda Marquetalia, el ELN y las Autodefensas Unidas de Nariño en los municipios de la cordillera nariñense ha reducido la capacidad de las autoridades locales para tomar decisiones, especialmente en seguridad e implementación de objetivos de los planes de desarrollo en las áreas rurales.
También podría haber hechos de tortura, violencias basadas en género y la comisión de tratos crueles contra personas de la población civil señaladas de apoyar al grupo que ha venido ejerciendo control hegemónico en la zona. Se podrían, además, generar graves obstrucciones para el ingreso de alimentos, misiones médicas y bienes y servicios esenciales para las comunidades que están en riesgo de confinarse o desplazarse.
"Teniendo en cuenta el escenario advertido y con el fin de mitigar y prevenir el riesgo descrito y salvaguardar los derechos fundamentales de la población civil, les hicimos, con nuestro Sistema de Alertas Tempranas, 22 recomendaciones a entidades del Gobierno Nacional y autoridades regionales. Les solicitamos que impulsen acciones urgentes, eficaces, pertinentes y conducentes de coordinación y articulación interinstitucional", enfatizó Camargo Assis.