En ambos casos, la prisión efectiva sólo será posible luego de un desafuero en la Cámara de Diputados, en el caso de De Vido, y en el Senado, en el de Menem.
La Justicia, sobre todo la federal, tomó en los últimos tiempos un ritmo frenético de decisiones sobre varios hechos de corrupción durante los años del kirchnerismo.
Por primera vez, además, la Justicia dejó de lado una jurisprudencia implícita. Señalaba que los jueces no debían tomar decisiones importantes durante los períodos electorales, que puedan eventualmente influir en los resultados de las elecciones.
Varias resoluciones de los últimos días están subrayando que esa jurisprudencia tácita fue sustituida por otra que determina que los jueces no pueden someterse a los vaivenes electorales.
Anteayer, Germán Moldes se convirtió en el segundo fiscal en pedir la prisión preventiva de De Vido. Ya lo había hecho Carlos Stornelli, a quien la Sala II de la Cámara Federal le dio, de algún modo, la razón cuando anuló una resolución del juez Luis Rodríguez.
Este magistrado había rechazado el pedido de Stornelli; la Cámara Federal le hizo un severo reproche al juez por su decisión de desestimar el pedido de Stornelli.
Tal vez, el punto más importante de la resolución de la Cámara es un párrafo del juez Martín Irurzun en el que sostiene que hay que prestar especial atención a aquellos imputados que están en condiciones, por sus posiciones de poder, de afectar la investigación de las causas abiertas.
Si bien la Cámara no escribió un nombre para esa definición, Moldes interpretó el fallo y le puso nombre y apellido: se llama Julio Miguel De Vido.
De Vido no sólo es diputado, sino también miembro de la Comisión de Energía de la Cámara. La Justicia investiga el despilfarro de $ 26.000 millones en el Yacimiento Carbonífero de Río Turbio, vinculado también a la energía.
Lo que Moldes señala que es que De Vido fue durante 12 años ministro de tres gobiernos y el que administraba la mayor cantidad de dinero del presupuesto.
¿No es probable que haya dejado amigos o conocidos en algunas covachas del Estado que puedan presionar sobre testigos o eliminar pruebas? Esta pregunta del fiscal, que de alguna manera también se la había hecho la Cámara Federal, es lo que pone a De Vido con un pie en la cárcel.
Una de las dos razones que justifican la prisión preventiva de un procesado es, precisamente, que esté en condiciones de interferir en la investigación de la causa. La otra razón es el riesgo de fuga.
La Cámara Federal deberá resolver ahora el pedido de Moldes para que le ordene al juez Rodríguez que solicite a la Cámara de Diputados el desafuero de De Vido. Es el paso previo a su prisión efectiva.
Si bien se miran el dictamen de Moldes y la resolución de la Cámara Federal, la conclusión es que esas dos instancias de la Justicia están de acuerdo en que De Vido debe ir preso cuanto antes.
Para Moldes, el caso de De Vido es el peor de todos los imputados en la causa de Río Turbio, porque es el que tuvo más responsabilidades y el único que todavía ocupa posiciones de poder.
En ese contexto debe agregarse una frase de un importante juez federal que conoce casi todas las causas de corrupción: "Si Cristina Kirchner y De Vido no van presos, este país no tendrá solución".
Más allá de esta causa, el ex ministro de Planificación enfrentará desde hoy un juicio oral y público por su responsabilidad en la tragedia de Once.
En febrero de 2012, un tren sin frenos chocó y dejó 51 muertos en la estación ferroviaria de Once. El transporte era entonces competencia del ministerio de De Vido.
Aunque nunca se puede predecir enfáticamente la resolución de un tribunal oral, la experiencia en la investigación de esta tragedia indica que De Vido será declarado culpable y probablemente condenado también a prisión.
En tal caso, se volverá a debatir sobre si De Vido deberá ir preso en el acto o si deberá esperarse el resultado de su segura apelación ante la Cámara de Casación Penal.
El sistema judicial argentino es demasiado enrevesado o extremadamente garantista. Son tantas las instancias judiciales (muchas causas no se definen del todo hasta que no pasan por la Corte Suprema) que pueden pasar años antes de que un condenado a prisión termine efectivamente preso.
Es el caso de Menem. La causa que lo tiene ahora cerca de la cárcel es por el tráfico de armas, una denuncia que presentó en marzo de 1995 el abogado Ricardo Monner Sans. Han pasado más de 22 años.
Ya atravesó por todas las instancias judiciales, incluida la Corte Suprema. El máximo tribunal analizó si el ex presidente podía ser, procesado pero sin condena firme, candidato en las elecciones de dentro de 25 días.
Resolvió que podía serlo, contra la opinión de la Cámara Nacional Electoral. Al mismo tiempo, la Corte Suprema le exigió a la Cámara de Casación Penal que dicte un fallo urgente sobre la cuestión de fondo; es decir, sobre el tráfico de armas.
Después de esa resolución de la Corte, es probable que la Cámara de Casación ratifique la condena que Menem tenía en las instancias inferiores de la Justicia. Significaban cuatro años de prisión y 14 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Se podría dar un caso extraño: que Menem pueda ser candidato en octubre, pero que ya esté preso e inhabilitado el 10 de diciembre, cuando debería asumir su nuevo mandato como senador nacional. Eso es lo que anticipan, al menos, en las máximas instancias de los tribunales.
La desesperación del ex presidente lo llevó a pasar por alto a sus abogados para recurrir a un viejo amigo y socio. Julio Nazareno, que fue presidente de la Corte Suprema durante su gestión y antiguo socio del estudio riojano de los hermanos Menem, trajinó por juzgados federales y electorales para tratar, vanamente hasta ahora, de aliviar la situación del ex mandatario.
Para que ambos vayan presos deberán desaforarlos las cámaras de Senadores y de Diputados. Hace poco, Diputados no logró reunir los dos tercios necesarios para desaforar a De Vido. ¿Lo conseguiría ahora? Hay una diferencia que es fundamental.
El anterior pedido de desafuero contra De Vido fue político; lo presentó el bloque de Cambiemos con algunos aliados.
Varios de los que votaron contra el desafuero argumentaron que no existía un pedido explícito de la Justicia y que, por lo tanto, la Cámara estaría prejuzgando.
Ahora, en cambio, serían los jueces los que requerirían el desafuero para ponerlo preso. No es lo mismo. Sucedieron, por lo demás, las elecciones del 13 de agosto; muchos dirigentes políticos (y también los jueces) interpretaron que hubo un voto contra la corrupción de los años kirchneristas.
Es difícil imaginar a la Cámara de Diputados o al Senado rechazando el pedido formal de jueces para que les quiten los fueros a un senador y a un diputado que deberían ir presos por delitos de corrupción. El suicidio no es un recurso que la política use habitualmente.