Desde el último 18 de marzo, la presidenta de la República, Dina Boluarte, no solamente es investigada preliminarmente en la Fiscalía de la Nación por presunto enriquecimiento ilícito, a raíz de la adquisición de, al menos, tres relojes Rolex, sino también por el supuesto delito de omisión de consignar declaraciones en documentos.
Precisamente, sobre este último punto, en la resolución- a través de la cual el juez supremo Juan Carlos Checkley autorizó el allanamiento de la casa de la presidenta y de Palacio de Gobierno-se brinda mayores detalles. Por ejemplo, en base a las imputaciones del Ministerio Público, se establece que la mandataria no consignó en sus declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas (DJIBR) de 2021, 2022 y 2023 los referidos relojes de lujo.
Entre julio de 2021 y noviembre de 2022, Boluarte Zegarra fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social en la administración de Pedro Castillo. En diciembre de 2022 asumió la presidencia, luego del golpe de Estado que dio su antecesor. Desde ambos cargos debía presentar la DJIBR ante la contraloría.
La oficina del fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, detalló, de acuerdo al documento, que los tres Rolex estarían valorizados en conjunto en aproximadamente US$32 mil.
El último miércoles, ante de la Comisión de Fiscalización del Congreso, el contralor Nelson Shack informó que había enviado la información de las DJIBR de la presidenta a Villena. También anunció que su institución inició una investigación a Boluarte, con el objetivo de determinar si tiene desbalance patrimonial o no.
Fuentes de El Comercio indicaron que Shack tiene la intención de procurar que esta pesquisa a nivel administrativo se resuelva en el "corto plazo", pero remarcaron que "mucho depende" del tiempo que se tome la jefa del Estado para responder a un conjunto de preguntas que le ha hecho llegar la contraloría. Añadieron que Palacio de Gobierno ya ha sido notificado.
El valor de la declaración de bienes y rentas
En comunicación con este Diario, el ex contralor Fuad Khoury explicó que los altos funcionarios públicos, como la presidenta Boluarte, están obligados a consignar en sus DJIBR los artículos de lujo que superen las 2 UIT (en el 2023, S/10.300). Agregó que el artículo 41 de la Constitución también establece este deber.
"Lo primero que se le debe pedir son explicaciones, la fiscalía y la contraloría deben preguntarle por qué no declaró [estos relojes]. ¿Por qué se exige una declaración jurada de bienes y rentas? Para asegurar que los funcionarios se vayan con lo que entraron. Los Rolex debieron formar parte de su declaración. Ella debe explicar cómo los compró, con qué dinero. Hay que recordar que sus ingresos como funcionaria de Reniec eran pocos", manifestó.
Khoury remarcó que la DJIBR es un instrumento importante para detectar un desbalance, sobre todo en países como el Perú, donde se mueve "mucho dinero" del crimen organizado.
También indicó que la celeridad con la que avance la contraloría va a depender de la colaboración de Boluarte Zegarra.
"Hay abogados que saben manejar los tiempo, y recurren al código penal, civil y administrativo para ello, pero si una persona no tiene problema en demostrar sus gastos, esta pesquisa se puede hacer inmediatamente", acotó.
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El ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado indicó que desde el inicio la postura de Boluarte "ha sido de poca transparencia", por lo que el hecho de que ella no haya declarado ante contraloría los Rolex que posee refuerza la hipótesis del Ministerio Público, en el sentido de que ella no tiene cómo sustentar el origen del dinero con el que adquirió estos artículos de lujo.
"Que no estuviera en la declaración de bienes y rentas, que luego se descubra que tiene estos relojes y que después no los quiera entregar es una prueba de un posible incremento patrimonial ilegitimo por parte de la presidenta. La sospecha es fundada", expresó a este Diario.
A su turno, el abogado penalista Andy Carrión cuestionó que el contralor Shack haya jugado un rol de "escudero" de la mandataria en su primera declaración sobre este caso.
"Que el juez haya tomado este argumento [para el allanamiento] es también una llamada de atención para la contraloría", manifestó.
En diálogo con El Comercio, Carrión también afirmó que este argumento consolida la hipótesis de la fiscalía, en el sentido, de que "si no declaras bienes que por ley tienes la obligación de hacerlo, se debe presumir que ese patrimonio no tiene cómo justificarse".
El letrado recordó que el delito de omisión de declaración tiene una pena de cuatro años, mientras que el de enriquecimiento ilícito puede ir desde los 5 años hasta los 10 años.
Turbulencia política
Luego de que frustrara la exhibición de los relojes Rolex y su declaración hace unos días, la presidente Boluarte- por medio de su abogado Mateo Castañeda- le solicitó por escrito al fiscal de la Nación que la interrogue de "forma inmediata, a efectos de esclarecer lo más pronto posible los hechos materia" de la investigación en su contra.
Por medio de una carta, a la que tuvo acceso este Diario, la mandataria pidió que se adelante su declaración, reprogramada para el 5 de abril próximo, "en vista de la turbulencia política" que viene produciendo su caso.
A su turno, el primer ministro Gustavo Adrianzén criticó que se haya filtrado a los medios de comunicación las fotografías de los objetos que halló el Ministerio Público durante el allanamiento a la casa de Boluarte en Surquillo, entre ellos un tarjetero de la marca Rolex con un cuadernillo y un documento de garantía, que contenía el código 126284RBR.
Este, según pudo conocer El Comercio, corresponde al modelo DateJust de Rolex.
"Estos hechos quiebran el principio de reserva de la investigación y deben ser denunciados de oficio, dando inicio a una investigación que permita identificar a los responsables y sancionarlos con todo el peso de la ley", escribió el jefe de Gabinete Ministerial en su cuenta de X (ante Twitter).
Adrianzén reiteró que el allanamiento fue "ilegal", a pesar de que este se dio tras una orden de un juez de la Corte Suprema de Justicia.
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El factor Colchado
El primer ministro, en declaraciones a la prensa, dijo que no está en condiciones de descartar una eventual pase al retiro del coronel PNP Harvey Colchado, jefe de la Diviac de la Policía, unidad que ejecutó el allanamiento a la casa de Boluarte y de Palacio de Gobierno.
"Ustedes no se imagen el daño profundo que le causa a la imagen del Perú este tipo de cosas, no es común que vayan y revienten la puerta de la casa de la presidenta de la República, por ese simple hecho, yo creo que resulta desproporcional la medida que se adoptó. Pudieron haber seguido tocando la puerta. No esperaron ni siquiera 10 minutos", manifestó Adrianzén.
De acuerdo al portal de Transparencia de la Presidencia, Boluarte sostuvo extensas reuniones con el ministro del Interior, Víctor Torres, y el comandante general de la Policía, Víctor Zanabria.
Fuentes de El Comercio señalaron que la presidenta está evaluando la salida de Colchado de la Diviac. Una de las razones sería la manera cómo se ejecutó el allanamiento a su vivienda, pero desde hace unos meses el gobierno tenía en la mira al coronel PNP. ¿La razón? El equipo especial de la Policía que apoya al Eficcop habría realizado seguimientos a Nicanor Boluarte, su hermano.
Esto como parte de una pesquisa por el presunto uso político por parte de Nicanor Boluarte de los prefectos y subprefectos del país.
El ministro del Interior adelantó anoche en "Panorama" que se ha pedido un informe a Colchado "a través de sus jefes, el general [Carlos] Céspedes y el general Zanabria".
"Y de acuerdo a ello se va a contemplar detenidamente la situación", agregó.
Fuentes de este Diario detallaron que en el informe, Colchado tendrá que explicar si hubo o no un plan de operaciones en el allanamiento a la casa de la mandataria. Dentro de este documento, agregaron, también se debe incluir los resultados.
Las mismas fuentes advirtieron que desde el gobierno se buscaría una excusa para abrirle investigación disciplinaria al coronel PNP y suspenderlo de su cargo, inicialmente.
En paralelo a las reuniones mencionadas, Boluarte lideró el último domingo la ceremonia de cambio de guardia en Palacio de Gobierno. Estuvo acompaña por el primer ministro; el titular de Defensa, Walter Astudillo: el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, David Ojeda; y los comandantes generales César Briceño (Ejército), Carlos Chávez Cateriano (FAP) y Luis Polar Figari (Marina).
Al respecto, Astudillo calificó como "un hecho político" la presencia de los altos mandos militares en la Casa de Gobierno.
"Indudablemente, este es un hecho político, donde participan la presidenta de la República, que es la máxima autoridad, constituye un hecho político. Yo creo que acá es importante que la ciudadanía entienda que este es un ataque sistemático a la institución de la presidencia de la república, por lo tanto, todas las instituciones tenemos el deber de defender la democracia", subrayó.
El Ministerio Público, por medio de un comunicado, señaló que en el allanamiento a Palacio de Gobierno y a la casa en Surquillo de Boluarte no se produjo la entrega de los relojes Rolex, a pesar de que se lo solicitaron a la mandataria.
Un detalle del cambio de guardia fue que la presidenta Boluarte utilizó un reloj. ¿Es el uno de los Rolex requeridos? Se le hizo esa consulta a Palacio de Gobierno, pero, al cierre de esta nota, no hubo respuesta.
Más información
Adrianzén refirió que una vez que Boluarte declare ante la fiscalía sobre el Caso Rolex, se presentará ante los medios de comunicación a dar detalles sobre la adquisición de estos relojes.
"La señora presidenta ha manifestado que ella va a declarar primero a la fiscalía y después irá a visitar a los medios", manifestó.
El primer ministro dijo que no sabe dónde están los relojes Rolex, y, añadió, que no tiene cómo identificarlos.