Entre las diferencias por Ganancias y reclamos por la quita de fondos para las cajas previsionales, los jefes distritales advierten por un escenario de inminente crisis
Entre tensiones, advertencias y con el temor de un escenario de crisis inminente. Así llegan los gobernadores al encuentro que, según se prevé, mantendrán el próximo jueves con el presidente, Javier Milei, en Casa Rosada. Sin avances cruciales, desde que se reunieron el mes pasado por primera vez, los mandatarios provinciales cargan con reclamos urgentes y un renovado malestar tras la reciente eliminación por decreto de los giros que la Anses le realizaba a 13 cajas de jubilaciones no transferidas a la Nación. El recorte, que suma unos $62.500 millones, afecta a Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Corrientes. En total, son 13 distritos que ya se preparan para ir a la Justicia.
En el camino que conduce al mentado pacto del 25 de mayo, no es lo único que los gobernadores pondrán sobre la mesa de discusión. Habrá además puja por la restitución del impuesto a las Ganancias, clave para las provincias porque es coparticipable. Pero también para la Nación, porque si avanza con la eliminación del cepo y del impuesto PAIS deberá compensar esos ingresos.
No obstante, alguien deberá pagar el costo político por el retorno de Ganancias. Los mandatarios del norte, en general, están dispuestos a acompañar, mientras hay cuestionamientos de los patagónicos y de los del centro del país, que piden un piso más alto del mínimo no imponible a partir del cual los trabajadores empezarían a pagar.
Otros reclamos en la mesa del 4 de abril girarán en torno al Fondo de Incentivo Docente (también quitado por decreto), los subsidios al transporte y la eliminación de la obra pública.
En efecto, en el propio Gobierno reconocen que en febrero el superávit financiero fue de $1,2 billones gracias a la reducción del gasto público, motorizado principalmente por la suspensión de la obra pública y las transferencias discrecionales a los distritos.
Con Buenos Aires al tope entre las más castigadas, la caída de los recursos provinciales llegó a su nivel más bajo en casi una década. Según datos del Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), de la Fundación Mediterránea, y el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), los giros nacionales automáticos acumulan una caída real interanual del 19% en lo que va del año. A eso se le suman la poda del 82% promedio en las transferencias discrecionales; la baja del 27% en la coparticipación y del 10% en las recaudaciones propias.
Mientras la administración Milei amenaza con pisar el acelerador del ajuste para alcanzar el proclamado "déficit cero", en las provincias interpretan que el Presidente quiere "asfixiarlos" para, de ese modo, rescatar algún apoyo en sus planes de reforma del Estado.
A la par, advierten por el impacto de una recesión que se profundiza y temen que, de no resolverse los giros de recursos, sus distritos entren en crisis.
En ese marco, y de cara a la reunión del próximo jueves, el chubutense Ignacio Torres reclamó públicamente por el recorte a las cajas previsionales.
El santafesino Maximiliano Pullaro fue otro de los que le apuntó al Gobierno por sus políticas para reducir el déficit fiscal. Si bien dijo entender que, "si se ordenan las cuentas de un Estado que durante años gastó más de lo que recaudó, habrá un rebote", el mandatario alertó sobre "el fuerte ajuste" que "están pagando los sectores más populares".
En sintonía, el santiagueño Gerardo Zamora aseveró que "hay una preocupación de mucha gente que tiene miedo de que los gobernadores o los intendentes no podamos pagar sueldos si esta situación continúa".
Del mismo modo, Osvaldo Jaldo, que es el peronista más cercano al oficialismo, trazó un diagnóstico contundente: "Estamos viendo el impacto negativo en nuestras arcas financieras y a este ritmo vamos a empezar a tener problemas sociales. Hay provincias que tienen déficit fiscal y por ende no pueden atender temas prioritarios como la salud o la educación", advirtió el gobernador tucumano.
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