Ya lo anunció el secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, en el último Pleno de la Asamblea de Madrid antes de las vacaciones de Semana Santa: "fiscalizarán milimétricamente la acción del Gobierno de Ayuso". Y concretó más: "vamos a fiscalizar hasta el último euro de los madrileños que su Ejecutivo ha destinado a pagar a la empresa que más ha cobrado de la Comunidad de Madrid en los últimos años y que casualmente es el Grupo Quirón, la empresa que más ha pagado a la sociedad de su pareja". Lobato concluyó con un enigmático "esto no ha acabado aquí". Eso fue el 21 de marzo.
Cinco días después, el 26 de marzo, el PSOE de Madrid que dirige Juan Lobato ha solicitado al juzgado de instrucción número 19 de Madrid personarse como acusación particular en la causa penal abierta contra el Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. La Fiscalía acusa a González de dos delitos de fraude fiscal valorados en 350.951 euros y de uno de falsedad en documento mercantil. El empresario ejerció de intermediario durante la pandemia entre vendedores y compradores de mascarillas y guantes, trabajó por el que cobró dos millones de euros. Luego, presuntamente, orquestó una serie de facturas falsas para pagar menos impuestos por sus beneficios, según la Agencia Tributaria.
"Nos personamos por defensa del interés general, por esos 350.000 euros de todos los españoles, y para fiscalizar cada euro que han pagado con sus impuestos las familias y las empresas en la Comunidad de Madrid", ha explicado Lobato este lunes tras hacer pública esta acción judicial. "Estamos viendo que en este procedimiento la empresa de la pareja de Ayuso pasó de tener un beneficio de 27.000 euros a 1,9 millones, principalmente porque ha recibido dinero del grupo Quirón, que en los últimos años ha sido el mayor receptor de fondos públicos en la Comunidad de Madrid", ha añadido. El juzgado ha citado a declarar a González Amador los días 20 y 21 de mayo.
"Que, considerando, que de esta causa se pueden derivar posibles responsabilidades penales, en particular, en relación con posibles delitos contra la hacienda pública y de falsedad documental, así como cualesquiera otros que resultaran acreditados tras la instrucción, por parte de, entre otros, D. Alberto Gonzalez Amador, respecto de hechos que traen su origen, en principio, en contrataciones relacionadas con el suministro de materiales sanitarios adquiridos durante la gestión de la crisis del COVID19, y que, en cualquier caso, afectarían a los intereses generales como es un intento de defraudación a la hacienda pública, nos encontraríamos ante una causa de interés general de los ciudadanos", reza la petición del PSOE.
Qué pasa si el juez admite la personación
Si finalmente el juez admite la personación, el PSOE tendrá acceso a toda la documentación sobre el caso, lo que vaticina un curso político bastante caliente y que centralizará parte del discurso de la oposición en el Pleno de la Asamblea de Madrid. "Entendemos que existen intereses generales de los ciudadanos que se han podido ver afectados a consecuencia de los hechos objeto de investigación que justifican nuestra presencia en la causa como acusación popular, en ejercicio del derecho reconocido en el artículo 125 de la Constitución Española", prosigue el escrito socialista. Hacienda sostiene que las compañías del empresario, tras realizar labores de intermediación en material sanitario, presentaron 15 facturas falsas por gastos ficticios que suman 1,7 millones de euros.
Tras la correspondiente denuncia de la Fiscalía, el Juzgado de Instrucción 19 de Madrid abrió el 20 de marzo diligencias previas contra González Amador y otras cuatro personas. La denuncia de la Fiscalía contra González Amador señala al grupo Quirón como el principal cliente de la empresa de la pareja de la presidenta. Este gigante de la sanidad privada opera cuatro hospitales públicos de gestión privada en la región (Fundación Jiménez Díaz, en régimen concertado; e Infanta Elena, Villalba y Rey Juan Carlos, en régimen de concesión).