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Sexto día de abril, el mes en el que el Gobierno de Colombia prevé enviar el buque de su Armada ARC Caribe a desarrollar prospecciones y extracciones sobre los restos del galeón San José, hundido por buques de guerra ingleses en 1708, cerca de la costa de Barú, en el norte de Colombia. En su última travesía, el San José transportaba a España un inmenso cargamento: joyería americana, porcelana china de la dinastía Qing y toneladas de plata labrada y en monedas que Colombia reclama como propias tras el descubrimiento de los restos del galeón en 2015 por unos cazatesoros contratados por ese país.
Desde entonces, España y parte de la sociedad civil de Colombia han podido paralizar esos proyectos extractivos con el propósito de que nadie explote los tesoros del buque y de que se respete su valor de yacimiento arqueológico y su dignidad como camposanto. El San José, se argumenta, fue un buque de Estado y goza de inmunidad soberana. Su dueño legítimo no una empresa privada extinguida, sino el Reino de España, el mismo Estado que tiene continuidad jurídica desde 1708 y representa a la misma nación. Su blindaje legal, además, permitiría defender cientos de yacimientos de buques históricos de la Carrera de Indias.
Gustavo Petro, presidente de Colombia desde verano de 2022, anunció el año pasado su intención de desentenderse de las negociaciones diplomáticas y de los pleitos judiciales internacionales y de iniciar las prospecciones. En España, la iniciativa más visible para detener esa política se ha trasladado a la sociedad civil. José María Lancho, uno de los abogados que acompañaron al Gobierno en su litigio contra los cazatesoros de Odyssey por los restos de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, fue contratado por tres Naciones Originarias de Bolivia, Killakas, Carangas y Chichas. Juntas reclaman a Colombia y a España su derecho a codecidir el futuro del San José. ¿Por qué? Porque parte del tesoro del buque español procede de su territorio y fue extraído de las minas por la población a la que hoy representan, en condiciones forzadas y desiguales a las de los demás súbditos del entonces Reino de Castilla.
«Tenemos derecho a que se oiga y a participar en las decisiones que afectan directamente a una parte de nuestra cultura e historia. Defender que los restos del galeón siguen siendo solamente culturales es parte de nuestra resistencia como pueblos. No queremos que se vendan, tampoco queremos que sirvan para facilitar el expolio de otros buques históricos de la Carrera de Indias», explican los representantes de las Naciones a EL MUNDO. Tata Reinaldo Quispe (Nación Caranga), Tata Hilarión Mejía (Nación Chicha) y Tata Bernardino Colque (Nación Killaka).
Y es así «por muchas razones, por el hecho de que mucho de su contenido fue extraído de nuestro suelo con tanto dolor es por lo que los restos de esos buques son también parte de nuestro territorio ancestral. Contienen raíces de nuestra memoria, el testimonio de generaciones de nuestros ancestros que extrajeron forzadamente, transformaron y dieron forma a mucho del contenido de esos yacimientos. Para nosotros tiene un elemento espiritual y también sagrado en la misma manera que debería ser sagrado un cementerio para los españoles o los colombianos. Esos galeones lo son. Colombia cometería un grave expolio, un acto brutal de colonialismo si interviene el galeón sin nuestro consentimiento».
Una explicación: las Naciones Originarias de Bolivia poseen identidad histórica reconocida (por España desde el siglo XVI) y derechos colectivos sobre su patrimonio cultural en virtud de numerosos instrumentos internacionales que les confiere personalidad jurídica internacional. También Colombia menciona en su constitución a 102 comunidades indígenas.
¿En qué consiste su propuesta para el San José? «Como el resto de galeones hundidos de la Carrera de Indias, [debe ser] considerado patrimonio común y compartido. De los pueblos originarios, de España y de las repúblicas americanas. [Esperamos] Que en consecuencia se aplique el derecho internacional no solo el de una de las partes. Deseamos participar activamente en el proceso a través de nuestras autoridades tradicionales y que los hallazgos se exhiban también en nuestra tierra para el disfrute de todos. Tal vez con un museo en Potosí. También pedimos que el conocimiento y la ciencia que generen esos restos redunde en el bienestar de nuestros pueblos».
Juan Revollo, representante de la Nación Killakasm filólogo y lingüista de quechua explica que, aunque ya hay un acceso a la universidad de jóvenes de las naciones originarias, aún es necesario un importante esfuerzo de cooperación para nivelar las oportunidades educativas con las que cuentan otros grupos.
En la respuesta de los Pueblos Indígenas también está incluida una de las claves del caso del San José. La República de Colombia no ha firmado nunca los principales convenios internacionales sobre Patrimonio Submarino, por lo que el Gobierno de Petro considera que está legitimado para tomar sus decisiones solo de acuerdo a su ley. Sin embargo, como refiere el abogado Lancho, "aun sin ratificar tratados específicos, Colombia como miembro de la ONU, tiene el deber general de acatar los principios del derecho internacional consuetudinario. La inmunidad de buques de guerra hundidos está firmemente establecida en la costumbre internacional del mar y obliga a Colombia".
Además "Colombia y España sí han firmado los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas así como los Pactos Internacionales y Declaración de la ONU sobre los Pueblos Indígenas que permiten que mis clientes sean parte en esta controversia que les afecta".
"Lo que más tememos es que se ignore nuestra presencia y conocimiento, negándonos una vez más el reconocimiento como pueblos con identidad propia", añaden desde Bolivia. "Que se tomen decisiones unilateralmente sin contar con nuestra voluntad y sin contar con el efecto que tendrán sobre el resto del patrimonio en aguas de Colombia y del resto de países americanos. Si el presidente Petro decide arrinconar el derecho internacional, el derecho de la familia de las naciones para hacer el galeón solo de Colombia, él sabe el destino que correrán el resto de galeones hundidos en aguas de Colombia y del resto de América, él sabe que serán presas para las industrias cazatesoros».
De nuevo, la declaración de las Naciones Originarias da con una clave oculta: desde 2015, el Gobierno de Colombia ha firmado sucesivos contratos con empresas cazatesoros para repartirse el botín del San José. En febrero, el Ejecutivo de Petro organizó un congreso científico en Cartagena de Indias que terminó con un llamamiento y un compromiso, más simbólico que formal, de no explotar económicamente el pecio. Las extracciones, se dijo entonces, tendrían un fin científico. Lancho es escéptico: "¿Qué pasa con los demás yacimientos hundidos en Colombia? A ellos se les aplicaría la ley colombiana de 2013 que incentiva el cazatesorismo. ¿Qué pasará con el resto de yacimientos en aguas de todo el mundo si no es operativa la inmunidad soberana?".
El temor que expresan las Naciones Indígenas es que esa renuncia sea la excepción de una regla general fatal: que sirva como precedente donde la renuncia a la inmunidad soberana valga a la industria cazatesoros para proceder sobre yacimientos en todos los océanos. Las Naciones piden a UNESCO algo que no ha pedido aún el Reino de España: que los pecios de los buques hundidos sean incluidos por el World Heritage Committee en el Inventario de Bienes Culturales en Peligro.