Enfrentamientos entre policías y cientos de manifestantes durante protestas masivas en Georgia
Este martes, se han registrado protestas masivas en la capital de Georgia, Tbilisi, contra la aprobación de la ley sobre agentes extranjeros que está siendo examinada en segunda lectura por el Parlamento del país.
Las fuerzas del orden emplearon gas pimienta contra los manifestantes que se reunieron frente al edificio gubernamental. Al lugar también se trasladaron camiones con cañones de agua para dispersar a la multitud.
La Policía intenta apartar del Parlamento a los participantes en la protesta, lo que desemboca en enfrentamientos. A su vez, los manifestantes colocan contenedores de basura frente al cordón policial.
Ya se han empezado a producir las primeras detenciones. En la zona se encuentran varias ambulancias para brindar asistencia a los posibles heridos. La situación también es tensa en las calles adyacentes al edificio del Parlamento, donde se ha movilizado un gran número de fuerzas de seguridad.
Se aplican "medios especiales"
El Ministerio del Interior comunicó que agentes de Policía fueron desplegados "en las proximidades del Parlamento de Georgia y de los edificios de la administración gubernamental para garantizar el orden público".
"A pesar de los múltiples llamados de los agentes de Policía en el lugar, así como del comunicado oficial publicado por el Ministerio del Interior, para desalojar las salidas del órgano legislativo para los parlamentarios y los empleados del personal parlamentario, los participantes en la manifestación ignoraron las peticiones legítimas", informa el organismo.
"Para restablecer el orden público, el Ministerio del Interior aplica medios especiales de conformidad con la legislación vigente", se precisa. De acuerdo con el comunicado, "los participantes en la manifestación se enfrentaron verbal y físicamente a los agentes del orden y les arrojaron diversos objetos".
Aprobado en primera lectura
El proyecto de ley sobre agentes extranjeros fue aprobado el 17 de abril por el Parlamento en primera lectura. El proyecto de ley fue apoyado por 83 diputados y no recibió ningún voto en contra. La votación se celebró sin la participación de la oposición.
El proyecto de ley implica garantizar la transparencia de la "influencia externa" mediante la creación de un registro de organizaciones que promueven los intereses de fuerzas externas, que incluirá a todas las organizaciones sin fines de lucro cuyas actividades estén financiadas en más del 20% desde el exterior.
La polémica en torno a la ley
El año pasado, la capital georgiana se vio sacudida por multitudinarias protestas después de que se aprobara por mayoría parlamentaria el polémico proyecto de ley de agentes extranjeros en primera lectura.
A raíz de la presión de los manifestantes, las autoridades georgianas lo retiraron. No obstante, a principios de abril de este año el partido gobernante anunció su decisión de volver a presentarlo ante el órgano legislativo.
El proyecto de ley recibió la negativa de la oposición; la presidenta georgiana, Salomé Zurabishvili, y varios cuerpos diplomáticos, incluidas las misiones de la UE y de la Embajada de EE.UU. en Georgia. Según los críticos a la iniciativa, el proyecto de ley obstaculizará la adhesión del país a la Unión Europea.
En qué consiste el proyecto de ley
El proyecto de ley original habría exigido que las organizaciones sin fines de lucro y los medios de comunicación reciban el estatus de agentes de influencia extranjera si más del 20 % de sus ingresos proviene del extranjero. Tales organizaciones deberían someterse a un registro obligatorio, y si se niegan a hacerlo serían multadas. Además, el Ministerio de Justicia tendría derecho a iniciar una investigación en su contra.
Sin embargo, esa versión fue calificada por la oposición de "ley rusa" y acusó al partido gobernante de inspirarla en la legislación introducida por Moscú en 2012. En respuesta, se argumentó que en realidad se inspiró en la mucho más estricta la Ley de Registro de Agentes Extranjeros de EE.UU. (FARA), aprobada en 1938. Esa normativa establece la condición de agente extranjero no solo para los medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales, sino también para otras personas jurídicas y físicas. Las infracciones (retrasar el registro o rechazarlo) están sujetas no solo a sanciones administrativas, sino también penales: las personas pueden enfrentarse a penas de prisión de hasta cinco años.