Es cierto que del proyecto ómnibus original apenas quedó algo más de un tercio del articulado y que no hay garantías en la cámara alta. Sin embargo, si el nuevo texto superara también ese test, el jefe de Estado podría comenzar a concretar un proyecto que pretende dar vuelta a la Argentina como una media.
Los superpoderes administrativos le permitirían al Presidente disponer a su arbitrio de casi todos los organismos de la Administración Pública Nacional central o descentralizada, los que podrían ser eliminados, reformados, achicados, fusionados, divididos en partes o transferidos a entidades subnacionales. Sería el ajuste convertido en hecho estructural.
Entre otros organismos importantes, quedaría flotando la posibilidad de la desaparición del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). La situación de ese organismo, emblema de la mejor tradición argentina de defensa de los derechos humanos, es especialmente delicada, porque de su continuidad depende que puedan seguir identificándose hijos e hijas de personas desaparecidas. Hay que conformarse con que el vocero Manuel Adorni haya comprometido la palabra del Gobierno de dejarlo intacto.
Quedan exceptuados del riesgo de clausura el Conicet, el Laboratorio Malbrán, la ANMAT, el INCAA, el Enacom, el Incucai, el Instituto de la Propiedad Industrial (INPI), la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), aunque están de cualquier forma expuestos a reformas que podrían desnaturalizar su funcionamiento. La preocupación es especialmente grande en el aparato de ciencia y técnica, al que el terraplanismo paleolibertario parece aborrecer especialmente.
Volver a los 90
Las privatizaciones fueron una de las piedras que no logró sortear el texto original. Entre numerosas objeciones, la lista de compañías de propiedad estatal que podrán ser enajenadas gracias al aval de 140 diputados se achicó de 40 a nueve. Aerolíneas Argentinas, Enarsa, Radio y Televisión Argentina e Intercargo podrían ser privatizadas al 100%. Mientras, serían concesionadas AySA, Correo Argentino, los trenes y las rutas. El Banco Nación quedó afuera del proceso. Por ahora, dice el Gobierno.
Incentivos a la inversión y reforma laboral
Estimular las inversiones está bien y para eso el proyecto ómnibus XS crea un Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI) que brindaría desgravaciones, garantías de estabilidad impositiva y beneficios cambiarios y aduaneros, pero sólo a los proyectos superiores a los 200 millones de dólares.
El opoficialismo pretende bajar ese umbral, pero, aunque lo consiguiera, no llegaría colar al sector pyme. ¿Será parte de la casta maldita?
Especialistas sumaron como cuestionamiento al RIGI el desincentivo al desarrollo de una red de proveedores nacionales por dar la posibilidad, según explicó Matías Kulfas en un interesante hilo de Twitter, "de importar sin ningún tipo de arancel cualquier bien de capital, repuesto y otros insumos, sin aclarar que estos deban ser nuevos o usados, con lo cual incluso se da la posibilidad de que operadores internacionales ingresen maquinaria ya utilizada generando una competencia desleal con instrumental obsoleto".
En materia laboral, tras el aval de 140 votos en Diputados, si el Senado sumara su respaldo, se introduciría un Fondo de Cese Laboral como alternativa a las indemnizaciones tradicionales, el que sería nutrido por un aporte de hasta el 8% de los salarios a cargo del empleador.
Asimismo, se crearía un registro laboral simplificado para pymes de hasta 20 trabajadores y se ampliarían los períodos de prueba –durante los cuales el despido es libre– hasta un año, de acuerdo con el porte de la compañía. Esto podría convertir en una puerta giratoria el empleo en sectores de alta rotación.
Más curiosa es la eliminación de las multas a las empresas que sean pescadas con personal en negro, lo que –se dice– favorecería la contratación en blanco. José Luis Espert explicó que no hay que preocuparse por eso y que todo va a salir bien.
En tanto, el Gobierno quería dar por tierra con las jubilaciones concedidas en años recientes a través del mecanismo de moratoria, pero la oposición amigable logró diluir ese objetivo. Así, se crearía un régimen de Prestación de Retiro Proporcional para quienes llegasen a los 65 años sin cumplir con los 30 de aportes requeridos. Cobrarían el 80% de una jubilación mínima.
Ganancias, un parteaguas del progresismo
Los gobernadores que lograron inducir a los legisladores de sus provincias a ayudar al Gobierno –los que firmarán el pacto de Mayo en Córdoba– se alivian al saber que volverá el impuesto a las Ganancias sobre los altos salarios, que es coparticipable. Esto es parte de un proyecto de reforma tributaria que corre en paralelo a la ley Bases.
Otro ítem importante del proyecto impositivo es el languidecimiento, en los próximos años, del impuesto a los Bienes Personales, cuya alícuota bajará y cuyo mínimo no imponible se elevará con fuerza.
Ganancias –ayer nomás denostado y ahora defendido con igual ahínco por Espert– se presta a la polémica. Parte de la opinión pública, incluso duramente opositora, rescata el retorno de ese gravamen sobre los salarios– eliminado en tiempos de Sergio Massa– por su carácter progresivo y porque comenzaría a aplicarse recién a partir de 1,8 millón de pesos para personas solteras y desde los 2,3 millones para las casadas y con hijos.
Sin embargo, ¿se puede evaluar la conveniencia de un gravamen de manera aislada, sin contexto, incluso cuando eso forma parte de una política económica y de un paquete tributario severamente regresivos?
En ese sentido, ¿es progresivo gravar a la clase media mientras se beneficia a los dueños de los más altos patrimonios con la disolución de Bienes Personales? ¿Lo es cuando el Gobierno elige no tocar las exenciones que benefician a sectores como la industria de electrónicos de Tierra del Fuego y unicornios tecnológicos, entre tantos otros regímenes especiales que dan cuenta de entre 2 y 4% del PBI, según cómo se los considere? ¿Lo es cuando la casta judicial seguirá eternamente liberada de pagar Ganancias y ese tema ya ni se discute?
Otro asunto crucial es el blanqueo impositivo, un incentivo para que quienes todavía pagan impuestos sigan los consejos de Milei y dejen de hacerlo de inmediato.
Se trata de una exteriorización de activos sin precedentes por su generosidad, por tener costo cero hasta los 100.000 dólares y también por encima de esa cifra si el dinero queda depositado en un banco local. Quienes pagaron durante todos estos años y ahora ven cómo entran al mercado, a costo cero, dólares de todos los colores tienen todo el derecho a sentirse otra vez estafados por la política.