El Ministerio de Transportes, bajo la iracunda batuta de Óscar Puente, se niega a ofrecer información, a través de Transparencia, sobre «la forma en que se produjo el primer contacto para la adquisición de material sanitario -mascarillas- a Soluciones de Gestión S.L. por parte del ministerio, en marzo de 2020». En la solicitud se demandaba saber «de quién partió el primer contacto» para la compra, además de la fecha exacta. Pues bien, amparándose en la Abogacía del Estado, el Ministerio de Transportes alega que «no es información pública» , pues la «solicitud presentada no pide acceso a ningún contenido o documento elaborado o adquirido por este departamento en el ejercicio de sus funciones» y, en consecuencia, «no puede ser admitida al no estar solicitando información pública» sino «realizando unas preguntas sobre un hecho concreto que requeriría de la realización de un informe ad-hoc por parte de la unidad responsable para su contestación».
En el colmo de la chulería, el Gobierno insta al solicitante a interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid o bien una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Que el Ejecutivo considere que demandar información sobre los contactos entre una administración pública y una sociedad adjudicataria de un contrato público no es «información pública» es una desfachatez superlativa. Y que se parapete tras informes de la Abogacía del Estado es la demostración más palmaria de que la Abogacía del Estado se ha convertido en la Abogacía de Pedro Sánchez, un cuerpo antaño de prestigio que ha mutado en órgano al servicio de los intereses del Gobierno. Ya no es que el Ejecutivo se niegue a dar explicaciones, sino que literalmente mandan oficialmente a freír puñetas a quien se atreve a solicitar información a través del órgano de Transparencia creado a tal fin. Una demostración del talante de un Gobierno que ha secuestrado las instituciones del Estado.