SEÑOR DIRECTOR:
Es imposible exagerar la gravedad que para la República significa que el 50% de los municipios del país se encuentren bajo investigación criminal por el Ministerio Público.
Los que estamos en el mundo del derecho sabemos que las normas no se cumplen solamente por temor al castigo por su incumplimiento. El derecho vale -también- porque la sociedad en su conjunto tiene respecto de las normas una franca convicción sobre su obligatoriedad.
Es un hecho difícil de desmentir, que las normas administrativas, entre ellas las de probidad y transparencia, no son vividas, ni vistas, como obligatorias en los municipios. Es también bastante evidente que el actual modelo de control, lo mismo que la capacidad del Estado de supervigilar la legalidad y la integridad al interior de los municipios, no es proporcional al riesgo de que ocurran grave hechos de corrupción.
Con las elecciones municipales en ciernes tenemos como sociedad la posibilidad de sincerar nuestra preocupación y comenzar una franca discusión sobre el modelo institucional que necesitamos para que nuestros gobiernos locales sean lo que esperamos para sentirnos orgullosos de ellos.
Antonio Leiva Rabael
Profesor Derecho Administrativo UNAB