La cita con el abogado es a las 19.00 horas en un céntrico bar de Maribáñez, una pequeña pedanía del municipio sevillano de Los Palacios, en la comarca del Bajo Guadalquivir, epicentro del cultivo de algodón en España. Esta zona concentra buena parte de las 51.000 hectáreas que en la pasada campaña agrícola produjeron 127.000 toneladas de esta planta en toda Andalucía. Esta cifra representa el 99% de todo el algodón que se produce en el conjunto del país.
Poco a poco, van llegando los agricultores. Esperan un rato para iniciar la charla. Hay que dar tiempo para que los más rezagados terminen la faena en el campo. Con gesto serio, van tomando asiento en el salón del bar. Una veintena larga de algodoneros ha acudido a informarse sobre la demanda colectiva que está preparando el bufete catalán Redi Abogados, especializado en reclamaciones a cárteles. Al oír la palabra cártel, «se asocia a la droga, pero hay otros», arranca el letrado Albert Poch.
En el sector del algodón lo saben bien. A lo largo de nueve campañas agrícolas, entre 2004 y 2012, seis empresas desmotadoras y sus sociedades matrices, a las que los productores de algodón les vendían esta planta, pactaron los precios. De esta forma, los agricultores estuvieron percibiendo durante casi una década cantidades muy inferiores a las que les correspondían. Todo ello fue certificado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que en 2013, sancionó a las desmotadoras con un millón de euros.
Todas ellas incumplieron la Ley de Defensa de la Competencia, que prohíbe «todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o en parte del mercado nacional». Su actuación fue tipificada como «infracción muy grave» por la CNMC.
Una multa de 400.000 euros
Años después, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo confirmaron la responsabilidad de las desmotadoras, si bien redujeron la cuantía de la multa a poco más de 400.000 euros. La sentencia del Supremo de 2019 hace que los agricultores que vendieron su algodón a las desmotadoras sancionadas tengan derecho ahora a reclamarles a las empresas responsables del cártel una indemnización por daños y perjuicios, equivalente al precio que dejaron de percibir.
El bufete Redi Abogados ha puesto ya de acuerdo a más de un millar de agricultores de toda Andalucía para iniciar un pleito pionero en el que reclamarán, a través de un Juzgado de lo Mercantil, todas las cantidades que dejaron de percibir los algodoneros. «Esto ha sido es una estafa. Nos han estado engañando durante años», se queja un veterano agricultor de Maribáñez. A su lado, Claudio Chinchilla, de 93 años, remata: «no vamos a robarle nada a nadie. Es nuestro dinero».
La reclamación será millonaria, pero todavía no se ha fijado una cantidad exacta porque los agricultores afectados siguen apuntándose estos días. El plazo para presentar la demanda finaliza el 31 de mayo. De momento, van más de 1.100 algodoneros, detalla a EL MUNDO el abogado Poch, que lleva casi un año preparando esta demanda y dando charlas informativas en cooperativas, comunidades de regantes y hasta en bares de pueblos de toda Andalucía, con la intención de informar a todos los afectados de su derecho a reclamar. Aunque a la demanda se hayan apuntado algo más de un millar de agricultores, se calcula que el cártel del algodón afectó a unos 6.500 algodoneros en toda Andalucía.
Pero teniendo en cuenta que el cártel comenzó a pactar precios hace veinte años, hay algunos agricultores afectados que ya han fallecido o son muy mayores y prefieren no iniciar un pleito que podría durar años, indica a este diario Azucena González, secretaria general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Andalucía (UPA) Cádiz. Fue, precisamente, esta asociación agraria la que denunció a las desmotadoras ante la CNMC.
Más de 33 millones
El letrado Poch calcula que cada agricultor podrá recuperar unos 10 céntimos por cada kilo de algodón vendido entre 2004 y 2012. Por cada diez hectáreas de algodón y sus 3.000 kilos, se podrían recuperar en torno a 30.000 euros más los intereses, según las cifras que baraja el bufete. Si los 1.100 agricultores que iniciarán el pleito tuvieran, de media, diez hectáreas, la reclamación sería de 33 millones de euros. Más los intereses.
Sin embargo, el abogado aclara que aún es pronto para poner una cantidad a la reclamación porque entre los afectados hay agricultores que sembraron 5 hectáreas de algodón y otros 500. «El 50% de la producción está en manos del 90% de los agricultores y el otro 50%, en el 10% restante», precisa.
Ahora mismo están recopilando facturas y documentos bancarios que acrediten los precios que cobraron de las empresas del cártel. Aunque el abogado está convencido de que van a ganar el pleito, porque cuentan con la resolución de la CNMC y las sentencias de la Audiencia Nacional y el Supremo, lo importante ahora es recabar todos los documentos necesarios. Las pruebas que aporte cada agricultor a la demanda colectiva en el Juzgado de lo Mercantil deben ser «tan sólidas como si se tratase de una acción individual», expone el abogado en la charla.
Para colmo, las desmotadoras han sido sancionadas dos veces, ya que también fueron multadas en los años 90. Pero estas «prácticas irregulares les salen muy baratas», denuncia Azucena González, de UPA Cádiz. En efecto, tras pactar los precios del algodón, se ahorraron varios millones de euros y sólo tuvieron que pagar una multa de 400.000 euros. En Maribáñez parecen convencidos de que deben litigar y reclamar lo que es suyo. Mientras, las desmotadoras guardan silencio, de momento. Este diario contactó con varias de ellas, pero eludieron ofrecer su versión.