El líder de una mafia que amenazó de muerte a la heredera de Holanda, se fuga de España por una descoordinación judicial
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Karim Bouyakhrichan, presunto líder de la llamada 'Mocro Maffia' de Países Bajos está en busca y captura tras haberse fugado por culpa de una descoordinación judicial. El sospechoso, un "objetivo prioritario" de las fuerzas de seguridad, fue arrestado en enero pasado en una redada policial en España. La operación causó gran repercusión en Países Bajos, porque Bouyakhrichan habría amenazado de muerte a la heredera de la Corona holandesa, Amalia de Orange.
El pasado 22 de febrero, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga dictó la orden de libertad condicional, tras haber pagado el acusado la fianza de 50.000 euros y serle retirado el pasaporte, según ha adelantado la Cadena Ser y ha podido confirmar elDiario.es. Bouyakhrichan tenía la obligación de firmar cada 15 días en el juzgado de su lugar de residencia. La última vez que firmó fue el pasado 1 de abril, y desde entonces se desconoce su paradero.
El Juzgado Central número 2 de la Audiencia Nacional, que dirige el magistrado Ismael Moreno, ha emitido una Orden Europea de Detención y Entrega para intentar dar con el acusado. Se de la circunstancia de que en el momento de la puesta en libertad del sospechoso la Audiencia Nacional estaba tramitando la solicitud de extradición que había realizado Países Bajos.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía consultadas por este periódico reconocen que Bouyakhrichan tenía que haber firmado en el juzgado el pasado día 15 de abril y argumentan que "aún puede llegar la notificación desde el lugar donde lo haya hecho".
"Ha estado firmando fuera de Marbella y se notificaban al Juzgado cuatro de Marbella unos días después. La última firma recibida correspondió a la de uno de abril", señalan las fuentes.
La detención en enero de Bouyakhrichan mereció una rueda de prensa de la Policía Nacional en el complejo policial de Canillas (Madrid). La operación asestó un duro golpe a la Mocro Mafia en la Costa del Sol y supuso el bloqueo de 172 propiedades valoradas en 50 millones de euros y cerca de tres millones en cuentas bancarias.