- TSJ Libra a los socios del hermano de Puig de devolver 170.000 euros porque la Generalitat los reclamó fuera de plazo
El Gobierno de Carlos Mazón peleará en los tribunales contra los hermanos Adell Bover, socios de Francis Puig. El objetivo no es otro que lograr que devuelvan a las arcas de la Generalitat los 170.000 euros que obtuvieron en subvenciones del anterior Consell de Ximo Puig. Si bien se les reclamó la devolución por no cumplir con los requisitos de las ayudas de fomento del valenciano, lo cierto es que un error de la propia Generalitat ha provocado que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano haya acabado dando la razón a los empresarios.
La consejera de Hacienda y portavoz del Consell, Ruth Merino, ha anunciado este viernes que la Generalitat está estudiando las sentencias que exime a las empresas de los hermanos Adell Bover de tener que devolver ese dinero con la intención de presentar un recurso "que evite que los valencianos tengan que pagar la inoperancia del Consell anterior".
"Este Consell no deja de sorprenderse de ver los límites hasta los que podía llegar la inoperancia y la mala praxis de muchas acciones del Gobierno anterior", ha lamentado Merino. La portavoz del Consell se ha referido a las cuatro sentencias del TSJ que dan la razón a las empresas Canal Maestrat y Kriol Produccions, que no tendrán que reintegrar a la Generalitat los 170.819,98 euros mencionados porque la Consejería de Educación los reclamó fuera de plazo.
Según el actual Consell, de las sentencias se deduce que Educación "pudo haber declarado de oficio la caducidad del expediente abierto una vez se le agotaron los doce meses preceptivos para requerir a las empresas la devolución de las subvenciones". Eso hubiera permitido abrir un nuevo expediente de reintegro dentro del plazo de cuatro años que establece la Ley General de Subvenciones, según estas fuentes.
"Después de un año entero para reclamarlas, a la Consejería de Educación se le ocurrió lo peor, que fue reclamar fuera de plazo en lugar de caducar el expediente e iniciar uno, nuevo porque entonces había posibilidades", según Ruth Merino.
"No sabemos si fue por incompetencia, inoperancia o incluso por connivencia también de Compromís con los socios del hermano de Ximo Puig, pero llegamos a esta chapuza en toda regla que lo que supone es una especie de perdón a determinadas personas a costa de que paguemos ese dinero todos los valencianos", ha criticado Merino.
La Abogacía de la Generalitat dispone ahora de 30 días desde la notificación de las sentencias para dar "todos los pasos" y estudiar un posible recurso que permita "recuperar hasta el último céntimo de los valencianos".