Los diputados españoles aceptaron el martes estudiar una iniciativa popular firmada por más de 600.000 personas, y con el apoyo de unas 900 asociaciones, que reclama la regularización excepcional de todos los inmigrantes irregulares que viven en el país.
En España, organizaciones de inmigrantes han conseguido que el Congreso acepte debatir una iniciativa popular, respaldada por cientos de miles de personas, para regularizar a medio millón de extranjeros que residen y trabajan en el país de forma irregular. Además, el respaldo parlamentario ha sido mayoritario, con el voto favorable de todos los grupos a excepción de los diputados de la ultraderecha.
La Constitución española permite que la ciudadanía presente iniciativas legislativas cuando vienen respaldadas por 500.000 firmas acreditadas. En esta ocasión se ha rebasado la cifra con creces gracias a 900 entidades de todo signo, desde colectivos antirracistas a organizaciones de la iglesia católica, que han apoyado la campaña impulsada por personas inmigrantes como Edith Espínola, que hace unas semanas defendía esta propuesta en el parlamento español: "La regularización es una cuestión de coherencia, de democracia, de justicia social, y también de crecimiento económico".
La iniciativa ciudadana reclama que se busquen "mecanismos que garanticen" que estas personas "puedan salir de la situación de invisibilidad y 'no derechos'".
"De acuerdo con las estimaciones más recientes, en España residen de manera irregular entre 390.000 y 470.000 personas, de las cuales una tercera parte serían menores de edad", recuerda este texto enviado a los diputados.
"Los criterios de acceso a la residencia son altamente restrictivos", lamentan, y "el procedimiento administrativo" para obtener el permiso o su renovación "es lento, burocrático y cuenta con un elevado margen de discrecionalidad", agregan.
La iniciativa legislativa popular llevaba dos años esperando una votación que finalmente se produjo pasado martes. La inmensa mayoría del hemiciclo apoyó la admisión a trámite de la iniciativa. Ahora los grupos políticos la debatirán, también podrán proponer modificaciones, y en algún momento volverán a votar para decidir si regularizan la situación de medio millón de personas extranjeras que residen y trabajan sin papeles en España.
Es difícil que suceda, porque el conservador Partido Popular, el más numeroso del Congreso, no quiere hacerlo. Argumenta que provocaría un efecto llamada, y el número de personas que llegaron a España de manera irregular aumentó considerablemente en 2023. En concreto fueron 56.852 y la mayoría llegó a través del mar, desde la costa africana, a las islas Canarias.