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Internacional
lunes, 08 abril 2024 | 06:00
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Panamá.- La niña venezolana, de 8 años, había dormido mal la noche anterior, lamentándose en sus sueños, según su madre, de los hombres que intentaban matarla.
Días antes, la familia había ingresado al tapón del Darién, la selva entre Colombia y Panamá que en los últimos tres años se ha convertido en una de las rutas más transitadas por los migrantes en el mundo. Después de subir montañas y cruzar ríos en su intento por llegar a Estados Unidos, su grupo fue cercado por media decena de hombres con pasamontañas, sosteniendo armas largas y lanzando amenazas.
"¡Se desnudan las mujeres!", gritaron los asaltantes, contó la madre, antes de que examinaran las partes íntimas de cada una de ellas buscando dinero.
Los hijos, hermanos y esposos fueron obligados a observar. Luego, los hombres giraron hacia la niña, dijo la madre, ordenándole que se desvistiera para revisarla también.
Los asaltos, robos y violaciones han sido durante mucho tiempo un riesgo sombrío en los viajes de los emigrantes alrededor del mundo. Pero grupos de ayuda que trabajan en el tapón del Darién dicen que en los últimos seis meses han registrado un aumento extraordinario en ataques, con patrones y frecuencias raramente vistas fuera de zonas de guerra.
Casi todos los ataques, dijeron, están sucediendo en el lado panameño de la selva.
Grupos de ayuda con larga trayectoria, incluyendo Médicos Sin Fronteras y UNICEF, con experiencia trabajando en conflictos, dicen que los ataques son organizados y excepcionalmente crueles. Los perpetradores golpean a las víctimas y les quitan su comida, incluso la fórmula para bebés, dejando a las personas maltratadas y con hambre en la selva.
Y los asaltos con frecuencia incluyen casos en los que decenas de mujeres son violentadas en un solo suceso.
Números alarmantes
En enero y febrero, Médicos Sin Fronteras registró 328 denuncias de violencia sexual, frente a las 676 de todo 2023. Este año, se dieron 113 en una sola semana de febrero.
"El nivel de brutalidad es extremo", dijo Luis Eguiluz, director de la organización en Colombia y Panamá.
Diversas organizaciones humanitarias, entre ellas Human Rights Watch, acusan a la policía fronteriza de Panamá, que está encargada de la seguridad en la selva y que cuenta con agentes patrullando la zona, de no proteger a los migrantes y permitir que los perpetradores cometan crímenes con impunidad.
Estas acusaciones se producen en un momento en que altos funcionarios panameños expresan su creciente frustración por el costo económico y medioambiental que la migración ha infligido al pequeño país, y en medio de cada vez más llamados entre líderes políticos –incluyendo candidatos de las próximas elecciones presidenciales– a detener el flujo de personas.
Dos reporteros de The New York Times registraron parte de esta violencia en marzo al hablar durante cuatro días con más de 70 personas que dijeron haber sido asaltadas por grupos de hombres armados en la selva.
De los entrevistados, 14 eran mujeres que contaron que habían sufrido violencia sexual, desde tocamientos forzados hasta violación.
"Te hacen toda maldad", dijo una mujer, de 40, madre de 6 hijos que había estado viviendo en Chile. Fue rodeada por media decena de hombres enmascarados y violada, relató, después de que el grupo con el que estaba viajando la dejó sola en la selva. (El Times no está dando a conocer los nombres de las personas que dicen haber sido víctimas de violencia sexual para proteger su intimidad).
El máximo responsable de seguridad en Panamá, Juan Manuel Pino, cuyo ministerio supervisa a las 5 mil personas que integran la policía fronteriza, conocida como Senafront, declinó repetidas solicitudes de entrevista.
En un acto público, Edgar Pitti, responsable de Senafront en el Darién, dijo que los agentes estaban haciendo todo lo posible para proteger a los migrantes, teniendo en cuenta el difícil terreno de la selva.
Varios funcionarios panameños dijeron que el problema no era tan grave como lo describen los grupos de ayuda y los migrantes.
El fiscal encargado de dirigir las investigaciones sobre el crimen organizado, Emeldo Márquez, insistió en una entrevista en que la violencia sexual en la ruta de los migrantes en su país "ha disminuido".
Pero los datos de su oficina muestran que los investigadores abrieron 17 casos de agresión sexual en el lado panameño de la selva en 2023, y 14 en lo que va de este año. Márquez explicó que para algunos de los casos de este año todavía estaba verificando las declaraciones de las víctimas.
La directora del Servicio Nacional de Migración del país, Samira Gozaine, se mostró escéptica recientemente en un post en la plataforma X sobre los datos aportados por Médicos Sin Fronteras.
"Es fácil decir: 'aquí a 100 personas las violan todos los días'", dijo. "¿Dónde están las pruebas?". Gozaine declinó una solicitud de entrevista.
Hasta hace poco, Médicos Sin Fronteras era la principal organización sin fines de lucro que prestaba asistencia sanitaria a los migrantes al final de la ruta del Darién, con 67 empleados que atendían a unas 5 mil personas al mes, según la organización. También era el principal grupo que recogía testimonios de denuncias de agresiones sexuales.
Pero a principios de marzo, tras las repetidas declaraciones públicas de la organización sobre la violencia contra los migrantes, Panamá ordenó a Médicos Sin Fronteras que suspendiera sus operaciones.
El ministro de Salud del Panamá, Luis Fernando Sucre, declaró en una entrevista con el Times que el grupo médico no había cumplido la normativa local, que incluía comunicar los nombres de las víctimas de agresiones sexuales al gobierno para ayudar en las investigaciones.
La orden de suspensión, señaló, no era una represalia por los informes del grupo sobre ataques en la selva.
Pero Gozaine también acusó a la organización y a otros "organismos internacionales" de dirigir a los migrantes hacia Panamá proporcionando información sobre la ruta, contribuyendo así a los problemas del país.
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