El juzgado de Instrucción 1 de Lugo dictó, con fecha 30 de abril, el sobreseimiento provisional de la causa que desde 2014 mantenía abierta contra Alfonso Fernández Mañueco, actual presidente de la Junta de Castilla y León y del Partido Popular de dicha comunidad.
En su auto, el juez Joaquín Brage determina que no existen indicios de la comisión de ninguno de los delitos por los que se abrió la causa, tráfico de influencias o, en su defecto, cohecho impropio.
Tal y como publicó El Progreso en su edición de 30 de abril, esta investigación había ido dando coletazos desde que en 2014 la entonces magistrada de Instrucción 1, Pilar de Lara, abriera uno de sus macrosumarios, la operación Pokemon. En ella y en sus diferentes derivadas se investigaban supuestos sobornos recibidos por políticos de multitud de administraciones por parte de empresas adjudicatarias de servicios públicos.
En el caso de Mañueco, el asunto se refería a su etapa como alcalde de Salamanca, cuando supuestamente habría recibido como regalo una entrada para ir al Bernabéu a ver un partido de Champions entre el Real Madrid y el Olympique de Lyon, en 2011. La entrada habría sido facilitada por la empresa de gestión de aguas Aquagest.
La pieza, en la que en principio había dos personas pero que acabó siendo solo de Mañueco, fue enviada a un juzgado de Salamanca, que en 2022 decidió no aceptarla y planteó una cuestión de competencia al Tribunal Supremo. Hace unos días, el Supremo comunicó su decisión de que fuera el juzgado de Lugo quien siguiera con la causa y decidiera o archivarla o pedir un suplicatorio dada la condición de aforado del presidente de Castilla y León.
Falta de indicios
Fue exactamente de esta situación de la que informó este diario, que se ha solventado el mismo día en que se público la información. Tal y como también aventuraban las fuentes consultadas al respecto, la decisión ha sido el sobreseimiento inmediato por la ausencia total de indicios.
Tal y como argumenta el magistrado Joaquín Brage en su auto, la causa tiene su origen en "la documentación intervenida (emails y anexos) en el registro practicado en el domicilio social de la empresa Aquagest en Santiago y en la sede del Concello de Santiago y que tendrían relación con regalos, invitaciones a eventos deportivos y culturales, viajes y estancias en hoteles y comidas, efectuados a políticos, autoridades y funcionarios".
Sin embargo, una vez analizados los documentos, considera que "no existen, como indicios, más que emails de solicitud de la entrada para el encuentro de fútbol en los términos indicados. Pero ni se acredita su compra, ni pago, ni precio o valor, ni desde luego su remisión al supuesto destinatario, ni su recepción, ni menos todavía que este o persona próxima a él hiciera uso de la entrada". Pero es que, por si fuera poco, ni siquiera consta que el Ayuntamiento de Salamanca tuviera relación contractual alguna con Aquagest.
El juez razona que no solo no hay indicios de tráfico de influencias o de cohecho pasivo, sino que incluso si Mañueco hubiera aceptado la entrada, "en el momento de los hechos al menos, no podría considerarse penalmente típica", ya que "no toda conducta antijurídica es penalmente típica".
Se refiere a la doctrina asentada de que "los pequeños regalos u obsequios por empresarios a determinados cargos públicos políticos podrían encajar en lo que se llama conductas socialmente adecuadas, siendo cuestión distinta la que se refiere a concretar qué regalos u obsequios, incluso moral o éticamente reprochables, penalmente podrían considerarse atípicos, lo que la jurisprudencia de la AP Lugo, TSXG y el TS ha ido determinando casuísticamente".
Es decir, que no considera que el regalo de una entrada sea suficiente para doblegar la voluntad de un alcalde: "A la vista de la naturaleza del regalo, su valor, las circunstancias y el momento en que se produjo, no podríamos considerar que tal obsequio pudiera llegar a tener relevancia criminal, hipotéticamente pues no se acredita que dicho regalo se hubiera hecho efectivo".
No fue llamado a declarar y es socio del Real Madrid
El aparente descontrol en el que se manejó durante casi 10 años esta causa contra Alfonso Fernández Mañueco se refleja en que durante todo este tiempo ni siquiera fue llamado a declarar, pese a que se puso a disposición del juzgado vía fax en cuanto tuvo conocimiento.
Pero es que además, como refleja el juez en el auto de archivo, en ese fax informaba a la entonces instructora Pilar de Lara de que, en efecto, acudía a los partidos del Real Madrid, pero que no necesitaba entrada alguna porque era socio desde hacía muchos años.
También se informó al juzgado de que la empresa del agua en Salamanca era Acualia, no Aquagest.