Martes 30 de abril de 2024, p. 29
Campeche, Camp., Juan Pedro Alcudia Vásquez, consejero jurídico del gobierno de Campeche, amenazó con proceder penalmente contra los siete policías que acudieron a la Ciudad de México (del 24 al 26 de abril) a exponer el conflicto que enfrentan en el estado, ante las cámaras de Senadores y de Diputados Federales, así como en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, además de solicitar una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El funcionario señaló que los agentes, quienes dieron a conocer su versión de este problema en noticiarios de la capital del país, ya habían sido dados de baja de manera definitiva de la corporación policiaca, por lo que no pueden portar los uniformes, ni insignias de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC).
Alcudia Vásquez y el secretario de Gobierno, Armando Toledo Jamit, rechazaron ayer en conferencia de prensa que se haya violado el amparo que protege a los elementos, al dar de baja a siete de ellos.
El consejero jurídico del Gobierno de Campeche indicó que los uniformados han sido engañados y manipulados en torno a los alcances de la suspensión provisional que les fue concedida, la cual de ninguna manera paraliza los procedimientos administrativos, disciplinarios o penales que se pueden implementar en contra de ellos por las faltas en que incurran.
Explicó que la resolución de la Comisión de Honor y Justicia de la SPSC para cesar de manera definitiva a siete uniformados, está apegada a derecho y tiene que ser acatada.
"Esas personas ya no pueden portar uniformes ni insignias de la corporación o hablar a nombre de los policías. Incurren en un delito que amerita penas de hasta cuatro años de prisión…".
En una entrevista radiofónica, Alcudia Vásquez admitió que además de los siete efectivos cesados, se podría tomar la determinación de dar de baja a la totalidad de los 945 que promovieron el amparo, y que se han negado a reincorporarse a sus labores en la sede alterna de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana luego que la gobernadora Layda Sansores decidió que sea en la Academia de Policía.
Toledo Jamit, por su parte, reiteró que hay disposición al diálogo para llegar a acuerdos, hizo un llamado a los inconformes para que se reporten a la sede alterna y que no habrá represalias contra ellos. Sólo se busca garantizar que haya vigilancia a favor de los ciudadanos, por eso se les insiste en el exhorto a que devuelvan las patrullas y las armas que tienen bajo su resguardo desde hace más de 45 días.
El funcionario rechazó que esté en riesgo la vigilancia policiaca durante el proceso electoral, pues este conflicto debe resolverse antes de esa fecha.