La Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (APRONOR) realizó un planteo judicial en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, tras el último incremento del 31% al 33% de las alícuotas a la harina y el aceite de soja, del 29% al 30% al biodiésel.
En la presentación judicial, desde Apronor señalaron: "Hoy el Poder Ejecutivo no tiene ningún sustento legal que lo habilite al cobro de los derechos de exportación en discusión. No existe ninguna norma del ordenamiento jurídico que avale el cobro de estos tributos".
Asimismo, aclararon que el Artículo 755 del Código Aduanero, con el cual el oficialismo se ampara en seguir cobrando los DEX, "no habilita al Poder Ejecutivo a cobrar tributos que no han sido creados por una Ley en sentido formal ni tampoco configura un caso de delegación legislativa permitida por la Constitución Nacional, al ser objeto de esa delegación un supuesto que indefectiblemente debe ser tratado por el Congreso de la Nación".
Existe un manifiesto estado de incertidumbre que en el caso de autos se relaciona con la aplicación de derechos de exportación sobre operaciones de compraventa de cereales y oleaginosas en virtud de una norma que no se encuentra vigente a la fecha, y que no ha sido prorrogada por el Congreso, respetando el procedimiento que regula la Constitución y bajo la luz del principio de legalidad, rector en materia tributaria; razón por la cual no correspondería el cobro y/o retención en operaciones de compraventa de granos por parte del fisco nacional. Sin embargo, a la fecha se continúan aplicando sin tener un sustento legal y legítimo que los avale".
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