Funcionarios y dirigentes de la central obrera se reunieron por tres horas. Los sindicalistas se mostraron dispuestos a debatir modificaciones en el régimen laboral. Con todo, reclamaron que el Ejecutivo homologue los acuerdos salariales, tras el conflicto con Camioneros
El jefe de Gabinete, Nicolás Posse; el ministro del Interior, Guillermo Francos; y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, mantuvieron en Casa Rosada la primera reunión con la Confederación General del Trabajo (CGT) desde que Javier Milei asumió la Presidencia en diciembre pasado. Con foco en el proyecto de reforma laboral incluido en la "ley ómnibus", los gremialistas se mostraron dispuestos a discutir cambios en materia laboral, pero reclamaron al Gobierno la homologación de paritarias, tras la situación planteada con Camioneros.
El encuentro comenzó a las 17 y por la CGT estuvieron presentes Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (SOESGyPE); el secretario general de Fedcam, Hugo Moyano, y los siguientes integrantes del consejo directivo nacional de la central obrera: Andrés Rodríguez (UPCN); Gerardo Martínez (Uocra); José Luis Lingeri (Obras Sanitarias); Marina Jaureguiberry (Sadop); Cristian Jerónimo (Empleados del Vidrio); Susana Benítez (Satsaid); Jorge Sola (Seguros); y Oscar Rojas (Maestranza). También participó de la cita el secretario de Interior, Lisandro Catalán.
La intención del Gobierno era apuntalar ejes clave de la "ley ómnibus", en especial los apartados referidos a la posible reforma laboral, que el Gobierno primero intentó establecer por decreto pero que luego fue frenado por la Justicia tras una presentación de la CGT. No obstante, ahora, el presidente Milei fue más modesto en sus objetivos originales y acotó los alcances de la reforma, sin ingresar en aspectos que habían sido cuestionados por los gremios.
El nuevo texto incluye cuestiones vinculadas al blanqueo y moratoria para aquellas empresas que regularicen la situación laboral de sus trabajadores. A su vez, promueve extinciones penales, condonación de deuda y la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales.
Francos, interlocutor que los gremios reconocían hasta ahora como el único válido, al menos en charlas informales, buscó por su parte intentar que los referentes de la CGT desestimen realizar un nuevo paro como el realizado el 24 de enero.
La homologación de paritarias, en especial la de Camioneros -en pleno conflicto con la administración libertaria- formó parte también del menú desplegado en la mesa de la Casa Rosada.
En ese marco, la cúpula de la CGT se llevó un guiño por parte de los funcionarios nacionales.
"Junto al jefe de Gabinete y el secretario de Trabajo mantuvimos un encuentro con los secretarios generales de la CGT y dirigentes de múltiples entidades gremiales. En línea con las reuniones mantenidas con legisladores, gobernadores y dirigentes, seguimos dialogando con todos los sectores y trabajando para la construcción de consensos que nos permitan llevar adelante las reformas que necesita la Argentina", señaló Francos tras la reunión.
El ministro del Interior se retiró más temprano que Posse, quien siguió al frente del cónclave.
La posición sindical
Los sindicalistas salieron conformes, en principio, porque fueron escuchados por dos ministros importantes del gabinete libertario, que les pidieron disculpas por algunos cortocircuitos en la relación y les prometieron discutir en una mesa el contenido de una "modernización" de la legislación laboral (se acordó no hablar de "reforma") para incluirla en la "ley ómnibus" pero sin los artículos que irritaron a la dirigencia gremial porque ponían en riesgo su andamiaje de poder.
Fue una reunión de casi tres horas, en la que tuvo un inesperado protagonismo Hugo Moyano, el titular del Sindicato de Camioneros, quien reemplazó a su hijo Pablo, cotitular de la CGT, para plantearle a la primera plana del Gobierno los problemas que le genera la no homologación de su última paritaria.
La delegación de la CGT les anticipó a Francos, a Posse y al asesor presidencial Santiago Caputo que organizarán una movilización callejera el 1 de mayo y que hoy seguramente se decidirán "medidas de acción directa". Los funcionarios no pidieron que las suspendieran y sí, en cambio, les solicitaron un "acompañamiento durante dos o tres meses" con acuerdos salariales que no superen la inflación prevista, para lo cual garantizaron que se acelerará el ritmo de las homologaciones que se acumulan sin aprobar.
La reunión con los funcionarios tuvo momentos de tensión, como cuando los dirigentes gremiales plantearon sus quejas por las consecuencias del ajuste, los despidos en el Estado, la falta de homologación de las paritarias, la situación de los jubilados y la "criminalización" de la protesta. Aun así, a los sindicalistas les cayó bien que el Gobierno, apenas comenzó la reunión, les pidiera disculpas por no haberlos llamado a dialogar antes y por no haber consensuado la reforma laboral del DNU 70. Les llamó la atención que quien tuvo ese gesto no fue Francos ni Posse sino Caputo, el influyente asesor de Javier Milei, quien se comportó como si tuviera más poder que los ministros presentes.