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Antes de dejar el poder, Uñac firmó un decreto para asegurarse custodia
Por Facundo Diez
A tan solo tres meses de dejar el poder y ya sabiendo que no renovaría mandato, el exgobernador de San Juan y actual senador nacional, Sergio Uñac, emuló al expresidente Alberto Fernández y firmó un decreto que le garantiza custodia policial, pese a ya no ser funcionario provincial. La medida también beneficia a todos los exmandatarios, y representa un gasto para la provincia.
Se trata del decreto Nº 1483, con fecha del 28 de agosto de 2023, y que está firmado por el propio Uñac; el exministro de Gobierno, Alberto Hensel; y el exsecretario de Seguridad, Carlos Munisaga. La misiva es clara al ordenar a la Jefatura de la Policía que arbitre las medidas necesarias para que la División Custodia brinde protección a exmandatarios.
De forma textual, en su artículo 1º, el decreto dice: "Ordénese a Jefatura de Policía de San Juan, promueva el trámite administrativo y operacional para que la División Custodia, dependiente de la Dirección D-3, abarque entre sus funciones y misiones el brindar protección y seguridad no tan solo a funcionarios en actividad sino también a ex primeros mandatarios provinciales".
A su vez, en el artículo 2º de la resolución, se ordena la designación de personal policial que esté debidamente capacitado y que acredite los conocimientos y la aptitud necesarios para desempeñarse en la tarea de custodia personal a exmandatarios.
Dentro de las consideraciones que expone el decreto, se destaca que la custodia y protección de los gobernantes, no es una novedad de los tiempos modernos, y que es una actividad que se ha ido desarrollando y profesionalizando a lo largo de la historia, lo cual tiene relación directa con el tipo de gobierno que se ha adoptado en todo el territorio del continente americano, lo que marca una nueva distribución, no solo del poder estatal, sino donde residía (el pueblo) y quienes eran sus representantes.
En este sentido, resalta "la necesidad intrínseca de que tanto las autoridades de gobierno y los exmandatarios recibieran el cuidado necesario en cuanto a su seguridad personal. Como cuestión lógica de todo Estado, hay peligros potenciales a su existencia y funcionamiento, que puede provenir de distintos frentes, y sus representantes resultan ser el punto más vulnerable, ya que son pasibles de recibir y atentados con distintas finalidades, que van desde un carácter estratégico hasta los simples "lobos solitarios" que solo buscan su mención en los libros de historia".
Ante lo previamente expuesto, el exgobernador insiste en la necesidad de su custodia y protección personal, y aclara que por situaciones, no solo vividas a nivel provincial, sino que también nacional e internacional, dentro de la estructura orgánica de la Policía se creó la División Custodia, dependiente de la Dirección de Operaciones Policiales D-3, abocado a brindar seguridad personal a las autoridades provinciales.
Además, argumenta que "dado que, los funcionarios públicos son aquellas personas que, a través de sus actos, llevan adelante la voluntad de los entes que representan, su protección se vuelve estratégica cuando de ella depende la continuidad del sistema de gobierno como tal; es por ello que, si algún funcionario en ejercicio, como así también ex autoridades sufriera algún tipo de atentado, esto sería suficiente para generar caos de todo tipo, ya sea social, político, económico e institucional, lo que generaría desconcierto y desconfianza centralizada".
Por otra parte, el decreto establece que los policías encargados de la custodia deben actualizarse permanentemente en las nuevas hipótesis de conflicto, y en las nuevas tácticas y tecnologías disponibles para llevar adelante su tarea.
Vale destacar que para la redacción de esta resolución, intervino Asesoría Letrada de Policía de San Juan; Asesoría de la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público; y Asesoría Jurídica y de Control de Legalidad de Gobierno.
Dato
La Policía tiene la función de custodia y protección de las y los funcionarios y bienes del Estado Provincial, y comprende a los niveles superiores del Poder Ejecutivo Provincial, a Magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, demás personalidades de relevancia, y ahora también, a exmandatarios.