Para nadie es desconocido que uno de los principales problemas que arrastra la sociedad hondureña es el desempleo y que esta es una problemática que afecta con crudeza a los jóvenes.
Con base en el análisis de las estadísticas oficiales, se deduce que el número de jóvenes que no estudian ni trabajan en Honduras se incrementó en cuatro puntos porcentuales, del 26% al 30.4%, entre el año 2018 y junio de 2023.
Son jóvenes de entre 12 y 30 años que al no asistir a la escuela o a un trabajo incrementan su vulnerabilidad ante las maras, las pandillas o el crimen organizado; o que, en casos extremos, deciden migrar en busca de esas oportunidades.
Pero la partida de estos jóvenes tiene muchas otras repercusiones que llaman al análisis más allá de la crudeza de las cifras. Su partida desgarra familias y priva al país de su importante fuerza laboral, requerida para impulsar su desarrollo.
Pero algo se tiene que hacer para enfrentar la problemática.
La generación de empleos es una de las principales ofertas electorales de los políticos que cada tres o cuatro años salen al ruedo a pedir el voto, sin embargo, es muy poco lo que hacen una vez hechos gobierno, y hoy en día, las autoridades gubernamentales tienen la posibilidad de reivindicarse ante el pueblo y comenzar a cambiar este rumbo, ir más allá de los discursos y comenzar, por fin, a tomar decisiones serias para enfrentar el problema.
Los jóvenes demandan la elaboración de políticas integrales encaminadas a abrirles las oportunidades de desarrollo y crecimiento en su tierra natal, antes que decidan seguir buscando, aun a costa de sus vidas, esas oportunidades lejos de sus hogares.
Garantizar, además, las políticas que permitan las inversiones nacionales y extranjeras para generar empleos dignos para todos y todas.