POR EMMANUEL BLANC
Las normativas laborales de la República Dominicana han sido el eje central en la mediación de las relaciones laborales entre empleados y empleadores por más de tres décadas. Sin embargo, el ritmo acelerado de los cambios socioeconómicos globales subraya la necesidad imperante de modernizar dichas normativas.
A pesar de largas negociaciones de más de 15 años entre diversos sectores, se ha logrado consenso en más del 85 % de los artículos del código laboral. No obstante, los artículos más controvertidos, especialmente aquellos relacionados con el pago de la cesantía, aún están en discusión.
Es imperativo lograr un consenso pronto para establecer un marco justo y sostenible que beneficie tanto a trabajadores como empleadores, y por extensión, a toda la sociedad.
El debate sobre la cesantía ha sido particularmente intenso. La propuesta del sector empresarial de limitar a 7 años el tiempo de acumulación de la cesantía, con un tope de 10 salarios mínimos, contrasta con la posición del sector trabajador, que ve la cesantía como un derecho fundamental.
Aunque el Estado ha mostrado interés y ha intentado alcanzar un acuerdo, todavía no se ha logrado una solución satisfactoria.
Es crucial reconocer que, para muchos trabajadores dominicanos, la cesantía constituye un respaldo económico y una seguridad para el futuro.
Facilitar su acumulación a lo largo de los años no solo ofrece estabilidad, sino que también promueve la lealtad y retención del talento en las empresas. Imponer restricciones a esta acumulación podría aumentar la rotación de personal, lo cual representa un reto importante en el actual contexto de retención de talento.
Las empresas, por otro lado, enfrentan cargas financieras significativas que afectan sus operaciones. Persistir en la inacción respecto a la reforma del Código Laboral no es una estrategia sostenible.
Considerando que el promedio de permanencia en una empresa es de 5.5 años, y que menos del 20% de la fuerza laboral supera los 4 años de antigüedad, establecer un límite máximo a la cesantía solo afectaría a una minoría.
Por ello, proponemos extender el período necesario para adquirir el derecho a la cesantía, calculándolo con base en los últimos 36 salarios.
Esta propuesta sería justa y representaría un ahorro significativo en prestaciones laborales para las empresas, especialmente considerando que el 58 % de los empleados terminan su relación laboral antes de cumplir dos años, según los datos del Ministerio de Trabajo y el Banco Central.
Por tanto, sugerimos aumentar el período mínimo para obtener la indemnización de cesantía a 12 meses, con el cálculo basado en los últimos 36 salarios ordinarios devengados por el trabajador.
Esta medida ofrece un balance más equitativo y ventajas considerables para los empleadores, sin comprometer la lealtad y permanencia de los trabajadores.
La actualización del Código Laboral en la República Dominicana es una prioridad que demanda una acción inmediata. Solo a través de un diálogo constructivo y la búsqueda activa de consenso podemos aspirar a un entorno laboral justo y estable.
Es fundamental que tanto trabajadores como empleadores colaboren en encontrar soluciones que respeten los derechos laborales y aseguren la sostenibilidad empresarial.
La reforma debe buscar un equilibrio que beneficie a todas las partes, promoviendo la retención del talento y la estabilidad económica, para avanzar hacia un futuro laboral más próspero y equitativo para la República Dominicana.
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