Por Juan I. Martínez Dodda - Clarin Rural
En algunas provincias o municipios, los productores creen que las decisiones se toman por desconocimiento. Otras que es por saña. Y, en otras situaciones, "por quedar bien" con la gente. Lo cierto es que Argentina sigue padeciendo la falta de uniformidad en la regulación y legislación respecto de la aplicación de productos fitosanitarios.
Prueba de ello es la recientemente aprobada Ley de Gestión Integral de Plaguicidas que se aplicará para todo el territorio pampeano y fue impulsada por el propio Ejecutivo provincial, cuya cara más visible fue el Subsecretario de Ambiente de La Pampa, Fabián Titarelli que argumentó: "La ley es un paso muy importante y la idea es reglamentarla en seguida".
La norma establece una distancia de 3000 metros de los pueblos para aeroaplicaciones y de 500 metros para aplicaciones terrestres. Además, se deberá contar con una autorización municipal para aplicaciones terrestres entre 500 y 3000 metros. Está en un "gris" qué sucederá con los espejos y cursos de agua, que podrían correr la misma suerte de "500 y 3000".
La norma fue aprobada por los diputados del Frejupa, más los bloques unipersonales del Movimiento Productivo Pampeano y Comunidad Organizada. En contra, votaron legisladores de la UCR y Propuesta Federal.
Oscar Zanoli (justicialista), consideró que era "imprescindible modificar la normativa vigente porque ha crecido de manera inusitada el uso de plaguicidas en todo el país".
Asimismo, incluyó "la degradación del medioambiente que puede crear daños irreparables en los seres humanos".
Francisco Torroba (UCR), que votó en contra, expuso que "es un proyecto que se trató de copiar y pegar, más que de generar algo a partir del conocimiento del tema". Y apuntó: "No compartimos el régimen sancionatorio porque va a generar sanciones a granel, tampoco estamos de acuerdo con las distancias, porque no se han tenido en cuenta las nuevas tecnologías para solucionar la cuestión".
Otra diputada, María Laura Trapaglia, de Propuesta Federal, lamentó que no se haya tenido en cuenta el trabajo de casi un año discutiendo el proyecto. "Se hicieron valiosos aportes, pero el oficialismo no los escuchó". Y agregó: "Sabemos técnicamente que legislar sobre distancias de aplicación, como propone el Frejupa, no es la solución para regular los agroquímicos". La diputada se refiere a que aún con 500 metros de distancia en un día de inversión térmica (o sea, cuando no debe aplicarse) el producto no va a llegar a destino y se va a dispersar.
Antecedentes
Lo que está sucediendo en La Pampa ya viene ocurriendo a escala municipal en otros sitios. Pero días atrás se conoció que en Tandil una medida cautelar podría restringir el uso de fitosanitarios en 100.000 hectáreas. También en Pergamino, donde la justicia federal (el juez federal de San Nicolás (Juzgado Nro. 2), Carlos Villafuerte Russo) dictaminó en junio un área de exclusión de 1.095 metros para las aplicaciones terrestres y 3000 para las aéreas que afectaba a 6000 hectáreas. Vale acotar que una demostración de CASAFE en Pergamino, en un día ideal para hacer aplicaciones, según el registro la deriva con aplicación terrestre fue de cero metros, no hubo deriva, y con aeroaplicación 20 metros.
Esta semana, tras dos años de trabajo, la Red de BPA, integrada por 90 instituciones del agro presentó un proyecto de ley para regular la aplicación de agroquímicos (herbicidas, plaguicidas e insecticidas). El objetivo es ordenar y profesionalizar la toma de decisiones al respecto.
¿Qué dicen los productores?
"Nosotros fuimos con ciencia, y ellos nos contestaron con política", sentenció, resumiendo la impotencia que siente, el ingeniero agrónomo, productor y tesorero de la Sociedad Rural de General Pico, Andrés González, que estuvo muy involucrado en los estudios y trabajos previos a la sanción de esta ley. Dice -lamenta- que no fueron escuchados.
"Trabajamos durante tres años entre varias instituciones dentro de la COPROSAVE (Cámara Provincial de Sanidad Vegetal) para redactar un proyecto que modifique la ley actual de agroquímicos, pero, además, cuando nos enteramos de este ante proyecto (del Ejecutivo) que ahora se aprobó esta semana, también nos pusimos a disposición con datos e información, y la verdad, que sentimos que nos hicieron perder el tiempo, porque no nos escucharon, prefirieron prohibir en vez de fiscalizar", disparó González, quien advirtió que no se tomaron sugerencias como permitir el uso de productos banda verde o azul. .
General Pico fue una de las localidades en las que CASAFE hizo un trabajo en 2019 y del que participaron la municipalidad, el ministerio de la producción provincial y muchas organizaciones e instituciones. "Habiendo hecho esta experiencia en 39 localidades se corroboró que la deriva de una aplicación terrestre hecha en condiciones de Buenas Prácticas Agrícolas no llega en promedio a 10 metros y en la aérea es de 45 metros", reforzó González. Y agregó: "El problema grave es que no hay un respaldo científico para la ley que se aprobó, entonces cualquiera dice y propone cualquier cosa".
Según datos de los productores, con la restricción de 500 metros quedarían 40.000 hectáreas sin poder aplicar en 44 localidades, y si se toma las 3000 aéreas son 210.000 hectáreas. "Agotamos todas las instancias para explicar que hay que terminar con los antagonismos, no es la producción o el ambiente o la salud, hoy está la tecnología para poder cuidar todo", dijo González. En lo económico, estiman que habría una merma en facturación de las agronomías, transporte, contratistas, productores de más de 4 millones de pesos.
La respuesta del gobierno y la legislatura pampeana para esta superficie de exclusión donde no se podrá hacer aplicaciones es otra ley, para el Desarrollo de Sistemas de Producción Agroecológica que prevé beneficios impositivos para los que hagan "agroecología", un término muy en boga por estos tiempos, que llevan bajo el brazo los llamados ecologistas, que en la ley se define como un modelo "sin el uso de insumos de síntesis química", pero que también se calzan los productores extensivos que hacen bien los deberes (siembra directa, cultivos de servicio, aplicaciones selectivas, etc).
"La Pampa se ha convertido en una provincia anti-campo, la gente no tiene simpatía por el sector y esta ley ambientalista, que pone en riesgo la producción en 210.000 hectáreas en toda la provincia, sería como pegarse un tiro en el pie", lamentó el productor y contratista Carlos Portu.
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