El ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinó la inclusión del multimillonario sudafricano Elon Musk, dueño de la empresa X, en la investigación que está llevando adelante la Justicia brasileña contra las denominadas milicias digitales, grupos que desde las redes sociales y otras plataformas atacaron sistemáticamente la democracia con sus mensajes.
Según Moraes, Musk practicó, en teoría, una "explotación criminal intencionada" de la red social. El magistrado también ordenó la apertura de una investigación contra el multimillonario, informó la revista Carta Capital.
En el dictamen judicial emitido por Moraes se ordena a X abstenerse de desobedecer cualquier decisión judicial, incluida la reactivación de perfiles suspendidos por el STF, bajo pena de multa diaria de 100.000 reales -casi 20.000 dólares-, además de otras consecuencias legales.
Moraes afirmó en el texto en el que comunicó su decisión que Musk inició el sábado una "campaña de desinformación sobre la actuación del STF y también del Tribunal Superior Electoral".
En su alegato, el ministro del STF -un personaje con un perfil mediático muy alto que ha venido tomando decisiones trascendentes en los últimos años- agregó que durante el domingo Musk prosiguió "instigando a la desobediencia y obstrucción de la Justicia, incluso con relación a organizaciones criminales, declarando además que la plataforma pondrá fin al cumplimiento de las órdenes dictadas por el Tribunal brasileño relacionadas con el bloqueo de perfiles criminales y la difusión de noticias fraudulentas, bajo investigación de esta Corte Suprema".
El domingo Musk pidió directamente la renuncia o el despido de Moraes, a quien acusa de "censura" por el bloqueo de cuentas sospechosas de difundir información falsa. "Este juez traicionó descarada y repetidamente la Constitución y al pueblo de Brasil. Debería renunciar o ser destituido", afirmó el empresario en una entrevista publicada en la red social de su propiedad.
El magnate también prometió publicar próximamente "todo lo exigido por Alexandre y cómo estas solicitudes violan la ley brasileña". En la misma entrevista, Musk admitió que sabía que cuando compró X, en aquel momento llamada Twitter, no iba a ser un "lecho de rosas". Cuestionado sobre si verse envuelto en este tipo de conflictos le parece divertido, respondió: "A veces lo encuentro divertido, pero otras veces es estresante".
El empresario sudafricano -una de las personas más ricas del mundo- argumentó que desde X intenta crear una "conciencia colectiva" de la humanidad por el bien de la "mayoría". A la vez, Musk dijo que desde su empresa se trata de combatir la desinformación, al contrario de lo que argumenta la Justicia brasileña.
"Definitivamente, habrá gente tratando de manipular la información y tratamos de combatir eso, tratamos de ser el lugar más preciso lo mejor que podemos, tratamos de ser un mercado para ideas, proponiéndolas, debatiéndolas. Eso creo. Hasta ahora está funcionando razonablemente bien", afirmó.
La decisión de Moraes fue fuertemente defendida este lunes por el presidente del STF, Luís Roberto Barroso, quien sin hacer alusión directa a Musk o a X afirmó que cualquier empresa que opere en Brasil está sujeta a la Constitución, las leyes y las decisiones de las autoridades brasileñas.
"El inconformismo contra la prevalencia de la democracia sigue manifestándose en la explotación criminal de las redes sociales", declaró Barroso en un comunicado consignado por medios brasileños.
Según él, el país libró recientemente "una lucha a vida o muerte por el Estado democrático y contra un golpe de Estado". Desde el gobierno, también hubo reacciones en favor de la decisión judicial.
Paulo Pimenta, quien se desempeña como ministro de la Secretaría de Comunicación del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, expresó en su cuenta de X que Brasil no se dejará intimidar por las amenazas de Musk sobre el incumplimiento de las determinaciones tomadas por Moraes sobre la empresa de su propiedad.
"No nos dejaremos intimidar. Nuestro país es soberano y nadie va a imponer su voluntad autoritaria y hacer cumplir la lógica de que el dinero hace su 'modelo de negocio' por encima de la Constitución Federal", declaró Pimenta.