Diputada desde las pasadas elecciones y exconcejal en Tarragona, Laia Estrada (1982) encabeza la candidatura de la CUP en los comicios al Parlament del 12 de mayo. Una cita con las urnas que, al adelantarse, llegan cuando la formación de la izquierda independentista todavía no ha completado el llamado procés de Garbí, el largo debate interno que inició para redefinir su estrategia tras sufrir varios retrocesos electorales y perder influencia política. Pese a ello, Estrada aspira a mejorar los pronósticos de las encuestas y que el partido supere los nueve diputados actuales.
Implicada desde hace años en los movimientos feminista, por el derecho a la vivienda o en defensa de la sanidad pública, su elección como cabeza de lista denota la centralidad que los anticapitalistas darán en esta campaña a las cuestiones sociales y climáticas. Estrada, justamente, ha sido una de las principales voces de oposición en el Parlament al Hard Rock, el megacomplejo de ocio y del juego que fue clave en la fallida negociación presupuestaria y, por lo tanto, en la convocatoria electoral.
La entrevistamos en la sede nacional de la CUP para hablar de las propuestas de la formación, el balance del Govern de Pere Aragonès o las posibles alianzas postectorales, en las que descarta cualquier acuerdo con el PSC pero no cierra la puerta a una reedición de un pacto independentista, siempre y cuando la suma sea posible y se acuerden políticas para "planificar en favor de la gente".
Han reconocido que el avance electoral no llega en el mejor momento para la CUP, puesto que no han podido completar el proceso de refundación y debate estratégico puesto en marcha hace algunos meses. Entre otras cuestiones, justamente tenía que servir para abordar qué papel tiene que jugar el partido en las instituciones y qué alianzas debe tejer. ¿Cómo afecta el adelanto al proceso de debate?
Hemos hecho decenas de debates, la militancia está participando y el proceso nos ha permitido reconectar con ella. Esto es una parte positiva, porque la contienda electoral nos coge con energía. Además, las cuestiones más estructurales de la formación no están a debate, como el compromiso con la independencia, con ganar derechos y garantizar vidas dignas o con garantizar una igualdad efectiva para todas las personas y combatir las violencias machistas. A partir de aquí, hemos pausado el procés de Garbí y lo retomaremos una vez pasen las elecciones. Las conclusiones que se saquen las adecuaremos al contexto concreto que haya, para afinar nuestra acción política para ser lo más efectivas posibles para conseguir los objetivos estratégicos.
La CUP ha ido perdiendo votos casi en todos los comicios desde 2015, al menos en cifras absolutas. ¿Qué ha fallado? ¿Una parte de la gente que se había acercado a ella la ha dejado de percibir como una formación útil?
Cada contienda electoral se tiene que analizar con sus particularidades. En 2015, por ejemplo, ERC y Convergència iban juntas y esto favoreció a la CUP. Pero es cierto que a partir de aquí hemos ido perdiendo votos y esto lo vinculamos también a una desafección generalizada hacia la política institucional. Lo leemos con preocupación, porque para nosotros la acción dentro de las instituciones siempre tiene que ir acompañada de una acción y una organización popular fuera. Por lo tanto, es difícil de separar este contexto de desafección generalizada y, también, de crecimiento de la antipolítica, con la extrema derecha, de la bajada de votos de nuestro proyecto político.
Plantean el 12M como un "plebiscito" entre "el modelo negacionista climático y de empobrecimiento de Foment del Treball" que, según ustedes, encarna el PSC y el impulso de un "nuevo rumbo de país" que pase por un "cambio radical del modelo". ¿Cómo tendría que ser este modelo?
El PSC encarna esta agenda de la patronal, pero Junts per Catalunya la comparte y ERC, al final, se ha sumado a ella y la ha hecho suya y la ha desplegado, primero cuando compartía gobierno con Junts y después cuando el PSC la ha apoyado a nivel de gobernabilidad, también con la complicidad de los Comuns en un primer momento. Y esto es decepcionante, porque precisamente venimos de una legislatura en la que teníamos una oportunidad de avanzar en clave de políticas de izquierdas y de soberanía, y esto no se ha hecho, se ha tirado por la borda.
"El 12M tiene que servir para decidir si se quiere continuar con unas políticas que van en contra de la mayoría de la población o se quiere un cambio radical"
Afrontamos las elecciones como una oportunidad para decirle a la gente que es la hora de decidir si quiere continuar con unas políticas que van en contra de la mayoría de la población o quiere un cambio radical. Tenemos una dinámica que está haciendo que cuestiones que tendrían que ser derechos se hayan convertido en privilegios, como el acceso a la vivienda, a una educación, a una sanidad o, incluso, a una alimentación de calidad. Y esto es consecuencia de unas políticas concretas que están al servicio de una minoría porque se mercantilicen las necesidades de la gente. Y, a la vez, tenemos una situación de emergencia climática que es consecuencia también de un modelo que está pensado para que unos pocos ganen mucho a expensas de gestionar los recursos como si estos fueran infinitos.
Para nosotros, es la hora de empezar a planificar en favor de la gente, porque hay alternativa. En clave de redistribución de la riqueza, de un control directo de los servicios esenciales y los sectores estratégicos, de reindustrialización en términos respetuosos con los derechos laborales y el medio ambiente. Hay alternativa para construir un modelo basado en la transformación ecologista, porque estamos llegando a un punto de no retorno, tanto en clave ambiental como social.
Uno de los elementos principales de este modelo es el despliegue del que denominan Nueva Economía Catalana. ¿Qué ejes tendría?
Lo que planteamos es planificar en favor de la mayoría, controlar aquello que producimos para que tenga por objetivo satisfacer las necesidades de la población y hacerlo a través de la redistribución de la riqueza y de una reindustrialización respetuosa, tener el control de los sectores estratégicos y de los servicios esenciales... Esto es lo que conformaría una nueva economía catalana, que después podemos construir de diferentes maneras, como una distribuidora pública para controlar los precios y garantizar que a los agricultores se les compran los productos a unos precios dignos; o una energética pública que vaya más allá de poner placas solares en los edificios públicos, que es lo que ha hecho ERC reduciendo una propuesta ambiciosa. Pero podemos hablar también de la renta básica universal (RBU) o de garantizar la vivienda para el conjunto de la población expropiando pisos, poniendo límites efectivos al precio del alquiler o garantizando que los contratos de alquiler sean indefinidos. Son diferentes propuestas y todas tienen en común la idea de planificar los recursos y gestionarlos para ponerlos al servicio de la población.
A nivel de vivienda, por ejemplo, quieren movilizar más de 400.000 pisos vacíos y de grandes propietarios para garantizar el acceso a las personas de entre 20 y 35 años. ¿Cómo se haría?
"Hay que planificar en favor de la mayoría y controlar lo que producimos para que tenga por objetivo satisfacer las necesidades de la población"
En Catalunya hay un millón de viviendas que no se están destinando a uso residencial, que son una cuarta parte del total, una barbaridad. Y de estos hay 400.000 que están desocupados permanentemente. Tenemos una ley catalana de vivienda de 2007 que prevé la expropiación de los pisos permanentemente vacíos, pero no se aplica. Esto se tiene que abordar ya, porque tenemos a la mitad de la población que nos está diciendo que tiene problemas para llegar a final de mes y casi la mitad de los ingresos de una casa se tienen que destinar a pagar la vivienda. Los jóvenes son los que sufren con más impacto la vulneración de este derecho y con el plan Independízate lo que prevemos es aprovechar esta ley que ya tenemos y movilizar estos 400.000 pisos vacíos para ponerlos a su servicio.
Sobre la Renta Básica Universal, dicen que se podría financiar a través de un impuesto a la riqueza, pero esto va más allá de las competencias fiscales de un gobierno autonómico. Además, partidos como Junts y el PSC la rechazan. ¿Cómo se podrían superar estos obstáculos?
La mayoría de las propuestas que se enmarcan en lo que denominamos nueva economía catalana tienen un consenso social muy amplio, pero estos consensos no quedan recogidos por el arco parlamentario. Es alarmante que no los recojan formaciones que se autodefinen como progresistas como el PSC, a pesar de que para nosotros hace mucho tiempo que no tiene nada de izquierdas ni de progresista. También es sorprendente que Junts no esté entendiendo que para hacer avanzar el proceso de autodeterminación necesitamos recuperar una agenda social y nacional propia y ponerla a disposición de que la gente tenga más derechos, porque es la forma más efectiva de confrontarnos con el Estado, a la vez que sumamos mucha más gente al proyecto independentista. Y decepciona que Pere Aragonès no aprovechara que empezamos la legislatura con una mayoría independentista del 52% y con una mayoría de izquierdas dentro de este bloque para desplegar una agenda social y nacional propia, legislar en favor de la gente y confrontarnos al Estado siempre que fuera necesario para defender los derechos de la gente.
Que estos consensos sociales no se reflejen en el Parlament también puede verse como consecuencia de errores de los partidos de izquierda, que no son capaces de llegar a la gente.
Por supuesto que siempre podemos hacer las cosas mejor. Ahora bien, sistemáticamente ponemos encima de la mesa propuestas como la necesidad de parar los desahucios, desplegar una energética pública que distribuya y comercialice la electricidad o la RBU y nos encontramos con otras mayorías que las bloquean. ¿A partir de aquí la respuesta cuál es? ¿Limitarnos a negociaciones entre despachos o reactivar la calle y, por lo tanto, acompañar estas reivindicaciones de movilizaciones populares? Para nosotros, lo segundo es más efectivo.
Hay una centralidad muy clara en su campaña de las cuestiones materiales y climáticas. ¿Tienen la sensación de que la irrupción de Puigdemont puede hacer cambiar el relato global, con discursos y promesas que suenan a hace seis o siete años y que no parecen realistas en el contexto actual?
[Sobre Puigdemont]: "No estamos en un escenario de restitución como el de las elecciones de 2017"
Para nosotros avanzar en el proceso de autodeterminación va de la mano de afrontar los retos de la emergencia climática y de garantizar derechos de la gente, cosas que no podemos hacer en el marco del régimen del 78. Ahora bien, lo que puede suceder es que se pretenda que aquí no ha pasado nada desde 2017. Carles Puigdemont se marchó como president a quien se forzaba a ir al exilio y vuelve como candidatos de un partido, Junts per Catalunya, que ha hecho unas políticas concretas, que se está derechizando de una forma clarísima, que incluso está recogiendo discursos racistas de la extrema derecha, que está combatiendo un impuesto como el de sucesiones que solo afecta a la gente más rica del país... Todo esto no lo podemos obviar, no estamos en un escenario de restitución como el de las elecciones de 2017.
En cuanto al conflicto territorial, no comparten la idea de buscar el referéndum acordado, con el argumento de que no se logrará, pero sí que plantean la necesidad de hacer un nuevo referéndum. ¿Cómo se puede conseguir para garantizar que no sea otro 1-O?
"El Estado solo reconocerá un referéndum de autodeterminación cuando no le quede otra opción"
Decimos que no creemos en esta propuesta de Pere Aragonès porque ya la hemos visto, ya se pidió un referéndum acordado hace 10 años. Ya sabemos que en el Estado español, gobierne quien gobierne, la unidad del reino no se discute. Y lo que decimos es que nuestro conflicto se acabará resolviendo en última instancia en un referéndum de autodeterminación. Ahora bien, el Estado español solo se avendrá a reconocerlo cuando no le quede otra opción y probablemente sea resultado de una mediación internacional que lo fuerce a hacerlo. Pero esto no pasará porque sí, sino que sucederá recuperando esta agenda nacional y social propia y recuperando un movimiento popular independentista que sea amplio. No hay recetas mágicas y la única manera de avanzar es que las mejoras sociales y el adelanto nacional vayan de la mano.
¿Teniendo en cuenta que descartan cualquier apoyo al PSC, la CUP contempla investir a Pere Aragonès o a Carles Puigdemont?
Pondremos sobre la mesa programa y objetivos en el contexto concreto en el que estamos, con la emergencia climática, el empobrecimiento de la mitad de la población y el retroceso a nivel nacional. A partir de aquí es muy difícil que con el PSC nos podamos entender, porque es el partido del negacionismo climático que defiende proyectos que no tienen sentido en el actual contexto, como el Hard Rock, el Cuarto Cinturón o la ampliación del aeropuerto. También es el partido de la patronal que se carga la oficina de la RBU y a nivel nacional ha dicho por activa y por pasiva que no reconoce nuestro derecho a la autodeterminación.
En cuanto a ERC y a Junts, como hemos dicho Pere Aragonès ha tirado por la borda la legislatura y ha sido absolutamente decepcionante, y Junts ha hecho suya la agenda de la patronal y comparte modelo económico con el PSC. Pero en otras ocasiones sí que hemos visto a estas dos fuerzas al servicio de legislar en favor de la gente. El planteamiento que ponemos encima de la mesa es muy sencillo: ha llegado el momento de planificar en favor de la gente, de controlar lo que producimos y cómo lo hacemos de forma que satisfagamos las necesidades de la población, que ejerzamos un control directo sobre los sectores estratégicos del país... Queremos debatir en base a las cuestiones concretas y a partir de aquí mirar si es posible llegar a acuerdos.
Las propuestas de ERC a priori son mucho más próximas a las de CUP que a las de Junts en materia social y económica.
Las medidas que ha llevado a cabo ERC no son suficientes en ningún caso y tenemos la sensación de que funcionan más a nivel electoralista y propagandístico que otra cosa. Vemos más voluntad de lavarse la cara aprobando cuestiones o políticas que no van a tocar privilegios que no otra cosa. No hablamos de un cambio de modelo en ningún caso. Por ejemplo, no se han hecho políticas concretas que tendrían que haber sido relativamente sencillas de tirar adelante, como internalizar el transporte sanitario o el 112, o haber recogido las reclamaciones de las trabajadoras sanitarias...
"Aragonès empezó hablando de hacer una revolución verde y hemos terminado con una convocatoria electoral porque se ha negado a poner punto final al Hard Rock"
Hemos tenido a un Aragonès que empezó diciendo que se tenía que hacer una revolución verde y hemos terminado con una convocatoria electoral porque no tenía mayoría para aprobar los presupuestos porque se ha negado a poner punto final al Hard Rock. Teníamos un Pere Aragonès que tenía que fortalecer los sectores públicos y hemos acabado la legislatura con el récord de movilizaciones de las trabajadoras públicas de los últimos tiempos. Por lo tanto, una cosa es lo que dice y otra cosa lo que Aragonès acaba haciendo, no tiene nada a ver.
Las encuestas oscilan entre un mantenimiento del apoyo actual de la CUP y una ligera tendencia a la baja con relación a los nueve diputados actuales. ¿Con qué resultado se daría por satisfecha?
Pues aumentar la representación que tenemos, lógicamente es lo que querríamos. Cuando la CUP es fuerte pasan cosas. Es innegable que la irrupción de la CUP en el Parlament en 2012 permite que se introduzcan una serie de ideas, que ahora son hegemónicas, como el feminismo, el ecologismo, la denuncia de los abusos policiales... Nadie duda del papel que tuvo la CUP en el procés, facilitando que fuera Carles Puigdemont quien presidiera la Generalitat y situando el referéndum sobre la mesa como condición para aprobar los presupuestos. Y en esta última legislatura la CUP ha sido imprescindible para situar herramientas clave para afrontar la situación actual, de las cuales casi no se hablaba, como la RBU, la energética pública, la limitación del precio de los alquileres o la expropiación de los pisos vacíos para garantizar el derecho a la vivienda.
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