El oficialismo apoyaría un proyecto de reforma laboral de los diputados de la UCR, que contará con el aval del PRO y de Hacemos Coalición Federal, aunque resignarían algunos artículos incluidos en el DNU.
El Gobierno aceptaría bajar dos artículos de la reforma laboral objetados por el sindicalismo en busca de lograr un mayor consenso político para acelerar su aprobación parlamentaria dentro de la Ley Ómnibus. Así lo revelaron fuentes oficiales, legislativas y gremiales en medio de las negociaciones que se mantienen para definir el texto del proyecto que impulsa Javier Milei.
Según indican, la estrategia del oficialismo es avalar un proyecto de reforma laboral que está elaborando el bloque de diputados de la UCR, que contendría todo o una parte del capítulo laboral del DNU 70 que frenó la Justicia. "Si al Gobierno lo satisface, se integraría a la Ley Ómnibus", admitió una fuente del radicalismo.
La iniciativa cuenta con el apoyo del PRO y Hacemos Coalición Federal, que, junto con la UCR, serán la llave para destrabar y avanzar con la agenda legislativa que le interesa al Presidente.
Las negociaciones con la oposición dialoguista fueron encabezadas por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, mientras que en forma paralela se retomaron los contactos reservados con el sector moderado de la CGT para conversar sobre la reforma laboral.
Esas charlas se habían realizado en secreto luego de Milei ganó el balotaje y allí Francos les dio garantías a los líderes cegetistas de que los cambios laborales no pondrían en riesgo al poder sindical. Sin embargo, la última revisión del DNU 70 estuvo a cargo del asesor gubernamental Federico Sturzenegger, que endureció su contenido con artículos que irritaron a los dirigentes gremiales. Por eso la CGT impugnó el DNU ante la Justicia por considerarlo inconstitucional y se abrió una etapa de fricciones con el Gobierno que incluyó el paro con movilización del 24 de enero pasado y que este jueves, en una reunión de la conducción cegetista, podría llevar a una huelga de 24 horas.
No obstante, el sector dialoguista de la CGT, en medio de las presiones para que concrete otra medida de fuerza, demoró hasta ahora la profundización de la protesta contra Milei y dio señales de que no se negaría a debatir la reforma laboral, como lo aseguraron a mediados de marzo Héctor Daer (Sanidad) y Andrés Rodríguez (UPCN), dos de los máximos líderes de la central obrera, en la AmCham Summit 2024.
"No tenemos ningún problema en consensuar una reforma laboral si es que nos convocan, pero no queremos ni apoyaremos la destrucción de la estructura sindical", dijo Rodríguez ante los empresarios presentes. Y Daer lo apuntaló: "Creemos en la construcción de consenso, sabemos que eso lo hacemos juntos y que es para toda la sociedad. Trabajamos para que las empresas funcionen y tengan rentabilidad, pero también para que los trabajadores puedan trabajar".
La misma postura tiene el secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez (UOCRA): "La CGT representa un sindicalismo dinámico y actualizado que actúa en todas las dimensiones de lo que significa la sustentabilidad y la productividad -afirmó a Infobae- sin perder derechos y mostrando que para haya empresa debe haber trabajadores, y viceversa. Por eso nos sentimos seguros y sin miedo sin temor a sentarnos a una mesa tripartita para resolver los problemas y proponer esquemas que generen mas trabajo y mejores ingresos".
Ahora, en los nuevos contactos entre el Gobierno y la CGT, los negociadores libertarios se mostraron dispuestos a sacar de la Ley Ómnibus los artículos de la reforma laboral que figuran en el DNU más resistidos por el sindicalismo. Uno es la limitación de las cuotas solidarias, el recurso más eficaz para el financiamiento de los sindicatos a través de los descuentos compulsivos de una suma pactada en los convenios colectivos de trabajo, que el Poder Ejecutivo propuso que debían contar con el "consentimiento explícito" del trabajador para ser descontada.
Otro punto del DNU que critica la CGT es el que diluye la ultraactividad de los convenios colectivos, principio que obliga a mantener su vigencia hasta no negociar uno nuevo, algo que los sindicalistas defienden a rajatabla como una forma de "preservar los derechos de los trabajadores" y evitar una "negociación a la baja".
El decreto de Milei, frenado por la Justicia, contempla que "una convención colectiva de trabajo cuyo término estuviere vencido solamente mantendrá subsistentes las normas referidas a las condiciones de trabajo establecidas en virtud de ellas (cláusulas normativas) y hasta tanto entre en vigencia una nueva convención colectiva o exista un acuerdo de partes que la prorrogue". Y agrega: "El resto de las cláusulas (obligacionales) podrán mantener su vigencia sólo por acuerdo de partes o por la específica prórroga dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional".
Si el Gobierno acepta que esos dos artículos no formen parte de la Ley Ómnibus, la expectativa -basada en los contactos reservados- es que logre un guiño del sector dialoguista de la CGT y así se destrabe la resistencia de los diputados nacionales de Unión por la Patria a la reforma laboral libertaria.
Aun así, los diputados radicales deliberan en estas horas para definir si el proyecto de ley que presentarán incluirá una versión limitada de la reforma laboral del Gobierno o si reproducirá todo el capítulo sobre el tema que figura en el DNU 70. "Nuestro proyecto tendría como corazón lo que es el DNU -sostuvo un legislador radical-. Entendemos que que así va a ser, pero todavía estamos todavía definiendo algunos aspectos más técnicos del proyecto. Sobre todo si reproducirá el DNU completo o si se eliminarán algunos puntos de la reforma laboral que pueden ser objetados por la Justicia".
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— misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024
Fuente: Infobae