El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha pedido al presidente de la comisión de investigación creada en el Congreso para investigar los contratos sanitarios durante la pandemia, Alejandro Soler Mur, que "se reconsidere la decisión" del PSOE de llamar a comparecer al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, porque "podría perturbar" su trabajo.
Fuentes fiscales señalan que la Fiscalía Anticorrupción está "directamente involucrada en muchos procedimientos objeto de la comisión y eso podría perturbar el trabajo del Ministerio Fiscal, que es el ejercicio de la acción penal pública".
Las mismas fuentes han incidido en que la comparecencia de Luzón "podría constituir un inconveniente" para la tramitación de las investigaciones fiscales y judiciales de naturaleza reservada o, incluso, para las alegaciones al derecho de defensa que pudieran efectuar los afectados por tales investigaciones.
Esta comisión del Congreso empezará por el llamado caso Koldo iniciará sus primeras comparecencias el próximo lunes 22 de abril con el exministro de Sanidad Salvador Illa. Entre las peticiones de comparecencia hay otros miembros de la Fiscalía, además de Luzón, que han sido llamados a declarar, como Ignacio de Lucas, de la Fiscalía Europea, que ha asumido el caso Koldo, y Codruta Kovesi, la fiscal jefe de la Fiscalía Europea.
En total serán citadas 134 personas, entre ellas José Luis Ábalos y su exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García y presidentes autonómicos como Isabel Díaz Ayuso, Juan Manuel Moreno, Fernando López Miras, Alfonso Rueda y Marga Prohens.
Alejandro Luzón, una petición del PSOE
Según publica este miércoles EL ESPAÑOL, Alejandro Luzón ha sido incluido por el PSOE en la lista de personas que van a ser llamadas a comparecer en la comisión constituida en el Congreso para investigar contratos de mascarillas realizados durante la pandemia de la Covid-19.
En 2022, Luzón se encargó personalmente de la investigación de la denuncia interpuesta por el PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos contra Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Tras cuatro meses de diligencias, el jefe de la Fiscalía Anticorrupción descartó cualquier indicio de delito en la intermediación de Tomás Díaz Ayuso para que la Consejería madrileña de Sanidad adjudicara un contrato de adquisición de mascarillas a la empresa Priviet Sportive por importe de 1,5 millones de euros.
La Fiscalía que dirige Luzón también ha investigado otras denuncias relativas a contratos sanitarios durante la Covid interpuestas por partidos de distinto signo, incluido el PP. La amplia mayoría han sido archivadas y otras han dado lugar a procesos penales, como el iniciado por la querella interpuesta por Anticorrupción contra los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina.
"El ordenamiento lo prohíbe"
Durante su última comparecencia en el Congreso, el pasado 21 de diciembre, poco antes de ser revalidado por el Gobierno en el cargo de fiscal general, Álvaro García Ortiz se mostró de forma contundente en contra de la citación de jueces y fiscales en comisiones de investigación parlamentarias.
"Las comisiones de investigación no tienen como función revisar ni los procedimientos ni la respuesta de los tribunales ni, por supuesto, la responsabilidad de los jueces y de los fiscales en dichos procedimientos. El ordenamiento jurídico sencillamente lo prohíbe, así es como se defiende el Estado de Derecho", dijo.
"Defenderé siempre el ordenamiento jurídico, no lo dude nadie, y éste impide la citación de jueces y fiscales a una comisión parlamentaria que persiga estos fines. Creo que son axiomas del Estado de Derecho y de nuestra separación de poderes", añadió hace ya casi cuatro meses.