La gestión de inversiones del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para el abastecimiento de agua potable y el saneamiento de aguas residuales "no ha sido eficaz ni eficiente", afirma un informe de fiscalización de la Controlaría General de la República (CGR).
Debido a esas deficiencias, el Instituto no ha logrado atender las necesidades públicas pese a tener planes de inversión vigentes por más de ¢801.000 millones.
De acuerdo con el documento dado a conocer este 18 de abril, el Instituto registra atrasos en la finalización del 57% de los proyectos que debían concluirse en enero 2024, situación que afecta a 2,8 millones de personas en todo el país.
El informe DFOE-SOS-IAD-00003-2024 también reveló que únicamente 1,6% de los distritos con mayor condición de vulnerabilidad del país tienen inversiones programadas en saneamiento y solo 16,7% en agua potable. Para llegar a esta conclusión se utilizó el Índice de Desarrollo Social del 2023.
Por otra parte, solo 41,6% de distritos identificados como más vulnerables, según el Índice de Vulnerabilidad Comunitaria al Agua Potable del AyA (publicado en 2021) están asociados a las principales inversiones en el portafolio del Instituto.
"Eso muestra una deficiente atención de las comunidades más vulnerables del territorio nacional", aseveró el órgano contralor.
La Nación consultó este jueves por la mañana al AyA sobre los señalamientos de la Contraloría. Se está a la espera de respuesta.
Problemáticas apremiantes
El informe califica de "incipiente y carente de una secuencia lógica y sistémica" el portafolio de inversiones actual lo cual dificulta la resolución de problemáticas apremiantes, dice el documento, las cuales permitirían atender problemas como desigualdad en el acceso a servicios de agua potable y saneamiento y hasta conflictos sociales por el uso del agua, entre otros.
Al analizar las etapas establecidas para elegir y priorizar obras, no existe una gestión de riesgos ni se definen responsables del portafolio y sus componentes.
Por ejemplo, ningún proyecto fue incluido con base en criterios de admisibilidad y priorización, costos, beneficios y riesgos, halló la Contraloría.
En diversos programas y proyectos no hay datos básicos como de fechas de inicio y finalización de obras, costos reales y planificados, cantidad de población beneficiada y responsables de gestionar las inversiones.
Según el informe, esto evidencia deficiencias en el manejo de la información que luego afectan la administración del tiempo, costo y alcance de las inversiones.
"Se encontraron discrepancias importantes en datos registrados para proyectos de tres y hasta 6 años; y las diferencias totales en los costos reales reportados ascendieron a ¢103.000 millones para agua potable y ¢137.000 millones para saneamiento", cita el documento.
Este desempeño del Instituto afecta la vida de decenas de barrios en todo el país y ha motivado incluso protestas recientemente, como la de vecinos de los Hatillos que se lanzaron a la calle en marzo.
Este mismo jueves, La Nación recibió la queja de una vecina de San Antonio de Escazú, quien afirmó que tienen una semana sin suministro.
Según explicó, hace dos meses hay faltantes en los que solo por 3 o 4 horas al día disponen de agua en la comunidad. "Al menos esas tres horas daban tiempo de recoger agua, desde la noche del sábado que se fue ya no ha llegado más", afirmó la mujer de apellido Gutiérrez.
De acuerdo con su versión, cada vez que ha llamado al AyA solo le habrían indicado que iba a solicitarse el camión cisterna para reparto que, según agregó, nunca llega. "Ya no sabemos qué hacer, es desesperante", expresó.
Defensoría también reclama
La Defensoría de los Habitantes también hizo este un pronunciamiento para señalar serios problemas en el servicio del AyA, por lo que califica como "una situación crítica en relación con el suministro de agua potable", en referencia a extensos racionamientos programados y no programados en comunidades como Hatillo, Mata Redonda, Coronado, Desamparados y Alajuelita.
Esta situación, indicó la entidad en un comunicado, se debe a causas multifactoriales que incluyen desorden territorial, falta de protección en las zonas de recarga acuífera, inadecuada planificación, falta de ejecución de proyectos y descoordinación a lo interno del AyA.
Según la Defensoría, la entidad ha divulgado acciones para abordar los problemas relacionados con el suministro de agua, particularmente en la Gran Área Metropolitana, como horarios de racionamiento, suministro con camiones cisterna, la incorporación de nuevos pozos al sistema del acueducto metropolitano y la instalación de tanques en las zonas de alta vulnerabilidad.
No obstante, advirtió, dichos esfuerzos han sido insuficientes.
Como la CGR, la Contraloría considera que los problemas están en la gestión de inversiones. Por eso, dijo, la situación actual se pudo haber evitado con una adecuada y más eficiente planificación y ejecución de proyectos de infraestructura a mediano y largo plazo para el mejoramiento de la capacidad hídrica e hidráulica de los sistemas de acueductos.