Sevilla
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Actualizado 17:42
Preocupación entre las organizaciones agrarias, que lamentan la falta de sensibilidad del gobierno al tramitar estas multas, teniendo en cuenta que siempre se han afanado en enmarcar las movilizaciones dentro de la legalidad.
Hasta ahora habían llegado multas a los agricultores que participaron, desde el 6 de febrero, en los cortes de tráfico no autorizados de las autovías. Pero las que están recibiendo ahora, concretamente en la provincia de Sevilla, son del 14 de febrero, el día que colapsaron todos los accesos a la capital con la autorización de la Subdelegación del Gobierno.
Protestas que fueron multitudinarias, en las que cientos de tractores ocuparon las autovías y por las que, en Asaja, creen que podrán llegar más de dos mil multas en la provincia de Sevilla. Eduardo Martín, Secretario General ASAJA, creen que es una forma más de presión a la que les tiene sometido el gobierno.
Todas son a partir de las dos de la tarde justo después de que concluyeran formalmente las movilizaciones. "Son sanciones por superar escasamente el tiempo de finalización de la movilización autorizada, hora u hora y cuarto después, el tiempo que se tardó en desalojar, hablamos de tractores y maquinaria pesada y no de bicicletas". Lamentan que hayan sido tan estrictos ya que las protestas finalizaban a las dos, y que no hayan tenido en cuenta el carácter pacífico de las mismas.
Les consta que están llegando multas en todas las provincias españolas. 200 euros por circular por autovía con vehículos no permitidos. Desde COAG concretamente van a pedir reunirse con la Subdelegación del Gobierno y con la Dirección General de Tráfico porque consideran que son sanciones que no están justificadas.
Ramón García, Secretario provincial en COAG Sevilla cree que no se lo merecen, "se han hartado de multar sin tener en cuenta que era la Guardia Civil la que nos indicaba por donde tenían que salir los vehículos pesados" y a veces avanzábamos hasta tres o cuatro kilómetros siguiendo su criterio.
Desde ambas organizaciones aseguran que se han ensañado con ellos a pesar de estar sufriendo una de las mayores crisis del campo. En principio las van a recurrir pero antes tienen que analizar la base jurídica porque si lo hacen pierden la posibilidad de pagarlas con reducción y si al final no prospera les saldrá más caro. Muchos son pequeños agricultores que no pueden asumir estos gastos.
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