El polémico fichaje por Asisa del que fuera número dos de Salud del Gobierno andaluz hasta el pasado mes de diciembre, Miguel Ángel Guzmán, está a la espera de que que la Consejería Justicia, Administración Local y de Función Pública emita, este viernes, un informe sobre si incumple la ley de incompatibilidades de Andalucía. La oposición ha llevado el caso a la Oficina Antifraude y Guzmán aseguró a última hora de este jueves, a través de un comunicado, que paraliza su contrato con la sanidad privada hasta que el Gobierno andaluz diga si es o no compatible. Los juristas consultados por este periódico entienden que el exnúmero dos de Salud incumple la ley andaluza.
Las leyes más citadas esta semana en Andalucía han sido la de incompatibilidades (2005) y la Ley de lucha contra el fraude y la corrupción, cuya disposición final modificó algunos puntos de la primera en junio de 2021.
Fuentes jurídicas consultadas por El Correo de Andalucía consideran que la primera de ellas salvaguarda "la dedicación exclusiva" de los altos cargos públicos en el ejercicio de sus competencias para evitar "interferencias entre los intereses públicos y particulares", pero el régimen de sanciones no cuenta con opciones disciplinarias a posteriori. Aunque hayan trascurrido tan solo tres meses desde que dejara su puesto "por motivos personales".
Por tanto, con un dictamen desfavorable de Función Pública, o si Antifraude considerara que el exgerente del Servicio Andaluz de Salud ha incurrido en una incompatibilidad por aceptar un empleo, la Junta no podrá aplicar las sanciones previstas en esta ley, ni tampoco podría aplicarse el artículo en el que se prohíbe volver a ostentar estos cargos durante un período de entre tres y diez años. "Solo podría hacer una reprobación pública, desde el punto de vista ético", explican estos expertos del ámbito jurídico administrativo.
Según estos juristas, "aquí la clave está en la firma de los expedientes y en si se pudiera demostrar que el alto cargo ha dictado resoluciones para prepararse el camino. Es decir, si ha prevaricado". "La ley recoge que en el caso de haber tenido relación anterior con las empresas debe abstenerse en los expedientes relacionados", puntualizan.
La incompatibilidad también afectaría a Asisa
Catalina García, la titular del ramo del Gobierno autonómico, ha recordado que Miguel Ángel Guzmán "viene del ámbito privado" y que "tiene que volver a trabajar siempre de acuerdo con la Ley". "No vamos a hacer nada que incumpla la Ley", ha apostillado.
No obstante, García ha introducido con los días en su discurso una nueva idea en respuesta a las preguntas de los periodistas. En caso de que este fichaje siga adelante, hasta el jueves por la tarde la aseguradora privada mantiene que "se incorporará en unos días", corresponderá al órgano de contratación del SAS dirimir si Asisa y la Junta podrían firmar contratos en el futuro.
La ley de contratos del sector público prohíbe que una empresa trate con la administración de donde proceda uno de sus directivos, si no ha respetado los dos años de prohibición que marca la Ley de incompatibilidades.
Los argumentos jurídicos
Más allá de esta prohibición de dos años "de ejercer funciones de representación y dirección o asesoramiento de compañías con participación o ayudas del sector público", son varios los artículos que permiten interpretar que el nuevo nombramiento de Guzmán, como director médico de la aseguradora en Andalucía, podría ser incompatible con su anterior cargo como viceconsejero y gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Pese a todo, Miguel Ángel Guzmán defendía este martes la legalidad de su incorporación a Asisa. El ex alto cargo público ha sostenido que él no es funcionario y que ya trabajó con anterioridad durante 20 años en una aseguradora privada. Desde Salud, asimismo, se ha insistido en todo momento en que "Asisa no tiene en estos momentos contratos en vigor con la administración andaluza",
En este sentido, los expertos del ámbito jurídico sondeados creen que esa es una de las razones que puede alegar Guzmán, que en ningún momento realizó la consultiva preceptiva (artículo 10 de la ley de incompatibilidades) a la Consejería competente, en este caso Justicia, Administración Local y Función Pública.
Han sido, además, los argumentos esgrimidos esta mañana por la consejera de Salud, Catalina García, que ha recordado que "cuando una persona accede a un cargo público político, tiene que tener la posibilidad de volver a trabajar".
"La relación directa" entre los puestos
El debate jurídico se sitúa justo en "la relación directa", esos son los términos que aparecen en la normativa de las funciones de ambos puestos de trabajo, ya que también recoge: "se exceptúan de la prohibición los cargos que se estuvieran ejerciendo con anterioridad al nombramiento, en los que hubiera cesado por razón del mismo".
Otro punto abierto a interpretación sería el vinculado a las funciones, representaciones y asesoramiento de compañías "sin fines de servicio público ni servicios contractuales con la administración". Precisamente, este ha sido el mantra de la Junta durante toda la semana
¿Qué papel tiene la Oficina Antifraude a la que han recurrido dos partidos de la oposición? Por lo pronto, las dos denuncias de la oposición a este organismo obligan a iniciar un trámite que comenzó el miércoles con la recopilación de información por parte de la Consejería de Justicia. El Partido Socialista, además, impulsará una comisión de investigación en el Parlamento.
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