El interés del gobierno nacional por completar el número de integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es pertinente, al margen de si correspondía o no que la única vacante, producida en su momento por la renuncia de la doctora Elena Highton de Nolasco, fuese cubierta por otra mujer del campo del derecho.
Sin embargo, la postulación del juez federal Ariel Lijo para ocupar el lugar vacante en el máximo tribunal del país produjo sorpresa a raíz de sus antecedentes como magistrado en lo criminal y correccional.
En su trayectoria como juez federal, el doctor Lijo tuvo que hacer frente a muchas denuncias atribuidas, en algunos casos, a demoras en el manejo de causas a su cargo y en las que la línea de investigación se dirigía hacia funcionarios públicos denunciados por diferentes motivos. También repercuten en sus antecedentes los pasos que habitualmente da en el ámbito judicial su hermano, Alfredo Lijo, muy conocido en los despachos tribunalicios por su influencia en la labor de operador judicial.
El juez Lijo tiene el antecedente de haber sido denunciado por garantizar con su actuación hechos de impunidad y de encubrimiento y también pago de coimas en casos que involucraron a distintas administraciones nacionales. Además, el Consejo de la Magistratura tiene a consideración una denuncia proveniente del Congreso por su intervención en una causa por supuestas irregularidades en la obra social del Poder Judicial, que afectó el honor de uno de los actuales integrantes de la Corte.
También le cabe al doctor Lijo una muy cuestionable participación en el recordado caso de corrupción conocido como Causa Ciccone. El magistrado favoreció en su momento al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, al derivar a la Justicia de la provincia la parte de la causa judicial que incluía la investigación de un pago efectuado por el gobierno formoseño a la consultora del testaferro de Amado Boudou cuando éste aún era ministro de Economía de la Nación.
Estos antecedentes hacen que sorprenda la postulación efectuada por el gobierno nacional. No cabe duda de que no son los más adecuados para el cargo al que es propuesto. Nadie es culpable mientras no se compruebe su accionar inadecuado, pero tantos precedentes también conducen a imaginar un sendero complicado a recorrer en caso de que algunas de las causas que marcan al doctor Lijo vuelvan a trascender siendo éste ya miembro de la Corte.
Conforme lo marca la Constitución, corresponde al Senado la consideración de la nominación del juez Lijo para la Corte. Necesita una mayoría de dos tercios de los miembros de ese cuerpo para la aprobación. Se especula con un acuerdo con la primera minoría, el kirchnerismo, que echa a rodar múltiples especulaciones sobre un eventual pacto en el que no puede evitarse la utilización del concepto de impunidad. Lamentable si así fuese.
El presidente de la Nación, Javier Milei, debe garantizar la sana y republicana independencia de poderes llevando a cabo una gestión totalmente despojada de intereses o influencias que entorpezcan su derrotero. Con más razón si cumple con su insistente promesa de anular el desempeño de una casta dirigencial a la que tildó de responsable de la decadencia del país en todos los órdenes.
En cambio, con la postulación de personajes controvertido el titular del Poder Ejecutivo dejará de ser la honrosa excepción a la desgastada dirigencia en la que creyó el notable porcentaje de argentinos que lo votó.