Edgar Manuel Bonilla del Ángel, en su actuación como titular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, es acusado de delincuencia organizada institucional (corrupción).
Lo anterior, dado que se utilizaba a dicho Instituto para apersonarse en los asuntos relativos a concursos mercantiles, a través de los síndicos que designaban, para que los procedimientos siguieran determinado sentido, mediante promociones insidiosas o bien se citaban a las partes para ejercer presión y lograr convenios que los beneficiaran "infundían terror".
"Presionaron a las empresas que tenía contratos con PEMEX para declararse en quiebra a cambio de sobornos y prometiéndoles que así no pagarían nada a sus acreedores", indica la indagatoria.
A Netzaí Sandoval Ballesteros, en su actuación como director General del Instituto Federal de Defensoría Pública, se le acusa de corrupción, pues se "presionaba" a los defensores y asesores para que actuaran conforme a sus intereses.
Además, "creó una unidad de peritos adscrita al Instituto Federal de Defensoría Pública, el costo era elevado y su participación en procedimientos era nula".
La investigación también incluye a jueces y magistrados "que aceptaron la presión ejercida por el ex ministro Arturo Zaldívar".
Entre ellos, el Juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur.
Lo anterior, porque "dictaba sus resoluciones en favor de los intereses del ejecutivo federal, uno de ellos fue el de Rosario Robles, a quien impuso una prisión preventiva justificada sin tener facultades pues su función era como juez administrador del Centro, por lo que sus funciones eran administrativas no jurisdiccionales, se señala que todo fue con complicidad de la Unidad para la Consolidación de la Reforma Penal".
"Hecha la precisión, con fundamento en el marco normativo de referencia, se ordena el inicio de la investigación y se otorga para su trámite a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas las más amplias facultades a efecto de que se recaben los medios probatorios que resulten necesarios para el esclarecimiento de las conductas denunciadas.
"Y, con ello, estar en condiciones de establecer la existencia o no de alguna falta administrativa y, en su caso, el vínculo de atribuibilidad con alguno de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación señalados o con cualquier otro sujeto de responsabilidad que resulte implicado", puntualiza la indagatoria.