Resistencia. La Cámara de Diputados deberá debatir sobre la derogación de la Ley que dispuso la creación del instituto acusado de promesas incumplidas, irregularidades y discrecionalidad.
El gobernador Leandro Zdero presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de Ley para la derogación de la Ley N° 3335-I, que estableció la creación del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP). En su mensaje, Zdero explica que la decisión se basa en una serie de irregularidades y problemas administrativos detectados en el funcionamiento de esa dependencia.
Entre los fundamentos presentados por el gobernador, se destaca la existencia de denuncias públicas sobre la falta de entrega de viviendas sociales a beneficiarios, así como la entrega de viviendas que no cumplen con las condiciones mínimas de habitabilidad, a pesar de haberse realizado los pagos correspondientes por parte del organismo.
También hace referencia a la intervención de la Fundación Saúl Andrés Acuña, la cual recibió una suma considerable de dinero del IAFEP para soluciones habitacionales, y cuya disolución y liquidación se ha recomendado debido a la imposibilidad de cumplir con sus objetivos estatutarios.
Además, se menciona una resolución del IAFEP que señala la falta de recursos suficientes para continuar con la ejecución de programas, lo que llevó a la suspensión de trámites administrativos relacionados con obras de vivienda e infraestructura básica.
Es así que ahora, la actual gestión busca avanzar en la implementación del Pro.De.R. como una solución «más adecuada para el desarrollo rural en la provincia».
Cabe destacar que la interventora Clelia Ávila reveló una «mega corrupción» que involucra a 400 denuncias de beneficiarios «estafados» por dirigentes sociales. Es por eso que iniciaron acciones legales contra el expresidente del instituto Mauro Andión, a quien se responsabiliza del desmanejo.
Ávila también denunció irregularidades en la constitución de fundaciones beneficiarias, favoritismo en la designación de obras y falta de control. El presupuesto de $16.000 millones del IAFEP en 2023, principalmente destinado a organizaciones sociales, «evidencia la magnitud del problema», para las nuevas autoridades.