La casuística es abundante y reciente en Castellón. Esta misma semana, vecinos del PAU Lledó de Castelló han vuelto a alzar la voz contra las okupaciones y han expresado su frustración después de que un chalet que estaba en venta por casi medio millón de euros haya sido tomado ilegalmente. Ya a finales de enero se reunieron, entre otras cosas, para solicitar una mayor vigilancia y protección para un barrio que en los últimos tiempos ha denunciado graves problemas de convivencia vecinal por la presencia de mafias okupas.
Como ha venido informando Mediterráneo ampliamente, varias viviendas están ocupadas desde hace años y otras, tomadas recientemente, están enganchadas a los suministros de las comunidades de vecinos. Además, ha habido discusiones y amenazas hacia los legítimos propietarios de casas en la zona, hecho que genera «miedo» e «inseguridad».
70 viviendas a la venta
Y es que los embargos por impago --tras la crisis inmobiliaria y económica-- y las okupaciones han provocado que aumenten significativamente las casas en venta, que ya son unas 70 en la zona, como publicó este viernes este periódico.
A pesar de este llamativo caso en una de las zonas más adineradas de la capital de la Plana --durante años se conoció popularmente como el todo a cien, en referencia a los cien millones de pesetas que costaban los chalets de alto standing-- y otros de los que viene informando este diario, a tenor de los datos que proporciona el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la ocupación ilegal de viviendas es un fenómeno que va a la baja, si bien en Castellón lo hace en menor medida que en el ámbito nacional.
38 juicios en un año
El último informe del CGPJ, relativo al conjunto de 2023, señala que en ese año se produjeron en la provincia 38 juicios verbales por esta causa frente a los 41 registrados en 2022, lo que representa una reducción del 7%, que se sitúa muy por debajo de la caída de casi el 19% contabilizada en el conjunto de la geografía española.
Según el Poder Judicial, durante 2023 ingresaron 2.261 procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas, un 18,8% menos que en 2022. En términos absolutos, la Comunitat Valenciana se situó en tercera posición, con 379 procedimientos, solo por detrás de Cataluña c con 445, y Andalucía con 424.
Sin embargo, poniendo en relación los procedimientos con el número de habitantes, la tasa más alta corresponde a Baleares, con 9,8 asuntos por cada 100.000 habitantes, seguida de Castilla-La Mancha, mientras que la Comunitat Valenciana vuelve a estar entre el trío de autonomías en última posición con un indicador de 7,3.
En lo que se refiere a la normativa vigente en relación con estas situaciones, con la nueva ley de vivienda aprobada en 2023, el usurpador de una vivienda, el okupa que accede a un inmueble deshabitado y permanece en él sin autorización del propietario, tiene penas de prisión, que pueden alcanzar los dos años si involucra violencia e intimidación, o una pena de multa de tres a seis meses si se hace de forma pacífica.
Congreso de los diputados
En este 2024, el Congreso de los Diputados ha puesto en marcha ya la tramitación de una norma antiokupas que ha sido propuesta por el Senado, donde se ha validado a iniciativa del PP, que cuenta con mayoría en la Cámara Alta. Entre las principales novedades que plantea está la de desalojar las viviendas ocupadas en tan solo 24 horas, así como condenar con penas de hasta tres años de prisión a los autores.
La norma en tramitación endurece el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley de Enjuiciamiento Civil para dar más herramientas a particulares, empresas y comunidades de vecinos para luchar contra este fenómeno. Además, propone equiparar a los okupas con un grupo organizado si son dos o más autores, del mismo modo que insta a la devolución del IBI y del Impuesto de Patrimonio a los dueños de las viviendas usurpadas.
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DATOS DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
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