La crítica situación económica y operativa que se registra en el sistema eléctrico por la decisión del Gobierno de Javier Milei de suspender los envíos de fondos para pagarles a las generadoras y cubrir el déficit de la Cammesa sumó un nuevo capítulo conflictivo que promete llegar en el corto plazo a los estrados judiciales.
Tras haber estado cobrando sus facturas por la energía entregada al sistema interconectado nacional en forma parcial y con cuatro meses de atrasos, las dueñas y operadoras de las centrales de generación eléctrica salieron ahora a denunciar que la administración mileísta no reconoce el impacto de la devaluación registrada tras su desembarco en la Casa Rosada y sigue pagando los contratos nominados en dólares con el tipo de cambio oficial, que estuvo vigente hasta el 10 de diciembre pasado.
Energía eléctrica: empresas generadoras exigen deudas impagas
Por medio de nota enviada al presidente de la Cammesa, Jorge Garavaglia, la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica (AGEERA) advirtió que "resulta indispensable, a los efectos del cumplimiento de las normas aplicables, proceder a la cancelación de las diferencias adeudadas correspondientes a la transacción del mes de noviembre antes de comenzar a cancelar saldos impagos de períodos mensuales más recientes".
La nota destacó que, de persistir esta irregularidad, "estaríamos ante un gravísimo hecho que obligaría a los generadores afectados a informar a los mercados y judicializar la situación, lo cual sería una pésima señal no solo para el negocio eléctrico, sino para los mercados que han financiado gran parte de las ampliaciones necesarias para el suministro de energía bajo los mencionados contratos que están nominados en dólares".
En la misiva enviada a la Cammesa con la firma de Gabriel Baldessarre; la entidad que agrupa a las compañías generadoras planteó que "los fondos disponibles para la cancelación de deudas con los agentes acreedores del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), deben ser imputados de conformidad a lo dispuesto en el apartado 5.6 del Capítulo V 'Liquidación de los Acreedores' de los Procedimientos para Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios aprobados por la resolución 61/1992 de la ex Secretaría de Energía Eléctrica".
"Dicha norma –sostuvo AGEERA—dispone que, de existir saldos impagos referidos a distintos períodos mensuales, la imputación se realizará en todos los casos a partir del más antiguo. Por esa razón solicitamos que, con los fondos actualmente disponibles y los que reciba en el futuro, se cancelen los saldos impagos de la transacción de noviembre previo a proceder a abonar ninguna deuda más reciente".
Como refuerzo de su posición, la entidad resaltó que en la última reunión de directorio de la Cammesa quedó reconocido y aprobado que "las diferencias de cambio de los contratos de abastecimiento denominados en dólares estadounidenses forman parte del precio de la energía rankeando en orden de prioridad a la par que los pagos parciales ya efectuados por dichos contratos".
"Por dicha razón resulta indispensable, a los efectos del cumplimiento de las normas aplicables, proceder a la cancelación de dicho concepto correspondiente a la transacción del mes de noviembre antes de comenzar a cancelar saldos impagos de períodos mensuales más recientes", reclamó la nota de AGEERA.
Planteó, además, que "cualquier apartamiento de dicha norma ya sea por una interpretación o por vía regulatoria vulnerará el principio de proporcionalidad establecido en la misma, incumpliendo además contratos cuyos pagos han sido respetados ininterrumpidamente durante los últimos 12 años".
Tras señalar que ninguno de los Gobiernos de las distintas extracciones políticas que se sucedieron desde 2012 hasta ahora dejaron de reconocer esos pagos, la entidad alertó que el incumplimiento oficial actual constituye un "gravísimo hecho obligaría a los generadores afectados a informar a los mercados y judicializar la situación".
La conducción de AGEERA finalizó la nota advirtiendo que "cualquier cambio regulatorio que altere el orden de prelación en el pago de los contratos en dólares implicará una rotura de los contratos oportunamente firmados, con la consecuente afectación de la seguridad jurídica y el desincentivo a realizar nuevas inversiones en el sector".
Distribuidoras morosas y Cammesa, en rojo
El reclamo y aviso de que llevarán el caso a la Justicia de los generadores volvió a poner en la mira la decisión del ministro de Economía, Luis Caputo, de seguir pisando las transferencias de recursos estatales destinadas a tapar el déficit creciente que acumula la Cammesa por las facturas impagas de las distribuidoras eléctricas.
Las cuentas en rojo que arrastra la administradora del mercado eléctrico volvieron a empeorar por la decisión que tomaron Edenor, Edesur y varias cooperativas del interior de dejar de pagar la totalidad de la energía que reciben de los generadores y abonar solo una parte de las facturas correspondientes a las transacciones de los últimos meses.
De los $233.000 millones que tenía que cobrar por las transacciones de enero a las empresas distribuidoras, la Cammesa solo consiguió embolsar $60.894 millones, el 25% del total.
Según el último informe que los técnicos elevaron al directorio de Cammesa, Edenor apenas había pagado $ 1.970 millones de su factura total de $58.400 millones. En el caso de Edesur, de la factura total de enero de $ 40.438 millones solo abonó $ 4.528 millones.
Las deudas que arrastran las dos distribuidoras metropolitanas representan el 46% del total de $636.879 millones de las facturas por cobrar que tiene la Cammesa.
Edenor—controlada por el trío empresarial de José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti—tiene una deuda acumulada de $185.372 millones que equivale al 29,1% de las cobranzas atrasadas de Cammesa.
Por su parte, Edesur—la distribuidora bajo el manejo del grupo italiano ENEL—debe un total de $ 107.811 millones, el 17% de las facturas por cobrar que tiene la administradora del mercado eléctrico.
Tanto las generadoras, como las transportistas eléctricas cuestionan la excesiva pasividad que exhiben el Gobierno de Milei y de la Cammesa al tolerar la marcada morosidad de las distribuidoras del AMBA sin poner en marcha las sanciones y penalidades que prevén las normas vigentes. Totalmente distinta es la actitud tomada ante las cooperativas patagónicas y del interior de la provincia de Buenos Aires que tienen facturas impagas y a las cuales la Cammesa les ha trabado embargos judiciales junto con la amenaza de cortarles la provisión de energía del mercado mayorista si no se ponen al día con sus pagos atrasados.