Organizaciones de El Salvador denunciaron la muerte en custodia estatal de la hija recién nacida de una defensora de derechos humanos detenida en el marco del régimen de excepción decretado por Nayib Bukele y vigente desde marzo de 2022. La activista había sido detenida arbitrariamente mientras cursaba la semana 38 de un embarazo de riesgo.
"Denunciamos la violación del derecho a la salud de la defensora de derechos humanos, Dina Hernández, así como la muerte de su hija recién nacida, Keren", publicó en X la organización Cristosal.
Cristosal precisó que "el domingo 7 de abril de 2024, personal de la Granja Penitenciaria de Izalco informó que Dina fue trasladada al Hospital Dr. Jorge Mazzini Villacorta y que la niña había muerto".
Desde la organización señalaron que Hernández fue capturada el pasado 17 de marzo mientras se dirigía a su casa. "Es una mujer defensora de derechos humanos, voluntaria y activista por los derechos de las mujeres jóvenes", dijeron.
Además, Hernández es parte de la iniciativa Alerta Raquel, que apoya la búsqueda de personas desaparecidas en El Salvador, y de la organización de base comunitaria "Colectiva de Mujeres Guardianas de Ayutuxtepeque".
Según compañeros de Hernández, el 22 de marzo se realizó una audiencia en la que el Juzgado Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador decretó la libertad condicional de Hernández, pero las autoridades le imputaron otro cargo, por lo que siguió en prisión.
"Denunciamos la violación del derecho a la vida de Keren, sus derechos de supervivencia y protección; así como los derechos de Dina a la integridad física, psicológica y emocional, al debido proceso judicial y a no ser sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes", finaliza el comunicado firmado por el Grupo de Trabajo por las Personas Desaparecidas en El Salvador.
Para las organizaciones este caso constituye "la criminalización de una defensora de derechos humanos y el uso de su defensoría como blanco de detenciones arbitrarias".
El Salvador se encuentra bajo régimen de excepción desde marzo de 2022 tras una escalada de homicidios que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días.
La medida, que goza de amplía popularidad entre la población, dejó más de 79.000 detenciones y más de 6.000 denuncias de violaciones a los derechos humanos como torturas y detenciones arbitrarias, además de la muerte de más de 200 personas en custodia estatal.