Para este martes se espera una masiva movilización estudiantil cuyo lema principal es "en defensa de la universidad pública". Sin embargo, desde su anuncio hasta hoy la marcha tomó tintes políticos que pueden favorecer al gobierno.
Es que mientras los protagonistas de la marcha universitaria fueran solamente las autoridades de las casas de altos estudios y los respectivos alumnos de cada facultad, el Gobierno no tenía mayor opción que quedar a la defensiva.
La confrontación que se planteaba el Gobierno era con uno de los sectores más valorados por la clase media, dado que es en la universidad pública donde se formaron la mayor parte de los actuales profesionales y sus hijos. Sin embargo, el panorama cambió.
La movilización planteada para este martes por la tarde frente a la Casa Rosada fue cobrando una dinámica distinta desde su anuncio y adoptó una matriz política que puede favorecer al Gobierno.
En un primer momento, se planteó el reclamo presupuestario, dado que el sector universitario está funcionando con el presupuesto 2023 que fue aprobado en octubre de 2022. La inflación galopante y el congelamiento de recursos llevaron a las universidades públicas a reclamar una actualización urgente.
Durante la semana pasada, desde el Gobierno anunciaron que había habido un acuerdo para aumentar el 70% del presupuesto de funcionamiento en marzo y otro aumento del 70% para mayo. Sin embargo, desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) desmintieron el acuerdo y aseguraron que se trató de una propuesta informal.
Al tire y afloje entre las autoridades universitarias y los funcionarios de los ministerios, se le sumó que algunas universidades del conurbano que participan de la movilización están ligadas al kirchnerismo.
Sumado a esto, en las últimas horas hay varias organizaciones políticas que anticiparon que participarán de la movilización. Se trata de La Cámpora, partidos de izquierda, un sector de la UCR, las dos CTA y la CGT.
De esta manera es que la marcha toma un tinte político que el Gobierno busca aprovechar para decir que no se trata de una protesta genuina por parte de los estudiantes, sino que está impulsada por la oposición.
Toda la situación es aprovechada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien ya adelantó que la policía federal está habilitada para llevar adelante el "protocolo antipiquetes" en caso de que fuese necesario.