El pleno del Congreso debate y vota este miércoles -a las 4 de la tarde- el informe que plantea diez años de inhabilitación para ejercer cargos públicos del ex presidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres. Esto por presunta infracción constitucional por su papel y sus declaraciones en los llamados consejos de ministros descentralizados durante el gobierno de Pedro Castillo.
Se trata de la última instancia parlamentaria, dado que el informe fue aprobado ya por la Comisión Permanente y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC).
Durante la sesión, las congresistas Martha Moyano (Fuerza Popular) y Lady Camones (Alianza para el Progreso-APP) se encargarán de sustentar la acusación. El exministro puede ejercer su defensa personalmente o mediante su abogado.
La Comisión Permanente aprobó la inhabilitación y la acusación por infracción a los artículos 38, 45 y 125 de la Constitución Política del Perú con 15 votos a favor de legisladores de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y Alianza para el Progreso.
15 votos a favor
Rosselli Amuruz (Avanza País)
Diego Bazán (Avanza País)
Norma Yarrow (Avanza País)
Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular)
Eduardo Castillo (FP)
Patricia Juárez (FP)
Juan Carlos Lizarzaburu (FP)
Martha Moyano (FP)
Eduardo Salhuana (APP)
Lady Camones (APP)
Jorge Montoya (Renovación Popular)
José Cueto (RP)
Esdras Medina (no agrupado)
Elvis Vergara (Acción Popular)
Héctor Valer (Somos Perú)
6 votos en contra
Margot Palacios (Perú Libre)
Edgar Reymundo (Juntos por el Perú)
Nieves Limachi (Juntos por el Perú)
Francis Paredes (Podemos Perú)
Jorge Coayla (Perú Bicentenario)
José Balcázar (Perú Bicentenario)
Dos abstenciones
Isaac Mita (Perú Libre)
Segundo Montalvo (Perú Libre)
"Ya se ha establecido que el denunciado llevo a cabo una serie de sesiones de "consejo de ministros descentralizadas" sin marco constitucional y legal y con finalidades y objetivos distintos a los previstos a dicho órgano; lo cual ya es en sí mismo un ejercicio indebido del poder otorgado; adicionalmente se ha determinado que las expresiones que el denunciado realizó en dichos espacios, así como frente a medios de comunicación se realizaron superando los límites para el ejercicio de la libertad de expresión y opinión al tener la calidad de funcionario público; constatándose así un ejercicio fuera de los límites constitucionales y legales previstos, materializándose la infracción constitucional imputada", precisa el informe final.
La denuncia fue presentada en agosto del 2022 por el legislador Jorge Montoya (Renovación Popular) tras las declaraciones de Aníbal Torres del 11 de ese mismo mes azuzando a los dirigentes de organizaciones sociales a movilizarse hacia Lima.
"Si cada uno con esa energía que tienen, con esa capacidad que tienen, con esa voluntad para defender sus intereses, de sus hijos y de los hijos de sus hijos, que trajeran a Lima 50 personas cada uno. Entonces harían arrodillar a los golpistas, los obligarían a que tengamos una Constitución que beneficie a todos los peruanos y no solamente a una determinada clase, a un sector del poder económico", exclamó aquel día.
El informe plantea acusar, vía juicio político, al ex primer ministro por infracción a los artículos 38, 45 y 125 de la Constitución.
De ser aprobado por la Comisión Permanente, el informe, propuesto por la delegada Martha Moyano (Fuerza Popular), deberá ser debatido por el pleno del Congreso, que deberá nombrar a un delegado que se encargará de sustentar la acusación.
Mira aquí la sesión completa de la Comisión Permanente:
La defensa de Aníbal Torres
Previo al debate en la Comisión Permanente, Aníbal Torres envió un oficio a la presidenta de la SAC, Lady Camones, negando que haya infringido la Constitución y señalando que la expresión "correrá mucha sangre" la dijo cuando no ocupaba cargo público por lo que no puede ser sustento de un juicio político.
"Ni Moyano, ni Camones, ni ningún otro congresista podrán acreditar como verdad dicha falsedad", sentenció.
Por ello, el exministro dijo que la aprobación del informe "deviene en un acto puramente instintivo de condena a quien consideran su adversario, en consecuencia, no tiene sentido que haya defensa alguna de mi derecho en esta etapa".
Aníbal Torres es investigado junto a Pedro Castillo, Betssy Chávez y otros exministros por rebelión por el golpe de Estado del 7 de abril. Afronta un pedido fiscal de 15 años de prisión.