Distintas organizaciones de la Iglesia en España, que desde su inicio han apoyado esta Iniciativa Legislativa Popular, celebran este apoyo mayoritario del arco parlamentario paradar "respuesta a una reivindicación con un sólido respaldo social". "Con el inicio de este nuevo período de debate, reflexión y enmiendas, confiamos en que las futuras negociaciones estén marcadas por la búsqueda de consensos para abordar con responsabilidad una realidad que ha de ser tratada como una cuestión de Estado", añaden.
En un comunicado firmado por la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Cáritas, el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española y la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES) invitan, además "a todos los partidos políticos a aprovechar esta ocasión histórica para finalizar este proceso con la aprobación de una regularización que procure una autorización de residencia y un marco de derechos para las aproximadamente 500.000 personas que se encuentran actualmente viviendo en nuestro país en situación administrativa irregular".
"La economía se vería reforzada"
El director del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, Xabier Gómez, ha indicado en TRECE que más allá del número de beneficiados, lo importante es que estas personas, muchas de ellas con familia, que llevan años trabajando en 'B', podrían regularizar su situación administrativa: "Es difícil a veces conseguir citas para regularizarles, las circunstancias no se facilitan, y esas personas necesitan ser atendidas, y sin esa regularización se puede llevar a cabo. Si se regularizan entrarían a gozar de todos los derechos de los ciudadanos regularizados y la economía se vería reforzada porque es un aporte económico importante", ha explicado.
Y es que como ha recalcado el sacerdote en 'ECCLESIA al día', "casi todo el mundo conoce a personas que trabaja en cuidados de mayores, servicio doméstico, la construcción o el campo de manera irregular". Personas todas ellas, recuerda Xabier Gómez, "que demanda con justicia y verdad una dignidad y un trabajo seguro en condiciones de igualdad que el resto de ciudadanos, y es lo que tratamos de llevar haciendo un ejercicio de soberanía al Parlamento".