La semana pasada se realizó en Buenos Aires una nueva reunión de la Mesa de Competitividad Vitivinícola, de la que participó la Sociedad Rural del Valle de Uco. En la misma se debatió la necesidad de resolver los contratos con la industria. En este sentido, el organismo mendocino reclamó una mayor transparencia en las transacciones entre la producción primaria y la industria.
Siguiendo con el reclamo que fue trasladado a diversos referentes en los niveles productivos y gubernamentales, la Sociedad Rural expuso en la Mesa de Competitividad Vitivinícola Nacional, la necesidad que tienen los productores locales de contar con condiciones justas en la venta de sus productos.
"Nos fue muy bien. Pudimos plantear la necesidad de un contrato vitícola, es decir planteamos firmemente la necesidad de que exista un contrato que esclarezca las transacciones entre bodegas y productores. Además aprovechamos para denunciar la falta de pago de las bodegas y el diferimiento de esos pagos, hecho que perjudica al productor", informó Mario Leiva, titular de la Sociedad Rural del Valle de Uco.
En segundo lugar, Leiva informó que se propuso que las bodegas sirvan como garantía para el productor que necesita adquirir financiamiento. "La factura conformada es una herramienta para favorecer al financiamiento del sector productivo: es una carta de crédito garantizada por las bodegas tras la entrega de la producción. Con esta factura el productor puede ir al organismo de crédito para obtener el dinero que necesita", explicó Leiva.
Actualmente, en el país existen 17.700 productores vitícolas, 25.000 viñedos con 223.944 has y 900 bodegas activas; asimismo, la cadena de valor vitivinícola genera 55.000 empleos en producción primaria y 21.000 empleos en elaboración.