Los economistas vuelven a denunciar la falta de rigor económico a la hora de justificar un tipo de impuesto u otro pero, sobre todo, están cansados de la «batallita fiscal» que el Gobierno mantiene con las CCAA. «Que algunos impuestos dependan del color político, cuando se pagan una vez en la vida» no da una seguridad jurídica adecuada.
El presidente del Consejo General de Economistas, Valentí Pich, asegura que es una «batalla deplorable entre administraciones por el impuesto de patrimonio». Una alusión a los cambios introducidos por el Gobierno de Sánchez, que puso en marcha el impuesto a las grandes fortunas para luchar contra las comunidades autónomas que rebajaban o bonificaban el de patrimonio, y a la respuesta que las propias comunidades dieron. «Lo ponen, lo quitan, remueven la normativa», dice Pich, «no es bueno para el país».
Una batallita fiscal que no es nueva, y en la que Sánchez se ha encontrado de frente incluso con algunos de sus socios de Gobierno. Más de la mitad de las CCAA han introducido cambios en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, para rebajar sus cuantías o bonificarlas, por más que el Ejecutivo quisiera elevar la recaudación con el llamado 'Impuesto a las Grandes Fortunas'. Un impuesto que recibió el aval del Constitucional, eso sí, porque se hizo solo para patrimonios superiores a los tres millones de euros, de manera que no chocara con el objetivo principal del actual Impuesto de Patriomonio que gestionan las comunidades.