El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha pedido a Vimcorsa que deje de cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de sus viviendas, ya que es un cargo que cree debe asumir la empresa municipal al igual que hace el casero particular o propietario de un piso con sus inquilinos. El edil socialista ha presentado hoy en el consejo de administración de Vimcorsa la sentencia del Tribunal Supremo, de octubre del 2023, que declaró ilegales este tipo de cobros que afectaban a los inquilinos aragoneses de las viviendas públicas promovidas por la inmobiliaria Lazora Sociedad de Inversión Inmobiliaria, una de las más importantes del país.
El fallo del TS defiende que en este tipo de contratos de arrendamiento de viviendas de protección oficial no cabe la repercusión del mencionado Impuesto Municipal al arrendatario, en base a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).
El PP lo quiere estudiar
El gobierno municipal, por su parte, ha respondido a la petición del portavoz del PSOE pidiendo tiempo, porque entienden que este es un asunto que debe estudiar de forma detenida no Vimcorsa, sino la Delegación de Hacienda por la repercusión que tendría en las arcas públicas, apuntan fuentes municipales a este medio.
1.044 viviendas de Vimcorsa
Antonio Hurtado indica que con 1.044 viviendas de la empresa municipal de vivienda que hay actualmente en Córdoba y en base a una media de 215 euros de IBI por cada una de ellas, el portavoz del PSOE entiende que serían 225.000 euros al año los que empresa tendría que dejar de cobrar a sus inquilinos.
En Córdoba, no solo Vimcorsa cobra el IBI a sus inquilinos, ya que también lo hace la empresa de la Junta de Andalucía, AVRA, que en Córdoba tiene un parque de 3.360 viviendas. En este caso han sido múltiples las ocasiones que distintos grupos políticos han pedido a la administración andaluza que deje de obligar a sus inquilinos a pagar este impuesto de recaudación municipal. Según los cálculos de Hurtado, en el caso de AVRA la cifra de lo cobrado por el IBI ascendería a unos 725.000 euros anuales.
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