En medio de las críticas y alertas, el Gobierno peruano y políticos de diferentes tendencias impulsan una reforma total del sistema privado de pensiones, que aún debe ser debatida por el Congreso.
El Gobierno de Perú publicó este jueves el decreto que autoriza a los trabajadores formales del país a retirar, de manera extraordinaria, hasta 20.600 soles (unos 5.500 dólares, unos $5.313.200 pesos chilenos) de sus cuentas individuales en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Se trata del séptimo proceso que se realiza en el país y que, conforme a los análisis, agudizará la crisis previsional debido a los retiros previos y el alto nivel de informalidad laboral que existe en el territorio.
La Agencia EFE difundió que economistas y representantes de las AFP señalaron que esta nueva medida "afecta la capitalización de los fondos y las futuras pensiones de los trabajadores", mientras que el Gobierno y políticos de diferentes tendencias impulsan una reforma total del sistema privado de pensiones, que aún debe ser debatida por el Congreso.
Perú autoriza nuevo retiro de fondos de pensiones
La ley que permite el retiro de hasta cuatro unidades impositivas tributarias (UIT) fue publicada en el boletín de normas legales del diario oficial El Peruano, un día después de que el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, anunciara que el Ejecutivo no se iba a oponer a esa decisión, que fue aprobada la semana pasada por el Congreso.
El decreto precisó que la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) elaborará un reglamento con el procedimiento para el retiro de los fondos "en un plazo que no excederá de quince días calendario contados a partir de la entrada en vigor de la ley".
Agregó que los afiliados "recibirán un primer desembolso de una UIT, equivalente a 5.150 soles, un mes después de presentada su solicitud ante la AFP a la que estén inscritos", detalló la Agencia EFE.
Estableció, además, que los fondos que se retiren mantienen la condición de intangibles, por lo que no pueden ser objeto de descuento, compensación, embargo, retención o cualquier forma de afectación, salvo para las que se deriven de deudas por alimentos, y por un máximo del 30% del total.
El miércoles, agregó Agencia EFE, el ministro de Economía y Finanzas informó que el Ejecutivo había acordado en el Consejo de Ministros que no iba a observar la ley aprobada por el Congreso "respondiendo a la alta votación" que recibió en el pleno.
"Vemos que no es oportuno demorar más la promulgación de esta norma", comentó Arista.
El parlamentario de derecha José Luna Gálvez, quien promovió la iniciativa, sostuvo que la entrega de estos fondos otorgará "un alivio" económico para miles de familias en el país y será "un motor para dinamizar" la economía y reactivar a las pequeñas empresas.