Alrededor de medio millar de personas -3.000, según la organización- se ha manifestado este sábado en la capital aragonesa para pedir la libertad de los jóvenes conocidos como Los 6 de Zaragoza. Fue en enero de 2019 cuando se les acusó de participar en los disturbios que se registraron en la ciudad durante una protesta contra un mitin de Vox y, ahora, condenados a 4 años y 9 meses de cárcel, tres de ellos tienen fijado su ingreso en prisión para mañana y el martes.
Por ello, la manifestación contaba con un cariz más urgente que otras convocatorias anteriores. En ella, cientos de ciudadanos y organizaciones políticas y sindicales como IU, CGT, Anticapitalistas y el PCE han mostrado su repulsa al fallo del Tribunal Supremo y han abogado por que se paralice y anule su entrada en un centro penitenciario. Lo han hecho al grito de consignas como 'Libertad 6 de Zaragoza' o 'Aquí están los antifascistas' y con una marcha que partió de la plaza San Miguel, recorrió el Coso y la calle Alfonso y concluyó en la plaza del Pilar, frente a la Delegación del Gobierno en Aragón.
Alberto, un miembro de la plataforma Libertad 6 de Zaragoza, ha explicado a los medios de comunicación que «es el momento de evitar que estos cuatro chavales no sufran semejante injusticia que les va a destrozar la vida». En ese sentido, ha abundado en que buscan que se paralice el ingreso en prisión de unos jóvenes «que son inocentes» y ha recordado que también se pide el indulto, apoyado por Sumar, al Gobierno central.
De hecho, ha considerado que, con este caso, se ha pretendido desde la primera sentencia que sirva «como condena ejemplarizante». «Está claro que si no tuviera el cariz político que tiene, probablemente no estaríamos hablando de unas condenas exageradas», ha añadido.
El portavoz de la plataforma también ha criticado que, durante el proceso, «las únicas pruebas válidas» fueron «testimonios policiales contradictorios», mientras se desecharon otras como unas grabaciones «donde se ve perfectamente que ninguno de los acusados son los que estuvieron generando disturbios aquel día». Por ello, ha remachado: «La sentencia lo que busca es que alguien pague la factura de todo aquello».
Unos hechos de los que ya han pasado «cinco años bastante desesperantes por la incertidumbre» y «lo tedioso del proceso», dijo. No obstante, ha destacado que no pierden la esperanza «pese a los varapalos judiciales».
Entre los asistentes estaba el concejal de ZeC del Ayuntamiento de Zaragoza Suso Dominguez, que ha afirmado que con esta protesta se defiende «el derecho de manifestación de todo el mundo y el derecho a la disidencia». Un punto de vista se complementa con el de uno de los manifestantes, que ha definido la sentencia como «surrealista» y ha aseverado que «no se puede permitir que manifestarse sea un delito».
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