La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) autorizó imponer una pena convencional a la petrolera Shell Exploración y Extracción de México de 122,500.35 dólares por incumplimiento al programa mínimo de trabajo y su incremento en un área en aguas profundas en la Cuenca Salina frente a la costa de Tabasco y Campeche, con una superficie de 1,852.857 kilómetros cuadrados.
Durante la décima sesión extraordinaria del Órgano de Gobierno de la CNH, Luis Enrique López, de la Unidad Jurídica, señaló que el periodo inicial de exploración terminó el 19 de julio de 2023 y el 26 de febrero de 2024, la Dirección General Jurídica de Asignaciones y Contratos solicitó a la Dirección General de Seguimiento de Contratos la información para determinar si el contratista había cumplido con el programa de trabajo y su incremento.
Después del proceso, el de marzo de 2024, la Dirección General de Prospectiva y Evaluación Económica informó que el monto de la pena convencional que corresponde a las unidades de trabajo no ejecutadas es de 122 mil 500.35 dólares.
Al respecto, Shell Exploración y Extracción de México señaló que las unidades de trabajo pendientes de ejecutar se debieron a un tema técnico, ya que la profundidad original documentada en el Plan de Exploración para el pozo Aluk-1EXP fue de 4,500 metros; sin embargo, los objetivos geológicos planteados y comprometidos en el plan de exploración fueron alcanzados a una profundidad menor, de 3,925 metros.
"El contratista estimaba que con la perforación de este pozo y los demás estudios y actividades realizadas, se daría cumplimiento con la totalidad del programa de trabajo y su incremento; sin embargo, la profundidad final del Aluk-1EXP fue menor a lo planeado, por lo que una cantidad mínima de unidades de trabajo no fue alcanzada", dijo Luis Enrique López.
El contrato de la Ronda 2.4 corresponde al área AP-CS-G04 en la que Shell Exploración y Extracción era el operador y Chevron Energía de México estaba como participante, el cual fue suscrito el 7 de mayo 2018, con una vigencia de 35 años.
La Unidad Jurídica señaló que las unidades de trabajo comprometidas eran 59,200 y las unidades de trabajo acreditadas fueron 59,043.55, por lo que no se ejecutaron 156.45.