El Gobierno tendrá que abrir el melón de la reforma del sistema de despido en España. Una cuestión que los dos socios de la coalición acordaron reformar en su pacto de legislatura —aunque de forma ambigua— pero que cobra ahora especial relevancia tras la última decisión adoptada por el Consejo de Europa sobre el despido improcedente español.
El pasado jueves, el Comité Europeo de Derechos Sociales —perteneciente a esta institución— respondió a una reclamación presentada por UGT hace dos años en la que el sindicato reprochaba a España que el sistema de despido improcedente español no era lo bastante resarcitorio ni disuasorio. En concreto, el sindicato sostenía en su queja que el despido improcedente del país va en contra del artículo 24 de la Carta Social Europea, un tratado firmado por varios miembros del Consejo de Europa, entre ellos España, que lo rubricó en 2021.
Según adelantó el diario El País el domingo, la decisión del Consejo de Europa —que todavía no es pública ni lo será al menos en los próximos cuatro meses— es favorable a las pretensiones del sindicato. Es decir, señala que la forma en que España indemniza a los trabajadores que son despedidos de manera improcedente va en contra del tratado. En concreto, del artículo 24 de la Carta Social Europea que establece que "todos los trabajadores tienen derecho a protección en caso de despido".
El propio Pepe Álvarez, secretario general de UGT, confirmó el domingo que la central sindical tiene ya en sus manos la resolución, aunque no puede desvelar su contenido. Álvarez pidió al Ejecutivo "que no impida que la ciudadanía española conozca el resultado de la petición de UGT" e incidió en que la decisión adoptada es vinculante. En ocasiones anteriores, el líder ugestista había llegado a acusar al Gobierno de tratar de torpedear la resolución, maniobrando para retrasar el proceso.
La resolución del Consejo de Europa tiene especial interés porque el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar sobre el despido se remite a la Carta Social Europea. En concreto, señala que las dos partes se comprometen a "establecer garantías para las personas trabajadoras frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea y reforzando la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral".
Sin embargo, pese a que se trata de un punto del programa de Gobierno, las posturas entre las dos alas de la coalición han sido antagónicas durante la pasada legislatura. Desde Sumar, Yolanda Díaz ha señalado en numerosas ocasiones que el despido en España es "barato" y que su intención es transitar hacia un modelo en el que no se sepa con anterioridad cuál es el valor de la indemnización, sino que entren en juego otros factores.
Con el sistema actual, los despidos que son calificados como improcedentes, ya sea por la propia empresa o posteriormente en sede judicial, suponen una indemnización de 33 días por año trabajado hasta un máximo de 24 meses. Además, la opción de reincorporar o no al trabajador queda en manos del empresario y el empleado despedido solo tiene derecho a cobrar los salarios de tramitación —el sueldo que dejó de percibir desde que fue despedido hasta que se declaró la improcedencia de su cese— si se le readmite.
Los sindicatos y Trabajo argumentan que este sistema no tiene en cuenta los factores personales que rodean a la situación concreta de cada despido que podrían dar lugar a indemnizaciones mayores en casos concretos. De hecho, algunos juzgados ya han decretado indemnizaciones superiores a los 33 días.
En cambio, los ministros del PSOE fueron en la anterior legislatura más reacios a cambiar este modelo. En abril del año pasado, el entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, señaló que fue una "buena decisión" no tocar las indemnizaciones y dijo sentirse muy cómodo con el sistema. Y la ex vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, sostuvo en 2022 que el Gobierno no estaba estudiando ninguna propuesta de despido "reparativo", como la que impulsa Díaz. Los empresarios rechazan también tocar el sistema, se oponen a las indemnizaciones a la carta y defienden que el modelo actual es más garantista que el de otros países europeos.
El Ejecutivo optó por dejar intacto y fuera de la reforma laboral aprobada en 2021 el sistema de despido fijado en la época de Rajoy. Y lo hizo, precisamente, para atraer a la patronal a un acuerdo tripartito, sabedor de que ese punto generaba discrepancias incluso entre los partidos de la coalición. Sin embargo, en la legislatura actual el Gobierno se ha comprometido a modificar el sistema.