La decisión de la Corte Suprema de habilitar en los hechos la candidatura del ex presidente Carlos Menem, quien aspira a renovar su mandato como senador nacional por La Rioja, abrió un debate inquietante: ¿se convertirá el Congreso en un aguantadero de la política?
Más allá de sus disquisiciones jurídicas, este fallo entraña un mensaje ciertamente tranquilizador hacia aquellos funcionarios o ex funcionarios públicos que, acorralados por la Justicia, busquen el amparo de los fueros legislativos para rehuir una pena de prisión.
En efecto, los cinco jueces de la Corte sentenciaron que el criterio de idoneidad para ejercer un cargo público, exigencia que la Constitución nacional contempla en su artículo 16, sólo debe medirse bajo el parámetro del Código Penal.
Únicamente una condena firme de la Justicia, enfatizó la Corte, puede impedir a un ciudadano postularse a un cargo público.
A partir de esta apreciación, el criterio de idoneidad se vuelve más laxo. En cambio, la Cámara Nacional Electoral, más estricta, sostuvo que basta una condena dictada por un tribunal competente, conforme a derecho y con todas las garantías del debido proceso legal, para determinar que un ciudadano no es idóneo para ser candidato.
La Corte Suprema echó por tierra este criterio y habilitó en los hechos la candidatura de Menem por considerar que la condena que le aplicó la Cámara Federal de Casación de siete años de prisión y 14 de inhabilitación para ejercer cargos públicos en la causa del contrabando de armas a Ecuador y Croacia no está firme.
Más allá del debate jurídico -legítimo, por cierto- sobre la cuestión de si la condena debe estar firme o no para habilitar una candidatura, el verdadero problema son los tiempos: actualmente la Justicia se demora añares en llegar a una sentencia.
Según un informe que elaboró el año pasado la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el promedio de duración de una causa de corrupción en la Argentina es de 14 años, de las cuales sólo el siete por ciento arriba a una sentencia.
La causa sobre contrabando de armas a Ecuador y Croacia, por ejemplo, ya lleva 20 años de investigación en la Justicia, lapso que podría incluso prolongarse porque la Corte dispuso aplicar la garantía del doble conforme y remitió el caso a otra sala de la Cámara Federal para un segundo pronunciamiento. Sólo entonces -difícil saber cuándo- el alto tribunal dictará una sentencia firme.
Con tanta burocracia judicial, Menem se aseguró su inmunidad gracias a los fueros legislativos como senador nacional. Prerrogativa que pretende renovar por otros seis años y que seguramente conseguirá en las elecciones de octubre con el guiño de la Corte.
La ex presidenta Cristina Kirchner podría tomar nota. Doblemente procesada en sendas causas judiciales (Los Sauces y dólar futuro), una banca en el Senado le aseguraría inmunidad de arresto durante su mandato.
La prisión sólo se haría efectiva si la Justicia dictara, eventualmente, una condena firme en su contra; en ese caso, el juez actuante deberá pedir el correspondiente desafuero al Senado.
Pero está visto que, hasta arribar a esa instancia, podrían pasar varios años. Ergo, si Cristina Kirchner resulta elegida senadora, contará con un paraguas por demás amplio bajo el cual guarecerse.
Podrá aducirse que no es requisito único el desafuero pedido por un juez para separar a un legislador del cuerpo. Que cada cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez (artículo 64 de la Constitución nacional) y que puede, con dos tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirlo de su seno (artículo 66 de la CN).
También puede suspender al acusado de sus funciones cuando se forme querella por escrito ante las justicias ordinarias (artículo 70 de la CN).
En efecto, la Carta Magna confiere a cada una de las cámaras del Congreso la facultad de excluir o suspender a alguno de sus miembros, con los dos tercios de los votos, si éste incurre en un acto de indignidad.
Se trata de una facultad política del Congreso -y, por lo tanto, discrecional- que transcurre por un carril diferente al penal: son los legisladores quienes definen si un par suyo es idóneo o no para continuar en su cargo.
Así, y por sólo mencionar un par de antecedentes, la diputada Norma Godoy fue excluida en 2002 por proferir amenazas contra dos periodistas, y al senador puntano Raúl Ochoa se lo separó del Senado en 2005 por haber votado dos veces en una misma elección.
En ninguno de estos casos hubo condena penal firme. Ambos legisladores fueron separados porque sus pares consideraron que habían incurrido en una inconducta y, por lo tanto, no eran idóneos para continuar en sus bancas.
Pero el problema que surge ahora es que estas atribuciones del Congreso podrían quedar en tela de juicio a partir del fallo de la Corte Suprema, que exige la existencia de una condena firme para medir la idoneidad.
Ése fue, justamente, el eje del encendido debate del 26 de julio pasado en la Cámara de Diputados, cuando se discutió el pedido de expulsión del diputado Julio De Vido, el otrora poderoso ministro de Planificación del kirchnerismo.
Sobre él pesan más de cien causas, fue imputado en 26 y tuvo cinco procesamientos, algunos de los cuales están firmes; con este argumento, el oficialismo afirmó que el ex funcionario kirchnerista no es idóneo para permanecer su banca.
El kirchnerismo, en la voz de la diputada Nilda Garré, apeló al principio de inocencia para rechazar los argumentos de Cambiemos.
"Si bien tiene cinco procesamientos, no posee condena alguna, y mucho menos, firme. De manera que si respetamos el principio de inocencia, que es esencial en nuestro sistema y en nuestra Constitución nacional, tampoco podríamos recurrir a su artículo 66 a raíz de que no existe condena firme", afirmó Garré.
"Nosotros tenemos que juzgar la responsabilidad política del diputado De Vido, no la penal -respondió el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli-. Una cosa es la responsabilidad penal y otra cosa la responsabilidad política, que es la misma que cuando se juzga a cualquiera de los funcionarios sometidos a juicio político por la Constitución, y en este caso particular, a un diputado."
Al final, el diputado De Vido no fue expulsado; Cambiemos y los demás bloques que así lo propiciaban no reunieron los dos tercios de los votos que requiere la Constitución.
Igualmente, el oficialismo anticipó que buscará la revancha después del 10 de diciembre, cuando engrose su número en la Cámara baja.
La pregunta que surge, inexorable, es: ¿tendrá margen para ello? El fallo de la Corte Suprema sobre la candidatura de Menem parece validar la postura del kirchnerismo.
Tal vez sea hora de que el Congreso resuelva esta disputa y, ley mediante, imponga el criterio a prevalecer sobre el requisito de idoneidad. Por el bien de su integridad.