El presidente Pedro Sánchez aseguraba el lunes que su decisión de continuar al frente del Gobierno supondrá un punto y aparte tras su periodo de reflexión de cinco días ante lo que considera una campaña de acoso y derribo contra él y contra su esposa, Begoña Gómez. La metáfora de ese punto de inflexión, que puede ser válida en lo político, apenas tiene cabida sin embargo en lo económico, donde el Ejecutivo se encuentra con el doble compromiso ante la Comisión Europea de ceñirse a las reglas fiscales, por un lado, y de completar las reformas e hitos pendientes para poder acceder al resto de ayudas y préstamos de los fondos Next Generation, cuando el cuarto pago de 10.000 millones de euros sigue aún en el aire.
Los retos que suponen atajar el nivel paro estructural (el más elevado entre los países de la Unión Europea, al situarse en el entorno del 11%) y el acceso a la vivienda también siguen sobre la mesa del Presidente, que deberá ir más allá y no limitarse sólo a los compromisos anunciados en campaña de elevar el parque público de alquiler social en 186.000 inmuebles. Como ha advertido el Banco de España la solución a este problema, que se ceba con los colectivos más vulnerables como el de los jóvenes, requiere también de medidas estructurales en el ámbito del empleo, de la educación y desde el punto de vista fiscal.
Sobre los más inmediato, el cuarto desembolso de las transferencias a fondo perdido del programa NGEU, Bruselas dio a España dos meses de plazo en marzo -que expirarán el próximo 14 de mayo- para sacar adelante la reforma del subsidio de desempleo (el que cobran los trabajadores que han agotado su paro) que Podemos tumbó en el Congreso con su rechazo en enero. La solicitud del pago, que tenía que haberse producido en 2023, ya acumulaba meses de retraso por la convocatoria de elecciones anticipadas y las dificultades para formar gobierno.
Las fuentes consultadas dan prácticamente por hecho que el Ejecutivo no podrá sacarla adelante por la ausencia de apoyos suficientes, por lo que España probablemente reciba un desembolso parcial y no los 10.000 millones acordados. No es el único asunto en el que Bruselas vigila con lupa al país y al resto de socios. Este martes entran en vigor las nuevas reglas fiscales a nivel europeo con su publicación en el Diario Oficial de la UE. Estas permanecieron suspendidas durante cuatro año para hacer frente a los efectos de la pandemia, las crisis energética e inflacionaria y la invasión rusa de Ucrania.
Un ajuste necesario de más de 37.400 millones
Estas volverán a limitar la deuda y el déficit de los Estados miembro, aunque exigirán un proceso de consolidación más flexible y adaptado a la situación de cada país. La idea es que la reducción de las ratios de deuda y del déficit se haga de una manera gradual, realista, sostenida, que no comprometa el crecimiento y que proteja a la vez las reformas y la inversión en áreas estratégicas como la digital, la verde, la social o la de defensa. El nuevo marco también dará margen para políticas anticíclicas y abordará los desequilibrios macroeconómicos.
España, como el resto de estados, deberá presentar su plan nacional antes del 20 de septiembre y la Comisión diseñará una 'trayectoria de referencia' para aquellos donde la deuda pública supere el 60% del PIB o el déficit público se sitúe por encima del 3%. Como el endeudamiento público nacional está, además, por encima del 90% (cerró 2023 en el 107,7% del PIB), también será obligatoria una reducción de la deuda de un punto porcentual al año.
Organismos como la Autoridad Fiscal, el Banco de España, la Comisión Europea o servicios de estudios como los de Funcas -la Fundación de las Cajas de Ahorros- han incidido en que harán falta medidas adicionales a las planteadas por el Gobierno para lograr el ajuste necesario y recuerdan que una buena parte del proceso de consolidación se ha producido hasta ahora por el ciclo económico, que ya no será tan boyante. En concreto, hará falta un ajuste adicional de 37.427 millones entre 2025 y 2028 para ceñirse a las exigencias de déficit y deuda de Bruselas, en un contexto donde esa consolidación ya no podrá basarse sólo en el empuje del PIB.
El drama de la vivienda y las respuestas necesarias
Otro de los problemas ineludibles es el de acceso a la vivienda. Tanto, que se ha colado en las últimas campañas electorales (nacional y autonómicas) ante la constatación de que el menor dinamismo de los salarios en relación al alza de precios de los pisos -que prácticamente vienen subiendo de forma ininterrumpida desde 2014- está dejando fuera de este mercado a un colectivo cada vez más grande de población. Ese colectivo lo conforman hogares de baja renta, pero también jóvenes en general e inmigrantes.
El número de hogares de nueva creación ha aumentado a un ritmo mucho mayor que el de viviendas nuevas que se han puesto en el mercado y en su último 'Informe Anual' el Banco de España advierte de que el déficit de inmuebles nuevos alcanzará ya las 600.000 unidades en 2025. El mercado también se ha tensionado por la ausencia de políticas de suelo adecuadas, por el encarecimiento de los materiales de construcción, por la escasez de mano de obra especializada, el alza de la demanda mayorista y no residente (más especulativa) o por el auge de pisos turísticos y de alquileres de temporada, así como la subida de los tipos de interés y el endurecimiento del crédito. De ahí que el emisor reclame una respuesta que vaya más allá de un mero incremento de la oferta, que también es necesario.
Un paro estructural que dobla al europeo
Las medidas para atajar de una vez por todas el drama de la vivienda pasarían también por cambios de calado en el mercado de trabajo, otro de los retos económicos que siguen sin haberse solucionado tras la última reforma, que sí ha contribuido a mejorar algo la estabilidad en el empleo y a reducir la temporalidad. España sigue liderando la tasa de paro en Europa, tanto la general (11,5%), como la tasa de desempleo juvenil (28,2%) con datos de Eurostat a febrero.
El organismo que capitanea Pablo Hernández de Cos atribuye esa brecha con la media de la Eurozona (donde el desempleo se situó en el 6,5% ese mismo mes) al funcionamiento de nuestro mercado laboral y, en concreto, al de las políticas activas de empleo, al de las pasivas (como las prestaciones y subsidios) y a la negociación colectiva. A la entidad le preocupa también la evolución de la productividad, que apenas ha aumentado desde el comienzo de la pandemia.