La semana que comienza puede ser crucial para el Congreso Nacional porque se entiende que más temprano que tarde el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) enviará la nueva versión de la "Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos" que no logró pasar el filtro legislativo, el último verano.
Para evitar un nuevo traspié, el gobierno de Javier Milei distribuyó hace semanas a los gobernadores y referentes de distintas bancadas el borrador del nuevo texto. Aunque en el oficialismo remarcan que el proyecto todavía está sujeto a análisis y modificaciones, esta versión acortada de la iniciativa cuenta de 177 páginas que contienen el núcleo de la ley original, con facultades para el Presidente por un año y una amplia reforma del Estado con autorización para privatizaciones de empresas públicas y un blanqueo laboral.
"Declárase la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un (1) año", contempla el borrador del proyecto en el primero de sus 269 artículos, que sostiene los puntos que habían sido acordados en la Cámara de Diputados antes de que se empantane la discusión en particular.
Como complemento, el proyecto establece que el Poder Ejecutivo "informará mensualmente y en forma detallada al Honorable Congreso de la Nación acerca del ejercicio de las facultades delegadas y los resultados obtenido".
En relación a los principales puntos que contiene el nuevo texto, referentes del oficialismo nacional destacan la eliminación del capítulo fiscal, que el Gobierno presentó en la versión original y que luego se bajó para facilitar su tratamiento legislativo, y sostienen que que la reversión de las Bases puede sostenerse sobre cinco puntos fundantes.
Reforma del Estado
Es el nombre que lleva el segundo capítulo del marco normativo, y en referencia a los organismos de la administración central, el Gobierno establece la posibilidad de su "reorganización, centralización, transformación, fusión, escisión, disolución total o parcial y transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previo acuerdo que garantice la debida asignación de recursos".
Los cinco artículos de este capítulo buscan "mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común" con reducción de la estructura pública para "equilibrar las cuentas" y "transparentar el gasto".
Se dispone entonces la posibilidad de modificar, fusionar, transferir a otros organismos o gestiones e incluso disolver a prácticamente todos los entes de la Administración Pública, con el CONICET, las universidades nacionales y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) como los únicos excluidas de esta última opción. Lo mismo con los fondos fiduciarios.
Privatizaciones
El séptimo artículo del proyecto aparece la privatización de empresas públicas, que la iniciativa redujo de 40 a solo tres compañías: Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina y Radio y Televisión Sociedad del Estado.
También se prevé un esquema mixto, de privatización y concesión, para otras firmas como Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Correo Argentino, Corredores Viales, Belgrano Cargas, Sociedad Operatoria Ferroviaria y el Yacimiento Carbonífero Río Turbio. Excluye a las ya conocidas como YPF o el Banco Nación, que "sólo podrán ser privatizadas parcialmente debiendo el Estado Nacional mantener la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societaria".
En relación a las privatizadas, se establece a modo de contralor que "la Auditoría General de la Nación deberá realizar un examen respecto del proceso de privatización de cada una de las empresas, evaluando el cumplimiento de los aspectos legales y financieros, una vez finalizado el mismo y dentro de un plazo de treinta (30) días hábiles", y que también intervendrá la Sindicatura General de la Nación (Sigen).
El proyecto agrega que estos procesos deberán pasar por el Poder Legislativo a través de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, la cual "intervendrá en las privatizaciones que se lleven".
Empleo público
El texto establece que "el personal alcanzado por el régimen de estabilidad que resulte afectado por las medidas de reestructuración que comporten la supresión de órganos, organismos o de las funciones a ellos asignadas, quedará, automáticamente, en situación de disponibilidad por un periodo máximo de hasta doce (12) meses, conforme lo establezca la reglamentación". Luego de ese período, quedará desvinculado de hecho.
Se detalla además que estas personas "tendrán derecho a percibir una indemnización igual a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios".
Promoción de empleo
Para este punto, se mantiene la posibilidad de "regularizar las relaciones laborales vigentes del sector privado" iniciadas antes de la Ley Bases. Este proceso "podrá comprender relaciones laborales no registradas o deficientemente registradas".
También habrá condonación de deuda a empleadores con "falta de pago de aportes y contribuciones con destino a los Subsistemas de la Seguridad Social".
Competencia económica
El proyecto establece que "se prohíben las operaciones de concentración económica cuyo objeto o efecto sea o pueda ser restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar un perjuicio para el interés económico general". El artículo 71 decreta la creación de una "agencia de mercados y competencia" con amplias facultades, y de un tribunal de defensa de la competencia encargada de eventuales sanciones por incumplimiento.
Materia energética
En lo referente a energía hay una clara intención en promover inversiones y no establecer precios de referencia. "Los permisionarios y concesionarios tendrán el dominio sobre los hidrocarburos que extraigan y, consecuentemente, podrán transportarlos, comercializarlos, industrializarlos y comercializar sus derivados libremente, conforme la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo nacional", dice el texto. Y agrega que "el Poder Ejecutivo nacional no podrá intervenir o fijar los precios de comercialización en el mercado interno para ninguna de las actividades indicadas en el párrafo anterior", afirma el texto. En lo referido específicamente al gas, "quedan autorizadas las importaciones de gas natural sin necesidad de aprobación previa".
A la espera del borrador
Crece la expectativa por el texto final de la nueva Ley Ómnibus. Así como ocurrió durante el primer debate del primer planteo, los bloques de la oposición dialoguista enviaron al Gobierno de la Nación sugerencias y planteos sobre el borrador que comenzó a girar extraoficialmente en el Congreso en las últimas semanas. El problema inicial del primer texto enviado por Milei a la Cámara de Diputados fue que salió de comisión con 55 firmas a favor y 34 en disidencia. Esto implicó que en el recinto todavía haya desacuerdos en muchos puntos y que el oficialismo opte por retirar el proyecto antes que pasar por más modificaciones.
Para este caso, la Casa Rosada busca evitar estos errores y del lado de la oposición se mantienen a la espera de conocer el borrador final. Tanto el radicalismo como el bloque de Hacemos Coalición Federal hicieron llegar por escrito sus planteos. Según prometieron en el Poder Ejecutivo, el borrador final será girado a los jefes de bloque y gobernadores la semana que viene; el oficialismo espera que la discusión sea "breve" porque pretende dictaminar entre el 15 y el 20 de abril para poder debatir en el recinto el miércoles 24.
"No es como la original"
El diputado Alberto "Bertie" Benegas Lynch se refirió a la nueva Ley Bases y aseguró que "no tiene la misma potencia" que la original. La primera iniciativa contaba con 664 artículos redactados, que luego fueron recortados a 382. Esos ítems fueron retirados, según el legislador, "cuando el chantaje de los gobernadores llegó a un nivel, mismo en el recinto en el momento que se estaba votando". "Ahora, vamos al esquema del Pacto de Mayo; vengan gobernadores y construyamos una nueva Ley Bases, este último documento tiene que estar apoyado porque ha sido lo más discutido desde el momento uno", dijo.
Además, agregó: "Aunque te reconozco que creo que no tiene la misma potencia original que tenía la Ley Bases de Javier (Milei) con su equipo". Sobre la aprobación de la legislación, indicó que cuenta con "muchas voluntades" y que varios mandatarios provinciales comprenden la "importancia" de algunas cuestiones.
"Tanto los gobernadores como los diputados fueron necesarios en este proceso inicial, que no es querido, aunque hubiera deseado que fuera aprobado en primera instancia", señaló, en entrevista con Radio Mitre.
Conversaciones en la UCR
Pese a la interna en el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), se dice que los correligionarios podrían llegar a acordar una estrategia en común para colaborar con el Gobierno, siempre y cuando las reformas vayan en linea con lo que esperan. Este principio de acuerdo convive con un recrudecimiento de la interna, donde Martín Lousteau, presidente del Comité Nacional, profundiza sus críticas al Presidente mientras que Rodrigo De Loredo hace equilibrio entre el malestar en el bloque y sus guiños al oficialismo. Por un lado, el dirigente cordobés intenta mantener una postura eqilibrista que manifiesta que las ideas extremistas son protagonistas de la política argentina.
Por el otro, en el sector de Lousteau sobreabundan las críticas al liderazgo de De Loredo: "Se excede hablando bien del Gobierno", dicen.
Las diferencias dentro del partido persisten y se profundizan. Tanto es así que, según Infobae, algunos diputados habrían propuesto en reunión romper el bloque de la UCR en la Cámara de Diputados. Sin embargo, triunfó el consenso y la estrategia y determinaron que sería mejor "convivir con las diferencias".