Panamá y Colombia defendieron este viernes 5 de abril su manejo de la crisis derivada de la avalancha de migrantes irregulares que cruzan la peligrosa jungla fronteriza del Darién, tras las críticas de organizaciones humanitarias que acusan a ambos Gobiernos de haberlos abandonado, y pidieron más cooperación de la comunidad internacional.
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"El desafío de la migración trasciende a nuestros dos países, es un desafío regional y global. Y no aceptamos que se diga que hemos abandonado a la población en el Darién porque no es así. Colombia y Panamá han hecho grandes esfuerzos", dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Luis Gilberto Murillo, tras una reunión con su colega de Panamá, Janaina Tewaney, en la Cancillería panameña.
La organización Human Rights Watch (HRW) acusó el pasado miércoles a las autoridades de Colombia y Panamá de no estar "protegiendo ni asistiendo" a los miles de migrantes que cruzan el Darién, una cifra que superó los 500.000 en 2023, un máximo histórico, y de no investigar los abusos, incluidos los asaltos sexuales, de que son víctimas.
"Nosotros tomamos nota del informe (de HRW), pero también nos gustaría que se reconociera el esfuerzo de ambos países (...), somos los que estamos manejando en este momento la crisis (...); estos organismos que elaboran estos informes deberían ayudarnos también a solicitar mayor apoyo de la comunidad internacional en el manejo de los recursos, que es en algo que hemos coincidido también" Panamá y Colombia, afirmó la canciller Tewaney.
Ambos países enfrentan "un reto de tamañas proporciones" en cuanto al creciente flujo migratorio por el Darién, que "no es una ruta migratoria" sino una selva Patrimonio Mundial por la Unesco desde 1981, por lo que "hay muchas cosas" que se deben mejorar y de eso se trata "la coordinación" que intentan fortalecer Panamá y Colombia, reconoció la ministra.
El informe 'Abandonados en la selva: Protección y asistencia para migrantes y solicitantes de asilo en el Tapón del Darién' de HRW denuncia que los esfuerzos en la zona para garantizar el acceso a alimentación, agua y servicios básicos de salud son insuficientes, lo que afecta los derechos tanto de los migrantes como de las comunidades locales que han sido marginadas por años y sufren con altos índices de pobreza y falta de oportunidades.