El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado este lunes ante los miembros de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo que, si no se logra un acuerdo con el Partido Popular para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno "valorará otras alternativas". "Hay varias", ha dicho.
Bolaños ha mantenido una larga reunión de casi dos horas con los cinco presidentes de Sala del alto tribunal y los magistrados votados por sus compañeros para representarles en la Sala de Gobierno.
Ha sido su segunda cita institucional con el alto tribunal tras la reunión celebrada el pasado 21 de diciembre con el presidente en funciones del Supremo, Francisco Marín.
Este último encuentro estaba previsto para el 13 de diciembre, pero Marín lo anuló ante el "enorme malestar" que en todas las Salas de Supremo causaron los insultos y descalificaciones vertidos el día anterior por la portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Míriam Nogueras, contra el presidente de la Sala Penal, Manuel Marchena, los magistrados Pablo Llarena y Carmen Lamela y el expresidente del alto tribunal Carlos Lesmes.
Los ataques a los jueces no han sido obviados en la reunión de Bolaños con la Sala de Gobierno este lunes.
"Silencio inadmisible"
Manuel Marchena, el primero en tomar la palabra después de Marín, ha agradecido que Bolaños haya salido a defender a los jueces y también ha agradecido la disposición del nuevo equipo del Ministerio de Justicia. Pero ha expresado el "disgusto" de la Sala Penal por los "silencios del Gobierno" cuando se tacha a los jueces de delincuentes desde la tribuna del Congreso.
"El ministro de Agricultura puede estar callado en el banco azul. Y hasta se entiende que lo esté el presidente del Gobierno por sus compromisos políticos. Pero no es admisible que calle el ministro de Justicia", ha dicho Marchena en una intervención, respaldada minutos después por los magistrados Dimitri Berberoff, Susana Polo y Antonio del Moral.
Bolaños ha contestado que ha defendido "siempre" a los miembros del Poder Judicial y ha explicado que el día de las embestidas de Nogueras él no estaba en el Congreso, sino en el Senado, donde replicó descalificaciones similares vertidas por el portavoz de Junts en la Cámara Alta.
Con posterioridad al 12 de diciembre, los socios de investidura del PSOE (Junts, ERC, Bildu) e incluso Sumar (que forma parte del Gobierno) han repetido los ataques a los jueces delante de Bolaños.
Ocurrió así el 30 de enero, durante el debate de la ley de amnistía. El ministro de Justicia no respondió desde el hemiciclo, pero sí lo hizo en los pasillos del Congreso, después del pleno. "España es un Estado de Derecho, con jueces que ejercen su labor de manera profesional y con rigor", dijo.
"Alternativas" al pacto con el PP
Durante el encuentro con la Sala de Gobierno, el ministro se comprometió a renovar durante un año -y no solo seis meses, que vencen el próximo junio- a los 35 letrados de refuerzo extraordinario designados para paliar en lo posible la existencia de 25 vacantes de magistrados en las cinco Salas del Supremo, un tercio de su plantilla.
Esas plazas no se cubren porque el Gobierno promovió en marzo de 2021 una ley para impedir que el Consejo General del Poder Judicial, en prórroga de mandato desde diciembre de 2018, realice nombramientos en la cúpula de la Judicatura.
Berberoff ha preguntado a Bolaños si se ha planteado prolongar la edad de jubilación de los jueces en el caso de que no se consiga un acuerdo para renovar el CGPJ, de modo que la generación de vacantes se ralentice.
El ministro respondió que no, subrayando que el escenario por el que trabaja es el de la renovación del órgano de gobierno del Poder Judicial.
Pero a continuación añadió que, si no se lograse un acuerdo, "valoraremos otras alternativas". Sin desvelar cuáles, ni si una de ellas sería la rebaja de las mayorías en la elección de los vocales para poder prescindir del concurso del PP (lo que descartó Pedro Sánchez el pasado noviembre), Bolaños manifestó que "hay varias".
Durante el encuentro, la Sala de Gobierno ha insistido en la necesidad de aprobar el estatuto del Gabinete Técnico del Supremo, previsto en la ley desde 2015 y no desarrollado.
También se han reclamado medidas que hagan del Gabinete un destino atractivo para letrados y funcionarios.
La retribución salarial anual neta de los miembros del Gabinete Técnico es muy inferior a la de los letrados de órganos constitucionales como el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional.
A ello se añade la desigualdad salarial entre los letrados coordinadores en función de su cuerpo de origen, ya que los de procedencia no judicial no perciben el mismo complemento de destino.
El apoyo del Gabinete Técnico es imprescindible para el funcionamiento del alto tribunal. En la actual situación, el sobreesfuerzo de los magistrados y el trabajo desarrollado por los miembros del Gabinete Técnico está consiguiendo mantener los niveles de resolución del Supremo, pero no reducir la bolsa de asuntos pendientes.
El Tribunal Supremo comenzó 2014 con 46.758 asuntos pendientes, 3.138 más que al inicio de 2023.