Maritza Garcia tiene 63 años, vive en una pensión de Constitución y se dedica a la venta ambulante. A mediados de 2022 viajó a República Dominicana, su país de origen, para no perderse el velorio de su sobrino, Daury, de 23 años, quien falleció de un paro cardiorrespiratorio mientras intentaba ingresar a los Estados Unidos. Xoana Valiente vive en Escobar y trabaja como cartonera en la cooperativa de trabajo "18 de abril", y es militante del Movimiento de Ttrabajadores Excluídos (MTE). En mayo de 2023 la invitaron a participar de un congreso latinoamericano de recicladores urbanos, organizado en Bogotá, Colombia, adonde viajó gracias al aporte de sus compañeros. Rosa Pizarro realiza tareas comunitarias en la "Casa Pueblo" del barrio Carlos Gardel, en Morón. En julio de 2023 tuvo que regresar de urgencia a Perú porque su papá, que se quedó a vivir en aquél país, había sido internado de urgencia. Las tres tienen en común algo más que su pertenencia a las organizaciones de la Economía Popular: el Gobierno decidió darlas de baja del programa Potenciar Trabajo, el principal plan social del país, con la excusa de que sus viajes al exterior son una supuesta prueba irrefutable de que dejaron de ser pobres.
Las historias de Maritza, Xoana y Rosa –entre muchas otras más– forman parte de un amparo colectivo presentado por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) en el que se denuncia que las más de 22 mil bajas que decretó el Ministerio de Capital Humano en febrero de este año fueron irregulares, dado que los viajes a países limítrofes no estaban considerados como una "incompatibilidad" a la hora de percibir el beneficio. Además, exponen con claridad que los viajes no supusieron en absoluto que las víctimas de la poda hayan dejado de pertenecer a lo que en los términos burocráticos del Estado se conoce como "grupo de vulnerabilidad social".
Desde que está vigente la Resolución 82/2024, que puso en marcha la última poda de beneficiarios del plan, las oficinas de la calle 25 de Mayo de la cartera que conduce Sandra Pettovello estallaron de personas haciendo reclamos, "en filita y con DNI en mano", como había dicho la ministra que los iba a atender. Según pudo saber Página/12 en base a información interna del exministerio de Desarrollo Social, se debe que al menos un tercio de las suspensiones (más de 7 mil) se dictaron además de forma irregular, ya sea por mala praxis en el entrecruzamiento de datos o por simple malicia. En el listado de víctimas del recorte –al que también accedió este diario– figuran incluso casos insólitos, como duplicaciones de DNI y hasta cruces a países como Paraguay, Uruguay y Bolivia por pasos de frontera, con su sucesivo retorno al país luego de un par de días. Nada más lejos de las vacaciones de supuestos "piqueteros VIP" por Europa o el Caribe "con la plata de los contribuyentes" como quisieron vender el Gobierno y sus operadores mediáticos.
De hecho, la mitad de quienes fueron excluidos del beneficio –según el propio listado que elaboró la cartera de Pettovello– son personas migrantes, en su enorme mayoría de países limítrofes, lo que hace suponer que muchos cruzaron la frontera por tierra para visitar a sus familias por distintos motivos, como se explica en el amparo de UTEP. Algo que los funcionarios a cargo de ejecutar el recorte sabían de antemano, pero decidieron igualmente omitir el dato y no profundizar en las razones que llevaron a cada a uno a abandonar el país.
Es más, de las 22.500 personas que según Capital Humano viajaron al mismo tiempo que cobraran un plan, sólo 85 lo hicieron a destinos fuera de la región, algo así como el 0,38 por ciento del total de casos. Pero dentro de ese universo, inclusive, hay algunos errores flagrantes, como le pasó a Verónica Godoy –cuyo caso contó en este diario Laura Vales–, a quien le figura un supuesto viaje a Noruega que nunca hizo y que nunca podría haber realizado, porque ni siquiera tiene pasaporte.
El amparo de UTEP presenta otros casos más que dejan al descubierto la operación oficial para realizar la poda. A Juan Bautista Nehin Castro, por ejemplo, le dieron la baja por un viaje a Escocia en el que acompañó a su hermano Juan Pablo, que juega en la selección argentina de fútbol para sordos y participó de un torneo internacional. Juan Bautista es su intérprete en Lengua de Señas, y todos los costos del viaje lo asumieron familiares y amigos del equipo.
Por ese tipo de desaguisados, la cartera de Pettovello ya tuvo que dar marcha atrás con algunas de las bajas --algo que ya le había sucedido con otra poda a mansalva anterior, en enero, por motivos de "trabajo formal"-- pero el grueso se decidirá a partir de presentaciones judiciales individuales de los perjudicados por la resolución en cuestión o por la medida de las organizaciones, cuyo expediente espera todavía ser tratado por alguno de los juzgados del fuero Contencioso Administrativo, que por ahora no tomó la causa.
De todos modos, la medida de UTEP apunta a que al momento de las bajas, los viajes a países limítrofes no formaban parte de los causales de suspensión, por lo tanto deberían ser revisados en su conjunto. Por las dudas, el Gobierno decidió incluir ese causal de suspensión en el nuevo diseño del programa, que entró en vigencia la semana pasada.
Recortes al voleo
En el origen del desaguisado está la denuncia penal que presentó en 2022 el entonces diputado nacional y actual ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, por supuestas irregularidades en el manejo de los planes por parte del gobierno anterior. La causa la tomó el fiscal Guillermo Marijuán, que primero difundió una lista de supuestos beneficiarios que habían comprado dólares --una lista inflada, tal como reveló este medio--, y siguió con otros fraudes aparentes, entre ellos los viajes al exterior, que derivó en una primera poda que llevó adelante la exministra Victoria Tolosa Paz.
Esas bajas --y las actuales-- se hicieron en base a un cruce con datos de la Dirección Nacional de Migraciones que habían sido solicitados por la fiscalía de Marijuán. Los datos se cruzaron con el listado de beneficiarios del plan, y para el Ministerio fue suficiente para avanzar en el recorte, sin hacer un estudio a fondo de cada caso. Por lo que si efectivamente hubo algún fraude en el medio, terminaron pagando justos por pecadores, sin ningún tipo de rigurosidad en el manejo de datos sensibles de la población.
Para colmo, la gestión de Pettovello fue más allá y le envío los resultados del entrecruzamiento al fiscal Eduardo Taiano y también al propio Marijuán (en su condición de titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social) para que profundicen en la averiguación de los delitos de "defraudación a la administración pública" y de "incumplimiento de los deberes de funcionario público" de la gestión anterior. Pero podría tener un efecto inverso, dado que la enorme mayoría de las bajas fueron dadas a todas luces con errores evidentes (en medio de desmanejos que llevaron, por ejemplo, a las renuncias de Rodrigo Aybar a la subsecretaría de Economía Social y de Pablo Rodigué a la subsecretaría de Políticas Sociales) o directamente de forma discrecional, lesionando de forma adrede un derecho adquirido.
Al respecto, el amparo de UTEP destaca que las bajas se dieron "de forma genérica y entendiendo muy livianamente" dado que según Pettovello "un viaje a otro país, que podría haberse obtenido de un cruce de datos con Migraciones, constituye causa suficiente para a la pérdida de condición de vulnerabilidad". Y advierte que la poda se realizó "sin cumplir con las formalidades requeridas para cualquier accionar de la administración pública", las cuales "deberían ser mucho más rigurosas al momento de restringir derechos, sobre todo cuando se trata de primera necesidad y de carácter alimentario".