Un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico emitió una acusación formal contra Lionel Albino Galindo, de 52 años, residente de Vega Alta, PR, por explotación infantil.
Según documentos judiciales, desde febrero de 2024 hasta el 19 de marzo de 2024, Albino Galindo explotó sexualmente a una menor de 13 años. El acusado utilizó un teléfono celular y servicios de mensajería instantánea de Internet para persuadir, inducir, seducir y coaccionar a sabiendas a una menor de 13 años para que participara en actividades sexuales, que incluyen la producción de pornografía infantil.
Albino Galindo, a sabiendas, transportó a la menor para participar en actividades sexuales en varias ocasiones y produjo representaciones visuales de dicha conducta. El acusado también recibió pornografía infantil de la menor y le envió material obsceno.
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Albino Galindo enfrenta un cargo de coerción y seducción de un menor; un cargo de transporte de un menor con la intención de participar en una actividad sexual delictiva; un cargo de explotación sexual de niños; un cargo por recepción de pornografía infantil; un cargo por posesión de pornografía infantil; y un cargo de transferencia de material obsceno a un menor.
El acusado tiene programada su comparecencia inicial ante la corte hoy ante la jueza federal Giselle López-Soler del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.
De ser declarado culpable de los cargos de coerción, incitación y transporte de menores para participar en conductas sexuales ilícitas, el acusado enfrenta una pena mínima obligatoria de prisión de 10 años a cadena perpetua; por explotación sexual de niños se enfrenta a una pena mínima obligatoria de prisión de 15 a 30 años; por posesión de pornografía infantil y transferencia de material obsceno a un menor se enfrenta a hasta 10 años; y por recepción de pornografía infantil se enfrenta a entre cinco y 20 años de prisión; todos los cargos seguidos de un período de libertad supervisada de no menos de 5 años hasta cadena perpetua.
Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de Sentencia de EE. UU. y otros factores legales.
Este caso se presentó como parte del Proyecto Niñez Segura, una iniciativa nacional para combatir la epidemia de explotación y abuso sexual infantil lanzada en mayo de 2006 por el Departamento de Justicia.