El más urticante, luego de que zafara de la exclusión en la Cámara de Diputados, viene por la apelación del fiscal Stornelli a la negativa del juez federal Luis Rodríguez a desaforar y detener a De Vido en la causa por el fraude con la mina de Río Turbio.
El martes próximo la sala II de la Cámara Federal escuchará las posiciones del fiscal y de los ex funcionarios, como la ex mano derecha de De Vido, Roberto Baratta, quienes pidieron la exhimición de prisión.
Después esa sala del tribunal –la más independiente de los gobiernos de turno de los 90 hasta la fecha- decidirá si rechaza la apelación de Stornelli.
Seguramente, el fallo se conocerá después de las elecciones PASO del 13 de agosto para que una resolución trascendental no quede teñida por la política.
El fiscal planteó un argumento de peso: De Vido "conserva aún poder" como para obstruir pruebas o presionar testigos.
Basta solo con corroborar que es el presidente de la comisión de Energía de Diputados y muchas de sus causas judiciales están vinculadas con negociados con la energía.
Todo sin contar que existirían "cajas" políticas llenas con la plata de sobornos para financiar la estrategia judicial K y que explican muchas cosas.
Esa sala II está integrada por los jueces Horacio Cattani, Eduardo Farah y Martín Irurzún, que son los mismos que el año pasado confirmaron la prisión preventiva de Lázaro Báez y otros en la causa de la ruta del dinero K dispuesta por el juez Casanello sobre la base de un intento de fuga y de presiones sobre empleados de la financiera "La Rosadita".
Esta resolución, la sala II ya marcó un camino distinto al excesivo garantismo judicial que mide la conducta de los corruptos con la regla clásica del individuo indefenso frente al poderoso Estado.
Stornelli citó convenciones de la OEA y la ONU que advierten que, en estos tiempos de la globalización, en realidad la justicia enfrenta funcionarios o ex funcionarios que son parte de organizaciones integradas por abogados, contadores, banqueros e incluso ex espías que les permiten zafar de la Justicia y lograr la impunidad con el respaldo de plata negra. Además, la Justicia parece vivir dentro de una campana de cristal.
La diputada de Cambiemos y mano derecha de Elisa Carrió, Paula Olivetto, se cansó de denunciar, por ejemplo, en los medios que el ex titular de AySA Carlos Ben "se reúne con actuales gerentes de la empresa estatal en un bar de la esquina para que le cuenten la marcha de las investigaciones y pedir favores". Pero nadie reacciona en Comodoro Py.
Basta con algunos números para confirmar la presunción del financiamiento negro: peritajes demostraron que se pagaron sobreprecios por 800 millones de dólares a Odebrecht por los gasoductos y 500 millones de pesos por la plaNta de potabilización de AySA del Delta.
Mientras, se investiga cómo más 265 millones destinados a Río Turbio se desviaron a bolsillos de funcionarios. Como dijo el fiscal "la magnitud" de estas cifras habla por sí sola.
En doce años como ministro, De Vido manejó 143 mil millones de dólares en contratos públicos lo que equivale a un tercio del PBI de la Argentina. Mucha plata y los mismos personajes.
Stornelli destacó en su apelación que cómo podía ser que todos los segundos de De Vido están procesados y/o presos, como por ejemplo el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y el ex secretario de Obras Públicas, José López, y su jefe goce de la libertad.
Luego de años de apelaciones, el mismo fiscal logró que se reabriera la causa Skanska en la que también están imputados De Vido, López, el ex titular de Nación Fideicomisos Néstor Ulloa y el ex titular del Enargas Fulvio Madaro, tres de los acusados ayer por su colega Pollicita en la causa gasoductos.
Fuentes judiciales que conocen la jurisprudencia de la sala II de la Cámara Federal afirmaron que para De Vido habrá "un nuevo camino" que estaría más cerca de la posición de Stornelli que la clásica del juez Rodríguez que sirva como antecedente para los otros que vendrán después.
Será algo mucho jurídicamente mucho más sutil que seguir la regla de todos libres o todos presos.
Otro frente para De Vido es el del juicio oral de la Tragedia de Once. Paolo Menghini –padre de unas de las 51 víctimas- está cansado de responder "maniobras de la defensa de De Vido para estirar el inicio del juicio".
E indignado porque el juez de la Cámara Nacional de Casación Penal, Eduardo Righi, estudia desde diciembre del año pasado la condena a prisión al ex secretario de Transporte K Juan Pablo Schiavi y a los Cirigliano, entre otros, para decidir si deben ir o no a prisión y no hace circular su voto para que se llegue a una decisión.
La condena de 8 años de Schiavi es un espejo para De Vido en esta causa. Pero anoche circulaba una versión en Comodoro Py según la cual uno de los jueces que investiga otra de las 30 causas contra De Vido estaría preparando un pedido de desafuero y detención.
Por lo pronto, Bonadio lo intimará en los próximos días para que se presente en su juzgado a 30 días de haber sido procesado en la causa por los subsidios al gas oil, condición para no ser detenido.