Bogotá
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, le envió una carta al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en la que le solicita convocar a una sesión de carácter extraordinario y presencial de una sesión de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, CIPRAT, con el objetivo de que sea abordada la grave situación de riesgo y amenaza a la que están expuestas las comunidades de Miranda, Corinto, Caloto, Toribío, Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Caldono, Jambaló, Puerto Tejada, Padilla, Villa Rica y Guachené, en el norte del Cauca, por la suspensión del cese al fuego bilateral con el Estado Mayor Central de las Farc.
"Con la suspensión del cese al fuego bilateral en ese lugar del país, se incrementaría la instalación de campos minados, el reclutamiento forzado, mayor instrumentalización de la población civil por parte de organizaciones armadas al margen de la ley, entre otros hechos".
Según las alertas de la Defensoría del Pueblo, los ataques de los grupos armados estarían dirigidos contra la población civil, como forma de presión para que no se permita la presencia de la fuerza pública en zonas rurales. La entidad ha evidenciado la preocupación de la población civil por las formas de regulación de la vida social, económica, cultural y política, ya que, mediante el uso de la fuerza y otras acciones de control, vienen adelantando el Estado Mayor Central de las Farc, el ELN y las bandas criminales.
El control social en las comunidades también se da con la imposición de normas y carnetización para entrar a ciertos territorios, con la instalación de pancartas alusivas a los grupos armados ilegales, retenes ilegales, panfletos en los que dan pautas de comportamiento, presión a los líderes y autoridades tradicionales para que lleven mensajes a sus comunidades, para que reúnan la población o realicen asonadas.
Ante la crítica situación en el norte del Cauca la Defensoría del Pueblo pide medidas urgentes que sean implementadas de manera inmediata buscando proteger a la población civil que es la afectada directa por el conflicto armado.