La Policía Nacional ha dirigido, supervisado y coordinado directamente la seguridad de la princesa Amelia de Holanda, la heredera al trono de los Países Bajos, durante su estancia secreta en Madrid a lo largo del último año, oculta y alejada de la mafia que la había amenazado de muerte en su país.
La capital de España ha sido su refugio debido al riesgo y la amenaza real que existía de que fuese asesinada por uno de los clanes de la Mocro Maffia, la banda del crimen organizado más poderosa y temida de Europa.
La princesa llevaba, al igual que la familia real de ese país, amenazada de muerte durante años por uno de los clanes más poderosos de esta organización criminal de inmigrantes marroquíes de segunda generación. Se trata del clan de Ridouan Ridouan Taghi, el líder más temido de una de las principales familias mafiosas del continente, encarcelado desde hace años y que se encontraba entonces a la espera de juicio.
La Mocro Maffia, según revelan a EL ESPAÑOL fuentes del ministerio de Interior conocedoras del riguroso operativo de seguridad que se ha desplegado en torno a la heredera al trono en el último año, había puesto precio a su cabeza.
Las autoridades sospechan que Ridouan Taghi puso sobre la mesa una jugosa recompensa a quien la secuestrara, ya que tenía intención de emplearla como moneda de cambio para poder él abandonar la prisión y obtener beneficios de cara a la previsible condena que se le venía encima. También se sospecha que el líder de esta familia mafiosa incluso llegó a ofrecer más dinero, una suma millonaria, para acabar con la vida de la heredera.
Según revelan a EL ESPAÑOL fuentes del Ministerio del Interior, la princesa Amalia estuvo viviendo hasta finales de 2022 totalmente encerrada en el palacio real de la monarquía holandesa. Pero sus familiares decidieron que Amalia acudiría a estudiar a Madrid.
Desde el primer momento en el que Amalia llegó a la capital española y se instaló en un apartamento de un céntrico barrio de Madrid, los especialistas de la Policía Nacional se pusieron a velar por su seguridad. Lo hicieron tras el encargo del Gobierno de España y la Casa Real española, para protegerla de cualquier intento de ataque contra su persona.
La princesa Amalia ha estado, en todo momento, custodiada por un dispositivo de Policía Nacional, coordinado por la Brigada Central de Crimen Organizado de la UDYCO Central. Es la misma brigada desde la que ya se había dirigido la detención en Barcelona de uno de los asesinos del periodista holandés Peter R. De Vries y de Ayoub Taghi en Marbella, primo del principal capo de la Mocro Maffia y uno de sus principales lugartenientes.
De la Comisaría General de Seguridad Ciudadana han participado agentes de la Brigada Central de Protecciones Especiales. En concreto, de la SODE (Sección Operativa de Dispositivos Especiales), así como su Grupo Táctico de Reacción, el STR.
En dispositivo han participado también agentes expertos en antiterrorismo. La Princesa Amalia ha estado custodiada 24 horas al día, los siete días de la semana por un amplio grupo de policías que cubrían todos los frentes: desde contravigilancias, hasta seguridad estática o dinámica.
La idea, señalan las fuentes consultadas, era que la joven pudiera desempeñar la vida más normal posible y evitar cualquier intento de acabar con su vida.
Este hecho se ha llevado con absoluto secretismo y la mayor cautela hasta que lo ha reconocido esta semana la familia real de Holanda. En meses anteriores ya habían trascendido vídeos de la joven heredera en la capital, pero siempre se explicaron públicamente como que había ido de visita a ver a alguna persona cercana.
Lo cierto es que se ofrecía esa versión para protegerla y evitar mencionar que en realidad Madrid se había convertido en su escondite de la mafia que ha atemorizado en los últimos años a su país.
Hace unas semanas, a Tagghi le condenó la justicia de su país a cadena perpetua en el marco de la llamada Operación Marengo. Por eso, la familia real de ese país entiende que el peligro ha pasado ya y la heredera puede regresar al país.
Mafia sin jerarquía
En Holanda, las mafias han aumentado desde 2017 su nivel de violencia contra las instituciones y autoridades. Han llegado a atacar con un lanzacohetes un medio de comunicación, el Panorma. También han abandonado un coche en llamas frente al edificio del periódico Telegraaf.
También hay periodistas, como John van den Heuvel, que necesitan escolta las 24 horas y un tercio de los jueces admiten que trabajan de otra forma por culpa del crimen organizado. El clan de Ridouan Taghi, precisamente, asesinó a uno de los reporteros de investigación con mayor reputación del país, Peter de Vries, en 2019.
En el caso Marengo, la principal macrocausa contra la organización de Taghi, los fiscales y jueces del caso no actuaban nunca con su nombre y a los medios de comunicación del país se les indicó que bajo ningún concepto revelasen esos datos.
El ex primer ministro Mark Rutte fue obligado por el servicio secreto a cambiar su rutina porque averiguaron que sicarios de Ridouan Taghi le estaban realizando seguimientos cuando iba en bicicleta. Rutte siempre circulaba en bici para acercarse a su puesto de trabajo, y por culpa de la Mocro Maffia, no lo ha podido realizar más.
Sin embargo, a lo largo de los últimos años, la amenaza de la Mocro Maffia más sonada a nivel internacional ha sido la proferida contra la princesa Amalia de Holanda. Los servicios de seguridad advirtieron de amenazas serias contra su vida, y tuvo que abandonar la residencia de estudiantes de Ámsterdam, en la que se encontraba para vivir de nuevo en el palacio real de La Haya. Aquello ocurrió en 2022.
La Mocro Maffia, aun con sus principales líderes detenidos, mueve más cocaína que nunca y tienen más poder adquisitivo. La organización está compuesta por clanes autónomos que pugnan por manejar las mejores rutas de cocaína. Al no funcionar como otras mafias, como la Cosa Nostra, que responden a una jerarquía, los niveles de violencia son muy elevados.
En España, no fue hasta el verano de 2018 cuando se hizo evidente que se habían instaurado en nuestro país, aunque la Policía Nacional ha conseguido frenar el auge y la penetración de estas organizaciones.