Suspensión extendida para el canciller de Colombia, Álvaro Leyva, por investigación de irregularidades
La Procuraduría de Colombia ha prolongado la suspensión del canciller Álvaro Leyva mientras continúa la investigación sobre las presuntas irregularidades en la licitación de pasaportes.
Álvaro Leyva, el canciller de Colombia, permanecerá suspendido de sus funciones por otros tres meses, hasta el 24 de julio, mientras la Procuraduría continúa investigando las presuntas irregularidades detectadas en el proceso de licitación de pasaportes en el país. La decisión se tomó justo cuando se cumplían los primeros tres meses de suspensión impuestos en enero de este año.
La Procuraduría señaló que Leyva podría haber incurrido en dos faltas disciplinarias consideradas como gravísimas y cometidas a título de dolo. Según el ente de control, Leyva declaró desierta la licitación de pasaportes en 2023 «sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos», lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal. Además, se le acusa de declarar una urgencia manifiesta sin que aparentemente existieran causales que justificaran esa decisión.
Durante este período de suspensión, Luis Gilberto Murillo continuará desempeñándose como canciller encargado, rol que asumió por nombramiento del presidente Gustavo Petro tras la primera suspensión de Leyva.
La Procuraduría justifica la extensión de la suspensión argumentando que si Leyva volviera a sus funciones podría darse la reiteración de la falta en el actual proceso licitatorio. Además, indicaron que su reintegración podría permitirle interferir de manera nociva en el proceso actual, dado su poder sobre los servidores públicos citados como testigos.
La controversia también ha impactado a otros funcionarios, incluida la exdirectora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, quien fue destituida tras críticas por su gestión en la defensa del caso. Además, la empresa que ha producido los pasaportes colombianos durante los últimos 17 años, Thomas Greg & Sons, anunció en diciembre una demanda contra el Estado por aproximadamente 29,8 millones de dólares, tras la anulación del contrato.