El proyecto presentado por el intendente de Mendoza, Ulpiano Suarez para multar a las viviendas y comercios desocupados, volvió a poner en foco la difícil situacional habitacional de la Provincia de Mendoza, pero a la vez expuso esta contradicción de que mientras la posibilidad de acceso a la casa propia es mínimo, hay otras que están desocupadas siendo un potencial peligro de convertirse en "aguantaderos", lo que quiere evitar el intendente capitalino. Cuáles son los antecedentes de este proyecto.
Primero hay que decir que a partir de esta iniciativa subyacen varios aspectos: el déficit habitacional, la falta de acceso a créditos hipotecarios, las usurpaciones y el abandono de propiedades sobre los que hay una responsabilidad civil, lo caro que resulta heredar, ente otros.
Empezando a desglosar, vamos a hablar sobre la dificultad de tener la casa propia. Según las estimaciones del Gobierno Provincial, en la provincia el déficit habitacional era hasta hace un año de 110.000 casas. El dato surgía de los pedidos que las personas hacen en cada municipio, en el Registro de Necesidades Habitacionales (RENHABIT). Sin embargo, cabe plantearse si el dato es representativo, teniendo en cuenta que muchas de las familias que hoy no cuentan con casa propia podrían no haberse inscripto en este registro.
Lo cierto es que a un ritmo de 2.000 viviendas por año (el promedio histórico que maneja el Instituto Provincial de la Vivienda) -con un déficit frenado en 110.000-, se necesitaría más de medio siglo para subsanar estas necesidades habitacionales.
Otro dato relevante es el que surge del último censo nacional de población -de 2022-, que muestra que en la Provincia de Mendoza el 40% de las familias (708.354 viviendas particulares y 1.744 viviendas colectivas) no tiene casa propia, mientras la media nacional es del 35%. Y, precisamente,Capital es el departamento con los peores índices de tenencia, en donde la tenencia es solo del 48,6%.
En relación al proyecto presentado por Ulpiano Suarez ante el Concejo Deliberante de Capital, se destaca que en el departamento hay más de 1.300 propiedades abandonadas (entre casas y locales comerciales) y 1.064 baldíos.
Al no existir ese censo, no se sabe con certeza los motivos por los cuáles esas propiedades permanecen ociosas, pero se tiene conocimiento de que muchas están en trámites de sucesión, que por los valores muchas veces se dilatan en el tiempo.
En qué consiste el proyecto
En el caso de los lotes, ya se aplica una sobretasa. Ahora, lo que se busca es avanzar con un cargo "extra" a todas aquellas casas abandonadas, para evitar que se conviertan en "aguantaderos", según señaló el propio intendente.
El objetivo es "combatir la ociosidad de propiedades inmobiliarias en la Ciudad de Mendoza". Por eso, pretende el cobro de una sobretasa a aquellos inmuebles que, sin justificación, permanezcan desocupados o en estado de improductividad por un período mínimo de cuatro meses.
El proyecto, que ingresó al Honorable Concejo Deliberante modifica el Código Tributario vigente y busca abordar "la problemática de estos espacios que, aunque se encuentran disponibles para su habitabilidad o uso comercial, permanecen vacíos, generando inconvenientes en términos de seguridad, higiene y salubridad".
Así, se pretende cobrar una tasa adicional por inspección y control de seguridad e higiene, además de las tasas municipales correspondientes. Según explicaron, "el objetivo de esta sobretasa es fundamentalmente de carácter social, ante el interés público de desalentar la existencia de inmuebles ociosos o desocupados que generen ámbitos propicios para la perpetración de hechos delictivos, ocupaciones ilegales e inseguridad en su entorno". "A su vez, su potencial riesgo de ser susceptibles de intrusión o vandalismo afecta negativamente la calidad de vida de los vecinos", agregaron.
Para determinar qué inmuebles se encuentran en dicho estado, se llevará a cabo un censo en cada zona, por parte del personal municipal, junto con la verificación de denuncias de vecinos y otras formas de inspección.
Asimismo, se establecen algunas excepciones a la aplicación de esta sobretasa. Se trata de los inmuebles en proceso de refacción o mejoras, aquellos ofrecidos en alquiler o venta por un período limitado, así como situaciones de desocupación justificadas por causas de fuerza mayor, las cuales serán evaluadas caso por caso, por la autoridad competente.
Los fondos recaudados mediante esta normativa se destinarán a incrementar los recursos destinados a la seguridad y otras áreas relevantes, contribuyendo, así, a mejorar la calidad de vida de los vecinos y el entorno urbano en general.