El último viernes, el Ministerio Público y la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la PNP realizaron un operativo de allanamiento, con fines de incautación, a la vivienda de la presidenta Dina Boluarte, ubicada en el distrito de Surquillo, y en Palacio de Gobierno.
La jefa de Estado es investigada por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos en el marco del caso Rolex.
De acuerdo con el acta de incautación, al que tuvo acceso la Unidad de investigación de Cuarto Poder, la documentación del reloj Rolex que pertenecería a Boluarte se halló en uno de los ambientes de la casa que es utilizado como biblioteca; sin embargo, no se ubicó dicho accesorio.
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Se trata de un tarjetero con una descripción "Rolex" de color verde, conteniendo en su interior un cuadernillo verde con la descripción "Warrantty Booklet" "WOLRDWIDE SERVICE".
El certificado de garantía que se encontró corresponde al de un Rolex modelo 126284BRB. En la web de dicha marca, ese código corresponde al modelo Datejust 36, cuyo precio oscila entre los US$ $8,800 y los $25,300 en la casa Banchero.
Un día después de la diligencia, la jefa de Estado, quien estuvo acompañada de su Gabinete Ministerial, negó en un pronunciamiento que haya existido rebeldía o rechazo de su parte hacia la investigación fiscal en su contra.
"Entré a Palacio de Gobierno con las manos limpias y así me retiraré en el año 2026″, aseguró Boluarte. En esa línea, hizo un llamado a los peruanos a "defender la democracia, el Estado de derecho y la Constitución".
Sin embargo, surgen diferentes preguntas sobre la situación legal de la mandataria tras el allanamiento a su vivienda.
¿Es desproporcionado el allanamiento a la casa de la presidenta?
En diálogo con la prensa, el premier Gustavo Adrianzén, quien estuvo al lado de algunos ministros de Estado, calificó de desproporcionada e ilegal el allanamiento realizado a la vivienda de la jefa de Estado.
"Consideramos absolutamente desproporcional, injustificado, ilegal e inconstitucional la acción que se ha realizado", indicó tras precisar que Boluarte solo dará declaraciones sobre el caso Rolex ante el Ministerio Público.
Consultados por Gestión, el abogado penalista Andy Carrión y el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado rechazaron las afirmaciones del premier y aseguraron, por separado, que la medida impulsada por la Fiscalía y, posteriormente, ordenada por el Poder Judicial, es completamente legítima.
"Es muy tendenciosa esa declaración unánime de muchos políticos y del premier. Es tendenciosa porque (el allanamiento) no es ilegitimo. Esa acción está legitimada por la norma, que habilita al fiscal de la Nación indagar preliminarmente a la presidenta y, en segundo lugar, implementar todas las medidas que abarcan precisamente una indagación preliminar, como es pedir la exhibición de los relojes, incautar, allanar y solicitar el levantamiento de los secretos", dijo Carrión.
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En la misma línea, Maldonado calificó de temerario e irresponsable el pronunciamiento realizado por Adrianzén al recordar que hay una normativa que avala y justifica la decisión de allanar la vivienda de Boluarte.
"Esta es una investigación judicial, el premier y los ministros no tienen por qué involucrarse y sostener cosas tan a la ligera (…) su conducta (del premier) está en el límite del encubrimiento, deberían pensarlo muy bien antes de hablar", apuntó.
Tras el allanamiento a la casa de Boluarte, ¿qué otra medida se podría dictar en su contra?
Carrión recordó que la presidenta, al tener inmunidad, no puede ser detenida preliminarmente ni tampoco puede dictarse otra medida coercitiva más gravosa en su contra.
En ese sentido, dijo que el allanamiento a su vivienda, en esta etapa, es lo máximo a lo que podría llegar el Ministerio Público.
Sin embargo, el penalista enfatizó que sí podrían insistir en solicitar el levantamiento del secreto de las comunicaciones de Boluarte, que fue rechazado por el juez de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley.
"La Fiscalía lo que puede hacer es insistir en eso y, para ello, tiene habilitada la apelación que tendrá que verla la Sala Suprema que preside el juez (César) San Martín (…) el secreto de las comunicaciones es lo más sensible, porque con eso se podrá cruzar información", dijo tras precisar que la Fiscalía también podrá solicitar el levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil de la mandataria.
Para Maldonado, el Ministerio Público puede y debe avanzar todo lo que sea posible en términos de investigación, tanto a nivel preliminar como en actos de investigación que corresponden a la etapa preparatoria.
"Me parecería importante que llamen a declarar a presuntos participantes como terceros, como por ejemplo, Wilfredo Oscorima y César Acuña (…) si fuera el fiscal a cargo de la pesquisa no me limitaría a solo enfocarme en el funcionario público (Dina Boluarte), incluso la conducta del premier y de algunos ministros ya estarían, a mi modo de ver, en el límite de encubrimiento, podrían ser también comprendidos", sostuvo.
¿Por qué no se incautaron los relojes de la presidenta encontrados en Palacio?
El abogado de Boluarte, Mateo Castañeda, indicó en una entrevista en RPP que su clienta tiene una variedad de relojes, de los cuales, aproximadamente 10 fueron encontrados en la habitación de la residencia presidencial en Palacio de Gobierno.
En ese sentido, precisó que dichos artículos no fueron exhibidos por la jefa de Estado durante las diligencias, sino que fueron hallados por el personal fiscal y policial en dicha habitación. Según dijo, estos accesorios no fueron incautados, sino solo examinados.
Esto, a pesar de que la orden de allanamiento aprobado por el juez Checkley autorizaba incautar los "relojes Rolex y documentos que guarden relación con los delitos investigados".
"Han constatado los relojes, han tomado fotografías y no ha sido incautado ningún reloj", acotó; sin embargo, no supo precisar si uno de estos accesorios eran de la marca Rolex.
Respecto a este tema, tanto Maldonado como Carrión cuestionaron la decisión del Ministerio Público de no decomisar estos relojes, pese a que son un elemento esencial en la investigación que se le sigue a la presidenta por presunto enriquecimiento ilícito.
"Los relojes y su procedencia son un elemento esencial que activó la sospecha del Ministerio Público para iniciar la investigación contra Boluarte en fase preliminar, de tal manera que la incautación de estos accesorios habrían permitido la realización de unas pericias técnicas para que no quedase duda alguna de su procedencia, pero, sobre todo, para evitar cualquier intento de sustituirlos, como se dijo que pudo haber ocurrido con relojes falsos", enfatizó Maldonado, tras calificar de error la decisión fiscal.
En tanto, Carrión consideró que el Ministerio Público pudo haber solicitado la orden de inmovilización de estos objetos, tal como se hizo en un caso similar que involucraba al exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry.
"Los objetos se pueden inmovilizar y luego se va al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria para decirle que aquí hay unos objetos vinculados al delito que ameritan una nueva decisión o ampliar su decisión inicial, mientras tanto, están inmovilizados. Eso hubiera hecho la Fiscalía, pero no lo hicieron", cuestionó.
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¿Procederá el hábeas corpus en favor de Boluarte?
El recurso fue presentado por el abogado Marco Riveros, quien alega una presunta vulneración de derechos de la mandataria. Según sostiene, el actual fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, no tendría atribuciones para la investigar a la presidenta al no haber jurado ante ella.
"Se trata de un fiscal deslegitimado, por ende, todas las actuaciones procesales realizadas hasta esta fecha para investigar a la presidenta de la República del Perú son nulas", se lee en mencionado documento.
Entre los argumentos expuestos por la defensa, solo el fiscal de la Nación puede investigar a un mandatario. No obstante, señala en que el operativo contra la mandataria no fue ejecutado por el titular del Ministerio Público.
Al respecto, tanto Carrión como Maldonado coincidieron en que la presidenta puede presentar cualquier recurso judicial; no obstante, consideraron que este habeas corpus no prosperará.
"El hecho de haber sido admitido a trámite no dice nada, porque el nuevo Código Procesal Penal dice que todos los habeas corpus tienen que ser admitidos. En este caso, la consecuencia de si se acepta este recurso es que se anularía esta diligencia y todo lo allanado se anularía como prueba", acotó Maldonado.
"El fiscal de la Nación interino tiene competencia para investigar a un presidente en el ejercicio de sus funciones y si este no ha jurado ante la presidenta es una formalidad que no quita o enerva la competencia que ostenta. No hay inconveniente", remarcó.
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Periodista egresado de la Universidad Nacional Federico Villareal, con especialidad en política, sociedad y análisis de datos. En el año 2017 ingresé al Diario Gestión y actualmente cubro temas judiciales y parlamentarios.