Anoche, el texto en cuestión estaba en conocimiento de las distintas fuerzas. El mismo establece que las dietas pasarían a estar conformadas por 2.500 módulos -hoy, cerca de los $1.700-, más un adicional de 1.000 módulos por gastos de representación, y 500 módulos de adicional por desarraigo.
En el recinto, quien tomó la posta fue el senador del peronismo disidente Juan Carlos Romero, que solicitó la incorporación del proyecto de resolución 615/24 -aún no está cargado en la web de la Cámara alta- y pidió habilitarlo sobre tablas. Se necesitaban dos tercios. Villarruel puso la definición a mano alzada y, pese a que algunos legisladores no lo hicieron, quedó convalidada.
Seguido a ello, la iniciativa se votó sin debate y con la misma mecánica. Según reconstruyó este medio, el oficialismo no acompañó. Tampoco un puñado del Pro y otros del radicalismo, como el titular del centenario partido, Martín Lousteau.
Qué pasó en marzo
El pasado, Menem y Villarruel desactivaron la suba otorgada a fines de febrero último, cuando acordaron y convalidaron un aumento del 16% a partir del 1° de enero de 2024, y del 12% más acumulativo desde el 1 de febrero. La variación acumulada respecto a diciembre último era del 29,92%.
En la resolución se dejó en claro que quedaba anulada "a partir del 1 de enero" pasado -retroactivo- la resolución conjunta 13/11 "suscrita por Amado Boudou y Julián Domínguez, en lo que respecta a la equiparación y movilidad automática de la Dieta, Gastos de Representación y Desarraigo que perciben los diputados y senadores nacionales". Eso no corrió para el resto de los empleados legislativos.
Si bien la dieta de los senadores y diputados estaba atada a la paritaria de los trabajadores del Congreso, eso se interrumpió en 2021, en medio de la pandemia y un contexto de descontento generalizado con la dirigencia de todos los partidos, con fuertes cuestionamientos a los gastos de "la política". En aquel momento, las autoridades habían decidido "desenganchar" las dietas de los legisladores de los acuerdos salariales de los empleados.
En ese sentido, se firmó una resolución que estipulaba que cualquier aumento de los haberes de los legisladores debía ser "tratado y aprobado por el pleno de ambas Cámaras". La estrategia buscaba contener el reclamo de incrementos, ya que los legisladores evitarían votarlo en el recinto para evitar las críticas públicas.
Sin embargo, en noviembre de 2022, cuando se negoció el último tramo de la paritaria de ese año, se derogó el artículo 2 de la Resolución Conjunta 03/2022 y los aumentos de dieta volvieron a estar "enganchados". Todo esto fue explicado por este medio el 23 de febrero pasado.
En el Congreso, tanto las autoridades, legisladores y empleados sabían a la perfección lo que se había consensuado con los gremios a fines de febrero pasado. Es decir: Menem y Villarruel conocían al detalle la negociación en cuestión, y por eso la defensa que realizó en ese entonces la vicepresidenta y titular del Senado, incluso, cuando presentó sus argumentos a la Casa Rosada.
A diferencia de Villarruel, Menem olvidó rápido lo que firmó su secretaria administrativa -quien maneja la caja de la Cámara baja- y se alineó con la postura de Milei. Primero, sostuvo que enviaba un proyecto. Más tarde entró en razón y convalidó el desenganche de legisladores, mientras que la titular de la Cámara alta lo hizo más tarde. El método fue el de una nueva resolución conjunta.
"Mantener la vigencia de la resolución conjunta -la que permitió la suba- representaría necesariamente la actualización de la dieta, gastos de representación y desarraigo de los señores legisladores", expresa la nueva normativa. Y luego agrega que "en este contexto de esfuerzo que realizan los argentinos, quienes tenemos responsabilidad pública debemos adoptar medidas en consecuencia".