El juez de control penal de Pachuca, Luis Raúl González Becerra, dictó prisión preventiva justificada al candidato a diputado local del Partido del Trabajo (PT), Armando "N", acusado del uso ilícito de atribuciones y facultades agravadas por el desvío de 5 millones 770 mil pesos de la cuenta pública de 2022.
El juzgador consideró que existen elementos suficientes para establecer la prisión contra el alcalde con licencia de Progreso de Obregón, quien permanecerá recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca, debido a que se acogió a la duplicidad de término de 144 horas para desarrollar la audiencia inicial contra el edil.
Sigue leyendo:
La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) acusó al alcalde con licencia del desvío de más de 5 millones de pesos durante el ejercicio de la cuenta pública, mismos que no fueron justificados, razón por la cual la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) abrió la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.
El auditor estatal Jorge Valverde Islas informó que en total suman 11 municipios que han sido denunciados por su presunta responsabilidad en el esquema de desvíos de recursos económicos, debido a que los municipios no justificaron las observaciones sobre los montos no comprobados.
PT acusa de persecución política al gobierno de Hidalgo
Al respecto, la dirigencia estatal del PT acusó de persecución política al gobierno estatal para detener a un x que tiene posibilidades de ganar en la contienda del 2 de junio, por lo cual la militancia del partido de la estrella expresó su apoyo al aspirante a legislador local.
Asimismo, exigió que se respeten los derechos civiles y políticos del alcalde con licencia con transparencia y apego al proceso, y reiteró que es inocente para que retome sus actividades de campaña a la brevedad en cuanto a su participación como abanderado del PT.
Según el secretario de gobierno estatal, Guillermo Olivares Reyna, no existe ninguna persecución hacia algún partido político, pero enfatizó que no se puede vulnerar el acceso a la justicia, pues es parte de la labor de las instituciones de impartición y procuración de justicia.