El expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció por primera vez luego de que la Fiscalía decidiera llevarlo a juicio por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal. El expresidente leyó un comunicado en sus redes sociales. Aseguró que "este juicio lo adelantan por presunciones políticas".
El expresidente aseguró nunca instigó para cambiar o silenciar testimonios de testigos y añadió que las intervenciones telefónicas "ilegalmente interceptadas, llevó a la Corte a presumir que eso era una apariencia de mi parte, una simulación. Este juicio lo adelantan por presunciones políticas, por venganzas políticas, sin pruebas que permitan inferir que yo buscaba sobornar testigos o engañar a la justicia", expresó.
Según Uribe, estas decisiones en su contra "dan señales de ser parte de motivación para un acuerdo de paz total o para una ley de punto final. Entonces que le perdonen a los delincuentes, como lo hicieron con las Farc, y lo justifiquen con la ficción de perdonar a quienes no hemos delinquido. Todo esto coincide con la traída de Mancuso, a quién yo extradité".
De igual manera, insistió en una "clara premeditación" para interceptar su teléfono. "La Corte ordenó interceptar el teléfono de otra persona, pero interceptaron el mío, ya tarde aceptaron el error y me desconectaron. Es clara la premeditación para interceptar mi teléfono, como lo acredita que después de que el operador dijo que aparecía la voz mía y no la de la persona cuya interceptación ordenaron, la Corte ordenó que continuarán", explicó.
A renglón seguido, Uribe habló del senador Iván Cepeda y la exsenadora Piedad Córdoba: "Sus visitas a cárceles de Estado Unidos son hechos que han tenido notoriedad, además con otros exparamilitares que han estado recibiendo esas visitas como Mancuso", comentó, y añadió que "ofrecieron beneficios" a exparamilitares extraditados por hablar de nexos suyos con estos grupos.
"Qué diferencia en el tratamiento: a mis acusadores les permiten de todo, y a mi me acusan sin pruebas por soborno de testigos y engaño a la justicia (...) ha sido tanta la manipulación en mi contra, que el señor Mancuso no quiso declarar en mi caso sacando disculpas inaceptables (...) quieren y necesitan igualar a quiénes hemos defendido la democracia y la ley con los delincuentes ¿Dónde están las pruebas contra mi persona? ", sostuvo.
El exjefe de Estado hizo también un repaso lineal de su proceso: "Conocí el proceso cuando me llamaron a indagatoria, entre julio de 2018 y agosto de 2020 estuve en libertad, cuando al decir de los magistrados soy una persona peligrosa para la sociedad. Entre el llamamiento a indagatoria y la indagatoria, transcurrieron casi 15 meses, y entre la indagatoria y la medida de privación de la libertad hubo otros 10 meses", comenzó Uribe.
Asimismo, habló de la supuesta animadversión de ciertos magistrados en su contra: "Las diferencias entre la indagatoria y la imputación son muchas. En la indagatoria hay una serie de preguntas. En la imputación presenta los hechos relevantes y las normas jurídicas presuntamente violadas. Los magistrados José Luis Barceló y Luis Antonio Hernández y Fernando Castro Caballero, al adelantar la investigación en contra de mi persona, negaron a mis abogados la existencia del proceso", dijo.
Luego, el exmandatario reparó en la "cercanía" entre el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y la nueva fiscal, Luz Adriana Camargo. "No obstante mi prudencia, que ha llegado hasta el punto de no mencionar al ministro de Defensa en este tiempo del gobierno Petro, para nadie es un secreto la animadversión del señor ministro contra mi familia y para conmigo".
El caso de Uribe se remonta al 2012, cuando el entonces exmandatario demandó por supuesta manipulación de testigos al senador Iván Cepeda. En lugar de abrirle una investigación a este, la Corte Suprema de Justicia le inició un proceso a Uribe. Tras renunciar a su curul de senador, en agosto de 2020, el líder del Centro Democrático quedó en manos de la justicia ordinaria.
El fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gilberto Villarreal, fue quien radicó el escrito de acusación contra el líder del Centro Democrático. Algo contrario a lo que hicieron los dos fiscales nombrados en la era de Francisco Barbosa para el caso, Gabriel Jaimes y Javier Cárdenas, quienes pidieron cerrar el proceso por la supuesta inexistencia de indicios concluyentes que mostraran la responsabilidad de Uribe en las actuaciones del abogado Diego Cadena.
El nuevo fiscal consideró que Uribe "determinó" a Cadena para que directa o indirectamente ofreciera dinero o utilidades a testigos (Pablo Hernán Sierra García y Juan Guillermo Monsalve, entre otros) para que cambiaran sus testimonios contra el expresidente.
Al respecto, Uribe señaló que "es evidente la amistad del senador Cepeda (Iván) con el testigo Monsalve, por lo menos están en evidencia siete reuniones entre ambos. Además, está aprobado, y no refutado, que el senador Cepeda intervino para que el testigo Monsalve no lo trasladaran a la cárcel de Valledupar".
Para quien gobernara entre 2002 y 2010, las declaraciones de Monsalve en el juicio contra su abogado Cadena habrían sido "más que suficientes para que la Fiscalía desestimara cualquier posibilidad de acusarme".
"No tienen pruebas para desmentir que el doctor Andrés Arias, medido en un juzgado de Estados Unidos, que en la cárcel donde él estaba se encontraban personas extraditadas por mi gobierno que afirmaban que el caso contra mi hermano (Santiago) era una venganza por la extradición. No tienen manera de negar que el doctor Abelardo De La Espriella, por pedido mío, simplemente confirmó esas versiones con los presos.¿Acaso yo manipulé al señor De La Espriella?", subrayó con molestia.
Con el llamado a juicio de Uribe, el país asistirá por primera vez en la historia moderna al enjuiciamiento penal de un exjefe de Estado de gran protagonismo en los recientes años.