San José, 05 abr (EFE).- La Coalición Nicaragua Lucha, integrada por al menos 20 organizaciones y movimientos sociales en el exilio, aseguró este viernes que "la violencia política no ha cesado" en el país centroamericano, que atraviesa desde abril de 2018 una crisis que ha dejado al menos 355 muertos y el mayor éxodo de su historia.
En una declaración, esa Coalición advirtió, además, que el Gobierno que preside Daniel Ortega, en el poder desde 2007, busca "incapacitar cualquier forma de oposición a largo plazo".
Esa Coalición argumentó que en el primer trimestre de 2024 registraron y denunciaron "la profundización de los múltiples patrones violatorios en el país (Nicaragua), que tienen diversas afectaciones a las poblaciones más vulnerables, mismos que están centrados en incapacitar cualquier forma de oposición a largo plazo".
Mencionó, por ejemplo, el caso de las prohibiciones sobre las manifestaciones religiosas en la Semana Santa por segundo año consecutivo.
También que continúa la falta de protección, violencia extrema e inseguridad en los Pueblos Indígenas del territorio Mayangna Sauni As, y que el último ataque se registró el 25 de marzo pasado con quema de casas y el saldo de una persona herida.
Asimismo, ese grupo de organizaciones sostuvo que la falta de garantías para el libre ejercicio de las libertades fundamentales se ha agravado, "buscando un aún mayor control policial y vigilancia, a través de una normativa publicada por el Ministerio de Interior para la regulación de productores, promotores y organizadores de actividades, eventos o espectáculos artísticos públicos".
En esa misma línea, agregó la Coalición, existe una iniciativa denominada "Ley General de Telecomunicaciones Convergentes, con la cuál el régimen autoritario busca obligar a las compañías telefónicas a suministrar información de sus usuarios".
Por tanto, esos organismos concluyeron que "la violencia política no ha cesado" en Nicaragua, y mencionaron el caso de las elecciones regionales en el Caribe, en marzo pasado, que "no pueden considerarse elecciones libres" porque se excluyó al principal partido indígena y se encarceló a dos dirigentes comunitarios.
"Es así como Ortega y Murillo consolidan su modelo de partido único. Continuamos denunciando que el partido indígena Yatama fue excluido de las votaciones al ser cancelada su personería jurídica y sus dos líderes, Brooklyn Rivera y Nancy E. Henríquez siguen encarcelados", precisaron.
Asimismo, la Coalición dijo que el mes de abril es "un recordatorio imperecedero del compromiso por la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas de asesinato y sus familias por parte del régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo".
En abril de 2018 miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega tras responder con la fuerza.
Las protestas dejaron al menos 355 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos nicaragüenses elevan la cifra a 684, mientras que Ortega reconoce que fueron "más de 300" y mantiene que se trató de un intento de golpe de Estado.
Jóvenes opositores califican el 19 de abril como el "Día Nacional de la Memoria de las Víctimas".
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa Murillo como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión. EFE