Los fondos Next GenerationEU han impulsado un sector que ha enfrentado una crisis prolongada. Desde las administraciones hasta los contratistas, todos han contribuido al éxito de esta iniciativa. Con una asignación de 11.600 millones de euros para la construcción, se ha demostrado que el sector es capaz de superar adversidades y aprovechar al máximo los recursos disponibles. Es una de las conclusiones en la que todos los participantes de la mesa de debate "Retos del sector de la construcción", organizada por elEconomsita.es, Accuracy, Allianz, Ferrovial, OHLA y Sacyr, coinciden.
Los participantes en este debate coinciden en que el éxito obtenido sugiere la posibilidad de aumentar la cantidad de fondos asignados en el futuro. La capacidad del sector para movilizar recursos ha sido notable, especialmente bajo el liderazgo de entidades como ADIF, que han realizado esfuerzos extraordinarios en este sentido.
Jesús Montero Mingo, director de Construcción en Europa de OHLA, afirmó que los plazos para cumplir con las exigencias europeas "son complicados, pero llegaremos a tiempo". "Quizás se necesite una prórroga, sobre todo, para la inversión que viene de la última Adenda de las comunidades autónomas".
El mensaje general es optimista porque aseguran que se ha demostrado la capacidad de movilización de fondos y se confía en que el sector pueda hacerlo aún mejor en el futuro.
Se mencionó que Italia ha asignado más fondos a infraestructuras en comparación con España. "Esta disparidad en la inversión plantea la posibilidad de que quede una cantidad remanente que podría ser utilizada para proyectos importantes en España, como las infraestructuras eléctricas necesarias para el VEC (Vehículo Eléctrico Compartido) o para los CPDS (Centros de Procesamiento de Datos) que son fundamentales para el desarrollo tecnológico del país", destacó Ricardo Fontecha, director de Desarrollo y Estrategia de Ferrovial Construcción.
Se destacó también que la capacidad de producción en el sector de la construcción en España es considerablemente mayor que a nivel internacional. Y que las inversiones en infraestructura no solo generan un aumento en la productividad, sino que también "tienen un impacto significativo en la calidad de vida de las personas", afirmó José Manuel Loureda, director de desarrollo de Negocio de Sacyr Ingeniería e Infraestructuras. "El caso italiano se presenta como paradigmático, ya que demuestra cómo la inversión en infraestructura puede transformar una red obsoleta, especialmente en el ámbito ferroviario, en una infraestructura moderna y eficiente", añadió.
Tecnología marina
Fontecha también destacó la oportunidad que tiene España de convertirse en un centro de construcción y desarrollo de la energía off shore. Señaló que "España cuenta con un extenso litoral que rápidamente se adentra en aguas profundas, lo que lo hace ideal para este tipo de proyectos". Además, mencionó que España posee la tecnología y el conocimiento necesario para llevar a cabo estos proyectos de manera exitosa. Sin embargo, señala que para aprovechar esta oportunidad, es necesario "realizar inversiones iniciales en los puertos que aún no están preparados para este tipo de construcciones". Otros países como Francia, Reino Unido e Irlanda ya están avanzando en este sentido, por lo que "España debe actuar con prontitud para no quedarse rezagada".
Fontecha sugirió que los fondos Next Gen pueden ser utilizados para financiar estas infraestructuras portuarias necesarias, lo que permitiría a España competir en igualdad de condiciones con otros países europeos en el desarrollo de la energía off shore. Además, en términos de fabricación y construcción de infraestructuras para la energía off shore, España aún está a tiempo para aprovechar la oportunidad. El director de Ferrovial resaltó el logro de haber construido el primer flotador en hormigón, "lo que demuestra la capacidad y el aprendizaje del país en este campo".
Montero está de acuerdo en que España aún tiene la oportunidad de incursionar en el desarrollo de la energía off shore, destacando también la "superioridad del flotador de hormigón en términos de huella de carbono, durabilidad y coste en comparación con el flotador metálico". Además, enfatiza que España posee una ventaja única en la construcción de flotadores marinos para la energía eólica marina debido a la tecnología y conocimientos especializados del país en este campo.
Consideró que "perder esta oportunidad sería un error histórico", subrayando la importancia de capitalizar el potencial de España en este sector.
Juan Gil, director de Contratación y Unidades especializadas de negocio de Infraestructuras de ACCIONA, destacó que España tiene una "posición privilegiada en tecnología marítima, así como una ubicación geográfica privilegiada para el desarrollo de proyectos off shore". Además, resaltó la gran capacidad de construcción y exportación de tecnología off shore al resto del mundo que posee el país. "España cuenta con puertos y conocimientos especializados en este campo, incluyendo patentes propias, lo que representa una ventaja competitiva significativa". Sin embargo, subrayó la necesidad de contar con el apoyo de las administraciones públicas para capitalizar plenamente esta gran oportunidad.
Laura Cózar, socia de Accuracy, destacó que los retos que enfrenta el sector del agua hoy son muy similares a los que enfrentaba hace 20 años. "España sigue teniendo un déficit hídrico y desigualdades en el acceso al recurso, con un complejo marco regulatorio que complica la gestión eficiente del agua". Además, la tarifa actual no cubre los costes de suministro y mantenimiento del agua, y hay un déficit en la infraestructura básica de saneamiento y abastecimiento. A lo largo de estos años, "la presión sobre el déficit hídrico ha aumentado y la falta de inversión persiste, mientras que los cambios políticos no facilitan la resolución de los problemas regulatorios", añadió. Cózar señaló que la colaboración público-privada no se ha aprovechado lo suficiente como vehículo para abordar estos desafíos. Con el cambio climático exacerbando estos retos, es urgente abordar estas cuestiones para garantizar un suministro sostenible de agua en el futuro.
Modernización
En la mesa también se habló de cómo la evolución de la sociedad está llevando a una nueva configuración, con un fuerte desarrollo de los núcleos urbanos. Fontecha destacó la necesidad de modernizar las infraestructuras, tanto construyendo nuevas como actualizando las existentes. Sin embargo, reconoció que "España enfrenta limitaciones presupuestarias, y añora los años de mayor financiación como los de 2007-2008. Para abordar estos desafíos, Fontecha sugirió que las infraestructuras "deben diseñarse con enfoque en la eficiencia energética y la sostenibilidad". Destacó la importancia de la "innovación y la digitalización", incluyendo el "uso de realidad virtual y aumentada, así como la implementación de sistemas informáticos de manera experimental y comercial". Además, enfatizó la importancia de la seguridad de los trabajadores en la industria de la construcción. Aunque los índices de seguridad en España están mejorando, reconoció que aún están lejos de los estándares del Reino Unido, donde se prioriza la seguridad sin limitaciones presupuestarias.
La colaboración público-privada
La importancia de la colaboración público-privada fue otro de los retos destacados, especialmente debido a la escasez de fondos gubernamentales disponibles para financiar proyectos de infraestructura necesarios.
Ante esto, Gil expresó la necesidad de un "cambio en la legislación actual", señalando que "la ley de desindexación actualmente impide la inversión privada en obras públicas", ya que el endeudamiento es mayor que el retorno. Sugierió volver al modelo antiguo, donde había más flexibilidad financiera. Destacó que hay un gran interés por parte de fondos de pensiones e inversores internacionales en invertir en infraestructura, pero España debe ser atractiva para atraerlos. Utilizó el ejemplo de ACCIONA, donde están desarrollando un canal de desvío de inundaciones en los Estados Unidos bajo un modelo concesional, para demostrar que cualquier inversión pública puede adaptarse a este modelo si la legislación lo permite. Destacó que "el reparto de riesgos contractuales en los contratos debe ser atractivo para el mercado", lo que significa que se deben establecer condiciones favorables para los inversores.
Desde OHLA señalaron que en España hay un problema en la implementación de la colaboración público-privada, ya que otros países de nuestro entorno con menos necesidades financieras están llevando a cabo proyectos de este tipo de manera exitosa. Montero afirmó que "solo se ha licitado un 2% de proyectos concesionales en España, lo que indica una baja utilización de este modelo". Señaló la importancia de "invertir en agua y en infraestructuras ferroviarias de mercancías", así como en otros sectores como la rehabilitación energética en viviendas, especialmente en un parque de viviendas envejecido. Sin embargo, mencionó que existen obstáculos en este último ámbito, como la "lentitud en las tramitaciones de las subvenciones y la adaptación del modelo".
Además, Montero indicó que Italia, puesta también como ejemplo, ha tenido éxito al subvencionar el 100% de las rehabilitaciones de viviendas, mientras que en España solo se subvenciona hasta un 70%, dejando a las comunidades de vecinos con la responsabilidad de cubrir el resto, lo que puede desmotivar la participación y resultar en la pérdida de fondos. "Aunque se ha intentado implementar un modelo "llave en mano" para facilitar la participación de los vecinos en la rehabilitación energética, la legislación lo ha prohibido, complicando el proceso y resultando en la falta de subvenciones para los proyectos iniciados", añadió.
Cózar, por su parte, señaló que tanto España como el Reino Unido, que históricamente han sido precursores del modelo de colaboración público-privada, "están experimentando dificultades en su implementación en la actualidad". Observa una cierta demonización del mecanismo, que comenzó con los hospitales y se ha complicado aún más con el peaje. Sin embargo, pone de relieve "el éxito del modelo Alzira para la provisión de servicios de salud en Chile, así como en Perú y otros países de América Latina, y en el Reino Unido". Por otro lado, lamentó que no se haya logrado que "la voluntad se ponga a favor de este mecanismo, a pesar de que está perfeccionado y ha demostrado su eficacia en otros contextos".
"Ha habido una baja cantidad de concesiones y una escasa concurrencia en los concursos", sostuvo Fontecha, indicando que en promedio solo han participado 2,7 empresas por cada concurso. Esta cifra sugiere que algo no está funcionando correctamente en el proceso de licitación y adjudicación de proyectos de colaboración público-privada y que sí que es cierto que desde Ferrovial, por ejemplo, notan que "hay autonomías que están más abiertas a iniciativas privadas".
Mantenimiento de las infraestructuras
Otro reto que tiene el sector es el mantenimiento. Gil destacó la importancia del mantenimiento en todos los ámbitos, señalando que en "carreteras el déficit de inversión es del 100%". Aunque España está rezagada en comparación con otros países en inversión en este sector, en el ámbito del agua y el ferrocarril, "el mantenimiento es fundamental para la resiliencia y modernización de las infraestructuras", sostuvo.
Por su parte, la directora de Accuracy complementó esta idea, señalando que "el mantenimiento no se limita solo a la conservación, sino que también implica adaptación e innovación sostenible". Indicó que en el ámbito del agua, por ejemplo, "España enfrenta desafíos importantes en la adaptación de las depuradoras para cumplir con criterios ambientales exigentes, y que se necesitan inversiones adicionales para mantener los estándares de seguridad y confort". Además, mencionó la importancia de incorporar criterios de diseño que tengan en cuenta factores como "la frecuencia de conservación y la adaptación a las inclemencias climáticas, así como la necesidad de ampliar las infraestructuras para el futuro". Asimismo, Gil añadió que "no es solo cuestión de mantenimiento sino adaptarnos a las nuevas demandas sociales".
"Las infraestructuras construidas en España son seguras y se llevan a cabo con alta calidad, gracias a la exigente legislación y los estándares de construcción", sostuvo Loureda. No obstante, señaló que existe una falta de conservación de las carreteras en España que "es evidente y requiere un esfuerzo adicional para abordar este problema".
En este sentido, Gil reconoció que "el modelo concesional debe separarse de la operación puramente financiera". En este modelo, se establecen criterios de mantenimiento que se exigen a una empresa privada, lo que permite mantener un nivel competitivo de exigencia. De hecho, destacó esta como una de las virtudes del modelo concesional. Aunque es pronto para evaluar un posible deterioro en el mantenimiento, Gil sugirió que este enfoque podría "contribuir a mantener altos estándares de conservación en las infraestructuras".
Reducir la litigiosidad
La ejecución de obras públicas a menudo resulta en sobrecostes no previstos inicialmente, lo que genera litigios y desconfianza entre las empresas adjudicatarias y la Administración. Una solución a este problema, implementada desde finales de los años 90 en Australia y otros países anglosajones como el Reino Unido y Estados Unidos, son los contratos colaborativos.
"La litigiosidad en España es menor que en otros lugares", defendió Loureda. Esta postura sugiere que, en su opinión, los modelos de contratación en España están diseñados de manera que las partes involucradas tienen un equilibrio adecuado en sus derechos y responsabilidades, lo que contribuye a una menor cantidad de disputas legales.
Sin embargo, Montero argumentó que no coincidía con esta afirmación y que el modelo anglosajón al que España se está acercando "es más ineficiente y propenso a generar litigiosidad". Desde SEOPAN (Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras), se están llevando a cabo esfuerzos para cambiar la ley de contratos y adaptarla a las nuevas necesidades del sector. Aunque la litigiosidad es menor en España en comparación con otros lugares, Montero señaló que la situación ha empeorado y necesita ser revertida.
Fontecha en este punto también indicó que "en comparación con el Reino Unido, donde se dedica más tiempo a la burocracia y a la documentación, el modelo anglosajón muestra ineficiencias". Por otro lado, el modelo español ha tenido que introducir más rigor. Ricardo espera que se pueda mantener un punto intermedio entre ambos modelos para mejorar la eficiencia sin caer en excesos burocráticos. Gil añadió que la mayoría de los pleitos en la Cámara Internacional "están relacionados con contratos de construcción, lo que refleja que la construcción no es un negocio fácil". Destacó que esta situación contribuye a la "falta de atractivo que tiene el sector para los jóvenes". Gil vinculó la litigiosidad de los contratos con el reparto de riesgos, y mencionó que "la industria española está tratando de aumentar el uso del contrato de colaboración público-privada en el sentido de precio-objetivo". El objetivo es lograr un reparto equitativo de los riesgos entre las partes, lo que se traduciría en una menor litigiosidad, así como en un mayor beneficio social y una mayor agilidad en las obras.
Montero enfatizó en este punto que "en otros países se adaptan los modelos contractuales a las necesidades específicas de cada proyecto". Sin embargo, en España, están limitados por una ley que "puede haber funcionado bien en el pasado, pero que actualmente no está actualizada". Sugirió que es necesario ampliar el abanico de opciones contractuales, especialmente en lo que respecta a la determinación de los plazos de las obras. De hecho, uno de los principales problemas identificados es que las obras tienden a durar mucho más de lo previsto debido a la lentitud en la toma de decisiones.
Igualmente, expresó su preferencia por el enfoque anterior en la realización de obras, que considera más económico. Afirmó que "el control en sí mismo no es un problema, sino más bien la burocracia asociada, así como los trámites y los tiempos requeridos para llevar a cabo ese control".
Gil, por su parte, destacó que en España "aún se conserva cierta agilidad en comparación con otros países, aunque reconoce que esta agilidad se está perdiendo gradualmente". Anteriormente, existía una gran confianza entre las empresas constructoras y los funcionarios del estado, lo que contribuía a esta eficiencia. Sin embargo, Gil señaló que este nivel de confianza y agilidad se está reduciendo. Como ejemplo, mencionó que en Australia el 70% de los contratos públicos se realizan bajo el modelo de colaboración, lo que indica un mayor grado de flexibilidad y eficiencia en la ejecución de proyectos.
Atraer talento joven
La falta de mano de obra joven en el sector de la construcción es un desafío destacado por todos los participantes de la mesa. Se observa un envejecimiento de la fuerza laboral, con la edad media aumentando de 35 a 45 años en los últimos 15 años. Esto se debe en parte a que el sector no resulta atractivo para los jóvenes. Gil señaló que es un problema internacional y propuso "fomentar la Formación Profesional en construcción para atraer talento joven". Además, destacó la necesidad de abordar "la baja representación de mujeres en puestos directivos".
Fontecha añadió que el aumento del coste de la mano de obra y la introducción de tecnologías innovadoras, como la robótica y la realidad virtual, pueden hacer que el sector sea más atractivo para los jóvenes. Sin embargo, Montero mencionó que el sector sufrió una crisis significativa y que el paquete salarial no es tan atractivo como antes, lo que dificulta atraer esa mano de obra cualificada y más joven.