El fiscal-jefe del Tribunal de Cuentas, Manuel Martín-Granizo, ha presentado este martes su escrito de conclusiones finales en el proceso por responsabilidad contable derivada de los gastos realizados indebidamente en el proceso soberanista catalán.
En un extenso escrito, Martín-Granizo mantiene su reclamación de un total de 3.093.199 euros contra los expresidentes catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas, el exvicepresidente Oriol Junqueras y otros cargos del Govern y de la entidad Diplocat.
De esa cantidad, un total de 883.695,29 euros corresponden a gastos en el referéndum independentista ilegal del 1 de octubre de 2017 y 2.209.503,8 euros, al dinero empleado en la denominada acción exterior de la Generalitat.
El fiscal reclama que los demandados devuelvan esas cantidades al erario catalán.
Martín-Granizo mantiene el criterio ya expuesto en la vista celebrada el pasado 17 de noviembre, cuando se opuso a la petición de Junqueras, Romeva y Bassa de que se suspendiera el proceso dado que la futura ley de amnistía afecta también a la responsabilidad contable derivada del 'procés'-
"La transformación de una proposición de ley en una norma que extinguirá la responsabilidad contable que aquí se dilucida es un hecho futuro y no exactamente incierto, pero tampoco dotado de una certeza plena, al desconocer la fecha de entrada en vigor de la ley y su exacto contenido y alcance", insiste el responsable de la Fiscalía ante el Tribunal de Cuentas.
Gastos del 1-O
El escrito de conclusiones finales explica que la parte de la demanda referida a los costes del referéndum del 1-O "cumple la encomienda realizada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo", que condenó a cuatro miembros del Gobierno catalán presidido por Puigdemont por el delito de malversación de caudales públicos. La Sala Penal derivó al Tribunal de Cuentas la ejecución de la responsabilidad civil.
La Fiscalía ha seguido la sentencia cuya ejecución fue encomendada al Tribunal de Cuentas, si bien ha aplicado su propio criterio "tanto respecto de la exclusión de algunos hechos, a la vista de las averiguaciones realizadas o de resoluciones judiciales recaídas con posterioridad, como a la inclusión de personas que no figuraban en la causa penal seguida ante el Tribunal Supremo, pero que entendimos que eran responsables contables de los hechos incluidos en la demanda", explica el escrito.
El fiscal considera acreditada la responsabilidad contable de Carles Puigdemont "en atención a su condición de responsable máximo de la Generalitat" y de los miembros del Govern condenados por el Tribunal Supremo: el vicepresidente Junqueras y los consejeros Raül Romeva, Dolors Bassa Coll y Jordi Turull.
No se ha demandado a los consejeros absueltos por el Supremo del cargo de malversación, pero sí se ha incluido en la demanda de responsabilidad contable tanto a Antoni Comin como a Lluis Puig, prófugos de la Justicia junto a Puigdemont.
El fiscal sostiene que "tanto Comin como Puig pusieron sus departamentos al servicio de actos nucleares de ejecución, por cuanto la sentencia del Tribunal Supremo cita expresamente sus departamentos entre aquellos que comprometieron el gasto: Salud y Cultura".
Acción exterior
La segunda parte de la demanda del fiscal deriva de la fiscalización efectuada por el Tribunal de Cuentas sobre la acción exterior de la Generalitat y el ente encargado de desarrollarla, Diplocat.
La Fiscalía reclama por los viajes al extranjero realizados por los miembros del Gobierno catalán, los gastos efectuados por las delegaciones de la Generalitat fuera de España y las diversas actividades de Diplocat, en particular aquellas destinadas a promocionar el proceso soberanista.
La demanda se dirige en este apartado contra los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont y contra los consejeros Francesc Homs, Andreu Mas-Colell, Junqueras y Romeva.
"En su condición de presidentes del Gobierno de la Generalitat, consejeros de Presidencia, consejeros de Economía y consejero de Asuntos Exteriores, lejos de adoptar una actitud respetuosa con los mandatos constitucionales y responsabilizarse de que los fondos públicos no se destinaran a sufragar actividades cuya finalidad estaba dirigida a expandir y buscar apoyo internacional para el proceso secesionista, la autodeterminación y la idea del referéndum, participaron activamente en la consecución de dichos objetivos, a los que contribuyeron e impulsaron en el ejercicio de su cargo", afirma Martín-Granizo.
La demanda incluye, asimismo, a otros cargos de la Generalitat relacionados con Diplocat o con las delegaciones catalanas en el extranjero como Albert Royo, Aleix Villatoro y Roger Albinyana.