Durante más de tres horas y en medio de fuertes regaños de la Corte Constitucional a las entidades de control, se llevó a cabo en la mañana de este viernes 5 de abril la sesión técnica en la que los responsables de la política nacional en salud expusieron ideas y propuestas para estudiar el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
A la cita asistieron, entre otros, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, el director Administradora de Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud (Adres), Félix León Martínez, el vicecontralor en funciones de Contralor General, Carlos Mario Zuluaga Pardo, así como representantes de diferentes entidades del Estado.
La sesión fue dirigida por los magistrados Vladimir Fernández Andrade, Antonio José Lizarazo Ocampo y José Fernando Reyes Cuartas, quien preside la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, que versa sobre el sector salud en Colombia.
El ministro Jaramillo fue el primero en intervenir y expuso -acompañado de unas diapositivas- cómo se calcula la UPC, e indicó estar de acuerdo con la revisión de este sistema con el que Ministerio de Salud paga a las EPS por el aseguramiento en salud de cada colombiano y con el que se financian, en su mayoría, los servicios y tecnologías en salud cubiertos por el Plan de Beneficios en Salud.
Uno de los argumentos del ministro de Salud es que cerca del 20 por ciento de estos recursos se utilizan para atender a pacientes con enfermedades huérfanas y costosas.
"Cuando se mira el presupuesto del Ministerio, usted ve que el 95% de los recursos, inclusive más, son trasladados directamente a cubrir la UPC", aseguró el jefe de la cartera de Salud.
Resaltó que "la Corte ha querido que se pueda balancear y llegar a la que UPC sea igual en el régimen contributivo y subsidiado, pero las frecuencias del régimen subsidiado son menores o no son reportadas por los actores responsables del SGSSS. Algunas EPS no pasan los filtros de calidad de la información y el 70 por ciento de los presupuestos máximos se destinan al régimen contributivo".
Por su parte, el director de la Adres expuso que un estudio de la Unal/Cres, refiere unas "limitaciones de la información disponible para el cálculo de la UPC".
"Es indispensable precisar que la información recopilada de la base de servicios, de recobros, de tutelas, así como las declaraciones de gastos de los representantes legales de las EPS y los estados financieros de las EPS proceden de las EPS de los regímenes contributivo y subsidiado; es decir, las EPS se constituyen en la única fuente de información disponible en la práctica para realizar la regulación del sistema de aseguramiento en salud, lo que en términos analíticos no brinda la posibilidad de contrastación empírica", indicó León Martínez.
Al tiempo que Diana Margarita Ojeda Visbal, procuradora Delegada para Asuntos de Trabajo y Seguridad Social, indicó que desde el año 2022 "ha venido recibiendo una serie de alertas sobre la insuficiencia de los recursos que generan una falta de sostenibilidad financiera al sistema".
"Esto afectaría gravemente los derechos fundamentales de la salud de los colombianos, en ese sentido, y en atención a las alertas que recibimos desde el 2022 hemos venido haciéndole requerimientos al Ministerio (de Salud) que revisen y adopten las medidas encaminadas a realizar los valores de la UPC y de los presupuestos máximos en términos de suficiencia metodología y cálculo para lograr la estabilidad financiera del sector", señaló Ojeda.
Indicó que a delegada del Ministerio Público que alertas están basadas principalmente "en que esa insuficiencia y la metodología que está aplicando el Ministerio no ha tenido en cuenta factores macroeconómicos, nuevas tecnologías en salud nuevos usos de los servicios de salud, cambios demográficos, aumento de enfermedades de alto costo y otros factores que están incidiendo gravemente en que se pueda garantizar unos recursos suficientes para poder prestar los servicios".
En medio de la sesión, el presidente de la corporación, magistrado José Fernando Reyes realizó un fuerte pronunciamiento con relación a la corrupción que afecta al sector salud en Colombia, luego de que el vicecontralor en funciones de contralor general, Carlos Mario Zuluaga indicara que hay alrededor de 400 hallazgos con relación a las UPC.
"A mí me asombra y me asombra muchísimo las muy bajas, raquíticas, cifras de la Fiscalía (en investigaciones). No hay un solo proceso que esté, siquiera en etapa de imputación, todas están en estado inactivo o en indagación, es decir no hay una persona sometida a un proceso, a mí me asombra", dijo el magistrado, quien increpó al vicecontralor el por qué no ha remitido esos hallazgos a los demás entes , a través de la compulsa de copias.
Resaltó el magistrado que la corrupción "seguirá siendo unos de los asuntos más claros por los cuales la salud no funciona en Colombia. No nos podemos quedar de manos cruzadas", dijo el magistrado y calificó de grave lo que ocurre frente a la corrupción en el sector, por lo que pidió revisar las agendas de las entidades en las persecuciones de la corrupción en esta materia.
Como respuesta, el vicecontralor indicó que ya la Fiscalía le solicitó el traslado de los hallazgos. "La Contraloría ha proferido fallos de responsabilidad fiscal por unos 3 billones de pesos en contra de las EPS que han tenido malos manejos en relación a los recursos de la salud. Sin embargo, es cierto que se debe trabajar en conjunto con la Fiscalía y la Procuraduría para trasladar los hallazgos tanto disciplinarios como penales, producto de las auditorías realizadas", dijo Zuluaga.
El actual jefe del ente de control señaló que se van a realizar mesas técnicas con la participación de diferentes entidades para socializar los informes presentados y discutir posibles acciones conjuntas.
Mientras que Luis Aldrey Pinilla Ortega, a quien el magistrado Reyes cuestionó por no investigar la corrupción en el sistema de salud, reconoció que en medio de la investigación no ha efectuado ninguna formulación, ni imputación en lo que tiene que ver con la malversación de los recursos destinados para la salud.
"Este funcionario tan solo dio cuentas de imputación en la seccional Atlántico. Es bien recibido por la Fiscalía llevar a cabo esas mesas de trabajo, de manera conjunta para conocer el informe que ha remitido la Contraloría en cuanto a los diferentes hallazgos de carácter penal, ello con el ánimo de hacer las verificaciones pendientes", dijo Pinilla.
Al final de la sesión, el presidente de Sala y de la corporación, magistrado Reyes señalo que los insumos recaudados permitirán para que en los próximos días se tome una decisión respecto a si se recalcula o no la UPC.