En la zona de la playa, la Marina y los barrios marineros de València el número de plazas en apartamentos turísticos de oferta online ha aumentado un 36,3% en el último mes. Los apartamentos, un 42,3%. Son las últimas cifras de Visit Valencia, el área turística del Ayuntamiento de València, sobre este nuevo mercado turístico y una realidad a la que vecinos del barrio quieren poner coto, descontentos por los efectos que tiene en su demarcación.
Fruto de ello, ha nacido el nuevo Punto vecinal de afectados/as por las viviendas turísticas en los Poblats Marítims, una iniciativa de la asociación vecinal Cuidem Cabanyal-Canyamelar y el combativo perfil de Instagram La MataObras, especializado en denunciar la turistificación de los barrios de la ciudad.
Este nuevo punto se presenta como un espacio de ayuda a los vecinos y vecinas afectados por las reformas, "muchas de ellas ilegales", denuncian, que se acometen en la zona para albergar nuevos apartamentos para turistas.
Argumentan que "centenares de viviendas están siendo transformadas en negocio en el barrio", generando un incremento de precios y una "expulsión del vecindario", además de ruidos y molestias varias. El punto, que abre la atención al público a través de un correo electrónico, es un paso más en la estrategia de La MataObras, que divulga en redes sociales cómo combatir la turistificación en su afectación al mercado de la vivienda. Modificar los estatutos de las comunidades de vecinos para evitar que los edificios alberguen establecimientos turísticos es una de sus estrategias.
El nivel de ocupación de locales comerciales en sus principales vías comerciales, Colón y Don Juan de Austria, es inferior al 4%
Pero mientras en barrios como el Cabanyal-Canyamelar surgen iniciativas como esta, también a merced de los bajos comerciales que van quedando vacíos, en las zonas comerciales del centro de la ciudad esos mismos turistas que duermen a pie de playa dinamizan las principales arterias comerciales del centro de la ciudad. Es una de las conclusiones del informe del sector retail en València presentado por las consultoras Gesvalt y aRetail. Ambas concluyen que el nivel de ocupación de locales comerciales de sus dos principales vías comerciales es inferior al 4%. Concretamente, la ocupación se sitúa en un 96,05% en la calle Colón y en el 100% en la calle Juan de Austria.
La principal razón de la atracción de nuevos operadores, argumentan, es el crecimiento del sector turístico y su impacto en el tráfico peatonal. Durante la primera mitad de 2023 se produjo un incremento interanual del 27% de aperturas en las principales arterias comerciales de la ciudad, con una demanda principalmente enfocada en restauración y moda. El informe también señala que se producen significativas variaciones en función de la calle y de la superficie total de los locales, pero las cifras ya se sitúan, en los locales con menos de 100 metros cuadrados, entre los 200 €/m2 y 220 €/m2.
Esta dinamización comercial no parece que vaya a reducirse, como tampoco el atractivo turístico de una ciudad que ya se presenta como reclamo en todas las guías. Y en parte, mantienen las consultoras, también está relacionado con los aspectos señalados por Forbes en 2021, que nombró a València como "la mejor ciudad del mundo para vivir, tanto por su atractivo urbano como por su dinamismo económico".
El drama del desahucio sigue latente
La ciudad que se presenta como la mejor ciudad para vivir tiene también heridas propias. Y voces que claman porque no quieren irse, a pesar de las dificultades. Es lo que explica José Luis González, portavoz de la Plataforma AntiDesahucios de València, quien ayer compareció en rueda de prensa para reclamar al Gobierno una renovación de la moratoria hipotecaria para evitar que cerca de 2.500 familias de la Comunidad Valenciana se queden en la calle. González explica que muchas de estas familias residen en viviendas propiedad de fondos buitre que las acosan y que, ante la situación de caducidad de la norma el próximo 15 de mayo, se hace urgente la actuación del Ejecutivo.
"Hemos pedido que aborden el tema porque si no pasa, va a ser un drama para muchas familias", explica González a La Vanguardia. Asegura que han sido meses de intentar esclarecer cuántas familias están afectadas porque los datos de que disponían son de 2017. Piden, entre otros, que las familias afectadas puedan negociar con la propiedad la conversión de estas viviendas en parque público y que se suspendan los desahucios a todas las unidades de convivencia que "sean vulnerables y carezcan de alternativa habitacional", entre otras medidas.