LIMA (AP) — La justicia peruana condenó el jueves a 28 años de cárcel a dos empresarios y tres trabajadores del negocio de la madera por el asesinato de cuatro indígenas ambientalistas, en un histórico juicio que duró casi una década y fue anulado para empezar de nuevo por fallas procesales.
El Poder Judicial dijo por la tarde en su cuenta de X, antes Twitter, que una corte de la región Ucayali, fronteriza con Brasil, condenó a los empresarios José Estrada y Hugo Soria como autores intelectuales de la muerte de los indígenas y a los trabajadores Josimar Atachi, Segundo Atachi y Eurico Mapes como ejecutores del crimen.
La condena es el resultado de juicio iniciado en noviembre de 2023, después de que una sala de apelaciones de Ucayali anulara tres meses antes un proceso judicial anterior por supuestamente no hallar pruebas suficientes para las sentencias y por varios errores de procedimiento. El caso se extendió por casi 10 años.
La fiscalía contra la criminalidad organizada de esa región indicó el jueves en un comunicado que apelará la sentencia para reiterar su pedido inicial de condenar a los sentenciados a 35 años de cárcel.
La mayor organización indígena de la Amazonía peruana, AIDESEP, comentó en un comunicado que "tras casi una década y un largo camino de impunidad, este jueves se dictó la sentencia condenatoria en este emblemático caso que marca un precedente para los futuros casos judicializados de asesinatos de defensores indígenas".
La región Ucayali está ubicada en la Amazonía de Perú y limita con el estado de Acre en Brasil. Es una de las regiones más afectadas por la tala ilegal de madera.
Según la ONU, la tala es el crimen ambiental más rentable y deja al menos 50.000 millones de dólares en daños económicos al año. En la última década, el narcotráfico en la región ha ido en aumento, según las autoridades nacionales.
Los asesinatos de Edwin Chota, Leoncio Quintisima, Jorge Ríos y Francisco Pinedo —quienes exigían títulos de propiedad para su comunidad nativa y denunciaron la tala de madera por seis años— ocurrieron el 1 de septiembre de 2014, meses antes de una cumbre global de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Lima.
Un año después de los asesinatos, y por la presión mediática, la comunidad Alto Tamaya-Saweto obtuvo el título de propiedad que tanto anhelaban los dirigentes fallecidos.
La fiscalía dijo en 2019 a The Associated Press que un año antes de los asesinatos, en 2013, el empresario Soria amenazó de muerte a Edwin Chota porque el activista logró que las autoridades detuvieran un cargamento de madera ilegal valorado en más de 37.000 dólares. También indicó que el otro empresario, Estrada, dijo a testigos en referencia al activista Chota, "yo pago lo que sea, a quien puta me lo trae acá, quiero su cabeza".
La comunidad Alto Tamaya-Saweto, donde vivían los ambientalistas asesinados, está ubicada a casi ocho horas navegando en bote desde Pucallpa, la capital regional de Ucayali.
Entre 2020 y 2023, se han reportado 154 amenazas contra la seguridad personal recopiladas contra defensores de derechos humanos en Perú, de las que el 25% tienen como causa la tala ilegal de la madera en la Amazonía, según datos del ministerio de Justicia entregados a la AP.
Un total de 51 defensores del medioambiente fueron asesinados en Perú entre 2012 y 2021, según estadísticas recopiladas por la organización Global Witness. Perú no tiene un registro oficial de asesinados a causa de la defensa del medioambiente.