La Procuraduría General de la Nación, por medio de viceprocurador Silvano Gómez Strauch, se pronunció sobre el Acuerdo de Escazú, firmado por 25 países en Costa Rica el 4 de marzo de 2018, asegurando que se ajusta a la Constitución colombiana.
El concepto, que fue enviado a la Corte Constitucional, sostiene que las disposiciones contempladas en el acuerdo, que buscan entre otras cosas mejorar el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, son exequibles porque desarrollan los principios de la 'Constitución Ecológica', así como complementan los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos suscritos por el país.
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El viceprocurador destacó que las medidas del tratado con las que se quiere orientar al público en materia ambiental, garantizando el ejercicio de sus derechos al acceso a la información, son razonables teniendo en cuenta que permiten superar la situación de déficit respecto a la baja participación ciudadana sobre "el manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales".
Además, resaltó que la participación ciudadana debe ser abierta e inclusiva, extendiéndose a discusiones sobre el ordenamiento del territorio, elaboración de políticas, planes y estrategias, así como las negociaciones internacionales que afecten el medio ambiente.
En cuanto a la protección y seguridad de los defensores de derechos humanos en temas ambientales, el viceprocurador Silvano Gómez resaltó que el Acuerdo de Escazú es congruente con lo estipulado en la Constitución, toda vez que se hace énfasis en que el Estado debe garantizarles un entorno seguro para que puedan actuar sin amenazas ni restricciones.
La Procuraduría en su concepto destacó que la ley que ratificó el Acuerdo de Escazú (Ley 2273 de 2022) cumple con lo estipulado en la Constitución en cuanto al proceso legislativo, relacionado con publicaciones, mayorías y quorum, entre otros, al igual que a los requisitos de consulta previa e impacto fiscal.