El Ministerio de Sanidad ha recibido 180 alegaciones al plan antitabaco por parte de las comunidades autónomas. Entre ellas se encuentra Extremadura, que ha puesto de manifiesto su oposición a que la prohibición de fumar en los espacios al aire libre y en las terrazas sea una obligatoriedad: «No estamos de acuerdo en imponer de nuevo al hostelero y al usuario, pero sí en que sea una recomendación», explicó ayer la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada. Lo que ha planteado su departamento al ministerio que dirige Mónica García, en consonancia con otras comunidades como Aragón, es que la decisión de implantar espacios libres de humo en los bares sea voluntaria y que se incentive a los empresarios que no permitan los cigarrillos en sus negocios con medidas fiscales, pero siempre desde la voluntariedad, no como una imposición.
Esta ha sido una de las alegaciones que la comunidad extremeña ha presentado al nuevo plan antitabaco, junto a su desacuerdo a la medida del empaquetado único, con el que se pretende reducir su atractivo para disminuir su compra y, por tanto, su consumo. García Espada cree que esta propuesta carece de fundamentación: «Hay países muy cercanos a nosotros, como Francia, que ya lo han establecido y la propia ministra de Sanidad francesa ya ha indicado que no ha alcanzado el objetivo que esperaban», incidió la consejera.
No obstante, Sara García Espada sí dejó claro que su departamento está a favor de que se desarrolle un plan de control antitabaquismo «porque consideramos que es un problema de salud pública», pero consensuado entre los territorios. Critica las formas en las que se ha llevado a cabo este, pues el ministerio dio a las comunidades autónomas un plazo de solo 24 horas para adherirse al programa.
Hoy saldrá adelante en el Consejo Interterritorial de Salud, solo con el voto de cinco comunidades
De momento Sanidad ha rechazado las alegaciones de Extremadura, así como otras diez presentadas por otros territorios. En este sentido, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, respondió ayer a comunidades que, como la extremeña, apuestan porque la prohibición de fumar en las terrazas sea una recomendación: «Ya es voluntario. No funciona», zanjó el secretario de Estado de Sanidad, para agregar que «la autorregulación en salud pública no funciona muy bien». Se trata, añadió, del mismo argumento que con el cinturón de seguridad, pero, en este caso, «con daños evidentes a terceros», haciendo referencia a que el humo del tabaco afecta a las personas que estén alrededor de un fumador en una terraza.
Las alegaciones, rechazadas
Tampoco comparte los incentivos fiscales propuestos por Extremadura para los espacios sin humo: «Incentivos fiscales cuando no es evidente que vaya a haber impacto económico no tiene sentido», apostilló Javier Padilla.
La previsión del ministerio es que el plan se apruebe hoy en el consejo interterritorial, aunque no se adhieran a él todas las comunidades autónomas. Después el plan se verá reflejado en una ley. Según recoge Efe, las reuniones que se han llevado a cabo en el seno de la Comisión de Salud Pública han sido una fórmula para buscar el «consenso» y que las comunidades pudieran hacer sus aportaciones, pero, pese a que casi ninguna lo comparte, el plan se aprobará igualmente. Si nada cambia, saldrá adelante hoy con el voto previsiblemente de solo cinco comunidades autónomas, entre las que no se encuentra Extremadura. Las que lo apoyarán serán Cataluña, Canarias, Navarra, Asturias y País Vasco. El resto, todas gobernadas por el PP salvo Castilla-La Mancha, lo rechazarán.
También rechaza el empaquetado genérico mientras el Estado lo avala
El secretario de estado de Sanidad, Javier Padilla, defendió ayer el plan antitabaco y aseguró que lleva años gestándose y que en él han trabajado miembros del grupo de tabaco de todas las comunidades, en respuesta a las regiones que critican que se ha desarrollado «muy rápido». Estos mismos territorios también reprochan que carece de memoria económica. Ante ello, Padilla asegura que los grandes planes integrales que han pasado por el consejo interterritorial en legislaturas previas «no tenían memoria económica» y que, además, expertos del ministerio no lo ven necesario. E incidió en que «el impacto económico se derivará de la aprobación de textos normativos que sí llevarán estimación de impacto presupuestario».
Padilla también se refirió a la medida de empaquetado genérico, que asegura cuenta con un apartado específico de bibliografía con 20 referencias, en respuesta a aquellas regiones que aseguran que no la tienen. Y en cuanto a la petición de que los impuestos al tabaco sean «finalistas», Padilla aseguró que estos «tienen un dudoso encaje» en el ordenamiento jurídico español. «Esperemos que la subida de los impuestos suponga una disminución de la recaudación por buen impacto sobre el consumo. Dicho esto, el gasto sanitario derivado del tabaco triplica la recaudación vía impuestos», agregó.
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