Luego de las indagaciones sobre posibles inconsistencias en la utilización de los recursos de la Unidad de Pago de Capitación (UPC) que le hará la Fiscalía General de la Nación a algunas Entidades Promotoras de Salud (EPS) en el país, la Asociación Latinoamericana de Sistemas Privados de Salud (Alami) se pronunció ante la situación actual que atraviesa el sistema de salud en Colombia.
Por medio de un comunicado firmado por su presidente Cristian Mazza, Alami destacó su "preocupación por los recientes acontecimientos en el sistema de salud colombiano y la intervención de dos de las más grandes empresas promotoras de salud (EPS), Sanitas EPS y Nueva EPS, agremiadas y afiliadas a Acemi en Colombia".
De acuerdo con Mazza, esta decisión afectaría el servicio que en la actualidad cobija a cerca de 25 millones de habitantes en el país, los cuales "dependerán del gobierno nacional para su atención en salud".
Por otro lado, respecto a los retos y desafíos que debe enfrentar el sistema de salud colombiano, Alami resaltó que "no son distintos de los que suceden en el resto de nuestros países y están fundamentados principalmente en la necesidad constante de aumentar los presupuestos para alcanzar las coberturas deseadas y asegurar de manera progresiva y efectiva el goce del derecho a la salud.
Teniendo en cuenta esto, Alami realizó un llamado a las autoridades nacionales con el fin de "afianzar el trabajo entre todos los agentes, promover el diálogo constructivo y participativo y observar el debido proceso en todas sus actuaciones, en defensa de los más de 50 millones de colombianos afiliados a las EPS".
Este comunicado se produce en medio de la indagación que abrió la Fiscalía para poder establecer si las EPS habrían desviado 9 billones de pesos entre 2020 y 2021, cuyo fin era la atención de cada afiliado y que son girados por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).
Por su parte, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) indicó en un comunicado de ocho puntos luego de esta decisión del ente investigador que la Contraloría General de la República no ha publicado ningún informe de cierre sobre una actuación que dé cuenta de hallazgos fiscales contra las EPS.