El exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, quien llegó al país el pasado 4 de diciembre, luego de purgar una condena de 48 meses de prisión en Estados Unidos, será trasladado a la cárcel La Modelo, por orden del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá. En el documento que autoriza el traslado del exfuncionario, conocido por El Espectador, el despacho indica que Moreno deberá ser recluido en un pabellón de especial, "en aras de preservar la seguridad y los derechos fundamentales al prenombrado".
Desde su arribo al país, la decisión sobre el lugar de reclusión del exfiscal anticorrupción, fue epicentro de controversia. Resulta que el mismo día en el que Moreno llegó al país, el mismo Juzgado Tercero de Ejecución de Penas, expidió la boleta de encarcelación del exfiscal en la que señaló que este debía estar privado de la libertad en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo), porque así quedó acordado cuando se aplicó el principio de oportunidad entre la Fiscalía y el exfiscal por el delito de cohecho, a mediados de este año.
Además, porque, tal como lo señaló la Fiscalía, Moreno corría un grave peligro si era privado de la libertad en una cárcel formal. Tanto así, que la boleta de encarcelación ordena que "el director de Cespo deberá adoptar las medidas a que haya lugar, en aras de preservar la seguridad y los derechos fundamentales al penado Luis Gustavo Moreno Rivera". Sin embargo, una semana después de la llegada del exfiscal y mientras este permanecía detenido en el búnker de la Fiscalía, el saliente director de la Policía, Óscar Atehortúa, rechazó de forma contundente el traslado de Moreno a Cespo. (Lea también: La controversia detrás del posible traslado del exfiscal Gustavo Moreno a Cespo)
El oficial aseguró que se negaba a prestar las instalaciones del Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional como lugar de reclusión del exfiscal, quien tiene una condena por cumplir de 4 años y 10 meses de prisión impuesta por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por los delitos de concusión –cuando un servidor público aprovecha su cargo para exigir dinero– y utilización indebida de información privilegiada. La postura de Atehortúa fue compartida por el director del Inpec, el brigadier general Norberto Mujica quien, en ese momento, manifestó que nunca estuvo de acuerdo con que Moreno llegara a Cespo. "Tenemos a disposición 132 establecimientos del orden nacional para poderlo recluir donde ella (la jueza) indique", expresó.
En ese sentido, el pasado 17 de diciembre, el Inpec le envió una comunicación al Juzgado de Ejecución de Penas informando que, "en aras de garantizar la seguridad e integridad personal del sentenciado Luis Gustavo Moreno Rivera", ponía a disposición la cárcel de Ibagué "Coiba" o la cárcel La Modelo, en Bogotá. Así quedó reseñado en la reciente orden de traslado del exfuncionario en la que el juzgado tomó la decisión de recluirlo en un pabellón especial de la cárcel de media seguridad La Modelo.
El despacho, además, le solicitó al director de la cárcel en Bogotá que disponga los medios logísticos y tecnológicos para que Moreno sea escuchado como testigo en videoconferencia el próximo 22 de enero de 2021, en el proceso disciplinario que se adelanta en el despacho del magistrado Martín Leonardo Suárez Varón. En conclusión, el acuerdo que se había establecido entre el exfiscal Moreno y la Fiscalía para que su reclusión se diera en un lugar especial por cuestiones de seguridad, se quedó en el papel y, por orden judicial, Luis Gustavo Moreno será trasladado a un establecimiento penitenciario formal. (Noticia relacionada: Llegó deportado de EE.UU. el exfiscal Luis Gustavo Moreno)
El exfiscal anticorrupción fue capturado 27 de junio de 2017 y extraditado el 17 de mayo de 2018. En Colombia, Moreno tiene una condena por su participación en el escándalo de corrupción llamado el cartel de la toga. Se trata de una organización criminal compuesta por abogados y al parecer exmagistrados de la propia Corte, que direccionaba procesos de alto perfil a cambio de grandes sumas de dinero. Moreno fue condenado en el 2018 y esa condena fue ratificada en julio de 2020 por la propia Corte luego de que se le se concediera el derecho de impugnar la decisión.
La condena impuesta a Moreno, incluye una multa por 143.74 salarios mínimos legales mensuales. Y en la misma quedó expresamente señalado que el descuento de la pena solo empezaría a contar una vez definiera su situación jurídica en Estados Unidos. La Corte Suprema, en la condena, le reprochó a Moreno haber usado su posición pública y su cargo para actos delictivos en el llamado cartel de la toga ya que ello causa "desprestigio y deslegitiman a un poder judicial".
"La Corte no puede dejar pasar esta oportunidad para expresar su perplejidad ante comportamientos como los juzgados, en los que un funcionario de alto nivel dentro de la estructura jerárquica de la Fiscalía General de la Nación, precisamente encargado de luchar contra la corrupción, defraudó tan hondamente la credibilidad del conglomerado social en sus funcionarios e instituciones, en especial, en las encargadas de administrar justicia", dijo la Corte en ese momento. Actualmente, el exmagistrado del alto tribunal Gustavo Malo, está en juicio por supuestamente pertenecer a ese entramado criminal.
De hecho, el exfiscal Luis Gustavo Moreno es testigo estrella en varios procesos que avanzan en la justicia colombiana por el llamado "cartel de la toga", como producto de un acuerdo que el exfuncionario llegó con la Fiscalía General, razón por la cual recibió un descuento de la mitad de la pena. Moreno es testigo en el juicio que avanza contra Gustavo Malo Fernández, quien dejó de ser magistrado de ese alto tribunal el 21 de noviembre pasado. También en el juicio contra el expresidente de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte que avanza en los juzgados de Paloquemao en Bogotá. Y en el proceso que se le sigue al exsenador Álvaro Ashton.
Igualmente, Moreno es protagonista principal en la acusación que en noviembre pasado le dictó la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos, quien se encuentra fuera del país. Dicha acusación señala a Bustos como el cerebro de ese cartel luego de contar con más de 36 pruebas testimoniales, entre ellas la de Moreno; y los exsenadores Musa Besaile (quién aceptó entregar un soborno de $2.000 millones), Hernán Andrade, el senador Germán Barón Cotrino, el exfiscal general encargado Fabio Espitia, y magistrados de las altas cortes.
Noemy Rivera, madre del procesado, explicó que tanto ella como su familia están preocupados por la reciente decisión del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá. "Queremos advertir a la opinión y al país que, en el día de hoy, de manera sorpresiva, nos enteramos del traslado de Luis Gustavo Moreno a la cárcel La Modelo de Bogotá, centro de reclusión donde fácilmente puede ser asesinado. Gustavo regresó al país a cooperar por su propia voluntad y desde el primer momento reconoció su error y cooperó de manera responsable con la justicia colombiana, tocando las más altas esferas del poder", aseguró.
"Responsabilizamos al Estado y al juez que curiosamente hoy 30 de diciembre y al parecer de manera repentina e inexplicable toma esta decisión. Lo hacemos responsable de las consecuencias que esto pueda acarrear sobre la propia vida de Luis Gustavo Moreno. Hago un llamado al señor presidente Iván Duque, quien tiene la autonomía de proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida e integridad (…). Señor presidente mi hijo está sentenciado a muerte si es trasladado a una prisión", agregó la madre del principal testigo en el expediente del cartel de la toga.
Nota de la Editora: El Espectador se permite RECTIFICAR la publicación inicial, aclarando que por un error involuntario de transcripción, se había afirmado que la audiencia que se llevó a cabo el día 22 de enero de 2021 en la que Gustavo Moreno actuó como testigo dentro un proceso disciplinario, correspondía a un proceso en contra del Magistrado Martín Leonardo Suárez Varón, lo cual no es cierto. Lo verdaderamente cierto, es que dicho proceso disciplinario fue de conocimiento del magistrado Martín Leonardo Suárez Varón. Presentamos nuestras más sinceras disculpas al señor Suárez Varón por este error involuntario.