El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que la intención del Gobierno no es ilegalizarla, sino directamente extinguirla.
Parece evidente que Pedro Sánchez ha dado orden a todos sus ministros para que rescaten "fantasmas" del pasado y así no hablar de las diferentes situaciones de corrupción que acosan al Gobierno. Ya lo hizo el propio presidente visitando el Valle de los Caídos en plena tormenta política y ahora es el ministro Torres el que le sigue el caso.
El titular de Política Territorial y Memoria Democrática, en situación complicada tras los registros ordenados por la Fiscalía Europea al gobierno de Canarias en busca de documentos inculpatorios mientras él era presidente, ha colaborado a la sesión de fuegos de artificio con uno de esos "enemigos" que reaparecen de vez en cuando, la Fundación Francisco Franco.
"Nosotros no ilegalizamos la fundación, lo que hacemos es extinguirla, si una fundación, un espacio, un lugar, rememora, homenajea, vanagloria a alguien que fue represor, no tiene ningún sentido dentro de la democracia", ha explicado en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, donde además, ha asegurado que estamos ante los "últimos días" de la Fundación Francisco Franco.
El pasado mes de febrero, el propio Torres avanzaba que el Gobierno haría "lo que tenga que hacer" para ilegalizar esta fundación, aunque evitaba concretar fechas de cuándo se va a producir. Al ser preguntado por los cambios que está llevando a cabo la fundación para intentar adaptarse a la ley de Memoria Democrática, Torres cree que "no" van a poder esquivar la norma.
La respuesta a estas palabras no ha tardado en llegar y desde la Fundación Francisco Franco se ha advertido al Gobierno de que se enfrentará a una "dura lucha" en los tribunales si acomete cualquier medida que la extinga, que entienden como la pretensión de "callarlos", al tiempo que ha denunciado que usan a Franco para "desviar la atención", ha denunciado el presidente de la Fundación, el general Juan Chicharro.
Chicharro se apoya en el cumplimiento del artículo 22 de la Constitución, el que consagra el derecho a la asociación, para garantizar la continuidad de su fundación. En esta línea, ha recordado que la Fundación retocó sus estatutos en junio del año pasado para acomodarlos a la Ley de Memoria Democrática, y ha sostenido que la organización cumple con la norma.
El máximo dirigente de la fundación sostiene que su labor es necesaria para acercar a la ciudadanía la "obra social" llevada a cabo en la dictadura y que se conozca que el "objetivo" del régimen era la "prosperidad" y el "orden".