Ciudad de Panamá, 11 abr (EFE).- Al son del repicar de una cacerola y consignas como "queremos los nombres" y "somos más y no tenemos miedo", un centenar de panameños protestaron pacíficamente este jueves en la Contraloría General de Panamá para exigir la información completa sobre la entrega de los llamados "auxilios económicos" educativos.
"Más que los que ya se han dado a conocer, creo que los nombres que se ocultan nos alarma, porque tiene que ser mucho peor, y es por eso que la información se mantiene resguardada", señaló a EFE la miembro del movimiento social Sal de las Redes, Itzel Araúz.
A juicio de Araúz, el tema de los llamados 'auxilios económicos' otorgados por el Instituto para la Formación y el Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) muestra una vez más "el favoritismo y la corrupción que existe en este gobierno".
Este escándalo, que estalló años atrás, vuelve ahora a la palestra, a menos de un mes para las elecciones generales en Panamá, con la publicación por el diario La Prensa de una base de datos interactiva, armada por el propio rotativo, en la que se identifican 2.144 beneficiarios que recibieron en total 141,6 millones de dólares.
"No son todos: hay otros 2.759 desembolsos cuyo beneficiario se mantiene en secreto", indicó el rotativo, que dijo que se está ante la adjudicación "discrecional" de recursos "no reembolsables" a estudiantes a los que no se exige "mantener un promedio académico alto, ni participar en alguna disciplina deportiva, ni destacar en actividades culturales", como sí se pide para obtener otras becas del Ifarhu.
Entre los adjudicatarios de los fondos, que en este caso se entregaron para sufragar estudios superiores, están hijos y otros familiares de ministros, ministros consejeros, diputados, incluso una sobrina del presidente, Laurentino Cortizo, y hasta de poderosos empresarios nacionales, de acuerdo con la información del rotativo.
Los expuestos en la lista son los beneficiarios y los montos, algunos de hasta 200.000 dólares, repartidos entre el 7 de julio de 2019 y el 24 de mayo de 2023, según la base de datos de La Prensa, una información que el Ifarhu se negó a difundir y que la Contraloría General declaró como "reservada", destaca el rotativo.
"Estamos exigiendo que el contralor (Gerardo Solís) haga público todos los registros de pagos que se hicieron entre el año 2019 y 2024. Y lo estamos haciendo porque más de la mitad del informe que sacó La Prensa fueron ocultados y fueron blindados por parte de la Contraloría", expresó a EFE el militante de Sal de las Redes, José Isaac González.
Este mismo grupo presentó este jueves ante la Contraloría General una petición de información sobre los auxilios económicos y esperan que se les dé respuestas, sino buscarán otras vías legales para conseguirla.
"Hay más de 75 millones de dólares que los panameños no sabemos a quién se les otorgaron", subrayó.
La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) dijo en 2023 que los funcionarios del Ifarhu, incluido su entonces director Bernardo Meneses, no incurrieron en irregularidades administrativas o faltas al Código de Ética, pero recomendó reglamentar el programa de los auxilios financieros.
"No sabemos si fueron pagos que se hicieron directos a las instituciones académicas o directo a los beneficiarios, hay poca información y se está ocultando algo importante sobre la administración de los recursos del Estado", puntualizó González. EFE
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