En medio del atropellado trámite de las reformas del presidente Gustavo Petro en el Congreso, se desató una guerra jurídica entre congresistas de diversos partidos por presuntamente no haberse declarado impedidos para debatir y votar algunos de esos proyectos.
Y, al ahondar en la discusión, las voces de oposición y oficialismo coinciden en que detrás de todo estarían supuestos conflictos de interés por los que fueron los benefactores de sus campañas, así como por las donaciones de empresas privadas para el sostenimiento de los partidos.