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El Gobierno británico ha contactado con al menos otros cuatro países -Costa Rica, Armenia, Costa de Marfil y Botswana- para replicar sus planes para la deportación de inmigrantes pendientes de asilo, y sin esperar siquiera al arranque del plan Ruanda, que ha estado bloqueado durante dos años por la intervención de los tribunales, según informa el diario The Times.
Un portavoz de Downing Street confirmó que el Gobierno "está trabajando con una serie de socios internacionales para hacer frente a los retos de la inmigración ilegal". "Nuestra prioridad es ahora la aprobación de la Ley de Ruanda para iniciar los vuelos (con inmigrantes pendientes de la solicitud de asilo) lo antes posible", declaró el citado portavoz.
La noticia de posibles acuerdos con otros países ha saltado en la recta final de la tramitación de la Ley de Ruanda, que esta semana ha vuelto a la Cámara de los Comunes tras las enmiendas introducidas por la Cámara de los Lores. Downing Street ha anticipado que no piensa admitir más cambios ni retrasos, aunque la compañía estatal RwandAir ha rechazado la propuesta para hacerse cargo de los vuelos.
Según The Times, junio es la nueva fecha en el horizonte, con la idea de anticiparse al verano y ante la preocupación creciente por el repunte de las travesías en el Canal de la Mancha este año. El domingo llegaron 534 inmigrantes en lanchas a las costas británicas, lo que eleva el total provisional a 6.285 en lo que va de año, un 28% más que en el mismo período en el 2023.
El récord de travesías se alcanzó en el 2022 con 45.774, reducidas a 29.437 el años pasado, aparentemente por una mayor colaboración con las autoridades francesas para combatir las redes de tráfico humano y por acuerdos como el alcanzado con Albania para repatriar a sus inmigrantes irregulares.
La consigna Stop the boats! (¡Parad los botes!) ha sido usada repetidamente por el premierRishi Sunak para ilustrar su determinación para atajar la inmigración ilegal, una de sus cinco promesas electorales. El plan Ruanda, elaborado hace dos años por el entonces premier, Boris Johnson, se enfrentó sin embargo a la intervención de última hora del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a la decisión posterior del Tribunal Supremo británico que calificó Ruanda como "un tercer país no seguro para los solicitantes de asilo político".
Sunak decidió firmar un nuevo acuerdo con Kigali e impulsó la Ley de Ruanda para prevenir futuras acciones legales. La versión final de la ley será votada a lo largo de esta semana, tras el ping-pong entre las dos cámaras en los últimos meses.