Especialistas en asuntos internacionales indican que la sentencia de la Corte Internacional de Justicia sobre el territorio Esequibo puede tardar entre dos y cuatro años. Señalan que es una decisión vinculante, pero enfatizan que en el mundo no existe ninguna suprapolicía o una supraautoridad que pueda forzar a ninguno de los Estados partes a cumplir lo que decida el tribunal
Aunque el gobierno de Nicolás Maduro asegura que no reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), acudió a la audiencia realizada en este tribunal el pasado 8 de abril para entregar un conjunto de documentos en defensa de la titularidad de Venezuela sobre el territorio Esequibo; sin embargo, aún se desconoce con exactitud qué entregó este país en La Haya.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez llevó a la sede de la CIJ una gran cantidad de cajas —sin jamás mencionar que se tratara de la contramemoria exigida por el organismo—, que se supone contienen copias de documentos que explican por qué el Laudo Arbitral de París (1899) no es válido para resolver la disputa por el Esequibo y sí validan la posición del gobierno que exige que la disputa territorial se dirima mediante el Acuerdo de Ginebra de 1966.
Las autoridades venezolanas afirman que con este hecho no dan consentimiento a la CIJ para resolver los derechos sobre el Esequibo. El canciller Yván Gil reitera que la entrega de estos documentos «no implica el consentimiento de Venezuela ni el reconocimiento» y la vicepresidenta Delcy Rodríguez indica que «la patria nunca ha consentido la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para conocer de la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba»; no obstante, especialistas internacionales aseveran que con la presentación ante el tribunal, Venezuela reconoce de forma implícita la autoridad de la CIJ y se da por hecho que entregaron la contramemoria solicitada.
Al respecto, vale recordar que el pasado 3 de diciembre el gobierno de Nicolás Maduro realizó un referendo consultivo sobre el Esequibo en el que dos de las preguntas planteaban desconocer el Laudo Arbitral de 1899 y la jurisdicción de la CIJ como instancia para resolver el diferendo.
El doctor en Estudios Estratégicos Internacionales Ricardo Salvador de Toma analiza el escenario y detalla que aunque no queda totalmente claro que lo que se adjudicó sea una memoria o una contramemoria, «dentro de la ausencia de información, sabemos que cumplieron con su deber y es importante destacar que entregaron, se entiende, una contramemoria; hicieron lo que tenían que haber hecho».
Por su parte, Lauren Caballero, experto en asuntos internacionales, explica que, con estas acciones, Venezuela reconoce la jurisdicción de este tribunal por el principio forum prorogatum, pues el país está participando activamente en el proceso con el nombramiento de agentes, jueces, abogados y representantes oficiales para defender el territorio Esequibo.
La Cancillería de Venezuela no ha detallado por ninguna vía la documentación entregada ante la CIJ, por lo que para poder conocer qué llevó, se debe esperar que la Corte Internacional de Justicia publique en su página web el material consignado y, después de allí, los jueces pasan a estudiarlo.
«Son alrededor de 65 o 70 tomos (que llevó la vicepresidenta Rodríguez a La Haya), entonces no se sabe cuánto tiempo se tardarán en publicarlos y me preocupa mucho que esto no sea una medida de inundar la CIJ con documentos para torpedear y retrasar el proceso», expone Caballero, pero a la vez indica que existe la posibilidad de que el Gobierno se haya reunido «con gente seria, que últimamente ha mantenido un perfil muy bajo con respecto al tema, que tienen prestigio desde el punto de vista del Derecho».
Cómo fue el antes y qué procede después
La Guayana Esequiba es un territorio de 160.000 kilómetros cuadrados —rico en petróleo, minerales y gas— que está en reclamación por parte de Guyana y Venezuela desde el siglo XIX. Venezuela considera que la reclamación del Esequibo debe zanjarse por medio del Acuerdo de Ginebra de 1966 y Guyana esgrime la validez del Laudo Arbitral de París de 1899.
En 2018, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, concluyó que la Corte Internacional de Justicia debía solventar este asunto porque no se había logrado un «progreso significativo». Ese mismo año Guyana solicitó a la CIJ iniciar un proceso contra Venezuela, pidiendo confirmar la validez jurídica y vinculante del Laudo Arbitral de París y, en 2020, el tribunal se declaró competente para considerar la demanda de Guyana.
Ahora la Corte Internacional de Justicia debe determinar la validez del Laudo Arbitral de 1899, decisión que Venezuela califica como amañada, pero por la que Guyana ocupa el territorio Esequibo.
La decisión está en manos de la CIJ e «independientemente de que el Estado venezolano no la reconozca, la Corte se declaró competente, puede decidir sobre la materia e, indistintamente de la postura que asuman los representantes del Estado, se emitirá una sentencia, que tendrá un carácter vinculante y efectos jurídicos legales, que les permitirá a las corporaciones petroleras o a los Estados realizar contratos sobre el territorio disputado», expone de Toma.
Lauren Caballero explica que si las evidencias de Venezuela son lo suficientemente sólidas, la Corte Internacional de Justicia «podría decir que el Laudo de París no es válido», lo que no se traduce en que el Esequibo es de este país, sino que conlleva a un nuevo proceso para determinar cuál es la frontera.
Si la CIJ determina que el Laudo de París es válido, también puede conllevar a redefinir las fronteras, pero toca esperar la decisión final de este tribunal. Para el internacionalista Caballero «es difícil validar el Laudo Arbitral de París».
Analizando los posibles escenarios, Ricardo de Toma considera que Venezuela tiene dos alternativas: participar del proceso que lleva adelante la Corte Internacional de Justicia o prepararse para romper el status quo y emprender acciones coherentes con la Ley para la Defensa del Esequibo.
Pese a que la decisión que tome la Corte —que puede tardar entre dos y cuatro años— es vinculante, ambos especialistas explican que en el mundo no existe ninguna suprapolicía o una supraautoridad que pueda forzar a ninguno de los Estados partes a cumplir la sentencia.
Como Venezuela no ocupa el territorio Esequibo, cualquier acto que realice en este espacio y que llegue a ser contrario a la decisión de la CIJ, en caso de que la sentencia beneficie a Guyana, «va a ser considerado por todo el mundo civilizado como una violación al Derecho Internacional, al estilo Rusia – Ucrania, y Venezuela será calificada como un Estado agresor», puntualiza Lauren Caballero.