El Gobierno de Pedro Sánchez está dispuesto a llegar a los tribunales para blindar el acceso a información clave sobre el caso Koldo, la trama de cobro de mordidas por los contratos en la pandemia. El Ministerio de Transportes, dirigido actualmente por Óscar Puente, ha denegado una petición de información, a través de Transparencia, en la que se requería conocer «la forma en que se produjo el primer contacto para la adquisición de material sanitario -mascarillas- a Soluciones de Gestión S.L. por parte del ministerio, en marzo de 2020». En la solicitud se demandaba saber «de quién partió el primer contacto» para la compra, además de la fecha exacta.
Esta información es determinante para esclarecer el origen del caso, que ha derivado en una investigación que afecta a los ministerios de Transportes e Interior y a los gobiernos socialistas de Baleares y Canarias, presididos entonces por Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados, y Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial.
Las pesquisas han determinado que Víctor de Aldama, uno de los principales comisionistas de la trama, tenía un «pase especial» en el Ministerio de Transportes dirigido por José Luis Ábalos entre 2018 y 2021. Según el juez, Aldama supo con antelación que el ministerio necesitaba adquirir material sanitario al inicio de la pandemia, en marzo de 2020, y tenía línea directa con Koldo García, quien era asesor de Ábalos. Aldama, según la investigación, obtuvo un beneficio de 5,5 millones por intermediar en la venta del material sanitario a Soluciones de Gestión, adjudicataria de contratos por un importe total de 53 millones.
El auto del juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, señaló que Aldama disfrutaba de un trato privilegiado gracias a su «vinculación directa» con el ex asesor de Ábalos y, por ello, se hizo con los contratos para Soluciones. De hecho, Anticorrupción ya denunció un «concierto previo» entre la trama y el Gobierno, pues «el plazo de tiempo entre las órdenes de contratación y las adjudicaciones fue prácticamente inexistente». Como ya publicó este periódico, la trama elaboró la factura por la venta de ocho millones de mascarillas por 20 millones de euros, justo el mismo día -20 de marzo de 2020- en que Ábalos dictaba la orden para la compra de material sanitario.
«No es información pública»
Ahora, el Gobierno, en una respuesta por escrito, deniega el acceso a la información solicitada. Alega que «no es información pública», remitiéndose a la Ley de Transparencia, que define como tal «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones».
Así, considera el Ejecutivo que «la solicitud presentada no pide acceso a ningún contenido o documento elaborado o adquirido por este departamento en el ejercicio de sus funciones» y, en consecuencia, «no puede ser admitida al no estar solicitando información pública» sino «realizando unas preguntas sobre un hecho concreto que requeriría de la realización de un informe ad hoc por parte de la unidad responsable para su contestación».
Con este argumento, el Gobierno insta al solicitante a interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid o bien una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. En este último caso, si la resolución de Transparencia obligase al Gobierno a facilitar la información, éste podría recurrir igualmente a los tribunales presentando el correspondiente recurso, como ha hecho en numerosas ocasiones, para blindar el acceso a la información demandada por los ciudadanos.
La negativa evidencia la opacidad a la hora de facilitar la información relevante sobre el caso, rechazando así el derecho ciudadano a conocer cómo se fraguó el contacto del Gobierno con la trama Koldo.
No es la primera vez que el Ejecutivo se pone en alerta para no revelar datos de esos contratos. Ya en 2020, ante la denuncia de un particular en el Tribunal de Cuentas, el Gobierno movilizó a la Abogacía y la Fiscalía para defender a la empresa del caso Koldo y los contratos del Ejecutivo. Ambos descartaron que los hechos supusiesen «menoscabo de fondos públicos», como reveló este periódico.