Ha ocurrido en Gran Canaria, en la zona de Maspalomas. Allí varios propietarios han recibido una sanción económica por este motivo. Lo peor es que es parte de una ley del gobierno canario.
Imaginen que están en su casa, que es de su propiedad -por la que han pagado una hipoteca o están todavía pagándola- y reciben una notificación que les avisa que ha sido multado por no ceder la vivienda a un operador turístico para que la alquile a turistas. Puede parecer una locura pero tristemente es muy real. Está pasando en Gran Canaria, concretamente en la zona de Maspalomas, aunque afecta a toda la isla.
Allí, un grupo de vecinos de la Playa del Inglés se han reunido para protestar por esta situación que no solo les afecta a ellos sino a cerca de 70.000 propietarios de la costa canaria. Se trata de la denominada Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias del Gobierno de las islas, gobernadas por Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, en la actualidad, y aprobada en 2013 por otro gobierno en manos de esta formación.
Esta ley obliga a estas personas a que cedan sus casas -catalogadas como pisos turísticos- para que sean explotadas turísticamente. Vamos, un absoluto sinsentido que, como es evidente, ha provocado el malestar en los afectados, que han recibido multas de 3.000 euros por no cumplir con este disparate de norma. Algunos acumulan hasta 30.000 euros en sanciones.
Esto es sencillamente ACOJONANTE pic.twitter.com/JdrBZyJk2d
— velardedaoiz2 (@velardedaoiz2) April 12, 2024
En este reportaje, emitido curiosamente por la televisión provincial de Málaga, se puede escuchar el testimonio de varios de ellos. Otro de los puntos a destacar es que incluso a las personas que tienen estas viviendas como primera residencia, también estarían obligados por ley a cederlas y por lo tanto también han sido multados.
Es el caso de Estela: "Es mi casa. No tengo otra residencia y viviendo aquí pues pretenden que me vaya no se sabe a donde". Otra vecina, Remedios, que compró la casa en su caso como segunda residencia de vacaciones, expresa que "ahora resulta que alguien la quiere explotar, apropiarse de mi propiedad, para hacer negocio". Organizaciones vecinales de afectados han llevado la ley hasta la Unión Europea con la esperanza de que acabe siendo derogada.