En exclusiva, este artículo de El Libre demuestra, con los hechos puestos en conocimiento de la Oficina Antifraude de Andalucía en 2023, que la Junta tuvo la intención de beneficiar al grupo ASISA a sabiendas de las ilegalidades.
"La Oficina Antifraude de Andalucía (OAAF), ¿otro fraude para amparar la corrupción política?" (El Libre, 17-03-2024).
Lunes, 8 de abril de 2024. La presidenta del consejo de Administración del Servicio Andaluz de Salud (SAS), máximo órgano de dirección del SAS, es la consejera Catalina García Carrasco. Al ser interpelada por el periodista de El Libre, Paco Núñez, en rueda de prensa tras el consejo de Gobierno, por no convocar a dicho consejo de Administración aunque fuera una exigencia legal, manifestó que no era necesario porque se reunía "con el Servicio Andaluz de Salud de una manera absolutamente continua, trabajamos de… como no puede ser de otra manera…de una manera continua, para abordar todos los problemas, para abordar las soluciones", y que "que estamos reunidos de una manera continua y permanente, como si estuviéramos todavía en una alerta sanitaria. El sistema siempre está en alerta".
Estas palabras están acreditadas en el artículo publicado por este diario el pasado 19/10/2023 (enlace artículo). Por tanto, la consejera Catalina García también tendrá que dar explicaciones de las graves ilegalidades cometidas por el SAS con el grupo ASISA, dado que se reunía de forma continua y permanente para abordar todos los problemas y soluciones del SAS, que supongo incluiría los informes de las Intervenciones provinciales. ¿O acaso se dedicaban a contar chistes mientras los andaluces sufrimos las consecuencias de sus actos y omisiones?
Hechos acreditados sobre el concierto con la empresa del grupo ASISA y denunciados a la OAAF en 2023.
Todos los hechos que se han publicado por este diario están acreditados por tres informes de cumplimiento de legalidad de la Plataforma Logística Sanitaria de Sevilla del Servicio Andaluz de Salud (SAS), suscritos el 15/05/2020, el 12/05/2021 y el 26/08/2022, por el Interventor provincial de Sevilla, Domingo Francisco Pérez Torres, correspondientes a los años 2018, 2019 y 2020, respectivamente, con dictámenes desfavorables ante las graves ilegalidades. La asociación Justicia por la Sanidad adjuntó estos informes como pruebas documentales a la denuncia presentada el pasado mes de noviembre a la Oficina Antifraude de Andalucía (OAAF). Han transcurrido cinco meses, y la asociación aún no ha recibido ningún escrito de la OAAF sobre el inicio de las investigaciones, tal como ya informó este diario.
Entre las habituales quejas de los funcionarios interventores que fiscalizan una ínfima parte de los expedientes del SAS (la mayoría de los expedientes no los fiscaliza nadie) figura que el órgano del SAS fiscalizado no remite la documentación solicitada o requerida por la Intervención, o que con la documentación aportada por el órgano gestor no es posible comprobar el expediente en todos sus extremos. Es decir, es tan colosal la corrupción en el SAS que sus órganos ocultan documentos de los expedientes de los contratos o ni siquiera existen al incumplir el ordenamiento jurídico.
En el artículo anterior, se ofrecieron algunos datos sobre la denuncia presentada a la OAAF, relativa a un contrato de servicios (Expediente PA 16/2015) suscrito por el SAS con varias entidades privadas, que incluía a la empresa Clínica Santa Isabel, S.A, del grupo ASISA. Pero no se relataban todos los hechos que constaban en la denuncia.
Un dato a tener en cuenta, tal como se ha puesto de manifiesto a la OAAF, es que el SAS clasifica los expedientes de contratación con varios códigos diferentes, obstaculizando las búsquedas de las licitaciones en la Plataforma de Contratación de la Junta, convirtiendo en opacidad lo que debería ser transparente. Forma parte del sistema corrupto del SAS.
Dicho expediente de 2015 fue adjudicado ese mismo año por el que era gerente del Hospital U. Virgen del Rocío, Manuel González Suárez. Este directivo fue investigado en dos querellas presentadas en 2018 por la citada asociación, sin contar en la instrucción judicial con la colaboración de la Junta de Andalucía, aunque el PP denunció algunos hechos en el Parlamento andaluz en 2015, con el único fin de engañar a los ciudadanos aparentando luchar contra la corrupción y de quemar al gobierno del PSOE.
En 2015, el Director Gerente del SAS era José Manuel Aranda Lara. Dicho contrato tenía una duración máxima de 4 años, siendo la fecha límite de ejecución el 30 de abril de 2019, incluidas todas las prórrogas. A la empresa de ASISA le fue adjudicado parte del Lote 3 y el Lote 4, por un importe total de 5.227.003,87 euros.
Debe tenerse en cuenta que, aunque la competencia de la contratación, incluidos los conciertos, la tiene otorgada la Dirección Gerencia del SAS, está delegada en los directores gerentes de los Hospitales Generales de cada provincia en los que se ubican las Plataformas Logísticas Sanitarias provinciales, que se encargan de su tramitación.
Un dato importante a tener en cuenta con los hechos que se relatan más adelante: entre el acuerdo de inicio del expediente del contrato de 2015 y su adjudicación sólo transcurrieron dos meses y medio, constatando con ello que puede adjudicarse un contrato abierto en este corto plazo, sin necesidad de acudir a prórrogas ilegales una vez superado el plazo legal máximo.
La primera irregularidad manifestada por el Interventor provincial es que dicho contrato fue "modificado" posteriormente, figurando en el expediente una cláusula adicional que no tiene fecha. Sin estar debidamente justificado en el expediente con los imprescindibles datos (se emplearon justificaciones genéricas, que es ilegal y habitual en el SAS), y debido a supuestas intervenciones quirúrgicas a realizar entre el 1 de abril y 30 de abril de 2019, se acordó incrementar el importe del contrato con dicha empresa en 564.922,51 euros. En esta fecha el consejero y viceconsejera de Salud eran Jesús Aguirre, actual presidente del Parlamento andaluz, y Catalina García, actual consejera, y el director gerente del SAS era Miguel Moreno Verdugo.
Observen en el texto de la imagen que menciona un expediente con número PA 1/2019, que, según parece, era para el mismo objeto. Si lo buscan con ese número en el perfil del contratante de la Junta de Andalucía, no lo encontrarán.
Sin perjuicio de esa modificación del contrato en 2019 nada más llegar el PP al poder en Andalucía, una de las irregularidades más graves advertidas por la Intervención son las prórrogas ilegales de dicho contrato, suscritas de 01-05-19 a 31-01-20, 01-02-20 a 31-07-20, de 01-08-20 a 30-11-20 y de 01-12-20 a 31-05-21, indicando el Interventor que, en el expediente de la primera prórroga, tanto la Resolución de aprobación como los documentos en que se formaliza la misma, ni siquiera están fechados. Estas prórrogas no aparecen en el perfil del contratante del contrato de 2015, como pueden comprobar en este enlace. Sólo aparece la resolución de una prórroga suscrita en 2023 que, si la leen, observarán cierto caos en los antecedentes. Fue suscrita con fecha 14/02/2023 por Manuel Molina Muñoz, director gerente del Hospital U. Virgen del Rocío, y Gregorio Medina Blanco, por la empresa del grupo ASISA. ¡Suscrita casi cuatro años después de la fecha límite legal!
Todas las prórrogas y otros actos ilegales se realizaron bajo la responsabilidad del director gerente del H. Universitario "Virgen del Rocío", Manuel Molina Muñoz, que tenía la competencia delegada del Director Gerente del SAS (recuérdese que Molina fue presidente del PP de Fuenlabrada y viceconsejero de Sanidad en la Comunidad de Madrid). Se desconoce el total de prórrogas ilegales suscritas, aunque todo apunta a que fueron muchas desde abril de 2019.
Para intentar averiguar algo más, se ha solicitado dos veces al SAS el informe de la Intervención provincial del ejercicio 2021 (solicitudes de 27-11-2023 y 03/02/2024), y en las dos ocasiones ha respondido el Director General de Gestión Económica del SAS, José Antonio Miranda Aranda, que no es posible aportar tales informes porque aún no han sido emitidos por la Intervención General, tras haber transcurrido más de dos años del final del ejercicio de 2021. Sin embargo, la consejera de Hacienda, Carolina España, no para de hablar de logros de su consejería, de la que depende dicha Intervención General.
En la primera prórroga ilegal, el Director Gerente del SAS era Miguel Moreno Verdugo, y en las siguientes prórrogas suscritas antes del 19 de julio de 2022, era Miguel Ángel Guzmán Ruiz. En las prórrogas ilegales posteriores a esta última fecha, el director gerente del SAS era Diego Agustín Vargas Ortega, nombrado el 9 de agosto de 2022 por el consejo de Gobierno, hasta que fue cesado el 27 de diciembre de de 2023 junto al ex viceconsejero Miguel Ángel Guzmán.
"Las prórrogas suscritas ilegalmente perjudican los intereses económicos de la Junta de Andalucía"
Al prorrogarse ilegalmente el contrato suscrito en 2015 tras su fecha límite legalmente establecida en 2019, el SAS ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido en la contratación de servicios, por lo que tanto el SAS como la Intervención General de la Junta debieron ordenar la revisión de oficio de las resoluciones de las prórrogas al ser nulas de pleno derecho, de forma que las entidades privadas implicadas devolvieran a la Junta de Andalucía lo indebidamente percibido, como son los beneficios industriales y demás gastos que superaran el coste de lo realmente realizado. Debe tenerse en cuenta que las entidades beneficiadas, que incluye a la del grupo ASISA, sabían que las prórrogas que excedían el plazo máximo formalizado en el contrato de 2015 eran ilegales, y aceptaron suscribir esas prórrogas a sabiendas de su ilegalidad. Nadie en su sano juicio podría aceptar que unas entidades privadas que cuentan con directivos y técnicos formados no lo supiesen (economistas, juristas, etc.), contando además con códigos éticos y canales de denuncia para la corrupción; por ejemplo, ASISA.
Otra de las graves irregularidades puestas de manifiesto por el interventor provincial es la ausencia de documentos e informes preceptivos en los expedientes de las prórrogas. Y lo grave es que nadie en la Junta de Andalucía, ni siquiera la Intervención General que conoce todas estas graves ilegalidades, ha exigido responsabilidades personales a sus autores y cooperadores necesarios (sean autoridades, directivos o funcionarios), perjudicando con ello los intereses públicos y financieros de la Junta de Andalucía.
"Alguien de los Servicios Centrales del SAS ordenó que se renunciase a varios lotes del nuevo contrato que iba a sustituir al de 2015, beneficiando a la empresa del grupo ASISA con las prórrogas ilegales"
La clave del tema radica en estos nuevos hechos que no se habían dado a conocer hasta ahora, y que la OAAF conoce desde noviembre de 2023, estando acreditados documentalmente.
1º) No procedía prorrogar ilegalmente el contrato de 2015 porque en 2019, la misma Plataforma de Sevilla que adjudicó el contrato de 2015, inició el expediente PAAM 297/2019, tramitado como "acuerdo marco", que pretendía que los servicios objeto del contrato de 2015 se siguieran sirviendo de forma ininterrumpida con los nuevos contratos basados en dicho acuerdo marco, dado que el SAS los consideraba imprescindibles. No obstante, en la Memoria Justificativa del expediente, se afirma la necesidad de realizar el concierto sanitario sin especificar los datos que lo justificaban, sino que acude a la estereotipada fórmula de "no tener los medios y recursos adecuados y la experiencia acumulada", fórmula que no está permitida por la legislación contractual. Dicha Memoria tiene fecha de 4 de julio de 2020, y está firmada por Jaime Pérez Pérez como Director de la Plataforma Logística Sanitaria de Sevilla.
Recuérdese que el contrato de 2015 se adjudicó en dos meses y medio desde su inicio, pero lo ocurrido con este contrato de 2019 es propio de una trama corrupta que la Justicia debería investigar, tal como la asociación Justicia por la Sanidad ha solicitado a la OAAF una vez consiga del SAS los documentos ocultos (si es que los consigue o tiene la intención de conseguirlos), por presuntos delitos de prevaricación, dado que se seguían cometiendo las ilegalidades a pesar de las numerosas advertencias de la Intervención, como ocurrió en el caso ERE.
Los informes del Interventor provincial de los ejercicios 2019 y 2020 advierten de la ilegalidad de las prórrogas fuera de plazo, por lo que en 2020 y años posteriores se actuó a sabiendas de la ilegalidad que estaban cometiendo. Por otro lado, en el informe de 2018 se advierte de la ilegalidad cometida en las anteriores prórrogas, porque los documentos contables AD (autorización y disposición), que acreditan la existencia de crédito adecuado y suficiente, se han contabilizado con posterioridad a la Resolución por la que se acuerda la prórroga, al documento de formalización o después del inicio de la vigencia de la misma. Esto implica la nulidad radical de dichas prórrogas, pero tampoco se han iniciado los trámites de revisión de oficio para anular dichas resoluciones.
2º) El nuevo expediente de 2019 se licitó por 17.750.132,74 euros, en cinco lotes, siendo su valor estimado de 40.825.305,30 euros al tener en cuenta las posibles prórrogas y modificaciones del contrato. Sin embargo, sólo se adjudicó el primer lote al Hospital San Juan de Dios de Sevilla, por un importe de 3.435.144,37 euros, dejando desiertos el resto de lotes. La fecha de adjudicación fue el 24 de junio de 2021. ¿Qué ocurrió con el resto de lotes?
A pesar de justificarse en el expediente la necesidad imperiosa de adjudicar este nuevo contrato, no fue publicada la licitación en el DOUE hasta el 12 de febrero de 2021 (el plazo de presentación de ofertas finalizaba el 12 de marzo).
El día 11 de marzo de 2021, un día antes de la finalización del plazo para presentar las ofertas, el órgano que tenía la competencia delegada para adjudicar el contrato, el director gerente del Hospital U. Virgen del Rocío, Manuel Molina Muñoz, resuelve acordar la renuncia a los Lotes 2, 3, 4 y 5, con esta peregrina explicación en el antecedente 4 de la resolución, que se refleja después en el apartado 1 del resuelvo:
"Posteriormente y por razón de interés público con el fin de poder evitar que puedan verse afectados los principios que han de inspirar todo procedimiento de contratación administrativa, se considera necesario acordar la renuncia de los lotes 2, 3, 4 y 5 del procedimiento de adjudicación, siendo los Servicios Centrales del SAS, los que van a proceder a la licitación de los mismos."
No sólo no se exteriorizan los motivos de interés público que afirma Manuel Molina Muñoz, sino que ni siquiera el Director Gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán Ruiz, avocó la competencia que estaba delegada en el Director Gerente del Hospital.
Es decir, alguien de los Servicios Centrales del SAS dio la orden para renunciar a la adjudicación de los lotes citados, tal como se afirma en el Informe de 2020 del Interventor Provincial. ¿Quién dio la orden? Sólo podría proceder de algún alto cargo del SAS: o del Director General de Gestión Económica del SAS, José Antonio Miranda Aranda, o del propio Director Gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán Ruiz.
Por otro lado, ¿cómo recibió la orden? ¿Por escrito o verbalmente? ¿Por qué obedeció el director gerente del Hospital dicha orden si tenía la competencia delegada para adjudicar dicho contrato y esta no fue avocada por Miguel Ángel Guzmán Ruiz? Si tan necesario era adjudicar dichos lotes, tal como se había justificado en el expediente, ¿en base a qué interés público se renunció a estos lotes? Téngase en cuenta que, con dicha orden, el efecto fue beneficiar a las empresas adjudicatarias del contrato de 2015 con las prórrogas ilegales que se fueron suscribiendo.
3º) En el informe definitivo del ejercicio 2020 del Interventor provincial de Sevilla, aparece el texto de las alegaciones que presentó el SAS al informe provisional elaborado por el Interventor (ver la imagen siguiente). En dichas alegaciones se indica que se tramitaba un nuevo expediente (PA 297/2019) para sustituir al anterior de 2015.
Con este informe del Interventor, queda acreditado que "alguien" de los Servicios Centrales del SAS ordenó que no se adjudicaran los lotes 2, 3, 4 y 5, y se renunciara a ellos. Este hecho es clave, y debe investigarse quién dio dicha orden, si fue por escrito para incorporarlo al expediente o sólo verbalmente, y cuáles fueron los motivos de interés público, porque legalmente no se podía seguir prorrogando dicho contrato de 2015, cuya fecha límite de ejecución finalizó en 2019.
4º) Unos días antes del 11 de marzo de 2021, fecha de la resolución de renuncia de los lotes del contrato de 2019, hubo una reunión informativa en en el Hospital U. Virgen del Rocío de Sevilla, a la que acudieron representantes de la empresa del grupo ASISA, Juan Antonio Gutiérrez y Javier Lastre Benítez, según consta en el Acta que figura en el expediente del Perfil del Contratante de la Junta de Andalucía. Dicha reunión se convocó para aclarar dudas sobre el contenido de los Pliegos del contrato PA 297/2019.
Es decir, la intención del grupo ASISA era presentar su oferta y que se adjudicaran por la Plataforma Logística Sanitaria de Sevilla del SAS todos los lotes del nuevo contrato PA 297/2019, tal como ocurrió con el lote 1 que se adjudicó a la Orden de San Juan de Dios con fecha 24 de junio de 2021. La renuncia a los lotes 2 a 5 se efectuó el 11 de marzo de 2021, con la supuesta intención de que fueran los Servicios Centrales del SAS los que licitaran el contrato y lo adjudicaran, según manifiesta el Interventor con las alegaciones que presentó el SAS y según indica la citada Resolución de adjudicación del lote 1.
Sin embargo, y este es el hecho más revelador, los Servicios Centrales del SAS no procedieron a ninguna licitación en 2021, sino que no la ha efectuado hasta finales de 2023.
El SAS se escudó en su alegación al informe del interventor provincial en la aprobación del Decreto-ley 26/2021 (BOJA de 17-12-2021), que derogó la orden de tarificación de conciertos. Sin embargo, este Decreto-ley se aprobó el 14 de diciembre, y se siguió prorrogando ilegalmente el contrato de 2015.
La pregunta del millón: ¿qué ocurrió en los Servicios Centrales del SAS desde el 11 de marzo de 2021, fecha en la que se renunció a dichos lotes, hasta el 14 de diciembre de 2021 cuando se aprobó el citado decreto ley? Habría dado tiempo de sobra a licitar y adjudicar un nuevo contrato para evitar más prórrogas ilegales. Téngase en cuenta, por un lado, que el Lote 1 fue adjudicado el 24 de junio de 2021, fecha en la que podían haberse adjudicado el resto de lotes, y, por otro lado, que el contrato de 2015 se adjudicó en dos meses y medio desde su inicio.
El efecto de esta actuación del SAS fue que el grupo ASISA obtenía beneficios económicos que no le correspondían. Recuerden que, además de participar en puertas giratorias con los políticos, como recientemente se ha anunciado en los medios de comunicación con el caso de Miguel Ángel Guzmán Ruiz, este grupo es mecenas del El Fórum Europa Tribuna Andalucía, que organiza eventos que sirven a los políticos para publicitarse.
Para colmo de males, dicho Decreto-Ley 26/2021 es inconstitucional en la parte que afectaba a los conciertos sanitarios, como está acreditado con los informes del Letrado del Gabinete Jurídico. Pero, a pesar de ello, fue convalidado por el Parlamento andaluz con los votos a favor de PP, Cs y Vox. Sobre este Decreto-ley, la asociación Justicia por la Sanidad publicó este comunicado para conocimiento de los ciudadanos: comunicado.
La actuación del SAS, y muy especialmente de Miguel Ángel Guzmán Ruiz y José Antonio Miranda Aranda, como responsables de la gestión económica del SAS, ha sido más que grave, y nadie ha exigido responsabilidades, ni políticas, ni administrativas, ni contables, ni penales. Y las responsabilidades de las entidades privadas beneficiadas también son evidentes: Clínica Santa Isabel, SA (grupo ASISA), Hospital San Juan de Dios de Sevilla, y Hospital Victoria Eugenia de la Cruz Roja Española.
A pesar de estos graves incumplimientos reiterados por la Intervención General, el portavoz del gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco Monterreal, manifestó literalmente en la rueda de prensa del pasado 24 de octubre de 2023, sin pudor alguno, que "el Servicio Andaluz de Salud es ejemplar siempre a la hora de la tramitación administrativa de los diferentes contratos", como puede comprobarse en este vínculo a la videoteca de la Junta de Andalucía: rueda de prensa. La propia consejera de Salud, Catalina García Carrasco, manifestó públicamente que los contratos del SAS cumplen rigurosamente con la legislación de contratos, cuando en los Informes anuales de los Interventores provinciales se ha detectado lo contrario. Este es el proceder corrupto de unos políticos que carecen de toda ética y que deberían estar fuera de la esfera de lo público.
Por otro lado, ¿actuará algún día la OAAF con la denuncia presentada por la asociación Justicia por la Sanidad en el mes de noviembre de 2023? De momento, está dejando que los plazos transcurran, favoreciendo la prescripción de las posibles infracciones. Y no sólo eso, se le ha presentado en enero dos escritos de reclamación, y ni siquiera los responde. Si el director de la OAAF, Ricardo Puyol Sánchez, ha manifestado recientemente en el Parlamento que no puede hacer más con la plantilla que tiene (dos funcionarios de libre designación para investigar más de 600 denuncias en 2023), ¿por qué no dimite por dignidad? ¿Actuará la Mesa del Parlamento andaluz aumentando el personal de la OAAF, dado que es su competencia, o los partidos políticos también pretenden demorar las investigaciones de la OAAF no otorgando los recursos necesarios? Todos los hechos apuntan a un interés político en mantener la corrupción sistémica del SAS, como se viene denunciando desde hace años por la asociación Justicia por la Sanidad.
La única organización que ha puesto el foco en la corrupción sistémica del SAS con relación a su gestión económica ha sido la asociación Justicia por la Sanidad, que no solicita ni se nutre de ayudas públicas para que nadie interfiera en su independencia, sino sólo de las cuotas de sus socios. Ningún partido político ha denunciado dicho sistema corrupto, quizás por incompetencia o porque esperan aprovecharse del mismo y de sus puertas giratorias si llegan al poder, como ha hecho el PP tras heredar la trama montada por el PSOE.
Si realmente el Parlamento andaluz, el presidente del gobierno andaluz, la consejería de Salud, el SAS o la consejería de Hacienda tuvieran un mínimo interés en acabar con dicha corrupción sistémica del SAS, habrían convocado a la citada asociación para conocer los pormenores de dicho sistema corrupto. El SAS es una agencia administrativa cuyo máximo órgano de dirección no es convocado por la consejera Catalina García, y además carece de Estatutos, exigidas ambas por la Ley, tal como publicó El Libre.
Sólo hubo una reunión en 2019 con la consejería de Salud, a la que asistió la actual consejera de Salud, Catalina García Carrasco: tras exponer la asociación en la reunión la gravedad de las corrupciones en la Sanidad pública y pedirle colaboración con la Justicia en las querellas criminales presentadas por la asociación, se comprometió a tener reuniones periódicas para resolver la corrupción en la Sanidad pública. Sin embargo, no sólo no volvieron a convocar a la asociación, sino que obstaculizaron su trabajo en los Tribunales de Justicia, lo cual demuestra que el PP no tienen ningún interés en resolver la corrupción y que el Parlamento andaluz sólo existe para beneficiar a los partidos políticos: de hecho, acaban de incrementar en un 18% las asignaciones económicas a los grupos parlamentarios.
Este es el verdadero rostro del régimen partidocrático instituido en 1978. Ahora, sigan votando partidos ciegamente y perpetuando la corrupción sistémica inherente a dicho régimen. Quejarse no sirve de nada. Actúen en conciencia para acabar con esta lacra de régimen en el que están implicados todos los partidos que participan en el mismo, o algún día descubrirán que sólo han sido unos sumisos del poder.