El PSOE denuncia al líder del PP de Sevilla por fraude al parar un tanatorio público y autorizar otro a una firma ligada al PP
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El PSOE de Mairena del Alcor ha presentado una denuncia contra el líder del Partido Popular de Sevilla, Ricardo Sánchez, al que acusa de un delito de prevaricación y tráfico de influencias por frenar un tanatorio público para impulsar otro privado, en beneficio de la empresa de un alto cargo de su partido a nivel andaluz.
El grupo municipal socialista en la oposición señala a Sánchez –quien fue alcalde de Mairena del Alcor entre 2011 y 2019– como "cabecilla o urdidor" de la "trama" del "pelotazo urbanístico" que denuncia, toda vez que la empresa adjudicataria del tanatorio privado (hoy ya construido) pertenece a la familia de un alto dirigente del PP andaluz, Francisco Rodríguez Roa, y de la que formó parte como trabajador durante ocho años, tal y como adelantó este periódico.
La denuncia, registrada este jueves ante el Juzgado de Instrucción de Carmona, también va dirigida contra el propio Rodríguez Roa, hoy consejero de la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA) por designación de su partido, y el actual alcalde de Mairena del Alcor, Juan Manuel López Domínguez.
El proyecto de construcción de un tanatorio municipal en Mairena del Alcor lleva paralizado ocho años, desde que el Ayuntamiento –gobernado entonces por el actual presidente del PP en Sevilla, Ricardo Sánchez– lo aprobó con el voto unánime del pleno municipal, en 2016. En paralelo, el Consistorio autorizó la licencia de obras para hacer un tanatorio privado en otra ubicación del mismo municipio de 24.000 habitantes.
Prevaricación por omisión
En la denuncia del PSOE, a la que ha tenido acceso este periódico, se acusa a Sánchez de incurrir en "dejación de funciones" al congelar la ejecución del proyecto municipal, que desde 2015 constaba en los informes como "viable tanto técnica como económicamente", constituyendo además "una necesidad real de la población".
No fue hasta 2018 cuando Sánchez volvió a retomar el expediente del tanatorio público, requiriendo un nuevo informe al secretario general de la corporación, que avaló que los servicios funerarios eran "servicios de competencia municipal que debía de gestionarse desde la Administración". Aun así, el Ayuntamiento mairenero mantuvo el proyecto de tanatorio público guardado en un cajón hasta hoy.
Entretanto, en junio de 2017, el Gobierno local puso a la venta dos parcelas de titularidad municipal en las que hoy se ubica el tanatorio privado, construido en un polígono del municipio a dos kilómetros del cementerio. Los terrenos salieron a subasta pública por un precio total de 173.693,01 euros. Y, tras quedar desierta la subasta, el Consistorio –con Ricardo Sánchez al frente y Juan Manuel López como número dos– adjudicó las dos parcelas a un empresario del municipio vecino de El Viso del Alcor, que figuró el año pasado en las listas electorales del PP de El Viso del Alcor y que es representante de Copial Compañía Pineda Álvarez S.L, una firma dedicada a la "comercialización de electrodomésticos".
El PSOE considera que el actual presidente del PP de Sevilla obró en "perjuicio del interés público" y en beneficio de intereses particulares, vinculados a su partido; de ahí que le atribuyan una "actuación prevaricadora por omisión". La acusación que vierte el PSOE contra Ricardo Sánchez va más allá de sus funciones como alcalde, considerándolo el responsable de instar a su sucesor en el cargo, Juan Manuel López, a mantener el freno a la iniciativa municipal.
Supuesto trato de favor
Fue López quien concedió en 2021 la licencia de obras a la firma familiar de su compañero de partido, el también denunciado Rodríguez Roa. El tanatorio privado tardó menos de seis meses en ponerse en marcha, desde que la promotora vinculada al citado dirigente del PP solicitó la licencia –en mayo de 2021– hasta que el Ayuntamiento gobernado por el PP se la concedió en octubre de ese mismo año.
La inversión privada –que contemplaba un edificio de "una sola planta", con "tres salas de duelo con sus correspondientes túmulos, capilla, cafetería", etc. según consta en el proyecto– superaba los 2,2 millones de euros. "Hoy estamos de enhorabuena", escribió en 2021 el actual alcalde en sus redes sociales, tras asistir al acto de colocación de la primera piedra del tanatorio privado, celebrando que "este servicio tan demandado por nuestros vecinos empieza a ser una realidad". También Sánchez –ya como dirigente del PP en la provincia– asistió al inicio de las obras, mientras el proyecto municipal continuaba paralizado desde 2015.
La celeridad en la tramitación de ese proyecto privado –frente a la parálisis que sufre el municipal desde hace años– ha llevado al PSOE a denunciar ante los tribunales un supuesto "trato de favor". A este respecto, la denuncia señala que la iniciativa impulsada por la empresa familiar de Rodríguez Roa no solo se impuso al proyecto de tanatorio municipal, sino también a otras iniciativas de naturaleza privada.
En concreto, el escrito presentado ante el Juzgado de Carmona alude a la solicitud de obras de otro promotor interesado en instalar un centro funerario en un polígono del municipio, presentada ocho meses antes de que lo hiciera la firma ligada al PP. "El Ayuntamiento tardó un año en analizar la propuesta presentada [en septiembre de 2020] para emitir las liquidaciones tributarias correspondientes [...], mientras que en el supuesto del Sr. Rodríguez Roa, desde que se presentó la propuesta inicial, hasta que se iniciaron las obras, se tardó en su tramitación menos de cinco meses", expone el denunciante para argumentar la "diferencia de trato" que le achacan al actual alcalde mairenero.
La "empresa pantalla"
Según señala la denuncia, "el motivo de la paralización de dicha iniciativa municipal no es otro que no perjudicar los intereses económicos de su amigo y compañero de partido, el Sr. Rodríguez Roa, ya que la existencia de otro tanatorio en el municipio [previsto para ubicarse en el entorno del cementerio y no en un polígono industrial a más de dos kilómetros del mismo], haría peligrar la viabilidad económica del privado de su amigo, toda vez que la tasa de mortalidad del municipio suele rondar las 200 defunciones al año, es decir, al año un fallecido por cada dos días".
La empresa que adquiere la licencia de construcción en 2021 (Gesit S.L.) termina traspasando este segundo proyecto a uno de sus clientes, la promotora Previpaz S.L, empresa propiedad de la familia de Francisco Jesús Rodríguez Roa, también responsable del área de Empresas en la Ejecutiva regional del PP que preside Juan Manuel Moreno.
El propio Roa, señalado por los denunciantes como "beneficiario de la trama", ha trabajado "ocho años como uno más" para la promotora de su familia [especializada en servicios funerarios, seguros de decesos y tanatorios, fundada por Francisco Jesús Rodríguez Morales], según ha confirmado él mismo a este periódico, desvinculándose de la adjudicación del contrato del tanatorio mairenero.
El PSOE considera en su denuncia que la compañía familiar de Roa utilizó a Gesit S.L. como "empresa pantalla" para tramitar la licencia de obras sin "levantar sospechas". La promotora beneficiaria Previpaz S.L no aparece en el inicio del expediente del centro funerario, pero sí termina adquiriendo los derechos de explotación en febrero de 2023, una vez construido el centro.
Rodríguez Roa es designado por su partido miembro del Consejo de Administración de Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA) en octubre de 2022. Un mes más tarde, en el número 226 del Boletín Oficial del Registro Mercantil aparece su nombre como apoderado entre las revocaciones de su empresa familiar. Aunque ya no conste como trabajador de la empresa propiedad de su familia para cuando Previpaz S.L. adquiere los derechos de explotación del tanatorio de Mairena del Alcor, el consejero de la RTVA reconoció a este periódico haber tenido conocimiento del proyecto del tanatorio mairenero durante su etapa en la compañía.
Al denunciar estos hechos ante los tribunales, el PSOE de este municipio sevillano solicita al juzgado que abra las diligencias correspondientes, en aras de que sea un juez el que investigue si tras la parálisis del proyecto de tanatorio municipal, se esconde un delito de prevaricación o tráfico de influencias, como apuntan los socialistas en su denuncia.