A pesar de las promesas de las autoridades, recogidas en documentos como los acuerdos de Barbados de finales de 2023, este proceso parece que tampoco reunirá las condiciones para considerarse «limpio, justo y transparente». Venezuela avanza hacia la celebración de sus sextas elecciones presidenciales bajo la Constitución de 1999, alerta de muevo la ONG. Acceso a la Justicia, señalando que hay tres vicios que empeñan el proceso.
La decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de ratificar la inhabilitación contra la candidata unitaria de la oposición, María Corina Machado, así como contra otros connotados disidentes, o la fecha escogida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para la celebración de las votaciones, el mismo día en que el fallecido Hugo Chávez cumpliría años, ya daban motivos para sospechar sobre la calidad del proceso.
Sin embargo, una revisión más minuciosa del trabajo hecho hasta ahora por el organismo comicial arroja al menos otras tres alarmas, que se indican a continuación:
Fuera de lapso y de lugar
El pasado 5 de marzo el CNE convocó las elecciones presidenciales previstas para 2024. Sin embargo, al dar esa noticia no cumplió cabalmente con lo previsto en el artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre), que obligaba a hacer «público» ese mismo día «el cronograma electoral».
Los rectores apenas se limitaron a anunciar las fechas de algunos de los actos y fases relacionados con los comicios, tales como el lapso de postulación de candidatos o el inicio y culminación de la campaña.
Dos días después, el organismo publicó un cronograma más detallado, aunque el mismo no figura en la Gaceta Electoral, sino en dos lugares distintos: una lista de actividades está recogida en la resolución n.º 240305-011 del 5 de marzo y otras están en su página web.
Para la claridad general, elaboramos una infografía compilando en una sola imagen las etapas más relevantes y fechas, disponible en este enlace.
Nuevos trámites y requisitos
Entre las 101 actividades que figuran en el cronograma publicado por el árbitro en su sitio web figuran algunas inéditas, que no se realizaron en las presidenciales de 2012, 2013 o 2018, tales como la «revisión del estatus de organizaciones políticas con fines políticos validados para postular».
El CNE dio 4 días a los partidos existentes o a los que aspiraban a constituirse para someterse a este nuevo trámite, el cual dio pie a la creación exprés de formaciones oficialistas como el Movimiento Futuro Venezuela (partido del gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, que postula a Nicolás Maduro Moros).
Esta revisión permitió a las autoridades electorales anular a los partidos opositores Convergencia, el Movimiento al Socialismo (MAS), el Partido Unión y Entendimiento (Puente) y el partido Gente.
En total, unas 15 organizaciones fueron canceladas al no superar la revisión del CNE, una medida que parece ir en contra del principio del pluralismo político consagrado por el artículo 6 de la Constitución, así como contra la libertad de asociación (artículo 52) y la asociación política (artículo 67).
Esta razia de partidos se suma a las intervenciones de toldas políticas decretadas por el TSJ en los últimos años. Desde 2020, la Sala Constitucional destituyó a las autoridades de formaciones opositoras como Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular (VP) y les impuso nuevas directivas integradas por personas afines a los intereses gubernamentales. En el caso del partido Copei, el TSJ nombró por última vez a la directiva en diciembre de 2019.
No solo organizaciones opositoras han sido blanco de la acción del máximo juzgado, sino también disidentes del chavismo, tales como Patria Para Todos (PPT), Tupamaro y más recientemente el Partido Comunista de Venezuela (PCV) corrieron la misma suerte.
Al final del proceso de revisión realizado por el CNE, 37 partidos políticos fueron autorizados para concurrir a las presidenciales, pero la inmensa mayoría son oficialistas o están controlados por personas cercanas al oficialismo. La oposición, por su parte, solo podrá participar con las tarjetas de Un Nuevo Tiempo (UNT), Fuerza Vecinal y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Escogiendo a los rivales
Como viene ocurriendo en los últimos años, las autoridades han vuelto a recurrir a su estrategia de sacar del camino a los competidores más serios. Sin embargo, en esta ocasión no solo han recurrido a las inhabilitaciones que la Contraloría General de la República impuso contra aquellas personas a las que considera responsables de irregularidades contra el erario, sino que han utilizado otras herramientas, algunas de ellas no vistas antes.
Así, por ejemplo, el CNE no le permitió a la oposición inscribir a la profesora Corina Yoris, escogida por la candidata unitaria María Corina Machado y por los partidos de la llamada Plataforma Unitaria Democrática (PUD), como abanderada presidencial opositora, porque el sistema informático en el que debía realizar este trámite no funcionaba. Problemas similares enfrentaron Ángelo Palmeri (UNT) y el periodista Manuel Isidro Molina (Nuvipa), sin que el árbitro electoral explicara las razones.
Casi simultáneamente, Yoris tuvo que desmentir rumores que aseguraban que su nominación era objetada por tener doble nacionalidad, venezolana y uruguaya; solo los venezolanos de nacimiento y que no posean otra ciudadanía pueden aspirar a la jefatura del Estado, de acuerdo con el artículo 227 constitucional.
Los problemas informáticos que impidieron la postulación de Yoris no afectaron al aspirante a la reelección, Nicolás Maduro, quien no tuvo obstáculos para registrar su candidatura ante el CNE el 25 de marzo.
Casi al finalizar el lapso, el ente comicial admitió la candidatura del gobernador del Zulia, Manuel Rosales, por su partido UNT, a la cual se adhirió Fuerza Vecinal, todo esto sin que se conozca si se separó o no de su cargo, como exige la Constitución en su artículo 229 para poder ser candidato presidencial.
Por su parte, la MUD pudo registrar a su candidato ante el CNE, pero no a Corina Yoris, sino en su lugar, por lo menos temporalmente, al exdiplomático Edmundo González Urrutia.
Hasta ahora, 13 rostros aparecerán en el tarjetón. Ellos son los siguientes: el diputado Luis Eduardo Martínez (candidato de AD, Bandera Roja, Movimiento Republicano y UNE, todos intervenidos por el TSJ, con excepción del último); el exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos (Arepa y el intervenido VP), Antonio Ecarri (Alianza del Lápiz, Min-Unidad, Avanzada Progresista, Movimiento Ecológico de Venezuela, Cambiemos Movimiento Ciudadano); Juan Carlos Alvarado (Copei intervenido por el TSJ); el diputado José Brito (Primero Venezuela, Venezuela Unidad, Unidad Visión Venezuela); el comediante Benjamín Rausseo (Conde); el diputado Javier Bertucci (El Cambio); el exalcalde de Caracas, Claudio Fermín (Soluciones para Venezuela); Luis Ratti (Derecha Democrática Popular), el aspirante a la reelección, Nicolás Maduro (PSUV y demás partidos del Polo Patriótico); el exdiputado y exrector del CNE, Enrique Márquez (Centrados, un partido readmitido por el CNE a última hora); el exgobernador del Zulia, Manuel Rosales (UNT, Fuerza Vecinal y MPV) y el diplomático Edmundo González (MUD).
En el caso de este último, se inscribió la postulación con el objeto de continuar más adelante los intentos por registrar a Yoris y así cederle a la catedrática la tarjeta de la MUD, como estaba originalmente previsto, lo cual podría ocurrir hasta el 20 de abril, o incluso hasta el 18 de julio, aunque en este caso el tarjetón electoral saldría a nombre del anterior candidato registrado (artículos 63 y 64 de la Lopre). Sin embargo, el oficialismo ha advertido que esto no necesariamente se permitirá.
Al respecto, esto aseguró a principios de abril el diputado Diosdado Cabello en su programa televisivo:
«Los candidatos postulados son esos, ya no hay más candidatos. Cualquier cosa que ocurra de aquí en adelante es con esos mismos. Hay 12 candidatos por la oposición, uno por la revolución bolivariana. Ellos tienen 12 candidatos y nadie nos ve llorando porque tenemos uno solo, enfrentamos el problema».
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
A medida que pasan los días, aumentan las dudas sobre la transparencia del proceso electoral del 28 de julio, el cual parece estar diseñado para que los venezolanos voten, pero en realidad no puedan elegir, o al menos no tengan ninguna alternativa al modelo que lleva 25 años en el poder sin alternancia.
El comportamiento del CNE deja en claro que más que como un árbitro actúa como un jugador más en la contienda comicial, por cuanto al incumplir con las disposiciones legales y, de paso, negarse a aceptar determinadas candidaturas exhibe su falta de independencia.
Pese al poco tiempo que resta, hacemos votos por que las autoridades tomen nota de las observaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual denunció que las anomalías no solo «restringen la oferta electoral de los sectores opositores», sino que «desincentivan la participación política».