Para el Gobierno es claro que el peor escenario era la continuidad de la incertidumbre, que Maldonado siguiera desaparecido, porque eso abonaba las sospechas, si no de su complicidad, al menos sí de su ineficacia y torpeza.
Ahora la peor alternativa es que, como dicen los voceros de la comunidad mapuche, uno o varios gendarmes involucrados en la muerte del joven hayan hecho aparecer su cuerpo para simular que se ahogó.
Aun en ese caso ya no se trataría de una desaparición forzada y habría quedado demostrado que el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad, aunque tarde y bastante mal, trabajaron para esclarecer el hecho y están en condiciones de castigar a los culpables. El Estado de Derecho en la Argentina no saldría tan mal parado.
Claro que en el medio se metió Carrió y empeoró la posición del oficialismo con sus penosas declaraciones sobre la posibilidad de que Maldonado estuviera en Chile, una especulación irresponsable que tal vez se le escapó, pero ahora requiere de más que una disculpa.
Como sea, los problemas se acrecientan del lado del kirchnerismo. Que inversamente al Gobierno, de estirarse la incertidumbre no tenía más que insistir con sus planteos sobre desaparición forzada y amenaza a las libertades, y bien lo venía haciendo sobre todo en el plano externo (en la opinión pública local, como muestran las encuestas, no prendió demasiado esta idea, salvo entre los que ya por otros motivos detestan al oficialismo).
Y ahora, ¿qué le queda por hacer? Ante todo, recogió la tesis de los mapuches de Pu Lof: "Seguimos sosteniendo que a Santiago se lo llevó la Gendarmería". Con esa consigna sus organismos de derechos humanos más adictos se apresuraron a convocar a una movilización a Plaza de Mayo, denunciando que el gobierno supuestamente está usando la aparición del cuerpo para desacreditar a los denunciantes del "secuestro".
No lo dicen expresamente, pero todo apunta a insistir con la versión de una conspiración urdida desde el vértice oficial: el cuerpo habría sido plantado, no ya por decisión de los "perpetradores materiales" sino como broche de oro de "la campaña de encubrimiento y negación".
El problema es que el apresuramiento con que actúan pone de manifiesto las frágiles bases fácticas sobre las que esa postura se asienta. Si un poder tan nefasto hubiera podido matar, ocultar el cuerpo y luego hacerlo aparecer, ¿para qué habría esperado 78 días?
¿Qué sentido tendría depositarlo río arriba, cuando lo lógico y lo que todos habían esperado era que apareciera en la otra dirección?, ¿si el Gobierno no hubiera estado realmente en la oscuridad sobre lo sucedido qué razones habría tenido para explorar toda una gama de alternativas que terminaron mostrándolo en el mejor de los casos desorientado y en el peor involucrado?
Con la hipótesis de la conspiración nada de eso tiene sentido. Seguramente en el seno del kirchnerismo y los grupos mapuches radicalizados lo saben y por eso se apresuran a tapar el abismo que enfrentan, la develación indetenible de sus mentiras, con gritos, movilizaciones y piedrazos. No va a alcanzarles. Menos todavía si los resultados de la autopsia abonan la para ellos peor hipótesis, un accidente.
Si los forenses trabajan bien y llegan a una conclusión incontrovertible, ¿igual dirán que son parte de la "campaña de encubrimiento"? El divorcio respecto a la realidad de los hechos para estas facciones radicalizadas es parte de su identidad, es un hábito ya acendrado, pero aun para esos parámetros extremos negar que en este caso se equivocaron va a ser muy difícil.