El Gobierno abre la puerta a que los cuidadores no profesionales puedan adelantar su jubilación igual que ocurre con otros colectivos con condiciones de trabajo particularmente peligrosas, penosas o insalubres. Así lo ha trasladado este miércoles la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, tras recibir una pregunta parlamentaria en este sentido en el Congreso de los Diputados.
La petición venía formulada por Maribel Vaquero, diputada del PNV, que ha instado al Ejecutivo a que a las personas que cuidan a grandes dependientes de forma no profesional queden incluidas en el catálogo de profesiones que pueden acceder a la jubilación anticipada con más facilidad. En estos momentos el Gobierno está negociando con sindicatos y empresarios una redefinición de este catálogo de profesiones.
En este sentido, Saiz ha señalado que el Ejecutivo sigue "avanzando" en la redacción del texto para alcanzar el mayor consenso posible. "El Gobierno sí contempla que hay situaciones que tienen una importante exigencia física o psíquica, particularmente a partir de una determinada edad al que vamos a dar respuesta lo antes posible", ha explicado la ministra.
"Cuidar una persona que es gran dependiente es una tarea muy dura. Si además se compatibiliza con un trabajo remunerado, lo es todavía más", ha agregado Saiz, que ha calificado de "reto ineludible" esta cuestión y se ha comprometido a dar una respuesta "firme, sostenida y adaptada al modelo actual de nuestra sociedad".
En España, la Seguridad Social contabiliza a 77.401 personas que tienen suscritos convenios especiales por cuidados no profesionales. Estos cuidadores no profesionales son personas con lazos de parentesco o cercanas a grandes dependientes. Su estatus está reconocido por la ley de dependencia y reciben una asignación económica por el perjuicio que les supone tener que dedicar gran parte de su tiempo a los cuidados.
Desde abril de 2019 estos cuidadores cotizan a la Seguridad Social, por lo que generan derechos de cara a una futura pensión como es el caso de la jubilación. En situaciones de gran dependencia, el Estado les cubre el 100% de la base mínima (1.323 euros al mes en 2024). Si la dependencia es menos aguda, la administración abona un porcentaje de esa base mínima en función del grado de dependencia. Los cuidadores no profesionales pueden compatibilizar su labor con trabajo a jornada parcial o el subsidio al desempleo. Pero no pueden trabajar a jornada completa, salvo que su base de cotización sea más baja que la acordada en el convenio especial con la Seguridad Social.
Reforma pendiente
La reforma del catálogo de profesiones que disfrutan de coeficientes reductores más favorables a la hora de jubilación está siendo negociada actualmente en el seno del diálogo social. La última reunión se celebró el pasado lunes con escasos avances, según trasladaron los negociadores de los sindicatos presentes en la mesa.
Las declaraciones que han ido vertiendo los sindicatos tras las reuniones celebradas en las últimas semanas sitúan el principal punto de desacuerdo, precisamente en qué profesiones penosas deben adelantar su edad de retiro.
"Hay problemas para determinar cuál es la forma para abordar qué colectivos pueden tener esa necesidad", sostuvo Carlos Bravo, representante de CCOO. La negociación discurre ahora en mesas técnicas.
"Se ha mejorado mucho el texto, pero nos sigue faltando concreción en la materia de penosidad". "Seguirían quedando fuera profesiones feminizadas con altos ratios de penosidad: camareras de piso, ayuda a la dependencia, ayuda a domicilio... quedarían en entredicho. No vemos la posibilidad de asumir un reglamento". Cristina Estévez,