El Ayuntamiento de Madrid ha decidido por fin actuar contra la expansión irregular de pisos turísticos ilegales, un problema que está afectando gravemente al turismo, la convivencia vecinal y la disponibilidad de vivienda residencial en la ciudad. Por ello, el Gobierno municipal ha aprobado cuatro grandes medidas: suspender temporalmente la otorgación de nuevas licencias, multiplicar exponencialmente las sanciones, reforzar un 15% la plantilla de inspectores municipales y hacer pública las direcciones de los pisos que operan legalmente para conocimiento de los ciudadanos y visitantes.
Así lo ha anunciado el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno celebrada este jueves, en la que ha dado cuenta del plan que está poniendo en marcha su equipo de Gobierno para "abordar este fenómeno", liderado por el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad que dirige Borja Carabante, y que culminará en la aprobación de un nuevo Plan General de ordenación de las viviendas de uso turístico (VUT) que sustituya al Plan Especial de Hospedaje (PEH) aprobado por el Gobierno de Manuela Carmena.
De esta manera, las medidas anunciadas esta mañana se harán efectivas forma inmediata y permanecerán vigentes durante "todo el proceso de elaboración, tramitación y aprobación de la Modificación del Plan General", según ha informado Almeida. La previsión del Consistorio es que el borrador inicial de la nueva norma esté listo en septiembre de este mismo año, con vistas a su aprobación definitiva en el Pleno de Cibeles durante el primer trimestre de 2025. Una vez cumplidos estos municipales, el plan deberá ser validado posteriormente por la Comunidad de Madrid en un plazo máximo de cuatro meses.
Menos licencias y más sanciones
La primera medida anunciada es la "suspensión inmediata del otorgamiento" de nuevas licencias para uso turístico de viviendas contempladas por por el PEH actualmente vigente. Esto incluye las autorizaciones para convertir locales comerciales en pisos turísticos, una actividad cada vez más frecuente en Madrid en los últimos tiempos y que, según ha manifestado Almeida este jueves, está provocando un deterioro del tejido comercial de la ciudad.
El Consistorio ha aprobado también un significativo endurecimiento del régimen sancionador.. Actualmente, los infractores que desobedecen la orden de cierre dictada por los servicios municipales deben enfrentarse a multas que van desde 1.000 euros en la primera sanción, 2.000 en la segunda y 3.000 en la tercera y última. A partir de ahora. A partir de ahora, la escala de multas se multiplicará a 30.000, 60.000 y 100.000 euros, respectivamente, pudiendo acumular una sanción total de 190.000 euros si el propietario continúa operando ilegalmente. "Lo que pretendemos es que efectivamente tengan un efecto disuasorio y que el importe de las sanciones en ningún caso compense las ganancias que se pueden derivar de una actividad ilegal en el ámbito de las viviendas de uso turístico", ha explicado Almeida.
Asimismo, el plan del Ejecutivo municipal incluye un refuerzo del 15% de la plantilla de inspectores municipales, lo que supondrá la incorporación de 10 profesionales más este verano que se sumarán a los 65 de los que ya dispone la Subdirección General de Inspección y Disciplina. Por último, el Ayuntamiento también va a publicar las direcciones "exactas" de las viviendas turísticas que sí son legales, para que así los usuarios puedan saber si están alquilando una casa turística legal o ilegal.
Los objeetivos de estas medidas y del nuevo plan que se está redactando, según explica el Gobierno municial en una nota, son incrementar la oferta de vivienda residencial en la zona centro, atrayendo nuevos vecinos; ordenar la oferta turística ofreciendo un turismo de calidad a los visitantes; mejorar la vida de los madrileños que se puedan ver afectados por las molestias que generan algunas VUT; y dotar de mayor seguridad a los turistas que opten por disfrutar de la ciudad en este tipo de alojamientos.
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