El Gobierno canario refuerza sus argumentos para recurrir las transferencias en materia de costas al Tribunal Constitucional. El Consejo Consultivo avala la invasión de competencias del Ministerio de Transición Ecológica tras declarar la caducidad de la concesión del Hotel Oliva Beach, en Fuerteventura, al considerar que la Comunidad Autónoma tiene las funciones exclusivas que le otorga el Estatuto de Autonomía, por lo que insta al Gobierno central para que atienda el requerimiento de incompetencia presentado por el Ejecutivo regional con el fin de anular esta decisión o, en caso contrario, se interpondrá un conflicto de competencias ante el Constitucional.
El Ejecutivo solicitó un dictamen urgente al Consultivo tras aprobar en el último Consejo de Gobierno el requerimiento de incompetencia. En su informe, el órgano de control de la legalidad de la Comunidad Autónoma desmonta las tesis del Ministerio para arrogarse las competencias sobre las concesiones en el dominio público marítimo terrestre e incluso advierte al Estado que se «confunde» en su argumentación para defender que mantiene las competencias en determinadas concesiones. También el Consultivo cuestiona al Consejo de Estado, su homólogo para el Gobierno central, que dictaminó a favor de la decisión del Ministerio: «Carece de fundamento jurídico la distinción doctrinal a las que acude el Consejo de Estado sobre las concesiones» contempladas en la Ley de Costas de 1988, asegura.
Los juristas del Consultivo basan su dictamen en dos aspectos esenciales: el Estatuto de Autonomía, que otorga a la Comunidad Autónoma las competencias exclusivas en la gestión del litoral, y que las transferencias se realizan en un «bloque material y orgánico completo» sin distinción, de tal forma que si antes del 31 de diciembre de 2022 todas las concesiones en la franja costera les correspondían al Estado, a partir del 1 de enero de 2023 lo mismo ocurre con la Comunidad Autónoma y no como pretende el Gobierno central para diferenciarlas en función de las disposiciones de la ley de las que se trate.
Para el órgano consultivo de la Comunidad Autónoma lo único que mantiene el Estado tras consumarse las transferencias es el deslinde en el dominio público marítimo terrestre y las consideraciones jurídicas que pueda realizar de las concesiones o actuaciones en el litoral que sean de interés general, el resto está «meridianamente claro»: el Estado deslinda y las comunidades autónomas con competencias estatutarias otorgan todas las concesiones por ocupación del dominio, tengan el origen o las especialidades que tengan y, como consecuencia, todo lo que conlleva las mismas, incluida caducidad, prórrogas y cualquier otra decisión.
El informe recuerda la jurisprudencia existente por parte del propio Tribunal Constitucional en esta materia a raíz de las competencias en gestión del litoral transferidas a Cataluña. El pronunciamiento a raíz de la impugnación del Estado ante el Constitucional es que el otorgamiento de las autorizaciones para ocupación y uso del dominio público pasan de manos del Gobierno central a la Generalitat de Cataluña como competencia propia.
Tampoco tiene sentido para el Consejo Consultivo que el Ministerio invoque que ordena la caducidad de la concesión al Oliva Beach tomando como base la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Costas –autorizaciones aprobadas antes de la entrada en vigor de la norma– frente a los dispuesto en el artículo 64, en el que se enumera las concesiones que se pueden realizar en la franja más cercana a la costa. El dictamen refleja que la prórroga que se otorgó en 2003 a la entidad concesionaria supone que el título deja de ser transitorio y pasa a incluirse en el régimen general de las concesiones, lo que invalida la argumentación del Ministerio.
Ante todo ello, el Consejo Consultivo considera que la resolución de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de 27 de febrero de 2024 que declara la caducidad de la concesión otorgada a la entidad gestora del Hotel y Apartamentos Oliva Beach invade las competencias del Estatuto de Autonomía de Canarias «lo que la vicia de invalidez al transgredir el orden constitucional de distribución de competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias». El Ejecutivo regional irá a la comisión bilateral Canarias-Estado, convocada para el próximo día 15, con este dictamen y si no hay acuerdo y el Ministerio sigue sin anular esta resolución se recurrirá al Tribunal Constitucional en forma de conflicto de competencias.
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