La Fiscalía desestima dos denuncias contra La Pau y el Gobierno vasco por las ambulancias externalizadas de Osakidetza
La Fiscalía Provincial de Álava, dirigida por Carmen Cotelo, ha desestimado las dos denuncias interpuestas por el sindicato ESK contra Grup La Pau y el Gobierno vasco, respectivamente, por presuntas irregularidades en la gestión de las ambulancias externalizadas de Osakidetza. En el caso de las demanda contra el grupo empresarial catalán, que gestiona la mayor parte de las ambulancias que trabajan para el Servicio Vasco de Salud, el motivo de la demanda eran las presuntas irregularidades en materia de salud laboral. La Fiscalía ha decidido desestimarla por considerar que se carece de pruebas suficientes como para iniciar un procedimiento penal. La segunda de las demandas implicaba al Gobierno vasco a través del del director de Aseguramiento y Contratación del Departamento de Salud, Frumencio Molinero, al entender que pudo incurrir en prevaricación al no atender las quejas previas a la vía judicial. Ambas denuncias se presentaron en septiembre del año pasado.
En el caso de la denuncia contra la infracción en materia de seguridad laboral, el escrito de la Fiscalía señala que las diligencias practicadas "no han acreditado con la suficiencia incriminatoria exigida" para la interposición de una denuncia ante un juzgado de Instrucción "la existencia de un delito contra los derechos de los trabajadores". Según se recoge en el escrito de la Fiscalía, el sindicato ESK exponía en su denuncia una serie de incumplimientos de la normativa en materia de prevención de riesgos laborables, "todos ellos conocidos por la inspección de trabajo de Álava".
Entre otras cosas, la denuncia se refería a que la inicial evaluación de riesgos laborales se había realizado por una empresa ajena, cuando por el número de trabajadores debería haberse efectuado por un servicio propio, y se indicaban una serie de actas de infracción de la inspección no corregidas por la empresa. También se aducía una falta de control de vigilancia de la salud para los eventuales, así como que no se habían entregado equipos de protección individual, falta de limpieza de los mismos o carencia de taquillas para cambiarse en algunos centros de trabajo.
Además se señalan actas de infracción abiertas por la Inspección de Trabajo que, según la Fiscalía no están relacionadas de manera directa con la infracción de riesgos laborales como la falta de concreción sobre el coste económico de las medidas de prevención o la persona responsable de la misma. Algo que "no tiene incidencia en la salud de los trabajadores". Y en cuanto a las infracciones levantadas por riesgos contra la salud entiende el fiscal que "los incumplimientos en materia prevención de riesgos de salud laboral son infracciones propias del orden jurídico social "en cuyo seno ya han sido sancionadas por la autoridad laboral competente". Además considera que no se ha podido acreditar la puesta en "grave peligro" para la vida o la integridad física o mental de los trabajadores, no suponen delitos compatibles con el código penal. Por lo que archiva las diligencias en una resolución contra la que no cabe recurso alguno.
Fuentes de la La Pau han señalado que esta resolución es el segundo revés sindical en un mes, ya que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha desestimado también la reclamación de UGT contra la cooperativa de ambulancias "por una presunta vulneración varios artículos" de la ley de Protección de Datos.
La desestimación de las denuncias ante las agencias de protección de datos y la Fiscalía prueba que la hay una "campaña sindical" contra La Pau desde el mes de octubre, cuando arrancó el conflicto laboral con motivo de la negociación de convenio, "con el fin de deteriorar su imagen". En este sentido la empresa ha anunciado que "estudia emprender acciones legales para preservar sus derechos ante difamaciones y denuncias falsas que sólo buscan empañar la imagen y reputación logradas".
Además, han recordado que desde agosto ha visto saboteadas cerca de 300 unidades, habiéndose imputado y estando investigados siete trabajadores de su plantilla en Bizkaia en relación con estos sabotajes. "Desde hace meses, lo que debía ser una negociación colectiva, que desembocara en el II Convenio sectorial en Euskadi, se ha convertido en una campaña sin tregua contra La Pau que ha derivado en la quema de dos unidades, en la vandalización de ambulancias que no han podido atender a personas necesitadas de los recursos y en la persecución a cooperativistas y responsables que han sufrido coacciones, faltas de respeto, difamaciones y sabotajes a sus vehículos particulares, poniendo en grave riesgo la correcta prestación de un servicio tan sensible para la ciudadanía", han añadido desde la empresa.
Los trabajadores, que mantienen un conflicto abierto desde el mes de septiembre por sus condiciones laborales, están en huelga indefinida desde el pasado mes de febrero. Todos los sindicatos del sector unidos, ELA, LSB-USO, LAB, UGT, CCOO y ESK consideran que la actitud de las patronales y la indiferencia de Osakidetza no les ha dejado más alternativa que el paro. Está es la cuarta huelga que realizan después de que se iniciaran las movilizaciones en septiembre, sin que hayan conseguido llegar a un acuerdo pese a mantener reuniones periódicas en el CRL en el que se han intercambiado varias propuestas. Los trabajadores reclaman recuperar el poder adquisitivo, que cifran en un 17%, y que constituye una "línea roja" en sus peticiones. También reclaman la homologación de sus condiciones con los trabajadores que están contratados directamente por Osakidetza.