El envejecimiento de la población es uno de los grandes desafíos que España debe afrontar con celeridad. No en vano, el Banco de España considera que serán necesarios 24,67 millones de extranjeros en edad de trabajar en 2053 para que el proceso de envejecimiento de la población nacional no tense el mercado de trabajo e impida sostener el actual sistema de pensiones público.
Un análisis más que acertado en un contexto en el que el notable aumento en el peso poblacional de las personas de mayor edad anticipa un incremento sustancial del gasto en pensiones en las próximas décadas. En concreto, la Comisión Europea elevó el desembolso del 13,1% del PIB en 2023 hasta el 17,3% en 2050. Un incremento del gasto que es consecuencia del reto demográfico para el que no existe respuesta alguna por parte del Gobierno. No en vano, la reforma impulsada en la pasada legislatura por el ministro José Luis Escrivá está muy lejos de resolver los desequilibrios del sistema.
Ello debido a medidas electoralistas y muy costosas, como ligar el alza de las nóminas de los jubilados al IPC, y a la falta de iniciativas encaminadas a generar ahorros en las pensiones. Así, el supervisor pone en duda la única medida que se introdujo con este fin: los incentivos a la jubilación demorada. En concreto, la entidad advierte que los efectos de este premio por atrasar la jubilación, reduciendo el número de años que cobra esta persona la pensión, restará al desembolso de la Seguridad Social únicamente medio punto del PIB siendo optimistas. La reforma, por tanto, no resolverá los desequilibrios, sino que además los agravará en un contexto en el que el porcentaje de cotizantes que sufragan las pensiones disminuirá por la mayor esperanza de vida.