Según datos compartidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, a diciembre del 2023, existen 2.298 obras paralizadas de las cuales 949 se ejecutaron bajo la Ley de Contrataciones del Estado y las cuales representan una inversión de S/18.000 millones. Ello, según destacó el titular del sector, José Arista, refleja que los procesos de contratación no son oportunos ni eficientes.
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Otro dato que refleja ello es que, de acuerdo con información de OSCE a diciembre del 2023, toma 285 días -casi 9 meses- cerrar un contrato para la ejecución de una obra. "Considerando la contratación de un expediente técnico. Es por eso que muchos de los procesos de adjudicación en el año terminan en el otro. Es por eso que gobiernos regionales y locales terminan pidiendo transferencias de recursos", señala el ministro.
Es ante ello que el ministro de Economía ha destacado que el Congreso se encuentre debatiendo los cambios a la Ley de Contrataciones del Estado. Hoy, desde las 3 PM, Arista participó de la sesión conjunta de las comisiones de Descentralización y Economía, la cual recibió los últimos comentarios de cara a cerrar su propuesta legislativa.
Tras recibir los comentarios, la comisión se alista para mañana, desde las 3 PM, iniciar el debate y la posterior votación del texto.
Comentarios del MEF
Durante su participación, el ministro Arista destacó los cambios que el Legislativo pretende aplicar a la ley. "El Ejecutivo exhorta a que se continúe el trámite parlamentario a fin de que contemos con una nueva ley", señaló. No obstante, se dio cuenta de algunas sugerencias para el texto final.
"Con relación a las multas que se imponen a los proveedores que cometen infracciones, se advierte que los proveedores con multas impagas podrán seguir contratando normalmente con el estado sin mayores restricciones. por lo que la multa pierde su efecto disuasivo. Sugerimos que si existe un proveedor que tiene una multa y ganó un concurso, antes de firmar la buena pro, pague la multa en la OSCE", sostuvo el MEF.
Arista destacó que, según información de la Contraloría, el 52% de los adicionales registrados en el Infobras se dieron por deficiencias en el expediente técnico. Pese a ello, se ha eliminado la propuesta del Ejecutivo de sancionar a los profesionales de los planteles técnicos o de los proveedores que elaboraron expedientes técnicos deficientes o presentaron documentación falsa por lo que estos profesionales pueden seguir siendo contratados. "Este es un aspecto que nos preocupa. Parte de los problemas que enfrentan los alcaldes es debido a expedientes mal hechos", dijo.
Respecto del cambio que plantea el texto de la OSCE a la OECE, Arista dijo que el Ejecutivo no tiene mayor observación. "No tenemos mayor observación y esperamos que este cambio venga también con un trabajo más eficiente por parte de la institución y que los nuevos roles que le asigna esta norma", aseveró.
Finalmente, Arista solicitó que el texto final considere en las disposiciones finales y complementarias que se incluya un artículo que permita un mecanismo 'fast track' para el destrabe de las obras paralizadas.
Medidas positivas
En conversación con El Comercio, el director del Centro De Arbitraje Del Colegio De Ingenieros Del Perú, Alexis Rodríguez Cabanillas, consideró que los cambios que ha planteado el Congreso considera cambios positivos. "Antes teníamos inconvenientes con expedientes con defectos. Las modificaciones planteadas permiten acelerar los procesos y evitar inconvenientes", afirmó.
Rodríguez también señala que, desde el 2016 que se publicó el reglamento de la Ley, existe la intervención de la Junta de Resolución de Disputas. Esta es una especie de tribunal que hace seguimiento a la obra y evita que haya problemas. "Con la modificación que se ha planteado desde el Ejecutivo, esta junta estará desde el primer momento en que se empieza a hacer el diseño de la obra", afirmó.
Rodríguez también se refirió al rol de la OSCE y de la Contraloría. "Consideramos que se debió poner más clara las cosas. Tenemos ahora un obstáculo técnico cuando vamos a las obras del país. A diferentes lugares. Se vive con un terror entre los funcionarios públicos por ejecutar obras. Se debe cambiar la cultura del castigo a una cultura de incentivos", agregó.
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