Ramón Punset es Catedrático emérito de Derecho Constitucional
¿Por qué los políticos del PP y del PSOE se descalifican mutuamente todos los días? Sencillamente, porque todos reclaman el poder para sí y consideran al adversario, cuando está en el Gobierno, como un detentador ilegítimo (un "okupa", en suma) y, cuando se halla en la oposición, como un aspirante inescrupuloso, un verdadero peligro para el interés general. Ambos tienen hoy razón en gran parte. Ninguno de los dos grandes partidos nacionales posee, al presente, un proyecto de país, ni siquiera una doctrina ideológica a la que quepa asignar al menos una cierta ética política. Ello se advierte perfectamente en los reiterados debates de investidura, absolutamente inanes, una logomaquia idiota contraria, por su vuelo gallináceo, al respeto que merece el pueblo español, a cuya infundada y artificiosa crispación concurren populares y socialistas en régimen de dedicación exclusiva. ¡Hasta el propio Feijóo acaba de declarar que "la clase política es la peor de los últimos 45 años" (incluido el Partido Popular, ha precisado)!
El acceso de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno ha tenido lugar, desde luego, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Constitución. Ahora bien, el coste para la dignidad del Estado de su pacto con Puigdemont –la Ley de Amnistía– resulta intolerablemente oneroso y políticamente nefasto. Se invoca cínicamente en su defensa la necesidad de "reconciliación". Por favor, desfachatados socialistas: ¿reconciliación con unos delincuentes que proclaman a diario su contumacia y su intención de reincidir? ¿Dónde está aquí la justificación objetiva y razonable de un privilegio en aras del bien común? Puedo comprender, según las circunstancias, un indulto, pero, dentro de un régimen plenamente democrático como el nuestro, rechazo indignado el perdón singular de quienes ni siquiera han sido enjuiciados y condenados. Aceptar los siete votos de Junts para alcanzar nuevamente La Moncloa constituye una vergonzosa carencia de principios de moralidad pública. No tardaremos en sentir los efectos de esta desvergüenza para el prestigio, interno e internacional, de nuestro Estado de Derecho.
Por supuesto, los populares han montado una feroz escandalera, aunque, no nos engañemos, más por la pérdida de un poder que, antes de las elecciones, creían de alcance inminente que por la humillación del honor de España y sus instituciones. Tanto Feijóo como Sánchez hablan de "principios", pero la fortaleza de los mismos se asemeja a la de los que, pretendidamente, exhibía Groucho Marx. De haber podido, el PP hubiera pactado igualmente con Puigdemont (lo ha impedido su alianza con Vox, que esa es otra). Al no ser así, se ha echado al monte a defender farisaicamente las esencias patrias, tanto en las calles, envuelto en la bandera rojigualda de todos los ciudadanos, como en el seno de los órganos constitucionales.
En efecto, en primer lugar, Feijóo y los suyos han mantenido contra viento y marea el injustificable bloqueo de la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, pendiente por su culpa desde 2018. Tal encanallamiento institucional es propio de un partido antisistema, únicamente atento en este caso al control de la judicatura, que por lo visto consideran cortijo de su propiedad. ¡Y encima estos tipos, en su brutal inconsciencia, han solicitado y obtenido la mediación de la Comisión Europea!
En segundo lugar, los populares se han atrincherado en el Senado, Cámara habitualmente mortecina y momio inercial que tratan ahora de revitalizar al contar en ella con mayoría absoluta. Desde allí, además de potenciar cada semana el control destemplado del Gobierno, intentan torpedear o al menos dificultar al máximo la tramitación de la Ley de Amnistía. Así, contraviniendo muy probablemente lo dispuesto en el artículo 90.3 de la Constitución (véase al respecto la STC 234/2000), han modificado el Reglamento de la Asamblea para impedir la utilización del procedimiento de urgencia de las proposiciones de ley instado por el Gobierno o el Congreso. Vano intento retardatario, de todos modos, ya que el Senado es prisionero del taxativo plazo de dos meses para vetar la Ley draconianamente impuesto por el texto constitucional (art. 90.2), veto superable además mediante mayoría absoluta del Congreso de los Diputados (ibídem). Conviene añadir que el incumplimiento de este plazo por el Senado conduciría directamente, sin más dilaciones, a la sanción regia de la Ley de Amnistía. Por eso, al PP se le ha ocurrido la peregrina idea de que el Senado promueva un conflicto constitucional de competencias contra el Congreso al haber aprobado este una disposición legal que, a su juicio, entraña una modificación fraudulenta de la Constitución, una "reforma constitucional encubierta". ¡Menudo disparate jurídico! Confiemos en que el Tribunal Constitucional no pierda el oremus e inadmita de plano semejante delirio.
Un ex parlamentario socialista, el profesor Manuel Cruz, se preguntaba en un reciente libro ("El Gran Apagón. El eclipse de la razón en el mundo actual", Galaxia, 2022): ¿en qué queda la política? "Apenas queda en nada; una mera cáscara vacía, incapaz de ofrecer a los ciudadanos proyectos de vida, individual o colectiva, susceptibles de ser asumidos por todos". Así es, me temo. Y con estos bueyes de la élite dirigente hemos arar.
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