El sellado de dos de los vertederos de residuos no reciclables de la planta municipal de Nostián, pendiente desde hace veintidós y dieciséis años respectivamente, está ya a mitad de camino, ya que Albada —la antigua concesionaria, que sigue al frente del recinto hasta que se adjudique un nuevo contrato— ha superado los seis meses de trabajos, que son claramente visibles desde el entorno. El Concello informó el pasado 31 de octubre que las obras habían comenzado "a principios del otoño" y su duración se había establecido en un año, por lo que deben estar terminados al final del próximo verano tras haber supuesto una inversión de 3,68 millones.
El largo tiempo transcurrido desde la colmatación de ambos vertederos es consecuencia de la negativa de Albada a asumir el coste y ejecución de estas obras, que consideró que debían ser realizadas por el Concello como propietario de las instalaciones. La compañía recurrió en los tribunales la orden municipal de cierre de los vertederos, pero las sentencias dieron la razón a los intereses municipales.
El primero de los vertederos de la planta estuvo totalmente lleno en 2001, tres años después de la apertura del complejo, y fue sellado en ese momento. En 2002 quedó completo otro vaso de 208.000 metros cúbicos de capacidad, mientras que en 2008 sucedió con un tercero de 800.000 metros cúbicos, aunque ninguno de los dos fue sellado. En 2010 Albada redactó un proyecto para hacerlo, pero el Concello lo rechazó porque en el documento figuraba que las obras serían costeadas con fondos municipales.
La Autorización Ambiental Integrada de la planta elaborada por la Xunta obligaba a Albada a sellar los vertederos y en 2016 le dio un año para hacerlo, aunque la empresa recurrió en los juzgados. En 2020 el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia resolvió que la compañía debía realizar y costear el sellado.
Multas
En 2022 la Xunta multó a Albada con 40.000 euros por no informar sobre el vertido en la planta, aunque ya lo había hecho en 2019 con 50.000 euros por apilar residuos no tratables en Nostián al no poder llevarlos a un vertedero. Las reiteradas negativas de la empresa a acometer el sellado hicieron que en septiembre de 2023 la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, advirtiese de que no efectuarlo sería "un delito medioambiental".
El conflicto entre Concello y Albada se desarrolló además en medio de una tensa situación entre ambas partes, ya que el contrato de la concesión de la planta terminó el 31 de diciembre de 2019 y desde entonces la empresa desarrolla su actividad a la espera de que se convoque y falle un concurso para gestionar el recinto. La negativa de la empresa a seguir tratando los residuos de los municipios del Consorcio As Mariñas hizo que el Concello coruñés interviniese la planta hasta agosto de 2020, aunque una sentencia posterior determinó que esa iniciativa fue ilegal.
Otro motivo de enfrentamiento fue la decisión del Gobierno local el pasado febrero de reclamar a Albada la devolución de 15,6 millones que le había pagado entre 2011 y 2018 por los sobrecostes que había soportado por la gestión de los residuos no recuperables, ya que estimaba que eran superiores a lo que se había calculado inicialmente.
El Concello presidido por Javier Losada decidió abonar esas compensaciones poco antes de las elecciones de 2011 y durante el mandato del PP se solicitó que ese acuerdo fuera declarado lesivo para los intereses municipales, lo que confirmaron los tribunales. Tras la reclamación formulada en febrero, Albada presentó un recurso en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 en el que se opone a abonar la cantidad, que además rebaja hasta los 12,9 millones.
Ya han transcurrido más de cuatro años del final del contrato de la concesionaria municipal y el Concello de A Coruña tiene pendiente convocar el concurso para adjudicar uno nuevo y está a la espera de alcanzar un acuerdo con el Consorcio As Mariñas para conseguir su continuidad en la planta, ya que la misma no será viable económicamente si no recibe los residuos de los municipios de la comarca. A mediados de enero se fijó un periodo de cien días para que ambas instituciones lograsen un pacto que satisfaga sus intereses.
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