Hace solo dos meses que la gresca política que se ha instalado en las Cortes Generales paró por un día para que todos los grupos parlamentarios excepto Vox dejaran de lado sus diferencias. Se acordó la reforma del artículo 49 de la Constitución porque se entendió que ya era hora de que la palabra "disminuido" desapareciese de la Carta Magna. El apoyo a este colectivo estaba por encima de sus diferencias. Pero aquello que era ejemplo de "buena política" y que se hacía por "exigencia moral", en palabras de Alberto Núñez Feijóo o del popular que defendió la iniciativa en el Senado, Miguel Ángel Jerez, se ha desvanecido en la Comunidad de Madrid. Desde entonces ha estallado el caso Koldo y ha sido imputado el novio de Isabel Díaz Ayuso por un supuesto fraude fiscal y de falsedad documental. Dos causas para que PSOE y PP de Madrid se echen los trastos a la cabeza en público y en privado. Y con estos mimbres la posibilidad de acuerdo se ha evaporado en la región.
En cuanto el 25 de enero se aprobó la reforma de la Constitución para sustituir el término "disminuidos" por el de "personas con discapacidad" (con una propuesta de mayor alcance que refuerza los derechos de este colectivo), el portavoz socialista madrileño, Juan Lobato, propuso hacer lo mismo en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. El PP ya apuntó entonces a cómo la complejidad de la tramitación podría dificultar el proceso, pero la iniciativa parecía ir por buen camino según se desprendía de las declaraciones de PP y PSOE, a la espera de ver si los grupos parlamentarios de Madrid eran capaces de ir un poco más allá y avanzar en otras reformas. Pero hoy tiene ya el portazo del PP de Ayuso.
Su portavoz en la Asamblea, Carlos Díaz Pache, aseveró este lunes que no hay acuerdo posible porque no se fían de Pedro Sánchez. Cualquier modificación de la ley autonómica debe ser ratificada por el Congreso y el argumento es que los populares no quieren que esta norma "caiga en manos" del Gobierno de coalición porque temen que la mayoría alternativa al PP tenga "la tentación" de modificar algún otro elemento del estatuto. Hay desconfianza y disposición de no dar alas a nada que venga del PSOE.
Acuerdos previos
La productividad legislativa no ha sido muy prolífica en la Asamblea de Madrid desde que se constituyó el Gobierno de mayoría absoluta de Díaz Ayuso. Pero PP y PSOE han sido capaces de pactar algunas iniciativas. Lobato, de hecho, defiende que su oposición debe ser constructiva y servir para que salgan adelante algunos proyectos, y así ambos partidos han aprobado juntos la ley para crear la Agencia de Ciberseguridad de la región, han votado juntos la reforma sobre el impuesto de patrimonio para que lo recaudado permanezca en la Comunidad -tras la sentencia del TC que anulaba la bonificación en Madrid-, o han pactado poner en marcha una comisión de estudio sobre el uso de los móviles entre los adolescentes, siendo las dos últimas iniciativas a propuesta del PSOE. Lo mismo ocurre con la ampliación de los horarios escolares para que la conciliación resulte más fácil en muchas familias.
Pero ya. Los últimos capítulos sobre el supuesto fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de Ayuso, que han terminado con la personación del PSOE en este caso este mismo lunes, han echado por tierra el acuerdo sobre la modificación del artículo 26 del estatuto de autonomía. "No tenemos que mostrar credenciales de compromiso democrático" ante nadie, apunta el número dos del PP de Ayuso, Alfonso Serrano, y con ese escudo se niega la mano a un partido que pide la dimisión de Ayuso y de su jefe de gabinete y que busca fiscalizar las adjudicaciones al Grupo Quirón por ser el cliente principal de González Amador.
El PSOE esperaba desde enero una propuesta del PP para que la reforma alcanzara también, a propuesta de este último, la limitación del número de diputados, el cambio de nombre de la Asamblea por parlamento y la posibilidad de que el Gobierno regional pudiera aprobar decretos-ley. Pero a falta del texto y viendo que la situación política se complicaba, el equipo de Lobato registró la iniciativa junto con Más Madrid y sin el PP antes de Semana Santa.
Personas afectadas
Los socialistas lamentan que la personación de su partido como acusación particular haya sido calificada de "torpeza" por pate del PP y suponga "penalizar a 205.600 personas entre 16 y 64 años con discapacidad reconocida de un 33% o más en la Comunidad de Madrid y a sus familias durante los próximos 3 años". En el PP, en cambio, Pache adelantaba que su formación va a esperar a "otra mayoría distinta" para que la reforma se pueda llevar a cabo, entienden que en estos momentos la iniciativa puede ser "un caballo de Troya para que se juguetee con el Estatuto".
El oasis de entendimiento mostrado a nivel nacional no tiene así su reflejo en Madrid ni en lo más básico. La distancia entre ambos partidos, cada vez más de manifiesto en las intervenciones de las sesiones de control, es evidente, aunque en el PSOE insisten en que queda mucha legislatura por delante y que esta no será una "legislatura perdida" por ellos. Pero el PP, con su mayoría absoluta, puede sacar adelante cuantas iniciativas quiera sin el respaldo de nadie.
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