La causa por la muerte de Alberto Nisman se encamina a unificarse con la del Memorándum de Entendimiento con Irán por el atentado en la AMIA. La convergencia suena inevitable después que el juez Julián Ercolini concluyó que el fiscal fue víctima de un homicidio.
Cuatro días antes de la tragedia había denunciado a Cristina Fernández por encubrir la acción terrorista contra la mutual judía. Esa investigación está a cargo de Claudio Bonadio. Puede tratarse del móvil que originó el crimen.
También la causa por Santiago Maldonado, hallado muerto en el río Chubut luego de dos meses sin noticias sobre él, enfila hacia un cambio de carátula. Se sabe sólo que falleció ahogado y que estuvo todo el tiempo sumergido en el agua. Hasta aquí llegaron hasta ahora los peritos del Cuerpo Médico Forense.
Faltan determinar las circunstancias en que se produjo el desenlace. Pero no podrá caberle por mucho tiempo más a esa causa el rótulo de "desaparición forzada". Eso no implica necesariamente deslindar responsabilidades de la Gendarmería.
Ambas novedades surgen en medio del hiperquinetismo judicial. Inédito en 34 años de democracia. Pero ni las resonantes detenciones de Julio De Vido y Amado Boudou, por hechos de corrupción, serían parangonables con los dramas de Nisman y Maldonado. Sin embargo, emergen en todos los casos factores comunes. El claro acomodamiento judicial a los climas políticos.
El fiscal apareció muerto en enero del 2015. En marzo el Cuerpo Médico Forense comunicó que no había hallado en la autopsia ninguna certeza pericial médico-legal que indicara la posibilidad de un hecho homicida. La denuncia de Nisman contra Cristina por encubrimiento terrorista fue cerrada.
Con Mauricio Macri en el poder esa causa se reabrió. Está a cargo del fiscal Gerardo Pollicita y del juez Bonadio. Una reconstrucción pericial de la Gendarmería estableció que Nisman fue asesinado por dos personas.
La desaparición de Maldonado sucedió en agosto, en plena campaña para las PASO. La Justicia, amén de mostrar cierta inoperancia natural, también se comportó ambivalente.
La oposición ejerció una fuerte presión pública sobre el Gobierno para mostrarlo culpable. Después de las primarias, que empezaron a consolidar a Cambiemos, y de la aparición del cadáver, la situación tendió a aclararse. Aunque resta la última palabra.
La revelación sobre Nisman fue realizada por Mauricio Macri incluso antes que el propio juez Ercolini. El Presidente aprovechó su visita a Nueva York para decir que el fiscal fue asesinado. El teatro era el más propicio. Washington nunca dejó de preocuparse por la tragedia.
Sobre todo, porque habría resultado derivación de una pesquisa sobre un acto terrorista que involucra a Irán. El interés estadounidense se mantuvo elevado mientras Barack Obama habitó la Casa Blanca.
La entonces Fiscal General, Loretta Lynch, requirió con frecuencia noticias al ministro de Justicia, Germán Garavano. El asunto tampoco se esfumó con la llegada al poder de Donald Trump. Aunque perdió intensidad. Lynch cedió su cargo al republicano Jeff Sessions.
Otras dos razones apuntalaron aquella revelación de Macri. Estados Unidos reúne a la segunda comunidad judía del mundo luego de Israel. Tenía necesidad, además, de mostrar progresos en un Poder Judicial siempre bajo sospecha, sobre todo luego de la década kirchnerista.
Macri quedó persuadido sobre el asesinato de Nisman cuando combinó dos episodios que repasó con insistencia. La reconstrucción de la escena y del crimen que hizo Gendarmería. También la pericia efectuada por el Centro de Investigaciones Fiscales de Salta (CIF). El equipo tecnológico, en ese campo, más avanzado que dispone el país.
Fueron tres pruebas de bala sobre un cráneo recubierto con piel de cerdo, la más parecida a la de las personas. Allí se concluyeron tres cosas. El hallazgo de partículas consistentes con residuos de disparo (plomo bario y antimonio) encontradas en el barrido ambiental.
La inexistencia de rastros de pólvora en la mano de Nisman que suele dejar la percusión de un arma Bersa 22, como la que le había acercado al fiscal el técnico informático, Diego Lagomarsino. La puntualización en dicho informe de que el disparo pudo haber tenido "otro origen". Otra persona. O quizás dos, como aseguró Gendarmería. Así quedó plasmada la convicción del homicidio.
Ercolini y Taiano también convalidaron ese examen de la fuerza de seguridad que contó de soporte con una Junta Interdisciplinaria que había sido convocada en su momento por la jueza Fabiana Palmaghini.
Esa comisión de expertos –que avaló expresamente la Corte Suprema--contrapuso el peritaje inicial de Cuerpo Médico Forense que dictaminó suicidio con la reconstrucción de la tragedia y otros elementos de prueba.
Nunca se logró explicar por qué motivo aquel Cuerpo Forense no detectó varios hallazgos de Gendarmería: ketamina (droga hipnotizante y alucinógena) en el cuerpo del occiso; una fractura en el tabique nasal; marcas en los brazos y un golpe en un riñón.
El Cuerpo Médico Forense –mas allá de su integración circunstancial-- es el mismo que avanza en dilucidar la muerte de Maldonado. Hasta ahora no recibió objeciones. Quizás porque el contexto fue distinto. En el caso Nisman, no se permitió al inicio la participación de los peritos de parte.
Un reclamo hecho por la ex pareja del fiscal, la jueza Sandra Arroyo Salgado. El juez Gustavo Lleral, que entiende en el caso del artesano muerto en Esquel, habilitó la participación de todas las partes involucradas.
La Junta Interdisciplinaria de Gendarmería hizo lo mismo: en ese caso, la defensa de Lagomarsino firmó "en disconformidad" el dictamen sobre el homicidio.
Ercolini citó a declaración indagatoria para el martes a Lagomarsino. Lo tiene como presunto partícipe de un "plan criminal" contra Nisman. Fue quien le acercó el arma al fiscal.
Y la única persona, según las débiles constancias, que estuvo en su departamento de Puerto Madero el día previo a su muerte. Taiano sostiene que no existe ninguna prueba para pensar que el técnico informático haya participado en la consumación del crimen.
Al magistrado y al fiscal les aguarda la tarea más ardua. Descubrir quienes fueron los autores materiales. Determinar si existieron además instigadores intelectuales. Hay pistas, aunque resultan difusas. Aparece la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la inteligencia del Ejército y algunos viejos topos de la ex SIDE.
También fueron citados a declarar cuatro custodios de Nisman que habrían dejado desprotegido cerca de 12 horas al fiscal. Uno de ellos, Rubén Benítez, incurrió en testimonios contradictorios. Dijo primero que el fiscal le había pedido su arma profesional. Luego que le había solicitado un "perro". En la jerga, un arma no legalizada.
Los acertijos que deben todavía develar Ercolini y Taiano asoman, a simple vista, mucho más complejos que aquellos del juez Lleral por la muerte de Maldonado. Aunque habrá que ver. El magistrado denegó un pedido de la familia y su abogada para que un "Grupo de Observadores Independientes" que remite a la ONU se sume a las pericias.
Su situación es ahora mismo incómoda porque luego de los elogios que despertó su designación –en reemplazo de Guido Otranto-- se sucedió una lluvia de presiones y críticas. Grupos políticos de oposición (la izquierda dura) y organismos de derechos humanos aducen que Lleral habría incurrido en tres errores graves: anticipó que el cuerpo del artesano muerto no presenta lesiones (aspecto verificado); no profundizó la investigación sobre Pablo Nocetti, jefe de gabinete de la ministro de Seguridad, Patricia Bullrich, que estuvo de paso en el desalojo que los gendarmes hicieron en la ruta 40 antes del hecho fatal; tampoco habría ahondado el peritaje de los vehículos y las armas que utilizaron aquel día los hombres de Gendarmería.
Ese conflicto, pese a todo, parece perder el anclaje que tuvo en organismos internacionales ni bien estalló. En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA circula el malestar con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que se colocó a la cabeza de los reclamos cuando Maldonado desapareció.
Aquel malestar se fundamenta en la declaración de testimonios falsos que la CIDH tomó como válidos. A instancias del CELS. Sobre todo, aquellos que describieron como el artesano habría sido detenido y llevado presuntamente por gendarmes en una camioneta. Sobre esas declaraciones se basó el aval de la CIDH para la demanda sobre "desaparición forzosa".
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en América del Sur también quitó su pie del acelerador. Es más, el Gobierno sorteó esta misma semana un examen difícil. Participó con una delegación interministerial, que encabezó Claudio Avruj, Secretario de Derechos Humanos, del Examen Periódico Universal (EPU) en la materia que se realizó en Ginebra.
Durante las deliberaciones no afloraron las dos cuestiones urticantes para el Gobierno: la muerte de Maldonado y la detención de Milagro Sala, la dirigente piquetera de Jujuy que permanece presa hace casi dos años.