La Caja informó este sábado, que le pediría al Ministerio de Salud la autorización para nombrar especialistas sin acreditarse, pero en cuestión de minutos cambió de decisión.
La institución envió un primer comunicado que dice: "El máximo órgano (junta directiva) consideró que persistiendo el estado de emergencia institucional se gestione con total urgencia esta solicitud ante el Ministerio para que como ente rector, habilite esa contratación de especialistas basado en "… criterios y procesos claros y detallados que aseguren el cumplimiento de los estándares de calidad del sistema de salud de Costa Rica, incluyendo, pero no limitado, a estándares académicos y experiencia profesional requerida".
Minutos después, el documento fue eliminado de redes sociales y enviaron un nuevo documento.
Luego, en un segundo comunicado destacaron lo siguiente:
"… Estando en riesgo inminente la salud y la vida de los usuarios de los servicios de salud públicos por la ausencia de especialistas en los tiempos extraordinarios: guardias, disponibilidades, la situación trasciende al ámbito de control Institucional, generándose una verdadera emergencia y crisis de alcance nacional y de interés público, volviéndose una situación de alcance país que requiere un abordaje interinstitucional", fueron parte de las consideraciones de la Junta.
Condena
La Caja condenó el accionar del Siname, quien no levantan el movimiento,, como impulsador del movimiento de especialistas, ha rechazado los reiterados llamados y solicitudes de la Caja Costarricense de Seguro Social para que depongan el movimiento de presión, y la renuencia a efectuar tiempo extraordinario.
De igual manera priorizó que "… el derecho a la salud es un derecho fundamental inherente a toda persona, independientemente de su condición (migrante, indígena, residente, nacional, hombre, mujer, niños, niñas, edad, condición socioeconómica, etc), regulado a partir del derecho a la vida, dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política, que establece la inviolabilidad de la vida humana, a partir del cual se deriva el derecho a la salud integral de la persona".