Sofía Barruti
(CNN en Español) — Mientras las preguntas sobre seguridad incluidas en el referendo y la consulta popular impulsados por Daniel Noboa obtuvieron un apoyo mayoritario de los ecuatorianos, aquellas sobre economía y empleo fueron rechazadas por casi 7 de cada 10 ciudadanos, de acuerdo con los datos del Consejo Nacional Electoral de Ecuador actualizados hasta la noche de este miércoles.
La pregunta del referendo "¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales?" recibió el 65,19% de votos en contra y el 34,81% a favor.
De forma similar, la pregunta "¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores, de acuerdo con el Anexo 4" fue rechazada por el 69,54% de quienes participaron en el referendo y apoyada por solamente el 30,46%.
Este martes, durante un acto público en la localidad de El Oro, Noboa celebró que las otras 9 preguntas del referendo y la consulta popular obtuvieran apoyo mayoritario, un hecho que consideró una victoria pese a que las relativas a economía y empleo no consiguieron respaldo.
"No me cansaré de dar gracias al pueblo ecuatoriano por una gran jornada cívica donde el pueblo votó con total claridad para avalar la política propuesta de combate a la seguridad y lucha contra la impunidad. Yo desde muy pequeño siempre fui fanático de los deportes y una de las primeras cosas que aprendí en mi vida era ver marcadores. Entonces, un marcador en el futbol, si ganaste 9 a 2, ganaste", dijo.
El referendo y la consulta popular impulsados por Noboa se realizaron a cinco meses de que asumió la presidencia el 23 de noviembre. Con estos ejercicios, buscó apoyo para sus decisiones en temas como el despliegue de las Fuerzas Armadas para la seguridad pública o facilitar que el Estado ejerza la extinción de dominio sobre bienes de grupos criminales.
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