Lo que ocurre en la selva de Darién con mujeres, adolescentes y niñas ha sido corroborado con el testimonio de decenas de víctimas que describieron una realidad escalofriante tras llegar a Panamá en su ruta hacia Norteamérica. Estos relatos no son nada nuevos, pero la inacción frente a ellos es alarmante. El diario estadounidense <b>The New York Times</b> ha documentado con el testimonio de unas setenta mujeres cómo grupos armados se mueven en completa libertad en Panamá, asaltando a los migrantes y asaltando sexualmente a las mujeres, amenazadas cobardemente de muerte si no hacen lo que les piden. El gobierno panameño tiene la obligación moral no solo de responder a estas acusaciones sino también de investigar y castigar ejemplarmente a los culpables. Panamá no puede ser visto internacionalmente como el país donde aquellos que, abusando del poder que les otorga su investidura, atentan contra la seguridad y la integridad humana de la forma más vil y despiadada. Es imperativo que se tomen medidas concretas para proteger a las víctimas y asegurar que la selva de Darién no sea un escenario de terror para quienes buscan un futuro mejor. La comunidad internacional observa, y Panamá debe demostrar su compromiso con la justicia y los derechos humanos.