La Junta de Fiscales de Sala ha avalado este miércoles la postura de la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, de pedir el archivo de la querella que presentó la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de delitos económicos Julián Salto por supuesta revelación de secretos a raíz de un comunicado de prensa emitido el 14 de marzo por la Fiscalía de Madrid. Fuentes fiscales han informado a Europa Press de que la decisión ha salido adelante con 19 votos a favor, 12 en contra y una abstención. Tras seis horas de deliberación --con receso incluido-- la junta ha apoyado la postura de Sánchez Conde, que defendía que no hay delito ni existen indicios contra los querellados, frente al criterio de la fiscal María de la O Silva, que proponía investigar antes de informar al juez a favor o en contra de admitir la querella. Las mismas fuentes han precisado que, por unanimidad, la junta ha concluido que no se deben intervenir las comunicaciones entre los fiscales del caso y el fiscal general, Álvaro García Ortiz, antes de informar a favor o en contra de la admisión de la querella, como planteaba Silva. Cabe recordar que la Junta de Fiscales de Sala tiene carácter consultivo y que, una vez escuchada, Sánchez Conde podía ratificarse en su decisión de pedir el archivo o corregirla sin obligación de apegarse al criterio de la mayoría. La cúpula fiscal ha llegado a la sede de la Fiscalía General a las 9.30 horas dividida por el enfrentamiento entre Sánchez Conde y Silva sobre si había que investigar a la fiscal jefe de Madrid y al fiscal de delitos económicos por supuesta revelación de secretos a raíz del comunicado de prensa relativo a la defensa de Alberto G.A., pareja de Díaz Ayuso, por el procedimiento abierto contra él por presunto fraude fiscal y falsedad documental. LAS DOS POSTURAS El desacuerdo partía de que Silva --que debe informar al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de si está a favor o en contra de admitir la querella-- quería investigar las comunicaciones entre Rodríguez, Salto y el propio fiscal general del Estado para conocer cómo se llegó a la decisión de publicar aquella nota de prensa; mientras que Sánchez Conde defendía que lo pertinente era pedir el archivo de la querella, como ya se hizo con la que presentó el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) por los mismos hechos. Ante tal discrepancia, Silva invocó el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), según el cual cuando un fiscal "recibiere una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente", se lo trasladará a su superior y, en caso de persistir la discrepancia, éste podrá convocar Junta de Fiscales de Sala. Según las fuentes consultadas, el fiscal general se ha abstenido del asunto porque tiene conocimiento de los hechos, por lo que no ha estado presente en la reunión de este miércoles. Tampoco han asistido el fiscal José Luis Bueren, que se ha jubilado, y los fiscales Antonio Vercher, Elvira Tejada, Alejandro Luzón y Jesús José Tirado, que han excusado su presencia. 19 A FAVOR, 12 EN CONTRA Así las cosas, se han sentado a la mesa 32 fiscales de Sala, de los cuales 15 son miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) --asociación cercana al fiscal general--, incluidas dos exjefas del Ministerio Público, Dolores Delgado y María José Segarra, que han respaldado la postura de Sánchez Conde. Otros 8 pertenecen a la Asociación de Fiscales (AF), incluido el exmagistrado del Tribunal Constitucional Antonio Narváez. Los 9 restantes, por su parte, no están afiliados a ninguna asociación, como el ex fiscal jefe Anticorrupción Manuel Moix. Las fuentes consultadas han precisado, sin embargo, que no todos los fiscales han votado en consonancia con sus compañeros de asociación; algo habitual en la junta, dado que sus miembros no siempre votan en bloques. Según las mismas fuentes, los cuatro fiscales del 'procés' --Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena-- han formado parte de los 12 que han votado en contra del criterio de la 'número dos' del Ministerio Público. SEIS HORAS DE DEBATE Las fuentes consultadas han indicado que Sánchez Conde ha sido la primera en intervenir. Ha defendido que se debía pedir el archivo de la querella que presentó la pareja de Díaz Ayuso contra los fiscales del caso por presunta revelación de secretos, no solo porque entiende que no hay indicios de delito, sino porque la Fiscalía ya se pronunció en este sentido el pasado 9 de abril sobre la querella del ICAM por los mismos hechos, por lo que aboga por mantener la unidad de criterio. Asimismo, la teniente fiscal ha insistido en que la propia jurisprudencia del Supremo fija que difundir datos que ya circulan no viola el deber de reserva. Cabe recordar que la Fiscalía de Madrid, al mostrarse en contra de la admisión de la querella del ICAM, defendió la "legitimidad constitucional" del comunicado de prensa difundido y aseguró que, sobre la base de datos ya difundidos, trató de hacer frente a informaciones "inveraces". Sánchez Conde ya trasladó estos argumentos --de forma verbal-- a Silva, que proponía que se practicasen diligencias de investigación dentro de la misma Fiscalía antes de emitir informe al TSJ de Madrid, donde ha recaído la querella toda vez que los fiscales gozan de la condición de aforados. Este miércoles, tras la intervención de la teniente fiscal en la junta, Silva ha tomado la palabra para exponer su postura. Posteriormente, le ha seguido el resto de fiscales de menor a mayor antigüedad. A las 12.30 horas, sin embargo, se ha suspendido el cónclave porque estaba previsto un acto de despedida al fiscal de Sala José Luis Bueren por su jubilación. A las 15.00 horas, la junta ha retomado el debate para que se pronunciaran los fiscales que aún no habían fijado posición. Finalmente, cerca de las 18.00 horas, la mayoría ha avalado la postura de Sánchez Conde de pedir archivar la querella presentada por la pareja de Díaz Ayuso. Ahora que se ha fijado el criterio de la Fiscalía, Silva tiene dos opciones: informar al TSJM a favor del archivo de la querella o apartarse.