La pregunta del millón que circula en estos días entre dirigentes políticos y empresarios es si el gobierno de Mauricio Macri y la Justicia irán a fondo contra el clan Moyano. Hasta dónde llegará el mani pulite sindical en la Argentina es un interrogante que arroja variadas respuestas, pero lo cierto es que, en más de tres décadas de democracia, nunca hubo tantos gremialistas presos o investigados.
El Gobierno le ha declarado la guerra al Estado que obstruye con el fin de reducir el costo argentino y facilitar inversiones, según afirmaciones de sus propios funcionarios. Macri es consciente de que, además de las enormes trabas burocráticas y papeleos que hasta hoy son necesarios para crear empresas o llevar a cabo un negocio legal, existen obstáculos que generan gremialistas que han vivido en todos estos años de privilegios corporativos y de la extorsión a las empresas. Por eso, el Presidente festejó en septiembre de 2016 cuando le informaron la detención de Omar "Caballo" Suárez, acusado de liderar una asociación ilícita, extorsionar a empresarios navieros y realizar fraudes millonarios contra su propio gremio marítimo.
Suárez fue apenas la punta de un gigantesco iceberg, del que se desprendieron más tarde dirigentes como Juan Manuel "Pata" Medina, Marcelo Balcedo y, desde ayer, la cúpula de la Unión Obrera de la Construcción de Bahía Blanca. Pesan denuncias contra otros gremialistas, como Víctor Santa María, líder del gremio de encargados de edificios, y Carlos Quintana, de la UPCN bonaerense. Pero se sabe que el pez más gordo es Hugo Moyano.
Alrededor del sindicato camionero no faltan denuncias por aprietes, empresas allegadas a familiares del líder sindical y armadas para prestar con exclusividad servicios millonarios al gremio y la obra social sindical, investigaciones por irregularidades en la administración de recursos y negocios con barrabravas. Un cóctel que en un país normal sería explosivo.
Las dudas pasan, por un lado, por las relaciones que unen a no pocos hombres de la política y del propio oficialismo con Moyano. En segundo lugar, por la posibilidad de que el Gobierno esté aplicando la misma estrategia a la que acostumbra recurrir el sindicalismo argentino: apretar para negociar. ¿Podría ser la ofensiva contra determinados jefes gremiales una simple presión para que aprueben una reforma laboral y garanticen la paz social? ¿Irán en el mismo camino las iniciativas oficiales para que los titulares de las obras sociales hagan públicas sus declaraciones patrimoniales y para poner límites a la reelección indefinida en los gremios? Por si todo eso fuera en serio, Luis Barrionuevo lanzó una advertencia, que algunos interpretaron como un aviso mafioso y otros como parte del juego político: "Dejen de pisarle la cola al león".
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