En un informe demoledor, Amnistía Internacional (AI) denuncia las vulneraciones de derechos humanos, así como las asignaturas pendientes en este sentido, en España. En un comunicado, la oenegé defensora de los DDHH denuncia la falta de "voluntad política para abrir investigaciones independientes y efectivas sobre graves violaciones de derechos humanos, como las ocurridas en residencias durante la Covid-19, tras el salto de la valla de Melilla en 2022 o tras los abusos policiales a la hora de reprimir algunas manifestaciones".
El documento, bajo el rótulo La situación de los derechos humanos en el mundo, realiza una radiografía del estado de los derechos humanos en 155 países. En él se asegura que la situación está al borde del colapso, acelerada por "los rápidos avances de la inteligencia artificial, que, sumada al dominio de las grandes empresas tecnológicas, amenaza con una 'sobrecarga' de violaciones de derechos humanos si la regulación continúa yendo a la zaga de las innovaciones".
En rueda de prensa, la secretaria general de la organización, Agnès Callamard, ha dicho que el mundo se encuentra ante un "panorama sombrío de alarmante represión de los derechos humanos". Y España no es la excepción.
A pesar de haber avanzado en algunos aspectos como la lucha contra la violencia sexual o el reconocimiento de los derechos de las personas trans, estos logros podrían quedar "empañados por un riesgo real de que estos avances se conviertan en papel mojado si no se toman medidas concretas para su implementación efectiva", explican desde Amnistía Internacional.
"Brechas" en la protección de los DDHH
"La desigualdad en la implementación de estas leyes, y otras como la Ley de Memoria Democrática, en las comunidades autónomas, genera brechas en la protección de los derechos humanos", señala la oenegé en el capítulo del informe dedicado a España. Y defiende que mientras algunas comunidades están trasponiendo las normas y adaptándolas a sus legislaciones autonómicas, en otras se observa inmovilismo o incluso un retroceso.
Los activistas de la organización de la vela ponen algunos ejemplos, como el caso del derecho de las adolescentes de 17 y 18 años a interrumpir el embarazo sin necesidad de consentimiento parental; el reconocimiento de los derechos de las personas trans ampliados en virtud de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva; o el derecho a una vivienda, amparado por la Ley por el Derecho a la Vivienda.
"Es fundamental que las administraciones, tanto estatales como autonómicas, trabajen juntas para asegurar la implementación efectiva de las leyes que protegen y hacer realidad los derechos humanos", recoge Amnistía Internacional en su comunicado. Además, reclama que "la impunidad ante estos hechos no sólo vulnera los derechos de las víctimas, sino que también envía un mensaje desalentador a la sociedad, perpetuando la falta de rendición de cuentas del Estado y que las víctimas no obtengan justicia y reparación".
¿El fin de la ley mordaza?
La Ley de Seguridad Pública —archiconocida como ley mordaza— fue invocada en contadas ocasiones en 2023, aunque algo menos que el año anterior. "Se siguieron imponiendo multas por faltas administrativas de imprecisa definición, como 'falta de respeto' a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley o 'desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes'", señala AI en el informe.
El director de la oenegé, Esteban Beltrán, en la rueda de prensa con motivo de la visita de la jefa de la organización a España, describió la ley mordaza como "una norma que atenta contra el derecho a la libertad de expresión y de reunión y sobre la que Amnistía Internacional lleva haciendo campaña desde su entrada en vigor".
Un medioambiente sano
Otro de los argumentos que asoman en el informe de la oenegé defensora de los DDHH es el reconocimiento del derecho a un medioambiente saludable. Además de dar cuenta de los fallecimientos atribuibles al calor —6.799, según los datos del Instituto de Salud Carlos III—, después de que España atravesara su tercer verano más caluroso, menciona el fallo de junio del Tribunal Supremo en la demanda contra España por no tomar medidas suficientes contra el cambio climático.
El litigio se remonta a septiembre de 2021, cuando tres organizaciones no gubernamentales —Greenpeace, Ecologistas en Acción y Oxfam Intermón— presentaron una demanda contra el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos por fijar objetivo que no eran suficientemente ambiciosos para reducir las emisiones de efecto invernadero.
El contencioso se resolvió dando la razón al Estado español. "La sentencia no tuvo en cuenta las obligaciones internacionales de España en materia de derechos humanos ni la urgencia de aumentar las medidas para combatir el cambio climático", denuncian desde Amnistía Internacional.