A pedido de la querella de la Asociación Civil Palabras, junto a Tramas, derecho en movimiento, el juez Sergio Ariel Carraro autorizó los allanamientos en busca de pruebas sobre el secuestro y obstaculización por parte de integrantes de la ONG Grávida de Santa Fe, quienes intentaron impedir la interrupción legal del embarazo que había solicitado una niña víctima de abuso sexual, en enero de 2023. El operativo se realizó el 14 de marzo pasado, en Casa Betania, donde habría estado la nena de 12 años cuando le impidieron que accediera a su derecho, también en el domicilio de la ONG, que es también la casa de su presidente, Emilio Perizzotti y también en una clínica privada. Al día siguiente, secuestraron el teléfono celular del médico Raúl Dalla Fontana, quien se adjudicó públicamente haber hablado con la nena y de la señora Leurino, que conducía el automóvil que trasladó a la paciente para que no accediera a su derecho.
El 19 de diciembre de 2022, la nena había concurrido al centro de salud del pueblo en el que vive, y allí descubrió que estaba embarazada. Ella dijo que fue abusada por el padre en reiteradas oportunidades y pidió, junto a su madre, la realización de un aborto, en los términos estipulados por la ley 27.610, aprobada en diciembre de 2020. Desde el centro de salud gestionaron el turno en el Hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe, para el 2 de enero, pero no se presentaron. Luego se supo que integrantes de Grávida habían interferido para impedir el derecho de asistencia y servicios de salud de la niña.
Es por eso que la querella constituida por la Asociación Civil Palabras, junto con TRAMAS- derecho en movimiento y el equipo jurídico presentó el 8 de marzo pasado el pedido formal de aseguramiento de pruebas ante el fiscal Matías Broggi, quien elevó la solicitud al juez Carraro, del Colegio de Jueces de 1ra. Instancia del Distrito Judicial Nº 1.
El operativo se llevó a cabo rápido, el 14 de marzo. El proceso consistió en el allanamiento de tres domicilios: Casa Betania, lugar en el que habría estado la niña en el momento de la obstaculización de su derecho a la interrupción legal del embarazo, el domicilio utilizado por la ONG el cual coincide con el del presidente de la misma, Emilio Perizzotti, y una clínica privada donde le habían practicado estudios a la niña. En los dos primeros lugares se secuestraron dispositivos electrónicos, teléfonos y computadoras; en el tercero, la historia clínica de la niña y demás documentación relevante.
Todo el proceso se realizó acorde a lo estipulado, contando con la cooperación de las personas que estaban presentes en Casa Betania y con la completa disposición de las autoridades de la clínica. En el caso del domicilio de Perizzotti, el mismo no se encontraba presente en el momento del allanamiento por lo que se autorizó el ingreso con el uso de la fuerza a los fines de efectivizar las medidas. Tiempo después, se presentó Perizzotti ante la justicia.
Al día siguiente, el 15 de marzo, se completó el operativo con el secuestro de los celulares del Dr. Raúl Dalla Fontana, médico que había expuesto en los medios de comunicación el haber tenido comunicación con la niña, y de la Sra. Leurino, quien conducía el automóvil en el que se trasladó a la niña el 3 de enero de 2023. En todo el procedimiento estuvieron presentes los apoderados de la querella, Sabrina Muñoz Denis y Guillermo Munné.
La querella evalúa que "esta instancia de aseguramiento de pruebas es muy importante para el avance de la causa, con medidas efectivas de investigación, que posibilitan el análisis de necesarios materiales probatorios. Tras estos operativos, el importante material probatorio obtenido será peritado. A partir de allí, se dispondrán nuevas medidas de prueba".
Desde las organizaciones de la sociedad civil querellantes aseguran que "estos allanamientos confirman lo que sostenemos desde el inicio: la constitución como querellante es una herramienta que posibilita el impulso del proceso". La Asociación Civil Palabras tiene una trayectoria de décadas en la difusión y promoción de la salud sexual y reproductiva. Al mismo tiempo, su participación activa en la causa "permite el monitoreo de este caso por parte de más de 70 organizaciones sociales e instituciones del movimiento feministas, quienes adhirieron a la presentación de la querella, todas ellas reclamando conocer qué ocurrió, cuál fue el accionar de los integrantes de la ONG Grávida y su eventual responsabilidad en los hechos mencionados respecto al obstáculo sobre el ejercicio del derecho al aborto legal, seguro y gratuito".
La Asociación Civil Palabras había sido confirmada como querellante en primera instancia, pero apelada por el imputado Perizzotti. Posteriormente quedó firme la participación en la causa, a partir de una resolución del Juez Penal de Segunda Instancia Sebastián Creus. La decisión del juez constituyó un "antecedente muy importante en la materia, ya que la resolución echa luz sobre la nueva Ley 14.181 de la Provincia de Santa Fe, conocida como Ley de Víctimas y Querellantes, y asegura una amplia posibilidad para que las ONG puedan constituirse participativamente como querellantes en las causas en las que se investiguen penalmente hechos vinculados con su objeto social".
Tal como estableció el magistrado, teniendo en cuenta una interpretación sistémica de la ley, antes de la reforma sólo se permitía a las personas jurídicas presentarse como querellantes cuando se trataba de delitos que ofenden intereses colectivos y difusos, en los casos en que el objeto de las asociaciones fuera la protección del bien jurídico tutelado. Actualmente esto se extiende también a los delitos individuales, como es en este caso el delito de privación ilegítima de la libertad y de lesiones graves a la salud.
El juez consideró además que las personas jurídicas serán consideradas víctimas cuando el delito aparece lesionando bienes jurídicos que se vinculen con su objeto social. Establece que la reforma legislativa pasa de un concepto restrictivo a otro que busca ampliar la participación.