En su más reciente reporte sobre la implementación del acuerdo de paz, durante el periodo del 27 de diciembre de 2023 al 26 de marzo de 2024, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia llamó la atención por la violencia que sigue afectando gravemente a pueblos étnicos.
"La violencia siguió afectando de manera desproporcionada a los pueblos étnicos en varios departamentos, especialmente en el norte del Cauca, como lo demuestran los asesinatos, secuestros y amenazas contra autoridades tradicionales y guardias indígenas", señala el informe.
Una muestra de esta violencia fue la que ocurrió el 16 de marzo en Toribío, Cauca, cuando una disidencias de las Farc secuestró a un menor de edad indígena y ante la protesta de la comunidad por los hechos, el grupo armado abrió fuego indiscriminado, según denunciaron organizaciones como la Asociación de Cabildo Indígenas del Norte del Cauca (Acin). Como consecuencia de este ataque armado falleció la lideresa indígena Carmelina Yule, quien recibió disparos durante los hechos.
"Siguió suscitando gran preocupación la violencia registrada en departamentos como Antioquia, el Cauca, el Chocó, Nariño y el Putumayo, que afecta en particular a comunidades indígenas y afrocolombianas", se lee en el informe.
Sobre la violencia contra comunidades indígenas el informe de la ONU también señala que en medio de las disputas entre distintos grupos armados ilegales se aumentó la estigmatización contra guardias indígenas.
En ese sentido, se señala el caso de dos guardias asesinados en Cauca, quienes al mismo tiempo eran excombatientes desmovilizados de las Farc y ahora estaban cumpliendo funciones de liderazgo en sus comunidades.
La pelea entre grupos ilegales también ha causado desplazamientos masivos de comunidades indígenas, y la Misión de Verificación señaló que es especialmente preocupante la situación del pueblo wiwa en La Guajira y de los pueblos eperara siapidara, awá y afrocolombiano, en Nariño.
Sumado al desplazamiento, las disputas entre actores armados también han generado confinamiento, y en el periodo informado esto se vio en Caquetá y el Putumayo, donde algunas comunidades estuvieron confinadas por periodos superiores a un mes, lo que limitó su acceso a productos de primera necesidad.
El informe de la ONU rechazó al tiempo la continuidad del reclutamiento y utilización de niños de comunidades étnicas por parte de grupos armados, y señaló que según organizaciones indígenas del norte del Cauca, desde principios de 2024 se presentaron al menos 15 casos de reclutamiento de niños indígenas.
Llamado a tomar medidas rápidas
Aunque el informe de la Misión de Verificación reconoció la naturaleza "integral y ambiciosa" de las políticas del Gobierno frente a la paz, señaló que dado el complicado contexto sobre el terreno, es necesario tomar medidas rápidas que puedan traducirse en resultados tangibles de las políticas y planes para la implementación de los diferentes puntos del acuerdo firmado en 2016.
En las conclusiones del informe, el secretario general de la ONU, António Guterres, señala que para una implementación exitosa del acuerdo de paz se requieren acciones más rápidas e integrales.
"Si bien cabe reconocer los importantes avances logrados hasta la fecha, es de particular importancia en esta etapa que los actores involucrados y los beneficiarios, incluidas las víctimas, las comunidades rurales, los pueblos étnicos y los excombatientes por igual, comiencen a sentir de manera más tangible el impacto positivo de algunas de las disposiciones clave del Acuerdo", señala.
En lo que respecta al capítulo étnico del acuerdo, el documento resalta que la Vicepresidencia estableció mesas de alto nivel en las que participan unas 30 entidades para monitorear y promover la ejecución de los compromisos establecidos para alcanzar al menos un 60 por ciento de implementación del capítulo para el año 2026; no obstante añade que en el periodo informado, solo 4 de las 23 instituciones de implementación habían cumplido sus objetivos de 2023 en relación con el capítulo étnico.
De otra parte, se resaltan los esfuerzos del Gobierno para regular la formalización y adquisición de tierras para los consejos comunitarios afrocolombianos, y hacer consultar previas con organizaciones afrocolombianas en la reforma rural.
También se destacó el compromiso gubernamental con la superación del problema del narcotráfico, teniendo en cuenta un enfoque étnico, con la aprobación 7.524 planes de inversión para la sustitución de cultivos que benefician a familias afrocolombianas que están en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis) en Tumaco, y 1.860 planes de inversión para familias indígenas en Cauca.
Insto al Gobierno y a todas las entidades con responsabilidades al respecto a que avancen con prontitud, ya que ha llegado el momento de una implementación satisfactoria y visible sobre el terreno: Guterres
Finalmente, el informe señala que las comunidades rurales, en particular las comunidades indígenas y afrocolombianas y las mujeres y niños siguen sufriendo de manera desproporcionada la "violencia persistente y la falta de desarrollo en muchas regiones de Colombia donde la presencia del Estado sigue siendo insuficiente".
Acto seguido se indica que si bien los objetivos generales del acuerdo de paz con la reforma rural, el capítulo étnico y las disposiciones de género son a más largo plazo, "es necesario que los tan esperados avances se materialicen en un futuro más cercano".
Guterres concluye diciendo: "Insto al Gobierno y a todas las entidades con responsabilidades al respecto a que avancen con prontitud, ya que ha llegado el momento de una implementación satisfactoria y visible sobre el terreno".
¿Qué se puede hacer?
Sobre la afectación que están teniendo las comunidades étnicas Leonardo González, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), comentó que el conflicto armado siempre ha tenido una marcada afectación a estas comunidades pues el conflicto se ha concentrado principalmente en zonas rurales, que es donde se concentran estos grupos poblacionales, pero añadió que sin duda se ha visto en los últimos años y meses una exacerbación de la violencia, llegando incluso a que haya hoy en día un 'plan pistola' de una disidencia en contra de autoridades y guardias indígenas en Cauca.
La violencia contra estas comunidades se ha visto en el aumento de homicidios de líderes indígenas, en la instalación de minas antipersona, en desplazamiento y en el reclutamiento de niños y niñas: Leonardo González
"La violencia contra estas comunidades se ha visto en el aumento de homicidios de líderes indígenas, en la instalación de minas antipersona, en desplazamiento y en el reclutamiento de niños y niñas, e incluso el suicidio de menores de edad en Chocó y Cauca para evitar ser reclutados por actores armados", señaló.
El investigador también señaló que otro motivo por el cual se ha incrementado la violencia contra comunidades étnicas es un deseo de los grupos armados no solo de tener control territorial sobre una región, sino también de instaurar un control social sobre sus habitantes.
"El control social es tener un control sobre las comunidades y sus formas de organización, el querer imponer un cabildo o un presidente de un consejo afro, querer imponer normas de conducta, genera que las comunidades se resistan a este control generando choques que son respondidos con violencia", dijo González, quien citó como algunos ejemplos de control social la carnetización de habitantes por parte de grupos ilegales, el control de precio de alimentos, y el control de ingreso y horarios de circulación en las comunidades.
En cuanto a medidas que serían efectivas para enfrentar estos peligros para las comunidades étnicas el director de Indepaz sostuvo que irían en dos vías: el fortalecimiento de una presencia integral del Estado, no solo de la Fuerza Pública; y el fortalecimiento de medidas de autoprotección de las comunidades, así como de sus formas de asociación solidaria.