Mi contribución al último número de la revista Cuadernos de Información Económica, publica por FUNCAS, aborda la situación presupuestaria de España. En síntesis, estamos ante un desafío mayor en lo que resta de década, si queremos cumplir con el nuevo marco de gobernanza fiscal europeo; pero también para tener bajo control la carga por intereses, para contar con un colchón financiero contra futuros choques negativos y para preservar una reputación crediticia que nos blinde ante tormentas financieras que afecten a la deuda soberana.
Las nuevas reglas fiscales acordadas en la cumbre del Ecofin de 20 de diciembre de 2023 y refrendadas en febrero por el trílogo de Parlamento Europeo, Comisión y Consejo tras ligeras modificaciones, ofrecen un margen más flexible que las anteriores. Sin embargo, los parámetros fiscales observados sitúan a España a distancia de los objetivos cuantitativos para el déficit público y la ratio de deuda sobre PIB. Por ello, resulta imperativo reducir el desequilibrio presupuestario estructural. Concretamente, un ajuste anual de medio punto porcentual hasta que el déficit observado exceda el -3% de PIB, y de cuatro décimas desde que se cruza ese umbral y hasta llegar a -1.5%. Solo en el caso de que se apruebe un plan de consolidación fiscal a siete años vista se permitirá rebajar significativamente el ritmo de ajuste, hasta -0.25% cada ejercicio.
¿Cuál sería la consecuencia de optar por una dinámica inercial y orillar esta estrategia de consolidación presupuestaria? La ratio de deuda se cronificaría por encima del 100. Y la situación puede empeorar si introducimos en la ecuación el efecto sobre las finanzas públicas de vectores como el cambio climático y la transición energética. Algunas proyecciones publicadas por la Comisión Europea y el FMI muestran que, en el horizonte de 2032, el efecto acumulado de ambos procesos sobre la ratio de deuda pública de España podría suponer más de cinco puntos de PIB.
Sin duda, manejar el reto de la consolidación fiscal de manera proactiva y sostenible va a enfrentarse a problemas de economía política, agravados por la fatiga que puede aparecer debido a la necesidad de mantener los esfuerzos en el tiempo. La combinación de medidas de gasto e ingresos es una decisión política crucial que debería pivotar sobre tres ejes de cambio fundamentales.
El primero es la asunción plena de la cultura de evaluación del gasto público y la toma de decisiones consecuentes con ella. El segundo es la reforma integral del sistema tributario español, que permita recaudar de forma más eficiente y justa, sea cual sea la ratio de ingresos sobre PIB preferido. El tercero es la pedagogía para convencer a los ciudadanos de la importancia de contar con unas finanzas públicas sólidas.
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