Las campañas del País Vasco y Cataluña tienen un motor que se encenderá en Madrid en el momento oportuno, y que cogerá potencia según llegue el día de votar en el País Vasco sin perder ya fuerza hasta las catalanas del 12 de mayo. Este motor es la comisión de investigación del Senado sobre el «caso Koldo», impulsada por el PP, y que están ordenando en la sede de Génova con toda la discreción posible para que su momento más álgido coincida con la batalla electoral, sobre todo en Cataluña. La mayoría absoluta da manga libre al partido de Alberto Núñez Feijóo para agendar las comparecencias y disponer el escenario que cree que más puede interesarle a su partido, y en algunos casos hasta puede que cuente con la colaboración de los socios de investidura de Pedro Sánchez, y que hoy tienen intereses contrapuestos.
Habrá que ver el efecto que la citación, y el paseíllo mediático de los principales responsables conocidos de la trama tiene en estas campañas electorales, pero el PP ha puesto altas expectativas en la capacidad destructora sobre las siglas socialistas del hecho de que los cabecillas señalados en el sumario del «caso Koldo» ocupen los titulares de los principales días del calendario de estos dos procesos electorales, muy relevantes para la Legislatura, sobre todo el catalán. El diseño del plan de comparecencias -todos están obligados a ir al Senado, aunque se nieguen a declarar-, tiene mucho que ver con el previsible efecto en la evolución de las tendencias demoscópicas, sin que al PP parezca que le preocupe el uso paralelo con el mismo fin, el de desgastarlos, que se haga de la comisión del Congreso y, sobre todo, de la figura de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a cuenta de la investigación por fraude fiscal que afecta a su pareja. Serán citados Koldo Garcia Izaguirre, mano derecha del ex ministro Ábalos; Juan Carlos Cueto, la investigación le considera el verdadero propietario de la entidad que consiguió el pelotazo de las mascarillas; Víctor de Aldama, actual presidente del Zamora CF; José Luis Rodríguez, subteniente de la Guardia Civil, y a quien la investigación señala como presunto responsable de haber puesto en contacto a los responsables del Ministerio de Transportes con los empresarios responsables de la trama; Joseba García Izaguirre, hermano de Koldo; Álvaro Sánchez Manzanares, secretario general de Puertos del Estado; el ex ministro de Transportes, la presidenta del Congreso, Francina Armengol; y los ministros Illa, Torres o Marlaska. Además del presidente Sánchez y muy previsiblemente también su mujer, Begoña Gómez.
Hay otro factor que la política no controla, pero al que esperan con entusiasmo en el PP, y temen en el PSOE, que es el de las novedades que sigan saliendo del juzgado, porque la investigación de la UCO sobre las comisiones con las mascarillas y las ramificaciones de este escándalo continúa abierta, avanza, y en la cúpula popular cuentan con que traerá «importantes novedades» en próximas fechas.
A pesar de que todos los partidos están dedicados a buscar el voto, los socialistas andan ya trabajando en los posibles escenarios que salgan de las noches electorales y en cómo rentabilizarlos de la mejor manera posible a favor del presidente del Gobierno. Hay conversaciones en segundos niveles para frenar golpes en lo que tiene que ver con las comisiones de investigación, hacerse el menor daño posible, sobre todo al PSC, pero también para sembrar una salida que satisfaga a las dos partes en el caso de que se confirme la victoria de Salvador Illa en votos y en escaños el 12 de mayo. ERC, si queda como segunda fuerza, solo podrá investir a Illa a cambio de que se cierre el acuerdo sobre un referéndum, al que últimamente están siempre ligando la coletilla de «pactado». Bien lo saben en el PSC que sin esa cesión, los republicanos no podrán dejar la Presidencia de la Generalitat en manos de Illa por el alto coste que tendrá para ellos perder el poder, incluso aunque consiguieran un acuerdo de coalición. Con Illa como presidente la agenda soberanista estaría muerta, salvo que sea condición imprescindible para que eche a andar el nuevo gobierno catalán.
La política es hoy un laberinto que deja a Pedro Sánchez en manos de sus socios, mientras su gobierno se vacía de agenda y sus ministros asumen que están prácticamente condenados a ser la ornamentación de las obligadas reuniones del Consejo de Ministros. El presidente del Gobierno no abandonará el poder ni por malos resultados electorales ni porque no se cumpla su agenda en Cataluña. La ingobernabilidad tampoco es una razón que le lleve a dar un paso atrás en La Moncloa y convocar elecciones, según explican sus asesores. Pero en su núcleo sí perciben un clima de agotamiento y de desgaste que les recuerda el del 93, último gobierno de Felipe González antes de que llegara José María Aznar al poder. Y advierten de que Sánchez, «por cómo es», se buscará una salida digna internacional antes de caer en el pozo negro por el que la historia se ha llevado a otros presidentes del Gobierno.
En todo caso, la realidad es que los ministros y altos cargos viven al día. Yolanda Díaz es otra víctima del «caso Koldo», porque hasta ahora solo ha metido la cabeza bajo el ala y esto tendrá para ella un coste electoral. Y en el Gabinete saben que este mantra de Sánchez de agotar la Legislatura tiene una gotera importante, y es que en el mejor de los casos podrá aguantar sin disolver hasta antes de las próximas elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2027, porque el PSOE solo podrá presentar un erial a esos comicios.
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