Además de Luis Normar Isaac Sánchez, un magistrado federal también evaluará el jueves si permite que Joshua Bula Cartagena y Kevin Bonilla Ramirez salgan bajo libertad condicionada
Además de Luis Normar Isaac Sánchez, un magistrado federal también evaluará el jueves si permite que Joshua Bula Cartagena y Kevin Bonilla Ramirez salgan bajo libertad condicionada
El magistrado federal Marcos López pautó para el jueves una vista en la que determinará si concede fianza o no a Luis Normar Isaac Sánchez, alias "CDobleta", y otros dos individuos.
Los tres fueron imputados por violaciones a la ley de armas, mientras que Isaac Sánchez ha sido señalado por la Policía como "persona de interés" en relación al asesinato del sargento Eliezer Ramos Vélez, el viernes pasado, en los predios del residencial Sabana Abajo, en Carolina.
De acuerdo con las minutas de su comparecencia inicial este martes, Isaac Sánchez fue informado de los cargos presentados en su contra mediante una querella, radicada por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés).
"La defensa argumentó por condiciones de libertad. El ministerio público argumentó por detención y solicitó tres para la vista de fianza", indican las minutas de la vista.
"Después de escuchar las partes, el tribunal adelantó la vista de fianza para dos días", agrega el documento, que detalla que la audiencia será a las 9:00 de la mañana, en la sala 5 del Tribunal Federal en San Juan, ante López. La vista preliminar fue programada para el 8 de abril.
En una vista separada, el martes, el magistrado también programó para el jueves una vista de fianza para los coimputados Joshua Enrique Bula Cartagena y Kevin Manuel Bonilla Ramírez, quienes tendrán su vista preliminar el 8 de abril.
Un cuarto imputado, Eli Yaniel Couvertier Pollock, tendrá su vista de fianza y vista preliminar el 8 de abril.
A diferencia del sistema judicial de Puerto Rico, la fianza no es un derecho en el foro federal. Usualmente, en los casos que involucran cargos por delitos violentos, como armas de fuego, los imputados o acusados son ordenados a permanecer ingresados en prisión hasta la vista preliminar o el juicio. Entre varios factores para sus determinaciones, los magistrados sopesan si el imputado representa o no un riesgo de fuga y/o peligro para la comunidad.
Isaac Sánchez enfrenta cargos por posesión ilegal de un arma de fuego alterada para disparar de forma automática por hechos que se remontan al 31 de octubre pasado en Barrio Obrero, en San Juan.
Según la denuncia federal, Isaac Sánchez fue arrestado en la intervención de octubre luego de que intentara escapar tras ser visto por policías, con los otros tres imputados, acercándose a un vehículo; mientras que los agentes habían recibido confidencias de que estaban armados.
Un agente "vio un cargador extendido cargado en el compartimiento del cargador de una pistola negra que sobresalía del frente de la cintura de Isaac", apunta la denuncia.
Entonces, vieron a los cuatro entrar al vehículo. En ese momento, pudieron a arrestar a tres de los individuos, mientras que Isaac Sánchez "escapó de la escena a pie".
Tras diez minutos, fue capturado en el techo de una residencia en Barrio Obrero. Dentro del vehículo donde había estado Isaac Sánchez, junto a otro individuo, los agentes encontraron dos pistolas Glock, modelo 19, una de las cuales tenía un "chip" ilegal para que disparara de forma automática. También había cuatro magazines 9 mm y 61 balas del mismo calibre.
Aunque, en ese momento, ninguno de los arrestados contestó preguntas de los policías ni de los agentes de HSI, sí firmaron consentimientos para que sus teléfonos celulares fueran registrados.
Según la denuncia federal, en los dispositivos encontraron fotografías de Isaac Sánchez y otros imputados "portando varios rifles y pistolas", así como mensajes en los que hablaban sobre las armas
La directora de HSI en Puerto Rico, Rebecca González, explicó a El Nuevo Día el lunes que, en aquél momento, el caso continuó a nivel estatal, mientras que no se radicó en el Tribunal federal debido a que la fiscalía solicitó prueba adicional.
"Ese delito conlleva conocimiento (...) El individuo tiene que tener conocimiento de que el arma estaba alterada", sostuvo González. "En muchas ocasiones, es sentido común para nosotros que estos individuos saben que esa arma está alterada, pero en ocasiones la Fiscalía nos solicita evidencia adicional".
Después de que le encontraran causa para arresto en aquel momento, Isaac Sánchez estuvo bajo fianza hasta el 25 de marzo pasado, cuando el juez del Tribunal de Primera Instancia de Carolina, Jimmy Sepúlveda Lavergne, no encontró causa para juicio y ordenó que se le quitara el grillete. No surge del expediente que haya habido alguna alegación de violación a las condiciones de la fianza estatal.
Mientras, cuatro días después, la pesquisa federal continuaba en desarrollo cuando surgió el asesinato del sargento Ramos Vélez en los predios del residencial Sabana Abajo.
González detalló que, en ese momento, comenzaron a revisar la "inteligencia que teníamos de los individuos de esa área" y decidieron presentarla ante un magistrado federal.
"Nosotros ejecutamos unas órdenes de allanamiento a los celulares que se habían ocupado. Después del análisis de la evidencia que se recupera de los celulares, pudimos tener evidencia de que sí tenían conocimiento de que las armas estaban alteradas", apuntó González.
Agregó que entonces "presentamos el caso a la Fiscalía federal el viernes con la evidencia adicional de los celulares para tener las órdenes de arresto".
"Todo esto es una estrategia para poder aglomerar inteligencia que nos ponga un poco de dirección hacia la investigación del asesinato del policía", afirmó González. "Cualquiera de ellos puede tener información de interés porque son cuatro son del área. Por lo menos, dos de ellos son de Sábana Abajo".