Un plan del Gobierno para "deskirchnerizar" los derechos humanos
Artículo extraído del diario La Nación - Por Laura Di Marco
Artículo extraído del diario La Nación - Por Laura Di Marco
Una tarde de infierno, los dos dogos de la jujeña Soledad Martínez, una de las víctimas de Milagro Sala, aparecieron degollados, colgados de una medianera: fue el mensaje mafioso con el que la Túpac pretendió amedrentarla para poder usurpar su casa.
En 2006, una golpiza feroz desencadenó la muerte de Lucas Arias, militante de una organización competidora de la puntera K. Los ultrajes que sufrió una empleada municipal, Ivana Velázquez, por negarse a ser acompañante sexual del "Reptil", el hijo de Sala, también están debidamente registrados.
Sin embargo, todos estos estragos -y muchos otros- no fueron escuchados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Tampoco por Amnistía Internacional.
Ni Abuelas ni Madres visitaron jamás a los familiares del soldado Alberto Ledo, por cuya desaparición está procesado el general K César Milani. Los organismos de derechos humanos encabezaron un lobby internacional para que la ONU expidiera un dictamen declarando la desaparición forzada de Santiago Maldonado.
Eugenio Zaffaroni, juez de la Corte Penal Internacional -un representante del Estado argentino, que debería ser imparcial- acaba de afirmar públicamente que en el actual "Estado de Derecho deteriorado puede pasar cualquier cosa".
¿Cómo se explica semejante parcialidad? Usando un trazo grueso, hay dos razones: la hegemonía del kirchnerismo en ese altar donde construyó su poder y la falta de una política macrista de derechos humanos, un terreno en el que avanza a tientas y con amateurismo.
Sin embargo, envalentonado por el triunfo electoral, el gobierno de Macri apunta ahora a revertir ese déficit. El macrismo está en busca de su propio paradigma, en una cancha que le es ajena.
El eje K de las políticas reparatorias setentistas no será abandonado, sino integrado a un mirador más amplio: el de la inclusión, el encuentro, el diálogo y la convivencia. Claudio Avruj presentará el 10 del mes próximo el nuevo plan: se trata de una política de Estado pensada hasta 2020.
Ya presentó algunos lineamientos la semana pasada, en Ginebra, donde también se reunió con el Comité contra las Desapariciones Forzadas. A puertas cerradas, Avruj acusó a los organismos de DD.HH. locales de intentar desestabilizar al gobierno argentino con denuncias falsas sobre el caso Maldonado, en el que también plantaron testigos falsos. "Así como no se les puede mentir a los jueces, tampoco se les puede mentir a ustedes", se despachó en la ONU.
La reciente visita de Luis Almagro a la Argentina vibró en la misma sintonía: el Gobierno le pidió al Secretario General de la OEA que la CIDH deje de ser un apéndice del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), ligado a Horacio Verbitsky, y recobre su independencia. Cambiemos también planea colocar allí a un representante del Poder Ejecutivo.
¿Podrá el macrismo "deskirchnerizar" la política de derechos humanos? ¿Logrará transformarse en proactivo, en lugar de victimizarse por los bofetazos que viene recibiendo de entidades con peso e historia, que logran influir con mayor eficacia y rapidez en la comunidad internacional? ¿Por qué el CELS tiene semejante influencia global?
La mayoría de los organismos -la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Madres y Abuelas- construyeron su legitimidad y una poderosa trama de relaciones internacionales durante la dictadura. Legitimidad que muchos de ellos licuaron al mimetizarse con el kirchnerismo. En la CIDH, con sede en Washington, desde hace décadas trabajan funcionarios históricos que antes integraron el CELS.
Otra muestra de parcialidad: el Estado argentino acumula en la CIDH 400 requerimientos en su contra por violencia institucional. De esas demandas, durante la era K apenas un 10% eran promovidas por el centro que preside Verbitsky. Desde diciembre de 2015, esos requerimientos ascendieron al 90%.
En los primeros días de la desaparición de Maldonado, el CELS pidió detalles sobre las acciones del Estado nacional en el caso. Un funcionario nacional informó que se había activado el sistema nacional de personas extraviadas y desaparecidas, tal es el nombre del programa oficial. Al día siguiente, Verbitsky publicó en Página 12: Macri ya tiene su primer desaparecido.
El caso Maldonado marcó un punto de quiebre, en el que confluyeron la tragedia y la toma de conciencia. Por un lado, la demostración científica de que el joven murió ahogado y permaneció 77 días en las profundidades de un río helado y meandroso produjo una herida profunda en la credibilidad de aquellos organismos ante la sociedad.
Pese a ello, el expertise con el que se mueven en el plano internacional dejó al Gobierno atrapado en una sospecha: el amateurismo con el que los gendarmes tramitaron la liberación de la ruta habría provocado, en parte, el desenlace del caso del tatuador.
El daño internacional que ese affaire le infligió al Gobierno puso en negro sobre blanco un hecho obvio: el vacío de política en un área vulnerable. Hubo más puntos de inflexión.
El fallo del 2×1 que benefició a represores tuvo el efecto de una bomba neutrónica. Reforzó el prejuicio de que Macri pretende liberarlos, mientras, en otro andarivel, es el propio Gobierno el que se convirtió en querellante contra Milani, que hoy está preso.
En pleno escándalo por el affaire de Milagro Sala, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, que opera en el marco de la ONU, elaboró un dictamen en el que afirmaba que la detención de la dirigente jujeña era arbitraria. Sin embargo, fue la misma entidad que, meses más tarde, visitó la Argentina y escuchó a sus víctimas.
El grupo se conmovió con sus relatos. Durante doce años, el kirchnerismo les había cerrado la puerta a varios enviados de organismos internacionales, incluidos los del área de Detenciones Arbitrarias. ¿El motivo? El temor a que pudieran elaborar informes críticos que dañaran el alma del relato.
Los agujeros negros de Cambiemos en el circuito diplomático complican aún más el asunto. Desde la renuncia de Leandro Despouy como embajador especial para los derechos humanos en el ámbito internacional, la representación de la Argentina en Ginebra quedó vacante. El radical renunció en el arranque de 2007 y la Cancillería aún no designó a su reemplazante.
Hay otras grietas. A mediados de septiembre, el italiano Amerigo Incalcaterra, representante regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), visitó la Argentina para reunirse con Marcos Peña y otros integrantes del gobierno nacional. A la reunión también se sumó Santiago Cantón, secretario de Derechos Humanos de María Eugenia Vidal.
Hombre de prestigio entre los organismos, Cantón dirigió y armó la estructura de la CIDH en Washignton. Ante la sorpresa del jefe de Gabinete, el funcionario bonaerense planteó allí que el Gobierno debería declarar la desaparición forzada del artesano. Peña lo despachó con una negativa rotunda.
Paradójicamente, el kirchnerismo nunca pudo usar las oficinas de la ex ESMA como sede de la Secretaría de Derechos Humanos. Esas oficinas se inauguraron cuando asumió Macri. Hacia aquel ex centro clandestino se encaminó una tarde de diciembre de 2015 un militante K que había dirigido durante casi todo el kirchnerismo un centro emblemático de DD.HH.
Iba a ponerse a disposición de la nueva administración. "Me sorprendés -le dijo el funcionario M que lo recibió-. Pensé que, por tu propia dignidad, venías a presentar la renuncia. ¡Vos sos un militante!". El hombre, sincero, le terminó confesando: "¿Sabés qué pasa? Estuve tantos años en el poder que ahora me va a costar mucho vivir fuera de él".