"Me quieren embocar", lo oyeron decir esta semana a Jorge Brito. Quienes lo ven con frecuencia dicen que está muy molesto. Tal vez no lo esperaba: Brito ha sido durante los últimos años el banquero de mayores vínculos con el poder político.
Por eso será tan relevante lo que diga cuando se siente pasado mañana frente al juez Ariel Lijo, que lo citó a indagatoria luego de que Alejandro Vandenbroele, presunto testaferro de Amado Boudou y arrepentido en la causa de la ex imprenta Ciccone, lo nombró en su declaración.
No sólo a él, sino a otros dos pesos pesados del sistema: Ricardo Echegaray, ex director de la AFIP, y Gildo Insfrán, gobernador de Formosa.
Brito es un símbolo del establishment. Cuando dice que lo quieren perjudicar piensa en Macri, con quien tiene una mala relación apuntalada, entre otros episodios, por su respaldo a la candidatura de Sergio Massa en 2015.
Ese vínculo se consolidó hace tiempo, cuando el líder del Frente Renovador estaba en la Anses, organismo que también lo hizo a Brito conocer de cerca a Amado Boudou, protagonista estelar del caso Ciccone.
Según publicó hace una semana en este diario Hernán Cappiello, Vandenbroele dijo ante el juez que Brito y otro banquero, Raúl Moneta -declarado inimputable como consecuencia de un ACV-, habían capitalizado la imprenta para sacarla de la quiebra.
Y agregó una segunda acusación sobre el dueño del Macro: fue quien le pagó una mensualidad para que no hablara y, a su abogado, los honorarios.
Brito esperará a escuchar la acusación para terminar de diseñar su defensa, que probablemente se centre en la existencia o no de pruebas sobre aquel testimonio.
Intentará también desligar al banco, algo que no debería ser tan difícil porque, al parecer, según afirman ejecutivos que participaron o vieron de cerca las negociaciones por Ciccone, la contribución se hizo a través de una firma radicada en Uruguay que se le atribuye: Cooperativa de Crédito Marítima del Sur.
En septiembre de 2012 Nicolás Wiñazki escribió en Clarín que, entre julio de 2011 y marzo de 2012, esa financiera había girado 30 millones de pesos a The Old Fund, la empresa de Vandenbroele que pretendía comprar la imprenta.
La indagatoria de Brito puede representar el inicio del resquebrajamiento de un establishment que, hasta ahora, no ha sido tocado sino a través de intermediarios o aventureros como Leonardo Fariña, Claudio Minnicelli, Jorge Delhon o Pablo Paladino. Varios factores, además del cambio de gobierno, vienen presionando por presas de mayor porte.
Entre ellos, la mala imagen del Poder Judicial en la sociedad. Anteayer, las universidades Austral, Belgrano, Salvador, la UCES y la UADE presentaron un estudio de opinión pública al respecto.
Elaborado por la consultora Voices! sobre 1002 casos en todo el país en agosto de 2016, su resultado es lapidario: un 84% de los consultados cree que "la Justicia favorece a los ricos y a los poderosos" y un 65% afirma que "los jueces no son independientes". ¿Cuál es el principal problema de la Justicia?, insiste el sondeo: un 58% elige "la corrupción" y otro 54% "la lentitud".
Es cierto que pocas veces las causas han estado tan a la vista. Y que, llegadas a este punto, la dinámica parece inevitable: el modo natural de que avancen será citando a quienes no sólo tienen información, sino la piel menos curtida en denuncias.
En general, dicen en las fiscalías, un empresario está más dispuesto a delatar que un funcionario porque tiene un modo de justificarse a sí mismo: de algún modo se siente rehén de una propuesta corrupta.
Que este proceso haya al menos arrancado es todavía incierto. Y también sus alcances. Es lo que parece estar interpretando Elisa Carrió, que aprovechó el día de la citación de Brito, Echegaray e Insfrán para meter el dedo en la llaga en asuntos y nombres tabú.
Por ejemplo, una auditoría que el Gobierno hizo en 2016 en la Anses y que nunca dio a conocer. La sola posibilidad de esa publicación incomoda a empresarios y a opositores aliados del oficialismo en el Congreso, como Diego Bossio o Miguel Pichetto.
"No se olviden de que la Anses depositaba todo el dinero sin que se pagaran intereses en el Banco Macro -dijo Carrió a TN-. Todo el fondo, escuchen los jubilados, todo el fondo de sustentabilidad con inflación estaba depositado sin intereses, sin estar a plazo fijo, en el Banco Macro y en el otro, el Banco Hipotecario, de Elsztain. Son los dos grandes bancos que se beneficiaron de una manera escandalosa. Pero además en el Banco Macro se depositaba la plata del fondo de estabilización e inmediatamente se le daba crédito, por ejemplo, a Cristóbal López para Chihuidos".
Acababa de publicar apellidos de jueces, empresarios y políticos en su cuenta de Twitter. "Ballesteros y Freiler son amigos del banquero Brito. Banco Macro no es de Brito solamente, es de Romero, Yoma, Colombo, Nosiglia y los Kirchner", escribió ahí Carrió, después de sentenciar que "El Banco Macro es el banco de la política".
Momentos antes había posteado un video de un viejo discurso suyo del 22 agosto de 2012, el día en que se discutía en la Cámara de Diputados la estatización de Ciccone.
Aquella vez, en el recinto, se refirió a la imprenta como una empresa relacionada "con los antecedentes más sucios de la Nación", y enumeró empresarios y escándalos que desde el martes pueden volver a escucharse entrando en su cuenta de Twitter: que la imprenta había sido "gerenciada por Yabrán y Franco Macri" e involucrada en escándalos como la causa por los DNI.
Esa noche, con 145 votos a favor, 77 en contra y cinco abstenciones, el Frente para la Victoria logró sancionar la ley con la aprobación no sólo de sus tradicionales aliados, sino la de Fernando Solanas y su bloque Proyecto Sur; la de los cordobeses del Frente Cívico de Luis Juez y la del trío de diputados peronistas que entonces lideraba Felipe Solá.
Había ocurrido algo infrecuente en la historia económica mundial: acababa de nacionalizarse una empresa cuya propiedad nadie se atribuía. En una sesión alborotada, Agustín Rossi, jefe de la bancada kirchnerista, usó su discurso de cierre para acusar a la oposición.
"Cuando ustedes se suman a estas denuncias terminan haciéndole el juego a cada uno de los sectores corporativos que se benefician de las democracias débiles", dijo, y cuestionó "las notas de Clarín y LA NACION que ha tenido que soportar el vicepresidente".
Entre silbidos y abucheos de varios de los presentes, se envalentonó: "¿Qué pasa cuando mañana la Justicia no diga absolutamente nada? ¿Dónde van a quedar las acusaciones? No sean cómplices de discusiones políticas que no son de ustedes. ¡Avívense!".