SUMILLA: Un deficiente (¿o malintencionado?) asesoramiento legal complica la situación del Rector de la UNIA Juan López Ruíz. La semana pasada, sus funcionarios, por consejo de los asesores legales, se negaron a cumplir la orden judicial de reposición del docente Juan García Ruiz, alegando que fue suspendido por una investigación preliminar. La resolución de la medida cautelar que dispuso la reposición de García, desnuda la arbitrariedad legal contra el docente. Lo mínimo que va a acarrear esta negativa a acatar una resolución judicial es que la UNIA sea multada. Entre tanto –nota de último minuto– la autoridad nacional de control del ministerio público, abrió investigación preliminar al fiscal Anthony Condori (cuya hermana trabaja en secretaria general de la UNIA, como abogada) por presunta irregularidad en el ejercicio de funciones.
JUZGADO FUE A REPONER A JUAN GARCÍA RUIZ
En un hecho sin precedentes, el pasado martes 23 de abril, las autoridades de la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía (UNIA) se negaron a cumplir el mandato judicial (medida cautelar) de reposición del docente principal y suspendido decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales, Juan García Ruíz.
Esta situación podría acarrear consecuencias legales para las autoridades ya que debían haber acatado la medida cautelar y presentar los recursos impugnativos establecidos en la ley. Sin embargo, lejos de eso, optaron por no acatarla, enviando a la especialista judicial de un lado a otro y negándose, por consejo de un asesor legal, a acatar la medida.
DECISIÓN JUDICIAL
Tras ser suspendido como docente y decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales, mediante Resoluciones (62 y 66) de febrero 2024, emitidas por el Consejo Universitario de la UNIA, el doctor Juan García Ruíz, presentó una demanda de nulidad de resolución administrativa ante el Juzgado Civil de Yarinacocha y solicitó una medida cautelar de reposición, en el expediente 009-2024.
Tras evaluar el pedido cautelar, el juzgado en su resolución 01 del 17 de abril, dispuso lo siguiente:
"1. CONCEDER la MEDIDA CAUTELAR DE INNOVAR (DENTRO DE PROCESO), solicitada por el demandante fin de garantizar la eficacia de la pretensión principal; en consecuencia, se ORDENA que la demandada UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONÍA (reponga) al peticionante JUAN GARCÍA RUIZ al mismo puesto y cargo como DOCENTE PRINCIPAL A DEDICACIÓN EXCLUSIVA; ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS; asimismo, COMO DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS AMBIENTALES DE UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONÍA, con la misma remuneración percibida, bajo apercibimiento de imponerse multa compulsiva y progresiva, en caso de incumplimiento."
En la misma resolución agrega: "2. HABILITAR día y hora a la Secretaria Judicial de Ejecución para la diligencia de REPOSICIÓN del actor a su centro de labores, debiendo la parte demandante apersonarse al local de esta Judicatura a efectos de brindar las facilidades del caso a la comisionada, previa coordinación de la fecha a realizarse."
Y finalmente, resuelve: "3. NOTIFICAR la presente, preventivamente, sólo al actor, cumpliéndose con notificar a la parte demandada una vez ejecutada que fuera la medida, conforme a lo previsto en el artículo 637° del Código Procesal Civil."
LA NEGATIVA
A fin de cumplir con el mandato judicial, la especialista judicial, abogada Sharon Arribasplata Cohaguila, a las 2 de la tarde del 23 de abril, llegó hasta las puertas de la UNIA, acompañada del demandante, Juan García Ruíz y su abogado defensor: Víctor Tedy López Panaifo.
Ya en la entrada, el agente de seguridad les hizo esperar hasta coordinar con el supervisor, quien a su vez coordinó con el asesor legal de la UNIA, de apellido Huamanyauri, quien, tras coordinar con el superior, dijo que les esperaban en el rectorado.
Tras llegar al Rectorado, les hicieron subir a un segundo piso, donde se encontraron con los abogados Huamanyauri, Paucar y Astohuamán. Allí les indicaron que debían remitir la notificación (de la medida cautelar) por mesa de partes. Cuando les replicaron que la notificación es en el acto de la reposición, les indicaron que vayan a la oficina de Recursos Humanos. Allí, la secretaria les dijo que no se encontraba el jefe del área. Esperaron. Al comunicarse con el Jefe de Recursos Humanos, Oscar Novoa Pallares, este les dijo: "Que no tiene autoridad para reponer y que depende jerárquicamente del área de administración". La especialista judicial se dirigió hacia la Oficina de Administración. Allí la secretaria, tras hablar con el Director, les dijo que debían ir a recursos humanos. Cuando explicaron que recursos humanos, los había enviado a administración, lograron entrevistare con Juan Nicolás Vela Vásquez, quien llamó al abogado Paucar y afirmó que sólo los atendía por lo expresado por el jefe de recursos humanos. La especialista procedió a notificar a Vela con la resolución de la medida cautelar.
Al llegar el abogado Eudosio Paucar Rojas, pidió que se suspenda la diligencia debido a que hay una medida de protección contra Juan García por una denuncia por tocamientos indebidos que se encuentra en investigación preliminar, motivo por el cual en aplicación de la ley 29988 y su reglamento, la universidad lo suspendió preventivamente. En ese momento el administrador (Juan Vela) dijo que no cumplirá con lo ordenado por el juzgado, tanto por lo expuesto por el asesor legal como porque no era competencia de la Dirección de Administración.
Reaccionando, el abogado de García, es decir Tedy López, dejó constancia de la manifiesta obstrucción a las actuaciones judiciales, tanto por el jefe de recursos humanos como por el director de administración.
En ese momento ingresó el jefe de imagen para hacer un registro fotográfico. El director de administración dijo que no lo había autorizado.
En el acta se deja constancia que a la oficina se apersonó el abogado Huamanyauri para decir que esta diligencia se debía realizar en recursos humanos, retirándose y dejando al asesor legal de la UNIA, Paucar Rojas.
La diligencia terminó sin que Juan García Ruiz, sea repuesto.
ILEGALIDADES
¿Qué ha tomado en cuenta el juzgado civil para emitir la medida cautelar?
En primer lugar, considera que el Consejo Universitario no tiene facultad para emitir resolución en primera instancia, imponiendo medidas como la que ha suspendido de la docencia a Juan García. El Consejo Universitario, de acuerdo a toda la normatividad, es una instancia revisora de actos administrativos previos. Al haber actuado como un órgano de primera instancia, el Consejo Universitario dejó a Juan García, sin la posibilidad de interponer recursos administrativos, como el de apelación, por ejemplo, pues no tendría a donde ir. De esa manera, se violó el principio de la pluralidad de instancias.
En segundo lugar, considera que las normas indican que el sancionado (en este caso Juan García) debió ser puesto a disposición de la oficina de Recursos Humanos. Pero eso no se hizo, suspendiéndole arbitrariamente y dejándolo sin su sueldo como sustento de su hogar.
Tercero. Una investigación preliminar (por 60 días) no significa necesariamente que desemboque en una investigación preparatoria, como exige la norma para aplicar la medida de suspensión.
En ese sentido, la cautelar es un avance de lo que podría ocurrir en la sentencia. Eso significa que, cuando el juzgado resuelva la demanda principal (de nulidad de resolución administrativa), tomará en cuenta los argumentos de la medida cautelar y también, la resistencia de la UNIA a cumplir una decisión judicial lo que, sin duda, va a pesar contra el Rector Juan López Ruiz y sus funcionarios, porque si se anula la mencionada resolución, se habría configurado el delito de abuso de autoridad.