Luego de que el pasado miércoles la Intendencia de Maldonado anunciara, para sorpresa de los vecinos, que este lunes se iban a demolar las cuatro casas de "techos rojos" de la rambla de Punta Colorada que habían estado en litigio, la Comisión Pro Fomento de Punta Colorada se reunió con una representante de la comuna que negó la demolición y que señaló que el proyecto esta a la espera de la decisión final del intendente Enrique Antía.
Según contó a El Observador el presidente de la comisión, Daniel Gimenez, los vecinos quedaron sorprendidos cuando el miércoles el intendente interino Juan Pígola anunció que el próximo lunes comenzaría la demolición. Según ellos tenían entendido, esas casas no se tirarían abajo, solamente se iba a demoler una zona llamada La Patrona y se iba a relocalizar la ONG de fauna marina SOS.
Ante esa noticia, los vecinos convocaron a la Intendencia a una asamblea. Como representante de la comuna fue Silvana González, que es coordinadora del Centro Pymes y vecina de la localidad.
En la asamblea, González negó la versión de Pígola y tranquilizó a los vecinos de que el lunes no comenzarían las demoliciones. De todos modos, señaló que no podía dar detalles de cómo sería el proyecto final porque eso dependería del intendente Enrique Antía. A su vez, señaló que sería Antía quién le comunicaría a los vecinos que se hará en esa zona del balneario.
En un comunicado publicado, los vecinos señalaron que "se expresaron claramente en que el único objetivo que los convocaba era evitar la demolición de construcciones" y que quedan "en alerta ante la más mínima detección de movimiento de maquinarias y autoridades que lleguen con intención de destruir las casitas".
En marzo el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) falló a favor de la Intendencia Departamental de Maldonado (IDM) en el caso de la demolición de las viviendas y habilitó a la comuna a poder hacerlo.
El fallo del TCA sostuvo que la suspensión de la demolición tendría lugar en caso "de causar o ignorar a la parte actora daños graves", algo que no se pudo acreditar, según informó la IDM.
Las viviendas "son de utilización temporaria, dado que los comparecientes tienen sus domicilios reales en Montevideo y Punta del Este", por otra parte "tampoco se pudo acreditar el valor histórico de las construcciones, no aportando pruebas en ese sentido".
A su vez, en enero, los propietarios de esas casas también habían denunciado a Antía por abuso de funciones, algo que fue archivado por la Justicia.
Antía había sido denunciado por las familias propietarias por abuso de funciones dado que consideraban que para decretar la demolición de las casas se debía pasar por un trámite judicial. La justicia consideró que, debido a que esas casas están construidas en un terreno público, ese trámite no era necesario.
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