Un juzgado de Sevilla ha abierto una investigación contra tres inspectores de Hacienda que durante un periodo de seis años realizaron numerosos embargos supuestamente indebidos a un abogado que figuraba como titular fiduciario de un testamento, lo que provocó continuos embargos y devoluciones por parte de Hacienda, a pesar de que el letrado había acreditado que la cuenta donde se realizaron dichas retenciones no era suya, sino de la persona que había fallecido y cuya herencia el letrado tenía que proteger hasta su reparto entre los heredos.
La denuncia que investiga ya un juzgado de Instrucción de Sevilla se dirige contra la directora del Servicio de Gestión Económica del Equipo Nacional de Embargos de la Agencia Tributaria, A. D. S., y contra dos jefes de la dependencia regional Adjunta de Recaudación, P. B. A. y J. M. T., a quienes el denunciante atribuye delitos de prevaricación y apropiación indebida. El letrado denunciante, junto a otros tres abogados -dos de los cuales ya han fallecido- figuraban como titulares fiduciarios de una cuenta corriente en la que había 163.383,05 euros de una herencia que pertenecía a una persona fallecida, actuando los letrados como representantes de los familiares que tenían derecho a dicha herencia.
El letrado denunciante explica que, en otro proceso que no tenía nada que ver con la testamentaria, se había declarado en febrero de 2017 la responsabilidad solidaria de dicho abogado por una deuda de una sociedad mercantil con la Seguridad Social por importe de 28.320,93 euros. La Agencia Tributaria embargó esta cantidad de la cuenta de la herencia en la que intervenía profesionalmente el letrado, quien recurrió el embargo y el consiguiente ingreso de esta cantidad en las arcas de la Tesorería de la Seguridad Social.
Seis meses después, en agosto de 2017, la Agencia Tributaria estimó totalmente un recurso del abogado tras comprobar que el saldo trabado en la cuenta bancaria "no corresponde al deudor", por lo que se acordó la devolución del ingreso indebido, todo ello después de que el banco acreditara que el dinero procedía de la mencionada herencia.
Sin embargo, cuando el denunciante creía que el asunto había quedado resuelto, se produjeron "nuevos embargos, que se recurren y, nuevamente, se resuelven favorablemente", efectuándose embargos y devoluciones sucesivas entre los años 2017 y 2023. Pero a pesar de que a través de los escritos, recursos y quejas del abogado la Agencia Tributaria ordenó la devolución del dinero indebidamente embargado, los tres inspectores denunciados dictaron resoluciones fechadas en septiembre de 2021, febrero de 2022 y febrero de 2023, en las que resolvieron que no era procedente la devolución. Y todo ello a pesar de la existencia de otras resoluciones anteriores que habían decretado que el dinero de la cuenta corriente embargada no era del abogado, sino que pertenecía a la herencia de la persona fallecida.
Además, el letrado en cuestión había alcanzado ya en 2018 un acuerdo con el jefe de Recaudación para el pago de las deudas pendientes con Hacienda y que se harían efectivas de acuerdo a los plazos pactados, habiéndose concedido igualmente en 2021 un aplazamiento para el abono de la misma. "Por eso sorprende los embargos producidos con posterioridad al acuerdo y que se mantengan algunos anteriores a dicha fecha, toda vez que el acuerdo comprendía todas las deudas habidas a la fecha del mismo", precisa la denuncia que investiga el juzgado. Incluso se ha acreditado que la jefa de la Dependencia Regional de Recaudación reconoció en agosto de 2021 que se había pagado por el denunciante una deuda dos veces, por lo que se acordó la devolución.
En la denuncia se expone además que hasta la fecha se han retirado un total de 44.753,06 euros de la cuenta corriente donde está la herencia de la fallecida, a través de los embargos trabados por la Agencia Tributaria, por lo que solicitaba al juzgado que como medida cautelar se imponga una fianza por este importe a los tres inspectores denunciados, con la finalidad de garantizar las posibles responsabilidades civiles.
Tras esta denuncia, la titular del juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla ha dictado un auto, al que ha tenido acceso este periódico, en el que acuerda la apertura de diligencias previas y dirige la causa contra los tres funcionarios denunciados como investigados y contra la propia Agencia Tributaria, como "responsable civil y administrativa".
La juez ha acordado además remitir a la Agencia Tributaria de Sevilla la denuncia y le ha dado a esta Administración un plazo de 20 días para que emita un informe y aporte el expediente de los hechos denunciados.
La juez investiga si hay un "interés personal espurio" de los tres funcionarios
En concreto, la instructora ha requerido a Hacienda para que informe "detalladamente" sobre las circunstancias y razones por las que entre los años 2017 y 2023 "se han realizado continuos embargos y devoluciones de lo embargado en la cuenta bancaria de la testamentaria por una deuda a la Tesorería General de la Seguridad Social atribuidas al denunciante" pese a que la propia Agencia Tributaria, en una resolución dictada el 9 de agosto de 2017 declaró que el embargo en dicha cuenta "era improcedente al ser de persona distinta al deudor".
La juez también quiere que el fisco "explique el dictado contradictorio" con esa resolución de agosto de 2017 de las resoluciones dictadas por los funcionarios denunciados en septiembre de 2021, febrero de 2022 y febrero de 2023, "exponiendo las razones jurídicas de las repetidas contradictorias resoluciones tributarias".
De la misma forma, la magistrada quiere que se investigue "si, en su caso, por parte de los tres funcionarios denunciados ha existido algún interés personal espurio en practicar embargos revocados y continuas posteriores devoluciones con nuevos embargos".
Por último, ha reclamado una copia íntegra de los expedientes tramitados en este caso desde el año 2017 y que se informe si la Agencia Tributaria ha adoptado ya "medidas para aclarar las resoluciones contradictorias dictadas en relación a los embargos trabados en la cuenta de la testamentaria para hacerse pago indebido de deudas de la Seguridad Social imputable sólo al letrado fiduciario de la cuenta de la testamentaria".