En 2013, Julio Verna respondió con un "sí" a las preguntas que su hijo le venía haciendo desde muchísimo tiempo antes: sí había participado del genocidio de la última dictadura. Luego, Pablo Verna, abogado ya, obtuvo detalles: su padre, médico militar en Campo de Mayo en años de dictadura militar, había inyectado pentotal a los detenidos clandestinos antes de ser subidos a los vuelos de la muerte para ser asesinados y desaparecidos. Pablo lo dejó hablar por últimos vez y cortó relación. Años después se incorporó al colectivo "Historias desobedientes" de hijos y familiares de genocidas que los repudian y militan la memoria, la verdad y la justicia. Y desde el año pasado, se convirtió en abogado de lesa humanidad como parte del equipo que lidera su colega Pablo Llonto. El viernes alegó por primera vez en un juicio que repasa las violaciones a los derechos humanos del terrorismo de Estado y convirtió a ese juicio, el tercer tramo de la causa "Puente 12", en histórico.
"Soy abogado, pero soy hijo de un genocida", se presentó Pablo Verna ante el Tribunal Oral Federal número 6 de la Ciudad de Buenos Aires. Lo escuchaban el resto de abogados y fiscales presentes en la sala de Comodoro Py en donde se lleva a cabo el juicio por el tercer tramo de la causa que investiga los crímenes en el centro clandestino que funcionó en la división "Cuatrerismo" de la Policía Bonaerense, hoy sede de un Comando de la fuerza. También familiares, sobrevivientes y los cinco acusados, que miraban la audiencia desde sus casas. Llonto, cabeza del equipo que integra, lo había presentado previamente como "parte de la historia reciente" de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia.
Verna se sumó al grupo de trabajo jurídico que encabeza Llonto a mediados de 2023. "Fui comprendiendo la importancia de llevar adelante los juicios con el objetivo de cárcel común, perpetua y efectiva a todos los genocidas, la importancia de todas las verdades que se van revelando en cada uno de los juicios de lesa humanidad. En cada uno surgen más y más pruebas que permiten que se realicen nuevos juicios. Esa es la importancia que tiene esa reconstrucción para la reparación de las vidas destruidas y de la memoria histórica de toda la sociedad", explicó en diálogo con Letra P.
Un hito en los juicios de lesa humanidad
Es la primera vez que un familiar de un genocida trabaja en la querella de víctimas de ese accionar y, también, la primera vez que se escucha esta voz "desobediente" en el marco de un juicio de lesa humanidad.
"Hoy, que se pretende negar y a la vez justificar e incluso reivindicar el genocidio desde el Poder Ejecutivo, tenemos que insistir en explicar que desde el Estado ni desde ningún ámbito se puede avalar, ni siquiera con el silencio, un exterminio y que debemos entender que si hace 50 años lo hicieron fue para imponer un plan económico contra el que luchaban nuestras 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos quienes buscaban un mundo igualitario y un mundo mejor", dijo durante su participación en el alegato que condujo Llonto en representación de la querella unificada que comparten con el Centro de Estudios Legales y Sociales y que representa a la Comisión Vesubio-Puente 12, H.I.J.O.S. Jujuy, la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y familiares de víctimas, y que transmitió el medio comunitario La Retaguardia.
Una duda que siempre fue certeza
Pablo Verna creció en una familia que "estuvo parada del lado del exterminio", según contó en una entrevista que dio a Página|12 en noviembre de 2017, días después de que elaborara y presentara junto al resto de quienes integran "Historias desobedientes" un proyecto de ley que los habilitara para transformar su pesar en herramienta de Justicia, modificando los artículos del Código Procesal Penal que impiden a una persona denunciar a sus familiares directos por delitos penales.
Entonces habían pasado cuatro años de la última vez que había hablado con Julio Verna, médico militar con grado de capitán que ejerció en Campo de Mayo durante la última dictadura, rodeado de represores. Su jefe fue Norberto Bianco, quien estuvo a cargo de la maternidad clandestina que funcionó en esa guarnición del Ejército y se apropió de Pablo Casariego Tato, nacido allí. Su mamá y su papá, Norma Tato y Jorge Casariego permanecen desaparecidos. Otro de sus colegas en el horror fue Ricardo Lederer, segundo jefe de aquella estructura clandestina. Su hija, Erika, integró el colectivo desobediente y también declaró en una causa contra su padre, después de su suicidio.
La confirmación
Aquella charla con Julio Verna fue crucial. "Hubo una confirmación, hubo datos", recordó el hijo. Hubo dolor: primero lo negó, pero luego reconoció que él anestesiaba a las personas secuestradas antes de ser subidas a aviones para luego ser arrojadas al mar o al río en los vuelos de la muerte que partieron sistemáticamente de Campo de Mayo en años de terrorismo de Estado. El médico genocida también había hablado con su hija, a quien le había dicho que aplicó pentotal a un grupo de víctimas antes de ser subidas a un auto y arrojadas a un arroyo.
Después de aquella confesión, en 2013, el abogado conoció a su colega y tocayo: "Acudí a Pablo (Llonto) porque quería canalizar la denuncia contra mi padre", recordó en diálogo con Letra P. Junto con su hermana, además, se acercaron a la Secretaría de Derechos Humanos. Dejaron asentada la información sobre la confesión del represor, pero la ley les impide transformar esa información en prueba judicial. Pablo decidió sumarse a los hijos y familiares desobedientes, militancia que sostiene hasta la actualidad desde la "Asamblea Desobediente". Luego vino el intento de modificar la ley. Aún la Justicia no investiga a Verna padre, que sigue libre. Dos años después, declaró en el juicio por los secuestros, las torturas, los homicidios y las desapariciones sufridas por militantes montoneros que participaron de la Contraofensiva. Lo habilitaron a declarar puesto que su padre no era acusado.
Por último, se animó a aportar como abogado. "Le dije a Pablo que yo estaba dispuesto a colaborar en lo poquito que fuera posible, en lo que hiciera falta" con el proceso de juzgamiento a genocidas. "Mi militancia como abogado de derechos humanos colaborando con Llonto en las querellas se complementa perfectamente con mi voluntad de denunciar y de declarar en juicio por los crímenes cometidos por mi padre, pero una cosa no sustituye a la otra: yo sigo sintiendo que la Justicia debe revisar esa decisión que mantiene en impunidad a mi padre", concluyó.