La Agencia Madrileña de Atención Social ha adjudicado el contrato para el servicio de seguridad y vigilancia de dos centros de menores a la empresa gallega Alcor Seguridad, S.L. que ya se había encargado de las mismas funciones desde 2019. Mientras se resolvía esta licitación, el pasado mes de febrero, la cúpula de la mercantil resultaba condenada por vulnerar los derechos de los trabajadores.
La Audiencia Provincial de Lugo falló, el pasado 21 de febrero, contra cuatro responsables de la empresa de seguridad por atentar contra los derechos de una treintena de trabajadores. La sentencia, que ha sido recurrida, indica que la empresa imponía a algunos trabajadores turnos de 24 horas sucesivos durante varios días sin respeto de los descansos establecidos, "debiendo emplear dos códigos diferentes en los partes de servicio para ocultar los excesos de jornada".
Los dos centros de menores donde prestan sus servicios los vigilantes de Alcor Seguridad son la residencia de adolescentes Vista Alegre y la
residencia infantil Vallehermoso. Respecto al primero de los centros, que acoge a menores inmigrantes no acompañados (MENAS), con una capacidad de doce plazas, la Agencia Madrileña de Atención Social dice que "la tipología de los menores residentes hace necesaria la implantación de un servicio de seguridad y vigilancia privada como el descrito en los pliegos que rigen este contrato, durante todos los días del año".
Algunos de los testimonios de vigilantes de seguridad escuchados en el juicio contra los responsables de Alcor fueron estos: "La jornada laboral era de 24 horas durante 15 días seguidos. Vivía en una caseta de obra en condiciones infrahumanas e insalubres"; "Me entregaron 20 o 30 folios en blanco para que los firmase"; "Me comunicaron que cambiara la firma y el tipo de letra para simular ser otro vigilante"; "En un servicio en Barcelona, en la zona del Tibidabo, estuve trabajando 10 semanas seguidas sin descansar".
Pese a la gravedad de los hechos probados, las penas han resultado más bajas de las que pedía la Fiscalía y el sindicato USO, que se personó como acusación popular en la causa. Los directivos acusados se han beneficiado de las atenuantes de dilaciones indebidas [la causa se inició hace una década] y de reparación del daño tras consignar el dinero de las indemnizaciones al comienzo de la causa. El principal acusado, C. S., considerado como el responsable de la empresa, ha sido condenado a cinco meses de cárcel; y el resto entre tres meses y un mes y medio de prisión y al pago de multas.
El tribunal pudo constatar casos de violación de las condiciones legales de trabajo en vigilantes que prestaron servicios para esta mercantil en Euskadi, Canarias, Catalunya, Extremadura y Aragón. Alcor Seguridad es adjudicataria de contratos públicos en todo el Estado, entre ellos, de la seguridad de las obras ferroviarias de la conocida como 'Y vasca'.
Los magistrados consideran probado en la sentencia que, desde aproximadamente el año 2011 hasta octubre de 2015, el acusado, C. S. quien "de facto regentaba la entidad", empleó "a múltiples trabajadores como vigilantes de seguridad, a quienes imponía, mediante engaño y abusando en algunos casos de su situación de necesidad, condiciones laborales que vulneraban los derechos reconocidos a los mismos en las disposiciones legales vigentes".
Por ejemplo, la empresa exigía la presentación de facturas de gastos personales para el cobro de las horas extraordinarias. Algunos de los empleados afectados contaron en el juicio que debían aportar incluso facturas de los supermercados.
Denuncia ante la Audiencia Nacional
Por otro lado, el sindicato UGT ha presentado una denuncia en la Audiencia Nacional contra Alcor, por considerar que debe aplicar el convenio sectorial de seguridad privada y no del convenio de empresa propio, que reduce sustancialmente las condiciones económicas de los vigilantes de seguridad que prestan sus servicios en la empresa.
La nueva reforma laboral obliga a Alcor a la aplicación del convenio sectorial, según recuerda UGT en su denuncia ante la Audiencia Nacional.
El sindicato indica que la empresa Alcor Seguridad, "amparada en la anterior reforma laboral, negoció un convenio de empresa reduciendo las condiciones económicas de las personas trabajadoras, lo que además les permitía competir en concursos públicos y privados con menor coste salarial y por lo tanto en situación más beneficiosa que su competencia".
Precisamente el PSOE de Madrid cree que esto es lo que ocurre en el caso de Alcor para haber resultado adjudicataria de nuevo del contrato público para la seguridad de dos centros de menores. "La Comunidad de Madrid prima la oferta económica, los números, y dice que la oferta de Alcor es mejor que la del resto de empresas que se han presentado al concurso --dice el diputado socialista Daniel Rubio--. Prácticamente el beneficio empresarial se reduce al 1%, pero hay que tener cuidado, porque la ganancia la puede obtener a costa de los trabajadores, dejando de pagarles pluses y horas extraordinarias, por ejemplo".
Sin vigilancia especial
Hace dos semanas, en la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones de la Asamblea de Madrid José Manuel Miranda de las Heras, gerente de la Agencia Madrileña de Atención Social, restaba importancia a la condena de Alcor. "Una empresa puede presentarse a una licitación pública mientras no esté inhabilitada y Alcor no lo está. Tendrá frentes abiertos, pero nosotros no podemos excluir a ninguna empresa si no está judicialmente inhabilitada".
Respecto a la vigilancia especial que los socialistas piden que se tenga en la ejecución de este contrato, debido a que son niños y niñas los que habitan los centros vigilados por Alcor, Miranda de las Heras ha descartado implementar unas medidas especiales: "Las medidas serán las mismas que en cualquier otro contrato. Si el servicio no es el adecuado, se irá por la vía de la penalización, y si es un desastre absoluto se irá por la vía de la posible resolución del contrato, en su caso", dijo en la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones.
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