Lima, 23 abr (EFE).- Amnistía Internacional (AI) denunció que Perú no ha adoptado medidas "suficientes ni eficaces" para garantizar el derecho a un medioambiente saludable, algo que afecta especialmente a comunidades indígenas cercanas a grandes proyectos extractivos y defensores ambientales.
En su informe anual en materia de derechos humanos, AI expresó que Perú "no adoptó medidas suficientes ni eficaces para garantizar el derecho a un medioambiente saludable y mitigar los efectos de la crisis climática sobre los derechos humanos".
"Esto resultaba especialmente evidente en el marco de los proyectos extractivos en gran escala que afectaban de forma desproporcionada a los pueblos indígenas, las comunidades de primera línea que vivían en las inmediaciones de esos proyectos y otros grupos marginados extremadamente vulnerables a la degradación", añadió.
Detalló que las personas afectadas por la contaminación ambiental en la provincia de Espinar (departamento de Cuzco) y otras partes del país no recibieron servicios médicos especializados, "pese a que una sentencia judicial de 2020 obligaba al sistema de salud a proporcionar ese tipo de atención en la provincia y a aplicar un plan de intervención intersectorial con asignación presupuestaria en varias regiones del país".
También alertó del homicidio de cuatro defensores de los derechos humanos: Cristino Melchor Flores, defensor del derecho a la tierra del departamento de Piura, Santiago Contoricón, líder indígena de los derechos humanos de etnia asháninka del departamento de Junín, Quinto Inuma, líder indígena kichwa del departamento de San Martín, y Benjamín Flores, miembro de la comunidad indígena Kakataibo.
En este sentido, reiteró que el Ministerio del Interior sigue careciendo de un protocolo para proteger a quienes defendían los derechos humanos como parte del Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos.
Agregó en este apartado que la población perjudicada por el derrame de petróleo de Repsol ocurrido en enero de 2022, denunció que no había recibido reparación efectiva, y que tampoco se habían llevado a cabo las acciones de recuperación y limpieza necesarias.
Amnistía Internacional dedica un apartado a las personas venezolanas que viven en Perú, así como en Chile, Colombia, Ecuador, quienes "se topaban con importantes barreras para acceder al procedimiento de asilo y otros programas de protección temporales o complementarios".
Señaló que más de un millón y medio de personas venezolanas que viven en Perú y necesitan protección encontraban impedimentos para solicitar asilo.
Recordó que, en julio de 2023, el 98 % de las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado seguían pendientes.
"Las mujeres de esta nacionalidad corrían especial peligro, y muchas de las que habían sufrido violencia de género no acudían a los centros de protección por temor, desconfianza o desinformación", indicó.
Finalmente, sostuvo que las autoridades y los medios de comunicación "fomentaron el discurso de xenofobia y estigmatización contra las personas venezolanas". EFE
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