Vuelve, siempre vuelve. Si un asesinato que causa conmoción es cometido por un menor de 16 años o si es año electoral, nunca falla: alguien dirá que un buen remedio frente al delito será bajar la edad de punibilidad a 14 años. Mejor a 12 años, se entusiasmó Patricia Bullrich este viernes después de reunirse con el Comité de Crisis en Rosario. El ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona volvió a anunciar que un proyecto de modificación del régimen penal juvenil elaborado junto con el Ministerio de Seguridad será presentado en los próximos días e incluirá "la baja", según su versión a 14 años. Estas propuestas inspiradas en el castigo, que no explican por qué ni cómo mejorará con ellas la seguridad, se repiten hace años, pero no prosperan. Intriga saber por qué el gobierno de Javier Milei cree que logrará en este tema el apoyo en el Congreso que hasta ahora no consiguió en nada.
La excusa para poner este tema en agenda --que, de paso, corre el foco del ajuste descomunal-- fue la confirmación de que el autor del homicidio del playero Bruno Bussanich que fue detenido la semana pasada en Rosario tiene 15 años. La ciudadanía merece saber que ninguna ley nueva afectaría a ese joven en forma retroactiva, salvo que sea en su beneficio. El show punitivo del gobierno no lo dice ya que alienta un pensamiento mágico sobre los remedios frente al delito. Aún no se conocen detalles del proyecto, pero Bullrich y Cúneo aseguran que bajar la edad para que los adolescentes entren al sistema penal es prioridad.
El ministro habló en Tierra del Fuego al presentar el sistema acusatorio, aprobado en 2015 y suspendido por Mauricio Macri, que promete agilizar los procesos penales. Ahí anunció que pronto mostrará un proyecto de la reforma del régimen penal juvenil que le pidió Milei. Dijo que hay que cambiar la ley porque "es de 1980" (dictadura cívico militar). No explicó por qué quiere volver a los 14 años de edad de punibilidad que contenía esa norma, que fue elevada a 16 años con Raúl Alfonsín y es la que rige. Alegó: "Los que teníamos 14 o 15 años en ese entonces no son los chicos de 14 o 15 de hoy"; "la droga y la violencia han desencadenado un montón de casos de menores que han cometido delitos gravísimos".
Esa definición imprecisa sugería una alusión a pibas y pibes pobres, como la mayoría de las personas que llenan las cárceles de un sistema selectivo y discriminatorio. En esa lógica de criminalización de la pobreza es que se promueven más penas y cárcel para más adolescentes. No hay experiencia que muestre que así se baja el delito y mejora la vida de esos jóvenes vulnerados. Los números tampoco no colaboran con Cúneo Libarona que ve "un montón" de hechos tremendos. El juez de Cámara de Responsabilidad Juvenil de Catamarca, Rodrigo Morabito, publicó en la red social "X": "Los delitos de homicidio cometidos por menores de 16 años no superan el 1 por ciento en todo el país". El último informe de la Corte Suprema sobre niños, niñas y adolescentes de 16 años para abajo que ingresaron en 2022 a la justicia nacional, muestra que los delitos contra la propiedad (robos y hurtos) fueron 87,6 por ciento, otros 12,4 por ciento y hubo tres casos de lesiones y solo un homicidio en grado de tentativa.
Contradicciones
Cúneo Libarona dijo que la reforma se ajustará "a los estándares internacionales" y que fue consensuada con jueces y fiscales. Solo le falta limar algunas diferencias con el equipo de Bullrich. Ella comentó que analiza que los menores sean punibles desde los 12 años. Está convencida de que bajar la edad permitirá que "un adolescente que comete un delito menor no siga su carrera delictual" y que "un adolescente que mata no puede volver a su casa como si nada".
"Nosotros somos el único país salvo Cuba que tiene la edad más alta. Los países civilizados tienen 14 años", abundó el ministro. Hay algo que no entró en su radar: El derecho internacional que promete respetar prohíbe medidas regresivas, que vuelvan atrás en la conquista de derechos. Sería inconstitucional. Pero no es solo eso. En Argentina rige la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que obliga a acatar la Convención de los Derechos del Niño, que establece que si van a prisión debe ser "por el plazo más breve que proceda". La pena de ser la más baja, en grado de tentativa. La perpetua está prohibida. El Comité de Derechos del Niño que controla la aplicación de la Convención recomendó a la Argentina en un informe de 2018 que "apruebe una ley general de justicia juvenil compatible con la Convención" y que garantice que "la privación de libertad solo se utilice como último recurso y por el período de tiempo más breve posible, y que no incluya disposiciones que puedan endurecer las penas o reducir la edad de responsabilidad penal".
"Si el Gobierno va a cumplir con los estándares internacionales, no puede soslayar ese informe. Es absurdo decir que querés sancionar una ley acorde a la Convención de Derechos del Niño y bajar la edad de punibilidad: viola la Convención e incumple con el mandato del Comité", advierte Damián Muñoz, defensor público oficial de adolescentes. "Nadie dice, esté o no a favor de la baja, que si un adolescente no punible comete un homicidio puede volver a su casa como si nada. Hay medidas posibles y formas de gestión ante hechos graves para trabajar en cada caso, pero no es con el derecho penal", remarca.
Para adolescentes punibles el Comité requirió "sanciones alternativas, la libertad condicional, la mediación, el apoyo psicológico o el trabajo comunitario, y, cuando sea posible, medidas alternativas a la imposición de penas". Señaló preocupación por la "detención discrecional de niños y adolescentes" con la excusa de "protegerlos", las pésimas condiciones en los lugares de encierro y en institutos de menores donde se los aísla.
Puros intentos fallidos
Los proyectos que después de 1983 quisieron "la baja" nunca se aprobaron en el Congreso. O ni llegaron. El último fue impulsado por la propia Bullrich en 2019, año electoral. Proponía la punibilidad desde los 15 años y un sistema muy duro. Según la abogada Claudia Cesaroni, magister en Criminología y cofundadora del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, era "peor" que la ley de la dictadura (22.278). Los adolescentes de 15 años que hoy no deben recibir pena alguna podrían ir presos 15 años (lo que duró su vida), y para la franja de 16 a 17 años no habría tope. Bullrich decía que a cualquier edad un niño debía sufrir "una consecuencia" al por una infracción o delito.
En ese modelo penal, no importa si un niño/a llegó hasta ahí con sus derechos (educación, salud, vivienda y otros) vulnerados. Deja afuera al "Estado social", que debe garantizar protección a los niños, niñas y adolescentes según la Ley de Protección Integral, explica Cesaroni en su libro Contra el Punitivismo (Paidós, 2021). El proyecto llegó a la Comisión de Legislación Penal de Diputados. Fueron convocados organizaciones y especialistas, pero por las críticas no llegó al recinto. Dos años antes, también con el macrismo, el exministro de Justicia, Germán Garavano, había hecho su propio ensayo, como reacción ante el homicidio de Brian Aguinaco, de 14 años, en un intento de robo en Flores en diciembre de 2016, por el que fue detenido un pibe de 15 años, con el mismo nombre.
Ese verano el ministerio convocó a organizaciones sociales, colegios profesionales y entidades varias. Cesaroni cuenta que se votó si bajar o no la edad: de las 40 organizaciones y personas 36 votaron en contra. Entre los votos a favor estaba el de Fernando Soto (abogado del policía Luis Chocobar y funcionario de Bullrich), quien vuelve a intervenir ahora en los proyectos. Participaron también jueces/zas, fiscales/as, defensores/as, trabajadores/as sociales. El defensor Muñoz dice que era claro el consenso de que "la baja de la edad no iba tener ningún tipo de impacto positivo sino lo contrario y que había que analizar qué se hace con los chicos y chicas por debajo y por encima de la edad de punibilidad, a qué tipo de intervención recurrir". Al final no hubo proyecto.
"Cúneo Libarona dice que consensuó con fiscales y jueces. Lo habrá hecho con la casta judicial, porque las organizaciones especializadas que trabajamos estos temas no fueron consultadas. Es evidente que los proyectos del gobierno de Macri fracasaron cuando se consultó a las organizaciones, incluidos Unicef y al Comité de Derechos del Niño, que fueron críticos de bajar la edad de punibilidad", agrega Cesaroni.
"La baja" ni siquiera consiguió respaldo cuando en 2004 cuando se aprobaron las llamadas "leyes Blumberg" que endurecieron penas y descompaginaron el Código Penal. En abril de 2009, en Lanús, un adolescente de 14 años mató con nueve disparos a Daniel Capristo, un camionero que había advertido que el pibe intentaba robarle el auto a su hijo y salió armado a ayudarlo. El caso revivió la discusión. El primero en subirse fue el entonces gobernador Daniel Scioli. En el Senado se unificaron propuestas de radicales y peronistas para bajar la edad a 14 años, y se aprobó. Al año siguiente fue rechazado en Diputados. En 2013 Francisco de Narváez usó el tema en su campaña. Desde 2020 hicieron otros intentos el actual ministro de Defensa Luis Petri y Diego Santilli.
Miserias del Estado
"Cuando hablan de bajar la edad de punibilidad me pregunto ¿En qué se basan los legisladores? ¿Qué datos manejan? ¿Alguna vez hablaron con un niño, niña o adolescente en conflicto con la ley penal? ¿Conocen sus historias? Quienes ingresan a la justicia penal juvenil son en su mayoría pobres, violentados, abusados y en ocasiones captados y utilizados por adultos, como en bandas de narcos, en lugares a donde el Estado no llega o llega poco", advierte el juez Morabito, con 12 años en la justicia penal adolescente. Cita un estudio del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito (ILANUD) sobre 18 países de la región según el cual el 89 por ciento de casos sancionados por la justicia juvenil pertenecen a las franjas de menores ingresos y extrema pobreza.
Unicef hizo un informe en 2018 sobre adolescentes privados de la libertad en Argentina que decía que todos tenían una historia de vulneración de derechos previa que no había recibido solución. Tres de cada 10 habían vivido en la calle, la mitad era reiterante, la mitad no iba a la escuela, uno de cada 4 fueron padres/madres durante el encierro, entre otras cosas. La organización informó que a febrero de 2023 dos de cada tres niños y niñas en el país eran pobres. A marzo de este año el presupuesto en niñez había caído 75 por ciento.
La indigencia infantil aumentó 34,4 por ciento en el primer trimestre de este año, apunta Morabito. "¿Bajar la edad en este contexto? Debería sonrojarnos", dice el juez. Propone "trabajar con los jóvenes no punibles en situación de vulnerabilidad con intervenciones interdisciplinarias tempranas, de lo que ya hay buenas experiencias a nivel federal". Pero todo requiere presupuesto, decisión y una mirada que no deposite una solución en el sistema penal. "Bajar la edad de punibilidad no es ocuparse de la niñez --reflexiona-- sino esconder las miserias del Estado bajo la alfombra".