MIAMI — Diez personas, entre ellas varios exfuncionarios venezolanos y empresarios de compañías de Costa Rica y España, fueron acusadas en un tribunal federal de Miami de haber transgredido las sanciones que Estados Unidos ha impuesto a la empresa estatal de Petróleos de Venezuela (PDVSA) como parte de una política que busca presionar al régimen de Nicolás Maduro hacia una apertura democrática.
Las violaciones incluyeron la compra en Estados Unidos de turbinas, frenos y otros repuestos para aviones que serían usados por la flota de la compañía petrolera estatal de Venezuela, según los cargos.
Las acusaciones están incluidas en un documento judicial que permaneció más de dos años sellado y fueron reveladas por el Departamento de Justicia después de que un juez ordenó su desclasificación tras la detención de uno de los acusados.
El caso judicial se hizo público menos de una semana después de que la administración de Joe Biden, que ha otorgado concesiones al régimen de chavista, anunciara que volvió a imponer severas sanciones petroleras a Venezuela, por el incumplimiento del Acuerdo de Barbados que contempla la realización de elecciones libres y justas en la nación sudamericana.
La decisión del gobierno de Biden ocurre apenas seis meses después de que Washington había relajado algunas restricciones con la esperanza de una apertura democrática en la nación sudamericana.
De acuerdo con el documento de 33 páginas que contiene los cargos presentados en la corte federal de Miami, los acusados idearon un plan para adquirir ilegalmente en Estados Unidos piezas de aviones —incluidos motores Honeywell Turbofan— para la flota de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Venezuela violando así las sanciones y los controles de exportación de Estados Unidos.
Cómo evadían los controles
Para concretar su operativo, los acusados ocultaron a las empresas estadounidenses que los productos estaban destinados a Venezuela y PDVSA, exportándolos a terceros en otros países, entre ellos a la compañía costarricense Novax Group SA y a la empresa española Aerofalcon SL.
Entre los acusados hay cuatro que están relacionados con PDVSA: Gilberto Ramón Araujo Prieto, exgerente de transporte aéreo y coronel venezolano; Guillermo Ysrael Marval Rivero y Fernando José Blequett Landaeta, gerentes de transporte aéreo y análisis logístico, y George Clemente Semerene Quintero, jefe de logística y quien fue detenido el 19 de noviembre al llegar al Aeropuerto Internacional de Miami.
Otros cuatro trabajaban en Novax: Luis Alberto Duque Carvajal, su dueño; Melvin Alemán Espinoza, director de operaciones; Mikhail Largin, director de proyectos especiales, y Pedro Elías Sucre Salazar, empleado de Novax en Venezuela, según el documento.
Los dos acusados restantes están relacionados con la empresa española Aerofalcon: Juan Carlos González Pérez, el dueño; y Juan David Guerra Viera, uno de sus directores.
Contrabando
Si son declarados culpables, todos los acusados podrían enfrentar una condena de hasta 20 años en prisión por conspirar para violar la ley que autoriza sanciones económicas a un país extranjero que represente una amenaza para la seguridad nacional o la política exterior de EEUU.
Duque, Alemán, Sucre, González y Guerra Viera están acusados también de ofrecer información de exportación falsa o engañosa y contrabando de mercancías, que tienen penas de entre cinco y 10 años de prisión.
La demanda indica que "en ningún momento" ninguno de los 10 acusados "solicitó, recibió o tuvo una licencia o autorización" de las autoridades estadounidenses para exportar productos, tecnología o servicios a PDVSA.
El documento señala que el propósito de la conspiración fue adquirir piezas de avión en Estados Unidos para suministrárselas a PDVSA en Venezuela, ocultándole a las empresas y al gobierno estadounidense que estaban destinadas a la petrolera de la nación sudamericana, realizando así transacciones financieras para facilitar las exportaciones y evadiendo los requerimientos legales.
La triangulación
Entre los ejemplos de las operaciones realizadas, la fiscalía menciona que en marzo de 2019 Alemán escribió a Araujo, Duque y Largin para avisarles que serían enviadas nueve partes de aviones a un depósito de PDVSA en Maiquetía, Venezuela.
Tres días después Sucre le dijo en otro mensaje a Duque que había hablado con Araujo sobre el pago y que Araujo había mencionado que sería realizado a través de terceros y que "lo mejor para la compañía sería tener una cuenta en Rusia, China o Malasia y que los bancos intermediarios de la cuenta no estén en Estados Unidos o Europa para que el pago se haga sin problemas", según detalles incluidos en el documento de acusación.
En otro mensaje de agosto de 2019, Guerra Viera dice que después de las nuevas sanciones estadounidenses "tenemos que ser más cautos con el movimiento de estos motores".
Un empleado no identificado de la empresa de Costa Rica, Novax, compró por unos 10.190 dólares 18 cubiertas de avión a una empresa estadounidense del sur de Florida a la que le dijo que serían usadas en San José, Costa Rica, y no en Venezuela.
Meses más tarde González, de la española Aerofalcon S.L., compró un motor de avión a una compañía de Texas por cerca de 837.000 dólares y lo exportó a Madrid.
FUENTE: Con información de AP