El ministro de Economía y Finanzas (MEF), José Arista, se presentó hoy ante las comisiones de Descentralización y Economía del Congreso para presentar sus observaciones respecto a la nueva Ley de Contrataciones Públicas, que viene trabajando ambos grupos de trabajo. Como parte de su presentación, el ministro enumeró siete puntos contenidos en el predictamen de la norma que tendrían "un impacto adverso en la calidad y eficiencia" de las adquisiciones del Estado.
De acuerdo a Arista, si bien la propuesta del Legislativo es positiva, a grandes rasgos, al Ejecutivo le preocupan aspectos relacionados a los impedimentos para contratar y las facilidades económicas para reactivar obras paralizadas, sobre todo a niveles subnacionales.
Preocupaciones mayores
Arista señaló que al Ejecutivo le preocupa que el predictamen del Congreso contemple que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) pueda informar a las entidades públicas contratantes sobre las investigaciones penales en curso que tienen los proveedores de una licitación.
"El predictamen establece que sea solo de carácter informativo, por lo que no limita la posibilidad de contratar. No modifica el resultado final. Basados en el principio de inocencia, no creemos que deba prosperar, porque se exponen las denuncias", indicó.
El ministro señaló también que lo anterior podría generar "incertidumbre" entre los funcionarios a cargo de la selección, lo que favorecería la demora en la firma de contratos.
A raíz de ello, Arista reveló que el Estado tarda un promedio, para cerrar acuerdos de contratación, 100 días hábiles para bienes y servicios; mientras que para obras son 285 días hábiles, es decir, cerca de nueve meses, sin contar posibles apelaciones en el proceso.
En ese sentido, el titular del MEF recordó que la Contraloría ha revelado que el 52% de los adicionales de obra en Perú se generan por deficiencias en los expedientes técnicos (ET). Por ello, instó al Congreso a reinsertar en la nueva ley la potestad de sancionar a los responsables de esos documentos ineficaces.
"Nos preocupa porque es un problema principal para las autoridades. Era una propuesta del Ejecutivo: sancionar a los profesionales de planteles técnicos o proveedores que elaboraron ET ineficientes. Estos malos profesionales no pueden seguir siendo contratados", recalcó.
Arista también cuestionó que el predictamen del Congreso indique que una entidad solo podrá declarar la nulidad de oficio en un proceso de selección después del otorgamiento de la buena pro.
"Eso tendría como consecuencia que las instituciones estén obligadas a suscribir contratos con proveedores impedidos, aún cuando hayan detectado algo antes de firmar el contrato. Proponemos que no se elimine esa potestad, pero que se restrinja a supuestos específicos", sostuvo.
El ministro de Economía también sugirió que las cartas de garantía, que actualmente no pueden ser descontadas mientras el ciclo de inversión de una obra avanza, no sea totalmente retenida por los bancos.
"Su valor debería reducirse conforme avanza la obra. Es un costo innecesario. Sugerimos que sean pagos a cuenta. Deben ser rápidos porque sino el contratista se queda sin liquidez y paraliza la obra", aseguró.
De igual manera, Arista no se mostró de acuerdo con que el predictamen de la nueva Ley de Contrataciones indique que los proveedores con multas impagas pueden seguir contratando con el Estado.
"Así, la multa perdería su efecto disuasivo. Se dice que el cobro sea retenido por cada entidad, pero operativamente eso sería difícil de controlar. Proponemos que, si hay un proveedor con multa, antes de firmar la buena pro, que el pago a la OSCE sea una condición para suscribir contratos", apuntó el ministro.
Otros cambios
El titular del MEF también recomendó al Congreso incluir una disposición final o complementaria que establezca un mecanismo "fast track" para retomar proyectos paralizados y finalizarlos rápidamente.
Consultado sobre cómo funcionaría dicho mecanismo, Arista comentó que sería temporal y que, en el caso de los gobiernos subnacionales, el Ejecutivo entregaría un crédito suplementario para dotarlos de fondos.
Arista también hizo hincapié en algunos extremos del predictamen que le parecen menores, pero necesarios de modificar. Uno de ellos es que las entidades contratantes y proveedores administren sus propios catálogos electrónicos. El MEF busca que sea uno solo, a cargo de Perú Compras.
El ministro señaló que, por un "problema de redacción", tampoco se ha establecido en el documento preliminar que se mantenga vigente el régimen especial de contratación que tiene actualmente ProInversión.
Con la presentación del ministro de Economía, el Congreso ya escuchó las opiniones de esta cartera, Transportes, Vivienda, la Contraloría y ha realizado sesiones descentralizadas para recoger las impresiones de los gobiernos subnacionales.
Como contó Gestión, la exposición del titular del MEF era el último pendiente para que el Legislativo encamine el dictamen y lo someta a votación en las dos comisiones a cargo de la reforma: Economía y Descentralización. Alejandro Cavero, presidente de este último grupo de trabajo, había comentado que su objetivo era que la nueva Ley de Contrataciones llegue al Pleno en mayo. Mañana, en ambas comisiones, se votaría el dictamen definitivo.