Las encuestas le sonríen a Mauricio Macri. No sólo por los probables triunfos en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, sino también porque el porcentaje de ciudadanos que creen que la economía está mejor que un año atrás viene creciendo, al igual que el de quienes consideran que estarán aún mejor en 2018.
Hay, además, una positiva sintonía entre la demanda social de castigo a los corruptos y el discurso del Presidente, quien ha aprovechado cada acto público o encuentro con empresarios y periodistas de las últimas semanas para subrayar su empeño por terminar con los "comportamientos mafiosos".
¿Implicará la lucha contra las mafias gremiales un proceso de reformas profundas o se agotará en una simple serie de actos para domar al sindicalismo?
¿Seguirán importantes funcionarios empeñados en que la Justicia no termine de liquidar a Cristina Kirchner antes de que se cumplan ciertos tiempos políticos? ¿Cómo reaccionaría ante esto Elisa Carrió? Finalmente, ¿habrá un ajuste de la política por la vía de una ejemplar reducción del gasto público?
Detrás de las detenciones de los sindicalistas Omar "Caballo" Suárez y Juan Pablo "Pata" Medina hay puntos en común. Ambos han sido acusados por extorsión, asociación ilícita y empleo de métodos violentos. Pero la característica más relevante para el Gobierno es que, en los dos casos, la prepotencia sindical era un obstáculo para el desenvolvimiento de las empresas y la economía.
La denuncia presidencial contra el empresario naviero Miguel Doñate, acusado de retrasar la llegada de buques a los puertos y de exigir sobrecostos en efectivo, va en igual sentido.
No pocos observadores del mundo empresarial se preguntan si el Gobierno se animará a denunciar actitudes semejantes que caracterizarían al gremio camionero, que lideran Hugo y Pablo Moyano, y que también afectarían sensiblemente el llamado "costo argentino", encareciendo innecesariamente la logística.
Es cierto que deberían ser los empresarios quienes los denuncien públicamente. Pero, en la Argentina actual, esto no parece posible sin garantías de una firme decisión política para acompañar eventuales denuncias.
Lo ocurrido recientemente con el gremio de la construcción en La Plata es un ejemplo: nada de lo que pasó hubiese sido posible sin una conjunción de factores, entre los cuales fue clave la firmeza de la gobernación bonaerense, a cargo de María Eugenia Vidal.
Las causas judiciales contra Cristina Kirchner han avanzado en los últimos tiempos, aunque no con la celeridad que buena parte de la opinión pública hubiese querido. No son pocos los que pretenden ver en esta aparente lentitud judicial la influencia del Gobierno.
Funcionarios de la Casa Rosada admiten que se sienten cómodos con la posibilidad de que la ex presidenta siga siendo una protagonista política relevante. La razón es que su presencia obstaculiza la unificación y renovación del peronismo, aun cuando ella carezca de chances de volver al poder en 2019.
Un alto funcionario explica así los sentimientos que despierta la situación judicial de Cristina Kirchner: "Por un lado, hay un Poder Judicial independiente y no corresponde la presión del Poder Ejecutivo en ningún sentido.
Por otro lado, meterla presa sin un proceso impecable sólo la victimizaría. Tenemos una vasta experiencia histórica a partir de las consecuencias de la proscripción del peronismo. No estamos dispuestos a alimentar una máquina vengativa".
La vigencia de la ex presidenta desespera, por el contrario, a dirigentes y gobernadores peronistas que ya piensan en la recomposición de su movimiento. Su mejor portavoz fue, curiosamente, un sindicalista. "Cristina Kirchner tiene que perder por paliza", enfatizó Luis Barrionuevo, en el programa Odisea Argentina, por LN+.
Junto al futuro de la ex mandataria, el 23 de octubre se discutirá también el papel que tendrá Elisa Carrió, quien, según la última encuesta de Poliarquía, podría emerger con un caudal electoral que jamás había alcanzado, superior al 50% de los votos de los porteños.
La lectura es que si Macri se duerme, con el tiempo, la líder de la Coalición Cívica no dudará en imponer en la opinión pública una agenda muy asociada a la lucha contra la corrupción en todos los frentes, incluidos familiares del Presidente a quienes podría salpicar el escándalo de Odebrecht.
Como virtual fiscal de la República, la presencia de Carrió no deja de condicionar los movimientos de Macri. Y aunque hoy la relación entre ambos sea definida como óptima, nadie puede asegurar qué ocurrirá dentro de seis meses o un año.
Las distintas señales presidenciales hacia el sindicalismo, enviadas tras la marcha de la CGT del 22 de agosto, hicieron efecto. El martes último, se reunió el comité central confederal cegetista. Había sido convocado para avanzar en un plan de lucha.
Pero acordó seguir negociando con el Gobierno, sin fijar fechas ni límites para eventuales acciones de protesta para el caso de que no prospere el diálogo. Un dato llamativo de esas deliberaciones fueron las ausencias de Hugo y Pablo Moyano.
Por distintas vías, el Poder Ejecutivo se preocupó por aclarar que nadie debe esperar que, después de las elecciones, se impulse una reforma laboral "a la brasileña".
Sí se buscarán acuerdos "sector por sector" para flexibilizar los convenios colectivos, como se hizo con el gremio petrolero para la exploración de Vaca Muerta o con la industria automotriz -los sectores lechero, de la madera y del cuero podrían ser los próximos-, al tiempo que se procurará acordar un ambicioso y generoso blanqueo laboral para reducir el porcentaje de empleados en negro.
Si bien el número de trabajadores en la informalidad ronda los 4,5 millones, la idea del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, es apuntar al millón de asalariados informales que habría en la Argentina.
Los empleadores que participen del blanqueo serán eximidos de todas las contribuciones sociales y multas hacia atrás. Blanquear en una primera etapa 300.000 trabajadores sería considerado un éxito por el Gobierno.
La duda que se plantea en el ámbito empresarial es cuántas pequeñas empresas estarán dispuestas a blanquear a sus trabajadores no registrados cuando adviertan que al día siguiente deberán empezar a pagar impuestos al trabajo que podrían alterar su negocio.
En la Argentina, por cada 100 pesos de salario, el trabajador registrado recibe unos 80 pesos, pero su empleador debe abonar 150.
La solución que se baraja en la cartera laboral es que, de arranque, el empleador pague menores contribuciones a la seguridad social por cada nuevo trabajador que registre. Claro que ese esquema estará necesariamente atado a la discusión sobre la reforma tributaria.
"Si fueran buenas noticias para la gente, el Gobierno las anunciaría hoy", se quejó Sergio Massa, ante la negativa del oficialismo a dar a conocer, en plena campaña electoral, el contenido de las reformas laboral e impositiva.
La respuesta que se escucha entre autoridades gubernamentales es distinta: para saber qué alivio impositivo se les puede dar al sector privado y a los trabajadores, primero hay que definir qué resignan las provincias.
Y esta negociación entre Macri y los gobernadores sólo puede darse después de los comicios. La discusión pendiente será el ajuste de la política, a menos que se siga creyendo que se puede subir el gasto y bajar impuestos al mismo tiempo.