comisión de investigación
Los directores generales de Energía defienden su gestión y rechazan una moratoria en las renovables de Aragón
Yolanda Vallés, quien ocupa ahora el cargo, señala que en mayo se elevarán las conclusiones del mapa zonal.
Los directores general de Energía y Minas de Aragón han defendido la gestión llevada a cabo durante sus correspondientes mandatos respecto a las renovables y han rechazado, especialmente por la responsabilidad patrimonial que supondría, la moratoria que reclaman algunos partidos. "Creemos que es necesaria una planificación, pero nunca hemos visto la posibilidad de una moratoria", ha reiterado Yolanda Vallés, quien ocupa actualmente el cargo, en línea con lo que ya habían valorado sus antecesores.
Ha sido la última en comparecer en la nueva sesión de la comisión de investigación que se está desarrollando en las Cortes de Aragón y se ha centrado más en el futuro que en lo que ha ocurrido en el pasado. En este sentido, ha explicado que el objetivo es elevar las conclusiones respecto al mapa zonal en el mes de mayo. En él se determinarán las áreas "más sensibles" y que podrían llegar a ser excluidas. La idea inicial es que se incluya como un anexo en el plan energético, aunque, ha especificado, se estudian otras "figuras" para poder "adelantarlo".
El plan energético saldrá a información pública en el último trimestre de este año, mientras que ya se han fijado los objetivos de la ley energética. "Esperamos tener un texto inicial a finales de este año", ha apostillado. Ha detallado que desde que entró en el Gobierno se han autorizado 21 parques y se han mantenido reuniones de coordinación para que todos los servicios provinciales pidan la misma información. "En ningún caso se están produciendo diferentes interpretaciones respecto a los promotores. Estos meses hemos trabajado en dar mayor seguridad y transparencia", ha enfatizado.
Alfonso Gómez, quien fuera director general entre 2015 y 2019, ha señalado que no recibió la encomienda de desarrollar una nueva planificación energética (la que está en vigor finalizaba en 2020) y que, aunque la hubiera tenido, no hubiera podido hacerla porque estaban "saturados de trabajo". Ha defendido, con algún choque con los representantes de Vox y Teruel Existe, que las energías renovables "son imprescindibles para la supervivencia del planeta actual" y que no hay que hacer una moratoria: "Si perdemos el tren de las renovables, Aragón lo lamentará".
Durante su intervención ha asegurado que la mejor forma de "proteger el medio ambiente es invertir en energías renovables" y ha subrayado que las modificaciones sustanciales de un proyecto están "tasadas". Respecto a las dudas sobre la fragmentación de proyectos, ha señalado que todo lo que se ha hecho está "permitido por ley" y que la evaluación ambiental se hacía "teniendo en cuenta los efectos acumulativos".
Gómez ha denunciado el "bloqueo" que provocó la judicialización de 55 proyectos en la época de Luisa Fernanda Rudi. Su antecesora en el cargo, Marina Sevilla, ha reconocido que su intención era solucionarlo desde que empezaron a llegar sentencias que decían "que el concurso estaba mal hecho". "Mi consejero, Arturo Aliaga, quería esperar a que se dictaran todas. Y eso hicimos", ha señalado. En este sentido, ha incidido: "El decreto que lo regulaba era muy bueno, pero el concurso fue erróneo".
Sevilla, que fue directora general hace más de diez años, ha recordado que durante su gestión se impulsó el plan energético que estaba en vigor hasta 2020 y podía prorrogarse otros cinco años. "El plan contempla zonas excluidas y prioritarias", ha especificado, al tiempo que ha subrayado que la fragmentación de los proyectos se produce cuando el objetivo es evitar la evaluación ambiental. "No hay fragmentación si se divide y evalúa otra administración, sea el Estado o la comunidad autónoma", ha recalcado.
En este sentido, ha subrayado que las renovables son un "motor económico incuestionable" y que entre los retos de la comunidad aragonesa está impulsar los planes de custodia del territorio. "Yo no perdería este tren", ha apostillado en referencia a una posible moratoria.
La asistencia técnica la ejecuta Sarga
Luis Simal, que fue director del Servicio Provincial de Zaragoza de 2011 a 2022 y ahora es director gerente del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), ha dado una visión más técnica del desarrollo de las renovables. Ha señalado que una moratoria podría tener "consecuencias jurídicas" y ha defendido que no ha habido fragmentación de proyectos, ya que todos han sido evaluados.
Ante las dudas sobre la asistencia técnica que tiene el Inaga, ha explicado que ahora la ejerce "exclusivamente" Sarga y que la idea es que siga así. Asimismo, ha defendido que todos los proyectos tienen que pasar por una serie de hitos para ser una realidad y que son "actos reglados". Simal se ha mostrado a favor de que haya un documento que diga en qué zonas no puede haber determinadas instalaciones y que sea vinculante o, al menos, con unos "criterios objetivos clarificables".
Por su parte, Ángel Lagunas, director del Servicio Provincial de Teruel desde 2011, ha asegurado que nunca ha recibido "ni una sola instrucción" de las direcciones general ni de la secretaría general técnica. "La única dirección la di yo a los técnicos cuando les dije que se tramitara un expediente detrás de otro, en riguroso orden de entrada", ha apostillado. Ha recordado que hasta 2020 había pocos proyectos empresariales en la provincia y que desde entonces la situación es "muy similar a la de Zaragoza".
Ha señalado la necesidad de una "planificación estatal" en la implantación de las renovables y ha reconocido la "complejidad jurídica y económica" de una moratoria. Asimismo, ha insistido que "no existe una justificación jurídica para denegar un proyecto de 49,9 megavatios" y que para definir si una modificación es sustancial o no "se aplica lo que dice el decreto". "Cuando hay dudas, se remite a compatibilidad ambiental", ha sostenido. Ante las preguntas sobre si la se ha percibido una flexibilización de las declaraciones de impacto ambiental, ha señalado que son "autorizaciones regladas" y que "si se cumplen lo requisitos, hay que autorizar".