La Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos presentó -ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria- el requerimiento de impedimento de salida del país para la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides.
La solicitud se sustenta en los numerosos elementos de convicción en su contra.
Precisamente, ayer se conocieron más indicios que comprometen a Benavides en graves actos de corrupción.
Esta vez, fue señalada como receptora de sobornos a cambio del direccionamiento de licitaciones en la institución que encabezó y por el apoyo otorgado a investigados.
Los hechos se conocieron luego de que el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) junto a más de 100 policías, desde las 3:40 a.m. de ayer, ejecutara el operativo "Valkiria XI" por una orden de detención de siete investigados del caso Benavides Vargas, así como el allanamiento en 21 inmuebles.
LOS 30 MIL
En julio de 2023, la Fiscalía Superior Penal Nacional y Fiscalías Penales Provinciales Especializadas en Derechos Humanos e Interculturalidad tenían previsto hacer la compra de 729 CPU, 529 monitores LED de 27 pulgadas y 200 de 32 pulgadas.
Patricia Benavides que en ese momento tenía conocimiento de las gestiones administrativas se habría reunido con su entonces asesor Jaime Villanueva para contarle del proceso de adquisición de computadoras.
El objetivo era trasladar la información a Giancarlo Valer Enciso, un oficial de la Fuerza Aéra del Perú (FAP) en retiro que tenía vínculos con empresas, para que así alguna compañía vinculada a él pueda participar y gane la convocatoria, todo a cambio de una suma de dinero.
Giancarlo Valer se reunió con Villanueva y Jorge Luis Palomino Quesada, este último era gerente central de la Oficina General de Logística del MP. Durante el encuentro coordinaron las especificaciones del proceso.
Fue en la primera semana de octubre de 2023 que Patricia Benavides se habría comunicado por la aplicación Signal con Villanueva para decirle que ya estaba próximo a otorgarse la buena pro a la empresa Inversiones Tecnológicas del Perú S.A.C por la cantidad de 3,451,769.31 soles.
Así, Villanueva acudió junto a Miguel Girao y Jorge Palomino para encontrarse con Giancarlo Valer, quien entregó un sobre manila con 70,000 soles.
Acordaron repartirse 10,000 soles cada uno y a la exfiscal Benavides le tocaría 30,000 soles del soborno.
Finalmente, Villanueva le entregó a Benavides su cuota en el despacho del MP.
MÁS
Según la Fiscalía, a las manos de Benavides habrían llegado 60,000 dólares a cambio de ayudarlo a salvar a Castillo del proceso.
Fue Mirtha Gonzáles Yep, pareja de Castillo, quien buscó una reunión con Miguel Girao y Jaime Villanueva, asesores de Benavides.
Primero les ofreció apoyo en el proceso que se le seguía a Benavides en la Junta Nacional de Justicia (JNJ), a través del testimonio del capitán PNP Jorge Rodríguez, pues este podría tener cierta influencia en el proceso.
El agente policial fue el que hizo el informe del registro de llamadas que relacionada a Benavides con el empresario Antonio Camayo.
Posteriormente, Mirtha Gonzáles agregó la oferta de 60,000 dólares. El dinero fue entregado en partes a los asesores de Benavides.
Una de las primeras entregas se habría concretado el 1 de abril de 2023. Mirtha Gonzáles le dio a Villanueva un sobre con 10,000 dólares en efectivo.
Villanueva y Girao se repartieron 5000 dólares cada uno. Incluso, ese día el exasesor Villanueva Barreto depositó la suma de 4000 dólares a su cuenta de ahorros en el BBVA Continental en una agencia ubicada en el distrito de La Molina.
Por otro lado, hay un tercer hecho vinculado a un soborno. Según la resolución judicial, la red criminal se habría interesado en direccionar una licitación pública para la implementación del data center principal y data center de contingencia del MP por 141,083,845.30 soles.
Los primeros días de junio, Villanueva se reunió con Grika Asayag en un restaurante en Miraflores, esta última le contó de su amigo empresario Giancarlo Valer y concertaron una reunión.
Villanueva asistió junto a Miguel Girao a la casa del empresario en Santiago de Surco, quien ya tenía conocimiento de la licitación para implementar el data center.
Por ese motivo, les dijo a los asesores que una empresa vinculada a él se presentaría como postor en la licitación y que si lo ayudaban en el direccionamiento, ellos ganarían una buena cantidad de dinero.
Más adelante, Valer le precisó a los asesores que si lo ayudaban recibirían la suma de 500,000 soles, mientras que Patricia Benavides obtendría 1,000,000 soles.
"Aceptando inmediatamente la exfiscal Benavides hacerse de esa cantidad de dinero, por lo que Villanueva le entrega los datos de la empresa", señala la resolución.
Si bien en setiembre de 2023 se canceló la licitación por inconsistencias entre la propuesta de Italtel Perú S.A.C. y la oferta económica de la convocatoria, en noviembre se recomienda la adjudicación a la misma empresa por 46,871,370.06 soles.
Sin embargo, el Banco Interamericano de Desarrollo recomienda convocar a un nuevo proceso y que se realice un examen minucioso sobre los que integran los Comités de Selección.
Finalmente, la oferta de Italtel se rechazó.
Cabe precisar que hasta la fecha el proceso para implementar un data center todavía no se adjudica a alguna empresa.
DILIGENCIA
Según la resolución judicial de 592 páginas, a la que accedió Correo, el juez Raúl Justiniano autorizó la diligencia -solicitada por el fiscal provincial Freddy Niño Torres- para la detención preliminar de siete investigados por 15 días; el allanamiento y registro domiciliario de inmuebles ubicados en los distritos de San Isidro, Jesús María, Surco, Ate Vitarte, Lince, Barranco, Miraflores, Cercado de Lima, San Miguel y San Juan de Lurigancho; así como la incautación de joyas, dinero, equipos informáticos, entre otros.
Los detenidos fueron los exasesores Miguel Girao y Abel Hurtado, el abogado José Luis Castillo y su pareja Mirtha Gonzáles, así como Giancarlo Valer, Jorge Luis Palomino y Jorge Rodríguez (ver infografía).
A ellos se les imputa la presunta comisión de los delitos de organización criminal, colusión simple y agravada, cohecho pasivo impropio y específico, cohecho activo genérico, encubrimiento personal y lavado de activos.
También se autorizó el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los equipos telefónicos y de otros medios tecnológicos incautados para los antes mencionados y otros personajes vinculados al caso.