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El Paso
miércoles, 03 abril 2024 | 06:00
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Visiblemente preocupado y en tono enérgico, el fiscal de Distrito de El Paso, Bill Hicks, condenó el comportamiento violento de un numeroso grupo de inmigrantes que ingresó por la frontera y a su paso golpeó a algunos elementos de la Guardia Nacional, pero también se dijo sorprendido por la actitud de un juez local, que liberó bajo fianza a los responsables tras negar el aplazamiento de una audiencia de fianza solicitado por su oficina.
El fallo emitido por el juez Humberto Acosta, dejó prácticamente sin efecto la posibilidad de que los enjuiciados tuvieran una audiencia en la Fiscalía.
"No estoy tan preocupado por los casos de inmigración, pero sí me preocupa la violencia y la destrucción que hicieron a la propiedad estatal", dijo Hicks.
Enfatizó la violencia de los inmigrantes que a su paso causaron daños y ataques físicos a los miembros de la Guardia Nacional.
En conferencia de prensa, el fiscal Hicks dijo que el juez Humberto Acosta, le dijo a través de un mensaje de texto que un grupo de personas –refiriéndose a los inmigrantes–, estaban siendo reservadas para una gran audiencia a celebrarse el Domingo de Pascua.
Sin embargo, y debido a que ese domingo era la celebración de Pascua, decidió solicitar un reinicio de audiencia para que los empleados pudieran estar con sus familias ese día y retomarla entre semana.
No obstante, Acosta negó la solicitud de reinicio y decidió emitir una fianza personal reconocida a todos los migrantes bajo el argumento de que el Estado no estaba listo para proceder.
"Me sorprendió mucho cuando el juez Acosta le preguntó a mi asistente el domingo que si teníamos los casos en nuestra oficina. Nosotros estábamos listos para proceder con una audiencia de fianza, pero él no quiso esperar a pesar de que la ley faculta a cualquiera de las partes a solicitar un reinicio por alguna razón", dijo Hicks en tono molesto.
Expresó que aunque no estaban listos para ir a juicio por estos casos, porque no se tenían en nuestra oficina, su personal estaba preparado para seguir adelante con las audiencias de fianza.
El funcionario estatal dijo que ya se se tenía la causa probable para proceder y que todos tenían una fianza, pero por ser día festivo, la Oficina del Fiscal de Distrito solicitó un reinicio y trasladarlos a la semana laboral, sin embargo Acosta le dijo que sería un domingo muy largo con todas las audiencias por lo que decidió desechar sus solicitudes de reinicio y emitió una fianza personal reconocida a todos los migrantes enfatizando que el Estado no estaba listo para proceder.
De igual forma Hicks dijo que un problema similar se registró el lunes con la conmemoración del Día de César Chávez justo cuando iban a pedir otro reinicio, sin embargo desecharon la idea después de enterarse que un juez negara la solicitud.
Hicks apuntó que los inmigrantes que fueron liberados bajo fianza probablemente serían solicitados por la Patrulla Fronteriza para continuar con el proceso y finalmente deportarlos.
Aunque los extranjeros hayan sido liberados o deportados Hicks dijo que los fiscales revisarán cada caso para decidir si procesarán a las personas, "un caso puede resultar en una orden de arresto para una persona que las autoridades no pueden localizar".
Cargos eran infundados: defensa
Kelli Childress, defensora pública del Condado de El Paso, expresó que al revisar el expediente encontró que varios cargos contra los migrantes eran infundados y que su oficina planeaba impugnarlos.
"Con el tiempo, durante el proceso judicial, se revelarán los incidentes reales que ocurrieron esa mañana, así como los que se remontan a la noche anterior", dijo Childress.
Y remató: "Los cargos contra estos inmigrantes son falsos y son un intento de irritar al público. Estamos armados con la verdad y estamos preparados para defender a nuestros clientes en un tribunal penal", dijo durante una conferencia de prensa celebrada dos horas después de que Hicks fijara su posición.
Asimismo Childress dijo que no sabía si alguno de sus clientes ya había sido deportado porque el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no le había dado esa información.
Mientras tanto se conoció que el gobernador Greg Abbott dijo que los policías estatales recibieron "instruciones para arrestar a todos los inmigrantes ilegales involucrados por invasión criminal y destrucción de propiedad", relacionada con la invasión. "Si no podemos localizar a nadie, podríamos seguir una ruta diferente con una moción de desestimación", dijo Childress a los representantes de la prensa en una rueda de prensa paralela a la que dio Hicks.
Según el reporte del fiscal, registrado el 21 de marzo, en la puerta 36, situada en un punto de la malla fronteriza, nueve inmigrantes cortaron el alambre de púas para luego ser seguidos por cientos de sus connacionales que se abalanzaron y atacaron a miembros de la Guardia Nacional.
La versión de Hicks
Hicks dijo que de acuerdo a la información que se tiene y a un video publicado por el New York Post el grupo, integrado por alrededor de mil solicitantes de asilo, aproximadamente 425 se separaron del grupo más grande y atravesaron el alambre, pasando por encima de los militares.
Explicó que agentes del Departamento de Seguridad Pública pretendían acusar a más de 300 personas, pero al final arrestaron a 222 de ellas, incluidas siete de las nueve personas que han sido acusadas de delitos graves de disturbios y agresión a un servidor público.
Los esfuerzos se centran en buscar a las otras dos personas acusadas de liderar el hecho, quienes fueron liberadas por agentes de la Patrulla Fronteriza. El resto de los inmigrantes enfrentan cargos por delitos menores de disturbios y se desconoce con certeza cuántos permanecían en la Cárcel del Condado esta semana.
A pesar de que 39 inmigrantes fueron liberados en la audiencia especial, por supuestas irregularidades en su proceso por parte de la Fiscalía de Distrito, no serán liberados a petición de la abogada defensora.
De acuerdo con la defensa, en caso de que fueran liberados, los migrantes enfrentarían cargos federales que no sólo los llevarían a prisión, sino que también los volvería inelegibles para recibir beneficios migratorios en un futuro.
Childress dijo que no sabía si alguno de sus clientes ya había sido deportado porque el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no le había dado esa información. "Si no podemos localizar a nadie, podríamos seguir una ruta diferente con una moción de desestimación", agregó Childress.
Los registros de la Corte estatal muestran que siete personas fueron acusadas el jueves pasado de participar en un motín y también de conducta criminal; Junior Evaristo Benítez también fue acusado de agresión a un servidor público. Otros 118 fueron acusados el viernes de participar en un motín, al igual que 97 más entre el sábado y el domingo.
Cárceles llenas
Los registros muestran que muchos de los acusados permanecían bajo custodia en la Cárcel del Condado de El Paso lo que la mantiene muy cerca de superar su capacidad.
La Oficina del Sheriff del Condado de El Paso, informó que las cárceles que administra están prácticamente llenas después del arresto masivo. El Anexo Carcelario tiene capacidad para más de mil 850 personas y actualmente tienen más de mil 750, mientras que el Centro de Detención del Centro tiene capacidad para mil 010 presos y ahora tiene más de 900 reos.
El comandante Ryan Urrutia, de la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso, dijo que ante la contingencia se realizan algunas adaptaciones. "El arresto de 200 personas en un momento dado no es algo que se vea en muchas instalaciones correccionales grandes. Por lo tanto, haremos adaptaciones porque estamos obligados a retener a las personas bajo cargos estatales".
La asistente del fiscal de Distrito Jennifer Vandenbosch dijo durante la audiencia que el Estado ahora está preparado para proceder con cada una de las más de 40 audiencias, luego del fallo del domingo del juez Acosta.
Para evitar que se den este tipo de irrupciones violentas el gobernador Abbott ha enviado en los últimos 12 días más de 700 soldados de la Guardia Nacional a la frontera de El Paso-Juárez.
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