En tres meses ya estará en funcionamiento el nuevo Observatorio contra el Fraude y la Corrupción Sanitaria, anunciado hace unas semanas por la ministra de Sanidad, Mónica García, y el cual impulsará y coordinará la estrategia en la que trabaja el Gobierno para luchar contra las malas prácticas en el sistema.
El organismo queda oficialmente creado después de que el departamento dirigido por García haya publicado este viernes la orden ministerial para su constitución. Estará presidido por la propia ministra y contará con la presencia de su secretario de Estado, Javier Padilla; de la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), María Jesús Lamas; la del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria INGESA, Isabel Muñoz; el director general de Farmacia, César Hernández García; y la Alta Inspección del Sistema Nacional de Salud.
Así, una vez puesto en marcha, el Observatorio contra el Fraude y la Corrupción Sanitaria tendrá la tarea de hacer un seguimiento y proponer acciones en esta materia. Contará para ello con la colaboración y la participación del Sistema de Integridad de la Administración General del Estado (SIAGE), y su actuación "no supondrá gastos adicionales a los previstos" en los presupuestos, según inciden en Sanidad, que señalan que su funcionamiento y desarrollo será atendido con los medios materiales y personales de los que ya dispone el ministerio.
Tres funciones
Concretamente, las funciones de este organismo estarán relacionadas, en primer lugar, con la prevención, con la propuesta de actuaciones determinadas en el ámbito de actuación, por ejemplo, el impulso de mejores prácticas en el ámbito de la transparencia o la creación de cursos específicos sobre la materia en el plan de formación.
En cuanto al sistema de alertas, se propondrá a los órganos competentes de Sanidad que mejoren la calidad de los datos, impulsen un mapa de riesgos y hagan un seguimiento de todos los contratos del ministerio. También se estudiarán los posibles "conflictos de intereses" y se buscarán los sistemas de reconocimiento de las mejores prácticas antifraude en el ámbito de la Sanidad.
También se establecerán contactos en el ámbito europeo e internacional, tales como la propia Comisión, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), NEIWA (Red de Autoridades Europeas de Integridad y Denuncia de Irregularidades y la Red europea de fraude y corrupción en la atención sanitaria (EHFCN).
La ministra de Sanidad resaltó la importancia de este organismo a principios de abril, cuando anunció su creación. Según Mónica García, el Observatorio, en definitiva, tendrá tres tareas fundamentales: crear un manual de "prácticas de no hacer" en la contratación sanitaria; elaborar un "mapa de riesgos" para identificar dónde se concentra el fraude; y, por último, desarrollar un "intenso calendario de colaboración" con los órganos e instituciones encargados de vigilar la contratación.
"Si dentro de la medicina tenemos el lema 'Ante todo no hagas daño', también queremos materializarlo en el caso de los contratos, cerrar la puerta a esos contratos y a esas malas prácticas alrededor de la contratación pública que lo que hacen es detraer esos recursos que son tan necesarios para cuidar a nuestros pacientes", defendió entonces.