Cercle-Idea ha acusado al gobierno de Alginet de perder una subvención de 30.000 euros, lo que se ha traducido en su reembolso a la administración pública que ha ido acompañado de unos mil euros de intereses de demora. Por su parte, el ejecutivo defiende que la ayuda, concebida en un primer momento para la atención a personas dependientes, no es necesaria, puesto que se prestan por otra vía y, hasta que el pleno no apruebe la modificación del contrato anterior, no se puede regularizar esta situación.
El partido en la oposición ha calificado de "mala gestión" esta circunstancia. "Su falta de previsión comporta un deficiente funcionamiento de los servicios municipales y una continua pérdida de recursos", ha manifestado la formación local. A lo que el ejecutivo ha respondido: "Solo hacen ruido y cuentan verdades a medias, ya que conocen el caso a la perfección porque se les ha explicado en el pleno y las comisiones informativas".
Al respecto, la concejala de Servicios Sociales, Carmen Ribera, ha explicado que la renuncia a esta línea de la Generalitat no implica una peor atención para los usuarios. "Esta subvención permitía la contratación de una persona para que prestase el servicio de ayuda domiciliaria. Desde un acuerdo del pleno de 2017, el ayuntamiento lo hacía con recursos propios de esa forma, pero tener a una única persona implica que durante sus vacaciones y bajas los usuarios no podían recibir la atención, de modo que se optó por la prestación vinculada. La Generalitat paga a los usuarios y este a una empresa, que puede elegir a su gusto, y que nunca deja el servicio por cubrir", ha detallado.
Es aquel acuerdo el que el gobierno cambiará en una próxima sesión del pleno para optar por un servicio mixto o externalizado. "No vamos a ofrecer a nuestros vecinos un servicio que la experiencia nos dice que no funciona, queremos velar por una cobertura social más amplia", ha añadido la edil.
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