REDACCIÓN
La Audiencia Provincial de Ourense celebró este jueves, a puerta cerrada, la vista oral en la que se juzga a un hombre por los delitos de pornografía infantil, revelación de secretos, embaucamiento y exhibicionismo.
La Fiscalía le acusa de difundir vídeos sexuales de dos exparejas y de compartir imágenes de dos trabajadoras a las que grababa con una cámara oculta en el baño de la empresa, así como de hacerse pasar por una joven de 19 años para engañar a una adolescente a través de internet y conseguir que esta le enviase fotos desnuda. En conjunto, el ministerio fiscal solicita 27 años de prisión, dos menos de los requeridos inicialmente al rebajar de 5 a 4 años la petición en el caso de las dos trabajadoras al considerar que las imágenes no habían sido compartidas.
El acusado prestó declaración ante el tribunal y reconoció los hechos que lo han llevado al banquillo de la Audiencia, si bien su defensa trató de hacer ver que su conducta se ha visto alterada por un doble trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y voyeurismo.
"Los hechos los reconocemos en un primer barniz, pero hay cosas en la calificación jurídica que no se ajustan", indicó el letrado de la defensa al término de la vista, en referencia al delito de pornografía infantil que se le atribuye por el contacto virtual que mantuvo con la menor en febrero de 2019 y que la Fiscalía califica de 'grooming'. "Un simple desnudo, que no es impúdico y no va más allá de la moral, no conlleva pornografía", señala la defensa respecto al contenido de la imagen.
La Fiscalía, en cambio, indica que "se fue ganando su amistad" y llegó a enviarle 46 archivos sexuales donde se veía el torso desnudo de otra joven, vídeos con penetraciones y masturbaciones, con el objeto de que "la menor le enviara también fotos desnuda o de contenido sexual, cosa que consiguió". La acusación sostiene que compartió 140 imágenes sexuales y tres vídeos relacionadas con la menor con 177 personas a través de Telegram.
La defensa afirma que existen circunstancias atenuantes acreditadas por un informe médico que indica que "había una alteración de la capacidad volitiva", si bien otro profesional dice lo contrario. Asimismo, el abogado lamentó el "nulo intento por parte del ministerio fiscal de llegar a un acuerdo".
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María Reimóndez | Escritora