La vinculación a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso ha generado cuestionamientos, debido a que debió ser retirado del Tribunal de Justicia y Paz creado especialmente para juzgar a los actores armados del paramilitarismo en el país.
Ya en la JEP, Mancuso Gómez fue nombrado gestor de paz por el presidente Gustavo Petro y estuvo a punto de quedar en libertad de no ser por la decisión del Tribunal Superior de Bogotá y la sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, que truncó las aspiraciones de la defensa del exparamilitar.
Ante los beneficios que ha recibido el Mono Mancuso en la JEP y la falta de avance en los procesos de juzgamiento por sus delitos, la Procuraduría General de la Nación, ejerciendo su función de vigilancia y control, tomó medidas legales frente a la situación.
Según pudo conocer la W Radio, a través de su Coordinación para Justicia y Paz, la Procuraduría interpuso una acción de tutela ante la Sección de Revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con el fin de dejar sin efectos una decisión anterior tomada por la Sección de Apelación de la misma jurisdicción que dio luz verde al sometimiento de Mancuso Gómez.
Según el medio citado, la Procuraduría indica que la aceptación de Mancuso dentro de los procedimientos de la JEP constituye una violación directa a los derechos de las víctimas y una transgresión al debido proceso, pues se está apartando al excomandante paramilitar de sus responsabilidades con el Tribunal de Justicia y Paz.
De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio Público en la acción de tutela, la decisión de la JEP de aceptar a Mancuso ha resultado en su separación de lo que la Procuraduría considera su "juez natural", implicando serias preocupaciones sobre la legitimidad y la adecuación del proceso judicial.
Dicha situación condujo a la Procuraduría a afirmar que se ha cometido una violación directa a la Constitución política e indicó que la JEP se ha atribuido facultades que van más allá de su competencia legal, especialmente en lo que respecta al manejo de casos involucrando a actores armados de la naturaleza de Mancuso.
Adicionalmente, la tutela resalta varios defectos de procedimiento en la manera en que la JEP ha llevado el caso de Mancuso y sugirió que esas irregularidades podrían tener implicaciones profundas tanto para la integridad del proceso, como para los derechos de las víctimas involucradas.
La acción legal subraya la importancia de adherirse estrictamente a la constitución y a los principios del debido proceso, especialmente en casos que tienen profundas repercusiones para la justicia y la paz en el contexto colombiano.
No es la primera vez que la Procuraduría interviene en un procedimiento contra Salvatore Mancuso, pues en el registro más reciente presentó una apelación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, con el fin de evitar que el Tribunal Superior de Bogotá concediera la libertad a Salvatore Mancuso Gómez, luego de que la Corte Constitucional fallara a favor del excomandante paramilitar y decretara que era ilegal mantenerlo en prisión.
En su momento, la Procuraduría sostuvo que Mancuso Gómez había faltado a sus compromisos con la justicia, entrega de la verdad y de bienes cinco y seis millones de dólares, relacionados con un proceso de lavado de activos que lleva la Fiscalía en su contra.
Así mismo, el Ministerio Público alegó que Mancuso Gómez no había pagado los 18 años de condena que le había dictado el Tribunal de Justicia y Paz por los delitos que cometió mientras fue comandante de las AUC.