El síndrome del sindicato vacío
Por Francisco Olivera para La Nación
Por Francisco Olivera para La Nación
Cada tanto, algunos funcionarios del Gobierno se toman el atrevimiento de darles consejos a los líderes sindicales. Les dicen, por ejemplo, que por el bien de todos es hora de que el sector gremial cambie cuestiones al menos estéticas, que los más experimentados les den paso a los jóvenes, que alienten la presentación de declaraciones juradas de sus delegados y que adopten normas de transparencia. Son pedidos difíciles para una generación ostentosa de poder real y poco propensa a abandonarlo. Hugo Moyano tiene 74 años; Luis Barrionuevo, 75; Armando Cavalieri, 83: a diferencia de lo que suele hacer cualquier empresario, ninguno de ellos se ha siquiera preparado para su propia sucesión.
La relación con la Casa Rosada es tensa. Macri, por ejemplo, no habla con el líder camionero hace por lo menos seis meses. "Se cansó", dicen en su entorno. Lo más probable es que, más que por buena voluntad, y si ocurre, el encuadramiento venga del lado más clásico: el temor que los dirigentes gremiales le tienen a la Justicia. Es una jugada vieja. Sin ir tan lejos, el kirchnerismo aprovechó para negociar con ellos varios fallos de la Corte Suprema que terminaron con ciertos privilegios de las agrupaciones más grandes. En 2013, por ejemplo, el máximo tribunal dispuso la inconstitucionalidad del artículo 31 inciso A de la ley 23.551 (asociaciones sindicales), que facultaba a representar derechos colectivos solo a los gremios con personería. Años antes había emitido fallos análogos: en 2008 declaró inconstitucional la potestad exclusiva de sindicatos con personería para convocar a elecciones de delegados; en 2009 otorgó la tutela gremial a entidades que solo tenían inscripción, y en 2010, aplicó la ley antidiscriminación y otorgó estabilidad a gremios solo inscriptos.
Fueron guiños a la izquierda sindical. Pero Macri es empresario y desprecia esas cosmovisiones. "El sindicalismo ortodoxo se sostiene por la izquierda estúpida", razonan cerca del Presidente. Esta lógica se basa en un antiguo prejuicio empresarial: un delegado del PJ podrá ser más costoso, pero en definitiva lo que busca es mantenerse en el cargo y que los empleados estén mejor; el de izquierda, en cambio, jamás pedirá una coima, pero sustenta su militancia en el conflicto eterno o, en el mejor de los casos, sueña con hacer de cualquier planta fabril una cooperativa.
Es cierto que ambas concepciones de la vida son antagónicas. Basta con leer el texto con que La izquierda Diario cubrió anteayer la detención de la cúpula de la Uocra de Bahía Blanca. Luego de consignar que la ofensiva correspondía a una intención del Gobierno en las puertas de la "contrarreforma laboral", sobre la que aclara que significa un "brutal ataque a los trabajadores", el diario les dedica algunos párrafos a los referentes del gremio de la construcción. "De más está decir que a los dirigentes protagonistas de las denuncias por extorsión y corrupción bien les cabe el sombrero. Son burócratas que hace décadas no trabajan (si alguna vez lo hicieron), que mediante un régimen mafioso y represivo impiden que surjan alternativas democráticas que representen verdaderamente a los trabajadores, a la vez que se enriquecen mediante negocios turbios, viviendo igual que los empresarios, muy alejados de la realidad de quienes dicen representar".
La crítica da en el centro de una perturbación que empieza a cundir en algunas industrias. La pérdida de credibilidad gremial podrá ser preexistente a las detenciones de Juan Manuel "Pata" Medina, Omar "Caballo" Suárez o Marcelo Balcedo, pero sin dudas se intensificó con ellas y expone al sistema a un vaciamiento de legitimidad que, dicen en las corporaciones, no conviene a nadie. O sí, en realidad: al Gobierno, que ha puesto en las paritarias las esperanzas de cumplir una meta de inflación, 15% en 2018, que ya asoma difícil de alcanzar. Pero no parece lo más alentador al hombre de negocios argentino que, por ejemplo, en el corredor de la ruta 9, integrado por las plantas de Pepsico, Donnelley, Lear, Mondelez y el complejo químico Zárate-Campana (Petrobras, Atanor) pueda cobrar vuelo la izquierda.
Estas inquietudes locales de mediano plazo conviven con un desvelo internacional casi urgente: sectores muy relevantes de la cadena productiva como el acero y el aluminio esperan que, entre este mes y febrero, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos decida si eleva o no los aranceles para las importaciones de esos productos. Es una facultad que está contemplada en la resolución ejecutiva de la ley de expansión comercial, sancionada en 1962, y que faculta a la administración norteamericana a restringir el ingreso de aquellos insumos que puedan poner en riesgo la seguridad nacional. "El acero es crítico tanto para nuestra economía como para nuestro aparato militar; esta no es un área donde podamos depender de países foráneos", dijo el presidente Donald Trump el 20 de abril pasado, mientras firmaba el documento rodeado de representantes de las principales empresas siderúrgicas de Estados Unidos. Los ejecutivos argentinos suponen lo peor: que los aranceles, hoy en no más del 4%, subirán al 40%, un salto similar al que Trump le aplicó el año pasado al biodiésel.
La medida impactaría de inmediato en las cuentas del primer trimestre. El otro desafío industrial arranca en el segundo e involucra directamente al Gobierno: las paritarias. "Deberíamos dar un 15 por ciento de aumento sin cláusula gatillo, pero se hace difícil", dijo ayer a este diario un miembro de la Unión Industrial Argentina. La aplicación o no de esa cláusula de indexación determinará parte de las expectativas de la inflación de este año.
Para los empresarios, la mayoría de los cuales no ha vuelto aún de sus vacaciones, es una discusión que ni siquiera empezó, pero que prevén ardua. La esperanza que tienen es poco cautivante al bolsillo del trabajador: que, en sectores propensos a expulsar mano de obra en todo el mundo y en particular en la Argentina, termine primando la racionalidad gremial para no subir costos que pongan en riesgo puestos de trabajo.
El general Perón dividía a la sociedad argentina entre los "idealistas", que calculaba en un 10%, y los "materialistas", que fijaba en el 90%. El idealista, decía, es como el perro: actúa por instinto cuando se siente atacado; el materialista, en cambio, se parece al gato y reacciona por desesperación: ataca solo si se siente acorralado. El idealismo no abunda en el universo sindical: cualquier peronista sabe que la única verdad es la realidad.