El Consejo de Estado recibió demandas contra la intervención a EPS Sanitas
El exministro Wilson Ruíz y el partido Cambio Radical alegan presuntas irregularidades en las motivaciones para la intervención.
El exministro de Justicia, Wilson Ruíz, y el partido Cambio Radical demandaron ante el Consejo de Estado el acto que dio luz verde a la intervención de la EPS Sanitas, pues alegan aparentes inconsistencias en las motivaciones para que el Estado entrara a administrar esa entidad de salud.
El exfuncionario del gobierno de Iván Duque, indicó que la situación financiera de la EPS no era tan crítica como para iniciar un proceso de interventoría forzosa y de golpe, como lo afirmó el presidente Gustavo Petro.
"La situación financiera de la EPS SANITAS S.A.S. no constituía una amenaza para la continuidad, disponibilidad, accesibilidad, o calidad de los servicios de salud prestados. Que justificara la intervención forzosa y "de golpe" como lo confesó el señor Presidente de la Republica", señala uno de los apartes del documento.
El exministro afirmó que las motivaciones que aparentemente llevaron al gobierno a decidir tomar control de la EPS, no tienen antecedentes de propuestas de medidas de acompañamiento, o planes de mejora, para evitar afectar la atención de pacientes.
"En el caso en estudio, no se encuentra que existan antecedentes de medidas de acompañamiento o vigilancia especial, recomendaciones o planes de mejoramiento que hubiera sugerido el organismo de vigilancia y control", concluye el oficio radicado ante el tribunal.
Para el partido Cambio Radical, esta decisión de intervenir Sanitas es injustificada, pues resaltaron que en 2023 la empresa fue ratificada por cinco años más.
"Una falsa motivación, justificada en que en agosto de 2023 la Superintendencia de Salud renovó la autorización de EPS Sanitas por 5 años. Sin embargo, en menos de 8 meses señaló que incumplía la Ley y no tenía patrimonio para existir", precisó ese partido político.
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El tribunal deberá estudiar los argumentos y pruebas que presentó el exministro y el partido político para determinar si la resolución emitida por la Superintendencia Nacional de Salud es legal y puede mantenerse en firme.
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