Trump, entre la presidencia y la cárcel
La campaña electoral de Eugene V. Debs para las presidenciales de 1920 fue como poco peculiar. En uno de los pasquines de la época se puede ver una fotografía del candidato vistiendo un uniforme penitenciario delante de unos barrotes. Debs, fundador del sindicato Industrial Workers of the World, fue la apuesta en cinco ocasiones del Partido Socialista de Norteamérica para la presidencia de Estados Unidos. En la última de ellas obtuvo el apoyo del 6% del censo, casi un millón de votos, pese a postularse desde la cárcel, tras haber sido condenado por oponerse a la participación norteamericana en la Primera Guerra Mundial.
Más de un siglo después se podría dar una situación similar, salvo que esta vez el candidato en liza esgrime unas ideas diametralmente opuestas a las de Debs. Donald Trump, quien tendrá que ser confirmado en julio en la Convención Nacional Republicana, tras haber barrido en las primarias de su partido, cuenta con muchas posibilidades de alcanzar la victoria el 5 de noviembre de 2024, fecha en la que se batirá con el actual presidente, el demócrata Joe Biden. La cuestión es que, además de la propia pugna política, Trump tendrá que enfrentarse a los tribunales en cuatro causas pendientes que su ejército de abogados han conseguido ir dilatando a base de recursos.
Trump ya fue condenado hace un año, a principios de mayo de 2023, en un juicio civil, a pagar cinco millones de dólares a la periodista E. Jean Carrol, por abuso sexual y difamación. En septiembre, un juez de Nueva York le encontró culpable, junto a dos de sus hijos, de reiterados fraudes financieros al alterar las cuentas de su empresa. Sin embargo, los cuatro procesos que tiene por delante son de tipo penal, lo que ya le llevó en agosto a ser fichado en la cárcel del condado de Fulton, en Georgia, como un varón blanco, rubio, de 97,5 kilos de peso y 192 centímetros de altura, quedando en libertad tras pagar una fianza de doscientos mil dólares.
El próximo 15 de abril, Trump será el primer expresidente de Estados Unidos en sentarse en el banquillo de los acusados. En la campaña de 2016, Trump ordenó a su abogado pagar 130000 dólares a Stormy Daniels, una ex actriz porno con la que habría mantenido relaciones sexuales, con el objetivo de comprar su silencio. Aunque esta maniobra no constituye en sí misma un delito, sí lo es que el pago se camuflara como gastos legales, al existir una falsificación contable con la intención de encubrir un posible quebranto legal de la financiación electoral.
A partir de finales de mayo, el candidato republicano tendrá que hacer frente al juicio de los papeles de Mar-A-Lago, su mansión en Florida, donde un registro del FBI encontró en agosto de 2022 casi medio centenar de cajas con documentación reservada, entre las que se encontraba un plan para atacar Irán. Además de la tenencia ilícita de estos archivos, Trump intentó borrar el registro de sus cámaras de seguridad tras recibir la orden judicial para su entrega, lo que podría quebrantar la ley de espionaje.
Las dos últimas imputaciones son las más graves. Una es el intento de alterar el resultado electoral del Estado de Georgia, cuando el entonces presidente presionó a funcionarios electorales para eliminar los 12000 votos por los que había sido derrotado por Joe Biden. La conversación que mantuvo con Brad Raffensperger, secretario de Estado de Georgia, el 2 de enero de 2021, y que el Washington Post publicaría posteriormente, situaría a Trump como el artífice de un caso de abuso de poder para revertir el mandato popular.
De la misma manera, Trump ha sido imputado junto a seis colaboradores por los cargos de manipulación de testigos, obstrucción del procedimiento legal, conspiración para defraudar al gobierno estadounidense y para violar derechos civiles, por el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, cuando sus seguidores irrumpieron violentamente en la sesión que iba a certificar la victoria de Joe Biden. Este intento de revertir los resultados de las elecciones será juzgado a principios del año 2025, por lo que podría coincidir con una hipotética toma de posesión de Trump en su nuevo mandato.
La imagen de caos y debilidad que proyectará EEUU es desastrosa. Una situación inusual que, sin embargo, es producto de unas contradicciones precedentes en las que el poder del dinero se impuso con indecencia a la democracia
No existe un precedente político como el actual, tampoco la legislación estadounidense contempla un supuesto similar. La Constitución norteamericana establece tan sólo tres requisitos de elegibilidad: ser mayor de 35 años, haber nacido en el país y haber vivido en el mismo al menos 14 años. Pero no hay limitaciones basadas en los antecedentes penales. Alguno de los Estados podría incluir una limitación al respecto, con intención de apartar a Trump, algo que podría ser declarado inconstitucional al afectar al articulado de su ley suprema, como ya ocurrió en 2019 cuando el Estado de California intentó que sus candidatos publicaran sus declaraciones fiscales como requisito para presentarse.
Si Trump es condenado, se podría dar el hecho de que se apelara a su incapacidad para ejercer su cargo, algo que tendría que contar con la aprobación del vicepresidente y la mayoría del gabinete, cosa que parece improbable puesto que estos cargos serían ocupados por personas de la máxima confianza del nuevo presidente. Cabría, en sentido inverso, que Trump se indultara a sí mismo, o bien que se planteara un conflicto de poderes al entenderse que el judicial está tratando de impedir al jefe del ejecutivo llevar a cabo la misión encomendada.
Un laberinto jurídico y político que expresa con claridad la encrucijada, tan inédita como peligrosa, en la que se halla Estados Unidos. Con un expresidente, de nuevo candidato, acusado de múltiples delitos, entre ellos el de tramar desde la Casa Blanca un golpe de Estado para permanecer en la presidencia después de haber perdido las elecciones. Los análisis se centran en cómo Trump aprovechará estos procesos para presentarse delante de sus fieles como un perseguido por las élites de Washington, transformando lo que a cualquier otro candidato le costaría la nominación en una oportunidad para fortalecerse.
Más allá de sus tácticas de campaña, más allá de las implicaciones penales, más allá de la batalla política interna, existen unas implicaciones internacionales de difícil medida. La imagen de caos y debilidad que proyectará Estados Unidos en cualquiera de los escenarios en los que Trump puede resultar condenado y a la vez elegido como presidente es desastrosa. Una situación inusual que, sin embargo, es producto de unas contradicciones precedentes en las que el poder del dinero se impuso con indecencia a la democracia, abriendo un boquete de ilegitimidad por el que tarde o temprano se colaría el monstruo del populismo ultraderechista.