Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, convoca este jueves en el Palacio de La Moncloa a las principales asociaciones del sector financiero y de bienes raíces para discutir la problemática del acceso a la vivienda y la financiación.
Se espera la presencia del patronal de promotores y constructores, la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), la Asociación Española de Banca y CECA, ACEspaña, los sindictados CCOO y UGT, e Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, en una reunión que está pactada para las 10:30 horas.
Según destacan fuentes del Ejecutivo, este tema se ha vuelto prioritario en la agenda del Gobierno central, que busca facilitar el acceso a una vivienda sin que las familias destinen más del 30% de su renta disponible al alquiler o hipoteca.
Sobre algunas de sus medidas, el Ejecutivo aprobó la Ley de Vivienda en mayo del 2023 y, en marzo de este año, lanzó su iniciativa estrella: un índice de precios de referencia para limitar los alquileres en áreas donde la demanda es alta. En la actualidad, solo Cataluña ha pedido aplicar esta medida, específicamente en 140 municipios.
La cartera liderada por Isabel Rodríguez ha hecho un compromiso de incrementar la cantidad de viviendas públicas disponibles para una renta asequible a 183,000 unidades. Además, la construcción con fondos del Plan de Recuperación ya se ha comenzado: cerca de 25,000 viviendas sociales están construidas, que antes eran solo 20,000.
Otras medidas
Por otro lado, el Gobierno de Sánchez autorizó un convenio para ejecutar una línea de avales de 2,500 millones de euros destinada a facilitar la compra de una primera vivienda para menores de 35 años y familias con hijos. En esa línea, una línea de crédito de 4,000 millones de euros también se ha establecido mediante el ICO para financiar nuevas viviendas sociales con fondos europeos.
Otras de las políticas ha sido concretar el bono al alquiler para jóvenes y la eliminación de las 'golden visa', que eran un permiso de residencia obtenido por extranjeros que invertían en bienes inmuebles al menos medio millón de euros.
Por último, se ha dado luz verde a un proyecto de ley para modificar la Ley estatal de Suelo y Rehabilitación Urbana, con el fin de otorgar seguridad jurídica y estabilidad a los planes urbanísticos. El proyecto será tramitado en las Cortes Generales tras haber sido descartado en la legislatura anterior.