El exalto cargo de la Junta de Castilla y León y uno de los principales inculpados en el proceso judicial de 'La Perla Negra' y el polígono industrial de Portillo, Rafael Delgado, ha asegurado que se limitó a seguir instrucciones ya que "todas las órdenes las dio el entonces consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva", ya fallecido.
Delgado, durante la decimoquinta jornada del juicio que se sigue en la Audiencia de Valladolid, abría el turno de interrogatorios a los doce acusados, entre exaltos cargos de la Administración regional y empresarios, y, sin formular reparo a pregunta alguna de las acusaciones, se ha declarado "totalmente inocente" de los cargos que se le imputan y por los que se enfrenta a penas de entre 11 y 34 años de cárcel, según las peticiones respectivas de Fiscalía y el PSCyL, formación esta última personada como acusación popular.
Seguro y con gran aplomo, el que fuera en distintas fases de los hechos investigados viceconsejero de Economía y Empleo, vicepresidente de la Agencia de Desarrollo y presidente y consejero delegado en Gesturcal ha partido de la premisa de que todas sus actuaciones las realizó cumpliendo instrucciones de su superior, el ya fallecido Tomás Villanueva cuando éste ocupaba el cargo de consejero de Economía y Empleo.
Así, Delgado ha atribuido a Villanueva la decisión de alquilar un inmueble y su posterior compra para reunir en el mismo todos los servicios centrales de la consejería y otras empresas, en alusión al Edificio de Soluciones Empresariales, más conocido como 'La Perla Negra', así como la compra de terrenos en Portillo para desarrollar un polígono industrial, con la particularidad de que en la primera de ambas iniciativas ha incluido también a la entonces consejera de Hacienda, Pilar del Olmo.
"Las decisiones las tomaban ambos consejeros, con lo que al resto no nos quedaba otra cosa que decir", ha resumido el encausado, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha aprovechado para negar cualquier vínculo o interés con ninguno de los empresarios o socios de las mercantiles, también acusados, que supuestamente se aprovecharon de ambas iniciativa, en referencia entre otras a Urban Proyecta, que fue la que vendió a la Junta el edificio de 'La Perla', o Cementos La Bureba, la que transmitió a la Administración regional las parcelas previamente adquiridas en Portillo para el fallido polígono industrial.
En el caso de 'La Perla', Delgado ha recordado que ya en 2003 comenzó el interés del consejero de Economía por buscar un edificio en el que aglutinar los servicios centrales, hasta entonces dispersos en otros inmuebles, y que fue el 23 de diciembre de 2005 cuando se firmó un informe para convocar un concurso público adjudicado finalmente a Urban Proyecta y de cuya tramitación se ha desmarcado por completo.
Ha recordado que ese contrato inicial de alquiler fue resuelto el 3 de julio de 2006, a raíz de las discrepancias de la adjudicataria con las condiciones impuestas por el Consejo de Administración de ADE, y que fue a partir de ese momento cuando el consejero de Economía, con el beneplácito de la Consejería de Hacienda, acordó "de forma verbal" trasladar el expediente a Gesturcal, a cuyo Consejo de Administración se propuso el 7 de julio de 2006 el arrendamiento de 'La Perla' que el 19 de julio fue formalizado oficialmente y más tarde un nuevo arrendamiento de una segunda torre.
Delgado ha precisado que la opción de la compra del edificio se comienza a fraguar en 2008 por parte del Servicio de Patrimonio de la Consejería de Hacienda entonces dirigido por Pilar del Olmo, quien, junto con la secretaria general de dicho departamento, traslada a Villanueva esa posibilidad de adquisición, "y es ahí donde interviene Gesturcal por orden de ambos consejeros".
Aunque en su condición de consejero delegado del Consejo de Administración de Gesturcal recibió autorización el 19 de diciembre de 2008 para negociar la compra y éste firmó un contrato de reserva el 16 de enero con Urban Proyecta--la mercantil recibió un cheque bancario de 7 millones de señal--, Delgado ha sostenido que "estaba todo ya negociado y decidido" y que él no intervino en nada por cuanto su nombramiento no fue inscrito hasta febrero de 2009.
"Firmé ese cheque para garantizarnos la posibilidad de adquirir el edificio. Se hizo lo que debía de hacerse, pero siempre bajo lo mandatado por Villanueva, que eran quien controlaba, inspeccionaba y daba las órdenes", ha insistido Delgado, quien, en cualquier caso, ha apuntado que la compra fue un negocio muy ventajoso ya que la operación, materializada el 23 de marzo de 2009, se cerró por 56 millones, dos millones por debajo de la tasación de referencia realizada por Inmoseguros
Días después de la compra, el 2 de abril, Delgado firmó también en favor de Urban otros 4,5 millones a favor en concepto de carga financiera, circunstancia que el acusado ha justificado en el hecho de que lo entendía como dentro del precio total y, además, la empresa amenazaba con no vender si no se le satisfacía esa cantidad.
Acatar órdenes
De las polémicas obras de división interna del edificio pagadas por Gesturcal, el acusado ha indicado que las mismas fueron también abonadas por orden de Villanueva, aunque con el encargo de repercutir a posteriori esas facturas a las entidades que iban a subarrendar el inmueble. "Yo, como secretario general, me limité a acatar órdenes", ha reiterado.
Sobre Portillo, para el que ADE Parques adquirió parcelas por casi 30 millones, Delgado ha vuelto a poner a Villanueva como el principal artífice de la operación que se puso en marcha en marzo de 2008 y que derivó el 5 de marzo de 2010 en la firma por parte del acusado de un convenio marco con Cementos La Bureba, en virtud del cual Gesturcal se comprometía a comprar una serie de parcelas.
El acusado ha rechazado cualquier interés personal en que saliera adelante y se ha limitado a indicar que tras abandonar la Administración regional en 2011 desconoce aún las razones por las que la operación no llegó a buen término.
Lo que sí ha precisado es que los documentos para esta operación fueron redactados por el despacho de abogados Garrigues por mandato de Villanueva, "que visaba y revisaba párrafo por párrafo. Tenía formación jurídica y le gustaba mucho revisar la documentación".
En parecidos términos de 'obediencia debida' respecto de 'La Perla' y Portillo, siempre siguiendo órdenes de Villanueva, se ha posicionado la también encausada Begona Hernández, quien en la época investigada llegó a ocupar en 2005 un puesto en ADE como jefa de la División de Financiación Empresarial y más tarde, a partir de julio de 2007, como viceconsejera de Economía y Empleo y, por ende, presidenta del Consejo de Administración de Gesturcal.
La firma de Hernández figura junto a la de Delgado en el contrato de reserva por la compra de 'La Perla' y la señal de 7 millones a favor de Urban Proyecta que la acusada entiende que "formaba parte de las instrucciones del Consejo de Administración para poder acceder a esa adquisición del inmueble", y respecto de las posteriores obras de acondicionamiento ha indicado que tan sólo firmó una factura, "pero solo como complemento de firma al exceder de 30.000 euros el importe de la misma".
En cuanto al polígono de Portillo, ha mantenido que no tuvo "participación directa", que lo conoció después de la firma del acuerdo marco y que entonces trasladó a Villanueva el riesgo que entrañaba por lo elevado de la misma y las "tensiones de tesorería" por las que atravesaba la sociedad pública.
"Me dijo que iba a convocar una reunión para intentar un desestimiento de mutuo acuerdo con la parte vendedora, aunque en el encuentro los vendedores no me consideraron interlocutora válida y dijeron que el contrato era correcto y mi planteamiento extemporáneo", ha resumido Begoña Hernández.
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