El Fiscal Gilberto Iván Villarreal ha anunciado que el expresidente Álvaro Uribe Vélez enfrentará juicio por los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos. Este caso, que arrastra años de investigación y controversias, marca un momento crítico tanto para el líder del Centro Democrático como para el sistema de justicia del país.
Y es que la decisión del fiscal iría en vía contraria a lo que solicitó el ente acusador en dos oportunidades, pues este caso ha pasado por diferentes manos debido a renuncias y recusaciones de fiscales previos.
Entretanto, el santandereano que ahora se convierte en un nuevo reto para el expresidente, cuenta con 29 años de trayectoria en la rama judicial y una diversidad de roles dentro de la Fiscalía y asume uno de los desafíos más complejos de su carrera, exaltando la importancia de llevar a cabo un proceso justo y minucioso.
Entre sus aportes a la rama judicial, el recién designado fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia también ha servido como fiscal asesor en la seccional de Cali, además de asesorar al director nacional de Fiscalías.
Además, Villarreal conoce de fondo el alto tribunal, pues ya sirvió como auxiliar del fiscal delegado, además de hacer parte de la unidad nacional para la extinción de dominio contra el lavado de activos. En 2012, el funcionario asumió como director de la unidad de fiscalías de San Gil, en Santander.
Ahora Álvaro Uribe, quien ha mantenido su inocencia frente a las acusaciones, se ve de nuevo en el centro de la tormenta judicial después de que Villarreal, un fiscal con notable experiencia, decidiera llevar el caso a un nuevo nivel tras revisar minuciosamente el expediente y solicitar pruebas adicionales.
Este proceso se remonta al 2012, momento en el cual Uribe acusó al senador Iván Cepeda de manipular testigos, lo que eventualmente derivó en un cambio de roles donde el expresidente terminó siendo el investigado.
De qué se le acusa a Álvaro Uribe
El 4 de agosto de 2020, Álvaro Uribe Vélez se situó en la historia de Colombia como el primer presidente en ocupar la Casa de Nariño y después ser colocado bajo arresto domiciliario, enfrentando imputaciones por fraude procesal y soborno a testigos.
Uribe ha refutado estas imputaciones, señalándolas como ataques de índole político contra él. Sin embargo, este proceso judicial halla sus raíces en una convocatoria del senador Iván Cepeda, para un debate de control político en septiembre de 2014, que puso a Uribe y a su hermano Santiago en la mira por supuestas conexiones con estructuras paramilitares.
El giro inesperado se produjo cuando, después de que Uribe presentase una querella contra Cepeda acusándolo de incentivar testimonios falsos en su contra por parte de ex paramilitares, la Corte Suprema de Justicia en lugar de dar trámite a las acusaciones contra Cepeda, decidió en 2018 abrir una investigación formal contra el mismo Uribe. Las averiguaciones apuntan a la presunta manipulación de testigos y conductas fraudulentas en procesos judiciales por parte del exmandatario.
En el centro de esta controversia se encuentra Juan Guillermo Monsalve, antiguo miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y testigo clave, quien inicialmente implicó a Uribe en actividades ilícitas planeadas en territorios de su familia.
No obstante, su posterior retracción, seguida de una reafirmación de las acusaciones, insinuó la existencia de presiones para cambiar sus declaraciones. Acusaciones apuntan a Diego Cadena, exabogado de Uribe, como artífice de estos intentos por influir en los testigos, ofreciéndoles dinero a cambio de testimonios favorables bajo la fachada de asistencia humanitaria. Cadena, por su parte, enfrenta también acciones legales.