El presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha denunciado este lunes, tras ser absuelto del caso de presunto fraude por el que le pedían 21 años de cárcel, que lleva mucho tiempo soportando "una persecución" y "ensañamiento" que no todo el mundo hubiera aguantado.
En un vídeo publicado en su cuenta en la red social X, Ramírez subraya que la sentencia dictada por la Audiencia de Las Palmas "cierra una ingrata travesía de diez años" en la que se ha visto obligado a defender su honor "personal y profesional" frente a acusaciones contra él difundidas "generosamente".
El empresario grancanario se queja de haber sufrido "un juicio público, paralelo", en el que "se ha buscado" a su familia y a sus amigos y que, además, "ha trastocado drásticamente" sus proyectos empresariales (se le llegó a exigir una fianza de 35 millones de euros, la más alta dictada hasta ese momento en las islas).
La imagen del club
Aunque el presunto fraude fiscal que se le atribuía estaba relacionado con una empresa de vigilancia, Seguridad Integral Canaria, advierte además de que en estos años de proceso penal se ha buscado perjudicar la imagen de la Unión Deportiva Las Palmas, a pesar de que su gestión en el club "nunca ha sido cuestionada judicialmente".
"No ha sido fácil soportar una reclamación de pagos de más de 142 millones de euros por distintas sanciones que hoy se han demostrado injustamente reclamadas. Mucho menos fácil ha sido convivir con peticiones de más de 21 años de cárcel", asegura. Y añade: "No creo que muchas personas hubieran logrado conservar su pleno juicio con semejante persecución y azote público".
Asimismo, señala que han sido "muchos" los que "se vieron inducidos a creer, por pura lógica", lo que decían sus acusadores, con un relato en el que considera que se han "recreado" con "un ensañamiento inédito en Canarias". "Gracias a todos los que, a pesar de todo, nunca se alejaron de mí. De verdad, de corazón, muchísimas gracias", concluye.
Cuatro acusaciones
En este caso, Ramírez se enfrentaba a cuatro acusaciones, del Ministerio Fiscal, la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y el sindicato USO, por una serie de irregularidades en los pagos que recibía la plantilla de Seguridad Integral Canaria, en concreto en cómo se tributaban las liquidaciones de IRPF y las cotizaciones.
La Fiscalía, que pedía para él 21 años de cárcel por cinco delitos, sostenía que había incurrido en una serie de artificios para no tributar lo debido (principalmente declarar por sistema las horas extras como dietas), por los que defraudó 36 millones de euros.
La Audiencia de Las Palmas ha sentenciado este lunes que el grueso del caso contra Ramírez está afectado por la nulidad provocada por su instructor, el juez Salvador Alba, que en la actualidad cumple seis años de cárcel por intentar manipular esa causa para perjudicar a la también juez Victoria Rosell, cuando esta era diputada de Podemos.
Y en el único ejercicio fiscal que queda fuera de esa nulidad, el tribunal no aprecia delito.
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