El Tribunal Supremo ha desestimado la petición de Audasa, empresa concesionaria de la AP-9, de cobrar hasta 46 millones de euros en conceptos de pérdidas derivadas de la pandemia, tras haberse visto obligada a cerrar la circulación durante los estados de alarma de los años 2020 y 2022.
La concesionaria había expuesto ante el alto tribunal diferentes argumentos encaminados a obtener una indemnización por este motivo, al considerar que la toma de medidas adoptadas por el Gobierno central era inconstitucional, además de entender que la normativa aplicada para indemnizar por pérdidas durante la pandemia resultaba muy restrictiva.
En este escenario, Audasa reclamaba esos 46 millones por pérdidas, si bien redujo esta cantidad de manera subsidiaria hasta los 28,5 millones.
En un auto del pasado marzo que se ha conocido ahora, el Supremo alude a diversa jurisprudencia para rechazar en su sentencia la inconstitucionalidad de las normas aplicadas.
Asimismo, el alto tribunal entiene que Audasa no puede acogerse a los mecanismos de reequilibrio invocados por la recurrente, ya que ni el pliego ni la ley de autopistas reconocen ese reequilibrio "de un modo general".
El Supremo señala también que el fundamento del reequilibrio "no consiste en que el concesionario gane siempre lo que él quiere", al tiempo que apunta que la pandemia y la crisis económica afectaron a toda la población y a la actividad económica, sin que las pérdidas hayan sido reparadas para el resto de contratos.
Además, el tribunal apunta que los perjuicios sufridos son atribuibles al legislador y no a la Administración del Estado, e indica que "no es posible considerar que la momentánea pérdida de ingresos durante un breve período" altere de modo sustancial la economía de la concesión o impida su continuidad.
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