La conselleria de Educación desoye el rechazo frontal de todos los sindicatos del sector e implantará a partir de septiembre, tal y como tiene previsto, el plan de segregación lingüística en los centros educativos que han pactado PP y Vox. Aunque el titular del ramo, Antoni Vera, ha llevado por bandera el consenso con la comunidad educativa desde que empezó la legislatura, esta vez no se muestra dispuesto a rectificar pese a que se topa con las contundentes críticas de todos los sindicatos de la escuela pública.
Lejos de dar marcha atrás, el conseller trata de tender puentes alegando que el plan es voluntario, que solo se adherirán los colegios e institutos que quieran y que no primará lo que exijan los padres, sino lo que digan los centros. También insiste en que el plan cumple con todas las leyes: «No se cambiará ni una coma de la normativa vigente», aseguró ayer a los medios de comunicación antes de empezar la Mesa Sectorial en la que presentó a los representantes sindicales el primer borrador del plan pactado entre PP y Vox.
Todos los sindicatos expresaron su oposición a la medida, algunos más beligerantes y otros menos. Vera argumentó que el plan se ha elaborado de acuerdo a la Lomloe, el Estatut d'Autonomia, la ley de Normalización Lingüística, el Decret de Mínims y la Ley de Educación de la anterior legislatura. «Dentro de estos parámetros, todas las leyes son de consenso, exceptuando la Lomloe, que no lo es, ni es nuestra ley», señaló Vera en declaraciones a los medios antes de la reunión. El objetivo del encuentro, recordó, era solo presentar el documento y debatirlo, pero más adelante los sindicatos «tendrán tiempo» para enmiendas y alegaciones: «Estoy abierto a todas las que se presenten», subrayó.
De esta manera, Vera explicó a los sindicatos que el plan piloto se comenzará a implementar en el curso 2024-2025 en los centros de Primaria que lo soliciten, y a partir del curso 2025-2026 en los centros de Secundaria. El objetivo, defendió, es «garantizar la competencia comunicativa plena y equivalente en las dos lenguas oficiales». Es un plan a tres años vista y se llevará a cabo una evaluación del mismo al principio y al final.
El segundo punto que se trató ayer en la Mesa Sectorial, también muy polémico, fue la convocatoria de comisiones de servicios. El conseller insistió en subrayar la situación de los 519 docentes desplazados fuera de su isla de residencia y aseguró que el objetivo ante «un problema tan grande» es consensuar los criterios de las comisiones. Los sindicatos pidieron priorizar a los docentes por sus condiciones familiares y personales y el conseller aceptó apostar por la conciliación laboral de los profesionales con menores de 16 años a su cargo, o menores de 18 en el caso de familias monoparentales.
En este sentido, ANPE planteó una reducción lectiva hasta las 24 horas en Primaria y 18 en Secundaria, por lo menos en los tutores. Esta medida, además de disminuir las ratios, también permitiría disponer de una mayor cuota en los centros y facilitar un destino más cercano.
El sindicato también pidió una segunda vuelta de adjudicaciones en septiembre para aquellas solicitudes favorables que se queden sin plaza en julio, contemplando como nuevas vacantes las resultantes de planificación educativa, liberaciones específicas o grupos de substitución rápida, entre otras.
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