Las autoridades guyanesas han solicitado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que revise las reclamaciones territoriales de Venezuela sobre la región del Esequibo, bajo jurisdicción de la antigua colonia británica desde 1899, pero que Caracas se ha anexionado en todos sus mapas oficiales tras un referéndum celebrado el año pasado.
El Gobierno guyanés del presidente Irfaan Ali insistió en que ha pedido repetidamente a Venezuela que participe plenamente en los procedimientos judiciales y cumpla con las decisiones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). En 2018, Guyana presentó una demanda contra Caracas ante la CIJ que en abril del año pasado se declaró competente para pronunciarse sobre el caso, a pesar de las objeciones de Caracas.
El ministro de Exteriores de Guyana, Hugh Todd, dijo que su país espera que el Consejo de Seguridad de la ONU emita una declaración que obedezca la norma del derecho internacional y argumentó que el Consejo de Seguridad de la ONU tiene que ser el principal órgano para discutir las violaciones de Venezuela como miembro de la comunidad internacional, mientras que el secretario de Exteriores, Robert Persaud, sostuvo que el Consejo de Seguridad se centrará en la supuesta violación de normas del derecho internacional por parte de Venezuela.
Persaud también escribió en X que el Consejo de Seguridad de la ONU examinaría el asunto desde la perspectiva de la violación por parte de Maduro de las normas del derecho internacional que exigen a los Estados respetar la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de otros Estados. También señaló la orden de la CIJ sobre Medidas Provisionales, emitida el 1 de diciembre de 2023, que prohíbe a Venezuela cualquier acción que interfiera con la administración y el control de Guyana de su región de Essequibo a la espera del fallo final de la corte sobre el fondo de la controversia.
El lunes, Guyana acogió con satisfacción la decisión de Venezuela de presentar un documento ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la propiedad de la región del Esequibo. Por ello, declaró que acoge con satisfacción las presentaciones de Venezuela sobre las cuestiones de fondo sobre las que la Corte decidirá en última instancia.
El Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijo este lunes que había entregado a la CIJ un documento y sus respectivas copias con la verdad histórica y las pruebas que demostrarían que Venezuela tiene la propiedad exclusiva sobre el territorio al oeste del río Esequibo.
Mientras tanto, la Comunidad del Caribe (Caricom) acusó a Venezuela de provocar una escalada inaceptable de tensiones que amenaza con socavar la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe. La organización regional de 15 miembros denunció que el gobierno venezolano ha actuado de forma unilateral, precipitada y potencialmente peligrosa al promulgar la llamada Ley Orgánica para la Defensa de Guayana Essequiba, considerada en Georgetown como una hoja de ruta para anexionarse la zona de 160.000 kilómetros cuadrados.
Venezuela argumenta que el laudo arbitral de 1899 es nulo porque afectó fraudulentamente a 159.500 kilómetros cuadrados del territorio y reconoce el Acuerdo de Ginebra de 1966 con el Reino Unido (antes de la independencia guyanesa) como el único instrumento legal para resolver esta disputa. El acuerdo preveía una solución negociada que nunca se alcanzó.
También apoyó la postura de Georgetown la Organización de Estados Americanos (OEA), que se mostró crítica con la medida legislativa venezolana. La OEA afirmó que se trata de una amenaza a la paz y la seguridad regionales que contradice abiertamente los principios fundamentales del derecho internacional y subraya las tendencias dictatoriales del régimen de Caracas.
El régimen venezolano, que hace unos días aprobó una ley fascista para combatir el fascismo, neofascismo y expresiones similares, también aprobó una llamada Ley para la defensa del Esequibo cuyas normas legislativas recuerdan tristes episodios históricos que condujeron a anexiones por la fuerza, agresiones militares y destrucción.
La paz y la seguridad regionales dependen de que se impida al régimen venezolano avanzar en estos objetivos amenazadores. El derecho internacional condena el crimen de agresión, condena la amenaza de agresión, condena las acciones unilaterales para resolver problemas bilaterales, condena el incumplimiento y violación de los Laudos Arbitrales vigentes y, como comunidad internacional, debemos condenar las actitudes belicosas y de intimidación a países y actores internacionales", señaló también la OEA.
Ante estos hechos, la OEA llamó a la comunidad internacional a condenar las acciones beligerantes de Venezuela y a solidarizarse con los afectados por sus posturas agresivas.