Ley de Bases: los puntos conflictivos que demoran el acuerdo antes del envío del proyecto oficial al Congreso
Los gobernadores de Juntos por el Cambio y los bloques dialoguistas intercambian borradores para pulir la letra chica de la iniciativa, que se debatirá junto al paquete fiscal; inicia una semana clave
La versión acotada de la llamada "Ley de Bases" y el paquete de reformas fiscales tendrán la semana próxima una instancia definitoria con vistas al Pacto de Mayo. Mientras en la Casa Rosada exudan confianza y aseveran que el acuerdo está avanzado y casi cerrado, entre los legisladores y los gobernadores no reina ese mismo optimismo. Si bien los textos fueron remozados con el aporte de la oposición dialoguista, aún persisten algunos puntos sobre los que no hay consenso.
La cuestión no es menor, ya que la discusión en particular de algunos de los artículos más conflictivos del proyecto original fue lo que hizo naufragar la media sanción en la Cámara de Diputados en febrero pasado, pese a días antes había obtenido un amplio apoyo (144 votos a favor) en la votación general.
Entre los puntos sobre los que todavía está cerrado el acuerdo figuran los siguientes:
- Delegaciones legislativas. Si bien en la nueva versión las delegaciones legislativas se presentan más acotadas que en el proyecto original (las limita a las materias económica, financiera, fiscal, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa por el plazo de un año), el Gobierno incluyó un artículo por demás polémico por el cual pretende amplias facultades en materia de desregulación económica.
Se trata del artículo 71, que establece que, por el plazo de un año, el Poder Ejecutivo estará facultado a "disponer la derogación o modificación de regulaciones sobre la actividad económica privada que importen un incremento de sus costos, limiten el ejercicio de la autonomía de la voluntad o provoquen la escasez de bienes y servicios sin justificación de interés público suficiente. Ello, con el objeto de facilitar la mayor eficiencia y eficacia en el ámbito alcanzado por la regulación de que se trate"
Como toda limitación, se establece que el Ejecutivo "deberá justificar estos extremos de forma suficiente".
Tanto la UCR como Hacemos Coalición Federal y los bloques provinciales anticiparon ya su rechazo a este artículo. "No pasa", advirtieron.
-Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Está destinado a las grandes inversiones, con foco en los sectores de la agroindustria, infraestructura, forestal, minería, gas y petróleo, energía y tecnología. A todos ellos les ofrece importantes incentivos aduaneros, tributarios y cambiarios.
La oposición dialoguista, si bien coincide en la necesidad de incentivar inversiones con alicientes fiscales y reglas estables en materia cambiaria y tributaria, advierten que algunos de los beneficios contenidos en el proyecto lucen a priori excesivos para aquellas empresas y sectores que ingresen en el régimen, lo que podría operar como una suerte de subsidio encubierto que afectaría la libre competencia con aquellos que queden fuera de él.
Desde el radicalismo, Alejandro Cacace les marcó a los funcionarios algunos aspectos a corregir, por caso, la exención del pago del 7% del impuesto a las Ganancias si las empresas retienen utilidades por más de tres años. Además, se incluye la exención de derechos de importación y tasa de estadística para el ingreso bienes de capital, repuestos y componentes destinados a los nuevos proyectos como también propone dejar exentas las exportaciones luego de transcurridos 3 años contados desde la fecha de adhesión al RIGI.
"Si bien coincidimos con el espíritu de la iniciativa, así planteado parece un régimen hecho a medida de los inversores amigos del Gobierno. El desequilibrio es muy fuerte frente a las pequeñas y medianas empresas", advirtió, por su parte, Oscar Agost Carreño (Hacemos Coalición Federal).
-Bienes personales. Propone un régimen que le permite al contribuyente adherido adelantar el pago del impuesto este año a tasa reducida por los períodos fiscales 2023-2027 por los bienes registrados hasta el último día de 2023. El pago inicial no podrá ser inferior al 75% del total, con tasas que van del 0,5% al 0,75% (en la actualidad es del 2,25%). Los contribuyentes que opten por este régimen gozarán de estabilidad fiscal por 14 años, hasta 2038, "respecto del impuesto sobre los bienes personales y de todo otro tributo nacional que se cree y que tenga como objeto gravar todos o cualquier activo del contribuyente".
"Es un descuento desmesurado hacia adelante que beneficia sobre todo a los sectores más ricos. Así no lo vamos a apoyar", advierten desde la UCR.
-Fondos fiduciarios. Se faculta al Ejecutivo a modificar o bien liquidar los fondos fiduciarios públicos; aquellos que sean eliminados, sus recursos deben redirigirse al Tesoro Nacional. En la oposición advierten que algunos fondos fiduciarios se nutren de recursos provenientes de impuestos que son coparticipables, por lo que cuestionan que la Nación se apodere de ellos.
-Ganancias. La discusión entre el Gobierno y los mandatarios provinciales es en torno del piso mínimo a partir del cual gravar con el impuesto, el cual es coparticipable. El ministro de Economía, Luis Caputo, admitió que subirá el piso previsto originalmente, de 1,2 millones de pesos. En la reunión con los gobernadores se barajó incrementarlo a 1,8 millones y revisar la progresividad de las alícuotas, como así también las exenciones al tributo (en el borrador del proyecto fueron eliminadas).
-Reforma laboral. A instancias de los bloques dialoguistas, el Gobierno incorporaría en la ley de bases el capítulo sobre reforma laboral incluido en el DNU 70/23 y que fue suspendido por la Justicia. Empero, los legisladores pedirán modificar algunos puntos; el más conflictivo es el que propicia la derogación de las multas por trabajo no registrado o mal registrado con el fin de beneficiar a las pymes y favorecer la contratación de empleados.
"Podría ocurrir lo contrario: que los empleadores contraten en negro a sabiendas que no serán castigados con multas", advierten Cacace y Agost Carreño.
En el Gobierno confían en que las conversaciones con los bloques dialoguistas y los gobernadores terminen por pulir los puntos más conflictivos para que las leyes se aprueben a tiempo. El bloque de Pro ya anticipó su respaldo irrestricto; el grueso de la UCR también prestará su apoyo y, de hecho, el jefe de la bancada, Rodrigo De Loredo, mantiene un intercambio fluido con los funcionarios en torno a la letra chica de la iniciativa.
La bancada de Hacemos Coalición Federal, en tanto, esperará a ver la versión final que envíe el Ejecutivo, aunque se descuenta que su voto será dividido. Los gobernadores de Juntos por el Cambio, necesitados de fondos frescos, muestran voluntad de acompañar al Gobierno, pero evitan dar señales taxativas hasta comprobar que algunos de sus planteos fueron atendidos. A los funcionarios les dejaron en claro que todavía falta.