Esquerra Republicana, Junts, CUP-NCG y En Comú Podem han registrado este martes en el Parlament una declaración de apoyo a los encausados de Tsunami Democràtic, después de que muchos de ellos hayan fijado su residencia fuera de España para eludir la acción de la justicia española, que es muy dura con los jueces al considerar las imputaciones por terrorismo una injerencia del poder judicial sobre el legislativo.
El texto denuncia la amenaza a "miles de activistas" del movimiento independentista -con causas como la de Tsunami o contra los CDR en, por ejemplo, la Operación Judas- y constata una "regresión en la protección del derecho a la protesta" en el Estado. Los cuatro grupos registraron el texto en el Parlament y se debatirá este martes por la tarde en la reunión de representantes de la Diputación Permanente.
Los cuatro grupos parlamentarios consideran las investigaciones de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo un "ataque directo al ejercicio de los derechos fundamentales". La declaración rechaza explícitamente la equiparación de terrorismo al independentismo en un intento "de criminalizar la protesta" y "silenciar la disidencia política" por parte del Estado. Así, los grupos advierten que investigar por terrorismo acciones amparadas en el ejercicio pacífico de derechos fundamentales pone en peligro "los principios democráticos del estado de derecho".
Por este motivo, Esquerra, Junts, CUP y comunes exigen que se retiren las imputaciones de terrorismo vinculadas a las protestas por la sentencia del referéndum del 1-O. La declaración registrada este martes pide también detener la represión contra el independentismo y contra los movimientos populares, por lo que insta al Gobierno del PSOE y al Congreso de los Diputados a hacer las modificaciones legales pertinentes para que nunca más se pueda equiparar la disidencia política al terrorismo.
Además denuncian y condenan "el uso de la justicia en una nueva persecución política contra las movilizaciones sociales y el ejercicio de derechos fundamentales, en particular contra el movimiento independentista".
En este sentido, las cuatro formaciones políticas achacan esta persecución a un intento de poner trabas a la aplicación de la ley de Amnistía. Por eso, consideran las imputaciones por terrorismo una injerencia del poder judicial sobre el legislativo que "debilita la democracia y la voluntad de la ciudadanía".