La Junta de Castilla y León recuperó en 2022 el nivel de contratación del año 2008, al registrar 2.829 contratos por importe de 1.161 millones de euros, apenas 34 millones menos que tres lustros antes y un 52 por ciento más respecto al año anterior, en lo que a importe total se refiere, pese a la reducción de un tres por ciento en el número de expedientes formalizados.
Este es uno de los datos fundamentales que se desprenden del informe 'Fiscalización de la contratación administrativa celebrada en el ámbito de la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma' entregado por el Consejo de Cuentas en las Cortes de Castilla y León, y que corresponde a la fiscalización que la entidad propia de la Comunidad realiza sobre la gestión contractual del Gobierno autonómico.
La entidad que gestionó mayor contratación en el ámbito autonómico en el citado ejercicio, tanto en número de expedientes como en importe, fue la Gerencia Regional de Salud, con 967 contratos por una cuantía global de 424 millones de euros, seguida de la Consejería de Educación, con 200 millones y 472 expedientes.
Por tipo de contrato, los de suministro sumaron 429 millones de euros, seguidos de los expedientes de servicios (384 millones) y obras (300 millones). Por procedimiento de adjudicación, el principal fue el abierto (652 millones) y por forma de tramitación, la ordinaria (1.035 millones).
Para esta fiscalización se seleccionó una muestra de 150 expedientes, de los cuales, en 120, por importe conjunto de 402 millones de euros, se analizó la formalización de los contratos y en 30, por importe de 120 millones, la ejecución. De los 120 contratos de la primera muestra, en 82 expedientes (68 por ciento) los órganos de contratación cumplieron con todas las obligaciones de publicidad en el perfil de contratante, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
En función de los expedientes examinados, el Consejo de Cuentas opina que la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma cumple razonablemente con la legalidad aplicable, excepto por las limitaciones relacionadas con la falta de alguna documentación en ocho expedientes y determinadas salvedades, reflejadas en cuatro de las once conclusiones, que afectan a los principios de publicidad y de transparencia de los procedimientos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público.
Recomendaciones
El Consejo de Cuentas anota nueve recomendaciones en su informe. Entre ellas, que la Administración autonómica debería establecer un protocolo que garantice el envío de la documentación preceptiva al perfil de contratante, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, especialmente las Consejerías de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio; Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; y la Gerencia Regional de Salud.
También la Junta, especialmente la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, debería establecer medios proporcionales y que se adecuen a los requisitos señalados en la normativa, para acreditar la solvencia económico-financiera o técnica y profesional de los licitadores. Por otra parte, los órganos de contratación y los servicios jurídicos en sus informes deberían incidir en la objetividad de los criterios de adjudicación evaluables mediante juicios de valor y también en la definición y ponderación de los criterios valorables mediante la aplicación de fórmulas, especialmente en la oferta económica.
Asimismo, los órganos de contratación deberían garantizar que los parámetros seleccionados para identificar las ofertas con valores anormales o desproporcionados, y en especial los de las Consejerías de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio; de Movilidad y Transformación Digital; de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; y los de la Gerencia de Servicios Sociales, se ajusten a lo señalado en la normativa.
En otro orden de cosas. los miembros de las mesas de contratación deberían asegurarse de que queda constancia en las actas de todas sus actuaciones y de que los informes de los órganos de asesoramiento estén suficientemente desarrollados conforme a los criterios de adjudicación. Además, deben velar porque se tramite el procedimiento contradictorio en las exclusiones de candidatos, cuando se presuma que una oferta puede ser anormal o desproporcionada.
Los órganos de contratación, en particular los de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, deberían garantizar que los expedientes incluyan toda la documentación relacionada con el inicio y ejecución del contrato, así como extremar los esfuerzos para que los contratos se cumplan en el plazo establecido. Se recomienda, asimismo, que el ITACyL calcule el importe de los anticipos a cuenta por operaciones preparatorias y acopios.
Por último, los órganos de contratación, especialmente de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, deberían verificar la correcta recepción del objeto del contrato, con la elaboración de la correspondiente acta, dentro de los plazos previstos, así como una liquidación y certificación final; y las Consejerías de Presidencia; de Economía y Hacienda; y de Sanidad, deberían completar las actuaciones que les competen sobre la posible imposición de penalidades a los contratistas.
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