El Gobierno andaluz defiende como una de sus señas de identidad la rebaja de impuestos y mantiene que esta política, junto a la simplificación de trámites administrativa, activa la inversión, la creación de empleo y, por tanto, aumenta la actividad económica que repercute de nuevo en las arcas públicas vía impuestos. En esa hoja de ruta, la aprobación de un nuevo impuesto que grave la actividad turística entra directamente en colisión con el ideario del Ejecutivo andaluz. Y eso es lo que defendió ayer en el Parlamento andaluz el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, para argumentar su rechazo a la «mal llamada tasa turística».
El Gobierno andaluz rechaza la tasa turística pero es sensible a las reivindicaciones de los ayuntamientos. Especialmente cuando son varios alcaldes de las capitales de provincia, todos del Partido Popular, los que solicitan su aprobación porque ven en ella una fuente de ingresos extraordinaria ante la insuficiencia de recursos de los que disponen. El consejero de Turismo es uno de los que lo tiene más claro y advirtió ayer de que hay que «tener cuidado con los discursos apocalípticos» porque «nos estamos cargando a la gallina de los huevos de oro».
La advertencia de Bernal tiene que ver con las campañas que tratan de desprestigiar al sector turístico o solo acentúan las distorsiones que éste provoca en las ciudades. A su juicio, el «impuesto» al turismo es «un error» porque supone poner «un tapón al principal motor económico» de la comunidad andaluza.
En su alegato contra el impuesto al turismo, Bernal insistió en dos claves: apostar por la «sostenibilidad» de la actividad y «ser capaces de gestionar mejor los impuestos» que ya se cobran.
En este sentido, ya existen líneas de ayudas para compensar los gastos que genera la actividad turística. De hecho, en Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, dentro del Plan de modernización y competitividad del sector turístico apuesta por «la transformación del modelo turístico hacia la sostenibilidad medioambiental, socioeconómica y territorial, beneficiando a los destinos turísticos, agentes sociales y operadores privados del sector, a través de la Estrategia de Turismo Sostenible España 2030, Planes de Sostenibilidad Turística en Destino y Planes de Sostenibilidad Social».
De hecho, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo apuesta por una Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destino en la que no se habla en ningún momento de articular una tasa turística, sino más bien todo lo contrario. Este documento reconoce que «las entidades locales son las unidades básicas que constituyen los destinos y las responsables de la mayoría de los parámetros que influyen en la elección de los turistas, así como de los determinantes de la competitividad y sostenibilidad del modelo». Por ese motivo, «si se quiere asegurar la sostenibilidad en sentido amplio del modelo turístico español, se debe actuar fundamentalmente en los destinos turísticos» y aplicarse «a todas las formas de turismo en todos los tipos de destinos, incluidos el turismo de masas y los diversos segmentos turísticos».
Esa unidad de acción para mejorar la sostenibilidad de todos los destinos sería difícilmente aplicable con una tasa turística porque ésta beneficiaría a las más grandes y con más capacidad hotelera. Si este impuesto se aplica en función de la ciudad de alojamiento del turista, se primaría a unos destinos sobre otro.
Por ejemplo, el documento del Ministerio distingue a las ciudades con «identidad turística» que define como «destinos urbanos con una población entre 150.000 y 20.000 habitantes, con alta concentración de recursos con potencialidad turística, ya estén relacionados con el patrimonio cultural, artístico, arquitectónico o de otra índole, o con cascos históricos de alto interés turístico, incluidos, en todo caso, los declarados por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad». Estos destinos turísticos también tienen problemas de congestión pero al ser «ciudades identificadas por el turista como de visita corta, dificulta que se produzcan pernoctaciones en la propia ciudad», es decir, no se beneficiarían de la tasa turística.
Por ese motivo, existen ayudas a entidades locales –que gestionan las comunidades autónomas– para la ejecución de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y que van orientadas a destinos turísticos de sol y playa muy internacionalizados, destinos de sol y playa mixto/residencial, espacios naturales, territorios rurales con identidad turística, destinos urbanos y a las mencionadas ciudades con identidad turística.
De hecho, una de las órdenes que regulaba la concesión de ayudas en Andalucía exponía que estos incentivos iban destinados a «mejorar los flujos turísticos» y «combatir los efectos del turismo de masas concentrados en periodos estacionales que propician, entre otros, deficiencias en la prestación de servicios, congestión de infraestructuras o conflictos sociales entre turistas y residentes, además de desequilibrios en el mercado inmobiliario con subidas desorbitadas de precios en algunos casos».
La cuestión es si la Consejería de Turismo convencerá a los ayuntamientos, especialmente a las grandes capitales andaluzas, de que el impuesto al turismo no es la solución y sí el fomento de los planes de sostenibilidad turística en destino, en consonancia con los propios planes del Gobierno de España. La reunión anunciada a tres bandas entre la Junta, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y el sector turístico aún no tiene fecha.
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