La financiación de las 3.400 plazas que anunció el Gobierno para estabilizar al profesorado universitario estará condicionada a la "corresponsabilidad" de las comunidades autónomas, tal y como ha avanzado este miércoles la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, tras reunirse con las comunidades autónomas en la Conferencia General de Política Universitaria.
En rueda de prensa desde la sede del ministerio, Morant ha explicado la propuesta final que ha puesto sobre la mesa en el encuentro de este miércoles: si las comunidades autónomas quieren ese apoyo para sufragar las plazas de profesores ayudante doctor que mandata estabilizar la ley de universidades (LOSU), las autonomías deberán comprometerse a financiar ellas las vacantes sobrantes hasta las 4.200 (800 más) que estima el Ejecutivo para cumplir con los requisitos de temporalidad del 8% que exige la ley; lejos todavía del 49% de media actual que hay en las universidades españolas.
Según ha señalado, hay autonomías que han expresado su apoyo a esta propuesta, mientras otras han asegurado que todavía deben consultarlo en el seno de sus respectivos gobiernos. Aun así, ha asegurado que "ninguna de ellas ha cerrado la puerta" y que en las próximas semanas deberán expresar su interés de entrar a dicho programa para empezar a aterrizar los acuerdos concretos, entre Gobierno, comunidades y universidades, en cada uno de los territorios. ¿El plazo máximo? Este mes, como tarde. "Tenemos que terminar el mes de abril dándole certeza y seguridad a las universidades públicas de nuestro país y creo que vamos a ser capaces de serlo", ha aseverado la ministra.
Un "esfuerzo inédito" del Gobierno
Así, el Ejecutivo se compromete a hacer un "esfuerzo inédito", en palabras de Morant, que es financiar una parte de los costes laborales del profesorado docente e investigador de las universidades, con 150 millones de euros por curso —empezando con el próximo 2024/25— y durante los seis años de duración de este tipo de contratos.
Según ha recordado la titular de Ciencia y Universidades, recientemente se acordó aplazar los plazos que mandata la ley de universidades en materia de recursos humanos. A través de una enmienda a la ley de enseñanzas artísticas, ya en su fase final de tramitación en el Senado, se ha introducido una flexibilización para dar cuatro cursos de tiempo para implantar "de manera definitiva" todas las modificaciones que prevé la norma en cuanto a personal docente e investigador.
Respecto a la propuesta planteada este miércoles a las comunidades, Morant ha reconocido que todavía quedan "flecos" y "detalles" por perfilar, y se ha comprometido a que, pese a que no se pudieron aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este ejercicio, hará el "esfuerzo" por "priorizar" los presupuestos del ministerio "para hacer posible este programa". Un esfuerzo que, ha reiterado, exigirá también a las comunidades, por "justicia social" de los profesores del personal docente e investigador y, "porque las universidades no pueden ser una isla de precariedad y temporalidad".
Endurecer criterios para crear universidades
La ministra también se ha pronunciado sobre el anuncio que hizo durante su comparecencia en la Comisión del ramo en el Senado, donde expresó su intención de endurecer los criterios de exigencia para la creación de nuevas universidades en España. Preguntada al respecto, Diana Morant ha reiterado que, tanto el Gobierno, como la CRUE y "muchas comunidades" están "preocupados" por la "proliferación" de universidades privadas. "Todos estamos convencidos de que es compatible un sistema de coexistencia", ha aseverado, antes de añadir que en los últimos años se ha igualado el número de universidades privadas y públicas.
"No se crea ninguna pública y se crean muchas privadas", ha subrayado Morant, quien ha defendido la necesidad de hacer un "mayor esfuerzo" para que, si hay esa mayor demanda de educación universitaria, que esta no dependa "del bolsillo de tu padre o de tu madre". En definitiva, ha concluido, el objetivo es garantizar que esa "proliferación" no vaya "en detrimento de la calidad" de las universidades públicas, y "que no se creen universidades que en realidad son empresas que expiden títulos".