Otro perito cifra el Perla Negra en 53 millones y asegura que la división interior que costó 4,4 millones nunca debió pagarla la Junta
Otro perito ha establecido este miércoles el precio del edificio Perla Negra en 53 millones durante el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Valladolid por el presunto sobrecoste del inmueble en una trama que pudo beneficiar a los empresarios promotores y a cargos de la Consejería de Economía de Castilla y León, para la que se construyó el edificio.
El secretario de la Asociación Española de Sociedades de Tasación, Leandro E.T., ha considerado que el Perla Negra costaba 53 millones si bien amplió el rango hasta los 61. El especialista no llegó a visitar el inmueble porque su trabajo lo basó en la "revisión de 19 informes de valoración".
El perito se ha referido a la singularidad del edificio y ha precisado que solo se puede encontrar algo parecido en ciudades como Barcelona o Madrid. Además se ha pronunciado sobre las obras posteriores de división interior y señalética por las que la Junta pagó 4,4 millones a dedo a Unifica, un estudio de arquitectos de Madrid conocido por haber reformado la sede del PP en la calle Génova y haber cobrado ese trabajo con dinero negro. Según este experto cuando se va a ocupar una oficina de alquiler, es el inquilino el que tiene que pagar la división interior y otros detalles como la colocación de enchufes.
La valoración del precio del Perla Negra ha ocupado las últimas jornadas de juicio precisamente por las distintas tasaciones que se manejaron antes y después de la construcción. Dos de ellas, que no daban un precio superior a los 41 millones, se ocultaron al consejo de la sociedad pública Gesturcal, a la que se le dio otra de 52 millones. Lo que se pagó en realidad fueron 60.499.800 euros más otros diez millones por conceptos que correspondían a los promotores.
Por otro lado, otro perito propuesto por el abogado de Francisco Esgueva, uno de los empresarios acusados, ha descartado que hubiese "dádivas", y lo ha hecho basándose en un informe de la UDEF que en realidad no desechaba la idea sino que incidía en que era necesaria una investigación patrimonial completa a los imputados. De hecho, durante la investigación se constató que Unifica pagó importantes cantidades a las empresas de los acusados a través de facturas falsas por trabajos inexistentes.
En su propio informe, el experto, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha ratificado el valor de mercado utilizado que rigió las operaciones de venta de parcelas de Parque Empresarial de Portillo (PEP) a Cementos La Bureba, de la que eran socios algunos de los encausados, y finalmente, en 2010, a ADE Parques teniendo en cuenta que se trataba de suelo rústico con gran potencial porque iba a convertirse en urbanizable de uso industrial.
Pero además, ha justificado el hecho de que en la promoción del polígono de Portillo trabajaran concertadas PEP y La Bureba, algo que a su juicio es "muy común en el sector de la construcción "para limitar el riesgo empresarial a la hora de entregar bienes libres de cargas", al tiempo que ha rechazado que las dos sociedades actuaran como empresas interpuestas y que tal circunstancia hubiera encarecido el precio de los terrenos abonado por ADE.
"No siempre el término de sociedad interpuesta implica ilegalidad. En este caso, si las empresas desarrollaron su actividad a través de escrituras públicas y sus operaciones han sido inspeccionadas por Hacienda y la cuota tributaria es cero, estamos ante sociedades con actividad legítima", ha enfatizado el perito.
El juicio proseguirá el próximo 24 de abril, jornada en la que está previsto que arranquen las declaraciones de los 12 acusados.