Barcelona, 9 abr (EFECOM).- Los fondos acreedores que se hicieron con el control de Celsa han cerrado el año 2023 con un beneficio neto de 459 millones de euros gracias a la recapitalización de la deuda y otros ajustes, mientras estudian la posibilidad de desinvertir para generar valor en el futuro, ha informado la compañía este martes.
Tras tomar las riendas de la siderúrgica a finales del año pasado, después del proceso judicial que enfrentó a los fondos con la antigua familia propietaria -los Rubiralta-, los nuevos responsables han restablecido el equilibrio patrimonial y han conseguido por primera vez en la historia de la compañía el aval sin salvedades del auditor.
El presidente del grupo siderúrgico Celsa, Rafael Vilaseca, y el consejero delegado, Jordi Cazorla, han presentado estos datos este martes en conferencia de prensa, tras la reunión de la junta de accionistas de la compañía, celebrada en Castellbisbal (Barcelona).
"No ha sido fácil. La compañía ha salido de la UCI pero aún está en el hospital", ha asegurado Vilaseca, que se ha mostrado optimista respecto al futuro de Celsa, que cuenta con 120 centros de trabajo y emplea a 4.000 personas de manera directa y a unas 10.000 entre directos e indirectos en España.
El nuevo equipo directivo inició un proceso de auditoría, consolidación financiera y corrección de salvedades contables, que dio lugar a la formulación por parte del consejo de administración en marzo de las primeras cuentas consolidadas a todos los niveles sin salvedades.
Para restablecer el equilibrio patrimonial se ha recapitalizado la deuda por un importe de 1.418 millones de euros y se han hecho ajustes contables que han llevado a cerrar 2023 con unos fondos propios consolidados de 326 millones de euros positivos.
Según Vilaseca, sin el proceso de reestructuración la compañía hubiera cerrado en 2023 con pérdidas de 918 millones de euros y con fondos propios negativos de 1.187 millones, por las salvedades no corregidas de ejercicios anteriores.
El resultado después de impuestos del grupo consolidado ha sido de 459 millones, pese a reconocer la pérdida de un crédito "incobrable" concedido por la compañía a los anteriores propietarios, la familia Rubiralta, por 539 millones.
Vilaseca ha asegurado que la nueva dirección "hará todo lo que esté en su mano" para recuperar este crédito que no se ha podido cobrar porque las antiguas patrimoniales de Celsa presentaron concurso de acreedores poco más de un mes después de conocerse la sentencia que daba el control de la compañía a los acreedores.
Cerrado el ejercicio de 2023, la siderúrgica ha abierto el proceso para decidir los próximos pasos a dar, para lo que está trabajando en un nuevo plan estratégico con la consultora Bain & Co para los próximos cinco años, que deberá estar listo en el segundo semestre del año.
Respecto al compromiso de los fondos de incorporar un socio industrial español que tome el 20 % del capital del grupo, Vilaseca ha asegurado que aún no se ha avanzado en su búsqueda, aunque ha apuntado que todavía están dentro del margen de tiempo que se dio.
En concreto, los nuevos dueños pactaron con el Gobierno iniciar el proceso de venta al menos seis meses después de la entrada de los fondos en el capital.
En el último ejercicio, la situación del mercado del acero impactó también en la compañía, que vio caer su facturación un 22 % hasta los 4.765 millones de euros, mientras que el beneficio bruto de explotación (ebitda) descendió un 50 % hasta los 441 millones.
Celsa espera una "recuperación paulatina" del mercado este 2024 y el 2025.
La deuda neta era de 1.400 millones de euros en noviembre, y una cifra "similar" al cierre del año.
Por otra parte, la compañía ha nombrado a cuatro nuevos consejeros independientes y ha incorporado a un director financiero, Borja García-Alarcón.
Celsa, uno de los mayores productores de acero de Europa y de los principales consumidores industriales de energía de España, emplea a unos 10.000 trabajadores en Europa y tiene presencia en nueve países del continente. EFECOM
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