Asociaciones de campesinos ubicadas en la vía Durán – Tambo denuncian desalojos perpetrados por una red de tráfico de tierras vinculada al exasambleísta Pablo Muentes y su círculo familiar. Al menos 1 000 personas serían las afectadas por este ilícito.
El testimonio de Mayra Salazar en el caso Metástasis develó el desalojo repentino de las tierras de cientos de agricultores que han habitado en la zona por 20 años. Este caso se conoció hace un año por una nota periodística publicada en el 2023.
Las víctimas revelaron, que pese a ser reconocidos por el Ministerio de Agricultura como agricultores de la zona, fueron despojados de al menos 200 hectáreas de terreno. Todas estas zonas fueron tomadas en el 2023 por empresas y personas cercanas a Pablo Muentes.
Consternados e indignados, los campesinos recuerdan que fueron víctimas de incursiones masivas por parte de la fuerza pública. Los uniformados con maquinarias pesadas desalojaron a decenas de personas de sus viviendas, aparándose en supuestas órdenes judiciales.
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«Tumbaron casas, se llevaron animales, robaron y vinieron con gente mala«, señala Janeth Tomalá, miembro de la asociación Asomariba, que fueron afectados por esta red. De igual manera, Rosa Ruiz, de la asociación Patria Nueva, recuerda que tras destruir las viviendas intentaron tapar el lugar para borrar toda evidencia «de que alguien vivía allí».
Además, más de 20 agricultores afrontan demandas por las denuncias e inclusive hay una persona detenida.
Este caso se conoció por la publicación de una nota periodística recogida por el comunicador Guillermo Lizarzaburo, quien sacó a a luz una operación de instituciones públicas al servicio de los intereses de Muentes para la apropiación de tierras.
Sin embargo, la publicación le costó una demanda de Muentes, un proceso que no avanzó en la Corte Nacional de Justicia. También el caso fue recogido por el expresidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio.
Se conoce que habría una investigación en la Fiscalía General del Estado y también se habla de un fideicomiso de la familia Muentes Alvarado, que podría ser usado para evadir responsabilidades, según Guillermo Lizarzaburo.