La Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación (SSS) amplió la medida cautelar presentada contra las prepagas a cinco empresas más, con el objetivo de que las firmas recalculen los aumentos de los últimos meses en función de la inflación y devuelvan a los usuarios lo cobrado por encima de ese incremento. Es tan obvia la contradicción del Gobierno, que ahora quiere que la Justicia regule lo que el propio Ejecutivo desreguló hace cuatro meses, pero que además lanzó una medida por parte de la Secretaría de Comercio sobre un puñado de empresas y al mismo tiempo un amparo más general, que una jueza federal cursó un pedido "aclaratorio".
El organismo estatal incorporó al Hospital Alemán, Hospital Británico, CEMIC, Grupo D.D.M SA y el Círculo Médico de Lomas de Zamora a la denuncia por "abuso de las empresas de medicina prepaga en la determinación de los aumentos de cuotas de sus usuarios", según explicaron desde Casa Rosada. Con las nuevas firmas agregadas, la medida cautelar ahora abarca a 23 empresas de medicina prepaga. "No se trata de una intervención del mercado sino justamente lo contrario: una acción que lleva adelante la Superintendencia en su rol de fiscalizador para que se transparenten los indicadores y se garantice la libre competencia", dice el Gobierno.
El recurso interpuesto por la SSS apunta a que las empresas retrotraigan sus precios a diciembre y que se disponga la devolución de las subas que superaron el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Desde el Ejecutivo precisaron que "la medida cautelar se basa en resguardar la competencia en defensa del libre mercado frente a las prácticas anticompetitivas, como el abuso de posición dominante y exceso en la determinación arbitraria e injustificada del aumento de las cuotas".
Por otro lado, está la situación de la medida tutelar por cartelización aplicada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), que depende de la Secretaría de Comercio e Industria. Esta medida ya está operativa, por lo que las empresas afectadas deben recalcular sus cuotas. En este caso, las empresas que se ven alcanzadas por la medida son Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint, OSDE, la Unión Argentina de Salud (UAS) y su ex titular, Claudio Belocopitt, también presidente de Swiss Medical S.A.
Contradicción
Es curioso que el discurso que esgrime el Gobierno esté totalmente a contramano de lo que planteó el DNU 70, que fue el puntapié inicial para las subas de las prepagas. Dicha norma desarticuló cualquier tipo de regulación sobre los precios del sector. Esta contradicción no es solamente una curiosidad. Por caso, la jueza en lo Civil y Comercial Federal Mercedes Maquieira cursó un pedido al Gobierno como una "aclaratoria" tanto sobre los términos del amparo como en relación a la medida tutelar emitida por la Secretaría de Industria y Comercio en torno a las tarifas de las empresas.
Es que, en los hechos, el Gobierno le pide al Poder Judicial que le ordene a las prepagas que retrotraigan el aumento de tarifas que, por una parte, fue autorizado por el DNU 70/23 y, por la otra, fue supuestamente neutralizado mediante una resolución de un organismo --la Secretaría de Comercio-- que depende del propio Ejecutivo.
Por otro lado, la Sala II de la Cámara Civil y Comercial Federal dictó una resolución en la que hace lugar a un amparo, instaura que el aumento de las prepagas debe ajustarse a la fórmula de suba de la inflación y define que la diferencia acumulada en estos meses quede como "crédito" a favor del afiliado. Se trata de un caso particular pero representa un precedente.