Desde aproximadamente tres semanas en Santa María Ixtulco, municipio de Tlaxcala, persiste un conflicto ante el posible cierre de la biblioteca de la comunidad debido a que, supuestamente, el predio donde está edificada pertenece a la parroquia.
A finales de marzo, a la comunidad acudió personal que, sin mostrar identificación oficial, dijo ser de la Dirección General de Bibliotecas Públicas para retirar los libros puesto que la biblioteca cambiaría de ubicación.
Al sitio también arribó el párroco de Santa María junto con una comitiva, quienes aparentemente estaban de acuerdo con el cambio de espacio de la biblioteca, al argumentar que el espacio pertenece a la Iglesia y que buscan recuperarlo para construir una capilla.
Al correrse ese rumor horas antes, al lugar también acudió un grupo de aproximadamente 50 pobladores para evitar esa acción, lo que generó discusión entre el grupo de religiosos y los pobladores que se oponen a que la biblioteca sea cerrada.
Los pobladores señalan que el predio donde actualmente está la iglesia y la biblioteca fue donado hace muchos años, y que en su momento incluso fueron instalaciones para clases de primaria y secundaria.
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"Hay un registro de 1986 de que es la administración de la localidad quien se hace cargo del pago de predio del inmueble donde está la biblioteca, pero el párroco insiste en que se trata de un espacio que pertenece al templo, pero al momento no ha mostrado alguna escritura o documento que lo avale", dijo en entrevista uno de los habitantes.
Ante esa situación los pobladores solicitaron la intervención del presidente de comunidad, Humberto Montes Nava, quien en una reunión aseguró no conocer la situación y argumentó que únicamente había recibido un documento de la coordinadora de bibliotecas en el que le solicitaban designar un lugar para reubicar la biblioteca.
Ante una respuesta poco favorable por parte de su autoridad local, los pobladores solicitaron el apoyo del ayuntamiento de Tlaxcala y, en otra reunión, las autoridades municipales ofrecieron brindar total respaldo y apoyo a la comunidad para conservar el centro de lectura.
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"Pero el ayuntamiento no nos ha vuelto a recibir y no nos responde las llamadas telefónicas, por lo que el acuerdo de la población fue iniciar un proceso legal y solicitar la intervención del Gobierno del Estado y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para salvaguardar la existencia de la biblioteca y conservar el predio", señalaron.
Indicaron que la Dirección General de Bibliotecas Públicas les puso como límite el 22 de abril para resolver la situación o, de lo contrario, en esa fecha los libros serán retirados del espacio.
"Nos vamos a defender, no nos vamos a dejar, porque el sacerdote ya tiene antecedentes negativos en la comunidad" , dijo uno de las ciudadanas.