La sentencia, dictada por los jueces Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Angela Ledesma, incluye una definición sobre el derecho a la verdad de las víctimas y sus familiares, y la posibilidad de que demanden a los responsables, entre ellos, al Estado Islámico de Irán.
En su voto, el juez Mahiques sugiere que ese reclamo podría ser emprendido por Argentina, por vía diplomática, a través de un tribunal arbitral o incluso por la Corte Internacional de Justicia, el principal órgano judicial de las Naciones Unidas.
Casación se pronunció así sobre los alcances del delito terrorista internacional yihadista, y establece que el ataque a la AMIA fue organizado, planificado, financiado y ejecutado por integrantes de organizaciones que reportan orgánica, funcional e ideológicamente a un Estado, como es el caso de Hezbollah.
La sentencia contiene una fuerte exhortación a los jueces a cargo de las causas conexas que todavía continúan en trámite y que se vinculan de diferente manera con el atentado a que se avance con mayor celeridad.
Pero también presiona a los poderes ejecutivo y legislativo para que definan a la brevedad políticas públicas en relación a la instauración del proceso en ausencia, la creación de agencias federales de investigación para delitos complejos como el terrorismo.
Se confirmaron las condenas por irregularidades en la investigación
El pronunciamiento se hizo en el marco de la revisión de la absolución de Carlos Telleldín. Casación ratificó esa decisión, al sostener que la camioneta que Telleldín vendió no fue la que se usó como "coche-bomba y no se cuenta con pruebas suficientes que lo vinculen con su armado".
En otro fallo conexo, la Cámara también confirmó la mayoría de las condenas por las graves irregularidades cometidas al inicio de la investigación, aunque modificó las penas en algunos casos y en otros el delito investigado.
El ex juez Galeano quedó condenado a cuatro años, mientras que la sentencia para los exfiscales Eamon Müllen y José Barbaccia quedó en dos años de prisión.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos analiza desde el año pasado si la Argentina es condenada por falta de justicia en el atentado contra la AMIA, en un reclamo abierto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la agrupación de familiares Memoria Activa.