El Gobierno de Dina Boluarte condenó este miércoles los "execrables delitos" cometidos en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, los casos por los que el exdictador Alberto Fujimori (1990-2000) fue condenado 25 años en prisión en 2009 por violaciones a los derechos humanos, pero volvió a defender su excarcelación, pese a una orden contraria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
"Se dispuso sentencias gravosas y ejemplares contra quienes cometieron execrables delitos que, desde luego, nosotros también condenamos. Sin embargo, [...] se dio un acto de gracia en favor de un ciudadano [Fujimori], el cual no fue ejecutado en su oportunidad y [por lo] que el Tribunal Constitucional, en ejercicio de su soberanía, dispuso la ejecución de ese mandato favorable para el ciudadano", dijo en una rueda de prensa el ministro de Justicia, Eduardo Arana.
El portavoz del Efectivo ratificó, a continuación, que el Perú emitió una respuesta "categórica y contundente" en el informe enviado a la Corte IDH esta semana, cuatro meses de que el tribunal internacional declarara al país en desacato por la liberación del exdictador.
Perú es el segundo país que la Corte IDH declara en desacato en los últimos años. El otro es Nicaragua luego de que no respondiera a numerosas comunicaciones e incumpliera con una serie de medidas de protección en favor de decenas de ciudadanos perseguidos o considerados como presos políticos del régimen de Daniel Ortega.
Fujimori fue liberado a fines del año pasado, cuando el Tribunal Constitucional restituyó el indulto que le otorgó en diciembre de 2017 el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018). "Se ha cumplido escrupulosamente con respetar esa decisión soberana. No estamos defendiendo un ciudadano en particular, ni estamos tomando partido por alguna ideología o posición política. Estamos defendiendo el derecho de un ciudadano", apuntó Arana al respecto.
Según La República, el Estado argumentó ante la Corte IDH que la liberación del exautócrata se ajustó a los principios de proporcionalidad y los estándares internacionales, dada su condición física y mental deteriorada, aunque no le dio importancia a la carta de los abogados de los deudos de Barrios Altos y La Cantuta.
"Es fundamental recalcar que nuestro país ha actuado conforme a su marco jurídico interno y externo, y ha seguido los procedimientos establecidos para el caso Fujimori en estricto apego a los principios de legalidad y justicia", dijo el titular de Justicia, durante una presentación ante la prensa en la que detalló el informe que el Estado peruano.
Arana agregó que "el Perú exige que se respete su posición" y su "soberanía jurídica nacional e internacional". A su turno, César Pastor, uno de los agentes peruanos ante la Corte IDH, sostuvo que los argumentos del Gobierno que preside Dina Boluarte son "de la posición del Estado peruano, no de la defensa de Fujimori".
Otro de los agentes, Jorge Luis Cáceres, indicó que el exdictador es "un hombre más de 85 años de edad" que ha pasado más de 16 años de prisión, y que la posición del Ejecutivo "no es una decisión ideológica" sino "motivada en el ordenamiento constitucional".
En febrero pasado, durante su primera entrevista tras ser liberado, Fujimori reveló un acuerdo con el Gobierno y un pacto para asegurar que Dina Boluarte complete su período presidencial. Sobre la posibilidad de un adelanto de elecciones dijo: "No se justifica. El Gobierno de la presidenta Dina Boluarte va a continuar hasta el 2026. Por lo menos Fuerza Popular y el fujimorismo así lo han acordado".