La mandataria afirma que puede justificar los artículos excéntricos. Según informes, no podría pagarlos con su sueldo como líder del país.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, se enfrenta a una crisis debido a unos relojes de lujo. Esta semana, deberá explicar a la Fiscalía la procedencia de estas joyas, pero su destino parece depender más del Congreso que de la Justicia, ya que la izquierda está impulsando su destitución. Boluarte, quien asumió el cargo en diciembre de 2022, reemplazando al destituido y encarcelado Pedro Castillo, será interrogada por primera vez por los fiscales el viernes, desde que la Policía allanó su residencia y el despacho presidencial el 30 de marzo.
La mandataria, de 61 años, está siendo investigada por presunto enriquecimiento ilícito debido al "Rolexgate", un escándalo que estalló a mediados de marzo después de una investigación periodística. Boluarte poseería varios relojes de lujo que no habría declarado como parte de su patrimonio.
El lunes, seis ministros dimitieron en medio de la crisis. El futuro de su mandato, que finaliza en julio de 2026, "es incierto, a pesar de estar bajo la presión de dos frentes diferentes: el judicial y el político", comentó el analista Augusto Álvarez Rodrich a la AFP.
Colombiano asegura que un kilo de carne le costó más de $600.000 en Suiza
Escenario Judicial
Ante el escándalo desatado por el allanamiento, Boluarte solicitó adelantar la fecha de su interrogatorio, aunque la Fiscalía aún no ha respondido a esa petición. Durante la diligencia, deberá presentar y justificar la adquisición de la supuesta colección de al menos tres relojes Rolex, que varios medios de comunicación le atribuyen en base a diversas fotografías publicadas en los últimos días.
Sin embargo, la Fiscalía tiene un plazo máximo de ocho meses desde que inició la investigación en marzo. En caso de que decida presentar cargos, tendrá que esperar hasta que concluya el mandato de Boluarte en julio de 2026 para llevarla a juicio, según lo establece la Constitución. Por lo tanto, será en el "ámbito político, en el Congreso, donde se determinará si ella permanece en la presidencia", enfatizó Álvarez.
La Fiscalía ha estado investigando a Boluarte desde 2023 por presuntos delitos de "genocidio, homicidio calificado y lesiones graves", relacionados con la muerte de más de 50 civiles durante las protestas sociales que tuvieron lugar entre diciembre de 2022 y enero de 2023, en las cuales se exigía su renuncia y el adelanto de las elecciones.
Panorama político
El parlamento unicameral ha iniciado el proceso de una moción de vacancia (destitución) por "permanente incapacidad moral", presentada por Perú Libre, el partido izquierdista al que perteneció Boluarte. Esta solicitud cuenta con el respaldo de 30 congresistas, pero para ser admitida a debate, necesita más de medio centenar de votos de los 130 legisladores.
Posteriormente, se daría inicio a un juicio político. Para destituirla, la oposición necesita reunir más de 86 votos. En este contexto, el primer ministro, Gustavo Adrianzén, comparecerá el miércoles ante el Congreso para exponer la política general del Gobierno y solicitar un voto de confianza, un acto que estaba programado antes de que estallara la crisis. El Congreso está controlado por una mayoría de partidos de derecha y ultraderecha, que respaldan a Boluarte. Ella no cuenta con una bancada propia.
"Hasta el momento, no hay posibilidades de una vacancia, porque el Congreso es consciente de que sería inevitable convocar a elecciones adelantadas y prefiere evitar ese riesgo", sostiene Álvarez, también columnista del diario La República. En el tiempo que lleva en el poder, la izquierda parlamentaria presentó dos mociones de destitución contra Boluarte. Ninguna fue admitida a debate.
"Las principales fuerzas del Congreso tienen la intención de mantener el estado de cosas el mayor tiempo posible", dijo a la AFP el politólogo Carlos Meléndez, de la universidad chilena Diego Portales. Pero advirtió que "sería un milagro que acabe su mandato porque nadie quiere ser aliado de una presidenta impopular en un contexto electoral", en alusión a los comicios de 2025. El escándalo detonó justo cuando su popularidad no supera el 10 % en las encuestas.
Adelanto de elecciones
Boluarte ha rechazado la idea de renunciar y afirma que clarificará el caso de los relojes ante la Fiscalía. Además, ha denunciado un "ataque y acoso sistemático" con el objetivo de debilitar su gobierno. En caso de que dimita, el presidente del Congreso asumiría la presidencia y tendría la responsabilidad de convocar elecciones generales en un plazo de seis meses.
"Lo mejor que le podría pasar al país es que acabe este suplicio y se reinicie la política nacional con nuevas elecciones generales que incluyan al Congreso", señaló el analista Juan Carlos Tafur en el portal de noticias Sudaca. Con Boluarte suman seis los presidentes salpicados por casos corrupción en lo que va del siglo XXI. Desde 2016, Perú ha tenido seis mandatarios.