¿Supersalud tiene la capacidad para administrar EPS?
Seis entidades, que acumulan 24,3 millones de usuarios, se encuentran bajo medidas de intervención. Contraloría emitió una alerta debido a presuntas irregularidades en acciones de supervisión y control.
La capacidad de la Superintendencia de Salud para liderar los procesos de intervención de Sanitas y Nueva EPS ha quedado en entredicho a raíz de una advertencia lanzada por la Contraloría General de la República.
El documento, que fue expedido en febrero del año anterior, se dio a conocer en medio de un complejo panorama marcado por el rechazo a la decisión de la Supersalud y que se ha agudizado por el hundimiento del proyecto de reforma a la salud que lideró el Gobierno de Gustavo Petro.
El ente de control alertó al entonces superintendente de Salud, Ulahi Beltrán, y al presidente Gustavo Petro por supuestas irregularidades en el proceso de supervisión y control a las EPS, las cuales fueron detectadas en el marco del ejercicio de control fiscal.
La Contraloría expuso que la advertencia se encuentra sujeta a los posibles riesgos contra el patrimonio público, puesto que se ha evidenciado "pérdida de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, comprometidos en la cartera con los prestadores, la cual se acumula y con el tiempo se convierte en irrecuperable".
Así mismo, la Contraloría indicó que en la verificación realizada a los informes de la Supersalud se evidenció que las EPS con medidas especiales (Comparta, Coomeva y Medimás) "no han dado cumplimiento durante varias vigencias a las condiciones financieras mínimas que se requieren para operar como promotoras de salud".
También expresó su preocupación debido a que "existen diferencias significativas entre lo que informan las aseguradoras y prestadores sobre el monto de la deuda; las mismas entidades reportan datos distintos en las diferentes fuentes".
El ente de control evidenció, además, que las EPS con medidas de vigilancia especial terminan en procesos de liquidación, "existiendo posibilidad en la pérdida de los recursos comprometidos en la cartera, pues la masa liquidatoria resulta insuficiente para cubrir sus acreencias".
Además, la Contraloría referenció "inefectividad" en las medidas de inspección, vigilancia y control, "tendientes a que las entidades apliquen las normas vigentes".
Es de anotar que la Superintendencia Nacional de Salud también lidera la intervención de Famisanar, Emssanar, Savia Salud y Asmet Salud.
Las cuatro entidades anteriormente junto a Sanitas y Nueva EPS cuentan con un total de 24,3 millones de afiliados.
Ramón Abel Castaño, master en Gestión y Política en Salud de la Escuela de Salud Pública de Harvard, aseguró que el Estado no entra a administrar completamente a las EPS intervenidas.
"Lo que hace es poner un interventor que reemplaza a su representante legal, a su gerente, y cambia la junta directiva, pero en teoría se debe conservar el mismo equipo directivo de las organizaciones", explicó.
Puso de presente que la persona que tome la labor de interventor debe tener una preparación y experiencia que le permita adelantar un trabajo relevante de visión estratégica.
Asimismo, el experto indicó que la toma del control de EPS con un amplio manejo de recursos se convierte en una "palanca de acción del Gobierno".
"Esos recursos, que en este momento representan casi la mitad de los afiliados al régimen contributivo y subsidiado, logran tener una palanca muy poderosa para controlar y para aceitar una maquinaria electoral de cara a las próximas elecciones", agregó el experto.
A su turno, César Visbal Miranda, experto en salud pública y prestación de servicios de salud, indicó que con el anuncio de la intervención de Sanitas y Nueva EPS, el Estado actualmente maneja al 48 % de la población afiliada en el país.
"Este porcentaje puede aumentar si se continua la intervenciones en las EPS que incumplen los requisitos financieros, esto traslada a los agentes interventores el manejo de cerca de la mitad del presupuesto del sistema de salud del país; de esta manera se logra, por vía administrativa, el punto más álgido planteado en la reforma hundida", dijo.
Agregó que "desde la perspectiva técnica, para el Gobierno es un escenario controlado para continuar la operación y la prestación de los servicios de salud de forma habitual".
Fue enfático al sostener que también se genera "incertidumbre alrededor del clientelismo histórico alrededor de los agentes interventores que tendrían la discrecionalidad de direccionar el pago de recursos a determinados actores de la red".
Mientras que Johnattan García Ruiz, investigador de salud, expuso que la capacidad de respuesta de las intervenciones depende, en parte, de las capacidades de los interventores.
"El Gobierno considera que las personas nombradas tienen la experiencia suficiente para liderar la administración de estas EPS, pero la situación de cada una no solo depende de la gestión que ellos hagan. Tanto la Nueva EPS como Sanitas se encuentran en una grave situación financiera y dudo mucho que solo con gestión puedan recuperarlas", explicó.
El experto fue enfático al sostener que el sistema en general se enfrenta a la presión de las deudas acumuladas y de mayor demanda de tecnologías y servicios de salud, pero con un presupuesto que el Gobierno no tiene interés en aumentar.
"En ese contexto, que es similar al de las intervenciones anteriores, es difícil esperar que las intervenciones logren recuperar estas EPS y aumentan la preocupación por una eventual liquidación. La decisión del Gobierno de intervenir a dos de las EPS más grandes del país, sin dar oportunidad de diseñar planes de mejoramiento o de someterlas antes a medidas de vigilancia, genera una fuerte presión al sistema", recalcó.
Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, sostuvo que el Estado no cuenta con la capacidad para administrar las EPS que son intervenidas.
"La intervención de Sanitas, al parecer, no se ajusta a una intervención en derecho y para mejorar el sistema de salud, sino a una intervención política y con un tinte politiquero", dijo.
Puso de presente que "las 4 EPS que están intervenidas tienen os peores indicadores financieros, resultados en salud y en PQRS. Eso quiere decir que la Superintendencia no tiene la capacidad instalada para atender y responder por la garantía del derecho de los afiliados a las otras EPS intervenidas".
Cuestionó el nombramiento del interventor de Sanitas, puesto que "no tiene experiencia en EPS y el único cargo administrativo que tiene es haber sido gerente de un hospital".