Desde 2006 y hasta el 2023 el Ministerio Público ha recibido 362.355 denuncias por delitos sexuales en los que la víctima es un niño, niña o adolescente (NNA). Durante el 2023, según el último informe de la Fundación Amparo y Justicia, este tipo de hechos disminuyó un 3,9% en comparación con el año antepasado. Pese a eso, desde el organismo se mantienen alerta ya que el número de denuncias sigue siendo superior a los 40 mil casos.
El informe de la fundación, que se elabora a partir de solicitudes vía a transparencia al Ministerio Público, reporta que durante el 2023 ingresaron ante el ente fiscalizador 40.361 denuncias por delitos sexuales, en los que un NNA era víctima, cifra menor a los 41.999 casos del 2022, año en el que se registró el peak histórico. Pese a eso, el informe del organismo también releva que, a la fecha y en comparación al 2006, las denuncias han aumentado 3,21 veces. (Ver infografía)
Del total de denuncias que ingresaron a la Fiscalía, según el documento de la fundación al cual tuvo acceso La Tercera, se observa que los hechos denunciados tienen una distribución proporcional a la cantidad de NNA que vive en cada región, siendo la Región Metropolitana, con un 29,6%, la que concentra la mayor cantidad de denuncias a nivel país. Le sigue la Región del Biobío (10,9%) y Valparaíso (10,2%).
Sin embargo, también se destaca que a nivel nacional las regiones que concentran una mayor tasa de delitos de este tipo, según la cantidad de víctimas por cada mil habitantes NNA, son las regiones de Arica y Parinacota (16,8), Ñuble (16,4) y Aysén (14,5).
Las razones de los cambios
Nicolás Pietrasanta, jefe de estudios y políticas públicas de Fundación Amparo y Justicia, explica que la disminución "refleja una estabilización del ingreso de casos". Lo anterior, porque durante 2022 "vimos un incremento del 42% en relación con lo que ocurría antes de la pandemia, hoy también nos mantenemos sobre los 40.000 casos, pero la tasa de crecimiento se ha estabilizado. Este fenómeno se ha observado en países como Inglaterra, donde los casos de abuso sexual infantil aumentaron en un 70% durante el período pospandemia".
Pese a la baja, Pietrasanta destaca que "aún es una cifra muy alta. Estamos hablando de 40.000 casos, lo que equivale a un Estadio Nacional completo o 3 Movistar Arena llenos. El estudio de polivictimización realizado por el Ministerio del Interior el año pasado, mostró que un 18% de los NNA entre 12 y 17 años había sido victimizado sexualmente alguna vez en su vida. Además, la evidencia internacional muestra que más de un 80% de casos no son denunciados, lo que es conocido como la cifra negra".
Otra de las cifras reveladas en el informe es respecto al género de las víctimas, el cual al igual que en reportes anteriores demuestra que el 84,3% de las víctimas son mujeres, mientras que los hombres representan el 15,7% de los casos. Sin embargo, también se destaca que la cantidad de víctimas de ese genero aumentó un 14,1% el 2023. El año pasado, además, se contabilizó que el 70,3% de las víctimas tenía entre 6 y 17 años, mientras que el otro 11,4%, entre 0 y 5 años.
Respecto al tipo de delitos en los cuales un NNA fue víctima, según las cifras del Ministerio Público, en el 77,6% de los casos corresponde a un abuso sexual, el cual tuvo un aumento exponencial el 2020. Después, con el 13,5% le sigue el delito de violación, el cual se ha triplicado desde el 2006. Más atrás, con 3,4% de los casos está el delito de explotación sexual, y otro 2,7% de los hechos es por estupro.
El proceso judicial
Otro de los aspectos analizados por Amparo y Justicia, y recogidos en el informe, está relacionado con múltiples estadísticas respecto a la persecución penal y el proceso de las causas que siguen estas denuncias y casos. Uno de estos aspectos es el relacionado con la aplicación de la Ley 21.057, la cual comenzó a operar en el país desde octubre del 2022 y que incorporó la entrevista investigativa videograbada (EIV) en el proceso para evitar la revictimización de los NNA.
En ese sentido, según reporta la fundación, la implementación de esta ley ha significado que hasta el 2023, el 38,9% de los niños, niñas y adolescentes ingresados como víctimas tuvo una EIV, mientras que al otro 61,1%, no. Para el jefe de estudios de la fundación "creemos que se tienen que hacer todos los esfuerzos para que ningún NNA víctima, que esté en condiciones de entregar su relato, deje de ser entrevistado. Sobre esto último, resulta importante que las instituciones del Sistema de Justicia Penal puedan hacer un diagnóstico acabado de las razones del porqué no a todos los NNA se les realiza la diligencia".
"Lamentablemente que un NNA deje de ser entrevistado, puede significar que los hechos denunciados no se esclarezcan, situando al NNA víctima en una posición de riesgo de ser nuevamente víctima de otro delito, así como también favoreciendo que los agresores se mantengan en la impunidad", agrega Pietrasanta.
El análisis de Amparo y Justicia también reporta que desde el 2017 y hasta el 2023 ha existido un decrecimiento en la cantidad de formalizaciones en los casos que tienen a un menor de edad como víctima de algún delito sexual. Y es que si hace seis años se formalizaba en el 20,6% de los casos, el 2021 esa cifra llegó al 13%. El año pasado, las formalizaciones alcanzaron el 3,4% de las causas, sin embargo, desde la fundación explican que -en ese año y el 2022- podría estar relacionado con que ha transcurrido menos tiempos por lo que existe la probabilidad que aún no se llegue a esa etapa judicial. Según el mismo estudio, en el 27,8% de los casos se produce la formalización entre 1 a 2 años después de ingresada la denuncia.
Respecto a las salidas judiciales que tienen este tipo de casos hasta el 2023 el 68,4% de las causas termina con una "salida no judicial", siendo el 60% de estas archivadas provisionalmente. Del total de casos, sólo uno de cada diez casos termina en una acusación del Ministerio Público y consigo en un juicio, representando las "salidas judiciales" solo al 6,3% de los hechos ingresados.
Pietrasanta concluye que la "alta proporción de causas archivadas refleja la necesidad de mejorar los resultados persecutorios (...) Creemos que son las instituciones penales quienes deben responder por qué existen estos resultados".