Con nuevos allanamientos, el análisis de prueba recolectada y ampliaciones de denuncia presentadas por el Gobierno de Javier Milei, la Justicia avanza en la investigación de la llamada Causa Seguros. Mientras tanto, el expresidente Alberto Fernández, principal imputado, sigue con atención el desarrollo del caso sin presentar abogado y convencido de que su vinculación a la causa es en realidad un bluf. En el caso, todo gira en torno a un decreto firmado por el expresidente en 2021, donde ordenó que Nación Seguros, la aseguradora estatal del Banco Nación, tenga el monopolio de los seguros de todos los organismos del Estado. Y a partir de eso, en el Gobierno denunciaron que se le abrió la puerta a negocios millonarios de brokers privados, principalmente para el allanado Héctor Martínez Sosa, esposo de Ana María Cantero, su histórica secretaria privada. Pero a esta altura ya son más de 70 los agentes que aparecieron.
Como se mencionó, el exmandatario cree que no tiene nada que ver con la supuesta maniobra, ya que sostiene que en ese decreto, el 823/21, fue él quien le cerró la puerta a la intervención de esos agentes privados en un esquema millonario del Estado.
Para argumentar dicho convencimiento, suele comentar a quienes lo frecuentan que antes de firmarlo, el decreto fue un proyecto que durante meses recorrió dependencias como el Banco Nación, Nación Seguros, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la Jefatura de Gabinete y en última instancia la Secretaría de Legal y Técnica y recién ahí firmó. Pero previo a hacerlo, decidió retirar del proyecto final un artículo central. Todo consta en el GDE, el sistema de gestión de expedientes que utiliza el Poder Ejecutivo.
El texto eliminado al que accedió este medio PERFIL decía: "En caso de que la complejidad o volumen de los riesgos a asegurar amerite la participación de la figura de un Productor Asesor de Seguros o Sociedades de Productores Asesores de Seguros en el marco de lo establecido por la Ley N° 22.400, el titular de la unidad operativa de contrataciones o del servicio administrativo financiero o autoridad de nivel equivalente de las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 comunicará por nota a NACIÓN SEGUROS S.A. dicha decisión".
El objetivo fue desalentar la participación de esos brokers en el marco del decreto con el que buscaba alentar un círculo virtuoso para el Estado sobre la base de una prima total que en 2023 fue de alrededor de 50 mil millones de pesos. Ese caudal permite hacer política económica porque básicamente la plata de los seguros sale de los organismos, va a Nación Seguros, queda en manos del Banco Nación que lo presta y este hace la diferencia. Eso permitió, por ejemplo, el lanzamiento de créditos baratos a pymes o a jubilados durante la pandemia del coronavirus. Además, al comparar los costos de Nación Seguros con los de las aseguradoras privadas surge que los gastos de producción sobre prima emitida fueron de entre el 7% y el 9% entre junio de 2016 y junio de 2023; mientras que los gastos de comisión sobre prima oscilaron entre el 5% y el 8% en ese mismo periodo. En las privadas, los porcentajes de ambos conceptos promedian por encima del 20%. Los datos surgen de una tabla comparativa elaborada por la Superintendencia de Seguros de la Nación en base a los balances de las aseguradoras.
No obstante, hay un detalle no menor. Si bien el decreto ordena que los acuerdos para la contratación de seguros entre los organismos y Nación Seguros deben celebrarse mediante convenios interadministrativos directos entre organismos y empresas, en los hechos hay empresas estatales u organismos que no tienen departamento de seguros y tienen que asegurar un caudal importante de bienes materiales e inmateriales, entre los que puede haber particularidades que requieren de la contratación de un asesor de seguros (no intermediario) que pueda asistir y definir las ramas de seguros. Hay casos como el del ex Ministerio de Educación, que tiene una de las pinacotecas más importantes de pintores argentinos, y asegurarla esas pinturas es una tarea de mucha complejidad que implica la tasación y otros factores. También el caso del PAMI, que además de bienes materiales tiene que asegurar cuestiones bien específicas como los casos de mala praxis de médicos y enfermeras, por lo que en esos casos el organismo le pide a la aseguradora que le permita nombrar a un asesor que ayude en el proceso.
Para esos casos aplica una decisión del Comité Ejecutivo de Nación Seguros de junio del 2022, que estableció que "en función de las características que evalúe el asegurado asignar, no debería generar una contraprestación superior al 10 por ciento en concepto de asesoramiento en el riesgo y atención de posventa". Lo que no deberían es pagarles a esos agentes cánones en concepto de intermediación. Si eso ocurrió en algún organismo es algo que deberá establecer el juez Julián Ercolini, a cargo de la investigación. No obstante, surge una pregunta. ¿Por qué si en la práctica se daban esas situaciones en las que por complejidad se necesitaba contar con un asesor, Fernández no lo dejó asentado en el decreto con las excepciones correctamente definidas y limitadas? Cerca del exmandatario ratifican que entre las intenciones del decreto estuvo la idea de desalentar la presencia de esos agentes, y si esa tarea se estampaba en el decreto aunque sea limitada al asesoramiento, se corría el riesgo de que eso se transforme en la regla y todos los organismos del Estado lo tomen aún sin necesidad de hacerlo.
A todo ese panorama se sumó en las últimas semanas un capítulo importante por decisión del Gobierno que comanda Javier Milei. La dio a conocer PERFIL el 20 de marzo pasado: en una nota, el secretario de Coordinación Legal y Administrativa del Ministerio de Capital Humano, Jorge Keczeli, le recordó a todas las dependencias bajo la órbita de Pettovello que debían contratar a Nación Seguros sobre la base del decreto que firmó Fernández en 2021, aunque con una aclaración final que les prohibió la "contratación de brokers, intermediarios y/o cualquier otro tipo de gestor, sean personas humanas o jurídicas".
Cerca del expresidente sostienen que eso avaló su postura y su decreto, que, ha expresado, no permitía "picardías" como la contratación de un broker para favorecerlo. Así y todo, en una entrevista que dio un mes atrás en Radio La Red, Fernández dijo con firmeza: "Solo pongo las manos en el fuego por mí".
Frente a todo ese panorama es que el exmandatario piensa que no tiene nada que ver en la supuesta maniobra ilícita y que su vinculación es producto de una serie de operaciones cruzadas. Entre las posibilidades podría tomarse en cuenta una "devolución de favores" por parte del Grupo Clarín tras la cadena nacional que dio en diciembre del 2022 para anunciar un pedido para que se investigue a jueces, fiscales y funcionarios que viajaron a Lago Escondido junto a altos directivos de ese multimedio. En ese entonces, uno de los apuntados por el viaje fue el juez Ercolini, que lo imputó en la causa
AS