La concesión de asilo en la UE creció un 7% en 2023 frente al aumento del 20% de las solicitudes
Las cifras de solicitantes de asilo aumentaron sustancialmente en 2023 y se acercan a las de la crisis de refugiados de la pasada década por la guerra en Siria. Las peticiones de protección internacional en la UE aumentaron en un 20% el año pasado respecto al anterior y superaron el millón (1.048.900 personas). Es el tercer año consecutivo en el que las demandas aumentan. También ha crecido el número de concesiones de asilo, pero el porcentaje está muy por debajo: 7%.
La UE concedió protección a 409.485 personas en 2023 (frente a las 383.700 del año anterior). El 43% de ellos recibieron el estatus de refugiado -aquellas personas que huyen de un conflicto o persecución por raza, religión, género, orientación sexual, grupo social, nacionalidad u opinión política- y el 35% recibieron protección subsidiaria -no reciben el estatus de refugiado pero necesitan protección porque la vuelta a su país podría suponerles un daño-. El 22% lograron el estatus humanitario, según los datos que ha publicado este viernes la oficina estadística Eurostat.
El 63% de las concesiones de protección se otorgaron en tres países: Alemania otorgó 151.505 (el 37% del total de la UE); Francia 55. 220 (el 13%); y España, 52.950 (13%).
Un tercio de los protegidos son sirios, seguidos de los afganos (18%) y los venezolanos (10%). En cuanto a las solicitudes, las dos primeras nacionalidades son las principales solicitantes de protección en la UE. La siguiente son los turcos, seguidos de los venezolanos y colombianos.
El incremento de llegadas de personas de terceros países a la UE ha sido uno de los elementos que se han esgrimido para endurecer las condiciones de la concesión de asilo en el Pacto migratorio que se alcanzó hace unos meses y que permitirá, entre otras cosas, a los gobiernos pagar por rechazar refugiados. La nueva legislación también endurece las condiciones en las que las personas migrantes aguardarán hasta que se resuelvan los expedientes en las fronteras con una ampliación de los plazos de detención. También permitirá las deportaciones rápidas en frontera.
Las autoridades llevarán a cabo un procedimiento de control previo de entrada que incluye la identificación a través de huellas dactilares y también la recogida de datos faciales mediante sistemas biométricos. El proceso incluye a niños a partir de los seis años. También podrán llevar a cabo el registro de la persona si consideran que representa "una amenaza para la seguridad, si la persona es violenta o va armada ilegalmente".