Una condena de cuatro años de prisión, conmutada por una multa de $40 mil, le fue impuesta a un comerciante de origen chino por el delito de estafa relacionada con el cobro irregular del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), los cuales se hacían efectivos en comercios de la provincia de Chiriquí. La condena se logró a través de un acuerdo de pena, mediante el cual el imputado aceptó su responsabilidad en los hechos investigados, durante una audiencia celebrada el jueves 4 de abril en las oficinas del sistema penal del Primer Distrito Judicial (SPA), ubicado en Plaza Ágora. Por este caso, también se logró la condena de una funcionaria del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), quien alteraba los pines de los PASE-U y los hacía efectivos en un comercio en Chiriquí. Esta investigación se inició en el año 2022, tras detectarse que funcionarios del Ifarhu alteraban los pines de los PASE-U y luego los cobraban en locales comerciales. Además, existe otra funcionaria del Ifarhu bajo investigación, en lo que se presume sea una red de servidores públicos que sustraían los fondos asignados a los estudiantes. Las investigaciones a cargo de la Fiscalía Especializada contra la Propiedad Intelectual y la Fiscalía Anticorrupción han confirmado la sustracción sistemática de los fondos entregados por el Ifarhu y la posible vinculación de otras personas que habrían participado en el cobro de los PASE-U. El Ministerio Público logró establecer que una de las funcionarias bajo investigación pudo alterar hasta siete mil pines de los PASE-U, cuyos fondos fueron desviados a terceros.