"Decile que lo voy a meter preso." El mensaje, que llegó desde Comodoro Py, no daba lugar a matices o confusiones.
El ministro de Justicia, Germán Garavano, había delineado sus planes para el Poder Judicial. Lo llamó "Justicia 2020". Y entre sus propuestas incluyó diluir el poder de los tribunales federales de Comodoro Py. Es decir, de los doce juzgados que deberían investigar al poder pero que, en la práctica, se convirtieron en algo muy distinto: mezcla de Justicia, sí, pero también de negociaciones, arreglos, aprietes e impunidad.
Por eso, desde uno de los juzgados amenazados llegó la respuesta. "Decile que si sigue con eso, lo voy a meter preso", reiteró la voz, como para que no quedaran dudas. Y, como para continuar con la práctica habitual, el mensaje no viajó directo a los oídos de Garavano, sino que se envió a través de un tercero, que jamás lo admitirá.
Porque así funciona Comodoro Py, un lugar que conozco y recorro desde hace quince años.
Porque un mensaje muy similar recibió Gustavo Béliz cuando él también intentó -allá por 2003, como ministro de Justicia- diluir el poder de esos doce jueces.
Porque Comodoro Py es un lugar donde, a puertas cerradas, algunos jueces hablan de "rehenes" cuando aluden a los funcionarios del gobierno de turno que figuran como imputados en sus juzgados.
Un lugar donde jueces y fiscales, salvo excepciones, jamás quieren investigar el poder económico.
Un lugar donde, salvo honrosas excepciones, los jueces y los fiscales son procíclicos, según muestran las estadísticas. Es decir, no investigan al funcionario mientras detenta el poder. Por el contrario, le garantizan impunidad. Pero lo pasan por encima en cuanto se marcha de la función pública.
Un lugar donde un fiscal puede pisar una investigación durante años, pero en cuanto percibe que el funcionario perdió poder, llama a un periodista y le anuncia que pidió la indagatoria del hasta entonces protegido porque quiere "pasar a los libros de historia como el primero que pidió su indagatoria".
Ese periodista fue Hugo Alconada Mon.
Un lugar donde los jueces pueden mandar al cadalso a un presidente, pero se sienten siempre en la picota. Acaso por eso, uno de los latiguillos dilectos del juez Rodolfo Canicoba Corral cuando siente que lo acecha un peligro o que puede meter los dedos en el enchufe es "¿vos querés que yo le toque el bigote al tigre?".
Un lugar donde ciertos abogados -desconocidos por el gran público- gozan de llegada directa a ciertos jueces. Cualquier imputado que lo contrate y abone al contado "honorarios" de seis o más cifras en dólares verá cómo sus problemas se evaporan.
Un lugar donde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) se mueve a sus anchas tal como antes, en tiempos de Jaime Stiuso, se movía a sus anchas la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Donde periodistas, fiscales, jueces y hasta camaristas bromean que tal o cual juez se mueve "con su propio código procesal penal".
Un lugar donde contados funcionarios judiciales avanzan en investigaciones sensibles, pero el principio general es la impunidad.
Un lugar donde la Cámara Federal de Apelaciones se divide en dos salas y una es -o era- conocida como la sala independiente y la otra, por contraste, irónicamente, como la "sala Racing".
Un lugar donde los operadores son los interlocutores más preciados. Porque llevan y traen mensajes, favores y prebendas tales como cargos, ascensos, viajes y, en ocasiones, dinero.
Un lugar donde los tribunales orales pisaron durante años los juicios por posibles delitos contra la administración pública, pero se despertaron al vislumbrar el cambio de ciclo político. A tal punto que dictaron entre dos y cuatro condenas por año por esos delitos durante el kirchnerismo (2003-2014), según datos oficiales del Registro Nacional de Reincidencia que obtuvo la nacion, pero treparon a 16 condenas sólo en 2015, cuando el kirchnerismo se dirigía hacia la puerta de salida de la Casa Rosada.
Un lugar donde el kirchnerismo quiso meter la cuña con la agrupación Justicia Legítima, jueces subrogantes, jueces ad hoc y más, y un lugar del que ahora Cambiemos quiere desplazar a todo aquel que sea kirchnerista, pueda serlo o haya sido sindicado por otro -acaso por interés personal- como tal.
Un lugar, Comodoro Py, donde se mezclan algunos de los mejores y peores profesionales del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, y que está lejos de ser la excepción. Es, apenas, la manifestación más descarnada de cómo se administra justicia en el país.
Una auditoría desarrollada por el cuerpo de auditores del Consejo de la Magistratura a pedido del Colegio de la Ciudad de Buenos Aires y la ONG Será Justicia puso de manifiesto lo que hasta ahora se decía pero nadie demostraba con ejemplos.
Expuso demoras injustificadas y desarrollos discrecionales de investigaciones; en particular, sobre actos de corrupción. Y, en especial, en los juzgados de Ariel Lijo y Daniel Rafecas, quienes rechazaron las conclusiones. Ambos negaron "cajonear" expedientes y lamentaron la "inexactitud de los datos".
Costumbres y vicios similares se repiten en el interior del país y en la ciudad de Buenos Aires, así como también en otros fueros. Por ejemplo, en el Contencioso Administrativo Federal, donde un puñado de camaristas y jueces tomaron el control en las sombras de todo lo que ocurre -o no debe ocurrir- en ese fuero.
Un fuero en el que un operador almuerza junto con dos periodistas, un camarista y un juez de ese fuero y les pregunta a esos dos magistrados de la Nación quién es el jefe de ellos. Entonces ambos magistrados agachan sus cabezas y le dicen que él, el operador, es su jefe.
Uno de esos periodistas fui yo.
Un panorama complejo, sí, pero que no sería posible sin la anuencia de tres factores determinantes: la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura y el poder político, que decide sobre la base de sus propios intereses de clase, como ahora ocurre con la designación del nuevo Defensor del Pueblo o la propuesta en danza para reformar el Ministerio Público Fiscal. ¿Administrar justicia? Pocas veces es el objetivo.
Este panorama se agrava con la falta de independencia real de las fuerzas de seguridad y de los cuerpos de peritos.
Ejemplo 1: un juez federal que durante el kirchnerismo no sabía a qué fuerza federal convocar para un allanamiento porque descontaba que todas ellas alertarían al Gobierno y, por tanto, al investigado, terminó convocando a dos fuerzas. A la primera la envió a un lugar, mientras que él marchó con la segunda, quince minutos después, al verdadero lugar por allanar, sin decirle a esa segunda fuerza a quién iban a allanar y el destino exacto del allanamiento hasta que estaban a metros del lugar.
Ejemplo 2: un juez federal que convoca a los peritos calígrafos para que analicen las firmas volcadas en un documento comprometedor. Cuatro peritos "de parte" coinciden en que la rúbrica decisiva es de la acusada; el quinto, el único oficial, coincide. Pero el juez, parado a su lado, le remarca: "¿No es cierto que no es verdadera? Es falsa, ¿no?".
Insiste una y otra vez, hasta que el dictamen sale 4 a 1. Cuatro por la confirmación; uno por la falsedad. Y el juez se apoyó en ese voto solitario para sobreseer a quien debía sobreseer.
"El sistema judicial que tenemos fue diseñado por todos nosotros -magistrados, políticos, empresarios, sindicalistas, periodistas- no para que el delincuente pague sino para que el delincuente zafe. No hay que pedir al objeto prestaciones para las que no fue construido", alertó el fiscal federal Federico Delgado, en un libro que escribió junto con la periodista y politóloga Catalina de Elía.
Tan insertado está el chip político en ese mundillo que los políticos no logran encuadrar a Delgado en sus cuadrantes. El kirchnerismo lo vio como un "rebelde"; ahora el macrismo lo acusa de ser kirchnerista. En la práctica es un antisistema. Un electrón libre, algo que no cuadra para buena parte de la clase política.
"En nuestro sistema de administración de Justicia conviven dos dimensiones, la legal y la real", abundaron Delgado y De Elía. "Los concursos públicos, los méritos académicos, la honestidad, la probidad y la mesura conviven con los concursos armados, el plagio, el amiguismo, los contactos, las prebendas, etcétera".
Es un secreto a voces, por ejemplo, que varios concursos para juez o fiscal estaban amañados. Un candidato que debía ganar no sólo sabía las preguntas, sino que además se encargó él mismo de corregir su propio examen y el de otros.
Por esto, muchos interesados dejaron de inscribirse en los concursos. No querían, con su inscripción, convalidar un proceso fraudulento. Es decir, lo mismo que ocurre con ciertas empresas, que evitaron y evitan licitaciones cuyo ganador se sabe de antemano.
El título del libro de Delgado y De Elía es elocuente: La cara injusta de la justicia. Por qué la justicia argentina es su propia enemiga.
Pero no es el único libro que cuenta cómo funciona el sistema judicial. Acá no pasa nada. La corrupción del sistema judicial argentino contada desde adentro es el título del que escribieron otros dos veteranos de los tribunales penales, el ex juez Mariano Bergés y la ex secretaria Adriana Galafassi.
"Ningún gobierno de los últimos treinta años intentó mejorar el sistema de Justicia. Por el contrario, todos intentaron colonizarlo. El actual no es la excepción", alertaron. Bergés y Galafassi son pesimistas: "Hoy es tarde. Acomodado el gobierno después de un año de mandato, también aprendió que es mejor no hacer olas en la Justicia federal. No sea cuestión que se desempolve alguna causa o se inicie una nueva porque 'todos tenemos un muerto en el placar'."
¿Es, entonces, este gobierno igual al anterior? Es una pregunta todavía abierta. El tiempo lo dirá, a medida que los actuales funcionarios y los eventuales escándalos obliguen a la Casa Rosada a definir qué camino quiere seguir con los propios: aceptar las consecuencias de una verdadera reforma sistémica de la Justicia u optar por el gatopardismo.
Por ahora, otro periodista veterano de los pasillos tribunalicios, Tato Young, es quien hundió más el cuchillo con El libro negro de la Justicia. Se centra en "Los Doce". Los doce jueces federales de Comodoro Py, donde el hermano de un magistrado compra y vende favores, a un juez le adulteran con ironía el nombre para incluir la palabra "coima" y todos aplican "la lógica del gatillo". Es decir, "acumular causas para apuntar a políticos y someterlos". Los rehenes, otra vez. Rehenes que pueden sentirse liberados, pero que luego pueden caer otra vez.
Como cuando el entonces juez federal Norberto Oyarbide sobreseyó en un trámite exprés al matrimonio presidencial Kirchner, decisión que no apelaron los fiscales y quedó firme, a fines de 2009. Pero que él mismo ofreció reabrir, alegando "cosa juzgada írrita" (es decir, que lo engañaron) a cambio de que el nuevo presidente, Mauricio Macri, no intentara removerlo.
Ahora, si éste es el panorama -incompleto y parcial- de la situación judicial, ¿cómo se puede mejorar? ¿Qué se necesita para iniciar un círculo virtuoso? Pues no es necesario inventar la rueda. Alcanza con aplicar las mismas fórmulas que ya funcionaron en otros países con ordenamientos jurídicos similares al nuestro, sin introducirles retoques "a la argentina" que las desvirtúen, como pasó con el Consejo de la Magistratura o con la figura del arrepentido.
Basados en la experiencia acumulada en la investigación "Lava Jato", los fiscales brasileños proponen diez medidas para fortalecer la administración de Justicia y combatir la corrupción. Recomiendan potenciar la prevención y transparencia, aumentar las penas previstas, acortar los tiempos procesales y hacer más eficientes los recursos presupuestarios. También, reformar las pautas para la prescripción penal, reducir las posibles nulidades, ampliar la prisión preventiva, extender la responsabilidad a los partidos políticos y mejorar las herramientas para recuperar lo robado.
El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, plantea una visión reformista, pero no sistémica. Por eso, en una de las últimas conferencias que brindó sostuvo que hace "diez años" que el Tribunal alienta "la necesidad de transformar el Poder Judicial", incorporar tecnología y avanzar con el expediente electrónico, entre otras propuestas, pero que también se necesita llenar el "30 por ciento" de vacantes que, según estimó, existen en la Justicia.
Esos trazos se complementan con las doce propuestas, entre otras posibles, que en la Argentina difundió un grupo de organizaciones de la sociedad civil -de Poder Ciudadano y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), a la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y la Fundación Directorio Legislativo- para impulsar una "agenda de transparencia" con ideas que van más allá de la situación judicial.
Siempre directo, otro juez federal de Comodoro Py, Claudio Bonadio, salió al cruce de las declaraciones del presidente Mauricio Macri, quien propuso entre las reformas necesarias la eliminación de la feria judicial de enero o que los tribunales trabajen a la tarde. "Si éste es el punto de partida, empezamos mal", le respondió el juez.
El magistrado argumentó su objeción con un punto concreto: si eliminan la feria de enero, expuso, "el problema lo van a tener los abogados cuando no se puedan ir de vacaciones nunca porque un juez les pone una audiencia. Sólo en los grandes estudios con rotación de personal van a poder tomarse vacaciones. Los demás, si quieren vacaciones, van a tener que ponerse una verdulería".
Sin embargo, todo esto -al igual que otras reformas más específicas planteadas por otras entidades y expertos, locales e internacionales- es asunto ya conocido por quienes tienen que saberlo. Es decir, por aquellos que toman las decisiones y pueden aprobar y activar los remedios necesarios.
La pregunta, entonces, no es qué hay que hacer.
La pregunta es si el sistema político y empresarial que se beneficia del sistema judicial actual está dispuesto a reformarlo a costa de perder su impunidad.
Artículo extraído del diario La Nación - Por Hugo Alconada Mon
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