¿Saldrá adelante el concurso con el que la Autoridad Portuaria quiere montar en el Puerto de Las Palmas un gran centro de reparación y manipulación de las estructuras destinadas a las energías renovables? Con ese objetivo se ha estrenado Beatriz Calzada en La Luz, pero la presidenta se ha encontrado con un doble problema sobre la mesa: la mayor parte de la parcela elegida está pendiente de sentencia, y la empresa que ejerce la demanda no está dispuesta a renunciar a su derecho a desarrollar el negocio offshore en ese suelo. El lucro cesante, en ese sentido, podría ascender a 65 millones.
Es más. Si el recurso prospera en contra de los intereses de la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP), la administración no podrá convocar un nuevo concurso público, sino que deberá volver al trámite de competencia archivado por la anterior presidencia para resolver si concede o no la parcela al grupo Zamakona.
Así lo reclama este grupo empresarial en la demanda presentada ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). La práctica de pruebas se celebró el pasado mes de enero y el juicio, por tanto, solo está pendiente de sentencia.
Volver a 2021
El trámite de competencia al que alude la demanda se abrió en diciembre 2021 porque dos empresas solicitaron el suelo para la misma finalidad: la reparación de buques y elementos offshore en el sector de las energías renovables.
La primera en pedir el espacio fue IRM Canary Base SL, que está vinculada al grupo Zamakona. Luego se sumó Aplicaciones y Proyectos Nueva York SL, tras cuya propuesta el Puerto decidió abrir el trámite de competencia, con el requisito de restringir los proyectos a la actividad de las renovables, siempre sobre una superficie de casi 80.000 metros cuadrados y una lámina de agua contigua de 6.000 metros en la dársena de África.
Pero nadie más concurrió al procedimiento, y el trámite de competencia siguió su tramitación habitual, hasta que el director de Puertos de Las Palmas, Francisco Trujillo, decidió archivarlo y elevó su propuesta al Consejo de Administración, que entonces estaba presido por Luis Ibarra.
Centro de referencia en renovables
El órgano colegiado no solo aceptó el archivo propuesto por la dirección del Puerto, sino que delegó en el presidente la tramitación de un nuevo expediente para sacar a concurso una parcela aún mayor, con el objetivo de que el sector de las reparaciones navales se uniera para convertir La Luz en un centro especializado en prestar servicio a la industria de las renovables.
El concurso público, sin embargo, quedó desierto en el tramo final del mandato de Luis Ibarra, al tiempo que la nueva presidenta, Beatriz Calzada, anunciaba que retomaba las negociaciones para sacar adelante una nueva licitación. Su objetivo es llegar a consensos sobre el suelo en disputa para ampliar los usos de la parcela y hacerla más atractiva a las empresas, pero esas pretensiones chocan de lleno con los derechos de Zamakona.
La compañía no solo fue la primera en proponer el uso del dominio público portuario para la reparación de buques y de elementos offshore de las energías renovables, sino que desde entonces ha advertido a la Autoridad Portuaria de distintas anomalías o errores administrativos en la tramitación de su iniciativa.
Pendiente de sentencia
El tribunal, en ese sentido, deberá decidir si anula la resolución que archivó el trámite de competencia en julio de 2022, con la finalidad de retrotraer el procedimiento a diciembre de 2021 y decidir qué proyecto merece quedarse con la concesión. Un suelo que es estratégico para el puerto y para toda Canarias, pues los planes de ordenación para instalar los aerogeneradores en el mar están aprobados, las renovables han despegado con fuerza en el norte de Europa y está previsto que lo mismo ocurra en la costa occidental africana.
Puertos de Las Palmas archivó el trámite de competencia con el argumento general de que ninguna de las dos empresas ofrecía garantías económicas para ejecutar el proyecto, pero la demanda de Zamakona refuta ese planteamiento con una batería de argumentos que ahora deberá analizar la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC.
La Autoridad Portuaria, en síntesis, sostiene que IRM es una empresa sin experiencia con un capital de solo 3.000 euros, pero se trata de una compañía vinculada al grupo Zamakona, con una sólida trayectoria en el sector de las reparaciones navales.
Respaldo financiero
La sociedad tiene solo ese capital social porque se creó de manera específica para el trámite de competencia, pero depositó el aval requerido para poder participar y el grupo tiene el respaldo de su banco de confianza para invertir hasta 24.000 millones de euros. En otras ocasiones, como sucedió con Totisa, la experiencia y el capital social no han sido inconvenientes para autorizar un proyecto.
Su iniciativa, además, contempla la prolongación del muelle Juan Sebastián Elcano, una infraestructura que no incluye en su oferta la compañía Aplicaciones Nueva York.
Esta empresa presentó la documentación fuera de plazo, al tiempo que carece de objeto social para dedicarse al sector de naval. Proyectos y Aplicaciones Nueva York elevó a escritura pública su cambio a Concesiones Eólicas Canarias SL, pero ese acuerdo no fue luego incluido en el Registro Mercantil. De ahí que deba ser excluida del trámite de competencia, recoge la demanda.
Los peritos confirmaron durante la vista los números del proyecto, que están sacados de las propias estadísticas publicadas por la Autoridad Portuaria, aclarando a la Sala que el epígrafe de la reparación naval es una clasificación genérica que incluye todos los trabajos offshore, no solo los destinados a renovables.
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