Después de reducir impuestos a las importaciones de alimentos, el Gobierno flexibilizó los controles aduaneros a una lista de productos textiles, calzado y ciertos electrodomésticos que requerían una verificación más exhaustiva. La medida fue anunciada este lunes en medio de las dificultades del equipo económico para seguir bajando la inflación y las tensiones con varios sectores empresarios por los precios "desmedidos" en un contexto recesivo.
"A partir de las resoluciones N°154/2024 y 112/2024 publicadas en el Boletín Oficial, el Gobierno liberó de la obligatoriedad del canal rojo normativo a aquellos bienes que estaban sometidos a inspecciones excesivas por parte de la Aduana, con control documental y físico de la mercadería a importar. La utilización del canal rojo como una traba a las importaciones fue impuesta por la gestión anterior del Ministerio de Economía", señaló la cartera económica.
Según las autoridades, el régimen previo implicaba un criterio de selección de la mercadería "arbitrario", ya que alcanzaba por definición a los bienes del rubro textil y calzado, y a los productos con medidas antidumping vigentes que, a su vez, ya cumplían con los pagos adicionales establecidos por dichas medidas establecidas durante la gestión del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.
A partir de ahora, las empresas se verán liberadas de afrontar un costoso gasto de importación, ya que el costo del despacho por contenedor se reduce en 1.200 dólares, lo que representa un 2,5% del valor promedio de la mercadería despachada en una importación, informó el ministerio que encabeza Luis Caputo.
Algunos de los bienes alcanzados son posiciones que exigen etiquetado (prendas terminadas como hilados, tejidos y confecciones para la fabricación), intervención de reglamento técnico (juguetes), eficiencia energética y seguridad eléctrica.
En tanto, los artículos a los que se aplica la normativa antidumping son termos, radiadores, calderas, aires acondicionados, cubiertos y ventiladores, entre otros que ahora van a pasar por el canal de "selectividad general".
El Gobierno eliminó un 36% de las operaciones de importación enviadas al canal rojo, que representan un 7% del total de las operaciones realizadas en el país. Así, se busca acortar los plazos de entrega y el proceso de producción, comercialización y/o exportación, al evitar la paralización de la mercadería en la aduana y un incremento del costo de inspección a los importadores.
La normativa generó preocupación en sectores de la industria, donde algunas cámaras creen que los cambios "atentan contra el espíritu del mecanismo antidumping" y que "la eliminación del canal rojo para los bienes sujetos a reglamentos técnicos es un riesgo tanto para los consumidores como para los fabricantes locales".
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