El Gobierno internacionaliza su ofensiva contra las iniciativas sobre memoria democrática de las coaliciones del PP y Vox en Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana. Después de anunciar un recurso ante el Tribunal Constitucional, ha decidido dar un paso más y llevarlas ante la ONU, el Consejo de Europa y promover el debate en el pleno del Parlamento Europeo, avanzan fuentes de Moncloa.
Las normas impulsadas en Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León frente a la ley de Memoria Democrática responden a los acuerdos de gobierno firmados por PP y Vox en esas comunidades y forman parte de las exigencias que impuso la formación de Santiago Abascal, y el Gobierno ya ha avanzado que serán objeto de recurso ante el Constitucional y que todo lo que borren estas leyes, se incluirá "de oficio" en la Ley Estatal.
El siguiente paso lo dará en Naciones Unidas. En concreto, el Ejecutivo recurrirá al Relator especial sobre Verdad, Justicia y Reparación y el Relator de Ejecuciones Extrajudiciales, para que "evalúen" si estas medidas se adecúan a las prácticas y compromisos internacionales adquiridos por España en materia de Derechos Humanos, detallan las mismas fuentes.
También acudirá al Parlamento Europeo, donde su familia socialista Socialists & Democrats (S&D) promoverá iniciativas para incluirlas en el orden del día del pleno de la Eurocámara para su debate y votación.
También avanza que invocará ante el Consejo de Europa -un organismo que no forma parte de las instituciones de la UE- la "posible violación" de varias disposiciones del Convenio de Derechos Humanos. Lo hará a través de tres actuaciones: por un lado, pedirá un debate urgente en la Asamblea Parlamentaria del Consejo para analizar la derogación de las leyes aprobadas por las tres comunidades que gobiernan PP y Vox.
Pro otro lado, informará a la Secretaría General del Consejo y al Comisario de Derechos Humanos para "ponerles en conocimiento de la gravedad de la situación", y finalmente solicitará la elaboración de un informe sobre la situación de la memoria democrática en España ante la aprobación de estas leyes de "derogación" de Aragón, Castilla y León y Comunidad Valenciana.