Tras unos días de impasse político en España, en el que no vamos a entrar, hoy se ha recobrado la normalidad de la política española con la celebración del Consejo de Ministros ya programada con anterioridad. Y aunque podemos entender que los ecos de los últimos seis días han resonado en la reunión del ejecutivo, eso no ha opacado la agenda prevista y en la que se han abordado, entre otros, varios asuntos directamente relacionados con el mundo de la tecnología y las redes.
De ellos, el más sonado (y que más va a dar que hablar, sin duda) es el que concreta, cuantitativamente, la definición de influencer, un rol que ha cobrado una enorme notoriedad estos últimos tiempos, y que por lo tanto debe responder a un marco legal que, en lo esencial, regule sus actividades, del mismo modo en el que ya se aplican medidas similares a otros tipos de medios del panorama audiovisual. Y es que, como ya han acusado estos previamente, las condiciones a las que se deben enfrentar son mucho más estrictas que las que enfrentan los creadores de contenido.
Así, tras lo aprobado en el Consejo de Ministros y en el marco jurídico español, los usuarios de especial relevancia (término empleado para referirse a los influencers) son «aquellos que ingresen más de 300.000 euros al año y que superen el millón de seguidores en una plataforma de intercambio de vídeo generado por el usuario o los dos millones de seguidores de forma agregada en varias plataformas«. También se establece, como condición, «que hayan publicado o compartido 24 o más vídeos al año«.
¿Y qué es lo que tendrán que hacer todos aquellos creadores de contenido, residentes en España, que superan lo establecido en esta nueva norma? El primer paso, para el que contarán con un plazo de dos meses, es inscribirse en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales, con el rol de usuarios de especial relevancia. Y, una vez inscritos en el mismo, asumirán como indicaba anteriormente, las mismas obligaciones que ya se aplican, desde hace tiempo, al resto de plataformas audiovisuales.
¿Y qué condiciones son esas? Pues, de manera resumida, asumir la normativa vigente en lo referido a la protección de menores (aunque, claro, en este punto entendemos que se aplica, principalmente, en las emisiones en directo), así como el marco legal que regula los espacios publicitarios, lo que implica una clara identificación de los mismos. Y, claro, también la prohibición de la publicidad de tabaco, medicamentos y alcohol.
USB-C
Por otra parte, recordarás que en octubre de 2022 el Parlamento Europeo aprobó el marco legal que obliga, a los fabricantes de determinados dispositivos electrónicos, a emplear el puerto USB-C como conector de carga de los mismos. Dicha norma concedía una moratoria de dos años para que los fabricantes pudieran adaptarse, aunque algunos (principalmente Apple, que era el más observado de los afectados) decidió adelantarse, dando el salto a USB-C con los iPhone 15, presentados en septiembre de 2023.
Ahora, cuando todavía faltan unos meses para la extinción del plazo de dicha moratoria, el Consejo de Ministros ha transpuesto la norma europea al espacio jurídico de España, es decir, que ha modificado el marco legal vigente en nuestro país para establecer la obligatoriedad del cargador único para smartphones, auriculares, tablets, consolas portátiles y otros tipos de dispositivos. En este caso, se establece una moratoria que se extiende hasta el 28 de diciembre de este mismo año. También se ha aprobado para ordenadores portátiles, si bien en este caso la moratoria se extiende hasta abril de 2026.
Redes 5G y seguridad
Por último, aunque no por ello menos importante, el Consejo de Ministros también ha dado el esperado pistoletazo de salida al Esquema Nacional de Seguridad en Redes 5G, una norma que, según leemos en el comunicado oficial, «describe los procedimientos, certificaciones y esquemas de seguridad que los operadores deben llevar a cabo para cumplir las obligaciones de gestión de los riesgos de ciberseguridad 5G, singularmente en aquellas instalaciones especialmente importantes para la seguridad nacional«.
Un punto clave en lo aprobado hoy es que se establece la creación de un «Centro de Operaciones 5G», en colaboración con el Centro Criptológico Nacional, al que ya se ha concedido un presupuesto de 15 millones de euros, que se responsabilizará de trabajar en la capacitación y supervisión de estas redes en lo referido a su seguridad.
Imagen principal: comparecencia posterior al Consejo de Ministros del 30 de abril de 2024, Pool Moncloa/José Manuel Álvarez. La Moncloa
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