Mauricio Macri suele reírse a carcajadas cuando le preguntan por qué fortaleció financiera y políticamente a María Eugenia Vidal. ¿No pensó, acaso, que podría desafiarlo luego por el liderazgo de Cambiemos? ¿No cree que podría ser una competidora en las presidenciales de 2019?
El Presidente confía en la lealtad de sólo dos personas: Marcos Peña y la propia Vidal. ¿Y en 2023? "En 2023 me iré", dice. Será la hora de Vidal o de Peña. Nunca menciona a nadie más. Dicen que él hizo un resumen de una semana significativa y sobresalió más que nada la destitución por corrupto del ex juez Eduardo Freiler.
Se explica: los acuerdos con los gobernadores y los sindicatos son proyectos de leyes que necesitan la aprobación del Congreso. Freiler ya cayó. Ese ocaso definitivo llevó un mensaje a todos los jueces federales: tampoco habrá impunidad para ellos, tengan el nombre que tengan.
Pero, ¿es injusto el Presidente cuando coloca en un segundo plano el acuerdo con las provincias y los gremios? No lo es. Sabe que los gobernadores lo ayudaron fundamentalmente a enviar un preciso mensaje al exterior y a los inversores.
El 75 por ciento de los dirigentes votados en la Argentina, sumados el oficialismo y el peronismo que acordó, coincide en algunos puntos básicos: hay que bajar el déficit fiscal, disminuir la presión impositiva (aunque ambas cosas constituyan un oxímoron) y darle previsibilidad al país.
Esa es la imagen visual que llevó hace poco a Nueva York cuando se hizo acompañar por tres gobernadores peronistas. "¿Ven que el peronismo no muerde?", bromeó ante inversores. Esa imagen se convirtió en la semana que pasó en un papel firmado. Es otra cosa. El acuerdo deja al cristinismo, además, muy aislado. Es el 25 por ciento restante. Una minoría, sobre todo si se lo compara con lo que fue.
El Presidente se pavonea: es el primer pacto fiscal desde 1983 en el que las provincias no tienen que ceder recursos. Se dieron por terminados 60 juicios cruzados entre las provincias y el gobierno federal. Es una enormidad, que sólo señala el tamaño de la histórica desidia política e institucional.
Sin embargo, es cierto también que los gobernadores habían acordado previamente que firmarían alguna clase de acuerdo. Cuando estaban solos, antes de que llegara Rogelio Frigerio, los mandatarios coincidieron en que no debían promover una situación en que el Presidente quedara desairado o debilitado.
Es una novedad histórica en el peronismo. Frigerio concretó luego un acuerdo importante. La cintura política del ministro del Interior fue ponderada por gobernadores y legisladores peronistas. Frigerio viene del peronismo y trabajó en todos los pactos fiscales que se hicieron desde 1993. Sabía de qué y con quiénes hablaba.
La única línea roja que trazó el Presidente fue el nivel del déficit de 2018: debe ser del 3,2 por ciento, muy por debajo del de este año. Macri y Frigerio aseguran que ese límite no se quebrantó en las duras negociaciones con los gobernadores.
Es cierto que María Eugenia Vidal se llevará 105 mil millones de pesos entre 2018 y 2019 por la nueva liquidación de la coparticipación que reemplazará al Fondo del Conurbano. Pero, también, que ella cedió el reclamo por los fondos retroactivos que le deben a la provincia. Son casi 350 mil millones de pesos. Es lo mismo que hicieron muchas provincias cuando decidieron poner fin a juicios por sumas superiores a las que aceptaron.
¿Es cierto que Vidal se fortalecerá? La gobernadora no sólo tiene carisma; también sabe cómo se edifica el poder. Logró lo que ningún gobernador peronista bonaerense, bajo gobiernos peronistas nacionales, consiguió desde 2002. En ese año se pesificó el Fondo del Conurbano y las cosas quedaron ahí, entre reclamos mediáticos y oportunos silencios. ¿Vidal será candidata presidencial en 2023?
Macri suele decir que si alguien le firmara que en 2019 habrá 5 por ciento de pobreza y 6 por ciento de crecimiento, él volvería a casa en ese mismo año. Como tales seguridades son imposibles, también está diciendo que será candidato a la reelección en 2019. El peronismo está de acuerdo.
"Habrá Macri hasta 2023", se escuchó pronosticar a uno de los más conocidos dirigentes del peronismo. La única certeza de Macri es, de todos modos, que en 2023 no hará nada por retener el poder, aunque el Gobierno le estará prohibido. "Quiero volver a una vida normal. Yo no disfruto el poder. Es una carga que me pesa día y noche", explica entre íntimos. "En ese momento estarán María Eugenia o Marcos", sugiere. Y se frena. Su lista es corta.
La ansiedad casi constante del Presidente tiene sus razones. Nada es seguro en la Argentina hasta último momento. Por eso, Macri aspira a que el Senado apruebe todas sus reformas antes del 10 de diciembre, antes de que llegue Cristina Kirchner con su carga de resentimiento.
Y que Diputados les dé sanción definitiva antes del 28 de diciembre. Diputados será un escenario más calmo. Cristina no estará ahí. El acuerdo con los sindicatos es clave en ese sentido. Es el primer acuerdo de reforma laboral desde 1983 que llegará al Congreso con la aprobación previa del sindicalismo; es decir, de la CGT.
Los dirigentes sindicales han conservado su poder; la ley no legisla sobre la organización ni la representación gremial ni sobre las obras sociales. Ese es el corazón del poder de los dueños de los sindicatos.
El proyecto baja, en cambio, el costo laboral para los empresarios; hace más difícil la litigiosidad que promueve la industria del juicio, y crea un Instituto del Diálogo Social en el que se dirimirán las diferencias entre gremios y patronales con el Gobierno como árbitro. No es poco.
Ahora hay un acuerdo que entonces no hubo. Los senadores peronistas de ahora no tienen nada que ver con los que había hace 17 años. Y el gobierno de Macri no es lo mismo que el de De la Rúa. Pero los senadores peronistas se encresparon.
No están dispuestos a votarla con ese sayo encima. "Si esta reforma se cae, el culpable será Hugo Moyano", dice un importante senador peronista. Para él, Pablo no es Pablo. Es Hugo Moyano, el patriarca de la familia.
Para peor, en un mismo día sucedieron dos hechos contradictorios. Mientras la conducción de la CGT firmaba el acuerdo con el Gobierno, Pablo Moyano hacía un acto contra el acuerdo en la propia CGT acompañado por el arzobispo Marcelo Sánchez Sorondo. Sánchez Sorondo es un argentino que trabaja en el Vaticano desde hace 30 años.
No tiene ningún cargo en la curia vaticana. Es presidente de una Academia (la de Ciencias Sociales) y es conocido por sobreactuar las cosas que, supone, le caen bien al Papa.
Contradijo, además, el mensaje del nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Oscar Ojea, quien ofreció a la Iglesia como mediadora en cualquier mesa de diálogo.
La Iglesia, en efecto, es una institución mediadora importante cuando los sectores están enfrentados y no se hablan. No puede ser un obstáculo, en cambio, para los acuerdos ya alcanzados, que es la imagen que dejó Sánchez Sorondo.
Tampoco los Moyano pueden ser un estorbo para el normal desempeño del sistema democrático. Aunque ya en el otoño de su vida, el patriarca está todavía en condiciones de poner orden en la familia más poderosa del sindicalismo argentino.