El NO se impuso en las dos preguntas de perfil económico, consideradas estratégicas por el gobierno, y que incidían en el bolsillo de los ciudadanos
En medio de las tantas crisis abiertas desde muchos frentes, los ecuatorianos volvieron a las urnas el pasado 21 de abril, apenas seis meses después de unas elecciones presidenciales adelantadas, para votar en un referéndum promovido por el mandatario Daniel Noboa.
En un resultado nada sorpresivo, la ciudadanía dijo SÍ a nueve de las 11 preguntas que se le plantearon, la mayoría en materia de seguridad, y NO a las restantes, referidas a temas económicos y que impactaban directamente en el bolsillo de la gente. El Consejo Nacional Electoral fijó en 72 por ciento la participación de los más de 13. 6 millones con derecho al sufragio. La consulta tenía tres temas principales: el arbitraje internacional, el trabajo por horas y la seguridad en una nación que hoy es una de las más violentas de América Latina, después de Haití.
Si bien Noboa posicionó la idea del triunfo en un proceso que, además, resultaba un termómetro para su gestión, los ecuatorianos no apoyaron los cambios en materia laboral para establecer contratos de plazo fijo y trabajo por horas, ni la propuesta de que el arbitraje internacional decida en controversias en materia de inversiones, contractuales y comerciales, vistos como un acto de ceder soberanía y de aumentar la precarización del trabajo.
Estos dos asuntos eran la verdadera prioridad para el joven presidente, que deslizó esta agenda económica propia dentro de un abanico amplio de asuntos de seguridad considerados puro relleno, los cuales tenían amplia posibilidad de ser respaldados por la ola de violencia que domina ese país.
Entre las propuestas aceptadas figuran la participación de las Fuerzas Armadas en el combate de la delincuencia; el aumento de penas para delitos graves; la posibilidad de extraditar a ciudadanos ecuatorianos requeridos por imputaciones en otros países; que el Estado proceda a ser el titular (o propietario) de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio; y medidas para restringir la posesión y portación de armas por particulares.
A partir de ahora Noboa no tiene excusa alguna para frenar el crimen organizado y la violencia desproporcionada en calles y cárceles, que llegó al punto de que justo en la jornada electoral mataran a tiros en un establecimiento público al director de una prisión que solo llevaba seis días en el cargo.
En conclusiones, el balance general puede verse como una muestra de discernimiento del electorado, el cual rehusó aprobar en su totalidad el paquete de modificaciones presentado por el gobierno; otorgó a la Presidencia instrumentos de lucha contra la inseguridad, pero le denegó reformas que resultarían lesivas e incluso depredadoras para los asalariados y la economía nacional.
El gran reto ahora será conseguir que la Asamblea apruebe las reformas legales para ejecutar interrogantes que ganaron el SÍ, pues el Legislativo es el nuevo frente de oposición que se abrió el propio mandatario después de ordenar el asalto a la Embajada de México en Quito. El gobierno redujo su margen de maniobra al convertir en sus opositores a la Revolución Ciudadana, que controla 38 por ciento del Congreso.
Panorama actual
Ecuador está sumido en una triple crisis, de pronóstico reservado: la de inseguridad, heredada de los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso; la internacional, causada por el propio presidente con su altamente cuestionado asalto a la embajada de México en Quito y que le valió al gobierno un aislamiento sin precedente en Latinoamérica y en el mundo. Y, la peor y que más golpea ahora mismo, la energética. La ineficacia y el descuido del propio gabinete de Noboa originaron un grave desabasto eléctrico en las principales ciudades del país andino, con hasta ocho horas de apagones diarios, lo que obligó al mandatario a decretar un nuevo estado de excepción a nivel nacional por 60 días.
Una sequía sin precedentes dejó en cero los niveles de agua del embalse de Mazar, el segundo más grande del país, que permite operar tres centrales hidroeléctricas, equivalente a alrededor de un tercio de la demanda nacional. La misma situación impide a Colombia generar excedentes de electricidad para exportar a la nación vecina.
Por otra parte, puede darse por descontado que las consecuencias de la crisis diplomática aún no han impactado del todo a los gobernantes de Quito. El allanamiento abrupto de la legación mexicana provocó la ira lógica de la nación azteca y el presidente Andrés Manuel López Obrador llevó el caso a la Corte Internacional de Justicia.
En suma, los éxitos en la consulta no se traducen en victorias políticas ni en logros gubernamentales significativos de cara a la reelección de Noboa dentro de cinco meses. Tal como auguró Rafael Correa, el actual gobernante será rehén de su propia demagogia, al generar expectativa para, por ejemplo, reducir la criminalidad, cuando bien sabe que un fenómeno tan complejo no se resuelve solo con normas jurídicas, por multidimensional y de raíz social.