El Gobierno ha anunciado que recurrirá al Tribunal Constitucional las iniciativas autonómicas impulsadas por PP y Vox que supongan la derogación en una parte del territorio español de la ley de Memoria Democrática. Así lo ha adelantado en La Hora de la 1 y ha confirmado después desde la sede del ministerio el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en relación a las derogaciones de las leyes y decretos autonómicos sobre memoria democrática que se han llevado a cabo en Aragón y que están en curso en la Comunidad Valenciana y, más recientemente, en Castilla y León.
En el caso concreto de la iniciativa aragonesa, que se aprobó en febrero, el ministro Torres, tras constatar que la nueva ley "vulnera varios principios como el derecho internacional o los derechos humanos", ha explicado que mañana eleverá al Consejo de Ministros un informe para requerir al Ejecutivo autonómico para que en el marco de una comisión bilateral por la vía del artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional se avenga a "sentarse con el Gobierno de España" y acepte modificar la norma. Si esto no ocurre -ha añadido- el Gobierno interpondrá un recurso de inconstitucionalidad.
Tanto "si se niegan" a acudir esa reunión como si no aceptan modificar la norma autonómica, "automáticamente" el Gobierno presentará recurso, ha anunciado el ministro, quien ha admitido que ve "complicado" que puedan llegar a un acuerdo para modificar la norma. Lo mismo ocurrirá, según ha explicado Torres, respecto a las proposiciones de ley en el mismo sentido que se tramitan en las cámararas valenciana y castellanoleonesa. "Lo importante sería que estas proposiciones decayeran, que no caminaran", ha indicado Torres.
El ministro ha recordado que la norma aragonesa "elimina el mapa de fosas, por lo que imposibilita o dificulta las exhumaciones de víctimas", elimina los lugares de memoria, o por ejemplo "retira cualquier homenaje a las hombres y mujeres de Aragón que perdieron la vida en los campos de concentración nazis".
Para el tituar de Políticia Territorial y Memoria Democrática, lo que están haciendo el PP y Vox en estas comunidades autónomas es "inadmisible" y ha denunciado que estas iniciativas legislativas son un intento de "blanquear etapas de nuestra historia como la dictadura que en la ley de Memoria Democrática es condenada". Lo que pretende el PP, "obligado y cediendo" ante Vox, ha insistido Torres es "igualar cuatro décadas de ausencia de libertades, de privaciones de derechos, de desapariciones y torturas" con un periodo democrático. "Y esto es imposible de igualar", ha espetado.
Respecto a los efectos de estas derogaciones, el ministro ha reconocido que se podrían paralizar exhumaciones de víctimas del franquismo y ha hecho hincapié en que la ley de Memoria Democrática no distingue entre víctimas de un lado u otro. Sin embargo, ha señalado que lo que ocurre es que "las víctimas del bando vencedor ya fueron exhumadas con Franco vivo y sus familias recompensadas y homenajeadas mientras que los que fueron vencidos y defendieron la democracia y la libetrad permanecieron cuatro años en esos pozos". Por ello tras recordar que hay una partida para cada año para exhumaciones ha apelado a PP y Vox a "no poner palos en las ruedas".
Aragón se convirtió el pasado 15 de febrero en la primera comunidad en derogar una ley autonómica de memoria democrática con el apoyo de los tres grupos presentes en el Gobierno: PP, Vox y PAR.
A continuación, PP y Vox presentaron el 21 de marzo en la Comunidad Valenciana, donde gobiernan en coalición, una proposición de ley de la "concordia" que sustituirá a la actual ley autonómica de memoria y que, según Vox, eliminará los términos "guerracivilistas" y mantendrá la reparación de todas las víctimas.
En la misma línea, el PP y Vox, que gobiernan juntos en Castilla y León, presentaron allí el 26 de marzo una proposición de ley de la "concordia" para sustituir el vigente decreto autonómico de memoria histórica.
Esta nueva norma no recoge una condena expresa a lo ocurrido entre la Guerra Civil y la Constitución española de 1978, al tiempo que suprime la palabra "dictadura" para referirse únicamente como franquismo al periodo comprendido entre 1939 y la llegada de la democracia.