Al aire libre, como acostumbra a resolver sus peleas el Gobierno, el bloque de diputados de La Libertad Avanza acaba de fracturarse y volver a demostrar que el oficialismo es el peor enemigo del Presidente Javier Milei.
El bloque libertario armó el escándalo justo en la Comisión parlamentaria que para cualquier Gobierno funciona como el primer anillo de seguridad.
La Comisión de Juicio Político es, según lo estipula la ley, el organismo que debe determinar si es admisible un proceso de juicio público para destituir, en el caso del Poder Ejecutivo, a los ministros, el jefe de Gabinete, el vicepresidente o el presidente.
Controlar esa llave es determinante para cualquier gobierno, pero es todavía más importante para una gestión en minoría como la de Milei, que no tiene la cantidad de diputados necesaria para bloquear la segunda instancia de un proceso como ese, porque su bancada no llega al tercio de la Cámara necesario para asegurarse de que la eventual acusación al funcionario no sea aprobada en el recinto. La Constitución determina que luego de la acusación de diputados, es el Senado el que define la destitución de un funcionario y en esa cámara La Libertad Avanza tiene un bloque aún más chico.
¿Cómo es posible que el oficialismo no pueda establecer mediante un proceso razonable quién debe presidir la presidencia de la Comisión encargada de cuidarle las espaldas a todo el Gabinete y a la propia fórmula presidencial?
La oposición mira ese desarrollo con una mezcla de satisfacción y temor. Los bloques más numerosos cedieron sus votos para que La Libertad Avanza pueda presidir esa Comisión que cualquier Gobierno necesita y ahora ve que quienes recibieron esa ofrenda se pelean a las patadas por abrir el paquete del regalo.
El oficialismo tendrá en poco tiempo otra prueba que servirá para medir su consistencia. Funcionarios importantes de la Casa Rosada prometieron que el lunes o martes próximo publicarán la postulación de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para integrarse a la Corte Suprema.
Será el arranque de un proceso de 15 días en los que la sociedad puede presentar impugnaciones o adhesiones a esos candidatos. Luego de ese plazo, el Presidente tendrá 15 días más para girar esas postulaciones al Senado, donde tendrán que someterse al escrutinio de la Comisión de Acuerdos y luego al voto del pleno.
Hasta ayer, el Gobierno no había llamado a ningún senador para preguntarle si iban a votar a sus candidatos. Sí hubo, en cambio, actividad de los propios postulantes. Lijo y García Mansilla, cada uno por su lado, están reuniendo adhesiones de jueces y universidades a sus candidaturas.
García Mansilla se comunicó con algunos de los magistrados de la Corte.
Lijo habló con varios de sus colegas en los tribunales de Comodoro Py, con jueces de otras instancias y también con algunos gobernadores y senadores. Incluso, hubo contactos de quienes lo apoyan con los dirigentes de La Libertad Avanza que lo resistían.
Uno de ellos es el senador formoseño Francisco Paoltroni, quien había dicho en público que no quería votar el pliego de Lijo. Paoltroni visitó la Corte y se fue del lugar con los datos necesarios para dar vuelta su voto.
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