El bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial dura ya cinco años y cuatro meses. La crisis institucional está provocada exclusivamente por la negativa del Partido Popular a permitir que las Cortes voten a los nuevos vocales, una actitud que ha justificado con todo tipo de excusas. La última era que su desconfianza con el PSOE era tal que necesitaba la mediación del comisario europeo de Justicia, el conservador Didier Reynders. El Gobierno aceptó entonces reunirse en Bruselas bajo la supervisión de Reynders.