Joaquín Anastasio
"En el menor plazo posible". Esta sigue siendo la imprecisa contestación del Gobierno central sobre la fecha efectiva en que podría estar lista la reforma legal en la que se soportará el reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados que ahora acoge Canarias entre el conjunto de comunidades autónomas. Mientras tanto y en sentido contrario, el Gobierno canario apremia y exige que "se apruebe ya". El texto elaborado por distintos ministerios para la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, a partir de una propuesta del Gobierno de Canarias, que este martes estudiará la Comisión Interministerial de Inmigración, sigue sin tener claro su horizonte, pero todo parece indicar que su aplicación práctica no estará en el plazo que reclamaba el Ejecutivo canario, antes de verano para que pudiera estar operativa al cien por cien antes del esperado repunte de llegada de migrantes en esos meses.
La cita de este martes de los responsables de hasta seis departamentos ministeriales convocados por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, como coordinador de la comisión, (Interior, Defensa, Exteriores, Juventud e Infancia, Migraciones y Hacienda) tiene por objetivo analizar ese texto y, en principio, darle el visto bueno para que pueda ser trasladado a las comunidades autónomas y a los grupos políticos e iniciar otro trámite clave en el proceso. "Estamos en un trabajo permanente, es muy importante el trabajo técnico y jurídico que estamos realizando, con una plena coordinación de los equipos de los gobiernos (central y de Canarias) y de los distintos ministerios; pero la segunda fase, la política, es clave, porque tenemos que tener el apoyo político suficiente para sacar adelante ley, porque si no tenemos esos apoyos, no saldrá", afirmaba este lunes Torres.
En realidad el texto que la Interministerial analiza este martes no tiene el aprobado explícito del Gobierno de Canarias, puesto que no conoce la literalidad del mismo, entre otras razones, según el propio Torres, porque todavía en la jornada previa a esa reunión se estaban acabando de redactar algunos de los puntos del nuevo artículo 35 de la ley que se pretende reformar. En todo caso, el ministro canario y fuentes del Ejecutivo regional señalaban que la comunicación entre ambas partes es permanente y que, más allá de la literalidad de algunos puntos, el acuerdo de fondo está garantizado. El contenido de esa reforma hace hincapié en "los criterios, el cupo, los conceptos que tienen que hacer que todas las comunidades autónomas estén en condiciones a acoger menores" de aquellas que por su condición fronteriza más presión de acogida tienen y que en el caso de Canarias sobrepasa ahora la cifra de 5.500 niños, niñas y adolescentes.
Desde el Gobierno de Canarias, su portavoz, Alfonso Cabello, confiaba este lunes en que "se produzca un acuerdo" en la comisión que coordina Torres, seguro de que la modificación de la Ley de Extranjería "es la solución". "Creo que el hito importante es que hasta ahora no se producía una asignación... Simplemente, se hacía una primera guarda que se realizaba en alta mar en muchos casos, se llevaban hasta un muelle y a partir de ahí la tutela de manera efectiva caía en la comunidad autónoma canaria porque estaban entrando por un puerto canario, o sea, porque era la frontera", explicó Cabello.
Sin embargo, con el nuevo sistema se asigna a una comunidad autónoma el menor que entra la comunidad autónoma canaria como "si estuvieran entrando en cualquier comunidad" del país y es el Gobierno de España "quien de manera consciente, en función del número de plazas que están en cada una de las comunidades autónomas, realiza la asignación". Por tanto, lo que se produce "es una guarda temporal por parte, o bien del Gobierno de Canarias o bien de la ONG responsable o bien del propio Estado, hasta que se produce esa asignación". "Ese es el acuerdo sustancial, esa es la diferencia importante, yo creo que ese es el 'quid' de la cuestión para tratar este asunto de una manera diferente", destacó.
Ficha financiera
Una de las cuestiones que aún faltan por incorporar en la propuesta estatal, con dudas sobre si lo estaría este martes en la reunión interministerial, es la ficha financiera, que debe acompañar al texto de reforma legal, sobre el coste para las comunidades del nuevo proceso de acogida y que debe ser asumida por el Estado. "Tenemos que tener un documento en el que queden bien claros, por ejemplo, los requisitos que tienen que tener las comunidades autónomas, o sobre cuando estamos hablando de una presión en un territorio determinado, o sobre la ficha financiera", para cuyo cálculo el Gobierno ha pedido a Canarias un certificado del coste anual de la acogida por cada niño o niña que esa comunidad asume. "Quiero dejar bien claro que no es sencillo, pero nunca hemos estado tan cerca de tener una modificación legislativa que es de justicia y que debe dar respuesta a la llegada de menores a los territorios fronteras", resaltó el ministro canario.
A partir de ahí, Torres insiste en la importancia de la fase política y parlamentaria de la negociación. "Mañana (por este martes) esperamos dar el paso definitivo para que una vez tengamos el texto y entremos en la siguiente fase que es la de conseguir los apoyos parlamentarios, que es una segunda fase muy importante", mencionando además que las comunidades autónomas tienen que pronunciarse al respecto en las conferencias sectoriales de Migraciones y de Infancia. Pero Torres no pasa por alto en este sentido que este proceso de reforma legislativa en la que se está trabajando no tendrá ninguna efectividad práctica si no hay un acuerdo parlamentario en el Congreso, con apelaciones constante al PP y a los partidos nacionalistas para que respalden el proceso y sin olvidarse de los riesgos de que algunos territorios gobernados por los populares con apoyo de Vox, el partido ultra que rechaza la medida, acaben condicionando el debate.
"Una vez tengamos el texto no está nada terminado, hay que empezar en ese momento con la recogida de los apoyos parlamentarios. Hay quienes están saliendo a los medios de comunicación, tras reuniones mantenidas sobre este tema, diciendo en algunos lugares que no van a aceptar migrantes", alertó Torres. "Ya sabemos que al menos ese partido va a votar en contra, pero necesitamos el apoyo de los demás porque es una modificación de Estado", concluyó el ministro.
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