La épica ya no es lo que era. Ahogado por las presiones políticas y financieras, el presidente catalán ensayó una pirueta retórica para frenar al borde del precipicio sin asumir el costo de decirles en la cara a sus seguidores que les había hecho una promesa imposible de cumplir.
Dijo que asumía "el mandato del pueblo de que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república", para de inmediato decir que suspendía los efectos de lo que acababa de afirmar para abrir una puerta al diálogo. ¿Qué significa eso? Algo así como estar medio embarazada.
La ley que dio amparo al referéndum que se celebró entre represión policial el domingo 1º disponía que una vez publicados los resultados el Parlamento formularía en 48 horas "la declaración formal de la independencia, sus efectos y el inicio del proceso constituyente".
Después de desafiar la Constitución y de desobedecer las sentencias que le ordenaban cancelar esa consulta, Puigdemont se saltó también su propia ley. La declaración de independencia nunca se votó. Se lo restregó el jefe del bloque socialista, Miquel Iceta: ¿cómo se suspende una declaración que no se hizo?
En otro giro inesperado, los diputados separatistas firmaron una declaración formal de independencia cuando la sesión parlamentaria ya había sido clausurada. ¿Era ése el texto que Puigdemont había suspendido? Nadie lo pudo explicar con certeza. Parecían seguir un guión de Tarantino, donde uno no sabe bien qué secuencia va primero.
La ambigüedad no bastará para evitar la reacción del gobierno español. El presidente Mariano Rajoy considera que Puigdemont se situó fuera de la ley y prepara medidas drásticas para tomar el control de Cataluña o forzarlo a renunciar.
Se pueden quedar sin la gloria y con todas las cuentas por pagar.
La vista ayudaba más que el oído ayer en el Parlamento. Puigdemont, un hombre que hasta hace dos años jugaba en las ligas menores de la política, enfrentaba la historia con la piel enrojecida, ojeroso, el rostro pétreo, sin sonrisas.
Su vicepresidente Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), no quitaba la vista del celular como quien no quiere cruzarse con ojos incómodos. Los diputados de la CUP, los antisistema que completan la mayoría separatista, siguieron el discurso sin aplaudir jamás.
Querían que se notara su decepción. Habían llegado al palacio convencidos de que habría una ruptura clara, acaso sin efectos reales, pero que desatara una confrontación inmediata con el gobierno español.
Pero el peso sobre los hombros de Puigdemont se había tornado insostenible. La fuga masiva de empresas y el riesgo de una corrida bancaria pusieron a temblar a la burguesía catalana, sostén del partido del presidente, PdeCAT (ex Convergencia). No solamente: miles de catalanes de a pie que ansían la independencia habían peregrinado a los bancos a preguntar qué hacer con sus ahorros.
Al mediodía llegó la advertencia definitiva cuando el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, se dirigió al gobierno de Cataluña: "No tomen una decisión que haga imposible el diálogo".
La soledad de los separatistas era patente. Europa no estaba con ellos. Los tribunales tampoco. Ni siquiera la sociedad catalana, o al menos una mitad que se resiste a la ruptura de España, que el domingo por primera vez salió a ocupar las calles de Barcelona.
Rajoy los esperaba decidido a activar todas las herramientas del Estado contra las autoridades catalanas. Desde la suspensión de la autonomía hasta medidas penales. Ya se fantaseaba con un operativo tipo SWAT para detener a Puigdemont.
El presidente catalán vio una pared enfrente. Algunos le pedían acelerar y que del choque naciera una crisis inmanejable que, quizá, terminara por abrir la puerta a la independencia. Pesó más la voz de los moderados del PdeCAT, muy sensibles a la voz del poder económico. Primaba evitar el suicidio.
A Puigdemont sólo le quedaba vestir la rendición. No lo logró. Los simpatizantes que se habían reunido cerca del Parlamento a ver la revolución en pantallas gigantes se retiraron llorando, gritando traiciones. Iban a una fiesta y terminaron viendo un funeral político.
La deriva de los últimos 10 días de vértigo dejó al separatismo en un lugar terrible. Los procesos judiciales contra sus líderes por la convocatoria del referéndum no se detendrán. Rajoy podrá tomar medidas que recorten el autogobierno.
Y el frente que gobierna Cataluña quedó al borde de la fractura. Un llamado urgente a elecciones autonómicas se intuye inevitable.
Si eso ocurre, Rajoy puede sentir la tentación de celebrar un triunfo de su estrategia inmovilista. Jamás aceptará el diálogo con Puigdemont y sus aliados, a los que considera poco menos que golpistas.
Pero el problema sigue ahí: mientras una porción importante de la población de la región más rica del país esté incómoda dentro de España la crisis no estará resuelta.