Cuando Alberto Nisman denunció a Cristina Kirchner, conocía los pliegues del Poder Judicial que integraba. Como fiscal, era uno de sus protagonistas y sabía de tiempos políticos, jueces tiempistas y posicionamientos.
Por eso, tras su muerte, su denuncia en la que acusó a Cristina Kirchner de encubrir a Irán sufrió los trastornos naturales que afectan a una causa que apunta a los más poderosos cuando aún están en la cúspide del poder. Es decir, no sucedió nada.
Cristina Kirchner dejó el gobierno el 10 de diciembre de 2015. Todo el año siguiente de cambio de gobierno y con Nisman muerto, la causa por el memorándum con Irán no se investigó.
De nada valieron los intereses que dejó entrever Estados Unidos para que el caso se esclarezca, ni la presión de la comunidad judía internacional, ni el ajedrez que intentaron en los tribunales los familiares de las víctimas y grupos de presión locales para lograr que el caso se reabriera.
Tuvieron que pasar doce meses y el expediente empezó su derrotero hasta ver la luz el último día hábil de 2016. Y casi no lo logra. Los jueces de la Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos apuraban para firmar el fallo que reabriera la causa.
Su colega Ana María Figueroa, cercana al kirchnerismo, no quería saber nada. A última hora, la jueza decidió dejar todo como estaba hasta 2017 e irse de vacaciones a Europa. Sus colegas se pusieron firmes para impedirlo, hasta que finalmente lograron un fallo.
Fue una rara sentencia en que los tres jueces sostuvieron en la parte final, la correspondiente a aquello que resuelven, que había que investigar la denuncia de Nisman contra Cristina Kirchner. Pero en los fundamentos la jueza Figueroa dijo que para ella lo denunciado no era una conducta típica, que es lo que los abogados dicen de las conductas que no creen que encajen en el Código Penal.
El almanaque de 2017 es más corto en los tribunales. Este año se terminaron de investigar los más importantes casos de corrupción del kirchnerismo.
Algunos están siendo juzgados ahora, como el juicio oral que enfrenta Amado Boudou, acusado de cobrar como coima las acciones de Ciccone, la imprenta que fabrica papel moneda, y como contrapartida salvarla de la quiebra por sus deudas fiscales. Y le esperan otras tres causas.
También avanza el juicio oral que martiriza a Julio De Vido, que durante 13 años no pisó los tribunales y hoy los visita dos veces por semana. De Vido no llegará a fin de año en su banca de diputado.
En los tribunales apuestan a que, apenas la Cámara Federal pida su desafuero por el fraude en la mina de carbón de Río Turbio, perderá la protección que lo salva de ir preso si también es condenado por la tragedia de Once.
Ya están prácticamente concluidas las investigaciones por la obra pública contra Cristina Kirchner, sus ministros, Lázaro Báez y Cristóbal López. Es cuestión de semanas para que sean elevadas a juicio oral.
Allí se comprobó que hubo sobreprecios en las rutas santacruceñas para beneficiar a Báez y se investigó un mecanismo de retornos que derivaba esa plata a los bolsillos de Néstor, Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia. En la primera mitad de 2018 estarán todos sentados en el mismo banco largo de los acusados, rodeados de abogados, en una sala de juicio oral, según prevé la Cámara Federal.
Báez y sus hijos, a quienes puso a manejar parte de los dólares, los acompañarán acusados de lavar ese dinero. A Báez la Justicia le encontró más de 200 millones de dólares en bienes, pero sospecha que su tesoro es mayor y está escondido en alguna guarida fiscal.
El Gobierno y parte de la Justicia creen que una porción de esa fortuna era de Néstor y ahora es de Cristina Kirchner.
El fiscal Gerardo Pollicita juntó pruebas y en septiembre pasado pidió la indagatoria de la ex presidenta por encubrir a Irán. Ahora está a las puertas de un nuevo procesamiento.
Llegará a la indagatoria protegida por sus fueros, adquiridos al momento de ser elegida senadora el próximo 22. Sus fueros la protegen de ir presa, pero no de tener que enfrentar los juicios orales por venir.
Tampoco le servirán para evitar un debate político sobre la pertinencia o no de que conserve sus fueros, teniendo en cuenta sus causas en trámite y los juicios por venir.
Es un argumento que en el Congreso -donde conviven un ex presidente condenado dos veces que va por su reelección como senador y más de un diputado procesado- pesa poco.