La Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y Andalucía consiguieron en la tarde del lunes la incorporación de la Comunidad de Madrid en su pacto de unidad en la lucha por evitar una modificación de las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura que conlleve una reducción de las cantidades que llegan al Levante desde la cabecera del Tajo. Un documento en el que llevan trabajando semanas, que cambió por el anuncio por parte del Ministerio de la obligación de realizar una consulta previa, y que se hace más fuerte con el apoyo del ejecutivo que lidera la madrileña Isabel Díaz Ayuso. En total, cuatro gobiernos autonómicos del Partido Popular y de cuatro comunidades que suman 21,8 millones de personas, es decir, el 46% de la población del país. Todos con una visión común sobre el Trasvase.
En las alegaciones para el debate sobre la modificación de las reglas de explotación, recuerdan al Ministerio que hay procesos judiciales abiertos, como es el caso de los caudales ecológicos del Tajo y piden que permanezca el tratamiento conjunto, como hasta ahora, de los trasvases al Segura y al Guadiana. Respecto a los datos a utilizar para medir los trasvases, tienen que ser objetivos, con nuevas batimetrías para conocer la capacidad real de los embalses de cabecera y sus evaporaciones, así como nuevos embalses mínimos en la cabecera del Tajo, abriendo la posibilidad de que se pueda estudiar una medición por separado y no como un conjunto, en referencia a los datos de Entrepeñas y Buendía. También, argumentan, se deberían de analizar las filtraciones desde los embalses de cabecera.
Tratan en estas alegaciones las cinco sentencias del Tribunal Supremo que, reiteran, exigen el establecimiento de un caudal ecológico, pero que en ningún momento fijan si tiene que ser el establecido, uno mayor o uno menor, por eso es importante conocer con cálculos objetivos el caudal necesario. Es «un ejercicio obligado para aprobar este nuevo Real Decreto sin vicios palmarios de nulidad», explican las autonomías.
Por su parte, desde la Región de Murcia, cree que en el recurso presentado por la Comunidad se detalla que no se conoce en qué se basaron técnicamente a la hora de fijar los caudales y que en la planificación del Tajo se obvia por completo tanto la existencia del Trasvase Tajo-Segura como las transferencias de agua. Añaden que es necesario marcar los criterios generales para la distribución de los recursos disponibles en cada momento, ya que ahora se diferencia entre abastecimientos y regadíos, a lo que hay que añadir los suministros de la tubería manchega y la derivación ocasional a las Tablas de Daimiel.
Por último, piden la máxima objetividad a la hora de decidir sobre los volúmenes a trasvasar en el nivel 3, para evitar la discrecionalidad del ejecutivo central, la inclusión de la conocida como regla del tercio para tener en cuenta la disponibilidad del mes de envío y durante los próximos 3 meses, la mejora de la transparencia con la publicación mensual de los datos básicos y, para finalizar, estudiar si el agua se tiene que almacenar en origen o es posible que se embalse en la cuenca del Segura.
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