Empresarios y profesionales del sector inmobiliario de la Costa del Sol estiman que el anuncio de Pedro Sánchez de eliminar la 'golden visa' supondrá un "frenazo importante" para un segmento clave en la economía de la zona y auguran una caída de entre el 10 y el 20 % en las operaciones de compraventa de vivienda de lujo en los próximos meses, especialmente en municipios como Marbella, en los que se ha realizado una clara apuesta por el turismo residencial de lujo y donde "se ha potenciado siempre el mercado de la segunda residencia".
Tras el polémico anuncio de Sánchez, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, aseguraba que la supresión de este visado beneficiará a quienes buscan vivienda en zonas tensionadas y señalaba directamente a enclaves como Marbella. En Málaga, lejos de compartir esta visión, no son pocas las voces críticas que se han pronunciado en sentido contrario al considerar que la medida es "un error" y "no tiene ninguna base". Desde el presidente de la Diputación, Francisco Salado, a los alcaldes de Marbella y Estepona, Ángeles Muñoz y José María García Urbano.
Para el abogado experto en urbanismo y presidente del Club de Empresarios y Profesionales de Marbella (CEPM), Alejandro Criado, la decisión del Gobierno es "algo, sin duda, muy negativo para el progreso y el empleo en la Costa del Sol".
Criado ha puesto como ejemplo entre los enclaves que considera van a resultar más afectados por la eliminación de este visado premium a Marbella, un destino que "se viene nutriendo en los últimos años de nuevas propiedades con precios que parten del millón de euros y que son adquiridas por personas de un alto poder adquisitivo".
A su juicio y al contrario de lo que sostiene el Ejecutivo de Sánchez, a la vivienda en general -el producto mayoritario al que accede la clase media- "no le va a afectar en absoluto la retirada de este tipo de visado", ha precisado.
Pero el CEPM no ha sido la única entidad empresarial que se ha mostrado contraria a la eliminación de la 'golden visa', un permiso de residencia que desde 2013 permite a ciudadanos procedentes de países no miembros de la Unión Europea (UE) solicitar esta condiciona tras realizar la compra de una vivienda de más de 500.000 euros.
Un castigo al extranjero solvente
Empresarios del sector inmobiliario como Ricardo Arranz, presidente de la Federación de Urbanizadores y Turismo Residencial, o Kristina Szekely también se han mostrado contrariados con el anuncio de Sanchez. Para Arranz, esta es "una decisión sin sentido" que muestra "una terrible falta de sensibilidad hacia el turismo residencial" y para Szekely es "un castigo" para los compradores solventes y un "error", porque dificulta la entrada en España de personas que disfrutan de una "economía fuerte" y que llegan al país con intención de invertir.
En términos similares se ha pronunciado la presidenta de la asociación de extranjeros moldavoespañola DOINA y agente inmobiliario, Svetlana Ciliuta, para quien la decisión del Gobierno tiene un marcado acento "populista".
Las compras de vivienda que han dado derecho a la residencia a extranjeros desde que se aprobó esta medida suponen sólo un 0,11 % del total, ha recordado a EL MUNDO Ciliuta, y pensar que esto puede influir en el precio general "es absurdo", recalca.
Algo en lo que también ha incidido el licenciado en derecho y presidente de la Federación de Asociaciones de Extranjeros de la Costa del Sol, Ricardo Bocanegra. "No es cierto que su desaparición vaya a favorecer que los jóvenes -y los no tan jóvenes- tengan un más fácil acceso a la vivienda", apuntaba en conversación con este diario, porque el volumen de compradores de cierto poder adquisitivo, que son los que adquieren este tipo de propiedades, no es tan significativo como para influir, aclaraba.
"La gente normal y corriente busca propiedades mucho más baratas y con precios más asequibles", añade. Lo único seguro, recalca Bocanegra, es que "lo que no inviertan aquí, lo invertirán en nuestros destinos competidores"