Arreglar un objeto roto es más o menos fácil. Puede depender de la pericia de quien maneja el pegamento o la llave inglesa, pero rara vez resulta imposible devolverlo a su estado originario, aunque se note la fractura. Sin embargo, la reparación de algo intangible suele ser mucho más complicada. Aquí intervienen tantas variantes que acaba por convertirse en una tarea a menudo imposible. Por no hablar de que ese algo sea restaurar el honor de una persona.
La justicia acaba de archivar la investigación a Mónica Oltra cuando era vicepresidenta del Gobierno valenciano. La líder de Compromís vaticinaba que su caso pasaría a la historia de la infamia jurídica, política y mediática de España. El tiempo le ha dado la razón. Dimitió en 2022 después de que un juez la imputara por supuestamente ordenar el encubrimiento de los abusos sexuales que su marido cometió sobre una menor acogida en un centro de la Generalitat. Ella se divorció y su ya exmarido fue condenado. Dos años después, con el pacto del Botánico aniquilado, el juez no aprecia indicios de comisión de delito alguno.
Su imputación tuvo consecuencias fulminantes para la política valenciana. Oltra salía abruptamente del gobierno, del Parlamento, de su partido y de la vida pública autonómica. Desaparecía con rabia e indignación. La denuncia contra ella la interpuso el representante legal de la menor, un histórico dirigente de ultraderecha, a la que luego se sumó Vox. Aquí residía la impotencia de la vicepresidenta valenciana. Se hartó de gritar que era una cacería y una persecución política descarada. Oltra no es la primera ni será la última política que sufra una campaña de desprestigio para sacarla de la carrera pública, pero sí será recordada por haber predicho el futuro.
Poco han tardado los defensores de Isabel Díaz Ayuso en comparar su caso con el de la exvicepresidenta valenciana. Una política no tiene por qué saber lo que hace su pareja, aseguran. Los que establecen semejante paralelismo saben que ambas situaciones se parecen tanto como un huevo a una castaña. La presidenta madrileña sí se estaría lucrando del supuesto fraude fiscal que habría cometido su novio de al menos 350.000 euros para ahorrarse el pago de impuestos. Él mismo ha reconocido, según la Agencia Tributaria, dos delitos fiscales tras varias operaciones de compraventa de material sanitario durante la pandemia. La pareja vive actualmente en un lujoso piso propiedad del supuesto defraudador y se mueve en un coche que también aporta él. Su caso me recuerda más al de una ministra de Rajoy que declaró desconocer de dónde había salido el Jaguar aparcado en su garaje o quién pagaba las fiestas de sus hijos. Cosas de ricos.
** Periodista
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