La sesión de este miércoles del juicio del caso Erial por las supuestas "mordidas" en la adjudicación de las ITV valencianas y parques eólicos ha vuelto a poner contra las cuerdas al expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, para quien la Fiscalía pide 19 años de prisión por cobrar y blanquear presuntamente comisiones durante su etapa al frente del Consell. En sus declaraciones ante el tribunal, tres agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lo han situado en el centro de la trama corrupta. Además, el abogado uruguayo y testaferro confeso del también exministro ha asegurado que hizo llegar más de 2,3 millones de euros en efectivo a la secretaria personal de Zaplana.
"Era el que tomaba las decisiones" aunque "no aparecía de forma directa", declararon los investigadores. Los agentes que se encargaron de desarrollar la investigación y de elaborar el informe definitivo del caso fueron desgranando ante el tribunal la creación de sociedades y los procedimientos utilizados por los acusados para pagar las comisiones ilegales a raíz de las adjudicaciones públicas. Y situaron a Zaplana en el centro de los hechos.
En concreto, relacionaron a Zaplana con tres sociedades para disponer del dinero de las comisiones: Costera del Glorio, Medlevante y Gesdesarrollo. Respecto a la primera sociedad, se percataron de una aparente disposición de fondos y bienes por parte del expresident; y sobre las otras dos sociedades observaron cómo éste tomaba las decisiones. Además, los peritos describieron cómo Zaplana mantuvo reuniones "clave" en los periodos en los que tenían lugar las adjudicaciones públicas de las ITV. En concreto, se refirieron a encuentros entre el expresidente y el fallecido Juan Cotino, exdirector de la Policía y miembro del grupo Sedesa, adjudicatario de las ITV.
Por su parte, el abogado uruguayo y testaferro confeso de Zaplana, Fernando Belhot, manifestó que hizo llegar más de 2,3 millones de euros en efectivo, a través de cambistas, a la secretaria personal del exministro, Mitsuoko Henríquez, en ocho años. "Una vez producida la operación -Zaplana- me llamaba y me decía que los documentos habían llegado, que estaba todo correcto", explicó Belhot en una declaración realizada por videoconferencia desde Montevideo (Uruguay).
Este especialista en finanzas internacionales detalló al juez que viajaba cada tres o cuatro meses a Madrid y que se entrevistaba con Zaplana para rendir cuentas de unas operaciones que se realizaban sin que mediase contrato u orden escrita alguna. "Yo llevaba extractos de las operaciones, se los mostraba y él normalmente los destruía. Alguna vez me pidió una copia para mostrárselo a Grau -el supuesto contable de la trama-, pero la destruía después también, era muy cuidadoso, no quería tener nada en su poder que lo vinculase a esos activos", expuso Belhot. "En nueve años nunca me envió un solo correo, siempre hablamos por móvil, nunca por escrito", o a través de su secretaria, añadió.
El caso Erial es un procedimiento judicial en el que se ha investigado el supuesto cobro de más de 10 millones de euros en comisiones derivadas de concesiones de ITV y parques eólicos de la Comunitat. El fraude total se cuantifica en más de 20 millones de euros.
50 millones de pesetas
Como consecuencia de la adjudicación del Plan Eólico, los agentes se refirieron a una petición que hizo Zaplana para que Juan Francisco García, su exasesor fiscal, solicitara 50 millones de pesetas a una empresa. Como contrapartida, esta participaría en el Plan.