En un plazo de dos meses podría conocerse la opinión de la Corte de Constitucionalidad (CC) en relación con la consulta hecha por el Ejecutivo acerca de la honorabilidad de la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras.
Se espera que la CC cumpla con el plazo establecido, luego de que ayer confirmó que dio trámite al asunto planteado por el Gobierno, el pasado lunes.
De acuerdo con la Ley, la Corte tiene 60 días para emitir la opinión con respecto al desempeño y situación de la funcionaria, señalada por diferentes sectores políticos, sociales y humanitarios, incluso, la comunidad internacional, por su intento de socavar la democracia y el Estado de derecho.
El presidente Bernardo Arévalo de León, por medio de la Secretaría General de la Presidencia, realizó la consulta.
Entre los argumentos por los cuales el Ejecutivo duda de la honorabilidad de Porras está que fue sancionada por Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y, ayer, por Suiza, señalada por su presunta implicación en actos que socavan la democracia.
"Para el Gobierno, la Fiscal General no está comprometida en la lucha contra la corrupción", dijo Juan Guerrero, titular de la mencionada secretaría, el día que se planteó la solicitud aludida.
Ya van 42 días
Adicionalmente, hoy se cumplen 42 días sin que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) conozca y remita al Congreso la solicitud de retiro de inmunidad de Porras. De acuerdo con las normas, el pleno de magistrados de la CSJ debió haber actuado en tres días hábiles desde que se planteó la acción, pero el caso continúa estancado.
Caso Sputnik: piden denunciar a Giammattei
Diputados de VOS creen que el proceso también debe alcanzar al excanciller Pedro Brolo y a otros funcionarios del anterior gobierno.
Como consecuencia de su participación directa en la firma del contrato de adquisición de vacunas Sputnik en 2021, el expresidente Alejandro Giammattei, el excanciller Pedro Brolo y el exministro de Salud Francisco Coma deberían ser denunciados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), exigieron parlamentarios.
Según dieron a conocer los diputados de la bancada VOS, los exfuncionarios deben responder por sus acciones, razón por la cual se debe investigar a Giammattei, quien ordenó la compra a la empresa rusa.
Añadieron que el extitular del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) fue quien viajó a
Rusia, junto con otros miembros de una comitiva, para negociar el convenio, en tanto que Coma no presentó ninguna denuncia luego de tomar el cargo y asumen que incurrió en omisión.
"Es el Ministerio de Salud el que debe efectuar la ampliación, se entiende que ya se están haciendo esos procesos. Sin duda, hay que revisar la información que va surgiendo, que lo facultaría para proceder", explicó Julio Saavedra, titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN).
Por su parte, Santiago Palomo, comisionado contra la Corrupción, señaló que al margen de la información que se recabe y que sirva para una ampliación, es importante recalcar que el caso ya está judicializado, por lo que al Ministerio Público (MP) le compete efectuar las indigaciones correspondientes.
Al respecto, el Departamento Jurídico del MSPAS analiza la solicitud planteada para pedir la ampliación oportuna, si los especialistas lo ven conveniente.
Los hechos
El Gobierno presentó la denuncia por las irregularidades en la compra de vacunas para evitar el Covid-19, el 4 de abril pasado, contra la exministra de Salud Amelia Flores. El contrato se firmó el 30 de marzo de 2021 con la empresa Human Vaccine, subsidiaria de Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF).
Se estableció la compra de 16 millones de dosis, de las cuales la cartera pagó 614.5 millones de quetzales, que correspondían al 50 por ciento de lo adquirido. El monto total del biológico era por más de 79 millones de dólares.
En el contrato original se pactaron 8 millones de dosis del componente 1 y 2, pero derivado de la falta de entrega se renegociaron y convirtieron las dosis originales a las denominadas ligth a un precio de 12.95 dólares la unidad.
Por ello, en la denuncia se determinó que se incumplió con ciertas disposiciones del Decreto 1-2021, Ley para financiamiento de las vacunas.
Antecedentes
Seis denuncias de la Contraloría General de Cuentas (CGC) ya se habían interpuesto, pero se encuentran sin avances.
1 Atraso de la entrega y pago del 50 por ciento (contra la exministra Amelia Flores).
2 Bienes pagados no recibidos (contra Flores y la ex viceministra Administrativa Nancy
Pezzarossi).
3 Irregularidades de la negociación en 2022 (contra ambas funcionarias).
4 Falta de autorización de la vacuna Sputnik por la Organización Mundial de la Salud (contra la exministra).
5 Falta de calidad del gasto público, donde se revisaron certificaciones y autorizaciones (contra la extitular
del MSPAS).
6 Por la calidad del gasto público, documentación contable escasa (contra Flores).
Avanza iniciativa para prevenir males crónicos
En el marco del II Encuentro Centroamericano y del Caribe de Etiquetado Frontal, representantes de sectores y organizaciones de la sociedad civil y del Gobierno expresaron que ven positivos los avances de la iniciativa 5504 en Guatemala y esperan que pase la tercera lectura la próxima semana.
De acuerdo con los exponentes, el proyecto de ley impulsa la alimentación consciente y saludable, a fin de evitar enfermedades crónicas no transmisibles.
César Conde, viceministro de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud, señaló que el anteproyecto busca proteger a la población informándole del contenido de alimentos ultraprocesados, los cuales pueden aumentar el riesgo de padecer enfermedades crónicas como sobrepeso, hipertensión, cáncer o diabetes.
El funcionario recordó que dichos males saturan los servicios de salud pública, por lo tanto, la eventual normativa ayudará a controlar y prevenir las dolencias. Maritza Pizarro, de la Coalición América Saludable, resaltó que, de ser aprobada la iniciativa, Guatemala será el primer país en Centroamérica "que da un gran paso en materia de protección de los derechos a la salud", lo que seco vertiría en un precedente
regional.
FAO promete apoyo para impulsar el desarrollo rural
Cortesía: FAO
Toda la capacidad técnica y analítica de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) adquirida para impulsar la reducción de desigualdades y promover inversiones que potencien el crecimiento económico y el desarrollo rural fue puesta a disposición del país, durante la última visita del jefe de la entidad, Máximo Torero.
El funcionario internacional estuvo en Guatemala esta semana para dialogar con diferentes líderes sociales sobre las oportunidades necesarias para acelerar la transformación de los sistemas agrícolas, con miras a la sostenibilidad.
Torero explicó que apoyará la puesta en marcha de la Política General del Gobierno del presidente Bernardo Arévalo y la vicemandataria Karin Herrera, a través de la iniciativa Hand in hand (Mano a mano), con especial énfasis en los territorios priorizados, a fin de facilitar el acceso a mercados, mecanismos de fortalecimiento de la agricultura familiar, inclusión financiera y seguros a campesinos.
Además, se reunió con Mynor Estrada, titular del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), quien dio a conocer que la iniciativa se alínea con la estrategia Una nueva siembra para el agro de Guatemala.
También, sostuvo encuentros con representantes de los bancos Interamericano de Desarrollo, Mundial y Centroamericano de Integración Económica, se indicó.
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