Tenerife cuenta con 300 casas en alquiler social para los algo más de 13.000 demandantes de la Isla. Para el grupo de gobierno del Cabildo (CC y PP), «un logro» gracias al programa Activa Vivienda (con un aumento a partir de ayer de 5 a 10 millones de euros) después de años de «inacción». Así lo defendió la consejera del área, Sonia Hernández (PP), en el pleno. Contó con el apoyo durante la discusión del nacionalista Juan José Martínez. Para la oposición socialista, en la figura de su portavoz Aarón Afonso, «insuficiente».
La crisis habitacional y las posibles soluciones desde el ámbito insular centraron la sesión. Las competencias que tiene la Corporación también se discutieron con base a la ley estatal (muy criticada) o el reciente decreto del Gobierno de Canarias. Lo tangible es que el Cabildo de Tenerife destinará 17 millones de euros a políticas de vivienda pública en 2024.
Esas 300 viviendas propuestas para el alquiler social estarán disponibles «en muy pocos meses» en 21 municipios tras el «éxito» de la iniciativa. Además, ayer se aprobó una partida extra de 7,7 millones de euros destinada a subvenciones a los ayuntamientos en la adquisición y el programa de rehabilitación. Se trata, en palabras de Hernández, de «la mayor inversión que realiza el Cabildo en la materia en las últimas décadas». Las cifras, además, emanan de las propuestas realizadas por los propios municipios que han participado en la convocatoria.
La consejera de Vivienda resaltó que «a pesar de que el Cabildo tiene las competencias muy limitadas, firmamos un convenio con el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) para poder financiar la compra por parte de los ayuntamientos». A ello se suman, dijo, «las nuevas competencias que nos arroga el decreto ley aprobado por el Gobierno de Canarias».
En definitiva, indicó Hernández, «este gobierno insular ha hecho una apuesta fuerte por ser parte de la solución al problema habitacional que tiene Tenerife». Con ese objetivo, añadió, «impulsaremos otras iniciativas como Activa Suelo, que permitirá a los municipios adquirirlo y destinarlo a viviendas para alquiler social». Además del Programa de Rehabilitación que, con una partida de tres millones de euros, «persigue que el parque de la Isla esté en óptimas condiciones con la garantía de habitabilidad y accesibilidad».
El PSOE lo vio de otra manera. Aarón Afonso –protagonista de un curioso Afonso versus Afonso con su primo, el vicepresidente Lope, y la reciente Semana Santa de fondo– expresó sus «serias dudas» sobre la eficacia del programa.
Otra controversia con el tema de fondo: la moción presentada por la socialista Priscila de León sobre la declaración de zonas tensionadas como recientemente Adeje o Granadilla. La terminó retirando, ya que la enmienda a la totalidad de CC y PP «desvirtuaba» el original. El PSOE entiende que «el Cabildo rechaza facilitar las declaraciones de zonas tensionadas en la Isla para abaratar la vivienda». De León defendía pedir al Gobierno de Canarias «un estudio» e «instar a los municipios a solicitar la». El grupo de gobierno opta por «aumentar el parque público».
Un tono conciliador tuvo el balance sobre la regulación del alquiler vacacional. Lope Afonso adelantó la inminente reunión la FECAM «para debatirlo a fondo».
Falta vivienda a precio asequible de alquiler con una oferta constreñida frente a una demanda en aumento exponencial, lo cual deriva en la subida de precios. La ecuación que «ocupa y preocupa» en la Isla. También al Cabildo.
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