Defensoría del Pueblo exige medidas urgentes de protección para funcionarios del Inpec
El departamento del Valle es una de las zonas del país más afectadas por las amenazas en contra de los funcionarios.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, le solicitó al Ministerio de Justicia implementar medidas urgentes, con carácter real y efectivo, que protejan la vida e integridad de los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –Inpec-.
Además, la Defensoría solicitó garantizar las condiciones de seguridad para que estos funcionarios puedan desempeñar sus labores con tranquilidad, así sea necesario el fortalecimiento de la presencia institucional, especialmente en el Valle, donde la espiral de violencia contra los servidores públicos está en aumento.
Desde el 2023, los funcionarios en esa zona del occidente del país están en máxima alerta por múltiples amenazas de muerte por organizaciones que delinquen en el departamento, algunas de las intimidaciones han sido consumadas.
"La situación que afrontan los guardianes del Instituto en el departamento es crítica. Así quedó evidenciado desde el 2023, cuando sus voceros advirtieron que se encontraban en riesgo por sus labores misionales, puesto que organizaciones criminales que delinquen en esa zona del oeste de la geografía nacional los amenazaron de muerte", dijo el Defensor.
Cabe destacar que, la solicitud se realizó debido a los recientes y trágicos hechos, cuyas víctimas fueron algunos de los integrantes del personal de custodia en el departamento del Valle del Cauca.
El más reciente hecho se registró el pasado 9 de abril, cuando hombres armados asesinaron en la entrada del penal en Buga al dragoneante Léider Romo Rojas, quien se disponía a realizar sus labores. Ese mismo día, pero en Tuluá, fue herido de gravedad con arma de fuego el dragoneante Nicolás Torres Noreña.
Un día antes, en el municipio de Palmira, también fue asesinado Néstor Quevedo Díaz, quien era pensionado del Inpec.
Además, en lo corrido del 2024, dos funcionarios fueron víctimas de atentados en la cárcel de Jamundí, y uno más resultó herido en la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Tuluá, lo que evidencia la problemática que afrontan.
Según registros de la entidad, 63 personas adscritas al Inpec fueron asesinadas en los últimos siete años en Colombia, según datos oficiales del Ministerio de Justicia, con corte a agosto del año pasado.
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