Casi dos años tardó el Gobierno en conseguir este objetivo, central para el compromiso de regeneración institucional que está en el mandato original del voto que hizo a Macri presidente. La esperada salida de Gils Carbó supone además un paso estratégico en la demolición del poder y el relato kirchneristas.
Es, también, parte de la nueva etapa que tuvo ayer como jalón inicial la convocatoria presidencial a gobernadores, empresarios, sindicalistas y jefes parlamentarios, a quienes llamó a buscar acuerdos transformadores en lo económico, institucional y político.
La procuradora renunciada sembró con sus seguidores de Justicia Legítima las fiscalías estratégicas, cambió destinos y funciones de manera arbitraria, creó cuerpos especiales para neutralizar aquellos enclaves del Ministerio Público que no respondían a sus propósitos políticos.
Resistió los intentos de negociar una salida ordenada que le propuso el ministro de Justicia, Germán Garavano. Y también los embates públicos y directos de Macri, reclamándole un paso al costado.
Pero una sucesión de episodios hilvanados en las últimas tres semanas la dejaron sin defensa posible. Lo que tenía por delante era un largo túnel de desgaste personal sin otro destino que la destitución. Entonces prefirió ahorrarse ese calvario y redactó su carta de renuncia.
Según interpretó un cuadro del oficialismo que juega en la política y en los tribunales, el Gobierno, la Justicia y el Congreso –los tres poderes del Estado- produjeron hechos que apuraron a Gils Carbó a elegir su propio final.
El jueves 12 el juez Julián Ercolini la procesó por administración fraudulenta. Fue en la causa que investiga la compra de la sede de la Procuración en 2013, una operación inmobiliaria que incluyó comisiones ilegales por más de 10 millones de pesos.
El viernes 20 el juez Pablo Cayssials declaró inconstitucional el procedimiento de juicio político, con el requisito de reunir dos tercios de votos en el Senado, para remover al Procurador General.
Al Gobierno le quedó servida la posibilidad de echar por decreto a la cuestionada jefa de todos los fiscales. Pero el ministro Garavano se apuró a aclarar que Macri no usaría esa vía drástica.
El domingo 22, en la elección de medio término, el Gobierno alcanzó un triunfo amplio y contundente. Superó el 40% de los votos en todo el país, derrotó claramente a Cristina Kirchner en Buenos Aires, arrasó al peronismo kirchnerista en la Capital y en Santa Fe, venció también al peronismo en Córdoba, aumentó en 21 bancas su bloque de diputados y en 9 su bloque de senadores.
El martes 24 la Cámara de Diputados aprobó en comisión el dictamen para quitarle los fueros parlamentarios a Julio De Vido, respondiendo al pedido de dos jueces federales para proceder a su inmediata detención.
El miércoles 25, con 176 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención, De Vido fue desaforado. El bloque ultra K estuvo ausente. Esa misma noche el poderoso ex ministro, que había sido gerente operativo del sistema de corrupción que saqueó al Estado en el ciclo de poder kirchnerista, se entregó detenido.
El jueves 26, ante la apabullante evidencia de los hechos, Gils Carbó le comunicó a Garavano que había tomado la decisión de renunciar. El ministro puso en aviso a Macri y al jefe de Gabinete, Marcos Peña. Muy pocos lo supieron. La reserva era parte del acuerdo: Gils Carbó había pedido ser ella quien anunciara la decisión.
Según fuentes del Gobierno, Gils Carbó resolvió renunciar después que fracasara un sondeo para saber si podía contar con apoyo peronista en el Senado para sostenerse en el cargo. O no le contestaron, o le contestaron con la negativa.
Su abogado defensor León Carlos Arslanian, el mismo que juzgó a las Juntas de la dictadura y que fue ministro de Menem, Duhalde y Felipe Solá, hizo valer su sapiencia en la negociación final.
Logró que se aceptara la renuncia de su cliente con fecha 31 de diciembre. Así, Gils Carbó podrá realizar -formalmente en funciones- una visita al Papa Francisco el 6 de noviembre, junto a una delegación de mujeres juezas.
Y será anfitriona en Buenos Aires, entre el 15 y el 17 del próximo mes, del encuentro de la Asociación Iberoamericana del Ministerio Público.
Ese cuidado final de su imagen hacia afuera se compensará con generosas licencias que se tomará hasta el día de su alejamiento. Garavano impuso en la negociación final que designe para suplantarla en esas ocasiones a Ezequiel Casal, actual Procurador Fiscal ante la Corte Suprema, un cuadro profesional de extensa trayectoria.
Entre esta sucesión de hechos fue fundamental el fallo del juez Cayssials, del fuero Contencioso Administrativo, avalando un procedimiento de destitución sencillo al sostener que la Constitución no menciona el juicio político como mecanismo para remover al Procurador. Eso está establecido sólo en un artículo de la ley de Ministerio Público.
Con ese fallo como respaldo, el Gobierno aceleró en la búsqueda de un acuerdo con la oposición para fijar por ley nuevas pautas al funcionamiento de la Procuración. Entre ellas, el método para destituir a su titular.
El proyecto en digestión fija un período de cinco años de mandato al Procurador –hoy es vitalicio- y atenúa el requisito para la remoción a una mayoría simple de legisladores.
El aumento de masa crítica de poder cosechada en la elección le dio al Gobierno el impulso necesario para apurar y definir esa negociación. En conocimiento de esto, Gils Carbó supo que había quedado sin margen para seguir resistiendo.
Hace cuatro semanas Clarín había anticipado que tras el inminente procesamiento de la procuradora el Gobierno esperaba concretar su despido a comienzos del año próximo, siempre que no mediara una renuncia voluntaria como finalmente sucedió.
También se informó que avanzaba una negociación con el peronismo para abrir una etapa de transición y limpieza institucional de la Procuración. Se mencionó como candidato más firme para liderar esa etapa al jurista Alberto García Lema, un cuadro técnico del peronismo que participó de la reforma constitucional en 1994 y cuenta con el decisivo respaldo del senador Miguel Pichetto. Fuentes gubernamentales ratificaron que esa preferencia se mantiene, aunque indicaron que García Lema es uno de varios candidatos posibles.
Hay en esta hipótesis un agregado clave: aunque el mandato del Procurador se establecerá en cinco años, la misión de García Lema abarcaría sólo los próximos dos años, ya que entonces alcanzaría la edad jubilatoria para jueces. Ese sería el tiempo de la transición.
Marcos Peña, al celebrar ayer la caída de Gils Carbó, indicó que el nuevo Procurador no debería ser "alguien de militancia política" sino una personalidad "reconocida por su trayectoria". Puede leerse como un aval a García Lema o a aspirantes de perfil similar.
Pero sobre todo –explican fuentes del Gobierno- como un puerta cerrada para los políticos que aspiran a ese cargo, incluyendo figuras de alta notoriedad y fuerte predicamento en Cambiemos.
La salida de Gils Carbó es, desde donde se mire, una victoria política del Gobierno. Respetada jurídicamente y militante tenaz, la procuradora había impregnado de ideología partidaria su tarea institucional sin preocuparse por la degradación resultante.
El año pasado, Emilio Monzó había enhrebrado con los peronistas Pichetto y Sergio Massa un acuerdo para desplazarla. Pero apareció en escena Elisa Carrió, quien dinamitó la negociación reclamando seguir el procedimiento del juicio político y alertando que el Gobierno estaba a punto de dejar la jefatura de todos los fiscales en manos del peronismo.
Ahora, con Macri y Cambiemos en la cresta de su ola triunfal, el escenario cambió drásticamente.
Gils Carbó pareció comprender rápido la nueva realidad. Con todo, su renuncia parece esconder un último intento de resistencia política. Al fechar su alejamiento el 31 de diciembre, obligaría a que sea el nuevo Senado, emergente de la reciente elección, el encargado de dar acuerdo a su sucesor.
Entre el tercio de nuevos senadores estará Cristina Kirchner, sentada en su banca por la minoría bonaerense. Nadie la imagina silenciosa en una sesión de tanto significado político. Aunque también hay quienes ponen en duda la solidaridad de la ex Presidenta para con sus ángeles caídos.
Cuando en la campaña la apuraron con De Vido, dijo que no ponía las manos en el fuego por quien fuera ministro en sus dos presidencias completas. De Vido terminó en el horno.
La pregunta es si será igual de generosa con Gils Carbó.