El portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) en Canarias, Juan Couce, solicitó que los agentes de algunas especialidades del Instituto Armado puedan entrar en la Policía Autonómica con mayor facilidad, lo que permitiría al Gobierno de Canarias reducir los tiempos de puesta en marcha del servicio y reducir costes de formación.
Así lo planteó Couce en un encuentro que mantuvo este miércoles con la consejera de Presidencia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, y el director general de Seguridad, David del Pino.
Los citados representantes del Ejecutivo se comprometieron a estudiar la propuesta y, en principio, realizaron una valoración positiva de la misma, según varios de los presentes en la reunión.
En la actualidad, los guardias civiles pueden acceder al Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) a través de un concurso oposición. Y lo que plantea la AUGC es que ese proceso sea sólo a través de una entrevista y una valoración de los méritos que acumule el aspirante.
Por ejemplo, la Policía Autonómica desarrolla actualmente el proyecto de un grupo de intervención. Y, en opinión de Couce, agentes del GRS (Grupo de Reserva y Seguridad) pueden integrar dicho equipo, en la medida en que disponen de la especialización en esa materia y ya cuentan con licencia de armas, a la vez que ya están entrenados como funcionarios de un cuerpo de seguridad.
Para hacerlo, los guardias civiles pueden solicitar una excedencia en el Instituto Armado. Cree Couce que, a través de dicha medida, algunos agentes que están en el Archipiélago podrán incorporarse al Cuerpo General de la Policía Canaria o, por ejemplo, servir a aquellos guardias civiles que están destinados en la Península y, aunque quieren venir a las islas, no encuentran plazas vacantes en la Guardia Civil.
Además de la AUGC, en el encuentro también estuvieron representantes del Sindicato Unificado de Policía (SUP) de la Policía Nacional y de Tu Abandono Me Puede Matar (Tampm), sindicato de funcionarios de prisiones.
Uno de los asuntos abordados en la reunión por las tres organizaciones sindicales fue el de la indemnización por residencia para los policías nacionales, guardias civiles o funcionarios de prisiones que proceden de la Península, Baleares o Ceuta y Melilla.
Cabe recordar que la compensación por trabajar en Canarias que dichos funcionarios reciben «depende, en buena medida, de los fondos Feder comunitarios (Fondos Europeos de Desarrollo Regional) y pueden contribuir mucho a la estabilización de plantillas, lo que redundaría en una mayor seguridad para la ciudadanía canaria», apuntó un representante de los colectivos citados.
Según una de las fuentes, la indemnización por residencia depende en un 80% de los fondos europeos. En función de la categoría que tenga cada funcionario, ese incremento de los ingresos puede oscilar de los 200 a los 400 euros aproximadamente, indicó una de las fuentes.
De forma global, la asignación económica para policías nacionales, guardias civiles y funcionarios de prisiones se incrementaría en unos diez millones de euros, manifiestan. SUP, AUGC y Tampm indican que esta demanda viene de una «antigua reclamación, en la que los letrados de la Administración de Justicia, además de jueces y fiscales, ya vieron reconocidas cuantías iguales en todo el Archipiélago, generando, por lo tanto, un agravio comparativo entre los distintos cuerpos de la Administración General del Estado».
En el ámbito penitenciario se trató la posibilidad de traspasar la sanidad penitenciaria a la Consejería de Sanidad del Gobierno canario, para que se cumpla la actual legislación, que data del 2003, y abaratar costes en varios aspectos.
Barreto se comprometió a hablar de este asunto con su homóloga de Sanidad, Esther Monzón. Otra de las demandas es que se promueva un convenio para facilitar al personal sanitario de prisiones el acceso a las historias clínicas de los internos, como ya se hace en Atención Primaria. Una de las consecuencias de esa medida es reducir las salidas de reclusos a los hospitales.
El citado acuerdo de traspaso de competencias ya está firmado por cuatro comunidades autónomas, «y tenemos la ocasión de ser la siguiente, por lo que no conviene que volvamos a quedar en el furgón de cola, como en otras ocasiones», dijo un participante en la reunión.
También se demandó que la labor de los funcionarios de Instituciones Penitenciarias sea considerada «trabajo de riesgo». Además, los representantes de Tu Abandono Me Puede Matar expusieron el grave deterioro que existe en el centro penitenciario Tenerife II. Por ese motivo, los sindicalistas de Tampm invitaron a la consejera de Presidencia, Justicia y Seguridad a que visite la mencionada cárcel.
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