Hablemos de Mónica Oltra. Sí, pero llamémosla de cualquier otro modo, despersonalicémosla. Su ejemplo sin nombre debe ser representativo de lo injusto de una solución que se viene aplicando a las heridas judiciales y que, en vez de suponer la desinfección de lo viciado, más bien provoca la catarsis física del zaherido. Sí, hablemos Oltra vez de un tema que ya hemos tocado en el pasado: la presunción de inocencia.
Fueron los partidos autodenominados como "la nueva política" los que elevaron el umbral mínimo de la responsabilidad de sus dirigentes, lo que siempre dije que era una barbaridad insoportable, pero que vendía bien en los titulares. Fulanito de tal dimite porque hace cinco años robó unas zapas en el Decathlon. Menganita de cual dimite porque el líder de la formación contraria le ha presentado una querella catalana (oiga, esto existe, búsquelo en internet) para apretarle las clavijas.
El sistema era diabólico. En el supuesto de que un juzgado admitiera a trámite una acción penal contra un cargo público, éste debía dimitir y abandonar su puesto político inmediatamente. ¿Cuál fue la consecuencia? Que nuestro ya de por sí saturado sistema judicial se vio contaminado por infinidad de todo tipo de denuncias y querellas encabezadas por Abogados Cristianos, Vox, el Sindicato Manos Limpias, los partidos tradicionales e incluso los de nuevo cuño. Y, claro, ahora está muy de moda hablar de "lawfare" con tono victimista, pero qué mayor guerra judicial hay que obligar a tu rival "por coherencia" a dejar su cargo de poder y quitarte de encima a un presidente autonómico, a un diputado o a un ministro de Cultura.
El problema es un movimiento de tijeras: si dimites, hay presunción de culpabilidad y, cuando el procedimiento acaba, cuatro años después, no hay fórmula de reposición al estado anterior a la dimisión. Has perdido tu poder, tu electorado e, incluso, un montón de pasta. Por otro lado, si no dimites, eres machacado por los adversarios políticos, sacado en volandas por la prensa, condenado en vida a la pena de banquillo sin banquillo. Una fina jugada: jaque en dos. Para tu puta casa.
Yo he defendido siempre que las personas no dejan de vivir o de trabajar cuando tienen un procedimiento penal en su contra. No tenemos, la mayoría de nosotros, la capacidad para aislarnos de la sociedad y concentrarnos en nuestra defensa penal, porque, básicamente, la gente necesita trabajar para tener dinero con el que comer, pagar su hipoteca o alquiler, su manutención y, por qué no decirlo también, a su abogado. Por eso siempre me ha parecido una irremediable estupidez defender que cuando un juzgado admite una denuncia contra ti, tienes que dimitir ipso facto. Y lo es porque los juzgado admiten la gran mayoría de las denuncias, si tienen un mínimo de contenido penalístico, toman declaración a las partes, revisan los documentos, ejercitan una cierta actividad probatoria.
Es decir, que puede haber un 90-95% de probabilidades de que se admita a trámite una denuncia contra un político, aunque solo tenga un 5% de posibilidades de ser condenado por dicha acción. Es muy bonito y bienqueda hablar ahora de "lawfare" cuando son los propios partidos los que elevan el nivel del arbitraje para quejarse luego de la cantidad de faltas que hacen los jugadores. Esa es la belleza de la presunción de inocencia, que mientras no exista al menos una condena en primera instancia, el acusado no tendría porque dimitir ni aceptar ningún reproche culpabilístico de la sociedad. Se llame Mónica Oltra, o Carles Puigdemont. Que por cierto, a mí lo que sí me parece "lawfare" es indultar a delincuentes y amnistiar a acusados que ni tan siquiera han llegado a ser condenados judicialmente. Pero bueno, esa es ya otra historia.