La justicia argentina reabrió una investigación contra figuras políticas de Venezuela, entre ellas el presidente Nicolás Maduro, por supuestas violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. La decisión ocurrió en la previa a las elecciones presidenciales en ese país, cuestionado por la comunidad internacional por la falta de transparencia y de garantías a la protección de los derechos humanos.
En Argentina la causa inició en julio de 2023, pero fue archivada y remitida a la Corte Penal Internacional. Sin embargo, este viernes un tribunal federal de la Ciudad de Buenos Aires hizo lugar a un pedido del sector civil y consideró que los delitos alegados son de "extrema gravedad", por lo que corresponde la "jurisdicción universal y la competencia extraterritorial".
La investigación recae tanto sobre Maduro como otros referentes del chavismo, como Diosdado Cabello, diputado de la Asamblea Nacional y vicepresidente del partido fundado por Hugo Chávez Frías. Los dos dirigentes fueron señalados por la comisión de delitos del nivel de desapariciones forzadas, torturas y persecución de opositores, entre otros.
Los detalles del caso
La causa se inició a mediados de junio de 2023 ante una presentación judicial del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia y la Fundación Clooney para la Justicia para que la justicia argentina investigara si se cometieron violaciones a los derechos humanos.
Fue en ese entonces el fiscal Carlos Stornelli el que impulsó la investigación que cayó bajo la órbita del juez Sebastián Ramos. El magistrado consideró que se trataba de un caso de la jurisdicción d la Corte Penal Internacional, por lo que desestimó la causa que quedó archivada hasta este momento.
Este viernes 5 de abril la Sala I de la Cámara Federal porteña compuesta por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens hizo lugar a una presentación de un grupo de víctimas para reabrir la investigación sin "delación ni demora" sobre los delitos de "extrema gravedad" asignados a Nicolás Maduro.
"En febrero ampliamos la denuncia y hoy estamos viendo los frutos de este trabajo que es en favor de la democracia y la justicia", sostuvo el presidente del FADD y funcionario porteño, Waldo Wolff. "Es un verdadero acto de justicia sentar en el banquillo a quienes han derramado la sangre de sus pueblos.", agregó, en una publicación en X.
Por su parte, el presidente venezolano está actualmente abocado a la campaña presidencial para conseguir un nuevo mandato en las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio, en medio de denuncias por irregularidades y persecución de opositores. Entre ellos María Corina Machado, la principal líder de la oposición que fue inhabilitada y recientemente denunció que buscan encarcelarla.
La reapertura de la causa también tuvo que ver con la ampliación de la denuncia presentada contra Nicolás Maduro que realizó el FADD en febrero, tras la "desaparición forzada" de la activista hispano-venezolana Rocío San Miguel, que permanece detenida e incomunicada en una cárcel de máxima seguridad en Caracas.
"La tortura, desaparición forzada, encarcelamiento y la persecución selectiva son delitos de lesa humanidad y deben ser investigados no solo por la Corte Penal Internacional, como está ocurriendo, sino también por la justicia de países como Argentina. El mundo se le debe hacer chiquito a quienes buscan permanecer en el poder por medio de la barbarie", expresó Elisa Trotta, secretaria general de FADD.
Cronología de la escalada de tensión entre Argentina y Venezuela
La decisión de la justicia argentina, reconocida pionera en la promoción de los derechos humanos a nivel mundial, no será de agrado para el gobierno venezolano. En especial por la escalada de tensión que protagonizaron los dos países en los últimos meses a raíz de los cruces con el gobierno de Javier Milei.
El presidente argentino mostró su enemistad hacia el chavismo desde su campaña presidencial. Pero, una vez en el poder, el conflicto se encendió después de que el Boeing 747-300M Dreamliner de carga, propiedad de Emtrasa -la filial de la aerolínea venezolana Conviasa- retenido en Buenos Aires partiera rumbo a Estados Unidos, en respuesta a un pedido de decomiso.
El avión fue destruido en territorio estadounidense, provocando la furia de Caracas que denunció a Estados Unidos por el "acto vil, criminal, indignante" de "descuartizar" la aeronave. Ante esa situación, el gobierno de Maduro prohibió que las aeronaves con matrícula de Argentina puedan sobrevolar el espacio aéreo de Venezuela, como ocurre hasta ahora en vuelos a México o Estados Unidos.
La decisión de Maduro no pasó inadvertida para la administración de Milei. En su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni respondió que "Argentina no se va a dejar extorsionar por los amigos del terrorismo", mientras que poco después el país inició "acciones diplomáticas" contra Venezuela.
Pero uno de los puntos más álgidos fue el asilo político que dio Argentina a seis opositores a Maduro en la embajada en Caracas por haber denunciado persecución. Después del corte de suministro eléctrico, el gobierno argentino quiso enviar efectivos para reforzar la seguridad del cuerpo diplomático pero fue impedido por el gobierno venezolano.
CD / Gi