Argentina pide la detención de un ministro iraní por su participación en los atentados contra la AMIA en 1994
El Ministerio de Exteriores de Argentina ha pedido este martes la detención del ministro del Interior de Irán, Ahmad Vahidi, reclamado por la Justicia argentina por su participación en el atentado ejecutado en 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, que se saldó con 85 muertos y cientos de heridos.
La diplomacia argentina, que ha señalado que sobre Vahidi pesa una alerta roja de Interpol, ha indicado que el ministro actualmente integra una comitiva gubernamental por la que se encuentra en Pakistán y Sri Lanka. "Con motivo de su viaje, Argentina ha solicitado a los gobiernos (...) su detención de acuerdo a los mecanismos previstos por Interpol", reza un comunicado.
Asimismo, ha comunicado que "paralelamente al trabajo que está haciendo el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Exteriores" con las Embajadas en Pakistán e India, la Policía Federal ha pedido a la Oficina Central Nacional de Interpol en Islamabad "que proceda a la detención preventiva del causante con fines de extradición".
Cabe mencionar que el Ejecutivo argentino ya condenó en 2021 la designación de Vahidi como ministro del Interior de Irán, así como el nombramiento de Mohsen Rezai como vicepresidente de Asuntos Económicos, este último también con orden de captura internacional por su participación "clave" en las decisiones del atentado.
La Cámara Federal de Casación de Argentina responsabilizó este mes a Irán y Hezbolá del ataque y afirmó que las autoridades iraníes fueron responsables de la planificación, mientras que el grupo libanés estuvo detrás de su ejecución. Asimismo, calificó el atentado como "delito de lesa humanidad" por constituir "graves violaciones a los Derechos Humanos".
Tras ello, el Gobierno israelí aplaudió el señalamiento judicial contra Irán y Hezbolá y reclamó a Buenos Aires que declare formalmente a la Guardia Revolucionaria iraní como una organización terrorista. Por su parte, el Gobierno iraní tildó de "políticamente motivado" el fallo, afirmando que se fundamenta en acusaciones "infundadas".