Se sienten los discriminados de entre los discriminados. Con una discapacidad o sin ella, el trabajo es necesario a la hora de tener una vida independiente y el paro es una realidad en el colectivo de la diversidad funcional. Según el informe de la Generalitat Valenciana «Personas con discapacidad y Empleo Público» en la Comunitat Valenciana hay 160.642 valencianos con discapacidad en edad de trabajar pero 129.800 están en paro (eso supone un 80,8%).
Por ello, conseguir trabajo en la Adminsitración pública es una oportunidad y la reserva de plazas es una obligación legal. Sin embargo, las personas con discapacidad intelectual moderada alzan la mano para reivindicar mejoras en un proceso al que no acceden «en igualdad de condiciones».
Los datos lo demuestran. En las últimas oposiciones a subalterno para personas con diversidad funcional intelectual se ofertaban 102 plazas para la que se presentaron 734 aspirantes. De ellos, 618 tenían una discapacidad leve y 116, moderada. «Eso significa que el 85,8% de las plazas debía ser para personas con discapacidad leve y el 16,2% para quienes tienen una discapacidad moderada, pero los datos demuestran que no es así por lo que exigimos que se reserve por ley un porcentaje de plazas para personas con diversidad funcional moderada porque, al final, se quedan siempre fuera y sin las mismas opciones que el resto. De hecho, de las 102 plazas ofertadas solo dos personas con discapacidad moderada consiguieron la plaza», explican desde asociaciones vinculadas a personas con discapacidad intelectual.
Conseguir una plaza pública en la Administración implica un trabajo fijo y estable. Ahora bien, la Generalitat Valenciana solo adjudica a personas con discapacidad una de cada cinco plazas que les oferta. La ley, sin embargo, persigue ampliar el porcentaje de trabajadores públicos con discapacidad y por ello modificó la normativa el año pasado para que la reserva de plazas pasara del 7 al10%.
El examen para acceder a las 102 plazas de subalterno ofertadas era el mismo tanto para personas con discapacidad leve como moderada, «aunque sí es cierto que se incluyen modificaciones al examen, como aumenta el tiempo de respuesta, pero las preguntas son las mismas. Hay que hacer una reserva específica de plazas para ellos porque lo contrario significa que siempre se quedarán fuera. Los datos y los procentajes indican que algo está fallando y que no hay igualdad de oportunidades».
Según datos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, la Generalitat Valenciana cuenta con 162.482 funcionarios (sin contar con las universidades), pero solo 4.490 cuenta con algún grado de discapacidad reconocido. Así, el porcentaje de empleados públicos con discapacidad en la Generalitat Valenciana se sitúa en un 2,76%, una cifra algo superior al mínimo que marca la ley ya que las empresas públicas y privadas que tengan 50 o más trabajadores están obligadas a que al menos el 2% de la plantilla sean personas con discapacidad.
El objetivo de entidades como el Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) es que se alcance el 3% que fija la Ley de Función Pública. La mayoría de funcionarios con discapacidad trabajan en sanidad (2.129) y en educación (1.052 personas). En la Administración general trabajan 1.016 personas y solo 166 forman parte del personal de justicia.
El empleo público es una de las pocas opciones reales de trabajo para personas con discapacidad intelectual, que son , además, las menos representadas. Y es que según el informe anual de Diversidad Funcional y Salud Mental, el tipo de discapacidad más frecuente en la Comunitat Valenciana es la osteoarticular (23,87%); seguida de la mental (19,50%), la enfermedad crónica (16,89%) y la intelectual (con un 14,25%).
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