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El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha encargado este miércoles a las asociaciones de fiscales que trabajen en la modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para dotar de mayor "autonomía" a la institución ante la posibilidad de que se reforme el sistema penal.
García Ortiz se ha reunido en la sede de la Fiscalía General con los representantes de los tres colectivos de fiscales, con Cristina Dexeus presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), Jesús Arteaga presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y Miguel Pallarés al frente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
El encuentro ha sido propuesto por el fiscal general después de que el Gobierno haya transmitido a estos colectivos -lo hizo el ministro de Justicia Félix Bolaños la semana pasada en sendas reuniones con las tres asociaciones- que va a tratar de aprobar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim)que dejaría en manos de los fiscales la instrucción penal.
Según informan fuentes fiscales a EL MUNDO, el fiscal general ha enmarcado dentro de la "voluntad política" que la reforma de esta decimonónica Ley pueda salir adelante. Asimismo, ha fijado un calendario de trabajo con los representantes asociativos estando prevista la próxima reunión para el día 7 de mayo.
En el encuentro tanto Dexeus como Pallarés han incidido en la idea que es necesario que la reforma de la LeCrim vaya acompañada de mayor "independencia" para los miembros de la carrera fiscal mientras García Ortiz se ha referido a mayor "autonomía".
El calendario fijado por el Gobierno pasa por que en el mes de junio pueda enviarse la Ley al Consejo de Ministros, una vez recabados los informes preceptivos pero no vinculantes del Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado.
Sobre la modificación modelo penal español, tanto los anteriores Gobiernos del Partido Popular como los Ejecutivos socialista y de coalición han presentado sendos proyectos legislativos para aprobar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sin embargo, ningún Gobierno ha sido capaz de dar luz verde a los mismos.
Además, en la actualidad, el PP recela de que con Pedro Sánchez, que nombró fiscal general del Estado a su ministra de Justicia, Dolores Delgado, pueda llevarse a cabo esta reforma de calado garantizando la independencia de los fiscales. Al presidente todavía le persigue la polémica frase de «¿la Fiscalía de quién depende?».