La Fiscalía Europea está impidiendo que la Fiscalía Anticorrupción investigue una de las contrataciones que más olor a podrido desprenden de cuantas se celebraron durante la pandemia de coronavirus: la del Ministerio de Sanidad del hoy candidato socialista a las elecciones catalanas, Salvador Illa. Y todo porque el fiscal puesto por Pedro Sánchez en el organismo comunitario, Ignacio de Lucas, ni come -ni investiga- ni deja comer (investigar) a la Fiscalía Anticorrupción en España. Casi dos años después de que el Ministerio público español enviará el asunto a la UE, por existir fondos comunitarios de por medio, permanece guardado en un cajón ante el creciente malestar de los fiscales en España. Y es que consideran que si la Fiscalía de la Unión Europea no tiene intención de impulsar esas pesquisas, debería al menos permitir al Ministerio Público español realizar diligencias al respecto de los delitos sobre los que no tiene competencia la fiscalía con sede central en Luxemburgo.
Contrasta la pasividad de la Fiscalía de la UE con la guerra que dieron los fiscales de Sánchez en ese organismo cuando saltó el caso del hermano de Isabel Díaz Ayuso, que fue finalmente archivado en España. El megacontrato que la Fiscalía de la UE se niega a investigar es el de los 263 millones de euros que Salvador Illa pagó por adelantado, a dedo y sin justificar, a la empresa FCS Select Products, un pelotazo descomunal envuelto en la polémica, porque parte de las mascarillas suministradas fue defectuosa. La administradora de esa empresa fue condenada por estafa agravada en 2016 por su participación en una trama delictiva dedicada al comercio y al posterior vaciamiento de cuentas con problemas financieros. Pactó una condena de 10 meses de prisión y una multa de 66.980 euros. No parece mucho si se tiene en cuenta que la sociedad ha comprado después del pelotazo inmuebles de lujo por importe de 30 millones de euros. Sin embargo, la Fiscalía de la UE permanece de brazos cruzados. ¿Es que también depende de Pedro Sánchez?