La líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió y el senador Luis Juez solicitaron al Consejo de la Magistratura que investiguen la conducta de los jueces federales Ariel Lijo y Alejo Ramos Padilla. En el caso del candidato del Gobierno a la Corte Suprema, Lijo, Carrió pidió que la Magistratura realice una auditoría sobre una causa en que fue investigado por supuesto mal desempeño. El pedido de Carrió fue apoyado por nota por las agrupaciones "Será Justicia", que dirige María Eugenia Talerico, y "Acción Conjunta Republicana", entre otros.
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La líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió y el senador Luis Juez solicitaron al Consejo de la Magistratura que investiguen la conducta de los jueces federales Ariel Lijo y Alejo Ramos Padilla. En el caso del candidato del Gobierno a la Corte Suprema, Lijo, Carrió pidió que la Magistratura realice una auditoría sobre una causa en que fue investigado por supuesto mal desempeño. El pedido de Carrió fue apoyado por nota por las agrupaciones "Será Justicia", que dirige María Eugenia Talerico, y "Acción Conjunta Republicana", entre otros.
Y Juez insistió ante el presidente de la comisión de Acusación de la Magistratura, el exdiputado K Héctor Recalde, que sortee un instructor para dos pedidos de sanciones administrativas contra Lijo y el juez federal de La Plata, Ramos Padilla.
Por otra parte, la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura notificó ayer a los jueces federales Federico Villena y Marcelo Bailaque del inicio de sendos sumarios para eventuales juicios políticos. La llamada notificación por el artículo del reglamento supone que las denuncias fueron aceptadas y ahora los magistrados pondrán hacer sus denuncias.
En el caso de Villena, juez federal de Lomas de Zamora, se inició ese trámite por un pedido de la fiscal Cecilia Incardona y otro del titular de la Procuración de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias. La fiscal Incardona advirtió que 4 sumarios fueron iniciados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) como actuaciones de prevención, cuando "se desprende claramente que se trata de una denuncia realizada por un particular".
Para Incardona, "ello constituye un acto de gravedad institucional puesto que el magistrado impartió una orden genérica a una fuerza de seguridad, lo cual está fuera de sus funciones como magistrado y, además, impone al personal de la PSA obrar al margen de la ley, omitiendo de ese modo la intervención del Ministerio Público Fiscal y la correcta participación en el proceso penal de la víctima". Fuentes allegadas a Villena negaron la acusación y adelantaron que el juez responderá al requerimiento de la Magistratura. "Es un vuelto del kirchnerismo judicial por la actuación de Villena en al avión venezolano-iraní", agregaron las fuentes.