La CIDH le ha dado tres meses más a Bolivia para evitar juicio por el asalto al hotel Las Américas
La Procuraduría General del Estado cuenta hasta el 26 de julio para logar un acuerdo con la parte demandante.
La Procuraduría General del Estado señala, en un comunicado, que está avanzando en el cumplimiento de las recomendaciones presentadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En el mismo documento destaca que la CIDH ha extendido el plazo dispuesto para la implementación de las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo del caso denominado asalto al Hotel Las Américas.
El plazo inicial dispuesto por la CIDH se ha extendido hasta el 26 de julio del presente año. Bolivia tendrá tres meses más para concertar la conciliación con Mario Tadic, Elod Toasó y la familia de Michael Dwyer entre otros.
Desde la Procuraduría se argumenta que "el Estado Boliviano ha implementado acciones concretas" para atender las recomendaciones planteadas. Destaca también una "respuesta favorable en cuanto a las posibles reparaciones económicas" como motivo para que se extienda el plazo y se propicie un diálogo entre las partes.
A pesar de la ampliación del plazo, el caso prosigue en su "fase contenciosa" hasta que se concrete un acuerdo que satisfaga a la parte demandante.
La CIDH se pronunció sobre el asalto al Hotel Las Américas ocurrido el 16 de abril de 2009. En un operativo policial realizado en horas de la madrugada, los uniformados ingresaron al mencionado hotel para capturar a cinco personas, sospechosas de formar una célula terrorista.
Fruto de la intervención policial, tres personas fallecieron: Eduardo Rozsa, Arpad Magyarosi y Michael Dwyer. Además, otros dos integrantes de la supuesta célula, Elod Toasó y Mario Tadic fueron arrestados.
Tanto Tadic como Toasó se acogieron al procedimiento abreviado después de seis años en prisión preventiva. Una vez en libertad, retornaron a Europa. Desde allá interpusieron una demanda contra Bolivia por delitos de torturas y ejecuciones sumarias extrajudiciales. A la demanda también se sumó la madre de Michael Dwyer, desde Irlanda.
Organismos internacionales y grupos de derechos humanos mantienen una postura crítica ante el actuar de Bolivia en este caso. Denuncias falta de trasparencia en los procesos y una parcialización de la justicia que mantuvo a otros detenidos una década bajo la figura de detención preventiva.