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La Junta de Fiscales de Sala, cúpula del Ministerio Público, afronta este miércoles el debate sobre si debe investigar de forma preliminar, o no, qué miembros de la institución llevaron a cabo la revelación de datos confidenciales del pacto de conformidad que el letrado del novio de Isabel Díaz Ayuso negociaba con la Fiscalía Provincial de Madrid.
La fiscal encargada del caso, María de la O Silva, considera que se deben practicar unas diligencias «mínimas» encaminadas a esclarecer «la intervención de los querellados en los hechos denunciados» con el objetivo de «buscar la verdad material» para luego valorar la relevancia penal de los hechos. Es decir, para con posterioridad pronunciarse sobre si el Tribunal Superior de Justicia de Madrid debe admitir a trámite o no la querella interpuesta por la pareja de Ayuso contra la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de Delitos Económicos, Julián Salto, por un delito de revelación de secretos.
La orden dada por la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, es que Silva debe informar en contra de la admisión de la citada querella. Al no estar de acuerdo la fiscal del caso con la misma ha invocado el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal dando lugar a un pronunciamiento -preceptivo pero no vinculante- del generalato de la Fiscalía.
Vuelco ideológico
La Junta de Fiscales de Sala está compuesta por los fiscales de la máxima categoría de la Carrera Fiscal, habiendo sufrido un vuelco ideológico en los últimos años debido a la sesgada política de nombramientos llevada a cabo por la ex fiscal general del Estado Dolores Delgado y su sucesor Álvaro García Ortiz.
En la actualidad, la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación a la que pertenece Delgado y de la que fue portavoz García Ortiz, cuenta con una representación inédita en el generalato de la Fiscalía pese a que, a su vez, se ha dado la paradoja de que en los últimos años históricos asociados se han dado de baja de este colectivo por la falta de crítica con las respectivas actuaciones de ambos fiscales generales. Según datos proporcionados por esta asociación, en la actualidad la UPF está compuesta por unos 240-250 fiscales de los 2.700 que aproximadamente componen la Carrera Fiscal. Sin embargo, 17 de los 37 fiscales de Sala que hay en la actualidad son miembros de la UPF.
Este escenario -con una Junta afín al actual fiscal general- hará previsible que la teniente fiscal, también miembro de la UPF, obtenga el respaldo de la mayoría de fiscales de Sala. Sin embargo, esta circunstancia no impedirá que haya un profundo debate en torno a la última polémica protagonizada por la Fiscalía que dirige García Ortiz.
Distintos fiscales de Sala consultados por EL MUNDO, progresistas y conservadores, se sienten avergonzados de que «el gabinete de prensa de la Fiscalía actúe como el de un partido político» en un caso -el del novio de Ayuso- que sirvió al Gobierno de Pedro Sánchez para arremeter contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. No hay precedentes de una nota como la que emitió la Fiscalía Provincial de Madrid sobre el pacto de conformidad con el empresario Alberto González Amador. La emisión de ese documento, cuya orden de difusión fue dada por García Ortiz a la fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra (ambos se han abstenido en la causa), puso en pie de guerra al Colegio de la Abogacía de Madrid, que ha presentado otra querella por estos hechos.
En el debate puramente técnico, hay un grupo de fiscales mayoritario que considera que no se ha cometido un delito de revelación de secretos puesto que el contenido de los distintos mails fue previamente publicado por distintos medios de comunicación mientras otro sector, el minoritario, defenderá que -ya que no se pueden descartar los indicios de un delito de revelación de secretos- la obligación del Ministerio Fiscal es investigar los hechos y tratar de depurar responsabilidades. Consideran que se ha actuado causando una «flagrante vulneración de los derechos de defensa y de la presunción de inocencia» del investigado, en este caso, del novio de Ayuso.
Estos hechos han levantado una nueva polvareda en el seno de la Fiscalía. En el informe donde planteó el artículo 27, María de la O Silva relató las «presiones» en las reuniones mantenidas en la Fiscalía para abordar este asunto, que fueron desveladas por EL MUNDO. Silva relató cómo en la primera de esas tres reuniones fue convocada por la secretaria del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, aunque finalmente la cita estuvo dirigida por la jefa de la Secretaria Técnica, Ana Isabel García León. A aquel encuentro fueron citados el teniente fiscal de Madrid, Carlos Ruiz de Alegría, y la propia Silva.
La fiscal explicó que en aquella cita también se encontraban los fiscales querellados, la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de Delitos Económicos Julián Salto, junto a la fiscal decana de la Sección Segunda de la Fiscalía Provincial de Madrid, María de la Paz Núñez. «Ya en dicha reunión manifestamos el teniente fiscal y la fiscal encargada del caso la necesidad de que se nos dejara trabajar tranquilamente, sin presiones, y que entendíamos que era preciso esclarecer los hechos objeto de la querella», denunció. Los fiscales de la Fiscalía Superior de Madrid mostraron su incomodidad y estupefacción por el hecho de que se les hubiera convocado en una misma cita con los fiscales que son objeto de la querella presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
La postura de la teniente fiscal es que «la práctica de la diligencia propuesta resultaba objetivamente inútil» por no integrar el contenido de la nota informativa «ningún tipo delictivo». Sánchez Conde consideró que recabar las comunicaciones intercambiadas entre los fiscales «no resultaba conveniente» y además «sentaba un grave precedente para una institución como el Ministerio Fiscal».