A26 millones de euros asciende el coste, para el IB-Salut, de los usuarios que no acudieron a la cita concertada con los médicos en atención primaria y especializada. En conjunto, 240.000 usuarios que, sin avisar ni anular, practicaron la incomparecencia lo que constituye un inaceptable ejercicio de irresponsabilidad e insolidaridad al provocar retrasos y aumentar la demora en la atención sanitaria, pues todas esas citas podrían haberse asignado a otras personas.
La sanidad pública tiene un coste y exige responsabilidad cívica
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