La decisión de Luis Petri de desmantelar el área del Ministerio de Defensa que investigaba los crímenes de la dictadura sigue teniendo coletazos en los tribunales. La provincia de Buenos Aires, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, presentó un amparo contra el desarme de los equipos de relevamiento y análisis (ERyA) que funcionaban dentro de las tres Fuerzas Armadas y pidió una medida cautelar que ordene la inmediata reincorporación de los expertos despedidos.
El 27 de marzo pasado, el director nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, Lucas Miles Erbes, les comunicó a diez de los trece especialistas en archivos que estaban despedidos y que estaba tomada la decisión de derogar las resoluciones ministeriales que habían regido el funcionamiento de los ERyA desde su creación en 2010.
Los equipos se conformaron después de que Cristina Fernández de Kirchner desclasificó la información del período 1976-1983. Han estado conformados por civiles que analizaban la información burocrática de las Fuerzas Armadas para entender las lógicas de la represión o para reconstruir las carreras de quienes operaron en los centros clandestinos de detención.
Durante los años de su existencia, aportaron más de 170 informes en las causas de lesa humanidad. Recientemente uno de sus análisis sirvió para probar que el marino Adolfo Donda visitaba la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) cuando nació su sobrina Victoria Donda, por lo que terminó condenado por su apropiación.
Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense, afirmaron que la decisión de desarmar el área les da "una certeza indubitable de que el Ministerio de Defensa ha conculcado el derecho a la verdad de las víctimas sobrevivientes, los familiares y la sociedad en su conjunto de los crímenes de Lesa Humanidad cometidos durante la última dictadura, junto con la violación del 30 deber de investigar y condenar a sus responsables".
En esa línea, desde la oficina que dirige Matías Moreno hicieron una presentación ante los juzgados federales de La Plata durante la tarde del jueves. La presentación todavía no ha sido asignada a un magistrado, dijeron desde el gobierno provincial.
"Hicimos la presentación en esta jurisdicción porque estamos constituidos como querellantes en todas las causas de la provincia de Buenos Aires y porque los efectos de esta decisión del Ministerio de Defensa se van a sentir en todos los expedientes. Nos parece muy importante, por eso, que se produzca una medida cautelar", le dijo a Página/12 Verónica Bogliano, directora de querellas de la subsecretaría.
"El trabajo que hacen los ERyA es muy específico. Es casi detectivesco. Cuanto más van conociendo, más profundo es el análisis. Si se cambia todo el personal que venía trabajando hace años, implicaría volver a foja cero. Eso generaría demoras y que finalmente termine ganando la impunidad biológica", agregó la abogada.
La semana pasada, los abogados Pablo Llonto y Mariana Maurer hicieron una presentación similar en el juzgado federal de Daniel Rafecas, el magistrado a cargo de la megacausa del Primer Cuerpo –la investigación más voluminosa de delitos de lesa humanidad en la Ciudad de Buenos Aires. Como informó este diario, Rafecas le corrió vista al fiscal Carlos Rívolo, quien le respondió al juez que no es competente para intervenir y que debería remitir la presentación al fuero contencioso administrativo –que es donde tramitan las causas contra el Estado nacional y donde el gobierno de Javier Milei pretendía concentrar todos los planteos contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023.
La legisladora porteña Victoria Montenegro pidió, por su parte, la intervención del relator especial de Naciones Unidas para la verdad, la justicia y la reparación Fabián Salvioli –lo que implicó llevar la decisión de Petri a los fueros internacionales. Días antes de desmantelar el área que investiga los crímenes de la dictadura, el ministro de Defensa había dicho que las Fuerzas Armadas fueron demonizadas por su accionar durante los años '70. Para completar su prédica reivindicadora, el radical se fotografió con Cecilia Pando, que reclama la libertad de los genocidas.