Ante la decisión de la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, de adelantar una investigación frente a posibles inconsistencias en la utilización de los recursos de la Unidad de Pago de Capitación (UPC), por parte de algunas Entidades Promotoras de Salud (EPS), la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), se pronunció el lunes 8 de abril y sentó la postura del gremio acerca de dichas indagaciones.
En un extenso comunicado, la agrupación se refirió a la apertura de este proceso, que –según se conoció– determinaría si las EPS habrían desviado 9 billones de pesos entre 2020 y 2021, destinados para la atención de cada afiliado y que son girados por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres). Así le salieron al paso a lo dicho por la Fiscalía, en relación con el manejo de dineros públicos.
En total, son ocho los puntos que aborda el texto, en el que destacaron de entrada que, a la fecha, la Contraloría General de la República no ha publicado ningún informe de cierre sobre una actuación que dé cuenta de hallazgos fiscales contra las EPS. Lo anterior, luego de que 19 de febrero el ente dio a conocer un informe con lo que sería la situación de cerca de 26 EPS con las IPS y proveedores de la red, al corte del 31 de octubre de 2023.
El pronunciamiento de Acemi
En primer lugar, Acemi indicó cómo en su momento remitió a la Contraloría sus observaciones sobre el referido informe, en las que solicitó la revisión de la metodología empleada en el análisis sobre un presunto incumplimiento de los indicadores financieros de las EPS.
"Específicamente en reservas técnicas, patrimonio y margen de solvencia", indicó la asociación en lo que respecta a este caso.
Y aunque destacó que la Contraloría ofreció un escenario de mesa técnica para la revisión de la metodología usada, con el fin de "determinar los saldos de cartera de proveedores en la prestación de los servicios de salud y el cálculo de la reserva técnica", afirmó que solo se hará hasta el jueves 11 de abril: justo cuando adelantan requerimientos a algunas EPS para suministrar información que sustente la "correcta gestión administrativa".
"El último requerimiento fue notificado a las EPS el pasado 3 de abril y concede un plazo de tres días hábiles a las EPS para dar respuesta y allegar toda la información que soporta el uso de los recursos", indicó Acemi, en lo que concierne a la actuación especial de fiscalización al uso de los recursos de la UPC y de los que no incluidos en el Plan Básico de Salud (PBS), que son girados por Adres a las EPS.
En este orden de ideas, la agremiación manifestó que dichas solicitudes que ha hecho la Contraloría hacen referencia a los usos de la fracción del gasto administrativo que hace parte de la UPC, "y que reciben las EPS para su funcionamiento, que son objeto de aclaración y sustento". Al punto que reiteró que las EPS tienen "múltiples mecanismos de vigilancia" para conocer en qué se han gastado los recursos.
"Entre ellos se encuentran los Estados financieros reportados periódicamente a la Superintendencia Nacional de Salud, el estudio de suficiencia para el cálculo anual de la UPC, la Circular 08 de 2020, la plataforma Mipres para el gasto No PBS, que permiten identificar el valor de cada servicio y el destinatario de estos", señaló Acemi, que también se refirió a las visitas periódicas a las entidades por el organismo de control fiscal.
Del mismo modo, enfatizaron que los recursos son girados a través de cuentas maestras que permiten plena identificación de los movimientos. "En aras de garantizar el correcto y transparente uso de los recursos de la salud de los colombianos, son bienvenidas todas las actuaciones de los órganos de control con el respeto al debido proceso y al derecho a la contradicción que tienen los vigilados", reafirmó la entidad, que pidió "rigor y cautela".
Es válido precisar que la Fiscalía ordenó la conformación de un Equipo Especial Conjunto de fiscales, al igual que expertos y peritos de la Delegada para las Finanzas Criminales, Delegada contra la Criminalidad Organizada y Delegada para la Seguridad Territorial, para que lleven a cabo la investigación a los recursos de dicho periodo, a fin de establecer posibles conductas punibles.