El Banco de España supervisará a los servicers, plataformas que gestionan la recuperación y venta de carteras de créditos morosos y activos inmobiliarios vendidos por la banca tales como Intrum, Servihabitat, DoValue, Hipoges, Diglo o Lexer. Su competencia llegará con la normativa que ultima el Gobierno para trasponer al ordenamiento jurídico nacional la directiva 2021/2167 aprobada en 2021 en Europa y que los países debían incorporar antes del pasado 29 de diciembre, según confirman a elEconomista.es fuentes al corriente del documento.
La industria abogó desde el primer momento por el Banco de España por la naturaleza de los activos que gestionan los servicers (cartera de deuda y activos de la banca), aunque no estaba del todo clara su asignación.
Las reticencias arraigaban en que no son entidades financieras, pero el organismo ya vigila a otras compañías que tampoco lo son, con funciones vinculadas al sector, como las tasadoras o remesadoras de dinero. La directiva viene a regular una industria que, en España como en muchos otros países, carece de una normativa específica e integral.
Su vocación es establecer un marco jurídico común sobre los Administradores y Compradores de Crédito para carteras originadas por la banca europea. La mayoría de países ha traspuesto la directiva, pero las elecciones anticipadas interrumpieron el proceso en España.
La normativa obligará a los administradores de crédito a estar autorizados en un Estado miembro de la UE, pudiendo operar después en cualquier otro con el pasaporte europeo y serán los supervisores de esos países los que vigilarán su operativa en las carteras que administren en cada mercado. Se habilitará un registro oficial para aquellos autorizados.
Estarán obligados a cumplir con determinados requisitos como tener sede social en algún estado miembro, que dispongan de sistemas de gobernanza sólidos y adecuados mecanismos de control internos o tramiten con diligencia y eficacia las reclamaciones de los titulares de los créditos gestionados.
Carteras de crédito dudoso
Las autoridades competentes dispondrán de facultades de supervisión, investigación y sanción pudiendo, incluso, revocar la autorización en determinadas circunstancias. Los compradores de las carteras no están sujetos a ningún requisito de autorización, aunque sí a determinadas exigencias de información y de otra índole como nombrar a un administrador de crédito si no realizan ellos tal función.
Por su parte, la banca tendrá exigencias de información específicas hacia los potenciales compradores para que puedan efectuar la valoración de carteras y deberá reportar al supervisor las transacciones que realice. Para el cliente o titular del préstamo mejora su protección porque obligará al comprador de su deuda a notificarle la transferencia.
En la trasposición, los estados pueden aplicar reglas más ambiciosas que las fijadas por la directiva como extender su aplicación a carteras de operadores diferentes a la banca, pero la tendencia en los países ha sido limitarlo a las carteras de crédito dudoso cuya venta o transferencia se haya originado desde el pasado 1 de enero. Esta aplicación dejaría fuera porfolios de, por ejemplo, hipotecas o créditos al corriente de cobro.
Venta de 16.000 millones en activos tóxicos
La banca y los fondos enajenaron carteras de activos improductivos con un valor nominal próximo a los 16.000 millones de euros el pasado año, cifra que supuso un aumento interanual del 45,4%.
Pese a la profunda limpieza realizada por la banca en las últimas décadas, el mercado de activos tóxicos continúa siendo de los más grandes de Europa. El stock total de préstamos dudosos ascendía a 76.700 millones a finales del año pasado y representa un 21% del total del mercado europeo. Solo Francia supera el stock, con una exposición de 115.500 millones.