El Centro de Justicia y Paz (Cepaz) informó este 10 de abril que se registraron 86 actos de persecución y criminalización desde el Estado contra los periodistas, los medios de comunicación y representantes de partidos políticos venezolanos en los primeros dos meses de 2024.
«Más de la mitad de los casos registrados tienen que ver con el ejercicio de los derechos políticos. Patrones como la ratificación de inhabilitaciones políticas, la detención arbitraria bajo la previa desaparición forzada de activistas políticos y ciudadanos que presten servicios o que formen parte en las actividades de índole político, los procesos judiciales irregulares de las personas detenidas arbitrariamente, la activación del Plan furia bolivariana, los actos de amenaza y hostigamiento constantes, son solo algunos de ellos», explicó la ONG en una nota de prensa.
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Advirtió que este pico de violaciones a los derechos humanos coincide con la tendencia que ha explicado la ONU en sus informes desde el 2014: «la aplicación reiterada y sistemática de patrones de persecución responde a una política que pretende garantizar la permanencia indefinida en el poder del gobierno de Nicolás Maduro (…) ante las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio».
Sobre las víctimas de persecusión
Al menos 39 de los casos fueron contra personas dedicadas a la política, como lo fueron las detenciones arbitrarias de Dignora Hernández, Henry Alviárez y otros cinco dirigentes del partido Vente Venezuela.
Otros 20 casos se relacionan con ataques a periodistas y medios de comunicación, como el cierre de la emisora Onda 100.9 FM en Valencia, estado Carabobo.
En el 15 % (13) de los casos registrados las víctimas fueron ciudadanos en el ejercicio de la protesta y en el 17,44 % (15) las víctimas fueron defensores de derechos humanos, representantes gremiales y ONG, destacando el caso de la detención arbitraria y desaparición forzada temporal de la activista Rocío San Miguel.
También en la lista aparece el caso de la Universidad de Los Andes (ULA), que le negaron su derecho como institución a renovar sus autoridades rectorales pese a tener casi 10 años que el Estado no se lo permite.
Del total, «36 hombres y 9 mujeres fueron víctimas de estos actos de persecución y criminalización. Además, hay 41 actos que afectaron a personas que integran un colectivo y por lo tanto no pudieron disgregarse por género», dijo Cepaz.
El victimario: el Estado venezolano
Solo 27 casos de persecución fueron promovidas por personas ligadas al gobierno de Nicolás Maduro, el resto (59) son por instituciones estatales, que también están ligadas al gobierno de Maduro.
«Los patrones de persecución documentados fueron: hostigamiento y amenazas (43 casos); detenciones arbitrarias (14 casos); cierre de emisoras de radio (8 casos); órdenes de aprehensión (6 casos); irregularidades en procesos judiciales (5 casos); impedimentos de registrar un hecho noticioso (4 casos); inhabilitaciones políticas (2 casos); allanamientos irregulares (2 casos); cierre de programa de radio (1 caso); y traslado irregular de un preso político (1 caso)», agregó la ONG.
En este contexto, Cepaz advirtió que el Estado está aumentando «la persecución desmedida», «como señaló la Misión de la ONU, estamos ante la modalidad más violenta de represión, que se activa para silenciar a las voces disidentes».
En lo que va de el mes de marzo y abril la tendencia de persecución persiste, al menos 3 emisoras de radio han cerrado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), la Asamblea Nacional busca aprobar dos legislaciones que fomentan las restricciones de la libertad de expresión y de asociación y se ha detenido a un periodista por publicar contenido en la red social Youtube.