Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, y Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, fueron citados por la Sección de Ausencia y Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a una audiencia de seguimiento a las medidas cautelares ordenadas sobre La Escombrera, para proteger posibles cuerpos de víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13.
Si bien aún no se tiene agendada una fecha para la diligencia, la jurisdicción indicó que también están citadas la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBP) y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quienes, junto a ambos mandatarios locales, deberán responder las preguntas de organizaciones de víctimas, de la magistratura y de la Procuraduría sobre las acciones que se han adelantado hasta ahora para avanzar en la recuperación de cuerpos que podrían estar ubicados en esa zona de la capital antioqueña.
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La zona de La Escombrera, así como La Arenera, son dos lugares de suma importancia para los familiares de las víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13 entre 1978 y 2016. En octubre de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) le ordenó al Estado colombiano iniciar la búsqueda de personas que, se presume, estarían enterradas en la zona.
Los familiares de las víctimas han realizado varios plantones frente a la Alcaldía de Medellín desde el año pasado, con el objetivo de hacer un llamado sobre la necesidad de iniciar la excavaciones, un proceso que está estancado, y sobre el cual se espera hablar durante la citación a los mandatarios. Varias organizaciones, que acompañan a los familiares de las víctimas han manifestado que tanto en la administración del exalcalde Daniel Quintero, así como el primer mandato de "Fico" Gutiérrez (2016-2020), se retrasó la implementación de acciones y planes de búsqueda de los desaparecidos.
Organizaciones como el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), junto a las familias, plantearon en 2023 la idea de realizar un plantón para exigir celeridad en el proceso de excavación luego de haber sido convocadas para escuchar el informe de la Alcaldía de Medellín, el cual dictaría la ruta de inicio de las exhumaciones.
Sin embargo, la idea de que el proceso iniciaría se quedó en blanco, pues, a través de la Secretaría de la No Violencia (adscrita a la Alcaldía), los familiares conocieron la decisión que resumía que las excavaciones no comenzarían en 2023, como se había estipulado y, por el contrario, arrancarían finalizando el primer semestre de 2024.
En el auto de la JEP, el magistrado Gustavo Salazar Arbeláez, señaló que se debe "avanzar en la concertación institucional para subsanar los inconvenientes presentados, sobrepasar los obstáculos y dar pronta y efectiva respuestas a los peticionarios de la medida cautelar, y de manera específica, imprimir celeridad al proceso de búsqueda en el polígono de La Escombrera de las personas desaparecidas".
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