Las Palmas de Gran Canaria
Viernes, 26 de abril 2024, 10:40
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El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha tomado razón del informe sobre los reparos formulados por la Intervención General a los expedientes impulsados en 2023 con el desacuerdo del órgano fiscalizador. En total, 92 expedientes siguieron su trámite el año pasado con la discrepancia interventora y con un valor de 44,46 millones de euros.
La Ley Reguladora de las Haciendas Locales prevé la posibilidad de que la Intervención ponga reparos a la actuación de la entidad local cuando discrepa del contenido o de la tramitación de los asuntos. Aunque esto no paraliza el expediente, la norma obliga a incluir un informe anual de omisión de la función interventora con la relación de todos los expedientes afectados con ocasión de la dación de cuenta de la Liquidación del Presupuesto.
En el expediente que se elevó al pleno de este viernes, la mayor parte de los gastos con reparos son del área de Limpieza (28,57 millones de euros), en especial los de limpieza mecanizada de 2021 y 2022 (21,22 millones) debido a que el contrato está vencido desde 2018; y los de Recogida de Residuos Sólidos (7,34 millones), que está en situación de prórroga.
A ello se suma los 3,63 millones tramitados por Vías y Obras, que sigue con el contrato de mantenimiento de calzadas vencido desde 2018; los 3,24 millones de Educación, que tiene pendiente de adjudicar el contrato de mantenimiento de colegios; los 2,06 millones de euros de Ciudad Mar, que sigue con el mantenimiento de playas vencido desde 2023; los 2,05 millones de Urbanismo, entre cuyos proyectos con reparo está el referido a la pasarela Onda Atlántica; o los 1,16 millones de Alumbrado, por la factura energética entre 2018 y 2021.
La interventora detalla también que «durante el ejercicio 2023 no se han concedido anticipos de caja fija y no constan informes desfavorables en relación con la justificación de los pagos a justificar».
En el informe se recuerda también que la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, levantó el reparo de Intervención respecto al pago de 13,27 millones de euros a Emalsa en virtud de una sentencia que obligaba a compensar a la compañía las pérdidas que le había generado el hecho de que entre 2017 y 2021 no se hubiera actualizado la tasa de depuración y tratamiento de aguas residuales.
La portavoz del PP, Jimena Delgado-Taramona, se centró en las 92 omisiones de fiscalización de facturas. En 2022 fueron 19 millones de euros y en 2023 se superaron estos datos «alarmantes». En cuanto a los centros gestores destacó Limpieza o Vías y Obras por contratos vencidos.
«Son 92 actos con contenido económico sin fiscalización previa», dijo, «se está burlando el cumplimiento del control, que es necesario para asegurar la legalidad del gasto y evitar situaciones fraudulentas y de despilfarro del gasto público». En sus palabras, «no se está gestionando el dinero público de forma correcta».
Delgado exigió al gobierno que se disculpara ante los proveedores. «Esto solo se soluciona sacando los contratos vencidos desde 2018», planteó.
El concejal de Vox Alberto Rodríguez puso el foco en la actualización de las tasas de depuración por «el incumplimiento del procedimiento establecido legalmente». En su opinión, se presta a «grandes suspicacias», en especial con la distribución de acciones actual. «Es significativo el número y la cuantía de los expedientes en que se ha omitido la función interventora», añadió.
El portavoz de CC, David Suárez, calificó de «preocupante» la omisión de la fiscalización de los expedientes. «Ruego que los expedientes se lleven correctamente para que la Intervención haga su trabajo», dijo.
El concejal de Hacienda, Francisco Hernández, dijo que «el PP no se entera de nada». Explicó que los reparos que hacía la Intervención no eran adecuados en muchos casos, según el Consejo Consultivo, y se sigue con el procedimiento por medio de un informe previo a liquidación.
Además, muchas fiscalizaciones tienen que ver con contratos nulos, «pero no se ha enterado de que eso se ha pagado ya». El edil defendió la liquidación del presupuesto y aseguró que se está normalizando ya la relación con Emalsa, con la que se solventará la deuda a fines de año.
Hernández Spínola aclaró que se están tramitando los contratos para licitar los grandes servicios de Las Palmas de Gran Canaria este año, como los de limpieza mecanizada o vías y obras.
La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, añadió que el mantenimiento de centros educativos ya está adjudicado. Y bromeó diciendo que Spínola no era superman, pero sí un superconcejal.
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