La tragedia marítima vuelve a poner en el centro de la escena una cuestión clave de Argentina: la eficiencia del gasto público y la necesidad de llevar adelante una revisión de una política que frenó su desarrollo. Los últimos presupuestos militares, tienen un denominador común: el dinero para equipamiento y perfeccionamiento de las tropas es inexistente.
El presupuesto de Defensa es - este año - de 51.000 millones de pesos. El 80 % destinado a sueldos. El personal de Ejército tiene un adiestramiento promedio de 18 a 40 días anuales. La Armada y la Fuerza Aérea pueden mover sus naves y aviones en márgenes ínfimos.
Falta aclarar todavía qué sucedió en el ARA San Juan. El submarino desaparecido expone el conflicto, pero el problema del sector público es otro: el deterioro se repite en la infraestructura, en la política educativa, la salud y la seguridad.
La Argentina tiene un sector público gordo, ineficiente y que ahoga a la genuina inversión privada. Se trata de un sistema de décadas - comenzó con la dictadura militar del 76' – que los sucesivos gobierno democráticos no supieron enfrentar.
En las naciones de la OCDE -aún sin suerte Argentina quiere entrar ahí- los Estados son atléticos, profesionales e incentivan la inversión privada.
La ausencia de inversión ya generó la tragedia de Once: trenes que había comprado Arturo Frondizi y que hacia 50 años circulaban sin reinversión.
Aquí el Estado escaló sin límites . Aumentó el gasto de la política, pero no hubo solución a problemas que urgen : el incremento incesante del gasto público no evitó que creciera la fábrica de pobres. Eso implicó pagar más impuestos a quienes producen y trabajan. Y peor aún: generó el espacio propicio para una profunda corrupción .
Al final del mandato de Raul Alfonsín la pobreza era del 7 %. Ahora llega al 32 %. Comenzó a subir con Carlos Menem y no paró. Los gobiernos sólo llevaron -todos, pero en especial el kirchnerismo– una política asistencial asociada al "clientelismo electoral".
Ahora existe la inquietud de no repetir similares errores. Mauricio Macri pidió un aporte de "todos" al anunciar las reformas. Sin duda existe una fuerte contribución de los jubilados -la fórmula de aumento -, de la clase media y los sectores populares a través de los impuestos, las tarifas y al fin de la inflación . Pero se desconoce aún cuál es el aporte de otros sectores y de la política.
La reforma fiscal le pone la mano al sector privado, mientras el Estado no contribuye a la austeridad. Un documento que circula entre hombres de negocios concluye: las provincias ni pierden, ni ganan fondos con la reforma. Buenos Aires recibe un adicional neto 20.000 millones y la Casa Rosada embolsa unos 100.000 millones extra.
Tampoco aparece un hay un ajuste simbólico intramuros: Macri no hará el recorte del gabinete -seguirán 23 ministros , muchos desconocidos aún, y María Eugenia Vidal postergó el prometido recorte del funcionamiento de la Legislatura. El enunciado del paquete tiene una buena orientación: favorecer la inversión y la creación de empleos.
Pero en la práctica, todo se contradice con lo que hace el Banco Central. La reforma atiende necesidades de la ANSeS y baja impuestos para mejorar la competitividad . Pero Federico Sturzenegger gastará 300.000 millones en pagar los intereses de las Lebac. La alta tasa y el dólar barato perjudican la competitividad, que se quiere mejorar.
Por lo demás, como anticipó Clarín, la Cámara de Casación esta semana frenó el intento de Cristóbal López de licuar una estafa contra el Estado por 10.000 millones. La medida fue un aval a la AFIP y activó otra decisión judicial: ayer pidieron el procesamiento del "zar del juego" por defraudación.
El fiscal Gerardo Pollicita también reclamó el procesamiento de Ricardo Echegaray como cómplice de López. En la lista de 22 procesamientos se encuentra el ex director de DGI, Guillermo Michel , y su ex titular Rubén Toninelli. Michel era el encargado de comandar un "grupo de tareas" para perseguir desde la AFIP a aquellos que opinaban distinto que Cristina .
La cuestión tiene alto voltaje político. Están en juego miles de puestos de trabajo y un empresario que dice contar con el apoyo de la Casa Rosada para quedarse con Indalo.
En la Jefatura de Gabinete desmienten a Ignacio Rosner. Pero el financista tiene sólidos vínculos de acceso informal a Olivos y dice contar con la venia del Presidente.
También sacudió a los banqueros el pedido de indagatoria a Jorge Brito. En una nota, el Banco Macro informó esta semana a la Bolsa de Comercio que - en su momento - las operaciones de Alejandro Vanderbroele fueron todas denunciadas como operaciones sospechosas a la UIF.
Pero el "circulo rojo" quiere saber otra cosa: si es cierto que la ofensiva contra los empresarios surge de la propia la Casa Rosada. Los operadores judiciales de Macri -Gustavo Arribas, Daniel Angelici- son categóricos : lo desmienten.