Se firmó un convenio entre la provincia y el municipio, a través de la subsecretaría de Justicia, Derechos Humanos y Familia. El objetivo es adecuar políticas y buenas prácticas en Recursos Humanos que fortalezcan acciones para prevenir y erradicar las violencias.
El ministerio de Gobierno, a través de la subsecretaría de Justicia, Derechos Humanos y Familia, firmó un convenio de colaboración con el municipio de Centenario para la aplicación de las disposiciones de los registros de Violencia Familiar y de Género y de Deudores Alimentarios.
El objetivo es visibilizar, concientizar y difundir los alcances de las leyes provinciales N°3233 (Registro de Violencia Familiar y de Género) y N°2333 (Registro Provincial de Deudores de Alimentos), y fue firmado entre el subsecretario de la cartera provincial, Ricardo Riva, y el intendente de la localidad, Esteban Cimolai.
El convenio está orientado a adecuar políticas y buenas prácticas en Recursos Humanos que fortalezcan acciones para prevenir y erradicar las violencias, formando agentes multiplicadores que interactúen con la comunidad. A tales efectos, el municipio emitió el Decreto N°200/24 que puso en vigencia el acuerdo alcanzado.
Al respecto, Riva explicó que "esta norma no pretende tener una finalidad punitivista, ya que para ello existen otros instrumentos normativos que castigan los hechos de violencia familiar y de género. La aplicación de estas disposiciones debe entenderse como una política integral relacionada con el compromiso ético de implicar, en los objetivos institucionales, la responsabilidad de regirse por los estándares internacionales de Derechos Humanos".
Y agregó que "esto es un compromiso de todos aquellos órganos de la administración pública a quienes la ley 3233 y 2333 les encomienda el cotejo del Registro antes de la adopción de decisiones que impliquen autorizaciones, permisos, acceso a cargos y empleos públicos, entre otros".