Aun cuando ya hemos incorporado una rutina electoral y hemos ido a votar en paz muchas veces, las elecciones del domingo fueron tal vez las más dramáticas de los últimos tiempos, por la inesperada aparición de otros resultados, la autopsia sobre el cuerpo de Santiago Maldonado y la verdad sobre las causas de su muerte.
Una tragedia que jamás debió contaminarse políticamente. Menos aún debió ser objeto de especulaciones sobre su impacto en los comicios, porque su desenlace trágico trasciende las urnas.
Pero si el resultado electoral dependió de la libertad y la voluntad personal para elegir, el otro resultado, en cambio, el de los peritos que deberán traducir lo que ese cuerpo dice en la soledad de una morgue, habla también a la sociedad que somos, incapaz de impedir nuevas muertes jóvenes, sacrificadas en la irresponsabilidad adulta de los que en la última década envenenaron a los "pibes de la liberación" con la reescritura de la historia reciente para adaptar ese pasado a las intenciones políticas del presente.
Confieso que no puedo dejar de pensar en esa vida truncada, el joven al que muchos mataron para tornarlo un mártir sin reconocer el daño que hace la política cuando se postergan las soluciones y la realidad se tergiversa o simplifica con una consigna tramposa, disfrazada de ideología.
El que los derechos humanos hayan sido un instrumento de denuncia y de protección a las víctimas lleva a que muchas organizaciones de derechos humanos se sientan superiores moralmente.
Sin embargo, al no reconocer los derechos de otros grupos, en la práctica, niegan la universalidad que invocan. Al igual que quienes buscan una banca en el Congreso pero hostigan o niegan el sistema democrático que les da fundamento.
La defensa de los derechos humanos, si es verdadera, debe desembocar en una sociedad más igualitaria y respetuosa de las diferencias. No en la incitación al odio y a la violencia de todos estos días, invocada de manera temeraria por muchos dirigentes.
De modo que si es fácil reconocer todo lo que nos falta en materia de infraestructura, debemos también reconstruir un auténtico Estado de Derecho sin confundir Estado con gobierno, porque los derechos están consagrados en nuestra Constitución y los gobernantes están obligados a cumplir con los compromisos del Estado argentino, desde el calentamiento global hasta los derechos de la infancia. Además de limpiar el lenguaje de la ofuscación y las concepciones binarias.
No se trata de dejar hacer o de reprimir. En democracia, las fuerzas de seguridad deben estar entrenadas en el respeto a los derechos humanos para disuadir y dispersar a los grupos violentos que atentan contra el espacio público.
El derecho al reclamo garantizado por la Constitución se invalida con violencia y la cara tapada. Ese ocultamiento que tanto daño nos hizo en el pasado cuando todo era clandestino, desde las bombas hasta los secuestros, incompatible con la luz pública de la democracia.