El presidente estuvo en el Consejo de Seguridad en Samaniego, Nariño, el epicentro de los diálogos regionales de paz con el ELN. Allí, el mandatario habló sobre la transformación del territorio para construir la paz y sus planes para el paso de una economía ilícita hacia una lícita.
Petro se refirió a la implementación de dos frentes en la salida de las economías lícitas en Nariño. Por un lado, está el enfoque de la fuerza pública, con el que se reprimirá este tipo de comercio, y por otro, el "brazo político-social", en el que habló de la "transformación del territorio con su comunidad". El mandatario afirmó que esa transición hacia la paz solo sería posible con la eliminación de las economías ilegales, pues "las armas empiezan a ser financiadas por esa ilicitud".
Uno de los caminos para lograrlo, según afirmó, es la creación de una empresa comercializadora de oro del Estado en Nariño, con la que se asegurará el pago de impuestos de la minería ilegal, especialmente la de los metales preciosos. Dijo que para lograr esto se deberá hacer una "gran reforma de titulación".
"No es posible hacer la paz si el territorio de Colombia se entrega en minería a la gran multinacional, al gran capital o a los amigos del presidente de turno y no se le entrega títulos a la pequeña minería que permitiría un mejor manejo del territorio, del medio ambiente, que no se destruyan los ríos de la patria ni sus selvas y que puedan miles de familias, que desde siempre han vivido de este tipo de actividad, vivir con ayuda del Estado y del Gobierno", aseguró.
El mandatario continuó con su enfoque de la construcción de la paz a través de la sustitución de cultivos ilícitos por otros como el café, el cacao y el coco. Además, prometió que el Gobierno dará un impulso a este tipo de iniciativas y a la economía "con tasas de interés muy bajas". De acuerdo con él, "es el pueblo que tiene que decidir" y eso se establece con lo que él mismo ha llamado "el poder constituyente" del territorio, "bajo la conducción del gobernador de Nariño".
Hizo una invitación a las organizaciones armadas ilegales que buscan iniciar conversaciones con el Gobierno para continuar en ese camino. También enfatizó en que la fuerza pública estará "al servicio de la gente" y tiene "la orden de no dejar penetrar en el territorio ningún otro actor armado que quiera reemplazar los que hoy se quieren desarmar para seguir manteniendo la violencia y la economía ilícita".
"Mientras sea sincera la voluntad de dejar la actividad armada y violencia, el Gobierno les dará la mano", declaró Petro.
También lanzó un dardo a los gobiernos anteriores, a los que criticó de no ser "capaces de, una vez se hace un proceso de paz, garantizar que el territorio donde se hace ese proceso de paz no tenga más violencia". Por su parte, aseguró, se asegurará de "que la fuerza pública garantice que esa paz se mantenga".
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