El Gobierno dispuso la intervención del Instituto Nacional de Agricultura Familiar (Inafci) por un plazo de 90 días. Como interventora nombró a Inés Liendo, dirigente del PRO en Salta y figura cercana a Mauricio Macri, que además pertenece a una familia de funcionarios de la última dictadura y del menemismo. La decisión se formalizó mediante el decreto 285/2024 y en cuyos fundamentos se acusa a los trabajadores del organismo de entregar beneficios de forma discrecional a las familias productoras de alimentos. La semana pasada, se informó el despido de 900 trabajadores y trabajadoras.
Según su Currículum Vitae, Liendo es abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires, especializada en derecho administrativo. Durante el macrismo fue funcionaria del PAMI: se desempeñó como coordinadora de la Gerencia de Administración, dedicada a controlar los procesos de compras y contrataciones del organismo entre diciembre de 2015 y enero de 2020. Entre abril y noviembre de 2015 fue asesora legal del Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires. En 2023 fue la candidata a diputada nacional por Salta, elegida por Mauricio Macri para representar la propuesta electoral de Juntos por el Cambio en esa provincia.
En el ámbito privado hizo sus primeras armas como abogada en la firma Nieves de Mendoza, que llegó a juicio contra una familia de puesteros de Malargüe (Mendoza) por un conflicto de tierras y a otro litigio con la comunidad Mapuche Lof Limay Kurref por tierras en la misma zona. Según su perfil de LinkedIn, también trabajó en el estudio jurídico Bomchill, un buffet centenario que intervino en las privatizaciones de los años 90.
El apellido Liendo no es nuevo en la política argentina. La interventora es nieta del militar Horacio Tomás Liendo, primer ministro de Trabajo de Jorge Rafael Videla y ministro del Interior del siguiente presidente de facto, Roberto Viola. Según un artículo publicado en La Nación en 2007, el ministro Liendo fue partidario de combatir "con energía a las organizaciones guerrilleras para garantizar la libertad de trabajo, la seguridad familiar e individual de empresarios y trabajadores". Durante su gestión al frente de la cartera de Trabajo, se registraron secuestros y desapariciones de trabajadores y sindicalistas. Al renunciar Viola, se hizo cargo del Poder Ejecutivo por 21 días.
El padre de Inés, Marcelo Liendo, también hizo carrera militar. Llegó a ser coronel y comandó el Regimiento 5º de Caballería en Salta. Además fue subjefe de la V Brigada de Infantería de Montaña en esa provincia. A fines de noviembre de 2023 publicó una carta en el medio La Prensa, pidiendo por la prisión domiciliaria para los genocidas.
El negacionismo de los crímenes de la última dictadura y el discurso antiderechos es una herencia que la ahora interventora del Inafci recoge y expresa bien claro en sus redes sociales. En la red X repostea mensajes contra del derecho al aborto, otros que llaman "asesino" al periodista Rodolfo Walsh o que banalizan las movilizaciones por el 24 de marzo.
En esa red social, a principios de marzo, posteó: "Con Mauricio Macri coincidimos plenamente en el rumbo asumido por el gobierno nacional, y estamos trabajando para potenciar al PRO, cuyo compromiso con el Cambio es irrenunciable. Es esencial por ende que apoyemos el surgimiento de nuevos liderazgos, que abracen claramente las ideas de la Libertad, el derecho a la Vida y la defensa de la Propiedad Privada".
En enero, también en X, aseguró: "Trabajo desde el 2005 y estuve en contra de todas las políticas populistas impulsadas durante los 20 años del kirchnerismo. Jamás hice paro. Jamás impedí que otro argentino trabaje o se mueva libremente por nuestro país. La Argentina de los patoteros y extorsionadores se terminó. Perdieron chicos. Ahora dejen trabajar".
Contra la política destinada a la agricultura familiar
A través de las redes sociales, la interventora expresó su preocupación por el hambre en el país. "Más de seis millones de chicos no comen en Argentina, y al kirchnerismo lo único que le importa es no perder 'los fondos del teatro, del cine, la música y los medios. No tienen vergüenza!".
El Inafci, precisamente, es el organismo creado para acompañar a quienes producen la mayor parte de los alimentos frescos que se consumen en el mercado interno, como verduras, frutas y carne. El Instituto impulsa a trabajar desde la agroecología y brinda asesoramiento técnico y social para favorecer el sector.
Sin embargo, el Gobierno argumentó la intervención del Inafci señalando que "en relación con los programas y acciones desarrolladas, es el propio personal del Instituto quien busca y detecta al potencial beneficiario, lo asesora, lo guía e impulsa la tramitación" y que "dicho accionar da lugar a beneficiar discrecionalmente a determinadas personas u organizaciones vinculadas a los agentes que intervendrían en los procesos de asignación".
Eliana Negrete, delegada de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) por el Ministerio de Agricultura, aclara: "Las trabajadoras y los trabajadores no tenemos nada que ver con decisiones que impliquen discreción en el reparto del recurso. Nosotros hacemos nuestro trabajo con la universalidad de la agricultura familiar".
En el decreto que establece la intervención también se lee: "Que la instancia con competencia en la materia ha informado sobre situaciones de ocupación de tierras fiscales provinciales o municipales y/o tierras privadas, ya sea con permiso o sin él, en adjudicación de venta; campos comuneros; aparcerías precarias; comunidades indígenas; sucesiones indivisas, entre otros casos". La Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, que establece la creación del Inafci, destaca la creación de un registro de tierras fiscales destinadas a la agricultura familiar, pero aún no se avanzó en ese sentido. Hasta el momento, el organismo que se ocupaba de reconocer las tierras a los pueblos originarios es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INA), cuyo cierre también fue anunciado por el vocero Manuel Adorni.
Las y los técnicos que trabajan en el organismo acompañan a 250.000 productores y productoras en todo el país. Y coinciden en señalar que ese sector es una barrera para el extractivismo que pretende avanzar sobre los territorios. "Desde el Inafci se plantea una mirada que va en contra del agronegocio", marcaba Valeria Mamanis en diálogo con Tierra Viva, tras conocerse la noticia de los despidos. Dicha decisión generó el repudio no sólo de quienes trabajan allí, sino de los propios productores nucleados en organizaciones como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT) y la Federación Agraria Argentina (FAA).
Tres meses para decidir sobre el Inafci
Como interventora, Liendo deberá elaborar un informe para el Ministerio de Economía para darle a conocer el estado de situación del Inafci. Aún sin conocer este punto, el decreto —que lleva la firma de Luis Caputo—, señala que además tendrá que relevar la dotación del organismo, pudiendo disponer las medidas tendientes a la "racionalización de su planta de personal". Incluye la facultad de disponer cesantías, pases a disponibilidad y suspensiones. También tendrá entre sus competencias designar y remover a funcionarios.
Si bien se informó públicamente el despido de 900 trabajadores y trabajadoras, ninguno de ellos recibió aún el telegrama con la notificación oficial. Sin embargo, durante el fin de semana, 700 de ellos fueron dados de baja de los sistemas de Gestión Documental Electrónica, mecanismo que utilizaban cotidianamente para hacer sus tareas.
"No buscan echar ñoquis ni funcionarios, buscan golpear y desmoralizar a lxs trabajadorxs y destruir a los organismos que como el Inafci vienen trabajando desde hace más de 30 años con el sector de la producción familiar, generadora de alimentos y soberanía", manifestaron hoy los trabajadores, en el marco de las acciones de protesta convocadas por ATE.
Liendo deberá disponer además una auditoría integral sobre el estado de las instalaciones, bienes muebles e inmuebles y su eventual destino. Y tendrá en sus manos la continuidad o no del instituto creado por ley. "En el caso de detectarse anomalías o irregularidades, la Interventora informará al Ministerio de Economía el detalle del impacto económico y el menoscabo que ocasiona o ha ocasionado sobre la gestión, acompañando la información o documentación respectiva y asesorando sobre las acciones y medidas que corresponda adoptar, como así también sobre la oportunidad o necesidad de la continuidad del mentado Instituto Nacional como organismo descentralizado", dice el decreto.