La Sección Primera de la Audiencia Provincial enjuicia desde este lunes, con la fórmula del jurado popular, un caso en el que la Fiscalía ha pedido el internamiento en un centro psiquiátrico por un plazo máximo de 25 años a un hombre de 48 años acusado de matar a su padre en Albolote, en el área metropolitana de Granada, usando un pico de obra metálico cuando lo acompañaba a una cita médica de salud mental.
El procesado está en prisión provisional por estos hechos desde el 31 de marzo de 2022, según consta en el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press.
Sobre las 9,30 horas del 30 de marzo de 2022, el padre, de 76 años en ese momento, se dirigió al domicilio de su hijo en Albolote con la intención de acompañarlo al centro de salud de Atarfe, también en el cinturón granadino, donde "tenía concertada una cita en el área de salud mental".
En el interior del garaje del citado inmueble, y en medio de una discusión, el hijo empezó a "golpear a su padre" supuestamente, y el progenitor le habría expresado en voz alta que no le pegara, pidiéndole las gafas pues no veía.
Acto seguido, según prosigue el fiscal, "inopinadamente y sin que su padre", con dicha discapacidad visual, "tuviera ninguna posibilidad de defensa", también por su avanzada edad, y "con la clara intención de acabar con la vida de éste", el procesado habría cogido un pico de obra metálico de unos 50 centímetros de longitud.
Entonces supuestamente "lo golpeó con dicho pico reiteradamente y con gran fuerza en la cabeza y en la parte superior del tórax, hasta que dicho anciano se desplomó cayendo al suelo". Posteriormente habría trasladado el cuerpo de su padre arrastrándolo desde el interior de la cochera hasta la acera "donde lo dejó abandonado a su suerte". Fallecía esa misma tarde sobre las 16,45 horas.
En el supuesto delito de asesinato con alevosía y ensañamiento concurre para el fiscal la circunstancia de parentesco, y también la eximente completa de la responsabilidad penal de "anomalía/alteración psíquica". Tras el periodo de internamiento, el ministerio público interesa una medida de seguridad de libertad vigilada por diez años.