Este año los sindicatos tienen asegurado un gran protagonismo. No solo porque la espiral inflacionaria siempre estimula el conflicto laboral. Desde que la Casa Rosada impuso un cambio de estrategia al Banco Central, la dirigencia gremial es más determinante. Con una política monetaria menos rigurosa, los acuerdos salariales se vuelven cruciales para desacelerar la carrera de los precios. Es una mutación fundamental: si insiste en derrotar la inflación, Mauricio Macri necesita más que antes de una alianza sindical.
Es una de las razones por la que se postergó a marzo el tratamiento legislativo de la reforma laboral. Es verdad que hubo otras. Miguel Pichetto, el jefe de los senadores dialoguistas del PJ, pidió una demora explicando que esas leyes no deberían aprobarse en un proceso exprés. Pichetto, pero también los representantes del oficialismo, pretenden evitar movilizaciones incendiarias como las que se produjeron durante el debate de la actualización jubilatoria. En consecuencia, que los proyectos laborales se traten durante las sesiones ordinarias, permitiendo que las críticas se canalicen en cada comisión. El Senado se limitará en extraordinarias a dos iniciativas que desatan pocas controversias: la ley del mercado de capitales y la de defensa de la competencia.
De todos modos, si el oficialismo quisiera acelerar su propuesta laboral, no lo conseguiría. Hasta mediados de febrero la sufrida dirigencia sindical seguirá de veraneo. Y, cuando regrese de las vacaciones, le costará alcanzar un acuerdo. El sindicalismo está desarticulado por la desconfianza entre facciones. Para Macri y su ministro Jorge Triaca es un problema. No tienen con quien acordar. Pero es también una ventaja. Cualquier unificación se gestaría sobre una mayor confrontación con el Gobierno.
A estas dificultades hay que agregar un clima enrarecido. Cuando los jefes gremiales vieron a Juan Pablo "Pata" Medina fumar su exótico narguile mientras le colocaban las esposas, no se sintieron afectados. Al revés, en la Uocra festejaron. Medina fue siempre visto como un cuerpo extraño a la corporación. En cambio, cuando los mismos capitostes observan lo que ocurre con Marcelo Balcedo, el dirigente de Soeme capturado en Uruguay, se ven en un espejo. Balcedo pertenece a una dinastía sindical platense. Y las razones de su infortunio podrían alcanzar a cualquier sindicalista relevante. La UIF y la Procuración sobre Lavado de Dinero detectaron transferencias extrañas en el gremio y en la obra social. ¿Quién está a salvo? Además, Balcedo no es un electrón loco. Tuvo una relación estrechísima con Daniel Scioli; con su jefe de Gabinete, Alberto Pérez, y con su alegrante, Lautaro Mauro, figura clave en los negocios de Ciccone. Además, forma parte de un frente de gremios estatales fundado por su padre, al que pertenecen UPCN, de Carlos Quintana; AERI, del eterno Fotios Cunturis, y Suteba, de Roberto Baradel. Estas organizaciones cogobiernan las grandes cajas bonaerenses: IOMA y el Instituto de Previsión. Es probable que los comportamientos de Balcedo orienten investigaciones en otros sindicatos. María Eugenia Vidal, agradecida.
En la CGT creen ser víctimas de operaciones de espionaje. Sospechan de la controvertida Silvia Majdalani, segunda de la AFI, a quien conocen de ida y vuelta: durante el menemismo fue interventora en la obra social del Correo, gracias a la generosidad José Luis Lingeri, "Mr. Cloro", que ya controlaba el negocio sindical de la salud. Según fuentes confiables, a comienzos de 2016 la AFI habría puesto en observación a Baradel, Omar "Caballo" Suárez, "Pata" Medina y a Andrés Stangallini, alter ego de Víctor Santa María. Nadie aclara si las investigaciones se debían a una orden judicial o si eran clandestinas. El caso de Santa María se parece al de Balcedo. Ambos fueron denunciados por la UIF en maniobras de lavado y los dos son editores: el primero de Página 12, el segundo del diario platense Hoy. Como Balcedo, Santa María denuncia ser víctima de un ataque a la libertad de expresión. Según sus allegados, el Gobierno lo hostiga en represalia por publicaciones de Horacio Verbitsky sobre el blanqueo de la familia Macri. En la UIF aclaran que las denuncias son anteriores a esas notas. Santa María despidió a Verbitsky, sin que nadie de la redacción se lo reproche.
El contexto de estos sinsabores tal vez no era el mejor para que Hugo Moyano inaugurara, anteayer, su Taj Mahal. Es el nombre de fantasía que recibe entre los gremialistas el opulento Sanatorio Antártida, de Camioneros. A la ceremonia no fueron ni Macri ni Vidal. Moyano, áspero, aclaró que no estaban invitados. No dijo que durante 15 días estuvo averiguando si concurrirían en caso de que los convocara. Minucias. A la ceremonia fueron Triaca y Diego Santilli. ¿El vicejefe porteño fue en reemplazo de Horacio Rodríguez Larreta o como amigo de la familia camionera? Santilli trabó una relación estrechísima con Moyano cuando, como ministro de Ambiente, negociaba los contratos de recolección de residuos. Hoy el presidente de la Ceamse es uno de sus hombres, Gustavo Coria, y el vicepresidente es Claudio "Chiqui" Tapia, yerno de Moyano. La simpatía de Santilli es prodigiosa: a pesar de estas compañías, Elisa Carrió lo aceptó como jefe de campaña. Pero tal vez un día "el Colo" deba elegir entre papá y mamá.
A Moyano le cuesta normalizar su relación con el Gobierno. A pesar de que Macri volvió a ordenar que el Enacom se abstenga de suspender la licencia postal de OCA, que no cuenta con el imprescindible libre deuda de la AFIP. Para conseguirlo, Patricio Farcuh, el presunto testaferro de los Moyano en esa empresa, debería saldar un pasivo de $1200 millones. ¿Lo ayudará el Estado, reconociendo que le debe servicios por $1000 millones? Aun así, OCA tendrá otros problemas: la desburocratización que alienta el oficialismo autoriza a las empresas de servicios públicos a prescindir del correo y enviar su facturación por mail.
Moyano tiene más motivos para desconfiar de Macri. Puesta a contraluz, su contabilidad podría presentar manchas similares a las de Balcedo o Santa María. Como ellos dos, él también es editor a través de uno de sus hombres de negocios: Gustavo Elías, de La Nueva Provincia. Además, "Bebote" Álvarez, jefe de la barra brava de Independiente, que él preside, acaba de acusarlo por lavado de dinero. El club es auspiciado por OCA y por Audifarma, una compañía que estaría ligada a la familia. En la obra social de Camioneros, administrada por Liliana Zulet, la esposa de Moyano, los contratos farmacéuticos dieron lugar a una causa judicial. Pero el implacable Claudio Bonadio la archivó. Las sospechas continúan: ¿de dónde salieron los $50 millones que Moyano giró a OCA para pagar los sueldos? ¿Por qué en los allanamientos a Independiente aparecieron tantos carnets de la obra social?
En medio de esta partida de póker con el sindicalismo, el Gobierno debe lograr que las paritarias adopten una pauta de actualización del 16%. Los funcionarios apuestan a que cada cual atenderá su propia transacción. Celebran que Comercio, que acaba de realizar la última revisión, acompañe la inflación de los últimos 12 meses: de marzo de 2017 al próximo abril, el aumento será del 24%.
La reforma laboral tiene otra lógica porque demanda que un sindicalismo más o menos unificado la respalde. Conviene leer la entrevista a Juan Carlos Schmid que publica la revista Crisis para advertir que eso no existe. Con un agravante: el fantasma de la violencia desatada por la ley jubilatoria vuelve más complejos los acuerdos entre el Gobierno y el PJ dialoguista.
Sin embargo, a la nueva fórmula de ajuste le va mejor en tribunales que en el Poder Legislativo. Los jueces rechazaron habilitar la feria en la Capital Federal, La Plata, Mendoza y Córdoba. Además, se respetó el principio por el cual todos los reclamos colectivos deben subsumirse en el primero que se realizó. Fue el de Juan Grabois, en el juzgado de Fernando Strasser, reemplazado en la feria por Walter Carnota. El paso del tiempo beneficia al Gobierno. En enero se pagó un aumento del 7% a 1.700.000 jubilados. Y en marzo se abonará el bono compensatorio, que desalentará reclamos judiciales. Además, el pleito podría volverse abstracto. La fórmula derogada actualizaba los haberes por el incremento de recaudación de la Anses. Pero ese incremento dejará de producirse porque la reforma tributaria eliminó la transferencia de impuestos a ese organismo.
La recaudación jubilatoria sigue amenazada. El oficialismo, que pagó un costo altísimo para conseguir el ahorro de la Anses, debe evitar ahora otra sangría. La ley 27.423 sobre honorarios de abogados aprobada a fin de año con el voto de Cambiemos promete un incremento notorio del gasto previsional. Hasta ahora, en los juicios contra la Anses cada parte pagaba a sus abogados. La nueva norma establece que, cuando la Anses pierde, paga también los abogados del litigante. Un estímulo importantísimo a demandar. Parte del ahorro alcanzado por la nueva fórmula se irá por esta hendija. Macri, que observó algunos detalles de la ley antes de promulgarla, se distrajo ante este riesgo. Agravó las distorsiones que pretende corregir. La patria pleitera pudo más que él.
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