El viaje de Mauricio Macri a Nueva York permitió ver las expectativas de los grandes inversores sobre el país. Hasta las elecciones legislativas la principal incógnita estaba referida a la consistencia de Cambiemos.
El 22 de octubre la ciudadanía despejó ese interrogante. Ahora el acertijo es otro: qué capacidad tendrá el Gobierno para mejorar la competitividad de la economía.
Macri debe reducir los costos que ponen al país en desventaja respecto de, por ejemplo, México o Brasil. Para hacerlo enfrenta un desafío. Detrás de esos costos está el peronismo.
O, para decirlo con Tulio Halperín Donghi, la Argentina peronista. El peronismo se retiró de la Casa Rosada en 2015 dejando una masa gigantesca de subsidios y empleo público. El peronismo administra la mayoría de las provincias, lo que lo convierte en un actor ineludible de cualquier discusión impositiva.
El peronismo domina el aparato sindical, basado en un régimen laboral que se diseñó para una sociedad con pleno empleo. Ese gremialismo peronista es el mayor instrumento de presión de un empresariado cuya riqueza depende más de las protecciones estatales que de la conquista del mercado.
El inconveniente para Macri es que no puede encarar reforma alguna sin negociar con el peronismo. Por lo tanto depende, para alcanzar el éxito, de un renunciamiento de sus opositores.
Los peronistas también son presa de una paradoja. Enfrentan al Gobierno desde la debilidad. Vienen de perder por segunda vez consecutiva su gran bastión bonaerense. La controvertida Cristina Kirchner sigue condicionando el futuro del partido.
Y las tres principales figuras emergentes, Juan Schiaretti, Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey, acaban de perder. ¿Esta fragilidad hará que resignen ventajas ante Macri? ¿O los volverá más conservadores? Vienen de ceder votos. Ahora se los invita a ceder recursos. Y, en lo inmediato, recursos son votos.
Hoy el Gobierno informará a los gobernadores las líneas generales de los cambios que pretende realizar. Será el comienzo de una negociación que se desarrollará en los próximos diez días.
La premisa es que la discusión se limite a lo fiscal. Sin embargo ayer el gobernador tucumano Juan Manzur se ofreció a su amigo Héctor Daer, a Juan Carlos Schmid y a Carlos Acuña, de l aCGT, para que los caudillos federales sean también los abogados de la agenda sindical.
Macri, irritado con Manzur, llega al encuentro después de haber saldado diferencias en Cambiemos. María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta aceptaron reducir Ingresos Brutos. Ese impuesto representa el 45% de la recaudación bonaerense y alrededor del 65% de la porteña, ya que la ciudad cobra muy poca coparticipación.
Por esta razón Larreta ofreció cierta resistencia. Hasta que Macri le aclaró: "Yo necesitaba de ese impuesto porque enfrente tenía al kirchnerismo. Pero vos me tenés a mí". No se sabe si el alcalde quedó convencido. Pero aceptó. Vidal dispuso una reducción general del 10% de Ingresos Brutos.
Las autoridades nacionales pretenden que las demás provincias imiten este modelo. Para las más pequeñas no es dramático, porque la participación de Ingresos Brutos en su recaudación es mínima. Algunas, además, no tienen más remedio: están muy endeudadas con el Tesoro nacional.
Es el caso de Chaco, Tierra del Fuego, Corrientes, Neuquén, Chubut o Santa Cruz. En cambio, Córdoba y Santa Fe son las más reacias. Alrededor del 20% de sus finanzas dependen de Ingresos Brutos. Por eso era clave invitar a Juan Schiaretti y a Miguel Lifschitz a acompañar a Macri a Nueva York.
El otro nudo a desatar es el Fondo del Conurbano Bonaerense. Su historia es la historia de una irracionalidad. En 1991 Carlos Menem se lo concedió a Eduardo Duhalde para que aceptara postularse como gobernador de la provincia. El resto de los mandatarios resignaron 10% del impuesto a las ganancias.
El estallido de la convertibilidad y la espiral inflacionaria condujeron al disparate: hoy las provincias reciben alrededor de $ 51.000 millones y Buenos Aires sólo $ 650 millones. El fondo se sigue llamando "bonaerense".
Para esta discusión el Gobierno también debió disolver disidencias internas. Dos lunes atrás, durante un encuentro en la Casa Rosada, el radical mendocino Alfredo Cornejo le adelantó a Vidal que las provincias no cederían recursos para el conurbano.
Arguyó que el resto de los argentinos no son responsables de que los gobernantes bonaerenses hayan malgastado un dineral durante años. Y recordó que el Gran Buenos Aires fue beneficiado con subsidios que no llegaron al resto del país.
Vidal hizo notar la discriminación que pesa sobre la provincia y aclaró que pronto desaparecerán las subvenciones. Con el paso de los días, la intransigencia de Cornejo se fue reblandeciendo, en especial cuando advirtió que el impuesto a la vitivinicultura era negociable.
Los gobernadores peronistas tienen un incentivo adicional para resistir la indispensable ayuda al conurbano. Cambiemos ya triunfó allí dos veces. Cuenta, además, con el liderazgo de Vidal, cuya popularidad ronda el 70%.
¿Además pretende plata? La idea de que el Gran Buenos Aires involucra en sus patologías a toda la Nación no parece evidente para el peronismo. A pesar de que -o raíz de que- esa degradación se haya profundizado durante un unicato del PJ que duró casi 30 años.
El oficialismo podría contar con una ventaja. La Corte podría pronunciarse a favor de Buenos Aires. Esa posibilidad ahora está más lejos. La entrevista de Vidal con Ricardo Lorenzetti, organizada desde la Casa Rosada, irritó a los demás magistrados del tribunal.
La jugada ignoró, además, un detalle: es posible que Lorenzetti, cuya vinculación con el peronismo se vuelve más indispensable a medida que recrudecen los ataques de Carrió, sea el más renuente a enfrentarse a los gobernadores de ese signo.
En el PJ imaginan una salida para la exigencia bonaerense. Que Vidal obtenga un fondo del ahorro que realice el Tesoro con la modificación de la movilidad jubilatoria. La negociación se reduciría a dos actores: Macri y Vidal. Igual quedaría un problema a resolver.
Buenos Aires necesita que los recursos adicionales sean estables para poder, a partir de ellos, emitir deuda. Por lo tanto, los ingresos que reciba deberían estar indexados a alguna variable objetiva, que podría ser la recaudación del impuesto a las ganancias.
Al comprometer recursos federales, toda la transformación tributaria requiere una gestión compleja. Debe ser aprobada por las legislaturas provinciales.
Significaría una revolución mental. Como demostró la experiencia 2003-2015, los peronistas siguen, con escasísimas excepciones, fieles a la visión que su fundador dejó por escrito el 16 de marzo de 1953, en una carta al chileno Carlos Ibáñez del Campo, que Fabio Giambiagi acaba de citar en Valor, el diario brasileño: "Dé al pueblo, especialmente a los trabajadores, todo lo que pueda. Cuando a usted le parezca que les da mucho, dele más. Verá el efecto. Todos tratarán de asustarlo con el fantasma de la economía. Es todo mentira. Nada hay más elástico que esa economía que todos temen tanto porque no la conocen".