Crónica de un ataque al Congreso de la Nación
Por Facundo Suárez Lastra para La Nación
Por Facundo Suárez Lastra para La Nación
Convencido de que no podemos olvidar las jornadas en las que vivimos momentos propios de la edad en la que mandaban las piedras, realizo esta crónica para advertir sobre el peligro al que fuimos expuestos cuando una conducción política inescrupulosa comprometió la integridad de cientos de manifestantes y agentes del orden en un intento de desestabilización del Gobierno.
El Presidente envió al Congreso un programa legislativo orientado a acelerar la recuperación de la economía e impulsar un desarrollo sostenido que genere millones de puestos de trabajo. El Consenso Fiscal logrado con las provincias a tal efecto se reflejó en los proyectos de responsabilidad fiscal, revalúo impositivo, reforma tributaria y la modificación de una obsoleta fórmula de movilidad jubilatoria.
Tras la aprobación en el Senado de este último, se invitó a exponer a representantes del gobierno nacional, organizaciones de la sociedad civil y gremios en la Comisión de Previsión y Seguridad Social para su tratamiento en la Cámara de Diputados.
Allí ocurrieron los primeros incidentes. Se permitió el acceso a una sala colmada a personas que, una vez adentro y junto con los diputados que alentaron su ingreso, increparon y gritaron a diputados oficialistas y ministros mientras estos hacían uso de la palabra. Se impuso un clima hostil más acorde con barrabravas enardecidos que con una instancia democrática de elaboración de una ley.
Se hizo evidente entonces que comenzaba un serio intento de impedir que el Congreso funcionara, convocando a una movilización para el día del tratamiento del proyecto.
De todas las convocatorias para mostrar apoyo u oposición a leyes ante el Congreso que hubo en la historia, ninguna tuvo tan claro el objeto de evitar una sesión ni fue impulsada por diputados que, tras fracasar en el rechazo legal de la propuesta, luego de una derrota contundente en las urnas, optaran por esta maniobra. La intención fue clara cuando una diputada dijo que esta "es una ley que se gana o se pierde en la calle".
Para garantizar el funcionamiento del Congreso y el derecho a peticionar ante las autoridades permitiendo la circulación y confluencia de los manifestantes, el Gobierno desplegó un operativo de seguridad vallando y restringiendo el acceso al Congreso, custodiado por la Gendarmería.
Muchos participaron pacíficamente, pero los manifestantes cercanos al vallado, encapuchados, llevaban palos, arrojaban objetos contundentes, pretendían impedir que el Congreso funcionara y generaron refriegas que derivaron en heridas de los propios diputados.
Para impedir la sesión, y desconociendo el grado de violencia institucional de la situación, desde temprano una decena de diputados del Frente para la Victoria, de la izquierda y del Frente Renovador presionaron para que se permitiera el paso de los manifestantes.
Pese al contexto se logró el quorum legal iniciando la sesión. Inmediatamente, un grupo de diputados intentó impedirla, mediante insultos y amenazas a otros diputados para que se levantaran de sus bancas. Hasta el presidente de la Cámara fue violentado. Ante estos hechos violentos, alentados desde dentro y fuera del Congreso, se levantó la sesión y se convocó para la semana siguiente.
La convocatoria a una nueva movilización fue un despliegue de tácticas de disuasión. Un injustificado paro general de la CGT y un amparo presentado a la Justicia por el ex presidente de Aerolíneas Argentinas, destacado dirigente del Frente para la Victoria pidiendo que no se utilizaran armas letales (que no se usan por ser ilegales), potenciaron la peligrosidad de los participantes más violentos.
Los fogoneros de la violencia hicieron 11 mociones para levantar la sesión por la represión brutal, cuando lo brutal era la agresión a la policía.
Las columnas de manifestantes que protestaban en forma pacífica quedaron expuestas a la violencia de quienes se enfrentaban a las fuerzas de seguridad. Como en una confesión de parte, el presidente del bloque del Frente para la Victoria denunciaba requisas en los colectivos que traían manifestantes. No querían dejar a su gente desprovista de facas, morteros, palos, hondas y bulones
Diputados acusados de sedición pidieron a la Cámara que se desistiera de las acciones penales para no judicializar la política; también reclamaron una Navidad sin presos políticos. Olvidaron que los delitos se tratan en los tribunales y las leyes en el Congreso, y que en la Argentina no hay ni un preso político, sino políticos presos por cometer delitos.
Las reiteradas menciones a los episodios de 2001, el intento de impedir el funcionamiento del Congreso y la alevosa mentira sobre la inexistente represión salvaje contra el pueblo desnudaron sus intenciones.
En 2001 la derrota electoral encontró al gobierno restringido por la convertibilidad; sin un rumbo económico definido, había inmovilizado los ahorros de la clase media y el flujo de sus recursos a la producción y no contaba con el apoyo de los gobernadores. La adopción del Estado de sitio fue desmedida, enfureció a la población y dio lugar a saqueos organizados por intendentes peronistas, como ha reconocido Cristina Fernández de Kirchner.
Hoy, Cambiemos viene de un amplio triunfo electoral, la economía se va recuperando, los gobernadores de todos los partidos trabajan en colaboración y diálogo con el gobierno nacional para sacar a sus provincias adelante, mientras el conurbano es objeto de una recuperación de recursos a disposición de la lucha contra la pobreza.
Salimos airosos porque somos capaces de lograr una mayoría en el Congreso que afirme este camino y ahora debemos consolidarla para garantizar las transformaciones que el país necesita. Corregiremos los errores cometidos para ampliar la sustentación parlamentaria de las reformas y asegurar que la sociedad entera entienda y acompañe el rumbo adoptado.
Si los diputados hacemos cumplir la ley y el reglamento, apoyamos al presidente de la Cámara y aseguramos que se sancione a los descarriados por sus inconductas, lograremos que nunca más una minoría violenta pueda condicionar el funcionamiento del Congreso.
En estas jornadas pudo haber varios muertos de ambos lados del vallado. Esa es la locura que vivimos.
No es casual que desde 1928 un gobierno no peronista no pueda terminar su mandato, y la reinstalación de la violencia como forma de hacer política exponiendo a militantes sociales al peligro no es un mecanismo novedoso para estos dirigentes. El haber de los jubilados, que no defendieron en el gobierno, fue el pretexto para ejecutar un intento desestabilizador que, en su desesperación, no tuvo en cuenta las enormes diferencias con situaciones anteriores a las que nos quieren remontar.
Para los que hace algunas décadas pasaban a la clandestinidad dejando a miles de jóvenes sin protección en las garras de las tres A, para los que desde un sillón en el exterior mandaron en la contraofensiva a otros miles a ser cazados sin piedad por la dictadura, la violencia es solo una forma de hacer política. No aprendieron nada de su propia historia.
Lo que pasó en el Congreso es inaceptable. Continuaremos construyendo las bases para el desarrollo del país, aprendiendo de los peligros y reivindicando la vida, la paz y el camino de la democracia plena. Así serán cada vez menos quienes, empecinados con el pasado, pretendan privarnos de nuestro compromiso con el futuro.
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