Los intérpretes de lengua de signosson el canal de comunicación para miles de personas sordas. Son su vía para interactuar con el mundo, para realizar gestiones administrativas, para consumir la información que elaboran los medios audiovisuales. Son su boca y sus oídos, los encargados de derribar las injustas barreras que les separan de una parte de la sociedad. Según datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística en 2022, en España hay más de 1,2 millones de ciudadanos mayores de dos años con alguna discapacidad auditiva y una parte de ellos (alrededor de 70.000) son signantes. Por desgracia, entenderles no está al alcance de todos. Y para ellos no es fácil hacerse entender.
Pese a que reconocen que gozan de cierto prestigio social, la realidad de los intérpretes de lengua de signos no se corresponde en absoluto con esta percepción. Denuncian que soportan una situación insostenible propiciada por la precariedad, el intrusismo y la externalización, y cuyas consecuencias se dejan notar: de los 15.000 titulados que hay en España, solo mil desempeñan esta labor. Es el país europeo con menor ratio de ejercientes por usuario. Estas cifras se ponen de manifiesto en el informe 'Sondeo sobre la situación laboral de las guías e intérpretes de lengua de signos' elaborado por la Federación Española de Intérpretes de Lengua de Signos y Guías-Intérpretes (FILSE) en 2022. El 87 por ciento de los que decidieron abandonar la profesión culpa a las condiciones laborales. En concreto, esta mayoría se queja de los salarios bajos, de los contratos cortos, de los horarios y de los retrasos a la hora de abonar las nóminas.
"Somos precarias por el nivel de parcialidad, por el nivel de temporalidad… Pero, aparte, en muchas asociaciones nos pagan hasta 12 meses más tarde", afirma Ana Casanova, vicepresidenta de FILSE. Con un discurso firme y reivindicativo, enumera los males del sector y lamenta que cualquier contrato de un año de duración "ya nos da más de lo que nos ofrece nuestra propia profesión". Habla en femenino porque, al igual que ocurre en infinidad de las labores que se asocian con los cuidados, la gran mayoría de las intérpretes son mujeres. El porcentaje se acercaría al 90 por ciento, según la información que maneja su federación. Precisamente ahí nace otra de sus demandas: "Siempre se nos ha considerado parte de los servicios sociales, pero nuestro trabajo tiene una perspectiva cultural y lingüística. Esa es la que queremos que se nos reconozca", indica.
María Luz Esteban, directora del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española (CNLSE), va más allá y explica que es un problema que viene de lejos. "A pesar de los avances, las personas sordas y sordociegas signantes continúan reclamando una mayor protección de los derechos lingüísticos. Esto implica reconocer su derecho a utilizar plenamente la lengua de signos en cualquier ámbito", subraya, y lamenta que se halla "en una posición vulnerable porque no tiene el mismo prestigio ni presencia en educación, medios de comunicación y otros ámbitos públicos" que el resto de lenguas. El deseo es que esto cambie. Para empezar, esta misma semana, las expresiones culturales vinculadas a esta forma de comunicar han sido declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial. Un primer paso.
Dos grados universitarios
Ana Casanova se esfuerza en que quede claro el hándicap que supone el "intrusismo profesional regulado" que se permite desde la propia administración. Se da la paradoja de que esta es también su principal contratante. "En 2013 se revisaron las titulaciones de los ciclos de grado superior y se concluyó que no tenía sentido que la interpretación de una lengua reconocida en España desde 2007 como lengua natural no se impartiese a nivel universitario", recuerda. Aquí aparece el primer problema: en la actualidad, en la oferta universitaria española solo aparecen dos titulaciones que incluyan la interpretación de la lengua de signos. Uno es el Grado en Lengua de Signos Española y Comunidad Sorda de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. El otro se halla en el itinerario de traducción e interpretación de lenguas orales de la Universidad Pompeu Fabra. El resultado es que con un abanico tan reducido es imposible satisfacer la demanda.
"Lo estábamos avisando. No hay intérpretes titulados en las universidades. Los hay de la antigua ley, pero no ejercen porque las condiciones son paupérrimas. Están tirando de profesionales que no están capacitados para desarrollar esta labor", asevera Mariano Reyes Tejedor, coordinador de la Red Universitaria para la Investigación y Docencia de las Lenguas de Signos o Señas de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. También es coordinador general de Políticas de Migración y Políticas Sociales de la UGT de la provincia. Se muestra consternado por una situación que cada vez va a peor: "Estamos preocupados por la sociedad, por la situación en la que se encuentran las personas sordas, que no van a recibir una información adecuada". Es una cuestión de derechos humanos.
El lío con las titulaciones no acaba ahí. "Al mismo tiempo, se decide crear un perfil profesional nuevo que, entre sus competencias, recoge la de mediar y ser agente dinamizador de la comunidad sorda y sordociega, pero es una figura distinta a la del intérprete de lengua de signos y que está orientada a trabajar con personas que necesitan fomentar su autonomía y que pueden presentar dificultades asociadas al lenguaje", puntualiza Casanova. Habla del mediador comunicativo. "El objetivo de la fórmula de sustitución era facilitar su incorporación a los centros donde se impartía el ciclo de interpretación y dar una cierta continuidad a los especialistas para que pudieran seguir impartiendo materias en el nuevo ciclo. No obstante, la totalidad de las administraciones públicas ha entendido que este perfil es la actualización del intérprete de lengua de signos y ahora acepta esta titulación para ejercer como tal", denuncia. Las últimas tituladas en el ciclo superior finalizaron sus estudios en 2017. A partir de ahí, el vacío.
Más contratación directa
Los profesionales critican también que, en un afán de ahorrar costes a pesar de que se penalice la calidad del servicio, las administraciones optan por externalizar las tareas en lugar de dedicar una partida presupuestaria a la contratación directa. "La gestión suele recaer en manos de empresas que carecen de los conocimientos y la experiencia deseables", afirma Esteban. Ana Casanova se pronuncia en esta misma línea y afea que se destine dinero a una figura que no aporta ningún valor: "¿Por qué le estás dando hasta la mitad del dinero a una empresa por no hacer nada? Y, mientras tanto, nosotras estamos precarizadas y cada año somos menos". Mariano Reyes Tejedor critica que estas profesionales tengan que "mendigar" contratos para, simplemente, "sobrevivir".
De este hecho deriva la enésima arista de esta problemática: la imposibilidad de especializarse. Pese a que resulta vital en una profesión que trabaja con el lenguaje, las intérpretes pueden estar un día en un juzgado, el siguiente en el médico y el próximo en el Congreso de los Diputados. Son necesarias en muchos ámbitos de la sociedad, algunos tan rutinarios como una junta de vecinos o tan vitales como la consulta del médico. "Pero las leyes de accesibilidad no se cumplen como deberían. Si fuera así, necesitaríamos un ejército. Tendríamos que estar ejerciendo todas las que nos hemos titulado a lo largo de la historia", afirma la vicepresidenta de FILSE.
El papel de la administración
Los poderes públicos no predican con el ejemplo. "Un informe reciente del CNLSE afirma que solo el 16 por ciento de las entidades consultadas dispone de servicios de interpretación de lengua de signos", afirma María Luz Esteban, que también señala otro aspecto a mejorar: "Las personas sordas o sordociegas tienen que solicitar la asistencia de interpretación o guía-interpretación con mucha antelación y no siempre está disponible debido a la escasez de recursos profesionales". Pero, como afectan a un porcentaje pequeño de población, los signantes no consiguen que se cuele en la agenda política: "Es muy difícil lograr eso porque 400 personas te digan que no están contentas", puntualiza Ana Casanova.
Mariano Reyes Tejedor pone el foco en el Ministerio de Educación. En concreto, en la "dejación de funciones" que ha mostrado a la hora de afrontar la perspectiva universitaria de la interpretación de lengua de signos y de su nula presencia en los niveles formativos más elementales. Porque, como él mismo afirma, si todo el mundo estuviera familiarizado con esta forma de comunicación "la discapacidad se acabaría". "Algunos locos vamos a hacer talleres de un par de horas a los colegios y salimos asustados. Muchos niños ni siquiera saben lo que es", lamenta.
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