La erosión del derecho internacional rompe el compromiso de "nunca más" tras la Segunda Guerra Mundial
Amnistía Internacional constata en su informe anual cómo los poderosos se "burlan" del derecho internacional, en conflictos como Gaza, y alertan de que la Inteligencia Artificial agrava el riesgo de desmoronamiento de los valores democráticos.
El informe anual de Amnistía Internacional 2023 no es para echarse a llorar, sino para echarse a las calles. Sus 491 páginas dibujan un mundo en el que se pierde la humanidad a borbotones en conflictos como el de Gaza, se borran los compromisos y las certezas de que de dotó el mundo tras la Segunda Guerra Mundial y se multiplican las amenazas a la democracia y la convivencia con la entrada de nuevas tecnologías no reguladas.
No avanzamos, pese al enorme movimiento social, sin precedentes, que muestra su solidaridad y pelea por que se mantenga la mínima red de justicia y dignidad. Hay "un sombrío panorama de alarmante represión de los derechos humanos y frecuente infracción internacional de las normas establecidas, en un contexto de desigualdad global creciente, superpotencias que compiten por la supremacía y agravamiento de la crisis climática". Pero hay margen, dicen sus autores, para revertir esa tendencia: hace falta voluntad política.
La secretaria general de la organización, Agnès Callamard, en una rueda de presa desde Londres, ha explicado que justo en el año en el que se cumplían 75 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se ha retrocedido a niveles de 1948, cuando fue aprobada. Para frenar los errores del pasado, se lanzó un "nunca más" global, "una promesa para todos sin excepción", a la que los estados están faltando. "Hoy es una promesa desdibujada, erosionada cada vez más", se duele. Denuncia que los derechos humanos se violan "gravemente", "sin piedad", a veces enarbolando el argumento de la autodefensa, y eso nos ha llevado "al borde del abismo" como sociedad, entre conflictos, derecho pisoteado, desigualdades y crisis como la climática.
"Está colapsando el sistema internacional en su conjunto", constata. La esperanza del fin de la Guerra Fría, del Muro de Berlín que caía o de Nelson Mandela liberado se ha esfumado. Una época que ha durado "demasiado poco" y hoy podemos "dar por concluida", indica el dossier. Los principios en los que basaba nuestra humanidad, ahonda, se han borrado a la par que se violan las leyes de las que nos habíamos dotado. "Se ha desmantelado nuestra capacidad global de evitar lo peor", incide.
Los países, denuncia Callamard, han puesto por delante "sus intereses propios y cortoplacistas" sobre el bien común. "Han fracasado y lo han hecho con toda la intención del mundo", expone, citando por ejemplo el caso de Israel y su protección por parte de Estados Unidos en las votaciones de Naciones Unidas, o en general la "desconcertante falta de medidas de la comunidad internacional" para frenar al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.
"El flagrante desprecio de Israel por el derecho internacional se ve agravado por la falta de acción de sus aliados para detener la indescriptible masacre de civiles impuesta sobre Gaza. Muchos de esos aliados fueron precisamente los artífices del ordenamiento jurídico creado después de la Segunda Guerra Mundial". Y más: tras 1.200 muertos en Israel y 34.000 en Gaza, "se ha faltado a los principios consagrados en la Carta de la ONU, los Convenios de Ginebra, la Convención sobre el Genocidio y el derecho internacional de los derechos humanos. En el caso de las autoridades israelíes, esto resulta meridianamente claro". Directamente, se ha señalado la probabilidad de que se hayan cometido crímenes de guerra en esta ofensiva y que hay un riesgo "innegable" de genocidio contra el pueblo palestino.
Como cita su secretaria general, no es sólo Israel donde se da esta "farsa" de derecho internacional, sino que es la Rusia que ataca masivamente poblaciones civiles y centros energéticos, la que tortura presos o hace daños irreversibles al medio ambiente con sus bombardeos en Ucrania desde hace dos años largos. O es China, casualmente otro miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, con derecho a veto, que arma a Myanmar y lo protege en sus ataques aéreos contra civiles (más de mil muertos el pasado año) y sus prácticas de detención y tortura, o tapándose sobre lo que le hace el propio Pekín a los uigures.
"Los estados poderosos se burlan del derecho, el escudo de protección del que nos dotamos se debilita, se posicionan por encima de la ley y eso se convierte en un arma al que recurren muchos otros actores", incide Callamard. Así hemos pasado a que haya hoy tantas personas viviendo en democracias como en el año 1985, cuando aún ni se había disuelto la URSS. Por eso hace un llamamiento a "renovar el sistema internacional" basado en el derecho internacional que a veces sólo queda en el papel. "Lo único que podemos hacer es alejarnos de ese precipicio y que se respete la promesa del 48, que ha cimentado un orden del mundo basado en normas y en el Estado de derecho, de forma universal (...). No podemos estar de brazos cruzados, juntos resistiremos", confía.
Tecnología desregulada que aumenta el riesgo
El informe de este año de Amnistía dedica un amplio espacio a analizar las nuevas tecnologías que, por un lado, pueden facilitarnos la vida y, por otro, amenazan nuestros derechos. Sobre todo, en el caso de la Inteligencia Artificial Generativa.
En 2023, el lanzamiento de ChatGPT-4 y otras herramientas de IA "nos propulsó aún más rápido hacia el futuro" sin estar listos. "A tenor de los abusos relacionados con la tecnología de los que hemos sido testigos en 2023, nuestras perspectivas de futuro son realmente escalofriantes", dice el informe. "La perspectiva de su efecto en la dignidad humana pone los pelos de punta", explica de manera más visual aún Callamard en su comparecencia ante la prensa.
Para Amnistía Internacional, "la tecnología está facilitando una erosión generalizada de los derechos al perpetuar políticas racistas, permitir la difusión de desinformación y restringir la libertad de expresión". Las grandes empresas tecnológicas "ignoraron o minimizaron" en el pasado año esos peligros, incluso en contextos de conflicto armado. Por ejemplo, citan el aumento de los crímenes de odio antimusulmanes y antisemitas a raíz de los ataques de Hamás y la ofensiva de Israel en Gaza. Las dianas más frecuentes de estos mensajes de odio han sido las comunidades marginadas, los refugiados, los migrantes, los pobres.
"En un mundo cada vez más precario, la proliferación y el despliegue no regulados de tecnologías como la inteligencia artificial generativa, el reconocimiento facial y los programas espía están a punto de convertirse en un peligroso enemigo, con capacidad para intensificar y avivar las violaciones del derecho internacional y los derechos humanos hasta límites excepcionales", ha manifestado Agnès Callamard.
Especialmente preocupante es en un año en el que hay 70 citas electorales, algunas tan potentes como la de EEUU, porque la suma de desinformación, límites a libertades como la de expresión y perpetuación de políticas reduccionistas (racistas, antiLGTBI, antifeministas...) puede llevar a resultados muy nocivos para la democracia, con base de manipulación. De la IA a Pegasus, pasando por Predator, "pueden utilizarse como arma para discriminar, desinformar y dividir", avisan.
De nuevo, no es una crítica global, sino contra el "empleo descontrolado" y "desregulado" de las tecnologías y la falta de intervención de los estados para frenarlo. A ellos les reclama la organización que "prevalezcan" sobre los gigantes tecnológicos. "No es demasiado tarde". "Sin embargo, si dejamos deambular libremente a tecnodelincuentes con sus tecnologías fraudulentas por el salvaje oeste digital, es probable que este tipo de violaciones de derechos humanos aumenten en 2024", advierten los expertos que han redactado el informe. "Hay un enorme abismo entre los riesgos del avance descontrolado de las tecnologías y el nivel que tenemos que alcanzar en materia de regulación y protección. Es el futuro que nos espera y no hará más que empeorar si no se limita la proliferación desenfrenada de tecnología no regulada", remarca Callamard.
Lo que ocurre es que su llamada al orden se hace en un mundo en el que, como también cuenta el informe, se intensifican las "prácticas autoritarias" a las que tan bien les viene un reconocimiento facial de manifestantes o intoxicaciones contra la disidencia. Se escanean rostros en las protestas norteamericanas de Black Lives Matter, o en Cisjordania, para impedir el paso de civilles palestinos por su propia tierra, o se pone la tecnología como barrera para aislar a minorías, como se ha hecho en Serbia con los romaníes... Puede caer en saco roto.
Las lagunas de siempre
En 2023, hay dinámicas que no cambiaron. Aunque el mundo nunca ha sido tan rico como ahora, el Banco Mundial lo calificó como "el año de la desigualdad". En escenarios tan diversos como Reino Unido, Hungría o India, las personas que defendían los derechos económicos y sociales figuraron entre las más atacadas de las que ejercían el activismo. Los activistas contra el cambio climático fueron calificados de "terroristas" por denunciar a los Gobiernos que aumentaban la producción de combustibles fósiles y la inversión en ellos. "Se silenció y se detuvo", confirma el informe. De África a Asia, de Europa a América, de norte a sur y de este a oeste.
Ahí está la lucha de las mujeres y las niñas, con retrocesos y sometimientos especialmente llamativos en Afganistán e Irán. En el primero de los países, los talibanes promulgaron "decenas de decretos oficiales con el objetivo de hacer desaparecer a las mujeres de la vida pública". En el segundo, las autoridades continuaron con su brutal represión de las protestas "Mujer, Vida, Libertad" al hilo del caso de Mahsa Amini, asesinada por no llevar bien puesto el velo, y emitieron comunicados oficiales "llenos de odio" en los que decían que las mujeres que no llevaban velo eran un "virus", una "enfermedad social" y una "perturbación". No se libra el llamado mundo desarrollado: en EEUU, el pasado año, hasta 15 estados aplicaron la prohibición total o con excepciones sumamente limitadas del aborto, "lo cual afectó de forma desproporcionada a las personas negras y de otros grupos racializados".
En Uganda, la diana son los homosexuales, aprobó el año pasado una dura ley contra las personas que aman a las de su mismo sexo. Se llega a la pena de muerte, la cárcel y las terapias de conversión. Ahora es una de las peores normas del mundo.
Aún así, el informe de Amnistía brinda un reconocimiento para todos los activistas, cooperantes o movimientos civiles de cualquier tipo que han peleado para cambiar las cosas, con corrientes de solidaridad no vistas en años. Oriente Medio, pero también Ucrania, pero también las mujeres iraníes pero también la ONU por una fiscalidad más justa... "Muchas personas se resistieron y pusieron obstáculos a las fuerzas que presionaban para que el mundo regresara" al pasado. La denuncia de Sudáfrica a Israel en la Corte Internacional de Justicia por supuesto genocidio es uno de los ejemplos que merecen ser citados por AI.
España: falta rendir cuentas
En el capítulo del informe dedicado a España, nuestro país no sabe del todo bien parado. Hay cosas que han mejorado, pero aún adolece sobre todo de un problema que se cronifica: la rendición de cuentas en asuntos judiciales relacionados con violaciones de derechos humanos.
"No hay voluntad política para abrir investigaciones independientes y efectivas sobre graves violaciones de derechos humanos, como las ocurridas en residencias durante la COVID19, tras el salto de la valla de Melilla en 2022 o tras los abusos policiales a la hora de reprimir algunas manifestaciones. La impunidad ante estos hechos no sólo vulnera los derechos de las víctimas, sino que también envía un mensaje desalentador a la sociedad, perpetuando la falta de rendición de cuentas del Estado y que las víctimas no obtengan justicia y reparación", denuncia en sus conclusiones.
El ejemplo de la valla de Melilla, un suceso en el que murieron al menos 37 personas y centenares más fueron obligadas a volver a Marruecos sin escuchar siquiera sus reclamaciones de asilo -un derecho internacional-, es el que más desarrollo tiene. No se ha evaluado la "fuerza ilegítima" que se empleó en repeler la entrada de personas ni ha habido respuestas a las denuncias de la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa de que falla el acceso al asilo. Sigue habiendo casos de menores que llegan a Canarias y son arrestados con adultos, sin protección, además.
Amnistía denuncia que no se ha aclarado el espionaje con el software israelí Pegasus a al menos 65 políticos. Justo ayer la Audiencia Nacional reabrió la causa del espionaje al presidente Pedro Sánchez tras recibir información de Francia, pero el uso contra otras personalidades, especialmente en Cataluña, sigue en el limbo. Hay 13 demandas aún abiertas.
Amnistía reprocha que aún haya que contabilizar 58 muertas por violencia machista en un año; que sólo haya cinco centros de atención a víctimas de violencia sexual en todo el país; que no se hayan investigado las muertes en residencias de ancianos durante la pandemia; que las inversiones en salud pública -que afecta sobre todo a la atención primaria-, y que se aplique la Ley Mordaza multando y sancionando con demasiada imprecisión a manifestantes o periodistas.
Más: que siga habiendo "motivos de preocupación" por el uso de "armas menos letales" de las fuerzas de seguridad, como las bolas de goma o las pistolas taser, o que se hagan "transferencias irresponsables de armas" a países como Israel: aunque se pararon en octubre tras el inicio de la ofensiva en Gaza, sólo en el primer semestre de 2023 se dieron 22 licencias de exportación de armas a Tel Aviv por valor de 44 millones de euros.
También afea Amnistía a España que siga habiendo más de 2.000 casos de delitos de odio al año, la inmensa mayoría por racismo o xenofobia, o que haya reducido sus aspiraciones de reducir sus emisiones en 2030, pasando del 43% ansiado al 32% menos ambicioso. Añade un aviso sobre la polémica Ley de Amnistía: contiene, dice "algunos aspectos preocupantes en sus disposiciones, como la posible inclusión de casos de uso excesivo de la fuerza por la policía y la protección insuficiente de los derechos de las víctimas de delitos".
Pero hay cosas bien hechas: desde la eliminación de barreras al aborto libre con la nueva ley, a la protección ante desahucios de la norma de vivienda del pasado año (aunque deja fuera, a su entender, a personas vulnerables); de la primera causa por torturas causadas durante el franquismo a las "buenas medidas" generales contra la crisis climática, aunque sean "insuficientes"; del Plan Nacional de Derechos Humanos a la Ley Trans.