Una exhaustiva auditoría liderada por la Secretaría de Transparencia, a solicitud de la Unidad para la Atención y de Reparación Integral para Víctimas, dejó al descubierto una serie de presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos y arrendamientos ejecutados por el Fondo para la Reparación de las Víctimas (FRV) entre 2018 y 2022, durante el mandato del expresidente Iván Duque.
Este escrutinio reveló un panorama preocupante, pues se habrían entregado varios predios en arriendo por debajo de los valores comerciales, lo que le dejó pérdidas al Estado para continuar con el proceso de reparación a las víctimas del conflicto Armado en Colombia.
"Yo personalmente le solicité a la Secretaría de Transparencia la auditoría forense y les abrimos documentos y archivos no solo para implementar un plan de mejoramiento sino además, para radicar ante la Fiscalía y los demás entes de control todos los hallazgos para que ellos investiguen y procedan", explicó Patricia Tobón, cabeza de la entidad administradora del Fondo, en diálogo con El Tiempo.
La investigación fue solicitada después de que se recibieran alertas sobre el arrendamiento de 17 inmuebles con valores considerados por debajo de los estimativos, lo que precipitó indagaciones por parte de la Procuraduría contra cuatro exfuncionarios y una auditoría forense que ha concluido recientemente.
Entre los resultados más preocupantes del estudio, se reportaron pérdidas que sobrepasan los 4.203 millones de pesos en distintos esquemas de arrendamiento. Se identificó, por ejemplo, que el área total de los inmuebles no se consideraba adecuadamente al fijar los precios de alquiler, lo que dejó un detrimento de 3.786 millones de pesos.
"El análisis también arrojó que otra de las causas de este detrimento fue que el canon de arrendamiento reportado era inferior al de la estimación, causando perdidas por 98 millones de pesos ($98.684.438)", se lee en el informe de conclusiones compartido por la Unidad para las Víctimas.
El análisis también sacó a la luz la práctica de estimar valores de arrendamiento inferiores en ciertos inmuebles respecto a los contratos ejecutados anteriormente, evidenciándose en 20 propiedades una depreciación patrimonial calculada en cerca de 233 millones de pesos.
"Que a sabiendas que las estimaciones estaban por debajo del valor real, estos cánones eran avalados por los mismos funcionarios, faltando al principio de transparencia en los procesos de arrendamiento de inmuebles del Fondo para la Reparación", se lee en el documento.
Otro punto preocupante hace referencia al trabajo ejecutado por la red de avaluadores adscritos a la dependencia, pues de ochenta casos analizados por los forenses, solo en tres oportunidades se visitaron los predios, lo que dio paso a que se desconocieran las condiciones y medidas reales de los inmuebles del fondo.
Además, la auditoría identificó lo que denominó "mallas de contratistas", dos conglomerados de negocios que, operando a través de cinco sociedades y diversas uniones temporales y consorcios, habrían acaparado contratos por sumas significativas.
Según se determinó en el estudio, un conjunto de empresas vinculadas entre sí por los mismos representantes legales, direcciones y socios fueron señaladas, destacando contratos adjudicados por cerca de 10.000 y 8.700 millones de pesos, respectivamente, para actividades variadas que incluyen desde el saneamiento físico hasta la adquisición de fertilizantes.
"Se resalta que, entre 2018 y 2022, grupos de contratistas variaron los nombres de sus empresas para acaparar los contratos, superando una suma de 84.000 millones de pesos ($84.585.794.564). De acuerdo con la auditoría, dicho detrimento fue posible gracias a la ausencia de control y transparencia en los procesos de contratación de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión".
Por su parte, como medida para recuperar los predios afectados y solventar las irregularidades, la Unidad para las Victimas anunció una serie de trabajos para mejorar el manejo de los recursos y propiedades a cargo del Fondo para la Reparación de las Víctimas. Además, extendieron un llamado a las autoridades para llevar a cabo las investigaciones necesarias que esclarezcan y, de ser el caso, sancionen las irregularidades detectadas.
"Hoy contamos con 1809 bienes rurales y 1220 bienes urbanos. De igual manera, desarrollamos mesas de trabajo con la Fiscalía General de la Nación, Agencia Nacional del Territorio, Unidad de Restitución de Tierras, Fuerza Pública, Sociedad de Activos Especiales (SAE) y jueces de Justicia y Paz, entre otros, para cruzar información sobre el estado de los bienes y su custodia".