San José, 23 abr (EFE).- En la Nicaragua gobernada por el sandinista Daniel Ortega desde el 2007, persiste la impunidad por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado nicaragüense desde abril de 2018, según el informe anual de la ONG Amnistía Internacional (AI).
En su informe, AI explicó que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), creado por la ONU, concluyó en marzo pasado que tenía motivos razonables para creer que las autoridades al más alto nivel, incluidos el presidente Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, llevaban participando desde abril de 2018 en violaciones de derechos humanos y actos que constituían crímenes de lesa humanidad.
Destacó que el GHREN recomendó a la comunidad internacional que investigara las violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua y apoyara a la sociedad civil.
En tanto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Unión Europea pidieron al Gobierno de Ortega que investigara las violaciones de derechos humanos y garantizara la justicia, anotó.
"Al concluir el año (2023), sin embargo, no se había emprendido investigación alguna y los delitos seguían impunes", advirtió AI.
Por el contrario, alertó, el Ejecutivo sandinista había seguido aplicando sus tácticas represivas, lo que hacía casi imposible defender los derechos humanos en ese país.
AI indicó que la crisis política que vive Nicaragua desde abril de 2018 se ha caracterizado por graves violaciones de los derechos humanos, como la privación de la nacionalidad nicaragüense a integrantes de la oposición política, y la detención arbitraria de personas defensoras de los derechos humanos, líderes religiosos y miembros de las dirigencias indígenas.
Esa ONG recordó que desde el inicio de la crisis política en 2018 se registró una violenta represión estatal contra la disidencia.
"La brutalidad de la represión había provocado al menos 355 muertes documentadas, lesiones a más de 2.000 personas, una oleada de detenciones arbitrarias y despidos injustificados, y la expulsión y privación arbitraria de la nacionalidad de más de 300 personas", puntualizó.
El 9 de febrero de 2023, el Gobierno excarceló y expulsó inesperadamente a 222 personas de la oposición política que habían sido detenidas arbitrariamente entre 2018 y 2021, y la mayoría de ellos estaban acusados de delitos de traición y terrorismo formulados en procesos judiciales carentes de las debidas garantías, y posteriormente los privó de su nacionalidad, apuntó.
El Gobierno inició también el proceso de confiscación de bienes de esas personas, sin el debido proceso, y dejó a muchas de ellas en situación de vulnerabilidad económica, denunció AI.
Subrayó que la CIDH calificó la privación de la nacionalidad y la confiscación de bienes de "violaciones graves de derechos humanos", y que exigió al Gobierno que permitiera su retorno voluntario y seguro al país, pusiera fin a esas prácticas y restituyera los derechos de las personas afectadas.
Además, resaltó que la CIDH describió la situación de Nicaragua como uno de los casos más graves de cierre del espacio cívico en la región, mediante la cancelación de la personería jurídica y la disolución forzosa de más de 3.000 organizaciones de la sociedad civil de forma masiva.
Durante el 2023, las autoridades cerraron la Universidad Centroamericana, a la que acusaron de ser un "centro de terrorismo", y confiscaron los bienes de organizaciones como Cruz Roja y el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE).
Por su lado, los pueblos indígenas siguieron siendo objeto de violaciones graves de derechos humanos, pese a la condena internacional, según el informe.
AI dijo que se denunciaron detenciones arbitrarias y juicios injustos de líderes indígenas, junto con ataques letales efectuados por grupos armados, y que también con esa comunidad persistió la impunidad y el Gobierno no investigó ni reparó los abusos cometidos. EFE
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