SEÑOR DIRECTOR:
Es importante destacar que durante la presentación de la reforma al Sistema de Educación Pública, el ministro Cataldo haya reconocido la crisis sistémica y la voluntad de ajuste manifestada en el proyecto. Y, en particular, el reconocimiento de la lentitud administrativa, de la imposibilidad de remover funcionarios que incurran en graves incumplimientos y la carencia de mecanismos preventivos para enfrentar crisis como la del SLEP de Atacama.
También es alentador ver algunas nuevas exigencias, por ejemplo, la obligatoriedad para los municipios de cumplir con planes de transición antes del traspaso del servicio educativo. Sin embargo, preocupa la inclinación hacia lo estatal como solución.
En particular, el artículo 18 bis de la reforma, regula un procedimiento de urgencia para ampliar la oferta educativa en aquellos territorios en que exista necesidad de matrícula que establece una clara preponderancia de los Servicios Locales. Estos podrán solicitar que se prioricen sus solicitudes para ampliar o abrir nuevos cursos o incluso acceder a permisos especiales para que dos o más colegios funcionen en un mismo inmueble. ¿Esto ocurrirá incluso cuando exista un establecimiento particular subvencionado en mejores condiciones?
La idea de que la nueva matrícula debe ser administrada por el Estado no puede eclipsar la necesidad de garantizar espacios dignos y de calidad. ¿Importa más que los establecimientos sean administrados por un SLEP a que las comunidades educativas cuenten con condiciones de infraestructura iguales al resto de los establecimientos educacionales en todo el país?
Es esencial no perder de vista el objetivo fundamental del sistema educativo: asegurar una educación de calidad. Esperemos que en su tramitación la reforma logre trascender la lógica de lo estatal como un fin en sí mismo y logremos priorizar la garantía efectiva del derecho a la educación para los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.
José Manuel Astorga
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