El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea ha enviado a prisión a dos personas detenidas en una operación contra la llamada estafa del cripto-cannabis. Así lo había solicitado la Fiscalía, que apreciaba riesgo de fuga, ya que ambas personas son extranjeras. El Ministerio Público también alertó al magistrado de que ambos arrestados "poseen medios económicos suficientes que facilitarían la sustracción a la acción de la Justicia".
Esta causa judicial (el llamado caso Juicy Fields) se inició con las querellas de multitud de afectados contra la entidad Juicy Fields. Sólo en España, los denunciantes son 1.766 y los denunciados, 284.
Fuentes cercanas a la investigación confirman a EL ESPAÑOL que este jueves se produjeron 33 registros en cuatro países (Alemania, Letonia, Estonia y Polonia), en una operación transfronteriza contra esta organización. En ella participan, entre otras autoridades, Europol y Eurojust.
Asimismo, varias personas fueron detenidas. Una, en República Dominicana y dos, en España, a las que se atribuyen los delitos de estafa agravada y blanqueo de capitales.
La Fiscalía ha pedido que ambas sean enviadas a prisión provisional por el peligro de que huyan a otro país si quedan en libertad. Y así lo ha decidido el juez Gadea. El Ministerio Público también temía que los dos arrestados destruyesen pruebas si quedaban en la calle.
Según detalla el Ministerio Público en un comunicado, el funcionamiento de esta supuesta estafa era el siguiente. Los inversores se registraban en una web (juicyfields.io) e invertían en ella cantidades de dinero para la expansión de cultivos de cannabis, gestionados por socios comerciales (llamados partners) de Juicy Fields y de cuyo crecimiento esperaban recibir el beneficio.
Los pagos se recibían mediante tres tipos de criptomonedas: Bitcoin, Ether y Theter. La publicidad de la Juicy Fields indicaba que estos partners contaban con las licencias necesarias para el cultivo de cannabis. Los beneficios que se prometían oscilaban entre el 70% y el 168.08%.
Las transferencia de los inversores eran recibidas en una cuenta bancaria en Chipre, titulada por las diversas entidades del grupo Juicy Fields. En el caso de los pagos con criptomonedas, su destino era un wallet (monedero virtual).
La plataforma inició sus actividades el 22 de marzo de 2020 y dejó de operar el 11 de julio de 2022. En España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advirtió de la ilegalidad de su actividad.
En Alemania, el organismo equivalente a la CNMV, el BaFin, le impuso una sanción de un millón de euros. Para la investigación de estos hechos, debido a su carácter internacional, se ha creado un equipo conjunto de investigación entre España, Francia y Alemania, coordinado por el fiscal de la Audiencia Nacional Emilio Miró.