La Generalitat presentó este martes su plan para construir 10.000 viviendas protegidas en la Comunidad, 4.000 de ellas en la provincia de Alicante, «Vive Comunidad Valenciana». El presidente del Consell, Carlos Mazón, desgranó en un acto celebrado en el Palau: Una inversión de 7.600 millones de euros, que generará 74.000 empleos directos e indirectos, tendrá un impacto del 2 por ciento en el Producto Interior Bruto en tres años y medio, generará 4867 millones de recaudación directa a través del IVA y beneficiará a 24.600 personas que necesitan vivienda.
Mazón firmó con la presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Rocío Cortés, el convenio de colaboración para la promoción de viviendas de protección pública en suelo de los ayuntamientos. Un total de 40 municipios ya han mostrado su adhesión a este plan, trece de ellos en la provincia de Alicante y ordenados alfabéticamente son: Alcoy, Alicante, Aspe, BenidormFinestratJáveaMonforte del Cid, Mutxamel, Orihuela, San Vicente, Santa PolaTorrevieja y La Vila Joiosa. El documento marco será la base a la que se podrán ir adhiriendo los ayuntamientos que se sumen al plan. El secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, aseguró que la bolsa de suelo de público del Consell y de los ayuntamientos con población superior a los 10.000 habitantes daría lugar a la construcción de 10.000 viviendas en los próximos cuatro años. «Se trata de movilizar todo el suelo público disponible en la Comunidad y movilizar el suelo privado con las condiciones preferentes en colaboración con el sector», dijo.
Mazón destacó la grave situación de dificultad de acceso a la vivienda, con un incremento de más del 80 % de los precios del alquiler y de casi un 45 % en los de compra durante el periodo 2015-2023. También cargó contra la gestión del Botànic, al destacar el colapso del parque público de vivienda de la Generalitat, con más de 15.000 inmuebles, que resultan insuficientes para atender la creciente demanda.
«Ésta es la legislatura de la vivienda», subrayó Mazón ha destacado el compromiso del Consell para que la vivienda sea por fin un derecho constitucional en marcha y «no una expectativa» y aseguró que es un plan cien por cien sostenible. «No vamos a recalificar nada, ni vamos a hacer insostenible nada. Esto es un plan sostenible en base a catalogaciones de suelo ya disponible», insistió.
El presidente de la Generalitat anunció que el plan se completará con los nuevos avales para jóvenes que está ultimando la Conselleria de Economía y Hacienda con los que se cubrirá hasta el 95 por ciento del precio de la vivienda, así como con la reforma por la que se reducirá el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.
Durante la presentación del programa, la vicepresidenta del Consell y consellera de Bienestar Social, Susana Camarero, incidió en la herencia recibida, al subrayar que «nos hemos en encontrado con un parque público de vivienda colapsado y una maraña de normas de espaldas al sector». Mientras que el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, se congratuló por la puesta en marcha del plan y anunció la total colaboración de la institución en dar todo el apoyo a los ayuntamientos interesados en sumarse a la iniciativa con la aportación de suelo.
El programa se articulará en torno a tres grandes pilares: seguridad jurídica; cooperación administrativa y colaboración público-privada, según explicó el secretario autonómico de Vivienda Sebastián Fernández. Las previsiones apuntan a que se pondrá a disposición del Plan Viu el suelo de titularidad de la Generalitat a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (Evha) así como los solares para vivienda de protección pública de titularidad privada que se encuentran pendientes de desarrollar que podrían tener más de 4.000 casas.
Permutas
En total el plan prevé hasta 6.000 viviendas en suelo público, otras 1.100 de permuta y otras 2.900 con proyectos de fondos europeos. El programa contempla el concurso de derechos de superficie o concesión administrativa destinado a desarrollar por el sector privado promociones para alquiler asequible por un periodo determinado, que se situaría entre 60 y 75 años.
Dentro de esta cooperación institucional, la Generalitat está contacto con los ayuntamientos para que aporten suelo público y de momento ya se ha conseguido la adhesión de cuarenta municipios, aunque el convenio firmado ayer permite a otras corporaciones sumarse al acuerdo.
Según un estudio del Instituto Valenciano de la Edificación, con el suelo público disponible de titularidad de los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes podrían construirse más de 9.200 viviendas (562 en la provincia de Castellón, 6.200 en Valencia y 2.466 en Alicante), y además se pondrá a disposición el suelo de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA). A estos se suman los solares para vivienda de protección pública de titularidad privada pendientes de desarrollar que podrán albergar más de 4.000 viviendas.
El Plan Vive estipula un parque de 1.101 viviendas mediante concurso derecho de superficie financiados con fondos europeos y capital privado destinadas a alquiler asequible en el periodo 2024-2026. En la ciudad de Alicante una de las actuaciones contempladas es la rehabilitación del barrio de Benalúa. En rehabilitación se prevén actuaciones en 600 viviendas para alquiler social con fondos del plan estatal, europeos, Generalitat y ayuntamientos hasta 2027.
La vigencia del convenio marco con la FVMP será de cuatro años y las partes podrán acordar una prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción.
El anuncio de este plan contó con las críticas de la oposición que señaló que Mazón debería aplicar la ley nacional que ya está vigente. El portavoz de Vivienda del PSPV-PSOE en les Cortes, Benjamín Mompó, señaló que «Mazón nos presenta un plan lleno de futuribles que ya huele a papel mojado» y subraya que «hay stock de vivienda en la Comunidad Valenciana y lo que hay que hacer es movilizarlas a favor de las personas». En la misma línea, la diputada de Compromís en el Congreso, Águeda Micó, advirtió de la necesidad de aplicar la Ley de Vivienda en la Comunidad Valencia, donde los precios del alquiler son hasta cuatro veces superiores de lo que marca el índice de precios de referencia publicado por el Ministerio de Vivienda.
En una rueda de prensa en el Congreso, Micó ha denunciado la falta de aplicación de esta norma por parte del presidente de la Comunidad, Carlos Mazón, y de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ambos dirigentes del PP. «Ni el presidente de la Generalitat, ni la alcaldesa de Valencia quieren aplicar la Ley de Vivienda cuando estamos en un momento de emergencia ocupacional», ha aseverado Micó.
Modificación de decretos
El plan de vivienda ha modificado hasta tres decretos del Botànic que ya estaban en marcha para dar seguridad jurídica y agilizar las licencias administrativas de estos proyectos. El primero de ellos es el Decreto 80/2023 que establecía las normas de diseño y calidad que deben cumplir las viviendas, al considerar que causaba un «perjuicio para el desarrollo de estos inmuebles», y se está en contacto con promotores y arquitectos para «trabajarlo con rigor». Otro decreto revisado es el 68/2023 sobre el Reglamento de vivienda de protección pública y que ha pasado el trámite consulta púbica previa y en tres semanas se tramitará su aprobación normativa. Asimismo también se ha reformado la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda con el objetivo de agilizar la concesión de las licencias, según ha explicado el propio Mazón durante el acto la presentación de este plan. J. A. M.
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