Por la "tregua" entre la UTA y los empresarios, la pelota ahora está en la cancha del Gobierno
"No hay plata". Con esa frase, ya convertida en eslogan por La Libertad Avanza, podría resumirse el engorroso ida y vuelta que protagonizaron este jueves el gobierno de Javier Milei con las cámaras empresariales del transporte y los trabajadores agrupados en la Unión Tranviaria Automotor (UTA), el gremio comandado por Roberto Fernández. El día en que la CGT confirmó un nuevo paro general para el 9 de mayo, la maratónica reunión convocada por la Secretaría de Trabajo para destrabar el conflicto salarial alcanzó finalmente una tregua hasta el 25 de abril y se levantó la medida de fuerza que paralizó durante toda la jornada a la mayoría de las líneas de colectivos que operan en el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires.
El cónclave, que recién estaba previsto para el próximo lunes 15 pero que se adelantó por la magnitud del conflicto, comenzó a las 12.30 en la sede Callao de la cartera laboral y se extendió por más de seis horas. Desde anoche, la UTA llevó adelante una "retención de tareas" en reclamo por la falta del pago de $250.000 que formarían parte del acuerdo paritario firmado en febrero, algo que las empresas rechazan. Ayer, cuatro de las cinco cámaras que agrupan a los empresarios del sector y que agrupan a más de 400 líneas que circulan por la ciudad de Buenos Aires y alrededores, aseguraron en un comunicado que el sindicato difunde números "equivocados" y que sólo "aporta a la confusión general". Desde el oficialismo, en tanto, se alineaban con las empresas en torno de la interpretación del acta paritaria firmada hace dos meses y que, según explican, no fijaría un salario base en torno de los $987 mil como demandan en la UTA.
"Como entidad gremial, ratificamos que no nos corresponde entender cuestiones que hacen a la relación entre la Secretaria de Transporte y sector empresarial", señaló el gremio a través de un comunicado una vez finalizada la reunión. En la UTA sostienen que la situación corresponde que la solucionen tanto las cámaras como el Gobierno. Por eso, a partir de ahora y hasta el 25 de abril, la intención de los empresarios será buscar persuadir al Estado para que otorgue los fondos necesarios y así evitar un eventual aumento del pasaje, cuyo precio, según aduce la propia patronal, debería rondar los $1.000.
"Lo que cuesta el servicio que demanda la gente es $1.200 promedio. ¿Se puede tener menos? Sí, pero es a costa de un peor servicio y de menos colectivos en la calle", sostuvo este mediodía el vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), Luciano Fusaro, antes de ingresar a la reunión.
Según apuntó el representante empresarial, luego de la reunión de este jueves en Trabajo, la AAETA espera que se constituya otra "mesa" de negociación con el Ministerio de Economía y la secretaría de Transporte. ¿El objetivo? Intentar saber con qué recursos van a poder contar ya que "el costo de transporte se financia con tarifa o con subsidio". "Porque si no tenemos esa información, ¿qué vamos a ofrecer a UTA?", se sinceró Fusaro ante la prensa. Y le pidió "tiempo" a los sindicalistas para acordar con el Gobierno y "negociar algo de manera responsable".
Sin embargo, desde la Casa Rosada presionan a los empresarios para alcanzar un punto de consenso con el gremio. En una audiencia que se llevó adelante el martes, las cámaras patronales habían recibido de parte de los funcionarios del área de Transporte la información de que no habrá "refuerzo" de partidas presupuestarias. "No tenemos ni la posibilidad de analizar un aumento", sostuvo el secretario de Transporte, Franco Mogetta, quien explicó que no hay posibilidades de que envíen más fondos ya que los montos de subsidios están calculados en base a la paritaria cerrada de febrero. Y desligó a su cartera de la negociación que lleva adelante la Secretaría de Trabajo al puntualizar que se trata de "una interna gremial de la UTA" ya que "el motivo del paro es una pretensión del sindicato de cobrar una suma que es solo una expectativa, es decir, no es obligatoria, no es exigible".
"Toman de rehenes a los usuarios y no estamos dispuestos a ceder ante las extorsiones. La gente votó a nuestro Gobierno para combatir estos métodos extorsivos", añadió Mogetta. En esa línea, el vocero presidencial Manuel Adorni también responsabilizó a los dirigentes gremiales por la parálisis del servicio. "Es horroroso, la termina pagando la gente", planteó en su conferencia matutina. El portavoz se desmarcó de los reclamos de mayores fondos que hicieron las empresas del sector, que señalan que no tendrán espalda para pagar el incremento de casi 35% que el sindicato reclama para los salarios de los choferes, que fueron depositados el lunes de esta semana. Ahora, con los colectivos nuevamente en actividad, el tire y afloje entre el Gobierno y las cámaras empresarias continuará intacto, solo resta ver quién dará el brazo a torcer en esa pulseada.
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