Más allá de su enfrentamiento con Cristina Kirchner y con el idioma, las cartas desde la prisión de Julio de De Vido tienen la virtud de probar que mucho de lo que se dice sobre los años kirchneristas es cierto. De Vido fue el corazón de un sistema de corrupción que venía desde Santa Cruz y luego se instaló en el gobierno nacional.
Difícilmente los Kirchner hubieran acumulado la fortuna que tienen sin la oportuna intervención de De Vido. El poderoso ex ministro era, además, el contacto con empresarios, gobernadores e intendentes.
Muchos de ellos fueron cómplices. De Vido dice ahora que no será el chivo expiatorio del saqueo de los recursos públicos que duró más de una década.
Para que exista un chivo expiatorio debe haber culpables que gozan de impunidad. Su esposa acaba de advertir, peligrosamente, que De Vido tiene muchas cosas para contar. Esa es la contribución a la verdad histórica que, tal vez sin quererlo, los De Vido han hecho.
Es necesario subrayar ese aporte al realismo en momentos en que un significativo colectivo político (que va del kirchnerismo hasta la izquierda, pasando por el progresismo light) se muestra asustado por lo que considera un clima asfixiante de restricción de las libertades y el Estado de Derecho.
No hay manera objetiva de comprobar que tales restricciones existan, pero sus portavoces se respaldan en dos argumentos: la caída o la debilidad financiera de medios periodísticos que estuvieron vinculados al kirchnerismo y la ofensiva de algunos jueces federales contra ex funcionarios por actos de corrupción.
Los supuestos riesgos de la libertad de expresión fueron expuestos en los últimos días por intelectuales, artistas y organismos de derechos humanos que nunca se ocuparon de la constatable persecución de periodistas en tiempos del kirchnerismo.
En perfecta armonía con tales planteos, la propia Cristina Kirchner dijo ante el juez Julián Ercolini que en el país "no hay Estado de Derecho". No hay político corrupto en el mundo que no hable de "persecución política" cuando se le acercan los jueces.
Cristina no es una excepción, pero a su denuncia sobre la desaparición del Estado de Derecho suele acompañarla con una severa crítica a los "medios hegemónicos" (es decir, a los que no se están cayendo y han podido sobrevivir a ella misma).
Es cierto que hay medios periodísticos que tambalean; casi todos fueron creados o comprados durante el kirchnerismo por empresarios kirchneristas. Un caudal monumental de publicidad oficial fue a parar en manos de esos empresarios, ninguno experto en comunicación ni mucho menos en periodismo.
Ninguno, tampoco, buscó la manera de hacer sustentable esos medios sin el aporte del Estado; no se prepararon (o no imaginaron) un tiempo de derrotas kirchneristas.
Muchos periodistas cercanos al kirchnerismo recibieron importantes sueldos del Estado a través de esos medios. La sobrevivencia sin estar bajo la cómoda sombra del poder es una experiencia absolutamente desconocida para esos medios.
Es el caso de los medios de Cristóbal López, propietario de C5N, CN23, Radio 10 y Ámbito Financiero, entre otros. Según varios testimonios, fue Cristina Kirchner quien empujó a Cristóbal a la compra de los medios que eran de Daniel Hadad, C5N y Radio 10.
El empresario se ocupó luego de destruir esas empresas, pero la relación del entonces gobierno con Cristóbal quedó probada en una reciente filtración de mails.
Desde la Jefatura de Gabinete de Cristina le ordenaban al socio de Cristóbal, Fabián de Sousa, quien administraba los medios, cómo estos debían hacer periodismo: qué noticias debían tratar, cuáles debían ignorar y a quiénes debían elogiar y a quiénes criticar.
Sería ingenuo, con todo, suponer que Cristóbal cayó porque se quedó sin pauta oficial. Todo su imperio económico, el Grupo Indalo, está terminado. Tiene una deuda con la AFIP de más de 10.000 millones de pesos, sus empresas están inhibidas, no tiene dinero para pagar semejante deuda y tampoco tiene crédito.
Esa deuda con la AFIP no es por evasor (un delito menor, si se quiere), sino porque se quedó con el dinero del Estado, que recaudaba con el impuesto a las naftas en su empresa Oil Combustibles. Esa empresa de Cristóbal era un agente de retención de impuestos y debía, por lo tanto, girar en el acto el dinero recaudado a la AFIP.
Cristóbal retuvo ese dinero y lo usó para comprar varias empresas. Por eso, la AFIP litiga en los tribunales para que el delito sea penal federal, lo que podría llevarlos a la cárcel a Cristóbal y a su socio, De Sousa.
El más pícaro de los empresarios "periodísticos" (valgan las comillas) kirchneristas fue Sergio Szpolski, quien se deshizo de Tiempo Argentino poco después de que se fuera Cristina del poder.
Había usado ese medio para filtrar información falsa que le proporcionaba la ex SIDE sobre políticos y periodistas críticos del kirchnerismo. Después, Szpolski le vendió la señal de cable de noticias CN23 al propio Cristóbal López, que así amontonó dos cables de noticias.
Los dos medios vivían de la publicidad del Estado que generosamente les derivaba Cristina. Mauricio Macri restringió la publicidad a todos los medios.
El Estado no tiene la obligación de subvencionar la existencia de medios que son de propiedad privada. Al contrario, sería injusto que lo hiciera en un país con el 30 por ciento de pobreza y con un déficit fiscal enorme.
El diario Página 12 también se quedó sin la gran cantidad de publicidad oficial que recibió en tiempos kirchneristas. Lo compró el sindicalista Víctor Santa María, que es investigado por presunto lavado de dinero de casi cuatro millones de dólares.
No tiene suerte: la causa cayó en manos del juez Claudio Bonadio y del fiscal Carlos Rívolo, dos funcionarios implacables de la Justicia.
El problema de Página 12 es que nunca logró ser una empresa en condiciones de financiarse a sí misma. Página 12 es una voz periodística que debe seguir existiendo, pero tiene que encontrar un modo propio de subsistir.
La respuesta es obvia: la obligación de un juez no es escuchar lo que quiere un gobierno, sino interpretar y aplicar las leyes.
Los jueces tomaron nota de que hay una sociedad cansada de la impunidad y harta de la corrupción, que reclama la prisión de los culpables. Eso es lo que pasa con jueces que no hicieron nada durante demasiado tiempo.
Una prueba de que no existe "persecución política" a través de los jueces es que la corporación judicial está seriamente enfrentada con Macri desde que este expuso públicamente su opinión crítica de la Justicia.
No le perdonan que haya advertido que el tiempo de vacaciones anuales en la Justicia es muy largo (45 días) y que las horas de atención al público son pocas.
El próximo miércoles habrá un paro preventivo de los empleados judiciales ante probables cambios en vacaciones y horarios; los empleados judiciales son parte de la corporación judicial y, a veces, hacen lo que los jueces no pueden hacer.
La única advertencia que sí hay que hacer es que aquel discurso del Presidente sobre la Justicia puede suceder una vez, para poner las cosas en claro, pero no puede repetirse. La Justicia es un poder independiente.
Hay que reconocer que el cristinismo conserva un fuerte ascendiente en la progresía argentina. ¿Qué libertad está restringida? ¿Quién es acusado ahora de corrupto habiendo sido honesto? Un problema sucede cuando las palabras increíbles se convierten en absurdas.