La Defensoría del Pueblo emitió una nueva alerta temprana por el fortalecimiento de grupos armados ilegales en el Pacífico Norte del Chocó, lo que aumenta el riesgo de graves violaciones a los derechos humanos de la población concentrada en la subregión.
De acuerdo con la entidad defensora de los derechos humanos, los habitantes de Juradó, Bahía Solano y Nuquí son los que mayor riesgo corren ante el conflicto armado que se presenta entre el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
"En alto riesgo están los habitantes de Juradó, Bahía Solano y Nuquí, en la subregión Pacífico Norte del departamento del Chocó, debido al repliegue y fortalecimiento de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y la guerrilla del ELN", advirtió el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Además, el funcionario señaló que estos combates podrían aumentar los desplazamientos individuales y masivos, confinamientos, restricciones a la movilidad, amenazas, reclutamiento forzado de niños y adolescentes, homicidios selectivos y masacres, violencias basadas en género e, incluso, la trata de personas.
Lo anterior, debido a la crisis de seguridad y orden público generada por las restricciones impuestas por el Frente de Guerra Cimarrón del ELN, así como por los enfrentamientos registrados entre esa facción subversiva y el Bloque Pacífico de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo) en territorio fronterizo con Panamá, jurisdicción de Juradó.
"La posición geográfica de los municipios de Bahía Solano, Nuquí y Juradó es privilegiada por su salida al océano Pacífico y por comunicarse con el vecino país de Panamá; adicionalmente, por los caminos ancestrales que conectan con algunas poblaciones que pertenecen a las subregiones del Darién y del Atrato. Por esas zonas es que se movilizan los grupos armados al margen de la ley, y lo hacen para traficar armas provenientes de Panamá, traficar migrantes, así como para traficar cocaína, comercializarla y embarcarla con rumbo a mercados del Pacífico", explicó el defensor del Pueblo.
Además de las amenazas por la alteración del orden público, la Defensoría fue enfática en señalar que las comunidades de esta subregión también tienen problemas de carácter estructural, relacionados con la escasa o nula presencia del Estado en gran parte de sus territorios.
Esto se refleja en la carencia de servicios públicos domiciliarios, como agua potable, alcantarillado y energía eléctrica, una deficiente atención en salud, la poca inversión en educación, la escasa oferta de vivienda y la precaria inversión social.
La entidad indicó que con la emisión de la Alerta 009, que tiene una naturaleza humanitaria y una perspectiva de derechos y de seguridad humana, se pretende poner de manifiesto el riesgo por violación a los derechos humanos en la subregión del Pacífico Norte del Chocó, para que los entes gubernamentales y las autoridades competentes promuevan la adopción de medidas de prevención, atención y protección de la comunidad.
"Por eso enviamos una serie de recomendaciones, para que sea contenido tanto el nivel de riesgo de violaciones a los derechos a la vida, libertad e integridad como a las infracciones al derecho internacional humanitario, las cuales impactan a los habitantes de las cabeceras municipales y áreas rurales de Juradó, Bahía Solano y Nuquí", concluyó el defensor Camargo Assis.
Cabe recordar que Chocó ha sido de las regiones que más casos de confinamiento han presentado en el último año. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, para junio de 2023, el departamento concentró el 79% de los confinamientos y fue el segundo con más desplazamientos forzados.
Otros departamentos con presencia de grupos armados ilegales, que registran este tipo de situaciones son Arauca, Cauca, Valle del Cauca y Nariño.
Gobierno aumentará el pie de fuerza en Chocó, tras constantes hechos de violencia
Tras un consejo de seguridad en el que se reunieron el ministro de Defensa Iván Velásquez, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, y miembros de las Fuerzas Militares; el Gobierno anunció que fortalecerá el pie de fuerza para enfrentar la violencia que se registra en el departamento por cuenta de combates entre grupos armados.
Para ello, aseguró que se dispondrán 1.000 soldados profesionales: 409 del Ejército y 580 infantes de la Armada; así como 30 uniformados de la Policía para Quibdó y nuevos integrantes del Gaula de la Policía.
El Ministerio de Defensa también acordó trazar una hoja de ruta para que el sector minero pueda desarrollar sus actividades, sin obstaculizar las acciones contra la minería ilegal: "Seguimos firmes en nuestro compromiso de combatir las economías ilegales y contrarrestar las afectaciones ambientales", sostuvo el ministro Velásquez.