El extenso prontuario de ilícitos y corrupción de los alcaldes de la derecha: Un historial de infamia
¿Qué hay de cierto en que ser edil de derecha es un requisito conducente de malas prácticas, corrupción y delitos?
Mujeres y hombres ligados a la derecha han convertido los delitos, las mentiras, las estafas, las especulaciones bursátiles y un extenso etcétera en su modus vivendi.
De acuerdo a El Ciudadano (2023) y al periodista Andrés Cárdenas (El Mostrador; 2024), la ingente cantidad de ediles y exalcaldes derechistas implicados en delitos e ilícitos -algunos municipios sufrieron dos veces estas fechorías con distintos jefes comunales- son:
-Rodolfo Carter (UDI). La Florida. $4.600.000.000. Contraloría detectó inconsistencias en la administración de los recursos públicos por parte de la Corporación Municipal de Educación, Salud, Cultura y Recreación. El alcalde Carter afirma haber entregado documentación al organismo. Contraloría no ha denunciado al municipio al Ministerio Público, por lo que la investigación y la respuesta del ente fiscalizador aún siguen en proceso.
-Virginia Reginato (UDI). Viña del Mar. $100.000.000.000. Auditoría forense a los estados financieros del municipio dio cuenta de irregularidades, revelando 63 observaciones correspondientes al pago de horas extras injustificadas, pérdida de más de mil bienes del inventario y el pago excesivo por motivo de arriendos, entre otras anomalías. Actual administración evalúa acciones legales.
-Cathy Barriga (UDI). Maipú. $31.000.000.000. Formalizada por delitos reiterados de fraude al fisco y falsificación de instrumento público, actualmente cumple arresto domiciliario total y arraigo nacional.
-Nora Cuevas (UDI). San Bernardo. $9.000.000.000. Proceso judicial en curso. Enfrenta querellas por fraude al fisco y arriesga hasta 15 años de presidio. El 5 de enero de 2024 prestó declaración ante Fiscalía.
-Daniela Peñaloza (UDI). Las Condes. $8.000.000.000. Fiscalía abrió investigación penal por pagos irregulares de horas extras, tras fiscalización de Contraloría. También se investiga sobreprecio en compra de Cesfam. A raíz de esto último, el Cuarto Juzgado de Garantía autorizó el levantamiento del secreto bancario de la alcaldesa y de otras siete personas involucradas.
-Graciela Ortúzar Novoa (RN). Lampa. $6.000.000.000. Enfrenta querella por delitos de malversación de fondos públicos y apropiación indebida de cotizaciones previsionales. Arriesga hasta 15 años de presidio.
-Raúl Torrealba (RN). Vitacura. $4.500.000.000. Formalizado por delitos de fraude al fisco, asociación ilícita y lavado de activos. Estuvo en prisión preventiva desde junio de 2023 y, en febrero de 2024, pagó $100 millones para reparar el mal causado y reconoció la mayoría de los delitos, además de revelar nuevos antecedentes que no estaban en la carpeta investigativa. Hoy cumple arresto domiciliario, con arraigo nacional y la prohibición de acercarse a los querellantes.
-Rodrigo Delgado (UDI). Estación Central. $4.300.000.000. Contraloría detectó millonaria deuda que incluye pagos irregulares. El organismo realiza un sumario, el cual determinará las responsabilidades del municipio.
-Juan Galdames (Independiente, cercano a Chile Vamos). Rinconada. $2.000.000.000. Contraloría detectó irregularidades en compra de terrenos, renovación de patentes de alcohol y celebración de tratos directos. Se envió el informe a la Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado.
-Fernando Paredes (UDI). Puerto Natales. $1.673.754.000. Formalizado por fraude al fisco. Cumple medida cautelar de arresto domiciliario nocturno y arraigo regional. La investigación se encuentra en curso.
-Carolina Silva (UDI). Río Bueno. $1.100.000.000. Enfrenta querella por fraude de subvenciones estatales. También se investigan los delitos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco, cohecho y soborno.
-José Luis Yáñez (UDI). Algarrobo. $1.000.000.000. Formalizado por malversación de caudales públicos y cohecho. Actualmente en prisión preventiva.
-Martín Arriagada Urrutia (UDI). Sagrada Familia. $750.000.000. Condenado por fraude al fisco a tres años de presidio –que cumple en libertad–, además de la prohibición de ejercer cargos u oficios públicos por cinco años y al pago de una multa de 813 mil pesos. Defensa estudia apelar a fallo.
-Felipe Guevara (RN). Lo Barnechea. $680.000.000. Contraloría remitió al Ministerio Público los antecedentes de millonarios contratos con sobreprecio. Se indagan delitos de fraude al fisco y el detalle está en manos del CDE.
-Iván Campos (RN). Melipilla. $497.000.000. Enfrenta querella por fraude al fisco. Contraloría detectó irregularidades en el proceso de compraventa de terreno. Hechos fueron remitidos al CDE. Arriesga hasta 15 años de presidio.
-Cristian Alvarado Oyarzo (Independiente, cercano a Chile Vamos). Guaitecas. $351.000.000. Cumple condena de 10 años de presidio por el delito de malversación de fondos públicos. Se entregó a la justicia dos días después de la orden de detención emanada desde el tribunal.
-Jorge Castro (UDI). Valparaíso. $289.350.646. Enfrenta querella por delitos de fraude al fisco y malversación de caudales públicos, a raíz de contratos, arriendos y pagos por trabajos sin ejecutar en su administración.
-Germán Codina (RN). Puente Alto. 203.000.000. Querella apunta a particulares y funcionarios públicos del municipio, por los delitos de soborno y cohecho en licitaciones de luminarias públicas. Se investiga a estrecho colaborador del alcalde, Christian Gore. Codina es querellante en este caso.
-Sergio Medel (UDI). Mostazal. $200.000.000. Enfrenta querellas por fraude al fisco, tras auditoría que lo acusa de desviar fondos obtenidos por los impuestos recibidos por el casino Monticello.
-Daniel Agusto Pérez (RN). Calama. $190.000.000. Formalizado por fraude al fisco y negociación incompatible. Contraloría detectó propiedad adquirida con sobreprecio. Audiencia de formalización fue fijada para el próximo 3 de mayo.
-Felipe Alessandri (RN). Santiago. $188.000.000. Contraloría detectó irregularidades, omisiones de registros de asistencias y pagos en exceso por horas extraordinarias. Se presentó querella contra exfuncionarios del municipio por el delito de fraude y falsificación de instrumento público.
-Andrés Zarhi (RN). Ñuñoa. $176.000.000. Cumple medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, tras ser formalizado por fraude al fisco. Contraloría detectó irregularidades relacionadas con pagos no justificados y en exceso.
-Mario Meza Vásquez (RN). Linares. $139.739.316. Fiscalía investiga denuncias por fraude al fisco, malversación de caudales públicos y falsificación de instrumentos público. Contraloría detectó sobreprecio en adquisición de productos durante la pandemia.
-Joaquín Lavín Infante (UDI). Las Condes. $59.595.096. Contraloría detectó boletas improcedentes e irregularidades sobre horas extras. El órgano fiscalizador también expuso inconsistencias en el libro de asistencia y pagos por servicios no realizados.
-Karen Rojo (Independiente, cercana a RN). Antofagasta. $24.000.000. Condenada a pena efectiva de cárcel, una multa y la inhabilitación perpetua para ejercer derechos políticos, por el delito de fraude al fisco. Usó platas públicas para pagar servicios de una agencia de comunicaciones para fines personales. Escapó del país rumbo a Países Bajos, donde fue capturada y tuvo que enfrentar a la justicia europea. Hoy, evalúa regresar a Chile, con la intención de negociar una salida alternativa a su condena.
-Sol Letelier (UDI). Recoleta. $22.917.478. Contraloría formuló reparos a rendición de cuentas cuando dejó el municipio. Se detectaron gastos no ajustados a la ley en período de campaña, al financiar propaganda política bajo el ítem de Gastos de Representación del municipio para las pasadas elecciones de 2012.
-Pedro Sabat (RN). Ñuñoa. $15.700.000. Condenado a 61 días de reclusión menor en su grado mínimo, además de la suspensión de cargos públicos por 2 años y 1 día y una multa de 675 mil pesos. Formalizado por delitos de negociación incompatible en una causa relacionada con contratos del municipio que favorecieron a uno de sus hijos.
-Miguel Araya (UDI). Buin. $10.333.332. Enfrentó querella por fraude al fisco a partir de una denuncia anónima sobre "funcionarios fantasmas" en el municipio. Tras recurrir ante el Tribunal Constitucional y la Corte de Apelaciones de San Miguel, su audiencia de formalización quedó sin efecto.
En conclusión, antecedentes como los ya mencionados llevan inmediatamente a colegir que el espurio discurso de este sector político respecto a la ética y a la probidad (tartufismo en su máxima expresión), es solo una mentira para granjear la adhesión de incautos, tratar de mantener sus cuotas de poder y abultar sus cuentas bancarias. Si aún tiene dudas, estimado (a) lector (a), vuelva a leer el tsunami de corrupción edilicia expuesto en este artículo.
Jorge Molina Araneda
@JorgeMolina375
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