La entrada en vigor el pasado abril de los nuevos criterios de valoración del grado de discapacidad ha tenido varios efectos, empezando por el 'tapón' en la valoración de solicitudes. Formar al personal e introducir los cambios en el sistema informático es un proceso largo, que ralentiza el proceso.
Pero es que las entidades que representan a las personas con discapacidad alertan además del efecto «perverso» que tiene la interpretación que se está haciendo del nuevo baremo, al ser «más restrictivo».
Así lo señala Alessandro Marinelli, presidente en Balears del Comité Español de Personas Con Discapacidad (CERMI). «La interpretación que se hace del nuevo baremo es bastante restrictiva, es algo que viene de mandato estatal pero intentamos trabajar con el Govern».
En octubre se aprobó el Real Decreto 888/2022, por el que se establece un nuevo procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad. El objetivo del cambio, impulsado por el Gobierno, es ajustarse mejor a la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud de la OMS. Los cambios entraron en vigor en abril del año pasado.
Grado «menor»
El grado que se esta reconociendo ahora mismo, según Marinelli, sería «bastante menor» del real porque «se está interpretando que cuando una persona tiene un entorno adaptado o productos de apoyo que le dan autonomía (una silla de ruedas, un bastón, un implante coclear…) le reducen muchísimo su grado de discapacidad». A su entender eso es perverso ya que precisamente por bajarle el nivel de discapacidad la persona «podría perder esos recursos de apoyo que se le concenden». Es una interpretación errónea, considera: «Si tiene un apoyo, tendrá más autonomía pero el nivel de discapacidad es el mismo».
El presidente de CERMI en las islas señala que a nivel estatal el comité estaba en principio de acuerdo con el texto inicial, pero esta parte específica no estaba en el documento inicialmente negociado y se está intentando modificar.
«Ahora si tienes apoyos que te dan autonomía te pueden bajar el grado y perder los apoyos»
«Hemos alertado al director general responsable, Pedro Codes, y en principio hemos encontrado buena disposición para minimizar el impacto en Balears», indica Marinelli.
La otra preocupación, perenne, de la entidad es el largo tiempo que hay que esperar para conseguir un certificado de discapacidad, tiempos que se han visto afectados también por la entrada en vigor del nuevo baremo además de las dificultades 'tradicionales' (y que se dan en otras autonomías, no solo en Balears) derivadas de la falta de personal para acometer las valoraciones.
Marinelli recuerda que este documento es imprescindible para poder acceder a prestaciones que muchas veces se necesitan «de manera inmediata», como en el caso de una lesión modular por accidente, por ejemplo: «Sales del hospital y necesitas en ese mismo momento un producto de apoyo inmediato, como podría ser una silla de ruedas... ¿y tienes que esperar un año para tener el certificado?».
Asimismo, señala el representante de CERMI en el archipiélago, «tienes que poderte desplazar y para comprar un vehículo adaptado con el descuento del 4% que se nos aplica, necesitas el certificado, y también para solicitar la tarjeta de aparcamiento», enumera: «Es algo fundamental para nosotros».
En el caso de la discapacidad relacionada con la salud mental (no física y no tan visible), las personas se encuentran con dificultades añadidas a la hora de lograr el certificado. Guillem Febrer, gerente de Estel de Llevant, explica que estos trastornos suelen emergen en gente joven, a la que le cuesta aceptar su nueva situación («hoy estás bien y al día siguiente ya no lo estás») y aún les cuesta mucho más oficializarlo pidiendo un certificado de discapacidad. Además, el proceso es largo y les supone volver a «exponerse y desnudarse» para la valoración, con lo que, relata Febrer, muchos desisten. A Estel de Llevant llegan jóvenes a los que tienen que instar a hacerse el certificado para poder darles atención psicosocial y que luego ya no vuelven: «Los perdemos», lamenta, «y se pierde un tiempo de atención inicial muy valioso». Por eso, desde Salut Mental, entidad de la que Febrer es secretario, están haciendo campaña para que el derecho a la salud, fundamental, sea la prioridad máxima y que los usuarios puedan acceder a recursos y servicios aunque no tengan el certificado, unas tesis que, explica, por ejemplo está empezando a calar en el SOIB: «Trabajamos para esto, han de poder tener acceso a todos los servicios con impacto positivo en la salud».
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