El Gobierno decidió reforzar la seguridad en embajadas y aeropuertos de todo el país luego de que la Cámara Federal de Casación Penal responsabilizara a Irán y Hezbollah por los atentados contra la embajada de Israel y la AMIA. En este contexto y pese a que no existieron amenazas concretas desde Casa Rosada se elevó el nivel de alerta antiterrorista y resolvió sumar mayores controles en posibles objetivos de un eventual ataque terrorista.
"Simple protocolo. No hubo amenazas", aclaró una fuente del Ministerio de Seguridad respecto a la intensificación de las medidas de protección que fue acordada en una reunión que protagonizó la titular de la cartera, Patricia Bullrich, y el secretario, Vicente Ventura Barreiro, consigna NA.
La intención del la cartera de Seguridad es maximizar los cuidados en las áreas que consideran sensibles, susceptibles a ataques del estilo. Algunos de los edificios son aeropuertos, las embajadas de Estados Unidos y la de Israel, e instituciones culturales y religiosas de la colectividad judía.
La Justicia determinó que Irán ordenó los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA
La Cámara Federal de Casación Penal concluyó este jueves que los atentados contra Embajada de Israel y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) «respondieron a un designio político y estratégico» de la República Islámica de Irán y fueron ejecutados por la organización terrorista Hezbollah.
En una sentencia definitiva firmada por los jueces Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Angela Ledesma, el máximo tribunal penal sostuvo además que la voladura de la mutual judía se trató de un crimen de «lesa humanidad», lo que implica que las investigaciones no prescriben pese al paso del tiempo y la carencia de resultados judiciales, por lo que Argentina podría demandar formalmente a Irán por la vía diplomática.
Según publicó la agencia Noticias Argentinas, la decisión de Casación causó irritación entre los familiares de las víctimas, no por su contenido, sino porque se enteraron por los medios de comunicación, ya que aún no fueron notificados en el expediente digital.
El fallo instó a los poderes Ejecutivo y Legislativo a tomar políticas públicas como la creación de agencias federales de investigación para delitos complejos o modernizar el proceso de sistematización y conocimiento de la documentación de inteligencia que fue desclasificada.