Quito, 23 abr (EFE).- La violencia política en Ecuador, personificada en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, forma parte de las advertencias recogidas por Amnistía Internacional (AI) en su informe sobre los Derechos Humanos en 2023.
AI recordó que en el marco de las elecciones generales extraordinarias celebradas en agosto de 2023, varios candidatos a cargos públicos fueron agredidos o asesinados, incluido Villavicencio, asesinado once días antes de los comicios, "aparentemente por motivos políticos"
El documento también subrayó que, en mayo de 2023, un decreto presidencial estableció el despliegue de las Fuerzas Armadas en todo el país, a fin de "reprimir la amenaza terrorista" en respuesta a los grupos de delincuencia organizada.
Los posteriores decretos emitidos durante el año ampliaban el mandato de la Policía y las Fuerzas Armadas, "concediéndoles facultades para entrar en propiedades privadas y realizar registros, confiscar bienes y acceder a correspondencia".
Además, recordó que, en diciembre, la Asamblea Nacional (Parlamento) aprobó una reforma constitucional que garantizaba una mayor participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad púbica, ratificada en el referéndum celebrado el pasado domingo.
AI cuestionó que sigan "impunes" las graves violaciones a los derechos humanos "cometidas por las fuerzas de seguridad" durante las protestas de 2019 y 2022, y señaló que en junio pasado se estipuló, por decreto, que los agentes encargados de hacer cumplir la ley que fueran sospechosos de haber causado lesiones, daños o la muerte a una persona, no serían detenidos ni retirados del servicio mientras no se dictara una sentencia condenatoria en su contra.
Sobre la situación en las cárceles, apuntó que en julio, 31 presos murieron de forma violenta y decenas resultaron heridos en una cárcel de Guayaquil, mientras que 137 guardias penitenciarios fueron retenidos de forma temporal en prisiones de todo el país.
Señaló, además, que los servicios de salud de las prisiones "seguían siendo casi inexistentes, y las autoridades no investigaban adecuadamente los homicidios ni trataban con dignidad a los familiares de la población reclusa".
AI también resaltó que un 37,8 % de la población en Ecuador vivía en pobreza y pobreza extrema en 2023.
Para junio, el 27 % de la población vivía en la pobreza y el 10,8 %, en la pobreza extrema, "niveles que superaban los índices de pobreza anteriores a la covid-19", detalló el documento, que menciona "amplios sectores" de la población con obstáculos para acceder a derechos de salud, alimentación y agua, entre otros.
Amnistía añadió que el gasto en salud pública seguía incumpliendo el objetivo del 6 % del producto interno bruto (PIB) recomendado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
El relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Olivier De Schutter, que visitó Ecuador en 2023, "expresó su alarma ante la enorme disparidad de los índices de pobreza entre las zonas rurales y las urbanas".
E informó de que las zonas rurales presentaban índices de pobreza multidimensional de hasta el 70 % y que la pobreza era más marcada en las zonas con mucha población indígena.
Además, señaló que la pobreza aguda facilitaba la captación de jóvenes para la delincuencia organizada y pidió a las autoridades que siguieran aumentando la progresividad del sistema fiscal.
Asimismo, AI señaló que los proyectos extractivos vulneraban los derechos de los indígenas en cuyos territorios se establecían, y anotó que, en mayo, se emitió un decreto, que permitía a las empresas mineras comenzar su actividad sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas.
Tras su emisión, unas operaciones militares y policiales en las provincias de Cotopaxi y Bolívar se saldaron con 18 heridos y 2 detenciones. En noviembre, la Corte Constitucional declaró el decreto inconstitucional, "pero permitió que siguiera en vigor".
Por otra parte, los derrames de petróleo de 2020 y 2022 en la Amazonía "seguían sin ser investigados, y las comunidades afectadas seguían sin acceder a verdad, justicia y reparación", indicó.
AI agregó que se seguía estigmatizando, agrediendo y asesinando a defensores de derechos humanos por su trabajo. EFE
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