Las Palmas de Gran Canaria
Viernes, 12 de abril 2024, 18:43
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La directora general de Transportes del Gobierno de Canarias, María Fernández, anunció que antes de finalizar el mes de abril se presentará ante el Consejo de Gobierno un borrador y una memoria que justifique la necesidad de elaborar un anteproyecto de ley acerca de la movilidad sostenible del archipiélago.
Tras esta entrega, se abrirá un buzón de participación ciudadana en la en la página de transparencia del Gobierno de Canarias para que los canarios puedan «aportar de manera libre» sus sugerencias. Fernández subrayó que este borrador ha tenido «una acogida positiva» por parte del sector profesional y las administraciones tras haber contado con normativas en el pasado que «no se adaptaban a la realidad de determinadas islas o sectores».
Apuntó que ambas partes «podrán ser partícipes» en la elaboración previa de lo que va a ser el anteproyecto, que no busca ser una ley de Gobierno sino «una ley del sector y de la ciudadanía para las próximas décadas».
Durante su reunión con la Mesa de viajeros y del transporte de mercancías, informó del decreto ley de modificación de la ley 13/2007de ordenación de sostenibilidad del sector del transporte terrestre. Una estrategia en la que el objetivo es adecuar el sistema normativo a las nuevas directrices de Europa y del Estado, sin «menoscabar la capacidad de carga de las islas se ha querido hacer un decreto que modifique esta regulación antigua y la ordene con parámetros de sostenibilidad, de ocupación, de carga de la vía pública y de ordenación del tráfico», va de alguna manera a capacitar a los cabildos a regular su operativa.
Fernández enfatizó en que al igual que en otros ámbitos, «la organización vial de nuestras islas también tiene límite y eso tiene que estar contemplado a nivel reglamentario».
La titular del área de Transportes puntualizó que hay que seguir fomentando la actualización de determinados aspectos de la norma para que el sector opere «de forma más moderna».
En ese sentido, buscará emular a Europa y el Estado dejando de exigir una antigüedad determinada de los vehículos, y una flota mínima de los mismos, dejar de solicitar capacitación profesional en los camiones de 3,5 toneladas, al mismo tiempo que dejar de pedir criterios de honorabilidad y una solvente capacidad económica para acceder al puesto de empresarios.
Fernández comunicó que el próximo 30 de abril se convocará una mesa de trabajo con los consejeros de transporte de los cabildos para «poner sobre la mesa posibles herramientas jurídicas que den soporte a esa financiación por parte del Estado para no estar siempre teniendo que negociar los presupuestos». El objetivo es conseguir que den apoyo para acceder a la financiación europea.
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