Llamó la atención que en la nueva versión de la Ley Bases diseñada por el gobierno de Javier Milei, conocida comúnmente como Ley Ómnibus, haya desaparecido un artículo referido a la industria tabacalera. La omisión no parece deberse a un olvido ocasional, sino al poder de lobby de un empresario del sector al que, por lo bajo, todos conocen como "Señor Tabaco".
Se trata de Pablo Otero, dueño de Tabacalera Sarandí, quien mantiene un amparo judicial contra el impuesto mínimo al cigarrillo que le permite pagar menos que sus competidoras.
En base a esas prácticas, Tabacalera Sarandí, logró dominar prácticamente un 33% del mercado de cigarrillos e incluso cuando regía un cierre total de importaciones, la compañía tuvo acceso a los permisos SIRA para comprar del exterior la materia prima para la fabricación de cigarrillos. Según datos oficiales, Tabacalera Sarandí importó 7,9 millones de kilos de tabaco picado o en hebras en 2023 por un total de u$s44 millones.
La importación del tabaco fue una de las cuestiones principales de la que se valió el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, para apuntar a Tabacalera Sarandí, sobre la que afirmó que "se autopercibe como pyme pero factura más de 800 millones de dólares; se dice nacional pero no compra un solo kilo de tabaco argentino porque todo lo importa desde Brasil".
"Desde 2018 no paga los impuestos, por artilugios legales o por lo que sea, y le debe al fisco más de 2000 millones de dólares". El artilugio legal que menciona el gobernador salteño es un amparo contra el impuesto mínimo al cigarrillo que presentó ante la Justicia Pablo Otero y que permite a Tabacalera Sarandí pagar menos que sus competidoras.
El mandatario provincial calificó como "una vergüenza" que el artículo que proponía que todas las empresas del sector paguen los mismos impuestos no figure en el nuevo proyecto del Ejecutivo. "Estoy desconcertado, desorientado, desilusionado, un poco de todo", graficó.
Pero hay otros aspectos opacos en la empresa, con declaraciones públicas de Otero en las que afirma que factura unos u$s800 millones anuales basados en la venta de atados de cigarrillos, pero los cálculos no cierran a las autoridades de la AFIP.
Además según informo el diario La Nación, Otero y su familia tienen, al menos, 19 sociedades en todo el mundo. Solo en la Argentina, controlan Tabacalera Sarandí y Grupo Madero Sur, Global Race (vinculada al automovilismo), Punt Vermell (producción de espectáculos) y Crossfinder (servicios de consultoría e informática).
Muchas de las sociedades están constituidas en Estados Unidos, Brasil, Panamá y Saint Kitts and Nevis, donde también posee, junto a distintos miembros de su familia, varias propiedades.
Brasil es uno de los centros clave de sus inversiones: allí tienen la compañía Mercicler Importadora Ltd, fundada en 2004, con la que se dedican al comercio de tabaco y bebidas alcohólicas. Curiosamente, el domicilio informado como sede de la firma es un baldío en la ciudad de San Pablo. Otro dato llamativo es que varias de sus empresas brasileñas fueron fundadas con la offshore Centauro Mobility LLC, con domicilio en Charlestown, Saint Kitts and Nevis, considerada un paraíso fiscal.
Junto a Centauro Mobility LLC, Otero compró varias sociedades en Estados Unidos, especialmente en Miami, y tiene un penthouse en Marina Palms Residences South y otro en The Harbour South Condo.
Otra de sus compañías allí son Grupo Madero Sur Corp., Costa Brava Realty Corp, Auriga Holding Investments, Zona Sur LLC, Limitless Boundary USA LLC y Proterra Food Trading.
La embestida del gobernador Sáenz no fue la única, ya que hace días ingresó a la Justicia una denuncia de Luis Eugenio Guinle, presidente de la Cámara Argentina Nacional de Empresas Tabacaleras, por cohecho agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público, evasión y lavado de activos, contra Otero.
La sospecha que deberá probar la Justicia es si Otero entregó algún tipo de pago a un grupo de legisladores para ejercieran presión en contra del capítulo tabacalero de la Ley Ómnibus.