El 19 de marzo tuvo lugar la primera reunión, en forma virtual, de ministros de Comercio de la Alianza para la Prosperidad Económica (APEP). Esta alianza fue anunciada por el presidente Biden en ocasión de la Cumbre de las Américas realizada en Los Ángeles en junio de 2022, con el objetivo de fomentar la integración económica regional y buenos empleos "para restaurar la fe en la democracia al ayudar a la clase trabajadora en toda la región".
La alianza está integrada por 12 países de los cuales Canadá, Perú, México, Colombia, Ecuador y Chile están vinculados a los Estados Unidos por acuerdos de libre comercio; Costa Rica y la República Dominicana forman parte del Tratado de Libre Comercio Centroamericano-Estados Unidos (DR-CAFTA); Panamá del Acuerdo de Promoción Comercial y Barbados de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC). Uruguay es el único miembro que solo tiene un acuerdo marco de comercio e inversiones (TIFA) que no incluye tratamiento arancelario.
La declaración de la reunión resume los lineamientos de la denominada nueva política comercial de los Estados Unidos que excluye concesiones en materia de importaciones. La representante comercial, Katherine Tai, reiteró que los fines son el trabajo decente, los derechos de los trabajadores, inclusión económica y sustentabilidad ambiental. En el párrafo tercero se hace mención a la necesidad de analizar las cadenas de valor en los sectores críticos de energía limpia, semiconductores e insumos médicos al igual que facilitar el acceso a las pequeñas y medianas empresas y comunidades postergadas.
Las cifras del comercio de los países miembros con los Estados Unidos están influenciadas por el entretejido industrial generado en los últimos 30 años con México y Canadá. México exportó a EE.UU. 480.080 y Canadá 431.195 millones en 2023 mientras que el resto solo lo hizo por un total de 71.725 millones de dólares. La proximidad con el mercado norteamericano y las facilidades para las inversiones en uno y otro lado de las fronteras facilitó la integración de las estructuras productivas a pesar de las modificaciones del NAFTA (1992) transformándolo en el USMCA en enero 2020. Las importaciones de los Estados Unidos provenientes de México pasaron de 388.319 millones en 2021 a 480.080 en el lapso de dos años desplazando a China como primer proveedor cuyas importaciones disminuyeron de 575.710 en 2022 a 448.035 millones en 2023.
Las exportaciones de la Argentina, Brasil y Paraguay, que no forman parte de la APEP ni tienen acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos, fueron de 48.001 y las importaciones de 59.013 millones con un saldo favorable al segundo de 11.021 millones. Los datos corresponden a la aduana de los EE.UU.
El atractivo del APEP reside en la posibilidad de formar parte de las cadenas de valor de los sectores considerados prioritarios para los Estados Unidos por razones de seguridad y también en la región para reducir la dependencia de otras zonas por distancia, pero también en la eventualidad de conflictos. Como una forma de sumar contenido los ministros de Comercio acordaron la creación de comisiones para analizar la viabilidad de la propuesta con vistas a la Cumbre de Líderes en Costa Rica en 2025.
La declaración no hace mención alguna a la Conferencia Ministerial de la OMC realizada en Abu Dhabi en la semana del 26 de febrero o la importancia de fortalecer el organismo multilateral paralizado desde 2019 por una decisión de los Estados Unidos. Es posible que la representante Tai rechazará cualquier sugerencia al respecto a pesar de tratarse de una reunión de ministros de comercio por su intención de resguardar la libertad de acción para modificar aranceles y subsidios, y su desdén por el multilateralismo.
La fragmentación del comercio exterior y los meneados slogans "friendly shoring" o "near shoring" están montados sobre las restricciones impuestas por los Estados Unidos para las importaciones provenientes de China y las posibilidades de relocalización de las multinacionales en las cercanías. Hasta el presente México es el único país de la región que se ha beneficiado de la política iniciada por Donald Trump y profundizada por Joe Biden. Sin embargo, la administración Biden ha priorizado la reubicación o promoción de industrias en los Estados Unidos a través de una legislación generosa en subsidios y exenciones impositivas, sin mostrar concesión alguna para integrar a los países latinoamericanos.
La APEP se parece cada vez más a un ejercicio diplomático del cual si bien no se puede estar ausente, no difiere mucho de los acuerdos de facilitación de comercio de la OMC. Hasta tanto los Estados Unidos no formule un replanteo de su política de reindustrialización, los países afuera del USMCA tendrán escasas oportunidades de incorporarse a las cadenas de valor consideradas prioritarias para ese país.