Rufino Soto Román, un colombiano de 49 años y residente en Puerto Rico, fue arrestado y encarcelado por presuntamente dirigir una organización que se dedicaba a la práctica ilegal de la medicina dental en el oeste de la isla, informó la Policía local.
Soto Román enfrentaba una orden de arresto por violaciones al Artículo 13A (practicar la medicina dental sin licencia) de la Ley 75 de la Junta Dental Examinadora de Puerto Rico.
Tras su arresto, el imputado fue llevado ante la juez María Del Pilar Vázquez, quien ordenó su ingreso en la cárcel de Ponce (sur) al no prestar una fianza de 1 millón de dólares.
La detención de Soto Román se da luego del arresto del 28 de marzo pasado de Johan Eduardo Posse Torres, de 43 años, y Santiago Andrés García Briñas, de 27, también de nacionalidad colombiana, por estar vinculados con la organización.
Al momento del arresto de Posse Torres y García Briñas, las fuerzas del orden decomisaron medicamentos y equipos administrados por empleados que no están autorizados legalmente para ejercer la práctica de la medicina dental en Puerto Rico.
En aquel momento se le formularon cargos en ausencia a Soto Román, quien figuraba como alegado líder del grupo de individuos que actuaban en concierto y común acuerdo.
La investigación policial reveló que los sospechosos coordinaban las citas a través de plataformas digitales, lo que les permitía operar ilegalmente para ofrecer sus servicios dentales, entre ellos, el conocido en el mercado como rediseño de sonrisa.
De acuerdo con la pesquisa, los imputados practicaban la medicina dental ilegalmente desde un local comercial que operaban sin ningún tipo de permiso ni protocolos de salubridad en Mayagüez.
Por estos hechos, las fiscales Jahnny Rodríguez Malavé y Rosa Molina Pérez le formularon cinco cargos a cada imputado por fraude, practicar la cirugía dental sin licencia y dispensar medicamentos de receta sin ser farmacéutico y sin contar con la licencia, certificación o autorización correspondiente.
Estos delitos están tipificados en el Código Penal de Puerto Rico, en la Ley 247-2004 y la Ley 75-1925.
"Todo aquel que ponga en riesgo la salud de los ciudadanos mediante el ejercicio ilegal de la medicina en Puerto Rico debe saber que tarde o temprano enfrentará las consecuencias, pues será procesado conforme a nuestras leyes", expresó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, en aquel entonces. San Juan (EFE)