Pocas cosas generan un consenso tan amplio en la sociedad catalana como el tema del déficit fiscal crónico, que se repite año tras año y década tras década. Impacta de forma directa en la calidad de los servicios públicos y en el crecimiento económico, y afecta por igual a los que son independentistas y a los que no lo son. Y por más que se intente hacer caricatura de esta reivindicación o se pretenda negar la evidencia con argumentos falaces, resulta imposible disimular lo que es obvio. Hay una constante que se repite en el tiempo: Catalunya es la segunda comunidad del Estado que más aporta a la caja común y, en cambio, está en la décima posición cuando se reparten los recursos. Se mire por donde se mire, esto es insostenible.
Durante los años más intensos del proceso independentista, la reivindicación de una financiación justa quedó superada por elevación, pero el agravio persiste. El asunto, que forma parte de las reivindicaciones políticas históricas de los partidos independentistas y nacionalistas, siempre se ha despachado tildando de insolidario a quien pide un trato justo o se ha reprochado el gasto en supuestos caprichos como la televisión pública o las delegaciones en el exterior. Pero el elefante de la financiación está en medio del salón, y más pronto que tarde se convertirá en un elemento nuclear del debate político.
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha planteado recientemente una propuesta de financiación singular para Catalunya. En este modelo, Catalunya se encargaría de recaudar la totalidad de los impuestos que pagan los catalanes y, posteriormente, la Generalitat pactaría con el Estado el abono del coste de los servicios que este presta a los ciudadanos de Catalunya (diplomacia, determinadas infraestructuras, ejército e instituciones con competencias estatales, entre otros) y también se abonaría una cuota de solidaridad para contribuir a la nivelación entre territorios. En definitiva, es una propuesta que pretende asegurar que, tras el reparto de recursos, Catalunya no quede en peor posición que otras comunidades que aportan menos.
La propuesta del presidente catalán fue rechazada a la velocidad de la luz por el PSOE y por el PP. Y todos los presidentes autonómicos, incluyendo los que también soportan una financiación que les empobrece cada año que pasa, como es el caso valenciano, saltaron como un resorte para dejar claro que con las cosas de comer no se juega.
Es tan cierto que en Catalunya hay un consenso amplio al reclamar una financiación justa, como que en el resto de España el mismo consenso sirve para oponerse a cualquier propuesta que pretenda corregir la injusticia. El gran argumento para rechazar la propuesta de Aragonès fue que esto sería insostenible para la Hacienda española, lo cual supone un reconocimiento explícito de quién financia a quién.
El elefante de la financiación está en medio del salón; será un elemento nuclear del debate político
El pacto fiscal con Catalunya es, sin duda, la auténtica línea roja del sistema político español. Se puede, por ejemplo, pactar una amnistía y que los grandes partidos se saquen los ojos, pero la resistencia que encuentra cualquier propuesta que cuestione la esencia del modelo fiscal es granítica. Con la ley en la mano, el actual sistema de financiación lleva diez años caducado; tendría que haberse renovado en el 2014, en el 2019 y ahora, en el 2024. Pero igual como ocurre con la renovación del poder judicial, que también acumula un lustro de retraso, parece que para algunas cosas hay barra libre. Por lo visto, el sacrosanto imperio de la ley solo sirve para los demás.
La Generalitat de Catalunya cifró el déficit fiscal del 2021 en 21.982 millones de euros, ni más ni menos que el 9,6% del PIB. La evidencia de que el sistema de financiación no resiste la prueba del algodón es la opacidad de los datos. PP y PSOE siempre han hecho lo imposible para negar la publicación de las balanzas fiscales. Es técnicamente viable y hay varios métodos de cálculo académicamente aceptados, pero la transparencia sobre estos datos haría ineludible la incómoda reforma de un modelo injusto.
A un mes de las elecciones catalanas, la financiación debería ser un tema central del debate. Aragonès ha expuesto la propuesta de ERC; el PSOE ha hablado por boca de un PSC que se pone de perfil ante un tema relevante; y, por ahora, no se sabe qué defiende Junts sobre el tema. La aritmética parlamentaria en el Congreso es una oportunidad que no puede desaprovecharse. Con las cosas de comer no se juega, tampoco con las de los catalanes.