Ana María Vesga, presidenta de Acemi, señaló discrepancias en el informe preliminar de la Contraloría, durante una reunión con el contralor, Carlos Mario Zuluaga. Las EPS discrepan con el informe presentado, destacando diferencias en nominación, valor y total de cuentas.
El pasado lunes, el contralor, Carlos Mario Zuluaga, convocó a una reunión a puerta cerrada con diversos organismos de control y judiciales para presentar un estudio preliminar que arrojaba un presunto daño al patrimonio del Estado estimado en casi 9,3 billones de pesos.
Según Zuluaga, parte de los recursos de la Unidad de Pago por Capitación y de los Presupuestos máximos habían sido desviados hacia actividades, bienes y servicios ajenos a la atención del servicio de salud de los afiliados. Sin embargo, la privacidad de la reunión se vio comprometida cuando se filtró el contenido del informe, desatando una controversia entre las EPS y los organismos de control.
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A las EPS se les otorgó un plazo de tres días para responder al informe preliminar, pero la situación se complicó aún más cuando la fiscal general, Luz Adriana Camargo, anunció la apertura de una investigación basada en dicho documento.
Según la dirigente de Acemi, las diferencias entre el informe preliminar y los reportes de las EPS son significativas, especialmente en la nominación, el valor y el total de las cuentas. Vesga señala que el informe de la Contraloría se basa en un Plan Único de Cuentas que nunca fue oficializado ni sigue la clasificación contable vigente. Además, destaca que la Contraloría no advirtió a las EPS sobre el uso de este plan, lo que ha llevado a discrepancias en los datos presentados.
Durante una reunión posterior con el Contralor, las EPS entregaron una tabla detallada que exhibe las diferencias entre la clasificación contable utilizada por la Contraloría y las cuentas vigentes del catálogo de cuentas financieras de la Superintendencia de Salud. Los valores presentados por la Contraloría en su informe no coinciden con los valores contenidos en las comunicaciones enviadas a las EPS para ejercer su derecho de contradicción y defensa.
Ante esta situación, Vesga asegura que la Contraloría realizará un análisis exhaustivo de las observaciones presentadas y corregirán cualquier inconsistencia detectada. Sin embargo, destaca la importancia de resolver estas discrepancias de manera justa y transparente para garantizar la integridad del proceso de fiscalización.