Tras las recientes denuncias sobre la gestión financiera de la institución, los despidos sin justa causa de profesores y funcionarios administrativos y los presuntos conflictos de interés en que se habría incurrido entre los integrantes del cuerpo elector del rector y de los consiliarios; los profesores de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario manifestaron su preocupación "por el deterioro del clima laboral, la precarización de las condiciones materiales para el desarrollo y consolidación de las trayectorias académicas y proyectos de vida del profesorado, y el detrimento en las garantías para el ejercicio de las libertades de expresión y de opinión".
Los profesores enfatizaron que, sí la situación financiera de la universidad no está en crisis como lo dice el comunicado institucional, no habría razón para que se sigan manteniendo las medidas restrictivas del gasto de las unidades académicas en relación con la movilidad entrante y saliente de profesores y estudiantes, las convocatorias de apoyo a la investigación de 2023 que, según los profesores aún están pendientes de ser adjudicadas. Además de los recursos para el adelantamiento de la misionalidad, la edición de publicaciones o la financiación de eventos académicos y de visibilidad.
Asimismo, enfatizaron que los incrementos salariales correspondientes al 2024 tampoco se han ejecutado. Los profesores concluyeron que las situaciones expuestas han ocasionado daños irreversibles a la universidad, que van mucho más allá de los intereses económicos del Rosario. En ese sentido, piden que Alejandro Cheyne realice una rendición de cuentas y asuma su responsabilidad sobre la situación de la universidad. Según los educadores, esté ya perdió veracidad para seguir llevando las riendas de la institución.