La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este jueves un refuerzo de los juzgados de Barbate (Cádiz), con la adscripción de una juez, para agilizar las causas que instruye, entre ellas el asesinato de dos guardias civiles a manos de los narcos. El presidente del CGPJ, Vicente Guillarte, ha explicado que el órgano de gobierno de jueces y magistrados se ha desplazado hoy a Cádiz para «escuchar» a los jueces de Cádiz y Huelva que trabajan en la zona a fin de «tratar de ayudar» a hacer frente al problema del narcotráfico en la zona.
Además de acordar el refuerzo de los juzgados de Barbate, por seis meses renovables, el CGPJ ha dado cuenta de un informe de su Servicio de Inspección sobre la saturación de los juzgados de Barbate, La Línea de La Concepción y Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, y los de Ayamonte y Moguer, en Huelva, los más afectados por el narcotráfico. Entre las medidas de refuerzo se propone crear una nueva sección especializada de la Audiencia Provincial en Algeciras, que la Audiencia Nacional absorba las causas más complejas y cambios legislativos, como la limitación de los recursos reiterados de los investigados para retrasar las causas, lo que permitirá una tramitación más rápida de los procedimientos.
El CGPJ ha señalado que de esta forma refuerza los órganos donde se instruye actualmente la causa por la muerte de los agentes, embestidos por una narcolancha el pasado 9 de febrero, y se agiliza el trámite de las macrocausas que se investigan en estos juzgados, conforme al plan de actuación que establezca la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). La medida de apoyo, que cuenta con la preceptiva autorización económica del Ministerio de Justicia, se acuerda por un plazo de seis meses, renovables desde la incorporación de la comisionada.
El refuerzo aprobado este jueves en Cádiz fue propuesto por la Sala de Gobierno del TSJA el pasado mes de febrero y ha recibido el informe favorable del Servicio de Inspección del CGPJ, que ha elaborado un estudio sobre la situación que atraviesan los partidos judiciales de Cádiz y Huelva más afectados por el narcotráfico. Este jueves, los miembros de la Permanente han dado cuenta del mismo a los presidentes de ambas audiencias y a los jueces decanos de la zona.
Así, durante la reunión celebrada en la Audiencia Provincial de Cádiz, los vocales del CGPJ han expuesto las conclusiones del informe del Servicio de Inspección sobre la situación en los partidos judiciales ya citados.
Según los datos recabados por la Inspección, la carga de trabajo global -civil y penal- supera en todos estos partidos los indicadores establecidos por el CGPJ, con la única excepción puntual de Barbate en 2023 (96,4%). La carga media global en todos ellos ha sido de un 139% en 2022 y de un 134,2% en 2023. Además, el rendimiento general de estos juzgados supera el indicador de dedicación en todos los partidos judiciales, con un rendimiento medio de un 174% en 2022 y de un 172,6% en 2023.
Por otra parte, la pendencia media en materia civil es de 945,5 asuntos -muy por encima de la media nacional de 765,4- y en materia penal se sitúa en 774,4 casos, duplicando holgadamente la media nacional (374,2). Según ha señalado el CGPJ, esto «no es consecuencia de la falta de dedicación o escaso rendimiento, que vistas las cifras anteriores es elevado». Además, los tiempos de respuesta de los procedimientos penales también son superiores a las medias de Andalucía y España.
Unificación de partidos judiciales
Para dar respuesta a estos problemas, el informe propone unificar los partidos judiciales de Algeciras, La Línea de la Concepción y San Roque, crear un nuevo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en los de Moguer y Sanlúcar de Barrameda y adoptar medidas de refuerzo extraordinarias, como la aprobada este jueves para los juzgados de Barbate, en los órganos judiciales de este partido y de los de La Línea, Sanlúcar, Ayamonte y Moguer.
En cuanto a la situación de las secciones de la Audiencia Provincial a las que corresponde el enjuiciamiento de los delitos contra la salud pública y de blanqueo de capitales, la Inspección advierte de «la elevada carga de trabajo» que soporta la Sección Séptima, con sede en Algeciras, que fue del 133% en 2022 y del 120% en 2023, y añade que, pese al elevando rendimiento de sus magistrados (116% en 2022 y 100% en 2023), no se logra absorber la entrada de asuntos, acumulando pendencia e incrementando el tiempo de respuesta.
Por ello, se propone crear una nueva sección en la Audiencia Provincial de Cádiz, la número nueve, con sede en Algeciras y especializada en el orden penal.
El informe señala que la complejidad de las causas por delitos de narcotráfico y de blanqueo de capitales se deriva tanto de las dificultades para su investigación como del elevado número de investigados y/o testigos.
Las primeras se refieren esencialmente al contenido de las diligencias acordadas judicialmente y su control posterior, como intervenciones telefónicas, registros, incautación de efectos, medidas cautelares de carácter patrimonial o pruebas periciales contables, mientras que el elevado número de investigados es consecuencia de la presencia de organizaciones criminales con estructuras propias, y la toma de declaración a estos ocupa un tiempo muy considerable en la práctica judicial diaria.
Para afrontar con celeridad estos procedimientos se precisa de medios personales y materiales superiores a los actuales, concluye el Servicio de Inspección, pero también sería necesario un aumento de la coordinación de los titulares de los juzgados con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, además de poner solución a algunas de las deficiencias detectadas, como la necesidad de desplazamiento físico a Cádiz para realizar pruebas preconstituidas con menores (por falta de sala Gesell en algunos partidos judiciales), problemas para la designación de abogados de oficio, demoras en la emisión de informes psicosociales y del Instituto de Medicina Legal o de informes periciales sobre embarcaciones neumáticas dedicadas al narcotráfico y retrasos en el volcado de teléfonos móviles. A ello se añaden los medios materiales insuficientes, con edificios antiguos y dependencias inadecuadas, sistemas de gestión informáticos obsoletos o ausencia de impresoras, entre otras cuestiones.
El informe señala que, en el corto plazo, «resultaría eficaz» la modificación del artículo 65.1ºd) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, estableciendo una regla competencial nueva en materia de delitos contra la salud pública cuando éstos fueran de especial gravedad, sin necesidad de que «produzcan efectos en lugares pertenecientes a distintas provincias», de modo que los de mayor complejidad se atribuyeran a la Audiencia Nacional.
También contribuiría a la agilización de la tramitación de estos procedimientos la modificación de los artículos 216, 217, 221, 222 y 766 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la supresión del recurso de reforma y la concentración de recursos en el momento de concluir la instrucción, salvo los que afecten a la situación personal de los investigados o pruebas preconstruidas, introduciendo limitaciones para los recursos reiterativos con finalidad netamente dilatoria.
Por último, la implantación de los tribunales de instancia evitaría la rotación excesiva de titulares de los órganos -la mayoría de los juzgados están servidos por jueces de nuevo ingreso cuya permanencia en ellos no suele superar los dos años- y conseguir una distribución de trabajo más eficiente.
La Junta celebra el refuerzo judicial
El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ve una «muy buena noticia» para «todos los andaluces» el «refuerzo» acordado para el partido judicial de Barbate, y se ha comprometido a acompañar esta «buena noticia» con el «apoyo» de su departamento.
«Por fin se ha conseguido lo que desde la Consejería de Justicia venimos pidiendo desde hace mucho tiempo: un refuerzo, un juzgado más en el partido judicial de Barbate que ayude a luchar contra el narcotráfico, que aporte seguridad y que permita una tramitación más rápida de los procedimientos», ha apuntado Nieto en declaraciones a Canal Sur Radio.
Además, el consejero ha valorado que se «apuesta por algo» que también habían defendido desde su departamento, como es «la unificación de recursos» y «que se integren varios partidos judiciales en un mismo tribunal de instancia para luchar contra ese problema particular y concreto» que golpea el Campo de Gibraltar y que hay que «abordar todos juntos».
«Desde luego, vamos a seguir apostando por que esa zona de la provincia de Cádiz y de España tenga las mejores condiciones posibles para luchar contra lo que tanto daño le hace: el narcotráfico, el tráfico de personas y toda esa delincuencia que debemos combatir con las herramientas legales y con la justicia en la mano», ha zanjado Nieto.