El productor agropecuario está acostumbrado a la incertidumbre. Como patrón denominador de su actividad tiene que convivir con los interrogantes climáticos, de precios, del tipo de cambio y del nivel de las tasas de interés.
Sucede que la producción agropecuaria es una industria a cielo abierto, y el clima impacta de lleno desde la siembra, la evolución del cultivo y hasta la cosecha. En cada una de las etapas el clima tiene gran influencia y podrá tener un impacto positivo o negativo en el volumen de producción final.
A partir de ahora, el productor deberá lidiar con un nuevo factor de incertidumbre. Nos referimos a la resolución adoptada por el Gobierno, aprobada por la oposición, que le permite aumentar hasta un máximo del 30 por ciento el nivel de las retenciones a las exportaciones a la soja, aplicadas sobre el valor FOB. Una en atribución de forma discrecional y sin necesidad de aprobación por parte del Congreso.
La medida rige hasta diciembre del 2020, es decir cuando la Argentina tenga un nuevo Gobierno y en el primer año de mandato. Regirá y se aplica solamente para la soja, el principal producto de exportación de la Argentina.
¿Cuál es su impacto?
Analicemos qué significa darle esta potestad al Gobierno de modificar a voluntad, siempre para arriba por supuesto, la presión impositiva sobre la soja. Representa que un productor siembra hoy soja, y define toda sus estructura de costos, incluyendo el pago por el arrendamiento del campo, en base al cuadro impositivo actual: esto es una retención del 18 por ciento, más el agregado del "Plan 4 pesos", en el cual el Gobierno descuenta cuatro pesos por dólar de exportación. En la práctica, es una retención mínima del 10 por ciento en el caso que el dólar cotice a 40 pesos. Hoy con un tipo de cambio en 37 implica una retención del 11 por ciento.
Supongamos que llegamos marzo, el Gobierno no logra recaudar más y decide aumentar un cinco por ciento el impuesto a la exportación. No hay que ser un erudito ni un premio Nobel para darse cuenta que el productor sufrirá una quita en su precio de venta. No tenía agendado ni el cuánto ni el cuándo.
Es decir que, al momento de sembrar, el productor enfrenta un costo de producción ya conocido y determinado en función del rendimiento y el precio esperado; y al momento de la cosecha, si el Gobierno decide aumentar el nivel de retenciones, el productor debe enfrentar un aumento en su costo de producción.
Dicho en términos de campo, por ejemplo, si el rinde de indiferencia de actual de la soja, es de 1.450 kilos por hectárea, con un nuevo nivel de retenciones el rendimiento objetivo podrá sufrir un aumento hasta el nivel de la retención nuevo aplicado. Quiere decir que el productor siembra soja con un costo de producción determinado y cuando cosecha su costo de producción se modificó; obviamente hacia arriba.
El riesgo es que en el caso de campos donde los rindes no son muy altos, o están muy alejados de los puertos, como el NEA y NOA, el aumento de las retenciones sin saber cuándo ni cuánto, podrá tener un efecto negativo sobre la rentabilidad del negocio.
Y el efecto negativo podrá ser de tal magnitud que dejará al productor en una situación de pérdida neta por hectárea.
Entonces, el productor para evitar entrar en rojo o su quiebra deberá renegociar con el dueño del campo el monto pagado en concepto de arrendamiento. Buscará bajar su magnitud en función del aumento registrado en las retenciones. Así, se vuelve a dar el caso donde el productor tiene márgenes netos negativos, es decir a perdida, mientras el Gobierno sigue recaudando. Esto es así porque las retenciones y todas estas alquimias para recaudar más, siempre se aplican sobre el valor bruto de la producción. Cuando en realidad se deben aplicar sobre el valor neto, y evitar la paradoja de "Estado rico y productores pobres", o directamente en quiebra.