El gobierno provincial iniciará este lunes un proceso de debate con los gremios para concluir con el marco laboral donde se fijen derechos y obligaciones de los empleados públicos rionegrinos.
Puntualmente, la convocatoria pretende un convenio colectivo para la administración pública.
La semana pasada, el gobernador Alberto Weretilneck adelantó su llamado a ATE y UPCN para hoy, a las 10, aunque la formalidad se cumplió con el decreto N 337 donde consigna que la comisión se formará con ocho miembros: cuatro del gobierno y cuatro de los gremios, dos por cada organización.
La norma avanza en el nombramiento de los representantes del Poder Ejecutivo: el legislador Lucas Pica, las subsecretarias Natalia García (Función Pública) y Alejandra Gertosio (Legal), y Nancy Hernández (Fiscalía de Estado).
ATE no confirmó todavía sus miembros y, la semana pasada, UPCN requirió modificaciones en la ley Nª 5506 para recién después nombrar a sus paritarios. Con ese reparo, esa institución, que conduce Juan Carlos Scalesi, no asistiría al encuentro de este lunes, que será en la secretaría de Trabajo.
En nota enviada a Trabajo, UPCN recordó de un compromiso de Weretilneck de modificar esa legislación y su puntual objeción se corresponde que esa norma excluye la temática salarial del convenio colectivo. "No es posible articular una negociación colectiva seria" sin la "cuestión salarial, toda vez que dicho tópico constituye el verdadero corazón de cualquier CCT".
La ley establece que la negociación será presidida por la secretaria de la cartera laboral, María Martha Avilez.
Además, Weretilneck había adelantado que la actuación gubernamental sería encabezada por Pica, que fue titular del área de Trabajo durante más de tres años, desde julio del 2016 hasta la finalización del segundo período del actual mandatario.
La intención no es nueva, pues esta discusión se presentó en el 2019, incluso después se sucedieron las reuniones aunque no prosperó ninguno documento por falta de decisión política y por diferencias entre ATE y UPCN. La norma 5506 y el decreto otorgan igual representatividad a ambas organizaciones, lo cual, tiene también la oposición del sindicato liderado por Scalesi.