Amnistía Internacional suspende a España por la respuesta ante la tragedia de Melilla y el 'caso Pegasus'
Amnistía Internacional ha publicado este miércoles su informe anual del estado en el que se encuentran los derechos humanos en el mundo, desglosado por países. España forma parte de los Estados que aparecen en el estudio y uno de los principales problemas señalados es la falta de una investigación exhaustiva en relación a la respuesta violenta de las autoridades españolas a los intentos de los migrantes de cruzar a Melilla en junio de 2022.
Cerca de 1.700 personas habían intentado entrar a Melilla de forma irregular en aquel momento y, como respuesta a esta situación, las autoridades acabarían causando al menos 37 muertos y centenares de expulsados de forma ilegal, según Amnistía Internacional. A raíz de estos hechos el mes siguiente el Comité de la ONU contra la Tortura instó a las autoridades pertinentes a investigar los hechos de forma exhaustiva e independiente, pero la Fiscalía acabaría archivando el caso, al concluir que se actuó conforme a la legislación española vigente.
En este ámbito el informe también menciona que la comisaría de derechos humanos del Consejo de Europa señaló las dificultades que había en España para acceder a un procedimiento ágil y efectivo de asilo. Causando así que muchas personas que solicitan el asilo debían de esperar alrededor de seis meses para ser atendidas, tiempo en el que muchas veces ya corrían el riesgo de ser expulsadas del país.
El estado del derecho a la privacidad también se vería afectado según el estudio de Amnistía, al haberse cerrado provisionalmente las investigaciones en relación al uso del programa espía Pegasus contra las 65 periodistas, políticos y otras personalidades del ámbito catalán que fueron investigados con este software, sin aclararse quién los espió. Una investigación que sin embargo, en el caso del presidente del Gobierno, la ministra de Defensa, el ministro de Interior y el de Agricultura –que también fueron espiados con este programa–, si se ha reabierto recientemente gracias a unas informaciones que llegaron de Francia.
En cuanto al derecho a la salud, también se vería afectado en el pasado año. Según los últimos datos publicados en 2023 y que corresponden a 2021, el gasto en sanidad pública habría disminuido. La Comisaría de Derechos Humanos del Consejo de Europa también señalaba que la escasez de personal en los centros de salud pública seguía siendo grave, motivo por el cual pedía mayores fondos para la atención primaria.
En el ámbito sanitario los de Amnistía Internacional también hablaron de las personas mayores. La causa por la que aparecían es la falta de una investigación sobre las muertes y violaciones de derechos humanos que el colectivo de la tercera edad sufrió durante la pandemia por covid-19, con la excepción de algunas fiscalías provinciales.
En el informe también se habla de los derechos de expresión, asociación y reunión, que se verían afectados negativamente. En este sentido se habla específicamente de la Ley de Seguridad Pública, la cual se estaría usando de forma indebida para limitar la libertad de expresión de manifestantes y periodistas.
Otro caso que se cita aquí es el de los agentes de policía de incógnito que se infiltraron en algunos movimientos sociales, llegando incluso a establecer relaciones íntimas y sexuales para recopilar información. Desde el ministerio del Interior la respuesta fue que las operaciones eran de inteligencia y habían sido autorizadas por el Gobierno, pero estaban clasificadas en virtud de la Ley de Secretos Oficiales, una ley que desde Amnistía consideran que debe de modificarse "reformarla sería un buen punto de partida para demostrar un compromiso real con los derechos humanos", explican.
En materia de violencia de género los resultados de España también siguen siendo negativos, con 58 muertes de mujeres a manos de sus exparejas y 13 víctimas más de otros hombres con los que no mantenían relación. La descriminación también continuaría al alza, con 2.040 casos de delitos de odio, siendo casi la mitad de ellos por racismo y xenofobia.
El Medio Ambiente saludable, que fue declarado derecho humano en 2022 por la ONU también sería negativo en España, debido a los episodios de olas de calor y sequías sufridas en España durante el 2023. En este sentido el Instituto de Salud Carlos III calculó que 6.799 de los fallecimientos registrados entre enero y septiembre del pasado año eran atribuibles al calor.
Derechos reproductivos, de vivienda y LGTBI, los puntos fuertes de España en el informe
El año 2023 dejó entrever también algunos avances en materia de derechos humanos. El derecho a la vivienda es uno de los que se puede extraer una nota positiva del informe de Amnistía Internacional. El Parlamento aprobó el pasado mayo la Ley por el Derecho a la Vivienda, que limitaba el precio del alquiler, ampliaba los plazos de suspensión de desahucios y protegía la vivienda social. A pesar de esto la ley tendría puntos que mejorar, ya que no se incluían sanciones para garantizar el control de los precios, no se prohibía el desahucio en casos de sinhogarismo ni había líneas claras para aumentar el parque de vivienda.
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De los derechos reproductivos también se puede extraer una lectura positiva del informe, más concretamente en la materia del aborto, a raíz de la ley aprobada en febrero de 2023, que permitía a quienes habían cumplido los 16 años acceder a la interrupción del embarazo sin consentimiento parental.
Sobre los derechos LGTBI también se puede hacer una extracción positiva del informe, debido a la entrada en vigor de la Ley Trans, que garantiza el acceso de los trans a los servicios sanitarios y traía también el reconocimiento legal de la identidad de género basado en la autodeterminación. A pesar de esto es posible que haya retrasos en este derecho en algunas comunidades, como en el caso de Madrid, donde se prohibió el reconocimiento de la identidad de género en base a la autodeterminación.
Otro aspecto destacado y que constituyó un hito fue el caso de Julio Pacheco, que declaró en Madrid como denunciante dando detalles de las torturas que sufrió en 1975, durante el franquismo. Esta se convertía, pues, en la primera víctima que declaraba como denunciante ante la justicia española como víctima de torturas durante la dictadura franquista.