Un encuentro entre el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, y el fiscal encargado de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, ocurrirá en horas de la mañana de este jueves. Los dos funcionarios darán una declaración conjunta en el Palacio de San Carlos a las 8:00 a. m. La visita del CPI ocurre después de su paso por Venezuela y está previsto que también se reúna con el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el magistrado Roberto Vidal.
La parte central de su visita está dirigida a este encuentro con el tribunal especial y también a La Guajira, donde participará en un acto de reconocimiento de un caso de ejecuciones extrajudiciales en la comunidad wayuú cometido por un grupo de militares. En varias ocasiones, Vidal y Khan se han reunido para coordinar el trabajo entre los dos organismos.
La última vez que pasó por Colombia, el fiscal de la CPI tuvo un encuentro a puerta cerrada con el presidente Gustavo Petro, que estuvo acompañado por el canciller Álvaro Leyva y el ministro de Justicia, Néstor Osuna. En ese momento, el mandatario recalcó que buscaría un "diálogo con las cortes del que debe salir el mejor camino para acabar con la impunidad" y así ayude, "a través de la verdad, a construir la paz".
"El Gobierno prestará todo el apoyo a la CPI para que pueda trabajar en conjunto con la JEP y establecer los senderos de la verdad en la horrible noche del genocidio perpetrado en Colombia", afirmó en ese entonces el jefe de Estado.
Khan llegó al país después de reunirse con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien buscaba "[pasar] la página y [reconstruir] los puentes de comunicación" con organismos multilaterales tras expulsar al equipo del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU hace unos meses. Ese país enfrenta un proceso de investigación en La Haya por la supuesta comisión de crímenes de lesa humanidad en la administración de Nicolás Maduro. La denuncia fue presentada por Colombia, Perí, Chile, Argentina, Paraguay y Canadá en 2018 y la investigación inició oficialmente en el 2021. Aunque el Gobierno venezolano presentó una impugnación en 2023 para detener el proceso, los juevces del CPI desestimaron el recurso.
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