La X sin despejar en la comisión de dos millones de la pareja de Ayuso: "¿Quién fue el pagador último de las mascarillas?
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Los 200 folios del informe de Hacienda que obligó a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a confesar por escrito ante la Fiscalía dos delitos de fraude fiscal dibujan un esquema muy sencillo de evasión de impuestos: 15 facturas falsas para simular gastos por 1,7 millones de euros y ahorrarse 350.000 euros en la declaración de dos ejercicios en que había logrado una facturación record como comisionista del sector sanitario.
El cruce de sociedades en la investigación periodística que ha llevado a cabo elDiario.es desde el 12 de marzo en que se publicó la primera exclusiva sobre el fraude fiscal de la pareja de Ayuso ha destapado el papel que en los negocios de González Amador ha jugado, Fernando Camino, alto directivo del grupo Quirón, uno de los mayores adjudicatarios de contratos de la Comunidad de Madrid. Hoy sabemos que Camino figura como administrador en la empresa que propició el pelotazo de dos millones de euros: Mape Asesores, una firma de Pontevedra, fue la que realizó el pedido de 42 millones de euros en material sanitario a la catalana FCS Select Products, la misma que había prometido a González Amador un 4,5% de la facturación total de los clientes que le proporcionase.
Según figura en la investigación de Hacienda, el único cliente que llevó la pareja de Ayuso a FCS fue Mape, la firma en la que su amigo y mentor en el grupo Quirón es administrador. La relación entre ambos venía de lejos: los dos se conocieron en el sector de las mutuas y cuando llegó a Quirón Camino abrió las puertas del grupo a González Amador, que empezó como consultor haciendo certificaciones de sellos de calidad. En la última década, Camino también abrió una sociedad en Panamá que fue utilizada por González Amador hasta 2022 poco antes de que se iniciase la inspección de Hacienda. Y Camino fue también quien vendió a González Amador una sociedad sin empleados ni clientes que la pareja de Ayuso acabaría utilizando como empresa pantalla, según reveló la inspección de Hacienda.
A tenor de la confesión de González Amador –"ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública", puso por escrito su abogado a la Fiscalía–, el modus operandi está claro: una empresa de Catalunya, la misma que vendió más de 240 millones de euros en material al Gobierno de España (algo que le pareció sospechoso al PP de Madrid, por más que en esas operaciones no consten comisionistas de por medio), pagó dos millones a González Amador por el pedido que una empresa que administra su amigo Fernando Camino realizó en lo peor de la pandemia.
Pero puesto que Mape no fue el destinatario último de las mascarillas, sino que esta firma de Pontevedra realizó el pedido para vender a su vez a otras empresas y a administraciones públicas, la X que falta por despejar es quién acabó pagando el sobrecoste de las mascarillas y los dos millones que se abonaron por comisión a la pareja de Ayuso.
Desde que elDiario.es publicó la primera exclusiva sobre este asunto, ha intentando contactar a través de diferentes vías con Mape que ha rehusado dar explicaciones a eldiario.es. En su página web cita como cliente a Quirón Prevención, la empresa que preside su administrador Fernando Camino, que tiene un pie en cada sociedad, pero además Mape figura como proveedor de la Xunta de Galicia. Infolibre publicó este lunes que fue quién más material vendió al Gobierno de Feijóo en la pandemia, la Comunidad de Madrid o el Ministerio de Industria, la Real Casa de la Moneda, junto a multinacionales como Inditex, Renault, FCC o Iberdrola, entre otras.
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En elDiario.es somos conscientes de que publicar anñalisis como este no es fácil, que puede haber consecuencias. Al menos ya sabemos a qué nos enfrentamos esta vez. Nos lo han dejado claro y por escrito: "Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar". Las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de la presidenta de Madrid, no son solo un calentón. No es siquiera la primera vez que recurre a presiones así para evitar que se publique una información.
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