20 años después, regreso a Mauritania, más cerca que nunca de Canarias (y la UE)
Sin una red europea de solidaridad, entonces no solo inexistente sino a duras penas imaginable, España reforzó su presencia y su colaboración con los principales países de procedencia de migrantes.
Cuando, al cumplirse 20 años de la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a la Presidencia del Gobierno (tras las elecciones generales de 14 de marzo de 2004), irrumpen en el panorama editorial y librerías españolas las semblanzas de su talante y su política (cfr. Manuel Sánchez: Zapatero, el Legado Progresista, Ediciones B, 2024) me resulta especialmente inevitable sustraerme a mi memoria personal del honor de haber formado parte de su primer Consejo de Ministros, como ministro de Justicia, y de mi implicación en muchos de los asuntos que posteriormente me han ocupado estos últimos años en el Parlamento Europeo (PE), donde ejerzo la Presidencia de su Comisión de Libertades, Justicia e Interior (LIBE).
A la ingente tarea legislativa de la Comisión LIBE del PE, competente de manera no exhaustiva en Derecho penal europeo, legislación de garantías procesales, desarrollo de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (CDFUE) y gobernanza de Schengen y libre circulación de personas, se ha sumado en estos años un intenso debate sobre el Estado de Derecho, la Democracia y los derechos en la UE.
Durante este se examina de forma periodizada (cada año de esta Legislatura 2019/2024 a punto de concluir, con elecciones europeas el próximo 9 de junio), objetiva y general a los 27 Estados miembros (EEMM) en sus respectivos estándares de independencia judicial, pluralismo informativo, respeto a las minorías y a la función de oposición, así como sus estrategias contra la corrupción, entre otros parámetros cruciales para el sostenimiento de los valores comunes de la UE (art. 2 TUE).
A pesar de la sensibilidad del asunto, sin embargo, si hay un objeto que ponga de manifiesto el cambio de coordenadas impuesto por la integración europea a la acción de los Gobiernos de sus EEMM -particularmente desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y la CDFUE en 2009- ese es, sin duda alguna, la política y legislación en materia de migraciones y asilo.
Ningún otro asunto explica con más elocuencia la mutación normativa que marca la diferencia entre los instrumentos de que dispusimos hace 20 años, en el primer Gobierno ZP, para hacer frente a la entonces llamada "crisis de los cayucos" (con la llegada cada año a Canarias de unas 30 000 personas rescatadas de la mar, procedentes de los países de la cornisa africana), o para acometer la regularización e integración de cerca de 700 000 personas en España carentes entonces de "papeles" o de cualquier cobertura para ejercer derechos como trabajadores/as.
En aquellos años, previos a la entrada en vigor del TL (con su Espacio de Libertad, Justicia y Seguridad regulado en el TFUE) y la CDFUE, el Gobierno del que fui ministro tuvo que emplearse a fondo para idear y activar el "Plan África", abriendo nuevas embajadas en el continente africano, negociando y acordando acuerdos de cooperación con países de origen y tránsito de migrantes hacia España, con base en el interés mutuo, y abriendo oportunidades de empleo regular que mitigasen la influencia de las redes criminales de tráfico y explotación de personas.
Sin una red europea de solidaridad, entonces no solo inexistente sino a duras penas imaginable, España reforzó su presencia y su colaboración con los principales países de procedencia de migrantes y embarcaciones hacia las aguas canarias: Marruecos, Mauritania, Mali, Senegal, Guinea Conakry, Guinea Bissau... Hoy, 20 años después, la materia de migraciones y asilo, históricamente conceptuada como de "soberanía" y competencia exclusiva del Estado (art.149.1.2 CE), ha pasado a ser objeto de política y legislación de la UE, en que el PE es legislador. Única cámara, como siempre subrayo, directamente electiva (por sufragio universal de 430 millones de ciudadanos/as europeos/as en 27 EEMM) supranacional del mundo.
No sólo por su base jurídica (arts.78 y 79 TFUE) sino también, sobre todo, por la comprensión de que el hecho migratorio escapa, en su manejo, a las capacidades individuales de ningún EM de la UE, sea el más grande o el más pequeño, requiriendo de respuestas de ámbito paneuropeo y de una red de responsabilidad compartida y solidaridad estructurada entre los EEMM y para los propios migrantes, especialmente después de operaciones de Salvamento & Rescate en la mar.
Esa es la razón de ser de los años de trabajo que en esta Legislatura hemos invertido en el Pacto UE de Migraciones & Asilo (compuesto de cinco Reglamentos, leyes europeas vinculantes, entrelazados entre sí), tanto en su dimensión interior (reglas comunes, con seguridad jurídica, que superen el desorden de las medidas unilaterales y ad hoc de los EEMM ante emergencias migratorias) como en su dimensión exterior (complementando o superando los esfuerzos individuales de los EEMM por un valor añadido diplomático europeo).
Tras el paréntesis de la Semana Santa, he conducido una misión a Mauritania como Presidente de LIBE en la que he podido compulsar el excelente trabajo de la Policía Nacional y la Guardia Civil de España en la formación y adiestramiento de agentes mauritanos y en el equipamiento de su Guardia Costera y Gendarmería Nacional, con el objetivo plausible de combatir las redes de tráfico y explotación de personas en la ruta migratoria atlántica hacia Canarias, de lejos la más mortífera. Visité oficialmente Mauritania en tres ocasiones en mi mandato como ministro miembro del Gobierno de España en aquella primera Legislatura de Gobierno ZP.
La diferencia de encuadre con que he vuelto a Nuakchot reside en la escala europea, al mismo tiempo que la explica: la ejemplar cooperación en seguridad de Policía Nacional y Guardia Nacional viene ahora articulada, financiada y gestionada por Fondos y Programas de la UE, en los que la representación diplomática de la UE (como en cada uno de los países del continente africano) aporta su valor añadido. Es un ejemplo que arroja luz de formar reveladora sobre la evolución que la gestión migratoria ha sufrido en los pasados 20 años, pasando del esfuerzo individual de cada Estado Miembro al esfuerzo colectivo de la Unión.