El profesorado asociado (PDI Asociado) ha ganado la demanda interpuesta hace ahora tres años por discriminación laboral de la Universitat de València (UV) a este colectivo respecto su jornada de trabajo y un juzgado les reconoce ahora la jornada laboral, las tareas y mejoras salariales.
El juicio tuvo lugar el pasado 7 de febrero, después de seis aplazamientos anteriores, tras la demanda interpuesta por más de medio centenar de profesores PDI asociados contra la Universitat de València y la Generalitat por discriminación laboral.
Según la sentencia del Juzgado de lo Social número 18 de València, hecha pública este lunes por el colectivo, la UV es condenada a indemnizar a los demandantes y a "que se les aplique en su retribución, en proporción al contrato parcial, la misma retribución que perciben los profesores universitarios a jornada completa, condenando a la universidad demandada a estar y pasar por la presente resolución".
Hace tres años que un grupo de profesores asociados de la UV, a través de la Plataforma PDI Precariado (PPdiP), interpuso una demanda contra la institución en materia de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas por discriminación salarial y en el cómputo de la jornada laboral parcial, ya que se trata de profesorado contratado a tiempo parcial.
La demanda se basaba en el hecho de que al profesorado asociado no se le computa una parte de la jornada, conforme estima la sentencia, al no reconocerle que "los profesores asociados desarrollan otras funciones que exceden de las horas de clase y tutorías establecidas en sus contratos en relación a su actividad laboral docente, en concreto en su actividad docente en cuanto procedimiento y criterios de evaluación se requiere a los profesores asociados la misma estructura del Plan Bolonia con evaluación continua del alumnado como criterio base de la programación docente, informando al estudiante sobre su progreso y la evaluación".
Hace tres años que un grupo de profesores asociados de la UV, a través de la Plataforma PDI Precariado (PPdiP), interpuso una demanda contra la institución
Y además, "realizando al igual que el resto de profesores universitarios la preparación de clases, elaboración de materiales, y las mismas tareas de gestión al margen de la docencia, como consta en las contestaciones de la Rectora de la UV".
La sentencia condena también a la UV "a abonar a cada uno de los actores la cantidad de 1.000 euros por el concepto de indemnización por daños morales", aunque según el fallo se trata de "una indemnización meramente simbólica".
Para el profesorado, esta sentencia tiene "fuertes repercusiones en el reconocimiento de la jornada laboral del profesorado asociado y en el conjunto de tareas que realiza más allá de la formalidad de su contrato laboral y de lo que dicen las leyes universitarias".
Por otra parte, tiene también consecuencias sobre las retribuciones del PDI Asociado, no solamente de la UV, sino de todas las universidades españolas.
Esto abre la puerta a la mejora laboral y salarial de este colectivo de profesorado, "tan maltratado económica y laboralmente por las universidades y las diferentes administraciones", añaden desde la plataforma PPdiP, cuyos responsables se muestran "abiertos" a una negociación en tres ámbitos para afrontar las repercusiones de la sentencia.
Por una parte, instan a la UV a abrir una negociación, de cara al próximo curso académico, para ajustar los salarios del profesorado asociado a la proporción de la jornada que realiza, así como a abonarle quinquenios docentes y sexenios de investigación tal como reconocen diversas sentencias de diferentes tribunales.
Piden al Ministerio de Universidades y a su titular, Diana Morant, negociar de manera inmediata el Estatuto del PDI
Asimismo, urgen al Gobierno valenciano y a su presidente, Carlos Mazón, para que se siente a negociar con los representantes de este colectivo las mejoras retributivas que comporta la sentencia y a modificar el Decreto publicado hace menos de un año sobre retribuciones del profesorado laboral de las universidades valencianas.
Por último, piden al Ministerio de Universidades y a su titular, Diana Morant, negociar de manera inmediata el Estatuto del PDI con el fin de que incorpore las tareas que reconoce el fallo de la sentencia, como tareas también propias del profesorado asociado y no únicamente como tareas del PDI a tiempo completo.