A juzgar por las cifras de anulaciones y –en principio– pérdidas de inversión, el asunto de las eólicas en Galicia se está convirtiendo, en vez de un proyecto de país para utilizar el viento como fuente de energía renovable, en un vendaval que amenaza con no dejar títere con cabeza. De. modo singular en instituciones que, por definición, han de estar libres de sospecha en cuanto a irregularidades de gestión. Y también en terrenos tan delicados como son los de la gobernanza y/o la actuación de los jueces, único de los tres poderes definidos por Montesquieu como independiente.
Eso es lo que está ocurriendo ahora con las decisiones de las Xunta sobre la aprobación de proyectos de explotación de parques eólicos, la suspensión por el Tribunal Superior de Xustiza, en desacuerdo con el procedimiento y después ratificados por el Supremo, que apoya la decisión del Ejecutivo autonómico. Contra el TS ha apelado el Superior gallego, y el lío se resolverá por jueces de. la UE, aunque el calendario general y fechas concretas son una incógnita. Que también en la Unión Europea hay burocracia.
Lo que hay ahora mismo, más allá de alguna que otra explicación insuficiente, es confusión y malestar además de daños y malas perspectivas. Además, por supuesto, de la ausencia de información solvente sobre las raíces de un desacuerdo, que afecta más o menos a la tercera parte de las decisiones de la Xunta sobre los polígonos mientras se aprueba el resto.Y se entiende que la reglamentación general ha de ser la misma, aparte de algún matiz o peculiaridad. Lo que hace aún más extraña la decisión de aceptar o rechazar una reglamentación semejante.
Una situación como esa genera, además de la confusión citada, daños directos y muy importantes. Las anulaciones de proyectos decididas por el alto tribunal de Galicia han supuesto ya la pérdida de alrededor de 600 millones de euros. Y, peor aún, la eliminación de los diversos puestos de trabajo en distintos sectores de la economía, a la vez que decrece la deseable autosuficiencia energética del país, de modo que los efectos del vendaval aumentan hasta parecerse a los de un huracán.
En el capítulo negativo hay que tener en cuenta que la diferencia de criterios judiciales agrava la confusión, puede disuadir a los inversores y pone en entredicho las decisiones del Gobierno gallego, y eso, se quiera o no, debilita a las instituciones. Pero lo más penoso es que. los polígonos son compatibles con el paisaje, la protección de las especies y en definitiva la ecología. Depende de cómo y donde se instalen y de la claridad y aplicación inteligible de las normas. Si se hace bien no habrá vendaval que valga.
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