Mauricio Macri ya decidió qué hacer con la masa crítica de poder que va a acumular gracias al resultado electoral del próximo domingo. Se propone, antes que termine el año, dar señales concretas de que avanzará en el camino de las prometidas transformaciones del Estado y la sociedad.
Pero las medidas que tome y las iniciativas que impulse no serán esas transformaciones, sino una marcación previa del camino a recorrer. Se le puede llamar gradualismo. Habrá más de esto hasta 2019, cuando Macri buscará su reelección. Después se verá.
Desde antes incluso de llegar a la Casa Rosada, el Presidente escuchó voces -sensatas y bien intencionadas- que le aconsejaban cimentar sin demora un acuerdo político con los sectores de la oposición dispuestos a comprometerse con un programa correctivo de las deformaciones, ineficiencias y abusos de muchas décadas, que dejaron al Estado y al país hundidos en la corrupción y la decadencia.
Macri rechazó puntualmente cada oferta, surgidas incluso desde el interior de su equipo de gobierno. Lo hizo por dos razones básicas: porque sintió que la prioridad era consolidar su módico poder inicial y, sobre todo, porque está convencido que tales acuerdos resultan inútiles, pura retórica, mientras no se modifique una cultura política en la que las convicciones terminan derritiéndose demasiado rápido ante las conveniencias.
Por cierto, el Presidente se contenta por haber creado una fuerza política que no arrastra los vicios de los viejos partidos. Aunque tampoco cultiva varias de sus virtudes. Sin embargo, hoy Macri está decidido a explorar un único acuerdo y lo hará apenas se terminen de contar los votos del próximo domingo.
Cinco días después, como informó el periodista Ignacio Ortelli el viernes en Clarín.com, convocará a todos los gobernadores a un encuentro en la quinta de Olivos. La urdimbre de esa reunión fue tejida con arte y paciencia por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.
Macri planteará a los jefes territoriales avanzar sin demora en proyectos fiscales clave, como el Presupuesto 2018 y la ley de Responsabilidad Fiscal, por la que Nación y provincias se autolimitan en sus gastos e incorporaciones de personal.
En la mesa estará también una nueva aproximación a la reforma tributaria, una ley estratégica en la que el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne ya dio importantes pasos preliminares con los ministros de Economía de las provincias. Macri quisiera tenerla aprobada a fines del año próximo.
Lo que estará puesto en discusión, en definitiva, es de qué modo se distribuye el paquete de recursos que dispone el Estado en sus diferentes niveles. Y cómo se logra un acuerdo por el cual todos los que gobiernan se comprometan a bajar el gasto.
El Presidente está convencido de que si no se reduce el déficit fiscal ninguna política de transformación estructural será consistente. Podrá haber rebote de la economía, como el actual que afloró en el momento justo para auxiliar al Gobierno en el trance electoral. Pero se requiere una ingeniería nueva que lo haga perdurable y lo transforme en desarrollo.
Las dos llaves que abren la puerta blindada del gasto son, según él, reducir la montaña de subsidios por un lado, y por otro aliviar la carga de impuestos y remover las prácticas –"mafiosas" según su definición- que obstruyen la actividad productiva en el sector privado y la eficacia en la gestión pública.
Nada de esto que Macri se propone puede hacerse sin acuerdo con los gobernadores. Ni puede convertirse en ley sin el concurso de sectores de la oposición peronista. Porque aún con el triunfo que se le pronostica en la elección, el Gobierno seguirá sin tener mayorías propias en el Congreso.
Pero la votación del próximo domingo tendrá otra consecuencia política: los bloques parlamentarios peronistas reflejarán desde ahora, con toda nitidez, las decisiones políticas de los gobernadores de ese signo. Será producto de la licuación del poder de Cristina Kirchner, que se encamina a su primera derrota en tres décadas de carrera política.
Ante la muy probable partición de los bloques que supieron ser del ahora enterrado Frente para la Victoria, el kirchnerismo quedará como expresión minoritaria en las dos cámaras del Congreso, detrás de las bancadas de Cambiemos y del peronismo de los que gobiernan y lideran sindicatos.
La nueva relación de fuerzas que emerja de esta elección mantendrá en posiciones estratégicas al presidente de la Cámara de Diputados, el macrista Emilio Monzó, y el patrón de la mayoría peronista en el Senado, Miguel Pïchetto. Como ya ocurrió en los primeros dos años de Macri, serán ellos quienes conduzcan el día a día del Congreso, en un ejercicio constante de discusión y acuerdo.
Esa comisión bicameral de dos integrantes en algún momento fue de tres, porque Sergio Massa era el aliado imprescindible que el oficialismo tenía en Diputados. Pero si nada raro sucede de aquí al domingo que viene, el poder del Congreso también se concentrará en menos actores.
El cordobés Juan Schiaretti es el gobernador peronista más experimentado. Tiene una larga trayectoria de gestión que lo convierte en uno de los escasos hombres de Estado que tiene la política. Ya ha planteado, en acuerdo con la mayoría de sus colegas, que sobre la mesa de discusión con el Gobierno tienen que estar todos los recursos fiscales disponibles, sin excepción. Y no sólo los que la Casa Rosada o Hacienda consideren que deben someterse a debate. Podría decirse que Macri –viejo amigo de Schiaretti—encuentra lógica esa postura. Para empezar, ya es algo.
A las provincias les preocupa que Buenos Aires, con el impulso creciente de María Eugenia Vidal, consiga recuperar la montaña de dinero del Fondo del Conurbano. A moneda de hoy, son unos 53.000 millones de pesos al año. Desde hace tiempo, gran paradoja nacional, el 85% de ese monto no queda en el Gran Buenos Aires sino que se reparte entre todas las provincias.
Los gobernadores ven venir el guadañazo en formato de fallo de la Corte Suprema, que decidiría sobre el reclamo bonaerense entre finales de este año y primeros meses del próximo. Pero el presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, no está dispuesto a tirar una bomba de fragmentación en el corazón de la discusión fiscal.
Si hay fallo a favor de la Provincia por el Fondo del Conurbano, habrá también un marco institucional, neutral e irreprochable, donde dejar establecidas pautas y obligaciones para un acuerdo global.
Lorenzetti no se iba a quedar afuera. Su idea original es que la Corte también convoque a todos los gobernadores del país. Sería una audiencia, quizás durante noviembre, donde podrían escucharse los reclamos y necesidades de todas las partes. En la Corte esperan poder ayudar a encontrar un rumbo de equilibrio y previsibilidad a la decisiva discusión fiscal.
Los argumentos del Gobierno en este asunto se elaboran en las oficinas de Gustavo Lopetegui y Mario Quintana, laderos directos del jefe de Gabinete, Marcos Peña, en quienes Macri deposita una cuota enorme de confianza y poder.
En esos despachos silenciosos del primer piso de la Casa Rosada ya se celebra el anunciado triunfo electoral porque dará al Presidente más poder para perseguir sus objetivos. Y porque llegaría al cabo de 20 meses donde lo único que tuvimos para administrar fue dolor, según reconoce uno de esos funcionarios.
Ahora, en cambio, dicen que las mejoras en la economía son visibles, que el crecimiento de la inversión se proyecta por encima del 10% y que salvo una hecatombe externa, seguirá bajando la tasa de interés que el país debe pagar para endeudarse.
Desde el corazón de la gestión oficial se avisa que el programa de Macri no es reforma o muerte. Sostienen que el gradualismo siempre fue una herramienta posible, desde que los equipos técnicos empezaron a trabajar en la Fundación Pensar mucho antes de que Macri fuera candidato presidencial.
Y aseguran que la tarea del Gobierno es convencer de a poco, para llegar a un estadio de modernización democrática alejado de la ortodoxia liberal que les endilgan sus adversarios políticos.
Sería bueno entonces que les vayan avisando a los sindicatos, que ahora negocian con el Gobierno porque lo ven poderoso y perdurable; pero que siempre desconfían que atrás de las propuestas de mejorar productividad y competencia se esconda una flexibilización laboral que rechazan por definición.
Con el ministro Jorge Triaca avanzaron en acuerdos sobre el blanqueo laboral, que es parte del combate impostergable contra el trabajo en negro. Triaca también les reiteró a los jefes de la CGT que el Presidente no tocará el modelo sindical de un gremio por actividad, que los hizo a ellos grandes, poderosos y en muchos casos muy ricos.
Y de la última reunión con el ministro de Trabajo salieron casi aplaudiendo, porque el Gobierno les aseguró que no habrá acá una reforma laboral draconiana como la que se impulsa en Brasil.
Pero Macri les mandó el mensaje de que si una porción abrumadora de las inversiones que vengan a la región se encamina a Brasil por las nuevas condiciones que reducen allá el costo laboral, acá no habrá más remedio que sentarse y volver a hablar.
Macri se los dijo antes de ganar la elección. El que avisa no es traidor.