Aquello que era una amarga historia de ficción lamentablemente se hizo realidad en nuestra provincia. "Los juegos del hambre" son un hecho tangible, triste y concreto gracias a la voluntad y acción política de Juan Schiaretti, Martín Llaryora, Daniel Passerini, los legisladores y concejales que les responden y un minúsculo grupo de exlegisladores que, al momento de sancionar la ley que reguló el juego online en Córdoba, sin darnos cuenta nos estaban mostrando las primeras acciones del "partido cordobés".
Fue a finales de diciembre de 2021 cuando la Legislatura sancionó la ley número 10.793, que dispuso la legalización del juego online en Córdoba.
Curiosamente, el proyecto fue presentado por una parte de la oposición. Los autores fueron los por entonces legisladores Alberto Ambrosio, Darío Capitani, Silvia Paleo, Raúl Recalde y Orlando Arduh.
En su cuarto de siglo de gobierno, nunca el peronismo de Córdoba había aprobado un proyecto de ley que discutiera intereses económicos si era presentado por la oposición. Sin embargo, este proyecto presentado por la seudo oposición devenida en el germen del "partido cordobés" fue aprobado 20 días después con el voto del oficialismo, dirigido en ese entonces por Schiaretti.
Mientras tanto, en la ciudad capital los entonces intendente Llaryora y viceintendente Passerini se oponían a tratar proyectos de la oposición tendientes a impedir que el juego online desembarcara en el ámbito de la Ciudad de Córdoba, pese a que falazmente se manifestaban en contra.
La posterior carrera política de los legisladores que presentaron dicho proyecto puede dar cuenta de que nada fue casualidad y todo fue causalidad. Cada uno de ellos, a excepción de Recalde, se convirtió en funcionario de las posteriores gestiones de Llaryora y Passerini, iniciadas el 10 de diciembre de 2023.
Todos los actores políticos aquí nombrados, los legisladores que votaron la ley y los concejales que por entonces no acompañaron la ordenanza que intentaba impedir el juego online en la ciudad son quienes, por acción u omisión, posibilitaron que los "juegos del hambre" se desarrollen sin límite y con la ambición propia de las empresas licenciatarias, lo que causa un grave perjuicio, en particular a los jóvenes.
Desde sectores opositores, en aquel momento propusimos herramientas para bloquear el juego en la ciudad y evitar el daño innegable que este provoca en la sociedad. Sin embargo, las voluntades políticas del intendente y del viceintendente impidieron que ocurriera.
La ludopatía no sólo se incrementa en períodos de crisis y de necesidades económicas: además, agrava las necesidades económicas ya existentes. Se trata de la legalización de una actividad que tiene un crecimiento exponencial en los más jóvenes, quienes acceden a "loguearse" para apostar, sin necesidad de aportar datos biométricos.
Tampoco puede pasar inadvertido que el esquema de apuestas impuesto por el peronismo cordobés data del primer gobierno de José Manuel de la Sota, durante el cual se habilitó a la empresa CET (también licenciataria de juego en línea) la expansión de casinos y tragamonedas en localidades que no tienen actividad turística alguna durante todo el año.
Parece una ironía que una empresa que "juega" durante todo el año (y ahora en cualquier lado y a toda hora) con las necesidades de los más vulnerables en localidades que no tienen actividad turística, se denomine "concesionaria de entretenimiento y turismo".
Resulta difícil entender que un vecino de Corral de Bustos, Deán Funes, Cruz Alta, General Roca, Morteros o Río Cuarto se esté "entreteniendo" mientras se encuentra en una sala de slots fuera de temporada de verano y a plena luz del día.
No caben dudas de que tras 25 años de gobierno del peronismo cordobés, hoy devenido en cordobesismo, en Córdoba sí existen una política de Estado: la de "los juegos del hambre".
* Dirigente político (Encuentro Vecinal Córdoba)