En un hecho sin precedentes en la Iglesia argentina, una jueza de la provincia de Salta encontró culpable de violencia de género a un arzobispo, un obispo emérito y dos sacerdotes en perjuicio de las Hermanas del Carmelo, un histórico convento de la capital provincial y les ordenó someterse a un tratamiento psicológico y a una capacitación en cuestiones de género. Además, ratificó que deben seguir cumpliendo una restricción perimetral.
La jueza Carolina Cáceres Moreno consideró probados los hechos de violencia de género ejercidos por el arzobispo de Salta, Mario Cargnello, en perjuicio de las hermanas Carmelitas Descalzas del convento de San Bernardo, con las que venía manteniendo diferencias desde hacía años. También, por el obispo emérito Martín de Elizalde, el vicario judicial Loyola Pinto y el sacerdote Lucio Ajaya.
Me parece interesante ir al fondo de la cuestión, porque el tema en conflicto es la veracidad o no de las apariciones de la Virgen en un Cerro de Salta Capital, a una mujer llamada María Livia, y el apoyo que desde el inicio le dieron las Hermanas Carmelitas.
Es de destacar que el Obispo anterior, que estuvo al inicio del fenómeno, autorizaba el culto en el Cerro.
Cada vez que ocurren fenómenos sobrenaturales, están los que adhieren y lo hacen con fervor; y los que no creen y suelen ser críticos. ¿Qué actitud toma la Iglesia en general? La de la mesura, la prudencia y el estudio. Mientras tanto se permite que el fenómeno continúe, mientras se lo analiza desde el punto de vista teológico, psicológico y moral. En todos los casos los supuestos videntes pasan por la difícil prueba de discernir lo que les pasa y cotejarlo con la misma autoridad de la Iglesia.
En el caso que nos ocupa no es distinto, pero tiene características diferentes a los anteriores. No es solo una vidente que transmite un mensaje. Cuando ella hacía su oración de intercesión se experimentaba (lo digo en forma testimonial) una gran paz, que hasta llega a hacer que el cuerpo entre en estado de descanso y se desplome, semejante a un desmayo pero en estado de vigilia.
Cuando Jesús o la Virgen se le aparecen a alguien y le encomiendan una misión, el fenómeno es de orden subjetivo. ¿Algo tan trascendente se podría dejar simplemente al arbitrio de la conciencia de María Livia? Creo que no. Por otro lado desde la autoridad de la Iglesia se debe indagar a la vidente pero con sumo respeto, sin hacerla sufrir por desconfiar de lo que le pasa; sobran los ejemplos en la vida eclesial donde veedores de los Obispos o hasta de la Santa Sede (caso del P. Pío) sufrieron enormemente por haber sido calumniados por miembros de la Iglesia, aunque sea ella misma, la encargada de canonizarlos después de su muerte.
Lo que sí creo es que la Iglesia local debería acompañar pastoralmente a miles de personas que se reúnen a orar en el cerro. He sido testigo de conversiones profundas y duraderas que surgieron de esta experiencia de encuentro con Dios allí. Los mismos Obispos han reconocido en Aparecida en Brasil la necesidad de evangelizar el continente. ¿Por qué entonces despreciar un contingente semanal de 15.000 o 20.000 personas hambrientas de Dios que van en busca de un milagro que les confirme su fe y les mitigue su dolor?
Las hermanas Carmelitas dieron desde el comienzo su apoyo a María Livia. La Iglesia Salteña, encabezada por Monseñor Cargnielo y el clero salteño, siempre puso en tela de juicio la veracidad del fenómeno.
La jueza no habla de la cuestión de fondo que originó la disputa –la veracidad o no de las apariciones- ya que no es tema de su competencia. La denuncia se radicó por las formas: la relación entre el arzobispo y las hermanas comenzó a deteriorarse a partir del apoyo de las religiosas a la devoción a la Virgen del Cerro, que desde hace más de dos décadas atrae multitudes en torno a su ermita, ubicada en las afueras de la ciudad de Salta, y de quien recibiría mensajes María Livia Galliano. La gente se reunían los sábados, rezaban el rosario y ella pasaba entre la gente haciendo una oración de intercesión. Las diferencias llegaron a un punto máximo cuando las hermanas le dieron un marco jurídico al accionar de María Livia y la espiritualidad en torno a la Virgen del Cerro, al pasar a ser parte de una fundación, lo que derivó en el envío en 2021 por parte de la Santa Sede de un "visitador", el obispo Martín de Elizalde, acompañado por la hermana Isabel Guirov, para "analizar los problemas planteados".
Al año siguiente, la Santa Sede dispuso que las religiosas "no debe en ningún modo involucrarse en actividades ligadas a la así conocida Obra Yo soy la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús y Yo soy el Sacratísimo Corazón Eucarístico de Jesús", tal como se llama el movimiento espiritual en torno a la Virgen del Cerro. Los encuentros del arzobispo con las hermanas, más el tono de los visitadores y hasta el paso por el convento del padre Loyola Pinto, tuvieron para las monjas una agresividad que llevaron a radicar la denuncia por violencia de género. Cabe destacar que estas religiosas son de clausura, algunas con 70 años, entraron al convento a los 18 y han tenido escaso trato con el mundo exterior.
La jueza concluyó que "aquellas (las Carmelitas Descalzas) han padecido hechos de violencia de género en el ámbito institucional del tipo religiosa, física, psicológica y económica por un lapso de más de 20 años". Entre esos hechos, enumeró "la obstrucción/demora/negativa en la elección de la Priora y el préstamo de dinero al Obispo sin devolución a la fecha, lo que configuró violencia de género del tipo psicológica y económica". También menciona "lo acontecido durante la visita apostólica realizada por Monseñor Martín de Elizalde, en las que aquellas sufrieron violencia de género del tipo psicológica".
La jueza les ordenó a los cuatro religiosos "realizar tratamiento psicológico con perspectiva de género a fin de trabajar patrones vinculares y hechos de violencia" por lo que deberán presentar ante el juzgado constancias del cumplimiento de lo resuelto en este punto, de manera mensual durante el plazo de seis meses, "bajo apercibimiento de desobediencia judicial". Por otra parte, recomendó a las denunciantes a realizar "retiros y/o ejercicios espirituales a fin de tramitar psicológicamente las consecuencias de la violencia de género padecida; debiendo presentar ante este Juzgado las constancias respectivas de manera mensual durante el plazo de seis meses".
Finalmente, la jueza impuso las costas del proceso judicial a los acusados.
Cabe aclarar que lo noticiable del caso es que en una disputa eclesiástica, que generalmente se resuelve con diálogo entre las partes, las religiosas hayan recurrido para su defensa a la justicia civil. También, que los obispos y sacerdotes implicados son figuras conocidas y aceptadas por la sociedad salteña y que gran parte de los salteños está en contra del fenómeno de la Virgen del Cerro. Esperamos que las partes puedan reconciliarse y perdonarse mutuamente, como lo pide el evangelio, que no ahorra relatos de disputas en las comunidades, pero siempre exhorta a la reconciliación y el perdón en nombre de Jesucristo.