BOGOTÁ (AP) — Una ronda de conversaciones entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se realizaba en Caracas en busca de avanzar con las negociaciones de paz en momentos en que el grupo guerrillero acusa a las autoridades sobre diálogos alternos y un intento de desmovilizarlo.
La cita se instaló el sábado y continuaba el domingo en la capital venezolana, confirmó a The Associated Press el área de comunicación de la delegación del ELN, sin proporcionar más detalles. Se prevé que este acercamiento dure diez días.
Por su parte, la delegación gubernamental respondió a la consulta de AP que los temas abordados en la reunión "son confidenciales".
La guerrilla del ELN había informado el jueves en un comunicado que la persistencia del gobierno "en adelantar una operación de desmovilización en Nariño" contra ese grupo ha llevado a la mesa de negociación a un "estado de congelamiento". La cita en Caracas busca aclarar la situación, agregó, pero precisó que el séptimo ciclo de diálogos correspondiente a abril está suspendido.
Sin embargo, la delegación gubernamental señaló en respuesta que es "imperativo concentrar los trabajos de la Mesa de Diálogos en avanzar en el proceso de paz, tomar decisiones que desarrollen la agenda y abordar temas de fondo del proceso", como atender la "grave situación" de las víctimas del conflicto.
La tensión surgió tras la activación en marzo de un diálogo regional en Nariño, propiciado por autoridades locales, y que contó con el aval del gobierno y con la participación de una sección del ELN denominada "Comuneros del Sur".
Entonces, el líder de esa guerrilla, Antonio García, calificó la acción como un intento del gobierno por "presentar un ELN dividido", a lo que la delegación gubernamental respondió solicitando respeto.
El ELN insiste en se trata de una "operación de desmovilización en Nariño", un departamento del sur colombiano, fronterizo con Ecuador, en el que confluyen varios grupos armados vinculados con el narcotráfico y otros delitos, según las autoridades.
Pese a la tensión entre las partes se mantiene el cese al fuego bilateral que se renovó desde febrero por un lapso de seis meses.
El gobierno de Gustavo Petro impulsa una política de "paz total" a través de la instauración de mesas de diálogo con diversos grupos armados ilegales, lo que es cuestionado por sectores de oposición que lo acusan de querer instaurar "la impunidad".