G. M. / J. S.
Los hechos ocurrieron en 2013, pero la sentencia no se confirmó hasta 2017 y condenaba al excura de Mengabril (Badajoz) a 17 años y 7 meses de cárcel por abusar sexualmente de dos menores de 13 años. Uno de ellos era el hijo de una familia rumana a la que el párroco había alojado en sus dependencias ante la falta de recursos económico y con el que llegó a mantener relaciones sexuales; la otra víctima era un monaguillo habitual de la parroquia, diagnosticado de un trastorno de aprendizaje y un trastorno por déficit de atención, al que obligó al menos en una ocasión a practicarle una felación.
Este es el caso más mediático que ha trascendido en Extremadura sobre los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia Católica, pero no es ni mucho menos el único.
con la comisión independiente encargada de su elaboración. En ese documento se recoge que las tres sedes eclesiásticas extremeñas comunicaron un total nueve casos de abusos sexuales hasta el año 2023, todos cometidos por sacerdotes. Esta cifra coincide con la información que también acaba de hacer pública el diario 'El País', en la que se recogen los casos admitidos por la Conferencia Episcopal en su informe del pasado diciembre. El escrito desgrana la información diócesis a diócesis y en las tres extremeñas se contabilizan nueve casos, de los que solo tres cuentan con una sentencia firme.
Entre esos fallos que apunta el informe del rotativo no consta el relativo al cura de Mengabril, el único que está en la cárcel en estos momentos. El resto de sentencias recogían penas inferiores a los dos años, por lo que los supuestos pederastas no han llegado a pisar la cárcel en ningún momento.
Diócesis a diócesis
El Obispado de Plasencia es el que concentra más casos de más abusos en la región: cuatro, todos con víctimas menores de edad. En dos de esos casos los hechos no están probados, mientras un tercero en el que podría haber hasta tres víctimas se encuentra todavía en investigación y un cuarto caso de abusos por tocamientos a varios menores de edad por parte de un sacerdote (ya fallecido) fue archivado «por prescripción».
Por su parte, en la Diócesis de Coria-Cáceres el informe publicado por 'El País' revela la existencia de otros dos casos, que han sido informados desde la propia sede eclesiática, y ambos constan como hechos probados. Uno de ellos salió a la luz en el contexto de una operación policial de carácter internacional en la que hubo 14 detenidos. Ocurrió en el 2001 y los hechos tuvieron una gran repercusión social y mediática. De nuevo, el protagonista fue un sacerdote diocesano y la víctima, un menor de edad, con el que aunque no llegó a mantener un contacto personal, sí habría intercambio de páginas webs con contenidos pornográficos infantiles. Por estos hechos, el sacerdote de esta diócesis fue condenado a una pena privativa de libertad de 16 meses de prisión, aunque nunca llegó a pisar la cárcel. De hecho, tras un informe psicológico que no advertía de tendencias de pedofilia y bajo la tutela del obispo diocesano, se le fue encomendada una nueva parroquia diez años después. «Es un caso real de segunda oportunidad», destaca el informe.
Además de este, también se consideró probado un segundo caso en esta diócesis, en concreto, en la parroquia de Arroyomolinos de Montánchez (Cáceres). El cura fue acusado del visionado compartido de contenidos pornográficos a través del teléfono móvil, en el que había un menor de la localidad implicado al que ofrecía el visionado de esos vídeos en su casa «con masturbación y sin tocamientos». Por estos hechos resultó condenado a penas de cárcel por distintos delitos: seis meses de prisión por corrupción de menores, un año de cárcel por un delito de administración desleal y otros doce meses más por un delito de apropiación indebida. «No ingresó en prisión por carecer de antecedentes penales», destaca el informe.
Asimismo, el último documento publicado sobre los abusos en la Iglesia Católica también señala tres casos registrados en la Archidiócesis de Mérida-Badajoz, solo uno de ellos probado y con sentencia firme. Se trata de un párroco y profesor que fue condenado en 2017 a seis meses de cárcel por tocamientos a un menor de 17 años en el entorno escolar. Además se le impuso como medida de seguridad su internamiento en un centro de deshabituación durante un año. Actualmente el sacerdote, que fue suspendido del ejercicio del ministerio sacerdotal, es muy mayor y vive en una residencia.
En esta sede existe además un segundo caso en la orden de las Carmelitas Descalzas que no fue probado tras una denuncia formulada ante la Fiscalía deBadajoz cuyas diligencias fueron archivadas y un tercer caso, tampoco probado, que sucedió a principios de los 80 y también fue denunciado ante la Fiscalía pacense, que acabó archivando las diligencias.
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