Según los estados financieros auditados para el primer año luego de la reestructuración de la deuda, el presupuesto no cerró balanceado como resultado de los pagos únicos que se hicieron a bonistas
Según los estados financieros auditados para el primer año luego de la reestructuración de la deuda, el presupuesto no cerró balanceado como resultado de los pagos únicos que se hicieron a bonistas
A pesar del recorte que consiguió la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en las Obligaciones Generales (GOs, en inglés), la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) y otras entidades relacionadas al gobierno central a través del Título III de la ley federal Promesa, las finanzas gubernamentales continúan en negativo, según el Estado Financiero Consolidado y Auditado de Puerto Rico (CAFR, en inglés) para el año fiscal 2022.
Según el CAFR 2022, cuando se aplican los pronunciamientos contables requeridos en la ley federal Promesa, el año fiscal 2022 terminó con un déficit de $3,283 millones. Por ello, el primer presupuesto tras la reestructuración de la deuda del gobierno central podría no considerarse balanceado por parte de la JSF.
Esta semana, el gobernador Pedro Pierluisi anunció la creación de un comité para restaurar la clasificación crediticia de Puerto Rico que estará integrado por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), el Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).
También anunció la creación de un consejo económico y en paralelo, informó de la publicación del CAFR 2022. Con la publicación del CAFR 2022, el territorio estadounidense se ha puesto al día cuando se trata de informar sus números al mercado inversionista.
"Esta es la quinta entrega del documento que se realiza en los aproximadamente tres años y tres meses, desde que asumí la gobernación. Esta es una de las prioridades que establecimos en nuestro empeño de poner al día las finanzas de Puerto Rico, para planificar un futuro sobre bases sólidas y reales y finalmente salir de la (JSF)", reclamó Pierluisi al dar a conocer el CAFR 2022.
Según el mandatario, en junio de 2021 se emitió el CAFR correspondiente al año fiscal 2018 y en abril de 2022, el ejercicio financiero del año fiscal 2019. Unos cinco meses más tarde, el Departamento de Hacienda publicó el CAFR 2020. Mientras, en junio del año pasado, se publicó el CAFR 2021.
Es casi seguro que el Departamento de Hacienda no podrá emitir el CAFR 2023 en o antes del próximo 1 de mayo, que es la fecha límite para cumplir con tal requisito, según la ley de valores federal.
Pierluisi aseguró que antes de que concluya el año 2024, se emitirá la radiografía financiera de todo el gobierno correspondiente al año fiscal pasado.
"Con este trabajo estamos poniendo fin a un periodo de 10 años de atrasos en las emisiones de los estados financieros anuales del gobierno de Puerto Rico", recalcó.
El CAFR 2022 reviste de particular importancia porque es el primero que contempla el pago de la deuda pública después de ser reestructurada bajo el Título III de Promesa.
Por ende, el informe también sería el primero para comprobar si Puerto Rico ha cumplido con el criterio de un presupuesto balanceado establecido en la ley federal que creó la JSF.
Según KPMG, la firma de auditoría externa que examina los números del gobierno puertorriqueño, el ejercicio de divulgación no da motivos para dudar. En términos generales, se trata de una opinión limpia, es decir, el ejercicio financiero no da motivos para creer que las cifras contenidas en el reporte se alejen de la realidad o hayan sido manipuladas.
El CAFR 2022 revela que, en buena parte, como resultado de la reestructuración de la modifición de los GOs y otras deudas relacionadas al gobierno central como la Autoridad de Edificios Públicos, por ejemplo, el gobierno redujo su déficit acumulado en aproximadamente en 14%. El déficit acumulado se redujo de unos $59,200 millones en el año fiscal 2021 a $51,100 millones para el año fiscal 2022.
Sin embargo, en el sentido estricto de la palabra, el informe establece que el presupuesto del gobierno no estuvo balanceado como resultado del pago extraordinario que el gobierno hizo a los bonistas del gobierno central en ese año.
Dicho pago no recurrente, explica el CAFR 2022, salió del dinero acumulado antes de ese año fiscal, pues el gobierno no desembolsaba pagos de deuda pública como resultado del Título III de Promesa.
"El exceso de gastos sobre los ingresos en el Fondo General (en una base presupuestaria) fue de aproximadamente $10,300 millones, como resultado de un pago único de $10,100 millones relacionado a la implementación del Plan de Ajuste (PDA) del gobierno central", indica el CAFR 2022.
Según la ley federal Promesa, para que la JSF termine sus funciones, el gobierno debe presentar cuatro presupuestos balanceados.
Si bien el CAFR 2022 ofrece un cuadro relativamente más alentador, la radiografía más reciente de Puerto Rico deja fuera de toda duda que las finanzas gubernamentales no están sobre sus pies.
Es decir, el gobierno de Puerto Rico continúa con compromisos considerablemente por encima de los activos que posee para asegurar la prestación de servicios y el buen funcionamiento del estado a lo largo del tiempo. Ello, con todo y el salvataje que ha provisto Promesa. El déficit acumulado del gobierno es aproximadamente la mitad del tamaño de la economía de Puerto Rico.
El CAFR disecta los ingresos y gastos del gobierno en dos grandes grupos o actividades. Aquellas del gobierno primario o relacionadas con la operación diaria del gobierno -como sería el funcionamiento del Departamento de Educación o la Policía de Puerto Rico- y que se financian, principalmente, con impuestos, y las actividades de corte empresarial como las loterías, la Corporación del Fondo del Seguro del Estado o la Autoridad de los Puertos. Estas últimas se financian con la imposición de tarifas, cargos o la venta de servicios como la electricidad, la tarifa por el uso del tren urbano o el arrendamiento de muelles de carga, por ejemplo.
Prácticamente, la totalidad del déficit acumulado del gobierno puertorriqueño se encuentra, precisamente, en las actividades del gobierno primario. Mientras los activos totales rondaron unos $24,335 millones en el año fiscal 2022, las obligaciones del gobierno -que incluyen el pago de la deuda, las pensiones y otros- se estimaron en $81,848 millones para ese año fiscal.
En contraste, las actividades de tipo empresarial cerraron en positivo, e incluso en mejor posición que en el año fiscal 2021.
Los activos totales de las operaciones empresariales del gobierno se estimaron en $3,265 millones y sus obligaciones en unos $2,492 millones para un neto de $844 millones.
Según el CAFR, los ingresos del Fondo General crecieron 24% durante ese año fiscal, estimándose en $12,400 millones. En ese año, los recaudos del erario fueron $2,400 millones más que lo estimado. En relación a los ingresos del año fiscal 2021, el alza fue de un 6%. Esto, una vez entraron al fisco unos $672.9 millones más que en el año fiscal 2021.
Pero en ese año, los gastos contra el Fondo General totalizaron unos $22,900 millones como resultado del PDA del gobierno central. En el caso de esa reestructuración, el recorte en la deuda pública se consiguió en buena parte porque Puerto Rico pagó unos $10,100 millones en efectivo a los bonistas de GOs y otros emisores relacionados.
En ese año 2022, destaca el CAFR, los gastos ordinarios, es decir, aquellos no relacionados a la reestructuración, rondaron unos $12,800 millones, una cifra "en línea" con la proyección de gastos prevista.
Según la ley Promesa para que la JSF termine sus funciones tienen que producirse cuatro presupuestos balanceados bajo el método presupuestario de contabilidad acumulada.
De acuerdo con el CAFR, de aplicarse los pronunciamientos de contabilidad acumulada, el déficit presupuestaario de $10,300 millones que se registró en el año fiscal 2022, rondaría unos $3,283 millones, al considerar que el gobierno transfirió unos $7,500 millones de otras fuentes de fondos, principalmente, para pagar a los bonistas del gobierno central.
"La capacidad del gobierno de continuar reduciendo el déficit dependerá, en parte, de su capacidad para continuar aumentando los recaudos y reduciendo los gastos y las obligaciones de deuda a la luz de las incertidumbres económicas", reza el CAFR 2022.