Agentes de la Policía Nacional en el marco del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar han detenido en El Puerto de Santa María a cuatro personas, así como también han imputado a una empresa constructora de Málaga, por presuntos delitos de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, además de atribuirles otros delitos contra la ordenación del territorio y defraudación de fluido eléctrico. Se han llevado a cabo tres registros domiciliarios y de una embarcación y han sido incautados tres vehículos de alta gama y una embarcación de recreo. Los detenidos son un conocido narcotraficante de la zona y tres miembros de su entorno familiar, acumulando el principal investigado un patrimonio próximo al millón de euros.
Las pesquisas se iniciaron a finales del año 2022 y en mayo de 2023, cuando los investigadores detectaron la construcción de un chalet con piscina en suelo rústico en una zona de la ciudad con alta demanda de vivienda de lujo que pudo ser vinculada al principal investigado. A raíz de este hallazgo, los agentes averiguaron que el investigado carecía de actividad laboral y por tanto de fuentes legales de ingresos.
Esta aparente precariedad económica, que se ha demostrado ficticia, le permitió acceder a una vivienda de protección pública, en régimen de alquiler social, por la que se le reconoció el derecho a no abonar renta alguna. La investigación, sin embargo, permitió revelar un enorme patrimonio cuyo valor ha sido estimado por los investigadores en una cifra próxima al millón de euros. En dicho patrimonio se integran varios inmuebles, vehículos y embarcaciones, la mayor parte de ellos titularizados por terceras personas de su entorno familiar.
Elevado nivel de vida
El investigado empleaba estrategias de ocultación y distracción gracias a las que introdujo en el circuito económico ganancias obtenidas con el tráfico de drogas y que fue transformando en bienes, gozando de un elevado nivel de vida. Además del delito de blanqueo de capitales, se le imputa la comisión de dos delitos contra la ordenación del territorio, por la construcción de dos chalés en terreno rústico. Una de estas viviendas, camuflada bajo una supuesta herencia familiar, fue construida en un diseminado rural fuera de ordenación y en ella se descubrió una conexión ilegal al suministro eléctrico que motivó la imputación por la defraudación de fluido eléctrico y la intervención en el lugar de técnicos que procedieron a la interrupción del suministro en toda la calle al detectarse un fraude colectivo.
Las personas de su entorno familiar detenidas por su participación como testaferros fueron puestas en libertad tras declarar en dependencias policiales. Por su parte, el principal investigado pasó a disposición judicial, decretando su puesta en libertad provisional sujeta a medidas cautelares.
Los investigadores por su parte han solicitado a la autoridad judicial el decomiso y embargo preventivo de vehículos, embarcaciones, cuentas bancarias y bienes inmuebles con un valor próximo a los 2.5 millones de euros. La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas detenciones.