Se llevó a cabo en la Corte Constitucional una audiencia de sesión técnica en cumplimiento a la Sentencia T-302 de 2017 respecto a la protección a la niñez wayúu.
En medio de la diligencia, el presidente de esta alta corte, el magistrado José Fernando Reyes Cuartas, hizo alusión a la asignación de los recursos públicos del departamento de La Guajira, y a cómo se están cumpliendo las contrataciones e incluso fue enfático en asegurar que "este tema es de total importancia debido a que los posibles niveles de corrupción son muy altos".
Además, el presidente de la Corte hizo un fuerte llamado de atención para que se cuiden los recursos públicos invertidos en este departamento y fue allí donde dijo que "El drama de La Guajira no admite más aplazamientos".
En medio de esta diligencia se resalta el deber de asegurar el agua potable, la alimentación escolar y el saneamiento básico en La Guajira para darle continuidad, cobertura y calidad a estos servicios.
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Entre los interventores, estaba el alcalde de Riohacha, Genaro Redondo Choles, quien afirmó que "la falta de inventario de infraestructura en agua, educación y atención a la niñez hacía difícil evitar que una inversión no se repitiera".
La sentencia, que habla respecto a la protección de esta comunidad, dice concretamente que se encontró una vulneración generalizada, injustificada y desproporcionada de los derechos fundamentales al agua, a la alimentación, a la seguridad alimentaria y a la salud de los niños del pueblo Wayúu.
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Además, constató que las vulneraciones a los derechos fundamentales son causadas por múltiples causas, dentro de las cuales se destacan fallas estructurales del Gobierno nacional, del departamento de La Guajira, de los municipios demandados y de algunas de las autoridades tradicionales Wayúu.
En esta diligencia judicial también estuvieron presentes: Sandra Ortiz, consejera presidencial para las regiones, Jairo Aguila, gobernador de La Guajira, John Pimienta, alcalde de Manaure y el viceministro de Hacienda, Diego Alejandro Guevara.