Con el Gobierno de España dispuesto a confrontar con las comunidades gobernadas por PP y Vox por sus leyes de "concordia" -que amenaza con llevar al Tribunal Constitucional-, la Generalitat Valenciana busca poner el foco en la agenda social. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, presenta este martes un nuevo plan para hacer frente a uno de los mayores problemas: el del acceso a la vivienda. Sobre la mesa, la construcción de hasta 10.000 nuevas viviendas como alternativa a topar los precios del alquiler, la posibilidad que introduce la Ley de Vivienda estatal y que el Consell rechaza.
La proposición de ley de concordia de la Comunidad Valenciana es una de las que está en el punto de mira del Gobierno. La ministra y secretaria general del PSOE valenciano, Diana Morant, se estrenó precisamente como líder de la oposición hace unos días cuestionando esta "contrarreforma" de PP y Vox que, en su opinión, "pone en valor el franquismo". Así que la respuesta del Gobierno valenciano es tomar la iniciativa en materia social para fijar la atención a su vez en una de las grandes asignaturas pendientes de los últimos ejecutivos de izquierdas.
La construcción y desarrollo de 10.000 nuevas viviendas de protección pública es la gran promesa que centra el bautizado como plan Vive que presenta Mazón este martes. Para el jefe del Consell, esta debe ser la "legislatura de la vivienda", para lo cual el plan persigue "fomentar la construcción de inmuebles sociales en suelo público". El objetivo, ampliar el parque público con pisos "asequibles en régimen de venta y alquiler para dar respuesta a una necesidad de miles de jóvenes y familias".
"Se trata de una iniciativa ambiciosa y necesaria que desarrollaremos en colaboración con ayuntamientos y el sector privado para cumplir con nuestros ciudadanos y con una necesidad social desatendida durante los ocho años de gobierno de Ximo Puig", ha afirmado Mazón, quien ha reprochado que no se construyera "ni una sola vivienda de protección oficial". "Dos legislaturas perdidas, sin planificación ni gestión, que se han traducido en una situación de precariedad para miles de familias y jóvenes de nuestro territorio", ha insistido.
Según Mazón, en sus primeros meses de gobierno ya se han dado "pasos en firme" con la adquisición de un edificio en Sociópolis en el sector de las Torres de Valencia de 124 viviendas o el anuncio de la construcción de 600 nuevas viviendas de protección pública con un presupuesto de 30 millones de euros con fondos europeos. En sus propias palabras, "son la antesala de lo que está por venir".
La vivienda ha sido, de hecho, uno de los temas que ha centrado la acción del Consell en el arranque de legislatura, especialmente en el ámbito fiscal, con la aprobación de beneficios para menores de 35 años y colectivos más vulnerables como la rebaja del 25% del impuesto de la vivienda "que supone un ahorro de casi 20 millones de euros", según Mazón.
La Generalitat ha rebajado también al 6% el tipo de las transmisiones patrimoniales onerosas del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD) por compra de vivienda habitual por parte de jóvenes menores de 35 años y también para compradores de viviendas de protección oficial de régimen general, en ambos casos con un valor de la vivienda de hasta 180.000 euros.
Por su parte, para la adquisición de viviendas de protección oficial de régimen especial o si los compradores son familias numerosas y familias monoparentales o personas con discapacidad y mujeres objeto de violencia de género que adquieran una vivienda, el tipo superreducido pasa a ser del 3%. También en estos casos el límite del valor de la vivienda se fija en 180.000 euros.