Pese a la salida de Nicaragua de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 2021 y las recientes críticas del gobierno del presidente Daniel Ortega al organismo, el Consejo Permanente del bloque está decidido a «dar seguimiento» a la situación del país centroamericano a través de la presión diplomática.
«Lo que quiere Managua es que nos olvidemos de ellos, ya que no están en la OEA y nosotros no vamos a hacer eso. Hay un compromiso por parte de una gran mayoría de miembros», dijo Francisco Mora, embajador de Estados Unidos ante la OEA en entrevista con la Voz de América.
A inicios de abril, la OEA aprobó una resolución que dio por concluido el grupo de trabajo para Nicaragua creado en 2018 y al que pertenecían 12 países del organismo. En su lugar, estableció uno voluntario de "vigilancia" que está liderado por Chile y Canadá.
Mora explicó que este nuevo grupo tiene el fin de llamar la atención a "la situación en Nicaragua» en medio del reto que supone su salida del organismo y dar seguimiento a la aprobada el día que el país salió del organismo, que establecía un compromiso a observar la situación.
«Este grupo voluntario va a vigilar y llamar la atención, y trabajar con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que sigamos trabajando en Nicaragua», agregó el embajador al detallar que la resolución aprobada había sido producto de "una larga negociación".
«Algunos miembros pensaron que bueno, ya Nicaragua no es miembro y no tenemos potestad dentro del Consejo Permanente de darle seguimiento… entonces trabajamos un proceso de negociación y llegamos a ese resultado», dijo.
San Vicente y las Granadinas fue uno de los países que expresó su diferencia con la creación del grupo.
Horas después de la aprobación, la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, arremetió contra la OEA en una alocución en medios oficiales nicaragüenses, donde calificó al organismo como un "basurero de la historia".
«Recordando a la innoble e impronunciable OEA que desconocemos su incidencia puesto que de todos es sabido que no pertenecemos a esa organización», dijo Murillo.
La reacción de Murillo, para el embajador estadounidense, es un «reconocimiento de que a ellos (el gobierno de Ortega) le afectan, le duele el aislamiento internacional".
¿Son efectivas y vinculantes estas medidas?
Mora reconoció que estas resoluciones funcionan como una medida de presión, sin embargo, la OEA "no tiene las herramientas más allá de la Carta Democrática Interamericana" y otras medidas diplomáticas para "realmente sancionar a Nicaragua".
"Eso le toca a países o gobiernos individuales", dijo Mora, y se extiende más allá de las capacidades de la OEA.
Por otro lado, en marzo, el encargado de negocios de Estados Unidos en Nicaragua, Kevin O'Reilly, denunció que las políticas «permisivas» del gobierno de Daniel Ortega «alientan la inmigración irregular y peligrosa» hacia el norte.
Sobre esto, Mora agregó que EEUU está «constantemente estudiando» cómo «mejorar o cómo seguir presionando diplomáticamente, económica a Nicaragua para que respete y para que no se convierta en una plataforma para la migración hacia EEUU».
Los temas que siguen siendo prioritarios para el gobierno estadounidense en cuanto a Nicaragua, Según Mora, son la «falta de un Estado de derecho, las violaciones sistemáticas de derechos humanos y la migración».
Responsabilidad de Nicaragua con demás instrumentos
La salida de Nicaragua de la OEA ocurrió luego de que el gobierno denunciara la Carta Democrática del organismo en 2021. Sin embargo, según explicó Mora, no denunció los demás instrumentos del sistema interamericano y por lo tanto, mantiene sus responsabilidades con órganos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
«Más allá de este grupo de vigilancia, la CIDH va a seguir trabajando en Nicaragua», concluyó Mora. «El régimen no va a permitir que la Comisión entre en Nicaragua, pero de todos modos ellos van a seguir trabajando, recibiendo las denuncias, los pedidos de medidas cautelares».
Aunque aceptó que «probablemente Managua no va a reaccionar o cumplir con las decisiones de la Comisión», lo reconoció como parte de la «presión política diplomática que tenemos que hacer de todos modos».
Información y fotografía Salomé Ramírez Vargas / Voz de América