La Procuraduría General ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra el secretario general (e) de la Superintendencia de Subsidio Familiar, Javier Eduardo Rocha Amarís, por el presunto pago de un servicio de transporte en época de pandemia, cuando los funcionarios hicieron su trabajo desde casa.
Señalan que al parecer, el contrato pactado con la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco no se ejecutó, a pesar de lo que autorizó cancelar cerca de $400 millones, lo que pudo representar un detrimento patrimonial a las finanzas públicas.
El organismo de control señaló que tanto Rocha, como el coordinador del Grupo de Gestión Administrativa, William Alberto Acosta Romero, también incluido en el expediente, conformaban el comité operativo, y habrían incurrido en una irregularidad al firmar la certificación de cumplimiento del objeto del contrato y su correspondiente acta de liquidación.
De igual manera, "la entidad validará la participación del contratista José Ignacio Sarmiento, particular en el ejercicio de funciones públicas, que estuvo encargado con Acosta de la supervisión del negocio jurídico".
Con esta etapa procesal y la solicitud de pruebas que se hizo la entidad busca verificar la ocurrencia de los hechos denunciados, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria.