El Gobierno intensifica el marcaje a los gobiernos regionales de PP y Vox. Mientras la oposición intenta estirar el caso Koldo, con la comisión de investigación en el Senado como principal herramienta para extender el foco hasta la mujer del presidente del Gobierno por el rescate a Air Europa, Moncloa responde con la amenaza de recurrir ante el Tribunal Constitucional las leyes de concordia de PP y Vox en Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León. Planes normativos incluidos en los pactos de coalición para sustituir las actuales leyes de memoria y que, según ha denunciado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, "blanquean la dictadura".
El titular del departamento con competencias en Memoria Democrática ha avanzado que el Gobierno presentará un recurso de inconstitucionalidad si estos gobiernos no dan marcha atrás. Según ha denunciado esta mañana Torres en una entrevista en TVE, algunos de los artículos incluidos en la ley aprobada el pasado mes de febrero en Aragón vulnerarían el "derecho internacional", mientras que se estudia el decreto presentado en la misma línea por el ejecutivo de Castilla y León. El gobierno de la Comunidad Valenciana todavía está ultimando el texto para "derogar las normas que atacan la reconciliación en los asuntos históricos".
La polarización se ha convertido en una constante en la política española con el protagonismo de los asuntos que más la intensifican. La confrontación por la corrupción ha traspasado también las barreras personales, con reproches públicos y los populares abriéndose a investigar en sede parlamentaria a la esposa del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por un supuesto conflicto de intereses. Este mismo lunes se constituirá en el Senado la comisión de investigación sobre el caso Koldo y el PP sigue sin desvelar la lista de comparecientes, pero todo apunta a que Pedro Sánchez y Begoña Gómez serán llamados a declarar.
Conflicto de intereses
El PSOE, por su parte, da por hecho que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, comparecerá también en la comisión de investigación que han promovido en el Congreso sobre los contratos durante la pandemia. En Ferraz deslizan también en su caso un supuesto conflicto de intereses. "Los pagos a Quirón Salud de casi 400 millones de euros se aprobaron en 2022 e Isabel Díaz Ayuso estuvo presente en los Consejos de Gobierno que dieron luz verde a estos abonos, mientras ya mantenía una relación con su pareja actual cuyo mejor cliente era Quirón Salud", según denuncian desde el PSOE. El propio Pedro Sánchez viene reclamando durante las últimas semanas la dimisión de Ayuso y acusando al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "tapar la corrupción".
En este clima de crispación política, en pleno ciclo electoral con los comicios vascos, catalanes y europeos, los socialistas recuperan el mensaje de un Feijóo "fagocitado por la ultraderecha". Tanto por en el plano discursivo como en el de las políticas, por lo que se centran en poner la lupa sobre las normas aprobadas por gobiernos de PP y Vox. "Los españoles que viven bajo gobiernos del PP y la ultraderecha están pagando muy caros los votos que necesitaba Feijóo para asaltar el poder en comunidades autónomas y ayuntamientos", reprochan desde Ferraz para añadir que "los continuos ataques a los derechos de las mujeres, el adoctrinamiento más rancio en los colegios, leyes que nos hacen retroceder décadas, desaparición de oficinas anticorrupción o condenados por violencia de género aupados a puestos en la administración pública son solo algunos de los ejemplos que se viven cada día en estos territorios".
El titular de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, anunciaba por su parte que "defenderemos la memoria" frente al supuesto intento de PP y Vox de "blanquear el franquismo, la dictadora y las atrocidades que cometieron". A través de la red social X criticaba que "el olvido no es concordia" y que "el PP compra el discurso ultraderechista de Vox". En la misma línea, Ángel Víctor Torres cuestionaba que los populares estén "cediendo a Vox" con normas en las que se retira la condena al franquismo.
Desarrollo de la ley estatal
El Ejecutivo teme que se paralicen las exhumaciones en estas comunidades autonómicas. Además del recurso al TC, desde el Gobierno está previsto llevar al Consejo de Ministros durante este mes de abril un paquete de medidas para seguir desarrollando legislativamente la ley de Memoria de Democrática. Entre ellas, la creación de una comisión para elaborar un estudio "sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos" desde la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y hasta el 31 de diciembre de 1983. Por otra parte, se prevé crear un Museo de Memoria Democrática que se ubicará en Madrid.
El Consejo de Ministros, previsiblemente el que se celebrará el 23 de abril según los cálculos de Política Territorial, dará luz verde a la creación de otras dos comisiones más. Una de ellas para estudiar el conjunto de medidas de reparación de carácter económico dirigidas a las víctimas de la guerra y la dictadura, con el objetivo de establecer recomendaciones "sobre el grado de cobertura alcanzado y déficits subsanables", y una segunda sobre la "Memoria y la Reconciliación con el Pueblo Gitano en España". Esta última, según recoge el texto de la norma, tendrá el cometido de elaborar un informe "sobre las medidas para aplicar los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición en lo relacionado con la situación histórica del pueblo gitano en España".
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