Una mujer que okupó con sus tres hijos una vivienda vacía de Lugo fue condenada a pagar una multa de 450 euros y a dejar el inmueble en un plazo de 48 horas. El juez recogió en la sentencia que la acusada tendría que realizar un día de trabajos en beneficio de la comunidad por cada dos cuotas de multa que no pagase y que, en caso de no dejar la vivienda de forma voluntaria, se ordenaría el lanzamiento correspondiente.
Según quedó recogido en el fallo judicial, la acusada —de 35 años y natural de Rumanía— fue desahuciada el 11 de enero de 2023 de una vivienda de la capital lucense y okupó otra en compañía de sus tres hijos, menores de edad. El dueño de la casa denunció los hechos y el juzgado de Instrucción número 2 de Lugo condenó a la mujer como autora de un delito leve de okupación de inmueble, penado en el artículo 245.2 del Código Penal.
La letrada de la defensa recurrió el fallo ante la Audiencia Provincial de Lugo, alegando que la vivienda okupada por la acusada estaba en situación de semirruina y que la puerta de acceso se encontraba abierta. Sin embargo, la sala alega que el inmueble contaba con suministros y que en el rellano apareció un taladro, "empleado para el acceso inconsentido al inmueble".
La defensa alegó también que no quedó acreditado que "la intención de uso de la vivienda por parte de la acusada no fuese temporal", pero el tribunal también descartó este argumento.
Según apunta la sala, quedó probado que la mujer residió con sus hijos en el inmueble del denunciante al menos durante tres meses, ya que la Policía acudió a la vivienda en varias ocasiones para pedirle que se marchara, ya que el propietario no estaba de acuerdo con la situación. "La acusada no abandonó el inmueble ni cuando fue citada para la celebración del juicio, por lo que no estamos ante una okupación esporádica de la propiedad", señala.
La abogada de la mujer alegó igualmente en el recurso de apelación que no hubo ningún tipo de requerimiento previo por parte del propietario para que la acusada abandonara la casa. Sin embargo, la Audiencia de Lugo explica que "el tipo penal no exige un requerimiento previo". Según apunta, "la mujer era plenamente consciente de la ajeneidad del inmueble, de la carencia de título que le facultase para okupar la misma, de la ausencia de autorización del propietario y de la efectiva perturbación que a éste le causaba, que es lo que exige el tipo penal".
Con estos argumentos, el tribunal concluye que en el juicio que se celebró en el juzgado de Instrucción número 2 de Lugo "se practicó prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia de la acusada, concurriendo en su conducta todos los elementos que exige el tipo penal por el que fue condenada, por lo que la sentencia impugnada ha de ser íntegramente confirmada, desestimando el recurso".
De este modo, la sentencia impuesta en Instrucción ya es firme.
Si el domicilio está habitado se castiga con cárcel
El artículo 245.2 del Código Penal establece que "quien okupe sin autorización un inmueble, vivienda o edificio que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses". Sin embargo, si la vivienda está habitada se considera un delito de allanamiento de morada, regulado en el artículo 202 del Código Penal, y se castiga con pena de 6 meses a dos años de cárcel.
Si el allanamiento de morada se ejecuta con el empleo de violencia o intimidación, la pena será de uno a cuatro años de cárcel y multa de seis a doce meses.