Durante mucho tiempo, a los golpes de Estado se los llamó revoluciones. La mitad de los seis gobiernos militares del siglo XX incluso adoptaron el término como marca: la Revolución del 43, la Revolución Libertadora, la Revolución Argentina. Eso hacían -claro que con el concurso de sectores civiles- los militares argentinos: revoluciones.
Entre una y otra tutelaban a los gobiernos surgidos de las urnas, que arrancaban con proscripciones impuestas y el poder recortado. Hasta no hace tantos años, las dictaduras no eran una anomalía, sino una cuestión naturalizada. Había un péndulo integrado al paisaje histórico.
Los militares venían cada tanto a poner orden, como solía decirse, por lo menos al principio. Lo primero que hacían era clausurar el Congreso. De allí desciende, también, aquella idea dislocada de que la ley y el orden son cosas incompatibles, curiosidad criolla.
"No nos anima ni nos mueve ningún interés político, no hemos contraído compromisos con partidos o tendencias", aseguraba la proclama del primer derrocamiento que produjo el Ejército. Era el parto de la dictadura fascista del general José Félix Uriburu. "Estamos por lo tanto colocados -explicaban con candor memorable el 6 de septiembre de 1930- en un plano superior".
Es erróneo entrever un prejuicio antimilitar en la observación de que la misión primordial de las Fuerzas Armadas durante el siglo XX no consistió en defender el territorio nacional, en cuidar a la nación de posibles enemigos externos, sino en erigirse en reserva moral para salvar al país de las persistentes miserias civiles, en identificar, eventualmente construir y combatir enemigos internos.
Los militares se creyeron durante décadas "en un plano superior". Una parte importante de la sociedad, la que hoy consume cremas antiarrugas, vivió ajustada a semejante sacralización.
Pero en 1976 el "Proceso" produjo desaguisados catastróficos. Que son bien conocidos: reprimió de manera ilegal, perversa y sanguinaria al terrorismo peronista y marxista y luego de soportar que el Vaticano le desmontase el impulso de ir a una guerra absurda con Chile, decidió celebrar -el verbo justo es improvisar- una guerra de impacto planetario contra dos de las potencias más poderosas del mundo (sin percatarse, siquiera, de que detrás del Reino Unido estaba Estados Unidos).
Tan mal hicieron las cosas en el poder las Fuerzas Armadas, tan trágico, grotesco, fallido y frustrante fue el desarrollo de las misiones mayúsculas que se arrogó (en el caso de la lucha "antisubversiva" con el auspicio iniciático del gobierno peronista al que luego derrocarían), que su derrota multifrontal, tremendamente onerosa y trágica, fue lo que en verdad habilitó en diciembre de 1983, por default, el advenimiento de la democracia.
Cierta tendencia a las simplificaciones maniqueas creó una fantasía de tipo hidráulico, la de que el repliegue militar garantizaría para siempre la estabilidad institucional.
En muchos círculos se pensaba que los militares eran los únicos responsables de todas las flaquezas de la institucionalidad. La caída de De la Rúa, sin participación castrense alguna, se ocupó de desmentirlo. Fue la época del "que se vayan todos".
Después de los levantamientos carapintadas que Menem liquidó con mano firme en diciembre de 1990, los militares ya no volvieron a participar de salvamentos ni de insurrecciones.
Ni tampoco, podría decirse, de ninguna otra cosa trascendente. Menem tomó dos medidas más: intentó ponerle llave al pasado a través de los indultos y les quitó protagonismo a las Fuerzas Armadas por vía de la asfixia presupuestaria. En la primera fracasó, porque después vino otro presidente peronista que hizo todo lo contrario.
En la segunda tuvo éxito, aunque la pregunta a la que le encontró respuesta no fue cómo darles a las Fuerzas Armadas una misión de largo plazo que justificase su existencia, sino cómo sacarlas del juego político.
Los militares perdieron la capacidad de asignarse a sí mismos un papel mesiánico. Una buena noticia que disimuló la mala: la política no supo sustituir la misión patriótica "superior", tutelar, por otra de carácter profesional de largo plazo.
No las modernizó ni diseñó un plan para hacerlo (eso sí, en el Ministerio de Defensa trabajaban al comienzo de la democracia menos de 500 personas, y hoy son el triple). Tampoco preparó su extinción. Al no hallarles un sentido, las arrumbó.
¿Por qué pasó eso? Antes que nada, porque los sucesivos gobiernos de la democracia fueron ineficaces para resolver en forma cohesionada y concluyente el trauma de las violaciones de los derechos humanos cometidas por personal militar durante la represión ilegal. La idea de fijar una política de defensa quedó sepultada bajo las secuelas ruidosas pero mal tramitadas del pasado.
Darles una misión a los militares hubiera obligado, entre otras cosas, a subirles el presupuesto. Y los aumentos presupuestarios para la defensa, como lo analiza Rosendo Fraga, siempre necesitan ser explicados. Pero aquí se trataría de una explicación de difícil encastre con las necesidades electorales bienales de los políticos.
Vistos su reescritura banal y distorsiva de los años 70 y el desprecio visceral hacia los uniformados, los años del kirchnerismo agravaron las cosas. El presupuesto militar siguió en baja y los sucesivos ministros mostraron poco interés por formular una política de defensa consistente.
Sólo el general César Milani, hoy preso, cuando contra viento y marea fue incrustado por Cristina Kirchner al frente del Ejército, balbuceó un alineamiento con el "proyecto nacional". Ni siquiera hubo tal cosa (dicho esto sin atribuirle mérito a la idea de que los militares se dediquen a hacer trabajo social asociados con militantes de La Cámpora).
Sólo se trató de un ascenso al jefe de la inteligencia militar (ahí sí hubo refuerzos presupuestarios) para reemplazar a la desmadrada inteligencia civil.
Algunos especialistas en temas militares advierten que conservamos Fuerzas Armadas empobrecidas, en vías de desguace, formateadas durante la Guerra Fría (el Ejército tiene hoy casi la misma cantidad de generales que cuando terminó la dictadura) y cuya ínfima inversión en equipamiento suele determinar las misiones. Debería ser al revés: antes de salir de compras primero habría que saber cuál es el trabajo.
"¿Yo qué haría? Les daría la misión de recuperar el control territorial dentro de las leyes vigentes", dice Horacio Jaunarena. Quien ostenta el récord de haber sido ministro de Defensa de un presidente radical (Alfonsín) y de uno peronista (Duhalde) se refiere al control de los espacios aéreo, marítimo y terrestre, hoy muy deficitarios.
El primero está relacionado sobre todo con el narcotráfico y el segundo, con la pesca en el Mar Argentino. En la reestructuración militar que el presidente Macri tiene en mente la forma de plantear estos temas será fundamental: una cosa es definir la misión militar en función de la agresión recibida y otra es hacerlo por materias, por ejemplo, narcotráfico. Dentro del Gobierno no hay una sola opinión. Macri respada al ministro Oscar Aguad, pero quien supervisa el área de Defensa es el vicejefe de Gabinete Gustavo Lopetegui.
La discusión que viene no se refiere a si se debe o no controlar el territorio nacional sino a determinar los límites para que las Fuerzas Armadas lo hagan dentro del actual marco legal y a la intervención militar en la lucha antiterrorista.
Eso en cuanto a lo conceptual, pero los propios militares tal vez estén más preocupados por el reordenamiento interno de las fuerzas, lo que involucra racionalizar áreas duplicadas y hasta triplicadas.
¿Qué parte de las decisiones será del Poder Ejecutivo y cuál irá en busca de acuerdos? No sería sencillo un consenso para una política de defensa con respaldo multipartidario, para lo cual ya hay un sector opositor bien posicionado. A la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados la preside Nilda Garré.