A las restricciones a la agricultura y la ganadería se suma un paquete de medidas con relación a la pesca, puesta en la diana por Bruselas con su plan de capturas sostenibles para el Mediterráneo y el Mar Negro, de manera que se va a dificultar la captura de raba y camarones en aguas profundas mediterráneas, y de sprat y rodaballo en el Mar Negro. Además, se someterá a una inspección rigurosa a los barcos, de manera que lo desechado acabará contando también como cupo de captura. En definitiva, menos posibilidades de pescar bajo la explicación de que debemos preservar el medio marino, lo que va a incidir en el precio, que subirá. Eso sí, Bruselas subvencionará "por la paralización definitiva de la actividad pesquera de un buque (…) así como por el abandono definitivo de esa actividad".
Medidas que se suman a las restricciones previas ya anunciadas en aplicación de los desarrollos de la Agenda 2030 a propósito de las 87 zonas de veda impuestas a la pesca de fondo, que solo en la zona del Gran Sol suponen la pérdida del 50% de los caladeros habituales. Como consecuencia, gran parte de la flota que ahí faena se verá obligada a desplazarse a caladeros de proximidad, cerca de la costa, donde ya trabajan los pescadores de arrastre. La convivencia de ambas flotas se presume imposible, pues la pesca fija es incompatible con la remolcada. La consecuencia a medio plazo de tal decisión es que numerosos pescadores se quedarán sin trabajo, se pescará menos, habrá escasez y subirán los precios.
Las asociaciones pesqueras acusan a Von der Leyen de tomar decisiones devastadoras, influenciada por la presión del lobby eco-globalista, sin sopesar los daños que se van a producir, y despreciando a los afectados, cuyas opiniones no son tenidas en cuenta, pues en ningún momento se ha intentado negociar ni llegar al más mínimo consenso.
La decisión de la Comisión se basa en la necesidad de preservar los corales de aguas frías y otros organismos marinos que han de ser protegidos, así como la mejora de la biomasa de especies en riesgo, lo mismo que la fauna marina diezmada durante años.
Siendo verdad que la actividad pesquera descontrolada puede dañar de manera irreversible los océanos, también lo es que la UE impone medidas por decreto, sin debate ni diálogo. Decisiones que se toman sin oposición de ningún tipo en el Parlamento europeo, donde tanto socialistas como populares están alineados con los objetivos 2030 de la Comisión, siendo marginales las voces contrarias.
El sector pesquero se queja de que la reducción en las capturas se establezca solo para aguas de la UE, mientras que países como Marruecos podrán faenar sin limitaciones, introduciendo en España sus productos a un precio menor. Es decir, una decisión casi calcada de lo que sucede en la agricultura.
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