Luego de delegar el diseño de la reforma laboral en la oposición, el Gobierno recibió un proyecto de la UCR que conserva parte de lo que se había planteado en el "mega DNU", como que en cada actividad se pueda reemplazar la indemnización por un fondo de cese, pero que también mantiene la no obligatoridad del aporte sindical, un punto que mete ruido en el diálogo que abrió la Casa Rosada con la CGT y en medio del llamado a un nuevo paro general.
Las autoridades del bloque de diputados nacionales de la UCR le acercaron el proyecto al jefe de Gabinete, Nicolás Posse. Los radicales, al igual que Hacemos Coalición Federal y el PRO, quieren que la reforma laboral se incorpore a la Ley de Bases o "Ley ómnibus" durante el tratamiento en las comisiones, previsto para la semana próxima.
Este era uno de los puntos del discutido "mega DNU" del presidente Javier Milei que la oposición dialoguista siempre compartió y el Gobierno aceptó que fueran ellos quienes redactaran el capítulo que se incorporaría a la Ley Bases. Finalmente, lo hicieron y entre los puntos principales se destacan la "reducción de la carga fiscal sobre el empleo", la extensión del período de prueba y los "mecanismos sustitutivos de la indemnización".
No obstante, el proyecto también conserva uno de los puntos del decreto 70/2023 que había puesto en alerta a los gremios: la eliminación del aporte sindical obligatorio en cada actividad, algo que el Gobierno y también algunos sectores de la oposición dialoguista habían dejado trascender que estaban dispuestos a dejar afuera de la reforma, para facilitar un acuerdo con los sindicatos.
Sin embargo, la iniciativa que la UCR mantiene este cambio sensible para los sindicatos, dado que ese aporte es una de sus fuentes principales de financiamiento, y le pasa la pelota al Gobierno en cuanto a la decisión de mantenerlo o quitarlo, justo en momentos en que la CGT convoca a un nuevo paro general en el marco de una negociación todavía borrosa con el oficialismo.
Reforma laboral: ¿cuáles son los ejes del proyecto que conversan el Gobierno y la UCR?
De acuerdo al borrador al que tuvo acceso iProfesional, la UCR propone una "modernización de la legislación laboral" que, a su criterio, apunta a resolver problemas como la alta tasa de informalidad, la litigiosidad y la precarización al "equilibrar los derechos de los trabajadores con las necesidades de adaptación a las nuevas realidades del mercado laboral".
En ese esquema, los puntos principales del proyecto son:
1) Reducción de la carga fiscal sobre el empleo: actualización de la deducción aplicable a la base imponible de las contribuciones patronales, vinculándola al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), y hasta 5 empleados. "Esto produce una sustancial disminución del costo laboral (en particular para las PyMEs), que resulta uno de los elementos más distorsivos que atenta contra la formalidad, e impacta sobre los trabajadores de menores ingresos", según explica el proyecto.
2) Libertad sindical: eliminar las contribuciones obligatorias emanadas de los convenios colectivos (llamadas contribuciones de solidaridad) para garantizar la libertad sindical.
3) Educación como servicio estratégico esencial: establecer la educación en los ciclos de escolaridad obligatoria como un derecho humano fundamental, limitando los conflictos colectivos de trabajo que pongan en riesgo este derecho.
4) Reducción de la litigiosidad: derogación de artículos y leyes que complejizan el marco laboral actual y fomentan la litigiosidad, incluyendo aspectos de la ley N.º 24.013, ley N° 25.013, ley N° 25.323, entre otras, y reducción sustancial de las multas. "Esta medida tiene como objetivo reducir la litigiosidad y disminuir la incertidumbre sobre los costos de contratación y despido que produce la determinación en juicio de la indemnización", señalaron.
5) Mecanismos sustitutivos de indemnización: establecer por convenio colectivo un fondo de cese laboral a cargo del empleador (con un aporte de hasta 8% de la remuneración) y dar la opción a un sistema de capitalización o seguro para solventar la indemnización.
6) Protección contra el despido por discriminación: agravamiento de hasta un 100% en la indemnización por despido motivado por un acto discriminatorio por motivos de etnia, raza, nacionalidad, sexo, identidad de género, orientación sexual, religión, ideología, u opinión política
7) Registro laboral: implementar de un sistema simplificado y electrónico para la registración laboral, asegurando eficiencia y simplificación de los trámites.
8) Periodo de prueba: extender el período de prueba a seis meses, con posibilidad de terminación de la relación laboral sin derecho a indemnización, pero con obligación de preavisar.
¿Qué cambia respecto del "mega DNU" de Milei?
Al desmenuzar los puntos principales del proyecto se destaca que conserva algunos puntos tal y como estaban consignados en el "mega DNU" que fue rechazado por el Senado y que quedó a un paso de sufrir el revés definitivo en Diputados, algo que la oposición dialoguista trata de impedir hasta que parte de su contenido, sobre todo el capítulo laboral cuya aplicación está suspendida por la Justicia y aun sin resolución, pueda blindarse con forma de ley.
En el radicalismo destacan que el fondo de cese laboral como mecanismo para sustituir las indemnizaciones "se va a resolver por actividad y por sindicato, como estaba en el DNU" y señalan que el formato que utiliza el gremio de la construcción (UOCRA) "va a ser una posibilidad, pero cada sindicato por actividad decidirá si es conveniente o no".
Según explicaron fuentes de la UCR a iProfesional, esto se resolvió porque en el caso de la construcción el fondo de cese funciona porque "son contratos cortos, lo que dura una obra, y eso da previsibilidad al empleador".
Por otro lado, el proyecto retoca algunos de los otros puntos que contemplaba el DNU, como la extensión del período que el Gobierno quería llevar de tres a ocho meses, pero aquí se extiende a seis, y también el tema de las multas por no registración o registración defectuosa, que el decreto las eliminaba y la iniciativa del radicalismo las reduce.
En tanto, el "mega DNU" de Milei también eliminaba el aporte obligatorio al sindicato. El tema iba camino a quedar afuera de la reforma laboral por ley que se busca ahora, pero la UCR decidió mantenerlo y en sus filas comentan que "si el Gobierno al final arregla este tema con la CGT y retrocede, tendrá sus razones".
¿Una herramienta de negociación con la CGT?
Dado que la intención del Gobierno y de la oposición dialoguista es que la reforma se sume al dictamen de la Ley Bases durante el tratamiento en las comisiones, no es imposible que cualquiera de los puntos que acercó la UCR sea modificado o incluso eliminado. Pero de todas formas, el tema de los aportes sindicales aparece en el debate en un momento muy particular.
El Gobierno abrió el último miércoles un canal de diálogo con los popes de la CGT, que fueron recibidos por Posse, el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero. El encuentro se dio un día antes del plenario sindical en el que, finalmente, la central obrera definió llevar adelante un segundo paro general el 9 de mayo.
Según supo iProfesional, durante la charla los sindicalistas pidieron detalles sobre la reforma laboral y los funcionarios del Gobierno se limitaron a responder que el proyecto lo estaba elaborando la UCR, aunque les aclararon que las modificaciones van a "ser razonables".
A pesar de haber abierto una negociación por un tema clave para los sindicatos como es la homologación de las paritarias, el Gobierno no logró evitar que la cúpula de la CGT convocara a un nuevo paro, un hecho que se dio casi al mismo tiempo en que los diputados radicales se dirigían a Casa Rosada para acercar su propuesta de reforma laboral.
La inclusión del tema de los aportes sindicales en el proyecto surge en ese contexto de relación compleja y todavía tirante entre el Gobierno y la CGT, con el agregado de que los radicales le dejaron al oficialismo la decisión de mantenerlo. De esta manera, ese punto de la reforma laboral aparece como una posible herramienta de negociación.
Si bien todavía no hay un indicio claro de que esto pueda ocurrir, claramente en la UCR no lo descartan cuando dejan el tema librado a un entendimiento entre el Gobierno y la CGT en el marco de la discusión de una reforma laboral que, si todo se da de acuerdo a lo que prevén en Diputados, formará parte del debate sobre la nueva versión de la Ley ómnibus que empieza la semana próxima.