Sofía, 24 abr (EFE).- En Bulgaria sigue sin haber suficientes medidas para salvaguardar los derechos de las personas LGTBI, mientras que los periodistas que investigan casos de corrupción y delincuencia organizada son objeto de hostigamiento y amenazas.
Así lo denuncia este miércoles la ONG Amnistía Internacional (AI) en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo.
El documento recuerda que en febrero de 2023 el Tribunal Supremo de Casación búlgaro anuló dictámenes de otras cortes que habían permitido el cambio de identidad legal a determinadas personas.
"La Constitución y la legislación búlgara se basan en la comprensión de la existencia binaria de la especie humana, y el género se determina en el nacimiento y se pierde en la muerte", justificó el Supremo su sentencia.
El dictamen está en contradicción con la postura en este ámbito del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que por otra parte condenó en septiembre a Bulgaria por discriminar a una pareja lesbiana al no reconocer su matrimonio.
En cuanto a la libertad de prensa, AI critica la extendida práctica extendida de presionar sobre los medios mediante procesos judiciales abusivos, como las "demandas estratégicas contra la participación pública" (DECPP).
En uno de los casos, reseña el informe, es el de la agencia de noticias Mediapool, que quedó al borde de la quiebra debido a una multa sin precedentes de 500.000 euros con la que fue penada en un proceso a raíz de una demanda por difamación presentada por una empresa de seguros en su contra.
Un mes después, la Fiscalía búlgara publicó una comunicación privada entre un periodista y su fuente sobre actividades de un grupo de delincuencia organizada.
La Asociación de Periodistas Europeos protestó entonces por esa forma de actuar de la Justicia búlgara y declaró a EFE que se trató de una "violación de la confidencialidad de las fuentes periodísticas" que pone a riesgo al periodista y busca amedrentar a sus colegas.
En cuanto a los derechos de las mujeres, el informe reconoce el avance que supusieron las enmiendas urgentes del Código Penal adoptadas en agosto contra la violencia machista. EFE
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