La Corte Suprema de Justicia ha practicado 70 pruebas testimoniales entre funcionarios del Departamento de Prosperidad Social, de la Gobernación del Quindío y contratistas, por la investigación de corrupción que se adelanta contra Ciro Ramírez, sin embargo, el senador afirma que nadie lo acusa: "Ni un solo testimonio me incrimina en los delitos que me acusan".
En un documento de dos hojas, Ramírez le responde a la Corte Suprema de Justicia por el escrito acusación del magistrado Marco Antonio Rueda: "soy inocente, esto es una trampa del señor Pablo Herrera Correa en búsqueda de beneficios y ocultando al verdadero responsable", dijo Ciro Ramírez.
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En 10 puntos Ciro Ramírez expone los argumentos con los que sostiene que probará su inocencia, luego de conocerse el escrito del de alto tribunal que lo acusa de supuestamente haber direccionado irregularmente un contrato por $48.660 millones de la mano de exfuncionarios y contratistas, para Ciro, el testigo principal de este proceso, el exgerente de proyecta Quindío, quien también es investigado, Pablo Herrera, dice en su testimonio que le entregaron dinero, pero según el senador, lo acusan del delito de cohecho sin una sola prueba porque: "los supuestos contratistas han negado cualquier entrega de dinero", dice el documento.
De hecho, Ciro Ramírez, sostiene que el magistrado Marco Antonio Rueda de la Corte Suprema, ha hecho caso omiso de la siguiente prueba que alega el senador:
"Existen pruebas irrefutables en los cuales el señor Pablo Herrera (TESTIGO PRINCIPAL DE CARGO EN ESTE PROCESO) menciona quien es el verdadero autor de la gestión de este convenio que me imputan a mí y dice lo siguiente a los medios de comunicación del Quindío en el momento de los hechos: "Quiero contarle a los quindianos hoy que después de las gestiones que realiza el señor Gobernador (ROBERTO JAIRO JARAMILLO) en la ciudad de Bogotá y del apoyo de toda esta empresa, un equipo de trabajo comprometido, logramos firmar el pasado viernes 12 de noviembre, 3 contratos muy importantes para el Departamento, el primero un contrato de gestión integral con el Departamento de la Prosperidad Social (DPS) por $49,400 millones de pesos".