Consejo de Estado admitió demanda de pérdida de investidura contra congresista Alejandro Toro
Toro (Pacto Histórico) habría firmado contrato con la alcaldía de Daniel Quintero, en época de campaña para la Cámara de Representantes.
El abogado Juan David Giraldo Mora y el ciudadano Daniel Salazar radicaron el 17 de abril pasado una demanda ante el Consejo de Estado en la que piden la perdida de investidura del representante a la Cámara Alejandro Toro.
El congresista, quien milita en el Pacto Histórico, es reconocido por ser cercano al exalcalde de Medellín Daniel Quintero.
Según se informó, el congresista habría firmado y ejecutado un contrato con la administración de Quintero Calle desde el 24 agosto de 2021 hasta el 31 de diciembre del mismo año.
La demanda de perdida de investidura en contra del Congresista @AlejoToroAnt sustentada en una de nuestras investigaciones fue admitida 😎
— Daniel Salazar (@DanielESalazarH) April 23, 2024
Así posiblemente los recursos de Medellín fueron a parar a las campañas de los candidatos del PACTO HISTORICO y los INDEPENDIENTES pic.twitter.com/jaZWSDYB6I
Daniel Salazar informó que durante el proceso investigación, evidenciaron que el representante en ese entonces era contratista público y gestor de dicho contrato, mientras se inscribía como aspirante por la lista cerrada del Pacto Histórico para la Cámara, para las elecciones de marzo de 2022.
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Por su parte, el concejal Alejandro de Bedout anunció en sus redes sociales que el Consejo de Estado decidió admitir la solicitud de pérdida de investidura contra el congresista.
Atención🚨Hoy el Consejo de Estado decide admitir la solicitud de pérdida de investidura contra el congresista de @QuinteroCalle el representante @AlejoToroAnt Dentro de los argumentos presentados por el demandante está que desde el 2020, el congresista fungía como representante… pic.twitter.com/wmk4a7sZg3
— Alejandro De Bedout (@alejodebedout) April 23, 2024
Explicó que la Fundación Avanti Centro de Formación y la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia, un establecimiento público del orden territorial del municipio de Medellín, suscribieron contratos de prestación de servicios.
Los contratos buscaban el desarrollo del proyecto "Semillero Audiovisual", seis meses antes de la postulación del demandado a la Cámara de Representantes por Antioquia. Al parecer no sólo firmó los contratos, sino que participó en su ejecución como tallerista.
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