Con la democracia no sólo se vota, con la democracia también se come, se educa y se cura", proclamaba Raúl Alfonsín en aquel célebre discurso desde el Cabildo, en diciembre de 1983, por la reinstauración de la democracia y el cierre del trágico ciclo de gobiernos militares que culminó con crímenes aberrantes y una guerra provocada y finalmente perdida.
Han pasado 34 años de aquellas expresiones de anhelo y más allá del cambio cualitativo que significa vivir en democracia, los resultados en el plano social dejan mucho que desear. Tal vez el indicador más importante, el índice de pobreza, resuma el fracaso de esta época transcurrida: subió del 18,5% en 1983 al 30% en 2016. Y no hacen falta las estadísticas para comprobar que tanto la educación como la salud han sufrido un retroceso.
Otro dato significativo y preocupante es que en paralelo con esos lacerantes deterioros, el porcentaje del gasto público sobre el total del producto bruto trepó nada menos que del 29% en el 83 al 45% de nuestros días. ¿Cómo es posible: subió el gasto público que se supone que es para paliar penurias y necesidades sociales y se deterioró el cuerpo social?
A su vez, la estructura socioeconómica que se ha gestado en democracia es repulsiva de las inversiones (por razones impositivas, laborales, de tipo de cambio y de infraestructura) cuando el futuro depende vitalmente de la inversión. Por otro lado, la economía argentina es una de las más cerradas del mundo.
Si bien en el 83 no estábamos ante un país con una economía abierta, ese era el paradigma reinante en toda América latina. De allí a hoy, todos los países de la región se han abierto al mundo: Uruguay, Chile, Perú, Colombia y, aunque en menor medida, también Brasil.
No hay mediciones del año 83 en este campo, pero las masas obreras de Perón estaban conformadas por trabajadores alfabetizados, un abismo con la marginalidad desapegada al trabajo y a la educación que existe en nuestro tiempo.
En vista de estos panoramas, cabe preguntarse: ¿está en deuda la democracia con el país? Más bien somos los argentinos los que estamos en deuda con la democracia. Veremos por qué. Si bien nos compete a todos, la cuota mayor de responsabilidad les cabe a quienes usufructuaron del poder del Estado gracias a la democracia (8 años los radicales, 24 el peronismo y menos de 2 años Pro).
Si bien la democracia en América latina coincidió con el período donde se dieron las mejores condiciones internacionales de la historia moderna -algo que benefició especialmente a la Argentina-, lo concreto es que contrariamente a lo sucedido en nuestro país, la pobreza descendió desde el advenimiento de la democracia en Brasil (del 29% en 1985 al 18% de hoy); en Uruguay (del 17% en 1985 al 11% de hoy); en Chile (del 25% en 1990 al 12% de 2016); en Perú (del 42% en 1980 al 21% de 2016), y en Bolivia (del 58% en 1982 al 26% en 2016).
Todas esas democracias redujeron drásticamente la pobreza, mientras en nuestro país ésta creció escandalosamente. Con el potencial de la Argentina y el grado de desarrollo social que había alcanzado, las comparaciones dan escalofríos y rabia.
Sería injusto además culpar a la democracia de las penurias del presente, ya que la democracia es apenas un sistema que permite que las sociedades puedan desplazar pacíficamente -por medio del voto y reglas preestablecidas- a un gobierno con el cual no están más conformes.
Esta simple regla de oro es la que posibilita en el seno de las distintas comunidades la convivencia pacífica y el respeto a la libertad y a los derechos humanos de los ciudadanos. Si esa regla se rompe o se viola, deja de existir la democracia y automáticamente están en peligro la convivencia pacífica, la libertad y los derechos humanos.
Por eso hay que tener mucho cuidado con los movimientos pseudodemocráticos (como el que gobierna actualmente en Venezuela, régimen que cuenta con muchos simpatizantes por estos lares) que llegan al gobierno por las reglas de la democracia, y como se ha visto, una vez encaramados en el poder, rompen las reglas para perpetuarse y subyugar a los pueblos con relatos místicos como el del socialismo del siglo XXI.
Contemplados estos espectáculos, se desprende que la democracia es un sistema frágil, que para sobrevivir requiere como mínimo dos condiciones: por un lado, un mínimo de eficacia y responsabilidad de los que gobiernan. Por el otro, responsabilidad también de las oposiciones.
Por otro lado, con el gasto público tan elevado (de los más altos del mundo), las autoridades no tienen margen para tomar medidas proactivas de la inversión y el desarrollo, única vía para salir del estancamiento. Tampoco lo tienen para atender con recursos genuinos los nuevos reclamos provenientes de grupos sociales (como los movimientos piqueteros), que sólo pueden satisfacerse con emisión -lo que provoca inflación- o con más deuda externa, que genera intereses que incrementan el abultado gasto público.
Tampoco se puede subir los impuestos -como ha venido aconteciendo por décadas-, porque provoca que diversas actividades vayan dejando de ser rentables. Así hay empresas que no tienen más remedio que cerrar porque sus negocios ya no son viables, y dejan trabajadores en la desocupación (con el drama humano que eso implica y el descenso en el consumo global que acarrea) o conchabados en el Estado. O sea, más salarios públicos a solventar con deuda, emisión o más impuestos. No hay otras fuentes alternativas.
Cada vez que suben los impuestos para atender una deuda social justificable, hay empresas que se ven forzadas a pasar a la informalidad -si pueden- o, peor todavía, a desaparecer. Este proceso es el que nos ha conducido al actual nivel de pobreza, de gasto público y de déficit fiscal. Un mecanismo de transferencia de asalariados del sector productivo a empleados y subsidiados del Estado.
Así, cada vez hay menos empresas para sostener a un Estado del cual depende cada vez más gente (varios millones incorporados en la última década) que acaba viviendo cada vez peor. La consigna de hoy debería ser recorrer el camino inverso: bajar el gasto público para poder reducir impuestos y que reflorezca el empleo privado.
Paradójicamente, las retenciones a la soja sirven, en parte, para subsidiar a los desplazados del interior que llegan al conurbano de las zonas agrícolas marginales donde, por causa de ese impuesto, el cultivo dejó de ser rentable.
Es importante que todos los sectores de la sociedad que pugnan por los favores del Estado comprendan las limitaciones que padecen los que tienen que administrar el patrimonio comunitario. Y ya que la democracia fue una conquista de todos (incluidos los movimientos sociales) nos compete a todos resguardarla, deponiendo demandas desmesuradas y actitudes violentas o extorsivas.
Empresario y licenciado en Ciencia Política