València, 16 abr (EFE).- Las dos nuevas confesiones escuchadas este martes en la quinta sesión del juicio por el caso Erial han avalado la existencia de amaños y comisiones ilícitas o "mordidas" en el proceso de privatización de las ITV valencianas y, en consecuencia, han debilitado la defensa del expresident y exministro Eduardo Zaplana.
En primer lugar, el empresario valenciano Vicente Cotino, sobrino del que fue director general de la Policía y presidente de Les Corts Valencianes, Juan Cotino, ha admitido que su difunto tío acordó con el Gobierno valenciano, presidido por Zaplana, el pago de mordidas por el amaño de la privatización de las ITV en favor de Sedesa, una empresa de su familia.
Posteriormente, Juan Francisco García, que fue director del gabinete de Eduardo Zaplana en la presidencia de la Generalitat Valenciana y presidió la mesa de contratación de aquel proceso de las ITV, ha confesado que fue Juan Cotino, en presencia de Zaplana, quien se dirigió a él para amañar el pliego.
Vicente Cotino ha señalado que su tío Juan le dijo en 2005 que había que pagar el acuerdo alcanzado años antes para predeterminar la contratación pública de las ITV, pactada a favor de una de las empresas de su grupo.
"Me dijo que Imison Internacional -empresa constituida en Luxemburgo con 640.000 euros llevados en mano por Juan Cotino cuando era director general de la Policía- era para el acuerdo al que se había llegado en 1997. Cuando le pregunté para quién era -ese dinero-, me dijo que continuase yo al frente de la compañía durante un tiempo indeterminado", ha declarado.
Según ha descrito, el pago final de esa mordida se realizó mediante la transmisión de la sociedad luxemburguesa en favor de otras dos firmas -Imison y Fenix- que fueron puestas a nombre de Juan Francisco García -ex jefe de gabinete de Zaplana- y Joaquín Barceló -amigo de la infancia del exministro-.
La transmisión se hizo en 2005, una vez vendida la sociedad que gestionaba las ITV y obtenidas las plusvalías, y "el precio pactado fue del 30 %", ha explicado Vicente Cotino en el juicio.
"(Juan Cotino) Me dijo que, una vez cerrada la venta -de la sociedad gestora de las ITV- y el dinero estuviese en Luxemburgo, hablase con Juan Francisco García", ha detallado este investigado, que ha admitido que fue Beatriz García Paesa (sobrina del espía Francisco Paesa) la que hizo todas estas gestiones en Luxemburgo.
Esta versión casa con la expuesta por Juan Francisco García, que fue director del gabinete de Eduardo Zaplana en la presidencia de la Generalitat Valenciana y que este martes ha explicado al tribunal que fue Juan Cotino quien le manifestó su interés por esa privatización, en un conversación en presencia de Zaplana.
También ha admitido que fue Cotino, una vez cerrada la adjudicación (en 1997), quien le ofreció un 30 % de los beneficios de la operación (las plusvalías que obtuvo Sedesa con la venta de la firma adjudicataria de la gestión de las ITV), que finalmente obtuvo en 2004 con la transmisión de la titularidad de una empresa radicada en Luxemburgo (Fenix) constituida años antes por los Cotino.
García, que no ha relacionado en ningún momento a Eduardo Zaplana con la titularidad real de esos fondos obtenidos como comisión ilícita, ha asegurado: "Alguien le diría a Cotino que (Joaquín) Barceló y yo debíamos ser beneficiarios de esas sociedades".
En la sesión de este martes también han declarado como investigados el expresident de la Generalitat José Luis Olivas (PP), el empresario Francisco Pérez "El Gasofa", la que fue secretaria personal de Zaplana, Mitsouko Henríquez, y el empresario Carlos Rodríguez.
Los dos empresarios han negado haber recibido dinero en efectivo de Eduardo Zaplana, tal y como sostiene el fiscal, para pagar el alquiler de yates vacacionales.
Henríquez ha asegurado que solía ir a sacar dinero de cuentas de Zaplana para "pagar gastos o recoger alguna prueba médica" y que también hizo gestiones similares para conocidos del exministro, como Joaquín Barceló, si bien ha negado igualmente las acusaciones de blanqueo que pesan sobre ella.
Olivas, que ya fue condenado por falsedad y delito fiscal por un pago de medio millón de euros recibido por Sedesa por la venta de participaciones de Proyectos Eólicos Valencianos S.A. -accionarada por Endesa (55 %), Sedesa (25 %) y Bancaja (20 %)- a Iberdrola, ha sostenido que ese pago fue por su intermediación en la venta, no por el supuesto amaño de los planes eólicos valencianos. EFE
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