La Jurisdicción Epsecial para la Paz (JEP) citó al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a una audiencia de seguimiento a las medidas cautelares ordenadas sobre La Escombrera, para proteger posibles cuerpos de víctimas de desaparición forzada.
La Sección de Ausencia de Reconocimiento del tribunal de paz aseguró que en los próximos días informará la fecha y lugar de realización de esta audiencia pública, a la que también están citados la Unidad de Búsqueda de personas dadas por Desaparecidas, la Fiscalía de la JEP y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Los funcionarios de las entidades citadas deberán responder a las preguntas de organizaciones de víctimas como el movimiento de víctimas Movice, la empresa El Cóndor, y también las inquietudes que formulen la magistratura y de la procuraduría delegada ante la JEP, sobre acciones realizadas para avanzar en la recuperación de cuerpos que podrían estar ubicados en dicha zona de la comuna 13 de Medellín.
La más reciente audiencia de seguimiento a las medidas cautelares que emitió la JEP, para proteger los sitios conocidos como La Escombrera y La Arenera, se llevó a cabo el 4 de octubre de 2023. A dicha diligencia fue citado el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, que tuvo la responsabilidad de dar a conocer los resultados del informe de geotecnia que contrató la Alcaldía y que se hizo con el fin de obtener datos e información para garantizar una operación segura durante la excavación, acopio de materiales de relleno y cierre del depósito de escombros.
Así mismo, fue citado el exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria, cuya tarea se centró en exponer los avances del proceso de dignificación y memoria histórica para las víctimas de desaparición forzada en la comuna 13, que ordenó la Sección de Ausencia de Reconocimiento mediante el Auto AT-038 de 2019.
Así mismo, la JEP solicitó a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), un informe sobre los ajustes al plan de intervención forense, de acuerdo con las recomendaciones técnicas del informe de geotecnia que contrató la Alcaldía de Medellín.
Por su parte, a la Fiscalía General de la Nación y al Instituto Colombiano de Medicina Legal les fue ordenado rendir informe sobre la inclusión en el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec) de los registros relacionados con posibles víctimas de desaparición forzada en dicha zona.
La JEP dictó esta medida cautelar el 20 de agosto de 2020, mediante la cual los magistrados prohibieron cualquier tipo de actividad en los dos lotes ubicados en las laderas de la comuna 13 y ordenaron buscar a las víctimas de desaparición forzada. Mediante el Auto AI 058 del 22 de septiembre de 2023, la JEP amplió la decisión durante 12 meses.
Según la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la entidad, entre 1978 y 2016 se registraron 459 víctimas de desaparición forzada en la comuna 13. Solo en 2002 ocurrieron 200 casos, año en el que la fuerza pública realizó diversas operaciones militares, como Orión, cuando había una fuerte confrontación armada entre el Bloque Cacique Nutibara y milicias de grupos guerrilleros.
Cabe recordar que el 3 de abril de 2024, la JEP ordenó una medida cautelar nacional para proteger los derechos a la memoria y la verdad de las víctimas de desaparición forzada en Colombia. La decisión ordena realizar una audiencia pública nacional el 14 y 16 de mayo de 2024, en Bogotá y Barrancabermeja, respectivamente.
La desaparición forzada es un delito que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) ha reconocido como una violación múltiple de los derechos humanos que afectan la dignidad, la vida, la libertad y la integridad personal. Por ello, la JEP solicitó informes a ministerios; organizaciones de víctimas y de derechos humanos. Además, autoridades del ámbito nacional y territorial para realizar una radiografía inicial de cara a la audiencia.