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El Ejecutivo envió el paquete de reforma fiscal al Congreso y considera que esta vez será aprobado.
El Gobierno mantiene la propuesta de impulsar un piso de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias de $1.800.000, con una primera escala del 5%.
Asimismo, sostiene el beneficio para los trabajadores petroleros de pozo basado en el artículo 1 la ley 26.176, que establece que no integren la base imponible a los efectos de la determinación del Impuesto a las Ganancias.
Además, el proyecto describe como personal de pozo a los que trabajen en «la exploración petrolífera o gasífera llevada a cabo en campaña y en tareas desempeñadas en boca de pozo y afectadas a la perforación, terminación, mantenimiento y reparación de pozos petrolíferos o gasíferos».
La propuesta rechaza la aplicación de otros regímenes especiales sobre el impuesto a las Ganancias, que pasaría a llamarse Ingresos Personales.
«Se establece que no resultarán aplicables las disposiciones contenidas en ningún tipo de leyes –generales, especiales o estatutarias, excepto las contenidas en la ley del gravamen y en la antes mencionada Ley 26.176–, decretos, convenios colectivos de trabajo», expresa.
A su vez, la reforma fiscal incluye la creación del Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social, el impulso del Régimen de Regularización de Activos y las modificaciones al Impuesto sobre los Bienes Personales e Impuestos Internos.
Del mismo modo, contiene la eliminación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas, los nuevos pisos, actualizaciones y escalas del Impuesto a las Ganancias, la modificación del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y la creación del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor.
De esta manera, el Gobierno apunta a tratar el proyecto en un plenario de comisiones la semana que viene. Quieren que se discuta a la par de la Ley Ómnibus, que será reflotada a través de un nuevo dictamen en base al texto que cayó en febrero.
Este tiene más de 180 páginas, 279 artículos y contiene las privatizaciones, las desregulaciones económicas y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Se compone además de la declaración de emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año y la delegación de facultades al Ejecutivo.