San Bartolomé de Tirajana
Miércoles, 1 de mayo 2024, 02:00
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La concejalía de Urbanismo de San Bartolomé de Tirajana, que coordina el edil Alejandro Marichal y que asume en funciones delegadas Davinia Ramírez, dirigió el 20 de abril un requerimiento a la comunidad de propietarios del centro comercial Metro, en Playa del Inglés, para que en el plazo de un mes tapien mediante muros de bloques los accesos a las plantas bajas del inmueble, abandonado y en ruinas en su mayor parte, salvo unos pocos locales situados al nivel de la calle.
El gobierno local busca con esta medida impedir la entrada al inmueble de personas sintecho y de inmigrantes en situación irregular que usan estas instalaciones para pernoctar y que ponen en serio riesgo sus vidas. Además, si se dificulta la entrada a esas partes del complejo también se facilita las funciones de control que ejercen los cuerpos de seguridad del Estado, según añade en el requerimiento.
De la misma manera, el escrito les advierte de que «el incumplimiento de lo requerido dará lugar a la ejecución subsidiaria» del tapiado por parte del Ayuntamiento, por lo que les informa de que los gastos correrán luego a su cargo, «sin perjuicio de la puesta en conocimiento ante el Ministerio Fiscal de un presunto delito de desobediencia a la autoridad».
Este requerimiento se sustenta en un informe de la Policía Local del 10 de marzo pasado, emitido tras una denuncia previa de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), del 7 de febrero.
En aquel dictamen policial se informó a Urbanismo de que, a pesar de que la comunidad de propietarios ha incrementado las medidas de cierre de las zonas abandonadas, es decir, de las plantas bajo rasante de calle, con la colocación de vallas y candados y de que ha estado efectuando controles de vigilancia, personas ajenas a las instalaciones siguen entrando y pernoctando en ellas.
Marichal insiste al respecto en que un objetivo de este mandato es ejecutar el derribo del Metro, de ahí que continúe con la tramitación del expediente para su demolición. «Estamos trabajando para tener resuelto el expediente durante el segundo semestre de 2024; tras éste, se otorgará a los propietarios de los locales 6 meses para proceder a su demolición y si no lo hicieran, sería el Ayuntamiento quien subsidiariamente iniciaría el procedimiento».
Si fuera así, aclara, el proceso se ralentizaría porque implicaría encargar un proyecto de demolición, redactar los pliegos, licitar y, posteriormente, ejecutar la obra.
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