Estamos a poco más de un año del ochenta aniversario de la ONU. Muchos años no son, son muchísimos si contamos la gran cantidad de decisiones que en su seno y en sus organismos dependientes se han tomado para resolver asuntos relacionados con el objetivo inicial de la organización: buscar un modelo de orden mundial que impidiera la repetición de atrocidades bélicas como las que habían caracterizado a la Segunda Guerra Mundial.
Lo cierto es que a pesar de su existencia, los enfrentamientos entre países, las injusticias con los ciudadanos en determinados países, la violencia institucionalizada o la aparición de conflictos internos en los mismos, se han sucedido sin que la ONU haya sido capaz de evitarlos, es más, dada su composición y su estructura de poder, se da el caso de que solo uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad con poder de veto puede paralizar las decisiones del órgano más importante de la ONU. Solo con que China, Rusia, Estados Unidos, Francia o el Reino Unido voten en contra, decae cualquier propuesta del Consejo de Seguridad que además de los citados, tiene otros diez miembros que son elegidos periódicamente por el resto de países que pertenecen a la ONU.
Es comprensible que a mitad de siglo XX y después de un periodo tan convulso, los ganadores de la Segunda Guerra Mundial se convirtieran en los árbitros de la situación, pero pasado el tiempo se ha visto que el derecho que se reservaron no ha ido encaminado a proteger al conjunto de los países sino que ha derivado en una herramienta que contraponer a los demás en defensa de sus propios intereses. El país que más ha utilizado el derecho de veto ha sido Rusia, 153 ocasiones hasta 2023; le sigue EEUU con 87, la mayoría relacionadas con Israel.
En sus inicios la ONU tomó decisiones muy esperanzadoras. El 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida en París, aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración se cierra con su artículo número 30, que ni más ni menos dice: «Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración».
Visto lo visto, esta declaración está permanentemente incumplida y las resoluciones del Consejo de Seguridad no cumplen el objetivo para el que fue creada la Organización de las Naciones Unidas, dejando en el desamparo más absoluto a aquellos países que por sí mismos no tienen posibilidades de defensa. Lo tenemos muy reciente con la invasión de Rusia a Ucrania o con el apoyo de EEUU a Israel en un conflicto con Gaza que hunde sus raíces en el fin de la II Guerra Mundial y la creación del Estado de Israel en Palestina. Estos dos conflictos están alcanzando tales dimensiones que sería exigible que el conjunto de los países, dentro de la ONU, tomara una decisión firme que paralizara tanto sufrimiento y que sentara las bases para que estos conflictos no se extendieran, evitando así el riesgo de un conflicto de dimensiones impredecibles. Duele especialmente que, con la complejidad que tienen todos los conflictos armados, sea Israel, un pueblo que fue masacrado brutalmente, quien se salte todas las resoluciones de la ONU cuando fue esta organización la que propició la creación del Estado de Israel.
Herramientas tienen pero no se han desarrollado suficientemente, y en las ocasiones en las que se han puesto en marcha no han conseguido buenos resultados, como se vio en los Balcanes. Eso no es óbice para que conformar una fuerza disuasoria de carácter internacional sea una opción a desarrollar tal y como está evolucionando la geoestrategia a nivel mundial.
La ONU se merece un gran respeto. Desde su fundación en 1945 ha creado organismos de gran relevancia. El FMI, Unicef, la FAO, la Unesco, el Banco Mundial y la OMS son algunos de los más conocidos que, junto a otros, han contribuido a mejorar el planeta y a desarrollar proyectos y programas en países que por sí solos tenían muy complicado alcanzar los mínimos estándares de bienestar. Pero a pesar del tiempo transcurrido y de los esfuerzos realizados, parece que el principal objetivo que llevó a su fundación es un rotundo fracaso. Una vez más se pone de manifiesto que la igualdad pretendida es una quimera, los más fuertes imponen su poder y el resto no hace otra cosa que asentir en función de donde tiene sus intereses. Se impone un silencio cómplice mientras en muchas zonas del planeta sigue habiendo enfrentamientos enquistados, casi siempre donde existen intereses económicos de las grandes potencias o quizás de los poderosos grupos económicos, más si cabe que los países y que juegan sus cartas en un tablero que quieren dominar.
Con ser muy loable la voluntad de los 51 países que fundaron la ONU y los 193 que pertenecen a ella en la actualidad, es quizá en su origen donde está el pecado del fracaso. Resulta muy difícil comprender que después de tantos años no se haya aprobado una modificación que permita tomar decisiones democráticas dentro de una organización tan poderosa y que podría tener una fuerza moral, real y jurídica frente al conjunto de países que la forman e incluso frente aquellos que están fuera de la misma.
Gestionar decisiones entre países miembros de la ONU con dictaduras reconocidas, otros pobres hasta el extremo, Estados fallidos o con muchos años de conflicto y la presencia de otros que tienen una fijación especial en que la mujer no pueda disfrutar de los mismos derechos que el hombre, no debe de ser sencillo para una organización que promulgó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Está claro que estas relaciones exigen un gran nivel de diplomacia o, por qué no decirlo, unas elevadas dosis de hipocresía, salvo que la diplomacia sea eso.
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