Hace poco más de un año, a finales de marzo de 2023, un vídeo de catorce segundos de duración empezó a recorrer las redes sociales. En él, un hombre de traje y corbata sentado en un escaño parlamentario depositaba en su mano izquierda un polvillo y, a renglón seguido, lo esnifaba. Los difusores de las imágenes afirmaban con rotundidad que se trataba de un diputado del Parlamento Europeo cazado en pleno consumo de cocaína, sin pudor alguno y a la vista de todos. Pocos días después, varios medios especializados en verificación (es decir, en combatir la profusión de noticias falsas que inundan internet) aclaraban lo sucedido: en el vídeo, el político Jens Maier, del partido Alternativa para Alemania (AfD), esnifaba en realidad tabaco en polvo, una sustancia completamente legal. De hecho, el episodio ni siquiera había tenido lugar en la Eurocámara, sino en el Bundestag, el Parlamento alemán.
Lejos de ser una anécdota, aquello fue un ejemplo más de las frecuentes oleadas de bulos que tratan de desacreditar no solo a las instituciones europeas en sí mismas (como el Parlamento o la Comisión), sino a todas las democracias occidentales, bajo la acusación de estar corrompidas y servir a oscuros intereses de unas élites que desprecian a los ciudadanos corrientes. El vídeo de Maier es citado en las sesiones de trabajo que realizan asiduamente los funcionarios de Bruselas especializados en combatir estas campañas desinformativas, que ellos han bautizado como FIMI, acrónimo en inglés de Amenazas Externas de Injerencia y Manipulación Informativa. Una tarea que los dirigentes comunitarios han intensificado desde el estallido de la guerra de Ucrania y que estiman será clave en este 2024, un año que califican de "superelectoral" por las 83 citas con las urnas convocadas en todo el mundo, empezando por la del Parlamento Europeo el próximo 9 de junio. Estados Unidos celebrará las presidenciales el 5 de noviembre.
El último informe del Servicio Europeo de Acción Exterior (el SEAE, el equivalente a un Ministerio de Asuntos Exteriores de la Unión Europea) indica que el año pasado se detectaron 750 casos de FIMI contra países, organizaciones y líderes occidentales. El principal objetivo fue Ucrania, con 160 ataques; seguido de Estados Unidos, con 58. A continuación, destacaron Francia, Alemania y Polonia, los tres estados de los Veintisiete más vinculados al conflicto bélico ucraniano.
De hecho, los propagadores del bulo del parlamentario alemán trataban de relacionarlo con otro recurrente rumor de internet: los presuntos hábitos cocainómanos del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. Uno de los montajes que en su día se hicieron virales mostraba al líder político en su despacho oficial, con una bolsa con polvo blanco sobre su mesa de trabajo. La secuencia había sido manipulada digitalmente para añadir la supuesta droga: en el vídeo original (correspondiente a una reunión telemática entre Zelenski y Elon Musk) no había rastro de la misma.
La UE tiene pocas dudas de que detrás de este tipo de falsedades está Rusia. Según otro informe del SEAE elaborado a partir de 100 casos de FIMI registrados en 2022, un total de 83 se atribuyeron íntegramente a Rusia, doce a China y cinco a una acción conjunta de ambos. "Desde hace ya varios años, antes de la crisis de Ucrania, el Kremlin se encuentra en estado de guerra, y eso implica estrategias de desinformación para desgastar la credibilidad de los sistemas políticos occidentales", explica un miembro del equipo de comunicaciones estratégicas del SEAE, creado en 2015 al calor de las crecientes agresiones territoriales y propagandísticas de Moscú. No obstante, otro alto funcionario admite que, con la crisis bélica de Kiev, esas campañas "han alcanzado una velocidad intensa" y que su próximo gran objetivo son las elecciones a la Eurocámara del 9 de junio.
Los técnicos de Bruselas cuentan con un glosario propio para perfilar los matices de cada ataque informativo y analizar las estrategias del enemigo. La premisa más básica es diferenciar entre dos términos que es preferible mantener en inglés: "misinformation" y "disinformation". El primero define aquellos contenidos involuntariamente incorrectos (como un dato equivocado o un rumor no suficientemente contrastado), mientras que el segundo se refiere a la deliberada difusión de información falsa con un propósito.
Según el SEAE, los mensajes del segundo grupo tienen cinco objetivos: desacreditar (desincentivar la crítica, negar las acusaciones y desestimar a las fuentes), distorsionar (manipular el contexto y la narrativa), distraer (redirigir la atención a otro actor o narrativa para reubicar las responsabilidades), amedrentar (infundir miedo en el adversario) y dividir (crear conflictos y diferencias dentro de comunidades y grupos).
En el caso de los bulos procedentes de Rusia en 2022, casi la mitad (el 42%) tenían la pretensión de distraer, sobre todo para atribuir a Ucrania y la UE las culpas del estallido de la guerra. La distracción también fue el propósito mayoritario de los ataques de origen chino (el 56%), en su caso "para promover a China como un socio fiable y líder mundial y al mismo tiempo degradar a Occidente, destacando especialmente cómo Estados Unidos desestabilizar a la UE", indica el informe del SEAE. En concreto, Pekín se sirvió de problemas reales sucedidos en Europa (por ejemplo, relacionados con la crisis energética o los precios de los alimentos) "para redirigir la atención a una narrativa favorable a China".
La mayor parte de las noticias falsas consisten en manipulaciones digitales de imágenes y vídeos. A veces también se han difundido portadas falsas de revistas satíricas, como la española "El Jueves" o la francesa "Charlie Hebdo". En ocasiones los contenidos no son tergiversaciones o mentiras, sino piezas periodísticas legítimas (por ejemplo, una viñeta satírica), pero intensamente propagadas por usuarios o medios afines a los regímenes, incluyendo cuentas diplomáticas oficiales, como las embajadas.
"Todos estos ataques responden a una estrategia bien pensada para que el lector o el espectador llegue a una determinada conclusión. Se trata de crear una determinada narrativa para que los ciudadanos acaben pensando que las democracias europeas son fallidas y, por tanto, que las soluciones se encuentran en otros Estados", explica un alto funcionario de Bruselas.
Una de las principales herramientas que la UE maneja para combatir este fenómeno es la nueva Ley de Servicios Digitales, con la que se pretende evitar un oligopolio de gigantes tecnológicos como Google, Amazon, Apple o Meta (propietario de Facebook, Instagram y Whatsapp). Además de favorecer la competencia, la norma pretende contrarrestar las campañas de desinformación, que tienen en estas plataformas sus principales vías de diseminación.
Con todo, la propia UE tampoco está exenta de críticas acerca de sus estrategias informativas. El pasado octubre, el Parlamento Europeo se vio obligado a dar marcha atrás sobre su propuesta inicial de monitorizar masivamente los mensajes privados de los ciudadanos bajo el pretexto de rastrear contenidos de abuso sexual a menores. Ante la oleada de protestas de la sociedad civil que desató la iniciativa –con cientos de ONG, académicos e investigadores alertando de que se estaban vulnerando libertades civiles básicas–, la Eurocámara se retractó y limitó la vigilancia a individuos o grupos sospechosos de difundir esos contenidos.
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