"Vemos con mucha preocupación lo que ocurre en Argentina", señaló el rector de la Universidad de Valparaíso y presidente del Consorcio de Universidades del Estado (CUECH), Osvaldo Corrales, respecto a la demanda de las universidades públicas para que se aumenten sus presupuestos.
Ayer martes por la tarde, cientos de miles de argentinos se volcaron a las calles de las principales ciudades del país, entre estudiantes, docentes, directivos, sindicatos y partidos políticos que se adhirieron a la protesta.
En ese sentido y en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el también presidente de la Asociación de Universidades Grupo de Montevideo (organización que incluye, precisamente, a planteles trasandinos), detalló que en Argentina, se congeló "nominalmente" el presupuesto de las universidades públicas, asignando los mismos recursos del año 2023.
"Desafortunadamente el Gobierno ha tomado esa medida en un contexto donde la inflación sigue siendo un gran problema y en la práctica, ese congelamiento nominal de los presupuestos implica que hoy día las universidades, desde el punto de vista real, de la capacidad de compra que tienen con esos recursos que les están traspasando, equivale a algo más de un tercio de lo que recibieron el año pasado", señaló.
Esto último, aseguró Corrales, "ha puesto en grave riesgo la continuidad de las instituciones, porque ya ha pasado casi un tercio del año y lo que nuestros colegas nos informan es que ellos ya han agotado esa partida presupuestaria que se les asignó y que de no reajustarse las universidades van a quedar impedidas de funcionar", indicó.
"Esto nos parece algo muy grave, porque sin perjuicio de las medidas que el Gobierno decida adoptar para controlar la inflación, ello no puede poner en riesgo la formación de decenas de miles de estudiantes que hoy día cursan sus estudios ni tampoco el trabajo de académicos, científicos y científicas. Esa formación es parte de la riqueza de cualquier país", añadió.
A lo anterior, el presidente del CUECH agregó el carácter "insustituible" de las universidades estatales en las sociedades. "La educación pública es aquella que permite el desarrollo del país, pero el desarrollo atendiendo a los intereses superiores y comunes de las sociedades. Alguien podría sentirse tentado a decir: "La agrupación privada puede por sí misma sostener eso", pero lo que nosotros afirmamos es que ello no es así. Si bien, la educación privada puede complementar a la educación pública, esta siempre obedece, tal como lo vemos en nuestro país, a intereses particulares de credos, de religiones, e ideologías políticas, que si bien, son muy legítimas y tiene todo el derecho a expresarse, no representa los intereses colectivos, comunes de las sociedades", dijo.
Asimismo, planteó que las universidades públicas "no solo educan, sino que también producen conocimiento para hacerse cargo de los problemas que son comunes".
"Yo siempre pongo el caso de Chile, de lo que hubiesen sido leyes como la ley de aborto en tres causales sin la existencia de las instituciones públicas. Como es conocido, muchas instituciones privadas han rechazado aplicar la ley de aborto en tres causales, enseñar estas técnicas en sus aulas, en función de sus credos, de sus creencias religiosas y eso es muy legitimo, pero eso no puede impedir que la sociedad llegue a un acuerdo diferente y que cuente con las herramientas para implementar ese acuerdo diferente al que llega la sociedad", estimó.
"Ahí es donde las universidades públicas juegan un rol insustituible, pero también en la generación de conocimientos científicos y tecnológicos. Hoy día, en el caso de Argentina, poner en riesgo ese capital es poner en riesgo el desarrollo de ese país, incluso su capacidad para superar los graves problemas que hoy día tiene", agregó.
Finalmente, el presidente de la Asociación de Universidades Grupo de Montevideo expresó su preocupación por "un proceso de creciente sustitución de la educación pública" en América Latina.
"Nosotros creemos que la educación no es una mercancía. Esos procesos son muy riesgosos y nos parece que hoy día poner en riesgo la educación pública en Argentina también supone afianzar la mercantilización de la educación. Es riesgoso no solo para ese país, es riesgoso para nuestro continente", afirmó.