Una nación es un conjunto de personas que se inventa un pasado común y odia a sus vecinos. La frase sería graciosa si el nacionalismo no constituyera la principal causa de guerras en los últimos dos siglos. Trump, el Brexit y el separatismo catalán son casos, por ahora pacíficos, de ese fenómeno. Su recurrencia nos alerta sobre las dinámicas de fragmentación que, cada vez menos subterráneas, vuelven a amenazar la paz mundial.
Los autores de esta nota aterrizamos en Florencia, Italia, a fines de los años 90. Allí, en medio del cosmopolitismo universitario europeo, nos dimos de bruces con el catalanismo. Al ser consultados sobre su nacionalidad, sólo los catalanes -no todos, es cierto- nombraban una entidad que no era el Estado que los financiaba.
Ni escoceses ni flamencos escondían así su pasaporte. Fuera de este rasgo pintoresco, sin embargo, la cuestión catalana es una de las tantas que pueblan un continente más emparchado que unificado. Hágase el examen entre adolescentes argentinos: ¿cuántos podrían distinguir las fallidas Yugoslavia y Checoslovaquia de las ficticias Syldavia y Borduria?
España está integrada por 17 comunidades autónomas cuyas competencias varían. Dos tienen autonomía fiscal (Navarra y el País Vasco), cuatro poseen policía propia (Canarias, Cataluña, Navarra y el País Vasco) y un puñado goza de lengua cooficial junto con el castellano (Baleares, Cataluña, Galicia, Valencia y el País Vasco).
Porque, como señalaba el recientemente fallecido politólogo Alfred Stepan, el federalismo existe más allá del modelo estadounidense. El federalismo a la española, tácito, plurinacional y asimétrico, tiene parecidos de familia con la devolution británica, una transferencia de competencias de gobierno y legislación a Escocia, Gales e Irlanda del Norte.
También Italia, que concede a cinco de sus veinte regiones un estatuto de autonomía especial por particularidades históricas y lingüísticas, ha promovido en las últimas décadas el traspaso de atribuciones a sus unidades subnacionales, alejándose del modelo de gobierno unitario.
Un patrón similar se repite en la mayoría de los países europeos, incluidos los llamativos casos de las islas Feroe (un archipiélago danés que cuenta con su propia selección de fútbol) y Groenlandia (que, sin independizarse de Dinamarca, dejó la Unión Europea en 1985). Que la soberanía sea absoluta, a todo o nada, es algo que sólo se enseña en las malas facultades de Derecho.
Pero, asimétricos o no, los Estados existen. ¿De qué depende su tamaño? Los economistas Alberto Alesina y Enrico Spolaore, en su libro The Size of Nations, postulan una tensión entre dos factores: la escala y la heterogeneidad. La escala conviene por razones económicas y de seguridad: cuanto más grande el Estado, más eficiente el mercado y más poderosa la defensa.
Pero con el tamaño aumentan también las diferencias internas. Eso puede dificultar la toma de decisiones y deslegitimar, por presunta o real parcialidad, las normas colectivas. En consecuencia, el tamaño de los Estados resulta del equilibrio entre los beneficios de la escala y los costos de la heterogeneidad.
Si una comunidad política es demasiado grande, las diferencias internas acaban quebrándola, como aconteció con la Unión Soviética, el virreinato del Río de la Plata y tantos imperios. Si es demasiado pequeña, serán fuerzas externas las que la destruyan o absorban, como ocurrió con las ciudades-Estado griegas, los principados y repúblicas italianas y Cataluña.
En Europa, la reconstrucción de la posguerra produjo una respuesta original a esta tensión. La fórmula fue simple: potenciar la escala por arriba y contener la heterogeneidad por abajo. Hacia arriba, agrandar: el mercado quedó a cargo de la Unión Europea, y la defensa, de la OTAN.
Hacia abajo, achicar: las identidades buscaron refugio en las regiones subnacionales, que les garantizaron privilegios simbólicos y materiales. Actualmente, la austeridad por arriba y el separatismo por abajo ponen en crisis esta división del trabajo.
La integración en el Viejo Continente modificó nuestra concepción de la soberanía estatal. Hoy España no puede emitir moneda, ni firmar tratados comerciales ni imponer controles fronterizos. Alemania y Francia, tampoco. Esas competencias fueron voluntariamente transferidas a la Unión Europea.
Paradoja: para seguir siendo independientes, los Estados europeos debieron dejar de serlo un poco. Pero entonces ¿qué sentido tiene crear más Estados si no van a controlar su propia moneda, ni sus fronteras ni sus relaciones exteriores?
Como afirma el profesor de Georgetown y muy catalán Josep Colomer, "si los países ya no tienen soberanía, es absurdo pedir un nuevo ente similar". Y además, aun con menos soberanía, los entes existentes no gustan de advenedizos. Por eso la Unión Europea, al fin y al cabo un club de Estados, les respondió a los separatistas con un pito catalán.
Una resolución democrática del conflicto aparece inviable porque no hay demos que anteceda al kratos: para unos, deben decidir sólo los catalanes; para otros, todos los españoles. ¿Quiénes votarían para decidir quién tiene derecho a votar? La definición del demos, de quienes integran el pueblo, es siempre predemocrática. Y siempre estará quien juzgue esa decisión como impuesta.
Un referéndum conlleva peligros adicionales. Al producir ganadores y perdedores absolutos, decidiendo por todo o nada, puede profundizar un conflicto antes que resolverlo. Si los derrotados consideran que el resultado afecta sus derechos o que han sido vencidos por una mayoría desinformada o circunstancial, el problema no se soluciona; con suerte se posterga, sin ella se agrava.
Tras la votación del 1-O, numerosos grupos se concentraron en diferentes lugares de España al grito de "Carles, Mariano, a ver si nos hablamos" y de "menos porrazos y más telefonazo". Estas manifestaciones constituyen una oportunidad para que las partes emprendan negociaciones parlamentarias, donde los resultados no son de suma cero, como en el referéndum, sino de suma positiva: todos pueden ganar algo con la condición de que cedan algo. Si votar lastima, sólo queda negociar.
En 1640, catalanes y portugueses se rebelaron contra el reino de Castilla; los primeros, con el apoyo de Francia, y los segundos, con el de Inglaterra. Madrid, más preocupada por la amenaza francesa, concentró sus recursos en recuperar su región oriental. Hasta hoy, la rica Cataluña envidia el destino del modesto pero independiente Portugal. Por eso, sus ansias de independencia atrasan 400 años.
Pero atrasado no significa imposible. Si las dinámicas de fragmentación siguen por este camino, el destino de Europa puede repetir su pasado. En tal caso, la crisis catalana no estaría atrasando sino adelantando el colapso de un continente. Y con él, el de un proyecto que había prometido la superación del nacionalismo y el fin de las guerras.