Opinión de Luis Fernando Rueda.
En ese vicio mecánico del desplazamiento infinito en redes sociales me encontré, en pleno Viernes Santo, con fotografías compartidas por amigos de los medios de comunicación que, de repente, quisieron seguir el tradicional viacrucis hacia el cerro de Morrorico, en donde se encuentra el Sagrado Corazón de Jesús. Un acto de fe, de vez en cuando, le hace bien a las personas, pensé. La ilusión me duró poco. Enseguida vinieron las imágenes del alcalde de Bucaramanga registrando su visita al emblemático lugar en medio de una de las celebraciones religiosas que, cada año, tiene mayor afluencia de público. La coincidencia tiene nombre propio: el poder de la pauta oficial.
Si bien la anécdota puede parecer baladí esta es una práctica normalizada de tiempo atrás que me sirve para ilustrar una de las principales conclusiones del informe presentado en febrero pasado por la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) sobre los efectos que tiene el gasto en publicidad oficial sobre la ciudadanía, el derecho al acceso a la información y la libertad de expresión. Los gobernantes tienen, ante sí, que enfrentar un dilema: o la plata se destina para informar a la ciudadanía sobre la gestión que desarrollan o terminan promoviendo su imagen con claros sesgos personales e ideológicos.
El informe, plasmado en la revista Páginas para la libertad de expresión, revela que en el cuatrienio anterior 29 gobernaciones y 32 alcaldías invirtieron 656.804 millones de pesos, una cifra que supera, por ejemplo, todo el presupuesto asignado al Ministerio de Ciencia en 2024 (400 mil millones). La información es un derecho que tenemos los ciudadanos, por lo tanto, debe llegar de forma transparente, eso nadie lo pone en duda.
El problema surge cuando los recursos estatales "se han destinado, en mayor o menor medida, con el objetivo de amarrar fidelidades, acallar críticas, enaltecer la imagen propia de las y los políticos y de sus partidos, contratar a dedo y viciar constantemente los principios más elementales de la contratación estatal". Medios que callan para no perder pauta, periodistas que olvidan contrapreguntar y administraciones que ejercen presión económica son formas veladas de censura.