CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El ex procurador general Jesús Murillo Karam, quien está detenido desde hace casi dos años, fue trasladado el sábado a su casa en el oeste de la capital mexicana desde donde seguirá el proceso judicial por obstrucción a la justicia, tortura y desaparición forzada en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en el 2014 en el estado sureño de Guerrero.
Bajo el resguardo de las fuerzas de seguridad, Murillo Karam fue llevado desde un centro carcelario capitalino a su residencia luego de que un juez le concedió el viernes la medida cautelar de prisión domiciliaria.
La decisión se dio una semana después de que un tribunal colegiado en materia penal de la Ciudad de México dictaminó que el exprocurador podía continuar desde su casa el proceso judicial debido a que "padece una enfermedad grave y tiene más de 75 años".
El abogado del exfuncionario, Javier López, dijo a la emisora local Radio Fórmula que Murillo Karam padece de Alzheimer, diabetes, hipertensión arterial y una enfermedad pulmonar.
Murillo Karam fue apresado en agosto del 2022 y enfrenta dos procesos por los delitos de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela normal de Ayotzinapa en la ciudad de Iguala, Guerrero.
El arresto del exprocurador se dio en medio de una serie de acciones que realizó la Fiscalía General de la República en el 2022 que implicaron la detención de varios civiles y militares, entre ellos el general retirado José Rodríguez Pérez, quien fuera el comandante del 27mo Batallón de Infantería de Iguala.
Desde hace casi dos años el llamado caso Ayotzinapa entró en una crisis luego de la renuncia de un fiscal especial, el retiro de un grupo de expertos internacionales de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, las críticas que se hicieron contra un informe que presentó una comisión gubernamental que investiga los hechos y la salida en octubre pasado del presidente de esa instancia y subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas.
La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (COVAJ) rechazó el viernes la decisión del juez que otorgó la prisión domiciliaria a Murillo Karam, y dijo en un comunicado que con la medida cautelar "se atenta una vez más contra el derecho a la verdad y la justicia de las víctimas y sus familiares, toda vez que el exfuncionario ha sido señalado como uno de los principales responsables de obstruir la justicia".
La COVAJ afirmó que seguirá trabajando para reforzar los trabajos de búsqueda en campo, continuar con los esfuerzos para "romper el pacto de silencio criminal y obtener información que permita dar con el paradero de los jóvenes desaparecidos", e intensificar las acciones legales para castigar a los responsables de los hechos.
A casi diez años del incidente no está claro ni el móvil del crimen ni el destino de los estudiantes, aunque se encontraron restos calcinados de tres de los jóvenes y se presume que todos fueron asesinados por miembros de un cártel local que traficaba heroína y que actuó coludido con fuerzas de seguridad y autoridades locales, estatales y federales, incluidos militares.
En los últimos meses los padres de los jóvenes y sus abogados han intensificado las críticas contra el gobierno al que han acusado de no cumplir los compromisos para resolver el caso, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador ha desestimado los cuestionamientos y ha asegurado que sigue comprometido en la búsqueda de los estudiantes y en esclarecer los hechos.
Un grupo de manifestantes realizó el mes pasado una violenta protesta en el palacio de gobierno, en el centro de la capital mexicana, donde con la ayuda de una camioneta derribaron una de las puertas de la antigua edificación para exigir a López Obrador que atienda a los familiares de los jóvenes desaparecidos y aceleren las investigaciones.