J. Gutiérrez / EP
Endesa alerta de la lentitud con que se conduce el Ministerio para la Transición Ecológica a la hora de propiciar la sustitución de los grupos de generación eléctrica que han cubierto su vida útil desde hace años. Los fallos de estas máquinas son los que mantienen constantemente a Canarias al borde del apagón. El ministerio ha iniciado el proceso de sustitución, pero se prevé largo; hasta dentro de dos años –los más optimistas elevan el plazo a tres– no llegarán nuevos generadores, más estables y eficientes, y menos agresivos con el medio ambiente.
La energética celebró ayer su junta general de accionistas anual y el consejero delegado, José Bogas, se guardó una mención para el capítulo de la «generación regulada en los sistemas no peninsulares». En los primeros días de este mes, durante una comparecencia en el Senado, la ministra Teresa Ribera señaló como «fundamental contar con un sistema eléctrico del siglo XIX», pero mediante un proceso de «total garantía».
"El Plan Estratégico 2024-26 no contempla ninguna inversión en nueva capacidad"
En esa misma intervención situó «en el entorno del verano» la convocatoria del concurso que estaría fallado antes de terminar este año. «El Plan estratégico 2024-26 no contempla ninguna inversión en nueva capacidad a la espera de la próxima convocatoria del concurso de concurrencia», detalló ayer Bogas.
El consejero delegado de Endesa no dejó pasar la oportunidad de recalcar que han pasado once años sin poner en marcha un solo «proceso de concurrencia de nueva capacidad y es urgente» hacerlo «para garantizar el suministro y reducir las emisiones». Por ello, consideró necesario «actualizar la regulación, mejorarla y agilizar los trámites», con el fin de adaptarla a las «necesidades actuales».
"Oposición social"
Otro de los asuntos que mereció la atención del primer directivo de la energética de referencia en el Archipiélago fue «la creciente oposición social y la judicialización de la ejecución de numerosos proyectos». Entre ellos incluyó los que se ponen sobre la mesa para avanzar en la carrera por «la descarbonización». José Bogas expuso la necesidad de «otorgar seguridad jurídica a las inversiones» en renovables y anunció que para algunas iniciativas en este ámbito de las energías limpias, Endesa contempla contar con socios.
Una necesidad de estabilidad en la tramitación que hizo extensiva a todo el país, ya que el crecimiento de la actividad industrial está encontrando «muchas dificultades». Durante su intervención ante los accionistas, reveló que cada vez hay más casos de empresas que, a pesar de verse atraídas por la disponibilidad y los precios de la energía en España, ven imposible instalarse por unas limitaciones regulatorias y unos topes a la inversión que «no permiten dimensionar y adaptar la capacidad de acceso» a las redes de distribución.
A este respecto, puso el ejemplo de los centros de procesamiento de datos, una industria que ve en España, por su mano de obra cualificada e infraestructuras eléctricas y de fibra, «un lugar ideal» para crecer, pero en donde la falta de capacidad de la red no les permite llevarlo a cabo. «Un dato: mientras que en Irlanda el consumo eléctrico de los centros de datos está próximo al 20% del total de la demanda, en España supone solamente un 0,2%», señaló.
"Es necesario que se eliminen los topes a la inversión"
Bogas señaló que la compañía tiene capacidad para incrementar su inversión, de acuerdo con lo contemplado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) del Gobierno a 2030, pero recalcó que para ello «es necesario que la regulación de esta actividad mejore, que se eliminen los topes a la inversión y que la remuneración sea adecuada para que la inversión tenga una rentabilidad razonable».
En concreto, el grupo energético prevé destinar a las redes de distribución 2.800 millones en su plan estratégico 2024-2026 –8.900 millones de euros en total–, 200 millones de euros más que en el plan anterior.
«Fundamentalmente eléctrico»
Bogas defendió que el modelo energético debe ser, «fundamentalmente, eléctrico», pero «competitivo para los consumidores y rentable para el inversor». Por eso consideró «urgente» una retribución «razonable».
Además, el consejero delegado aprovechó para volver a criticar el gravamen extraordinario para energéticas y bancos impuesto por el Gobierno durante dos ejercicios, ya que «detrae opciones» a la capacidad de «invertir y afrontar con éxito las exigencias que impone la transición energética».
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