Ángeles Vázquez
La Fiscalía ante el Tribunal de Cuentas no ha vuelto a modificar sus conclusiones y en su dictamen definitivo ha considerado que la responsabilidad contable que supuso el 1-O y la acción exterior del Govern debe ser resarcida con la cantidad de 3,1 millones de euros, la misma cantidad que fijó tras la celebración de la vista con la que hace un año se preparó el juicio. De ahí que el fiscal jefe Manuel Martín-Granizo proponga que tanto el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, como el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y los otros 33 demandados resarzan con esa cantidad a la administración catalana.
Una vez que presente sus conclusiones sobre el daño que la conducta de los demandado supuso a las arcas públicas la acusación que ejerce Societat Civil Catalana, para lo que dispone como máximo hasta este jueves, será el turno de las defensas. La consejera delegada encargada de juzgar estas actuaciones, Elena Hernáez, tenía intención de dar a conocer su sentencia en un plazo de 20 días después de tener en su poder todas las concusiones.
Las cantidades reclamadas por el ministerio público ascienden a 883.695 por los gastos de referéndum, que es la cifra que se obtiene del 1.219.838 que supuso, menos los 336.143 euros de la campaña Civisme, que se excluyó por Martín-Granizo en la vista de preparación de pruebas. Por los gastos de acción exterior la cantidad reclamada no se ha modificado y el fiscal sigue reclamando los mismos 2.209.503 del principio. Ello hace un total de 3,1 millones de euros.
El escrito de conclusiones afirma que "el menoscabo es real y efectivo, al haberse producido la salida de los fondos implicados del patrimonio del ente perjudicado, y se encuentra plenamente individualizado, con identificación de cada uno de los actos que dieron lugar al perjuicio".
El fiscal considera que "se encuentra acreditado que fueron los actos desplegados por los demandados los que dieron lugar a la producción del perjuicio, por ser su causa inmediata y directa, sin que exista ninguna duda acerca de que los daños resultan objetivamente imputables a su conducta".
Así, la fiscalía señala que "la responsabilidad contable" de los expresidentes catalanes Artur Mas y Carles Puigdemont, "deriva precisamente de su participación y dirección de todos los proyectos, estrategias y procedimientos necesarios para desarrollar relaciones y actividades en el ámbito internacional, excediendo los límites de la promoción en el exterior de los intereses del conjunto de Catalunya" que el artículo 4 de la Ley de Acción Exterior permite a las comunidades autónomas.
En el caso de Andreu Mas-Colell y de Oriol Junqueras, el fiscal explica que "la Ley de Finanzas Públicas de Catalunya" aprobada en 2002 "otorga especial protagonismo al consejero del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de la Generalitat, al señalar en su artículo 30 que dicho Departamento formulará el proyecto de ley del presupuesto para someterlo al acuerdo del Govern".
Por ello el Fiscal pide que se "dicte sentencia de conformidad con lo interesado en la demanda que formuló en el presente procedimiento, con las modificaciones introducidas en su momento al desistir de la reclamación por la Campaña Civisme y con expresa petición de rectificación de los errores materiales detectados".
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