El anterior concesionario que explotó los espacios públicos de bar y restaurante del hipódromo de Son Pardo no pagó la mayor parte del canon acordado en el contrato firmado con el Consell de Mallorca, que se prolongó durante cuatro años. Un periodo en el que coincidió también con la pandemia sanitaria y ello obligó al Consell de Mallorca a revisar una serie de acuerdos económicos fijados en el contrato inicial, ya que durante varios meses el restaurante permaneció cerrado, o sometido a una serie de restricciones justificadas por la situación sanitaria que se estaba viviendo.
No fue hasta el pasado mes de junio, pocos días antes de que se realizara el cambio de gobierno en el Consell de Mallorca, cuando la institución dirigió un comunicado a la empresa, instándole a que abonara los 345.000 euros que se fijaban en el contrato de explotación. Esta cantidad estaba relacionada con los 20.000 euros mensuales de alquiler, un precio más que asumible teniendo en cuenta la gran afluencia de público que ha tenido desde hace años el restaurante del hipódromo.
El dinero fijado en el contrato no se le reclamó a la empresa hasta casi el final de la legislatura
Sin embargo, la empresa no solo se ha opuesto a abonar esta elevada cantidad, sino que incluso ha llevado esta disputa ante los tribunales. El juzgado de lo contencioso número 1 de Palma está tramitando una demanda presentada por la empresa de restauración, en la que como propuesta principal solicita que se anule el acuerdo administrativo por el que se acordó reclamar este dinero por los cuatro años de explotación del restaurante de Son Pardo. La principal afirmación que mantiene la concesionaria es que, después de varias reuniones para negociar la situación provocada por la pandemia, se alcanzó un acuerdo verbal y se acordó que el alquiler definitivo quedaba fijado en 400 euros al mes. Es decir, según la versión de la concesionaria, de los 20.000 euros de alquiler mensual, se pasaba a 400 euros. Sin embargo, lo cierto es que tampoco se han venido abonando los 400 euros, porque no aparece ningún ingreso por esta cantidad en las cuentas del Instituto Hípico de Mallorca, que depende directamente del Consell.
La institución insular, como es lógico, se ha opuesto a la demanda y ha pedido al juez que ratifique la reclamación que fue notificada a la empresa el pasado día 23 de junio.
El concesionario afirma que hubo un acuerdo verbal para bajar el alquiler debido a los efectos de la pandemia
Sin constancia
Los abogados del Instituto Hípico de Mallorca no tienen ningún conocimiento, al menos de forma oficial, que este supuesto acuerdo verbal hubiera existido, pero que en cualquier caso no sería válido. En la administración no se permite los acuerdos verbales. Todos se deben reflejar por escrito a través de las correspondientes resoluciones administrativas. El Consell de Mallorca ha analizado en profundidad el expediente administrativo relacionado con este acuerdo de concesión aprobado en la anterior legislatura, y entre los documentos no figura absolutamente nada de este supuesto acuerdo no escrito para reducir el alquiler del restaurante y limitarlo a la ridícula cantidad de 400 euros al mes.
En contestación a la demanda, la representación legal del Consell de Mallorca ha querido aclararle al juez los acuerdos económicos que se aprobaron durante la pandemia sanitaria con la empresa concesionaria. Así, por ejemplo, durante los tres meses de confinamiento al concesionario se le perdonó el alquiler. Mientras que en los meses siguientes también se aprobó una rebaja del precio mientras se desarrollaron las restricciones de aforo del restaurante. Y una vez superada esta crisis sanitaria, las cantidades que se debían pagar retornaron a las cifras acordadas en el contrato de concesión.
El Consell de Mallorca desconoce en estos momentos la razón por la que el anterior equipo de gobierno no exigió todos los meses el pago del alquiler acordado y no lo hizo hasta poco antes de abandonar el poder.
La gestión del Instituto Hípico de Mallorca durante la anterior legislatura también ha sido muy cuestionada por los servicios de Intervención del Consell de Mallorca. Esta empresa, que se financia casi en su totalidad de los ingresos públicos, gastó durante la pasada legislatura para el fomento de este histórico deporte 7.2 millones de euros. Sin embargo, de esta cantidad, 1,8 millones se gastaron a través de concesiones directas, es decir, fueron contratos a dedo. Además, también se averiguó que muchas de estas empresas beneficiadas con este tipo de contratación están situadas en sa Pobla, que es la misma localidad de donde procede la expresidenta Catalina Cladera.
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