Diputados del Frente Amplio denunciaron que la alcaldesa de Nogales, Margarita Osorio (IND de derecha), asistió al Casino Enjoy de Rinconada pese a estar bajo arresto domiciliario nocturno luego de ser formalizada por el delito de estafa.
Diego Ibáñez y Francisca Bello, ambos parlamentarios de Convergencia Social, acusaron que la máxima autoridad comunal había solicitado un permiso al tribunal para asistir a un evento de la Asociación de Municipalidades, sin embargo, la fotografiaron al interior del casino apostando en las máquinas.
"Una vergüenza", dijo Bello quien además recordó que "no solo es una falta a la verdad, sino que recordemos que los funcionarios públicos y municipales no pueden apostar, faltando además a la probidad, según la Ley 19.995".
Por ello, anunciaron la presentación del caso a Contraloría. Ibáñez remarcó que "nos parece una vergüenza que la alcaldesa use el permiso que se le otorgó para atender necesidades importantes del municipio, como las que se conversan en las reuniones de la AMUCH, para irse a apostar al casino".
"Esto una falta de respeto para los vecinos y se suma a la larga lista de episodios que ha protagonizado la alcaldesa de Nogales, por lo que pedimos a la Contraloría que aclare si es que esto es legal o no", enfatizó.
LA CAUSA CONTRA OSORIO
La alcaldesa fue formalizada en junio de 2022 acusada de estafar a comités de vivienda de la comuna de Cabildo y de la localidad nogalina de El Melón.
Según la denuncia del Ministerio Público, Osorio habría defraudo por 170 millones de pesos a vecinos de esos sectores a quienes les pedía aportes para la incorporación a un proyecto de viviendas, el cual nunca existió.
La querella en su contra relata que "se les informó (a los comités) del ingreso de un proyecto habitacional al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), contexto en el que constantemente los querellados habrían requerido de diversos pagos a las víctimas, no concretándose el proyecto que el 24 de agosto del 2018 fue retirado del SEA".
Junto a Osorio también fueron formalizados la exconcejala Isabel Zamora y el arquitecto Mauricio Torres. El recurdo detalló que los tres involucrados "estaban concertados para defraudar, toda vez que cada uno cumplía un rol a la perfección".
"La exconcejala Isabel Zamora era la encargada de coordinar con el arquitecto, y a su vez recibir los pagos. Por su parte la alcaldesa Margarita Osorio se encargaba de amedrentar a los socios del comité para que pagaran, al punto de indicarles que, si se querían ir, estaban obligados a traer a otra persona en su reemplazo", describió la querella.