Por primera vez desde que huyó de la Justicia, el 29 de octubre de 2017, Carles Puigdemont está dispuesto a someterse a la jurisdicción de los magistrados que lo investigan en España. Así lo confirman a este diario fuentes de su entorno más cercano después de que este lunes el Tribunal Supremo lo citara como investigado por terrorismo en el caso Tsunami.
Según sus colaboradores, Puigdemont acudiría a la llamada de la juez Susana Polo como candidato de Junts negociando su investidura como president pasado ya algo más de un mes del 12-M.
Las elecciones catalanas están convocadas para el domingo 12 de mayo. Según la ley electoral catalana, el Parlament se constituye oficialmente un mes después de la cita con las urnas, el 12 de junio. Y para esa fecha ya se habrán tenido que culminar la primera parte de las negociaciones, para constituir la Mesa de la cámara autonómica.
"Primero tenemos que ganar la presidencia, y después ya luchar y luchar, para mantener la posición", explica otro dirigente del partido cercano de derecha independentista, al expresident fugado. Es decir, para forzar a Pedro Sánchez a pactar un referéndum de autodeterminación.
"No está decidido aún" si se someterá a la citación, apunta un portavoz oficial, en contra del rechazo habitual a los "jueces represores". Pero si lo hace, será porque se cumplan dos condiciones, explica un tercer miembro de la cúpula de Junts: que la suma de las formaciones independentistas le den la posibilidad de proponerse a la investidura, y que la Ley de Amnistía ya esté publicada en el BOE.
Es más, añade esta última fuente, "una vez que la ley esté en vigor, lo lógico es pensar que ya no tendrá sentido la citación".
Los jueces
Aunque la cosa no está tan clara. En Junts son conscientes de que los tribunales españoles harán lo posible -"en todos los casos, porque le tienen ganas"- por frenar la aplicación de la amnistía. Ya sea por la vía de recursos al Tribunal Constitucional (TC) o de consultas prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
A Puigdemont se le investiga en España por tres vías. La ya citada del caso Tsunami y, también en el Supremo, por desobediencia, desórdenes públicos agravados y malversación en la causa general del procés. Además, el juez Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, prevé imputarlo por traición en el llamado caso Volhov, que trata de desentrañar la trama rusa alrededor del referéndum ilegal del 1-O.
La norma establece un plazo máximo de dos meses para borrar o archivar todas las causas, una vez la amnistía esté publicada en el BOE. Y además, "la ley prevé el levantamiento de todas las medidas cautelares", apunta el quipo de abogados de Puigdemont, aun así con sospechas de que no sea tan automático.
Pero tal como informó EL ESPAÑOL en primicia, Puigdemont ha consultado con su abogado, Gonzalo Boye, y tiene previsto volver a España -"a Cataluña", corrigen las fuentes- si puede sumar apoyos para su investidura, "hagan lo que hagan los jueces", es decir, le hayan aplicado o no la amnistía. "Y que pase lo que tenga que pasar".
En ese desafío se enmarcaría la decisión, aún no tomada oficialmente, de atender la llamada de la magistrada del Supremo para declarar como imputado por terrorismo. "De hecho, es lo que ya hemos hablado", insiste un miembro del equipo jurídico del expresident fugado, "para esas fechas Puigdemont ya estará en Cataluña".
Al líder de Junts se le ha comunicado este lunes el auto de la magistrada Polo citándolo, junto al diputado autonómico Rubén Wagensberg (ERC), también huido -él, en Suiza- para que declaren como investigados por el caso Tsunami Democràtic entre los días 17 y 21 de junio de 2024.
Polo no pone en aprietos a Puigdemont ni a Wagensberg, prófugos ambos de la Justicia: los cita a declarar por videoconferencia, a ambos. Así, el expresidente catalán no tendría que pisar suelo español ni arriesgarse a ser detenido, ya que pesa sobre él una orden de detención dictada por el juez Pablo Llarena en la causa del procés.
Tres oscuros deseos
En todo caso, los resultados ya habrán aclarado si hay mayoría absoluta independentista, y si ésta la encabeza Junts. Además, la Mesa del Parlament ya estará constituida para entonces.
Así, que viajara a España como candidato a la presidencia -"a la restitución de lo que nos arrebataron con el 155 ilegítimo", explica él mismo- y fuera arrestado por una acusación de terrorismo para comparecer ante el juzgado cumpliría varios oscuros deseos, expresados en privado por líderes de Junts.
Por un lado, en opinión de la formación política separatista "demostraría que el sistema judicial español no es democrático, ni cumple con el Estado de derecho", si le impide aplicar "la represión al independentismo". Y por otro, un deseo expresado por la portavoz de su partido en el Congreso, Míriam Nogueras: "El juez que no aplique la ley estará incurriendo en prevaricación, y sería perseguido penalmente".
"Falta mucho para ese escenario", concluye otro de los portavoces consultados en Junts por este diario. Pero la citación ha cumplido un tercer anhelo de la candidatura Junts+PuigdemontxCatalunya.
La papeleta del 12-M llevará la efigie del 'expresident', ya que en su figura se basa toda la campaña... y este episodio judicial le ha entregado los focos, precisamente, cuando Pere Aragonès estaba acaparando la mayoría de ellos en las últimas fechas.
Este lunes, el candidato a la reelección por ERC comparecía en el Senado para "trolear" al PP y "advertir" al PSOE de que, pasada la página de la amnistía, ahora toca negociar el referéndum.
El president daba su discurso pasadas las 11.00 de la mañana, en el que desglosó su capitalización de la amnistía y sus propuestas de "financiación singular" y de la "autodeterminación pactada".
Pero apenas una hora después, cuando le respondían con dureza los presidentes del PP, el foco viajó al TS y a Waterloo... o al sur de Francia, donde se ha establecido Puigdemont para su campaña. Lo más cerca posible para cruzar la frontera en cuanto esto le convenga. Para, de nuevo, atraer los focos, señalar a los jueces, desafiar a Sánchez, y acaparar votos para el 12-M.