El congresista de Renovación Popular (RP), Jorge Montoya, presentó una moción con el objetivo de crear una comisión investigadora para determinar las presuntas responsabilidades penales y políticas que motivaron la muerte del expresidente Alan García.
A través de un documento, el parlamentario precisó que dicho grupo de trabajo también tendría como objetivo investigar la presunta vulneración de los derechos constitucionales que llevaron al fallecimiento del exmandatario.
"Conformar una Comisión Investigadora respecto a presuntas responsabilidades penales y políticas por el procedimiento judicial y la vulneración de los derechos constitucionales que motivaron la muerte del expresidente constitucional Alan García Pérez", se lee en el oficio.
El parlamentario de Renovación Popular sostuvo que el Congreso de la República está obligado a pronunciarse en asuntos de "relevancia histórica para el interés nacional", ello con la finalidad de preservar el respeto del derecho a la verdad "como es el caso de las circunstancias que rodearon a la muerte del expresidente".
"Es obligación del Congreso de la República, pronunciarse en asuntos de relevancia histórica para el interés nacional, preservando el respeto del derecho a la verdad como es el caso de las circunstancias que rodearon a la muerte del expresidente de la República señor Alan García Pérez", sostiene el texto.
En esa misma línea, en el oficio se asevera que existe un "un ánimo de persecución", el cual tiene el propósito de "afectar la memoria y legado" de Alan García.
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"El Poder Judicial autorizó al despacho del equipo especial Lava Jato, a cargo de José Domingo Pérez, que pueda acceder a revisar los dos equipos celulares incautados el día que falleció el expresidente Alan García, situación que revela un ánimo de persecución con el propósito de afectar la memoria y legado de este personaje político", agrega la misiva.
¿De qué era investigado Alan García?
La Fiscalía peruana investigaba a García por presunto lavado de activos provenientes de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y el Poder Judicial había ordenado su arresto preliminar (10 días).