El plan integra una estrategia global: "Recorte de gastos políticos".
La idea surgió de la mesa chica de poder: Macri, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta y Marcos Peña. El jefe de Gabinete es el más moderado para los cambios. La gobernadora, la más entusiasta.
Todo se aplicará después del 22 de octubre.
"El 22 de octubre arrasamos", dice Macri en la intimidad: su plan para podar ministros
Peña, Vidal, Macri y Larreta.
En la Casa Rosada descuentan un espaldarazo electoral. Así lo dice Macri en la intimidad:
─El 22 arrasamos.
Pero el plato fuerte está en la propia Casa Rosada: Macri estudia dar una señal de austeridad recortando el inmenso Gabinete que armó en 2015.
Ya se habla de quitar alrededor de 6 carteras y fusionar muchas secretarías y subsecretarías.
En observación hay al menos 10 áreas como Medio Ambiente, Defensa, Justicia, Interior, Seguridad, Ciencia y Técnica, Producción y Turismo.
Un par de funcionarios que serían desplazados tal vez obtengan una compensación: están libres embajadas como las de Francia y Estados Unidos.
Los eventuales cambios pusieron en alerta a los radicales. Resisten la idea que hay en la Casa Rosada: se afirma que después de las elecciones Macri se cerrará aún más sobre su círculo de confianza.
Eso genera un estado de ansiedad entre muchos ministros y dirigentes que no gozan de la total aprobación del Presidente.
Macri, por ejemplo, está molesto con quienes llevaron adelante el caso Odebrecht.
Se trata de una mácula donde Macri acumuló éxitos. Peor aún, porque abre suspicacias internas: ¿fue negligencia o se quiere tapar algo o a alguien?
Lo cierto es que Argentina no logró un acuerdo con la constructora brasileña y eso asegura impunidad para Julio De Vido y funcionarios que cobraron coimas por 32 millones de dólares.
Así el país se iguala con otros muy cuestionados en el exterior: junto con Venezuela y Angola con los únicos que no llevan adelante investigaciones serias por Odebrecht. Sólo se investigan a perejiles.
El Gabinete tiene 23 ministerios -algunos con rango de ministros- y en muchos casos pasa lo siguiente: ni se conoce qué hacen. Y en otros la gestión fue deficiente.
Macri también quiere dar una señal política a bajo costo: mostrar un marketing de austeridad, algo que el Gobierno no tuvo durante sus primeros años.
Desde el inicio de su gestión el déficit fiscal aumentó, por encima del astronómico rojo que dejó Cristina. Ahora sería de 8 puntos del PBI. Se trata de 48.000 millones de dólares.
Eso incluye déficit cuasifiscal -la bicicleta financiera- del Banco Central y el descontrol de las provincias.
También sería un gesto político para la sociedad. Hasta ahora los recortes de gastos incluyeron un gran ajuste y aporte de la población. Fueron fruto de la quita de subsidios y no de un ajuste de la burocracia.
Macri trabaja el recorte con su íntimo grupo de colaboradores. El rediseño está a cargo de Mario Quintana, Gustavo Lopetegui y Andrés Ibarra.
Las reuniones son secretas y de la evaluación política participan el propio Presidente -obvio- y el jefe de Gabinete Peña.
El tamiz político final hizo que, entre otras, se desechara la idea inicial de fusionar Agroindustria con Producción.
La intención era dejar todo en manos de Francisco Cabrera. Existen críticas internas a la gestión de Ricardo Buryaile. En especial una: que no capitalizó para la Casa Rosada los fuertes beneficios que Macri le otorgó al campo. Luis Etchevehere, conociendo esto, fue una opción de relevo: la Sociedad Rural que preside lo fogoneó.
Pero hay una necesidad política y eso frenó los planes iniciales de la Jefatura de Gabinete: quieren fortalecer a Buryaile como candidato a gobernador de Formosa para 2019 y para eso necesita continuidad en su ministerio.
Otro tanto ocurre con Ciencia y Técnica: muchos sueñan con desplazar a Lino Barañao, pero su salida generaría un serio conflicto con la comunidad científica.
Por eso llama la atención la pasividad del Gobierno con ex funcionarios kirchneristas: por ejemplo, Ricardo Echegaray sigue en la AFIP y ahora se refugia en el Parlamento. Esta semana se aprobó su pase en comisión con un sueldo bruto de 110.000 pesos.
Echegaray utilizó la AFIP para perseguir adversarios y es el responsable de encubrir graves delitos: negociados de Lázaro Báez, estafas de Cristóbal López y beneficios al ex vicepresidente Amado Boudou.
En el caso Ciccone utilizó a un funcionario de confianza. Se trata del procesado Rafael Resnick Brenner, quien creó un sindicato trucho (de sólo 100 agremiados) para tener fueros y seguir, incluso ahora, en la AFIP.
Ambos están protegidos. Dicen que Echegaray centra su poder en una cuestión: el robo de informes secretos de inteligencia de la AFIP sobre el patrimonio de la cúpula de poder en la Argentina.