A diferencia de los encuestadores, los historiadores trabajan con "el diario del lunes" y saben cómo terminan sus historias. Entre el sábado y el lunes pasados se confirmó que no había signos de violencia en el cuerpo de Santiago Maldonado, y pareciera ser que el caso empieza a esclarecerse sin implicaciones para el Gobierno.
Pero no lo supimos durante los 78 dramáticos días en los que la opinión estuvo en vilo. Los actores, que debían tomar decisiones, vivieron angustiados por la posibilidad de que un pequeño error tuviera un efecto catastrófico. Durante estos dos meses largos se opinó mucho sobre los aciertos y errores del Gobierno. Hoy, el "diario del lunes" nos permite una apreciación más segura.
Lo potenció el proceso electoral, y sobre todo la acción del núcleo fundamentalista que sigue a Cristina Kirchner, quien vio en el muerto la posibilidad de agudizar el clima de inestabilidad y violencia que estaba creando por otros medios. El Gobierno suele tener respuestas débiles y poco convincentes en el flanco de los derechos humanos, y durante estos dos meses largos pareció "caminar sobre huevos", confiando en que, de un modo u otro, la bomba no estallaría antes del 22 de octubre.
Pero en esta potenciación de la desdichada desaparición operó un factor más profundo: el trauma de una memoria histórica conflictiva y perturbadora según la cual "Macri es la dictadura" y no hace ascos a la "desaparición forzosa".
Esta idea, que alimenta la gente de Bonafini y la de Verbitsky, está sólidamente instalada no sólo en el "cristinismo", sino también en una periferia que no la quiere pero es muy sensible al tema de los derechos humanos. ¿Cómo contradecir la versión espontánea que, antes de cualquier prueba, hizo de Santiago Maldonado una víctima de la represión?
El Gobierno transitó estos 78 días por un estrecho desfiladero rodeado de precipicios. Nada de lo que hiciera podía satisfacer a quienes le reclamaban la aparición de Maldonado. Decidió descartar las alternativas fáciles -y a la larga desastrosas-, asumió los riesgos y apostó a que, al final del camino, la verdad aparecería.
Pudo haberse hecho eco de las sospechas sobre la Gendarmería, convertirla en el pato de la boda y arrojarla a la pira ardiente que ya se estaba montando. Lo reclamaba el sector "rabioso" de la oposición y también los amigos aterrorizados por un posible fracaso electoral. La ministra Patricia Bullrich, que siempre fue corajuda, hizo su investigación interna, se convenció de que no había ni complot ni pacto de silencio y asumió el riesgo de sostener al cuerpo más confiable de los que comanda. El Gobierno decidió apoyarla. Fue una decisión tomada sin el "diario del lunes", una apuesta riesgosa, muy criticada hasta el último momento, que finalmente resultó bien.
El otro problema del Gobierno era la comunidad mapuche, enfrentada con la Gendarmería. Un "pueblo originario" tiene hoy un poder simbólico grande. La Constitución protege sus derechos y el relato populista dominante los ha incorporado a su narrativa, salvo cuando se trata de los qom de Félix Díaz, pues Gildo Insfrán quizá sea un genocida, pero es "popular".
Muchos de los mapuches están integrados y algunos ocupan tierras, como la de Pu Lof, escenario del caso. ¿Quiénes hablan en su nombre? Tienen sus dirigentes y voceros, pero también hay vanguardias esclarecidas que hablan en su nombre, como Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), un grupo violento que se declara anarquista y desconoce al Estado. Se relacionan con "el pueblo mapuche" tanto como el ERP con la "clase obrera" o Montoneros con el "pueblo argentino".
Los reclamos mapuches de tierras pueden ser negociados, pero la pretensión de soberanía constituye un desafío al Estado y las limitaciones a la Justicia para investigar in situ son inadmisibles, aunque el Gobierno y el juez, con buen criterio, hicieron caso omiso. Más difícil de ignorar es la acción violenta de la RAM y otros grupos afines que actúan impunemente esperando, como los anarquistas de 1900, que un muerto pusiera en evidencia la violencia constitutiva del Estado. Maldonado llenó ese vacío.
Esto tocó al Gobierno en un punto sensible. Desde la última dictadura, la mayoría de los argentinos tiene dificultades para distinguir la violencia legítima de la ilegítima. Es cierto que las propias fuerzas de seguridad las confunden.
Pero ningún gobierno democrático supo establecer hasta dónde es legítimo usar la fuerza ni cuál es el límite entre la libre expresión y el delito. Para la opinión mayoritaria, en el "caso Maldonado" nunca hubo dudas: cualquier intervención de la fuerza de seguridad era represiva.
Todo esto conformó una bomba de tiempo muy difícil de desactivar. El Gobierno fue criticado por bogar y por no bogar. Desde los "derechos humanos" se le exigió que no reprimiera; desde el campo propio se le reclamó que no tolerara la usurpación de soberanía y, a la vez, que no hiciera nada que intranquilizara a los votantes. El Gobierno eligió una línea prudente: tolerar algunas irregularidades, respaldar y dejar actuar a la Justicia, y jugar con el tiempo. Fue una decisión arriesgada, que finalmente resultó exitosa.
Hace pocos días salió el "diario del lunes": el "caso Maldonado" comenzó a aclararse -murió ahogado, sin signos visibles de violencia- y el Gobierno obtuvo un notable triunfo electoral. Quedó claro que sobre la lamentada muerte de Maldonado se montó una construcción desmesurada, sustentada en una mínima base y llena de fantasías, que finalmente se disolvió.
Pero la historia no termina aquí. La verdad -esa evidencia sólida sobre la que se construyen opiniones- puede poco frente a la inmutable fe de los creyentes. Ya lo comprobamos con los "30.000 desaparecidos". Convertido en mito, Maldonado seguirá viviendo como una víctima de la salvaje represión estatal. Y más pronto o más tarde, aparecerá un nuevo caso que movilice el formidable aparato ideológico y cultural que solemos llamar "relato" y que revelará, obstinadamente, que "Macri es la dictadura".
Afirmado por estas elecciones, ante hechos similares el Gobierno tiene un solo camino: sostener el Estado de Derecho y el gobierno de la ley. No puede tolerar a los grupos violentos; hay demasiada experiencia sobre los riesgos de dejar que se desarrollen. Mucho menos puede tolerar las pretensiones de soberanía territorial, algo muy diferente de los reclamos de tierras.
Pero, yendo al fondo de la cuestión, alguien deberá encarar la compleja cuestión cultural de un "relato" que, en nombre del pueblo, perturba y obstruye, y hasta legitima todo lo que la ley prohíbe. Hay que revisar el relato y hacer fluir por él una buena dosis de pluralismo y sentido democrático republicano. A la larga, es el único camino para evitar nuevos "casos Maldonado".
Historiador, investigador principal del Conicet