Aplicando el principio de "justicia universal", la Cámara Federal porteña abrió hoy la puerta para que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y otros funcionarios de su gobierno, sean indagados por presuntas violaciones a los derechos humanos.
La Cámara Federal hizo lugar a la reapertura de una denuncia por el principio de la "justicia internacional" en una investigación que había sido impulsada por el fiscal federal Carlos Stornelli.
Aplicando el principio de "justicia universal", la Cámara Federal porteña abrió hoy la puerta para que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y otros funcionarios de su gobierno, sean indagados por presuntas violaciones a los derechos humanos.
Los camaristas Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens reabrieron una causa en la que Maduro fue denunciado por supuestas víctimas de su gobierno y una organización internacional.
La investigación, que había sido impulsada por el fiscal federal Carlos Stornelli, arribó a un fallo que exhorta a "la producción de las medidas de carácter preventivo que solicitara el Representante del Ministerio Publico Fiscal en oportunidad de instar la acción, así como toda otra que se estime conducente".
"Deviene imprescindible para contrapesar el accionar delictivo ejecutado por las autoridades estatales del gobierno venezolano, por lo que deberá ordenarse al Juez instructor (Sebastián Ramos, ndr) que las implemente con celeridad", subraya el fallo.
A su vez, los camaristas Bruglia y Bertuzzi adelantaron que "en caso de hallarse reunidos los requisitos legales se proceda a avanzar en la convocatoria a indagatoria de los aquí imputados".
Llorens, por su parte, fue más allá y pidió incluso la captura de Maduro.
"Es impostergable que el juez resuelva la petición de convocar a declaración indagatoria a Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello (diputado de la Asamblea nacional) y todos aquellos identificados como responsables", sostuvo.
Además, pidió que "se someta a juicio a todos los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, que fueran denunciados en las presentes actuaciones, debiendo disponer todas las medidas cautelares urgentes que permitan la sujeción de los responsables al proceso, como ser su orden de captura inmediata".
La causa se inició por una presentación de la organización internacional Clooney Foundation for Justice y Amnistía Internacional, que denunciaron ante la Justicia argentina al Estado Venezolano por presuntas violaciones a los derechos humanos cometidos por el gobierno venezolano desde 2014 hasta la actualidad.
La denuncia fue presentada en Comodoro Py el 14 de junio pasado y quedó registrada con el número 2001/2023, está caratulada como "averiguación de delito".
La principal denunciante es Rosa María Orozco Seijas, quien en un blog en internet contó: "El 22 de mayo se cumplieron tres meses de la muerte de la joven Geraldine Moreno, luego de que el pasado 19 de febrero recibiera un disparo en el rostro propinado por un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) durante una manifestación en Carabobo".
El caso está judicializado en Venezuela pero las organizaciones que lo denunciaron en la Argentina sostienen que en los tribunales de Caracas no hay garantías de una investigación imparcial.