Dos policías declaran cuatro años después por una muerte en el calabozo que se archivó como un suicidio en Algeciras
Entre la tarde del 31 de mayo y la mañana del 1 de junio de 2020 hubo unas 14 horas en las que dos agentes de la Policía Nacional de la comisaría de Algeciras (Cádiz) eran los responsables de la custodia de Daniel Jiménez, a quien encontraron muerto en su celda. Han pasado 1.424 días hasta este miércoles 24 de abril de 2024 en que el juzgado, obligado el pasado enero por el Tribunal Constitucional, ha procedido a iniciar diligencias instructoras que se denegaron a su familia en el procedimiento anterior y que nunca se llegaron a practicar. Por ejemplo, sin ir más lejos, a tomar declaración a esos agentes para preguntarles qué ocurrió exactamente aquella madrugada.
ElDiario.es Andalucía ya informó aquel mes de junio de 2020 de las cinco "anomalías" que la familia había advertido en torno a la muerte de Daniel y en las que insistió ante el tribunal de garantías de España, que por primera vez afrontaba la actuación de los jueces ante una muerte violenta bajo custodia policial. Su familia, de etnia gitana, nunca compartió la versión oficial del suicidio de Daniel en los calabozos policiales, en circunstancias similares a la del joven marroquí Imad Eraffali, de 23 años, que en enero de ese año 2020 murió en circunstancias parecidad. La familia de Daniel ha sostenido en todo el proceso que su muerte había tenido lugar unas horas después de hablar con su padre por teléfono para informarle que sería puesto en libertad a la mañana siguiente.
El juzgado, de hecho, ordenó hace poco la identificación de los policías encargados de la custodia aquellas fatídicas 14 horas, así como a otros que pudieron intervenir, y se les citó para declarar como testigos este miércoles, al igual que la doctora que atendió a Daniel, que tenía 38 años, en el hospital de La Línea el día anterior a su muerte. La jueza también había solicitados los datos filiatorios de los detenidos que se encontraban en los calabozos aquella madrugada.
"Entra vivo y sale muerto, bajo responsabilidad de la Policía"
Según la versión policial, respaldada por los tribunales, Daniel se quitó la vida ahorcándose con los jirones de una manta que ató a uno de los barrotes verticales de la celda. La aparición de un guante de látex en la cavidad gástrica de Daniel durante el examen forense acrecentó sus dudas, recurriendo a los tribunales a fin de esclarecer los hechos y depurar responsabilidades si las hubiera. Según la versión policial, recogida en el auto de archivo inicial, los agentes asistieron a Daniel de las heridas que él mismo se habría producido al romper un azulejo y provocarse cortes. Después, se le cambió de celda y realizó "rondas de seguridad, en una de las cuales descubrió el cadáver".
"Entra vivo y sale muerto, bajo responsabilidad de la Policía", resumía el recurso de amparo respaldado por el TC y que presentó en octubre de 2021 el servicio jurídico de la Asociación de Juristas Gitanos. El escrito trataba de rebatir, como finalmente consiguió, el archivo judicial del caso, ratificado después por la Audiencia de Cádiz, por una supuesta vulneración de derechos fundamentales como la tutela judicial efectiva y el derecho a la utilización de los medios de prueba para la defensa.
La familia de Daniel también argumentó ante el TC que, cinco años antes de su muerte, la Secretaría de Estado de Seguridad había impartido una instrucción que obligaba a la instalación de cámaras en todas las celdas de las comisarías. elDiario.es Andaucía reveló recientemente que esa instalación "urgente" de cámaras se ha llevado a cabo en la comisaría de Algeciras tres años después de la orden ministerial.
Desde la Asociación de Juristas Gitanos se espera "que la reapertura de la investigación cumpla en esta ocasión con las exigencias de suficiencia y eficacia que marca el Tribunal Constitucional, que se practiquen todas las diligencias de prueba necesarias y se permita, al fin, aclarar las circunstancias en las que se produjo la muerte de Daniel y restituir el derecho vulnerado de la familia". Los abogados gitanos Manuel Reyes, en representación de la familia, y Luis Mendoza, en nombre de la Asociación de Juristas Gitanos, se mantienen al frente del asunto, ha informado la asociación.