Fuerteventura reclama 40 millones de euros para salir de la cola regional de las plazas sociosanitarias
Dependencia ·
La isla cuenta con 284 plazas sociosanitarias, tanto residenciales como de atención diurna, y necesita llegar hasta las 345 plazas. La lista de espera por la valoración del grado de dependencia se dispara a 743 personas. El Ayuntamiento capitalino cede un local para el equipo que realiza la valoración de la dependencia. Candelaria Delgado confirma la inversión de doce millones de euros para la residencia de mayores y centro de día de Gran Tarajal
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Para rescatar a Fuerteventura de la cola de las plazas sociosanitarias a nivel regional, el Cabildo necesita 40 millones de euros que costaría alcanzar 345 plazas. Ahora mismo, la isla oferta 284 en total: 122 residenciales y 162 de atención diurna.
De esos 40 millones de euros que reclama Fuerteventura para ponerse al día en atención a la dependencia, sean mayores, sean personas con discapacidad, Candelaria Delgado, consejera regional de Bienestar Social, confirmó este martes la inversión de doce millones procedentes de los fondos Next Generation que irán a parar, tras más de 20 años de espera, a la residencia de mayores y centro de día de Gran Tarajal, una vez que el Ayuntamiento de Tuineje volvió a poner el suelo a disposición del Cabildo.
«Vamos a buscar donde sea esos 40 millones de euros para todas esas plazas que necesitamos», dio fe la presidenta majorera Lola García. Por lo pronto, la futura residencia y centro de día de Gran Tarajal ofrecerá 60 plazas residenciales y 30 en horario de atención diurna cuando se construya y entre en funcionamiento. Siempre por el sur, el Ayuntamiento de Pájara ha cedido al Cabildo el suelo para el centro de día de esta localidad. Todavía adolecen de inversión los centros de días, Costa Calma, Antigua y Betancuria (estos dos últimos sin terrenos), más la futura residencia de La Oliva en Corralejo, que estaría al lado del centro de día Josefina Plá.
Lista de espera por la valoración de la dependencia de 743 personas
Este cambio de ubicación de la valoración de la dependencia obedece a la ampliación de personal hasta su duplicación para realizar los informes. Ahora mismo, una médico se desplaza dos veces en semana desde Gran Canaria y el resto de los días realiza su trabajo desde allí. El resto del equipo está compuesto por una psicóloga, una trabajadora social y una administrativa.
La lista de espera por una valoración del grado de dependencia se dispara a 743 personas. «Sabemos que es muchísimo», confirma la primera mandataria majorera, por eso el Cabildo establece su reducción como «prioridad» que pasa por «un refuerzo» de personal «porque el equipo actual resulta insuficiente y es realmente lo necesita la isla».
Más administrativos y nuevo Decreto de la Dependencia
García habló de un nuevo modelo de atención sociosanitaria que apunta, no a macroresidencias, sino a centros más pequeños en cada municipio con el fin de acercar los familiares a los dependientes. En cualquier caso, la consejera regional de área, Candelaria Delgado, solicitó esta martes al Cabildo la cesión de suelos e incluso la redacción del proyecto de cada infraestructura sociosanitaria a incluir en el tercer plan sociosanitario de Canarias.
La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, confirmó que se ha procedido a contratar a quince nuevos administrativos para acelerar los informes de la dependencia, una plantilla que se volverá ampliar antes de final de año. A este plan de choque, se añade el nuevo borrador del Decreto de la Dependencia, que está en información pública, y que permitirá simplificar en un único momento procedimental la resolución del grado de dependencia y realizar una sola visita domiciliaria.
La educación se amplía de 21 años a 25
Con estas dos medidas, la consejera regional confía poder cumplir el plazo de seis meses, que es que establece la Ley de la Dependencia para la valoración.
La Consejería de Bienestar Social también trabaja, con el área de Educación del Gobierno de Canarias, en la ampliación de la cobertura educativa para las personas con discapacidad mental de los actuales 21 años a los 25.