La alto cargo que Marga Prohens ha elegido para que se encargue de todos los casos pendientes de la Oficina Anticorrupción estuvo en la candidatura del PP de Jaume Matas en las elecciones autonómicas de 1999, donde coincidió con dirigentes del partido como Rosa Estarás o María Salom, cuando el 'popular' ganó los comicios pero Unió Mallorquina hizo presidente de Francesc Antich. Más adelante, Catalina Ferrer ocupó la secretaría general de la conselleria de Presidència que lideraba Antonio Gómez ―el político forma parte actualmente del actual Govern como asesor técnico en la conselleria de Vivienda― durante la legislatura de José Ramón Bauzá.
Según los documentos oficiales a los que ha tenido acceso Diario de Mallorca, el Govern adjudicó la plaza de Inspectora General a Ferrer el pasado 25 de marzo a las 11:21 horas de la mañana, cuando la actual secretaria general de la conselleria de Presidencia y Administraciones Públicas, María José Bauzá, firmó la resolución definitiva, a pesar de que no sacaron la convocatoria pública hasta el 27 de marzo, esto es, dos días después. Ferrer no dejó la secretaría general de la conselleria de Vivienda hasta el primer día de abril ―su cese fue publicado en el BOIB el día 23 de marzo con efectos a 1 de abril― para incorporarse como Inspectora General justo al día siguiente.
El Decreto 52/2017 dispone que la Inspectora General «actúa con independencia respecto de las autoridades, los órganos o los servicios cuya gestión compruebe en las materias de su competencia», un requisito que choca directamente con la larga vinculación de la alto cargo con el Partido Popular.
Preguntados por la adjudicación de la plaza, desde Presidència aseguraron en un primer momento que, «al ser un cargo de libre designación y cumplir los requisitos, no es necesario hacer una convocatoria publica, sino que tienes 7 días hábiles para hacer pública la resolución», si bien el Decreto establece de forma clara que el Inspector o Inspectora General de servicios debe ser nombrado «por el procedimiento de libre designación, con una convocatoria pública» para dar la posibilidad a todos los funcionarios que cumplan los requisitos y quieran optar a la plaza. En este caso, el Govern hizo pública la convocatoria cuando ya había adjudicado la plaza.
Por otro lado, la decisión de eliminar la Oficina Anticorrupción y enviar todos los expedientes a la Inspección General tendrá consecuencias directas para los denunciantes porque la alto cargo del PP podrá acceder a toda la información de los casos y, por tanto, conocerá los nombres de quienes interpusieron las denuncias, con la única salvedad de aquellos que presentaron la información como fuentes anónimas. En este caso, sus nombres no aparecerán reflejados.
Esto supone que la Inspectora General, vinculada desde hace años al Partido Popular, decidirá no solo sobre el futuro de los más de 200 casos pendientes de la Oficina, sino que tendrá acceso a toda la información de los expedientes que afecten tanto al partido de Marga Prohens como al PSOE.
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