El Gobierno debió hacer varias concesiones a los gobernadores para sacar el Pacto Fiscal. Plata, como siempre. Y plata que saldrá de la caja del Tesoro Nacional.
Pero hubo otra concesión, si se quiere fuera del espacio rigurosamente provincial: aceptar que el aumento de las jubilaciones supere a la inflación en vez de estar en línea con la inflación. Y aplicar el 82% móvil del salario mínimo a quienes tienen 30 años de aportes.
Es extraño y a la vez no tan extraño: la fórmula final apunta a desembarrar una cancha que venía pesada. Y pesada para gobernadores y legisladores peronistas, que sin muchas defensas iban a sufrir los embates del kirchnerismo y también los del massismo.
Y todo tratándose nada menos que de los jubilados y de lo que cobran los jubilados. Y de ahorrarse nada menos que unos 110 mil millones de pesos.
Con los gremios lo que hay es un acuerdo, no una reforma laboral.
La palabra le queda demasiado grande a lo firmado por los sindicatos con el Gobierno, que desde el primer día había admitido que lo que se proponía tenía poco o nada que ver con los cambios radicales hechos en Brasil.
* La discusión sobre la libertad de agremiación quedó al margen. Seguirá en pie como hasta ahora el modelo sindical bajo el monopolio de la personería gremial única.
* Tampoco habrá reformas a los convenios colectivos de trabajo para adecuarlos y mejorar la productividad. Hay un anacronismo inmovilizador y convenios que no se cambian desde hace 40 años, salvo en las escalas salariales. Los eterniza la cláusula de ultraactividad que garantiza que los convenios sigan vigentes aunque no se renueven. Si empresarios y sindicatos no acuerdan, las normas no se tocan.
* Ninguna modificación se propone a la tercera columna sobre la que se apoya toda la estructura sindical: el control y la administración de las obras sociales, que representan la base de su poder económico.
Los cambios que acordaron Quintana, del trío Ellos Son Yo de Macri, el ministro Triaca y dirigentes de la CGT tienen que ver con un puñado de medidas: el cálculo indemnizatorio, la tercerización y un blanqueo de trabajadores en negro.
Quedó para los próximos meses la discusión sobre las ART y, acoplado, el negocio de abogados laboralistas.
Con las indemnizaciones, el proyecto llevará a todo el país lo que ya rige en la Ciudad: el cálculo se hará únicamente sobre los ingresos mensuales, normales y habituales. Afuera aguinaldos y las otras variantes que mejoraban los ingresos.
Más controversia despertó la cuestión de empresas y trabajadores tercerizados. Al final la fórmula salomónica aprieta el número de actividades que pueden ser contratadas: seguridad, gastronomía, transporte de personal y mantenimiento, entre otras. Si el personal está en regla, la empresa tercerizada será la única responsable. Si no está en regla, se hará cargo la que la contrató.
Otra fórmula salomónica se encontró para el blanqueo laboral: habrá perdón para los infractores y a los trabajadores se les reconocerá la antigüedad desde el día que arrancaron.
Síntesis: un poco de baja de costos y un poco más de previsibilidad y otro poco o bastante de fortalecimiento sindical.