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(CNN Español) — La Fiscalía General de Colombia solicitó ante la Corte Suprema de Justicia solicitó este martes que se llame a juicio al expresidente Álvaro Uribe quien enfrenta un proceso judicial por los presuntos delitos de fraude judicial y manipulación de testigos, luego de recabar nuevas pruebas, informó el Ministerio Público en un comunicado.
Una de esas pruebas, según la oficina de comunicaciones de la Fiscalía General, es el testimonio del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien ha afirmado en varias ocasiones que Diego Cadena, exabogado de Uribe, lo habían contactado para cambiar su testimonio sobre presuntos vínculos del exmandatario con grupos paramilitares de extrema derecha.
En agosto de 2020 un juzgado de Bogotá impuso prisión domiciliaria a Cadena. En aquella ocasión su abogado aseguró que su cliente nunca cometió un delito, sino que se trató de pagos de carácter humanitario.
Se trata de una de las primeras decisiones de la gestión de la nueva fiscal general, Luz Adriana Camargo, quien tomó posesión del cargo el 22 de marzo tras su aprobación por la Corte Suprema.
Hasta el momento Uribe no ha hecho ningún pronunciamiento público. CNN intenta contactar a los abogados de su defensa para obtener una reacción a esta nueva decisión.
La causa contra Uribe lleva más de cinco años en los estrados judiciales y es una historia en la que Uribe pasó de acusador a acusado, incluyendo un lapso de prisión domiciliaria. Y ahora se convierte en el primer expresidente de Colombia en ser llamado a juicio.
El inicio del caso data de hace nueve años, cuando Uribe era senador de la República, y el congresista Iván Cepeda denunció en un debate en el Legislativo presuntos vínculos del expresidente con grupos paramilitares de extrema derecha.
De inmediato, Uribe denunció a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia, bajo el argumento de que sus afirmaciones estaban basadas en testigos que, desde las cárceles, supuestamente habrían recibido beneficios a cambio de testimonios en su contra.
Después de varias marchas y contramarchas en la justicia, incluida la Corte Suprema y distintos fiscales, a finales de junio de 2022 una jueza de Bogotá decidió no avalar la petición de la Fiscalía de archivar el caso, lo mantuvo abierto. Durante la audiencia, la jueza Carmen Helena Ortiz criticó el trabajo del ente acusador, al que consideró insuficiente para demostrar su hipótesis, y por consiguiente Uribe Vélez continuó imputado.
"Yo he defendido mi reputación con ardentía, pero no sé de sobornar testigos ni de engañar a la Corte. Toda información que se recogía se mandaba de buena fe a la Corte para que la Corte la examinara en ejercicio de su competencia. Lo que dijeron era que yo enviaba esa información a la Corte para engañarla. ¡Por favor!", dijo el 6 de octubre de 2023 Uribe al conocer una decisión en la que se mantenía vigente el proceso en su contra.
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