La aprobación de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) para dejar en manos de los fiscales la instrucción de los procedimientos penales es una iniciativa que, a nivel técnico, cuenta con un respaldo bastante extendido en la carrera fiscal. Sin embargo, en las actuales circunstancias, surgen dudas y hay cierto escepticismo de que esto pueda dar los frutos esperados. No es una iniciativa nueva, pero antes hay que realizar una serie de reformas profundas que apunten a dotar a la Fiscalía General del Estado de un presupuesto propio y también de una mayor independencia del Gobierno de turno. Algunos no creen que el Ejecutivo de Pedro Sánchez esté dispuesto a realizarlas.
El viernes pasado, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, convocaba para mañana miércoles a las tres asociaciones de fiscales para dar los primeros pasos de una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, justo una semana después de que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se reuniera con la presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus, con el presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Jesús Arteaga, y con el presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Miguel Pallarés. Entonces, el ministro confirmó su intención de reactivar la tramitación de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que atribuya a los fiscales la investigación de los delitos. Nada nuevo.
Sin embargo, Cristina Dexeus, presidenta de la asociación mayoritaria, explica a este periódico que no es el momento más oportuno. «Actualmente hay una polémica que envuelve a la cúpula de la Fiscalía General del Estado, donde hay un deterioro de la credibilidad de la institución», advierte. Por ello, hay pasos previos que dar antes de impulsar la nueva Lecrim. «Lo primero y primordial sería establecer las normas necesarias para blindar a la Fiscalía y al fiscal general del Estado, para evitar una imagen de parcialidad o partidismo y para aumentar sus niveles de independencia del Ministerio de Justicia», sostiene.
La lista de medidas previas no es breve. Según Dexeus, hay que prohibir las «puertas giratorias» y que el mandato del fiscal general no coincida con el del Gobierno que lo nombra. También se debe dejar constancia por escrito de las comunicaciones entre el Ejecutivo y el fiscal general del Estado, que se establezcan mecanismos de contrapeso a esta figura dentro de la propia carrera y que se avance en la autonomía presupuestaria, de gestión y reglamentaria.
Por su parte, Pallarés indica que la aprobación de una nueva Lecrim «es un proyecto muy sensible que se ha demorado». Para él, es correcto a nivel técnico porque quien tiene que instruir es el Ministerio Fiscal, siempre con garantías. «Pero ahora se necesitan reformas para garantizar la independencia del fiscal y para evitar que sea molestado en su instrucción. Si no, siempre existirá la sospecha de influencia gubernamental», subraya.
También pone el acento en que los dos principales partidos están de acuerdo en las líneas básicas y «no habría mucha dificultad técnica de llegar a acuerdo en legislación procesal penal». La reforma, sostiene, se tiene que hacer independientemente del fiscal general que esté y «la legislación debe ser en abstracto, válida para todos. Lo importante es cómo se realiza la reforma del Estatuto». Con todo, manifiesta que como actualmente la APIF ha recurrido el nombramiento de García Ortiz al frente de la Fiscalía General del Estado, esto refleja «lo que se piensa de quien está desempeñando esta función», que debe liderar este proceso.
«Es difícil concebir a alguien más significado con el Gobierno que el actual fiscal general», declara Salvador Viada, vocal de APIF el Consejo Fiscal, que pone el acento en la necesidad de realizar cambios estructurales de manera previa. El riesgo es que lo que se busque sea controlar las instrucciones e insiste en que «si se dota a la Fiscalía de un presupuesto independiente y se establece un sistema de acceso a la carrera que genere confianza y que se base en la independencia, entonces podemos empezar a hablar».
Para Viada, el "germen de la politización" ya se ha sembrado en la cúpula del Ministerio Público porque los nombramientos proceden, mayoritariamente, de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la asociación a la que el pertenece García Ortiz. Es urgente establecer algún sistema de contrapeso y cambio en el sistema de elección del fiscal general del Estado para que sea «alguien que haya pasado un filtro de imparcialidad», sostiene. El escepticismo es la tónica de cara a la futura nueva ley.
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