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La propuesta de regularización extraordinaria de 500.000 extranjeros en situación administrativa irregular ha provocado una nueva grieta en el seno del Gobierno. Sumar ha tratado de presionar in extremis al PSOE para que apoye este martes en el Pleno del Congreso la toma en consideración de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por 700.000 firmas que pide legalizar a las personas que lleven viviendo en España desde antes del 1 de noviembre de 2021.
El socio mayoritario de la coalición declinó este lunes revelar cuál será finalmente el sentido de su voto, aunque fuentes de la dirección de Ferraz reconocieron que había dudas sobre el encaje legal de esta medida. En concreto, se apunta a que el marco jurídico de la Unión Europea no permitiría un proceso "generalizado" de entrega de papeles como el que se está planteando.
"Alguien tiene que explicarme qué directiva o reglamento infringiría una regularización cuando las competencias en materia de residencia siguen siendo una competencia nacional y, por lo tanto, España puede adoptar absolutamente esta decisión sin contravenir ninguna disposición del ordenamiento jurídico comunitario", le respondió al equipo de Pedro Sánchez el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun.
En el partido de Yolanda Díaz recalcan su respaldo "firme" a una propuesta que tiene un "amplísimo apoyo popular" y que "es una cuestión de justicia social". Además, tratan de poner al PSOE frente al espejo de la última regularización que se realizó en España en 2005, bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, aduciendo que "fue todo un éxito" porque permitió "reconocer derechos laborales" a 600.000 personas.
Además del voto a favor de Sumar, la ILP promovida por la Plataforma Esenciales -integrada por diversas organizaciones sociales- tiene comprometido el sí a su toma en consideración de ERC, Bildu, BNG y PNV. Durante la defensa de la medida el pasado 12 de marzo en el Congreso, PP y Vox ya avanzaron que se opondrían a su tramitación parlamentaria.
"Estamos en un limbo burocrático, porque somos parte de la sociedad y desempeñamos trabajos esenciales, pero no podemos alquilar un piso, ni firmar un contrato o tener una tarjeta sanitaria", argumentan desde el colectivo de personas inmigrantes. "Se nos dice que somos esenciales, pero carecemos de los derechos más básicos", agregan.
La ILP registrada en el Congreso propone la modificación de la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. En concreto, plantea que el Gobierno, mediante Real Decreto, establezca, en el plazo de seis meses desde su aprobación en el caso de que ser produjera, "un procedimiento para la regularización de los extranjeros que se encuentren en territorio español antes del día 1 de noviembre de 2021".