La fiscal federal de Neuquén, Cristina Beute, fue denunciada por ejercer abuso de autoridad contra su personal. Tres exempleadas hicieron una presentación ante el Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, en la que describen actitudes y comportamientos que consideran maltrato laboral y acoso maternal.
Las trabajadoras explicaron en el escrito que tuvieron reiteradas reuniones con la funcionaria en la que le manifestaron su malestar, hicieron propuestas e incluso pusieron en conocimiento al área de Bienestar Laboral de lo que ocurría.
Señalaron que en la jurisdicción «no solo se sabe el modo en que se maneja y actúa con sus empleados, sino que además varias personas que han trabajado en la fiscalía bajo sus órdenes se han ido de allí por sucesos similares, quienes por temor a sufrir represalias no denunciaron ni expusieron los hechos».
Enumeraron «sobrecarga de tareas» y la «baja valoración al equipo de trabajo». «Siempre nos quedábamos mínimo tres horas más por día» y «los comentarios eran siempre de que falta producción».
Puntualmente describen un «particular encono» con las empleadas «al momento de decidir maternar (ya sea por quedar embarazada o avanzar en procesos de adopción) y pretender gozar de sus licencias o bien que se les respeten jornadas laborales razonables, acorde a sus cargos y a las demandas concretas de trabajo».
Sostuvieron que cuando una trabajadora manifestaba «que tenía que ocuparse de sus hijos/as pequeñas; se les planteaba que debían «honrar el trabajo» quedándose horas extras para sacar «trabajo atrasado».
Aseguraron que a las empleadas embarazadas «siempre les demandó en demasía, por ejemplo, allanamientos de largas horas» en etapas avanzadas de la gestación.
La controversia, indicaron, se generaba cuando una empleada solicitaba el «derecho de compensar feria» una vez que terminaba la licencia por embarazo. Esto permite agregar días para estar más tiempo al cuidado del niño o niña. Esa situación era problemática, no así si se requería licencia para un viaje, por ejemplo.
Lo mismo con la reducción horaria por lactancia. La fiscalía pedía que se «compense» la salida «cumpliendo horas por la tarde». Remarcaba que la «presencia» era necesaria una vez cumplida la jornada.
Las tres contaron que debieron «exiliarse» a otras dependencias de la justicia federal y que en las resoluciones de sus traslados no hay referencias al maltrato laboral sufrido, sino que se mencionan «crisis de ansiedad», lo cual expresaron que no se ajusta a lo sucedido y perjudica sus carreras judiciales. Lo mismo que las calificaciones que le otorgó la fiscal.
Este trámite es administrativo. Lo que buscan las denunciantes como acto reparatorio es modificar sus legajos, para que entre otros aspectos quede explicitado el «mobbing», y que la Procuraduría intervenga oportunamente en estas situaciones, especialmente para que no reiteren con el personal actual de la fiscalía.
La Unión de Empleados Judiciales de la Nación, el gremio que conduce Julio Piumato, respaldó el reclamo.
El descargo de la funcionaria
RÍO NEGRO se comunicó con la funcionaria para saber si había realizado su descargo. Beute respondió que no fue notificada todavía del contenido de la denuncia. Aún así negó los hechos y sostuvo que durante 34 años de trabajo nunca maltrató al personal a su cargo.
Aseguró que las denunciantes «tenían expectativas de ascensos» o de renovación de contratos y por eso hicieron la presentación. También dijo que le llamaba la atención «el momento», ya que fue en el contexto de la llegada del ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona.
En la conferencia de prensa que brindó el funcionario nunca se le consultó sobre este tema, ni él hizo menciones públicas al respecto.