Por medio de la Sala Cuarta de Revisión, la Corte Constitucional realizó un nuevo llamado a las autoridades por cuenta de la vulneración de los derechos de los detenidos en centros transitorios.
El alto tribunal estudió un total de cinco tutelas, de más de 100 personas privadas de la libertad en centros de detención transitoria en Antioquia y Valle del Cauca, en las que accionantes denunciaron al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) argumentando que "les han sido vulnerados sus derechos fundamentales a la dignidad humana, la integridad física, la salud y la igualdad, entre otros, por las condiciones de privación de la libertad en los centros de detención transitoria".
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La Sala concluyó que las autoridades penitenciarias, carcelarias y los entes territoriales desconocieron "la prohibición de tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes, los derechos a la dignidad humana, la integridad física, la salud, la alimentación, la igualdad, el acceso al agua potable, el acceso a la justicia, la libertad personal y el debido proceso e impidieron la resocialización" de los detenidos.
Además, evidenció que, actualmente, la coyuntura de los centros de detención transitoria "no permite garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad en el corto plazo", toda vez que las acciones adoptadas por los entes territoriales tienden a hacer uso "irregular de inmuebles no destinados para la ejecución de medidas de detención preventiva, y la política carcelaria nacional no brinda los instrumentos suficientes para evitar la materialización de vulneraciones de derechos fundamentales en la masividad y generalidad en la que se están presentando en estaciones de policía y URIs".
Y es que, según el fallo, varios de los detenidos ya están condenados, pese a ello, no han sido trasladados a centros carcelarios, y muchos otros están bajo hacinamiento.
Al analizar los casos concretos en materia de hacinamiento, la Corte evidenció que la asignación de cupos en los centros carcelarios en los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca supera los cupos disponibles en más de 4.100. También corroboró que las solicitudes de sustitución de la medida de aseguramiento son bajas, toda vez que identificó cifras elevadas de solicitudes de medidas de aseguramiento, en su mayoría de detención preventiva, que son concedidas por los jueces de control de garantías en más del 90% de los casos.
La Corte Suprema de Justicia determinó remitir los hallazgos a la Sala Especial de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional del Sistema Penitenciario y Carcelario (ECI), con el fin de que se adopten medidas para el sistema.