Hace exactamente un año, la Legislatura de Córdoba debatía si apartaba o expulsaba a un legislador que había sido denunciado por su expareja por violencia de género. Finalmente, se decidió suspender a Patricio Serrano hasta tanto resolviera su situación judicial. Semanas después, el Jurado de Enjuiciamiento apartó de su cargo al juez Francisco Flores, también por una denuncia en su contra de quien entonces era su mujer. Este domingo, con nuevas acusaciones a otros funcionarios, se reabrió el interrogante sobre cuál es el criterio en la administración pública sobre los funcionarios que son acusados en causas por violencia de género y no tienen una sentencia firme.
El miércoles de la semana pasada, la Legislatura centró parte del debate en un proyecto de la radical Alejandra Ferrero para que el gobernador Martín Llaryora aparte al ministro de Cooperativas y Mutuales, Martín Gill, denunciado por una expareja por violencia de género.
La Fiscalía de Instrucción del Segundo Turno de Villa María, a cargo de Juliana Companys, pidió hace una semana la elevación a juicio de la causa contra el exintendente.
El oficialismo no acompañó la propuesta y fundamentó que Gill no posee una condena. Aunque puertas adentro, en el PJ hubo coincidencias en que Gill debía renunciar. "Hay un coro de legisladores en el bloque preguntándose por qué no se va", confió un parlamentario justicialista. Pese a esto, defendieron en público lo que aseguraron fue una decisión política: nadie se va del gabinete si no hay condena.
"Si a la oposición se le ocurre seguir con los pedidos de apartamientos, ¿vamos a seguir sacando ministros? No hay condena, Gill sigue el proceso en la Justicia", confió otro legislador justicialista.
Esta postura no fue compartida por todo el oficialismo, sobre todo, entre las legisladoras que esperan que el exintendente de Villa María presente su renuncia. Algunos oficialistas consideraron que "la decisión correcta" fue la de Daniel Passerini. Con estas expresiones hicieron mención a la determinación política del intendente de la ciudad de Córdoba, que optó por apartar de su gabinete a Gabriel Bermúdez, su entonces secretario de Transporte, denunciado días atrás por dos empleadas municipales por abuso.
Estas dos posturas distintas en la cúpula del peronismo cordobés en dos casos con acusaciones por violencia de género pusieron al descubierto que no un criterio homogéneo en la toma de decisiones respecto de la continuidad o no de los funcionarios acusados. La situación se vuelve mucho más compleja cuando se observa entidades como la Policía de Córdoba o los otros poderes del Estado.
"Es cierto que no hay un único criterio ante estos casos. Se han tomado distintas decisiones, pero en todas hay herramientas legales para aplicar. En el caso de la Legislatura, es más claro porque se puede aplicar el Reglamento Interno, lo que se conoce como Cuestiones de Privilegio, que el cuerpo decida el apartamiento o expulsión de uno de sus integrantes en caso de que se afecten los derechos de la Legislatura colectivamente, su seguridad, dignidad y la integridad de su actuación y sus procedimientos", confió un legislador del oficialismo.
Esto fue lo que hizo pesar el cuerpo legislativo en abril de 2023, cuando suspendió de su banca a Serrano y resolvió el quite de su ingreso como legislador hasta tanto resolviera su situación judicial.
En ese momento, se reunió la Comisión de Asuntos Constitucionales, en la que el abogado defensor del legislador explicó las razones acerca de por qué no debía ser apartado. Incluso sus hijos dieron a conocer una publicación similar.
Finalmente, el legislador –que había llegado a su banca en la lista de Hacemos por Córdoba, aunque en el último tramo de su gestión simpatizó con el PRO– tuvo el rechazo de sus pares.
Serrano se convirtió así en el segundo legislador en pocos meses en ser suspendido por sus mismos compañeros. El antecedente había sido el de Oscar González, apartado después de que se viera involucrado en un siniestro vial, en el que murió una mujer y dos adolescentes quedaron con serias lesiones. Se lo suspendió hasta tanto se resolviera su situación judicial.
"Está más claro en el caso de la Legislatura porque hay herramientas para aplicar, y se han dado", insistieron desde el oficialismo.
El planteo de la oposición
Para el juecismo, el Reglamento Interno no habla de un protocolo, algo que plantearon como necesario ante estos casos e insistieron con avanzar con el pedido de juicio político a Gill, una propuesta presentada por el legislador Gregorio Hernández Maqueda.
"Vemos que en el oficialismo hay una doble vara, qué pasó con los argumentos que sostuvieron para apartar a Serrano, la decisión de Passerini al apartar a Bermúdez y no el no apartamiento de Gill en la Provincia", expresaron a La Voz Viviana Martoccia y Nancy Almada, legisladoras del Frente Cívico.
"Se debe dar una discusión de un protocolo y un juicio político porque quien está en un cargo debe ser una persona idónea, lo ideal desde lo ético es que se aparte del cargo y siga el proceso en la Justicia. Nosotros acompañamos el pedido de juicio político porque tiene su derecho de defensa a los fines de seguir en su cargo", reiteraron.
Nadia Fernández, vicepresidenta de la Legislatura, apuntó: "Siempre y en todos los casos deben respetarse el principio de inocencia y garantizar el debido proceso. Por respeto a las instituciones y para garantizar su normal funcionamiento".
Proyectos que no avanzaron
En los últimos años hubo varios intentos por la elaboración de un protocolo de actuación ante estos casos en la Provincia. La ministra Liliana Montero, en su paso como legisladora, había presentado un proyecto que no avanzó que planteó concretamente la "creación, regulación e implementación obligatoria de un protocolo para la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género en el ámbito de la administración pública provincial".
También la entonces legisladora oficialista Laura Labat presentó un proyecto para la creación de una comisión asesora sobre violencia laboral y de género del Poder Legislativo, el que aún cuenta con estado parlamentario, pero sin avances.
Lo que sí se concretó fue una resolución provincial de 2021, en la que la Secretaría General de la Gobernación resolvió la creación del "Plan para el Abordaje de Situaciones Complejas que alcanza a quienes se desempeñen en el ámbito de la administración pública".
En la órbita municipal, en marzo se conoció que Córdoba conformará una comisión encargada de la redacción del futuro Protocolo de Prevención y Actuación en Violencia Laboral y/o Violencia Laboral de Género en el ámbito de la comuna, según lo establece la ordenanza 13.440 y sus decretos reglamentarios.
Esta decisión de la administración de Passerini fue publicada en el Boletín Oficial el último 8 de marzo.
Los casos, uno por uno
Noviembre de 2021. Renunció a su cargo el entonces director general de Protección Civil del Gobierno de la Provincia, Diego Concha, a pedido del Gobierno provincial. Fue un día antes de ser detenido, cuando aún no se conocía la denuncia.
La víctima fue la rescatista y bombero Luana Ludueña Caminos, quien en enero de 2022 se quitó la vida. Había denunciado que fue abusada por Concha cuando era su jefe y le estaba ofreciendo trabajo en la fuerza. Por eso, se incluyó la doble calificación de "abuso de sus funciones" y el "contexto de violencia de género".
Septiembre de 2022. El entonces director del Hospital de Niños y extitular del COE, Juan Ledesma, fue imputado por abuso sexual con acceso carnal y privación ilegítima de la libertad. Su expareja lo había denunciado por violación. Este domingo espera el juicio en su contra en libertad. La ministra de Salud de ese momento, Gabriela Barbás, le pidió la renuncia.
Abril de 2023. La Legislatura aprobó por mayoría el apartamiento del legislador Patricio Serrano de su banca. La sanción se impuso hasta que resolviera su situación en la Justicia provincial y fue votada por Hacemos por Córdoba. Se abstuvieron los bloques de la UCR, Juntos por el Cambio, Encuentro Vecinal y la Coalición Cívica. El radicalismo y Encuentro Vecinal habían pedido su salida, aunque luego fundamentaron que no se pudo acreditar en el trámite legislativo una inconducta de Serrano. La investigación judicial estaba bajo secreto de sumario, por lo cual los legisladores no pudieron acceder al expediente.
Junio de 2023. El Jurado de Enjuiciamiento se pronunció por la destitución del juez provincial Francisco Flores por mal desempeño en sus funciones y presunta comisión de delitos. El funcionario quedó inhabilitado para su cargo y quedó sometido a un juicio oral y público por los graves delitos de violencia de género denunciados por su expareja. El proceso se había iniciado en mayo de ese año por los causales de mal desempeño y la presunta comisión de delitos en perjuicio de una expareja, en contexto de violencia de género.
Noviembre de 2023. El entonces legislador provincial y exministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, solicitó su licencia en la banca y el no cobro de los haberes hasta tanto se expidiera la Justicia. Fue denunciado por supuestos hechos de violencia de género por una joven suboficial de la Policía. La Fiscalía de Violencia de Género y Familiar de segundo turno dispuso imputarlo por "los delitos de lesiones leves doblemente calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género y el delito de amenazas calificadas". No se ordenó su detención por considerar que no había riesgo procesal.
Diciembre de 2023. Se ordenó la detención de Gustavo Folli Pedetta, exjefe de Bomberos, exsubjefe de Policía y, por esos días, director de Defensa Civil de la Municipalidad de Córdoba, por un caso de violencia de género contra su expareja y también por ser considerado parte de la asociación ilícita que proveía de certificaciones "truchas" de Bomberos a comercios, grandes superficies y otras locaciones.
Marzo de 2024. La Justicia imputó a Gabriel Bermúdez por abuso sexual simple, a raíz de una denuncia primera presentada en el Polo de la Mujer. Luego entró una segunda acusación y trascendió que no será la última. Desde la gestión de Passerini se informó el apartamiento del funcionario.
Marzo 2024. La Fiscalía de Instrucción del Segundo Turno de Villa María, a cargo de Juliana Companys, pidió la elevación a juicio de la causa contra el ministro provincial de Cooperativas y Mutuales, Martín Gill. La acusación es por lesiones leves calificadas por vínculo y por violencia de género. El oficialismo en la Legislatura rechazó los pedidos de la oposición de apartamiento y juicio político.