Opinión de Eneas Navas.
La necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente para implementar las reformas sociales y económicas propuestas por el Gobierno, como mecanismo alterno a la frustración de estas en el Congreso de la República, es un camino en el que los derechos fundamentales reconocidos por la jurisprudencia (algunos incómodos y difíciles de cosechar), podrán perderse y con ellos la lucha de tantos que sumaron sus voces, manos y vidas para su reconocimiento, garantía y respeto. La Constitución Política de Colombia, la de 1991, incorporó un importante catálogo de derechos fundamentales que se consideran inherentes a la persona en razón a su dignidad humana y que se aplican sin distingo de raza, sexo, religión o cualquier otra condición (como la mayoría de los derechos en la constitución), en teoría.
Sin embargo, el derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho al trabajo, a la vivienda, a la educación, salud pública y seguridad social, entre otros muchos derechos difusos e implícitos, correrán el riesgo de ser modificados, restringidos de manera expresa o eliminados, pues ha sido el trabajo de la Corte Constitucional reconocerlos e incorporarlos en el ámbito de interpretación de la carta vigente como derechos fundamentales y ese trabajo, el de 33 años de frente a una constitución, (la lucha), tendría que volver a empezar.
Más complejo aún sería el reconocimiento de los derechos incómodos, como el de la interrupción voluntaria del embarazo o la eutanasia, que solamente le interesan a minorías sin representación democrática y con poca aceptación social, que no podrían obtener una curul constituyente y que por mucho lograrían una voz que tímidamente proponga un equilibrio entre la autonomía individual y la protección de la vida y la dignidad de las personas, fundamentada en principios humanitarios aplicables a quienes enfrentan sufrimiento extremo (para el caso de la eutanasia)… o formule el equilibrio entre el derecho a la vida, la salud, la integridad, la autodeterminación, la intimidad y la dignidad de las mujeres, enfrentado a la vida del nonato, para el caso de la interrupción del embarazo.
El catálogo de derechos es extenso y suficiente para vivir sabroso, pero algo falla en el sistema.
Puede ser la aplicación selectiva o sesgada de normas, los prejuicios, el conocimiento y formación de operadores y titulares, las barreras institucionales, la burocracia, la cooptación, la captura de voluntad política o, simplemente, 214 años de inercia política.