En plena campaña electoral, el oficialismo está promoviendo una serie de cambios legislativos que, en conjunto, muestran las intenciones tiránicas del régimen.Estas se refieren a asuntos como la amnistía a criminales, el despojo de los ahorros de gente mayor, la intención de liquidar al amparo como una medida ciudadana contra el poder arbitrario. A eso hay que agregar el juicio político contra la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se está orquestando desde el obradorato, así como la renuencia a terminar con la prisión preventiva oficiosa.Vistas en conjunto, estas iniciativas y acciones enseñan, con claridad, el carácter del proyecto obradorista y lo que intentarán implementar en caso de arribar al poder.En primer lugar existe la intención de doblegar la independencia del Poder Judicial respecto a los poderes Legislativo y Ejecutivo.Este es el principal blanco de todos los gobiernos y movimientos populistas del siglo XXI. De realizarse, en los hechos significaría el fin de la República y el comienzo de una tiranía.En segundo lugar, se busca entregarle poderes autocráticos al Presidente, como el de indultar criminales que, en potencia, podría utilizar para su beneficio personal. Hay que decir que ya existe en México una legislación sobre el indulto, pero no a la medida de los intereses del ocupante de la silla presidencial.En tercer lugar, se busca transformar el sistema de pensiones actual en uno en que el Gobierno pueda esquilmar los recursos de los trabajadores de forma arbitraria. Por los comentarios del Presidente, lo que no les gusta es que sean instituciones privadas -actuando dentro de un marco jurídico- quienes administren las Afores. La intención última, por supuesto, es su posterior nacionalización. Eso no lo pueden hacer ahora pero, si el voto los favorece, sin duda lo intentarán.En cuarto lugar, el régimen ha dado a entender que no actuará para acabar con la bárbara práctica de la prisión preventiva oficiosa. Recientemente, la Secretaria de Gobernación ha presionado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al decir que liquidar la prisión preventiva oficiosa es "una amenaza a la seguridad nacional".Recordemos que esta práctica es una anomalía incluso en América Latina y que ha sido condenada sin ambages por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.Con excepción de la prisión preventiva oficiosa, estas iniciativas no podrán convertirse en Leyes en este sexenio, pues serán detenidas, ya sea en el propio Congreso o en el Poder Judicial.Pero esto podría no ser el caso a partir del inicio del próximo gobierno federal. De ahí la importancia de que el voto ciudadano no le de mayorías al régimen para cambiar la Constitución.El 2 de junio tenemos una cita con nuestro destino. Ahora sabemos más claramente lo que está en juego. Sepamos actuar con acierto.