El esperado juicio en Chile contra 38 integrantes de Los Gallegos, una de las facciones de la megabanda venezolana Tren de Aragua, quedó suspendido el lunes por decisión de la Corte Suprema. El proceso, considerado como uno de los más importantes en el combate contra el crimen organizado, había comenzado ese mismo día en la ciudad de Arica.
La Fiscalía pide cadena perpetua para 11 de los imputados, mientras que las condenas solicitadas para los otros 27 suman más de 200 años de prisión.
¿Pero por qué el juicio fue suspendido de manera temporal? El Tribunal Oral en Lo Penal de Arica había comenzado el proceso de manera telemática y bajo fuertes medidas de seguridad. Sin embargo, la Corte Suprema acogió un recurso de los abogados defensores al considerar que "se vulneraron las garantías de los imputados" ante la ausencia de "información sobre los motivos para realizar las audiencias de manera remota y sin la presencia de todos los imputados".
La Corte Suprema ordenó una nueva audiencia para evaluar la factibilidad técnica de un juicio presencial.
Del total de acusados, unos 16 están en la cárcel de Arica, y el resto en otros penales de La Serena, Rancagua, Concepción, Santiago y Puerto Montt.
Las autoridades han dicho que su traslado para un juicio presencial supone un riesgo para la seguridad, por lo que se había determinado que este sea telemático.
En la actualidad, Chile afronta un incremento de delitos violentos como los homicidios con armas de fuego y secuestros, muchos de ellos ligados a la criminalidad transnacional.
El pasado 30 de enero, el presidente Gabriel Boric admitió esta realidad. "No les quepa duda de que esta es una de nuestras principales prioridades como Gobierno, que compartimos la indignación de la ciudadanía, que no estamos disponibles a dejar que esto se naturalice", dijo en una rueda de prensa.
El 90,6% de chilenos percibe un aumento de la delincuencia,
el índice máximo histórico, según la última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC). Además, el 21,8% de los hogares afirmó haber sido víctima de algún delito.
Estas son las claves del juicio a Los Gallegos:
Más de 150 testigos y 38 acusados
Los 38 acusados, entre ellos 34 venezolanos y cuatro chilenos, están sindicados por una serie de delitos que incluyen secuestro, trata de personas, explotación sexual, homicidio, extorsión, tráfico de armas y drogas, entre otros. Todos están en prisión preventiva.
De acuerdo con el diario La Tercera, la acusación de la Fiscalía de Arica es por 22 hechos delictivos en los que los detenidos tuvieron distintos grados de participación.
Estos incluyen siete homicidios registrados durante 2022, en tres de los cuales las víctimas fueron enterradas en distintas zonas del sector del Cerro Chuño, en Arica, lugar donde la Fiscalía dirigió tres megaoperativos pues era la base de Los Gallegos.
Durante el juicio, la Fiscalía presentará a más de 150 testigos.
Las pruebas
La Fiscalía ha dicho que las pruebas que presentará incluyen peritajes a armas de fuego y 12 libros de contabilidad incautados en los que se controlaban las finanzas de la agrupación.
También se expondrán más de 60 informes policiales con el análisis de más de 140 teléfonos intervenidos.
En cuanto a los libros de contabilidad, estos cubren casi todo el año 2022 y fueron hallados en dos procedimientos distintos. "Son una prueba que, respecto de asociaciones ilícitas, es como tener oro. Es algo como que ojalá pudiésemos contar en todas y cada una de las causas de esta naturaleza. Los libros de contabilidad van refrendando todo lo que nosotros íbamos viendo desde otros puntos de vista de la investigación", dijo el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, a Radio Universo.
De acuerdo con el diario El Mercurio, en dichos libros están todos los movimientos de dinero de Los Gallegos, los ingresos y egresos de la organización criminal.
En ellos se dejaba constancia de cuánto se está obteniendo como retribución económica de todos los delitos que cometían, pero también se daba cuenta de los gastos, como el alquiler de vehículos o pago de viáticos para cuando algún integrantes de la organización era enviado a otro lugar.
El fiscal reveló que los libros de contabilidad "daban cuenta del destino de los dineros; las remesas iban rumbo al Perú, de manera ilegal (....) y a quien realizaba esas acciones se les daba algo de dinero".
Las remesas variaban cada mes, dependiendo de si hubo alguna actividad "especial" por parte del grupo criminal, como aquellas vinculadas al tráfico de drogas, resalta El Mercurio.
También hay pruebas de que se entrega dinero en el interior de las cárceles para la manutención de aquellos integrantes de la banda que están recluidos en prisión.
La policía los infiltró
¿Y cómo se consiguieron todas esas pruebas? La Fiscalía adelantó que dentro de las pruebas más relevantes que presentará está el trabajo que desplegó la Policía de Investigaciones (PDI), que logró infiltrarse en la organización criminal Los Gallegos.
"Tenemos relatos de los agentes encubiertos que, para nosotros, son clave en la realización del juicio, porque estos funcionarios de la PDI fueron capaces de infiltrar esta organización y, por lo tanto, darnos una muy contundente prueba de todas y cada una de las situaciones que se estaban viviendo", dijo el fiscal Carrera.
En total, 17 funcionarios de la PDI tuvieron distinto grado de participación en la investigación. Seis de ellos como agente encubiertos, infiltrados en Los Gallegos.
"El trabajo de ellos fue encomiable, hubo personas que se fueron a vivir a Cerro Chuño para poder ir mapeando y viendo cómo se componía esta organización", manifestó el fiscal.
Mientras algunos investigadores lograron penetrar la organización criminal, otros se hicieron pasar como personas en situación de calle para seguir el movimiento de los criminales.
Una vez terminada la misión, los policías fueron sacados de la región de Arica y Parinacota y reubicados en otras zonas para proteger sus vidas, dijo el fiscal.
Como otra medida de protección, durante el juicio no se usará los nombres reales de los policías de la PDI.
Claudio González Guarda,
Director del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile
- ¿Cuál es la estrategia de las autoridades para enfrentar el crimen transnacional?
En Chile está ocurriendo una transformación de la criminalidad. Diría que es básicamente un proceso pospandémico, donde hay varios indicadores. Todavía no está muy claro el por qué. Lo primero que saltó a la vista es el tema de los homicidios. Chile pasó de tasas muy moderadas y bajas a nivel mundial a notar un incremento en los últimos tres años. No sabemos si es un fenómeno permanente o transitorio.
Ha aumentado el tipo de homicidio, que ya no solo es el común, ahora se da el homicidio donde hay el uso de armas de fuego, algo que constituye un indicador de la presencia del crimen organizado. No sabemos exactamente qué porcentaje de todos los homicidios nuevos son del crimen organizado. Se atribuye en parte al tema de la migración descontrolada en la zona norte de Chile, a donde han ingresado bandas de origen transnacional, especialmente de Venezuela y Colombia.
¿Ahora, realmente son bandas con una estructura sofisticada? En principio no. Son grupos a los que los criminólogos llamamos bandas de depredación, que van buscando negocios nuevos como la trata de personas, droga, y van saliendo nuevos negocios como el secuestro. En Chile el delito del secuestro era un fenómeno prácticamente inexistente. Otro aspecto relevante es que muchas de las víctimas de estas bandas son los propios connacionales. Muchas veces las víctimas no son chilenas, son venezolanas, colombianas, incluso en Santiago hay bandas de peruanos donde las víctimas son ciudadanos peruanos que viven en Chile desde hace muchos años.
En cuanto a la respuesta del Estado, se están produciendo varias transformaciones. Por ejemplo, se acaba de crear la Fiscalía Supraterritorial, que empieza a funcionar este año. Otro cambio, en diciembre del 2022 se creó la Política Nacional contra el Crimen Organizado. Y en el primer semestre del 2023 se crearon nuevos tipos penales y nuevos sistemas de investigación para el crimen organizado. Hay toda una transformación completa de la institucionalidad que está ocurriendo en Chile para afrontar esta nueva criminalidad. En resumen, le diría que en Chile tenemos crimen organizado, pero todavía no es sofisticado como en Venezuela, Colombia y otros países.
En el caso de Los Gallegos, este es un muy buen antecedente porque hay una respuesta del Estado Chileno a nivel de justicia, no hay otro camino. Es una noticia positiva dentro de lo que está ocurriendo. Combatir la impunidad en forma temprana es esencial.
- ¿En materia penal, cómo está articulada la acción del Estado; el trabajo de la policía, los fiscales y jueces es el óptimo para llegar a condenas?
No hay un sistema óptimo en el mundo. El tema del crimen organizado va a obligar a Latinoamérica a transformar mucho los sistemas de justicia penal. En Chile las policías no son autónomas, sino que dependen muy fuertemente funcionalmente de la Fiscalía, pero hay muchas cosas que mejorar en el tema de coordinación. Una tarea importante es la coordinación de información. Muchas veces en Latinoamérica nuestros modelos de información no están asociados dentro de las instituciones. Entonces, el crimen organizado en la región no se va a poder combatir si no hay coordinación entre los Estados. Hace poco tuvimos el caso del homicidio de un carabinero por parte de personas de Venezuela, y uno de ellos se escapó de Chile. Pasó al Perú, luego a Ecuador, se le detectó este país y finalmente fue detenido en Colombia. Nosotros hemos estudiado el tema de la colaboración y falta muchísimo por hacer en Latinoamérica. El crimen organizado en la región se mueve, no está en un solo país.
- ¿Qué piensa de lo que pasa en Ecuador, donde los militares van a tener funciones policiales en el combate al crimen, puede pasar ello en Chile?
En Chile es un debate. A los militares se le han asignado funciones de vigilancia en la frontera, todavía no hay función en la calle pero el debate está muy candente. Si esa medida se implementa debe tener algún fundamento empírico, porque lo que se ha demostrado en otros lugares son dos problemas con los militares en la calle: uno, el aumento de la violencia porque ellos no son policías. Y segundo, si los militares son corruptos, como ocurre en algunos lugares como México, tampoco es lo más óptimo.
Organizaciones transnacionales
La PDI ha identificado a ocho bandas criminales extranjeras que operan en Chile, entre las que se destaca el Tren de Aragua, de origen venezolano, que está principalmente en el norte del país.
Además, operan en Chile otras bandas como Los Espartanos y Los Chotas, provenientes de Colombia, y Los Pulpos, del Perú.
En cuanto a Los Gallegos, la filial del Tren de Aragua, la policía conoció que se había apoderado del Cerro Chuño, en Arica, a través de una llamada a un teléfono intervenido. Dicha llamada daba cuenta de que los venezolanos habían expulsado a un narcotraficante local para dominar el tráfico de drogas en la zona, informó La Tercera.
El subprefecto Javier Valenzuela, jefe de Inteligencia de la Jefatura Nacional Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de la PDI, explicó en su momento que Los Gallegos era "un grupo que no existe en Venezuela. Se formó durante su migración y paso por el Perú". Así, los nexos de Los Gallegos de Chile con el Tren de Aragua en Venezuela se daba a través de la banda con el mismo nombre en el Perú.
La Tercera indicó que desde el Perú las operaciones de Los Gallegos en Chile eran dirigidas por Félix Castillo Rondón, más conocido como 'Pure Arnel'. En julio del año pasado, las autoridades de Chile solicitaron al Perú la captura y extradición del criminal.
Los Gallegos se asentaron en Arica, donde se dedican a la trata de personas que intentan cruzar la frontera. También a la explotación sexual de mujeres que obligan a pagar una especie de "impuesto". Uno de los negocios más rentables de la agrupación es el tráfico de drogas en pequeñas cantidades, especialmente en el Cerro Chuño.
De acuerdo con cifras oficiales del Ministerio Público de Chile, las denuncias por delitos aumentaron en 11% desde el 2018 al 2023. Solo en el último año y medio hubo más de un millón y medio de denuncias.
Los delitos predominantes son los robos no violentos, hurtos y lesiones.
Pero hay un incremento en la incidencia de delitos de mayor gravedad, como los secuestros y homicidios.
Según datos del Primer Informe Nacional de Homicidios Consumados, entre 2018 y 2022, Chile experimentó un significativo aumento en su tasa de homicidios, elevándose de 4,5 a 6,7 por cada 100.000 habitantes. El 2023, de acuerdo con el ministerio del Interior, cerró con una tasa de 6,3 homicidios por cada 100.000 habitantes.
En este punto, vale la pena anotar que la tasa de homicidios más alta en Sudamérica la tiene Ecuador, con 40 por cada 100.000 habitantes.
De acuerdo con un informe de la Subsecretaría de Prevención del Delito, perteneciente al Ministerio del Interior, las comunas más vulnerables en términos de seguridad son Santiago, Puente Alto y Maipú, en la región Metropolitana; Valparaíso y Viña del Mar, en la región de Valparaíso; y Antofagasta en la región homónima.