El ministro de Defensa, Luis Petri, fue denunciado por la legisladora porteña de Unión por la Patria, Victoria Montenegro, ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), por haber ordenado el desmantelamiento del área de su cartera que investigaba los crímenes cometidos durante la última dictadura.
A finales de marzo, Lucas Erbes, director nacional de Derechos Humanos, informó que diez de los trece trabajadores del área fueron despedidos y que el gobierno iba a derogar las resoluciones que habían creado. Los equipos de relevamiento y análisis (ERyA) de los archivos de las Fuerzas Armadas fueron creados en el año 2010, durante la gestión de Nilda Garré, y funcionaron durante 14 años, realizando más de 170 informes en las causas de lesa humanidad.
Victoria Montenegro, que preside la comisión de Derechos Humanos en la Legislatura de la Ciudad, le pidió al Relator Especial de las Naciones Unidas, Fabián Salvioli, su intervención en el caso porque "la desaparición de los ERyA entorpecería no sólo las investigaciones judiciales, sino también el acceso a la verdad". Por el momento, las propias Fuerzas Armadas son las que deben responder a los requerimientos de la Justicia, lo que posiblemente "dé lugar a la aparición de solidaridad con quienes están siendo investigados".
"Al vaciar de técnicos y técnicas a los equipos, se les obstruye la capacidad de trabajo y entorpece el acceso a los documentos y archivos que integran el acervo documental del Ministerio con las mismas consecuencias", expresó Montenegro. Asimismo, la legisladora declaró que desmantelar esa área "impacta directamente en el derecho de las víctimas directas, de sus familias y de la sociedad en general", respecto a conocer la verdad e investigar, juzgar y sancionar de una forma "adecuada" a los responsables.
"La construcción de la memoria colectiva es esencial para la prevención de la repetición de los delitos de lesa humanidad", añadió Montenegro. Además, junto a su par Alejandrina Barry, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, denunciaron que el gobierno de Javier Milei "busca obstaculizar el avance de los juicios" mientras "llama a la reconciliación" con las Fuerzas Armadas.
Por el momento, hay 17 juicios en trámite y 62 causas con requerimiento de elevación a juicio. Además quedan por identificar centenares de perpetradores, encontrar restos de las víctimas y restituir las identidades de más de 300 niños nacidos en cautiverio o apropiados en sus primeros meses de vida.
"Hay una definición política del presidente Milei y la vicepresidenta Villarruel de reescribir la historia argentina. Ellos tienen una interpretación de que lo actuado durante la última dictadura fue un enfrentamiento. Es parte de una historia que nosotros como pueblo ya superamos", concluyó Montenegro, quien es hija de desaparecidos.
Presentaciones previas contra Petri por el desmantelamiento de los ERyA
Los abogados Pablo Llonto y Mariana Maurer presentaron una acción de amparo y un pedido de medida cautelar el último miércoles ante el juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 3 de la ciudad de Buenos Aires de Daniel Rafecas, donde se tramita la megacausa por crímenes de lesa humanidad cometidos dentro de la órbita del Primer Cuerpo de Ejército.
La cautelar apunta a que se disponga el mantenimiento de los expertos en el trabajo de archivos que fueron despedidos y que se proteja la documentación. "Se pone en riesgo el resguardo de la totalidad de la prueba documental original que se encuentra en los archivos de las Fuerzas Armadas y la producción de informes especializados a requerimiento del Poder Judicial que los Equipos vienen realizando desde el año 2010 y constituyen pruebas fundamentales para los juicios de Lesa Humanidad de todo el país", argumentaron los abogados.
"Además todo este trabajo de los equipos ha resultado y resulta un medio para dar cumplimiento a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino de investigar y sancionar a los responsables por graves violaciones a los derechos humanos sumado al enorme aporte al derecho a la verdad para las víctimas, sus familiares y la sociedad en su conjunto", completaron Llonto y Maurer.
Paralelamente, el fiscal federal Miguel Palazzani —a cargo de las unidades que investigan crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca y Neuquén— envió un oficio para que el ministro Petri se abstenga de tomar cualquier medida que pueda poner en riesgo el acervo documental de las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el diputado y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, también presentó un pedido de informes para que el titular de Defensa explique su decisión y explicó: "El acceso a material que durante mucho tiempo fue secreto, pero que además es de difícil acceso para quien no trabaja en su sistematización y tiene un conocimiento técnico, permitió la elaboración de informes que han sido claves en múltiples procesos judiciales".
ML / ED