Apenas un quinto de los pasivos que ha generado podrían recuperar los acreedores de la pequeña central hidroeléctrica de pasada Chanleufú, ubicada en las cercanías de Puyehue, en la Región de los Lagos, si sacan adelante el remate al cual llamaron para el próximo 25 de abril al mediodía. El proceso está a cargo de Tattersall.
Pese a su tamaño, Chanleufú tiene una historia grande y polémica, pues se trata de un proyecto ideado y llevado a cabo por una sociedad entre dos conocidas familias empresarias: los Schiess y los Ponce, y cuya historia ha estado marcada por una serie de disputas entre ambas, sobre todo cuando el negocio empezó a andar mal y los obligó a pedir su liquidación voluntaria.
Todo comenzó el 16 de junio de 2011 cuando Inversiones Puyehue Limitada (controlada por Christoph Schiess) y Central Hidroeléctrica Tres Palos Limitada (de Alejandro Ponce Pinochet, hijo de Julio Ponce Lerou) se asociaron en la firma Inversiones del Sur Limitada para construir la central Chanleufú en el fundo El Pafu, cerca de Petrohué, con una potencia instalada de 8 MW y con derechos de aprovechamiento de agua del río del mismo nombre por hasta 9 metros cúbicos por segundo. La idea era que Schiess aportara los derechos de agua y Ponce, los terrenos donde se emplazaría, pues ese campo le pertenece.
La central comenzó a operar en 2016, pero a poco andar, el 16 de marzo de 2017, sus representantes legales, José Tomás Urzúa y José Coz, presentaron la solicitud de liquidación voluntaria de Central Hidroeléctrica Chanleufú ante el 26° Juzgado Civil de Santiago, por su "incapacidad de solventar sus obligaciones de pago" y se nombró como liquidador al abogado Enrique Ortiz. El proyecto, eso sí, había sido objeto de pugnas previas entre los socios por el control de la sociedad, lo que se sumó a problemas de servidumbres, pues Julio Ponce no quiso transferirlas ni a su hijo ni a los Schiess.
En el juicio se pudo determinar que la compañía presentaba pasivos del orden de los $20 mil millones (US$21 millones) y su principal acreedor era el banco BCI, con unos $12.500 millones (cerca de US$14 millones). Pero entre quienes adeudaba se encontraban también sus propios accionistas, Tres Palos ($2.350 millones) y Puyehue ($2.800 millones), y sociedades relacionadas a sus accionistas, como Administradora de Inversiones Germania ($455 millones) de los Schiess, Inversiones SQYA ($340 millones) de los Ponce, e Inversiones Esperanza (Chile), del grupo japonés Kowa ($228 millones), el histórico socio de los Ponce en la minera no metálica SQM.
El proceso podría haber terminado pronto, cuando en junio de 2018, los acreedores aprobaron liquidar la compañía en una subasta con una postura mínima de US$10,5 millones. Pero fue declarada desierta, pues nadie hizo ofertas. Y los problemas entre los socios continuaron. A fines de ese mismo año, una sociedad relacionada a los Ponce, Inversiones Intercorp, demandó a la central por considerar que no se habían establecido servidumbres para construirla. En julio de 2019, la central respondió acusando a los Ponce de intentar un fraude mediante un contrato simulado para perjudicar a los acreedores de la hidroeléctrica y calificó la demanda como "sorpresiva y oportunista".
Aunque este proceso paralelo sobre las servidumbre sigue su curso, la junta de acreedores del pasado 13 de marzo determinó llamar a un nuevo remate con un precio mínimo de US$ 4,8 millones, dejando sin efecto el acuerdo adoptado el 31 de enero pasado, cuando la asamblea había aceptado una oferta por ese mismo precio de Central Hidroeléctrica San Patricio S.A., sociedad constituida en 2018 por Matías Guzmán y José Tomás Urzúa, ambos ex ejecutivos de Tánica (la firma holding del grupo Schiess) y este último, casualmente, quien inscribió la central Chanleufú allá por 2011.