La Contraloría General de la República tendrá acceso al secreto bancario y la reserva tributaria de funcionarios y servidores públicos involucrados en presuntas irregularidades vinculadas a la comisión del delito de enriquecimiento ilícito en el uso o gestión de los bienes y fondos públicos.
Esta prerrogativa, vigente desde el 20 de abril, quedó establecida tras la aprobación de la Directiva N° 007-2024-CG/FIS que regula el requerimiento de esta información ante las entidades bancarias y los órganos de la Administración Tributaria.
Así, el contralor podrá solicitar esta información confidencial, debidamente sustentada, de funcionarios que administren o manejen fondos del Estado en los tres niveles de gobierno y el pedido deberá atenderse en un plazo máximo de 10 días hábiles.
Se debe garantizar la confidencialidad
La Contraloría garantizó que con la aplicación de esta medida no se desprotegerá la información sensible, ya que las personas y autoridades con acceso al reporte confidencial están obligadas a guardar reserva y no pueden cederla ni comunicarla a terceros, ni tampoco pueden utilizarla para fines distintos al solicitado.
En ese sentido, la entidad anunció la próxima implementación de un aplicativo informático para la solicitud y recepción de los datos sensibles a fin de garantizar su protección y carácter confidencial. Cuando esta plataforma se encuentre activa, las entidades financieras deberán acreditar a un Oficial de Cumplimiento al cual se le asignará un usuario y contraseña para acceder al sistema. Además, estableció responsabilidades administrativas y penales para aquellos que incumplan esta disposición.
En tanto, mientras no se habilite esta plataforma, los requerimientos serán canalizados a través de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) o directamente con las autoridades de los órganos de administración tributaria competentes.