Javier Milei fue el presidente del siglo XXI que más rápido tuvo que enfrentar un paro de la CGT. Sólo 20 días demoró la central obrera en llamar a un paro general en contra de las políticas del gobierno nacional. Récord histórico. Más allá de este dato anecdótico, esa marcha no generó ningún impacto en el gobierno. Como ese paro general del 24 de enero se replicaron varias marchas y protestas organizadas por movimientos sociales, partidos de izquierda, sindicalismo y peronismo.
Ninguna de las mismas movió una fibra en el gobierno. De hecho, todo lo contrario, alimentaron la narrativa populista del gobierno: el "antipueblo llamado casta" marchaba contra el pueblo llamado "argentinos de bien" y su líder, Javier Milei, de comunicación directa y único intérprete de las necesidades del pueblo, lucha contra la casta heroicamente. Lógicamente, del lado del peronismo y la izquierda, debían mostrar reacción a la acción del gobierno para al menos retener sus bases. Todas las marchas previas al 23 de abril se pueden interpretar desde esa lógica. La marcha universitaria del 23 de abril no.
Como lo sufrió Lopez Murphy en 2001, el segmento universitario es de alta movilización social. Es de alta movilización ya que no sólo estudiantes y docentes se movilizan. A ellos, no sólo se le suman los ex estudiantes, graduados o no. Cuando la educación universitaria se siente amenaza, se "aplican" a ellos todos los segmentos de la sociedad: profesionales, graduados, estudiantes, docentes, familias donde con suerte hay sólo un universitario. Casi todos los segmentos de la sociedad se sienten de alguna manera a la universidad pública. Y por ello, esta marcha fue masiva. Y también por ello, el gobierno acuso recibo.
Independientemente del número, la marcha fue multitudinaria. Lo fue porque por primera vez el gobierno se enfrentó a una protesta orgánica. Movilizada desde la política sin dudarlo, como lo es cualquier marcha masiva en contra de alguna política de un gobierno de turno. Pero adherida por todos los segmentos socioeconómicos y educativos de la sociedad. Y ahí es donde la marcha se vuelve multitudinaria, políticamente relevante, y (pre)ocupante para el gobierno.
Durante las últimas elecciones presidenciales, parte de la discusión viró sobre "los consensos sociales establecidos". La universidad pública demostró ser uno de ellos. Dada la capilaridad que demostró tener, ¿quién osaría manifestarse en contra de ella? Ni el propio Javier Milei. El mismo Presidente que en campaña y en gobierno no tuvo prurito en atacar a las madres y abuelas de Plaza de Mayo, quitar subsidios al transporte y energía, eliminar fondos fiduciarios como el de docentes, negar el cambio climático, tuvo reparos al hablar de la educación pública. Si bien existen iniciativas como el voucher educativo, la narrativa detrás del mismo es mejorar la calidad educativa, no eliminar la educación pública. En el punto universitario también. Ni el gobierno habla en contra de la educación universitaria pública, sino que se centra en auditarla y mejorarla.
Desde el Ejecutivo Nacional sabían de la masividad de la convocatoria a la marcha, y por ello reaccionaron con un mensaje positivo sobre los logros del gobierno la noche anterior a la misma en Cadena Nacional. Y también, por ello, los mensajes del Presidente pasaron de mofarse de las "lágrimas de zurdo" a aclarar que no se cerrarán universidades y que no faltarán fondos para ellas. Esta reacción demuestra una estrategia discursiva defensiva, en búsqueda de luchar contra el relato instalado en la agenda pública por la comunidad universitaria (con apoyo de la oposición) de desfinanciamiento de la educación pública.
Este último punto es crucial para comprender el accionar del gobierno. Con arriesgada estrategia, siempre atento a las fechas simbólicas y la liturgia reinantes en la oposición, el gobierno controló la agenda pública y política con mucho profesionalismo. Por primera vez el gobierno se encuentra en una posición reactiva, respondiendo a una temática que ocupó la agenda sin su iniciativa. Es por ello también que podemos observar ciertas improvisaciones y cambios de discurso como no habíamos observado en el gobierno hasta ahora.
En este escenario, el gobierno tiene un gran desafío y una gran oportunidad por delante: el 1° de mayo, Día del Trabajador. Es un gran desafío ya que corre el riesgo que esta fecha, asociada al movimiento sindical y al peronismo, exceda las fronteras del mismo envalentonado por la marcha federal universitaria y aglomere a nuevos sectores de trabajadores como son los profesionales universitarios no sindicalizados. Tiene una gran oportunidad ya que en caso de que ello suceda puede intentar instalar la narrativa que la marcha del 23 de abril fue meramente político-partidaria y no de masividad social como lo fue en realidad.
Pero la verdadera oportunidad del gobierno es la de reemplazar la agenda pública. El 1° de mayo y el acto de la CGT le trae la posibilidad de instalar la reforma laboral como gran temática en agenda para que "la casta" vuelva hablar de lo que el gobierno quiere debatir. Lógicamente, para que la misma sea efectiva, precisa lograr los consensos necesarios en el Congreso, a fin de culminar el relato con la sanción de la reforma como ley. Este último punto puede ser demasiado ideal. En el contexto de esta semana, y en vistas al acto público de la ex presidenta Cristina Kirchner el sábado, ya con reemplazar el debate público el gobierno lograría dejar su posición defensiva y reactiva sobre la educación universitaria para volver a la ofensiva que le queda más cómoda con la reforma laboral.