En el informe también se señala que más allá del temor a ser procesados y hostigados, los periodistas a veces practicaron la autocensura por temor a perder sus trabajos o perder acceso a fuentes gubernamentales.
Fuente: ANF
El Informe de Derechos Humanos 2023 del Departamento de Estado de Estados Unidos estableció que el Gobierno no respetó el derecho a la libertad de expresión y que tomó represalias contra los medios de comunicación que tienen una línea editorial de opiniones "disidentes".
"Si bien la constitución dispone la libertad de expresión, incluso para los miembros de la prensa y otros medios, el gobierno no respetó este derecho y tomó represalias contra los medios de comunicación que expresaban opiniones disidentes", se lee en el informe.
En relación con el tema, dice que algunos medios de comunicación informaron que el "gobierno los presionó e intimidó" para que generen información favorable sobre las políticas gubernamentales "por medio de retener publicidad gubernamental y al imponer impuestos elevados".
La presión gubernamental también habría sido para que los periodistas revelaran sus fuentes. La Asociación Nacional de la Prensa y la Asociación de Periodistas de La Paz exigieron al gobierno medidas concretas para proteger el trabajo y la seguridad de los periodistas.
Menciona las denuncias de las asociaciones sobre los frecuentes "ataques digitales" creados por equipos denominados "guerreros digitales" vinculados al Gobierno. Cita los casos de la Red Erbol, el portal de la página en Facebook de Cabildeo Digital, que fue presuntamente pirateado por los llamados guerreros digitales.
Por otra parte, el cierre del periódico Página Siete que alegó problemas económicos y presiones gubernamentales a través de auditorías y multas permanentes.
El informe también hace referencia a que los periodistas enfrentaron amenazas y acoso. Las organizaciones de periodistas advirtieron de un aumento del acoso, presión y abuso contra periodistas, citando específicamente el cierre de Página Siete y tres estaciones de radio en Los Yungas.
A propósito de la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, más de 10 periodistas que cubrían la protesta fueron agredidos, entre ellos un periodista que sufrió pérdida parcial de audición por los petardos y un camarógrafo que fue herido por una piedra.
Señala que el periodista Andrés Gómez denunció haber sido acosado en las redes sociales después que develó un caso de presunta corrupción que involucraba al Ministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz.
Asimismo, reporta que tres periodistas fueron amenazados por informar sobre temas de narcotráfico. Entre ellos están periodistas de la revista digital Contacto Bolivia y de la emisora de televisión Asociación Teledifusora Boliviana fueron amenazados por informar sobre el presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Además, un periodista del diario El Deber que recibió amenazas por informar sobre narcotráfico. "Los casos de amenazas y violencia denunciados anteriormente no fueron atendidos".
"La Red de Apoyo y Protección a Periodistas brindó asistencia a periodistas, incluido el caricaturista político Abecor, quien denunció haber recibido amenazas a través de las redes sociales en 2022. Los casos de periodistas secuestrados mientras cubrían una disputa de tierras en Las Londras quedaron paralizados en juzgados inferiores".
El reporte sobre la situación de Derechos Humanos en Bolivia, también destaca que las mujeres periodistas enfrentaron ataques y amenazas debido a su género. La Agencia de Noticias Fides informó: "Una vez que el gobierno desata una campaña contra estas mujeres periodistas, es alimentada por los denominados 'guerreros digitales' a través de las redes sociales y sostenida por las militancias del MAS", dice el reporte del Departamento de Estado.
Con base en los datos de la ONG Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social, el número de denuncias de amenazas y agresiones contra mujeres periodistas aumentó, con 14 casos denunciados hasta mayo.
Refleja que el informe de medios de comunicación señala que fueron atacados por manifestantes y policías cuando cubrían las protestas. Cita el caso de un excandidato a Defensor del Pueblo alineado con el MAS, Pascual Mamani, que a través de una red social incitó a quemar el canal Unitel con sede en Santa Cruz y matar a los periodistas. "No hubo arrestos".
Asimismo, refleja que de acuerdo a reportes de los medios hubo amenazas y ataques a periodistas que cubrían las protestas de las cooperativas mineras de La Paz. Seis periodistas y un fotoperiodista de medios nacionales e internacionales sufrieron violencia física y amenazas verbales.
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia nuevamente emitió un comunicado el 7 de noviembre condenando la violencia, indicando: "Este hecho se suma a las graves amenazas a la libertad de expresión y de prensa que continúan en la impunidad como consecuencia de la negligencia de las autoridades que incumplen su responsabilidad de resguardar la seguridad de periodistas en el ejercicio de sus funciones".
En el informe también se señala que más allá del temor a ser procesados y hostigados, los periodistas a veces practicaron la autocensura por temor a perder sus trabajos o perder acceso a fuentes gubernamentales.
"Por ley, el gobierno estuvo obligado a proporcionar bienes y servicios a todos los medios de comunicación de manera no discriminatoria, pero en ocasiones el gobierno no compró anuncios en ciertos medios de comunicación porque los consideró opuestos a posiciones sobre políticas del gobierno", dice el informe.
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