En plena estampida tarifaria por la energía eléctrica, las provincias también sufren los efectos del incremento de los precios que reciben los consumidores en sus facturas. La administración que preside Rogelio Frigerio debió disponer que las boletas puedan ser pagadas hasta en tres cuotas, en un intento de morigerar las subas que se registraron en Entre Ríos.
Sin embargo, desde la oposición contestaron con un proyecto de ley con destino a la Legislatura que lleva la firma del exministro de Agricultura de la Nación Juan José Bahillo, diputado provincial. La iniciativa, delineada técnicamente por el exAduanas Guillermo Michel, propone la creación de una compañía - Administradora Energía Entre Ríos SA- que pueda cumplir la función de Cammesa (pero a nivel local) para comercializar energía en el mercado mayorista, especialmente la producida por el Complejo Hidroeléctrico Salto Grande. De esa manera aprovechar los recursos para la provincia y a la vez, asegurar que industrias y consumidores locales puedan acceder a tarifas "razonables".
De acuerdo a los números que manejan en el PJ, Entre Ríos posee una capacidad de generación de 3,2 millones de MWH por año y un consumo cercano a los 4 millones MWH al año. Pero mientras que Salto Grande recibe como pago u$s 5/mwh, Enersa (la compañía energética provincial) debe desembolsar entre u$s 40 y u$s 50, según la época del año, por lo misma cantidad. Eso genera una pérdida proyectada de u$s 120 millones cada año.
"Administradora Energía Entre Ríos SA tendrá la titularidad para la comercialización de la energía eléctrica que el Complejo Hidroeléctrico Salto Grande aporte al sistema energético de nuestro país", indicaron desde la oposición entrerriana. Su formato sería el de una sociedad anónima controlada por el gobierno provincial pero abre la puerta a que, a futuro, pueda salir a oferta pública en un modelo mixto como el de YPF de hasta el 49% de sus acciones. Con el objetivo de no generar costo fiscal, propone que sus directores y síndicos no cobren salarios y que su personal pueda ser absorbido desde otras áreas de la administración pública provincial.
Fundamentos
El primer desafío que afirman los impulsores del proyecto que está saldado es si Entre Ríos podría crear su propia compañía y comercializar lo producido por Salto Grande, que hoy ingresa al mercado mayorista tanto a CAMMESA y actúa como mandatario del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y ADME (Uruguay), Administrador del Mercado Eléctrico Uruguayo. Y que también cumple con lo prescripto por el artículo 12 de la Ley 15.336 que garantiza que la producción de energía no pueda ser gravada con impuestos y contribuciones, o ser sujeta a medidas de legislación local que restrinjan o dificulten su libre producción y circulación. Eso sumado al dominio originario sobre los recursos que tienen las provincias de acuerdo al artículo 124 de la Constitución Nacional.
El diseño institucional de esta nueva empresa no afectaría el desempeño de la represa que seguiría siendo binacional pero sería quien se encargue de la comercialización de la energía producida y cuyas funciones, señalan, tampoco se superpondrían con las de Enesa que abastece al 71% del mercado entrerriano, el resto compartido con 18 cooperativas. Esa nueva empresa no tendría funciones similares.
Por último retoman un argumento político que recoger antecedentes en defensa de los recursos que produce Salto Grande de gobernadores anteriores como Jorge Busti o Gustavo Bordet. Y hunden el bisturí en el señalamiento a la actual gestión de Rogelio Frigerio sobre una presunta ausencia de defensa de los intereses locales, a partir de que no judicializó ninguna de las quitas encaradas por la administración de Javier Milei sobre fondos provinciales y, por el contrario, se muestra proclive a apoyar las proyectos que necesita la Casa Rosada sin contraprestación para Entre Ríos.