La Banelco es veneno en estado puro para los senadores peronistas. Una generación de senadores peronistas fue decapitada en el año 2000 por las denuncias de sobornos que rodearon la aprobación de una reforma laboral. Hugo Moyano popularizó la figura de la Banelco cuando dijo públicamente que el entonces ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, le había dicho que para convencer a los senadores tenía "la Banelco", una metáfora de las supuestas coimas.
Fue suficiente. Los senadores peronistas pueden ayudar a Macri, pero no están dispuestos a inmolarse con el estigma de que cobraron sobornos. Al revés de la reforma de 2000, esta vez los cambios fueron el resultado de una ardua negociación entre el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y la cúpula de la CGT.
Todos terminaron firmando un acuerdo. El representante de Hugo Moyano en el tridente que controla la central obrera, Juan Carlos Schmid , firmó ese acuerdo.
El hijo menor de Hugo Moyano (Huguito, como lo llaman) es un abogado que incluso participó de la redacción del acuerdo. Para los senadores peronistas, es Hugo Moyano padre el que está detrás de un juego doble: acuerda y desacuerda con el Gobierno.
El primer capítulo parlamentario de las reformas se escribirá hoy cuando se reunirán las comisiones del Senado que deben expedirse sobre los proyectos de leyes que envió el gobierno de Macri. Dos comisiones, la de Presupuesto y Hacienda y la de Asuntos Laborales, estaban convocadas para empezar a tratar las reformas anunciadas por el Presidente.
La reunión de hoy recibiría a los ministros responsables de los proyectos, a la que se sumarían los gobernadores, tal vez mañana. Pero los senadores pedían algo más, sobre todo la presencia de la dirigencia de la CGT y su explícito aval a la reforma laboral.
Dos de sus tres principales dirigentes, Schmid y Héctor Daer, no están en Buenos Aires; participan de una reunión mundial de dirigentes sindicales en el Vaticano.
El tercero, Carlos Acuña, está en Buenos Aires, pero es el de perfil más bajo. Representa a Luis Barrionuevo, el menos poderoso de la cúpula sindical en el triunvirato. El Gobierno había propuesto la concurrencia de una nutrida delegación sindical al Senado (Armando Cavalieri y Andrés Rodríguez, entro otros).
Al final, los senadores consideraron que eso era demasiado poco para lo que está en juego. Mañana se reunirá sólo la Comisión de Presupuesto y Hacienda para tratar el paquete económico. La reforma laboral quedó postergada para el martes de la semana próxima.
Se debatirá el tema desde la mañana con la presencia de Triaca, de la CGT y de las CTA. Quieren firmar un dictamen ese mismo día. La condición de los senadores peronistas es que vayan a homologar la reforma los tres secretarios generales de la CGT, Schmid, Daer y Acuña. No se conforman con menos.
El consenso de la CGT le daría a esta reforma una característica totalmente distinta a la que impulsó Fernando de la Rúa y que terminó en su momento en un enorme escándalo político.
"Cambiemos no paga sobornos a nadie", se enfureció el propio Presidente cuando le plantearon la sensibilidad de los senadores. Más que los hechos de ahora, el problema es la historia, que tan bien supo aprovechar Pablo Moyano cuando usó la metáfora de la Banelco.
Se sabe que en las últimas horas Triaca habló varias veces con Hugo Moyano para reclamarle una definición pública sobre su posición. ¿Está con Pablo o con Huguito? ¿Schmid es su representante en la conducción de la CGT o dejó de serlo? Mientras su padre va y viene con medias palabras, el díscolo Pablo se sumó a los gremios que no están en la CGT y que tienen una posición frontal crítica a la reforma laboral.
Militan en esa corriente las dos CTA y el bancario Sergio Palazzo, un radical que terminó al lado de Leopoldo Moreau; es decir, cerca del kirchnerismo. Este grupo de sindicatos se propone hacer un gran acto de protesta frente al Congreso por la reforma laboral.
Otra curiosidad: Pablo Moyano no es ajeno a la CGT; es su secretario gremial. Está haciendo una monumental contribución a la exhibición pública de la fragmentación sindical. Las fracturas muestran más la debilidad de los gremios que cualquier otra cosa.
Los tiempos no son neutros en el calendario parlamentario. El oficialismo quiere sacar del Senado todas las reformas antes del 10 de diciembre, pero sobre todo la reforma laboral. Ese día ingresará al cuerpo formalmente Cristina Kirchner, quien ya adelantó no sólo su voto en contra de la reforma laboral, sino también las sospechas, tan increíbles como prematuras, que comparte con Pablo Moyano.
"Quieren sacarla entre gallos y medianoche", dijo anteayer. ¿Se refiere, acaso, al tiempo breve en que saldría la reforma? Ella, cuando era presidenta, ordenó trámites más que urgentes para proyectos mucho más significativos que la reforma laboral, como el acuerdo con Irán, que ahora es investigado por la Justicia.
Todos los senadores que participaron de su aprobación debieron declarar como testigos ante el juez Claudio Bonadio. Ese acuerdo fue una decisión personal de la ex presidenta que no contó con el consenso de nadie.
Hay que volver a Moyano. ¿Qué lo lleva al patriarca de la familia sindical a avalar de hecho el acuerdo y también el desacuerdo? La respuesta no hay que buscarla, tal vez, en la ideología ni en los principios. Puede estar en OCA, la principal empresa de correo privado del país, donde trabajan 7000 empleados, todos afiliados al sindicato de Camioneros, cuyo líder es Hugo Moyano y cuyo jefe fáctico es Pablo Moyano.
OCA tiene como titular formal a Patricio Farcuh, aunque nadie sabe de quién es prestanombre. OCA le debe a la AFIP $ 4000 millones por una operación ilegal parecida a la que puso a Cristóbal López en las puertas de la cárcel. Las cuentas de la empresas están embargadas por la agencia impositiva y el propio Moyano debió desviar recursos del sindicato de Camioneros para pagar los sueldos de los trabajadores de OCA.
Para peor, el próximo 7 de diciembre se vencerá la licencia de OCA como correo privado. Un organismo del gobierno, Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones), deberá entonces prorrogar -o no- la licencia. Paralelamente, la empresa viene reclamando que un juez le apruebe un concurso de acreedores para pagar la deuda de la AFIP dentro de una moratoria.
La agencia impositiva apeló recientemente la resolución de un juez de Lomas de Zamora que levantó los embargos de la AFIP. El tema OCA es un viejo problema de Moyano, hasta tal punto que no son pocos los que creen que hay intereses personales del líder sindical en la propiedad de la empresa.
Alguna vez, hace mucho tiempo, Moyano le planteó la cuestión de OCA directamente a Macri durante un almuerzo en Olivos. Sería conveniente saber, al menos, por qué luchan los dirigentes gremiales.