El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, ha remitido ya al Congreso de los Diputados su propuesta para renovar la cúpula judicial. Este movimiento se produce después de que anunciara que se irá en verano si no hay un acuerdo entre PSOE y PP. Y un acuerdo antes de las elecciones europeas no habrá, después de que haya fracasado también la mediación de la Unión Europea en este pulso político.
La negociación está rota, pero el PP recalca que no se levanta de la mesa porque lo que sospechan es que se les viene encima la decisión del Gobierno de Sánchez de retomar el viejo proyecto del PSOE y de Sumar de reformar la ley orgánica del Poder Judicial para cambiar la mayoría de tres quintos que deben recabar los candidatos tanto en el Congreso (210 votos de 350) como en el Senado (160 de 266) para que se produzca su elección. En el PP está abierto un debate sobre los riesgos de mantener el bloqueo. El contexto no puede ser más incómodo para un acuerdo, la presión externa para que no cedan es muy grande, pero, al mismo tiempo, saben el coste de lo que se juegan si sale adelante la rebaja de las mayorías.
Esta propuesta fue retirada porque no pasaba los filtros de la UE, pero el CGPJ está ya en una situación límite, en riesgo de saltar por los aires con la salida de Guilarte, y el vacío de poder que dejan las elecciones europeas alienta en medios jurídicos la sospecha de que Sánchez y sus socios están preparando dar ese golpe de mano porque el tiempo apremia y lo que hay realmente en juego es el control de alrededor el 80 por ciento de las plazas del Supremo para las próximas generaciones.
En estos momentos ya están en situación vacante el 30 por ciento. En los próximos cinco años se liberarán para su renovación otro 50 por ciento. Y hay que tener en cuenta que estas plazas son vitalicias, por lo que la mayoría que controle su designación tendrá asegurado, asimismo, el control del Supremo para las próximas décadas.
Una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial para convertir en mayoría simple la proporción necesaria para renovar el CGPJ tiene sobre ella la espada de Damocles de la UE, pero aquí hay que tener en cuenta la clave más significativa, y es que Bruselas puede acabar tumbando esa reforma, pero los nombramientos que el Gobierno haya conseguido introducir haciendo uso de ésta no tienen marcha atrás.
Al Gobierno le suma que la situación dentro del Poder Judicial sea cada vez más asfixiante, después de cinco años de interinidad que han alentado unas luchas intestinas que afloran ante el estado de descontrol de la cúpula judicial y después de que el actual presidente, en interinidad, haya comunicado su salida en verano.
Este vocal llegó a la Presidencia por ser el más antiguo hace un año, tras la jubilación de Rafael Mozo y la dimisión de Carlos Lesmes. En una entrevista con Carlos Alsina, en "Onda Cero", desveló la pasada semana que se sentía solo y que no compartía tampoco el afán de otros vocales por mantenerse en sus puestos, haciendo uso de los privilegios que éstos les conceden, y aunque no puedan desempeñar las funciones para las que fueron elegidos.
Bruselas podría tumbar la rebaja de las mayorías, pero los nombramientos son inamovibles
Los vocales conservadores dan por hecho que, si no hay un acuerdo político, Pedro Sánchez actuará para rebajar la mayoría parlamentaría y así librarse de tener que contar con el PP en la renovación. Lógicamente, el futuro del Poder Judicial está también sometido a las urnas por los efectos de las catalanas y las europeas en la legislatura y en la estabilidad del Gobierno de Sánchez.
Las fechas han coincidido estratégicamente creando una especie de triángulo de las Bermudas que abre grandes incertidumbres sobre el futuro de los agentes políticos que se cruzan en esa zona de emergencia. La negociación de la investidura del nuevo presidente de la Generalitat coincidirá prácticamente con las elecciones europeas y también con la aprobación definitiva en el Congreso de la ley de amnistía.
En tanto no se aclare este marco político es difícil aventurar qué pasará en el ámbito judicial, pero la realidad es que, por un lado, la oposición incluso asume que quizás debería prepararse para una posible convocatoria de las generales (si Sánchez considera que la victoria en Cataluña es el mejor momento que va a tener para jugarse de nuevo los dados en las urnas), mientras que en el CGPJ se preparan para una desintegración que estallará desde dentro y para movimientos en el ámbito político que hagan saltar por los aires el bloqueo.
El Poder Judicial debía haberse renovado en 2018 a través de un pacto entre los dos partidos políticos que tienen más miembros en el Parlamento para lograr los tres quintos que tradicionalmente se ha entendido que pide la Constitución.
Pero el PP ha ido alegando diferentes motivos para mantener parada esa renovación, y no ayuda ni el contexto político de entente entre Sánchez y el ex presidente Carles Puigdemont ni tampoco las presiones externas que recibe el PP para no moverse del bloqueo.
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