Un jurado popular ha declarado culpable a Natalia Chiguachi Castrillón (Colombia, 1990) de un delito de homicidio por acuchillar mortalmente a su pareja -Sliman Guiz (Argelia, 1997)- en el domicilio que la víctima okupaba en la avenida Madrid de Zaragoza. El objeto del veredicto se ha entregado a los miembros del jurado a las 12.30 horas y, en menos de siete horas incluida la pausa para comer, han contestado a todas las preguntas. Consideran que Chiguachi tuvo "la intención de causar la muerte" de su novio, a quien asestó una cuchillada en el hemitórax anterior izquierdo que le perforó el corazón.
Los miembros del pueblo elegidos para impartir Justicia también han descartado que Chiguachi actuara en legítima defensa para repeler un ataque del finado. Y han hecho lo propio al considerar que no esgrimió el arma homicida por arrebato o anulación de sus facultades. También se han opuesto a su indulto y a la suspensión de la pena.
Los profesionales del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aragón (Imlcfa) desgranaron las características de la cuchillada «mortal» que la víctima recibió en el hemitórax anterior izquierdo. Fue una lesión «francamente grave» al seccionar el sexto cartílago del arco costal y hacerlo de forma parcial con el quinto. Pero no fueron las heridas más graves porque el cuchillo atravesó la piel, el músculo, los arcos costales y la pleura hasta que alcanzó el pericardio y perforó el corazón.
Como consecuencia de todo ello, se dejó de bombear sangre al resto de órganos hasta el punto de que se fue acumulando en el pericardio y desencadenó «un coágulo de gran tamaño».Todas estas pruebas llevaron a los forenses a descartar que se tratara de una muerte de naturaleza suicida o accidental para sentenciar que fue un homicidio.
Con todo ello, tanto la fiscal María Victoria Esponera en representación del ministerio público y la acusación particular a cargo de Alejandro Giménez han mantenido las penas que solicitaban inicialmente, es decir, 14 y 15 años de cárcel, respectivamente. La defensa ejercida por Juan Carlos Macarrón, por su parte, ha interesado que su representada sea condenada a la pena mínima: 12 años y medio de prisión.
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