Choque de trenes entre los análisis del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Ministerio de Trabajo sobre el mercado laboral de España. Mientras la institución internacional apunta a que la legislación sobre la protección del empleo debería «relajarse», la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha insistido hoy en el Senado en sus planes para endurecer el despido.
«Es necesario que reforcemos las causas (…). Se puede despedir sencillamente si una empresa no alcanza los niveles de beneficios que había previsto, no es que tenga pérdidas, sino lo que había previsto. Bueno, pues alguna cosa tendremos que cambiar», ha indicado la líder de Sumar. «Se tiene que introducir un mecanismo que tiene que ver con la reparación (…) atendiendo a factores personales», ha reflexionado.
Precisamente mientras la vicepresidenta comparecía en el Senado, el FMI explicaba en su informe sobre la economía española que, a futuro, habría que reducir la «incertidumbre en torno a los costes del despido» como forma de incentivar a las empresas a crear contratos indefinidos.
Un análisis que Díaz no comparte. «Vamos a cambiar el despido para que se reparen los daños causados a la persona y que sea verdaderamente disuasoria (…) que el despido no sea rentable», ha señalado Díaz sin detallar mucho más.
Actualmente, el despido objetivo, que implica una indemnización de 20 días por año trabajado hasta un máximo de 12 mensualidades, puede aplicarse siempre que existan determinadas causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP).
Por causas económicas se entiende que la empresa tenga pérdidas o prevea tenerlas, o una disminución persistente del nivel de ingresos ordinarios o ventas (durante tres trimestres consecutivos); en tanto que se entenderá por causas técnicas cuando se produzcan cambios en los medios o instrumentos de producción.
En materia laboral, el FMI ha reclamado también que la reducción de jornada se haga en cómputo anual y no semanal, y con un papel importante de la negociación colectiva a la hora de adaptarla por sectores y empresas. Esta debería ir acompañada, asimismo, de una moderación salarial.
En este sentido, Díaz ha coincidido con la insititución que dirige Kristalina Georgieva y ha pedido a los agentes sociales cerrar con acuerdo la reducción de la jornada a 37,5 horas semanales.