El Gobierno de España se dispone a "extinguir" la Fundación Francisco Franco en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, por considerar que esa entidad hace apología de la dictadura, según ha anunciado este viernes en Fuerteventura el ministro Ángel Víctor Torres.
"La ley dice claramente que no caben fundaciones que vanaglorian a aquellas personas, colectivos o asociaciones que hicieron apología del franquismo, que defendieron el totalitarismo y la dictadura. Por lo tanto, no cabe la Fundación Francisco Franco, en ningún caso. Y lo que se va a hacer es extinguirla", ha señalado a los periodistas el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.
Ángel Víctor Torres ha hecho este anuncio durante su visita a uno de los símbolos de la represión de la dictadura, la colonia agrícola penitenciaria de Tefía, en Fuerteventura, donde el régimen que gobernó España desde 1936 hasta 1975 recluyó durante años a personas del colectivo LGTBI solo por su condición sexual.
El titular de Memoria Democrática ha precisado que no compete a su ministerio, sino al de Cultura, en cuyo registro se encuentra la Fundación, pero también han discutido ya ese asunto con el ministro Ernesto Urtasun, que "conoce bien los pasos a dar".
"Por lo tanto, toda fundación o asociación que defienda al dictador o a quienes hacían apología de la dictadura, tiene que estar eliminada de la democracia, pero eso no es nada nuevo: eso es propio de la Ley de Memoria Democrática y del derecho internacional, es propio de las convenciones de las Naciones Unidas, de sus convenios y sus resoluciones en defensa de los derechos humanos", ha argumentado.
Torres ha añadido que, por ello, le "entristece que haya comunidades, como la de Aragón (gobernada por PP y Vox), que derogan su Ley de Memoria Democrática" y eliminan también la disposición que rendía homenaje a los ciudadanos españoles de esa región que murieron en los campos de concentración nazis durante la II Guerra Mundial.
"Eso ya no va solo contra una ley española, va en contra del derecho internacional, que dice claramente que esos campos de exterminio fueron campos aborrecibles y, por tanto, hay obligación de proteger a las familias y las personas que fueron víctimas de los mismos. Porque ahí se incumplieron absolutamente todos los derechos humanos", ha continuado.
A su juicio, no tiene sentido que a estas alturas haya quienes "pretendan quitar los lugares de memoria o no quieran poner en el mapa las fosas" de los republicanos represaliados por el franquismo.
Torres ha recordado que en el ayuntamiento del que fue alcalde, Arucas (Gran Canaria), se excavaron dos pozos donde fueron arrojados en 1936 varias decenas de personas que había sido asesinadas por los sublevados y que hasta ese momento se daban por desaparecidas, y ha remarcado que se hizo con el apoyo de instituciones presididas por políticos de distinto signo (PSOE en el Consistorio, PP en el Cabildo y Coalición Canaria en el Gobierno autonómico).
"Eso es un ejemplo para el resto de las comunidades, cuando algunas están en la voluntad, por ejemplo, de igualar los 40 años de dictadura con los años de la II República. Y no son iguales", ha añadido.
Aprovechando que se encontraba en un lugar de referencia para el colectivo LGTBI, el ministro ha recordado que durante la República "las personas homosexuales eran libres, iguales, con idénticos derechos de amar que las heterosexuales y la dictadura los segregó, los margino, los señaló, los convirtió para el resto de la sociedad casi en personas a perseguir".
El presidente de la Fundación Francisco Franco, Juan Chicharro, se ha opuesto a la extinción de la entidad anunciada este viernes por el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y le ha augurado una "dura lucha en los tribunales" si persiste en su intención, ya que asegura que sería contrario a la Constitución.
En declaraciones remitidas a EFE, el presidente de la Fundación Francisco Franco ha retado al ministro a explicar "cómo va a violentar el artículo 22 de la Constitución española, donde se regula el derecho de asociación".
En su opinión, si el Gobierno quiere extinguir la fundación tendría antes que reformar este artículo de la Constitución para incluir entre las causas de extinción de una asociación lo que establece la Ley de Memoria Democrática al respecto.
Además, ha señalado que la Fundación Francisco Franco hizo hace un año una modificación de sus estatutos y asegura estos "se ajustan perfectamente a la Ley de Memoria Democrática".
"Le auguro (al ministro) una dura lucha en los tribunales, así que menos lobos", ha añadido.
Por otro lado, se ha quejado de que se pretenda "callar" a la fundación "y que nadie sepa ni siquiera desde una perspectiva histórica lo que fue el régimen de Franco", en el que afirma que "la prosperidad, el orden y el bienestar de los españoles era el único objetivo".
La Ley de Memoria Democrática establece en su disposición adicional quinta las causas para extinguir una fundación, como por ejemplo que haga "apología del franquismo, que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o que enaltezca a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo".
Por su parte, la Fundación Francisco Franco, constituida en 1976 tras la muerte del dictador, explica en su página web que uno de sus objetivos es "difundir y promover el estudio y conocimiento sobre la vida, el pensamiento, el legado y la obra de Francisco Franco Bahamonde, en su dimensión humana, militar y política, así como sobre las realizaciones de los años de su mandato como Jefe del Estado Español, Capitán General y Generalísimo de los Ejércitos".