A través de una carta dirigida al Presidente Gabriel Boric, la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) mostró su preocupación por la aplicación del denominado "criterio Tohá".
La semana pasada, la ministra del Interior, Carolina Tohá, explicitó la postura que asumirá el gobierno respecto a casos de funcionarios dependientes del Ejecutivo que deban enfrentar procesos de formalización. "Nuestra filosofía con los funcionarios que son de nuestra dependencia es que en los momentos en que hay una formalización, aunque se trata solamente de una garantía del imputado y no presume de antemano culpabilidad, es importante tomar algunas decisiones para evitar que la investigación de las autoridades afecte a las instituciones", señaló al respecto.
Esto, luego de la renuncia del director de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, quien quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por haber entregado información reservada al abogado Luis Hermosilla, y ad portas de la formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien enfrentará el próximo 7 de mayo su formalización por el supuesto delito omisivo de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio durante el estallido social.
En ese contexto, la misiva enviada por la bancada de RN resalta el hecho que se resguarde el principio de probidad en la función pública. Sin embargo, enfatiza que la formalización "en sede penal es un acto garantista que no debe ser utilizado como justificación para destituir a funcionarios públicos sin un proceso justo y racional". Por ello, aunque resaltan la "necesidad de aplicar un criterio de destitución de manera uniforme y sin excepciones", explican que ciertos cargos, como el de general director de Carabineros, deben seguir un proceso específico.
Apoyo al general Yáñez y referencia a jefe de asesores de La Moneda
Por ello, en la carta apuntan a algunas precisiones sobre la aplicación de criterios de destitución de funcionarios. Explican que "el criterio estándar debe ser aplicado a funcionarios de exclusiva confianza cuya permanencia en el cargo depende exclusivamente de la voluntad del Jefe de Estado".
Además, enfatizan que debe aplicarse "sin excepciones". "En la medida que se formalicen cargos en contra de sujetos tan sensibles para la función gubernamental, como el jefe de asesores de la Presidencia o la Directora de Presupuesto, estos corran la misma suerte, esto es, sean inmediatamente despojados de sus cargos", señalan. Lo anterior, en clara referencia a Miguel Crispi y una eventual formalización por la investigación en el caso de Democracia Viva.
Respecto al caso del general director, los parlamentarios explican que el Presidente de la República, según lo señalado en el final del inciso 104 de la Constitución, y habiendo informado a las dos cámaras, podrá llamar a retiro a los Comandantes de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, enfatizan que "no son servicios públicos como otros, expuestos a los vaivenes y al devenir de la política".
"Hacemos presente lo anterior ya que, no solamente tenemos plena certeza de que el general Yáñez ha sido objeto de una persecución penal abusiva en base a teorías que requieren de un elemento contextual que en caso alguna se dio en los incidentes que sucedieron al 18 de octubre del año 2019″, explican.
A lo que agregan que independiente de su interpretación de los hechos "lo cierto es que el marco constitucional colisiona frontalmente con el 'Criterio Tohá' tratándose del general director de Carabineros."
Finalmente, señalan que "utilizarán todas las herramientas para exigir que se respete el estatus especial que goza el general director de Carabineros y su derecho a la presunción de inocencia, una en la cual confiamos plenamente".