Es uno de los mayores atentados contra los derechos humanos y el tercer negocio delictivo que más dinero mueve en el mundo tras el tráfico de drogas y de armas. En España se detectaron 1.000 casos en 2023 y hasta 7.000 se eleva en toda la UE, aunque las organizaciones humanitarias advierten de que la cifra es mucho mayor. La pobreza, los conflictos bélicos, la desigualdad, la violencia de género, la ausencia de oportunidades de empleo o de apoyo social, las crisis humanitarias y la discriminación se hallan entre los principales factores.