"¡Fuera! ¡Fuera de esta casa!". Doña Concha, la anciana interpretada por la actriz Amelia de la Torre en la serie Anillos de oro, expulsa airada a Lola y Ramón (Ana Diosdado e Imanol Arias) cuando estaba a punto de alquilarles un despacho al descubrir el bufete de abogados que prevén abrir en su domicilio se especializará en tramitar divorcios al calor de reforma del Código Civil de 1981. Aunque, en el juego de malentendidos del guion, la propietaria estaba dispuesta a alquilar el espacio como meublé o como casa de citas, siempre con discreción, lo de acoger un despacho donde se rompiesen legalmente matrimonios resultaba del todo inaceptable.
La parodia no dejaba de ser un fiel retrato de una sociedad recién salida de la dictadura aún dividida en torno a una cuestión entonces tan delicada que la Constitución de 1978 la abordó de soslayo, dejando al legislador su futura regulación de forma explícita en su artículo 32: "La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos".
La conocida como ley del Divorcio, sin embargo, fue aprobada con premura, y tanto su redacción como defensa corrió a cargo del Gobierno de la UCD, aunque su votación se produjo ya tras la dimisión de Adolfo Suárez, el 22 de junio de 1981, con Leopoldo Calvo Sotelo en la presidencia. El texto llegó al Congreso a propuesta del ministro de Justicia, Francisco Fernández Ordóñez, y tanto en su debate como en su votación, secreta, se evidenció la división que existía sobre el tema en el seno del partido de Gobierno, acelerando una galopante crisis que llevaría a su rápida desmembración.
Antes de que el debate llegase a la tribuna pública, el Centro de Investigaciones Sociológicas realizó dos estudios de opinión sobre el divorcio. El primero en enero de 1978, cuando el debate no había aún irrumpido en la escena política. En segundo, en junio de 1980, en plena redacción de la propuesta de ley y con una opinión más formada de la sociedad española. A sólo tres meses, además, del estreno de Kramer contra Kramer en España, una película que si bien no estaba centrada en el divorcio, sino en los nuevos roles de la pareja y la paternidad, incidió en el debate.
Realizado sobre un universo de 2.460 personas de distinto sexo y condición social de 38 provincias y 118 municipios, este sondeo, que llevó como título genérico "Pareja humana", evidenció la división que existía entre la opinión pública española sobre el tema, así como la aceptación de roles y costumbres en torno al matrimonio a pesar de no resultar satisfactorias para los entrevistados. En este sentido, llama poderosamente la atención que un 35,8% aceptase como cierta la afirmación "en la mayoría de los matrimonios las relaciones sexuales no son satisfactorias", frente a un 28,0% que lo negaba. Por su parte, un 36,2% prefería no responder por pudor o cualquier otro motivo.
Si bien un 41,1% de los encuestados suscribía que las parejas que convivían sin haberse casado eran "el resultado de la evolución de las costumbres y hay que acomodarse a ellas", la defensa del matrimonio para toda la vida era mayoritaria. De esta manera, un rotundo 77,0% consideraba que la media de 45 años en las que se situaban en ese momento los matrimonios en España era la prueba de que la convivencia en pareja podía ser larga y duradera, aunque para un 88,4% de quienes así lo veían exigía "superar muchas dificultades y crisis".
Un 35,8% daba como cierta la afirmación "en la mayoría de los matrimonios las relaciones sexuales no son satisfactorias"
Pese a estas opiniones mayoritarias, buena parte de los entrevistados reconocía que el matrimonio era una unión "que puede romperse en casos excepcionales" (36,25%), por más que un porcentaje similar lo consideraba una unión "indisoluble para toda la vida" (34,6%). Eran minoría los que creían que debía tratarse de una unión "que se puede romper por simple acuerdo de las partes" (25,5%), dando la plena libertad de la disolución a sus protagonistas. Cabe tener en cuenta, que en el debate de la época, se consideraba como normal que fuese uno de los esposos quien tuviese que pleitear por el divorcio, y no que fuese una decisión de mutuo acuerdo.
Las razones para esgrimir esta indisolubilidad del matrimonio eran mayoritariamente religiosas (para un 32,7%), aunque también por una razón de principios, "un compromiso adquirido para toda la vida (31,9%). Paradójicamente, estos dos motivos pesaban más que los hijos en común (12,1%). Sin embargo, ya en el supuesto de que en España se legalizase el divorcio, los encuestados consideraban que el número de matrimonios que acabarían rotos sería alto (46,1%) o muy alto (26,2%). En definitiva, que la mayoría parecía tener claro que la integridad declarada no lo sería a la hora de la verdad.
Entre los motivos o circunstancias justificarían un divorcio, en una serie de respuestas inducidas múltiples, la mayoría se decantaba por los malos tratos de uno de los cónyuges hacia el otro (75,8%), el abandono del hogar (70,4%), el adulterio de la esposa (65,8), el adulterio del marido (61,8%), la homosexualidad (64,6%) o la falta de amor y comprensión (64,1%).
En cualquier caso la mayoría se decantaba por no conceder el divorcio a los matrimonios con hijos menores de 6 años (45,5%) o menores de 12 años (40,2%), aunque entre un 32,7% y un 35,2% lo haría en función de las circunstancias. En esta misma línea, entre un 41,9% y un 43,3% consideraba que el divorcio tendría consecuencias graves o muy graves, respectivamente, para los hijos. Cabe destacar que para un 46,7% de los mismos entrevistados, no podía considerarse matrimonio aquél que acordase de antemano no tener hijos.
Un rotundo 85% consideraba que el divorcio tendría consecuencias graves o muy graves para los hijos
Incidiendo en el aspecto señalado de la "culpabilidad" de uno de los miembros de la pareja para la concesión judicial del divorcio, un 44,1% de los encuestados creía que sólo en "ciertos casos", sin que la respuesta inducida especificase ninguno, el divorcio debería ser posible sin que el juez declarase culpable a uno o a los dos cónyuges, y sólo para el 20,6% debía concederse en "todos los casos". De todas formas, un rotundo 70,3% manifestaba que el juez debería intentar ante los cónyuges una tentativa de reconciliación antes de iniciar el proceso.
Ante la disyuntiva que fuese el propio entrevistado quien tuviese que intervenir ante una crisis de pareja, de nuevo la mayoría optaba por mantener el matrimonio, de manera que un 47,9% aconsejaría a la pareja intentar superarla. La opción de la separación definitiva o el divorcio de entrada sólo era la mejor opción para el 3,1%.
La imagen de los divorciados no era nada favorable para los participantes en el estudio ya antes de que existiesen legalmente. Hasta el punto de convertirse en un estigma. Sobre la opción de casarse con un divorciado o divorciada sin hijos aún había debate, y un 24,8% señalaba que lo haría en tanto que otro 24,8% tenía claro que no. Si el divorciado o divorciada tenían hijos, el 31,3% aseguraba que no se casaría con él o ella con toda seguridad. Votar a un candidato divorciado o que los hijos tuviesen un profesor divorciado no suponía, sin embargo, un gran problema.
La ley del Divorcio, sin embargo, tiró adelante con la mayoría simple del Congreso, doña Concha se murió tras el primer capítulo de Anillos de oro y su hermana, tan conservadora o incluso más de ella, aceptó que en su casa se instalase el despacho desde donde Lola y Ramón gestionaron todo tipo de rupturas matrimoniales en una serie que marcó una época en España.