Un contrato firmado el 17 de enero del 2020, apenas unas semanas antes de la declaración del estado de alarma, es el causante de que Pedro Sánchez haya decidido "parar y reflexionar". Fue un acuerdo de colaboración sellado entre el IE Africa Center de Begoña Gómez, directora entonces de la institución que pertenece al Instituto de Empresa, y la filial de Globalia, grupo del que aún forma parte Air Europa. La colaboración nunca se llegó a desarrollar pero un juzgado de Madrid abrió ayer diligencias contra la mujer del presidente del Gobierno tras una denuncia interpuesta por el sindicado de ultraderecha Manos Limpias. La Vanguardia ha reconstruido cómo fue esa relación entre la mujer del jefe del Ejecutivo y la compañía aérea. Todo comenzó en Rusia.
San Petersburgo. Año 2019, periodo electoral. Una filial de Globalia llamada Wakalua, y bautizada como "el primer hub global de innovación en turismo", acudió a un congreso de la OMT (Organización Mundial del Turismo). En la ciudad rusa los directivos de la compañía coincidieron con Gómez, la mujer de Sánchez, que viajó hasta el evento turístico en representación del IE Africa Center. En San Petersburgo suscribieron un acuerdo de colaboración para un proyecto muy concreto. El contrato se firmó el citado 17 de enero del 2020. El objetivo era becar a ganadores de un concurso de empresas emergentes africanas. El montante: 25.000 euros en becas y otros 15.000 en "gastos de representación".
Recurriendo a estos gastos, Wakalua y el IE Africa Center acordaron adquirir dos billetes de avión entre Madrid y Londres para asistir a un congreso de turismo que costaron 1.716,53 euros, ida y vuelta, con Air Europa. Uno de esos billetes de avión fue utilizado por Gómez, explican las fuentes consultadas, el 4 de marzo del 2020. Más allá de este desembolso el contrato no se desarrolló nunca. No se recurrió a ningún euro más.
Días más tarde del viaje a Londres, Sánchez anunció el estado de alarma y el confinamiento de toda la población. Esa Semana Santa decretó el cierre de la economía para frenar los contagios de la covid. Esta situación afectó directamente a Air Europa, que recurrió al Gobierno para ser rescatada. La alternativa, indican fuentes de la aerolínea, era el concurso de acreedores. La compañía no tenía dinero para pagar las nóminas. Por eso requirió la ayuda pública y recibió 475 millones en dos préstamos: uno participativo de 240 millones y otro ordinario de 235 millones. El participativo, en el que está implicada la SEPI, tiene unos intereses del 7,5%. Si la compañía da beneficios, el 1% irá para Hacienda. La aerolínea ya ha pagado 66 millones solo en intereses.
El préstamo de 475 millones a la aerolínea se negoció con la SEPI, el consejo asesor y Abogacía del Estado
Air Europa y Presidencia del Gobierno defienden que el préstamo público no guarda relación alguna con el contrato del IE Africa Center y la filial de Globalia. La ayuda se negoció directamente con el vicepresidente de la SEPI y el consejo asesor. También con la Abogacía del Estado y Cuatrecasas y PwC conocieron el proceso. Air Europa incluso emitió un comunicado negando todas las acusaciones.
Tras la pandemia, Globalia y el IE Africa Center volvieron a hablar de más acuerdos. Comenzaron a trabajar en un proyecto de repoblación llamado "Hola Pueblo", que tampoco se desarrolló nunca.
El único pago al IE Africa Center fueron dos billetes de avión a Londres por 1.716,53 euros
Begoña Gómez y el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, se conocieron en San Petersburgo. Después tuvieron dos reuniones: una en la edición del 2020 de la Feria Internacional de Turismo, Fitur, que se celebra en Madrid, y otra en la sede de la compañía, en Pozuelo de Alarcón. No se avanzó en más colaboraciones. En ninguno de estos encuentros se abordó el rescate de Air Europa, afirman estas fuentes.
Air Europa tiene aún retenido en Venezuela 206 millones, un conflicto que se remonta a los años 2012 y 2013. Desde entonces la compañía intenta recuperar este dinero, empleando cualquier vía legal, recurriendo incluso a conseguidores. Hace años a la compañía se le presentó Víctor de Aldama, implicado en el caso Koldo y les dijo que podía recuperar esas cantidades. Pactaron una comisión de 5 millones. Nunca la llegó a cobrar porque la compañía sigue reclamando a Venezuela ese dinero.