Por Gustavo López (*)
Hacia fines de enero pasado, se vivió en uno de los países más poblados del planeta, la India lo que se dio en llamar "la mayor acción de protesta organizada de la historia de la humanidad", una noticia que a pesar de lo trascendente, no tuvo mayor eco en los medios.
Según la información disponible, que no abunda, prácticamente la mitad de la población India está relacionada con el sector agrícola, que genera el 15% del PBI, con casi 146 millones de hectáreas de las cuales prácticamente el 85% de los predios no superan la hectárea.
Esta protesta, que abarcó a un tercio de la población calculada en torno a 1.400 millones de personas, es decir más de 450 millones de almas, y que derivo en fuertes enfrentamientos entro los agricultores y las fuerzas de seguridad en distintas localidades, fueron motivadas por el cambio en la legislación actual en materia de política agrícola, que se limitan a tres leyes específicas, sancionadas hacia fines del 2020.
- Ley de promoción y facilitación del comercio de productos agrícolas.
- Ley del acuerdo de garantía de precios y servicios agrícolas para los agricultores (empoderamiento y protección).
- Ley de productos básicos.
El gobierno afirma que las tres nuevas leyes servirán para ayudar a los agricultores, eliminando los impuestos y otras cargas financieras vigentes, para ayudarles a vender los productos directamente a las empresas, además de fomentar la inversión privada en la agricultura.
Por su parte, los agricultores sostienen que las nuevas leyes les impedirán obtener un "precio mínimo de apoyo" (MSP) garantizado y que las empresas podrán acaparar la producción.
Dicen que abre los mercados a la competencia, lo que significa que los precios ya no se mantendrán en un nivel justo, lo cual deja a los agricultores expuestos a que las grandes empresas se aprovechen de ellos, provocando a su vez una caída de los salarios.
Recordemos que India solo produce algo más de 300 millones de toneladas, versus otros gigantes como China y USA que la duplican, esta última con una población sensiblemente menor.
De esta oferta el 80% es trigo y arroz, por lo cual no deja de ser una economía de subsistencia que necesita mejorar en forma urgente incrementando no solo el área dedicada a la siembra de otros cultivos, sino también la tecnología aplicada, para proveer más alimentos a su población, intentando disminuir en alguna medida la importación de ciertos granos y derivados esenciales, aceites, harinas etc.
India es el principal comprador mundial de aceite de soja, que le provee mayoritariamente argentina, quien explica el 50% del destino de sus exportaciones en los últimos años.
Con estas medidas, al menos desde el gobierno se intenta apoyar al productor, disminuyendo la participación del Estado y mejorando su tecnología y rentabilidad, aunque ellos lo estiman poco propicio luego de tantos años de dependencia con el estado.
Con la caída del muro de Berlin, la disolución de URSS, los importantes cambios en las políticas económicas en China, tendientes a un mercado más libre, al margen de la desaparición de los organismo de contralor de los países del primer mundo desde hace décadas (como Canadá, Australia e incluso Argentina), se suma otro de los principales actores del mundo granario, la india, promoviendo importantes cambios en su proceso de comercialización interna.
Sin duda en un planeta globalizado como el actual, tendiente a mercados más transparentes y libres, el rol del estado comienza a limitarse, básicamente en cuanto a los aspectos de control y fiscalización del comercio, sanitarios, promocionales, etc, pero sin entrometerse en el libre juego de la oferta y la demanda.
Este cambio en la política de la India, es un claro ejemplo, para aquellos nostálgicos, que cada tanto invariablemente vuelven sobre las recetas del pasado, que pueden haber sido validas en otras épocas, pero que hoy en día solo generan más ruido en un mundo ávido de alimentos.
Las retenciones, las restricciones de exportación, los cupos, licitaciones etc. Pertenecen al pasado y es necesario desterrarlas definitivamente.
Solo en algunos casos en el mundo, como en Rusia o Ucrania, al margen de Argentina, persisten en estas políticas retrogradas, que finalmente se plasman en menores incentivos al productor y un claro estancamiento en la producción final de granos.
En la actualidad con la tecnología disponible en materia de comunicaciones el avance hacia mercados libres y transparentes es inexorable, incluso para aquellas sociedades mas tradicionales, y argentina no puede estar exenta a ello.
(*) Lic Gustavo Lopez – Agritrend SA para Mitre y el Campo