Este jueves el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, acusó que fue impedido de salir del país para viajar a Venezuela. Esto, a un mes de su formalización -el próximo 29 de mayo- por los delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal, asociados a la compra y venta de insumos para enfrentar el Covid-19 por la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).
El jefe comunal alcanzó a llegar hasta el Aeropuerto de Santiago, en donde la Policía de Investigaciones (PDI) frenó sus intenciones de ir a Caracas, invitado por el gobierno de Nicolás Maduro. Bajo una "alerta", la PDI se comunicó con el Ministerio Público, que a su vez hizo lo propio con la defensa de Jadue, Ramón Sepúlveda.
Tras referirse a ello en primera instancia a través de su cuenta de X, Jadue volvió a abordar el tema en conversación con La Voz De Los Que Sobran, acusando que el comunicado de la Fiscalía "falta a la verdad".
"No fue en esos términos que se le habló a mi abogado. A mi abogado se le amenazó con pedir una orden de detención verbal y bajarme del avión si es que yo subía al avión. Es decir, la Fiscalía -y además la fiscal (Giovanna Herrera) dijo que esto lo estaba conversando con el fiscal regional y con el fiscal nacional (Ángel Valencia), cosa que yo no puedo acreditar- me impuso una medida cautelar de facto sin ninguna orden de ningún tribunal. Además, aduciendo una especie de peligro de fuga", relató.
Jadue recordó que es "alcalde en funciones" y que en esa condición ha viajado en el último año "más de quince veces afuera del país", en periodos cortos. En esta oportunidad, dijo, "estaba siendo invitado -a pesar de que lo firme el gobierno del presidente Maduro- por el Ministerio de las Comunas, porque iban a presentar un programa para administración de los fondos que desde los niveles centrales llegan a los municipios".
"Era un encuentro con movimientos sociales y alcaldía de muchos países que duraba dos días y yo tenía mi pasaje de retorno el sábado", precisó.
"Abierta acción de discriminación"
En ese contexto, el alcalde de Recoleta acusó que la alerta que frenó su viaje es una "abierta acción de discriminación, de abuso de poder, de instalación sin ninguna normativa vigente con un vicio de proceso absoluto que muestra, además, la animadversión que la fiscal tiene y que ha mostrado desde siempre, desde las filtraciones de las carpetas, en contra de mi persona".
Por todo ello, anunció que junto a su defensor presentarán esta jornada "varios recursos de protección, tutela de garantía y algunas acciones administrativas también porque esto le quita toda objetividad a la Fiscalía".
"Si la Fiscalía asumiera que en mi caso había peligro de fuga, me podría haber formalizado en los últimos casi tres años que la fiscal tiene la carpeta guardada, pero no, lo hizo justo ahora", agregó.
En esa línea, el jefe comunal aseguró que desistió de su viaje a Caracas "ante la amenaza evidente que la fiscal (Herrera) le hace a mi abogado, porque quería lesionar mi dignidad, quería lesionar además mi imagen, quería que alguien tuviera una foto para tener una audiencia el día siguiente y que yo entrara esposado, seguramente".
"Es lo que busca esta fiscal, porque no tiene nada en la carpeta que me liga a ningún delito. Entonces, lo que quiere es una foto que quizás alguien se la está pidiendo, no sabemos de a dónde, pero es un abuso brutal", aseveró.