En la Legislatura de California, la batalla para sacar adelante una ley que incrementaría las penas por tráfico sexual de niños se acentúa, mientras grupos izquierdistas como Californians for Safety and Justice, California Public Defenders Association y Ella Baker Center for Human Rights, se oponen a su aprobación.
Según la ley estatal actual, el tráfico de un niño con fines sexuales es un delito menor. El texto señala que si se "es declarado culpable de la 'solicitud' de un menor (con fines sexuales), la pena por primera vez implica un mínimo de dos (2) días en una cárcel del condado, con un período máximo de un (1) año, y/o multa de hasta $10.000 (diez mil dólares)".
La senadora estatal republicana Shannon Grove encabeza la iniciativa con la SB 1414 para elevar el delito menor a delito grave:
Este proyecto de ley requeriría que una persona que, a partir del 1 de enero de 2025, sea condenada por solicitar a un menor, como se especifica, se registre anualmente como delincuente sexual por un período de 10 años (...) Asimismo, si la persona solicitada era un menor, independientemente de si la persona sabía o razonablemente debería haber sabido que la persona solicitada era un menor, castigaría el delito con cárcel en la prisión estatal durante 2, 3 o 4 años, y una multa no superior a 25.000 dólares.
Esfuerzos similares han fracasado desde 2014
Según Grove -en declaraciones a KCRA 3-, su motivación de perseguir a los traficantes nace debido a las conversaciones que ha tenido con personas sobrevivientes del tráfico sexual:
Muchos de los supervivientes de la experiencia vivida han dicho que hay que perseguir al comprador, que es sólo un delito menor y yo dije que no hay manera (...) Pensé que estaban equivocados.
Sin embargo, Grove no sólo se enfrenta a los grupos radicales de izquierda que no quieren que la ley salga adelante, también lucha contra la resistencia de otros legisladores progresistas que se rehúsan aumentar las penas de prisión. Esta no es la primera vez que se presenta un proyecto de ley similar en la Legislatura estatal, normas con la misma finalidad han fracasado desde el año 2014.