Promotoras de viviendas de interés social han advertido al Gobierno que unas 16 mil residencias de bajo costo no serían construidas este ni el próximo año debido a que el Estado le adeuda a estas empresas $140 millones. El Estado, a través del Fondo Solidario de Vivienda, ofrece a familias de escasos recursos, previamente seleccionadas, un subsidio de $10 mil al momento de comprar sus respectivas casas. Este subsidio es pagado por el Gobierno a las promotoras, pero desde hace dos años –según un comunicado de las empresas– el Estado ha dejado de pagarles, poniendo en riesgo la construcción de otras 16 mil viviendas de bajo costo entre este y el próximo año, ya que las constructoras no podrían hacer frente a los futuros gastos por la deuda acumulada. Las promotoras advierten que si el Gobierno no paga, están en peligro unos 12 mil empleos de la construcción y de proveedores, así como de otros negocios. Esta situación ya había sido advertida, pero al Gobierno poco le importa la suerte de la gente y de esas empresas y, de manera irresponsable, les ha dado la espalda. Tanta indolencia es imperdonable y refleja una actitud preocupante, pero nada nuevo en un gobierno ausente e insensible.