El miércoles próximo, en la residencia de Santa Marta, el papa Francisco recibirá en audiencia privada a los padres de Santiago Maldonado y a su hermano Sergio. El Pontífice ya había enviado una carta de acompañamiento a la madre de Santiago en los días terribles de la desaparición, antes del hallazgo del cuerpo hace seis semanas, en las aguas del río Chubut.
Desde la familia rechazan cualquier connotación política de la audiencia con el Papa. Bastante escaldados están los Maldonado con la utilización de su tragedia.
El intento de exprimir rédito político continuó hasta el domingo, cuando los restos de Santiago fueron enterrados en la ciudad bonaerense de 25 de Mayo. No hubo consignas ni mensajes políticos. Pero media docena de diputados y dirigentes de izquierda y kirchneristas aprovecharon para exponer su mensaje ante los medios.
Ese mismo día el nuevo titular del Episcopado, monseñor Oscar Ojea, intercedió ante el Gobierno para urgir la creación de una mesa de diálogo en Bariloche.
Fue después de la muerte del joven Rafael Nahuel producida el sábado, luego de recibir un balazo en una acción represiva de la Prefectura ordenada por la Justicia, contra activistas mapuches que habían ocupado tierras y resistían el desalojo.
Monseñor Ojea llamó a la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, para hacerle esa petición urgente. Ojea, como obispo de San Isidro, tejió una relación de confianza y cooperación con las Stanley, quien le pidió 24 horas para resolver el asunto. La ministra le trasladó el tema de inmediato a Marcos Peña.
El jefe de Gabinete estaba en contacto con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con el obispo de Bariloche, monseñor Juan José Chaparro, y con el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, un crítico durísimo del activismo mapuche. El lunes se acordó conformar la mesa del diálogo. El martes fue la primera reunión.
Por el Gobierno estuvo Jimena Psathakis, titular del Instituto nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que depende de la secretaría de Derechos Humanos.
Por la comunidad mapuche asistieron representantes del Lof Lafken, que se negaron a desocupar el predio tomado como exigió el Gobierno.
También hubo miembros de la CTEP, que nuclea en todo el país a trabajadores de la llamada economía popular y que lidera Juan Grabois, un dirigente social con llegada muy directa al Papa. El joven muerto integraba una organización local que es parte de la CTEP.
Pero la lista no se cerró allí. La política jugó allí su propio partido. Aparecieron alrededor de la mesa dirigentes sindicales del gremio ATE y la centra CTA, opositores al Gobierno; abogados de distintos organismos de derechos humanos; diputados del kirchnerismo y el Movimiento Evita; y hasta la madre de Facundo Jones Huala, líder del violento y minoritario grupo RAM, de la comunidad mapuche, que está preso y a la espera de su posible extradición a Chile. Difícil avanzar en un terreno atravesado por intereses tan fuertes y divergentes.
Las negociaciones empezaron mal, con cada parte ratificando su postura en un documento de ocho puntos. Lo más alentador fue la decisión de continuar el diálogo. Parece el único camino para evitar nuevas y mayores tragedias; entre un sector de pueblos originarios que reclama derechos desconociendo la ley y apelando a métodos violentos, y las fuerzas de seguridad que, con absoluto respaldo del Gobierno, parecen encaminadas a restablecer el monopolio estatal de la fuerza y asegurar el cumplimiento de las órdenes de la Justicia.
Un diputado de cercanía personal y política, y militancia compartida con Grabois, dijo el lunes a Clarín que Rafael Nahuel, el chico de 22 años muerto en Villa Mascardi, no tenía nada que pudiese asimilarlo a un activista violento y mucho menos a un guerrillero, tal la caracterización exagerada que hacen quienes buscan demonizar sin matices a toda la comunidad mapuche.
Era un chico de 22 años, hijo de una familia numerosa y diversa, que aprendía el oficio de tornero y soldador en el Colectivo Al Margen, una organización integrada a la CTEP, explicó. Y allí soltó el dato clave: "Al pibe lo llevaron como un perejil a la montaña, no le dijeron que podía haber tiros".
Segunda pregunta: ¿Por qué los mapuches que ocupan tierras en Villa Mascardi no permitieron el ingreso de la Justicia, que buscaba pruebas sobre lo ocurrido el sábado?
Parece fuera de toda duda que los disparos de integrantes del Grupo Albatros de la Prefectura mataron a Nahuel e hirieron a otros dos ocupantes. Uno de los heridos es una soldado voluntaria del Ejército Joana Colhuan, que se unió a la toma de tierras y es prima del joven muerto. Su madre, tía de Nahuel, es una de las líderes de la ocupación.
Pero la Justicia debe determinar si existió un enfrentamiento y en ese marco, si los prefectos repelieron una agresión primero con piedras y después a balazos, como dice la historia oficial que sostiene el Gobierno. Saber cómo sucedieron los hechos es una cuestión de extrema importancia judicial y política.
Tercera pregunta: ¿es cierto que personas identificadas como dirigentes y militantes políticos locales fueron vistas en una actividad asimilable a la recolección de vainas de proyectiles, en la zona ocupada por la comunidad mapuche?
En este punto confluyen los cuestionamientos, abiertos o discretos, al modo de accionar de grupos radicalizados y perfectamente identificados como el RAM, y a ciertas organizaciones de derechos humanos que le dan cobertura y, por qué no, libreto político.
De hecho, la madre de Rafael Nahuel le reprochó a integrantes de la comunidad mapuche por la muerte de su hijo. "Ustedes me lo llevaron allá y me lo trajeron muerto en un cajón", les dijo el domingo en el hospital Ramón Carrillo, de Bariloche, según informó el diario Río Negro.
Uno de los hermanos de Rafael declaró: "No tenemos nada que ver con los mapuches. Quizá sea como dice mi mamá, que a Rafa le lavaron la cabeza y por eso terminó así".
No es exactamente lo que dice los parientes de Santiago Maldonado, pero los reproches tienen puntos en común.
La familia Maldonado, dicen quienes hablan con ellos casi a diario, está profundamente disgustada porque de los siete mapuches que estaban junto a Santiago escapando de la Gendarmería y cruzando el río Chubut, donde el joven tatuador murió ahogado, solamente uno declaró ante la Justicia.
El que declaró fue Matías Santana, lugarteniente de Jones Huala en el RAM. En un relato contradictorio dijo haber sido testigo de cómo los gendarmes capturaban y golpeaban a Santiago y se lo llevaban en una camioneta. Una completa mentira, muy conveniente para sostener el falso relato de la desaparición forzada de Santiago.
Otros testimonios resultaron laterales, confusos, parciales. No fueron dados ante la Justicia sino ante abogados de organismos de derechos humanos como el CELS y la APDH, que apañaron o alentaron esas falsedades intencionadas.
Sergio Maldonado, el hermano mayor de Santiago, visitó hace pocas horas a los padres de Rafael Nahuel en Bariloche. Les llevó su solidaridad. Compartieron el dolor. Alguien lo invitó a sumarse a una marcha que se está organizando en homenaje y reclamo por sus muertos. Sergio habría rechazado participar. Ni los Maldonado ni los Nahuel quieren que se aparezcan por allí los mapuches radicalizados ni quienes medran políticamente a su sombra.
Lo hacen sin perder ni un minuto de vista la responsabilidad del Estado y del Gobierno en esas muertes que los ensombrecen.