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El gobierno de Biden había retirado temporalmente las sanciones después de que el presidente Nicolás Maduro accediera a posibilitar unas elecciones libres.
Cuando el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la oposición de su país firmaron un acuerdo en octubre para trabajar para realizar elecciones libres y justas este año, fue visto como un rayo de esperanza después de años de gobierno autoritario y caída libre económica.
Estados Unidos, como señal de buena voluntad, retiró temporalmente algunas de las sanciones económicas que han paralizado la crucial industria petrolera del país.
Pero seis meses después, el gobierno de Maduro ha tomado varias medidas que han mermado las posibilidades de unas elecciones legítimas, y un frustrado gobierno de Joe Biden anunció el miércoles que iba a reinstalar las sanciones.
El restablecimiento de las sanciones podría acarrear consecuencias importantes para el futuro de la democracia de Venezuela, su economía y para la migración en la región.
"Maduro y sus representantes no cumplieron plenamente con el espíritu o la letra del acuerdo", dijo un alto funcionario del gobierno que habló como contexto para discutir un asunto diplomático delicado.
Otro alto funcionario, al hablar de las sanciones reimpuestas, citó la "descalificación de candidatos y partidos por tecnicismos, y lo que vemos como un patrón continuo de acoso y represión contra figuras de la oposición y la sociedad civil".
El levantamiento de las sanciones terminará en la medianoche del miércoles, pero el funcionario dijo que habría un "periodo de reducción paulatina de 45 días para las transacciones relacionadas con las operaciones del sector del petróleo y el gas" para que el regreso de las sanciones "no provoque incertidumbre en el sector energético mundial".
El gobierno venezolano no respondió de manera inmediata a una solicitud de comentarios. Pero en un discurso televisado el lunes, Maduro, anticipando que las sanciones serían restauradas, dijo: "Nosotros vamos a seguir, con licencia, sin licencia, nosotros no somos colonia gringa, no somos colonia de ustedes. Venezuela va a seguir su marcha económica".
Estados Unidos ha impuesto sanciones a algunos líderes venezolanos durante años, pero el gobierno de Donald Trump las endureció significativamente en 2019, después de que EE. UU. acusara al Maduro de fraude en las más recientes elecciones presidenciales.
La medida estaba destinada a obligar al gobierno de Maduro a abandonar el poder, pero Maduro ha logrado mantener su control, incluso cuando las sanciones han llevado a la miseria económica a muchos venezolanos.
Las importaciones de petróleo venezolano a Estados Unidos --su principal cliente-- han quedado prohibidas. El petróleo es la principal fuente de ingresos por exportación de Venezuela y las sanciones han supuesto un golpe económico devastador que ha contribuido al éxodo masivo de venezolanos.
La eliminación de las sanciones permitió a Venezuela vender libremente su crudo durante un periodo de seis meses.
Maduro, quien tiene 11 años en el poder, lleva tiempo buscando el retiro de las sanciones, mientras que Estados Unidos y sus aliados de la oposición venezolana han exigido a Maduro que permita unas elecciones competitivas que podrían dar a sus oponentes políticos una oportunidad legítima de ganar.
Aunque el acuerdo firmado el año pasado en Barbados representó un importante paso adelante, muchos se mostraban escépticos ante la posibilidad de que Maduro permitiera unas elecciones en las que pudiera perder.
Pocos días después de la firma del acuerdo, una exdiputada venezolana, María Corina Machado, ganó las elecciones primarias con más del 90 por ciento de los votos. Su victoria y la alta participación demostraron, según los expertos, que tenía muchas posibilidades de derrotar a Maduro en unas elecciones libres y justas.
Desde entonces, el gobierno de Maduro ha retirado más obstáculos para impedir la posibilidad de una votación competitiva.
En enero, el máximo tribunal del país inhabilitó a Machado por lo que los jueces consideraron irregularidades financieras ocurridas cuando era diputada nacional. Este tipo de inhabilitaciones son una táctica común utilizada por Maduro para mantener a sus competidores fuertes fuera de las urnas.
A continuación, el gobierno, utilizando maniobras técnicas electorales, impidió que una coalición de la oposición presentara otro candidato preferido. Al final se permitió a la oposición presentar a otro candidato, Edmundo González, quien fue diplomático, pero no está claro si su nombre aparecerá en las boletas de las elecciones del 28 de julio.
A un partido de la oposición se le permitió inscribir oficialmente a otro candidato: Manuel Rosales, gobernador del populoso estado de Zulia, cuya candidatura se considera aprobada por Maduro, según los analistas políticos.
Un informe no clasificado de los servicios de inteligencia de EE. UU. de febrero afirmaba que era probable que Maduro ganara las elecciones y se mantuviera en el poder "debido a su control de las instituciones estatales que influyen en el proceso electoral y a su voluntad de ejercer su poder".
Aunque que el gobierno de Maduro había colocado aliados en el consejo electoral de Venezuela, el informe de inteligencia dijo que estaba "también tratando de evitar el fraude electoral flagrante".
Seis de los asistentes de campaña de Machado han sido detenidos y otros seis se han escondido después de que se emitieran órdenes de detención contra ellos. Hombres en moto han atacado a simpatizantes en sus actos. Muchos venezolanos que viven en el extranjero no han podido registrarse para votar debido a los costosos y engorrosos requisitos.
Ahora que se han restablecido las sanciones, los expertos afirman que es poco probable que el gobierno venezolano reconsidere sus acciones antidemocráticas.
El gobierno de Maduro no "tiene ninguna razón adicional para hacer más concesiones o incluso mantener algunas de las concesiones que han hecho hasta ahora", dijo Mariano de Alba, asesor sénior de International Crisis Group, un centro de estudios. "Así que podríamos estar caminando hacia un campo de juego más desigual en el aspecto electoral".
La medida también podría afectar a la migración en la región.
Agotados por años de dificultades económicas y falta de libertades, cientos de miles de venezolanos han intentado llegar a la frontera con Estados Unidos en los últimos dos años, creando una crisis política y humanitaria para el gobierno de Biden.
Alrededor de la época del acuerdo en Barbados, Venezuela también acordó aceptar a migrantes venezolanos deportados de Estados Unidos, una medida diseñada para ayudar a mostrar que el presidente Biden estaba abordando de manera agresiva los cruces fronterizos récord y a disuadir a otros venezolanos que pudieran estar considerando el trayecto.
Pero esos vuelos de deportación se detuvieron en febrero sin ninguna explicación. Ahora que se han restablecido las sanciones, es poco probable que se reanuden.
El levantamiento de las sanciones también ha tenido un efecto modesto pero considerable en la economía venezolana durante los últimos seis meses, según los expertos. Las exportaciones de petróleo alcanzaron recientemente su nivel más alto en cuatro años y la inflación alcanzó su nivel más bajo en una década.
Pero la reanudación de las sanciones podría revertir estos avances. Una economía en dificultades, junto con la fuerte posibilidad de que Maduro gane otras elecciones ilegítimas, podría dar lugar a otro aumento de la migración, según los expertos.
Mientras que el gobierno de Biden dijo que restablecería las sanciones, otro funcionario de EE. UU. dijo que el gobierno todavía podría permitir a las empresas individuales en una base de caso por caso para hacer negocios con el petróleo de Venezuela y el sector del gas.
Permitir que tales negocios limitados continúen con Venezuela le da a Estados Unidos cierta influencia en las discusiones con el gobierno de Maduro, dijeron los expertos.