Comentaba Carlos Rodríguez Braun una anécdota en la que le preguntaron al Nobel de Economía Friedrich Hayek qué le parecía una fiscalidad del 50% y dijo que algo así solo pasaba en la Alemania nazi «pero eso es una dictadura». El informe del Instituto Juan de Mariana «Impuestómetro 2024» nos debería asustar, puesto que concluye que un salario medio en España paga el 50% de sus ingresos en impuestos, considerando directos, indirectos e impuestos al trabajo.
El Instituto de Estudios Económicos va más allá. El esfuerzo fiscal en España se sitúa ya un 17,8% por encima de la media de la UE y España ha perdido ocho puestos desde 2019 en el ranking de competitividad fiscal, situándose en el puesto 31 de los 38 estudiados.
Según el estudio del Instituto Juan de Mariana, España ha sido el país de la Unión Europea con mayor incremento de la presión fiscal durante el periodo 2019-2022. Lo que es peor, en ese mismo periodo la ingente recaudación fiscal no ha reducido la deuda, que se ha disparado en más de 340.000 millones de euros en medio del mayor estímulo fiscal y monetario de la historia.
Despilfarro público
Casi la mitad de la subida de impuestos a la clase media y familias se ha generado por negarse a deflactar los impuestos a la inflación, dejando a la economía española como la que ha sufrido la peor gestión de toda la Unión Europea en cuanto a la combinación de desempeño en crecimiento, empleo, deuda, poder adquisitivo y carga fiscal.
El informe del Impuestómetro nos recuerda que la presión fiscal no es una ratio que refleje la realidad de España. Por ello recuerda que el esfuerzo fiscal es mucho mayor al ajustar a la renta de nuestro país.
De hecho, «si se equilibrase el peso de los impuestos sobre el PIB con los niveles de renta observados en España, la fiscalidad se reduciría en 15.000 millones y las familias pagarían 815 euros menos cada año». Es decir, no pagamos poco. Pagamos mucho y encima a cambio de unos servicios recargados de burocracia y aumentando masivamente la deuda pública como nunca.
Es, como mínimo, preocupante que en España se hable constantemente de la necesidad de recaudar en vez de debatir sobre una fiscalidad orientada al crecimiento y la importancia de priorizar el gasto y administrar de manera prudente. Parece a veces que cualquier despilfarro público es aceptable en un país donde se gastan alegremente decenas de miles de millones en ineficiencias.
El gasto político se ha disparado y, según el IEE, el nivel de exceso de gasto por duplicidades e ineficiencias supera los 30.000 millones de euros anuales.
Ya sabemos que es una mentira que se usen estos impuestos para financiar mejores servicios públicos. La partida que más ha aumentado en 2019-2023 es la de gasto administrativo incluyendo cuestiones tan innecesarias como Agenda 2030 y Asuntos Económicos.
La partida de asesores y los miles de millones en subvenciones improductivas son solo la punta del iceberg de un gasto político que ha aumentado sin control con el Gobierno de Sánchez.
Endeudarte, expoliarte y endeudarte más. El gasto no esencial y el coste de una deuda desbocada se ha disparado en 61.734 millones de euros en la etapa de Sánchez, como explica José Ramón Riera.
Exprimir al ciudadano
Para el Gobierno, el contribuyente es un cajero automático al que acudir una y otra vez para mantener y aumentar un gasto burocrático ineficiente con una fiscalidad asfixiante.
Sánchez y sus ministros consideran la inversión como un privilegio que ellos conceden a los creadores de riqueza. Se comportan como señores feudales que exigen un porcentaje creciente de lo que ingresas, lo que inviertes, lo que ahorras y lo que heredas.
Una fiscalidad que se ceba especialmente en los contribuyentes más débiles, todo por negarse de plano a deflactar los impuestos a la inflación. El Gobierno, con ello, empobrece a los ciudadanos dos veces; con la inflación y con una carga fiscal mayor.
Sánchez ha acelerado un sistema fiscal a todas luces extractivo y confiscatorio, que considera al contribuyente como un delincuente y elimina la presunción de inocencia convirtiendo discrepancias en delitos asignados por adelantado.
Un Estado que considera a los contribuyentes como súbditos al servicio del gobierno y no al sector público como servicio a los ciudadanos.
✕