Mucho se habla estos días del problema de acceso a una vivienda asequible, con la proliferación de los pisos turísticos como uno de los puntos calientes de la cuestión. Las aristas, sin embargo, no son solo externas, también pueden ser internas. Es el caso de una disputa entre los copropietarios de una casa vacacional de Vigo que acabó en los juzgados.
La disputa comenzó el 5 de diciembre de 2022, en plena temporada de las luces, cuando uno de los tres cotitulares, a la postre el denunciante, le pidió explicaciones a otro de por qué el calendario de estancias estaba bloqueado en unas determinadas fechas. Tras un intercambio de mensajes, el denunciado se dirigió a su socio de manera agresiva: "Voy a coger un cuchillo y te lo voy a clavar en el pecho, le voy a prender fuego a la casa, te voy a cortar el cuello".
El copropietario llevó el caso a los tribunales y un juzgado de primera instancia falló en contra de su socio con una condena por un delito leve de amenazas. Le impuso una multa de un mes a razón de seis euros al día, un total de 180 euros.
Pero el denunciante no quedó satisfecho con la sentencia y recurrió ante la Audiencia Provincial para exigir que le impusiese al condenado una medida de prohibición de aproximarse y comunicarse. Alegaba que estaba siendo objeto de una "conducta violenta, tanto física como moral".
Sin embargo, la Sección Quinta, con sede en Vigo, respalda en una reciente sentencia la argumentación del juez y rechaza ampliar la condena en ese sentido. "No hay motivo para estimar una situación de riesgo efectivo", apunta, y argumenta que para recurrir a medidas de seguridad hay que basarse en "la peligrosidad que el sujeto suponga, peligrosidad que no ha sido apreciada por el tribunal de instancia".
"Hemos de recordar —inciden los magistrados— que la imposición de las medidas de seguridad se viene a basar en criterios de proporcionalidad, de manera que, con carácter general, la medida de seguridad no puede superar en gravedad a la de la pena prevista por el hecho delictivo".
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