El lunes, el Consejo Presidencial de Transición ya mantuvo una sesión de trabajo con los altos mandos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas haitianas, con el objetivo de encontrar soluciones para restablecer la seguridad en el país, tras un nuevo deterioro de la violencia desde el 29 de febrero pasado.
El Consejo está compuesto por nueve miembros, siete de ellos con derecho a voz y voto (Smith Augustin, Louis Gérald Gilles, Fritz Alphonse Jean, Edgar Leblanc Fils, Laurent St-Cyr, Emmanuel Vertilaire y Leslie Voltaire) y dos solo con derecho a voz (Régine Abraham y Frisnel Joseph).
Esta institución, que se enfrenta a importantes retos en un país sumido en una aguda crisis y en medio de la violencia de las poderosas bandas armadas, tiene que preparar el camino para la celebración de comicios para el nombramiento de un nuevo presidente, a más tardar el 7 de febrero de 2026.
El restablecimiento de la seguridad pública, la organización de la conferencia nacional y la reforma constitucional, la celebración de elecciones generales democráticas, creíbles y participativas, el restablecimiento de la justicia, el Estado de derecho y los derechos fundamentales de los ciudadanos, y la recuperación institucional y económica, son los 5 grandes proyectos que abordará el Consejo.
Los nueve miembros del consejo presidencial transitorio -siete con derecho a voto y dos observadores – juraron su cargo y fueron investidos el jueves pasado. Representan a los principales partidos políticos, a la sociedad civil y al sector privado.
Leblanc es miembro del Colectivo de los Partidos Políticos del 30 de enero, una alianza que se oponía al primer ministro dimisionario Ariel Henry.
Haití ha sufrido una explosión de violencia desde finales de febrero, cuando poderosas pandillas se aliaron para atacar comisarías, prisiones, oficinas públicas y el aeropuerto de Puerto Príncipe, en un pulso contra Henry.
El dirigente, líder no electo del país desde el asesinato en 2021 del presidente Jovenel Moise, oficializó la semana pasada su renuncia anunciada en marzo bajo la presión de la comunidad internacional.
Informaciones de EFE y AFP