La producción de informes en el Senado en contra de la ley de amnistía no descansa. Público ha tenido acceso en primicia a la propuesta que el Partido Popular (PP) ha remitido a la presidencia de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado para el informe que se aprobará sobre los efectos de la amnistía en las autonomías. En una próxima reunión, prevista para este jueves, se votará el texto que sale de la ponencia, aunque la mayoría popular en la Cámara Alta podrá sacar adelante el texto sin atender a las pretensiones del resto de grupos. Hasta el lunes, 8 de abril, se podrán presentar votos particulares y, entonces, se votará el informe definitivo.
La carrera de obstáculos que preparó el PP en el Senado para la llegada de la amnistía contiene varias estaciones. Muchas de ellas, en forma de informe. La Mesa de la Cámara pidió uno a la Comisión de Venecia; otro, al CGPJ; otro, al Consejo Fiscal y varios a los letrados del Senado. Pero la Comisión General de las Comunidades Autónomas también se encuentra inmersa en el proceso de elaboración del suyo propio. Con todos ellos, el PP pretende, por un lado, sentar las bases de la posterior batalla en el terreno judicial y, por otro, reunir argumentos para tratar de torpedear la Ley de Amnistía en Europa.
En este caso, se trata de una propuesta de texto que ha redactado el PP para un informe centrado en los efectos que puede tener la Ley de Amnistía en las comunidades autónomas, así como en la igualdad de los ciudadanos, aunque la mayor parte del documento, tal y como ha podido comprobar este medio, se centra en la inconstitucionalidad que observan los populares en la ley de olvido penal.
Entre otras cosas, el escrito dice que para que la amnistía fuera "constitucionalmente admisible" debería estar "expresamente" prevista en la Constitución española, como ocurre —se apostilla en el propio texto— en Francia o Portugal. En ambos países se han aprobado varias amnistías. La última francesa, en el año 2002, cubrió los delitos relacionados con conflictos sindicales o industriales siempre y cuando las penas fueran inferiores a los diez años.
En la Carta Magna española, en todo caso, no aparece ninguna mención —ni reconociéndola ni prohibiéndola— de la amnistía. Sí se dice que el rey "no podrá autorizar indultos generales".
En cuanto a los efectos de la amnistía en las comunidades autónomas, el objeto principal del informe que se votará en comisión próximamente, los populares inciden en la "deslegitimación del Estado en su conjunto, también como Estado Autonómico, y del Senado" que produciría la amnistía y tacha su futura aprobación de "golpe mortal" para el vigente Estado constitucional y autonómico. Uno de los argumentos que da es que la ley de olvido penal puede sentar un precedente y alentar futuros movimientos independentistas.
También reproduce el PP en su propuesta de informe uno de los elementos que vertebran su oposición de la amnistía: el hecho de que la consideran una reforma encubierta de la Constitución. En este caso, el texto dice que, al haberse privado al Senado de su papel decisivo en la aprobación de la ley porque se ha tramitado como una ley orgánica, también se desposee a las comunidades autónomas de su influencia, en tanto que el Senado es la Cámara de representación territorial.
Con todo, la propuesta del PP se encuentra, todavía, en fase de alegaciones. Este jueves, se votará el texto definitivo de la ponencia y el lunes, 8 de abril, se debatirá y votará el informe final. A esa sesión están llamados los presidentes y consejeros de las distintas comunidades autónomas para participar en el debate. Se prevé un amplio desembarco de barones populares.
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