A 40 días del anuncio deJavier Milei del cierre de la Agencia Télam, el interventor Diego Chaher no da con la fórmula adecuada para satisfacer el deseo del Presidente y prorrogó el plan de retiro voluntario mientras continúa cumpliendo con el pago de sueldos a la plantilla de 700 personas, quienes siguen imposibilitadas de cumplir funciones, para lo que el Estado destina 700 millones de pesos mensuales.
El lunes 4 de marzo, 72 horas después del discurso de apertura de sesiones legislativas en el que el Presidente informó su cierre, la agencia pública amaneció vallada y copada por policías federales. Pasado más de 40 días, el panorama no cambió y la suerte del medio público sigue siendo una incógnita.
Los $ 700 millones mensuales
Desde ese día, los más de 750 empleados, entre periodistas y administrativos, recibieron ocho escuetas comunicaciones institucionales por parte de la intervención a cargo de Chaher, en su mayoría informándoles la vigencia de una dispensa laboral que se renovó en cinco oportunidades, que los inhibía de concurrir a sus puestos de trabajo, pero les garantiza el cobro integral de los salarios.
Al igual que el resto de los organismos y sociedades públicas, Télam continúa funcionando con el Presupuesto 2023 prorrogado, de modo que los recursos percibidos sufren un ajuste brutal vía inflación. La gestión anterior de la agencia, encabezada por Bernarda Llorente, concluyó sus funciones con un ordenamiento administrativo prolijo, según reconoce el equipo que acompaña a Chaher en la intervención de los medios públicos, y también garantizó los recursos para los primeros meses de 2024.
Lo curioso, o quizás lo que grafica el nivel de improvisación, es que la continuidad del pago de la masa de salarios en Télam implica un desembolso mensual de 730 millones de pesos, que se viene cumpliendo a rajatabla pese a su paralización organizativa. La oposición, por ahora, no ha denunciado al interventor por malversación de fondos públicos o incumplimientos en los deberes de funcionario.
El plan de achique de Télam
El Gobierno anunció el 10 de marzo la apertura de un plan de retiro voluntario que se extendió a lo largo de 30 días. Tal como anticipó Letra P, la propuesta oficial desconocía los parámetros y condiciones contemplados en el Estatuto del Periodista, que pese a su antigüedad rige las condiciones de contratación y despido de la actividad, ofreciendo condiciones desfavorables en comparación a una indemnización por despido.
Inicialmente, se planteó un techo de 23 millones de pesos (que fue flexibilizado en algunos casos), a razón de un mes de sueldo por año trabajado, más un plus de tres salarios mensuales a modo de premio. Esta oferta contrasta con lo estipulado en el convenio colectivo que establece frente a un despido un piso de diez salarios más un sueldo por año trabajado.
A pesar de eso, el plan de retiros voluntarios le permitió a Chaher reducir en un 18% la planta de trabajadores, ya que 137 empleados firmaron el convenio de desvinculación. Con cierto exitismo, la intervención informó el 11 de abril que, "en virtud al alto interés y adhesiones que ha despertado el Plan de Retiro Voluntario oportunamente implementado, se ha decidido extender dicho plan por el plazo de 30 días a partir del día de la fecha en los términos y condiciones autorizados".
Reducción o liquidación
La política oficial para los medios públicos opera como un espejo de lo que sucede con buena parte de la gestión libertaria. La ausencia de una hoja de ruta clara juega por momentos como factor de disciplinamiento frente a la incertidumbre, pero a la vez comienza también a mostrar al Gobierno en una incipiente posición de debilidad, de falta de estrategia, que puede derivar en cualquier escenario.
En el caso particular de Télam, la falta de política de la intervención abre dudas sobre si se está frente a un plan de achique o de desguace para una eventual venta del medio público. Una incógnita que circula en la planta laboral es si "los términos y condiciones autorizados" a los que remite la comunicación de la extensión de los retiros contempla una modificación de las condiciones, abriendo una oferta mejor para fortalecer las salidas de trabajadores, o si van a insistir en las mismas condiciones.
Otro interrogante tiene que ver con los recursos que se utilizan para este plan. ¿Son parte del presupuesto de $ 9.000 millones previstos para el organismo o son de una partida especial para ese fin? Sin esos fondos, ¿cómo se va a garantizar el funcionamiento operativo de la empresa pública hasta su venta o liquidación? ¿Hasta cuándo se podrán continuar pagando salarios? Hoy, todas preguntas sin respuestas.