Tres meses después de crearse el juzgado de lo Social número 4 de Elche, que sigue sin titular, como tampoco otro de estos órganos por el reciente marcha a un nuevo destino del magistrado, lo que está pendiente de resolverse en el próximo concurso de traslados del Consejo General del Poder Judicial, las citaciones a juicio por demandas de despido en Elche alcanzan ya los 18 meses (octubre de 2025) de espera en la Ciudad de la Justicia, periodo que llega a los 22 meses (febrero de 2026) cuando se trata de reclamaciones de cantidad o de procedimientos de incapacidad, según confirman profesionales y el propio juez-decano, José Luis Casells Bonacho, quien sustituyó hace dos años a María José Boix, esperar enderezar el rumbo en lo que queda de 2024.
Habría que retrotraerse a hace más de tres décadas, tras la creación de la Ley de Demarcación y Planta Judicial en 1988, lo que dio lugar a la apertura en la ciudad de un único órgano de esta jurisdicción para resolver toda la problemática laboral, para encontrar una pendencia parecida en la ciudad en una área del Derecho de tanta y tan especial sensibilidad porque es la que toca la nómina de los trabajadores.
Números de entrada de asuntos
Como pasa casi siempre, se ha producido una concatenación de hechos que ha generado esta situación y que comenzó hace casi dos años cuando con tres juzgados había cinco magistrados porque tenían dos refuerzos para atender los números de entrada de asuntos. Cuando en 2022 se pusieron al día se retiró por el Servicio de Inspección del Poder Judicial con lo cual el problema reapareció. Estos juzgados tienen módulos de entrada de 800 asuntos al año, pero registraban entre 1.100 y 1.200.
Si se tiene en cuenta que de por medio se ha producido una huelga de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y otra de funcionarios, se suman las cerca de 800 demandas que nadie podía esperar contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social por su negativa a pagar el complemento de paternidad en la pensión, asunto que ha resuelto recientemente el Supremo para aclarar que es un derecho que no prescribe, y si a todo ello se suma el incremento de procedimientos por despidos y la conflictividad creada por los nuevos trabajadores fijos, lo que ha incrementado las demandas para que se declare la nulidad, nos encontramos con una tormenta casi perfecta. En 2023, y tampoco es habitual, se sumaron dos hechos económicos de signo distinto. Por un lado, el año comenzó con un buen ciclo, lo que aumentó los pleitos relativos a la Seguridad Social, pero a medida que avanzó el ejercicio fue empeorando, lo que hizo aumentar las demandas por despidos. Todo el mismo año.
Colegio de Abogados
Letrados consultados por el diario, que aseguran que el tema ya es habitual abordarlo en la comisión laboral del Colegio de Abogados de Elche, añaden otros problemas más, como el hecho de que los actos de conciliación se estén celebrando a 45 días vista, lo que obliga a que antes de la fecha se tenga que presentar la papeleta de demanda (sin saber si habrá acuerdo), lo que hace que los juzgados pongan fecha para juicios que, de existir conciliación, nunca se celebrarán, pero que ocupan uno de los espacios previstos para una hora y un día, lo que ya no se recupera para otro asunto, dicen. Cada jornada enElche se señalan unos trece juicios de los que 3 o 4 son relativos a Seguridad Social y el resto, a despidos de trabajadores.
Además, el pasado enero, cuando entró en funcionamiento el juzgado Social 4, sin asumir carga del resto, volvió a aparecer un agravio comparativo muy habitual en la justicia. Si en el reparto de una demanda al profesional y al cliente le toca el juzgado de nueva creación, sin carga de trabajo atrasada, la vista se podía celebrar en cuestión de semanas pero, en cambio, si va a parar a alguno de los otros tres juzgados sociales existentes (y atascados) van a pasar hasta 18 meses para que un magistrado resuelva el conflicto. Se están dando demandas de dos trabajadores contra sus empresas de similares fechas, pero en las que uno tiene ya la sentencia y el otro debe esperar a septiembre de 2025. ¿Quién le puede explicar esto a su cliente?.
Soluciones
El juez decano asegura que, sentado el criterio por el Supremo para esas 800 demandas de particulares que reclaman el derecho al complemento de paternidad, no tiene sentido que el INSS continúe oponiéndose y llegando a juicio, que lo lógico sería resarcir antes del juicio con base en una extensión de efectos. Esto sería importante que aligeraría toda la agenda y mejoraría bastante la situación, devolviendo los módulos de trabajo a cifras normales y sumando a ello que en pocas semanas se espera la incorporación de los dos magistrados laborales que faltan. Los juzgados no solo de Elche, también de la provincia, siguen con problemas de creación pendientes de ejecutar por el Ministerio.
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