Las marchas por el Día de la Memoria (24M) han ostentado desde siempre una enorme convocatoria en el territorio argentino, con especial énfasis en Buenos Aires, aunque su magnetismo no se circunscribe exclusivamente a esta urbe, sino a vastas localidades del interior. Sin embargo, la última superó todo antecedente. La magnitud y densidad de la demostración porteña fue tal que obstaculizó encuentros en puntos previstos, saturó hasta el colapso la conectividad de las redes de celulares y, sin embargo, se erigió en un desborde de entusiasmo y optimismo. Ganar las calles, sin cartel ni pertenencia militante alguna específica, aunque todas ellas en general, solo para superar simplemente las restricciones circulatorias y amenazas, reconocerse aún con rostros desconocidos, acompañar y abrazar, saltar y cantar, sigue siendo una de las más placenteras actividades de lo que, en un sentido muy amplio e incluyente, podemos llamar política. Un modo de asegurar un momentáneo destello de rebeldía feliz en un contexto histórico inédito por la oscura crueldad y la proporción de retrocesos en las conquistas cívicas y sociales a los que nos vemos sometidos.
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Los organizadores estimaron que 400.000 personas desbordamos la histórica Plaza de Mayo, aunque resulta algo muy difícil de estimar, en primer término, por la propia geografía del lugar, con calles y avenidas aledañas superadas. Pero mucho más aún, en segundo lugar, por la absurda e irracional división de una parte del movimiento de derechos humanos y partidos de la izquierda más radical, que realizó una convocatoria separada, aunque al mismo lugar de desembocadura en distinto horario, iniciando su marcha cuando la mayoría a la vez se retiraba por calles paralelas, generando una suerte de circulación con desagote incluido. Podía percibirse in situ la dimensión por la densidad y continuidad circulatoria, pero nunca como las imágenes mediáticas cenitales nos lo entregaron a la vuelta a casa. Precisamente, una de las razones del éxito cuantitativo fue la participación que, por primera vez, tuvo orgánicamente la CGT, junto a otras fracciones sindicales de dirigentes cuasi vitalicios, con indiscutibles rasgos de burocratización y corrupción que paradójicamente esta vez actuaron como excusa del divisionismo, es decir, mediatizaron el resultado, aunque en convocatorias anteriores también las hubo por otras adhesiones que el sectarismo juzga extrañas a sus tradiciones, consignas y delimitaciones programáticas. Si de quien suscribe dependiera, no solo sugeriría interponer los mejores oficios en aras de la unidad plena para la máxima agregación de fuerzas, sino además la sustitución de la histórica Plaza de Mayo por la avenida 9 de Julio, cuyo ancho (que turísticamente se publicita como el mayor del mundo) permitiría una exhibición y cálculo del alcance movilizador, además de un sonido de pleno alcance, ya que solo en proximidades del palco pudieron escucharse los discursos.
La lógica del castigo socioeconómico actual, sumado a la represión y la amenaza, una suerte de reedición contemporánea de las amplias prácticas destinadas a mantener el orden social y reforzar las normas establecidas por las instituciones de poder que señalaba el filósofo Michel Foucault en su trabajo más difundido, seguramente contribuyeron a la ampliación de la convocatoria, particularmente de los sectores sindicales. Pero en muchos otros, incluyendo a ciudadanos sin encuadramientos, la voluntad de participar de lo que el propio presidente Milei llama la "batalla cultural", una revisión radical de los imaginarios, lenguajes, consensos y reivindicaciones, incluyendo el propio Estado de derecho. En otros términos, al repudio del terrorismo de Estado, se añaden crecientes actores más indiferentes al pasado, que expresan y expresarán el repudio al presente Gobierno de extrema derecha, que se ratifica además por el culto al Estado terrorista, aunque haya accedido al poder por medios constitucionalmente previstos.
En vísperas del 24M, reapareció la discusión respecto a la cifra de 30.000 desaparecidos, reforzando el negacionismo y la degradación de la historia. No es novedoso, porque ya en el gobierno del también derechista –aunque algo más inhibido– Macri, en cuyos discursos refería al "curro de los derechos humanos"; el secretario de Cultura de la Ciudad la había puesto en duda con el mismo inveterado condimento de que tal cifra fue manipulada para "conseguir subsidios". No surge de una simpatía caprichosa por los redondeos de cifras, sino de una explícita conclusión aproximativa y abierta, que en su propio carácter simbólico denuncia la sustracción de información y pruebas mediante la que los genocidas han pretendido consagrar su impunidad como la mafiosa "omertà" institucionalmente corporativa. No debe soslayarse que la dictadura, acorralada por la derrota en Malvinas, llama a elecciones previo decreto de autoamnistía, felizmente derogado por el expresidente Alfonsín.
Continuando la ofensiva negacionista, el mismo 24M se distribuyeron dos videos con la pretensión de subrayar una "memoria completa". Uno oficial de la Presidencia y otro, curioso, de la propia vicepresidenta. Una reidícula completud que en ambos casos omite repudiar la práctica del secuestro, tortura en centros clandestinos, la sustracción de bebés, los crímenes con desaparición, entre tantas formas inimaginables del horror como la violencia sexual, además de los delitos económicos y de complicidad civil. Propaganda que llama simplemente terroristas a organizaciones armadas surgidas en dictaduras (que en algunos casos realizaron también repudiables acciones de terrorismo, con consecuente condena por ellos) omitiendo, a la vez, la ejecución de las criminales prácticas sistemáticas organizadas por el Estado.
La única posibilidad de ejercer la memoria histórica es avanzar con todas las investigaciones judiciales a la espera de conclusiones penales o absolutorias, multiplicando la pequeña parte lograda hasta el momento, algo precisamente inverso a lo que se propone la estrategia gubernamental. Recordemos que el primer juicio contra los máximos responsables del genocidio comenzó en 1984, pocos meses después de la asunción de Alfonsín, y se conoce hoy como "Juicio a las Juntas" que resultó en el inicio un proceso sinuoso con las leyes de obediencia debida y punto final de ese mismo gobierno, los posteriores indultos de Menem (incluyendo a los condenados por acciones guerrilleras, liberándolos), hasta la derogación por parte del expresidente Kirchner y el comienzo de una nueva etapa, aún inconclusa y parcial, de investigación, procesamiento y condena.
La resultante hasta aquí ha sido muy reveladora, aunque en una pequeña proporción de la totalidad. Varias decenas de miles de criminales, como mínimo, participaron de manera directa en las prácticas del terrorismo de Estado. Se han logrado identificar hasta el momento 800 centros clandestinos de detención, entre dependencias de las fuerzas armadas, de seguridad y policiales, pero también en hospitales, escuelas y fábricas, revelando la complicidad civil y particularmente empresarial. Varias decenas y en los casos de los grandes centros, como la ESMA, millares de participantes activos fueron necesarios para el funcionamiento de estos campos de concentración, tortura y exterminio, lo que lleva la cifra total a mucho más que los 1207 condenados por delitos de lesa humanidad que es lo que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, hoy prácticamente desactivada, informa en su página web (juiciosdelesahumanidad.ar). De esa totalidad con 717 detenidos, solo 168 cumplen condena en unidades penitenciarias. Pequeña proporción, la más visible de una maquinaria de enormes magnitudes de perversos y sádicos recursos humanos. Para ello, la Justicia se nutría de los insumos probatorios provistos por los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) de archivos de las Fuerzas Armadas integrado por 13 trabajadores, 10 de los cuales recibieron el telegrama de despido en esta semana, del total de los 3.000 que el Gobierno cesanteó para confirmar la desactivación de este pequeño pulmón judicial.
El discurso presidencial conmemorativo del inicio de la Guerra de Malvinas anunció una "nueva era de reconciliación de los argentinos con las Fuerzas Armadas (…) dándoles el lugar de reconocimiento y apoyo que se merecen". La táctica no es despreciable porque intenta aglutinar a grupos de veteranos, particularmente a conscriptos y suboficiales muchos de ellos maltratados y desamparados por las jerarquías durante la guerra, con la institución que los llevó al desastre aprovechando la sensibilidad emotiva de los participantes.
Milei cerró el acto con una confesión de la musa ideológica del día: "La principal inspiración para nuestro reclamo de soberanía es el gran general Julio Argentino Roca, el padre de la Argentina moderna, él comprendió como nadie el mandato de una economía próspera y de unas fuerzas armadas respetadas como base de una nación grande". El admirado general no es otro que el jefe de la "Campaña del Desierto" que entre 1878 y 1885 arrasó con los pueblos originarios tehuelches, mapuches, ranqueles y pampas que habitaban la Patagonia y parte de la región pampeana, extendiendo el territorio argentino de entonces. Los sobrevivientes de las ocupaciones fueron utilizados como mano de obra forzada, encerrados en reservas indias o exhibidos en museos: no casualmente, el presidente eligió como padre un genocida.
La memoria completa que reclama Milei no la encontrará en otra fuente institucional que la omertà que homenajea y protege.