El juez Joaquín Aguirre, responsable de la investigación de los casos Negreira y Volhov –la causa por la injerencia de Rusia en el procés–, ha recibido el pasado jueves un paquete bomba que ha resultado ser falso. El magistrado que se ha situado en el punto de mira de los independentistas catalanes ha recibido en su juzgado, el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, un envío con la posible intención de amedrentarle.
Se trata de una caja de unos 20 centímetros de largo por 15 de ancho. Al abrirlo ha aparecido una pantalla con números a modo de una cuenta atrás. Sin embargo, tras la intervención de los artificieros de los Mossos d'Esquadra se ha concluido que era una falsa alarma. La pantalla correspondía a un termómetro digital y la sustancia que había debajo de ese dispositivo envuelta con papel de aluminio y de color amarillento no era explosiva.
La dirección estaba escrita sobre el paquete a mano con un bolígrafo de tinta azul. El individuo autor de los hechos a colocado dos sellos y no ha escrito remitente. Todo el envío estaba protegido por cinta transparente. Tras recibir el paquete los trabajadores de este juzgado ubicado en la Gran Vía de las Cortes Catalanas y lo pasaron por un escáner. Al hacerlo no saltó la alarma. Tras ello, se llevó a las oficinas del juzgado de Joaquín Aguirre. Ya ahí los compañeros del magistrado abrieron el paquete y se toparon con un paquete aparentemente explosivo.
La tensión existente en Cataluña a escasas semanas de las elecciones autonómicas alcanza un nuevo nivel. De nuevo con la llegada de la cita con las urnas surgen sucesos ligados a envíos de paquetes.
Joaquín Aguirre se ha convertido de forma involuntaria en la bestia negra de los secesionistas catalanes. Se ha mostrado inflexible a la hora de analizar los vínculos de rusos en el proceso independentista y en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. La causa arrancó en 2018 cuando la Guardia Civil detuvo a 21 personas investigadas por los delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y blanqueo de capitales. También se estudia la posibilidad de estar ante hechos de alta traición.
Por otra parte, el juez Aguirre instruye la causa que puede suponer un antes y un después del fútbol español. Es el encargado de investigar la trama de presunta corrupción arbitral impulsada por el Fútbol Club Barcelona durante años.
Un juez señalado
Joaquín Aguirre ha sido objeto de señalamiento por dirigentes políticos secesionistas. Por ejemplo, el pasado 10 de abril, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, citó expresamente a los magistrados Joaquín Aguirre, Manuel García-Castellón y Manuel Marchena, sin que desde la Presidencia se le llamara la atención. La dirigente política catalana lamentó que en España haya gente que se «escandaliza» porque desde Junts pongan «nombres y apellidos» a jueces que se «exceden claramente en sus funciones», afirmó. La heredera de CiU dedicó palabras en especial a Joaquín Aguirre. Le reprochó el hecho de «pasearse por las televisiones europeas prevaricando», por dar una entrevista a un medio de comunicación alemán.
En ese marco, la diputada afeó la «extravagante» situación del ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont ante la citación judicial por la investigación del Tribunal Supremo por la causa de Tsunami y demandó al PSOE que deje de «ponerse de perfil» ante aquellos jueces que, sentenció, están «prevaricando y hacen un mal uso del Estado de Derecho».
Las referencias del independentismo a la causa de Volhov son constantes. Entre las exigencias de Junts y ERC a Pedro Sánchez para que este último siga siendo presidente del Gobierno está la Ley de Amnistía. Por ejemplo, el ex presidente Quim Torra afirmó hace escasos días: «La línea roja que yo pongo para saber si esta amnistía valdrá la pena o no, es toda la gente que, en estos momentos, corre el riesgo de ser condenada o imputada por terrorismo. Esto incluye los de 'Tsunami', CDR y Volhov. Es la parte más crítica, a ver qué pasa».
Negreira
Por otra parte, el juez lleva la investigación del caso Negreira. Por tanto, otra posibilidad que no se puede descartar es que sea un radical del Barça el responsable de esta acción susceptible de ser juzgada por terrorismo. Aguirre investiga en ese marco a los ex presidentes del Barça, Joan Laporta, Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell, así como al propio club y a otros altos cargos. Están imputados por corrupción deportiva, cohecho, entre otros tipos penales.
El juez citó al ex presidente de los árbitros, José María Enríquez Negreira, que recibió pagos del Barça hace un mes. El ex colegiado se negó a declarar y alega que no recuerda nada por una enfermedad degenerativa. Evita dar ni una sola aclaración a las entregas millonarias de dinero que percibió del Barcelona durante casi 20 años. Uno de los últimos movimientos del juez es, a finales de marzo, ampliar la investigación a todos los auditores del club. Se pretende, en coordinación con la Guardia Civil, analizar también los años entre 2003 y 2018.