¿Javier Milei "no la vio"? Todo indica que no. Después de haber ganado una serie de "batallas culturales" en rubros donde parecía imposible, el conflicto universitario marcó un límite que podría marcar un punto de inflexión en su gestión presidencial.
La masiva marcha de repudio al recorte del presupuesto universitario ocupó un lugar protagónico en la agenda política, en los medios y en las redes sociales. Y su convocatoria no fue eclipsada por el mensaje en cadena nacional que el presidente había hecho la noche anterior para revindicar las virtudes de la austeridad fiscal.
Peor aun, el presidente ya está viendo el fantasma de una merma en el apoyo de la juventud, el sector de la sociedad en el que basó su crecimiento político y su caudal electoral. Y, para colmo, en el debate se generó una posibilidad para que dirigentes políticos que habían perdido la conexión con la juventud universitaria y la clase media -desde Axel Kicillof hasta Martín Losteau, desde la cúpula sindical hasta Horacio Rodríguez Larreta-, recuperaran protagonismo y se sumaran a los reclamos.
Demasiados costos políticos como para que puedan ser justificados por el ahorro fiscal de las transferencias a universidades, que apenas representan un 3,5% del gasto público primario y que hizo una contribución apenas marginal en la consecución del superávit fiscal del primer trimestre.
Más costo que beneficio
Para quienes, dentro del gobierno, hacen la evaluación no apenas desde el punto de vista financiero, sino también político, ya no pueden caber dudas: los costos de una confrontación con las universidades nacionales superan largamente los beneficios.
Es cierto que el recorte presupuestario en términos reales -de 25%, según la estimación del Instituto Argentino de Análisis Fiscal-, no fue tan grave en las universidades como en otros rubros del gasto. De hecho, hay 10 renglones del presupuesto que muestran una caída de recursos mayor.
Desde ese punto de vista, puede hasta plantearse como una injusticia que, en un contexto de crisis en el que se licúan ingresos en diversos ámbitos de la vida nacional -como las jubilaciones, por mencionar el caso más notorio y de mayor sensibilidad social-, justo las universidades no hubieran sido afectadas.
Sin embargo, también es cierto que Milei y su equipo económico habían tenido el cuidado, al momento de diseñar el plan económico, de no tocar rubros considerados claves para el mantenimiento de la paz social, como la Asignación Universal por Hijo o la asistencia alimentaria. De hecho, el propio ministro de economía, Luis Caputo, destacó en varias oportunidades que el gasto de ese rubro había aumentado.
De manera que si se avanzó con el recorte del presupuesto universitario es porque, en su momento, se consideró que no sería un tema capaz de generar una conmoción social o política.
Y, como se está revelando en estos días, ahí pudo haber ocurrido un error de evaluación política. Como han destacado los analistas políticos en los últimos días, la universidad no es un gasto más, sino que tiene un poder simbólico, ocupa un lugar especial en el imaginario social.
Y es por eso que hay analistas políticos que ha trazado una analogía con el conflicto de Cristina Kirchner contra los productores sojeros en 2008. La ex presidente creía que peleaba contra la oligarquía terrateniente, pero la sociedad interpretó un ataque contra "el campo". Es decir, contra un sector al que se percibe como el motor económico del país, además de reserva de valores como el esfuerzo y la permanente inversión para mantener el estatus de vanguardia mundial.
Una falla en el "principio de revelación"
Por lo pronto, la primera gran diferencia entre el conflicto universitario y otros que ha sostenido el gobierno es que aquí no parece aplicar el "principio de revelación". Esa estrategia había sido políticamente útil al presidente, por ejemplo, en la pulseada fiscal con los gobernadores provinciales.
Pero se trataba de una pelea donde el presidente tenía ventajas, porque los mismos gobernadores que advertían no tener presupuesto para pagar salarios de empleados estatales o que no podían evitar un shock en los precios del transporte, antes habían gastado recursos en festivales donde contrataban a artistas de alto cachet o en la creación de empresas públicas condenadas a ser eternamente deficitarias.
De hecho, las encuestas demostraron que Milei no perdió apoyo popular en las provincias que se enfrentaron a Milei por recursos para el fondo de incentivo docente o para los subsidios al transporte.
Con la universidad, en cambio, hay un riesgo latente. La causa universitaria tiene un amplio poder de convocatoria para manifestaciones masivas, donde los protagonistas son los jóvenes. De hecho, uno de los comentarios recurrentes en la cobertura mediática de la marcha a Plaza de Mayo fue que entre la concurrencia debía de haber un alto porcentaje de votantes de Milei.
En su etapa como candidato, Milei había logrado empatía con el público joven a través de un discurso que fomentaba las virtudes del emprendedurismo y la apuesta a la tecnología y el conocimiento como factor de mejora de la productividad del país. Pero después de que el recorte del presupuesto universitario se transformó en tema de la agenda nacional, Milei no sólo corre el riesgo de un quiebre en el apoyo juvenil, sino que además le da una posibilidad de reivindicarse a sectores políticos que habían perdido conexión con ese segmento de la población.
Prueba de ello es que en los discursos de Plaza de Mayo se señalaron, como si fueran problemas nuevos, situaciones que en realidad son de larga data, como el deterioro edilicio, la desfinanciación de hospitales universitarios y los bajos salarios docentes. Peor aun, la nueva polémica tapó el hecho de que durante toda la gestión de Alberto Fernández hubo una caída real de los recursos universitarios, también bajo la licuación inflacionaria, que se acentuó con la llegada de Sergio Massa al ministerio de Economía.
Milei, entre debates tabú y las señales de paz
Es posible que, para la "mesa chica" de Milei haya, de todos modos, una evaluación política parcialmente positiva: se puso sobre el tapete una serie de temas tabú, como el examen de ingreso, el arancelamiento, el cobro a los estudiantes extranjeros o la devolución de fondos por parte de los profesionales recibidos en la universidad pública.
También se visibilizó la discusión sobre los contenidos de los programas educativos, especialmente en ciencias sociales, donde salieron a la luz críticas sobre sesgo ideológico, adoctrinamiento político y hasta discriminación. El propio Milei, que califica a la facultad de ciencias económicas de la UBA como "la keynesianera" ha sido un entusiasta promotor de ese debate.
Además, instaló otro tema tabú: la opacidad en el manejo de los fondos presupuestarios y la sospecha de que la auditoría de la AGN -controlada por el Congreso, a diferencia de la Sigen, que depende del poder ejecutivo- no implica un control exhaustivo sobre los gastos en las facultades.
Pero lo cierto es que, más allá de chicanas políticas, el gobierno dio algunas señales en el sentido de querer desescalar el conflicto. Ya la semana pasada, desde la subsecretaría de Políticas Universitarias, dependiente de la ministra Sandra Pettovello, se adelantó que habría un encuentro con los rectores el 30 de abril para hablar de presupuesto y de mejora en las auditorías.
También del lado universitario hubo, en los discursos el acto de Plaza de Mayo que estuvieron a cargo de los delegados docentes, una apelación a que el gobierno se sume al diálogo y baje los decibeles políticos.
Sin embargo, nada es seguro. Milei -que durante la jornada de la protesta retuiteó varios comentarios críticos hacia la dirigencia de la UBA- tiene en su naturaleza subir la apuesta, confrontar y apostar al principio de revelación. Esta vez, tiene chances de que la jugada la salga mal.