La solicitud fue hecha por la defensa de la mujer, en sustitución de la prisión efectiva que debía cumplir por dos años. Ahora deberá cumplir prisión domiciliaria total, con dispositivo de monitoreo electrónico y otras medidas, como el control policial aleatorio, retención de documentos de viaje y el cierre de fronteras, indicó la fiscal Fernanda Delgado. La jueza a cargo fue Noelia Gutiérrez.
La audiencia por el caso se llevó a cabo en Melo, debido a que en Rocha no hay cárcel de mujeres y la imputada fue derivada a Cerro Largo. La prisión domiciliaria la cumplirá en su departamento. Sus vecinos juntaron dinero para pagar dos años de alquiler.
Dos denunciantes declararon por primera vez en la causa contra Gustavo Penadés
"Ella es oriunda de Rocha y tiene una comunidad de vecinos sumamente fuerte, que recaudaron dinero para pagar el alquiler y es la cercanía familiar que la penada tiene actualmente", señaló Delgado.
Las hijas de Natalia, dos menores, están a cargo de una de las familias de esa comunidad, agregó la fiscal. "Ella es la referente exclusiva de esas niñas y atento a esos argumentos la Fiscalía, con otros extremos, estimó que en este caso correspondía la sustitución", dijo y aclaró que se pidió informe de INAU.
"Lo que les puedo decir es que Natalia está feliz, inmensamente agradecida del apoyo de la comunidad, que fue un eslabón indispensable en esto de poder convencer a la Fiscalía de que a pesar de la ausencia de recursos económicos, el cumplimiento en un domicilio era posible", afirmó la abogada de Natalia, Valentina Piquinela.
Cuestionamientos a la legislación
La abogada de Natalia dijo que para ella "el precedente es que las normas de derechos humanos resulten aplicables".
"Yo considero que el caso de Natalia y la solución que fue incorporada por la ley de Rendición de Cuentas, la ley 20.212, que fue un intento de intervenir en una desregulación y una desproporcionalidad de las penas que ocasionó la LUC, no se soluciona con la aplicación de esta norma. Primero porque sigue siendo inaplicable el régimen de medidas alternativas para los delitos de narcotráfico, cualquiera sea la entidad, cualquiera sea la lesividad, cualquiera sea la gravedad del delito, va a tener siempre prisión efectiva y eso es algo que el Estado debe atender, debe trabajar", afirmó Piquinela.
La abogada explicó que en el caso de su defendida pesó la circunstancia de las hijas menores y cuestionó "qué pasa con aquel universo de personas que siendo hombres y mujeres que no tienen cargas familiares de todas formas deben cumplir de forma efectiva y sin ningún sentido rehabilitador, sin un propósito de integración social, una condena extensa como lo son los dos años, que es la pena mínima para los delitos de narcotráfico".
Integrantes de la Agrupación de Cultivadores de Cannabis de Uruguay fueron a Melo para estar presentes durante la audiencia y en apoyo a Natalia. "Por suerte se ha hecho justicia en el más amplio de los sentidos y se ha aplicado una norma que seguramente siente un precedente para otros casos más referidos a delitos de bajo impacto o de microtráfico, como se prefiere decir técnicamente, de gente, de personas, y principalmente de mujeres en situación de vulnerabilidad se ven obligadas a delinquir en cantidades mínimas, por el sostén de su familia", sostuvo Julio Rey, integrante del grupo.
Para la agrupación la pena es exagerada. "Penas que causan más daño que la falta que la persona pueda haber cometido", afirmó Rey.
Rey contó que Natalia fue detenida en Punta del Diablo, tras un operativo de seguimiento encubierto "por haberle vendido flores a un vecino en la calle".
"Es necesaria una modificación de la dosimetría de la regulación de la marihuana y que hay que realizar una ampliación de marcos y derechos en ese aspecto", dijo Rey.