Después de las presidenciales hubo una evidente aceleración de los tiempos y las acciones de la Justicia.
Pasadas las legislativas de octubre la velocidad aumentó más, con las prisiones de alto impacto público de Amado Boudou y de Julio De Vido.
Hay una pregunta que puede parecer ingenua, pero no por eso menos válida: ¿la aceleración fue por el cambio de gobierno o porque también el cambio de gobierno marcaba un cambio en la sociedad? Consecuencia de esa pregunta es otra pregunta: ¿cambió la Justicia?
Hay argumentos para explicarlo si este existe. Por ejemplo, que desde el anterior gobierno se habría entorpecido la investigación, negando o demorando información.
Esa es sólo una parte de la verdad. La otra es que una porción de la Justicia sintonizaba con la música del poder.
De todos modos, este blanqueo de la corrupción es más que bienvenido, necesario.
En las numerosas causas en trámite aparece en toda su obscena dimensión. En buena parte de la sociedad el veredicto fue dado, pero se espera su confirmación judicial aun de parte de jueces con conducta visiblemente variable.
Fallar concretamente salva una parte de la deuda. Pero las sanciones sólo mejorarán en parte la credibilidad que necesita el país de la Justicia. La otra parte corresponde a la conducta del Poder Judicial frente al poder.
La pregunta ingenua del principio inquiere sobre la influencia de la política y el cambio en la sociedad. Si en la respuesta pesa más lo primero, nada asegura que poco o nada se haya modificado la cultura en lo profundo.
Pero si los jueces han advertido un cambio social, este ha sido también percibido por otros poderes. El Congreso se rindió ante el pedido del juez y le quitó los fueros al ex ministro De Vido.
El kircherismo no se había rendido ni ante fallos de la Corte, que desoyó y no cumplió (fiscal de Santa Cruz). La ausencia en el debate por De Vido tiene que ver con aquella conducta como también no afrontar un debate espinoso sobre la corrupción de sus miembros más conspicuos. Las cartas de furia de De Vido son porque lo dejaron solo.
Boudou ya se acostumbró a ese estado: también lo abandonaron a su suerte. Antes Cristina había echado al procurador, al juez y al fiscal para salvarlo.
El castigo electoral al kirchnerismo empezó hace cuatro años. Su apuesta fue continuar. Hasta que se confirmó su derrota, esa apuesta movió la espera de no pocos jueces.
A dos años y casi diez meses de la muerte del fiscal Nisman, se la investiga como asesinato.
El Ejecutivo dice que no interviene en la Justicia si no es con las facultades que le otorga la República, no el poder, que desde mucho se ha corporizado en la Rosada.
Esa prescindencia que subraya el poder político no puede, por toda la historia, eliminar de golpe la suspicacia, cuando no la sospecha lisa y llana, alimentada por los propios afectados que quieren presentarse como perseguidos para camuflar su corrupción.
El funcionamiento sin condicionamientos de la Justicia es vital para la democracia. Es la manera de recuperar credibilidad.