Quintana Roo es una de las tres entidades de México con mayor cantidad de martillos taxistas: tres por cada unidad de transporte. Las autoridades no tienen registros de estos trabajadores, facilitando que salgan impunes cuando se involucran en delitos como asaltos y narcomenudeo.
La información del parque vehicular de transporte en México, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), revela que en el Caribe mexicano se encuentran circulando un aproximado de 23 mil 200 unidades de taxi; mientras que Veracruz, 42 mil 201; el Estado de México cuenta con 94 mil 487; y la Ciudad de México, 132 mil 931.
Pero en cuanto al número de martillos en Quintana Roo existe un estimado de 55 mil 020, de los cuales el 60% se encuentran en Cancún. Sólo el Estado de México y la CDMX superan esta cifra con 120 mil y 143 mil martillos, respectivamente.
La media nacional es de 12 mil unidades de taxi y 14 mil 500 martillos, lo que significa que el estado tiene la mayor proporción, tres a uno, de choferes externos contratados por cada concesión.
Tan sólo en Cancún se tiene un padrón de aproximadamente 9 mil 800 placas de taxi, con cerca de 28 mil personas trabajándolas, además de los concesionarios.
El reporte "Taxis, Movilidad y Desorden Urbano", realizado por México Social.org, puntualiza que esto es preocupante ya que representa más dificultades para los órganos locales encargados de regular este servicio, en el caso de Quintana Roo, el Instituto de Movilidad.
"Por ley, la autoridad estatal tiene un registro de cada concesionario. Es decir, conoce los datos de quien en teoría debería estar trabajando detrás del volante. Pero cuando un socio concesionario renta o contrata a un tercero, no lo suele dar aviso a los órganos reguladores, volviéndolos choferes fantasmas de los que no se tiene información", detalla el documento.
La Fiscalía General del Estado les da la razón: en el 2023 fueron 467 conductores los involucrados en delitos de alto impacto, como narcomenudeo, secuestro, extorsión y ejecuciones.
Pero de este grupo, sólo 12 eran concesionarios. El resto eran martillos. Los sindicatos del respectivo municipio donde fueron arrestados se deslindaron de ellos detallando que no los tienen registrados.
Aunque la Ley de Movilidad establece que deben aplicarse sanciones en contra del socio que contrató al tercero, en la práctica sólo siete fueron multados.