Ernesto Ekaizer
El auto dictado el pasado lunes 8 de abril por Susana Polo, magistrada de la Sala Segunda del Tribunal Supremo e instructora del 'caso Tsunami Democràtic', en el que se cita a declarar a Carles Puigdemont y a Ruben Wagensberg, respeta una norma no escrita de dicho tribunal según la cual se intenta abrir un paréntesis en las diligencias judiciales cuando hay una causa que puede influir o interferir en los procesos electorales. En este caso se trata de las elecciones en Cataluña, primero, en Europa después.
La citación es, pues, para los días 17 y 21 de junio, respectivamente. Asimismo, la magistrada ha ofrecido a ambos declarar como imputados/investigados de forma voluntaria antes de decidir si pide o no el suplicatorio en el caso de Puigdemont al Parlamento Europeo. Y, por último, en caso de aceptar, podrán hacerlo por videoconferencia.
Aunque el juez Manuel García-Castellón ha notificado la providencia este martes, la fecha que lleva la misma es el lunes 8 de abril. Daría la impresión de que el magistrado ajusta su ritmo al de la diligencia de la magistrada Polo. Falta por saber ahora el día en que citará a los imputados/investigados en el caso Tsunami y si también respetará el paréntesis electoral.
La diligencia de la magistrada Polo es la esperada primera acción judicial tras hacerse cargo de la causa el pasado 29 de febrero, cuando la sala de admisión de la Sala Segunda del Supremo aceptó instruir la exposición razonada del juez García-Castellón para incluir a Puigdemont y Wagensberg, quienes residen en Bélgica y Ginebra, respectivamente. Pero su cumplimiento final está en el aire, porque antes de la fecha en que ambos han sido citados se prevé que, pese a las maniobras del Partido Popular en el Senado, la ley de amnistía ya estará publicada en el 'Boletín Oficial del Estado' (BOE).
En ese momento se le planteará a la magistrada la opción de aplicar la amnistía o, por ejemplo, elevar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), lo que paralizará el procedimiento. Al mismo tiempo, se tendrá que dejar sin efecto la orden de detención europea que pesa sobre Puigdemont y la orden nacional de detención, según se indica en la ley de amnistía aprobada por el Congreso de los Diputados.
Se añade la circunstancia de que Puigdemont ya habrá dejado de ser eurodiputado. Por tanto, la citación depende de tantas circunstancias legales y procesales que confieren a la declaración una hipótesis de trabajo judicial incierta. Pero puede ser una prueba piloto para la aplicación de la flamante ley de amnistía. Y las expectativas crecen sobre todo porque se trata de Puigdemont, quien acaba de anunciar que gane o no gane las elecciones del 12 de mayo piensa volver a Cataluña para la sesión de investidura, al abandonar su afirmación anterior según la cual su retorno estaba condicionado a ser el futuro presidente de la Generalitat.
En cuanto al juez activista ''instructor de la contra amnistía'', García-Castellón habrá que estar atentos para ver si va a instruir la causa del Tsunami durante estos meses o si, siguiendo a la magistrada Susana Polo, va a abrir un paréntesis por los comicios de mayo y junio, en Cataluña y Europa. También habrá que seguir de cerca su actuación cuando en junio se publique la ley de amnistía en el BOE. Puede haber una carrera entre la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo para ver quien llega antes al TJUE con su cuestión prejudicial sobre las presuntas vulneraciones que se desprenderían al aplicar la ley de amnistía.
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