tribunales
Fingen trabajar en una inmobiliaria y se quedan con la señal de dos clientes en Zaragoza
Ahora se enfrentan a penas de entre tres y cuatro años y medio por estafa agravada al tratarse la vivienda de un bien de primera necesidad.
La cuantía de lo estafado puede no considerarse excesiva -600 euros a una víctima y 550, a otra- pero para los perjudicados era un montante importante y, además, estaba destinado a afianzarse el alquiler de una vivienda, un bien que el Código Penal recoge en el artículo dedicado a las estafas como bien de primera necesidad y "reconocida utilidad social".
Por esa razón, la Fiscalía solicita para dos acusados de quedarse con el dinero de dos personas que aspiraban a alquilar un piso penas de tres años para uno y de cuatro años y medio para otro, pues es reincidente.
José A. G. y Javier G. G. serán juzgados en la Audiencia Provincial por haberse quedado el dinero de dos clientes. Uno acudió el 10 de enero a la oficina de la inmobiliaria en las Delicias buscando un piso de alquiler y le atendió Javier G. G. "Fingiendo seriedad y solvencia", relata la Fiscalía, le ofreció un piso en Tenor Fleta previa entrega de 600 euros en efectivo como señal de reserva. Pero, en días posteriores le informó de que no era posible arrendar el piso. El cliente reclamó su dinero y Javier G. G. se negó. En ese momento, para generar confianza, según la acusación pública, intervino en la conversación José A. G., quien se comprometió a buscarle otra vivienda a cambio de no devolverle la señal. El interesado aceptó creyendo que le encontrarían otro piso. Nada más lejos de la realidad, porque nunca lo consiguió y los acusados cortaron la comunicación con él.
El 20 de febrero repitieron una operación similar con una mujer, aunque en este caso fue José A. G. quien se puso en contacto con ella al enterarse de que estaba buscando una vivienda. Ante ella se identificó como agente inmobiliario y le llegó a enseñar dos pisos. La mujer le entregó 550 euros confiando en la seriedad de la operación, aunque hasta la fecha no ha sabido nada ni del alquiler ni del dinero.
Para la fiscal del caso, estos hechos suponen un delito de estafa agravada y solicita para José A. G. tres años de cárcel, una multa de 9 meses a 8 euros (2.160). No obstante, pide que se sustituya la pena privativa de libertad por la expulsión a Argentina, país de origen del acusado. Respecto al otro implicado, de nacionalidad española, reclama 4 años y medio de prisión y una multa de 2.880 al ser reincidente por delitos de falsedad en documento, disfrute fraudulento de la seguridad social y estafa.