Todavía es un hipotético, un futurible, porque la ley de Concordia elaborada por PP y Vox está registrada en las Corts y aún queda trámite parlamentario para que sea promulgada, sin embargo, la voluntad manifestada y reiterada del Gobierno de España de recurir esta norma (igual que otras autonómicas como la de Aragón y la de Castilla y León) al Tribunal Constitucional abre de nuevo un escenario que no es del todo extraño para Consell y Ejecutivo central: la de que ambas administraciones tengan que resolver sus discrepancias respecto a una ley en el tribunal de garantías.
El Tribunal Constitucional tiene su sede en el número 6 de la calle de Domenico Scarlatti, en el distrito de Chamberí. Las parada de metro más cercana es la de Islas Filipinas, aunque también se puede tomar la opción de Guzmán el Bueno o la de Ciudad Universitaria. Aunque tampoco hace falta decirlo. Los representantes tanto del Gobierno de España como de la Generalitat tienen el camino conocido, y más que lo harán si se miran los primeros pasos de la legislatura y lo ocurrido en un pasado no tan lejano.
Porque quizás la historia no se repite, pero a veces rima, y hay ciertas similitudes entre lo que ocurrió en los primeros años del Botànic al frente de la Generalitat con Mariano Rajoy en la Moncloa y la situación actual con papeles invertidos: es la izquierda la que gobierna en España y la derecha la que tiene el poder autonómico. Y por lo visto entonces y se ve ahora, la convergencia de dos gobiernos de distinto signo en el Estado y en la Comunitat Valenciana es tierra fértil para que crezca el recurso judicial cruzado.
No fueron pocos los asuntos valencianos sobre los que los magistrados del Constitucional tuvieron que decidir entre 2015 y 2018, hasta la moción de censura de Sánchez. Uno de los primeros decretos que promulgó el ejecutivo de PSPV y Compromís fue el de garantizar el acceso a la sanidad universal para poder atender a las personas extranjeras en situación administrativa irregular que el Gobierno central había denegado. El Ejecutivo central lo recurrió y Constitucional anuló esa norma y una vasca similar.
También recortó la aplicación de las leyes de Función Social de la Vivienda y la de respuesta frente a la pobreza energética. El Consejo de Ministros del PP recurrió ambas normas después de no llegar a acuerdos en las comisiones bilaterales que se abren siempre en este tipo de conflictos. El tribunal de garantías tumbó varios artículos de ambas leyes, entre ellos, el que habilitaba al Consell a expropiar pisos vacíos durante mucho tiempo de entidades financieras «de manera excepcional» para evitar desahucios o la exigencia a las empresas energéticas de que antes de realizar un corte de suministro pidan un informe a servicios sociales municipales.
La Diputación de Alicante y el PP
Pero no siempre quien pone la música hacia los recursos es el Gobierno central. También hay ocasiones en que el juego es al revés. El Consell del Botànic, de hecho, recurrió los Presupuestos Generales del Estado al Constitucional por la «discriminación» a la Comunitat Valenciana mientras que el actual Ejecutivo de Mazón dijo en octubre estudiar un recursos de inconstitucionalidad contra la amnistía.
Pero los choques entre instituciones van más allá. El PP llevó al Constitucional —que la tumbó— la ley de senadores de la Comunitat Valenciana con la que se pretendía revocar a una de las designadas por las Corts, Rita Barberà, y más cerca en el tiempo, la Diputación de Alicante presidida por Mazón recurrió el Fondo de Cooperación Municipal de la Generalitat, anulando un artículo.
La historia no se repite, pero otra vez rima y hoy la líder de la oposición al Consell, Diana Morant, se encuentra en un gobierno, el estatal, que ya ha avisado que estudia recurrir leyes de PP y Vox en temas de memoria y política lingüística mientras que Mazón también ha alertado de llevar al ejecutivo del que forma parte Morant a los tribunales. El Constitucional podría ser, de nuevo, una sala de debate anexa de la política valenciana.
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