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La agente del Ministerio Público argumentó que existen peligro de fuga y peligro de obstrucción a la investigación, por lo que a su criterio no corresponden las medidas alternativas a la prisión preventiva dictadas por el Juzgado de Garantías de la causa a favor de los tres procesados en el caso de la presunta megaestafa a través de la firma "Steven Automotores".
La imputación fiscal es por los hechos punibles de asociación criminal y prevaricato, debido al supuesto esquema de estafas a las víctimas que eran perfeccionadas, desarrolladas y materializadas por medio de demandas con medidas de secuestro de vehículos concedidas por el juez de Paz Jorge Franco Garelik, junto con la actuaria del Juzgado Gabriela Gaona.
De acuerdo a la hipótesis fiscal, mediante las colaboraciones efectivas de Gaona -quien representaba al Juzgado de Paz-, así como los oficiales de justicia Carlos Yrala y Marcelo Mereles -quienes a la vez y en concomitancia fungían además de abogados patrocinantes de los propietarios de la empresa "Steven Automotores"- se concretaba la estafa a los clientes de dicha firma, a partir de demandas planteadas ante el Juzgado.
En su escrito de apelación en contra de las medidas sustitutivas a la prisión, la fiscala Lourdes Bobadilla resalta que se han colectado suficientes elementos de convicción en la presente causa, que probarían que los imputados son autores de los hechos imputados por el Ministerio Público.