El asesinato de tres carabineros en la zona de Cañete ha generado justificada indignación en la ciudadanía, no solo por lo despiadado de dicho crimen -donde las primeras informaciones indican que los policías fueron emboscados, acribillados y luego calcinados-, sino porque además es un trágico recordatorio sobre la extrema peligrosidad de los grupos que operan en la Macrozona Sur, planteando enormes desafíos de seguridad para el Estado.
Es una señal positiva que representantes de todos los poderes del Estado se hayan hecho presente en el lugar de los hechos, y que la mayor parte de las fuerzas políticas haya expresado su repudio por lo sucedido, donde el asesinato de un funcionario policial en acto de servicio ha de considerarse ante todo como un golpe directo a todo el país. Por lo mismo, resulta imprescindible que una situación como esta no quede solo en manifestaciones de indignación, sino que se traduzca en una respuesta a gran escala por parte de todas las instituciones.
Un primer efecto a partir de estos crímenes ha sido la decisión del gobierno de no insistir -al menos por ahora- en la decisión de remover al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, conforme la "doctrina" del Ejecutivo según la cual cualquier funcionario de confianza que fuera formalizado debería dejar su cargo. Además de lo controversial que resulta un criterio de este tipo, hubo conciencia en el gobierno de que atendido el delicado momento por el que atraviesa la institución este no era el momento de hacer cambios profundos en el alto mando.
La decisión privativa del Ministerio Público de solicitar al tribunal un aplazamiento de la formalización de Yáñez -inicialmente prevista para el 7 de mayo, que ahora tendrá lugar el 1 de octubre, según lo resuelto ayer por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago- en los hechos también ayuda a descomprimir la situación, pues por un tiempo deja a un lado la situación judicial del general director y brinda la necesaria estabilidad que Carabineros requiere en estos momentos. Como era previsible, el Partido Comunista y sectores del Frente Amplio han salido a cuestionar duramente la decisión de la Fiscalía, sin atender a la importancia de no crispar más el ambiente, así como la inconveniencia de politizar decisiones judiciales, además de abrir un nuevo flanco de discordia con el propio gobierno del que son parte.
La forma en que se produjo este ataque, donde sus hechores parecen tener un alto grado de preparación, es una prueba manifiesta de que a pesar de que el número de ataques venía cayendo en la zona, la presencia de grupos que representan una altísima amenaza para la población en la Macrozona Sur -y que desafían directamente las capacidades del Estado- sigue latente, lo que obliga a revisar el plan de seguridad hasta ahora implementado en la zona y adoptar medidas excepcionales si el caso así lo requiere, donde ninguna herramienta de nuestra institucionalidad puede dejar de ser seriamente evaluada.
Es también un recordatorio de que la agenda de seguridad que se tramita en el Congreso debe acelerarse, donde la creación del Ministerio de Seguridad y una nueva ley de inteligencia siguen como materias pendientes. Si bien estas medidas rendirán efectos en el mediano y largo plazo, desde el mundo político debe enviarse una clara señal de sentido de urgencia y sintonía con la crisis de inseguridad que se vive.