Indultados, por el Gobierno, los condenados por sedición en virtud de sentencia unánime de siete magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo; suprimido el delito de sedición en el Código Penal y en ámbito parlamentario la ley de amnistía, como compromiso del Gobierno con los partidos separatistas… vuelve la magia indepe.
El primer efecto que ha tenido el anuncio del «alivio penal» ha sido que los orfebres del independentismo mágico han puesto fecha y hora a dos obsesiones: el concierto económico y el referéndum de autodeterminación.
De ahí que no le falte razón al candidato republicano cuando, en el cuadrilátero de la refriega inminente, ha desteñido el discurso electoral socialista –el referéndum es imposible por inconstitucional– al decir que es «tan posible como la amnistía», que «era imposible hasta que dejó de serlo».
Para el líder independentista, la celebración del referéndum es una cuestión de «voluntad política», que los independentistas quieren doblegar gracias a sus votos –decisivos– en el Congreso.
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El desleal e inagotable nacionalismo tiene sus códigos y sus ritmos. De ahí que, mantener tensionado al activismo separatista significa darle esperanzas de que algo grandioso puede pasar.
A eso responde la diligencia irrebatible y el ejercicio de amor propio con que el representante del Estado en Cataluña confinaba la secesión en siete bíblicas palabras: «¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente?».
Al tratarse de una propuesta improvisada –más orientada a aventajar al «líder fugit»– la impetuosa declaración, más propia de alguien que se ve alcanzado, suena hueca y pancista.
En el indisimulado empeño por adjudicarse lo arrancado en la rebatiña de la investidura, no se entretuvo en dotar de verosimilitud y coherencia a las meras fantasías, así que, obviando el viejo apotegma –el diablo está en los detalles– no perdió tiempo en desgranar los pormenores.
La vanguardia soberanista se ha instalado de nuevo en el relato del «independentismo mágico» –el mito como sustituto de la realidad– que nos ha hecho perder una década. Y ahí no cabe la letra pequeña. Pero, si el deseo incorregible es irse, hay que dar a los ciudadanos las respuestas que necesitan. No se puede empujar a la gente al abismo jugando solo con los sentimientos.
La pregunta avanzada para una hipotética consulta tendría que estar acompañada de las consecuencias de una conjeturada secesión. La primera y principal sería que el Estado resultante en ningún caso formaría parte de la Unión Europea y por tanto de la zona euro y de su Sistema de Pagos.
Para mejor calibrar el peliagudo asunto de la deuda, hay que decir que, a final de año, Cataluña debía 85.986 millones de euros, de los que 71.852 millones al FLA. Si a esa cantidad se añade el porcentaje que le corresponde de la deuda del Estado y hacemos el reparto en función de la población, superaría los 248.200 millones.
Los alquimistas de la autodeterminación han dado con la fórmula mágica: ellos no deben nada al resto de los españoles y son estos quienes tienen una deuda acumulada de 450.000 millones de euros.
¿Qué dice el Gobierno del coste para la mayoría de los españoles? Se limita a decir que no está de acuerdo, que no es noticia la petición del referéndum y que no negocia nada de esto. Decir algo valdría la pena porque la eventual secesión elevaría el porcentaje de deuda sobre PIB hasta cerca del 130% e incrementaría la deuda per cápita en más de 6.000 euros.
Llegados aquí, no está de más recordar que en el acuerdo para la investidura (firmado por PSOE y ERC, el 2 de noviembre de 2023) ya se anticipaba que: «Los acuerdos a los que se pueda llegar sobre el marco político de Cataluña puedan ser refrendados por el pueblo catalán».
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En los meses que vienen van a ser objeto de controversia asuntos que el artículo 92 de la Constitución distingue como «decisiones políticas de especial trascendencia», susceptibles de ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. ¿Quiénes son todos los ciudadanos? Manifiestamente, toda la población española.
Un referéndum que contemple, directa o indirectamente, la secesión de una parte de España es metafísicamente imposible mientras la Constitución del 78 esté en vigor, al no existir ninguna vía legal, pactada o no, que permita cuestionar «la indisoluble unidad de la Nación española». Esto no significa que el conflicto catalán esté resuelto políticamente.
De celebrarse, esa consulta tendría que ser convocada por el Rey, mediante propuesta del presidente del Gobierno, previa autorización por el Congreso de los Diputados.
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La Cataluña que desafía la ley no se va a conformar con el «alivio penal» y la impunidad. Los partidos secesionistas que apoyan al Gobierno saben que lo derribarán cuando les convenga. Poco les importa poner en jaque el Estado de derecho. En su reciente «discurso de la restitución», el «líder fugit» ya advirtió: «Si de aquí a 2027 no lo conseguimos por las buenas, volveremos a hacerlo por las malas».
Siempre quedará un viejo recurso, que resulta imbatible. Crear un problema, para luego exigir una solución a la víctima, por parte de quien en realidad es el verdugo. «España nos roba».
En una carta datada el 14 de mayo de 1907, Unamuno –muy aficionado toda su vida a las metáforas– escribía a Azorín: «Merecemos perder Cataluña. Esa cochina prensa madrileña está haciendo la misma labor que con Cuba. No se entera. Es la bárbara mentalidad castellana, su cerebro cojonudo (tienen testículos en vez de sesos en la mollera)».
Hablar en nombre de Cataluña cuando tienes en contra a más de la mitad de la población acostumbrada a no decir nada ¿quién se lo puede tomar en serio? Las palabras, el tono y las formas que utiliza el independentismo mágico no son las mismas que pregonan los trompeteros de la reconciliación.
Y una pregunta póstuma: tras el largo y penoso viaje de una guerra civil, una dictadura y una restauración democrática ¿cuántos catalanes de la otra mitad no nacionalista, apoya la consulta avanzada por el «jovenet de Pineda»?