La tragedia del ARA San Juan, el submarino sobre el cual hace 14 días que no se sabe nada, y la nueva víctima que cobró el rebrote del conflicto con un sector de la comunidad mapuche en el país parecen poseer un punto de contacto: la inoperancia o la ausencia del Estado.
El debate llegará, antes o después, sobre el destino que la dirigencia y la comunidad visualizan para las Fuerzas Armadas.
Algo similar deberá suceder acerca del resguardo del territorio nacional y el respeto a los derechos de sus ciudadanos.
Así como los militares fueron aislados después de las violaciones a los derechos humanos en la dictadura y el colosal fracaso en la guerra de las Malvinas, al reclamo de los grupos de los pueblos originarios -y no tanto- tampoco se les prestó debida atención. Porque siempre la coyuntura oscurece el horizonte.
El pleito mapuche empezó a tomar nuevas formas y vigor a fines de los 90. Sucedió del otro lado de la cordillera, en Chile, y forzó discusiones parlamentarias en aquel país.
La reivindicación sobre la pertenencia de tierras se hizo extremadamente violenta.
Varios mandatarios, entre ellos Michelle Bachelet, recurrieron a acciones represivas. Incluso se ordenó la aplicación de la ley Antiterrorista. Nadie podría sospechar sobre ningún desborde brutal de la mujer socialista. Pero hubo choques, muertos e incendios en la región de la Araucanía.
Ya en 2003 la Argentina registró ocupaciones e incidentes que pasaron de largo porque el foco estaba colocado en la crisis económico-social.
El entonces presidente Néstor Kirchner autorizó un desalojo de mapuches que habían ocupado tierras próximas a la cordillera que pertenecían al Ejército. Su jefe era el general Roberto Bendini.
Aquel movimiento fue incruento y, por tal motivo, se le prestó poca atención. Ni siquiera a una escaramuza familiar: el mandatario, antes de tomar la determinación, debió discutir con su hermana, Alicia Kirchner, a cargo del Ministerio de Desarrollo Social. Protectora de los llamados pueblos originarios.
El conflicto no tuvo en años sucesivos puntos culminantes por dos razones.
La Gendarmería, por orden del Gobierno, desprotegió las fronteras. Se retiró para combatir la delincuencia en las grandes ciudades.
Los gobernadores de las provincias más involucradas (Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Neuquén) tampoco quisieron asumir problemas adicionales a los numerosos ya existentes. El asunto, naturalmente, escaló.
Regresó a la primera línea con la desaparición y muerte, en Esquel, en las aguas del río Chubut, del artesano Santiago Maldonado.
Tuvo otro episodio trágico el sábado pasado, en Villa Mascardi, Bariloche, cuando Rafael Nahuel, un joven de 22 años, falleció por una bala 9mm lanzada por el grupo Albatros de la Prefectura.
Los efectivos rastreaban -por orden del juez Gustavo Villanueva- una zona que había sido desalojada un par de días antes. La nueva tragedia repuso dos cuestiones conocidas.
El desacople de las instituciones en la Argentina. También las internas en la comunidad mapuche donde una mayoría no convalida los hechos de violencia suscitados en los últimos meses.
Después de la muerte de Nahuel, el juez Villanueva -tal vez atemorizado- pareció poner freno a la investigación.
No permitió, por ejemplo, que la Policía Federal ingresara de nuevo al lugar donde se había desarrollado la refriega que concluyó con el deceso del joven mapuche.
Una tarea vital para corroborar, entre varias, dos cosas: que Nahuel fue, en efecto, baleado por prefectos; que en el lugar, como se dijo oficialmente, se había producido antes un enfrentamiento a tiros entre los bandos.
Es decir, se tornará muy difícil la reconstrucción del episodio. En especial si la escena fue alterada.
En las últimas horas fuentes de inteligencia y de las fuerzas de seguridad señalaron que se habrían recogido un par de evidencias.
La presencia en el sitio de un concejal del Frente para la Victoria (FPV) de Bariloche. También la de un juez laboral de Río Negro de vínculos con el kirchnerismo.
Existe una fotografía de uno de ellos recogiendo vainas esparcidas en el lugar. Algo similar ocurrió en los primeros días de la desaparición de Maldonado.
Marcos Peña, el jefe de Gabinete, objetó el comportamiento del magistrado. Pero tampoco representa una novedad.
El juez original del caso Maldonado, Guido Otranto, también impidió durante varios días el acceso de las fuerzas de seguridad al territorio sagrado mapuche después del incidente fatal.
Su sucesor, Gustavo Lleral, debió negociar con la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) el rastrillaje en el río Chubut que terminó con la aparición del cadáver del joven artesano.
Esa brecha entre el Poder Ejecutivo y la Justicia abona siempre la percepción de la sospecha en el imaginario colectivo. Nunca se facilita una aproximación a la verdad.
También detona a veces palabras oficiales discutibles.
No hay por qué aceptar que el beneficio de la duda corresponda siempre a las fuerzas de seguridad. Fue una opinión de la vicepresidenta Gabriela Michetti.
Tampoco se debe admitir como principio religioso que la información de Prefectura, en la muerte de Nahuel, represente la única verdad. La afirmación correspondió a Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad.
Bullrich es, probablemente, la funcionaria que desde hace mucho tiempo está sujeta a la mayor presión.
Empezó a sentirla incluso antes de la muerte de Maldonado por la actuación de las fuerzas de seguridad para evitar piquetes y bloqueos en los accesos a la Ciudad.
Carga además con el criminal desafío del narcotráfico. No descartaría nuevos conflictos violentos con los integrantes del RAM. En ese contexto, Mauricio Macri le brindó ayer un pleno respaldo.
Aquella presunción de Bullrich posee argumentos.
Durante diciembre o enero el juez Villanueva dispondrá la extradición a Chile del líder del RAM, Facundo Jones Huala, detenido ahora en la Unidad 14 de la cárcel de Esquel.
Uno de sus hermanos, Fausto, fue apresado por prefectos en Villa Mascardi. Se trata de un hombre de pensamiento radicalizado que tiene pendiente en su país una grave acusación: la muerte de dos personas en una finca de Valdivia en 2013, producto de un incendio provocado por él mismo.
A medida que se acerque la fecha de la extradición, las provocaciones se multiplicarían.
Huala formuló en su momento definiciones transparentes. Dijo que la propiedad privada está en contra de los pueblos originarios. Y que los mapuches existieron "antes que el Estado" argentino.
La intransigencia de esos grupos parecería ir alejando a muchos de aquellos que de buena fe comparten sus demandas.
El entierro en la localidad de 25 de Mayo terminó siendo el último domingo, en la intimidad y en silencio.
Con Nahuel ocurrió algo parecido. La despedida se realizó en uno de los barrios más populosos de Bariloche. En una pequeña casilla de madera.
Sus padres, Graciela Salvo y Alejandro Nahuel, rechazaron la realización de una ceremonia mapuche. Durante cuatro días. Aunque permitieron alguna alegoría.
Hicieron una despedida convencional, también íntima como la de Maldonado, y evitaron cualquier fotografía.
Autorizaron una ceremonia religiosa a cargo del obispo de la ciudad, Juan José Chaparro. Concluyeron en el cementerio municipal.
Fue allí donde Graciela, la madre de Nahuel, cuestionó duramente a aquellos grupos de mapuches: "Ustedes me lo trajeron en un cajón", dijo entre sollozos. Nada más para agregar.