A tres años del caso "Cochinilla", Fiscalía Anticorrupción acusa a 12 personas
El Ministerio Público formuló dos acusaciones porque, según explicó en un comunicado, se imputan hechos distintos.
En un proceso que lleva ya tres años, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) formuló dos acusaciones en contra de 12 personas, funcionarias públicas y privadas, dentro del caso conocido como "Cochinilla", por los presuntos delitos de cohecho propio y penalidad del corruptor.
En ambas piezas acusatorias, según la Fiscalía, se imputan hechos distintos. Una principal (expediente 24-000130-1218-PE) incluye a 67 personas, y una secundaria (19-000025-1218-PE), donde están los otros 12 investigados.
"Debido a la multiplicidad de hechos y personas investigadas, y en razón de que ya se contaba con prueba idónea para formalizar cargos en contra de los 12 imputados, fue que se logró concluir el expediente secundario", explicó la FAPTA.
La primera acusación se relaciona con la empresa constructora MECO y con Conavi, pues, según acusó la Fiscalía, los funcionarios públicos ejecutaron actos contrarios a sus deberes a cambio de dádivas ofrecidas y entregadas por los particulares de la empresa privada.
Lo anterior, según el Ministerio Público, con el fin de generar beneficios directos e indebidos en favor de la constructora para el pago ágil de facturas millonarias, correspondientes a trabajos realizados por la compañía.
FAPTA explicó, además, que la segunda acusación involucra a la misma institución estatal y a la empresa H. Solís. Presuntamente, esta última entregó dádivas a los empleados públicos para generarse beneficios directos e indebidos, es decir, para que realizaran actos contrarios a sus deberes dirigidos a adecuar el presupuesto del Conavi a satisfacción de los intereses particulares de la empresa constructora.
En ambas piezas acusatorias se señaló a personas particulares de apellidos Cerdas Araya (dueño de MECO), Bolaños Salazar, González Carballo, Arce Alpízar, Solís Vargas (dueña de constructora H. Solís), Naranjo Vargas, Abarca Quesada y Godínez Abarca, y a funcionarios y exfuncionarios del Conavi, identificados como Solís Murillo, Carmona Rivas, Meléndez Cerdas y Zúñiga Fallas.
Apertura de juicio
La Fiscalía notificó a la Procuraduría General de la República (PGR) y al Consejo Nacional de Vialidad para que ambas partes informen si desean constituirse en querellantes, es decir, presentar una acusación privada.
A partir de la notificación, la PGR y el Conavi tienen tres días hábiles para informar a la Fiscalía Anticorrupción si presentarán una querella y/o una acción civil resarcitoria (para el cobro de daños y perjuicios).
En caso afirmativo, tienen 10 días más para elaborar los documentos. Posterior a la tramitología que conllevan estas gestiones, la FAPTA dice que presentará el expediente ante el Juzgado Penal de Hacienda, con solicitud de apertura de juicio.