La Fiscalía Europea, en la que Ignacio de Lucas es el fiscal español por designación del Gobierno de Pedro Sánchez, impide a la Fiscalía Anticorrupción de España investigar una de las contrataciones más sospechosas durante la pandemia por parte el Ministerio de Sanidad en la época de Salvador Illa. Anticorrupción se vio obligada a enviar el caso a la Fiscalía comunitaria el 11 de julio de 2022 por toparse con fondos europeos. Sin embargo, casi dos años después, el asunto permanece guardado en un cajón. Entre los fiscales en España, como ha constatado OKDIARIO, hay cierto malestar. Creen que, si la Fiscalía de la Unión Europea no tiene intención de impulsar esas pesquisas, debería al menos permitir al Ministerio Público español realizar diligencias sobre los indicios de delito en los que no tiene competencia la fiscalía con sede central en Luxemburgo.
Mientras que Anticorrupción ha examinado a fondo los contratos de Soluciones de Gestión SL denunciados por Isabel Díaz Ayuso y ha localizado presuntas comisiones cobradas por ex cargos del Ministerio de Transportes que han derivado en pinchazos telefónicos, detenciones y una causa judicial en la Audiencia Nacional, otras superlativas contrataciones de la pandemia se han quedado en el olvido.
Se trata de los 263 millones que Salvador Illa pagó por adelantado, a dedo y sin justificar, a la empresa FSC Select Products SL. Fue el mayor pelotazo de mascarillas y parte fueron defectuosas. La denuncia del PP contra Illa y otros ministros en la Fiscalía enumeraba una cascada de posibles irregularidades. En Anticorrupción, de hecho, veían más material potencialmente delictivo en estas contrataciones que en las que desembocaron en el caso Koldo.
Estafa y casas lujosas
Estos son algunas de las sospechas que la Fiscalía Europea no ha dado importancia para concluir una investigación de urgencia sobre FCS:
- La administradora de esa empresa fue condenada por estafa agravada en 2016 por su participación en una trama delictiva dedicada al comercio y al posterior vaciamiento de cuentas con problemas financieros. Pactó una condena de 10 meses de prisión y una multa de 66.980 euros.
- Existe una relación de amistad de los responsables de la mercantil con Salvador Illa, cimentada por la coincidencia en el entorno del municipio de La Roca del Vallés (Barcelona), localidad natal del ex ministro y de la que fue alcalde.
- La empresa, tras los contratos de Illa, ha comprado inmuebles de lujo por 30 millones, como desveló OKDIARIO.
- La empresa ofrecía servicios de fabricación de productos de marketing para el sector de las bebidas alcohólicas.
- El importe de la cifra de negocios de FCS fue de menos de un millón de euros en 2018, con un beneficio de 69.000 euros, frente a los 263,1 millones de 2020 por las adjudicaciones directas de la pandemia.
- Declaró no tener trabajadores en los ejercicios anteriores.
- No consta que hubiera comprobación, tal como determina el Consejo de Estado o el Tribunal de Cuentas, de la correlación del objeto social con el de los contratos.
- Tampoco constan comprobaciones sobre su solvencia económica, para comprobar la idoneidad para ser adjudicataria.
- No se ha justificado de forma expresa que no fuera necesario hacer esas comprobaciones.
- Que en marzo de 2022 no se había publicado todavía en el Portal de la Contratación la documentación de los contratos, tan sólo el anuncio de
formalización.
«No parece que su actividad social aconseje la adjudicación de 4 contratos de manera simultánea por un importe tan elevado, sin referencias previas ni experiencia en el sector», decía el PP en su denuncia en Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.
Afeaban el pasado de la administradora, condenada por estafa: «Tales precedentes son relevantes, ya que el delito de estafa tiene como elemento principal la existencia de engaño, lo que podría suponer un gran riesgo especialmente en la adjudicación de contratos sin publicidad ni concurrencia y por emergencia. De hecho, este tipo de delito puede incluso suponer, en su caso, la imposición de penas accesorias como la inhabilitación para subvenciones o para contratas públicas».
«¿Cómo había logrado, en tan breve tiempo desde el estallido de la crisis [del Covid], redirigir su actividad y lograr tan importante contrato de suministro de productos sanitarios, tan escasos en dichos momentos?», se preguntaba Alfonso Serrano, hombre fuerte de Ayuso en el PP de Madrid, que apuntaba en la Fiscalía a las amistades de Illa en su localidad de origen.
Fuentes oficiales de la Fiscalía Europea, al ser preguntada por casos que le llegaron, se limitan a decir: «Como regla general, la Fiscalía Europea no realiza comentarios sobre investigaciones en curso, ni tampoco confirma públicamente en qué casos está trabajando, para no poner en peligro eventuales investigaciones en curso y su resultado. Siempre que podamos comunicar información sobre una de nuestras investigaciones, lo hacemos de forma proactiva». Subrayan, en todo caso, que su competencia es «obligatoria», de forma que deben «comprobar cualquier indicio del que eventualmente pueda resultar que los hechos investigados quedan bajo nuestro ámbito competencial».
En este contexto, no consta que la Fiscalía Europea haya abierto una investigación a Illa sobre esos llamativos extremos. En España las investigaciones de Anticorrupción tienen un límite de 12 meses, salvo prórroga acordada mediante decreto motivado del fiscal general del Estado. No consta esa ampliación temporal.