El Partido Socialista de las Illes Balears (PSIB) ha presentado en un juzgado de Palma una denuncia contra el director general de Salud del Gobierno del PP en las islas, Javier Ureña, a quien acusan de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos por la renuncia al primer expediente de reclamación de las mascarillas que se compraron en 2020 a la empresa Soluciones de Gestión, recomendada por Koldo García, asesor principal del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos e investigada por la Audiencia Nacional.
La denuncia socialista también se dirige contra el socio mayoritario de Soluciones de Gestión y contra esta misma empresa. Así lo ha anunciado el portavoz parlamentario de la formación, Iago Negueruela, que ha comparecido este viernes acompañado de la diputada Mercedes Garrido, poco después de presentar la denuncia en los juzgados.
Los socialistas acusan a Ureña de construir, con el conocimiento de la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el resto del Ejecutivo autonómico, un expediente para ocultar la caducidad de la reclamación que había iniciado el anterior Govern.
El Govern del PP en Balears desiste de la reclamación
El Govern del PP en Balears había desistido de la reclamación iniciada por el anterior Govern de izquierdas para recuperar los 2,6 millones de euros que el Ejecutivo de Francina Armengol pagó de más por la compra de 1,5 millones de mascarillas a la trama Koldo. Todo ello, después de que el Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP) determinara que ninguna de las mascarillas que compró Balears a la empresa vinculada a Koldo García cumplía con los parámetros de una FFP2.
Según pudo saber Público, el casi millón y medio de mascarillas que compró el Govern balear a dicha empresa no era homogéneo. Esto es que el paquete contenía mascarillas de cinco tipos distintos. Ninguno de ellos habría pasado el filtro.
En rueda de prensa, el pasado 21 de marzo el vicepresidente del Govern, Antoni Costa, y Ureña anunciaron que el Ejecutivo había iniciado un nuevo expediente para declarar la nulidad del contrato de compra y restituir a las arcas públicas el dinero íntegro que se pagó por las mascarillas, que asciende a un total de 3,7 millones de euros.
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