El Ayuntamiento de Elche ha desestimado un total de nueve recursos de reposición interpuestos contra el acuerdo de suspensión de licencias municipales para la implantación de instalaciones de energía fotovoltaica en el Camp d'Elx.
La junta de gobierno las desestima en su mayor parte porque algunos recurrentes pedían una «mayor contundencia» frente a este tipo de instalaciones, pero también otros de los escritos presentados pedían rebajar las exigencias, según daba a entender este miércoles la portavoz de la junta de gobierno, Inma Mora: «No queremos que nuestro campo de Elche se convierta en un campo solar, tiene un gran valor agronómico».
Lo cierto es que la medida para suspender la licencias de plantas solares en Elche, aprobada el 21 de septiembre del pasado año, no ha estado exenta de polémica.
Para unos, era una medida necesaria, con el fin de no sustituir cultivos por instalaciones industriales. Para otros, en cambio, supone una cierta condena a sus economías, ya que la agricultura apenas está generando ingresos suficientes para mantener las tierras y la posibilidad de permitir asentar aquí instalaciones fotovoltaicas es una manera de asegurar un cierto rédito.
Asociaciones
La Asociación de Vecinos de Santa Ana y la Associació per al Desenvolupament Rural del Camp d'Elx han sido algunos de los recurrentes, además de particulares y empresas, incluido un camping, con posiciones en contra y a favor.
Según los datos que maneja el Ayuntamiento de Elche, hay 34 expedientes de plantas fotovoltaicas en suelo no urbanizable en el Camp d'Elx en trámite en estos momentos.
Del total de licencias, dos instalaciones se encuentran suspendidas, y hay otras 21 plantas cuyo permiso se solicitó con carácter previo a la suspensión, aunque todas ellas tienen requerimientos para que presenten más documentación. No obstante, tanto las dos que están suspendidas como las que están pendientes de requerimientos siguen con la tramitación ante la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo.
El Ayuntamiento asegura que trabaja en una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con los objetivos de proteger el campo de Elche y dar seguridad jurídica a las empresas.
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