Radican ponencia del proyecto de transfuguismo en el Legislativo
La representante Marelen Castillo, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, radicó la ponencia de primer debate de la reforma.
La representante Marelen Castillo, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, radicó ante la Comisión Primera de la Cámara la ponencia del proyecto de acto legislativo que permitiría el transfuguismo o cambio de partido, por una vez, en el Congreso de la República.
La reforma busca modificar el artículo 107 de la Constitución para que congresistas y demás miembros de corporaciones públicas, elegidos por voto popular, puedan cambiarse de partido sin perder su curul.
Al respecto, la coordinadora ponente opositora señaló que "no es transfuguismo sino libertad política: lo que estamos buscando es un reequilibrio de los partidos políticos. Muchos que votaron por el Gobierno buscando el cambio encontraron que ese cambio no se ha dado y ellos están presos en un partido en el que los obligan a ser de gobierno".
A principios de marzo pasado el ex presidente de la Cámara, el representante David Racero, del Pacto Histórico, radicó la reforma de un solo artículo en la que se lee: "Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 134, dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigencia del presente acto legislativo, autorícese, por una sola vez, a los miembros de los cuerpos colegiados de elección popular, o a quienes hubieren renunciado a su curul con anterioridad a la vigencia del presente acto legislativo, a inscribirse en un partido o movimiento político distinto al que los avaló, sin renunciar a la curul o incurrir en doble militancia".
En la exposición de motivos se lee al respecto que la pertenencia a un partido no puede constituir una barrera de acceso a los espacios democráticos de los ciudadanos en general, ni de sus afiliados en particular.
"Ningún régimen de partidos puede estar por encima de los derechos humanos de los afiliados o la dignidad de cada uno de sus miembros individualmente considerados.
Los partidos políticos, independientemente de su modelo de organización y respetando su autonomía, deberán estar sujetos al principio democrático. Las potestades de afiliación o renuncia a los partidos políticos constituyen derechos inalienables de las personas en razón de su autonomía personal", indica el documento.
Y advierte que fruto de esta dificultad es el hecho de que, a febrero de 2024, la autoridad electoral tenga dentro de sus registros oficiales la suma de 37 partidos con personería jurídica vigente. Esto significa que el ordenamiento jurídico, que fue pensado en función de la consolidación y solidez de los partidos, tuvo como efecto colateral precisamente lo contrario, convertirlos en instituciones pequeñas y rígidas, sin posibilidad de contacto o integración, siempre susceptibles al no cumplimiento de los umbrales electorales legales y, en muchas ocasiones, constitutivos de camisas de fuerza para sus miembros o afiliados.
Concluye que "fundamentalmente, la vulneración principal derivada de la configuración actual del escenario político es la permanente indeterminación de los marcos programáticos que los ciudadanos encuentran en los espacios electorales. La proliferación de partidos hace indistinguibles las fronteras ideológicas de los actores políticos, contraviniendo el sentido por el cual se promulga una democracia de partidos. El pluralismo político, un objetivo central de la democracia moderna, sucumbe en las condiciones normativas actuales, a la mera proliferación partidista".
Por su parte, la Misión de Observación Electoral, MOE, le pidió al Congreso en un comunicado que rechace el nuevo proyecto debido a que "debilita la representación política, profundiza el personalismo y defrauda la voluntad de los electores".
Por ello, invitó al Legislativo a que se discuta "una verdadera transformación al sistema político colombiano".
Concretamente la MOE solicitó a la Cámara de Representantes que archive el proyecto de acto legislativo 394 de 2024 al considerar que este tipo de modificaciones a las reglas políticas "van en contra del espíritu de la Constitución y las reformas que se han venido presentando desde el 2003, que buscaron el fortalecimiento de la democracia representativa y la consolidación de un régimen de partidos más fuerte".
El proyecto, agrega la Misión, "no soluciona problemas estructurales de la democracia en Colombia que persisten y se han agudizado, entre otras, por la falta de regulación de las coaliciones y el notable incremento en el número de partidos".
Concluye por ello que es importante una discusión amplia sobre el funcionamiento del sistema de partidos en Colombia, que abra la oportunidad para su fortalecimiento a través de la adopción de mecanismos de democracia interna, funcionamiento de coaliciones, fusiones, escisiones, sobre todo porque desde las elecciones de 2022 se ha incrementado en un 76% el número de partidos políticos (al pasar de 21 a 37).