El pasado 29 de marzo se cumplieron siete años desde la sanción de la Ley Nº 27349 -de Apoyo al Capital Emprendedor (LACE)- que creó la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS).
Se trata de un tipo societario con un esquema sencillo, flexible y digital, que otorga ventajas frente a los otros existentes.
Ahora, el Gobierno le dará un nuevo impulso a la figura que se creó durante la Administración de Mauricio Macri y se dejó de lado cuando Alberto Fernández llegó a la presidencia.
Los cambios para reactivar las SAS están a cargo de la Inspección General de Justicia (IGJ), que encabeza Daniel Roque Vítolo. Se oficializarían en los próximos días, por la urgencia de que los emprendedores y las pymes puedan recurrir a la estructura jurídica, cuyo formato de constitución es más flexible y ágil, ya que su registro, inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y habilitación de libros digitales se define en un plazo máximo de 72 horas.
En tanto, la IGJ derogará resoluciones generales dictadas durante el gobierno de Fernández que le requerían a las SAS cumplir con exigencias que la propia ley de creación de la figura no contempla.
Según reportaron medios porteños, se sumarán medidas de apoyo para facilitar la constitución y funcionamiento de las SAS, como suspender ciertas exigencias en el régimen de publicación de edictos; aceptar el capital social mínimo dispuesto por la ley como suficiente para la constitución sin efectuar consideraciones sobre el objeto social; admitir computar los gastos de constitución e inscripción como parte de la integración del capital y liberar a los administradores de prestar garantía por el ejercicio de sus funciones.
La ley 27.349, que creó las SAS, se votó en 2017, por unanimidad en el Senado y por mayoría en Diputados, con votos favorables de todo el arco político.
En los primeros tres años de funcionamiento, se inscribieron más de 10.000 empresas con el formato.
A partir de la vuelta del kirchnerismo, a fines de 2019, los servidores a través de los cuales se generaba la constitución de las SAS -alojados en el área del ex Ministerio de Modernización-, las plataformas que generaban el trámite y los contratos de asistencia técnica que daban soporte al sistema se desatendieron.
Según datos oficiales, en 2023 el Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) caratuló 61 expedientes con pedidos de constitución de SAS, de los cuales sólo ocho concluyeron con la registración.
Apoderados extranjeros
Cabe recordar que la IGJ derogó el requisito de inscripción de apoderados extranjeros.
Así, a principios de marzo se volvió a redacción anterior del artículo 38 de la RG 6/17, que establece que el poder otorgado al representante del administrador domiciliado en el extranjero no se inscribirá y estará limitado a la recepción de las notificaciones por cuenta y orden de su representado y, de considerarlo necesario el administrador, para la realización de trámites en su nombre ante los organismos públicos.