En su informe anual sobre la situación humanitaria en Colombia, el Comité Internacional de la Cruz Roja presentó la aparición de otro conflicto armado en el país, aquel entre las disidencias de 'Iván Mordisco' y el Clan del Golfo, luego de un periodo de dos años de observación frente a las hostilidades, así como las crisis humanitarias generadas.
"En este análisis hemos identificado un número alto de enfrentamientos, un número alto de personas heridas de ambos lados, utilización de armamento militar y las consecuencias humanitarias. Además, en los enfrentamientos hemos incluido aquellos en los que han participado de manera conjunta el EMC con el ELN contra las AGC (Clan del Golfo)", indicó Mariana Chacón, coordinadora de la unidad jurídica del CICR en Colombia.
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Además de esta preocupante revelación, el Comité Internacional también alertó que pese a las negociaciones de paz que está adelantando el Gobierno colombiano con distintos grupos armados ilegales, la situación humanitaria en el país no ha tenido grandes variaciones en mejora.
Lo anterior, partiendo de las cifras recogidas por la Unidad de Víctimas, donde se reportó más de 200.000 desplazamientos forzados y más de 47.000 víctimas de confinamiento, entre otras estadísticas de suma gravedad.
"Los conflictos armados persisten en Colombia y su impacto humanitario no se ha reducido sustancialmente. Los testimonios y las cifras sobre desplazamiento, confinamiento, violencia sexual, reclutamiento (...) ponen de manifiesto la necesidad de que todos los actores armados respeten el DIH", señaló el CICR.
A pesar de que hay alertas sobre los puntos anteriormente mencionados, el Comité resaltó la reducción considerable de víctimas de minas antipersonal (380) frente al 2022 (523), atribuyéndolas al cese al fuego entre el gobierno y distintos actores armados, pero recordando que el riesgo no acaba, ya que la amenaza y restricción a la movilidad que experimentan las comunidades, persisten.
En materia de desapariciones forzadas, el CICR reportó que un total de 223 ciudadanos fueron víctimas de ese delito, y por lo menos 1.476 personas han sido desaparecidas desde la firma del acuerdo de paz en 2016.
Particularmente en las conclusiones del CICR en su informe y recomendaciones se solicitó a los actores armados respetar el DIH independientemente de si hay cese al fuego o no, así como dejar por fuera a la población civil de las hostilidades.