La decisión del gobierno de Javier Milei de eliminar del proyecto de Ley Bases el apartado relacionado con los impuestos sobre las tabacaleras generó cortocircuitos y cruces entre la Casa Rosada y el bloque de Pro en Diputados.
La eliminación de los artículos relacionados a los impuestos sobre las tabacaleras desató una ola de cruces entre libertarios y el Pro. El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, también criticó la medida.
La decisión del gobierno de Javier Milei de eliminar del proyecto de Ley Bases el apartado relacionado con los impuestos sobre las tabacaleras generó cortocircuitos y cruces entre la Casa Rosada y el bloque de Pro en Diputados.
Desde las filas del macrismo, hubo descontento por las afirmaciones sobre una supuesta negativa de Pro a aprobar las modificaciones en los impuestos internos al tabaco. Cristian Ritondo sostuvo que su bloque no había pedido al gobierno de Milei que eliminara los artículos que aumentaban los impuestos internos al tabaco del 70% al 73% y suprimían el gravamen mínimo a los cigarrillos para beneficiar a Pablo Otero, de Tabacalera Sarandí, a quien Milei apodó como el "señor del tabaco" y acusó de hacer lobby para detener los cambios.
Según fuentes del bloque macrista y de la UCR, los negociadores designados por Milei, Nicolás Posse y Guillermo Francos, informaron que habían decidido aplazar el tratamiento del capítulo sobre las tabacaleras debido a la falta de acuerdo con los gobernadores y otros sectores opositores sobre los cambios fiscales. El tema involucra intereses millonarios.
Por su parte, Diego Santilli expresó: "La posición de Pro es ni Massalin Particulares ni Sarandí. Proponemos un proyecto que replica lo que funciona en el mundo: altos impuestos para que el precio del tabaco sea más caro; fijar un precio mínimo salud; eliminar el impuesto mínimo, que generó todas las distorsiones; buscar un mecanismo para combatir la evasión fiscal y eliminar la estructura de controladores que planteaba el Gobierno".
Además, Santilli negó los supuestos vínculos con Otero, quien es influyente actor dentro de ese mercado.
La disputa sobre los artículos relacionados con las tabacaleras desató una rivalidad entre Tabacalera Sarandí (Red Point y Kiel) y Massalin Particulares (Marlboro, Phillip Morris, entre otros), ya que las modificaciones propuestas afectarían las reglas del juego del sector.
Por otro lado, la decisión del gobierno de posponer la reforma propuesta por Milei generó una reacción adversa en el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. Este afirmó que "un grupo de diputados que desconoce el interior argentino y sus economías regionales, junto a otro que se arroga espuriamente la representación del Sector Tabacalero, le torcieron el brazo del Gobierno que dice combatir la 'casta'".
"No claudique ante las presiones que usted mismo ha atacado en público", solicitó Sáenz a Milei.
Ante la agitación política, el bloque de Pro se distanció de las presuntas gestiones para detener los cambios en la ley: "Nos informaron en una reunión en la Casa Rosada que retiraban el capítulo de las tabacaleras porque quieren que se trate aparte, ya que es un tema que requiere un nivel de profundidad, análisis y debate mayor que el que puede darse dentro de la ley bases", mencionaron desde Pro.
Santilli había presentado una propuesta para eliminar el Impuesto Interno Mínimo, con el fin de eliminar "las distorsiones" provocadas por la reforma implementada por Macri en 2017.
La propuesta macrista planteaba incrementar el impuesto ad valorem en un 5%, volviendo al esquema anterior a la reforma de 2017 y fijando el gravamen en el 75%. Defendieron que su propuesta replicaba el modelo adoptado en Estados Unidos y Brasil, que establecen un gravamen entre el 75% y el 82% sobre el tabaco, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Basándose en los modelos de EE. UU. y Brasil, propusieron establecer un precio mínimo del tabaco (8 dólares en EE. UU.), además de "mecanismos que eviten la evasión de este impuesto". También acordaron aumentar las penas por contrabando y otras prácticas ilegales en el transporte y procesamiento del tabaco.
En filas de Pro también se citó un fragmento de una entrevista concedida por José Luis Espert en la que decía: "Señores de Massalins: si quieren un monopolio para los que fuman 'pucho', díganlo, en lugar de enviar una ley hecha para ustedes".
El senador Enrique Cornejo, representante de General Güemes, expuso las razones que lo llevaron a interponer una denuncia penal contra el diputado nacional por Salta, Carlos Zapata, por su apoyo a la Tabacalera Sarandí. Cornejo afirmó que Zapata justificó, avaló y defendió a la tabacalera.
Vale recordar que la venta de cigarrillos es clave en la economía de la provincia de Salta, son una importante fuente de coparticipación y sirven de base para calcular el Fondo Especial del Tabaco, esencial para 7 provincias.
El senador Cornejo destacó que en Salta, 1,800 productores cultivan tabaco y 108,000 salteños dependen de esta industria para subsistir. "En 2017, compañías nacionales que anteriormente tenían una participación del 5% en las ventas, aumentaron su participación en el mercado al 40% al vender cigarrillos económicos", indicó Cornejo. Este proceso incluyó un juicio para reclamar la inconstitucionalidad del impuesto interno mínimo.
Cornejo señala que estas empresas lograron vender 700 millones de paquetes de cigarrillos al año, evitando el pago de 250 mil millones de pesos anuales en impuestos. Sin embargo, la Corte Suprema anuló la medida cautelar de Tabacalera Sarandí y exigió el pago de los tributos correspondientes.
Además, Cornejo criticó que "resulta desconcertante que Carlos Zapata haya validado públicamente los fallos judiciales y los haya legitimado". El senador acusa al diputado de no haber presentado informes ante la AFIP para resolver la situación. Por ello, decidió presentar la denuncia contra Zapata para que sea investigado por posibles irregularidades.