La Sala II de la Cámara Federal arrojó una sobredosis de pimienta en la campaña electoral insípida para las legislativas del domingo. El pedido de detención de Julio De Vido, el ministro más cotizado del tiempo kirchnerista, y la solicitud de su desafuero al Congreso por parte del juez Luis Rodríguez, cambió el foco de Cambiemos y de la oposición. Lo desplazó de los spots en TV y la calle hacia dos asuntos medulares: la corrupción de Estado y las herramientas legales ideadas para preservar la impunidad de los acusados.
Los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia consideraron que la detención de De Vido sería la única manera de garantizar el éxito de la complicada investigación. Eduardo Farah, en disidencia, compartió la necesidad del desafuero del ex ministro aunque no su prisión.
Los fueros también entorpecerían, a veces, la marcha de las cosas. El propio juez Rodríguez debió aguardar dos meses en 2016 para que Diputados aprobara el allanamiento en un departamento propiedad de De Vido, sobre la Avenida Libertador.
Aquella causa, de presunto enriquecimiento ilícito, no es la de ahora. En esta instancia se endilga al ex ministro de Planificación una malversación de fondos por $26 mil millones. Ese monto fue girado durante una década a Yacimientos Carboníferos de Rio Turbio (YCRT) para una modernización que casi no se llevó a cabo. Los magistrados estiman que el perjuicio al Estado habría orillado los $265 millones.
A raíz de esta misma causa, Cambiemos, la coalición de gobierno, pretendió en julio pasado desaforar a De Vido bajo la consigna de "inhabilidad moral". Pero no contó con los votos imprescindibles (dos tercios de los presentes) para concretarlo. Le faltaron unos 15.
Los resultados de las PASO que fueron leídos, sobre todo, como una condena al pasado kirchnerista parecieron dar, sin embargo, un vuelco en el escenario. La Justicia aceleró tiempos, en antagonismo con la parsimonia anterior, y la política también.
La Comisión de Asuntos Constitucionales, que conduce el macrista Pablo Tonelli, respondió con una cumbre para el martes venidero al pedido veloz de Rodriguez para desaforar a De Vido, una vez que se conoció el fallo de la Sala II de la Cámara Federal.
En aquella ocasión Cambiemos obtuvo 138 votos pero la oposición 95. No le alcanzó. Hubo más de una veintena de ausentes. El kirchnerismo logró el objetivo de trabar la sanción a De Vido juntando votos de la izquierda dura, de los puntanos y algunos peronistas sueltos.
El oficialismo conjeturaba estirar este proceso durante 15 días. Utilizar recién los últimos del mes y los primeros de noviembre para apartar de la Cámara al ex titular de Planificación. Pero el PJ y también el Frente Renovador aconsejaron ser más expeditivos. Todo el trámite concluiría después de la votación del próximo domingo. La vida cambia.
Ya existe una denuncia en la Justicia. El diputado Máximo Kirchner posó colgado de un paraavalanchas. Aníbal Fernández hizo circular su selfie en el mitín. Cristina regresó rodeada de viejos paisajes. Apelando como posible auxilio providencial a las figuras de Evita y Juan Perón. Al final pareció cometerse una injusticia enorme con Luis D'Elia. El ex piquetero fue vetado para concurrir por su condición de piantavotos.
La brújula tampoco parece haberle funcionado a Cristina en su novedoso raid periodístico. De esconderse antes de las PASO pasó a exhibirse otra vez con omnipresencia. Arrancó con definiciones desgraciadas –sobre la tragedia de Once-- y transitó, como ayer, en exceso el bardo.
Parodió a María Eugenia Vidal, calificó de curda (por borracha) a Patricia Bullrich, la ministro de Seguridad. Sólo se ocupo de aclarar que no defiende a De Vido. Aunque vinculó la decisión de la Sala II de la Cámara Federal con la campaña de Cambiemos.
El posible desafuero del ex ministro de Planificación podría abrir un horizonte de incertidumbre para ella. No sería un alentador antecedente para alguien que aún resultando electa senadora por Buenos Aires, como sucederá, deberá asumir el 10 de diciembre.
La ex presidenta amontona tres procesamientos (dólar a futuro, asociación ilícita por la obra pública y Los Sauces) y debe declarar cuatro días después de los comicios ante Claudio Bonadío por el Memorándum de Entendimiento con Irán. ¿Podrá surgir en este caso también una solicitud de detención y desafuero?.
Existe otra cuestión que se emparenta y tampoco vendría bien barajada para sus intereses. Antes de fin de año debe conocerse la decisión de la Cámara de Casación, en segunda instancia, sobre la suerte de Carlos Menem. El ex presidente tiene una condena pendiente de siete años de prisión por el tráfico de armas a Croacia y Ecuador.
El trámite arrancó en 1995. Su candidatura a senador por La Rioja fue cuestionada, por esas razones, para las PASO. Pero un fallo de la Corte Suprema lo habilitó hasta que se pronuncie Casación de manera definitiva. Ese dictamen podría ser desfavorable. Y el ex presidente, obligado a no asumir la banca y cumplir con arresto domiciliario.
El Poder Judicial pareciera haber resultado permeable a dos fenómenos que cruzan la segunda mitad del año. El afianzamiento de Cambiemos después de las PASO y la presión pública desatada en la campaña por tres de sus principales exponentes: Mauricio Macri, Elisa Carrió y María Eugenia Vidal.
El Presidente advirtió en el acto de ayer en Ferro que todos los cómplices del kirchnerismo en la última década podrían terminar presos. El tramo final del proselitismo oficial terminó de imponer la agenda global: la lucha contra la corrupción, las mafias y el narcotráfico desplazan de la primera línea las discusiones sobre los visibles desajustes económico-sociales. Sólo en ellos se monta el mensaje de Cristina y de su tropa.
La solicitud de detención y desafuero de De Vido, en ese aspecto, constituyó un disparo al corazón del kirchnerismo. Se trata de la figura más emblemática de la corrupción ligada a los fondos del Estado. Que administró, desde las épocas de Néstor Kirchner, sumas multimillonarias.
De Vido viene compartiendo la vidriera con Amado Boudou. Pero representan, aún dentro del delito, símbolos de diferente magnitud. El ex vicepresidente encarnó la decadencia y banalización del ciclo final. El ex ministro fue el rostro permanente e imborrable de la década.
Este rumbo judicial podría continuar. Tonelli sería ratificado por el fuero Contencioso Administrativo como integrante del Consejo de la Magistratura. Su designación había sido objetada en su momento por el Frente para la Victoria. Del mismo modo, el senador K, Ruperto Godoy, tendría que dejar su cargo en aquel organismo. La falta del titulo de abogado resulta insalvable. Los mediadores kirchneristas ya lo sabrían.
También alumbraría una resolución que colocará bajo la lupa la Ley del Ministerio Público que concedió inmunidad y estabilidad política a Alejandra Gils Carbó. La Procuradora General significa el gran objetivo del Gobierno para desmantelar la fortaleza defensiva que urdió Cristina antes de dejar el poder. Posee un reciente procesamiento del juez Julián Ercolini por la sospechosa compra de un edificio para la Procuración.