San Salvador, 15 abr (EFE).- El respaldo de la población salvadoreña al régimen de excepción, medida contra las pandillas y que cumplió dos años de vigencia a finales de marzo pasado, se ha consolidado con el paso del tiempo, empujado en parte por el desconocimiento de las implicaciones a los derechos, según los resultados de una encuesta divulgada este lunes.
Así lo señaló en una conferencia de prensa el vicerrector de Proyección Social de la Universidad Centroamericana (UCA), Omar Serrano, durante la presentación del sondeo denominado "La población salvadoreña evalúa el segundo año de implementación del régimen de excepción".
"La encuesta revela que la opinión favorable al régimen de excepción se ha ido consolidando con el paso de los meses", indicó Serrano en reacción a la encuesta realizada por Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA (Iudop).
Señaló que el 79,4% de los encuestados manifestó que los salvadoreños son protegidos por el régimen de excepción en la actualidad, mientras que esa cifra era del 48% cuando llevaba 6 meses de vigencia.
También indicó que el 87,3% de la población dijo sentirse más segura con esta medida, cuando llevaba 30 días de implementación era de 76,2%.
"La gente se siente beneficiada por el régimen de excepción", sostuvo Serrano, pero señaló que "esta buena imagen se nutre en gran medida del desconocimiento de las garantías que han sido suspendidas".
Se trata de los derechos a la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y la detención administrativa de máximo 3 días, que pasó a 15 días.
El académico agregó que las autoridades "de facto" han suspendido dos más, que son las relacionadas con las detenciones sin orden de captura y la recaptura de personas que han sido liberadas.
"Hay un apoyo creciente al régimen de excepción a partir del desconocimiento", recalcó y advirtió también que el 74% de los salvadoreños "tienen más cuidado" al compartir su opinión sobre el régimen.
Las principales razones son porque "ya no se puede confiar en nadie, tienen temor a ser detenidos y tienen temor a represalias o amenazas".
También señaló que "la gente se siente segura, pero saben de la vulnerabilidad de sus derechos a la que está sometida", dado que el 61,9% confía poco o nada en la Policía, 57,1% en la Fiscalía y 54,8% en los jueces en el hipotético caso de que un familiar suyo sea detenido.
Este régimen se aprobó a finales de marzo de 2022 tras una escalada de asesinatos atribuida a las pandillas y que, según investigaciones del medio local El Faro, se habría dado por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las bandas criminales.
En este marco, las autoridades registran más de 79.200 detenciones de personas acusadas por las autoridades de ser pandilleros o colaboradores de las llamadas 'maras'.
El Congreso, a petición del Ejecutivo de Nayib Bukele, ha autorizado la ampliación del régimen en 25 ocasiones sin debate o estudio previo.
Las organizaciones humanitarias han recibido más de 6.000 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas.
También señalan que las muertes de detenidos bajo custodia estatal superan las 200, mientras que entes como Amnistía Internacional advierten que la violencia de las pandillas se ha visto sustituida por la estatal en las comunidades empobrecidas.