La prórroga del presupuesto nacional 2023 tuvo un fuerte impacto sobre los recursos destinados al normal funcionamiento de las universidades públicas. El resultado parcial es una caída del 34% de la ejecución presupuestaria durante el primer trimestre de 2024, en comparación con el mismo período del año pasado.
Es apenas uno de los datos que motoriza las últimas manifestaciones y advertencias por parte de la comunidad universitaria de todo el país sobre la situación en el corto plazo, y que impulsa la masiva marcha de este martes con eje central en Capital Federal, pero con réplicas en todas las provincias.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) publicó un informe con una serie de datos que grafican la delicada situación que atraviesa el sector en el marco de las políticas de ajuste que lleva adelante el gobierno de Javier Milei. En un intento por desacreditar la marcha de este martes, se anunció una ampliación que implica un aumento del 4% sobre el total del gasto.
En el marco de la jornada de lucha a nivel nacional es importante tener en cuenta como se componen las partidas designadas al sistema educativo superior y las consecuencias de la aplicación de motosierra y licuadora, celebrada desde el Ejecutivo nacional.
Desarrollo de la Educación Superior explica más del 90% de los envíos a universidades. Otros programas de menor peso son el de las Becas PROGRESAR , Infraestructura universitaria y Evaluación y Acreditación Universitaria – CONEAU.
El detalle del recorte
Incluso con los anuncios efectuados por el gobierno nacional sobre aumento presupuestario para el sector, este año habría un 71% menos de recursos, en términos reales, con respecto al 2023. La ampliación anunciada por el Ministerio de Capital Humano afecta solo a dos categorías que representan apenas un 4% sobre el total del gasto. De no haber modificaciones sustanciales, este será el presupuesto universitario más bajo desde 1997, año a partir del cual se cuenta con datos del programa.
Si bien el gobierno nacional ejecutó un 30% menos del gasto total en términos reales en comparación con el mismo período de 2023, la reducción en las políticas universitarias fue aún mayor, ya que alcanzó el 34,4%.
"Desarrollo de la Educación Superior", experimentó una disminución del 32,9%. Lo ejecutado en becas Progresar sufrió una caída del 46,9%, y lo destinado a la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria disminuyó un 18,4%. Por otro lado, los programas de infraestructura universitaria prácticamente no tuvieron ejecución.
Esta reducción en la ejecución de políticas universitarias resultó en una disminución de su participación dentro del gasto total. Mientras que para el primer trimestre de 2023, el gasto en políticas de educación superior representaba el 3,7% del presupuesto total, para el mismo período en 2024, esta proporción cayó al 3,5%.
El informe de ACIJ detalló cuáles fueron los conceptos más desfinanciados dentro de "Desarrollo de la Educación Superior". Para comenzar, los fondos asignados al pago de salarios registran una disminución del 32% para docentes y autoridades, y del 28% para el personal no docente. El financiamiento destinado al funcionamiento universitario se redujo casi un 60% en comparación con el año 2023. Las transferencias a hospitales universitarios experimentan una caída del 72%, mientras que el Fondo Universitario para el Desarrollo Regional, al igual que los institutos tecnológicos de formación profesional y el desarrollo de proyectos especiales, no reciben asignación alguna.
En su intento por desprestigiar la marcha, el gobierno anunció la ampliación de un 70%, que en realidad implica un aumento para dos partidas. Una es la Asistencia Financiera para el Funcionamiento Universitario, que representa solo el 7,9% del gasto. La otra es la Asistencia Financiera a Hospitales Universitarios, que es apenas el 1%.