Renunciada con fecha 31 de diciembre y procesada por las coimas pagadas en la compra de un edificio, con otras causas judiciales abiertas y sin margen político para seguir resistiendo, la procuradora general Alejandra Gils Carbó está peleando, aun simbólicamente, su última batalla.
No le está yendo del todo mal si se toma en cuenta el fracaso en el Congreso del proyecto de ley para reformar el Ministerio Público, un organismo que ella modeló según la necesidad política del kirchnerismo.
El oficialismo tratará de salvar la iniciativa antes que termine el año. Pero la agenda parlamentaria está demasiado comprimida. Y toda la prioridad la tienen las leyes que reflejen el azaroso acuerdo por la distribución de los fondos fiscales, que buscan minuto a minuto el Gobierno y los gobernadores de todas las provincias.
La piedra angular del fracaso en la reforma del Ministerio Público fue la decisión del peronismo de rechazar la inclusión de un artículo que disolviera las fiscalías especiales creadas por Gils Carbó.
Esos organismos funcionaron como trampolín perfecto para saltear la resistencia profesional de muchos fiscales a cumplir las órdenes de la Procuración. Se crearon estructuras por encima de las existentes, con fiscales militantes dispuestos a cumplir indicaciones políticas.
¿Qué dice el Gobierno? Que si la ley no se remueve la estructura creada por Gils Carbó se cambiará al procurador, pero se mantendrá la Procuración con sus malformaciones y vicios tal como están.
El propósito de la exitosa ofensiva sobre Gils Carbó, explican, va más allá de un cambio de nombres ya que se propone un proceso profundo de saneamiento y jerarquización profesional de las fiscalías.
¿Qué dice el peronismo? Que no pueden disolverse todas las fiscalías especiales porque hay algunas como las dedicadas a trata de personas o violencia de género, que son de absoluta necesidad.
Y que si el próximo procurador considera que algunas fiscalías especiales no tiene razón de ser, bastará para desactivarlas con que las deje vacantes. Asumiendo, eso sí, el costo de la decisión política.
Lo que no dicen, al menos en público, ni unos ni otros, es que el proceso de audiencia pública que acompañó la preparación del proyecto, fue un escenario que usaron intensamente quienes defienden la postura de mantener la Procuración tal como está.
Y eso influyó claramente en el bloque que conduce Miguel Pichetto, donde la actividad de los ultra K se mantiene intensa a pesar de la derrota electoral.
Si bien hubo fuertes objeciones técnicas de la Asociación de Fiscales que encabeza Carlos Rívolo, lo que pareció haber pesado más fue el papel decidido de los organismos de derechos humanos en defensa del formato que Gils Carbó le dio a la Procuración.
También, en una maniobra hábil, la militancia de Gils Carbó consiguió que ocho obispos de la Iglesia católica firmen una carta apoyando su postura, en simultáneo con la presencia de la procuradora renunciada en el Vaticano, donde viajó para un encuentro internacional junto a una delegación de mujeres juezas.
El pasado martes 7, en una carta dirigida al titular del Senado Federico Pinedo y a los senadores peronistas Pichetto, Rodolfo Urtubey y Pedro Guastavino, los obispos expresaron su preocupación por la disolución de direcciones generales y procuradurías, en especial de la Dirección de Acceso a la Justicia y su programa ATAJO, creado para acercar el sistema judicial a las zonas más postergadas. Los obispos defendieron el trabajo realizado en esa área y consignaron su valor para "los sectores más desprotegidos".
Visto desde quienes se enfrentaron con el poder kirchnerista, antes en la oposición y ahora en el oficialismo y sus cercanías, el programa ATAJO fue un sistema de penetración territorial usado por Justicia Legítima y La Cámpora para establecer bases de trabajo político en barrios y villas, sostenido generosamente con fondos del Estado.
Según los políticos y funcionarios de Cambiemos, que desde el Congreso o el Ministerio de Justicia atienden las cuestiones de este rubro, buena parte de los más de 1.200 nombramientos sin concurso que Gils Carbó hizo en la Procuración tuvieron como objetivo dotar de personal a estos programas.
Los obispos firmantes de la carta de apoyo al trabajo de la Procuración estuvieron encabezados por el cardenal Mario Poli.
Curiosamente, el mismo día en que fue fechada la carta monseñor Poli resignó la posibilidad de ser el nuevo presidente del Episcopado. Para el cargo fue elegido el obispo Oscar Ojea, plenamente identificado con el papa Francisco.
Ocho obispos firmaron una carta de apoyo, justo cuando Gils Carbó viajó al Vaticano para una reunión contra la trata de personas.
Por ese entonces Gils Carbó visitaba el Vaticano. En su discurso en la reunión internacional sobre tráfico humano y crimen organizado, reivindicó su tarea en la Procuración. Puso especial énfasis en los programas de acercamiento a las franjas sociales más vulnerables.
Dijo que esos sectores "estaban históricamente marginados de la Justicia" y que con su iniciativa permitió "llevar voz a los que no tenían voz".
En su exposición, la procuradora destacó especialmente el trabajo conjunto con la Iglesia. La actividad que la llevó al Vaticano estuvo organizada por la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, que dirige el arzobispo argentino Marcelo Sánchez Sorondo.
De la convocatoria también participó el titular de la ONG La Alameda, Gustavo Vera, quien viene de competir en la interna kirchnerista de la Capital donde intentó, sin éxito, alcanzar una candidatura para mantener su puesto de legislador porteño.
De hecho, y más allá de cualquier especulación, Sánchez Sorondo y Vera han funcionado como el canal más idóneo para que kirchneristas en el oficialismo antes y en la oposición a Macri ahora, pudieran acceder al Vaticano para desplegar y darle visibilidad a sus acciones.
El papa Francisco no se hizo presente en las deliberaciones de ese encuentro de mujeres de la Justicia. Nunca estuvo previsto que así fuera. Dicen que Gils Carbó no se reunió con el Pontífice. Pero supo sacar provecho político de su viaje.
Los climas vaticanos, el reclamo de los organismos de derechos humanos y la propia dinámica de su fragmentada interna terminaron ordenando la postura de esas buenas almas peronistas atribuladas. Así fue como el senador Urtubey terminó anunciándole a Pinedo que el acuerdo por la reforma del Ministerio Público estaba caído.
El peronismo había acercado posiciones con el oficialismo en el Senado. Se acortaron diferencias respecto de la duración del mandato del Procurador (sería 5 ó 6 años) y también acerca de qué número se precisaría para nombrarlo y removerlo (mayoría absoluta en vez de dos tercios del Senado). Pero después sobrevino el naufragio.
La Casa Rosada y la jefatura de Cambiemos en el Congreso supusieron que Pichetto podría controlar el proceso de cambio profundo que se proponía. En cambio, esperaban una resistencia K más enconada en Diputados.
Sobre todo hasta el 10 de diciembre, cuando con el ingreso de los legisladores electos hace menos de un mes el oficialismo pasará a ser una clara primer minoría en esa Cámara. Así, el proyecto entró al Congreso por el Senado. Cuando se dieron cuenta de lo que pasaba ya era tarde.
"No quieren poner en la ley un artículo que le permita al procurador pasar la barredora", trataba de entender un jefe parlamentario de Cambiemos a sus colegas peronistas.
"Si no cambiamos la ley el Procurador que venga va a poder manejarse como en una monarquía, como sucedió hasta ahora", exageró otro oficialista contrariado.
Si el acuerdo no se reflota, después que se vaya Gils Carbó quizás se elija el camino del mal menor. Quedará a cargo de la Procuración el actual procurador fiscal ante la Corte Suprema, Ezequiel Casal.
En lugar de disolverse las fiscalías especiales quizás se les deje en estado de hibernación. Y los fiscales tendrán que desempeñarse en la jurisdicción para la que fueron elegidos.
Aguantó mientras pudo. Todavía sigue dando batalla. Y nadie puede culparla a ella por cierta ingenuidad del Gobierno y Cambiemos para resolver este asunto.