El gobierno de Javier Milei busca avanzar en el Congreso con la renovada Ley Ómnibus, que fue presentada a gobernadores y legisladores días atrás. Uno de los puntos que incluye la iniciativa es la postergada reforma laboral, que no tiene el visto bueno de la CGT pese a los intentos de acercamiento del Ejecutivo.
En este escenario, la Unión Cívica Radical sumó su propio proyecto e incluso se lo presentó al Gobierno. Este jueves se reunió un grupo de legisladores de la UCR con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y le explicaron en detalle la propuesta. Aseguran que podrían sumar votos del resto de los bloques dialoguistas para lograr la media sanción.
Entre los principales puntos del proyecto radical se encuentra la reducción de la carga fiscal sobre el empleo. Allí, proponen una actualización de la deducción aplicable a la base imponible de las contribuciones patronales, vinculándola al Salario Mínimo, Vital y Móvil y hasta 5 empleados. Según argumentan los autores de la iniciativa, esto generaría "una sustancial disminución del costo laboral no salarial" y buscan que las PyMEs puedan contratar más trabajadores en blanco.
Además, la propuesta de la UCR establece la eliminación de multas que "complejizan el marco laboral actual y fomentan la litigiosidad". Solo se mantiene aquella referida al trabajo no registrado, con el objetivo de incentivar el trabajo "en blanco".
Otra de las claves de la iniciativa es la propuesta de "libertad sindical". Se propone la eliminación de las contribuciones obligatorias a los sindicatos. De esta manera, el trabajador tendría derecho a afiliarse o no.
En otro apartado del documento se establece a la educación como servicio estratégico esencial. "La educación es el mayor acto de inclusión social y laboral", remarcó el jefe de bloque de Diputados de la UCR, Rodrigo De Loredo. Así, el proyecto busca establecer la educación como "un derecho humano fundamental, limitando los conflictos colectivos de trabajo que pongan en riesgo este derecho".
Uno de los puntos que encontrará fuerte resistencia en los sindicatos es la implementación de "mecanismos sustitutivos de indemnización". El proyecto intenta establecer por convenio colectivo un fondo de cese laboral a cargo del empleador (con un aporte de hasta 8% de la remuneración) y dar la opción a un sistema de capitalización o seguro para solventar la indemnización. Y por último, otra innovación que traerá polémica: plantea extender el período de prueba a seis meses (hoy es de tres).
"Creemos que esta reforma debe hacerse por ley, y no por un decreto que está trabado en la Justicia. El nuevo tratamiento de la Ley Bases es la oportunidad para incorporar el debate por la reforma laboral", manifestó De Loredo desde su cuenta de X (exTwitter). "En el país tenemos más de 7 millones de trabajadores en la informalidad, a la par de sindicalistas llenos de privilegios y aferrados a sus cargos. Tenemos siete millones de jubilados y 2 de cada 3 ingresaron por moratorias", agrego el legislador.
En la misma línea, el diputado explicó: "En la Argentina prácticamente no crece el empleo privado desde hace 1 década y tenemos una alta dependencia del sector público. En ese periodo, por cada puesto de trabajo privado que se generó se crearon 2,8 puestos en el sector público. La dimensión del problema es enorme, los cambios deben ser urgentes". Y finalizó: "Se trata de la reforma más necesaria para el país, que no solo esperamos traiga soluciones que fomenten la creación de puestos de trabajo y la formalidad, sino también para el problema irresuelto del sistema previsional de la Argentina".