El Gobierno asume que España necesita una fuerte ayuda de la migración para que el Estado del bienestar actual pueda mantenerse en un futuro en el que el envejecimiento de la población incrementará notablemente los gastos. El Ejecutivo da por buena una cifra que manejan organismos como la Comisión Europea, el FMI o la Airef: España necesita que cada año lleguen entre 200.000 y 250.000 migrantes a trabajar al país hasta 2050 para que el Estado del bienestar sea sostenible.
Así lo ha subrayado este jueves la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante un desayuno informativo organizado por Executive Forum. Saiz ha señalado que prefiere ver la migración más como una "oportunidad" que como un desafío y ha destacado el aporte que hacen los trabajadores extranjeros a las cuentas de la Seguridad Social. Según Saiz, aportan el 10% de los ingresos del sistema, pero absorben solamente un 1% del gasto. Una diferencia que tiene mucho que ver con el perfil demográfico de los migrantes que llegan al país: en general gente joven en su plenitud laboral que trabaja y cotiza a la Seguridad Social.
La ministra responsable de Migraciones, ha destacado también las reformas recientes del reglamento de extranjería y ha informado que en el último año y medio se han otorgado 300.000 permisos de trabajo a personas migrantes. La intención de Saiz es ir más allá con las modificaciones del reglamento de extranjería que emprendió su predecesor, José Luis Escrivá, y presentará una reforma de esta norma en verano, ha trasladado.
Saiz ha sacado a colación los problemas para conseguir mano de obra que denuncian las empresas en los últimos tiempos y las posibles soluciones que puede aportar la migración. Un supuesto problema de vacantes que, desde la vicepresidencia segunda de Yolanda Díaz y los sindicatos, no consideran que sea real a tenor de las estadísticas.
La ministra ha destacado que "es una realidad que nuestro mercado de trabajo tiene miles de puestos de trabajo sin cubrir". Y, aunque ha defendido que la prioridad para el Gobierno "va a seguir siendo incrementar la empleabilidad y mejorar las condiciones laborales" de los parados, también va a ser una prioridad captar trabajadores extranjeros en "un marco de migración regular, ordenada y segura".
Mensaje de "tranquilidad" con las pensiones
La ministra ha tenido que responder preguntas también sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones, que ha sido puesta en entredicho en el último ejercicio de proyecciones de gasto publicado el viernes pasado por la Comisión Europea y elaborado por el Ministerio de Economía. El conocido como Ageing Report sitúa a España como el país que más gastará en pensiones en relación con su PIB en 2045 y 2070, el momento en el que el sistema se verá más tensionado por la jubilación de la generación del baby boom.
Las previsiones de la Comisión no son un asunto baladí. La reforma de las pensiones aprobada a finales del año pasado por Escrivá incluía una cláusula de cierre en caso de que las proyecciones de gasto se desviasen. La existencia o no de ese desvío la certificará la Airef mediante un informe que se presentará el año que viene. Pero los supuestos de base para elaborar ese documento son, precisamente, esas proyecciones de gasto que acaba de presentar la Comisión.
En esta coyuntura, la ministra ha defendido la decisión de "revalorizar y dar dignidad a los pensionistas" aunque supone un aumento del gasto público. Además, ha recordado que la reforma aprobada por Escrivá incluye también medidas de ingresos para compensar el aumento del gasto. Saiz ha defendido que los ingresos de la Seguridad Social están creciendo por encima del 10% anual por el fuerte tirón del empleo y ha querido lanzar un mensaje de "tranquilidad". "Los ingresos van mejor de lo esperado y este informe [el Ageing Report] solo mira el gasto. Habrá que mirar la foto completa. Estamos trabajando que estas fortalezas del mercado laboral", ha añadido.
Aunque la Airef no presentará su informe hasta 2025, la autoridad fiscal independiente ya ha anticipado que España tendrá que hacer, muy probablemente, un ajuste en el sistema para cumplir con Bruselas del 0,8% del PIB. Una reducción de gasto o aumento de ingresos equivalente a unos 12.000 millones de euros en 2024. La cifra definitiva no se conocerá hasta el año que viene, si es que finalmente se activa la cláusula de cierre del sistema, como todo apunta que ocurrirá.