El pasado 26 de marzo, la Corte Federal para el Distrito de Arizona, con sede en la ciudad de Tucson, emitió un fallo favorable para nuestro país en su demanda civil contra cinco tiendas vendedoras de armas situadas en ese estado de la Unión Americana. Cabe recordar que el Gobierno de México inició este juicio en octubre de 2022, argumentando que los establecimientos demandados, de acuerdo con los datos de trazabilidad, facilitan el flujo ilícito de armas de alto poder a nuestro territorio.
La jueza Rosemary Márquez fue quien dictó dicha sentencia, la cual estableció que las tiendas demandadas contaron con diversas señales para saber que las armas de fuego que vendieron terminarían en México y que serían utilizadas con propósitos ilícitos. En tal sentido, y en el marco del proceso civil, la Corte Federal para el Distrito de Arizona reconoció que nuestro país tiene derecho a demandar a nombre propio y de su población.
Cabe destacar que la jueza Márquez valida, asimismo, la argumentación de la parte mexicana en el sentido de que los mencionados establecimientos no gozan de inmunidad por sus prácticas comerciales negligentes.
Esta nueva victoria legal se suma a aquella obtenida por el mismo Gobierno mexicano, en enero pasado, cuando la Corte de Apelaciones del Primer Circuito en Estados Unidos, con sede en Boston, Massachusetts, también determinó que diversas empresas fabricantes de armas de ese país no gozan de inmunidad por sus prácticas comerciales negligentes. Cabe recordar que en agosto de 2021 el Gobierno de nuestro país presentó una primera demanda civil contra empresas fabricantes de armas ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts.
La referida Corte de Apelaciones ordenó entonces revisar nuevamente el fondo del asunto en primera instancia para los procedimientos consistentes con esa resolución.
La diferencia entre la demanda de 2021 y la de 2022 es que la primera es contra los productores de armas, mientras que la segunda es contra los distribuidores de estas.
Pero volviendo al caso que nos ocupa, es oportuno señalar que, después de la decisión del pasado 26 de marzo, la Corte Federal para el Distrito de Arizona puede seguir conociendo la demanda interpuesta por el Gobierno de México. De acuerdo con información de la Cancillería de nuestro país, lo que procede ahora es la presentación de evidencia para demostrar la conducta negligente de las tiendas demandadas, buscando obtener una reparación del daño, que será determinada por la persona juzgadora.
Las partes demandadas tienen derecho a apelar la decisión de la jueza Márquez; sin embargo, México continuará defendiendo sus intereses y los de su población, pues argumentos no faltan. Baste decir que el 70 por ciento de las armas confiscadas en nuestro país (50 mil, desde diciembre de 2018) provinieron de Estados Unidos.
De acuerdo con el Gobierno federal mexicano, los fabricantes de armamento demandados en agosto de 2021 producen, en conjunto, más del 68 por ciento de las armas estadounidenses traficadas hacia nuestro territorio, lo que equivale a entre 342 mil y 597 mil armas cada año.
El mismo embajador de la Unión Americana en México, Ken Salazar, reconoció que el 70 por ciento de las armas que se utilizan en delitos violentos cometidos por el crimen organizado en nuestra nación provienen del país vecino.
Afortunadamente, existe colaboración entre ambas naciones para combatir el tráfico ilícito de armas, como el Diálogo de Alto Nivel de Seguridad entre México y Estados Unidos, o el Grupo de Trabajo sobre Tráfico de Armas del Entendimiento Bicentenario.
El fallo favorable para México por parte de la Corte Federal para el Distrito de Arizona, a fin de avanzar en el juicio en contra de cinco tiendas distribuidoras de armas es de suyo importante. Reconoce no solo que esos establecimientos no gozan de inmunidad ante sus prácticas comerciales negligentes, sino que nuestro país tiene derecho a demandar a nombre propio y de su población. Por ello, este fallo es una nueva e importante victoria legal contra el tráfico ilícito de armas.
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