Es abogado, pero se le conoce como el primer denunciante del «caso Koldo». Ramiro Grau es aragonés y se reconoce «tozudo» porque cuando tiene algo entre ceja y ceja, no para. En abril de 2020, solo un mes después de que se formalizaran los dos primeros contratos bajo sospecha en la órbita del Ministerio de Transportes liderado por José Luis Ábalos, publicó una serie de artículos en los que cuestionaba numerosas irregularidades, vacíos y puntos opacos sobre la empresa de la trama, Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL, la sociedad que pertenece al Grupo Cueto y que tenía domicilio en Zaragoza. Y tras ello, comenzó su calvario en los tribunales.
En diálogo con LA RAZÓN, explica que le han interpuesto tres demandas que presentaron en su contra la misma empresa, el entonces administrador, José Ángel Escorial Senante, y el extitular de Transportes en aquellos años, el político socialista José Luis Ábalos, que por entonces era la mano derecha de Pedro Sánchez en el PSOE. La presión era mayúscula: le reclamaban 60.000, 150.000 y 70.000 euros, respectivamente.
Las tres demandas
En total, eran 280.000 euros que pesaban como una losa sobre la cabeza de Grau, que esta semana ha tenido una buena noticia: la Audiencia Provincial de Zaragoza desestimó el recurso interpuesto por Soluciones de Gestión contra la sentencia que ya había rechazado previamente que el abogado hubiese vulnerado el derecho al honor de la mercantil. Por otra parte, la demanda de EscorialSenante también fue rechazada, pero el empresario, cuyo nombre figura en el sumario del caso que instruye el juez Ismael Serrano en la Audiencia Nacional, ha recurrido y está pendiente en la Audiencia Provincial de Madrid.
«Parece que les sobra el dinero, porque lo recurren todo», reflexiona. «Primero me demandó Soluciones de Gestión; luego, Escorial Senante por su cuenta en Madrid. Lo de Ábalos está pendiente de juicio. Los juzgados están atascados y no es normal que por un solo artículo se pongan tres demandas porque ya habría que cerrar todos los juzgados», reflexiona. Y recuerda que por el estrés de su situación procesal en 2021 sufrió un ictus. Tuvo suerte porque la ambulancia llegó en 15 minutos y pudieron tratarle a tiempo, pero permaneció cinco meses en el Hospital Miguel Servet. «Aun así me canso y tengo dificultades para caminar», señala. Por este problema de salud, se ha jubilado un año y medio antes porque le han recomendado llevar un estilo de vida tranquilo. Pero no es del todo posible, porque le espera otro juicio.
«En el PSOE han cortado el brazo de Ábalos para evitar que les salpique el tema», asegura
En el caso de la demanda de Ábalos, tras la vista celebrada a principios de marzo en los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid –una vista a la que no acudieron ni el exministro de Transportes ni Grau, sino solo sus letrados– quedó claro que le sentarían en el banquillo, aunque confirma a este periódico que aún no hay fecha.
«Publiqué un primer artículo titulado "Ábalos y Escorial Senante, la extraña pareja" a finales de abril, diciendo que era rarísimo que el ministro se concertara con un empresario que tenía empresas en Irlanda, Luxemburgo y en la Isla de Malta. A una empresa de Zaragoza a la que no conocía nadie para hacer unas operaciones millonarias», recuerda. Pero ¿qué le llevó a publicar esos artículos? «La sociedad lo que pide es que se sepa dónde va a parar el dinero de nuestros impuestos. Lo que no se puede ser es que nos expriman cada vez más y que después el dinero se malverse», sostiene.
Y a partir de ahí, le notificaron tres demandas por los mismos artículos que publicó en varios digitales y que, como señala la resolución de la Audiencia Provincial de Zaragoza fechada el 27 de marzo, a la que ha tenido acceso este periódico, son recopilaciones de informaciones que aparecieron en otros portales. Pero como la necesidad tiene cara de hereje, ante las demandas, optó por iniciar una investigación seria de todo lo que había detrás para defenderse.
El chiringuito
«La empresa es un chiringuito», asegura. Y dice que la sede la tienen en un edifico de oficinas de alquiler en Zaragoza sin trabajadores y sin apenas actividad. «Hay un despacho cerrado con una placa en la puerta», asegura.
Al verse forzado a contestar a la demanda, «me sumergí en el registro mercantil, investigando y buscando los titulares reales de las empresas». Pero lo que se encontró fue una cadena de empresas, unas dependientes de otras y encadenadas con otras más que creaban un entramado difícil de desentrañar. «Había unas bifurcaciones de empresas que dependían de otras empresas y de otras empresas», recuerda. Algo que también ha constatado el sumario del «caso Koldo»
Sobre los contratos, sostiene que también tienen numerosos puntos oscuros, pero recuerda que «para darles una apariencia de legalidad, se publica una orden ministerial». Todo partió del Ministerio de Transportes y después saltó al Ministerio del Interior, al Ministerio de Sanidad y a los servicios de salud de las Islas Baleares y de las Islas Canarias.
«La empresa es un chiringuito. Me sumergí en el registro mercantil para investigar»
Sobre los primeros contratos, con Puertos del Estado y con Adif, empresas públicas de la cartera de José Luis Ábalos, insiste en que «los presidentes de esos organismos dependían de él. Él era quien los nombrada y los proponía al Consejo de Ministros», recalca.
La X de la trama
Al reflexionar sobre el rol del ex «número dos» del PSOE, al que la formación socialista dio 24 horas para renunciar a su acta de diputado, pero que en lugar de ello ha optado por integrarse en el Grupo Mixto del Congreso, cree que para determinar las responsabilidades detrás de este caso hay que apuntar más alto.
«Yo no conocía ni que existía Koldo ni que existía Aldama, lo que yo tenía claro era que la "X" era Ábalos. Y ahora no lo tengo claro, creo que es el PSOE y Pedro Sánchez.
Ahora, después de que estallara el escándalo y a la vista de los acontecimientos, cree que la trama está adoptando la forma de un iceberg, en el que solo se conoce la punta visible, pero hay mucho más en las profundidades del océano por descubrir. «Han ido surgiendo nuevos entes y ministerios en los contratos, todos ellos del PSOE», apunta Grau.
El panorama, tal como lo vemos hoy, no es el real, piensa. El abogado retirado considera que «Ábalos era una "pez gordo" del socialismo. No creo que fuera la cabeza pensante para diseñar esta operación». Cree que hay que apuntar más alto, ya que poco a poco se ha ido conociendo la implicación en otros niveles. Sobre la manera como ha manejado este escándalo desde Ferraz y las actuaciones del socialismo respecto del ex dirigente del partido, cree que todo apunta a que «en el PSOE han cortado el brazo Ábalos para evitar que les salpique el tema».
«La Justicia es una apisonadora: tarda en arrancar, pero cuando lo hace, no hay quien la pare»
Y sobre el rol de Koldo García, su exasesor personal, que ocupó cargos en el consejo rector de Puertos del Estado, donde se firmó el primer contrato, y también cargos en Renfe Mercancías, dos empresas dependientes del ministerio del que José Luis Ábalos era titular, lo tiene claro. «Con Koldo lo que están intentado hacer ver es que el asistente era el jefe, pero es un asesor con poca formación, que escasamente tendrá el graduado escolar». Aunque insiste en que quiere expresarse «con todo mi respeto hacia él, porque todos los trabajos son igual de dignos», insiste en que solo era el chófer y el guardaespaldas del ministro. «Pero Ábalos entronca con el PSOE», subraya.
Se mantiene informado de los detalles del caso a través de los medios de comunicación y sigue la prensa a diario. Sobre un posible pacto de silencio sellado entre la cúpula del PSOE y Ábalos para no hacerse daño no solo no lo descarta, sino que afirma con contundencia: «Yo me lo creo».
La batalla legal
Al preguntarle sobre si hay alguna motivación política detrás de sus actuaciones, si es militante de algún partido o si tiene alguna simpatía ideológica de alguna formación de la oposición a Pedro Sánchez, responde con tono tranquilo y sin darse por aludido: «No tengo vínculo con ningún partido político. Lo que ocurre es que ya me tenía que defender de las demandas». Y vuelve a jactarse de su carácter típico aragonés y de su cabezonería.
Tras investigar, pasó a la acción. «Vi que había cantidad de irregularidades y que esto era un montaje». Por ello, presentó una primera denuncia en la fiscalía provincial de Zaragoza, que la archivó. También lo llevó al Tribunal de Cuentas donde, asegura, la ponencia se dejó en manos de una consejera nombrada a propuesta del Partido Socialista que le libró de la responsabilidad económica y contable. Después, denunció ante el Tribunal Supremo, cuando creía que Ábalos era el principal responsable de estos contratos.
«La sociedad lo que pide es que se sepa a dónde va a parar el dinero de nuestros impuestos»
«Tenía doble fuero como diputado y como ministro», recuerda. Grau registró la denuncia, pero se topó con otro muro: el alto tribunal la inadmitió alegando que existía una legislación especial de emergencia por el estado de alarma a raíz de la pandemia, en la que se avalaba que se saltaran los procedimientos de contratación.
No cedió. Llamó a muchas puertas que se le cerraron, pero entonces decidió dar el salto a Europa. Allí se dirigió a diversos organismos e instituciones relacionadas con la lucha antifraude porque «lo que no podemos hacer es recibir fondos de la Unión Europea y que luego se malverse. La gente, los ciudadanos europeos, son solidarios con otros países de la Unión, pero no quieren que les roben, hablando en plata».
La alemana Monika Hohlmeier, la presidenta de la comisión de control presupuestario de la Eurocámara, atendió a su denuncia. Los letrados que trabajan en su departamento le llamaron por teléfono y le facilitaron direcciones de correo electrónico para que enviase la documentación de la que disponía y le advirtieron que era un proceso largo. «Yo estoy convencido que han presionado para que esto se investigue en España». Pero en otras instancias, como en la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, donde envió su primera denuncia, le dijeron que no podían investigar porque los contratos se habían pagado con fondos nacionales. «Creo que desde España les mintieron», concluye.
Sobre el hecho de que no haya ningún cargo político investigado en la causa que instruye la Audiencia Nacional, se muestra esperanzado. «Llevo años en esto», afirma, a la que vez que expresa su confianza en que todo saldrá a la luz, hasta el último responsable por las adjudicaciones de 53 millones de euros de dinero público en plena pandemia. «La Justicia es como una apisonadora, que tarda en arrancar, pero cuando se pone en marcha no hay quien la pare. El sistema judicial lo va a sacar adelante». Eso sí, advierte: se debe llegar hasta el final y delimitar todas las responsabilidades sobre estas contrataciones bajo sospecha. «Que no se quede solo en Koldo y Aldama y en cuatro pringados» y dice confiar en que los tribunales españoles llegarán hasta las últimas consecuencias para depurar las responsabilidades del escándalo del «caso Koldo».
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