El Gobierno quiere paralizar la derogación de las leyes de Memoria Democrática para sustituirlas por una normativa de "concordia" en comunidades donde gobiernan en coalición PP y Vox. Es el caso de Castilla y León o la Comunidad Valenciana. En Aragón, el Ejecutivo del popular Jorge Azcón ya ha derogado el texto autonómico de 2018 y desarrolla un plan de "concordia, reconciliación y recuerdo" en su lugar.
Según adelanta la cadena Ser y ha confirmado Félix Bolaños, ministro de Presidencia, el Gobierno planea recurrir ante el Constitucional una legislación que "quiere blanquear el franquismo, la dictadura y las atrocidades que cometieron".
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, comparecerá públicamente este lunes para detallar las acciones que llevará a cabo su departamento en relación a las derogaciones de las leyes y decretos autonómicos sobre memoria democrática que se han llevado a cabo en Aragón, Comunidad Valenciana y, más recientemente, en Castilla y León.
"Ninguna democracia avanzada puede permitir que se blanqueen las dictaduras. En España disponemos de una ley para ello", en referencia a la Ley de Memoria Democrática", ha escrito Torres en X. "Y esa ley no permite el olvido, por mucho que se disfrace de "concordia"".
La pasada semana los grupos Popular y de Vox en las Cortes de Castilla y León elevaron a rango de ley la Concordia, cuyo contenido sustituirá al Decreto de memoria histórica y democrática aprobado en 2018 por el último Gobierno de Juan Vicente Herrera, con el objetivo de "honrar y proteger" a todas las víctimas de persecución o violencia por motivos ideológicos, religiosos y sociales entre 1931 y 1978.
Después de registrar la proposición de ley de Concordia de Castilla y León, los portavoces de PP y Vox, Raúl de la Hoz y Carlos Menéndez, explicaron en rueda de prensa el contenido de un texto con el que se cumple un apartado del acuerdo de gobierno firmado hace dos años por ambos partidos, que posibilitó la investidura de Alfonso Fernández Mañueco, y que esperan que esté aprobado por las Cortes en este periodo de sesiones que se cierra a finales de junio.
En esa ley, se incluirán hecho sucedidos entre 1931 (Segunda República) y 1978 (aprobación de la Constitución). Según los populares no se trata de equiparar a las víctimas de ambos regímenes, sino de rechazar cualquier vulneración de los Derechos Humanos con independencia de "quién, cuándo y dónde". Por su parte, el portavoz de Vox manifestó que existe una "interrelación historiográfica" entre los dos periodos.
La norma establece la creación Comisión de Exhumaciones que tendrá un carácter resolutivo de los expedientes con criterios técnicos, que sustituirá al anterior Consejo Técnico como responsable de decidir sobre esas actuaciones. Esta entidad no tendrá representación de las asociaciones de recuperación de la memoria.
En su exposición de motivos, la ley recoge que "nunca ha habido un relato consensuado sobre la Segunda República, la Guerra Civil y el Franquismo" y que "tampoco se ha dado entre los historiadores".
La presentación de esta norma cierra uno de los puntos más polémicos del acuerdo de PP-Vox de marzo de 2022, para el que se marcó el compromiso de iniciar su tramitación "antes del 30 de junio" de ese año.
Esta norma ha provocado intensas críticas de las organizaciones memorialistas y del Gobierno central que, previsiblemente, anunciará medidas para evitar que las normas autonómicas puedan suponer una derogación "de facto" de la Ley de Memoria Democrática estatal.
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