El curioso fallo de la jueza Loretta Preska del lunes pasado, donde desestima la demanda presentada por un grupo de fondos de inversión –viejos conocidos de las épocas del Juicio del siglo contra los Fondos Buitre por la deuda del 2006– tiene un doble efecto en la visión que el país puede tener de la magistrada del Segundo Distrito Sur de Nueva York. Si bien es una buena noticia que la jueza libera (al menos por el momento) al país de pagar unos US$ 1.500 millones por la causa por la supuesta manipulación del PBI en el 2013; deja en claro una cuestión compleja. Y un argumento que desde Buenos Aires ya comenzaba a utilizarse en contra de Preska. La jueza no tiene ninguna animosidad personal y en particular contra el país. Y sus fallos no se basan, como en los tiempos de su antecesor Thomas Griesa, en preconceptos negativos contra la Argentina. Es más, por el escrito conocido el lunes y sus argumentos a favor de la posición nacional, Preska demuestra hasta cierta comprensión ante lo mal que se hacen las cosas en el país y que derivan en juicios en EE.UU.
Más concretamente, el fallo de Preska a favor del país en la causa Cupón PBI, demuele el argumento sobre su posible animosidad en el otro caso. El más importante. El del juicio por la manera en que se renacionalizó YPF en 2012; en el cual el país se juega mucho más dinero. Unos US$ 16 mil millones. De piso. Y donde en estos días, Preska tendrá que tomar una decisión fundamental en la causa y definitoria para el país: si acepta que hacia adelante el debate de los posibles embargos de bienes del país radicados en los Estados Unidos, tenga tratamiento secreto.
Con esto, Argentina se enteraría sobre algún embargo de un bien determinado, sólo en el momento en que desde el juzgado del Segundo Distrito Sur se llame a tomar posesión de una cuenta, activo físico o jurídico argentino. Y en el momento que esto pueda suceder, nadie podrá decir que Preska es Thomas Griesa, quien avaló el secuestro en Ghana de la Fragata Libertad por su malhumor contra el país. Ni mucho menos. Ya que el lunes pasado, falló a favor de la Argentina en otro caso; también derivado por la manera en que durante los años del kirchnerismo se manejaron las relaciones con el mundo financiero en general.
Preska, además, debe resolver en estos tiempos otro costado clave de la causa YPF: si alguna de las partes, pide o no a la jueza norteamericana aplicar la cláusula "Discovery", por la cual el país podrá reclamar su derecho a saber a quién le pagará el fallo en contra. La decisión final la tendrá la heredera de Griesa, quien con esta decisión tiene en sus manos desatar (o no) un nuevo escándalo de corrupción en la Argentina. La jueza de primera instancia del Segundo Distrito Sur de Nueva York, que tiene en su poder la resolución total y final de la causa que los dos Fondos ganaron por la reestatización de YPF en 2012, podría decidir la apertura de los accionistas totales que litigan contra el país, antes de avalar el pedido de embargos de bienes argentinos. Esto pasará si Preska, además de anunciar los embargos, habilita el mecanismo de "Discovery Process", por el cual se requeriría que los accionistas que tienen acciones del litigio iniciado por Burford Capital, blanqueen su identidad como condición anterior a recibir el dinero.
Si esto sucediera, se conocerían quiénes son, con nombre y apellido, los litigantes contra el país asociados con el Fondo Burford que comanda las acciones legales. En ese listado, se sospecha, tanto en Buenos Aires como en el propio tribunal de Nueva York, los nombres que podrían aparecer serían sorpresivos y podrían incluir incluso, apostadores locales en contra del país, en una inversión con potencial de ganancia megamillonaria y cuya suerte dependería de lo que resuelva Preska.
En tiempos de especulación podría también pensarse que podría haber en ese listado ex y actuales funcionarios, tanto del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner como del de Mauricio Macri, administraciones sobre las que cayó el tiempo clave de la causa en su etapa de preparación. También empresarios y hombres de negocios en general.
En todos los casos, se trataría de personas que intentaron especular con que Burford llevaría adelante el caso con éxito y que la Argentina inevitablemente lo perdería, con lo que el país estaría condenado a pagar una suma millonaria en dólares que les permitiría a los accionistas apostadores una rentabilidad inédita a nivel mundial. Superaría incluso, en dólares, la inflación en pesos acumulada durante el gobierno de Mauricio Macri.
Alguna de las partes involucrada podría reclamar que el listado se limite a los tenedores de acciones al momento de ejecutar la eventual liquidación. Esta opción le permitiría a los accionistas con identidad "complicada" desprenderse rápidamente y no figurar en el listado final. Así, no se conocería su nombre, pero no llegarían al final de la causa con la ganancia máxima que sentencie eventualmente Preska. Igualmente, la rentabilidad sería, en dólares, extraordinaria.
Otra posibilidad sería que Preska decida una investigación más a fondo y que comience reclamando datos desde el mismo momento en que se privatizó YPF a comienzos de la década del 90. Podría también comenzar su recorte más acá en el tiempo, a partir de la reestatización de 2012 y la manera en que se resolvió dejar de lado en las negociaciones a los accionistas que quedaron fuera de los pagos resueltos por el gobierno de Cristina Kirchner.
Esto es, todos menos Repsol, que detentaba el 51% de las acciones. Si la decisión de Preska es ésta última, no importaría que los tenedores complicados se apuren a desprenderse de sus tenencias en la causa, ya que igualmente quedarían expuestos a aparecer en los listados. La definición dependerá de la jueza, pero los abogados que representan a la Argentina podrían eventualmente, presentar escritos para reclamarle a la Justicia de los Estados Unidos la identidad de las personas a las cuales les va a pagar.
Lo mismo pasó con el juicio contra los Fondos Buitre cerrado en abril de 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri. A instancias del entonces ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, se le pidió a Griesa, y éste concedió, la elaboración de un listado total y detallado sobre quiénes eran los litigantes a los cuales el país les liquidaría sus tenencias por el juicio iniciado luego del default de 2012.
La causa se originó a partir de la aparición del Fondo Burford Capital, una firma especialista en comprar a bajo precio causas con potencial de litigio internacional. Este fondo le adquirió a la Justicia española parte del manejo de la quiebra que las empresas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, dos compañías que la familia Eskenazy creó en ese país, pero que al momento de la reestatización ya había abandonado y cuya propiedad había quedado flotando en los tribunales españoles.
Luego, una vez adquirido el paquete a precio de remate, mudó sus intereses a Nueva York. Precisamente, al mismo tribunal en el que la Argentina litigaba contra los Fondos Buitre: el del fallecido Thomas Griesa.