El 18 de julio de 1994 una bomba explotó en la sede de la AMIA, dejando 85 muertos y 150 heridos. Se trató del segundo atentado que sufría la Argentina, luego lo ocurrido en la embajada de Israel en marzo de 1992. Casi 30 años después, este jueves la Cámara Federal de Casación Penal concluyó que el ataque fue ordenado por la República de Irán y llevado a cabo por el grupo islamista Hezbollah, en un fallo que puede tener connotaciones históricas.
La historia judicial del atentado a la AMIA comenzó el mismo 18 de julio de 1994. El entonces juez federal de Comodoro Py Juan José Galeano quedó a cargo de la investigación. El caso tuvo un primer detenido pocos días después. Fue Carlos Telleldín, un reducidor de autos acusado de haber vendido una traffic blanca que se usó como coche bomba, según los peritajes que se hicieron.
Telleldín estuvo 10 años preso en la cárcel de Devoto y durante la investigación declaró que la camioneta se la entregó a un grupo de policías bonaerenses, encabezados por Juan José Ribelli. El juez Galeano procesó y envió a juicio oral a Telleldín y a los policías en lo que se conoció como "la conexión local del atentado".
Respecto del atentado, en 2003, el juez Galeano responsabilizó a la organización terrorista Hezbollah y a Irán y ordenó la detención internacional de un grupo de personas, entre ellas al agregado cultural de la embajada de Irán en Argentina al momento el atentado, Mohsen Rabbani.
En paralelo, el Tribunal Oral Federal 3 realizaba el juicio oral contra Telleldín y los policías y allí se descubrió que el reducidor de autos había acusado falsamente a los oficiales: cobró 400 mil dólares de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) con el aval de Galeano. El tribunal declaró la nulidad de la investigación y ordenó que se investiguen esas irregularidades.
Galeano fue apartado de la causa y, en agosto de 2005, fue destituido del cargo de juez por mal desempeño de sus funciones en un juicio político que realizó el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación.
El expediente por el atentado pasó al juez federal Rodolfo Canicoba Corral -ya jubilado- y el de las irregularidades en la investigación quedó a cargo de Ariel Lijo. Canicoba Corral mantuvo la línea de la responsabilidad de Irán en el ataque y ratificó las órdenes de detención con alertas rojas de Interpol.
Sin embargo, esas detenciones nunca se cumplieron. Por un lado, Irán no extradita a ciudadanos y cuando los acusados viajaban por el mundo, las detenciones no se activaban. Por ejemplo, Ahmad Vahidi, comandante de las Fuerzas Al-Quds cuando ocurrió el atentado, estuvo en Bolivia en 2011.
Por su parte, Lijo procesó y envió a juicio oral a Galeano, a Telleldín, a los fiscales de la investigación Eamon Mullen y José Barbaccia, al expresidente Carlos Menem, al exjefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, entre otros. Fueron acusados de desviar la investigación por el pago a Telleldín y por lo que se llamó "la pista siria" para no investigar al empresario sirio y amigo del entonces presidente Menem, Alberto Kanoore Edul.
En agosto de 2015 comenzó el juicio oral y, en mayo de 2019, Galeano, Mullen, Barbarcia, Telleldín, Anzorreguy y otros acusados fueron condenados. En tanto, Menem fue absuelto. Ese fallo fue ratificado hoy por la Cámara de Casación con la reducción de algunas penas como la de Galeano, que pasó de seis a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo.
En paralelo, se revisó la nulidad del primer juicio que se realizó y la Corte Suprema la confirmó, pero dijo que se podía volver a juzgar a Telleldín por la venta de la traffic. Así, el acusado volvió a juicio y en diciembre de 2020 el Tribunal Oral Federal 3 lo absolvió. Los jueces concluyeron que no se pudo determinar que Telleldín sabía que la camioneta se iba a usar en el atentado e inclusive que hay dudas que haya sido la misma traffic. Casación hoy también confirmó la absolución de Telleldín.
En 2005, la causa del atentado quedó a cargo de Alberto Nisman, que fue designado al frente de una fiscalía especializada para investigar el caso. Nisman ratificó la responsabilidad de Hezbollah y de Irán. El juez Canicoba Corral declaró el hecho como un crimen de lesa humanidad porque estaba involucrado otro estado y, por lo tanto, imprescriptible. Y se ratificaron las órdenes de detención. Desde entonces están vigentes cinco alertas rojas de Interpol.
El siguiente capítulo judicial del atentado fue la decisión que en 2013 tomó el gobierno de Cristina Kirchner de firmar un memorándum con Irán. Ante la imposibilidad de que los acusados sean extraditados a la Argentina, se estableció una "comisión de la verdad" con juristas de ambos países y que el juez Canicoba Corral y el fiscal Nisman puedan viajar a Irán para indagar a los acusados. El Congreso de la Nación aprobó el memorándum, pero nunca entró en vigencia porque Irán no lo ratificó y porque la justicia argentina lo declaró inconstitucional porque tomaba facultades propias del Poder Judicial.
Dos años después, Nisman denunció a Cristina Kirchner y a otros funcionarios de su gobierno por traición a la patria en la firma del memorándum. Con base en escuchas telefónicas, el fiscal entendió que el Poder Ejecutivo buscaba encubrir a los acusados. La denuncia fue rechazada pero luego reabierta y la expresidenta procesada y enviada a juicio oral. El Tribunal Oral Federal 8 sobreseyó en octubre de 2021 a los acusados -sin hacer el juicio- porque no hubo delito, ya que las alertas rojas de Interpol nunca estuvieron en riesgo y, por lo tanto, no hubo encubrimiento. La Cámara de Casación revocó esa decisión y ordenó que se haga el juicio oral, lo que fue apelado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Días después de que presentó su denuncia, Nisman fue encontrado muerto con un tiro en la cabeza en el baño de su departamento de Puerto Madero. Fue el 18 de enero de 2015. Al día siguiente tenía que ir al Congreso a exponer sobre su denuncia. El expediente sigue abierto y hasta ahora la justicia no concluyó los motivos de la muerte.
Con información de Infobae