El ministro de Justicia, Eduardo Arana, reafirmó su postura sobre el indulto al expresidente Alberto Fujimori e indicó que no van a permitir intromisión a la soberanía jurídica nacional e internacional, refiriéndose a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que no estuvo conforme con el indulto de Fujimori.
Tras culminar la sesión del Consejo de Ministros, el ministro Arana mencionó que el Ejecutivo ha presentado una "respuesta categórica y contundente" sobre el caso Barrios Altos y La Cantuta.
"En ambos casos se dispusieron sentencias gravosas y ejemplares contra quienes cometieron execrables delitos, que desde luego nosotros también condenamos", afirmó Arana.
Sin embargo, defendió el indulto al expresidente Fujimori porque fue de acuerdo a Ley y se actuó con respeto al fallo constitucional.
"Como consecuencia de la soberanía ejercida por el Ejecutivo en ese entonces se dictó una acto de gracia o mandato en favor de un ciudadano que no fue ejecutado en su oportunidad y que el Tribunal Constitucional en ejercicio de su soberanía como máximo intérprete de la constitución dispuso la ejecución de ese mandato que era favorable para este ciudadano (Alberto Fujimori)", explicó Arana.
Asimismo, dejó en claro que no están defendiendo a un ciudadano en particular, ni tampoco a una ideología o alguna posición política. "Estamos defendiendo el derecho de un ciudadano (Alberto Fujimori), como si fuera el derecho de cualquiera de los 33 millones de ciudadanos del Perú".
"Desde el Ejecutivo no vamos permitir la intromisión a la soberanía jurídica nacional e internacional", refiriéndose a la respuesta de la CIDH sobre el indulto a Fujimori.
Corte IDH no estuvo conforme con el indulto a Fujimori
Como se recuerda la CIDH pidió al gobierno que explique sobre el indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori. Y es que, posterior al indulto a Alberto Fujimori, que se llevó a cabo el 5 de diciembre del 2023, el organismo solicitó a las autoridades peruanas que se abstuvieran de hacerlo para garantizar la justicia para las víctimas de los casos La Cantuta y Barrios Altos.
De hecho, el organismo publicó una resolución en la que se ordenó no implementar el indulto porque "no observó los estándares de derecho internacional que debían ser tomados en cuenta al realizarse un control jurisdiccional".