El texto del proyecto propone que los familiares de funcionarios públicos y autoridades puedan trabajar (bajo un contrato) con el Estado durante el periodo en que estos ejerzan sus cargos y hasta doce meses después de cesar en sus funciones.
La medida abarcaría al presidente y los vicepresidentes de la República, congresistas, ministros de Estado, así como viceministros, vocales de la Corte Suprema, y otros altos cargos en entidades del gobierno regional y local.
EN LA MIRA
La propuesta ha surgido en medio de un contexto controvertido para el legislador Darwin Espinoza, quien ha sido objeto de críticas por utilizar recursos del Congreso, incluyendo una impresora y papel bond, para fines políticos personales.
Además, se ha informado que Espinoza ha desplegado personal parlamentario para recoger firmas en Áncash durante jornadas laborables, aprovechando su acceso al sistema del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para verificar datos de afiliados a su agrupación política.