La reforma previsional, el nuevo pacto fiscal, el ministerio de Seguridad Pública y la Ley de Inteligencia Económica son solo algunos de los proyectos que hoy impulsa el Gobierno en la Cámara de Diputadas y Diputados, y en el Senado. Una agenda "robusta", según calificó la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, este martes, y sobre la cual también hizo sus proyecciones, pues a sobre todas las materias pesa el quiebre del acuerdo administrativo en la elección de la mesa de la Cámara Alta.
A principios de abril, la bancada Demócratas-independientes de la Cámara de Diputadas y Diputados propuso a Joanna Pérez como candidata para encabezar la testera, rompiendo así el acuerdo que dejaba en el puesto a un militante del Partido Comunista: Demócratas iba a estar en la primera vicepresidencia en el periodo de liderazgo del PC. En el documento del acuerdo que garantizaba la presidencia comunista estaba la firma de Joanna Pérez, Érika Olivera, Jorge Saffirio y Miguel Ángel Caslito.
Fue el propio Saffirio el que argumento que "hoy cambió la correlación de fuerzas en el Congreso y eso se debe expresar legítimamente", y que el cambio se debió a una "serie de incumplimientos, insultos a nuestros dirigentes y señales equívocas del Ejecutivo".
Revisa también
Ante ese escenario, precisó la ministra Vallejo: "Esperamos que no sea dificultada u obstaculizada por este tipo de incumplimiento de acuerdo de palabra, e incluso de firma, por parte de parlamentarios y parlamentarias": "(El Gobierno desde iniciada su administración) no ha tenido mayoría parlamentaria y ha tenido que sortear las dificultades siendo minoría en el Congreso nacional".
"No se pueden pedir los imposibles, nosotros tenemos un rol que jugar, pero frente a aquellos que incumplen su palabra y siendo minoría en el Congreso, la responsabilidad frente a los incumplimientos son de quienes incumplen su palabra. Algunos señalan que teniendo minoría parlamentaria aun así el Ejecutivo es responsable de conseguir todos los votos de aquellos que no quieren cumplir su compromiso y por tanto, no dar el voto para hacer valer un acuerdo suscrito. ¿Qué más se pretende, vender el alma? No se puede. Nuestra tarea es fomentar los espacios de diálogo y entendimiento, pero aquellos que no cumplen su palabra son a quienes se les debe exigir explicaciones", espetó la secretaria de Estado.
Luego, la titular de Segegob planteó los alcances del quiebre del acuerdo: "En una política que está tan desprestigiada, el ejercicio de la política que corresponde, sea del color político que sea esa persona o parlamentario, es que lo mínimo pueda hacer valer la palabra empeñada. Cuando se suscriben compromisos de firma, uno esperaría, como mínimo, que esa firma que pone en el papel, de puño y letra, un compromiso se haga valer. En este caso no está sucediendo. Podrán ser mucha las razones, pero al final del día, cuando se incumple la palabra, las personas tienen que juzgar".
"Aquí no hay un problema per se del color político de una de las Cámaras. Nosotros trabajamos una buena cantidad de meses con la presidencia del Senado siendo de oposición; construimos acuerdos incluso para avanzar en una agenda legislativa en seguridad. Esto no se trata solo del color político de quién le correspondía o no asumir la conducción de la Cámara, sino el valor que tiene una firma, un acuerdo, una palabra empeñada en política en general. El problema es no entender la dimensión del daño que se hace a una democracia y a la política misma cuando alguien, en tan poco tiempo, que ha dicho cuál es su compromiso y lo que hará valer, luego diga que no lo hará valer y use distintas razones, excusas, para no hacer valer ese compromiso o acuerdo", cerró.