Es uno de los delitos más difíciles de esclarecer. El arma con el que se comete la devoran las llamas, el autor actúa en las horas –por la imposibilidad de que operen los medios aéreos– y los días –por las condiciones meteorológicas que hacen difícil combatir el fuego– que más daño pueden causar, el escenario hace imposible la vigilancia y la ausencia de testigos impide señalar el responsable. Todo esto hace difícil, primero, dar con el incendiario que ha reducido a cenizas miles de hectáreas y, en segundo lugar, aunque el sospechoso resulte detenido es muy complicado armar una causa que reúna las pruebas suficientes para sentarle en el banquillo y, finalmente, condenarle. La mayoría de los detenidos por causar un incendio forestal responden ante el juez por escapes de quemas de rastrojos. La impunidad de quienes prenden fuego al monte de manera intencionada en Galicia es prácticamente total. De los incendios forestales registrados en la comunidad, solo el 5% son esclarecidos, según el análisis de los datos de la memoria de 2023 de la Policía Autonómica Adscrita a Galicia (UPA). Pero en el caso de los provocados de manera intencionada, no se llega a detener ni al 1% de los pirómanos.
El balance del año pasado es un ejemplo de lo compleja que resulta la investigación de este tipo de delitos para unos cuerpos y fuerzas de Seguridad con unas plantillas cada vez más reducidas. Anualmente se abren apenas 300 procesos por delitos de incendios forestales, pero solo una treintena de sospechosos son llevados a juicio, en su mayoría por hechos ocurridos hace años. En 2023, en los montes gallegos se produjeron 1.149 incendios, casi mitad de los 2.039 registrados el año anterior, y el número de arrestados ascendió a 61 frente a los 117 de un año atrás, según datos de la UPA. De estos fuegos, 756 fueron de carácter intencionado, lo que supone el 65,8% del total. Detrás de esta tipología hay desde casos de piromanía o alcoholismo, pasando por quienes buscan cambios de usos de suelo, cambios de cultivo, la limpieza del monte para la caza, tratan de ahuyentar a animales que causan daños en los cultivos, hasta problemas por repartición de herencias, conflictos entre vecinos o familiares e incluso quienes tratan de forzar puestos de trabajo en la actividad de extinción o protestan por las restricciones de actividades de los espacios naturales. La detención de estos incendiarios es una misión casi imposible.
El año pasado, la policía autonómica detuvo a un total de 24 sospechosos: cuatro por fuegos intencionados y 20 por negligencias. Es decir, el 83% de los arrestos practicados se corresponden con escapes de quemas, trabajos con maquinaria agrícola, fuegos pirotécnicos, trabajos de apicultura o barbacoas, entre otros. Y poco más del 16% son por incendios intencionados. Pero si estos datos se comparan con el volumen fuegos provocados (756), la tasa de esclarecimiento no llega ni al 1%. Y en el caso de las negligencias (100 fuegos contabilizados en 2023), el índice de resolución teniendo en cuenta las detenciones practicadas es muy superior: 20%.
En el computo global de los incendios registrados el año pasado en Galicia, los intencionados representan un porcentaje ligeramente superior que los provocados en 2022 –casi un 66% frente a un 65%–. En el caso de los fuegos por negligencias el repunte fue de dos puntos –un 8,7% frente a un 6,7%%–. Por el contrario, las llamas que se desataron por causas naturales (rayos por las tormentas) cayeron más de seis puntos –un 2,35 en 2023 frente al 8,44% de un año atrás–.
En la UPA exigen equipos permanentes de investigación de incendios. La cifra de efectivos policiales dedicados a prevención e investigación de la principal lacra de los montes gallegos se sitúa en 225, la plantilla más reducida de los últimos años. Se trata de una merma en las unidades antiincendios de la UPA en un año del 3% pero que en el último lustro alcanza ya una merma del 12%. El grueso de los agentes se dedican a prevención (un total de 78 que sumó otros 78 en la temporada de alto riesgo). Es decir, el 70% de la plantilla se dedica a labores preventivas, actuaciones que además de disuadir a los incendiarios en áreas conflictivas persiguen "sensibilizar" a la población en esta materia para que faciliten información y datos de sospechosos.
El equipo de investigación contó el año pasado con 26 efectivos, que contaron con el apoyo de 10 más en la campaña del verano. Para completar el cuadro de los 225 efectivos, se suman 33 agentes para refuerzos de situaciones de emergencia.
Las infracciones por quemas y cambios de usos caen un 16%
Quemas de rastrojos que hacen los particulares sin autorización, cambios de usos y de cultivos en zonas quemadas, pastoreo en áreas de montaña calcinadas por el fuego o el incumplimiento de la limpieza en las franjas de seguridad. Son las principales causas que llevan a la Policía autonómica a interponer la correspondiente denuncia. La lista de infracciones administrativas interceptadas el año pasado por la UPA derivó en un total de 1.497 denuncias, un 16,5% menos que las casi 1.800 del ejercicio anterior. "La labor inspectora/preventiva policial sobre las actividades ilícitas realizadas por particulares en esta materia, que provocan un porcentaje altísimo de incendios forestales, supuso un mayor cumplimiento de la normativa vigente en materia de incendios, o que redunda, necesariamente e una tendencia descendente (salvo repuntes puntuales) del número de incendios ocurridos", destaca la UPA en su memoria de 2023.
Bien es cierto que todavía el número de denuncias interpuestas el año pasado está muy por encima de las registradas hace una década –entonces se contabilizaron poco más de 500– Desde entonces se dispararon las infracciones destapadas. En diez años, hasta en cuatro ejercicios llegó a superarse la barrera de las 2.000, con el máximo en ese periodo alcanzado en 2018, con 2.440 denuncias.
Uno de los factores que ha contribuido al descenso de la actividad incendiaria en los últimos años en Galicia –de los 9.300 fuegos que cada año se contabilizaban de media en el periodo 1990-1999, se pasó a poco más de 3.200 en 2010-2019 y a los 1.149 de 2023– ha sido la labor inspectora y preventiva. En concreto las unidades policiales reforzaron las labores de información al ciudadano sobre los requisitos para realizar quemas forestales para que no se produzcan escapes, también sobre la forma de hacer plantaciones forestales y la limpieza de las franjas de seguridad, primando la labor informativa sobre la punitiva.
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