El Parlamento Europeo ha dado el visto bueno este jueves a la ley de Industrias Cero Emisiones, la medida que dispuso el Ejecutivo comunitario el pasado año para hacer frente al paquete de subsidios que Estados Unidos dispuso para su industria de tecnologías limpias y a los subsidios de los que Pekín ha dotado a su industria. Una norma que tiene como objetivo que el bloque produzca el 40% de las tecnologías limpias que necesitará hasta 2030.
Con 361 votos a favor, 121 en contra y 45 abstenciones, los eurodiputados han dado luz verde definitiva a una norma con la que el bloque pretende aumentar su capacidad productiva hasta 2030. Un plan con el que busca, en paralelo, hacerse con el 15% del mercado mundial en tecnologías verdes. Según indicaba hace un año el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton la UE necesita 600.000 millones de euros entre ahora y 2030.
La normativa pretende aumentar la producción de ocho tecnologías verdes: solar, eólica, baterías, bombas de calor, geotérmica, electrolizadores y placas de combustible, biogás y biometano, así como otras tecnologías de captura de carbono. Una lista que se amplía a las tecnologías que contribuyan a la reducción de emisiones y que incluye aquellas tecnologías avanzadas para la producción de energía nuclear con pocos deshechos, los reactores modulares pequeños y los combustibles.
Además, la normativa reducirá la carga administrativa, acelerará y simplificará los procesos de concesión de permisos de renovables y fijará los plazos máximos para que un proyecto sea autorizado. Establece, además, una serie de criterios de sostenibilidad que deberán cumplir las ayudas nacionales que dispongan para que los ciudadanos instalen paneles solares y bombas de calor. Para su aprobación definitiva, los Veintisiete deben respaldar aún la normativa, un paso para el que no se espera discusión.
Los procedimientos de licitación pública y las subastas renovables estarán sometidos a los mismos criterios que establecerá Bruselas. Los países deberán aplicar criterios de sostenibilidad medioambiental y contribución a la integración energética en un mínimo del 30 % del volumen subastado ese año o un máximo de 6 gigawatios subastados al año por país.
La propuesta de Bruselas incluye el impulso a proyectos de instalaciones industriales, que tendrán la consideración de interés común para toda la UE. Así estas iniciativas tendrán que aprobarse en un plazo de 9 meses en el caso de las plantas que produzcan menos de 1 GW y en el plazo de un año para aquellas con una capacidad de producción superior.
La legislación fomentará la financiación a partir de los ingresos nacionales del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión para la mayoría de los proyectos estratégicos a través de la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa (STEP). Además, supone un paso hacia un fondo europeo de soberanía, una idea que ponía sobre la mesa el año pasado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen y que no llegó a concretarse.