Mientras Cristina Kirchner ya no sólo intenta resistir los embates de la Justicia, sino también los de cada vez más dirigentes y gobernadores del propio peronismo que sueñan con verla derrotada en las urnas, Mauricio Macri se prepara para disfrutar de una segunda luna de miel.
La primavera macrista asistirá a un florecimiento de mandatarios provinciales y legisladores de la oposición no kirchnerista y de no pocos sindicalistas dispuestos a anudar acuerdos de gobernabilidad, que permitan avanzar en reformas pendientes.
Junto a las encuestas favorables para el acto electoral del próximo domingo, al Gobierno ha vuelto a sonreírle la economía. La calificadora Moody's anunció que podría mejorar la nota de la Argentina. Aumenta la confianza del consumidor, por primera vez hay indicadores de que crece el consumo y señales de un boom del crédito hipotecario, una suerte de remake del voto cuota que tantas alegrías electorales les dio en otros tiempos a menemistas y kirchneristas.
Los pronósticos preelectorales sobre la futura composición del Congreso indican que, desde el 10 de diciembre, Cambiemos pasaría de sus 81 diputados actuales a alrededor de 105 sobre un total de 257, en tanto que sus 15 senadores de hoy se convertirían en 24, un tercio del cuerpo. Seguiría dependiendo de sectores de la oposición para sancionar leyes, pero necesitaría bastantes menos aliados que hoy.
Otro dato clave se destaca en la Casa Rosada: de confirmarse ese crecimiento parlamentario del oficialismo, la oposición casi no tendría posibilidades de rechazar el veto presidencial de leyes que no sean del agrado de Macri. La Constitución establece que las cámaras legislativas sólo podrán forzar al Poder Ejecutivo a promulgar un proyecto de ley vetado si insisten en él con dos tercios de los votos.
Varios de esos dirigentes justicialistas, como los jefes de los bloques del Senado, Miguel Ángel Pichetto, y de Diputados, Diego Bossio, han tendido puentes con el Gobierno. Exhiben su acuerdo con un blanqueo laboral y con dar un debate profundo sobre una reforma tributaria.
El propio Bossio se ocupa de recalcar que mientras la Argentina tiene un IVA del 21% cuya recaudación representa unos 7 puntos del PBI, Nueva Zelanda posee una tasa del 15% que implica un ingreso de 10 puntos de su producto.
La presencia protagónica de representantes de este sector de la oposición política y del sindicalismo en el reciente Coloquio de IDEA, en Mar del Plata, renovó las expectativas favorables para un diálogo fructífero. Nada, sin embargo, induce a pensar por ahora que el Gobierno abandonará el gradualismo para llevar a cabo reformas laborales o tributarias.
Hay un fuerte freno inhibitorio para cambios más profundos en materia sociolaboral: la preocupación central del Gobierno por desterrar el mito de que Macri gobierna para los ricos y que es sinónimo de insensibilidad social. Muchos gestos y acciones de los funcionarios macristas se han dirigido a dejar atrás esa creencia, fogoneada por el kirchnerismo.
Desde el sobreactuado distanciamiento del Presidente respecto de su padre, Franco Macri, hasta la aparente disposición oficial a considerar un impuesto a la renta financiera que asusta a los inversores y que podría terminar perjudicando hasta al principal mecanismo de financiamiento del Estado, pasando por la resistencia oficial a anunciar un ajuste en serio de la política y del sector público, van en ese sentido.
La tradicional encuesta de la consultora D'Alessio Irol entre los ejecutivos que asisten al Coloquio de IDEA arrojó un marcado optimismo económico. Sin embargo, también desnudó problemas en el mercado laboral. Mientras el 63% de los consultados estimó que, en los próximos 12 meses, aumentará la inversión en sus empresas, sólo el 48% dijo creer que incrementarán sus puestos de trabajo.
Se trata de un síntoma propio de las transformaciones mundiales. Puede que lleguen muchas inversiones, pero que sólo algunas contemplen la creación directa de empleos. En un mundo impactado por las nuevas tecnologías y la robótica, las economías pueden crecer sin generar nuevos puestos de trabajo.
Es éste uno de los dramas del siglo XXI y uno de los mayores desafíos para el mercado laboral. Por eso, dirigentes empresariales coinciden en que la audaz ley de flexibilización laboral de Brasil, que elevó el margen para la libertad de contratación, no debería resultarnos indiferente, en un contexto internacional muy competitivo, donde los países se disputan a los inversores externos.
Mientras los empresarios discutían sobre el futuro en un hotel de Mar del Plata, a escasos diez kilómetros, Cristina Kirchner realizaba su denominada "contracumbre", denunciando que aquéllos "quieren gente esclava que trabaje por dos mangos, 12 o 15 horas por día".
La estética moderada de la campaña previa a las PASO quedó atrás. Regresaron la crispación y los discursos apocalípticos de la ex presidenta, que ahora pretenden dar cuenta de la existencia de "listas negras" en el gobierno de Macri y sembrar sospechas sobre fraude.
A la campaña de victimización de la ex presidenta se suma la de la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, primera procuradora general procesada. Acusada de administración fraudulenta en perjuicio de Estado, Gils Carbó, debería mínimamente pedir licencia, si adoptara el mismo criterio que ella aplicó con el fiscal José María Campagnoli cuando se le inició un juicio político por investigar a Lázaro Báez. Pero la procuradora ha elegido resistir.
A diferencia de las primarias de agosto, Cristina Kirchner ya no busca seducir al electorado independiente que en 2015 votó a Macri en el ballottage sin haberlo apoyado en la primera vuelta. Ahora, su objetivo se limita a captar a quienes sufragaron por fuerzas de izquierda en las PASO. Su problema es que ese votante supuestamente progresista rechaza los escándalos de corrupción que hoy acorralan a la ex mandataria.
Su otro problema reside en las probables "traiciones" de no pocos jefes comunales bonaerenses que, conscientes de que la líder a la que prometieron lealtad empieza a ser presa de un final de época, podrían incentivar cortes de boletas para asegurar más votos a sus listas de concejales.
Las reuniones que mantuvieron algunos intendentes, como Gustavo Menéndez (Merlo), Santiago Maggiotti (Navarro) y Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), con el senador Pichetto, considerado el gran promotor del nuevo orden peronista y a quien Cristina Kirchner calificó como "traidor hijo de p.", según consta en una escucha judicial, es un indicador de la soledad que esperaría a la ex presidenta si es vencida por Cambiemos y a un movimiento nacional kirchnerista que podría quedar reducido a un puñado de intendentes.
Quizás la mejor jugada del cristinismo en la presente campaña ha sido evitar cualquier triunfalismo, como el que lo caracterizó antes de las PASO, y no ocultar las encuestas más favorables a su rival Esteban Bullrich, como una estrategia orientada a convencer a los votantes de Sergio Massa de que Cambiemos ya ganó, para que no cedan a la tentación del llamado "voto útil" con tal de impedir un triunfo kirchnerista.