El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha continuado su esquema de represión contra políticos opositores a los que persigue incluso estando en el exilio. Algunos son requeridos ante la Policía Internacional (Interpol), otros son vigilados por simpatizantes del Frente Sandinista que cruzaron la frontera con Costa Rica y hay a quienes les han negado los servicios consulares, advirtió el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
En el Informe sobre violaciones de derechos humanos en Nicaragua 2023, elaborado por el Departamento de Estado y publicado recientemente, señalan que hubo informes creíbles de que el régimen orteguista "intentó hacer un uso indebido de las notificaciones rojas de Interpol con fines políticamente motivados como represalia contra personas que consideraba opositoras, incluido el clero que se exiliaba".
Actualmente existen 69 nicaragüenses con notificaciones roja de la Interpol, de los cuales 55 fueron requeridos por el régimen orteguista.
Entre los nicaragüenses requeridos por Nicaragua están: Pedro Javier Fernández Sandoval, René Navarrete Rivera y Serapio Ramiro Fernández Rodríguez, quienes participaron en los tranques en 2018 y que el régimen acusa de asesinar a un Policía y un civil en el departamento de Río San Juan en el año 2022. Por ese crimen también están señalados, Reinaldo Picado Miranda, quien está detenido en Costa Rica, y Douglas Gamaliel Pérez Centeno, extraditado a Nicaragua el 16 de febrero de 2024.
Además, a inicios de marzo de 2024, el profesor y excarcelado político, Gabriel Putoy, denunció que un banco privado en Costa Rica se negó a abrirle una cuenta, mientras que otro le cerró una que había abierto meses atrás, después de que el régimen orteguista emitiera una orden de captura en noviembre de 2023 por el supuesto delito de obstrucción de funciones.
"Represión transnacional"
El informe también recoge la denuncia de los nicaragüenses exiliados, principalmente en Costa Rica, sobre "acoso y opresión política por parte de simpatizantes parapoliciales y del Frente Sandinista que cruzaron la frontera para atacar a los exiliados". Situación que Estados Unidos califica como "represión transnacional".
Además, indican que la Ley de Ciberdelitos ha permitido al régimen "utilizar la extradición internacional para perseguir a ciudadanos que viven en el extranjero", a quienes acusa de cometer los "llamados delitos cibernéticos".
Embestida contra familiares de exiliados
Otras formas de represión contra los opositores exiliados han sido las "amenazas, acoso, vigilancia y coerción" a sus familiares, señala el Departamento de Estado. Algunos —inclusive— fueron "detenidos y condenados injustamente como parte de los intentos del Gobierno de obligar a los miembros de la oposición exiliados a regresar al país y enfrentar arresto", subrayan.
Muestra de ello es lo sucedido con la exdirectora de Miss Nicaragua, Karen Celebertti, a quien la Policía acusó de financiar acciones terroristas y de conspirar en un complot respaldado por el extranjero para derrocar al Gobierno. Acusación que la llevaron a un exilio forzado junto a su hija. Días después, la Policía arrestó a su esposo y a su hijo bajo cargos similares. Ambos permanecieron detenidos hasta el 20 de diciembre.
Así mismo, el régimen ha negado "sistemáticamente" a los familiares de los exiliados "el acceso a documentos públicos, como certificados de nacimiento de niños bajo tutela conjunta o pasaportes. En varios casos, las autoridades exigieron que un padre que había sido exiliado por la fuerza por el gobierno estuviera presente para solicitar documentos públicos para los menores", continúa el informe estadounidense.
Además, indican que hubo "informes creíbles" de que las autoridades del régimen intentaron controlar la movilidad para tomar represalias contra ciudadanos en el extranjero negándose servicios consulares.
"Las autoridades de inmigración dentro del país y a través de oficinas consulares en el extranjero negaron el acceso a pasaportes a supuestos opositores políticos y a sus familiares, impidiéndoles viajar a un tercer país. Además, el gobierno –utilizando principalmente notificaciones por correo electrónico enviadas por las aerolíneas– negó la entrada a más de 40 ciudadanos que intentaban regresar al país", subraya el Departamento de Estado.