El Presidente Gustavo Peyro y varios de sus ministros llevan años afiliados a Sanitas Eps, la entidad de propiedad del español Joseba Grajales quien salio a respladar a sus empleados a raíz de la intervención con un video que grabó desde España. En este se compromete con la familia Keralty de que recuperaran el manejo de la EPS.
Gustavo Petro es cotizante desde hace una década y se vinculó cuando era congresista en el 2012, cuando además colocó a su familia como beneficiaria.
Bajo la sombrilla de Sanitas también están los ministros de justicia Néstor Osuna, quien está activo desde enero de 2000, el de defensa, Iván Velásquez, afiliado desde 2004, el de hacienda Ricardo Bonilla, desde 2012, la ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez, el de comercio Germán Umaña, la ministra de educación Aurora Vergara y el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo quien se afilió a esta EPS en 2008.
En la intervenida española también está la recién nombrada Fiscal General de la nación, quien la eligió como su EPS desde hace casi 20 años y el actual director de Prosperidad Social, el exsenador Gustavo Bolívar, activo en Sanitas desde 2016.
Por fuera de la EPS española intervenida por el gobierno están el ministro del interior Luis Fernando Velasco, quien es afiliado de Sura, la EPS de Seguros Suramericana que hace parte de las empresas del Grupo Empresarial Antioqueño. Velasco comparte EPS con la procuradora General Margarita Cabello afiliada allí desde el 1 de enero de 2008 y con exdirector del Dapre y actual ministro TIC Mauricio Lizcano.
Las ministras de vivienda Catalina Velasco y de ambiente Susana Muhamad González están afiliadas a Aliansalud, una EPS que es propiedad de la norteamericana United Heald Gruop, que tiene en su portafolio a Colmédica y la Clínica del Country.
En la EPS Compensar, dirigida por el odontólogo Andrés Barragán y que pidió ser intervenida para salirse del negocio de salud por cuenta de los problemas financieros que tiene desde hace algún tiempo, están afiliados la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica Flórez y el Transporte William Camargo, quienes de tomarse la decisión de también ser intervenida, también pasarán a ser responsabilidad administrativa del gobierno, un paso más para quitarle a los privados la prestación del servicio de salud.