FSIE, organización sindical independiente de enseñanza y de atención a personas con discapacidad, defiende que la ayuda de la financiación pública permitiría mantener un sector que lleva muchos años prestando este servicio a la sociedad y a sus familias, facilita la estabilidad de las empresas, mantener el empleo de las profesionales que trabajan en estos centros educativos compuestos en su gran mayoría por mujeres; y mejorar y dignificar sus condiciones salariales y laborales.
Federico Faus, secretario general de FSIE-Región de Murcia, pone como ejemplo a esta comunidad, donde la colaboración público-privada ha demostrado su eficacia para lograr la gratuidad de esta etapa educativa, además de garantizar la libertad de elección de los padres del tipo de centro que desean para sus hijos conforme a sus convicciones. "La supervivencia de los centros de educación infantil de 0 a 3 años y la permanencia y estabilidad de los puestos de trabajo de los profesionales de este primer ciclo de infantil pasa por la financiación pública de toda esta etapa de 0 a 6 años", ha señalado.
A nivel nacional, los datos publicados por el Ministerio de Educación reflejan que en el último año se han eliminado 48 centros, un 1,08 % de los centros privados que imparten Educación Infantil, mientras que se han creado 20 centros, un 0,44 % más de centros públicos. Esta diferencia cobra aún mayor dimensión en los últimos cinco años. Desde antes de la pandemia han desaparecido 220 centros privados, un 4,79% del total; en cambio, hay 46 centros públicos de Educación Infantil más, un 1,02 %.
En la Región de Murcia, la financiación de la etapa de 0 a 3 años se ha puesto en marcha este curso (2023-24) con la creación y financiación de aulas de 2 años en centros públicos y concertados. El próximo curso (2024-25) el Gobierno regional piensa ampliar de 4.500 a más de 7.500 plazas gratuitas para los alumnos de primer ciclo de Educación Infantil.
En concreto, se financiará un aula de 2 años en los 92 centros privados de educación infantil de 0 a 3 años y en 75 centros concertados. Se trata de 17 centros concertados más que el curso pasado, que incorporan un aula financiada de dos años en cada uno de ellos.
Esta oferta privada viene a reforzar la oferta pública ya existente en la Comunidad con las más de 60 escuelas infantiles municipales de titularidad de los ayuntamientos y las 14 escuelas infantiles pertenecientes a la Comunidad.
Jesús Pueyo, secretario general de FSIE a nivel nacional, sostiene que "la gratuidad en estos centros es una medida que contribuirá de manera decisiva a fomentar la natalidad y mejorar la conciliación familiar y laboral. Los problemas que se derivan del escaso número de nacimientos afectan a nuestra sociedad en muchos aspectos. Esta medida puede contribuir a detener el continuo descenso que arrastramos desde hace años".
FSIE pide también solucionar los problemas en los centros de titularidad pública gestionados de forma indirecta por empresas privadas. Por otro lado, FSIE sostiene que, en los centros de titularidad pública gestionados de forma indirecta por empresas privadas, es imprescindible dar solución a los graves problemas que desde 2021 están padeciendo los proveedores de bienes al sector público, con unos precios desfasados y que no han podido revisar en sus contratos a pesar de la progresiva y desmesurada escalada del IPC.
Jesús Pueyo, secretario general de FSIE, apunta que la Educación Infantil ha transformado su carácter asistencial en educativo y que acceder a este nivel en esta etapa es muy importante para el desarrollo del alumnado en etapas posteriores. Por ello, "hay que promover el acceso a la misma a través de la gratuidad consensuada entre el Ministerio de Educación y las Comunidades Autónomas un modelo de financiación para los centros privados sin ánimo de lucro que garantice la gratuidad y que sea lo más homogéneo posible evitando diferencias territoriales".
FSIE defiende como mejor modelo de financiación el concierto educativo ya existente en centros concertados para el ciclo 3-6 años y que conlleva el pago delegado para las trabajadoras. Para las familias que opten por centros privados sin financiación pública deberían existir otro tipo de medias como por ejemplo la desgravación fiscal.
"Si solamente la enseñanza pública es gratuita, no se tiene en consideración los derechos de toda la ciudadanía a poder elegir el tipo de centro que se considera más adecuado para sus hijos. Tampoco se cumple por parte de quien gobierna la obligación de realizar una gestión eficaz y eficiente de los recursos económicos públicos que son de todos y para todos, si en la planificación de la oferta educativa no se tiene en cuenta por parte de las administraciones a los centros privados de Educación Infantil", concluye Jesús Pueyo.
Campaña FSIE
Desde FSIE se ha puesto en marcha una campaña estatal informativa y de recogida de firmas para pedir a todas las administraciones, públicas con competencia en materia de educación, la extensión de la gratuidad a todos los centros de Educación Infantil 0-6 años – no solo en los centros públicos- y que la financiación que se destine a este fin sirva también para mejorar las condiciones laborales de sus profesionales.
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