Martes, 9 de abril 2024, 00:34
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El informe que incorporó al procedimiento del caso Mascarillas el fiscal Anticorrupción, Javier Ródenas, pidiendo la detención de Conrado Domínguez y su amigo, el comisionista Oswaldo Lastras, fue demoledor: el proceder del que fuera exdirector del Servicio Canario de Salud (SCS) inflando clandestinamente el precio de las mascarillas 3M en -al menos- 100.000 euros para favorecer en comisiones a su conocido fue «altamente corrupto».
El documento, al que ha tenido acceso en exclusiva este periódico, describe de forma minuciosa cómo se gestó el contrato fraudulento entre la empresa de coches RR7 United y el órgano de control de la Sanidad canaria, que acabó con cuatro millones perdidos y que no se han podido recuperar y ni una mascarilla en los hospitales públicos de las islas en el primer caso de corrupción por compra irregular de material contra la covid-19 instruido en España y que ahora está en manos de la Fiscalía Europea.
Ródenas, como adelantó CANARIAS7 el pasado 22 de marzo, elevó un informe de 41 folios el 8 de noviembre de 2022 cuando la causa estaba secreta, en el que interesó la detención y entrada y registro en los domicilios y lugares de trabajo de Conrado Domínguez y Oswaldo Lastras, además de la incautación de sus móviles y volcado de sus correos y nubes virtuales de datos. Una diligencia que denegó el magistrado instructor de la causa, el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, Francisco Javier García García-Sotoca.
Francisco Suárez Álamo
En el documento, Javier Ródenas determina que «aceptar inflar el precio de un contrato público de suministro como medio para lograr un beneficio económico que remunere a un amigo es un comportamiento altamente corrupto», apunta y, además, «es desleal en la correcta gestión del manejo de los fondos públicos por pagar un sobreprecio con la única finalidad de remunerar a una persona amiga». Todo ello, añade el fiscal, «valiéndose» Oswaldo Lastras «de esa relación de amistad» para la «consecución de contratos públicos de suministro de material sanitario en la época de pandemia».
No tiene dudas el fiscal a la hora de afirmar con rotundidad que entre Conrado Domínguez y su amigo Oswaldo Lastras pactaron «la fijación de un precio muy elevado al tipo de mascarilla FFP2» contratada anteriormente desde el propio SCS. Una circunstancia que «ello vendría motivada por la existencia de un concierto de voluntades de los investigados para permitir el cobro de comisiones con cargo a los fondos públicos».
Todo ello, con la agravante de que el tipo de producto sanitario «era necesario» tal y como figuraba en los correos electrónicos enviados por la también investigada, la exdirectora general de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez en mayo de 2020. A esto hay que añadir, abunda el fiscal Anticorrupción, que el importe «era el más elevado» y la empresa adjudicataria RR7 United «carecía de solvencia técnica y financiera».
Datos todos ellos que, a su juicio, «evidencian y corroboran el cargo con menoscabo del gasto público como medio para permitir el lucro de alguno de los intervinientes». Unas ganancias cuantiosas «que pactaron clandestinamente entre ellos sin que exista documento alguno en el que se cifre la cuantía que supuestamente iban a recibir de la partida presupuestaria de cuatro millones de euros asignada para la ejecución del millón de mascarillas 3M Modelo 1860 N95» que nunca llegaron a los profesionales sanitarios del archipiélago.
En definitiva, para Javier Ródenas existían «variados indicios de que el verdadero motor que accionó la adjudicación» del contrato a la mercantil RR7 United Limited SL fue «la amistad de Oswaldo Lastras Medina con Conrado Jesús Domínguez Trujillo».
El fiscal habla de un «trato de favor a un amigo como medio para lograrle un beneficio económico por la consecución del contrato aceptando un incremento del precio del material sanitario a suministrar a los hospitales públicos».
Este «trato de favor» lo protagonizó «quien fuera miembro del Comité que asumió la compra centralizada del material sanitario y, posteriormente, designado director del Servicio Canario de la Salud».
Un Conrado Domínguez que «presionó» a la investigada Ana María Pérez «para que efectuase el segundo pago» del contrato sin garantías de que iban a recibir la mercancía y mostró un gran «interés en que se hiciese» dicha transferencia «haciendo un seguimiento del asunto» cuando ya fue nombrado responsable del SCS en septiembre de 2020.
Francisco Suárez Álamo
«Existen datos objetivos e incuestionables por su notoriedad que evidencian el quebranto de la buena administración» en el proceder del alto cargo del Gobierno de Canarias ya que, según el fiscal, no hizo el mínimo esfuerzo para «promover un mínimo de concurrencia, comprobar que el adjudicatario tenga aptitud para contratar y obtener el menor precio que sea adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato atendiendo a las condiciones del mercado».
El riesgo de incumplimiento por parte de RR7 United «era apreciable por cualquiera que hubiera operado con un mínimo de diligencia», pero eso para Ródenas no fue «lo decisivo». «La clave desde el punto de vista del comportamiento doloso exigible en el delito de malversación de caudales públicos es que ese riesgo fue advertido por funcionarios públicos con rango y poder de decisión», como fueron las jefas de servicio de contratación «quienes habían tramitado y resuelto satisfactoriamente más de una decena de contratos de suministro de emergencia», tal y como declararon ante el instructor.
En síntesis, hubo un notorio «perjuicio» para las arcas públicas «en el abono de un suministro cuyo precio se infló para pagar la comisión» que iba destinada a un amigo de Domínguez, en una «deficitaria administración del patrimonio público» por parte del alto cargo «permitiendo que el adjudicatario del servicio se lucrase» por ser amigo del responsable de este área.
Francisco Suárez Álamo
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