Melilla, 9 abr (EFE).- El Consejo de Gobierno de Melilla ha aprobado su personación en la operación Santiago-Rusadir, que investiga presuntos delitos relacionados con la corrupción durante la anterior legislatura, en la que el Ejecutivo estaba en manos de Coalición por Melilla (CPM), PSOE y Eduardo de Castro (expulsado de Cs).
En rueda de prensa, el portavoz accidental de la Ciudad Autónoma, Daniel Conesa, ha anunciado este acuerdo del Consejo de Gobierno, ya que considera que podría haberse producido un presunto menoscabo de los fondos públicos por los "presuntos graves delitos" que investiga el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla.
"El Gobierno tiene la obligación de velar por la buena utilización de los fondos públicos y por exigir el resarcimiento de los daños que se hubiesen podido producir, presuntamente, por esa actuación que los juzgados están describiendo de miembros del Gobierno anterior y del partido que los sustentaba, CPM", ha justificado Conesa.
El también consejero de Hacienda ha dejado claro que el Ejecutivo "no va a tolerar" el importante perjuicio a los fondos públicos que se podría haber producido por los hechos que se investigan, relacionados con una presunta adjudicación fraudulenta de contratos menores para la compra de votos para "pervertir" las elecciones, lo que el PP cree que ya se produjo en las municipales de 2019.
Conesa ha asegurado que respetan la presunción de inocencia, algo "fundamental" y que "no tuvieron, entre otros, estos señores de CPM en otras épocas", pero ha defendido el "perfecto derecho" que tiene el Gobierno de Melilla de personarse en este caso y adoptar las medidas necesarias para defender los fondos públicos y a los melillenses, objetivo en el que serán "muy estrictos".
De hecho, ha recordado que el PP ya lo hizo en la pasada legislatura, en la que estuvo en la oposición, desde donde denunciaron lo que consideraban "muchos usos incorrectos" de la contratación menor del Gobierno de Melilla, entre ellos, la veintena de contratos menores para un concierto del artista Morad que organizaba un promotor privado "que nadie le obligó a hacer".
"Ahora se están viendo las consecuencias de que muchas cosas que decíamos nosotros no eran inventos, desgraciadamente", ha agregado el consejero de Hacienda, que ha explicado que buena parte de esos contratos menores adjudicados por el anterior Gobierno ha tenido que pagarlos desde su consejería.
Según ha informado, esos contratos "formalmente cumplían con los requisitos establecidos en los presupuestos y llevaban un informe de legalidad del secretario técnico correspondiente", si bien se ha elaborado un informe detallado que podría ser aportado al procedimiento judicial.
Por su parte, el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha considerado que el PSOE, socio político de CPM en la pasada legislatura, "debería pedir perdón por no haber visto o por haber consentido" la gestión de sus compañeros de Gobierno que ahora está siendo objeto de una investigación judicial.
"El PSOE estaba ahí sentado y ha estado cuatro años sin problema hasta el último minuto con un presidente que no era presidente, que servía ahí de tapadera para todo esto, y con un PSOE que miraba para otro sitio", ha criticado Imbroda a preguntas de los periodistas.
De ahí que Imbroda haya instado al PSOE a tener "un poquito de humildad" y "hacer una autocrítica" en lugar de mostrar "un cinismo impresionante" con sus críticas a la decisión del Gobierno de Melilla de personarse en este procedimiento judicial. EFE
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