Macri está convencido de que los agentes del grupo Albatros no mienten. Que tiraron en defensa propia respondiendo a disparos con armas de fuego, y que entre 15 y 20 individuos violentos, armados con lanzas, cuchillos, piedras y boleadoras, intentaron matarlos. "Esto va a terminar igual que lo de Santiago Maldonado.
Tarde o temprano, se va a saber que los Albatros actuaron en legítima defensa. Y que Rafael Nahuel formaba parte de ese grupo violento. Al final todo este desbarajuste va a generar un profundo cambio cultural", me dijo una alta fuente del Ministerio de Seguridad.
Macri no termina de entender al juez federal Gustavo Villanueva. Está convencido de que fue Villanueva quien pidió al Estado la presencia de las fuerzas de seguridad para evitar que quienes se dicen pertenecientes a la comunidad mapuche ocuparan tierras pertenecientes a Parques Nacionales.
Y que el propio juez lo pidió "antes de fin de año porque quería demostrar autoridad" y conceder la extradición de Jones Huala, para que lo juzgue un magistrado de Chile. No se explica Macri por qué, según él, Villanueva volvió sobre sus pasos.
Quiere que "la Argentina vuelva a la cordura" a propósito de la cuestión mapuche, pero también cuando habla de las reformas económicas, laborales y jubilatorias que empezaron a aprobarse esta semana.
Y no sólo con eso. "Está dispuesto a ir contra el propio Hugo Moyano, si acaso fuera necesario", me aseguró un miembro de la llamada mesa chica que ve al Presidente casi todos los días.
¿Pueden interpretarse los allanamientos que incluyeron la detención del vicepresidente de Independiente, Noray Nakis, y del ex guardaespaldas del propio Moyano, Roberto "Polaco" Petrov, como un tiro por elevación al líder camionero?
Sostienen fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación y del Ministerio de Seguridad de la provincia que, en este caso, Moyano prestó "colaboración logística" a la investigación.
Que "hasta ahora" no intentó proteger ni al barrabrava y presunto jefe de la Asociación Ilícita Pablo "Bebote" Álvarez ni a Nakis ni a Petrov. "Al contrario: habilitó todas las cámaras de seguridad del club y se puso a disposición de la Justicia", confirmaron.
La investigación que culminó con los allanamientos de las últimas horas se inició hace seis meses. ¿Acaso Moyano no sabía lo que sucedería? "Eso es información confidencial. No puedo responder", se excusó un alto funcionario que participó de la movida. Pero aclaró: "Hace tiempo que "el Polaco" abandonó a Hugo y se dedicó a hacer negocios por su cuenta".
La pregunta del millón es si el actual presidente de Independiente está en la famosa lista de argentinos que, según el Presidente, si se los enviara en una nave espacial a la Luna, la Argentina sería otro país.
En el verano de 2016, Macri sostenía que Moyano parecía "más moderno" que sus hijos Pablo y Facundo. Fue después de una discusión que mantuvieron sobre el proceso de digitalización y la necesidad de que los bancos y las empresas que distribuyen las facturas de los servicios públicos dejaran de hacerlo a través de cartas físicas cargadas en camiones.
El Presidente le planteó que en pleno siglo XXI nadie con dos dedos de frente podía oponerse al abandono del uso del papel. "Por razones ecológicas y económicas también" intentó convencerlo. Para sorpresa de Macri, Moyano no le dijo que se oponía. Solo le pidió un plazo para "readecuarse".
Con el paso de los meses y después de varios encuentros, el Presidente empezó a sospechar que Moyano padre intentaba "patear la pelota para adelante". Y todavía más: que pretendía "tomarle el tiempo". Alguien que interpreta al Presidente como pocos me explicó: "Mauricio al principio le creyó cuando Hugo le decía que su hijo Pablo es muy difícil de contener y controlar. Pero día tras día empezó a notar que lo usaba para hacer un doble juego".
¿Macri está decidido a hacer algo que no pudo o no quiso hacer Néstor Kirchner, algo que intentó hacer Cristina Fernández pagando un alto costo político?
El Presidente, para ser más concretos, ¿soportaría un enfrentamiento directo con el sindicalista más poderoso de la Argentina? Responde un ministro del gabinete nacional: "Si la investigación sobre el vínculo entre la barra brava de Independiente con el sindicato de camioneros avanza, es muy probable que algún arrepentido involucre a Pablo Moyano, a Hugo Moyano o que aparezca algún papel o alguna escucha que lo mencione".
Quienes brindan información sensible al jefe del Estado sostienen que Moyano tendrá que explicar la relación que mantiene con Patricio Farcuh, accionista mayoritario de OCA. En especial, la ayuda económica del sindicato a una empresa que estaría "virtualmente quebrada". OCA tiene un problema perecido al de Cristóbal López con la AFIP.
Debe al Estado más de 3000 millones de pesos. No por el impuesto a la transferencia a los combustibles que embolsó, como López, sino por las contribuciones patronales y cargas previsionales que no pagó. Farcuh y Moyano han tratado de llegar a lo más alto del poder para encontrar una salida.
Pero, hasta ahora, se han encontrado con dos barreras infranqueables. Una, la del propio jefe del Estado, quien repitió, cada vez que le preguntaron, que no iba a hacer nada fuera de la ley. La otra, con al máximo responsable de la AFIP, Alberto Abad, quien, se sostiene, no va a facilitar ninguna moratoria que pueda ser interpretada como un favor político.
"Ni para Cristóbal ni para Moyano ni para nadie", explicaron fuentes de la AFIP. En el medio de semejante juego de poder, pasó casi desapercibido el pedido de embargo del fiscal Franco Piccardi contra el primo del Presidente, Ángelo Calcaterra, por más de 54 millones de pesos.
La solicitud se extendió a José López, el hombre de los bolsos con 9 millones de dólares y ametralladoras; Ricardo Jaime, el ex valijero de Néstor; Manuel Vázquez, testaferro de Jaime; Jorge "Corcho" Rodríguez; Javier Sánchez Caballero, ex CEO de Calcaterra, y varios altos directivos de Odebrecht.
Sospechado por haber sido simpatizante de Justicia Legítima, Piccardi no hizo más que investigar una denuncia de Graciela Ocaña. Las evidencias sobre el direccionamiento de la concesión del soterramiento del Sarmiento y la existencia de una consultora trucha y cuentas en paraísos fiscales a través de las cuales se pagaron coimas son incontrastables.
Piccardi, junto con el juez Marcelo Martínez de Giorgi, amenaza con transformar este expediente en la punta del iceberg para investigar gran parte de la cartelización de la obra pública nacional. Decenas de grandes empresarios tiemblan. Y el Presidente preferiría que su primo no la pasara mal. Pero ya le comunicó que no va a mover un dedo si es procesado y condenado.