Debemos de sentirnos privilegiados por haber nacido en Europa, pero esta inmunidad no nos da derecho a ser egoístas y a cerrar oportunidades a personas que las necesitan y que no merecen menos que nosotros por el simple hecho de haber nacido en otro país y continente.
Alba García López-Navarrete
Defensora de los derechos humanos
Desde la llegada en 2022 al gobierno italiano de la ultraderechista Giorgia Meloni con su partido Fratelli d'Italia, han sido implantadas una serie de medidas en materia migratoria que han obligado a alzar la voz a la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, quien afirmó que se debería de derogar o modificar el nuevo decreto antiinmigración («Disposiciones urgentes en materia de flujos de entrada legal de trabajadores extranjeros y de prevención y lucha contra la inmigración irregular»).
Meloni, tras la llegada masiva de inmigrantes a la isla de Lampedusa, decidió crear numerosas normativas en materia de migración con el fin de obstaculizar su entrada a Italia. Es sorprendente la rapidez con que ha conseguido crear, por ejemplo, centros de permanencia desde los que todas estas personas esperan su expulsión del país.
Para hablar del Decreto sobre Inmigración y Seguridad Pública tenemos que echar la vista atrás y recordar que, en 2021, 1 373 personas que iban con destino a Italia desaparecieron en el mar por causas desconocidas. En junio, veintiún países europeos tuvieron que reubicar a 10 000 solicitantes de asilo en Italia, ya que el Gobierno italiano decidió no hacerse cargo de ellos, y tampoco quiso facilitar un puerto seguro para el desembarco de cientos de personas rescatas por diferentes ONG. En diciembre, el gobierno de ultraderecha aprobó una ley que restringía las actividades de las ONG a la hora de ayudar y salvar en el mar las vidas de personas provenientes del continente africano, y, además, se obligaba a los barcos de salvamento de las ONG a solicitar un puerto para el desembarco con riesgo de rechazo y con la posibilidad de que este puerto fuese lejano a su localización. Dicha ley también exigía que, en el momento en el que personas rescatadas se encontrasen a salvo en el barco de las ONG, estas debían de informar inmediatamente al gobierno italiano de cuantas de esas personas tenían la intención de solicitar asilo. Se debe añadir que estos decretos amenazan a las organizaciones que ayudan a las personas vulnerables con sanciones administrativas, multas e incluso con la incautación temporal o indefinida del barco.
A causa de este miedo irracional hacia todas estas personas que se juegan la vida en el mar, se aprobó el Decreto-Ley 20/2023, en el que introducen nuevas medidas penales, como la creación de un nuevo tipo penal denominado «muerte o lesiones como consecuencia de delitos relacionados con la inmigración clandestina», en el cual se prevén penas de 10 a 20 años por lesiones graves a una o más personas, de 15 a 24 años por la muerte de una persona y de 20 a 30 años por la muerte de varias personas. También aparece como delito la entrada y permanencia ilegal, penado con una multa de hasta 10 000 euros. Por si fuera poco no tener la ayuda del gobierno del país de destino, tampoco podrán obtener la ayuda de sus ciudadanos, ya que se pena el alquiler de pisos o habitación a extranjeros irregulares con hasta tres años de cárcel a los propietarios de las viviendas.
Y os preguntaréis, ¿qué opina la Unión Europea? Pues, lejos de tomar medidas contra el gobierno de Italia, Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, lo ha apoyado anunciando una serie de medidas restrictivas y de control y otras como:
Todas estas medidas las podemos encontrar plasmadas en el Nuevo Pacto sobre la Migración y Asilo «para poder adaptarse a los periodos de crisis migratorias de la manera más eficiente».
Debemos de sentirnos privilegiados por haber nacido en Europa, pero esta inmunidad no nos da derecho a ser egoístas y a cerrar oportunidades a personas que las necesitan y que no merecen menos que nosotros por el simple hecho de haber nacido en otro país y continente.
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