LA durmiente oposición andaluza ha logrado desperezarse al señalar varios casos en los que altos cargos de la Junta de Andalucía, unos en ejercicio y otros destituidos bajo el eufemismo de la dimisión por motivos personales, ponen bajo sospecha de corrupción algunas decisiones del Gobierno del PP.
La reacción del Consejo de Gobierno autonómico no ha sido la misma según el caso, un matiz muy a tener en cuenta. Mientras defiende que no hay ninguna irregularidad en las contrataciones del todavía director de Turismo y Deporte, Lisardo Morán, toma distancia con el ex viceconsejero de Salud, Miguel Ángel Guzmán, y la supuesta vulneración de la ley de Incompatibilidades andaluza por su fichaje –aplazado anoche– por una aseguradora.
A estos dos casos hay que sumar la conexión con el caso Rubiales por las supuestas comisiones ilegales que habrían cobrado el ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol y otros investigados.
Desde San Telmo se han esforzado en defender que Morán se abstuvo de participar en el proceso de contratación de una empresa para la que trabajó y que sólo intervino al firmarla, una vez seleccionada, porque es quien tiene la potestad de hacerla. Aun así, el caso ha ido a la Oficina Antifraude denunciado por el PSOE-A.
En el caso de las obras del estadio de la Cartuja, la Junta patrocinó una serie de eventos deportivos que convenió con la RFEF. Pero se desconoce el tenor literal del texto del convenio y si éste daba carta blanca a Rubiales y los suyos para decidir a quién se contrataba, una constructora acusada de pagar las mordidas a la cúpula del fútbol patrio, con dinero cuyo origen es el Presupuesto de Andalucía. Poca broma.
El más grave es el caso de Salud, principalmente, porque el cese simultáneo del ex viceconsejero y del ex gerente del SAS, que dimitieron el mismo día por motivos personales, no se ha explicado en absoluto. Es necesario conocer el porqué de esos ceses y si detrás de ellos hay razones que alarmaron al Ejecutivo andaluz.
El PP debe tener muy claro que, si realmente quiere ser el Gobierno del cambio en la Junta, ha de llegar al fondo de cualquier sospecha de corrupción. Su obligación es demostrar o que no hubo nada reprochable –penal o administrativamente– o denunciar a los responsables si la conclusión es la contraria. Tomarse a la ligera, considerarlo algo menor o soslayar esa obligación acabaría con el idilio que aún mantiene con el electorado andaluz.