La jueza Carolina Cáceres Moreno consideró probados los hechos de violencia de género ejercidos por el arzobispo de Salta Mario Antonio Cargnello, el sacerdote Lucio Ajaya, el obispo emérito Martín de Elizalde y el vicario judicial Loyola Pinto y de Sancristóval, en perjuicio de las religiosas Carmelitas Descalzas del Convento San Bernardo. En ese marco, ordenó mantener la prohibición de acercamiento y que los acusados se sometan a tratamiento psicológico y se capaciten en cuestiones de género.
La abogada Soledad Deza, integrante de la organización Mujeres por Mujeres que participó del proceso judicial como amicus curiae, aseguró que "es una sentencia emblemática por la coyuntura política" y por los fundamentos.
Detalló que entre las violencias que se dieron por probadas hubo violencia física, dado que "una de las monjas es agarrada de la boca para que se calle", violencia económica y psicológica. "Todos comportamientos propios de una relación asimétrica de poder", aseguró.