Este miércoles, Amnistía Internacional presentará su informe mundial sobre "La situación de Derechos Humanos en el Mundo", en el cual se recoge lo que está ocurriendo en esta materia en los más de 150 países que analiza el organismo.
Chile figura entre los países examinados durante el último informe, el cual levanta una serie de evaluaciones en materia migratoria, uso de la fuerza de parte de los agentes del Estado, entre otros apartados. Rodrigo Bustos, director de Amnistía Internacional en el país, sostiene que la organización "tiene una mirada global y también de América Latina, donde tenemos muchas preocupaciones, especialmente respecto de la situación de los civiles en los conflictos bélicos".
¿Y en Chile, cuáles son las principales conclusiones?
En Chile lo que hemos señalado es que instamos al Presidente Gabriel Boric a retomar con fuerza el rumbo de su programa de gobierno, que sin lugar a duda era muy ambicioso en diversas materias de derechos humanos. Y por cierto que han habido algunos avances relevantes, como el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Detenidas y Desaparecidas, pero creemos que el gobierno está al debe en diversos temas, como por ejemplo, una ley de reparación integral para las víctimas de violaciones de derechos humanos del estallido, una reforma policial profunda y también creemos que se debe cambiar el rumbo en relación a la política migratoria, donde ha habido una agenda legislativa que ha implicado recortes en los derechos de las personas migrantes.
Uno de los puntos de este informe es sobre la Ley Nain-Retamal. ¿Cómo evalúan la aplicación de esa normativa?
Sin lugar a dudas, esta ley representa el retroceso más importante en derechos humanos a nivel legislativo de los últimos años, porque básicamente busca significar un cheque en blanco para la actuación de las policías. Después de alrededor de un año de entrada en vigencia, tenemos información de que se aplicó en un caso y que hay varios otros casos en los que eventualmente podría aplicarse, no solo casos posteriores a su entrada en vigencia, sino también anteriores, aplicándose retroactivamente, lo que puede eventualmente significar impunidad en varios casos de violación a los derechos humanos desde el estallido social.
En materia de seguridad también cuestionan en su informe que no se ha avanzado en una reforma a las policías. ¿Por qué?
El gobierno tenía en su programa realizar una refundación de Carabineros. Hoy, después de dos años de iniciado el gobierno, por cierto, no se ha producido una refundación, pero tampoco una reforma profunda como la que recomendamos cuatro organismos internacionales posterior al estallido social, desde antes incluso que se hablara de la necesidad de una reforma tras el megafraude en Carabineros o los casos de corrupción en la PDI. Y en general una policía que no tiene todas las herramientas incluso para poder enfrentar la delincuencia actual y el crimen organizado. Es por eso que hemos planteado que es absolutamente fundamental una reforma profunda a las policías. Esperamos que el gobierno retome ese compromiso de campaña y de su programa.
Uno de los puntos mencionados en el informe es sobre la falta de avances en la mesa de reparación de víctimas del estallido social. ¿A qué se debe esa evaluación?
En el contexto del estallido social lo que correspondía y corresponde aún es que se lleve adelante una política para reparar integralmente a las víctimas de violación de derechos humanos. Eso no se ha llevado a cabo después de un proceso que fue participativo con las propias víctimas y lo que ha existido en cambio es esta mala política de las pensiones de gracia que no está pensada para justamente reparar integralmente la violación de los derechos humanos.
¿Qué se debe hacer, entonces?
Se requeriría por parte del gobierno avanzar en una política en que podamos tener claro a quién hay que reparar respecto de cuáles violaciones a los derechos humanos; qué tipo de reparaciones tendrán, por cuánto tiempo serán y si esto se revisará a través de un proyecto de ley o a través de una política pública administrativa. Eso todavía falta, era un compromiso de gobierno y desde Amnistía Internacional instamos al gobierno del Presidente Boric a retomar ese compromiso y esa obligación del Estado por las vulneraciones que se cometieron.
¿O sea que no se ha hecho cargo del tema?
La verdad es que nuestra opinión es que por cierto hay compromisos incumplidos por parte del gobierno especialmente respecto de las víctimas del estallido social, por una parte, porque no se ha avanzado una política de reparación integral y por otra parte respecto de una reforma policial que también era un compromiso. Nuestro llamado al gobierno es que recupere su programa en estas materias que sin lugar a duda era acorde a las obligaciones internacionales del Estado y que lamentablemente al menos hasta ahora no se ha cumplido.
Otra de las materias que aborda su informe es sobre la implementación de medidas migratorias. ¿Cómo evalúan la aplicación de estas normas?
Estamos muy preocupados por, fundamentalmente, dos cosas. En primer lugar, respecto de una narrativa creciente tanto de algunas autoridades del Estado y los medios de comunicación que simplemente llegan a asociar la delincuencia con el hecho de que haya personas extranjeras en el país. Por cierto, que hay actos graves de delitos que han sido realizados por personas extranjeras, pero eso no puede llevarnos a que simplemente de manera automática se asocie migración con delincuencia, por una parte y, en segundo lugar, que esto conlleve una agenda legislativa que es también vulneradora de los derechos de las personas migrantes.
Mencionan la política migratoria anunciada por el gobierno. ¿Qué visión tienen de aquello?
Creemos que hay algún avance en ella, pero sigue pendiente una exigencia que está en la Ley de Migración de poder avanzar en algunas fórmulas de regularización, porque tener a miles de personas en nuestro país no regularizadas es el peor de los mundos, porque no se permite su inserción adecuadamente, incluso de personas que llevan varios años viviendo en nuestro país y aportando el desarrollo económico.
Y aplicar medidas como, por ejemplo, el empadronamiento biométrico, ¿son correctas?
Creemos que no es finalmente una medida que vaya al fondo de abordar la migración como una herramienta que puede ayudar al desarrollo de nuestro país y es fundamental sobre todo que se avance en alguna fórmula de regularización. Eso por cierto sería lo más importante en esta materia.
¿Qué es lo que está pendiente en el país? Ustedes mencionan los derechos reproductivos de las mujeres, derechos de las personas LGBTI, entre otros...
Además de la deuda relacionada con el estallido social y también la necesidad de que se cambie el giro a nuestro juicio en la política migratoria, nos parece importante por cierto avanzar en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como tener una legislación del aborto más amplia. Y por cierto creemos también que es importante avanzar en toda la agenda de derechos humanos respecto a las personas tradicionalmente discriminadas.