Un corte de la Corte para Cristóbal López
En estas horas, la Corte Suprema decide si cierra una de las dos puertas que Cristóbal López ideó para salir del pantano en el que él mismo se ha metido.
Artículo extraído del diario Clarín - Por Ricardo Roa
Artículo extraído del diario Clarín - Por Ricardo Roa
Después de años con el horóscopo del poder a su favor, al zar de las tragamonedas pueden complicársele definitivamente los astros.
El pantano es una deuda de más de 8.000 millones de pesos por impuestos a los combustibles que la empresa Oil recaudó a cuenta de la AFIP y que nunca transfirió a la AFIP. Y la puerta de salida es un concurso de acreedores que le permitiría a López cancelar esa deuda en comodísimas 96 cuotas, más una condonación. Clinck, caja. Y a seguir los negocios.
Para contar esta historia judicial en unos pocos párrafos:
-Después de quedarse con la plata gracias a la vista gorda de la AFIP de Echegaray, López cambió el domicilio de Oil Combustibles. Quiso llevar la convocatoria a jueces amigos del sur. Cambió el gobierno y se le pinchó la bicicleta. La AFIP se opuso al traslado y rechazó el concurso porque López tenía suficiente dinero para pagar.
-La Corte resolvió que el tema se tratara en la Justicia Nacional. Cayó en manos del juez Vitale. Una Cámara Comercial falló dos cosas. Una a favor de López: que el concurso siga. Otra, en contra o eventualmente en contra de López: que el juez investigue si fue válida la convocatoria.
-En paralelo, la AFIP se presentó en queja ante la Corte: pidió la nulidad del concurso. Es lo que ahora terminará de despejarse: si el concurso sigue vivo o se cae. Si se cae, la deuda recobrará su condición de exigible.
Hay otras historias de López en los Tribunales. Y una que también lo tiene contra las cuerdas. La escribe el juez Ercolini y puede llevarlo a la cárcel.
Como a la otra, la impulsa la AFIP. La acusación es y suena familiar: fraude en la apropiación de impuestos.
Son los de Oil pero también es la deuda por los peajes de la autopista Ezeiza-Cañuelas y unos 300 millones de pesos de aportes patronales que retuvo y no aportó.
Ercolini embargó empresas y bienes personales de López y de sus socios y espera una resolución de la Cámara de Casación sobre si la causa pasa a un juez federal económico o sigue en sus manos, como pretende la AFIP para evitar otro eventual escape de López en una moratoria.
La puerta de salida que aquí imagina López es de una hoja: deshacerse de las empresas.
Tiene dos problemas. Uno es judicial: no puede venderlas mientras el juez mantenga la inhibición. El otro es político: el Gobierno se niega a hacerle un guiño a la transferencia del grupo a fondos de inversión.
Ni auxilio ni gesto político: lo oyó del propio Macri el corredor de rally Orly Terranova, un mendocino del Pro que encabezó un mes atrás un desembarco frustrado. Terranova es amigo de López y tiene amigos en el Gobierno.
El plan capotó como parece capotar uno nuevo que improvisó Ignacio Rosner, al frente de otro grupo inversor con asesoramiento de los abogados de Mindlin, dueño de Petrobras, y también con amigos en el Gobierno.
Rosner se ha hecho cargo de las empresas de López. Le mandó a Ercolini un informe sobre la operación que el juez ni siquiera leyó.
Antes, el mismo López había enviado a su abogado Beraldi ante el juez con el mismo fin y el mismo resultado.
La negociación está puesta ahí. Pero la mirada está puesta en lo que hará la Corte.