El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, asegura que hasta finales de febrero se habían adjudicado 34.000 millones en fondos Next Generation, casi la mitad de los más de 70.000 millones de la primera fase del Plan de Recuperación. Un bajo porcentaje que en palabras del propio ministro hace necesario "seguir aumentando la agilidad y reducir las barreras administrativas" en la gestión de la ayuda.
Un mensaje más que comprensible habida cuenta de la marcada ralentización en el despliegue de estos fondos claves para modernizar e impulsar la economía en sus apenas tres años de desarrollo. Un retraso que, lejos de revertir, aumenta. Así lo indican los datos procedentes de la Intervención General del Estado (IGAE) que desvelan que el pasado 2023 marcó el ritmo más bajo de ejecución tanto en términos porcentuales como en millones de euros. En 2021 y 2022 el porcentaje de ayuda presupuestada que llegó a movilizarse fue del 45% y el 40%, respectivamente, superando en ambos ejercicios los 11.000 millones. Pero el pasado año, de los casi 36.000 millones previstos, solo se desplegaron 9.900 millones, un 27% del total. Sin duda, los cuatro meses en los que el Ejecutivo se mantuvo en funciones pesaron sobre la ejecución de los NextGen. Pero no debe perderse de vista, el retraso acumulado en años precedentes por problemas aún sin resolver como la burocracia, la falta de personal, la excesiva regulación y los fallos en las plataformas informáticas de gestión. Un cúmulo de factores que provocan que buena parte de los fondos no lleguen a las empresas y a la economía real. Como el ministro dice, urge acelerar la ejecución de esta ayuda que, además, es fundamental para impulsar la inversión.