San Juan, 9 abr (EFE).- El Gobierno de Puerto Rico tiene hasta este viernes para entregarle a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) datos e información sobre los aumentos salariales que concedieron en los pasados 180 días a un sinnúmero de funcionarios de confianza pese a la crisis económica que existe en la isla.
Así lo exigió en una carta que envió el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, a varios altos miembros del Gobierno local, entre ellos el secretario de Estado y director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Omar Marrero.
La misiva surge varios días después de que el gobernador Pedro Pierluisi confirmara y justificara dichas alzas salariales a empleados de confianza, al alegar que la remuneración económica a los supervisores debía aumentarse y que los sueldos tenían que ser competitivos con la empresa privada.
Además, el primer ejecutivo estableció que hacen falta más ajustes salariales a puestos de confianza para lograr dicha competitividad.
Ante ello, Mujica advirtió en su carta que "cualquier aumento salarial para los empleados de confianza implementado fuera del proceso presupuestario y sin la aprobación previa de la Junta Fiscal sería contrario a la autoridad fiscal y presupuestaria de la Junta, según establecido en la Ley Promesa".
Dicha ley fue firmada el 30 de junio de 2016 por el entonces presidente de EE.UU., Barack Obama, con el objetivo de liquidar una deuda pública de Puerto Rico de 70.000 millones de dólares que amenazaba con su colapso.
Mientras el ente fiscal espera a que Pierluisi le dé toda la información pública sobre el aumento de sueldo a sus empleados de confianza, esta dijo que espera continuar trabajando con él "para contar con sistemas financieros adecuados que puedan brindar visibilidad total y garantizar controles financieros y fiscales".
Por su parte, el exsenador y actual aspirante al Senado por acumulación por el opositor Partido Popular Democrático, Carlos Díaz, dijo este martes en un comunicado que la carta de la JSF surge como consecuencia directa de las denuncias públicas que hizo sobre ascensos en el Departamento de Educación y el Negociado de Bomberos.
Díaz alegó el pasado 24 de marzo que Pierluisi y su campaña habían establecido un esquema de financiamiento de campaña política con fondos públicos mediante el beneficio de sueldos de lujo a empleados de confianza con responsabilidades en la campaña del también presidente del Partido Nuevo Progresista. EFE
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