Las víctimas del franquismo llevan a Bruselas la batalla contra los retrocesos en memoria de PP y Vox
Las víctimas del franquismo llevan la batalla contra los retrocesos ultras en materia de memoria democrática hasta el mismísimo corazón de la Unión Europea. Media decena de plataformas, que representan a cerca de un centenar de colectivos, han entregado este miércoles al Ejecutivo comunitario una carta en la que condenan con dureza los pasos atrás dados por PP y Vox en aquellos territorios que se encuentran bajo su control tras el cambio político que trajeron consigo las últimas elecciones autonómicas. Unas iniciativas que, se resalta en la misiva, rezuman un "condenable revisionismo" y "edulcoran", cuando no "glorifican", el régimen dictatorial. De ahí que pidan a la Comisión Europea, que se encuentra en estos momentos prácticamente de salida —los comicios se celebrarán en junio— una "respuesta acorde" al "ataque" de conservadores y extrema derecha.
Tanto PP como Vox dejaron claro desde un primer momento que la derogación de las leyes de memoria autonómicas era una de sus prioridades políticas. Es más, lo pusieron negro sobre blanco en los pactos que alcanzaron para la conformación de gobiernos autonómicos. Y no han tardado en ponerse manos a la obra. El primer paso lo dieron en Aragón, aprobando una derogación de la normativa memorialista regional que, como si de una broma macabra se tratara, fue presentada en las Cortes el pasado 20 de noviembre, efeméride de la muerte del dictador Francisco Franco. Un borrado que se llevó a cabo por el procedimiento de urgencia, que permite una tramitación parlamentaria más ágil, y con el rechazo frontal de todo el tejido memorialista.
Tras esto, los de Alberto Núñez Feijóo y los de Santiago Abascal comenzaron a moverse en Comunitat Valenciana y Castilla y León. En ambas regiones, derecha y ultraderecha han registrado ya sus llamadas leyes de concordia, con las que pretenden reemplazar las actuales normas de memoria. Se trata de textos cortos, sin demasiado articulado, que amplían el periodo de cobertura hasta 1931, con la llegada de la Segunda República. Y que, como en el caso castellanoleonés, omiten el término dictadura o imponen una suerte de silencio sobre las víctimas y, sobre todo, sus verdugos al prohibir la difusión de datos sobre las exhumaciones llevadas a cabo en la región. Una comunidad cuya ley de memoria vigente, la que ahora se pretende derogar, contó en su día con el apoyo de un PP que ahora claudica ante las exigencias de la extrema derecha.
Ante esta ofensiva, apoyada sobre algunas falsedades mil veces repetidas —como que el actual marco jurídico sólo permite rescatar a las víctimas del bando golpista—, el tejido memorialista ha decidido dar la batalla en Bruselas. Este miércoles, representantes de cinco entidades—Federación Estatal de Foros por la Memoria, Plataforma per la Memòria Democràtica de les Illos Balears, Plataforma de Acción por la Memoria de Aragón, Asociación Memorialista M. Reguilón y Coordinadora de Asociaciones por la Memoria Democrática del País Valencià— se han reunido en el corazón europeo, en un encuentro organizado por Podemos, con altos cargos del Ejecutivo comunitario para hacerles entrega de una carta en la que muestran su "profunda inquietud" por las decisiones adoptadas por PP y Vox.
"La memoria democrática es un pilar fundamental para la cohesión social y la preservación de los principios democráticos en Europa", apuntan en la misiva, que va dirigida al comisario de Justicia, Didier Reynders, y la comisaria de Valores y Transparencia, Věra Jourová. La derogación de estas leyes autonómicas, sostienen los colectivos, representa un "desafío directo" a los "valores" promovidos por la UE. Y también, continúan, "contravienen" diversas disposiciones del "acervo europeo sobre memoria". En este sentido, ponen sobre la mesa la resolución de la Eurocámara del 2 de abril de 2009, en la que se subrayó "la importancia" de "mantener viva la memoria del pasado", dado que "no puede haber reconciliación sin verdad y sin memoria". O la del 25 de octubre de 2018, en la que se resaltó la necesidad de combatir la glorificación de regímenes totalitarios.
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"La derogación de las leyes de memoria podría contribuir a la normalización de narrativas que glorifican eventos históricos oscuros, como fue la dictadura franquista en nuestro país, contradiciendo directamente los valores que la Unión Europea busca preservar", insiste la misiva. Del mismo modo, recuerda que un informe de 2015 del Parlamento Europeo animaba a los Estados miembro a procurar "verdad, justicia y reparación" a las víctimas de crímenes de lesa humanidad cometidos por regímenes totalitarios. "Mandato al que se oponen, directa y radicalmente, las derogaciones que denunciamos", afirman los colectivos memorialistas.
La carta, además, desliza que la suspensión de dichas normas "podría vulnerar" el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU. "La redacción de estas leyes de memoria se inspiró en los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición establecidos por Naciones Unidas sobre la defensa de los derechos humanos frente a la impunidad. Surgieron por la necesidad de memoria y justicia de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura a las que, durante años, se les ha negado este derecho", apunta la misiva, que recuerda que este tipo de políticas han permitido en los últimos años recuperar e identificar a cientos de víctimas arrojadas en fosas comunes.
Por todo ello, ruegan que la Comisión Europea inste a los gobiernos de todas estas comunidades autónomas a "no caminar en la dirección contraria a este acervo común del que nos hemos dotado" y que pide a las instituciones europeas que hagan todo lo posible para que los atroces crímenes totalitarios y las violaciones de derechos humanos cometidas en el Viejo Continente "sean recordados y llevados ante los tribunales".