Las instituciones gubernamentales, al igual que cualquier compañía privada, requieren productos, servicios, insumos, entre otros, para operar. Por ejemplo, las universidades estatales necesitan material de escritorio; los edificios, suministro eléctrico y servicio de limpieza, y las bibliotecas, obras literarias. Para ello, se realizan licitaciones públicas, las cuales muchas veces son el terreno apto para que se desarrollen lo llamado "Cartelización" entre las empresas.
Es que para satisfacer las distintas demandas mencionadas anteriormente, los entes gubernamentales deben recurrir al mercado y, en ciertas ocasiones, lo realizan mediante procesos competitivos conocidos como licitaciones públicas.
La licitación es un proceso en el cual el Estado convoca de manera abierta a todas las entidades, tanto jurídicas como naturales, para que los interesados puedan presentar sus propuestas para un área específica. Después de evaluar todas las propuestas, el Estado selecciona la oferta que ofrezca la mejor relación entre precio y calidad, y que cumpla con los criterios establecidos.
En diferentes lugares del mundo, se observa una práctica conocida como "cartelización en licitaciones públicas", y Argentina no es ajena a esto. Consiste en la colaboración entre dos o más compañías que participan en el proceso de licitación con el propósito de violar los principios de transparencia, competencia, concurrencia e igualdad inherentes a una licitación pública.
Planteamiento Sobre un Posible Acto de Cartelización
Supongamos que el gobierno argentino requiere buscar proveedores porque tiene planes para mejorar una ruta. Para iniciar adecuadamente este proceso, el gobierno convoca a un concurso y la empresa que consideren más apropiada o que ofrezca la mejor propuesta económica será seleccionada para obtener el contrato público.
El gobierno desconoce que las empresas participantes en el concurso están involucradas en un acuerdo colusorio, donde decidieron de antemano las ofertas que presentarían con la intención de que el ganador distribuyera el contrato entre los competidores. Con esta conducta, las empresas obtienen ingresos de manera deshonesta o ilegal y no cumplen con el objetivo del gobierno, que es seleccionar la mejor opción para llevar a cabo la mejora en la ruta argentina. La colaboración anticompetitiva de los participantes en el concurso constituye un fraude contra el Estado.
El caso anterior ilustra claramente lo que significa la cartelización en cualquier parte del mundo. Estas acciones, que tienen implicaciones legales, son bastante habituales en Argentina. Sería óptimo que en cada proceso de licitación pública se cuente con la supervisión de un despacho legal para garantizar su transparencia y legalidad.
Es crucial que los abogados se cercioren de que no haya complicidades, sino más bien una competencia legal y justa donde múltiples empresas presenten sus propuestas para que la mejor gane la licitación pública y pueda mejorar lo que el Estado tiene planeado para cualquier ciudad del país.
La Cartelización, la Lesión Más Grave en la Competencia
La cartelización o colusión, tal como se ha mencionado anteriormente, implica un pacto entre dos o más individuos con el propósito de causar daño o perjuicio a un tercero. Desde la perspectiva legal, los actos de colusión son acciones fraudulentas que pueden surgir de un acuerdo entre las partes para dañar a un tercero o de una de las partes con el fin de perjudicar a la otra.
Según lo expuesto anteriormente, existe la posibilidad de que las compañías se coaliguen con el propósito de defraudar al Estado, resultando en una distribución opaca de las licitaciones públicas entre los participantes, a pesar de que el procedimiento inicialmente parecía legítimo en su totalidad.
Este escenario podría acarrear un desequilibrio en las finanzas públicas y generar un efecto negativo en el ámbito comercial, dado que los fondos destinados originalmente para la mejora de la infraestructura de determinada región terminan siendo desviados como ganancias ilícitas para múltiples empresas.
El Método Apropiado para Obtener una Licitación Pública
La metodología de selección pública es correcta cuando las empresas rivalizan por asegurarse el acceso a un mercado de bienes o servicios requerido por el gobierno. Para ello, las compañías despliegan sus estrategias más sólidas y dedican sus máximos recursos, elaborando propuestas que satisfagan los requisitos técnicos, financieros y legales, con el objetivo de salir victoriosas en la competencia que han enfrentado de manera justa.
¿Cuál es el Modus Operandi de la Cartelización? La formación de cárteles puede acontecer en diversas fases del procedimiento, permitiendo a las empresas seleccionar el instante más propicio para llevar a cabo esta artimaña. Tales momentos pueden incluir:
- Durante la elaboración de los pliegos de condiciones: Durante este periodo de las licitaciones, los emprendedores disponen de la ocasión para compartir pensamientos y estrategias con miras a unirse y establecer el rango de precios que cada uno propondrá, abarcando desde el más bajo hasta el más alto. La empresa que presente las propuestas más favorables será la que se adjudique la licitación. Previo al inicio del pacto ilícito, las empresas determinan quién podría ser el vencedor potencial y concuerdan en la manera en que se distribuirá la licitación.
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Durante la presentación de las ofertas. Los propietarios de las empresas coordinan la manera en que presentarán las propuestas, los servicios y las condiciones apropiadas de los productos o servicios que ofrecen al público. La clave de la cartelización radica en el sigilo, y los participantes deben asegurarse de que sus estrategias, cualesquiera que sean para obtener la victoria en la competencia, se mantengan en secreto. Por lo general, siempre existe una empresa que no logra obtener la adjudicación debido a que no cumple con los requisitos establecidos por cierta entidad, y es precisamente eso lo que se busca, ya que estaría otorgando la oportunidad a otra empresa, según lo acordado, de ganar la licitación pública.
- Durante la ejecución del contrato. En ciertas ocasiones, los licitadores requieren ocultar con mayor discreción los pactos de colusión que han fraguado en el transcurso del proceso de adjudicación del contrato estatal. Para tal fin, recurren a distintas tácticas, entre las cuales se encuentra la subcontratación, con el propósito de involucrar a los otros concursantes que no fueron seleccionados, con el objetivo de mantener el control absoluto sobre todo el acuerdo.