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Dura sanción de la SIC a 20 empresas de transporte especial: evidenciaron anomalías en contratación
La SIC aseguró que las empresas habrían direccionado la contratación estatal a su favor.
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El transporte especial es una modalidad de transporte que existe en Colombia desde hace varios años. Este servicio es el que se presta en automotores con placas blancas, pero que no figuran como buses urbanos, intermunicipales o taxis de servicio público. Este transporte, al igual que la mayoría de sistemas, son regulados por el Ministerio de Transporte, por lo que el uso de estos vehículos puede ser mucho más seguro. Es preciso recordar que en esta categoría no entran servicios prestados por aplicaciones móviles o plataformas.
Durante este 2 de abril, se conoció una nueva decisión que tomó la Superintendencia de Industria y Comercio contra empresas que se dedican a prestar el servicio de transporte especial. El organismo regulador, mediante la resolución No. 11458 de 2024 del 18 de marzo de 2024, decidió sancionar a cerca de 20 compañías, las cuales prestan servicios de transporte a diferentes entidades del Estado.
De acuerdo con la SIC, las empresas habrían gestionado ventajas competitivas ilegales ante personas vinculadas a la Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte, además de haber participado en el direccionamiento de procesos de selección contractual y coludido en procesos de contratación estatal.
Además de ello, la SIC también decidió sancionar a 26 personas naturales que habrían actuado como facilitadoras en la conducta. El organismo asegura que los sancionados se vieron favorecidos en más de 33 procesos de contratación que fueron adelantados por entidades estatales.
¿Cuáles pruebas encontró la SIC para imponer la sanción?
Frente a la primera conducta descrita, la SIC evidenció varios chats que demostraron que algunos investigados y personas vinculadas a la Supertransporte y al Ministerio de Transporte. En las conversaciones encontradas se pudo comprobar que se tramitaron de forma preferente distintos documentos que eran vitales para participar en procesos de contratación estatal.
Dicha conducta permitió que las empresas obtuvieran a su vez una serie de ventajas competitivas ilegales, frente a otros agentes del mercado que no contaban con este tipo de privilegios.
Respecto a la segunda conducta, en el direccionamiento de procesos, la SIC conoció una serie de pruebas que vinculan esta conducta a algunas empresas que prestan servicios de transporte especial a colaboradores de las siguientes entidades:
- Instituto Geográfico Agustín Codazzi
- Alcaldía del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
- Secretaría Distrital de Gobierno (Alcaldía de Bogotá)
- Corporación Autónoma Regional de Boyacá
- Agencia Nacional del Espectro
- Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
Algunas de las empresas sancionadas, que trabajan con las entidades mencionadas anteriormente, habrían sido favorecidas por las personas vinculadas con estas entidades estatales, en cerca de 8 procesos de selección.
"la Superintendencia de Industria y Comercio encontró pruebas que vinculan a 20 empresas prestadoras del servicio de transporte especial en un acuerdo colusorio que se presentó en aproximadamente 18 entidades del Estado, entre las que se destacan el Ministerio de Transporte, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (URT), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Fonade, las alcaldías de Bogotá, Envigado y Armenia, entre otras", comentó el organismo.
¿A cuánto ascienden las multas impuestas por la SIC?
Las multas impuestas por la SIC ascienden a una cifra de $28.264.467.484. Esto significa que para las 20 empresas sancionadas, las multas que ascienden a un total de $21.449.361.879, oscilaron entre $62.372.516 y $5.748.357.744.
Respecto a las 26 personas naturales que colaboraron, facilitaron, autorizaron, ejecutaron o toleraron las conductas anticompetitivas, las multas ascienden a un total de $6.815.105.605 y oscilaron entre $304.876 y $3.317.874.845.
Finalmente, la SIC destaca que la investigación administrativa pudo determinar que varios de los investigados se comunicaban a través de los equipos celulares y de cómputo, con el fin de determinar su actuar coordinado en los procesos de selección.