La provincia de Cáceres, la segunda con mayor extensión de todo el país, cuenta con cuatro centros de examen desplazados para evitar que los alumnos de los 223 municipios tengan que viajar hasta la capital cacereña a la hora de someterse a las pruebas de conducir --teóricas y prácticas--, dadas las grandes distancias que existen. Estos centros se ubican en Trujillo, Navalmoral, Coria y Plasencia. Pues bien, todos han recibido un correo electrónico de la Dirección General de Tráfico (DGT) en el que se les informa de la exigencia de informatizar las aulas para que los exámenes puedan realizarse de forma digital. El problema es que esas instalaciones (aulas y pistas) pertenecen a los ayuntamientos, que deberían correr con los gastos. Sin embargo, ni disponen a bote pronto de los fondos, ni tampoco se les deja claro el protocolo sobre cómo hacerlo.
Estos ayuntamientos se han puesto en contacto con la Asociación Provincial de Autoescuelas de Cáceres, colectivo igualmente preocupado por los nuevos requisitos. Temen que, de no cumplirse, pudiera verse amenazado el futuro de los centros de examen desplazados, con las nefastas consecuencias para la población y para las propias autoescuelas. Pero tampoco ven la forma de realizar esas mejoras, porque, afirman, ni la DGT da facilidades, ni ofrece unas pautas claras.
Lo que más inquieta a los ayuntamientos, según traslada Pedro Antonio Herrero, presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Cáceres, es la necesidad de que esas aulas informatizadas deban ser de dedicación exclusiva, dicho de otro modo, que solo se puedan destinar a los exámenes de la DGT, o, en su defecto, que los ordenadores se monten y desmonten cada vez que hay pruebas del teórico, quedando completamente guardados y reservados para este fin. Porque lo que sí deja claro la DGT es que de ningún modo los equipos pueden utilizarse para otros cometidos: solo exámenes.
«Los ayuntamientos están dispuestos a hacer lo posible, pero esta exigencia lo complica todavía más», subrayan desde las autoescuelas. Primero, porque serían aulas de capacidad reducida, al necesitarse unos 2m² por alumno, por tanto unos 100m² para 45-50 puestos. Preparar e informatizar un espacio en esas condiciones supondría unos 30.000 euros, que deben correr por cuenta del ayuntamiento, y solo para los exámenes de la DGT. Cabría la posibilidad de destinar la sala a otros usos, pero no los ordenadores, que deberían habilitarse cada vez que hubiera pruebas, con el añadido de que la DGT obliga a que se conecten por cable, no por wifi, lo que requeriría personal específico cuando llegaran las fechas de exámenes.
Si no se habilita una sala única, los ordenadores deberán montarse para cada examen
Los ayuntamientos están dispuestos a colaborar, «pero al no haber una norma clara por escrito, temen realizar una inversión de fondos de todos los ciudadanos y que mañana pueda cambiarse el criterio. Piden que todo esto se lleve a cabo de una manera más precisa», explica el presidente de las autoescuelas, colectivo que mantiene reuniones con los distintos consistorios. «Se necesita más concreción, que se clarifique el protocolo de esas aulas. Lo han mandado por correo electrónico, y convendría una normativa que lo oficialice», indica.
Tampoco se establece ningún tipo de financiación ni soporte económico, teniendo en cuenta que se trata de un servicio exclusivo para la DGT, que recauda sus tasas pero que no aporta nada en este caso. Además, no se ha dado un plazo exacto, simplemente se informa de que deberán implementarse aulas informatizadas en 2024. Por cierto que, cuando ha llegado el aviso, los Gobiernos municipales ya tenían sus cuentas anuales cerradas.
Colaborar, ¿Cómo?
Las autoescuelas recogen el llamamiento de los ayuntamientos, «proclives en todo momento a colaborar», y piden que se dé una solución para no correr el riesgo de que se cierren esos centros de examen (se perdería tanto el teórico como el práctico), tan importantes en una provincia especialmente dispersa como Cáceres. Ahora mismo, la única aula de examen preparada es la de la capital cacereña, con nuevas instalaciones en Héroes de Baler y directamente perteneciente a la DGT. Desde el colectivo se apela también a posibles ayudas por parte de la Diputación y la Junta.
Cabe recordar que a dichos centros acuden de forma periódica, cada dos semanas, los seis examinadores de la provincia para realizar tanto el examen teórico como el práctico. Por cierto que las autoescuelas también están trabajando con los ayuntamientos en la necesidad de remozar las pistas de examen, que son de titularidad municipal y en su mayoría requieren ya una mejora.
Más examinadores, pero todavía insuficientes
El grave problema de la falta de examinadores de la DGT que arrastra la provincia cacereña, con colapsos todos los veranos, ha comenzado a subsanarse con la llegada de dos nuevos profesionales, si bien desde la Asociación de Autoescuelas recuerdan que aún son necesarios dos más para normalizar el servicio.
Además, se une la falta de personal en las oficinas de la DGT, debido a sucesivas jubilaciones, de modo que las tramitaciones se ralentizan, incluso se ha prescindido de un examinador para realizar tareas internas, según lamentan las autoescuelas.
«Somos una provincia estacional con un gran volumen de jóvenes en verano, a los que se condena muchas veces a sacarse el carnet en dos años, lo que nos resta competencias frente a otras provincias», lamentan.
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