La Secretaría de Industria y Comercio dictó una «medida de tutela anticipada» que obliga a un grupo de empresas de medicina prepaga —que representan el 75% de los afiliados— a reajustar a partir de la próxima facturación los valores de las cuotas de sus planes de salud a diciembre de 2023, teniendo en cuenta el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
En el marco de una investigación por presuntas conductas anticompetitivas iniciada a mediados de enero de este año, indicó la Secretaría en un comunicado, «la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) determinó que existen indicios múltiples de un acuerdo colusivo entre las principales empresas de medicina prepaga del país».
Los efectos inmediatos de este supuesto accionar fueron «los aumentos cuasi uniformes en los precios de los planes», alertó la CNCD, que emitió un dictamen aconsejando al Secretario de Industria y Comercio del Ministerio de Economía la adopción de una medida cautelar, que faculta a esa Secretaría a «imponer el cumplimiento de condiciones u ordenar el cese de conductas con el objetivo de evitar que se produzca un daño, o disminuir su magnitud, su continuación o agravamiento».
¿Habrá devoluciones?
Según indicó el gobierno, los afiliados a empresas de medicina prepaga no recuperarán lo pagado en exceso durante los primeros meses del año y en ese sentido deberán aguardar una medida cautelar que presentará el Ministerio de Salud.
«La devolución de los aumentos no está dentro del ámbito de facultades de la Secretaría de Industria y Comercio«, aclararon desde la dependencia a cargo de Pablo Levigne.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó durante su habitual conferencia de prensa que «la Superintendencia de Salud presentará una medida cautelar ante la Justicia para obligar a las empresas a devolver a los afiliados el monto por encima de la inflación que cobraron desde diciembre».
Por lo tanto, los afiliados a empresas de medicina prepaga no recuperarán lo cobrado en exceso, a menos que haya un fallo de la justicia.
Por el momento, además, no se comunicó ninguna de medida para el conjunto de afiliados que se dieron de baja, que se estimó en 500.000 personas.
¿Qué requerimientos deben cumplir las prepagas?
Según sostiene el dictamen, a partir de ahora las «siete empresas de medicina prepaga, la confederación que las agrupa y la persona que preside la misma» deberán cumplir con los siguientes requerimientos:
- Los valores de las cuotas de los planes de salud médico-asistenciales a ser cobradas no podrán superar el siguiente cálculo: «La cuota del plan de salud médico asistencial del mes de diciembre de 2023 multiplicada por (1 + la variación porcentual entre el Índice de Precios al Consumidor nivel general con cobertura nacional elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos vigente al momento de la facturación correspondiente, y el mismo Índice correspondiente a diciembre de 2023)».
- Cesar con cualquier tipo de intercambio de información, ya sea en el marco de las reuniones de la Confederación Unión Argentina de Salud (UAS) o cualquier otro ámbito, que implique precios, servicios a proveer, costos y cualquier otra información comercial.
- La medida preventiva ordena además a las compañías de medicina prepaga «a presentar información a la CNDC sobre precios nominales de cada plan de salud ofrecido, ingresos obtenidos por cada plan de salud y cantidad de afiliados en cada uno de los planes». Las empresas deberán aportar datos desde diciembre de 2023 en adelante, e informar su actualización con una frecuencia mensual. A su vez, las compañías y la UAS tienen la obligación de publicar, en el plazo máximo de 10 días hábiles a partir de la notificación de la cautelar, el texto completo de la medida de tutela anticipada en sus respectivos sitios web.
¿Cuáles son la prepagas que tendrán retrotraer los aumentos de sus cuotas?
Las prepagas investigadas por la CNDC y alcanzadas por la medida cautelar son las empresas de medicina prepaga Galeno Argentina, Hospital Británico de Buenos Aires Asociación Civil, Hospital Alemán Asociación Civil, Medifé Asociación Civil, Swiss Medical, Omint, OSDE Organización de Servicios Directos Empresarios; la Unión Argentina de Salud (UAS) y Claudio Belocopitt, «en su doble carácter de presidente de la firma Swiss Medical y de la UAS».
Según fuentes de la Secretaría de Comercio, la reducción de la cuota sería del orden del 33%. El tope de ajuste a partir de la inflación, señalaron las fuentes, regirá por los próximos seis meses. Y si bien las empresas pueden apelar la medida, la sola presentación de la queja no es suficiente para que quede sin efecto la decisión oficial, aclararon.
La investigación que dio origen a esta medida surgió a partir de una denuncia por parte de legisladores de la Coalición Cívica por «cartelización» en los términos de la Ley de Defensa de la Competencia, en virtud del aumento coordinado de los precios de los planes de medicina prepaga que llevaron adelante las empresas detalladas desde la entrada en vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.