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Por unanimidad, los ministros de la Sala Constitucional César Diesel, Víctor Ríos y Gustavo Santander resolvieron hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad presentada por el expresidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Efraín Alegre Sasiain contra la resolución por la cual el Tribunal de Apelación, cuarta sala, que rechazó el incidente de nulidad que planteó contra la acusación presentada por la Fiscalía en el caso conocido como "facturas falsas".
Alegre está acusado por la supuesta comisión de los hechos punibles de producción de documentos no auténticos, producción mediata de documento público de contenido falso y uso de documento público de contenido falso, presuntamente perpetrados a través del uso de facturas fraguadas para justificar los gastos electorales del PLRA.
La acusación presentada por el fiscal Edgar Sánchez el 1 de junio del 2021 también está dirigida contra Pascual Benítez Barrientos, quien fue administrador del PLRA en el Alto Paraná en las elecciones de 2018, por los mismos hechos punibles atribuidos a Alegre.
El 7 de julio del mismo año, la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera dispuso que ambos acusados sean juzgados en un juicio oral y público. A través del Auto Interlocutorio (AI) N° 636, la magistrada dispuso además rechazar el incidente de nulidad de la acusación, planteado por la defensa del expresidente del PLRA.
Esta decisión fue ratificada posteriormente por el Tribunal de Apelación, cuarta sala, el 30 de setiembre del 2021, a través del AI N° 359. Específicamente, el colegiado declaró inadmisible el recurso planteado por la defensa, por tratarse de una decisión que dispone la apertura a juicio oral y público.
Acción de inconstitucionalidad de Efrain Alegre
Ante esta situación, los abogados Guillermo Duarte Cacavelos y Santiago Lovera presentaron una acción de inconstitucionalidad en contra de la decisión de la Cámara, que ahora tuvo eco favorable en la máxima instancia judicial, que declaró la nulidad de la resolución del Tribunal de Apelación.
Básicamente, la defensa alegó que su representado se vio privado de la garantía constitucional de revisión de la decisión que rechazó el incidente de nulidad de la acusación y el sobreseimeinto definitivo que se planteó por considerar que se violentó la disposición del artículo 350 del Código Procesal Penal (CPP), o sea, por permitir al Ministerio Público acusar a una persona sin habersele otorgado oportunidad de prestar declaración indagatoria.
" El Tribunal de Apelación simplemente me relega a un estado de indefensión, pues considera que el fallo no puede ser revisado por un órgano superior... todo ello en abierta violación del artículo 11 de la Constitución Nacional y el artículo 8 numeral 2 inciso h del Pacto de San José de Costa Rica", argumentó la defensa.
Nota en desarrollo