La actual Directora encargada de Bomberos de Bogotá, Paula Henao, a quien le toca enfrentar los incendios diarios, no ha podido volver realidad la compra de las 7 máquinas extintoras contratadas por el director Diego Moreno cuando ella era Subdirectora Logística en la entidad. Ambos fueron nombrados por el Secretario del G0obierno, Luis Ernesto Gómez, en la pasada administración de Claudia López, Secretaría de la que depende esta institución.
El contralor de Bogotá, Julián Rodríguez, tomó cartas en el asunto, igual que el concejal del Centro Democrático, Daniel Briceño, quien denunció en el cabildo distrital: "Este contrato fue adjudicado por el señor Diego Moreno Bedoya y la señora Paula Henao, quienes dirigían esta entidad, sorpresivamente luego de un viaje a Europa donde el señor director de Bomberos estuvo reunido con varios contratistas que hacen este tipo de máquinas extintoras". Briceño le pidió al alcalde Carlos Fernando Galán, retirar del cargo a Paula Henao quien reemplazó a su jefe Diego Moreno Bedoya, una vez éste fue declarado insubsistente.
Un contrato que nació mal
En noviembre de 2022, el Director de Bomberos de Bogotá adjudicó el contrato a la Unión Temporal Extintor 4x4 –su único competidor fue la empresa Alpecorp. Se trata de un Consorcio conformado por dos empresas: 7M Group S. A. y LaFe Security S.A.C. En diciembre se perfeccionó el Contrato 588 de 2022 por valor de $ 13.557 millones para ser ejecutado en 15 meses empezando el 2023 y se aprobó un anticipo por $ 6.643 millones correspondiente al 49 % del valor total.
Diego Moreno tuvo que dejar el cargo de manera intempestiva al ser declarado insubsistente por agredir a una mujer cuando la alcaldesa Claudia López estaba en la recta final de la Alcaldía, el 6 de mayo de 2023. De inmediato, encargó a Paula Henao Escobar, quien era funcionaria de confianza en la entidad.
Claramente, el director Moreno no revisó, con el cuidado que ameritaba un contrato de esas dimensiones, las empresas que conformaban el Consorcio comprometido en garantizarle 7 máquinas de bomberos cuando el Fenomeno del Niño estaría haciendo estragos en la capital como en efecto sucedió.
La Unión temporal Extintor 4x4: el pasado no perdona
Las dos empresas que se unieron para licitar el contrato por $ 14 mil millones para adquirir las 7 máquinas extintoras que Bogotá requería con urgencia, tienen problemas en su historia contractual.
La firma LaFe Security es una sociedad anónima creada en 2001 con domicilio en Bogotá, especializada en servicios y equipos contra incendios y cuyo representante legal es el boyacense Carlos Orlando Puentes Eslava. Sus antecedentes no eran los mejores, por cuenta de la manera oscura como logró en 2019, a través de la Unión Temporal Máquinas, también representada por él, un contrato por $ 6 mil millones para proveer tres máquinas extintoras de incendios a los bomberos de Ibagué.
El entonces alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, actual Ministro de Salud, le entregó el contrato de 3 máquinas de bomberos a Carlos Orlando Puentes en la recta final de su mandato después de haber pasado por la Secretaría de Salud de Bogotá en la Alcaldía de Gustavo Petro para regresar a su tierra a buscar ser el burgomaestre.
El contrato entregado a la Unión Temporal Máquinas, cuyo proceso de adjudicación fue cuestionado, terminó en un gran escándalo.
El peso de los enredos judiciales que sacaron del Consorcio a 7M Group
La empresa 7M Group, la otra integrante del Consorcio, creada el 29 de mayo de 2003, tiene como su representante legal al tolimense Martín Ricardo Manjarrés Cabezas, investigado por la Fiscalía por el carrusel de los carros blindados.
Manjarrés estaba casado con Marcela Montes, quien era la gerente general de Kobe Motors, la empresa que terminó involucrada en el escándalo del carrusel de los millonarios contratos presuntamente irregulares para la compra de vehículos blindados y repuestos para la Policía Nacional entre el 2017, 2018 y 2019, negocio en el que 7M Group sirvió de intermediario en la comercialización.
En esos tres años, las empresas de Manjarrés Cabezas, Kobe Motors S. A. S. y 7M Group S. A. obtuvieron contratos por un valor de $ 34.000 millones. En 2019, solo 7M Group firmó un contrato por $ 4.000 millones para comprar 4 carros blindados para la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional y luego, en ese mismo año, suscribió otro contrato por $ 7.000 millones para el mantenimiento de los vehículos de la Policía.
Por el carrusel de los carros blindados y repuestos para la Policía Nacional, en octubre de 2022, la entonces fiscal Angélica Monsalve le imputó cargos a Martín Ricardo Manjarrés Cabezas, dueño de 7M Group, por presuntamente obtener información privilegiada del proceso de adjudicación de los contratos que ganaron sus empresas.
La fiscal Angélica Monsalve llevaba el caso de los carros blindados de la Policía Nacional, los esposos Manjarrés y Montes, en su momento, recusaron a la fiscal y el fiscal general, Francisco Barbosa, la retiró del caso, pero los hechos terminaron dándole la razón a la fiscal Monsalve.
El primer golpe judicial fue contra Marcela Montes: el 1 de agosto de 2022 según el Expediente # 2022—00247, el Juzgado 28 Civil del Circuito de Bogotá, decretó el embargo y retención de dinero por la suma de $ 336.000.000 y de su inmueble identificado con matrícula inmobiliaria # 50C-1344986.
En la Fiscalía General de la Nación continúa el proceso contra la pareja Manjarrés-Montes por el sonado carrusel de los carros blindados y repuestos para la Policía Nacional en donde terminaron presuntamente vinculados oficiales de la Policía y funcionarios de Colombia Compra Eficiente.
Por éste y otros casos, la empresa 7M Group resultó multada e inhabilitada, el Consorcio Unión Temporal Extintor 4x4 le pidió a Bomberos de Bogotá, en octubre de 2023, suspender el contrato de suministro de las 7 máquinas extintoras mientras encontraban un nuevo socio a quien Martín Ricardo Manjarrés pudiera cederle su parte en el mismo. Hasta el momento, ese contrato está suspendido porque no han encontrado a quién cederlo.
Faltaban cinco meses para entregar las máquinas cuando el proceso quedó frenado en seco. La directora encargada de Bomberos, Paula Henao, no solo accedió a la suspensión según las denuncias del concejal Briceño, sin pedir cuentas por el anticipo entregado, sino que, en el mes de enero de 2024, les dio una nueva prórroga de 90 días más retrasando la entrega hasta el 14 de agosto este año.
Los problemas no paran ahí porque se sabe que la Unión Temporal Extintor 4x4 incumplió el pago de un anticipo de USD 120 mil a la firma norteamericana Navistar Defense fabricante de los chasis de las máquinas extintoras y la empresa extranjera frenó el trabajo.
Precisamente, la contratación de los chasis a esta firma extranjera especializada, fue la justificación del cuantioso anticipo de casi $ 7 mil millones, según advirtió el contralor de Bogotá Julián Mauricio Ruiz, quien tomó cartas en el asunto y cuestionó la responsabilidad de la actual directora Henao en el seguimiento a este contrato cuando se desempeñaba como Subdirectora de Logística de la entidad.
No solo el Contralor de Bogotá está encima de este caso, sino la Procuraduría General de la Nación también investiga a los funcionarios de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos por las presuntas irregularidades en la ejecución del Contrato 588 de 2022.
Bogotá rodeada de llamas y sin máquinas extintoras
La situación de Bogotá para afrontar el Fenómeno del Niño con sus efectos de altas temperaturas e incendios forestales es lamentable. De las 35 máquinas extintoras con las que cuenta la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, el 42 % de ellas están dañadas y fuera de servicio.
Además, las siete máquinas adicionales con las que se buscaba enfrentar las llamas y para las que la Alcaldía de Claudia López dispuso de un presupuesto cercano a los $ 15 mil millones, no existen y hay riesgo, según la Contraloría de que el anticipo pagado cercano a los $ 7 mil millones pueda estar perdido. La directora de Bomberos de Bogotá, Paula Henao, quien viene de la administración anterior y tenía un rol de seguimiento del contrato, y quien hasta ahora no ha sido reemplazada por el alcalde Galán, tiene que responder.