Las dos causas que ponen en vilo a Milei, la rosca por las vacantes en la Corte y los fondos millonarios en juego
El Gobierno hizo oficial los nombramientos de sus postulantes para cubrir las vacantes en el máximo tribunal. Las advertencias de Horacio Rosatti por los tiempos de la política y las especulaciones sobre qué puede suceder en el Senado
El Gobierno oficializó este lunes a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como los preseleccionados para cubrir las dos vacantes que se abren en la Corte Suprema de Justicia. Se trata de uno de los tantos procedimientos burocráticos que deberán darse para que los futuros pliegos lleguen al Senado, todo ello dentro de un marco de conflictividad creciente entre el presidente Javier Milei con varios de los jueces del máximo tribunal.
En el Palacio de Tribunales está en pausa la determinación de los cuatro ministros de la Corte sobre el Capítulo IV del DNU 70/23 de desregulación económica, el cual contiene los artículos que hacen a la reforma laboral impulsada por la administración libertaria. Este apartado está paralizado por la medida cautelar dictada por la Cámara Nacional del Trabajo y, en el ámbito judicial, son los supremos quienes tienen la llave para destrabarlo o no.
La clave de la vigencia de la reforma laboral y el plazo de Rosatti
Aunque el capítulo laboral se llevó la gran mayoría de las repercusiones mediáticas, hay otros artículos que también fueron judicializados. Hay casos particulares, como la medida cautelar sobre los artículos 335 y 345 del DNU, que permitían la conformación de sociedades anónimas deportivas; así como hay presentaciones generales, como la que hizo la asociación civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, que solicitó la declaración de inconstitucionalidad de todo el Decreto.
A pesar de las judicializaciones, el DNU se encuentra vigente desde el 21 de diciembre. Este dura hasta tanto no sea rechazado por las dos cámaras del Congreso. Luego del rechazo que sufrió en el Senado (con los votos de Unión por la Patria, bloques provinciales y parte del radicalismo), el decreto se caerá si es que no tiene la aprobación en la Cámara de Diputados, para lo que debe conseguir una colaboración casi unánime de los bloques dialoguistas.
En rigor, el escenario para el oficialismo en la Cámara baja es más optimista respecto al Senado; aunque todavía no están cerrados los acuerdos. El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, señaló en diversas oportunidades que el máximo tribunal debe dejar de ser ámbito para la resolución de los problemas de la política. "Los temas de la política se judicializan antes de tiempo", marcó durante una disertación reciente en el Rotary Club.
Mencionando también los conflictos que se suscitan entre el gobierno nacional y las provincias, el juez y especialista en derecho constitucional señaló que "hay que darle tiempo a la política" para que se resuelvan en el Congreso los asuntos que -hoy en día- son llevados rápidamente a la Justicia, aunque aclaró: "Si los temas no se resuelven en un plazo razonable, lo hará la Justicia".
Se trata de un nuevo aviso de Rosatti a la política y -en particular- a Milei. En la Amcham Summit 2024, el también presidente del Consejo de la Magistratura marcó que "se desafía a la seguridad jurídica cuando se judicializan cuestiones que deben ser resueltas por la política", y advirtió que "frente a la incapacidad de la política de resolver determinadas situaciones, se proyecta el problema hacia una instancia judicial".
"Podríamos elaborar un teorema: a mayor debate público, menor injerencia de la Justicia; a menor debate público, más deseo de intervención de Justicia", teorizó el ministro, que además del DNU tiene en su despacho un total de 30 causas movilizadas por distintas provincias para la restitución de distintos tipos de fondos, los cuales engloban un aproximado de u$s 1000 millones en fondos.
En Tribunales no se espera un fallo próximo al respecto del DNU ni de los reclamos provinciales, pero es una carta con la que cuentan ante cualquier contexto. El Gobierno mantiene sus reservas y no es optimista al respecto de lo que podría decidirse sobre la reforma laboral. Consideran que quedó en una situación endeble y dependiente de lo que puedan decidir tanto del Poder Legislativo como del Judicial. Es por ello que para darle mayor sustento aceleraron con su inserción dentro de la Ley Bases.
Los candidatos del gobierno de Milei para la Corte Suprema
La postulación de Lijo y García-Mansilla ofició como una jugada clara para reformular la composición de un órgano que, a ojos del Presidente, puede traerle más complicaciones que facilidades. Milei apunta a romper con la mayoría compuesta por Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz. En particular, consideran que Lijo sería un virtual aliado de Ricardo Lorenzetti, ya que ambos mantienen un vínculo estrechísimo desde hace décadas.
Con la oficialización de las nominaciones en el Boletín Oficial se abrió un plazo burocrático de 15 días en el que se pueden presentar impugnaciones y observaciones que deben ser analizadas por el Poder Ejecutivo, que de manera posterior a ese paso girará la propuesta al Senado.
El Gobierno todavía no esbozó con claridad la estrategia que utilizará para conseguir los dos tercios de los senadores presentes que eventualmente aprobarán esos pliegos. Desde la cámara alta destacan que el proceso está "bastante verde" y que Victoria Villarruel está abocada a conseguir los votos para que la Ley Bases pase sin objeciones y consiga la sanción definitiva del Congreso. "La decisión de cuán rápido se quiere ir con esto pasa por el Ejecutivo", comentó una fuente en estricto off.
Al darse a conocer las dos nominaciones, hubo funcionarios de distinto tipo que hipotetizaban la posibilidad de que uno de los dos abogados sea visto como una prenda de cambio con el fin de conseguir los votos. Cerca del Presidente lo desmienten. Alegan que Lijo -estrechamente ligado al cortesano Ricardo Lorenzetti- tiene la expertise suficiente para garantizarse los avales suficientes de las provincias peronistas.
Son los senadores que responden a los gobernadores que tienen causas contra la Nación en la Corte los que pueden determinar la aprobación o el rechazo de los pliegos. La interrogante versa sobre qué conformación del máximo tribunal puede ser más tendiente a fallar para un lado o para otro.
La última presentación se realizó este lunes al mediodía de parte del gobierno de Axel Kicillof, que presentó una medida cautelar que pide $ 42.000 millones más intereses correspondientes al Fondo Nacional Docente (FONID) y cerca de $ 5000 millones que corresponden al Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajes.
La elección de García-Mansilla no se explica por una cuestión política sino por la impronta que buscan darle desde el Gobierno a la eventual Corte que acompañará a Milei durante el resto de su mandato. El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral fue notificado de su nominación por el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, poco antes de que se diera a conocer; y fue elegido por su trayectoria académica y perfil ideológico.
El Gobierno no evalúa cambiar alguna de estas nominaciones por una mujer y reducir la brecha de género en la composición del tribunal. Se trata de uno de los principales reclamos de diversas entidades como el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y de referentes en la materia, quienes citan el artículo 7 (b) de la CEDAW -el cual tiene raigambre constitucional- para que se cumpla una cuota de mujeres en ese segmento del Sector Público Nacional.