Las familias califican el plan de visas para ayudar a habitantes de la Franja de Gaza como un fracaso evidente
En el imaginario colectivo, Canadá es un mosaico de culturas, un lugar tranquilo, abierto y pacífico, en contraposición a la violenta realidad de Estados Unidos. En gran medida esta representación social es acertada. Sin embargo, de vez en cuando, una noticia remueve el país y desafía esos valores.
Quizás alguien recuerde el escándalo de hace dos años por el hallazgo de los restos de cientos de niños de comunidades originarias en un internado estatal. Antes nadie hablaba de que, desde 1863 y hasta 1998, más de 150 000 pequeños fueron separados de sus familias y por la fuerza llevados a internados para «civilizarlos», y donde se les prohibieron sus idiomas y costumbres ancentrales.
Según el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, unos 6 000 infantes murieron por las malas condiciones de vida y los abusos que recibieron en estos «nuevos hogares». El documento definió esa política del gobierno como un «genocidio cultural». El Estado se disculpó oficialmente por esta situación.
Recientemente, altos funcionarios del gobierno presentaron sus habituales defensas por otro problema. Desde diciembre, lanzaron un especial de visas para permitir a los ciudadanos y residentes palestinos trasladar a sus familiares desde Gaza a Canadá. Sin embargo, tres meses después ningún solicitante logró salir del enclave. El Ministerio de Inmigración aseguró que el cruce no es seguro, pero los críticos exigen mayor transparencia por parte de la nación norteña.
Desde el momento de divulgación del plan, los demandantes y los abogados expresaron graves preocupaciones. Señalaron que el proceso era confuso, engorroso y contenía un exceso de preguntas invasivas en comparación con lo habitual. Asimismo, los activistas abogaron por la creación de requisitos menos estrictos para los palestinos.
Hay un dato importante. La Ley de Multiculturalismo de Canadá establece la identidad y el patrimonio como recursos invaluables para el futuro. Sin embargo, desde octubre, el país reportó numerosos actos de odio hacia las comunidades musulmanas y judías.
Además, los defensores de los derechos humanos acusan a la administración del primer ministro Justin Trudeau de transferir armas al régimen colonial. Según sus declaraciones, la promesa de no vender equipamientos no se aplica a los permisos por valor de millones de dólares ya aceptados. El Parlamento aprobó hace poco una moción sobre el conflicto en Gaza, e instó a «cesar esa transferencia de exportaciones». Ojalá se haga realidad y sea verdaderamente una respuesta contundente.