El sistema judicial de Uruguay emitió este miércoles una sentencia de 27 años y medio de prisión para Leonardo David Sena, en relación al femicidio de Lola Chomnalez, la joven argentina cuya vida acabó en diciembre de 2014 en una playa de Barra de Valizas, Uruguay.
El perpetrador, bajo custodia desde mayo de 2022, ha sido declarado culpable de la infracción de "homicidio muy especialmente agravado". Se descontará el período en el que estuvo bajo detención preventiva del castigo dictado.
En la fundamentación de la sentencia, el juez Juan Giménez Vera justificó la imposición de dicha condena por un delito que conlleva penas de entre 15 y 30 años, teniendo en cuenta la "peligrosidad" del acusado, su historial previo (una condena previa por agresiones y otra por violación) y el acto de ocultar el cadáver de la víctima después de cometer el homicidio.
Se pidió una pena más severa
La fiscal de Rocha, Mariela Núñez, solicitó la aplicación de la sanción más severa prevista para este tipo de crímenes en el caso de Sena, sin embargo, el juez determinó que no se configuraban todos los elementos agravantes necesarios para ello.
Sena, con historial delictivo por dos incidentes previos, fue arrestado en mayo de 2022 en El Chuy, en la frontera entre Uruguay y Brasil, tras varios testimonios que lo situaban habitualmente en los alrededores de Castillos y Rocha, además de que un análisis de ADN confirmó la correspondencia entre su muestra de sangre y la encontrada en el lugar del suceso.
"A través de material genético pudimos ubicar a una persona, que es quien depositó su material genético, valga la redundancia, en la escena del hecho, es decir, en la toalla que estaba en el interior de la mochila que llevaba Lola en su interior el día que falleció y en su documento nacional de identificación argentino", detalló el juez Giménez Vera.
Por otro lado, Sena afirmó en esa ocasión que era inocente y que su sangre se había transferido a los objetos mencionados debido a una herida provocada por una botella de vidrio mientras realizaba labores, justo antes de dirigirse a la playa para disfrutar de un mate, donde se encontró la mochila de Lola y sus pertenencias.
Pero varios testigos lo contradijeron.
En relación a este asunto, Ángel Eduardo Moreira Martínez, conocido como "El Cachila", también se encuentra bajo custodia. Este individuo, quien se desempeñaba como cuidador de autos, fue exonerado en una primera instancia por el juez Giménez Vera. Sin embargo, en febrero de 2022, el Tribunal de Apelaciones del 4° Turno anuló dicho veredicto y lo sentenció a 8 años de encarcelamiento por su participación en el encubrimiento del crimen.
Moreira recuperó su libertad en junio del mismo año luego de ser exonerado en la primera instancia, pero posteriormente fue arrestado nuevamente por incumplir una orden de alejamiento solicitada por su expareja, lo que resultó en un período de arresto domiciliario.
La absolución de "Cachila" fue impugnada por la exfiscal de Rocha, Jéssica Pereyra, quien había solicitado una pena de 10 años de cárcel.
El veredicto de Apelaciones, dictado por los magistrados Luis Vicinguerra, Ángel Shaban y Gabriela Cobelli, determinó de forma unánime una sentencia de 8 años de reclusión. En febrero de este año, la Suprema Corte ratificó esta última resolución, lo que llevó a "Cachila" de vuelta a la cárcel.
El caso
El sábado 27 de diciembre de 2014, Lola se desplazó a Barra de Valizas y se hospedó en la casa de su madrina. El día siguiente, la joven desapareció mientras paseaba por la playa, y dos días más tarde fue hallada sin vida aproximadamente a cuatro kilómetros de distancia de la casa, en una zona de dunas.
A través del examen forense se concluyó que falleció debido a la asfixia causada por la privación de oxígeno y que exhibía múltiples heridas producidas por un objeto punzante en diversas zonas del cuerpo.
Según la fiscalía, la joven intentó huir de sus agresores corriendo, pero fue capturada, apuñalada y golpeada en la cabeza, resultando finalmente asfixiada cuando, posiblemente en respuesta a sus gritos de ayuda, le presionaron el rostro contra la arena.
"El Cachila" fue detenido al comienzo de la investigación, pero quedó libre ya que dio negativo el cotejo de su ADN con el material genético hallado en los objetos de la víctima, pero en 2019 la Justicia uruguaya lo volvió a imputar y lo detuvo como encubridor al concluir que "estuvo presente antes, durante y después del homicidio" de la adolescente.
A partir de ese momento, los expertos de la Policía Científica prosiguieron con las comparaciones de ADN con todos los individuos recientemente ingresados al sistema penitenciario por diferentes delitos, lo que finalmente condujo a identificar a un familiar del acusado como el posible perpetrador del crimen.
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