Este miércoles, desde el gobierno, a través de la Subsecretaría del Interior, valoraron el dictamen de la Contraloría General de la República que validó el convenio firmado entre el gobierno -a través de esa repartición- y Venezuela, -mediante el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela- en materia de crimen organizado y migraciones, que fue suscrito en enero pasado.
El acuerdo entre ambos países fue cuestionado por los diputados UDI Cristián Labbé y Cristhian Moreira y la independiente Gloria Naveillan, los que sostenían que este tipo de relaciones, debían ser visadas a través del Congreso.
Sin embargo, durante esta jornada, el órgano contralor se pronunció al respecto, señalando que "esta Contraloría General concluye que el MISP (Ministerio del Interior y Seguridad Pública) se encontraba facultado para suscribir el convenio en análisis, toda vez que dicho acuerdo de voluntades incide en materias de su competencia, no comprende materias propias de ley, no se refiere a asuntos incompatibles con la política exterior del país -según lo informara el MINREL (Ministerio de Relaciones Exteriores)- y los derechos y obligaciones que de aquel se derivan son asumidos exclusivamente por la secretaría de Estado que lo suscribe y la PDI, conforme a las reglas generales".
Y añaden, puntualmente al argumento planteado para cuestionar el pacto, que "no se está en presencia de un tratado internacional que deba ser suscrito por el Presidente de la República, sino que de un convenio interinstitucional, que fue celebrado conforme al procedimiento de la ley N° 21.080, el cual, al tenor del artículo 35 de dicha ley, solo genera obligaciones para la entidad pública concurrente, y no obligaciones derivadas del derecho internacional para la República de Chile".
Debido a lo anterior, desde la repartición encabezada por el subsecretario Manuel Monsalve, quien viajó hasta Caracas en enero pasado a suscribir este acuerdo de cooperación, valoraron el dictamen del órgano liderado por Dorothy Pérez.
A través de un comunicado, informaron que "el dictamen de la Contraloría General de la República relativo al convenio de cooperación suscrito el pasado 18 de enero de 2024 entre el Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, a través de la Subsecretaría del Interior, y el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, que establece la procedencia de suscribir este tipo de acuerdos interinstitucionales, viene a confirmar lo que el Gobierno de Chile señaló desde un comienzo, en el sentido de que no se trata de un tratado internacional, sino que sino que de un convenio interinstitucional celebrado conforme a la ley".
Asimismo, reafirman el trabajo realizado durante el último tiempo, con la suscripción de este tipo de entendimientos con Bolivia (2023) y el diálogo que se está realizando con Perú en la actualidad. También destacan "la firma de Chile para su incorporación a AMERIPOL, o la reciente participación de nuestro país en el Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (PacCto 2.0) y la III Cumbre de Ministros y Ministras del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (CLASI), entre otras".
"Reafirmamos nuestra decisión de seguir buscando distintos espacios de cooperación internacional, conforme a la establecido en la Política Nacional del Crimen Organizado, para enfrentar el crimen organizado transnacional y garantizar el derecho a la seguridad de los chilenos y chilenas", sostiene la comunicación de la Subsecretaría del Interior, respecto a estos convenios.