La muerte de la niña se produjo tras una serie de fallidos diagnósticos médicos, que se le atribuyen a tres profesionales. La defensa pidió los sobreseimientos.
Tres médicos neuquinos irán a juicio por la presunta mala praxis que llevó a la muerte de Valentina Dosantos Baleri (11) tras desarrollar una peritonitis que no le fue diagnosticada a tiempo. El pedido de sobreseimiento de la defensa fue rechazado.
La madre de la niña, Tatiana, ha detallado en declaraciones radiales que el 21 de marzo de 2022 inició la travesía de la familia y la niña por distintos médicos a lo largo de varios días, a raíz de un misterioso dolor abdominal que no cesaba.
La paciente pasó primero por la guardia del San Lucas, luego por la del centro La Natividad y, finalmente, fue derivada al Policlínico Neuquén luego de que su cuadro fuera lentamente empeorando.
"Esperamos muchas horas, Valen se retorcía del dolor", recordó la mujer, quien relató que una vez más, a la niña le revisaron su abdomen y ordenaron una radiografía que dio cuenta de la presencia de materia fecal en el intestino, dado que hacía tres días que no lograba ir de cuerpo. Ante esto, se le inyectó diclofenac a la paciente y se indicó la toma de laxantes y la realización de enemas para liberar el intestino.
Sin embargo, la nueva indicación médica tampoco trajo alivio a Valentina, quien continuó con dolores y sin poder ir al baño.
"Le dije que se bañara para llevarla al médico nuevamente. Cuando salió de la ducha, parecía una persona muerta; tenía toda su piel amarillenta y los labios morados, así que nos fuimos volando al médico", confió Tatiana.
Prefiriendo que la vea alguien que había seguido la evolución del cuadro de su hija, que no hacía más que empeorar, la mujer volvió con la niña al Policlínico, donde tras esperar "dos horas", Valentina "entró en shock". Aunque los análisis básicos daban resultados normales, la niña había comenzado a vomitar "de color café". Una tomografía computarizada arrojó que la paciente había desarrollado un shock séptico y debía ser intervenida quirúrgicamente porque su estado era "crítico".
Sin embargo, eso no ayudó y el día 22, la niña falleció.
Por todo esto y tras reunir los primeros elementos de prueba, en marzo de 2023 llegó la audiencia de formulación de cargos. El asistente letrado Pablo Jávega consideró que los médicos, identificados por el momento como "P.G", "S.N" y "M.N.S", "actuaron con negligencia al evaluar a la paciente, al omitir la realización de acciones terapéuticas para contrarrestar el cuadro de abdomen agudo quirúrgico que presentaba al asistir al Policlínico, que evolucionó en una sepsis que le causó la muerte".
En este sentido, subrayó en audiencia que el accionar de los médicos fue "deficiente en la interpretación de los antecedentes, hallazgos clínicos y radiológicos conllevando a un diagnóstico y tratamiento erróneo". Como consecuencia, ambos profesionales postergaron "medidas específicas que son determinantes en una respuesta favorable y lograr la restauración de la salud de la paciente, pudiendo haber actuado de un modo diferente para revertir el cuadro que padecía".
Guiándose solo por los síntomas manifestados por la niña, el asistente letrado sostuvo que ambos profesionales "asumieron indebidamente un diagnostico presuntivo de constipación, (desestimando los hallazgos radiológicos existentes, clínica y antecedentes), cuya demora en el diagnóstico y tratamiento correcto desencadenaron en sepsis".
Por todo esto, acusó a los profesionales como autores del delito de homicidio culposo. La familia de la víctima está representada en el proceso por el abogado particular Juan Coto.
Así es que se llegó a la etapa de presentación de prueba y elevación a juicio que hizo la acusación, aunque la defensa pidió el sobreseimiento de los tres profesionales, argumentando que la prueba no es suficiente para atribuirles el hecho.
El juez Marco Lupica Cristo, encargado de analizar el pedido, rechazó la solicitud y "determinó que la complejidad de la causa y de las teorías de cada una de las partes hace que se deba evaluar la credibilidad de los médicos que presentan posturas opuestas. Es necesario velar por la tutela efectiva de la víctima y sus familiares, y la única manera de hacerlo es a través de un juicio".
En esta misma línea, dictó la elevación a juicio con la intervención de un tribunal colegiado, dado que la fiscalía pedirá, en caso de lograr la declaración de responsabilidad de los médicos, penas mayores a 3 años y menores a 15 para cada uno.