Mogán
Miércoles, 1 de mayo 2024, 02:00
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Un grupo de pancartas llamó la atención la mañana de este martes en el paseo marítimo de Puerto Rico, en Mogán. Las colocaron trabajadores de cinco restaurantes situados en los bajos de esta avenida que llevaban abiertos desde hace 50 años.
Su propietario, Pablo González, ha decidido cerrarlos tras las órdenes de clausura del Ayuntamiento dictadas contra dos de ellos, con sendas multas de 22.500 euros. El dueño y sus empleados denuncian una «persecución» del consistorio y le achacan el despido de 50 trabajadores directos y de más de 10 indirectos. Por su parte, desde el gobierno local aclaran que actúan a partir de denuncias de terceros por molestias por ruidos y que el cierre se debe a que ninguno de los dos locales tenía licencia de apertura.
«Ya me cerraron el primero, el Gran Canaria, el verano pasado y ahora me llevan al próximo pleno la orden para clausurar otro, El Pirata», se quejaba este martes Pablo González. «Está claro que van a por mí y tienen toda la legislatura para hacerlo, así que he decidido plantarme, a mis años ya no estoy para esto». Así las cosas, explicó, ha cerrado El Pirata y los otros tres, Atlanta, Venecia y El Tiburón. «Les he dado un mes de vacaciones a mis empleados, pero ya no volveremos a abrir».
No entiende tanta disciplina con sus locales cuando, según insistió, en la misma playa hay otro restaurante, «de sus amiguitos», apostilló, sobre el que pesa «una orden de derribo» que hasta ahora el Ayuntamiento no ha ejecutado. Hace alusión al Waikiki. Una reciente sentencia de un juzgado de lo contencioso reprochó en 2022 la «inactividad» de Mogán al dejar que prescribiera una orden de demolición dictada hace 19 años y le obligaba a instar un nuevo expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística porque incumple la Ley de Costas y ocupa dominio-público.
La primera orden de cese de la actividad que incumbió a Pablo González se hizo efectiva en verano pasado y afectó al restaurante Gran Canaria. Fuentes de Urbanismo explican que una vecina llevaba denunciándolo desde 2013 por sus altos niveles de ruido, tanto de música en vivo como de ambiente. Al abrirle expediente detectaron que no contaba con título habilitante, la infracción quedó fijada como muy grave y se le ordenó el pago de 22.500 euros de sanción y el cese de la actividad.
El empresario la recurrió ante los tribunales y el Ayuntamiento la tiene suspendida hasta tanto los juzgados resuelvan quién tiene la razón. El cobro de la multa está pendiente, pero la orden de cierre del local sí se hizo efectiva.
Sin embargo, la denunciante, que solo desde mayo de 2022 hasta finales de 2023 llevaba acumulado un historial de 10 denuncias, volvió a tocar en las puertas de la corporación local en noviembre de 2023 para advertirle de que una parte del restaurante Gran Canaria seguía abierto al público y emitiendo música, solo que desde las cocinas y la barra de otro de al lado, El Pirata.
En ese nuevo escrito, esta vecina se quejaba otra vez de que este nuevo local, mixto entre el Gran Canaria y El Pirata, estaba causando también serias molestias por ruido a los residentes más cercanos, todos los días de la semana, hasta las 23.00 horas y a veces, hasta las 24.00 horas. Esta nueva denuncia motivó otro expediente municipal, que es el que se llevó esta semana a comisión informativa y que se aprobará, probablemente, en el próximo pleno.
Según consta en la propuesta de resolución, se desestiman las alegaciones que presentó el empresario, se le impone una sanción de 22.500 euros por infracción considerada muy grave y se le ordena el cese definitivo de la actividad a la entidad Duane & Miguel SL, que es la que figura como titular del negocio. Tanto en este expediente como en el anterior, el motivo que motiva una decisión tan drástica, según figura en la propia resolución técnica, es el de carecer de licencia de apertura.
El empresario, Pablo González, recuerda que estos cinco restaurantes llevan abiertos desde hace 50 años, por lo que, en todo caso, la actividad ya está consolidada. Desde Urbanismo, en cambio, subrayan que esa salvedad o esa prerrogativa es posible en la legislación urbanística, pero no en la que regula las actividades clasificadas. «Usted puede haber estado sin licencia de apertura 50 años; si el Ayuntamiento se entera en el 51, tiene que sancionarle», apuntan estas fuentes.
Se abre ahora un periodo de incertidumbre para los trabajadores y para sus familias, que acusan al gobierno de querer echarlos para «montar sus chiringuitos». Mogán defiende que solo cumple con la ley.
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