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La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) han emitido este martes un comunicado conjunto donde señalan que "no resulta posible regenerar la democracia laminando la separación de poderes ni luchar contra la politización de la justicia adoptando medidas que incrementen esa politización. La existencia y pervivencia de un poder judicial independiente y ajeno a los intereses políticos es la garantía de un Estado Democrático y de Derecho, esencial para proteger las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos frente a cualquier abuso de poder, venga de donde venga".
En estos términos taxativos se han pronunciado ambos colectivos después de que el Gobierno haya señalado que reformará el Consejo General del Poder Judicial con o sin el Partido Popular. "Rebajar esas mayorías supondría facilitar los acuerdos de mínimos en vez de los grandes consensos propios de las instituciones democráticas. Ello permitiría que un único partido (o una coalición de ellos) tenga en su mano, además del poder legislativo y el ejecutivo, el gobierno del poder judicial. Dicho de otro modo, no solo incrementaría la politización del órgano de gobierno de los jueces y, por ende, la de los jueces que este nombra discrecionalmente, sino que supondría un importante retroceso en separación de poderes", subrayan las asociaciones respecto de la opción de llevar a cabo una reforma legal que permita designar a los vocales de procedencia judicial del Consejo sin mayoría cualificada, es decir, prescindiendo de los tres quintos de las Cámaras necesarios en la actualidad.
Por otro lado, desde la AJFV y FJI subrayan que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "habla de lawfare". "Si con ello se quiere hacer referencia a una hipotética politización de la Justicia, ello no se corresponde con la realidad, tal y como señalamos las cuatro asociaciones judiciales hace unos meses en un comunicado conjunto: los jueces actuamos sometidos únicamente a la Ley, no a consignas políticas, y solo los intereses partidistas de unos y otros convierten en «políticas» las resoluciones judiciales que les son desfavorables", agregan.
Estas dos asociaciones consideran que es "necesario adoptar medidas de regeneración democrática" encaminadas, por un lado, a permitir a los miembros de la carrera judicial participar en la elección de su órgano de gobierno, "lo que acabaría de una vez por todas con el factor de corrupción que supone que los políticos elijan a todos los vocales del órgano que, a su vez, nombra a los jueces que juzgan a esos mismos políticos" y, por otro, a "objetivar los nombramientos de los altos cargos judiciales, de tal modo que la evaluación de su mérito y capacidad no dependa enteramente de la decisión discrecional del CGPJ".
"No resulta asumible, sin embargo, que se adopten decisiones que profundicen en la contaminación política que actualmente se percibe como reinante", concluyen.