Con la llegada de la generala Laura Richardson, el gobierno de Javier Milei sobreactuó la alianza con Estados Unidos e Israel de todas las maneras posibles. Una parte de los anuncios son shows, pero el objetivo, más que hacer algo en concreto, consiste en evitar y limitar la presencia china. Por ejemplo, la base naval argentino-estadounidense, compartida, en Ushuaia o la compra de aviones o la revisión del observatorio argentino-chino existente en Neuquén. Difícil que alguna de esas iniciativas vea la luz: lo decisivo es el gesto de jugar para Washington y dejar en claro que China es del otro bando, el bando rojo, comunista. Mientras el mundo entero apuesta al multilateralismo, a negociar con Estados Unidos, China, Rusia, Europa y, sobre todo, con los respectivos países vecinos, la Casa Rosada juega a la guerra fría, como hace 40 años.
La base de Ushuaia
El gobierno de Alberto Fernández pensó en conseguir financiamiento internacional para construir una base de la Armada, que sería la más austral del mundo. Ese financiamiento no se logró. Pese a ese obstáculo, con Jorge Taiana como ministro de Defensa, se colocó una piedra fundacional en la zona ubicada frente al puerto de Ushuaia. Allí se construiría la base, no sólo de la Armada, sino también de Fuerza Aérea y Ejército. Desde el punto de vista estratégico, la idea era tener un polo logístico antártico y una base de control del Atlántico sur, teniendo en cuenta que solo hay dos pasos interoceánicos: el canal de Panamá y el Estrecho de Magallanes. Hoy por hoy es una obra que está en los inicios y, como todas, paralizada por Milei.
Lo que ahora hizo el Presidente es ofrecerle a la generala Richardson que se avance en el proyecto, pero para establecer una base conjunta. No está claro si los norteamericanos participarían en la construcción o también en la operación. Milei no dio detalles; Richardson no dijo nada. Es que no hay demasiadas razones para que Estados Unidos esté interesado: tiene su base en el Atlántico Sur, la de Malvinas, en alianza con el Reino Unido. Al mismo tiempo, una base compartida requeriría de la autorización del Congreso Nacional, algo que muy difícilmente prospere.
Con ese panorama, Washington no se verá afectado: lo único que le importa es que China no financie ni tenga participación alguna en el proyecto. O sea, lo más probable es que no se avance en la construcción de la base, lo significativo es que el peligro rojo no asome las narices por allá.
Puerto de Río Grande
De manera extraoficial, el Comando Sur también planteó sospechas sobre el puerto multipropósito que se va a construir en Río Grande, Tierra del Fuego. Los fueguinos lo llaman el puerto de Mirgor, la empresa de la familia Caputo. Sucede que la compañía es la que propuso el proyecto y el financiamiento para que los insumos de sus industrias lleguen directo a Río Grande, no a Ushuaia. Ya tiene aprobación provincial y es inminente el inicio de las obras.
Aun así, los norteamericanos orientan las sospechas al lado chino porque está firmado un convenio para la instalación de una petroquímica, dados los requerimientos energéticos que tiene la provincia. Pero no es que China intervendrá en el puerto, solo habrá un caño de provisión del combustible. Washington objeta incluso eso.
Como se ve, de cada cosa se arma una novela de conspiraciones ilimitadas. Y una única fórmula: nada con China, nada de nada.
El observatorio de Neuquén
Aprovechando la oferta de relaciones carnales, Washington cuestiona, de forma grosera y pública, el observatorio del espacio profundo que China, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y la provincia del Neuquén operan en 200 hectáreas ubicadas en el medio de la nada, en la llamada Bajada del Agrio, a tres horas y media del aeropuerto de la capital neuquina.
"Es una antena de 35 metros, muy lenta, que no sirve para rastrear satélites que tienen órbitas bajas o medias, que es la sospecha que instalan los norteamericanos. Ellos sugieren que los chinos espían los satélites militares -explican los técnicos de la cuestión espacial-, pero para eso se necesitan antenas más rápidas. La Argentina las tiene en Córdoba y en Tierra del Fuego, mucho más adecuadas que las de la Bajada del Agrio. La de Neuquén es una antena igual a la que opera la Agencia Espacial Europea en Malargüe, Mendoza, que es incluso más moderna. Esas antenas permiten hacer un seguimiento de misiones interplanetarias, las 24 horas, desde todos los ángulos, misiones que van más allá de los 300.000 kilómetros desde la Tierra. Ese seguimiento necesita tres antenas. Los chinos tienen dos en China y esta es la tercera. Los europeos tienen una en Europa, una en Malargüe y una en Australia. Estados Unidos tiene una en su territorio, otra en España y otra en Australia. La CONAE tiene acceso pleno, ilimitado, todas las veces que se quiera. Va en forma permanente. Hay que avisar previamente, algo que también se requiere en los observatorios de Córdoba y Tierra del Fuego, que son argentinos. Van delegaciones de ingenieros, de colegios. Nunca fue denegada ninguna visita. Es falso que se le hayan cedido a China las 200 hectáreas: es un comodato a la CONAE, no a China. Hasta el momento no se presentó ninguna denuncia de ningún tipo".
De todas maneras, Estados Unidos reclama el desmantelamiento. Milei, obediente, prometió una especie de revisión.
El control del Paraná
En el río Paraná hay, en los 1400 kilómetros del curso argentino, 49 puertos privados, en manos de empresas de numerosos países, entre ellos Bélgica, Estados Unidos, China, España. Los norteamericanos -como ocurre en el sur- objetan la presencia china en una vía por la que sale una proporción importante de los alimentos del mundo.
En diciembre de 2023, la Administración General de Puertos (AGP) firmó un acuerdo con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos para tareas de dragado y navegabilidad del Paraná. Todo indica que hace un mes, Milei firmó un nuevo convenio, supuestamente ampliando el anterior. El texto no se conoce del todo, al punto que el gobierno de Axel Kicillof realizó un pedido de informes, que la AGP debe contestar, como máximo el 12 de abril. La impresión es que lo de los ingenieros es una pantalla.
El escritor Mempo Giardinelli señala que el país no tiene soberanía sobre lo que ocurre en el río: no hay control de la AFIP ni del Senasa ni de la Prefectura: ninguna autoridad argentina sube a los barcos a controlar. Más todavía, cuando se sospecha que es una vía de contrabando de soja, otros cereales, narcotráfico, evasión impositiva de todo tipo. El control es lo contrario de lo que ocurre en el río Mississippi-Missouri: la autoridad en ambas márgenes es del ejército de Estados Unidos, la autoridad en las aguas es de la Armada de Estados Unidos y ni siquiera pueden navegar buques que no hayan salido de astilleros de Estados Unidos. "No hay control de nada en el Paraná. No son ingenieros lo que se necesita", redondea Giardinelli.
En su visita, Richardson y el embajador Marc Stanley defendieron el acuerdo con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército con uñas y dientes. Usan el argumento del peligro amarillo y de la epidemia de fentanilo para ejercer un control sobre la principal vía del comercio argentino. Habrá que ver los textos del convenio el 12 de abril.
No hay dudas que Estados Unidos aprovecha la oportunidad que le da un gobierno que actúa como una caricatura. Tal vez el ejemplo mayor sea la compra de los aviones F-16, de origen norteamericano, pero que Dinamarca se quiere sacar de encima. La carta de intención está firmada y Washington solo aportará 40 millones de dólares para el armamento de esos aparatos. Los 300 millones restantes los tiene que pagar el estado. En la Fuerza Aérea todos piensan que no va a ocurrir. Es solo una simulación para descartar la propuesta de comprar los aviones JF-17 ofrecidos por China, a un precio más bajo y financiado.
Porque ya se sabe, con China nada, nada de nada.