- Sucesos El FBI y la Policía investigan la misteriosa desaparición de una mujer norteamericana en Madrid
Hace más de dos meses que se perdió la pista de Ana María Knezevich en Madrid. La justicia española lo investiga como un posible caso de violencia machista, al mismo tiempo que una corte de Florida (EEUU) se centra en la aparente liquidación por parte de su marido del patrimonio que ambos compartían.
Las pesquisas de la Policía Nacional para dar con el paradero de la estadounidense de 40 años, desaparecida el 2 de febrero en Madrid, las está dirigiendo el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 9 de la capital, que mantiene la causa bajo secreto de sumario.
No obstante, la denuncia que una amiga suya interpuso tres días después de perder contacto con ella recayó inicialmente sobre el Juzgado de Instrucción número 51, que acabó inhibiéndose hace unas semanas en el especializado en violencia machista.
Este hecho implica, según han señalado a EFE fuentes jurídicas, que los investigadores tienen como una de sus hipótesis que su marido, David Knezevich, con quien llevaba medio año inmersa en un proceso de divorcio, podría estar implicado en su desaparición.
Los familiares de la desaparecida, representados en España por el letrado Juan Manuel Medina, ya están personados como acusación particular en la causa después de que el consulado de España en Miami les otorgase un poder para pleitos, pero aún no han podido conocer los detalles de la investigación que obran en poder del Juzgado.
Agentes del FBI colaboran desde el primer momento en las pesquisas y está previsto que en los próximos días, con la cooperación de la empresa que alquilaba la vivienda en la que residía Ana María, reciban los enseres personales que tenía en Madrid.
Será principalmente para entregárselos a sus familiares, residentes en Florida, aunque las fuentes consultadas no descartan que los analicen previamente para tratar de obtener nuevas pistas sobre su paradero.
Es precisamente una corte del condado de Broward, del sureño estado estadounidense, la que está valorando la petición para que Juan Felipe Henao, hermano de Ana María, sea designado como gestor de su patrimonio, que incluye inmuebles valorados en varios millones de dólares y dos empresas -una inmobiliaria y una tecnológica- que compartía con su esposo.
Esto se debe a que sospechan que David, quien creen que se encuentra en Serbia, su país natal, ha estado liquidando los bienes compartidos con la desaparecida.
Depresión tras el divorcio
Según las citadas fuentes, a principios de año Ana María le comunicó a una amiga cercana que había llegado a un acuerdo con David para dividir su patrimonio de forma equitativa tras el divorcio.
Sin embargo, los familiares alegan que en esa misma época vendió varias propiedades y aparentemente se quedó con los beneficios, por lo que temen que pueda seguir llevando acciones de este tipo.
El tribunal estadounidense aún no ha tomado una decisión acerca de la concesión de esta medida a su hermano, quien alega que así podrá salvaguardar el patrimonio de la desaparecida.
Además, han propuesto que Medina, colaborador de la Asociación SOS Desaparecidos y que ha estado asesorando a la familia desde la desaparición de la mujer, declare ante la citada corte como abogado de la causa penal en España.
Ana María, de origen colombiano y 40 años, llegó a Madrid el pasado diciembre buscando descansar de un complejo proceso de divorcio que le llegó a provocar una depresión por la que su médico en Estados Unidos le recetó medicación.
La última noticia que sus allegados tuvieron de ella es que estaba buscando un nuevo piso de alquiler con la expectativa de quedarse en la capital española a largo plazo. Un día después, el 3 de febrero, dos amigas recibieron sendos mensajes suyos que les hicieron sospechar que algo no iba bien.
En ellos, uno escrito en inglés y otro en español y ambos con expresiones impropias de la desaparecida, les contaba que había conocido a una persona y que en esos momentos estaban viajando a un lugar a dos horas de Madrid en el que apenas tendría cobertura.
El abogado consideró en declaraciones a EFE que este tipo de mensajes son un proceder "relativamente manido" con el que se intenta "borrar el rastro de una persona y aparentar que es una huida voluntaria".