Cristina Gallardo / Ángeles Vázquez
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha cogido la delantera de cara a una futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que pondrá en manos de los fiscales la instrucción de los delitos penales. El impulso por parte del Gobierno del Anteproyecto de Ley elaborado durante la primera legislatura de Pedro Sánchez, que se guardaba en un cajón tras la sustitución del ministro Juan Carlos Campo, exige un cambio en el Estatuto del Ministerio Fiscal, y para ello se ha puesto en marcha un grupo de trabajo y se abre el debate a toda la carrera.
Durante la reunión mantenida este miércoles con el fiscal ha propuesto a las asociaciones de fiscales una metodología de trabajo para contribuir a la elaboración del nuevo Estatuto, que según una vieja reivindicación de los propios fiscales debe ir dirigido a reforzar la autonomía incluso económica de la fiscalía general y asegurar la independencia de los fiscales a la hora de asumir las investigaciones. Se trata de concretar los cambios estatutarios que son necesarios para lograr esos objetivos.
A la reunión, en la que por parte de la Fiscalía General también ha estado presente la fiscal de sala jefa de la Secretaría Técnica, Ana García León, han asistido la presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus; el presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Jesús Arteaga, y el presidente de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), Miguel Pallarés. García Ortiz propone que sean las propias asociaciones, amparadas por la Fiscalía General, las que comiencen los trabajos de elaboración del nuevo Estatuto.
Propuestas con garantías
Según fuentes de la Fiscalía, se pretende que participen todos los fiscales, ha que "solo desde el profundo conocimiento de la Carrera Fiscal y de sus estructuras se pueden hacer al legislador propuestas con garantías para un nuevo Estatuto Orgánico que responda a la futura LECrim". La próxima reunión de trabajo ya tiene fecha, el próximo 7 de mayo.
La convocatoria de este miércoles se produce después de que el Ministerio de Justicia haya anunciado a las asociaciones de fiscales su intención de recuperar el proyecto.
Una de las críticas más recurrentes se dirige a criticar si los fiscales tienen la suficiente independencia para asumir la dirección de las investigaciones, dada la idea implantada en la sociedad de que el fiscal es una figura con cierta dependencia de los gobiernos, al contrario de lo que ocurre con los jueces que hoy realizan las instrucciones.
El propio ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, anunció en el Consejo de Ministros del pasado 26 mes de marzo su intención de impulsar una reforma clave que quedó paralizada durante el mandato de su antecesora en el cargo, Pilar Llop.
Además, ha pedido formalmente al Consejo General del Poder Judicial que acelere la entrega del informe preceptivo que se encargó a este órgano en febrero de 2021, y en el que trabajan desde entonces un grupo de vocales. Este trabajo no podrá ser aprobado, sin embargo, por el Pleno de este mes, según señalan a El Periódico de España, del mismo grupo editorial, fuentes conocedoras del documento.
Se trata de una reforma de gran calado, que supondrá situar al fiscal como principal instructor de la averiguación de los delitos, en sustitución de los jueces, cuya actuación se verá limitada a controlar que se cumplen las garantías legales en detenciones, registros, embargos y cualquier medida que afecte a los derechos fundamentales de los investigados.
Superar la decimonónica norma de Alonso Martínez, que es la que dice cómo se organiza la investigación penal en España, es algo que se viene planteando desde hace más de veinte años. Ya trabajaron en este proyecto los ministros Francisco Caamaño, cuyo Anteproyecto decayó con la última legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, y posteriormente el Gobierno popular de Mariano Rajoy, con un testo impulsado por Alberto Ruiz Gallardón que tampoco llegó a ver la luz.
El momento elegido para impulsar la nueva ley procesal no se considera idóneo desde algunos ámbitos jurídicos, dado el enconado enfrentamiento entre la mayor parte de la carrera fiscal y la persona hoy al frente del Ministerio Público, Álvaro García Ortiz, a quien la Asociación de Fiscales ha llegado a pedir varias veces la dimisión por su política de nombramientos y sus posicionamientos cercanos al gobierno de Pedro Sánchez.
Sobre el Anteproyecto actual, fue analizado en julio de 2021 por el Consejo Fiscal de Dolores Delgado. El informe dado a conocer entonces decía que la propuesta legislativa que ahora se impulsa daba un papel excesivo a los jueces de garantías, y la entonces fiscal general, Dolores Delgado, criticó al presentar su dictamen que se le mantenga como un "tutor de la investigación" con funciones "exorbitantes". Otros fallos del texto, según señalaron en su informe los principales actores que deberían aplicarlo, que son los fiscales, pasan por el hecho de que el Anteproyecto vea innecesario aumentar la plantilla que olvide medidas para la agilización de las causas.
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