Seis organizaciones de derechos humanos en El Salvador instaron el jueves al fin del régimen de excepción en el país, y destacaron su preocupación por las miles de denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos y las más de 240 muertes en cárceles bajo custodia estatal.
Desde que se implementó la medida el 27 de marzo de 2022, a solicitud del gobierno de Nayib Bukele para combatir a las pandillas, hasta el 15 de marzo de este año se registraron 6,305 denuncias de violaciones a derechos humanos, con un total de 16,289 hechos o afectaciones, publicó Efe.
Este llamado se sustenta en un informe elaborado por Cristosal, el Servicio Social Pasionista, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, Amate y la Fundación de Estudios para la Aplicación de Derechos (Fespad).
Según Gabriela Santos, directora del Idhuca, el régimen de excepción es "una burbuja insostenible que nos da por un tiempo esta sensación de seguridad pero que, en el fondo, por el carácter inmediato y represivo, no da para más".
Nataly Paz, de la Red Salvadoreña de Defensoras, expresó su inquietud por la posible criminalización de activistas por los derechos humanos, periodistas y líderes comunitarios bajo este régimen. Se han documentado al menos 34 casos de detenciones de defensores de diferentes sectores, incluyendo ambientalistas, sindicalistas y defensores de los derechos LGTBIQ+.
Rina Monti, de Cristosal, resaltó la persistencia de la criminalización de la juventud, con más del 50% de las personas detenidas siendo jóvenes de entre 19 y 30 años, y un aumento notable de capturas de adolescentes de 13 a 18 años. Se han registrado 203 denuncias de detenciones de adolescentes.
Con cifras oficiales que indican que 79,184 personas han sido capturadas durante el régimen de excepción, según Bukele denominado como "guerra contra las pandillas", la situación carcelaria es alarmante. En las cárceles de El Salvador, aproximadamente 109,519 personas están privadas de libertad, con una tasa de personas detenidas por cada 100,000 habitantes de 1,728, la más alta a nivel mundial.
Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista, detalló que el hacinamiento alcanza el 335 % en las cárceles del país, con 12,500 detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo y 97,019 en otras cárceles. Estos datos subrayan la urgencia de abordar la situación carcelaria en El Salvador desde una perspectiva de derechos humanos y justicia social.
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