Las arcas públicas se resienten en un contexto de recortes y freno de la actividad económica. Los ingresos de la Provincia cayeron en torno a $34.000 millones interanuales por la reducción de giros de parte de la Nación y una disminución de la recaudación de impuestos, según comentó el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad. "La vamos llevando y es un día a día. A medida que va cayendo la recaudación, tratamos de acomodarnos financieramente en la realidad y hasta ahora nos está saliendo bien", comentó.
El funcionario fue invitado a la Legislatura para participar de una reunión ampliada y evacuar dudas respecto al proyecto de retiro anticipado en la administración pública, una de las estrategias de la Casa de Gobierno para buscar equilibrio de las finanzas públicas y la contención del gasto. Al finalizar, en rueda de prensa, contó que la transferencia de coparticipación federal cayó un 26%, lo que representa unos $26.000 millones menos por mes. Añadió que la recaudación por impuestos provinciales cayó alrededor del 22%, lo cual representa una caída de casi $8.000 millones. "Entre los dos son unos $34.000 millones. No es poca plata, pero vamos peleándola", indicó ante una consulta de LA GACETA.
El ministro, de todos modos, aseguró que la provincia se encuentra financieramente ordenada para que el Gobierno funcione con normalidad y que están garantizado los fondos para pagar los sueldos. A su vez, destacó que el dialogismo que pregona y practica el gobernador Osvaldo Jaldo con la administración de Javier Milei ha abierto puertas para Tucumán. "El diálogo ha permitido que, cuando nosotros tenemos una necesidad financiera, el Gobierno nacional nos asiste financieramente, como fue un decreto que salió, que nos asistió en $32.000 millones", indicó.
Todo ahorro vale
Durante la mañana, Abad fue recibido en la Cámara por el vicegobernador Miguel Acevedo. Fue invitado a una reunión ampliada de las comisiones de Hacienda y Presupuesto (a cargo de Carlos Gallia), Legislación Social (Alejandra Cejas) y Legislación General (Gerónimo Vargas Aignasse), para evacuar dudas respecto al proyecto que envió el Ejecutivo para crear un Sistema de Retiro Voluntario Programado para agentes de la Administración Pública Provincial. "Perseguimos un ahorro fiscal, que vendría a ser el 30% del sueldo que no cobraría (el agente) por el retiro. Eso ayudaría a todas las medidas que venimos tomando para tratar de buscar el equilibrio fiscal en la provincia", indicó.
El sistema de retiro voluntario será temporario, por el término de cuatro años (o menos cuando estuviera cerca de la jubilación). Durante ese periodo, el Estado abonará el 70% de los haberes normales, en el mismo tiempo y forma que lo hagan los agentes en actividad. Además, se mantendrá el beneficio de la obra social. Para acogerse, el agente tendrá que tener un mínimo de tres años de antigüedad.
Empleados sin función
Una de las primeras medidas que tomó Jaldo al asumir la Gobernación fue la eliminación y fusión de secretarías, subsecretarías y direcciones del Ejecutivo. "El que haya quedado sin alguna función concreta en el Estado por la reducción de organismos se puede retirar y tratar de insertarse en el mercado laboral privado", dijo Abad. Afirmó que no tienen una cifra estimada de retiros, pero que en ocasiones anteriores en las que se implementó algo similar se acogieron entre 800 y 2.000 personas. Indicó que cualquier ahorro que se pueda hacer será significativo. "Si parafraseamos al Presidente: no hay plata. Cualquier ahorro es importante", subrayó.
Legisladores oficialistas indicaron que la intención es que la iniciativa sea debatida cuanto antes en el recinto (podría ser en las próximas semanas). De todos modos, debe ser tratada y dictaminada previamente por los comité de Hacienda y Presupuesto, Legislación Social y Legislación General. Gallia indicó que la intención del encuentro era para evacuar dudas y sugerir algunas modificaciones con el fin de alcanzar la mayor cantidad de adhesiones posibles. "Después de lo que nos explicó el ministro, haremos un proyecto conjunto y lo volveremos a elevar al Ejecutivo para ver si con las modificaciones que proponemos -a través de las tres comisiones- podemos consensuar y llevarlo al recinto en forma unánime", expresó en rueda de prensa. La intención es hacer lo más atractiva posible la propuesta para cosechar la mayor cantidad de adhesiones.
El ex intendente de Lules consideró que se tiene que tener en cuenta que la determinación de implementar un retiro voluntario tiene que ver con una coyuntura. Remarcó que es algo que se implementará por cuatro años, con la posibilidad de extenderlo por cuatro más. "Sería un ahorro importante para la Provincia y para todos aquellos Municipios que quieran adherir", comentó. Sin embargo, aclaró que se analizará qué personal resulta esencial en cada atención para no resentir la atención y los servicios que brinda el Estado. "Hoy lo que el Gobierno necesita es un ahorro. Ahorrar en diferentes áreas, no sólo en sueldos sino en todo lo que concierne al gasto público", reflexionó el luleño.
Cubrir los baches
El legislador Vargas Aignasse señaló que cuando la iniciativa se convierta en ley se abrirá un periodo de oferta para que los empleados públicos que quieran acogerse al sistema puedan ingresar. Señaló que ver un impacto fiscal va a demandar tiempo dado que primero se debe aprobar la iniciativa, promulgarla y reglamentarla antes de que se anoten los interesados de una planta de 110.000 trabajadores. En ese sentido, dijo a modo de ejemplo que si ingresan al sistema de retiro 2.000 empleados el ahorro estimado sería de $4.000 millones.
"Lo que estamos buscando es tratar de que ese número sea superior, por eso la idea es poder incorporar a los municipios y también a las comunas, buscando ampliar el abanico de trabajadores que puedan ingresar a este programa. Claramente tenemos que cubrir un bache de más de $34.000 millones que tiene la caída de recaudación nacional y provincial. Para cubrir ese bache financiero una de las tantas herramientas es esta. Naturalmente que con esta no vamos a cubrir todo, pero sabemos que es parte de este proceso, esperando que en algún momento mejore la economía, la coparticipación y los ingresos provinciales", desarrolló Vargas Aignasse.
El parlamentario por la Capital del bloque Justicialista, sin embargo, aclaró que la reducción del gasto debe ser razonable. "El Estado no puede dejar de funcionar ni puede dejar de pagar los sueldos, eso está garantizado. Pero siempre pensando en que puede pasar algo malo a futuro y para eso hay que ir tomando las previsiones. Esta es una de las tantas previsiones que se están tomando", dijo. A su vez, no descartó la posibilidad de que se pueda llegar a considerar el escalafón para que la oferta sea lo más atractiva posible.
"Se queda corto"
De un modo más crítico se expresó el legislador Claudio Viña, presidente del bloque alfarista Compromiso Tucumán. Opinó que el sistema propuesto por la Provincia "se queda corto" dado que es temporario, sin posibilidad de contemplar el retiro definitivo como ocurre con otros regímenes similares a nivel nacional y provincial. "Con la modalidad temporaria propuesta por el Poder Ejecutivo lo único que se logra es un ahorro de caja temporal, corriendo el problema para dentro de cuatro u ocho años", apuntó.
El líder de Nueva Fuerza dijo que esa limitación, además no convenir para una futura administración, "puede generar el regreso a la función de personas que, luego de ocho años de ausencia, vuelva a intentar incorporarse a una oficina o dependencia de la que desconocerá casi todo como sistemas de atención", entre otros.
Definitivo y escalonado
El ex funcionario municipal planteó también que el ahorro del 30% del salario del trabajador no es tan significativo, mucho más si se debe continuar abonando la obra social y el 100% de los aportes. "En ese sentido, estamos elaborando un proyecto de ley complementario que prevé el retiro definitivo, siempre de carácter voluntario. Resulta mucho más económico para el estado pagar una indemnización de un mes de sueldo por cada año de antigüedad que pagar el 70% del salario por 48 meses. En este último caso terminaría pagando 34 sueldos aproximadamente (el 70% de los 48 meses), mientras que para indemnizar definitivamente podrá pagar desde tres hasta un máximo de 25 sueldos.
Viña indicó que si el problema es la disponibilidad, dado que el pago indemnizatorio debe ser al momento del acogimiento, se puede prever un cupo manual para regular la cantidad de trabajadores que accedan al retiro definitivo, de manera tal de no asfixiar las arcas del Estado escalonando los pagos. "Esta modalidad, sin dudas, es más redituable económicamente y como agregado, el empleado se desvincula completamente y no regresa a la planta estatal después de un largo tiempo", desarrolló y solicitó a Jaldo y a Abad que analicen la posibilidad de incluir esta modalidad para que el programa sea realmente efectivo.
El Gobierno requiere unos $60.000 millones mensuales para el pago de salarios. El gasto en personal dentro del presupuesto va en ascenso con las subas que se firmaron en marzo. En la actualidad, los salarios estatales representan alrededor del 58% del total de erogaciones.