El Gobierno empieza ya muestra abiertamente sus recelos a la entrada a lo grande de Abu Dabi en el accionariado de Naturgy, la mayor gasista española, la tercera mayor eléctrica y un grupo que se considera estratégico para los intereses españoles. El Ejecutivo se mueve y ya no oculta que busca alternativas a la opa del grupo energético emiratí Taqa e incluso no cierra la puerta a una eventual irrupción del Estado español a través de SEPI en el capital de Naturgy, como ya ha hecho con Telefónica.
El grupo Taqa, controlado por el emirato de Abu Dabi, ha confirmado que negocia con los fondos CVC y GIP la adquisición de sus participaciones en Naturgy (en total un 41,3%, valorado en más de 9.200 millones de euros tras las subidas en bolsa de los últimos días), lo que le obligaría a lanzar una opa sobre la totalidad de las acciones del grupo (ahora valorado en 22.300 millones, a lo que habría que sumar una prima en el precio de la oferta generosa) al superar el tope legal del 30%. Y al tiempo la compañía emiratí.
Los planes de Taqa, en cualquier caso, no pasan en principio por tomar el control del 100% de Naturgy, ya que el grupo emiratí también ha confirmado que negocia con CriteriaCaixa, el brazo inversor de la Fundación La Caixa y ahora máximo de accionista de Naturgy con un 26,7%, para sellar un "posible pacto de cooperación" entre socios para gestionar conjuntamente el grupo español. De momento, al Gobierno no le parece suficiente.
A la espera de que se concreten los términos de la operación en ciernes, un auténtico terremoto en un sector crucial como el energético, Moncloa ya había admitido contactos con CtiteriaCaixa para tutelar la operación, y ahora el Gobierno se moviliza y empieza a marcar límites a estos movimientos accionariales.
"Otro tipo de inversores"
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya anticipó ayer que la" pretensión del Ejecutivo era que a las empresas estratégicas españolas sólo entren inversores con "capital claro, transparente y a ser posible español". Hoy ha ido más allá y no ha deslizado que el papel del Ejecutivo puede estar siendo más proactivo para poner coto a la irrupción de Emiratos Árabes.
"Estamos intentando ver si hay otro tipo de inversores, otro tipo de capital, que puede ser capaz de garantizar los intereses estratégicos" españoles, ha indicado este jueves, anticipando la búsqueda de una alternativa española a la irrupción árabe. "Queremos inversores en nuestro país, pero necesitamos que en las empresas estratégicas los intereses nacionales estén absolutamente salvaguardados", ha sentenciado Montero en Cádiz. "Tenemos instrumentos".
La otra vicepresidenta socialista, Teresa Ribera, especialmente concernida sobre el control de Naturgy como ministra para la Transición Ecológica, ha dejado la puerta abierta a una participación aún más proactiva por parte del Gobierno, no descartando la entrada directa del Estado como accionista en Naturgy. "Habrá que ver si tiene sentido o no que tenga el Estado una participación. Es prematuro", ha dicho Ribera desde Murcia al ser preguntada por la eventual entrada de la pública SEPI en el accionariado de Naturgy.
"Por ahora lo que se impone es la prudencia vigilante", ha dicho Ribera, subrayando que es "importante que el resultado de cualquier operación nos garantice que una empresa tan importante como ésta, que es la primera gasista española y tiene actividades reguladas de primer alcance, no tenga ningún tipo de problema en su gestión". Las garantías de estabilidad accionarial y el alcance y las condiciones exactas del acuerdo de socios entre Taqa y CriteriaCaixa van a ser asuntos cruciales para determinar la reacción del Ejecutivo.
Sumar, socio minoritario del Gobierno de coalición, se ha mostrado claramente en contra de la entrada del grupo emiratí Taqa en Naturgy. El portavoz de la formación, Íñigo Errejón, ha reclamado que el Gobierno vete la opa de la enegética de Abu Dabi y ha defendido como alternativa la entrada del Estado español en el capital del grupo gasista y eléctrico. "Queremos que el Gobierno vete esta opa, que no la autorice. Y queremos que haya una entrada de capital público en Naturgy igual que hicimos con Telefónica para salvaguardar los intereses nacionales españoles", ha dicho el portavoz de la formación liderada por Yolanda Diaz, apuntando que La operación "supone una amenaza para los intereses estratégicos de nuestro país, para nuestra soberanía y para la seguridad nacional".
El Gobierno ya ha utilizado el recurso de en el capital de empresas estratégicas para preservar su autonomía y su españolidad. La apuesta intervencionista del Ejecutivo se demostró con el grupo tecnológico y de defensa Indra -elevando el paquete estatal hasta el 28%-, con Telefónica -en la que el Estado ha entrado como accionista con un 5% y aspira a controlar un 10%-; y también trata de impulsar una contraopa alternativa de inversores españoles en Talgo para frenar el intento de compra por parte del grupo húngaro Magyar Vagon.
El recurso del 'escudo antiopas'
CriteriaCaixa, presidida por Isidro Fainé, necesita del beneplácito del Ejecutivo para sacar adelante una operación que servirá para dar mayor estabilidad al accionariado de Naturgy -ante el deseo de varios grandes accionistas de salir del grupo- y para la que buscará que las posibles opciones sean del agrado de Moncloa para tener su visto bueno. La operación de entrada de Emiratos Árabes, en cualquier caso, debe pasar por el filtro del denominado 'escudo antiopas'. Una legislación reforzada el pasado verano y que obliga a grupos extranjeros a recibir la autorización del Gobierno para tomar participaciones superiores al 10% en compañías de sectores que se consideran estratégicos.
El Gobierno ya utilizó el 'escudo antiopas' en Naturgy e impuso en 2021 condiciones al fondo australiano IFM para aprobar su opa parcial con la que buscaba tomar un 23% del capital (una operación que fracasó, sólo consiguió comprar en torno a un 10% y luego ha ido adquiriendo pequeños paquetes en el mercado hasta controlar actualmente un 15% de la energética española). Entonces la operación de entrada de IFM en el grupo energético estuvo condicionada al apoyo a la inversión en proyectos estratégicos renovables para España, al mantenimiento de la sede de la compañía y de la gestión de los negocios en España, a una política de prudencia en el reparto de dividendos, a mantener una parte significativa de la plantilla en España o una ratio de endeudamiento dentro del grado de inversión. IFM también estaba obligada a no respaldar la exclusión de bolsa de la compañía durante tres años.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya puso también sobre la mesa la posibilidad desde Washington el doble recurso de que dispone el Gobierno en el caso de Naturgy y de otros grupos clave para los intereses de Estado: que la SEPI entre con la participación accionarial (como en el caso de Telefónica) o que se exijan una serie de requisitos a los inversores (como ha hecho para la fusión de Orange España y MásMóvil).
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