Pedro Sánchez tiene por delante una legislatura endiablada en lo político y en lo económico una vez que acabe el actual ciclo electoral. De hecho, poner en marcha el Presupuesto de 2025 va a ser misión casi imposible.
Carles Puigdemont asegura que para seguir dando su apoyo al PSOE quiere 22.000 millones más para Cataluña el próximo año, tal y como revelan fuentes de Junts a EL ESPAÑOL.
La cifra, ya de por sí inasumible, lo es más todavía si se tiene en cuenta que Hacienda tendrá que recortar hasta 9.200 millones anuales hasta 2028 para cumplir con las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea.
Empezando por lo político, todo dependerá de lo que ocurra en las elecciones de Cataluña el próximo 12 de junio. Pero Puigdemont tiene claro su plan: si Sánchez quiere tener Presupuestos en 2025, éstos han de incluir 22.000 millones extra para Cataluña.
Esa cifra es la que su partido tiene fijada como "déficit fiscal del Estado". Es decir, el dinero que estima que el Estado le adeuda al ser "la tercera región en aportar y la decimocuarta en recibir" de la caja común.
En concreto, Junts sostiene que en 2020, Cataluña aportó al Estado 72.216 millones de euros. Es decir, el 19,3% del conjunto de España. Estos datos provienen de los 38.000 millones recaudados en impuestos del Estado en la región, y la parte correspondiente de la deuda pública de Cataluña, que asciende a 34.216 millones de euros. Una cifra que califican de máximo histórico.
Por contra, insisten, el Estado, a través de inversiones y transferencias directas, sólo invirtió en Cataluña 51.444 millones de euros.
En 2021, según las cifras elaboradas por los independentistas, los ingresos aportados fueron 75.436 millones de euros, el 19,2% del total, mientras que el dinero recibido fue de 53.454 millones, el 13,6%.
Es decir, que según sus cálculos per cápita, "cada catalán pierde 2.831 euros" que van a parar a otras Comunidades Autónomas. Y eso es, precisamente, lo que quieren evitar y reclaman a Sánchez que frene y corte de raíz.
Balanzas fiscales
Estos datos corresponden a las llamadas balanzas fiscales, cuyos datos actualizó hace unas semanas el Ministerio de Hacienda. Ahora bien, el cálculo no lo hizo el Gobierno. Sólo publicó los ingredientes para que cada autonomía pueda hacer sus cuentas. Era, además, la primera vez que hacía públicos los datos desde el año 2014. Y lo hizo a petición, precisamente, de los nacionalistas.
Las cifras que presenta Junts son muy similares a las de la Generalitat. Unos cálculos que para el experto en balanzas fiscales y director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), Ángel de la Fuente, "carecen de sentido económico".
Así lo explicaba el pasado mes de enero a EL ESPAÑOL, cuando añadía quelos números del Govern no tienen en cuenta inversiones en población española en el extranjero, en Defensa, o en un radar que dé servicio al tráfico aéreo al aeropuerto de El Prat pero que no esté en Cataluña.
Pese a todo, el partido de Puigdemont insiste: si Pedro Sánchez quiere aprobar las cuentas de 2025 "debe eliminarse este déficit fiscal" de 22.000 millones el año que viene. Y subraya: "Salvador Illa y el PSC no pueden decir esto".
La idea que Puigdemont quiere trasladar es que Illa no deja de ser una "sucursal" del PSOE en Cataluña. Y que, por tanto, no debe gobernar si los catalanes quieren que se defiendan sus intereses.
Este órdago de Puigdemont supondrá un quebradero de cabeza para el Gobierno. Sobre todo porque este martes se aprobaban en Estrasburgo las nuevas reglas de disciplina fiscal de la Unión Europea. Una normativa que recibirá el próximo lunes el visto bueno definitivo de los Estados y que obligará a España a recortar cerca de 9.200 millones de euros anuales (0,63% del PIB) hasta 2028, según los cálculos de la AIReF.
Según los datos certificados por Eurostat, España registró un saldo presupuestario negativo del 3,6% en 2023 y es el cuarto con mayor nivel de deuda de la UE (107,7%), sólo superado por Grecia, Italia y Francia.
Bruselas ha clasificado a España como de "alto riesgo" en materia de sostenibilidad presupuestaria a medio plazo debido precisamente a la mala evolución de la deuda pública.
Las nuevas reglas de disciplina fiscal exigen al Gobierno de Sánchez (como al resto de Estados miembros) presentar un plan de ajuste plurianual que debe negociarse con la Comisión y aprobarse en el Ecofin, basándose en este análisis de sostenibilidad de la deuda. El plan deberá remitirse a Bruselas como muy tarde el 20 de septiembre, según ha dicho el vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis.
El ajuste tendrá en principio una duración de cuatro años (2025-2028). No obstante, los Gobiernos pueden pedir una prórroga de tres años extra (2025-2031), pero a cambio deben comprometerse a realizar reformas e inversiones que respondan a los objetivos de la UE. Se tendrán en cuenta las que ya están incluidas en los planes de recuperación Next Generation.
Los planes plurianuales deben garantizar que, al término del periodo de ajuste, la deuda pública se mantenga en una trayectoria descendente plausible en los 10 años siguientes. Y que el déficit público se mantenga por debajo del umbral del 3% del PIB a medio plazo.