La Comisión de Ética del Congreso de la República del Perú aprobó, por unanimidad, la denuncia de oficio presentada contra los congresistas Darwin Espinoza (Acción Popular) y Kira Alcarraz (Podemos Perú) por presunta vulneración a la ética parlamentaria.
Un total de 15 legisladores votaron a favor de investigar preliminarmente a ambos congresistas, quienes fueron implicados en un presunto intercambio de favores, y no se registró ningún voto en contra y ninguna abstención.
Las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Renovación Popular, Bloque Magisterial, Perú Libre, Somos Perú, Perú Bicentenario y Avanza País respaldaron con sus votos la medida impulsada por el grupo de Ética.
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La semana pasada, Punto Final denunció que Espinoza y Alcarraz habrían intercambiado favores para beneficiar a sus allegados con cargos públicos y apoyarse mutuamente en la comisión de Ética, que preside Diego Bazán.
Alcarraz, quien preside la comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, contrató para ese grupo de trabajo a Stephania Cuya Bezzolo, persona cercana de Espinoza desde la campaña electoral del 2021, de acuerdo con testimonios de extrabajadores parlamentarios.
La contratación se realizó el 17 de agosto del 2023, solo tres días después de que Espinoza le cedió a Alcarraz el cupo que tenía AP en el grupo de Ética.
De acuerdo con el dominical, Cuya también trabajó dos meses como auxiliar en la Comisión de Vivienda y Construcción, cuando este grupo fue presidido por Espinoza, en el 2021.
Además, los registros oficiales de las visitas al Congreso dan cuenta que, tras dejar la Comisión de Vivienda, Cuya siguió frecuentando el despacho de Espinoza, al que acudió al menos ocho veces.
Cuya y Espinoza fueron vistos regresando juntos de un viaje a Piura en marzo pasado, donde también estuvo Alcarraz. El acciopopulista dijo a Punto Final que desconoce dónde fue contratada dicha trabajadora y negó tener algún tipo de relación con ella.
Amonestan a David Jiménez
En otro momento, la comisión realizó la lectura de sanción de amonestación escrita pública contra el congresista de Fuerza Popular, David Jiménez Heredia, quien se encuentra involucrado en un caso de presunto peculado.
Además, se le impuso una multa de 60 días sin goce haberes.
En setiembre del año pasado, el entonces procurador general del Estado, Daniel Soria, pidió al Ministerio Público que investigue al legislador por el presunto delito de peculado.
La denuncia se dio tras conocerse que, presuntamente, una servidora de su despacho congresal labora en el horario regular de trabajo en la empresa privada del legislador.
Según el programa "Contracorriente", de Willax TV, se trata de Ángela Noblejas Pomazongo, quien fue contratada en el Congreso con un sueldo mensual de S/ 6,000.
No obstante, de acuerdo con el dominical, en lugar de acudir a laborar al Palacio Legislativo, ella asiste al Instituto Privado Franklin Rossevelt, ubicado en Lima, de propiedad de Jiménez Heredia.
Una reportera la llamó por teléfono simulando ser una estudiante y, durante la conversación, una respuesta de la trabajadora parlamentaria terminó delatándola.
"Yo estoy a partir de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., y de 3:00 p.m. a 5:00 p.m., de lunes a viernes. A menos que salga de comisión, de viaje, así, pero esos días estoy acá (en el centro educativo)", dijo Noblejas a la reportera.
Plantean suspender a Katy Ugarte
El grupo de Ética aprobó, por mayoría, el informe final de la denuncia presentada contra la legisladora Katy Ugarte, acusada de reducir el sueldo a los trabajadores de su despacho.
De esta manera, el grupo de trabajo recomendó suspenderla en su cargo por el plazo de 60 días. Dicho documento ahora deberá ser votado en el Pleno del Parlamento.
La decisión se adoptó con 12 votos a favor, 2 en contra y el legislador Héctor Valer se abstuvo.
Previamente, la comisión rechazó, por mayoría, una cuestión previa para modificar la sanción de suspensión que pesaba en contra de Ugarte por la de una amonestación pública.
En el informe final se precisa que las donaciones que hicieron los trabajadores de Ugarte no fueron voluntarias, tal como refiere la legisladora.
"Se ha acreditado, conforme a las declaraciones testimoniales, conversaciones chats y transferencias, que los 'aportes' realizados por los trabajadores del despacho de la congresista no eran voluntarios, constituyendo recorte de sueldo dispuesto por el asesor principal y persona de confianza de la congresista", concluyó el documento.
Además, se determinó que el dinero producto del recorte de sueldo a sus trabajadores fue destinado a periodistas del Cusco que cubrían las actividades de la legisladora en las semanas de representación.