Amado Boudou está preso. Julio De Vido calma su angustia enviando cartas mal escritas desde la cárcel. Aníbal Fernández debería poner las barbas en remojo. El círculo se cierra sobre Cristina Kirchner.
Aquellos hombres fueron los que, formal o fácticamente, estuvieron más cerca de ella en la administración del país. Pero ¿es posible imaginar una cárcel inmediata para la ex presidenta?
Si bien se mira el volumen de las denuncias en su contra, la opinión de respetados fiscales, la dimensión monumental del dinero que se robó y las decisiones que ya tomaron algunos jueces, un destino entre rejas es perfectamente predecible para Cristina.
Ninguna causa, sin embargo, está lo suficientemente avanzada como para suponer que ese destino sea inminente. Es decir, sólo una prisión preventiva podría acortar los días de libertad de quien fue jefa del Estado durante ocho años. Si esa decisión provisoria no se tomara, la cárcel de Cristina sucedería al final de un juicio oral y público entre los muchos que la aguardan.
La prisión preventiva sólo se justifica, según el Código Penal, si existe un riesgo o de fuga o de entorpecimiento de la investigación por parte del encartado. La prestigiosa Sala II de la Cámara Federal, con la firma de los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, acaba de hacer una interpretación más amplia de esas condiciones.
También los ex funcionarios que han tenido mucho poder en el Estado, y que conservan parte de él, están en condiciones de interferir en la investigación, señalaron Irurzun y Bruglia.
La Cámara ordenó, por eso, el encarcelamiento de De Vido, que era diputado y presidía la Comisión de Energía de ese cuerpo legislativo. El juez Ariel Lijo se respaldó ayer en esa misma resolución de la Cámara para disponer la prisión de Boudou, aunque éste no tiene ningún cargo en el Estado.
Cristina Kirchner es, además, senadora electa por la minoría de la provincia de Buenos Aires. Ya tiene fueros parlamentarios. En ningún caso podría ser sorprendida en una mañana ingrata, como le sucedió a Boudou, por sus carceleros.
Un juez debería pedirle al Senado que rechace el diploma de senadora de Cristina, o que directamente la desafuere, antes de ponerla presa. El peronismo difícilmente permita una prisión preventiva de la ex presidenta, si ésta, claro está, no comete un acto flagrante que la enfrente con el Código Penal.
La mayoría del peronismo, que aspira a alejarse de ella cuanto antes para aspirar de nuevo al poder, detesta la idea de que se convierta en una mártir de sus fanáticos. O que ella tenga argumentos para exhibirse como una perseguida política.
Esa preocupación es compartida por los funcionarios más importantes del macrismo. Tampoco éstos quieren lidiar con una mártir en medio de la discusión por las reformas anunciadas por Mauricio Macri. El macrismo prefiere que Cristina se vaya esfumando entre las sombras de la derrota.
Del corpus general de causas contra la ex presidenta pueden distinguirse claramente dos bloques. Por un lado, las causas por supuestos delitos como consecuencia de decisiones políticas. Por el otro, los expedientes que investigan directamente la apropiación de dinero del Estado por parte de la ex familia presidencial y sus socios.
En el primer conjunto se encuentran las denuncias por la venta de dólar a futuro y la del fiscal Alberto Nisman por el tratado con Irán.
Ambos casos están en manos del juez Claudio Bonadio, que ya procesó a la ex presidenta por la venta de dólar a futuro. Esta es la causa más avanzada que tiene Cristina; está en las puertas del juicio oral y público.
En el segundo bloque están las causas por lavado de dinero en la empresa Los Sauces y en Hotesur, el desvío de miles de millones de dólares en la obra pública y la llamada ruta del dinero K.
También el juez Bonadio ya procesó a Cristina por el caso de Los Sauces, una empresa de edificios que se los alquilaba a los empresarios amigos Lázaro Báez y Cristóbal López, y que éstos no usaron nunca.
El 9 de noviembre, la ex presidenta deberá declarar ante al juez Julián Ercolini por la causa Hotesur, un empresa de hoteles donde Lázaro Báez pagaba por habitaciones que tampoco nunca ocupaba.
Los Sauces y Hotesur son las causas más complicadas. Investigan lavado de dinero de Cristina, sus hijos, Báez y Cristóbal López. Nadie más. El lavado de dinero es un delito autónomo; no se necesita probar el origen corrupto del dinero.
En rigor, Hotesur es el caso de la compra de hoteles con el dinero de empresarios amigos. Luego se armaron empresas para manejar el dinero negro de la corrupción, que se canalizaba a través de los hoteles. En el tramo final se tomaba el dinero de los hoteles para incorporarlo a la fortuna familiar de los Kirchner.
Esta es la conclusión a la que llegaron, en un pormenorizado dictamen, los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. Ercolini, a su vez, ya procesó a la ex presidenta por la catarata de obras públicas que cayó en manos de Báez.
Bonadio está tomando declaración indagatoria (segura antesala del procesamiento) a varias personas, entre ellas Cristina, por el tratado con Irán. El fiscal del caso, Pollicita, pediría, según trascendió, la prisión preventiva de algunos personajes de esa trama, como Luis D'Elía, Fernando Esteche y otros de esa calaña.
El juez puede aceptar el pedido del fiscal o agregarle más nombres a la lista. Finalmente, el juez Sebastián Casanello investiga la llamada ruta del dinero K, que es el entramado de cuentas en el exterior de la familia Báez.
Otra vez la Sala II de la Cámara Federal acaba de rechazar la incompetencia de Casanello en el caso y lo urgió a decidir si llamará a indagatoria -o no- a Cristina por los manejos de ese dinero presuntamente espurio.
Es improbable que Ercolini o Casanello decidan la prisión de Cristina antes de haber cumplido con todos los recaudos necesarios. El interrogante recae sobre el juez Bonadio, que hasta acaba de convocar como testigo a un colega, el juez Daniel Rafecas, en el caso de la denuncia de Nisman, que Rafecas archivó.
El fuero federal se asombró cuando se notificó de que Bonadio había golpeado las propias puertas de Rafecas. Bonadio no pertenece a la cofradía de los jueces federales ni a ninguna otra. Sólo confía entre los jueces federales, dicen, en su colega Ercolini.
Nunca se detiene para averiguar qué piensa el micromundo político ni la corporación judicial ni el Gobierno. Fue el primero en responderle a Macri por los párrafos que el Presidente le dedicó al Poder Judicial en su discurso del lunes pasado. "Empezamos mal", le contestó en público.
Hizo la denuncia y siguió con lo suyo. ¿Podría pedirle al Senado el desafuero de Cristina para meterla presa cuanto antes? Es la única pregunta que nadie puede contestar en los excitados tribunales federales.