El ministro del Interior de Perú, Víctor Torres, renunció este lunes al cargo tras haber sido cuestionado en las últimas horas por la participación de agentes de la Policía Nacional en el allanamiento de la casa de la presidenta Dina Boluarte.
«A mí no me ha botado ni me han censurado (en el Parlamento), yo me voy tranquilo», declaró Torres al abandonar el Palacio de Gobierno tras la sesión de este lunes del Consejo de Ministros.
El ministro aseguró que tomó esta decisión porque tiene «un problema familiar» y no por la presión de sectores políticos y sociales, que incluso llevaron a congresistas opositores a plantear que sea censurado en el cargo.
Torres agregó que deja el gabinete de ministros «en paz, con las manos limpias» porque ha «trabajado poniendo un grano de arena por el Perú».
También invocó a todos los sectores del país a que «dejen trabajar a la presidenta» y aseguró que las investigaciones que se han abierto contra la mandataria «son elementos distractores».
«Promuevan que el Perú siga gobernándose tranquilo con la señora Dina (Boluarte)», afirmó dirigiéndose a los periodistas.
Pidió, además, dejar «que trabaje tranquilo» el coronel Harvey Colchado, el jefe de la Dirección de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional del Perú (PNP) que dirigió la operación que a la medianoche del pasado viernes allanó la casa de Boluarte rompiendo la cerradura de la puerta de ingreso.
Medios locales insistieron en las últimas horas en que Torres había pedido al comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, que destituya a Colchado, aunque el jefe policial negó esa posibilidad.
«Sobre el particular, no tenemos ningún pedido, no hay pedido de nadie, nadie puede pedir un cambio, sería tráfico de influencias; el único pedido que hay es el de la fiscal para que trabaje en el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder», declaró Zanabria al respecto.
Este lunes también se informó que Boluarte desautorizó un recurso de habeas corpus que había presentado un abogado para anular las órdenes del allanamiento que se realizó durante la madrugada de este sábado en su vivienda y en el Palacio de Gobierno de Lima, como parte de la investigación de sus relojes de lujo no declarados.
La gobernante también solicitó este domingo a la Fiscalía de la Nación que se adelante la fecha en que debe brindar su declaración sobre el llamado 'caso Rolex', que ha sido programada inicialmente para el próximo viernes.
El abogado de la mandataria, Mateo Castañeda, agregó que el pedido se ha hecho «en vista de la turbulencia política que se viene produciendo como consecuencia de las diferentes diligencias», realizadas por la Fiscalía y la Policía por este caso.
Boluarte estaba citada para mostrar sus relojes en el Ministerio Público el pasado martes y para dar su testimonio el pasado miércoles, pero había pedido reprogramar ambas citas debido a su «cargada agenda», por lo que no acudió a ninguna de ellas.
Esto provocó el allanamiento de su vivienda, donde el operativo policial rompió la cerradura de la puerta, y del Palacio de Gobierno, tras lo cual la presidenta afirmó que el procedimiento se había hecho de manera arbitraria, abusiva y desproporcionada, y que ella estaba colaborando con la investigación.
En respuesta, el Ministerio Público aseguró que el operativo se realizó «por orden del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema» y que en el operativo «no se ubicó ni se produjo la entrega de los relojes Rolex por la presidenta de la República, pese a que se le requirió», pero sí obtuvo otros elementos de interés para la investigación.