Entre todos los actores de reparto, quedó sola, iluminada en medio de la escena judicial, la protagonista: Cristina Kirchner.
Dos causas judiciales la ponen al borde del juicio oral: una por corrupción con la obra pública y la otra por ordenar operaciones con el dólar en el mercado de futuro a sabiendas que provocaba una pérdida económica al Estado.
Este caso ya fue elevado a juicio por el juez Claudio Bonadio. Sin embargo en el juicio oral la ex presidenta lleva las de ganar.
Una acusación en su contra requiere de pruebas que por ahora serán lábiles, aunque si darían para sostener una acusación sobre sus subalternos, el ex ministro Axel Kiciloff o el titular del Banco Central Alejandro Vanoli, entre otros.
El fiscal Diego Velasco deberá convencer a los jueces Gabriel Vega, José Michilini y Adrián Grünberg que las operaciones de dólar futuro son un delito y que además Cristina Kirchner lo cometió.
Vega y Grünberg fueron los jueces que sobreseyeron a Amado Boudou por los papeles truchos de su auto, con una amplia interpretación de las garantías del imputado, al absolver en la misma sentencia a la única funcionaria que era juzgada y entender que el caso contra el ex vicepresidente estaba prescripto.
Este tribunal tiene otro antecedente ligado al poder: decidieron la absolución de los acusados por el megacanje con el argumento de que se trataba de una decisión política no judiciable, una de las razones que invoca la ex presidenta en su defensa.
No se trata de un delito de corrupción. No se la juzga por quedarse con plata del Estado, sino por provocar un perjuicio económico a las arcas públicas con una decisión de política económica.
Se la juzgará por fraude, y para que exista, debe haber dolo, es decir, intención de provocarlo. Éste es uno de los desafíos que enfrentará la acusación del fiscal Velasco: probar que existió la intención de perjudicar las arcas públicas.
En este juicio la ex presidenta debe responder por vender dólares en el mercado de futuros a menor precio que el de mercado cuando estaba en el gobierno, con lo que provocó un quebranto para el Estado y condicionó a la actual gestión de Mauricio Macri a pagar por esos contratos.
Es decir que pasó por encima de la supuesta autarquía del Banco Central e instruyó a la plana mayor de sus funcionarios del área económica, la Comisión Nacional de Valores (CNV) y el directorio de la autoridad monetaria a dictar resoluciones administrativas para permitir esta maniobra.
La causa significará el regreso de Esteban Righi a Comodoro Py 2002. El ex procurador general de la Nación, que se fue del Gobierno cuando Boudou lo acusó y se quejó en una conferencia de prensa de que no lo protegieron, aceptó el cargo de abogado de Vanoli en esta causa.
Al juez Bonadio le bastó para elevar a juicio la creencia de la probabilidad de que la ex presidenta haya cometido un delito. Ahora estos elementos de prueba que tuvo el juez deben ser confrontados con la defensa en el proceso oral.
Le basta a Bonadio la convalidación de la sospecha, pero el tribunal oral deberá pronunciarse con una certeza, ya sea por la absolución o la condena.
El tribunal tiene previsto en marzo o en abril del año próximo decidir en qué fecha comienza el proceso. Es un dato clave porque con la fecha de inicio fijada, ya no se pueden sumar por conexidad otras causas.
Y la que está pidiendo pista, más cerca, es el megacaso por corrupción contra Cristina Kirchner por la obra pública.
Hay una chance entonces que los jueces que sobreseyeron a Boudou, tengan que juzgar a la ex presidenta, o que ambas causas (corrupción y dólar futuro) vayan por separado.
La ex presidenta llegará pasado mañana a declarar, una vez más, a Comodoro Py 2002 por el caso Hotesur, una investigación donde está acusada de recibir de Lázaro Báez retornos por más de 20 millones de pesos, a cambio de adjudicarle al empresario el 80 % de las obras viales santacruceñas.
Esta causa es parte de un megaproceso, junto con Los Sauces, donde el cobro de retornos se habría realizado mediante el pago de alquileres.
Todas se enhebran como las cuentas de un collar con el expediente en el que Báez está procesado por recibir las obras públicas y la ex presidenta por otorgárselas. Comparte esa condición junto con Julio de Vido y José López. Los tres están presos, Cristina no.
Esta causa por corrupción económica será elevada a juicio oral antes de fin de mes. A ella espera sumarse la que instruye el juez Sebastián Casanello, donde Báez está preso y sus hijos procesados por lavado de más de 60 millones de dólares.
Ellos contaban la plata por TV, la pesaban y la sacaban del país para que terminen en cuentas en Suiza, abiertas por empresas offshore, desde Panamá y Uruguay.
Este juicio lo imaginó la Cámara Federal, con todos los acusados sentados en el mismo banquillo. Cristina Kirchner y a su lado sus hijos Máximo y Florencia, de un lado, con De Vido y López; y del otro Báez y sus hijos Leandro, Melina Luciana y Martìn.
La jurisprudencia que estableció la Cámara Federal indica que los acusados de corrupción deben ir presos cuando cualquier ex funcionario con poder puede de manera objetiva influir en la investigación que se lleva adelante, cuanto más alto es el cargo que tuvo y el poder actual que ostenta.
Cristina Kirchner fue presidenta dos veces y acaba de ser electa senadora nacional. Pesa sobre ella este mismo criterio, pero a su vez es necesario probar un hecho positivo, explícito, actual, de influencia sobre el futuro del proceso que enfrenta el acusado. Está abierto el camino para aplicar la jurisprudencia Irurzun, pero debe contemplarse en cada caso.
Cristina Kirchner dijo que Macri cumple esos criterios por lo que por cada caso donde está imputado debería corresponderle la prisión. Es desmedido comparar una imputación producto de una denuncia con un procesamiento firme en una causa elevada a juicio.
Una discusión aparte que plantean jueces pícaros es si la protegen los fueros. La Constitución establece que corresponden desde el momento de la elección. El escrutinio definitivo aún no concluyó, con lo que técnicamente no es senadora electa, según una interpretación estricta, por más que no haya duda de que ocupará una banca.
Son especulaciones de pasillo, que dudosamente se conviertan en un planteo serio en un expediente. Por lo pronto, el juez Ercolini no tenía en carpeta detenerla cuando el jueves sea indagada en su juzgado y el fiscal Gerardo Pollicita tampoco contemplaba esta idea.