El Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, Ángel Luna, manifiesta que se está desatendiendo la atención socioeducativa de los menores de 14 años que cometen acciones delictivas, y son inimputables dada su edad. Así concluye una investigación de oficio sobre la atención que recibe este colectivo, señalando que no se está priorizando la prevención con estos menores en conflicto con la ley y que son escasas las intervenciones con ellos, en aras a su adecuada socialización.
Luna insta a la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda a recabar datos estadísticos sobre la incidencia (y reincidencia) de los casos de menores de 14 años con conductas delictivas que estén siendo atendidos por los equipos de atención primaria básica municipales, por los específicos de la conselleria, y por el servicio de atención a abusos a niños, niñas y adolescentes, tras la notificación por parte de la Fiscalía. "Un paso previo imprescindible para poder planificar y organizar recursos y protocolos específicos de actuación con estos chavales", señala la institución.
La propia Conselleria de Servicios Sociales ha informado al Síndic durante la tramitación de esta queja de oficio que no dispone de un registro específico del número de menores de 14 años que cometen acciones delictivas derivados por el Ministerio Fiscal a las direcciones territoriales en los últimos tres años.
Enfoque generalista
Según la investigación de Luna, en la Comunidad Valenciana, como en la mayoría de las autonomías, la intervención con los menores de 14 años en conflicto con la ley se realiza, desde un enfoque generalista, por los mismos servicios que atienden otras situaciones de riesgo, en concreto en los Equipos Específicos de Intervención con Infancia y Adolescencia de las entidades locales.
"No cabe duda que los servicios sociales municipales son el contexto privilegiado para el desarrollo de una intervención social con criterios comunitarios, de proximidad y preventivos. Sin embargo, ello implica, en ocasiones, intervenciones tardías e, incluso, extemporáneas, o que la intervención se descarte al considerar que la persona menor en conflicto con la ley convive en un entorno familiar normalizado y sin ningún otro indicador de riesgo aparente que justifique la intervención. Si bien este colectivo de menores no podría considerarse en su totalidad como población en situación de riesgo de desprotección, es cierto que debe valorarse una eventual situación de riesgo y actuar en consecuencia", indica en la resolución.
"No cabe duda que los servicios sociales municipales son el contexto privilegiado para el desarrollo de una intervención social con criterios comunitarios, de proximidad y preventivos. Sin embargo, ello implica, en ocasiones, intervenciones tardías e, incluso, extemporáneas"
El Síndic entiende que este tipo de conductas son multicausales, y dependen tanto de los factores personales como de las dificultades ambientales, sociales, familiares y educativas que marcan la vida del sujeto y que pueden afectar a su socialización y normalización de actos delictivos y de las situaciones o características del ambiente que pueden favorecer el hecho de cometer delitos (consumo de sustancias, amistades delictivas, dificultad de acceso a los recursos, etc.).
Así, el pasado septiembre de 2023 se presentó la memoria de la Fiscalía General del Estado de 2022 en la que se constataba un decrecimiento del –9,16% en la media estatal respecto a la incidencia de casos de menores de 14 años que cometen acciones tipificadas como delitos, lo que significa que estamos en cifras estabilizadas y semejantes al 2019, en todo caso muy inferiores a la eclosión delictiva del 2017. Sin embargo, en la Comunidad Valenciana se comprueba un aumento de este tipo de conductas, señala el Síndic.
Más delitos
Según la información ofrecida por las fiscalías provinciales, el número de menores a los que se incoaron diligencias preliminares ha ido incrementándose año a año. Así, en todo el territorio autonómico se ha pasado de 1.324 en el año 2020 a 1.872 el pasado ejercicio. En la provincia de Alicante se ha incrementado en el citado periodo de 724 a 1.011.
Pese a la inimputabilidad penal de los menores de 14 años que cometen conductas delictivas, Luna entiende que las administraciones deben valorar posibles situaciones de desprotección y diseñar programas preventivos y de atención a las necesidades detectadas en cada caso.
Sin embargo, en la resolución de consideraciones del Síndic de Greuges sobre una queja anterior relativa a la acción protectora con niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo se concluía, respecto a la atención que reciben estos menores (infractores de edad inferior a 14 años). una falta de desarrollo de programas específicos para su atención (desde entidades locales); indefinición de los procedimientos a seguir y del papel de las distintas administraciones; y ausencia de datos objetivos que permitan diseñar programas de prevención y atención específica.
Por ello, el Síndic exige que se potencien las actuaciones preventivas, incidiendo en los factores de riesgo que originan la exclusión y los conflictos con la ley, las dificultades de adaptación y los problemas de conducta de las personas menores de edad. Además, plantea que, en este tipo de actuaciones, se preste especial atención a la prevención de la violencia intrafamiliar, de conductas contra la libertad sexual y el creciente abuso de las TIC´s, y en el campo del acoso escolar.
Delincuencia juvenil
Para potenciar estas medidas, Luna plantea que se elabore un plan de prevención de la delincuencia juvenil con la participación de otras consellerias con competencias en infancia y adolescencia como Educación, o Sanidad, así como de los cuerpos especializados de la Policía (Grupo de menores).
Por otra parte, el Síndic sugiere que se intensifique la financiación de actuaciones/programas dirigidos específicamente a niños y niñas menores de 14 años que cometen acciones delictivas y a sus familias. Del mismo modo, también propone aumentar la formación dirigida a los profesionales de los servicios sociales de los ayuntamientos, enfocada a la intervención con niños, niñas y adolescentes menores de 14 años, que cometen acciones delictivas, y con sus familias, así como a la prevención de este tipo de conductas.
Y que desde la Generalitat se dirijan a la Fiscalía para considerar la posibilidad de elaborar de forma conjunta un protocolo para la derivación de casos en el que se indiquen tanto el perfil de casos a derivar, como la información que debe dar la administración autonómica respecto de las actuaciones realizadas (medidas de protección, servicios y/o programas aplicados, etc.).
Entidades locales
Por último, cabe destacar que la Generalitat se comprometió con el Síndic de Greuges a preparar un protocolo para la intervención de las entidades locales con niños, niñas y adolescentes ante situaciones de riesgo, en respuesta a una resolución de una queja de oficio anterior. Esta institución insiste que, en dicho documento, deberían reflejarse igualmente las actuaciones a llevar a cabo en el caso de menores de 14 años que cometen conductas consideradas como delitos.
Por ello, considera necesario que la Administración competente en la protección a la infancia y la adolescencia en la Comunidad Valenciana impulse las actuaciones a implementar desde el ámbito comunitario para intervenir con los menores de 14 años que cometen acciones delictivas y su prevención. Y que ello se haga en coordinación con otras administraciones.
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