San Salvador, 23 abr (EFE).- El régimen de excepción, aprobado por el Congreso salvadoreño para combatir a las pandillas desde marzo de 2022, fue utilizado para criminalizar a defensores de derechos humanos, principalmente a ambientalistas, y justificar sus detenciones arbitrarias, de acuerdo con el informe anual de Amnistía Internacional (AI) divulgado este martes.
"Se utilizó el estado de excepción para criminalizar a quienes defendían los derechos humanos, mediante la aplicación indebida de la legislación antipandillas y con el fin de justificar su detención arbitraria", indicó AI en el apartado sobre El Salvador.
La entidad apuntó que "la mayoría de esos casos tenían que ver con personas defensoras de la tierra, el territorio y los recursos naturales, así como de los derechos laborales".
"Los mecanismos internacionales de derechos humanos criticaron al Estado por la falta de claridad e investigación sobre estas detenciones, así como por la ausencia de garantías procesales", subrayó AI.
Sostuvo que ese país centroamericano alcanzó "niveles críticos" de hacinamiento carcelario con un 300 % superior a su capacidad y que la cantidad de personas detenidas llegó al 1,14 % del total de población del país.
En este contexto, AI indicó que "muchas personas reclusas denunciaron que fueron sometidas a tortura y otros malos tratos, como restricciones de alimentos, agua y acceso a servicios de saneamiento".
De acuerdo con cifras de las organizaciones humanitarias salvadoreñas, son unas 240 personas las que han fallecido en cárceles salvadoreñas bajo custodia estatal en este régimen, algunas con signos de violencia.
"La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó acceso a las prisiones para realizar una evaluación independiente de las condiciones penitenciarias, pero las autoridades se lo denegaron", añade.
A juicio de AI, este régimen de excepción dio lugar a "violaciones generalizadas de derechos humanos, el debilitamiento del Estado de derecho y la criminalización de la disidencia".
Además, durante su vigencia aumentaron las restricciones a la libertad de asociación, y continuaron los obstáculos a la protesta pacífica y la estigmatización de periodistas. EFE
hs/sa/adl/ahg