Hay un aspecto de nuestra economía en el que las ideas no guardan relación alguna con los hechos: el marco laboral. Casi la mitad de las personas ocupadas trabaja en negro, la pobreza está hace años en constante ascenso, la actividad privada está estancada, las empresas (por más redituables que sean) no valen nada y los hijos de los propietarios no quieren heredarlas. Pero cuando surge el debate en torno a la necesidad de replantear las condiciones que regulan el trabajo en la Argentina, los reformistas somos tratados, prácticamente, de traidores a la patria (tanto por izquierda como por derecha). ¿Alguien puede explicarme a quién le sirve este marco laboral?
Los empleados de mayor trayectoria, con más años de antigüedad, están entre los más perjudicados por el actual sistema porque son quienes para las empresas representan el mayor pasivo laboral —recordemos, el pasivo laboral es una deuda que las compañías acumulamos, asociado con el hipotético costo de despido del personal (aunque no esté previsto llevarlo a cabo) y que, por no ser deducible de impuestos y perjudicar a la hora de pedir un préstamo, no se registra.
Así, alguien con 20 años de antigüedad en su lugar de trabajo, con un sueldo de, por ejemplo, $600 mil, supone para su empleador un pasivo laboral mínimo de $12 millones. Si a ese empleado se le actualizara el sueldo de acuerdo al último índice de inflación, que en marzo registró 11%, su sueldo ascendería a $660 mil —y el pasivo que representa ascendería a $13,2 millones. O sea, un aumento salarial de $60 mil se traduce instantáneamente en más de $1 millón añadidos al pasivo laboral (es decir, a la deuda potencial de la empresa).
En definitiva, lo que esto genera es una resistencia en los empresarios a aumentar los ingresos de los empleados de mayor antigüedad, por el descalabro que ello significaría para los balances de sus compañías. Así, el marco actual incentiva la licuación de los salarios de los trabajadores hacia el final de sus carreras.
Cuando surge el debate en torno a la necesidad de replantear las condiciones que regulan el trabajo en la Argentina, los reformistas somos tratados, prácticamente, de traidores a la patria
Agreguemos a este fenómeno de achatamiento el hecho de que muchos empleados antiguos no quieren cambiar de empleo pues pierden su "activo". Incluso, se ven obligados a sostener su actividad más tiempo del que querrían porque, de retirarse, sus jubilaciones no serían suficientes para mantenerlos. Quedan entre la espada y la pared, entre un sueldo malo y una peor jubilación. Esto se agrava, obviamente, en el caso de las personas que trabajan en negro, que cobrarán, con suerte, la mínima.
Hablando del trabajo en negro, consideremos lo que pasa del otro extremo de la brecha etaria: ¿acaso el marco laboral actual les sirve a los jóvenes que ingresan al mercado de trabajo? Por el contrario, la tendencia se agrava en forma pronunciada: entre 2020 y la actualidad, 7 de cada 10 empleos generados se dan en condiciones de informalidad. Creo que no tomamos real dimensión de lo que eso significa.
Ahora bien, algunos pensarán, seguramente este sistema les sirva a los empresarios. Tampoco: el pasivo laboral ahoga toda perspectiva de desarrollo, ya que la deuda potencial hace prohibitivo tomar crédito para invertir y crecer a tasas correctas. De ese modo, las empresas no pueden acceder a economías de escala que las harían más competitivas y contribuirían a la baja de precios verdadera, no producto de políticas de ajuste o presiones del Estado.
El pasivo también significa que las empresas argentinas no capitalizan su valor y experiencia. Volvamos al ejemplo que vimos anteriormente, de una persona con 20 años de antigüedad en su lugar de trabajo. Hagamos el caso simple y supongamos que es uno de dos empleados del emprendimiento, un comercio. ¿Conocen muchos locales con dos empleados que tengan activos por $26 millones? Y eso, incluso, implicaría apenas hacerle frente al pasivo laboral (al menos, hasta el próximo ajuste de sueldos por inflación). Creo que queda claro cómo el marco actual impacta sobre las empresas. Incluso, tampoco acumulan valor las que tienen 100 o 1.000 personas trabajando (salvo que sean de alto capital intensivas, de industrias como la minería y el campo).
La falta de dinamismo del mercado de trabajo en las últimas décadas obligó al sector público a convertirse en empleador de último recurso, absorbiendo gran parte del capital humano que no encontraba oportunidades en el sector privado
¿Pero al Estado le sirve? En absoluto, pues todo incentivo hacia la informalidad y el estancamiento impacta negativamente sobre la recaudación. Al momento de asumir, el diagnóstico del nuevo gobierno fue muy claro: no hay plata.
Además, la falta de dinamismo del mercado de trabajo en las últimas décadas obligó al sector público a convertirse en empleador de último recurso, absorbiendo gran parte del capital humano que no encontraba oportunidades en el sector privado (e incrementando así, el gasto). Cuando no pudo emplear más, tuvo que subsidiar; y cuando ya ni esto ni aquello fue posible, promovió la jubilación temprana para, de alguna forma, solucionar, con medidas de corto plazo, problemas de largo plazo. Esta decisión irresponsable tuvo efectos terribles para el país.
Finalmente, el nulo valor económico de las empresas también afecta al Estado, ya que promueve que los empresarios saquen el capital en forma de dividendos, lo conviertan en dólares y, con ello, financien al gobierno americano en lugar del nuestro.
Teniendo en cuenta que la corrección macroeconómica que el gobierno actual está llevando a cabo tendrá efecto recesivo, ya que así funcionan las políticas típicas ortodoxas de freno a la inflación, todos ya vemos las señales de un aumento de desempleo. Insisto, entonces, ¿a quién le sirve el actual régimen laboral? Porque, vale agregar, tampoco le sirve al sindicalismo, que ve disminuida tanto la cantidad de afiliados como el volumen de sus ingresos.
¿Qué inversiones llegarán para tomar gente si no actualizamos el marco laboral? ¿Se volverá endémico el desempleo que se avecina? ¿Nos resignaremos a que la Argentina solo genere empleo informal, carente de derecho alguno? ¿Basaremos nuestra economía en la explotación de minería y tierra, sin generar empleo en sectores con valor agregado humano? Si no les sirve ni a los empleados, ni a los inversores, ni al Estado, ni al sindicalismo, ¿a quién estamos protegiendo con este sistema tan disfuncional?
Con la adopción del Seguro de Garantía de Indemnización, las empresas ganarán previsibilidad y los empleados verán una ampliación de sus derechos
Debemos actualizar el marco indemnizatorio en forma urgente. La Mochila Argentina (un desarrollo de la Mochila Austríaca, adaptado a nuestra constitución) es la solución que nuestro país necesita porque borra la figura del pasivo laboral, la principal causa de todo lo que he descripto hasta aquí. Con la adopción del Seguro de Garantía de Indemnización, las empresas ganarán previsibilidad y los empleados verán una ampliación de sus derechos: cobrarán su indemnización incluso si sus empleadores quiebran, sin necesidad de hacer juicio, y llevarán su antigüedad de empresa en empresa, como en una mochila. Eso además, les dará la posibilidad de buscar mejores trabajos, sin miedo a tener que empezar de cero en un nuevo lugar.
Su costo para el 90% de las empresas será de apenas el 2% de la masa salarial y, con ello, bajará el ausentismo, la conflictividad, los "accidentes laborales". Eso generará un descenso de costos, un aumento en el valor de los activos, los sueldos, una expansión de la demanda y, así, cambiará la tendencia actual, que implica una pobreza cada vez mayor, para devolverle a la Argentina la posibilidad de estar entre los mejores países del mundo.
La Mochila Argentina debe ser asegurable por el Estado (único que puede asegurar un riesgo que no es de la naturaleza como el granizo o los accidentes, sino de la acción de gobierno), universal (para empresas grandes y chicas, nuevas y existentes, empleados flamantes y antiguos), nacional, obligatoria (para darle al empleado la libertad de moverse de sector en sector y de empresa a empresa), económica y justa.
La Mochila Argentina debe ser asegurable por el Estado, universal, nacional, obligatoria, económica y justa
También aplica tanto para quienes son despedidos como para quienes se van de las empresas por su cuenta (equiparando en derechos al buen empleado con el malo) y, cabe destacar, es financieramente posible —ya que supone un pago mes a mes, en vez de una indemnización al contado—, no compartimentalizada (no sujeta a los cientos de convenios colectivos) y no opcional, a diferencia de lo que propone el artículo III (Fondo de Cese) del proyecto de "Ley de Bases y Puntos de Partida Para la Libertad de los Argentinos".
Desgraciadamente, el proyecto que se está tratando en estos días traerá aparejada una conflictividad judicial superior al actual y resultará en un aumento del desempleo y la informalidad, con un consiguiente aumento de pobreza y gasto público.
En cambio, de implementarse correctamente el Seguro de Indemnización, el Estado verá un aumento de la recaudación gracias al crecimiento de la economía formal e incluso, tendrá menos presión a dar empleo público improductivo, bajando así el gasto público, ya que el aumento de oportunidades en el sector privado atraerá a empleados públicos en busca de mayores ingresos. Con ello, podrá bajar los impuestos como ha prometido reiteradamente, iniciando una Revolución Impositiva. Para quienes quieran profundizar en el tema, desarrollo todo esto en mayor detalle en Mochila Argentina, el libro que publiqué el año pasado y puede descargarse gratuitamente en www.mochilaargentina.com.
Siempre guardo ilusión con respecto a nuestro país, pero si no saneamos el marco laboral, veo difícil que se produzca la recuperación que tanto esperamos, puesto que no hay ningún escenario macroeconómico donde al empresario argentino le convenga emplear personal. Me preocupa nuevamente la solución parcial del problema, pues son los parches los que nos han traído hasta donde estamos.