La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularizar a medio millón de migrantes e impulsada por 700 organizaciones sociales (con mucha transversalidad y presencia de algunas asociaciones católicas) ha logrado superar el primer filtro parlamentario del Congreso gracias al apoyo de PP y PSOE. Los promotores de la ILP han estado hasta el último momento negociando con los partidos para que permitieran la tramitación parlamentaria y lo han conseguido ya que la toma en consideración se ha resuelto con el rechazo solo de Vox.
En concreto, la ILP registrada en el Congreso, con la firma de más de 600.000 personas, pretende introducir una reforma en la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España para que el Gobierno, mediante Real Decreto, establezca, en el plazo de 6 meses desde la entrada en vigor de la ILP, un procedimiento para la regularización de los extranjeros que se encuentren en territorio español antes del día 1 de noviembre de 2021. Tras superar la toma en consideración, queda por ver qué ritmo de tramitación sigue la ILP en el Congreso porque puede haber debate de totalidad y después todo el recorrido en Comisión en el Congreso y el Senado.
La diputada del PP Sofía Acedo ha querido subrayar que esta ILP abre sobre todo un "debate" que va a permitir "retratar" al Gobierno por su política en materia de extranjería ya que es quien debe ejecutar la regularización. No obstante, Acedo ha señalado que para el PP, el Gobierno "no merece ninguna confianza" en esta materia porque ha acordado transferir la competencia en materia migratoria a Cataluña para que Junts "expulse a los inmigrantes de su territorio". "Como todo en torno al Gobierno es mentira, y en este asunto no va a ser menos, seremos nosotros los que los pondremos frente al espejo, por eso daremos salida a este iniciativa", ha explicado Acedo, quien ha asegurado van a "trabajar con responsabilidad" porque "muchos ciudadanos han firmado esta ILP". En todo caso, ha querido precisar de que la materia migratoria debe ser una cuestión de Estado y se tiene que abordar en "una posición equilibrada" entre el "limbo jurídico en el que se encuentran muchas personas extranjeras que ya están en España" y el "control de fronteras y la expulsión de inmigrantes que tienen un expediente de retorno a su país".
La diputada del PSOE Elisa Garrido ha dado los tres argumentos por los cuales van a apoyar esta ILP: en primer lugar, por el "respeto" que merece el procedimiento constitucional de "participación directa de los ciudadanos" que es la ILP ya que no se pueden hacer "oídos sordos" a más de 600.000 personas; en segundo lugar, porque es "necesario" seguir avanzando en "mecanismos seguros" para la migración; y, porque no se pueden "dar alas a los discursos del odio", en referencia a Vox.
En este sentido, la diputada de Vox Rocío de Meer ha empleado un tono muy duro contra la iniciativa, que ha calificado como "la compañía aseguradora de las mafias de tráfico de personas". "Y no sólo las mafias, sino de todos aquellos que colaboran con esas mafias como las ONGs o gobiernos progresistas", ha añadido de Meer, quien también ha llegado a culpabilizar a "algunos en la iglesia" de la llegada de migrantes a España. La diputada de Vox ha defendido que "España siga siendo España y no Marruecos ni Argelia, ni Nigeria ni Senegal".
Lo cierto es que los promotores de la ILP defienden que este mecanismo de regularización ya se ha usado y mucho: en España, se han hecho seis (dos con el PP y cuatro con el PSOE) y en toda la Unión Europea se han realizado 43 entre 1996 y 2008. Los argumentos que dan los promotores para llevar a cabo la regularización son esencialmente dos: en primer lugar, porque los migrantes quedan condenados a la "desprotección legal o la exclusión de facto de servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad"; y, en segundo lugar, porque los migrantes están ya trabajando en España, pero al estar sin documentación no pueden contribuir fiscalmente a los ingresos públicos.
Detrás de esta ILP, que ha concitado el aval de 611.821 firmas presentadas ante la Junta Electoral Central en 2022, fue impulsada por la Plataforma Esenciales, que está liderada por una Comisión Promotora que incluye seis organizaciones (entre ellas, está el partido Por un mundo más justo). Hasta 80 ayuntamientos como Barcelona, Valencia, Bilbao o Santiago de Compostela avalaron también la ILP.
✕