I. Olaizola
El PSIB-PSOE ha anunciado que acaba de presentar una denuncia en el juzgado de instrucción de Palma de Mallorca contra el director general del Servicio de Salud de Baleares, Javier Ureña, y contra el gerente de la empresa Soluciones de Gestión por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos por el caso mascarillas.
"Todos estos delitos los habría cometido (Ureña) con el presunto conocimiento de la presidenta del Govern, Marga Prohens, del vicepresidente Toni Costa y de las conselleras Manuela García y Antònia Estarellas", ha abundado Iago Negueruela, portavoz del grupo parlamentario socialista.
Para Negueruela ha quedado meridianamente claro que fue su Gobierno el que inició el expediente de reclamación contra la citada empresa por suministrarles unas mascarillas que no eran las acordadas en los primeros momentos de la pandemia de covid-19.
El portavoz socialista ha recordado que desde que se hizo público el auto de la Audiencia Nacional sobre este presunto caso de corrupción, en febrero de este año, el PP aseguró que el expediente de reclamación contra la empresa Soluciones de Gestión "estaba vivo" cuando de hecho el plazo para solicitar la devolución de al menos 2,6 millones de euros había caducado justo un mes antes, el 18 de enero de ese mismo año. "Pese a afirmar lo contrario, no presentaron ningún documento que acreditara que el plazo para reclamar no había finalizado".
"Se dedicaron a construir un expediente. Y la construcción de un expediente se llama presunto delito de prevaricación administrativa", ha subrayado añadiendo que "ningún letrado de la abogacía de la comunidad autónoma ha querido refrendar lo que ha hecho el señor Ureña, que ha construido dos expedientes administrativos. Uno de desistimiento y otro de revisión de oficio. Y ninguno de ellos contaba con un informe jurídico ni con ningún apoyo de la abogacía de la comunidad", un hecho insólito, dijo, al menos durante las dos legislaturas en las que el PSIB-PSOE gobernó estas islas.
"Estamos firmemente convencidos de que se han podido cometer delitos muy graves a nivel administrativo. Vemos indicios claro de tráfico de influencias, porque del auto conocido de la Audiencia Nacional se deduce directamente que ha habido presiones, conversaciones o, simplemente, entendimiento entre la empresa Soluciones de Gestión y personas del Gobierno actual", ha añadido Negueruela.
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