La vicepresidenta Victoria Villarruel celebró este martes la decisión del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, de revisar los pagos de
indemnizaciones a víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar en el país.
"Lo dije en campaña.
Hay que revisar las millonarias indemnizaciones que se dieron en nombre de los DDHH. Auditar el curro de los DDHH que sirve a los fines políticos de un sector que siempre ha combatido al país y sus instituciones", señaló Villarruel a través de sus redes sociales este martes.
Ayer, el Gobierno notificó el inicio de "una auditoría integral de todos los pedidos realizados en el marco de las Leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado". De acuerdo al comunicado,
la medida se debe a la detección de irregularidades "en la tramitación, otorgamiento y/o pago" del beneficio para las personas que fueron sometidas a crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar, entre los años 1976 y 1983, cuando los que integrantes de las Fuerzas Armadas desaparecieron y torturaron personas.
Villarruel completó:
"Celebro la decisión del ministro Cúneo Libarona y del Presidente". Cabe recordar que la vicepresidenta es negacionista e hija de Eduardo Marcelo Villarruel, un militar que en la Guerra de Malvinas fue el segundo jefe de la Compañía de Comandos 602, detrás de Aldo Rico a quien luego le retiraron la condecoración. Eduardo es recordado por haber intervenido en la "lucha contra la subversión" y encabezar un movimiento para oponerse a jurar por la Constitución Nacional.
EN QUÉ FUNDAMENTÓ CÚNEO LIBARONA LA REVISIÓN DE LAS INDEMNIZACIONES
Desde el Ministerio de Justicia indicaron que la medida surge a partir de la causa Martínez Moreira, Adrián y otros, "sobre defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita", y que confirmó la Sala II de la Cámara Nacional de Apelación en lo Criminal y Correccional Federal. Ese expediente fueron procesados personas a quienes se acusa de haber falseado datos para percibir el beneficio que otorga el Estado. El organismo nacional asegura que no es el único caso.
"El Ministerio articulará las medidas para no abonar las sumas económicas de los beneficios a quienes no correspondan. Asimismo, perseguirá la devolución de las sumas pagadas por fraude y que han sido cobradas indebidamente para que se restituyan a las arcas del Estado", completó el texto que compartió Cúneo Libarona.