Bogotá, 23 abr (EFE).- A pesar de que casi todo el año pasado el Gobierno de Colombia mantuvo ceses al fuego bilaterales con dos de los principales grupos armados del país, la población civil sigue viéndose afectada por el conflicto armado, reveló Amnistía Internacional (AI) en su informe anual este martes.
"Pese a las conversaciones de paz y los ceses al fuego, la población civil seguía viéndose afectada por el conflicto armado y las violaciones de derechos humanos, incluido el desplazamiento forzado de una gran cantidad de personas", señaló AI en el documento.
La organización advirtió que la violencia golpea "de forma desproporcionada" a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, y además persisten "las agresiones contra los defensores y defensoras de los derechos humanos", pese a los anuncios de medidas protección del Gobierno.
En la actualidad, el Gobierno negocia la paz y tiene ceses al fuego bilaterales con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y con el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las antiguas FARC que está dividida.
El Programa Somos Defensores informó que entre enero y septiembre de 2023 hubo 632 agresiones contra líderes sociales, de las cuales 123 fueron asesinatos, según cifras recogidas por AI.
Igualmente, la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) alertó de que en los primeros 11 meses del año pasado 163.719 personas se habían visto obligadas a desplazarse en Colombia.
"La Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó que, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), el 45 % de todas las víctimas de desplazamiento en 2023 eran personas afrodescendientes y el 32 %, indígenas", agregó Amnistía.
AI también alertó de las violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) cometidas en el país, como por ejemplo que entre julio de 2022 y junio de 2023 el Servicio de la ONU de Acción contra las Minas registró 119 víctimas de minas terrestres antipersonales, entre ellas cuatro menores de edad y 33 afrodescendientes e indígenas.
Durante el primer año de Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, entre agosto de 2022 y julio de 2023, hubo 191 casos de violencia policial, lo que supuso una disminución de más del 58 % frente al mismo periodo anterior.
En cuanto a violencia de género, la Red Regional de Información sobre Violencias LGBTI denunció 21 asesinatos de personas con esa condición en Colombia en 2023 "en la categoría de 'violencia por prejuicio' (violencia que busca causar daño a las personas por la percepción negativa que se tiene de su identidad de género u orientación sexual)", agregó la información.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), entre tanto, sugirió al presidente Petro tomar medidas para posibilitar el trabajo de los medios de comunicación y promover la libertad de prensa, en lugar de crear un entorno hostil, como lo ha hecho con los enfrentamientos que ha tenido en redes sociales con representantes de medios de comunicación y periodistas.
En total, según la FLIP, habían sido registrados 398 ataques contra la libertad de prensa en Colombia entre enero y octubre de 2023, entre ellos 132 casos de amenazas, 41 de hostigamiento y 51 de estigmatización. EFE
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