«Lo lograremos», dijo Merkel. Era 2015, la crisis de refugiados conmocionaba a los europeos y acorralaba, como nunca, a sus dirigentes contra las cuerdas. Un auténtico test de estrés que hizo saltar por los aires el Reglamento de Dublín, eje de la política migratoria comunitaria hasta ese momento, y reveló las dificultades para empastar visiones distintas, hasta opuestas, de la relación a mantener con quienes venían de fuera. La canciller enarboló la defensa de los derechos, apeló a la generosidad y hospitalidad de la Unión Europea y hasta recurrió, de manera más prosaica, al valor de la inmigración en términos laborales y económicos. Ni aun así. Fue elogiada por medios internacionales, elegida persona del año por «Time», reconocida por organizaciones humanitarias, pero se topó con el rechazo político a un plan de acogimiento que nunca fue. Desde entonces, las crisis migratorias se han sucedido y los parches de gestión las han acompañado: guerras, conflictos, miserias varias que desde más allá de nuestras fronteras han convertido en vergüenza compartida a Lesbos, Lampedusa o El Hierro.
Ninguna de esas urgencias, ni siquiera la suma de toda ellas ha sido el detonante para articular un marco de actuación conjunto en Europa. Ha sido, en fin, la premura electoral la que ha impulsado que el Europarlamento apruebe el Pacto Migratorio. El previsible auge de partidos de tinte xenófobo en las elecciones de junio, como anticipan las encuestas, ha ejercido de catalizador definitivo para un texto que, sin embargo, no contenta a casi nadie: restrictivo para unos y permisivo para otros. Quizá a Aristóteles le gustaría. En cualquier caso, al menos, es un marco legal para abordar uno de los grandes retos del Viejo Continente que, haciendo gala de su nombre, se acerca a la tercera edad sin suficiente recambio generacional. Sociedades longevas, con sistemas de bienestar que sustentar y sin bastante mano de obra: una ruleta rusa colectiva que llegará a máximos en el año 2100 con 27 millones menos de europeos, según Eurostat.
Y España se pasea por el top de países con esa pirámide poblacional en retroceso. El sentido común, impulsado por la sociedad civil en forma de iniciativa legislativa, llegó esta semana al Congreso y los partidos, todos menos Vox, se comprometieron a debatir la regularización de 500.000 inmigrantes que ya trabajan aquí, pero lo hacen sin la documentación en regla. La realidad (hay cálculos que apuntan a que se necesitan entre 200.000 y 250.000 trabajadores más cada año para sostener nuestro sistema) nos arrollará y aún preguntaremos si había un elefante. ¿Lo lograremos?
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