Cifras millonarias en juego, dinero que no recauda el fisco, sospechas reiteradas sobre posibles maniobras de evasión impositiva, Tabacalera Sarandí, propiedad de Pablo Otero, no está recientemente bajo la lupa de la justicia. Acumuló diversas denuncias con diferentes avances y suerte en los tribunales federales de distintas jurisdicciones. La de mayor avance ya cuenta con una pericia y un informe de otra compañía, donde se habla de paquetes de cigarrillos con estampillas de la AFIP apócrifas. La discusión también agita al Congreso, donde este martes sorpresivamente la oposición logró aprobar la reposición de un impuesto que era resistido por Otero.
Nuestro país es el octavo productor y el séptimo exportador mundial de tabaco. La actividad primaria se concentra en las provincias de Salta, Jujuy, Misiones, Tucumán, Corrientes, Chaco y Catamarca. Según los números oficiales, el sector tabacalero genera unos 250 mil puestos de trabajo de forma directa e indirecta, que incluyen el cultivo y acopio de tabaco, la actividad manufacturera, la distribución y la venta mayorista y minorista.
El sector cuenta con más de 150 mil pymes; incluyendo 50 mil productores primarios, 100 empresas de venta mayorista y distribución, 100 mil kioscos en todo el país y más de 10 cámaras y cooperativas provinciales que nuclean los intereses de los productores, procesan y revenden la materia prima.
Por la envergadura de la industria es que el sector tabacalero representa una importante fuente de recursos fiscales. La venta de cigarrillos percibe una presión tributaria en torno al 76%-80%, dado que se encuentra gravada con cinco impuestos (Fondo de Asistencia Social, Fondo Especial del Tabaco, Impuestos Internos, Impuesto al Valor Agregado e Ingresos Brutos).
Basta mirar algunos números del sector: las ventas de cigarrillos en Argentina fueron entre 1.700 y 1.800 millones de paquetes de 20 cigarrillos durante los últimos cinco años. Esto equivale entre 34.000 y 36.000 millones de cigarrillos vendidos.
"Es decir que la industria del tabaco generó una recaudación que superó los 2.000 millones de dólares (en 2022), que se distribuyeron entre el Tesoro Nacional, los gobiernos subnacionales, las provincias tabacaleras y la Administración Nacional de la Seguridad Social - ANSES", explicó una fuente de la industria tabacalera.
Es en este escenario en el que se enmarca una empresa como Tabacalera Sarandí que en menos de cinco años, según los cálculos más conservadores del sector, pasó de representar el 5% al 30,8% de la industria. Un crecimiento exponencial que muchas empresas miran con desconfianza.
Gracias a un conjunto de resoluciones judiciales que lograron algunas tabacaleras, como Sarandí, hay una serie de impuestos que el fisco no percibe. Esas empresas no pagan el impuesto mínimo. Si bien en 2021 hubo un fallo de la Corte Suprema que obligó a la compañía de Pablo Otero abonar dicha gravamen, el juez de primera instancia Enrique Lavié Pico, en junio de 2022, junto a la Cámara Federal de Apelaciones (noviembre 2023) determinaron la inconstitucionalidad del impuesto mínimo y fallaron a favor de la tabacalera. Una vez más, la palabra final la tendrá el máximo tribunal.
"Lo que sucede es que junto a esta situación, las empresas continuaron vendiendo cigarrillos a precios ultra bajos, incluso por debajo del impuesto mínimo; lo que genera una distorsión del mercado de cigarrillos, con diferentes regulaciones para diferentes empresas", explicó una fuente oficial al analizar los reclamos de la AFIP.
Casi 800 millones de dólares de pérdida anual para el Estado
Tan sólo durante 2023 las medidas cautelares otorgadas generaron una pérdida anual directa de recursos para el país de casi 798 millones de dólares, según estimaciones privadas. Es por las resoluciones judiciales que en la práctica avalan la posición de Pablo Otero, quien sostiene que su empresa no evade impuestos, sino que no abona el gravamen alcanzado por una acción judicial.
La AFIP, sin embargo, lo denunció por presunta evasión impositiva y por la utilización de estampillas fiscales apócrifas.
Hay que observar algunos números: de los 798 millones de dólares que se dejaron de recaudar en 2023, 452 millones de dólares debían remitirse a las provincias en concepto de impuestos internos, IVA, Ingresos Brutos y Fondo Especial del Tabaco. Otros 79 millones de dólares "fue el recorte de ingresos del sistema de previsión social (Anses). Esto implica una transferencia de recursos desde los jubilados y los beneficiarios de asignaciones sociales a Tabacalera Sarandí y el resto de las empresas evasoras", indicaron desde otra de las compañías tabacaleras que viene batallando contra los supuestos beneficios para su competidora.
En el desglose del número, hay que contemplar unos 259 millones de dólares que dejaron de ser percibidos por las arcas del Tesoro para gastos presupuestarios del Gobierno Nacional; y a su vez, el Fondo Especial del Tabaco, que financia infraestructura, desarrollo productivo, generación de empleo y asistencia de comunidades de las economías del norte del país, perdió recursos por más de 58 millones de dólares.
En el caso de Tabacalera Sarandí, su dueño Pablo Otero, aclaró en un comunicado que al estar alcanzado por la medida cautelar sólo se resguardar en la misma y "no se evade ningún impuesto".
La discusión económica e impositiva, que también se dirime en la justicia a raíz de una denuncia de la AFIP radicada en Mar del Plata, alimenta un frondoso historial de expedientes judiciales contra la firma de Otero, muchos de los cuales ya fueron archivados.
Una catarata de denuncias reiteradas
En noviembre del año pasado, la justicia federal penal allanó las instalaciones de Tabacalera en Sarandí debido a una investigación sobre estampillas falsas.
Es en el marco de dicha investigación, a pedido del juez, la Casa de la Moneda -responsable de imprimir los sellos fiscales-, realizó una pericia sobre un muestreo del material secuestrado. Las conclusiones sostienen que en atados de cigarrillos Red Point -la marca insignia de Sarandí- las estampillas eran falsas. La Tabacalera rechazó estas afirmaciones con su propio perito de parte. Además cuando Clarín consultó al respecto, remarcaron que la empresa no vende productos con estampillas falsas y que al ser una de las marcas de mayor distribución "hay quienes falsifican el producto", y supuestamente también esos sellos oficiales de la AFIP.
Pero un informe de parte de la tabacalera Bronway Technology, que es parte del expediente, concluyó que había paquetes de Red Point que podrían ser originales con estampillas falsas, poniendo en duda si la compañía no realizaba esta práctica a conciencia. Palabra contra palabra y ahora la justicia trabaja en una tercera pericia.
En el fuero penal económico se abrió la investigación 000085/2021, vinculada al contrabando de tabaco, "ya que se encontró un camión lleno de él sin la documentación legal de importación, a una cuadra de las instalaciones de Tabacalera en Sarandí", explicaron fuentes judiciales a Clarín.
Hace algunos años, Aduana de Mendoza secuestró un importante volumen de cigarrillos producto del contrabando. Allí, entre otras marcas, había cigarrillos de Red Point. Algunos paquetes, se investigó, contaban con estampillas fiscales apócrifas. La compañía reitera que al ser la una de las marcas más vendidas "es lógico que exista falsificación del producto, pero la empresa nunca vendió productos falsos ni con estampillas falsas".
En el juzgado federal 1 de La Plata, se abrió la causa 1998/2005, en cuyo marco se allanó la sede de Tabacalera Sarandí y se investigó -una vez más- la utilización de estampillas de AFIP de origen dudoso. Las actuaciones ya concluyeron, pero la sospecha sobre la maniobra se reitera en más de un expediente.
Derivada de estas acciones, también en la jurisdicción de La Plata, en 2009 se investigó a los dueños de la compañía, (causa 1240/2009) "por haber presentado declaraciones juradas apócrifas respecto de diversos impuestos y períodos a los que se encontraba sujeta la firma Tabacalera Sarandí S.A". Al igual que los demás casos, se terminó archivando.
En el juzgado federal de Dolores se inició una investigación (número 8239) por presunta falsificación de cigarrillos de diversas marcas. Se incluía a Sarandí, pero el caso no avanzó mucho más.
Delitos similares se investigan en el marco del expediente 24.770/16 ante el Juzgado Federal 3 de Quilmes. La sospecha es la misma: la posible falsificación de estampillas de AFIP, lo que produce que los cigarrillos que se venden bajo esas condiciones no paguen los correspondientes impuestos al fisco.
Recientemente, en Comodoro Py se recibió una denuncia anónima contra Pablo Otero y Tabacalera Sarandí. Elisa Carrió recibió dos correos electrónicos anónimos a su cuenta de mail oficial. Se denunció un presunto pago de sobornos por parte de la Compañía en el marco de la discusión de la ley Ómnibus en el Congreso. La denuncia fue ratificada ante el fiscal Carlos Rívolo pero por el momento no se tomó ninguna decisión sobre el caso, es decir: si hay o no elementos suficientes para impulsar la acción penal.
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