Nueva York – Aparte de insistir en la derogación de la Ley 22 por entender que ha tenido un efecto adverso en Puerto Rico, Juan Dalmau, candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), propuso un impuesto de 15 % sobre el ingreso neto de las corporaciones extranjeras que se benefician de incentivos contributivos como vía para aumentar los recaudos gubernamenles.
La tasa contributiva que mencionó el también secretario general del PIP surge de un acuerdo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo firmado por 160 países que establece una tasa universal del ingreso neto para las empresas foráneas.
En una entrevista previa con El Diario, Dalmau había anticipado que parte de sus esfuerzos de convertirse en gobernador serán derogar la Ley 22, aprobada en el 2012 por la legislatura en Puerto Rico y que otorga exenciones contributivas a inversionistas extranjeros en la isla.
La Ley 22 o Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico exime del pago de impuestos por ingresos, dividendos, intereses y ganancias de capital a extranjeros que se relocalizan en la isla bajo promesa de inversión.
Dalmau insistió en su postura como parte de las propuestas contenidas en el "Programa Integral de Desarrollo Económico: Justicia, Prosperidad y Sustentabilidad" que presentó este martes en una conferencia de prensa desde la sede de Filmes Zapatero, en Santurce, lugar que identificó como ejemplo de una empresa local fructífera.
A la par con la imposición fiscal, Dalmau le otorgaría a las empresas del exterior otro tipo de beneficios que permitan reducir sus costos operacionales; por ejemplo, adiestramiento de mano de obra y créditos para establecer equipos de energía renovable.
"Es decir, otras formas donde el Estado les puede proveer… beneficios a esas empresas que se establecen en Puerto Rico, siendo del extranjero, pero que no sean beneficios contributivos, siendo Puerto Rico una jurisdicción que fiscalmente está en quiebra", planteó el independentista acompañado de los economistas Edwin Irizarry Mora y Francisco Catalá Oliveras.
En el caso de la Ley 20, que al igual que la 22 forma parte del Código de Incentivos de 2019, el candidato no tiene mayores reservas. Sin embargo, dijo que, de todas formas habría que examinarla. La Ley 20 concede exenciones contributivas a corporaciones que exportan servicios.
El modelo económico sobre el que argumentó Dalmau se basa en un sistema contributivo balanceado, la equidad salarial y de género, y la distribución justa de los ingresos y de la riqueza.
"Una sociedad en la que cada sector disfrute de prosperidad y de los beneficios del desarrollo económico integral. Un país en el que la protección de los recursos naturales y el medio ambiente coexistan con el uso eficiente y productivo de nuestro acervo físico y de nuestro capital humano para beneficio de las actuales y futuras generaciones", apostó Dalmau.
El independentista además considera fundamental impulsar los pequeños y medianos empresarios mediante un modelo cooperativo enfocado en el desarrollo agrícola y agro-industrial.
"Estamos obligados a diversificar las opciones de nuestra economía, a apoyar toda gestión empresarial comunitaria, cooperativa, corporativa o familiar que redunde en la creación de puestos de trabajo y en la generación de ingresos y producción, pero sin desplazar a los residentes de nuestras comunidades tradicionales y sin atentar contra la integridad de nuestros recursos naturales", añadió mediante un comunicado de prensa.
La propuesta de 50 puntos además contempla la creación del Fondo de Desarrollo Nacional y la Compañía de Desarrollo Empresarial; confeccionar un Plan de Uso de Terrenos para proteger los terrenos de valor agrícola y ambiental; reorganizar el Departamento de Agricultura y promover la seguridad alimentaria; fomentar el ecoturismo; y promover la exportación de servicios de educación superior y de salud.
¿Y la Junta de Control Fiscal?
Al ser cuestionado por periodistas sobre cómo avanzaría con su plan de prevalecer en su aspiración a la gobernación en vista de que la Junta de Control Fiscal impuesta por el gobierno de Estados Unidos sigue controlando las finanzas del territorio, Dalmau apostó a un junte político diverso para abogar en el Congreso por la eliminación del organismo.
"Para mí, será esencial, desde el primer día, que yo pueda recabar el apoyo de personas de distintas tendencias ideológicas, política, cívicas, sociales, culturales, para que vayamos con una sola voz al Congreso a exigir la eliminación de la Junta de Control Fiscal", aseguró.
Añadió que procurará mantener las protecciones relacionadas con la quiebra que establece la Ley PROMESA bajo la que se creó la Junta, pero sin el organismo federal en la isla.
El PIP nunca ha ganado la gobernación de Puerto Rico. Este es el tercer intento de Dalmau de prevalecer en las elecciones generales como candidato a esa posición. Sin embargo, en esta ocasión su candidatura viene respaldada por líderes y seguidores del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) bajo la llamada "Alianza".
Con la asociación, los simpatizantes del PIP y de MVC buscan acabar con el predominio de candidatos de partidos de mayoría como el Popular Democrático (PPD) y el Nuevo Progresista (PNP) en la política puertorriqueña.
Al momento, cinco candidatos bajo la insignia del MVC apelan la decisión de un juez de primera instancia que los descalificó de la contienda por no presentar endosos.