Las costuras del sistema parlamentario bicameral español se ven sometidas en la presente legislatura a una tensión sin precedentes. Hasta el punto de que la presidenta del Congreso, tercera autoridad del Estado después del Rey y el presidente del Gobierno, será llamada a declarar a una comisión de investigación en el Senado, donde el PP, que ejerce la oposición en la Cámara Baja, tiene mayoría absoluta e impone sus reglas.
Este inédito choque institucional tuvo un primer capítulo hace apenas un par de semanas, cuando el PP instó desde el Senado al Congreso a retirar la ley de Amnistía bajo la amenaza de elevar un conflicto entre ambos órganos del legislativo al Tribunal Constitucional, y ayer se recrudeció aún más con la confirmación por parte del portavoz popular, Borja Sémper, de que Francina Armengol estará en la lista de comparecientes por el caso Koldo, en el que se investiga una presunta trama que "se forró con el negocio de las mascarillas en lo peor pandemia".
"Es una comisión que empieza a mostrar su clara voluntad de uso político", alegaron fuentes del entorno de la presidenta de la Cámara, que, a la espera de que los servicios jurídicos dictaminen cómo se debe proceder en una circunstancia tan excepcional, ofrece su total disponibilidad, tal como la misma Armengol anunció en la insólita rueda de prensa que protagonizó en el escritorio del Congreso al poco de estallar el escándalo.
El entorno de la presidenta denuncia que la mayoría del PP utiliza la Cámara Alta con fines partidistas
En cualquier caso, después de las formadas en el Parlamento balear y el Congreso, en la tarde de ayer se constituyó la comisión del Senado, que presidirá el popular Eloy Suárez y que, como adelantó Sémper por la mañana, llamará "con urgencia" a la expresidenta balear: "¿Cómo es posible que siga siendo presidenta del Congreso?", exclamó el portavoz tras aludir a las nuevas revelaciones del sumario.
"Si se confirma esta información –referida a los manejos de Koldo García en su etapa como asesor del Ministerio de Transportes para que el Govern balear contratara con una de las empresas de la trama investigada–, sería de suma gravedad", aseguró Sémper, que incluyó en esta "interlocución directa" al exministro José Luis Ábalos.
De ahí, sostuvo, que Pedro Sánchez mantuviera su aforamiento al permitir que el diputado valenciano, hoy expulsado del grupo socialista, fuera en las listas al Congreso en las últimas elecciones generales, cuando ya había sido cesado de forma fulminante como ministro y secretario de organización. "El PSOE se resiste, pero todo se va a acabar sabiendo", auguró Sémper, que, ante el "goteo" o el "chorro" de noticias que se sucederán cada semana, recomendó al presidente del Gobierno que cuente lo que sabe "antes de que se lo pregunte un juez" o de ser citado a una comisión: "Le decimos a Pedro Sánchez que se adelante, que sea transparente y exija responsabilidades".
La oposición no descarta llamar también a declarar al presidente del Gobierno y su esposa
"No sabemos las consecuencias judiciales, pero tiene que haber responsabilidades políticas", reclamó el portavoz del PP, para quien está claro el alcance del caso: "A veces unir la línea de puntos es fácil: si Koldo, que era asesor de Ábalos, se paseaba con una desfachatez inusitada para alguien de su rango por los ministerios, y si Ábalos era un miembro destacado del PSOE y tenía una relación muy estrecha con el presidente, parece razonable llegar a la conclusión de que Sánchez lo sabía", argumentó.
Tanto es así que el dirigente del PP no descartó pedir también la comparecencia del presidente del Gobierno en la comisión del Senado, así como la de su mujer, Begoña Gómez, en la diana por sus supuestos vínculos profesionales con Air Europa, compañía rescatada por el Ejecutivo: "Estamos analizando cuál es la mejor manera para conocer toda la verdad. Tiempo al tiempo", retó Sémper.