Hablar de la línea 9 de metro, la obra ferroviaria que debe enlazar Santa Coloma con el aeropuerto de El Prat, equivale a hablar de enormes problemas de ejecución, de sobrecostes desmesurados (en el 2016 ya se había triplicado la inversión inicialmente prevista en 2.000 millones de euros) y de retrasos y más retrasos. Concebida a finales del siglo pasado, la L9 empezó a ser construida en el 2002, cuando Jordi Pujol presidía la Generalitat. Este proyecto fue presentado entonces como la línea más larga de Europa en su clase, y se aseguró que entraría en servicio hacia el 2007, algo que no ocurrió, como es bien sabido. Las últimas fechas para completar los trabajos que se han barajado han sido el 2027 y el 2029. Pero los anteriores anuncios fallidos constituyen una invitación al escepticismo. El Departament de Territori ya evita aventurar un año para el fin de las obras.
Algunos proyectos de infraestructuras nacen con buena estrella. Otros nacen estrellados. La L9 pertenece al segundo grupo. La acumulación de contratiempos que ha sufrido es más que notable. Antes de empezar a horadar túneles y a construir estaciones, ya se cuestionó su trazado, porque no parecía el ideal para propiciar una conexión rápida entre Barcelona y su aeropuerto.
El coste y la duración del proyecto han crecido sin cesar y se desconocen
Una vez iniciadas las obras, las cosas no mejoraron. El trazado chocó con formaciones pétreas de gran dureza que entorpecieron las excavaciones; las tuneladoras sufrieron adversidades de diverso tipo que demoraron su avance, y la crisis económica del 2008, sucedida por los diligente recortes del gasto público que ordenó la administración catalana, llevaron a una suspensión de las obras que se prolongaría once años.
Con semejantes precedentes, a pocos sorprenderá el último, hasta la fecha, percance en los trabajos de la L9. Desde finales de febrero, una avería de la tuneladora ha paralizado de nuevo la obra: el gran taladro está detenido a unos 500 metros del pozo de la calle Mandri (cerrada al tráfico en su tramo superior debido a las obras) y se debe reparar si se quiere reemprender la excavación.
Todos los trabajos públicos sufren su cuota de contratiempos, con mayor motivo si son, como la L9, de dimensiones faraónicas. Pero, aun aceptando esto, hay elementos sobrados para afirmar que quienes la pusieron en marcha se equivocaron, tanto a la hora de elegir el trazado más practicable como a la de prever su coste y su duración, dos cuestiones que han crecido sin cesar y cuyas concreciones finales todavía escapan al conocimiento de la ciudadanía.
A la vista de lo ocurrido, y aun aceptando que algunos de los tropiezos coyunturales, como la crisis del 2008, eran a principios de siglo imprevisibles, es evidente que la L9 podría haberse planteado, gestionado y ejecutado de modo más satisfactorio.