La pedanía de Palomares en Cuevas del Almanzora (Almería), donde cayeron cuatro bombas termonucleares en 1996, cumple con las normativas de protección de la salud contra los riesgos de las radiaciones ionizantes, según afirmaciones del Gobierno de España en respuesta a una pregunta escrita de Sumar. La consulta de Sumar se refería a la existencia de un informe de Estados Unidos que apuntaba la necesidad de participación norteamericana para retirar suelos contaminados, ya que la contaminación en la zona excedía los niveles de la normativa europea.
El Gobierno ha señalado que la Unión Europea no establece niveles específicos de contaminación para este tipo de situaciones. Los niveles más cercanos se encuentran en la Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, que establece niveles de referencia para exposiciones existentes a la población de 1 a 20 mSv (milisievert, que mide la dosis equivalente de radiación absorbida por el cuerpo humano por año). Estos niveles están incorporados en la normativa española a través del Real Decreto 1029/2022, asegurando que los requisitos se cumplen en las zonas contaminadas de Palomares.
Además, el Gobierno ha resaltado que el artículo 35 del Tratado de Euratom obliga a cada Estado miembro a establecer instalaciones para controlar la radiactividad del ambiente y el cumplimiento de las normas básicas. La Comisión Europea ha realizado dos misiones de verificación en Palomares en 2010 y 2019, concluyendo que no hay desviaciones en los temas de competencia del Consejo de Seguridad Nuclear.
La Audiencia Nacional ha emitido un apercibimiento al Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) a finales de marzo, advirtiendo con multas si no remite el expediente sobre la limpieza de Palomares. El tribunal ha requerido por segunda vez la "urgente remisión" de este expediente y ha otorgado un plazo de diez días para su entrega, con una multa potencial de 300 a 1.200 euros para la autoridad o empleado responsable.
Ecologistas asegura que el gobierno falta a la verdad
Ecologistas en Acción critica que el Gobierno "falte a la verdad" al asegurar que "se cumplen los límites máximos de radiactividad" en la zona contaminada de Palomares. Según el abogado del colectivo, José Ignacio Domínguez, la "exposición existente" para la población "es bastante más que 20 mSv por año".
Para Domínguez, el Gobierno demuestra en su respuesta, con la que, según afirma, "engaña a los diputados", que es "ajena" a la "realidad de los hechos" respecto a la radiactividad en esta zona y que "no tiene la menor intención" de acometer el plan para la rehabilitación de los suelos.
"En Palomares hay bastante más de 20 mSv por año, bastante más, ya que, solamente en la zona donde cayó la bomba número dos, hay 16 millones de bequereles metro cuadrado cuando en Chernóbil no se llega a un millón por metro cuadrado. Quiere decir que en esa zona hay 16 veces más de radioactividad que en Chernóbil", ha explicado. En esta línea, el abogado de Ecologistas en Acción ha asegurado que el ejecutivo "falta a la verdad" también al decir que el límite máximo de radioactividad son 20 mSv al año y ha precisado que, "para entender lo que eso significa, equivale a 200 radiografías de tórax al año, porque cuando alguien se hace una recibe 0,1 milisiever de radioactividad".
"No es cierto porque el reglamento sobre protección contra las radiaciones ionizantes establece el máximo legal de radioactividad que puede recibir una persona de 1 mSv al año, es decir, diez radiografías de tórax al año", ha concluido. Un informe gubernamental de EEUU dado a conocer el pasado mes de enero que reconoce que España "sigue sufriendo los efectos" de las "actividades nucleares" del país norteamericano durante la 'Guerra Fría' con la presencia de "contaminación residual" en Palomares que "supera los niveles" de la normativa europea.
Este informe, que motivó la pregunta del grupo parlamentario de Sumar, remarca que la "ayuda" de EEUU es "vital" para que España "solucione" el "problema" y se ha eco de las "negociaciones" entre el presidente estadounidense, Joe Biden, y el español, Pedro Sánchez, comunicadas por la Casa Blanca en mayo de 2023, para "continuar saneando Palomares". Alude, asimismo, a que la Comisión Europea, en dos misiones de verificación realizadas en 2010 y 2019, concluyó que los programas de vigilancia implantados en la zona "son apropiados y eficientes" y que el "impacto radiológico potencial para el público parece ser muy pequeño".