El Gobierno ha prometido a promotores inmobiliarios, constructores y representantes de la banca, con quienes Pedro Sánchez mantuvo ayer una reunión de trabajo en La Moncloa, aprobar la modificación de la orden ECO 805 de 2003 para introducir la licencia básica de construcción, que permitirá iniciar las obras a la espera de obtener la licencia de obra, así como abrir el mercado a las nuevas técnicas de construcción en fábrica, además de facilitar líneas de crédito y subvenciones destinadas al desarrollo tecnológico del sector a partir de los fondos europeos.
De llevarse a cabo, lo que todavía está por ver, nos hallaríamos ante un cambio sustancial a la hora de encarar el problema de la escasez de viviendas, en la estela de las propuestas de presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con el impulso a la colaboración público-privada y, sobre todo, la descarga sobre los promotores de una burocracia asfixiante, que condicionaba en gran manera la financiación bancaria.
Se nos dirá, y es cierto, que no es la primera vez que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tira de la propaganda con la vivienda cuando se acerca una cita electoral –de hecho, nada se sabe de la promesa que hizo en abril de 2023 de promover la construcción de 180.000 nuevos pisos de titularidad pública–, pero lo cierto es que las propuestas sobre la mesa son una rectificación a esos prejuicios clásicos de la izquierda, que siempre ha contemplado el mercado inmobiliario como instrumento para la especulación y que no concibe otra solución que no pase por el intervencionismo estatal.
A esa obsesión, trasladada al corpus legislativo y con el pronto recurso paralizante a los tribunales de Justicia, con hitos como la «operación Chamartín» de Madrid, hoy «Madrid Norte», que ha estado paralizada más de tres décadas, hay que sumarle la falta de diagnóstico sobre la evolución de las sociedades modernas, con una visión lastrada ideológicamente, que llevó a errores de bulto como el de el socialista Eduardo Mangada –«Madrid no crece ni crecerá porque el capitalismo está dando sus últimas boqueadas»– que llevó a diseñar una M-40 con solo dos carriles.
Salvando las distancias, hablamos de la misma izquierda que con sus políticas urbanísticas ha llevado a la gentrificación del centro de las grandes ciudades y ahora, como hizo ayer el presidente del Gobierno, se sorprende por la multiplicación de los pisos turísticos. La realidad es que España necesita abordar una política nacional de vivienda, que sólo tendrá éxito desde la leal colaboración entre la Administración y las autonomías, porque no se trata solo de levantar torres de pisos, sino de planificar estratégicamente las redes de transporte y las vías de comunicación. Lo demás, es trasladar a los ciudadanos la responsabilidad de que los jóvenes no tengan una casa asequible.
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