Sancionan a un ayuntamiento de Balears por filtrar datos personales de las bajas de 47 policías locales
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El nombre, el apellido, el cargo y el porcentaje de absentismo laboral de un total de 47 policías locales del municipio mallorquín de Llucmajor han sido filtrados a través de la intranet del consistorio municipal. Así lo refleja un expediente sancionador de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) emitido el pasado 22 de marzo, que determina que ha habido una vulneración del principio de confidencialidad estipulado en la Ley de Protección de Datos al haberse expuesto sus datos personales a terceros.
A pesar de que la sentencia sancionadora no fue dictada hasta hace pocas semanas, la situación se remonta a tres años atrás, concretamente en diciembre de 2021, cuando se publicó un archivo en la intranet del ayuntamiento bajo el nombre de 'Bajas hasta el 30/11/21'. A dicho documento, que se encontraba en la carpeta "fotocopiadora" y "plocal" y que contenía el el cargo, los días de baja, el porcentaje de absentismo y el número de los 47 agentes, no sólo pudieron acceder el cuerpo policial y el departamento de recursos humanos (únicos destinatarios de los datos), sino también, según refleja la sentencia, otros grupos como el área de informática y el área de administración de la intranet.
Cabe recalcar que los elementos listados anteriormente entran dentro de la categoría jurídica de 'datos personales' al tratarse de "información relativa a una persona física viva identificada o identificable", según la Comisión Europea, por lo que están protegidos tanto por la Ley de Protección de Datos de 2018 como por el Reglamento del Parlamento Europeo de 2016 en referencia a la protección de las personas físicas sobre sus datos y la libre circulación de los mismos.
Tras su publicación, varios agentes de policía acudieron al sindicato UGT para que éste se pusiera en contacto con el ayuntamiento del municipio con el fin de retirar el documento de la intranet de forma inmediata. Sin embargo, no sólo estuvo disponible dicho archivo hasta el 7 de febrero de 2024 a través de la carpeta 'plocal' (disponible para el cuerpo policial, el staff de la Policía Local y parte de los administradores de la intranet), según pruebas aportadas por agentes afectados, sino también a personas no destinatarias de los datos, tal como admitió el ayuntamiento y recoge la sentencia.
El Ayuntamiento alega que el archivo "se publicó por error"
"Los agentes hablamos entre nosotros y algunos creen que sus perfiles han llegado a manos de políticos", asegura uno de los policías afectados a elDiario.es, expresando su "rabia e impotencia" ante esta situación. "Desde el Ayuntamiento aseguran que se publicó el archivo 'por error', pero el hecho de que estuviera público por más de dos meses nos da a pensar que se hizo de mala fe", señala.
De hecho, muchas de las quejas manifestadas por los agentes han sido dirigidas al inspector jefe de la Policía Local del municipio, quien, empleando los datos de absentismo global, repartió una circular el 12 de enero de 2024 bajo el título 'Bajas e indisposiciones' en la que felicitaba a las personas que no cogieron bajas en 2021 y recriminaba de manera genérica a los agentes que presuntamente se habían acogido a bajas sin realmente necesitarlas.
"No sería justo empezar esta circular sin empezar por felicitar al 51% de la plantilla que no ha faltado ni un día por estar de baja durante el 2021", reza el documento, que concluye instando a "quienes se puedan encontrar en situación de baja laboral simplemente por creer que deben estarlo, sin encontrarse en la situación anterior (de accidente o enfermedad), que piensen que los perjudicados de los abusos son los que ellos les llaman 'compañeros', los ciudadanos y a la larga ellos mismos".
Sobre esta situación, la fuente policial consultada por este diario asegura que se está estudiando realizar una denuncia al inspector jefe debido a la "emisión de informes sobre asuntos de servicios ambiguos y desneutralizados" que implicó esta circular, tipificado como falta grave según la Ley de coordinación de policías locales de las Illes Balears de 2013.
"Bajas sospechosas" en la Policía
Por su parte, el inspector jefe de la Policía Local de Llucmajor asegura a elDiario.es que "en ningún momento" se vulneró la intimidad de los agentes, pues opina que dicha información no se encuentran protegidos por el Reglamento General de Protección de Datos. De hecho, asegura que la circular se realizó porque existían "bajas sospechosas" por parte de algunos policías y cree que la reacción de algunos agentes ante esta problemática viene suscitada por que se dieron por aludidos.
"El absentismo de la Policía Local de Llucmajor supera con creces la media nacional. La única función de la circular era felicitar a aquellos agentes que no pidieron bajas en 2021 y dar un toque de atención a aquellos que están de baja sin estarlo. Ya hemos tenido que expedientar a un policía por estas razones", explica el inspector, reiterando que tan solo se trataron los datos "de manera general".
Sobre esto último, el policía denunciante de estos hechos asevera que está "caminando por terreno peligroso", pues la circular puede dar pie a que se interprete que el inspector jefe apunta a que hay gente que está falseando bajas, lo cual es un delito tipificado en el artículo 390 del Código Penal y castigado de seis meses a tres años de prisión o multa de seis a doce meses. "Ha hecho unas aseveraciones con las que igual se está pillando los dedos, pues implicaría que haya incluso médicos que estén emitiendo bajas falsas. Acusar de un delito así es muy grave", incide.
Primera denuncia a la AEPD y recurso potestativo
Tras observar que el departamento de Recursos Humanos del ayuntamiento no realizó ninguna acción para retirar de forma inmediata el documento tras la petición de UGT, el policía local que ha respondido a este diario interpuso una demanda el 22 de marzo de 2022 ante la Agencia Española de Protección de Datos para denunciar mala praxis en cuanto al manejo de los datos de los 47 agentes y la falta de recursos para paliar la fuga de forma contundente y definitiva.
El agente denunciante resalta la ardua tarea de interponer esta denuncia debido a la ausencia de la figura del Delegado de Protección de Datos, cuya designación es obligatoria para todas las Administraciones Públicas desde 2018 y que el Ayuntamiento de Llucmajor, a día de hoy, continúa sin tener. "Antes de interponer la denuncia, el sindicato quiso buscar al Delegado de Protección de Datos para mediar la situación, quien tendría que estar nombrado en una lista pública y accesible para todo el mundo. Días después me llamaron y me dijeron que no había nadie", declara, subrayando que se trata de una figura "necesaria para la efectiva protección de nuestros derechos y que el ayuntamiento ni se ha dignado a nombrar".
De esta manera, el 21 de abril se pudo tramitar la reclamación a la AEPD, aunque la respuesta del ayuntamiento no llegó hasta tres meses después, concretamente el 1 de julio. El consistorio respondió con un escrito en el que afirmaba que, en un principio, se subió dicho documento en la carpeta 'fotocopiadora' de manera "accidental", pero que se retiró dos días después. Igualmente, también confirmó la creación de la circular 'Bajas e indisposiciones' en el mes de enero de 2022, achacando su existencia al hecho de que el absentismo anual de la Policía de Llucmajor era más del doble que la media nacional, por lo que se planteó como una medida para paliar las cifras y darlas a conocer al personal. Por otro lado, negó que el documento hubiera estado público más tiempo que esos dos días en diciembre e igualmente aseguraron que no se llegó a subir en la intranet general de la Policía Local de Llucmajor.
El consistorio, sin Delegado de Protección de Datos
Así, sin que la parte reclamante tuviera pruebas fehacientes que contrarrestaran la versión del consistorio, la AEPD dio carpetazo a la reclamación el 13 de julio de 2022. Sin embargo, no contento con la resolución, el agente interpuso un recurso potestativo de reposición para que se continuara el trámite y añadió dos alegaciones adicionales: primero, la carencia de la figura del Delegado de Protección de Datos para salvaguardar su información personal de forma efectiva, y, segundo, que el documento no solo estuvo disponible en la carpeta 'fotocopiadora' por dos días, sino que permaneció más de dos meses disponible en la carpeta 'plocal'.
De esto último añadió una prueba a modo de captura de pantalla que probaba que el documento estuvo subido, al menos hasta el 7 de febrero, en dicha carpeta, a la cual tenían acceso los grupos de usuarios 'Administradores', 'Informática', 'Policía Local', y 'PLocal Staff'.
Resolución y consecuencias
Tras la aportación de estas nuevas pruebas y alegaciones, la AEPD admitió a trámite el recurso el 31 de mayo de 2023 y se dio a conocer la resolución el 22 de marzo. En dicha sentencia, la AEPD admitió que ha existido una vulneración de la confidencialidad de los datos personales. Concretamente, la entidad señala que se incumplió el apartado 5.1 f) del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea por un "uso no autorizado o ilícito" de los datos; el artículo 32 de la misma normativa por no garantizar la confidencialidad de estos datos, y el artículo 37 de la norma al no existir un Delegado de Protección de Datos que haya intervenido para solucionar la problemática.
En consecuencia, la AEPD obliga al consistorio, por una parte, a que nombre en un plazo de seis meses a un Delegado de Protección de Datos y que lo notifique a la entidad, y que además disponga de protocolos y actuaciones para gestionar de manera correcta la protección de los datos personales del cuerpo policial.
El policía denunciante ha comunicado que, a pesar de que se "alegra" con la resolución favorable de la AEPD, él, junto a más de 30 policías afectados por la filtración, están estudiando hacer una denuncia al ayuntamiento por vía contenciosa-civil a fin de pedir indemnizaciones por falta al derecho al honor y a la intimidad de los agentes afectados: "Cada día somos más los que queremos llevar esto hasta el final. Este caso ya está en manos de un bufete de abogados. En este punto ya no nos importa si la filtración se hizo por intención o por omisión, la cuestión es que se han vulnerado unos derechos y no se puede volver atrás".