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Esta semana, la Superintendencia de Salud emitió una resolución con la cual ordenó la "toma de posesión e intervención forzosa administrativa para administrar de la EPS Sanitas". Es decir, en pocas palabras, el gobierno de Gustavo Petro gestionará las funciones de una entidad que presta salud a 5,7 millones de colombianos. La Procuraduría, ayer 4 de abril, llegó a la Superintendencia para inspeccionarla y conocer los documentos en los que se soporta la decisión gubernamental. Sin embargo, pasaron cinco horas para que, a la final, la Superintendencia entregara documentos sueltos que hacen las veces de expediente. El procurador Luis Ramiro Escandón, delegado para la Conciliación Administrativa, estuvo ayer en la Superintendencia. En entrevista, explica los alcances de la inspección.
¿Por qué dijo que la Superintendencia de Salud no tiene un expediente con qué soportar la toma de control de la EPS Sanitas?
Llegamos a las 3:30 p. m y el protocolo de ingreso demoró bastante. Nosotros íbamos por un expediente. Se supone que, si usted tomó una determinación de tan alto calado, pues tiene el soporte a la mano. Además, porque lo acababa de tomar hace dos días. Los documentos que lo soportan deben estar disponibles.
¿Y qué pasó?
Los documentos no estaban. Normalmente, la consolidación de un expediente son todos los documentos que, en medio digital o físico, deben estar alojados en alguna parte. Cuando se toma una decisión que requiere tantos elementos, se necesita que estén disponibles para que, quien quiera tomar la decisión, máxime si se trata de un comité, la pueda estudiar. Fui a preguntarles donde estaba el expediente administrativo y les pedí que me dejaran ver los documentos. Pero esa información no la encontramos.
Pero a la final, a las 10 de la noche, se los entregaron…
Nos entregaron unos documentos que estamos evaluando. Les pedimos lo que debería estar dentro del expediente. Como no lo tenían, les pedimos varios documentos: las actas, los comités, las resoluciones.
¿Eso fue lo que le sorprendió más del proceso?
Nos pareció extraño. Pero le soy sincero, nosotros estábamos dispuestos a que nos entregaran la información como la tuvieran. Esperábamos, incluso, que nos dijeran que la tenían desordenada. Pero se demoraron cinco horas tratando de armar algo y a las 10 de la noche nos entregaron lo que pudieron entregar. Se supone que nos van a enviar más información.
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Además de esta inspección, ¿qué más va a hacer?
Vamos a analizar esa documentación y verificar si las decisiones de la Superintendencia se soportan con lo entregado. En dado caso de que no sea así, haremos las actuaciones judiciales que correspondan para poder tramitar acciones contenciosas o constitucionales.
¿De usted depende alguna decisión relacionada con la suspensión de Superintendente?
Nosotros estamos cumpliendo con las funciones de intervención administrativa y de prevención. En cuanto a lo disciplinario, es un asunto que no es de mi competencia. Eso le corresponde a la Sala Disciplinaria de la Procuraduría.
Lo que usted sí puede hacer es facilitarle información a la Sala Disciplinaria…
Ya hay una investigación por parte de ellos. Pero puede que yo encuentre un hallazgo importante y, si es así, se los comunicaré. Si hay temas que ameriten hallazgos disciplinarios o fiscales, compulsaré copias a las autoridades que correspondan.
¿Volverá a inspeccionar a la Superintendencia?
El propósito que teníamos ya se cumplió. No considero necesario volver a hacer visita. Ahora lo que queda es el seguimiento a las decisiones que tomen, bajo nuestra función de intervención.
¿Han pensado demandar las resoluciones con la que la Supersalud intervino las EPS?
Así es. Lo que tenemos que validar bien es cual es el mecanismo más adecuado para hacerlo.
¿A qué se refiere?
A si es mejor una tutela, una nulidad o una acción popular. El proceso natural debería ser por una nulidad. Lo que pasa es que aquí hay unos componentes jurídicos que se deben analizar con cuidado porque la nulidad y restablecimiento del derecho le corresponde a los directamente afectados. En este caso, sería a las EPS. Entonces nosotros, como terceros, podríamos interponer una nulidad simple. Pero tenemos que analizar si eso procede y solicitar, en ese contexto, una medida cautelar. El otro componente es que, como la salud es un derecho colectivo, podría proceder una acción popular. Pero, al mismo tiempo, como la salud es un derecho fundamental, también hay podría proceder la tutela. Por eso insisto en que hay que analizar con mucho cuidado cuál sería la acción procedente. Para eso, hay que verificar si los documentos que nos entregaron soportan, o no, la decisión.
Desde su labor de vigilancia, ¿le preocupa que el gobierno esté acudiendo a las superintendencias para resolver asuntos que en el Congreso o en su propio gabinete no están saliendo como el presidente espera?
Desde la función que yo ejerzo, no me corresponde hacer ese tipo de apreciaciones. Tengo que sujetarme a los hechos y a las pruebas. Por eso mismo hicimos la visitas. Si esto está relacionado con otros asuntos políticos, no soy yo el encargado de hacer esos análisis. Aquí estamos es validando si estuvo bien hecha la gestión de la Superintendencia.
Qué es más importante para ustedes: ¿Que no se intervenga a las EPS? ¿O verificar si el gobierno está haciendo intervenciones que podrían ser desproporcionadas?
Lo que nos corresponde dentro nuestras funciones es saber que el procedimiento de la intervención es ajustado al derecho. Obviamente, mientras se da eso, también es nuestra tarea verificar que los derechos fundamentales de la salud de las personas se sigan garantizando.
El año pasado, Famisanar también fue intervenida por el gobierno y algunos datos demuestran que esa medida ha servido. La información muestra que las quejas y tutelas han disminuido. ¿La Procuraduría hizo una inspección en ese momento?
Sí. De hecho, la Procuraduría viene haciendo visitas desde 2018, a raíz de una sentencia de la Corte Constitucional que puso en cintura a las EPS y al sistema de salud. El alto tribunal emitió unas órdenes estructurales y la Procuraduría ha acompañado el proceso.
¿Y qué han podido evidenciar desde la entidad? ¿Ese tipo de tomas financieras por parte del gobierno sirven, salen mal?
Yo no podría contestar esa pregunta porque creo que le corresponde más a un análisis académico y estadístico que pudiera revisar todas las cifras del sistema general. Ahora, en el imaginario social, uno escucha que esas intervenciones siempre salen mal. Pero, desafortunadamente, el imaginario social no siempre es correcto. De hecho, por ahí escuchaba voces que reclamaban la participación de la Procuraduría mucho antes de lo que está pasando hoy y diciendo que por qué no había aparecido antes. Eso no es cierto: la entidad siempre ha estado en estos temas generando situaciones jurídicas que permitan mejorar el sistema. Decir que la Procuraduría no ha hecho nada es absolutamente infame.
Quiero aclarar algo: yo aquí no tengo que entrar en discusiones mediáticas sobre qué dijo tal y qué respondió el otro. No tengo que andar disiento quién dijo la verdad o la mentira. Lo que vamos a hacer es evaluar qué sigue ahora. También habrá que ver si la Sala Disciplinaria toma alguna decisión, mientras nosotros seguimos con la vigilancia. La señora procuradora general, Margarita Cabello, es la directora del Ministerio Público que comprende, no solo a los procuradores, sino también a la Defensoría del Pueblo y a los Personeros. Por eso, lo que ordenó la procuradora es que haya una red entre todos para verificar que el servicio de la salud se garantice en todo el país.
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