El magistrado Joaquín Aguirre recibió justo hace una semana un paquete bomba falso en el Juzgado de Instrucción número de Barcelona del que es titular, según ha adelantado el periódico 'El Mundo' y ha podido confirmar laSexta. Este paquete, en el que había un temporizador y material explosivo falso, fue abierto por un miembro de la sede judicial sin que la seguridad lo detectase. Se sigue investigando la procedencia de este envío.
Un suceso que llama la atención, pero también causa preocupación ante la sensibilidad de los casos que instruye Aguirre: Volhov y Negreira. De hecho, fuentes jurídicas y policiales aseguran no comprender por qué este juez continúa sin medidas de seguridad, ante la sensibilidad de las causas que instruye en estos momentos.
De hecho, fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han asegurado a laSexta que desde la institución se pusieron en contacto con el juez Aguirre este lunes pasado con el fin de preguntarle si precisaba de este tipo de medidas, sobre las que el magistrado cuestionó su necesidad ante el inspector de los Mossos que a su vez quitó importancia a lo sucedido y le trasladó que no creía que lo fuera. Fue así que Aguirre desestimó esta protección, pero que ahora se plantea, aunque asegura no estar "asustado".
Una de estas causas es la llamada 'caso Volhov', en la que Aguirre investiga los posibles lazos entre el independentismo con Rusia durante el próces y con el fin de lograr ayuda "económica y militarmente" la independencia de Cataluña. De hecho, el magistrado decidió a finales del pasado mes de enero una prórroga de seis meses ante las "estrechas relaciones personales" con también políticos de extrema derecha alemana e italiana.
De las pesquisas, a las que tuvo acceso laSexta en su momento, se desprenden indicios de que el entorno de Puigdemont trabajó para desarrollar una "legislación propia sobre las criptomonedas adecuada a los intereses rusos" y de que su entorno llegó a reunirse con "los más altos capos de la mafia rusa".
Se trata de una causa separada, que empezó en 2016 como una investigación por el presunto desvío de fondos de la Diputación de Barcelona a entidades afines a CDC, están investigados Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de Puigdemont, el informático de Waterloo Jaume Cabaní y el excargo de CDC Víctor Terradellas, entre otros.
La prórroga también se dio en el 'caso Negreira', sin embargo, fue hace apenas un mes cuando Aguirre tomó la decisión en este asunto que investiga los pagos de más de siete millones de euros por parte del FC Barcelona al que fuera número 2 de los árbitros, José María Enríquez Negreira, que se prolongaron entre 2001 y 2018.
El magistrado consideró que faltaban diligencias por practicar en relación a los los delitos de administración desleal, falsedad documental y cohecho o corrupción entre particulares. Además, falta por descubrir a dónde fue a parar esa abultada cantidad que Negreira estuvo recibiendo durante casi dos décadas.