Guillermo Arroyo Cruz, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de Morelos, informó que la carga de trabajo se ha incrementado 20% durante el primer trimestre del año, en su mayoría por servidores públicos municipales que buscan salir del padrón de deudores, algunos para en las elecciones del 2 de junio.
Las personas señaladas arrastran estos adeudos desde años pasados por laudos heredados o generados por sentencias del propio TJA, del Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TECA) o alguna otra autoridad, y aquellos que quieran participar en las elecciones no deben estar en el padrón de deudores.
"Esto se trata de multas impuestas por el propio Tribunal de Justicia Administrativa, El Tribunal de conciliación y Arbitraje o multas que ya les está cobrando Hacienda porque se la impuso alguna otra autoridad, es entonces que para no estar en ese padrón de deudores vienen ante nosotros para nulificar estas multas", explicó Arroyo Cruz.
El magistrado señaló que esta carga de trabajo disminuirá una vez que pasen las elecciones del 2 de junio, sin embargo, ante la llegada de las campañas a nivel local que inician el 15 de abril por ahora trabajarán hasta 20% más.
"Así será todavía de aquí a junio cuando menos, que es la fecha de la elección, digo son temas coyunturales pero que no pasan desapercibidos en el volumen de trabajo que tenemos en el Tribunal".
Guillermo Arroyo aclaró que esta situación no es exclusiva de algún municipio pues la mayoría ha recibido este tipo de requerimientos para salir de la lista de deudores, debido a que de permanecer en esta lista no pueden realizar otros trámites.
Además de la multa quedan boletinados para no poder hacer diferentes trámites, entre estos como emplacar o solicitar la licencia de conducir.
El presidente del TJA descartó que haya un atraso en los procesos por la falta de dos magistrados, para la cual manifestó que habilitaron a igual número de encargados de despacho para que no exista una sobrecarga de trabajo en el tribunal.
Además, indicó que este tema es únicamente facultad Congreso del Estado, mientras que el Tribunal de Justicia Administrativa continuará en funciones de manera normal.