Durante 2023, sólo en el norte del país se perdieron 126.149 hectáreas de bosque nativo. Greenpeace calculó la cifra con base en el monitoreo de imágenes satelitales. Salta, Chaco, Formosa y Santiago del Estero fueron las provincias más afectadas.
El problema, lamentablemente, no es nuevo. Greenpeace registró en 2022 una deforestación casi idéntica en la misma zona: la diferencia entre un año y otro en la cantidad de hectáreas afectadas fue de apenas un 6%.
Pero si esto se proyecta en el largo plazo, el resultado es dramático: entre 1998 y 2022, Argentina perdió siete millones de hectáreas de bosques nativos, una superficie equivalente a la de la provincia de Formosa.
Esto demuestra que las políticas de protección de ecosistemas claves, como los bosques nativos, es insuficiente. La degradación ambiental se expande año tras año de manera regular. Por cierto, en el largo período bajo análisis el país fue gobernado por partidos o coaliciones de diferentes signos políticos y, sin embargo, ante esta cuestión parece que ningún gobierno acertó en la implementación de una política conservacionista.
Según Greenpeace, habría que prohibir y penalizar de manera efectiva la deforestación. Porque la realidad es que existen normas legales e incluso resoluciones judiciales con las cuales se puede demostrar que la mayoría de los desmontes que se llevan a cabo son ilegales.
En Chaco, por ejemplo, en 2020 la Justicia provincial falló a favor de suspender los desmontes hasta tanto se actualizara el ordenamiento territorial de los bosques nativos. En este contexto, es válido preguntarse, por un lado, por qué no se sanciona a quienes igualmente continúan deforestando; y por otro, por qué las reparticiones públicas provinciales encargadas de clasificar los bosques nativos para, en función de ello, supervisar su protección no pueden ejecutar sus tareas de manera eficiente.
Tengamos en cuenta que la deforestación agrava las consecuencias del cambio climático, ya que facilita fenómenos muy diversos, como la inundación de terrenos que antes eran boscosos, la migración y la probable extinción de numerosas especies, la desertificación del área implicada e incluso el desalojo de comunidades humanas que hasta entonces vivían en ese medio ambiente.
De hecho, lo que debería fomentarse a través de los más diferentes incentivos es la reforestación. Si aumentáramos la superficie que ocupan nuestros bosques nativos, pondríamos en práctica una de las recomendaciones más útiles, según los expertos, para revertir el cambio climático.
En consecuencia, tanto la conservación de los bosques nativos como su reforestación son las medidas más básicas que se pueden tomar para la preservación de distintos ecosistemas, no sólo como reaseguro de la biodiversidad sino en defensa de nuestra calidad de vida.
Como hemos dicho en otras oportunidades, el medio ambiente es de todos y sólo hace posible nuestra vida si impedimos que sus parámetros vitales se degraden. El desmonte –como los incendios, la urbanización o la extensión de la frontera agropecuaria– desequilibra un ecosistema cualquiera. Por ello, los gobiernos locales, en coordinación con los gobiernos provinciales y la Nación, deben trabajar de manera mancomunada para asegurar la conservación de sus respectivos ecosistemas.