En la Comisión de Puntos Constitucionales se analiza una iniciativa de reforma constitucional para también establecer que las personas sordas tendrán derecho a recibir educación bilingüe en esa lengua.
La iniciativa surge como respuesta a la necesidad de reforzar la equiparación legal de la Lengua de Señas Mexicana con las lenguas y culturas indígenas de México.
La Ley General de las Personas con Discapacidad reconoció a la Lengua de Señas Mexicana como una de las lenguas nacionales en 2005, y reformas posteriores han intentado relegarla a un "formato de comunicación accesible", en lugar de un idioma oficial. Esto ha generado preocupaciones entre la Comunidad Mexicana de Sordos y sus defensores.
En San Luis Potosí, es importante que la Constitución del Estado de San Luis Potosí refuerce el lugar de la Lengua de Señas Mexicana y a las personas sordas en general en el sistema educativo mediante una perspectiva de interculturalidad.
Estos reconocimientos buscan sentar principios más certeros, justos y explícitos para la relación entre Estado y las comunidades de personas sordas mexicanas, por medio de la convalidación de una percepción positiva de las lenguas y las culturas de las comunidades de personas sordas.
La Comunidad de personas Sordas y la Lengua de Señas Mexicanas se encuentra extendida por todas las ciudades del territorio nacional, lo cual demuestra la importancia de reconocerla a nivel constitucional, al cumplir un papel central en la política del Estado.