Una reciente decisión de un juez administrativo de Turbo tiene en zozobra a buena parte del personal de la ESE Hospital María Auxiliadora del municipio de Chigorodó, Antioquia, pues el embargo de las cuentas de la institución podrían no solo sumirla en una grave crisis financiera, sino afectar la prestación de estos servicios fundamentales para la población.
Se trata de la cuarta ocasión en el último año que ha ocurrido esta situación, tres veces previas por demandas laborales y la más reciente por una supuesta mala práctica médica de la institución que derivó en un fallo a favor del demandante por cerca de dos mil millones de pesos.
Jairo Machuca, gerente recién posesionado del hospital, indicó que buscan las vías jurídicas para salir del embargo, pero además que avanzan en conversaciones con acreedores para encontrar acuerdos de pago y seguir prestando los servicios.
"Nos hemos sentado, por ejemplo, con los proveedores y algunos nos han dado la confianza, conocen de nuestras capacidades, conocen de la necesidad que tiene el territorio y nos han dicho que van a despachar por un determinado periodo de tiempo mientras se soluciona el problema", declaró el directivo.
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Por su parte, Jairo Caicedo, concejal de esa localidad del Urabá antioqueño, se mostró confiado en la gestión financiera que la nueva administración pueda desempeñar ya que son varias las necesidades del personal médico afectado.
"Todos los ciudadanos tenemos responsabilidades económicas. Muchos deben sostener a sus hijos que se encuentran en universidades, en colegios, el pago de la vivienda, el sostenimiento personal preocupa, sobre todo si es un tiempo tan tan largo, pues obviamente la gente no va a prestar un servicio adecuado por la desmotivación", destacó el corporado.
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Según indicó el directivo del centro de atención los pasivos totales del hospital ascienden hasta los 3.500 millones de pesos y actualmente se requieren hasta 700 millones para destinar a su funcionamiento mensual.