El Gobierno argentino celebró la sentencia de un tribunal de casación que establece que el atentado cometido en 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) que dejó 85 muertos y 300 heridos en 1994 fue auspiciado por Irán, con la que se pone fin a "décadas de postergación y encubrimiento".
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En un comunicado, "la Oficina del Presidente celebra la sentencia emitida por la Cámara Federal de Casación Penal que puso fin a décadas de postergación y encubrimiento en el caso AMIA, determinando que los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA fueron perpetrados por Hizbulá, bajo el auspicio de organizaciones estatales de la República Islámica de Irán", asegura el Ejecutivo en un comunicado.
Para el Gobierno que preside Javier Milei, "este avance significativo en el ámbito judicial pone de manifiesto los reiterados intentos del kirchnerismo por encubrir la responsabilidad de Irán y postergar este fallo histórico".
Milei "ha asegurado desde el inicio de su mandato la independencia absoluta del Poder Judicial. En este sentido, la Cámara Federal de Casación Penal ha podido ejercer su función con total libertad, sin presiones políticas, para impartir justicia que tanto las víctimas como sus familias han esperado durante décadas", señala la nota publicada en X.
La reacción del Gobierno argentino se produjo después de que la Justicia del país declarara "crimen de lesa humanidad" el atentado al emitir dos fallos.
Por un lado, la Cámara confirmó las penas para los principales investigadores del caso, entre ellos el juez Juan José Galeano y los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, por haber inundado la causa de pistas falsas.
Por otro, decidió por unanimidad declarar "crimen de lesa humanidad al atentado perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la A.M.I.A.-D.A.I.A. (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas)".
El fallo determinó la intervención de funcionarios y agentes iraníes y libaneses en el atentado con coche bomba, por lo que podría estar vinculado con el perpetrado contra la Embajada de Israel en 1992, que causó 22 muertos y 242 heridos.
Por ello, recomienda que el Estado haga reformas para llevar a cabo el "juicio en ausencia" de los prófugos, siete libaneses e iraníes, que tienen pedido de captura internacional de Interpol.