En mayo de 2023, se presentó un proyecto para ajustar la Ley 21.040, en la administración del exministro Marco Antonio Ávila. Este proyecto no pasó de su primer trámite legislativo y en agosto, luego de la salida de Ávila, su tramitación quedó estancada en el Senado.
Con la llegada del ministro Nicolás Cataldo, se anunció que se harían modificaciones al proyecto, lo cual finalmente se concretó esta semana. A primera hora en el colegio Escuela Poeta Víctor Domingo Silva, del SLEP Gabriela Mistral, el equipo ministerial anunciaba bajo el eslogan La educación pública avanza este proyecto de ley, se trata de una serie de pilares que articulan las medidas de un nuevo proyecto y con énfasis, la máxima autoridad en materia educacional, transmitía a la audiencia presente que estábamos frente a la "reforma más importante de nuestro país desde el retorno a la democracia".
Terminada la ceremonia, corrieron al Congreso Nacional para ingresar el proyecto y hablar de este y otras materias en la comisión de educación del Senado. Sin embargo, el tiempo no alcanzó para exponer este tema y entregar los puntos relevantes de las modificaciones. ¿Qué es lo urgente entonces para los parlamentarios?
Para poder llegar con estas soluciones a las comunidades educativas se requiere de un tramitación fluida, es ahora responsabilidad del congreso discutir de manera constructiva para llegar a acuerdos y poder sacar esto adelante en el menor tiempo posible.
La clave está en hacer ajustes para poder avanzar, y no retroceder en la instalación del sistema de educación pública y menos dejar la puerta abierta a una discusión sobre si el sistema municipal puede hacerse cargo o no de la educación pública del país, pues estamos viendo que son cada vez más los municipios que entran en situaciones de déficit económico y problemas de gestión y qué decir del estado deplorable en que algunos sostenedores han entregado los establecimientos educacionales a los nuevos Servicios Locales de Educación Pública.
El Congreso debe ahora interiorizarse en lo aprendido por los equipos que ya están trabajando bajo el nuevo sistema. El Slep Atacama es uno de los puntos críticos, que ha dejado aprendizajes. Pero si queremos que la calidad de la educación pública mejore para los niños, niñas y adolescentes del país, es urgente que este proyecto de ley se discuta.
Desde Educación 2020 nos parece que lo planteado esta semana va en el camino correcto, aun cuando entendemos que requiere discusión, análisis y escuchar a quienes hoy están in situ en las aulas. Los pilares que presentó el Gobierno son parte de una serie de medidas que incorporan aprendizajes de seis años en que Chile se ha ido adaptando a un cambio fundamental en su educación pública.
Asegurar un adecuado traspaso del servicio educativo a través de ajustes funcionales a los procesos involucrados y de la creación de herramientas para el saneamiento municipal previo al traspaso, a fin de evitar que los Servicios Locales hereden los problemas de la administración municipal, desarrollar capacidades administrativas, financieras y de apoyo técnico pedagógico en los SLEP para mejorar su gestión y su capacidad de respuesta a los establecimientos educativos, fomentar la vinculación de los Servicios Locales con las comunidades con el fin de potenciar un liderazgo con perspectiva territorial, fortalecer la Dirección de Educación Pública, entregando nuevas atribuciones que permitan mejorar su capacidad de coordinación y conducción estratégica del Sistema, mejorar los mecanismos de monitoreo a la implementación y -fundamentalmente- reconocer que esta es una política de Estado, son pisos mínimos para seguir avanzando.
Si queremos que Chile tenga una mejor educación, es urgente que ahora el trabajo legislativo sea prioritario.