Ana Cabanillas
El reality show en que se ha convertido el fichaje de David Broncano para RTVE amenaza con un nuevo capítulo. La televisión pública aprobó in extremis este miércoles el contrato para dos años y 28 millones con el presentador de La Resistencia, en una votación que no estuvo exenta de polémica y donde la presidenta, la socialista Concepción Cascajosa, hizo valer su voto de calidad, con el aval del informe jurídico de la Abogacía del Estado. Pero no todos los consejeros dan por buena la votación; algunos consideran que puede ser "impugnable" y avanzan consultas para determinar si dar o no una batalla legal.
El Consejo de Administración logró aprobar el contrato de Broncano este miércoles, gracias a que no asistió la anterior presidenta cesada, Elena Sánchez, que permitió con su ausencia que saliera adelante con cuatro votos, en lugar los cinco necesarios para lograr la mayoría absoluta ordinaria en un consejo formado actualmente por nueve miembros.
A favor votó Cascajosa, el consejero de RTVE, Ramón Colom, el del PNV, Juan José Baños, y el afín a Podemos, Roberto Lakidain. En contra, los tres consejeros del PP -Jenaro Castro, Consuelo Aparicio y Carmen Sastre. El otro consejero elegido por Unidas Podemos, militante del PCE -hoy en Sumar-, José Manuel Martín Medem, se mantuvo en la abstención.
La propuesta salió adelante en el cuarto intento, después de que en la primera reunión del 11 de marzo se rechazaran las condiciones iniciales, previstas para tres temporadas y 42 millones; de que la reunión del 26 de marzo estallara por los aires con los ceses cruzados de Elena Sánchez y su jefe de Contenidos, José Pablo López; y de que el pasado 4 de abril Cascajosa suspendiera el debate por dudas jurídicas sobre la votación ante la ausencia de la expresidenta Sánchez.
Una vez recibido el informe de la Abogacía del Estado que permitía a Cascajosa hacer valer su voto de calidad, la actual presidenta interina lo aplicó para sacar adelante la polémica decisión, en la que Moncloa ha mostrado un especial interés ante el Consejo de Administración, según admiten varios miembros de distinto signo político. El objetivo sería hacer de contrapeso a El Hormiguero del incómodo Pablo Motos, una figura que lleva años dominando el prime time y que se ha mostrado crítica con el Gobierno.
"Impugnable"
Durante la reunión en que se aprobó el fichaje, algunos de los consejeros críticos con la propuesta mostraron sus dudas jurídicas sobre la votación y defendieron que el acuerdo era "impugnable", y que abrían un periodo de consultas para estudiar el posible recorrido legal. Las decisiones del Consejo de Administración de RTVE se rigen por Derecho Mercantil, que otorga un plazo de 30 días para presentar una demanda de impugnación en los tribunales. Un extremo que está por ver si se ejecuta y que supondría un nuevo capítulo en el serial protagonizado por Broncano en la cadena pública.
El principal motivo de impugnación es que el contrato que se aprobó tenía una duración de dos años, cuando en la reunión del 11 de marzo se aprobó una propuesta que promovía un contrato únicamente de un año. De esta manera, consideran algunos consejeros, la última decisión tomada in extremis por cuatro votos contradice una decisión anterior, que fue aprobada por una mayoría absoluta de cinco.
Otros consejeros partidarios del contrato consideran que no es necesariamente una contradicción, puesto que el fichaje aprobado este viernes era el resultado de una "contrapropuesta" del presentador de La Resistencia, que no garantizaba su salto a TVE en caso de que sólo se le contratara por una temporada, según avanzó este medio.
En RTVE también hay voces que dudan de la legitimidad de la votación, al considerar que se basa en no fue casual que la presidenta de RTVE la basara en un informe de la Abogacía del Estado dependiente del Ministerio de Presidencia y Justicia de Félix Bolaños, en lugar de recurrir al Abogado del Estado adscrito a RTVE, que tiene designado por ley uno o dos funcionarios que se integran en los Servicios Jurídicos de la corporación. "Era un informe de parte. Depende directamente del Gobierno, no es imparcial", censuran, al considerar que "no se ha pedido un informe a la Abogacía del Estado de RTVE, sino directamente al Ministerio".
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