El bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados avanza en su búsqueda de apoyo para lograr el número mágico de 129 votos, que le permita pedir la apertura del recinto y rechazar finalmente el mega Decreto de Necesidad y Urgencia 70 que desreguló la economía y que ya tiene el rechazo de la Cámara de Senadores.
En ese sentido la semana pasada reunió a constitucionalistas y abogados que expusieron en contra del DNU y su constitucionalidad, y hoy hizo lo propio pero con sectores de la sociedad civil que se sienten afectados por la aplicación de la norma que tiene a Federico Sturzenegger como responsable intelectual.
La convocatoria estuvo a cargo de la Comisión de Defensa de la Competencia que preside la diputada fueguina de UP, Carolina Yutrovic quien señaló al respecto que el DNU tiene una "afectación negativa en las familias" e hizo referencia al impacto en la suba de las prepagas pero "principalmente en el acceso a los medicamentos y a la vivienda".
Por su parte, el vice de la comisión, Oscar Agost Carreño del bloque Hacemos Coalición Federal, señaló que le parecía "interesante" entender que el Congreso "esté no solo a la espera de que llegue la ley Ómnibus para tratarla, sino también que no abandone el resto de los temas".
"Si queremos un Congreso cercano a la gente, sin duda estos temas son clave. Hemos podido organizar esta reunión sin banderías políticas, con el mejor espíritu de escuchar a aquellas asociaciones o personas que representan a los grupos afectados por estas situaciones, que tienen que ver en gran parte con el DNU, la situación económica y otras cuestiones que Argentina no resuelve desde hace mucho. Tenemos la oportunidad de discutir este momento para diseñar luego las herramientas para resolver estos problemas. Insisto, el Congreso no puede estar paralizado a la espera de una sola ley y de cómo se la va a tratar", sentenció el legislador.
Una a una las asociaciones se fueron turnando. El comienzo quedó a cargo de las farmacéuticas quienes no sólo criticaron que con el DNU se desreguló la actividad sino la posibilidad de vender "medicamentos sueltos en los kioscos, que no son de venta libre, son de venta sin receta". Los especialistas de las diferentes asociaciones de farmacéuticos de todo el país hicieron mucha fuerza en la idea del peligro que conlleva para la sociedad el acceso irrestricto y son control de los medicamentos.
La contracara de esta situación la contaron las ONG ligadas a las personas que reciben un tratamiento especial y necesita el acceso a ciertos medicamentos de la mano del Estado. Ese fue el caso de una ONG ligada a pacientes con cáncer, quienes hicieron referencia al recorte de los medicamentos. Alejandra Iglesias, de la asociación civil Sostén y fundadora de la ONG Unidos por el Cáncer dijo que podían certificar que "fallecieron 7 personas porque el Estado no les dio los medicamentos".
Luego llegó el turno de las asociaciones de defensa de los consumidores y de los inquilinos. En ambos casos hicieron referencia al impacto negativo en lo que tiene que ver con la capacidad de defensa frente al abuso de las posiciones dominantes en los primeros y en los contratos leoninos los segundo.
Aunque hubo presencia de legisladores de todos los bloques, en el caso de UP fue perfecta, la única del oficialismo que tomó la palabra fue la diputado Lilia Lemoine quien hizo referencia que "todos estamos pasando momentos dificiles" y que las personas que estuvieron presentes "están del lado de las más perjudicadas".
Pero que tambiàn había que pensar en que "el propietario es una persona que se ve complicada, y una de las razones fue la ley que derogamos". Por ùltimo hizo referencia a una de las máximas de LLA y es que "los derechos alguien los tiene que pagar, se pagan con impuestos, y todos los pagadores de impuestos son consumiores y yo represento desde LLA a esos que pagan impuestos".