El Gobierno llevará al Constitucional las leyes contrarias a la memoria histórica del PP y Vox
El Gobierno va a iniciar acciones contra los pasos atrás del PP y Vox en materia de memoria histórica. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, encabezado por Ángel Víctor Torres, ha encargado un informe jurídico para llevar al Tribunal Constitucional la ofensiva que ya están llevando a cabo ambos partidos en distintas comunidades, según ha adelantado El País y ha confirmado el ministro en TVE: Aragón se convirtió en la primera en derogar la ley autonómica y sustituirla por una ley "de concordia". Le siguieron la Comunitat Valenciana y Castilla y León, que han presentado sendos proyectos con el mismo objetivo.
El ministro ha explicado que el primer paso será iniciar el proceso para negociar con Aragón, la primera comunidad que ha aprobado la ley, y en caso de que la respuesta sea negativa, "iremos automáticamente al Tribunal Constitucional". "Es complicado que lleguemos a un acuerdo", ha afirmado en La Hora de la 1 Torres, que apunta a que la norma aprobada en Aragón "vulnera principios" del derecho internacional y retira medidas como "los lugares de memoria o la condena al franquismo". En el caso de la Comunitat Valenciana y Castilla y León "lo importante sería que esas proposiciones decayeran", ha añadido.
Revocar las legislaciones que pretenden garantizar los derechos de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo fue uno de los compromisos clave que sellaron las derechas en sus acuerdos de gobierno. El objetivo es sustituirlas por leyes que han llamado "de concordia".
El argumentario desplegado por las derechas entronca con una retórica habitual, que se repite por toda la geografía española: las leyes de memoria reabren heridas y promueven la división, ante lo que defienden impulsar normas de "concordia y reconciliación" obviando que en nuestro país, tras la Guerra Civil, hubo una dictadura de la que aún hay víctimas sin reparar, crímenes sin juzgar y vestigios franquistas que remover.
"Lo que pretenden es blanquear la dictadura, no se pueden igualar cuatro décadas de ausencia de libertades con un periodo de democracia que decidimos en las urnas. Eso es lo que hace el PP siguiendo a Vox, un partido que quiere claramente blanquear el franquismo", ha añadido Torres, que confía en que "la mayoría social quiere y desea que caminemos por la memoria democrática porque eso si que es verdadera concordia".
En Castilla y León, los grupos parlamentarios del PP y Vox en las Cortes de Castilla y León registraron el pasado martes la proposición de ley autonómica de Concordia, que derogará el actual Decreto de Memoria Histórica y Democrática que aprobó el último Gobierno presidido por Juan Vicente Herrera (PP). La futura ley tiene como objetivo "honrar y proteger la historia de España desde 1931 hasta 1978", es decir, desde la Segunda República que se desarrolló en un régimen democrático hasta el fin de la dictadura. Esa "honra" se hace sin una sola referencia o condena a la dictadura de Francisco Franco (1939-1975).
En la Comunitat Valenciana fue a mediados de marzo cuando PP y Vox presentaron una ofensiva legislativa que cambiará hasta cinco leyes autonómicas, entre ellas, la de memoria. Los socios derogarán la norma, que consideran partidista, y pretenden sustituirla por una que abarca el periodo "desde 1931 hasta la actualidad". El portavoz de Vox, José María Llanos, cuyo partido es el principal impulsor, ha dicho que se investigaría a las víctimas "del Frente Popular" y ha cuestionado que la República Española de 1931 fuera un periodo democrático.
Poco tardó el Gobierno de Aragón en cumplir lo prometido. En una fecha tan simbólica como el 20 de noviembre, aniversario de la muerte de Franco, PP y Vox iniciaron el proceso y el pasado 1 de febrero llevaron la iniciativa de derogación de la norma a las Cortes para su debate. Su aprobación, a la que se han opuesto PSOE, CHA, Aragón-Teruel Existe, Podemos e IU, se ha producido apenas 15 días después. Con esta marcha atrás, el ejecutivo autonómico dejará de prestar apoyo económico a las exhumaciones, los estudios antropológicos y los análisis genéticos de los restos hallados en las 1.026 fosas comunes identificadas.