El Tribunal Oral Federal 4 comenzó este lunes el juicio oral y público 19 años después del caso Skanska, el cual marcó los inicios del kirchnerismo, por la adjudicación de gasoductos en la Argentina.
El entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el secretario de Obras Públicas, José López, son los principales acusados. Él primero de ellos asistió a la sala AMIA de Comodoro Py para presenciar en persona el juicio, en tanto que el segundo lo hizo vía plataforma virtual por problemas de salud que adujo su defensa.
Según la Justicia, hubo cobro de sobornos para la concesión de la obra y la construcción de los gasoductos Norte y Sur por unos 13 millones de pesos en aquel momento.
De cara al juicio y como instrucción suplementaria, el Tribunal ya pidió al actual Ministerio de Obras Públicas el listado de ingresos y egresos al edificio entre el 1 de noviembre de 2004 y el 1 de mayo de 2006, para develar la trama de los sobornos que presuntamente se pagaron.
La causa Skanska fue el primer gran caso de corrupción que puso en jaque al kirchnerismo y hasta se descubrió que existieron usinas de las cuales las empresas se proveían de facturas truchas para justificar una serie de erogaciones. Por eso la causa inicialmente también era investigada por un juez del fuero penal económico.
Entre las idas y vueltas, la Cámara Federal había archivado el expediente que supo estar en manos del fallecido juez Norberto Oyarbide, al desconocer la grabación de un directivo de Skanska que reconoció el pago de sobornos a funcionarios.
En ese primer tramo fueron sobreseídos el ex secretario de Energía, Daniel Cameron y el ex interventor de Enargas, Fulvio Madaro.
Fue la Corte Suprema la que validó la grabación hecha por Javier Azcarate y a partir de ahí se reactivó la denuncia que apuntó a De Vido, López y otros. Según la investigación, entre 2004 y 2006, De Vido recibió sobornos a cambio de direccionar la obra a favor de la multinacional sueca.
La denuncia se hizo en 2006 y la realizó el entonces diputado de la Coalición Cívica, Adrián Pérez, por supuestas irregularidades en el proyecto de ampliación de gas en 2005. A lo largo de los años, muchos de los acusados fueron favorecidos por un cierre parcial de la causa de la mano de la Cámara Federal que sobreseyó al ex secretario de Energía, Daniel Cámeron, y al ex interventor del Enargas, Fulvio Madaro, entre otros.
"La empresa Skanska, al momento de la negociación de las ofertas presentadas en el concurso privado, acordó con sus competidores para elevar los costos, lo que fue consentido por los funcionarios públicos que intervinieron directa e indirectamente en el procedimiento. A su vez, los sobornos que se pagaron, de acuerdo al egreso que se acreditó de la firma Skanska, rondarían los 14 millones de pesos", dijo el juez Sebastián Casanello al elevar el caso a juicio en 2019.
"Para respaldar esas actividades ficticias, los representantes de Skanska S.A. decidieron darle un marco legal que les permitiera justificar cada uno de los egresos. Así fue que computaron las transacciones como gastos vinculados al proyecto central adjudicado, previamente, por el Estado Nacional", concluyó. (NA).
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