Decía Friedman que la inflación era un impuesto sin legislación. Y lo decía por dos motivos. El primero porque la inflación devora el poder adquisitivo de los ciudadanos, de modo que, a efectos prácticos, equivale a una expropiación de una parte de su patrimonio (aquella que mantiene en saldos de tesorería).
El segundo es que la inflación eleva los precios y, por tanto, también los ingresos (aun cuando pueda hacerlo en menor medida que los precios) y esa elevación nominal (que no real) de los ingresos puede conducir a que los impuestos que deba abonar al Fisco también se incrementen tanto en términos absolutos como relativos.
Esto es, de hecho, lo que viene sucediendo en España desde hace años pero, sobre todo, tras el reciente fogonazo inflacionista de los últimos años. Los tramos del IRPF siguen nominalmente congelados (desde hace ya 15 años), de manera que la capacidad económica que deberían reflejar se ha ido diluyendo con el tiempo: o dicho de otro modo, 30.000 euros hoy no representan la misma «riqueza» que 30.000 euros en 2014 o que 30.000 euros en 2008 y, sin embargo, quien cobra hoy 30.000 euros abona el mismo tipo impositivo medio que quien ganaba 30.000 euros en 2014 o 30.000 euros en 2008. Por tanto, la inflación ha permitido que el Estado suba silenciosamente el IRPF a las rentas bajas y medias sin necesidad de pasar por el Parlamento.
Sin ir demasiado lejos, el Registro de Economistas Asesores Fiscales acaba de publicar un informe en el que estima que un contribuyente que ingrese 30.000 euros anuales se ahorraría 232 euros anuales en IRPF si el Gobierno ajustara la tarifa según la inflación acumulada en el período 2021-2023. En verdad, sin embargo, que no sólo debería deflactar la tarifa, sino todos los otros beneficios fiscales; y no sólo debería hacerlo para el período 2021-2023, sino por toda la inflación acumulada desde 2008.
El catedrático José Félix Sanz estima que cada contribuyente se ahorraría alrededor de 1.500 euros anuales si todos estos reajustes –tan justos como necesarios– fueran finalmente aprobados. Pero el Gobierno no tiene la menor intención de que esos ajustes salgan adelante ya que su objetivo es maximizar la rapiña sobre los ciudadanos: y lo está haciendo con la ayuda de la inflación.
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