El tercer Plan insular de Infraestructuras Sociosanitarias y Respiro Familiar 2025-2031 contempla una inversión de 40 millones de euros en Fuerteventura que permitirá incrementar en 345 las plazas residenciales y de atención diurna en las áreas de mayores, discapacidad y salud mental.
Así lo anunciaron la presidenta insular, Lola García, y la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, María Candelaria Delgado, que ayer realizó una visita a la isla de Fuerteventura para abordar las acciones del plan, donde se ha valorado también la incorporación de un equipo multidisciplinar para avanzar exclusivamente la planificación y consecución de dichas infraestructuras sociosanitarias.
La presidenta insular Lola García subrayó que «Fuerteventura debe contar con plazas sociosanitarias en todos sus municipios. Por eso, las administraciones trabajamos de la mano para tener los recursos necesarios, algunos de ellos cuentan ya con suelo municipal, por lo que están cada vez más cerca de ser una realidad».
García anunció que «también se trabaja para impulsar otros recursos como centros de día en los municipios de Antigua y Betancuria, y residencias sociosanitarias para personas mayores en Pájara y La Oliva, también contempladas en el plan».
Por su parte, Candelaria Delgado, comunicó que « hemos pedido a los cabildos que nos presentes proyectos ya redactados y con suelo disponible, para desde el Gobierno de Canarias buscar la financiación. Y ya estamos en negociaciones con el Estado para poder tener el dinero que nos permita llevar a cabo las infraestructuras que necesitan los canarios y las canarias».
Delgado anunció que, «de los 40 millones que están previstos con el Cabildo majorero, casi 12 millones están ya comprometidos, con fondos europeos NextGeneration, para la Residencia Sociosanitaria de Gran Tarajal, uno de los recursos más demandados por la población».
Discapacidad
Durante el encuentro institucional se abordó la gestión del reconocimiento del grado de discapacidad, que se ha visto reforzado en la isla a través del nuevo convenio entre el Cabildo y el Gobierno de Canarias. Un acuerdo que permite contar en Fuerteventura con un equipo propio y permanente para la elaboración de los informes psicológicos y sociales que sirven de base para el reconocimiento del grado de discapacidad.
Este equipo trabajará en unas instalaciones cedidas por el Ayuntamiento de Puerto del Rosario.
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