En la pelea por las tarifas, a Macri le preocupa la Justicia
Por Carlos Pagni para La Nación
Por Carlos Pagni para La Nación
El Gobierno y la oposición están enredados en la mayor batalla económica que se prevé para antes de las elecciones del año próximo. Es el combate por las tarifas, del que dependen la reducción del déficit fiscal, la superación de la crisis energética y el nivel de inversiones en un negocio estratégico para el desarrollo.
El conflicto excede la agenda económica. El costo de la luz y del gas, y su relación con los niveles de inflación, determinará el humor social de la campaña por la sucesión presidencial. Esa es la pelea.
Mauricio Macri no está prestando atención al alboroto del Congreso. Le preocupa la Justicia. En las últimas horas estuvo buscando alguna fórmula jurídica que le permitiera blindar los nuevos precios ante una eventual avalancha de medidas cautelares.
En su fallo de 2016, la Corte fijó un criterio muy ambiguo: la razonabilidad, que estaría ligada a la capacidad de pago de los usuarios. Esa hendija es peligrosa. Mucho más ahora, que la relación entre el presidente y Ricardo Lorenzetti se ha enfriado.
No es el único conflicto judicial que ha desvelado a la Casa Rosada en las últimas horas. Allí respiraron cuando el juez Pablo Tejada, a cargo del concurso de OCA, fijó una audiencia para el 10 de mayo, destinada a analizar la situación impositiva de ese correo privado.
¿Tejada fue receptivo a una inquietud del Gobierno? Sin su decisión, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) debería suspender la licencia de OCA en su reunión de hoy. Ante ese posible desenlace, Hugo Moyano había anunciado un paro de camioneros. Ayer lo canceló.
Un funcionario que conoce los intereses del sindicalista como nadie explicó: "Los niveles de agresividad y razonabilidad de Moyano suben y bajan según la situación de OCA".
Patricio Farcuh, el dueño de OCA, que niega ser testaferro de Moyano, disfruta de un envidiable privilegio tributario. Debe a la AFIP 2500 millones de pesos, que son parte de la deuda concursada.
Su deuda pos-concursal suma 1600 millones de pesos, para los que consiguió facilidades. De ese monto solo habría pagado 10 millones de pesos. Farcuh había anunciado en una solicitada el vaciamiento de OCA SRL, que se transformaría en OCA SA.
Los empleados pasarían de una a otra sin indemnización. Y sin que Moyano abra la boca. Pero Farcuh cuenta, a diferencia de otros contribuyentes, con un par de prerrogativas. El Gobierno no quiere pagar el costo de liquidar OCA desde la Enacom. Y Moyano lo defiende con un paro.
A este empresario le alcanza con esos recursos para estar a salvo. No necesitaría recurrir a Nicolás Caputo, con quien compartió varios contratos en la ciudad de Buenos Aires. Un caso típico de la Argentina de la avivada, con la que Macri pretendería, como dice en sus discursos, terminar.
La tercera tormenta judicial que mira con interés el oficialismo tiene que ver con Vaca Muerta. El lunes el Presidente viajó a ese megayacimiento para explicar su política energética. Y se ufanó de haber conseguido un acuerdo con empresarios y sindicalistas para mejorar la productividad.
La extracción de gas ha aumentado mucho en el primer bimestre de este año. Sin embargo, los costos laborales siguen siendo altísimos. Pueden representar el 70% de la facturación de una empresa de servicios.
En este contexto, se vuelve significativo el procedimiento que realizó ayer el juez federal Luis Rodríguez para investigar contratos de YPF con empresas que estarían ligadas con el sindicalista petrolero y senador nacional Guillermo Pereyra.
¿La investigación de Rodríguez es causa o consecuencia de la desidia de Pereyra para cumplir con el acuerdo que enorgullece a Macri? Vaca Muerta es una obsesión del Presidente. El denunciante de Pereyra es Leandro López, diputado nacional de Pro.
Ahora pondría la mira sobre Miguel Ángel Zarzur, de la polifacética empresa de catering, soldaduras, transporte de cargas y servicios ambientales Bacs SA. ¿Zarzur y Farcuh son gemelos? Podría ser. Pereyra y Moyano son íntimos amigos.
La controversia tarifaria en el Congreso genera en el Ejecutivo menos estrés que el movimiento judicial. Sencillo: aunque el miércoles que viene la Cámara de Diputados modere el aumento y diseñe uno que ajuste según las paritarias, Macri está en condiciones de vetarlo.
Así y todo, hay que anotar una novedad. A los funcionarios de Cambiemos se les hace cada vez más difícil dominar el Congreso hablando con los gobernadores peronistas. Casi todos alcanzaron el superávit primario para sus provincias. Ya no sufren un grillete. Aprendieron a volar.
La discusión revela, sin embargo, los intereses de las fuerzas que compiten por el poder. Los peronistas, en sus distintas vertientes, aprovecharon la fisura que se abrió en Cambiemos con las críticas de Elisa Carrió y Alfredo Cornejo.
Y apuntaron al corazón de la política económica. Un retiro más pausado de subsidios que obligue a postergar el ordenamiento fiscal. Lo explicó, socarrón, un diputado: "Si corrigieron la meta de inflación, que corrijan también la del déficit".
Macri no advirtió del todo ese problema. Para sacar la discusión del Parlamento, propuso una reducción de las contribuciones que provincias y municipios cobran con las facturas energéticas. La genética de esta iniciativa es interesante. También el modo en que murió.
La rebaja fue imaginada por María Eugenia Vidal, con independencia del Ejecutivo nacional. Quizá Vidal detectó, como Marcos Peña, que en un sector del electorado la obra pública ya no tiene los efectos esperados.
En los focus groups del español Roberto Zapata, el experto que nutre a Jaime Durán Barba, aparecen vecinos que se quejan del gasto en infraestructura cuando ellos no alcanzan a pagar los impuestos o tarifas.
La gobernadora habló para esos votantes. Como en otros campos, se adelantó a Macri. Pero siguió siendo respetuosa: comunicó la decisión como el resultado de una orden de su jefe.
El Presidente nacionalizó la receta de Vidal desde Neuquén. No advirtió que, con esa iniciativa, reabría un debate tributario que se había cerrado con la reforma de diciembre. Los peronistas sí lo advirtieron.
La mayor parte de las jurisdicciones no aplican los impuestos bonaerenses. Por lo tanto, deberían bajar Ingresos Brutos. Y eso quebraría el último pacto fiscal.
El cordobés Juan Schiaretti le comunicó a Miguel Pichetto que, en respuesta a Macri, propondría que la Nación reduzca la alícuota del IVA. En la Casa Rosada sonaron todas las alarmas. La propuesta de Schiaretti era más agresiva para el Tesoro que un recorte más leve en los subsidios. La propuesta del Presidente en Vaca Muerta tal vez quede en el olvido.
El plan peronista para las tarifas no fue pensado por expertos energéticos, sino por zorros electorales. Si los precios de la luz y el gas siguen aumentando a lo largo de un año, la inflación no perderá nunca su impulso.
Además, las boletas llegarían con aumentos hasta un mes antes de las elecciones. Son derivaciones relevantes si se tienen en cuenta los términos en que está planteada la pelea electoral.
Tanto para el Gobierno como para la oposición, los votantes se agrupan en tres grandes categorías. Alrededor del 25% creen que el país del kirchnerismo era una fiesta que Macri vino a estropear. A ese mundo le habla la expresidenta cuando propone un congelamiento de tarifas.
Una curiosidad de esta coyuntura es que ese universo no está cerrado para Macri: su imagen creció 11% entre los más pobres. Otro grupo, que suma más o menos 40% del electorado, adhiere a la política oficial, sobre todo porque sospecha que no hay alternativa.
En el medio está la franja de los que, habiendo simpatizado con el oficialismo, no toleran sus ajustes económicos. Ese sector es el destinatario del mensaje del PJ no kirchnerista. Son los peronistas que se agruparon en Gualeguaychú y que serán recibidos hoy por Schiaretti en Córdoba.
Allí están los seguidores de Juan Manuel Urtubey y de Massa, coordinados por Pichetto. El objetivo de este sector es muy modesto. Que aumente el descontento para poder decir, el año próximo, que el ajuste de Macri es interminable. Y provocar, de ser posible, un ballottage.
Los radicales son sensibles a esta descripción. Ven con alarma que Macri mejora entre los desposeídos, pero filtra votos de clase media hacia el PJ. Por eso hablaron de tarifas.
Las encuestas justifican esa alarma. Según Poliarquía, por ejemplo, la imagen de la gestión presidencial en su medición de abril cayó 5 puntos. Y las evaluaciones negativas sobre la marcha del país treparon del 34 al 44%.
En el núcleo del poder se ve todo distinto. Este ajuste sería el último importante. La inflación, por lo tanto, tendría que ceder. La actividad se recupera: el primer bimestre fue el de mayor crecimiento desde 2011, apuntan. Y el empleo crece.
Si estas tendencias se consolidan, apuestan en la Casa Rosada, Macri recuperará para octubre del año próximo a los desencantados para conseguir la reelección en primera vuelta. Dos visiones del futuro que dominan la política. Y lo más curioso: dos visiones que dividen a Cambiemos.
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