Jornadas que nunca acababan, con apenas un par de horas de descanso al día. Obligadas a acostarse con puteros, a consumir drogas con ellos. A aguantar malos tratos, golpes y todas las perversiones que estos hombres quisieran hacerles. Debían acostarse en sus camas siempre maquilladas por si llegaba algún cliente, no le fueran a hacer esperar. Pobres de ellas que se saltaran alguna de las normas. Las castigaban aplicándoles sanciones económicas, o privándolas del único día libre que les concedían. Y sufrían daño físico por los métodos que debían emplear, cuando tenían la menstruación, para seguir acostándose con los clientes. Todo ello en, al menos, dos pisos de Ibiza, donde las tenían encerradas. Es el escalofriante día a día que sufrían seis mujeres, víctimas de trata, obligadas a la prostitución en la isla del lujo.
Las seis se encuentran ahora fuera de la isla. Son testigos protegidos a la espera de que se celebre el juicio contra sus explotadores, para los que su abogado, de oficio, reclama seis años de prisión como autores de un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual junto con otro delito de prostitución coactiva y contra los derechos de los trabajadores. A los cómplices, porque los había, les reclama tres años de prisión por estos mismos delitos. Para todos ellos se reclama libertad vigilada durante cinco años, en los que no podrían dedicarse «a actividades destinadas a la prostitución». De la misma manera, para cada una de las seis mujeres víctimas se solicita una indemnización de 30.000 euros, de los que los autores deberían abonar 25.000 euros y 5.000 los cómplices.
Tras las detenciones, que se produjeron el 5 de enero de 2021, escuchar a las seis mujeres víctimas y consultar los detalles de la investigación en el escrito de acusación, fechado en diciembre del año pasado, se considera que hay seis autores (tres hombres y tres mujeres) y dos cómplices, ambas mujeres. Se quedan fuera de la causa los propietarios de los pisos en los que estaban esclavizadas estas mujeres, aunque por parte de las víctimas existe la sospecha de que sabían lo que se cocía allí dentro.
La Fiscalía, sin embargo, imputa únicamente a tres de quienes considera autores la acusación particular, los tres principales encausados, que permanecieron en prisión, según el auto dictado por el juzgado de instrucción número 2 de Ibiza tras las actuaciones, que instruyeron trece agentes del Cuerpo Nacional de Policía, entre unos días y varios meses: hasta el 19 de agosto el principal encausado, un colombiano nacido en 1991 sin antecedentes penales; hasta el 19 de enero otro hombre de este mismo país nacido en el 65, y hasta el 11 de enero otra colombiana nacida en el 93.
Descanso: dos horas al día
«Las obligaciones de las mujeres pasaban a ser de jornadas laborales interminables, sin apenas descanso, a lo sumo dos horas diarias», explica el escrito de acusación, que, basándose en el testimonio de las seis víctimas, continúa detallando que únicamente tenían un día libre a la semana «que no podía coincidir con los días viernes, sábado y domingo». «Tenían que ir ataviadas con vestimenta sexy y permanecer siempre maquilladas, incluso se metían en la cama a dormir pintadas, por si durante la noche se presentaba algún cliente, poder atenderlo en el acto», señala el documento.
Ni siquiera los días de la menstruación les permitían sus explotadores no acostarse con los hombres que así lo quisieran: «En esos días les obligaban a colocarse una especie de tampón vaginal que en alguna ocasión provocó problemas para su retirada, causando hemorragias». La pesadilla era constante en su día a día. Las forzaban a vender droga a los clientes, dinero que debían entregar en su totalidad a uno de los encausados, y después consumirla con ellos «y tenían que dejarse orinar encima llegando a mantener relaciones sin ningún tipo de protección». Estaban expuestas constantemente a las infecciones de transmisión sexual. Y a las agresiones: «Además, tenían que dejarse maltratar por el cliente mediante golpes con diferentes objetos». «O dejarse atar las manos», quedando completamente indefensas en el caso de que el putero fuera un sádico.
El horror no estaba escondido, en una casa en mitad del campo, lejos de vecinos. El horror campaba a sus anchas en el centro de Vila. En un bajo de la calle Carlos Román Ferrer y en un primer piso de la calle Madrid. En el momento en el que las seis mujeres cruzaron el umbral de estas dos viviendas se quedaron sin nada. Les arrebataron su documentación «con el fin de poder ejercer un mayor control sobre ellas». «No se les permitía salir ni entrar libremente de dichos pisos, con lo que se veían sometidas a una vigilancia constante», reza el documento, que revela que en uno de los dos pisos había «dos cámaras de vigilancia».
Las seis, extranjeras, llegaron a la isla engañadas. «Entre los meses de enero de 2020 y febrero de 2021, el acusado (…), que ya tenía negocios relacionados con la explotación sexual en Barcelona, contactó con las testigos protegidas (…), todas ellas residentes fuera de la isla, para que se vinieran a trabajar a Ibiza», relata el abogado en su escrito. Este hombre se ofreció a pagarles el desplazamiento a la isla «con el único propósito de explotarlas sexualmente y con la falsa promesa de que mejorarían sus condiciones laborales y habitacionales». El desalmado se aprovechaba «de la precaria situación económica de las mujeres», que en ese momento se encontraban con la «imperiosa necesidad de conseguir dinero para enviarlo a sus familiares en sus lugares de origen».
Situación desesperada
La situación de las víctimas era desesperada. Una de ellas, colombiana, tenía a su cargo a toda su familia, a la que enviaba la mayor parte del dinero que ganaba. Lo mismo que otra de ellas, que no sólo mantenía a su familia, entre ella a dos hijos, en su país de origen, sino que, además, asumía el coste de los estudios de un hermano. Esta mujer, que vivía en Barcelona, tuvo que abandonar su país «por la situación social y política, por la que sufrió amenazas». Poder pagar los gastos sanitarios de su madre tras un accidente fue el motivo por el que otra de las víctimas salió de Brasil a pesar de tener un hijo, algo similar a lo que le ocurrió a la quinta de estas mujeres, que nada más llegar a España pasó «un mes de calamidades por encontrarse en situación irregular». Todas llevaban a sus espaldas historias muy duras antes de llegar a Ibiza. Una llegó a España, a Huelva, para la recogida de la fresa, dejando en su país de origen a un niño pequeño a cargo de su hermana. El sustento de los dos depende de ella. Pero su búsqueda de una vida mejor se convirtió en una pesadilla: «al acabar la campaña pasó de Huelva a Almería. Allí trabajó en un bar, pero con la pandemia perdió el trabajo. Fue violada y quería irse a toda costa de Almería».
Uno de los encausados, el encargado de conseguir mujeres para los pisos de prostitución en Ibiza, entró en contacto con todas ellas, a través de diferentes vías, para convencerlas. Según relató una de las mujeres, ahora protegidas, en su declaración, empezó a mandarle «mensajes con fotos de villas y fotos de dinero con la intención de proponerle un proyecto atractivo para que se animase a viajar a Ibiza».
Al llegar a la isla las recibía una de las mujeres acusadas mientras que otros tres de los involucrados en la trama las informaban de las condiciones en las que vivirían. Unas condiciones que no eran las que les habían asegurado: «Se vieron obligadas a dormir hacinadas en literas que se habían colocado en un comedor», de manera que las habitaciones de los dos pisos se reservaban «para desarrollar los servicios sexuales con los clientes». Además, las mujeres «no podían cocinar nada y, si tenían hambre, tenían que pedir comida preparada».
Por si la esclavitud del día a día no fuera suficiente, sus explotadores las castigaban constantemente. Las seis mujeres «recibieron innumerables sanciones económicas» tanto por el incumplimiento de algunas de las normas como por «negarse a prestar algún servicio». «También recibieron sanciones consistentes en la privación de los días libres», indica el texto.
Una vez instaladas, estas tres personas tenían diferentes funciones: uno de ellos recogía la recaudación en los pisos, otra cobraba directamente a los clientes mientras que la tercera ejercía un poco de comodín, ya que, en ausencia de los demás, desempeñaba sus funciones y, además, recibía órdenes directas del líder y las ejecutaba.
Se suponía que las mujeres recibían el 50% de lo que pagaban los clientes, sin embargo, ellas no cobraban directamente a los puteros, les pagaba una tercera persona, de manera que no podían estar seguras de que el dinero que les entregaban era realmente el 50%. Los clientes podían pagar con tarjeta en un datáfono que pertenecía a una de las empresas regentada por uno de los acusados. En el caso de los pagos en efectivo, detalla el escrito, era la pareja de este hombre (otra de las acusadas) quien ingresaba en la cuenta de él «abundantes cantidades de dinero procedentes de la explotación sexual» de las que, posteriormente, su novio le transfería una parte.
«Hacinadas en un piso»
Las conclusiones provisionales de la Fiscalía consideran que el principal encausado ofreció a cinco de las seis mujeres «la posibilidad de ejercer la prostitución aprovechándose de la situación de precariedad en que se encontraban». «Si bien estas mujeres sabían que iban a ejercer la prostitución, accedieron debido a la precaria situación en que se encontraban ellas o sus familias, siendo las condiciones altamente abusivas: hacinadas en un piso, debían trabajar seis días de la semana con un día libre y sólo dos horas de descanso al día, debiendo estar maquilladas y disponibles el resto del tiempo para los clientes», relata.
El segundo de los acusados de la Fiscalía desarrollaba su actividad «siempre bajo las órdenes directas» del primero: «acudía frecuentemente a los pisos para asegurarse de que las mujeres desempeñaban la actividad» de acuerdo con sus directrices. Además, era el responsable «de abrir y cerrar los pisos» así como de «abrir cuentas y recoger los sobres de dinero procedente de la recaudación» al finalizar el día para entregárselos a su jefe.
En el caso de la mujer, la Fiscalía detalla que trabajó para el principal acusado entre noviembre de 2019 y febrero de 2020, unos meses en los que «se encargó de supervisar» a las mujeres de uno de los dos pisos «a fin de que ejercieran la prostitución» con las «condiciones abusivas» a las que las obligaban «así como de administrar la caja y repartir las ganancias al 50%». A partir de marzo de ese mismo año, esta mujer dejó de trabajar para este hombre y comenzó su propio negocio en un piso también de Vila «sin condiciones abusivas, pero igualmente lucrándose del 50% del servicio prestado por las mujeres que desempeñaban allí la prostitución».
La Fiscalía considera que los tres «son responsables criminalmente en concepto de autor cada acusado» por «cinco delitos de explotación sexual» (no considera víctima a una de las mujeres). Para el principal acusado solicita 4 años y seis meses de prisión y multa de 24 meses a razón de diez euros al día y libertad vigilada durante otros cuatro años. Para el segundo de los hombres reclama cuatro años de cárcel, una sanción de 20 meses a ocho euros al día y cuatro años de libertad vigilada. Para la mujer pide la misma multa así como tres años de prisión y cuatro de libertad vigilada. En el caso de estos dos últimos, si en el juicio se les condenara a pena de prisión, solicita que se sustituya ésta «por la de expulsión del territorio nacional por plazo de diez años». De la misma manera, pide como responsabilidad civil a los tres acusados una indemnización de 25.000 euros para cinco de las seis mujeres que están ahora como testigos protegidos «como víctimas de prostitución coactiva».
Hace no llega a dos meses que desde el juzgado de instrucción número 2 de Ibiza se ha solicitado la apertura de juicio oral, que, debido a las penas que se solicitan para los acusados, deberá celebrarse en la Audiencia Provincial, en Mallorca.
Teléfonos intervenidos
Según explican fuentes cercanas a la investigación, las detenciones se llevaron a cabo tras un seguimiento por parte de la Ucrif (Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales), la unidad del Cuerpo Nacional de Policía dedicada a perseguir la trata de personas. Una actuación policial en la que se llegaron a intervenir varios teléfonos y tras la que, además de las detenciones, se declaró a las seis mujeres que se encontraban esclavizadas en esos dos pisos como testigos protegidos.
Estas mismas fuentes explican que, aunque cuando se hablaba antiguamente de trata de mujeres se refería solo a víctimas traídas a la fuerza desde otros países, en estos momentos hay también lo que podría calificarse como «trata doméstica», mujeres en manos de redes de prostitución forzada que mueven a estas mujeres, a las que tratan como de su propiedad, por el territorio nacional, cambiándolas de pisos y de clubes para que los puteros siempre tengan mercancía fresca.
En este caso, explican estas mismas fuentes, se hubiera podido acusar a los encausados principales de pertenencia a organización criminal, lo que hubiera elevado las penas que se solicitan para ellos. En el caso de los propietarios de las viviendas podrían haber tenido que acudir a declarar, lo que hubiera servido como un «aviso a navegantes» para todas las personas que alquilan los pisos a estas redes de trata de mujeres y prostitución coactiva y que se lavan las manos a pesar de ser conscientes del horror que se vive en su interior. Mujeres obligadas a acostarse con hombres, a aguantar sus golpes y perversiones, sin poder descansar más que dos horas al día, forzadas a dormir en camastros y maquilladas, disponibles siempre para el próximo putero.
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