El área de Urbanismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, a través de la sección de Infracción a Actividades, ha ordenado a la comunidad de propietarios del Centro Comercial Metro de Playa del Inglés que tapie las entradas a las plantas bajas para evitar la ocupación del edificio, precintado desde 2013, salvo siete locales que se encuentran en la planta superior y con acceso directo a la calle. La actuación municipal llega tras denuncias interpuestas por la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FETH) de Las Palmas, la Delegación del Gobierno y los propios vecinos de la zona. El Ayuntamiento declaró en ruinas el edificio en 2022 y ahora tramita la orden de ejecución, que ha caducado en dos ocasiones, a fin de tener el expediente resuelto durante el segundo semestre de 2024.
En los últimos años, las tres plantas bajo rasante se han convertido en el lugar donde pernoctan personas en situación de indigencia o de irregularidad en España. Ahora, en un requerimiento firmado el pasado 20 de abril por el concejal delegado del área de Gobierno de urbanismo, Patrimonio, Responsabilidad Patrimonial y Vivienda, Alejandro Marichal, el Ayuntamiento reclama a los propietarios del inmueble a que levanten muros con bloques para imposibilitar la entrada de estas personas y facilitar así las funciones de control de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Para ello, le da a los dueños un mes de plazo para tapiar los accesos o, en su caso, será el Consistorio el que ejecute estos trabajos de forma subsidiaria y pasará los gastos a la propiedad. Además, les advierte de que no ejecutar esta orden puede conllevar una denuncia ante la Fiscalía por un presunto delito de desobediencia a la autoridad.
La actuación del Ayuntamiento llega tras una denuncia de los empresarios del sector turístico
Urbanismo ha tomado esta decisión después de que el pasado mes de febrero la FETH interpusiera una denuncia, en representación de los empresarios hoteleros y extrahoteleros de la zona, en la que avisó de la ocupación ilegal del edificio por parte de personas sin recursos. Tras esa denuncia, la Policía Local se personó, inspeccionó el inmueble y elaboró un informe en el que señala que aunque la comunidad de propietarios incrementó las medidas de cerramiento de las plantas abandonadas colocando vallas y candados, además de poner en marcha controles de vigilancia, éstas "resultan insuficientes puesto que por parte de personas en situación de indigencnia o de irregularidad en España se siguen saltando las medidas adoptadas, con el objetivo de pernoctar en las zonas precintadas".
El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, insistió este martes en que uno de los objetivos de este mandato es ejecutar la demolición de Metro y es por ese motivo, mientras el área de Urbanismo que dirige Davinia Ramírez tramita el expediente de Orden de Ejecución para su derribo, se ha ordenado tapiar el edificio. "Estamos trabajando para poder tener la resolución del expdiente de orden de Ejecución durante el segundo semestre de 2024", señala. Una vez aprobado, se otorgará a los propietarios de los locales seis meses para proceder a su demolición y si no lo hicieran sería el Ayuntamiento el que subsidiariamente iniciase el procedimiento. "Si esto fuera así, el proceso se ralentizaría porque implicaría encargar un proyecto de demolición, redactar los pliegos, licitar y posteriormente ejecutar la obra".
La mayor parte del centro comercial está cerrada desde 2013. Por entonces, el Consistorio ordenó el precinto de las plantas bajas además de la colocación de vallas o verjas, pero mantuvo la apertura de los locales de la planta alta al tener una salida directa a la vía pública, hacia la Avenida de Italia y la calle Marruecos, por servir éstas como vía de evacuación en caso de emergencia. Desde entonces, solo unos pocos propietarios mantienen abierto su negocio en Metro, y día tras día han visto como el edificio se ha ido deteriorando. De hecho, el pasado mes de enero varios propietarios denunciaron el robo de cables de cobre por parte de personas que pernoctan en las instalaciones, quienes han destrozado parte del cableado eléctrico. En las plantas bajas, además, hay una importante acumulación de basura.
El 11 de mayo de 2021, el TSJC avaló la ruina de Metro y ordenó al Ayuntamiento que iniciase el expediente para llegar a esa declaración, documento aprobado por decreto del área de Urbanismo el 28 de septiembre de 2022 y se aprobó la orden de ejecución que ha caducado dos veces. Varios propietarios han presentado alegaciones.
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