La Audiencia Nacional ha archivado la querella que presentó Abogados Cristianos por tráfico de influencias y usurpación de funciones jurisdiccionales contra el diputado socialista Patxi López, PSOE, Junts y ERC por la ley de amnistía al determinar que no puede investigar a los denunciados por tratarse de aforados.
Así lo ha acordado la magistrada María Tardón en una resolución en la que no valida el argumento de la asociación querellante de que la Audiencia Nacional debe asumir la causa al tratarse de delitos cometidos supuestamente por ciudadanos españoles en el extranjero, en Bruselas (Bélgica), algunos de ellos aforados. Hace apenas dos semanas, Tardón abrió diligencias ante la "posible existencia de una infracción penal en los hechos denunciados".
La titular del Juzgado de Instrucción número 3 del citado tribunal argumenta que no es competente para investigar los hechos al tratarse de personas aforadas y recuerda que el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado por querellas similares y han sido inadmitidas porque los hechos que las sustentan no son constitutivos de delito.
La querellante presentó la querella en la AN porque los hechos eran "presuntos delitos perpetrados por españoles en el extranjero, al parecer en Bruselas (Bélgica)". También sostiene que este tribunal es "competente también para el conocimiento de los virtuales delitos conexos cometidos en territorio nacional por los querellados".
Sin embargo, la jueza considera que estos criterios para atribuirle la competencia resultan "realmente incomprensibles" ya que los hechos se habrían producido en la capital belga y por la condición de aforados de algunos de los querellados, por lo que sería competencia del Tribunal Supremo. Y recuerda que en casos como este, en el que también hay querellados que no son aforados, el criterio general del alto tribunal es el de la unidad de la investigación y enjuiciamiento.
Para Tardón, "es imposible escindir la causa, pues se trata de un único hecho" y reitera que la tramitación de dos procedimientos distintos "podría dar lugar a soluciones contradictorias y supondría un coste innecesario para la Administración de Justicia".
La asociación querellante señaló a Patxi López por "la presentación ante la Mesa del Congreso el día 13 de noviembre 2023 de la propuesta de ley orgánica de amnistía", en su calidad de portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. En su denuncia, Abogados Cristianos sostiene que pese a su condición de aforado al ser diputado -por lo que solo el Supremo puede imputarle-, debe ser la Audiencia la que instruya la causa antes de remitir el procedimiento al alto tribunal si aprecia indicios de delito. Solo así, insistía, se garantiza el derecho al juez predeterminado por ley.
Acuerdos de investidura
La querella hacía referencia a los acuerdos del PSOE con Junts per Catalunya (JxCat) y ERC para asegurar la investidura de Pedro Sánchez.
Tanto el PSOE como las dos formaciones independentistas, denunció, formalizaron unos acuerdos por escrito "donde se conciertan expresamente para impedir la ejecución de numerosas resoluciones judiciales", por lo que les considera autores mediatos del delito de usurpación de funciones jurisdiccionales que atribuyen a Patxi López.
En cuanto al acuerdo firmado el 2 de noviembre del pasado año entre PSOE y ERC "para la segunda fase del proceso de diálogo, negociación y acuerdo", destaca que la formación de Oriol Junqueras se comprometía a votar a favor de la investidura de Sánchez catorce días después a cambio de "culminar la desjudicialización a través de la aprobación de una ley de amnistía" y de "condonar a la Generalitat de Cataluña 15.000 millones de euros y 1.300 millones de euros de intereses".
Con ese acuerdo, se quejaba Abogados Cristianos, ambos partidos "se lucran económicamente", pues el PSOE conseguía asegurar la investidura de Sánchez y ERC, "un cuantioso beneficio para la institución que preside y de la que es responsable del impago al Estado de 71.306 millones de euros".
Y respecto al pacto con Puigdemont, rubricado en Bruselas el 9 de noviembre de 2023 con el secretario de Organización de JxCat Jordi Turull, la denuncia incide en que el PSOE se comprometió a crear comisiones de investigación ante posibles casos de "lawfare", politización de la actividad judicial, contra el independentismo. Algo que, se quejaba, solo persigue "impedir el normal desarrollo de la función jurisdiccional de los jueces y tribunales en los procesos judiciales" relacionados con el proceso soberanista en Cataluña en 2017 y así "atacar frontalmente la independencia judicial".
Abogados Cristianos asegura que Patxi López actuó "en cumplimiento de los acuerdos firmados en Bruselas" al registrar en el Congreso la proposición de ley de amnistía socialista.
"Al servicio de intereses particulares"
"Los acuerdos alcanzados y la utilización de la propuesta de Ley de Amnistía -incidía- constituyen una clara usurpación de funciones del Poder judicial, al servicio de intereses particulares para obtener la impunidad de los hechos delictivos pergeñados por los partidos querellados".
Abogados Cristianos también denunciaba a la Fiscalía de Cataluña por "actos de colaboración" por reclamar a los fiscales catalanes una relación de todos los procesos penales contra el independentismo, en cumplimiento de la orden del fiscal general de 23 de noviembre del pasado año.
"Antes de que fuera admitida a trámite por la Mesa del Congreso la propuesta de Ley de Amnistía", se quejó, la Fiscalía "comienza una serie de actos ante los órganos jurisdiccionales para el presunto favorecimiento de los acuerdos" alcanzados entre PSOE y ERC y Junts.
De forma subsidiaria, la asociación querellante atribuía a los denunciados un delito de tráfico de influencias. Y lo justificaba así: "La influencia proviene de la disciplina de partido que por parte del PSOE obliga al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, en su condición de afiliado, a presentar ante la Mesa del Congreso la propuesta de Ley orgánica de amnistía" pactada por el PSOE con ERC y Junts.
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