La jueza de Impugnación, Julieta Casas, resolvió morigerar las medidas de prisión preventiva que pesaban sobre dos imputados de instigar a una sedición policial. La magistrada aceptó el planteo de los defensores de que ambos acusados, de 39 y 40 años, puedan continuar con el proceso con arresto domiciliario hasta el 26 de abril. Hay otros dos acusados que también están ligados a la causa con domiciliaria y un quinto imputado en libertad. Los cinco sospechosos son policías.
Los acusados habrían creado el grupo de Whatsapp "Sueldo Policial 2024", que superaba los mil integrantes, donde a través de su disconformidad, habrían instigado al acuartelamiento para incitar a otros de cometer el delito de sedición, invitando a sus compañeros a hacer huelga. Además hay un abogado penalista imputado en la causa por las publicaciones que hizo en Tik Tok donde habría apoyado esas medidas de fuerza.
Por pedido de la titular de la Fiscalía de Delitos Complejos, Mariana Rivadeneira; la auxiliar, Brenda Deroy, se refirió a la interposición del recurso para tres de los cinco imputados. Explicó que se trata de una causa compleja y que los acusados podrían entorpecer la investigación o incluso fugarse. Añadió que deben continuar analizando las líneas telefónicas de los acusados y realizar otras medidas y pericias que siguen pendientes.
"Al ser titulares de las líneas conocían el contenido y podían entorpecer el avance del proceso", destacó Deroy, que también aclaró que el plazo de 90 días de arresto que pedían era porque además de recabar datos de los celulares los peritos deben tener tiempo para plasmar todo en un informe. El planteo fue acompañado por la querella, que representa al Gobierno de la Provincia.
"En uno de los mensajes se hizo alusión a lo sucedido en 2013 que impactó en la sociedad tucumana y no podemos dejar pasar eso. Solicitamos que sea tenido en cuenta como valoración para que se haga efectiva la medida de mayor intensidad (prisión preventiva)", añadió el abogado.
Finalmente, la jueza Casas rechazó los planteos de la Fiscalía y la querella y aceptó los pedidos de los abogados defensores. Coincidió en que el juez de primera instancia, que había ordenado las preventivas, no había fundamentado de manera necesaria cuáles eran los riesgos procesales para privar de la libertad a los acusados. "Es excesiva y desproporcionada la prisión preventiva", consideró, y ordenó la domiciliaria.