El precandidato del Partido Colorado, Gabriel Gurméndez, presentó este miércoles sus propuestas para mejorar la seguridad pública, las cuales fueron elaboradas por un equipo de más de 20 técnicos comandado por el reconocido abogado penalista Jorge Barrera.
Entre las propuestas, Gurméndez propuso crear un "Superministerio del Interior", quitar al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) de esa cartera y que pase a ser un servicio descentralizado. A su vez, planteó construir tres cárceles nuevas, la regulación del ciberdelito y apoyar el plebiscito que habilita los allanamientos nocturnos.
La propuesta de crear un "Superministerio del Interior" supone incorporar 1.500 efectivos de Prefectura y 200 efectivos de la Policía Aeronáutica. También creación un "comando central" que reciba "información de todas las áreas en contacto con la actividad delictiva y apuntar a que las mismas funciones que ya se cumplen en otros organismos estén coordinadas y dirigidas desde el Ministerio del Interior".
El documento con las propuestas también menciona el desarrollo de una policía de proximidad, generando confianza en los efectivos y apostando al patrullaje preventivo.
A su vez, propone adquirir radares y tecnología para controlar el ingreso de la droga por el norte del país, reforzar controles en los puertos y mejorar el sistema de escáneres con supervisión del Ministerio del Interior, además de "controles policiales aleatorios para impedir la corrupción".
Respecto al lavado de activos y narcotráfico, la idea es reforzar la Secretaría Antilavado, otorgándole elementos materiales y recursos humanos para que "atrás de cada carpeta investigativa de narcotráfico haya una de lavado". También que haya vista obligatoria a la Fiscalía de Lavado de Activos luego de una imputación por narcotráfico y que haya un aumento de penas para el financiamiento del narcotráfico.
Al igual que Raffo, Gurméndez propone crear la "figura del querellante" como "defensa de la víctima como una garantía de protección de los derechos que además no genera costos para el Estado".
En materia carcelaria, la propuesta incluye remover al INR del Ministerio del Interior y que pase a ser un servicio descentralizado. En esta órbita, se incluirá a la Dinali (actualmente en el MIDES), bajo el argumento que "el personal que aprehende y reprime no puede ser el mismo que te rehabilite".
La idea de Gurméndez es instalar oficinas de la Dinali en todas las cárceles.
"Debemos tender hacia más cárceles de menor cantidad de internos, para controlarlas y poder rehabilitar de mejor manera", dice el proyecto y agrega que creará tres cárceles de 500 plazas cada una (financiadas mediante PPP) para poder rehabilitar efectivamente a los presos.
"Clasificaremos a los presos para evitar que aquellos condenados por delitos más graves influyan sobre individuos que hayan cometido delitos más leves. La cárcel no puede ser una universidad del delito; los presos deben trabajar o aprender oficios que les servirán en la vida en libertad", dice.
También propone universalizar la asistencia de ASSE, que actualmente solamente cubre el 65% de las cárceles; en las restantes, los presos se atienden en Sanidad Policial.
Por último, Gurméndez planteó promover la regulación de los ciberdelitos mediante una ley. "La prioridad pasará por tipificar los delitos de acceso ilícito a sistemas informáticos, daño informático, estafa informática y suplantación de identidad digital", anunció y señaló que creará un registro de Ciberdelincuentes y una Fiscalía Especializada para tratar adecuadamente estos temas técnicos.
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