Luis Arnoldo Colato Hernández
Educador.
El lunes 8 nos hemos desayunado descubriendo que los datos personales de 5,1 millones de salvadoreños circulan libremente en la red profunda.
Aparentemente esos datos incluyen cuestiones personales tales como nombre, dirección, número de DUI, documentos personales varios, deudas, pertenencia de bienes, etcétera.
El solo repasar los datos en cuestión ya hace suponer a que expone a los más dicha broma.
Pensémoslo, si nuestros haberes nos son ligados en dicho medio, podemos padecer estafas y chantajes, y si por otro lado nuestras deudas están expuestas en esa vía, también podemos ser víctimas de chantajes y estafas, por lo que la bromita para nada es graciosa.
Podemos caer en manos de verdaderos acosadores financistas, que quieran disfrutar gratuitamente a costillas nuestras amenazando desde lo encubierto con publicar dicha información.
Las filtraciones en cuestión no se realizaron aparentemente en un solo momento, o por la misma fuente, pues son al menos 3 hackeadores los que la reivindican; por otro lado al menos uno de estos pretendió con esto exponer algunos hechos turbios, como lo fuera el famoso Guacamaya Leaks, que si recordamos publicó la evasión de fondos particulares hacia los paraísos fiscales caribeños en el ánimo de evitar al fisco, o, el que el estado salvadoreño ya realizó una gran inversión en contramedidas cibernéticas, en la PNC y por alrededor de 2,2 millones de dólares, los que sin embargo no fueron útiles para evitar, y menos ubicar, estas acometidas de los hackers.
En cambio, es sabido que este régimen ya pacto con los mismos empresarios de origen judío, residentes en Sinaloa, el uso de un software el cual es público que lo ha utilizado para espiar periodistas, académicos, intelectuales, políticos y otros a los que considera una amenaza política, por lo que podemos sospechar que también la inversión arriba acotada ha sido orientada al mismo desviado propósito y no a la protección del ciudadano de a pie, lo que se patentiza con el caso que nos ocupa.
Por otro lado, la misma fuente evidencia que esta inversión fue adquirida a la misma empresa que antes atendió a la capital, con el tendido de la red de videovigilancia, pero que además son los mismos que han dotado con los equipos que ahora vemos ocupa la FA en sus patrullajes, y que incluyen no solo medios de comunicación, además logística armamentista y vehicular, que se suman al negocio de los alimentos traídos desde Méjico, y que fueran copiosamente usados en la compra de voluntades durante el período electoral por parte del oficialismo.
Entonces es grave que sin nuestra autorización nuestros datos circulen sin control a la vista de cualquiera en la red profunda, como también es grave destapar con la debida evidencia documental, que desde CAPRES hasta la última oficina gubernamental utilice los fondos públicos arbitrariamente, en un evidente y descarnado conflicto de intereses, vejando la legalidad mientras se enriquece a los de siempre.
Mientras los ciudadanos que pagamos las cuentas seguimos desprotegidos por completo.