"El que avisa no traiciona", parecen repetir en el gremio de aceiteros que acaba de poner una mano de las que duelen para tratar de frenar la ley ómnibus: lanzó una huelga por tiempo indeterminado en todas las plantas agroexportadoras con promesa de interrumpir en plena cosecha gruesa el ingreso de agrodólares para Javier Milei, que de por sí viene lento.
La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso. junto al Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (SOEA) en Santa Fe, en el corazón agroexportador, decidieron pasar a la acción sindical con una medida de fuerza sorpresiva, más allá de que desde hace meses advierten su rechazo a las propuestas del Gobierno, tal como adelantó a Letra P Daniel Yofra, secretario general de la Federación Aceitera.
Los sindicalistas fundamentan la medida en la eventual aprobación de la reforma laboral a la que calificaron de "regresiva con tercerización, fraude laboral, facilidad para despidos discriminatorios" y a la reinstalación del impuesto a las Ganancias al que denominan "Impuesto al Salario".
La Cámara de la Industria Aceitera (Ciara), que nuclea a las agroexportadoras, recogió esto último y respondió con una suerte de deducción. "Compartimos que el salario no debe ser parte del impuesto a las ganancias, pero es contradictorio paralizar la industria que paga muy buenos salarios para que pierdan plata los que con mucho esfuerzo mantienen el empleo", dijo el presidente de Ciara, Gustavo Idígoras.
La estocada final
Idígoras recuerda que Aceiteros acaba de cerrar una paritaria récord con un 76% de aumento desde principios de año, lo que lleva el salario básico de un recién ingresado a $1.240.000. Quienes cuenten con antigüedad y extras pueden duplicar esa cifra largamente. Sin embargo ese acuerdo no fue homologado por la secretaría de Trabajo y puede convertirse en una prenda para el Gobierno.
Es decir, que la imposición de la cuarta categoría de Ganancias, que promueve el impuesto para sueldos de $1,8 millones para solteros y $ 2,2 millones para casados con dos hijos, alcanzaría a una gran parte sino a todos los trabajadores del gremio. En este marco, Aceiteros se consolida como el sector asalariado de la resistencia a Ganancias. Por ahora de bancarios y petroleros no se sabe nada.
"La restitución de Ganancias puede ser la estocada final", advirtió Yofra a principios de abril, algo que tomó forma durante el fin de semana entre ambas dirigencias sindicales. El impacto puede ser político para el Gobierno, gobernadores y los legisladores que deberán tomar postura al respecto. También comercial para las empresas privadas de la agroexportación que entienden que quedan en el medio de una disputa ajena.
La medida se complejiza por el momento elegido en plena cosecha, con perjuicio no sólo por el ingreso de divisas para el Banco Central, que los necesita para mantener el plan de Milei, sino para la logística -el viernes ingresaron a los puertos del Gran Rosario 4.000 camiones- y los costos del sistema, que ya tiene obligaciones contractuales por cumplir, por ejemplo con los buques que vienen a cargar.
Un barco paralizado en rada puede costar hasta 150 mil dólares diarios. La semana pasada fue la de mejor rendimiento del año en cuanto a operaciones y podía ser el inicio de un despegue en la campaña. Es decir, el paro podría cortarle las alas. Tal como se sinceró Idígoras: esto hace perder plata.
Aceite hirviendo
Los aceiteros son los gremios de mayor poder de fuego y se posicionaron como puntas de lanza sin esperar las decisiones de las centrales de trabajo. De hecho, Yofra pedía un paro general previo a que la CGT anunciara uno para el 9 de mayo, con un mes de anticipación.
En el gremio entienden que no se puede esperar hasta esa fecha ya que la ley ómnibus para entonces podría estar aprobada. Un dato clave: ya han hecho paros por más de 20 días por cuestiones de índole salarial. ¿Por qué no tensionarían por la pérdida de un gran pedazo de su salario hasta que se defina la cuestión legislativa? Por lo tanto la solución no llegará de un acuerdo entre privados, sino que dependerá de la definición en el Congreso y la postura que tome el Gobierno.
"La reforma laboral contenida en la ley ómnibus no tiene nada de modernización, es un gran retroceso. Deroga las indemnizaciones agravadas para las personas que trabajan y no son registradas. Legaliza el fraude laboral con la figura del "trabajador independiente", por fuera de toda protección legal. Favorece la tercerización y la precarización", sostiene el comunicado de la Federación.