En Colombia, la libertad de expresión es un derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución. Sin embargo, en ocasiones, parece que este derecho se aplica de manera selectiva, especialmente cuando se trata de funcionarios públicos que deciden ejercerlo de manera franca y sin rodeos.
Un ejemplo claro de esto es el caso de Gustavo Bolívar, director del Departamento para la Prosperidad Social, cuya voz crítica y opiniones contundentes sobre diversos temas han generado polémica y, en algunos casos, represalias por parte de ciertos sectores.
Bolívar, conocido por su participación activa en redes sociales y su papel como figura pública, ha sido objeto de censura y ataques por parte de aquellos que no comparten sus puntos de vista. Sus comentarios sobre la seguridad en Bogotá, la presunta corrupción y el atraso cultural en proyectos como el metro elevado del Alcalde Carlos Fernando Galán, han generado controversia y han puesto en evidencia la incomodidad de algunos sectores políticos ante la crítica y el debate abierto.
Es preocupante que en un país que se jacta de ser democrático y respetuoso de los derechos humanos, se esté cercenando el derecho de un funcionario público a expresar sus opiniones y participar en los debates que atañen al futuro y desarrollo de la nación.
La diversidad de opiniones es esencial en una sociedad plural y democrática, y silenciar las voces disidentes solo contribuye a empobrecer el diálogo y limitar las posibilidades de encontrar soluciones efectivas a los problemas que enfrentamos como sociedad.
La situación de Gustavo Bolívar pone de relieve la necesidad de reflexionar sobre el papel de los funcionarios públicos en el ejercicio de la libertad de expresión. Si bien es cierto que estos deben actuar con responsabilidad y respeto a las normas y procedimientos establecidos, también es fundamental garantizar que tengan la libertad de expresar sus opiniones y participar activamente en los debates públicos sin temor a represalias o censura.
En última instancia, la democracia se fortalece cuando se promueve la participación ciudadana y se garantiza el respeto a los derechos fundamentales de todos los individuos, incluyendo a los funcionarios públicos.
Negarles el derecho a opinar y participar en el debate público no solo es una afrenta a su dignidad como seres humanos, sino que también socava los principios democráticos en los que se fundamenta nuestra sociedad. Es hora de defender y proteger la libertad de expresión de todos los ciudadanos, sin importar su posición o cargo en el gobierno.
En este sentido, recordamos el cuento de Chejov, "La muerte de un funcionario público", donde al funcionario público ni siquiera se le permite estornudar, convirtiéndolo prácticamente en un autómata que sólo está para servir, sin importar sus derechos como un ciudadano más.