El juez Manuel García-Castellón ha enviado al banquillo de los acusados al exconsejero y exsecretario del PP de Madrid, Francisco Granados, por la pieza número 9 del llamado caso Púnica. En ella, la Audiencia Nacional ha investigado el supuesto falseamiento de las cuentas de gastos de la formación política durante las elecciones autonómicas de 2011.
De hecho, García-Castellón atribuye a Granados un delito electoral "en su modalidad de falseamiento de cuentas", además de tráfico de influencias "en concurso con malversación y de prevaricación". Así lo refleja el magistrado en un auto fechado este miércoles.
Supuestamente, Granados habría formado parte de la trama dedicada a otorgar campañas de publicidad a compañías afines al PP de Madrid y que fueron abonados "al margen" de los procedimientos legales para ello, además de ocultados a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. De esta forma, la formación política habría podido incrementar el dinero realmente empleado durante la campaña electoral.
Ahora bien, el juez ha rechazado que el PP de Madrid, así como los 72 diputados autonómicos que obtuvo en aquellos comicios, deban ir a juicio como responsables a título lucrativo. Es decir, como beneficiados por los delitos, pese a no participar en ellos y desconocer su existencia. Aquella papeleta electoral la encabezaba Esperanza Aguirre.
Fue la acusación popular ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), próxima al PSOE, la que solicitó que el PP también se sentara en el banquillo, al entender que los diputados se beneficiaron, para sus candidaturas, del amaño en las cifras de gasto permitido. Pero eso no sucederá.
Quienes sí irán a juicio como acusados, además de Granados, son: el exgerente del PP en Madrid, Beltrán Gutiérrez y los investigados Alejandro de Pedro, Isabel Gallego, Borja Sarasola, Diego Mora Borobia y José Martínez Nicolás. El informático De Pedro, dueño de algunas empresas que recibieron contratos adjudicados por el PP de Madrid, es considerado el cerebro y conseguidor de la trama Púnica.
Al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González le fue archivada la causa en octubre de 2022. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, además, avaló esta decisión del instructor en noviembre de 2023.
En el auto de este miércoles, García-Castellón señala que la petición de Adade está redactada en "términos genéricos" y la acusación no atribuye, "después de una prolongada instrucción", unos hechos concretos a cada una de las personas que menciona en el listado de los 72 diputados que obtuvo el PP de Madrid.
La expresidenta de la Comunidad de Madrid y exministra, Esperanza Aguirre, también estuvo investigada en el marco de la pieza 9 de Púnica. No obstante, el juez ni siquiera propuso que se sentara en el banquillo, ya que, al final de la instrucción, la Fiscalía Anticorrupción descartó atribuirle responsabilidad penal.
No obstante, el Ministerio Fiscal sí pretendía que Aguirre y González acudiesen a juicio como responsables a título lucrativo. Solicitó que la dirigente abonase 26.000 euros y quien fuera su sucesor, otros 28.293. García-Castellón también lo rechaza.
Por su parte, Anticorrupción solicita, por estos hechos, tres años de cárcel para Francisco Granados y una multa de casi 10.000 euros, así como su inhabilitación para presentarse a unas elecciones y para ostentar un cargo público durante nueve años. Asimismo, el juez García-Castellón ha ordenado que el exdirigente entregue 184.000 euros para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles que deba pagar si se le condena.