Durante el juicio del caso Erial, Joaquín Barceló, estrecho colaborador del expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro del PP Eduardo Zaplana, admitió haber sido su testaferro en operaciones financieras vinculadas a presuntas actividades delictivas.
El fiscal solicita una pena de 8 años de prisión para Barceló por su participación en un grupo criminal y lavado de dinero relacionado con supuestas prácticas corruptas en la concesión de contratos para las ITV valencianas y parques eólicos.
En su declaración durante la tercera sesión del juicio, Barceló confirmó haber actuado como testaferro de Zaplana. Ante la pregunta del fiscal sobre esta relación, respondió: «Sí, cumplía sus solicitudes; si eso me convierte en testaferro, entonces lo soy, qué más puedo decir al respecto».
El acusado también admitió haber viajado a Luxemburgo, acompañado por los hermanos Vicente y José Cotino, propietarios de la empresa Sedesa, por orden de Zaplana. El propósito del viaje era firmar documentos que pusieran a nombre de terceros fondos relacionados con la presunta "mordida" por la privatización de las ITV.
Barceló se ocupó de un pago de 2,5 millones de euros
Inicialmente, Barceló creyó que los fondos eran legítimos, pero con el tiempo comenzó a sospechar debido a la naturaleza de las transacciones y las circunstancias en torno a ellas. «Al principio creí que el dinero era completamente legal, pero luego comencé a sentirme incómodo… las ITV… las adjudicaciones públicas… no me parecía claro que fuera delito, pero tenía mis dudas», declaró.
Según Barceló, Zaplana le informó que se encontró con una suma de dinero inesperada y le pidió que se hiciera cargo de ella, argumentando que él estaba en la política y no podía involucrarse directamente. «Me dijo que eran 2,5 millones de euros, y que si podía ocuparme de ello, ya que él estaba en la política y no podía. Me aseguró que era una operación transparente y lícita, y lo hice por amistad», explicó.
El viaje a Luxemburgo, realizado en un avión privado en compañía de los hermanos Cotino, tuvo como objetivo la firma de documentos relacionados con la transferencia de fondos. Barceló reveló que fue durante una intervención de la Unidad Central Operativa (UCO) cuando se enteró de que la cuenta no contenía 2,5 millones de euros, como se le había informado inicialmente, sino 6,5 millones.