Se trata de beneficios impositivos concentrados básicamente en la producción de teléfonos celulares, televisores y equipos de aire acondicionado, que gozan con ventajas como la exención de IVA, de Ganancias y la no imposición de aranceles a insumos importados.
Un reciente informe de la Fundación Fundar afirmó que este régimen de promoción industrial es el «más oneroso» que existe en el país, con una «renuncia fiscal» que supera los US$1.000 millones anuales, según cálculos de esa entidad.
«Es mucho dinero invertido, durante mucho tiempo y con resultados magros. El régimen industrial es una de esas políticas de Estado en donde los costos superan largamente a los beneficios. El gasto tributario, que es el dinero al que el Estado argentino renuncia principalmente por el no cobro de aranceles a la importación de los insumos y el IVA de los productos finales, se traduce en el ensamblado de celulares, aires acondicionados y televisores, que se destinan en su totalidad al mercado interno», puntualizó el reporte.
Y advirtió que después de 50 años, la industria fueguina «sigue siendo una 'industria infante', de bajo valor agregado y que no aporta divisas a un país que las necesita de forma acuciante».
Por su parte, el economista Matías Sturt, ligado a la Coalición Cívica, también estimó que este régimen es el más caro de la Argentina, y puntualizó que «las relaciones entre ciertos empresarios y la política explica en cierta medida la perdurabilidad» de este tipo de mecanismos.
A su criterio, el Estado podría pagar toda la masa salarial de los trabajadores del régimen de Tierra del Fuego «con menos del 20 % del costo total que hoy le implica».
Sturt detalló en una entrevista periodística que «el 80% de este régimen se da en el sector de electrónica, donde se combinan dos cosas: por un lado, la protección arancelaria, es decir, poner dificultades para importar, y por el otro, un régimen de desgravación impositiva y de subsidios directos a través de impuestos».
«Por eso, digo que es el régimen de promoción industrial más caro que tiene la Argentina: en términos fiscales, representa un 0,35% del PBI», añadió.
Hacia fines del año pasado, cuando el Gobierno de Alberto Fernández prorrogó por cinco años el régimen para las empresas textiles (en 2021 se había hecho una reforma con una quita de beneficio para los otros sectores industriales que ahora aportan para un fondo para diversificar la economía fueguina) el diputado José Luis Espert, una de las «espadas» del presidente Javier Milei en la Cámara Baja, sostuvo que los beneficios promocionales «tienen que desaparecer todos».
«Hay que terminar con la droga de la promoción y el subsidio, tenemos que abrirnos al mundo que podemos inundarlo de todo que producimos. Más Estado solo para seguridad, Fuerzas Armadas, educación y salud básicas y reducir todo el resto del Estado», añadió el legislador.
Fuente: NoticiasArgentinas.com