El gobierno británico logra convertir en ley su polémico 'Plan Ruanda' para deportar hasta el país africano a los solicitantes de asilo llegados al Reino Unido por rutas irregulares.
Tras ser declarado ilegal tanto por el Tribunal Supremo británico como por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, ha tenido que realizar modificaciones de la ley para garantizar que los desplazados estarán protegidos.
Disuadir a los inmigrantes de cruzar el Canal de la Mancha
Esta madrugada, después de ocho horas de debate, el Parlamento de Reino Unido ha dado el visto bueno al proyecto de ley por el que Ruanda se considera un "lugar seguro", evitando que los posibles deportados presenten recursos y, lo más importante para los conservadores, disuadir a los inmigrantes de ni siquiera contemplar la opción de navegar hacia el país británico a través del Canal de la Mancha.
El primer ministro británico, Sunak, aseguraba ayer que ya tiene listo todo el dispositivo -aeropuerto, vuelos y seguridad- para comenzar a deportar a Ruanda, en cuestión de tres meses, a los solicitantes de asilo.
"Momento histórico" para detener la llegada de inmigrantes
El ministro de Interior de Reino Unido, James Cleverly, ha asegurado que se trata de un "momento histórico" para detener las llegadas de migrantes irregulares a través del Canal de la Mancha.
"La ley impedirá que se abuse de la justicia utilizando falsas alegaciones de Derechos Humanos para bloquear las deportaciones", ha añadido en su cuenta de la red social X, antes Twitter.
Asimismo, ha destacado que el Parlamento británico ha demostrado ser "soberano" al rechazar las medidas provisionales impuestas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que paralizó 'in extremis' la entrada en vigor del proyecto de ley en junio. Por su parte, la oposición laborista denuncia que la norma vulnera el Estado de Derecho.
Posible violación del Derecho Internacional
Reino Unido y Ruanda firmaron en diciembre de 2023 un tratado con el que Sunak aspiraba a resolver las dudas que llevaron a que el Tribunal Supremo británico anulase el plan previo de deportaciones, una de las grandes promesas 'tories' para combatir el repunte migratorio y disuadir las llegadas a través del Canal de la Mancha.
La ONU ha expresado en varias ocasiones su preocupación por el alcance de la medida y este mismo lunes un grupo de relatores de Naciones Unidas ha cuestionado el papel de las aerolíneas y de las administraciones de aviación civil, advirtiendo de que podrían ser consideradas "cómplices" de violar el Derecho Internacional si facilitan de alguna manera las deportaciones.
Sin embargo, Sunak se ha mostrado "confiado" sobre la legalidad del nuevo plan, incidiendo en que respeta las obligaciones internacionales de Reino Unido, pero ha deslizado de nuevo la posibilidad de desligarse del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) si adopta algún tipo de decisión al respecto.