Que un mínimo arreglo en casa se acabe convirtiendo en una batalla judicial. Es lo que le ha ocurrido a los propietarios de varios chalés del complejo turístico Marina Isla de Valdecañas. A causa de los movimientos de tierra que se llevaron a cabo en la urbanización y de las intensas lluvias caídas en marzo ha terminado por caerse un talud en la parte exterior y que afectaba de forma directa a estos vecinos, pues se corría el riesgo de que el derrumbe acabara por dañar sus viviendas.
De hecho, según los técnicos que acudieron a la zona del derrumbe constataron que había provocado que los patios de los chalés colindantes se quedaran sin el conveniente apoyo en el terreno y que incluso había peligro de que se rompiera una piscina que está llena.
Para solucionarlo, solicitaron permiso a los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo, términos municipales sobre los que se levanta el complejo. Pero ambos consistorios se vieron obligados a pedir un informe al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) para que informara de si la actuación se podía llevar a cabo. La consulta se realiza, precisamente, ante la situación en la que se encuentra Valdecañas, complejo sobre el que pesan varias órdenes de derribo al considerar que se trata de una urbanización ilegal, pues se levanta sobre suelo catalogado como Zona de Especial Protección para las Aves (Zepa).
De momento, el derribo está paralizado, pendiente de que el Tribunal Constitucional decida si, como dice el tribunal extremeño y ha ratificado el Tribunal Supremo, es ilegal y se debe tirar, o si se ejecutó dentro de la legalidad y debe mantenerse en pie. En cambio, hasta que el tribunal de garantías dirima el asunto, en el paraje no se puede tocar nada; es decir, no se puede construir nada sobre lo ya construido. Obligación que podía afectar a esta actuación particular. Es por eso que los ayuntamientos pidieron permiso al TSJEx.
Adenex alegó en contra
El tribunal extremeño dio traslado de esta petición a las partes implicadas en el 'caso Valdecañas': Junta de Extremadura, propietarios, promotora y organizaciones ecologistas. Ninguno presentó alegaciones, salvo Adenex, al entender que no se podría proceder al arreglo por la situación judicial en la que se encuentra Valdecañas. «Cuando hay tantas órdenes de derribo admitir una decisión de construir no tiene mucho sentido», informan desde Adenex. Más aún, añaden desde este colectivo, cuando lo que se quiere reparar es algo que se construyó de forma incorrecta: «Ocupaba cinco parcelas y está construido en una zona donde no se permite ninguna construcción porque es una zona donde viven las avutardas», agregan.
La agrupación ecologista hace referencia además a que en el decreto por el que se aprobó el Proyecto de Interés Regional (PIR) ya se indicaba que «quedaba pendiente que la confederación realizara un estudio por el riesgo de inundaciones». Por eso, Adenex solicitó que, antes de aceptar el arreglo, se pidieran informes a la Confederación Hidrográfica del Tajo o al Seprona.
Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura terminó por aceptar la solicitud de los particulares, aludiendo precisamente a cuestiones de seguridad. «Las decisiones judiciales adoptadas no impiden la realización de la obra para la que se ha pedido licencia de obra […] Todo ello, sin perjuicio de lo que se resuelva por el TC cuando dicte sentencia en el recurso de amparo», resolvió el TSJEx.
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