Un juzgado ha archivado la denuncia que investigaba al alcalde de Callosa de Segura, Manuel Martínez Sirvent (PP), por supuesta pasividad municipal a la hora de tramitar y ejecutar los expedientes de infracción urbanística en el municipio.
Sobre todo los que corresponden a la más que habitual ocupación de suelo rústico de la huerta donde el terreno no urbanizable es mucho más económico aunque carezca de servicios básicos. De momento, la resolución de un juzgado de Orihuela no ha sido recurrida, pero a Javier Pérez, concejal portavoz de la Unión Independiente de Ciudadanos (UCIN), la decisión judicial no termina de convencerle.
250 expedientes
Pérez señala que, según el Partido Popular de Callosa de Segura, se han aportado al juzgado más de 250 expedientes de infracciones urbanísticas que demuestran que no hubo pasividad en la gestión de los expedientes. Sin embargo, quien también fue alcalde popular durante más de una década señala que en los ejercicios completos de gobierno del Partido Popular «la inmensa mayoría de esos expedientes han prescrito, o se han dejado prescribir, y han sido anulados por la falta de su tramitación en tiempo y forma, es decir, por la inacción y pasividad del Ayuntamiento».
Cuatro años
El hecho «evidente», insiste Pérez, «de que eso ha sido así lo demuestra la recaudación en concepto de multas por infracciones urbanísticas de los últimos cuatro años», que se corresponden con el mandato de Martínez Sirvent. Los independientes señalan que en 2020 el Ayuntamiento esperaba ingresar 200.000 euros por multas y solo recaudó 5.325.
En el siguiente ejercicio rebajó la cifra esperada a 150.000 euros y la suma de las multas apenas superó los mil euros.
En 2022 elevó sus expectativas hasta los 160.000 euros, aunque por tal concepto en las arcas municipales solo se ingresaron 797. Y ya en 2023, con la denuncia registrada en el juzgado, los cálculos de los técnicos municipales fueron mucho más ambiciosos, la cifra a recaudar se elevó hasta los 290.000 euros pero el resultado fue igual de pobre: 2.234 euros ingresados por las infracciones. En resumen, el municipio debió ingresar 800.000 euros y solo obtuvo 9.385 euros, un porcentaje marginal del total: 1,17 %.
Demostrado
Para Javier Pérez, «está más que demostrado, con estos resultados recaudatorios, que el Gobierno municipal del PP, en el caso de que hubiera abierto esos expedientes por infracciones urbanísticas en su día, no ha seguido la tramitación correspondiente y ha hecho dejación de funciones». Y se pregunta: «De lo contrario, ¿cómo es posible que tengan unas previsiones de 800.000 euros y tengan una recaudación de poco más de 9.000? O yendo más lejos: ¿cómo es posible que hayan prescrito o hayan sido anulados más del 99 % de los expedientes abiertos?», remarca aportando la liquidación de los presupuestos.
Agencia de Protección
El Ayuntamiento podría haber alegado falta de medios humanos para abordar los expedientes. Sin embargo, fue el Consistorio el que rechazó a principios del anterior mandato, en 2019, ante una propuesta de la oposición, delegar los expedientes en la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, entidad supramunicipal de la Generalitat, al considerar que perdía autonomía municipal y -dijo- ingresos. La nueva normativa autonómica también permite legalizar las infracciones anteriores a 2014. No hay constancia de expedientes de este tipo en el término callosino.
La tramitación, ahora
Fuentes municipales señalan que el equipo de gobierno sí ordenó sacar adelante la tramitación durante el año 2023, pero los técnicos se encontraron con el tapón de los expedientes paralizados en ejercicios anteriores. Presumiblemente en 2024 se verá el trabajo de esa gestión en la recaudación.
Las cuentas del último ejercicio liquidado del presupuesto, el de 2023, arrojan además un dato llamativo: el remanente de tesorería evidencia un resultado negativo en 750.000 euros. Que casi se corresponde con los más que sobredimensionados ingresos esperados por el municipio en los últimos cuatro años de multas por infracciones urbanísticas.
La consulta
«¿Cómo puedo construir una casa ilegal en la huerta?». Es la frase que escuchaba de un cliente asombrado un conocido abogado urbanista allá por el arranque de siglo, cuando el boom inmobiliario también se trasladó sin control al suelo rústico y las casas se levantaban con una partida presupuestaria en la que se incluía el porcentaje de multa que iba a caer, si es que se producía y el municipio terminaba por reclamarla. Las formas han cambiado después de dos décadas. Pero el fondo es el mismo.
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