Uno de los problemas sociales más graves en la Argentina actual pasa por los altos niveles de endeudamiento (y sobreendeudamiento) de las familias. Mucha gente, al no llegar a fin de mes, se endeuda. Empieza pagando el monto mínimo de la tarjeta y la refinanciación tiene un 250% de interés anual.
Después acude a la financiera de la esquina, o a oferentes clandestinos, y termina tomando crédito al 400% o al 500% de interés anual. El siguiente mes ya arranca debiendo dinero, lo que trae como consecuencia que se endeude aún más. Si no resolvemos este problema, la situación social no va a mejorar, porque genera un escenario de implosión social, de muchos casos de depresión, problemas de salud mental, violencia intrafamiliar. Vivir endeudados es vivir en tensión constante.
Las familias arrancan cada mes desde -10 y eso hace que vivan en una sensación de incertidumbre permanente. En muchos países de América latina la masividad y el agravamiento de los casos de sobreendeudamiento ha generado estallidos sociales, como ocurrió en Chile en 2019 y 2020.
Si bien es un fenómeno que en la Argentina ya tiene más de una década, las medidas económicas tomadas por el gobierno de Javier Milei agravaron este problema, más que a solucionarlo.
En especial, la eliminación del tope al interés punitorio (por demoras en el pago) de las tarjetas de crédito, que representa que quienes se atrasan en saldar el resumen o pagan el mínimo, tengan que afrontar tasas de interés exorbitantes, muy por encima incluso de lo que deberían determinar los ya elevados índices inflacionarios.
De acuerdo a diversos informes privados, en los últimos años se empezó a revertir la tendencia de créditos para adquirir bienes durables o para hacer refacciones en las viviendas familiares y cada vez más se solicitan préstamos para cubrir necesidades esenciales, como el pago de las tarifas por los servicios públicos, de alquileres o la cobertura de tratamientos médicos y de colegios privados.
Es prioritario abordar en forma estratégica, masiva e integral la crítica problemática social y económica generada por la creciente oferta de créditos con intereses, cláusulas y costos abusivos por parte de entidades prestamistas. Por eso, estoy trabajando en un proyecto de ley que toma el antecedente de las políticas encaradas por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien desde el inicio de su actual gestión implementó el programa "Desenrola" ("Desatando"), que les puso un tope a los intereses y punitorios de las tarjetas de crédito.
De esta forma, los intereses devengados en caso de demora en el pago de la factura de la tarjeta de crédito no pueden superar el 100% del importe original de la deuda. Es decir, si una persona debe 1.000 reales en la tarjeta de crédito, el importe a pagar con intereses no puede superar los 2.000 reales. Esta iniciativa ya permitió a más de once millones de personas renegociar en hasta 95% pequeñas deudas con las entidades bancarias.
El crédito a tasas de interés abusivas es generador de pobreza y de desigualdad social en la Argentina. Y se expande ante la falta de regulación y el empeoramiento de la realidad socioeconómica y laboral. Frente a ello, se requiere una urgente y contundente respuesta de los distintos niveles del Estado para resolver, de forma urgente, una problemática que afecta las vidas cotidianas de millones de familias argentinas .w
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