"Un modelo sanitario de colaboración público-privado de éxito, transparente y garantista". Desde la Comunidad de Madrid defienden su modelo de gestión y aclaran que no se han realizado pagos irregulares a ninguna de las empresas concesionarias que forman parte del sistema de salud. El Gobierno regional ha querido despejar las posibles dudas tras las acusaciones de la oposición que busca algún posible nexo entre los negocios de la pareja de la presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, y las relaciones de la administración regional y el Grupo Quirón.
"El modelo de colaboración contractual con Quirón tiene garantías jurídicas y es trasparente. Está auditado y fiscalizado y no pagamos por nada que no se haya hecho", ha detallado la consejera de Sanidad, Fátima Matute, este martes durante un encuentro informativo. La Consejería ha indicado que los contratos suscritos con la empresa pasan diferentes auditorias donde se comprueba que la actividad declarada por el centro es verídica y concuerdan la documentación con los servicios realizados. Además, todo este proceso culmina con las revisiones de la Cámara de Cuentas. "No se realiza ningún pago que no haya pasado todos los filtros", han indicado desde Sanidad.
Desde el PSOE-M y Más Madrid han solicitado en la Asamblea regional acceso a los contratos con Quirón para comprobar si existe una relación entre el incremento patrimonial de la pareja de la presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, desde 2021 y el dinero que la administración autonómica ha destinado en los últimos años a la compañía médica. Todo ello se produce después de que la Fiscalía abriera una causa judicial por un supuesto delito de falsedad documental y otro por defraudar 350.951 euros a la Agencia Tributaria en los ejercicios 2020 y 2021.
La oposición considera necesario indagar en los contratos debido a las concesiones que tiene la empresa en la región. Quirón Salud tiene adjudicados cuatro de los hospitales de gestión indirecta del Servicio Madrileño de Salud (Sermas): la Fundación Jiménez Díaz, Rey Juan Carlos, Infanta Elena y General de Villalba. Por su parte, desde 2018, Quirón Prevención gestiona el servicio que se encarga de hacer los reconocimientos médicos de los empleados públicos. En 2021, se volvió a lanzar este concurso y la empresa fue la única que se postuló. Este último contrato tiene vigencia hasta el 31 de julio de 2024. Fuentes de Sanidad han subrayado que Quirón Salud y Quirón Prevención, la compañía relacionada laboralmente a la pareja de Ayuso, no son lo mismo y desempeñan actividades muy diferentes. Asimismo, han indicado que "la Consejería de Sanidad no tiene conexión con la situación fiscal de un particular".
"Quirón Prevención tiene relaciones con varias administraciones", han añadido las mismas fuentes, que señalan la inversión de 159 millones de euros que gastó el Gobierno nacional en sus contratos con Quirón Prevención. Cifra que sería 15 veces más elevada que la destinada por Madrid, que asignó 9 millones en los últimos cinco años para realizar 9.000 reconocimientos clínicos. La partida asignada durante 2023 se ha reducido en un millón de euros, precisan las mismas fuentes señaladas. Administraciones como el Ministerio de Transportes, AENA, el Ministerio del Interior o Patrimonio Nacional también habrían suscrito contratos con la compañía.
Pagos atrasados y pendientes de liquidar
Aunque Quirón se relaciona con distintos agentes, la relación sentimental de Ayuso y los vínculos profesionales de su pareja con el grupo han generado que la oposición cuestione las motivaciones que hay detrás del pago de 400 millones de euros en 2022 por parte del Gobierno regional al grupo. Desde Sanidad, matizan que estos pagos se deben a retrasos pendientes que se van ejecutando a las diferentes compañías. La Consejería aspira a agilizar ciertos trámites, reforzando la plantilla para evitar que se produzcan intereses de demora por la tardanza.
Durante el proceso de fiscalización a veces hay discrepancias entre la empresa concesionaria y la administración por el importe total. Estos conflictos pueden terminan en los tribunales, lo que demora el tiempo para efectuar las liquidaciones. Desde 2016, la administración tiene abiertos procesos de este tipo que aún están pendientes de resolverse, aclaran fuentes de Sanidad, aunque no precisan la cuantía total que se debe. Las mismas fuentes indican que resulta llamativo que el partido socialista criticara en la pasada legislatura la deuda que se generaba al no liquidar en tiempo y forma, pero que ahora "el pago de las liquidaciones pendientes sea motivo de sospecha".
Para el Ejecutivo autonómico, el modelo asistencial de colaboración público-privado ha mostrado su éxito en estos años. Por ello, seguirán apostando por él en el futuro. De los 35 hospitales públicos de la región, solo cuatro son de gestión indirecta, como la Fundación Jiménez Díaz, el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, el Infanta Elena de Valdemoro y el Hospital General de Villalba. Entre ellos prestan servicio a más del 20% de los madrileños.
Los datos de la Consejería reflejan que durante 2023 estos centros atendieron 130.000 ingresos, 135.000 intervenciones quirúrgicas y más de un millón de consultas externas. Sobre este modelo, fuentes de Sanidad, precisan que a pesar de las concesiones, la titularidad es 100% pública: "No se ha producido ninguna privatización".