Salvo en el caso de los propietarios de viviendas vacacionales, todo han sido parabienes para el anteproyecto de ley que pretende regular esta modalidad alojativa y que se ha dado a conocer esta semana. Eso hasta ayer, día en que el Colegio de Economistas de Las Palmas ha dado a conocer su opinión a través del informe El turismo de Canarias, un multimodelo a revisión. Para el decano de la institución, Alcibiades Trancho, constituye «un error» regular el fenómeno de manera homogénea en toda la comunidad autónoma obviando que cada isla tiene su propio modelo.
El análisis del que parte la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias contiene vicios estructurales como «la falta de depuración de la base de datos», advirtió la responsable del estudio, Rosa Rodríguez. El propio registro del Gobierno marca que el 51,74% de las viviendas vacacionales son apartamentos, el 28,51% villas y solo el 19,76% «viviendas vacacionales strictu sensu». Es decir, solo dos de cada diez no presentan ningún viso de ilegalidad desde el mismo punto de partida.
Los expertos consideran un «error» legislar de manera homogénea en todas las islas
Porque las normas turísticas en vigor señalan que un apartamento es tal y no otra cosa. Es decir, no puede alquilarse de manera individual ni a los visitantes ni a los residentes. De ahí que los expertos recomendaran vigilar el cumplimiento del marco normativo actual antes de crear nuevas leyes.
La economista y profesora de la ULPGC señaló que el 64% de las plazas del alquiler turístico del Archipiélago se concentran en los trece municipios eminentemente turísticos y Las Palmas de Gran Canaria. Es decir, las 74 localidades restantes de las Islas se reparten el otro 36%. Sin embargo, la irrupción de esta oferta no siempre se traduce en un incremento de la oferta alojativa.
Retroceso en Gran Canaria
Es más, en Gran Canaria –la capital, San Bartolomé de Tirajana y Mogán– se han perdido 42.205 plazas extrahoteleras entre 2009 y 2023, mientras que en el mercado existen 35.739 plazas de alquiler vacacional. Eso significa una caída de la oferta del 19,4%.
Y frente a ese retroceso, los enclaves turísticos de la isla de Tenerife –Adeje, Arona, Guía de Isora, Puerto de la Cruz y Santiago del Teide–, donde el peso de los apartamentos sobre el total de la oferta es mucho menor, concentran el 83,2% del crecimiento de la oferta (27.646 plazas) propiciado por viviendas vacacionales.
El 80% de la oferta la integran villas y apartamentos que se han colocado en la orilla de la legalidad
Gran Canaria constituye, a ojos de Rosa Rodríguez, un ejemplo de cómo la dejación de anteriores gobiernos han permitido que el problema del alquiler vacacional crezca. El decreto de 2015, aprobado en el último tramo del primer Gobierno de Fernando Clavijo, «permite entrar en el mercado del alquiler vacacional con una declaración responsable». El propietario manifiesta que el inmueble cumple una serie de parámetros y con eso es suficiente.
Esa es la puerta de atrás que ha utilizado el 80% de la actual oferta de alquiler turístico. Porque «¿quién comprueba que lo que dice el propietario es cierto?», preguntó la autora del informe del Colegio de Economistas. O más allá aún, ¿cómo es posible que se dé entrada en un registro oficial a un apartamento que ha abandonado el marco legal. En conclusión, antes de legislar debería vigilarse que, por ejemplo, la oferta no se llena de antiguas plazas extrahoteleras que no podrían comercializarse sino dentro de una unidad de explotación con la ley en la mano.
Para Rodríguez, no tiene sentido frenar la vivienda vacacional, que viene respaldada por «una demanda al alza»
El informe señala que, una vez «depurada la base de datos del Gobierno» canario, se calculan en «12.558 las viviendas vacacionales ubicadas en apartamentos». Si han desaparecido «un total de 28.296» en el conjunto de los trece municipios más turísticos (y la capital grancanaria), cabe preguntar dónde están los otros 15.708.
Apuntó incluso la posibilidad de que se estén comercializando, pero no a través de portales vinculados al alquiler vacacional, sino puramente inmobiliarios. En opinión de Rosa Rodríguez, esta sería otra cuestión a vigilar.
Satisfacción elevada
«Tal vez el Gobierno de Canarias debería estar más preocupado por este tipo de oferta que por la de vivienda vacacional», añade el documento. Para su autora, no tiene sentido frenar una modalidad como la de la vivienda vacacional que viene respaldada por «una demanda al alza». El índice de satisfacción de la clientela que opta por esta modalidad de alojamiento «es elevado, al igual que ocurre con los apartamentos», explicó Rodríguez, mientras que el de los hoteles «está por debajo» aunque también es muy positivo.
«Entre leyes y decretos, hay que consultar un total de trece para las cuestiones de turismo en esta comunidad autónoma», lamentó la economista. En su opinión, en lugar de añadir una nueva norma, el Ejecutivo autonómico debería haber aprovechado para «refundir y simplificar» las que están en vigor. Además, se quejó de la falta de disponibilidad mostrada por la Administración autonómica para facilitar al colegio una base de datos actualizada. «No les interesa dar datos que van en contra de lo que ellos piensan», afirmó.
Más de la mitad de la población que reside en los municipios turísticos es extranjera
Siempre tomando los trece microdestinos turísticos, el informe señala que el «53% de la población» que reside en ellos «es extranjera». Adeje (72,5%) y Antigua (64,7%) son los principales exponentes de este fenómeno.
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