A algunos les hubiera gustado que Martínez Almeida hubiera celebrado su boda por algún rito exótico y que hubiera durado, al menos, una semanita. Vale que el novio fuera alcalde de Madrid y que ya iba para recalcitrante soltero con indicios de misoginia y con escaso atractivo físico, o que la novia sea pariente del Rey y que el evento haya convocado a políticos y a famosos varios. ¡Pero ya! ¡La cosa da para lo que da!
Por eso, ayer lunes, ni la boda de Almeida debiera haber sido ya tema, ni el eclipse solar debería haber oscurecido Koldistán. Sin embargo, fue ayer lunes cuando nos quedó una nueva sospecha de que hay gente en la oposición al sanchismo que no está a lo que debiera estar. Da igual que viniera Pere Aragonés al Senado para dejar muestra clara del peligro que para España ha supuesto y supondrá ese sanchismo.
La participación activa de Begoña Gómez, en condición de beneficiada, en algunas de las tramas del caso Koldo/Aldama es ahora tan evidente como era, desde hace años, la de Luis Rubiales en turbios negocios de la RFEF. Entonces mucha gente no quiso ver la de éste y ahora parece que hay mucha gente que no quiere ver la de aquella.
Los contactos e intermediaciones con Barrabés, Aldama o Hidalgo preceden o coinciden con la obtención de ayudas y subvenciones públicas, y, al tiempo, con los apoyos y patrocinios de estos a los negocios de la mujer del presidente Sánchez. ¡El conflicto es cristalino como un río truchero!
Si no se ha dado, y ni siquiera se ha intentado dar, una explicación lógica, creíble y aceptable para esas relaciones, es porque no la hay. Y la manera de obligar a que lo vean los que no quieren verlo, es haciendo comparecer a todos ellos, incluido el propio presidente Sánchez, en la Comisión de Investigación del Senado. Todo indica, sin embargo, que el PP y el PSOE pueden haber alcanzado un vergonzoso pacto de agresión controlada.
Aunque esa especie de convolutos son por naturaleza injustificables, el supuesto de haber previsiblemente concedido la salvaguarda de Begoña Gómez es además ineficaz y estúpido. En primer lugar, porque es un intercambio de cromos completamente desigual, ya que no hay, o no debiera haber, sobre la mesa ninguno con foto de político popular al que el partido quiera evitar la posibilidad de hablar de cualquier cosa que le pregunten. Y después, porque la evidencia de que existen estos acuerdos puede quebrar la tendencia de crecimiento continuado en apoyos que, o por sus buenas obras o por las malas obras de los demás, están consiguiendo los populares.
Pero es que, además, si normalmente hay poca confianza en que las comisiones de investigación sirvan para algo más que el navajeo político, al venir precedidas de ese tipo de componendas previas las hacen nacer completamente desactivadas.
Esas comisiones serían más trascendentes por las ausencias que por las presencias y se parecerían a aquel chiste de Eugenio en el que, en un examen de oposiciones, los miembros del tribunal, cuando le preguntaban al examinando por un tema, se conformaban con que éste les respondiera que ese tema se lo sabía muy bien y no le exigían que lo cantara.
La presunción de inocencia opera para la justicia, pero no para la política. Aquí no sólo hay que ser honrado, sino parecerlo y, en el caso de indicios tan claros como los que ahora se conocen, es, además, necesario demostrar esa honradez. No es posible ampararse en el viejo adagio jurídico de Tomas Moro, quien calla, otorga, sino que para nuestros políticos el silencio es, además de desconsiderado, culpable.
En este caso concreto, si por los cromos de Sánchez y Begoña Gómez están dando los de Feijóo y su entorno personal, están cambiando un cromo viejo y ajado por uno nuevo; y si lo cambias por Díaz Ayuso te van a dar un cromo repetido que ya han intentado utilizar infructuosamente muchas veces.
A Ayuso hay que darle una y mil ocasiones para que siga explicando lo obvio: que ni ella ni la Comunidad de Madrid tienen nada que ver con las declaraciones fiscales que pudo haber hecho Alberto González Amador antes, incluso, de tener con él alguna relación; y añadir, además, que, si se demostrara que éste es un defraudador, no solamente habría engañado a Hacienda, sino también a ella.
Sería la suya una culpa in eligendo, pero únicamente novio, y eso es una cuestión que, si no es por puro cotilleo, poco debe importar a los miembros de la comisión de investigación, y mucho menos a un juez.