En el marco de las políticas de contención del gasto público, el Gobierno ha propuesto el Sistema de Retiro Voluntario Programado para agentes de la Administración Pública Provincial. Se abre la posibilidad para que el empleado público, de cualquiera de los tres poderes, se sume a este régimen voluntario, por el que durante cuatro años seguirá cobrando hasta el 70% de su remuneración mensual, conservando los beneficios de la obra social. También el Poder Ejecutivo tiene un proyecto para invitar a jubilarse al personal que cuente con los requisitos etarios y de aportes establecidos por la legislación previsional.
El retiro voluntario llega en un momento en que la planta estatal está sobredimensionada sin que se conozca la eficacia de su funcionamiento. Entre 2002 y 2022 (último dato disponible), el empleo público dependiente de las 23 provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se incrementó en un 69%, aumentando de 1,34 millón a 2,27 millones, dice un reciente informe de la Fundación Libertad y Progreso. En ese período, Tucumán ha duplicado la cantidad de empleados públicos. De acuerdo con los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en el sector público provincial se desempeñan alrededor de 120.000 agentes, casi el triple del plantel de Catamarca o el doble de Jujuy y Santiago del Estero. En el Gobierno señalan que los servicios que el Estado brinda en el distrito son mayores que en el resto de las jurisdicciones debido a la alta concentración poblacional y a la demanda de pacientes de otras latitudes, en el caso del sector salud.
En noviembre pasado, el Gobernador anunció la eliminación y fusión de secretarías, subsecretarías y direcciones del Poder Ejecutivo. Con esa definición, cientos de empleados públicos quedaron varados a la espera de nuevos horizontes en un proceso de reordenamiento interno. En este esquema entraron las designaciones políticas, como se vio en el caso de la eliminación de la Unidad de Reconversión Laboral (Unrel), creada con fines de ayuda en tiempos de pandemia de la covid-19, pero que se transformó en una estructura que llegó a contar con 7.500 beneficiarios.
La sobredimensión estatal, además, se evidencia en la cantidad de recursos que requiere el Gobierno para abonar los sueldos: unos $ 60.000 millones mensuales. El peso del gasto en Personal dentro del Presupuesto es creciente y resta margen de maniobra a la actual gestión. En la actualidad, los salarios estatales representan alrededor del 58% del total de erogaciones. Con el ajuste de partidas nacionales, se hace cada vez más difícil gestionar el Estado. Allí está la clave de medidas como el retiro voluntario programado.
Este sistema de retiros contempla la eventualidad de que, al cabo de cuatro años, quienes se acogieron puedan regresar en caso de que no hayan podido insertarse en el sector privado, lo cual es una medida de protección mientras se intenta alivianar la carga del Estado. Se presume, no obstante, que las vacantes producidas no podrán ser cubiertas en forma permanente o temporaria con la designación y/o promoción de otros agentes, según el proyecto de ley. Esto implica, entonces, la necesaria reformulación de las tareas públicas, pensadas en función de las necesidades del Estado. Convendría analizar, en ese sentido, los efectos que tuvo el retiro voluntario en el pasado en la provincia, cuando, según se sabe, dejaron la planta pública muchos cuadros técnicos. Luego, con el paso de los años, la estructura administrativa se volvió a sobredimensionar movida por la crisis, sin que se haya pensado cómo debía ser el Estado y qué requiere para ser útil a la sociedad.