La renuncia del Gobierno a tramitar los Presupuestos Generales del Estado para este año a causa de la convocatoria adelantada de elecciones al Parlamento de Cataluña el próximo 12 de mayo es una noticia negativa para el Sistema Nacional de Salud.
La ausencia de presupuestos generales supone que no puedan destinarse recursos a nuevos proyectos en el Sistema Nacional de Salud y que los programas existentes dispongan, en el mejor de los casos, de la misma –e insuficiente– dotación que en 2023.
Esta realidad conlleva que las reformas estructurales requeridas con urgencia en ámbitos como la atención primaria, la reducción de las listas de espera, la digitalización o la mejora de las condiciones de los profesionales sanitarios, entre otros muchos ejemplos, no podrán siquiera iniciarse este año.
Tampoco parecen posibles avances tangibles en los compromisos adquiridos por la actual ministra.
En consecuencia, y por referenciar una propuesta realizada en los últimos días, es complicado que el «observatorio contra el fraude y la corrupción sanitaria» funcione a tiempo para esclarecer las numerosas irregularidades en las compras de equipamiento durante la pandemia de Covid-19 de las que se acusa al propio Gobierno.
La inestabilidad política está frenando la reestructuración, el desarrollo y la modernización que requiere nuestro sistema sanitario. Es un hecho.
Sólo por este sacrificio –aunque el listado de razones es francamente extenso–, el presidente debe replantearse seriamente si el precio que estamos pagando todos los españoles –y que seguirán pagando las próximas generaciones– para que él se mantenga en La Moncloa merece la pena. Yo creo que no.
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