La mayoría de los 32 miembros que componen la Junta de Fiscales han defendido que se inadmita la querella presentada por la pareja de Isabel Díaz Ayuso contra la Fiscalía por dar información sobre unos correos electrónicos entre el fiscal y su abogado intentado llegar a un pacto para no tener que ir a juicio por dos delitos fiscales y otro de falsedad documental.
Según fuentes presentes en la Junta, la mayoría ha considerado que no hay delito en lo recogido por la querella ni hay indicios para investigar al fiscal del caso, a su jefa, ni al fiscal general del Estado.
La Junta se tuvo que reunir a petición de la fiscal encargada de analizar la querella tras recibir la orden de la número dos de la Fiscalía General, María Ángeles Sánchez Conde, de inadmitir la querella sin practicar ninguna diligencia previa.
La Junta ha considerado que las diligencias que pretendía practicar la fiscal era una extralimitación y por eso han informado en contra de ello. En la Junta no ha participado el fiscal general, Álvaro García, al asumir la responsabilidad del comunicado.
El origen del asunto fue que tras conocer que la Fiscalía había denuncia a Alberto González, pareja de la presidenta madrileña, por la defraudación de 350.000 euros al fisco, se filtró a varios medios de comunicación unos emails entre el abogado del empresario y el fiscal del caso para intentar lograr a un acuerdo de conformidad para evitar el juicio si reconocía los hechos y pagaba una multa.
Sin embargo, esta primera filtración fue interesada y sólo se dieron una parte de los correos para intentar hacer creer que existía una una operación orquestada por el fiscal general para ir contra González por ser pareja de Ayuso.
A raíz de tales acusaciones, la Fiscalía decidió emitir un comunicado publicado con la cronología detallada de los contactos entre el fiscal y el abogado para exponer la realidad de los hechos y que fue el abogado quien ofreció el pacto.
Tras la publicación de este comunicado, González se querelló contra la Fiscalía, una denuncia apoyada por el Colegio de Abogados de Madrid, que a su vez presentó otra denuncia.
Tras el alboroto mediático creado, el fiscal general salió públicamente para defender la actuación de la Fiscalía con aquel comunicado, que, a su juicio, "se limitaba a desmentir, con hechos cronológicamente sistematizados, informaciones falaces e interesadas previamente publicadas por algunos medios".
El argumento de García Ortiz, ahora avalado por la Junta, es que no puede considerarse infringido el deber de reserva cuando el objeto de la comunicación es de dominio público fruto de "indeseables filtraciones".