La grieta que el Papa abrió en Cambiemos
Por Fernando González para Clarín
Por Fernando González para Clarín
Mauricio Macri sabe que tiene tres problemas para ser reelecto en 2019. La suba del dólar, la inflación muy alta y el freno de la economía.
Lo que no sabía el Presidente es que, a esas desgracias, se iba a sumar el debate por la ley de despenalización del aborto. Justamente él fue quien lanzó la discusión en el Congreso para contrarrestar las complicaciones económicas.
Pero si la ley para interrumpir el embarazo sin consecuencias legales iba a abrir una grieta en el peronismo, lo que sucedió finalmente es que la grieta resulta mucho más profunda en el Frente Cambiemos.
Y es la figura amenazante del Papa Francisco la que agita el viento en medio de la tormenta que atraviesa el oficialismo.
Todo parecía bajo control para Macri hasta que apareció una foto que lo hizo tambalear. La selfie en la que se mostró María Eugenia Vidal junto a un militante antiabortista en la Catedral de La Plata el pasado 9 de julio.
La sonrisa gana votos de la gobernadora al lado de un pañuelo celeste conmovió la estructura habitualmente sísmica del Frente Cambiemos.
Si el viaje de Vidal a El Vaticano, junto a la ministra macrista Carolina Stanley, ya había alterado algunos ánimos en la Casa Rosada, la foto difundida rápidamente y viralizada en las redes sociales por los sectores anti abortistas cayó como una bomba en el triángulo del poder que conforman Macri, el jefe de gabinete Marcos Peña y el influyente consultor ecuatoriano, Jaime Durán Barba.
La hipótesis en ese territorio está clarísima. Para ellos, el Papa puso en marcha una ofensiva cuyo objetivo final es perjudicar a Macri, a quien Bergoglio considera el primer motor inmóvil de la movida abortista en la Argentina.
El Presidente ha dicho en varias ocasiones que está en contra del aborto pero fue él quien impulsó la discusión del proyecto que ya tiene media sanción en Diputados. Y sus últimas expresiones confirman ese camino.
Hace una semana, el periodista Ignacio Miri publicó en Clarín algo que nadie podrá desmentir. "Esto es una discusión sobre los derechos de las mujeres a decidir y no sólo sobre una cuestión de salud" es la frase que Macri repite en estas horas. El tema está saldado. No habrá veto si el aborto se convierte en ley el próximo 8 de agosto en el Senado.
Como los aportantes denunciados truchos son de la provincia de Buenos Aires, con urgencia la gobernadora María Eugenia Vidal le pidió la renuncia, a poco de asumir, a la contadora provincial Fernanda Inza, que había sido parte importante en los recursos de la campaña. Se la pidió "preventivamente".
¿Qué dicen las denuncias? Que los aportantes que dicen no haber sido tales serían unos 500 que viven en asentamientos y son beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, más 350 monotributistas sociales. Esto es de los sectores sociales más vulnerables.
Vidal vio venir el búmeran K y prometió hacer lo que se pudo hacer antes y no se hizo: bancarizar los aportes, si es candidata, aclaró.
La rápida movida de la gobernadora en defensa de su capital político basado en la honestidad provocó otra movida sorpresiva.
Máximo Kirchner impulsa un proyecto legislativo para transparencia de la financiación electoral. No está nada mal que el kirchnerismo se acuerde ahora de lo que no quiso acordarse antes.
Héctor Capaccioli está procesado por los aportes de campaña a Cristina Kirchner y espera el tribunal oral desde hace tiempo. Pero eso ya se sabía. Lo nuevo es que ahora la pretendida "nueva" política se mezcla con la "vieja" en las prácticas concretas.
El aprovechamiento del asunto está claro para cualquiera que no quiera distraerse. A primera vista la bancarización propuesta por Vidal y reforzada por Macri en la conferencia de prensa del miércoles parece más efectiva respecto de la transparencia que el proyecto K, que en el fondo pide más fondos en caso de balotaje.
Esa cuestión debiera ser discutida con urgencia. Por ahora, hay que darle una mirada al artículo 63 de la ley de financiamiento de los partidos políticos (26.215).
Allí establece que "el presidente y tesorero del partido, y los responsables de campaña, serán pasibles de inhabilitación de seis meses a diez años para el ejercicio de sus derechos a elegir y ser elegidos en las elecciones a cargos públicos nacionales.
Eso ocurrirá en caso de irregularidades como "autorizar o consentir la utilización de cuentas distintas a las autorizadas en la ley para el financiamiento del partido o la campaña".
Vidal separó a la contadora Inza, que era la tesorera de la campaña 2017.
Una denuncia no anula a otra denuncia pero iguala a todos en el siempre opaco mundo de la financiación política. Un empate que pone a todos en el mismo lodo.
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