Si Vox hubiera asumido los postulados de la ley de Memoria Histórica y su carácter reparador estaríamos ante un avance en forma de acontecimiento y paz social. Dado que, cumpliendo lo esperado, no ha sido así, se eleva el coste del supuesto gobierno en solitario del PP y los conservadores agravan su el papelón de ejecutar los caprichos de la ultraderecha. La izquierda en bloque recordó ayer que Vox limita su representación al 12% del electorado cuando el plasmado en el segmento parlamentario del partido del Prohens, cuya oferta electoral no contemplaba la derogación de los avances en reparación democrática, es considerablemente mayor. En consecuencia, la servil presidenta acentúa su distanciamiento del electorado propio con el que tiene el primer y más serio problema.
La legislatura va consolidándose en su afán de deshacer logros y consensos despreocupándose de realizaciones propias a partir de demandas y necesidades consecuentes. Es la política de distanciamiento social con repercusiones inversas a las atribuidas a los servidores públicos electos.
Con la derogación de la ley de Memoria Histórica se acentúa la carga de frustraciones percibidas en la calle. PP y Vox se han puesto de acuerdo para que la lacra del reconocimiento implícito del franquismo se sume a los problemas de la vivienda, de la segregación del idioma, del cambio climático o de los vaivenes urbanísticos. Serán los tribunales, otra vez los tribunales, quienes suplanten la incapacidad política de dar sentido a la reparación de las víctimas de una guerra fratricida.
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