El Ministerio de Economía ha publicado este jueves una herramienta (ELISA) que permite conocer por primera vez cuál es el ritmo de resolución de los fondos Next Generation en los distintos niveles de gobierno. Los datos confirman las sospechas de algunos analistas: la ejecución es más lenta en las administraciones autonómicas y locales, aunque a la Administración General del Estado (AGE) también le quedan muchos recursos por movilizar.
La plataforma mide el grado de ejecución según las "convocatorias resueltas" de subvenciones y licitaciones con destinatario, es decir, el momento en el que una convocatoria finaliza y el beneficiario final tiene la garantía jurídica de que recibirá el dinero. Esto no significa que los destinatarios tengan el ingreso, algo que puede producirse incluso cuando finalice el proyecto, pero fuentes del Ministerio de Economía defienden el momento elegido como termómetro del plan porque la resolución es el primer paso con el que se empieza a movilizar la inversión. A raíz de la resolución, los beneficiarios contratan los recursos humanos y materiales para realizarla.
Según estos términos, los gobiernos regionales y locales de Cataluña, Madrid y Cantabria son los que menos porcentaje de fondos han resuelto respecto a los importes que han convocado. Registran unas tasas de resolución (el cociente entre lo resuelto y lo convocado) inferiores al 42%, frente a una media de todas las CCAA del 50,3%. La cifra es aún mayor para la AGE, donde alcanza un 58,4%, lo que evidencia el menor ritmo de ejecución en gran parte de los territorios. Sin embargo, hay excepciones con regiones que se encuentran por encima: Galicia, País Vasco, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana.
La plataforma no detalla qué convocatorias están pendientes de resolver, pero se pueden deducir algunos problemas y cuellos de botella revisando lo asignado a cada región, como es el caso de Cataluña. Esta comunidad autónoma tiene un elevado volumen de inversión en grandes proyectos que están tardando en despegar, como los relacionados con el PERTE del vehículo eléctrico, la fábrica de chips que se está construyendo en Barcelona y el Hub de hidrógeno conectado con Europa. Esto concuerda con que el porcentaje de importes adjudicados a grandes empresas sea menor (15%) que el destinado a pymes (41%) y a fundaciones y organismos públicos (29%), a diferencia del reparto general a nivel estatal, donde las grandes empresas tienen más peso en las resoluciones (23%).
Cantabria tiene una situación similar a la de Cataluña, con pocas grandes empresas beneficiarias (17%) y en el caso de Madrid el descenso en la tasa de resolución se produce por sus entidades locales, ya que la tasa asciende al 55,5%, por encima de la media de las CCAA, si solo se tienen en cuenta los fondos asignados al gobierno regional.
Tampoco se puede descartar que haya problemas de capacidad administrativa, como ya han advertido la Comisión Europea y otros organismos. En un foro reciente, la consejera de la Cámara de Cuentas de Madrid, Mónica Melle, aseguraba que la mayor deficiencia para gestionar los fondos europeos en los territorios se produce en los recursos humanos. Según Melle, las personas vinculadas a la gestión del plan en muchas autonomías y, sobre todo, en ayuntamientos pequeños "no están preparados para ello", por lo que recomendó más formación. El Tribunal de Cuentas también ha detectado otras deficiencias.
Casi la mitad de las subvenciones de la primera parte aún no se han recibido
El Gobierno hace pública esta herramienta tras meses trabajando internamente con ella y tres años después del inicio del plan. En este tiempo ha recibido numerosas críticas de centros de estudios por no dar los datos lo suficientemente desglosados, especialmente a nivel de comunidad autónoma, lo que les ha llevado a hacer sus propias estimaciones. Esta disponibilidad de distintas versiones es lo que ha terminado induciendo a que el propio Gobierno de la suya oficial.
Para elaborar la base de datos que se visualiza en ELISA el Gobierno ha utilizado las plataformas de subvenciones y de contratación estatales y autonómicas más información de Presidencia del Gobierno no disponible en dichas webs. Según fuentes del Ministerio de Economía, la información se actualizará mensualmente y se ampliará con publicaciones sobre la ejecución de los fondos por parte de las CCAA y la evolución de los PERTE.
Economía también se compromete a incorporar los datos de la adenda, ya que actualmente solo está disponible la primera parte del plan, la relativa a los 69.528 millones de subvenciones, de los cuales solo se ha recibido una parte (37.000 millones). Esto supone una reducida cantidad del total del plan (163.000 millones) teniendo en cuenta que el dinero solo se puede adjudicar hasta 2026 en términos generales.
La herramienta supone un avance en la transparencia de la ejecución del Plan, pero no es relevante para la fiscalización de los fondos que lleva a cabo la Comisión Europea, basada en el cumplimiento de hitos y objetivos por los cuales efectúa desembolsos. Hasta mediados de 2023, España era el país más adelantado en recibirlos, pero se ha ido quedando más atrás por las elecciones y el bloqueo político para aprobar las reformas exigidas. En el primer semestre de 2023 España debería recibir otros 17.200 millones correspondientes al cuarto y al quinto pago. Por el momento, el solicitado en diciembre continúa en el aire tras negociar una prórroga hasta el 20 de mayo con Bruselas.