Argentina enfrenta una alarmante reducción en las políticas orientadas a proteger los derechos de las niñas y niños, especialmente en áreas cruciales como salud y educación. Las cifras hablan por sí solas: en los últimos seis años, más de 3,5 millones cayeron por debajo de la línea de pobreza, y más de 3,1 millones viven en condiciones de indigencia.
Hace tiempo que vivimos un proceso de empobrecimiento de la población que impacta de manera desproporcionada y cruel sobre las infancias, privando de derechos básicos y de condiciones dignas de vida a niñas, niños y adolescentes. Una de las estrategias más efectivas y celebradas regionalmente para revertir la reproducción intergeneracional de la pobreza es el Plan ENIA, una política pública impulsada desde el gobierno federal para prevenir el embarazo no intencional en la adolescencia. Curiosamente, una de las pocas políticas públicas que logró instalarse como política de Estado, trascendiendo distintas gestiones de gobierno (se comenzó a implementar en 2018 y continuó hasta ahora), recibe ahora el embate de los recortes presupuestarios, desarmando sin dar razones la estructura institucional e interjurisdiccional que sostiene la rectoría, el impulso y la implementación de un plan exitoso en las regiones más desiguales del país.
La cruda realidad en que viven millones de chicas y chicos en Argentina llevó a organizaciones del colectivo "Infancia en Deuda" a presentar un informe al Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, conformado por expertos y expertas que supervisan el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la cual nuestro país es parte. El documento detalla carencias en el acceso a la alimentación, resaltando que el 57% de las familias en provincias como Santiago del Estero sufren inseguridad alimentaria; barreras estructurales en el acceso a la educación de niñas y niños con discapacidad; y falta de servicios de cuidado, precisando que sólo el 19,1% de las niñas y niños entre 0 y 3 años accede a este tipo de servicios y que el 70% de los hogares con integrantes que necesitan cuidado lo resuelven a través del trabajo no remunerado asumido generalmente por niñas, adolescentes o mujeres del propio hogar.
Además, alerta sobre el desfinanciamiento de políticas públicas con impacto positivo en los derechos de niñas, niños y adolescentes, como la Educación Sexual Integral (ESI) y el Plan ENIA, aportando datos que evidencian su relevancia para detectar y prevenir situaciones de abuso sexual (un estudio del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires reveló que el 80% de las y los adolescentes que contaron con información y consejerías en salud sexual pudieron comprender que fueron abusados después de recibir clases de ESI) y para reducir los embarazos no intencionales en la adolescencia (datos del último censo muestran que se redujo del 49% al 27% la tasa de fecundidad adolescente).
El informe también pone de manifiesto las marcadas diferencias regionales en la garantía de esos derechos. Lamentablemente, el lugar de nacimiento sigue siendo un factor determinante para una vida con o sin derechos. El Comité ya había alertado sobre estas disparidades en 2018, instando a la Argentina a tomar medidas para revertir esta situación.
Contrariamente a las obligaciones establecidas en la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, el Gobierno ha decidido recortar drásticamente los recursos destinados a las infancias. El presupuesto de 2024 es un 72,7% menor que el de 2023 y un 78,5% inferior al de 2021. Según UNICEF Argentina, si se sostiene este recorte, la cobertura y calidad de los servicios clave para los niños se verán seriamente afectadas.
Las reglas de juego parecen estar cambiando con un claro desinterés sobre el impacto que esto genera en la población. Políticas públicas que han tenido impactos positivos, como el Plan ENIA, están siendo desmanteladas sin interés en mitigar las consecuencias que la maternidad temprana tendrá sobre las trayectorias de vida de las adolescentes, asociadas a la deserción escolar y la inserción laboral de baja calidad. La maternidad temprana contribuye a la reproducción de los ciclos intergeneracionales de pobreza y mala salud. Si del rendimiento económico se trata, nada de esto parece contribuir a la productividad agregada del país. Estas políticas, valoradas por gobiernos de diferentes tendencias políticas, han buscado equilibrar las oportunidades entre personas de distintas provincias y niveles socioeconómicos.
Las desigualdades territoriales en el acceso a los derechos son históricas, pero se agravarán si continúan los recortes. En esta
distopía de retrocesos impensados
, mientras el gobierno parece abogar por un "federalismo del sálvese quien pueda", la comunidad internacional y amplios sectores de la sociedad cuestionan estas medidas y su impacto en los más vulnerables.
Como sociedad comprometida con la dignidad, igualdad y no discriminación, no vamos a naturalizar la existencia precaria de millones de personas. Enfrentaremos la sinrazón exigiendo explicaciones con razones públicas, produciendo evidencia, explorando y accionando todas las herramientas democráticas posibles. Recordaremos hasta el cansancio que los derechos son para todas y todos, que la igualdad no es sólo ante la ley, que es mucho más que eso.
La autora es responsable del área jurídica de ELA.
JI/MT