El tabaco es una de las principales producciones en Salta y Jujuy, y como tal, detrás de ese negocio se juegan intereses de empresas nacionales y multinacionales que pugnan por quedarse, sino con la torta entera, con la porción más grande.
En estos últimos meses, desde la llegada de Javier Milei al poder y su posterior presentación de la Ley Bases, conocida como ómnibus, esa disputa por el mercado del tabaco en la Argentina se trasladó al ámbito político y se convirtió en una guerra de acusaciones entre legisladores que se apuntan con el dedo tildándose de lobistas de una u otra empresa.
Pero las discusiones no quedaron solo en el Congreso y se trasladaron al ámbito provincial. Esta semana, el senador provincial por el departamento General Güemes, Enrique Cornejo, denunció ante el Ministerio Público Fiscal al diputado nacional Carlos Zapata (del partido de Alfredo Olmedo, Ahora Patria, en alianza con La Libertad Avanza) por supuesto lobby a favor de la cigarrera nacional Sarandí, de Pablo Otero.
Esa presentación generó la reacción del referente olmedista, que sostuvo que tanto Cornejo como el presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat Lacroix, ambos dirigentes de la Cámara de Tabaco de Salta, están vinculados a los intereses de la multinacional Massalin, que produce los cigarrillos Philip Morris, Marlboro y Parliament, entre otros. A la vez, Zapata se desligó de cualquier vínculo o interés con otra empresa, y aseguró que como buen libertario, lo que busca es una competencia justa en el mercado del tabaco.
Impuesto mínimo
La ley ómnibus que presentó el Ejecutivo Nacional y que naufragó en su primer intento en Diputados, buscaba entre sus tantas modificatorias, reformar los impuestos internos al tabaco.
Según los detractores de esa reforma, entre los que se encuentran justamente la Tabacalera Sarandí, el proyecto fue redactado por un hombre de Massalin, Javier Ortiz Batalla, ex vicepresidente de esa firma en Argentina y allegado a Federico Sturtzenegger, asesor de Milei y mentor de la ley ómnibus y el DNU presidencial.
La reforma buscaba elevar la alícuota del impuesto interno a los cigarrillos del 70% al 73%, eliminando el "impuesto mínimo", que es un canon fijo para todas las etiquetas de cigarrillos por igual y que hoy tributan $792,73 por paquete de 20 sin importar el precio de venta.
Pero además buscaba crear una comisión que establezca precios de referencia, algo a lo que se oponían Sarandí y otras empresas más chicas aduciendo que de esa manera no solo no se respetaban los postulados básicos libertarios de la libre competencia, sino que destruían la industria nacional. "Es como que le obliguen a Manaos a vender al mismo precio que la Coca Cola, ninguna empresa podría competir en esos términos", graficaron desde una pequeña empresa tabacalera de Salta.
Caída la Ley Bases, el diputado Carlos Zapata intentó retomar la discusión pero modificando sustancialmente la que presentaba el Ejecutivo. El legislador salteño le explicó a Salta/12 que su propuesta, que tampoco avanzó, "buscaba ser superadora", ya que subía el impuesto interno al 75%, que, al ser coparticipable, "mejoraba la recaudación también para las provincias tabacaleras". "Y procuraba que los precios de los cigarrillos sean altos para cumplir con los compromisos internacionales de desalentar el consumo", explicó.
"Si somos un gobierno liberal, de ninguna manera vamos a sacar una ley que pueda inclinar el mercado para uno u otro grupo de interés", añadió defendiendo a su espacio nacional e intentando despegarlo de quienes indican que la reforma que intentaba la ley ómnibus estaba a favor de la multinacional Massalin Particulares.
Zapata negó cualquier tipo de vínculo con empresa alguna, aunque reconoció que "siempre hubo presiones del sector tabacalero de cualquier lado, tipo y especie", y subrayó que él conoce muy bien el paño por haber sido Ggerente de la misma Cámara que hoy lo ataca.
La denuncia
Tras manifestar su posición y presentar una nueva propuesta de reforma de la ley de impuesto al tabaco que modificaba la que pretendía La Libertad Avanza en un principio, varios artículos publicados en La Nación y Clarín, vincularon a los diputados nacionales Zapata, Carlos Ritondo y Diego Santilli con el empresario Pablo Otero, dueño de Sarandí, y que se convirtió en el principal competidor de Massalin.
Haciéndose eco de una de esas publicaciones, la editorial del periodista Carlos Pagni, el senador provincial Enrique Cornejo presentó una denuncia penal pidiendo que se investigue el vínculo de Zapata con la empresa cigarrera en cuestión "desprotegiendo intereses del Estado, labores funcionales y obligacionales propias y apartándose del principio de imparcialidad".
Cornejo es integrante de la comisión directiva de la Cámara de Tabaco de Salta presidida por el también presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat. Desde 2017 esta Cámara de Tabaco mantiene enemistad con Sarandí y otras empresas nacionales que interpusieron una cautelar contra una reforma a la ley 24.674, de impuestos internos durante el gobierno de Mauricio Macri que establecía el aumento del 70 por ciento en esos tributos.
Desde la Cámara denuncian que a través de ese artilugio, el fisco dejó de recaudar millones de pesos coparticipables, y que en parte integran el Fondo Especial del Tabaco (FET), que se distribuye entre las siete provincias tabacaleras.
Manifestaciones
Pero la cosa no quedó ahí. Este último jueves el recinto del Senado provincial fue utilizado por varios legisladores de los departamentos tabacaleros para fustigar al representante salteño en el Congreso Nacional.
En el momento de las manifestaciones, Cornejo fue el primero en hacer alusión al tema y apuntar nuevamente contra Carlos Zapata señalándolo como defensor de quienes se niegan a pagar el impuesto interno. El senador por Güemes afirmó que a través de esta negativa, Sarandí, que comercializa la marca Red Point, pasó de tener el 5% del mercado local, a detentar hoy el 40%, disputando casi palmo a palmo la hegemonía con multinacionales como Massalin y Nobleza Piccardo.
Luego siguieron esa misma línea argumentativa, caratulando de "gravedad institucional" el accionar del legislador nacional, los senadores Esteban D'Andrea, por Chicoana, y Diego Cari, de Guachipas.
Zapata consideró la denuncia y las declaraciones en su contra como "una payasada", "me parece risible que una persona como Cornejo, que detenta un título de abogado, se haga eco y llegue a hacer una presentación en la justicia basándose en una falsa denuncia de un artículo en donde el mismo autor de la nota reconoce que son habladurías", disparó haciendo mención a la editorial de Pagni.