Ministra: ¿Y quién protege a los inquilinos?
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La vivienda no es un negocio en España, es el negocio. Teclearlo casi es como afirmar sorprendida que el caballo blanco de Santiago es blanco: una ridícula obviedad. Pero no necesitamos que la ministra de un gobierno progresista lo crea y lo repita en cada entrevista que concede. Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, dijo la pasada semana en 'Hoy por Hoy' que el Gobierno quiere "que los promotores privados participen de la oferta de alquiler y de vivienda asequible. Hay negocio". Dos días más tarde, en una entrevista en 'El País', añadió: "Soy consciente de que la mayor parte de la vivienda en alquiler en nuestro país forma parte del patrimonio de muchas personas que complementan sus rentas y quieren garantías y seguridad jurídica. Ya hemos puesto en marcha instrumentos".
Señora ministra: al rentista la protección se la da el mercado permitiéndole ofertar con precios abusivos. Los propietarios, muchos de ellos fondos buitres o grandes tenedores, ya tienen derecho a pedir cualquier alquiler que crean que pueden obtener. ¿Qué pasa con los inquilinos? ¿Qué pasa con esa generación que siempre ha sabido que probablemente no podrá comprarse una casa propia, pero que ahora también es consciente de que quizá no podrá ya ni alquilarla?
Sabemos que hay propietarios o agencias pidiendo el pago de una reserva solo para poder acceder a ver un piso. Sabemos que los requisitos de entrada son cada vez mayores y más disparatados: desde avales, currículums, contratos, hasta bordear casi la petición de historiales médicos. Sabemos que no solo han aumentado los precios de los pisos, también han aumentado los precios de las habitaciones; que lo que antes era un espacio de almacenaje cualquiera ahora se oferta como dormitorio, porque los dormitorios ya son solo un estado de ánimo. Sabemos que hay estudios en el mercado con microondas al lado de la cama por más de 700 euros al mes. Sabemos que una persona que trabaja a tiempo completo y recibe un salario mínimo no puede permitirse un piso con más de una habitación en muchas ciudades de España. Sabemos que, según datos del Instituto Nacional de Estadística, apenas cuatro de cada diez compraventas requieren hipoteca en España. Es decir, sabemos que el 60% de las personas o empresas que compraron pisos los pagaron a tocateja. Sabemos que la vivienda se come más del 80% del salario de los jóvenes, según el Observatorio de Emancipación del Consejo de Juventud de España. Sabemos que esto ha creado una generación a la que se le ha impedido crecer: el 26% de los jóvenes españoles de entre 30 y 34 años todavía viven con sus padres. Y no todos son ninis haraganes, adictos a videojuegos y a los platos de cuchara de sus madres.
Sabemos, en definitiva y por ir concluyendo porque podría extenderme como en una película de Scorsese, que vivimos en el peor mercado de alquiler que jamás haya existido. Todos lo sabemos. Pero sigue sin hacerse nada contundente al respecto. Es más, sigue priorizándose la situación de los rentistas. Porque se puede saber algo y decidir ignorarlo.
Más allá de cuestiones mínimas indispensables, lo que se espera de la ministra de Vivienda de un gobierno progresista es que deje de hablar de un derecho básico como un negocio. Porque el coste de vida, esta horrible frase que hace años todavía hacía referencia a cosas etéreas y mundanas, hoy para muchas personas aborda una cuestión de simple supervivencia.