El plan del Reino Unido para enviar a Ruanda a los inmigrantes indocumentados superó su último obstáculo.
Tras meses de debates y discusiones, el Parlamento británico aprobó una ley que declara al país centroafricano como "seguro" para transferirle a solicitantes de asilo y extranjeros que hubieran llegado a las islas británicas irregularmente.
El primer ministro Rishi Sunak dijo que la iniciativa es un "cambio fundamental" en el enfoque global sobre la migración, pues "disuadirá a personas vulnerables" de intentar llegar al país desde la Europa continental en embarcaciones.
La oposición, activistas de derechos humanos y Naciones Unidas han criticado el plan, por considerar que supone una violación a los tratados internacionales vigentes en materia de asilo y refugio.
Horas después de aprobado el texto, las autoridades informaron que cinco inmigrantes ilegales murieron al tratar de cruzar el Canal de La Mancha en pequeñas embarcaciones.
El llamado "plan Ruanda" prevé que cualquier solicitante de asilo que hubiera ingresado al Reino Unido ilegalmente después del 1 de enero de 2022 podría ser enviado a Ruanda, donde sus solicitudes de refugio se procesarán.
De ser aprobadas las peticiones, a las personas deportadas se les concederá el estatus de refugiados y se les permitirá permanecer en el país centroafricano, el cual hace justo tres décadas fue escenario de un genocidio y cuya calidad democrática ha sido puesta en duda por organizaciones internacionales.
A quienes se les rechacen sus solicitudes podrían pedir establecerse en Ruanda por otros motivos o buscar asilo en otro "tercer país seguro". Sin embargo, bajo ningún concepto ninguno de los deportados podrá volver a Reino Unido.
La iniciativa, inspirada en un plan puesto en marcha en Australia años antes, fue anunciada en 2022 por el entonces primer ministro conservador Boris Johnson.
Y aunque los gobiernos británico y ruandés firmaron a mediados de 2022 un acuerdo, por medio del cual el primero se comprometió a entregarle al segundo US$150 millones a cambio de recibir a los inmigrantes, el mismo no se ha puesto en marcha.
Una serie de dictámenes de la justicia europea y una posterior batalla legal dentro de Reino Unido que terminó en la Corte Suprema han frenado el plan.
Precisamente para impedir nuevos fallos judiciales que frenen el envío de los extranjeros ilegales, a finales del 2023 el gobierno de Sunak presentó ante Parlamento una ley que blinda el acuerdo con Ruanda, al declarar que ese país es "seguro" para recibir a los deportados y en la cual le cierra las puertas a los jueces británicos para bloquear los traslados de inmigrantes.
Sunak, quien desciende de inmigrantes indios, ha asegurado que la iniciativa servirá para "disuadir a migrantes vulnerables de realizar los peligrosos cruces y romper el modelo de negocio de las bandas criminales que los explotan".
"(El plan) dejará muy claro que si vienes ilegalmente, no podrás quedarte", agregó el mandatario.
La BBC calcula que unos 52.000 de los más de 100.000 solicitantes de asilo que hay en el país podrían ser deportados en los próximos cinco años, tiempo que estará vigente el acuerdo con Ruanda.
La iniciativa gubernamental ha sido criticada internacionalmente.
Los altos comisionados de Naciones Unidas para los Refugiados y para los Derechos Humanos, Filippo Grandi y Volker Turk, respectivamente, han pedido a las autoridades británicas que "reconsideren" este plan y que adopten "medidas prácticas" para abordar los "flujos irregulares de refugiados y migrantes".
"La nueva legislación supone un paso más en el distanciamiento de Reino Unido de su larga tradición de dar refugio a aquellos que lo necesitan, violando la Convención sobre los Refugiados", dijo Grandi.
El artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados establece que "ningún Estado contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas".
Turk, por su parte, denunció que el plan británico "socava gravemente el Estado de Derecho en Reino Unido y sienta un peligroso precedente a nivel global" debido a que "deriva su responsabilidad ante los refugiados y reduce la capacidad de los tribunales británicos para analizar las decisiones de expulsión".
Internamente las criticas también se han escuchado y las mismas no se han circunscrito a la oposición y a las organizaciones de derechos humanos, sino que también han surgido de las filas conservadoras e incluso de la casa real.
"No apoyo este plan por razones legales, éticas y de practicidad", expuso en 2022 la exprimera ministra Theresa May, quien expresó su preocupación porque la iniciativa incentive el tráfico de mujeres y de menores.
El rey Carlos III, cuando aún no había ascendido al trono, calificó de "pésima" la iniciativa, reseñó la prensa.
Precisamente para entrar en vigor la ley que blinda el plan Ruanda debe ser firmada por el monarca, algo que se espera ocurra en breve.
Pese a la dura oposición interna y externa, las autoridades británicas daban por hecho que su iniciativa recibirá el visto bueno del Parlamento. Así no sólo han comenzado los preparativos para iniciar las deportaciones a más tardar en julio próximo, sino que empezaron a buscar otros países con los cuales replicar el plan.
El diario londinense The Times publicó una información en la que aseguraba que Reino Unido había propuesto a los gobiernos de Botswana, Costa de Marfil, Costa Rica y Armenia firmar pactos similares al que ya tiene con Ruanda.
Esta información fue corroborada por el presidente costarricense, Rodrigo Chaves, quien descartó la posibilidad de que su país acepte acoger solicitantes de asilo.
"Informamos a Reino Unido que Costa Rica no recibirá inmigrantes extranjeros", escribió el mandatario en su cuenta de X.
Un portavoz de la embajada de Armenia en Reino Unido también negó que estuviera planeando firmar un acuerdo similar con Ruanda.
The Times, medio que tuvo acceso a documentos confidenciales, aseguró que funcionarios británicos también contactaron a autoridades de varios países sudamericanos, incluidos Ecuador, Paraguay, Perú, Brasil y Colombia.
Sin embargo, en los documentos se admite que las posibilidades de que los gobiernos de dichos países acepten firmar un "acuerdo de procesamiento de asilo en terceros países" (TCAP, por sus siglas en inglés) son escasas.
Un vocero del gobierno paraguayo incluso desmintió que desde Londres le hubieran hecho alguna oferta relacionada con migración.
Cabo Verde, Senegal, Tanzania y Sierra Leona son otros países africanos que las autoridades británicas estarían estudiando, de acuerdo con The Times.
La lucha contra la inmigración ilegal es una de las banderas del gobernante Partido Conservador y al asumir el cargo de primer ministro, en octubre de 2022, Sunak prometió reducirla drásticamente.
No obstante, los últimos datos aumentan la presión sobre el mandatario para ofrecer resultados en la materia, en especial de cara las próximas elecciones generales que se espera se celebren a finales de este año.
En los primeros tres meses del año más 6.265 indocumentados llegaron a Reino Unido en pequeñas embarcaciones, una cifra que es un 24% superior a la registrada en el mismo período de 2023 cuando se contabilizaron 5.049, admitió el gobierno.
(Imágenes: Getty, Getty Images)
PURANOTICIA // BBC MUNDO