El enfrentamiento político se ha trasladado a los asuntos de salud pública. No es la primera vez. Ya ocurrió con la pandemia en relación al uso de la mascarilla, por ejemplo. Pero entonces, la mayoría de las comunidades estaban gobernadas por los socialistas. Ahora, con once autonomías en manos del PP, las tornas han cambiado. Y los que antes pedían avanzar en el freno del consumo de tabaco y sus productos al considerar que hay que parar una adicción que está detrás de 16 tipos de cáncer, ahora piden más tiempo para debatir un plan integral contra el tabaquismo, guardado en un cajón desde hace casi dos años.
A pocos se les escapa que uno de los puntos que más enfrentan a unos y a otros tiene que ver con transformar en espacios sin humo las terrazas, convertidas por algunas comunidad, como la de Madrid, en emblema de libertad. Sanidad, por su parte, se inclina más por la prohibición (también Catalunya, Asturias y Canarias).
Catalunya es una de las regiones que se han mostrado a favor de la propuesta de Sanidad, que se debate hoy
Ante este panorama, y con la certeza de que la mayoría de las autonomías gobernadas por el PP (lideradas por Madrid) no iban a dar su apoyo al plan antitabaco, aunque todas aseguran estar preocupadas por el tabaquismo, Sanidad rebuscó en el reglamento del Consejo Interterritorial y encontró que podía seguir adelante con su estrategia contra el tabaco sin necesidad de votar.
El plan integral puede aprobarse a través de un acuerdo de colaboración, al que se adherirán las comunidades, según el departamenro de Mónica García. Por el momento solo un tercio se ha sumado, entre ellas, Catalunya, una de las comunidades que con más ahínco ha defendido la necesidad de poner freno al tabaquismo, según fuentes de la comisión de salud pública. El resto lo dirá esta mañana en el seno del la reunión del Consejo Interterritorial, aunque ya han dejan claro que su respuesta se aproxima más al no que al sí porque no están de acuerdo con el sistema que Sanidad ha buscado para sacar adelante su propuesta.
Cada día unos 460 chavales empiezan a fumar
Otros motivos que alegan es que Sanidad tiene una prisa excesiva en aprobar esa hoja de ruta que tiene como fin reducir el consumo de tabaco y, sobre todo, frenar la incorporación de los más jóvenes al mundo del tabaco (a través, sobre todo, de los cigarrillos electrónicos). Desde Sanidad no esconden las prisas: cada año mueren unas 50.000 personas por esta adicción y medio millar de fumadores pasivos. Más datos: cada día unos 460 chavales empiezan a fumar, un 25% de los adolescentes de entre 12 y 13 años ha probado los cigarrillos electrónicos y un 50% de los menores ya se ha iniciado en el consumo de ellos.
La tercera justificación más utilizada es que el plan no cuenta con memoria económica, pese a que la mayoría de los planes, que lo que establecen son medidas a seguir para conseguir una serie de objetivos, no la llevan. Desde Sanidad se asegura que las cuestiones monetarias y de financiación irán detalladas cuando se desarrollen los reglamentos correspondientes.
De las 167 alegaciones de las comunidades, casi 150 fueron incorporadas al texto
Sea como fuere, la realidad es que pese a que todas las comunidades reiteran su compromiso contra el tabaquismo, los enfrentamientos políticos parecen hacer imposible el consenso (aunque 147 de las 157 alegaciones hechas por las comunidades se han incorporado al texto). Pero aunque no haya un apoyo claro, la voluntad del ministerio que dirige Mónica García es seguir adelante con él, como ha explicado en la red social X el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla.
Ante este panorama, sociedades científicas y médicas firmaron un comunicado expresando su "enorme sorpresa por la dificultad para aprobar" el plan, "algo incomprensible teniendo en cuenta que el documento" fue consensuado previamente durante meses de trabajo técnico entre Sanidad y las comunidades.