La reconciliación imposible
Por Pablo Sirvén para La Nación
Por Pablo Sirvén para La Nación
Bastó que Nicolás Massot mencionara la palabra reconciliación, y que el Ejército retomara, después de muchos años, la costumbre de homenajear a víctimas de la guerrilla setentista, para que se reabriera, otra vez, el debate áspero que nunca termina de cerrarse y mucho menos de cicatrizar.
El lunes la polémica saltó a Intratables, el martes a la tapa de Página 12 y entremedio fotos de dictadores entraron y salieron del Museo Casa Rosada y Hebe de Bonafini amenazó con retirar de ese lugar un pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo. Heridas abiertas a las que siempre se les echa sal.
Los reclamos de un lado -que los guerrilleros que regaron de sangre los setenta estén presos- y del otro -que los que protagonizaron el terrorismo de Estado al menos quiebren la omertà que los mantiene implacablemente silenciosos frente a temas todavía pendientes, como dilucidar la identidad real de un estimado de 400 hijos de desaparecidos (hasta ahora la recuperaron 127)- hacen impracticable la concreción de reconciliación alguna.
Pero en verdad no se trata del imposible e innecesario encuentro amistoso entre, por ejemplo, Estela de Carlotto -que mandó a leer historia a Massot, a quien trató de "muchachito"- y el exrepresor Miguel Etchecolatz, que goza desde hace poco de una muy resistida prisión domiciliaria, nunca se arrepintió de sus crímenes y ahora ni está en sus cabales para tener siquiera una horrible discusión como la que mantuvo con Alfredo Bravo en el programa de Mariano Grondona hace veinte años, por la televisión.
Tampoco hay demasiadas discusiones públicas sobre una política de Estado que se mantiene inalterable por más que se sucedan gobiernos de distinto signo político: los juicios por delitos de lesa humanidad. Aunque, en los últimos tiempos, con el abuso de las prisiones preventivas precipitadas impuestas a funcionarios del kirchnerismo, se renovaron los reclamos por los 740 militares encarcelados desde hace años en esa anómala condición. Un principio elemental: la ley debe ser parejamente aplicada aun a aquellas personas que más puedan desagradarnos.
De a poco se empieza a perder el miedo de hablar de lo que estuvo vedado durante mucho tiempo, a riesgo de sufrir bullying, particularmente desde las redes sociales y ciertos ámbitos políticos: la virulenta violencia política de los setenta previa al terrorismo estatal que, lejos de haber sido heroica, no tiene nada que envidiar a los salvajismos actuales de Estado Islámico.
Historias de otros gravísimos sufrimientos que las nuevas generaciones desconocen porque no solo se silenciaron casi por completo en la vidriera pública, sino que los deudos de las víctimas de aquellas pandillas pasaron a ser parias sociales porque "de eso no se habla". Se impuso un mecanismo perverso: quienes osaran asomarse a esos dramas automáticamente serían asociados a los aberrantes excesos de la dictadura militar.
Parte del terrible accionar guerrillero, rescatado por libros como los de Marcelo Larraquy, Ceferino Reato y María O'Donnell, entre otros, fue sustraído del debate masivo frente a las grandes audiencias populares porque arruinaba -arruina- el relato interesado de la "juventud maravillosa" y de los derechos humanos sesgados que planteó el kirchnerismo durante doce años y medio. La sorpresiva reivindicación explícita de aquellas "formaciones especiales", según la jerga setentista, que secuestraban y asesinaban a mansalva, marcó su punto más preocupante en el acto del último 24 de marzo, en la Plaza de Mayo.
Se sumaron las recientes declaraciones del exmiembro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, que levantaron aún más polvareda que las de Massot, por banalizar la dictadura militar al asociarla con el actual gobierno, que pretende que termine "lo antes posible".
Por supuesto que el terrorismo de Estado es el peor de todos los terrorismos posibles por transformar a una república en una maquinaria asesina. De allí que la teoría de los dos demonios, que equipara esa violencia con la de la guerrilla, no corresponde sin que eso implique justificar lo que los militares llamaron "subversión".
Sin embargo, también es menester bucear si aquellas organizaciones no contaron con apoyos estatales embozados para llevar adelante crímenes como el de José Rucci o el sangriento copamiento del regimiento de Azul en 1974, como el entonces presidente Juan Perón sugirió por cadena nacional. En ese caso, algunos de esos crímenes también deberían ser tipificados de lesa humanidad, como tales no habrían prescripto y sus responsables deberían también estar entre rejas, como se dispuso bajo el gobierno de Raúl Alfonsín y que los infortunados indultos de Carlos Menem liberaron, tanto como sucedió con los comandantes del Proceso.
Aunque lo anterior es materia opinable, la que sí resulta disparatada es la afirmación de Diana Conti en Intratables: que esos terroristas eran simples delincuentes comunes. Lo dijo, nada menos, que ante otra invitada, Silvia Ibarzábal, hija del coronel Jorge Ibarzábal, secuestrado durante aquel copamiento, llevado de una a otra "cárcel del pueblo" durante diez meses y finalmente asesinado, cuando pesaba tan solo 35 kilos. ¿Esos eran delincuentes comunes?
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