Acemi rechazó la intervención de la Superintendencia de Salud a la EPS Sanitas; en su pronunciamiento señalaron que esa decisión del Gobierno nacional no resuelve los problemas que enfrenta el sistema y en cambio pone en riesgo la atención de millones de pacientes.
"Sin resolver los problemas de financiamiento estructural que afectan la garantía efectiva del derecho a la salud de los colombianos y que se reflejan entre otras, en el generalizado incumplimiento de indicadores financieros por la mayoría de las EPS, el gobierno interviene en esta ocasión a Sanitas y hace unos meses a Famisanar, también afiliada al Gremio, sin que esto responda ni de solución a los problemas del sector y amenace sí, con un colapso en la atención de millones de usuarios", señaló el gremio.
Desde Acemi sostienen que la decisión afecta a los más de 5.7 millones de afiliados que tiene Sanitas EPS, entre los que se encuentran muchos con enfermedades crónicas que hacen parte de la Cuenta de Alto Costo, así como su presencia en 560 municipios del país.
El gremio, además, contradijo al Gobierno nacional que sustentó la intervención en el "creciente número de quejas de los usuarios". De acuerdo con Acemi, Sanitas ha sido reconocida entre los mejores niveles de atención, tanto por encuestas de evaluación de las EPS como por la Cuenta de Alto Costo que mide el desempeño en las principales enfermedades.
Una encuesta de la propia entidad en el cuarto trimestre de 2023 indicó que los usuarios manifestaban un 77% de satisfacción con los servicios prestados. Sin embargo, la Supersalud aseguró que durante ese año se presentaron 185.634 reclamos "y una tasa de incidencia de 321.25 por cada 10.000 afiliados, cifra que supera significativamente el promedio nacional".
Acemi sostiene que el sector de las aseguradoras en salud se encuentra en crisis y el Gobierno nacional no ha atendido los "reiterados y múltiples" llamados del gremio para resolverla. En cambio las intervenciones de prestadores, sostienen, sí ahondan los problemas y trasladan las afectaciones a la población afiliada que verá rápidamente deteriorado su nivel de atención.
"Las medidas de intervención sobre los buenos agentes no mejoran la salud de las personas. Los trabajadores de la salud y sus familias, así como los usuarios afectados, asumen la incertidumbre y el riesgo de estos procesos, que no tienen ningún antecedente exitoso en mejora de indicadores y desempeño en general", afirmó el gremio.
Resaltan que estas decisiones que dejan a más de 14 millones de usuarios dependientes del Gobierno nacional para la atención médica, se da en medio de la discusión de la reforma a la salud que pende de un hilo en el Congreso y podría hundirse.
Por esa razón, desde Acemi le solicitaron al Gobierno atender las necesidades del sistema de salud, promover la conversación sobre los cambios necesarios y que se reconozca que es necesario que tanto el sector público como el privado trabajen de manera armónica y articulada, reconociendo a los actores, los roles y sus responsabilidades.
"Las decisiones que se tomen o dejen de tomar en lo que refiere al sistema de salud se reflejan en vidas humanas, son difícilmente reversibles y ocasionan daños a las personas, a las empresas y al bienestar general de la sociedad, afectando indefectiblemente su progreso", puntualizó el gremio.
El superintendente Luis Carlos Leal aseguró que la toma se dará durante un año, en el que la entidad asumirá el control de Sanitas y que durante todo el proceso se garantizará la prestación de los servicios de salud. "Es una intervención forzosa para poder tomar el control administrativo y corregir algunos de los errores administrativos que venían al interior de esta EPS", sostuvo.