El Concello llevará a pleno, el próximo jueves, la modificación de la ordenanza reguladora del precio del suministro de agua potable al término municipal de A Coruña. El nuevo texto recoge una serie de incorporaciones en lo relativo a las tarifas del servicio. La propuesta, además de una subida del 3,5% en las tarifas de abastecimiento de agua potable y no potable, incluye algunos nuevos requisitos para obtener el servicio a precio reducido. Entre ellos, el usuario, para tener derecho a estos beneficios, debe garantizar que el suministro no presente fugas de agua en su instalación interior. El texto de la propuesta, pendiente de aprobación recoge que, de presentarse la fuga después de la aprobación de la tarifa reducida, el mantenimiento de estos beneficios se condicionará a la reparación de estos fallos.
La cuestión de las fugas es una tarea pendiente en la gestión del agua de varios ayuntamientos gallegos: de 313 concellos, 184 no cumplen la obligación de auditar estas pérdidas en sus sistemas. En los 129 que sí lo hacen, se pierde, de media, un 40% de agua. No es así, sin embargo, en A Coruña, tal y como muestran los datos recabados desde 1997, que acreditan que nunca se llegó al 20% de pérdidas. En 2023 se llegó incluso al 7,5%, la cifra más reducida desde que hay datos y menos de un quinto de la media gallega. Desde Emalcsa explicaron que la clave para evitar estos escapes en el suministro es la inversión para renovar las tuberías y el control de los caudales, en parte a través de un sistema informático, para detectar y reparar fugas.
Hace quince años, la empresa municipal de gestión de agua realizó un inventario de la red de tuberías, para "clasificarla por antigüedad" , y un plan para "dotar a la compañía con dinero para irla renovando", detalló a este diario Jaime Castiñeira, director de Emalcsa. Desde entonces se ha renovado el 90% de los más de 550 kilómetros de tuberías con los que cuenta la ciudad, con una inversión media de 1,5 millones anuales. Además, hay un plan de inversiones para las tuberías principales de 50 millones, siempre según los datos de Castiñeira.
En cuanto a la tarifa reducida, la propuesta de modificación de la ordenanza mantiene, como condiciones, que el usuario sea titular del contrato de suministro y que se encuentre empadronado y resida en la vivienda para la que solicita el beneficio. El texto sí recoge, no obstante, la recomendación, efectuada por la Valedora do Pobo, de que se permita acreditar la composición de la unidad de convivencia por medios adecuados diferentes al padrón, para evitar situaciones perjudiciales para los posibles beneficiarios.
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