La ordenanza que presentó el jefe comunal zarateño meses atrás, que logró aprobación en el Concejo Deliberante, y que preveía una desafiliación masiva de empleados municipales a la obra social IOMA, se suspende en su aplicación dada una medida cautelar a la que dio lugar la Suprema Corte de Justicia bonaerense.
SM Noticias siguió de cerca la iniciativa impulsada como una de las primeras medidas del nuevo gobierno de Zárate, apuro relacionado a "intereses que tienen que ver más con el sector privado", según declaro en una entrevista, el titular de IOMA local, Tomás Barletta.
Y con el propio Barletta, el intendente Marcelo Matzkin se cruzó esta tarde en X –Twitter-, luego de que el funcionario expusiera que la medida "fue privilegio para la casta", ya que, el gobierno del Pro no avanzó con la posibilidad de desafiliación para los trabajadores, proceso que iniciaría pasados 60 días de aprobado el expediente.
"Respecto a la medida cautelar, se va a respetar, aunque también es bueno que digas que aún no fuimos notificados de la demanda y nos vamos a defender con los mismos argumentos con los que promovimos la Ordenanza", escribió Matzkin, quien fue el único funcionario municipal en desafiliarse de la obra social estatal.
Hola @tomibarletta_ que bueno que estemos discutiendo si queremos que cualquier trabajador pueda elegir su obra social libremente o no. Te recuerdo que desde que se aprobó la ordenanza no se cumplieron los 60 dias (que son hábiles) para enviar la propuesta que la ordenanza de… https://t.co/8dUXRsXA8F
— Marcelo Matzkin (@MarceloMatzkin) April 23, 2024
La ordenanza había sido aprobada por 11 concejales de Juntos por el Cambio y de La Libertad Avanza, con votos negativos de los bloques de Unión por la Patria, SMATA y el Partido Socialista.
La Suprema Corte de Justicia bonaerense hizo lugar a una presentación realizada por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, y suspendió a través de una medida cautelar los efectos de la ordenanza, considerando que el Municipio "se ha excedido en sus facultades autonómicas y ha invadido competencias institucionales de la Provincia de Buenos Aires en materia de salud".
Asimismo, el Fiscal General entiende que hay una implementación perjudicial de la medida porque "creó un régimen de retiro 'con beneficio de inventario', captando a los aportantes activos y dejando a los pasivos, sin la debida contraprestación en respaldo".
"El Estado no puede permitir semejante atropello municipal de las facultades y atribuciones provinciales relativas al diseño y ejecución del régimen de seguridad social para todos los empleados públicos del territorio bonaerense", agrega el documento legal.