El primer debate presidencial fue una oportunidad perdida para el contraste de ideas. Habrá sido el formato, las preguntas en la bolsa de tiempo, el reloj, la estrategia, la tradición o cualquier razón que se quiera, pero el hecho innegable es que las candidatas y el candidato no debatieron sobre sus visiones y propuestas para abordar los problemas alrededor de los que se organizó el encuentro: salud, educación, atención a grupos en situación de vulnerabilidad y combate a la corrupción. De todos ellos, importantes claro está, fue de veras lamentable que, al hablar de corrupción, quienes aspiran a gobernarnos hayan dedicado la mayor parte de su limitado tiempo a cruzarse acusaciones, muchas de ellas refritos ya aclarados por las autoridades, y no a discutir propuestas puntuales como, por ejemplo, la de crear una Agencia Federal Anticorrupción (AFA), a pesar de que la candidata Claudia Sheinbaum la presentó previamente y la mencionó al menos en dos ocasiones durante el debate, que más bien acabó siendo una entrevista conjunta con comunicadores. Y es que no se trata de un asunto menor: la AFA es el centro en el conjunto de las acciones concebidas para resolver el problema estructural de impunidad en actos irregulares y de corrupción cometidos por servidores públicos.
Según lo que se ha publicado, la AFA será un organismo especializado encargado de investigar y perseguir desde el Poder Ejecutivo los actos de corrupción. Tendrá a su cargo la averiguación y sanción de licitantes, proveedores y contratistas por infracciones a las leyes de adquisiciones y obras, la persecución ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa de las responsabilidades administrativas en que incurran servidores públicos y particulares vinculados y, sobre todo, la presentación de denuncias y elementos de prueba ante la Fiscalía General de la República para la sanción de los delitos de corrupción y la recuperación efectiva de los activos obtenidos a través de esos hechos, en el marco de una nueva Ley General para Investigar y Sancionar los Delitos de Corrupción que, entre otras cosas, establecerá un modelo nacional homologado de investigación y persecución criminal, el reconocimiento a las víctimas de la corrupción como sujetos procesales, la existencia de un sistema de inteligencia anticorrupción, de un programa de protección y beneficios a denunciantes, testigos o imputados que colaboren, y de una responsabilidad penal a cargo de las empresas que resulten beneficiadas por la corrupción.
¿La idea de una nueva AFA es buena?, ¿abonará en serio para prevenir y castigar la corrupción en los sectores público y privado? O, ¿es cambiar para quedar igual? Cada uno tendrá su opinión. A mí me parece una buena propuesta, además viable, que requerirá de reformas legales inmediatas, de operadores altamente capacitados, de recursos humanos materiales y financieros suficientes, así como de voluntad política y colaboración interinstitucional. Sin embargo, me hubiera gustado conocer la opinión de Xóchitl Gálvez y de Jorge Máynez sobre ese punto en particular; y creí que para eso podría servir el debate del pasado domingo, o al menos el postdebate que se ha dado en estos días. En ambos casos, me quedé con las ganas.
Jorge Nader Kuri, abogado penalista.