Informalidad = Ilegalidad
Susana Jiménez S. Vicepresidenta CPC
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Susana Jiménez S.
Hay poca conciencia en Chile de lo que significa informalidad laboral. Son nada menos que 2,5 millones de personas que -obviando eufemismos- trabajan al margen de la ley. La mayoría de la sociedad no sólo es indiferente a esta realidad, sino que la avala con cada compra en las veredas y con cada pago a prestadores de servicios -gásfiter, jardinero, peluquero- sin exigir la boleta.
Hay también cierta desidia por parte de la autoridad que tolera a compradores ambulantes afuera de sus propias dependencias y se conforma diciendo que la informalidad no es algo nuevo e incluso inferior a la que existía prepandemia. Por el contrario, tenemos un deber social, económico y moral de tomar medidas para enfrentar la informalidad. Parte de ello se logra con decisión política, considerando que la tecnología entrega hoy mucha mayor capacidad de control y fiscalización, lo que facilita la labor. Pero tanto o más importante es poner este tema en el radar de las políticas públicas.
"Tenemos un deber social, económico y moral de enfrentar la informalidad laboral. Parte se logra con decisión política, pero tanto o más importante es poner este tema en el radar de las políticas públicas. Y en eso estamos fallando".
Y estamos fallando. En materia tributaria, se ignora el efecto en la informalidad de una mayor carga sobre los negocios formales: el impuesto al tabaco se justifica por razones de salud, pero ha impulsado un contrabando de cigarrillos que hoy representa la mitad del consumo nacional. No es difícil imaginar cómo esto se replica (aunque en menor medida) en otros bienes.
En materia previsional, las reformas propuestas omiten el desincentivo a la formalidad, especialmente cuando se sugiere destinar parte de la cotización a solidaridad, lo que es percibido por los trabajadores como un impuesto y no como un beneficio propio. Algo similar ocurre con la Pensión Garantizada Universal, que no diferencia entre quienes han cotizado y quienes no lo han hecho nunca o sólo parcialmente, debido a que realizan labores informales. El diseño de esta política pública no incorporó los incentivos necesarios para aumentar la densidad de cotización y, con ellos, tampoco para promover la contratación formal.
Las políticas sociales tampoco han tenido a la vista, en la mayoría de los casos, su efecto en el mercado laboral, incentivando la informalidad o la subdeclaración de ingresos. Un estudio realizado en 2012 por el Centro de Políticas Públicas de la UC destacó que, de 80 programas sociales evaluados, 25 generaban un efecto negativo sobre la disposición de las personas a formalizar su situación laboral, pues prefieren evitar la pérdida de los beneficios.
Es en este contexto que la CPC, la ASECH y la Asociación de AFP formaron a una mesa de expertos para poner a disposición de la autoridad acciones concretas destinadas a reducir la informalidad en el país. La implementación de las 15 medidas recomendadas beneficiaría a los propios trabajadores informales que perciben ingresos más inestables y, en promedio, más bajos que los trabajadores formales, además de no contar con cobertura frente a riesgos como enfermedad o cesantía, ni acumular ahorros para sus pensiones.
Pero además tendría un efecto importante para el país, puesto que un mercado laboral formal da acceso no sólo a mejores empleos, sino a mayores oportunidades de capacitación y desarrollo de habilidades, promueve aumentos de productividad que redundan en un mayor crecimiento económico, alienta la sana competencia y genera más recursos para las arcas fiscales.
Es de esperar que exista una real voluntad de la autoridad de tomar cartas en el asunto. Un país que aspira a ser desarrollado no puede permitirse los actuales niveles de informalidad/ilegalidad.