El Gobierno sospecha que las compañías del sector se pusieron de acuerdo para aplicar aumentos exorbitantes por encima de la inflación. Un empresario, en la mira
El Gobierno vuelve a la carga contra las empresas de medicina prepaga por los fuertes aumentos que en los últimos cuatro meses dispararon los precios de los planes en torno al 160 por ciento. Según trascendió ayer, la administración de Javier Milei intentaría frenar las subas a través de una medida cautelar que presentaría esta semana en la Justicia. La denuncia apuntaría a una presunta cartelización entre las principales empresas del rubro y haría foco en el abuso de posición dominante.
La estrategia de la Rosada tiene dos vías. Una, que se concretaría hoy mismo, contempla la denuncia por cartelización del sector ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, organismo que está bajo la órbita de la Secretaría de Comercio, que a su vez depende del ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, el funcionario que acusó a las prepagas de estar declarándole la guerra a la clase media.
La otra decisión se haría efectiva mañana e incluye la presentación de una medida cautelar en la Justicia para frenar los exorbitantes aumentos en las cuotas que se sucedieron en los últimos meses.
Ya la semana pasada, el Gobierno intimó a las compañías de medicina privada a presentar los planes que ofrecen y los valores de las cuotas vigentes. Una exigencia que venía del gobierno anterior y que Milei eliminó junto con el DNU que desreguló la economía. Pero ante las subas, que el Ejecutivo considera desmedidas, se obligó nuevamente a las empresas a informar sus precios.
En promedio, los valores treparon un 154% en lo que va de 2024: 40% en enero, 27% en febrero, 20% en marzo, y hasta 19% en abril, según las distintas empresas. Esto es tres veces más que la inflación del período, que estuvo en torno al 50% en el acumulado enero-marzo, según estimaciones que hacen en Economía.
Ahora, la pretensión de la Rosada es que las firmas congelen sus tarifas por al menos dos meses.
El Gobierno está convencido de que los cinco principales actores del sector se pusieron de acuerdo para aplicar aumentos similares y muy por encima de la inflación. Indican que las empresas líderes subieron el valor de sus cuotas entre 142% y 163% de enero a abril.
Esos incrementos, se dijo, casi que triplican el aumento de la inflación del período. Y auqnue, si bien es cierto que las empresas debían recuperar terreno por el atraso de los últimos años, la velocidad y dinámica con la que lo hicieron golpea fuerte a la clase media y levanta sospechas en la administración Milei.
Para el Gobierno, hubo entre las principales empresas de medicina prepaga un pacto ilícito para subir mes a mes los valores de sus planes. Eso es lo que buscará dilucidar en la Justicia. Apunta por ello a un importante actor del mercado: Claudio Belocopitt, titular de Unión Argentina de Salud (UAS) que nuclea a las compañías dominantes del rubro.
En la Rosada advierten además que Belocopitt era socio del gobierno anterior (puntualmente de Sergio Massa), con quien habría acordado los congelamientos de cuotas a cambio de millonarios subsidios que habría cobrado durante la pandemia.
Este empresario, según la denuncia libertaria, habría sido el encargado de coordinar una presunta "cartelización" y de llevar a cabo el abuso de precios que hoy redunda en múltiples denuncias y amparos en la Justicia.
Frente a la ofensiva del Gobierno en su contra, la semana pasada las prepagas pidieron mantener una reunión con Caputo que finalmente no fue concedida.
"Las empresas de medicina prepaga no son formadoras de precios. En todo caso el impacto de la inflación del país cruza transversalmente todos nuestros costos, de la misma forma que impacta sobre cada familia argentina", argumentaron las cámaras en aquel comunicado firmado por CIMARA, ADEMP y CEMPRA.
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El ministro de Economía, Luis Caputo
Claudio Belocopitt
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