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Las comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, que presiden la senadora Olga Sánchez Cordero y el senador Rafael Espino de la Peña, aprobaron un dictamen para sancionar el denominado "cobro de derecho de piso".
El proyecto reforma el Código Penal Federal y la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, a fin de considerar el cobro de derecho de piso como un acto de la delincuencia organizada e imponer de ocho a 12 años de prisión y de 80 a 120 días multa a quien lo cometa.
De este modo, se busca sancionar a quien realice actos para "coaccionar a personas físicas o morales para obtener recursos pecuniarios, en especie o de cualquier otra índole, para sí o para otro, a cambio de no interferir en que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, mediante el amago, el empleo de la fuerza, o cualquier otro medio de amenazas".
El documento precisa que dicha coacción se sancionaría cuando se realice de manera directa o a través de cualquier dispositivo o tecnología, hacia la persona, a miembros de su familia, trabajadores o propiedades.
Los integrantes de las Comisiones consideraron que es fundamental que el cobro de derecho de piso sea considerado como un delito de la delincuencia organizada, ya que eso permitirá tener una respuesta más coordinada y efectiva por parte de las autoridades en contra de este ilícito, pues los grupos criminales suelen tener una estructura organizada y recursos considerables para cometer tales conductas.
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