La Cámara de Casación confirmó las penas para los principales investigadores del atentado contra la AMIA -el juez y los fiscales- ratificando que fue bochornosa, llena de trampas y pistas falsas, la investigación argentina del ataque. En el corazón de lo sucedido estuvo la forma ilegal en la que se le pagaron 400.000 dólares al por entonces principal acusado, Carlos Telleldín, con dinero de la SIDE y con la supervisión de las autoridades judiciales. El juez Juan José Galeano fue condenado a cuatro años de prisión, los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia a dos años en suspendo, el extitular de la SIDE, Hugo Anzorreguy, a cuatro años y medio; el ex número 2 de la inteligencia, Juan Carlos Anchezar a tres años de prisión, así como tres años y medio a Telleldín y dos años a su esposa. Todos los funcionarios fueron la primera línea de la investigación del atentado y fueron denunciados por la organización de familiares y amigos de las víctimas, Memoria Activa, por haber sembrado la causa de pistas falsas y detenciones extorsivas.
Sin embargo, en otro fallo, dos de los tres magistrados de Casación volvieron a decir -esencialmente en base a informes de inteligencia- que Irán ordenó los ataques a la AMIA y a la Embajada de Israel. Carlos Mahiques y Diego Barroetaveña pasaron por encima de la absoluta falta de evidencias, incluyendo que nunca se averiguó de dónde salieron los explosivos, quién compró las camionetas que se usaron como coches-bomba; quiénes fueron los cómplices, cómo entraron a la Argentina y cómo se fueron después de los ataques.
En sintonía con el alineamiento del gobierno de Javier Milei con Estados Unidos e Israel, redactaron un fallo que, indefectiblemente, será aprovechado para la ofensiva norteamericana e israelí contra (el retrógrado) régimen de Teherán.
Diferenciándose totalmente de sus colegas, la jueza Angela Ledesma rechazó efectuar ninguna consideración sobre la responsabilidad de Hezbollah o Irán, "teniendo en cuenta que ese tópico no constituye parte del objeto de los recursos presentados". Ledesma, además, fue la única que condenó al juez, los fiscales y demás funcionarios por encubrir la llamada pista siria del atentado.