A pesar de las serias dificultades para encontrar alquiler anual en su territorio y a los elevadísimos precios que alcanzan los que salen al mercado y se agotan en cuestión de horas, ni Baiona ni Nigrán se plantean solicitar la declaración de zona tensionada. La figura que prevé la reciente Ley estatal de Vivienda para aplicar medidas de control del mercado de los arrendamientos no es solución para ambos municipios turísticos, según estiman tanto sus gobiernos municipales como profesionales del sector inmobiliario.
¿Cumplirían los requisitos? Habría que realizar un estudio económico pormenorizado. Si bien es cierto que no disponen de pisos asequibles para cualquier bolsillo, tanto Baiona como Nigrán son concellos que se sitúan en el "top ten" de concellos con mayor renta per cápita de Galicia. Y precisamente una de las condiciones para convertirse en zona tensionada, tal y como recoge la normativa, implica que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler en el presupuesto personal o de la unidad de convivencia supere el 30% de los ingresos medios de los hogares. La escalada de precios por encima del 3% en los últimos cinco años que exige la ley para declarar una zona tensionada sí se habría producido. Según empresas de tasación de viviendas y portales especializados, Baiona es el municipio gallego más caro para comprar vivienda, con el metro cuadrado a 2.850 euros.
Bajar costes y subir oferta en Baiona pasa por el desarrollo de las urbanizaciones que contempla el Plan Xeral de Ordenación Municipal, afirma el alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, que rehúsa solicitar la declaración de zona tensionada. "Tenemos una capacidad de crecimiento importante, pero lento", admite. El PXOM baionés cumple una década de vigencia con un nivel de desarrollo bajo, "de menos del 10%", lamenta el alcalde.
El Plan Xeral de Baiona solo se ha desarrollado en menos de un 10% en diez años
El atasco de la oficina municipal de Urbanismo ha impedido sacar adelante, recalca, las diez urbanizaciones que diversos promotores tratan de tramitar y que sumarían numerosas viviendas al mercado. Ayer mismo se publicaba oficialmente en DOG y BOP la incorporación de una técnica de administración general al departamento y está en marcha la contratación de un segundo arquitecto municipal. Almuiña mantiene el compromiso de campaña de habilitar 1.000 viviendas este mandato. "Hay demanda y hay inversores interesados", subraya.
Alquilar un piso de dos dormitorios cuesta más de 700 euros al mes en Baiona y Nigrán; de uno ronda los 500 y los de tres habitaciones superan los 1.000
No solo es cuestión de aumentar el parque de viviendas, sino de ordenarlo, según señala el BNG baionés, que ha solicitado medidas tanto a la Xunta como al Concello para rebajar los precios. Destacan los nacionalistas que Baiona "conta con máis de 1.000 vivendas desocupadas e máis de 2.000 residencias secundarias" y sugiere, entre otras medidas, adquirir inmuebles sin uso "como alternativa para solucionar este problema residencial.
Nigrán también se aferra al Plan Xeral para resolver el problema de la vivienda. El alcalde, Juan González, espera aprobarlo este año y conseguir así atender la demanda de pisos y casas. No obstante, el regidor no cierra las puertas por completo a la declaración de zona tensionada de vivienda y asegura que el departamento municipal de Urbanismo estudia la posibilidad. "Calquera medida que axude a que a xente de Nigrán poda vivir aquí interésanos, pero o que temos claro é que a nosa vivenda se destensiona no momento en que aprobemos o Plan Xeral", deja claro.
"La solución es que se aprueben los planes generales"
"Mucha demanda y muy poca oferta", es la clave del problema en el Val Miñor, como resume Candela Cabello, gerente de Grupró Grupo Inmobiliario. Los precios que maneja su compañía están en 500 euros al mes por un estudio de una habitación, más de 700 por un apartamento con 2 habitaciones y los pisos de tres dormitorios superan los 1.000 euros mensuales. Cada vez que entra uno "vuela". "No sabemos cómo pero siempre hay mercado. Al final la gente lo que hace es dejar de salir a cenar o de vacaciones para pagarse la vivienda", recalca. A su juicio, la solución está en que "Nigrán y Gondomar aprueben los planes generales" y Baiona desarrolle el suyo. En similares términos se expersa Jorge Soto Sanromán, director de Inmobiliaria Sanromán. Apuesta también por ampliar la oferta y considera que intervenir en los alquileres "puede hacer que los propietarios se retraigan". "Yo creo que habría que ofrecerles mejoras fiscales para que pongan los pisos en el mercado", señala. Por su oficina pasan cada día o llaman "cuatro o cinco personas" en busca de alquiler anual. Maneja una lista de espera que liquida en cuestión de minutos cada oferta que aparece. "Desde la crisis apenas ha habido construcción en la zona y el mercado de alquiler, que ya era reducido, se agotó", explica.
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