La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría la reforma al Código Penal Federal, a fin de tipificar el odio racial como delito y establecer penas de uno a cuatro años de prisión y multa de setenta a doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) o de 150 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad.
Estas sanciones se aplicarán a las personas, quienes por cualquier medio, incluidos los electrónicos, difunda, publique, propague o transmita ideas basadas en la superioridad o el odio raciales, o por motivos racistas incite a cometer cualquier acto de violencia en contra de una persona determinada o algún grupo de personas.
La reforma añade un nuevo capítulo al Código Penal, específicamente dedicado a combatir el "Odio Racial".
Este incluye disposiciones que castigan la participación en, o el apoyo a, cualquier entidad que fomente la discriminación basada en la raza. Las penas van desde multas económicas hasta trabajos comunitarios y prisión, variando la severidad dependiendo del nivel de involucramiento del individuo con dichas actividades discriminatorias.
El diputado Manuel Vázquez Arellano de Morena resaltó la importancia de estas medidas como un mensaje claro de tolerancia cero hacia la discriminación racial.
Este esfuerzo legislativo busca no solo penalizar activamente la propagación de ideologías basadas en la superioridad racial, sino también cumplir con compromisos internacionales como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, ratificada por México en 1975.
La reforma busca entonces, armonizar las leyes nacionales con los estándares globales de derechos humanos, promoviendo un compromiso firme con la igualdad y la dignidad de todas las personas, independientemente de su origen étnico.
Además de enfrentar directamente la discriminación racial, estas enmiendas legales subrayan la responsabilidad especial de los servidores públicos en el respeto y la promoción de los derechos fundamentales, imponiendo sanciones más rigurosas para aquellos en el servicio público que falten a estos principios.
La medida ahora aguarda la revisión y aprobación final del Senado, de acuerdo con lo establecido en la fracción E del artículo 72 constitucional, para su implementación efectiva. Con esta acción, México da un paso adelante en la lucha contra el racismo y la discriminación, reafirmando su compromiso con la justicia y la equidad social.
Racismo llega a los estadios del fútbol mexicano
La Concacaf ha anunciado que llevará a cabo una investigación detallada tras la difusión de un video que evidencia actos racistas hacia el delantero del América, Julián Quiñones, durante el compromiso frente al Guadalajara en los octavos de final de la Copa de Campeones el 6 de marzo en el Estadio Akron.
Estos hechos provocaron una queja formal por parte del Club América, exigiendo acciones concretas contra los culpables de acuerdo con las normativas vigentes.
El video, que ha circulado ampliamente por internet, muestra a un grupo de aficionados del CD Guadalajara imitando sonidos de primates y lanzando insultos basados en el color de piel del deportista.
Ante estas acciones, el Club América ha tomado medidas legales, solicitando que los individuos responsables sean identificados y castigados. A su vez, el CD Guadalajara ha condenado estos actos discriminativos, iniciando su propia investigación para dar con los autores de los mismos y aplicar las sanciones necesarias, reiterando que dicho comportamiento no representa a su afición ni a los valores del club.
La Concacaf expresó su preocupación y el compromiso de realizar una investigación a fondo, que incluirá la recopilación de declaraciones de ambos equipos y los oficiales presentes durante el encuentro.
Este incidente ha resaltado la necesidad de un esfuerzo coordinado para combatir el racismo y promover un ambiente de respeto y deportividad en el fútbol de la región.