Las Palmas de Gran Canaria
Jueves, 18 de abril 2024, 02:00
Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad.
Compartir
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 5 ha condenado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a dar respuesta a la petición de un agente del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) para que se abriera un expediente sancionador a un superior por un supuesto caso de falta de respeto y vejación en una jornada formativa.
El 21 de noviembre de 2022, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria desestimó la solicitud efectuada por el cabo -hoy sargento en prácticas- para que incoara un expediente sancionador contra su superior jerárquico. En ese escrito, también solicitaba que se aclarara «el régimen de funciones y compatibilidad» de dicho mando «con la actividad privada en la empresa Falck», que ofrece servicios de formación en emergencias.
Según fuentes de la Unión Sindical de Policías y Bomberos (USPB), en un momento de la jornada formativa, el jefe pegó su cara a la del denunciante, que alegó en su escrito que había padecido «hostigamiento físico».
Recursos Humanos se dirigió entonces a la jefa del SEIS -actual directora general de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria- para que resolviera la situación, pero la jefa de los bomberos respondió que «en ningún momento se había reclamado, por su parte, la apertura de un expediente disciplinario, sino que se había remitido la documentación (...) a quien ostentaba la competencia en materia de personal», que es Recursos Humanos y que, finalmente, decidió archivar las actuaciones.
«Cabe afirmar, aunque sea en términos castizos, que el planteamiento del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria remite, sin duda, al refrán 'unos por otros, y la casa sin barrer'», expone el juez, «y es que un tira y afloja entre la jefa del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento y Recursos Humanos da como resultado práctico que (el agente) se vea privado de que le sea comunicado formalmente si procede la incoación del expediente disciplinaria que reclama o, por el contrario, se archiva de manera motivada su solicitud por no observar elementos de infracción en el superior jerárquico del recurrente».
La sentencia, contra la que cabe recurso, fue valorada por la ejecutiva de USPB. «Desde hace algunos años en el SEIS se viene viviendo una situación de conflictividad laboral que, lejos de solucionarse se agrava con las acciones que se siguen realizando desde la Jefatura y ahora desde la Dirección de General de Seguridad, con el inmovilismo y tolerancia hacia algunas conductas reprochables en personal que simpatizan con la Jefatura y con la caza de brujas que se viene realizando en otros que cuestionan y reivindican mejoras y transparencia en el servicio».
El sindicato recuerda que en el mandato pasado, cuando Augusto Hidalgo fue alcalde, se presentó una querella contra nueve agentes por las pintadas y los actos vandálicos realizados en los parques de Bomberos que finalmente fue archivada por el juez.
«Las sentencias que están saliendo en este mes, dejan en evidencia la dejadez y la manipulación que se ha permitido desde Personal», prosigue USPB, que recuerda que la justicia ha obligado a tramitar otra denuncia, en este caso por un supuesto acoso laboral contra otro bombero por parte de la anterior jefa.
«Al contrario de estas omisiones lamentables, oportunas e interesadas, los expedientes que sí han prosperado son los del personal que ha participado en las reivindicaciones sindicales como ha pasado con el agente que en una manifestación legalmente convocada en Triana se le acusó y sancionó por llevar la camisa del SEIS, saliendo en una foto donde portaba un cartel pidiendo la dimisión de la jefa», indica el sindicato, «otro caso fue la represalia a un cabo de Bomberos acusado por la jefa de falta de respeto en una junta de mando sólo porque cuestionaba su gestión y que acabó en expediente disciplinario que duró un año abierto sin ninguna repercusión final salvo la desmoralización del personal y su apatía por una dirección que solo mira por sus afines y no por la seguridad y bienestar del colectivo».
Por esto, USPB solicita tanto a la alcaldesa, Carolina Darias, como al concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, que pongan «fin a esta caza de brujas iniciada con la Corporación anterior y que establezca las líneas de actuación de la Jefatura y la Dirección General de Seguridad, que mejoren las normas de actuación y los medios, para que el SEIS vuelva a su estado de profesionalidad».
La solicitud de USPB se completa con una petición de disculpas públicas del anterior alcalde respecto a los nueve bomberos que «fueron acusados injustamente, los cuales se reservan su derecho a la denuncia/querella por las calumnias a las que fueron sometidos sin ninguna prueba por ser los representantes» de los trabajadores.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad