Opinión
Editorial
El remedio, peor que la enfermedad
Bolivia se encamina inevitablemente a una nueva elección judicial, proceso que se lleva a cabo con más sombras que luces por el hecho inicial de que el parlamento nacional no supo actuar con prontitud y responsabilidad para que el proceso se lleve a cabo en tiempo y momento oportuno.
La falta de acuerdos en el escenario natural de la negociación política derivó en una inédita auto prórroga del mandato de las altas autoridades judiciales, dispuesta por el Tribunal Constitucional para beneplácito del Órgano Ejecutivo, que ha sido favorecido con polémicas y cuestionables sentencias que, sobre todo, afectan derechos políticos de diferentes actores que pretenden terciar en las elecciones generales de 2025.
Dados los antecedentes, nada bueno se podía esperar de las postulaciones para la elección judicial, pero aún así no deja de sorprender la desfachatez de algunos personajes que ejercen funciones en el Tribunal Constitucional y ahora pretenden seguir haciendo carrera en el Tribunal Supremo de Justicia o viceversa, o el caso ciertamente emblemático del vocal del Tribunal Supremo Electoral que presentó su postulación al Consejo de la Magistratura, fue inhabilitado y amenaza con plantear todo tipo de recursos para seguir en carrera.
Cuando no, se han filtrado audios que, supuestamente, involucran a dos senadoras y al presidente de la Comisión de Constitución en una manipulación del proceso de selección para favorecer a ciertos candidatos. Nada nuevo bajo el Sol, lamentablemente. Y, peor aún, parlamentarios de escasa formación jurídica son quienes evalúan las hojas de vida de los interesados.
Del trabajo realizado hasta la fecha por la Comisión de Constitución queda claro que a la etapa final llegarán funcionarios públicos afines al MAS y, seguramente, cuando asuman el cargo lo harán con el puño izquierdo en alto, como ya ocurrió en anteriores oportunidades.
La elección de autoridades judiciales, impuesta en la Constitución vigente desde 2009, no representó ni de lejos el cambio en la justicia al que aspira toda la ciudadanía en su conjunto. Es más, autoridades que han ejercido los cargos en los últimos años, particularmente en el Tribunal Constitucional, han dejado funestos precedentes como la habilitación ilegal de Evo Morales para las elecciones de 2029, el desconocimiento del referéndum del 21F y, ahora mismo, la auto prórroga.
El Movimiento Al Socialismo defendió la tesis de que la elección por voto popular iba a superar el cuoteo partidario que se realizaba en la época republicana y se pasó al cuoteo de los sindicatos y organizaciones sociales, que avalan ciertas postulaciones, más allá del mérito académico y profesional; precisamente por ese hecho han accedido a los altos tribunales personajes totalmente descalificados.
A todas luces, el remedio resultó peor que la enfermedad y, con perniciosa resignación, Bolivia se apresta a repetir la dosis para elegir a autoridades que con seguridad gozarán de legalidad, pero ninguna, absolutamente ninguna legitimidad.
Entretanto, el ciudadano de a pie seguirá afrontando el riesgo de caer en manos de la justicia boliviana, que ha convertido la medida extrema de la detención preventiva en una rutina perversa de persecución y atropello a los derechos ciudadanos. Basta mencionar que la población carcelaria se ha incrementado notablemente en los últimos años y seis de cada diez privados de libertad están con detención preventiva, sin sentencia y con procesos amañados.
Una fortaleza de la democracia es, o debería ser, la existencia de una justicia independiente y proba, pero en Bolivia, simple y llanamente, esa condición es una utopía.