Tras años de retrasos y batallas legales, está previsto que el polémico Plan Ruanda se convierta finalmente en ley esta misma semana para mandar hasta el país africano a los solicitantes de asilo llegados a Reino Unido por rutas irregulares. El premier Rishi Sunak llegó a Downing Street con un enfoque más moderado y pragmático que su predecesores, pero en materia de inmigración ha implantado mano dura consciente de la importancia que tiene esta cuestión para el electorado ante los comicios previstos para finales de año, donde todos los sondeos predicen el fin de la era tory tras más de trece años en el poder.
La tramitación del controvertido proyecto de ley no está siendo fácil, ya que está atrapado en un proceso denominado ping-pong. Al cierre de esta edición, estaba previsto que, una vez más, la Cámara de los Comunes, con mayoría conservadora, votara en contra de las enmiendas propuestas por la Cámara de los Lores para suavizar el programa. En este tipo de situaciones, tradicionalmente, la Cámara Alta, que no es electa, suele tirar la toalla, por lo que todo indica que este mismo miércoles, cuando el proyecto de ley regrese de nuevo a la Cámara Baja, se convierta ya finalmente en ley.
El polémico plan migratorio fue inicialmente anunciado en abril de 2020 por el entonces premier Boris Johnson. Pero ningún avión ha conseguido despegar aún con destino a Ruanda por la intervención de la justicia. A finales del año pasado, el Tribunal Supremo del Reino Unido siguió los pasos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos oponiéndose a la medida al considerarla ilegal.
Sunak tuvo que cerrar entonces un nuevo pacto con Kigali con modificaciones para asegurar que "las personas desplazadas a Ruanda no correrán el riesgo de ser devueltas a un país donde su vida o su libertad se vean amenazadas". Pero el nuevo proyecto de ley no convence a los diferentes grupos de su formación, por razones distintas. Mientras que los moderados consideran que se va demasiado lejos, el núcleo duro reclama que sacar al Reino Unido de la Convención Europea de Derechos Humanos es la única vía de evitar que la política de deportaciones vuelva a ser obstaculizada por los jueces. Y ésta es una opción que el propio Sunak no descarta.
Diferentes ONG ya han adelantado que presentarán acciones legales, pero, lejos de amedrentarse, el premier está considerando otros destinos como Costa Rica, Costa de Marfil o Armenia para deportar hasta allí a los solicitantes de asilo llegados por vías irregulares. Otras naciones africanas, incluidos Marruecos, Túnez, Namibia y Gambia, "se negaron explícitamente" a entablar discusiones técnicas, según el Times.
La tramitación del polémico proyecto de ley se produce cuando 534 inmigrantes cruzaron el Canal de la Mancha en 10 barcos el pasado domingo, la cifra diaria más alta en lo que va de año. Esto eleva el total para 2024 hasta el momento a 6.265, un aumento del 28% con respecto al mismo período del año pasado, todo un batacazo para un Gobierno que prometió que con el Brexit se recuperaría el control de la fronteras.
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