Ya apuntó la nueva secretaria general del PSPV, Diana Morant, en su puesta de largo en el congreso celebrado hace unos días en Benicàssim, que el Gobierno sería un "aliado" de la oposición para "proteger las conquistas sociales" de los últimos años. "Un dique de contención", en palabras de la también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, para confrontar los cambios legislativos propuestos por PP y Vox esta legislatura.
Un día después, Morant avanzó que el Ejecutivo se planteaba llevar a los tribunales unas leyes todavía no aprobadas -simplemente anunciadas- como la Ley de Concordia o la Ley de Libertad Educativa, esta última, por entender que deja en una situación de debilidad al valenciano frente al castellano en las escuelas.
Ayer, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, detalló que este martes elevará al Consejo de Ministros un "informe completo" sobre el desarrollo de la Ley de Memoria y lo que está sucediendo al respecto en autonomías gobernadas por PP y Vox con iniciativas que ponen en cuestión esta normativa estatal.
Torres explicaba que el análisis ha examinado la ley aprobada ya en Aragón y las iniciativas legislativas que se están tramitando en la Comunidad Valenciana y Castilla y León. En el caso de la Comunidad Valenciana, la proposición de ley ya ha entrado en Les Corts y se quiere aprobar por procedimiento de urgencia antes de que acabe el periodo de sesiones del parlamento autonómico este verano. Eso sí, el PP ha dicho que está abierto a negociar enmiendas con la oposición.
Calendario
La ley de Concordia valenciana se tramitará pro el procedimiento de urgencia y se quiere aprobar antes de que acabe el periodo de sesiones
El movimiento gubernamental ya se esperaba tanto en el Consell que preside Carlos Mazón como en los grupos parlamentarios que han impulsado esta norma que pretende "reconocer a todas las víctimas de la violencia, social, política, del terrorismo o la persecución ideológica asediada en la Comunidad Valenciana durante el periodo entre 1931 y hasta nuestros días".
El anuncio del ministro Torres y las palabras previas de Diana Morant, ya como nueva líder del PSPV, denotan la firme intención del Gobierno de entrar al cuerpo a cuerpo con el Consell de Carlos Mazón. Con una oposición que todavía no se ha recuperado de la amarga derrota en las urnas de pasado año, el enemigo político más fuerte al que se enfrenta el ejecutivo valenciano es el Gobierno de Pedro Sánchez.
Coyuntura
Con una oposición sin liderazgos claros en Les Corts, el Gobierno es el mayor enemigo de Mazón
A este escenario contribuye también que una de las personas claves en el nuevo equipo de Diana Morant es la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que confronta cada semana con el Consell valenciano sobre la acción del Gobierno en la Comunidad Valenciana. Bernabé es la responsable del área institucional del PSPV.
El PSPV no tiene en Les Corts a su nueva lideresa y, en Compromís -que todavía no ha iniciado un proceso de renovación tras el 28-M- no está claro ni quién debe asumir el liderazgo ni siquiera hacia donde tiene que evolucionar el proyecto político valencianista. De hecho, con una mayoría parlamentaria bastante fiel -PP y Vox parecen saber conjugar sus diferencias y potenciar sus puntos de unión- a Carlos Mazón se le ve cómodo en el Hemiciclo.
En este contexto, da la sensación que los mayores quebraderos de cabeza del presidente valenciano pueden llegar de La Moncloa, más ahora que Morant ha cogido las riendas del PSPV y el Gobierno parece dispuesto a una batalla ideológica en cuestiones como la Ley de Concordia.
Tras el anuncio del ministro, el gobierno de Mazón evitó contestar. Sí que lo hizo el portavoz de Vox en Les Corts, José María Llanos (máximo promotor de la iniciativa), que defendió la necesidad de que la futura norma incluya los asesinatos desde la "convulsa" Segunda República, donde "hubo persecuciones religiosas y quema de conventos" que desembocaron en la "fratricida guerra entre españoles".
Más comedido fue el síndic del PP en Les Corts, Miguel Barrachina, que en "X" señaló que "la ley respeta todos los derechos de la 'Memoria' y los extiende a nuestra democracia, para que también las familias de los 11 valencianos asesinados por ETA con sus crímenes sin esclarecer, tengan los mismos derechos".