El riesgo del bitcoin, moneda legal en El Salvador, es un "elemento clave" de las negociaciones entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y este país sobre un programa crediticio iniciadas hace tres años, afirmó este jueves una portavoz de la organización financiera.
Las autoridades salvadoreñas negocian con el FMI un préstamo de unos $1.300 millones desde 2021, sin llegar a un acuerdo.
"Las discusiones se centran en políticas para fortalecer la sostenibilidad fiscal y externa e impulsar el crecimiento de la productividad y fortalecer la gobernanza económica", afirmó Julie Kozack, directora de comunicaciones de la organización en rueda de prensa en Washington.
"Abordar los riesgos derivados del bitcoin es un elemento clave de nuestras discusiones", añadió.
En 2021, por iniciativa del presidente Nayib Bukele, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en poner a circular legalmente el bitcoin a la par del dólar estadounidense. Pero aproximadamente el 88% de los salvadoreños no utilizó la moneda digital en 2023, según una encuesta de la Universidad Centroamericana (UCA). El Salvador tiene dolarizada su economía.
Bukele es el presidente más popular de América Latina, sobre todo gracias a la represión de las pandillas que convirtió el que fuera uno de los países más violentos del mundo en uno mucho más seguro. Esto tiene repercusiones en la economía.
"El crecimiento real del PIB se fortaleció en 2023 impulsado por el turismo y la construcción, y esto ocurrió gracias a la solidez de las remesas y a una situación de seguridad muy mejorada", reconoció Kozack.
Según el Banco Central de Reserva la economía salvadoreña creció 3,5% el año pasado.
También bajó la inflación y el déficit de cuenta corriente, añadió la portavoz del FMI.
Las negociaciones entre el Fondo y El Salvador sobre un plan crediticio no parecen prosperar.
En febrero, el economista independiente César Villalona explicó a la AFP que esto se debe en parte al intento de Bukele de esquivar las condiciones del organismo, que incluyen recortar el gasto público, los subsidios y subir los impuestos al consumo, "porque tiene un costo político".
Su reelección en febrero con el 84,65% de los votos podría facilitar la negociación.