El Gobierno confía en que la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, la exvicepresidenta Nadia Calviño, sea capaz de acelerar la puesta en marcha del Fondo de Resiliencia Autonómica, la facilidad de 20.000 millones procedentes de los fondos europeos Next Generation EU que el Ejecutivo encomendó al brazo inversor de la Unión Europea, y que esté en funcionamiento antes del verano.
Así lo trasladan fuentes gubernamentales consultadas por ECONOMÍA DIGITAL, que señalan que el proceso está tomando más tiempo del planteado, porque la entidad es más lenta de lo pensado inicialmente, pero que cuentan con Calviño para empujar los trámites y que esté en vigor en las próximas semanas.
El 31 de agosto de 2026 es la fecha clave para formalizar todas las operaciones vinculadas a los fondos europeos Next Generation EU, tanto en transferencias no reembolsables como en créditos. El margen es de dos años y cuatro meses, ahora mismo, por lo que la puesta en marcha de todas las facilidades de este 'maná' europeo es fundamental para asegurar que no se queda ni un euro de los 160.000 millones concedidos a España sin aprovechar.
Sin embargo, en el camino -además de esta tardanza en la puesta en marcha de los mecanismos del BEI- se ha cruzado otro factor: el mecanismo de gobernanza de este fondo. Este tendrá que ser acordado con las Comunidades Autónomas, quienes tendrán poder decisorio para escoger cuáles son los proyectos fundamentales a los que se debería prestar la financiación por parte del banco público europeo. Precisamente la falta de capacidad de decisión sobre las inversiones es una de las críticas de las CCAA y es también algo que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se ha comprometido a solventar.
Las mismas fuentes del área económica del Gobierno reconocen que tendrá que ponerse en marcha el Acuerdo de Implementación con el BEI, que aún no se ha rubricado, y posteriormente cada uno de los acuerdos con las entidades financieras que son las que actuarán como intermediadoras de la financiación. Si se quiere poner en marcha cuanto antes habrá que apurar los plazos, para lo cual confían en la exvicepresidenta de Asuntos Económicos como pieza fundamental para que el sistema vaya todo lo rápido posible.
De acuerdo con la Adenda del Plan de Recuperación que el Ejecutivo negoció con Bruselas, este acuerdo con la entidad debería haberse producido a finales del año pasado, pero la interinidad del Gobierno y la propia posición de Calviño, que aspiraba a la presidencia del BEI, retrasó su cumplimiento.
El citado acuerdo de implementación no es un documento sencillo. En primer lugar, tiene que definir que decisiones iniciales sobre las inversiones del fondo serán adoptadas por el Grupo BEI de manera independiente al Gobierno español. Además, se tendrá que detallar la clase de productos financieros y cuáles serán sus destinatarios finales, con el requerimiento de que todas las inversiones deban ser económicamente viables. También ha de detallar cuáles serán las tarifas para el BEI y los mecanismos de control y auditoría.
Según ha detallado el Gobierno, los 20.000 millones encomendados al BEI servirán para la concesión de préstamos y otros instrumentos financieros para inversiones sostenibles en áreas prioritarias de inversión y enfocadas a las Comunidades Autónomas. En concreto, detalla la Adenda, esta inversión milmillonaria se enfocará en vivienda social y asequible y regeneración urbana; transporte sostenible; competitividad industrial y de las pymes; investigación, desarrollo e innovación; turismo sostenible; economía de los cuidados; y gestión de las aguas y residuos y transición energética.
Antes de irse a Luxemburgo, Calviño dejó todo preparado para que su sucesor, Cuerpo, pudiera firmar esta clase de acuerdos con la institución. El artículo 13 del último real decreto-ley de medidas anticrisis recoge la autorización para firmar los acuerdos con el Grupo Banco Europeo de Inversiones y para las aportaciones de fondos al Fondo de Resiliencia Autonómica.
Fuentes gubernamentales explicaron entonces que el BEI era el organismo adecuado para gestionar un programa de ese tamaño ya que se trata de «una institución de gran potencia que tiene una larga trayectoria de relación con las comunidades autónomas españolas, de financiación de proyectos públicos, privados, y un conocimiento y una capacidad técnica muy acreditada para poder colaborar con el Gobierno español». De hecho, de acuerdo con estas fuentes, el objetivo es que el propio BEI asuma el «reto especial» de que la financiación fluya a las comunidades autónomas y también pueda cofinanciar algunos de los proyectos que se nutran de los fondos europeos, lo que le dé más capacidad de inversión y transformación a la herramienta.
El Gobierno, además, tiene que meter el acelerador para dar salida a todos los fondos europeos, no solo los de la Adenda. De los 160.000 millones asignados a nuestro país, solo 34.395 millones han sido ejecutados y están en la economía real. Tomando como referencia los 69.528 millones asignados en la primera parte del Plan de Recuperación, esto implica una ejecución del 56%.