Demanda por la presunta violación de sus derechos
Lizelle Herrera, está demandando al condado Starr, por su encarcelamiento injusto y acusación de asesinato por provocarse un aborto
- González, de 26 años, conocida como Lizelle Herrera al momento de su arresto en abril de 2022, flanqueada por su equipo legal, dijo el martes durante una conferencia de prensa que presentó una demanda federal contra el Condado Starr, su fiscal Gocha Allen Ramírez y la fiscal adjunta Alexandria Lynn Barrera.
La demanda afirma que alguien en el hospital denunció el aborto a la oficina del fiscal del distrito en violación de las leyes federales de privacidad.
También afirma que no hubo una investigación policial adecuada y que los fiscales del condado mintieron al gran jurado para conseguir la acusación de asesinato.
Posteriormente, Ramírez desestimó el cargo y reconoció que no había justificación para procesar a González.
En la demanda, González está exigiendo una indemnización de 1 millón de dólares.
Dijo que está demandando para reivindicar sus derechos constitucionales, y "para hacer responsables a los funcionarios del gobierno que los violaron".
"Hoy estamos hablando de Lizelle. Mañana podrías ser tú o alguien a quien amas", dijo la abogada de González, Verónica Martínez.
González estuvo acompañada en la conferencia de prensa por su equipo legal y su madre.
La demanda afirma que González fue al hospital debido a complicaciones de un aborto en casa. El personal del hospital supuestamente informó del aborto de González a la oficina del fiscal de distrito del condado de Starr, Gocha Allen Ramírez.
La ley de Texas impide que se presenten cargos de asesinato contra la persona que se somete a un aborto. Ramírez está acusado de engañar al gran jurado para acusar formalmente a González de asesinato.
Después de que González pasó tres días en la cárcel y pagó la fianza, se retiraron los cargos.
Ramírez recibió previamente una multa de $1,250 por parte del Colegio de Abogados de Texas y su licencia fue suspendida legalmente.
Una presentación del Colegio de Abogados dijo que Ramírez cometió "mala conducta profesional" al permitir que la acusación siguiera adelante a pesar de que el cargo "se sabe que no está respaldado por una causa probable".