La querella se presentó por delitos de prevaricación, malversación y provocación a la discriminación y al odio. El Supremo en su auto, y en relación al delito de prevaricación, señala que no advierte "la arbitrariedad e injusticia que se predica del informe, ni que suponga una criminalización de los miembros de la Iglesia Católica como infundadamente afirma el querellante".