Pese a los frecuentes reportes que autoridades de seguridad en Medellín entregan sobre la disminución de delitos como la extorsión a partir de denuncias, el cobro de las denominadas 'vacunas' tanto a establecimientos de comercio como viviendas sigue latente e incluso normalizado por buena parte de la población.
Así lo detalló un estudio realizado por las universidades Eafit, de Chicago y una ONG internacional, quienes a través de métodos cualitativos y cuantitativos llegaron a determinar que hasta 150.000 casas y negocios en la capital antioqueña están impactados por este tipo de cobros.
Según el investigador y docente de la Universidad Eafit, Santiago Tobón, los cobros en las viviendas pueden llegar hasta los 5 mil pesos y en los negocios hasta los 50.000. Muchas de las exigencias se disimulan a partir de talonarios de rifas con el fin de evadir procesos de judicialización que puedan llevar a cabo las autoridades.
El experto explicó que hay varias maneras en las que los habitantes pueden percibir estos cobros, entre ellas como un impuesto a cambio de seguridad, lo que también explica el alto subregistro que puede haber en denuncias.
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"Hay ciudadanos que ven la extorsión como efectivamente 'a mí me están cobrando por no hacerme ni un daño', hay ciudadanos que ven esta extorsión como más bien el pago por un servicio de seguridad y hay ciudadanos que ven estos pagos como una especie de impuesto", explicó Tobón.
Las rentas que al año pueden superar los 100 mil millones de pesos, en el caso de las viviendas se concentran en barrios como Villa Niza y Playón de los Comuneros en la Comuna 2; Estación Villa en la Comuna 10 y San Javier 1 y 2 en la Comuna 13.
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Para los negocios el fenómeno también se asienta en la Comuna 2, al nororiente de la ciudad, además de barrios 13 de Noviembre y los Mangos en la Comuna 8 Villa Hermosa; la Comuna 13 San Javier y el corregimiento de San Cristóbal.
Los Triana, La Terraza, Picacho y El Pesebre son algunas de las estructuras delincuenciales que tienen mayor interés en estas rentas.