Durante ocho horas, organizaciones sociales llevaron a cabo un corte total en los puentes carreteros del lado rionegrino. Gendarmería no activó el protocolo.
Un corte en ambos manos de la Ruta 22 del lado rionegrino, a la altura del Fortín, causó numerosos inconvenientes durante gran parte de la jornada en el tránsito en la zona de los puentes carreteros entre Neuquén y Río Negro. Y el tránsito derivado por el tercer puente fue a paso lento.
Las organizaciones sociales rionegrinas como el Frente Piquetero y Utep reclaman por trabajo y alimentos para los sectores más vulnerables. Exigen que el gobierno provincial ayude a quienes más lo necesitan, en medio de la crisis económica que se profundiza en todo el país.
En Neuquén, se presentaron problemas en la multitrocha -Avenida Mosconi- porque la Policía local solo alertaba del corte sobre la rotonda ubicada a la altura de la estación Puma. En tanto, sobre Ruta 7 y el tercer puente se padecieron importantes demoras, ya que todo el tránsito se desviaba por ese corredor. A las 16 horas, la fila de vehículos, que intentaba pasar a Cipolletti, llegaba a la zona del shopping.
En la Ruta 22, por la zona de los puentes, cientos de personas cruzaban caminando de un lado a otro de los puentes.
El piquete se desarrolló hasta las 18 horas, tal como fue anunciado desde las organizaciones sociales. El bloqueo se realizó en la zona de los puentes carreteros ante una fuerte presencia de Gendarmería Nacional y Policía Federal, para garantizar la libre circulación con base en el protocolo antipiquetes, el que no se aplicó.
Cómo era la situación en el puente carretero
Miércoles complicado para el tránsito en la región por diferentes reclamos en la zona del puente carretero que une Cipolletti con Neuquén, como así también a la Ruta 22, a la altura de Chichinales. También otra manifestación se registraba en la zona del tercer puente, aunque no había cortes. Largas filas de vehículos.
A los reclamos realizados por las organizaciones respecto a la necesidad de los sectores más necesitados en medio de la crisis económica imperante en el país, se suma la de los hospitalarios de Río Negro, quienes se instalaron sobre la calzada nacional, a la altura de Chichinales. En este caso, los empleados hospitalarios nucleados en Asspur, gremio que está llevando adelante una medida de 72 horas de paro, reclamarán por sueldos que superen la línea de pobreza para los empleados de la Salud.
El gremio está en el punto más álgido de un conflicto salarial que no vio su fin con el gobierno provincial, que cerró la paritaria y aplicó aumentos sin el acuerdo de Asspur. Por su parte, el gobierno provincial comunicó en las últimas horas que descontará los días de paro a los hospitalarios que adhieran al paro.
Desde Asspur, indicaron que la determinación del gobierno fue "como sumarle un poco más de nafta al fuego del conflicto" y provocó que se reavivara el malestar que existe entre los trabajadores de la Salud por la falta de reconocimiento salarial y las recientes declaraciones del gobernador, Alberto Weretilneck, que invitó a los empleados del sistema sanitario público a migrar hacia el sector privado.
No se implementó el protocolo antipiquete
Pese a lo que dice el protocolo antipiquete implementando por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, este miércoles no se aplicó en las manifestaciones que se llevan a cabo en la región.
Esta normativa habilita a las fuerzas de seguridad federales (es decir, aquellas que dependen del Gobierno nacional, como la Gendarmería nacional o la Policía federal) a intervenir ante casos de "impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales".
La resolución también dispone que la intervención de las fuerzas se podrá producir sin orden judicial (debido a que "se trata de un delito flagrante", es decir, que es advertido por las autoridades mientras se comete).
Al activarse el protocolo, las fuerzas de seguridad deberán despejar las vías bloqueadas utilizando "armas no letales", especifica la norma. Este, además, dispone que las fuerzas intervinientes deberán registrar a los participantes de las protestas mediante filmaciones, priorizando la identificación de los líderes y las organizaciones presentes y podrá exigirles que abonen el costo de los operativos.