Este movimiento, según la organización, constituye una violación flagrante de las leyes del país y un acto de favoritismo hacia los mismos actores que tienen el poder para crear y hacer cumplir dichas leyes.
La organización destaca que la asignación presupuestaria para los partidos políticos en el año 2024 no es el resultado de un error o una omisión, sino que ha sido una práctica común reducir los fondos asignados a diversas instituciones año tras año debido a la insuficiencia de los ingresos estatales para cumplir con todas las asignaciones legales.
Según la Ley No.80-23, el artículo 51 establece la posibilidad de realizar ajustes a los recursos asignados por leyes especiales, lo cual ha sido una práctica habitual en los presupuestos anuales. Sin embargo, esta decisión ha afectado a varias instituciones, incluyendo la Junta Central Electoral, el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República, los ayuntamientos, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y la Cámara de Cuentas, entre otras.
Participación Ciudadana recalca que, aunque se aspire a corregir estas irregularidades, es importante reconocer que esta práctica ha sido transparente y aceptada por todas las partes involucradas, a diferencia de la decisión reciente del gobierno para complacer a los partidos políticos.
La organización señala que la Constitución establece claramente que una vez aprobado el Presupuesto General del Estado, los recursos presupuestarios no pueden ser trasladados de una institución a otra sin una ley que lo autorice. Además, ninguna erogación de fondos públicos será válida si no está autorizada por la ley.
Por lo tanto, la decisión del gobierno de utilizar recursos asignados para otros fines en el presupuesto de la Junta Central Electoral se considera ilegal, ya que no cuenta con la autorización del Congreso Nacional, lo que constituye una violación a la separación de poderes.
Participación Ciudadana insta a resolver estas violaciones institucionales de manera adecuada y espera que en una próxima revisión constitucional se puedan revisar las condiciones y montos de financiamiento consignados en las leyes electorales y de partidos. Sin embargo, hasta que esto ocurra, la organización no puede pasar por alto ni apoyar violaciones a las leyes que beneficien a un sector en detrimento de otros.