Un golpe contundente a la finanzas de una red que se dedicaba a comercializar medicamentos adulterados se dio luego de nueves meses de investigación por parte de las autoridades en Bogotá, el cual terminó en la aplicación de medida de extinción de dominio contra veinte inmuebles que ayudaban en la fabricación y comercialización de estos fármacos.
Este resultado fue producto del trabajo mancomunado entre la Policía Metropolitana de Bogotá, la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) y la Fiscalía General de la Nación (por medio de la Dirección de Extinción del Derecho al Dominio) y dichos inmuebles fueron ubicados en las localidades de Kennedy, Bosa, Engativá, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito, San Cristóbal y Puente Aranda.
El anuncio se dio en rueda de prensa la mañana del miércoles 24 de abril por parte de la Secretaría de Seguridad en cabeza de su director, César Restrepo, quien destacó que la medida se aplicó en total para 4 droguerías y 16 apartamentos, que servían como centro de acopio para fabricar y vender productos farmacéuticos que ni siquiera contaban con el registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).
Este gigantesco operativo fue el trabajo de nueve meses de investigación, en los cuales se logró tener en detalle el paso a paso de cómo esta red criminal se hacía con medicamentos de uso institucional y los volvía a ofrecer en el mercado ya adulterados y falsificados en algunos casos.
Entre los productos que hallaron las autoridades en medio de las diligencias de allanamiento se reportaron ampollas inyectables, jarabes, tabletas, cremas, blíster, granulados vencidos, muestras médicas y fármacos de uso institucional, así como empaques de alimentos y bebidas naturales, envases sin número de funda, etiquetas y cajas de productos.
Además de lo anterior, también se encontraron punzones y matrices metálicas, que tenían como objetivo dar forma a los diferentes tipos de tabletas e imprimir sus características.
Este proceso se apoyaba con máquinas artesanales para la elaboración y secado de los medicamentos, elementos de empaque, sellado y molinos para pulverizar, un horno artesanal para el secado de la materia prima, plástico cortado para la elaboración de los blíster y diferentes clases de presentación de los fármacos, según indicó Beltrán.
Se estima que la renta mensual de la red por la venta de estos productos farmacéuticos era de $9 millones.
Debido a esto, las personas que fungían como arrendatarios de los bienes a los que se aplicaron estas medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo, están siendo investigadas por el delito de corrupción de alimentos, cuya pena oscila entre 8 y 16 años de cárcel.