Comida y plata, el plan para mantener en paz al GBA
Por Julio Blanck para Clarín
Por Julio Blanck para Clarín
Los datos dibujan un espanto perfecto. La caída de la economía en mayo fue del 5,8%, el índice más alto desde que Macri es presidente.
Explican que es por efecto de la sequía y que todavía no se refleja allí la caída fuerte del consumo que está viniendo. Así que puede haber números peores.
En junio la canasta de los más pobres se encareció un 4,9% cuando el índice de costo de vida general subió 3,7%. En junio además la producción industrial se derrumbó 5,4% arrastrada por la crisis en Brasil y las previsiones de las empresas sobre la baja del consumo.
El recálculo sobre asignaciones familiares le va a sacar plata del bolsillo a trabajadores de la Patagonia y otras varias provincias.
Aumentan el transporte, la luz y el gas. Sin prisa ni pausa. Las prepagas serán 7,5% más caras desde agosto. La clase media también sufre.
Para que nadie espere consuelo, Marcos Peña deja por un momento su función primordial como Jefe de Gabinete y nos anuncia, cual pronosticador del Servicio Meteorológico, que "los próximos meses van a ser más recesivos, un poco más tormentosos y fríos respecto al crecimiento".
Casi corresponde agradecer que de la estrategia comunicacional del "no-pasa-nadismo", eficaz hasta acá aunque a veces un tanto exasperante, se haya mutado a una especie de sinceridad brutal, quizás pasajera pero bastante más higiénica que la negación instintiva de toda dificultad.
La cuestión es que así estamos. Y estando así, la política, el poder económico e institucional y por qué no el ciudadano de a pie curtido por estragos pasados, vuelven su mirada sobre el impacto de todo este cuadro en la situación social y el humor popular en el Gran Buenos Aires.
Salvo para quienes desde una oposición obtusa y destituyente alientan un regreso a la gran crisis del 2001 para condicionar malamente a Macri e incluso desalojarlo del poder -que de esos todavía quedan unos cuántos- aquellos episodios de principio de siglo están muy lejos en todo sentido.
Pero no se alejaron de la memoria colectiva. Y los que gobiernan, en cualquier nivel, se obsesionan por evitar el menor retroceso hacia aquel tiempo desgraciado.
En ese sentido, la certeza de un segundo semestre -que ya transcurre- signado por duras carencias para la población más desprotegida, hizo cambiar esta vez el eje de acción de las autoridades nacionales, provinciales y municipales en Buenos Aires.
A diferencia de los dos años anteriores, donde salían corriendo detrás de las demandas siempre urgentes de los barrios, está vez Nación y Provincia acordaron constituir un fondo monumental de alimentos no perecederos para abastecer a los comedores y asignaron partidas especiales de dinero que permitan responder sin demora si el reclamo aun así se desborda.
"Tenemos stock hasta fin de año" asegura Federico Salvai, jefe de Gabinete de María Eugenia Vidal. En estas semanas no hay día en que no trabaje en conjunto con Santiago López Medrano, el ministro de Desarrollo Social bonaerense.
Este esquema de contención alimentaria incluye además el plan de descentralización del Mercado Central que tiene sede en La Matanza.
La idea es llegar con alimentos frescos a muy buen precio directamente a los barrios de clase media y media baja del Gran Buenos Aires. Se están instalando veinte mercados rotativos.
Y habrá cinco que serán fijos, en los puntos más críticos. Ya definieron que dos de ellos estarán en Quilmes y Mar del Plata, que no es GBA pero que también puede ser un polvorín.
Un pequeño dato histórico: el hoy diputado opositor Daniel Arroyo, que fue viceministro nacional de Desarrollo Social con Alicia Kirchner entre 2003 y 2007; y después pasó a ser ministro de Daniel Scioli en la Provincia, recordó hace no tanto tiempo a este cronista que cuando desembarcó en la administración provincial sciolista, después de cuatro años de gobierno kichnerista en territorio bonaerense aun se repartían de manera directa 300.000 bolsas diarias de comida a familias carenciadas, sobre todo en el GBA.
Salvai, por su lado, apunta que desde que Vidal gobierna la Provincia "nunca se dejó de repartir comida". Solo que el método es distinto a aquel de hace más de una década. Con una situación social más contenida y ordenada a la salida del doble mandato de Cristina, la ayuda constante se canaliza a través de los comedores populares que reconocen tres niveles de representación.
Los de la Iglesia, numerosos, muy bien articulados y organizados a través de la estructura de Cáritas.
Los de los referentes sociales por barrio, sean líderes locales individuales, comedores creados por sociedades de fomento, clubes, cooperativas u otro tipo de organización casi espontánea.
Los que corresponden a las organizaciones sociales, como Movimiento Evita, CTEP, CCC, Barrios de Pie y una larga cantidad de pequeñas agrupaciones que expresan niveles de politización superiores a los demás.
En el caso de miles de comedores escolares, el gobierno provincial decidió descentralizar la vía de distribución en las estructuras de los municipios. Aseguran que así ahorraron gastos burocráticos, hay más plata para comprar alimentos y mejoró la calidad de la ayuda.
Siempre hay algún ruido político, porque hay distritos importantes gobernados por Cambiemos en el GBA, pero la mayoría está en manos opositoras. Ya sea del peronismo anti K como algunos sobrevivientes en manos ultra K. Pero compartir esa porción de la gestión tan vinculada a la necesidad de la gente lubrica una relación gobierno-oposición provincial que ha funcionado -salvo excepciones- con bastante eficacia.
De hecho está establecida una mesa de trabajo que incluye a intendentes de Cambiemos y del peronismo junto a la ministra nacional Stanley y el ministro provincial López Medrano.
Los movimientos sociales admiten que este año la ayuda alimentaria se incrementó a ojos vista. El gobierno de Vidal asegura que se están repartiendo un millón y medio de kilos mensuales de comida, además del vaso de leche que esta gestión repuso en los comedores escolares. Dicen que representa un 20% más que en 2017 y un 50% más que en 2016. Puede sonar bonito para el oído distraído, pero en realidad es el reflejo de un drama cotidiano que soportan cientos y cientos de miles de compatriotas.
"Cada vez reparten más pero los comedores no dan abasto. Los presupuestos municipales en ayuda social crecieron promedio 50% desde el año pasado pero la mayoría de los intendentes se había consumido toda la plata en junio" cuenta Chino Navarro, referente del más gravitante de los movimientos sociales, el Evita.
Uno de los ruidos en la línea gobierno-oposición se localiza en este punto. Algunos intendentes -admitido por ellos mismos- a veces se saltean el carril orgánico institucional y se largan a repartir desde la estructura municipal bolsas de comida en forma directa las familias, como en los viejos tiempos kirchneristas.
Eso les permite capturar una porción propia y mayor de rédito político, pero a veces desordena el tráfico de la ayuda. Un par de semanas atrás hubo conatos de disturbios frente a una de las intendencias más grandes de la Zona Sur, por la ansiedad de la gente en recibir su ración.
Esas y algunas otras picardías de intendentes opositores, como atribuir a su gestión y decisión subsidios a escuelas que en realidad están ordenados por el Fondo Educativo y la Ley de Coparticipación provincial, son toleradas razonablemente por la administración de Vidal.
"Hace siete meses que estamos hablando de los problemas que tenemos en la economía; es lógico que la oposición haga política con eso porque otra cosa no tienen". Lo dice Salvai, un dirigente con filo y contrafilo.
En el mismo gesto pone en el centro el desbarajuste económico, que no es responsabilidad de la Provincia. Y a la vez rechaza sin mencionarlas las críticas crecientes a la gestión provincial que vienen haciendo los jefes opositores bonaerenses.
Vidal piensa parecido: "Cómo no se van a quejar los intendentes si este año les bajaron a la mitad los fondos para obras públicas; son ellos los que van a tener que mostrar gestión propia".
El recorte en obras para la Provincia ya había sido muy duro antes de la crisis cambiaria y financiera que explotó en abril. Pero ahora directamente fue explosivo, a tono con el recorte de gastos por un total de 300 mil millones de pesos que exige el Fondo Monetario Internacional.
De esa cifra, unos 7.500 millones de pesos sería el número a rebanarle en obras a la Provincia. A cambio, Vidal anunció una partida de ayuda alimentaria por 318 millones de pesos. Esas son las proporciones del ajuste.
Fiel a su estilo, la gobernadora no perdió tiempo quejándose y generó el impulso para esta organización masiva y preventiva de las reservas de comida y dinero para afrontar el duro segundo semestre que recién está empezando.
Como ya sucedió antes en estos dos años y medio, Vidal y la ministra Carolina Stanley acordaron una estrategia conjunta bajo la bendición de Macri. Básicamente, la plata fluye desde el Gobierno nacional y el despliegue operativo sobre el territorio corresponde a la Provincia.
Lo que viene por delante es evaluar y monitorear todo el tiempo los riesgos de crisis social y pérdida de paz en el Gran Buenos.
Según Chino Navarro, más allá de los desboques de personajes como Luis D'Elìa, exabruptos de dirigentes de La Cámpora o sus organizaciones satélite, o la hiperactividad furiosamente anti-Macri que se encuentra en las redes sociales ultra K, "no hay condiciones políticas" para un desmadre, aunque el contexto social sea potencialmente explosivo.
"La garantía de la paz social es el pueblo, que ya experimentó lo que le cuesta en años de pobreza y marginación una crisis como la de 2001" dice este dirigente.
El jefe de Gabinete Salvai va más directo al grano: "la situación social está establemente inquieta" afirma.
Con esa música están bailando todos.
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