El Congreso de la República ahora va tras el Sistema Electoral peruano, y ha aprobado, en la Comisión de Constitución llevada a cabo este martes 9 de abril, el dictamen que plantea que los titulares de las instituciones que conforman a este sistema puedan ser sometidos a acusaciones constitucionales mediante el proceso del juicio político. La decisión fue tomada con 16 votos a favor, cuatro en contra y cinco abstenciones; y con ella, se dejan expuestos a los miembros del JNE; la ONPE y el Reniec de cualquier tipo de denuncias constitucionales.
Con el dictamen aprobado por mayoría, que pretende "incorporar a los titulares del Sistema Electoral en el Procedimiento de Acusación Constitucional", se busca dar paso a una reforma constitucional del artículo 99 de la Carta Magna, a fin de retirar la inmunidad con la que cuentan los jefes de dicha institución. Sin embargo, las consecuencias de esta decisión han sido advertidas como una medida para amedrentar a los miembros de estas instituciones técnicas que se encargan de llevar los procesos democráticos en el país.
Como se sabe, los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil son las tres instituciones claves que se encargan de llevar los procesos de elecciones tanto generales como regionales y distritales. Es en estos procesos con los que se eligen a las principales autoridades que rigen el país desde los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Por ello, es importante para que en un sistema democrático estas instituciones sean llevadas por personas designadas mediante un órgano técnico y, en consecuencia, cuenten con el privilegio del antejuicio político y la inmunidad. A fin de no estar sujetos a amedrentamientos o intereses de uno u otro partido político con intereses en las elecciones.
Sin embargo, con la decisión tomada en la sesión de este martes 9 de abril por la Comisión de Constitución, los miembros del Congreso aprobaron un dictamen que concibe retirarles esta prerrogativa, debilitando las facultades que tienen los miembros de estas tres entidades para poder ejercer una labor libre de intereses.
Dentro de la sesión, los integrantes de dicho grupo de trabajo argumentaron que la propuesta no tenía la intención de contravenir con el equilibrio de poderes, y que el objetivo era, por el contrario, poner a todos los poderes en la misma situación.