La hija del juez que ha abierto diligencias contra Begoña Gómez es concejal del PP
El CGPJ autorizó en enero que se pueda jubilar en 2026 pese a tener ya 70 años.
La hija de Juan Carlos Peinado, el juez que investiga a Begoña Gómez, es concejal del PP en Pozuelo de Alarcón (Madrid). En concreto, su hija, Patricia Peinado, es concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón desde mayo de 2023, municipio que gobierna desde entonces Paloma Tejero, ex viceconsejera de Ayuso y diputada autonómica durante dos legislaturas con Isabel Díaz Ayuso.
Pese a todo, fuentes consultadas en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, tanto de la izquierda como de la derecha, desvinculan a Patricia Peinado de las actividades de su padre y señalan que es una "excelente concejala", "trabajadora" y que no tiene nada que ver con lo que ocurre con Begoña Gómez.
Un dato que se suma a las informaciones conocidas sobre Juan Carlos Peinado, que hace unos días admitía a trámite la denuncia del pseudosindicato de ultraderecha Manos Limpias contra Begoña Gómez.
El magistrado, que cumplió 70 años en enero, fue autorizado en enero por la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial para continuar en activo hasta los 72 años. El órgano ya lo conocía. En 2013 se presentó como candidato a vocal independiente para el CGPJ y en 2019 intentó sin éxito cubrir la plaza de juez de refuerzo del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, que dirige Manuel García Castellón.
Se convirtió en juez cuando cumplió 40 años, y antes había sido secretario de Ayuntamiento de segunda categoría. Como juez, ha estado destinado en los juzgados de Arenas de San Pedro, Talavera de la Reina, Getafe y Madrid. En la actualidad es titular del juzgado 41 de la capital de España, donde entró para sustituir a la magistrada Cristina Díaz, que había sido nombrada como directora general de Justicia y Seguridad del Gobierno de Cifuentes en la Comunidad de Madrid.
Es el mismo juez que ha instruido, entre otros casos, el de la imputación a 12 periodistas por informar sobre el caso de los CDR, que acabó archivando. También otra denuncia de Manos Limpias, en 2015, contra los concejales del Ayuntamiento de Madrid, Pablo Soto y Guillermo Zapata, a cuenta de unos tuits ofensivos que ya estaban siendo investigados por la Audiencia Nacional.