La deserción y, ahora, la renuncia de docentes son problemas que afectan a los niños y jóvenes de las zonas rurales del Tolima y que requieren una pronta intervención. Con respecto a la deserción, no se había llegado a la meta de 136.000 matrículas del 2023, según reportó la Secretaría de Educación Departamental, pues hasta marzo se habían matriculado 131.465 estudiantes.
Las tasas más altas se hallan en la población escolar entre los nueve y los doce años, y los municipios más afectados son Ataco y Ortega. Las razones obedecen, según la secretaria, Patricia Pinzón, a situaciones como la lejanía de las viviendas con respecto a los centros escolares, la migración de las familias en busca de mejores trabajos u oportunidades y, en los últimos meses, al incremento de la inseguridad.
De otra parte, más de 200 docentes que fueron nombrados para trabajar en las zonas rurales del Departamento en enero de este año han renunciado a sus cargos. La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) llevó a cabo un concurso para asignar las plazas vacantes en diferentes regiones de Colombia y para el Tolima fueron nombrados 2.120 maestros. Por razón de que los nombramientos los hace el Ministerio de Educación (MEN), muchos de los recién nombrados ignoran la realidad de los territorios en los que deben laborar (sin vías, sin transporte, alejados de las cabeceras urbanas) y, al verse enfrentados a este nuevo entorno, optan por renunciar. Lamentablemente, muchos de los docentes que ocupaban estas plazas no pasaron las pruebas.
La situación es alarmante porque los más perjudicados son los estudiantes de las zonas rurales más aisladas, que son los que tienen las condiciones más adversas para acceder a la educación, porque por la lejanía en que residen los obliga a caminar por largos tramos y porque las escuelas están deterioradas, con escaso material didáctico y con deficiente conectividad. Debido estas difíciles circunstancias, son los que registran los peores resultados en las pruebas Saber, ya que tampoco cuentan con educación de calidad.
A pesar de los esfuerzos que ha realizado la actual administración, aún es preciso implementar nuevas alternativas para conseguir que los niños y jóvenes tolimenses del campo puedan tener garantizada una educación permanente, segura y de calidad.