En el proyecto original de la ley ómnibus de Javier Milei se pretendía recaer sobre 40 empresas estatales y privatizarlas. Finalmente el Gobierno acordó con el PRO y la UCR reducir ese listado a nueve compañías públicas, las cuales estarían sujetas a venderse.
Muchas de esas empresas están vinculadas a la prestación de servicios públicos. Cuatro de ellas quedaron en la categoría de "privatización total":
Aerolíneas Argentinas
Enarsa
Radio y Televisión Argentina
Intercargo.
Además de estas cuatro compañías públicas, otras cinco podrán pasar a manos privadas o ser concesionadas:
Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa)
Correo Argentino
Belgrano Cargas
Corredores Viales
Sociedad Operadora Ferroviera (Sofse).
Mientras que otras dos empresas podrán incorporar capitales privados, aunque mantendrán mayoría de participación estatal:
Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA)
Yacimientos Carboníferos Rio Turbio (YCRT).
En estos casos se podrá "únicamente, organizar un programa de propiedad participada y colocar una clase de acciones para ese fin; e incorporar la participación del capital privado debiendo el Estado Nacional mantener el control o la participación mayoritaria en el capital social".