Las obras del complejo hidroeléctrico sobre el río Santa Cruz transitan horas decisivas. El proyecto se inició hace nueve años y aún le queda un largo trayecto de trabajos, pero ahora aguarda decisiones del gobierno de Javier Milei para la continuidad de la obra: el pedido a China de un desembolso de 500 millones de dólares, y saldar una deuda con el consorcio constructor de 400 millones de dólares, correspondientes a certificaciones de obras. En varias reuniones, ENARSA -la comitente de la obra- manifestó la voluntad de reactivar el plan de trabajo, mientras hay 1.800 trabajadores que esperan ser reincorporados.
Hace más de quince años el kirchnerismo anunció la licitación del proyecto que consta de dos represas. El contrato está a cargo de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) encabezada por la firma china Gezhouba Group Corporation, e integrada por Eling Energía e Hidrocuyo.
En agosto de 2022, Electroingeniería -que dirigía el empresario Gerardo Ferreyra, procesado en la causa de los Cuadernos de las Coimas- se transformó en Eling Energía. La otra modificación de relevancia es que Ferreyra dejó de ser accionista de la compañía, al igual que Osvaldo Acosta. Hoy la compañía la dirigen Juan Manuel Pereyra y Carlos Bergoglio (hijo). Son accionistas junto con los hijos de Osvaldo Acosta.
La obra presenta diversos grados de avance: la represa de menor dimensión. denominada Jorge Cepernic, tiene un 42% de terminación, mientras que la bautizada Néstor Kirchner cuenta con un avance del 22%. La construcción se detuvo en noviembre pasado, un mes antes del cambio de gobierno. Desde entonces las reuniones con ENARSA son continuas, y si bien el gobierno ha manifestado la voluntad de seguir con el complejo hidroeléctrico, hay importantes decisiones pendientes.
Pedido de fondos
Por un lado, es necesario que el gobierno nacional solicite el próximo desembolso a China, responsable de financiar la totalidad de la obra. El último desembolso fue de 500 millones de dólares y se destrabó el año pasado, pero se usó para devolverle al Estado 280 millones de dólares de un "préstamo puente" ejecutado hasta que llegara el financiamiento desde Beijing. El resto del dinero se volcó a la obra.
Hay varias complejidades alrededor de ese pedido que debe formular el Estado nacional. Para que se requiera el desembolso a China, la UTE debe presentar el programa de trabajo, que se adenda al contrato comercial y de construcción de obra, y requiere la firma del Poder Ejecutivo. Desde octubre de 2022 se comenzó a discutir esa adenda, pero aún no se logró firmar.
El tema se conversa en las reuniones de ENARSA con la UTE. "No se puede seguir sin resolver los problemas contractuales", explicaron fuentes oficiales consultadas por Clarín.
Las represas sobre el río Santa Cruz son el complejo hidroeléctrico más ambicioso en obra pública. Desde 2015 se invirtieron 1.850 millones de dólares de los 4.714 millones presupuestados para culminar toda la obra, que incluye además una línea de alta tensión de 500 kilovatios.
A esa situación se suma otra no menos delicada: hay un conjunto de certificaciones de obras que el gobierno de Alberto Fernández dejó sin abonar a la UTE, por 400 millones de dólares. La determinación de la firma china, que encabeza el Unión Transitoria porque trae el financiamiento desde su país, es no financiar más la obra a cuenta de futuros desembolsos.
Exigen que el gobierno abone ese dinero que se compone en un 50% con facturaciones de trabajos realizados y otro 50% de gastos improductivos que incluyen además, todo lo invertido durante el Covid-19. con los diversos protocolos para continuar con la obra.
En otras ocasiones el Estado firmaba préstamos puente, es decir anticipos hasta que ingresen los fondos provenientes de China, pero la administración de La Libertad Avanza fue contundente al respecto: "No hay plata". El presidente Milei repitió este lunes como un punto favorable de su gobierno el haber dejado de financiar casi el 80% de la obra pública.
Poner los papeles en orden
Pero además, hay otro conjunto de adendas sin firmar que son necesarias para ordenar la documentación. Cuando el gobierno de Mauricio Macri modificó la obra, reduciendo sus costos en un 20%, incorporando una red de alta tensión y cambiando la potencia de las represas de 1.740 a 1.290 megavatios, quedó inconclusa la firma de esa adenda. Esto tiene que ver con el contrato financiero. La última adenda se firmó antes de que Silvina Batakis dejara el ministerio de Economía. Desde entonces la situación no se regularizó.
Ante este escenario y con la obra aún frenada, la UTE dio de baja 1.800 de contratos que serán reincorporados cuando la construcción de las represas se reactive.
La situación se metió en la agenda del gobernador santacruceño, Claudio Vidal, que en varias reuniones con el ministro del Interior, Guillermo Francos, planteó la inquietud por los puestos de trabajo y la necesidad de reactivar la obra que en su pico de tareas empleará 5.000 personas, según el plan de trabajo original.
Por otro lado, lo que aseguran fuentes de la gobernación provincial es que el nivel de avance de la obra "amerita que se retomen las tareas". Recordando que la represa Jorge Cepernic tiene un avance del 41%. Está a 170 kilómetros de la ciudad de Comandante Luis Piedra Buena, y la superficie de su embalse será de 200 kilómetros cuadrados.
La presa más grande, Néstor Kirchner, se ubica a 130 kilómetros de la localidad de El Calafate y tiene un avance del 22% de la obra. La superficie del embalse será mayor, de 250 kilómetros cuadrados, sostiene la información de Represas Patagonia el nombre de fantasía de la UTE.
Las marchas y contramarchas
Las represas santacruceñas arrancaron con el nombre de dos gobernadores de esa provincia (Jorge Cepernic y Néstor Kirchner) durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner. Luego, la administración de Cambiemos les devolvió las denominaciones originales, Cóndor Cliff-La Barrancosa. El regreso del Frente de Todos al poder reinstaló los nombres políticos.
Cuando estén operativas, las represas generarán alrededor del 4% del total de energía nacional. La obra fue una bandera energética (inconclusa) del gobierno de Cristina Kirchner, y otro foco de disputa con Cambiemos que en plena campaña electoral relanzó el proyecto, pero después detuvo por una discusión ambiental el proyecto.
Con el gobierno de Alberto Fernández se pudo retomar el trabajo, pero también tuvo momentos de pausa en las tareas esenciales.
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