Al interpretar que los criterios jurisprudenciales en materia de intereses del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) no son obligatorios para los tribunales inferiores, la Cámara 4ª Civil y Comercial de de Córdoba declaró la inconstitucionalidad de la normativa que dispone la prohibición de indexar de las obligaciones dinerarias; esto es, el artículo 7 de la ley 23928, la ley 25561 y los artículos 765 y 766 del Código Civil y Comercial (CCyC), con efecto desde el 1 de noviembre de 2023.
En virtud de lo resuelto, se ordenó aplicar a los rubros de la condena los intereses fijados en la sentencia apelada hasta el 31 de octubre de 2023 y luego el índice de precios al consumidor Córdoba, con más seis por ciento anual de interés moratorio.