Santiago, 24 abr (Xinhua) — Un plan de acciones para proteger a las y los defensores de los derechos humanos medioambientales de los países latinoamericanos y caribeños fue aprobado durante la tercera reunión de la Conferencia de las Partes (COP3) del Acuerdo de Escazú.
En el encuentro, llevado a cabo entre los días 22 y 24 de abril en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en Santiago, capital de Chile, participaron representantes de los 16 Estados parte, junto con la reciente incorporación de la Mancomunidad de Dominica, así como de los 24 países que han firmado el acuerdo, adoptado en 2018 en Costa Rica y en vigor desde 2021.
También acudieron expertos de organismos regionales e internacionales, además de miembros de la sociedad civil.
Delegados de Gobiernos, funcionarios internacionales y representantes del público y de los pueblos indígenas reforzaron durante los tres días de la reunión su compromiso a «reconocer, proteger y promover todos los derechos de defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales», declaró la Cepal en un comunicado al cierre de la instancia.
Consideraron que el plan aprobado «es de máxima urgencia y relevancia política» para la región. Es «un imperativo ético insoslayable», añadió el organismo, debido a que América Latina y el Caribe concentra la mayor cantidad de asesinatos de activistas por la naturaleza.
En la última década, se registraron alrededor de 2.000 homicidios de esta índole en todo el mundo, de los cuales tres de cada cuatro fueron perpetrados en este hemisferio, de acuerdo con cifras de la Cepal, un hecho que ha puesto en alerta a las organizaciones de derechos humanos de todo el planeta.
Sobre esta decisión, la presidenta del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, Patricia Madrigal, afirmó que «el fortalecimiento de capacidades y la cooperación es fundamental para poder garantizar el entorno seguro y propicio para que los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales sigan desarrollando su trabajo».
«Es vital para proteger el ambiente, todas las formas de vida y las personas», dijo en la Cepal, frente a unas 700 personas que congregó el evento de manera presencial, y otros cientos en forma virtual.
Por su parte, la representante electa del público para el acuerdo, Joara Marchezini, aseguró que la región ha dado «un paso importante» en la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente, y espera «una participación efectiva del público» en el desarrollo de esta planificación.
Asimismo, la lideresa indígena del Gobierno Ancestral Plurinacional Q'anjob'al, Chuj y Akateko de Guatemala, Anixh de Pablo, demandó la inclusión de elementos y mecanismos que garanticen la participación de los pueblos indígenas, al tiempo que llamó a destinar los recursos necesarios para garantizar dicha participación.
El visado plan de acción, cuyo plazo de ejecución es hasta abril de 2030, persigue el cumplimiento del artículo nueve del denominado Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.
Este punto establece que cada parte debe garantizar un entorno seguro y propicio para el ejercicio de los activistas, sin amenazas, restricciones e inseguridad, a través de medidas dirigidas a reconocer, proteger y promover sus derechos, así como prevenir, investigar y sancionar ataques, amedrentamientos o intimidaciones.
Los ejes prioritarios son la generación de conocimiento, reconocimiento, fortalecimiento de capacidades y cooperación para la implementación nacional del plan, junto con una evaluación, seguimiento y revisión.
El documento fue redactado por Chile, Ecuador y San Cristóbal y Nieves, que asumieron hace dos años la tarea de coordinar y llevar adelante un proceso en el que participaron todos los Estados parte, además de organizaciones de diversos países, representantes de los pueblos originarios y comunidades locales, entre otras personas relacionadas con la materia.
Durante la tercera reunión en el marco de Escazú se presentaron también informes de la Mesa Directiva (presidida por Uruguay), de la Secretaría (ejercida por la Cepal) y de los representantes electos del público, además de una sesión para dar cuenta de los avances sobre la implementación nacional del Acuerdo de Escazú por parte de los Estados miembros.
Ecuador, Argentina, Santa Lucía, Belice, México, Uruguay y Chile compartieron sus planes nacionales, en construcción o ya aprobados, los cuales contienen diversas estrategias y tácticas en línea con los pilares y alcances del acuerdo.
Chile, país anfitrión de la cita, aprobó el pasado 15 de abril el Plan Nacional de Implementación Participativa del Acuerdo de Escazú (PIPE), el cual se realizó a través de un proceso participativo y está organizado en cinco líneas estratégicas.
Está enfocado en el acceso a la información ambiental, participación en la toma de decisiones ambientales, acceso a la justicia ambiental, defensores y defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales, y fortalecimiento de capacidades y cooperación.
En la jornada de clausura, los Estados parte aprobaron un proyecto de decisión en el que acogen con beneplácito todas las medidas, acciones y actividades dirigidas a integrar y reforzar la perspectiva de género en las materias relativas al Acuerdo de Escazú.
América Latina cuenta con 8 de los 17 países megadiversos del planeta, a la vez que alberga un tercio de las reservas de agua dulce y un 22 por ciento de la cubierta forestal a nivel global.
Sin embargo, es la segunda región más expuesta a los desastres naturales en comparación con otras zonas del mundo, y enfrenta serios desafíos en torno a la crisis ambiental, como la sequía, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, además de la sobreexplotación de recursos naturales, entre otros.