Un operativo para socorrer a Macri
Por Joaquín Morales Solá para La Nación
Por Joaquín Morales Solá para La Nación
Macri suele decir que le tocó cambiar la cultura social de los argentinos. Y que debe hacerlo con casi la mitad de la sociedad votando por otras opciones y con la nostalgia de su propio electorado por las viejas mañas. Pasar de las incomodidades del atraso a los sacrificios del progreso.
De las imaginarias bondades del populismo a las reglas prácticas del capitalismo. En esa transición, a veces se le mezclan las cuerdas entre los pies, y la situación amenaza con desestabilizarlo.
Es lo que sucedió en los últimos días, cuando fue salvado a tiempo por sus socios en la coalición gobernante. Sobre todo, por Elisa Carrió y por el presidente del radicalismo, Alfredo Cornejo.
Carrió es una política que advierte la inminencia de las catástrofes. Parece que su misión en la vida es solo denunciarlas ante los micrófonos. Solo parece.
Luego de hacerlas públicas, levanta el teléfono y negocia frenéticamente una solución con Marcos Peña y con Mario Quintana, el clave vicejefe de Gabinete.
La nueva ola de aumentos de tarifas estaba llegándole a una sociedad que viene de una devaluación, la de fines de diciembre y principios de año; de promesas incumplidas de inflación, y de estrictos programas de incremento en los precios de los servicios públicos.
Los que más preocupaban eran los de gas y electricidad, porque el invierno obligará a la calefacción y, también, habrá importantes aumentos para la luz.
La crítica al gobierno de los CEO es muchas veces injusta. Ellos tienen la formación de los que llegan rápido al centro de un problema y tratan de resolverlo. Si la opción son los gerentes políticos, debe aceptarse que la historia de estos ha sido decepcionante.
Estas virtudes son las que explican que Macri haya sido seducido por los viejos gerentes empresarios. El problema que sí tienen los CEO es que carecen de sensibilidad política para percibir con anticipación las consecuencias de sus decisiones.
O trasportan experiencias que no son transportables. Por ejemplo, el llamado "informe Lopetegui" (por el otro vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui) compara la demanda de gas y electricidad en Chile y Uruguay con la argentina.
Desde ya, la demanda de la sociedad argentina es mucho más grande que la de sus vecinos. Ese informe ignora la sociología. Chilenos y uruguayos nacen sabiendo que sus países carecen de gas, petróleo y electricidad; saben, en fin, que durante el resto de sus vidas deberán cuidar el consumo de esos bienes escasos.
La sociedad argentina viene del derroche energético, es cierto, pero las costumbres sociales no se cambian en un instante mágico. A muchos, además, les gusta ver los cambios y no protagonizarlos.
Algo parecido pasa con los empresarios que no están acostumbrados a competir. En Chile o en Uruguay la competencia es visible en los supermercados. Aquí, hay una vieja afición por el proteccionismo que no cambiará rápidamente.
En las coaliciones convergen partidos con distintas historias y sensibilidades, y con dirigentes que tienen su propio estilo. ¿Quién se sorprende porque Carrió levanta la voz para denunciar lo que considera una injusticia? ¿Acaso no fue siempre así?
¿Era distinta cuando Macri y el radicalismo aceptaron su propuesta de alianza? No lo era. La historia de los gobiernos de coalición en el mundo indica que siempre existen momentos de tensión interna y de forcejeos frente a decisiones impopulares.
El atributo de Macri consiste en haber entendido que no hay otra manera que esa de gobernar una alianza. Cambia cuando considera ineludible el cambio. Ahora bien, ¿por qué no empezaron con los cambios antes de que sucediera el escándalo?
¿Por qué pagaron un precio político al que nadie los obligó? Sería un grave error si confiaran en que la propuesta del peronismo oscilará siempre entre Cristina Kirchner y Luis Barrionuevo. Algún día, alguna vez, será otra cosa. El desafío de Macri es preparar su coalición para el día en que el país tenga opciones razonables.
El cambio en el pago de las tarifas consistió en que será más digerible para una sociedad que tiene sus límites, como cualquier sociedad. La novedad no debería preocupar a las empresas, porque cobrarán lo mismo, aunque de otra manera.
El conflicto les hace más daño que las cuotas. Carrió y la influyente gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, sembraron la duda sobre la presunta existencia de errores o especulaciones en el cobro de los servicios por parte de las empresas.
Hay también en el oficialismo una queja sorda por la merma en las inversiones, sobre todo en las eléctricas.
Carrió estudia, incluso, la citación a la Cámara de Diputados de los dueños de las empresas de servicios públicos para que expliquen las tarifas y las inversiones. Tales agitaciones no vienen de cualquier lado: Vidal y Carrió son las personas políticas mejor evaluadas por la sociedad.
Cambiar las costumbres de la gente común y de los empresarios resultó una tarea más difícil de la que Macri se imaginaba. Es más complicada cuando los buenos datos de la economía están escondidos entre los papeles de los economistas, lejos aún de la percepción social.
La economía argentina lleva siete trimestres de crecimiento y la inversión es superior a la de todo el período kirchnerista. Sin embargo, las cosas vienen de tan abajo que tales novedades demoran en llegar al conocimiento de la mayoría social.
En ese debate constante entre lo urgente y lo importante, el Gobierno debió resolver también la relación con la Corte Suprema, instancia crucial para que sus políticas fundamentales no naufraguen en la marisma judicial.
La visita al tribunal de Marcos Peña y del ministro de Justicia, Germán Garavano, fue solo la primera. Se repetirá una vez por mes. Aunque el presidente del cuerpo, Ricardo Lorenzetti, fue quien la gestionó, reluce un cambio en la interlocución.
Hasta ahora, el monopolio de la interlocución con el Gobierno por parte de la Corte lo tenía Lorenzetti. No será así en adelante. Esa reunión tuvo momentos tensos, sobre todo cuando tres miembros de la Corte (Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz) les reprocharon a los funcionarios oficiales los trascendidos que daban cuenta de la crítica del Presidente a decisiones de la Corte.
"Preferimos que nos critiquen frontalmente, pero no queremos que se deslegitime permanentemente a la Corte", les dijeron. El Gobierno no deslizará más trascendidos sobre las decisiones de los supremos. Promesa de los dos ministros.
Peña les aclaró que el pedido de juicio político de Carrió a Lorenzetti estaba en el Congreso y que ellos no harían nada. Nada, ni para impulsarlo ni para rechazarlo.
Un viejo funcionario de la Corte Suprema resumió así la conclusión del tribunal: "Entre Carrió y Lorenzetti, Macri se queda siempre con Carrió". Los jueces juraron y perjuraron que las filtraciones de escuchas telefónicas no salieron de la oficina oficialmente encargada de esos menesteres, que depende de la Corte.
Justificaron también el aumento de personal de esa oficina en el aumento del caudal de escuchas en los últimos tiempos, que se explica en los pedidos del Ministerio de Seguridad a los jueces por cuestiones de narcotráfico.
No obstante, la Corte no avaló, ni avalará, la designaciones masivas en esa oficina de familiares de jueces y fiscales, los privilegios de la "familia judicial".
Cuando ellos hablan de la Corte, se refieren al tribunal como tal. Lorenzetti es otra cosa. El cambio de las costumbres sociales incluye también a la Justicia, la más poderosa de las corporaciones argentinas.
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