Pluma invitada
El fracaso épico de Kamala Harris en Puerto Rico
La visita de Harris resume las contradicciones de la política estadounidense hacia Puerto Rico.
Kamala Harris llegó a San Juan, Puerto Rico, el viernes pasado para su primera visita oficial como vicepresidenta. La intención del viaje era, en parte, destacar el compromiso del gobierno de Joe Biden con la recuperación de la isla. Lo que ocurrió en su lugar fue un cuadro revelador de los pasos en falso y los errores de juicio de los demócratas.
La visita de alrededor de cinco horas de Harris comenzó en la comunidad de San Isidro, en el municipio de Canóvanas. Ahí, visitó a María Ramos de Jesús, una mujer de 86 años cuya casa fue reconstruida hace poco con fondos de un programa del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano.
Fue una elección peculiar. Muchos de los residentes carecen de títulos de propiedad, por lo que no podían beneficiarse de los programas de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por su sigla en inglés) que ella pretendía promover. Los desplazados del huracán Hugo construyeron este asentamiento informal en humedales públicos en 1989. Los fondos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano están vinculados a un nuevo mapa de inundaciones de la FEMA, lo que significa que más de 250.000 viviendas como estas en toda la isla, identificadas como de alto riesgo de inundación, no pueden optar por ser reconstruidas.
El hecho de que la casa de la señora Ramos tardara siete años en ser reconstruida tras el huracán María es un indicador de cómo el gobierno federal les falla una y otra vez a los puertorriqueños, independientemente del partido que esté al mando.
Aunque el gobierno de Trump dejó a los puertorriqueños a oscuras después del huracán, fueron los demócratas quienes prepararon el escenario para las desastrosas secuelas de la tormenta. Las cosas podrían haber sido diferentes si el gobierno de Obama hubiera enfrentado con justicia la crisis financiera de Puerto Rico al ofrecer ayuda con su deuda, atender las injusticias históricas y proteger los servicios esenciales, en lugar de imponer a los residentes la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico designada por el gobierno federal y que solo ha ocasionado más daño.
Durante la campaña electoral, Joe Biden prometió dar marcha atrás a las políticas de austeridad impuestas por la junta fiscal y apoyar una auditoría de la deuda de Puerto Rico para identificar cualquier deuda emitida de manera ilegal. Sin embargo, una vez en el cargo, esas promesas quedaron en el olvido.
Aunque la junta reconoció que la mayoría de la deuda es inválida, desestimó las demandas de los ciudadanos de que se realice una auditoría integral. En su lugar, se centró en la privatización y el desmantelamiento de los servicios públicos, lo que a su vez provocó que los gastos de manutención y los costos de los servicios públicos se dispararan, incluso mientras servicios esenciales como la electricidad, el agua, la salud y la educación se volvían cada vez menos confiables y accesibles.
La junta funciona con una falta de supervisión escalofriante. La Corte Suprema dictaminó que sus miembros están exentos de los procedimientos federales habituales de nombramiento, dada la naturaleza "territorial" de sus funciones. El máximo tribunal también falló en contra de los periodistas locales que buscaban acceso a los registros internos de la junta. Esto, como escribió en una opinión la magistrada Sonia Sotomayor, ha dejado a la junta en "el limbo de la rendición de cuentas".
Aunque no arrojó toallas de papel , su visita fue lo que los puertorriqueños llamarían un papelón, un espectáculo vergonzoso.
Mientras los puertorriqueños de clase trabajadora sufren los embates de la austeridad y la ciudadanía de segunda clase, los incentivos fiscales atraen a la isla a una ola de inversionistas y trabajadores remotos, lo que tensa aún más los recursos de la isla y desplaza a sus residentes. En virtud de los incentivos fiscales consolidados bajo la Ley 60 en 2019, los inversionistas adinerados reciben exenciones de impuestos locales y federales siempre y cuando compren propiedades en Puerto Rico y residan ahí la mitad del año. Esto ha provocado una pérdida de miles de millones de dólares en ingresos a las arcas de la isla y un acaparamiento de tierras que ha elevado bastante el costo de la vivienda.
Los activistas locales esperaban poder manifestar estas preocupaciones a la vicepresidenta en su visita a La Goyco, una escuela cerrada por el gobierno en San Juan y recuperada como centro comunitario. Otros valiosos terrenos públicos se han vendido o rentado a grandes inversionistas por centavos de dólar para convertirlos en exclusivas escuelas privadas o lujosas casas de vacaciones.
La visita de Harris a La Goyco fue polémica. Varios grupos de activistas organizaron protestas en contra de las políticas del gobierno federal, no solo en Puerto Rico, sino también en Palestina y Haití. Algunos grupos coreaban "Yanki, vete a tu casa" o "Estados Unidos, Estados Unidos, queremos ser un estado".
En una escena digna del programa de HBO "Veep", la vicepresidenta tuvo el mal tino de aplaudir las canciones de protesta en español con las que fue recibida, al parecer, al no percatarse de que las letras criticaban su presencia.
Tras conocer un poco sobre la cultura local, Harris se dirigió a un acto de recaudación de fondos con donantes "expatriados" adinerados. El evento se celebró en el lujoso complejo residencial y comercial Ciudadela, propiedad de un beneficiario de la Ley 60 llamado Nicholas Prouty, a quien Harris reconoció como un buen amigo que la mantuvo al día sobre la situación en Puerto Rico después del huracán María.
Ciudadela también es un símbolo de la Ley 60, ya que una comunidad de clase trabajadora fue desalojada para construir apartamentos de lujo y un parque para perros. También tuvo mucho que ver en el juicio por corrupción de la exsecretaria de Educación de Puerto Rico, Julia Keleher, quien se declaró culpable de las acusaciones relacionadas con la firma de una carta mediante la cual cedía a desarrolladores inmobiliarios el derecho a construir en terrenos adyacentes a una escuela pública si le daban un descuento en un apartamento del complejo de Ciudadela.
En lugar de buscar fotografías que la hicieran destacar, la vicepresidenta habría hecho mejor en escuchar con mayor atención a los miembros puertorriqueños de su partido en la Cámara de Representantes, incluidas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, que llevan tiempo pidiendo una mayor supervisión federal de los beneficiarios de la Ley 60, un mayor escrutinio de la antidemocrática junta de supervisión fiscal y un verdadero compromiso federal para abordar el estatus de Puerto Rico.
Al final, la visita de Harris resume las contradicciones de la política estadounidense hacia Puerto Rico. Por un lado, hay un guiño superficial al empoderamiento popular; por el otro, una complicidad con las mismas fuerzas que motivan la gentrificación y el desplazamiento. Aunque no arrojó toallas de papel, su visita fue lo que los puertorriqueños llamarían un papelón, un espectáculo vergonzoso.