El Gobierno de Pedro Sánchez continúa haciendo frente a las leyes de memoria aprobadas por PP y Vox en diferentes territorios. Según informan fuentes de Moncloa, el Ejecutivo elevará esta cuestión "por su gravedad" a las principales instancias europeas e internacionales como la ONU y la UE.
La decisión se suma al anuncio de posibles recursos al Tribunal Constitucional (TC) a las medidas en Aragón, Castilla y León y País Valencià que impulsan ya desde el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que dirige Ángel Víctor Torres.
De este modo, el Ejecutivo recurrirá al Relator especial sobre Verdad, Justicia y Reparación y el Relator de Ejecuciones Extrajudiciales de Naciones Unidas. El objetivo es que se "evalúe la conformidad de estas medidas con las mejores prácticas internacionales y los compromisos internacionales adquiridos por España en materia de Derechos Humanos".
En el Parlamento Europeo se promoverán distintas iniciativas para incluir en el orden del día del pleno del Parlamento Europeo para su debate y votación por parte del Grupo Socialdemócrata.
También se acudirá al Consejo de Europa para invocar la posible violación de varias disposiciones del Convenio de Derechos Humanos. Se promoverán diferentes actuaciones como "un debate urgente en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para analizar la derogación de las leyes de memoria democrática aprobadas por las comunidades autónomas gobernadas por PP y Vox".
En los planes del Gobierno se incluye informar a la Secretaría General del Consejo de Europa y al Comisario de Derechos Humanos "para ponerles en conocimiento de la gravedad de la situación". Del mismo modo se solicitará la elaboración de un Informe sobre la situación de la memoria democrática en nuestro país ante la aprobación de estas leyes de derogación por parte de la derecha.
(habrá ampliación)
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