En lo que llevamos de año, siete mujeres han sido asesinadas en España a manos de sus parejas o exparejas y, de ellas, cuatro eran migrantes. En 2023, 25 de las 58 víctimas asesinadas por la violencia machista eran de origen extranjero, es decir, el 43%, a pesar de que la población de mujeres migrantes no llega al 6%. Lejos de ser algo puntual, entre 2003 y 2023, estos feminicidios supusieron el 35% del total, tal y como ya ha denunciado la asociación feminista AIETI, que recuerda que la situación de las mujeres migrantes es especialmente complicada debido a la precariedad laboral, la ausencia de redes de apoyo, el engaño por parte de los maltratadores y las dificultades para acceder a la justicia y otros dispositivos de emergencia.
Las investigaciones que ha llevado a cabo en años anteriores AIETI, Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos, en colaboración con Red Latinas, no solo constatan que "las mujeres migrantes están sobrerrepresentadas en las estadísticas sobre violencia de género" y que esa sobrerrepresentación se sostiene en el tiempo, sino que también "reciben menos protección y tienen mayores dificultades para acceder a los recursos públicos", sobre todo aquellas que se encuentran en situación administrativa irregular. Además, señalan, muchas de estas mujeres ya habían sufrido violencia física, sexual y psicológica durante el propio proceso migratorio.
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La actual Ley de Violencia de Género ampara a las víctimas extranjeras, "pero quienes no tienen autorización de residencia se arriesgan a ser expulsadas si su denuncia no prospera, o en casos de violencia sexual se arriesgan a ser deportadas". En algunos casos, explica Silvina Monteros, integrante de AIETI y autora de las investigaciones, "la propia Policía les dice a las mujeres migrantes que no denuncien porque va a ser muy difícil que consigan una sentencia condenatoria para el agresor que a ellas les permita esa autorización de residencia, cuando, en todo caso, eso lo debería determinar un juez".
Llegar a esa sentencia condenatoria es especialmente complicado para estas mujeres debido a su condición de migrantes porque "están muy solas, no conocen los recursos y no las asesoran adecuadamente, pues muchas veces dependen de un abogado de oficio que no está formado en perspectiva de género y eso termina perjudicando a las víctimas", ya sea en la obtención de esa autorización de residencia o bien porque los casos quedan sobreseídos o porque solo se condena a los maltratadores por lesiones leves, añade Monteros, que asegura que "hay una desproporcionalidad" en la protección a las mujeres migrantes por parte de las instituciones españolas.
La activista también lamenta que el Estado no proteja a víctimas en situación de irregularidad administrativa "que han sufrido violencia de género en otros países y que lo denuncian en España". Monteros pone como ejemplo el caso de una mujer peruana que huyó de su agresor, primero dirigiéndose a Barcelona y después a Italia, donde el hombre "la propinó una paliza con la que casi pierde la visión de un ojo", pero cuando fue a denunciar los hechos la policía española no lo tuvo en cuenta al haber ocurrir en otro territorio. "Es absurdo que ocurra esto, porque la violencia de género es un problema que trasciende fronteras y no debería restringirse a lo que sucede en un Estado", sostiene.
Engaño y manipulación de los maltratadores
Además de esa transnacionalidad, otro de los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres migrantes víctimas de violencia de género es la manipulación y el engaño por parte de sus agresores. Es el caso de Sofía, una mujer marroquí que se casó con un hombre español mucho mayor que ella y pasó 15 años aislada del mundo exterior al instalarse con él y sus hijas en Valencia, tal y como recoge la investigación de AIETI y Red Latinas. Sofía ni siquiera podía comprar ropa ni productos de higiene sin el consentimiento de su marido y sin que este la acompañara, de forma que la fue anulando y su estado de salud se deterioró significativamente con el tiempo. Él incluso evitaba llevarla a los servicios sanitarios por temor a que ella pidiera ayuda para separarse.
Sofía, al igual que otras muchas mujeres migrantes, nunca denunció a su marido ante las autoridades españolas. Fue él finalmente quien se marchó de la casa que compartían el día que decretaron el confinamiento por el estado de alarma, y al cabo de tres meses, le envió a ella los papeles del divorcio, por lo que se vio obligada a marcharse de la vivienda sin tener recursos. Aunque no experimentó violencia física, indica la investigación, "sí experimentó otras muchas formas de violencia, como la económica y la psicológica, además del racismo, el secuestro e incluso la violencia sexual".
"Hemos visto casos similares en muchas ocasiones, casos que denominados de neocolonialismo, donde hombres españoles tienen como pareja a mujeres migrantes para que limpien sus casas o solo para tener hijos y, una vez los tienen, ellos protegen a los hijos aportándoles la nacionalidad mientras que ellas las dejan en una situación de tremenda vulnerabilidad al no casarse y no poder tramitar la nacionalidad española o bien negándoles directamente ser parejas de hecho", explica Monteros. Cuando las mujeres denuncian a sus agresores, añade, están en clara desigualdad, pues "ellos tienen una familia que les apoya y pueden pagar un buen abogado", mientras que ellas siguen solas y sin recursos.
Otras barreras
No dominar bien el lenguaje también es una barrera para las mujeres migrantes víctimas de violencia de género, al igual que la homologación de títulos, ya que muchas empresas se aprovechan de esa situación ofreciéndolas menos dinero del que correspondería según su formación. "La discriminación y el racismo cierran el círculo que arroja a estas mujeres a la desprotección frente a las violencias machistas. No se trata de mujeres vulnerables, sino de mujeres vulneradas por un sistema que las coloca en posiciones subalternas", concluye el informe de AIETI y Red Latinas, que piden un cambio en la Ley de Extranjería para que no se exija denuncia a las víctimas como requisito para poder obtener un permiso de residencia y que se regularice a los hijos e hijas de las víctimas que estén en situación irregular.
Con las siete mujeres asesinadas en España en lo que va de año, el total de feminicidios asciende a 1.247 desde 2003, año en el que empezaron a recopilarse estos crímenes machistas.