Son conocidos los descosidos en que se mueve la sanidad catalana. Presionan los salarios de médicos y enfermeras, una adecuación de las jornadas de los profesionales -que fuerzan que la plantilla asuma la carga de trabajo resultante-, la necesidad de dar cabida a todo un plan de salud mental pendiente y, por supuesto, la entrada de nuevas tecnologías y medicamentos costosísimos que llegan al mercado. Esta problemática es común en muchos países desarrollados. Lo que no es tan común es que aquí todos esos retos se tengan que afrontar con una financiación autonómica que no tiene que ver con la capacidad fiscal y PIB del país, y que claramente resulta insuficiente a la vista de las tensiones que soporta la gestión sanitaria. Por eso, en su día analizamos la situación del sistema sanitario catalán desde una óptica comparada a nivel internacional con países de desarrollo económico similar al catalán ('La malaltia de la sanitat catalana: Finançament i Governança', ed Profit 2020). Resultaba una cifra media de déficit en torno a 5.000 millones de euros. Poca broma para quien le toca responder a las presiones de la demanda con una potencia de tiro tan limitada. El cálculo anterior, referido al periodo 2003-2016, lo hemos actualizado recientemente ( 'CRES Policy Paper', Abril 2024) siguiendo una metodología similar: estimación econométrica, gasto per cápita en paridad de poder adquisitivo, ajustando por el nivel de PIB per cápita y el envejecimiento, y referenciando la muestra tanto a los modelos de Servei Nacional de Salut como de seguro social.
El resultado muestra una insuficiencia de la financiación del gasto público en torno a 3.000 millones de euros, un 22% del gasto público realizado, y un añadido en gasto privado de 700 millones, en torno al 13%, añadido en particular a partir del 2018, teniendo como comparador el conjunto de países con modelo público puro y los de modelo de seguro social.
La brecha se ha reducido de 5.000 a 3.000 millones en la actualidad
Observamos, así, un cierre de la brecha de financiación pública, en parte provocada por la crisis de la covid, que supuso un incremento de recursos muy superior aquí que en los países comparados, y que es dudoso si se podrá mantener. El análisis llega al 2021, datos oficiales publicados y cerrados por OCDE y por el CatSalut.
Como en la adaptación realizada en el trabajo anterior, se ofrece un estudio temporal de convergencia en las cifras de gasto proyectando las tendencias observadas, para identificar cuándo se cerraría el gap bajo diferentes supuestos de variación interanual, y que muestra el esfuerzo fiscal todavía pendiente. Remarcamos, en todo caso, que no resulta clara la tendencia de los años 2022 y 2023, visto el baile de cifras por las variaciones entre cantidades presupuestadas y liquidadas en el gasto sanitario.
Es casi un milagro la buena diagnosis que muestra todavía el sistema sanitario catalán, puntero en muchos aspectos de la sanidad española y de nuestra economía. Pero en ausencia de una corrección importante de su financiación tiene mal pronóstico; tan malo como problemas se derivan de su gobernanza y de las capacidades de hacer un uso eficiente del gasto.