Centros vecinales, grupos de vecinos autoconvocados de distintas zonas de Córdoba Capital y una organización ambientalista dieron a conocer una "Carta Abierta al Intendente de Córdoba" (Daniel Passerini -PJ, Hacemos Unidos por Córdoba-) donde le piden que "gobierne para los vecinos de la ciudad y no para los empresarios desarrollistas, que persiguen beneficios económicos sin importar los costos socio-ambientales".
El documento lleva las firmas de los centros vecinales de los barrios Cerro de las Rosas, Jardín Espinosa y Ampliación Jardín Espinosa, La Carolina, Nueva Córdoba, Parque Chacabuco, Villa Belgrano, y Villa Rivera Indarte; las comisiones regularizadoras de los centros vecinales de Argüello, El Refugio, Quisquisacate, Villa Warcalde y Alto Hermoso; grupos de vecinos autoconvocados de los barrios Alberdi, Villa Belgrano, Villa Cabrera, Villa Los Ángeles; y la Asociación Civil Amigos de la Reserva San Martín.
El planteo se enmarca en los conflictos barriales con el municipio por la habilitación de grandes desarrollos inmobiliarios, comerciales y de servicios que impactan en la vida cotidiana de los vecinos, en la estructura urbana de amplias zonas de la capital, en la calidad de vida y de los servicios, y en el medio ambiente. Dentro de ese contexto se encuentra en trámite un recurso de amparo presentado por el centro vecinal de Villa Belgrano ante la Cámara Contencioso Administrativa N°2 de Córdoba, en defensa de ese barrio del noroeste de la Capital provincial.
También apuntan a la falta de apertura a la participación vecinal para debatir sobre el futuro de la ciudad. Recuerdan que el 14 de diciembre de 2023 solicitaron una audiencia con Passerini y los funcionarios de distintas áreas, "a los fines de abordar distintos temas de interés para el desarrollo integral de la ciudad, sin que haya dado respuesta alguna".
Señalan que "al parecer, el Intendente ha olvidado que los vecinos somos los protagonistas y artífices de la vida cotidiana y el destino común de la Ciudad, sentido y razón de ser del Municipio, pero sí se reúne y lo hace público con la Cámara de desarrollistas inmobiliarios, que solo persiguen beneficiarse económicamente con autorizaciones y acuerdos a espaldas de la sociedad, en los que se les otorga excepciones a las ordenanzas de uso del suelo y edificación -a las que todos los ciudadanos debemos someternos empobreciendo con estas decisiones nuestra calidad de vida".
Resaltan luego que "estos desarrollistas que se creen dueños de la ciudad, que amenazan a los vecinos y pretenden intimidar a la justicia invocando el derecho de propiedad, no asumen que los artículos 14 y 240 del Código Civil y Comercial de la Nación establecen respectivamente la prohibición del abuso del derecho y la limitación del ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes, cuando puedan ser afectados el ambiente y los derechos de incidencia colectiva en general".
Denuncian que "(estos) desarrollistas que dicen trabajar para resolver el tema habitacional, yendo por la densificación o la ampliación de la mancha urbana, pero no lo hacen en zonas marginales, sino que pretenden hacerlo en zonas residenciales, a las que tildan de zonas "deprimidas", sin embargo, planifican sobre las mismas sus ganancias en detrimento del derecho constitucional a vivir en un ambiente sano".
Resaltan más adelante que "la Municipalidad se presta al juego, tanto el Ejecutivo y sus funcionarios de las áreas específicas, como los concejales oficialistas, favorecidos por la cláusula de gobernabilidad -la Carta Orgánica otorga al intendente mayoría propia en el Concejo Deliberante, independientemente del resultado electoral-".
PLANIFICACIÓN INTEGRAL
Luego resaltan que "tales conductas incumplen el art. 15 de la Carta Orgánica Municipal, en cuanto al deber del Municipio de promover la planificación integral, cuyo objetivo es lograr una ciudad funcionalmente equilibrada, articulada con su entorno metropolitano, ambientalmente sustentable, socialmente equitativa y con una participación efectiva de sus vecinos".
Agregan que "también violentan las normas sobre información pública ambiental (25.831) y la participación ciudadana de la ley general del ambiente 25.675, que surgen a su vez de la ley provincial 10.208 de política ambiental. Información pública y participación pública para la toma de decisiones en cuestiones ambientales, dispuestas imperativamente por el Acuerdo de Escazú, acuerdo regional ratificado por ley 27.566, de carácter obligatorio y de valor supralegal".
Por último, reclaman "el pleno respeto a la identidad barrial como componente cultural del ambiente, la protección del patrimonio de la ciudad, la preservación de las napas freáticas y del río Suquía para evitar su contaminación, impidiendo viviendas colectivas o en altura en zonas sin servicio cloacal y no permitidas por la ordenanza de uso del suelo y el código de edificación, así como la total protección de los parques, reservas y espacios verdes de la ciudad y los valiosos servicios socio-ambientales que brindan a la ciudadanía".
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