Este marte 30 de abril fueron secuestraron 390 cajas con 1.530 bidones de agroquímicos dentro de plantas de acopio agroindustrial ubicadas en las localidades entrerrianas de Rincón de Nogoyá y Victoria, como parte de una investigación por posible infracción a la ley de marcas.
Los productos pertenecían a la marca Syngenta, pero en el marco de la investigación se indicó que estos habrían sido falsificados, por lo que las autoridades también están averiguando por un posible daño ambiental y las eventuales consecuencias para la salud.
El Ministerio Público Fiscal indicó a la agencia Noticias Argentinas que el procedimiento fue ordenado por el juez federal de Victoria, Federico Martin, quien respondió al pedido realizado por la fiscal auxiliar de dicha jurisdicción, Rosana Elizabeth Luggren.
En los próximos días se llevarán a cabo los peritajes correspondientes a los productos secuestrados. Por el momento, se conoce que la mercadería en cuestión representaría un perjuicio económico de unos 150 mil dólares para la compañía Syngenta.
En lo que respecta a la posible falsificación de los productos, esto implicaría una falta a la ley N°22.362, conocida como "ley de marcas", que nuclea el conjunto de normativas legales que regulan la creación, registro, protección y uso de marcas comerciales.
La posible venta de productos falsificados fue denunciada en diciembre de 2023 en la fiscalía federal de Victoria, a cargo del fiscal Claudio Kishimoto. En consecuencia, se inició una investigación por parte de la División Antifraude de la PFA y el Departamento de Delitos Ambientales, dado que se veía afectada la seguridad de la producción "agro" de la región.
Luego de varios meses, los investigadores identificaron y obtuvieron material probatorio de la comercialización de bidones de "Acuron Uno" y "Meravis Triple", de Syngenta, que eran falsos y procederían de depósitos de la empresa AGROSUR S.A., en particular de una planta ubicada en la Ruta Provincial N°11, en Rincón de Nogoyá.
Acto seguido, ya con las pruebas reunidas, el juez federal de esa jurisdicción ordenó el allanamiento de la planta de acopio agroindustrial para así secuestrar los productos falsificados y constatar cualquier otro posible delito ambiental en la empresa, como así también procedió a identificar a todos los responsables de la firma AGROSUR.
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