El Parlamento Europeo investigará las actuaciones de la Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) respecto de los 379 asesinatos de ETA que siguen sin resolver. Así lo ha confirmado la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, que está tramitando una solicitud planteada por Daniel Portero, presidente de la asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia (DyJ), a través de una carta a la que ha tenido acceso LA RAZÓN.
La organización puso de manifiesto la lentitud con la que se están desarrollando las diligencias sobre estos casos el pasado 19 de marzo y los obstáculos con los que se encuentran para su esclarecimiento, así como que en algunos casos se está aplicando la prescripción en contra de las recomendaciones que se han emitido desde Europa. Durante su intervención en la Comisión, Portero destacó queen dos años, solo se ha resuelto judicialmente uno de estos casos. Se trata del asesinato del senador y presidente del PP de Aragón Manuel Giménez Abad, ocurrido en 2001. Dignidad y Justicia destacó entonces que todavía quedan 378 asesinatos sin resolver, equivalentes a un 43% de los cometidos por la organización terrorista.
Dignidad y Justicia planteó en aquel encuentro una serie de peticiones como consecuencia de los incumplimientos por parte del Ministerio Público de gran parte de las recomendaciones de la resolución de abril de 2022 sobre la petición 1525/20156.
Por una parte, ha pedido que se inste a la Fiscalía General del Estado el cumplimiento efectivo de la recomendación número 4,queimpulsa la continuidad de las investigaciones detalladas y exhaustivas de casos no resueltos sin entrar a valorar la prescripción. Por otra, quiere que se indique a la Sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que impulse procesalmente las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad de ETA y que solicite la autorización y entrega de los procesados en esta causa a las autoridades francesas.
Además, quiere que se solicite al Ministerio de Interior queequipare en contenido la Ley de Memoria Democrática con la deVictimas del terrorismo y requirieron al Comité de Peticiones que incorpore en el texto de la recomendación número 4 la posibilidad de que las víctimas o sus familiares directos,personados como acusación particular o popular, para quese les habilite para ejercer las labores de investigación de manera similar al Ministerio Fiscal.
En la respuesta remitida por la presidenta de la Comisión de Peticiones, la europarlamentaria Dolors Montserrat, se indica que siguen examinando la petición planteada DyJ y le confirman que,tras el debate celebrado en marzo, se solicitó a la Comisión Europea "que facilitara información adicional y actualizada sobre los diversos aspectos de la cuestión".
Respecto de la revisión de la Directiva sobre los derechos de las víctimas, el texto confirma que la Comisión de Peticiones envió al Consejo de la Unión Europea y a la Comisión Europea, a título informativo, el informe realizado tras la visita de noviembre de 2021 sobre los 379 asesinatos cometidos por la banda terrorista ETAque entonces estaban sin resolver.
La Comisión se ha comprometido a dar continuidad al examen del expediente abierto por la falta de investigación de la Fiscalía que denuncia la organización una vez haya recibido información por parte del Ejecutivo comunitario.
Archivo y prescripción en el caso de Otegi
Uno de los casos más recientes que reflejan los obstáculos que está poniendo la Fiscalía en la investigación de los asesinatos sin resolver es el que afecta a Arnaldo Otegi, líder de EH Bildu y socio del Gonbierno. Este periódico daba cuenta de que para la Guardia Civil Otegi tuvo responsabilidad en el asesinato del directivo de Michelín Luis María Hergueta el 25 de junio de 1980 en Vitoria.
Así se lo trasladó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional en un informe en el que señalaba a Otegi y a otras cuatro personas que participaron en el secuestro de Luis Abaitua, por el que el líder de EH Bildu fue condenado a seis años de prisión. Durante el tiempo que estuvo retenido, entre el 19 de febrero y el 1 de marzo de 1979, le forzaron a dar información sobre Hergueta.
Sin embargo, el Ministerio Fiscal no llegó a remitir ese informe al magistrado Santiago Pedraz, que investiga a "Josu Ternera" por el asesinato de Hergueta. Las diligencias de investigación "fueron archivadas" porque en el informe no se pudo determinar qué personas concretas participaran en la autoría material del atentado. Y, tal como denuncia Dignidad y Justicia, en un comunicado señala que los hechos habría"prescrito" porque se cometieron hace casi 44 años.
✕