Salvador Lachica
El Grupo Parlamentario Popular llamará de forma expresa al expresidente del Gobierno de Canarias y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, para que explique en la Cámara regional sus conversaciones con Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, investigado por su presunta participación en una trama corrupta.
Así lo decidió la Junta Directiva del PP canario, presidida por Manuel Domínguez, al entender que el expresidente de Canarias y actual ministro "tiene que comparecer, físicamente, para dar explicaciones, especialmente después de la entrevista que hemos podido ver en un periódico nacional del que era asesor del ministro Ábalos en aquel entonces y que ha dicho que habló expresamente con Torres".
"Celebro y mucho el cambio de posición de Torres tras haber dejado de ser presidente y ahora no tenga inconveniente en dar explicaciones cuando hace un año a la oposición no solo se le impidió celebrar la comisión de investigación, sino debatir sobre un asunto de tal importancia como era el desembolso de cuatro millones a una empresa de venta de vehículos por unas mascarillas que nunca llegaron a Canarias", aseguró Domínguez.
Para el máximo dirigente del PP canario y vicepresidente del Ejecutivo regional, si ya era "muy preocupante" la estafa del llamado caso Mascarillas por parte de la empresa RR7, "mucho peor" es el referido a los "más de 12 millones" relacionados con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, vinculada a Koldo García y "que afecta directamente al PSOE".
Para el PP canario, y así lo reiteró en varias ocasiones su portavoz parlamentaria, Luz Reverón, la Cámara regional tiene que investigar todo lo relativo a los 49,7 millones de dinero público sospechosos de haber sido destinados a empresas presuntamente corruptas. Los conservadores creen que son cuatro las subtramas de lo que han bautizado, precisamente, como caso Torres: el mencionado caso Mascarillas (un millón de tapabocas por un importe de cuatro millones a la empresa RR7 sin que se hiciera entrega del suministro más otros tres contratos, por valor de 13,7 millones de euros, que no tienen autorización del Consejo de Gobierno), Koldo (dos contratos con Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas, vinculada al exasesor y persona de confianza del exministro José Luis Ábalos, por 12,3 millones) y, a la sombra de este, Damco (Damco Trading Services y Tanoja Services fueron adjudicatarias para suministrar mascarillas y test por 15,8 millones en 2020 y 7,1 millones en 2021) y Sanytary (1,3 millones a una empresa que no existía cuando se emitió la factura por mascarillas y batas).
Durante la investigación parlamentaria, que en principio durará hasta final de año, de «las responsabilidades políticas inherentes a la gestión de la contratación del Servicio Canario de Salud (SCS) del Gobierno de Canarias del material sanitario para hacer frente a los efectos de la Covid-19», los socios del Ejecutivo que preside Fernando Clavijo quieren que desfilen, además de Torres, el exvicepresidente Román Rodríguez, los exconsejeros Sebastián Franquis, Julio Pérez y Blas Trujillo, el exviceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera (actual director de Gabinete del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática), el exviceconsejero de Comunicación, Ricardo Pérez, o el exresponsable del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez.
Con todo, el máximo responsable del PP canario precisó que, en todo caso, "será la propia comisión de investigación quien defina" qué actuaciones se desarrollarán y qué personas serán citadas para buscar pruebas de supuestas decisiones corruptas.
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