El Gobierno anunció detendrá el pago de indemnizaciones a personas que denunciaron ser víctimas del terrorismo de Estado de la última dictadura, con el fin de realizar una auditoría y detectar "casos con irregularidades". La medida fue anunciada por el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, quien definió la situación de la reparación como un "festival de pagos" y denunció que "no podrían haber ocurrido sin una ayuda política".
"El ministro Mariano Cúneo Libarona dispuso -según resolución Nº RS-2024-40979055-APN-MJ- la realización de una auditoría integral de todos los pedidos realizados al amparo de las leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado. El Ministerio determinó llevar a cabo dicha auditoría debido a que se han detectado distintos casos con irregularidades en la tramitación, otorgamiento y/o pago", explica el comunicado de prensa publicado en redes por el funcionario.
La decisión de auditar "todos los pedidos" surge a partir del fallo dictado en la causa "'Martínez Moreira, Adrián y otros s/defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita', y que confirmó la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. En dicha causa, se procesó a un conjunto de personas por los delitos de asociación ilícita, falsificación de documentos públicos y privados, uso de documentos públicos, falso testimonio, falsa denuncia, estafa y defraudación en perjuicio de la Administración Pública Nacional", informó el Ejecutivo.
Cúneo Libarona anunció que "a su vez, existen otras causas penales en trámite por irregularidades surgidas por pagos duplicados o realizados a personas que carecen de documentación que respalde su pedido". "El Ministerio articulará medidas para no abonar las sumas económicas de los beneficios a quienes no correspondan. Asimismo, perseguirá la devolución de las sumas pagadas por el fraude y que han sido cobradas indebidamente para que se restituyan a las arcas del Estado", resolvió.
Las indemnizaciones, previstas por seis leyes nacionales promulgadas entre 1991 y 2013, son compensaciones económicas y pensiones que otorgó el Estado a las víctimas de la última dictadura cívico militar, que hubieran iniciado un juicio contra el Estado y probado el daño en una causa judicial. Ya en campaña, la vicepresidenta Victoria Villarruel había dejado entrever su deseo de auditar las indemnizaciones mencionadas y, hace dos años, el juez Ariel Lijo (elegido por Javier Milei para la Corte Suprema) investigaba a uruguayos que hubieran sido beneficiados por la Justicia argentina.
Sin embargo, esta gestión no es la primera en analizar la situación irregular, ya que el exsecretario de Derechos Humanos de Nación, Horacio Pietragalla Corti, se había presentado como querellante en agosto de 2021, luego de reunir información sobre estas maniobras fraudulentas en expedientes judiciales y administrativos de falsos familiares de desaparecidos. Como resultado de ese juicio, cinco personas fueron procesadas como integrantes de una organización criminal que brindaba falso testimonio y estafaba a la administración pública.
Quienes pueden solicitar una reparación son, entre otros, las personas que sufrieron desaparición forzada, los familiares de los muertos por el accionar del terrorismo de Estado, y las personas nacidas durante la privación de la libertad de sus madres, o que siendo menores hubiesen permanecido detenidas, siempre que se tratase de una detención y desaparición por razones políticas.
Mariano Cúneo Libarona: "Inventaban ser víctimas y percibieron más de 150 mil dólares"
Luego de anunciar la medida por redes sociales, el ministro acudió a una entrevista televisiva en LN+ en la que detalló que avanzarán contra "gente que, con documentos falsos, con testigos falsos y formularios falsos, inventaba y reclamaba ser víctimas y que percibieron más de 150 mil dólares por ese concepto". "Hay otro juicio más donde descubrimos una maniobra fraudulenta donde se presentaban personas que ya habían cobrado y volvían a cobrar, se presentaban personas que eran de Uruguay y reclamaban el periodo como si hubieran estado detenidas acá. Son más de 100 juicios que ganaron", detalló.
Cúneo Libarona informó que la auditoría será sobre 7.996 indemnizaciones, además del caso de 14.400 personas exiliadas. "Ahí tengo mucha trampa de quién estuvo y quién no. Son 350 juicios de 100 mil dólares cada uno", insistió en comunicación con LN+. Asimismo, afirmó que el Ministerio de Justicia actúa como querellante en esta causa y solicita que "se apunte al secuestro y decomiso del dinero". "Lo vamos a recuperar, que devuelvan el dinero, porque si lo introdujeron al mercado pueden estar cometiendo lavado de dinero porque tiene origen ilícito", sostuvo.
"Hay mucho justo y muchísimo pecador, lo que quiero es descubrir la banda de pecadores. Quiero ver los expedientes, esto me divierte y me apasiona bastante", insistió y ahondó: "Ante toda esta situación, nosotros decidimos pisar directamente los pagos. No queremos pagar. Que se lleven el escritorio en todo caso. Vamos a intimarlos para que devuelvan el dinero que se robaron".
Por último, Cúneo Libarona indagó: "Cuando leo los fallos y veo la entidad digo: acá debe haber muchísimos más hechos, más juicios e involucrados". "Estoy convencido que estos hechos no se pueden haber dado si no existía de alguna manera alguna actuación de un funcionario público, y lo que vos te das cuenta es que existía un festival de pagos", denunció. "Hablamos de un Estado que se dedicaba a cometer fraudes o beneficiar", apuntó.
ML / ED