Cuando el gobierno del presidente Nicolás Maduro de Venezuela y la oposición de su país firmaron un acuerdo en octubre para trabajar hacia elecciones libres y justas este año, se vio como un destello de esperanza después de años de gobierno autoritario y colapso económico.
Estados Unidos, como gesto de buena voluntad, levantó temporalmente algunas de las sanciones económicas que han paralizado la crucial industria petrolera del país.
Pero seis meses después, el gobierno de Maduro ha tomado varias medidas que han reducido las posibilidades de elecciones legítimas, y una frustrada administración de Biden anunció el miércoles que dejaría expirar el alivio de las sanciones.
La reinstauración de las penalidades podría tener consecuencias significativas para el futuro de la democracia en Venezuela, para su economía y para la migración en la región.
"Maduro y sus representantes no cumplieron completamente ni con el espíritu ni con la letra del acuerdo", dijo un funcionario de alto rango que habló con un grupo de periodistas en condición de anonimato para discutir un asunto diplomático sensible.
Otro alto funcionario que discutió las sanciones restablecidas citó "la descalificación de candidatos y partidos por cuestiones técnicas, y lo que vemos como un patrón continuo de acoso y represión contra figuras de la oposición y la sociedad civil".
El alivio de las sanciones expirará a la medianoche del miércoles, pero el funcionario dijo que habrá un "período de 45 días para liquidar transacciones relacionadas con las operaciones del sector de petróleo y gas" para que la expiración "no provoque incertidumbre en el sector energético global".
El gobierno venezolano no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Pero en un discurso televisado el lunes, el Sr. Maduro, anticipando que las sanciones serían restablecidas, dijo: "No somos una colonia gringa. Venezuela continuará su marcha económica".
Estados Unidos ha impuesto sanciones a algunos líderes venezolanos durante años, pero la administración Trump las endureció significativamente en 2019, después de que Estados Unidos acusara al Sr. Maduro de fraude en la última elección presidencial.
La medida pretendía forzar la salida del gobierno de Maduro, pero el Sr. Maduro ha logrado retener su poder, incluso cuando las sanciones han conducido a una miseria económica para muchos venezolanos.
Las importaciones de petróleo venezolano a Estados Unidos, su mayor cliente, han sido efectivamente prohibidas. El petróleo es la principal fuente de ingresos por exportaciones de Venezuela, y las sanciones han infligido un duro golpe económico que ha contribuido a una masiva migración de venezolanos.
El alivio de las sanciones permitió a Venezuela vender su crudo libremente durante un período de seis meses.
El Sr. Maduro, en el poder desde hace 11 años, ha buscado durante mucho tiempo el levantamiento de las sanciones, mientras que Estados Unidos y sus aliados en la oposición venezolana han exigido que el Sr. Maduro permita elecciones competitivas que podrían dar a sus oponentes políticos la posibilidad legítima de ganar.
Aunque el acuerdo del año pasado, firmado en Barbados, fue un paso significativo adelante, muchos eran escépticos de que el Sr. Maduro permitiría alguna vez una elección con alguna posibilidad real de que pudiera perder.
Pocos días después de firmarse el acuerdo, una exdiputada venezolana, María Corina Machado, ganó una elección primaria con más del 90 por ciento de los votos. Su victoria y una alta participación mostraron, según expertos, que tenía una fuerte posibilidad de vencer al Sr. Maduro en una elección libre y justa.
Desde entonces, el gobierno de Maduro ha puesto más barreras para evitar la posibilidad de un voto competitivo.
A principios de enero, el máximo tribunal del país descalificó a la Sra. Machado por lo que los jueces afirmaron eran irregularidades financieras que ocurrieron cuando era legisladora nacional. Este tipo de descalificaciones son una táctica común utilizada por el Sr. Maduro para mantener a competidores fuertes fuera de la papeleta.
Luego, utilizando maniobras técnicas electorales, el gobierno impidió que una coalición de la oposición presentara otro candidato preferido. A la oposición se le permitió finalmente presentar a otro candidato, Edmundo González, un exdiplomático, pero no está claro si su nombre aparecerá en la papeleta de la elección del 28 de julio.
A un partido de la oposición se le permitió registrar oficialmente a otro candidato: Manuel Rosales, gobernador del populoso estado de Zulia, cuya candidatura es ampliamente vista como aprobada por el Sr. Maduro, según analistas políticos.
Un informe de inteligencia no clasificado de Estados Unidos en febrero indicó que es probable que el Sr. Maduro gane la elección y permanezca en el poder "debido a su control de las instituciones estatales que influyen en el proceso electoral y a su disposición de ejercer su poder".
A pesar de que la administración de Maduro ha colocado aliados en el consejo electoral de Venezuela, el informe de inteligencia señaló que también "está tratando de evitar fraudes electorales flagrantes".
Seis colaboradores de la campaña de la Sra. Machado han sido arrestados y otros seis se han escondido desde que se emitieron órdenes de arresto en su contra. Hombres en motocicletas han atacado a seguidores en sus eventos. Muchos venezolanos en el extranjero no han podido registrarse para votar debido a requisitos costosos y engorrosos.
Ahora que las sanciones han sido restablecidas, los expertos dicen que es poco probable que el gobierno venezolano reconsidere sus acciones antidemocráticas.
El gobierno de Maduro no "tiene más razones para hacer más concesiones o incluso mantener algunas de las concesiones que han hecho hasta ahora", dijo Mariano de Alba, asesor principal del International Crisis Group, un grupo de reflexión. "Así que podríamos estar avanzando hacia un terreno de juego más desigual en el ámbito electoral."
El movimiento también podría afectar la migración en la región.
Agotados por años de lucha económica y falta de libertades, cientos de miles de venezolanos han intentado llegar a la frontera de Estados Unidos en los últimos dos años, creando una crisis política y humanitaria para la administración Biden.
Alrededor de la época del acuerdo de Barbados, Venezuela también aceptó recibir migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos, un movimiento destinado a mostrar que el presidente Biden abordaba decididamente los récords de cruces fronterizos y a disuadir a otros venezolanos que pudieran estar considerando el viaje.
Pero esos vuelos de deportación se detuvieron en febrero sin explicación. Ahora que las sanciones están reinstauradas, es poco probable que se reanuden.
El alivio de las sanciones también tuvo un efecto modesto pero notable en la economía venezolana durante los últimos seis meses, según los expertos. Las exportaciones de petróleo alcanzaron recientemente un máximo en cuatro años y la inflación alcanzó un mínimo en una década.
Pero la reanudación de las sanciones podría revertir esos avances. Una economía en dificultades junto con la fuerte posibilidad de que el Sr. Maduro pueda ganar otra elección ilegítima podría llevar a otro aumento en la migración, dijeron los expertos.
Aunque la administración Biden dijo que restablecería las sanciones, otro funcionario de Estados Unidos dijo que el gobierno podría seguir permitiendo a empresas individuales, caso por caso, hacer negocios con el sector petrolero y gasífero de Venezuela.
Permitir que continúe dicho negocio limitado con Venezuela da a Estados Unidos cierta influencia en las discusiones con el gobierno de Maduro, según los expertos.