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La ruta PY02, entre Calle Última y el campus de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), donde la empresa portuguesa Mota Engil intervino para ejecutar las obras civiles del fracasado metrobús, sigue en condiciones desastrosas, según se pudo corroborar en un recorrido de este diario.
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) se desentiende de esta situación, mientras los baches se van apoderando de la vía. La zona de Fernando de la Mora es la más afectada, pues con los desagües ineficientes del fracasado proyecto del Gobierno de Cartes, los comercios se inundan con cada lluvia, según indicaron.
Este diario intentó conversar con la ministra Claudia Centurión sobre los planes que tiene la institución a su cargo para mejorar la avenida, pero no responde sobre este y otras consultas, pese a que fueron debidamente gestionadas a través de la Dirección de Comunicaciones de la institución.
"Nuestra avenida está cada vez peor y cada lluvia genera enormes cráteres. Nosotros ya no tenemos ni contacto con la gente del ministerio. De vez en cuando aparecen para trabajos de bacheo, pero hasta ahí. No sabemos si hay planes para mejorar la avenida", lamentó Nelson Escobar, uno de los comerciantes de la zona.
Exigen pena máxima
Ante esta situación, los frentistas exigen que la fiscala María Estefanía González pida la pena máxima por el delito de lesión de confianza, que es de 10 años para los casos graves, pues según dijeron, en la causa metrobús se cumplen con los requisitos para dicha condena.
"Acá estamos hablando de millones de dólares. Es un hecho grave por la cantidad del daño patrimonial y es aún más grave por haber sido Ramón Jiménez Gaona el ordenador de gastos del MOPC. Él tenía la responsabilidad de velar por los intereses del patrimonio público y en este caso se puede tipificar la pena máxima de 10 años", señaló el abogado Guillermo González, en su momento abogado de los frentistas.
El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú admitió esta semana la acusación fiscal por presunta lesión de confianza con el fallido metrobús, en el que se ocasionó un perjuicio de casi US$ 25 millones al Estado.
Hoy están acusados el exministro de Obras Públicas y Comunicaciones del gobierno de Horacio Cartes (2013 - 2018), Ramón Jiménez Gaona, su exviceministra de Finanzas y ministra sustituta, Marta Regina Benítez Morínigo; y el encargado del proyecto metrobús, Guillermo Alcides Alcaraz.