Las Palmas de Gran Canaria
Miércoles, 17 de abril 2024, 22:53
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El Cabildo de Gran Canaria debe casi 10 millones de euros a las siete entidades que gestionan 36 de los 44 centros de menores tutelados de la isla en situación de desamparo, una deuda que de no abonarse de inmediato «estaría poniendo en grave peligro la atención a estos niños y niñas, la estabilidad laboral y personal de más de 500 profesionales y sus familias, así como la propia viabilidad de las entidades que prestan este servicio».
Así se lo recordó este miércoles al presidente del Cabildo, Antonio Morales, la Asociación Regional de Organizaciones del Tercer Sector en la Protección de la Infancia, Juventud y Familia en un escrito que reclama una solución urgente para el abono de esa deuda y «la inmediata renovación de los contratos que rigen la gestión de estos hogares de protección».
El escrito destaca que desde febrero de 2021 el abono de las cantidades contratadas a las entidades sin ánimo de lucro que prestan este servicio se han venido dilatando en el tiempo, «acumulando más de seis meses de retraso en todos los casos, y en algunas entidades hasta 20 meses». Durante esos amplios periodos no se ha percibido ningún ingreso para afrontar salarios, gastos corrientes, actividades y «todo lo que implica una adecuada atención de las necesidades de los niños y adolescentes cuya guarda y/o tutela corresponde al Cabildo», agrega el comunicado.
Y es que los contratos de los centros de acogida no se renuevan desde 2008 y llevan años en una situación irregular. El Cabildo publicó una licitación en 2019, pero fue anulada por errores en la valoración económica del coste de personal. Entonces, como los centros estaban infrafinanciados y sin amparo legal, se hicieron contratos de emergencia y se incrementó la financiación por plaza. Sin embargo, tales contratos quedaron sin efecto en febrero de 2021 y desde entonces se suceden los retrasos en su pago por la Consejería de Política Social.
Además, desde el 1 de enero de este año, debido a la situación de nulidad de los contratos, los abonos a cada entidad deben ser informados antes por el Consejo Consultivo de Canarias, lo que está dilatando más los pagos.
La consejera de Política Social, Isabel Mena, cifra el valor de las facturas confirmadas y pendientes de pago en 8,73 millones (sin contar las de abril) y explica que los expedientes en los contratos anulados «conllevan un trámite farragoso» que incluye informes técnicos de varios servicios. «Estamos esperando por los informes del Consultivo, que no podemos acelerar, para abonar la mayoría de la deuda», apostilla.
Mena lamenta las penurias a las que se ven condenadas las entidades que gestionan estos centros por el retraso en los pagos y adelanta que la renovación de los contratos mediante la fórmula del concierto social dispone ya de los pliegos y solo falta que se aprueba su financiación plurianual para salir a concurso. Entonces, indicó sin cifrar la subida, se aumentará de nuevo la financiación de cada plaza por día y niño.
Actualmente, precisó la consejera, el Cabildo dispone de 40 hogares de menores, 36 gestionados por estas entidades y cuatro directamente, y cuatro centros de atención inmediata (en los que se produce el primer ingreso) que atienden a 462 niños y adolescentes.
La consejera del PP del Cabildo Pepa Luzardo reclama a la Consejería de Política Social que complete cuanto antes el expediente para renovar los contratos mediante concierto social para regularizar los pagos porque las entidades que sostienen el sistema «están con el agua al cuello».
Además, exige que actualice el importe que paga por la prestación del servicio por día y niño, fijado en 2019 y que se ha quedado corto.
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