Vecinos del entorno de la carretera nacional N-332 a la altura de Orihuela Costa tienen la sensación de vivir, más que en un residencial, en un polígono industrial por la cantidad de carteles publicitarios que proliferan en esta zona, pese a que la llamada "ley Osborne" los prohíbe, con la excepción del mítico toro, que se consideró que ya formaba parte del patrimonio nacional. Incluso, han visto cómo sus viviendas han bajado de precio entre 60.000 y 100.000 euros por las vistas a los carteles.
Lo describen como un Sodoma y Gomorra o digno de una escena de Berlanga. En concreto, señalan dos que llaman especialmente la atención y que, además, tienen constancia de que son ilegales, tal y como se lo trasladó el exconcejal de Urbanismo, José Aix.
El más escandaloso, indican, es el de la N-332 en la esquina de la calle Tabarca con Menorca en la urbanización La Regia, de 20 metros de largo por 25 de alto. Se instaló en pleno confinamiento, en 2020, y para más inri en el puente de diciembre a la una de la madrugada. Varios vecinos avisaron a la Guardia Civil y a la Policía Local, que dijo que tenía licencia, aunque luego se demostró que no, señalan.
El Síndic de Greuges envió hasta siete requerimientos al Ayuntamiento para que lo retirara, aunque Aix no contestó a ninguno de ellos, recuerdan. Por su ubicación y altura -supera un edificio de cuatro pisos que tiene cerca- incumple la normativa. El Consistorio declaró su ilegalidad e hizo un expediente de retirada que finalmente caducó a los dos años sin que se quitase.
Un año después, con el mismo modus operandi, se instaló un segundo cartel a 50 metros. Ambos con potentes focos de iluminación -ya han conseguido que no los enciendan-, se sitúan a menos de dos metros de las viviendas y a menos de la ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) de Punta de La Glea y Dehesa de Campoamor. De hecho, advierten, han observado cómo ya no sobrevuelan los flamencos que van desde las salinas de Torrevieja a las de San Pedro del Pinatar.
Cien metros más abajo, en la rotonda de Cabo Roig, otro cartel, que ha cambiado de anunciante esta misma mañana. La publicidad es variada, incluso anuncios de servicios sexuales, añaden. Y así han ido proliferando por toda la N-332 hasta el punto de saber por ellos que uno ha dejado Torrevieja o Pilar de la Horadada para adentrarse en Orihuela Costa.
Investigación
Precisamente, la Agencia Valenciana Antifraude ha investigado al Ayuntamiento de Orihuela por la instalación presuntamente ilegal de elementos publicitarios. La resolución final de la investigación, que la Agencia ha hecho pública este martes, explica que en enero de 2022 recibió una denuncia anónima en su buzón sobre la inacción municipal en la continua colocación de postes y vallas publicitarias en este entorno.
Así, requirió al Consistorio la ordenanza reguladora de este tipo de actividades lucrativas, los expedientes de licencia para la instalación de los soportes, expedientes sancionadores abiertos y la normativa urbanística por la que se rigen las principales urbanizaciones que lindan con la N-332: La Zenia, Cabo Roig, La Regia y Playa Flamenca.
Tras el estudio de la documentación, la Agencia concluye que "solo constan tres expedientes de solicitud de licencia o autorización para la instalación de elementos publicitarios, por lo que no es habitual que se pidan, visto el volumen real existente", y añade que "existen muchas más instalaciones de elementos publicitarios establecidas en el territorio que expedientes de restauración de la legalidad urbanística infringida por la colocación de dichos soportes publicitarios".
Además, indica que la instalación se ha realizado en toda clase de suelos, tanto los clasificados como urbanos, urbanizables y no urbanizables e incluso suelo no urbanizable protegido.
Solo en la N-332, la Agencia constata la existencia de más de 50 ubicaciones de elementos de vallado y más de 90 elementos publicitarios distintos frente a los apenas 27 expedientes aportados por el Ayuntamiento, de los que en solo 17 consta decreto de incoación del expediente para la adopción de medidas de restauración de la legalidad urbanística infringida.
Por ello, señala "una presunta inactividad municipal" que hace que este problema se observe también en otros puntos del término municipal.
Recomendaciones
El informe que recoge estas presuntas irregularidades urbanísticas, aunque sin carácter judicial, recomienda al Consistorio iniciar un "procedimiento de impulso y supervisión de la restauración de la legalidad urbanística infringida en la totalidad de los elementos publicitarios existentes en el término municipal, priorizando el entorno de la N-332 por la mayor densidad de soportes, ya sea en edificios, apoyadas en terreno o en las distintas clases de suelo".
El objetivo es imponer, en su caso, nuevas medidas correctoras a los expedientes, tanto abiertos como no iniciados, "hasta la adecuada restauración de la legalidad", continúa.
La Agencia le concede al Ayuntamiento un plazo de tres meses, a partir de la recepción de la resolución que ponga fin a la investigación, para "informar al director sobre el inicio de las actuaciones recomendadas o, en su caso, sobre los motivos que pudieran impedir actuar" de esta forma.
El Ayuntamiento deberá informar a los seis meses del estado de los expedientes emprendidos, así como de la finalización de los mismos.
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