El gobierno de Cuba acaba de reconocer el "papel del mercado" en la economía después de casi 60 años de fracasos económicos.
En mayo de 2016, México amplió a 88.000 millones de dólares un crédito flexible que tenía del Fondo Monetario por 66.000 millones. Ese crédito está aún vigente.
Ningún mexicano le atribuye al Fondo, que se sepa al menos, la culpa por los muchos y graves problemas que atraviesa su país. Si bien se mira, cierta retórica argentina es vieja comparada hasta con Cuba.
Los argentinos son, además, los únicos que exculpan a sus dirigentes, convencidos de que una conspiración internacional (con el FMI incluido, desde ya) boicotea el destino manifiesto del país.
Esas pasiones atávicas son cultivadas por el cristinismo, la izquierda y un sector del peronismo que recobró la esperanza de volver al poder el año próximo.
Sin embargo, es conveniente preguntarse si el festival de protestas de las últimas horas por la presencia en el país de la directora del FMI, Christine Lagarde, corresponde a la convicción o al oportunismo político.
Mauricio Macri se resistió a recurrir al Fondo hasta que se quedó sin crédito externo. Los préstamos del mercado financiero internacional le habían permitido hasta entonces el gradualismo para ir resolviendo el desastre de las cuentas públicas que heredó.
Una mezcla de cambios en la economía internacional (el factor Donald Trump), de componentes climáticos negativos (la devastadora sequía) y también -cómo no- de errores propios, convirtió en más vulnerable al Gobierno y, encima, lo dejó sin la cobertura del crédito externo.
Cuando existe un déficit tan grande del Estado, hay solo tres maneras de resolverlo: una severa contracción del gasto público, el crédito para financiar políticas más moderadas de ajuste o la emisión descontrolada de dinero sin respaldo, que termina siempre en procesos hiperinflacionarios.
La historia no es coherente con el escándalo opositor de estos días, salvo la parte que le toca a la izquierda. Desde 1957 hasta 2006, durante 49 años, el país tuvo acuerdos con el Fondo Monetario.
Los firmaron gobiernos peronistas, radicales y militares. El último acuerdo fue una renovación firmada por Néstor Kirchner en septiembre de 2003.
Tres años después, cuando los dólares de la soja salían por las alcantarillas y Hugo Chávez se ofreció como prestamista de última instancia, Kirchner le pagó la deuda al Fondo, pero no rompió con el organismo.
El gobernador de Córdoba, el peronista Juan Schiaretti, era secretario de Industria de Domingo Cavallo cuando este tenía una excelente relación con el Fondo. Sergio Massa fue funcionario del gobierno de Kirchner cuando estaba vigente un acuerdo con el organismo multilateral.
El triunvirato que conduce la CGT le hizo llegar a Lagarde una carta en la que subraya que el acuerdo de Macri es solo de Cambiemos y que el resto de la política, de los sindicatos y de las organizaciones sociales se oponen a los resultados de esa negociación.
El gesto es demasiado parecido al que tuvieron en 1989 Menem y Cavallo frente al agónico gobierno de Alfonsín. Le dijeron al mundo que no reconocerían ningún crédito que se le otorgara al presidente radical.
Esa advertencia empujó del poder a Alfonsín cinco meses antes de que concluyera su mandato. Muchos de los dirigentes actuales de la CGT existían como tales cuando gobiernos peronistas firmaban cordiales acuerdos con el Fondo. Callaban entonces.
Es cierto que es mejor no endeudarse, sobre todo en un país que vivió hiperendeudado hasta que colapsó con el default de la Navidad de 2001. Un peronista, Menem, fue el que más deuda contrajo. La realidad es ahora como es.
Un ajuste brutal o los créditos del Fondo. No hay otra alternativa seria. La izquierda es la única corriente política que prefiere abiertamente un default y la emisión de moneda falsa antes que asumir las cosas con realismo.
Es coherente, al menos. También es cierto que no todo el peronismo se olvida de su historia para aprovecharse de la desmemoria social. La mayoría de los gobernadores peronistas no criticaron el acuerdo de Macri con el Fondo.
El presidente del bloque peronista del Senado, Miguel Pichetto, el cargo institucional más importante del justicialismo, le hizo un notable favor al Presidente cuando declaró públicamente que el acuerdo no necesitaba la aprobación del Congreso.
El peronismo oscila entre la irresponsabilidad del cristinismo y los compromisos con los deberes del Estado, que algunos reconocen y asumen.
La pregunta es si el resto del peronismo terminará aceptando -o no- el ritmo y la densidad de la oposición de Cristina Kirchner, como sucedió con el proyecto sobre el precio de las tarifas. Tal vez la respuesta se la encontrará en el tratamiento parlamentario del presupuesto de 2019.
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