Cara a Cara
El Gobierno de Luis Arce ha instruido al Consejo de la Magistratura, por vía de un decreto, la aprobación de una ley para que en el plazo perentorio de seis meses sea reestructurado el Registro de Derechos Reales (DDRR). Una norma antiquísima que data de 1887, básicamente sigue regulando el registro de propiedad de los ciudadanos en el país. Tal decisión abrió el debate sobre constitucionalidad y la vulneración de la independencia de poderes. En tal sentido, se han pronunciado abogados constitucionalistas y algunos políticos opositores en tanto el Ministerio de Justicia, que promueve la aprobación de la nueva normativa, argumenta que el Poder Ejecutivo, a escala nacional, departamental o municipal, tiene la facultad privativa de reglamentar leyes por decretos.
Desde los niveles del oficialismo se ha explicado que se busca garantizar la seguridad jurídica de los bolivianos en sus trámites de bienes inmuebles, eliminar las redes de corrupción formadas por funcionarios, exfuncionarios y registradores que realizan cobros irregulares por dichos trámites e implementar la utilización de un sistema digital para facilitar todo tipo de gestión en DDRR y el pago a través de la banca. Si no hay doblez y/o segundas intenciones en su propuesta, promulgación y aplicación, no podría objetarse una ley supuestamente beneficiosa para el ciudadano. Y aunque el propósito de esa norma sea muy loable, en ningún caso es admisible la violación del marco constitucional y de la independencia de poderes.