La reforma pensional del Gobierno del presidente Gustavo Petro sigue a la espera de su segundo debate en el Senado de Colombia para tener en cuenta la voz de expertos y opositores.
Cabe destacar que 18 millones de trabajadores pasarían directo desde los fondos privados de pensiones hacia el fondo público (Colpensiones), en caso de que el proyecto se apruebe tal y como fue radicado en el Congreso.
De hecho, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo en días pasados que ve posible reconsiderar este punto, que es uno de los más álgidos de la reforma pensional, pues incluye el umbral desde el cual se cotizará a Colpensiones y a los fondos privados.
La propuesta inicial del Gobierno Petro es que todos los afiliados a pensiones que ganen hasta tres salarios mínimos coticen en el fondo público (Colpensiones) y, desde esos tres salarios mínimos hacia arriba los trabajadores tengan la posibilidad de elegir un fondo privado.
Bonilla dejó abierta la puerta para que el umbral baje desde los tres salarios mínimos porque expertos y congresistas han propuesto que el umbral sea de 1,5 salarios para evitar una caída en los flujos hacia los fondos de pensiones privados por la importancia que tienen en el mercado de capitales.
"Si me demuestran que eso resuelve el problema fiscal, podríamos pensarlo", dijo Bonilla sobre bajar dicho umbral de cotización.
Bonilla reconsideraría la posibilidad de discutir este aspecto, ya que algunos analistas han señalado que marchitaría los fondos privados de pensiones y haría que pensionarse sea más difícil en Colombia.
Por ejemplo, si un colombiano tiene ingresos por $ 4.500.000, una vez establezca su ingreso base de cotización (IBC), una parte de esos recursos iría a Colpensiones y el excedente al fondo privado de su preferencia. Entre estos se encuentran Porvenir, Skandia, Protección y Colfondos.
¿Qué pasará con sus ahorros si gana menos de $ 3 millones mensuales?
En caso de que no se logre la reconsideración de diversos puntos de la reforma para modificar el actual sistema de pensiones, el documento del gobierno Petro propone que los trabajadores colombianos -de cualquier edad- coticen así de acuerdo con sus ingresos:
- Pilar solidario
- Pilar semicontributivo
- Pilar contributivo
- Ahorro voluntario
En el solidario, los adultos mayores de 62 años en pobreza extrema recibirían una renta básica de $ 223.000 mensual, la cual -posiblemente- saldría del fondo público, es decir, de Colpensiones.
En el pilar semicontributivo se entregaría un subsidio a adultos que cotizaron, pero no lograron pensionarse, sin conocer de cuánto sería el valor, el cual también saldría del fondo público.
Por otro lado, en el formato de ahorro voluntario estarían los colombianos que desean hacer pagos adicionales a su IBC para, así mismo, recibir una mayor pensión una vez cumplan con la edad.
Justamente entre las observaciones al proyecto de reforma pensional se pide que no sean los tres primeros salarios mínimos los que pasen a Colpensiones, sino 1,5 salarios, entendiendo que también es necesario que los privados puedan asumir la prestación de ese servicio.
Además, según expertos, Colpensiones y el Estado colombiano no deberían asumir una nueva carga fiscal en materia de pago de pensiones.
Varios conocedores del tema destacan que este modelo sea el necesario para eliminar la competencia que tienen hoy en día los dos sistemas de jubilación en Colombia (el público y el privado) y que hace que sea poco eficiente la entrega de las jubilaciones y el acceso a las mismas.
Eso sí, dentro del proyecto de ley, hay un régimen de transición que respeta los derechos adquiridos para pensión de algunos de los cotizantes del sistema nacional.
De esta manera, la reforma pensional en Colombia, en caso de que se apruebe como está planteada, no afectaría a los trabajadores que cuenten con 750 semanas cotizadas para el caso de las mujeres y 900 semanas cotizadas para el caso de los hombres.
En ese caso se va a mantener la Ley 100 de 1993 y las normas que la modifiquen, deroguen o sustituyan: Es decir, siguen como está, de momento, el sistema de jubilación.
El Congreso retomó en abril de 2024 las discusiones de este proyecto de ley para revisar las cuatro ponencias radicadas y deberá haber avances en la votación antes del 20 de junio del presente año o, de lo contrario, el proyecto se hunde y el Gobierno Petro deberá esperar a una siguiente legislatura para presentarlo.
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