Nicaragua ha solicitado a la más alta corte de la ONU detener la venta de armas alemanas a Israel al comienzo de un caso histórico.
Se acusa a Alemania de violar la Convención de genocidio de la ONU al enviar equipo militar a Israel y cesar el financiamiento a la agencia de ayuda de la ONU.
Berlín rechaza las acusaciones y presentará una defensa ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el martes.
En 2023 alrededor del 30% de las compras de equipo militar de Israel provinieron de Alemania, alcanzando los €300 millones ($326 millones; £257 millones).
Las acusaciones se basan en un caso separado presentado por Sudáfrica en enero, donde jueces en La Haya ordenaron a Israel tomar "cada medida posible" para evitar actos genocidas. El tribunal también ordenó a Hamás liberar de inmediato a todos los rehenes tomados de Israel durante sus ataques del 7 de octubre.
Israel rechaza las acusaciones de que está cometiendo actos genocidas en su campaña en Gaza, y ha insistido en su derecho a defenderse.
Más de 33,000 personas han muerto en la ofensiva de Israel en Gaza, según el ministerio de salud dirigido por Hamás, la mayoría de ellas civiles. Gaza está al borde de la hambruna, con Oxfam informando que 300,000 personas atrapadas en el norte han vivido desde enero con un promedio de 245 calorías al día.
Nicaragua dice que las ventas de armas de Alemania a Israel, que ascendieron a $326.5 millones el año pasado -un aumento diez veces mayor que en 2022- la hacen cómplice de presuntos crímenes de guerra de Israel.
Componentes para sistemas de defensa aérea y equipo de comunicaciones representaron la mayoría de las ventas, según la agencia de noticias DPA.
[BBC]
Alemania también fue uno de los 15 países occidentales que suspendió el financiamiento para la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) tras acusaciones de que algunos miembros del personal de la agencia estuvieron involucrados en los ataques del 7 de octubre a Israel.
Según documentos presentados a la CIJ, Nicaragua quiere que la máxima corte de la ONU ordene a Berlín detener la venta de armas y reanudar el financiamiento de la agencia de ayuda, una de las pocas entidades internacionales que aún operan en Gaza.
Indica en ausencia de tales medidas, "Alemania está facilitando la comisión de genocidio y está incumpliendo su obligación de hacer todo lo posible para prevenir la comisión de genocidio".
Hablando cuando comenzó el juicio, Alain Pellet, abogado de Nicaragua, dijo que era "urgente que Alemania suspenda las ventas continuas.
"Alemania estaba y está plenamente consciente del riesgo de que las armas que ha suministrado y continúa suministrando a Israel" puedan ser utilizadas para cometer genocidio, dijo a los jueces.
Berlín ha rechazado las acusaciones, pero ha mantenido en secreto su estrategia legal antes de las audiencias.
"Tomamos nota de la demanda de Nicaragua y negamos las acusaciones como infundadas," dijo el portavoz del gobierno, Wolfgang Buechner.
El canciller Olaf Scholz ha sido un defensor vocal del derecho de Israel a la autodefensa, pero ha enfrentado una creciente hostilidad interna a la continuidad de las ventas de armas al país.
El domingo, un grupo de funcionarios públicos escribió al líder alemán pidiendo al gobierno "cesar de inmediato las entregas de armas al gobierno israelí".
"Israel está cometiendo crímenes en Gaza que están en clara contradicción con el derecho internacional," dijo la declaración, citando el fallo de la CIJ en enero.
En el caso de enero, la CIJ dictaminó que "al menos algunos de los actos y omisiones que Sudáfrica alega que fueron cometidos por Israel en Gaza parecen capaces de caer dentro de las disposiciones de la Convención".
Michael Becker, profesor de derecho en Trinity College Dublin, dijo a la BBC que había incertidumbre sobre las obligaciones de los estados de prevenir el genocidio o garantizar el respeto por el derecho humanitario. El caso contra Alemania, dijo, podría ayudar a aclarar el problema.
Los críticos del caso de Nicaragua han destacado el historial de derechos humanos cuestionable del país. El gobierno del presidente Daniel Ortega ha encarcelado opositores y prohibido protestas. En marzo, la misión del Reino Unido ante la ONU acusó al gobierno de una represión "implacable" de los derechos humanos.