El exministro y exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha asegurado este viernes que le "gustaría" que la Fiscalía Anticorrupción "no intentara impedir" la investigación sobre el despacho fundado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, Equipo Económico. Así se ha pronunciado, en declaraciones a la prensa, a su llegada al juicio que se celebra en su contra en la Audiencia Provincial de Madrid por el presunto incremento ilícito de su patrimonio tras ser preguntado por los periodistas por las informaciones que se han publicado sobre el despacho del que Montoro se desvinculó hace unos años. Según ha publicado 'El Periódico de España', el Juzgado de Instrucción Número 2 de Tarragona investiga si la consultora Equipo Económico usó sus "influencias" entre "altos cargos y funcionarios del Ministerio de Hacienda" en beneficio de sus clientes. En el marco de la causa, figura un correo electrónico de 2015 en el que el entonces jefe de gabinete de Montoro en el Ministerio "relata que el jefe de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, quería hablar con él sobre la 'situación fiscal de Rato'", de acuerdo a la información publicada este viernes por el digital. Sobre este extremo, Rato se ha limitado a señalar: "Lo único que me gustaría es que la Fiscalía Anticorrupción no intentara impedir esa investigación". Cabe recordar que la causa que se sigue en el juzgado de Tarragona ha suscitado debate en el seno de esta Fiscalía Especial. La fiscal a cargo del procedimiento invocó el artículo 27 del Estatuto Orgánico al discrepar del criterio de su jefe, Alejandro Luzón, sobre los pasos a seguir en esta investigación. Finalmente, la Junta de Fiscales de Anticorrupción avaló el criterio de su 'número uno'. No es la primera vez que Rato cuestiona la actuación de la Fiscalía. A lo largo del juicio que empezó el pasado diciembre, el exministro ha criticado en varias ocasiones las actuaciones del Ministerio Público, al que ha acusado de "montar una fabulación" en su contra. En el marco de este juicio, la Fiscalía pide para él una pena de cárcel que asciende a los 70 años por 11 delitos contra la Hacienda Pública, un delito de blanqueo de capitales, otro de insolvencia punible, otro de corrupción en los negocios, y otro delito continuado de falsedad en documento oficial y mercantil.