Una mujer hispana de Texas que fue arrestada y acusada de asesinato por presuntamente practicar un aborto autoinducido en ese estado, cuyos cargos fueron desestimados, presentó una demanda contra el condado de Starr con el argumento de que sus autoridades violaron sus derechos civiles.
Al momento de la detención de Lizelle González, su fianza había sido ubicada en $500,000 dólares, y pasó tres días tras las rejas tras el retiro de sus cargos por parte del fiscal del condado Starr, Gocha Ramírez.
Los hechos se produjeron en enero de 2022, cuando González acudió a la sala de emergencias y usó misoprostol para supuestamente "inducir un aborto" mientras tenía 19 semanas de embarazo.
Los médicos que la atendieron encontraron que el feto aún tenía latidos cardíacos y que González no experimentaba contracciones, por lo que la mantuvieron en observación durante una noche y la dieron de alta con una cita de seguimiento para cuatro días después.
Pero la hispana regresó a la sala de emergencias 40 minutos después con dolor abdominal y sangrado. En esta ocasión, los médicos no encontraron latidos cardíacos en el feto y procedieron a realizar una cirugía. En abril de ese año, González fue arrestada luego de que el hospital reportara a la policía del incidente, y argumentaran la violación de las leyes federales.
De acuerdo la demanda de González, ni la Oficina del Sheriff del Condado de Starr ni el Departamento de Policía de Grande City impulsaron una investigación sobre el incidente, pero la fiscal asistente Alexandria Lynn Barrera hizo su propia investigación que fue basada en informes del personal del hospital para presentar la acusación.
La demanda alega que los fiscales Ramírez y Barrera sabían que la ley eximía a González, pero que "procedieron a proporcionar al gran jurado información y omisiones falsas y engañosas para asegurar un cargo de asesinato por el aborto".
La querella de González destaca que el arresto y el cargo de asesinato "han cambiado para siempre la vida de la demandante" debido a la atención que recibió por parte de la prensa. Afirman que la fotografía del arresto de González apareció en línea pocas horas después de su arresto.
Texas tenía una prohibición casi total para la fecha del arresto de González, que impedía el aborto tan pronto como se detectara la actividad fetal, que es alrededor de las seis semanas de gestación, momento en que muchas mujeres no saben si están embarazadas. Pero la ley no justificaba la detención y acusación contra la hispana, pues no era la persona encarcelada que debía ser arrestada según la ley, sino los médicos o ayudantes del aborto.
Con información de EFE
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