Urnas en río revuelto
Por Jorge Lanata para Clarín
Por Jorge Lanata para Clarín
En esta historia casi ni hay inocentes, la mayoría son culpables en distinto grado. Como las paradojas dominan al mundo, le tocó a un pasquín kirchnerista titulado El Destape dar –quizá por primera vez en su trayectoria- una noticia propia.
Otra anterior, ya fue puesta en duda: el triunfo de Scioli anunciado con la sonrisa de Roberto Navarro. Pero ahora un tal Juan Amorin publicó datos reales sobre falsedad ideológica y lavado de dinero en la campaña electoral de Cambiemos.
El artículo en cuestión reveló que alrededor de quinientas personas que viven en asentamientos y son beneficiarios de la AUH y alrededor de 350 monotributistas sociales figuran como aportantes en efectivo. La cifra, en verdad, debe ser mayor.
La reacción del gobierno fue ingenua: califico a la denuncia como "política" y dijo que la mayoría de los partidos están en la misma situación. Es cierto, pero que los demás sean culpables no vuelve inocente a Cambiemos.
Mientras Silvia Lospennato y Adrián Pérez aceleran su proyecto de ley de bancarización de fondos de los partidos tanto el Presidente como María Eugenia Vidal intentaron presentar el proyecto como la respuesta política al problema.
Fue peor. Nadie se imaginaba que ese alud de dinero electoral no estaba bancarizado: ¿Todo era efectivo? ¿Y cuánto negro? ¿Cómo se controlaba el flujo del dinero?
A medida que el tema continúa en la prensa aparecen más y más irregularidades de una escena que todos advertían como común: durante las elecciones nuestra democracia lleva adelante un hecho de corrupción fenomenal y colectivo, nadie gasta lo que dice, intervienen aportes en negro de privados y fondos reservados del Estado para que la ficción de la democracia formal suceda en las urnas.
La frase señera de Néstor Kirchner ("No se hace política sin plata") es del todo cierta: el problema -y Néstor lo vivió- es que el dinero se mezcla en los bolsillos.
Lo que haría falta para investigar las cuentas de las elecciones no es tan caro ni complejo: jueces independientes y una calculadora.
Cualquier operador político sabe que una campaña a presidente cuesta, en la Argentina, unos cien millones de dólares; una a gobernador entre ocho y diez millones de la misma moneda.
Muchas de las grandes empresas cartelizan sus aportes partiendo de la regla básica de que se ponen huevos en todas las canastas. Hay rubros que eligen aportar a través de sus cámaras en lugar de hacerlo a modo individual.
El mínimo de un aporte –y el más visible en ese ámbito- es el de las cenas de recaudación: como las empresas no pueden participar formalmente, compran mesas enteras en las que llevan a diez o más gerentes, o invitados de cartón para relaciones publicas.
El desfase entre lo que se gasta y lo que se declara es tan grande que Scioli, por ejemplo, declaró haber gastado 16 millones en total cuando gastó 20 millones sólo en boletas.
A veces sucede con los aportantes: con un ingreso anual de $ 50.000 el "fervor republicano" los lleva a donar $ 48.000. Solo en viandas y logística para los fiscales (hay 135.000) un partido nacional gastará unos cinco millones de dólares.
El dinero negro gastado en algunos medios (¿Hace falta que los nombre?) suma otros varios millones en ese año, más allá de la publicidad blanca que tiene limitaciones formales.
Todo en las elecciones, en general, se cobra antes. Se trata de evitar, en la derrota, la persecución del perdedor para cobrar.
Hoy el gasto en redes es el mayor de las campañas: los grandes partidos no gastan menos de dos o tres millones de dólares en el área y -como las redes no pagan impuestos locales- parte de ese gasto puede hacerse en negro directamente en el exterior.
El rol de los recaudadores es fundamental y se cobra en proporción del dinero que acercan. Una observación interesante: ¿Notaron que nunca en una elección sobró dinero? Si así fuera, sería devuelto. ¿A quién?
El descontrol es tan grande que ni la justicia argentina se anima a avalarlo. Veamos la situación judicial de las últimas tres elecciones presidenciales:
2007. Alianza Frente para la Victoria: tiene suspendidos los plazos hasta tanto no se resuelvan las causas 118707 y 1191208 (mafia de los medicamentos y negocios incompatibles con el Estado). Los ex funcionarios kirchneristas Hector Capaccioli, Sebastián Gramajo y los empresarios Néstor Lorenzo, Carlos Torres, Gabriel Brito y Solange Bellone –viuda de Sebastian Forza, una de las víctimas del Triple Crimen de General Rodriguez fueron procesados por el juez Ariel Lijo.Alianza Frente Justicia, Unión y Libertad, de Rodríguez Saá: no fue aprobada la rendición de cuentas.
2011. Las rendiciones de cuentas de todas las alianzas fueron aprobadas a excepción de la Alianza Frente Popular, de Duhalde.
2015. Las rendiciones de cuentas de las PASO, generales primera y segunda vuelta de Cambiemos, Compromiso Federal (Rodriguez Saá), Frente para la Victoria y Unidos por una Nueva Alternativa (Massa) no fueron aprobadas. Las alianzas Progresistas (Stolbizer) y Frente de Izquierda y de los Trabajadores sí fueron aprobadas.
En la campaña de Daniel Scioli 4.248 militantes aportaron menos de 40 mil pesos. Solo Julio Garramuño, un empleado de la UOCRA que vivía en Lugano, aportó 60 mil.
La mayoría donó 10 mil. Más del setenta por ciento de los "grandes aportantes" son empleados públicos, hay docentes y 700 monotributistas de las categorías más bajas que llegaron a donar 40 mil cuando su límite de facturación era inferior a los 48 mil al año, también hay varios proveedores del Estado entre los aportantes.
Te recomendamos: Bono Patriótico Anti Tormenta