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El fiscal Guillermo González ordenó una serie de allanamientos por la causa Bomberos que terminó con la detención de más de 10 personas.
La causa investiga asociaciones ilícitas de policías, bomberos, profesionales y empleados municipales que se encargaban de expedir habilitaciones municipales "truchas" a establecimientos comerciales de grandes dimensiones y de rubros sensibles que son catalogados como de riesgo "alto": supermercados, concesionarias, entre otros.
También se investiga irregularidades en la emisión de licencias de conducir y habilitación y control de diferentes locales comerciales del rubro de la noche como bares o boliches.
En total son 25 los allanamientos solicitados por el fiscal de instrucción de Distrito 1 Turno 2, Guillermo González. Todos en la ciudad de Córdoba. El operativo fue coordinado junto al Departamento Delitos Económicos y Antiterrorismo de la Policía de Córdoba.
"La decisión se encontró motivada en las evidencias recolectadas en las más de 20 líneas de investigación que se tramitan en la Unidad Judicial Delitos Económicos, con el conocimiento y la dirección del Fiscal González en las que se analizan diversas maniobras delictivas", expresaron desde la fiscalía.
En el caso de las habilitaciones municipales de comercios, se detuvo al inspector Leandro Rodríguez por el delito de asociación ilícita y falsedad ideológica.
Según el fiscal, Rodríguez formaba parte de la asociación comandada ex sub jefe de policía Gustavo Folli Pedetta quien está actualmente detenido junto al ex jefe de bomberos Sergio Sosa.
Entre Folli (policía), Sosa (bombero) y Rodríguez (inspector municipal) triangulaban una asociación que permitía expedir habilitaciones de manera irregular.
Por otro lado, el Poder Judicial también investiga a inspectores y empleados jerárquicos del Área de Espectáculos Públicos. González señaló que muchos de los implicados son delegados gremiales.
"Se sospecha que habrían venido desarrollando un actuar ilícito vinculado a la habilitación y control de diferentes locales comerciales del rubro de la noche que habría posibilitado que muchos de estos establecimientos pudieran funcionar en condiciones irregulares, con el riesgo y el compromiso que esto conlleva para la seguridad pública", declararon desde la fiscalía.
Como detalle, dos de los inspectores fueron detenidos porque tenían en sus viviendas armas de fuego sin documentación habilitante.
Finalmente, se allanaron los domicilios de empleados municipales jerárquicos que prestan servicios en el CPC de Villa El Libertador, el CPC N 13 (Chalet San Felipe) y en el Centro de Capacitación de Transporte y Tránsito.
Según la fiscalía, se habrían verificado en torno a la expedición de licencias de conducir en esas dependencias, en franca violación a las normas que regulan y establecen el procedimiento que debe llevarse a cabo para su otorgamiento.
La Fiscalía destacó que muchos de los allanamientos a casas particulares se realizaron en domicilio "muy lujosos ubicados en barrios cerrados en las que residían algunos de estos inspectores".
En total, se detuvo y se dictaron prisiones preventivas sobre 10 personas (entre quienes se encuentran policías, bomberos, ingenieros e inspectores municipales) por la causa.
"Estas causas se encuentran en pleno desarrollo, existen más de un centenar de personas que están siendo investigadas y se continúa avanzando a paso firme para establecer la responsabilidad que podrían haber tenido en todas estas maniobras otras personas", concluyó la fiscalía.