Índice de pobreza: mejoras en el tapete
Por Agustín Salvia para Clarín
Por Agustín Salvia para Clarín
El examen de los recientes datos en materia de indigencia y pobreza informados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), correspondientes al segundo semestre de 2017 (4,8% y 25,7%, respectivamente), muestra mejoras reales en materia socio-económica.
En particular, si la comparación se hace con respecto a la crítica situación social generada por los ajustes macroeconómicos, tarifarios y sociales de 2016, herencia mediante.
Durante 2017 la evidencia estadística es robusta en dar cuenta que bajó también la inflación, se recuperó la inversión y el consumo, subió la producción y aumentó el empleo, y que los salarios medios crecieron por sobre la inflación (las actualizaciones tomaron en cuenta los altos niveles de inflación del año anterior) y, como si todo eso fuera poco, tuvo lugar una ampliación en las transferencias y subsidios directos, tanto previsionales (reparación histórica) como asistenciales (créditos a la AUH, salarios familiares a cuenta propias, entre otros subsidios).
En este marco, los hogares pobres lograron -especialmente en el segundo semestre- sumar algún que otro proveedor adicional de ingresos y que dichos ingresos rindieran un poco más; incluso, en muchos casos en donde tuvo impacto negativo el aumento inicial de las tarifas de los servicios públicos, para luego retraerse en el contexto pre electoral.
Es decir, en comparación con el 2016 -e incluso, con respecto a 2014 y 2015-, el resultado no podía ser otro que una reducción en las tasas de indigencia y de pobreza por ingresos.
En especial si tenemos en cuenta que esta medidas se basan en comparar los valores de un conjunto constante de bienes y servicios actualizados por inflación con respecto a los ingresos corrientes de un hogar en un período determinado.
Nada nos dicen estos datos si los gastos efectuados a partir de los ingresos disponibles cubrieron o no efectivamente las necesidades vitales del hogar, o cuál fue el impacto que han estado teniendo el aumento de las tarifas y de los impuestos en el recorte de los gastos familiares en materia de alimentación, vestimenta, salud, entre otros.
Tampoco si mejoró o no la calidad de vida medida a través del acceso a servicios públicos como transporte, educación, salud, seguridad, recursos básicos necesarios para comenzar a arañar una vida social más digna. Ni tampoco, tales mediciones dicen nada de los ajustes y la caída de los consumos populares durante el primer cuatrimestre de 2018, atravesado como sabemos por un rebrote inflacionario y un brusco aumento tarifario; más allá de que continúe mejorando la producción, la obra pública y la economía formal en general.
Quizás, sea por todo esto, justamente, que los pobres no parecen percibir las mejoras.
Al respecto, la misma Encuesta de la Deuda Social, si bien valida la caída en la pobreza por ingresos ocurrida en 2017, también da cuenta de que tanto la brecha de ingresos (la distancia que existe con respecto a la posibilidad de dejar de ser pobre) como la percepción de que los ingresos no alcanzan para cubrir necesidades básicas, subió entre los pobres, incluyendo en las clases medias bajas, aunque en menor medida en estas últimas.
En igual sentido, a excepción de mejoras objetivas en los servicios de cloacas, agua y drenaje, sobre todo en el conurbano bonaerense, nada habría cambiado en materia de inseguridad alimentaria, acceso a servicios de salud y educación, calidad de la vivienda, oportunidades de trabajo digno, entre otros muchos indicadores esenciales que hacen a la subsistencia de los pobres.
Es en este contexto atravesado por profundas deudas sociales, en el cual incluso es posible registrar -y cabe reconocerlo- algunas buenas noticias, cuando la pobreza estructural muestra su particular y cruda vigencia.
En cualquier caso, cabe llamar la atención, tanto a oficialistas como a opositores, de que el uso político-mediático de las cifras de la pobreza -cualquiera sea su métrica o evolución- puede tener patas cortas.
La evidencia empírica permite confirmar tanto mejoras relativas, eventualmente transitorias -lo cual está por verse-, como pobrezas absolutas persistentes, eventualmente modificables, siempre y cuando se ponga en juego no sólo más o mejores planes asistenciales o de entrenamiento laboral a la espera de una posible lluvias de inversiones, sino sobre todo políticas estratégicas de desarrollo socio-productivo en donde la economía precaria, inestable e informal de los pobres forme parte central de la escena.