Durante la noche del 20 de abril, en el occidente antioqueño, ocurrió un hecho violento que impactó al Valle de Aburrá. Se trató del homicidio de tres personas que se encontraban en un local comercial del municipio de Urrao. La masacre alertó a las autoridades, que dispusieron de una recompensa de hasta veinte millones de pesos por información que pudiese dar con el paradero de los asesinos.
Tras algunos días de investigación, fue confirmado por las autoridades que se logró capturar a dos de los principales sospechosos de cometer la masacre ocurrida en el sector de La Pedrera.
En una operación conjunta entre Policía, Ejército y Fiscalía los uniformados sorprendieron en la vereda La Honda a dos ciudadanos de nacionalidad venezolana, identificados con los alias de 'Duende' y 'Angelito' o 'Santiago', que estarían al servicio de la estructura narcoparamilitar del Clan del Golfo.
Según informan las autoridades, los individuos identificados como Duende y Angelito son los principales sospechosos del asesinato de Adenawer Beltrán Serna, Adrián de Jesús Guzmán Giraldo y una tercera persona conocida por el alias de Gallina.
Estos crímenes se habrían perpetrado la noche del 20 de abril. Así mismo se ha reportado que Duende habría rentado una propiedad en La Pedrera, con el propósito de llevar a cabo vigilancia y asegurar una ruta de escape eficaz tras la ejecución de la masacre.
En medio del operativo de las autoridades se logró incautar varios cartuchos calibre 20, un arma de fuego, una granada de fragmentación y una gorra blanca, esta prenda sería de vital importancia ya que en los videos del homicidio colectivo se evidencia la misma gorra en la cabeza de uno de los sicarios a la hora de perpetrar la masacre.
"Se incautan armas de fuego, municiones, elementos explosivos de uso privativo como son granadas, unos elementos de comunicaciones y otros elementos que nos permiten conectar el lugar del homicidio y la masacre el pasado sábado, con elementos que se encontraron en propiedad de estas personas", indicó sobre el operativo a la prensa el comandante de la policía Antioquia, coronel Carlos Martínez.
Se espera que la investigación diligenciada pueda establecer la razón por la que estos dos integrantes del Clan del Golfo cometieron los homicidios colectivos, y sí hay alguna clase de disputa interna en la organización narcoparamilitar. En Urrao, la tierra del legendario ciclista Rigoberto Urán, se han registraron 16 homicidios a lo largo del 2024.
Urrao la violencia entre la belleza
El municipio de Antioquia ha sido protagonista de episodios trágicos en el marco del conflicto armado en Colombia, destacándose por ser el escenario de dos masacres que dejaron profundas cicatrices en su población. La primera de estas masacres ocurrió en 1998, cuando un grupo de 250 integrantes del Bloque Suroeste Antioqueño de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) perpetró un ataque vestidos con uniformes del Ejército Nacional.
Este ataque se inició con el brutal asesinato de 10 personas que se desplazaban en una chiva en un caserío de la zona rural del corregimiento de La Encarnación. Acto seguido, los agresores incendiaron el puesto de la Policía, saquearon establecimientos comerciales y robaron caballos y mulas. La violencia se extendió hasta la vereda El Maravilloso, donde completaron la fatídica cifra asesinando a 12 víctimas adicionales, situación que derivó en el desplazamiento forzado de 350 campesinos.
Cinco años más tarde, en 2003, la tragedia volvió a azotar a Antioquia de mano de otro grupo armado. Esta vez, integrantes del Frente 34 de las ya desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) asesinaron a 10 personas que mantenían secuestradas, en medio de una operación de rescate por parte de las fuerzas militares.
Los guerrilleros, en un acto de extrema crueldad, ejecutaron a estas personas, entre quienes se encontraban figuras prominentes como Guillermo Gaviria Correa, gobernador de Antioquia en aquel entonces, y Gilberto Echeverri Mejía, exministro de Defensa y consejero de paz de la gobernación, así como ocho miembros de la Fuerza Pública. Estos acontecimientos no solo marcan periodos de dolor y violencia en la región, sino que también resaltan la urgente necesidad de paz y reconciliación en el tejido social de Colombia.