El vocero de la bancada de Acción Popular, Darwin Espinoza, presentó un proyecto de ley donde plantea eliminar el impedimento para que sus familiares y de funcionarios y autoridades en general puedan contratar con el Estado.
Se trata de la iniciativa legislativa 7575/2023-CR, que propone modificar el artículo 11.1 de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, a fin de restablecer los derechos constitucionales a la libertad de contratación y presunción de inocencia.
En la modificatoria Espinoza propone que la medida alcance al presidente y los vicepresidentes de la República, los congresistas y ministros de Estado. Estarán impedidos de hacerlo 12 meses después de dejar el cargo.
Asimismo, los viceministros de Estado, los vocales de la Corte Suprema de Justicia, titulares y los miembros del órgano colegiado de los organismos constitucionales autónomos.
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Del mismo modo y en igual lapso de tiempo, los presidentes, vicepresidentes y consejeros de los gobiernos regionales, los jueces de las cortes superiores de justicia, alcaldes y regidores.
En la exposición de motivos, Darwin Espinoza afirma que el impedimento establecido en el literal 9 de dicho artículo, respeto a la contratación con el Estado, del cónyuge, conviviente o los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de funcionarios públicas y autoridades de elección popular, "vulnera los derechos constituciones de libre contratación y presunción de inocencia".
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Manifestó que el Tribunal Constitucional, en su sentencia del expediente 11° 03150-2017- PA-TC, dispuso no aplicar dicho impedimento porque la restricción debía darse en la entidad donde el familiar de este proveedor se encontraba laborando.
"Sin embargo, el Tribunal de Contrataciones con el Estado, señaló que al no declararse inconstitucional el artículo mencionado, el Tribunal debe de continuar aplicando los impedimentos respectivos de acuerdo como dicta la ley", acotó.
Según informó "Punto Final", el legislador Darwin Espinoza emplea una impresora instalada en su despacho parlamentario y papel bond proveído por el Congreso para imprimir fichas de afiliación a su agrupación política.
Además, envía a su personal parlamentario a Áncash para que recolecten firmas en días laborables y utiliza el acceso que le dio el Congreso al sistema del Reniec para verificar que los datos de las personas afiliadas a su agrupación sean los correctos.