El secretario general de Universidades de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, Ramón Herrera, apuntó que la transferencia al País Vasco de las competencias para la homologación o la equivalencia de títulos universitarios extranjeros «privilegia a unas comunidades frente a otras», y, con ello, «el Gobierno central beneficia a sus socios nacionalista», toda vez que ha pedido «no vaciar de competencias al Estado» y que «todos juguemos con las mismas reglas del juego».
Así lo indicó durante su participación en las jornadas «Los retos de la LOSU», que se celebran hasta hoy martes en la Paraninfo de la Universidad de Sevilla, después de que el Boletín Oficial del Estado publicase el Real Decreto 366/2024, de 9 de abril, de ampliación de funciones y servicios traspasados al País Vasco en materia de homologación y declaración de equivalencia de títulos obtenidos en el marco de sistemas de educación superior extranjeros, una ampliación que se aplicará a partir del próximo 1 de julio. Además, durante su intervención, Herrera incidió en el «agravio» que ha establecido Pedro Sánchez entre Cataluña y el resto de territorios del conjunto nacional, en alusión a las transferencias de, al menos, 150 millones anuales para proyectos de investigación a esta región. En este sentido, advirtió de que la financiación que se establezca para cada uno de los territorios «debe ser acorde al peso que tengan los sistemas universitarios y de I+D+I regionales».
Asimismo, y sobre la Ley Orgánica del Sistema Universitario que entró en vigor en abril del pasado año, el secretario general de Universidades incidió en que esta norma universitaria supone un «castigo» para las comunidades autónomas por el «sobrecoste» que implica su puesta en marcha para los presupuestos regionales y reclamó de nuevo al Ejecutivo central que asuma «íntegramente» los costes que supone el desarrollo de este marco regulatorio de carácter estatal. La propuesta del Ejecutivo central para financiar el desarrollo de la LOSU consiste en incorporar 3.400 profesores ayudantes doctores a las universidades públicas, dos terceras partes de la plantilla que se iniciará en el sistema público, debiendo sufragar el tercio restante las comunidades autónomas hasta alcanzar los 4.200 cuantificados inicialmente. En ese contexto, lamentó que el Gobierno «pretenda que sean las comunidades las que asuman el coste de la Ley», y le volvió a reclamar, al igual que hiciera el consejero José Carlos Gómez Villamandos el pasado marzo en el Parlamento, que haga frente a todas las exigencias financieras asociadas a la LOSU. Herrera remarcó que «no se puede castigar» a Andalucía por ser la que más destina a la educación pública universitaria respecto a su PIB, con un porcentaje que alcanzó ya el 1% en 2023 gracias a la aplicación parcial del nuevo modelo de financiación. Para 2024, el sistema público cuenta con una cifra récord de 1.685 millones, lo que representa un incremento del 4% con respecto a la partida del año pasado. No obstante, Herrera apuntó que la comunidad desarrollará normativamente esta ley estatal para además «paliar sus efectos negativos».
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