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El Senado aguarda la respuesta del Congreso al requerimiento que le remitió la semana pasada instándole a paralizar la tramitación de la Ley de Amnistía. La Cámara Alta ya daba por descontado que la decisión sería negativa, por eso el informe letrado que mañana aprobará la Mesa presidida por Francina Armengol y dominada por PSOE y Sumar tachando de "injerencia" su petición, no ha supuesto ninguna sorpresa para el PP, la formación que domina con mayoría absoluta el Senado e impulsó la presentación de un conflicto de atribución de competencias con el Congreso.
La Cámara Alta, que espera recibir mañana la comunicación oficial de la Mesa del Congreso, se reserva el derecho a elevar el choque competencial al Tribunal Constitucional en el momento que considere más oportuno. El Senado mantiene que está tramitando la amnistía por obligación legal puesto que no puede rechazar una iniciativa legislativa remitida por el Congreso pero considera que la misma, además de presentar numerosos vicios de inconstitucionalidad, implica en realidad una modificación "encubierta" de la Carta Magna.
En este sentido, la Cámara Alta mantiene que al tramitar la amnistía como una proposición de ley y no como una reforma de la Constitución se le está hurtando la capacidad de legislar en igualdad de condiciones con el Congreso, algo que sí sucedería en el caso de que la medida de gracia se hubiera planteado mediante una modificación de la Carta Magna.
Los argumentos esgrimidos por el Senado defendiendo que la amnistía implica una reforma encubierta de la Constitución encuentran respaldo en el informe emitido por las letradas de la Comisión de Justicia del propio Congreso, por el elaborado por la secretaría general del Senado y por el remitido por la Comisión de Venecia a instancias del presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, y del presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.
Reforma constitucional
Este último documento evita pronunciarse sobre la constitucionalidad de la proposición de Ley de Amnistía argumentando que esta cuestión debe ser abordada por el Parlamento español; posteriormente por los jueces ordinarios y, de forma definitiva, por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, precisa: "La Comisión opina que la viva polémica que ha suscitado este asunto sugiere que sería preferible, llegado el momento, regularlo explícitamente mediante una reforma de la Constitución".
El informe de la Comisión de Venecia analiza la amnistía como figura genérica aplicable para la resolución definitiva de conflictos y, a continuación, examina "concretamente" la proposición de ley española. En este sentido recuerda que la amnistía ha de ser una "medida impersonal" y que los criterios para su aplicación "no deben estar diseñados para cubrir a individuos concretos"; recomienda "acotar y definir de manera más precisa el ámbito material y temporal de aplicación de la amnistía" y señala que la aplicación en dos meses del ámbito temporal (desde el 1 de noviembre de 2011, en lugar del 1 de enero de 2012) "sin justificación alguna, suscita preocupación sobre el carácter general de la amnistía"; señala que no puede "privar de efecto práctico la revisión judicial" de la concesión de la medida; que las comisiones de investigación no pueden "ni siquiera invitar a los jueces a que les informen sobre los asuntos que hayan resuelto"; apunta que la proposición de ley es un procedimiento "sin consulta al público, a las partes interesadas o a otras instituciones del Estado" y además se ha seguido por un "procedimiento de urgencia" y por ello insta a las autoridades y fuerzas políticas a "tomarse el tiempo necesario para entablar un diálogo, significativo en un espíritu de cooperación leal entre las instituciones del Estado, así como entre la mayoría y la oposición con el fin de lograr la reconciliación social y política".
En este sentido, recomienda a las autoridades españolas que, "aunque la Constitución no lo prevea, intenten alcanzar una mayoría cualificada superior a la mayoría absoluta de los miembros del Congreso que se exige para la aprobación de una ley orgánica".
El informe letrado que mañana aprobará la Mesa del Congreso señala que el requerimiento del Senado "no constituye un conflicto de atribuciones sino, en su caso, un recurso de inconstitucionalidad". El documento afirma, en consecuencia, que la actuación de la Cámara Alta es "improcedente" y una "injerencia" por entender que el Senado no puede intentar modificar un acuerdo del Congreso.