Tras reunirse con el personal de ASSDA de CCOO, la coordinadora provincial y diputada, Mari Carmen Pérez, ha recogido el "malestar" de las trabajadoras debido a los cambios que ha hecho la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.
El grupo de izquierda ha explicado en una nota de prensa que "el Partido Popular no ha contado con el personal técnico para tomar una decisión que requiere de formación y soporte informático adecuado a este cambio de procedimiento además de más trabajadoras para asumirlo. Esta decisión se ha tomado de forma unilateral y no beneficia ni al personal de ASSDA ni a la ciudadanía, además de no resolver el problema de las listas de espera, ya que no hay recursos suficientes".
También aluden al mencionado Decreto que recoge el reconocimiento de la situación de dependencia de aquellas personas que así lo requieran, explicando que fue aprobado por el Consejo de Gobierno el 6 de febrero, y responde a una iniciativa de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad cuyo objetivo consiste en concentrar en una sola visita domiciliaria las actuaciones referidas a la valoración de la situación de dependencia y sobre las circunstancias de su entorno, "hecho que se ha demostrado, no es operativo ya que con una sola visita se inicia y termina el proceso".
Ante esto, Pérez ha señalado que la cifra supera las 8.000 personas dependientes en Granada en lista de espera, lo que "demuestra que esta medida genera un nuevo caos que no resuelve la tardanza puesto que no se ha aumentado la partida presupuestaria ni el personal y además se han cambiado los criterios en el orden de prioridad de acceso a los servicios, puesto que actualmente se resuelven las prestaciones y servicios por fecha de incoación sin poder saltarse el orden de la lista de espera". Añade que ahora será la persona dependiente la que se verá obligada a trasladarse al centro de salud para iniciar la solicitud.
"El Partido Popular elude su responsabilidad delegando en las administraciones locales la contratación de trabajadores sociales y externalizando parte de las tareas".
La formación de izquierdas afea que no se haya contado con el criterio de las trabajadoras de los Servicios Sociales y Dependencia a la hora de hacer estos cambios ya que dicen ser ellos y ellas las que conocen las carencias y necesidades del servicio. Por lo tanto, llevará esta cuestión al Parlamento de Andalucía junto con las reivindicaciones del colectivo en base siempre a garantizar tanto la mejor atención a las personas usuarias del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia Andaluz como la defensa de los derechos laborales de los y las profesionales.
Izquierda Unida trasladará también al Parlamento la necesidad de una "urgente negociación con el personal técnico trabajador social que realiza la preparación del PIA y la valoración de la dependencia, de la dotación los medios informáticos necesarios y de que se garantice que las labores propias de los trabajadores sociales sean realizadas por personas con esta titulación".
Así mismo la formación de izquierdas exigirá a la Junta de Andalucía que no se elimine la colaboración tan útil del personal de enfermería del SAS en el reconocimiento del grado de dependencia, "ya que los diagnósticos enfermeros están directamente relacionados con las tareas y actividades a valorar".
La Coordinadora Provincial exigirá la retirada de este Decreto que no resuelve los problemas de las personas dependientes y el cambio en la gestión que se está realizando de los Servicios Sociales desde la Junta de Andalucía.