El Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo (PIT) 2024-2027 es la primera gran medida aprobada por el Ministerio de Sanidad que encabeza la exlideresa de Más Madrid Mónica García. Esta norma, que busca reducir la presencia de humo en el espacio público y reducir el consumo de tabaco, será aprobada hoy por el Gobierno a pesar de que solo 5 gobiernos autonómicos están de acuerdo con el plan elaborado por el gabinete de García.
La mayoría de autonomías no emitirá voto
Este viernes, el Plan será ratificado en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con el apoyo de los gobiernos del País Vasco, Asturias, Cataluña, Navarra y Canarias. El resto de autonomías, además de Ceuta y Melilla, han manifestado al Ministerio a través de un correo electrónico que optarán por "no emitir voto" acerca del Plan porque creen que el procedimiento "no es adecuado", tal y como informa Europa Press.
Juan Padilla, secretario de Estado de Sanidad, ha declarado durante el día de hoy que el Plan se aprobará "aunque el PP no lo apoye", el Ministerio ha anunciado su intención de elevar el Plan a una Ley que se tramitará más adelante.
El departamento, además, ha afirmado que las Comunidades que quieran implementar desde ya algunas de las medidas contempladas en el Plan "tendrán un aval" del Gobierno para llevarlo a cabo incluso antes de la aprobación de la futura ley.
El 94% de las enmiendas, admitidas
Al responder a las críticas sobre la falta de consenso en el PIT, el ha hecho referencia a las dos últimas reuniones de la Comisión de Salud Pública en las que el Gabinete afirma que se ha buscado "consenso" con las diferentes administraciones.
Tal y como informa EFE, el Ministerio ha aceptado el 94% de las enmiendas presentadas por las diferentes consejerías, dejando sin embargo fuera peticiones como la autorregulación autonómica de los espacios sin humo, que defendían, por citar algunos, los gobiernos de Galicia, Madrid y Aragón.
Las claves del plan antitabaco
El Plan de Sanidad tiene cuatro ejes básicos de actuación: el plano sanitario, el plano normativo, la protección del medio ambiente y la coordinación entre administraciones públicas. Esta norma equipara a nivel normativo el tabaco con otros métodos de consumo de nicotina (tabaco calentado, vapers, cachimbas), y busca prevenir el consumo de tabaco y profundizar en la investigación contra el tabaquismo y en las acciones de sensibilización.
El Gobierno también plantea incrementar el precio de las cajetillas de tabaco con el aumento de los impuestos, y ampliar el número de espacios libres de humo en nuestro país. En ese sentido, el Plan prohibirá fumar en paradas de autobús, en playas y terrazas y en otros "espacios de uso colectivo".
Se contempla la posibilidad de aumentar el perímetro de los espacios en los que ya está prohibido fumar, como los colegios y hospitales. El Ministerio, sin embargo, ha realizado una "autoenmienda" a su texto, sustituyendo la prohibición de fumar delante de embarazadas y menores en un espacio "privado" por la prohibición de hacerlo en "espacios de uso colectivo".
Esta redacción plantea una cierta ambigüedad sobre la propuesta de prohibir de fumar en los vehículos privados cuando haya niños y mujeres embarazadas presentes.
Las Comunidades que no apoyan el plan
El consejero de Salud de Cantabria, César Pascual, ha criticado que el departamento de Mónica García impulse la norma sin alcanzar un consenso con las comunidades, que tienen las competencias en Sanidad. Hay que destacar que este Plan no tiene rango de ley, y es solo una guía para las Comunidades que, sin embargo, deberán justificar por qué adoptan o no el Plan.
"No nos parece serio, creemos que si se hace un plan tiene que ser con todas las consecuencias y con el consenso de las comunidades y no deprisa y corriendo y modificando los documentos como se están modificando permanentemente", ha aseverado Pascual sobre el plan de Sanidad.
Marciano Gómez, conseller de Sanidad de la Comunitat Valenciana, se ha posicionado a favor del incremento de los espacios sin humo, si bien, como otras administraciones escépticas, ha solicitado la elaboración de una memoria económica justificativa sobre el Plan, que el Ministerio no ha presentado.
Desde Baleares se pronuncian en los mismo términos, y critican la falta de concreción que consideran que existe en torno a este plan. Desde la Junta de Castilla y León, han cuestionado los plazos establecidos por Sanidad para el debate del plan y han mostrado su apoyo a una eventual reducción del consumo de tabaco con medidas acordadas.
Muchas de las Comunidades que no apoyan el Plan habían apostado por dotar de un presupuesto a estas medidas, así como de ofrecer incentivos económicos a los locales que se ofrecieran a profundizar en la creación de nuevos espacios sin humo.
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