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José Luis Escrivá, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública de España, ha estallado este martes en el Senado. El socialista ha acabado abandonando la sesión de control al Gobierno tras expresar su malestar con un senador del Partido Popular que se encontraba hablando por teléfono en la fila posterior. Escrivá ha decidido renunciar a su turno de réplica y abandonar la sala.
El ministro se encontraba respondiendo a preguntas relacionadas con la Administración Pública y la incorporación de nuevos funcionarios. Ha sido durante su segunda réplica a la popular Inmaculada Hernández, cuando Escrivá ha interrumpido su discurso, girándose hacia un senador, también del PP, que se encontraba a sus espaldas.
"Presidente, mientras estoy hablando, este señor que está a menos de un metro de mí está hablando por teléfono, y no me deja hablar, no me deja ni oír", protestaba el ministro, entre aplausos y abucheos del resto de la bancada.
Escrivá ha continuado interpelando al presidente de la cámara, Pedro Rollán, recordando que "la última vez (...) me interrumpieron tres veces y tuve que dejar de contestar la pregunta". Rollán ha reconocido no haber escuchado al diputado popular durante la llamada, pero aun así ha hecho un llamamiento al respecto antes de volver a conceder la palabra a Escrivá.
Entre acusaciones cruzadas, el ministro para la Transformación Digital se ha quejado una vez más de los reproches populares, afirmando: "Esto denigra a este Senado". Acto seguido ha procedido a bajar el micrófono, levantarse del escaño y abandonar el hemiciclo.
La reforma de la Administración Pública
Antes de que diera comienzo el bronco enfrentamiento. El ministro José Luis Escrivá ha abordado el problema del envejecimiento de las plantillas de funcionarios en la Administración.
El responsable de la cartera de Función Pública ha apelado a un "gran consenso", para lograr hacerla "más atractiva" para las nuevas generaciones.
Por su parte, la senadora del Partido Popular Inmaculada Hernández, ha acusado al Gobierno de olvidarse de su compromiso de sacar hasta 40.000 plazas de empleo público antes de que finalizara 2023.
La popular también ha aprovechado para preguntar al ministro por los 35 directores que habrían sido "puestos a dedo" por el presidente del Gobierno, al no ser funcionarios del Grupo A1, recordando que doce de estos "están siendo investigados por el Tribunal Supremo en estos momentos".
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