La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) firmó un acuerdo con la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para transmitir las audiencias judiciales, en cumplimiento con el artículo 9 del Código del Proceso Penal, que plantea que "el proceso penal será público y contradictorio en todas sus etapas", salvo las restricciones específicamente marcadas en el código.
El acuerdo, firmado por la presidenta de la SCJ, Elena Martínez, tiene como objetivo "promover y facilitar las condiciones necesarias para la transmisión por streaming en plataforma propia de una señal libre que registre en vivo la actividad desarrollada en el transcurso de las audiencias de interés público", como forma de "superar las limitaciones que presenta la falta de recursos del Poder Judicial" para implementar el principio de publicidad del proceso.
Los costos operativos de la transmisión correrán por cuenta de APU, mientras que la SCJ se compromete a informar a todos los jueces del país sobre el acuerdo firmado y generar los canales de comunicaciones entre APU y los magistrados para concretar las transmisiones.
En diálogo con la diaria, el secretario general de APU, Rody Olivera, dijo que con el acuerdo APU busca principalmente "aportar a la democratización de la información" y avanzar en el cumplimiento de lo establecido por la ley. Además, señaló que no todas las audiencias podrán ser públicas, en la medida en que hay casos que la transmisión podría afectar los derechos de víctimas e imputados.
Olivera detalló que, paralelamente a la construcción del acuerdo con la SCJ, la APU viene dialogando con otros integrantes del sistema de justicia como la Asociación de Magistrados del Uruguay, la Asociación de Funcionarios Judiciales, la Asociación de Magistrados Fiscales y la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay, y que se pidió una reunión con la Fiscalía General de la Nación.
"Nosotros reivindicamos la militancia no partidaria en la profesión y es por eso que llevamos adelante este tipo de cuestiones. Nos preocupamos por lo que muchos actores y actrices de la sociedad no se ocupan de lograr: darle una mano a la Suprema Corte para poder continuar en la democratización de la información", agregó.
Tras firmar el acuerdo en el Palacio Piria, el vocero de la SCJ explicó que el convenio es un marco y luego se tratará caso a caso para definir cuáles serán las audiencias públicas que se transmitirán en función del interés público que tengan. De todas formas, subrayó que "en todos los casos estamos supeditados a la autoridad del juez, los jueces son los directores de los procesos [...] el juez va a decidir en qué caso será posible o no la transmisión dentro de la audiencia".
Raúl Oxandabarat, vocero de la SCJ, destacó la importancia de la próxima etapa en la que se generará una dinámica de acuerdo con los jueces para que puedan hacer uso del sistema y señaló que uno de los principales motivos por los que se alcanzó el acuerdo con la SCJ es que el convenio permitirá superar las limitaciones de espacio en las salas de audiencia, uno de los principales argumentos de los magistrados para impedir el ingreso de la prensa.
"No tenemos salas de audiencia que permitan el ingreso de una importante cantidad de gente, con muy marcadas excepciones; el resto de las salas del país son simples oficinas y, por lo tanto, permiten un número muy escueto de personas, y esta solución nos parece fundamental, porque en la medida en que podemos instalar un sistema de streaming las personas no tienen que estar en la sala para saber qué es lo que está ocurriendo", explicó.
Oxandabarat dijo que, de alguna manera, "el país y el Poder Judicial en particular están en deuda porque no hemos podido implementar en la debida forma esa publicidad del proceso penal; esta medida nos permite acercarnos un poco más a ese ideal".
Consultado sobre cómo está posicionado Uruguay en esta materia en comparación con la región, Oxandabarat señaló que en Chile y Brasil el Poder Judicial hace la cobertura de la propia actividad.
Por su parte, el periodista Xabier Lasarte, que participará en el equipo de las transmisiones, señaló que no necesariamente van a ser sólo audiencias penales, y recalcó que el que tiene la última palabra para definir si se permite la transmisión es el juez.
Lasarte señaló que el convenio ya está en vigencia y ahora queda "aceitar" el mecanismo para su implementación, principalmente en lo que refiere a la determinación de qué audiencias se transmitirán. Lasarte valoró el convenio como parte del cumplimiento de lo que establece la ley. "La opinión pública tiene el derecho de acceder a toda la información, esta es una práctica muy común en otros países", consideró.