La fiscalía señaló que los abusos fueron reiterados y se desarrollaron en distintas viviendas, cuando las víctimas quedaban a su respectivo cuidado.
A mediados de esta semana, otros dos presuntos abusadores infantiles fueron acusados por los hechos que se les atribuyen contra niñas de su entorno familiar. Por pedido de la fiscalía, ambos continuarán el proceso en libertad si cumplen con la prohibición de contacto y acercamiento que se les dictó.
En una audiencia de formulación de cargos realizada el jueves, la asistente letrada Vanesa Muñoz acusó a un varón, identificado como "M.A.P.C", por abusar sexualmente de una niña de su entorno familiar de forma continuada, primero en una casa de la ciudades de Neuquén y luego en Centenario.
La teoría del caso que describió Muñoz fue que M.A.P.C abusó sexualmente de una niña de su entorno familiar de forma continuada, desde principio de 2017 hasta diciembre de 2021, primero en una vivienda de la capital provincial y luego en otro domicilio en Centenario. Para cometer los abusos, el imputado aprovechaba cuando la víctima quedaba a su cuidado.
El delito que la funcionaria del Ministerio Público Fiscal le atribuyó al imputado es abuso sexual con acceso carnal continuado doblemente calificado por la guarda y la convivencia con un menor de 18 años de edad, en carácter de autor.
Además, la funcionaria de la fiscalía especializada en Violencia contra las Mujeres, Diversidades y Delitos Sexuales requirió que se le imponga al acusado mientras avanza la investigación, una restricción de acercamiento a menos de 200 metros de la víctima y su domicilio, y que se le impida mantener cualquier tipo de contacto por cualquier medio. La medida fue solicitada por seis meses, con el objetivo de resguardar la integridad de la niña y su familia.
La defensora de los Derechos de Niñez y Adolescencia, Silvia Acevedo, intervino como querellante institucional en representación de la víctima del caso y adhirió a la formulación de cargos y a las medidas cautelares requeridas por la fiscalía.
El juez de garantías Juan Kees, que estuvo a cargo de la audiencia, dio por formulados los cargos de acuerdo a lo requerido por la fiscalía. Además, el magistrado avaló el pedido sobre las medidas de coerción y fijó la prohibición de acercamiento y de contacto por seis meses.
Finalmente, fijó el plazo para que la fiscalía concluya la investigación en cuatro meses.
Durante la audiencia, la representante del Ministerio Público Fiscal estuvo acompañada por la agente de la fiscalía Carla Prevedi.
Otro acusado por abusos
También esta semana aunque en una audiencia encabezada por el asistente letrado Bruno Miciullo, se acusó a un hombre, "K.D.L.M", por abusar sexualmente de una niña de su entorno familiar en un barrio de la ciudad de Plottier.
La teoría del caso que describió Miciullo fue que K.D.L.M abusó sexualmente de una niña de su entorno familiar al menos en cinco oportunidades, entre 2018 y 2020. Los ataques sexuales ocurrieron en una vivienda del imputado, cuando la víctima quedaba a su cuidado.
El delito que el funcionario del Ministerio Público Fiscal le atribuyó al imputado por los hechos investigados es abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda cinco hechos en concurso real y en carácter de autor.
Además, el funcionario de la fiscalía especializada en Violencia contra las Mujeres, Diversidades y Delitos Sexuales requirió que se le imponga -al igual que en el otro caso- una restricción de acercamiento a menos de 200 metros de la víctima, su grupo familiar, su domicilio y su escuela, y que se le impida mantener cualquier tipo de contacto por cualquier medio. La medida, en este caso, fue solicitada por cinco meses, con el objetivo de resguardar la integridad de la niña y su familia.
Como querellante institucional en representación de la víctima del caso, intervino la funcionaria de la defensora de los Derechos de Niñez y Adolescencia, Claudia Da Sanmartino, quien adhirió a la formulación de cargos y a las medidas cautelares requeridas.
El juez de garantías Juan Kees también estuvo a cargo de esta audiencia y dio por formulados los cargos de acuerdo a lo requerido por la fiscalía. Además, el magistrado avaló el pedido sobre las medidas de coerción y fijó las prohibiciones de acercamiento y contacto solicitadas por cinco meses. El plazo de investigación fue fijado en cuatro meses.