El mar de Alborán se ha convertido en los últimos años en un enclave geoestratégico indispensable para la supervivencia de las mafias que operan desde el norte de África, un escenario de combate en el que se libra una batalla desigual de David contra Goliat porque las redes del hachís y la desesperación humana disponen recursos ilimitados y los medios más avanzados frente a las limitadas plantillas, arcaicas flotas y falta de medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia. Una supremacía náutica que ha acabado derivando en imágenes infaustas de las narcolanchas que campan a sus anchas en las calas más icónicas del parque natural de Cabo de Gata-Níjar cada vez que buscan refugio de la mala mar o de las que desembarcan a grupos de inmigrantes a plena luz del día en las playas con mayor afluencia del Poniente. Pero la aparente impunidad no es real.
Las detenciones en el mar son mucho más complejas porque es inviable abordar narcolanchas de hasta cuatro motores fueraborda de 300 caballos de potencia y 14 metros de eslora que vuelan a 60 nudos salvo que se queden sin gasolina, se averíen o encallen. Pero a veces la investigación policial da sus resultados y los operativos terrestres consiguen desmantelar las ramificaciones logísticas de las organizaciones criminales en la frontera sur. No todos escapan de la acción policial y en los dos últimos años, desde que Almería se incorporó al III Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar en marzo de 2022, se contabilizan 1.248 detenidos por su vínculo con el crimen organizado del narcotráfico, petaqueo e inmigración ilegal.
El Ministerio del Interior ha facilitado a este periódico las cifras de su cruzada contra la actividad creciente de las mafias en Almería, en el seno de una operativa que alcanza a seis provincias de la franja litoral comprendida entre Ayamonte y Pulpí, y los números son los siguientes: 1.319 operaciones e investigaciones, más de 30 toneladas de droga intervenidas, 199 medios de transporte incautados y 1.248 arrestados que representan el 5,5% del cómputo global de detenciones realizadas en ese periodo en la provincia por cualquier tipo de hecho delictivo (22.665). Son las cifras de la batalla contra los narcos en la provincia, algunas ya avanzadas por el propio ministro Fernando Grande-Marlaska en su comparecencia de este martes ante el pleno del Senado en respuesta a una pregunta formulada desde su escaño por Juan José Matarí (PP) en la que planteaba la necesidad de dotar de más medios a Policía Nacional y Guardia Civil.
El responsable de Interior aseguró que se han invertido más de 120 millones de euros en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia desde su incorporación al Plan Especial del Campo de Gibraltar hace un par de años para plantarle cara a las redes del tráfico de drogas y contrabando y subrayó que en la actualidad hay en plantilla 200 agentes más que con el anterior Gobierno de Rajoy. Entre las principales operaciones realizadas en Almería destaca la desarticulación el pasado verano de uno de los grupos más violentos dedicado al tráfico de hachís, el clan del Rifeño. El Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Guardia Civil detenía a 31 personas, entre las que se encontraba el líder del grupo y otros cabecillas e intervenía 3.055 kilos de hachís, 30 vehículos y tres narco-embarcaciones, además de varias pistolas y subfusil, chalecos antibalas, cadenas de pinchos con las que neutralizar los vehículos policiales y cócteles molotov.
En la operación Flixita, en febrero de 2023, arrestaban a 19 personas e incautaban en los registros 17 embarcaciones y dos vehículos. Esta organización cobraba 5.000 euros por trayecto y aprovechaban los traslados de vuelta, una vez que se descargaban entre 10 y 15 viajeros, para enviar a Argelia teléfonos que habían sido robados en nuestro país y drogas como anfetaminas y cocaína. La red criminal, relacionada con varios naufragios que costaron la vida a dos inmigrantes frente al litoral de Cabo de Gata, solía sincronizar varias salidas simultáneas de narcolanchas con la finalidad de desbordar el trabajo del SIVE y de las patrulleras y dificultar su interceptación.
Un año antes, en abril del 2022, el Instituto Armado también desarrollaba la operación Amplio que se saldó con diez detenidos por delitos de pertenencia a organización criminal, de sustracción de vehículos a motor, contra los derechos de los extranjeros y contrabando. Alguno de los arrestados también ha acabado en el banquillo de los acusados por desobediencia grave y atentado contra los agentes de la autoridad porque amenazaron a los guardias civiles en su intento de evitar la inspección con piedras de gran tamaño, cortando el paso mediante vehículos e incluso hubo un intento de atropello con uno de los tractores que empleaban para sacar embarcaciones. Esa intervención se enmarca en el seno de la operativa que se viene desplegando por parte de Guardia Civil en la comarca del Poniente, con unidades de la Comandancia y el apoyo del Grupo Antiterrorista Rural (GAR) y el Servicio Aéreo para la prevención y persecución de actividades relacionadas con el transporte y abastecimiento con las gasolineras flotantes en el mar que emplean los petaqueros.
El litoral de Adra y El Ejido es hoy el principal foco de la irrupción de estas narcolanchas que alternan el petaqueo con el transporte de drogas (hachís) y el tránsito ilegal de inmigrantes procedentes en su mayoría de Nador y que llegan en avalanchas a plena luz del día desbordando las capacidades de los dispositivos policiales. Y también se ha intensificado la batalla contra los pateristas. Almería, que en el último balance de criminalidad de 2023 ha incrementado la estadística de delitos casi el doble que la media nacional (11,5%), es el punto más caliente de la península en la crisis migratoria en los últimos años.
A lo largo de 2023 llegaron de forma irregular a la provincia 6.323 magrebíes, de los que 4.285 eran marroquíes y 1.806 argelinos, mediante pateras taxi y narcolanchas. Es la principal puerta de entrada hacia Europa con una estadística que creció un 66% sobre el ejercicio anterior y que suma más que el resto de las provincias costeras andaluzas. En Murcia fueron interceptados 2.576 migrantes, 1.288 en Cádiz, 1.778 en Granada y en Ceuta y Melilla no alcanzaron ni el millar. En la última década han sido más de 52.000 personas las que han desembarcado en la costa almeriense de forma clandestina por vía marítima.
IV Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar
La presión policial en otros puntos del mediterráneo está incrementado la actividad delictiva en el mar de Alborán, por lo que esta provincia requiere un plan específico con el que abordar la triple actividad de las mafias (narcotráfico, petaqueo e inmigración). Almería, Granada y Sevilla se incorporaron el 8 de marzo de 2022 al III Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar. Había sido creado en julio de 2018 para dar respuesta urgente y eficaz al deterioro de la seguridad y convivencia en la comarca gibraltareña por la actividad de la mafias. Fue prorrogado para los años 2020 y 2021 ampliando su ámbito de actuación a las provincias de Cádiz, Huelva y Málaga. A finales de 2023 se aprobaba el IV Plan, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, con una dotación de 36,9 millones para financiar el incremento de las plantillas policiales y mejorar la inversión en medios materiales, tecnológicos y de apoyo a la investigación e inteligencia policial.
En el ámbito de este plan que se desarrolla en seis provincias andaluzas operan 25.356 policías y guardias civiles, máximo histórico tras ver incrementadas las plantillas de las unidades afectadas en 3.690 agentes desde que en junio de 2018 se puso en marcha este dispositivo, que cuenta demás con un refuerzo extraordinario de 1.181 policías y guardias civiles de media al mes. El Ministerio del Interior ha anunciado que va a intensificar la investigación y persecución de las estructuras de apoyo logístico que facilitan a las organizaciones de narcotraficantes el aprovisionamiento de combustible para sus vehículos terrestres y marítimos, el almacenaje y transporte de los alijos y las tareas de descarga y vigilancia de la droga.