La elección de ministros, magistrados y jueces mediante el voto popular es una propuesta acertada del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con el fin de regresar el prestigio que en antaño tenía el Poder Judicial y sobre todo para acabar con la corrupción, ineptitud y nepotismo que ha llevado a que en nuestro país solo dos de cada 10 personas confíen en el mismo.
Esos fueron los puntos en los que coincidieron Augusto Santiago Ramírez, expriista y expresidente de la Cámara de Diputados; Juan Manuel Crisanto, secretario de la junta local ejecutiva del INE en Tlaxcala, y el catedrático Antonio Juárez Acevedo.
Los especialistas en Derecho participaron en el foro estatal Reforma al Régimen del Poder Judicial, organizado por la Junta de Coordinación Política y encabezado por Omar Sánchez, presidente de la misma, e Ignacio Mier Velazco, coordinador del grupo parlamentario de Morena.
Juan Manuel Crisanto expuso que la exigencia de que el Poder Judicial sea transparente y rinda cuentas, deriva de serios cuestionamientos públicos relacionados con nepotismo, corrupción y falta de independencia.
La reforma propuesta por el Ejecutivo federal, recordó, plantea que en 2025 haya elección extraordinaria para renovar ministros, ministras, magistrados y jueces, y que quienes actualmente ocupan estos cargos puedan ser candidatos.
Consideró que ese método sí puede funcionar, en congruencia con los principios constitucionales de soberanía popular, independencia, excelencia, responsabilidad, rendición de cuentas y otros propios de la administración democrática.
Empero, indicó que se tendrían que considerar, como en Estados Unidos, los méritos de los aspirantes, así como la existencia de una comisión que los evalué y que publique informes de los candidatos, con la finalidad de evitar el abstencionismo en la elección de los representantes del Poder Judicial.
Aunque también destacó que, a diferencia del país vecino, la iniciativa de López Obrador establece que no se permite financiamiento público o privado, pero falta fijar topes, fiscalización y límites para campañas, que se permita la reelección y la obligación de rendición de cuentas cuando haya evidente ineptitud, descuido o corrupción.
Por su parte, Augusto Santiago Ramírez, consideró que vale la pena intentar el cambio en el Poder Judicial, como lo plantea el Ejecutivo federal, toda vez que las actuales fallas han derivado en que en México no haya justicia y que el derecho sea "familiar", no porque jueces o magistrados sean especialistas en la materia sino porque tienen contratados a sus parientes.
"Es un desempeño familiar porque lo hacen entre familia, la esposa, el sobrino, el tío, administran la justicia. Por eso es que le damos la bienvenida a cualquier propuesta que regrese el prestigio que alguna vez tuvo el Poder Judicial… Vale la pena arriesgarse, es para restituir el lustre que por el dinero lo ha perdido".
Abundó que otros aspectos a considerar en la reforma, son: sacar a los partidos políticos de la elección de jueces, ministros y magistrados, garantizar presupuesto suficiente para una buena procuración y administración de justicia, autonomía del Consejo de la Judicatura y elevar el rango de la Defensoría Pública.
En su intervención, el docente Antonio Juárez Acevedo apuntó que es un hecho que "hay que meterle mano" al Poder Judicial, pues todos los abogados coinciden con el diagnóstico de malas prácticas dentro del mismo, aunque dijo diferir un poco del método que planta el Presidente.
Comentó que ahora lo que queda es plantear si la Suprema Corte es un obstáculo para la justicia o lo es la Constitución, ya que si fuera esta segunda, es una pérdida de tiempo porque ya se reformó 257 veces.
En tanto, Susana Camacho Maciel, co-coordinadora del programa de justicia de México Evalúa, opinó que la reforma al Poder Judicial en el sentido de que este se tiene que acercar a las personas, es indiscutible, pero glosó que no necesariamente se vuelve democrático al elegir a sus integrantes por voto directo.
Ignacio Mier expuso que los foros organizados para analizar 18 iniciativas constitucionales llevan a reflexionar, entre otros puntos, si en México hay justicia pronta, expedita y gratuita, si esta se garantiza por igual para todos o si el esquema de organización estructural del Poder Judicial, con una Suprema Corte y una Judicatura presidida por la misma persona, es el mejor.
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