En las últimas horas, las autoridades confirmaron la captura de Walter David Mejía Carrillo, implicado en la muerte de cuatro miembros de la comunidad Kankuamo, un caso que se remonta al año 2002. Según los informes, esta persona es requerida con fines de indagatoria, como posible responsable del delito de homicidio agravado en persona protegida, dado el estatus especial de las víctimas dentro de su comunidad indígena.
Mejía Carrillo fue capturado en plena vía pública de Valledupar, ciudad ubicada en el departamento de Cesar, por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en atención a una orden judicial emitida por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos. La detención se produjo luego de una investigación que señala al presunto delincuente como colaborador del Bloque Norte de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), a quienes habría guiado a Atánquez, lugar de los asesinatos.
Con base en lo detallado por las autoridades, el 8 de diciembre de 2002, esta asociación delictiva retuvo y asesinó a Abel Francisco Alvarado Maestre, el mamo del cabildo Kankuamo, junto a otras tres personas en incidentes separados. Entre las víctimas se encontraban un labriego, identificado como Alfredo Antonio Borrego; un transeúnte del mercado local, de nombre José Manuel Cáceres Rodríguez y un agricultor, llamado Franklin Manuel Arias Arias; todos asesinados en circunstancias de suma violencia que acapararon la atención y el repudio nacional e internacional. Es de anotar que posterior al ataque, el cuerpo del líder espiritual fue hallado en una zona boscosa, evidenciando múltiples heridas de bala realizadas con fusil a corta distancia, lo que evidencia la brutalidad de los actos cometidos.
También es preciso mencionar que, estos homicidios se suman en una serie de actos violentos perpetrados contra la comunidad Kankuamo entre 2002 y 2005, un tema que ha sido objeto de especial atención por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La Sala de Reconocimiento de la entidad ha recibido informes y testimonios presentados por familiares de al menos ocho víctimas del pueblo indígena mencionado, detallando ejecuciones extrajudiciales y presentación ilegítima de muertes en combate, implicando a unidades militares del Batallón de Artillería No. 2 La Popa, en actividades criminales contra la población, lo que resalta la importancia de la captura de Mejía Carrillo en el desarrollo de los esfuerzos por garantizar justicia y reparación a las víctimas y sus familias.
Respecto a las "Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate", es decir, el caso 03, dicha sala ha recibido aproximadamente 22 informes y acreditado a por lo menos 373 afectados, incluyendo la intervención especial de las autoridades de los pueblos Kankuamo y Wiwa. Asimismo, se han llevado a cabo cerca de 200 versiones voluntarias a comparecientes vinculados a las unidades militares mencionadas anteriormente, de hecho, 59 de estos estaban vinculados al Batallón La Popa, con sede en Valledupar.
Por último, la Ley 600 de 2000 será la base jurídica para el proceso contra Mejía Carrillo, la cual destaca la aplicación de normativas previas al Sistema Penal Acusatorio en casos de crímenes que tienen profundas implicaciones sociales y culturales, como complemento a la expedición de la ley 599 de 2000. Con esta detención, deja en evidencia la posibilidad de acceso a la justicia para las comunidades indígenas afectadas y se refuerza el mensaje de que los delitos contra personas protegidas no quedarán en la impunidad.
Defensoría del Pueblo alerta sobre crisis humanitaria en la Sierra Nevada de Santa Marta
La Defensoría del Pueblo de Colombia manifestó su preocupación por el déficit de medidas efectivas en la Sierra Nevada de Santa Marta, que han dejado a sus habitantes expuestos a conflictos territoriales. En el centro de esta situación se encuentran las confrontaciones entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, las cuales están afectando gravemente a seis comunidades indígenas y a grupos de campesinos y afrocolombianos en la región.
Estas comunidades, identificadas como Ette Naka, Yukpa, Arhuaco, Kogui, Kankuamo y Wiwa, junto con pobladores que dependen de la agricultura, se han visto vulneradas en sus derechos fundamentales, de acuerdo con informes presentados por la entidad. Estos documentos incluyen Alertas Tempranas y seguimientos que destacan los peligros inminentes a los que están sometidos estos pueblos debido a las disputas armadas. Desde el ente defensor hicieron un llamado al Gobierno nacional a tomar acciones inmediatas y eficaces para abordar la situación humanitaria crítica que enfrentan las comunidades en la Sierra.