Alejandro Slokar se mostró en contra del ajuste del Gobierno: "El plan motosierra plantea que el Estado no tiene que financiar la educación, la ciencia, la cultura, la salud y que todo eso lo tiene que hacer un privado", aseguró el juez de la Cámara Federal de Casación Penal y ex docente de la UBA en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).
Alejandro Sloka es juez de la Cámara Federal de Casación Penal, fue profesor titular de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires, uno de los miembros fundadores de la Asociación Civil Justicia Legítima, el colectivo progresista que propone modernizar el Poder Judicial
¿Qué sintió ayer que pasó en la movilización?
Algún funcionario del Gobierno dijo que fue un berrinche, creo que fue un berrinche memorable. La marcha no fue solamente en Buenos Aires, alcanzó todo el país y las ciudades más importantes donde existen universidades nacionales. La comunidad se expresó y creo que esto le va a ayudar al Gobierno a que pueda elaborar mejor sus ideas que tiene que revertir de modo urgente.
Hay un gravísimo error de gestión en esta idea de devastar la educación, que es un rasgo muy fuerte en la Argentina, está en la carga genética de nuestro país y en la aspiración de una movilidad social ascendente. Eso es lo que se expresó ayer, la crítica a esta política de destruir las artes, la ciencia, dinamitar la cultura de la que nosotros nos enorgullecemos y que es nuestro diferencial en la región.
Ahora que se emplea esta expresión de "capital humano", creo que el capital humano argentino para toda Latinoamérica es considerado un rasgo distintivo. También hay que decir que no hay ninguna universidad hispanoparlante que tenga 5 Premios Nobel como tiene la UBA. Contra el ahogo financiero y el ajuste aparece esta reacción. Cuando un presupuesto se mantiene a valores de fines del 2022, y con un proceso tan profundo de inflación, que incluye una devaluación del 120%, el desfase es tremendo y conduce al abismo.
¿Cree que también hay una respuesta a la batalla cultural que plantea el Gobierno y que la universidad es un significante que trasciende a la Universidad?
Efectivamente, creo que hay una cuestión de fondo. Hay una narrativa antiestatal procaz y es un disparate que se linkea con esa idea que tienen de que el Estado es una organización criminal. El "plan motosierra" plantea que el Estado no tiene que financiar la educación, la ciencia, la cultura, la salud y que todo eso lo tiene que hacer un privado.
Esto es algo que afirma un autor referenciado por el Presidente que es Murray Rothbard y que en su Manifiesto Libertario dice que el Estado es una mafia organizada y que el impuesto es un robo. Esto se traduce en un excesivo dogmatismo, casi una suerte de fanatismo, con una ceguera que no es buena ni siquiera en el plano especulativo, pero que es peor en el ejercicio de gobierno y de la responsabilidad política.
El artículo 99, inciso primero de la Constitución es claro respecto de quién es el jefe supremo de la Nación y el responsable de la administración general del país. Quién asume el poder jura ante la Constitución y no puede afirmar que el Estado es una organización criminal porque él es el jefe de esa supuesta organización. Si hubiese existido la transferencia de fondos a las universidades, algo que fue anunciado, pero no ocurrió, lo que subyase es la convicción de que este no es el modo. Cuando se dice que la educación pública lava cerebros y genera disonancia cognitiva, aquel divorcio entre las creencias y las acciones, y que se adoctrina a la gente para que robe, la cuestión es más profunda, no es solo una transferencia de dinero.
¿Cómo cree que va a avanzar esta contradicción de que el Jefe de Estado diga que el Estado es una organización criminal?
Es difícil predecirlo, pero los otros poderes del Estado también tienen su responsabilidad y habrá que confiar en su actuación.
En ese sentido, la Corte descartó dos planteos contra el DNU. ¿Cómo cree que va a terminar actuando en relación a la constitucionalidad del decreto?
No encuentro ninguna opinión de algún constitucionalista que diga que el DNU es constitucional. Si existe esa opinión, no la conozco. Más allá del DNU 70/2023, también está el 280/2024 que suspende el Fondo Nacional de Incentivo Docente y nadie dice nada. Creo que tarde o temprano, el máximo tribunal se tiene que expedir.
Alejandro Gomel: ¿Cree que la Corte está jugando con los tiempos?
Lamentablemente la Corte Suprema no tiene plazos y no hay ninguna ley que regule esa materia, los tiempos pueden ser infinitos. Es de esperarse que, teniendo en cuenta la magnitud del hecho, se empiece a abordar el fondo. Hasta el momento, sólo se discutieron cuestiones relacionadas al procedimiento. Mientras tanto, el decreto sigue produciendo consecuencias y hay un disparate porque el Gobierno, a través del DNU, validó el aumento de prepagas y luego recurrió a un amparo para frenarlo. Este caos organizativo no se había visto nunca de esta manera.
¿Qué le parece la propuesta del Presidente para completar la Corte Suprema?
Creo que la Corte debería tener un número mayor de integrantes y debería completarse con mujeres. Es la única Corte del continente que no reúne a una sola mujer. También tiene que reunir un rasgo federal para poder garantizar que el país esté integrado. Respecto a los candidatos, conozco al juez Ariel Lijo, tiene una trayectoria de muchos años, al otro candidato no lo conozco, pero no soy quien para autorizar o desautorizar la posición de cualquiera de ellos.
Claudio Mardones: ¿Cuáles son las principales consecuencias que va a dejar la vigencia del DNU 70/2023?
Hay algunos dispositivos de aquel decreto que comprendía más de 300 artículos que están neutralizados y son los que hacen a la materia laboral. En ese terreno la cuestión aparece clara, aun cuando se busque aprobar una ley que reemplace aquel primer intento de ley ómnibus. En el resto de las materias, el DNU sigue vigente y trae consecuencias. Basta con mencionar la falta de previsión que tiene el decreto en relación a las prepagas y es necesario que la situación pueda ser definida por la Corte a la brevedad.
¿Cree que el camino sea, al igual que con el capítulo laboral, se sumen planteos en primera y segunda instancia para que la Corte se vea obligada a fallar?
Hubo muchos pronunciamientos de jueces de grado que llegaron a conocimiento de la Corte que no tiene plazos. Nosotros que somos tribunales inferiores si los tenemos y por eso hubo tantos magistrados que se expidieron en tiempo y forma como sucedió con las sociedades anónimas deportivas. El último rechazo de la Corte no fue por un reclamo del contenido, fue porque se había puesto en cuestión la demora del tratamiento del DNU por parte del Congreso e instaba a que la Corte intime al tratamiento por parte de las autoridades legislativas.
Jorge Fontevecchia: ¿Qué opina de la posibilidad de que el Poder Legislativo avance en un juicio político?
Conozco las presentaciones que se hicieron. Hay que reunir la voluntad legislativa con las mayorías calificadas que se exigen para la promoción, pero no hay precedentes. El último se remonta al año 75 respecto a María Estela Martínez de Perón y se frustró porque el radicalismo obturó esa vía.
ADP FM