La Comisión Mixta (Congreso-Senado) ha aprobado este martes una serie de propuestas de resolución del PP pidiendo al Tribunal de Cuentas más informes sobre los contratos de emergencia suscritos por la Administración General del Estado en los primeros meses de pandemia y, en concreto, quiere un examen especial sobre la solvencia de las empresas adjudicatarias. Estas peticiones surgen de los informes sobre los contratos de pandemia que la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, presentó hace una semanas ante las Cortes. En su comparecencia, previa a su citación en la comisión de investigación del Congreso, Chicano presentó el grueso de los informes que ha realizado el Tribunal de Cuentas sobre la contratación de emergencia de las administraciones públicas en 2020, tras el estallido de la pandemia y bajo el estado de alarma. La institución ha realizado un total de siete informes de fiscalización sobre la contratación de emergencia en esos meses de pandemia, todos aprobados por unanimidad, y sólo les resta completar uno de balance general que se espera para este año. Según los datos del Tribunal, en aquellos primeros meses de pandemia los ministerios, los principales ayuntamientos y las empresas públicas realizaron 13.211 contratos de emergencia por un valor total de 2.129 millones de euros, y la institución ha examinado el 10% de esos contratos (1.328) que suponen el 83% del importe global (1.758 millones). En las cifras no se incluye la contratación de Madrid, Cataluña, Baleares y la mayoría de comunidades, que tienen su propio fiscalizador. "INSUFICIENTES EXPLICACIONES" DE LA PRESIDENTA Pero el PP no quedó nada satisfecho con aquella comparecencia y casi todas sus propuestas incluyen un reproche a la presidenta del Tribunal "a la vista de las insuficientes explicaciones dadas en la Comisión del día 11 de abril". En la comisión de investigación, el representantes del Grupo Popular, José Vicente Marí, llegó a acusar a la institución fiscalizadora de "blanquear irregularidades groseras" del Gobierno y de "dar la enhorabuena" a sus autores. En las propuestas del PP aprobadas por la comisión, a las que ha tenido acceso Europa Press, se exige un informe específico sobre "la solvencia de los contratistas con quienes se materializaron los contratos con motivo del COVID-19 y demás intervinientes en los contratos celebrados por la Administración General del Estado", recordando que, aunque en esos meses regía el estado de alarma y se permitían estos contratos de emergencia, la legislación "no exime de toda actuación en referencia a la solvencia y su objeto y se ha permitido". En otra propuesta se reclaman "informes con explicación detallada del material recepcionado, y además del material devuelto y los motivos de hacerlo y en su caso, calidad del mismo", así como un examen detallado de "las devoluciones de importes a los ministerios y sus organismos autónomos". El Parlamento también quiere que el Tribunal de Cuentas explique "la licitación de los contratos con IVA", cuando en esos meses había una exención general a las importaciones y adquisiciones intracomunitarias de material anticovid, que tenían tipo 0. Por último, se reclama a la institución fiscalizadora otro informe analizando los efectos que tuvo la actuación del Gobierno central, que había concentrado muchas competencias en el estado de alarma, en la toma de decisiones por parte de las comunidades autónomas y su contratación, pues considera que hubo "importantes disfunciones".