El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea interrogará el próximo 15 de abril al abogado franco-español Juan Paulo Branco, por el secuestro que sufrió en África y del que culpa a un mando de la policía senegalesa.
Así consta en una resolución a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, que le cita como "testigo/víctima" a las diez de la mañana del próximo lunes, ante el Juzgado Central de Instrucción número 6.
Los hechos investigados por la Justicia española ocurrieron en Nuakchot (Mauritania), en agosto de 2023, cuando Branco —nacido en Estepona en 1989 y, posteriormente, nacionalizado francés— ejercía como assistant to Counsel ante la Corte Penal Internacional (CPI). Posteriormente, habría sido trasladado contra su voluntad hasta una prisión de Senegal, donde asegura que fue interrogado y maltratado.
Voz de renombre entre la izquierda alternativa gala, el letrado ha sido, además, uno de los asesores legales del fundador de Wikileaks, Julian Assange, hasta hace muy poco tiempo. También, de algunos líderes del movimiento de los chalecos amarillos, que provocaron importantes disturbios en Francia a finales de 2018, en una oleada de protestas que duró varias jornadas.
Su vínculo con Senegal se deriva de que ejerce la defensa del líder de la oposición de aquel país, Ousmane Sonko. Unos días antes del supuesto secuestro, en junio de 2023, Branco había interpuesto una denuncia por crímenes de lesa humanidad de los que habían sido víctimas varios activistas contrarios al Gobierno senegalés.
Ahora, tal y como avanza EL ESPAÑOL, Branco deberá detallar el secuestro que sufrió. Al tratarse de un delito cometido contra un ciudadano español en territorio extranjero, lo hará en la Audiencia Nacional.
Este diario informó de que, en sintonía con lo solicitado por la Fiscalía, el juez ha pedido un informe al Ministerio de Exteriores sobre las gestiones que realizó la diplomacia española con las autoridades de Senegal y Mauritania relativas a Branco.
Tras ser liberado, Branco —defendido por el letrado Aitor Martínez, actual defensor de Assange— interpuso una querella contra un comisario senegalés, al que acusa de haber coordinado su secuestro, "cometido por un grupo armado sin distintivos oficiales".
El texto, consultado por este diario, también recoge que el malagueño sufrió "maltrato" mientras estuvo retenido y relata que fue trasladado "por vía terrestre y fluvial" de un país a otro.
Según el documento, fue arrestado en Nuakchot y, posteriormente, llevado hasta Dakar, la capital de Senegal, "maniatado y encapuchado". Una vez allí, se le habría encerrado en la prisión de Rebeuss. Finalmente, fue liberado el 6 de agosto de 2023. La querella califica los hechos como "secuestro con finalidad terrorista".
De hecho, el Grupo Parlamentario de Sumar presentó una proposición no de ley (PNL) en el Congreso de los Diputados para criticar el secuestro de Branco.
La PNL cita, precisamente, que "las gestiones realizadas por las autoridades consulares españolas" permitieron que el letrado no tardara en quedar en libertad y fuese deportado.
Juan Branco comenzó a ejercer como abogado de Ousmane Sonko en marzo del 2023. En junio de ese mismo año, el opositor fue condenado in absentia a dos años de prisión por "corrupción juvenil", lo que le impidió presentarse a las elecciones de febrero de 2024.
Aquel fallo, criticado por organizaciones internacionales y de derechos humanos, provocó intensas protestas en el país, que fueron reprimidas duramente por la Policía. Poco después, Branco interpuso la denuncia por crímenes de lesa humanidad.
Según recoge la PNL de Sumar, cuando fue trasladado a la capital senegalesa, Branco "fue sometido a interrogatorios por el jefe de la Policía de Dakar, Bara Sangharé, una de las personas denunciadas por crímenes de lesa humanidad por el abogado español ante la CPI".
Los delitos de los que Branco fue acusado, como "conspiración", "causar disturbios sociales" o "propagar noticias falsas", pueden suponer una cadena perpetua en Senegal.