Los investigadores de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria que desarticularon recientemente una organización acusada de una estafa piramidal de 5,1 millones de euros a cerca de 200 inversores en Alicante, Elche, Chiclana de la Frontera y Cantabria están analizando 44 cuentas bancarias abiertas por personas físicas y jurídicas de la red en dieciséis entidades.
Según un comunicado conjunto de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional difundido este miércoles, hasta el momento han sido localizados 164 perjudicados, a los que se les ha tomado declaración. Como publicó este diario el pasado domingo, en la provincia fueron detenidos dos abogados y un asesor fiscal en Alicante y Elche, mientras que ocho personas más fueron apresadas en la provincia de Cádiz y en Cantabria.
Growup Capital Partners
El fraude se habría cometido entre 2018 y 2023 a través de las mercantiles Growup Capital Partners, con domicilio social en Elche y delegación en Chiclana, y Lemabriz Investments, con sede en Villafufre (Cantabria). El administrador de Growup Capital Partners es un abogado con despacho en Elche que ingresó en prisión tras ser detenido en Alicante por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
El epicentro de la estafa piramidal tipo «Ponzi» estaba en la localidad gaditana de Chiclana de la Frontera, donde el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 está instruyendo las diligencias. No obstante, no se descarta que el caso acabe en la Audiencia Nacional, ya que hay denuncias presentadas en Alicante y Elche y probablemente en Cantabria, según fuentes judiciales.
Los acusados del fraude prometían rentabilidades anuales de entre un 40 y un 340% gracias a supuestas inversiones en criptomoneda, acciones y futuros. Sin embargo, la investigación ha revelado que pagaban beneficios con dinero que captaban de nuevos inversores y cuando estos se redujeron comenzaron a dejar de pagar a las víctimas.
Sin autorización
A pesar de carecer de conocimientos del mercado de inversiones y de no estar habilitadas sus sociedades por la Comisión Nacional del Mercado de Valores como entidades autorizadas para operar en el mercado de valores, los investigados aprovecharon la estructura comercial que tenían a su disposición en las oficinas de Chiclana de la Frontera y Elche para poner en marcha el plan.
Los responsables de la organización llegaban a jactarse en redes sociales de su alto nivel de vida, que incluía la posesión de vehículos deportivos de alta gama.
Según la Policía, el único objetivo de la trama era obtener un beneficio ilícito a partir de una estafa masiva, «convirtiendo algunos de los detenidos la estafa continuada en su ostentoso modus vivendi, incluso con el abandono del ejercicio de sus profesiones de origen».
En el funcionamiento de las empresas creadas para desarrollar la estafa, los investigadores detectaron dos escalones diferenciados. Por un lado, los líderes, encargados de llevar a cabo la administración de las sociedades, la elaboración de los contratos y la recogida y entrega de capital. En un nivel inferior, realizando labores de auxilio a los primeros, se encontraban los 'conseguidores', intermediarios que se beneficiaban por medio de la obtención de réditos en relación con los nuevos clientes que aportaban a la estructura piramidal, según la Policía y la Agencia Tributaria, que mantienen abierta la investigación ante la posibilidad de localizar nuevos afectados.
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