Editorial
Largo atraso de una norma básica de salud
Ahora solo falta que el Congreso se vacune contra la indiferencia que padeció la anterior legislatura.
Millardos de vidas se han salvado alrededor del mundo, sobre todo de la niñez, gracias al desarrollo de vacunas contra múltiples padecimientos. Algunos de estos males dejan graves secuelas, ocasionan muertes o causan discapacidades que lastran existencias y limitan el desarrollo personal. Por lo tanto, la inmunización contra la tuberculosis, la poliomielitis, el sarampión, la difteria, el tétanos, entre otras enfermedades, constituye una labor de Estado que merece ser reforzada constantemente, a fin de lograr una cobertura total de la infancia.
La pandemia de coronavirus llevó a una acelerada búsqueda de vacunas, quizá la mayor de la historia, a fin de brindar anticuerpos a las personas que aún no habían padecido de ese grave síndrome respiratorio. Pero esa misma circunstancia también desnudó el atraso de Guatemala en materia de leyes sobre vacunación. Desde 2017 se discutía una regulación que obligara al Estado a proveer recursos suficientes al Ministerio de Salud para poder inmunizar, sobre todo, a los niños menores de 6 años de edad. Parte del retraso en la llegada de donaciones se debió a la ausencia de esta normativa.
El 1 de febrero de 2022, el Congreso de la República aprobó la ley de vacunación, cuyo principal objetivo era garantizar a los guatemaltecos el acceso a inmunización contra males prevenibles, de manera gratuita, universal y voluntaria. Sin embargo, el entonces presidente, Alejandro Giammattei, la vetó, con el argumento de que tenía incoherencias, que establecía una supuesta obligatoriedad y fijaba un monto por utilizar para la compra de biológicos. Los impulsores de la norma señalaron que el mandatario la malinterpretó y consideraron injustificado el rechazo.
Dos años han pasado desde aquella devolución de la ley de vacunas a la Comisión de Salud del Congreso. Se hicieron algunas enmiendas y ahora se encuentra nuevamente en proceso de aprobación. Se mantiene, en esencia, la premisa que tenía su antecesora: asegurar la protección de la salud desde temprana edad, como una medida acorde a la obligación del Estado de velar por el bienestar de la población, y se establece un Consejo Nacional de Prácticas de Inmunización como órgano técnico y consultivo para los programas de vacunación.
De ser aprobada la iniciativa, también se establecería un monto para que el Ministerio de Salud asegure la dotación suficiente de dosis contenidas en el esquema nacional de vacunación para alcanzar una cobertura del 95%. Además, la compra, la importación y donación de biológicos e insumos quedarán exentos de impuestos para entes estatales. Asimismo, se podrán crear convenios para recibir fármacos obsequiados por países amigos. Se declara taxativamente que la vacunación es voluntaria y que es responsabilidad de los padres o tutores proveer de esta protección a los menores. Existen algunos credos religiosos y posturas escépticas que son abiertamente antivacunas.
La pandemia ocasionó una caída en la cobertura de vacunación, sobre todo en cuanto a las dosis de refuerzo. La lejanía de ciertas poblaciones, barreras idiomáticas y limitación de existencias incidieron en esta caída, que abre riesgos en la salud de niños y adultos. Sin embargo, con el monitoreo de la cobertura de inmunización anticovid también se estableció un seguimiento a las tasas de aplicación de vacunas según los esquemas fijados de acuerdo con estándares internacionales. Ahora solo falta que el Congreso se vacune contra la indiferencia que padeció la anterior legislatura.