El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal presentó un amparo contra el Estado nacional por incluir a los abogados como sujetos obligados a informar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) operaciones sospechosas en ciertos supuestos.
Ante esto, el presidente d la institución Ricardo Gil Lavedra afirmó: "todas las actividades de los abogados y abogadas se encuentran amparadas por el secreto profesional, no solo las que se vinculan con el litigio"."En ese sentido, el abogado no puede ser obligado a violar la relación de confidencialidad denunciando a su propio cliente. Y además exigiéndosele informes, evaluaciones de riesgos e incluso indagar sobre el origen de los fondos de los clientes", agregó.
El presidente subrayó: "la ley es inconstitucional, y obviamente perjudica la tutela judicial efectiva y el derecho a trabajar de los abogados y abogadas".
Gente de Derecho también se pronunció en contra de la ley
La agrupación Gente de Derecho, una alianza opositora a la actual conducción del Colegio Público porteño, se mostró en la misma línea, y pidió por la inconstitucionalidad de la ley.
"La norma vulnera, en forma manifiestamente ilegal y arbitraria, el ejercicio profesional abogadil, en lo que hace al secreto profesional, el derecho de defensa en juicio, el debido proceso, y en particular la relación cliente - abogado, con la consecuente e inevitable restricción del trabajo de los profesionales", sostuvo la presentación.
La causa quedó en manos del juzgado federal número diez, a cargo del juez Julián Ercolini, y persigue el dictado de "una cautelar urgente de no innovar que disponga la suspensión total de los efectos" de la norma.
"Los abogados pasamos a ser sujetos obligados ante la Unidad de Información Financiera (UIF) (...) Viene a modificar sustancialmente el listado de obligados a informar sobre operaciones sospechadas de lavado de activos, financiamiento del narcotráfico y terrorismo y otros supuestos, y los procedimientos a realizar en su caso", advirtió la presentación de Gente de Derecho.
"El resguardo del secreto profesional es una obligación deontológica del Abogado que lo coloca en situación de ser sancionado hasta con la exclusión de la matrícula y responder patrimonialmente. La prohibición de violar el secreto profesional está íntimamente vinculada a la garantía constitucional del derecho a la defensa y a un juicio justo, ámbito en el que normas como la propuesta afectan el Estado de Derecho y se hermanan con la ´Teoría de la Seguridad Nacional´ que permitieron a la dictadura el cierre del Congreso Nacional y convertir su criterio en ley", continuó el comunicado.
Para concluir, afirmaron: "implicaría la judicialización de toda operación sospechosa cuando un abogado tenga que asesorar, asistir, patrocinar y defender a un ciudadano, quien no podrá ejercer libremente su profesión atento que estaría en juego su matrícula, su patrimonio y ser pasible de acciones penales en su contra".
La ley de la UIF que quieren dar de baja los abogados
La Unidad de Información Financiera (UIF) avanza con la regulación de distintas profesiones independientes en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT) ahora le tocó el turno a los abogados, que desde este martes, pasarán a ser sujetos obligados ante el organismo que combate los delitos financieros en Argentina y se suman, así a los escribanos y contadores, que recientemente corrieron igual suerte.
Así se dispuso a través de la Resolución UIF 48/2024, que se publicó este lunes en el Boletín Oficial, que establece los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva para ese segmento de profesionales.