REDACCIÓN
Los concellos de la provincia están respondiendo de forma lenta pero imparable al cumplimiento de un imperativo legal irrenunciable de la Unión Europea para poder optar a las ayudas del Plan de Transformación y Resiliencia: deben adheriste y aprobar un Plan Antifraude adaptado a cada entidad y a sus peculiaridades, que garantice que las subvenciones recibidas se destinan al fin para el que fueron concedidas. Algunos de los casos más conocidos en otros puntos del Estado en los que estas ayudas europeas acabaron desviándose o se "esfumaron", impusieron esta normativa.
El Concello de Baños de Molgas es uno de los ayuntamientos pequeños o medianos de la provincia que se han adherido ya oficialmente a esta normativa, con el encargo y publicación de este Plan Antifraude en el BOP de la provincia.
Según fuentes de este ayuntamiento "es de obligado cumplimiento encargar este plan para poder optar a estas ayudas de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Uno de sus artículos explica que se aplica a todos los que podamos ser susceptibles de esas ayudas", indica un técnico municipal de Baños de Molgas.
Reconoce que "nos lo ha hecho una empresa especializada, y el objetivo es que se cumplan los objetivos de prevención, detección y corrección del fraude", apunta este técnico municipal. Siguieron ya los pasos necesarios, "con la aprobación en un pleno en marzo y luego en abril la publicación el Boletín Oficial de Provincia, son los pasos necesarios. Cada concello tiene unos anexos específicos y es necesario hacer una declaración institucional", advierten.
El plan debe firmarlo además para darle validez un organismo ajeno a técnicos o alcalde de cada Concello. "Somos parte interesada y no podemos involucrarnos en esa validación", afirman.
Según explican desde la UE, esta nueva normativa se basa en dos principios.
Por una parte, "la garantía de que el presupuesto de la Unión se gaste de forma adecuada, y, por otra, la protección de los intereses financieros de la Unión y la lucha contra el fraude", explican.
Además la Fiscalía Europea investiga, imputa y lleva a juicio a los autores de delitos que atenten contra el presupuesto de la Unión, de ahí que no baste con adherirse al plan, hay que cumplir.
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