Tegucigalpa – La decisión gubernamental de construir este 2024 la megacárcel en Islas del Cisne, a 250 kilómetros de Islas de la Bahía, concita el rechazo generalizado de ambientalistas e incluso se colige -por las declaraciones de la presidenta Xiomara Castro– como una advertencia, aunque no se sabe para quién.
La mandataria, en sus últimas apariciones públicas, ha advertido que "la Alcatraz hondureña" servirá para recluir a "reconocidos delincuentes".
"Como lo prometimos, el centro de máxima seguridad en Islas del Cisne será construido este año 2024 y seguro será el hogar de conocidos delincuentes", dijo Castro la semana anterior en un evento militar.
Pero el ministro de Defensa, Manuel Zelaya Rosales, fue claro al señalar que la cárcel será el nuevo hogar para "hampones y personajes corruptos".
Es importante mencionar que el gobierno autorizó, en junio de 2023, realizar compras directas para construir una cárcel en Islas del Cisne mediante decretos de PCM.
Se prevé que unos 80 millones de dólares (2 mil millones de lempiras) se destinarán para las obras de infraestructura de la cárcel, sin embargo las previsiones más optimistas aseguran que el penal no estaría listo en menos de cuatro años.
Patrimonio de las Islas del Cisne
Las Islas del Cisne la componen: Cisne Grande (5.5 KM), Cisne Pequeño (2.5 KM) y Cayo Pájaro Bobo (0.01 KM). En el lugar hay un apostadero de las Fuerzas Armadas de Honduras y no existe ningún sistema regular de comunicaciones entre la isla y el continente.
A partir de la declaratoria como territorio hondureño el 11 de enero de 1982, las islas se han mantenido bajo custodia de la Fuerza Naval de Honduras con el propósito de garantizar la soberanía nacional y seguridad en la región.
La isla carece de todo tipo de abastecimiento de servicios debido a la falta de necesidad de contar con ellos por la inexistencia de habitantes. La población de la base naval cuenta con una planta generadora de energía eléctrica que opera de manera racional, un radio de ondas electromagnéticas para la comunicación a larga distancia y utilizan pequeños pozos que fueron perforados en años anteriores, además captar las aguas lluvias para su abastecimiento.
Las Islas del Cisne forman parte de las 39 áreas protegidas prioritarias entre las 99 áreas protegidas existentes en el país, denotando la importancia del archipiélago desde el punto de vista de biodiversidad y singularidad ecosistémica. También son consideradas prioridad a nivel regional ya que presentan ecosistemas terrestres y marinos únicos a lo largo de México hasta Costa Rica, especialmente por la presencia del pájaro bobo y el arrecife parchado, el cual se considera se encuentra en mejor condición a la existente en Belice e Islas de la Bahía.
Avances sobre la construcción
Los plazos para que la cárcel más segura de Honduras sea una realidad cobran celeridad por la orden de la presidenta Castro en torno al recinto de máxima seguridad que estará en el archipiélago caribeño de las Islas del Cisne.
El primer plazo indicado por el secretario de Defensa Nacional, Manuel Zelaya, se cumplió al cierre de agosto. La licitación para construir lo que será el hogar de unos 2,000 reos de alta peligrosidad, líderes de crimen organizado y hondureños ligados a actos de corrupción, se estancó en el último semestre de 2023, pero ahora se trabajará a contrarreloj para edificar el recinto penitenciario.
Proceso Digital consultó en septiembre pasado a una fuente de las Fuerzas Armadas sobre los trabajos realizados hasta el último trimestre de 2023 y prácticamente no había nada al respecto.
La Unidad Administradora de Proyecto del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, lo confirmó: "a la fecha no se ha emitido ninguna orden de compra para la construcción de la cárcel en la Isla del Cisne".
La respuesta de la institución castrense fue contestada un mes y cinco días -30 de octubre- después de haber solicitado a la Secretaría de Defensa, ente encargado del proyecto, mediante el Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO).
Orden presidencial acelerará trámites
El anuncio sobre la construcción de la una megacárcel en las Islas del Cisne, a 250 kilómetros de tierra firme al norte de Honduras, se realizó en marzo pasado, pero fue en junio cuando el Gobierno autorizó, en Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, compras directas en torno a la construcción de la cárcel en la isla caribeña que el tema ocupó más notoriedad.
"Si Dios permitió a Honduras tener ese pedazo de tierra ahí, vamos a usarlo por el bien de la gente, para que sea el nuevo hogar de estos líderes del crimen organizado, reos peligrosos y también corruptos", dijo el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya.
A finales de agosto, cuando ya había pasado el mes y medio que el ministro de Defensa había indicado como la fecha en que iniciaría el proceso de licitación respetando la Ley de Contratación del Estado, manifestó que "la construcción de la cárcel de máxima seguridad será cumplida".
En esa oportunidad, el funcionario le reiteró a la presidenta Xiomara Castro que "próximamente tendremos los resultados para lanzar un concurso público internacional para que se lleve a cabo como usted lo ha ordenado».
Informe de factibilidad
El titular de la Secretaría de Recurso Naturales y Ambiente (Serna), Lucky Medina, indicó a medios de comunicación que "se ha avanzado sustancialmente con el estudio de prefactibilidad, desde el ámbito técnico"
"La cárcel de máxima seguridad en Islas del Cisne va, como una de las medidas para solucionar los niveles de conflicto de la sociedad y para que los grandes delincuentes del país estén totalmente aislados", expresó Medina.
Asimismo, aseguró que todo el proceso de la construcción de la cárcel llevará las medidas de mitigación ambiental para evitar cualquier daño en el ecosistema y el arrecife.
Adicionó que la construcción de la cárcel servirá como una oportunidad del gobierno para estar "más presente" en el área protegida de esta isla hondureña.
Reveló que los términos de referencia fueron entregados al Instituto Nacional Penitenciario (INP) para que se comiencen los procesos de licitación y construcción de la cárcel de máxima seguridad.
Mientras, el titular del ICF, Luis Soliz, aseguró que se respetarán las leyes ambientales y que el proyecto, clasificado como de categoría cinco en términos de impacto ambiental, utilizará tecnología para minimizar cualquier daño medioambiental.
Soliz destacó que la función principal del ICF es revisar la información proporcionada sobre el diseño de construcción, verificarla y evaluar si el proyecto podría tener consecuencias negativas para el medio ambiente.
Aclaró que el encargado del estudio ambiental del proyecto es la Secretaría de Defensa, como entidad solicitante de la construcción del centro penitenciario.
El funcionario subrayó que la construcción no causará daño forestal y afirmó que no tiene sentido edificar una cárcel si ello perjudicara el ecosistema de la isla, especialmente cuando hay tierras planas en el territorio que podrían ser utilizadas para este fin.
El ministro Soliz detalló que Sedena "tienen que lanzar los TDR (términos de referencia) para licitar a ver quién va a construir esa cárcel".
El funcionario dijo además que "la cárcel que van a construir, me imagino que en los TDR va hacer la evaluación de impacto ambiental, entonces cuando gane la empresa, ella va mandar hacer la evaluación de impacto ambiental y en ese momento, porque es el primer paso de construcción, ellos van a ICF y hacerla".
Escasa información
Uno de los sectores que levantó su voz en contra de la construcción de la "Alcatraz hondureña" en el Caribe por el impacto significativo en la existencia de un ecosistema es el Colegio de Biólogos de Honduras (CBH), quien en junio expresó su posición mediante un pronunciamiento donde externó su preocupación ante la propuesta gubernamental.
Proceso Digital contactó a la presidenta del CBH, Nereida Estrada, para conocer si ellos han tenido información sobre el proyecto, pero los biólogos organizados no han tenido ningún comentario al respecto.
Una isla sísmica y sumergible
Para el geólogo y consultor internacional, Aníbal Godoy, una cosa es que el proyecto de construcción de una cárcel en una zona protegida, como lo es la Isla del Cisne, sea factible y otra cosa es que se deba o no hacer. Según él, "allí no se debe construir una cárcel. Es una locura desde cualquier punto de vista".
El experto detalló que desde el punto de vista geológico, en el lado noroeste de la isla, pasa el límite de la placa tectónica de Norteamérica con la del Caribe.
"¿Qué es el límite de una placa tectónica?, bueno las placas tectónicas son grandes trozos de la corteza terrestre que se mueven en tres direcciones, que al año se mueve unos 20 centímetros por año y cada movimiento produce una serie de sismos que puede alcanzar hasta 8 grados de magnitud", explicó.
Considerando la ubicación de la isla, Godoy señala que una construcción en esa zona, forzosamente debe ser antisísmica, y este tipo de construcción son "sumamente caras, especialmente si el sismo esperado es de 8 grados", puntualizó el geólogo.
El experto en la estructura, origen y evolución de la Tierra y sus recursos naturales, dijo además que es una locura pensar que se en esa islita se puede cosechar algún alimento es una locura, por la composición del terreno ya que este está formado por arena, en rocas que fueron arrecifes, "no es una tierra cultivable", aseveró.
Además de que este es un área de reserva marítima donde no se sabe si hay alguna especie única, la altura de esta pequeña isla es mínima, de apenas 18 metros sobre el nivel del mar.
Godoy recordó que con el calentamiento global por el derretimiento de los glaciares, los archipiélagos y costas caribeñas están propensos a perder terreno cada vez más, así como a sufrir embates de la naturaleza, como las tormentas tropicales, huracanes y ciclones. VC