El ministro de Interior, Guillermo Francos, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, recibieron a la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) en Casa Rosada, en medio de la discusión de la Ley de Bases y de la posibilidad de que los gremios avancen con un nuevo paro general.
Los dirigentes gremiales se interiorizaron sobre el proyecto de Ley Bases y la eventual propuesta de reforma laboral. A su vez, dialogaron sobre la homologación de convenios y las futuras negociaciones paritarias.
"Junto al jefe de gabinete y el secretario de Trabajo mantuvimos un encuentro con los secretarios generales de la CGT y dirigentes de múltiples entidades gremiales. En línea con las reuniones mantenidas con legisladores, gobernadores y dirigentes, seguimos dialogando con todos los sectores y trabajando para la construcción de consensos que nos permitan llevar adelante las reformas que necesita la Argentina", señaló Francos luego del encuentro con la cúpula sindical.
De acuerdo a lo que indicaron fuentes gubernamentales a esta agencia, uno de los temas que más dificultades produjo durante el conclave fue la homologación de las paritarias por arriba de la inflación, sobre el que no arribaron a un acuerdo.
La reunión, a donde llegaron los secretarios generales Héctor Daer y Carlos Acuña, el secretario general del Camioneros, Hugo Moyano; el titular de UPCN, Andrés Rodríguez; y el secretario general del sindicato de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri, se extendió por más de dos horas y media. Una vez concluido el encuentro, la cúpula de la GGT se retiró en medio de un fuerte hermetismo.
En representación de los gremios, formaron parte de la reunión además Gerardo Martínez (UOCRA); Marina Jaureguiberry (SADOP); Cristian Jerónimo (Empleados del Vidrio); Susana Benítez (SATSAID); Jorge Sola (Seguros); y Oscar Rojas (Maestranza).
Del lado del Gobierno nacional, el encuentro contó también con la presencia del secretario de Interior, Lisandro Catalán y el secretario de Trabajo, Julio Cordero. Se trató de la primera vez que el Poder Ejecutivo y la CGT se ven las caras de manera oficial desde el inicio del mandato del presidente Javier Milei.
En el cónclave que comenzó poco antes de las 16.30 y se extendió hasta minutos antes de las 19, otro de los temas abordados fue el proyecto de reforma laboral que está elaborando un grupo de diputados de la UCR, entre ellos, los legisladores Karina Banfi, Carla Carrizo y Fabio Quetglas. La iniciativa cuenta también con el apoyo de los bloques dialoguistas en el parlamento.
En relación a los cambios de la norma laboral, que se agregaría al tratamiento de la Ley Bases, los popes sindicales pidieron información respecto del proyecto y plantearon algunas objeciones.
Los temas conflictivos de la reforma, que toma como base las modificaciones que ya incluía el DNU en esta materia, tienen que ver con la ultraactividad de los convenios colectivos, principio que obliga a mantener su vigencia hasta no negociar uno nuevo.
Otro de los puntos calientes en la negociación con la CGT está vinculado a la limitación de las cuotas solidarias, uno de los instrumentos más importantes que tienen los sindicatos para financiarse a través de descuentos compulsivos de una suma pactada en los convenios colectivos de trabajo.
Este elemento es uno de los que más interés reviste en los gremialistas, porque afecta directamente a los ingresos de los sindicatos. Sobre esta cuestión, el Ejecutivo había propuesto que dicho descuento debía contar con el "consentimiento" del trabajador para llevarse a cabo.
El acto no contó con la presencia del secretario adjunto de Camioneros e integrante del triunvirato cegetista, Pablo Moyano, el gremialista más crítico a la administración presidida por Javier Milei.
El paro general no fue uno de los temas principales del encuentro y no existieron advertencias en ese sentido. En tanto, el momento de las definiciones con relación a las medidas de fuerza llegará mañana, cuando la CGT definirá si convoca a un nuevo paro general en su Consejo Directivo.
La relación entre el Poder Ejecutivo y la CGT se tensó no sólo tras la fuerte devaluación de diciembre, sino también por la implementación del DNU 70/2023, que tocó fibras sensibles en los sindicatos como las contribuciones y aportes obligatorios, más la mencionada reforma laboral.