El gobierno de Iván Duque violó el derecho a la educación de los menores durante la pandemia. Los recursos para conectar las escuelas rurales terminaron depositados en cuentas en el exterior de particulares. Ante un futuro cierre de las escuelas, el gobierno de Gustavo Petro todavía tiene dos años para demostrar que no volverá a vulnerar los derechos esenciales de los niños del país.
A comienzos de este año, el Banco Mundial publicó un muy completo análisis sobre la situación educativa en América Latina. El documento tiene un nombre muy interesante: "El aprendizaje no puede esperar. Lecciones para América Latina y el Caribe a partir de PISA 2022″ y, por la coyuntura excepcional que hemos vivido, dedicó uno de tres capítulos a revisar en detalle la situación de la enseñanza virtual en cada país. Desafortunadamente, salimos muy mal librados en casi todos los indicadores.
Colombia es el país de América Latina donde las escuelas pobres tienen menos acceso a recursos digitales. Así lo señalaron el 90 % de los directores de las escuelas pobres. Colombia también es el país que menos avanzó en conectividad durante la pandemia. El progreso fue significativo en Bogotá y Medellín, ciudades en las que se les entregaron tabletas, computador y red a prácticamente todos los estudiantes mayores. Por el contrario, el gobierno nacional incumplió con sus obligaciones constitucionales. Según el análisis del Banco Mundial, los países que estaban atrás en conectividad –como Brasil, Chile, Perú o Paraguay– avanzaron bastante, en tanto en Colombia seguimos a paso de tortuga lesionada.
Los colombianos conocemos la explicación: durante el gobierno de Iván Duque se priorizaron 14.700 escuelas para llevar conectividad, pero al culminar la pandemia menos del 5 % estaban conectadas. Los recursos terminaron en cuentas privadas en el exterior, en lo que se conoce como la estafa de los Centros Poblados. Fue clave el papel de la periodista Paola Herrera para destapar el entramado de corrupción que terminó por negarles el derecho a estudiar a miles y miles de niños en el campo de Colombia. La Corte Constitucional, mediante Sentencia SU-032-22, fue muy clara al respecto: en Colombia se negó el derecho al estudio a los niños campesinos durante la pandemia.
El presidente Iván Duque hizo todo los posible por ocultar el atraco a los niños y jóvenes campesinos y mintió al inaugurar las sesiones del Congreso en 2021, cuando llegó a afirmar, en medio de aplausos generalizados y de pie, que ya teníamos el 100 % de estos colegios rurales convertidos en centros digitales. Un día antes de estas afirmaciones se había declarado la caducidad del contrato, pues tan solo llevábamos el 4,7 % de las escuelas rurales conectadas. ¡El cinismo en su máxima expresión!
Según la encuesta realizada por PISA a los directores de las escuelas, Colombia tendría también el menor número de estudiantes en América Latina asistiendo a escuelas preparadas para brindar educación digital ante un eventual cierre por una nueva pandemia. En todo el país, tan solo el 39 % de las escuelas están preparadas, mientras que en América Latina el promedio es de 63 % y en países como Chile o República Dominicana este porcentaje alcanza el 83 % y el 78 % respectivamente. Todos los países de América Latina están mejor preparados para afrontar una nueva pandemia en sus escuelas. Lo peor es que la OMS advierte que muy seguramente llegará una más mortífera y que todos debemos "prepararnos para afrontarla".
En campaña, Gustavo Petro prometió que para 2026 el 100 % de los colombianos podría acceder a internet. El entonces candidato resaltaba que esto permitiría "transformar la sociedad en una del conocimiento y, por ende, de una sociedad en paz". Una vez en el gobierno, Petro planteó la necesidad de crear una "red de comunicación popular" y "comunidades de conectividad" para llevar internet a las zonas más apartadas de Colombia a través de Juntas de Acción Comunal y organizaciones similares.
Sin embargo, con el paso de los días, la ciencia, la innovación y la tecnología han dejado de ser temas de reflexión por parte del presidente y sus ministros. Casi desaparecieron de la agenda pública. Tanto en 2023 como en 2024, el Ministerio de Ciencia ha tenido el menor presupuesto de todos. Para 2024, la inversión prevista es un 25 % inferior a la de 2023 y una de las más bajas en la historia.
El 12 de julio de 2023, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic) anunció un ambicioso plan para llevar internet durante los próximos diez años a las zonas más apartadas del país. Para cumplir con ese propósito y reducir la brecha digital, se firmó un acuerdo con la empresa pública Internexa de ISA por 2,3 billones de pesos. Mediante el contrato "Conectividad para Cambiar Vidas", se inició en 2023 la primera fase del plan para llevar internet a 100.000 hogares en 38 municipios del país. Sin embargo, la misma periodista que descubrió el incumplimiento de Centros Poblados ha encontrado que, ocho meses después, ni un solo hogar está conectado.
A juicio de la periodista de la Revista Cambio, se ha progresado en los nodos, pero no hemos avanzado en la conexión a los lugares distantes. Es decir, vamos por buen camino en vías principales, pero todavía no se tiene la articulación con las vías terciarias digitales. El problema es que, si esto no se resuelve pronto, en una próxima pandemia las niñas, los niños y los jóvenes que estudian en los lugares más remotos de Chocó, Guajira o Cauca abandonarán sus estudios ante un eventual cierre de los colegios, porque el Estado no les podrá garantizar el derecho a estudiar. El gobierno de Iván Duque violó el derecho a la educación de los menores durante la pandemia. El gobierno de Gustavo Petro todavía tiene dos años para demostrar que no volverá a incumplir los derechos esenciales que tienen todas las niñas y los niños del país, independientemente de que estudien en lugares distantes de los centros urbanos.
P.D.: El exgobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo Gnecco, hijo de Cielo Gnecco, tendrá que pagar 21 años de prisión por corrupción. Él pertenece a una familia en la que varios de sus miembros han sido juzgados por aliarse con grupos paramilitares y por enriquecerse al ejercer funciones públicas. La Corte Suprema de Justicia concluye que el exgobernador les quitó la comida a los niños más hambrientos para aumentar su fortuna. Quienes creen que la corrupción antes era menor desconocen la historia. Sin embargo, hay que reconocer que la superación de este problema marcha a un ritmo muy lento porque falta trabajo en equipo, mayores consensos, planes más realistas, mejor planeación y gradualidad para trabajar de manera más efectiva por los cambios que necesita el país.
* Director del Instituto Alberto Merani (@juliandezubiria)