La provincia "está dando un grito de alarma y es imprescindible una reacción social". Así lo advirtió este lunes el secretario comarcal de la Confederación Intersindical Galega, CIG, Anxo Pérez Carballo, en la presentación de un informe sociolaboral de Ourense que revela una preocupante caída de la población y analiza el impacto de este declive demográfico en el mercado de trabajo. "El panorama no es nada alentador y tiene que, necesariamente, provocar reacciones en los ámbitos sindicales, sociales, económicos y políticos de nuestra provincia", sostiene. Este estudio, añade, debería servir de punto de arranque para "una gran movilización social".
"Este estudio debería servir de punto de arranque para una gran movilización social"
El informe, presentado por la economista del gabinete técnico confederal de la CIG, Natividad López Gromaz, parte del análisis de la curva descendente de la población, que constata una caída del 8% en diez años. En 2021 había 330.257 habitantes en Ourense, y a finales de 2022 304.280, apenas el 11,3% de toda la población gallega. Además, es la provincia más envejecida y la tasa de natalidad se sitúa un punto por debajo de la media en Galicia, de tal manera que por cada casi cuatro (3,8) defunciones solo hay un nacimiento, una tasa "que los flujos migratorios no son capaces de compensar", alerta López Gromaz. De hecho, el saldo vegetativo en Ourense es negativo desde 1979 y el migratorio positivo desde 2016. Pero, aun así, no se compensa, reitera el informe, "lo que se traduce en una pérdida de población constante".
Entre los indicadores demográficos que disparan las alertas en Ourense, la CIG pone el foco en el envejecimiento y la dramática caída de la natalidad: hay el triple de personas mayores de 85 años que menores de 4, y si se eleva un poco más el medidor, hay más habitantes que superan los 90 años que niños por debajo de los cuatro.
Perspectivas "demoledoras"
De no producirse un giro, alerta la CIG, "las perspectivas a medio y largo plazo son demoledoras, ya que cada vez hay menos gente joven y, por lo tanto, en edad de procrear, lo que va a agravar la situación actual". Una "demografía declinante" como la de esta provincia, añade el informe, "condena a un futuro incierto y, desde luego, nada próspero".
La emigración derivada de la situación económica "que se mantiene en la actualidad", la precariedad laboral, los problemas de vivienda y la falta de políticas de conciliación, sostiene el sindicato, son factores que llevaron a la provincia a esta situación. Y este fuerte declive, alerta Natividad López, "tienen una incidencia directa en el mercado laboral".
Los efectos de la última reforma laboral
Estos impactos se reflejan en el informe realizado por la CIG, que toma como base los datos de afiliación que facilita la Seguridad Social y que, analizados desde 2021, permiten estudiar los efectos de la última reforma laboral en el trabajo. Así, los datos revelan que la afiliación aumentó un 2,3% desde diciembre de 2021, pero solo en el régimen general, con descensos importantes en el de autónomos y empleadas del hogar.
El desglose por tipo de contrato es el que permite analizar la incidencia de la reforma. En general, explicó Natividad López, aumentó la contratación indefinida y bajó la temporal, sin embargo, donde más crece es en la categoría de fijos discontinuos, que aumentaron un 95% en los últimos dos años. Los indefinidos a tiempo parcial subieron un 41,5% y los indefinidos ordinarios un 19,9%. De tal manera que uno de cada cuatro contratos indefinidos son a tiempo parcial o fijo discontinuo.
El análisis por sexo es aun "más preocupante", destaca el informe, ya que, si bien hay más mujeres de alta en el régimen general que hombres, el 66,5% tienen contrato indefinido, frente al 78% en el caso de los hombres. La tasa de temporalidad es también 10 puntos superior en el caso de las mujeres (33,5%). Además, solo el 45,3% de las afiliaciones femeninas son contratos indefinidos a tiempo completo (el 69% en el caso de los hombres), mientras que el 62% de los contratos fijos discontinuos tienen firma de mujer. "La última reforma no hizo más que agravar las fuertes brechas ya existentes entre hombres y mujeres en la provincia", concluye la CIG.
El 35% de los asalariados no llega al SMI y 18.000 ingresan menos de 3.000 euros al año
El secretario comarcal de la CIG, Anxo Pérez Carballo, ironizó sobre la fotografía sociolaboral que refleja el informe elaborado por la economista Natividad López señalando que "a este paso tendremos los mejores datos de paro porque no habrá nadie a quien darle trabajo; ya no tenemos pirámide poblacional, tenemos una peonza".
Según detalla el informe, los ingresos por salarios aumentaron un 4,9% respecto al año anterior, pero si se le descuenta la inflación, son 8 décimas más bajos, mientras que en el resto de Galicia subieron una décima. "Al final, el dinero que la gente se lleva para casa es el que es, y el 35% de las personas asalariadas percibe menos del salario mínimo interprofesional (SMI)", denuncia el responsable comarcal.
De hecho, según los datos tomados de la Agencia Tributaria, más de 18.000 ourensanos ingresan menos de 3.000 euros al año. "Es un auténtico drama", advierte la CIG. En detalle, Natividad López explicó que los ingresos de la clase trabajadora aumentaron un 5,9% en la provincia, mientras que el IPC creció un 5,7%, "lo que supone una pérdida de poder adquisitivo de 8 décimas".
Además, donde más aumentan los ingresos es entre la población con los mejores salarios: 83 personas en la provincia superan en 10 veces el SMI (más de 235.000 euros al año de media). En este caso, los ingresos aumentaron un 5,6%, mientras que los que menos perciben, unas 18.000 personas, solo vieron crecer sus salarios un 2,7% en ingresos brutos que no llegan a los 3.000 euros al año.
Por otro lado, la brecha de género en los salarios (11,9%) es inferior a la gallega (18,7%), "seguramente por el menor dinamismo económico de la provincia y por el enorme peso del funcionariado en profesiones ligadas a los servicios sociales".
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