►TE PUEDE INTERESAR: El millonario capital petrolero con el que Mendoza e YPF buscan atraer inversores
Lo que analizan desde la oposición -y plantearán en la discusión en comisión que será este jueves- es que, por un lado, la operatoria significa para el tomador la cancelación de una deuda y la inmediata creación de una nueva, con el nuevo acreedor y bajo sus términos.
Y que además, el IPV cumple un rol social y no funciona -o no debería- como una empresa a la hora de refinanciar una deuda por mora o ejecutar una hipoteca por falta de pago. Allí, en esos probables efectos para casos de morosidad es que centra la crítica, por ejemplo, buena parte del peronismo.
Escasa morosidad entre los 850 que mira el IPV
En Mendoza hay cerca de 35.000 beneficiarios. De esos, más de la mitad son morosos pero esa situación no se refleja entre los 850 préstamos más nuevos, que son los que, por las condiciones de actualización de la cuota que se pactaron, resultan más atractivos para el mercado.
Hoy "la mora (entre esas 850 hipotecas) no pasa el 5%, que es un número razonable dentro del mercado inmobiliario", indicó el ministro de Hacienda Víctor Fayad a Diario UNO.
La actualización de las cuotas tiene base, algunas en UVA y otras, desde 2021, en el coeficiente de variación salarial (CVS). "Estos son los créditos más atractivos dentro de la cartera del IPV. Una vez en el mercado habrá que ver cuán atrayente es para el inversor", señaló el ministro.
De eso también dependerá el monto por el cual se vendan los créditos, es decir, lo que efectivamente le pueda entrar a la Provincia por una operatoria como esta. Es que si bien los préstamos hacen un total de unos $10.000 millones, como dijo Fayad en conferencia de prensa, en la práctica la venta se haría por unos cuantos pesos menos (podrían ser $8.000 millones), aunque es pronto -dicen- para hacer especulaciones al respecto.
¿Y qué podría hacer el IPV con $8.000 millones?
"Impulsar el plan de obras", había dicho Fayad al momento de presentar el proyecto en la Legislatura. Consultado por Diario UNO, expresó que esos montos servirán para la construcción de viviendas. Alfredo Cornejo había adelantado también que lo que busca es subsidiar tasas para otorgar más préstamos y así generar más casas ante la falta de crédito hipotecario que rige hoy en el país.
Pensando en valores de hoy, una vivienda de 55 m2 más infraestructura y urbanización, teniendo en cuenta que el metro cuadrado de construcción está a $1 millón, costaría unos $55 millones; por lo que si solo se invirtiera en edificación, se podrían hacer no más de 145 casas.
A su vez esas 145 entrarían también en la "rueda" pudiendo venderse el crédito y generando nuevos fondos para el IPV.
Lo que dicen desde Gobierno es que, como salir al mercado a vender créditos del IPV nunca se ha hecho antes, se irá de a poco, tanteando la situación y analizando qué sale bien y qué no. Algo así como una prueba. Pero para eso, necesitan sí o sí la autorización de los legisladores.
Cornejo siempre tuvo la idea. De hecho, antes de la pandemia ya estaba instalada la intención pero el proceso nunca arrancó.
Mucho antes, cuando Rodolfo Gabrielli (PJ) era gobernador también se buscó concretar algo similar pero en ese momento se pretendió avanzar sin el aval legislativo y la historia no llegó a buen puerto.
La letra chica
Por ahora solo hay un artículo general que faculta al IPV a disponer de sus carteras de créditos mediante securitización. La letra chica, esa que esperan los tomadores de préstamos, se conocería si la norma consigue la aprobación en la Legislatura.
Desde Hacienda confiaron que no se ha querido avanzar más en el detalle porque esperan primero la autorización legislativa. Si la norma pasa el filtro de Diputados y del Senado, recién ahí se seguirá con la reglamentación y la búsqueda de compradores.