¿Otra vez un clima destituyente?
Por Joaquín Morales Solá para La Nación
Por Joaquín Morales Solá para La Nación
Luis D'Elía propone fusilar al Presidente en la Plaza de Mayo. Hugo Moyano amenaza con resistir una multa del Ministerio de Trabajo con huelgas del estratégico sindicato de camioneros.
Cierto peronismo intenta tumbar el decreto reglamentario de Mauricio Macri que reorganiza las funciones de las Fuerzas Armadas.
Una ordalía de protestas (con más ruido que protagonistas) desquició el centro porteño el jueves pasado para reclamar por ese decreto que no significa ninguna novedad legal. Macri no puede quejarse.
Sus adversarios lo ayudan más que la economía, cuando esta dio los primeros síntomas de la retracción posdevaluación. D'Elía; Moyano; los devaluados (por obra y gracia del kirchenrismo) organismos de derechos humanos, y las organizaciones sociales que alternan entre los muchos recursos que les entrega Carolina Stanley y la protesta ideológica a cualquier decisión de Macri.
Son sus mejores enemigos. Pero el problema se encerraría solo en los estragos de la calle si algunos peronistas no se escandalizaran por cosas que ellos también hicieron.
Una pregunta es ahora otra vez frecuente en algunos círculos con poder. ¿Hay sectores sociales y políticos que urden un proceso de desestabilización de Macri?
La pregunta surge porque la condición democrática es unánime cuando al Presidente le va muy bien en las encuestas o gana elecciones.
Pero esas convicciones se tornan difusas y confusas cuando a Macri lo sorprende un período de adversidad, ya sea en las encuestas (como sucede ahora) o en la economía (que también ocurre).
Si uno escucha a los gobernadores peronistas, a muchos senadores y a diputados del peronismo la respuesta es que una conspiración de semejante tamaño no figura entre sus proyectos.
Pueden argumentar esa posición: un funcionario con tareas ejecutivas, como es un gobernador, sería tan víctima como Macri de un clima destituyente en el país.
Los más serios legisladores peronistas explican, además, que ellos quieren la renovación y que para eso necesitan tiempo, no complots que puedan alargar la vida de liderazgos decadentes.
Sin embargo, queda la duda sobre las intenciones reales del cristinismo, del moyanismo y de algunas organizaciones sociales de izquierda.
Tanto la expresidenta como Moyano están convencidos de que un gobierno sin Macri los alejaría de caer entre rejas, que es un destino cierto para ellos, sobre todo para el líder camionero.
Y a la izquierda que habla de la "democracia burguesa" no puede pedírsele lealtad a la democracia. El problema que tienen es que una mayoría social cercana al 70 por ciento está de acuerdo con cualquier esfuerzo que garantice más seguridad.
El kirchnerismo es el único grupo parlamentario que se propuso voltear el decreto de Macri sobre las Fuerzas Armadas. Es un propósito sin sentido. El Congreso no puede anular un decreto del Poder Ejecutivo.
Son facultades propias del Ejecutivo; solo la Justicia podría anular el decreto si lo declarara inconstitucional.
El Congreso puede dejar sin efecto decretos del Ejecutivo de necesidad y urgencia, los decretos delegados o los vetos, pero no un decreto común.
El kirchnerismo está creando argumentos políticos con la intención de unificar las distintas posiciones del peronismo y propinarle a Macri una enorme derrota política.
Es lo que el cristinismo hizo con la reforma previsional (no consiguió su rechazo) y con el aprobado proyecto de ley sobre las tarifas de servicios públicos, que obligó a Macri a vetarlo.
De todos modos, una improbable anulación del decreto de Macri anularía también el de Néstor Kirchner de 2006 y dejaría al Gobierno solo con la ley de defensa nacional de Raúl Alfonsín.
Es suficiente para lo que Macri quiere hacer. La ley de Alfonsín establece que las Fuerzas Armadas podrán actuar en casos de ataques extranjeros. No dice nada más.
El decreto reglamentario de Kirchner es el que agregó que los eventuales ataques extranjeros deberían provenir de ejércitos de otros Estados.
Dejó fuera del radar militar al terrorismo internacional, al narcotráfico, al tráfico de armas o a los ciberataques. Ese es el decreto que modificó Macri. La hipocresía del cristinismo llegó a sus cotas más altas.
No solo el general César Milani puso al Ejército al servicio de un partido político y él mismo se hizo cargo de la inteligencia interna; también el mismo Ejército de Milani y de Cristina se hizo responsable del operativo militar en las fronteras llamado Escudo Norte. Esta función estaba taxativamente prohibida por el decreto reglamentario de Néstor Kirchner.
El resto del peronismo ha presentado proyectos en los que pide aclaraciones más que otras cosas. Dos especialistas históricos del peronismo en Seguridad, Miguel Ángel Toma y Diego Gorgal, estuvieron en el Congreso y no manifestaron mayores reparos al decreto de Macri.
¿Cómo podrían hacerlo si ellos pensaban (o piensan) lo mismo que el decreto de Macri? Daniel Scioli y Sergio Massa prometieron en la campaña presidencial de 2015 que usarían a las Fuerzas Armadas contra el narcotráfico.
Massa hizo, incluso, un cartel de campaña con esa propuesta, en los que puntualizaba que "en las Fuerzas Armadas hay 75.000 hombre en desuso. Queremos que cuiden las fronteras y los barrios".
Fue más allá que Macri: este no se propone pasear a los militares por los barrios. Entonces era oportuno sacar a los militares a la calle; ahora es oportuno meterlos en los cuarteles.
La única inquietud, manifestada por Gorgal se refirió a los sitios considerados estratégicos y que serán custodiados por las Fuerzas Armadas, que no están especificados en el reciente decreto de Macri.
En efecto, habrá un nuevo decreto que definirá los sitios estratégicos, que serán centrales nucleares y lugares cruciales de producción de energía eléctrica, entre otros.
Se mencionó la posibilidad de que se incluya entre esos sitios a Vaca Muerta, un lugar rodeado por la protesta mapuche.
Al revés, ese monumental yacimiento de petróleo y gas no convencionales recibirá 2000 gendarmes de custodia, que se alojarán en cuarteles del Ejército.
A todo esto, ¿qué hacían las organizaciones sociales entre los no más de 10.000 manifestantes (esperaban entre 50.000 y 60.000) contra el decreto de Macri?
Las organizaciones sociales representan a los sectores más desprotegidos de la sociedad, que no tienen la protección ni siquiera de los sindicatos. Esa es su función en la vida, que no es menor.
Impugnar ideológicamente otras resoluciones de un gobierno legítimamente elegido tiene un requisito: ser un partido político.
¿Quieren ser un partido político o quieren seguir negociando con Stanley los muchos planes de ayuda social que administran? Hacer las dos cosas al mismo tiempo: ser un partido político opositor y un interlocutor del Gobierno para recibir ayuda, no es coherente (para decirlo de algún modo).
Moyano amenaza con un paro si el ministro de Trabajo insiste con cobrarle un multa de 810 millones de pesos por no cumplir una conciliación obligatoria.
La conciliación obligatoria fue siempre considerada de cumplimiento obligatorio (así lo dice la ley) para sindicatos y empresas, hasta que Néstor Kirchner la convirtió de hecho de cumplimiento optativo. Moyano no pagó esa multa y recurrió a la Justicia.
Si encima hiciera un paro, podrían quitarle la personería gremial a su sindicato. El poderoso gremio de los camioneros se transformaría en una humilde ONG.
Moyano produce el mismo efecto que el decreto sobre los militares: una mayoría social está de acuerdo con el Gobierno. El proyecto destituyente sigue siendo la inverosímil fantasía de muy pocos.
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