El vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Toni Costa, ha defendido que legalizar edificaciones en suelo rústico sin ordenación es «lo que piden los ciudadanos de Baleares y algunos alcaldes del PSOE». Así se ha expresado el vicepresidente este martes en el pleno del Parlament, tras ser preguntado por esta cuestión por el diputado socialista Marc Pons.
Costa ha asegurado que implementar esta medida, que está incluida en el decreto de Simplificación Administrativa, es cumplir con el programa de gobierno del PP. «Es un Govern previsible, que no engaña ni engañará nunca a los ciudadanos», ha apostillado.
«Es la gran diferencia entre ustedes y nosotros, que ustedes engañan y montan espectáculos lamentables propios de un Gobierno populista», ha concluido.
Fue el martes de la pasada semana cuando el Govern presentó en el Parlament el decreto ley de Simplificación y Racionalización Administrativas que prevé la modificación total o parcial de unas 50 leyes o decretos ley que, entre otras cuestiones, permitirá la posibilidad de legalizar edificaciones en suelo rústico sin ordenación en los casos en los que haya prescrito el derecho de la Administración a restablecer la legalidad. Algunos cálculos apuntan que en Baleares hay unas 30.000 viviendas ilegales en suelo rústico.
Los propietarios que decidan legalizar su casa deberán rehabilitarla con medidas de eficiencia energética e hídrica, y pagar la sanción que proceda cuya recaudación debe ser finalista en el ámbito medioambiental o de promoción de suelo público.
Los propietarios que se acojan al plan deberán pagar la sanción y tendrán un plazo de tres años para hacer los trámites. La sanción será creciente conforme pasen los años. También deberán pagar todos los gastos tributarios.
Una vez legalizadas, las viviendas podrán venderse aunque el Govern quiere prohibir que estas edificaciones se destinen al alquiler vacacional. Además de la vivienda, también se podrán legalizar mediante este plan piscinas, porches y cualquier otro elemento que se haya añadido a la edificación.
El decreto prevé también la eliminación de la Comisión Balear de Medio Ambiente y la posibilidad de externalizar las licencias urbanísticas municipales a entidades colaboradoras urbanísticas (ECU).
Evaluación ambiental
En el pleno de este martes, la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha asegurado que «cualquier proyecto en las Islas seguirá sometido a una evaluación ambiental, estricta, rigurosa y objetiva».
«En un territorio frágil, la evaluación de impacto ambiental es fundamental, por un modelo sostenible medioambientalmente, pero también económica y socialmente», ha reflexionado la líder del Ejecutivo autonómico.
En detalle, ha respondido así a la preguntada formulada, durante el pleno del Parlament, por el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, relativa a la «eliminación» de la Comisión de Medio Ambiente.
Al respecto, el parlamentario ha advertido al Govern que este hecho «no eliminará ni un día de tramitación» e implicará «menos transparencia y menos seguridad jurídica», además de «favorecer los intereses de los grandes promotores».
Ante estas afirmaciones, Prohens ha reprochado a Castells que quieran gobernar «cuando gobiernan y cuando están en la oposición, y esto no es democracia».
«Lo que es sí, es sí; lo que es no, es no, pero con un plazo de tiempo que dé seguridad jurídica», ha insistido Prohens sobre las evaluaciones ambientales, reiterando que «cualquier evaluación ambiental mantendrá la máxima protección».
Y para finalizar, ha opinado que «de esto va el Estado de Derecho, de seguridad jurídica». «No espero que los fanáticos socialistas ni su líder supremo lo entiendan, pero ustedes sí», ha sentenciado.