La acusación particular en el procedimiento por los gastos del "procés" que desarrolla el Tribunal de Cuentas ha ajustado el importe que reclama a los máximos responsables del independentismo a 4.973.663,68 euros, por debajo de los 5.309.807,02 euros que exigía inicialmente a Carles Puigdemont y a otros diez ex altos cargos de la Generalitat de Cataluña. Según detalla el texto al que ha accedido LA RAZÓN, se descuenta la campaña "Civisme", que asciende a 336.143,34 euros.
La representación legal de Societat Civil Catalana, que ejercer el letrado Juan Ramón Chapapría, solicita que se condene a los demandados pagar casi cinco millones de euros como indemnización a la Generalitat de Cataluña por los perjuicios contables, cifra a la que habrá que sumar los correspondientes intereses legales.
En concreto, pide que la abonen Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Antoni Comín, Clara Ponsatí, Dolors Bassa, Jordi Turull, Neus Munté, Lluis Puig i Gordi, Raül Romeva, Francesc Homs y Artur Mas, a los que responsabiliza del supuesto desvío de fondos para financiar la celebración del referéndum ilegal del 1-O y la acción exterior del Gobierno catalán.Mas ya fue condenado por el Tribunal de Cuentas por organizar la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014 y le exigió la devolución a la Generalitat de más de 4,9 millones de euros, cifra que se vio incrementada por un millón de euros en concepto de intereses.
En el escrito se les acusa de disponer de "ingentes caudales públicos para llevar a cabo una actuación ilegal, abiertamente desconectada de la función pública", unas actuaciones que sabían que eran contrarias a la legalidad vigente y que cumplen con todos los requisitos de la responsabilidad contable que prevé la ley.
El letrado recuerda que Puigdemont y el resto de miembros del Ejecutivo catalán firmaron el 6 de septiembre de 2017 el Decreto de convocatoria del referéndum del 1 de octubre y otro de medidas complementarias. Al día siguiente, suscribieron el acuerdo por el cual asumían la contratación, el gasto y demás acciones necesarias para sufragar el referéndum. Es en este momento en el que la acusación sitúa el punto inicial de las actuaciones contables sobre las que pide el reembolso.
"Mediante esta convocatoria, el Sr. Puigdemont no hizo sino dar una orden con trascendencia económico-financiera que implicaba gastos que habrían de ser sufragados con el presupuesto de la Generalitat", causando menoscabo en los bienes públicos de la Generalitat, subraya.
"Golpe de estado"
El escrito de la acusación particular señala que se persigue el desvío de fondos para realizar lo que califican como un "golpe de estado que pretendía alterar la pacífica convivencia de todos los españoles mediante la declaración unilateral de la independencia de Cataluña, presentando a España como un estado represor y antidemocrático".
También critica que, aunque se solicita que estos fondos se restituyan a las arcas públicas de la Generalitat, esta institución haya rechazado ser parte de esta causa que se desarrolla en el Tribunal de Cuentas como perjudicada, algo que indicaría que "sigue en la misma línea de connivencia con quienes han hecho lo posible para fracturar al este país" y que ya han advertido que "lo volverán a hacer".
En las conclusiones remitidas al Tribunal de Cuentas se descarta cualquier tipo de persecución política, tal como han argumentado los acusados. "En ningún momento se está criminalizando a los demandados por su ideario político, pese a que su proyecto secesionista sea del todo incompatible con los fundamentos del orden constitucional vigente", indica.
La Fiscalía se reafirma
Por su parte, la Fiscalía ha mantenido su petición de 3,1 millones de euros a Carles Puigdemont y a otros 34 investigados que entonces estaban en la cúpula del Ejecutivo catalán, tras rebajar las estimaciones iniciales del propio Tribunal de Cuentas, que había previsto una responsabilidad contable inicial que alcanzaba la cifra de 9,5 millones de euros.
A los mismos nombres que señala la acusación particular, se suma una lista de exdelegados de la Generalitat en el extranjero, como los de Estados Unidos, Francia, Italia y Portugal; y delegados en el exterior que aún permanecen en el cargo, como Marie Katinka, en Alemania, y Eric Hauck, que ejerce sus funciones en países del sudeste de Europa.
También figuran los nueve procesados por el Juzgado de Instrucción Número 13 de Barcelona en la causa abierta por los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, como el ex secretario general de la Presidencia del Govern Joaquim Nim, el ex secretario de difusión de Presidencia Antoni Molons, el ex secretario general de Trabajo Josep Ginesta, y el exdirector del Diplocat Albert Royo.
Con la entrega de sus respectivos escritos de conclusiones, tanto el Ministerio Público como Societat Civil Catalana cumplen con el plazo dado tanto a ellos como acusación particular como al Ministerio Fiscal el 4 de abril, cuando mediante una providencia se les notificó la resolución de la consejera decuentas , Elena Hernáez. Ahora, el órgano fiscalizador ha dado traslado del contenido de estos escritos a las defensas de los investigados para que emitan su pronunciamiento.
Críticas a la amnistía.
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