La organización terrorista ETA llegó a disponer de una base de datos informatizada y con importantes medidas de seguridad en la que había información sobre más de 15.000 objetivos. Así consta en un reciente informe elaborado por el servicio de información de la Guardia Civil y que ha sido remitido a la Audiencia Nacional para incorporarlo en las diligencias por el asesinato del concejal del PP de Durango Jesús María Pedrosa.
La causa abierta trata de esclarecer la vinculación de los responsables de la trama etarra en los atentados, como autores mediatos de los asesinatos. Los procedimientos como el del crimen de Pedrosa se iniciaron por la querella de la asociación Dignidad y Justicia, presidida por Daniel Portero.
En el informe de los especialistas de la Guardia Civil se detalla que en la base de datos, definida en la documentación interna de ETA como DGZ, «acrónimo correspondiente a Data Gune Zentrala (Base Central de Datos)», aparecían datos sobre 3.760 políticos del PP, 1.060 del PSOE, 1.843 empresarios, 766 miembros del Cuerpo Nacional de Policía, 919 de las Fuerzas Armadas, 733 guardias civiles, 899 del mundo de la judicatura, 483 de medios de comunicación, entre otros.
En el listado también figuran informaciones sobre 157 representantes del PNV. En el listado intervenido en varias operaciones a ETA figuran también abogados, miembros de la aristocracia, integrantes de la Casa Real, del CNI, 200 ertzainas, escoltas, escritores, ex militantes de ETA, fiscales, miembros del Foro de Ermua, funcionarios, un representante de «la Iglesia», 350 funcionarios de Prisiones, Mossos d'Esquadra, etcétera.
Uno del los listados de objetivos fue intervenido al que fuera número uno del aparato político de ETA, Mikel Albizu, Mikel Antza, durante su detención en Francia en la que también fue capturada su compañera, María Soledad Iparraguirre, Anboto. Ambos estaban encuadrados en la estructura directiva de ETA y ambos están siendo investigados en el sumario por el asesinato de Pedrosa. Los autores materiales del atentado no han sido condenados porque se presume que fueron los integrantes del comando Vizcaya, que murieron al hacerles explosión la bomba con la que iban a cometer un atentado en el barrio bilbaíno de Bolueta.
Según explica la Guardia Civil, el DGZ «es el archivo al que recurrían diferentes aparatos y estructuras de la organización terrorista cuando tenían necesidad de información sobre potenciales objetivos contra los que dirigir la actividad terrorista o la extorsión». Y era manejado y gestionado por la dirección de ETA.
La finalidad principal de esa base de datos sería la de facilitar el trabajo a sus estructuras y militantes a la hora de recopilar y seleccionar informaciones sobre determinados objetivos y, además, dotar de la mayor seguridad a los datos y a los documentos sensibles disponibles en poder de ETA. «Los propios jefes de ETA se dieron cuenta de la gran pérdida que suponía para la organización la cantidad de documentos internos en papel que eran incautados en las diferentes operaciones policiales», recalca el informe al que ha tenido acceso EL MUNDO.
Con las nuevas tecnologías logró, además de tener toda la información centralizada, «implementar programas informáticos» para blindar su seguridad.
Durante la tregua trampa de ETA de 1998/99, la dirección etarra aprovechó para poner en marcha «una nueva estrategia de actuación adoctrinando a sus militantes respecto a la importancia en el uso de la base de datos DGZ».
En aquellas fechas la dirección la banda terrorista estaba integrada por Mikel Antza y Anboto en el aparato político; José Javier Arizkuren, Kantauri, Javier García Gaztelu, Txapote; Juan Antonio Olarra y Ainhoa Mugica en el aparato militar; e Ignacio de Gracia Arregi,Iñaki de Rentería, como responsable del entramado logístico.
Todos los dirigentes están siendo investigados en distintos juzgados de la Audiencia Nacional por su responsabilidad en los asesinatos cometidos bajo su mandato en ETA, entre ellos el de Pedrosa.
Tal era la importancia que ETA daba a la estructura que gestionaba la base de datos general que tenía «un presupuesto mensual de 19.000 euros, lo que significaba en torno al 40% del dinero total del aparato militar de ETA», apunta el escrito de la Guardia Civil.
Los agentes concluyen que «existe una única Base de Datos Central en la que se englobarían todos los datos en poder de ETA y que esta base se encontraría exclusivamente en poder de los dirigentes de ETA».
Dentro de la base general existían dos divisiones. La primera, denominada «DGZ Lanerako (para trabajar)», era una base de datos «utilizada por la propia organización para recoger las diferentes actualizaciones respecto a informaciones sobre objetivos».
La otra división sería «DGZ Gezi», que encuadraría «todos los datos acerca de las peticiones de impuesto revolucionario por parte de la organización terrorista, datos sobre empresarios y empresas, si situación económica, fotos...».
La Guardia Civil concluye que la base general de datos estaba gestionada por la dirección de ETA, que proporcionaba la información a los comandos únicamente sobre los objetivos sobre los que iba a atentar y no la base completa.
Así, el informe constata que «en el periodo en el que se produjo el atentado contra Pedrosa, los comandos, antes de entrar en España, recibían de sus responsables en Francia entre otras cosas, un ordenador o dinero para su compra, una base de datos con informaciones sobre sus objetivos».
La ficha contaba el final: "Muerto en acción al salir del batzoki"
En la base de datos general de ETA no solo aparecían todas las informaciones para ubicar con precisión al concejal 'popular' de Durango Jesús María Pedrosa, sino que también se incluía el final de su acción: el asesinato del edil. «Se trata de una ficha actualizada», indica el informe que detalla lo que aparecía en su ficha: «Otros datos personales. 04/06/00 muerto en acción al salir de Batzoki y volver a casa. Fue miembro de ELA». Se explicaba que el edil abandonó su domicilio habitual pero que en él se quedaron sus hijas.
ETA supo también que Pedrosa había tenido escolta policial hasta que se produjo la falsa tregua, cuando se la retiraron. Cuando ETA volvió a los crímenes le ofrecieron reponerle la protección y, como declaró la propia esposa del asesinado, Pedrosa la rechazó porque no se creía amenazado en el entorno de su localidad».
Desglosa en este informe la Guardia Civil la campaña de hostigamiento que había sufrido el concejal del PP , dentro de la estrategia de ETA de «socializar el sufrimiento».
«Este tipo de hostigamiento que sufría en los últimos años por su pertenencia al PP se traducía en una serie de continuas amenazas de carácter vejatorio que, de forma velada y en algunos casos burlesca, le advertían sutilmente con poder ser víctima en cualquier momento de una acción».
Llamadas a su domicilio insultándole, envíos a su casa con amenazas, concentraciones de apoyo a ETA en frente de su casa, intentos de asalto a su domicilio, carteles y panfletos ante su vivienda contra él y contra su militancia política, pintadas amenazantes...