La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, está a dos fuegos.
Por una parte, el anuncio del exministro Arturo Zaldívar de solicitar el inicio de un juicio político en su contra, además de presentar "diversas'' denuncias ante la Fiscalía General de la República, y por otra el gobierno presionando para que la Corte no declare inconstitucional la prisión preventiva oficiosa.
En el primer caso, Zaldívar recurre al petate del muerto del juicio político, sacado del panteón cada vez que un personaje que se considera intocable presume una "venganza política''.
El juicio político es un instrumento legal que permite retirar el fuero constitucional a un funcionario público por la comisión de delitos graves.
Zaldívar considera que Piña comete un delito al aceptar investigarlo después de que se presentó una denuncia anónima por hechos cometidos por él en perjuicio de la administración de la justicia.
Poco a poco se ha ido documentando cómo el exministro tejió una "dudosa amistad'' con el exconsejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, para incidir en los asuntos que le interesaban a López Obrador, aunque se utilice el eufemismo de "interés del gobierno''.
¿Puede prosperar la demanda de juicio político contra la ministra Piña?
Aunque parece que no existen elementos para configurar el caso, sí es posible considerando que Morena tiene aún la mayoría simple en ambas Cámaras y dos lugares de los cuatro que tiene la sección instructora, la encargada de analizar las pruebas para sustentar la solicitud de juicio.
Sin embargo, lo que hace aparecer como un fuego artificial la advertencia de Zaldívar es que la actual legislatura terminará el 30 de abril, aunque oficialmente los nuevos legisladores deben rendir protesta el primero de septiembre.
Es decir, a menos que fuera un proceso elaborado y votado a la velocidad de la luz, en esta legislatura ya no fue, por mucho que Morena se solidarice con el exministro.
Sobre el segundo asunto, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dijo que, si la Corte declara inconstitucional la prisión preventiva oficiosa, "se beneficiaría'' a casi 68 mil presuntos delincuentes que obtendrían su libertad inmediata, en perjuicio de la seguridad nacional.
La funcionaria presentó una carta que fue dirigida a los 11 ministros de la SCJN, en la que advierten que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que consideró violatoria de las garantías individuales la prisión de oficio, "no puede ordenarle a un gobierno'' cómo modificar su Constitución.
Las próximas semanas seguirán siendo de asedio para la Corte y su presidenta, quien hasta ahora se ha mantenido firme ante los embates.
¿Resistirá?
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Claudia Sheinbaum se reunió con representantes empresariales a quienes dijo exactamente lo que querían escuchar:
Que habrá certidumbre en el manejo del gasto público, finanzas sanas, que se mantendrá la autonomía del Banco de México, que habrá estabilidad de los precios en gas y la electricidad y se evitarán gasolinazos.
También se comprometió a seguir trabajando en el fortalecimiento del Estado de Derecho y reforzar las políticas públicas de seguridad.
Esto, dijo, sin duda redundará en mayores inversiones y la generación de más y mejores empleos.
Y aunque la reunión bien puede calificarse como buena, también se quedaron preguntas entre los empresarios como el hecho de si en el siguiente sexenio se seguirá privilegiando al Ejército en la ejecución de las obras públicas y cómo se destinarán los contratos sin que tengan que ser amigos de funcionarios públicos.
@adriantrejo