Las sanciones por agresiones a ríos ourensanos se redujeron durante 2023, según los datos facilitados por la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, responsable de gran parte de la cuenca fluvial provincial. Las multas cayeron un 16% respecto a 2022: si ese año el organismo resolvió 319 expedientes sancionadores, el pasado 2023, despachó 267. Sin embargo, pese a este descenso, la cifra total es elevada en comparación con la media de la última década, que no supera las 200 infracciones anuales. En 2020 y 2016, los años de menor actividad ilícita en entornos fluviales, se registraron, respectivamente, un centenar de multas. En 2023, solo las sanciones vinculadas a vertidos irregulares llegaron a 99.
De hecho, en los dos últimos años los derrames ilegales han constituido la principal amenaza de los ríos ourensanos: desde 2022, se han interpuesto 250 penas. La Hidrográfica no solo ha sancionado a concellos, empresas y particulares por verter sin contar con autorización, sino también por no cumplir los parámetros de la licencia concedida.
Obras y derivaciones
Además de vertidos, las principales irregularidades cometidas en zonas fluviales se relacionan con obras o derivaciones de agua realizadas sin permiso. En 2023, el organismo de cuenca emitió 59 multas por construcciones sin autorización en espacios de dominio público hidráulico. En esta categoría se incluyen desde pequeñas obras (como colocación de cierres de mallas o pastores eléctricos) hasta intervenciones de gran envergadura (como cubrir parte del lecho fluvial, construir grandes vertederos o incluso viviendas en lugares protegidos).
Por otra parte, el pasado año la Hidrográfica registró 56 penalizaciones por derivaciones de agua realizadas sin autorización o sin cumplir las condiciones de la licencia.
Aumentan talas y acampadas
Las infracciones vinculadas a actividades irregulares como talas de árboles y acampadas en entornos fluviales son las que más han aumentado en la provincia en los últimos años. Desde 2021, este tipo de multas se ha disparado. Si el organismo de cuenca interpuso 9 sanciones ese año, en el 2022 registró 41, y en 2023, más de medio centenar (53).
Desde la Hidrográfica recuerdan que acampar en espacios de dominio público hidráulico no está permitido. "En estas zonas protegidas está prohibido construir o montar instalaciones destinadas a albergar personas, aunque sea de carácter provisional o temporal, como sería el caso de una tienda de campaña o de un vehículo", aseguran. De esta forma, la normativa incluye tanto las acampadas individuales como aquellas de tipo colectivo.
En relación a las talas de especies arbóreas, se necesita la correspondiente autorización por parte del organismo de cuenca.
Endurecer las sanciones
Asociaciones ambientalistas como Ecoloxistas en Acción ponen en duda el descenso real de las agresiones a los ríos ourensanos en 2023, y demandan endurecer las sanciones existentes para obligar a la ciudadanía a cumplir la ley vigente. "La Confederación Hidrográfica debería insistir más en hacer sus funciones de vigilancia, responder a las irregularidades con contundencia y no ser permisivos. Puede ser que pongan menos multas, pero eso no quiere decir que haya menos actividades ilícitas", señala Nancy Blanco, portavoz de Ecoloxistas en la provincia.
La entidad ha presentado numerosas reclamaciones ante Medio Ambiente en los últimos años respecto al mal estado de varios ríos ourensanos, como el Loña o el Grañal, pero la respuesta ha sido "poco contundente". Respecto a las cuantías de las multas interpuestas por el organismo de cuenca, Blanco cree que deberían aumentar: "Las sanciones ahora mismo son ridículas, tal vez se debería modificar la legislación actual o al menos actualizarla".
En ese sentido, considera que "falta voluntad política", así como de la ciudadanía, por respetar las normativas ambientales: "Hay leyes de residuos, de aguas, de protección del territorio, la mayoría de las ordenanzas municipales recogen sanciones ambientales, el código penal contempla los delitos de este tipo, que incluso pueden conllevar privación de la libertad... Existen muchas leyes, pero el problema es que no se cumplen ni nadie hace nada para que se cumplan".
Blanco señala la necesidad de cambiar la mentalidad para lograr una protección efectiva del medio ambiente en la provincia: "Hay mucha dejadez, y lo peor es que el futuro es desalentador, no parece que la situación vaya a mejorar".
Cómo actúa la guardería fluvial ante una posible irregularidad
Los guardias fluviales de la Hidrográfica son los encargados de vigilar las zonas de dominio público hidráulico de la cuenca, así como de realizar inspecciones ante posibles irregularidades. La alerta de un delito puede provenir de la denuncia de un tercero (sea agente de la autoridad, civil o asociación ambiental) o de un miembro de la guardería fluvial, que detecta una probable actividad ilícita en sus labores de custodia. En caso de tratarse de una denuncia ciudadana, los guardias deben acudir al lugar para realizar una comprobación y, si procede, elaborar el correspondiente parte de denuncia.
En el caso de los vertidos, los agentes se acercan al río y toman muestras (en base a un protocolo regulado por la ley) tanto en el punto del posible derrame irregular como aguas arriba y aguas abajo, si así lo considera necesario el guardia. Una vez recogidos, los fluidos se analizan en el laboratorio de la propia Confederación Hidrográfica Miño-Sil en la provincia, aunque si es necesario estudiar algún parámetro para el que la entidad no dispone de capacidad analítica, se envía a una empresa externa acreditada. Cabe destacar que los vertidos pueden ser irregulares no solo por derramar en el río cualquier tipo de sustancia sin la correspondiente autorización del organismo de cuenca, sino también por verter materiales en proporciones distintas a los estipulados en la concesión.
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