El pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea, aprobado el miércoles tras un tenso debate en la Eurocámara, y ahora pendiente de ratificación por los 27 estados miembros, cierra una larga historia de discrepancias y tensiones en la UE. Llega nueve años después de la ola migratoria procedente de Siria y de Irak, que hizo saltar por los aires el sistema europeo de asilo y que estos últimos años ha dado alas a los partidos de extrema derecha del continente, lo que podría traducirse en un incremento de votos en las elecciones europeas de junio.
Ha sido un parto difícil y que aún puede tener secuelas porque Polonia y Hungría ya han avanzado que no piensan aplicar la legislación porque se oponen a las cuotas migratorias. Recordemos que esta reforma legislativa, que consta de nueve reglamentos, endurece las normas de inmigración, pero también ofrece medidas más rápidas y prevé una solidaridad a la carta. Dedica muchos más medios a proteger las fronteras exteriores de la UE y fija un plazo máximo de siete días para hacer el llamado screening del solicitante de asilo, que mientras tanto permanecerá en instalaciones cerradas para favorecer su retorno si se le niega el estatus de refugiado.
La UE endurece la entrada de inmigrantes que necesita para poder mantener su modelo
Las normas fijan una solidaridad obligatoria para que todos los países contribuyan a la gestión de la llegada de inmigrantes. Entre los Veintisiete deberán reubicar al menos 30.000 personas al año, pero los estados que se nieguen podrán elegir entre contribuir con 20.000 euros por cada traslado rechazado o el envío de equipamiento o fondos por un valor equivalente al país de origen del migrante. Se eliminan, pues, las cuotas obligatorias de acogida, que Polonia y Hungría rechazaban, pese a lo cual siguen oponiéndose al pacto alcanzado. Una vez ratificado por los estados de la UE habrá que ver, por tanto, si todos cumplen la que se ha bautizado como solidaridad obligatoria flexible.
Todo ello enmarcado en la gran paradoja de que la UE opta por endurecer la inmigración al tiempo que cada día necesitará más migrantes. Europa es un continente cada vez más viejo, debido a las bajas tasas de fertilidad. Además, la emigración de jóvenes de ciertos estados europeos reduce el total de mano de obra disponible en numerosos sectores y en muchos países. Y ahí aparece la contradicción. Los gobiernos europeos admiten la necesidad de atraer a trabajadores extranjeros para mantener el crecimiento económico y seguir financiando las necesidades de unas sociedades cada vez más longevas, pero al mismo tiempo les cierran sus fronteras. El pacto de Migración y Asilo intenta aportar vías reguladas para llegar a territorio europeo y bendice los acuerdos bilaterales con terceros para frenar en origen la migración irregular.
La inmigración es buena y necesaria para Europa, pero debe ser ordenada. La iniciativa legislativa popular para regularizar inmigrantes, tomada en consideración por el Congreso el martes, puede desembocar en un nuevo marco legislativo que legalice el estatus de personas extranjeras en situación administrativa irregular con residencia anterior al 1 de noviembre del 2021. Es positivo, por tanto, que en España y en la UE se legisle para afrontar uno de los problemas más importantes que tiene una Europa que necesita y seguirá necesitando inmigrantes si quiere mantener su modelo social de bienestar.
El pacto no es perfecto y ha recibido duras críticas de la extrema derecha, a la vez que de los verdes, de la izquierda radical y de hasta 160 oenegés, que acusan a Bruselas de primar la protección de fronteras sobre la solidaridad. Pero fija un marco que debería ayudar a vehicular uno de los principales retos de la UE, aunque sus efectos tardarán años en verse. La inmigración es un desafío común europeo y debe ser gestionado conjuntamente, pero las tensiones políticas que provoca han dado alas a la ultraderecha. La llegada de inmigrantes puede ser la solución potencial al desafío demográfico y productivo europeo, pero sigue siendo menos obvia en términos políticos.