La jueza Loretta Preska, del distrito Sur de Nueva York, falló a favor de la Argentina en la causa por el cupón PBI de 2013.
La Argentina había apelado el fallo que la obligaba a pagar casi 1.500 millones de dólares a cuatro fondos de cobertura por manipulación de datos en 2013.
Los demandantes fundaban su reclamo en la supuesta manipulación de datos del por entonces secretario de Comercio y responsable del INDEC, Guillermo Moreno, para evitar los pagos a bonistas por los llamados "Cupones PBI".
El especialista Sebastián Maril, CEO de Latam Advisor, indicó a Noticias Argentinas que en el fallo "la juez Preska no habló en absoluto del INDEC, no habló sobre la mala fe de Argentina de cambiar la fórmula sobre cual estimaba su PBI semanas antes de anunciar el pago para el año 2013".
Y siguió: "Las tres demandas del fallo de los cupón PBI siempre apuntaron a hablar sobre el INDEC, Preska le dedicó un solo párrafo a este tema, diciendo este juicio no se trata sobre el INDEC y sobre la posible mala fe de Argentina de calcular equivocadamente su PBI sino que se trata de un tecnicismo".
"La cláusula 48 y 49 del prospecto que se llama "no action clause", impide a los demandantes haber presentado esta demanda, motivo por el cual esta demanda nunca podría haber sido presentada por los demandantes tal cual está porque no cumplía con el no action clause, es decir, entraron por la puerta equivocada", explicó Maril.
Argentina había perdido la demanda realizada en su contra ante los tribunales de Londres por los fondos Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited que habían iniciado una denuncia en 2019 por la falta de pago de los rendimientos de los Cupones PBI emitidos en 2005 por el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, para reestructurar la deuda defaulteada en 2002 a través de estos instrumentos atados a la evolución del Producto Bruto.
Los fondos, que poseían alrededor del 48% de los títulos vinculados al PBI de Argentina en 2013.
Hace poco menos de un año, estos ganaron el juicio y se dictaminó que Argentina debía pagar 1.330 millones de euros (US$1.440 millones) más intereses en relación con todos los títulos vinculados al PBI.
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