El Consejo de la Unión Europea ha terminado de dar luz verde en el día de hoy a la nueva política de emisiones para el sector del automóvil. Dicha normativa, denominada Euro 7, entrará en vigor a partir de 2027 e incluirá, por primera vez, límites de emisiones de partículas de frenos y de neumáticos para turismos y furgonetas.
El pasado mes de marzo, el Parlamento Europeo validó dicha normativa, que estaba pendiente de contar con el visto bueno definitivo del Consejo de la Unión Europea.
El texto refrendado recoge, también por primera vez, unos requisitos mínimos de rendimiento en la durabilidad de la batería en los coches eléctricos e híbridos.
Para turismos y furgonetas, el reglamento mantiene los límites de emisiones de escape Euro 6 existentes, pero introduce requisitos más estrictos para las partículas sólidas.
En el caso de los vehículos industriales (autobuses y camiones), el reglamento impone límites más estrictos para diversos contaminantes, incluidos algunos que no han sido regulados hasta ahora, como el óxido nitroso (N2O). Además, la Euro 7 introduce límites más estrictos de emisión de partículas producidas al frenar, con límites específicos para los vehículos eléctricos. Las nuevas normas también incluyen requisitos de vida útil más estrictos para todos los vehículos, tanto en términos de kilometraje como de vida útil.
Tras ser firmado por el Presidente del Parlamento Europeo y el Presidente del Consejo, el reglamento se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea y entrará en vigor a los veinte días de su publicación.
La regulación de la normativa Euro 7 puso al sector del automóvil en pie de guerra. Y es que la industria cuenta con la imposibilidad de matricular turismos de combustión interna (gasolina y diésel) a partir del 1 de enero de 2035. Dadas las circunstancias, el sector consideraba que esta regulación torpedeaba las inversiones en electrificación. Todo ello en un momento en el que se está produciendo medidas proteccionistas por parte de los dos grandes mercados automovilísticos del mundo: China y Estados Unidos.
De hecho, el presidente de la patronal de fabricantes de vehículos (Acea), Luca de Meo, alertó hace un año de que la entrada en vigor de esta normativa, con los parámetros marcados por la Comisión, acarrearía un coste para los productores de entre 20.000 y 35.000 millones de euros. Todo ello se traducía en el encarecimiento en más de 2.000 euros, en el caso de los turismos y furgonetas de combustión interna, y en cerca de 12.000 euros para los autobuses y camiones.