¿Qué hacía el jefe de la policía de China, uno de los peces gordos de la seguridad en la superpotencia asiática, visitando en Budapest al primer ministro húngaro? La fotografía del apretón de manos sorprendió (y preocupó) en los corrillos diplomáticos europeos. Wang Xiaohong, ministro de Seguridad Pública y consejero de Estado, fue recibido en febrero por el líder húngaro Viktor Orban. El político chino tenía una misión bastante clara: fortalecer los lazos de seguridad con el mayor aliado de China dentro de la OTAN y de la Unión Europea.
En Pekín, ciudad en la que fue vicealcalde, Wang (64 años) arrastra la fama de ser una especie de "hombre para todo". Hay días en los que se pone el traje de diplomático para viajar a Hungría, Irán o Uzbekistán con el propósito de firmar acuerdos de seguridad y de colaboración en la lucha contra el terrorismo. Otras veces se junta con los jefes de Inteligencia de su país para ver cómo se puede optimizar el super sistema de videovigilancia masiva dotado con inteligencia artificial.
Hay mañanas en las que Wang reúne a su "policía de internet" para dar nuevas directrices sobre cómo hay que censurar los contenidos interpretados por el régimen como "ilegales y dañinos" que circulan en redes sociales. Y hay tardes en las que orquesta nuevas campañas para perseguir a los activistas más ruidosos y que desaparezcan durante un tiempo.
Wang, hombre de confianza del presidente Xi Jinping, es el primer oficial de policía que dirige en más de dos décadas el poderoso Ministerio de Seguridad Pública. Entre sus cometidos está decidir, en última instancia, quién entra y quién sale de la RSDL, siglas que hacen referencia a la "vigilancia residencial en un lugar designado". Se trata de un sistema carcelario extrajudicial introducido en China en 2012 que permite a la policía, bajo la Ley de Procedimiento Penal, aislar a personas acusadas de poner en peligro la seguridad nacional, excluyendo a los abogados del proceso.
Es un agujero negro de desapariciones forzosas por el que han pasado muchos activistas. Esta semana, el grupo Red de Defensores de los Derechos Humanos de China (CHRD) publicaba un informe que recogía algunos casos recientes de activistas y disidentes desaparecidos bajo este sistema de detención arbitraria que conoce bien Simon Cheng, quien en 2019 trabajaba en el consulado británico de Hong Kong como asesor comercial. Fue detenido durante 15 días en la vecina ciudad de Shenzhen.
"Estaba encadenado, con los ojos vendados y encapuchado. No pude hablar con ningún abogado y me colgaron y ataron a una cruz. Me obligaban a ponerme de cuclillas contra la pared, no me dejaban dormir y me hacían cantar el himno nacional chino para mantenerme despierto", relató Cheng tras quedar en libertad. Otro caso significativo que pasó por la RSDL es el del abogado de derechos humanos Wang Quanzhang. Fue arrestado el 3 de agosto de 2015 y hasta julio de 2018 su familia no supo si estaba vivo, muerto o detenido.
El último informe publicado por CHRD asegura que el ministerio que dirige Wang Xiaohong continúa intimidando y acosando tanto a los críticos como a sus familias. Presenta algunos casos como el de He Fangmei, una mujer de la provincia de Henan que desapareció en 2020 tras denunciar que algunas vacunas que se estaban inyectando durante la pandemia eran defectuosas. En 2023, se hizo público el arresto formal de He. Desde CHRD afirman además que su marido y sus hijos fueron internados a la fuerza en un centro psiquiátrico.