Las comisiones de investigación que, de forma inminente, van a echar a andar en ambas Cámaras, con sendas listas de comparecientes, para indagar en hechos que no solo están siendo escrutados en distintos foros judiciales sino que algunos ya han sido sentenciados, conforman un aquelarre de pesquisas superpuestas que una sociedad –menos alegre y confiada– sigue tolerando con normalidad patológica.
El recurso a instrumentos coactivos, secuela de la apelación al lawfare, viene a ser una anomalía derivada de la concurrencia en paralelo de una investigación judicial y otra parlamentaria. Y esta, en sesión doble, una en cada Cámara, lo que resulta adolece de sentido.
No comparecer en la comisión de investigación puede ser constitutivo de un delito de desobediencia y mentir, de falso testimonio. Y, para redondear el despropósito, los investigados pueden guardar silencio. El día que comparezca el más pintado, habrá profusión mediática. Se sentará y dirá que, por expresa sugerencia de su letrado, no va a responder a ninguna de las preguntas de su Señoría. Por cierto, está en su derecho a hacerlo.
A propósito de las incompatibilidades de jueces y fiscales, la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), habla de alabanzas o censuras. Con una prohibición clarísima: «Yo no puedo ir allí para que usted me pregunte qué es lo que opino acerca de un procedimiento que estoy investigando o voy a enjuiciar».
La documentación, que permite conclusiones sobre los hechos, ya obra en poder de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de los jueces ¿acaso le van a pedir al juez instructor que les mande el expediente?
Entre el centenar largo de comparecientes previstos en la comisión del Congreso sobre los contratos públicos durante la pandemia, la citación a tres fiscales (uno de la Fiscalía Anticorrupción, dos de la Fiscalía Europea) denota indigencia jurídica, habida cuenta de que la LOPJ prohíbe expresamente citar a jueces y fiscales, en incumbencias cuyo propósito primigenio es el escarnio, es decir, señalamiento o estigmatización, con un designio estrictamente político.
El hecho de que la citación a los fiscales, una exigencia más del secesionismo empeñado en someter al poder judicial a un deletéreo adiestramiento de «lawfare», haya gozado de celo irredento, podría interpretarse como un primer paso, capaz de suministrar argumentos para futuras comisiones ¿por qué no requerir, a los jueces que pusieron la sentencia del procés?
Aunque la fórmula para salvar el listado de comparecientes –sin necesidad de volver a someterlo a votación– sea compleja, la corrección, casi instantánea, delata la capacidad reducida de un poder parlamentario, que se ha inclinado ante la indicación del ministro pantocrático «no tiene ningún sentido que jueces o fiscales vayan a declarar a comisiones de investigación sobre causas que están conociendo», así como una subordinación entre los poderes del Estado. ¿Dónde queda la sacrosanta separación de poderes?
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Las dramaturgias en marcha plantean cuestiones sujetas a reflexión: la redefinición del papel del Senado, acusado de deslealtad institucional por quien residencia la soberanía nacional, «sobre todo», en el Congreso, al que el Senado estaría supeditado como plato de segunda mesa.
Este artificio omite que ambos son depositarios –en idénticos términos– del poder de un determinado territorio, que los ciudadanos soberanos de un país delegan en las Cortes Generales.
Durante décadas se ha echado mano del tópico, según el cual, en nuestro Estado de derecho, el quehacer del Senado era testimonial. De ahí arranca la injusta displicencia mostrada por quienes no han logrado menoscabar su dignidad y relevancia, con una falsedad interesada. Congreso y Senado se complementan entre sí pero tienen funciones diferentes.
Por considerar que la ley de amnistía supone una reforma encubierta de la Constitución, el Senado planteó un «conflicto de atribuciones contra el Congreso», tratando de frenarla antes de su aprobación definitiva. Reclamó su papel, de igual a igual con la Cámara Baja y no de segunda lectura (como ocurre en la tramitación de una proposición de ley ordinaria).
Esta exigencia dio lugar a un choque institucional entre cámaras, el primero en la historia de la democracia española. El anuncio del encontronazo sorprendió al Ejecutivo, que acusó a la oposición de utilizar el Senado en su propio beneficio: «Están intentando convertirlo en una cámara de confrontación, dilatoria y obstruccionista, que solo aspira a paralizar las normas».
En esta España de todos contra todos, los letrados de ambas Cámaras están desavenidos, hasta el punto de que sus dictámenes son contradictorios. Lo que lleva a preguntarse ¿cómo es posible tanta discrepancia técnica entre profesionales con similar instrucción y experiencia?
Si ya resulta perniciosa la polarización de la vida pública, que ésta se traslade a los encargados de velar por las normas que apruebe el Parlamento resulta un serio problema que conduce al deterioro de las instituciones.
El espectáculo no ha hecho más que empezar. Queda pendiente la irrupción del Tribunal Constitucional, a cuenta del conflicto entre Congreso y Senado. Como antesala, ha advertido a los legisladores que las comisiones de investigación no pueden imputar delitos a los comparecientes porque así se vulnera su derecho a la presunción de inocencia.
A las Cámaras, según el TC, no les corresponde efectuar una calificación jurídica de los hechos investigados, porque las imputaciones «en nuestro ordenamiento» están reservadas a juzgados y tribunales, encargados, en su caso, de plasmar esas reprensiones de manera constitucionalmente legítima, tanto a través del derecho penal como del derecho administrativo sancionador.
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Y una apostilla final: la corrupción vinculada a la compra de mascarillas durante la pandemia, génesis de este afán investigador para establecer responsabilidades políticas, se ha eclipsado en la parrilla, achatado por la apoteosis del acontecimiento, una forma de teatralización que causa furor en el espacio político.
Iñaki Garay ha escrito: «La política se ha convertido lamentablemente en una profesión de gente que vive al día». Las comisiones de investigación, azuzadas por intereses partidistas, nunca deben desbancar la instrucción judicial ni rectificar sentencias. Tampoco, trasmutar en meras pesquisas para ir tirando.
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