La cuenta atrás está a punto de llegar a cero. Ya solo quedan 24 horas para que dé comienzo en Tailandia el juicio contra Daniel Sancho, que se enfrenta a una condena a muerte si finalmente es declarado culpable de los delitos que se le imputan: el asesinato premeditado de Edwin Arrieta, el ocultamiento de su cuerpo y la destrucción de su pasaporte. El hijo del actor Rodolfo Sancho fue detenido en Koh Phangan el pasado 5 de agosto, y desde entonces han pasado ocho meses y cuatro días que han tenido en vilo a las dos familias afectadas.
Ahora, se encuentran ante varios escenarios posibles en los que todo puede pasar. Pese a la certeza inicial de la culpabilidad del acusado, motivada en parte por su propia confesión, los acontecimientos que han tenido lugar durante las últimas semanas hacen cada vez menos improbable que su pena sea mucho menor de la que se estimó al principio, e incluso, como confía él mismo, que sea absuelto de los cargos por los que ha sido investigado. «Estoy convencido, porque actué en defensa propia», declaró desde la cárcel de Koh Samui a la agencia de noticias EFE. En cualquier caso, será el juez instructor quien tenga la última palabra a partir de una serie de puntos clave que se han de poner sobre la mesa para comprender el que será uno de los juicios más mediáticos en España, y aunque sea en la distancia, en los últimos años.
Los tiempos
El juicio dará comienzo mañana en la isla de Koh Samui, en la que Sancho ha permanecido detenido desde que pasó a disposición judicial. El proceso se desarrollará a lo largo de 15 días laborables, de martes a viernes. Es decir, se celebrarán cuatro sesiones por semana que comenzarán con un alegato de aproximadamente cinco minutos de cada una de las partes: defensa y acusación.
De este modo, está previsto que el juicio termine el viernes 3 de mayo, también con un alegato final de los actores implicados. Sin embargo, es importante recordar en este sentido que el Código Procesal de Tailandia permite al juez dar por finalizado el proceso antes de lo previsto si este considera que ya cuenta con toda la información necesaria, con los testigos y pruebas suficientes para dictar un veredicto. Aun así, teniendo en cuenta la dimensión de este caso, no parece probable que al magistrado le sobre tiempo para escuchar a todos los que han sido llamados a declarar, que ascienden a 27 solo en el caso de la defensa.
La defensa
Aunque el equipo de abogados estará encabezado por un letrado tailandés –el cuarto que se asignó a Sancho después de que los primeros abandonaran o fueran despedidos por «discrepancias»–, los despachos de Marcos García-Montes, Carmen Balfagón y Ramón Chippirrás han jugado un papel fundamental a la hora de establecer la estrategia de defensa. La línea principal pasará por invalidar parte del proceso de investigación que las autoridades tailandesas llevaron a cabo los días posteriores al crimen. Aseguran que se cometieron graves «irregularidades» que ponen en entredicho que Sancho asesinara a Arrieta de forma premeditada, tal y como sostiene la hipótesis de la policía. «Lo que Daniel cuenta desde el primer momento es que la víctima le atacó y él se defendió. Se ganaron su confianza y lo utilizaron para hacerle firmar unas declaraciones que él nunca ha realizado», explicó Balfagón a nuestro diario.
Se trata de un matiz importante, puesto que Sancho se enfrentaría entonces a un supuesto delito de homicidio imprudente, lo que, según estimaciones de su defensa, le permitiría regresar a España «en tres o cuatro años».
Para demostrar su teoría, los abogados se valdrán de la declaración de casi treinta testigos, entre quienes destacan amigos de Sancho, comerciantes locales e incluso su propio padre, Rodolfo Sancho. El actor se encuentra en Tailandia desde hace días, preparando el que puede ser un testimonio clave para el futuro de su hijo.
La comparecencia de los testigos llamados por la defensa está prevista para los días 25, 26 y 30 de abril, y 1, 2 y 3 de mayo.
La acusación
Igual que ocurre con la defensa, la acusación estará encabezada por la Fiscalía de Tailandia, aunque también ha trabajado codo con codo con el despacho español de Juan Gonzalo Ospina. El letrado ejerce como co-acusación para apoyar a la familia de Arrieta, con muchos menos recursos que la de Sancho. De hecho, aunque estaba previsto que los padres de la víctima también declarasen de forma telemática para mostrar «el lado humano» de la pérdida de un hijo, finalmente no podrán ser escuchados por la diferencia horaria entre Tailandia y Colombia, además de que el tribunal no cuenta con los recursos técnicos suficientes para llevar a cabo la videoconferencia. Su avanzada edad y la «deplorable» situación en la que ha quedado su economía tras la muerte del cirujano les impide viajar hasta el archipiélago asiático para defender la memoria de su hijo.
Por supuesto, la dirección de la acusación es totalmente opuesta a la de la defensa y mantienen que la investigación por parte de la policía tailandesa se llevó a cabo de forma impecable y sin irregularidades. «Ha sido un trabajo riguroso. Se actuó a la altura de los estándares de cualquier país europeo. Desde nuestro punto de vista, todas las autoridades tailandesas han actuado de forma correcta», manifestó Ospina ante este periódico. De hecho, está casi seguro de que la estrategia de la defensa no prosperará porque «en el procedimiento judicial y en los autos se confirma que se ha respetado el derecho de defensa de su cliente».
Los 28 testigos propuestos por la Fiscalía, incluido un trabajador del servicio de limpieza de Koh Samui y el sujeto que encontró parte de los restos mortales de Arrieta, declararán los primeros días del juicio, mañana, el 12, 17, 19 y 23 de abril.
La indemnización
Más allá de la pena que se le imponga si finalmente es declarado culpable de alguno de los delitos que se le imputan, la acusación también exigirá que Sancho se haga cargo de parte de su responsabilidad civil, es decir, que abone una indemnización a la familia de la víctima. La cuantía se ha estipulado en 410.000 euros, y para calcularla se ha tenido en cuenta el nivel de ingresos de Arrieta, que ascendía a 30.000 euros anuales, con los que mantenía a sus padres y hermana en Colombia: «Es muy difícil cuantificar cuánto cuesta la vida de un ser querido. (...) Edwin era el motor económico de la familia», según los letrados. Sin embargo, desde el despacho de Ospina muestran su desconfianza en cuanto a que la familia de Arriete llegue a ver un solo céntimo de esa indemnización que pudiera corresponderles: «Sabemos que va a ser de cobro imposible o no será totalmente cobrada porque Daniel Sancho es insolvente. De forma independiente de lo que jurídicamente nos corresponde, somos conscientes de que la cantidad solicitada es de difícil cobro».
La «gran broma» de la policía tailandesa
Pocos días antes de que arranque el juicio, se dio a conocer que el Departamento de Policía Metropolitana de Bangkok solicitó la semana pasada la emisión de una orden de arresto contra el antiguo subdirector Surachate Hakparn, conocido como «Big Joke», tras eludir hasta en dos ocasiones los requerimientos para responder unas cuestiones ante los agentes. Él era, al principio, la cara más visible de la investigación del caso de Daniel Sancho, hasta el punto de que fue quien atendió la primera rueda de Prensa convocada en Tailandia, en la que se explicaron los detalles del crimen ante la presencia de medios internacionales. Fue retirado el pasado 20 de marzo a consecuencia de la investigación abierta contra él por su presunta implicación en una trama de sobornos relacionada con las apuestas ilegales en línea. De hecho, su casa fue registrada en septiembre en el marco de la misma operación. La orden de arresto se retiró el martes 2 de abril por la noche, después de que el afectado abonara una fianza de 100.000 baht –unos 2.500 euros– tras presentarse en una comisaría de Bangkok y responder a un interrogatorio de cerca de dos horas, según publicó el periódico local «The Nation».
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