No pretendemos, ni mucho menos, desdeñar la iniciativa del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ni es momento de entrar a valorar una propuesta no exenta de dificultades técnicas para su articulación, pero la buena voluntad del magistrado, por más que caiga en la equidistancia, no debe hacernos olvidar que es la independencia de los jueces, la defensa de su libertad de criterio a la hora de aplicar las leyes, lo que una democracia que se precie está más obligada a preservar.
De ahí, que una vez más nos veamos obligados a defender la posición del Partido Popular frente a la renovación del órgano de gobierno de los jueces, entre otras razones, porque el resurgimiento de los populismos, no importa el signo, en el seno de las democracias formales está demostrando que el mayor riesgo para las libertades de los ciudadanos está, precisamente, en el secuestro de los altos tribunales de Justicia por parte del poder Ejecutivo. Sobran los ejemplos, que están en la mente de todos, y baste recordar que tuvo que salir al paso la Comisión Europea ante la pretensión del primer gobierno de coalición de Pedro Sánchez de aprovechar su mayoría parlamentaria para cambiar a su favor el sistema de elección de los vocales del CGPJ, dejando fuera de juego a la oposición.
También conviene señalar, porque la memoria de la opinión pública suele ser frágil, que, ante el revés sufrido, el Gobierno social comunista se sacó de la manga una reforma legal por la que se impedía a un Consejo en funciones llevar a cabo nombramientos de jueces y magistrados para cubrir las vacantes de los altos tribunales, no fuera a ser que recayeran sobre profesionales de la Justicia sin suficiente «pedigrí» progresista. Que un Tribunal Constitucional conformado una mayoría de izquierdas y tras una peripecia legislativa digna de un vodevil respaldara tal cacicada solo abunda en lo que denunciamos.
Por lo tanto, el PP, como principal partido de la oposición, está obligado a mantenerse firme con el objetivo de cambiar el sistema de elección de los 12 vocales del CGPJ procedentes de la carrera judicial, que debe hacerse por sus pares. Creemos que es la mejor solución, al menos, la más práctica, y en contra de la opinión del magistrado Guilarte, que advierte del riesgo del corporativismo, la propia naturaleza de la carrera judicial y el mandato constitucional de que el juez debe ser independiente, imparcial y predeterminado es suficiente garantía contra ese tipo de desviacionismo.
Entendemos, por supuesto, el grave problema para el buen desarrollo del trabajo judicial que supone la existencia de 122 vacantes pendientes de renovación en los distintos tribunales, pero de ello solo es responsable el actual presidente del Gobierno y su estudiada estrategia de la presión, que no se debe premiar con ambiguas fórmulas intermedias.
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