Greenpeace iniciará la próxima semana una serie de acciones para llamar la atención sobre el vertido tóxico al Guadalquivir que conllevará la reapertura de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), procedente de la Corta de Aznalcóllar, donde se almacenan los lodos tóxicos depositados desde la rotura de la balsa de la mina en 1998.
El lunes 22 de abril registrará un escrito en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla basado en el manifiesto presentado por Greenpeace y Ecologistas en Acción con el apoyo del resto de entidades, y el miércoles 24 celebrará una mesa redonda en la Universidad de Sevilla para analizar este mismo asunto.
Para el jueves 25 se ha convocado una concentración con la lectura de un manifiesto junto al Monumento a la Tolerancia, en el Muelle de la Sal de Sevilla.
Según han informado fuentes de Greenpeace en Sevilla, se van a llevar a cabo varias actividades ante la intención de la Junta de Andalucía de autorizar un vertido tóxico de 85,52 hectómetros cúbicos que "irán a parar" al Guadalquivir, "cuando se cumplen 26 años del desastre de la rotura de la presa de Aznalcóllar", que supuso "un caso de contaminación ambiental brutal" del cual aún hoy se sufren las consecuencias.
La organización ecologista, que lamenta que la Junta de Andalucía "parece no haber aprendido de los errores del pasado", sostiene que este vertido afectará a la Zona Especial de Conservación de la Red Natura 2000 del Bajo Guadalquivir, "contaminando con metales pesados a todo el estuario del Guadalquivir", afectando al Parque Nacional de Doñana, a los cultivos de arroz del bajo Guadalquivir y a la biodiversidad de la desembocadura, "la cual es clave como guardería y criadero de especies".
Contra la apertura de la mina ha registrado alegaciones Ecologistas en Acción, al contemplar el punto de vertido tóxico en la localidad de Santiponce, en el estuario del Guadalquivir, que incluye una tubería de 30 kilómetros desde el recinto minero, que atravesaría los municipios de Sanlúcar La Mayor, Valencina, Olivares y Salteras, y llegaría a Santiponce.
La empresa explica en su proyecto, según Ecologistas en Acción, que ese vertido operacional se produce después de una importante reutilización del vertido en su proceso industrial, pero en el dictamen ambiental al que Ecologistas ha tenido acceso, "aprobado por la autoridad ambiental de la Junta de Andalucía", se incrementa el vertido tóxico operacional en más de un 50 %, hasta los 4.000 millones de litros anuales, "sin que este incremento sustancial haya sido objeto de información pública".
Para la formación conservacionista, se trata de una "ocultación grave por parte de la autoridad ambiental" del incremento de 2.600 a 4.000 millones de litros anuales de vertido tóxico al Guadalquivir, lo que "justifica sobradamente la necesidad de que se produzca un nuevo trámite de información pública", donde los ciudadanos puedan conocer el contenido del dictamen "y exigir a la Junta de Andalucía" que obligue a la empresa a una alternativa de reutilización completa del vertido en su proceso industrial, "garantizando el vertido cero".