La Cámara de Diputados de Argentina ha aprobado este martes la reforma laboral propuesta por el Ejecutivo de Javier Milei en la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, conocida como «ley ómnibus», considerada imprescindible por el presidente ultraliberal para acometer su programa de desregulación de la economía. El paquete legislativo es el «corazón» del programa de Gobierno de Milei, junto con el drástico plan de shock de ajuste fiscal y el decreto de necesidad y urgencia con medidas orientadas a la desregulación de la economía que firmó el pasado 20 de diciembre de 2023.
Era la segunda vez que la Cámara de Diputados sometía la ley a debate. En febrero, el proyecto fue aprobado en general, pero después, ante una derrota segura en la votación artículo por artículo en la Cámara Baja y un previsible posterior rechazo en el Senado, el oficialismo optó por devolver el proyecto a comisiones. Tras sucesivas negociaciones, el Gobierno remitió un nuevo proyecto con 232 artículos (frente a los 664 de la iniciativa original), el primero de los cuales declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año, dándole al Ejecutivo facultades delegadas en esas materias, bastante menos que las pretendidas inicialmente por Milei.
La formación gobernante de ultraderecha La Libertad Avanza –minoritaria en la Cámara de Diputados– confiaba en sacar adelante ambas iniciativas tras intensas negociaciones en las últimas semanas con los bloques de la denominada oposición «dialoguista» (Propuesta Republicana, Unión Cívica Radical y Hacemos Coalición Federal), que votarían a favor, permitiendo la aprobación de las iniciativas pese a la oposición de la izquierda y el frente peronista Unión por la Patria. Finalmente, la ley salió adelante por 142 votos a favor, 106 en contra y 5 abstenciones.
La iniciativa permite la reforma del Estado, habilita a privatizar una decena de empresas, supone polémicos cambios en la legislación laboral y de jubilación e incluye incentivos para el sector de la energía y los hidrocarburos y para las grandes inversiones. Junto con este proyecto, Diputados también debate un paquete fiscal, que, entre otros aspectos, incluye un blanqueo de capitales, cambios en el impuesto a las Ganancias que pesa sobre los salarios y una moratoria impositiva y aduanera.
El oficialismo, que solo tiene 38 diputados en la Cámara Baja, recibió el respaldo de Propuesta Republicana (Pro, centroderecha) –la formación del expresidente argentino, Mauricio Macri–, además de la gran mayoría de la Unión Cívica Radical (UCR, centro) y Hacemos Coalición Federal (peronismo disidente y federalismo). Votaron en contra el bloque peronista Unión por la Patria, la izquierda y algunos federalistas, y se abstuvieron varios «radicales».
"Hoy este bloque viene a decir al Gobierno que le da una cosa y que le quita otra. Este bloque le viene a dar las herramientas que el Gobierno reclama y le quita la excusas con las que gana tiempo", indicó en su alocucion final el diputado de la UCR Rodrigo de Loredo, quien insistió en la tarea "reformista" de su partido en la nueva redacción del proyecto. Por su parte, Cristian Ritondo, jefe del bloque del Pro, indicó que su partido no es «Gobierno ni cogobierno» con La Libertad Avanza –pese a que varios integrantes del Ejecutivo proceden de esa formación–, pero que apoya la Ley de Bases porque cree «en la palabra empeñada».
Por parte de Unión por la Patria, la minoría más numerosa del hemiciclo, el diputado Leopoldo Moreau dejó claro que «en Argentina hay una oposición», liderada por su formación, y expresó su deseo de que «los demás se vayan dando cuenta de que tienen que cruzarse de vereda a tiempo». «Hay que dar gobernabilidad a una sociedad que está a la intemperie, abandonada por políticas deshumanizantes, por un Estado que no funciona para nada. Este anarcocapitalismo va a terminar en anarquismo», afirmó en alusión a la fórmula empleada por Milei para hablar de su ideología.
Bajo el título de «modernización laboral», los diputados aprobaron la reforma laboral que solicitó Milei. La llamada reforma laboral modifica la ley de contrato de trabajo, al extender el período de prueba de tres a seis meses, que puede ampliarse a ocho meses y hasta un año según el tamaño de la empresa, lo que le ahorra la indemnización por despido.
Un capítulo controvertido ha sido la creación de un «fondo de cese», que permite sustituir la indemnización por despido por un sistema de cese laboral, que puede ser privado, para solventar el pago por una desvinculación sin causa. Otro capítulo que ha generado debate fue el que permite a «los trabajadores independientes» contar con hasta cinco «trabajadores independientes» para llevar adelante un emprendimiento productivo, lo que implica una «relación autónoma, sin que exista vínculo de dependencia entre ellos». También se crea una bolsa de trabajo a cargo de asociaciones sindicales para proponer a los empleadores un listado de personal para realizar tareas temporales.
La mayoría de los diputados votó a favor de los seis capítulos del título de modernización laboral que, en su inicio, trata de agilizar el alta de trabajadores registrados y alivia las indemnizaciones agravadas para trabajadores no registrados. La ley permite también reducir la baja de embarazo anterior al parto a diez días y acumular los 80 días restantes después del nacimiento; y agrava la indemnización por un despido motivado por un acto discriminatorio.
Los diputados que votaron en contra denunciaron que la reforma es una «quita de derechos» a los trabajadores, implicará una «precarización laboral» y no eliminará la litigiosidad en la Justicia, sino que la aumentará por considerar que varias de sus medidas son inconstitucionales. La ley ómnibus –por la cantidad de artículos (si bien hoy suponen un tercio del proyecto original, que pasaba de 600) y la magnitud de las reformas que plantea– es la herramienta con el que el Ejecutivo de Milei pretende desregular la economía y reducir el peso del Estado.
Este martes también se aprobó la delegación de facultades en el Ejecutivo por un año en virtud de una emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética. Tras el fracaso parlamentario en febrero, el oficialismo abrió intensas negociaciones con la denominada oposición 'dialoguista' para acercar posturas con vistas a la aprobación de este texto. Ahora, los proyectos serán girados para su tratamiento en el Senado, donde el oficialismo tendrá mayores desafíos para lograr la aprobación definitiva.
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