La anunciada derogación de la Ley de Memoria Democrática en Baleares pone de manifiesto que el guerracivilismo no se ha superado como era de esperar, casi cinco décadas después del tránsito de la dictadura a la democracia. En esta materia, como en la ley cremallera que ha permitido reforzar la representación femenina en las instituciones, las islas fueron pioneras al alumbrar textos legislativos avanzados e innovadores, que ampliaron la senda de los derechos humanos. Fue en 2018, dos años después de que se aprobara la ley de fosas balear, cuando el Parlament sacó adelante por amplia mayoría esta ley impulsada para «reparar» a las personas, colectivos e instituciones que padecieron la represión durante la Guerra Civil española y la posterior dictadura de Franco. El asunto tenía sus aristas y exigió grandes dosis de diálogo y comprensión. PP y Ciudadanos votaron en contra de la admisión a trámite de la ley presentada por los partidos del Govern de izquierdas por considerarla «parcial». Sin embargo, el periodo de tramitación permitió acercar posturas y limar expresiones. Tras un año de intenso trabajo y la aceptación de enmiendas de la oposición, la ley salió adelante con casi la mitad del articulado aprobado por unanimidad o con la abstención conservadora. Algunos aspectos, como la exposición de motivos o el régimen sancionador que contemplaba multas de hasta 150.000 euros a quienes se negaran a retirar símbolos franquistas, no contó con el apoyo de los populares. No obstante, por encima de las diferencias brilló la generosidad y el esfuerzo por llegar a puntos de entendimiento. Desgraciadamente, el clima político ha cambiado de forma radical, tras las elecciones del 28 de mayo que auparon al PP al Consolat con el apoyo de Vox.
La extrema derecha persiste en el guerracivilismo. Busca la confrontación de forma permanente y se resiste de forma enérgica al avance en el reconocimiento a las víctimas de un periodo oscuro de la historia reciente, que dejó en las islas más de cincuenta fosas y más de 1.700 desparecidos, según las estimaciones de los expertos. «La última cruzada de liberación» para David Gil, conseller electo de Vox en el Consell de Mallorca. Extraña manera de sentar las bases para una futura ley «de concordia». Lenguaje orwelliano, era de la postverdad. El PP de Marga Prohens se ha visto arrastrado, como ha ocurrido con la lengua, por la batalla cultural ultra, que se crece en la bronca y se achica en la gestión de los problemas reales. El precio a pagar por la investidura. Todos los pactos políticos implican renuncia, pero un grupo que representa el 13% del Parlament no puede dinamitar avances en materias tan sensibles para la convivencia democrática. Vox llegará hasta donde el PP se lo permita. Ya se ha derogado la ley en Aragón y, además de Baleares, preparan cancelaciones en Castilla y León, Comunidad Valenciana, Cantabria y Extremadura. El Gobierno Sánchez acudirá al Constitucional para evitar el regreso a la anomalía histórica. Pobres víctimas, pobre democracia.
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