La grave crisis del campo en la Región de Murcia que llevó a que más de 300 millones de kilos de limones acabasen la campaña sin recoger tiene una lectura, si cabe, más dolorosa para la zona de España con más posibilidades de convertirse en un desierto y que necesita del agua del Trasvase Tajo-Segura para evitar las restricciones de agua en las ciudades, así como para regar.
Esa cantidad de limones sin recoger en la Región, 400 millones de kilos de este cítrico en toda España, tienen una huella hídrica de 136 hectómetros cúbicos (hm³), de los que 62,1 hm³ corresponden al agua azul, es decir, agua de riego procedente de los ríos o del Trasvase, 58,2 hm³ a agua de lluvia, así como 16,2 hm³ de las llamadas aguas grises, es decir, las aguas que se contaminan durante el proceso de elaboración.
Si únicamente se analiza la denominada agua azul, que en la Cuenca del Segura corresponde a la propia del río y a la que llega desde el Tajo por el acueducto, la cantidad de agua tirada a la basura es de más de 62 hm³. Una cantidad que supera a los dos últimos envíos de agua autorizados, que entre los dos suponen 54 hm³.
Es más, si se pone el foco sobre la cantidad de agua que recibe el Levante español y que se dedica a riego, esta equivaldría a más de ocho meses de trasvases, muy cerca de los nueve, según una estimación con los datos facilitados a esta redacción por la Confederación Hidrográfica del Segura si los trasvases fueran todos 27 hm³.
Se explica porque siete de los últimos 27 van para riego, un pequeño aporte para el Guadiana y el resto para abastecimiento humano. Estas cifras no son fijas y contando que el análisis es en nivel dos, porque el año comenzó en nivel tres para los embalses de Entrepeñas y Buendía, por lo que los trasvases autorizados eran de 20 hm³, lo que conduciría a aumentar el cálculo hasta más de nueve meses de aportaciones de para riego del Trasvase Tajo-Segura del último año.
Estos datos se extraen de una investigación de Jaime Martínez Valderrama, de la Universidad de Alicante y la Estación Experimental de Zonas Áridas del CSIC, y de Javier Martí Talavera, de la Universidad de Alicante, que han calculado los costes de agua para la Región de Murcia en función del producto. Los investigadores, en el contexto del 'Atlas de la desertificación de España' que se desarrolla en la Universidad de Alicante gracias a la Fundación Biodiversidad, han cruzado los datos del Instituto para la Educación del Agua de la Unesco y los datos del Fondo Español de Garantía Agraria.
«La Unión Europea da subvenciones por estos descartes, es decir, cubre a los agricultores cuando el precio es demasiado bajo y esos alimentos se descartan. Unos acaban en el contenedor de la basura, otros se utilizan para alimentación animal y otros para bancos de alimentos. No se tiran todos, pero no entran en el circuito comercial», explica Martínez Valderrama sobre el motivo de la existencia de los registros.
Y a la huella hídrica hay que sumar la huella de carbono, que es de 90.000 toneladas de CO2. «Y la fruta no suele tener mucha huella de carbono comparada con otros productos como la carne. Esta huella, similar a la del agua gris, que es el agua contaminada con la producción, se refiere al rastro de gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera», concluye Martí Talavera. Esta cifra, que puede parecer increíble hasta que uno se da una vuelta por cualquier explotación dedicada a estos cítricos, se ha producido en 2024, según UPA, por «la oleada de plantaciones por parte de grandes propietarios en los últimos cinco años ha provocado una situación de sobreoferta».
Frente común de los gobiernos de Murcia, Valencia y Andalucía por el agua del Tajo
La Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y Andalucía se unen para presentar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático la propuesta técnica en el marco del proceso de consulta pública abierto para la modificación de las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura. Todo ello con el objetivo de «defender los intereses del Levante y garantizar el mantenimiento de los aportes del Trasvase, necesarios para asegurar el abastecimiento a los hogares y el riego de los cultivos», reclamó Sara Rubira, consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca.
«Trabajamos en una propuesta que nazca fruto del consenso, y eso es lo que esperamos por parte del Gobierno de España. Una revisión pactada con todas las partes y en la que se impongan los criterios técnicos y objetivos, lejos del habitual sectarismo hídrico que estamos sufriendo los últimos años», apuntó la consejera Rubira sobre el texto que enviarán al Ministerio antes del 2 de mayo, fecha en la que finaliza el plazo marcado para las aportaciones autonómicas.
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