El presidente del comité de empresa de Ambuvital en la provincia de Badajoz, Pedro Serrano, ha pedido este jueves a los grupos parlamentarios un «pacto político» que siente las bases del transporte sanitario en Extremadura tras años de conflicto. Serrano ha comparecido en la Comisión de Salud y Servicios Sociales de la Asamblea para informar de la situación de la empresa, al igual que ya hizo su homólogo en la provincia de Cáceres.
Tras reconocer que las expectativas de solución a los problemas que arrastra la empresa son «muy escasas», Serrano ha pedido a los grupos parlamentarios que no sigan utilizando a los trabajadores como «arma arrojadiza». «Llevamos cinco años hablando con ustedes y no vemos la luz. Dejen de utilizarnos para el y tú más», ha clamado.
Según los cálculos del presidente del comité pacense, para mantener el servicio en las condiciones actuales aplicando una jornada de 1.800 horas anuales (límite fijado por el Tribunal Supremo) se necesitarían 1.600 empleados, lo que elevaría los costes salariales a más de 50 millones de euros anuales, frente a los 27 del pliego actual. En su comparecencia, recogida por la Agencia Efe, Serrano ha abogado por que el servicio no se privatice: que lo asuma la Administración, como esencial que es, provocando de este modo que "los beneficios que se llevan las empresas lleguen a los usuarios".
Toda vez que la Junta ya ha confirmado su intención de elaborar un nuevo pliego, Serrano ha propuesto que se hagan públicas las penalizaciones que la Consejería de Salud impone a las empresas concesionarias "para saber si cumplen", así como que se "abra el melón" sobre la ubicación de los servicios para no tener "ambulancias políticas".
Con respecto a la situación de los trabajadores, Serrano ha denunciado situaciones concretas, como la exigencia de la empresa de incrementar las horas extra hasta que entre en vigor el nuevo contrato rebajando el importe de las mismas al valor de la hora ordinario la propuesta de abonar 90 euros por 24 horas de trabajo extra.
Los grupos, a favor del pacto
Todos los grupos se han mostrado partidarios a favorecer un acuerdo en este sentido, entre ellos el PSOE, para quien la solución pasa por aumentar la dotación económica del contrato y firmar un nuevo convenio colectivo. El diputado Ricardo Utrera ha acusado al Ejecutivo del PP de "escurrir el bulto" en este asunto y limitarse a echar la culpa al anterior gobierno, a lo que el parlamentario popular José María Saponi ha respondido que no es de justicia "que el PSOE pida ahora al gobierno solucionar el problema que generó".
Por Unidas por Extremadura, su diputado José Antonio González Frutos ha abogado por una solución compartida a esta situación porque se trata de un "problema de región". La formación apuesta por la gestión pública del servicio, pero estarían dispuestos a hacer "renuncias" en aras del acuerdo.
El diputado de Vox Óscar Fernández Calle, tras acusar al PSOE de haber utilizado este servicio "para contentar a algunos de sus amigos", ha resaltado el compromiso del Ejecutivo regional para mejorar la situación de los trabajadores y ha brindado el apoyo de su partido para asegurar la prestación de un servicio de calidad.
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