Manuel García-Castellón, juez de la Audiencia Nacional, ha propuesto sentar en el banquillo a seis antiguos etarras por haber organizado 120 actos de homenaje a presos de ETA que tuvieron lugar entre 2016 y 2020. El magistrado considera que existen evidencias para juzgarlos como autores de un delito continuado de humillación a las víctimas y enaltecimiento del terrorismo.
El escrito de García-Castellón, un auto de pase a procedimiento abreviado, acuerda a instancia de la Fiscalía la propuesta de sentar en el banquillo del Juzgado Central de Instrucción 6 a José Antonio López Ruiz (Kubati) y Oihana Garmendia Marín, de la Comisión de Presos de Sortu, partido que forma parte de la coalición de formación EH Bildu. También a Haymar Altuna, Oihana San Vicente Saez de Cerain, Carlos Saez de Egilaz Murgiondo y Felipe San Epifanio San Pedro.
«Han desarrollado una actividad tendente a organizar de forma sistemática y sistematizada los actos de homenaje a los presos, valiéndose en ocasiones de la dinámica KALERA KALERA y en otras ocasiones de otros movimientos sociales o asociaciones, en función de las necesidades del momento concreto», ha expresado en su auto el magistrado que también instruye el conocido como caso Tsunami en la que se investiga al ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont.
Los actos celebrados por la organización son, entre otros eventos, los ongi etorris, bienvenida en vasco, con los que reciben a los presos que abandonan la prisión. Estas reuniones seguían una serie de normas estrictas en lo referente a la identidad de los presos homenajeados, así como a cómo se desarrollaba el acto.
Medio millar de homenajes en 2023
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, contabilizó en el último año un total de 466 homenajes a ETA, de los cuales 178 fueron a favor de la amnistía de los presos, que se solicitaban aprovechando que el Gobierno estaba negociando otorgar esta medida de gracia a los políticos que habían encabezado el procés independentista en Cataluña.
Este conteo lo ha realizado la organización a través de su Observatorio de la Radicalización. Los datos muestran un ligero descenso respecto al 2022, cuando se realizaron un 21% más de actos de este tipo. En aquel ejercicio, fueron 589 los casos contabilizados.
Un aspecto positivo de este informe realizado por Covite es que este 2023 ha sido el primer año en el que no se ha producido ningún acto de bienvenida a los presos etarras, es decir, ningún ongi etorri. Este tipo de citas se habían venido produciendo desde finales de 2016.
«Que hayan desaparecido estos actos aberrantes es positivo tanto para las víctimas como para la sociedad en general», manifestó entonces la presidenta de esta asociación, Consuelo Ordóñez.
En todo caso, recordó el dolor de muchas familias que tuvieron que vivir cómo este tipo de actos cerca de sus hogares. «Hemos llegado a denunciar ongi etorris que tuvieron lugar debajo de la casa de una de las víctimas de un sanguinario asesino de ETA, como fue el de Javier Balerdi en San Sebastián el 21 de diciembre de 2016. No se me ocurre una infamia mayor que esa», ha subrayado la presidenta de la organización.
Los datos, sin embargo, aún concluyen que «el culto a ETA y a sus terroristas está lejos de desaparecer». Covite ha pedido «mayor implicación de las instituciones, especialmente las del País Vasco y de Navarra, para acabar con esta lacra».
Silencio del Gobierno
El Gobierno de Pedro Sánchez reconoció a finales de año pasado que existen los instrumentos para poder pararlo, pero ha tirado la toalla. «Sabemos que el reproche penal tiene dificultades para prosperar en su aplicación», podía leerse en una respuesta parlamentaria a una pregunta del PP.
El Ejecutivo explicó que para que pueda haber condenas, se «requiere que las conductas para ser penalmente punibles han de generar acciones o expresiones que entrañen riesgo cierto para las personas». Eso sí desde el Gobierno trataron de subrayar que «los homenajes a los terroristas tienen el rechazo de todo el Gobierno y de todas las fuerzas políticas democráticas porque atentan contra el conjunto de una sociedad que vio cómo la violencia terrorista quiso terminar con el libre ejercicio nuestros derechos y libertades».