Según los cálculos de la Comisión Europea, siempre tan documentados y algunas veces acertados, el coste de las pensiones en España es demasiado alto y lo será mucho más. Tan alto ahora mismo, que nuestro país deberá hacer un ajuste de 11.700 millones de euros antes del prodigioso o fatídico (depende de quien lo califique) año 2030. En el 2070, es decir, dentro de medio siglo, el sistema puede ser inviable por haber indexado el incremento anual de las pensiones al índice de precios.
El informe es acongojante porque a lo dicho hay que añadir el envejecimiento de la población y una esperanza de vida que para entonces superará los cien años. Como el resto de Europa, vamos camino de ser un país de viejos. Si hoy ya tenemos diez millones de pensionistas, en el 2050 tendremos quince millones, y en el 2070 rebasaremos los veinte millones. Y encima, sufrimos el edadismo, que desprecia al mayor a pesar de su experiencia y promociona al joven por la simple razón de que es más barato. Es decir, que según la Comisión Europea, caminamos hacia el desastre. Y más, cuando ese último informe asegura que España es uno de los países de la Unión peor preparados para afrontar el problema.
Según un informe de la Comisión Europea, caminamos hacia el desastre
Ante ello, este cronista necesita decir algo. Lo primero es que la CE ya pudo hacer estas advertencias cuando se aprobó la indexación al IPC. Ahora llega tarde y ningún gobierno será tan valiente como para decretar recortes. Las pensiones ni se tocan a la baja ni se extinguen.
Lo segundo es que para el apocalíptico 2070 falta medio siglo y bastantes motivos tenemos para asustarnos con el presente sin ponernos a sufrir con lo que ocurrirá dentro de 46 años. Lo tercero es que el gran impacto en el PIB quizá no venga de las pensiones de los jubilados, sino de una burocracia que no deja de crecer y encarecerse y de todo el gasto –a veces obsceno– de las administraciones públicas.
La cuarta: ignoro cómo se pueden conjurar los negros vaticinios de los burócratas. Puede ser con ahorro de otros gastos, con esfuerzo presupuestario o con mayor justicia fiscal. Mi única seguridad intelectual es la obligación del Estado: garantizar la calidad de vida y el poder adquisitivo a sus jubilados. Si no hace eso, ¿para qué queremos al Estado?