Patricia Martín
La ministra de Sanidad, Mónica García, sigue adelante con su idea de prohibir fumar en las terrazas, pese a la oposición de algunas autonomías, que en sus alegaciones al plan antitabaco se han mostrado más partidarias de establecer incentivos fiscales o de permitir la adhesión voluntaria de los establecimientos que de realizar prohibiciones generalizadas. Entre ellas se encuentran Baleares, Aragón o La Rioja; mientras que Catalunya, Asturias y Canarias sí están a favor de liberar, por ley, de humo a las terrazas.
El plan antitabaco se ha debatido a nivel técnico este miércoles en la Comisión de Salud Pública, que reúne a los responsables de esta materia de las comunidades y el ministerio. En el encuentro, se ha acordado incorporar 147 de las alegaciones autonómicas y 10 se han rechazado, según ha informado Sanidad. La dirección general de Salud Pública ha propuesto a las autonomías que el plan se apruebe el viernes, en un Consejo Interterritorial, mediante un "acuerdo de colaboración", pero la fórmula no ha convencido a todas las administraciones territoriales. Madrid, por ejemplo, ha mostrado su "sorpresa" por el nuevo procedimiento, que en opinión de su directora de Salud Pública, Elena Andradas, supone que las comunidades se adhieran o no al plan "especificando sus líneas rojas", pero sin que haya una votación.
Además, algunas comunidades han pedido más tiempo para revisar el plan y los cambios incorporados y se ha acordado que las autonomías comunicarán si se adhieren o no al plan antes de este jueves al mediodía. El debate e intercambio de propuestas está siendo, por tanto, intenso, pese a que el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo solo contempla líneas generales sobre cómo conseguir reducir el hábito tabáquico, pero sin concretar en qué nuevos espacios se prohibirá fumar.
Existe un consenso más o menos generalizado, con las comunidades, sobre la necesidad de endurecer la ley antitabaco, de regular los vapeadores o de incrementar los impuestos y el mayor disenso se produce con la propuesta de prohibir fumar en las terrazas, debido a la fuerte oposición del sector hostelero, que ya rechazó, hace más de 10 años, que se vetara el humo en el interior de los bares y restaurantes.
En este contexto, la ministra ha subrayado este miércoles que la intención del Ministerio es, una vez se apruebe el plan - que "no trae nada concreto" sobre los espacios sin humo-, reformar "diferentes leyes" para liberar del tabaco a los lugares "donde la evidencia científica dice que hay personas que consumen humo de segunda mano y que es perjudicial". Y este respecto, en una entrevista en TVE, ha advertido: "Hay estudios europeos y a nivel mundial que dicen que en las terrazas se está respirando un 94% de residuos de nicotina y tóxicos, así que queremos ampliar los espacios sin humo".
El consenso
García ha subrayado además que se está trabajando "bien" con las comunidades y que el plan se ha presentado a diferentes sociedades científicas y asociaciones y existe un "consenso social y científico" sobre la necesidad de dar nuevos pasos para acabar con una adicción que provoca 16 tipos de cáncer.
Ante ello, la estrategia gubernamental, además de esbozar la necesidad de prohibir el tabaco en más espacios, contempla cinco metas y 22 objetivos. Entre ellos, destaca la intención de equiparar los vapeadores a los cigarrillos convencionales, porque los primeros "intentan hacer un lavado de cara del consumo de nicotina" y resultan "especialmente" atractivos para la juventud al dar "una imagen más tecnológica y transmitir la sensación de que disminuyen el riesgo para la salud".
Los impuestos
Por ello, el plan propone "equiparar su promoción y publicidad a la de las formas de consumo más tradicionales" y regular la venta y consumo tanto de los dispositivos que utilicen líquidos, cartuchos o recambios de nicotina como los que no, ya que estos últimos son "la puerta de entrada al consumo de tabaco y la adicción posterior". También pretende regular las pipas de agua o cachimbas.
Asimismo, plantea incrementar los impuestos del tabaco y un gravamen específico para los cigarrillos electrónicos con nicotina. Y el empaquetado genérico de las cajetillas de tabaco y la colaboración con ayuntamientos para impulsar el desarrollo de ordenanzas que prohíban arrojar colillas a las vías públicas y espacios naturales.
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