La Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha anunciado que su ministerio ha sometido a consulta pública el Real Decreto que modifica la Tasa Enresa.
Este decreto propone un incremento del 30% en comparación con la tarifa actual del 40% que las empresas eléctricas titulares de las centrales nucleares deben pagar a la empresa pública para la gestión de residuos.
Esta tasa está destinada a financiar la gestión de los residuos radiactivos del combustible gastado que realiza la empresa pública Enresa.
La nueva propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), consultada por Europa Press, supone una reducción de 10 puntos respecto a la propuesta inicial, que establecía la tasa en 11,14 euros/MWh y fue retirada tras las objeciones, incluidas las del sector nuclear, que solicitaban más tiempo para revisar el texto.
Una recaudación de 8.000 millones
La nueva propuesta de Tasa Enresa se basa en una actualización del valor del fondo de Enresa a fecha de 31 de diciembre de 2023, que es superior a la estimada en la primera propuesta, así como en el valor real del IPC en 2023, que es inferior a la estimación inicialmente prevista, según se detalla en la memoria del nuevo proyecto de Real Decreto sometido a consulta pública.
Ribera ha destacado en un 'Desayuno Informativo de Europa Press' que hasta la fecha, la tasa ha permitido acumular más de 8.000 millones de euros en el fondo y que la actualización propuesta ahora implica casi 3 euros menos que lo recomendado en el informe de la comisión de expertos en 2018 elaborado por el anterior gobierno de Mariano Rajoy, que sugería una tasa de 13,51 euros/MWh para una vida útil de 40 años.
Advertencia de las energéticas
No obstante, el sector nuclear ha advertido que cualquier aumento superior al 20% constituiría una ruptura del acuerdo del calendario de cierre (Protocolo de Intenciones de 2019), según señalaron en enero al conocer la primera propuesta del Gobierno para aumentar la Tasa Enresa.
Ribera ha afirmado que la gestión de los residuos a través de Enresa es el modelo más eficiente disponible, destacando que en Francia, donde cada propietario debe hacerse cargo de sus residuos, el proceso resulta mucho más costoso que en España, donde el sistema común reduce los costes.
En este sentido, ha explicado que resulta más sencillo gestionar los residuos en municipios donde existe una planta nuclear establecida desde hace mucho tiempo que buscar un emplazamiento diferente.
Por ello, el VII Plan General de Residuos ha descartado la construcción de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca) y prevé la construcción de siete almacenes temporales individualizados en cada una de las centrales (ATD), lo que, según el sector nuclear, conlleva «costos adicionales» que no están dispuestos a asumir, motivo por el cual han impugnado el plan.
El cierre de las nucleares
La vicepresidenta también ha subrayado que el calendario de cierre de las centrales nucleares es un compromiso en el que participan todas las empresas propietarias de estas instalaciones.
«Mi impresión es que ese calendario es muy beneficioso para España, los españoles, los propietarios de las centrales, el sistema eléctrico y los profesionales del sector nuclear en España», ha afirmado. Al preguntarle si en 2035 no habrá centrales nucleares en España, la ministra ha reiterado que esa es su «impresión».
Ribera ha señalado que las centrales nucleares llevan meses en una situación «incómoda» debido a la «abundante generación renovable a precios mucho más bajos», lo que les dificulta competir o cubrir costos, según reconocen ahora.
«En última instancia, las condiciones de seguridad de funcionamiento de las centrales y la inclusión razonable de ese costo adicional de la gestión de los residuos demuestran que el mantra de que la energía nuclear es la más económica, que existió durante mucho tiempo, no es cierto», ha subrayado.