Una nueva resolución judicial ha reabierto el conflicto entre las monjas de clausura del monasterio San Bernardo de Salta y el arzobispo Mario Cargnello, debido al respaldo de las carmelitas a la devoción a la Virgen del Cerro, que no cuenta con reconocimiento eclesiástico. En el marco de un proceso cautelar civil, iniciado hace dos años, la jueza de Violencia Familiar y de Género, Carolina Cáceres Moreno, ha ordenado mantener las medidas restrictivas y exigir a Cargnello y otros tres sacerdotes capacitaciones en género y tratamiento psicológico.
Ante la solicitud de cierre del proceso por parte de los abogados del Arzobispado, debido a la falta de novedades durante dos años, Cáceres Moreno respondió con una resolución de 87 páginas, reafirmando las restricciones de acercamiento al monasterio para Cargnello, el sacerdote Lucio Ajaya, el obispo emérito Martín de Elizalde y el vicario judicial Loyola Pinto y de Sancristóval.
Asimismo, los insta a realizar las capacitaciones y presentar certificados, así como a iniciar tratamientos psicológicos "para modificar patrones de comportamiento". En sus palabras, la magistrada afirma en la resolución: "Concluyo y afirmo que las carmelitas han sufrido hechos de violencia de género en el ámbito institucional religioso, físico, psicológico y económico por más de 20 años".
La resolución establece que las decisiones deben ser notificadas al Papa Francisco, a través del delegado pontificio Javier Belda Iniesta, "en su carácter de garante del Acuerdo celebrado entre las partes en fecha 27/08/22".
Aunque la medida no es definitiva, será apelada por los abogados del Arzobispado, quienes argumentan que "no hay fundamentos" para mantener las medidas de restricción después de dos años sin novedades. Argumentan que el monasterio San Bernardo dejó de estar bajo la jurisdicción de Cargnello hace año y medio, y que De Elizalde vive en la provincia de Buenos Aires y no ha visitado Salta en al menos dos años. Además, señalan que la fiscal penal rechazó actuar a pesar de las solicitudes de la jueza.
El proceso cautelar se inició días antes de la Semana Santa de 2022, con una presentación de la entonces priora del convento, María Fátima del Espíritu Santo. La entonces abogada de las religiosas, Claudia Zerda Lamas, explicó que las monjas sufrían "hostigamiento" desde 1999.
El respaldo de las monjas carmelitas al culto a la Virgen del Cerro ha generado malestar en la Iglesia, siendo esta diferencia el origen de algunas situaciones dentro del proceso judicial. El conflicto ha llegado incluso a involucrar al Vaticano y ha dado inicio a una investigación judicial sobre la Fundación de la Virgen del Cerro y su relación con el monasterio.
El 30 de marzo de 2022, doce días antes de la presentación judicial, un documento del Vaticano advirtió a las carmelitas sobre el nombramiento de un "auxiliar apostólico" y les solicitó que no se relacionaran con la "vidente", como se refieren a María Livia Galliano, quien afirma tener "apariciones" de la Virgen del Cerro. Este documento fue emitido por la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, con la firma de José Rodríguez Carballo, arzobispo secretario.
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