La corrupción y la espada de doble filo
Por Héctor Gambini para Clarín
Por Héctor Gambini para Clarín
Es una mañana de hace muchos años. Un joven cronista va a ver a un juez a Comodoro Py. El juez está hablando por teléfono. Cuando ve al periodista, le hace una seña con el mentón para indicarle que se siente. El juez se apura a terminar su conversación, mientras hojea un expediente cosido con hilo sisal.
-¿Y? ¿Qué hacemos con este muchacho? ¿Lo embocamos o no lo embocamos?
Le dicen algo del otro lado de la línea. El juez sonríe.
-Dale, perfecto. No... yo te decía por el tema de la excarcelación. Ok, dale, quedamos así...
El juez corta y pregunta, cordial: ¿café?
Antes de agregar dos cucharaditas de azúcar y cambiar de tema, el cronista ya aprendió tres cosas.
Una: que el despacho de un juez no es un palacio de la discreción; dos, que las decisiones importantes casi nunca se toman individualmente; y tres, que los jueces pueden beneficiar o perjudicar a un imputado y siempre sin sacar los pies del plato. Con argumentos sólidos por si es blanco e igual de sólidos por si es negro, pero perfectamente legales.
"Ajustados a derecho", les gusta decir a los abogados. Un inciso por otro cambia la vida del imputado pero siempre está dentro de la ley.
Uno de esos puntos de inflexión, de esos blancos o negros, es el artículo 13 del Código Penal. Allí dice que los condenados podrán obtener la libertad por resolución judicial previo informe favorable.
Pero los jueces dicen que el informe no es vinculante. Es decir, si el informe aconseja que no, ellos pueden decir que sí, y viceversa. Conclusión: cualquier condenado puede salir o continuar preso dependiendo del juez que le toque y su personal interpretación de la ley. ¿Significa que hay gente presa que podría estar libre y gente libre que debería estar presa? Exacto. Y siempre ajustados a derecho.
Si la justicia ordinaria dice y se desdice en apelaciones, recursos, instancias y procesos, la justicia federal le agrega un fuerte componente político. En ese fuero especialmente, la justicia ciega suele ser una utopía en las esculturas. Las causas contra el poder se desperezan cuando el poder cambia de manos.
¿Cómo es posible, si no, que la denuncia de Nisman contra la presidenta Cristina Kirchner por encubrir el atentado a la AMIA haya sido desestimada velozmente y luego haya avanzado hasta llegar a las puertas del juicio oral? Todo con las mismas pruebas. Cuando Nisman la denunció -cuatro días antes de aparecer con un tiro en la cabeza-, aún gobernaba ella. Y sanseacabó.
Los jueces federales concentran un poder enorme. El Consejo de la Magistratura salió a auditarlos y controló el trabajo de 294 de ellos en todo el país. Halló que hay abiertas 2.178 causas de corrupción, y trazó un mapa elocuente de este tipo de investigaciones en la Argentina.
En 2003, cuando asumió Néstor Kirchner, había en los 12 juzgados federales porteños apenas 14 expedientes por corrupción. En 2007, cuando asumió Cristina, ya eran 43.
En 2011, cuando la ex presidenta comenzaba su segundo mandato, las causas eran 84. Cuando dejó su gobierno y asumió Macri había 351 expedientes de ese tipo: 25 veces más que cuando asumió Néstor. Son datos duros.
Otro tema es cómo avanzan esas causas, que entre 1996 y 2016 tuvieron sólo un 13% de procesamientos y un raquítico 1% de prisiones preventivas. La calle lo sabía antes que la auditoría oficial: si uno toma los últimos 20 años, los corruptos no van presos.
El punto es cómo lidia la política con una espada que siempre tiene doble filo. Y que se mueve mejor al ritmo de quien la empuña.
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