El superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal, le salió al paso al anuncio que realizó el equipo jurídico de la compañía española Keralty, propietaria de la EPS Sanitas en Colombia, de que instaurarían una denuncia en su contra ante la Fiscalía General de la Nación bajo el supuesto de que la intervención de esa entidad era ilegal.
"La motivación que utiliza es falsa y se aleja por completo de las cifras y la realidad que demuestran la situación de la EPS. Ese es el motivo por el cual hemos decidido acudir a la Fiscalía como primera acción legal, en el marco de una estrategia jurídica integral que tiene por finalidad acudir a todos los medios que el ordenamiento jurídico interno e internacional nos permiten para recuperarla", señaló en la tarde del lunes 15 de abril Juan David Riveros, uno de los abogados de Keralty.
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En un diálogo con periodistas, Leal aseguró que por el momento desconocía la acción judicial que interpusieron.
"No he sido notificado aún de ninguna apertura de investigación, he visto a través de medios de comunicación la declaración del abogado de Keralty y estaremos dispuestos a responder de manera oportuna ante la justicia como debe ser", sostuvo el funcionario.
Reiteró que la intervención a esa Entidad Prestadora de Salud (EPS) se llevó a cabo dentro los parámetros legales.
"Hay que decir que la Superintendencia actuó de acuerdo con las normas vigentes y con la ley. La medida que se ha impartido de intervención forzosa para administrar a Sanitas y la Nueva EPS y S.O.S. cuentan con toda la documentación y sustento jurídico", insistió el también exconcejal en la capital colombiana.
También se refirió al señalamiento de Keralty de que los datos con las que se justificó la intervención a su EPS eran fraudulentas.
"Desconozco cuáles son las cifras que ellos manifiestan que son falsas. Todas fueron comprobadas por los documentos que ellos mismos entregaron a la Superintendencia como entes vigilados y por las auditorias que realizamos en nuestra entidad. Ninguna de las que se ha dado dentro de los autos que autorizan o dan paso a este acto administrativo, son falsas", aseveró.
En ese diálogo con los comunicadores, también indagaron por la indagación disciplinaria que le llevan en la Procuraduría General de la Nación donde lo acusan de que no contaba con la documentación correspondiente para intervenir a Sanitas.
"Solicitaron una serie de expedientes que no correspondían al relacionado con los ejercicios de control que hace la Superintendencia Nacional de Salud. En ese mismo aspecto y en ese mismo sentido se le entregó de manera oportuna y clara todos los documentos y archivos que sustentan la toma de decisión por parte de la entidad frente al acto administrativo en particular frente a Sanitas y Nueva EPS", respondió por ese otro proceso.
Finalmente se refirió a las expresiones que hizo durante su época de cabildante donde se expresó en contra del manejo que le dan a los recursos de Salud en las EPS.
"No hay ningún tipo de impedimento cuando en particular la Corte Constitucional ha manifestado que se debe proteger la opinion y en particular de actores políticos. En esa época yo era concejal de la ciudad de Bogotá y tengo derecho a expresar mi opinión y no en contra de Sanitas". agregó.
Insistió en que no se trató de un ataque en contra de esa entidad, sino en contra del sistema en general y la inacción de las entidades que deben velar porque presten un servicio adecuado.
"Si revisan mis redes sociales era una opinión en contra de la intermediación financiera. Estaba defendiendo el derecho a la salud de muchas personas que se les veía vulnerado. Criticaba el llamado a la atención a los entes encargados de proteger y garantizar el derecho fundamental a la salud", concluyó.