Los gobernantes del Estado de Honduras deben estar conscientes de que la desigualdad y la injusticia social, originan las superpuestas crisis sociales que han venido impactando en la sociedad, crisis causadas y potencializadas por la incapacidad para gobernar, corrupción, fractura del Estado de derecho, falta de inversión, inseguridad, violencia, abuso de autoridad, discriminación, deficientes servicios públicos de educación y salud, bajos salarios, altos precios de los alimentos, desempleo, pobreza, hambre, desnutrición, enfermedades, muerte e infelicidad, obligando a cientos de miles de compatriotas a emigrar del país, en la búsqueda de mejores condiciones de vida y bienestar.
La desigualdad amenaza el desarrollo social y económico, frena la reducción de la pobreza y destruye el sentido de realización y autoestima de las personas.
Para reducir la desigualdad es necesario distribuir equitativamente los recursos, invertir en la educación y el desarrollo de capacidades, implementar medidas de protección social, luchar contra la discriminación, apoyar a los grupos marginados y fomentar la cooperación internacional para un comercio y sistemas financieros justos.
En la reducción de la desigualdad es necesario redoblar esfuerzos para erradicar la pobreza extrema y el hambre e invertir en salud, protección social, trabajo decente especialmente en favor de los jóvenes y de los migrantes.
Se puede garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de los ingresos si eliminamos las leyes, políticas y prácticas discriminatorias.
La creciente desigualdad económica es un factor predisponente para el auge de las peligrosas políticas populistas, las cuales traen consecuencias negativas para la democracia y los derechos humanos. Por lo que, esta lucha contra la desigualdad toma fuerza en la geopolítica mundial, cambiando el paradigma económico y social para alcanzar los equilibrios necesarios.
Para evitar diferencias en la igualdad de oportunidades y alcanzar mayor justicia social, por ejemplo en la educación, quienes han sido educados en los sectores menos privilegiados, en escuelitas miserables, con escasos maestros, sin aparatos técnicos ni bibliotecas, están condenados a tener los peores trabajos y en cambio los jóvenes de clases privilegiadas, que pueden pagarse un buen colegio, tienen acceso a oficios y profesiones que los impulsan a tener los mejores salarios y constituir la élite de la sociedad.
Un país que busca la justicia social debe invertir sumas importantes en crear una educación pública de muy alto nivel, pagando y preparando a los mejores maestros y constituyendo colegios y escuelas que puedan competir con las privadas y superarlas. Francia y Argentina tuvieron una educación pública de altísimo nivel que el mundo entero miraba con envidia y admiración.
Las políticas económicas y sociales orientadas a la igualdad de oportunidades deben ser imperativas en y entre naciones, prestar especial atención a las necesidades de las comunidades desfavorecidas y marginadas, invirtiendo sobre todo en el campo de la educación para corregir la cruel marca de la desigualdad. Queda planteado.