Cambios en Indra, la compañía de defensa controlada por el Gobierno. El consejo de administración de Indra ha aprobado por unanimidad conceder a su presidente, Marc Murtra, «determinadas facultades ejecutivas» en el ámbito corporativo e institucional, con carácter adicional a las relativas a su cargo de presidente del máximo órgano de gobierno.
Estas nuevas atribuciones se ejercerán en coordinación con el liderazgo operativo y de negocio del consejero delegado, José Vicente de los Mozos, cuyas facultades delegadas como primer ejecutivo permanecen invariables, tal y como ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 529 de la Ley de Sociedades de Capital, Murtra queda adscrito a la categoría de consejero ejecutivo.
La compañía ha justificado este aumento de las atribuciones de Murtra, que se ha adoptado a propuesta conjunta del presidente y del consejero delegado, y previo informe de la Comisión de nombramientos, retribuciones y gobierno corporativo, ante el objetivo de la correcta implementación del Plan Estratégico 2024-2026, con visión 2030, incluida la evolución de la compañía a Indra Group.
«Esta atribución de funciones ejecutivas permitirá una mayor dedicación tanto a los aspectos corporativos como a la apertura de relaciones en las geografías en las que actualmente la compañía no tiene presencia, así como a la interlocución con las administraciones públicas, gobiernos y organizaciones internacionales que el posicionamiento de Indra en el mercado de Defensa requiere en el contexto geopolítico actual», argumenta la compañía.
Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 249.3 de la LSC, el consejo de administración ha acordado aprobar su contrato de prestación de servicios ejecutivos en el que se mantienen las condiciones retributivas actuales y el otorgamiento de poderes suficientes para el ejercicio de las referidas facultades ejecutivas.
El Estado español es el accionista de referencia de Indra a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), al controlar el 27,99% del capital.
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