El Instituto Nacional de Semillas (INASE) ha sido objeto de actualización tarifaria por parte del Gobierno, tras permanecer congelados sus aranceles desde julio de 2023. Esta medida, formalizada a través de la Resolución 1/2024 de la Secretaría de Bioeconomía, fue publicada este jueves en el Boletín Oficial, marcando un hito en el panorama de la regulación agrícola del país.
De acuerdo con lo dispuesto en la resolución, los nuevos valores de los aranceles serán exigibles antes de la prestación de los servicios o la entrega de los bienes afectados, dejando a discreción del INASE la determinación de fechas y modalidades de pago.
Una novedad importante es la exclusión de ciertos sectores agrícolas de estos aranceles actualizados. Se establece que los agricultores inscritos en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (ReNAF), así como las cooperativas, asociaciones o agrupaciones integradas por agricultores familiares inscritos en el Registro Nacional de Organizaciones de Agricultura Familiar (ReNOAF), estarán exentos de los aranceles establecidos por la nueva resolución. Esta exención aplica específicamente a la inscripción y anualidad en el Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas (RNCyFS) en relación con su actividad respecto a semillas nativas y criollas.
El Poder Ejecutivo ha justificado esta actualización tarifaria argumentando que los costos asociados a los rubros que componen los gastos operativos del INASE, tales como personal, viáticos, alquileres, insumos varios, entre otros, han experimentado incrementos que requieren ajustes para garantizar la adecuada y eficiente prestación de los servicios y objetivos del organismo.
Esta medida, aunque esperada, no está exenta de polémica. Mientras algunos sectores agrícolas pueden verla como una carga adicional en un contexto económico ya desafiante, otros podrían interpretarla como un paso necesario para mantener la viabilidad y eficacia de las funciones del INASE en el marco de una agricultura nacional dinámica y competitiva.
Con la publicación de esta resolución, el Gobierno espera no solo asegurar el funcionamiento sostenible del INASE, sino también fomentar una mayor transparencia y equidad en el acceso a los servicios y regulaciones en el sector de las semillas, clave para la producción agrícola del país.