El inspector de la Policía Nacional que dirigió la operación del alijo de 3,8 toneladas de cocaína en el buque MV Karar en 2020 y que, recientemente, fue investigado por asuntos internos por su presunta relación con el narcotráfico, pidió aplazar su declaración en el juicio, mientras que las defensas solicitaron la suspensión hasta que él pueda comparecer.
Juan Carlos C., el inspector que estuvo al mando de la investigación, con 20 años de vinculación al Grupo de Repuesta Especial contra el Crimen Organizado (Greco) de Galicia, es el testigo principal de la Fiscalía y en él se centraron las defensas en las cuestiones previas para intentar desacreditar la investigación.
Según revelaron varios abogados en la segunda sesión del juicio, hoy en Vigo, el inspector alegó una baja médica por una operación para excusar su presencia en la tercera jornada del juicio y "probablemente" no podrá hacerlo "hasta dentro de un mes".
El abogado de Pablo S., el funcionario del Servicio Marítimo de Vigilancia Aduanera para el que el Ministerio Público solicita 19 años y medio de prisión —al igual que para su mujer, las penas más altas de este caso, al imputarle también blanqueo de capitales— consideró que la comparecencia del inspector "es la esencia" del procedimiento y todas las defensas atacarán su ahora cuestionada "profesionalidad".
Por su parte, el abogado de Fidel F. estimó que la imputación del mando policial "es un torpedo en línea de flotación del procedimiento" del Karar y por eso considera que su ausencia "obliga a la suspensión del juicio". Puso en duda, además, su "credibilidad".
Como él, la mayoría de los letrados pidieron que sus representados declaren al final de la vista, después del resto de pruebas, y se adhirió a la petición de nulidad del procedimiento formulada el primer día del juicio.
El representante de Pablo S. dijo que "era un simple marinero", habló de "conjeturas" y cuestionó la legalidad de las intervenciones telefónicas, su geolocalización y el acceso a sus cuentas.
La abogada de Mónica F., pareja del funcionario de aduanas, también requirió que se anulen aquellas pruebas sobre datos de compañías telefónicas, medios de seguimiento y datos económicos que no cuenten con respaldo de documentos originales. Denunció, además, que la detención de su clienta se habría hecho "sin comunicarle el delito".
La defensa de Ismael C., otro de los acusados, solicitó la impugnación de los reconocimientos fotográficos de su defendido así como de documentos con su firma, mientras que la de Braulio V. destacó el supuesto quebranto del derecho de defensa y una situación de indefensión. Finalizadas las cuestiones previas, el juicio se retomará este viernes.