La falta de vivienda se ha convertido en la principal preocupación de los españoles y el Gobierno quiere actuar sobre este problema implicando al sector privado. El presidente, Pedro Sánchez, ha convocado mañana en el Palacio de la Moncloa a un grupo de profesionales y agentes inmobiliarios para intentar caminar en la búsqueda de soluciones conjuntas a la situación, especialmente grave en algunas zonas del país. Es una iniciativa pionera por parte del Ejecutivo y se produce coincidiendo con la entrada en vigor del índice del alquiler en 140 municipios de Catalunya y con la petición, por parte del Ministerio de la Vivienda a otras comunidades autónomas para que apliquen la normativa de control de precios.
La invitación ha sido cursada a representantes de promotores, constructoras, gestores públicos de vivienda, cooperativas, empresas de rehabilitación; patronales bancarias; colegios profesionales; fundaciones, plataformas y sindicatos. En la cita también estará presente la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.
A la cita acudirá uno de los principales actores del sector, Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de la Vía Agora y de la Asociación de Promotores y Constructores de España (Apce). Por parte de la Confederación Nacional de la Construcción (CNM) asistirá su presidente, Pedro Fernández Alén, y también habrá un represente de Seopan, Julián Nuñez, su presidente. Estarán, asimismos, representantes de la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS), de la Confederación de cooperativas de viviendas de España (CONCOVI), de la Asociación de Gestoras de Vivienda (AGV) y de la Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma (ANERR).
También María Abascal, la directora general de la Asociación Española de Banca (AEB), y Antonio Romero, director corporativo de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), adelantó El Confidencial. O representantes sectoriales de UGT y CCOO, no sus primeros espadas.
Por parte de los colegios profesionales, los citados son el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) y el Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de España / Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE). Por último, hay citados miembros de Hogar Sí, ProVivienda, la Plataforma Tercer Sector y del Consejo de la Juventud de España.
En el catálogo de ausencias destacan las de los grandes fondos y la de Merlin, del Ibex
En el catálogo de ausencias destacan representantes de los grandes fondos, los llamados "grandes tenedores" de vivienda, como Blackstone, o la principal socimi del país, Merlin. La Sareb, pieza clave en la política de vivienda, tampoco ha sido invitada al encuentro con el presidente del Gobierno.
El objetivo del encuentro es aportar soluciones a lo que el Gobierno ha fijado como uno de los pilares de la legislatura. Sánchez tiene previsto plantear que las administraciones públicas y los actores privados avances en medidas y profundicen en las que ya se han anunciado. "Tener una vivienda digna no puede depender solo de las reglas del mercado. Esta será la legislatura que convierta la vivienda en el quinto pilar del Estado del bienestar", defendió el lunes Sánchez cuando anunció el fin de los visados de oro para extranjeros por invertir en inmobiliario.
El sector inmobiliario aguarda con impaciencia algunas de las medidas puestas por el Gobierno. Una de las principales es la modificación de la ley de Suelo, en tramitación parlamentaria. El Ministerio de Vivienda ha decidido acelerar la aprobación de esta normativa que incluirá, entre otras cosas, que los desarrollos urbanísticos no queden paralizados por problemas menores.
En materia de financiación, Vivienda quiere contar con la colaboración de los bancos y para ello ha puesto en marcha la línea de avales por 2.500 millones dirigida tanto a jóvenes como a familias, así como a promotores y constructores.
Uno de los actores del sector que estará presente en la reunión con Sánchez, Gómez-Pintado, reclamó hace unos días ampliar los años en el registro de la propiedad de la carga registral, que está limitada a 7 años, pudiéndose ampliar a 5 años más con prórrogas anuales. También pidió limitar la acción pública en los proyectos urbanísticos, lo que supondría que, "únicamente los interesados en el proceso de transformación urbanística pueden ejercitar acciones legales en su tramitación".
El sector privado lleva siempre denunciando "la falta de oferta que tenemos y el aumento cada vez más acentuado de la demanda", afirmó el propio Gómez-Pintado el pasado lunes. En este sentido, "es fundamental políticas que favorezcan un desarrollo y gestión eficaz del suelo para producir más vivienda, sobre todo a precio asequible, además de un marco regulatorio estable que propicie la colaboración público-privada. Además de reducir la burocracia en todo el proceso", reclamó.