La Ley de Bases que el presidente Javier Milei impulsó por segunda vez en la Cámara de Diputados, esta vez con una reforma laboral incluida, se aprobó tras 24 horas de debate ininterrumpido y una ardua negociación entre el Gobierno y los bloques dialoguistas que, sin embargo, ahora deberá replicarse en el Senado en medio de la urgencia del oficialismo por aprobar esta norma antes del 25 de mayo.
El proyecto insignia de Milei tuvo media sanción con 144 votos a favor, 106 en contra y 5 abstenciones del sector díscolo del bloque UCR y parte de la Coalición Cívica. Si bien confiaba en este resultado, el Gobierno envió funcionarios durante las dos jornadas de debate a la Cámara de Diputados para seguir de cerca el tratamiento y sobre todo el "poroteo" de votos sobre cada artículo del proyecto.
El ministro del Interior, Guillermo Francos, y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y su mano derecha Eduardo "Lule" Menem, monitorearon este tramo decisivo del debate, que fue el que hizo naufragar la primera versión de la Ley Bases y que, en esta ocasión, mantenía en duda temas clave como la delegación de facultades al Presidente para disolver organismos públicos y el régimen especial para grandes inversiones (RIGI).
Finalmente, el oficialismo logró sortear con éxito esta prueba de fuego y mantener en pie esos puntos centrales, así como el capítulo sobre "modernización laboral" y los cambios en el empleo público. La clave para ello fue el acuerdo que selló el oficialismo con el PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal para que la votación se hiciera por capítulos y no artículo por artículo.
Esa mecánica generó fuertes cruces con la bancada kirchnerista, el Frente de Izquierda e incluso algunos diputados de los bloques dialoguistas, pero con el respaldo que tenía por parte de los aliados Martín Menem logró el objetivo de mantener bajo control el tramo más complejo y decisivo del debate y evitar que cayeran artículos centrales para el Gobierno por falta de votos.
¿Qué hará el Senado con la Ley Bases?: la cuenta regresiva para el Pacto de Mayo
La Ley Bases pasará junto con el proyecto de Medidas Fiscales que incluye la restitución del Impuesto a las Ganancias al Senado. Allí la posibilidad del oficialismo de bloquear modificaciones sensibles como logró en Diputados -donde la única excepción fue la incorporación del discutido impuesto al tabaco- es mucho menor.
Con 33 senadores de Unión por la Patria sobre el total de 72, nadie descarta por estas horas en el Congreso que, en el mejor de los casos, el proyecto sufra cambios que lo obligarían a volver a la Cámara de Diputados en segunda revisión. Este sería un escenario mejor que el rehazo llano de la iniciativa, pero los tiempos apremian para el Gobierno.
Esto le deja un margen de tiempo muy ajustado, dado que la Cámara tendría apenas tres semanas para tratar los proyectos en comisión y ponerlos a votación, con el detalle central de que sí o sí deben pasar siete días entre la firma de los dictámenes y su debate en el recinto. A eso se suma que para el 15 de mayo está prevista la sesión informativa con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse.
La vicepresidenta Victoria Villarruel apuesta a lograr, con la ayuda de Francos, recrear la mayoría circunstancial de 39 votos que le permitió en diciembre pasado superaral kirchnerismo y asegurarse el control de las comisiones, esta vez para avanzar con la Ley Bases. Sin embargo, en esta ocasión no sería tan sencillo.
Sin embargo, las diferencias que se registraron en Diputados hacia adentro de los bloques dialoguistas tendrían su correlato en el Senado y esto pone en duda varios puntos de los proyectos, en especial la restitución del Impuesto a las Ganancias que es rechazada por las provincias patagónicas, cuyos votos son determinantes en la Cámara alta. Por ello, nadie descarta que la Ley Bases y el paquete fiscal puedan volver con cambios a la Cámara baja.
La Ley Bases avanzó casi sin cambios: ¿cómo impidió agregados a la reforma laboral?
En la Cámara de Diputados la forma de votación por capítulos acordada con la oposición dialoguista le permitió a La Libertad Avanza bloquear nuevos cambios al proyecto, que el Gobierno ya se vio obligado a recortar desde los más de 600 artículos que tenía la primera versión a 232. La única excepción fue la incorporación, sobre el final del debate, del impuesto al tabaco para que todas las compañías del sector paguen el mismo tributo, en medio de las sospechas sobre un fuerte lobby empresarial.
No obstante, en los temas principales La Libertad Avanza logró evitar que se introdujeron más modificaciones, incluso las propuestas por algunos de los bloques que consensuaron esa mecánica con el oficialismo, como la UCR.
El ejemplo más notable de esto se dio con el capítulo de la reforma laboral, uno de los temas centrales de la Ley Bases, que se incluyó a pedido de la UCR pero que se suavizó por la presión que ejercieron Hacemos Coalición Federal y la CGT sobre el Gobierno para dejar afuera la eliminación de los aportes sindicales obligatorios que promovía el radicalismo.
La reforma contempla en sus puntos principales la derogación de multas por falta de registración laboral, la extensión del período de prueba a seis meses y el fondo de cese laboral como reemplazo del sistema de indemnizaciones, pero sujeto al acuerdo entre las partes en cada actividad.
Durante la votación en particular el diputado de la UCR Martín Tetaz pidió incorporar un artículo para declarar como "injuria grave" la "participación en bloqueos" a empresas y fábricas, que también figuraba en la redacción original y también la prohibición de los aportes obligatorios a los sindicatos para trabajadores no afiliados.
Sin embargo, el oficialismo rechazó esas modificaciones con el apoyo de la bancada que preside Miguel Pichetto y de PRO, de la misma manera que logró impedir cambios o incluso rechazos en otros temas muy sensibles para el Gobierno, como la delegación de facultades al Ejecutivo.
Milei, más cerca de tener facultades clave: privatizaciones, empleo público y más
El oficialismo logró dejar también en la Ley Bases la declaración de emergencias públicas y la delegación de facultades al Ejecutivo en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un un año, un punto central para la gestión de Milei donde había un tema que corría particular riesgo: la facultad de modificar o eliminar numerosos órganos u organismos del Estado.
En la negociación con la oposición el Gobierno aceptó excluir de esa facultad a las universidades nacionales y los órganos del Poder Judicial y el Poder Legislativo, además de introducir la prohibición específica de disolver organismos como CONICET, ANMAT, INCAA, CONAE, ENACOM, INTA, entre otros. Sin embargo, no logró conformar a todos.
Buena parte de Hacemos Coalición Federal se opuso a este artículo (un rechazo encabezado por la Coalición Cívica, que decidió abandonar el interbloque) y lo mismo hizo un grupo de legisladores de la UCR, pero el oficialismo consiguió mantenerlo en pie con 135 votos a favor, 116 en contra y 2 abstenciones.
Este no fue un logro menor para el oficialismo, dado que es un tema clave para la reforma del Estado que se propone llevar adelante Milei, la cual incluye cambios en otras numerosas leyes que afectarán al empleo público y a las empresas estatales.
En ese marco, La Libertad Avanza hizo avanzar el capítulo sobre empleo público, que señala que el personal alcanzado afectado por la supresión de organismos o funciones "quedará automáticamente en situación de disponibilidad por un periodo máximo de hasta doce (12) meses" y terminado ese plazo quedará desvinculado de la administración pública, con derecho a una indemnización igual a "un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses".
Asimismo, tras haber aceptado dejar afuera del plan de privatizaciones al Banco Nación y haber reducido la cantidad de empresas de 41 a tan solo 9, el Gobierno consiguió el aval de Diputados a este otro capítulo medular de la Ley Bases, donde quedarán 4 compañías con destino a privatización (entre las que se destacan Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina e Intercargo) y 5 para venta o concesión (AySA, Correo Argentino y Corredores Viales, entre otras).
Régimen de Inversiones y polémica por la derogación de la moratoria previsional
Otro tema sensible que tuvo numerosas críticas fue la creación del Régimen para las Grandes Inversiones (RIGI), que plantea beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para proyectos de inversión de más de u$s200 millones.
Por un lado, había varios cuestionamientos de cámaras industriales del interior del país por el artículo que otorga importantes exenciones impositivas a las importaciones de mercaderías para consumo. Además, casi todas las provincias criticaron que el capítulo del RIGI establezca que cualquier medida que tomen los distritos en contraposición con el régimen será nula.
Este punto es muy polémico porque el Congreso nacional no puede limitar la autonomía de las provincias para tener su propia legislación. Pese a ello el oficialismo logró que pasara sin cambios, aunque tanto Pichetto como el jefe de la bancada radical Rodrigo de Loredo advirtieron que estarán atentos a que el Ejecutivo cumpla la promesa de cambiar esto en la reglamentación si la ley finalmente se aprueba. Es posible que, antes, el Senado le imponga esa modificación.
Por otra parte, la Ley Bases también plantea la derogación de la moratoria previsional y su reemplazo por la figura Prestación de Retiro Proporcional para las personas que cumplieron 65 años y no cuentan con los 30 años de aportes necesarios para jubilarse. Quienes queden en esa figura cobrarán a partir de esa edad un haber mínimo equivalente a la Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM), que es el 80% de la jubilación mínima.
Este fue otro de los temas más conflictivos por la particularidad de que el cambio afectaría principalmente a las mujeres. Según los especialistas en temas previsionales, 9 de cada 10 mujeres no podrá jubilarse a los 60 años y deberá esperar hasta los 65 años para acceder a una PUAM. A pesar de haber sido aprobado, la controversia se notó en la votación, dado que fue el único capítulo que cosechó menos de 130 votos a favor.
Milei dio un paso importante, pero el resultado final todavía está abierto
Mientras esperaba por la votación del proyecto de Medidas Fiscales acordado con casi todos los gobernadores, la Casa Rosada ya celebraba el avance de la Ley de Bases en la Cámara de Diputados tras el tropiezo inicial de febrero.
En efecto, Milei necesitaba tener una primera victoria legislativa, aunque fuera tan solo con una media sanción. Las negociaciones que llevaron adelante Francos, Posse y Rolandi mostraron que el gobierno libertario empezó a comprender que está obligado a buscar acuerdos para avanzar con la gestión y moderar, para ellos, la agresividad verbal del mandatario contra el parlamento.
La necesidad de que el ambicioso plan de reformas del Presidente cuente con el consenso político que solo puede darle el Congreso es algo que reclama también el FMI, donde entienden a la perfección que Milei no puede gobernar solo con decretos de necesidad y urgencia que no otorgan la seguridad jurídica que los acreedores demandan.
De todas formas, la Ley Bases de Javier Milei dio apenas un primer paso en la Cámara de Diputados. La reforma laboral, el plan de privatizaciones, las facultades delegadas y los cambios impositivos que plantea el paquete de medidas fiscales deberán pasar ahora el filtro del Senado, con un resultado todavía abierto y con la cuenta regresiva para el Pacto de Mayo en marcha.