El Gobierno canario está molesto con que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, anticipe una difícil solución al conflicto de las competencias en costas, que se tratarán en la reunión de la comisión bilateral Canarias-Estado, convocada para el próximo 22 de abril. En opinión del ministro y expresidente de Canarias, los informes del Ejecutivo regional «concluyen que la competencia es del Gobierno de Canarias, mientras que los informes del Gobierno de España concluyen que es una competencia suya», por lo que admite que "no va a ser fácil llegar a un acuerdo cuando hay informes que son distintos». No obstante, espera que en la comisión se puedan resolver las diferencias entre las partes, sabiendo «las dificultades que hay».
Al presidente canario, Fernando Clavijo, no le parece «nada acertado» que, previo a la reunión, Torres ya esté diciendo que, «independientemente de los argumentos jurídicos y técnicos que se pongan, el Gobierno de España ha decidido que no». Canarias insiste en que las competencias son exclusivas de la Comunidad Autónoma y el Estado vulnera el estatuto de Autonomía, con decisiones como la del Ministerio de Transición Ecológica de acordar el derribo del Hotel Riu Oliva Beach, enclavado en las dunas de Corralejo (Fuerteventura). Una medida que Canarias considera que invade sus competencias.
Torres aclaró recientemente que, como ministro de Política Territorial, solo intermedia en la resolución del conflicto en el traspaso de costas, un tema que conoce a la perfección porque las transferencias se produjeron en la legislatura pasada, en enero de 2021, siendo él presidente del Gobierno. Entonces, ya pidió una reunión de la comisión bilateral para intentar aclarar las diferencias de interpretación sobre este asunto.
Ahora, le toca jugar el papel de árbitro entre el actual Gobierno canario y el Ministerio de Transición Ecológica. Pero, a su juicio, la solución es difícil por los argumentos jurídicos de las partes. Para Clavijo, las declaraciones de Torres «ya hablan de una preintencionalidad del Gobierno de España a confrontar y a chocar con el Gobierno de Canarias». Y recuerda al ministro que la demanda del Ejecutivo regional «es la misma que tenía Ángel Víctor Torres cuando era presidente de Canarias, de que las competencias son de la comunidad autónoma».
Todo apunta ya a que el Gobierno de Canarias acudirá al Tribunal Constitucional para reclamar la totalidad de las competencias
Al respecto, desde el Ministerio de Torres replican que el propio Gobierno canario conoce las dificultades que existen en el conflicto estatutario sobre la gestión del litoral, porque si no fuera así, no habrían anunciado un recurso ante el Tribunal Constitucional, en el caso de que no se llegue a un acuerdo en la comisión bilateral. Todo apunta ya a la vía judicial para dirimir la posiciones confrontadas entre Canarias y el Estado.
El Ejecutivo regional blandirá en la comisión bilateral el informe del Consejo Consultivo que avala la invasión de competencias del Ministerio de Transición Ecológica, tras declarar la caducidad de la concesión del Hotel Oliva Beach, al considerar que la Comunidad Autónoma tiene las funciones exclusivas que le otorga el Estatuto de Autonomía.
El Consultivo desmonta las tesis del Ministerio para arrogarse las competencias sobre las concesiones en el dominio público marítimo-terrestre. Incluso cuestiona al Consejo de Estado, su homólogo para el Gobierno central, que dictaminó a favor de la decisión del Ministerio: «Carece de fundamento jurídico la distinción doctrinal a las que acude el Consejo de Estado sobre las concesiones» contempladas en la Ley de Costas de 1988, asegura.
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