A lo largo de 2020 llegaron a estar en algún tipo de Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) dos de cada diez asalariados en Galicia, casi 200.000. En toda España fueron 3,7 millones de trabajadores. Su incidencia como salvavidas de la ocupación para afrontar el shock económico provocado por la crisis sanitaria del COVID-19 fue tan grande, que hasta la Agencia Tributaria tuvo que variar sus estadísticas periódicas sobre el mercado laboral para incluir un capítulo en concreto dedicado a los ERTE y sacar así una fotografía más real de la situación. El mecanismo, aprobado tres días después de la declaración del estado de alarma en la durísima ola inicial de la pandemia, exoneraba a las empresas del abono de las cuotas a la Seguridad Social, tanto en las suspensiones de contrato, como en las reducciones de jornada del personal. Los sueldos –70% de la base reguladora durante los primeros 180 días y del 50% hasta que el fin de la prestación– corrían a cargo del erario público.
"Los resultados señalan una elevada efectividad de los ERTE", señaló el Banco de España en un análisis de los dos primeros años en vigor, como vía "apropiada para proteger el valor de las relaciones laborales", especialmente "aquellos de duraciones reducidas". Su éxito allanó el camino para un montón de prórrogas con cambios para incentivar la reincorporación y la reforma laboral de 2022 los convirtió en una herramienta de flexibilidad interna en las empresas –los ERTE ETOP (causas económicas, técnicas, organizativas o productivas), los de fuerza mayor y el nuevo Mecanismo RED para afrontar coyunturas macroeconómicas excepcionales en la actividad en general o un sector en particular– "con el objetivo de fomentar la continuidad de las relaciones laborales estables".
Los ERTE se han consolidado en todo este tiempo como clara alternativa a los despidos colectivos, que sí se usaron en masa durante la larga recesión financiera de 2008 a 2013. Durante 2023 se aprobaron en Galicia 394 expedientes de regulación de empleo que afectaron a 14.852 trabajadores, un 30% menos que el ejercicio anterior (21.019), según el balance publicado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. De ese total, 27 son expedientes autorizados por la Dirección General de Trabajo por tener dimensión estatal (366 empleados) y otros 367 expedientes (14.486 trabajadores) estaban bajo competencia de la Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. Se trata del menor volumen de efectivos involucrados en regulaciones de empleo de los últimos cuatro años.
Las suspensiones de contrato lideran las medidas adoptadas: 12.903, un 32% menos que en 2022, cuando la locura de los precios de la energía y de las materias primas obligó a algunas empresas a pisar el freno; y un 60% por debajo de 2021, un año todavía muy afectado por la lucha contra el coronavirus. Los despidos colectivos en Galicia rozaron los 1.400 después de un incremento del 58% respecto a 2022 (869). A pesar del ascenso, el volumen de contratos extinguidos es claramente inferior a los niveles prepandemia (1.959 en 2019) y a las cifras alcanzadas en la anterior crisis (13.700 despidos en 2011, 3.500 en 2012 o 3.400 en 2013). Las reducciones de jornada caen en picado. En 2022 rondaron las 1.200 y en 2023 mermaron un 52%, hasta las 571.
Los trabajadores afectados por regulaciones de empleo en todo el Estado bajaron el 38,5%. Superaron los 181.100. Como en Galicia, crecieron los despidos colectivos: 36.500, un 51% más. Y se derrumbaron el 42% las suspensiones (135.700) y el 74% las reducciones de jornada (8.900).
Casi el 90% de las medidas en la comunidad fueron pactadas entre empresas y plantilla (1.145 despidos, 11.667 suspensiones y 503 reducciones de jornada), mientras que en otros 503 casos no hubo acuerdo. La mitad se debió a causas organizativas (7.252 trabajadores), seguida de razones de producción (3.888), económicas (2.351), de fuerza mayor (1.220) y técnicas (141). A la cabeza figuran las empresas de 5.000 empleados o más con un total de 5.163 afectados. En el ranking por tamaños destacan a continuación los negocios de entre 50 y 249 trabajadores (3.699).
La industria manufacturera concentra el 73% de los empleados envueltos en regulaciones de empleo en Galicia en 2023: 10.911, aunque solo 275 con despidos. A actividades administrativas y empresas auxiliares pertenecían otros 1.146 (7,7%); 740 a comercio y reparación de vehículos (5%); 681 a transporte y almacenamiento (4,6%); 441 operaban en el sector agrario (3%); 249 en construcción (1,7%); y 202 en hostelería (1,4%).
Los últimos datos actualizados de los ERTE por autonomías son del pasado enero. En ese momento había en Galicia 970 trabajadores en suspensión total de contrato y 196 en suspensión parcial, según la Seguridad Social. La rama de actividad con más afectados era la industria de la madera y el corcho (344), por delante de la fabricación de maquinaria y equipo (126), las fábricas de automoción (103) y la pesca y la acuicultura (102).
Suscríbete para seguir leyendo
- El gemelo de Inditex que vigila el clima
- Mi deseo es que Rodman Polyships no decaiga, aunque yo ya no esté aquí
- Stellantis Vigo conjugará hasta 2030 la producción del actual 2008 y el nuevo modelo eléctrico
- EiDF ficha a la directora corporativa del Real Club Celta de Vigo
- Los formados en carreras STEM y ciencias sociales rozan el pleno empleo en Galicia
- El director de Stellantis Vigo ve "difícil" superar la producción de 2023 tras los más de 60 turnos cancelados
- La Policía Nacional estrecha el cerco sobre el expropietario de Hiperxel: "Novas caerá"
- ¿Trabajar 1.765 años para alcanzar al CEO? Los sindicatos de Stellantis Vigo, contra el "megasueldo" de Tavares