Los propietarios del edificio del barrio valenciano de Campanar incendiado el pasado 22 de febrero, en el que murieron diez personas, sabrán aproximadamente en un mes y medio o dos meses el resultado de los informes periciales que determinarán si está en ruina y hay que derribarlo o si se puede rehabilitar.
Así lo han confirmado a EFE fuentes cercanas a la reunión mantenida este martes por la tarde en la sede de una compañía aseguradora, a la que ha asistido la Asociación de Propietarios Afectados del Incendio de Campanar (Aproicam), para abordar los próximos pasos a dar, sobre todo en lo referido a los pagos pendientes a bancos y compañías de seguros. Según las fuentes, el proceso es lento y complejo dada la gran cantidad de propietarios afectados y a la particularidad de cada caso -el incendio dejó sin hogar a docenas de familias al haberse calcinado las cerca de 140 viviendas que había entre los dos bloques residenciales afectados- y a la falta de antecedentes recientes.
En cuanto al estado del edificio, dos empresas periciales harán una inspección visual y otra de catas para plantear a la comunidad de propietarios el futuro presupuestario del inmueble: si está en ruina y por tanto hay que derribarlo, o si por el contrario es factible una rehabilitación integral de los dos bloques.
Las mismas fuentes han añadido que esos informes podrían estar listos en un plazo aproximado de mes y medio o dos meses, ya que deben contar con todas las licencias y los permisos administrativos necesarios ante la gran cantidad de escombros que hay aún en el interior del inmueble.
La investigación policial y pericial
Las primeras investigaciones de la policía científica apuntaron a un cortocircuito en el mecanismo del toldo del apartamento 86 del bloque más alto como posible causa del incendio -de hecho, en los primeros vídeos del siniestro se ve ese toldo ardiendo-, pero después se concretó que habría estado en un electrodoméstico de la cocina de esa vivienda.
El Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia se hizo cargo del caso, pero el 8 de marzo acordó archivarlo tras recibir un oficio policial en el que se descarta la "etiología criminal o delictiva" del siniestro. Familiares de cuatro de los fallecidos anunciaron entonces que recurrirían ese sobreseimiento, algo que ha apoyado la Fiscalía Provincial; sin embargo, el pasado martes el juez acordó mantener el sobreseimiento provisional de la investigación abierta hasta recibir el informe policial que debe determinar el origen y las causas exactas del fuego.
El 21 de marzo, los peritos de las compañías aseguradoras del edificio accedieron por primera vez, acompañados de agentes de la Policía científica, al lugar del siniestro para "detectar el punto exacto del origen del fuego", porque sin determinarlo no pueden saber la causa del incendio, y ver dónde se podían tomar muestras de la fachada para ser analizadas después en el laboratorio.