La titular del Ministerio de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, consideró que se debe crear una nueva Ley de Contrataciones del Estado, sosteniendo que una reforma de la actual norma no solucionaría los problemas que se dan en las licitaciones públicas.
"Volver a hacer una reforma de la Ley de Contrataciones del Estado no va a solucionar el problema. Estamos en una oportunidad única de hacer una nueva Ley de Contrataciones que nos permita salir del entrampamiento en el que estamos", expresó durante la sesión conjunta de la Comisión de Economía y la Comisión de Descentralización, donde se trató un predictamen sobre una nueva normativa del tema.
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De acuerdo con el presidente de la Comisión de Descentralización, Alejandro Cavero, en esta semana se estaría contando con un nuevo texto de predictamen para que sea debatido y votado en una siguiente sesión.
En ese sentido, resaltó que, a diferencia de la actual ley de contrataciones estatales, se plantean tres reglamentos distintos, uno para consultorías, otro para licitaciones y contratos de obras públicas, y otro para adquisiciones públicas. Ello simplificará los procesos de selección de acuerdos a los objetivos que tengan las contrataciones, sostuvo.
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Con ello, la ministra apuntó a que actualmente la elaboración de estudios y expedientes técnicos son de mala calidad, por lo que consideró que el Estado debe de pagar las mejores propuestas con respecto a la realización de los expedientes y no siempre elegir la oferta más barata.
"A nivel internacional pagas para el estudio entre 3% y 6% del valor estimado de la obra, pero en Perú pagamos 0,5% y 1%. Eso es garantía de que el expediente y estudio estarán mal hecho. No se trata de rigor económico solamente, sino buscar el equilibrio calidad-costo", indicó.
Por otro lado, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez-Reyes, planteó que no se fije un monto adicional de inversión en las contrataciones del Estado, explicando que en la ejecución de proyectos se pueden presentar eventos no previstos que pueden generar problemas. Actualmente, el límite adicional es del 50% del valor de la obra.
Sin embargo, sostuvo que se deben de justificar los incrementos que soliciten las empresas contratadas para la ejecución de proyectos, además de que debe de haber una opinión de la Contraloría General de la República.
Además, el ministro propuso que los ministerios tengan la posibilidad de realizar la administración directa de las obras que pasaron por procesos de contratación y fueron declarados desiertos en más de dos ocasiones. Esto sería una situación de excepción, agregó.
Otro punto que planteó Pérez-Reyes es la constitución de un fideicomiso para el manejo de recursos. Señaló que esto se propone ante la problemática que tienen los postores de obras públicas de no contar con la capacidad para obtener una carta fianza en el sistema financiero.
PMO
Durante la sesión, Pérez de Cuéllar señaló que en el Ministerio de Vivienda van a crear una Oficina de Gestión de Proyecto (PMO, en sus siglas en inglés) para que se prioricen, planifiquen y diseñen proyectos de envergadura.
Por su parte, Pérez-Reyes observó en la sesión que debe permitir la contratación de empresas gestoras de proyectos, en relación con el tema de las PMO, para que se empaqueten los proyectos y estas compañías hagan la gestión del proceso. Todo ello con una participación nacional, acotó.
Asimismo, la ministra de Vivienda propuso que los compradores públicos puedan ser expertos independientes a las entidades a cargo de los procesos de contratación y no solo sea los funcionarios de estas entidades. También señaló que se debe de fortalecer el mecanismo de Junta de Resolución de Disputas.
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