El presidente valenciano, el popular Carlos Mazón, prometió a las empresas valencianas mano dura con los productos 'piratas' importados de otros países que no cumplen la normativa española. Una competencia desleal que afecta especialmente a algunos sectores tradicionales de la Comunidad Valenciana como el textil, el calzado o el juguete.
Una de las primeras medidas en las que se traducirá ese anuncio es en un fuerte incremento del importe de las sanciones que la Generalitat Valenciana puede aplicar a estos artículos dentro de sus competencias de Consumo. Así, se elevará notablemente el castigo económico para aquellos productos que no cumplen la normativa en cuestiones como etiquetado, seguridad (especialmente en el caso de los productos infantiles como juguetes), presentan defectos o directamente son falsificaciones de marcas.
La Administración autonómica ya está tramitando la modificación de la Ley del Estatuto del Consumidor en la Comunitat Valenciana que conllevará aumentar hasta el máximo que permite la regulación actual las sanciones que podrá aplicar la inspección de Consumo. Con el proyecto presentado se subirá hasta el millón de euros el importe para las consideradas muy graves, frente a los 601.000 euros en que se fijaban hasta ahora.
Aunque esas serán las de mayor importe, no son las multas que más suben. Para esos casos muy graves la normativa incrementará el castigo económico un 66%, pero en el caso de infracciones graves la sanción aumenta un 565%, al pasar de los 15.025,30 euros fijados hasta ahora a los 100.000 euros. Para las infracciones leves y, por tanto, las más habituales, la multa se multiplicará por más de tres, al elevarse de 3.005,06 euros a 10.000 euros.
La intención del Ejecutivo es que la modificación permita que las nuevas sanciones entren en vigor a partir del 1 de enero del próximo año, con lo que según el Consell se actualizarán esos importe tras no haberse modificado desde que se estableció la regulación autonómica en 1987.
Según el propio Mazón, con esta medida "lucharemos contra la piratería, falsificaciones o imitaciones que afectan a sectores como el textil, el calzado, el juguete o la cerámica, entre otros". El presidente valenciano, acompañado por la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, ha visitado a las instalaciones de la planta tratamiento y reciclaje de la firma Acteco en Ibi (Alicante) donde se llevan a cabo la destrucción de productos defectuosos detectados por Consumo.
Más de 30.000 artículos destruidos
Según los datos de la Administración valenciana, el año pasado se tramitaron 1.216 expedientes de retirada y localización de productos no alimentarios considerados defectuosos, peligrosos o que no cumplían la normativa, con los que se retiraron del mercado 51.087 artículos, de los que 30.786 fueron destruidos y casi 3.400 devueltas a su lugar de origen, además de otros 15.000 cuyas irregularidades fueron subsanadas.
Por sectores, los juguetes, con más de 36.000 productos, y los aparatos eléctricos, con 10.000, fueron en los que se registraron mayores volúmenes, muy por delante del calzado, con casi 2.000 unidades.
En el primer trimestre del año las alertas de Consumo han afectado a más de 13.000 artículos y se han destruido casi 9.700. Pero las sanciones no es el único aspecto que tendrá que reforzar el Gobierno valenciano. Actualmente Consumo apenas cuenta con 16 personas que realizan las actuaciones de inspección en las tres provincias de la comunidad.