Gustavo López, director de la Consultora Agritrend
La noticia de la disolución de la junta nacional de granos además, recibió el beneplácito de gran parte de los operadores de la cadena comercial granaria, desapareciendo así todo tipo de contralor sobre los mismos.
La eliminación de esta norma trajo un vacío institucional importante, en cuanto a quien otorgaba los avales para continuar con la operatoria. En alguna medida ese espacio lo cubrieron los corredores, ofreciendo sus garantías, aunque existieron algunos fallos jurídicos que indicaban la nulidad de las mismas.
Sin duda, la eliminación de la JNG implicó el fin de una etapa en el comercio de granos, que se fue supliendo paulatinamente con el otorgamiento, por parte de los exportadores, de líneas crediticias de acuerdo a la solvencia de los clientes.
Memorias de nuestro agro: política agropecuaria en la etapa menemista
La mayor disponibilidad de instalaciones (incrementadas en los últimos años con el advenimiento de los "silos bolsa"), y la mayor solvencia financiera de los productores, llevó a desestacionalizar sus entregas, con lo cual disminuyeron así los riesgos por compras anticipadas por falta de espacio.
Las nuevas modalidades de operación se centraron en el pago con entrega y con descarga. Prácticamente, desaparecieron los pagos con anticipos, es decir, con financiación; estas operaciones sólo se realizan a través de bancos o con contratos "forward".
La desregulación del comercio exterior, así como la reformulación del esquema arancelario, requerían a su vez la simplificación de los tributos sobre el comercio exterior, limitando exclusivamente los mismos a la percepción de derechos de importación destinados a rentas generales, por lo que se optó por derogar todos los restantes tributos ajenos a este principio.
Memorias de nuestro agro: gobierno democrático
El 22 de marzo de 1991 se eliminaron todos los tributos, manteniendo solo el diferencial arancelario citado (6%) en las semillas oleaginosas, el cual el 1º de noviembre de 1992, se redujo al 3.5%.
Esta estructura tributaria estuvo vigente hasta el 5 de marzo de 2002, ya finalizado el período de convertibilidad
Al mismo tiempo, se eliminaban los impuestos de importación de algunos insumos básicos para el sector, como los agroquímicos (de una media del orden de 15%) o los fertilizantes (25-35%). También fueron alcanzados los aranceles de maquinaria agrícola, que, del 50%, se redujeron al 15%.
Se bajaron, a su vez, impuestos a otros insumos estratégicos, como los combustibles y los neumáticos. Se disminuyó y, luego eliminó, el impuesto a los activos, el que fue reemplazado por el de bienes personales, con tratamientos especiales para las tierras.
Memorias de Nuestro Agro: los desafíos del complejo agroindustrial argentino
Se generalizó el impuesto al valor agregado (I.V.A), para casi todas las actividades, con la devolución de este tributo para los exportadores, por ser los últimos eslabones de la cadena de comercialización.
Por otra parte, se legislaba sobre el comercio exterior, en cuanto a que se suprimían todas las restricciones, los cupos y otras limitaciones cuantitativas a las importaciones y a las exportaciones para mercaderías, de acuerdo a lo que disponía la autoridad de aplicación.
Paralelamente, se dejaron sin efecto todas las intervenciones, autorizaciones o cualquier acto administrativo de carácter previo sobre las operaciones de exportación y sobre la documentación aduanera con la que se tramitan los embarques.
En síntesis, esta profunda reforma del estado en materia de comercio de granos cambió una realidad vigente desde 60 años atrás, la que se resumía en la liberación del mercado granario a través de la eliminación de todo tipo de trabas para la exportación, la exclusión de los entes reguladores, y la supresión de los derechos de exportación y otros tributos que impactaran directa e indirectamente sobre el comercio de los "commodities".
Memorias de nuestro agro: mercado nuevamente estatizado
Sin duda, el comercio se agilizó en forma notable, mejorando sensiblemente la eficiencia en todo el proceso. Los llamados costos de "fobbing", es decir aquellos relacionados con poner la mercadería en condiciones de exportación, se vieron fuertemente reducidos. Si a ello se le suma la eliminación, en la mayoría de los casos de los derechos de exportación, se pudo observar una sustancial reducción de los diferenciales entre las cotizaciones de la mercadería con destino al exterior, en relación con lo efectivamente pagado en los mercados locales.
Por entonces, el llamado "costo argentino", de fuerte gravitación en los ingresos al productor se reducía sensiblemente, limitándose el mismo a los aranceles portuarios, los costos de intermediación (corredores) y algunos emergentes de la certificación de los contratos en las bolsas.
La desregulación en materia de transporte automotor de cargas, ya sea en cuanto a la libre contratación de servicios, del mercado de seguros, la eliminación de cupos, así como la instauración de mecanismos de mantenimiento y construcción de rutas por peajes, privatización de ramales ferroviarios, y concesión de puertos oficiales, desregulación de practicaje y pilotaje, liberalización de obras de drenaje en los principales puertos y privatización de empresas generadoras de energía y transmisión, compensaron en alguna medida las reducciones citadas.
El inicio de la intervención oficial en los mercados granarios
No sólo se realizó un "achicamiento" del estado, en cuanto a la eliminación de organismos reguladores, sino que por el contrario se crearon otros de relevancia para el sector, que intentaron cubrir las falencias en cuanto a ciertas funciones indelegables del mismo.
Por esos años, se creó el instituto nacional de semillas (INASE), quien obviamente entendió en toda la problemática de las simientes (aplicación de la ley de semillas, control de calidad, registros, habilitaciones, etc.), Y el instituto argentino de sanidad y calidad vegetal (IASCAV), quien cumplía con las funciones de la ex – junta nacional de granos, en cuanto a la problemática de calidad y condición de los granos (incluso transfiriéndose el laboratorio central de esa institución), así como del resto de los productos del reino vegetal.
Posteriormente, este organismo se fusionó con el servicio nacional de sanidad animal (SENASA) para transformarse en el nuevo servicio nacional de sanidad y calidad agroalimentaria –con igual sigla-, quien entendía en todos los aspectos sanitarios y de calidad de los productos de las diferentes cadenas agropecuarias (rojos-carnes, y verdes-vegetales).
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