TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que responsabilizó al Estado de Honduras por la destitución arbitraria en 2012 de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), uno de los abogados que representó a los togados hondureños conversó con EL HERALDO sobre los detalles del proceso legal internacional y lo que sigue para que se cumpla la sentencia.
Lucas Gómez, que junto a otros cuatro abogados forma parte del cuerpo legal de los exjueces Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosalinda Cruz Sequeira, calificó como ejemplar que el Estado reconozca la sentencia emitida el pasado 1 de abril. y se responsabilice por cumplirla.
El profesional, quien cuenta con una maestría en Derechos Humanos de la American University, en Washington, Estados Unidos y actualmente es profesor del diplomado de Derechos Humanos y director de la Clínica de Derechos Humanos en la Universidad Austral en Argentina señaló que las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) ya se puso en contacto con ellos para iniciar el proceso de cumplimiento de la sentencia.
A continuación la entrevista:
¿Cuál fue la estrategia legal que utilizó el cuerpo de abogados para lograr que la CIDH responsabilizara a Honduras por los hechos del 2012?
La estrategia fue demostrar la responsabilidad del Estado a nivel internacional por distintos aspectos; en primer lugar por violaciones al debido proceso ya las garantías judiciales, alguien para ser destituido del cargo necesita un proceso donde al menos pueda defenderse y esto no existió.
En segundo lugar hubo otro tipo de afectaciones como pérdidas a sus salarios, a sus derechos previsionales, a su trabajo y esta era otra responsabilidad del Estado que había que demostrar.
En tercer lugar se desatan una serie de agresiones que sin perjuicio de que no pueden atribuirse al Estado, lo que si se atribuye al Estado es la falta de investigación de las denuncias por parte de los magistrados que estaban haciendo víctimas de una serie de agresiones, en eso se enfocó la estrategia internacional, en demostrar la responsabilidad del Estado y como estamos ante una Corte Internacional tuvimos que ser estrictos con las pruebas de cada una de las afectaciones que alegábamos.
Específicamente ¿cuáles son las sanciones para el Estado que vienen con la sentencia?
En primer lugar el reconocimiento de responsabilidad; en segundo este el tema de la indemnización que es laboral, es decir, los salarios que dejaron de percibir durante el tiempo que se les privó el derecho a trabajar.
En tercer lugar hay una indemnización de tipo sustitutiva, porque no pueden ser reincorporados a su trabajo, entonces se debe sustituir esa imposibilidad de ser restituidos por una indemnización.
Después hay otro aspecto importante que es lo que el sistema internacional llama las garantías de no repetición, que es cómo garantizar que esto no se repita en el futuro y dentro de esas garantías se encuentra el aspecto de las modificaciones legislativas al proceso de juicio político que son necesarias para que esto no vuelva a pasar, son esas modificaciones legislativas las que quizás son el aspecto más complejo de cumplir con la sentencia.
¿Está conforme con la sentencia?
Estamos muy contentos con la resolución y sobre todo están contentos nuestros representados que son los más importantes, aunque el Estado todavía no cumple nada de la sentencia, lo que quiero resaltar es el mero reconocimiento.
Toda la denotación pública el reconocimiento que recibieron estos jueces de que el estado había cometido una injusticia ya significa una reparación para las víctimas, significa una reivindicación.
Humanamente eso es lo primero que nos gratifica, luego técnicamente la sentencia es muy buena, cubre todos los aspectos, entiende todas las violaciones que hubo, no se centra solo en un sino en todos los aspectos, inclusive un aspecto importante que era la falta de investigación por parte del Estado que eran las denuncias que hacían los magistrados de estar siendo perseguidos y acosados con hechos de violencia.
Si bien el Estado reconoció la sentencia de la CIDH ¿cuánto tiempo deben esperar los exmagistrados para que se cumpla?
La CIDH ha dado el plazo de un año para el cumplimiento de las de reparación, ahora bien, el estado ha sido ejemplar, y esto lo queremos destacar, porque trabajamos con medidas de más de 15 países de Latinoamérica y es ejemplar la reacción inmediata de todas las instituciones del Estado, de la PGR, del Poder Judicial, del Congreso para de inmediato reconocer la validez de la sentencia y el compromiso del Estado para cumplir con la sentencia, esto es ejemplar.
El país esta mostrando una verdadera madurez de cómo recibe este tipo de sentencia y confió que el proceso de ejecución de esta sentencia va ser también ejemplar.
¿Qué sigue después ahora que se dio a conocer la resolución de la CIDH?
Constitucionalmente es la PGR la encargada de dar cumplimiento y la que tiene que liderar el proceso de cumplimiento de la sentencia, en ese sentido inmediatamente fuimos contactados por la PGR para mantener una reunión, por eso digo que la institucionalidad de Honduras es destacable a nivel internacional comparada con otros países.
Hay países que tardan años y que tienen sentencias de años en incumplimiento, pero acá estamos que en una semana que tiene la sentencia y todos los poderes del estado manifestaron no solamente su compromiso del cumplimiento de la sentenci.
Además, un contacto directo con los representantes para iniciar el proceso de cumplimiento. Tenemos 20 años trabajando con diferentes estados de Latinoamérica y esto es ejemplar.
¿Cuándo se van a reunir con la PGR para iniciar este proceso y qué temas se tratarán?
Ya han tomado contacto con nosotros para que acordemos una primera reunión, donde el marco de la reunión es la buena fe y el trabajo colaborativo.
Aún no hay fecha, recibimos este primer contacto que te digo y es a fin de establecer ese marco colaborativo y fijar a la brevedad fechas tentativas para la primera reunión de coordinación de cumplimiento.
Durante las reuniones se va a exigir temas menores, como cuál podría ser o es la manera más conveniente de hacer el acto de reconocimiento de la sentencia, cómo se puede o se debe tramitar el pago de las indemnizaciones, cómo se pueden llevar adelante cada uno de los puntos resolutivos de la sentencia.
¿Qué pasa si luego del plazo que dio la CIDH no se han cumplido la sentencia?
La CIDH tiene un proceso mediante el cual hace seguimiento a las sentencias ante el improbable caso que haya un incumplimiento de la sentencia; entonces hay audiencias donde los estados tienen que informar cómo han cumplido esas sentencias y claramente eso sería un mal antecedente para el estado que lo sufra.
No creo que suceda en este caso, porque vamos a trabajar de manera colaborativa y las partes seguramente estaremos de acuerdo en cuáles medidas son de mayor complejidad y que requieren mayor tiempo y en las que requieren menos tiempo, definir sobre el acto de reconocimiento o el tema del pago son temas más fáciles de cumplir.
Sin duda el de la modificación legislativa que implica la participación de otro órgano del Estado como es el Congreso implica más tiempo y eso es algo que todas las partes comprendemos.
¿Cuánto es el pago que estaría dando el Estado por indemnización a los exmagistrados?
Te mencionaba antes que realmente es una actitud ejemplar la del Estado, la celeridad con la que esta avanzando el proceso de cumplimiento de la sentencia y eso muestra madurez institucional del estado; pero la madurez se tiene que reflejar en toda la sociedad y lo que hemos visto es distintos representantes señalar el daño patrimonial para las finanzas públicas que genera esta indemnización.
Yo llamo a la sociedad a reflexionar sobre el siguiente punto, es mucho más caro y genera un daño patrimonial infinitamente superior el tema que no se hagan las reformas legislativas apropiadas para que haya una justicia independiente porque cuando tenés jueces que no son independientes resuelven mal y luego hay un reclamo por el CIADI, por ejemplo que le cuesta a Honduras millas de millones de dólares y nos vamos a fijar de nuevo en una indemnización.
Eso es para las arcas públicas incomparablemente menor que el efecto que puede causar que se tenga una legislación de remoción de jueces que le permita al Ejecutivo manejar los jueces como quieren y por lo tanto fallan a favor del poder de turno local porque sino son removidos de la noche a la mañana y eso genera consecuencias patrimoniales gigantescas para el estado que no tienen punto de comparación con los -y ahí contesto tu pregunta- aproximadamente un poco más de 400,000 dólares que se han regulado para cada uno de los exmagistrados.
¿Qué lecciones deja la sentencia de la CIDH para el país a su consideración?
Lo que deja es una gran lección, un aprendizaje que no tiene que medirse en cuanto a los 400,000 dólares que le van a pagar a un juez que no son más que sus sueldos dejados de percibir, es una lección sobre la importancia que tienen las instituciones , sobre toda la institución judicial, porque el último órgano estatal capaz de evitar la responsabilidad internacional del Estado es la justicia.
Para acudir al nivel internacional se tiene que agotar la vía interna y de la manera en que se agota la vía interna es con las instituciones judiciales del nivel interno, es decir, el último organismo estatal capaz de salvar la responsabilidad internacional del Estado son los jueces.
Es una gran lección para todo el continente, porque este no es un problema que solo tiene un Honduras, es un problema de toda la región.
Creo que Honduras está a las puertas de tener la posibilidad de generar una legislación ejemplar en cuanto a la legislación sobre la independencia judicial.
Honduras tiene la oportunidad de tomar esta luz que le ha dado la CIDH, esta ante una oportunidad de ser un faro para toda la región y no me cabe duda que así va hacer.