Que la esperanza de vida va por barrios es más que conocido: los que residen en los de mayor renta superan, y en algunos casos notablemente, a los que viven en distritos de menor ingreso. Por ejemplo, para ciertos grupos masculinos de zonas deprimidas de Glasgow aquella apenas alcanza los 60 años, un reflejo del severo impacto que tienen sobre la salud las condiciones económicas y sociales. Y algo parecido muestra el exceso de muertes, por pérdida de estatus social y económico, de hombres blancos de mediana edad en EE.UU. (Casse y Deaton, Deaths of Despair and the Future of Capitalism, 2020). En Catalunya, la Enquesta de Salut de 2022 indicaba que un 54% de los encuestados en tratamiento por drogodependencia eran parados o tenían contrato temporal y formación media-baja. Finalmente, el laboratorio de vigilancia de las desigualdades sociales en salud de Barcelona señalaba como, en 2021/22, las clases bajas tienen mayor prevalencia de sobrepeso, riesgo más alto de mala salud mental y menor esperanza de vida (89 años en Sarrià y Tres Torres y 85,6 en la Barceloneta).
Por ello, como informaba La Vanguardia anteayer, podría parecer pertinente que el Ministerio de Sanidad incluyera los "condicionantes sociales y del contexto familiar" en la historia de salud digital, un proceso que en Catalunya ha comenzado ya en las comarcas centrales. Y, ciertamente, conocer algunos de ellos es adecuado: problemas para atender pagos del alquiler, estabilidad laboral o dificultades para llegar a final de mes seguro que incrementan la ansiedad, el insomnio y otros riesgos para la salud, y deben incluirse en su diagnóstico.
Es imposible garantizar la confidencialidad de los datos sociales y familiares del paciente
Pero que ello sea necesario no implica que deban quedar registradas digitalmente circunstancias individuales o familiares de un determinado momento. La iniciativa, por bien intencionada que sea, da miedo, aunque se obtenga con permiso del paciente: se me antoja imposible garantizar la confidencialidad de esa información. Y argumentar que ello facilita el conocimiento de posibles sustitutos no es de recibo: el Departament de Salut debería destinar más recursos a la primaria y fijar a su personal y no poner en riesgo datos tan sensibles. El siglo XX ya mostró lo que pueden hacer los estados con ellos y el XXI ha extendido la inquietud sobre su acumulación por multinacionales y sus plataformas. Además, preocupa que esos antecedentes difícilmente podrán ser generales: afectarán al grupo social con mayores problemas de salud, es decir, a los más pobres.
¿Atender al paciente teniendo en cuenta su situación socioeconómica? Por descontado: ello debería hacerse siempre y en todas partes. Pero, ¿registrarla digitalmente? En absoluto. En este mundo cuasi transparente y de compraventa de información, toda cautela es poca. Porque al final, y como dijo el clásico, el infierno está empedrado de buenas intenciones.