La Contraloría General de la República (CGR) confirmó la legalidad de un acuerdo de colaboración policial entre el Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile (MISP) y el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela. Este miércoles 17 de abril, la CGR respondió a las inquietudes presentadas por los diputados Gloria Naveillán, Cristian Labbé y Cristhian Moreira, quienes cuestionaban la juridicidad y naturaleza del convenio interinstitucional.
Los parlamentarios habían expresado su preocupación por si el acuerdo, al ser internacional, requería la aprobación del Congreso Nacional. Sin embargo, la Contraloría esclareció que, de acuerdo con el artículo 35 de la ley N° 21.080, el MISP está plenamente facultado para celebrar este tipo de convenios que tienen como objetivo fortalecer las medidas de prevención y control de la delincuencia organizada transnacional.
El convenio en cuestión busca fomentar la cooperación bilateral en el ámbito de la seguridad pública, permitiendo el intercambio de información vital para la investigación de delitos asociados a la criminalidad organizada. Este acuerdo no requiere de aprobación legislativa, ya que se enmarca dentro de las competencias directas del MISP.
Para llegar a esta conclusión, la CGR revisó informes tanto del MISP como del Ministerio de Relaciones Exteriores, asegurando que el proceso se ajusta a las normativas vigentes y que el convenio es adecuado para los fines propuestos. Este pronunciamiento refuerza la capacidad del Estado chileno de entrar en acuerdos internacionales que directamente impactan en la mejora de la seguridad pública, sin necesariamente pasar por un proceso de ratificación legislativa.