Open Camp se presentó como el primer gran parque temático dedicado al deporte, destinado a revitalizar el entonces infrautilizado anillo olímpico de Montjuïc. En 2014, el fundador del proyecto, Paco Medina, acordó las bases del proyecto con la empresa municipal BSM, siendo alcalde Xavier Trias. Sin embargo, el escenario cambió por completo tras las elecciones municipales de 2015.
El parque abrió en junio de 2016 y funcionó poco más de un año, cuando la empresa quebró. Medina se querelló contra los concejales Gerardo Pisarello, Jaume Asens y Eloi Badia por presuntos delitos de coacción, extorsión, falsedad, fraude, prevaricación, cohecho y financiación ilegal de partido político. Tras el archivo de la querella –a la que ha tenido acceso La Vanguardia – el empresario acaba de presentar un recurso de súplica.
El proyecto
Un parque temático en el Anillo Olímpico
El proyecto se planteó como el primer parque temático deportivo con una veintena de experiencias de ocio deportivo, con simuladores de tecnología avanzada y de una gran variedad de disciplinas. El objetivo era superar los 1,2 millones de visitantes al año. El parque implicó una inversión inicial por parte de Open Camp de 7,1 millones, "para mejorar el posicionamiento, la valoración y las instalaciones".
Una apuesta de BSM
La necesaria colaboración público-privada
Gaudí Innovation, junto con pequeños operadores e inversores, constituyó la startup Open Camp con el objeto social de promover y desarrollar, nacional e internacionalmente, el reposicionamiento de las instalaciones deportivas de Montjuïc. En junio de 2014 la empresa municipal BSM concertó el contrato de alquiler para la cesión del uso y gestión del Estadi Olímpic y la Explanada del Anillo Olímpico por 230 días al año durante cinco años. El objetivo era aprovechar la enorme afluencia de turistas que accedían gratuitamente al Estadi Olímpic. BSM y Open Camp se comprometieron a promover conjuntamente un desarrollo comercial.
Cambio de Gobierno
Las condiciones cambian a un año de la apertura
Tras las elecciones de 2015, el nuevo gobierno municipal insta a Open Camp a implantar "una serie de arbitrarias exigencias funcionales y comerciales y a denegar las necesarias autorizaciones y permisos municipales", reza la querella. Entre ellas, la indisponibilidad comercial de los principales espacios y zonas del Estadi Olímpic, "la exigencia ilegal de condicionar autorizaciones municipales a la previa contratación laboral de determinadas personas y colectivos" o "permitir la entrada gratuita y la circulación libre por la planta principal del Estadi Olímpic, lo que mermó la previsión de ingresos.
El museo fallido
La instalación frustrada y la quiebra
Una de las iniciativas del Open Camp, la apertura del primer museo paralímpico del mundo, tuvo que suspenderse, "y en su lugar se nos exigió producir una descarada exposición partidista de las Olimpiadas del Frente Popular Antifascista de 1936", esgrime Medina. También quedó frustrada una inversión de 726.000 euros de una campaña de marketing "que nos censuraron por utilizar el término 'parque temático'", reza la querella. El desarrollo del proyecto quedó seriamente tocado y también la financiación. "La preconcebida detención de la actividad de Open Camp provocó el despido de 252 trabajadores, la pérdida de 11,4 millones por parte de 68 empresas proveedoras y de los 31 millones que habían invertido las 24 empresas promotoras".
El recurso
88 hechos argumentados con 225 documentos y 18 citaciones
En el recurso de súplica, Medina cita 88 hechos, aporta 225 documentos (contratos mercantiles, actas, dictámenes, comunicados, correos electrónicos...) y cita a 18 testigos. Además de a los cuatro querellados (Pisarello, Badia, Asens y Marta Carranza, excomisionada municipal de Deportes), también cita a directivos de Open Camp y cargos públicos como Ignasi Armengol, exdirector de BSM; Adelina Escandell, expresidenta de Fundació L'Alternativa, el entonces concejal Jaume Collboni o la directora de BSM, Marta Labata. El escrito insiste en el Informe de Calificación Concursal, en la que el juzgado reconoció que Open Camp "no puede considerarse como la causante de la situación, sino que han intervenido diversas causas exógenas en las que han intervenido distintas personas jurídicas y físicas".