Piden investigar represión a comunidades que se oponen a la minería en Ecuador
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos de Ecuador pidió a las autoridades del país esclarecer y sancionar a los responsables de la represión contra los ciudadanos que se oponen a un proyecto minero en la parroquia de Palo Quemado, cantón Sigchos, en la provincia de Cotopaxi.
"Resulta imperativo que se esclarezca y sancione el uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza en Palo Quemado contra pobladores, que en ejercicio de sus derechos constitucionales y en tutela efectiva de los derechos de la naturaleza se han declarado en resistencia contra la imposición de procesos administrativos inconstitucionales que buscan favorecer intereses corporativos para la ejecución de actividades mineras y reducen derechos constitucionales a meros requisitos de trámite", dice una carta pública de la alianza, que agrupa a 14 organizaciones, dirigida a Mónica Palencia, ministra de Gobierno y del Interior de Ecuador.
📢Carta Pública al @MinGobiernoEcMinistra @Palencia3Monica debe investigar administrativamente y establecer las sanciones correspondientes por el uso ilegítimo y violento de la fuerza en #PaloQuemado.🧵👇➡️https://t.co/dqvtMqmwZNpic.twitter.com/vn2RVXP5uR
— Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos (@DDHH_Alianza) March 31, 2024
De acuerdo con la alianza, los graves hechos ocurrieron en Palo Quemado desde que se anunció la realización de una consulta ambiental que el Gobierno intentaba imponer para avanzar con el proyecto minero.
Asimismo, indicaron que, pese a que el pasado 25 de marzo un juez constitucional del cantón Sigchos suspendió la realización de la consulta, un comunero, identificado como Mesías Robayo, "fue gravemente herido después de esta orden judicial", durante la represión policial y militar.
Apenas el 29 de marzo, dice la alianza, "a cuatro días de la orden judicial, se ha informado del retiro de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del sector".
🔴 #ATENCIÓN | A los 4 días de la orden del juez de Sigchos de suspender la consulta ambiental, la @PoliciaEcuador y las @FFAAECUADOR se retiran de Palo Quemado, dejando atrás la sangre derramada de decenas de campesinos heridos (1 en estado crítico).VIOLENCIA MINERA NUNCA MÁS. pic.twitter.com/mZoq08EPfP
— Frente Nacional Antiminero (@FNAntiminero) March 29, 2024
Las organizaciones también rechazaron que desde el poder Ejecutivo y sus instituciones se use deliberadamente el tipo penal de "terrorismo" y se califique como "terroristas" a campesinos e indígenas que defienden la tierra.
Consideran que ese calificativo es "desmedido, arbitrario y abusivo", ya que "además de las afectaciones y estigma que supone dicho calificativo, constituye una banalización e instrumentalización del combate del crimen organizado, que se supone es uno de los principales planes del actual gobierno".
"Actores ajenos"
En Palo Quemado, el Ejecutivo impulsa el desarrollo de la mina La Plata, concesionada a la canadiense Atico Mining.
El pasado 27 de marzo, el Ministerio de Gobierno, mediante un comunicado, informó que desde una semana antes las fuerzas del orden se encontraban brindando resguardo en la zona "para que se cumpla el proceso de participación ciudadana para la correspondiente consulta ambiental sobre el Estudio de Impacto Ambiental para las fases de explotación y beneficio de minerales metálicos, en el área operativa de la concesión minera La Plata".
Dijo que "actores ajenos a la zona" buscaron "sembrar el caos e inestabilidad", generando enfrentamientos entre la comunidad y las fuerzas del orden. Hasta ese día se contabilizaban 28 ciudadanos y 14 uniformados heridos, así como dos vehículos incinerados y varios daños a la propiedad privada.