El 4 de enero, con España todavía superando la resaca del Sorteo de Navidad y las esperanzas depositadas en el del Niño, un lotero de Lugo se viralizó por perder dinero, no por repartirlo. Dos encapuchados entraron armados en su administración a primera hora, cuando la verja de la entrada estaba a medio subir y la puerta abierta; fueron directos a las dos cajas fuertes, esperaron el retardo de varios minutos para la apertura y se llevaron 400.000 euros, dejándole preso del pánico.
Tras el atraco, relató en El Progreso de Lugo: "Me pusieron una pistola en la cabeza y me dijeron: haz lo que te decimos y no te pasará nada. Yo sólo les suplicaba que no me hicieran daño, que tengo dos hijos". Días después, sin embargo, el caso daba un vuelco inesperado. La Policía Nacional empezó a dudar de su versión y acabó citado como investigado por el juzgado. Tres meses más tarde, ese camino de damnificado a sospechoso se ha convertido de ida y vuelta y el juzgado no solo le ha exculpado, sino que da un tirón de orejas a los investigadores que dudaron de él.
Guillermo Rodríguez Rozas es ese lotero y, tras conocer el archivo de la causa, ha rechazado hacer valoraciones a este periódico. Ningún reproche ni crítica hacia la investigación ha salido de su boca, pero sí de la jueza del caso, Sandra Piñeiro, que advierte de una "posible vulneración del derecho de defensa" en la actuación policial.
Las críticas de la jueza se centran en especial en lo ocurrido antes de que el caso se judicializase, pues los investigadores de la Policía Judicial llamaron varias veces al lotero a la Comisaría de Lugo y le tomaron declaración como denunciante, incluso cuando ya tenían sospechas de que podría tener alguna implicación en el atraco. Era sospechoso, pero no se lo comunicaron ni le advirtieron que no estaba obligado a decir la verdad, un derecho que debería asistirle. Con esta forma de proceder, la jueza concluye que podría haberse producido una "eventual violación del derecho de defensa".
Esas críticas también las extrapola a la esposa de Guillermo, a la tomaron declaración como testigo "cuando ya había sospechas policiales" frente a su marido. Como ocurrió con él, no le advirtieron en ese momento de que no estaba obligada a declarar. Y hasta varias semanas después, a mediados de febrero, con el caso ya judicializado, no le comunicaron que era sospechoso. Fue la propia jueza la que le llamó al juzgado para hacerlo oficial.
Además de criticar la labor policial, exculpa a Guillermo de toda sospecha, pues no ve "absolutamente ningún indicio racional de criminalidad" sobre su persona y reprocha que las hipótesis de los investigadores se fundan "en sospechas" y "en ningún caso indicios".
Las sospechas de la Policía se basaban, entre otras cuestiones, en una posible motivación económica, al generarles recelo unas supuestas deudas del lotero y que ese día tenía las cajas fuertes inusualmente llenas. Él justificó que la primera semana del año es habitualmente en la que más dinero manejan las administraciones y que ese 4 de enero llegó antes de lo habitual para llevar el que luego sería un goloso botín al banco -tenía cita una hora más tarde-.
Una de las líneas de investigación era que había personas que le amenazaban y él fingió un atraco para darles el dinero que le reclamaban. En un duro auto, la magistrada va desmontando las sospechas policiales y esa hipótesis. "Difícilmente puede cohonestarse que el presunto implicado en los hechos esté recibiendo amenazas y que se haya concertado con quienes presuntamente le amenazan para fingir el atraco de la administración de loterías", recoge.
Para continuar por esa línea de investigación, la Policía Judicial había pedido a la jueza que reclamase a las compañías telefónicas la geolocalización de los teléfonos móviles de los sospechosos y a los bancos información sobre sus cuentas. En frente, se han encontrado con Sandra Piñeiro, que concluye que estas pruebas no son "idóneas, ni necesarias ni pertinentes", y les afea que han construido su hipótesis a base de sospechas que "no pueden asumirse".
Los investigadores echaban en cara a Guillermo contradicciones en sus declaraciones, pues no se ponía de acuerdo sobre si los dos atracadores iban encapuchados o sólo uno o si llevaban chalecos amarillos. Esas incoherencias no siembran dudas en la magistrada, que las justifica por la tensión del momento y "el impacto de haber vivido un atraco con arma de fuego" y recuerda que es "habitual" que las víctimas de hechos traumáticos incurran en discordancias.
En la Policía Judicial también generaba desconfianza que las cámaras de seguridad no funcionaban. Los dos atracadores sí fueron captados llegando a la administración por la cámara de una lavandería próxima, pero no en las del local atracado. A esas sospechas también responde Sandra Piñeiro, argumentando que el lotero no sabía que iban correctamente y se enteró por la empresa de seguridad tras el atraco. "Las sospechas policiales en tal punto resultan desvirtuadas", concluye.
Guillermo no era el único sospechoso. Estaban en el radar policial, como posibles atracadores, los ocupantes de un vehículo y, como encubridora, la hija de la persona que lo alquiló. Nunca han llegado a trascender su identidad ni imputaciones y ahora, todos están exculpados. La jueza decreta el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones porque no existen "motivos suficientes para imputar a determinada o determinadas personas como autoras, cómplices o encubridoras".