Cristina Gallardo / Ángeles Vázquez
Un fiscal general que elige el Gobierno - tras meros controles de idoneidad en el Congreso y el Consejo General del Poder Judicial- y las pocas garantías que el actual Estatuto Fiscal ofrece a los miembros de la carrera cuando aparecen discrepancias con sus superiores son los principales riesgos que los propios fiscales encuentran a la hora de asumir la instrucción de las causas penales si no se produce un cambio "radical" en su actual Estatuto Orgánico.
Así lo señalan varios miembros del Ministerio Público consultados por este diario tras conocerse las intenciones del Gobierno de acelerar la reforma de la actual LECrim con el objetivo -acariciado desde hace décadas por diferentes gobiernos- de sustituir el actual sistema de instrucción por los jueces por el de la investigación realizada por fiscales, que es el que mayoritariamente se realiza en países de nuestro entorno.
La intención del fiscal general del Estado es asumir este cambio estatutario, y de hecho ya ha dado el primer paso para ello, convocando a todas las asociaciones profesionales para crear un grupo de trabajo e implicar con ello a toda la carrera.
"Es imposible asumir la investigación de los delitos sin un cambio radical", señala el fiscal del Supremo y vocal en el Consejo Fiscal por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Salvador Viada, que apunta a un momento quizá no idóneo para abordar un cambio que, aunque esperado, coincide con un momento en el que, sostiene, la credibilidad de la Fiscalía "está devastada".
La situación responde, en gran medida, al hecho de que el actual fiscal general no alcanzó la idoneidad del órgano de gobierno de los jueces y en las resoluciones del Tribunal Supremo que han anulado algunas de sus decisiones, como fue la de elevar a la cúpula de la carrera a su antecesora en el cargo, Dolores Delgado, lo que calificó de constituir "desvío de poder", momentos en los que solo ha sido respaldado por las asociación a la que pertenecía, la Unión Progresista de Fiscales (UPF).
Independencia económica del Ministerio
Entre los asuntos que, en consecuencia, deben cambiarse en el Estatuto destaca, según el fiscal del Supremo, el hecho de que la Fiscalía no cuente con autonomía presupuestaria, y cada gasto -como puede ser el traslado de un fiscal para hacer una diligencia en otro territorio- tenga que tener el aval del Ministerio de Justicia.
Otro punto a cambiar sería el del sistema de elección del fiscal general, cuyo mandato coincide además con las legislaturas -cesa cuando lo hace el Gobierno-, y a ello se suma la necesidad de implantar garantías suficientes de no intromisión de un superior en las investigaciones de un asunto.
Viada propone incluso que el blindaje permita que, de actuar de contrario, el jefe pueda enfrentarse a un delito, como ocurre actualmente en los casos en los que se presiona a un juez; igualmente apunta a la necesidad de que la responsabilidad disciplinaria de los fiscales acabe en el fiscal general y no en el Ministerio de Justicia
Por parte de la Asociación de Fiscales también insisten en la necesidad de blindar la independencia de la institución; no solo del fiscal general, sino también de todos los miembros de la carrera "con un sistema transparente de adjudicación de asuntos y con transparencia en la comunicación del Gobierno", según manifestaron fuentes de la organización mayoritaria a Europa Press al término de su reunión hoy en Fiscalía General del Estado.
Caso Tsunami
Un caso que para ambas asociaciones ilustra los peligros de la asunción por el fiscal de las investigaciones sin refuerzos de independencia es el que el Tribunal Supremo ha iniciado contra el expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont por su implicación en 'Tsunami Democràtic'. Un total de 12 miembros de la Junta de Fiscales de lo Penal del Tribunal Supremo apreciaron terrorismo frente al criterio contrario de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que fue la postura que se adoptó finalmente en el informe elaborado por la teniente fiscal del alto tribunal, Ángeles Sánchez Conde, mano derecha del fiscal general.
Lo ocurrido es la consecuencia, según las fuentes consultadas, de la política de nombramientos que se arrastra desde la ocupación de la fiscalía general por Delgado, ya que la mayor parte de los puestos de la cúpula los ocupan a día de hoy miembros de la Unión Progresista de Fiscales, y ello a pesar de que a la carrera pertenecen muchos más a la Asociación de Fiscales. La mayor parte de los 2.704 fiscales que hay en España, sin embargo, no están asociados.
"Autonomía, autonomía"
Desde la Unión Progresista de Fiscales, su portavoz, Félix Martín, asegura que lo que hace falta para que el ministerio público asuma la instrucción con garantías es "autonomía, autonomía, autonomía y autonomía". Con ello se refiere a que es necesaria que sea "organizativa, presupuestaria, funcionarial y formativa", porque, por ejemplo, para practicar cualquier diligencia en una instrucción, como un desplazamiento, debe solicitarse al Ministerio de Justicia, señala.
Según Martín, esta autonomía es tan importante que hace que sea secundario quién nombre al fiscal general del Estado, aunque sí considera que sería conveniente reforzar el consenso para "evitar que se convierta en un pim, pam, pum de los partidos cuando no gusta la decisión que adopta".
También sostiene que, aunque el sistema ya cuenta con garantías, sería conveniente reforzarlas acordando que los fiscales jefes dejen por escrito sus órdenes. Considera que así nadie sería capaz de dar una que trate de evitar una investigación política. Además, ve muy aconsejable que fuera el propio ministerio público el que determinara dónde son convenientes las plazas de fiscales necesarias para una mejoer persecución del delito.
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