Finalmente, las modificaciones a la Ley de Nueva Educación Pública han llegado. Eso sí, en lugar de ser la reforma estructural ansiada, no son más que parches a una legislación que demostró graves falencias. Aunque criticamos al sistema municipal anterior, los existentes Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) no han sido la panacea esperada. Roles ambiguos, desvío de fondos y cuoteo político persisten, deficiencias graves que han marcado un claro veredicto: la desmunicipalización necesita una reforma mucho más profunda para alcanzar su prometido potencial.
En respuesta a los desafíos que enfrentan los SLEP, se ha optado por aumentar la intervención estatal y expandir la burocracia, marginando la autonomía escolar y demostrando desconfianza hacia los colegios. Esta medida centralista, lejos de ser efectiva, es ingenua y podría inhibir la capacidad de las escuelas para resolver sus múltiples problemas.
En vez de empoderar a las escuelas, lo que se perfila es un aumento del enjambre burocrático que podría complicar aún más la situación. Un nuevo y flamante comité de ministros se compromete a iluminarnos con sus definiciones, mientras que una Dirección de Educación Pública (DEP) extiende sus 16 tentáculos -secretarias técnicas regionales- para asegurar la impecable ejecución de las divinas órdenes ministeriales. Los SLEP, lejos de ser sostenedores, serán transmisores de instrucciones provenientes de las más altas esferas. Además, con el añadido de asambleas cada vez más tediosas y complicadas, el escenario se vuelve un verdadero circo burocrático.
¿Y si todo termina en fracaso, como sucedió en Atacama? ¿Quién asumirá la responsabilidad? En este complejo entramado de decisiones, las responsabilidades tienden a diluirse o, peor aún, podrían ser deliberadamente ocultadas. Especialmente cuando la DEP, ya sobrepasado en su rol directivo, se verá abrumada por la acumulación de nuevas funciones. Simultáneamente estratega y co-ejecutora, actuando como juez y parte. Además, la crucial asistencia técnico-pedagógica será compartida con otra unidad del MINEDUC, los Departamentos Provinciales (DEPROV).
¿Qué pasa con el financiamiento que se desvanece en la maraña burocrática y el adecuado manejo de estos recursos? La principal solución propuesta parece simplista: más fondos basales y nada de flexibilidad en el uso de la subvención. ¿Es realmente tan sencillo? Además, el persistente cuoteo político no se resuelve, sino que se agrava con 59 puestos más para repartir.
Ante la actual crisis en la educación pública, es vital llevar a cabo una revisión exhaustiva y sincera de nuestra reforma educativa. La solución propuesta, con su complejo entramado burocrático, exige modificaciones audaces y efectivas en la próxima discusión parlamentaria. Nuestra meta debe ser establecer un sistema educativo que realmente empodere a nuestras casi cinco mil escuelas.
En resumen, menos papeleo, más aula. No se trata de retroceder, sino de avanzar con una institucionalidad sólida que garantice una educación pública de calidad para, al menos, el 35% de los estudiantes de escuelas municipales que tendrán que ser traspasados a este nuevo sistema.
Sebastián Izquierdo R.
Coordinador Académico CEP