El último lunes, el Ministerio de Justicia destituyó definitivamente al abogado Daniel Soria del cargo de procurador general del Estado luego de que se concluyera un procedimiento administrativo iniciado en su contra por, presuntamente, incumplir uno de los requisitos para obtener el puesto.
En el documento, que lleva la firma del ministro del sector, Eduardo Arana, se resolvió imponer la sanción administrativa de destituir al ahora exfuncionario, quien se encontraba suspendido en el cargo desde noviembre del año pasado.
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Arana también dispuso que la medida sea remitida inmediatamente la Procuraduría General del Estado (PGE) para proceder con el cese de la contraprestación del abogado.
Al respecto, Soria consideró que sus destituciones en la Procuraduría tienen un "trasfondo político" vinculado al Ejecutivo. Cabe recordar que el abogado ya había sido separado de la PGE durante el gobierno de Pedro Castillo, pero retornó a su puesto gracias a un fallo judicial.
"Considero que, en ambos casos, en cierta medida hay un trasfondo político, porque básicamente estas acciones se dan con posterioridad a estos actos que señalo. El caso de la denuncia del señor Castillo y en el caso de las investigaciones que participamos a nivel fiscal en el caso de la presidenta Boluarte", dijo a RPP.
Añadió que los dos procesos de destitución que afrontó coincidieron con momentos "bastante cuestionables" por los que atravesaba el Gobierno.
"Estos informes, que han sido el sustento para la destitución, se dan en momentos bastante cuestionables. Si yo no cumplo supuestamente un requisito, debió haberse activado de inmediato el mecanismo de control de la Contraloría del Minjus en el año 2020, cuando recién fui designado, o en octubre del 2022, cuando regreso a la función", cuestionó.
A su juicio, esta medida evidencia una falta de respeto a la autonomía de la PGE y que puede entenderse como una respuesta a las acciones que su exinstitución ha estado realizando junto a la Fiscalía en las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte por las muertes registradas durante las protestas en su contra.
Impugnará la decisión
"Por supuesto que la voy a impugnar, porque considero esta decisión como un absoluto maltrato hacia mi persona como profesional. Y por ese honor profesional, yo voy a impugnar la decisión del Minjus. Lo que corresponde es ir al Tribunal del Servicio Civil, a Servir, y posteriormente, de ser el caso, al Poder Judicial para que se revierta esta decisión", aseveró.
"Esto para mí no tiene que ver con recuperar un trabajo, sino con que mi honor profesional no sea afectado por este tipo de decisiones que son arbitrarias a mi parecer", precisó el abogado.