La sostenibilidad financiera de las cuentas de la Seguridad Social se mide por el balance entre los ingresos y los gastos. Precisamente, la Administración de las pensiones se mantiene en déficit permanente desde comienzos de la pasada década. La Ejecución Presupuestaria reflejó un nuevo desajuste del componente contributivo –los ingresos y pagos exclusivamente destinados a prestaciones contributivas– de 28.400 millones en 2023, casi el 2% del PIB. Los ingresos por transferencias del Estado, un traspaso de dinero generado a través de impuestos que recibe la caja de la Seguridad Social, desvirtúan este cálculo. Por ello, los expertos del Grupo de Investigación de Pensiones y Protección Social de varias universidades españolas aproximan el déficit contributivo del sistema resultante de la diferencia entre el gasto estrictamente contributivo y los ingresos que financian estas obligaciones.
El déficit permanente de las pensiones se produce incluso con el subidón de los ingresos por cotizaciones sociales de trabajadores y empresas, que aportaron un 10,3% durante el pasado curso y llenaron la caja de la Seguridad Social con unos 155.000 millones de euros. Además, la caja de las pensiones también incorpora los ingresos adicionales de la sobrecotización que se aplica sobre todas las nóminas, el llamado Mecanismo de Equidad Intergernacional (MEI), que arañó 2.700 millones.
En este contexto, la Seguridad Social se ve incapaz de cubrir el incremento anual de su nómina de pensiones contributivas, cuyo montante ascendió a 184.000 millones según el citado grupo de expertos, pese a recibir 14.385 millones más en cuotas que un año antes. De hecho, economistas como Miguel Ángel García calculan que el agujero contributivo generado el pasado curso sería mayor y rondaría los 35.000 millones.
Y es que el ritmo al que crece la factura de las prestaciones pisó el acelerador en 2023, con un incremento de 15.800 millones que supera a los nuevos ingresos. El principal factor que impulsa el desajuste es la revalorización de las pagas con la inflación para mantener el poder adquisitivo de los jubilados. A esto se le unen otros factores habituales, como la sustitución de las pagas más altas que entran al sistema en contraste con las más bajas que salen; y el crecimiento de pensionistas, que será más latente durante las dos décadas venideras en las que se jubilarán los boomers.
Las transferencias del Estado tienen un elevado peso en los ingresos del sistema: las transferencias recibidas del Estado y Organismos Autónomos ascendió a casi 40.000 millones (un 7,6% más). Este dinero financia aquellos gastos impropios que por ley no corresponden a la Seguridad Social, pero también se destinan a gastos contributivos complejos de aterrizar –de ahí la diferencia entre think tanks o expertos en el cálculo del déficit contributivo–. Sobre el papel, uno de cada cinco euros que ingresa el sistema se corresponden con ingresos tributarios que traspasa el Estado a la Administración de las pensiones.
Estas ayudas generan un 'círculo vicioso' de deuda. Como el sistema es deficitario, se endeuda con el propio Estado para poder pagar las pensiones. Y es la principal obligación que motiva que el grueso de la deuda se haya duplicado respecto al nivel previo a la pandemia, una vez los esfuerzos han aumentado.
En 2024, nada cambiará: la prórroga presupuestaria aboca a una nueva ayuda del Estado por valor de 40.000 millones. "Para algunos el sistema actual no es sostenible y para otros los problemas de sostenibilidad pueden resolverse si, tal como viene haciéndose desde hace tiempo, se usan parcialmente fuentes de financiación alternativas, como las procedentes de los impuestos generales y de la emisión de deuda pública que, eso sí, hay que devolver", reflexiona el abogado de Mercer y miembro de Ocopen, Antonio Méndez Baiges.
"El problema ya parece endémico e in crescendo, por numerosos factores. Trasladar parte del déficit de las pensiones al Estado está en las propias recomendaciones del Pacto de Toledo. Y, hoy por hoy, debe enmarcarse en la reforma fiscal prometida a la Comisión Europea y, en el muy corto plazo, en la ausencia de presupuestos", explica.
Nuevas medidas en camino
El Gobierno quiere garantizar las pensiones futuras con una batería de medidas encaminadas a mejorar los ingresos. La última reforma complementa a las acometidas la pasada década, que actuaron sobre la edad de jubilación, y también desactiva el recorte del gasto que hubiera impuesto el extinto Factor de Sostenibilidad. "España es uno de los países que más se verá afectado por el envejecimiento de su población. En este contexto uno de los puntos en los que debe poner el foco es en la sostenibilidad del sistema de reparto en el que se basa, sin descuidar la suficiencia, que a día de hoy es adecuada", analiza Rafael Villanueva, Associate Director de Retirement de WTW.
Por ello, el ex ministro Escrivá diseñó una subida de cotizaciones: creó la citada cuota adicional del MEI; estableció un mecanismo por el que la subida de las bases máximas de cotización (destope) será mayor que el incremento de las pensiones máximas; y para los trabajadores que superan la base máxima de cotización también creó la denominada cuota de solidaridad, que gravará el tramo salarial que hasta ahora no abonaba cotizaciones sociales desde el entorno del 1% el año que viene hasta llegar al 7% en 2045, cuando está previsto que la reforma esté desplegada por completo. Junto a ello, el Gobierno confía en ahorrar dinero con el impulso de las jubilaciones demoradas y la marcha del mercado laboral.