Se realiza esta tarde una reunión clave entre el Gobierno y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en la Secretaria de Trabajo para llegar a un acuerdo entre partes y no terminar en un paro de colectivos.
El Gobierno firmó un convenio con Chile para impulsar el transporte aéreo y sumar nuevas compañías
En la previa al encuentro, las cámaras de transporte advirtieron que no pueden "garantizar el servicio" de transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
El vicepresidente de AAETA, Luciano Fusaro, indicó que las empresas que operan las líneas de transporte en Ciudad de Buenos Aires (CABA) y el conurbano bonaerense reclaman una tarifa de $1.200 para poder cubrir los aumentos salariales.
Esto teniendo en cuenta que el boleto mínimo es de $270, mientras que en algunos puntos del país superan los $900. En este sentido, el dirigente expuso antes de entrar a la audiencia que "para poder dar un servicio como reclama la población, la tarifa debe ser de $1200″ y que el sistema "puede funcionar sin subsidios".
De acuerdo a lo dicho por Fusaro, el objetivo de la reunión es evitar que se realice la medida de fuerza anunciada por la UTA para este jueves 25 de abril que causaría un paro de colectivos en CABA y el GBA.
Además, el vicepresidente de AAETA remarcó que la idea "es que los colectivos sigan funcionando porque es un servicio esencial", y agregó: "Las empresas están haciendo un esfuerzo enorme. Hoy una empresa entre tarifas y subsidios percibe 25% menos que hace un año".
Cuál es el reclamo de la UTA sobre la situación de los colectivos
El gremio liderado por Roberto Fernández reclama que al sueldo básico de marzo se le sume el bono de $250.000 abonado en febrero, para que los trabajadores cobren en total $987.000 por mes.
"Se establece como último plazo para hacer frente a las diferencias salariales adeudadas, hasta el día 26 de abril del corriente, fecha a partir de la cual, si no se encontraran acreditadas, se retomara la retención de tareas", anticiparon desde la UTA ante un inminente paro.
Por su parte, el Gobierno anunció que sancionará a las empresas que pararon o bajaron su frecuencia con multas de $4.000.000.