Sentencian hoy a Oscar Santamaría por sobornos a cambio de contratos en Cataño
El empresario se declaró culpable y cooperó con las autoridades federales para encausar otros políticos y empresarios corruptos.
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Oscar Santamaría Torres, quien escaló posiciones que lo llevaron de ser asesor legislativo a convertirse en un millonario empresario, será sentenciado hoy, martes, por el juez presidente del Tribunal federal de Distrito, Raúl Arias Marxuach, por haber pagado sobornos a políticos a cambios de los contratos que recibían sus corporaciones en varios municipios.
Aunque no se ha dado a conocer el memorando de sentencia, se augura que el exabogado también sea sentenciado a cumplir un periodo en prisión, tal y como le ocurrió al convicto exalcalde de Cataño, Félix "El Cano" Delgado, quien se declaró culpable por haber aceptado los sobornos de Santamaría Torres.
Delgado tendrá que cumplir un año de cárcel, según lo determinó el pasado 13 de marzo el juez federal Arias Marxuach.
Tanto Delgado como Santamaría colaboraron con las autoridades federales para destapar un esquema corrupto de pago de soborno a cambio de contratos que se extendió por varios municipios y dejó, al menos, una decena de convictos, incluidos alcaldes y varios contratistas.
En el listado de casos destapados por Delgado y Santamaría Torres se destacan los de los exalcaldes de Guaynabo, Ángel Pérez Otero; de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz; de Guayama, Eduardo Cintrón Suárez; de Humacao, Reinaldo Vargas, así como de Aguas Buenas, Luis Arroyo Chiqués y Javier García Pérez.
Fue el 30 de noviembre de 2021 que Santamaría Torres acordó declararse culpable. El acuerdo que alcanzó con la Fiscalía federal estipulaba que la pena máxima en prisión podría ser de cinco años, una multa de $215,000 y hasta tres años de libertad supervisada.
Se establece también en el documento judicial que firmó Santamaría Torres que "las partes acuerdan que cualquier recomendación para un término de prisión por debajo o por arriba de 60 meses (5 años) constituye material para deshacer el acuerdo de culpabilidad".
La acusación estableció que Santamaría Torres "es un empresario en Puerto Rico, cercano colaborador y benefactor político del individuo A", quien en este caso era Delgado, según surge de su expediente criminal.
La Fiscalía federal expuso en las alegaciones en su contra que, para obtener contrato para tres de sus compañías, en este caso, la de recogido de basura, Waste Collection Corp.; la constructora, Island Builders, así como la de servicios de salud, VIP Healthcare, el colombiano hizo "una larga donación" a las campañas de Delgado. Se aludió que, al menos, pagó $30,000 para su campaña a la alcaldía en el 2012 y que, al menos, dio $40,000 para la campaña eleccionaria del 2016.
Además, se destaca en el expediente criminal de Santamaría Torres que pagó $2,000 semanales a Delgado desde junio de 2017 hasta el 17 de agosto de 2020. A cambio de dichos pagos de sobornos, las empresas mencionadas recibieron 54 contratos o modificaciones a los mismos por un monto de $49.3 millones en el municipio de Cataño.
Por los hechos, se le imputó un cargo de conspiración, soborno con fondos federales y comisiones ilegales o "kickbacks".
"El acusado Oscar Santamaría Torres a sabiendas e intencionalmente se combinó, conspiró y acordó con otros conocidos y desconocidos para el gobierno para cometer ofensas en contra de Estados Unidos, incluyendo soborno a programas federales, para corruptamente dar, ofrecer y acordar dar cosas de valor al individuo A (Delgado), un oficial público y agente de Cataño, con la intención de influenciar y gratificar al individuo A en conexión con negocios, transacciones y una serie de transacciones en Cataño valoradas en $5,000 o más cuando las oportunidades surgían en contratos municipales", establece el documento judicial.
Al alcanzar el acuerdo, Santamaría Torres no tuvo que rendir cuentas por los sobornos pagados a alcaldes de otros municipios, como por ejemplo a los de Aguas Buenas, Humacao, Trujillo Alto y Guaynabo, entre otros.
En su único testimonio público sobre sus ilegalidades dado a conocer durante el juicio contra el guaynabeño Pérez Otero, el empresario aceptó que si no pagaba estos sobornos no hubiese tenido la oportunidad de alcanzar contratos con estos municipios.