Tegucigalpa (Por Isis Rubio) – La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sigue paralizada luego que se oficializaron las rotaciones y se violentaba la precedencia en la misma, por lo que la crisis persiste por más de 60 días del presente año, donde esa dependencia del Poder Judicial resuelve diversas peticiones de la sociedad.
La Sala de lo Constitucional tiene la obligación de pronunciarse en torno a los recursos de inconstitucionalidad que han sido presentados o que podrían ser presentados contra varios decretos, entre ellos los que representan "pactos de impunidad".
Asimismo, los recursos de amparo, Habeas Corpus, Habeas Data, conflictos de competencia entre los poderes del Estado, la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas.
El pasado 17 de febrero quedó integrada una nueva Sala de lo Constitucional, misma que fue golpeada en su precedencia por parte de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando, quien nombró al magistrado Wagner Vallecillo en la presidencia en vez de a Luis Padilla como estaba previsto en la precedencia.
La eliminación de leyes del marco normativo hondureño puede efectuarse a través de dos vías: Una derogación por parte del Congreso Nacional y un fallo de inconstitucionalidad por parte de la Sala de lo Constitucional.
En ese sentido, el funcionamiento de la Sala de lo Constitucional es importante en la impartición de la justicia en el país.
Sala sigue inactiva
El magistrado de la Sala de lo Constitucional, Luis Fernando Padilla dijo a Proceso Digital que a lo único que se le está dando trámite son los Habeas Corpus.
"La sala no se ha reunido, ninguna reunión, se hizo una convocatoria por parte del Secretario General por órdenes de la presidencia, pero cuál presidencia si no acompañaron el oficio", recriminó.
En ese sentido, sostuvo que a dicha reunión asistieron, pero sólo por cumplir con la asistencia porque no iban aprobar nada.
Agregó que al día siguiente se había convocado a la sesión de pleno donde se discutiría la situación de la sala, pero la misma después de haber iniciado fue suspendida, eso fue el 7 de marzo.
Antes de que se diera la rotación, sólo se reunieron una vez en enero.
Recordó que se están resolviendo los Habeas Corpus porque corresponden a privaciones injustas de la libertad o de maltratos a personas que están privadas de manera arbitraria y no se pueden ir acumulando, necesitan resolverse.
Inactividad crea problemas
Por su parte, el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos dijo a Proceso Digital que la inactividad de la Sala de lo Constitucional crea problemas porque es donde se resuelven recursos de amparo, recursos de inconstitucionalidad entre otros y eso complica porque es a nivel nacional.
"El problema deberían de tratar de resolverlo por Honduras, por la justicia, no se puede politizar la Corte, en el país la justicia debe de ser imparcial ya que no es de un partido en particular, mucho menos politizarla como lo están haciendo, ellos fueron electos para administrar y velar por la justicia del pueblo y no de un partido político", apuntó.
No se puede desconocer la crisis
Por su parte, el magistrado de la Sala Penal, Walter Miranda, detalló que no se puede desconocer la crisis que existe en el Poder Judicial y principalmente en la Sala de lo Constitucional.
Dijo que se debe de resolver la rotación en la Sala de lo Constitucional ya que no está laborando en espera de que en el pleno se solvente la situación.
Agregó que no se puede botar lo logrado en cuanto a la credibilidad de la justicia previa a la rotación de las salas, donde la población veía un avance, hoy en día ese avance se desconoce.
Señaló que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia está resentida de salud por lo que se espera que se convoque a sesión de pleno la otra semana.
Dilatar reuniones de pleno es un enorme daño
El diputado del Partido Liberal, José Alfredo Saavedra, dijo que se opone a cualquier acción que se traduzca en dilación. "Justicia tardía no es justicia, es decir que si no hay reunión de pleno simplemente significa que las partes en conflicto, que los usuarios del Poder Judicial, se están viendo afectados porque simple y sencillamente hay audiencias hasta para el año 2025".
Caviló que dilatar las reuniones de pleno de magistrados, de salas en la CSJ, sentencias o resoluciones es un gran daño para la justicia.
"Un país donde no hay justicia pronta y efectiva es un país condenado al fracaso de manera total", afirmó.
El diputado y abogado constitucionalista alertó que un poder del Estado no puede estar confrontado, debe trabajar armónicamente para no dividir a la sociedad hondureña.
Incremento de la mora judicial
Asimismo, el analista nacional, Raúl Pineda, dijo a Proceso Digital que la paralización en la Sala Constitucional sólo incrementa la mora judicial.
En ese sentido, detalló que al no haber ninguna solución lo que queda es que los magistrados se reúnan con mayoría y hagan la selección de la Sala de lo Constitucional porque deben de ponderar la importancia de que haya un falló porque sólo están trabajando los Habeas Corpus.
Agregó que la otra opción es mantenerse en ese forcejeo por un nombramiento, por lo que deben de ver qué es lo menos dañino.
Sostuvo que la integración de la Sala debe de ser pensando en lo mejor para el pueblo hondureño en su sed de impartir justicia.
Indicó que es difícil lo que está pasando la Corte porque el nivel de polarización es grande, y el interés del Gobierno por mantener las Salas y la falta en la oposición está haciendo más grande la problemática.
"Es sencillo si se queda así como está la situación con la rotación, los magistrados que están en contra en la sala deben de votar así y que los resultados serán decididos a través del pleno", arguyó.
Recursos sin respuestas
El coordinador de la Organización Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (Joprodeh), Jorge Jiménez,dijo que no se están atendiendo las demandas por lo que se están violentado las garantías constitucionales en la Sala de lo Constitucional.
En lo que respecta a la aplicación de justicia mediante amparos, Joprodeh reveló que ha interpuesto 30 recursos de amparo ante la Sala de lo Constitucional durante el gobierno actual. Sin embargo, ninguno de estos recursos ha sido resuelto hasta el momento, lo que sugiere una negación de justicia y la posibilidad de que estos casos sean llevados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Según declaraciones de Jiménez, la paralización de la Sala de lo Constitucional, representa un grave problema que requiere atención urgente.
Jiménez ha destacado que la paralización de la Sala de lo Constitucional está afectando seriamente el proceso de resolución de recursos presentados ante esta instancia.
Señaló que incluso el magistrado Luis Fernando Padilla podría recurrir a medidas legales debido a la falta de respeto al orden de precedencia. Esta situación podría generar una crisis de mayor envergadura en el sistema judicial hondureño.
Abuso de poder
Además, ha acusado a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, de abuso de poder y actitudes totalitarias, al no atender las solicitudes de convocar a un pleno para resolver la situación.
También, señaló que detrás de estas acciones podría haber motivaciones políticas, con la sospecha de que se esté preparando el terreno para habilitar a un miembro de la familia Zelaya como candidato presidencial al finalizar el año. Este escenario, según Joprodeh, podría desencadenar una convulsión social debido a la percepción de ingobernabilidad en la Sala de lo Constitucional.
Ante esta situación, Joprodeh hace un llamado a las autoridades competentes a tomar medidas urgentes para garantizar el respeto a los derechos humanos y el funcionamiento adecuado del sistema judicial en Honduras.
"Yo no veo que haya crisis"
Que él no ve la crisis en el Poder Judicial y en particular en la Sala de lo Constitucional, porque la situación está "finiquitada", dijo el diputado de Libre Ramón Barrios.
Declaró que el tema de las coordinaciones de las salas en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) está zanjado, ya que la presidenta del Poder Judicial ha designado a los responsables.
Sostuvo que el Poder Judicial está impartiendo la ley general en casos concretos; quizá en la parte administrativa, me he dado cuenta que hay una petición de los magistrados para que se convoque al pleno.
En ese último punto el parlamentario dijo que, "yo le invitaría a la presidenta (Rebeca Ráquel Obando), que lo haga, en todo caso ella ya nombró los coordinadores de salas y ese ya no podrá ser un tema".
Piden reanudar sesión del pleno
Mientras que un total de ocho de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) solicitaron a este presidente poder del Estado, Rebeca Ráquel Obando, que reanude la sesión del pleno.
Los magistrados Luis Fernando Padilla, Isbela Bustillo, Francisca Villela Zavala, Gaudy Bustillo, Anny Belinda Ochoa, Odalys Aleyda Nájera, Walter Miranda y Nelson Danilo Mairena Franco.
Estas ocho personas enviaron una carta con fecha 2 de abril a la presidenta de la CSJ para que retome la sesión de pleno de magistrados del 7 de marzo.
Señalaron que hay puntos de interés que han quedado pendientes de resolver para el avance de la gestión como la problemática de la presidencia de la Sala de lo Constitucional.
Expusieron que al no haber claridad en la resolución, se sigue generando detrimentos a los usuarios y el acceso a la justicia constitucional.
Los magistrados reafirmaron su compromiso de seguir trabajando en pro de una justicia transparente y expedita.
Cabe recordar que el 7 de marzo no se desarrolló la sesión de pleno de magistrados debido a que las autoridades determinaron suspenderla.
Cumbre judicial
La convocatoria a un pleno esta semana se mira lejos, ya que según los mismos magistrados la presidenta se encuentra enferma, mientras que el magistrado Roy Pineda se encuentra fuera del país.
Según se informó Pineda Castro participa en la Primera Reunión Preparatoria de la XXII edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana.
Dicha cumbre se realiza del 8 al 10 de abril, en Brasilia, Brasil, bajo el tema "Una Justicia al día para garantizar la dignidad de las personas". IR