Las buenas intenciones están bien, pero hasta ahora se han demostrado tan insuficientes en la lucha contra las drogas como la guerra al narcotráfico.
Corría noviembre del 2020 cuando Oregón, estado polarizado entre lo más del progresismo y una extrema derecha muy belicosa en el sentido literal, lanzó un experimento que se calificó de histórico.
La iniciativa de "despenalización de drogas y tratamiento de adiciones", conocida como medida 110, recibió el apoyo del 58% de los votantes. Esto convirtió a Oregón en el primer estado que descriminalizaba la posesión de pequeñas cantidades de sustancias prohibidas, como heroína, cocaína, metanfetamina y otras.
Suponía además canalizar cientos de millones de dólares de los impuestos sobre la industria del cannabis para destinarlos a tratamientos contra la adicción, apoyo social, vivienda y reducción del dolor a todos aquellos que estaban enganchados, evitar las sobredosis y facilitarles otra perspectiva vital.
El gran objetivo de esta ley, que entró en vigor febrero del 2021, era "forzar un cambio de actitud hacia las personas que consumen drogas y en la manera de tratarlas", recalcó en su día Tera Hurst, directora de Health Justice Recovery Alliance.
Si algo inspiró la medida 110 fue un sentido de desesperación, donde los adictos engrosaban las filas de los sintecho.
La guerra de las drogas, que se prolonga hace décadas, era y es un fracaso estrepitoso, mientras que la solución policial no lleva a la curación. Ese 2020, Oregón tenía la tasa más alta de drogadicción en EE.UU y, a su vez, figuraba prácticamente en el último lugar en tratamientos. Había una inundación de fentanilo, una droga mortífera. Se había producido un incremento de casi del 70% en muertes por sobredosis y seguía subiendo.
Ese era el contexto para aplicar una ley en la que se daba prioridad a la sanación por encima del castigo creando un nuevo modelo. Ofrecía, al margen del sistema judicial, una solución voluntaria, sin coerción.
Tres años después del inicio de su aplicación, la gobernadora demócrata Tina Kotek firmó hace unos días una regulación que restaura las causas penales y el castigo de prisión por posesión. Los legisladores votaron de forma abrumadora la ley 4002, que anula la reimplantación del Código Penal.
La rectificación se produce después de una avalancha de sobredosis mortales con la ley permisiva
"Fuimos demasiado progresistas y la sociedad no está preparada para esto", afirmó Jovannis Velez, de la organización Recovery Works Northwest.
A este punto se llegó tras una avalancha de muertes por sobredosis. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) estadounidense sostuvo que Oregón tuvo un incremento del 61% en fallecimientos a causa de las drogas en los dos primeros años de vigencia de esta regulación. La media nacional se situó en el 13%. Las muertes no intencionales por opiáceos pasaron en este estado de 280 en el 2019 a 956 en el 2022, según las autoridades sanitarias del estado.
Un estudio publicado en el Journal of Health Economics concluyó que la medida 110 era responsable de 182 muertes por sobredosis adicionales, solo considerando el 2021.
Hasta esta marcha atrás, la policía podía poner una multa de 100 dólares por el consumo de estas sustancias en espacios públicos, menos que por saltarse un semáforo, argumentaban los críticos. Las citaciones por esos casos no se aplicaban si el enfermo llamaba a una línea directa y pedía cita para tratamiento. Pese a esto, más del 95% ignoraron las multas al no haber ningún tipo de sanción si se producía el impago.
Una auditoría estatal señaló que el pasado año se produjeron 119 llamadas a esa línea directa y que, dado el coste del servicio, cada una salió a 7.000 dólares.
La reversión contó con un amplio apoyo de los responsables oficiales y de no pocas encuestas. El alcalde de Portland, Ted Wheeler (antiguo republicano reconvertido en demócrata), fue uno de los más vocales en cuanto a la revisión.
Tres años después: más personas sinhogar, protestas, éxodo de negocios, récord de homicidios, expansión del fentanilo y más sobredosis mortales
En este periodo, a partir de sus argumentos, ha tenido que afrontar el aumento exponencial de personas sinhogar, turbulentas protestas en las calles, un éxodo de negocios del centro de la ciudad, un récord de homicidios, la rápida expansión del fentanilo y un rampante número de sobredosis mortales.
Bajo la nueva regulación, todavía lejos de la severidad de otra época, la posesión de pequeñas cantidades será un delito, castigable con hasta seis meses de cárcel. Y se continuará ofreciendo el tratamiento como alternativa a la pena.
Los sectores más progresistas mantienen su apoyo a la descriminalización. Sostienen que un experimento de este calado requiere un tiempo y más cuando, según denuncian, ha habido un fuerte sabotaje desde determinados sectores. Creen que se renuncia a una gran oportunidad para ayudar a los adictos.
Los sectores progresistas lamentan el retroceso y que se vuelva a un sistema que perpetúa el dolor
"La descriminalización de la droga redujo el dolor de la criminalización, los líderes de Oregón, no", subrayó Kassandra Frederique, abogada y directora ejecutiva de Drug Policy Alliance. "Sus décadas de falta de financiación de la vivienda, de los servicios de adicción y de sanidad es la culpable del sufrimiento que vemos en las calles del estado", añadió.
Otras voces dijeron que rechazar la medida 110 ignora por qué la gente es adicta y qué se necesita para reconducir la crisis. Y clamaron que la represión ha sido un callejón sin salida.