El martes 2 de abril se aprobó en general en la sala del Senado el proyecto de sala cuna, solo con votos de oposición. Así, en 27 años de discusión legislativa no se ha logrado acuerdo en esta necesaria reforma del artículo 203 del Código del Trabajo, a pesar del consenso técnico sobre la importancia de modificar la actual legislación, la que castiga la contratación de mujeres, repercute negativamente en sus salarios y discrimina entre trabajadoras, entregando el derecho a sala cuna solo a algunas, en un contexto además de alto desempleo femenino, donde la principal razón por la que están fuera de la fuerza trabajo es por razones de cuidado.
Lamentablemente, el gran ausente en la discusión ha sido el Ejecutivo. Pese a que lo han anunciado reiteradamente, en dos años de Gobierno no han presentado ni una propuesta de mejoras a este texto y en dos oportunidades han condicionado su apoyo a otras reformas, que nada dicen relación con acabar con esta discriminación. Primero, se condicionó a la aprobación de la reforma tributaria y, luego, se incorporó en la propuesta de pensiones, denotando así la falta de urgencia y compromiso en una materia tan relevante para las mujeres de Chile.
Ahora el Gobierno dice estar trabajando en una indicación sustitutiva, que puede ser presentada hasta el 6 de mayo. El Ministro de Educación ha declarado que entre las mejoras estará incluir la perspectiva educativa de la cual carecería el proyecto. Sin embargo, nos parece importante aclarar ciertos puntos. Lo primero, es que este es un proyecto laboral y no educacional, que modifica el Código del Trabajo pues es ahí donde actualmente está contenida la legislación de sala cuna. Lo segundo, es que el proyecto no baja los estándares de calidad de las salas cunas, estableciendo que el beneficio podrá ser utilizado exclusivamente en establecimientos que cuenten con la Autorización de Funcionamiento o el Reconocimiento Oficial del Estado, ambos otorgados por el Ministerio de Educación, debiéndose consultar a dicho Ministerio el listado de establecimientos que cumplen con tal estándar. Tercero, el proyecto no permite el uso de este derecho en guarderías ni tampoco podrá ser proveído por cuidadoras. El proyecto solo crea un registro de cuidadoras, con el objeto de instalar la primera piedra de un futuro sistema de cuidados. Por último, cabe señalar que el proyecto tampoco crea guarderías, ni nuevos establecimientos educacionales. En definitiva, en ningún caso este proyecto descuida o arriesga los derechos de las niñas y niños de nuestro país, muy por el contrario.
Es cierto que existen grandes deudas con el sistema de la educación parvularia que deben ser abordados, tanto en materia de infraestructura, como las necesarias mejoras a los actuales estándares de calidad y a las condiciones laborales de las funcionarias. Sin embargo, no es tarea de este proyecto de ley abordar estos desafíos, sino que son aspectos que debieran ser contenidos en otras reformas, de carácter más bien educacional. Cabe señalar también, que el texto presenta oportunidades de mejoras en el tiempo, por ejemplo, se podría no condicionar el monto del beneficio al tamaño de la empresa y se podría gradualmente incorporar a los hombres en este beneficio. También se podría eliminar el registro de cuidadoras debido a que ya ha sido abordado en el programa Chile Cuida.
No volvamos a desperdiciar una oportunidad de avanzar en esta necesaria reforma. Esperamos que en los próximos meses prime el dialogo y el sentido de urgencia, y que el Ejecutivo no sucumba al bloqueo por parte de quienes no desean avanzar en este tema. Ya es hora de que las mujeres tengan una solución ante tan injusta y discriminatoria legislación.
Por María José Abud, ex subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género y Pedro Pizarro, ex subsecretario de Previsión Social junto a Mónica Zalaquett, ex ministra de la Mujer y la Equidad de Género y Patricio Melero, ex ministro del Trabajo y Previsión Social.