El caso Luxender, la constructora alcoyana que entró en concurso de acreedores en 2008 y dejó a medio construir una urbanización, no para de dar sorpresas. Juicios pendientes, un juez apartado, un administrador depuesto por este magistrado y después restituido por orden judicial; un curioso patrimonio con un Porsche, un tractor, purasangres y una finca con 20.000 olivos; una sentencia condenatoria por no ingresar los beneficios obtenidos de la cosecha de aceitunas... y una insólita y preocupante desaparición: la de varios tomos de documentación de los autos judiciales, que complica un proceso por el que la constructora Artemisa reclama a los 10 administradores concursales de Luxender la friolera de 52 millones por su gestión.
El juicio ha tenido este miércoles su cuarta sesión en el Juzgado de lo Mercantil Número 2 de Alicante. Y la petición de nuevas pruebas por parte del demandante ha hecho que la vista prevista para mañana, cuando se iban a realizar las conclusiones para dejarlo visto para sentencia, se aplace hasta junio o septiembre. El juez ha respaldado la petición del demandante de estas pruebas, en parte, por la desaparición de esta documentación, una circunstancia "excepcional".
Se desconoce lo que ha pasado con varias cajas o tomos de documentación. E incluso hay dudas sobre cuándo desapareció. Según ha explicado el juez, la documentación fue entregada en el juzgado por Luxender en 2013, y se exhibió en el juzgado en 2019. No se sabe muy bien su contenido, aunque se supone que era información contable de la promotora. En 2023, cuando se celebró al audiencia previa al juicio que ha arrancado ahora, esa documentación no estaba. Así, el magistrado ha manifestado respecto a esta circunstancia que "es la primera vez que me pasa".
Pero fuentes del caso han apuntado que su desaparición fue anterior a 2019, y que en el otro juicio por la calificación del concurso que tuvo lugar ese año -el de la sentencia por la cosecha de aceitunas-, esa documentación ya no estaba por razones desconocidas. Y no es la única "desaparición" que se ha producido en este caso, ya que un Porsche Cayenne que había estacionado en un aparcamiento de La Castellana también desapareció; y los aperos agrícolas de la finca Mas de Vilaplana de Alcoy, incluido un tractor, fueron robados.
Así, tras la declaración de dos testigos y un perito, se ha llegado al trámite de diligencias finales, en las que el abogado de Artemisa ha planteado tres cuestiones que han sido aceptadas por el magistrado, rechazando este el recurso de reposición de los abogados de los demandados, que han anunciado una protesta por ello.
Estas tres nuevas diligencias consisten en reclamar a CaixaBank los movimientos de las cuentas de Luxender entre 2008 y 2013; pedir a Desiderio Soler, uno de los administradores demandando, que aporte la documentación contable con que la que cuente; y que otro de los administradores demandados, José Luis Ros, entregue la documentación que en su declaración de la pasada semana afirmó poseer.
Saldo de la cuenta
Así, se da 10 días a los dos demandados y 20 días a CaixaBank para aportar la documentación, aunque no se sabe muy bien si la entidad bancaria aún tendrá esos movimientos de hace más de una década. El demandante quiere aclarar el dinero que se movía en esta cuenta, apuntando a que se produjeron ingresos de varios millones de euros, aunque en anteriores sesiones se ha señalado que el saldo medio se situaba en unos 300.000 euros.
Cabe destacar que esta cuarta sesión es la primera en la que no ha dado problemas el sistema de grabación del juicio, que en anteriores jornadas obligó a interrumpir incluso varias horas la vista, e incluso cambiar de sala el pasado jueves.
En este juicio la constructora Artemisa, como acreedora, reclama un total de 52 millones de euros a la promotora Luxender, estando demandados 10 de los administradores concursales -casi todos- que ha tenido la inmobiliaria desde 2008, por su responsabilidad patrimonial en la gestión, así como dos compañías de seguros. Y hay que destacar que 16 años después, la empresa sigue en concurso de acreedores.
1.500 viviendas en Serelles
Esta promotora inició hace caso dos décadas la construcción de 500 viviendas unifamiliares en Serelles, justo a los pies de la Sierra de Mariola. Se trataba de un plan urbanístico que, en posteriores fases, preveía hasta 1.000 casas más. Sin embargo, Luxender entró en concurso en 2008, en pleno pinchazo de la burbuja inmobiliaria, con solo medio centenar de casas terminadas o a medio edificar. Solo unas pocas viviendas están terminadas y habitadas en la actualidad.
Un proceso muy complejo
El concurso de acreedores de Luxender arrancó en 2008 y ha estado plagado de procesos judiciales, algunos de ellos aún abiertos. El juzgado de lo Mercantil, en el proceso por la calificación del concurso, ya declaró culpable en 2019 a una administradora de la promotora por no ingresar los beneficios obtenidos de la cosecha de aceitunas de la citada finca. Eso sí, el juez desestimó otras cuestiones como irregularidades contables, inexactitudes en los documentos durante la tramitación del procedimiento, alzamiento de bienes, sobrecostes de la obra, salida fraudulenta de bienes, incumplimiento del deber de solicitar el concurso de acreedores o incumplimiento de los deberes de colaboración, y absolvió a otros ocho demandados.
Del mismo modo uno de los administradores, Desiderio Soler, fue apartado de la administración por una orden judicial, que después fue revocada por la Audiencia Provincial. Y la Audiencia también apartó por falta de imparcialidad al juez de Lo Mercantil que llevaba el caso entonces y que veía una supuesta trama de los administradores para dejar sin patrimonio Luxender, tras pedir el propio magistrado su abstención en el procedimiento.
También acabó en los tribunales la incautación del aval de 3,7 millones de euros para el puente de Serelles que debía dar acceso a la urbanización, obteniendo finalmente vía libre el Ayuntamiento de Alcoy para su intervención, tramitando ahora la ejecución del viaducto. Y hay al menos otro proceso judicial abierto en Madrid, al margen del juicio que se desarrolla ahora en Alicante.
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