Se cierra el cerco sobre Cristóbal López
Por Ricardo Roa para Clarín
Por Ricardo Roa para Clarín
Como si se hubieran puesto de acuerdo, ninguno quiso hablar. Apelaron al viejo truco de presentar las posiciones por escrito. En la sala del Tribunal de Casación había micrófonos y cámaras listos para registrar alegatos y réplicas. Sólo hubo silencio de radio.
De un lado, los abogados de los acusados Cristóbal López, su socio Fabian De Sousa y Ricardo Echegaray. Del otro, el fiscal Raúl Pleé y el representante de la AFIP.
Así como entraron, se fueron.
Nadie quiso arriesgarse a decir algo que pudiera comprometerlo. Es un juicio que quema: pueden volver a ir presos o ir presos protagonistas centrales de la era kirchnerista.
No hubo sorpresas en los escritos que acusados y acusadores dejaron en manos de los jueces Hornos, Riggi y Figueroa. Salvo una: el fiscal Pleé, que había anunciado que pediría la prisión de Echegaray, metió la marcha atrás y no la incluyó en su demanda.
Por si no se recuerda: el caso es la megaestafa de López y De Sousa por $ 8.000 millones de impuestos a los combustibles que durante años retuvieron en la empresa Oil y no transfirieron a la AFIP, con la vista gorda de la AFIP.
Echegaray fue quien desde allí ideó y ejecutó la maniobra: un apagón informático para que la defraudación no saltara en los tableros del control del organismo.
Los tres están procesados por el juez Julián Ercolini que envió a la cárcel a López y De Sousa con el argumento de obstruir a la Justicia y dejó libre a Echegaray con el mismo argumento puesto al revés: no obstruir a la Justicia.
En un fallo insólito, los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Farah liberaron a López y a De Sousa y bajaron el delito de defraudación a evasión, que es lo que ellos buscan y necesitan para no devolver la plata haciendo que devuelven la plata. Bicicleta eterna.
Todos recordaremos la sentencia por la indignación que causaron los argumentos de los jueces para cambiar la carátula y justificar lo injustificable: los miles de millones del Estado de los que se apropiaron López y De Sousa fueron una simple evasión porque nunca llegaron al Estado. Estaban en tránsito.
Los dos camaristas han sido denunciados. Para descomprimir la situación, Farah pidió cambio de tribunal y Ballestero tomó licencia médica. Tiene varios stents. También inició el trámite jubilatorio. Duda entre acatar el pedido de su familia y retirarse o quedarse para mantener el poder del cargo y defenderse mejor.
El Gobierno se encuentra de pronto con una vacante (o quizás dos) en la Cámara Federal, el tribunal políticamente más importante después de la Corte. Cristóbal lo hizo.
Los jueces Gustavo Hornos, Eduardo Riggi y Ana María Figueroa deben resolver si dan vuelta el fallo. Esto es: poner de nuevo defraudación donde Ballestero y Farah pusieron evasión y mandar otra vez a prisión a López y De Sousa.
Hornos y Riggi se proponen tomar una decisión en los próximos días, a menos que algo se cruce en el camino. Ese algo se llama Ana María Figueroa, la jueza ultrakirchnerista muy cercana a Carlos Zannini.
Cristóbal salió de Santa Cruz. Decir Cristóbal era decir los Kirchner. Sus negocios eran los negocios de los Kirchner. Ahora se concentra en rescatar lo que pueda de Oil y en los medios.
Sigue menos el negocio del juego, en el que se expandió como nadie y que vendió a sus socios sólo en los papeles.
Acaban de comprar el ciento por ciento del casino en Dania Beach, entre Hollywood y Fort Lauderdale, Florida. Se han quedado con una montaña de plata del Estado. La obligación de los jueces es tratar de recuperarla.