La abogada y profesora de ciencias políticas chilena Paulina Astroza conversa con RFI de los alcances de la cumbre del Tratado de Escazú en Chile. Las 15 naciones partes del acuerdo acordaron un plan para proteger a los defensores del medioambiente de Latinoamérica, la región más peligrosa del mundo para el activismo ambiental.
El 19 de abril pasado, el nombre de Víctor Dariquebe, guardabosque peruano, se añadió a la lista trágica de los ambientalistas latinoamericanos asesinados. Según la ONG Global Witness, Latinoamérica es la zona más peligrosa del mundo para los defensores ambientales y donde existe una mayor impunidad, muchas veces en casos que implican grandes empresas y mafias. En 2022 por ejemplo, el continente concentró el 88% de las agresiones contra ambientalistas registradas en el mundo.
Para remediar a esta urgencia, 15 países que forman parte del Acuerdo de Escazú se reunieron en una cumbre del 22 al 24 de abril en Chile y aprobaron un plan para defender a los defensores de los derechos vinculados al medioambiente. "Tenemos que defender a quienes defienden la vida. Y en América latina tenemos el triste récord de ser la región donde más asesinan a defensores ambientales", dijo el presidente Gabriel Boric, anfitrión de la tercera cumbre del Acuerdo de Escazú.
Firmado en 2018 en Escazú, Costa Rica, el tratado hasta ahora ha sido ratificado por 15 países: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Colombia, Dominica, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.
Entrevista con Paulina Astroza, abogada y profesora de ciencias políticas en la Universidad de Concepción en Chile.
RFI: De los 33 países de América Latina y el Caribe, no todos han firmado ni ratificado el Acuerdo de Escazú, un tratado único en el mundo y que busca garantizar el acceso a la información en materia ambiental y mecanismos de protección de los ambientalistas. ¿A qué ritmo avanza esta ratificación?
Paulina Astroza: Efectivamente, de los 33 países de América Latina y el Caribe, 24 lo han firmado y entró en vigor justamente para el día de la tierra, el 22 de abril de 2022. Al día de hoy, son 15 países partes que lo han ratificado. En Colombia, el Congreso lo aprobó, pero está en el Tribunal Constitucional, por lo tanto, le falta una etapa. El otro país que está avanzando es Brasil donde el tratado se está negociando en el Congreso.
RFI: Durante esta cumbre, precisamente una de los temas en la mesa era instaurar un plan de acción para proteger a los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. ¿En qué consistiría concretamente este plan?
Paulina Astroza: En la última década, se ha establecido que al menos unas 2000 personas han sido asesinadas. La ONG Global Witness que se ha preocupado de llevar datos sobre esto, plantea que al menos 4 personas son asesinadas por este tema a la semana, el cual 2/3 son en América latina. Los países donde más ocurre es justamente Colombia, Brasil, México y Honduras. Tres países presentación un plan de acción que fue aprobado el 23 de abril y tiene cuatro pilares.
Uno, es el conocimiento. Es decir, saber cuál es la situación de los medioambientalistas hoy día en la región, para tener datos. El segundo pilar de este plan aprobado es el reconocimiento. Para que no se les estigmatice, que no se les persiga, incluso que haya un reconocimiento póstumo a aquellos que han sido asesinados defendiendo pacíficamente el medio ambiente.
Tercero, es el fortalecimiento de las capacidades institucionales de cooperación entre los países. Y, por último, como todo plan tiene que tener también un mecanismo de revisión y seguimiento de que esto se cumpla.
RFI: El Tratado de Escazú prevé también garantías de transparencia en materia ambiental. Esto significa por ejemplo que una comunidad que se opone a un proyecto minero, por ejemplo tendría más herramientas jurídicas para acceder a toda la información?
Paulina Astroza: Sí, por supuesto, de eso se trata en los Estados que han ratificado o que se han adherido. Cuando a nivel interno ocurra algún plan que afecte el medio ambiente sano, como establece el tratado, las comunidades pueden invocarlo ante los tribunales ante los órganos públicos de la administración pública a sus países como una norma nacional
RFI: ¿Por qué existen aún reticencias en algunos países para adoptar e implementar el acuerdo? ¿Qué sectores se oponen?
Paulina Astroza: Lo ideal sería que los 33 países de América latina y el Caribe fueran parte del Tratado. Se ha visto en muchos parlamentos discusiones en Perú, en Costa Rica, en Chile, en Colombia. Existen intereses sobre todo por parte de algunas empresas grandes que van a ser las primeras a las cuales se les va a exigir transparencia y se puede accionar en contra de ellas si están violando normas ambientales.
Hay reticencias también en algunos sectores más de derecha radical. Hay muchos sectores que también van por ese lado, como dentro de su lógica contraria a la ONU y justamente a aquello que sea en defensa del medio ambiente. Por otro lado, hay una preocupación excesiva de que esto se judicialice. Es decir, que, siendo parte de Escazú, todo se va a llevar a los tribunales y no se va a poder avanzar en un desarrollo. La evidencia ha demostrado que no es así. En Chile no han aumentado explosivamente como algunos creían las demandas ante los tribunales. Al contrario, lo que facilita es que no se llegue hasta un tribunal. En los parlamentos ha habido mucha desinformación también.