La opinión pública española ha asistido con aire de «déjà vu» a la enésima maniobra electoralista del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha recibido con inocultable sorna el previsible desenlace de una crisis política de laboratorio. No se trata de restar méritos a su protagonista, que, al menos, ha conseguido asustar lo suficiente a sus compañeros de Gabinete y de la dirigencia del PSOE para forzarles a un cierre de filas acrítico y untuoso en torno al líder, pero la insistencia en un relato victimista y justiciero, mil veces repetido en las comparecencias parlamentarias del Gobierno, no sólo pierde sus efectos, sino que puede volvérsele como un boomerang, tal y como señalaba ayer su antiguo aliado, Pablo Iglesias.
A falta de solventar la duda de si la encuesta «flash» del CIS formaba parte del número o ha sido fruto de la oficiosidad de José Félix Tezanos, siempre atento a las necesidades del inquilino de La Moncloa, el único reproche que cabría hacer a Sánchez es la utilización de la figura del Jefe del Estado en un asunto que, de no provocar cambio institucional alguno, debería haber quedado en el ámbito estrictamente personal. No es que estemos de acuerdo con lo hecho, pero no tenemos el menor empacho en reconocer que, en política, cada uno afronta los problemas como mejor entiende o le conviene, ya sea asumiendo responsabilidades o descargándolas en los enemigos, reales o supuestos.
En definitiva, que salvo el daño reputacional exterior sufrido por España, los únicos perjudicados por la maniobra han sido el PSOE, reducido a mero aplaudidor de su secretario general, y el propio Sánchez, a quien se le han vuelto a ver las hechuras tacticistas , puesto que la parálisis en la gestión de gobierno –sin Presupuestos Generales y condicionado por las inmediatas elecciones autonómicas de Cataluña y las próximas Europeas– no ha supuesto cambio alguno en el habitual devenir de los españoles.
Dicho esto, no conviene obviar que en el discurso justificativo del presidente del Gobierno se deslizaron algunas afirmaciones y algunas interpretaciones sobre la realidad política e institucional de España que mueven a la preocupación y a la alarma, más aún, a tenor de las reacciones de sus socios comunistas y de aliados de circunstancias como Bildu o Compromís, advirtiendo de que hay que pasar de las palabras a los hechos y legislar en consecuencia, comenzando por atar en corto al Poder Judicial, mediante el cambio en el modelo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), amenaza que ya fue conjurada por la Comisión Europea, y con una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC) que atribuya la instrucción de los procedimientos a los fiscales, pero, y ahí está la clave, sin garantizar al mismo tiempo la independencia de la Fiscalía General del Estado frente a la actual potestad gubernamental.
Asimismo, tratar de convertir el cuestionamiento, la crítica, la denuncia de las actuaciones del Poder Ejecutivo, de su presidente, de sus ministros y de los órganos dependientes en una especie de ataque a la democracia, como si sólo Pedro Sánchez y sus partidarios representaran al sistema democrático, aparte de ser demagogia pueril, abre caminos muy peligrosos para la libertad del ejercicio político y de Prensa, ambos inequívocamente amparados por la Constitución.
Basta un examen desapasionado de las decisiones que ha tomado el inquilino de La Moncloa en materia de nombramientos y reparto de privilegios personales para entender que hay más de crítica y de denuncia que de difamación en las informaciones de los medios de comunicación que tanto parecen molestarle. La democracia española no está en cuestión porque a Pedro Sánchez y al PSOE no le salgan las cuentas. Pero si alguien, el que sea, la pone en peligro, el Estado tiene medios más que suficientes para defenderla.
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