Delito y mano justa: el equilibrio que no podemos alcanzar
Por Héctor Gambini para Clarín
Por Héctor Gambini para Clarín
La historia está a punto de cumplir 35 años. La Argentina recuperó la democracia y la legislación penal se volcó de lleno hacia las garantías constitucionales. Era una necesidad indispensable: abrir las ventanas en una casa que había estado en tinieblas y con el aire viciado durante siete años. Todas las fuerzas de seguridad habían quedado involucradas en secuestros, torturas, desapariciones. Habían robado bebés y cometido delitos aberrantes. Con Ramón Camps y Miguel Etchecolatz a la cabeza -insólitamente, éste último mantuvo su condición policial hasta agosto pasado-, la Bonaerense fue un compendio del horror. Excepto los asesinos que la conducían, nadie podía confiar en una fuerza así.
Ya con jefes políticos constitucionales, las cosas tardaron en acomodarse. Las locuras en la Bonaerense siguieron periódicamente con la oscura participación de sus miembros en las torturas y asesinato del albañil Andrés Núñez (1990), del estudiante Miguel Bru (1993) o el crimen emblemático de José Luis Cabezas (1997).
La Federal quedó marcada con otros casos como el de Walter Bulacio (1991) y Ezequiel Demonty (2002), pero había "debutado" en democracia con un secuestro emblemático: el de Mauricio Macri (1991), llevado en un ataúd hasta un sótano de la avenida Garay por una banda de comisarios formados y entrenados por la dictadura que se había ido ocho años antes.
En todos estos años hubo excesos policiales e innumerables casos de gatillo fácil en fuerzas que aún cuesta hacer profesionales. Y el delito no paró de crecer: en 32 años, de 1984 a 2016, pasamos de 340.000 a 1,5 millones de delitos anuales en todo el país (441% más). En el mismo período, la población pasó de 29,9 a 43,5 millones de habitantes (45% más). Simple: en la Argentina, el delito aumentó diez veces más que la población.
¿Y entonces? La inseguridad volvió a abrir el grifo para cierta tolerancia social a los excesos policiales ("hay que meterles bala a los delincuentes", dijo el candidato Ruckauf en 1999 y ganó las elecciones para gobernar la Provincia) y desde ahí oscilamos entre esa mano dura ilegal y peligrosa y una proclama de garantismo que es en realidad un absurdo exasperante de atender las razones de los delincuentes aún por sobre las de las víctimas.
Hay que entender -como principio legal básico- que, en la Argentina, a los delincuentes no se los mata. Se los encarcela, se los juzga y se los condena. ¿Y el delincuente sí puede matar? El delincuente delinque pero el Estado no. El castigo es la privación de la libertad. Así es la ley. ¿Es blanda? Tras el secuestro y crimen de Axel Blumberg (2004) todas las leyes penales se endurecieron, pero el delito no paró de crecer.
En este péndulo argentino de ir corriendo siempre detrás de los hechos (recién volveremos a hablar sobre la edad de imputabilidad cuando un chico de 13 años vuelva a cometer un crimen resonante), y de legislar para la coyuntura, sigue faltando el debate real de decidir qué tienen que hacer la Policía y la Justicia, cerrando círculos que aún siguen demasiado abiertos al libre albedrío de jueces que siguen liberando asesinos o violadores antes de tiempo y porque sí.
Y especificar si un policía que le dispara a un ladrón porque acaba de darle 10 cuchilladas a un turista es un asesino de aquellos a los que aún queremos enterrar con los fantasmas de la dictadura o alguien que debió elegir en un segundo un modo de actuar ante un delito que sucedía en sus narices y mientras iba de civil. Después de todo, también pudo haber elegido cerrar los ojos y pasar de largo.
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