El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Venezuela advirtió este martes que una futura aprobación del 'proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares' por parte del Parlamento, de mayoría chavista, afectará «derechos esenciales» como «la libertad de expresión», por lo que pidió a sus agremiados rechazar dicho texto legislativo.
«El anteproyecto de la ley contra el fascismo, el neofascismo y expresiones similares (…) es un intento de alinear a la sociedad en general y, de manera muy particular, a los periodistas y medios de comunicación, a un pensamiento único, lo que contraviene la esencia misma de la Constitución y nuestra Ley de Ejercicio del Periodismo», señaló el gremio en un comunicado.
El pasado 2 de abril, el Gobierno de Venezuela presentó ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) el 'proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares' elaborado por orden del presidente Nicolás Maduro.
El documento, presentado por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, incluye cuatro capítulos y 30 artículos, y establece «medios y mecanismos para preservar la convivencia pacífica, la tranquilidad pública, el ejercicio democrático de la voluntad popular, el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco, frente a agresiones de orden fascista».
El CNP indicó que esta propuesta de ley contiene una «serie de imprecisiones conceptuales» sobre lo que se considera una expresión fascista, al «equiparar una variedad de ideas deleznables como el supremacismo racial a otras como el conservadurismo moral, sobre todo cuando se deja a la libre interpretación qué significa esto».
El artículo 4 de esta propuesta de ley establece que los rasgos característicos del fascismo son «el racismo, el chovinismo, el clasismo, el conservadurismo moral, el neoliberalismo, la misoginia y todo tipo de fobia contra el ser humano y su derecho a la no discriminación y a la diversidad».
«Más que preocupación, genera temor la propuesta en este anteproyecto de la conformación de una alta comisión, designada discrecionalmente por el Ejecutivo, que será la encargada de determinar qué expresión, opinión, organización o persona encuadra dentro de la categoría fascista o neofascista», añadió.