En el convencimiento de que siempre viene bien tener un enemigo -credo oriundo del populismo- al Gobierno le pasó lo que alguna vez iba a pasar: se metió con el contrincante equivocado. Sucede que en la Argentina la educación nunca es tema en las campañas electorales, nunca se la debate a fondo. Pero, parafraseando a Maradona, no se mancha.
Lo aprendió por las malas hace casi un cuarto de siglo Ricardo López Murphy, cuando anunció como flamante ministro de Economía de Fernando de la Rúa un ajuste de 1962 millones de pesos/dólares. Además de declarar la emergencia jubilatoria, recortar envíos a las provincias, achicar programas sanitarios, aumentar el IVA en los espectáculos y despedir 40.000 empleados públicos, proponía reducir el presupuesto en Educación y eliminar transferencias a la UBA. Era un 5% de achique en el área educativa.
Las protestas estudiantiles se llevaron puesto al Bulldog. Duró 17 días en el cargo.
Una mala política educativa también fue decisiva para la pésima imagen pública con que dejó su presidencia Alberto Fernández: el empecinamiento en mantener cerradas las escuelas por la pandemia fue el punto de partida de un descrédito popular que luego, de la mano de otros cuantos tropiezos y caídas, llegó a niveles nunca vistos para un mandatario.
Javier Milei podría cometer un error similar. Cuando el Gobierno, a través de su vocero Manuel Adorni, califica la marcha universitaria de este martes como un "tren fantasma" por la participación de "Massa, Lousteau, Máximo Kirchner, Yacobitti, piqueteros, organizaciones", realiza un análisis sesgado y por ello equivocado.
Porque es cierto que la CGT, la CTA, la UCR, La Cámpora, la izquierda trotskista, las organizaciones sociales y otros se montaron a la protesta porque siempre queda bien defender la educación y serían incapaces de hacer una movilización masiva por las propias.
Pero también es cierto que buena parte de la gente que marchó hacia Plaza de Mayo lo hizo de manera independiente. Para defender la idea de la educación pública, no la utilización política de ella.
Porque todavía la mayor parte de los argentinos cree genuinamente en la importancia de la universidad pública para el desarrollo del país: 87,4% concuerda con la frase "la educación pública es un derecho de todos y debemos defenderla". La educación terciaria, aun cascoteada como está, continúa siendo un símbolo de excelencia y de ascenso social. Incluso para varios votantes del libertario.
De paso, muchos aprovecharon el convite a marchar para hacer catarsis por el dolor agudo de bolsillo que provocó la inflación de estos meses y avisar, de alguna manera, que no hay luna de miel eterna. Y que no siempre hay que ajustar con motosierra: a veces debe usarse un bisturí. Desde el FMI hasta varios economistas insospechables de heterodoxia ya hablaron de la importancia de la "calidad" del ajuste.
El ir por todo del Gobierno -al estilo K- y recortar el presupuesto en un 70% en términos reales, logró que se unieran en la defensa de la universidad tirios y troyanos. Y que cualquier discusión sobre el tema, incluso las muy necesarias, se postergara para otra ocasión.
Porque sin dudas hay cuestiones que debatir.
A modo de ejemplo, si los egresados deberían hacer alguna "contribución patriótica". O si los extranjeros (un 4% de la matrícula) deberían pagar. O si es correcto el balance de carreras que ofrecen entre la UBA y las instituciones inventadas por el kirchnerismo en el GBA. O si, también en el caso de la UBA, no habría que revisar el Ciclo Básico y establecer otro tipo de ingreso.
Sobre todo, de qué modo hacer el gasto más eficiente y transparente.
Exactamente el objetivo que el Gobierno dice que quiere, pero que obtura cuando, al atacar a la universidad pública de manera indiscriminada, sólo consigue abrir una nueva grieta, que suma problemas y evita soluciones.
Salvo, claro, que la solución oculta sea terminar con la educación pública.
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