En Devoto hay una cárcel y esa cárcel tiene 1.900 presos, 6 unidades, una sede de la Universidad de Buenos Aires y un problema: nadie la quiere ahí.
El proyecto de mudarla lleva años, tantos que se convirtió en una suerte de cuento de la buena pipa para los vecinos y para los presos, que plantean una serie de dificultades vinculadas a la presencia de un penal en el medio de la Ciudad.
En 2018, cuando Mauricio Macri todavía era presidente, un convenio entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Agencia de Administración de Bienes del Estado, formalizó un proyecto inconcluso: construir una nueva cárcel para mudarla.
El 12 de marzo de ese año, sobre los escalones de la entrada del Centro Universitario de Devoto, dentro del Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta hizo un anuncio que parecía histórico: "Estamos orgullosos de contarles que vamos a mudar la cárcel de Devoto", dijo.
Espacios públicos, un proyecto urbanístico y una nueva imagen para el barrio fueron las promesas. La idea nunca estuvo tan cerca.
Recién dos años después licitaron la obra y empezó la construcción de una Unidad Penitenciaria Federal en el penal de Marcos Paz, con capacidad para 2.200 personas. Pero la pandemia y las disputas políticas tiraron por borda este proyecto. La Nación puso el dinero y la obra llegó a un 70 por ciento de su ejecución. La Ciudad no puso lo suyo.
La excusa de Larreta para paralizarla y frenar el proyecto fue la quita de un punto de la coparticipación que la Nación les sacó a los porteños. Sin ese dinero, dijo el ex jefe de Gobierno, no podría completarse la obra.
El predio quedó abandonado. Un pedido de informes realizado por el juez Sebastián Casanello y ejecutado por personal del Servicio Penitenciario Federal (SPF) describió "material inutilizable, pastos crecidos y problemas estructurarles" en el lugar que propone solucionar una parte de los problemas de la Ciudad y sus presos.
Lo cierto es que, de acuerdo a ese informe, realizado en febrero de 2024, el Complejo Penitenciario Federal VII está a un 72%.
Tendría capacidad de 2.240 plazas en cuatro institutos, con un sector de ingreso particular, áreas administrativas, de asistencia primaria sanitaria, de educación y talleres de trabajo y capacitación laboral. Además de sectores de recreación y visitas.
Sin embargo, debido a la paralización de las obras, observaron materiales desperdiciados, pastos crecidos y estado general de abandono.
Pero además de que no avanzaron con la construcción y a la necesidad de mudar Devoto se le sumó otro problema serio: las comisarías porteñas tienen una superpoblación del 200 por ciento, en alcaidías y dependencias que no cuentan con las condiciones necesarias para alojar pesos. De los 1.900 privados de su libertad, 400 tienen condena firme y deberían ser trasladados a penales bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal.
Según refieren en el Gobierno porteño, son custodiados por 1.500 Policías de la Ciudad "que deberían estar cumpliendo otras funciones".
"Voluntad política"
Ahora, y otra vez con una gestión nacional con algo más de afinidad con la jefatura de gobierno porteña que la anterior, la pregunta se hace evidente: ¿esta vez sí van a mudar la cárcel de Devoto?
Si bien en la la flamante subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, que ahora depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, aseguran que "hay voluntad política" para finalizarla, dependerá de la Ciudad que se concrete el proyecto.
"Hasta el momento, se está terminando de definir cuál va a ser el presupuesto. Se estima que será de aproximadamente 65 millones de dólares", indicaron, aunque todavía no está claro si ese costo está previsto en las partidas 2024. Ademá, agregaron: "El avance total de la obra era de un 72 por ciento, incluye cuatro pabellones destinados al alojamiento de presos. Dos pabellones tienen un avance aproximado del 67 por ciento, otro de un 55 por ciento, y el restante, de un 50 por ciento".
A pesar de que la Ciudad pueda disponer de estas partidas para terminar la obra, la custodia de los presos y los costos de mantenimiento corresponde al Gobierno Nacional, que por decisión del presidente Javier Milei le sacó la gestión al Ministerio de Justicia y se las traspasó a Patricia Bullrich.
Mientras estos dos ministerios se disputan partidas presupuestarias, pensar en mudar Devoto parece un objetivo demasiado lejano y la respuesta no está unificada.
Además, siguen sin resolverse el conflicto entre Nación y Ciudad por el pago de la coparticipación que ordenó la Corte Suprema durante el gobierno de Alberto Fernández. El ex mandatario nunca cumplió con el fallo. Y Javier Milei tampoco lo hizo, aunque se sabe que hay conversaciones entre ambas administraciones.
El destino de las obras en Marcos Paz
Los más optimistas creen que durante esta gestión se puede concretar el objetivo de finalizar las obras de Marcos Paz, a pesar de las deficiencias de infraestructura en muchos penales, las obras pendientes en el Centro Federal Penitenciario Litoral Argentino, en Coronda, Santa Fé, y en el Complejo Penitenciario de Condenados de Agote, en Mercedes.
Es que en un escenario de ajuste como el que lleva adelante el Gobierno Nacional pensar en esas partidas presupuestarias para alojar presos parece -por lo menos- difícil.
Coronda es otro punto complicado porque su finalización urgente es reclamo del gobierno de Santa Fe, que absorbe muchos presos en causas federales de narcotráfico en penales propios, como el de Piñeiro, que también está en una situación crítica.
Otras voces a cargo de la política criminal del gobierno se preguntan "¿cómo vamos a cerrar Devoto si tenemos las comisarías sobrepobladas?" Es que, tal como confirmaron en el Gobierno de la Ciudad ante la consulta de este diario, "la finalización del predio de Marcos Paz no soluciona el problema de los presos porteños".
Y aseguraron que "la cantidad de presos detenidos en comisarías o alcaldías de la Ciudad que no están preparadas para alojarlos sigue aumentando". Y se justificaron: "El sistema penitenciario es federal, y es la autoridad Nacional quien debe trasladar esos presos a los predios carcelarios correspondientes. A la fecha, el Gobierno Nacional se comprometió a ir solucionando estos traslados, que esperemos ocurra pronto".
El proceso de mudanza del penal de Devoto debería ser coordinado con el Gobierno Nacional, quien tiene la autoridad sobre el Servicio Penitenciario, y "debe ser paulatino y en paralelo con el proceso de descompresión de las comisarías porteñas", aseveraron.
Pero si los presos a trasladar son 1.900, y se duplicó el ritmo de detenciones en la Ciudad y hay otros 2.000 a la espera de un cupo, aún terminando la unidad VI de Marcos Paz el déficit no parece cerca de resolverse.
La judicialización de los penales
Los sistemáticos anuncios frustrados para mudar Devoto hicieron que, además, haya problemas de infraestructura producto de la falta de inversión. ¿Para qué mantener un edificio que será demolido?, parece la lógica.
Pero, con el correr de los años, la indefinición alrededor de este penal fue perjudicando la situación edilicia. En paralelo, un amparo colectivo terminó en un fallo del juez Daniel Rafecas que limita los traslados para evitar que la superpoblación: no entra un preso más, al menos sin que antes salga otro.
Sebastián Casanello realizó otro hábeas corpus por la situación de los detenidos en la División Investigación Penal de la Prefectura Naval Argentina (INPE). En su sentencia resolvió, no sólo restringir los cupos y ordenar que sean trasladados a penales federales, sino que también pidió informes y "un plan de finalización de las obras" con las fechas estimadas de entrega, y dispuso un plazo de 20 días para que se reactiven las obras paralizadas en la pandemia de 2020.
Los informes se remitieron pero "no hay un plan concreto" de reactivación. La Ciudad, el año pasado, informó que reanudaría conversaciones con la empresa que ganó la licitación, pero no hay ningún avance en esa línea.
Ese fallo es de julio de 2023 y no se ha cumplido ni por el Poder Ejecutivo Nacional de la gestión anterior ni de esta gestión, ni por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No presentaron un plan concreto para resolver la situación.
El hábeas corpus presentado por Casanello incluía a todos penales en construcción y con obras demoradas. Pero finalmente la Cámara Federal de Casación Penal determinó que la causa quede en manos de la justicia de instrucción.
SC
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