Sólo, y nada más que eso, los jueces responden de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Porque eso es el mandato constitucional. Y lo propio de una sociedad democrática donde está garantizada la separación de poderes. Los jueces no responden ni de la calidad democrática, ni de los avances de los derechos, ni cualquiera de esa quincalla ideológica que en este momento incendiario se quiere atribuir.
La andanada contra la Justicia del presidente del Gobierno, secundada con algarabía por los sindicalistas, entre otros, encierra un nivel de desconocimiento y de irresponsabilidad que acabará pagando el sistema. Que se haya jaleado una convocatoria hablando de golpismo de la toga, que por una simple actuación judicial en un proceso penal incoado contra la señora Gómez, se valore como una serie actuaciones judiciales politizadas, es de una frivolidad que el tiempo dictaminará.
Nuestro sistema penal y procesal tiene mecanismos suficientes para depurar casos de denuncias falsas, indemnizaciones ante acusaciones injustas, pero todo ello dentro de la propia legalidad y normalidad judicial. Si hay fallos se corrigen, o se denuncian, pero no se busca quebrar unos de los poderes del Estado, salvo que se desconfíe de su propia existencia. Y la obsesión por el CGPJ es importante, pero por la falta de nombramiento de las muchas vacantes en los Altos Tribunales. Algunos piensan en que la renovación supone mandar comisarios políticos a la Justicia.
El apocalipsis judicial, las apelaciones a la llamada regeneración democrática, cuando España es una democracia plena, son la gasolina definitiva para deslegitimar la garantía para ejercer nuestros derechos y libertades. Desprestigiar y hacer responsable al Poder Judicial de cuestiones políticas, en definitiva el lawfare, es la antesala del voluntarismo político y también judicial. Y para colmo, la Asociación Judicial que se autodenomina para la democracia, como si las restantes lo fueran para la dictadura, dice que hay que perseguir denuncias con fines políticos. Todo a favor de obra y en un momento de reflexión de quien iba a dimitir o no. Los Jueces no tiene que examinar la finalidad de nada, sólo si las actuaciones son o no típicamente delictivas, porque actúan exclusivamente conforme al ordenamiento legal aprobado en las Cortes Generales.
Extrapolar de manera torticera que en un momento dado un proceso que no nos conviene, pero que puede ser revisado por otras instancias, lo que es garantía de pureza del sistema sí es irresponsable. Proyectar los propios fantasmas y cuestionar una administración de justicia profesional y verdaderamente independiente, ha traído episodios en la historia que no deberíamos recordar. Nuestra democracia se defiende a capa y espada, reivindicando nuestro sistema o uno de los Estados de Derecho más avanzados del planeta.