En medio de la ola de despidos, los contratos de los empleados del Estado que sí fueron renovados tienen una duración máxima de solo tres meses, plazo a partir del cual se determinará si continúan renovándose o si se darán de baja.
Así se desprende del decreto 286 publicado este miércoles en el Boletín Oficial en medio de la tensión con los sindicatos que rechazan los masivos despidos.
El Gobierno renovó así solo por tres meses contratos que históricamente eran renovados de manera anual o semestral, muchos de ellos hace años, al tiempo que no cierra la puerta a la posibilidad de que sean dados de baja o renovados por un menor tiempo.
"Atento que el plazo máximo que el precitado decreto autorizó a prorrogar las contrataciones de personal en las condiciones allí previstas se encuentran próximas a vencer, y con el fin de garantizar la continuidad de las contrataciones por razones impostergables de funcionamiento de la administración pública nacional, es que resulta necesario ampliar la facultad otorgada a los funcionarios con competencia en la materia para poder disponer la prórroga de los contratos como máximo hasta el 30 de junio de 2024″, especificó el Boletín Oficial.
El monitoreo de despidos que realiza la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ya contabiliza más de 11 mil despidos en toda la Administración Pública y el sindicato se prepara para realizar ingresos masivos y simultáneos este miércoles en todos los organismos y ministerios.
Además, se convocó a un plenario federal para las 15:30 en la sede del sindicato con delegados de todo el país para debatir la profundización del plan de lucha.
"El Presidente se ha decidido a quebrantar el sistema jurídico argentino en su parte medular. Provocar cesantías masivas en el Estado es suprimir derechos fundamentales y esa es una conducta tipificada en nuestro Código Penal", señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE en su cuenta de X, y apuntó: "No vaya a ser cosa que el Presidente y sus funcionarios terminen presos antes de lo que cualquiera pudiera imaginar".
Aguiar explicó que "vulnerar la garantía de estabilidad prevista en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional decenas de miles de veces a su vez provoca la supresión de otros derechos fundamentales que tiene toda la sociedad".
"Despedir tantos trabajadores a tal punto que hasta delegaciones enteras tienen que cerrar, como ocurrió con ANSES, restringe de manera grave el derecho a la seguridad social, y lo mismo empieza a ocurrir con otros servicios esenciales que el Estado está obligado a brindar: educación, salud, seguridad alimentaria y hasta la posibilidad de prevenir catástrofes, cuestión ahora afectada porque el recorte alcanzó hasta el Servicio Meteorológico Nacional", agregó. (DIB)