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Trabajadores agremiados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizan una nueva Jornada Nacional de Protesta ante la ola de despidos que afectó a 7 mil trabajadores de diversas dependencias del Gobierno Nacional.
"Los estatales ya empezamos a recibir miles de telegramas de despidos, pero el día 3 de abril igual nos vamos a presentar en nuestros puestos de trabajo, haciéndolo exclusivo responsable por cualquier hecho violento que hubiera que lamentar", señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General del sindicato.
Y agregó: "Milei encabeza un Gobierno dañino y cruel".
Aguiar continuó: "Esperamos que no se repitan escenarios del pasado, que la Administración Pública no esté militarizada y la Policía no bloquee las puertas de los ministerios con listados de quienes sí y quienes no pueden ingresar". Cabe destacar que el Gobierno pretende despedir a trabajadores de 10, 15 y hasta 20 años de antigüedad en el Estado.
"El Presidente y sus funcionarios que tanto hablan de respetar la ley, han decidido quebrantar normas fundamentales y violar el derecho constitucional a la estabilidad en el Empleo Público, como figura en el artículo 14 bis. Cada cesantía se convierte en un calvario para el trabajador y la familia que la sufre, pero también detrás de cada puesto de empleo que se pierde, hay una política pública que se desmantela", apuntó el Secretario General de ATE.
En total, 70 mil vínculos laborales están en riesgo. De ese total, 65 mil corresponden a los denominados Artículo 9 de la planta transitoria del Estado, y el resto son contratos de Asistencia Técnica y Profesional (ATP).
En una nota firmada y dirigida al Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, el sindicato informó que la medida de fuerza nacional se desarrollará en reclamo de:
• Aumento salarial que supere la inflación.
• Pase a Planta Permanente y Estabilidad Laboral para todos los trabajadores.
• Cese de los despidos y reincorporación inmediata de todos los despedidos.
• Cese de las políticas de ajuste, miseria y hambre.
• Rechazo a cualquier privatización de empresas públicas.
• Defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y de todos los trabajadores jubilados.
• Anulación del Protocolo Anti-Movilizaciones.
• Cese de las políticas de amedrentamiento hacia los trabajadores estatales.
• Anulación del DNU 70/23.