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Cuando aún no se ha cumplido ni un año de las elecciones autonómicas que dieron el vuelco al mapa político de la Comunidad Valenciana, la gran reforma legislativa de PP y Vox ha echado a andar este miércoles en las Cortes Valencianas. El parlamento autonómico ha acogido el primer debate sobre las proposiciones de ley que impulsan los socios de gobierno en la Generalitat, y que suponen una enmienda al anterior Consell en cuestiones como la memoria democrática, el modelo lingüístico educativo o la radiotelevisión pública.
Las Cortes, más que nunca, se han convertido en un escenario de bloques enfrentados. Si para PP y Vox el de este miércoles es un "día feliz para los valencianos" porque arranca el trámite legislativo del conjunto de normas, para PSOE y Compromís no ha sido más que día "negro". Una jornada de la "infamia" con la que se da el pistoletazo de salida a una "involución democrática".
De hecho, el debate ha sido especialmente bronco a la hora de abordar la llamada proposición de ley de concordia con la que se derogará la de Memoria Democrática aprobada por el Consell de Ximo Puig en 2017. La oposición ha tildado directamente la norma de intento de "blanquear el franquismo", ya que se remonta hasta 1931 para incluir la Segunda República junto a la Guerra Civil y la Dictadura y reconocer a todas sus "víctimas".
La portavoz socialista de Memoria Histórica en las Cortes, Mercedes Caballero, ha lamentado que los populares "nunca han renunciado a ser los herederos del franquismo", pero "jamás habían tenido la desvergüenza de plasmarlo en un texto legislativo". "Batallaremos hasta el final por defender la memoria democrática de esta tierra, que fue capital de la Segunda República", ha manifestado la portavoz de Compromís, Isaura Navarro.
El portavoz del PP, Miguel Barrachina, por su parte, ha instado a la oposición a plantear sus enmiendas, al tiempo que ha defendido que la proposición de ley -que el Gobierno de Pedro Sánchez amenaza con llevar al Tribunal Constitucional- no hace sino "reconocer a todas las víctimas". En su intervención, el portavoz de Vox, José María Llanos, ha afirmado que "ya era hora de que alguien tuviera valentía y convicción para tratar a todos los valencianos por igual, sin dobles varas de medir y sin mentiras".
No menos tenso ha sido el debate sobre la bautizada como ley de libertad educativa, con la que PP y Vox quieren derogar el sistema de plurilingüismo de la izquierda. Según los socios del Consell, la norma permitirá a las familias elegir la lengua de enseñanza para sus hijos al acabar con la "imposición del valenciano". A juicio de la oposición, "elimina el valenciano de las aulas", pues en las zonas castellanohablantes ni siquiera habrá que cumplir con el mínimo obligatorio del 25% de valenciano.
Pero, además, PP y Vox han iniciado también el trámite de la nueva ley de À Punt, al considerar que la radiotelevisión valenciana es un "fracaso" en gestión, audiencia o financiación. Para ello, se creará la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana, un nuevo ente que para socialistas y Compromís solo busca el "asalto" y el "control político" de À Punt como ya se hizo en su día con Canal 9.
Los otros cambios legislativos impulsados por PP y Vox se refieren a las leyes de transparencia e incompatibilidades de los cargos públicos, que según sus impulsores apuestan por una transparencia "real y efectiva", mientras que para la oposición elimina controles y permitirá a los miembros del Consell "hacer negocio" durante el ejercicio de su cargo público.
Por último, el PP ha impulsado en solitario cambios en la Agencia Valenciana Antifraude para "mejorar su funcionamiento" y permitir su "desbloqueo institucional", pues se rebaja la mayoría parlamentaria para elegir al director. De nuevo, la oposición ve en esta maniobra un intento de control político de un órgano independiente, mientras Vox se ha desmarcado en este caso de su socio para subrayar que cuando se constituya una agencia estatal, la valenciana debería empezar un proceso de liquidación.
Una vez que el pleno de las Cortes acuerde este jueves, con la mayoría absoluta de PP y Vox, iniciar la tramitación de los cinco textos, se remitirán a sus respectivas comisiones para que comparezcan expertos dentro del proceso de participación pública y se abrirá el plazo de presentación de enmiendas. La previsión es que las cinco leyes puedan quedar aprobadas antes del verano, coincidiendo prácticamente con el primer año del gobierno de coalición de PP y Vox.