"Según el monitoreo constante que realizamos, el comportamiento de la calidad de aire no ha llegado a niveles que se consideren un peligro o una alerta", aclaró Pedro Pablo Molina, de la sección de Calidad del Agua y Aire del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), tras una supuesta alerta publicada ayer en distintos medios digitales.
"La calidad puede variar de un momento a otro, porque los contaminantes normalmente no están homogéneos, por lo que puede haber picos bajos y picos altos, pero lo importante es el promedio diario que se maneja y este no ha llegado a niveles que se consideren un peligro o una alerta extraordinaria", detalló el experto.
Molina agregó que cuando sucede un evento de contaminación puntual, la referida sección genera boletines especiales para alertar a la población.
Algo que "no ha ocurrido en los últimos meses", pues según los datos generados en las estaciones y monitoreos satelitales, el comportamiento de la calidad de aire en la capital se ha mantenido en las categorías buena y moderada, enfatizó.
De acuerdo con la publicación amarillista, Guatemala estaría en alerta ante la calidad de aire clasificado como "insalubre o perjudicial", de acuerdo con un Índice de Calidad del Aire (AQI, en inglés) arriba de 120, derivado presuntamente del sitio electrónico del Índice de Calidad del Aire en Tiempo Real.
Autoridades del Insivumeh recuerdan a la población que es importante buscar fuentes de información confiables y estar pendientes de los datos ofrecidos por instituciones oficiales del país.
Más de mil incendios han afectado la nación
Operativos no cesan para
salvaguardar bosques y áreas protegidas.
Durante la temporada de incendios 2023-2024 se contabiliza un total de 1 mil 257 siniestros en todo el territorio nacional, de los cuales 944 fueron forestales y 313 no forestales, los que han dañado 6 mil 434 hectáreas de bosques, similar al lugar que ocuparían 12 mil 868 canchas de futbol.
Hasta el momento, el departamento más afectado es Huehuetenango, con 2 mil 400 hectáreas quemadas, así como Petén en las fronteras con México y Belice, donde se han registrado 48 siniestros dentro de áreas protegidas con una pérdida de 873 hectáreas de flora.
Rodolfo García, vocero de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), detalló que hay 45 incendios activos, 19 en Petén, seguido de Quetzaltenango y Huehuetenango, con siete.
García detalló que uno de los más recientes se sitúa en el volcán Tajumulco, San Marcos, el cual ya está controlado en un 80 por ciento y a efecto se continúan las acciones para su combate.
Según datos del Sistema de Información Forestal (SIF), en las últimas dos décadas, Guatemala perdió el 22.3 por ciento de su cobertura forestal y en ese tiempo el país pasó de tener 4.5 millones de hectáreas de flora a 3.5 millones.
En la temporada 2022-2023, las autoridades contabilizaron más de 850 fuegos que afectaron a 28 mil hectáreas de bosques y pastos.
Dato
Una hectárea tiene 10 mil metros cuadrados y una cancha de futbol, entre cinco mil a siete mil. Si se toma la primera cifra para una hectárea, caben dos campos, lo que significa que si se perdieron 6 mil 434 hectáreas de bosque, equivalen a 12 mil 868 canchas del citado deporte.
Población podrá denunciar vehículos oficiales con placas ocultas
Cortesía: Congreso
Un número telefónico para denunciar vehículos oficiales que porten la placa de circulación tapada o que se observe mal uso de ellos será habilitado por la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP), informó Haroldo Sánchez, titular de la entidad.
Dicha decisión fue anunciada tras una citación que le efectuó el diputado Cristian Álvarez, de la bancada Compromiso, Renovación y Orden (Creo), con el objetivo de fiscalizar la utilización de automóviles del Estado para uso personal.
Sánchez indicó que el 22 de enero, una semana después de haber asumido el cargo, emitió una resolución, en seguimiento al lineamiento del presidente Bernardo Arévalo, donde le pidió al encargado de los vehículos de la SCSP que todas aquellas placas que estuvieran cubiertas debían ser liberadas. "Me imagino que estas fotografías son de diciembre", señaló.
"Se va a instalar un número telefónico para que, en cualquier lugar del país, cualquier ciudadano pueda denunciar si ve un vehículo del Estado o del Ejecutivo con las placas tapadas", afirmó el funcionario, aunque no precisó la fecha en que se pondría en marcha ese mecanismo.
Sanciones
Los pilotos de automotores que incumplan el Artículo 9 de la Ley Reguladora del Uso de Placas de Circulación de Vehículos, Decreto 117-96, y circulen con placas dobladas, deterioradas, ocultas o cubiertas total o parcialmente serán sancionados con una multa de 500 quetzales.
A la espera de un recurso de casación
La FECI anunció que impugnaría la sentencia por el caso Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero.
Hasta ayer tarde, se mantenía un ambiente de espera a que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), del Ministerio Público (MP), presentara un recurso de casación contra el fallo del Juzgado de Mayor Riesgo que benefició al exsecretario de la Presidencia Roberto Alejos Cámbara en el caso de la Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero, en el que se le implica, pero el cual fue cerrado.
Como es de recordar, la titular de ese Juzgado, Abelina Cruz Toscano, ordenó el pasado 12 de febrero el sobreseimiento de los cinco cargos por los que Alejos era señalado y por lo que fue llevado a los tribunales.
El citado recurso, que busca presentar la FECI, es un medio impugnativo extraordinario que tiene por objeto anular la sentencia judicial por considerar que contiene una incorrecta valoración, interpretación o aplicación de la ley (error iudicando).
Recientemente, el titular del FECI, Rafael Curruchiche, expresó no estar de acuerdo con la decisión de la jueza, y afirmó que "se apelará la decisión".
Por otra parte, Kevin López, analista del área de seguridad, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), refirió que "el MP puede utilizar los recursos legales que considere necesarios y tiene las facultades para proponerlos".
Según las investigaciones, uno de los principales operadores de la financiación de las campañas de distintos partidos políticos fue Alejos Cámbara, vinculado al ejercicio del poder en distintos períodos y gobiernos, cargos de los que se aprovechó para solicitar y obtener sobornos, para lo cual utilizó bufetes de abogados y constructores que lavaban los recursos a través de sociedades offshore con sede en Panamá y Belice, y la compra de bienes inmuebles.
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