La futura ley de movilidad sostenible de Canarias establecerá las bases que regularán los incentivos fiscales de los que se beneficiarán los operadores del transporte público y privado y los conductores para impulsar la transición hacia sistemas de transporte y movilidad más sostenible, mediante el uso de energías renovables y combustibles ecológicos.
La norma autonómica aglutinará tanto la planificación como la regulación del transporte tanto a nivel regional, como insular y local, en un intento de unificar todas las iniciativas que se desarrollan y se vayan a desplegar en el futuro tanto por vía marítima, como aérea y terrestre. Uno de los vectores básicos de la ley será la sostenibilidad, de tal manera que desde el transporte se contribuya a la mejora del medio ambiente y reducción de la contaminación provocada por el uso de vehículos.
Junto a los apoyos fiscales, la iniciativa legislativa también fijará parámetros de financiación estables para el sector y una cartera básica de servicios públicos de transporte colectivo de personas por carretera y guiados para cada una de las islas.
Actuaciones
Asimismo, se determinarán actuaciones complementarias como aparcamientos en superficie; carriles de uso exclusivo para transportes públicos o la implantación de espacios de transbordo, además de la formulación de los instrumentos necesarios para el impulso, coordinación y supervisión de la política de transporte intrainsular e interinsular a nivel regional, de personas y mercancías.
El actual equipo de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad ha recordado el Eje Transinsular de Transportes ideado hace dos décadas por el expresidente del Gobierno canario, Adán Martín, que se retoma ahora con los avances existentes en materia de movilidad y en la transición sostenible de las diferentes modalidades de transporte. El Consejo de Gobierno acordó ayer respaldar el desarrollo del proyecto de ley y someterlo próximamente a participación ciudadana.
Entre los principales retos de movilidad que afronta la Consejería se encuentran lograr la prórroga de la gratuidad del transporte con un bono único para todas las islas; la descarbonización del transporte terrestre, objetivo para el que se cuenta con más de 60 millones de euros; la modernización de las empresas privadas de transporte, y la renovación del parque móvil privado de Canarias, primando la retirada de vehículos viejos. Además, se creará un observatorio de conectividad y precios en el transporte aéreo.
La Dirección General de Transportes pretende articular un sistema jerarquizado, de ordenación de la movilidad y de las infraestructuras del transporte, plenamente integrado con los sistemas de planeamiento urbanístico y de ordenación de los recursos naturales y del territorio en Canarias. También se tendrá en cuenta la regulación de las condiciones básicas para la licitación de nuevas concesiones, y de las vigentes cuando venza su plazo.
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