Las campañas presenciales rumbo a las elecciones del próximo 2 de junio están marcadas por la conversación en torno a los programas sociales.
Mientras los propagandistas del régimen y partidarios de Claudia Sheinbaum pretenden transmitir el mensaje de que Xóchitl Gálvez haría desaparecer los programas, la candidata panista ha jurado con sangre y ha hecho una utilización ilegal del logo del INE con el objetivo de sacudirse la idea promovida por sus opositores. Al día de hoy, según parece, va ganando el campo morenista.
Algunos comentaristas y analistas, como Héctor Aguilar Camín, han propugnado la idea de que el INE debería intervenir para señalar que los programas sociales están inscritos como derechos en la Constitución y que, por tanto, no están sujetos a los vaivenes de la política. Parece a simple vista como una ocurrencia dadas las competencias del Instituto Nacional Electoral.
En todo caso hoy más que nunca los programas sociales (entiéndase los apoyos económicos ofrecidos por el Estado mexicano mediante transferencias directas ) ocupan el discurso político y mediático.
Y lo anterior ocurre con cierta razón. A pesar de la enorme relevancia de otros temas de la agenda pública como la seguridad, la educación o la salud, a la mayoría de los mexicanos, descontentos con la política y desinteresados de las campañas, les preocupa sobremanera la conservación de su dinero en efectivo.
En este contexto, si bien los programas sociales resultan pertinentes como componentes de una amplia política social, sí que sería conveniente que el próximo gobierno revisase algunos elementos tales como su universalidad.
A la luz de la literatura económica, una política pública dirigida a transferir recursos del Estado a las clases acomodadas resulta regresiva, pues está enviando dinero público a individuos que destinan la mayoría de sus ingresos al ahorro y la inversión, y no así al consumo, como en el caso de las familias más desfavorecidas.
El mismo razonamiento económico aplica para argüir que los subsidios a los combustibles son una política regresiva.
Me explico. Una familia de clase media-alta o alta no requiere transferencias económicas del Estado mexicano en forma de programas sociales. ¿O resulta justo que Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego o Germán Larrea sean beneficiarios de la pensión universal para adultos mayores? ¿No es acaso un desperdicio de los recursos del Estado?
Sí, será necesario que la próxima presidente, una vez que hayan concluido las campañas y que se haya detenido el populismo mediático de la contienda, revise a detalle el contenido de los programas sociales; pues el objetivo de estos es buscar que los escasos recursos del Estado cumplan con su misión de garantizar un piso parejo para todos los mexicanos.