La Delegación en La Pampa del Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo (Inadi) cerró sus puertas después de 16 años. Previo a ello, el Gobierno nacional despidió dos empleados, uno de los cuales contaba con 8 años de antigüedad en el organismo. "La discriminación y el acceso a la justicia no es un tema prioritario en la agenda de un gobierno abiertamente hostil e insensible", afirmaron.
Desde la delegación -que funcionaba en la calle Pellegrini al 100 de Santa Rosa- dieron a conocer un comunicado de prensa. "Aun habiendo cumplido con todos los requerimientos formales para darle continuidad institucional a las funciones básicas de la Delegación en pos de garantizar el debido proceso de las denuncias tramitadas, de continuar con las capacitaciones a la sociedad civil y todas las tareas propias de una oficina nacional, desde el 10 de diciembre por la intervención del Instituto a cargo de María de los Ángeles Quiroga (planta permanente del Ministerio de Seguridad de CABA –ex asesora del Diputado Cristian Ritondo), y luego de haber sido objeto de hostigamiento, persecución, destrato y desidia por parte de las nuevas autoridades y del ejecutivo nacional, se continuó trabajando hasta la fecha sin recursos ni directivas específicas para funcionar", escribieron.
Explicaron que a través de una notificación por mail a los empleados les informaron que "no se renovarían sus contratos a partir del 31 de marzo. Estos hechos han dejado en claro que la delegación ya no operará con normalidad en la provincia".
"Cinismo".
En el texto, señalaron que "desde que asume la presidencia Javier Milei y designan a la interventora Quiroga en el Inadi, se produce un derrotero de desinformación, desarticulación, cinismo y silencio ante los reclamos de las delegaciones del interior para que se les asigne funciones y tareas a seguir", dijeron.
"Tanto así que recién a principio de marzo se presentaron ante las y los trabajadores de todo el país, vía reunión virtual, dos asesores de la interventora: Bruno Wajnsztejn y Emiliano Muracca (ambos planta permanente del Ministerio de Seguridad de CABA) para presentarse y, según dijeron, 'continuar trabajando y mostrando el trabajo del Inadi'. La reunión se realiza posterior a que, por medio del vocero presidencial, los y las trabajadores del Instituto se enteraran por los medios que éste iba a ser cerrado definitivamente", recordaron.
"Preguntados a los asesores en reiteradas oportunidades sobre la posibilidad de cierre del Instituto, la suerte de las delegaciones y su gente, los mismos respondieron con evasivas ambigüedades e incluso llegaron a decir que 'estamos acá, somos buenas gente, no venimos a perseguir a nadie'. Luego, ellos mismo fueron enviando notas por correos electrónico donde se anunciaba la baja de contratos", apuntaron.
Cierre.
"La Delegación del Inadi La Pampa, en sus 16 años de trabajo ininterrumpidos, llevó a cabo diariamente toda la batería de campañas y deberes propios de la gestión local de un organismo nacional muchas veces con escasez de recursos y falta de personal. No obstante ello, se ha asesorado a miles de personas pampeanas que han acudido en busca de respuestas ante injustos y contención anímica a raíz de sufrir acciones discriminatorias", desarrollaron.
Comentaron que se tramitaron "cientos de denuncias" y que se realizaron "miles de gestiones de buenos oficios" para resolver los conflictos. También mencionaron que dictaron talleres de sensibilización a toda la sociedad civil y destacaron los Mapas de la Discriminación junto a la Universidad Nacional de La Pampa. "Sería imposible enumerar todas las acciones que se han llevado a cabo, lo que sí es posible y necesario es dejar en claro que el prestigio del Inadi fue y son sus trabajadores que siempre mantuvieron la calidad técnica e institucional independientemente de los gobiernos de turno", manifestaron.
Retroceso.
"Penosamente toda esta maniobra del Ejecutivo Nacional representa un retroceso en términos democráticos, evidenciando que la discriminación y el acceso a la justicia no es un tema prioritario en la agenda de un gobierno abiertamente hostil e insensible y sin compromiso social. Para la ciudadanía representará en lo inmediato una falta de herramientas para defender sus derechos ya que tendrá un lugar menos (y muchas veces el único) donde ser escuchado, donde pueda asesorarse, patrocinarse o mínimamente recurrir para resolver cuestiones fundamentales que atraviesan toda la sociedad como el acoso escolar, la discapacidad, diversidad sexual, discriminación laboral, violencia de género y todo tipo de discriminación atraviesa nuestra comunidad", lamentaron.
Por último pidieron "disculpas" a aquellas personas que buscaron asistencia a partir de diciembre 2023 y "no recibieron respuestas satisfactorias debido a la falta de directivas claras desde la intervención central. La incertidumbre, la desidia, la falta de transparencia han marcado el cierre de esta delegación, dejando en evidencia el actuar de un gobierno déspota, sin compromiso con la igualdad y la defensa de los derechos humanos".