Ante el recorte presupuestario que sufren las universidades nacionales y a días de la marcha federal en defensa de la educación pública, la Usina de Datos de la UNR (Universidad Nacional de Rosario) aportó un indicador relevante que pone sobre la mesa la importancia del cumplimiento de este derecho.
A partir de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, el espacio de la UNR dedicado a la producción y análisis de información sobre la realidad social y económica de Rosario informó que en los últimos 20 años se dio un incremento significativo del porcentaje de la población con estudios universitarios completos en el país.
Según detallaron, en ese lapso de tiempo, se duplicó el porcentaje de la población mayor de 24 años con estudios universitarios completos. Los datos fueron relevados de la EPH de los terceros trimestres de 2003 a 2023. Si bien la Usina de Datos planea avanzar en el análisis de este dato y poder ponerle la lupa para producir más información, los números son contundentes.
Hace 20 años completaban el máximo nivel educativo (el universitario) el 17,2% de las mujeres de más de 25 años y actualmente lo hacen 25,7%. En tanto, los varones representaban un 13,5% y hoy alcanzan el 20,2%.
Educación universitaria y movilidad social ascendente
Al respecto, Paula Durán, coordinadora de la Usina de Datos de la UNR, explicó a La Capital que "esto da cuenta del avance en el acceso al derecho a la educación".
"Sabemos que nacemos en distintas posiciones de la estructura social y la educación sigue siendo un carril de inclusión y movilidad social ascendente", recordó y destacó la importancia de la educación pública para garantizar que ese derecho llegue a la mayoría de la población.
En esa línea, argumentó: "El acceso a la educación universitaria no sólo promueve el desarrollo personal de quienes acceden y pueden terminar sus estudios sino también es un derecho multiplicador de otros derechos en materia de desarrollo económico, social, productivo y estratégico para los tiempos que corren y las ncesidades de un país que debe superarse en estos aspectos".
Por este motivo, consideró que es importante "no retroceder en una tradición tan larga como la de Argentina en materia de garantía y promoción del derecho a la educación, en este caso en particular de la eduación universitaria".
Reclamos de la marcha federal universitaria
Ya desde fines del año pasado, cuando la inflación comenzó a acelerarse hasta llegar a un 25% en diciembre y un 20% en enero, las universidades comenzaron a advertir de la necesidad de una actualización presupuestaria para hacer frente a los gastos de funcionamiento. En febrero alertaron que la situación era crítica. Algunas voces comenzaba a decir que, de no mediar cambios, el segundo semestre se vería afectado fuertemente para el dictado de clases. Un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) aseguró que el presupuesto universitario se encuentra en su piso más bajo desde 1997.
Cada mes, el Estado nacional financia a las universidades públicas con una partida para gastos de funcionamiento, que abarca a todo lo que está por fuera del pago de salarios: servicio de gas y luz, infraestructura, mantenimiento, proyectos de extensión e investigación, etcétera.
"Esa cuota se mantiene a valores de enero del 2023 y claramente cuando hay un proceso tan profundo de inflación el desfasaje que se produce es fenomenal", dijo a principios de marzo a La Capital el rector de la UNR, Franco Bartolacci. A principio de mes, la Universidad de Buenos Aires tomó la decisión de apagar las luces de los espacios comunes (pasillos, halls y ascensores).
A ello se le suma el congelamiento presupuestario en el ámbito de la ciencia argentina y la cuestión salarial de docentes y no docentes de las universidades. En el caso de la UNR, el 90 por ciento de su presupuesto está destinado a salarios, que se incrementa según los acuerdos paritarios entre el gobierno nacional y los sindicatos. El Frente Sindical de Universidades (FSU), que también convoca a la marcha, rechazó la oferta de 8% de aumento para abril.
Cómo sigue el conflicto
Las autoridades del CIN y de la Secretaría de Educación se volverán a reunir este martes 30 de abril. El gobierno pretende que, además del financiamiento, se discuta también un esquema de "auditoría y fiscalización de las universidades".
"Un aviso importante: pase lo que pase, hagan lo que hagan, por lo menos mientras Javier Milei sea presidente, el dinero de la gente que va a las universidades se va a AUDITAR", dijo el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien en las últimas semanas se mostró activo en redes sociales tuiteando y retuiteando memes con su mirada sobre la actualidad universitaria argentina. En uno de ellos se ven dos fotogramas de Los Simpsons: uno que dice la UBA (y una foto que simboliza necesidades) y otro que dice "Los rectores" y muestra a un hombre rico.