Los presuntos casos de corrupción se han convertido en una patata caliente entre el PP y el PSOE en la antesala de un largo periodo electoral, y esta semana los socialistas intentan rentabilizar su ofensiva abriendo más vías de ataque. Por un lado, este martes se crea la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre la contratación durante la pandemia, donde el PSOE se enfocará en las comunidades de Madrid y Galicia, abriéndose a pedir la comparecencia tanto de Isabel Díaz Ayuso como de Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, no quieren desgastar el caso de la pareja de la presidenta madrileña, por lo que desde Ferraz tratarán de darle "entidad propia" alegando un posible "conflicto de intereses" en el que podría haber incurrido la Comunidad de Madrid. La tercera ofensiva también irá contra el poder territorial del PP, y es que el Gobierno de Pedro Sánchez ha amenazado con denunciar ante el Tribunal Constitucional las leyes sobre memoria democrática que el PP y Vox han impulsado en tres comunidades autónomas donde gobiernan juntos.
La investigación sobre el 'caso Koldo' ya aterrizó este lunes en la comisión creada por el PP en el Senado y también tendrá su protagonismo -presumiblemente mucho menos- en la impulsada por el PSOE en el Congreso de los Diputados, ya que abarcará toda la contratación durante la pandemia. En la de la Cámara Baja, que se crea este martes, los socialistas no descartan que Ayuso vaya a comparecer por la contratación de la Administración madrileña durante la pandemia, ya que asumen que no lo hará en la Asamblea de Madrid, con mayoría absoluta del PP. Su intención es que aclare adjudicaciones de la Comunidad de Madrid durante esos meses como la del contrato para la adquisición de mascarillas en abril de 2020 que el Ejecutivo madrileño asignó a su hermano. Además, fuentes de Ferraz apuntan a otros contratos de la Comunidad de Madrid más allá de los asignados a personas de su entorno y que "merecen una explicación." Y esa será la primera vía para contraatacar la ofensiva del PP en el Senado por el 'caso Koldo'.
El nombre de Isabel Díaz Ayuso también aparece en la segunda, ya que el PSOE quiere diferenciar la contratación durante la pandemia de la imputación de su pareja. "Tiene identidad propia", alegan fuentes socialistas. De hecho, el PSOE madrileño que dirige Juan Lobato ha decidido personarse en este caso alegando que es una "causa de interés general de los ciudadanos". Ayuso calificó este movimiento de "torpeza", indicando que el PSOE es incapaz de disimular la estrategia política que hay detrás, que es hacer daño a su adversario político e intentar ocultar el 'caso Koldo'.
Y tal como hizo el Partido Popular para investigar presuntos vínculos de la mujer del presidente, Begoña Gómez, con el rescate de Air Europa, el PSOE ahora apunta a un "conflicto de intereses" que habría que dilucidar. Sin embargo, alejan la posibilidad de materializarlo en una denuncia ante la Oficina de Conflicto de Intereses, alegando que podría carecer de competencias para analizar esta cuestión teniendo en cuenta que no hay ningún vínculo matrimonial o de hecho entre Alberto González Amador y Ayuso.
Ofensiva contra las leyes de concordia del PP y Vox
Por último, el Gobierno ha arrancado esta semana anunciando que llevará al Tribunal Constitucional la Ley de Concordia que prepara el PP y Vox en Castilla y León. Lo hará en el caso de que esta salga adelante, ya que de momento es una proposición de ley, y también con la ley aprobada por esta coalición en Aragón y en la Comunidad Valenciana. En el caso de las tres normas, responden a los acuerdos de gobierno firmados por PP y Vox en estas comunidades y, en concreto, a las exigencias que impuso la formación de Santiago Abascal.
El Gobierno, en boca del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha avanzado que comunicará al Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco la interposición del artículo 33.2 de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional para convocarle a una comisión bilateral donde abordar esta discrepancia, sin embargo, ya ha adelantado que tanto si se niega a acudir como si no acepta dar marcha atrás, el Gobierno presentará "automáticamente" el recurso.
Precisamente, este martes Torres llevará al Consejo de Ministros el estudio de los servicios jurídicos de su departamento sobre la derogación de la ley de memoria en Aragón y sobre las leyes de "concordia" presentadas en Comunidad Valenciana y Castilla y León.