Violeta Molina Gallardo
Madrid, 11 abr (EFE).- Siete menores han sido asesinados por sus padres en apenas tres meses. La infancia es la víctima más vulnerable, indefensa e invisible de la violencia machista: contra ella se perpetran los crímenes "más cobardes" y su protección exige, más que modificaciones legales, un profundo cambio social e institucional.
El repunte de la violencia vicaria más extrema evidencia lagunas en el sistema de protección a la infancia, y aunque ya existen leyes, mecanismos y protocolos útiles, necesitan ser implementados.
Para ello se requiere un profundo cambio (tanto institucional como social y cultural) que dé prioridad a la seguridad de la infancia, según juristas consultadas por EFE.
Estas deberían ser las premisas de dicho cambio:
La magistrada y exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, señala que la mayor "losa que pesa sobre la infancia" víctima de la violencia vicaria, y que "a veces se convierte en su propia tumba", es el estereotipo o el prejuicio de que un hombre puede ser violento con su pareja y a la vez un buen padre con sus hijos: "Esa disociación está muy arraigada en nuestra cultura patriarcal y también en la justicia", denuncia.
A su juicio, España dispone de una legislación avanzada en esta materia (que establece mecanismos para la suspensión de las visitas a un maltratador), pero hay que aplicarla y son necesarios pasos más decididos en orden a englobar la violencia que sufre la madre y la que sufre la infancia que depende de ella, esto es, proteger a ambas a la vez.
En este sentido, la directora de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, denuncia que no se está protegiendo adecuadamente a los menores que están en riesgo por violencia de género.
"La justicia y la sociedad en su conjunto tienen que ser conscientes de que cuando no se protege bien a la madre, no se protege a niños y niñas, y que cuando no se protege a niños y niñas, no se protege a las madres. (...) Hay que romper con la idea de que un maltratador puede hacerse cargo de sus hijos o que la violencia contra la madre no tiene afectación sobre la seguridad de los menores", enfatiza.
Desde 2015, España considera a los menores víctimas directas de la violencia de género y en 2021 se hizo una reforma legal para suspender los regímenes de visitas de los maltratadores, salvo excepciones bien motivadas por el juez.
Soleto critica que al mismo tiempo que se registra un repunte de crímenes vicarios se siguen viendo concesiones de visitas a padres maltratadores en los juzgados o la aplicación del falso síndrome de alienación parental.
"Seamos conscientes de que, al contrario de lo que decía el discurso tradicional de 'aguanta por tus hijos, mujer', el discurso tiene que mutar y decir que un entorno violento no es un entorno seguro para la infancia y que un maltratador no es un buen padre en ninguna circunstancia", insiste.
La fiscal de Sala delegada de violencia sobre la mujer, Teresa Peramato, pone de manifiesto que se suspenden muchas más visitas a raíz de las reformas legales de 2021.
Ahora bien, incide en que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ofrece datos trimestrales del número de regímenes de visitas que se suspenden en el marco de una orden de protección por violencia de género, pero no sobre los que se mantienen a pesar del maltrato e incluso de los que se establecen, una práctica que se da a pesar de que la legislación no lo contempla. "Solo así podremos radiografiar lo que está pasando y saber cómo se está aplicando la ley", asevera.
Tras el repunte de asesinatos vicarios, Peramato aboga además por abrir el debate de si el mutuo acuerdo en los procedimientos de familia (divorcio y custodias) es un recurso procesal adecuado para proteger a las madres y sus descendientes en contextos de violencia machista, ya que la mujer se encuentra en claro desequilibrio y desventaja.
La fiscal también destaca la necesidad de disponer de estudios profundos y multidisciplinares que analicen qué pasa por la mente de un hombre que es capaz de ejecutar a sus hijos para hacerle daño a la mujer, a la que también asesina y luego se suicida.
Estudios que, a su juicio, deberían realizarse no solo desde la disciplina jurídica, sino también psicológica, antropológica, sociológica y criminológica.
En este sentido, Victoria Rosell precisa que la violencia vicaria es la violencia más cobarde, pues se perpetra contra seres vulnerables que no tienen capacidad de defensa, y también la más impune, toda vez que el 60 % de los asesinos se suicida tras cometer el crimen.
La exdelegada solicita visualizar que esta violencia no se reduce a los asesinatos, pues hay una cifra enorme de niños y niñas que la padecen: según la última Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, 1,69 millones de menores viven en hogares en los que sus madres son maltratadas, de modo que están expuestos a esa violencia.
Rosell exige la formación de todas las personas que trabajan con los menores víctimas, particularmente en el ámbito de la justicia, y que los juzgados de violencia acepten las competencias de violencia vicaria y estén bien dotados.
Recuerda que la interposición de denuncia es muy limitada, ya que el agresor suele ser su progenitor o la pareja de su madre, de ahí que sea tan invisible: "No pueden verbalizar la violencia y tienen un conflicto emocional terrible", sostiene.
Por eso la importancia de que los servicios sanitarios, educativos y sociales se impliquen en la detección de la violencia.
Además, continúa pendiente la adaptación y funcionamiento de los juzgados a la ley de protección integral a la infancia frente a la violencia, lo que permitiría atender de forma especializada a los menores víctimas.
La abogada y vocal de la Asociación de Mujeres Juristas Themis Inmaculada Poveda recuerda que la violencia vicaria puede adoptar muchas formas (física, psicológica, impago de pensiones, falta de cuidado de los menores) y que en los juzgados se comprueba cómo las víctimas de violencia de género sufren a diario estas cuestiones porque los maltratadores utilizan a los hijos para hacerles daño. EFE
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