Moyano, empujado al borde del abismo
Por Julio Blanck para Clarín
Por Julio Blanck para Clarín
Mauricio Macri no quiere ver preso a Hugo Moyano. Lo quiere ver firmando la cláusula de productividad en el gremio camionero, para bajar en unos dos mil millones de dólares al año el costo del sistema de logística y transporte. El Presidente apunta a mejorar la condición competitiva de la producción nacional. Después tendrán que poner su parte los empresarios, pero esa es otra historia, menos estruendosa pero igual de complicada. Un cambio cultural que no se resuelve con una ley o un decreto.
La situación judicial de Moyano, que está abierta en varios frentes y sólo puede seguir empeorando, y el quebranto de la empresa de correo OCA que el jefe sindical defiende como si fuera propia, pueden operar como elementos de convencimiento drástico en la estrategia de Macri. Pero no son en sí mismos el objetivo buscado.
Macri casi alega inocencia en los males que acechan a Moyano. Dice que le dio independencia total a la Unidad de Información Financiera (UIF) y que ese organismo que combate el lavado de dinero, encabezado por Mariano Federici -a quien elogia sin reservas- sólo está haciendo su trabajo como debe hacerse.
Marca el contraste con la gestión anterior, encabezada por José Sbatella, que miraba para otro lado cuando pasaban los transatlánticos de dinero ilegal del poder kirchnerista y se dedicaba, en cambio, a perseguir opositores.
La UIF está atiborrando de información a los juzgados. El último reporte del organismo, como el periodista Ignacio Ortelli informó en Clarín, consignó pagos por más de siete millones de pesos de OCA a Dixey S.A., una firma textil que manejan la esposa del jefe sindical y su hija. Llamó la atención semejante desembolso en medio de las enormes dificultades financieras de ese correo privado.
También se comprobó que Dixey tuvo el 90% de su facturación reciente, por un total cercano a los 57 millones de pesos, concentrada en pagos de OCA y el gremio de camioneros.
Por cierto la AFIP, que conduce con mano experta Alberto Abad, aflojó el collar de ahogo sobre OCA, que le debe 3.400 millones de pesos al fisco. Podría levantar embargos y reprogramar el pago de deudas impositivas y previsionales. Así, OCA accedería a la renovación de su licencia para operar como correo, decisión que depende de otro organismo estatal, el ENaCom.
En la causa por presunta vinculación con los delitos de los barrabrava de Independiente, el Gobierno provee información al juzgado de Lomas de Zamora a cargo del juez Gabriel Vitale. Hay allí una acción directa de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que sigue cada paso de la investigación y mantiene contacto constante con la fiscal Viviana Giorgi.
Moyano está convencido de que Macri lo persigue y lo quiere meter preso. El Presidente lo torea: le recomienda que esté tranquilo, que vaya a la Justicia, y le dice que sólo se interesa por defender sus privilegios. Moyano contesta en su estilo, que puede ser rústico pero no deja lugar a dudas: "No me arrodillo ante nadie".
El choque parece inevitable. Pero el desequilibrio de fuerzas resulta evidente, en favor del Gobierno. Moyano corre peligro de ser empujado al borde del abismo.
Macri toma ventaja a partir de su legitimación con el triunfo electoral de hace tres meses. Y lo hace a pesar de una economía que sigue encorsetada por la inflación. Incluso con la mala onda con que cerró el año pasado por la reforma previsional. Y contando también la poquísima gracia que le causará a todo el mundo la nueva oleada de fuertes aumentos de tarifas, que ya empezó y el Gobierno promete que será la última.
Pero del otro lado hay un sindicalismo dividido. Con los gremios más numerosos decididos a sostener el diálogo y la negociación con el Gobierno. Con una imagen muy negativa en la opinión pública, alentada además por las detenciones de jefes gremiales que llevaron la corrupción a límites que desafían la imaginación. Y con dificultades objetivas para demostrar que, en esta etapa, el camino de la lucha frontal sea eficaz para lograr mejoras efectivas en las condiciones laborales y, sobre todo, que ayude a la creación de más y mejores empleos.
Igual hay voces en el oficialismo que advierten por el eventual costo que pueda tener el enfrentamiento. Macri va a ganar esta pelea, aseguran. Y señalan que Jaime Durán Barba alienta la confrontación convencido que sólo hay que meterse en las batallas que puedan resultar victoriosas. Pero advierten que las heridas en la relación con el mundo sindical y social podrían dificultar después el avance del "reformismo permanente".
Macri insiste en que Moyano no está en la categoría de enemigo irreductible. Recuerda que negociaron mucho y bien cuando uno gobernaba la Ciudad y el otro controlaba la recolección de la basura. Ese entendimiento se trasladó a la acción política. Moyano ayudó a Macri, con lo que hizo o lo que dejó de hacer, en su tarea de desalojar del poder al kirchnerismo. Pero esa alianza hoy está dañada, por ahora sin remedio.
Moyano siente que el pacto entre ellos se quebró cuando el Gobierno empezó a avanzar sobre OCA. Y que ese quiebre se agravó con el avance de las causas judiciales en su contra.
Macri está convencido que el pacto -si alguna vez lo hubo- se disolvió porque Moyano no se decide a ser parte de la transformación productiva del país que él pretende encabezar.
Ya en aprestos de combate, Moyano llamó a la marcha de protesta contra el Gobierno para el jueves 22, acompañado por los gremios de menor volumen en la CGT y por el sindicalismo ultra K con el que siempre habían sido enemigos declarados.
Macri, por su lado, anudó a través de Triaca y del vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, la relación con los grandes gremios que están dispuestos a la negociación. Y mandó clausurar toda vía de diálogo con el jefe camionero.
Hace dos semanas Daniel Angelici avisó que dejaba de ser interlocutor de Moyano. El empresario del juego, amigo de Macri y presidente de Boca Juniors, fue quien en noviembre le avisó al camionero que venían complicaciones para su hijo Pablo por el caso de los barrabrava de Independiente. En enero, Hugo y Pablo quedaron involucrados en la causa por asociación ilícita y fraude en perjuicio del club.
Tiempo antes el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, nexo histórico entre Macri y los gremios, había recibido indicaciones de tomar distancia de esas gestiones. Eso no evitó los llamados de Claudio "Chiqui" Tapia, yerno de Moyano y presidente de la AFA, invitándolo a mantener viva la línea de diálogo. Hoy no hay margen para ningún acercamiento, pero los llamados se repiten.
Otros canales abiertos con el moyanismo, más formales y orgánicos, a través del ministro de Trabajo Jorge Triaca, también quedaron clausurados.
Moyano cuenta con el apoyo público de La Cámpora y la CTA cristinista, que buscan aliados de volumen para frenar al Gobierno. Compartir enemigos suele generar alianzas políticas tan inesperadas como sólidas. Pero esas piruetas también tienen sus costos. La foto de los Moyano con los gremialistas ultra K Hugo Yasky y Roberto Baradel no ayuda a sumar a la marcha del 22 a algunos sectores sindicales y sobre todo a los movimientos sociales, de demostrada capacidad de movilización.
La Corriente Clasista Combativa y la agrupación Barrios de Pie comparten un fuerte sesgo antikirchnerista. La mayor de esas organizaciones, la CTEP vinculada al Movimiento Evita, aunque admite que el Gobierno lanzó una persecución política contra Moyano, no parece convencida de quedar como parte de la barrera de protección que pretende levantar el camionero ante sus apremios judiciales.
Los tres movimientos sociales, de hecho, preparan su propia movida en las calles para el próximo jueves 15. Quieren negociar con el Gobierno cierta reconversión de los planes sociales en proyectos de empleo. Su intención es que los centenares de cooperativas que agrupan tengan participación en la explosión de obra pública en todo el país.
Moyano le encomendó a otro de sus hijos, Facundo, mejorar la presentación pública de su postura. Anoche empezó a ser la cara mediática de la protesta sentándose en la mesa de Mirta Legrand. Su plan es hablarle a quienes se sientan afectados por las políticas de Macri. "A los que odian al sindicalismo no les voy a cambiar la cabeza" avisa.
Facundo asegura que su padre mantiene la lealtad de los camioneros y que eso lo conserva como un actor del poder real. Considera que el Gobierno corre riesgos yendo a este enfrentamiento porque "Moyano todavía te garantiza paz social y te ordena las paritarias".
El problema es que Macri ya no piensa que eso sea así.
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