Después de idas y vueltas de la Cámara de los Comunes a la de los Lores y diferentes rechazos e intervenciones judiciales, el próximo 15 de abril los diputados británicos tratarán la ley que permite deportar a los migrantes que llegan vía el Canal de la Mancha a Ruanda, en plena África y con un gobierno autoritario.
Pero el proyecto ha tenido tantos retrasos que la mayoría de las casas destinadas a los extenuados migrantes deportados en aviones, que no logran despegar por decisión de la Corte Suprema de Justicia británica, han sido vendidas a la población local en Ruanda.
Casas vendidas
Cuando la entonces xenófoba ministra del Interior británica , Suella Braverman aprobó las propiedades en Kigali, dijo que eran "tan bellas" que pediría asesoramiento al diseñador para su casa en Londres.
Ahora el 70 por ciento de sus propiedades, que alguna vez fueron destinadas a albergar a solicitantes de asilo, están ocupadas y vendidas.
"La mayoría de las propiedades en una nueva urbanización en Ruanda que estaban destinadas a inmigrantes deportados del Reino Unido se han vendido a compradores locales", afirmó el promotor ADHI-Rwanda. Un gerente de la firma en Kigali, la capital de Ruanda, dijo que habían sido vendidas a "personas privadas que quieren vivir en ellas", dejando espacio sólo para unas pocas docenas de inmigrantes, si algún día despegan los vuelos.
Han aparecido carteles de "vendido" en las cuidadas terrazas de la propiedad de Bwiza Riverside. Al mismo tiempo , el gobierno del Reino Unido ha luchado con numerosos reveses que retrasaron la implementación del plan de deportación. La venta de las casas a los locales deja espacio sólo para unas pocas decenas de inmigrantes.
El 70% de ya no están
Hassan Adan Hassan, director general del proyecto, dijo a los periodistas: "Actualmente hemos vendido casi el 70 por ciento de las viviendas accesibles. Nos quedan algunas unidades. La electricidad está conectada a las casas. Agua y fibra óptica están conectadas a las casas. Las carreteras y el alumbrado público están terminados".
El plan de 257 unidades, cuyos precios oscilan entre 14.000 y 27.000 libras, fue financiado como parte de una asociación público-privada entre el gobierno de Kigali y ADHI Corporate Group, que dijo que había "cautivado la atención de compradores e inversores exigentes por igual".
A principios de este año, una fuente del gobierno ruandés dijo que la idea era "integrar a los inmigrantes en las comunidades ruandesas, no crear guetos de inmigrantes".
Braverman, un caso extremo
Durante su visita en marzo del año pasado, cuando era ministra del Interior, Suella Braverman dijo que Ruanda podría "reasentar a muchos miles de personas" en virtud del acuerdo con el Reino Unido.
Braverman tuiteó fotografías del sitio y escribió: "Durante mi viaje tuve la oportunidad de visitar proyectos de vivienda apoyados, a través de nuestra asociación, que las personas que buscan refugio llamarán hogar".
Los informes sobre buenas ventas en Bwiza, que fue construido con materiales respetuosos con el medio ambiente, han sido ampliamente compartidos en Ruanda, sin mencionar que algunas unidades han sido reservadas para inmigrantes británicos.
El gobierno ruandés cuestionó la proporción exacta que se había vendido de forma privada. Pero insistió en que la finca de Bwiza era sólo una de varias urbanizaciones que se utilizarían para los inmigrantes.
Las casas
Yolande Makolo, la portavoz principal del gobierno ruandés, dijo: "Simplemente no es cierto que el 70 por ciento de las casas estén vendidas. De todos modos, la finca Bwiza Riverside es sólo una de las opciones de vivienda, donde los inmigrantes vivirán junto a los ruandeses. Ninguna de las urbanizaciones asignadas estuvo destinada a ser exclusiva para inmigrantes. La idea es integrar a los inmigrantes en las comunidades ruandesas, no crear guetos de inmigrantes".
British Home Secretary Suella Braverman has gone viral online after a photo showed her laughing while standing on top of a building in Kigali, Rwanda. The estate is expected to house migrants deported from the UK. pic.twitter.com/CxPNtFvrWn
— Middle East Eye (@MiddleEastEye) March 21, 2023
En el exterior de varias propiedades han aparecido carteles de "vendido".
Las propiedades se venden en el mercado abierto. Las casas más caras ofrecen jardines delanteros y traseros, estacionamiento fuera de la calle y banda ancha de fibra óptica.
Sunak, desesperado
El primer ministro británico Rishi Sunak ha dicho que controlar la inmigración ilegal es "más importante" que ser miembro del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Un claro indicio de que está dispuesto a romper las obligaciones internacionales de Gran Bretaña para permitir el despegue de los vuelos a Ruanda.
El primer ministro sugirió que si Estrasburgo bloqueaba su intento de deportar a los solicitantes de asilo, estaba dispuesto a prometer retirarse del TEDH, una perspectiva que hará las delicias de los conservadores de derecha. Pero espantará a los tories moderados.
La ley enmendada
Los parlamentarios volverán a considerar las enmiendas de los Lores al proyecto de ley de seguridad de Ruanda (PDF) el 15 de abril. Un ping pong de enmiendas con los Lores, que consideran que la ley viola los derechos humanos.
El propósito del proyecto de ley es "prevenir y disuadir la migración ilegal, y en particular la migración por rutas
ilegales y peligrosas, permitiendo la expulsión de personas a la República de Ruanda" en virtud de un controvertido tratado de reubicación.
La Cámara de los Lores examinó el proyecto de ley entre el 18 de enero y el 12 de marzo. Hizo diez enmiendas durante la etapa de informe los días 4 y 6 de marzo. Todas fueron derrotas del gobierno.
La Cámara de los Comunes consideró las diez enmiendas de los Lores el 18 de marzo y rechazó las diez.La Cámara de los Lores consideró los motivos de desacuerdo de los Comunes el 20 de marzo. Los pares aprobaron siete enmiendas similares a las diez originales, descartando tres.
Las enmiendas humanitarias
Las enmiendas son:
- Cambiar el objetivo del proyecto de ley para incluir el "debido respeto" al derecho internacional.
- Declarar que "Ruanda es un país seguro", sólo si se implementan y cumplen plenamente las salvaguardias del tratado entre el Reino Unido y Ruanda, según lo juzgue el Comité de Monitoreo independiente del tratado.
- Ampliar los motivos para que las personas impugnen las decisiones de expulsión y permitir que los tribunales otorguen mandatos judiciales para evitar dichas expulsiones en circunstancias limitadas
- Permitir que las personas apelen las decisiones de que son mayores de 18 años y, por lo tanto, elegibles para ser expulsados a Ruanda. A menos que la decisión sobre la edad haya sido tomada por trabajadores sociales del consejo.
- Evitar que algunas víctimas de trata de personas, o que ayudaron a las fuerzas armadas en el extranjero (como en Afganistán), sean expulsadas a Ruanda.
La voz de la Corte Suprema
En noviembre pasado, la Corte Suprema del Reino Unido declaró ilegal la política. El primer ministro Rishi Sunak espera que la nueva legislación, cuando se apruebe, anule las preocupaciones legales y cumpla su promesa de impedir que las personas crucen el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones.
Recuperar el control de las fronteras británicas y poner fin a la libre circulación de personas fue un factor importante que llevó a la votación de 2016 a favor de que Gran Bretaña abandonara la Unión Europea. Las encuestas muestran que sigue siendo uno de los temas más importantes para los votantes, en elecciones generales que podrían realizarse este año, probablemente en octubre.
El gobierno de Sunak ha anunciado una serie de medidas para reducir la migración legal en 300.000 personas y también ha prometido impedir que las personas realicen el peligroso viaje de unas 20 millas (32 kilómetros) a través del Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones.
Según el plan, cualquiera que llegara ilegalmente a Gran Bretaña después del 1 de enero de 2022 podría
ser enviado a Ruanda, a unas 4.000 millas (6.400 kilómetros) de distancia.
Una política ilegal para la Justicia
Sin embargo, el primer vuelo de deportación en junio de 2022 fue bloqueado por jueces europeos.
Luego, la Corte Suprema confirmó por unanimidad una decisión de que el plan era ilegal porque los migrantes corrían el riesgo de ser enviados de regreso a sus países de origen o a otros países, donde estarían en riesgo de sufrir malos tratos.
A pesar de que no se han producido deportaciones, Gran Bretaña ya ha pagado a Ruanda 240 millones de libras (304 millones de dólares). Si bien Gran Bretaña espera enviar miles de inmigrantes, por el momento Ruanda sólo tiene capacidad para recibir unos pocos y le faltarán casas.
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