Roma, 19 abr (EFE).- La Justicia italiana ha decretado el sobreseimiento de la causa contra los cuatro tripulantes del barco humanitario alemán Iuventa y otros 17 cooperantes de varias ONG, que habían sido acusados de favorecer la inmigración ilegal, informaron hoy los acusados.
El juez de Trapani (Sicilia, sur) que investigaba el caso desde hace más de siete años anunció este viernes que lo cerraba definitivamente, al decretar la falta de fundamento de los cargos contra los tripulantes de las ONG Jugend Rettet, Save The Children y Médicos Sin Fronteras (MSF).
"La investigación iniciada por la fiscalía de Trapani en 2016, la primera de la triste era de propaganda que convirtió a los socorristas en 'taxis marítimos' y 'amigos de los traficantes', se ha derrumbado", indicó MSF en un comunicado.
Por su parte, la web Iuventa Crew aseguró que "después de 5 años de investigación y 2 años de juicio preliminar, tanto el La fiscalía y el juez admiten que las acusaciones eran infundadas", lo que "confirma que se trata de una persecución política por parte de las autoridades italianas con el único objetivo de desalentar la solidaridad con los inmigrantes".
La Fiscalía ya había pedido el sobreseimiento el pasado día 28 de febrero, tras reconocer la falta de argumentos para apoyar los delitos contra las ONG, que habían sido acusadas de llegar a acuerdos con traficantes de seres humanos y de haber actuado como sus "taxis", trasladándolos desde barcos libios.
El Ministerio italiano del Interior, que participaba como parte civil y había pedido una indemnización, declaró entonces que aceptaría la decisión al tribunal.
"¡Acusaciones infundadas! Así, después de 7 años de acusaciones, finaliza la investigación contra MSF y otras ONG acusadas de complicidad con la inmigración ilegal. El juez de Trapani cerró definitivamente el caso, descartando cualquier sospecha de colaboración con los traficantes", escribió la ONG en sus redes sociales.
Los 21 miembros de oenegés y armadores de los barcos humanitarios estaban acusados de favorecer la inmigración ilegal por mantener contactos con los traficantes en los rescates realizados en el Mediterráneo central entre 2016 y 2017 y que podrían haber sufrido penas de hasta 20 años de cárcel.
La investigación dio lugar a "una gigantesca acusación basada en inferencias, interceptaciones, testimonios falaces y una interpretación deliberadamente distorsionada de los mecanismos de rescate para presentarlos como actos delictivos", según Médicos Sin Fronteras.
La Fiscalía consideraba que las ONG mantenían contacto con los traficantes que les comunicaban cuándo salían de las costas de Libia y su posición en el mar.
A su llegada a Lampedusa tras un rescate en agosto de 2017, el barco de esta ONG fue incautado y la fiscalía de Trapani abrió varias pesquisas contra decenas de personas y finalmente se cerró la investigación con los 21 acusados.
"Los ataques a la solidaridad continúan a través de un goteo de otras acciones: decretos restrictivos, detención de embarcaciones civiles, apoyo a la guardia costera libia que obstaculiza peligrosamente el rescate y alimenta el sufrimiento y las violaciones, mientras las muertes en el mar siguen aumentando", afirmó Christos Christou, presidente internacional de MSF.
Mientras que Iuventa-crew consideró que es "difícil celebrar" la absolución de sus tripulantes, "mientras el barco fue abandonado y destruido" y cuando "más de 10.00 personas han muerto en el Mediterráneo Central" y "más de 200.00 han sido devueltas a Libia" desde 2017. EFE
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