El Tribunal General de la Unión Europea ha anulado las sanciones al magnate ruso, Mikhail Fridman, que recuperará así el control del grupo Dia. El empresario llevaba en la lista de personas a las que se les aplicaban restricciones desde febrero de 2022 hasta la actualidad y, como su socio, Petr Aven tenía congeladas sus acciones en LetterOne, el fondo que tiene el 77% del capital de la cadena de supermercados.
Entre otras medidas, las sanciones obligaron a que el mismo 1 de marzo de 2022 Fridman abandonase el consejo de administración de LetterOne. Tanto el empresario, como su socio Aven, perdieron todos sus derechos como accionistas y, aunque ahora quedan pendientes todavía sanciones por parte de Estados Unidos y Reino Unido -el Gobierno británico ha reducido ya al mínimo la investigación abierta-, todo indica que ambos volverán a disponer de sus participaciones. Hay que tener en cuenta que LetterOne tiene su sede social en Luxemburgo, por lo que el desbloqueo de las acciones puede ser inminente. Entre ambos controlaban algo menos de un 50% de la firma, según informaciones de Bloomberg y Financial Times. Fridman tiene, en concreto, alrededor de un 30% del capital del fondo y Aven otro 20% adicional.
Después de haber tratado de desvincularse, al menos públicamente, en los últimos dos años de los dos socios, desde LetterOne evitan ahora pronunciarse a la espera de analizar la resolución del tribunal. A la espera también de que el fondo adopte una posición, Dia ha mantenido en todo momento durante este periodo que ni LetterOne ni la propia cadena habían sido sancionados y que, por lo tanto, no se veían afectados.
El comunicado emitido por el tribunal ha dado la razón a las demandas tanto de Fridman como de Aven. Además de LetterOne, ambos son los accionistas de referencia de Alfa Group, el conglomerado de Alfa Bank, uno de los principales bancos de Rusia. En febrero de 2022 el Consejo de la Unión Europea decidió que tanto sus fondos como recursos económicos fueran congelados debido a que ambos empresarios estaban presuntamente "asociados con personas a las que también se aplican medidas restrictivas, junto al propio Vladimir Putin".
Ahondando más en los motivos por los que sus activos fueron embargados, se debía a que ambos empresarios habrían prestado apoyo material o económico a la política rusa y, por lo tanto amenazando a Ucrania. Tanto Aven como Fridman consideraban que no había pruebas que justificaran esa acusación y, en consecuencia, que no se les podía aplicar ningún tipo de sanción. "Las acusaciones no son fiables ni creíbles y sus conclusiones son erróneas".
En su escrito el tribunal coincidía con esta postura alegando que "ninguno de los motivos que figuran en los actos iniciales está suficientemente acreditado" y, por lo tanto, "su inclusión en la lista de sancionados no está justificada". Además el Tribunal General ha sentenciado que el Consejo Europeo "no ha presentando ninguna prueba adicional más allá de los actos iniciales".
El organismo reconoce que se ha podido demostrar cierta proximidad entre Aven y Fridman con Vladimir Putin y su entorno pero, en cualquier caso, no habría quedado claro se haya podido apoyar acciones o políticas que amenacen a Ucrania. El consejo defendía que desde la anexión de Crimea en 2014 ya habían apoyado económicamente la desestabilización del país europeo o se han beneficiado de ello, algo que, por el momento, la corte comunitaria ha rechazado.
Fridman es uno de los empresarios más destacados de Rusia después de ganar miles de millones en la banca, el petróleo y el comercio minorista. Después de que él y sus socios se embolsaran 14.000 millones de dólares de la venta de la compañía petrolera TNK-BP a la estatal Rosneft en 2013, se mudó al Reino Unido para crear una firma de capital privado que invirtiera en empresas de todo el mundo. En una audiencia el año pasado, los abogados de Fridman argumentaron que su vida había sido "destruida" después de haber sido sometido a sanciones de la UE.