El fiscal designado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab, anunció la detención del exministro del Petróleo, Tareck El Aissami, imputándole delitos como traición a la patria. Autoridades del chavismo, incluyendo gobernadores y la Fuerza Armada, se alinearon en apoyo a la investigación y el castigo.
Recientemente, Nicolás Maduro propuso una reforma constitucional para introducir la pena máxima de cadena perpetua para delitos relacionados con la corrupción y la traición a la patria, así como la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.
El exministro de Educación y Energía Eléctrica, Héctor Navarro, no solo responsabiliza a El Aissami del desfalco de corrupción en Pdvsa por 23.000 millones de dólares, sino también a la falta de controles administrativos por parte del Estado, debido a su cercanía con el poder.
Navarro reflexionó sobre la ambición de El Aissami y su ascenso en la falta de controles institucionales que ha caracterizado al gobierno de Maduro.
El fiscal Saab mostró a El Aissami detenido, imputado por cinco delitos graves, incluyendo traición a la patria y asociación para delinquir. Se han señalado otras posibles detenciones.
Consultado sobre si el caso El Aissami va más allá del tema de la corrupción, Navarro consideró que hay una lucha interna de grupos por el poder en el chavismo madurismo.
La propuesta de Maduro de reformar la Constitución para introducir penas más severas a los delitos de corrupción y traición a la patria ha generado debate en la sociedad venezolana. La falta de controles institucionales y la impunidad en casos anteriores de corrupción también están en el centro de la discusión.
La conclusión es clara: se requiere un verdadero equilibrio e independencia de poderes, así como una contraloría social efectiva para prevenir situaciones como estas en el futuro.