Tratan los portavoces gubernamentales, con el ministro de Transportes, Óscar Puente, como figura destacada, de desvincularse de su alianza parlamentaria con Bildu, conscientes de que entre su electorado en el País Vasco no todos padecen de la pérdida de memoria y, sobre todo, de la brújula moral que afectan a La Moncloa.
Al mismo tiempo, los analistas políticos hacen cábalas, a tenor de lo que pronostican las encuestas, que es una victoria por la mínima de los herederos de la banda etarra, sobre las consecuencias que tendría para la estabilidad del Gobierno si los socialistas negaran su apoyo a los de Arnaldo Otegui para mantener al PNV al frente del ejecutivo de Vitoria contra el mandato de las urnas.
Sin embargo, no parece que sea una disyuntiva que deba preocupar demasiado en La Moncloa por cuanto el servicio que ha prestado el PSOE al brazo político de ETA, su «normalización institucional», es de todo punto impagable. Así, en pocos de sus aliados de investidura hallará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mayor lealtad y espíritu de colaboración. De hecho, allí donde los intereses del sanchismo han sido más perentorios ha podido contar con el respaldo de los proetarras, ya fuera en Navarra, ya en el Congreso, donde los seis diputados de Bildu han votado disciplinariamente todas y cada una de las 17 propuestas socialistas de la legislatura, como hoy publica LA RAZÓN, sin ni siquiera recurrir a esa retórica de la queja vergonzante que caracteriza el apoyo de los de ERC.
Por ello, que los socialistas vascos quieran, a estas alturas, renegar de una relación tan beneficiosa para Ferraz presenta tintes de vodevil que, por supuesto, no servirán para recuperar un voto joven de izquierdas que, como en Galicia, han echado en manos del soberanismo neo marxista y populista, que es el disfraz político adoptado por quienes, no hace tanto, trataron de imponerse por el terror de masas a la democracia española.
Pero, por supuesto, si Bildu viene actuando como el mejor escudero de Pedro Sánchez no es sólo por gratitud, sino porque su principal objetivo es el excarcelación de los terroristas presos y el final de los procedimientos judiciales abiertos contra la banda, que pretenden esclarecer los trescientos asesinatos cometidos por ETA que permanecen sin resolver. La primera etapa, el «blanqueamiento político» de quienes aún promueven activamente, mediante esa violencia de «baja intensidad», la exclusión social de quienes defienden un País Vasco en el marco constitucional, ya se ha producido y sin necesidad de abjurar de su pasado asesino, pero para el siguiente paso, el de la impunidad judicial, es imprescindible que el Partido Popular no llegue a alcanzar el gobierno de la Nación, lo que, sin duda, sucedería en el caso de que Sánchez se viera obligado a adelantar otra vez las elecciones generales.
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