¿Qué capacidades que se necesitan para superar las intervenciones a EPS?
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Imagen de referencia vía Getty Images
En Hora20 el análisis decantado y bajo el paraguas de las capacidades el análisis a lo que viene en adelante tras la intervención de la Superintendencia de Salud a las dos principales EPS del país y la capacidad de atender 16 millones de pacientes; las capacidades políticas que se juegan en el Congreso, el futuro de las coaliciones y las posibilidades de consenso. Después un cambio de tema: los datos que revela la complicada situación humanitaria y los ocho conflictos armados activos en el país según el CICR.
EL hundimiento de la reforma a la salud, la búsqueda de la aplicación de los pilares de esta reforma a "golpe" y las intervenciones a las dos EPS más grandes del país por parte de la Superintendencia de Salud, pondrán a prueba la capacidad institucional, política y técnica en adelante. Precisamente, la Contraloría en un informe revelado esta mañana en 6AM Hoy por Hoy y que fue enviado en febrero del 2023 a la Superintendencia se da cuenta de que esta entidad no tiene capacidad operativa, en infraestructura, personal o de recursos para asumir la administración de las EPS, pues se afirma que las intervenciones no son efectivas, conllevan a riesgo financiero y tienden a acentuar las crisis. Sobre este problema de capacidades, el superintendente de salud, Luis Carlos Leal ha dicho que, si bien no hay capacidad administrativa desde la Superintendencia, lo que se busca es hacer una intervención forzosa para que los recursos lleguen a donde se necesitan a través de la interventoría.
De otro lado está la capacidad política para lo que ocurra en adelante. Desde algunos sectores políticos y gremios se aboga por una mesa nacional de concertación y la construcción de una reforma. De otro lado, el presidente Petro ha dicho que las intervenciones funcionarán para salvar a las EPS de la quiebra y al tiempo ha dejado ver la intención de aplicar aspectos fundamentales de la reforma en las intervenidas, asumiendo el gobierno la función constitucional de reordenar el sistema. El Presidente, el ministro de Salud y el de Interior han insistido en que el gobierno persistirá implementando el nuevo modelo, sin embargo, entre esas líneas se cruza la intención de la constituyente, también ha dicho que Keralty por ahora los derrotó y aseguró que hay congresistas que han sido financiados por esta compañía, otra forma de medir capacidades.
Lo que dicen los panelistas
Antonio Sanguino, exsenador, exconcejal y sociólogo, recordó que la reforma que se aprobó en el periodo anterior le entregó dientes e instrumentos legales a la Supersalud para que hiciera lo que está haciendo, "esta situación está precedida de varias circunstancias, por ejemplo, el informe de la Contraloría indica que, a octubre del 2023, solo cinco EPS cumplían con estándares financieros y 16 de ellas tenían problemas de deuda por $25 billones". También reconoció que en el impasse político seguramente el Gobierno no desplegó toda su capacidad para concertar con el Congreso, "pero no le quitemos responsabilidad al legislativo y a los partidos políticos que bloquearon y no discutieron la ponencia alternativa". De otro lado, fue claro en advertir que ahora el Gobierno tiene el chicharrón en las manos, "no estamos ante liquidación ni expropiación de Sanitas, es una intervención por un año, se deberá responder por la intervención y devolverla a los dueños una vez se superen los problemas".
Laura Bonilla, analista política y subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, explicó que la Superintendencia designa un gerente por un periodo y toma la dirección de activos y que el objetivo es volver a poner al prestador en juego sin los problemas que ponen en riesgo la prestación del servicio. Dijo que hay una falla grave del mercado y eso genera problemas en prestación del servicio, "eso ha pasado desde que el sistema está vivo, pero lo que nunca había pasado, era que ciertas EPS con grandes problemas y mucha gente, no eran intervenidas". Por último, destacó que hay gran nivel de radicalización cuando el Gobierno tiene visión estatista, pero, de otro lado, hay una postura de que solo el mercado garantiza el derecho a la salud.
Sobre el informe del CICR sobre condiciones humanitarias, dijo que en términos reales no hay nada nuevo a lo que se venía advirtiendo, "se esperaba que Clan del Golfo entrara a pelear ciertos territorios, pero son enfrentamientos entre actores que ya estaban en el conflicto". También comentó que se ha dicho que los comportamientos de violentos están asociados a gobernanza armada, "Colombia viene creciendo en eso desde el 2017 aproximadamente. En diciembre de 2022 se lanza un cese al fuero que no tiene mecanismo y crea incentivo perverso".
Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático y exconcejal de Bogotá, dijo que si el Gobierno quiere una nueva reforma debería hacer un ejercicio de concertación, "pero los anuncios por ahora demuestran que ese no será el camino". No obstante, advirtió que más que el tema político, toca ver qué va a pasar con el sistema, "hay problemas que vienen de antes, pero eso lo enfrentan todos los sistemas y se necesitan ajustes permanentes", además, dijo que el gobierno terminó agudizando el problema al no reconocer la insuficiencia de recursos a través de la UPC y el problema de presupuestos máximos que son importantes, pero no tan cuantiosos.
Para Andrés Caro, abogado, profesor universitario, columnista en La Silla Vacía, el gran problema no es una crisis temática, sino la incapacidad del Presidente para encontrar consensos, "esto de imponer a la fuerza sus reformas y que tampoco lo podrá hacer con las capacidades de la Superintendencia". También dijo que se busca es provocar un caos en el sistema, el cual se suma a los problemas estructurales y que se suma al problema en el Congreso, "el Presidente opta por cortar vías de diálogo con el Congreso". Además, dijo que no ve cómo recomponer una relación con el Congreso, se necesita un presidente, un líder, un ministro y un superintendente ecuánime y hoy no tenemos nada de eso". No obstante, manifestó que no cree que haya una ruptura entre el Congreso y el Presidente.
Explicó que las decisiones de la Superintendente se pueden echar para atrás a través de varios caminos y acciones legales: acción de nulidad, tutelas por parte de usuarios u empleados o puede haber acciones del grupo por parte de pacientes.