Desde Antas de Ulla hasta Vilagarcía y Rianxo, pasando por Boqueixón, Agolada, Silleda, Monterroso, Vedra, Arzúa y Pontecesures, los ayuntamientos bañados por el Ulla están llamados a tomar un acuerdo plenario para tratar de garantizar la preservación del caudaloso río.
Es una petición también extensiva a Santiso, Teo, Catoira, Palas de Rei, Padrón, A Estrada, Valga, Vila de Cruces, Touro y Dodro que formulan las organizaciones Greenpeace, Amigas da Terra y Ecoloxistas en Acción.
Corporaciones locales
Entidades que se dirigen a los alcaldes y Corporaciones de las localidades ribereñas citadas pidiéndoles que adopten la "Declaración de Derechos del Río Ulla" y emprendan las acciones municipales que sean necesarias para proteger este privilegiado ecosistema fluvial.
Lo plantean así desde el convencimiento de que la riqueza que genera el Ulla en los municipios que baña y entre el conjunto de la población justifica la adopción de medidas para conservarlo.
De ahí la campaña iniciada pata lograr una declaración institucional "que reconozca los derechos de este río como ecosistema vivo, y los compromisos que asumen la propia comunidad ribereña y sus instituciones para velar por su preservación".
Abastecimiento
Solo así, entienden los impulsores de esta medida, se velará por un río que es "fuente de abastecimiento hídrico de la población, corredor de biodiversidad, fuente de vida y espacio de tradiciones, patrimonio cultural, fiestas y celebraciones".
Un cauce que además enriquece la ría de Arousa "y es idóneo para las actividades de ocio y llave en la prevención de inundaciones", aducen los ecologistas.
Objetivo
¿Qué buscan con esto? Pues seguir los pasos de "más de 30 países que han adoptado instrumentos legislativos para el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, en muchos casos referidos a determinados cursos fluviales como el río Whanganui (Nueva Zelanda), el Ganjes (India), el Buriganga en (Bangladesh) o el río Atrato (Colombia).
En lo referido a España, destaca el reconocimiento de la personalidad jurídica del Mar Menor y su cuenca, o la declaración institucional de los derechos del río Tins realizada por el Concello de Outes.
Los ecologistas entienden que el Ulla –solo superado en longitud en Galicia por el Miño y el Sil–, bien se merece algo así, pues se trata de "un elemento vertebrador del territorio de tres de las cuatro provincias gallegas", tras nacer en la fuente de Poteira, en Antas de Ulla (Lugo), para recorrer 136 kilómetros y desembocar en Vilagarcía, con sus últimos 15 kilómetros navegables, desde Pontecesures.
Al tiempo que aclaran todo esto, los promotores de la declaración institucional se aferran al artículo 45 de la Constitución, en el que "se establece que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente adecuado, así como el deber de conservarlo".
"Interrupciones" del ser humano
La declaración internacional que plantean los ecologistas para preservar el Ulla aboga por el derecho a "la existencia como ecosistema en equilibrio para continuar dando vida y bienestar a las comunidades humanas y no humanas que vertebra y acoge".
También los derechos a "estar limpio y libre de contaminación u otras actividades que supongan un riesgo o perjuicio medioambiental; derecho a la regeneración de sus capacidades biológicas y derecho a continuar evolucionando naturalmente, sin interrupciones causadas por la actividad humana".
Asimismo, reivindican el "derecho a la protección y conservación, el derecho a ser respetado y a mantener su identidad e integridad y el derecho a mantener y recuperar sus bosques de ribera".
Pero también se habla de compromisos u obligaciones para los municipios firmantes, como luchar contra los vertidos y las especies invasoras.
Además de recuperar la fauna, poner en valor el patrimonio cultural, recuperar espacios fluviales de baño, estudiar el cauce, potenciar la agricultura ecológica y "emprender campañas de divulgación, concienciación, voluntariado y educación ambiental sobre a importancia ecosistémica del río Ulla".
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