El titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre,recibió el pasado jueves un paquete bomba simulado, que fue detectado por los servicios de seguridad del juzgado, según ha podido confirmar este diario. El envío de este paquete, que contenía un temporizador electrónico que acompañaba una bolsa que simulaba la carga explosiva, ha causado preocupación en las fuerzas de seguridad del Estado consultadas, ya que lo interpretan como "una clara amenaza" o intento de amedrentar a un juez que está llevando la instrucción de causas judiciales muy sensibles para el independentismo catalán.
La principal es Volhov, en la que investiga los posibles vínculos de Carles Puigdemont y su núcleo político con Rusia, para intentar el reconocimiento ruso de la independencia de Cataluña en 2017, lo que podría derivar en un delito de alta traición; y el caso Negreira, sobre la presunta trama de corrupción arbitral de la que se habría favorecido el Fútbol Club Barcelona durante años.
En este contexto, en el que tanto el juez Aguirre como el juez del Supremo, Manuel García-Castellón, son señalados por el independentismo y acusados de querer torpedear la aplicación de la amnistía, el envío de este paquete bomba simulado ha causado gran preocupación en el ámbito judicial, ya que es supone una escalada en el clima de acoso y persecución que algunos jueces están sufriendo en Cataluña desde el inicio del proceso independentista.
En este sentido, fuentes policiales y judiciales lamentan que la Generalitat se resista a crear un dispositivo de seguridad a un juez que está especialmente señalado por los radicales, como que el Ministerio del Interior no haya decidido por su cuenta blindar la seguridad de Aguirre.
Nacido en Canarias y tras una primera parada en Calatayud, Aguirre obtuvo plaza en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona en 1988. Un puesto que ocupa desde hace 36 años y que lo convierte en el magistrado más veterano de Cataluña, con varias causas mediáticas a sus espaldas.
El principal caso que tiene ahora encima de la mesa y por el que ha sido señalado por el independentismo es Volhov, la mencionada investigación sobre la trama rusa del procés. A finales de enero y en vísperas de la primera aprobación de la Ley de Amnistía en el Congreso, el juez Aguirre prorrogó la instrucción en una resolución en la que implicó al ex dirigente de CDC, Víctor Terradellas, y al jefe de la oficina de Carles Puigdemont,Josep Lluís Alay, ambos estrechos colaboradores del ex presidente fugado en Waterloo.
El juez estrechó el cerco sobre los contactos de Rusia con Puigdemont y decidió alargar la investigación "dada la extraordinaria complejidad de la causa y la abundante documentación por revisar". Una investigación que le ha valido el señalamiento de parte del independentismo, con Junts a la cabeza. La propia líder neoconvergente en el Congreso, Míriam Nogueras, le mencionó con nombres y apellidos en cuatro ocasiones en el debate de la Ley de Amnistía en la Cámara Baja tres días después. En concreto, Nogueras cargó contra el magistrado, que instruye la presunta trama rusa vinculada al 1-O, por "pasearse por las televisiones europeas prevaricando", y también metió en el saco a Marchena, presidente del tribunal del Supremo que juzgó el 1-O. En su intervención, acusó al PSOE de no atreverse a romper con "el franquismo", que vinculó a la judicatura.
En concreto, desde el seno independentista presentan a Aguirre como un representante de la "derecha judicial" y del "lawfare", el término con el que los secesionistas sugieren que hay una guerra sucia en los tribunales contra ellos.
El titular de Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona mantiene abierta desde octubre de 2020 la investigación en relación a los supuestos contactos rusos con el entorno independentista en el marco de la investigación por el desvío de fondos públicos para impulsar el 1-O y la DUI.
El núcleo de las indagaciones se concentra alrededor de los contactos que mantuvo el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y su equipo de colaboradores con intermediarios vinculados al Kremlin antes del referéndum ilegal del 1-O, durante ese mes de octubre de 2017 e incluso después de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI).
Negreira
Otra de las carpetas que tiene encima de la mesa es el caso Negreira. En estos momentos el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona mantiene como investigados a los últimos presidentes del Barça, Joan Laporta, Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell, así como a la propia entidad y a varios directivos. Les atribuye delitos de corrupción deportiva o cohecho, entre otros, en el que constituye el mayor escándalo de la historia del fútbol español. Aguirre citó a José María Enríquez Negreira hace justo un mes y el ex vicepresidente de los árbitros se ha negado a declarar ante el juez sobre los pagos millonarios que recibió del Barcelona durante casi dos décadas.
Aguirre acordó a finales de marzo ampliar la investigación a todos los auditores que durante casi dos décadas pasaron por alto los pagos del FC Barcelona al número dos de los árbitros. El magistrado Aguirre ha decidido, a petición de la Guardia Civil, extender las pesquisas a todos los informes de auditoría del club correspondientes a los ejercicios comprendidos entre 2003 y 2018.