El grave costo de aceptar imposiciones foráneas
La poblada dominicana de 1984 y el "Caracazo" venezolano de 1989, ilustran los graves costos que tuvieron que pagar distintos pueblos latinoamericanos por las políticas de ajuste económico que les impuso el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En el caso del estallido social dominicano, del que se cumplen hoy 40 años, la ira popular fue provocada por la firma de un llamado "acuerdo de estabilidad" con el FMI por parte del gobierno del presidente perredeísta Salvador Jorge Blanco.
Pese a la creciente oposición que se ejerció para que no se llegara a ese compromiso, el gobierno aprovechó el feriado de Semana Santa para decretar un alza general de precios, encendiendo la chispa de una rebelión popular que desestabilizo el país.
En el gobierno calcularon que, bajo el asueto de la semana mayor, el paquetazo se impondría como un hecho consumado, mientras la población estuviera entregada al recogimiento espiritual.
Un hecho inesperado, la filípica de los sacerdotes católicos que pronunciaron el Sermón de las Siete Palabras, el Viernes Santo, contra esas medidas, inflamó las venas de una sociedad herida.
Y encendió las llamas de una poblada que no tiene precedentes en la vida democrática del país.
Algo casi semejante se replicó en febrero de 1989, cinco años después, cuando se desataron oleadas de protestas en la capital de Venezuela, que terminaron, como aquí, con las morgues llenas de cadáveres y negocios saqueados o incendiados, en rechazo a las medidas neoliberales del FMI.
El "Caracazo" creó las condiciones para el ascenso del coronel Hugo Chávez, implantando una dictadura que se prolonga hasta hoy como resultado de una división de las fuerzas armadas y el final del emblemático modelo democrático del bipartidismo venezolano.
Los presidentes de turno en ambas circunstancias, Jorge Blanco aquí y Carlos Andrés Pérez en Venezuela, terminaron sus vidas políticas de malas maneras, encarcelados y estigmatizados, y sus partidos desmedrados por las consecuencias.
Estas lecciones deben servir de advertencia a nuestros gobernantes, para que nunca se dobleguen ante las presiones que ejercen poderes y organismos foráneos para implantar políticas que solo convienen a sus intereses estratégicos.
Sirven ahora mucho más, ya que se activan esos mismos maniqueísmos para que la República Dominicana abra su frontera y absorba millares de haitianos que, huyendo del infierno de la inseguridad y el hambre, busquen refugio aquí.
El pueblo dominicano rechaza estas pretensiones.
¡Ay de aquellos que, a contrapelo de ese sentimiento nacional, acepten sumisos esas imposiciones que, por demás, equivaldrían a desconocer nuestra soberanía y nuestra condición de pueblo libre e independiente!
El pueblo les cobraría ese pecado de lesa patria, con una poblada o con un Caracazo.