Este martes 23 de abril se dio por finalizada la Comisión Investigadora por los Socavones registrados en agosto y septiembre del año pasado en Reñaca, en el Campo Dunar que comparten con la comuna de Concón, donde se produjeron dos eventos de enorme magnitud, los que derivaron en que más de un centenar de vecinos de cuatro edificios tuvieran que evacuar sus propiedad, tres de los cuales siguen inhabitados.
Pero más allá de sensaciones positivas por el deber cumplido, la instancia legislativa dio origen a un fuerte conflicto con el Gobierno y la Municipalidad de Viña del Mar, a quienes los parlamentarios apuntan por no prestar colaboración en la indagatoria.
Tomás Lagomarsino, uno de los diputados que formó parte de esta instancia legislativa, criticó que "lamentablemente faltó mucha colaboración, tanto del Gobierno como de la Municipalidad de Viña del Mar, para llegar a conclusiones que pudieran aportar al debate público, a las responsabilidades y otras materias que pudo haber abordado esta Comisión Investigadora".
De igual forma, sostuvo que "desde ya, quiero decir que esta postura que tuvo el Gobierno y la Municipalidad de Viña del Mar no la vamos a aguantar en la Comisión Investigadora del Megaincendio, producto de que los hechos que allí investigamos son de una gravedad suprema y que llevaron al deceso de 135 personas", agregando que "la Cámara de Diputadas y Diputados tiene facultades para fiscalizar los actos de Gobierno. Y el Gobierno, sea de izquierda o derecha, debe responder".
Esta crítica fue compartida por el diputado Hotuiti Teao, quien incluso anunció la presentación de un proyecto de ley que sancione la no respuesta a oficios fiscalizadores, además de otro que busca que los estudios ambientales se exijan a privados antes de que se construyan las edificaciones.
"Aquí hubo una obstrucción por parte del Ejecutivo y de las instituciones públicas que no permitieron que ejerciéramos nuestra labor de fiscalización, tanto en la Comisión Investigadora, como en nuestro rol individual de legisladores. A la fecha se han respondido sólo 20 de 76 oficios elevados. Eso es una burla a nuestra labor y un incumplimiento a la ley que les compete como entidades dependientes del Estado", dijo.
Tras haber aprobado el informe final de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, Teao sostuvo que "nos vemos obligados a presentar un proyecto que sancione la no respuesta a nuestras fiscalizaciones. Esperamos que este prospere para tener que obligar a éstas a cumplir con su responsabilidad". Este anuncio lo complementó con otro, que tiene como finalidad de que los permisos ambientales se exijan a las empresas previa construcción de las respectivas edificaciones.
Además, apuntó directamente a la alcaldesa Macarena Ripamonti: "Si bien, no podemos fiscalizar a las municipalidades, si debemos decir que la Alcaldesa sostuvo incluso reuniones con integrantes de Duna Viva, donde se le solicitó que tomara acciones legales contra el actual Director de Obras Municipales por autorizar obras que saturaron la zona y, también para extender la zona de amortiguación establecida en un plan de manejo del Campo Dunar del año 2021, a fin de seguir protegiendo la zona de una mejor manera, hecho que a la fecha no ha realizado. Lamentamos que la autoridad comunal no concurrió a ninguna instancia a dar cuenta de aquello".
Este planteamiento molestó al oficialista diputado Jorge Brito, quien afirmó que "la derecha y la oposición intentaron sacar ventaja política, buscando excusas para responsabilizar a la Alcaldía de Viña del Mar del segundo socavón, cuestión que es irracional y, además, no existe evidencia que pueda llegar a concluir aquello".
También sostuvo que "lamentamos que utilicen la institucionalidad y degraden el funcionamiento de nuestra Corporación en este tipo de mezquinas ventajas políticas. Nosotros sabemos que las dunas debían siempre haberse protegido. La Alcaldía de Viña del Mar anunció un nuevo Plan Regulador Comunal y cuenta con todo nuestro respaldo y apoyo para que, con la mayor participación social, demos protección efectiva a las dunas y también a otros santuarios y lugares de la naturaleza".
En tanto, el diputado Andrés Celis comentó que "como conclusión, primero, claramente es la responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas, de la Dirección de Obras Hidráulicas, en cuanto al colector de aguas lluvias. Es decir, este colector de aguas lluvias del 2005 no se reparó y no se estimó que estaba sobrecargado. A la vez, se pudo acreditar que el 2017, a través de la Dirección de Obras Hidráulicas, se autorizó para que pudiera aún soportar más el caudal".
También expuso que "se hizo un llamado de atención a las distintas autoridades que se invitó, citó y que no concurrieron, entre ellas el Municipio de Viña del Mar. También se estimó que hay una responsabilidad de la Municipalidad de Viña del Mar en cuanto al segundo socavón, al igual que la delegada de la región de Valparaíso. También se propusieron distintas modificaciones, tanto a las facultades que pudiesen tener los directores de obras. No obstante, hay proyectos de ley hoy día en discusión en el Congreso Nacional, como también distintas normativas que dicen relación con la Ley General de Urbanismo y Construcción y con la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción".
Finalmente informó que "también se determinó, dentro de las consideraciones, que hay una responsabilidad del Estado, lo que se denomina una falta de servicio. Por lo mismo, se le hace un llamado al Estado a asumir esta responsabilidad, ya que no actuó en el debido momento para evitar el daño de este socavón, que produjo este detrimento patrimonial a los vecinos y vecinas y dueños de estos departamentos de los edificios afectados".
PURANOTICIA