La Cámara Federal porteña ordenó reabrir una investigación por las responsabilidades del gobierno de Nicolás Maduro en crímenes y violaciones de derechos humanos en Venezuela.
El fallo consideró que se trata de delitos de "extrema gravedad" que obligan a actuar sin demora para proteger a "amplios sectores de la población civil".
"Corresponde asumir la jurisdicción universal y la competencia extraterritorial de los órganos judiciales de la República Argentina para su debido juzgamiento", sostuvieron los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, quienes mandaron a concretar con celeridad todas las diligencias que impulsó el fiscal Carlos Stornelli, al entender que son "imprescindibles para contrapesar el accionar delictivo ejecutado por las autoridades estatales del gobierno venezolano".
Ahora, la causa volverá al despacho del juez Sebastián Ramos.
Cabe recordar que en enero de 2013, en la previa de la VII cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en el país, llovieron las críticas por las visitas del venezolano Maduro, el nicaragüense Daniel Ortega y el cubano Miguel Díaz Canel, en la mira de la comunidad internacional por violaciones de derechos humanos.
En un comunicado, la Coalición Cívica-ARI manifestó su rechazo. Señaló que "el camino del Estado de derecho es el único posible para alcanzar una región próspera y en paz" y sostuvo que no se podía avalar con el silencio a regímenes que no respetan la división de poderes, la voluntad popular, los derechos de las minorías ni permiten la pluralidad política y la diversidad y libertad en materia de género.
En esa línea, expuso que "el doble estándar" con los autoritarismos genera "democracias cada vez más agrietadas y sociedades polarizadas".
Por su parte, la por entonces presidenta del PRO y actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, usó su cuenta de X para reiterar su repudio a la eventual presencia de los mandatarios.
Se enfocó en Maduro y sostuvo que, si finalmente aterrizaba en Argentina, debía ser detenido de manera inmediata por crímenes de lesa, tal como ocurrió con el chileno Augusto Pinochet, en Londres, en 1998. "La Justicia debe actuar en resguardo de la vigencia universal de los derechos humanos", resaltó.
Por su parte, José Luis Espert, presentó un proyecto de declaración en Diputados que tildaba a los tres de dictadores y cuestionaba lo que describió como las "alianzas internacionales del kirchnerismo" con "gobiernos autocráticos" para "promover un modelo antirrepublicano que nada tiene que ver con nuestra esencia nacional".
Paralelamente, advirtió que el Gobierno de Alberto Fernández avanzaba hacia "una profundización de un ejercicio político autoritario" y dijo que su "modelo a seguir" son los regímenes de Venezuela, Nicaragua y Cuba.
Fader
En ese contexto, el Foro Argentino por la Democracia en la Región (Fader), conformado por dirigentes políticos, intelectuales, periodistas y referentes de los derechos humanos, publicó un video contra la invitación de Fernández a Maduro, Ortega y Díaz Canel.
Se titula "Dictadores nunca más" y afirma que para un país como Argentina, que no olvida los horrores de su propia dictadura, la visita es una ofensa y agravia y provoca a "miles de migrantes".
Además, critica la sistemática violación a los derechos humanos en Venezuela (denunciada por organismos internacionales en la Corte de La Haya), denuncia la situación "represiva y sangrienta" en Nicaragua y ataca al régimen cubano por tener presos políticos "desde que Fidel Castro llegó al poder en 1959".
El foro reclamó que Fernández anulara las invitaciones y presentó una denuncia en los tribunales de Comodoro Py en contra de Maduro, Ortega y Díaz Canel por violaciones a los derechos humanos.
El escrito -que quedó en manos del juez Sebastián Casanello y del fiscal Germán Pollicita- se sustentó en informes de prestigiosos organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONG Human Rights Watch (HRW), que reportan la persecución política a organizaciones civiles y personas físicas en Venezuela, Nicaragua y Cuba.
Sanción
En octubre de 2022, Chile y Costa Rica fueron elegidos nuevos miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU al imponerse a Venezuela, que pugnaba con ellos por una de las dos plazas vacantes para Latinoamérica y el Caribe.
Después de la decisión de la asamblea, Fader celebró la llegada al consejo de Chile y Costa Rica, dos países en los que, según consignó en un comunicado, "sí existe democracia y Estado de derecho".
"Es una sanción al régimen", agregó. "Cometer crímenes de lesa humanidad debe tener costos internacionales, y uno de ellos debe ser el aislamiento en los organismos internacionales que, justamente, son los encargados de velar por el cumplimiento de los derechos humanos", cerró el texto.
La reelección de Venezuela se obturó porque numerosos grupos de defensa de los derechos humanos pidieron votar en su contra por el historial de represión del régimen chavista.
Un mes antes, en septiembre de 2022, la Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre Venezuela presentó su tercer informe anual. Abordó la comisión de crímenes de lesa humanidad de los servicios de inteligencia que responden a Maduro, así como la situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco y otras zonas del estado Bolívar.
Los investigadores concluyeron que las torturas perpetradas por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) no fueron hechos aislados sino parte de una "maquinaria" y "un plan del gobierno" para reprimir a la disidencia, orquestado por el sucesor de Chávez.
El reporte indica que los organismos de inteligencia funcionan como estructuras coordinadas para ejecutar órdenes dictadas por "los niveles más altos del gobierno" para reprimir a opositores.
"Nuestras investigaciones y análisis demuestran que el Estado venezolano se apoya en los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia. Al hacerlo, se están cometiendo graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual", señaló Martha Valiñas, presidenta de la misión. "Estas prácticas deben cesar inmediatamente, y los responsables deben ser investigados y procesados de acuerdo con la ley", agregó.
En junio del año pasado, la Clooney Foundation for Justice (CFJ) y familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad promovieron otra denuncia ante la Justicia federal para que investigue a las autoridades venezolanas por la comisión de aquellos delitos.
Ignacio Jovtis, responsable senior del programa que dirige las investigaciones de la CFJ sobre Venezuela, precisó que el objetivo era intentar que se formara "una tercera causa" en Argentina, después de las del franquismo y Myanmar.
En un comunicado, la CFJ recordó que la jurisdicción universal permite a los países enjuiciar crímenes graves, con independencia del lugar donde se hayan cometido y de la nacionalidad de los autores o de las víctimas, y consideró que Argentina es apropiada dada su apuesta "consolidada" por aquélla.
También indicó que la Justicia federal argentina ya aplicó el principio de jurisdicción universal y sentó una "sólida línea de precedentes".
Citó la pesquisa que se generó en 2010 por crímenes de lesa humanidad cometidos en España por el régimen franquista (1936-1977), que dio lugar a una orden de exhumación que le permitió a la hija de una víctima recuperar los restos de su padre, algo que los tribunales españoles no lograron.
La fundación agregó que en 2021 se generó una pesquisa sobre el presunto genocidio cometido contra la comunidad Rohingya, en Myanmar.
En julio pasado, el fiscal Stornelli impulsó una investigación para determinar si se cometieron los hechos que expuso la Fundación de George Clooney.
Entre otras medidas, pidió informes a jueces y fiscales de ese país, y al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Stornelli imputó a integrantes de los mandos superiores de la Guardia Nacional Bolivariana.
El expediente a cargo de Ramos se anexó a otros que ya existían. En uno de ellos, el fiscal Pollicita dictaminó que no correspondía proceder porque la Corte Penal Internacional (CPI) investigaba desde 2018 una denuncia similar contra Maduro que promovieron los presidentes de cinco países; entre ellos Mauricio Macri.
El juez Ramos dispuso el archivo de esas actuaciones y ordenó remitir el expediente, con el testimonio de las víctimas, a la Corte Penal Internacional.
Un grupo de víctimas apeló. Alegó que no se determinó que los casos llevados a conocimiento de la CPI sean los mismos denunciados en el proceso. También planteó que la actuación de Pollicita se vio "superada por la ampliación del requerimiento de instrucción" presentado por Stornelli.