La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) rechazó este viernes la propuesta de la Central Obrera Boliviana de incrementar en 8% el salario mínimo nacional y en 7% el haber básico, porque considera que este aumento "sería insostenible para el sector empresarial y provocaría el cierre de unidades productivas y una mayor precarización del trabajo formal".
A través de un comunicado público, la entidad que representa al sector privado boliviano demandó, además, al gobierno nacional que se los reciba en una reunión para expresar su posición institucional sobre este tema, justificando su demanda en el Convenio 131 de la OIT, ratificado en Bolivia por la Ley 2120, "que instruye la consulta exhaustiva e igualitaria a los trabajadores y a los empleadores antes de definir el salario mínimo nacional". La CEPB aclara que al haber sido convocada la COB para este fin se cumplió una parte de lo que establece el Convenio internacional, y aún queda pendiente que también sea llamado el sector empresarial con el mismo propósito.
El comunicado señala además que la CEPB respalda los planteamientos de diversos sectores empresariales "que propusieron alternativas para responder a la demanda de incremento salarial". De acuerdo a la Confederación. "Estas propuestas responden a las diferencias entre sectores y regiones, y sobre todo reflejan la realidad compleja y difícil que viven las empresas en la actualidad, y debieran ser consideradas antes de decidir cualquier incremento".
En las últimas semanas instituciones como la Cámara Nacional de Industrias, la Cámara Nacional de Comercio, la Cámara Nacional de Exportadores, las Federaciones Departamentales de Cochabamba, Tarija, Chuquisaca, La Paz y Santa Cruz, entre otros, coincidieron en demandar que el gobierno convoque al sector privado para analizar el aumento salarial, y plantearon una serie de alternativas, como el congelamiento de cualquier incremento, el aumento hasta el índice de la inflación de 2023 o la diferenciación por departamentos.
Por último, los empresarios afirman que, "en la actual coyuntura, cualquier incremento del haber básico y del salario mínimo deben ser el resultado de un consenso que equilibre adecuadamente las necesidades de los trabajadores, la realidad de la economía, la estabilidad de las empresas y el sostenimiento del empleo digno".