El senador de Elías Piña, Yván Lorenzo, se encuentra en medio de dos graves situaciones que no deben pasar sin saberse que pasaron.
El primero lo involucra en la gravísima acción de traición a la patria, por enviar a medios internacionales cartas coincidentes con los argumentos de organismos internacionales que presionan para que aceptemos aquí a inmigrantes haitianos, sin control alguno, y que nos acusan de graves violaciones a los derechos humanos.
Esas presiones pasan por alto las cargas que soportamos de más de un millón de haitianos (alrededor de un 10% de nuestra población), a los que aquí damos trabajo, servicios de salud y educación, además de los costos que debemos asumir por los cientos o miles de parturientas que vienen a alumbrar aquí cada año.
Pero se nos presiona para que continuemos dejando entrar haitianos ilegales so pena de que gradualmente pueda ir desapareciendo nuestra identidad étnica, cultural, etc.
Con esos objetivos se nos hacen las presiones, y a esos propósitos es que se habría prestado el senador Lorenzo, aunque al verse descubierto inventa todo tipo de estrambóticas explicaciones.
Acusación temeraria
Y el segundo incidente es que en su desordenada defensa ante tan graves acusaciones, el senador del PLD por Elías Piña ha acusado a las autoridades del Palacio Nacional de ser las responsables del tremendo problema en que está metido.
Al conversar anteayer con el periodista Julio Martínez Pozo a través de El Sol de la Mañana, Lorenzo dijo que las cartas son producto de un jackqueo que le hizo el gobierno mediante "un sistema de espionaje chino 5G", detalló.
Preguntado el presidente de la República al respecto, desmintió la especie y emplazó al senador a demostrar tan temeraria acusación, informando al país que la casa de gobierno estaba abierta a cualquier investigación.
Las traidoras misivas a medios internacionales han quedado electrónicamente registradas, por los comunicadores Manuel Cruz y Cruz Tejada.
De confirmarse la certidumbre de las pruebas de los graves hechos antipatrióticos contra el senador Lorenzo, la Procuraduría General de la República debe acusarlo ante los tribunales de violación al Art. 76 del Código Penal que castiga los delitos de lesa patria con la pena de treinta años de trabajos públicos.
La haitiana es, por muchas razones, la amenaza más grande que tenemos por delante los dominicanos. De comprobarse la culpabilidad del senador Yván Lorenzo ¿no se le debe imponer la pena que manda la norma, 30 años de trabajos públicos?
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