El denominado 'supermiércoles' del Mar Menor, con agricultores, ganaderos y ecologistas a las puertas de la Asamblea, tuvo dos debates que han tensionado la política regional hasta el borde de la ruptura: por un lado, la moratoria urbanística de socialistas y populares; y por otro, la reforma integral de la Ley propuesta por Vox.
El debate de la moratoria lo ganó Vox, evitando que la construcción quede paralizada durante años en espera de un plan que está sobrevalorado, pues ya existen instrumentos de protección que permiten gestionar el urbanismo de forma sostenible. No hay ninguna necesidad de esperar a que aparezca un plan de ordenación que arrejunte las normas preexistentes sin valor añadido que aportar.
Pero la gran propuesta de Vox consiste en la reforma integral de la Ley del Mar Menor, un mejunje normativo aprobado por políticos asustados con pesadillas de sopa verde y peces muertos apareciéndose por la noche. Tras cinco años de vigencia, se ha visto que es una norma perniciosa. Contiene un código de prácticas agrarias desfasado y un papeleo insufrible sin relación con la salud del ecosistema. La ley no es otra cosa que un reglamento para incordiar al sector primario y una pizarra informativa para anotar las escorrentías de fango que colmatan la 'laguna salada'.
Nuestra propuesta es una reconciliación de la norma con la realidad. Vox ha destapado las caretas que encubren las deformaciones acumuladas en la política sobre el Mar Menor. La iniciativa de este partido conservador y conservacionista pone el foco en todos los factores de contaminación, regulando cada uno de ellos con la forma jurídica más adecuada, para que la respuesta protectora no sea un timo al ecosistema ni un laberinto normativo del que nadie sepa salir, a menos que tenga el cable del enchufe correspondiente.
En consecuencia, con la reforma de Vox, el código agrario pasa a ser un reglamento para reaccionar a las regulaciones nacionales y europeas sobre zonas vulnerables por nitratos. Y, además, los incumplimientos de la administración quedan sometidos a una disciplina más exigente, con auditorías y sanciones, para que ningún político escurra el bulto de la responsabilidad por vertidos de origen urbano.
Vox ha logrado algo que parecía imposible, a saber, que todos los partidos acepten la necesidad de arreglar los desperfectos ocasionados por la Ley del Mar Menor. La negativa de la izquierda y la abstención de los populares solo ha conseguido dilatar esta reforma durante unos meses. Nuestros socios de Gobierno han reconocido que el Campo de Cartagena no puede sobrevivir con una regulación tan incongruente, e incluso cabe esperar que la facción izquierdista, durante el trámite parlamentario, realice aportaciones que no sean del todo deplorables.
Pero el despliegue de Vox en la historia política de la Región de Murcia no puede exceder los límites de su representación democrática. Nosotros queremos un ecosistema bien organizado, una regulación para el Mar Menor que sea sostenible, social y patriótica. Proponemos una Ley ordenada al bien común que armonice todos los sectores productivos, sin criminalizar a los agricultores y sin amnistía para políticos ineptos que desprecian o dejan a medio hacer las obras aprobadas con evaluación ambiental. Podemos alcanzar todos esos objetivos porque tenemos una fe resuelta en que las fuerzas genuinas de España están vivas en la Región de Murcia.
El Mar Menor ha venido a menos por la triple división engendrada (1) por el fundamentalismo climático de los que chupan del mal estado de los ecosistemas, (2) por una prensa resentida que acusa de odio al único partido contrario al saqueo del presupuesto y (3) por gobiernos ineficaces que malogran el esfuerzo de los emprendedores. La propuesta de Vox puede ser la empresa colectiva que supere todas esas diferencias: reacciona contra una Ley fraude que aborrece a turistas, agricultores y ganaderos, y castiga a los políticos amodorrados con filtros verdes que colocan cinturones de castidad ecológica donde no hay otro pecado que la dura faena del campo. Vox quiere una Ley para hacer las obras que cuadren el balance hídrico del Mar Menor y cortar el chollo a los que viven sin dar ni golpe.
Hasta la llegada de Vox, nadie luchaba contra el sesgo retorcido de las políticas públicas. Nadie denunciaba las leyes aprobadas contra la libertad de los españoles, para conducirnos a la eutanasia social, la desesperación y la pobreza. Nadie alzaba la bandera frente a los que quieren suplantar nuestra población con inmigrantes ilegales y destruir la identidad nacional con más separatismo y mundialismo. La Ley del Mar Menor, que pica como un sabañón a los agricultores y ganaderos del Campo de Cartagena, es una hijuela de ese fantasma que recorre Europa y la Región de Murcia. No queremos vivir sometidos a normativas dictadas por la Agenda 2030, el nuevo manifiesto comunista para el siglo XXI.
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