Las Palmas de Gran Canaria
Domingo, 7 de abril 2024, 02:00
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La Sociedad de Promoción del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria cerró el 2023 con un déficit de 3.251.324, 46 euros y una deuda a proveedores que asciende a 7.107.892,80 euros. A esta situación, que ha obligado a su actual consejo de administración a solicitar la realización de una auditoría externa de los últimos cinco años y a apartar dos meses, con un permiso retribuido, a su anterior gerente, Agustín Díaz, esta entidad que determina la mayor parte de la actividad cultural de la ciudad así como sus dos principales fiestas, el carnaval y las Fundacionales, no llegó sola ni guiada por el destino.
Determinar cómo ha funcionado la cadena de mando durante el anterior mandato, con Augusto Hidalgo como alcalde, aclara lo sucedido y permite exigir responsabilidades en su justa medida.
En la pasada legislatura, donde se gestó el agujero millonario, la presidencia de la Sociedad de Promoción la ostentó la concejala de Cultura y de Hacienda, Encarna Galván, hoy integrante del equipo de gobierno de Augusto Hidalgo en el Cabildo como asesora.
¿Pasaba todo por sus manos o las responsabilidades son compartidas? Los miembros del sector cultural consultados por este periódico y que forman parte del interminable listado de profesionales a los que la Sociedad de Promoción adeuda dinero por trabajos realizados en los últimos años, son tajantes. «Nosotros nos reuníamos con Encarna Galván para explicarle nuestro proyecto y lo que costaba. Ella daba el visto bueno o lo rechazaba. Si gustaba lo que le ofrecíamos y daba el ok, después, de los contratos y las facturas ya se encargaba el gerente, Agustín Díaz. Pero quien nos decía si la cosa iba para adelante o no, era la concejala, no pasaba otros filtros artísticos», explica a este periódico uno de los profesionales que, como es habitual en el sector, pide mantenerse en el anonimato.
Este proceder, confirmado por el resto de agentes culturales privados consultados, pone de relieve una carencia importante y plantea un escenario revelador. Por un lado, demuestra que los caminos por los que transitaba casi toda la actividad cultural de la Sociedad de Promoción carecía de cualquier tipo de convocatorias públicas regladas. Se programaba a capricho. Desde el primer mandato de Augusto Hidalgo se creó unas mesas sectoriales con profesionales del sector, pero las fuentes consultadas aseguran que el peso de sus opiniones era nulo. Como asesor principal para la programación cultural, Encarna Galván contaba con Rafael Pérez -ha regresado a su puesto en el Gobierno de Canarias-, que también se reunía con los empresarios y artistas que ofrecían contenidos para la programación.
Este panorama descrito lleva a preguntarse por el papel de la gerencia. Si la concejala y presidenta de la Sociedad de Promoción daba el visto bueno a un proyecto que, como los balances de las cuentas aprobadas en los dos últimos años han demostrado no estaba presupuesto, ¿el gerente qué decía y qué hacía? ¿Existen reparos por un conducto oficial por parte de Agustín Díaz a estas contrataciones que, evidentemente, iban a generar un déficit y a disparar aún más las deudas con los proveedores? Cuando se decidió abrir -sin la obra entregada, con un generador eléctrico y una bomba de agua externas para que tuviera luz y agua, y sin aire acondicionado lo que motivó desmayos- el Espacio Jesús Arencibia en Tamaraceite y dotarlo de una programación que no estaba presupuestada, según las fuentes consultadas, ¿quién o quiénes dieron el visto bueno a pesar de que eran sabedores de lo que generaría en las arcas municipales? Desde el Ayuntamiento, a día de hoy, no hay respuesta. Impera la orden de guardar silencio hasta que se disponga del informe de la auditoría externa y se vuelva a reunir el consejo de administración de una Sociedad de Promoción cuya presidenta ostenta ahora la concejala Inmaculada Medina.
Otra cuestión que tampoco cuenta con una respuesta oficial es quién determinó el orden de los pagos, ¿la presidenta o el gerente? Esta cuestión puede aportar mucha luz a lo sucedido y determinar si se respetaba una cadena de mando lógica. El grueso actual del déficit y la deuda a proveedores se debe a las actividades culturales, confirman fuentes conocedoras de las cuentas. Los millonarios gastos de esas fiestas sí que se abonaban. Y lo más curioso, según las mismas fuentes, es que la mayor parte de la programación cultural, en gran medida musical, de la pasada y deficitaria legislatura se gestionó con seis empresas o productoras. De las mismas, varias, están al día y el resto sigue a la espera de que se les pague una buena parte...
Ante esta situación, solo queda esperar por estas respuestas y por la auditoría externa para conocer qué ha sucedido y que se depuren responsabilidades. Mientras tanto, los pagos de actividades previas a 2024 estarán paralizados y la actividad cultural para este año se reducirá a mínimos. Lo segundo no es por capricho. Si la Sociedad de Promoción cierra sus cuentas este año de nuevo con déficit, que sería el tercer ejercicio consecutivo en negativo, la normativa vigente llevaría a su intervención, paralización y, seguramente, a su cierre, según las fuentes consultadas.
Tras la Junta General de la Sociedad de Promoción celebrada en junio de 2023, además de anunciarse que las cuentas de 2022 contaban con un agujero de 1,6 millones, se dijo en un comunicado que se cambiaba el organigrama y que se ponía en marcha «una estructura bicéfala». La misma estaría conformada por «una dirección administrativa y de recursos humanos de la de gestión cultural». Hasta ese momento, el gerente único era Agustín Díaz, que pasaba a asumir el mismo cargo y se buscaría 'inquilino' para la gestión cultural.
Con la llegada del nuevo grupo de gobierno, se modificó el modelo, según las fuentes consultadas. Agustín Díaz asumió el rol de esa dirección administrativa pero la nueva gerente María Elena Rodríguez Henríquez no solo controlaría el área cultural, sino toda la Sociedad.
El 29 de septiembre de 2023, la Junta General de la Sociedad de Promoción aprobó el nombramiento de María Elena Rodríguez, «tras finalizar el proceso selectivo para la provisión, mediante libre designación, de este puesto directivo», anunció la corporación municipal. Se habían presentado cuatro candidatos. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y hasta ese mismo mes era consejera delegada del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables S.A. (ITER), empresa mercantil del Cabildo de Tenerife.
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