La decisión de todos los grupos parlamentarios del Congreso, salvo Vox, de aceptar la tramitación de una iniciativa legislativa popular (ILP) para regularizar de forma extraordinaria a cerca de medio millón de inmigrantes, que viven en España sin papeles y sin derechos, es ya de por sí un hecho sobresaliente. Y lo es precisamente por lo que tiene de excepcional un acuerdo casi unánime en un momento en que los dos grandes partidos, PP y PSOE, están implicados en una batalla política tan dura, que produce desasosiego cuando no repugnancia. Así que ver el martes a los diputados de todos los partidos, incluidos los de Junts y con la única excepción de los 33 de la extrema derecha, votar juntos una propuesta legislativa, que además llega apoyada por casi 700.000 firmas de ciudadanos españoles, supone un alivio en medio de la bronca. Es, sin duda, la constatación de que el acuerdo es posible y marca, por ello, un punto de esperanza.
El objetivo de esta ILP es impulsar una medida de absoluta justicia, porque se trata de regularizar a casi 500.000 inmigrantes, que están en España desde antes de noviembre de 2021, y que, como carecen de documentos y, por tanto, de derechos, están trabajando en muchos casos en situaciones de explotación, mal retribuidos y pagados en negro. Es decir, cuando el Congreso apruebe la ley, su regularización no solo les permitirá salir de la clandestinidad vital y laboral, sino que además contribuirá a acabar con una parte del trabajo que se realiza en negro y aflorarán, por ejemplo, cotizaciones sociales que en esté momento no se están ingresando en la caja de la Seguridad Social. En España ha habido ya nueve regularizaciones de extranjeros, cinco impulsadas por el PP y cuatro por el PSOE. Tras la última, en 2005, cuando el Gobierno de Rodríguez Zapatero facilitó los papeles a 600.000 trabajadores, los inmigrantes pasaron de ser del 6% de los cotizantes al 10% en solo un año.
Puede ser que el aval de Cáritas y la Conferencia Episcopal a esta iniciativa haya facilitado que el PP también la haya respaldado. Sea como fuere, el apoyo en sí mismo tiene también la trascendencia de alejar a los populares de la prédica xenófoba de Vox en un momento en que el discurso antiinmigración parece estar expandiéndose. La portavoz del partido de Santiago Abascal volvió, en contra de los datos oficiales, a vincular los delitos sexuales con la inmigración, además de asegurar que quieren «que España siga siendo España, no Marruecos ni Nigeria ni Senegal», como si eso fuera algo que estuviera en riesgo. Así que el partido de Núñez Feijóo, pese a exponer el temor de que la regularización pueda tener un efecto llamada cuando, sostiene «se están registrando récords de entradas irregulares», se muestre dispuesto a debatir esa regularización es un avance en la defensa de los derechos de todas cuantas personas viven y trabajan en España. Es evidente, no obstante, que llevar a la práctica esa regularización requerirá de la superación de miedos, como el de que tenga un efecto llamada, y de la tentación de explotarlos electoralmente. De riesgos, como la posibilidad de que la oportunidad sea aprovechada por mafias o particulares. Y también de presiones de quienes parecen preferir la mano de obra irregular. Todas las regularizaciones que se han hecho hasta ahora han afrontado esos recelos y peligros, pero la realidad ha demostrado que han sido siempre adecuadas.
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