En España, la soberanía nacional está representada por las Cortes Generales que conforman el Congreso de los Diputados y el Senado. Se trata, pues, de un sistema bicameral que surge de la voluntad popular expresada en urnas y cuyas funciones vienen determinadas en última instancia por nuestro ordenamiento constitucional. Sin embargo, el Gobierno que preside Pedro Sánchez viene construyendo un hecho político según el cual habría una soberanía de primera, la que representa el Congreso, y otra de segunda clase, la del Senado, en virtud exclusivamente de quién ostente la mayoría decisoria en la Cámara correspondiente.
Así, el actual Senado, en el que el Partido Popular tiene una mayoría absoluta aplastante, carecería de la suficiente legitimidad de ejercicio por ser, a juicio de los portavoces gubernamentales, rehén partidista de los de Alberto Núñez Feijóo y, en consecuencia, una institución parlamentaria que puede ser despreciada, como ayer, cuando ningún miembro del Ejecutivo se consideró obligado políticamente a asistir a la Comisión General de las Comunidades Autónomas que, entre otras cuestiones, iba a tratar de la amnistía, con la intervención del president de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, como interviniente.
El menosprecio se extendió a los representantes de los ejecutivos autonómicos gobernados por el PSOE, con la pintoresca excusa proporcionada por el castellano-manchego Emiliano García Page de que «no iba a seguir instrucciones de Génova». Dado que tan peregrina doctrina política proviene de un partido que considera la crítica a su Gobierno como una deslegitimación de los resultados electorales y que exhibe la mayoría parlamentaria de la investidura como expresión suprema y casi única de la democracia, podemos afirmar que nos hallamos ante el acabado retrato de la práctica del doble rasero, que se ha convertido en seña de identidad de la izquierda española, que, al parecer, considera que los votos no tienen el mismo valor democrático si no les favorecen, no importa que representen a la mitad de la Nación.
Porque la otra explicación posible sería que los ministros concernidos trataran de no pillarse lo dedos ante las palabras de Pere Aragonès, que daban por hecho que el presidente del Gobierno no sólo cederá ante la demanda de un referéndum de autodeterminación para poder seguir en el cargo, como hizo ante una amnistía que, previamente, él y el partido socialista habían considerado como claramente anticonstitucional, sino que admitirá un cambio en las reglas de juego de la financiación autonómica, con un concierto económico para Cataluña en la línea de los del País Vasco y Navarra. Son, por supuesto, asuntos que conciernen a la Cámara considerada territorial y que, con permiso de García Page, deberían interesar al conjunto de las autonomías.
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