La Contraloría General podrá acceder al secreto bancario y la reserva tributaria de funcionarios y servidores públicos que administren o manejen fondos del Estado en los tres niveles de gobierno.
Tras la aprobación de la Directiva N° 007-2024-CG/FIS, el órgano autónoma tendría esta potestad, siempre y cuando, existan indicios de que los funcionarios están involucrados en presuntas irregularidades vinculadas a la comisión del delito de enriquecimiento ilícito en el uso o gestión de los bienes y fondos públicos, así como otros delitos que guarden relación con dicho enriquecimiento.
Contraloría podrá acceder a secreto bancario
Según la Directiva N° 007-2024-CG/FIS titulada "Solicitud de Datos Bancarios y/o Reserva Tributaria", efectiva desde el 20 de abril de 2024, la Contraloría General ahora puede requerir información confidencial para investigaciones posteriores de tipo forense.
Esto se aplica específicamente cuando sea necesario obtener pruebas suficientes y adecuadas sobre presunta actividad delictiva relacionada con el enriquecimiento ilícito en el manejo de fondos y bienes públicos, así como otros delitos asociados a dicho enriquecimiento.
De acuerdo con la normativa aprobada, el Contralor General, actuando en virtud de su autoridad constitucional, estará autorizado para requerir la revelación de información bancaria confidencial o reserva tributaria, siempre que presente justificación y motivación adecuadas. Esto se llevará a cabo a través de una comunicación oficial dirigida a las instituciones bancarias o entidades de administración tributaria, las cuales dispondrán de un período de 10 días hábiles para responder a la solicitud.
Cadena de custodia de la información
Considerando la delicadeza de la información financiera y tributaria de los ciudadanos, la Contraloría General enfatizó que aquellos individuos y entidades que accedan a la información confidencial requerida están obligados a mantener una estricta confidencialidad y no podrán divulgarla ni compartirla con terceros, ni tampoco utilizarla para propósitos diferentes a los solicitados.
La falta de cumplimiento de esta disposición conllevará a las responsabilidades administrativas y penales correspondientes. Además, con el objetivo de proteger la información, la Contraloría General está desarrollando un sistema informático para solicitar la revelación de datos bancarios y/o reserva tributaria, así como para recibir dicha información, asegurando su confidencialidad y seguridad.
Una vez que esta plataforma esté en funcionamiento, las instituciones financieras deberán designar a un Oficial de Cumplimiento y proporcionarle un usuario y contraseña para acceder al sistema.
De esta manera, se dio a conocer que la Contraloría podrá acceder al secreto bancario de funcionarios públicos investigados, así como la reserva tributaria de estos.