Laura Ballester
El exjefe de gabinete de Eduardo Zaplana, Juan Francisco García Gómez, y los contratistas fetiche durante la etapa del Partido Popular, los hermanos Vicente y José Cotino Escrivá, admitieron ayer ante el tribunal del caso Erial que amañaron la adjudicación de la concesión de las Inspecciones técnicas de vehículos (ITV), a cambio de, al menos, diez millones de euros, según la información recopilada por la Unidad central operativa (UCO) de la Guardia Civil. Un servicio público privatizado en 1997 por decisión de la Generalitat presidida por Zaplana y recuperada por el Botànic en febrero de 2023.
Las tres confesiones de ayer se suman a las del testaferro confeso del expresidente de la Generalitat, Joaquín Barceló «Pachano», que complican su defensa judicial. Zaplana declinó hacer declaraciones sobre las conformidades con la Fiscalía Anticorrupción que estrechan el cerco judicial en torno a él. «El juicio hay que celebrarlo entero», aseguró a la salida.
Las dos nuevas confesiones son claves en la causa. El amigo y jefe de gabinete de Zaplana al frente de la Generalitat, Juan Francisco García, porque era el director de orquesta de la contratación de las ITV. «Presídí la comisión interdepartamental para la racionalización del sector público valenciano [las privatizaciones] y luego fui nombrado presidente de la mesa de contratación» de las ITV, relató. La confesión de las mordidas llegó con otro eufemismo jurídico. «¿Se predeterminó la adjudicación a favor de la familia Cotino?». «Sí», respondió escuetamente el jefe de gabinete.
A continuación García Gómez relató que fue el entonces director general de la Policía, Juan Cotino, quien expresó la voluntad a Zaplana y su jefe de gabinete de disfrutar de alguna de las adjudicaciones de las ITV. «Juan Cotino me transmite ese interés [en lograr el contrato] en presencia de Eduardo Zaplana», contó García Gómez. «Es Cotino quien me transmite en 1997: 'Vais a tener el 30% de la empresa adjudicataria'». A partir de ahí vino el amaño «fino».
«Había una voluntad de favorecer al grupo Sedesa. Eso fue así», explicó a preguntas del presidente del tribunal, Pedro Castellano, que pidió concreción sobre cómo se amaña un contrato de tal magnitud. «Se hizo todo de manera tan fina que luego esos pliegos de condiciones que rigen todo el proceso de adjudicación fueron informados por la asesoría jurídica, la intervención delegada, un informe de Arthur Andersen y la comisión de estudio». «¿Pero cómo?», se le insistió.
«Se hablaba de cuatro zonas y hubo cinco -detalló García Gómez-, este hecho beneficiaba a Sedesa. El tope de la mejora de las ofertas económicas, se tasó. Y se incluyó el tema de la implantación y conocimiento de la realidad socioeconómica de la Comunitat Valenciana para favorecer a las empresas valencianas en el procedimiento y que se puso pensando en Sedesa, aunque luego afectó a otras». Detalles de los pliegos que la empresa de los Cotino conoció de forma previa a la adjudicación.
Juan Francisco García Gómez, que recibió 2,5 millones de euros de los Cotino a través de la empresa luxemburguesa Fénix Investments, regularizó esta mordida con la amnistía fiscal del ministro Montoro en 2012. «No tenía conocimiento de que los fondos fueran ilícitos. No pensaba que tenían origen ilícito», aseguró García Gómez.
Aunque acto seguido hizo un acto público de contricción. "Estoy arrepentido y reconocer los hechos [la adjudicación amañada] sirve para repararlos. Predeterminar la adjudicación era cohecho, aunque el ofrecimiento de Cotino [de la participación en las sociedades de las mordidas] se produce a posteriori», justificó.
Los empresarios Vicente y José Cotino Escrivá ratificaron punto por punto el escrito de la Fiscalía Anticorrupción. En su confesión cargan las tintas sobre su tío ya fallecido, que estaba investigado en esta causa. Admitieron que Juan Cotino llevó en 2001 un total de 640.000 euros en un maletín a Luxemburgo para crear las empresas usadas para pagar las mordidas: Imison International y Fénix Investments. Y que ambas acabaron en manos de Joaquín Barceló y Juan Francisco García Gómez.
El negocio redondo para los Cotino estuvo en la reventa. Tras resultar adjudicatarios de una zona de las ITV y de tres del Plan Eólico, «el grupo Sedesa vende sus participaciones, obteniendo notables ingresos que, de no ser por la adjudicación [presuntamente amañada] no serían tal», concluyó la Guardia Civil. El tránsito del grupo Sedesa por el particular mundo de las inspecciones de vehículos y la energía eólica se saldó con unos ingresos de 86.511.400 euros: 37 millones por la venta de su empresa de las ITV y 48,5 millones por la del Plan Eólico . El 12 % de estos ingresos, 10,5 millones, acabó en el entramado de empresas del clan Zaplana.
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