Constantemente leemos en prensa y escuchamos a la propia Consejería de Turismo argumentar que:
"Solo un 21% de las personas que explotan viviendas turísticas acaparan más del 50% de las plazas que se ofertan en las islas. En las islas hay 28.560 propietarios que explotan 195.994 plazas de alquiler vacacional, pero la distribución es desigual, ya que la mitad de las plazas la explota un grupo de grandes propietarios."
ASCAV aclara que de acuerdo a datos oficiales del Registro General Turístico de Canarias, en torno al 67% de las viviendas vacacionales de Canarias están en manos de pequeños propietarios (hasta un máximo de 5 propiedades).
Tampoco es cierto, que el resto de viviendas vacacionales esté en manos de grandes tenedores (edificios completos) ya que muchos pequeños propietarios ceden la explotación de sus viviendas a empresas intermediadoras por falta de capacidad, conocimiento, tiempo, etc. que las registran a nombre de sus empresas. ¿Esto es negativo? Todo lo contrario. Crea empleo y riqueza.
Por otro lado, otro de los mantras que se ha venido utilizando para demonizar a las viviendas vacacionales y justificar una ley restrictiva como la que se pretende desde el Gobierno de Canarias, es la protección del entorno urbano y las molestias que causan los turistas. Pues bien, una vez más, la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional ASCAV desmonta este mito infundado, con datos oficiales suministrados por la propia Administración. Así, en una resolución notificada en el día de ayer tras una consulta realizada al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sobre las molestias causadas por las viviendas vacacionales en la capital de la isla, se desprende que entre el año 2015 y 2024 se han producido una media de 6 denuncias al año por molestias causadas por viviendas vacacionales. Una cifra absolutamente irrisoria que desmitifica el San Benito que desde algunos sectores se trata de imputar a las viviendas vacacionales.