Tras su triunfo en 2010, Viktor Orbán y su partido Fidesz han emprendido un sistemático desmantelamiento de la independencia judicial en Hungría, erosionando un baluarte esencial de la democracia que establece límites al ejecutivo y protege los derechos de los ciudadanos. Las acciones iniciales incluyeron la restricción de los amplios poderes de revisión y control de la constitucionalidad del Tribunal Constitucional y la influencia en su composición a través de enmiendas constitucionales. Estas medidas debilitaron la capacidad del Tribunal para actuar como contrapeso efectivo al poder ejecutivo.
Durante los primeros tres años del régimen de Órban, el Tribunal Constitucional intentó salvaguardar su independencia frente a un Parlamento dominado por Fidesz. No obstante, el gobierno procedió a alterar su autoridad y estructura, llenando dos vacantes, expandiendo el número de jueces de 11 a 15 y reduciendo la edad de retiro. Esto permitió la designación de jueces afines al gobierno, reduciendo significativamente la autonomía judicial. Y aunque la Corte y el Tribunal inicialmente se resistieron a las leyes violatorias de la Constitución emitidas en el parlamento con la mayoría del oficialismo, fueron incapaces de mantener su función revisora frente a las leyes y enmiendas constitucionales violatorias de derechos.
En un acto aún más restrictivo, se modificó la edad de retiro para los jueces, forzando la jubilación anticipada de más de 250 de ellos. A esto se sumó una reforma que impidió al Tribunal Constitucional revisar la constitucionalidad sustantiva de las reformas. Esta serie de enmiendas debilitó la capacidad del Tribunal revisar la constitucionalidad sustantiva de las reformas constitucionales, despojando con ello de una herramienta valiosísima para la ciudadanía al evitar cambios constitucionales violatorios de sus derechos. El Parlamento llegó incluso a reintroducir disposiciones que previamente habían sido anuladas por ser anticonstitucionales.
2013 marcó el fin de la independencia judicial y la posibilidad de revisión constitucional en Hungría. Desde entonces, el Tribunal Constitucional no ha contrariado al gobierno en asuntos de importancia política, contrario a eso, se convirtió en comparsa del mismo al otorgar a las decisiones arbitrarias de Órban, un halo de legalidad cuando estaba en aprietos políticos, especialmente frente a instituciones europeas. Un estudio de 2015 reveló que, reestructurado y dominado por el oficialismo, el Tribunal apoyó al gobierno de forma casi unánime en sus decisiones.
Esta erosión de la integridad judicial no es exclusiva de Hungría. En Polonia, situaciones similares han deteriorado rápidamente las estructuras democráticas, sin la necesidad de un golpe de Estado violento. El poder judicial desempeña un papel vital a la hora de frenar los excesos legislativos y ejecutivos.
De igual forma, en México, recientes reformas amenazan con empezar a eliminar las facultades de revisión constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, minar su independencia a través de cambios a su integración, estructura y facultad de revisión constitucional. Esto busca transformar la Corte en un ente leal al gobierno y al partido oficial, eliminando su papel crítico de revisión constitucional y facilitando la perpetuación de abusos.
La integridad y autonomía de los órganos judiciales son fundamentales para cualquier democracia. Cuando estas instituciones fallan en actuar como un verdadero contrapeso al poder legislativo y ejecutivo, los derechos y libertades de todos los ciudadanos están en riesgo.