Desde que Pedro Sánchez protagonizó la moción de censura que dio al traste con el Gobierno de Mariano Rajoy se ha producido en España una realidad incuestionable: los servicios públicos que la izquierda y la ultraizquierda tanto dicen defender se han degradado hasta niveles que amenazan con ser irreversibles. La afirmación no es una apreciación subjetiva, fruto de un sesgo ideológico o producto de inquina alguna. Basta con montarse cualquier día en uno de los trenes de Cercanías dependientes del Ministerio del «hooligan» Óscar Puente que circulan por Madrid, o revisar los sucesivos informes Pisa sobre la situación de la Educación en nuestro país para certificar el aserto.
Otra de las joyas del Estado de Bienestar que sufre un deterioro ya casi irreparable es la Sanidad pública. Desde que Sánchez se instaló en Moncloa aupado por Podemos y los nacionalistas, allá por mediados de 2018, hasta finales del pasado año, el número de pacientes en espera de una intervención quirúrgica en el conjunto del país ha pasado de 584.018 a 849.535. Un récord histórico que conviene calibrar en su justa medida, porque más importante incluso que el dígito total de afectados es el tiempo medio que han de esperar para someterse a una cirugía. A finales de 2019, a las puertas de esa pandemia de Covid que el Gobierno no vio venir pese a las alertas que por entonces lanzaba la Organización Mundial de la Salud (OMS), dicha demora media era de 121 días. Hoy, llega a los 128. Más de 4,2 meses para ser operados, un tiempo al que hay que añadir el que se tarda en acceder al médico de familia, los 101 días que hay que esperar para acceder al especialista que prescribe la operación, y el que se demora en realizar y obtener el resultado de las pruebas diagnósticas que dan pie a indicar la intervención en el quirófano.
¿Qué han hecho hasta la fecha los sucesivos gobiernos de izquierdas para frenar la tendencia y poner fin a este gravísimo problema, que habla bien a las claras de la situación de deterioro por la que atraviesa la Sanidad pública en España? Absolutamente nada. Ni la financiación de la Sanidad ha aumentado –el gasto público no sobrepasa el 7% del PIB–, ni se han reformado las leyes anacrónicas que la rigen y que convierten a los sanitarios en funcionarios, ni se han articulado planes de choque efectivos para descargar al sistema. Por si fuera poco, el Gobierno actual y la ministra de Sanidad se empeñan en echar aún más leña al fuego de un sistema que está a punto de colapsar. Por un lado, infra financian Muface, en una estrategia de muerte lenta que tendrá como consecuencia la saturación progresiva del modelo público con funcionarios que hasta ahora venían recibiendo atención en la privada. Por el otro, sobrevuela una reforma legal que retocará la Ley 15/1997 de nuevas fórmulas de gestión y que en la práctica podría cercenar los conciertos con clínicas y hospitales privados, que actuaban como descarga del modelo público. Un contrasentido más de un Gobierno dedicado en cuerpo y alma a la propaganda y a usar su poder para desprestigiar Isabel Díaz Ayuso, y al que los datos sobre listas de espera han vuelto a dejar en evidencia. Mientras España tarda 128 días en operar a sus enfermos, la Sanidad pública de Madrid de la denostada presidenta lo hace en sólo 51 días. Esta es la realidad.
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