El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, pide al Gobierno que no asuma responsabilidades que no le corresponden, ni regule excediendo sus competencias. Lo hace en respuesta al plan presentado por el ministro de la Presidencia, Felix Bolaños denominado 'Plan de Respuesta e Implementación del Informe del Defensor del pueblo sobre Abusos Sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los Poderes Públicos'. Un proyecto aún sin concretar y del que no se saben muchos detalles.
"La Iglesia no quiere que el Estado asuma su responsabilidad económica, moral y espiritual con las víctimas de abusos ni que el Gobierno regule lo que no le corresponde. Ha de regular para todos desde el respeto al principio de legalidad y de universalidad. Ahí nos encontraremos.", ha escrito el arzobispo de Valladolid en su cuenta de Twitter
Un plan "discriminatorio" que deja fuera a la mayoría de las víctimas
La Conferencia Episcopal ha lanzado un comunicado en el que subraya que los ejes del plan presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez coincide "en buena parte" con la acción que la Iglesia ya desarrolla, y valora positivamente las medidas "que se refieren a todas las víctimas y en ese aspecto trabaja y trabajará también la Iglesia, con la experiencia que ella misma puede aportar para acoger a todos los que han sufrido y sufren esta lacra", sostiene.
No obstante, la nota de prensa también muestra el desacuerdo de la Conferencia Episcopal de aprobar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de los abusos sexuales en nuestro país, remarcando que las medidas que incluye el texto aprobado en Consejo de Ministros dejaría fuera de la reparación "a nueve de cada diez víctimas".
El episcopado considera también que el texto presentado en Moncloa este martes no aborda el problema de los abusos en su totalidad, ya que solo se centra en la Iglesia Católica, partiendo de "un juicio condenatorio" realizado "sin ningún tipo de garantía jurídica", y constituyendo "un señalamiento público y discriminatorio por parte del Estado", argumenta el comunicado.
Asimismo, la Conferencia Episcopal hace hincapié también en que esta regulación "cuestiona el principio de igualdad y de universalidad que debe tener todo proceso que afecta a derechos fundamentales", y recuerda que son los poderes públicos los que deben desarrollar medidas oportunas en esta labor de proteger a los menores en tantos ámbitos de su competencia.
Los obispos piden abordar el problema de los abusos "en su conjunto"
La CEE también ha aclarado que ya le hicieron saber al ministro Félix Bolaños la "valoración crítica" de los obispos hacia este plan aprobado en Consejo de Ministros al poner el foco únicamente en los abusos cometidos en el seno de la Iglesia, e insisten en la disposición de la institución "a colaborar en los ámbitos de su responsabilidad y competencia, pero siempre en la medida en que aborde el problema en su conjunto", recalcan en la nota de prensa.
"En todo caso, la Iglesia mantiene su compromiso de continuar con la acogida a todas las víctimas de abusos sexuales, para acompañarlas y repararla", se puede leer al final del comunicado episcopal.