En un nuevo capítulo de la trama sobre las condiciones en las que los organismos públicos contrataron servicios de Nación Seguros, el Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, le ordenó a los jefes y jefas de ministerios abstenerse de contratar pólizas que incluyan servicios de intermediación de productores. La decisión, esperable, deja interrogantes sobre los alcances normativos y temporales.
"Por medio de la presente, resulta oportuno aclarar que las contrataciones de las pólizas de seguros que se lleven a cabo en la órbita de sus jurisdicciones deberán efectuarse sin mediar intermediación", dice la nota oficial firmada por Posse y girada a todas las carteras del Estado nacional que, si bien tiene fecha del miércoles, fue difundida este jueves por los voceros del Gobierno. La medida, dijeron, apuntaba a darle un cierre al rol del Ejecutivo actual en un escándalo por el que fue imputado el expresidente Alberto Fernández, a quien además le inhibieron sus bienes.
Los alcances de la decisión de Nicolás Posse
Una primera lectura de la nota pareciera cerrar el capítulo de intrigas sobre la decisión oficial en torno al negocio. No obstante, es imprecisa sobre el alcance de la medida. Al referirse a las pólizas que se van a contratar, no incluye explícitamente a las vigentes, lo que deja abierta la posibilidad de que los productores asociados de seguros que siguieron operando en aquellos organismos que no los dieron de baja continuen cobrando comisiones.
Hace algunos días, Nación Seguros emitió una comunicación oficial en la que se repasan las medidas legales adoptadas tras el escándalo en el sector, pero también mencionaba que se encontraba vigente el decreto 823/21, lo que fue interpretado en el mercado como que se continuaba bajo la misma modalidad. Posteriormente, sus autoridades aclararon que la compañía estaba imposibilitada de dar de baja a los intermediarios, ya que eran los organismos contratantes quienes "imponían" a los productores y no la aseguradora.
Es más, en la cúpula de la empresa aseguradora del Grupo Banco Nación pugnaban por la derogación total del decreto que establecía a Nación Seguros como la única opción de contratación de seguros para los organismo públicos, o, al menos, una reglamentación que mantuviera el monopolio de la aseguradora estatal pero que prohibiera la intermediación, como ocurrió en la provincia de Buenos Aires. Por ahora, deberán conformarse con una simple directiva oficial que deja vigente el decreto.
La orden de Posse fue leída en el sector del seguro más que como una acción cantada como una decisión obligada por las circunstancias políticas y judiciales, ya que el viernes pasado la Justicia realizó múltiples allanamientos en empresas de seguros, oficinas gubernamentales y domicilios de empresarios y funcionarios nacionales.
"Es una medida que se podría haber tomado hace 60 días, cuando se conoció que había productores actuando de intermediarios. Entiendo que responde más al interés de Posse de cuidar su espalda porque ya varios organismos habían solicitado apartar a los intermediarios", señala un broker ligado a una de las principales aseguradoras.
En el mercado también vinculan la nota con los movimientos masivos ocurridos la semana pasada en Nación Seguros y otras unidades de negocios del Banco Nación, donde fueron despedidos funcionarios de peso, algunos de ellos consignados como del riñón del propio jefe de Gabinete. Pero también surgen dudas sobre qué pasará con las pólizas en curso una vez que se venzan ya que el decreto que dio origen al negocio sigue en pie. Según la normativa que rige la actividad, la renovación de una póliza no es una nueva contratación, sino una extensión del contrato inicial. Esta podría ser la ventana por donde ingresen nuevamente los productores intermediarios.