Tiempo de lectura: 2'
El ''Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más'', organismo humanitario, ha presentado un informe sobre los ataques que el Gobierno de Daniel Ortega infringe a la libertad religiosa en Nicaragua.
Entre enero de 2023 y marzo de 2024, han sido desnacionalizados 317 nicaragüenses, entre ellos, 22 religiosos católicos que han sido desnacionalizados y declarados ''traidores a la patria''. Dos de ellos, obispos. Se trata del obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, y también Rolando Álvarez, obispo de Matagualpa que estuvo en prisión durante 17 meses tras rehusar ser expulsado a Estados Unidos. Tras asumir la cárcel, fue expulsado al Vaticano junto a otros 17 sacerdotes, también en prisión, en enero de 2024. La ONG acusa que monseñor Álvarez fue privado de libertad en condiciones de "incomunicación y aislamiento". Además, "Un día después del destierro de Nicaragua de los 222 presos políticos por el régimen de Daniel Ortega, el obispo Álvarez recibió una condena judicial a 26 años y 4 meses de prisión", señaá el Colectivo.
De esta diócesis, el informe señala que 8 religiosos y 3 laicos son parte de las 222 personas excarceladas el 9 de febrero de 2023 y expulsadas a Estados Unidos y privadas de su nacionalidad.
En este tercer boletín sobre Libertad Religiosa en Nicaragua, el colectivo señala que "El destierro, encarcelamiento y criminalización contra la libertad de religión fue uno de los principales hechos represivos durante 2023". Además, añaden que el Gobierno de Ortega han hecho de la cárcel, la desnacionalización, el destierro y la criminalización de religiosos sus herramientas anticlericales.
El informe acusa que los religiosos han sido víctimas de delitos de lesa humanidad
Además, en 2023 aumentaron las persecuciones y detenciones a religiosos, feligresía, también ''el impedimento de realización de actividades masivas o públicas de índole religiosa, el congelamiento de activos a diócesis católicas y el aumento de los discursos de odio y estigmatización principalmente contra miembros de la Iglesia''.
Los religiosos son acusados de delitos de conspiración contra la integridad nacional y traición propoagando noticias falsas. De hecho, el Gobierno de Ortega declaró ''traidores a la patria'' y ''prófugas de la justicia'' a 94 nicaragüenses, entre ellos, 10 sacerdotes. Managua, además, les desnacionalizó y despojó de sus propiedades.
El Colectivo añade que otros 35 sacerdotes, 4 seminaristas y 3 laicos han sido desterrados. "Fueron detenidos arbitrariamente por su participación religiosa". Los religosos expulsados residen actualmente en Estados Unidos (11) y el Vaticano (31). La ONG defiende que el destierro es considerado un crimen de lesa humanidad, "sobre el cual, las autoridades implicadas, tanto judiciales, legislativas y administrativas, deben ser juzgadas".
Además del destierro de estas decenas de religiosos, autócronos y extranjeros, 76 monjas han sido expulsadas de Nicaragua y 300 ONGs cristianas han cerrado.
El informe concluye que los religiosos y religiosas en Nicaragua han sidoi víctimas de, al menos, cuatro crímenes de lesa humanidad: deportación, encarcelación, tortura y persecución.