Fue en octubre de 2023 cuando la crisis migratoria registrada en Canarias, con la llegada de miles de inmigrantes que colapsaron los servicios de la isla, obligaron al Gobierno de España a trasladar a estas personas a otros puntos de la península en campamentos improvisados u otras instalaciones civiles cedidas por las comunidades y municipios como uso temporal. En Granada, por ejemplo, llegaron migrantes al albergue de Víznar de la Junta, al de la Costa Tropical o a un recinto privado en Gualchos.
Pero el Gobierno era consciente de que esa no era una solución definitiva y comenzó a buscar sitios más estables donde no se generaran crisis políticas (la salida de migrantes desde Canarias a otros puntos de la península tuvo una fuerte respuesta en contra de dirigentes del PP) o de imagen. En ese momento entró en juego el Ministerio de Defensa, que tiene innumerables terrenos en propiedad por todo el país, por lo que se vio como la mejor opción utilizar esos terrenos para levantar campamentos donde alojar a estos inmigrantes. El Ministerio de Defensa llegó a ofrecer una veintena de terrenos al de Inclusión.
La principal actuación para habilitar espacios nuevos de acogida se hizo a finales de 2023 y hasta ahora, con el caso de los terrenos de Alhendín en Granada, no se había conocido otra nueva remesa de estas instalaciones temporales. Los primeros que se anunciaron por el entonces ministro de Inclusión José Luis Escrivá en octubre de 2023 fueron los de Carabanchel, Alcalá de Henares (Madrid) y Cartagena (Murcia), que se sumarían al que ya existía en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Los tres se abrieron en noviembre con 3.000 plazas más para el sistema de acogida del Ministerio de Inclusión.
En Carabanchel se destinó el cuartel General Arteaga, con 1.200 plazas. En Cartagena fue en el Hospital Naval con capacidad para 600 migrantes y en Alcalá de Henares, el acuartelamiento Primo de Rivera para un máximo de 1.100 personas. La atención de estos centros se hace por parte de ONG. En el caso de Carabanchel es Cruz Roja la encargada de atenderlo y en Cartagena y Alcalá de Henares se gestiona por Accem. Los migrantes reciben nociones de normas cívicas, normativas de convivencia, idioma, para que la estancia sea temporal y salgan para seguir su vida.
¿En qué se parecen o se diferencian estos tres centros con el proyectado en Alhendín (Granada)? La principal diferencia es que en los tres centros de Carabanchel, Alcalá y Cartagena se utilizan instalaciones de Defensa pero en propios recintos militares en uso, no son solares como el caso de Granada frente a la Base Aérea, sino espacios ya construidos donde se han utilizado alas vacías o instalaciones provisionales creados para tal fin.
La clave también está en la localización, como lo que se debate en Granada sobre la idoneidad del lugar. En Carabanchel está en pleno casco urbano, en Alcalá de Henares también está en una zona residencial co viviendas y urbanizaciones privadas similar al espacio cedido en Granada. Solo el de Cartagena está más alejado de núcleos de población, al estar a las afueras de la localidad. Pero los tres, independientemente de su ubicación, son amplios recintos militares cerrados, como si se hubiera planteado el campamento dentro de la propia Base Aérea de Armilla y no enfrente.
Semejante también es la reacción de los ayuntamientos afectados contra esta decisión del Gobierno y su gestión. Los tres municipios están gobernados por el PP y coinciden sus alcaldes en protestar (entonces cuando se anunciaron y ahora seis meses después) por su apertura y funcionamiento. La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet (PP), se ha quejado desde el principio de la falta de información del Gobierno y se llegó a aprobar una moción con el apoyo de Vox para pedir a la Delegación del Gobierno un plan de seguridad para los migrantes. Además, denuncia que no haya fecha de cierre y que si se convierte en definitivo sea un CIE encubierto. En Carabanchel, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, también criticó al principio la falta de coordinación pero tres meses después, según se ha publicado en medios, se evita el choque directo contra el Gobierno, que mantiene que estarán abiertos mientras haya personas que acoger, y no denuncian conflictos o incidentes.
El de Cartagena en principio se anunció hasta el 31 de marzo (seis meses) pero sigue abierto. La alcaldesa, Noelia Arroyo (PP) también manifestó al principio su oposición obligando al Ministerio a confirmar por escrito que se trataba de una instalación provisional que solo tendría cobertura hasta marzo por la declaración de emergencia, y que no existía ningún plan en el Ministerio para incluir a Cartagena en la red de 14 centros de acogida permanente que se van a construir con financiación europea. Era el más parecido al que puede levantarse en Granada, con carpas y módulos donde se ofrecen todos los servicios básicos, incluidos los de comedor o módulos sanitarios. De hecho, en el pleno de marzo del Ayuntamiento de Cartagena se criticó que se mantenga abierto al menos cuatro meses más, hasta el 31 de julio, aprobando una moción en la que se pide al Gobierno que cumpla su promesa.
Fuerte llegada migratoria
A final del año pasado había 43.000 plazas entre la red de protección internacional y de atención humanitaria. A todo eso se sumó también un centro propio abierto en Mérida también a final de 2023 con otras 800 plazas.
En una reunión del entonces ministro cuando se abrió toda la crisis migratoria con 22 ayuntamientos de las principales ciudades españolas y receptoras de inmigrantes, se explicó que además de esas aperturas inminentes se continuaban "los trabajos de búsqueda y acondicionamiento de nuevos espacios en colaboración con el Ministerio de Defensa que en breve se traducirán en nuevas plazas disponibles". Y en esa búsqueda entra el terreno cedido al Ministerio de Inclusión por Defensa frente a la Base Aérea de Armilla, dos parcelas adquiridas por Defensa en 1947 y que están sin uso fuera de las propias dependencias de la Base.
Sistema de acogida en España
El Ministerio informó entonces que el sistema de acogida de España está preparado para gestionar situaciones de repunte de llegadas, como ha sucedido en ocasiones anteriores, como la ocurrida en el verano de 2021 a causa de la caída de Kabul (2.400 afganos llegados en 9 días) y a comienzos de 2023 a consecuencia de la guerra de Ucrania (84.000 personas recibidas sólo en los meses de marzo y abril). Y recordó que las 28.000 personas llegadas a las costas españolas desde agosto a octubre del año pasado no eran un reto mayor que los vividos en años anteriores.
Los motivos del repunte de llegadas en las últimas semanas eran fundamentalmente dos: la mayor inestabilidad social y política en Senegal y un periodo prolongado de buen estado del mar.
En el dosier sobre la gestión humanitaria derivada de las llegadas a las costas españolas, consultado por este periódico, se indica que España ha vivido cuatro episodios de fuerte llegada migratoria en cuatro años: Entre septiembre y noviembre de 2020 entraron por costa 24.000 personas en España; en 2021 llegaron 2.400 personas en 9 días desde Afganistán; desde el inicio de la guerra en Ucrania se ha dado protección temporal a 190.000 ucranianos y de ellos 84.000 llegaron en solo dos meses, entre marzo y abril de 2022; y desde agosto de 2023 a octubre llegaron 28.000 personas.
En todo 2023 llegaron por costa al país 44.000 personas, lo que supone el 6% de los migrantes que llegan al país en un año. De ellas, el 70% (30.000) entraron por Canarias.
Estos episodios de llegadas se han abordado en base a la solidaridad con las zonas más afectadas, con un sistema de atención, con el trabajo de las entidades no gubernamentales (hay 19 ONG que de forma habitual colaboran con el Ministerio de Inclusión en este campo) y con la búsqueda de localizaciones óptimas y uso de espacios contingentes. Ahí, mientras se acondicionan espacios militares en desuso, para usar en la contingencia, se anunció el uso transitorio de otros alojamientos como hoteles, hostales o albergues. En Granada fue este último recurso en varios puntos de la provincia de forma puntual. En Andalucía a final del año pasado había ocupadas 9.874 plazas (la comunidad con más ocupación, seguida de Canarias con 6.363 y Cataluña, con 6.023) de las casi 43.000 personas atendidas en el país, la mayoría previas al episodio de Canarias. Y entre los atendidos múltiples nacionalidades: uno de cada cuatro son latinos, uno de cada tres subsaharianos, uno de cada ocho ucranianos, uno de cada ocho magrebíes y un 5% sirios o afganos.
Además, el Gobierno hizo cambios normativos en la Ley de Extranjería para simplificar el proceso de documentación para menores, evitando que lleguen a la mayoría de edad sin documentar y facilitando el acceso al mercado de trabajo a partir de los 16; y creando nuevas figuras de arraigo, como el arraigo por formación, facilitando el acceso al mercado laboral de estudiantes y la migración circular, desplazando la migración irregular a regular. El Gobierno estimaba que las personas en situación irregular se han reducido a la mitad en los últimos cuatro años.