- Erial Zaplana afronta el juicio pese al intento de llevarlo a la Audiencia Nacional y de anular el registro que originó el caso
El 22 de mayo de 2018, la Guardia Civil detenía en Valencia al ex presidente de la Generalitat Valenciana, el hasta entonces todopoderoso Eduardo Zaplana. Casi seis años después, Zaplana declara por primera vez en el macrojuicio del llamado caso Erial, que tuvo que ser aplazado hasta en dos ocasiones y que sienta en el banquillo de los acusados no solo al ex político del PP, sino a otras 14 personas que supuestamente participaron de la trama que permitió al también ex ministro ocultar una fortuna en el extranjero procedente del cobro de comisiones ilegales.
La esperada declaración de Zaplana, sin embargo, se producirá con los posibles pactos con Fiscalía de sus más allegados sobrevolando la sala. La sesión del juicio dedicada a las cuestiones previas sirvió para abonar esta tesis de que los acusados que en su día se consideraron más cercanos a Zaplana han alcanzado algún tipo de acuerdo con el fiscal Anticorrupción, Pablo Ponce, para ver rebajadas sus penas. En el punto de mira están su amigo de la infancia Joaquín Barceló, su ex jefe de gabinete en la Generalitat Juan Francisco García y los empresarios Vicente y José Cotino Escrivá.
En la sesión del juicio dedicada a las cuestiones previas, sus defensas se apartaron de la línea seguida por el abogado de Zaplana, que insistió en pedir el traslado de la causa a la Audiencia Nacional y la anulación del juicio. A diferencia de las defensas del resto de acusados, las de Barceló, García y los Cotino guardaron silencio sobre el intento de llevar el juicio a la Audiencia Nacional con el argumento de que los delitos más importantes -el de blanqueo de capitales y el de cohecho- se produjeron supuestamente en el extranjero.
Tampoco respaldaron la estrategia de tumbar el registro que dio origen al caso: el que se produjo en el despacho del abogado del autodenominado 'yonqui del dinero', Marcos Benavent, y en el que se encontró la supuesta hoja de ruta que sirve de prueba para acreditar cómo operaba la trama. Se trata de los llamados "papeles del sirio" que, a juicio de los investigadores, describen el amaño en la adjudicación de parques eólicos y de estaciones de las ITV en favor de sociedades del grupo Sedesa, en manos de los sobrinos del ex director general de la Policía, Juan Cotino, ya fallecido.
El fiscal pide para Zaplana 19 años de cárcel como máximo responsable, cuando era presidente de la Generalitat, de la supuesta trama de comisiones ilegales y blanqueo de capitales que se inició con estas privatizaciones. Se considera que solo así pudo ocultar en el extranjero una fortuna de 20,6 millones de euros, de los que se han podido recuperar 6,3 gracias a la confesión de un testigo clave para la Fiscalía, el letrado uruguayo Fernando Belhot, que se autoincriminó por el blanqueo de dinero negro.
Durante el tiempo que ha durado la instrucción, Zaplana se ha desvinculado de este dinero. Si los pagadores de las mordidas eran supuestamente los Cotino, para los que el fiscal pide 14 años de prisión, quienes figuraban en las empresas de las comisiones y el blanqueo eran Joaquín Barceló y Juan Francisco García.
En el primer caso, Joaquín Barceló, alias Pachano, es considerado uno de los principales testaferros de Zaplana. Amigos desde que eran niños, Zaplana y Barceló coincidieron en el Gobierno valenciano. Barceló se sentó en el consejo de administración de Terra Mítica, el parque de atracciones que impulsó el ex presidente valenciano. El fiscal pide para él una condena de 8 años de cárcel porque su nombre aparece en las cuentas bancarias en el extranjero y en las sociedades que canalizaron los sobornos.
Juan Francisco García, por su parte, fue director del gabinete de Presidencia con Zaplana entre 1995 y 1999, además de que participó en la mesa de contratación de las adjudicaciones de las ITV con las que supuestamente los Cotino pegaron el pelotazo. De hecho, la venta de las participaciones de las empresas adjudicatarias de las ITV y los parques eólicos reportó al grupo Sedesa 86,5 millones de euros, según los investigadores.
Según el relato de la Fiscalía, Zaplana pudo ocultar la supuesta fortuna en el extranjero gracias al entramado societario que ayudó a crear su círculo de confianza, de forma que no hubiese ni rastro del nombre del ex ministro en sociedades o cuentas de paraísos fiscales. La defensa de Zaplana, de hecho, siempre ha alegado hasta ahora que no hay ninguna prueba que incrimine al ex presidente valenciano, que ha negado ser el dueño del dinero y que ha lamentado la larga "instrucción inquisitorial" de estos años.