LLEIDA
Un maestro al que los padres de cuatro colegios de Lleida rechazan pide 300.000€ a Educación por acoso laboral
Un docente de educación Infantil que acumula varias evaluaciones negativas de directores de centros y de Inspección y que ha sido objeto de protestas por parte de familias de alumnos en cuatro colegios de Lleida reclama 300.000 euros a Educación por acoso laboral. La Generalitat se lo ha denegado, aunque puede acudir a la vía judicial.
Un maestro de educación Infantil que ha sido objeto de protestas de familias de alumnos en al menos cuatro colegios de Lleida en los que ha estado destinado en la última década reclama al departamento de Educación una indemnización de nada menos que 300.000 euros "por daños morales y psicológicos sufridos desde 2011", que atribuye un "acoso laboral continuado para expulsarlo de la bolsa de interinos".
Padres de alumnos del colegio de Sort en 2014, de la Torre de Capdella en 2016, del La Vall de Boí en 2021 y de Artesa de Segre en 2022 rechazaron que diera clase a sus hijos e incluso llegaron a no llevarlos a la escuela por su desconfianza hacia él. El docente también acumula varios informes negativos sobre su labor, tanto de direcciones de centros como del servicio de Inspección, que no han impedido que haya accedido a una plaza de funcionario (ver desglose).
La instructora del caso nombrada por Educación emitió en febrero una propuesta de resolución que deniega la reclamación, y poco después la consellera pidió un dictamen a la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat.
Ante este organismo, el maestro sostuvo que desde 2011 ha sufrido un "hostigamiento continuado", aportó informes médicos, una sentencia de 2015 que obligó a Educación a indemnizarlo por daños morales al concluir que había adoptado medidas contra él "por presiones externas", otra de 2019 que revocó la decisión de expulsarlo de la bolsa de interinos, y afirmó que el "último ataque sufrido" fue cuando la escuela de Artesa de Segre revocó la previsión de que fuera tutor de un grupo de Infantil.
La Comisión Jurídica Asesora, tras recabar la información de Educación, concluye que hay que desestimar la reclamación porque no queda acreditado que en algún momento hubiera acoso laboral.
Señala que la sentencia de 2015, aunque le otorgó una indemnización, descartó explícitamente que hubiera mobbing, mientras que la de 2019 que anuló su exclusión de la bolsa de interinos lo hizo no porque la evaluación de Inspección al docente fuera tendenciosa, ya que la ratificó, sino porque entonces llevaba 27 años ejerciendo y la normativa obliga a que esta evaluación a interinos se haga en el periodo de prueba inicial.
Destaca que la jurisprudencia indica que no se pueden equiparar al acoso todas las afecciones vinculadas a situaciones de tensión laboral y que la escuela de Artesa le trató igual que a cualquier otro docente. Ahora, el maestro tiene la opción de recurrir a la vía judicial.
Ya es funcionario pese a acumular informes negativos
Este es otro argumento que lleva a la Comisión Jurídica a concluir que no ha sufrido acoso. Este dictamen incluye varios informes negativos sobre su labor. A principios de 2013, una directora detallaba que "los niños y niñas no entienden lo que les explica pero no pueden preguntar porque les contesta mal [. ] grita, pierde los nervios y no sabe gestionar" y que su "actitud con los niños es brusca y tensa", entre otros puntos.
Un informe posterior de Inspección constataba "insuficiente dominio y conocimiento de los contenidos a trabajar" y "poca sintonía entre maestro y niños". En 2017, cuando estaba en un centro de aprendizaje, Inspección detectó, entre otras deficiencias, "falta de implicación", "no tiene iniciativa", "bajo nivel competencial" y 3 quejas de usuarios que "refieren la incompetencia del docente". Entonces fue expulsado de la bolsa, pero el TJSC revocó esta decisión.
Además, el dictamen refleja que en 2014 fue condenado por dos faltas de injurias contra el jefe de Inspección y la directora de una escuela, en una sentencia que fue ratificada por la Audiencia.