Gustavo López, director de la Consultora Agritrend
A lo largo de los dos primeros años del nuevo gobierno del Dr. Carlos Menem, se continuó operando en forma similar a la etapa anterior, en un marco de altos niveles de inflación que restaba incentivo a los productores para intensificar su producción.
El volumen de granos, fluctuó en los ciclos 1989/90 - 1990/91 en torno a los 34/38 millones de toneladas, producto de un área bajo siembra estancada en los 20 millones de hectáreas.
Por esos años, se limitó hasta su mínima expresión el financiamiento a la junta nacional de granos, lo cual excluyó, en la práctica, su participación en el mercado de exportación. En 1992 llego a solo 2.1% del trigo embarcado.
Avanzado el primer período presidencial, y siendo ministro de economía, el Dr. Domingo Cavallo, la situación económica del país atravesaba un momento sumamente complejo, con un escenario inflacionario de difícil pronóstico. En ese contexto, se aplicó un profundo cambio en las políticas hasta allí vigentes, dando inicio a un período que se extendería cerca de una década.
https://mitreyelcampo.cienradios.com/memorias-de-nuestro-agro-comercio-mixto/En ese marco, se dictaron dos leyes sobre la emergencia del estado y sobre la emergencia económica, respectivamente.
Posteriormente, hacia fines de marzo de ese año, se promulgó la ley nº 23.928, llamada también ley de convertibilidad del austral, donde, en su artículo 1º, declaraba la convertibilidad del austral con el dólar de los Estados Unidos de América a partir del 1º de abril de 1991, a una relación de diez mil australes (australes 10.000) por cada dólar para la venta, en las condiciones establecidas por dicha ley. Luego, con el cambio de los australes a los nuevos pesos, la equivalencia fue de 1 a 1.
A partir de esa fecha, se derogaban así todas las normas legales o reglamentarias que establecían o autorizaban la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios.
https://mitreyelcampo.cienradios.com/memorias-agro-5-5-2019-1983-1990-gobierno-democratico-segunda-parte/A los pocos meses de vigencia de la citada ley, las autoridades profundizaron aún más la política económica, a través del dictado del decreto nº 2.284 del 31 de octubre de 1991, conocido como de desregulación del comercio interior de bienes y servicios, un verdadero hito en ese nuevo contexto económico y en las modificaciones que iba a introducir.
El objetivo central del decreto, fue brindar un instrumento legal necesario para fortalecer la libertad de comercio, de forma tal que el estado asumiría el rol de ejecutar y fiscalizar la reforma del mismo, alejándose de todo aspecto comercial en que pudiera incurrir.
Exponía que la existencia de intervenciones injustificadas en los mercados, tanto interna como externa, no permitía el afianzamiento de la estabilidad, perpetuando la existencia de precios de bienes o servicios notoriamente superiores a las que resultarían del mercado libre y competitivo.
https://mitreyelcampo.cienradios.com/memorias-de-nuestro-agro-mercado-nuevamente-estatizado/También argumentaba que una vez eliminadas las intervenciones y regulaciones del comercio exterior e interior no se justificaba la existencia de numerosos organismos públicos.
A) las que incidían directamente en el costo de comercialización interna, a partir de una disminución de carga impositiva.
En este sentido, se consideraron los derechos de exportación, la tasa de estadística que por entonces equivalía al 3% del valor FOB puertos argentinos del producto a exportar, el fondo de la marina mercante que imponía con el 2% del valor del flete, el impuesto a la transferencia de divisas que gravaba con el 0.4% al valor FOB de las exportaciones, y el impuesto como generador de recursos para el INTA que era del 1.5% de lo exportado, también sobre el valor FOB puertos argentinos.
B) aquellas que alteraron la estructura de comercialización de los granos y su operatoria, en las cuales se destaca básicamente la disolución de la junta nacional de granos, y sus funciones específicas en cuanto a los aspectos comerciales y a la administración de la red de elevadores.
C) todas las medidas desregulatorias que se orientaban a reducir indirectamente el costo argentino en el comercio agrícola.
Entre ellas se consideraron: la eliminación de las regulaciones de la actividad portuaria (remolque, estibaje, practicaje, etc.), Eliminación de tributos sobre el transporte de carga terrestre, eliminación de tramites aduaneros, la instrumentación de regímenes crediticios especiales (prefinanciación de exportaciones, "warrants", etc.).
Bajo un concepto de privilegio absoluto del "mercado" y entendiendo que este "todo lo arreglaría", se decidió eliminar muchas instituciones de larga trayectoria, así como el debilitamiento progresivo de otras que sobrevivieron al ajuste desregulatorio.
https://mitreyelcampo.cienradios.com/memorias-de-nuestro-agro-gobierno-democratico/En ese marco, a las junta nacional de carnes y de granos sumados a la cap, mercado de hacienda de Liniers-, forestales -ifona-, yerba mate y azúcar, etc., Quienes intervenían en diferentes formas con anterioridad a la exportación y en el proceso de producción y comercialización de ellos en el mercado interno, gravando de diferentes maneras estas actividades, lo cual era incompatible con el espíritu del mencionado decreto.
Ello implicó la transferencia a la secretaria de agricultura, ganadería y pesca, de las funciones de la junta nacional de granos de política comercial interna y externa de productos agropecuarios, incluyendo las relativas al cumplimiento de acuerdos internacionales, y al servicio nacional de sanidad animal y al instituto argentino de sanidad y calidad vegetal -creado por esa época-, las atribuciones en materia de policía y certificaciones de calidad.
https://mitreyelcampo.cienradios.com/memorias-de-nuestro-agro-los-desafios-del-complejo-agroindustrial-argentino/En el caso particular de la JNG, se terminaba así con la participación directa en los mercados de granos (fijaciones de precios sostén, máximos o mínimos, ejecución de exportaciones, mantenimientos de "stocks" reguladores, etc.), Y de la administración y explotación de la red de elevadores de campaña y portuarios.
Ello marcó el fin del, hasta ese momento, esquema de comercio mixto, en el cual, como se detalló anteriormente, el estado tenía un importante rol como un operador "testigo" en el mercado de estos "commodities". En nuestra próxima columna analizaremos como fueron recibidos estos anuncios por el sector.
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