La diputada española de Sumar por Pontevedra y presidenta de la Comisión de Derechos Sociales del Congreso, Verónica Martínez Barbero, explicó la reforma laboral que impulsaron desde el gobierno progresista de España en 2021, en el marco del crecimiento de la derecha internacional y la consolidación del discurso de flexibilización laboral.
"Partimos de las recetas que ya sufrimos en Europa y que, por lo que sé de su país, son las que ahora abandera el presidente Javier Milei. En España causaron sufrimiento y décadas de esfuerzo que tuvo que repararse. Es esfuerzo para reparación", argumentó Martínez Barbero en AM750.
El contexto
Según detalló la legisladora oficialista, el inicio de la pandemia los obligó a demorar la aplicación de la norma laboral, pero para diciembre de 2021 ya estaba vigente. La decisión de impulsar una legislación de este tipo se inscribe en el diagnóstico de que luego de la crisis financiera del 2008, en España los gobiernos del Partido Popular (PP) resolvieron adoptar las políticas económicas de "austericidio", reducir el gasto público y "apretarse el cinturón".
"Pero salimos peor", examinó la entrevistada, en referencia a la gestión del expresidente Mariano Rajoy, y comparó la salida de la quiebra de la Lehman Brothers con las decisiones que se tomaron para reactivar las economías tras la segunda gran crisis en lo que va del Siglo XXI, la pandemia de la COVID-19.
"Veníamos de un porcentaje de contratos temporales altísimo, que son los que se ciñen con una indemnización menor y también permiten el despido casi sin necesidad de argumentar la causa. España triplicaba, y en algunos sectores quintuplicaba, el porcentaje de contratación temporal del ámbito europeo", recordó Martínez Barbero, en diálogo con Toma y daca, sobre la situación laboral española previa a la reforma de 2021.
El proyecto en cuestión es un decreto ley ratificado por el parlamento e impulsado por la actual vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien logró los acuerdos con sindicatos y representantes del empresariado para alcanzar la mayoría de los votos en el Congreso (175-174). La normativa reemplazó a la reforma que implementó Rajoy en 2012, a la que se le adjudicaba haber disparado el empleo precario en el país.
Las modificaciones
En una semana en la que en Argentina varios sectores políticos presentaron proyectos de reformas en la legislación laboral, en general bajo el paragüas ideológico de reducción de garantías para trabajadores, la diputada Martínez Barbero explicó las principales transformaciones que introdujeron en España.
La normativa aprobada en 2021 está basada en un modelo de contratación indefinida que, según la presidenta de la Comisión de Derechos Sociales, equivale a indemnizaciones por despido más elevadas de por sí, pero no con el régimen de días por años.
"No es justo, porque no resulta disuasorio para las empresas que se lo pueden permitir", zanjó Martínez Barbero, y señaló que en un contexto mundial de globalización de compañías, este modelo de compensación sólo logra perjudicar a las pequeñas y medianas empresas.
El carácter disuasorio del despido, subrayó, es muy importante, pero también debe ser restaurativo. Esto es, diferenciar una cesantía de un trabajador en edad "atractiva para el empleador" de una persona a la que, por edad, género, discapacidad u otras situaciones de vulnerabilidad, un despido le supone muchos años de desempleo o la expulsión definitiva del mercado de trabajo.
En esa línea, Martínez Barbero planteó que las recetas de expansión de derechos laborales no son sólo teorías, sino que se sustentan en la realidad : "La tasa de temporalidad ha descendido, estamos por debajo de la media europea cuando antes la quintuplicábamos en comparación, aumentó la tasa de empleo y redujo la brecha salarial", argumentó.
A casi dos años de su implementación, la normativa tiene algunas críticas. Días atrás, el Fondo Monetario Internacional puso en duda, a pesar de que reconoce las modificaciones que introdujo el Ministerio de Trabajo, la estabilidad del mercado laboral español.
Por su parte, los principales cuestionamientos que señalan algunos medios de comunicación españoles, como El País y El Economista, responden a que, si bien la nueva ley mejoró la temporalidad y aumentaron las contrataciones —los dos objetivos principales del nuevo régimen—, los contratos tradicionales quedaron más expuestos a los despidos y la calidad del trabajo disminuyó.