La diferencia que en España existe entre la edad real y la legal de jubilación plantea importantes problemas al sistema de pensiones. Fue por ello acertado que el exministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, introdujera medidas encaminadas a reducir esta brecha en la primera parte de la reforma de pensiones aprobada en 2021. Es el caso de los nuevos coeficientes que penalizaban de forma más dura la jubilación anticipada y también de los incentivos para alargar la vida laboral.
Los efectos de ambas medidas ya se aprecian. Para empezar se ha dado un incremento de la edad efectiva de jubilación hasta los 65,1 años durante 2023, es decir, 0,3 años más respecto a 2022. Asimismo, uno de los elementos clave de ahorro en pensiones a largo plazo también escala: la modalidad de retiro demorado (después de la edad legal) se duplica en dos años y ya supone el 10,5% de las altas a la Seguridad Social.
Por el contrario, la jubilación anticipada cae hasta el 20% mientras que antes de la implementación de la reforma rondaba el 30%. Los datos constatan que la reforma está dando sus frutos al desincentivar la jubilación anticipada, lo que supone una ayuda para el sistema. No en vano, el Estado pierde cada año unos 1.200 millones, en concepto de las cotizaciones que los trabajadores que dejan de pagar al retirarse prematuramente.
Ahora bien, dicho ahorro y el conseguido con la ampliación de los años cotizados más allá de los 25, y que el Gobierno fijó en 19.000 millones para 2050, es insuficiente para hacer frente al retiro de la generación del baby boom. Además, el hecho de que la reforma de pensiones obviara cualquier medida para racionalizar el gasto y, además, indexara el alza de las pagas al IPC, aumentará los desequilibrios del sistema en el futuro.