UGANDA LGTBI
La Casa Blanca condena que el Constitucional de Uganda mantenga la ley anti-LGTBI
Estados Unidos ya impuso el año pasado sanciones a Uganda por violaciones a los derechos humanos y recortó programas de cooperación con el país africano.
La Casa Blanca condenó este jueves la decisión del Tribunal Constitucional de Uganda de mantener la controvertida ley anti-LGTBI aprobada el año pasado y advirtió de que Estados Unidos "seguirá exigiendo responsabilidades" a quienes vulneren los derechos humanos en el país africano.
"El fallo de ayer es una oportunidad perdida para Uganda, no solo para defender los derechos humanos de todos los ugandeses, sino también para reafirmar la importancia de la dignidad, la compasión y la tolerancia para todos", dijo el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, en un comunicado.
Según el asesor del presidente Joe Biden, la decisión de la Justicia ugandesa "es profundamente decepcionante, pone en peligro los derechos humanos y pone en peligro la prosperidad económica de todos los ugandeses".
Estados Unidos ya impuso el año pasado sanciones a Uganda por violaciones a los derechos humanos y recortó programas de cooperación con el país africano.
Sullivan explicó que Estados Unidos está evaluando las implicaciones de la ley anti-LGTBI y que "seguirá exigiendo responsabilidades a las personas y entidades que perpetran abusos contra los derechos humanos en Uganda".
El Tribunal Constitucional de Uganda rechazó el miércoles un recurso para anular la controvertida ley aprobada en mayo del pasado año, que agrava la discriminación contra las personas de la comunidad LGBTI.
El texto legal incluye largas penas de cárcel y castiga con la pena de muerte la "homosexualidad agravada", término amplio usado para referirse al hecho de mantener relaciones íntimas con un menor de edad u otros grupos vulnerables.
Organizaciones de la sociedad civil ugandesa han denunciado el aumento de los abusos contra las personas LGBTI en el país a raíz de los debates en el Parlamento y la aprobación de la norma.
Los miembros del colectivo se enfrentan en el país africano a desahucios, despidos, palizas y otras formas de discriminación, lamentan los activistas.