La decisión del presidente ecuatoriano Daniel Noboa de mantener a los militares patrullando las calles pese a fin del estado de excepción, dispuesto para controlar la espiral de violencia causada por organizaciones criminales, causó el lunes posiciones encontradas entre analistas y ciudadanos.
Finalizado el plazo de 90 días de ese régimen el mandatario ordenó cerca de la medianoche del domingo que los militares mantengan las operaciones "para prevenir y erradicar la actividad de grupos armados organizados en el territorio nacional". En un documento también declaró a las prisiones "zonas de seguridad".
"La estrategia de seguridad del gobierno está fracasando" porque no se ven los efectos reales en la reducción de los delitos "que afectan mucho a la gente común", dijo a The Associated Press el analista y docente de la universidad Andina, Gustavo Isch.
Los uniformados a cargo de la seguridad civil son "parte de una estrategia política para hacer notar la presencia del gobierno", añadió.
Noboa dispuso en enero un estado de excepción por 90 días para enfrentar la violencia criminal que restringía derechos como los de reunión, asociación y movilidad y mantenía un toque de queda en 61 ciudades —entre ellas las más importantes como Quito, Guayaquil, Manta y Cuenca—. Por ley no se podía extender ese régimen especial.
El estudiante universitario Jaime Peña manifestó a AP que "está bien que el gobierno mantenga a los militares, da alguna tranquilidad, pero lo cierto es que la delincuencia no ha bajado, casi todos mis amigos han sido asaltados, todos tenemos miedo de salir en las noches, ni hablar de dejar los carros estacionados en las vías".
Los militares además mantienen el control de las prisiones más violentas de país, como la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil y las cárceles de Cotopaxi y de Cuenca, convertidas hasta hace unos meses en centros de mando del crimen organizado.
El ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general en retiro Paco Moncayo, afirmó a AP que "no es razonable pensar que se va a resolver en uno o dos meses el conflicto" contra las organizaciones criminales con la presencia militar en las prisiones y en las calles.
Agregó que para neutralizar el problema de la violencia es también necesario resguardar efectivamente las fronteras con Colombia, de donde proviene la mayor parte de la cocaína; con Perú, centro ilegal de distribución de armas; el espacio aéreo por donde llegan y se van las avionetas de los narcotraficantes y los puertos, por donde se envían grandes cantidades de drogas.
En los últimos años el narcotráfico ha desencadenado una desbordada violencia criminal en Ecuador. De acuerdo con datos de la policía el año pasado hubo 7.592 muertes violentas frente a las 4.426 de 2022.
La abogada Sara Romero señaló que "estoy de acuerdo en que los militares sigan, es más, me gustaría ver más presencia y operativos en las calles, que se vea que alguien está vigilando permanentemente y que están tan armados como los los criminales que nos tienen con miedo metidos en nuestras casas".