Por Héctor Huergo para Clarín Rural
La decisión de expropiar Vicentin, la fallida empresa agroindustrial con sede en Avellaneda (300 kilómetros al norte de Santa Fe) abrió la tan temida Caja de Pandora. Por más que el propio presidente Alberto Fernández haya intentado acotar el tema a un "rescate" de una empresa en crisis, la sombra doliente de las expropiaciones cayó definitivamente sobre la pampa argentina. No solo por los hechos concretos anunciados este lunes al caer la tarde (el decreto de intervención de la empresa, y el envío de un proyecto de ley de expropiación), sino por la escenografía montada para el evento.
La presencia de una senadora mendocina (Anabel Fernández Sagasti) del riñón del cristinismo al lado del presidente, y las continuas referencias a ella de Alberto Fernández, dejaron en evidencia que lo que se ponía en juego era más que un salvataje. Conviene recordar que resuenan los dichos, luego tibiamente corregidos, de la legisladora camporista Fernanda Vallejos pidiendo participación en las empresas que habían recibido auxilio económico del Estado.
Fernández intentó suavizar la cuestión. Por eso muchos vieron lo de este lunes como una vuelta de tuerca definitoria. A esto hay que agregarle la retórica desplegada en su breve discurso, aludiendo a muletillas abstractas como la "soberanía alimentaria, tan importante en los tiempos de la pandemia".
Si algo ocurrió en los 70 días de "corralito social" fue que nunca faltó comida, que la producción del campo siguió fluyendo a fábricas y puertos, y que el ingreso de divisas se mantuvo en niveles normales. Aunque la normalidad no es suficiente para arreglar los dislates macroeconómicos, lo cierto es que el único ingreso de divisas reales provino, en lo que va del año, de las exportaciones soberanas de alimentos.
Lo mismo que la otra abstracción, la de la "empresa testigo". Alguien está dando letra sobre algún oscurantismo en la actividad más vieja, competitiva y transparente, que es la producción y comercio de productos agropecuarios. Durante 50 años en el periodismo agropecuario asistí a una interminable saga de investigaciones de todo tipo destinadas a descubrir los chanchullos de "las cerealeras". Que no son cerealeras. Son enormes complejos fabriles, con inversiones clavadas en los puertos y el interior por miles de millones de dólares. Una sola de ellas, la planta de Renova en Timbúes (de Glencore, con la que Vicentin estuvo asociada con un 26%) costó 1.500 millones de dólares y fue inaugurada por CFK en 2013. Es la más grande del mundo, con una capacidad de molienda de soja de 30.000 toneladas diarias. Mil camiones.
Lo que he vivido no fue otra cosa que fusiones, adquisiciones, quiebras, guerra de posicionamiento a nivel global, competencia feroz porque uno cobraba 50 centavos de dólar menos la secada. ¿Cuál es la necesidad de una "empresa testigo"?
Más sorprende la decisión de expropiar Vicentin, cuando se sabía en el mercado que había varias tratativas en marcha para encontrar una solución, desde el sector privado, a la crítica situación económica derivada de la cesación de pagos de la compañía. En medios rosarinos se hablaba continuamente de los avances de dos iniciativas, y también del interés de Glencore, cuya división agrícola tienen fuertes activos en la Argentina y algunos negocios en los que participaba Vicentin. Todo eso se abortó con el anuncio del rescate gubernamental.
Es cierto que la iniciativa oficial trae cierto alivio a una gran masa de acreedores, entre los cuales se cuentan miles de productores agropecuarios de las provincias de Santa Fé, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, con coletazos en el NEA y el NOA y hasta en Mendoza.
También traerá alivio al Banco Nación, principal acreedor financiero en el país. Y en particular a la banca internacional comprometida por el alto endeudamiento externo de la compañía. Conviene saber que los principales acreedores son bancos públicos: la IFC, el brazo financiero del FMI (y que por lo tanto siempre cobra, más tarde o más temprano), y el Banco de Fomento Europeo, capitalizado por los Estados de la UE. Todos ellos serán acreedores del Estado argentino. Es decir, de todos nosotros.
Si dejáramos de lado la intencionalidad política, tanto de la retórica como en la medida concreta de la expropiación, la elección de YPF como empresa administradora del fideicomiso que recibirá los bienes de Vicentin es atendible. Lo mismo la decisión de poner al frente a Gabriel Delgado, un funcionario con buenos antecedentes y bien visto por el campo y la agroindustria.
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