La Contraloría General de la República declaró la legalidad del convenio de intercambio policial que firmó Chile y Venezuela en enero pasado.
Cabe recordar que fue el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien viajó al país liderado por Nicolás Maduro para sellar dicho acuerdo.
Lo anterior respondió a una solicitud presentada por los diputados Cristian Labbé y Cristhian Moreira, además de Gloria Naveillán. En ese marco, pidieron determinar la juridicidad y naturaleza del convenio de carácter policial.
Por lo que, tras analizar los antecedentes, el ente contralor determinó que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública (MISP) sí está facultado.
Esto, por su calidad de órgano de la Administración del Estado para celebrar convenios interinstitucionales de carácter internacional con entidades extranjeras, que incidan en asuntos propios de su ámbito de competencia.
Contraloría declara legal convenio entre Chile y Venezuela
Según la Contraloría General de la República, "ajustándose al artículo 35 de la ley N° 21.080, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública (MISP) de Chile suscribió dicho acuerdo para promover, coordinar y fomentar medidas de prevención y control de la delincuencia".
Y, en ese contexto, "pacta con su contraparte, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de la República Bolivariana de Venezuela, la mutua colaboración, para facilitar el intercambio de la información necesaria para la investigación de delitos que son expresión de la criminalidad organizada".
Se debe precisar que para analizar la solicitud de los parlamentarios de oposición, "se solicitaron informes tanto al Ministerio del Interior y Seguridad Pública y al Ministerio de Relaciones Exteriores".
¿Qué dice el convenio?
Fue en enero pasado que Monsalve llegó hasta Caracas, en Venezuela, para firmar un convenio de colaboración con Venezuela. Esto, con la finalidad de reforzar el combate contra el crimen organizado.
En específico, se busca una colaboración para facilitar información entre ambos países dentro del ámbito de sus respectivas jurisdicciones nacionales, competencias específicas y en el cumplimiento de sus funciones.
Es decir, un intercambio de información "necesaria para la investigación de delitos contra las personas, delitos violentos, cibernéticos y delitos financieros, entre otras expresiones del crimen organizado".
Igualmente, el documento al que tuvo acceso BioBioChile detalla que se busca promover el intercambio de conocimiento especializado y participación en actividades de capacitación.