La Fiscalía General imputó cargos contra el abogado Ricardo González Esguerra, quien se desempeñó como vicefiscal general de la Nación encargado y también como fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia.
Según el ente acusador, González, quien representaba legalmente al empresario Martín Manjarrez, uno de los procesados por el carrusel de carros blindados de la Unidad Nacional de Protección y a su esposa Marcela; habría cometido actos ilícitos al introducir nombres de personas, incluyendo a algunos generales y altos oficiales de la Policía, en un principio de oportunidad que el empresario Manjarrez estaba negociando con la fiscal Angélica Monsalve.
Cabe recordar que actualmente existe un proceso contra la fiscal Monsalve por fraude procesal. Aparentemente, Monsalve habría pedido dinero, a través de terceros, para archivar un caso contra Martín Manjarrés por el mismo caso de los carros blindados.
Los cargos presentados contra González fueron por falsificación ideológica en documentos públicos, agravados por su participación en el proceso. Según la fiscal a cargo del caso, en un documento se incluyeron "datos falsos" con la aprobación del abogado González, a pesar de que él y el empresario Manjarrez no tenían conocimiento directo de las actividades delictivas atribuidas a esas personas.
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"Esa amplia experiencia profesional del ámbito penal permite deducir que conocía que suscribir estos documentos falseando la verdad es un delito, tenía la capacidad de comprender si había un delito", dijo la fiscal 100 del caso.
Además, se menciona a un ciudadano llamado Alan como testigo de cargo, a pesar de que su nombre no fue mencionado por el empresario en su principio de oportunidad.
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La fiscal anticorrupción destacó el extenso historial y experiencia legal de González, quien ha ocupado cargos importantes como fiscal delegado ante la Corte Suprema y vicefiscal general encargado, además de contar con maestrías y especializaciones.
El abogado Ricardo González no aceptó los cargos por los delitos de falsificación ideológica en documentos públicos. Actualmente, el código penal estipula que la pena a cumplir por ese delito es entre 6 y 11 años en prisión.