El autor es Director de analítica de datos del IMCO y profesor de macroeconomía del ITAM.
Una de las discusiones recientes más interesantes sobre las finanzas públicas se refiere a la evolución del endeudamiento público del sector público federal. Esto se debe a que, en nuestro país, de forma sobradamente justificada, existe un recelo generalizado sobre los riesgos que tiene para el bienestar de la población un manejo desordenado y opaco de las cuentas públicas. Ejemplos de crisis económicas ocasionadas o exacerbadas por un manejo irresponsable de las cuentas públicas son numerosos en la historia económica de México en la segunda mitad del siglo XX, de ahí que sea ampliamente compartido entre la población el deseo por preservar un marco de responsabilidad fiscal riguroso.
Ciertamente, para la mayoría de la población este manejo se enfoca fundamentalmente en el nivel de endeudamiento del país. De tal forma que un mayor nivel de deuda se percibe de forma negativa, independientemente del destino que tengan los recursos, y una reducción del mismo nivel como algo deseable, más allá de la estructura propia de los vencimientos y las condiciones de esa deuda. Es decir, la discusión se ha sobresimplificado a un análisis normativo que nos impide profundizar en los verdaderos aspectos que pueden ser riesgosos sobre la deuda pública del país.
México, a diferencia de otros países, tiene dos peculiaridades en el reporte de su deuda. En primer lugar, reporta una cifra de deuda del sector público federal, esto es, la del gobierno federal, las empresas públicas como Pemex y CFE, y otros organismos públicos. En los reportes habituales de deuda de la Secretaría de Hacienda no se contabiliza la deuda subnacional, como la de las entidades federativas, los municipios u otros organismos públicos; lo que sí ocurre en otros países. En segundo lugar, aunque la Secretaría de Hacienda publica cifras de los saldos de la deuda pública en términos brutos y netos, le brinda mayor atención al segundo. Es decir, al monto total de deuda de mercado que ha emitido, y se mantiene vigente, le resta el saldo de los activos financieros a favor del gobierno federal y sus organismos. De este modo, la cifra de deuda "descuenta" el valor de los activos financieros a favor, como los fideicomisos, para divulgar un monto de endeudamiento "neto" de esa posición a favor.
De este modo, cuando discutimos sobre el monto de la deuda pública, que al cierre de 2023 registró un valor de 46.8% del PIB, estamos debatiendo sobre una métrica del saldo muy específica: la del sector público federal y en términos netos, que combina efectos tanto de la emisión de deuda adicional, como del uso o acumulación de activos financieros. Además, precisamente porque se reporta en términos del PIB, también captura el desempeño del crecimiento económico y la inflación del país, que determinan el crecimiento que tiene la base nominal sobre la cual se calcula ese porcentaje.
Sin embargo, pese a que la discusión sobre la deuda pública resulta muy útil como punto de partida, hay un aspecto del manejo de las finanzas públicas que ha hecho esta administración que no debe pasar desapercibido: el uso de los recursos disponibles en los diferentes fideicomisos del gobierno federal, muchos de estos dispuestos a través de la extinción de distintos fondos.
El proceso de extinción es criticable en sí mismo porque el destino de los recursos que administran quedó desprotegido en la mayoría de los casos. Al extinguir los fideicomisos que servían como soporte presupuestario para diferentes tareas, como la atención de desastre naturales o las pensiones de ciertos trabajadores, no se crearon nuevos mecanismos que reemplazaran por completo sus necesidades de gasto. De igual modo, se perdieron las reservas de largo plazo que eran útiles para hacerle frente a eventos extraordinarios de riesgo que típicamente requieren más recursos cuando se materializan.
Así, cuando analizamos el efecto conjunto no solo del endeudamiento sino del uso de los activos financieros estamos teniendo una discusión sobre la posición financiera neta del sector público federal, es decir, sobre el balance de ambos elementos. Bajo ese ángulo, los datos de la Secretaría de Hacienda muestran que, al cierre de 2018, cuando esta administración federal iniciaba su encargo, la posición financiera neta del sector público era de 43.2% del PIB, que resultaba de restar 22.1 puntos del PIB en activos a los 65.3 puntos del PIB en pasivos, entre los cuales está la deuda de mercado.
Las propias cifras de Hacienda exhiben el deterioro de las finanzas públicas bajo este ángulo. Al cierre de 2023, la posición financiera neta se incrementó a 46.9% del PIB, en parte porque el saldo de los pasivos se incrementó a 67 puntos del PIB, pero también porque los activos disminuyeron a 20.1 puntos del PIB. Es decir, en los primeros 5 años de esta administración el saldo de los pasivos se incrementó en 1.7 puntos del PIB, mientras que los activos bajaron en 2 puntos más, lo que ocasionó el deterioro de la posición financiera neta en 3.7 puntos del PIB. Por ahora, ese ha sido el saldo observado para el deterioro de las finanzas públicas federales, uno que también limitará el margen de acción para el próximo gobierno.