"Trabajar 'en negro' es sufrir": los inmigrantes a la espera de permiso de residencia y trabajo celebran el avance de la regularización extraordinaria
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"Sería algo increíble que nos otorgaran la regularización, un paso espectacular para las personas que llevamos tanto tiempo en España", sentencia David ante la noticia de la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular (ILP) para la regularización extraordinaria de personas extranjeras en España. La propuesta de la plataforma Regularización.Ya, que recabó más de 700.000 firmas, fue aprobada el pasado 9 de abril en el Congreso de los Diputados y llevará a la definición de "un procedimiento para la regularización de los extranjeros que se encuentren en territorio español antes del día 1 de noviembre de 2021" en un plazo de seis meses.
Monroy, colombiano, llegó a Cantabria en octubre de 2019. Poco después comenzó la pandemia. "En ese tiempo estuve sin trabajo, estaba todo cerrado y el dinero que traía se me acabó", recuerda. Tras el encierro, empezó su experiencia "en negro": primero en la construcción, donde le engañaron y no le pagaron. "Fue un mazazo muy duro", asegura. Después de temporero, recogiendo arándanos. Y por último, como ayudante de cocina en Santoña. "Me prometieron que me iban a hacer la documentación y por eso aguanté hasta maltrato psicológico. Tenía un horario horrible, un día trabajé 17 horas seguidas", relata.
David contó con el apoyo de Cantabria Acoge y ahora es la asociación Catorce Kilómetros la que gestiona su caso. El objetivo es que consiga el permiso de residencia a través de la figura del arraigo por formación, un supuesto que se sumó a las figuras tradicionales de arraigo (laboral, familiar y social) en 2022 con la reforma de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
A través de este mecanismo -el menos utilizado de los cuatro- solo 70 personas consiguieron regularizar su situación en Cantabria en 2023. No obstante, en total, fueron 1.824 inmigrantes los que consiguieron la autorización por arraigo, la mayoría social (833) y familiar (819), con un periodo medio de irregularidad de dos años y medio.
A nivel nacional, a 31 de diciembre de 2023, en el Registro Central de Extranjeros se contabilizan 210.334 personas con autorización inicial de arraigo en vigor, 23.097 de ellas por formación, según la estadística de personas con autorización inicial de residencia por arraigo publicada el pasado 9 de abril por el Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI).
El proceso no es sencillo. La primera fase, por la que se concede una autorización de residencia temporal, requiere demostrar la "residencia previa y continuada durante dos años", el compromiso de "realizar una formación reglada para el empleo o a obtener un certificado de profesionalidad o una formación conducente a la obtención de certificación de aptitud técnica o habilitación profesional para el ejercicio de una ocupación específica" y la matrícula en la misma.
Durante la segunda fase, en la que se concede una autorización de residencia y trabajo de dos años, es necesario finalizar la formación y presentar "un contrato de trabajo que garantice al menos el salario mínimo interprofesional". Además, este contrato debe estar ligado a la formación cursada.
Lo importante es cotizar porque si no, no tienes derecho a la sanidad, al paro, a una liquidación…
David ha estado casi un año cursando un Certificado de Profesionalidad en Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión y ha presentado un contrato que ha sido rechazado por Extranjería, cuenta. "Me ha caído como un jarro de agua fría porque lo he hecho todo legal. Creo que se han equivocado. La empresa que me iba a contratar opera en el sector de la madera pero mi trabajo iba a consistir en el mantenimiento de las instalaciones eléctricas. Han tardado dos meses en resolver y ahora que me lo han denegado tengo que empezar de nuevo. Voy a recurrir, pero está complicado que me esperen. Me voy a quedar sin trabajo", lamenta. En su opinión, el avance de la ILP es crucial: "Lo importante, sí o sí, es trabajar y cotizar porque si no, no tienes derechos, a la sanidad, al paro, a una liquidación… Trabajar 'en negro' es sufrir", concluye.
Es el enésimo palo burocrático en la rueda de la regularización. "A todos los que conocemos el tema nos encantaría que el último paso en el arraigo por formación se resolviera rápido, en días, en una semana, porque el empresario que hace un contrato necesita al trabajador ya, no en dos meses, que es el periodo máximo de resolución. No sé si es que falta personal o qué, pero con estos plazos estamos perdiendo potencial y afiliaciones a la Seguridad Social", explica Pilar Bezanilla, coordinadora de Catorce Kilómetros.
Caso de "éxito"
La asociación, que funciona al margen de ayudas y subvenciones institucionales, gracias a las aportaciones de sus más de 200 socios y la labor de unos 45 voluntarios, ha conseguido la regularización, "con un contrato de trabajo", de 120 personas en sus siete años de trayectoria. La cifra puede parecer modesta, pero resulta todo un "éxito" teniendo en cuenta el tamaño de la organización y su esencia. "La regularización es un proceso lentísimo que lleva muchos trámites. Para empezar hay que tener pasaporte, si no lo tienes no te puedes empadronar ni tener acceso a una tarjeta sanitaria, por ejemplo. A partir de los dos años ya pueden acceder a una formación del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)", explica Bezanilla "y luego tienen que conseguir un contrato de trabajo".
La fundadora de Catorce Kilómetros aboga por la regularización extraordinaria y considera que "es inhumano tener a estas personas sin un permiso de trabajo cuando de verdad quieren salir adelante. Además es que España necesita mano de obra. No tiene sentido tener gente trabajando 'en negro', en situación total de vulnerabilidad, cuando lo que hace falta es que coticen como los demás". Las figuras del arraigo laboral y social también exigen la presentación de un contrato laboral que asegure el Salario Mínimo Interprofesional. "Volvemos a lo mismo. Es la eterna lucha. Las personas no pueden conseguir un contrato de la noche a la mañana".
Mamadou es uno de esos casos de éxito: tiene un contrato indefinido a jornada completa en una panadería santanderina. Ahora tiene que renovar el permiso de residencia y trabajo del arraigo por formación "que caduca en mayo". Tiene 23 años y llegó a Tarifa en julio de 2018, siendo menor. Salió de Guinea Conakry, solo y sin pasaporte, pasó por Mali, Argelia y Marruecos. Allí evitó a las mafias y con una veintena de compañeros, repartidos en tres pateras sin motor, se echó al mar una noche. "Una de las pateras tuvo que volver porque se nos había olvidado la tapa del aire. Siete personas tuvieron que regresar", recuerda. Ocho horas después, al amanecer, Mamadou y otras trece personas fueron rescatadas por Salvamento Marítimo.
Es muy difícil vivir sin papeles. Quieres trabajar y no puedes
Después pasó por los centros de acogida de menores extranjeros no acompañados gestionados por la Fundación Diagrama y de allí salió sin papeles. "Guinea Conakry durante muchos años no expedía pasaportes", añade Bezanilla. "A Mamadou le concedieron una cédula de inscripción. Tuvo suerte, porque no en todos los casos lo consiguen y a veces tardan hasta cinco años. Mientras tanto no pueden hacer nada más que estudiar una formación profesional básica", explica. "Es muy difícil vivir sin papeles. Quieres trabajar y no puedes", concluye Mamadou.
En el otro extremo está Magamou, que lleva cinco meses en Cantabria. También tiene 23 años. Salió de Senegal en patera y llegó a Tenerife después de pasar ocho días en el mar con "mucho frío". Está empezando a aprender español en las clases que ofrece Catorce Kilómetros. Estudió Bachiller en Senegal, pero ahora mismo se plantea hacer una formación en hostelería para trabajar en un restaurante. "Más adelante podrá hacer una formación profesional de grado medio si conseguimos homologar su título, que es difícil pero no imposible", explica Bezanilla.
Bezanilla insiste en que la vocación de la asociación es trabajar para que los inmigrantes en situación irregular "consigan un trabajo y sean independientes". Catorce Kilómetros no tiene la intención de "crecer más" y entre sus usuarios no figuran solicitantes de asilo. "Para eso ya están organizaciones como Movimiento por la Paz, Cantabria Acoge o Cruz Roja, que gestionan esos programas", especifica.
De acuerdo a los datos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), a finales de 2023 había en Cantabria 2.384 solicitantes de asilo. "Es el mecanismo que más se está utilizando porque garantiza la estancia mientras se resuelve, pero tiene el efecto perverso de retrasar las concesiones de asilo a quienes de verdad lo necesitan", valora Bezanilla.
La Proposición de Ley para la regularización extraordinaria apunta que "de acuerdo con las estimaciones más recientes, en España residen de manera irregular entre 390.000 y 470.000 personas". El dato, referido a finales de 2019, viene recogido en la Investigación por Causa. Extranjeros, sin papeles e imprescindibles: Una fotografía de la inmigración irregular en España, publicada en junio de 2020. "En la actualidad el número es mayor", constata Bezanilla. En 2021 llegaron a España 41.945 inmigrantes en situación irregular por vía marítima y terrestre, en 2022 fueron 31.219 y el año pasado, 56.852 personas llegaron al país, según la información aportada por el Ministerio del Interior.