Víctor P. Currás / Lara Graña
Si el fútbol era un deporte de once contra once en el que siempre ganaba Alemania, las infraestructuras se han convertido en un terreno en el que Audasa siempre saldrá como vencedora. La concesionaria de la AP-9 recibió el pasado 9,215 millones de euros el pasado año gracias al "tope" al alza de los peajes del 4% que el Gobierno impuso con el RD 20/2022. Esta inyección adicional de fondos públicos le permitió ingresar el 5,4% de subida que calculó la empresa en base al IPC y el canon del 1% por las obras realizadas en 2011.
La situación este año no será muy diferente. La Autopista del Atlántico sufrió el 1 de enero un nuevo tarifazo del 6,55%, situando el viaje entre A Coruña y Vigo en 19,4 euros. Sin embargo, Audasa calculaba una subida del 10,43% en el caso de recuperar de forma íntegra la subvención realizada en 2023.
Ya en el pasado ejercicio la compañía controlada por el Grupo Itínere fue una de las más beneficiadas de toda la red estatal al concentrar el 28% de los 33 millones de euros consignados vía Presupuestos Generales del Estado para evitar que los usuarios asumieran ese coste. Es por ello que, teniendo en cuenta que el Ministerio de Transportes estima necesarios unos 30 millones de euros, la cifra será muy similar.
Y es que la espina dorsal de la Galicia occidental, cuya prórroga en la concesión hasta 2048 decretada por Aznar continúa siendo investigada por la Comisión Europea, presenta la mayor subida según su concesionaria al estar solo por detrás de la AP-46 y la AP-7 entre Alicante y Cartagena (10,59%).
Así se recoge en la respuesta por escrito del ejecutivo central al grupo popular en el Senado, en el que el Gobierno destaca el desarrollo de "un amplio paquete de medidas de bonificación de peajes, con el objeto de paliar la repercusión a los usuarios de las fuertes subidas de las tarifas en aplicación de la legislación vigente" según sus palabras.
Esta losa con la que cargan todos los usuarios, empresas y turistas en Galicia no hará más que crecer durante los próximos años. El real decreto promulgado como medida provisional por los efectos de la invasión rusa de Ucrania cuenta con un plan para "limitar" estas subidas durante cuatro años. Es por ello que hasta 2027 se sumarán cada año la inflación, el 1% por las obras de las obras de ampliación del puente de Rande y la circunvalación de Santiago a cinco carriles y la "recuperación" de lo que dejó de ingresar en los años anteriores.
Un filón en fondos públicos
Y es que tal y como reflejan sus últimas cuentas presentadas la semana pasada ante la CNMC, la explotación de la principal vía de comunicación de Galicia se ha convertido en un negocio redondo gracias a las aportaciones de las entidades públicas.
Cada semana, entre bonificaciones y peajes en la sombra, la empresa anota a las administraciones (del Estado y Xunta) una factura superior a 1,12 millones de euros. Se lo permite la ristra de reales decretos que, a lo largo de los veinte años que lleva como concesionaria de esta vía, ha ido blindando —con gobiernos de distinto color político— la buena marcha de su negocio. El resumen es el siguiente: de los 192,5 millones de euros que facturó en el ejercicio 2023 (récord histórico), cerca de 60 millones fueron dinero público (también récord). Con una tercera plusmarca, la de beneficios: 82,57 millones de resultado neto, tras un alza interanual del 25%. Siete veces la inflación acumulada.
Se da la circunstancia, además, de que el propio Gobierno central, a través del Ministerio de Transportes, está en fase de contratación de dos empresas para que auditen si las cifras que le proporciona Audasa, en base a las cuales se calculan las bonificaciones públicas, son correctas. Audasa tampoco renuncia a la compensación que, asegura, debe recibir del Estado por la caída de usuarios durante el COVID. Cifra su perjuicio en 46,2 millones; "el citado procedimiento —dice en su informe— se encuentra en curso de tramitación".
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