Nora Merino Escamilla, candidata a diputada federal por el Distrito 12 de la coalición Seguimos Haciendo Historia, denunció que el ayuntamiento panista de la ciudad de Puebla, supuestamente presiona a ediles de las 17 juntas auxiliares para no apoyar a su partido y a sus candidatos a la gubernatura, Alejandro Armenta Mier, a la capital, José Chedraui Budib, así como a legisladores.
La diputada local con licencia afirmó que esta estrategia se suma a otras emprendidas por el gobierno municipal como destrucción de propaganda de los abanderados de Seguimos Haciendo Historia.
"Están presionando presidentes auxiliares desde el gobierno municipal pero de lado de la Cuarta Transformación estamos trabajando para ganar", expresó.
Expuso que desde la campaña del PAN se ha vendido la idea de que los distritos federales de la capital, en especial el 12, que se ubica en el suroriente de la ciudad de Puebla es uno de los bastiones de Acción Nacional.
"Aunque digan que es su bastión lo vamos a ganar y más aún vamos a recuperar la capital del estado y Morena va a ganar la gubernatura con Alejandro Armenta", acotó.
Indicó que la coalición Sigamos Haciendo Historia está "muy fuerte" en el sur de la capital del estado, en juntas auxiliares como San Francisco Totimehuacan y Azumiatla.
Indicó que hay evidencias que desde la campaña del PAN hay desesperación, entra las que destaca la presión a los ediles pero también los montajes de la supuestas agresiones en contra del candidato blanquiazul a la presidencia municipal de Puebla, Mario Riestra Piña.
El pasado 22 de abril, la fracción de regidores del ayuntamiento de la ciudad de Puebla presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por la supuesta entrega irregular de 79 bases a igual número de trabajadores del gobierno municipal, misma que no pasó por la autorización del cabildo.
Tras la presentación del procedimiento en contra de quien resulte responsable, Leobardo Rodríguez Juárez, Elisa Molina Rivera, Carmen María Palma Benítez y Ernesto Antonio Aguilar Cabrera afirmaron que la presunta entrega ilegal constituye un delito que debe ser investigado por la Fiscalía Anticorrupción.
Destacaron que entre los beneficiados podrían encontrarse familiares de servidores públicos o militantes del PAN que habrían sido beneficiados por el gobierno municipal en el marco del proceso electoral.
Agregaron que se trata de servidores públicos que tenían poco tiempo de haber llegado a la administración municipal, lo que deja en desigualdad de circunstancias a trabajadores que tienen mayor tiempo en el gobierno municipal y aspiran a una base.