El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, recurrió al Tribunal Constitucional (TC) para suspender la formalización en su contra por su eventual responsabilidad de mando en el delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio durante las manifestaciones ocurridas en el estallido social de 2019, fijada para el próximo 7 de mayo.
La defensa de la máxima autoridad de la institución ingresó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en el TC, alegando que las actuaciones del Ministerio Público han implicado una serie de vicios que vulneran sus garantías.
En un documento de 24 páginas, Yáñez acusó que la investigación llevada en su contra "se funda en una elaboración de un tipo penal artificioso, alambicado que contiene una pretendida responsabilidad de mando (o del superior) que no es un elemento objetivo del tipo penal del delito de apremios ilegítimos", según publicó La Tercera.
"En efecto -continúa-, esta figura de participación no constituye un crimen en sí mismo, sino una especial participación de los jefes militares y civiles en los tipos penales de derecho penal internacional", sosteniendo que es totalmente "inaplicable" a la figura de un delito común de apremios ilegítimos simples.
Por lo anterior, aseguró que la solicitud de formalización contiene vicios que la hacen susceptible de ser anulada, y que, "al no haberse declarado así por el juez de primer grado, vulneró garantías constitucionales como el debido proceso, en su vertiente al derecho a defensa y derecho al recurso, y principios constitucionales como la supremacía constitucional y de juridicidad".
A su juicio, continuar con el procedimiento se le estaría sometiendo a un "procedimiento irracional e injusto", ya que no se le han dado a conocer los cargos que se le imputan, lo que es un "requisito esencial del debido proceso, y se me impide de esta manera ejercer una defensa material y técnica".
En el mismo texto, Yáñez expresó que se está afectando "mi dignidad y honra, y amenazando mi libertad personal, además de buscar dañar, a través mío, de forma irremediable a la institución de Carabineros de Chile", por lo que busca con el requerimiento "garantizar que se me juzgue con apego a un justo y racional procedimiento, sin intervenciones políticas, puesto que el Ministerio Público pretende imputarme un delito que no he cometido de forma comisiva ni activa".
CRITERIO TOHÁ
La ministra del Interior, Carolina Tohá, planteó a fines de marzo un criterio en que funcionarios del Gobierno que lleguen a ser formalizados por algún delito deberán renunciar a sus cargos para que la investigación no afecte a las instituciones.
En vista del requerimiento interpuesto por Yáñez en el TC, Tohá señaló que "el criterio -se ha dicho varias veces- no se refiere a un caso en particular, se refiere en general a cualquier situación que pueda involucrar a personas que tienen roles de autoridad o cargos importantes de confianza, ahí vamos a aplicar este criterio, cualquier sea el tipo de causa de que se trata y cualquier sea el tipo de historial o rango de la persona en cuestión".
"¿Qué es lo que le debe importar al Gobierno y qué es lo que no vamos a dejar en ningún momento de ponerle atención? Es que el desarrollo de la labor policial se haga de la mejor manera", subrayó la secretaria de Estado.