La proposición de ley de Concordia de Castilla y León, presentada hace una semana por los grupos Popular y de Vox, da hoy jueves un primer paso con su admisión a trámite por la Mesa de las Cortes. En su reunión, la Mesa de las Cortes tiene en su orden del día la admisión a trámite de esta proposición de ley. Los servicios jurídicos de la Cámara no ven obstáculo legal alguno para que siga su tramitación y pueda ser aprobada.
El siguiente paso de las Cortes será su remisión a la Junta de Castilla y León para que, en el plazo de quince días, manifieste su criterio y conformidad para su toma en consideración por el Pleno. Una vez conocida la posición del Ejecutivo autonómico se podrá incluir en el orden del día del plenario.
No obstante, el Consejo de Ministros de este martes dio el visto bueno para recurrirla ante el Tribunal Constitucional si el Gobierno entiende que colisiona con la norma estatal de Memoria Democrática, pese a que previamente deberá la comisión bilateral entre el Gobierno central y la Comunidad deberá intentar llegar a un acuerdo sobre el contenido de la norma para evitar que dilucide el Alto Tribunal.
En declaraciones realizadas este miércoles en una visita a Zamora, el líder de la oposición autonómica socialista, Luis Tudanca, aseguró que su grupo hará todo lo que esté en su mano para parar esta norma, como afirmó que hicieron con el protocolo antiaborto impulsado por la parte de Vox en la Junta. Precisamente, el Grupo Socialista quiere que el Consejo Consultivo realice un dictamen en relación a la legalidad de la proposición de ley. En su escrito a la Mesa de las Cortes, apela al artículo 5 de la norma de esta institución en relación a las consultas facultativas. En concreto, la petición de consulta sobre un asunto en tramitación en la Cámara se podrá solicitar con el acuerdo unánime de la Mesa oída la Junta de Portavoces.
La proposición de ley de Concordia, una vez aprobada, sustituirá al Decreto de memoria histórica y democrática aprobado en 2018 por el último Gobierno de Juan Vicente Herrera. Como explicaron sus promotores, el objetivo es "honrar y proteger" a todas las víctimas de persecución o violencia por motivos ideológicos, religiosos y sociales entre 1931 y 1978. La propuesta de PP y Vox no recoge expresamente el término dictadura en su exposición de motivos, como si hace el Decreto de 2018. No obstante, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, condenó este martes el franquismo, en declaraciones a los periodistas: "Lo obvio no necesita glosa, pero si hay que decirlo, lo digo: el franquismo es una dictadura", señaló, para aseverar: "Para mí el franquismo fue una dictadura y eso es algo que dice la Real Academia de la Lengua".
En este sentido, el texto de la Proposición de ley se limita a recoger que "nunca ha habido un relato consensuado sobre la Segunda República, la Guerra Civil y el Franquismo" y agrega que "las nuevas generaciones que no vivieron" estos hechos "han recibido en muchas ocasiones una visión sesgada de ese conflicto cuya única finalidad es alimentar una división partidista en la sociedad".
Los grupos Popular y de Vox quieren que este texto se apruebe al final del presente periodo de sesiones en las Cortes, que se cierra a finales de junio.