Las elecciones del año pasado fueron inéditas en Córdoba, porque el gobernador ganador perdió el Tribnal de Cuentas. Que quedó en manos de dirigentes liderado por Luis Juez.
A poco más de 100 días del inicio de la gestión, desde el Panal aseguran que el Tribunal de Cuentas se ha convertido en "una máquina de impedir" el funcionamiento del Estado. "Nada que ver", dice Beltrán Corvalán, el presidente del organismo en Voz y voto, quien asegura que su tarea de control se enfrenta, incluso, a posibles "nichos de corrupción con la obra pública.
–¿El Tribunal de Cuentas se convirtió "en una máquina de impedir", como dice el gobierno?
–Nada que ver, todo lo contrario. Se ha bajado el tiempo y la demora que había con los expedientes. Antes tardaban 38 días, en los años anteriores cuando el peronismo estaba a cargo del Tribunal. Ahora, por ley... por esa ley que sacaron el pasado 27 de noviembre antes de que asumamos, demoran 15 días.
–El Tribunal hace un control antes y después. ¿Cuando habla del plazo, se refiere al paso previo, antes de que se haga el gasto?
–Antes de que pueda hacer el gasto, nosotros tenemos que autorizarlo. Cuando ganamos el Tribunal, se desató toda una cuestión queriendo que no se investigue más, que no se controle. Toda una estructura para que el Tribunal no controle más. Por ejemplo, se nombraron en concursos a toda la planta política que estaba antes, y que se debería haber ido cuando entramos nosotros. Los dejaron como directores, asesores de áreas, etcétera. Esa fue una. Y otra fue la ley que mencioné, y que nos impone un plazo de 15 días para sacar los expedientes. Y también hay algunas cuestiones que no podemos ver, como por ejemplo los expedientes relacionados con los seguros. Un tema como en el caso que fue denunciado el expresidente Alberto Fernández. En Córdoba, no podemos saber a cuánto se pagan los seguros o si existen intermediarios.
–¿Seguros de qué?
–Todos los seguros que contrata la Provincia para las personas, para los bienes. No podemos verlos. También se crearon gastos reservados que antes no existían, y tampoco los podemos ver.
–¿Qué tipo de expediente han rechazado hasta ahora?
–Por ejemplo, los que son globales. Que no dicen a quién contratan, a cuánto se contrata. Expedientes que son de cifras importantes, de 1.750 millones o 1.100 millones (de pesos). Van a contratar pero no saben cuánto, cómo... ¿Qué decimos nosotros? Todos los expedientes se tienen que ajustar a derecho. Es algo normal.
–¿Y qué le dice la Provincia cuando ustedes le preguntan?
-No estamos teniendo respuesta, pero esperamos tenerla. La respuesta históricamente fue que estos expedientes se aprobaban. ¿Pero cómo se van a aprobar sin saber nada? Estamos hablando de dinero público. Si uno tiene que hacer un gasto, hay que traer una factura, que diga a quién le compraron, para qué, el importe. Y con el dinero público a esto, en algunos expedientes, el Estado no lo está haciendo.
–La Provincia habló de temas sensibles que, dicen, están trabados. Uno es la campaña de información sobre el dengue. No se puede hacer campaña de concientización, afirma.
–Les dejo un expediente donde, hace una o dos semanas, aprobamos la publicidad. Vienen saliendo los expedientes. La única condición que ponemos es lo que establecen las leyes: que nos digan a quién contratan, por qué importe. Es lo básico. No lo digo yo, lo dicen las leyes. Isisto: la mayoría de los expedientes están saliendo. Lo que se está buscando es quitarle la facultad de control al Tribunal. Entiendo que están incómodos, que les duele, les molesta; entiendo que hace 25 años no se hablaba del Tribunal porque los expedientes salían y no se observaba nada. Los noto nerviosos por esta circunstancia. Pero lo que estamos haciendo es cuidar el dinero público. Por eso, lo que está bien se aprueba y lo que está mal, se observa.
Luis Juez
–Hay quienes ven a Luis Juez detrás de esto. ¿Es el Tribunal de Cuentas un bastión político para el futuro?
–En el Tribunal vemos cuestiones absolutamente técnicas, enmarcadas en las leyes que se encuentran vigentes. Por eso, esto de darle semejante nivel de importancia, que estamos trabando, que no pueden hacer nada en el Gobierno me parece que obedece a otras razones. A lo mejor, no tienen el dinero para afrontar deudas que quieren tomar y le echan la culpa al Tribunal. Que se queden tranquilos...
–¿El Gobierno trata de que se trabe en el Tribunal para que no se apruebe el gasto, y así no hacerlo? ¿Como una excusa?
–Como una excusa lo están usando. Pero nosotros queremos llevar tranquilidad, sobre todo a los contribuyentes, a los que pagan sus impuestos. Estamos controlando para que estos expedientes que están mal, en los que no se identifica qué se va a comprar, no puedan salir.
Expedientes
–¿Puede darnos números de cuántos expedientes ingresan por día, y cuántos se visan?
–Entran, en promedio, entre 50 y 70 por día. Antes no tenían tiempo de aprobación, entonces se demoraban más. Ahora, como nos han acortado los plazos, tenemos una carga laboral importante. Pero, tranquilidad: estamos cuidando la plata de los cordobeses.
–De estos entre 50 y 70, ¿qué cantidad de aprueban en los plazos previstos?
–El 90, 95% son aprobados. Los que no, casualmente son los expedientes de mayor importancia. Por ejemplo, para las redeterminaciones... En ese caso, los plazos han subido pero por un decreto del Ejecutivo.
–La actualización de presupuestos para una obra, por ejemplo.
-Por la inflación. Antes, en el Ejecutivo se demoran 30 días. Ahora, por un decreto pasaron de 30 a 75 días. Mientras, en el Tribunal bajamos los plazos a menos de la mitad, ellos más que duplicaron la cantidad. Lo que hacemos es observar. Por ejemplo, hemos pedido información porque conocemos... sabíamos que la obra pública en Córdoba, en alguna circunstancia, es más cara de lo que se paga en otras provincias, o a nivel nacional. Por ejemplo, vino un expediente en el que nos pedían 4.400 millones para hacer 3,6 kilómetros. Un expediente de 20 fojas, cuando todos vienen con 2.000 fojas. Bueno, les pedimos los certificados de obra, qué van a hacer, cómo lo van a hacer, el grado de avance de esas obras. Lo básico para poder aprobarlo. Esas cuestiones antes pasaban en forma indiscriminadas.
–¿Tampoco tienen control sobre los subsidios? ¿El gobernador entrega ese dinero y ustedes se enteran después?
–Tampoco podemos ver esa cuestión. Antes sí se podían porque entraban al Tribunal de Cuentas. Pero como ahora está la oposición, no se pueden ver más. Así, los cordobeses no sabemos a quién se los dan. Muchos son no reintegrables.
–¿La ley plantea que ya no se controlen?
–Ya no tenemos más control sobre estas cuestiones.
–¿Tienen recursos humanos y técnicos para la revisión?
-Sí, sí. Pero al bajarnos los días, necesitaríamos más gente porque las áreas técnicas están abarrotadas. Lo mismo nosotros, porque tenemos plazos perentorios que cumplir. Pero seguimos viendo y poniendo énfasis en la obra pública porque hemos detectado, muchas veces, sobreprecios. Algo de lo que teníamos conocimiento...
–¿En el caso de que detecten un sobreprecio, qué hacen: van a la Justicia, piden un informe?
–Como esto es preventivo, nos tienen que pasar los expedientes antes de que se realice el gasto. No se configuraría delito porque frenamos el expediente antes de que se consume.
–Por lo que han visto hasta ahora, ¿son más expedientes incompletos, derivados de una cultura de mucho tiempo de tener mayoría, o ven indicios de que puede haber corrupción?
–Nos llaman la atención estos expedientes globales donde no se dice a qué precio se contrata, qué se va a contratar. Si en tu casa hacés un gasto, pedís un comprobante. Bueno, si así es con el dinero privado, imagínense con el dinero público. Sospechamos que ese es un nicho de corrupción importante. Por eso, estamos objetando esos expedientes o estamos pidiendo explicación. Y ni hablar de los gastos reservados que crearon ahora. Hay tres ministerios que pueden ejercerlos. Eso antes pasaba por el Tribunal.
–¿Cuáles son los ministerios?
–Gobierno, Justicia y la Policía.