La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, dijo en La Moneda la tarde de este viernes que el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, le adelantó que presentaría un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional.
En la presentación, el jefe policial acusó vicios que vulneran sus garantías en las actuaciones del Ministerio Público por el caso en que se fijó su formalización para el 7 de mayo.
"Las estrategias que las personas ocupan ante los tribunales no son temas en los cuales el gobierno le corresponde intervenir y pronunciarse. Son parte de las dinámicas de estos procesos y no corresponde que hagamos ningún planteamiento", afirmó Tohá, al ser consultada en primera instancia por la prensa de la sede de gobierno.
Tras ello, le preguntaron en qué pie queda el criterio que la administración del Presidente Gabriel Boric viene defendiendo, bajo el rótulo de "doctrina Tohá", respecto a que los funcionarios de gobierno que enfrenten formalizaciones tendrán que dejar sus cargos, considerando el tema como un "punto de inflexión". Esto, considerando que la maniobra de Yáñez apunta a que la audiencia de mayo se suspenda.
"Eso no depende de nosotros. Las formalizaciones las definen los tribunales. Y cuando se definan, el gobierno tendrá que tomar sus decisiones y se harán las evaluaciones. Pero nosotros no somos, en el Ejecutivo, los que decidimos cuándo se hace la formalización", sostuvo.
Tohá explicó que en el marco de una reunión que sostuvo con el general respecto a las dotaciones policiales, Yáñez le informó que recurriría al TC.
"Yo sabía que lo iba a presentar, me lo planteó ayer", dijo.
Asimismo, Tohá recalcó que "la dinámica de los procesos judiciales se define en los tribunales".
"El Ejecutivo no interviene, no comenta, no tiene ningún rol que jugar ahí. Una vez que los hechos se van desarrollando, se toman las decisiones que nos parezca pertinentes o mejor tomar. Pero intervenir o actuar o emitir juicios sobre el desarrollo de los procesos no nos corresponde", enfatizó.
La ministra insistió en que el criterio planteado no se refiere a un caso en particular, sino que a "cualquier situación que pueda involucrar a personas que tienen roles de autoridad o cargos importantes de confianza" y se aplicará "cualquiera sea el tipo de causa de que se trata y cualquier sea el tipo de historial o rango de la persona en cuestión".
Sobre Yáñez, aseguró que no dejarán "en ningún momento" de poner atención que "el desarrollo de la labor policial, se haga de la mejor manera y que los temas tengan la preocupación, tengan la atención que requieren".
"En eso, hasta el momento, hemos podido constatar que se ha podido seguir trabajando correctamente", aseguró la secretaria de Estado.