Un reciente fallo del Tribunal Administrativo Tributario (TAT) ordenó a la Dirección General de Ingresos (DGI) ceder $20.2 millones en créditos fiscales, que reclama Inversiones Encanto –sociedad que operó la cadena de mini supermercados Justo y Bueno– a favor de la sociedad Quantex Management Corp. La decisión fue apoyada por dos de tres magistrados, uno de ellos, correspondiente al de una magistrada que fue agente residente de Quantex Management. Pero la DGI sostiene que no existe tal crédito fiscal; en todo caso, el crédito sería de apenas unos $850, afirmación apoyada por dos expertos, pero desestimada porque el TAT buscó a otros peritos que apoyaran la tesis de que el Estado le debe a Quantex esos $20.2 millones. La decisión del TAT solo puede ser calificada como una perfecta desvergüenza, empezando por el hecho de que la magistrada que apoyó el mamotreto fue abogada de la sociedad beneficiada. El fallo es un disparate legal y un pésimo ejemplo de justicia fiscal, pues se trata de una decisión altamente sospechosa, incluso, responsable de que Panamá se convierta luego en el hazmerreír internacional por torpes leguleyadas que esconden actos claramente inimaginables.