La versión final de la modificación puntual y urgente de la planificación de la red eléctrica que acaba de aprobar el Gobierno trae como novedad seis accesos más de los que estaban previstos en un primer borrador, dos en País Vasco y otros dos Cataluña y otros dos en sendas comunidades gobernadas por el PSOE, Asturias y Castilla-La Mancha. Por si había dudas del efecto territorial de este reparto adicional de puntos de suministro eléctrico para proyectos económicos e industrias que demandan mucha electricidad, el PNV ha celebrado este martes ante su responsable, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, que haya "atendido" algunas de sus peticiones, aunque ha añadido que sigue dejando otras fuera. Por el contrario, el PP, cuyos gobiernos en Galicia, Aragón, Comunitat Valenciana, Andalucía, Murcia y Extremadura también tendrán accesos excepcionales pero que no ha obtenido ninguno adicional en la versión final, ha acusado a la ministra de Transición Ecológica de "poner en riesgo" la inversión económica.
"Sí que han sido atendidas algunas peticiones que desde mi grupo se habían hecho, si bien no no todas", ha apuntado el senador del PNV Igoitz Lopez durante la comparecencia de Ribera ante la comisión de Transición Ecológica de la Cámara Alta para exponer las líneas generales de su Ministerio para esta legislatura, en un momento en el que la vicepresidenta está de salida, porque será candidata del PSOE a las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio.
El PP no suma ninguna nueva
Antes de que deje el Gobierno, Ribera llevó hace dos semanas al Consejo de Ministros la versión final de la modificación puntual y extraordinaria de la planificación de redes eléctricas para 2020-2026, para dar cabida a actuaciones que deberían hacerse antes de 2026 para suministrar electricidad a ciertos proyectos que no estaban previstos en 2020. En total, son 73 actuaciones, de las que hay 23 para "nuevos consumos", es decir, para nuevas demandas eléctricas. Son seis más de las 17 previstas por Ribera en diciembre y se han añadido después de un periodo de consultas del que, según ha indicado este martes, el PNV considera haber sido escuchado, lo contrario que el PP.
"Las peticiones entendemos que son necesarias y que eran un mínimo para el desarrollo industrial y, sobre, todo, para descarbonizar", ha añadido el senador del PNV. De las 23 actuaciones para dar respuesta a las nuevas demandas, el País Vasco obtiene tres, una en Álava con un coste para el sistema de 10,4 millones, otra en Arrigorriaga, en Bilbao, con una inversión de 6,5 millones y una tercera en Santurce, sin coste adicional para el sistema. En la versión final el País Vasco ha incorporado dos más que no figuraban en los primeros plantes de Ribera, que llegan hasta tres una menos que las dos que más tienen, Galicia y Cataluña, con cuatro cada una.
Ya en diciembre, cuando Ribera presentó sus planes para adjudicar entonces 17 nuevos accesos a la red para nuevas demandas, las comunidades del PP levantaron la voz al sentirse perjudicadas por lo que consideraban un insuficiente acceso, que aseguraban que frustrarían proyectos de inversión que crearían miles de empleo. Gobiernos regionales como el de Madrid, Andalucía o Murcia anunciaron cientos de alegaciones a la consulta pública que se abrió después y que se cerró sin que el Ministerio añadiera ningún otro acceso eléctrico en comunidades gobernadas del PP.
Su senador José Antonio Valbuena ha criticado esta exclusión ante Ribera este martes en el Senado al advertir en contra del "retraso tan preocupante que estamos acumulando en el despliegue de redes eléctricas que están poniendo en peligro de hacer inversiones electrointensivas".
Ribera no ha hecho ninguna alusión concreta a la selección de los nuevos accesos a la red eléctrica, que ha afirmado que selecciona Red Eléctrica.
En general ha indicado que "hemos querido preservar un equilibrio complejo" entre "el interés inversor para e desarrollo de nuevas plantas, para consumos industriales, proyectos de hidrógeno o de almacenamiento" con "el impacto en el bolsillo de los consumidores", ya que el Ministerio apunta que la inversión en redes de electricidad se repercute en la factura de la luz, en los peajes. Según Ribera, la factura eléctrica "se dispararía" con una inversión excesiva.
Por eso, ha insistido en mantener en pie el tope de inversión que ha recordado que puso en pie el Gobierno de Mariano Rajoy, que la limita al 0,13% del PIB en redes de transporte -del generador a la subestación- y del 0,065% en redes de distribución -de la subestación al consumidor-. El sector eléctrico reclama que se eleve porque de otro modo las inversiones se irán a otros países y el PP se une a esta reclamación.
"Nos pareció correcto, poner un límite máximo al PIB en inversión en redes para evitar que el traslado de este coste de inversión disparara el precio de la factura eléctrica de los consumidores", ha dicho la vicepresidenta tercera.
Este martes, otro de los senadores del PP, Miguel Ángel Castellón, le ha recordado lo que dijo también en el Senado hace unos meses. "Hace falta un marco normativo para la industria de datos", ha parafraseado, sobre un sector que copa de manera especial las demandas de más acceso a la red eléctrica. Que todavía no existe, ha añadido el senador popular, "supone una irresponsabilidad porque son inversiones que, si no vienen a España, se van a Francia a Italia o a otro sitio. Es un problemas que achacamos a su Ministerio".
Ribera ha coincidido ha dicho este martes que "nos falta un marco" y se ha apuntado como "éxito" de la transición energética que capitanea en España desde hace cinco años "que nos hayamos convertido en destino favorito para inversiones en centros de procesadores de datos, en industria electrointensiva y desarrollos industriales". Según ha dicho, todo esto hay que "equilibrarlo" con el territorio o con la demanda de agua, para que la refrigeración de estos centros no interfiera con el abastecimiento en las ciudades, por ejemplo. "Es una gran oportunidad y debe hacerse de forma ventajosa, que no nos desborde".