El Congreso de los Diputados empezará a tramitar la aprobación de una ley que obligaría al Gobierno a regularizar a en torno a medio millón de inmigrantes que llevan de manera irregular en España al menos desde 2021. Así lo decidió este martes el Pleno de la Cámara Baja, que dio luz verde a la toma en consideración de una iniciativa legislativa popular que llegó al Pleno avalada por la firma de cerca de 700.000 ciudadanos. Casi todos los grupos parlamentarios votaron a favor de iniciar la tramitación de esta norma: la única excepción fue la de Vox, cuyo argumento fue que España debe "seguir siendo España y no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal".
Tras varios días de dudas, durante la mañana del martes los apoyos de los grupos que no habían confirmado el sentido de su voto fueron cayendo uno tras otro. El último en sumarse a la habitual mayoría que suman el Gobierno y sus socios parlamentarios fue el PP, que decidió apoyar la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular asegurando, eso sí, que servirá para "retratar al Gobierno" en relación a las personas en situación de irregularidad en España y los motivos que les ha llevado a esas circunstancias.
Los populares, de hecho, hicieron un discurso ambivalente, puesto que votaron a favor del texto pero, a la vez, alertaron de que una regularización masiva como la que plantea podría generar un efecto llamada. "Debemos enfrentar la situación de forma rigurosa", sostuvo la diputada melillense Sofía Acedo, que aseguró que "tenemos que tener claro que no sería responsable ni positivo lanzar el mensaje de que en España las vías irregulares [de entrada al territorio] son homologadas" a las vías legales. No obstante, la diputada del PP reconoció que la ONG eclesiástica Cáritas, una de las impulsoras de la iniciativa, ha "pedido" al partido que se discuta el texto, así como "también los empleadores, que necesitan imperiosamente mano de obra".
También el PSOE confirmó a lo largo de la mañana su voto favorable a la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular ante "lo necesario de seguir avanzando en procesos seguros de migración", en palabras de su diputada Elisa Garrido. No obstante, los socialistas también han querido dejar claro que su voto favorable de este martes no supone en ningún caso que el PSOE esté de acuerdo con regularizar de una vez a medio millón de inmigrantes en situación irregular, como plantea el texto.
"No vamos de ninguna manera a despreciar la voluntad de 700.000 ciudadanos que se han manifestado ante esta cuestión", pero "presentaremos enmiendas porque queremos enfrentarnos a este fenómeno de la inmigración de forma inteligente y razonable", señaló en este sentido el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López. El dirigente socialista afirmó que su grupo no apuesta ni por la "barra libre" de entrada de inmigrantes en España ni por "cerrar fronteras", entre otras cosas porque "este país necesita de mucha inmigración para poder sostenerse a sí mismo".
Con el voto favorable de los dos grandes partidos, el resto de las formaciones era irrelevante para que comenzara a tramitarse la iniciativa legislativa popular. No obstante, todo el resto de las formaciones apoyaron el texto, a excepción de Vox. Sumar aseguró que su apoyo al texto se debe a razones de "justicia social, porque ninguna persona es ilegal", y exigió al PSOE que no meta en un cajón el texto y bloquee su tramitación, algo que los socialistas podrían hacer en el Congreso si se aliaran con el PP. Para ello, el portavoz de Sumar en la Cámara Baja, Íñigo Errejón, planteó que se ponga en marcha una comisión compuesta por varios ministerios "para dar cumplimiento" a un texto que, argumentó Errejón, es un "mandato" al Gobierno.
Los partidos nacionalistas e independentistas, por su parte, también han apoyado la iniciativa, aunque con diferencias sensibles en su entusiasmo entre las formaciones de izquierdas y las de derechas. El diputado Mikel Legarda, del PNV, sostuvo que su grupo considera que la regularización extraordinaria debe estudiarse "caso a caso" y no plantearse de manera masiva, mientras el parlamentario de Junts Josep María Cervera aseguró que el voto favorable de su grupo es por "respeto" a las organizaciones que han promovido el texto y no supone necesariamente un apoyo al "fondo" de la cuestión. "Hablamos de personas y de derechos humanos, y hay que buscar vías de solución a la situación actual", pero "en los próximos pasos de la tramitación podremos hacer aportaciones", avisó Cervera.
ERC y EH Bildu, por su parte, mostraron un apoyo mucho más decidido al texto. "Si somos coherentes con los derechos humanos, no podemos permitir que miles de personas vivan en las condiciones de precariedad y vulnerabilidad más profundas a causa de su situación administrativa irregular", defendió el parlamentario republicano Jordi Salvador, que calificó la regularización de inmigrantes como "una cuestión de justicia, humanidad y también de pragmatismo". Y su homólogo de EH Bildu Jon Iñarritu alertó ante "el riesgo de que esta iniciativa sea hoy aprobada, pero quede en un congelador durante toda la legislatura" y exigió "papeles para todos y para todas".