El gobierno de Luis Abinader reaccion\u00f3 con \u201casombro ante el tono agresivo e infundado\u201d del Informe sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos, que denuncia abusos, arrestos arbitrarios, discriminaci\u00f3n racial, \u201cgrave corrupci\u00f3n gubernamental\u201d, entre otras acciones. El vocero del gobierno y director de Estrategia y Comunicaci\u00f3n Gubernamental, Homero Figueroa, dijo anoche en un comunicado que el informe \u201cno refleja la realidad actual de los derechos humanos en Rep\u00fablica Dominicana, ni la estrecha y respetuosa amistad entre nuestros gobiernos\u201d. Figueroa afirm\u00f3 que el gobierno \u201cha tomado conocimiento del extenso Reporte sobre los Derechos Humanos en nuestro pa\u00eds\u201d, lo est\u00e1 estudiando y \u201cresponderemos en el momento oportuno a trav\u00e9s de los canales oficiales apropiados\u201d. \u201cEl gobierno dominicano reitera su compromiso con el respeto a los derechos humanos y estamos dispuestos a dialogar constructivamente con nuestros amigos sobre cualquier preocupaci\u00f3n leg\u00edtima en esta \u00e1rea\u201d, puntualiz\u00f3 el funcionario. El informe Durante el a\u00f1o 2023 la Rep\u00fablica Dominicana ejecut\u00f3 expulsiones masivas de haitianos, cometi\u00f3 abusos con arrestos arbitrarios, encerr\u00f3 en forma inhumana a dominicanos y migrantes, practic\u00f3 discriminaci\u00f3n racial y hubo \u201cgrave corrupci\u00f3n gubernamental\u201d, seg\u00fan el Informe de Derechos Humanos preparado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. El informe, dado a conocer ayer, se\u00f1ala que \u201cel cierre de la frontera con Hait\u00ed por parte del gobierno en septiembre y la posterior suspensi\u00f3n de la emisi\u00f3n o renovaci\u00f3n de permisos de residencia, visas y certificados de solicitantes de asilo para migrantes haitianos y personas de ascendencia haitiana, incluidos ap\u00e1tridas, colocaron en mayor riesgo a poblaciones que ya eran vulnerables\u201d. Asimismo, anota que en el per\u00edodo hubo \u201chomicidios ileg\u00edtimos o arbitrarios; tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes por parte del gobierno; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arresto o detenci\u00f3n arbitrarios; interferencia arbitraria o ilegal con la privacidad; devoluci\u00f3n de refugiados a un pa\u00eds donde enfrentar\u00edan tortura o persecuci\u00f3n, incluidos da\u00f1os graves como una amenaza a la vida o la libertad u otros malos tratos que constituir\u00edan un abuso separado de los derechos humanos\u201d. Apunta que hubo \u201cgrave corrupci\u00f3n gubernamental; violencia de g\u00e9nero generalizada, incluida la violencia dom\u00e9stica y los feminicidios; delitos que implicaron violencia o amenazas de violencia contra personas de ascendencia haitiana; trata de personas, incluido el trabajo forzoso; delitos que involucran violencia o amenazas de violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transg\u00e9nero, queer o intersexuales; y la existencia de algunas de las peores formas de trabajo infantil\u201d. No obstante estas pr\u00e1cticas, el Informe dice que \u201cel gobierno no tom\u00f3 medidas cre\u00edbles para identificar y castigar a los funcionarios que pudieran haber cometido abusos contra los derechos humanos\u201d. Corrupci\u00f3n en gobierno El Informe indica que la ley sanciona la corrupci\u00f3n de funcionarios y, en general, el gobierno implement\u00f3 la ley de manera efectiva porque el ministerio p\u00fablico investig\u00f3 a funcionarios presuntamente corruptos, \u201cno obstante, la corrupci\u00f3n gubernamental sigui\u00f3 siendo un problema grave\u201d. Cit\u00f3 que en agosto, la Procuradur\u00eda arrest\u00f3 a 12 personas \u2013entre ellos fiscales, agentes de polic\u00eda y personal de apoyo a la fiscal\u00eda\u2013 como parte de la Operaci\u00f3n Gavil\u00e1n, quienes fueron acusadas de aceptar sobornos a cambio de borrar los antecedentes penales electr\u00f3nicos de casi 17.000 personas. El Defensor no es eficaz Respecto a los \u00f3rganos gubernamentales de derechos humanos, la Constituci\u00f3n estableci\u00f3 el cargo de un defensor del pueblo independiente para salvaguardar los derechos humanos y proteger los intereses colectivos, \u201cpero hab\u00eda indicios de que no era eficaz a la hora de investigar denuncias de abusos, especialmente contra personas marginadas\u201d. Libertad de prensa Respecto al respeto de la libertad de prensa, el Informe dice que en septiembre, los medios informaron que la Polic\u00eda Nacional arrest\u00f3 a Jude Charles, un migrante haitiano, en Las Matas de Santa Cruz, Monte Cristi, luego de que criticara al presidente Luis Abinader en las redes sociales por el trato que el gobierno daba a los migrantes haitianos. Charles fue entregado a las autoridades de inmigraci\u00f3n tras su arresto. Asimismo, el Informe se hace eco de observadores que indicaron que \u201cel gobierno ejerci\u00f3 influencia sobre la prensa, incluso a trav\u00e9s de contratos publicitarios. Adem\u00e1s, los periodistas practicaron la autocensura, particularmente cuando la cobertura pod\u00eda afectar negativamente los intereses econ\u00f3micos o pol\u00edticos de los l\u00edderes gubernamentales o los propietarios de los medios\u201d. Abusos policiales El Departamento de Estado indica en su Informe que \u201chubo varios informes de que la Polic\u00eda Nacional y otras fuerzas de seguridad del gobierno cometieron homicidios arbitrarios o ileg\u00edtimos durante el a\u00f1o\u201d. Cit\u00f3 que la Comisi\u00f3n Nacional de Derechos Humanos inform\u00f3 que 75 personas fueron asesinadas entre enero y septiembre, de los que algunos casos de abuso por parte de la polic\u00eda fueron procesados por el ministerio p\u00fablico, \u201crepresentantes de la sociedad civil afirmaron que muchos asesinatos y abusos no fueron denunciados debido a la falta de fe del p\u00fablico en el gobierno para investigar y presentar cargos o por temor a represalias por parte de la polic\u00eda\u201d. Manifiesta que seg\u00fan el Movimiento Social de los Trabajadores, en febrero miembros de la Polic\u00eda Nacional mataron a Dieumil Charles, un residente legal documentado, despu\u00e9s de intentar extorsionarlo durante una parada de tr\u00e1fico. \u201cSeg\u00fan los informes, la polic\u00eda lo transport\u00f3 (a Charles) a una zona apartada, lo golpe\u00f3 y le dispar\u00f3, luego confisc\u00f3 sus documentos, dinero, tel\u00e9fono celular y motocicleta\u201d, se\u00f1ala el Informe. Agrega que durante una operaci\u00f3n de interdicci\u00f3n migratoria en el \u00e1rea de Cap Cana, la polic\u00eda y agentes de migraci\u00f3n supuestamente \u201cdispararon contra un grupo de trabajadores de la construcci\u00f3n, matando a Jean Modes Fontas e hiriendo a otras personas, incluidas personas que fueron enviadas para ser deportadas a pesar de sus heridas\u201d. Asimismo, el Departamento de Estado dijo que hubo informes de que miembros de la Direcci\u00f3n General de Migraci\u00f3n (DGM) y otras fuerzas de seguridad del gobierno \u201csometieron a personas, principalmente de ascendencia haitiana, a tratos degradantes y abuso f\u00edsico\u201d. Indica que organizaciones internacionales y locales de la sociedad civil expresaron su preocupaci\u00f3n \u201cpor el trato duro y a menudo degradante por parte del DGM y otras fuerzas de seguridad a migrantes haitianos indocumentados y ap\u00e1tridas de ascendencia haitiana durante las operaciones de detenci\u00f3n y deportaci\u00f3n y en los centros de detenci\u00f3n del DGM en Haina y Santiago\u201d. Apunta que esas preocupaciones inclu\u00edan \u201cdetenciones arbitrarias, abuso f\u00edsico de los detenidos, entradas a domicilio sin orden judicial, revocaci\u00f3n o destrucci\u00f3n de documentos de identidad, robo de pertenencias personales, extorsi\u00f3n, violencia sexual, acceso inadecuado a alimentos, agua y atenci\u00f3n m\u00e9dica en los centros de detenci\u00f3n y durante todo el proceso de deportaci\u00f3n, la deportaci\u00f3n ilegal de ni\u00f1os, madres embarazadas o lactantes y ancianos\u201d. Expresa el Informe que en julio, medios de comunicaci\u00f3n y grupos de la sociedad civil informaron que la DGM, la polic\u00eda y unidades militares \u201callanaron salas de maternidad de hospitales en todo el pa\u00eds y detuvieron arbitrariamente a mujeres embarazadas, en posparto y lactantes que no pudieron demostrar de inmediato su estatus de residencia\u201d. Se\u00f1ala que los observadores internacionales y de la sociedad civil informaron de un aumento asociado de mujeres embarazadas y lactantes que llegaban a la frontera con Hait\u00ed para ser deportadas, incluidas aquellas que hab\u00edan dado a luz recientemente y sus beb\u00e9s reci\u00e9n nacidos. \u201cLa impunidad sigui\u00f3 siendo un problema dentro de las fuerzas de seguridad, en particular la Polic\u00eda Nacional y la DGM\u201d, concluye el Informe. Las c\u00e1rceles Seg\u00fan el Departamento de Estado, \u201cel hacinamiento, el abuso f\u00edsico y las condiciones insalubres tambi\u00e9n siguieron siendo un problema en los centros de detenci\u00f3n de migrantes en Haina y Santiago, as\u00ed como en los centros de recepci\u00f3n fronterizos m\u00e1s peque\u00f1os en Dajab\u00f3n, El\u00edas Pina, Jiman\u00ed y Pedernales. En las c\u00e1rceles, la enfermedad fue la principal causa de muertes notificadas en el sistema penitenciario, agravada por el hacinamiento y la falta de recursos sanitarios. Hubo informes de tr\u00e1fico de drogas, tr\u00e1fico de armas, prostituci\u00f3n y abuso sexual en las c\u00e1rceles. Explica que en los centros de detenci\u00f3n de migrantes, los observadores informaron sobre la detenci\u00f3n de mujeres embarazadas, en posparto y lactantes, ni\u00f1os no acompa\u00f1ados y ancianos, as\u00ed como falta de acceso a alimentos o agua durante per\u00edodos que iban desde varias horas hasta varios d\u00edas, ninguna atenci\u00f3n m\u00e9dica especializada para mujeres o beb\u00e9s. \u201cLos observadores informaron que los guardias robaron las pertenencias de los detenidos y solicitaron sobornos para su liberaci\u00f3n\u201d, anota el Informe. Arrestos arbitrarios Manifiesta que aunque la ley dispone que cualquier persona acusada de un delito pod\u00eda ser detenida hasta por 48 horas sin orden judicial antes de ser presentada ante las autoridades judiciales, \u201chubo informes de arrestos arbitrarios y detenidos que permanecieron en comisar\u00edas o centros de detenci\u00f3n de migrantes durante largos per\u00edodos, incluso semanas, antes de ser liberados, trasladados a una prisi\u00f3n o deportados\u201d. Apunta que \u201cfuncionarios de migraci\u00f3n detuvieron arbitrariamente a personas, incluidos ciudadanos dominicanos, residentes extranjeros legales y otros, bas\u00e1ndose principalmente en la percepci\u00f3n de que podr\u00edan ser migrantes haitianos indocumentados\u201d. Igualmente, apunta que \u201cla polic\u00eda realiz\u00f3 redadas espor\u00e1dicas en comunidades de bajos ingresos y alta criminalidad durante las cuales arrestaron y detuvieron a personas sin orden judicial\u201d y en estas operaciones, \u201cla polic\u00eda detuvo a un gran n\u00famero de residentes y confisc\u00f3 bienes personales presuntamente utilizados en actividades delictivas\u201d. Durante las operaciones de detenci\u00f3n y en los centros de detenci\u00f3n, los funcionarios de migraci\u00f3n no ten\u00edan acceso a una base de datos centralizada para verificar la nacionalidad o el estatus de residencia de las personas detenidas, lo que a menudo resultaba en determinaciones arbitrarias por parte de funcionarios individuales. \u201cEsto dio lugar a una corrupci\u00f3n generalizada, incluida la extorsi\u00f3n de los detenidos y el robo de sus pertenencias personales durante las detenciones iniciales y mientras estaban bajo custodia en los centros de detenci\u00f3n\u201d, agrega el Informe. Vulneraci\u00f3n de derechos individuales El Informe indica que funcionarios de migraci\u00f3n y otras fuerzas de seguridad hicieron registros e incautaciones ilegales, incluidas frecuentes redadas nocturnas en las que irrumpieron en residencias privadas sin notificaci\u00f3n ni orden judicial. \u201cLos testigos informaron que los funcionarios de migraci\u00f3n exigieron sobornos, destruyeron documentos de identificaci\u00f3n, robaron pertenencias de las casas y no dieron a los detenidos la oportunidad de vestirse o recoger sus pertenencias antes de llevarlos a los centros de detenci\u00f3n de inmigrantes para su posterior procesamiento o a la frontera para su deportaci\u00f3n inmediata\u201d, agrega. Anota que hubo casos en que \u201clos padres fueron detenidos y deportados separados de sus hijos, los ni\u00f1os fueron detenidos con sus padres o los ni\u00f1os no acompa\u00f1ados fueron detenidos y deportados sin un padre o tutor\u201d. Proteccci\u00f3n de refugiados El gobierno cooper\u00f3 de manera limitada con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y otras organizaciones humanitarias para brindar protecci\u00f3n y asistencia a los refugiados, refugiados que regresan o solicitantes de asilo, as\u00ed como a otras personas de inter\u00e9s. Las tasas de rechazo de solicitudes de asilo superaron el 90 por ciento y las solicitudes de asilo a menudo permanec\u00edan pendientes durante meses o incluso a\u00f1os.