Gustavo López, director de la Consultora Agritrend.
Con el advenimiento del nuevo gobierno pos peronista, y en virtud de la fuerte descapitalización observada en el sector agropecuario, se intentó incentivarlo a través del reajuste y unificación de los tipos de cambio.
En primer lugar, resultaba imprescindible dar un fuerte incentivo a la producción agropecuaria; además de alentar las exportaciones de nuevos productos industriales.
Y en segundo lugar, el mercado libre de divisas serviría para realizar las importaciones de bienes de capital, acudiendo al crédito externo y fomentando la industria petrolera, iniciando así la liberación del mercado de cambios y el alza de sueldos y salarios.
Finalmente, se reajustaron los tipos de cambio, mejorando en alguna medida los de las materias primas, ya que en forma conjunta se establecieron transitoriamente los derechos de exportación, con niveles que fluctuaron en torno al 25% del valor FOB de los productos.
Por entonces, se hablaba de la necesidad de contar con un instituto que difundiera rápidamente las buenas prácticas agrícolas ya probadas en el país y en los países con similares condiciones, lo cual fue la base para la creación, en ese año 1956, del instituto nacional de tecnología agropecuaria (INTA) quien jugó un papel relevante como gran concentrador y difusor de la tecnología disponible a nivel internacional, creando una masa critica de científicos, investigadores y extensionistas de primer nivel.
en ese contexto, se creó en el mismo año la junta nacional de granos, entidad autárquica que se desenvolvió en el marco del entonces ministerio de agricultura y ganadería de la nación.
https://mitreyelcampo.cienradios.com/memorias-de-nuestro-agro-primera-estatizacion-de-los-mercados/En los considerandos del decreto-ley de creación, se planteaba la necesidad de "…encauzar la comercialización de granos a través del libre juego de la oferta y demanda, sin perjuicio del apoyo estatal mediante la fijación de precios mínimos o de sostén que garantizan la continuidad e incremento de la producción y venta de los productos agrícolas, permitiendo asegurar al agricultor su independencia económica…".
De esta forma, se terminaba con la etapa monopólica del estado, eliminando el concepto de precio único, pero retornando, de ser necesario, a intervenir en los mercados a través de un precio mínimo o de un precio sostén por el cual el gobierno estaba dispuesto a comprar la producción ofrecida.
Se establecía una reglamentación de la compra-venta de granos que tendía a uniformar los procedimientos de acuerdo al uso y costumbre, con reglas que aseguraran al productor el precio correcto de sus granos, de acuerdo a los tipos y grados fijados por los nuevos "standard y bases de comercialización".
De esta forma se establecía, un organismo que concentraba las funciones comerciales, de fiscalización y control y de manejo de la infraestructura básica de movilización y embarque de las materias primas y derivados.
Los recursos de la nueva junta se obtendrían de una contribución de hasta el 2% sobre el valor fob de los granos que se exportaban (luego reducido al 1%), mas los ingresos por tarifas, tasas y derechos que percibía por los servicios de elevación, inspecciones, etc.
El trigo seguía siendo monopolizado por el estado, situación ésta que explicó el estancamiento de su superficie sembrada, la decisión de seguir interviniendo en forma total el mercado de este grano residía en la necesidad de continuar abasteciendo un sector sensible de la economía, como lo es la molinería.
A su vez, el temor de una disparada en los precios internos y por ende un impacto en los derivados de su molienda y en los productos elaborados, principalmente el de mayor trascendencia, el pan, a pesar de su marginal incidencia en el precio final de este alimento, llevó a ser muy cautos a las diferentes administraciones a la hora de liberalizar el mercado triguero.
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