Permanece la incertidumbre sobre el escenario judicial para el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, a la espera del pronunciamiento del Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago respecto a la solicitud de aplazamiento de su audiencia –presentada por el fiscal Xavier Armendáriz-. Decisión que debería despejarse entre este lunes y martes en razón de la agenda del tribunal.
Una primera opción era se mantenga el trámite procesal para este próximo 7 de mayo y en el transcurso de la audiencia se reitere la solicitud de aplazamiento, una decisión que resolvería el juez o jueza de la sala en el momento. Así, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago reagendó la formalización del alto mando de Carabineros para el 1 de octubre.
Para la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, la acción de la Fiscalía fue "una decisión prudente, es una decisión que no suspende ni inhabilita la acción de la justicia, solo que entiende y es de sentido común que tenemos un contexto distinto a lo que teníamos la semana pasada. Obviamente es una excepción y siempre estamos evaluando todos los contextos y escenarios".
No han sido pocos los parlamentarios quienes interpretan la decisión como un gesto de impunidad o que está relacionado con fines políticos. Desde el oficialismo se escucharon voces críticas del Partido Comunista.
La diputada Alejandra Placencia (PC) dijo que le llama la atención la postura de Fiscalía en medio de este escenario, porque "no hay ningún elemento hoy día que nos permita decir que hay algo nuevo en esta solicitud de postergación". "Yo preferiría de antemano no asumir que se está actuando con un criterio político", dijo.
Su par, la diputada Carmen Hertz, sostuvo que es "una vergüenza esta decisión": "Hace cinco meses que se anunció la audiencia y se pretende fundar que la defensa pide contar 'con más tiempo'. (Es) peligroso para la institucionalidad que Fiscalía de Chile aplace audiencias de formalización para darle el gusto a un sector político".
En tanto, el presidente del PC, Lautaro Carmona, señaló que evidentemente no es común que un fiscal nacional "se plantee públicamente, más allá de una argumentación jurídica que no se ha expuesto, la posibilidad de hacer una flexibilización respecto a los rigores de una citación. Todos sabemos que cuando alguien está citado a los tribunales y no asiste, entra en rebeldía".
En esa línea, insistió que el fiscal debe decir públicamente si "esto afecta o afectaría el curso de la investigación, toda vez que hay una alteración en lo que es el mando de quien debe estar haciendo un seguimiento muy de cerca para dar con los responsables de este crimen alevoso y atroz. Si eso se va a afectar arguméntelo así, de lo contrario quedamos en que según qué día pasó, cuál es el estremecimiento que tenemos, cómo podemos reaccionar".
El fiscal nacional, Ángel Valencia, respondió por su parte que "el Ministerio Público está acostumbrado a escuchar comentarios de esa naturaleza en el contexto de causas que de una forma u otra tienen relevancia política, pero el Ministerio Público es un órgano autónomo constitucionalmente que toma las decisiones conforme al derecho y al mejor interés del pueblo de Chile".
En el Socialismo Democrático, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, defendió que "las decisiones que tome la Fiscalía no cabe sino respetarlas" y que la opinión del Partido Comunista se transmite por su presidente.
Vodanovic reiteró que desde los 10 partidos de Gobierno "vamos a respetar la institucionalidad y apoyar todas las decisiones que tome el Presidente de la República".
Por su lado, el diputado PPD, Raúl Soto, señaló que "si el Gobierno decidió respaldar la posición de la Fiscalía de postergar la audiencia de formalización al general Yáñez y además decidió mantenerlo en su cargo para enfrentar este momento respecto de la amenaza del terrorismo en la crisis de seguridad, lo mínimo es que generemos unión al interior del oficialismo para respaldar esa medida".