Al interior de las Naciones Unidas hay un despacho en el Alto Comisionado para los Derechos Humanos que procura estar al tanto de las condiciones de vida de los pueblos indígenas. Desde 1990, la Relatoría Especial sobre derechos indígenas visibiliza aquellos países donde los pueblos étnicos son violentados, y les recomienda a las naciones cómo pueden ayudar a mejorar la forma en la que viven, sobre todo en entornos conflictivos.
Luego de 20 años de la última visita, Francisco Calí, el relator especial sobre asuntos indígenas de la ONU, volvió a Colombia para conocer la situación de vida de esta población que aún sigue inmersa en desplazamientos, reclutamiento forzado de menores y, desde hace años, sus caciques nutren los registros de líderes sociales asesinados. El escenario fue descrito por el relator como "grave, crítica y profundamente preocupante". Y es que, según los hallazgos de la Comisión de la Verdad, 71 de los 102 pueblos indígenas que habitan en Colombia están en riesgo de extinguirse; es decir, más del 70 %.
El Espectador habló con Ricardo Camilo Niño, un líder arhuaco que a sus 40 años lidera la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y quien, en marzo pasado, se reunió con el relator Calí para manifestarle su preocupación sobre las problemáticas que viven día a día los pueblos indígenas en Colombia. El también experto en desarrollo rural asegura que el respeto por los territorios ancestrales es una condición necesaria para que otros flagelos como la violencia, pobreza o desplazamiento no sigan perpetuándose en sus pueblos.
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La última visita de la Relatoría Especial de asuntos indígenas de la ONU a Colombia fue en marzo de 2004. Ahora que volvieron al país para observar la calidad vida, condiciones y peticiones de los indígenas ¿Cuáles fueron los resultados de esta visita?
La visita de los relatores se hace de manera oficial, es decir, son los Estados o Gobiernos quienes invitan a la ONU. En este caso, fue una oportunidad para hablar de la situación y actuaciones del Estado frente a los pueblos indígenas. Pero hay que aclarar que esta visita va mucho más allá del Gobierno de turno. Nosotros esperamos que haya unas recomendaciones hacia el Estado y sus instituciones desde diferentes perspectivas: en materia territorial, derechos de los pueblos indígenas y otras cuestiones que estén más acorde a la realidad que viven los grupos indígenas.
¿Cuál es esa realidad?
Aún podemos ver que los derechos fundamentales de los indígenas se vulneran; hay confinamientos, amenazas, asesinatos de líderes y lideresas que, por defender el territorio, han entrado en ese contexto de violencia. La última visita del relator de la ONU fue hace 20 años, pero las exigencias, la seguridad y el abandono estatal lleva a que los pueblos indígenas continúen hoy en medio de esa extinción física y cultural. No es lo mismo un alto número de asesinatos en una población grande que en una pequeña, y más cuando eso va dirigido a los líderes indígenas o defensores del territorio.
Desde la última visita del relator indígena de la ONU han pasado varios sucesos, como, por ejemplo, la firma del capítulo étnico del Acuerdo de Paz. ¿Qué ha significado este compromiso para los pueblos indígenas?
Nosotros exigimos que se construyera un capítulo étnico para la implementación del Acuerdo de Paz, pero la paz no llegó a los territorios. Siguen matando a nuestros líderes. La paz no es solo la ausencia y el silencio de las armas, es también combatir el abandono estatal, la insurgencia de los grupos armados o hechos de violencia. Ejemplos hay muchos: nuestros hermanos indígenas asesinados en Puerto Leguízamo (Putumayo) el mes pasado; el desplazamiento de más de 1.000 personas de la comunidad awá en Nariño; el exilio de los compañeros embera desplazada en Bogotá hace más de dos años, o lo que está pasando con nuestros hermanos nasa en el Cauca, que sufrieron dos atentados en menos de una semana a manos de las disidencias de las Farc.
¿Cómo explicar estas vulneraciones y violencias?
Hemos hecho seguimientos rigurosos al tema agrario y rural, y encontramos algunos pendientes. El primero se refiere a los derechos territoriales de los pueblos indígenas; aún no han sido subsanados y nuestra base de información (en el Observatorio de Derechos Territoriales) recoge que hay más de 1.500 solicitudes de constitución, ampliación, saneamiento o protección de territorios ancestrales que no han sido solucionados. Los derechos territoriales han llevado, por supuesto, a otros problemas y exigencias en cuanto a protección, seguridad y calidad de vida en los territorios.
¿Qué papel juega en este debate la integración entre la justicia ordinaria y étnica?
La Corte Constitucional ha logrado éxitos con el derecho a la consulta previa. Pero el gran desafío que tiene el Estado es aterrizar y materializar el reconocimiento que se ha dado. Ha habido acercamiento al acceso de justicia, reparación colectiva y garantías de no repetición. El reto es saber cómo llevamos a que esto realmente funcione en la práctica. Que, por ejemplo, los pueblos que sean desplazados, puedan retornar pero una vez se resuelvan los factores que incidieron en su desplazamiento.
¿Qué decir frente al asesinato de líderes y lideresas sociales? ¿Por qué estos crímenes se siguen presentando y qué repercusiones tiene para la población indígena?
Solo en 2023 nuestras cifras recogen que hubo 69 asesinatos, lo que evidencia un descenso importante frente a años anteriores, pero esos patrones de violencia se siguen manteniendo. Y esto debilita una parte del movimiento indígena porque atenta directamente contra nuestro proceso organizativo. Es como si en las ciudades estuvieran matando a los alcaldes y gobernadores: eso nos está pasando a nosotros. Con el tiempo, esto impacta en lo espiritual, lo cultural y en la desaparición a la que pueden estar sujetos los pueblos indígenas.
¿Y la autonomía territorial? Esa ha sido una lucha de décadas...
Existe aún una brecha en el reconocimiento, delimitación, protección, titulación, restricción de los derechos territoriales indígenas frente al ejercicio de nuestra autonomía. Sin estas condiciones se mantiene en riesgo nuestra providencia física y cultural como pueblos indígenas. Hoy tenemos en solicitud más de 10 millones de hectáreas que se vienen tramitando para ser reconocidas y tituladas dentro de nuestros territorios. Lo que uno ve es hay sentencias judiciales que han surgido, pero que no han sido cumplidas. Quien debe cumplir también por ley es el Estado, que finalmente es sobre en quien recae la obligación de hacer cumplir la ley.
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