Las familias catalanas son las que más matriculan a sus hijos en la escuela concertada y también las que más pagan en concepto de cuota en comparación con otras comunidades autónomas. Esto es así, mayormente, porque más de la mitad de las escuelas concertadas no reciben financiación pública suficiente para mantenerse y, también, porque existe un modelo minoritario, más de élite, que cobra para diferenciarse de la oferta y sufragar servicios.
Esta es una de las conclusiones del estudio de EsadeEcPol, El coste de acceso a la escuela concertada en España, liderado por Lucas Gortazar, Ángel Martínez y Xavier Bonal que consideran que las cuotas son una barrera a la igualdad de oportunidades. Para elaborarlo, han cruzado datos de la Encuesta de gasto de los hogares en educación (2019-2020) y la Encuesta de financiación y gasto de la educación privada. Consideran que esta es la primera "gran radiografía" sobre la concertación.
Las familias catalanas desembolsan una media de 1.696 euros al año (188 euros al mes escolar), mientras que en Madrid aportan 1.156 euros; en País Vasco, 959 euros; las de Valencia, 597; y las de Andalucía, 453. La media española se encuentra entre los 680 y 860 euros.
Pero estas medias esconden sistemas educativos diversos y complejos. Así, en España, sólo el 30% de los centros sufragados con fondos públicos están concertados. El resto es público. La concertada se concentra básicamente en Catalunya, Madrid y País Vasco, donde están el 70% de cuotas que pagan las familias matriculadas en centros concertados.
El caso de Catalunya es extraordinario por cuanto el 70% está concertado (fruto de la explosión de escuelas privadas, religiosas, cooperativas, que se concertaron en la transición democrática. También la financiación de la administración en la educación es diferente, menor en Catalunya que en el resto de comunidades.
Tras Catalunya, las medias más elevadas son Madrid (1.156 euros) y País Vasco (959 euros) ; las de Valencia, 597; y las de Andalucía, 453
"Catalunya no nos ha sorprendido porque el porcentaje de gasto público en educación es uno de los más bajos de España", explicó ayer el sociólogo Xavier Bonal para indicar que las familias compensan con su aportación la financiación que los centros no reciben de la administración, lo que no ocurre en otras comunidades. Este es un aspecto ya subrayado por el Síndic de Greuges. En este extremo se situaría, al menos la mitad de los centros, y hasta dos tercios (con cuotas medias modestas).
"Pero también hay una proporción no menor de centros en sobrefinanciación y beneficio económico (un 25%), que no se justifican sus altas cuotas", continuó el catedrático. Esto ocurre también en otras comunidades autónomas como Madrid y País Vasco que combinan la transferencia económica de la administración con una cuota a los padres para dotar de más servicios a los centros u obtener un beneficio económico.
En Madrid, con un sector público mayor que el de Catalunya, se da otra situación. Los centros concertados mejor financiados cobran cuotas más altas. Y a mayor tamaño, más altas.
En el sistema educativo vasco, la concertada goza de una financiación suficiente pero algunos centros cobran cuotas para gastos extraordinarios que van más allá de lo que se considera interés público educativo por lo que vuelve a generarse la barrera económica para los alumnos.
Estas situaciones contrastan con lo que ocurre en la comunidad Valenciana o en Andalucía, donde solo 4 de cada 10 alumnos de la concertada paga.
En términos generales, en España, un 30% no paga o apenas lo hace y un 10% asume un 45% del gasto total. Trasladado en cuotas es de 310 euros a 1.000 anuales de cuota. Sumado en conjunto significa que va a la concertada entre 947 y 1.186 millones de euros para las etapas que van de 3 a 16 años.
Los autores proponen reordenar el sector para evitar que la doble red no amplifique la desigualdad de oportunidades. Ello requeriría, según concluyen, activar medidas de política educativa para garantizar la gratuidad real del sistema, eliminando cuotas pero evitando también la diferenciación de servicios.
Esta situación debería ir acompañada, según exponen, de un compromiso por la equidad y la reducción de la segregación escolar por parte de todos los centros concertados, con la matriculación de alumnado vulnerable. "El contexto de caída demográfica puede considerarse especialmente propicio para desarrollar una estrategia de mejora de la financiación vinculada a la equidad educativa", señalan.
En este sentido proponen, analizar el coste teórico de la plaza escolar en el sector público y concertado en todas las comunidades autónomas, como ha realizado ya Catalunya, fruto del Pacto de la comunidad educativa contra la segregación escolar.
Otros aspectos que plantean son eliminar los conciertos de centros claramente sobre-financiados y cuyas cuotas son elevadas. Auditar los gastos no concertados y las cuotas en aquellos centros que, aún no estando en una situación de sobrefinanciación, están prestando servicios no concertados a través de las cuotas, y supervisar el coste de los comedores.