A escasas semanas de las elecciones generales del 5 de mayo, los vientos fétidos que soplan desde los recintos de los partidos políticos tradicionales me inducen a pensar que estos cifran sus esperanzas de retener el poder político en la dispersión del voto. En semejante escenario, un candidato que aglutine cerca del 30% de los votos válidos podría alzarse con el triunfo. Su gobernabilidad la asegurarían apelando al manido esquema de la compra o alquiler de diputados de la Asamblea Nacional. El escenario político de Panamá es, proporciones guardadas, bastante parecido al que había en Guatemala en las elecciones presidenciales de 2023. Allá, como acá, el gobierno y los principales partidos estaban infiltrados por una clase corrupta y por figuras vinculadas al crimen organizado. La mayoría de los partidos que se disputaban la elección eran controlados por políticos de pésima trayectoria. En Guatemala, solo una nueva corriente liderada por un filósofo-sociólogo llamado Bernardo Arévalo, sin experiencia en política, se alejaba del esquema tradicional. Con el agravante de que no marcaba en las encuestas de opinión entre los candidatos con posibilidad de ganar. Y al final de un duro y empinado camino, Arévalo –fundador del Movimiento Semilla- logró calificar de segundo en la elección general y alzarse con un amplio triunfo en la segunda vuelta electoral. En Panamá, seis de los ocho candidatos presidenciales en las elecciones del próximo 5 de mayo tienen amplia trayectoria política. Y algunos de ellos han tenido o tienen casos pendientes con la justicia. Los únicos sin trayectoria política son la economista Maribel Gordón, surgida de la libre postulación y respaldada por la izquierda panameña, y el abogado Ricardo Lombana, fundador del Movimiento Otro Camino. Históricamente, una mayoría de los panameños se ha dejado llevar por las promesas que los políticos no llegan a cumplir. De allí que considere que, con base en esa experiencia recurrente, los panameños deben darle más peso a la hora de decidir por quién votan para presidente a la trayectoria de cada candidato, que a las propuestas. Estas deben ser, eso sí, un punto de referencia, más no el factor que determine la decisión del elector. El ejemplo más reciente del incumplimiento de promesas electorales nos la brinda el actual gobierno. El binomio Laurentino Cortizo-José G. Carrizo – actuales presidente y vicepresidente – ha incumplido la gran mayoría de las propuestas contenidas en su Plan de Gobierno. Lo que sí ha sido recurrente, uno tras otro gobierno, es el deterioro de los servicios de salud, educación, carreteras y caminos, pues una porción importante de los dineros que se debían destinar a esos fines, terminan engrosando las cuentas bancarias de políticos corruptos. Por ello no deja de sorprenderme que esos políticos sigan disfrutando de la confianza de no pocos electores, usualmente los más afectados por las prácticas de corrupción. El grado de cinismo ha llegado a tal nivel, que muchos de esos políticos postulan a familiares cercanos como suplentes o para otros cargos de elección en sus respectivos feudos, o bien a sus propios hijos para que los reemplacen como candidatos. Y al llegar al poder, usan su influencia política para colocar en altos cargos del gobierno a sus familiares. Algunos incluso, en la víspera de un cambio de gobierno, logran trasladar a sus familiares a cargos protegidos por regímenes de carrera administrativa. Pareciera que la política panameña ha llegado a un punto de inflexión, si nos guiamos por las grandes manifestaciones recientes contra la minería a cielo abierto, la corrupción y el clientelismo. Mejor aún, se ha notado una creciente conciencia en la juventud sobre la crisis que enfrenta nuestro sistema político, en peligro de caer en manos de clanes aliados con el crimen organizado. No me cabe la menor duda de que, para mantenerse en el poder, la clase política cuenta con que el voto electoral se va a dispersar entre los diversos candidatos. En tal caso, aumenta la posibilidad de que un político tradicional obtenga el triunfo con menos del 30% de los sufragios válidos. Lo ideal para cambiar el curso es que los independientes, concentrados en la coalición Vamos y el Movimiento Otro Camino se unan por una causa común: la refundación de una Nueva República. De otra suerte, ¡caeremos al abismo!