Exige la suspensión de Ecuador en Naciones Unidas hasta que pida disculpas por el operativo en la sede diplomática mexicana
Las autoridades de México han presentado este jueves una denuncia contra el Gobierno de Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por el reciente asalto policial a la Embajada mexicana en Quito, donde se alojaba el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, implicado en un supuesto caso de corrupción.
«Al amparo del ordenamiento jurídico y sirviéndonos de la ley, hemos decidido llevar a Ecuador a rendir cuentas por la flagrante violación a la inviolabilidad de la Embajada, contra la integridad física y moral de nuestros diplomáticos», ha informado el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.
Por su parte, la ministra de Asuntos Exteriores de México, Alicia Bárcena, ha informado de que, en su denuncia, las autoridades mexicanas exigen que Naciones Unidas suspenda a Ecuador como integrante del organismo hasta que se ofrezcan disculpas formales por un incidente que ha sido reprochado a nivel internacional.
Según el presidente López Obrador, esta petición tiene el objetivo de sentar un precedente ante violaciones a la soberanía nacional de un Estado miembro de Naciones Unidas, y también ante posibles futuros casos similares al ocurrido en la Embajada mexicana, según recoge el diario 'Milenio'.
«Lo que se busca es que no se repita un hecho deleznable como el que padeció México y en especial su representación diplomática, que no se repita en ninguna país, que se garantice el derecho internacional, que no se violen los locales, las embajadas de países en ninguna nación», ha añadido el dirigente mexicano.
La Policía de Ecuador ingresó el fin de semana en la Embajada mexicana en Quito, donde se alojaba el exvicepresidente Glas desde hacía semanas alegando temor por su seguridad. México había confirmado poco antes de la operación policial que brindaría asilo político al que fuera 'número dos' del presidente Rafael Correa.
Las autoridades de Ecuador acusan al exvicepresidente de un supuesto delito de malversación de caudales públicos por los trabajos de reconstrucción en la provincia de Manabí tras el paso de un fuerte terremoto en el año 2016, que dejó más de 670 muertos.
Con información de Europa Press