educación
Aragón estudiará la propuesta del Ministerio de financiar el 70% del profesorado extra por la nueva ley
Claudia Pérez Forniés insiste en acordar un modelo de financiación justo y que el Estado se haga cargo de los costes derivados de su normativa.
La consejera de Educación de Aragón, Claudia Pérez Forniés, ha asegurado que estudiará la nueva propuesta del Ministerio de Universidades, dirigido por Diana Morant, por la que se compromete a asumir en torno al 70% del coste de la contratación extra de ayudantes doctores derivada de la implantación de la Ley Orgánica de Ordenación del Sistema Universitario (LOSU), aunque ha reiterado la necesidad de que el Estado el que se haga cargo de todos los costes que se producen por sus iniciativas legislativas, por lo que le ha pedido "responsabilidad y compromiso".
La puesta en marcha de esta norma, según han cifrado en varias ocasiones, supondrá un coste de 4,7 millones de euros en la Universidad de Zaragoza y ascenderán a 844 en el conjunto del país. "Serían 4.200 plazas de ayudante doctor en España y 130 en Aragón", ha destacado Pérez Forniés antes de la Conferencia General de Política Universitaria en la que se ha vuelto a abordar esta cuestión. En ella, el Ministerio ha presentado su nuevo plan, que supone duplicar el inicial, ya que se pasaría de financiar 1.300 a 3.400 plazas.
"Hemos conseguido que el Gobierno central se aviniera a dialogar con las comunidades, y asumiera que su esfuerzo presupuestario debía ser mucho mayor. Ahora, vamos a seguir estudiando la nueva propuesta en el seno de la comunidad aragonesa y con el mismo Ministerio", ha señalado la consejera al término de la reunión. No obstante, previamente había recordado que el planteamiento de Morant se limita a los próximos seis años. "La carrera de un ayudante doctor va a durar unos 36 años más y ese coste lo van a asumir íntegramente las comunidades autónomas", ha incidido.
Al ser preguntada sobre la posibilidad de que País Vasco pueda tener la capacidad de homologar los títulos universitarios, la consejera aragonesa ha defendido que Aragón cuente "con las mismas transferencias que otras comunidades". "Si hay otras beneficiadas de determinadas transferencias, nosotros no podemos ser ciudadanos de segunda", ha subrayado al tiempo que explicado que este asunto no se preveía que se tratara en la reunión de la Conferencia de Política Universitaria de este miércoles.