REGIÓN DEL DARIÉN, Panamá - La niña venezolana de 8 años había dormido mal la noche anterior, lamentándose en sueños, según su madre, de los hombres que intentaban matarla.
Días antes, la familia se había adentrado en la Región del Darién, la selva entre Colombia y Panamá que en los últimos tres años se convirtió en una de las autopistas de migrantes más transitadas del mundo. Tras escalar montañas y cruzar ríos para llegar a Estados Unidos, su grupo fue abordado por media docena de hombres con pasamontañas, armas largas que proferían amenazas.
"Mujeres, sáquense la ropa", gritaron los asaltantes, según la madre, antes de tocar las partes íntimas de cada mujer en busca de dinero.
Hijos, hermanos y maridos fueron obligados a mirar. Después, los hombres se dirigieron a la niña, según la madre, y le ordenaron que se desnudara también para registrarla.
Los asaltos, robos y violaciones fueron durante mucho tiempo un riesgo sombrío en los viajes de los emigrantes por todo el mundo. Pero las organizaciones humanitarias que trabajan en la Región del Darién afirman que en los últimos seis meses documentaron un aumento extraordinario de los ataques, con pautas y frecuencias poco frecuentes fuera de las zonas de guerra.
Según afirman, casi todos los ataques se producen en el lado panameño de la selva.
Ataques organizados
Grupos de ayuda de larga tradición, como Médicos Sin Fronteras y UNICEF, con experiencia en conflictos, afirman que los ataques son organizados y excepcionalmente crueles. Los agresores golpean a las víctimas y les quitan comida, incluso la leche maternizada, dejando a la gente maltrecha y hambrienta en la selva.
Y los asaltos a menudo implican casos en los que decenas de mujeres son violadas en un solo suceso.
En enero y febrero, Médicos Sin Fronteras registró 328 denuncias de violencia sexual, frente a las 676 de todo 2023. Este año, 113 se produjeron en una sola semana de febrero.
"El nivel de brutalidad es extremo", dijo Luis Eguiluz, director de la organización en Colombia y Panamá.
Varias organizaciones humanitarias, entre ellas Human Rights Watch, acusan a la policía de fronteras de Panamá, encargada de la seguridad en la selva y que cuenta con agentes que patrullan el bosque, de no proteger a los migrantes y permitir que los autores cometan delitos con impunidad.
Estas acusaciones se producen cuando altos funcionarios panameños expresan su creciente frustración por el costo financiero y medioambiental que la migración inflige a la pequeña nación, y en medio de crecientes llamamientos entre los líderes políticos -incluidos los candidatos a las próximas elecciones presidenciales- para detener el flujo de personas.
Dos reporteros de The New York Times captaron una instantánea de la violencia en marzo, hablando con más de 70 personas durante un período de cuatro días, quienes dijeron haber sido asaltadas por grupos de hombres armados en la selva.
De los entrevistados, 14 eran mujeres que afirmaron haber sufrido violaciones sexuales, desde tocamientos forzados hasta violaciones.
"Te hacen todo tipo de maldades", dijo una mujer de 40 años, madre de seis hijos que había estado viviendo en Chile. Fue rodeada por media docena de hombres enmascarados y violada, dijo, después de que el grupo con el que viajaba la dejara sola en la selva. (El Times no revela los nombres de las personas que dicen haber sido víctimas de violencia sexual para proteger su intimidad).
El máximo responsable de seguridad de Panamá, Juan Manuel Pino, cuyo ministerio supervisa la policía de fronteras, integrada por 5.000 personas y conocida como Senafront, rechazó repetidos pedidos de entrevista.
En un acto público, Edgar Pitti, máximo responsable de Senafront en el Darién, dijo que los agentes hacían todo lo posible para proteger a los inmigrantes, teniendo en cuenta el difícil terreno de la selva.
"Es importante entender el contexto geográfico", dijo.
Varios funcionarios panameños dijeron que el problema no era tan grave como lo describen los grupos de ayuda y los migrantes.
El fiscal encargado de dirigir las investigaciones sobre el crimen organizado, Emeldo Márquez, insistió en una entrevista en que la violencia sexual en la ruta de los migrantes en su país "disminuyó".
Pero datos de su oficina muestran que los investigadores abrieron 17 casos por agresiones sexuales en el lado panameño de la selva en 2023, y 14 en lo que va de este año. Márquez explicó que para algunos de los casos de este año aún estaba verificando las denuncias de las víctimas.
La directora del Servicio Nacional de Migración del país, Samira Gozaine, expresó recientemente su escepticismo en un post en la plataforma X sobre los datos facilitados por Médicos Sin Fronteras.
"Es fácil decir que aquí se viola a la gente todos los días", afirmó. "¿Dónde están las pruebas?".
Gozaine se negó a un pedido de entrevista.
Hasta hace poco, Médicos Sin Fronteras era la principal organización sin fines de lucro que prestaba asistencia sanitaria a los migrantes al final de la ruta del Darién, con 67 empleados que atendían a unas 5.000 personas al mes, según la organización. También era el principal grupo que recogía testimonios de denuncias de agresiones sexuales.
Pero a principios de marzo, tras las repetidas declaraciones públicas de la organización sobre la violencia contra los migrantes, Panamá ordenó a Médicos Sin Fronteras que suspendiera sus operaciones.
El ministro de Sanidad del país, Luis Fernando Sucre, declaró en una entrevista con el Times que el grupo médico no había cumplido la normativa local, que incluía comunicar los nombres de las víctimas de agresiones sexuales al gobierno para ayudar en las investigaciones.
Dijo que la orden de suspensión no era una represalia por los informes del grupo sobre ataques en la selva.
Pero Gozaine también acusó a la organización y a otros "organismos internacionales" de dirigir a los migrantes hacia Panamá proporcionando información sobre la ruta, contribuyendo a los problemas del país.
Médicos Sin Fronteras se rehusó a hacer comentarios.
Testimonios de una travesía de terror
La niña venezolana de 8 años estaba en tercer grado cuando sus padres decidieron marcharse a Estados Unidos. Con el pelo oscuro y rizado y enamorada de los animales, dijo que de mayor quería ser veterinaria.
Su madre, de 35 años, dijo que su familia abandonó Venezuela tras ser amenazados por partidarios del Presidente Nicolás Maduro, a quien se habían negado a apoyar. Se trasladaron a Colombia, donde su marido repartía comestibles, ganando menos del salario mínimo mensual, unos 300 dólares. Con sus dos hijos, decidieron finalmente seguir a otros cientos de miles de venezolanos por un camino ya trillado hacia el norte.
Durante el ataque de principios de marzo, cuenta la madre, hombres enmascarados patrullaban una fila de personas aterrorizadas. Y agregó que a una mujer que se negó a quitarse la ropa le tiraron violentamente del pelo.
La madre dijo que la golpearon y luego, desnuda, la registraron entre las piernas; un hombre la palpó con los dedos, exigiéndole dinero.
Cuando se dirigieron a su hija, amenazaron con matarla si no se desnudaba.
"Mami", recuerda que gritó su hija, "¡me quitaré la ropa! No quiero morir".
Los hombres no tocaron a la niña, dijo su madre, y tras asegurarse de que no tenía dinero, se marcharon rápidamente.
Otros sobrevivientes relataron historias de ataques casi idénticos, diciendo que los asaltos a menudo se producían a unas pocas horas de caminata de un campamento de Senafront en el interior del bosque.
El año pasado, Panamá detuvo a cuatro personas acusadas de agresión sexual en la selva, según Márquez, que se negó a decir si se había producido alguna detención este año.
Las personas que cruzan el Darién en Panamá deben pasar por un tramo de la selva que alberga comunidades de los pueblos indígenas kuna y emberá. Estas comunidades vieron sus medios de vida transformados por la migración: sus aguas y sus tierras se han visto contaminadas por la basura, pero también tienen nuevas oportunidades de ganar dinero vendiendo comida, transporte en barco y otros servicios.
Decenas de víctimas, todas ellas de habla española, dijeron que los agresores hablaban entre ellos en una lengua indígena. Algunas personas afirmaron haber sido asaltadas varias veces, por hombres que hablaban una lengua indígena y, por separado, por hombres que hablaban español con acento colombiano.
Un representante de la policía colombiana se rehusó a hacer comentarios sobre la violencia en la selva.
En entrevistas, varios líderes indígenas dijeron que algunos de los autores podrían proceder de sus aldeas, e instaron a la policía fronteriza panameña a que investigara.
Tulio Rosales, líder de la aldea emberá de Villa Caleta, pidió a la policía fronteriza que "ponga más fuerza" en la protección de los migrantes.
Una mujer venezolana de 29 años salió de su país con su pareja y sus cuatro hijos huyendo de la pobreza. Llevaban caminando unas 12 horas al día cuando unos hombres armados les dieron el alto, según relató.
Al compañero de la mujer se le permitió seguir adelante con los niños, pero la mujer fue obligada a quedarse y desnudarse. Contó que lloró al describir cómo uno de los hombres enmascarados introdujo sus dedos en cada una de las aproximadamente 16 mujeres que se quedaron, en busca de dinero.
Después, huyó presa del pánico, olvidando la comida de la familia.
Su grupo fue asaltado por segunda vez, esta vez mientras dormían. De nuevo, un grupo de hombres enmascarados obligó a algunas personas a desnudarse y entregar dinero en efectivo. Esta vez, dijo la mujer, no tenía nada más que dar.
Mientras las crisis en todo el mundo empujaron a un número récord de personas a abandonar sus hogares, la selva del Darién -que hay que atravesar a pie para llegar a Estados Unidos desde Sudamérica- se convirtió en un rito de paso implacable para quienes buscan una nueva vida.
Más de 520.000 personas cruzaron este tramo el año pasado, más del doble que el año anterior, lo que contribuyó a impulsar la cifra histórica de llegadas a la frontera estadounidense.
Este año, los cruces por el Darién en enero, febrero y marzo aumentaron casi un 25% en comparación con el mismo período de 2023, según las autoridades panameñas, y la mayoría de las personas procedían de Venezuela, Ecuador, Haití y Colombia.
Panamá, una nación de poco más de 4 millones de habitantes, vio pasar a un millón de migrantes en sólo tres años. Gozaine, director del Servicio Nacional de Migración, afirma que esta marea de personas le costó al país 70 millones de dólares, incluido el dinero gastado en alojamiento y comida en los campamentos gestionados por el gobierno al final de la selva.
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