Bogotá – El año político colombiano estuvo marcado por los escándalos de tintes novelescos de Nicolás Petro Burgos, primogénito del presidente Gustavo Petro, y por las interceptaciones ilegales que hicieron a la niñera de Laura Sarabia, una de las personas de mayor confianza del mandatario.
Como si se tratara de una telenovela, los dos casos tuvieron como ingredientes problemas amorosos, venganzas y disputas personales que entorpecieron el desempeño del Gobierno de Petro, que pasó buena parte de 2023 defendiéndose en la red social X (antes Twitter), su principal tribuna.
La tormenta amainó en los últimos meses, pero los dos casos siguen vivos, tanto mediática como judicialmente, y en cualquier momento de 2024 volverán a estallar.
La rueda suelta
Nicolás Petro Burgos está procesado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Todo comenzó en marzo pasado cuando la Fiscalía recibió las denuncias de su exesposa Daysuris Vásquez y comenzó a investigar al hijo del mandatario, que era diputado de la Asamblea del departamento caribeño del Atlántico, por presuntamente haber recibido dinero ilícito para la campaña presidencial de 2022 de su padre.
Vásquez y Petro Burgos fueron detenidos el 29 de julio, acusados de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, tras lo cual el hijo del mandatario reconoció, según la Fiscalía, que recibió dinero del exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, conocido como 'el hombre Marlboro', y de Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del controvertido empresario Alfonso 'Turco' Hilsaca.
Parte de ese dinero supuestamente entró a la campaña presidencial de su padre en 2022, aunque Petro Burgos aseguró en una entrevista a la revista Semana que, en este caso, el hoy mandatario no lo sabía.
En este contexto, el hijo del presidente fue acusado de obtener en los últimos años de forma ilícita hasta 600 millones de pesos (unos 150.000 dólares) de Hilsaca en su apartamento de Barranquilla, donde estaba presente Vásquez, que guardó el dinero en la caja fuerte del inmueble.
A lo largo del proceso, Vásquez ha tenido un rol crucial porque es quien más ha hablado con la prensa y con la Fiscalía. También utiliza su cuenta de X, en la que tiene casi 50.000 seguidores, para lanzar indirectas a los otros involucrados en la investigación y recalcar que va a contar todo lo que sabe, pues actualmente tiene un acuerdo de colaboración con la Fiscalía.
Este escándalo familiar seguirá siendo una piedra en el zapato para Petro, que ha acusado al fiscal general, Francisco Barbosa, de usar mediáticamente el caso de su hijo en su contra.
Relación rota
El otro caso que marcó el año político del Gobierno es el de Laura Sarabia, actual directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), quien llegó a la campaña de Petro de la mano del entonces ahora exembajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti. Ambos fueron piezas fundamentales para su victoria presidencial.
Sarabia se convirtió en la sombra de Petro como jefa de Gabinete pero en mayo pasado se filtró a la prensa un posible abuso de poder cometido contra su exniñera Marelbys Meza, acusada del robo de un maletín con una suma no precisada de dinero de la casa de la funcionaria y quien fue llevada al palacio presidencial para ser interrogada.
Días después se supo que se había ordenado la interceptación ilegal de llamadas de Meza y de otra empleada. Además, el pasado 9 de junio se suicidó el teniente coronel Óscar Dávila, que supuestamente tuvo que ver con el interrogatorio ilegal a Meza.
El caso se volvió más oscuro cuando la prensa reveló los audios que Benedetti le envió a Sarabia, donde con un tono vulgar y amenazante le pedía un puesto importante en el gabinete y la amenazaba con revelar secretos que podían enlodarla a ella y a Petro.
En uno de esos audios, Benedetti reclamó a Sarabia mejor trato del Gobierno alegando que él gestionó 15.000 millones de pesos (unos 3,4 millones de dólares) para la campaña de Petro y dijo que si contara quiénes la financiaron en la costa atlántica, «nos hundimos todos, nos acabamos todos, nos vamos presos».
Aunque Sarabia dejó su puesto en el Gobierno, volvió a los pocos meses al cargo de directora del DPS, un departamento que no tiene rango ministerial pero gestiona gran cantidad de dinero para programas sociales, y sigue siendo una de las personas de confianza del presidente.
Al igual que con Nicolás Petro Burgos, este escándalo puede reactivarse judicialmente en cualquier momento y puede traerle en 2024 al presidente los mismos dolores de cabeza que ya tuvo este año y que entorpecieron la labor de su Gobierno. JS