El 9 de abril de 1966 Las Cortes franquistas aprobaron la Ley de Prensa e Imprenta, conocida como ley Fraga, por ser su impulsor el entonces ministro de Información y Turismo.
El texto supuso un avance notable, si bien los medios más comprometidos en hacer posible el pluralismo político no se libraron de sanciones y multas al apoyarse in extremis en las posibilidades del cambio que la medida legal supuso en la nueva política de la dictadura. Aquella resultó una ley a la sazón considerada aperturista por los sectores más afectos al Régimen y recibida como de escaso recorrido para los grupos sociales que anhelaban las libertades de una democracia todavía lejana.
La Constitución del 78 reforzó definitivamente la libertad de expresión a través del artículo 20: «Se reconocen y protegen los derechos: A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción».
Desde la Transición hasta hoy España ha demostrado estar a la altura de los estados de derecho más relevantes.
No hay que bajar la guardia. Óscar Puente, ministro de Transportes y agitador mediático del Gobierno presidido por Sánchez, tiene trabajando a una cuadrilla de husmeadores, todos con nómina pública, a fin de tomar nota de aquellos artículos considerados zahirientes para el charlatán de Valladolid.
¿Listas negras? El compañero Patxi López ha arremetido contra periodistas por atreverse a preguntar si la señora del presidente, Begoña Gómez, debería declarar en la comisión de investigación. Patxi, autoritario, ha dicho: «Hablad de los que aparecen en los sumarios». Cualquier día son capaces ordenar por decreto qué tenemos que hablar o escribir. Al sanchismo le es blanda la ley Fraga. Inquietante.
Periodista y escritor