Cuando España actúa como Venezuela o Cuba
Por Álvaro Abós para Clarín
Por Álvaro Abós para Clarín
En 2013 Cristina Kirchner postulaba que los miembros del Consejo de la Magistratura fueran nombrados por votación popular. Como suponía eterna su supremacía electoral, pretendía evitar mediaciones y contar con sus propios togados.
Esta pretensión autoritaria fue frustrada por la sociedad argentina, aunque ecos del paradigma que se llamaba a sí misma Justicia Legítima se padecen aún hoy. Por ejemplo, la sospechosa liberación del depredador fiscal Cristóbal López.
Lo que Cristina no consiguió lo tiene Mariano Rajoy en España. Sus jueces adictos persiguen a los políticos catalanes, quienes, de manera pacífica y democrática, mediante votaciones y manifestaciones incruentas, procuran un Estado para Cataluña.
Utopía que no ha podido ser derrotada en las urnas. El gobierno de Madrid suspendió la autonomía catalana y encarceló a sus principales dirigentes, mientras otros se exiliaron.
En estas condiciones, el pasado 21 de diciembre el independentismo concurrió a elecciones y fue respaldado por la sociedad, que le otorgó mayoría absoluta en el Parlamento catalán.
El 23 de marzo, víspera de la votación en la que el diputado independentista Jordi Turull iba a ser investido presidente de Cataluña, un juez lo detuvo sin fianza.
En la actualidad hay nueve dirigentes catalanes en la cárcel, varios en el exilio, y 900 ciudadanos procesados por delitos como rebelión, una figura penal que presupone el uso de violencia.
Todo ello ha sido desarticulado por un tribunal alemán, que rechazó la extradición del ex presidente catalán Carles Puigdemont. Dice la justicia alemana que en Cataluña no ha habido violencia y por lo tanto no corresponde extraditarlo para que sea juzgado por rebelión.
La existencia de presos políticos en España ha sido reconocida por un organismo de las Naciones Unidas, que instó a Madrid a respetar los derechos humanos de Jordi Sánchez, integrante de la organización civil Asamblea Nacional Catalana.
Este hombre fue electo diputado y postulado para presidente de Cataluña pero no pudo ser investido porque el juez le impidió salir de la prisión para participar de la sesión parlamentaria.
En la Argentina los kirchneristas aducen que la veintena de ex funcionarios K que pueblan las cárceles son presos políticos. Pero estos detenidos no lo están por defender idea alguna sino porque incurrieron en actos de corrupción.
No los movió ninguna doctrina sino el bolsillo. No transgredieron una constitución sino que pretendieron incorporar a su patrimonio bienes del Estado.
El ex vicepresidente Amado Boudou recobró su libertad en una de las tantas causas que acumula, pero sigue procesado por actos de corrupción que la justicia le imputa: intentaba quedarse con la fábrica de moneda nacional.
En España se alega que los políticos catalanistas incurrieron en rebelión pues proclamaron la república. Aceptando tal razonamiento, los culpables serían Puigdemont u Oriol Junqueras, que fueron presidente y vicepresidente de esa república, ente que sin embargo no llegó a existir.
Ahora bien: ¿en España a quién se juzga?
El preso Jordi Turull no era presidente sino diputado. El juez español sostiene que hay peligro de que Turull y demás políticos, si fueran liberados, provocarían violencia. En el futuro. Es decir, juzga una intención.
Hasta ahora, la única violencia que se ejerció en España la consumó el gobierno de Rajoy, que con uso de la fuerza intentó impedir que los catalanes, el pasado 1º de octubre, votaran en un referéndum. Los catalanes quieren votar para que la sociedad decida si continúa en España o conforma un Estado que el soberanismo catalán pretende europeísta, democrático y bilingüe.
La realización de un referéndum pactado por el cual bregan estos hombres y mujeres ha sido negado una y mil veces por el gobierno de Madrid, alegando que no está previsto en la Constitución española, lo cual es cierto.
Pero entonces, ¿por qué anuló Rajoy una reforma que ampliaba la autonomía de la Generalidad? ¿Por qué se niega a hablar del tema con catalán alguno?
El gobierno de España equipara el catalanismo con la ETA, una organización que trataba de imponer en el País Vasco un régimen marxista-leninista, para lo cual asesinó a 800 personas, tanto policías y militares como civiles, incluyendo niños, mediante procedimientos como un tiro en la nuca o bombas en los supermercados.
Hay 300 presos de ETA en las cárceles españolas, terroristas a los que Rajoy mide con igual vara que a los políticos catalanes que marchan pacíficamente, que quieren votar y que jamás han tocado el pelo a nadie.
El mismo juez español u otros congéneres, que así hostigan a los catalanistas, paralizan la causa en la que un tal Luis Bárcenas, el contador del Partido Popular que preside Rajoy, está acusado, con pruebas contundentes, de recibir dinero irregular proveniente de empresas favorecidas por el gobierno.
Rajoy, al desatar su oleada represiva anticatalana, no busca sancionar como acto subversivo una conducta ilegal (la proclamación simbólica de una república) sino segar de cuajo al independentismo como forma de expresión y pensamiento.
Esto se llama condenar a la disidencia y vulnerar la libertad de expresión. El reino de España actúa, en este caso, de manera parecida a Venezuela y Cuba.
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