Las Palmas de Gran Canaria
Viernes, 12 de abril 2024, 02:00
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Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 6 condena al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a pagar 9.995,04 euros a un agente de la Policía Local en concepto de indemnización por los daños que sufrió el funcionario público en una persecución policial. En 2021, otra sentencia había condenado al pago de esa cantidad a la persona que fue detenida y que motivó la persecución. Pero el hecho de que se declarara insolvente ha hecho que, ahora, con la sentencia emitida el pasado martes, sea el Ayuntamiento el que tenga que correr con los gastos de la indemnización de la que es responsable el detenido. Contra esta nueva sentencia no cabe la interposición de recurso.
Los hechos se produjeron el 9 de septiembre de 2018. El hombre que finalmente fue detenido se negó a pararse en control policial que había por los túneles de San José porque estaba pendiente de ingreso en prisión. Eso desencadenó una persecución policial por buena parte de la ciudad que acabó en el entorno del castillo de La Luz.
Allí se produjo la colisión de los vehículos, tras lo cual, el policía trató de detener al individuo. Sin embargo, este arrancó de nuevo y, en su intento fuga, arrastró al policía local, hasta que choca de nuevo con otro vehículo de la Policía y se le detiene.
Como consecuencia de los hechos, el agente sufrió lesiones en el hombro y en la cara, que fueron cuantificadas en forma de indemnización en un auto judicial, ya en 2021, en la cuantía de 8.394,36 euros por lesiones (algo más de cinco meses de baja), más otros 1.600,68 euros por las secuelas que le provocó el accidente en el hombro izquierdo.
El fallo judicial de 2021 no pudo ejecutarse porque el responsable de los daños se declaró insolvente, lo que provocó que el agente de la Policía Local, representado por los servicios jurídicos de la Unión Sindical de Policías y Bomberos (USPB), trasladara al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria el pago de la indemnización.
El Consistorio rechazó la petición por vía administrativa, al entender que no podía presumirse la existencia de una responsabilidad subsidiaria que asumir.
Sin embargo, la jueza entiende que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria debe hacerse cargo del pago de la indemnización, en base a la doctrina del Tribunal Supremo. «No puede el recurrente quedar sin amparo por el hecho de que el condenado haya sido declarado insolvente, pues el reclamante no debe soportar las consecuencias de su correcta y obligada actuación, debiéndose garantizar el principio de indemnidad por la Administración», sentencia.
La indemnidad es una garantía laboral que obliga a resarcir los daños causados a un trabajador en el ejercicio de sus funciones.
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