España acaba de anunciar la eliminación de su programa de visas de oro, marcando el fin de una era para las políticas que permitían a los extranjeros adinerados obtener la residencia a cambio de inversiones inmobiliarias significativas. Esta medida responde a la creciente presión para abordar la crisis habitacional que afecta a muchos de sus ciudadanos, exacerbada en parte por dicho programa.
Este programa español ha atraído miles de inversiones, con 14,576 visas emitidas a compradores acaudalados, muchos de ellos de China, Rusia y Oriente Medio, así como británicos después del Brexit y estadounidenses en busca de un estilo de vida más accesible. Sin embargo, estas inversiones han contribuido a una crisis habitacional que desplaza a los ciudadanos de ingresos modestos. Además, la Unión Europea ha instado a poner fin a estos programas, advirtiendo sobre riesgos de lavado de dinero, evasión fiscal y crimen organizado.
Una de las voces personales que resuena en este contexto es la de Ana Jimena Barba, una joven doctora cuya lucha por adquirir una vivienda propia en su país natal pone de relieve las dificultades enfrentadas por muchos españoles. "Si los extranjeros inflan los precios para quienes vivimos aquí, es una injusticia", expresó Barba a The New York Times, quien ha trabajado hasta 100 horas extra cada mes, sin lograr aún su objetivo de comprar una casa.
Frente a este fenómeno, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, declaró enfáticamente que "el acceso a la vivienda debe ser un derecho en lugar de un negocio especulativo", destacando la preeminencia que debe haber para encontrar viviendas decentes en las principales ciudades para aquellos que ya residen, trabajan y pagan impuestos en el país.
En respuesta, el gobierno español anunció planes para construir 40,000 unidades de vivienda social para personas con recursos limitados. Sin embargo, la efectividad de esta medida para abordar la crisis habitacional de manera inmediata sigue siendo incierta, especialmente cuando los salarios no han seguido el ritmo del aumento de los precios inmobiliarios, y los alquileres en ciudades como Madrid se han disparado un 15% en 2023.
Para españoles como Barba, enfrentarse a una inflación del 3.2% y casi una quinta parte de trabajadores ganando el salario mínimo de 1,134 euros al mes, el panorama se presenta desalentador.
España no es el único
Otros países de la eurozona, como Portugal, Irlanda y Grecia, también han revisado o terminado sus propios programas de visas de oro, respondiendo a preocupaciones similares. Por ejemplo, Portugal modificó su programa para enfocarse menos en la inversión inmobiliaria y más en soluciones a la crisis habitacional, mientras que Irlanda cerró el suyo por preocupaciones sobre el lavado de dinero, especialmente de rusos.
Grecia, por su parte, aumentó el umbral de inversión extranjera y busca equilibrar la atracción de inversores con la necesidad de proteger el acceso a viviendas asequibles para sus ciudadanos.
El cierre de estos programas sugiere un cambio de prioridades en toda Europa, donde los procesos de renovación y mejoras de zonas urbanas y los arrendamientos a corto plazo han transformado los mercados inmobiliarios, empeorando la crisis habitacional. Este fenómeno ha hecho que, incluso para profesionales como Barba, el sueño de tener una vivienda propia se sienta cada vez más inalcanzable.
La situación ha llevado a algunos gobiernos a buscar soluciones creativas, como la propuesta de Lisboa de obligar a los propietarios a alquilar pisos desocupados a familias, con el objetivo de aumentar la oferta de viviendas accesibles.