Un directivo de Quirón propició la comisión de dos millones en mascarillas de la pareja de Ayuso
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Ninguno de los negocios de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y defraudador confeso, se entiende sin la participación de quien ha sido su mentor en el Grupo Quirón, Fernando Camino, presidente de la filial de Prevención del gigante sanitario. Según fuentes del sector, Camino conoció a González Amador hace una década trabajando ambos en el mundo de las mutuas y es el directivo que le ha abierto las puertas en la consultoría sanitaria en el Grupo Quirón. A lo largo de los últimos años también le ha proporcionado una sociedad (sin empleados) a través de la que facturar al gigante sanitario y antes había constituido la firma panameña con la que operó la pareja de Díaz Ayuso hasta unas semanas antes de que Hacienda iniciase la investigación sobre su patrimonio, en mayo de 2022.
Todos esos datos los ha ido revelando elDiario.es en una investigación periodística que se inició una vez conocido el fraude fiscal de González Amador que él mismo reconoció por escrito a la fiscalía el pasado 2 de febrero, semanas antes de que este medio publicase la primera información sobre la pareja de Díaz Ayuso.
Lo que no había trascendido es que Fernando Camino, el valedor de la pareja de Ayuso en el grupo Quirón, también es el personaje clave que explica la comisión de dos millones de euros que González Amador cobró en lo peor de la pandemia, oficialmente por ejercer de intermediario en la venta de mascarillas y otro material sanitario.
La documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es revela que Fernando Camino es uno de los dueños de la firma Mape, la empresa de Pontevedra que realizó el pedido de 42 millones de euros a una firma catalana, FCS Select Products SL, que había pactado con la pareja de Ayuso una comisión por el 4,5% de las ventas que este lograse.
El único cliente que González Amador llevó a FCS Select Products fue Mape que realizó dos pedidos en mayo y agosto de 2020 por más de 42 millones de euros y que derivaron en dos comisiones para la pareja de Ayuso de 834.320 euros (el 5 de mayo de 2020) y de 1.138.360 euros (el 5 de agosto de ese mismo año).
Tal y como figura en el informe de Hacienda que dio lugar a la denuncia por dos delitos fiscales, González Amador percibió esos pagos bajo el concepto "comercialización de clientes". Según explicó el propio González Amador a la Agencia Tributaria, se trató de una comisión por lograr compradores de material sanitario a la firma FCS Select Products SL, con quien, siempre según el relato de González Amador, había firmado un contrato de intermediación en el mes de enero de 2020, muchas semanas antes de que se detectase en España el primer positivo por coronavirus.
La Inspección de Hacienda describió a Maxwell Cremona, la empresa propiedad de la pareja de Díaz Ayuso que recibió las comisiones, como "un mero intermediario que se limitará a poner en contacto las dos partes que vayan a formalizar la compraventa de los productos". Hacienda destacó en su informe que la sociedad de González Amador "en ningún caso aparecerá ni como comprador ni como vendedor ni como parte del acuerdo".
Lo que se desconocía hasta ahora es que la sociedad que hizo el pedido de 42 millones de euros en material sanitario, Mape Asesores, tiene entre sus dueños a Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención y el mentor de González Amador en el sector sanitario. La documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es prueba que el cliente que logró para la firma catalana González Amador fue una empresa en la que es accionista su jefe en Quirón Salud, una persona de su máxima confianza.
Hace unas semanas, cuando elDiario.es publicó que Camino figuraba como administrador de Mape, un portavoz de Quirón Salud explicó a esta redacción que ejercía como "consejero externo". La documentación recabada en esta investigación evidencia que no se trata de un consejero externo, sino que Fernando Javier Camino Maculet es uno de los cinco propietarios de la empresa, junto a los hermanos Cachafeiro Goméz (Gumersindo y Elena), y los accionistas Víctor Mosquera Rodríguez y María Ester Pujol Busquets,
Mape Asesores nunca ha querido atender las llamadas de elDiario.es ni ha respondido a las preguntas que esta redacción le viene planteando a los portavoces de la empresa. Nadie ha aclarado quién fue el destinatario final de las mascarillas que compró Mape con ese sobrecoste de casi dos millones de euros (en concepto de comisión por intermediación) a la firma catalana.
En la lista de clientes de Mape figuran en su página web la propia Quirón Prevención (que no ha respondido a este medio si recibió parte de se pedido de material sanitario en el que medió González Amador), la Comunidad de Madrid (que tampoco ha aclarado si compró parte de esas mascarillas), la Xunta de Galicia, el Ministerio de Industria, la Real Casa de la Moneda junto a multinacionales como Inditex, Renault, Telefónica o Iberdrola.
La defensa que el jefe de gabinete de la presidenta madrileña Miguel Ángel Rodríguez ha emprendido para tratar de exculpar a González Amador del fraude fiscal ha buscado desde el principio involucrar al Gobierno central. Rodríguez, tanto en los mensajes amenazantes que envió a una periodista de esta redacción como en una entrevista concedida al diario El Mundo, insistió en que la empresa involucrada en la comisión había sido la que más material había vendido durante la pandemia al Gobierno de España, por encima de 250 millones de euros. Se refiere a FCS Select Products SL, una firma catalana que se dedicaba al marketing de bebidas alcohólicas y que gracias a sus contactos en China logró colocarse como uno de los principales importadores de mascarillas en los peores meses de la pandemia.
En realidad, la firma que hizo posible la comisión de dos millones es Mape Asesores, el único cliente que González Amador llevó a FCS y que efectuó pedidos por 42 millones a la firma catalana en 2020.
La operación llamó la atención del inspector de la Agencia Tributaria que investigó los movimientos económicos de la pareja de Ayuso mucho antes de saberse quién está detrás de Mape. Cuando Hacienda preguntó a la pareja de Ayuso por esta nueva vía de negocio de su sociedad Maxwell Cremona, dedicada hasta ese momento a la prevención de Riesgos, la pareja de Ayuso alegó: "El trabajo de intermediación ha sido desarrollado por Alberto González Amador y no ha existido un lugar físico de realización, al ser un trabajo de intermediación comercial". ,
Según las explicaciones que la pareja de Ayuso ofreció a la inspección de Hacienda, para poner en contacto a la empresa catalana FCS Select Products (que le había contratado a él para lograr clientes) y la pontevedresa Mape (propiedad de su amigo y jefe en Quirón, Fernando Camino) fue necesario recurrir a una firma radicada en Florida llamada Inteconn IHD.
En las alegaciones presentadas a Hacienda González Amador defendió que la labor que llevó a cabo para conseguir como cliente a la empresa de su jefe en Quirón fueron "conversaciones (videoconferencias y reuniones) mantenidas con las partes para proponer un negocio entre una empresa, FCS Select Products que dispone de una mercancía que se estima que será muy demandada en el muy corto plazo y Mape, empresa consumidora de dicha mercancía que posee FCS Select Products".
Según el relato que hizo al inspector de la Agencia Tributaria la pareja de Ayuso, "tras múltiples conversaciones previas, finalmente el responsable de Maxwell [González Amador] mantiene una reunión con Inteconn (la firma de Florida) en Nueva York los días 23 y 24 de enero de 2020, cerrando finalmente el acuerdo con FCS el 25 de enero de 2020".
En otras palabras, la tesis que presentó la pareja de Ayuso a la Agencia Tributaria es que para poner en contacto a la empresa catalana para la que actuaba de comisionista con la empresa compradora de la que es copropietario su jefe en Quirón Prevención fue necesario otro intermediario, una firma radicada en Florida, y una reunión en Nueva York para cerrar el acuerdo.
Posteriormente, para no pagar impuestos por esos ingresos extraordinarios de dos millones de euros, la pareja de Ayuso tejió, según Hacienda, una maraña de empresas pantalla que emitieron facturas falsas para simular gastos por 1,7 millones que nunca se pagaron.
Por todo ello, la Agencia Tributaria presentó denuncia ante la Fiscalía, que judicializó el caso y atribuyó a González Amador dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental. Antes de que el asunto fuese destapado por elDiario.es, el propio González Amador ya había confesado a la Fiscalía los dos delitos fiscales. El próximo 20 de mayo está llamado a declarar ante el juez.
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