El Gobierno quiere "pasar el otoño", pero aún lidia con un verano agitado
Por Claudio Jacquelin para La Nación
Por Claudio Jacquelin para La Nación
El Gobierno empezó 2018 con un objetivo claro después del tumultuoso fin de 2017. Aprobadas las reformas fiscal y previsional, consideradas centrales para el futuro de su administración, se propone ahora encarrilar la gestión para poder empezar a trabajar en el ahora adormilado proyecto de reelección. Quiere que sea un año de transición y de consolidación, pero asume que el arranque no es y ni será plácido.
La máxima de estos días es "Hay que pasar el otoño". En cualquier conversación con los principales responsables de la administración macrista se lee esa frase en el subtexto. La táctica es no hacer olas. No tensar deliberadamente ninguna cuerda que pueda rebotar en su contra. Por eso, con los sindicatos, uno de los protagonistas de estos días, se opta por la acupuntura antes que por la cirugía mayor. Aunque algunos confundan ataques aislados con una declaración de guerra.
En la Casa Rosada se prevén meses agitados, muchos como consecuencia de lo que falta (la reactivación de la economía, en primer lugar), de las tensiones que abren las propias políticas oficialistas (con sus aciertos, desaciertos y problemas de comunicación) y los conflictos que desata el proceso de transformaciones más estructurales. El maldito empalme entre el viejo país y el "nuevo" sigue siendo de tránsito lento y con baches.
Los aumentos de tarifas que seguirán golpeando los bolsillos, el ajuste en los estados nacional y subnacionales (en parte como consecuencia de la reforma fiscal y la necesidad de bajar el gasto) y las negociaciones paritarias por los salarios de 2018, con los consecuentes reclamos, protestas (huelga docente dada por hecha, incluida) y agitación social son las amenazas y los desafíos del otoño que hay que pasar. Aunque tienen que lograr que termine el verano, que se parece más a la continuidad del año que se fue que al comienzo del nuevo.
Las heridas dejadas por las tumultuosas sanciones de las leyes en diciembre todavía están abiertas y la vulnerabilidad política, que se suma a la fragilidad económica, sigue siendo alta. Eso a pesar de la fragmentación creciente de la oposición, que lleva a decir a los oficialistas y a admitir a los opositores que "enfrente (del Gobierno) no hay nada", para optimismo de los primeros y desazón de los segundos.
El principal anuncio que hizo en 2018 el Gobierno fue que no habría sesiones extraordinarias en febrero y que el paquete de reformas laborales sería trozado en porciones digeribles para el peronismo y el sindicalismo dialoguistas, imprescindibles para lograr los votos. No fue casual.
La estrategia es que haya menos proyectos de leyes promovidas y negociadas por el Poder Ejecutivo. Delegará esa tarea en los legisladores de Cambiemos para que negocien y busquen la aprobación de proyectos, entre los que figuran los restos de la reforma laboral. El Gobierno quiere evitar la repetición del desgaste y los costos que le han dejado las negociaciones con los gobernadores para lograr los votos en el Congreso.
Es en ese contexto donde se refuerzan la negociación con los dirigentes gremiales dispuestos al diálogo y la presión sobre los que tiran piedras. Como en otros planos, frente a los sindicalistas el macrismo confirma que no es principista, sino cultor del realismo extremo. No hay cruzadas. Puede ser permisivo con los que colaboran y quirúrgicamente implacable con los que se oponen. "Los Gordos" son un buen caso de la tolerancia de Cambiemos. Esos dirigentes, que no pueden pasar por un escáner de transparencia ni austeridad patrimonial, no han sido demasiado incomodados. Ellos, a cambio, han dado numerosas pruebas de amor.
Estos pesos pesados perennes del sindicalismo peronista acaban de escupirles el asado al siempre locuaz y ahora antimacrista Luis Barrionuevo y al díscolo Hugo Moyano. Fue ruidosa su ausencia en la comida del gastronómico, lo mismo que el apoyo a medidas y proyectos oficiales (como el blanqueo o el techo del 15% para las paritarias).
Al mismo tiempo, "los Gordos" le dieron un respaldo unánime y decisivo al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, después del indefendible escándalo que protagonizó con una empleada doméstica de su familia. Es el hijo de un fallecido amigo y compañero de andanzas y de ascenso económico, sustentado en la carrera sindical, pero también es el funcionario que los entiende y sabe negociar con ellos. Un activo valorado tanto por esos gremialistas como por el propio Macri, que ha decidido mantenerlo, siempre que el caso no siga creciendo y afecte aún más a su gobierno.
Para los "adversarios circunstanciales", segmento en el que ubican a Moyano y Barrionuevo, cuenta con brazos que ejercen una presión inquietante. Así como el camionero tiene de mastín a su hijo Pablo, al que dice no controlar, al Gobierno lo ayudan las acciones de la AFIP, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Justicia, a las que, casualmente, Macri y sus ministros dicen que no controlan, aunque les sean muy funcionales. Moyano no les cree. Sus declaraciones de ayer lo confirman.
El presidente de Independiente tiene razones y motivos para estar preocupado, más allá de lo que haga la Justicia. En la Casa Rosada dicen que no hay una guerra contra los sindicatos, sino una batalla por la productividad y la competitividad, y que eso no se negocia. El problema es que en ese combate de verano los gremios del transporte se ubican en la trinchera enemiga. Por ahora.
El pragmatismo sabe de los límites que impone la realidad. Y "hay que pasar el otoño".
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