En el comienzo de 2024 se conocieron algunas situaciones preocupantes vinculadas al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), relacionadas con la falta de financiamiento para abrir 13 CAIF ya construidos y 41 salas de atención en CAIF existentes.
Cuando la directora Natalia Argenzio (Frente Amplio) salió a informar sobre la gravedad de la situación, los dos directores del gobierno, el nuevo presidente Guillermo Fossatti (Partido Nacional) y el director Aldo Velázquez (Cabildo Abierto), dieron sus versiones al respecto y luego tomaron una resolución prohibiendo que se dé información, amparándose en la Ley 18.381 sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública, clasificando como reservada "toda la información contenida en todas las formas documentales del Instituto" (resolución 447/24, acta 6 de Directorio del 21 de febrero).
La situación es grave por donde quiera que se la mire. Desde el punto de vista normativo, no tiene legitimidad alguna, ya que la Ley de Acceso a la Información Pública pretende exactamente lo contrario: que se acceda a toda la información, salvo la que por razones especiales requiera reserva. Desde el punto de vista de las políticas sociales, muestra un claro retroceso en los compromisos del gobierno, y del INAU en particular. Rompe con algo muy valorado por uruguayas y uruguayos, como es la importancia del Plan CAIF en las políticas con la primera infancia y las familias, con el agravante de que se da en un momento en que la pobreza infantil no baja del 20%, y en que el Sistema Nacional de Cuidados se ha debilitado por decisiones del actual Poder Ejecutivo.
Es paradójico que el presidente de la República haya destacado en su reciente rendición de cuentas todos los avances en materia económica, y por otro lado, no se cuente con los fondos para algo que ya estaba previsto y se dice prioritario. Estamos en abril, y no hay novedades. Ni el presidente del INAU ni el ministro de Desarrollo Social, ni la ministra de Economía y Finanzas han hablado. Se ha impuesto un silencio que hace cada vez más ruido.
Importante pero no tanto
Quisiera recordar que la primera infancia no estuvo como prioridad en el Plan Quinquenal 2020-2024 del Poder Ejecutivo, y tampoco en el del INAU. Fue recién en 2021, y como consecuencia de la covid-19, que se planteó como prioridad, y el designado ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, anunció que se asignaría el equivalente a 50 millones de dólares para 2022 y lo mismo para 2023. ¿Y para 2024? Se vería…
Si bien 50 millones de dólares es mejor que nada, la reciente actualización de los datos de pobreza en primera infancia (20,1%) dejan en claro que no tuvieron ningún impacto significativo. De todos modos, el INAU estaba dando continuidad al plan elaborado en el quinquenio anterior, y se fueron construyendo la mayoría de los centros previstos, con nuevas aperturas, pero a un ritmo mucho más lento.
En 2022, el directorio del organismo aprobó por mayoría un plan de ampliación de cobertura con la ejecución de los créditos 2022-2024, comprometiéndose a atender a 17.500 niños y niñas más en primera infancia, con base en la construcción de nuevos centros, de salas en centros existentes, así como alquilando locales y haciendo refacciones y mejoras.
¿Cómo va la ejecución? Muy mal. No se llegó a incrementar en 3.000 la cantidad de niños y niñas atendidos a fines de 2023. Los 13 CAIF prontos para abrir y las 41 salas podrían aumentar en cerca de 2.000 más la cobertura, pero ¿cuándo? Y hay varias obras más que están en marcha mientras crece la incertidumbre sobre si se contará con los fondos para asegurar su funcionamiento, ya que en el Presupuesto nacional no se votaron los recursos necesarios.
Será una enorme promesa incumplida del gobierno, que demuestra que esta prioridad, en realidad, no era tal.
Los desafíos
El tremendo impacto de la pobreza infantil es un enorme desafío. Las respuestas nunca pueden ser sólo las específicas sobre la infancia, sino que la salida de la pobreza está vinculada a la disminución de las desigualdades y a la generación de oportunidades que reduzcan las brechas entre varones y mujeres, y a que se alcancen mejoras significativas en relación a la vivienda, el trabajo, la educación, los cuidados, la cultura, el uso de los espacios públicos.
El tremendo impacto de la pobreza infantil es un enorme desafío. Las respuestas nunca pueden ser sólo las específicas sobre la infancia, sino que la salida de la pobreza está vinculada a la disminución de las desigualdades.
Desde esta perspectiva, creo equivocada la afirmación de que invirtiendo 0,5% más del producto interno bruto se terminaría con la pobreza infantil, porque no toma en cuenta los problemas estructurales y multidimensionales de la pobreza, priorizando el aumento de los ingresos de los hogares por sobre las otras dimensiones.
También considero inoportuna la creación y puesta en marcha del Fondo Infancia votado en la última Rendición de Cuentas 1 (por iniciativa del Partido Independiente), cuya implementación empezará en el último año de gobierno, agregando una nueva estructura en el Estado como persona de derecho público no estatal, que se propone como objetivo poner fin a la pobreza infantil, que precisa recursos que no se están volcando en líneas prioritarias como las antes mencionadas, y que busca atender a la misma población que atienden el INAU y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
Para avanzar en los desafíos que tenemos por delante, me parece importante tomar en cuenta lo siguiente:
Lo que se haga en primera infancia tiene que tener continuidad en la infancia y la adolescencia, y, por lo tanto, la presencia territorial y la cercanía de equipos y servicios con las familias es una de las claves.
La articulación de los sistemas de salud y educación con los programas sociales (fundamentalmente impulsados por el Mides y el INAU), y las organizaciones territoriales, tienen que volver a tejer una red de contención, sostén e impulso para el desarrollo y el protagonismo ciudadano.
En este ensamblado hay que revisar las políticas y programas a implementar, sabiendo que hay dos temáticas relevantes como las de las violencias y la salud mental, que atraviesan a toda la población de todos los sectores sociales.
La fuerte disminución de la natalidad nos permite repensar la oferta de servicios, y es probable que el enfoque incremental que se ha impulsado hasta ahora deba cambiar hacia un enfoque de mayor diversificación, adaptado a las necesidades de las familias. A modo de ejemplo, el énfasis no lo pondría en hacer más CAIF, sino en revisar la adecuación de los centros de primera infancia a la población cercana y, según los casos, ampliar la atención diaria en un año, o extender la atención a ocho horas, o tener propuestas más flexibles según horarios de trabajo, así como la atención de niños y niñas con discapacidades o que van a los jardines y escuelas, pudiendo hacer atención a contrahorario en determinadas circunstancias.
Me parece muy importante fortalecer los CAPI (centros del INAU de atención en primera infancia), que ofrecen una atención amplia y flexible, al igual que los Siempre (centros en convenio con empresas y sindicatos), que permiten la atención hasta los 12 años, según las necesidades de madres y padres trabajadores. Las Casas Comunitarias son una respuesta que puede mejorarse para aquellos lugares donde hay menos población infantil, y se podría fortalecer un programa de formación básica para cuidadoras y cuidadores de primera infancia, pensando no sólo en los centros sino también en los cuidados familiares.
Experiencias como las de Uruguay Crece Contigo y el programa Cercanías (desmantelado por este gobierno) nos enseñan que hay que estar más presente en los hogares, ya que hay dimensiones vinculadas a la salud mental, los vínculos, las relaciones sociales, las violencias y el manejo de los conflictos, que no se solucionan sólo con mejorar el nivel de ingresos.
Otra dimensión que ha tomado fuerza es la inseguridad alimentaria, que requiere respuestas inmediatas del Estado, definiendo los lineamientos generales, aportando alimentos, articulando los diferentes servicios, así como apoyando a aquellas ollas populares que siguen llenando vacíos de la política pública. Los centros de primera infancia hace años que han modificado la propuesta nutricional, con una dieta diaria saludable, siguiendo las orientaciones del Instituto Nacional de Alimentación.
El nuevo gobierno comenzará con una situación económica muy comprometida que sólo mejorará en la medida en que haya crecimiento, acompañado por las prioridades en la asignación de recursos y una revisión del sistema actual de impuestos y beneficios a determinados sectores de la economía. No se puede mirar el tema de la pobreza sin analizar el de la riqueza: dónde se genera, qué sectores han mejorado, qué pueden aportar al bienestar general, qué pasa con la evasión, qué sucede con los que son más ricos y no tributan.
Por último, habrá que revisar la elaboración de los presupuestos y cómo se ejecutan y se monitorean colectivamente, incluyendo la necesidad de repensar la institucionalidad necesaria para avanzar en un sistema integral en relación a las infancias y adolescencias, teniendo en el horizonte la mayor integralidad de las políticas, programas y recursos. Una institucionalidad en la que la sociedad civil organizada tiene mucho para aportar, considerando su activo papel en los últimos 30 años.
Jorge Ferrando es psicólogo, integró el directorio del INAU (2007-2015) y la Secretaría Ejecutiva de Primera Infancia (2016-2020).
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Ley 20.212, ver los artículos 605 al 627, donde se detallan objetivos, organización, financiamiento, entre otros puntos. ↩