Por décadas, la necesidad de un cambio al sistema político ha estado en el centro del debate. Las reformas experimentadas en los últimos años se centraron en dotarlo de niveles razonables de representación, pero no tuvieron mayor éxito en lo que respecta a la gobernabilidad del país. Los procesos constituyentes fueron el espacio principal de esta discusión, pero todos sabemos cuál fue su derrotero. De hecho, inmediatamente después del rechazó del 17 de diciembre pasado, las fuerzas políticas dieron por cerrado el ciclo constituyente, aunque reconocieron que eran necesarias ciertas modificaciones al sistema político y que un buen punto de partida es el anteproyecto de la Comisión Experta. En estas últimas semanas, el tema volvió a la contingencia con un sentido de urgencia.
Demás está decir que rediseñar la arquitectura del sistema político es una tarea sumamente compleja, una receta con varias etapas y múltiples ingredientes. Como primer paso, parece indispensable reiniciar el punto de partida. En los recientes procesos constitucionales, los constituyentes desecharon cambiar el régimen político fundados en la arraigada tradición del presidencialismo en Chile y el interés ciudadano por elegir directamente al Presidente de la República. De este modo, cualquier receta para un cambio en el corto plazo deberá limitarse a perfeccionar el régimen existente, no a sustituirlo ni refundarlo. Ello no obsta a considerar reformas importantes para mejorar lo que está vigente. Esto ya se ensayó en ambos procesos pasados, por vías y con énfasis distintos.
Como segundo paso, corresponde precisar y actualizar el diagnóstico junto con barajar medidas integrales en la solución. No es posible centrar la atención solo en un aspecto del problema vinculado con la gobernabilidad, como lo es la fragmentación partidaria. Un cambio en el andamiaje requiere considerar otros asuntos, como los incentivos a la colaboración política entre el gobierno y el Congreso, la limitación de las atribuciones exacerbadas del Presidente como colegislador, el fortalecimiento de partidos programáticos, las reformas al sistema electoral sobre pactos y tipos de listas, el discolaje, la indisciplina partidaria, el transfuguismo, la integración paritaria de las cámaras del Congreso, los mecanismos de participación ciudadana, etc. Una eventual reforma en este ámbito quizás se concrete solo en algunas de estas dimensiones, pero debe tener a la vista el conjunto de los ingredientes y condimentos por incorporar.
Como tercer paso, amerita prestar atención a los condicionamientos de un necesario acuerdo. Si bien hoy es más sencillo reformar la Constitución, es evidente que las prioridades políticas se hallan en la crisis de seguridad y en la presión de las próximas elecciones. Por otra parte, la disposición de la ciudadanía a los cambios constitucionales ya no es la misma; hoy estas modificaciones podrían leerse desde la desconfianza y valorarse como oportunistas. Por ello, como cuarto paso, parece prudente que la cocción sea gradual y se implemente en un ciclo político que exceda a los actores actuales.
Por Miriam Henríquez, decana Facultad de Derecho, Universidad Alberto Hurtado