El Ayuntamiento de Agüimes estima iniciar antes de fin de año las obras para poner en marcha la construcción de vivienda pública en régimen de alquiler en seis barrios del municipio en los que cuenta con bolsas de suelo público disponible: Cruce de Arinaga, La Goleta, Playa de Arinaga, Las Rosas, Montaña Los Vélez y La Banda.
Esta iniciativa, que se acoge al Decreto Ley de Medidas Urgentes en el ámbito de vivienda que declara la emergencia habitacional, es de las primeras que se ejecutarán al amparo de esta normativa con la que el municipio pretende suplir la carencia de viviendas asequibles que prevé una rebaja sustancial en el precio de oferta actual. Podrían pasar de los 800 euros actuales a los 320 por un piso de 70 metros cuadrados.
Fue una de las estimaciones aproximadas del alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, tras la reunión sostenida con María de la Salud Gil, presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas (AECP). Detallaron la viabilidad económica de un modelo de ámbito público-privado. La directiva anunció por su parte que en unos días se abordarán flecos para poner en marcha o cerrar «esta colaboración».
La fórmula prevista es la creación de nuevas viviendas en régimen de alquiler a precio tasado, en suelo público municipal de uso residencial y dotacional que sería cedido a la iniciativa privada para su desarrollo y posterior gestión.
El alcalde especificó que de momento no está cuantificado el número total de unidades de viviendas a construir en los barrios donde se encuentra esta bolsa de suelo público para la edificación de estas viviendas, pero «se trata de varios miles de metros cuadrados», estimó Hernández.
Agüimes se postula así como uno de los primeros municipios que se acoge al nuevo Decreto Ley de Medidas Urgentes convalidado hace poco más de un mes por el Gobierno canario, por el que se declara entre otros ámbitos, la emergencia habitacional.
«Claro que hay viviendas en Agüimes, pero los precios son prácticamente inaccesibles», detallaba ayer el regidor, que solo por dar un ejemplo, indicó que una casa de 70 metros cuadrados con dos o tres habitaciones, cocina, baño, que hoy está en el mercado inmobiliario por 800 euros, puede ser rentada por el inquilino en 320 euros.
Hernández subrayó que «mi deseo es que los pliegos de condiciones de los contratos con las empresas constructoras que se acojan a esta planificación y el inicio de los trabajos estén en marcha antes de fin de año».
El alcalde aclaró que el modelo del ayuntamiento consiste en la prestación del suelo al constructor, que una vez finalizada la obra las mantendrá en explotación hasta que amorticen el gasto. «El ayuntamiento no cobrará tasas ni impuestos, porque todo recae en el fondo del precio final de la obra. Pero el suelo siempre será de propiedad municipal» aclaró.
Tres segmentos
Hernández destacó que estas viviendas públicas están destinadas a tres segmentos sociales como la antigüedad en el padrón municipal del vecino, la carga familiar que tenga el peticionario y también el colectivo de jóvenes.
Según el modelo estipulado, estas viviendas son en régimen de alquiler y no contemplan la opción de compra, «con la idea de que el inquilino, una vez logre una mayor solvencia económica, la abandone y quede a disposición de otro vecino». Al respecto, anticipó que se aplicarían controles, como verificar el nivel de renta de los inquilinos, entre otros.
Por su parte, la presidenta de la patronal de la construcción aplaudió de antemano la iniciativa del Ayuntamiento de Agüimes porque «está absolutamente dispuesto a resolver el problema de la vivienda en su municipio».
Gil destacó que el Ayuntamiento está «dispuesto a cooperar y a trabajar juntos en esta iniciativa público-privada mediante concursos públicos». Igualmente, habló de la necesidad de que esos concursos tengan en cuenta la viabilidad económico-financiera de los proyectos. Adelantó que en «los próximos días ahondaremos en los detalles de cómo producir esta colaboración».
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