Esta semana el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba la supresión del pasaporte para extranjeros con alto poder adquisitivo, más conocido como "Golden Visa" que permite, desde el año 2013, obtener un permiso de residencia por el mero hecho de tener más de medio millón de euros en la cartera e "invertirlo" en la compra de un inmueble.
Una medida absolutamente antidemocrática que distingue entre extranjeros de primera -aquellos que tienen dinero en el bolsillo- y de segunda - aquellos que, a pesar de llevar años viviendo y trabajando en nuestro país, muchas veces en condiciones muy precarias, ni siquiera se encuentran en situación administrativa regular. Y una medida que lanza un mensaje tan nítido como propio del turboliberalismo: los derechos se pueden comprar, todo depende del número de dígitos de tu cuenta corriente.
Sobra señalar que los visados de oro inmobiliarios fomentan, además, la subida de precios de la vivienda y la especulación, allá dónde "el inversor" decide depositar su capital, normalmente en lugares golosos para el turismo. De hecho, precisamente para eso, el Gobierno de Rajoy aprobó la medida.
No obstante, no hay que olvidar que si bien la decisión del Presidente Sánchez es una cuestión democrática básica que no tiene cabida en la mayoría de países de nuestro entorno, Portugal, Reino Unido o Austria hace ya tiempo que eliminaron esta anomalía, es algo que debía haberse adoptado hace mucho tiempo. Recuerden que el Partido Socialista lleva gobernando este país desde el año 2018 y ha llovido desde entonces.
Tampoco debemos olvidar que, además, es una medida que se elimina sólo en parte. Estos visados de oro seguirán vigentes para aquellos extranjeros que realicen una inversión por valor de dos millones de euros en deuda pública, un millón de euros en acciones o participaciones sociales en una empresa, un millón de euros en fondos de inversión, o un millón de euros en depósitos bancarios en entidades financieras españolas.
Es decir, la propuesta eliminará el privilegio para las inversiones en vivienda, pero el perverso mensaje de "si tienes dinero, tienes derechos", seguirá vigente.
Todo ello la misma semana que los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados a excepción de VOX han admitido a trámite la Iniciativa Legislativa Popular de la Plataforma Regularización Ya que ha conseguido aproximadamente 700.000 firmas para la regularización de las personas migrantes que viven o trabajan en nuestro país desde el año 2021, unas 500.000 personas que, claro, no cuentan con el privilegio del dinero en la cartera y se han organizado para conquistar sus derechos. Admitir a trámite esta Iniciativa Legislativa Popular al igual que eliminar la Golden Visa también es una cuestión democrática básica.
Sin embargo, no basta con admitir la Iniciativa ciudadana, hay que aprobar la norma cuanto antes manteniendo el espíritu del texto presentado por el movimiento antirracista so pena de que suceda lo que ocurrió con la ILP presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, en el 2013, que con casi un millón y medio de firmas y tras la admisión a trámite de la iniciativa que exigía -dación en pago, stop desahucios y alquiler social- , a la PAH no le quedó más remedio que retirarla ante la modificación y desvirtualización del texto en el Parlamento por parte del Partido Popular. Por cierto a día de hoy, la dación en pago sigue sin ser un derecho en nuestro país, los desahucios continúan y el precio del alquiler está más alto que nunca. Saquen sus conclusiones.
En todo caso, llama la atención la aparente y casi excesiva preocupación del Partido Socialista por la cuestión de la vivienda en nuestro país cuando, si efectivamente se tomasen en serio la cosa, no habrían tardado casi cuarenta años en desarrollar una Ley de Vivienda que- ojo- de poco servirá si no es de obligado cumplimiento como sucede actualmente.
Ayer escuchábamos a la Ministra de Vivienda en una entrevista de radio invitar a los promotores privados a participar en la oferta del alquiler alegando que "¡hay negocio!", mientras Pedro Sánchez organizaba una reunión con "grandes" actores del sector: promotores, constructores, banca, etc. Llama poderosamente la atención la ausencia de invitación a los Sindicatos de Inquilinas, a la PAH o el movimiento vecinal, que son quienes se han organizado estos años frente a la especulación. Frente a los que consideran que en esto de la vivienda "hay negocio". Y es que, efectivamente, en esto de la vivienda el problema radica en que hay negocio, demasiado negocio, de hecho. Algo que ha supuesto la primacía de las lógicas de lucro en la provisión de un derecho social fundamental.
Se me ocurre que a estas alturas y después de tanta sobre actuación que, sin embargo, contrasta con unos pobres resultados -el derecho a la vivienda en nuestro país sigue sin estar garantizado, los precios de la vivienda siguen subiendo y la especulación campa a sus anchas y si no- que se lo digan a los vecinos de Puerta del Angel (Madrid) donde un fondo buitre ha comprado la friolera de 35 edificios- tenemos derecho de someter al Partido Socialista, y al Gobierno de coalición, a la prueba del algodón y comprobar si van en serio con esto de la vivienda.
Y no hay mejor forma de demostrarlo que prohibiendo la compra de vivienda a especuladores no residentes, regulando de forma eficaz alquiler de temporada y de habitación, desincentivando la proliferación de la vivienda turística, estableciendo un régimen y fondos para la inspección y sanción ante la comisión de abusos inmobiliarios y modificando otro gran privilegio para la especulación: el régimen fiscal de las SOCIMIS, de los fondos buitre. Si no, me temo que estaremos, de nuevo, ante el anuncio de medidas grandilocuentes que suenan bien, pero que al final sólo suponen mucho ruido y pocas nueces y luego nos lamentaremos con el ¡ay, que viene la extrema derecha!