El Gobierno parece no escarmentar. La trama que se vivió ayer en la Cámara de Diputados, que tuvo como protagonista a una oposición unida para resistir el alza de tarifas y acorralar al oficialismo, es casi calcada de los episodios previos a la sanción de la ley de reforma previsional, en diciembre pasado, que derivó en uno de los conflictos políticos más traumáticos que sufrió la gestión de Cambiemos.
Como ocurre ahora con el alza de las tarifas de los servicios públicos, la reforma previsional desató en su momento un fuerte malestar social y, consiguientemente político, pues el Gobierno pretendía ajustar las futuras subas en los haberes jubilatorios a partir de una modificación en la fórmula de movilidad. En nombre de la reducción del déficit fiscal, el Gobierno estaba dispuesto a aplicar los cambios sin atenuantes.
Ante el malhumor creciente y convencidos de que difícilmente la iniciativa fuera a prosperar en el Congreso por falta de apoyos, desde el radicalismo partieron señales de alerta hacia el Gobierno. Fueron desatendidas.
Llegó el día de la primera discusión en el recinto y la sesión fracasó; fue entonces cuando Elisa Carrió, desde su banca, anunció que los legisladores de Cambiemos impulsarían un bono por única vez que compensaría a los jubilados por la aplicación de la nueva fórmula.
"Lo estamos negociando con el Gobierno", enfatizó Carrió, incluyendo en ese "nosotros" al radicalismo, autor de la propuesta.
Acorralado por la mayoría opositora y por la presión interna de sus socios, el Gobierno debió recular. Cedió y anunció la creación del bono. Aun así, a duras penas logró la sanción de la ley, aunque le costó dos jornadas de fuertes disturbios sociales en las calles y una caída abrupta en las encuestas.
Una actitud similar exhibió el Gobierno cuando, en enero pasado, dictó el megadecreto de necesidad y urgencia sobre desburocratización del Estado. Una medida que contemplaba, entre otras cosas, la posibilidad de que los sueldos pudieran ser embargados y el uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses para distintas transacciones financieras.
Otra vez, la oposición unida estaba dispuesta a voltear el decreto de Macri cuando se reanudaran las sesiones ordinarias; votos no le faltaban. Otra vez, el radicalismo le advirtió al Gobierno sobre la fragilidad de la situación.
Al límite, el Gobierno dio marcha atrás: en plena reunión de comisión, cuando la oposición estaba a punto de rechazar el decreto, el senador oficialista Luis Naidenoff anunció que el decreto presidencial se desdoblaría en tres proyectos de ley para su tratamiento ordinario en el Congreso.
Con el alza de las tarifas se repite el mismo esquema: tras desoír las advertencias de sus socios, el Gobierno ratificó su política tarifaria y jugó al límite, hasta que la oposición le mostró sus garras. Ahora no le queda otra alternativa que comunicar hoy, tras la reunión con la UCR y la Coalición Cívica, una medida destinada a atenuar el impacto de las subas.
Esta sucesión de episodios revela un mismo patrón de conducta: ante una medida impopular, el Gobierno se muestra al principio indolente, incluso ante las advertencias de sus socios. Luego, cuando se sabe acorralado, da marcha atrás y se justifica con que los "errores no forzados" siempre se pueden corregir.
El presidente Macri comprobó, con la frustrada sesión de ayer, que sus alianzas o acuerdos con el peronismo "racional" son más lábiles que lo que pensaba. El peronismo demostró que, aun con sus fuertes desavenencias internas, es capaz de aunar sus fuerzas cuando olfatea que el malestar social podría conducirlos a su reivindicación política y electoral.
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