Lima, 17 abr (EFE).- El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Gustavo Adrianzén, afirmó este miércoles que no se está recibiendo la ayuda de la Fiscalía que el Gobierno necesita en la lucha contra la delincuencia ciudadana.
"No estamos recibiendo la ayuda que necesitamos del Ministerio Público. No tenemos fiscales suficientes en las unidades de flagrancia", dijo Adrianzén en una conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Explicó que para combatir la inseguridad ciudadana están potenciando la conformación de las unidades de flagrancia, que son espacios en los que se reúnen a las instituciones que intervienen en el trámite del proceso inmediato procedente de un delito en flagrancia delictiva, cuyos cuatro actores son la Policía Nacional (PNP), el Poder Judicial, la defensoría de oficio del Ministerio de Justicia y el Ministerio Público.
Adrianzén señaló que la actuación de este último les causa "una preocupación profunda", puesto que observan que "a pesar de las pruebas y evidencias, los casos no son calificados como flagrancia, sino como si se tratara de delitos comunes", y por tanto se deja a delincuentes libres.
"El esfuerzo de la policía capturando a delincuentes se ve revertido con la libertad que otorgan los fiscales a los delincuentes", apuntó al añadir que "no es posible que los delincuentes sean capturados y luego sean liberados".
Sostuvo que esta realidad no permite que los procesos tengan celeridad y que los delincuentes reciban la condena oportuna, lo que afecta la lucha contra la inseguridad.
"Desplegamos esfuerzos para implementar y conformar las unidades de flagrancia. Cada entidad, según su rol, debe asumir su función y cumplirla. El esfuerzo de la PNP para capturar delincuentes no merece decisiones complacientes que les otorga la libertad", reiteró.
En este sentido, Adrianzén saludó la iniciativa del presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, quien señaló que el Congreso debe emitir disposiciones para sancionar a aquellos jueces que permiten la libertad de los delincuentes, criterio que debe aplicarse también a todos los operadores de justicia.