La madre de Camila Polizzi, Luisa Fonseca Galaz, quedó con arresto domiciliario nocturno luego de ser formalizada por la Fiscalía del Biobío en el marco del Caso Lencería, una rama del polémico Caso Convenios.
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La acusación la señala como imputada por lavado de activos durante el periodo comprendido entre enero y noviembre del año 2023. La audiencia, programada originalmente para principios de abril, tuvo lugar este lunes tras dificultades para notificar a la acusada.
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Inicialmente, la Fiscalía solicitó un arresto total, pero durante la audiencia se determinó que Fonseca Galaz debería cumplir con arraigo nacional y arresto domiciliario nocturno. Esta decisión se basó en el reconocimiento de su conducta previa y su colaboración en la investigación en curso. Se consideró que el arresto total era desproporcionado, dadas las circunstancias del caso.
La acusación contra Luis Fonseca se centra en la compra de un vehículo valuado en aproximadamente 9 millones de pesos en abril de 2023. Los fondos para esta adquisición provinieron de los 250 millones de pesos entregados por el Gobierno Regional del Bío Bío a la Fundación en Ti, dirigida en ese momento por su hija, Camila Polizzi, como parte del Caso Convenios.
En este contexto, se formalizó la acusación por lavado de activos debido a la compra de un vehículo nuevo, específicamente un modelo de la marca Changan registrado a nombre de Fonseca Galaz. Este último desarrollo legal agrega otra capa de complejidad a un caso que ya ha generado gran atención mediática.
Es importante destacar que Camila Polizzi, hija de la imputada, también se encuentra bajo arresto domiciliario desde finales de noviembre del 2023, cuando fue formalizada por estafa, lavado de activos, falsificación de documentos, fraude al fisco, entre otros delitos.
Además, en medio del bullado caso, otros nombres han sido formalizados e investigados por presunta participación. En la misma audiencia que decretó las medidas para Camila Polizzi, otras cuatro personas fueron imputadas. Sebastián Polanco; Diego Polanco; Simón Acuña Medina y Rodrigo Martínez Fernández, a quienes se les acusa de fraude al GORE por más de $250 millones de pesos. A ellos, se suma, Tamara Vidal, Eduardo Quezada y Matias Godoy, por otros delitos relacionados al caso.