Las Palmas de Gran Canaria
Jueves, 11 de abril 2024, 23:08
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El Colegio de Administradores de Fincas de Tenerife (CAF) y la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria (Acegi) han cuestionado el efecto que puede tener el anteproyecto de ley del uso turístico de viviendas del Gobierno de Canarias. Para los administradores de fincas, esta futura ley «no regula, sino que prohíbe y restringe la actividad». De prohibición también habla Acegi debido a las exigencias «imposibles de cumplir» por los propietarios que incluye la norma.
Desde CAF consideran capital «defender el derecho» de cada propietario a decidir sobre su vivienda, a elegir y desarrollar una actividad u otra, así como la potestad de todo aquel propietario que no quiera que en su comunidad se ejerza la actividad, siempre que se apliquen las normativas legales previstas. A su vez, recalcan que siempre han estado a favor de defender los intereses de todas las partes implicadas, pronunciándose a favor de regular el alquiler vacacional y establecer sus condiciones, tal y como hacen las comunidades pero no de su prohibición ya que «no se puede limitar a los usuarios» a elegir qué tipo de alojamiento quieren consumir y que no tiene por qué ser un hotel, aparte de no «resolver el problema del alquiler en las islas».
En esta misma línea se encuentra Acegi, que también reconoce la importancia de modificar la regulación que se pretende aplicar, entendiendo que no es la solución «a la grave crisis habitacional» que azota al archipiélago. Bajo el punto de vista de su presidente, Rafael Tarajano, esta medida por sí sola no bastará para resolver «los problemas de fondo» que enfrenta una región, en la que «las distintas administraciones públicas han fracasado en generar vivienda pública en las últimas décadas».
En el caso de CAF, consideran que este anteproyecto tiene «visos de inconstitucionalidad», al vulnerar competencias municipales y exclusivas del Estado.
Para el presidente de Acegi, existe la necesidad de buscar fórmulas distintas al principio de unidad de explotación turística planteada en la ley, ya que «desfavorece a los propietarios en la negociación, fomentando prácticas monopolísticas y situaciones de abuso», algo que ya le transmitieron al director general de Ordenación Turística.
De la misma forma, Tarajano solicita un enfoque equilibrado que aborde tanto la regulación de la vivienda vacacional como la promoción de vivienda pública y privada en «cantidad suficiente» garantizando así una solución integral a la crisis habitacional de Canarias. De la misma forma, apuntó que teniendo en cuenta las actuales exigencias del mercado es «casi imposible obtener calificaciones energéticas de B y C para pisos que formen parte de una comunidad, entendiendo que esta es una medida que «solo se puede entender como excusa para limitar excesivamente el número de viviendas vacacionales» por parte del Gobierno, «más que por salvar el planeta».
Otro de los puntos que piden modificar es la necesidad de obtener permiso expreso de la comunidad de vecinos «va en contra» de la Ley de Propiedad Horizontal, que ya contempla mecanismos para regular esta cuestión.
Por su parte, el CAF critica no haber sido invitado a la reciente reunión de la Consejería de Turismo para informar de la normativa a los colectivos afectados, considerando al mismo tiempo que lejos de solucionar la situación de las personas que aspiran al alquiler residencial, se va a «provocar la próxima crisis del ladrillo usado», porque el propietario querrá vender ante las condiciones que se quieren imponer.
En el seno de los administradores no gusta que el sector hotelero se haya erigido en defensor de los ciudadanos como inquilinos, con la excusa de la falta de vivienda planteando que «si tanto les preocupa el usuario de la vivienda vacacional y el inquilino, deberían apoyar la ecotasa o poner sus propios recursos de alojamiento para su personal», algo que se hacía en el pasado y que cambiaron por más camas hoteleras.
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