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Los vejámenes a los que es sometida la población migrante por grupos armados ilegales; Procuraduría llamó la atención al gobierno
Los traficantes de personas someten a los migrantes irregulares a trabajos forzados, abusos sexuales, esclavitud y prostitución infantil, alertó el ente de control.
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En una nueva cruda radiografía, la Procuraduría le llamó la atención al gobierno para que se apersone de las serias irregularidades que estarían ocurriendo con los migrantes ilegales que buscan un coyote para que los guíe en su travesía, y terminan siendo víctimas de grupos armados ilegales.
Por eso, el Ministerio Público le llamó la atención a los ministerios del Interior, Defensa, Igualdad, Exteriores y al ICBF, y gobernantes departamentales y locales, para que tomen medidas urgentes para contrarrestar las humillaciones y hasta delitos que sufren esas poblaciones.
La procuradora Margarita Cabello, en medio del Congreso Internacional de Derechos Humanos, señaló que "es deber del Estado garantizar los derechos de estas personas con necesidades de protección internacional, formulando planes y estrategias que determinen condiciones mínimas de dignidad y respeto, teniendo en cuenta el enfoque diferencial para incluir las necesidades especiales de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, mujeres y personas LGBTIQ+".
Y es que la propia entidad ha demostrado que en algunas regiones del país, la población migrante ha sido sometida por traficantes de personas a trabajos forzados, abusos sexuales, esclavitud y hasta prostitución infantil, entre otros delitos.
"Se ha demostrado que en algunas regiones del país se instrumentaliza a la población migrante en actividades de minería ilegal o como prestadoras de servicios sexuales, especialmente en ciudades que reciben altos flujos de extranjeros para desarrollar actividades de turismo sexual", indicó el ente de control.
Migración Colombia ha registrado que entre 2012 y 2024, han transitado por el país más de un millón de migrantes irregulares de distintas nacionalidades, y ante esa escandalosa cifra, la Procuraduría le pidió al gobierno que fortalezcan los mecanismos de atención a las víctimas de trata de personas.
Esta escalofriante radiografía se conoce en medio del caso de abuso y explotación sexual al que habrían sido sometidas dos niñas de 14 años que fueron halladas con un ciudadano estadounidense en el sector de El Poblado, en Medellín. En este caso, la justicia también dejó en evidencia la inoperancia que hay en los casos de extranjeros que vienen al país a cometer cualquier clase de delitos.
El pasado mes de septiembre, la asesora de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Liz Sherwood-Randall, encabezó una delegación interinstitucional a Panamá y Colombia para abordar la urgente situación humanitaria y el creciente desafío migratorio en la región de la selva del Darién. Así mismo, informó cuáles temas fueron lo que tocaron en la reunión con ambos países.
El comunicado emitido por la Casa Blanca informó que "mientras estuvo en Panamá, Sherwood-Randall se reunió con el presidente Laurentino Cortizo. Discutieron la necesidad de reducir efectivamente los flujos migratorios irregulares sin precedentes en la región y la importancia de aumentar las medidas de cumplimiento para disuadir el movimiento irregular y ampliar las vías legales seguras para la migración. La doctora Sherwood-Randall expresó su agradecimiento por la importante contribución que Panamá está haciendo al ofrecer el estatus de protección temporal a los migrantes, en el marco de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección".
En Colombia, Sherwood-Randall se reunió con el canciller Álvaro Leyva para discutir iniciativas para desarticular las estructuras criminales transnacionales que explotan a los migrantes, supuestamente para ayudarlos con su búsqueda del sueño americano.
"Expresó su agradecimiento por la cooperación en la apertura de nuevas Oficinas de Movilidad Segura de Estados Unidos en Colombia. También describió la necesidad crítica de aprovechar estos esfuerzos para disuadir la migración irregular y abordar la crisis humanitaria y ambiental en la región del Darién", dice el documento.