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El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, aprovechó sus 100 primeros días de Gobierno para anunciar una reducción de su salario en un 25%, lo que supondrá "un ahorro de más de 1,5 millones de quetzales (187.500 euros) al Estado", que será aún mayor, dado que avanzó que la vicepresidenta, Karim Herrera, también ha pedido la misma disminución en su sueldo a través de una carta enviada a la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad.
"Uno de los compromisos adquiridos fue la reducción del salario presidencial y hoy cumplo esta promesa", recalcó Arévalo, quien hasta la fecha ganaba alrededor de 150.000 quetzales mensuales (18.750 euros), encabezando el ranking de ingresos entre los presidentes latinoamericanos al superar en 43 veces el salario mínimo de Guatemala, que se sitúa en 3.477 quetzales (434 euros).
El mandatario remarcó que la decisión de reducirse sus respectivos estipendios es una "señal clara de que estamos conscientes de la necesidad de disminuir las brechas de nuestro país", teniendo en cuenta que "los excesos de privilegios no son el camino". Cabe recordar que seis de cada diez personas en Guatemala viven en la pobreza o extrema pobreza, lo que se traduce en una migración masiva hacia EEUU de miles de guatemaltecos cada año en busca de una vida mejor.
Durante su discurso, Arévalo insistió en que "no descansaremos hasta lograr por la vía legal la destitución" de la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, a la que tachó de "amenaza a la democracia", debido a su investigación contra el Movimiento Semilla por supuestas firmas falsas para su constitución. Ello se tradujo en una orden judicial de suspensión de la personalidad jurídica del partido del actual presidente, cuyos diputados fueron declarados independientes en el Congreso impidiendo así dirigir la Junta Directiva o participar en comisiones.
Nada más asumir el poder, el mandatario citó a Porras a un encuentro el 24 de enero para solicitarle su renuncia, si bien no acudió, por lo que Arévalo la convocó para la reunión del Gabinete de Gobierno del 29 de enero. En esa ocasión, la fiscal general asistió unos minutos, pero se retiró poco después asegurando que la ley le impedía participar, razón por la cual el presidente aún no ha podido exigirle personalmente que deje su cargo que finaliza en 2026.
Ante la negativa de reunirse con él, la Procuraduría General de la Nación y la Secretaría General de la Presidencia denunciaron el pasado 29 de febrero a Porras por el delito de incumplimiento de deberes de la fiscal general, quien está incluida en la Lista Engel de EEUU de actores corruptos y antidemocráticos, mientras que también ha sido sancionada por el Consejo de la Unión Europea por el intento de "socavar la democracia" en el país centroamericano.
Arévalo denunció este martes ante cientos de personas que asistieron a su discurso en pleno centro de Ciudad de Guatemala que algunos actores como el Ministerio Público de Consuelo Porras "utilizan su posición para amedrentar a sus críticos y atacar e intentar debilitar desde su trinchera de impunidad al proyecto que el pueblo de Guatemala ha elegido para su futuro".
34 DENUNCIAS DE CORRUPCIÓN
Por otro lado, reveló que su Gobierno ya ha presentado ante la Fiscalía 34 denuncias por casos de corrupción que afectan al anterior Gobierno de Alejandro Giammattei y avisó que "seguirán muchas más". No obstante, reconoció que "limpiar cada gaveta no ha sido fácil", dado que "estamos caminando entre trampas y precipicios", pero recalcó que "estamos navegando con la cautela necesaria y la certeza de que vamos en dirección hacia tierra firme lejos del pantano de la corrupción donde nos habían mantenido sumidos".
En este sentido, lamentó que los fondos públicos en el pasado "alimentaban las estructuras políticas corruptas y esa minoría perversa engordó sus bolsillos e intentó perpetuar un sistema que recompensaba su inmoralidad a costa de la salud, la educación y el desarrollo del pueblo de Guatemala". Sin embargo, advirtió de que "ya no lo podrán hacer más", debido al "combate contra la corrupción" emprendida por su Gobierno, que se ha traducido ya en la denuncia contra la ex ministra de Salud Amelia Flores por considerar que hubo irregularidades en el contrato suscrito para la compra de ocho millones de dosis de la vacuna rusa contra el COVID Sputnik V.
Asimismo, recordó que también se ha denunciado casos de compras que, "lejos de procurar el bien nos llevaban a un precipicio de negligencia involuntaria", como el caso de las 14 Escuelas Bicentenario, cuya construcción se encomendó a una única empresa sin concurso público. Al mismo tiempo, Arévalo desveló que se han eliminado más de 1.300 plazas en el gabinete de Gobierno que "no tenían ninguna razón de ser y que funcionaban como vale de canje para compra de voluntades políticas".
De este modo, aseguró que romper ese mecanismo de "intercambio corrupto requiere de voluntad y aplomo por parte de quienes tomamos decisiones", así como de un sistema de justicia que sea "independiente e instituciones que investiguen y castiguen imparcialmente a los responsables del asalto a los recursos y cuyas autoridades no callen ni finjan ceguera de forma cínica y cómplice ante los hechos evidentes de corrupción".
Entre los logros de su Gobierno, destacó una reducción de la tasa de homicidios del 13 por ciento comparada con el mismo periodo de 2023, gracias al despliegue de la fuerza policial contra el crimen y, en especial, contra el "flagelo de las extorsiones" atribuido mayoritariamente a las pandillas. Así, especificó que se han desarticulado 39 estructuras criminales, de las cuales 22 estaban dedicadas a la extorsión, mientras que se han capturado a más de 518 presuntos extorsionistas, lo que "ha evitado la pérdida de 122 vidas humanas en lo que va del año".
A nivel internacional, recalcó su encuentro con el presidente de EEUU, Joe Biden, y la vicepresidenta, Kamala Harris, de quienes recibió una oferta de cooperación para el desarrollo de más de 130 millones de dólares, al tiempo que firmó un acuerdo bilateral de entendimiento con la Unión Europea que "permite abrir la puerta para poder continuar negociando los acuerdos con países como España y Francia". De esta manera, señaló que su Gobierno está en contacto con los "países amigos que están apoyando esta lucha frontal del pueblo de Guatemala por la democracia y contra la corrupción".