Taipéi, 23 abr (EFE).- El Tribunal Constitucional de Taiwán acogió este martes el inicio del debate sobre la constitucionalidad de la pena de muerte, un tipo de condena que todavía se aplica en la isla y que ha sido objeto de polémica a lo largo de las últimas décadas.
Según la agencia estatal de noticias CNA, un equipo de dieciséis abogados representará a los 37 presos condenados a pena de muerte en Taiwán, quienes sostienen que la aplicación de la pena capital viola el artículo 15 de la Constitución isleña.
El artículo en cuestión señala que "los derechos a la existencia, al trabajo y a la propiedad privada" de la población "quedan garantizados" por la ley fundamental de la República de China (nombre oficial de Taiwán).
La audiencia, que arrancó este martes a las 10:00 hora local (02:00 GMT) con las declaraciones iniciales de los letrados, también debatirá sanciones alternativas a la pena de muerte si se considera inconstitucional y si se deben imponer mayores restricciones a su aplicación en caso contrario.
El jefe del Departamento de Asuntos de la Fiscalía del Ministerio de Justicia, Kuo Yung-fa, será el encargado de defender la aplicación actual de la pena capital, en un debate que contará con la participación de doce jueces, seis académicos y dos representantes de organismos civiles y de derechos humanos.
Una vez concluya la audiencia, el veredicto se conocerá en un plazo de tres meses, que puede extenderse otros dos más si es necesario.
El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de la pena de muerte en tres ocasiones (1985, 1990 y 1999) y en todas ellas ratificó la pertinencia de estas condenas, de acuerdo a la agencia CNA.
No obstante, los demandantes argumentan que estas interpretaciones se emitieron antes de que Taiwán adoptara el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas en 2009, en el que se establecen restricciones a la aplicación de la pena capital.
En Taiwán, la pena de muerte es aplicable para una amplia variedad de delitos, como asesinato, robo violento con homicidio, secuestro o tráfico de estupefacientes.
Con todo, esta condena solo se estaba aplicando para algunos casos de asesinato, y de forma muy limitada: durante los últimos ocho años de gobierno del Partido Democrático Progresista (PDP), tan solo dos personas fueron ejecutadas en Taiwán, cifra que contrasta con las más de 250 muertes registradas en la década de los 90.
Los últimos sondeos de la Universidad Nacional Chung Cheng sugieren que alrededor del 75 % de los taiwaneses apoya el mantenimiento de la pena de muerte. EFE
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