Perla Negra: los dos exviceconsejeros aseguran que "todas las órdenes" las dio el consejero de Economía ya fallecido, Tomás Villanueva
Los que fueran viceconsejeros de Economía en distintas fases de la compra del edificio Perla Negra y los terrenos de Portillo, Rafael Delgado y Begoña Hernández, han coincidido en señalar al ya fallecido exconsejero Tomás Villanueva, como quien daba "todas las órdenes". Ambos han declarado este miércoles como acusados en la fase final del juicio por los sobrecostes del inmueble y de los terrenos para un fallido polígono industrial en la provincia de Valladolid.
Rafael Delgado, para quien la Fiscalía de Valladolid solicita 11 años de prisión, ha declarado durante más de dos horas en las que sin perder la calma, ha intentado esquivar algunas de las preguntas de la fiscal del caso, siempre apuntando a Villanueva como el responsable de dar las órdenes que él se limitó a cumplir tanto como cuando era viceconsejero como cuando fue relevado del cargo para pasar a ser secretario general de la Consejería. Begoña Hernández, que sucedió a Delgado en el cargo como viceconsejera y para quien el Ministerio Público pide otros 11 años de cárcel, ha coincidido con su antecesor al señalar que las decisiones las tomaba Tomás Villanueva. Hernández ha evitado cruzar la mirada con Delgado en todo momento, incluso ha girado la cara hacia el tribunal mientras este declaraba.
"Totalmente inocente"
Delgado, que se ha declarado "totalmente inocente" de los delitos que se le imputan (prevaricación, cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude a la administración), ha explicado que desde 2003, la Consejería de Economía buscaba una sede para reubicar a servicios y sociedades públicas que estaban en distintas zonas de Valladolid y que se optó por un concurso para alquilar un edificio construido a tal efecto. Delgado ha asegurado que ni conoció ni tuvo trato con los responsables de la empresa que resultó adjudicataria, Urban Proyecta PM3, y que tampoco tuvo nada que ver en la filtración de los pliegos del concurso, algo que reconoció en el juicio la firma de arquitectos Estudio Lamela que presentó el proyecto del edificio a instancias de Urban Proyecta.
Cuando se resolvió el contrato porque la empresa no quería asumir las condiciones del derecho a compra que exigía la Junta, se puso en marcha un nuevo expediente de alquiler con derecho a compra. Entre la resolución y la adjudicación tan sólo pasaron tres días, algo por lo que la fiscal ha preguntado a Delgado qué prisa había y si no habría tenido más sentido convocar un nuevo concurso. Según Delgado, la prisa venía de atrás, tras haber buscado un edificio durante tres años sin resultado y ha matizado que en contratos de alquiler es bastante frecuente la fórmula de adjudicación directa. Además, ha señalado que la opción de alquilar una segunda torre del edificio -para la que luego hubo que construir una pasarela que la uniese con la otra parte del inmueble- fue una decisión que tomaron el consejero de Economía, y la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo. También fue esta última, según Delgado, la que en 2008 instó a comprar el edificio, al tener conocimiento de la que promotora intentaba venderlo a terceros. Este dato se ha puesto de manifiesto en la sala por primera vez. Del Olmo, que declaró en calidad de testigo no dio esa información. La operación de compra pasó de la ADE a Gesturcal, una empresa pública a la que Delgado atribuye un papel "instrumental", y todo ello por orden de Villanueva "como en todo el proceso". Como consejero delegado del consejo de Gesturcal, Delgado fue autorizado para negociar esa compra, y firmó un contrato de reserva que incluía la entrega de un cheque de siete millones de euros, "todo estaba negociado y decidido", ha dicho. "Firmé ese cheque para garantizarnos la posibilidad de adquirir el edificio. Se hizo lo que debía de hacerse, pero siempre bajo lo mandatado por Villanueva, que eran quien controlaba, inspeccionaba y daba las órdenes", ha relatado. La compra se materializó el 23 de marzo de 2009 por 56 millones, dos millones menos de la tasación que se encargó a Inmoseguros. Pero a eso hay que sumar otros 4,5 millones de carga financiera que Urban exigió para fraguar la venta.
La fiscal también le ha preguntado por las facturas que sumaron 4,4 millones de euros a Unifica Servicios Integrales (un estudio de arquitectos de Madrid que reformó la sede del PP y cobró en dinero negro) para pagar la división interior del edificio, y cuyo presupuesto firmó él. Aunque no ha admitido que lo hiciese sin ver el contrato (nunca lo hubo) ha achacado la iniciativa al consejero Villanueva, de quien ha dicho que eligió las mamparas en una "exposición" que se montó a ese efecto. Su firma, ha concretado, era a efecto "de darse por enterado" y no "a efectos de aprobar la contratación de Unifica".
La sucesora de Delgado, Begoña Hernández, también ha apuntado al consejero Villanueva como la persona que daba las órdenes y decidía si bien ha reconocido que se mostró contraria a comprar los terrenos en Portillo, donde empresarios relacionados con Urban y con un exalto cargo de ADE internacional también acusado, pretendían promover un polígono industrial. Para Hernández no era el mejor momento para hacer una operación de ese calado económico y tras una conversación con Villanueva, este mostró su aprobación para "intentar un desistimiento con la parte vendedora". Hernández tuvo una única reunión con los empresarios de escaso éxito ya que le indicaron que el contrato que se había firmado era "válido y seguía vigente" y que ella no había formado parte de la negociación desde el principio y por tanto no la consideraban "una interlocutora válida". Había más circunstancias en contra: Hernández encargó un informe jurídico al despacho Garrigues para saber si es posible un "desistimiento unilateral". El resultado es que la operación está perfectamente contraída, con personas con poderes y que no se podía rescindir "salvo con muchos costes y con penalidades".
El último en declarar fue el consejero delegado de Gesturcal entre 2003 y 2008, Juan Carlos Sacristán, para el que la Fiscalía también pide 11 años de prisión. Sacristán, a preguntas de la fiscal, ha recordado el momento en el que se devolvieron facturas desde Gesturcal por considerar que correspondían a obras encargadas por la ADE. "Llegaron dos facturas que no se sabían de qué eran, se devolvieron pero finalmente se abonaron por orden del consejero. Fue una situación un poco incómoda", ha comentado. Se trataba de facturas por la división del edificio. Tomás Villanueva ordenó que las pagase Gesturcal pero que se repercutiesen después a los arrendatarios de las oficinas (divisiones de la ADE y direcciones generales de Hacienda y Economía).
La vista continúa este jueves con la declaración del resto de acusados.
Según la Fiscalía, la Consejería de Economía actuó en connivencia con distintos empresarios de la construcción para comprar el edificio y unos terrenos para desarrollar un polígono industrial en Portillo (Valladolid). En concreto, la Consejería favoreció a la promotora del edificio, Urban Proyecta PM3, que también tenía intereses en el polígono. Así, se considera que la licitación para construir el edificio que Economía quería alquilar con opción a compra, se amañó para que lo ganase esa promotora. El concurso se publicó en las navidades de 2005 y el plazo para los licitadores fue de 15 días, escaso para un proyecto de esas características. De hecho, el arquitecto que diseñó el Perla Negra, Carlos Lamela, reconoció durante la instrucción que tuvo acceso a los pliegos antes de que fuesen públicos. El de la promotora ganadora fue el único proyecto que se presentó. Los acusados se enfrentan a condenas por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude a la administración.