Las recalificaciones de suelo por la izquierda balear arruinan al Govern: 400 millones en indemnizaciones. El capricho de la izquierda balear (PSOE·, Més y Podemos) de proteger terrenos con urbanizaciones autorizadas ya ha costado a la arcas del Govern 400 millones de euros en el pago de indemnizaciones sólo en los últimos siete años. Esta cantidad es la suma de las 50 sentencias judiciales que obligan al Govern de Marga Prohens al pago de indemnizaciones a distintos promotores por las recalificaciones de terrenos con licencias para urbanizar o, algunos de ellos, ya urbanizados.
Todas las sentencias derivan de la aplicación de la Ley 4/2008 de Medidas Urgentes para un Desarrollo Sostenibles de Balears, una ley que aprobó el pacto de izquierdas que presidía en aquel momento el socialista Francesc Antich y que convertía en terreno rústico protegido diversos urbanizables en las distintas islas de Baleares.
La sentencia más recientes por recalificaciones de suelo y que fija la indemnización de mayor cuantía es la referida a la protección de los terrenos de Muleta, en el Port de Sóller (Mallorca) donde el empresario Matthias Kühn, marido de Norma Duval, vio frustrado un proyecto de urbanización que contaba con todos los permisos. De hecho, la urbanización del terreno ya se había iniciado cuando el Govern de Antich decidió descalificarlo.
Recientemente el Tribunal Supremo ha confirmado que el Govern deberá indemnizar con 96 millones de euros a Matthias Kühn, un dinero que no tiene presupuestado y que obliga a pedir un préstamo y, en consecuencia, a aumentar la deuda de la Comunidad Autónoma.
La segunda sentencia en importancia por su cuantía es la derivada de la protección de Punta Pedrera, en Ibiza. La ley 4/2008 protegió 1.500 hectáreas de territorio en la isla, incluyendo siete kilómetros de costa y por ello fue condenado a pagar una indemnización de 96,8 millones a distintos promotores afectados por la anulación de las licencias urbanísticas para construir 244 viviendas.
Después están las cuatro sentencias que condenan al Govern por la recalificación de los terrenos de Biniorella en la costa de Andratx (Mallorca). Son unas sentencias que obliga a indemnizar a diversos propietarios y promotores con 53,7 millones de euros, otra condena de 25,7 millones, una tercera de 11,2 y una cuarta de 10 millones. En total, la protección arbitraria de los terrenos de Biniorella ha costado a las arcas de la Comunidad Autónoma 100,6 millones de euros.
Los tribunales de justicia, como ya se ha indicado, ya han emitido sólo en los últimos siete años 50 sentencias firmes contra el Govern por las protecciones de terrenos urbanizables realizadas en 2008 por el pacto de izquierdas que presidía Francesc Antich. La protección definitiva de Muleta, que obliga a pagar 96 millones de euros a Matthias Kühn fue también responsabilidad del Govern de Francina Armengol por su decisión de ratificar la desclasificación del terreno.
Recalificaciones en Pollença e Ibiza
Otro ejemplo son las dos sentencias condenatorias contra el Govern por la protección de diversos terrenos en la zona de Roca Llisa,en el término municipal de Santa Eulària de Ibiza. Las dos sentencias obligan al Govern pagar 18 millones de euros a los propietarios que vieron paralizado el proyecto de urbanización.
En Pollença está el caso paradigmático de Cala Carbó, donde se reclaman indemnizaciones de más de 100 millones de euros aunque las primeras sentencias distan mucho de acercarse a esta cantidad. En 2004, el Plan Territorial protegió Cala Carbó y trasladó la edificabilidad a l'Ullal. Era una de las polémicas ARTs ideadas por la UM de Maria Antònia Munar y Bartomeu Vicens. Los propietarios contaron entonces con la expectativa de poder urbanizar en l'Ulla pero la ley 4/2008 de Antich protegió también esta zona. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha condenado al Govern a pagar 5,6 millones de euros a propietarios de varias parcelas de Cala Carbó. Siguen pendientes de resolución algunas demandas más.
Las diez multas principales
La lista de las principales sentencias condenatorias contra el Govern por la protección de terrenos urbanizables es la siguiente:
- 1.-Muleta (Sóller, Mallorca): 96 millones de euros.
- 2.-Punta Pedrera (Ibiza): 86,8 millones.
- 3.-Biniorella 1 (Andratx, Mallorca): 53,7 millones.
- 4.-Biniorella 2: 25,7 millones.
- 5.-Binirràs (Ibiza): 11,3 millones.
- 6.-Biniorella 3: 11,2 millones.
- 7.-Roca Llisa 1 (Ibiza): 10,3 millones.
- 8.-Biniorella 4: 10 millones.
- 9.-Roca Llisa 2: 7,2 millones.
- 10.-Cala Carbó (Pollença, Mallorca): 5,6 millones.
Prohens: «Serán más de 400 millones»
La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha propuesto este martes una tasa PSOE para pagar «las fiestas y abusos de los socialistas» de los últimos años. Prohens ha respondido de este modo, en el pleno del Parlament, a la portavoz de Vox, Idoia Ribas, que, en relación a una nueva indemnización que tendrá que afrontar el Ejecutivo por la desclasificación de la urbanización del Vilà de Pollença por la ley 4/2008.
Ribas, antes, había ironizado con incluir en el IRPF casillas con las tasa Vicens o tasa Antich para hacer frente a esta nueva indemnización, tras la conocida por el caso de Muleta, derivadas de la ley socialista «para desclasificar a las bravas». «Así los ciudadanos se acordarán de ellos cuando tengan que pagar sus impuestos», ha añadido la portavoz de Vox.
Idoia Ribas se ha referido así al que fuera conseller de Ordenación del Territorio, Gabriel Vicens, y al ex presidente del Govern, Francesc Antich.
La presidenta del Govern ha advertido que tras Muleta o Vilà y las nuevas indemnizaciones que se conocerán, según ha pronosticado, el importe al que tendrá que hacer frente Baleares será de más de 400 millones de euros. «Los ciudadanos no merecen pagar por la mala gestión y desidia del PSOE», ha concluido Prohens.