El que fuera hasta diciembre viceconsejero de Salud de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Guzmán, acaba de ser fichado por la aseguradora Asisa como su director médico para Andalucía. La puerta giratoria es tan obvia que la inmoralidad del asunto está fuera de dudas. Esa es la calidad de gestión que soporta Andalucía después de haberle otorgado la mayoría absoluta a Juan Manuel Moreno Bonilla (PP). Ahora es el turno de averiguar si esta contratación, además de carecer de los más mínimos estándares de decencia, es ilegal.
Cuando todavía se sufre en Andalucía la resaca del escándalo del director general de Pesca y Acuicultura de la Junta de Andalucía, José Manuel Martínez Malia, llega este otro. Los denominadores comunes en ambos son dos: la ausencia de toda ética profesional y la intervención de la Oficina Andaluza Antifraude. Podríamos incorporar un tercero: el cierre de filas del PP andaluz y del Gobierno de la Junta en torno a semejantes personajes.
Resumiendo el caso de Martínez Malia, el director general de Pesca otorgo ayudas de fondos europeos a empresas en las que, no sólo trabajaban su familia, sino de las que él mismo era apoderado. Pese a la defensa a ultranza de Moreno Bonilla, la irregularidad era tan evidente que el pasado mes de enero la Oficina Andaluza Antifraude determinó que existía incompatibilidad, por lo que ha incoado un expediente sancionador ha dado traslado de las actuaciones a la Consejería de Justicia.
Volviendo al caso de Guzmán, éste dimitió de su cargo a finales del pasado mes de diciembre, junto a Diego Vargas, gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS). En los dos casos alegaron motivos personales y abandonaron el barco de la Sanidad Pública andaluza justo cuando más a pique va ésta. Ambas figuras han sido claves para situar a Andalucía a la cabeza de las listas de espera en España, consiguiendo deshonrosos hitos como haber conseguido disparar estas listas un 38% en tan solo cuatro meses. Entre sus justificaciones, a cada cuál más grotesca, destaca la "menor actividad en verano" que, paradójicamente, impulsa directamente el SAS con el cierre de quirófanos, plantas de hospital y consultorios médicos por toda la comunidad.
Entonces, más de 200.000 pacientes seguían pendientes de operarse, de los cuales más de 50.000 habían superado con creces el límite legal establecido. A finales de 2023, el número de pacientes que veían vulnerados sus derechos recogidos en la ley por superar ese plazo de espera se disparó un 226% respecto a 2022. La estadística es demoledora: uno de cada cuatro pacientes en lista de espera de España reside en Andalucía. No son los únicos datos que ponen a Andalucía a la cola de España: en total, más de un millón de personas aguardan en lista de espera, de las que más de 840.000 lo hacen para consultas externas.
Así las cosas, Guzmán no tenía que haber dimitido; debería haber sido cesado fulminantemente, junto la consejera Catalina García, por su deplorable gestión. Este incremento de las listas de espera se da de bruces con las adjudicaciones de emergencia para sanearlas, como es el caso de los dos macroconciertos suscritos el pasado mes de octubre con la sanidad privada por valor de 734 millones de euros.
El interesado desmantelamiento de la Sanidad Pública que promueven gestiones como la de Guzmán está beneficiando claramente a la privada, en la que ahora recala. Cerca de dos millones de personas en Andalucía cuentan con seguro médico privado –con Málaga a la cabeza, de donde es natural Guzmán-, siendo una de las comunidades autónomas que más ha crecido en toda España, según datos de UNESPA (Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras). No sólo eso, sino en dos años y medio, Guzmán adjudicó a dedo contratos por valor de 43,6 millones de euros a 11 hospitales y clínicas privadas del Grupo Asisa en Andalucía. No sorprende, pues, que el grueso de la oposición hable de supuesta ilegalidad.
Desde el punto de vista empresarial, el paso de Guzmán por la Junta de Andalucía ha sido impecable. Diría, incluso, que merece un cargo superior al de director médico de Asisa para Andalucía. A fin de cuentas, en el pasado y previo a su cargo en la viceconsejería de Sanidad, fue director médico de centros como el Hospital Vithas Parque San Antonio y el Complejo Hospitalario Integral Privado–Hospital Chip (ambos en Málaga), dos habituales de los conciertos privados con el SAS; ahora regresa al cubil privado, dejando atrás una gestión que sin ningún género de dudas ha sido más provechosa para la sanidad privada que para la Sanidad Pública y sus pacientes. Buen trabajo convirtiendo al SAS en una filial de la sanidad privada.
El problema, claro está, es que los estándares éticos de cualquier persona que defienda el Estado de Bienestar se dan de bruces con el que se destilan estos días en el Palacio de San Telmo de Sevilla. Moreno Bonilla no ha convertido la Junta en un cortijo; ya lo era tras cuatro décadas de gobierno del PSOE; lo que ha hecho es pintarlo de azul y decorarlo a su gusto. Y entre esas personalizaciones destacan sobre manera gestiones como la de Guzmán; es marca PP, como ya sucediera en feudos como Madrid, donde el artífice de la privatización de la Sanidad durante el mandato de Esperanza Aguirre, Javier Fernández-Lasquetty, fichó por Cofares tras ser consejero de la Comunidad de Madrid de Sanidad y de Hacienda; o el fichaje de otro consejero de Sanidad con Aguirre, Juan José Güemes, que formó parte del Consejo de Administración de la empresa sanitaria Unilabs después de que él mismo hubiera acometido la privatización de los análisis clínicos en seis hospitales madrileños.
Quizás ahora en Andalucía la justicia tome cartas en el asunto, dado que al electorado parece importarle bien poco la mercantilización de su propia salud y, en definitiva, de sus vidas... o de sus muertes, que puestos a cobrar, el PP ya extiende facturas hasta por dejarte morir, como sucede ahora en Madrid con las víctimas en las residencias de mayores.