La restitución de tierras en Colombia ha experimentado un notable declive con la llegada de la administración de Gustavo Petro, en comparación con el período correspondiente a la presidencia de Iván Duque.
Según datos proporcionados por la ONG Forjando Futuros, dedicada a la veeduría del proceso de restitución de tierras y representante legal de varias víctimas de despojo, durante los primeros 17 meses del Gobierno Petro se han restituido 71.000 hectáreas, una cifra significativamente menor a las 161.000 hectáreas entregadas en el mismo lapso de tiempo bajo el Gobierno de Duque.
Este cambio representa una disminución del 55% en la eficacia del proceso de restitución, arrojando preocupaciones sobre la capacidad del actual Gobierno para garantizar el resarcimiento a las víctimas de despojo y desplazamiento.
La misión de la Unidad de Restitución, entidad del Ministerio de Agricultura y creada en 2011, es devolver tierras a las víctimas del conflicto armado en Colombia, una tarea con un horizonte que se extendió hasta 2031 por orden de la Corte Constitucional. Sin embargo, el ritmo actual de restitución sugeriría, según los cálculos de Forjando Futuros, que se requerirían hasta 109 años para cumplir con todos los casos pendientes, lo que plantea dudas sobre la efectividad del proceso en el largo plazo.
"El Gobierno de Gustavo Petro no está siendo una garantía para el resarcimiento de las víctimas", se critica desde la fundación, que basa sus conclusiones en las estadísticas oficiales de la entidad gubernamental encargada.
El marco legislativo para la restitución de tierras se estableció con la Ley de Víctimas de 2011, impulsada durante la administración de Juan Manuel Santos, con el objetivo de ofrecer reparación a las víctimas del largo conflicto armado en el país. Esta ley estableció el uso de hectáreas como indicador principal para medir el avance en la restitución, un método que ahora revela las marcadas diferencias entre las últimas dos administraciones gubernamentales.
Forjando Futuros también representa a víctimas de despojo en procesos judiciales de restitución, lo que les brinda una perspectiva cercana y crítica sobre la evolución del proceso. La organización hace un llamado a la acción para acelerar y hacer más efectiva la restitución de tierras, con el fin de cumplir con la promesa hecha a las víctimas de conflicto.
"Comparando los últimos 17 meses del Gobierno Duque con los primeros 17 meses del Gobierno Petro, la situación es alarmante", señala la fundación, enfatizando la urgencia de atender esta problemática con mayor efectividad.
Este retraso en el proceso de restitución no solo afecta a las víctimas del conflicto armado que esperan justicia y reparación, sino que también plantea interrogantes sobre la priorización de políticas gubernamentales en el presente mandato. Con la Unidad de Restitución trabajando a un ritmo considerablemente más lento que en años anteriores, la preocupación entre las comunidades afectadas y las entidades de defensa de derechos humanos incrementa.
Una meta ambiciosa
El Gobierno de Juan Manuel Santos buscó cambiar el panorama para las víctimas del conflicto armado mediante la Ley de Víctimas, la cual prometió la restitución de 6,5 millones de hectáreas de tierra afectadas históricamente. Sin embargo, hasta la fecha, solo se han logrado restituir 665.000 hectáreas, apenas representando el 10,5% de la meta establecida.
Forjando Futuros destaca la urgente necesidad de implementar la restitución por vía administrativa para acelerar el proceso de devolución de tierras. Esto se debe a que actualmente hay 76.320 solicitudes de familias y 166 de comunidades étnicas esperando ser resueltas, las cuales podrían beneficiarse de esta modalidad. La dirección jurídica de la Unidad de Restitución también apoya esta medida, señalando que la pronta implementación de la ley podría representar "grandes oportunidades" para cumplir con las víctimas del despojo y abandono en el país.
La propuesta legislativa que se encuentra en trámite en el Congreso podría ser una solución al permitir que la Unidad de Restitución asuma funciones judiciales en casos específicos, facilitando así la entrega de tierras sin la necesidad de opositores que prolonguen el proceso.
La directora de la Unidad, Paula Villa, habló con El Espectador sobre la importancia de esta ley, que busca agilizar y fortalecer el mecanismo de restitución, actualmente dependiente de un sistema judicial que suele extenderse más allá de los 120 días previstos, afectando el 94% de los casos.
Este cambio legislativo podría significar un avance considerable, impactando alrededor de 3,6 millones de hectáreas y marcando un hito en el largo camino hacia la restitución efectiva de tierras. La Ley de Víctimas y la creación de la Unidad de Restitución nacieron con la promesa de devolver a las víctimas del conflicto sus tierras, un compromiso que todavía está lejos de cumplirse en su totalidad, pero con la potencial nueva ley, se abre una ventana de esperanza para acelerar el proceso y corregir el curso de una historia marcada por el despojo.
"Para cumplir con las víctimas del despojo y abandono en el país, es fundamental implementar de manera urgente la Restitución por vía Administrativa", enfatiza Forjando Futuros, resaltando la importancia de adaptar el sistema a las necesidades actuales de justicia y reparación.