La Contraloría General del Estado predeterminó responsabilidades civiles culposas por 974 568 dólares en contra de tres funcionarios y un contratista en la Central Hidroeléctrica Toachi – Pilatón. Así lo informó este viernes 12 de abril del 2024.
Este hecho se descubrió en el examen especial del contrato suscrito por la Empresa Pública Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) con la compañía rusa Tyazhmash S.A. Los funcionarios investigados laboraron entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2020 en Celec.
Durante la auditoría se descubrió que «el personal técnico empleado por la contratista no cumplió los requisitos mínimos establecidos». Pero también que «los trabajadores no tenían título de tercer nivel en ingeniería y no presentaron certificados que avalen su experiencia laboral«.
Y frente a ello, no se impuso multas por 433 000 dólares en contra de Tyazhmash S.A., monto por el cual se predeterminó una responsabilidad civil. Además, otra glosa, por el mismo valor, corresponde a las multas que no se impusieron ante la ausencia de los Sistemas de Gestión Ambiental y Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo de acuerdo a las normas ISO.
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«El contratista debió implementar estos controles para prevenir riesgos a la seguridad y salud de sus trabajadores y al medio ambiente«, destaca la Controlaría en su informe.
La Contraloría también predeterminó una glosa por 108 568 dólares en contra de la contratista, los funcionarios que administraron los contratos y el jefe del Departamento de Obras Civiles que actuaron en este periodo.
«El monto de la responsabilidad civil corresponde a los pagos por trabajos extraordinarios. Este rubro se incluyó en tres planillas sin solicitar la aprobación del administrador del contrato y sin especificar la cantidad de horas y la categoría del personal empleado.
Además, los costos de la mano de obra en la hidroeléctrica Toachi – Pilatón fueron superiores a los fijados por el Ministerio de Trabajo, originando pagos injustificados por el valor de la glosa», agrega la institución en el documento.
Los posibles responsables cuentan con 60 días para presentar pruebas de descargo y ejercer su derecho a la defensa. Y luego del análisis de estos argumentos se podrá confirmar o descartar las responsabilidades.