En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro reaccionó a la decisión de la Fiscalía General de la Nación de enviar a juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal.
"Mi gobierno no persigue ni perseguirá a la oposición y se mantendrá lejos de cualquier intervención en los procesos de la justicia. La justicia siempre podrá esperar de mi gobierno respeto y protección de su independencia", escribió Gustavo Petro en su cuenta de X.
Este caso del exsenador se remonta a 2012 cuando el expresidente demandó por supuesta manipulación de testigos a Iván Cepeda, senador del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA) que hoy hace parte de la coalición oficialista Pacto Histórico, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en contra de Uribe por supuestos vínculos con el paramilitarismo.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia decidió no abrir investigación contra el congresista y, en cambio, le inició un proceso a Uribe por manipulación de testigos por el supuesto pago de coimas a varios presos para que hablaran a su favor.
Uribe renunció en agosto de 2020 a su escaño de senador para dejar de estar aforado y que su caso pasara a la Justicia ordinaria y entonces la Fiscalía, liderada en la época por Francisco Barbosa, amigo de la infancia del entonces presidente uribista Iván Duque (2018-2022), decidió que no había pruebas para perseguirlo judicialmente.
Por ello solicitó hasta en dos ocasiones la preclusión del caso, que fue negada tanto por los juzgados de primera instancia presentados como por el Tribunal Superior de Bogotá.
Las víctimas consideran que Uribe, a través de su entonces abogado, Diego Cadena, fue a sobornar a testigos en la cárcel en el caso de Cepeda, como el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, para que no declararan en contra del expresidente y sus posibles vínculos con el paramilitarismo.
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