El PSOE balear de Francina Armengol se defiende del 'caso Koldo' intentando implicar en los tribunales a su adversario político en el 'caso Koldo'.
Los socialistas de Baleares, bajo cuya etapa de gobierno se pagaron en 2020 3,7 millones de euros a la trama investigada por la Audiencia Nacional por mascarillas defectuosas que nunca se emplearon, denuncian al actual director general de Salud del gobierno regional del PP, Javier Ureña, que tomó posesión en el verano de 2023, por supuestos delitos de corrupción.
El PSIB, cuyo gobierno autonómico tardó casi tres años en impulsar internamente un expediente de reclamación del dinero a la empresa de las mascarillas, acusa al actual Ejecutivo de dejar caducar la reclamación de forma presuntamente delictiva.
Esta mañana, el portavoz del PSOE en las Islas, Iago Negueruela, que también era portavoz y además conseller del Govern que en 2020 pagó las mascarillas 'fake', ha informado a los medios acerca de que su formación emprenderá acciones judiciales contra Ureña por presunta prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
Le atribuyen la renuncia al primer expediente de reclamación de las mascarillas que se compraron en pandemia a la empresa Soluciones de Gestión, la compañía investigada por la Audiencia Nacional (AN) por el presunto pago de sobornos y por sus vínculos con Koldo García, entonces asesor del ministro del PSOE José Luis Ábalos.
Negueruela, que ha comparecido acompañado de la diputada socialista Mercedes Garrido, acusa a Ureña de construir, con el conocimiento de la presidenta actual del Govern, Marga Prohens (PP), y el resto del Ejecutivo autonómico, un expediente para ocultar la caducidad de la reclamación que, dice, había iniciado el anterior Govern.
El expediente refleja que fue el actual Govern del PP el que, tres años después de la compra, firmó la reclamación del dinero y lo comunicó formalmente a la empresa de las mascarillas, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, en un documento que Ureña rubricó cuando llevaba apenas un mes y dos semanas en su cargo público.
Esa reclamación del dinero acometida por el Govern del PP tenía poco recorrido administrativo debido a que el Govern de Armengol le había firmado a la compañía de las mascarillas un certificado de satisfacción del suministro en agosto de 2020. Eso pese a que ya obraba en su poder un informe del Centro Nacional de Medios de Protección que concluía que las mascarillas no eran aptas.
Hace unas semanas, el gobierno del PP anunció que cerraba esa primer expediente de reintegro y decretó la apertura uno nuevo para tratar de recuperar la totalidad del dinero (la propuesta del PSOE era reclamar 2,6 millones de euros y no los 3,7 millones pagados) declarando nulo el contrato. Ese expediente de reclamación sigue vivo.