No es la primera vez que los cinco ayuntamientos con prisiones en Galicia se unen para reclamar compensaciones por los gastos extra que ocasionan a sus arcas el albergar en su territorio estas instalaciones. Ya en 2014 hicieron llegar el Gobierno central una batería de reclamaciones. Diez años después volverán a poner sobre la mesa la factura extraordinaria que les acarrean, además de la mala imagen, advierten, que se genera sobre sus municipios.
Con el objetivo de minimizar el impacto económico de los penales en sus cuentas y, en consecuencia, en los servicios a sus vecinos, los alcaldes de los municipios con centros penitenciarios en Galicia —Curtis, A Lama, Monterroso, Outeiro de Rei y Pereiro de Aguiar—, reclamarán al Ejecutivo central un fondo en compensación por la prestación de los servicios básicos a los centros penitenciarios, de la misma forma —defienden— que se hace con otros municipios en relación a otras materias.
La lista de gastos que les ocasionan estas instalaciones, según aseguran los alcaldes afectados, es larga. Mantenimiento de las redes viarias de acceso a los centros penitenciarios, abastecimiento de agua, depuración, recogida y gestión de residuos, enseres, atención desde las áreas de servicios sociales... Son algunas de las inversiones extra y prestaciones que salen de las partidas presupuestarias de estos cinco concellos, todos —aseguran los regidores— "son de pequeña entidad y con pocos recursos tienen que asumir y soportar el coste de esos servicios básicos".
En una reunión mantenida esta misma semana, los regidores de municipios con cárceles en Galicia acodaron pedir una entrevista con el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, para trasladarle "una propuesta clara y firme en aras de que se inclusa a través del PIE (Participación en los Ingresos del Estado) un fondo de aportación a cada uno de los concellos como compensación por la prestación de servicios básicos a los centros penitenciarios".
Los regidores recuerdan además que estas infraestructuras están exentas de cualquier tipo de pago de impuestos. "Estamos carentes de financiación y cada día es más complejo seguir prestando servicios si no se tiene en cuenta la carga económica que tenemos que soportar"., denuncian, al tiempo que lamentan el "impacto negativo" que tiene sobre sus territorios al ser mencionados en los medios de comunicación y redes sociales por ser sedes de las cárceles donde "distintas personas tienen que cumplir penas de privación de liberad por diferentes tipos de delitos".
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