Ejemplo paradigmático de como, en ocasiones, la aplicación de las leyes tiene un componente subjetivo determinante. Con las mismas cartas encima de la mesa, de cuatro jueces de Vigo que han visto una causa —una disputa entre hermanos a cuenta de la gestión del patrimonio de su madre de 91 años—, dos se han posicionado de un lado y otros dos del opuesto. Y no es que fuese una discrepancia sobre los fundamentos jurídicos, se trata de interpretaciones distintas sobre los propios hechos probados.
La cuestión a dirimir era si uno de los tres hijos de esta mujer con discapacidad física, deterioro cognitivo e ingresada en una residencia debía mantener el amplio poder notarial que ella firmó en su favor en 2020. Los otros dos hermanos consideraban que no, por "inadecuada utilización y ejercicio abusivo" del mismo, de forma que presentaron una demanda. El Juzgado de Primera Instancia n.º 12 de Vigo les dio la razón, extinguió el poder y designó a la hija para que se encargase de gestionar el patrimonio de su madre mediante una curatela representativa.
Sin embargo, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial, con sede en Vigo, corrigió esa decisión en una sentencia de enero de este año y volvió a conceder la validez al poder notarial. Prioriza que la mujer ha dejado claro, también durante el proceso judicial, que quiere que sea este hijo el que se haga cargo de todo. Defiende, además, que el hombre ha obrado con corrección, no solo en el ámbito patrimonial, sino también en el de la atención personal.
Con todo, este fallo, contra el que aún cabía recurso de casación, cuenta con el voto particular con uno de los tres magistrados de la sala, que asume los argumentos del juez de primera instancia que había revocado la validez del poder notarial.
¿Cuáles son los hechos que han llevado a interpretaciones tan antagónicas? Por parte de la nonagenaria está clara la voluntad de que su "chichí de siempre", como lo definieron los hermanos de la mujer, se encargue de su patrimonio. Cuando le preguntaron si se llevaba bien con sus tres hijos y si la iban a ver a la residencia, respondió: "Una vez a la semana. Segundo, los viernes; Valentina, los miércoles, y no me traen nada. Severino me trae, me lleva por ahí a comer, pero los otros dos se afeitan para arriba". Los nombres son ficticios. La sentencia da esta contestación como muestra de los deseos de la mujer, mientras que el voto particular cuestiona que esos cambios en la dieta sean positivos, ya que padece diabetes.
Retirada en efectivo
Otra cuestión que suscita interpretaciones diversas es la retirada de hasta 41.000 euros en efectivo de las cuentas de la mujer por parte del hijo predilecto. Este, en el juicio, reconoció que sacó el dinero para él y para sus hijos, y también fue empleado en "atenciones y gastos" de su madre. La mujer, preguntada al respecto, dijo que fue ella la que le mandó retirar el efectivo y cuando le cuestionaron por la finalidad replicó: "Para cosas de él y mías, le daba todo lo que tenía, merece todo, es un cielo". En ese cuestionario insistió en que quería que fuese él el que se encargase de todo.
La sentencia de la Audiencia opina que la mujer se pronunció de manera libre y consciente y que su hijo en ningún caso actuó de manera desleal "ni ha puesto en riesgo el patrimonio". La pensión que cobraba no llegaba para pagar la residencia, por lo que debían recurrir a sus ahorros para completar los pagos. En este fallo se apunta a que, en realidad, toda la disputa obedece a discrepancias económicas entre los tres hermanos.
El juez de primera instancia y el que emitió el voto particular, en cambio, consideran que estas retiradas de dinero fueron "en beneficio propio" y no en el "interés supremo" de su madre, lo que justificaba la extinción del poder notarial por "incumplimiento del deber". El Código Civil, añaden, "prohíbe a quien desempeña alguna medida de apoyo, sea voluntaria o judicial, recibir liberalidades de la persona que lo precisa".
Informe de la forense
Hay una tercera cuestión, fundamental, sobre la que discrepan los togados: el informe de la médico forense. El documento establece que la mujer padece un deterioro cognitivo sumado a una pluripatología relacionada con problemas cardíacos. No puede caminar y la situación es "crónica, progresiva e irreversible", lo que implica que tenga "dificultades graves" para las actividades cotidianas. Para el conocimiento de su situación económica, la forense ve una "dificultad moderada". "Su estado de salud no le impide manifestar su voluntad, deseos y preferencias, aunque carece de un conocimiento suficiente de la realidad (...) y su proceso de toma de decisiones se encuentra condicionado por los déficits funcionales que presenta".
Sobre este análisis, la sentencia de la Audiencia da más relevancia a que pueda manifestar su voluntad y las dificultades sobre la economía sean moderadas y no graves; el voto particular hace hincapié en otra parte en la que se añade que la mujer "puede ser una persona manipulable por su edad y su deterioro cognitivo".
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