El Congreso de Perú promulgó este viernes una ley que modifica "el uso del lenguaje inclusivo en todas las instancias y niveles de gobierno" del país, al retirar la obligación de uso del desdoblamiento del lenguaje para referirse a hombres y mujeres, a pesar de que la norma había sido observada por el Poder Ejecutivo.
La medida, que fue publicada en el diario oficial El Peruano, reforma la Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para señalar que el rol del Estado es "incorporar y promover el uso de lenguaje inclusivo en todas las comunicaciones escritas y documentos que se elaboren en todas las instancias y niveles de gobierno", pero no se debe usar la distinción "cuando exista un término genérico que ya incluya a ambos" géneros.
Establece que, por ese motivo, todas "las entidades del Estado adecuarán sus planes, políticas, normas, directivas o guías" a la nueva disposición y que el Ministerio de Educación también deberá hacerlo "en el contenido de los textos escolares".
ORIGEN DE LA INICIATVA
El Congreso señaló en un comunicado que la ley oficializa una decisión que tomó el pleno el pasado 11 de abril, cuando se aprobó la insistencia en la ley que fue observada por el Ejecutivo.
El Gobierno objetó esta iniciativa tras remarcar que en el país existen normas que promueven la igualdad entre hombres y mujeres que son obligatorias para todos y que la eliminación del lenguaje diferenciado solo tendría efecto en el sector público.
La modificación fue aprobada en primera instancia el 15 de septiembre de 2023, a partir de una iniciativa de la congresista María Jáuregui, del partido ultraconservador Renovación Popular.
Jáuregui sostuvo que el desdoblamiento del lenguaje "no ayuda a la formación de los niños" y aseguró que "se consultó a la Academia Peruana de la Lengua", que supuestamente hizo "llegar su opinión al respecto respaldando esta iniciativa".
Ese planteamiento llevó a la elaboración de un dictamen que fue presentado por el legislador José Balcázar, del partido marxista Perú Libre, presidente de la Comisión de Educación del Congreso.
La ley fue oficializada este viernes con las firmas del presidente del Congreso, Alejandro Soto, del partido derechista Alianza Para el Progreso (APP), y del primer vicepresidente, Arturo Alegría, del partido fujimorista Fuerza Popular.