La intención del bloque radical es que se sume el texto del proyecto al de la Ley Bases, que en los próximos días comenzará a ser tratada en Diputados.
Lo más destacado de la reforma laboral propuesta por el radicalismo
Referentes de la UCR se reunieron la semana pasada con el jefe de Gabinete Nicolás Posse en Casa Rosada. En ese encuentro, diputados y senadores acercaron el borrador de la reforma laboral que en buena medida replica lo dispuesto por el capítulo laboral del DNU 70/23 que fue frenado por la Justicia.
"Argentina necesita primero un orden económico. Y va a crecer con empresas y con trabajo porque el formal está estancado y se avanza con el informal", señaló Nieri.
"Este proyecto de ley sobre todo busca dar previsibilidad a las pymes", explicó.
Para el diputado nacional "es correcto tener que avanzar en un orden fiscal, tener que bajar la inflación, y lograr un orden cambiario para que las empresas crezcan. Pero también faltan las reformas tributaria, previsional y laboral".
Lo propuesto por el radicalismo tiene mucha similitud con el DNU, pero también plantea cambios: "Agrega que las cargas patronales sean más bajas para las empresas de hasta cinco empleados".
En concreto, propone actualizar la deducción aplicable a la base imponible de las contribuciones patronales, vinculándola al Salario Mínimo, Vital y Móvil, y hasta cinco empleados. En otras palabras, el empleado que cobra un salario mínimo no paga las contribuciones. A medida que aumenta su sueldo, el empleados paga sobre el excedente.
Según explicó Nieri no es el que hubiesen querido desde la UCR pero para establecerlo se tuvo en cuenta los números que maneja el Gobierno nacional y su búsqueda del equilibrio fiscal. "Más adelante podemos ir hacia una ampliación del programa", dijo.
Otro punto saliente es el que busca reducir "enormemente" la litigiosidad. A grandes rasgos, el proyecto radical deroga los artículos y leyes que "complejizan el marco laboral actual y fomentan la litigiosidad", incluyendo aspectos de la ley N° 24.013, ley N° 25.013, ley N° 25.323, entre otras, y reduce de manera sustancial las multas laborales.
"Esta medida tiene como objetivo reducir la litigiosidad y disminuir la incertidumbre sobre los costos de contratación y despido que produce la determinación en juicio de la indemnización", explicaron desde el radicalismo. Allí hay una diferencia con el DNU de Javier Milei que, directamente, eliminaba las multas laborales.
Para ponerlo en números: si un empresario no registra a un trabajador, que tenía un ingreso de $ 500.000 mensuales, su empleador debería pagar cerca de $ 5.5 millones de indemnización. De sancionarse esta reforma, el empresario debería abonarle $ 1,5 millones.
¿Cómo es el cálculo actual? Se paga un mes de salario por año ($ 500.000), otro salario a modo de preaviso ($ 500.000). El resto, es decir, los $ 4,5 millones que recibiría el trabajador no registrado quedarían reemplazados por otro año trabajado (en este caso, $ 500.000).
La lectura que hacen en el radicalismo es que elevar las penas no significa desincentivar los delitos. Y que, al mismo tiempo, si no se controla la registración de los trabajadores (como ocurre en la actualidad) se produce una "naturalización del trabajo en negro".
Otra de las variantes respecto del DNU es la del período de prueba. En lugar de 8 meses, se plantea ir de los tres meses actuales a 6 meses. Esto fue establecido así "para que no sea un mecanismo de las empresas contratar por 8 meses y usarlo como herramienta de picardía".
Un ítem extra del proyecto es que incluye protección contra el despido por discriminación. En concreto, agravaba hasta un 100% la indemnización por despido motivado por un acto discriminatorio, ya sea de etnia, raza, nacionalidad, sexo, identidad de género, orientación sexual, religión, ideología, u opinión política.
El texto que impulsa la UCR también incluye mecanismos sustitutivos de indemnización. Por un lado, al igual que el DNU 70, habilita que, por convenio colectivo, se pueda establecer un fondo de cese laboral a cargo del empleador, que implica un aporte de hasta 8% de la remuneración. Es decir, un modelo similar al de la Uocra.
En tanto que la novedad es que el proyecto de la UCR incluye, además, la posibilidad de que las empresas sistema de capitalización o seguro para solventar la indemnización. Según estudios a los que consultaron los radicales durante la elaboración del proyecto, la primera sería del 3%, es decir, más baja que el fondo de cese laboral.
Con información de El Cronista.