EL SALVADOR VIOLENCIA
Una ONG denuncian la detención de madre de una activista social en El Salvador
El Salvador se encuentra desde marzo de 2022 bajo un régimen de excepción que suspende garantías constitucionales y en el que las autoridades realizan detenciones sin órdenes de captura, según han denunciado organizaciones y familiares de detenidos.
La organización humanitaria Cristosal denunció este miércoles que las autoridades de El Salvador habrían detenido arbitrariamente a la madre de la activista social Gladys Ardón.
La fuente indicó en un comunicado que se trata de María Ardón, cuya detención fue denunciada ante la organización por su hija.
"Gladys es ampliamente conocida por su trabajo humanitario en favor de poblaciones vulnerables y presidenta de la organización social Esperanza SV", añadió.
Indicó que también es embajadora de la campaña "Nuestra voz, nuestro futuro", organizada por el servicio de acción exterior de la Unión Europea en el marco de la Asamblea de las Naciones Unidas.
"Estos hechos se suman a otras capturas de las últimas semanas relacionadas con personas defensoras de derechos humanos o líderes y lideresas sociales", advirtió Cristosal.
La organización exigió la liberación de María Ardón y "el cese inmediato a la intimidación en contra de la familia Ardón", además pidió a la comunidad internacional a pronunciarse en contra de "las capturas arbitrarias en El Salvador y la vulneración de derechos a la ciudadanía".
El Salvador se encuentra desde marzo de 2022 bajo un régimen de excepción que suspende garantías constitucionales y en el que las autoridades realizan detenciones sin órdenes de captura, según han denunciado organizaciones y familiares de detenidos.
En este marco se ha registrado la detención de al menos un periodista, familiares de periodistas y de defensoras de derechos humanos, sin que las autoridades se hayan pronunciado tras su liberación.
La medida, aprobada por el Congreso para combatir las pandillas y ampliada en 25 ocasiones, ha dejado más de 79.200 detenciones y más de 6.000 denuncias de atropellos, incluidas detenciones arbitrarias y torturas, además de unas 240 muertes en custodia estatal.