Este miércoles se celebraba en el Ayuntamiento de Lorca la Comisión Informativa de Territorio –que no de investigación– del municipio, en la que la demolición de la escalinata de la antigua Colegiata de San Patricio era la gran protagonista. "La razón se ha impuesto a la manipulación", afirmaba la edil de Presidencia y portavoz del Consistorio, Rosa Medina, al término de la misma.
"No son capaces de reconocer que se han equivocado. No atienden a razones ni, aunque se las ofrezcan los técnicos de este Ayuntamiento. Durante muchos días hemos asistido a una muestra más del politiqueo barato, mentiroso e irrespetuoso con los ciudadanos, dentro de su estrategia habitual de repetir una mentira un millón de veces para intentar engañar a la gente", abundaba la concejala.
"Ha quedado demostrado que la escalera tenía el mismo interés y protección que el tabique de cualquier piso construido en la década de los 90, y era el resultado de una intervención que ha sido calificada en los informes de los expertos como 'bastante desafortunada'", reseñaba Medina, cuyas palabras eran complementadas por Fulgencio Gil, alcalde de Lorca, quien acusaba a los socialistas de haber intentado iniciar los trámites para la demolición de los escalones durante la anterior legislatura: "es curioso que los que hace unos meses hacían gestiones para estas mismas obras, ahora se rasguen las vestiduras", afirmaba.
Por su parte Diego José Mateos, portavoz del PSOE local, apuntaba a la unilateralidad de la decisión y a "intereses personales en lugar de consideraciones legítimas sobre la preservación del patrimonio cultural" como motivos para la demolición. En este sentido, según el anterior alcalde de Lorca, la falta de supervisión por parte de arqueólogos profesionales –obligatoria según las normas autonómicas– y la "falsa" justificación de que las obras 'mejoran el tráfico en la zona', son las irregularidades más relevantes. Por todo ello, Mateos reclamaba la intervención de las autoridades competentes para la reconstrucción del elemento arquitectónico, algo a lo que el equipo de Gobierno se habría "negado en rotundo".
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