Fue una brutal demostración de impunidad, una consagración de la ilegalidad de la que gozaba la entonces la última dictadura militar. El 17 de septiembre de 1979, mientras el país era visitado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), encargada de indagar sobre violaciones a los derechos humanos del régimen instaurado en marzo de 1976, dos jefes de la guerrilla peronista "Montoneros", Horacio Mendizábal y Armando Croatto, fueron muertos en un enfrentamiento, eso afirmó la historia oficial, en un supermercado "Canguro" de Munro. Croatto murió donde fue baleado, Mendizábal agonizó dos días en el Hospital Militar de Campo de Mayo y murió el 19.
El operativo militar contra los jefes guerrilleros contó con la "autorización" del entonces jefe del Ejército, general Roberto Viola, que días después, el 25 de septiembre, le confió todo al embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, Raúl Castro. Cuando el embajador quiso saber cuáles eran las impresiones de Viola sobre la visita de la CIDH y le manifestó su preocupación y la de su país sobre los desaparecidos, los detenidos sin proceso y sobre una serie de recientes asesinatos, Viola reveló que las muertes de Mendizábal y Croatto habían contado con su visto bueno. El 1 de octubre, Castro envió un informe al Departamento de Estado con los tramos más sustanciales de su charla con Viola, es el documento "Buenos 08074″, desclasificado en su momento. Reveló Castro en ese documento:
"El embajador abordó a Viola por el notable número de desapariciones de las últimas seis semanas. Viola respondió directamente sólo a tres casos. Mendizábal y Croatto ("Croatta" en el original) eran terroristas, dijo, que fueron eliminados 'con mi autorización' agregó Viola, en el curso de sus intentos de realizar diez asesinatos en Argentina. Otros (terroristas) podrían esperar el mismo tratamiento".
Viola también reveló que Mendizábal y Croatto estaban en la Argentina desde hacía dos meses. Admitió también que las fuerzas armadas habían secuestrado a María de González, la esposa de otro guerrillero montonero, Regino Adolfo González, secuestrado cuatro días antes de la muerte de Mendizábal y Croatto, para evitar que ella los alertara sobre el secuestro de su marido. "Viola dijo no conocer el paradero de la mujer", cita textual el documento del embajador Castro.
Las tres páginas con la reveladora conversación de Viola con el embajador estadounidense, también muestra la endeblez de la llamada "contraofensiva montonera" lanzada aquel año por la cúpula guerrillera desde el exterior. Muchos de los montoneros que retornaron al país fueron capturados ni bien cruzaron la frontera con Brasil; y quienes pudieron llegar a la capital estaban ubicados y vigilados. Aun así, llevaron adelante varios atentados. El 27 de septiembre, días después de las muertes en Munro de Mendizábal y Croatto, un atentado con explosivos demolió la casa de Guillermo Walter Klein, entonces secretario de Coordinación y Programación Económica del ministerio de Economía de José Alfredo Martínez de Hoz; el funcionario y su familia terminaron con heridas, pero vivos: murieron dos policías. Y en noviembre de ese año, en plena Avenida 9 de Julio, Montoneros asesinó al empresario Francisco Soldati.
Mendizábal había regresado a la Argentina como parte de esa contraofensiva guerrillera y a cargo de las llamadas "Tropas Especiales de Agitación (TEA)", una estructura paralela pero no conectada con las Tropas Especiales de Infantería (TEI). En los papeles al menos, TEA tendría a su cargo tareas de agitación y propaganda y Mendizábal dirigiría una especie de radio clandestina, Radio Liberación, encargada de interferir comunicaciones y cortar por zonas las emisiones televisivas para emitir proclamas y arengas, un método que habían practicado con cierto éxito durante el Mundial de Fútbol del año anterior, celebrado en Buenos Aires. Mendizábal formaba parte de la cúpula montonera en el exilio que encabezaba Mario Firmenich y que integraban Roberto Perdía, que murió el pasado 20 de marzo, Raúl Yager, Fernando Vaca Narvaja y Horacio Campiglia, secuestrado en 1980 en Brasil y asesinado en Argentina.
Croatto, mayor que Mendizábal, había sido dirigente de los municipales de Avellaneda, presidente de la Juventud Católica de esa ciudad, opositor a la Revolución Libertadora que había derrocado a Juan Perón en 1955, miembro de la CGT de los Argentinos que lideraba el dirigente gráfico Raimundo Ongaro y parte de la JTP, Juventud Trabajadora Peronista, el brazo sindical de Montoneros. Electo diputado en 1973, había renunciado a su banca junto a otros siete diputados luego de una tensa discusión con Perón, televisada a todo el país, sobre la modificación del Código Penal que proponía el gobierno, luego del sangriento intento del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) de tomar la guarnición militar de Azul, en enero de 1974.
La CIDH llegó a la Argentina el 6 de septiembre de 1979 y terminaría su gestión el 20 de ese mes. Venía a reunir información sobre violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura, se iba a encargar de recibir denuncias públicas en todo el país, e iba a entrevistar también a las principales figuras militares y políticas del gobierno. La presidía Andrés Aguilar, titular de la Corte Suprema de Venezuela, y la integraban juristas de diferentes países, entre ellos el estadounidense Tom Farer, académico y presidente de la Universidad de Nuevo México que prestaría testimonio sobre la visita de la CIDH durante el juicio a las juntas militares de 1985. También formaba parte de la Comisión como secretario ejecutivo el chileno Edmundo Vargas Carreño, académico, diplomático, dirigente de la democracia cristiana, que tiene hoy 86 años.
La grieta no es nueva en Argentina. La CIDH y su batallar a lo largo de dos años por visitar la Argentina y para investigar las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos que llegaban de buena parte de Europa y de América, había partido a la sociedad en dos, división que los estrategas de la dictadura supieron usar en propio beneficio. La CIDH fue retratada como una comisión de malignos escrutadores, invasores de la vida social y política argentina, fisgones impertinentes, cuasi mercenarios de una campaña diseñada en el exterior que tenía como única finalidad la de dañar al país y a su gobierno. El otro lado de la grieta, por el contrario, tenía por primera vez la posibilidad de denunciar ante un organismo neutral enviado por la Organización de Estados Americanos (OEA) la desaparición de sus familiares de los que ignoraban su destino, y de dar así cierto viso de legalidad a una gigantesca represión, intuida tal vez pero hasta entonces no confirmada, que se extendía por todo el país y excedía a las agrupaciones armadas para afectar a delegados gremiales, diplomáticos, sacerdotes, empresarios, estudiantes, obreros, periodistas, médicos, maestros y amas de casa a quienes no alcanzaba, salvo honrosas excepciones, la protección del Poder Judicial del país.
La CIDH empezó a actuar, a recibir las primeras denuncias, el 7 de septiembre. Esa misma mañana, en Japón, el seleccionado juvenil de fútbol de la Argentina, con Diego Maradona a la cabeza, ganaba el Mundial de su categoría. En Buenos Aires estalló una celebración que fue aprovechada, entre otros, por el exitoso relator deportivo José María Muñoz que impulsó a la gente a ir a agradecer el éxito deportivo al presidente Videla a la Plaza de Mayo y demostrar así de paso, "(…) a los señores de la Comisión, que la Argentina no tiene nada que ocultar". Todo tuvo el gris color del patetismo. La festiva manifestación pasó por delante de la larga cola de dolientes que, en la Avenida de Mayo, esperaba turno para denunciar su drama familiar, el de los desaparecidos, ante la CIDH. La ciudad estaba empapelada también con afiches que proclamaban: "Los argentinos somos derechos y humanos", un eslogan lanzado por una revista femenina editada por una editorial afín al "Proceso", que incluso había obsequiado en sus ediciones calcomanías para que fuesen pegadas en las lunetas de los autos.
Al mismo tiempo que recibía miles de denuncias, la CIDH inició una ronda de diálogo con las autoridades de la dictadura y con el más amplio espectro de la sociedad. Entre el 7 y el 20 de septiembre, la Comisión dialogó con el presidente Videla, con la Junta Militar integrada por el general Viola, el brigadier general Omar Graffigna y el almirante Armando Lambruschini y con los ministros Albano Harguindeguy (Interior) Carlos Washington Pastor (Relaciones Exteriores) Alberto Rodríguez Varela (Justicia) y Juan Rafael Llerena Amadeo (Educación). También entrevistaron a los jueces de la Corte y de la Cámara Federal, visitaron Córdoba y Rosario, donde dialogaron con los jefes del Cuerpo de Ejército III y II, generales Mario Benjamín Menéndez y Adolfo Jáuregui; se reunieron en esos ajetreados días con los ex presidentes Arturo Frondizi, Roberto Levingston, Alejandro Lanusse, Héctor Cámpora y María Estela Martínez de Perón: Cámpora estaba asilado en la embajada de México y la viuda de Perón bajo arresto domiciliario en su quinta de San Vicente; el ex presidente Arturo Illia no estaba en el país y el ex dictador Juan Carlos Onganía se negó a recibir a la Comisión. También se reunieron con el Episcopado, con organismos de derechos humanos, partidos políticos, sindicatos, entidades comerciales, industriales, empresarias y estudiantiles, y visitaron los principales centros de detención legales. No tuvieron acceso a los centros clandestinos de detención que a la fecha todavía, aunque mermados, seguían activos.
El 17 de septiembre, el día en que fue muerto Croatto y herido de muerte Mendizábal, la Comisión entrevistó al entonces jefe de la Policía Federal, general Juan Bautista Sasiaiñ, mientras otro grupo de juristas visitó en la embajada de México al ex presidente Cámpora. El 19, el día de la muerte de Mendizábal en Campo de Mayo, la Comisión dialogó con el general Harguindeguy, mientras, en el Comando en Jefe del Ejército, Viola recibía a los flamantes campeones mundiales juveniles de fútbol que cumplían con el servicio militar obligatorio. Viola entregó una plaqueta recordatoria a Diego Maradona, Juan Simón, Gabriel Calderón, Osvaldo Escudero, Sergio García y Juan Barbas. Al día siguiente, 20 de septiembre, la CIDH dio por terminada su misión en Argentina y entregó al gobierno un "informe preliminar con recomendaciones" sobre lo actuado en su visita. Quedaba pendiente su informe final, presentado en 1980.
Recién el 21 de septiembre, con la labor de la CIDH finalizada, el Comando en Jefe del Ejército confirmó la muerte de Mendizábal y Croatto "en un enfrentamiento con las fuerzas legales". La información agregaba que había sido detenida en ese operativo María de González, (Viola dirá al embajador Castro que la mujer había sido detenida antes) y que "sus hijos fueron trasladados a un establecimiento especializado". Ese mismo día, el ministro del Interior, general Harguindeguy declaraba: "No nos hemos confesado ante la Comisión".
Este era el escenario sobre el que el embajador estadounidense Raúl Castro tendió sus radares diplomáticos para informar luego a Cyrus Vance, secretario de Estado del presidente James Carter. Durante la charla entre ambos, el embajador Castro quiso saber cuál era la impresión de Viola sobre la visita de la CIDH y sobre su charla, la de Viola, con el titular de la CIDH, el venezolano Andrés Aguilar. Dice el documento que Castro dirigió al Departamento de Estado:
"(…) 2. Durante la conversación del embajador, el 25 de septiembre, con el general Viola surgieron los siguientes temas adicionales relacionados con los derechos humanos. 3. Visita de la comisión. Viola destacó que creía que la visita fue un evento positivo, aunque muchos oficiales militares no están de acuerdo con él. Tuvo palabras amables para el presidente de la comisión, y describió en detalle su encuentro con Aguilar. Aguilar le entregó una lista de recomendaciones sin firmar, dirigida a toda la junta, en la que le expuso como principales preocupaciones el problema de los presos sin cargos, la extensión de la lista del PEN (Poder Ejecutivo Nacional, refiere a los detenidos a disposición de la Junta Militar) y los desaparecidos. Aguilar admitió que el gobierno argentino ya había actuado para resolver las dos primeras preocupaciones".
Pero el secretario de la CIDH quería saber más sobre los desaparecidos. Cuenta Castro que Viola le dijo sobre su entrevista con Aguilar: "Cuando Aguilar pidió cuentas por los desaparecidos, Viola levantó las manos y dijo que era virtualmente imposible que el gobierno respondiera. Si fuera cuestión de tratar con varios cientos, sería una cosa; pero el gobierno es incapaz de ofrecer información 'sobre unas cuatro mil personas', dijo Viola. Viola dijo que Aguilar fue justo y no mostró hostilidad hacia GOA (gobierno argentino). Viola no creía que el informe de la comisión fuese favorable para el GOA, pero reconoce que las condiciones están mejorando aquí".
El embajador Castro pareció dar por terminado el capítulo destinado a la CIDH y pasó a mostrarse preocupado por los derechos humanos ya en nombre de su gobierno. Dos años antes, el 9 de septiembre de 1977, Videla se había entrevistado en Washington con el presidente Carter, que era muy crítico del gobierno argentino por sus violaciones a los derechos humanos. Carter mencionó una lista de tres mil detenidos sin aviso y sin cargos, habló en favor del periodista Jacobo Timerman, secuestrado, torturado y en prisión, y de una familia de Córdoba, los Deutsch, secuestrada sólo porque su hijo, a quien buscaba la dictadura, vivía en Estados Unidos. Videla vaticinó a Carter que el drama de los detenidos podría tener solución "antes de la Navidad" de ese 1977.
De manera que Castro encaró a Viola ya no sólo porque la Navidad de 1977 había pasado ya y se acercaba en cambio la de 1979, sino porque la violencia no había disminuido. Fue entonces cuando, en tren de mutua confianza, Viola confesó a Castro que Mendizábal y Croatto habían sido "eliminados con mi autorización". Dice el documento: "(…) 4. Desapariciones. El embajador abordó a Viola por el notable número de desapariciones en las últimas seis semanas. Viola respondió directamente sólo a tres casos. Mendizábal y Croatta (así figura en el original, se refiere a Armando Croatto) eran terroristas, dijo, que fueron eliminados 'con mi autorización', agregó Viola, en el curso de sus intentos de realizar diez asesinatos en Argentina. Otros (terroristas) de este tipo podrían esperar el mismo tratamiento. La señora González fue detenida para evitar que avisara a los dos terroristas Mendizábal y Croatta (sic), que llevaban dos meses en el país. Viola negó tener conocimiento del paradero del esposo de la señora González. Viola no se comprometió respecto de los demás desaparecidos, profesando no tener información. Especuló con que algunos de ellos volverían a la superficie y otros podrían no volver a verla".
El embajador Raúl Castro, un americano de origen mexicano, había sido abogado y juez antes de ser embajador en El Salvador en 1964 y en Bolivia en 1968. Electo gobernador de Arizona en 1974, había renunciado dos años después para ser embajador en Argentina. Murió en abril de 2015 a los noventa y ocho años. Si había algo que podía sorprender a aquel experto en caos latinoamericano, estaba por llegar en su entrevista con el general Viola. El documento revela un inusitado pronóstico y un insólito gesto del entonces jefe del Ejército. Dice el documento: "(…) 5. Viola fue inusualmente enfático al afirmar que el período de desapariciones está llegando a su fin, aunque los terroristas activos todavía pueden esperar un tratamiento sumario. Aseguró que ya no serían detenidos aquellos cuyos delitos fueron simplemente de asociación, incluso directa, con organizaciones subversivas. Hizo un compromiso pleno con el embajador para investigar de inmediato y sobre cualquier persona 'inocente' de la que el embajador sospechara había sido secuestrado por las fuerzas gubernamentales. 'Cada vez que escuches de una desaparición, venga a verme'", ("Any time you hear of a disappearance, come to me", en el original).
Es difícil saber si Castro creyó a Viola y, si lo hizo, si pudo mantener esa confianza por mucho tiempo. Dos días después de su entrevista, el 27 de septiembre, fue secuestrada Susana Solimano, ex esposa de Mendizábal y también miembro de las TEA de Montoneros. Su cuerpo apareció días después, flotando en un riachuelo de Escobar. El día anterior al secuestro de Solimano, ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el canciller argentino, brigadier Carlos Washington Pastor había declarado: "Los derechos humanos son usados con fines políticos".
El embajador Castro se interesó luego por Héctor Cámpora, asilado en la embajada de México y que padecía un cáncer de laringe. El interés del diplomático estaba signado porque Timerman acababa de ser liberado y expulsado del país, previo quite de su ciudadanía argentina. "(…) Viola dijo que el caso Cámpora –dice el documento del Departamento de Estado– era muy grave. Que podía estar enfermo, pero que todavía no había plena evidencia. Un mayor número de militares 'tendrán que amordazarse si Cámpora es liberado, más después de lo que hicieron en el caso Timerman'".
Después de tres años de asilo en la embajada mexicana, la dictadura permitió la salida del ex presidente en noviembre de 1979, dos meses después del encuentro entre Castro y Viola en el Comando del Ejército. Cámpora murió en Cuernavaca, México, un año después de ser liberado, el 19 de diciembre de 1980.
El documento del embajador Castro sobre su entrevista con el general Viola termina con un breve retrato personal del jefe militar: "Viola estaba ansioso y pesimista. Castro".