El Gobierno acelera su desembarco en el accionariado de Telefónica. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el holding público dependiente del Ministerio de Hacienda, continúa con la compra de acciones de la teleco y ha confirma a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ya controla un 5,034% de la compañía, como parte de la estrategia del Ejecutivo de blindar la españolidad y la autonomía del grupo de telecomunicaciones.
El Consejo de Ministros aprobó en diciembre un movimiento de calado y autorizó a SEPI comprar una participación del 10% de la compañía, para blindar una compañía que considera estratégica por su vinculación con la seguridad nacional y la defensa y confirmando así el regreso del Estado al accionariado de la teleco un cuarto de siglo después de su privatización total. La entrada de Arabia Saudí en Telefónica y su intención de convertirse en el mayor accionista del grupo, anunciada el pasado septiembre, se ha convertido en detonante de otros movimientos en el capital del grupo.
SEPI confirma el objetivo de continuar con las compras hasta alcanzar hasta un 10% del capital de la teleco y su interés de hacerlo con el menor impacto posible en la cotización de la compañía en bolsa. La participación alcanzada por el holding estatal tiene un precio de unos 1.128 millones de euros, según la cotización actual de Telefónica, que continúa por debajo de los 4 euros por acción. El Ministerio de Hacienda ha aprobado una inyección presupuestaria de al menos 500 millones de euros a SEPI para ejecutar las compras.
Hace apenas tres semanas el grupo público ya anunció su entrada en el accionariado de la operadora con un paquete del 3% y ahora confirma el aumento de la participación hasta el 5%. "Con vocación de permanencia, la participación de SEPI aporta una mayor estabilidad accionarial a la compañía para la consecución de sus objetivos y contribuye a la protección de las capacidades estratégicas de una compañía clave en el sector de las telecomunicaciones y determinante en la mayor parte de las capacidades industriales y áreas de conocimiento que afectan a los intereses esenciales de la defensa y la seguridad nacional.
La confirmación de que el Estado español sigue escalando en el capital de Telefónica para contrarrestar los planes de Arabia Saudí llega apenas tres días después de que el presidente de la corporación, José María Álvarez-Pallete, aprovechara la junta de accionistas del pasado viernes para lanzar un mensaje de tranquilidad y dar la bienvenida a los nuevos socios. "Entendemos el interés que Telefónica suscita en la comunidad inversora, entendemos a todas las partes que quieren estar en Telefónica porque Telefónica es parte del futuro, un futuro por el que ha apostado. Damos la bienvenida a los que han decidido participar en este futuro", zanjó Álvarez-Pallete. "Creemos sinceramente que los nuevos accionistas contribuyen a la estabilidad accionarial y reflejan la confianza en la estrategia a largo plazo" de la compañía.
Pugna por el control
Arabia Saudí desveló a principios de septiembre su irrupción en el capital de la teleco. Saudí Telecom (STC), controlada por uno de los fondos soberanos del Estado árabe, anunció un plan para alcanzar una participación del 9,9% en la compañía. Un plan por fases, con la compra directa del 4,9% y la toma mediante derivados financieros de otro 5% adicional que todavía están por ejecutar, para lo que debe contar con la autorización del Gobierno español por la vinculación de de Telefónica con la defensa y la seguridad nacional.
En respuesta al movimiento saudí, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha movilizado para blindar la españolidad y la autonomía de Telefónica por su carácter estratégico, y ya se ha convertido en un nuevo accionista relevante con un 5% (la mitad de la participación a la que aspira), en lo que supone el regreso al accionariado del Estado un cuarto de siglo después de su privatización total. El Ejecutivo ya había advertido que su objetivo era alcanzar completar su plan de alcanzar el 10% "lo más rápido posible".
Y en plena pugna entre Estados por convertirse en el mayor accionista de Telefónica, ahora de facto es La Caixa la que ha pasado a ostentar ese papel tras una reorganización de su participación en la teleco. CriteriaCaixa, el brazo inversor de la Fundación La Caixa, ha elevado su posición en la compañía hasta el 5% y cuenta también con otro paquete del 2,5% en manos de CaixaBank. Los movimientos anticipan la formación de un nuevo núcleo estable de socios españoles para blindar el control del grupo frente a los intereses de Riad, integrado por el Estado, por CriteriaCaixa y también por BBVA (con un 4,87% del capital).
El nuevo consejero delegado de CriteriaCaixa, Ángel Simón, ha deslizado este mismo lunes el interés del grupo posr seguir reforzándose en el capital de la operadora. "El grupo Caixa lleva más de 40 años en Telefónica. Tenemos el mejor equipo gestor, hay una estrategia clara y nos da dividendos. Somos un accionista clave, estable. Vamos a continuar con nuestra apuesta permanente y reforzando", ha apuntado. "Estamos estudiando hasta dónde vamos a llegar" en el accionariado de Telefónica, ha apuntado en el foro Wake Up Spain.
Los planes de CriteriaCaixa pasan por asentar sus participaciones o por tomar nuevas posiciones accionariales en sectores económicos que considera estratégicos para el país. "Vamos a reforzar nuestra presencia en empresas estratégicas españolas", ha sentenciado Simón, que ha apuntando como sectores de interés la banca, las telecomunicaciones, las nuevas tecnologías la energía o el agua. "Los sectores estratégicos van a ser básicos" en la estrategia del brazo inversor de la Fundación La Caixa, anticipando que el grupo "se moverá a otros sectores con nuevas participaciones", ha indicado.
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