El Senado tendrá que hilar muy fino en la argumentación del conflicto de atribuciones que tiene previsto plantear ante el Tribunal Constitucional (TC) –la decisión, no obstante, no está aun tomada a la espera de lo que acuerde la Mesa de la Cámara Alta del martes y de la votación del Pleno 24 horas después– por lo que considera una invasión de competencias por parte del Congreso en la tramitación de la ley de amnistía. El PP, que hace valer su mayoría en el Senado, considera que esa tramitación es, en realidad, una reforma encubierta de la Constitución, por lo que la Cámara Baja le estaría hurtando sus atribuciones en una modificación de la Carta Magna. Sin embargo, fuentes del TC se muestran reticentes respecto a la anunciada iniciativa –que el PP sustenta en un informe de los letrados del Senado– y hacen hincapié en que no basta con argumentar una hipotética reforma constitucional, sino que la Cámara Alta deberá precisar las competencias que habría invadido el Congreso con la tramitación de la polémica medida de gracia al independentismo.
Por un lado, las fuentes consultadas cierran la puerta a una posible suspensión cautelar que, insisten, solo es posible –amparada por lo que determina el artículo 161.2 de la Constitución– cuando es el Gobierno el que impugna una disposición de una comunidad autónoma por considerar que se atribuye competencias estatales. «Un conflicto de atribuciones va al Pleno y en todos los asuntos competencia del Pleno la única cautelar prevista es la del 161.2», recalcan respecto a la posibilidad de que el Senado reclame por analogía, con el objetivo de evitar un perjuicio irreparable, la adopción de esa paralización cautelar de la tramitación legislativa.
Y, por otro lado, advierten de que la corte de garantías –de mayoría progresista– podría no entrar a valorar siquiera la adopción de esa suspensión de la tramitación de la ley de amnistía si finalmente no admite a trámite el conflicto de atribuciones planteado, en su caso, por el Senado. «Puede inadmitirse de plano si se considera que no plantea un verdadero conflicto competencial», subrayan.
Los plazos también juegan en contra de esa iniciativa del Senado para frenar la ley de amnistía en el Tribunal Constitucional. En primer lugar, porque el Senado todavía no ha planteado el requerimiento al Congreso –lo hará, como pronto, la próxima semana–, y desde ese momento la Cámara Baja tiene un mes de plazo para contestar al mismo, transcurrido el cual el Senado podrá dirigirse ya al TC.
Los plazos juegan en contra
Una vez planeado ese conflicto de atribuciones, si la corte de garantías rechaza la suspensión cautelar pero sí lo admite a trámite, se abre un periodo de alegaciones no inferior a dos meses, durante el cual está previsto que entre en vigor la ley de amnistía. Eso daría pie, según las fuentes consultadas, a que el TC presidido por Cándido Conde-Pumpido argumentase que el recurso ha perdido su objeto con la ley ya aplicándose.
Y es que si el Senado no puede retener el texto más allá del 16 de mayo –cuando se cumplen los dos meses tras los cuales, como máximo, debe devolverlo al Congreso para su aprobación definitiva–, la norma se aprobaría previsiblemente en la segunda quincena de mayo, todavía sin que el TC se haya pronunciado sobre ese choque competencial Congreso-Senado. No obstante, esa decisión –que eludiría el pronunciamiento del tribunal– difícilmente sería unánime, y de salir adelante sería con votos en contra de la minoría conservadora.
De ahí que en el TC apunten que el paso al frente del Senado, si finalmente se lleva a cabo, «no va a paralizar la tramitación de la ley» –cuestión distinta es que el Senado lance un órdago y no prosiga con la tramitación a la espera de que el Constitucional se pronuncie–. Y precisan que, «si se admite el conflicto de atribuciones, la tramitación llevará varios meses y la decisión tardará en conocerse más de un año».
Además, con la ley publicada en el BOE el PP tendrá vía libre para plantear (en un plazo de tres meses) un recurso de inconstitucionalidad contra la normativa, una iniciativa que –señalan– «se solapará» con el conflicto de atribuciones del Senado. Todo apunta a que la formación de Alberto Núñez Feijóo acompañará ese recurso de una solicitud de suspensión cautelar. Pero los precedentes no juegan a favor de esa paralización. Cuando el PP solicitó la suspensión cautelar de la ley del aborto, el Pleno se negó (por un estrecho margen de 7 a 5) argumentando que el tribunal no puede suspender la función legislativa que la Constitución reconoce al Parlamento.
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