El ministro de Defensa, Luis Petri, decidió a fines de marzo desmantelar al Equipo de Relevamiento y Análisis documental (EryA) que desde hace catorce años trabajaba sobre los archivos de las Fuerzas Armadas, tenía facultades para requerir legajos y documentación, y respondía a requerimientos de la Justicia en causas por delitos de lesa humanidad, como tarea principal.
El ministro desvinculó a 10 de los 13 miembros del equipo y afirmó que eran "un grupo parajudicial" con facultades que solo cuenta la Justicia: "Podían tener llaves de todas las oficinas, requisar y meterse en los archivos, precintar lo que quisieran sin tener una orden judicial", enumeró. Dicho desmantelamiento del EryA fue revelado días atrás por Página 12 y generó también repercusiones judiciales entre fiscales y querellantes en causas por delitos de lesa humanidad que apelaban a archivos documentales castrenses a través del Equipo.
INTERVENCIÓN DE LA JUSTICIA
Así tras la decisión de Luis Petri, la provincia de Buenos Aires, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, presentó un amparo contra el desarme de los equipos de relevamiento y análisis (ERyA) que funcionaban dentro de las tres Fuerzas Armadas y pidió una medida cautelar que ordene la inmediata reincorporación de los expertos despedidos.
El 27 de marzo pasado, el director nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, Lucas Miles Erbes, les comunicó a diez de los trece especialistas en archivos que estaban despedidos y que estaba tomada la decisión de derogar las resoluciones ministeriales que habían regido el funcionamiento de los ERyA desde su creación en 2010.
Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense, afirmaron que la decisión de desarmar el área les da "una certeza indubitable de que el Ministerio de Defensa ha conculcado el derecho a la verdad de las víctimas sobrevivientes, los familiares y la sociedad en su conjunto de los crímenes de Lesa Humanidad cometidos durante la última dictadura, junto con la violación del 30 deber de investigar y condenar a sus responsables".
En esa línea, desde la oficina que dirige Matías Moreno hicieron una presentación ante los juzgados federales de La Plata durante la tarde del jueves. La presentación todavía no ha sido asignada a un magistrado, dijeron desde el gobierno provincial. "Hicimos la presentación en esta jurisdicción porque estamos constituidos como querellantes en todas las causas de la provincia de Buenos Aires y porque los efectos de esta decisión del Ministerio de Defensa se van a sentir en todos los expedientes. Nos parece muy importante, por eso, que se produzca una medida cautelar", le dijo a Página/12 Verónica Bogliano, directora de querellas de la subsecretaría.
"El trabajo que hacen los ERyA es muy específico. Es casi detectivesco. Cuanto más van conociendo, más profundo es el análisis. Si se cambia todo el personal que venía trabajando hace años, implicaría volver a foja cero. Eso generaría demoras y que finalmente termine ganando la impunidad biológica", agregó la abogada.
EQUIPO DE RELEVAMIENTO
El Equipo de relevamiento fue creado en marzo de 2010 por la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré por la resolución ministerial 240. Disponía la conformación de un "Grupo de Trabajo" por un lapso de 6 meses bajo la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio (otra innovación de Garré, que ya en la dictadura recibía denuncias en la APDH).
Se conformaron después de que Cristina Fernández de Kirchner desclasificó la información del período 1976-1983. Han estado conformados por civiles que analizaban la información burocrática de las Fuerzas Armadas para entender las lógicas de la represión o para reconstruir las carreras de quienes operaron en los centros clandestinos de detención. Durante los años de su existencia, aportaron más de 170 informes en las causas de lesa humanidad. Recientemente uno de sus análisis sirvió para probar que el marino Adolfo Donda visitaba la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) cuando nació su sobrina Victoria Donda, por lo que terminó condenado por su apropiación.
Con el fin de "preservar" los archivos y documentos existentes que pudieran servir en investigaciones judiciales "o de interés para la sociedad", facultaba al Grupo a "precintar o limitar el acceso temporal" en dependencias de las FFAA que considerara pertinente para la preservación del contenido. También instruía a los jefes de las fuerzas a permitir el "acceso irrestricto" del Grupo a todas las dependencias bajo su órbita. Y la obligación que dieran copia de las llaves de oficinas y armarios, si así se les solicitaba.
La creación de ese Grupo se correspondió con la reactivación de múltiples causas judiciales por la represión ilegal, tras las nulidades de las leyes del perdón en tiempos del primer gobierno kirchnerista. Y con una intervención sin precedentes de una ministra en los asuntos militares antes vedados.
La tarea del equipo fue apoyada por los organismos de derechos humanos y organismos como el CELS, que ahora cuestionan la decisión de Defensa de desmantelarlo. Hay conexiones e incluso integrantes del equipo ingresadas en el último tiempo habían trabajado antes en los archivos del CELS.
El ministro anticipó que está bajo investigación el presunto empleo de información por parte de personal del equipo, con fines de "persecución". Y negó que el área vaya a ser cerrada: "Vamos a rediseñar toda el área y a modificar la resolución" que creó el grupo, completó Petri.
LOS PROFESIONALES DESPEDIDOS
El diario Clarín habló con Hernán López, licenciado y máster en Historia (UBA), uno de los investigadores echados. Ingresó al Equipo en 2015, en 2017 fue despedido (en la gestión macrista se redujo el Equipo, echaron a los que facturaban) y se reintegró en 2022, hasta hace un par de semanas.
"Estábamos organizados por fuerza, en Ejército donde estaba el mayor caudal de trabajo éramos 7. No dábamos abasto para responder a la Justicia. No íbamos al Ministerio, nuestro lugar diario era México y Defensa, donde está el Servicio Histórico del Ejército. Fundamentalmente respondíamos a pedidos de juicios de lesa humanidad: muchos pedidos sobre reglamentos, reconstruir organigramas. Sabiendo qué función cumplía un militar podían establecerse responsabilidades, o deslindarse también. Yo estaba trabajando en un pedido de la Justicia federal de Paraná, y teníamos unos treinta pedidos dando vueltas".
"Los despidos fueron dirigidos a nosotros, porque hubo diez en todo el Ministerio, hasta que llegaron a nosotros. El que nos echa es el Secretario de Asuntos Estratégicos, (Claudio) Pasqualini (ex jefe del Ejército en la última parte de la gestión macrista). Nunca tuvimos una reunión cuando se hacen cargo, en marzo nos pidieron todo el material de trabajo, y también desde el Archivo nos hicieron saber que no nos iban a entregar más material por orden de la superioridad.
"Pero responder a la Justicia nos insumía el día a día. Nosotros no iniciábamos investigaciones, respondíamos a la Justicia y a los pedidos. El Servicio Histórico todos los días en San Telmo, o íbamos al Regimiento de Patricios en Palermo a veces, donde están los legajos de los retirados. Siempre con un nivel de formalidad, todo firmado lo que se entregaba y devolvía, con fecha.
"Hacíamos un trabajo complejo, de cruzamiento de información y datos, de boletines públicos, reservados, Juntas de Calificaciones. Llegar así por ejemplo, a probar que un tipo que decía que no, había estado efectivamente en la ESMA. Podía haber un caso espectacular, pero te diría que hoy es más un trabajo tedioso y riguroso, algo que no puede hacer cualquiera. Hernán López afirma finalmente: "Estoy seguro de lo valioso de nuestro trabajo. Nos echaron no por no hacer, sino por lo que hicimos".