El nuevo plan urbano de Palma va camino de encallar en los juzgados tras la interposición de hasta 40 contenciosos por toda clase de colectivos, empresas y particulares afectados, y la rescisión unilateral del contrato con la empresa encargada de su redacción, que sólo hizo entrega la pasada legislatura de la mitad del mismo, en concreto, de la parte estructurante del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que fue aprobada por el anterior gobierno hace un año.
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la capital balear ha hecho efectiva este miércoles la rescisión del contrato con la empresa encargada de su redacción, Territorio y Ciudad, por falta de personal e incumplir los plazos de entrega, «incumplimiento culpable del contratista», según reza el acuerdo.
El gobierno municipal del PP liderado por Jaime Martínez concluye en una extensa resolución que el adjudicatario de la redacción del nuevo planeamiento urbano «no consta que haya cumplido con las estipulaciones previstas en el contrato relativas al equipo humano» adscrito al desarrollo del mismo, lo cual es causa de resolución contractual del acuerdo.
En segundo lugar, y «probablemente y como consecuencia de lo expuesto en el punto anterior, no consta que haya presentado en tiempo y la forma contractualmente establecida el documento del Plan de Ordenación Detallada relativo a la fase tres, ni el texto de rechazo del Plan General previsto».
El gobierno municipal considera que «no es admisible la argumentación aducida por parte del contratista» relativa al hecho de que, con carácter previo a la entrega de la documentación que resta, «el Ayuntamiento de Palma deba determinar la necesidad o no de modificar el contrato en el sentido de formular un nuevo trámite de exposición pública dadas las modificaciones sustanciales en las que se ha sometido el documento».
Según la resolución unilateral de la Junta de Gobierno, que todo apunta será impugnada por la empresa redactora del nuevo planeamiento urbanístico, el Ayuntamiento no dispone de las herramientas necesarias para formular un criterio sobre esta necesidad o no de llevar a cabo este nuevo trámite. Y lo achaca a que para tomar esta decisión resulta imprescindible disponer del documento cosa que a día de hoy no sucede «por la falta de presentación del mismo, por parte del contratista».
Actualmente, la empresa redactora del Plan General ha cobrado del Ayuntamiento de Palma un total de 680.695 euros y queda pendiente a la resolución del contrato 291.726 euros, correspondiente a las fases tercera y cuarta, y 16.343 adicionales de la documentación ambiental y del borrador del plan, si bien esta última cifra, todavía se encuentra la discusión y pendiente de una modificación de contrato.
Así las cosas, el Ayuntamiento de Palma ha acordado iniciar el expediente para la resolución del contrato de servicios de asistencia técnica por los trabajos de redacción y asesoramiento a la Corporación municipal para la revisión del Plan General de Palma, firmado entre el Ayuntamiento de Palma y la social Territorio y Ciudad SLP, en fecha 12 de septiembre de 2019.
Todo ello por «el incumplimiento culpable del contratista en la ejecución del contrato» que el Consistorio achaca «a la falta de dedicación de personal», la «demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista» y finalmente, al incumplimiento de la obligación principal de presentar en tiempo y forma la documentación requerida. Una vez aprobado este acuerdo, el Ayuntamiento de Palma da un plazo de alegaciones de diez días naturales, a contar desde la notificación del presente acuerdo, a la empresa adjudicataria.
En caso de que, como es lo habitual en estos casos, la empresa concesionaria no esté de acuerdo con esta decisión, el Ayuntamiento encargará un dictamen inicial al Consell Consultiu.