Luego de varios días de baja intensidad en la actividad del Congreso, el oficialismo volverá a la carga con la nueva versión de la ley ómnibus, que sería presentada este miércoles en mesa de entradas de la Cámara de Diputados incluyendo la reforma laboral, con la idea de que tenga un tratamiento exprés y sea votada el 25 de abril en el recinto. El Gobierno confía en que los votos ya están.
La reversión del impuesto a las Ganancias, la moratoria y el blanqueo de capitales está sobre la mesa de negociación. La novedad es que el nuevo paquete ómnibus incluiría además la reforma laboral. Este capítulo está incorporado al DNU 70, pero está frenado por la Justicia a través de un amparo presentado por la CGT.
Con la intención de que cosechar el apoyo necesario para pasar las principales reformas para finales de abril, el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, recibirán el jueves a los gobernadores de Juntos por el Cambio en una reunión que debió ser reprogramada por problemas de agenda.
La idea de la gestión es concretar acercamientos con todos los bloques legislativos y gobernadores para avanzar en los puntos controversiales, que giran en torno a diferencias en el tema jubilaciones y en el Impuesto a las Ganancias, que demoran los acuerdos.
En los últimos días, gobernadores de todos los colores políticos expresaron su preocupación sobre la realidad de sus provincias y encendieron las alarmas en el Gobierno sobre el panorama a acordar.
El más concreto fue el santacruceño Claudio Vidal, quien advirtió que ve "descontento" por parte de los gobernadores, y a título personal anticipó que «si no hay recursos para mi provincia en materia de educación y salud, nuestros legisladores no van a acompañar la Ley Bases ni tampoco habrá Pacto de Mayo».
El tucumano Osvaldo Jaldo también alertó que, a pesar de su buena predisposición, observa el impacto negativo en de las arcas financieras provinciales. «A este ritmo vamos a empezar a tener problemas sociales en las provincias. Hay provincias que tienen déficit fiscal y por ende no pueden atender temas prioritarios como la salud o la educación», advirtió.
Lo propio planteó el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, quien anticipó que acompañará las medidas, pero lanzó una advertencia al sostener que "los vecinos se están quedando sin ninguna capacidad de afrontar el ajuste".