Se trata de una iniciativa de Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca y Juan Fernando Brügge, cordobeses miembros del bloque Hacemos Coalición Federal
CÓRDOBA.- Sin que el tema biocombustibles integre el nuevo proyecto de la ley Bases -sí lo fue de la anterior y generó problemas con las provincias productoras-, tres legisladores cordobeses presentaron un proyecto en la Cámara de Diputados para establecer un régimen hasta 2030. Respecto del corte fija que, desde la aprobación de la norma y en no más de dos años, la mezcla mínima y obligatoria será del 15% para naftas y, "en un plazo no mayor a tres años" habrá un "mercado libre y voluntario" para cortes superiores.
En el caso del gasoil o diésel se apunta a 10% desde la vigencia de la ley y una suba de 11% a partir del 1° de enero de 2025; 12%, en el 2026, y 15% a partir de 2028. Solo cuando las mezclas obligatorias superen los porcentajes máximos establecidos, "el conjunto de las empresas que produzcan y/o destilen hidrocarburos" estarán autorizadas a participar en el abastecimiento de biocombustibles y solo "en el volumen excedente". Plantea que en ningún caso podrá superar 50% del excedente total.
Los firmantes del proyecto son Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca y Juan Fernando Brügge, cordobeses miembros del bloque Hacemos Coalición Federal.
El proyecto indica que las empresas responsables de hacer las mezclas obligatorias "deberán adquirirlos, sin excepción", a las elaboradoras autorizadas por la autoridad de aplicación. Y añade que todas las productoras, "sin distinción de materia prima de origen, ni de su condición de integradas o no integradas, ni de su composición societaria, tendrán derecho a participar en los mercados de producción y suministro de biocombustibles tanto para el mercado interno como para el de exportación".
La determinación de volúmenes y precios en el abastecimiento de biocombustibles será realizada, periódicamente, por una autoridad independiente a determinar por la autoridad de aplicación, mediante un "sistema único de licitaciones transparentes, de acceso público". El volumen máximo otorgado a cada empresa en las licitaciones no excederá el porcentaje máximo de su capacidad instalada registrada.
Para el corte mínimo obligatorio se llevarán a cabo licitaciones separadas: en el segmento 1, en los primeros 6,5 porcentuales de la oferta y sólo podrán participar las "no integradas" y, en el 2, por el resto de los puntos porcentuales necesarios para cumplir con la mezcla obligatoria y participarán las "integradas" (se considera así a las que, en forma directa o indirecta a través de sus controlantes y/o controladas desarrollan actividades vinculadas con la industrialización, elaboración y/o exportación, entre otros cereales y oleaginosas, de aceite de soja).
Respecto de los precios adjudicados, "no podrán superar" los internacionales de importación vigentes en cada momento para cada biocombustible, de idéntica composición y calidad al que se comercialice en la Argentina.
Gutiérrez, integrante de la comisión de Agricultura y Ganadería de Diputados, enfatizó la "necesidad de armar una agenda agroindustrial" y criticó que, a pesar de los acuerdos en materia de biocombustibles, el tema no se incluyó en el proyecto de la nueva ley ómnibus.
"Es necesario constituir definitivamente una agenda agroindustrial. Hay temas urgentes, puntualmente, en la nueva ley ómnibus, en el capítulo que habla sobre energía, increíblemente no se ha incluido el tema de biocombustible", sostuvo.
Añadió que la Argentina "vive permanentemente diciendo que el campo, la agroindustria, lo agroalimentario son y deben ser la columna vertebral del desarrollo, pero no se actúa en consecuencia. Y es así, que no tenemos ley de biocombustible, no tenemos ley de semillas, no tenemos una ley de bosque actualizada como para proteger a los productores, a la vez que se cuida el ambiente, etcétera".