No podemos seguir ignorando el sufrimiento de nuestros conciudadanos, ni permitir que la indigencia y el microtráfico sigan socavando la seguridad y el bienestar de nuestras comunidades
La reciente denuncia presentada por los residentes de la Ciudadela Real de Minas y otros barrios de la ciudad sobre la formación de nuevas 'calles del cartucho' en sus comuna no es un incidente aislado, es la manifestación de un problema social enraizado, que afecta no solo a esas áreas específicas, sino a muchas otras comunidades en nuestra ciudad. La presencia de indigentes y consumidores de drogas alucinógenas, como se evidencia en los registros gráficos proporcionados por docenas de lectores de Vanguardia, no solo genera un ambiente de inseguridad, sino que también señala una falla sistémica en nuestras políticas públicas.
Es indiscutible que las acciones de choque contra la indigencia y los problemas de seguridad que esta ocasiona son necesarias. Sin embargo, es necesario reconocer de una vez por todas que estas medidas, por sí solas, muestran muy poca o ninguna efectividad si no se acompañan de políticas de fondo, de largo plazo y con los recursos suficientes, con las que se reconozca que la indigencia no es simplemente un problema de degradación personal, sino una consecuencia de factores de desigualdad, exclusión social y falta de oportunidades.
Las llamadas 'calles del cartucho' son reflejo de la marginación y la falta de políticas inclusivas que atiendan las necesidades de los más vulnerables, como la falta de vivienda digna, servicios de salud mental y programas de reinserción social, cuya carencia contribuye al ciclo de adicción y marginación que perpetúa este problema. Por otro lado, es esencial abordar la falta de acceso a programas de prevención y tratamiento para las adicciones, pues muchos adictos terminan refugiándose en estas vías precisamente por la ausencia de alternativas y apoyo adecuado.
Las autoridades deben tomar medidas integrales que vayan más allá de la represión policial. Se necesita una respuesta que incluya políticas de inclusión social, inversión en servicios de salud mental y programas de rehabilitación, así como un enfoque en la generación de oportunidades económicas para aquellos en situación de vulnerabilidad.
Es hora de que las autoridades pasen a las medidas concretas y efectivas para abordar este complejo problema. No podemos seguir ignorando el sufrimiento de nuestros conciudadanos, ni permitir que la indigencia y el microtráfico sigan socavando la seguridad y el bienestar de nuestras comunidades. Por esto es necesario actuar con determinación, pero también con empatía, garantizando a un mismo tiempo, el respeto a los derechos humanos de las personas y un entorno urbano más seguro y justo para todos.