R. V. / EFE
Una decena de supervivientes del incendio de un edificio de la calle Alfonso X de Vigo, en el que perdieron la vida una madre y tres de sus hijos el 11 de octubre, tendrán que dejar el jueves el hostal en el que han sido realojados desde entonces. Por eso, reclaman al Concello, que sufragaba esas habitaciones, y a la Xunta medidas para no quedarse en la calle.
Desde el Gobierno local aseguran que son cuatro las familias que se encuentran en esa situación porque han rechazado una propuesta residencial, mientras que el Ejecutivo autonómico recuerda que atendió a las víctimas y ofreció colaboración al ayuntamiento.
La asociación 'Os Ninguéns' se ha concentrado este martes ante la sede de la Xunta en Vigo para luchar por los derechos de una decena de personas de tres de las familias acogidas en un hostal de la ciudad, según ha explicado el coordinador de la agrupación, Antón Bouzas. Según han explicado, el Concello les estaba pagando esas habitaciones desde el incendio y les han llamado para decirles que no podían seguir sufragando el alquiler porque "era muy caro", así que el día 2 de mayo, el próximo jueves, tendrán que abandonar esas instalaciones en las que se alojaban.
Bouzas ha recordado que desde la Xunta y el Gobierno local se trasladó en su momento que iban a "ponerse de acuerdo para darles un sitio donde estar y, posteriormente, viviendas sociales". Ha insistido en que las víctimas "han estado mirando sitios donde meterse, edificios abandonados, hablaron con trabajadoras sociales y no les dan respuesta", de ahí que solicitan a ambos organismos públicos que "hagan un consorcio de viviendas sociales en régimen de alquiler".
Postura de la Xunta
Desde la Xunta recuerdan que en dos ocasiones el ayuntamiento, al que "le corresponden las competencias de emergencia social", rechazó el ofrecimiento de suscribir un "convenio para colaborar en el alojamiento de estas personas".
"El Gobierno gallego atendió en primer lugar a las víctimas y luego se puso a disposición del Concello para lo que hiciera falta", ha indicado la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, que ha reiterado el ofrecimiento al Gobierno local para "colaborar en lo que haga falta".
Ha precisado que la situación "requiere una actuación coordinada" y ha recordado que la Xunta "ya atendía a algunos de los niños que vivían" en el inmueble afectado y a las familias a través de prestaciones como la Risga (Renta de inclusión social de Galicia) y asumió la tutela de la menor que fue hospitalizada y la guarda de los otros dos hermanos que vivían en el mismo piso.
Comunicado del Concello de Vigo
Por su parte, el Concello de Vigo, a través de un comunicado, manifiesta que, en el ámbito de sus competencias, atendió de "forma inmediata a las personas en situación de riesgo de exclusión social" y costeó el realojamiento y manutención de las víctimas, además de crear un "equipo para atender socialmente" a las familias, con un seguimiento de cada una de las situaciones específicas.
Asegura que ante "la falta de oferta de vivienda pública protegida por parte de la Xunta", el ayuntamiento suscribió un contrato con una entidad especializada en captación de vivienda en el mercado libre para personas vulnerables para la busca de soluciones residenciales alternativas para estas familias. Según su versión, con ese programa de acceso a la vivienda, de las ocho familias alojadas en el dispositivo de emergencia tras el incendio ya accedieron cuatro (en total 14 personas) a una solución habitacional definitiva con el pago, por parte del Gobierno local, de las fianzas, del seguro multirriesgo de impago y de daños, así como todo el mobiliario doméstico.
También asegura que las cuatro unidades de convivencia que aún permanecen en hostales sufragados por el ellos "rechazaron la solución habitacional o mostraron una mínima adherencia al seguimiento social" para revertir su situación, por lo que como "todas ellas tienen ingresos económicos, el ayuntamiento da por finalizado el dispositivo temporal de emergencia".
Así, asegura, "las unidades de convivencia que rechazaron soluciones alternativas e incluso el seguimiento social, deberán comenzar a abonar su estadía en el establecimiento hotelero o proceder a la busca activa de solución habitacional".También que el Concello seguirá colaborando en el pago de las fianzas, seguros y menaje de primera necesidad que precisen estas familias.
El BNG, por su parte, afea la decisión del Gobierno municipal de desalojar a esas personas, "un acto inhumano y cruel que supone incumplir la promesa pública y privada de que nadie se iba a quedar en la calle", por lo que el portavoz nacionalista en Vigo, Xabier Pérez Igrexas, ha pedido a la Xunta que no mire "para otro lado".
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