Siendo así, las prestaciones y demás derechos laborales correspondientes a los 23 mil trabajadores que fueron ilegalmente despedidos por Chávez comprometiendo la responsabilidad de la RBV también son responsabilidad de PDVSA y de CITGO, deuda que es anterior a la que están cobrando Crystallex, Conoco Phillips y otras, y no solo es que es anterior, sino que son derechos que gozan de privilegios legales por ser de naturaleza laboral que se hicieron cobrables de inmediato a aquellos despidos que por lo demás fueron catalogadas como "genocidio laboral" como entonces lo calificó el hoy presidente de Pdvsa Ad hoc, el señor Horacio Medina quien inclusive fue una de las víctimas de aquellos hechos pues en su contra y en contra de otros sindicalistas (Edgar Quijano, Iván Fernández, Mireya Repanti, Gonzalo Feijoo, Juan Luis Santana y Lino Castillo) fueron dictadas órdenes de detención.
Surge entonces la gran pregunta ¿porqué el hoy presidente de Pdvsa ad hoc, ese mismo Horacio Medina que antes calificó los despidos como genocidio, lo cual conlleva obligación de reparación y de indemnización, porqué -repito- no ha declarado ante el tribunal de Delaware la existencia de tal deuda que es anterior y privilegiada? Deuda contra la que por su origen, por su naturaleza, no le es oponible argumento de extinción por prescripción.
Cuando se tramita remate judicial de bienes de un deudor deben declararse todas sus deudas pendientes pues de lo contrario se estará en presencia de un fraude.
¿Es permisible, es legal, es ético, que tal deuda laboral que envolvió un hecho de tanta trascendencia nacional e internacional no se haya declarado ante el tribunal para advertir su existencia, para que quienes están en trámite para quedarse con la empresa y sus activos sepan que también están cargando con ese pasivo? ¿Es admisible que se remate Citgo para pagar una expropiación sin tomar en cuenta esta otra deuda que trasciende además a ser de naturaleza humanitaria lo cual conlleva obligaciones de reparación y de indemnización?
En lo personal pública y reiteradamente he solicitado al presidente de Pdvsa ad hoc, a este mismo ingeniero Horacio Medina, que por lo menos emitiera un documento reconociendo expresamente esa deuda con los trabajadores en resguardo de sus legítimos derechos, pero él nunca se ha dignado en responder, mientras -eso sí- muy solícita y diligentemente proclama y hace gestiones de entendimiento, de negociación para pagarles acreencias a las empresas que están en el trámite judicial de remate.
Hasta ahora Horacio Medina aparece como que ha hecho una buena y pulcra gestión en el cargo, no lo cuestiono, no lo discuto, pero en esto del genocidio y la deuda laboral ha sido indolente y quizás no ha sopesado debidamente los riesgos personales en los que está incurriendo al no advertir de la situación al juez Stark ni a los acreedores del trámite del remate en curso, está ocultando un hecho de muy importante trascendencia para ese caso judicial, y eso conlleva responsabilidades no solo éticas, morales, sino también de naturaleza legal.
Advierto que el cambio de propietario de la empresa no conlleva la extinción de sus pasivos. Sepan pues estos acreedores del remate de Delaware que así como se van a adjudicar las activos de CITGO, también van a cargar con esa deuda que proviene de un genocidio laboral que fue y es del conocimiento público, notorio y comunicacional.
Recordemos que aquellos hechos de los despidos calificados como genocidio, fueron tramitados ante un tribunal internacional, la OIT (Organización Internacional del Trabajo) donde se le abrió una causa, un expediente por denuncia presentada el 20 de febrero de 2003 por la CTV, CIOSL, Unapetrol, Fedeunep, denuncia ésta que se procesó en expediente "Caso 2249".
En aquella denuncia se incluyó que al hecho del despido se sumó un violento ataque de fuerzas militares y policiales para desalojar a los trabajadores y sus familiares que como parte de los derechos y beneficios residían en la urbanización "Los Semerucos" en Punto Fijo, estado Falcón, propiedad de Pdvsa, episodio que fue motivo de un inmenso escándalo público. Aquel grotesco hecho de la fuerza pública lanzando bombas lacrimógenas dentro de las casas de donde desesperadamente salían madres llorando cargando en brazos a bebés y pidiendo clemencia, eso quedó grabado y se reprodujo en muchos noticieros en Venezuela y en otras partes del mundo.
Aquellos hechos dejaron un terrible saldo deudor con las víctimas, esto es con los trabajadores, sus esposas, hijos y demás familiares, lo cual todavía está por ser resarcidos y que sin duda son imprescriptibles, y los deudores son la República Bolivariana de Venezuela, PDVSA, CITGO, esto por los mismos razonamientos jurídicos por los que hoy se está rematando a ésta por deudas surgidas por hechos posteriores de expropiaciones a compañías extranjeras que dictó el entonces presidente Hugo Chávez Frías.
De modo que si el remate judicial que se adelanta en Delaware se termina de ejecutar, la empresa CITGO, así cambie de dueño, cargará con esa deuda con los 23 mil despedidos y con los daños materiales y morales sufridos con los hechos antes anotados, es decir, con las consecuencias del citado Genocidio laboral.
Explicado lo anterior quiero llamar la atención sobre la responsabilidad añadida que ahora pesa sobre quienes tienen la titularidad de PDVSA Ad hoc y de CITGO , que no han advertido la situación de semejante acreencia la cual han debido -y ojalá ahora corran a hacerlo no se si ya tardíamente- a declarar esa deuda no saldada y que es imprescriptible.
No he comprendido porqué quienes están ahora a cargo de Pdvsa ad hoc-Cigto no han hecho nada por participar al tribunal de esa deuda que por lo demás es imprescriptible, eso los pudiera implicar en una posterior reclamación por fraude puesto que ellos saben mas que nadie de tal situación porque inclusive antes estuvieron con responsabilidades como dirigentes de aquella masa de trabajadores víctimas de los despidos y demás agresiones del gobierno de Chávez.
Lo mínimo que han debido y podido hacer estos actuales dirigentes empresariales de PDVSA Ad hoc y de CITGO es emitir un documento reconociendo la existencia de aquella deuda para con ello advertir a quienes estén participando en el proceso de remate y evitar posteriores señalamientos de ocultamiento fraudulento de deudas de la empresa, deudas que insisto, permanecen y permanecerán insolutas hasta que sean legalmente satisfechas.
Y que quede constancia que esa petición la he estado formulando en repetidas oportunidades públicamente en videos y en artículos ampliamente difundidos en los que he emplazado al ingeniero Medina e incluso sostuve una larga conversación telefónica con la diputada Dinorah Figuera presidente de la AN 2015 a quien expliqué con detalles esta situación y le solicité que en orden a sus funciones dentro de las cuales tenía, y tiene autoridad decisoria, que hiciera lo conducente para el reconocimiento formal de los citados derechos de esos trabajadores, pero nada hizo, lo ignoró por completo desatendiendo sus obligaciones.
Carlos Ramírez López @CarlosRamirezL3 @DrLeyCRL