"Esta paz relativa se va a caer cuando se caiga el acuerdo con las pandillas", dice Escobar. Denuncia 237 muertes en penales durante el régimen de excepción
Indignación y coraje. Ambas emociones marcan la plática con Ingrid Escobar, directora del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), quien ha vivido de cerca los casos de personas que murieron en los centros penales del país en estos dos años del régimen de excepción, a pesar de que no tenían relación con pandillas.
La indignación surge de ver cómo las instituciones del Estado no frenan esta situación, sino que todo apunta a que continuará, tras conformarse una Asamblea Legislativa 2024-2027 que, alineada a Nuevas Ideas y al Ejecutivo, seguirá prorrogando el régimen de excepción.
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Coraje porque, de la mano de un equipo legal, han decidido denunciar al Estado de El Salvador ante instancias internacionales, consciente de que esa batalla durará años, pero para ella y SJH valdrá la pena para reparar las muertes injustas que se han dado en el país.
¿Qué punto resalta para usted, al hacer un balance de dos años de régimen de excepción?
La peor parte del régimen de excepción se la han llevado aquellas víctimas mortales de ese régimen, en estos ya 24 meses. Son ya 237 adultos fallecidos a esta fecha durante el régimen que no tuvieron esos derechos que engloba el principio del debido proceso, esas garantías tan importantes que tenemos los salvadoreños, al menos así (está) en la Constitución y en el derecho internacional, como el derecho a la defensa, el derecho de audiencia, a un juicio justo, a que se nos presuma inocentes; estas 237 víctimas no lo tuvieron.
La muerte de estas personas impacta, a su vez, en su entorno familiar. ¿Qué han verificado como Socorro Jurídico Humanitario?
Están las víctimas indirectas, o colaterales como las llama el Gobierno, que también sufren la muerte, en este caso la pérdida de familiares en los centros penales, que son los familiares, hombres, mujeres, niñas y niños, también han sufrido mucho el impacto económico, psicológico y ahora el duelo de haber perdido a su familiar en estos 24 meses.
¿Ha habido un programa de apoyo o reparación para estas familias desde el Gobierno?
Estas dos poblaciones de víctimas (muertes en penales, sus familias y amistades) no tienen por ahora ninguna reparación. Al contrario, se los ha estigmatizado, incluso la gente más fanatizada que apoya a este Gobierno dice que está bien que estas personas hayan muerto en custodia del Estado.
¿Qué datos nos puede compartir de estas 237 personas fallecidas en centros penales?
Nosotros hemos hecho un análisis y solamente el 6% de estos 237 fallecidos víctimas mortales del régimen eran perfilados de pandillas. ¡Solo el 6%! El 94% de estas personas no eran pandilleros, no tenían antecedentes penales ni policiales, no tenían tatuajes alusivos a pandillas, y la comunidad dio sus firmas para mostrar que estas personas eran personas de bien en sus lugares donde vivían y, por lo tanto, había suficientes dudas razonables para que a estas personas se les investigara en libertad, pero se les negó ese derecho.
¿Cómo han verificado cada caso para asegurarse que, efectivamente, la persona no tenía relación con pandillas?
Tenemos bastantes víctimas mortales que son casos que han venido al Socorro Jurídico, es decir, han solicitado el apoyo en cuanto a defensa técnica, interponer el proceso de exhibición personal 'habeas corpus' y la revisión del expediente, y a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
Es decir, es todo un proceso donde nosotros lo primero que hacemos es pedir una declaración jurada al familiar, solicitar copia de antecedentes penales y policiales limpios, declaraciones juradas de personas que los conocen, fotografías donde se ve que efectivamente no tienen tatuajes alusivos a pandillas; los arraigos domiciliares, familiares, escolares -porque también tenemos fallecidos que estaban estudiando en la universidad- y también de trabajo. Es lo que en derecho se conoce como dudas razonables de que se trata de una persona inocente.
Son datos creíbles, ya los compartimos con las autoridades, porque tenemos una sistematización de las 237 víctimas mortales en el régimen de excepción.
"¿Por qué hay un éxodo de compa-triotas que están saliendo del país todos los días? En 2023 fue el año en que más salvadoreños se han ido para Europa. ¿Por qué, si estamos viviendo en el paraíso, supuestamente?"
Ingrid Escobar, abogada y directora del Socorro Jurídico Humanitario
¿De qué manera se han dado estas 237 muertes en los centros penales?
Cerrando al 15 de marzo de este año, de las 237 víctimas mortales en el régimen, de esta población fallecida, lo grave es que cerca del 45% ha muerto por causa de torturas en centros penales, fue una muerte violenta. Hay un 28% que fue por negligencia médica, es decir que les negaron el tratamiento médico.
¿Qué implica esta negación al tratamiento médico?
Las denuncias están viniendo, no solo por la captura ilegal arbitraria, sino que el familiar (detenido) está agonizando, moribundo, en el Hospital Rosales, en las bartolinas, y la misma Policía le dice a la familia que 'busque cómo hacer, porque en ningún penal nos quieren agarrar a su familiar', porque ya está al borde de la muerte, y nadie le da atención médica. Lamentablemente, eso es este porcentaje del 28% de gente que ha muerto así. ¿Cuántos más tienen que morir para que ellos entiendan?
Entendemos que en esta situación hay un impacto por el decreto 803, avalado por la Asamblea Legislativa actual, con mayoría de diputaciones de Nuevas Ideas. ¿Qué implica este decreto?
No es posible el decreto 803, que es lo más criminal del régimen de excepción, mantener un decreto como este, que es una pena de muerte. El decreto 803 es hoy ley penal en El Salvador: lo que hace es mandar a la gente si es posible seis, siete años presa, para que tenga derecho a una segunda audiencia. Y en ese caminar, la gente se está muriendo.
El decreto 803 reconfirma el uso de audiencias masivas, y hasta entonces que se den, allá por 2027 o 2028, ahí nos vamos a dar cuenta de la gente que ha fallecido, porque para cuando se den las audiencias no van a estar, simplemente porque están muertas.
En este punto de la conversación, Escobar recuerda que el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Rodolfo Delgado, ha enviado a archivo estas muertes en centros penales y ha dicho públicamente que las organizaciones defensoras de derechos humanos no tienen pruebas científicas de los señalamientos de torturas o muertes violentas.
¿Qué opina de la postura del fiscal Delgado?
Yo le pregunto al señor fiscal: si usted revisa este informe, y en el informe observa que en menos de un mes en centros penales han fallecido hasta 34 personas, en el inicio del régimen que fue lo más criminal, en penales como Izalco.
En menos de un mes, que una persona con 20 o 25 años, sin un problema de salud, no pase ni un mes y ya lo reporten como muerto… eso no es muerte natural, discúlpeme.
Peor esta cantidad de 34 personas. Y luego sumamos otras 14, que murieron al mes de estar privados de libertad.
Estamos hablando de 48 personas que han muerto en un mes. ¿Eso no es prueba suficiente para que de oficio, si esta es una denuncia notoria y pública, el señor fiscal general investigue? Tenemos con fotografías, nombre, apellido, lugar de la captura, lugar donde se fueron presos, dónde fueron reconocidos los cadáveres. Todo está sistematizado.
¿Cuál es el penal donde ha habido más muertes en estos dos años de régimen de excepción?
El Centro Penal de Izalco. Ese es un centro de tortura y muerte. Es una pregunta que le hicimos al comisionado presidencial de derechos humanos y de libertad de expresión, Andrés Guzmán Caballero. ¿Qué le parece que de estos 237 fallecidos en el régimen de excepción, no hay uno solo fallecido en el CECOT?
Y con esto no quiero decir que para que haya justicia tienen que morir pandilleros en el CECOT. Lo que estoy diciendo es ¿por qué los muertos los ponen los inocentes, principalmente? ¿Por qué los muertos lo ponen otros centros penales, que no es el CECOT? ¿Por qué a los medios de comunicación, principalmente internacionales, no los dejan ingresar a penales como Mariona, Apanteos, Quezaltepeque, la granja de Zacatecoluca, o a las bartolinas, pero sí al CECOT? Porque en los otros centros penales es donde están los torturados, donde la gente ha visto morir a sus pies a otras personas, y que no regresan a las celdas, pero tampoco están en nuestras estadísticas, y mucho menos en las del Gobierno, porque no les interesa.
Le puedo asegurar que estos 237 muertos no son ni la mitad de las personas que han fallecido, hay muchos que están en las morgues, en fosas comunes y otros que indudablemente están en fosas clandestinas.
¿Considera que todas estas decisiones de las autoridades de Gobierno y de la justicia del país quedarán impunes?
Es grave. Ellos creen que tienen todo el poder ahorita y que la justicia nunca los va a alcanzar. Y muy probablemente aquí (en El Salvador) la justicia no los va a alcanzar, pero en sede internacional, de donde nosotros somos suscriptores de tratados que son de obligatorio cumplimiento, ahí sí.
Por ejemplo, la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en Socorro Jurídico Humanitario estamos listos para ir a Washington para la CIDH con los primeros cuatro casos.
¿En qué consisten estos casos?
Nosotros tenemos denunciado al Estado salvadoreño por casos específicos, por homicidios agravados en centros penales, pero además por crímenes de lesa humanidad. Ya interpusimos un aviso ante la FGR. Ellos saben. Y están avisados. Les toca investigar de oficio. Hay silencio. ¿Qué corresponde? Seguir los mecanismos que la ley internacional nos da. Los dos principales, el sistema interamericano de derechos humanos y el sistema de Naciones Unidas. Ahí vamos a ir.
A ver si ahí hay un Bukele, si hay un Villatoro (Gustavo, ministro de Justicia y Seguridad), si hay un Osiris Luna (director de Centros Penales), si hay un Arriaza Chicas (Mauricio, director de la PNC) o un Merino Monroy (Francis, Ministro de Defensa) que cuando los funcionarios involucrados estén frente al banquillo de los acusados en tribunales internacionales, si de verdad los van a defender. Tengo mis dudas, porque ahí solamente va a ser el funcionario que con conocimiento o por omisión dejó pasar todos estos crímenes de lesa humanidad en centros penales, el juez y ellos. No es una amenaza, ¡es lo que vamos a hacer!.
Ingrid, en términos de continuidad en la Asamblea Legislativa, las personas que corrieron para ganar diputaciones y que ganaron, han expresado que van a votar por que siga el régimen de excepción. Eso pinta un panorama para que se mantenga el actual escenario, por lo menos tres años más. ¿Qué opina de un régimen de excepción, que ya no parece de excepción, sino que es ya del día a día?
Es muy grave, es completamente violatorio de la Constitución, pero además de los tratados internacionales, insisto.
El régimen de excepción, que lo encontramos en el artículo 29 de la Constitución dice que por causa de guerra, de epidemias, en este caso hay una alteración a la paz pública, que fue por lo que se dio el régimen de excepción actualmente; si las condiciones permanecen se da por 30 días, prorrogable hasta 30 días más. En adelante, eso es completamente ilegal.
A pesar de ello, llegamos ya a dos años así.
Ya llevamos dos años, e incluso una diputada en la Asamblea Legislativa una vez dijo, espero que en son de broma, 'si es posible lo vamos a hacer eterno'. Qué grave. Porque correctamente ellos tienen la cantidad de diputados ahorita, y la que entra en los próximos meses, para aprobar y ratificar que el régimen de excepción no va a desaparecer en dos meses, sino que va a permanecer para siempre. Es grave, porque eso significa que nos quitan un montón de derechos.
En esta parte de la entrevista, Escobar recuerda que el régimen de excepción implica que la población salvadoreña pierde tres derechos básicos: la inviolabilidad a las comunicaciones, con lo que agentes de seguridad pueden revisar el correo o el teléfono de la persona; el derecho a recibir información de por qué se da la detención, y tener la defensa legal oportuna; y el derecho a que la detención administrativa no supere las 72 horas, pero que ahora tiene un plazo de 15 días y que incluso puede extenderse.
¿Cómo afecta perder el derecho a la privacidad en cuanto al uso del teléfono celular?
Así se están llevando a un montón de gente ahorita, porque tiene un video o una foto, que uno a veces no es responsable de lo que le aparezca en el teléfono.
Pero aparte de esos derechos, en la práctica nos están quitando otros, por ejemplo la libertad de organización, el libre pensamiento. ¿Cuántos sindicalistas han ido a parar presos en estos dos años de régimen? 24 sindicalistas. El 50% acusados por asociaciones ilícitas, el otro 50% acusado de desórdenes públicos porque sacó un megáfono y denunció a la administración pública. A eso le ponen desorden público y le han aplicado el protocolo del régimen.
El régimen de excepción, peor si lo hacen eterno, no es solamente para delincuentes, va para todas las personas, también para aquellas que tienen algún valor de organizarse y denunciar. Eso es muy grave.
A pesar de todo lo negativo que hemos hablado del régimen de excepción, hay personas en las comunidades, barrios, caseríos, que han expresado su apoyo a esta medida. Incluso votaron a favor del presidente Bukele que la impulsa y de las candidaturas que buscan mantenerlo en la próxima Asamblea Legislativa. ¿Cómo interpreta esto?
La gente que eligió a Bukele no es ese 97% que ellos dicen, o nos quieren hacer creer que son. No es así. Para la (elección) Presidencial solamente salió a votar el 50% de la población habilitada. Y de ese 50%, si acaso poco más del 30% votó a Bukele. Hay más del 50% de la población que no votó por Bukele o votó por cualquier otro, o no salió a votar.
Esa percepción de que ven bien al régimen de excepción no es del todo cierto, lo que pasa es que la gente tiene miedo.
¿De qué tiene miedo?
Miedo de hablar, de decir, que si bien es cierto 'yo me siento bien porque hay una baja de homicidios', también tiene miedo a decir, 'sí, pero a causa de que hay una tregua con pandillas que ha funcionado'.
A causa de que, efectivamente, la base de las pandillas han sido desmanteladas, pero sí hay pláticas con los líderes de las pandillas. Y prueba de ello es justamente la construcción del CECOT, es parte del acuerdo con pandillas. El hecho de que estén dejando libres a líderes ranfleros de la MS-13, que es con la que más han negociado en este Gobierno.
No es tan cierto que la gente esté del todo feliz por la baja de homicidios o porque las condiciones en sus comunidades están mejor. Si bien es cierto se aplaude que haya criminales dentro de las cárceles, también es cierto que la gente tiene mucho miedo de opinar. ¿A qué costo? Esta paz relativa se va a caer cuando se caiga el acuerdo con las pandillas.
Pero, ¿ha identificado efectivamente ese cambio en el ambiente de seguridad en las comunidades que visitan como Socorro Jurídico Humanitario?
Sí, sin descalificar las mejoras en materia de seguridad, porque hay que reconocer que no es lo mismo levantarse y escuchar que hay 24 homicidios, a que solo hay tres, o cero homicidios. Es cierto, pero hay que ver el fondo.
También hay decenas de denuncias de personas desaparecidas.
Los desaparecidos, ¿dónde están? ¿Por qué todo está en reserva? ¿Es parte también de la tregua, que no se diga dónde se mata, dónde se entierra a la gente?
Y en general, nosotros como SJH, y creo que como representación de buena parte de la población, los delincuentes queremos que estén presos, como el Crook de Hollywood, como el Charly, que supuestamente es pastor pero está libre; como toda la ranfla del programa de México, que está en México, EE. UU. y otros países, como el Lucky de la MS-13, ¡a esos queremos presos! Pero uno se pregunta, estos ranfleros, estos líderes de pandillas, presos desde antes de que Bukele entrada pero liberados en el Gobierno de Bukele, ¡no nos pueden decir que no saben cómo salieron! ¿Cómo es posible que estos líderes de pandillas anden libres, y no los inocentes que ya tienen orden de libertad, y pasan tres, cinco, 10 meses, y no los dejan salir?