La dictadura de Daniel Ortega destinó, en el último trimestre de 2023, un total de 47.5 millones de córdobas para echar a andar la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro, que fue instalada de forma exprés en el campus robado a la jesuita Universidad Centroamericana (UCA).
Los fondos provinieron de Rentas del Tesoro y no del 6% constitucional que reciben las universidades pertenecientes al Consejo Nacional de Universidades (CNU), según el Informe de Ejecución Presupuestaria 2023.
"La transferencia asignada a la universidad es para la ejecución de los procesos administrativos necesarios para la atención de la población estudiantil, mantenimiento de la infraestructura y la seguridad interna de las instalaciones", detalló el documento publicado esta semana.
La Universidad Casimiro Sotelo fue creada el 17 de agosto de 2023, dos días después que la justicia del régimen ordenó la confiscación de los bienes de la UCA. La Fiscalía acusó, sin pruebas, a la universidad jesuita de los supuestos delitos de terrorismo, traición a la patria y conspiración.
El CNU instaló a las nuevas autoridades el 18 de agosto y prometieron un pronto inicio de clases. Sin embargo, ante la falta de recursos para operar, fue hasta en noviembre de 2023 que abrieron el campus para las matrículas del año lectivo 2024.
En su intento por aparentar normalidad, las autoridades del CNU y de la Casimiro Sotelo anunciaron que la universidad sería gratuita. No obstante, primero hablaron de becas para estudiantes de bajos recursos económicos, pero después generalizaron la gratuidad.
6% de 2023 quedó intacto
Académicos consultados por CONFIDENCIAL ya habían indicado, desde agosto de 2023, que no había forma de que la Casimiro Sotelo funcionara con presupuesto del 6%, porque este ya estaba en su última etapa de ejecución en las casas de estudio y tampoco podía absorber el que tenía la UCA porque en 2022 se lo quitaron.
Se desconoce cuánto dinero se le destinó a la Casimiro Sotelo para el año lectivo 2024. Si esta fue incluida en el paquete de universidades miembros del CNU o si recibirá fondos como si fuese una institución o ministerio.
El 6% constitucional, que es distribuido entre diez universidades y el CNU, pasó de 6315.7 millones de córdobas en 2023, a 8028.3 millones en 2024. Un pobre incremento considerando que la dictadura prometió una educación "gratuita y de calidad" a más de 180 220 universitarios. Además, que no se incluyeron ni la Universidad Nacional Gaspar García Laviana, instalada en el campus la confiscada Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua (UCAN).
Casimiro Sotelo sigue en "matrículas"
El informe de ejecución presupuestaria 2023 detalla que la matrícula estudiantil esperada en la Casimiro Sotelo era 5000 universitarios. Una meta que, según la vicepresidenta Rosario Murillo, ya se superó.
El 31 de enero de 2024, Murillo aseguró que tenían una matrícula de 5100 estudiantes, 263 profesores horarios y 45 de planta. A estos se le sumarían 2400 estudiantes más que ingresarían en modalidad sabatina y dominical, con lo cual superarían los 7500 matriculados.
Sin embargo, este martes 9 de abril de 2024, la presidenta del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA), Maribel Duriez, dijo que esta universidad aún "sigue consolidando su matrícula".
Los cupos de modalidad sabatina y dominical fueron llenados con trabajadores del Estado, a quienes les ofrecieron las carreras universitarias, publicaron medios de la propaganda orteguista.
Duriez, quien presentó el informe de gestión 2023 en la Asamblea Nacional, adelantó que de las 45 universidades que estaban en proceso de "verificación y certificación", 37 ya fueron aprobadas, hubo tres canceladas y quedan pendientes de completar la acreditación cinco de las ocho universidades creadas entre 2022 y 2023.