La semana pasada, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva quiso recibir a su par francés, Emmanuel Macron, en un lugar simbólico, Belém, la capital del estado de Pará, en la Amazonia. Fue allí donde los dos jefes de Estado anunciaron un plan de 1.080 millones de dólares para promover una economía sostenible en la Amazonia. El objetivo es recaudar contribuciones públicas y privadas en los próximos cuatro años. El anuncio forma parte de una agenda internacional que ambos mandatarios promoverán de cara a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) que tendrá lugar justo en Belém, el año que viene. Este plan, reza el comunicado oficial, pretende unir "la conservación y la gestión del desarrollo sostenible de los bosques" con la "valorización económica" de sus territorios, poniendo "a los pueblos indígenas y a las comunidades locales en el centro de las decisiones". "Apoyaremos a los pueblos indígenas y a las comunidades locales de la Amazonia, que desempeñan un papel esencial en la protección de la biodiversidad a través de sus conocimientos tradicionales y sus prácticas de gestión forestal", subraya el documento.
Sin embargo, los planes medioambientales del futuro chocan con la realidad. En Belém, más de 212.000 personas viven en viviendas sin alcantarillado, según el último censo del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), publicado a finales del pasado mes de febrero. Pero Belém no está sola en este sombrío panorama sanitario. Según los datos del IBGE, la ciudad con la peor situación de saneamiento es Macapá, capital del estado de Amapá. Aquí, casi la mitad de la población, más exactamente el 44,7% de los habitantes, unas 196.610 personas, viven en casas sin alcantarillado. En esta lista hay también otras ciudades de la región amazónica como Porto Velho, en Rondônia, Manaus en Amazonas, y Maceió, la capital de Alagoas, en el nordeste de Brasil, con respectivamente, el 42,1% (192.347 personas), el 30% (616.669) y el 32,6% (311.183) de personas sin una red de canalizaciones para conducir las aguas residuales urbanas.
A pesar de que el censo presentado este año muestra una mejora en Brasil en comparación con el anterior de 2010, pasando del 64,5% de los brasileños con acceso a saneamiento al 75,7%, la situación sigue siendo muy grave en varias ciudades del país, no sólo en lo que se refiere al sistema de alcantarillado, sino también a la gestión de la basura. Según el Sistema Nacional de Información sobre Saneamiento (SNIS) del Ministerio de las Ciudades, Brasil todavía tiene 2.100 vertederos inadecuados. Hay 1.572 basureros y 598 de los llamados "vertederos controlados", es decir terrenos cercados con acceso restringido que no procesan residuos. Según lo definido por el Objetivo del Plan Nacional de Residuos Sólidos, decidido por el decreto del 14 de abril de 2022, estos tipos de vertederos tendrán que ser sustituidos antes del próximo agosto por infraestructuras adecuadas para tratar los residuos sólidos de forma segura y respetuosa con el medio ambiente.
Además, la ley estipula que antes de 2040 al menos la mitad de los residuos producidos en el país tendrán que ser reutilizados. Se trata de los llamados "vertederos sanitarios", construidos para que los residuos no contaminen el suelo, que se protege con membranas impermeables a tal efecto. Los gases y líquidos que aquí se generan son captados, recogidos y tratados adecuadamente. Los líquidos se tratan en sistemas especiales y los gases se queman en quemadores o motores para generar electricidad. Se trata, por tanto, de un gran avance para Brasil. Sin embargo, para el Secretario de Medio Ambiente Urbano y Calidad Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, Adalberto Maluf, será imposible conseguirlo en la fecha prevista de agosto. Además, según Maluf, el cierre de todos los vertederos requiere un desembolso aproximado de al menos 5.000 millones de reales (1.000 millones de dólares) en inversiones, tanto públicas como privadas. Para hacerse una idea de la magnitud del problema, según la investigación "Panorama de los Residuos Sólidos en Brasil 2023″, publicada por la Asociación Brasileña de Residuos (Abrema), el año pasado 33,3 millones de toneladas, es decir, el 43% de los residuos del país, fueron tratados de forma inadecuada, acabando en los márgenes de las carreteras, en descampados o en vertederos ilegales.
Si los vertederos sanitarios son el camino a seguir, su construcción debe, sin embargo, seguir criterios estrictos para evitar exactamente lo que ocurrió cerca de Belém. En 2015, el gobierno de Pará abrió un grande vertedero sanitario en Marituba para eliminar los residuos producidos en la propia ciudad, en la cercana Ananindeua y en Belém. Los ecologistas apoyaron esa decisión pero poco después, tanto el Ministerio Público de Pará (MPPA) como los habitantes señalaron grandes fallas que causaron secuelas a la población y al medio ambiente, tanto por parte de la empresa responsable de la creación y gestión del vertedero, como por parte de las administraciones municipales que no prestaron la debida atención al destino de los residuos producidos por los habitantes y no respetaron las metas establecidas. Los problemas se tradujeron en quejas de la población, denuncias ante la Fiscalía, detenciones y acciones judiciales. A pesar de varias protestas de residentes que tenían problemas oculares y respiratorios, protestas que se han sucedido a lo largo de los años, el vertedero sanitario en Marituba sigue funcionando.
Lo que Brasil necesita, pues, no es sólo crear un sistema que funcione, sino también una gobernanza mejor. La semana pasada, por ejemplo, la licitación que tuvo lugar en Salvador, en el estado nororiental de Bahía, causó polémica. Según informó la prensa brasileña, a la licitación para un contrato de dos años por valor de 1.300 millones de reales, 260 millones de dólares "concurrieron las mismas empresas de siempre", que vienen prestando el mismo servicio desde 2018. Es decir, se convocó una licitación en la que no hubo concurrencia alguna. Según el sitio de noticias Poder360 dos de estas empresas incluso tienen vínculos con el ex gobernador de Bahía, Paulo Souto, del partido Unión Brasil y el ex alcalde de Salvador Antônio Carlos Magalhães Neto, del mismo partido.
Además, basta salir de la capital para ver el desastre en que vive la población. Bahia es el segundo estado en términos absolutos, después de Maranhao, en cuanto al número de personas que no tienen un cuarto de baño en casa. 182.000 personas, o el 1,3% de la población no lo tiene, con un récord en el municipio de Pilão Arcavo, donde el 21% de los 35.387 habitantes está sin retrete en sus viviendas. En 2020, se sancionó un nuevo marco legal para el saneamiento básico en Brasil, la Ley 14.026/2020. Entre los objetivos está que el 99% de la población tenga acceso a agua potable y que el 90% disponga de servicios de tratamiento y recogida de aguas residuales para finales de 2033. Sin embargo, como muchos se quejan, parece haber una falta de compromiso político para alcanzar los objetivos.
Por último, el Brasil que describe el último censo aún tiene a miles de personas viviendo en las mismas condiciones habitacionales que los emigrantes europeos que llegaron al gigante latinoamericano en el siglo XIX. Son los llamados "cortiços", casas en las que cada habitación se alquila a una persona o a una familia entera y en las que los baños son compartidos. También aquí Bahía alcanza cifras récord, como en el caso de su municipio de Luís Eduardo Magalhaes, donde cerca de 3.000 personas, es decir el 2,8% de la población de 108.000 habitantes, viven en estas condiciones, debido al alto costo de la vida. El impacto de todas estas condiciones precarias - tal y como fotografía el Censo brasileño - en la salud de los brasileños es muy elevado. Aunque el saneamiento básico es un derecho legal, entre las consecuencias más extendidas están las llamadas Enfermedades Tropicales Negligentes (ETN), como la leptospirosis y la esquistosomiasis, una infección parasitaria que puede atacar al nadar o entrar en contacto con agua contaminada.