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La investigación relacionada a la muerte por electrocución de Rodolfo Antonio De Jesús Núñez Scolari, llamado cariñosamente por su familia como Rolo, actualmente sin agente fiscal debido a que el abogado Guillermo Duarte Cacavelos, defensor de los accionistas de la firma Epro SA, recusó a la agente fiscal Carla Rojas, quien inició la pesquisa e imputó a los locatarios y sublocatarios del complejo "Los Arrayanes".
De acuerdo con lo que explicó Duarte Cacavelos a ABC, la fiscala adjunta Lourdes Samaniego recomendó involucrar a otras personas en el proceso, así como la realización de otras diligencias. Sin embargo, la fiscala Carla Rojas hizo caso omiso a las mismas, por lo que consideró la existencia de una falta de objetividad, lo que motivó la recusación.
Duarte Cacavelos ejerce la defensa de Oscar Daniel Ruiz Fernández y María Marcela Contreras Saguier, accionistas de la firma Epro Sa, quienes están imputados junto con Edgar Lemuel Torres Domaniczky y María Lila Contreras Saguier, de la firma ProLife SA. Todos ellos encausados por el hecho de homicidio culposo.
La querella adhesiva, ejercida por la abogada Teresa Servín, por su parte señaló que solo está pendiente un informe técnico eléctrico en el caso, que debe entregarlo un perito ofrecido por el Ministerio Público. El caso tiene como fecha de requerimiento conclusivo el 1 de mayo próximo.
Rodolfo Núñez perdió la vida tras recibir una descarga eléctrica, al tener contacto con una estructura metálica de la lumínica del complejo deportivo "Los Arrayanes". El hecho ocurrió el 16 de setiembre de 2023.
Lo que la Fiscalía atribuye a los imputados
El Ministerio Público sospecha que Edgar Lemuel Torres Domaniczky y María Lila Contreras Saguier habrían violado normas de cuidado, las que habrían asumido al firmar el contrato de arrendamiento del Complejo Arrayanes, ubicado en la Avda. Mcal. López c/ Manuel Talavera del barrio Herrera de la ciudad de Asunción, lugar que estaría siendo explotado comercialmente, sin contar con licencia comercial ni planos aprobados por la Municipalidad de Asunción.
Asimismo, la Fiscalía tiene la sospecha que Oscar Daniel Ruiz Fernández habría violado normas de cuidado, las que habría asumido como garante al firmar el contrato de arrendamiento del Complejo Arrayanes, obligándose además conjuntamente con María Marcela Contreras Saguier, a través de un contrato de sublocación, a explotarlo comercialmente en actividades deportivas y sociales, lugar que estaría siendo explotado comercialmente, sin contar con licencia comercial ni planos aprobados por la Municipalidad de Asunción.
De igual modo, Ruiz y Contreras- habrían asumido mantenerlo en condiciones aptas para su uso; sin embargo, la estructura metálica de la lumínica de la cancha No. 1 del predio, no se encontraría en condiciones de aislamiento eléctrico, presentando tensión eléctrica (fuga).
Firma de contrato entre Arrayanes, Pro Life y Epro
El contrato de locación, de fecha 11 de octubre de 2013, entre el Parque Deportivo Arrayanes S.A. firmado por María Virginia Napout,, en tanto que Edgar Torres y Lila Contreras lo hicieron en representación de Pro Life S.A. Entonces, Daniel Ruíz, había prestado su acuerdo como garante.
Un contrato de sublocación fue firmado el 19 de junio de 2015, entre la firma Pro Life S.A. y Epro S.A. María Contreras, en representación de Pro Life S.A. y Oscar Ruiz, en representación de Epro S.A., suscribieron este acuerdo para la explotación del complejo deportivo.