Organizaciones no gubernamentales advirtieron el 30 de abril que las detenciones arbitrarias atentan contra el proceso electoral presidencial que se celebrará el 28 de julio.
Mediante un comunicado, las ONG rechazaron la «política de criminalización, estigmatización, persecución y judicialización contra actores vinculados a organizaciones políticas, en flagrante violación a lo establecido en el Acuerdo de Barbados».
Al respecto, recordaron que en el estado Portuguesa. Esas detenciones «violan los derechos de libertad de reunión, asociación, expresión, manifestación e integridad física, en medio del contexto electoral presidencial del 28 de julio de 2024 en Venezuela».
También, señalaron que en la campaña política que realizan sectores de la Plataforma Unitaria Democrática se han presentado acciones de «criminalización, persecución y judicialización contra integrantes de sus partidos políticos en diferentes estados del país como Barinas y Caracas».
Los hechos más recientes ocurrieron en Portuguesa, los días 27 y 28 de abril. Presuntos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvieron el sábado, 27 de abril, a Óscar Castañeda, un simpatizante de María Corina Machado que participó en un acto de la opositora en Turén.
Después, el domingo 28 de abril, presuntos funcionarios del Sebin detuvieron al director del comando de campaña de Vente Venezuela en el municipio Santa Rosalía Víctor Castillo. Ese mismo día detuvieron a Ámbar Márquez, vicepresidente de organización política Primero Justicia en Santa Rosalía y miembro del comando de campaña municipal.
De acuerdo con el comunicado de las ONG, todas estas detenciones se hicieron sin ninguna orden.
Estas detenciones, en medio del proceso electoral, son violatorias de los derechos humanos y transgrede el derecho a la libertad de reunión y asociación. Además, vulnera el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y evidencia «el cierre del espacio cívico y el aumento de la represión y judicialización en el contexto electoral del 28 de julio».
La visita de María Corina Machado a Portuguesa es el primer acto proselitista a favor del candidato Edmundo González, por lo que «constituye un grave precedente que puede influir negativamente en el desarrollo de la campaña electoral, así como en los derechos de elegir y ser elegidos de toda la población venezolana».
En ese sentido, las ONG señalaron sus recomendaciones y exigencias al Estado venezolano ante esta situación, entre las que se enumeran:
Garantizar el derecho a la libertad de reunión y asociación de los ciudadanos y no criminalizar su libre ejercicio, garantizar la libertad de asociación y de reunión de los ciudadanos venezolanos, y no estigmatizar la labor de las organizaciones políticas y sociales del país
El cese inmediato de la política de criminalización, persecución y judicialización contra actores de la sociedad civil y organizaciones políticas democráticas que se encuentran promoviendo sus campañas electorales.
El respeto a la vida e integridad de los 3 ciudadanos detenidos arbitrariamente por presuntos funcionarios de Sebin en el municipio Santa Rosalía del estado Portuguesa, así como el respeto a su derecho a la defensa y debido proceso, que incluye que puedan designar abogados de su confianza.
La liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente y respeto al derecho a la libertad personal, como lo establece el artículo 44 CRBV: «ninguna persona podrá ser detenida sino en virtud de una orden judicial o a menos que sea sorprendida en flagrancia».
Solicitaron a la comunidad internacional, a través de sus mecanismos diplomáticos y de protección a los derechos humanos, realizar todas las gestiones necesarias para el cabal cumplimiento de los Acuerdos de Barbados, que permitirían un proceso electoral libre y confiable el próximo mes de julio.