La Audiencia de Sevilla condenó ayer a penas de entre dos años y un año y medio de cárcel a dieciséis traficantes de droga. La inmensa mayoría, por no decir todos excepto uno, pertenecen al clan de los Rilones, un grupo familiar de San Juan de Aznalfarache que durante bastante tiempo controló la venta de cocaína y heroína en la localidad desde la calle Uruguay, en una zona conocida como la esquina del gato. Más allá de la amplia cuantía de acusados (diecinueve en total, tres fueron absueltos) y de la escasa cuantía de las condenas, que además fueron el resultado de un acuerdo previo entre las defensas y la Fiscalía, el juicio deparó un par de detalles relevantes. El primero, que ninguno de los implicados entrará en la cárcel porque la Sección Primera, con el visto bueno previo de la acusación, acordó suspender la ejecución de esas penas. Y el segundo, que el presidente del tribunal instó a todas y todos a aprovechar esta "nueva oportunidad" de encauzar su vida por senderos distintos al de la droga. "Está en su mano", les avisó.
Este discurso del magistrado se produjo cuando la funcionaria ya había dejado de grabar el juicio. "Esperamos que sean conscientes del esfuerzo que se está haciendo", les indicó Pedro Izquierdo, que suele dejar estas advertencias a quienes se benefician de acuerdos de conformidad que implican su no entrada en la cárcel. Esta vez fue un poco más allá. "No podemos llevarnos a engaño. Todos sabemos lo que quema el problema de la droga", indicó. Después les recordó que ellos mismos, como proveedores de sustancias estupefacientes, "ven cómo la gente va degradándose físicamente o incluso se muere". "No podemos consentir favorecer estas conductas. No pueden solucionar su vida estropeando las de otras personas", continuó. Y sin embargo acordó suspender su ingreso en prisión. "Se les da una nueva oportunidad y se les pide que la aprovechen. Háganlo también por sus familias", reclamó.
Eso lo oyeron los once hombres y las cinco mujeres que acababan de mostrar su conformidad con las conclusiones definitivas del fiscal, que pidió para ellos una condena por un delito contra la salud pública con las atenuantes de dilaciones indebidas (su escrito de acusación era de 2021) y confesión tardía (todos reconocieron los hechos en el juicio). Cinco también se beneficiaron de la de drogadicción, pero a cuatro de ellos se les aplicó la agravante de reincidencia porque cuentan con antecedentes.
En resumen, hubo once condenados a un año y medio de cárcel y multas de 16.000 euros (el que no las pague sumará otros 80 días en prisión): Marco Antonio F.M., Enrique C.C., Dolores M.P., Antonia C.C., Alfonso C.M., Teresa C.V., Manuel R.C., Alejandro C.F., José Enrique C.V., Sandra S.D. y Antonio O.O. Otros cuatro procesados fueron castigados con un año y nueve meses de prisión, por esa agravante de reincidencia, y multas de 18.000 euros (o 90 días en un centro penitenciario en caso de impago): Enrique C.C. (el líder de la organización), Yolanda V.C. (esposa del anterior), Francisco C.G., y Antonio C.C. El acusado peor parado fue Juan M.C., alias El Gorrita, que aceptó dos años de reclusión porque al año y medio por narcotráfico hay que sumarle seis meses más por otro delito de tenencia ilícita de arma, en concreto una escopeta de cañón recortado que tenía en su vivienda.
Después de dictar sentencia firme en la sala y oír el informe del fiscal favorable a la suspensión de todas las penas de prisión, el tribunal acordó conceder esa medida de gracia. Para los condenados a un año y medio de cárcel (los no reincidentes) y Juan M.C., la única condición es que no cometan ningún delito en tres años. En el caso de los cuatro reincidentes, la condición es que no delincan en cuatro años y que realicen 126 días de trabajos en beneficio de la comunidad
El fiscal apoyó las suspensiones porque, a pesar de que el delito reviste "cierta gravedad", también valoró "el nivel de peligrosidad del acusado" y en su opinión ese peligro está "atenuado" por tres motivos. El primero, que "los diecinueve han venido a rendir cuentas ante un tribunal, lo que revela la predisposición de unas personas". El segundo, que los hechos datan de hace cuatro años y algunos encausados "están en procesos de deshabituación a las drogas", con lo que "pueden ser menos peligrosos". Y el tercero, que "la actitud de la mayoría" fue "muy positiva" porque "han preferido reconocer su responsabilidad" en un contexto en el que "la prueba no era fácil".
Las defensas, lógicamente, no objetaron nada a las reflexiones del fiscal y el tribunal acordó las suspensiones tras resaltar que había sido "un proceso laborioso y no fácil". A continuación recordó a los acusados que evitar la entrada en prisión equivale a "un compromiso para comportarse como el resto de la gente". "No se les pide que sean mejores ni peores, sólo que no cometan ningún delito", les dijo el presidente.
El desenlace del juicio dista bastante de la calificación inicial de la Fiscalía. Había siete acusados que se enfrentaban a una petición de cinco años y medio de cárcel y una multa de un millón de euros: cuatro acabaron condenados a 21 meses (y 18.000 euros) y los otros tres fueron absueltos después de ser exonerados por otros encausados ayer mismo. Para el resto, la solicitud inicial era de cuatro años y 600.000 euros; terminaron con un año y medio y 16.000 euros. La rebaja también se aplicó al valor de la droga incautada: de los 566.932 euros que figuraban en el primer escrito a los poco más de 31.000 que reflejó ayer el fiscal.
Enrique C.C. "lideraba" la organización
Los hechos juzgados ayer son el fruto de una investigación ejecutada en 2020 por la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Judicial de Sevilla contra una organización liderada por Enrique C.C., que tiene dos antecedentes penales por narcotráfico y en 2013 fue condenado a cuatro años y medio de cárcel. Según el escrito de la Fiscalía, que fue asumido por los acusados, este hombre era el "responsable del abastecimiento" de cocaína y heroína al clan familiar al que él mismo pertenecía y que operaba en la barriada de Santa Isabel. Los investigadores montaron dispositivos de vigilancia y seguimiento entre marzo y mayo de ese año y se centraron en su domicilio, en Mairena del Aljarafe. Con el tiempo comprobaron que él "controlaba los puntos de venta" que la banda repartía por distintos domicilios, todos "regentados por familiares y personas de confianza", y acudía "a diario" a la calle Uruguay, en la conocida como esquina del gato. Como consecuencia de este trabajo, la Policía realizó 30 aprehensiones de papelinas de cocaína y heroína a distintos clientes.
En agosto, como resultado de las escuchas a Enrique C.C., los investigadores descubrieron que Marco Antonio F.M. era el "transportista" de la droga y fue interceptado en la avenida de La Paz, en Sevilla capital, con droga en el interior de su vehículo. También confirmaron que sus principales proveedores eran Juan M.C. y Enrique C.C., que distribuían la mercancía "por otras zonas" de la ciudad. Este último, que pese a coincidir en las iniciales tiene un primer apellido distinto, era "socio" del líder de la organización.
La Fiscalía, y por tanto también la sentencia, destaca igualmente la "activa" participación de la esposa y el hijo del dirigente de la banda, que "incluso se encargaban de preparar la droga" en la vivienda de su familiar Antonia C.C., quien a su vez usaba su casa para "cocinar" las sustancias.