La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) ha logrado del Partido Popular el compromiso de que reclamarán en el Parlamento una comisión que investigue las posibles responsabilidades políticas derivadas de los hechos que condujeron a la muerte de dos guardias civiles en el puerto de Barbate en las primeras horas de la noche del 9 de febrero último.
El secretario general, Ernesto Vilariño, acompañado de Agustín Leal, secretario de comunicación han mantenido un encuentro con Ana Vázquez, diputada y miembro de la Comisión de Interior en el Congreso, quien se han comprometido en lograr la puesta en marcha de una comisión de investigación que analice los hechos y determine si existen responsabilidades en la inacción de los distintos niveles de la Administración, desde la cadena de mando que dio las órdenes hasta los máximos responsables del Ministerio del Interior, dado que el propio ministro, Fernando Grande Marlaska, calificó la operación de "impecable" pese a que el resultado fue la muerte violenta de dos funcionarios públicos.
"Agradecemos la disposición hallada en el principal partido de la oposición para que este trágico resultado no quede en el olvido y se esclarezca si existió una inacción por parte del Ejecutivo que favoreció que dos de nuestros compañeros murieran tras ser embestida la débil embarcación en la que navegaban por una de las potentes narcolanchas a las que, sin ninguna posibilidad de éxito, intentaban identificar", ha manifestado Ernesto Vilariño tras el encuentro.
Personada como acusación particular en la causa abierta contra los hasta ahora investigados como autores de este doble asesinato, confían en que el PP mantenga la disposición expresada hoy, sobre todo tras conocer en los últimos días algunos de los detalles incorporados en el sumario "que pueden generar una enorme inquietud y zozobra en todos los guardias civiles, ante la sensación de absoluta indefensión que muchos sienten frente a la actitud cada vez más violenta de las mafias que controlan el tráfico de estupefacientes y de inmigrantes en el Estrecho" ha dicho Vilariño, tras concluir la reunión en la que han participado además Gema Pérez e Irene Garrido diputadas de la comisión de Trabajo y Seguridad Social. "Es imprescindible que las familias de los fallecidos, los miles de compañeros de Guardia Civil y la sociedad en general conozcan las comunicaciones que se sucedieron el día de la tragedia entre la comandancia de la Guardia Civil en Cádiz con la subdelegación del Gobierno en Cádiz, así como con el Servicio de Vigilancia Aduanera. Según Ernesto Vilariño, "Se requiere valentía política para una comisión que debe repasar unos hechos incómodos y llamar a declarar tanto a los mandos militares, pero sobre todo a los políticos, como el subdelegado del Gobierno en Cádiz, el director de la Guardia Civil o el propio ministro del Interior".
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