La decisión de Pedro Sánchez de colocar a Teresa Ribera como cabeza de lista del PSOE a las elecciones europeas -con vistas a ser comisaria europea de Energía, su gran ambición-abre la puerta a que su marido, Mariano Bacigalupo, pueda ocupar la presidencia de la nueva Comisión Nacional de la Energía (CNE). Algo que habría sido un escándalo si su esposa siguiera siendo ministra y vicepresidenta del Gobierno.
Como informó OKDIARIO, Ribera y Bacigalupo pretendían colocar a su protegida, María Jesús Martín Martínez, al frente de la CNE para seguir dirigiendo la política energética española como hasta ahora. Otra opción sería la de Natalia Fabra, actual consejera de Enagás, también de la máxima confianza de la ministra. Pero, ya sin Ribera en el Ejecutivo, al tándem no le haría falta actuar mediante persona interpuesta, sino que el propio Bacigalupo podría ocupar perfectamente ese sillón, según fuentes al tanto de la situación.
Bacigalupo fue nombrado consejero de la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores, la policía de la Bolsa) en 2022 para asegurarle seis años más de sueldo público ante el fin de su mandato en la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, de la que se va a desgajar la CNE). Entonces, Teresa Ribera y su marido consiguieron que Martín Martínez ocupara ese asiento vacante en el consejo de la CNMC.
Este traslado de Bacigalupo de una comisión a otra está siendo investigado por el Tribunal Supremo, como adelantó OKDIARIO, por no cumplir el requisito de contar con «reconocida competencia en materias relacionadas con el mercado de valores». La presidencia de la CNE sería una excelente salida ante el riesgo de que se anule su nombramiento para el cargo actual.
Precisamente, el marido de Teresa Ribera ha vuelto a ser noticia este semana por entrometerse en la opa que se está preparando sobre Naturgy con el argumento de que «la libertad puede limitarse». En la red X, Bacigalupo ha dado una especie de clase de Derecho en la que explica las diferentes opciones con que cuenta el Gobierno para asegurar el «interés general» en dicha compañía, desde la imposición de restricciones y condiciones a los compradores hasta la entrada del estado (la SEPI) en el capital.
La CNE, crucial
La creación de la CNE fue un gol que le coló Ribera a Nadia Calviño, para quitar el control de la política energética a la CNMC, que depende del Ministerio de Economía. El control del nuevo organismo es muy relevante por cuanto será la que determine las nuevas normas del sector energético.
En especial, la revisión de la remuneración de las redes de distribución y transporte de electricidad, la gran batalla que tiene que librar ahora el sector. Es imprescindible acometer una fuerte inversión en la ampliación y mejora de estas redes: de lo contrario, no podrá extenderse el coche eléctrico, ni el autoconsumo, ni los data centers.
Las eléctricas se han quejado reiteradamente de que ahora mismo hay un tope a la inversión en redes de distribución que el Estado retribuye a las empresas; y «la inversión que no se retribuye no se hace», según Francisco Reynés, presidente de Naturgy.
El problema es que esa inversión se pagaría en el recibo de la luz, independientemente del consumo y del precio del MWh. Una solución sería quitar el impuestazo a las energéticas, pero esta propuesta choca con la oposición radical de otra de las vicepresidentas del Gobierno, Yolanda Díaz.
Ribera no lo tiene fácil
El ejecutivo de Sánchez sostiene que Ribera tiene muy buen cartel para pilotar la transición energética europea, pero la realidad no es ni mucho menos así. Para empezar, la obsesión climática con que empezó su mandato Ursula von der Leyen ha perdido mucha fuerza y, además, han hecho mella las presiones de la industria europea para una «transición justa» que no ponga en peligro el empleo y las inversiones.
Por otro lado, tras la guerra de Ucrania la seguridad del suministro ha pasado a ser prioritaria sobre las cuestiones ecológicas. A lo cual hay que sumar el fracaso del coche eléctrico y la marcha atrás de muchas marcas en sus ingentes planes de fabricación de estos vehículos.
Por último, aunque España tenga derecho a colocar un comisario en el nuevo Ejecutivo comunitario, nada garantiza que sea la cartera de Energía. Eso dependerá de las negociaciones entre países que se abran entre los diferentes Gobiernos comunitarios tras las elecciones europeas.