En agosto de 2023 el Ministerio de Transporte y Obras Públicas presentó un centro de gestión del tránsito, alimentado en tiempo real con información de cámaras y unos 100 radares instalados en distintos puntos de las rutas nacionales, identificados como "conflictivos".
De esos 100 radares, varios fueron instalados en la Ruta Interbalnearia, donde en algunos puntos la velocidad máxima disminuyó, pasando a ser 60 kilómetros por hora en varios tramos.
El proyecto se presentó como un "plan para salvar vidas". O al menos así lo definió el ministro de Transporte, José Luis Falero, cuando sostuvo que los radares no suponían una "caza" de infractores, sino una advertencia de que estaban circulando por una zona de riesgo. "Como uruguayos que queremos salvar vidas, tenemos que advertirles que en esos lugares tenemos que andar un poco más despacio", dijo en agosto de 2023.
Los datos, sin embargo, todavía no muestran cambios significativos en los siniestros registrados antes y después de la puesta en marcha, al menos en el caso de aquellos instalados sobre la Ruta Interbalnearia y en dos períodos comparados.
Sobre esa vía hay siete puntos en los que el ministerio tiene funcionando radares, según los datos a los que accedió El Observador tras un pedido de acceso a la información dirigido a la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev).
En el período que comprende agosto de 2022 a febrero de 2023 se registraron 32 siniestros de tránsito en una distancia de 500 metros del radar, entre fatales, graves y leves. Durante los siete meses posteriores a la colocación de los radares (aunque la fiscalización empezó en noviembre), la cifra fue 31.
Los siniestros fatales antes y después fueron los mismos: uno y uno, siempre teniendo en cuenta los 500 metros de distancia desde el radar.
Vale aclarar, sin embargo, que los datos proporcionados por Unasev no distinguen si en el siniestro fatal murió un conductor o un peatón, ni las razones del accidente.
Pero, en cualquier caso, los datos no permiten concluir que tras la puesta en marcha de este plan bajaron los siniestros.
Unasev también incluyó los datos de ambos períodos pero con un alcance de 1.000 metros desde el radar. En ese caso, el total de siniestros bajó de 58 a 53.
Si se toma en cuenta esa distancia, sin embargo, los accidentes fatales fueron más después de la colocación de los radares que antes. La cifra fue de 2 entre agosto de 2022 y febrero de 2023 y 4 en el mismo período pero de 2023 y 2024.
Para Jorge Alfaro, secretario general de Unasev y periodista especializado en seguridad vial, para poder sacar conclusiones de una "zona roja" se requieren "dos años de controles y comparaciones".
Explicó también que los lugares donde se colocaron los radares fueron señalados por Unasev, pero por "zonas" y que fue el Ministerio de Transporte el que luego definió en qué lugar exacto los colocaba, teniendo en cuenta varios factores, como la siniestralidad, la proximidad con zonas pobladas y escuelas.
Y aclaró que los 500 metros desde el radar son "realmente" la zona de influencia, ya que desde ese punto es que se instalan los carteles que avisan al conductor sobre el control de la velocidad. "El radar lo único que mide es la velocidad, no medimos infracción", apuntó y puso como ejemplo los casos en los que un peatón cruza donde no debe o un auto no respeta la señalización.
¿Por qué entonces se le atribuye a los radares un rol preponderante en la disminución de los accidentes de tránsito? Para Alfaro, no hacen "magia", pero sirvieron para revertir la tendencia de muertos en rutas nacionales versus zonas urbanas.
El último informe de siniestralidad vial a año cerrado muestra que en 2022 hubo un "máximo histórico" de muertos en el tránsito (431 personas), pero que para 2023 esa cifra bajó 5%, con 27 muertos menos en rutas (cayó de 230 a 203). El informe de Unasev de 2023 lo atribuye al "Plan Nacional de Radares", que se asegura logró "de manera casi inmediata" una "notoria disminución de los fallecidos".
Para 2022 la proporción de muertes por siniestros de tránsito en rutas nacionales fue de 53% versus 47% en zonas urbanas, pero un año después se invirtió y pasó a ser de 48% versus 52%.
Cuando se anunció el proyecto del MTOP para instalar cientos de radares –un plan incluido en la Rendición de Cuentas– la polémica sobre la finalidad de estos dispositivos (siempre criticados por el oficialismo cuando la Intendencia de Montevideo los promovía) se reavivó.
El tema escaló al punto que el presidente Luis Lacalle Pou mantuvo una reunión con el ministro Falero para analizar la situación y advertirle que no se podía transformar en una "fuente de recaudación". Luego aclaró que consideraba que estaba bien "ordenar" el tránsito y "cuidar la seguridad vial", pero que el gobierno no se podía "pasar para el otro lado".
Fue entonces que se resolvió establecer un plazo de "revisión" una vez que los dispositivos empezaran a funcionar. Esto se hizo, a nivel de todo el país, hasta que en noviembre del año pasado empezaron a multar, luego de varias semanas de "prueba".
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