En un reportaje con El Tribuno de Jujuy, el constitucionalista Daniel Sabsay se opuso fuertemente a la designación de Ariel Lijo en el Máximo Tribunal, al afirmar que aparte de "un juez corrupto", "fue un conocido encubridor de causas importantes y también un aguantador de otras". Además, señaló que no observa que haya más "independencia judicial" en el Gobierno de Milei que en los del kirchnerismo y no descartó un pacto de impunidad entre el jefe de Estado y Cristina Fernández.
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En un reportaje con El Tribuno de Jujuy, el constitucionalista Daniel Sabsay se opuso fuertemente a la designación de Ariel Lijo en el Máximo Tribunal, al afirmar que aparte de "un juez corrupto", "fue un conocido encubridor de causas importantes y también un aguantador de otras". Además, señaló que no observa que haya más "independencia judicial" en el Gobierno de Milei que en los del kirchnerismo y no descartó un pacto de impunidad entre el jefe de Estado y Cristina Fernández.
La polémica por la designación de Ariel Lijo en la Corte Suprema es cada vez mayor, ¿por qué cree que el Gobierno se expone tanto?
Eso habría que preguntárselo al Gobierno, pero me parece muy desatinada esa decisión porque si hay un juez corrupto ese es Ariel Lijo. Lijo fue un conocido encubridor de causas importantes y también un aguantador de causas. Me refiero a casos importantísimos como el de Amado Boudou, el de la deuda con Formosa y una gran cantidad de otras situaciones. Además, hay que recordar que Ariel Lijo fue designado por Néstor Kirchner en 2003. Lijo tiene un hermano que está absolutamente conminado con él, una gigantesca fortuna que no puede explicar. Los periodistas Carlos Pagni y Joaquín Morales Solá han hecho una descripción muy clara de todo lo que implica este personaje. Evidentemente me opongo totalmente, sería una tragedia para la Justicia argentina que Ariel Lijo acceda a la Corte, que es algo coordinado con Ricardo Lorenzetti. Aparentemente tiene una muy buena amistad, al igual que con Karina Milei.
Muchos piensan que Lijo es un representante fiel de la casta judicial, ¿cómo lo ve usted?
Más casta que Ariel Lijo imposible.
¿Qué considera que hay detrás de este nombramiento para que el Gobierno se mantenga inalterable?
Por algo lo hacen, algo sucio hay que tapar.
Milei llegó al Gobierno hablando de la importancia de la independencia judicial, ¿cree que lo está cumpliendo?
Me parece que viene, por lo menos, como el resto de los gobiernos K. No aprecio que haya más independencia judicial que antes. La relación del Gobierno con Ricardo Lorenzetti, la designación de un personaje como Ariel Lijo y el modo como se lo quiere sacar a Juan Carlos Maqueda hablan de una actitud que, lejos de ser respetuosa de la independencia de la Justicia, lo que quiere es armar una Corte Suprema propia: más claro, el agua.
Se mencionó mucho una especie de pacto judicial de impunidad entre Javier Milei y Cristina Kirchner, ¿piensa lo mismo?
Llama la atención, por lo menos. Eso mismo es lo que vienen sosteniendo tanto Carlos Pagni como Joaquín Morales Solá, con muchos más elementos que yo. Otra de las personas que sugirió esto fue Elisa Carrió.
¿Considera que continuará judicializándose la mayoría de las decisiones políticas y económicas del Gobierno?
Ya varias de esas medidas están siendo revisadas por la Justicia y han sido objeto de medidas cautelares que suspendieron su cumplimiento. Hoy la inseguridad jurídica es brutal porque en los distintos rubros no se sabe bien qué es lo que rige.
¿No cree que es mala la judicialización de la política?
La Justicia lo que hace es simplemente ver si se han violado derechos y en ese caso actuar en el control de la constitucionalidad. Es lo que le compete a la Justicia.
¿Piensa que el mega DNU de Javier Milei es constitucional?
Me parece claramente inconstitucional porque un DNU no puede tener tanta cantidad de artículos. En segundo lugar porque el Presidente podía convocar perfectamente a las cámaras legislativas para someter eso al principio de legalidad, es decir que sea sancionado por una ley, y no lo hizo. Con lo cual este DNU claramente es contrario a lo que establece el artículo 99 respecto de la excepcionalidad, que como principio general le prohíbe al Presidente el dictado de DNU.