Quedará registrada en la historia peruana la vergüenza de que nuestra primera presidenta haya calificado como waiki o hermano a alguien como Wilfredo Oscorima, que ha tenido la costumbre de hacer que sus parejas se tatúen su nombre. Tres Rolex y una pulsera, según la nueva versión oficial, que trajinaron el camino de regalus interruptus a préstamo incondicional sin fecha de retorno, sumados al apoyo en las protestas, han sido motivo suficiente para este hermanazgo acelerado y sin preguntas sobre antecedentes y comportamientos. Es triste que el potencial del liderazgo femenino en la política, en un país que ya no cree en nadie y donde las mujeres resuelven múltiples problemas cotidianamente, se desperdicie en la banalidad y falta de criterio que ha mostrado la presidenta. Cuánto daño le ha hecho a la idea de que una presidenta mujer podría cambiar la manera de hacer política solo podremos evaluarlo en el tiempo. Con la demanda por mano dura, difícilmente las candidaturas de mujeres podrán remontar el machismo de nuestra sociedad.
Lo que sí se puede concluir es que la presidenta se waikeó con insensata premura. Oscorima tiene madera de joyón, no por sus Rolex, sino por las acusaciones que enfrenta de periodos anteriores, que incluyen a un colaborador eficaz que dice haberle entregado coima. Tiene además cuestionamientos al origen de su fortuna y esa insólita manía de tatuar su nombre en la piel ajena. No se sabe qué tendrán que decir sus doce parejas y quince hijos sobre él, así como personas de su entorno. Estas noticias recién son garúa, pero tienen potencial de huaico. Indudablemente, ese lodo y piedras impactarán a la presidenta también, a quien las encuestas ya castigan con la incredulidad que se ha ganado por mérito propio.
Varios penalistas renombrados señalan que el delito de cohecho (soborno) parece claro, por las propias declaraciones de los waikinvolucrados. No se necesita que sean regalos, basta que sean beneficios. Es más, si la presidenta hubiera aceptado el regalo y lo declaraba, no habría delito porque todo se hacía transparentemente. El pedir que tengan calidad de préstamo para no declararlos hace que se junten el beneficio recibido y el interés por ocultarlo, lo que sugiere que hay algo indebido que no se quiere revelar. Si a eso se suman las transferencias y la coincidencia en las fechas, no hay mucho más que agregar. El nivel de prueba tampoco puede ser un contrato.
La presidenta no puede ser acusada por esto, pero sí investigada. Y puede ser hasta acusada por lo ocurrido antes de este periodo presidencial, que es lo que contiene el informe de la UIF. El gobernador de Ayacucho no tiene ninguna protección constitucional. La fuerza y rapidez con que se le investigue depende de la Fiscalía, no del Congreso. Cualquiera de estas investigaciones carcomerá aún más la aceptación de la presidenta, y de su soporte, el Congreso. ¿Pedro Castillo hubiera sido vacado por un escándalo similar? Muy probablemente. El Congreso no vaca a Boluarte porque no quiere acortar su propio periodo ni se anima a imponer la teoría de que solo se convocaría a elecciones presidenciales. Mientras más costoso sea políticamente sostener a Boluarte, más le pedirán a cambio los distintos grupos políticos. El riesgo de populismo como cancha (¿pop-pop-pop-populismo?) es muy grande. No se puede descartar que algunos de los mejores ministros en algún momento se cansen de seguir en este juego, de ser arqueros fallidos de las iniciativas del Congreso.
Al aceptar y lucir los relojes la presidenta ha demostrado que no tiene potencial de ajedrecista. No decide qué hacer después de haber anticipado las consecuencias de sus acciones y las probables respuestas de los demás. Y ha ratificado ese rasgo cuando pretendía resolver el entuerto, después de varios días de silencio. ¿Cuántos errores más se sumarán?
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