Los casos de corrupción en España llevan tiempo copando las portadas de los medios de comunicación, ya sea cuando arrancan las investigaciones que terminan en acusaciones ya sea cuando empiezan los juicios. Esta semana ha sido el turno del caso Erial por el que se acusa al expopular Eduardo Zaplana, sin embargo las labores periciales arrancaron en 2015 por unos hechos que se estuvieron cometiendo desde 1995. Es mucho el tiempo que ha pasado desde entonces, pero si se analiza la dilación en el tiempo de este tipo de procesos judiciales es más que común.
El juicio del caso Rato, en el que aparece como imputado el exministro de economía Rodrigo Rato, ha empezado hace unos días siendo que la investigación también se inició hace nueve años. Sin embargo, la lista es más larga: el caso Lezo, con siete piezas separadas por la gestión de la empresa pública Canal Isabel II, empezó en 2016, mientras que Púnica en el que se aborda la financiación ilegal de la campaña del PP arrancó en 2003, que más adelante en 2014 ensanchó cuando empezó a investigarse a la cúpula del PP madrileño de Esperanza Aguirre.
Cabe destacar también el caso de los Pujol, los cuales están investigados desde 2013 por unos hechos que ocurren desde los años 80. Son varios los delitos a los que se enfrentan como organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, delitos fiscales, blanqueo de capitales, prevaricación, falsedad documental y aún esperando juicio. Pero, ¿por qué tanto tiempo para juzgar cuestiones de tanta importancia para la vida pública?
La principal razón ante estas dilaciones es la relativa a la dificultad de seguir la pista del dinero. En muchas ocasiones es necesario pedir comisiones rogatorias a países que en la mayoría de casos son paraísos fiscales que no suelen colaborar ya que la opacidad que les caracteriza es un negocio para ellos.
Otra cuestión que argumenta este retraso en el tiempo es que la justicia continua siendo la 'Cenicienta' de la Administración pública. Cuestión que conlleva a la falta de medios humanos y materiales que obliga muchas veces a que se señalen los juicios a años vista.
Por otro lado, se encuentran los abogados defensores con honorarios altísimos y muy propensos a establecer estrategias dilatorias que no son más que priorizar la interposición de todos los autos y resoluciones. Primero ante el propio juez en reforma y después en apelación ante los órganos superiores.
De esta manera, si hay dilaciones indebidas a la hora de condenar estas pueden conllevar rebajas de pena. En este aspecto, además, existe otro asunto bastante perverso y es que los despachos de abogados viven de eso: cuanto más tiempo se alarguen los procedimientos, más tiempo le pueden cobrar a sus clientes.