Luego de que en setiembre de 2023 la Justicia sobreseyera definitivamente a los jóvenes que habían sido acusados de cometer una violación grupal en enero de 2022 en el barrio Cordón, los abogados defensores de la mujer denunciante presentaron una demanda contra el Estado uruguayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que consideran que se "violaron derechos humanos", confirmó la abogada Soledad Suárez.
En diálogo con El Observador, Suárez –en representación del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República– confirmó que la demanda se presentó y explicó que el Estado "violó los derechos humanos" de la mujer en todo el proceso desde que denunció por primera vez hasta que los denunciados fueron sobreseídos.
"Se violaron en que no se pidieron determinadas pruebas, en las condiciones nulas para que no hubiese revictimización, en la falta de profesionales adecuados para las pericias", aseveró.
Si bien la demanda, informada en primera instancia por Subrayado, es al Estado, Suárez explicó que apunta en concreto a la Fiscalía General de la Nación, en especial los últimos tres fiscales que tomaron el caso.
Ellos fueron Raúl Iglesias, que fue separado del caso luego de un pedido de la defensa y luego pasó a la Fiscalía de Flagrancia, Judith Rodríguez que fue quién archivó el caso en primer lugar y luego el fiscal Schubert Velázquez que reexaminó la causa y también sobreseyó a los denunciados.
En ese sentido, Suárez dijo que en la demanda están detalladas las actuaciones de los fiscales y se cuestiona que el Estado Uruguayo no brinde la "especialización adecuada" a los fiscales en materia de género para tratar estos temas. "¿Leyeron el dictamen de Velázquez? Que se lo muestren a una hermana, madre, tía y me digan qué opina", cuestionó.
En ese dictamen Velázquez recordó que en los videos que se presentaron se escuchan "risas y tonos de voz acordes a una relación muy alejada a la violencia descripta por la denunciante y sí ajustada a la escena que describieron los indagados al inicio".
También destaca la declaración de un amigo de ella, que dijo que la víctima le admitió "haber aceptado que se sumara uno más", refiriéndose a que aceptó involucrar a una persona más, además del menor con el que inicialmente iba a tener relaciones.
"¿Cómo va a hablar de risas y tonos de voz para determinar una situación así?", cuestionó Suárez.
Además, apuntó que la Fiscalía General de la Nación no actuó de oficio cuando el periodista Ignacio Álvarez decidió divulgar audios del caso en su programa radial, algo que fue denunciado por la propia Suárez en la Justicia.
"Si no demandábamos toda esta actuación estábamos en falta. El Estado debe hacerse cargo de cómo trata este tipo de casos de género, los recursos que se asignan, la especialización de los actuantes. Que se haga cargo de lo que hizo y lo que no hizo", concluyó.
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