La Sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia consideró en la providencia en la que resolvió la situación jurídica del excongresista, que la medida de aseguramiento no era necesaria. La decisión fue adoptada de forma mayoritaria.
La investigación se adelanta por presuntos hechos de corrupción registrados entre 2009 y 2011 vinculados a reclamaciones pensionales de docentes del departamento de Córdoba que habrían sido resueltas ilegalmente en despachos judiciales de ese departamento y en las que habrían mediado intereses de abogados. En la investigación hay declaraciones de testigos que afirman que presuntamente el entonces senador sería uno de los beneficiarios de la irregularidades.
En agosto de 2022 la Sala decretó la apertura de la instrucción y un mes después Benedetti Villaneda fue vinculado mediante indagatoria.