El archivo de la causa incoada contra Mónica Oltra y su dimisión forzada durante la instrucción, aunque la resolución no sea firme y pueda ser recurrida, pone sobre la mesa, de nuevo, la urgente necesidad de buscar soluciones a situaciones en las que la política y sus apariencias, el juego perverso del poder y las estrategias de los partidos tienen consecuencias que el ordenamiento jurídico, la limpieza del sistema y los derechos de los afectados, deberían impedir por el lugar preferente que debieran ocupar estas últimas, no cediendo ante presiones que solo tienen lecturas interesadas.
No debe olvidarse, sin embargo, que Oltra encabezó y fue activa en lo que ahora le ha afectado de lleno cuando se ha tratado de políticos de distinto signo, exigiendo lo que a la postre a ella misma ha causado un daño innecesario desde planteamientos estrictamente jurídicos. Carece de legitimidad, pues, para quejarse por lo que no dudó en demandar para otros a pesar de la evidencia de las posibles injusticias que esa pretensión de anteponer responsabilidades políticas, siempre sesgadas, genera y ahora le ha generado. Lo mismo cabe decir de aquellos que, desde la llamada izquierda, tan generosos en la demanda de responsabilidades a los adversarios, ahora critican a estos últimos lo que promovieron con fervor en casos múltiples. Leer los comentarios y lamentos, cargados de reproches que esconden un uso político, ratifica lo dicho y el abuso partidista de la Justicia sin límites éticos. De nuevo hablan de lawfare sin saber qué es, pero se han adherido al concepto con un entusiasmo impropio de personas en edad madura. Lawfare cuando esa misma Justicia ha archivado el asunto denota algo más que ignorancia.
Unos y otros han jugado con las mismas cartas y siguen haciéndolo cuando les conviene, sin reparar en daños, considerando los ataques a imputados como un beneficio inmediato para sus estrategias y, en muchos casos, porque cierta prensa que, aunque asistida por sus derechos de libertad de información y opinión, debería colaborar en no convertir el proceso en un espectáculo mediático. El morbo de la corrupción o la conversión en corrupción de lo que puede no serlo en asuntos muy complejos no es modélico y tiene efectos en la conciencia ciudadana que debilitan la adhesión al sistema democrático.
Los partidos usan el proceso penal, judicializan la política, como una forma de ataque al contrario. La política de hoy tiene más de insulto al otro, que de proposición de programas y soluciones y el insulto que ha demostrado mayor eficacia es la inculpación del rival, su partido, su familia, amigos y parejas. Todo vale en este juego que hace de la política un lodazal.
La presunción de inocencia es un derecho que asiste a toda persona y que, si bien no impide a los particulares y a la prensa ejercer sus libertades, incluso las de exponer dudas o razones sobre la posible culpabilidad de los imputados –dudo si a los partidos debería exigírseles el mismo comportamiento que a la Administración Pública, que sí queda sujeta a una conducta respetuosa con ese estatus-, sí podría ser objeto de reflexión por los daños que provoca en el sistema constitucional. Condenar sin condena es una muestra de cierta indiferencia o desprecio hacia los derechos humanos.
Todo inocente lo es hasta que no es condenado y solo deberían producirse limitaciones en sus derechos cuando así se determinara en un procedimiento, mediante resolución judicial y ante riesgos cautelares contrastados, es decir, cuando el cargo o función del investigado pudiera comprometer o incrementar el presunto delito cometido y sus efectos. Fuera de eso, la responsabilidad política, siempre discrecional, debería delimitarse adecuadamente y no sobrepasar límites demostradamente útiles para fines que muchas veces son espurios y muchas otras, incluso, provenientes del interior de las formaciones en las que milita el afectado. Enemigos y adversarios no son siempre los mismos y los enemigos suelen estar siempre muy cerca de los obligados al exilio político. En el caso de Oltra difícil es no percibir esa identidad entre unos y otros. La memoria queda en estos tiempos inscrita en papel, aunque se quiera desconocer lo impreso y los ahora defensores fueron punta de lanza del ataque.
Pero no aprenden. Todos en el PSOE han saltado atacando a esa derecha que señalan con displicencia en este caso, olvidando casos muy cercanos, como el de la alcaldesa Sonia Castedo, absuelta tras años de ataques feroces por estos mismos que hoy se rasgan las vestiduras. Hipocresía y vuelta a lo mismo.
Hace pocos años, bajo el gobierno de Rajoy se intentó afrontar este problema regulando cuándo se debía proceder judicialmente a suspender, valorando en el caso circunstancias, a quien estuviera imputado. Todos los partidos tienen en sus normas internas reglas al efecto. Nadie quiso que la ley contemplara lo que se quería como instrumento de agitación y que fueran los jueces los que decidieran; nadie quiso privarse del poder de difamar al adversario, demasiado goloso y útil para destruirlo y las normas propias se incumplen con esa displicencia propia de quien se cree por encima de la ley.
Hoy mismo se juegan en España varios partidos en ese campo: Koldo, Rubiales, Begoña Gómez y Ayuso. Lo de siempre. Nada ha cambiado. Ya se ha condenado a todos según cada cual. Para unos lo son los otros; para los otros, los unos. Ver por un solo ojo es síntoma de una sociedad enferma. No respetar los derechos humanos y al Poder Judicial y otorgar a los partidos un poder tan inmenso es entregar algo más que las aparentes convicciones e ideas. Y cuando desaparecen las convicciones se impone la falta de ética.
La democracia de baja calidad es aquella en la que los derechos de cada persona se supeditan a los intereses de quienes anteponen sus preferencias y necesidades inmediatas, no siempre éticas y al servicio de la sociedad.
Oltra es un ejemplo más de los cientos que hay. Una anécdota en este desierto de convicciones. Pero para ella, su tumba política. Como para tantos otros. Pero eso no importa si es buena la soldada. Y, no nos engañemos. No tiene remedio.
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