El fiscal chileno Héctor Barros aseguró este jueves que el secuestro y posterior asesinato de Ronald Ojeda, exmilitar y opositor al gobierno de Nicolás Maduro, fue un crimen con un móvil político y que fue organizado directamente desde Venezuela.
Ojeda fue secuestrado el pasado 21 de febrero cuando un grupo de encapuchados irrumpió en el edificio en el que vivía en el sur de Santiago, la capital chilena, y lo sacó a la fuerza de su apartamento.
Imágenes difundidas por canales de televisión locales mostraron el momento en que los hombres, que se hicieron pasar por policías chilenos, sacaron al hombre casi desnudo, pues estaba vestido tan solo con su ropa interior. Diez días después, el cuerpo de Ojeda fue encontrado dentro de una maleta sepultada bajo el cemento.
Barros, jefe del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) y quien tiene a cargo el caso de la muerte de Ojeda, afirmó que las autoridades ya desecharon la primera hipótesis que sostenía que el crimen organizado podría estar detrás del secuestro y asesinato del exmilitar.
"Hay un grado de organización, hay un grado de ejecución de este delito que nosotros no lo hemos visto. El Tren de Aragua nunca actuó como lo hicieron en este caso, disfrazados de policías y darse el trabajo además de enterrarlo a 1 metro con 40, y cementar la zona", afirmó.
El fiscal también aseguró que se descartaron otras hipótesis como que Ojeda pudiera estar relacionado con actividades ilícitas o que se tratara de un secuestro extorsivo.
"Hasta el momento hemos establecido que esto no fue un autosecuestro, no fue un secuestro extorsivo. El perfil concreto que tiene la víctima nos lleva a concluir que ninguna de las primeras hipótesis en que la víctima hubiera estado en movimientos ilícitos o que el Tren de Aragua lo hubiera secuestrado para efectos de cobrar algún rescate, están absolutamente descartadas, por lo tanto, la única línea que nos queda es esa", dijo.
Y agregó: "Nosotros sostenemos que esto se organizó, se solicitó el secuestro y posterior homicidio del señor Ojeda desde Venezuela".
La ministra del Interior también afirmó este viernes que la Fiscalía apunta "a pensar que la hipótesis más plausible es que haya habido un móvil político". "¿De quién es ese móvil político? Eso la misma investigación lo tiene que aclarar", agregó.
Tras conocerse las declaraciones del fiscal, los partidos políticos chilenos reaccionaron y pidieron acciones contra el gobierno venezolano. El Partido Republicano, por ejemplo, pidió convocar una reunión del Consejo de Seguridad Nacional para adoptar medidas "frente a la grave vulneración de la soberanía nacional por parte de la dictadura de Nicolás Maduro".
Este es un delito transnacional que se organizó en Venezuela (...) no he dicho quién lo organizó
"Tras la afirmación del fiscal Héctor Barros diciendo que el secuestro y homicidio de Ronald Ojeda fue organizado desde Venezuela, si se acreditara inteligencia venezolana en Chile, estamos frente a un hecho grave y amerita romper relaciones diplomáticas con la dictadura de Maduro", escribió por su parte el senador Francisco Chahuán en su cuenta de X.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, no obstante, descartó por el momento la interrupción formal de las relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro.
"Si el país se fuera por ese camino en este momento sería renunciar a toda posibilidad de justicia en este caso y es eso lo que vamos a priorizar", afirmó la ministra, consultada por periodistas.
"Esto que ha pasado es importante para Chile. Le damos la mayor gravedad pero también es importante para Venezuela. Los ojos van a estar puestos en su comportamiento", agregó.
El fiscal del caso aseguró que ya solicitaron asistencia penal internacional a Venezuela para dar con la captura de dos ciudadanos venezolanos que se encuentran en ese país y que tendrían relación con el asesinato de Ojeda.
Contra esas personas, según informó el gobierno chileno en marzo, ya pesan órdenes de captura de Interpol. Por el caso, las autoridades también imputaron a un menor de 17 años.
"Lo que he dicho es que este es un delito transnacional que se organizó en Venezuela (...) no he dicho quién lo organizó, porque eso es parte de la investigación, y en eso estamos trabajando", reiteró el fiscal el viernes.
En marzo, tras conocerse el asesinato, sectores de la oposición de Venezuela apuntaron a la hipótesis de una operación encubierta de los servicios secretos del gobierno de Maduro. Una teoría que el Ejecutivo en Caracas rechazó.