La sumatoria de estos fenómenos configura una situación peculiar: la vigencia del petrodólar como moneda internacional de reserva está cada vez más explícitamente atada al control norteamericano sobre las principales fuentes y reservas de energía en el mundo. Así, la esencia de esta moneda sale a la luz del día: es una relación asimétrica de poder que impone un orden global a partir del uso de la fuerza bruta. El petrodólar ya no oculta su función como vehículo de sanciones económicas, de cambios de régimen político, de guerras y de ocupaciones militares. Muestra, en cambio, que el "mundo basado en reglas" (rules based order) decididas por una sola nación es posible gracias al ejercicio descarnado de la fuerza. Esta centralidad de la violencia socava la legitimidad de las Naciones Unidas como foro de resolución de los conflictos internacionales y aflora en fenómenos aparentemente desconectados entre sí: desde las guerras en Ucrania y el Medio Oriente al experimento mesiánico de un presidente Milei que, a puro aplauso de los "mercados", pretende imponer la dolarización en la Argentina con decretos que violan la Constitución y las leyes del país.
Hegemonía norteamericana: petróleo y guerras
A principios del siglo XX un geógrafo británico, Halford Mackinder, catapultó a Eurasia al centro de la discusión política internacional. Advirtiendo sobre la enorme importancia y riqueza de esta masa continental, sostuvo que quien controle "su corazón" controlará al mundo. Luego de dos guerras mundiales que tuvieron por epicentro la conquista de territorios centrales a la región, Zbigniew Brzezinski habría de reformular la teoría de Mackinder: no sólo Eurasia era el centro del poder global, sino que el dominio mundial de los Estados Unidos dependería en el futuro de su capacidad para impedir la emergencia de un poder alternativo en esta región. De ahí en más, la política exterior norteamericana buscó su control territorial impulsando las divisiones entre los dos principales países de la región: Rusia y China; impulsando "revoluciones de color" en la ex Unión Soviética, seguidas de la expansión de la OTAN hasta la frontera rusa; e impulsando sanciones económicas, incursiones militares y guerras sin fin en los países con las principales reservas energéticas del mundo. A pesar de esta estrategia, los Estados Unidos enfrentan hoy en Eurasia a un frente de países aliados estratégicamente para garantizar su respectiva seguridad nacional y su desarrollo económico estableciendo transacciones económicas y financieras al margen del dólar. Esto ocurre al tiempo que las guerras en Ucrania y en el Medio Oriente aceleran la pérdida de hegemonía mundial norteamericana y tienen cada vez mayor incidencia sobre el abastecimiento de energía y los precios internacionales de la misma.
Esta semana, el JP Morgan advirtió sobre el aumento del 18 % en los precios del petróleo desde diciembre pasado y la posibilidad de que sigan trepando e impacten sobre las elecciones presidenciales de Estados Unidos. En la misma sintonía, Biden exigió al Gobierno de Ucrania la suspensión momentánea de los sabotajes con drones a la infraestructura de petróleo y gas ruso, pues los mismos ya afectan a los precios de la energía. En paralelo, el cierre del Mar Rojo al transporte de gas y petróleo de la región por los bombardeos de los Houthis también contribuye a la inestabilidad de estos precios. Así, estas dos guerras en Eurasia muestran a un gobierno norteamericano jaqueado por las limitaciones de su política exterior: mientras escala el conflicto en Ucrania tornándolo en una "guerra asimétrica" que produce "sorpresas terroristas" en suelo ruso es, al mismo tiempo, incapaz de contener a su aliado estratégico en el Medio Oriente, empeñado en un genocidio contra Palestina.
Precios de la energía, Reserva Federal y crisis financiera
Estos problemas también impactan sobre la política monetaria de la Reserva Federal y sobre las finanzas internacionales. Por un lado, los precios de la energía son un componente esencial de los derivados y por ende de la especulación financiera y de la deuda con derivados. Un aumento de estos precios afecta al endeudamiento en dólares y puede impactar sobre todo el sistema financiero internacional. Por otro lado, las tasas de interés son el vehículo principal de la Reserva Federal para poner límites a la inflación: un aumento de los precios de la energía obligará a la Reserva a aumentar las tasas de interés, encareciendo así el enorme endeudamiento privado y público. Esto a su vez complica al propio valor del dólar. Hoy la deuda pública norteamericana es de 34,6 billones de dólares (trillions, en inglés); sus intereses, de 1 billón de dólares, crecen al ritmo de 400.000 millones cada cuatro meses y ya superan al gasto militar en el presupuesto norteamericano. Así, un contexto de inminente crisis financiera, recesión económica e inflación amenaza al dólar como moneda de reserva internacional, fenómeno que a su vez complica a una política exterior norteamericana cada vez más basada en la escalada militar y las sanciones económicas.
La Argentina se dolariza y la oposición mira para otro lado
A 100 días de la asunción del gobierno de Milei, su objetivo de dolarizar y eliminar al Banco Central como ente rector de la política monetaria del país está cerca de cumplirse. Si esto ocurre, la economía argentina dependerá directamente de la política monetaria de la Reserva Federal y los dólares que circulen en el país dependerán del volumen y precio de las exportaciones e importaciones, y de los volúmenes de las inversiones directas y financieras. Todos estos fenómenos dependen en última instancia de lo que ocurre con las tasas de interés de la Reserva Federal. Si estas aumentan, se fortalece el dólar, se encarece la deuda externa del país, caen los precios de los commodities (y de nuestras exportaciones) y se incentiva la salida de capitales desde las economías emergentes hacia el mercado financiero norteamericano. En estas circunstancias, el país quedará sujeto a los shocks externos. Hay sin embargo algo más: la dolarización también implica un nuevo reparto local del poder político y económico y nuevas formas de succión del excedente, ganancias, rentas e ingresos de la población por parte de distintas fracciones del capital local e internacional, que desde tiempo atrás pugnan por aumentar su tajada de la repartija. Esto tiene consecuencias sobre la estabilidad política del país.
Por un lado, la dolarización coloca un chaleco de fuerza a la protesta social congelando una brutal regresión de los ingresos que opera como techo a las futuras demandas salariales. Hoy este techo es impuesto por un mercado de trabajo formal que desde hace tiempo no genera empleo genuino y paga un salario real promedio que está por debajo de los niveles de pobreza. A esto se suma un enorme mercado de trabajo informal y un 42 % de la población que vive bajo el nivel de pobreza. Estos fenómenos se agudizarán con una dolarización que potenciará la desaparición de empresas pequeñas y medianas y el desempleo.
Por el otro lado, la dolarización redistribuye el poder económico y político dentro de la patria contratista, al tiempo que busca impedir la corrida cambiaria, mecanismo principal de puja por la apropiación de ingresos, rentas y excedentes entre los monopolios que controlan las principales áreas de la economía y del comercio, local e internacional. Hoy un subgrupo, nódulo central de esta patria contratista, ocupa posiciones claves en ministerios estratégicos, a partir de las cuales expande su control sobre los recursos naturales de importancia estratégica (gas, petróleo, litio, minerales raros, etcétera). Este grupo, liderado por Paolo Rocca y Eduardo Eurnekián –el verdadero "padre del león"–, se orienta hacia el mercado externo y busca dolarizar el precio de extracción local de los recursos naturales al tiempo que profundiza sus alianzas con el capital financiero internacional para acrecentar sus inversiones y exportaciones. En este último sector hay enormes fondos financieros que esperan la dolarización y la desregulación prometida para avanzar sobre los recursos naturales del país. Algunos, junto con bancos y entidades financieras locales, han realizado ingentes ganancias a lo largo de estos 100 días especulando con los activos financieros locales, situación que ha sido impulsada oficialmente con un dólar planchado y tasas de interés negativas. Todos estos sectores buscan la dolarización para garantizar el valor de sus inversiones y un tipo de cambio estable que les permita seguir haciendo la bicicleta financiera, su principal canal de succión de la riqueza y los ingresos del país.
Por otra parte, desde un inicio el FMI ha impulsado la dolarización de la economía al imponer el levantamiento del cepo cambiario como una condición para acceder a los fondos de la reestructuración de la deuda contraída por Macri. Ocurre que la dolarización asegura los flujos del pago de la deuda externa al imponer un chaleco de fuerza a la redistribución de ingresos hacia los asalariados y al limitar la puja entre el "campo", los exportadores y la patria contratista por la apropiación de las rentas, ganancias e ingresos generados en el país. Esta puja se ha concretado históricamente a través de dos mecanismos: la inflación desmadrada alentada por la formación de precios en mercados monopólicos y la retención en la liquidación de las cosechas y de las divisas obtenidas con las exportaciones agropecuarias. Estos fenómenos –inflación y corrida cambiaria– han desestabilizado a todos los gobiernos que se sucedieron en más de 70 años. Así, para el FMI la dolarización despejará el terreno y asegurará el flujo constante del pago de un endeudamiento externo que se postula como ilimitado.
La contracara de esta dolarización es una matriz productiva cada vez más extractivista y carcomida por la pobreza estructural, la recesión y la extranjerización. Este proceso puede ser frenado si todos los sectores sociales que se perjudicarán toman conciencia y se movilizan para impedirlo. Asimismo, puede ser frenado anárquicamente por la resistencia de los formadores de precios a controlar la inflación y el rechazo de los exportadores (un grupo de 10 megamonopolios, en su mayoría extranjeros) y de los productores a liquidar la cosecha gruesa de este año y las divisas en los meses que vienen. Esto implica corrida cambiaria, algo que el Gobierno de Milei trata de impedir achicando brutalmente la masa de pesos en circulación y prometiendo exenciones impositivas de todo tipo para el año que viene. Ante la resistencia de los formadores de precios, el Gobierno ha abierto las importaciones de alimentos al tiempo que promete crédito subsidiado en los meses que vienen y una brutal reforma laboral para garantizar salarios de hambre.
Milei y Caputo llegaron al momento actual con una devaluación de más del 118 % en diciembre que, junto con el brutal ajuste subsiguiente –basado esencialmente en recortes de pensiones y jubilaciones, y de transferencias a las provincias–, una tasa de interés negativa y una devaluación del tipo de cambio oficial del 2 % mensual, licuó los ahorros y los activos y pasivos del Banco Central, disminuyendo drásticamente la base monetaria. La conjunción de estas medidas impulsó la venta de esta divisa en manos de pequeños ahorristas desesperados para llegar a fin de mes, que junto con la liquidación del remanente de las exportaciones del ciclo pasado permitió al Gobierno mantener planchado al tipo de cambio y recomponer las reservas del Banco Central. Sin embargo, la remarcación desenfrenada de precios por parte de los grandes monopolios cristalizó en una inflación creciente en dólares que profundiza la caída brutal de la producción, las ventas y los ingresos recaudados, algo que vuelve insostenible al ajuste fiscal. Al mismo tiempo, las reservas acumuladas hasta ahora no alcanzan para controlar una corrida cambiaria desatada por la resistencia de los exportadores y del "campo" a liquidar la cosecha gruesa y las divisas correspondientes en los meses que vienen, con un tipo de cambio retrasado y costos crecientes determinados por una inflación imparable a la que se suma ahora la dolarización oficial de las tarifas eléctricas y de gas de los hogares y de las empresas.
Esto ocurre al tiempo que aumentan los despidos del sector público, de la construcción y de la industria, mientras los productores agropecuarios, especialmente los chicos y medianos, reclaman contra las retenciones y la apertura de importaciones de alimentos. Más importante aún, reclaman contra "la cartelización de los exportadores de granos" y sus prácticas anticompetitivas con el uso de los distintos dólares "especiales," para perjudicar especialmente a los productores agropecuarios [13]. El Gobierno necesita la inyección de 15.000 millones de dólares por parte del FMI o de algún fondo inversor amigo para concretar inmediatamente el levantamiento del cepo cambiario sin peligro de una corrida cambiaria e impulsar al mismo tiempo una "dolarización sintética". Es bueno recordar que la devaluación de diciembre aumentó la proporción del endeudamiento externo en relación al PBI, y que el nuevo endeudamiento con el FMI implicaría un aumento anual de 1.000 millones de dólares en concepto de intereses de la nueva deuda. Llama pues la atención que en este contexto tan peligroso para el país, tanto la oposición como las distintas variantes del progresismo intelectual y político ignoren el peligro de la dolarización y la urgencia de conformar un frente para impedirla.