La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) aceptó la renuncia del abogado Jairo Corzo, luego de que varias organizaciones que representan a las víctimas de desaparición forzada por el conflicto armado en Colombia rechazaran su contratación como experto técnico en Magdalena Medio.
La polémica se originó en que Corzo, que ejerció como miembro de las fuerzas de seguridad del Estado, habría denigrado, a través de sus redes sociales, a firmantes de paz o a quienes vienen desempeñando un activo papel en las actuales negociaciones.
Además, el abogado habría exaltado las posiciones de reconocidos voceros de enemigos públicos de los procesos de paz pactados entre grupos armados y el Gobierno.
La Mesa de Trabajo Sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos (CCEEU), el Movimiento de Victimas de Crímenes de Estado (Movice) y otras más de 60 organizaciones, expresaron su preocupación ante dichas publicaciones recientemente conocidas que consideran "exhiben públicamente manifestaciones de resistencia y rechazo a los mismos Acuerdos de Paz a los cuales hoy se les encomienda la realización de tareas relacionadas con su implementación".
Su destinación a una región como la del Magdalena Medio, señalan: "genera inquietudes pues el señor Corzo Gómez no parece desligarse de la furia anticomunista que llevó a la desaparición de cientos de militantes políticos de la Unión Patriótica, como evidencia la divulgación de información incriminante y estigmatizante de manera genérica contra este partido político de izquierda, y en la que, quien difunde estas afirmaciones dice estar denunciando a la UP, como culpable de su asesinato, difamación no solo insensata sino absolutamente incoherente como debe conocerlo el funcionario que además ostenta condición de abogado".
Así mismo, recordaron que las poblaciones de esta región, "fueron objeto de intensas prácticas genocidas del terrorismo de Estado, perpetrados de manera conjunta entre grupos Paramilitares y diversas entidades de las fuerzas de seguridad del Estado", en las cuales, se exterminaron organizaciones sociales, sindicales, campesinas y las organizaciones políticas de izquierda, así como miles de militantes y activistas políticos de organizaciones perseguidas por su papel en las luchas sociales.
Por lo anterior, señalaron las organizaciones, se entiende la desconfianza por parte de las víctimas y aportantes de información, que labores de esclarecimiento del paradero de desaparecidos "terminen encomendándose a funcionarios anteriormente vinculados a entidades de seguridad que han tenido papel activo en estos procesos, y que evidencian su animadversión a los movimientos políticos victimizados y a los procesos de paz pactados o en proceso de negociación".
Así las cosas, hicieron un llamado a la UBPD a afinar los criterios para la contratación de sus funcionarios, dado que existen otros casos en diferentes territoriales donde han sido vinculadas personas que no conocen del tema de los derechos humanos, ni de la búsqueda, como ocurre con el gerente de la territorial de la zona Nororiental. "Esto genera falta de credibilidad en la entidad por parte de las víctimas".
"(...) se tenga en cuenta para todos los casos de contratación y vinculación de funcionarios con responsabilidades en la Unidad, no solo la naturaleza humanitaria y extrajudicial de su mandato sino la necesidad un requisito básico de empatía con los sectores sociales victimizados y de compromiso esencial con el entendimiento de los procesos de paz y los compromisos y riesgos que vienen asumiendo tanto los firmantes de paz, los voceros de los procesos y las demandas de paz de sectores amplios de la sociedad colombiana", concluyeron.
Por medio de un comunicado de prensa y luego de revisar con detalle el caso de la contratación de Jairo Corzo, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas anunció la salida del funcionario: "Una vez recibida la queja por parte de algunas organizaciones, con relación a la vinculación de un colaborador en el Magdalena Medio, la Entidad procedió a revisar el caso concreto en el marco de su autonomía y aceptó la renuncia del servidor", señala el documento.