El presidente de la Corte estuvo el viernes pasado en Rosario por tercera vez en un mes. La primera fue aquel jueves 14 de marzo, el mismo día que se enteró, un rato antes que los jueces de Rosario, que cuatro días más tarde debía entrar en vigencia el CPPF. Cuando recibió la llamada desde la Cámara Federal de Rosario pidiendo auxilio, solicitó 40 minutos para acomodar asuntos en Buenos Aires, se subió a un auto y tres horas después estaba en la zona cero de la bomba que había detonado el ministro Cúneo Libarona a las 8.40.
"Tienen razón, pero nosotros salimos igual", les respondió Rosatti a quienes en Rosario masticaban la sensación de que el Ejecutivo se había extralimitado en tomar una medida que involucra a otro poder del Estado sin diálogo ni contacto previo. Veinticuatro horas después, pedido mediante del Procurador General Eduardo Casal, el Ministerio de Justicia pospuso para el 6 de mayo la entrada en vigencia.
En media de esa conmoción, Rosatti exhibió el pulso político que a lo largo de su carrera lo llevó a ser convencional constituyente, intendente escritor, ministro de Justicia y ahora presidente de la Corte: "Muchas veces se dice que el Poder Judicial es resistente a los cambios. Puede haber sido, pero no lo es en este caso. No lo será en este caso. Estamos asumiendo el compromiso militante".
Un pronunciamiento para no dejar dudas hacia afuera y cerrar filas hacia dentro y ordenar a los jueces. Se puso al frente de la hoja de ruta para la implementación a toda velocidad. Ningún "pero" o reclamo de los jueces federales resultaría gratuito mientras el país miraba conmocionado a Rosario por la ola de atentados y crímenes de trabajadores. Además, tanto él como el rafaelino Ricardo Lorenzetti conocen a la perfección el problema. En mayo de 2022 la Corte hizo una gran puesta en escena en la ciudad junto con jueces de todo el país para mostrar compromiso.
Horacio Rosatti codo a codo
El santafesino trabaja codo a codo y mantiene línea directa con la presidenta de la Cámara Federa de Rosario, Silvina Andalaf Casiello y el resto de los jueces.
Habilitó equipos del Poder Judicial que en estos días realizan tareas de infraestructura en las sedes de Rafaela y Venado Tuerto. Cuando terminen, se estima que el domingo, se mudan a San Nicolás. Detrás de ellos van los equipos de tecnología, que garantizan herramientas necesarias a las Oficinas Judiciales, como los sistemas de registro y almacenamiento de audiencias. Estas oficinas administrativas son la columna vertebral del nuevo proceso acusatorio.
Justamente, los 16 cargos que proveyó la Corte son para armar la Oficina Judicial, que estará a cargo de Valeria Malgioglio, quien hasta ahora se desempeñaba como prosecretaria de la Cámara. La mitad de los 16 puestos son para armar las subsedes de la OJ, confirmó la presidenta de la Cámara.
Andalaf Casiello también informó a Letra P que las salas para las audiencias, que ahora se multiplicarán y era uno de los déficit para el arranque del sistema oral, ya fueron definidas. En Rosario habrá cinco. Se sumará una tercera en la histórica casona de bulevar Oroño, otra en el edificio de Entre Ríos 435 y la quinta en el inmueble del exBanade, en pleno microcentro.
Los trabajos de acondicionamiento de salas y tecnología se comenzaron con fondos del Consejo de la Magistratura por disposición de Rosatti y para ganar tiempo, a la espera de los fondos comprometidos por el Ministerio de Justicia.
Jueces, vacantes y funciones
El tema de los recursos humanos es central en el traspaso al sistema acusatorio, aunque en Rosario coincide con circunstancias particulares. Una de ellas son las vacancias de jueces que vienen de arrastre. Otra, la aprobación en diciembre pasado de la ley de narcomenudeo, por lo cual las causas de menor cuantía por drogas, que representan la inmensa mayoría, pasaron a la Justicia provincial.
Esa medida, que reduce notablemente la carga de trabajo a la Justicia federal, no estaba en los planes de nadie cuando en abril de 2023 el Congreso aprobó la Ley de Fortalecimiento de la Justicia Federal en Santa Fe, que implicó la creación de un importante número de juzgados, fiscalías y defensorías.
Otra circunstancias a tener en cuenta es que aproximadamente el 80% de las causas se resuelven en acuerdos abreviados y muy pocos llegan a juicio oral. A su vez, las causas penales representan el 25% de los expedientes que suben a la Cámara.
Estas circunstancias hacen que haya distintos criterios dentro de la Justicia federal rosarina sobre cómo llenar casilleros. Mientras el Ministerio Público Fiscal ya concretó la incorporación de fiscales de forma interina, en el Poder Judicial los concursos vienen demorados, por lo tanto no hay posibilidades de conformar colegios de jueces diferenciados de garantía, de revisión y de juicio como prevé el CPPF.
"Lo que solicitamos es que se cubran las vacantes existentes como primera solución. En el arranque, se podría armar un único colegio de jueces, entre los de juicio y los de garantía", explicó la presidenta de la Cámara Silvina Andalaf Casiello. "Hasta no tener claro el modo de funcionamiento del nuevo sistema, estadísticas, carga de trabajo y ver las necesidades en la práctica, no es conveniente avanzar en nombramiento de más personal", indicó. La carga de trabajo inicial es cero, por lo tanto habrá tiempo para evaluaciones y ajustes.
En principio los jueces de juicio, que hoy integran los tribunales orales, no están de acuerdo con conformar colegios de jueces únicos, por lo que tendrían que atender también audiencias como jueces de garantía y de revisión si fuese necesario.
De esto y otros temas hablaron en a reunión con la Cámara de Casación Penal en Buenos Aires, a la que asistieron también magistrados de tribunales orales de otros puntos del país, que tampoco quieren que les diversifiquen su rol.
Una fuente que se desempeña en los tribunales orales explicó que fueron a ponerse "a disposición para que el sistema pueda arrancar" teniendo en cuenta que en la jurisdicción Rosario son los que tienen "el plantel más completo". Eso implica que hasta tanto se completen las vacantes residuales y los cargos creados en la ley de fortalecimiento están dispuestos a compartir tareas entre el sistema residual (las causas que vienen del viejo sistema) y atender audiencias de garantía o revisión del nuevo.
Una solución intermedia es que conformen temporalmente un colegio único hasta tanto se cubran las vacantes y luego sí dedicarse exclusivamente a juicio. Para eso, el Estado debería cubrir las vacantes actuales y los cargos habilitados por la ley de fortalecimiento.
Será Casación quien dé la última palabra sobre el esquema de colegio de jueces con el que arrancará el sistema acusatorio en la jurisdicción de Rosario.
Las experiencias donde reflejarse
En Santa Fe hay un fuerte contraste entre la carga laboral de los jueces provinciales y federales, pero en particular con los de los tribunales orales. Es uno de los temas más observados en los últimos años en los que, frente a la situación de Rosario, se le reclamaba más acción y compromiso al fuero federal.
Los dos espejos que tiene a mano la Justicia federal de Rosario, son Salta, primera jurisdicción federal donde entró en vigencia el CPPF, y la Justicia penal de Santa Fe, donde el sistema acusatorio rige desde 2014 .
En este último caso y en particular en la regional Rosario, contrasta la intensidad de trabajo con el federal. Tiene un único colegio de jueces que dirigen desde audiencias imputativas hasta de juicios. Además se programan audiencias todos los días, incluidos fines de semana y feriados, mañana y tarde, a diferencia del federal donde se han programado juicios al ritmo de una audiencia por semana.
La escasez y retraso en las estadísticas del fuero federal en Santa Fe es un llamado a la prudencia a la hora de generar costosas estructuras de antemano, cuando no se conoce con precisión en qué funciones y cuántos jueces se necesitan realmente y cuál será la carga de trabajo que se les puede asignar. Otro tanto con los funcionarios y empleados, donde la primera opción debería ser redistribuir de acuerdo a las necesidades antes que hacer incorporaciones.