La propuesta, de llevarse a cabo, desacreditaría los derechos de estas comunidades y anularía cualquier acción del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en relación a las tierras públicas.
La Ley 26.160 había sido firmada por el gobierno de Alberto Fernández en el año 2021, poniendo fin a un estado de emergencia que persistía desde el 2006. Esta medida buscaba frenar los desalojos y la expulsión de las comunidades indígenas de sus tierras, garantizando así su continuidad y preservación cultural.
Sin embargo, el proyecto de Pichetto buscaría revertir este avance, dejando sin efecto la pertenencia de las comunidades indígenas sobre sus tierras. Esta iniciativa ha generado un fuerte rechazo por parte de líderes y voceros indígenas, quienes consideran que esta propuesta es inconstitucional y violatoria de los derechos adquiridos.
Ante este intento de despojo, Orlando Carriqueo, referente indígena del Pueblo Mapuche en Río Negro, expresa que Pichetto "quiere legislar para atrás, algo que está expresamente prohibido". Además, recalca que las tierras ya están reconocidas por el Estado y que mantenerlas es una obligación internacional en materia de Derechos Humanos.
En la actualidad, el Estado Nacional tiene la obligación constitucional de garantizar los derechos a la tierra y al territorio de las comunidades indígenas. El proyecto de Pichetto representa un ataque directo a estos derechos, poniendo en riesgo la continuidad de las comunidades y su rica cultura ancestral.
Se espera que este proyecto sea ampliamente debatido y que se escuchen las voces de las comunidades indígenas afectadas.