La reciente derrota judicial en Alemania del Ministerio de Teresa Ribera ante la eléctrica RWE, que le da derecho a reclamar una indemnización por el recorte a las primas de las renovables en los juzgados de Estados Unidos pese a ser una compañía europea sujeta a la Carta de la Energía, da alas a los fondos y empresas internacionales que tienen juicios abiertos en ese país contra España.
NextEra Energy, 9REN Holding o Blasket Renewable Investment, además de RWE, rastrean ya bienes españoles en Estados Unidos susceptibles de ser embargados para cobrar las multas sentenciadas por los tribunales de arbitrajes y que Ribera se ha negado a pagar, convirtiendo a España en el país más moroso del mundo junto a Venezuela y Rusia. «Es una acción coordinada de todas las empresas que tienen juicios abiertos allí porque han visto que es posible conseguir cobrar la deuda», señalan fuentes al tanto de la situación.
El conflicto arranca con la decisión del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de dar una prima del 25% a las renovables con el objetivo de fomentar la producción eléctrica verde. Cuando Mariano Rajoy llegó al poder en 2012, en plena debacle económica mundial y con la caja vacía, decidió rebajar esas primas al 7%. Los fondos y empresas que invirtieron en España iniciaron entonces una pelea en las cortes de arbitraje que Ribera ha tratado de defender alegando que las empresas europeas no pueden reclamar y alargando los arbitrajes pidiendo la nulidad de los mismos recusando a los árbitros.
El resultado ha sido favorable en algunos casos y España ha ganado algunos arbitrajes en el Banco Mundial, mientras que los que ha perdido ha decidido no pagarlos -acumula 25 sentencias en contra-. Pero los fondos y las empresas han decidido acudir a los tribunales ordinarios de países de fuera de la UE para reclamar su indemnización.
Australia y Reino Unido ya han dado la razón a los acreedores y han dictaminado el embargo de algunos bienes en esos países, que está recurrido. En el caso de Australia, se trata del laudo con el fondo Antin, que ganó un arbitraje contra España por el que debía recibir 101 millones de euros. La Corte Suprema australiana dictaminó en 2023 a favor de Antin abriendo la puerta a que el fondo reclame el embargo de fondos españoles en el país. La sede del Instituto Cervantes o activos de Navantia en el país son susceptibles de ser embargados.
Así sucedió en Reino Unido, donde un juzgado embargó cuatro cuentas del Instituto Cervantes en el país por valor de 800.000 euros a finales de 2023. En este caso el arbitraje sentenció en marzo de 2021 a favor de la empresa Infrared y España fue condenada a pagar 28,2 millones de euros, que no ha abonado. A eso se añadió el embargo preventivo de dos inmuebles:el embargo cautelar de dos inmuebles: la sede del Instituto Cervantes en Londres y la sede del organismo de promoción económica de Cataluña, Acció.
Ahora le toca el turno a Estados Unidos, según explican fuentes de los fondos acreedores. NextEra ganó un arbitraje a España por 290 millones de euros que no ha abonado -en 2019 acudió a los tribunales ordinarios de EEUU-. La estrategia de Ribera ha sido pedir en tribunales europeos que prohiban acudir a juzgados extranjeros. Un tribunal de Estados Unidos ordenó a España que no utilizara esas estratagemas y no retrasara el pago de la indemnización.
En el caso de 9REN Holding, de Luxemburgo, el pago asciende a 41,8 millones de euros. Por su parte, el fondo Blasket Renewable Investment ya activó en 2023 el impago técnico de dos emisiones de deuda del Tesoro español, que fue recurrida. Ahora se une el caso de RWE, después de que la Corte de Assen diera la razón a la eléctrica alemana y le diera vía libre para reclamar su indemnización en Estados Unidos pese a ser una empresa europea.