Veinte años de gobiernos del PP en la Comunitat dieron para mucho, pero sirvieron para poco en cuanto a garantizar el derecho a la vivienda. No podemos olvidar que su modelo estaba sustentado en la construcción sin límites, no solo en el ámbito privado sino especialmente desde lo público. De hecho el entonces Ivvsa sirvió de plataforma para gestar un entramado de empresas mixtas que acabó construyendo vivienda pública a precios inasequibles.
El tema clave era - y sigue siendo - una cuestión de modelo. Cuanto más se construía más se disparaban los precios en nuestro territorio y quedaba confirmado el quebranto de su ecuación neoliberal. Y de aquellos polvos, estos lodos.
Por aquel entonces, se perdió el 60 % del parque público de vivienda y creció la okupación ilegal sin control en aquellas viviendas que tenían una función estrictamente social. Dejaron 340 millones de euros de deuda en ayudas al alquiler con más de 60.000 familias afectadas. ¡Tanto le importaba al PP la vivienda que destinó 60 millones de euros, del presupuesto de la empresa pública de vivienda, a pagar la Fórmula 1!
Revertir esta situación fue tarea ingente. El objetivo estaba claro: crear un marco jurídico que reconociese la Función Social de la Vivienda, es decir, la necesidad de elevar el rango social de la vivienda homologándola a otros derechos alcanzados históricamente. Es por eso que, durante el primer gobierno de Ximo Puig se aprobó la Ley 2/2017 de 3 febrero de la Función Social de la Vivienda con la que se apostaba por primera vez, y de manera pionera en España, por reconocer la vivienda como derecho subjetivo. El quinto pilar del Estado de Bienestar.
Por ello, se procedió a bajar los precios de las viviendas públicas para que fueran asequibles, a través del Plan de Alquiler Asequible, se destinaron recursos sin precedentes para dignificar el Parque Público de viviendas sociales, y se articuló la compra de viviendas privadas con el objetivo, junto con el derecho de Tanteo y retracto, para ir ampliando el parque de vivienda. Estamos hablando de más de 4.300 viviendas que se pusieron a disposición con estos mecanismos.
El marco jurídico aprobado en nuestra etapa, abandona el modelo especulativo sobre la vivienda que desarrolló el PP, y pone en el centro de las políticas de vivienda el derecho de las personas a una vivienda digna, adecuada y asequible. Para ello, se elaboró un índice de precios de referencia de alquiler como prevención de la burbuja inmobiliaria del alquiler y se identificó un mapa de zonas tensionadas donde el alquiler había subido un 20 % en los últimos tres años.
Ahora, el president Mazón y el PP acaban de presentar un plan. Un plan centrado única y exclusivamente en la construcción de vivienda, con actuaciones ya iniciadas por el anterior Gobierno que lo presentan como algo nuevo. El problema es que son reincidentes en pensar obsesivamente que la construcción de vivienda regula precios. Siguen siendo deudores de un silogismo portador de premisas falsas. Un esquema que nunca se resuelve en favor de los derechos de la gente.
Esta historia ya la hemos vivido, ya la hemos sufrido. Como decíamos al principio el boom inmobiliario disparó los precios de compra, provocó miles de desahucios en nuestro territorio, y no garantizó el derecho a la vivienda. La clave de bóveda hoy para evitar un nuevo boom esta vez de los precios del alquiler es limitar los precios. La Ley estatal lo permite, señor Mazón 'hágalo'.