¿Van los Estados Unidos de América camino de convertirse en un Estado orwelliano? Ése es al menos el temor expresado por el ex analista de la Agencia de Seguridad Nacional de EEUU Edward Snowden.
Según Snowden, que huyó de EEUU para escapar a su persecución política y mientras tanto es ciudadano ruso, la Agencia de Seguridad Nacional está "a sólo días de hacerse con el control de internet". Pero el también ex analista de la CIA, que reveló al mundo los programas de espionaje masivo de su antigua patria, no es el único en expresar alarma por la ampliación de los poderes ya antes extraordinarios de la llamada sección 702 de la ley estadounidense de "vigilancia de la inteligencia extranjera" (1).
Tras su aprobación por el Congreso, el senador demócrata por el Estado de Oregón Ron Wyden dijo que luchará con todas sus fuerzas contra esa ley, que puede convertir en espía a cualquier ciudadano de la superpotencia.
De ser aprobada también el Senado y firmada por el presidente Joe Biden, la ley permitirá al Gobierno, sin que medie mandato judicial alguno, ordenar a las compañías telefónicas y de servicios de internet la entrega de las comunicaciones que desee de los ciudadanos. Los proveedores de servicios que tengan acceso a los equipos que se utilizan para transmitir o guardar informaciones tanto telefónicas como electrónicas deberán cooperar con el Gobierno, entregándole los datos privados que se les exija.
Y aunque hay excepciones para los hoteles y cafés, ello no significa que la empresa encargada de los wifis no esté también obligada a entregar los datos requeridos. Si esa legislación sale adelante, advierte Wyden, el Gobierno podrá convertir en espía a cualquier ciudadano que tenga acceso a ese tipo de servicios, a quien trabaje en cualquier oficina del país por donde pasan o donde se almacenan comunicaciones.
Se puede obligar a ello incluso al personal de seguridad y, si es preciso, al de limpieza de los edificios. Y además ninguno podrá hablar de ello en público.
En principio, el objetivo declarado de la ley son los ciudadanos extranjeros, pero no puede excluirse, según Wyden, que se vean también en dificultades los propios estadounidenses si se comunican con aquéllos.
Los partidarios de la ampliación de la ley 702 dicen que es necesaria para luchar con mayor eficacia contra los ciberdelitos, el narcotráfico, la trata de personas o el terrorismo.
Y argumentan también que el actual ocupante de la Casa Blanca en ningún caso abusará de ella, pero, aunque sea lícito expresar dudas al respecto, ¿se puede garantizar que ello ocurrirá también si el republicano Donald Trump recupera la presidencia del país.
(1) Conocida como FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act), la ley se aprobó inicialmente en 1978 y ha sido varias veces modificada desde los ataques terroristas del 11 de septiembre contra EEUU.
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