Criteria Caixa se plantea estos días incrementar su participación en Naturgy por encima del 30%, frente al 26% actual, para despejar cualquier intento del Gobierno de irrumpir en el capital la gasista. Según ha podido saber elEconomista.es de fuentes conocedoras de la situación, un esfuerzo adicional por parte de la compañía que dirige Ángel Simón, podría disuadir al Ejecutivo en su empeño por proteger las empresas estratégicas del país, acuciado ante la presión de los grandes inversores árabes.
En ese supuesto, el peso del capital español bastaría para sofocar las ambiciones foráneas, sin necesidad de implicar directamente a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi). Sin embargo, si Criteria minusvalora el posible interés de la energética emiratí Taqa por lanzar una opa sobre Naturgy, esa situación obligaría a la Sepi a moverse rápidamente a golpe de cientos de millones. Precisamente, eso es lo que ha sucedido en Telefónica con Saudi Telecom (STC). En este caso, la compañía saudí atesora el 4,99% de la teleco, pero con intenciones de duplicar ese capital hasta el pretendido 10%. Pese a las excelentes relaciones que mantiene el Gobierno con los fondos soberanos y otras compañías de Oriente Medio, a nadie se le escapa que ese capital extranjero es una amenaza latente. La pérdida de soberanía nacional sobre Telefónica prevé equilibrarse no solo con el 10% que aspira comprar la Sepi, frente al 5% actual, sino también el 5% que ya dispone Criteria, sin contar el 2,5% en manos de Caixabank, empresa hermana de La Caixa.
Respecto a la compañía que preside José María Álvarez-Pallete, la Sepi ya esgrimió que su entrada en el capital no es algo extraño en Europa. De hecho, Alemania ostenta un 13,8% del capital de Deutsche Telekom; Francia dispone de un 13,39% en Orange; o Italia, que ha adoptado en agosto de 2023 un acuerdo para incrementar hasta el 20% su participación en la compañía que agrupa los activos de telefonía fija de Telecom Italia", según explican fuentes de la Sepi.
Por unas cosas o por otras, el Gobierno ha multiplicado su interés por las empresas privadas a lo largo de las últimas semanas con decisiones trascendentales -o con intenciones de hacerlas- en una docena de compañías: Además de Telefónica o Naturgy, se añaden Indra, Talgo, Redeia, Enagás, Caixabank, Hispasat, Técnicas Reunidas, Celsa, Duro Felguera o ITP. Todas ellas son corporaciones que han desfilado últimamente por el Consejo de Ministros. Para los observadores sondeados por este periódico, el término intervencionismo ha irrumpido de forma relevante en el discurso empresarial español en los últimos años. Otros lo tildan de intromisión, de injerencia y de desprivatización, mientras algunos hablan de simple protección.
La pandemia acució al Gobierno para moverse en esta dirección y, cuatro años después, sigue combinando la política con la empresa, alentado por la inercia de unos tiempos geopolíticamente convulsos. El peso estratégico de la Sepi alcanza niveles que no se recuerda en décadas. La razón de ser del brazo empresarial del Gobierno es conocida: se trata de un organismo público que impone sus decisiones de forma directa y mayoritaria en un total de 14 compañías. A las anteriores se añaden otras nueve, de manera minoritaria, y en más de un centenar por medio de mecanismos indirectos.
Superada la crisis del Covid, y por culpa de la incertidumbre del entorno, el Gobierno español apenas disimula su ambición por influir en ciertas compañías cuya actividad impacta de forma directa o indirecta en el empleo, la generación de riqueza y la autonomía de los pueblos. La separación de poderes -principio sagrado y fundamental de la democracia-, salpica desde tiempos de Montesquieu a las fuerzas ejecutivas, legislativas y judiciales, pero en ningún tratado filosófico se añaden las potestades empresariales en el mismo saco. Ante esta nueva realidad, los padres del Ibex asisten entre permisivos y perplejos frente a la ambición que subyace desde Moncloa, según explican a elEconomista.es fuentes de las grandes empresas.
Teresa Ribera, ministra y vicepresidenta tercera del Gobierno, aseguró este viernes que el Ejecutivo estará "vigilante" ante la posible opa de la emiratí Taqa sobre Naturgy, aunque ha asegurado que eso "no significa que se vete a ninguna empresa ni a ningún inversor". En concreto, Ribera recordó que cuando se trata de una empresa estratégica, como Naturgy, es necesario "velar por su estabilidad y por la seguridad del conjunto del sistema energético".