Los trágicos atentados yihadistas del 11-M del 2004 en Madrid, en los que perdieron la vida 192 personas, inauguraron en Europa un periodo negro de ataques terroristas masivos e indiscriminados contra la población civil. Medios de transporte, salas de conciertos, zonas altamente concurridas… los escenarios se irían repitiendo sistemáticamente a partir de entonces en Londres (2005), Moscú (2010 y 2011), Toulouse (2012), Volgogrado (2013), Bruselas (2014), París (2015), Bruselas otra vez (2016), Niza (2016), Berlín (2016), Manchester (2017), Londres de nuevo (2017) y Barcelona (2017)… El atentado de La Rambla fue el último de la serie.
Desde entonces, las acciones islamistas, generalmente perpetradas por individuos aislados, empezaron a tener objetivos -y consecuencias- más limitadas. Hasta que se produjo el sangriento ataque del pasado 22 de marzo en Rusia contra el Crocus City Hall de Krasnogorsk, cerca de Moscú, en el que murieron tiroteadas 143 personas. Reivindicado por la organización terrorista Estado Islámico (EI), el atentado podría marcar un retorno a viejas y funestas prácticas en el continente europeo. A no ser que uno esté dispuesto a creerse que detrás de todo ello está el Gobierno de Ucrania…
Veinte años después del 11-M, el presidente ruso, Vladímir Putin, está siguiendo el mismo camino que José María Aznar en 2004 en su afán por confundir a la opinión pública de su país. Los atentados contra cuatro trenes de cercanías en Madrid, perpetrados por Al Qaeda como represalia por la implicación de España en la guerra de Irak –ampliamente rechazada por la ciudadanía-, se produjeron a tres días de unas cruciales elecciones legislativas en las que el PP se jugaba –y a la postre acabaría perdiendo- el gobierno. Para tratar desesperadamente de evitarlo, el Ejecutivo aseguró contra toda evidencia, a pesar de las pruebas que se iban acumulando en sentido contrario, que la autoría de la masacre correspondía a ETA. La versión oficial acabó rápidamente desmontada por el trabajo riguroso de muchos periodistas –los de La Vanguardia en cabeza-, pese a lo cual el Ejecutivo siguió insistiendo en ello hasta el último momento. Posteriormente un sector de la derecha abonó la teoría de una conspiración entre los islamistas y la organización terrorista vasca.
Putin busca en Ucrania un chivo expiatorio para la masacre del Crocus City Hall
Putin no tiene elecciones que perder ni una prensa libre que pueda ponerle en cuestión. Pero sí una reputación que salvaguardar. En buena medida, el contrato que ha unido hasta ahora a Putin con la sociedad rusa –donde sigue contando con muchos apoyos- es la renuncia a la libertad a cambio de prosperidad y seguridad. Y la masacre del Crocus City Hall ha puesto en evidencia las carencias del Estado y sus servicios de información. Para acabarlo de complicar, el presidente ruso se había arriesgado a desdeñar públicamente los avisos sobre la amenaza inminente de atentados islamistas en Rusia enviados –en público y en privado- por el Gobierno de Estados Unidos. De modo que hacía falta un chivo expiatorio sobre el que desviar responsabilidades.
En su primer mensaje al país, Putin obvió completamente la reivindicación del Estado Islámico y apuntó ya a Ucrania, país al que presuntamente trataban de huir los autores del atentado cuando fueron detenidos por la policía (más tarde, el presidente bielorruso, su fiel aliado Alexánder Lukashenko, aseguraría que inicialmente se habían encaminado hacia Bielorrusia, pero qué más da) Posteriormente, el presidente ruso admitiría el móvil islamista de los cuatro terroristas detenidos –de origen tayiko-, pero señalaría al Gobierno de Kyiv como inspirador de los atentados. La tesis de la gran confabulación ya estaba en marcha. El director del Servicio Federal de Seguridad (FSB) –antiguo KGB-, Alexánder Bórtnikov, fue más allá e implicó a EE.UU. y el Reino Unido.
Kiril Martynov, redactor jefe del diario opositor Nóvaya Gazeta Europe –en el exilio- cree que "el Kremlin y sus propagandistas mantendrán la pista ucraniana" y tratarán de montar una acusación formal contra Kyiv. Es prematuro vaticinar qué consecuencias podría acabar teniendo todo ello en el curso de la guerra en Ucrania y en la confrontación entre Rusia y Occidente, en su punto más peligroso desde el final de la guerra fría. Pero más allá de todas estas maniobras políticas hay ya un hecho inquietante y grave: el retorno organizado –no solo como inspirador- del EI a suelo europeo.
Detrás del atentado de Moscú parece estar la rama más activa y violenta del EI, el llamado Estado Islámico-Jorasán (EI-J), acantonado en las montañas de Afganistán y enfrentado al régimen de los talibanes. Expulsados de Siria, sus militantes no perdonan a Rusia –ni a Irán- su intervención en apoyo del régimen de Bashar el Asad. Su aversión tiene, además, raíces profundas y antiguas. Como sostenía esta semana en nuestras páginas el experto en yihadismo Adrián Tarín, "el enemigo fundacional del yihadismo es la Rusia de la Unión Soviética, por lo menos del yihadismo moderno que se construye con la invasión soviética de Afganistán" a finales de los años 70,
Pero no es Rusia su único enemigo y el EI ya se ha encargado de renovar su llamamiento a realizar atentados en Europa y EE.UU., en este caso blandiendo como motivo la guerra en Gaza. Francia, el país de la UE históricamente más castigado por el terrorismo islamista, y con una de las poblaciones musulmanas más numerosas del continente, no ha tardado nada en decretar la alerta máxima terrorista. La situación es especialmente delicada ante la proximidad de los Juegos Olímpicos de verano, hasta el punto de que los servicios de inteligencia –según avanzó Europe 1 citando una fuente de la seguridad del Estado- han recomendado cancelar la ceremonia inaugural prevista el 26 de julio a lo largo del río Sena, por el peligro de atentado, y pasar a un plan B.
El último informe del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo (OIET), correspondiente al año 2023, constata que el EI-J se ha convertido en la "figura más prominente del escenario yihadista regional y global" y constituye actualmente "la mayor amenaza para la seguridad internacional". La desarticulación de varias de sus células ha permitido conocer la preparación de nuevos atentados en suelo europeo, lo que representaría un nuevo cambio de escala. "La elevada capacidad de esta agrupación para planificar y materializar acciones terroristas complejas –advierte- le permite aspirar a repetir ataques similares a los ocurridos en Europa entre 2014 y 2017". Como en Moscú.
- Agricultura y medio ambiente. El malestar de los agricultores sigue marcando a fuego la política comunitaria. El martes se produjeron dos hechos sustanciales. Por un lado, los ministros de Agricultura de Los 27 aceptaron la propuesta de la Comisión Europea para rebajar las exigencias medioambientales a los pequeños explotadores. Paralelamente, en la reunión de sus colegas de Medio Ambiente la acción de un grupo de países –Austria, Bélgica, Finlandia, Italia, Países Bajos, Polonia y Suecia, a los que en el último momento se unió decisivamente Hungría- bloqueó, en nombre de los intereses del sector agrícola, la nueva Ley de Restauración de la Naturaleza.
- Diplomas europeos. No todo son revisiones o bloqueos, sin embargo, en Bruselas. El miércoles, la Comisión propuso a los ministros de Educación dar un salto adelante –yendo más allá del exitoso programa Erasmus, que tanto ha hecho por la integración europea- y crear auténticos diplomas universitarios europeos. Las nuevas titulaciones requerirían la colaboración entre instituciones de diferentes países y los estudiantes deberían pasar al menos un año en el extranjero y estudiar en dos o más lenguas.
- Portugal. La política portuguesa sigue su propio camino, aislando –hasta el momento- a la extrema derecha. De entrada, el Partido Socialista –derrotado en las elecciones- llegó el miércoles a un acuerdo con el vencedor Partido Socialdemócrata (PSD), conservador a pesar de su nombre, para repartirse por turnos la presidencia del Parlamento y dejar así al margen a los ultras de Chega, convertidos en la tercera fuerza política. Al día siguiente, el nuevo primer ministro, Luis Montenegro, se ratificó en su determinación de no pactar con la extrema derecha y designó un Gobierno de resistencia.