El 75% de los partidos políticos del G4 han sido intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Así lo señala una nota publicada en el portal web Suprema injusticia, una iniciativa de la ONG Transparencia Venezuela.
El G4 es la cúpula de la oposición tradicional en Venezuela que acoge en su seno a formaciones políticas históricas como: Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ), Un Nuevo Tiempo (UNT) y Voluntad Popular (VP).
Primero Justicia (PJ) se ha convertido en el partido opositor más reciente en ser descabezado por el TSJ. La Sala Constitucional, intérprete del texto fundamental, tomó la medida en su sentencia número 207, dictada el pasado 22 de abril de 2024 y cuyo contenido íntegro no ha sido publicado todavía en el sitio web del TSJ.
Con la intervención de Primero Justicia ya son tres las organizaciones que han sido objeto de una decisión similar del TSJ desde 2020. Acción Democrática y Voluntad Popular también vieron cómo sus autoridades eran removidas por el TSJ. Un Nuevo Tiempo, el partido del gobernador del Zulia, Manuel Rosales, estuvo a punto de correr la misma suerte, aunque la Sala Constitucional del TSJ jamás tramitó la petición que buscaba su intervención y tres años después la desechó, al tiempo que multó a quienes la interpusieron.
Expropiación de partidos ya es costumbre
Por segunda ocasión en cuatro años, el TSJ intervino al partido de la tolda aurinegra en respuesta a una solicitud del diputado de la Asamblea Nacional dominada por el chavismo, José Brito.
Brito, quien es candidato a la presidencia de la República por el partido Primero Venezuela, fue nombrado presidente ad hoc de la junta directiva de PJ y ahora posee el aval para emplear la tarjeta y los símbolos del partido.
El pasado miércoles 24 de abril, el Consejo Nacional Electoral (CNE) otorgó un lapso de 48 horas para que la nueva junta directiva de PJ se adhiera a una de las postulaciones admitidas por el ente comicial de cara a los comicios del 28 de julio.
Brito acudió el pasado 15 de marzo a preguntar por el "limbo jurídico" en el que se encontraba el partido y un mes después, luego de que el CNE admitiera las postulaciones para presidente, le devolvieron las riendas de la tolda amarilla.
José Brito fue expulsado de PJ en 2019 luego que un reportaje del portal Armando.info revelara aparentes nexos con el empresario colombiano Alex Saab y una supuesta red de malversación de fondos en torno al programa de Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP). La eventual trama de corrupción fue bautizada como «Operación Alacrán» por la oposición.
Un año después, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Brito y a otros seis diputados, entre ellos el también ex miembro de Primero Justicia, Luis Parra, por su participación en el intento de juramentar una junta directiva paralela en la Asamblea Nacional.
En noviembre de 2023, abogados españoles demandaron a Brito y a otros diputados por estar supuestamente en la trama de corrupción con Saab y los CLAP.