'Carrusel de ambulancias': Condenan a más de 18 años de cárcel a exsubsecretario de Salud de Bogotá
Las irregularidades fueron detectadas en un contrato de compra de ambulancias que ascendió a los 67.200 millones de pesos.
Los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá tumbaron una decisión de primera instancia y condenaron al exsubsecretario de Salud de Bogotá, Juan Eugenio Varela Beltrán, y a tres contratistas por hacer parte del entramado de corrupción del llamado carrusel de contratos.
En el caso del exfuncionario de salud fue hallado culpable de cometer los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación y se le condenó a una pena de 18 años, siete meses y siete días de prisión.
Por estos hechos, también fueron sentenciados los contratistas José Antonio Bonnet Llinás, Yolanda Sarmiento Gutiérrez y Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento, a 10 años, ocho meses y 28 días de prisión por el delito de peculado por apropiación.
Según se estableció esta red de corrupción direccionó un contrato de compra de ambulancias y otros elementos necesarios para atender emergencias en Bogotá.
La decisión revocó un fallo de primera instancia que había absuelto a estas personas e impuso diferentes penas de acuerdo con el nivel de responsabilidad.
"Los hechos que motivaron la decisión están relacionados con el trámite y celebración del contrato N°1229 de septiembre de 2009, suscrito entre la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá y el Fondo Financiero de Salud del Distrito, con una unión temporal compuesta por tres empresas", dijo la Fiscalía.
De acuerdo con los investigadores, el contrato cuyo monto ascendió a 67.203 millones de pesos, tenía por objeto la compra de 55 ambulancias medicalizadas y 15 vehículos de respuesta rápida, y la contratación del talento humano necesario para la atención de emergencias en la ciudad.
Sin embargo, la Fiscalía evidenció que el exfuncionario entregó información privilegiada en la etapa precontractual a los representantes de la unión temporal seleccionada, situación que les permitió ajustar la propuesta para reunir los requisitos y las condiciones para recibir con el millonario contrato.
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Además, se demostró que hubo sobrecostos en la prestación del servicio profesional de médicos, siquiatras, enfermeras, auxiliares de enfermería y conductores.
"Se pagó por concepto de sueldos, prestaciones sociales y liquidaciones, un total de $34.739 millones, pero en realidad este gasto alcanzó los $17.196 millones", agregó la Fiscalía.
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