Dicen que las penas con pan son menos penas, pero cuando te enfrentas a un despido y te ofrecen una indemnización que no cubre los gastos hasta encontrar empleo, esas palabras reconfortantes parecen desvanecerse en el aire. Son muchos los trabajadores que son despedidos cada año en España y cuyo despido deja tras de sí una estela de confusión y ansiedad, una ruptura con la rutina diaria y un fuerte golpe que hiere profundamente la autoestima y la seguridad en uno mismo. A ello, se añade una marea de preocupaciones y dudas sobre su futuro laboral, que son mayores conforme más avanzada sea la edad.
El número de despidos en nuestro país muestra una tendencia creciente en los últimos años ya que durante 2023 hubo 991.265 bajas por despido, un dato que es un 22% mayor respecto del año anterior y un 83% respecto de 2021. Del total, el 0,14% fueron improcedentes mientras que más de la mitad fueron disciplinarios. Y sólo en los dos primeros meses de 2024 la cifra total suma 177.623 que proyectada podría suponer más de un millón de despidos este año.
Además, cerca del 20% de dichos despidos afectan a mayores de 54 años, que reciben una indemnización media de 17.794 eueros frente a los 8.250 euros de media del total o los 21.896 euros de los despidos colectivos. Cabe destacar que casi la mitad de dichos despidos corresponden a empresas con menos de 10 trabajadores.
Algunos políticos, junto a sindicatos, apoyados en la Carta Social Europea, abogan por una indemnización por despido que sea suficientemente reparadora y proporcional al daño que genera al trabajador la pérdida del empleo, un traje a la medida de cada empleado que buscaría cuantificar el daño individual sufrido. El problema radica en medir algo tan subjetivo como el daño generado a cada persona, lo que obligaría a legislar con una serie de baremos irrealistas para cuantificar la compensación en cada caso y podría generar una situación de pánico entre los pequeños empresarios, la base de nuestro tejido económico.
Aunque Europa pretenda adaptar la legislación de los países sobre despido a la Carta Social Europea, que no es vinculante, la realidad económica del mercado de trabajo de cada país no permite las políticas de café para todos, pues endurecer la indemnización por el despido en el país con la mayor tasa de paro y precariedad laboral de Europa, puede ser la puntilla final para un mercado de trabajo rígido, con unos costes laborales insoportables, promoviendo la automatización y sustitución de trabajadores con algoritmos y robots que carecen de costes por despido.
Espada de doble filo
Y es que no se puede soplar y sorber a la misma vez como muchos políticos intentan hacer a golpe de ley, muchos de ellos sin una carrera profesional fuera de la política o sin ser realmente conscientes de lo que supone mantener una empresa y sus trabajadores a flote. Generar derechos que se financian con el bolsillo de otros es fácil, pero es una espada de doble filo que puede tener un efecto boomerang que se vuelve en contra de quienes se pretende proteger. Si, además, se pretende mejorar la indemnización por despido improcedente, que es mínima en nuestro país, quizás se esté generando mucho ruido para pocas nueces y tenga más un objetivo electoralista que realista.
La balanza entre la protección de los empleados y la flexibilidad de las empresas es un delicado equilibrio que debe ser cuidadosamente considerado en la implementación de políticas laborales que deben buscar el pleno empleo sin morder la mano que da de comer a los trabajadores.
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