El camino para consumar la reforma legal que permitirá derivar a los menores migrantes que llegan solos a Canarias está siendo lento, largo y difícil. A pesar de la urgencia humanitaria que vive el Archipiélago para atender a más de 5.370 niños y jóvenes extranjeros, el Gobierno de España no termina de perfilar la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que hará que el reparto entre todas las comunidades autónomas sea obligatorio. El último paso que ha anunciado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, es que el próximo martes se acordará un texto "pseudo-definitivo" en la Comisión Interministerial de Inmigración, en la que participan Interior, Exterior, Inclusión, Infancia, Política Territorial y Hacienda.
"A partir de ahí, podremos negociar con los grupos políticos, porque ese texto exige que tengamos el voto del Partido Popular y una mayoría en el arco parlamentario", explicóTorres. Según el ministro, se cambiarán algunas condiciones que afectarán a las responsabilidades y competencias de las comunidades autónomas y advirtió que, de no aceptarlas de forma voluntaria, lo tendrán que hacer obligatoriamente "por prevalencia del Estado". "Estamos como nunca a las puertas de conseguir algo que jamás hemos tenido y que llevamos pidiendo décadas", apuntó Torres, en declaraciones a la Cadena Ser.
Desde Canarias se ha instado al Gobierno central a aprobar esta reforma tan rápido como se está haciendo con la ley de amnistía y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, esperaba que la modificación legal estuviera finalizada en el mes de abril. Sin embargo, poner el texto sobre la mesa de la comisión interministerial está lejos de ser el último trámite antes de que la norma entre en vigor. Hasta ahora, el Ejecutivo de Sánchez ni siquiera ha detallado qué términos se alterarán ni ha definido cómo se establecerán los cupos y los criterios para el reparto de los menores.
Máximo consenso
Al tratarse de una ley orgánica, el contenido tiene que pactarse con los grupos parlamentarios para asegurar su aprobación en el Congreso de los Diputados y en el Senado, por lo que Torres siempre ha defendido que la reforma debe contar con el máximo consenso posible. En Canarias, todos los grupos de la Cámara autonómica, salvo Vox, apoyaron la reforma de la ley de extranjería. No obstante, el Partido Popular se mostró cauteloso y advirtió que primero tenía que conocer el contenido del texto para dar el 'sí' definitivo. Por otro lado, el portavoz de la Asamblea Herreña Independiente, Raúl Acosta, advirtió de la posibilidad de que algunas comunidades autónomas puedan interponer recursos ante el Tribunal Constitucional por una cuestión competencial, lo que podría derivar en la solicitud de medidas cautelares que dilatarían el proceso.
La reforma legal para que el reparto de menores sea obligatorio y así garantizar su correcta atención e integración es uno de los compromisos incluidos en la agenda canaria, gracias al acuerdo alcanzado entre el PSOE y Coalición Canaria para la investidura de Pedro Sánchez. En febrero, el Ejecutivo autonómico presentó la llamada "solución canaria", en la que proponían dos vías para tramitar el cambio legislativo. Una rápida, a través de un decreto ley, y una lenta, a través de la modificación de la ley orgánica. Esta opción más "engorrosa y lenta" fue la elegida por Madrid, ralentizando la materialización de una respuesta real ante una situación de crisis.
Todos los procedimientos para aliviar la saturación en las Islas están estancadas. En octubre se pactó en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia el reparto de 339 menores no acompañados y, hasta ahora, solo han salido ocho hacia Aragón. El mes pasado fueron las comunidades las que rechazaron una propuesta planteada por el Ministerio de Infancia y Juventud de trasladar a 470 menores a oenegés con centros de acogida en la Península -manteniendo la tutela el Gobierno canario-, alegando que esta vía tiraría por tierra el acuerdo de la Conferencia Sectorial.
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