En cuatro meses se contabilizaron 11 fugas en comisarías de la Ciudad de Buenos Aires, casi tres por mes. En los últimos diez días, una seguidilla en San Telmo, Balvanera y Caballito volvió a poner la lupa sobre un problema complejo que no encuentra la salida.
El último episodio fue esta madrugada en la comisaría 6-B, ubicada en Avellaneda al 1500, Caballito. Cuatro detenidos rompieron una ventana, saltaron a un playón y de allí salieron a la calle. A dos los estaban esperando en un auto Ford Ecosport rojo. Otros dos fueron recapturados por la Policía. Los dos prófugos son Jonathan Coma, de 32 años, y Nelson Nicolás Riquelme Pichun, de 29.
En la Ciudad de Buenos Aires hay casi 2.000 detenidos. Desde que asumió la gestión de Jorge Macri la cifra creció en torno al 14 %. La profundización de la política criminal enfocada en las detenciones y la falta de infraestructura chocan en un escenario de sobrepoblación y falta de cupos en penales federales.
"No vamos a dejar de trabajar en la línea en la que estamos trabajando porque no hay donde alojar a los presos. Si tienen que dormir en un patrullero, dormirán en un patrullero"; deslizan fuentes del Ministerio de Seguridad al definir la problemática.
La Ciudad de Buenos Aires tiene capacidad para 1.041 detenidos pero aloja a casi el doble. Para custodiar a esos presos hay 1.500 policías porteños, casi el 10 % de los 19 mil que están destinados "al cuidado de los vecinos".
Algo así como dos policías cada tres presos en la Ciudad no alcanzan para evitar las fugas que ya habían sido 42 en 2023.
Para el Gobierno porteño el problema de las fugas está directamente relacionado a la sobrepoblación. Es que la infraestructura de la Ciudad no está preparada para alojar presos, que no debería tenerlos bajo su custodia durante más de 96 horas, argumentan.
La Justicia Nacional es la que procesa, aprehende y detiene y es el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo del Servicio Penitenciario Federal (SPF), el que debería otorgar cupos para trasladar a los presos a penales federales. Lo cierto es que se entregan plazas a cuentagotas y por eso los detenidos, sobre todo por causas menores, terminan cumpliendo condena en lugares que no están preparados para ese fin.
Presos durmiendo en contenedores, compartiendo colchón en pasillos u oficinas, sin duchas y con baños limitados son algunas de las realidades que describen los especialistas en la problemática penitenciaria.
Los policías "no están capacitados" para cuidar presos "y encima no les gusta", asegura una fuente off the record en la cartera de seguridad.
La mayoría de los detenidos, el 71 %, están presos por delitos contra la propiedad, y el 10 % por delitos contra la integridad sexual, según datos de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
"Estar preso en esas condiciones es una tortura en sí misma", aseguró Ariel Cejas, procurador adjunto, ante la consulta de Clarín. Aunque reconocen que "todavía no hay una suba importante de denuncias" por las condiciones de encierro en estas dependencias.
Hasta el 29 de febrero, el tiempo promedio de detenciones en alcaidías era de 125 días, con un máximo de 2 años y seis meses. En comisarías, 52,8 días en promedio y hasta un año y tres meses.
En el Gobierno hablan de 400 presos condenados bajo la custodia de la Policía de la Ciudad.
En el informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación se destaca una situación "particularmente gravosa" en relación a las personas "a la espera de alojamiento", es decir, entre que se concreta la detención hasta que se dispone un destino.
Para el 29 de febrero eran 229 personas que pasan "esposadas las 24 horas del día en oficinas, quinchos, depósitos, lactario, subsuelo, guardia interna, entre otros"
Los detenidos están alojados en 35 alcaidías, en el Centro de Contraventores y los calabozos de 19 comisarías vecinales
Entre abril y noviembre de 2023, la Ciudad sumó 15 alcaidías anexas, incorporando calabozos de comisarías vecinales a la División Alcaidías de la Policía de la Ciudad. En la mayoría de los casos las ampliaciones corresponden a contenedores instalados en espacios comunes de los edificios para sumar plazas, una alternativa que continuarán aplicando hasta que se resuelva la situación de fondo.
La Ciudad se enfrenta a un proceso similar al de otras provincias argentinas que han tenido que hacerse cargo de los presos que no encuentran lugar, aún cuando sí cuentan con penales provinciales.
La Provincia de Buenos Aires fue la primera en atravesar el colapso e incluso hoy tiene un 80 % de sobrepoblación carcelaria. Respecto de las detenciones en comisarías, actualmente tienen 2.571 personas alojadas en dependencias policiales. Según datos de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), "en marzo de 2024, la población detenida en comisarías bonaerenses aumentó un 6 % con respecto febrero pero se redujo un 43 % con respecto a marzo de 2023".
Para los especialistas, si analiza la problemática de acuerdo a la densidad poblacional y la cantidad de recursos, la situación en la Ciudad, aunque incipiente, es "peor que la de la Provincia de Buenos Aires".
Los contenedores son una solución temporaria, aunque polémica, para solucionar la escasez de plazas para alojar detenidos.
Tanto es así, que el ministro de Seguridad bonaerense, León Carlos Arslanian, durante su gestión en 1999, había anunciado un plan de "disposición de celdas en contenedores y acondicionamiento de galpones alquilados a particulares". Ese plan fracasó luego de que llovieran críticas. Un camino similar es el que, salvando las distancias, empieza a aplicar la Ciudad para paliar la grave situación.
El penal de la Ciudad en Marcos Paz
La construcción de una cárcel para la Ciudad en el complejo de Marcos Paz es, por estos días, la única solución a mediano plazo para resolver la situación. Ese proyecto surgió en 2018, cuando Mauricio Macri todavía era presidente, e impulsó un convenio entre Nación y Ciudad para construir una nueva cárcel y mudar el penal de Devoto a 48 kilómetros, en territorio bonaerense.
Lejos de perseguir el objetivo de la mudanza, Marcos Paz sería la única opción viable para descomprimir alcaidías y comisarías.
La obra de esa unidad penitenciaria se encuentra avanzada en un 72% y se paralizó luego de que la gestión de Alberto Fernández terminara con su parte. La Ciudad no puso lo suyo: unos 65 millones de dólares que no está claro si están en el presupuesto 2024.
La excusa del ex jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta para paralizarla y frenar el proyecto fue la quita de un punto de la coparticipación que la Nación les sacó a los porteños. Sin ese dinero, dijo Larreta, no podría completarse la obra.
La gestión de Jorge Macri incluyó su finalización dentro de los anuncios de gobierno, aunque no está claro si se ejecutará dentro del presupuesto 2024. No hay plazos de reactivación de las obras y mucho menos de cuándo podrían empezar a trasladar presos.
Es que, aunque la terminen, la Nación es la responsable de la custodia y el presupuesto para mantenerla en funcionamiento.
MG
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