Digi deberá preservar el espectro radioeléctrico adquirido a Masorange, la entidad resultante de la fusión entre Másmóvil y Orange, durante los próximos diez años. El pacto, validado por la Comisión Europea como parte de las concesiones impuestas para la aprobación de la 'joint venture', incluye este veto para la operadora rumana, que hoy ejerce ya como cuarto operador de telecomunicaciones en España. Además deberá decidir durante el próximo año y medio si se mantiene con Telefónica como proveedor de su acuerdo de red móvil o ejerce su opción para 'mudarse' a la infraestructura de Orange. El lanzamiento comercial tras esta migración no podría ser más tarde de 2026.
El acuerdo aprobado formalmente hace semanas implicaba la transferencia de los derechos de tres bloques de frecuencias, que a la postre son las 'autopistas' sobre las que se construyen las redes móviles: 20 megahercios en la banda de 1.800 MhZ; 20 en la de 2.100 Mhz, y otros 20 en la de 3.500. El precio abonado por Digi era de 120 millones de euros, de los cuales 20 millones estaban sujetos a a la extensión de la duración de esas concesiones -que debe aprobarla el Gobierno-. Pero estos activos tienen 'letra pequeña' en su explotación.
Según ha confirmado Masorange a las entidades financieras que participan en la operación de deuda del grupo en la presentación fechada este mes de abril, el uso efectivo de esos bloques de espectro radioeléctrico debe hacerse no más tarde del ejercicio 2025. Y el grupo cotizado y dirigido en España por Marius Varzaru no podrá desprenderse del mismo a través de una venta durante los próximos diez años. A esto hay que sumar la inversión en despliegue "para poder usarlos".
Como asegura la Comisión Europea en el documento final de aprobación de la fusión, consultado por La Información, esta medida impuesta en el acuerdo de 'remedios' de la joint venture garantiza que Digi "conserve la propiedad del espectro a largo plazo". Ni en ese informe ni en la presentación de Masorange se hace mención a las potenciales reclamaciones económicas a las que se podría enfrentar por la falta de inversión en su red móvil basada en esas frecuencias adquiridas.
De esos bloques de espectro, quizá el más relevante es el de la banda de 3,5 Ghz que es una de las prioritarias para el despliegue de las redes ultrarrápidas 5G. Hoy por hoy, el cuarto operador -enfocado en el mercado del 'bajo coste'- tiene un modelo de operador móvil virtual para el cual tiene suscrito un acuerdo de 'roaming' para explotar la red de Telefónica. Es decir, básicamente ofrece su conectividad de 4G y 5G principalmente a través de la infraestructura del dueño de Movistar.
El operador rumano deberá lanzar los productos de conectividad sobre la red de Orange -si ejerce la opción ofrecida en los 'remedios'- antes de 2026
Precisamente para fortalecer a este cuarto operador, el pacto de 'remedios' de la fusión incluía una segunda medida: la opción de un acuerdo de 'roaming' para conectarse a la infraestructura de Orange. Según explican desde Masorange, la compañía rumana podrá ejercer este derecho en una fecha entre el año 2025 y el 2026 -no se hace público ese tope-. Eso sí, el lanzamiento comercial de sus productos basados en esta red debería ejercitarse siempre antes de que acabe 2026. La duración total del pacto se sitúa entre 2033 y 2038.
La clave está en el dinero que se le exigirá a Digi en caso de que ejerza esa opción. Y este detalle no se ha hecho público, aunque sí que se precisa por parte de la Comisión que estará basado, como otras alianzas de este tipo, en la capacidad. Es decir, se pagará en función del uso de la infraestructura de la 'joint venture' sin que exista un 'capado' de esa cantidad. "El uso de la capacidad se calculará exclusivamente por la referencia del volumen de clientes y el tráfico en la red de la fusionada", apunta Bruselas.
La renegociación con Telefónica
Pese a que esta opción existe, el mercado da por hecho que el cuarto operador utilizará este derecho para la renegociación con el acuerdo con Telefónica que tiene una vigencia hasta el año 2026 tras la última ampliación. Hace algo más de un mes, la operadora presidida por José María Álvarez-Pallete admitía que ya se planteaba esas conversaciones. "Tenemos mucho respeto por ellos; es un operador serio y tenemos buena relación comercial", apuntaba Ángel Vilá, consejero delegado del grupo, quien insistía en que hay contratos "muy elaborados tanto en móvil como en fijo con sus plazos y sus penalizaciones".
Vilá explicó que el espectro radioeléctrico llevará a los rumanos a desplegar red en ciertos núcleos urbanos pero deberá tener acuerdos de compartición para seguir prestando su servicio en el país. Precisamente para esta expansión en el móvil, la cuarta teleco formalizó hace unos días la venta de parte de su red de fibra a Onivia -el gestor de infraestructuras controlado por los fondos Macquaire, Abrdn y Arjun-. Transfiere 4,25 millones de unidades pasadas en doce provincias en las regiones de Castilla la Mancha, Madrid, Comunidad Valenciana y Murcia. El objetivo es alcanzar 6 millones durante los próximos tres años.
Tanto Telefónica como Masorange habían defendido previamente que la fusión de esta última debía hacerse sin 'remedios'. La nueva 'joint venture' defiende ante las entidades financieras como noticia positiva que no haya otras concesiones vinculadas al mercado mayorista y que el espectro cedido es muy minoritario respecto al total con el que cuenta (60 megahercios respecto a los 480 que suman ambos grupos). Las medidas "no implican la creación de un nuevo competidor en el mercado pues Digi es ya un jugador convergente en España".
Para vigilar el cumplimiento de todas estas transacciones y las cláusulas del acuerdo de concesiones, la Comisión Europea anunció el nombramiento de un responsable que los monitorizará continuamente. El pasado 26 de marzo Bruselas designó formalmente a Antoni Vassileff, socio del bufete especializado en cumplimiento y regulación Advolis Orfis, para esta tarea.