La Fundación Apolo, una organización ligada a Republicanos Unidos, presentó una denuncia contra los titulares de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) por la toma de edificios públicos en medio de miles de despidos de trabajadores estatales y solicitó que "se apliquen las más severas sanciones penales que correspondan". "Se habrían configurado atentados a la autoridad de los Arts. 237 y 247 del Código Penal", explicaron.
La presentación lleva las firmas de Yamil Santoro, José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, quienes argumentan que "con el objetivo de efectuar ingresos no autorizados ("tomas") a edificios público", "varios grupos formados por cientos de manifestantes ingresaron por la fuerza a los edificios de la Secretaría de Trabajo, y del ex-INADI, avasallando a las autoridades de seguridad allí apostadas para impedirlo". El escrito incluye a los dirigentes sindicales de ATE, Roberto Aguiar y Daniel Catalano.
En la denuncia piden "hacer valer el derecho de cada ciudadano por sobre las pretensiones de organizaciones mafiosas, fascistas y corporativas que pretenden, por la fuerza, condicionar a las autoridades constituidas y perjudicar el normal funcionamiento de la Administración Pública Nacional".
Además, mencionan que "varias publicaciones" de medios periodísticos, incluyendo PERFIL, "dan testimonio" de los acontecimientos, por lo que sugieren que "como medidas probatorias se requieran y verifiquen las notas publicadas por dichos medios de comunicación respecto de los incidentes que motivan la presente denuncia".
Fundación Apolo cuestiona la "actitud temerosa" del Poder Judicial
En el texto, advierten: "Si los manifestantes ingresaron contrariando las órdenes de autoridad pública y violentando su operativo, impidieron o estorbaron el uso del edificio para las actividades de los funcionarios públicos a fin de satisfacer sus exigencias, se habrían configurado atentados a la autoridad de los Arts. 237 y 247 del Código Penal".
Apoyándose en ambos artículos, denuncian que "podría caber a los denunciados una participación criminal derivada de su promoción y organización".
A modo de conclusión, subrayan: "Los hechos ilícitos cometidos bajo la excusa de una protesta gremial han gozado de impunidad durante las últimas décadas, en gran medida, como consecuencia de la pasividad de las autoridades públicas y, en particular, como consecuencia de la actitud temerosa de un Poder Judicial que, en muchos casos, no ha estado a la altura de las circunstancias".
En ese sentido, mencionaron, a modo que ejemplo que el secretario general de ATE Capital "fue sobreseído en una causa, cuando utilizó el derecho de huelga para condicionar a los magistrados que debían juzgar a la condenada Cristina Fernández de Kirchner". Y agregaron que dichas actitudes, "no hacen más que potenciar conductas como las que hoy se denuncian".
La denuncia quedó radicada con el número de expediente CFP 1156/2024, en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°2 a cargo de Sebastián Ramos.
RM / ED