La causa que investiga la presunta existencia de una "organización delictiva operando en la contratación de seguros por parte de diversos entes estatales durante la presidencia de Alberto Fernández", y en especial "la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora Nación Seguros" sigue avanzando a toda velocidad en el juzgado federal de Julián Ercolini.
La investigación derivó en una serie de allanamientos realizados hace una semana, en los que se secuestraron teléfonos celulares, discos rígidos, computadoras de escritorio, notebooks, pendrives y tableta. Ahora todo comenzó a ser peritado por orden de Ercolini. El trabajo lo tiene a cargo del área de criminalística de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
La denuncia que dio origen al expediente judicial comenzó analizando el Decreto 823/2021 de Alberto Fernández. A través de esa normativa impuso la obligación al sector público estatal de contratar servicios de seguros de forma exclusiva con la empresa Nación Seguros.
Esa norma habilitó un segundo paso: la contratación de intermediarios que percibían millonarias comisiones pese a que ambas partes de la negociación eran entidades públicas.
Para esclarecer todo este entramado se estudiaron los contratos, pólizas, designaciones de intermediarios y otros documentos, tanto de Nación Seguros como a los distintos entes estatales y a los respectivos productores y empresas del rubro.
El pasado viernes, por orden del juez, se realizaron 23 allanamientos a personas y empresas involucradas en la maniobra investigada. en esos operativos se secuestraron una docena de elementos electrónicos que ahora fueron entregados a los peritos del área especializada de la PSA.
Para empezar, se ordenó el desbloqueo de todos los dispositivos. Después, se pidió la extracción de datos existentes, ocultos o borrados vinculados con llamados, mensajes de distinto tipo, contactos, correos entrantes y salientes , pérdidas, videos y notas, con ubicación y tiempo de cada uno, como información esencial.
Entre los domicilios allanados, se encontraban los de Mauro Tanos -quien aún era gerente general de Nación Seguros- y Federico Eufemio, que seguía en funciones como gerente de compras de la entidad. A ambos, el gobierno les echó al día siguiente. Este jueves el coletazo político del caso judicial, continuó, y se pidió la renuncia del gerente comercial, Matías Casell.
Lo que la justicia le reprocha, inicialmente, a Alberto Fernández es que con su decreto impidió que se realizaran licitaciones públicas "que fomenten la competencia y transparencia en torno a esas contrataciones".
Una de las hipótesis en el marco del expediente es que en gran parte de aquellas contrataciones participaban "intermediarios y organizadores (tanto personas físicas como jurídicas) entre los que se encuentran Héctor Martínez Sosa, Pablo Torres García y Oscar Castello, junto a las firmas Héctor Martínez Sosa y Compañía SA, TG Broker SA, Bachellier SA, Castello Mercuri SA y San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros SA".
A todos ellos "se les abonaban comisiones que conforme lo denunciado, serían superiores a las de mercado, o habrían sido designados por las respectivas reparticiones públicas mediante un irregular,inexistente o direccionado proceso de selección".
El conjunto, estas cinco compañías recibieron 2.782.170.946 pesos en comisiones de Nación Seguros durante el período en cuestión, "sobre 3.453.302.777 pesos del total de productores, representando más del 80%", se consignó en función de una auditoría ordenada por el actual gobierno a comienzos de este año.
Pero los investigadores también advirtieron "la existencia de las intermediaciones entre ambas partes contratantes con anterioridad al dictado del mencionado decreto".
Como publicó Clarín, eso fue el motivo por el cual se amplió la ventana de tiempo de la pesquisa. Ahora se investigan los contratos firmados durante toda la presidencia de Alberto Fernández.
La última medida adoptada por el juez Ercolini fue la inhibición general de bienes del ex presidente, cautelar que fue extensiva a su amigo y broker, Martínez Sosa, a su esposa María Cantero (ex secretaria de Alberto Fernández) y otras treinta personas y empresas.
Junto con esa decisión, por pedido del fiscal Carlos Rívolo, se firmó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de todos. Hay una línea de investigación que posa la lupa sobre el patrimonio del ex jefe de Estado, por lo que se solicitaron sus declaraciones juradas desde 2009. Mismo período corresponde para el detalle de bienes de Héctor Martínez Sosa. Los investigadores quieren saber si hay un posible enriquecimiento a lo largo de estos años.
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