La presidenta Dina Boluarte está en el centro de la noticia y este protagonismo, lamentablemente negativo, se refleja en las noticias mundiales y afecta nuestro país, agobiado por un déficit de inversiones debido a la permanente inestabilidad política. Lo mínimo que se reclama a la actual presidenta es una mayor transparencia en el ejercicio del poder y lo máximo esclarecer los indicios de enriquecimiento ilícito con investigaciones para nada deleznables como la de la Unidad de Inteligencia Financiera, para lo cual ha concurrido ante la Fiscalía. El ascenso de Boluarte a la primera magistratura está signado por la obligación de superar la crisis política y la inestabilidad que aqueja al Perú desde la elección de PPK. Y aunque podría salir bien librada del actual escándalo en especial por la negociación política y la voluntad de quedarse hasta el 2026, que anima al Ejecutivo y al Congreso, ambos poderes deben estar conscientes de que no necesitamos más escenas como las del agraviante allanamiento al domicilio de la presidenta ni a Palacio de Gobierno ni casos tan frívolos como la exhibición de relojes Rolex. Si bien este escándalo está llegando a su fin no sucede lo mismo con la urgencia de rectificar conductas y extraer lecciones. El reciente cambio de seis ministros ha sido un gesto político para aplacar tensiones y atender críticas y exigencias. Faltan cambios de ministros claves, pero el gabinete Adrianzén ha obtenido el voto de confianza justificado en la gobernabilidad. Aunque el asunto no termina aquí. Es indispensable recuperar la confianza de los inversores y de la gente. Es evidente que los resultados no son tan buenos como los discursos, particularmente en la lucha contra la criminalidad, la atención de la salud y la economía. Necesitamos confianza, capacidad y autoridad moral para gobernar.