El Gobierno analiza una reforma laboral de la UCR, en medio de la convocatoria de la CGT a un nuevo paro general
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El bloque de la UCR en Diputados buscaba presentarle esta tarde al Gobierno su propuesta de reforma laboral para incluir en la discusión de la ley de Bases bis. El encuentro estaba programado desde las 16.30 a cargo del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, quien en las últimas semanas encabezó las distintas negociaciones con los bloques aliados en el Parlamento junto al ministro del Interior, Guillermo Francos. A Balcarce 50 estaba invitados el jefe de la bancada de los radicales, Rodrigo de Loredo, y el secretario parlamentario, Alejandro Cacace, supo elDiarioAR.
La propuesta, sin embargo, ya genera una división interna en la bancada radical, sobre todo del sector referenciado en Facundo Manes, quien ya se mostró en varias oportunidades en las antípodas a los libertarios. Y se conoce casi en simultáneo a que la CGT convocara a un nuevo paro general para el 9 de mayo próximo. Ayer la central obrera había aceptado por primera vez un convite a la Rosada.
La propuesta de la UCR fue parte del acuerdo oficialismo-oposición al que se llegó en medio de las frenéticas negociaciones antes de que finlamente la nueva versión de la ley ómnibus tenga un segundo intento en el Congreso. Los libertarios le pidieron a sus aliados que le acerquen un borrador del articulado de reforma laboral. La jugada busca sortear el bloqueo que tiene el capítulo laboral del DNU 70/23 en la Justicia, a instancias de un reclamo de la CGT.
Originalmente se pensaba que la iniciativa iba a ser conjunta de la oposición dialoguista, es decir un mix entre lo que ya presentó el radicalismo en el Senado y lo que aporten los diputados de Hacemos Coalición Federal, el bloque que preside Miguel Pichetto y que integran diputados de las más diversas ideologías y sectores políticos. Pero por ahora solo se conoció el movimiento radical, incluso bastante más duro que el de la bancada en la Cámara alta.
Según un punteo al que accedió elDiarioAR sobre la propuesta radical, el proyecto contempla reducir "la carga fiscal sobre el empleo" a partir de la actualización de la deducción aplicable a la base imponible de las contribuciones patronales y vinculándola al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), y hasta 5 empleados. También propone eliminar las contribuciones obligatorias emanadas de los convenios colectivos (llamadas contribuciones de solidaridad) para "garantizar la libertad sindical". Además plantea la "reducción de la litigiosidad", con la derogación de artículos y aspectos de las leyes N° 24.013, N°25.013, N°25.323, entre otras, y la reducción sustancial de las multas.
Sobre las indemnizaciones, busca establecer por convenio colectivo "un fondo de cese laboral a cargo del empleador" (con un aporte de hasta 8% de la remuneración) y dar la opción a un sistema de capitalización o seguro para solventar la indemnización. Y también extiende el período de prueba a seis meses, con posibilidad de terminación de la relación laboral sin derecho a indemnización, pero con obligación de preavisar.
La reforma del radicalismo plantea en su articulado una serie de servicios esenciales, lo que acota el alcance de las huelgas. En ese sentido incluye como novedad a la educación. El texto "establece a la educación en los ciclos de escolaridad obligatoria como un derecho humano fundamental, limitando los conflictos colectivos de trabajo que pongan en riesgo este derecho", apunta la iniciativa del radicalismo.
Con la propuesta de 50 artículos de la UCR, ahora el Gobierno definirá si la incorpora al texto de la nueva ley de Bases, que el oficialismo espera tratar en Diputados la semana que viene en comisión y la otra en el recinto. "Ellos presentan y nosotros evaluamos", apuntó una fuente del Gobierno a elDiarioAR. La jugada opositora no deja de generar rispideces, porque desde el ala de Manes salieron muy duros a cuestionar el proyecto de reforma laboral.
"Solo reproduce en DNU del gobierno como propuesta de la UCR y la que enviaran al gobierno para ser tratada en el Congreso", se quejaron ante este medio desde el sector disidente del radicalismo. "Con este proyecto, se demuelen los pilares fundamentales del Derecho del Trabajo, y se favorece las consecuencias del trabajo en negro", recogió este medio como contrapropuesta al proyecto de la jefatura del bloque. Un conclusión del sector de Manes fue: "Estamos ante una reforma perversa, que establece nuevas reglas, en las cuales quedaran atrapados millones de argentinos. Así de simple y brutal es la cosa, motosierra para los jubilados, motosierra para el salario, y ahora con la complicidad de algunos diputados radicales, motosierra para los trabajadores".
Un análisis exaustivo del sector de Manes, que nuclea a una decena de los 34 diputados radicales, cuyos votos serán decisivos en el futuro de la ley Bases, apuntó que el proyecto de reforma laboral "crea inseguridad jurídica" porque viola los artículos 14 bis, 75 inc. 19, 99, inc. 3 de la Constitución Nacional, así como el principio de progresividad o no regresión. Además apuntan que "destruye el núcleo central protectorio de millones de trabajadores" al modificar los artículos 2, 9, y 23 de la Ley de Contrato de Trabajo. Otra de las críticas es que el proyecto incluye la figura de "Trabajadores Independientes con Colaboradores". "Van a crear una sociedad de monotributistas, cada vez más trabajadores independientes, lo cual genera, además de desprotección, enanismo fiscal y empresarial", cuestionaron los disidentes.
MC