El Gobierno ha ofrecido esta mañana a los consejeros de universidades de las comunidades autónomas financiar 3.400 plazas de profesores universitarios durante los próximos seis años para cumplir con las obligaciones de la nueva ley de universidades (LOSU). Esto es dos tercios de lo que el Ministerio de Universidades estima necesario (su cálculo es de 5.100 profesores en total para cumplir con la ley). La oferta está supeditada a que las comunidades financien el tercio restante.
Esta propuesta no ha gustado a algunos de los consejeros autonómicos que han participado en la la Conferencia General de Política Universitaria esta mañana, que consideran que el Estado debería aumentar la financiación. Es el caso de los gobiernos del PP, de Galicia, Castilla y León, Aragón y Cantabria.
El plan implicará financiar con 150 millones anuales 3.400 plazas de profesores ayudantes doctores en el curso 2024-2025 y durante 6 años
En cambio, otras autonomías, como Castilla La Mancha o Navarra, habrían expresado su voluntad de participar en el plan mientras que otras han verbalizado querer debatirlo en sus gobiernos.
"Condicionamos la entrada de este programa en cada comunidad autónoma a la corresponsabilidad de la comunidad autónoma. Entendemos que en los próximos días vamos a ser capaces de resolver dudas particulares que puedan haber por parte de las comunidades autónomas para facilitar que con este programa podamos resolver el problema de la precariedad y la temporalidad", ha asegurado la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, tras presidir la Conferencia General de Política Universitaria. El ministerio abrirá una convocatoria las próximas semanas para que las comunidades autónomas expresen su interés para entrar en el programa.
Diana Morant
"En los próximos días vamos a responder las dudas particulares para facilitar que con este programa podamos resolver el problema de la precariedad y la temporalidad"
Con esta propuesta, la segunda que realiza el ministerio, se quiere desencallar la obligación de cumplir con las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) en relación a la plantilla del personal docente e investigador, aquejada de un fuerte envejecimiento y una temporalidad superior al 40 %.
El Programa para la Incorporación de Talento Docente e Investigador a las Universidades Españolas garantiza la financiación, con 150 millones de euros anuales, de 3.400 plazas de profesores ayudantes doctores en el curso 2024-2025 y durante los seis años de duración de esta modalidad de contrato. La garantiza siempre y cuando las comunidades autónomas aseguren un plan de financiación similar hasta cubrir sus necesidades estimadas. El Gobierno calcula que el sistema universitario español necesita, al menos, 5.100 plazas.
De este modo, el Estado se compromete a financiar dos tercios de las plazas necesarias y los gobiernos autonómicos el tercio restante.
El ministerio había propuesto inicialmente financiar un tercio de unas 4.200 plazas en total. Las comunidades autónomas y las universidades consideraron insuficiente esa ayuda. Lamentaron que el Gobierno pusiera un umbral mínimo de financiación de las universidades y unas obligaciones de estabilización de personal a través de la LOSU esperando que fueran las autonomías las que asumieran las consecuencias económicas de su aplicación.
No obstante, hace tres semanas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra Morant, se reunieron con las universidades españolas, a través de la Conferencia de Rectores (CRUE), y ofrecieron el plan de financiación que ahora han expuesto a los consejeros autonómicos.
La CRUE calificó la propuesta, al conocerla, de "potente"
La CRUE publicó un comunicado celebrando la propuesta y calificándola de "potente". La presidenta de la conferencia, Eva Alcon, insistió en "la importancia de que ahora haya corresponsabilidad por parte de las comunidades autónomas para desarrollar la LOSU".
El Ejecutivo del País Vasco se adelantó a la Conferencia General celebrada hoy y la semana pasada ya acordó dotar a la Universidad del País Vasco (UPV) de 150 nuevas plazas para personal ayudante doctor durante los próximos seis años, empezando en el curso 2024-2025. Dos tercios a cargo del ministerio y el restante a cargo de la Hacienda vasca. Se comprometieron asimismo a abrir un diálogo para que Euskadi lleve a cabo directamente la contratación de personal docente sustituto.
Morant ha subrayado que las comunidades son las competentes en materia de universidades y el Ejecutivo lo que pretende con esta iniciativa es reforzar la modernización del sistema universitario, después de una etapa de recortes y restricciones económicas.
Estas plazas extra, que se lanzarán más allá de la oferta ordinaria de empleo público, deben destinarse a compensar los cambios en la dedicación docente del profesorado asociado y de los nuevos profesores y profesoras ayudantes doctores, recogidas en la LOSU, de cuya entrada en vigor se cumple un año a finales de este mes.
Las 3.400 plazas comprometidas por el Gobierno equivalen al doble del número de plazas de una convocatoria ordinaria de profesorado ayudante doctor en las universidades públicas, según los datos del ministerio.
Entre las comunidades que han expresado su desacuerdo se encuentra el Ejecutivo de Aragón (PP y Vox), que exige que Universidades financie el 100 % el coste de una "ley impulsada por el Gobierno central de espaldas a las autonomías", según recogió la Agencia Efe, que atribuye las fuentes al Gobierno autonómico.
En su opinión, supone una "falta de respeto que tras crear un grupo de trabajo" para facilitar la implementación de la LOSU, "se obvien sus propuestas y se anuncie de espaldas a las comunidades un sistema de financiación que no es justo en absoluto".
La Comunidad de Madrid envió hace unos días una carta a Morant en donde le expresa su "honda preocupación por el ninguneo al que nos ha sometido, tras habernos utilizado para una pantomima de 'grupo de trabajo'", mientras se tomaban decisiones "que pondrán en peligro la viabilidad de la financiación del personal docente, y de la propia LOSU".
Por su lado, Galicia también ha expresado su desacuerdo por voz de su consejero: "No se puede hacer política con los presupuestos de otras administraciones autonómicas, es una falta de respecto a la arquitectura institucional del Estado", ha criticado el conselleiro. Con todo, ha puntualizado que, en el caso concreto de Galicia, "no están especialmente preocupados" ya que llevan tiempo realizando planes de financiación plurianuales que posibilitan que las universidades tengan "los máximos presupuestos sucesivos, históricos, en los últimos tiempos".
Además, ha incidido en que las universidades gallegas tienen unos porcentajes de profesores, tanto titulares como funcionarios, que "es lo que se está planteando", que es una medida que en Galicia "va a impactar poco".
La LOSU estipula una plantilla a tiempo completo, permanente, articulada y previsible. Fuentes del ministerio explican que la vía de entrada es la de profesor ayudante lector que cuenta con una carga docente determinada, y que no hace falta estar acreditado aunque sí haber adquirido el compromiso de acreditarse.
La estabilidad de la plaza, según la ley, tendrá una duración de 6 años por lo que se prevé que los nuevos profesores alcancen la categoría de titulares entre los 28 y 35 años. Esto difiere de la situación actual en que, de media, empiezan a estabilizarse a los 42 años. El envejecimiento de las plantillas de las universidades es importante. La media de edad de los titulares es de 57 años y la de los catedráticos, 61 años.
Además, la prohibición de la reposición impuesta por los gobiernos durante la crisis económica ha fomentado la figura del "falso asociado", con fuertes cargas lectivas.
La LOSU obliga a adquirir el compromiso de eliminar la temporalidad que en el 2023 alcanzaba de media el 48% del personal universitario y que, según el ministerio, puede llegar a ser del 63% en algunas universidades.
Aunque se recuperó la tasa de reposición hace unos años, las universidades no han recibido suficiente financiación por parte de las comunidades autónomas. En valores absolutos, contando la inflación, se ha aumentado un 0,1% en el periodo de 2009 a 2024. "Este tipo de recuperación ha tenido distinto recorrido", informan fuentes del ministerio, de tal modo que Castilla y León ha aumentado un 19%, pero Madrid lo ha recortado un 15%, y Navarra, la comunidad con mayor crecimiento, ha elevado el presupuesto a la universidad pública en un 39%.
La inversión por alumno también es desigual. La media del conjunto de universidades públicas es de 7.000 euros, 4.000 por debajo de la media europea. Pero La Rioja invierte por estudiante 10.300 euros mientras que Madrid, 5.600 euros.