El Gobierno anunció por medio de un comunicado que se auditarán los pagos de las indemnizaciones que perciben las víctimas de terrorismo de Estado. La decisión fue anunciada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
El Ministerio de Justicia comunicó que se avanzará con una «auditoría integral» de todos los pedidos realizados en el marco de las leyes de reparación patrimonial para aquellas personas que fueron víctimas de la dictadura cívico-militar. Según el comunicado, el organismo «determinó llevar a cabo dicha auditoria debido a que se han detectado distintos casos con irregularidades en la tramitación, otorgamiento y/o pago».
A su vez se informó que la auditoría surge a raíz de la causa «Martínez Moreira, Adrián y otros s/ defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita», en la que se procesó a un grupo de personas por estafa al Estado. Además el organismo aseguró que existen «otras causas penales en tramite» por irregularidades vinculadas a pagos duplicados o realizados a personas que «no contaban con documentación respaldatoria de su reclamo».
Por su parte anunciaron que articularán medidas «para no abonar las sumas económicas de los beneficios a quienes no correspondan» y adelantaron que reclamarán el reintegro de las sumas pagadas de manera fraudulenta.
Indemnizaciones que otorga el Estado a víctimas de la dictadura
Las indemnizaciones que otorga el Estado para víctimas de la dictadura cívico militar se amparan en seis leyes nacionales. Estas se aplican sobre aquellas que fueron desaparecidos de manera forzosa que hubieran ocurrido hasta el 10 de diciembre de 1983 y exdetenidos.
También alcanza a personas que nacieron durante la privación de la libertad de sus madres, o que siendo menores, permanecieron detenidos en relación a sus padres, «siempre que cualquiera de éstos hubiese estado detenido y/o desaparecido por razones políticas, ya sea a disposición del Poder Ejecutivo nacional y/o tribunales militares».
La Dirección de Gestión de Políticas Reparatorias es el organismo dependiente de Justicia que se encarga de coordinar con el Poder Judicial la recopilación de información necesaria para acreditar cada reclamo y, en caso de ser necesario, darle cumplimiento.