Cuando se supo que Victoria Donda había intentado "arreglar" a su empleada doméstica con un plan social, muchos creyeron que le iba a costar su puesto en el Inadi.
Cuando trascendió que Luana Volnovich se había ido de vacaciones al Caribe con su segundo en el PAMI y habían dejado el organismo acéfalo –además de ignorar una indicación pública del presidente de la Nación–, otros pensaron que sus horas en el Gobierno estaban contadas.
Sin embargo, tanto Donda como Volnovich (entre muchos otros funcionarios, jueces, embajadores) han sido beneficiadas por la doctrina del "siga siga", que ha abolido la sanción en el Estado y ha consagrado el criterio de que los errores, por más gruesos que sean, y las transgresiones, por más audaces que resulten, no tienen consecuencias. Simplemente, se las deja pasar. Ya ni siquiera se exigen explicaciones ni disculpas de ocasión.
Los "paraísos" que adora el kirchnerismo
No se trata de volver sobre episodios o escándalos que ya se consideran prescriptos, sino de reparar en una cuestión de fondo que han revelado esos hechos: se ha derogado el principio que indicaba que cuanto más elevada fuera la posición que se ocupaba, mayor era la responsabilidad.
Sin haberlo publicado en el Boletín Oficial ni haberlo discutido en ningún estamento legislativo, el Estado ha invertido esa ecuación: cuanto más alto es el cargo, menor responsabilidad y mayor impunidad para manejarse con arbitrariedad y desparpajo.
Se ha fijado así un estándar para toda la función pública, que trasciende incluso al Poder Ejecutivo. Los casos de Donda y Volnovich no han hecho más que sumar "jurisprudencia" para que nadie en el Estado se sienta obligado a rendir cuentas.
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