Tribunal Supremo analizará caso de corrupción contra la representante Mariana Nogales
La madre de la legisladora y la empresa de esta también podrían tener que enfrentar cargos por delitos imputados por el FEI.
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El Tribunal Supremo accedió ayer, lunes, a revisar la decisión que tomó un juez en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan de no hayar causa para procesar criminalmente a la representante Mariana Nogales Molinelli; a su madre, Rita Molinelli Freytes, así como la empresa Ocean Front Villas por omisión de información financiera y otros delitos contributivos.
De paso, se determinó paralizar una vista preliminar en alzada que solicitó el Fiscal Especial Independiente (FEI) y que estaba pautada para el próximo lunes, 29 de abril. En la misma, se iban a analizar los únicos dos cargos que habían prosperado contra la legisladora en una Regla 6 en alzada, pero que se cayeron durante la primera vista preliminar. Están relacionados a perjurio y falsedad ideológica, bajo el Código Penal, por presuntamente haber omitido información en su informe a la Oficina de Ética Gubernamental relacionada con los puestos que ocupó en la mencionada corporación hasta la fecha en que se convirtió en legisladora, el 2021.
Fue el líder del Movimiento Victoria Ciudadana, Manuel Natal, quien dio a conocer la resolución del Supremo.
La misma establece que la revisión del caso se dará pese a los votos disidentes de la jueza presidenta, Maite Oronoz, así como de los jueces asociados Ángel Colón Pérez y Luis Estrella. Los otros cinco jueces votaron a favor de que se analice el caso para determinar si se debió haber encontrado causa para arresto.
Colón Pérez fue el único quien emitió un escrito sobre su postura. En esencia, el letrado defendió el trabajo realizado por los jueces de la Judicatura.
"La invitación que nos realiza el Panel del FEI (PFEI) para que, desde este estrado apelativo de última instancia, se cree derecho a su medida, que le permita intentar probar, nuevamente, lo que ya, según lo sentenciaron los foros a quo en más de una ocasión, resultó ser improbable, es rechazada por el juez que suscribe", estableció.
El coordinador general del MVC, de inmediato, tronó contra la determinación del Supremo. Le imputó, en unas declaraciones escritas, actuar "como sastre jurídico del PFEI y el PNP (Partido Nuevo Progresista)".
"Una vez más vemos cómo se utilizan los tribunales del país para judicializar el proceso electoral y político. En esta ocasión, una mayoría de Jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) decidió acceder a la petición del PFEI de 'revivir' los 49 cargos de delitos contributivos que presentaron contra Mariana Nogales y su señora madre, y que ya los tribunales desestimaron en múltiples ocasiones al no encontrar argumentos para sostenerlas", dijo.
Añadió que "esta intervención es completamente injustificada por parte del Tribunal Supremo en un caso donde la norma jurídica está clara y donde la representante Mariana Nogales ha prevalecido consistentemente tanto en el Tribunal de Instancia como en el Apelativo. No obstante, ayer el tribunal de mayor jerarquía en el país accedió a la petición del FEI de volver a traer los mismos casos que se han caído una y otra vez. Está acción es sumamente preocupante viniendo del más alto foro del país, pues no se justifica en derecho y extiende un proceso que viene desde marzo del 2022, cuando la querella inicial fue referida al FEI por parte del Departamento de Justicia. Desde entonces, la Oficina del Fiscal Independiente ha utilizado todos los recursos a su disposición para extender el proceso y, con ello, afectar la imagen de Mariana Nogales. A pesar de haber fracasado en todos sus intentos de probar su caso, pues no les asiste la verdad, sino un deseo de hacer daño, hoy a pocos meses de las elecciones logran 'estirar el chicle' una vez más, volviendo a implicar a la señora madre de la representante Mariana Nogales, una persona privada que ha visto su vida impactada directamente por estas acusaciones infundadas por ya dos largos años".
Nogales Molinelli, por su parte, hizo una publicación en Facebook en la que escribió que "mientras más aprieten, MÁS DURO VOY A EMBESTIR".
Entretanto, la portavoz del FEI, la exjueza Elonia Torres Cancel, explicó a Primera Hora que es un derecho el que tienen el recurrir al Supremo a revisar una decisión que no entienden fue la correcta.
"Es un remedio que provee el derecho y el FEI tiene obligación de continuar los casos en los que entiende tiene prueba suficiente para procesar a una persona y que se encuentre culpable más allá de duda razonable", indicó.
Señaló que el caso inició con una investigación del Departamento de Justicia y ellos, como ente a cargo de hacer el procesamiento criminal contra políticos, han dado curso a todos los recursos que se tienen para intentar probar su caso.
La exjueza indicó que el Supremo no tiene un término establecido para tomar una decisión. No obstante, procede que el Tribunal establezca un término para que tanto el FEI como los abogados de defensa de las partes involucradas, encabezados por el José Andréu Fuentes, establezcan su postura.
Este caso contra Nogales Molinelli inició con querellas que sometieron al Departamento de Justicia y a Hacienda los senadores Thomas Rivera Schatz y Gregorio Matías.
A la legisladora se le imputa haber omitido los cargos que ocupó en la corporación Ocean Front Villas hasta 2021 y las ganancias obtenidas. Los supuestos beneficios no reportados están relacionados con dos propiedades en el complejo de viviendas Palmas del Mar, en Humacao, que se alega eran rentadas a corto plazo. La defensa ha reiterado que, aunque las propiedades estaban a nombre de la legisladora, habían sido pagadas y eran administradas por su madre.
Por la controversia, el PFEI le imputa Nogales Molinelli y a su progenitora someter planillas "falsas y fraudulentas" por un período de cinco años. A la legisladora le imputaron un total de 24 cargos, a Molinelli Freytes 17 cargos y otros 10 fueron radicados contra la corporación Ocean Front Villas. Fueron un total de 51 denuncias las presentadas.
Ahora, con la revisión del Supremo, todos estos cargos podrían volver a activarse contra las imputadas.
Los fiscales a cargo son Ramón Mendoza Rosario, Zulma Fúster Troche y Leticia Pabón Ortiz.