Continúa el juicio disciplinario contra Álvaro Leyva por las presuntas irregularidades en la licitación de pasaportes. En una nueva jornada de audiencia, la Procuraduría llamó a declarar a la exdirectora de la Agencia Nacional de Defensa del Estado Martha Lucía Zamora como testigo clave en el proceso.
El testimonio de Zamora es clave, pues fue ella quien, en un primer momento, advirtió al canciller sobre las irregularidades en la celebración del contrato de licitación de pasaportes con la multinacional y sobre los riesgos que conllevaría declarar desierto el proceso.
"Hubo una instrucción, una directriz, una recomendación por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de la cual se ha hecho mención en el pliego de cargos, por eso se va a convocar a pesar de no ser miembro del comité de conciliación a la doctora Martha Lucía Zamora para que se amplíe la declaración que dio el 6 de diciembre de 2023 en la investigación disciplinaria", explicó el procurador delegado que lleva el caso.
En la diligencia del jueves 11 de abril, a la que Leyva no asistió, el ente de control disciplinario también aceptó, como pruebas testimoniales, escuchar a César Augusto Méndez Becerra, actual director de la Agencia Jurídica del Estado, y al exsecretario general de la Cancillería José Antonio Salazar, que hizo parte del comité de conciliación de la Cancillería en medio de la demanda presentada por Thomas Greg & Sons.
Para resolver las inquietudes que el Ministerio Público tenga sobre dicha demanda, fue citado a declarar el abogado Juan Pablo Estrada, que deberá explicar los motivos de la acción judicial radicada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Además, declararán en juicio a Martha Medina, quien participó en la licitación del contrato, así como a quienes participaron en el comité estructurador del pliego de condiciones, como Robinson Valencia, subdirector de control migratorio; Nubia Maya, Adriana Guzmán, Magaly Rodríguez, Adriana Palacio y Giovanny Mesa, entre otros funcionarios.
Del comité evaluador, que recomendó al ministro adjudicar, declararán en el juicio disciplinario Isabel Valencia, Adriana Ávila y William Velásquez, entre otros.
Como pruebas documentales, la Procuraduría pedirá copia del expediente del proceso penal en la Fiscalía por el lío del contrato de los pasaportes, que para Leyva no debió ser adjudicado a Thomas Greg & Sons por violar la libre competencia. También se solicitará la denuncia de Cadena SAS en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra la adjudicación del contrato de pasaportes.
El procurador también fue claro en otorgar un plazo de máximo cinco días para que la Cancillería y la Agencia Jurídica del Estado envíen las pruebas documentales reseñadas, entre estos, el Manual de Funciones, las actas del proceso de licitación y la conciliación que se adelantó.
El proceso continuará el próximo 23 de abril a las 2:00 p. m., día y hora en la que se reanudará el juicio disciplinario contra el canciller Álvaro Leyva y serán escuchados algunos de los testimonios fijados.
Álvaro Leyva es investigado por la Procuraduría por declarar desierta la licitación de pasaportes "sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal; y por decretar la urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite contractual sin que existieran causales para ello".
El canciller intentó tumbar su suspensión de tres meses con varios recursos legales que le terminaron siendo negados. En un primer momento, el abogado del canciller presentó una recusación contra el procurador encargado del caso, por una supuesta enemistad grave de ese funcionario judicial con el Gobierno nacional. Sin embargo, el recurso no procedió.
Luego, el Tribunal Superior de Bogotá negó la tutela que había interpuesto contra la Procuraduría, solicitando que fueran levantados los efectos de la decisión del ente de control disciplinario de suspenderlo provisionalmente.
La defensa argumentó en su momento que la suspensión "no se adecuaba a las exigencias legales ni a los estándares definidos por la jurisprudencia constitucional" y que se le estaban violando el derecho al debido proceso y las garantías procesales a Leyva. Pero el tribunal dio la razón al Ministerio Público, toda vez que la suspensión impuesta a Leyva es una medida cautelar y no definitiva, y el canciller suspendido tiene cómo defenderse en el juicio que se adelanta en su contra.