La Federación Andaluza de Caza rechaza, en una nota remitida a la prensa, que los 25 perros encontrados en pésimas condiciones en Hornachuelos por agentes del Seprona de la Guardia Civil, este lunes, pertenecieran a una rehala. En este sentido, esta entidad indica que la investigación que llevó al decomiso de los perros "se inició como resultado de la denuncia formulada al Seprona por J.L.A.P, un rehalero de Hornachuelos legalmente habilitado, por el robo de ocho podencos (cachorros de dos meses y cinco días de la misma camada) de sus instalaciones el pasado 16 de marzo".
Pasado un mes y gracias al esfuerzo de Seprona, Policía Local de Hornachuelos y del propio Ayuntamiento del municipio cordobés, los perros robados fueron encontrados en una finca de Castilblanco de los Arroyos. En ese momento, indica la Federación Andaluza de Caza, el Seprona inició la investigación sobre los autores del robo, "dos individuos de un municipio de la provincia de Sevilla". Finalmente, las pesquisas llevaron a los agentes a unas "instalaciones ilegales en Hornachuelos" en las que encontraron a los 25 animales "en condiciones de maltrato e insalubridad", procediendo a su decomiso.
No tenían documentación
En el comunicado, la Federación Andaluza de Caza afirma que los dueños de los perros y sus instalaciones "carecían de documentación alguna que acreditase que se trata de una rehala". No en vano, los autores "no disponían de licencia de rehalas ni de los seguros obligatorios", mientras que la instalación "no estaba declarada como núcleo zoológico, como es preceptivo en el caso de una rehala".
"Una instalación en la que se hacinan perros en condiciones de maltrato e insalubridad no es una rehala. Como tampoco puede considerarse rehalero a quien carece de documentación e incumple la normativa vigente y la ética del buen rehalero. En este caso hablamos, simplemente, de delincuentes", explica José María Mancheño, presidente de la Federación Andaluza de Caza.
Por ello, Mancheño pide a los medios de comunicación que "no contribuyan a la campaña de criminalización y odio impulsada, a través de notas de prensa y redes sociales, desde asociaciones animalistas contra un colectivo de más de 200.000 andaluces que no sólo cumplen estrictamente leyes y normativas, sino que además responden a unos valores y principios que les impiden cometer este tipo de conductas".
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