Aunque en España la voz y el voto de los ciudadanos es delegado, a través de las elecciones, en diputados y senadores: son ellos quien tienen la potestad legislativa de proponer y aprobar leyes, por iniciativa de los grupos parlamentarios o a propuesta del Gobierno. Sin embargo, existe un instrumento con el que los ciudadanos pueden tomar esa iniciativa: la Iniciativa Legislativa Popular (ILP).
Este mecanismo permite que propuestas políticas ampliamente compartidas por la ciudadanía sean consideradas por el Congreso y el Senado, que pueden admitir, tramitar y convertir en leyes estas propuestas. Es el caso de la regularización de medio millón de inmigrantes, registrada como ILP y cuya tramitación como ley ha sido aprobada por el Congreso esta semana, pero también la rechazada recientemente por el TC para declarar la independencia de Cataluña.
¿Cómo funcionan las iniciativas legislativas populares? ¿Los partidos están obligados a tenerlas en cuenta? ¿Cuáles se han presentado recientemente?
Los ciudadanos pueden proponer leyes por sí mismos
La potestad de los ciudadanos de presentar iniciativas legislativas populares está recogida en el artículo 87.3 de la Constitución y en la Ley 3/1984, de 26 de marzo: este mecanismo hace posible "la participación directa de los ciudadanos en el proceso de producción normativa".
Estas iniciativas deben tener, al menos, 500.000 firmas de electores (mayores de edad inscritos en el censo electoral) y permiten a los ciudadanos proponer leyes en distintas materias (salvo en determinadas cuestiones como las leyes internacionales, las referentes a indultos o las de naturaleza tributaria).
Además de las firmas necesarias, el escrito presentado ante el Congreso de los Diputados debe incluir un texto (con exposición de motivos incluida) con la propuesta legislativa y una relación de los promotores de la misma.
Las peticiones deben presentarse ante el Congreso
Para presentar estas iniciativas, es necesario presentar el documento ante la Mesa del Congreso de los Diputados. El órgano examinará la documentación y admitirá (o desestimará si no cumple los requisitos, refiere a distintas materias o ya existen leyes similares) la propuesta en un plazo de 15 días.
Si se admite, los promotores de la ILP disponen de nueve meses parea recopilar las firmas requeridas (autentificadas por las autoridades) y presentarlas en papel de oficio ante la Junta Electoral Central.
Una vez que se haya validado la presentación, procederá su puesta en consideración parlamentaria: la propuesta será parte del orden del día de una sesión del Congreso y los grupos deberán decidir si aprueban su tramitación como ley: si la propuesta recibe más síes que noes, se admite, y en caso contrario, decae.
Dos iniciativas recientes piden la regularización de extranjeros y la independencia de Cataluña
En la presente legislatura se han presentado hasta 12 ILP en el Congreso de los Diputados referentes a diferentes materias: desde propuestas de ley para el himno nacional hasta propuestas de derogación de la tauromaquia como patrimonio cultural, pasando por propuestas de protección de la agricultura o de la reducción de los ratios de enfermería.
Esta misma semana se ha admitido a trámite una de estas ILP para la regularización de personas extranjeras en España: ahora el Congreso deberá debatir y decidir si aprobar finalmente el texto con categoría de ley.
También es posible presentar iniciativas legislativas en los parlamentos autonómicos: recientemente el Parlament de Cataluña admitió a discusión una ILP que pedía declarar la independencia, si bien la misma ha sido impugnada por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional.