Desde el colectivo de la Policía Local de A Estrada y la sección sindical de la FeSP-UGT Servicios Públicos se valoró ayer la resolución emitida por el Tribunal Supremo conocida esta misma semana y se reclama al Concello de A Estrada el pago de la deuda contraída con el personal municipal tras la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la administración local, como resolución y colofón a un litigio judicial que se arrastra desde hace una década.
Cabe recordar que el Supremo no admitió a trámite el recurso de casación presentado por el Concello de A Estrada contra la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que obligaba a la administración local a pagar los atrasos de la RPT desde 2016. De este modo, queda vigente dicha sentencia de 2022 y, por lo tanto, deberá abonarse la cuantía, a la que hay que sumarle dos años más –desde 2022 a 2024– de atrasos. El texto expresa que contra esta resolución no cabe recurso alguno.
"Mediante esta resolución vemos satisfechas las pretensiones que, en este momento, ven reconocido el esfuerzo y el tiempo invertido necesarios para afrontar un litigio de duración prolongada. En él hemos tenido que lidiar con toda clase de adversidades, entre ellas, varios procesos judiciales, aplazamientos de juicios (hasta once por un mismo pleito), huelgas de los funcionarios de Justicia (tan legítimas como nuestras pretensiones) y retrasos debidos a la pandemia de Covid-19", expresan desde la Policía Local. Quisieron remarcar públicamente el "arduo y constante trabajo" de sus abogados particulares –Álvarez Abogados– y de los letrados de UGT, "gracias a los cuales todos los demás trabajadores van a poder cobrar estos atrasos".
Los agentes expresan que, después de todo este dilatado peregrinaje judicial iniciado en 2014 "al no encontrar una solución negociada, que hubiese sido lo mejor, tanto para nosotros como para la Administración" se ven sorprendidos ante el hecho de que el Concello, a través de su edil de Facenda e Personal, Alberto Blanco, "afirme que podría no ser el final de la historia al estar estudiando nuevos posibles recursos a esta resolución del Supremo cuando esa misma resolución, en su último párrafo, recoge que no cabe recurso alguno".
"Deberíamos tener presente que el Concello de A Estrada sufragó los pleitos con los impuestos de todos los estradenses, mientras que el colectivo de la Policía Local pleiteó a costa de sus sueldos y pagó impuestos para que el gobierno pleitease en su contra", manifiestan desde este colectivo, para luego subrayar que serán también los ciudadanos quienes, a la postre, paguen con sus impuestos los intereses que tiene que abonar el Concello por la deuda contraída desde 2016.
El colectivo policial quiso tender una mano al gobierno municipal, "y especialmente al nuevo alcalde" –por Gonzalo Louzao Dono– "para poner fin a este conflicto que tanto nos ha costado a todas las partes", subrayando que el único modo posible de resolverlo es dando cumplimiento a la resolución judicial.
Por su parte, el sindicato UGT remarcó ayer que la providencia el Supremo ratifica "lo que esta organización sindical y el colectivo de la Policía Local tuvieron que reclamar y defender en los distintos ámbitos de la Justicia", que no es otra cosa que la RPT aprobada en el año 2016, "que el ayuntamiento no ejecutó en su justa medida, provocando una serie de atrasos que ahora deberá abonar". Recalca la organización que la resolución del alto tribunal declara firme la sentencia del TSXG, "reconociendo el derecho a los atrasos de todos los trabajadores del Concello de A Estrada que vieron incrementadas sus retribuciones con la aplicación de la RPT". "Pero no solo reconoce el derecho a la percepción de los atrasos, sino también de los intereses correspondientes mientras no se pague totalmente la deuda a todo el personal", advierte la UGT.
En este punto, el sindicato hace una "llamada al diálogo" al gobierno local para resolver este asunto con el pago de la deuda contraída con todo el personal "a la mayor brevedad posible". Requieren al Concello de A Estrada la ejecución de la sentencia, pidiendo que se superen posiciones que llevaron a numerosos pleitos y que terminan repercutiendo en el erario público.
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