Este lunes la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y Diputadas retomaron la discusión del proyecto de cumplimiento tributario, en el cuál se abordarán los temas más polémicos de la ley: el secreto bancario, el denunciante anónimo, y la norma general antielusión. El compromiso es despacharla hoy para ser votada en la sala el miércoles.
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En la instancia el Ministro de Hacienda, Mario Marcel, presentó las indicaciones ingresadas por el ejecutivo en estas materias, provenientes de una mesa técnica levantada con los asesores en búsqueda de acuerdo. Además de otras en relación a la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos (SII), "para dar cuenta de un uso responsable de estas atribuciones", explicó Marcel.
En relación al secreto bancario, se ingresaron tres indicaciones. Estas apuntan a que el procedimiento sigue siendo judicial en su regla general, como en el procedimiento especial. De esta forma, en el procedimiento general, de tener la oposición del contribuyente, será el SII el que deba acreditar la importancia de la fiscalización de la información bancaria.
Además, se incorpora un procedimiento excepcional, donde el SII solicitará la autorización al juez de Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA), sin oposición del contribuyente. Esto, se aplicará en casos de delitos tributarios, fiscalización a grupos empresariales, precios de transferencia, exceso de endeudamiento y control de rentas pasivas.
Con esto, la comisión aprobó con 9 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones la norma, pero con el compromiso de que se ingresarán indicaciones para disminuir de 90 a 30 días el plazo para destruir la información obtenida de esta atribución, y de dejar establecido de forma explícita que esta será protegida.
Respecto al denunciante anónimo, el ejecutivo eliminó la recompensa, y mantuvo las sanciones por las denuncias maliciosamente falsas. También incorporó como limitación a la calidad de denunciante anónimo a los abogados que prestaron servicios en los 3 años anteriores a la denuncia. Esto considerando que por sus funciones puede tener acceso a información.
En lo que respecta a la norma general antielusiva, se presentaron 5 indicaciones. La primera de ellas regula expresamente la carga de la prueba, de forma en que será el SII quien deba acreditar el abuso o simulación del contribuyente. Aún así, el contribuyente deberá acreditar efectos económicos o jurídicos relevantes, o que la operación se encuentra amparada por la legislación tributaria.
Las indicaciones apuntan al Consejo Asesor Consultivo (CAC). Respecto a esto, se establece que el contribuyente siempre conocerá la opinión del CAC, y reconocer la posibilidad de presentar en juicio la opinión del CAC tanto al contribuyente como al SII. Asimismo se indica que sus miembros serán remunerados con 50 UTM, y se indica que, del total de 7 miembros, 3 serán escogidos por organismos externos (uno por el CFA y 2 por el Consejo de Rectores) y 4 por concurso.
Además, incorporaron indicaciones para de gobernanza del SII, algo solicitado por la oposición ante las nuevas atribuciones que se le otorgaría.
De esta forma, la norma incluye a los subdirectores al sistema de alta dirección pública, para que tengan mayor independencia en el ejercicio de sus funciones, y se crea una subdirección a cargo de contraloría interna y otra de tecnología de información.
Adicionalmente, se crean cuerpos colegiados a nivel nacional y regional, encargados de decidir sobre materias de interés institucional como querellas por sobre 1.200 UTA, aprobación de los avenimientos extrajudiciales, y decisiones que puedan tener impacto institucional. Se suman también medidas de mayor probidad funcionarias incluidas dentro de la PDI.