Inicialmente, lo que parecía un tema netamente político-jurídico exigido solamente por los exFarc, hoy toma principal relevancia, pues las funciones otorgadas al Sistema Integral por las dos partes firmantes —el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC-EP— se centraban en que el componente de justicia cumpliera esa titánica y honrosa función de ser el tribunal de cierre de una guerra de más de medio siglo.
En el espíritu de lo pactado, se esperaba que dicho tribunal superara la fragmentación de la justicia y pudiera condensarla en una sola instancia para materializar los derechos de las víctimas y las garantías jurídicas; incluso el mismo diseño permitía realizar posibles reformas para eventuales procesos de Paz. Lamentablemente, dicha entidad ha sido inferior a su tarea.
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Las cifras lo dicen todo: la JEP, en siete años, ha gastado un presupuesto de más de dos billones de pesos, comparable solamente con el presupuesto anual del departamento del Cesar, eso sin contar con los apoyos económicos que recibe por parte de la cooperación internacional.
Hasta el momento, no ha emitido la primera sentencia, dedicándose en su lugar a realizar resoluciones parciales, a pesar de que la ley les ordena una sola resolución de conclusiones, entre otras cosas.
Si se pudiera hacer un análisis comparativo temporal entre la justicia ordinaria, sumando los tiempos de investigación de la fiscalía, un proceso penal puede tardar en promedio más de cinco años en emitir un fallo; o en el caso de Justicia y Paz, que, pese a todas las críticas, dejó en firme su primera sentencia cinco años después de iniciado su funcionamiento.
Al finalizar la semana pasada, la magistratura de dicha jurisdicción logró consumar, quizás, el hecho más grave en el que ha incurrido en casi seis años de apertura del Macro Caso 01 sobre secuestro.
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Luego de recibir más de cuatrocientos aportes de verdad y haber realizado una audiencia de reconocimiento con los máximos responsables del último secretariado, el tribunal definió, violentando el debido proceso y en una decisión contradictoria, dejar por fuera de su competencia uno de los hechos más sonados: el secuestro y posterior asesinato de la hija del expresidente del Paraguay, Cecilia Cubas, ocurrido en 2004.
Con este hecho, no solo impide el acceso a la verdad, el esclarecimiento y la aplicación de justicia para las víctimas, sino que atenta directamente contra la seguridad jurídica de toda la población en proceso de reincorporación que tiene en la Justicia para la Paz su juez natural para esclarecer y juzgar todas las conductas ocurridas con ocasión del conflicto.
Por si fuera poco, la ley es clara al indicar que las funciones de las Salas son expedir providencias judiciales. Ahora, como si tuvieran funciones notariales, la Sala de Amnistía realiza actos pomposos, sin valor legal alguno, de "certificación" de los nueve decretos vigentes mediante los cuales el entonces presidente Santos había amnistiado a 9234 personas.
Esto ocurre mientras las demoras para resolver las solicitudes y los trámites burocráticos amparan trágicos desenlaces como el de Jorge Arturo Sánchez, firmante de paz, quien murió el mes pasado en la cárcel Picota esperando que la JEP resolviera su situación.
De ahí el llamado angustiante y urgente que se eleva desde varias voces por salvar la JEP, salvarla de varios de sus magistrados y funcionarios, y regresar al modelo pactado en el Acuerdo.