Menudo lío con los trapicheos del ciudadano particular Alberto González Amador y sus cuentas con el fisco. Ahora nos cuenta su novia Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que no mintió cuando dijo que no era él quien había defraudado a Hacienda, sino que la propia Hacienda tenía que abonarle al mozo 600.000 euros. Tratándose de un ciudadano particular, fue el gobierno de la Comunidad de Madrid, el primero que salió en su defensa difundiendo la noticia de la devolución de dicha cantidad de dinero, sin dar mayores explicaciones. Se supone que, por algún error de la Agencia Tributaria, o vaya usted a saber por qué razón. Y no es el caso. La cuestión es que en los ejercicios de 2020 y 2021, el ciudadano particular intentó engañar a Hacienda, presentado unas facturas falsas para justificar gastos y descontar una parte de las ganancias millonarias que había obtenido, poniendo el cazo, con el negocio de las mascarillas durante la pandemia. El caso es que Hacienda percibió la falsedad de las facturas, la maniobra no funcionó y se detectó un fraude fiscal de 350.000 euros, muy superior a 120.000 euros, que es la cantidad estipulada en el Código Penal para que se incurra en un delito. Si Hacienda no hubiese descubierto el fraude, el ciudadano particular se habría librado de pagar la cantidad detectada por la inspección, su novia estaría tan contenta, y aquí paz y después gloria. Pero no le salieron las cuentas. Como era lo correcto, Hacienda dio traslado de los datos obtenidos al Juzgado correspondiente y el ciudadano particular resultó investigado como posible autor de un delito de falsedad de documentos y otro de fraude fiscal castigado con una pena de cinco años en chirola, que no es moco de pavo. A la vista de lo cual, asesorado por alguna lumbrera del equipo que controla su novia, en la declaración de 2022 decide abonar 600.000 euros, a ver si cuela y se libra de pisar la cárcel, pero Hacienda no admite semejante chapuza. No se trata de que Hacienda tenga una deuda con el ciudadano particular como dicen su novia y el equipo de la Comunidad de Madrid que preside, sino que, cuando se comete un delito de fraude fiscal tipificado en el artículo 305 del Código Penal, el presunto defraudador no exime su culpa pagando una cantidad de dinero a posteriori. Eso es todo y que quede claro. Por más que la presidenta de la Comunidad de Madrid se empeñe en vendernos la moto con los trapicheos del ciudadano particular.