Estados Unidos revirtió parcialmente este miércoles el alivio de las sanciones sobre el petróleo y gas venezolano, tras acusar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de incumplir sus promesas de garantizar elecciones libres e imparciales en las presidenciales previstas para el 28 de julio.
El Departamento del Tesoro decidió no renovar la licencia de seis meses que reducía estas sanciones y que vencía en la medianoche de este miércoles. Puso de fecha límite hasta el 31 de mayo para que las empresas extranjeras frenen todas las operaciones de producción y exportación de petróleo y gas que han tenido durante los últimos seis meses.
La condición para prorrogar este alivio era que Caracas permitiera a presentarse a todos los candidatos no chavistas, lo que no ha sucedido tras la inhabilitación de la candidata opositora María Corina Machado y el bloqueo de su reemplazo Corina Yoris.
A partir de ahora, las compañías que quieran hacer negocios con la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) deberán pedir al Tesoro estadounidense autorizaciones individuales que serán evaluadas caso por caso.
La Administración de Joe Biden emitió el pasado octubre la Licencia General 44, que durante seis meses ha levantado las sanciones sobre el petróleo y el gas de Venezuela, como un incentivo para que Maduro cumpliera con los Acuerdos de Barbados pactados con la oposición venezolana para la celebración de unas elecciones democráticas y competitivas.
Pero María Corina Machado, la candidata favorita de la oposición, fue inhabilitada para concurrir en las elecciones del próximo 28 de julio y las autoridades electorales impidieron registrarse a su reemplazo, Corina Yoris. Además, Estados Unidos también ha denunciado una oleada de arrestos de políticos y activistas en Venezuela.
El fin de la Licencia General 44 implica que todas las actividades que se estaban llevando a cabo bajo este permiso deben cerrarse en los próximos 45 días y que ya no se permiten nuevas operaciones.
En su lugar, el Tesoro estadounidense emitirá la Licencia 44A, que establece que las empresas tienen que solicitar permisos específicos para hacer negocios en el sector del petróleo y el gas de Venezuela, los cuales serán evaluados caso por caso.
Washington podrá denegar estos permisos cuando considere que violan la seguridad nacional y los intereses de política exterior de Estados Unidos.
Durante los seis meses de alivio de sanciones, Caracas ha ampliado los acuerdos con empresas extranjeras y la producción petrolera se incrementó en el país hasta un 18 % en el primer trimestre del año.
La reimposición de sanciones a Venezuela había generado un amplio debate dentro de la Administración de Biden por la posibilidad de que estas provoquen un aumento de la migración hacia Estados Unidos y un alza de los precios de la gasolina.
Según fuentes estadounidenses, Maduro ha cumplido algunos aspectos de los Acuerdos de Barbados, como la actualización del registro de votantes o la autorización para misiones internacionales de observación electoral.
Pero para Estados Unidos, la inhabilitación de Machado y el bloqueo a Yoris suponen un incumplimiento flagrante de los acuerdos para unas elecciones competitivas.