La compra de costosas joyas, el dinero proveniente del negocio de casinos, el uso de testaferros y los beneficiarios finales son todas artimañas perfectamente tipificadas en los manuales de la banca internacional como indicios o elementos de sospecha del delito de lavado de activos. En ese sentido, el famoso Rolexgate representa toda una oportunidad para ajustar las tuercas de nuestra legislación en diferentes frentes, con el fin de luchar contra este delito.
En primer lugar, tanto las autoridades judiciales como la Sunat y la contraloría deberían establecer procedimientos especiales y eficaces para aquellos sectores que son vehículos casi perfectos para esconder dinero mal habido. Me refiero a negocios como casinos, tragamonedas, casas de cambio, joyerías, compraventa de vehículos y autoconstrucción; todas ellas actividades que utilizan intensivamente efectivo en su día a día o que manejan ingentes sumas de dinero como capital de trabajo (algo que siempre busca un lavador de dinero).
Esto se debe a que cada uno de estos negocios puede convertirse fácilmente en una máquina gigante de lavado de dinero. Por ejemplo, consideremos un local de tragamonedas. Este podría contratar fácilmente a diez personas para que, con la misma cantidad de dinero, jueguen todo el día con sus máquinas y ¡voilà! No estoy acusando a nadie, pero cualquier similitud con los escándalos políticos recientes no parecerían ser pura coincidencia.
La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF), que opera dentro de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), cuenta con un marco legal, manuales y una operación en marcha contra el lavado de activos. Sin embargo, de nada sirve que la UIF exija información sobre operaciones sospechosas a bancos, joyerías o constructoras, y realice las investigaciones respectivas, si después sus informes caen en saco roto al llegar a la fiscalía, el Poder Judicial y otras entidades gubernamentales.
En otro frente, en muchos países no se puede comprar joyas, relojes de alto valor o automóviles en efectivo. Se requieren instrumentos de pago que dejen huella, como una transferencia bancaria o una tarjeta de crédito, además de brindar información complementaria sobre el origen de los fondos. Si bien existen algunos controles, en el Perú estos distan mucho de ser efectivos y todavía muchas casas comerciales aceptan pagos en efectivo al momento de la venta.
Un tercer frente de lucha sería la supervisión de las micro y pequeñas empresas que registren crecimientos exponenciales de dinero en períodos cortos de tiempo. Desde hace muchos años, los lavadores de dinero han dejado de utilizar cuentas bancarias de personas (testaferros) para sus fines. Por el contrario, ahora forman y abren cuentas bancarias de pequeñas empresas que van capitalizando poco a poco, cuidándose de pasar por debajo del radar. Después de unos pocos años, tendremos a un 'exitoso empresario' que hizo dinero en el negocio de la compraventa de automóviles, la construcción u otras actividades mencionadas anteriormente.
Una última medida para combatir tanto el lavado de activos como la evasión tributaria sería exigir que todas las cuentas bancarias de personas estén asociadas a un RUC. Existen numerosos casos de 'pitufeo', crimen organizado, evasión fiscal y otros delitos que prosperan debido a que la apertura de una cuenta bancaria no necesita mayores requisitos. Entiendo que esto podría no ser del agrado de los bancos, pero en este caso les pediría que colaboren activamente.
A diferencia de lo que nos presenta la prensa, la gran mayoría de nuestros políticos, exitosos empresarios y malhechores no son nada refinados al momento de limpiar su dinero sucio. De hecho, sus artimañas y tretas podrían considerarse hasta inocentes y están ampliamente tipificadas en las primeras páginas de cualquier manual de políticas antilavado de activos de un banco. El gran problema radica en que la mayoría de nuestras autoridades carecen de la capacitación necesaria para detectar estos delitos y nuestras leyes tampoco están del todo actualizadas. Sin embargo, mantengo la esperanza de que alguien del Gobierno lea este artículo, adopte algunas de las ideas mencionadas, las desarrolle y, con suerte, mejore la situación actual.
La compra de costosas joyas, el dinero proveniente del negocio de casinos, el uso de testaferros y los beneficiarios finales son todas artimañas perfectamente tipificadas en los manuales de la banca internacional como indicios o elementos de sospecha del delito de lavado de activos. En ese sentido, el famoso Rolexgate representa toda una oportunidad para ajustar las tuercas de nuestra legislación en diferentes frentes, con el fin de luchar contra este delito.
En primer lugar, tanto las autoridades judiciales como la Sunat y la contraloría deberían establecer procedimientos especiales y eficaces para aquellos sectores que son vehículos casi perfectos para esconder dinero mal habido. Me refiero a negocios como casinos, tragamonedas, casas de cambio, joyerías, compraventa de vehículos y autoconstrucción; todas ellas actividades que utilizan intensivamente efectivo en su día a día o que manejan ingentes sumas de dinero como capital de trabajo (algo que siempre busca un lavador de dinero).
Esto se debe a que cada uno de estos negocios puede convertirse fácilmente en una máquina gigante de lavado de dinero. Por ejemplo, consideremos un local de tragamonedas. Este podría contratar fácilmente a diez personas para que, con la misma cantidad de dinero, jueguen todo el día con sus máquinas y ¡voilà! No estoy acusando a nadie, pero cualquier similitud con los escándalos políticos recientes no parecerían ser pura coincidencia.
La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF), que opera dentro de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), cuenta con un marco legal, manuales y una operación en marcha contra el lavado de activos. Sin embargo, de nada sirve que la UIF exija información sobre operaciones sospechosas a bancos, joyerías o constructoras, y realice las investigaciones respectivas, si después sus informes caen en saco roto al llegar a la fiscalía, el Poder Judicial y otras entidades gubernamentales.
En otro frente, en muchos países no se puede comprar joyas, relojes de alto valor o automóviles en efectivo. Se requieren instrumentos de pago que dejen huella, como una transferencia bancaria o una tarjeta de crédito, además de brindar información complementaria sobre el origen de los fondos. Si bien existen algunos controles, en el Perú estos distan mucho de ser efectivos y todavía muchas casas comerciales aceptan pagos en efectivo al momento de la venta.
Un tercer frente de lucha sería la supervisión de las micro y pequeñas empresas que registren crecimientos exponenciales de dinero en períodos cortos de tiempo. Desde hace muchos años, los lavadores de dinero han dejado de utilizar cuentas bancarias de personas (testaferros) para sus fines. Por el contrario, ahora forman y abren cuentas bancarias de pequeñas empresas que van capitalizando poco a poco, cuidándose de pasar por debajo del radar. Después de unos pocos años, tendremos a un 'exitoso empresario' que hizo dinero en el negocio de la compraventa de automóviles, la construcción u otras actividades mencionadas anteriormente.
Una última medida para combatir tanto el lavado de activos como la evasión tributaria sería exigir que todas las cuentas bancarias de personas estén asociadas a un RUC. Existen numerosos casos de 'pitufeo', crimen organizado, evasión fiscal y otros delitos que prosperan debido a que la apertura de una cuenta bancaria no necesita mayores requisitos. Entiendo que esto podría no ser del agrado de los bancos, pero en este caso les pediría que colaboren activamente.
A diferencia de lo que nos presenta la prensa, la gran mayoría de nuestros políticos, exitosos empresarios y malhechores no son nada refinados al momento de limpiar su dinero sucio. De hecho, sus artimañas y tretas podrían considerarse hasta inocentes y están ampliamente tipificadas en las primeras páginas de cualquier manual de políticas antilavado de activos de un banco. El gran problema radica en que la mayoría de nuestras autoridades carecen de la capacitación necesaria para detectar estos delitos y nuestras leyes tampoco están del todo actualizadas. Sin embargo, mantengo la esperanza de que alguien del Gobierno lea este artículo, adopte algunas de las ideas mencionadas, las desarrolle y, con suerte, mejore la situación actual.