La política después del banquillo: el difícil retorno a la vida pública de un imputado después del archivo del caso
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La imputación de un político suele ser el trámite judicial que pone en marcha la cuenta atrás de la dimisión y su salida de la vida pública. Los procesos judiciales, más aún si son por supuesta corrupción, son largos y pueden dilatarse hasta una década desde que arranca la investigación hasta que queda sentenciado en firme. Mónica Oltra ha quedado recientemente exonerada de la causa impulsada por la extrema derecha que forzó su dimisión, y en el aire queda su vuelta a la política como ya ha sucedido con políticos de todos los partidos: desde Jordi Cañas (Ciudadanos) hasta Xosé Ramón Gómez Besteiro (PSdeG) y otros que fueron absueltos tras años de imputación como Antonio Rodrigo Torrijos (Izquierda Unida) o Salvador Victoria (Partido Popular) y que no han vuelto a los puestos que abandonaron.
Mónica Oltra, exvicepresidenta del ejecutivo valenciano por Compromís, dejó el cargo en junio de 2022. Imputada bajo la acusación de encubrir un caso de abusos a una menor tutelada por parte de su exmarido cuando ella era consellera, abandonó el Govern entre fuertes tensiones con el PSOE y se enfrentó a una causa impulsada por diversas figuras de la extrema derecha valenciana. El caso que forzó su dimisión ha quedado archivado y ahora la incógnita es si volverá a la política y cómo lo hará.
La abogada, una de las caras más visibles de los gobiernos autonómicos progresistas que surgieron de las elecciones de 2015, no es la primera política que deja su cargo por una causa judicial que termina archivada o en una sentencia absolutoria. Prácticamente todos los partidos del arco parlamentario cuentan con ejemplos de representantes que han tenido que tomar una decisión después de quedar exonerados: volver o no a la primera línea de la vida pública.
Este mes de abril se cumplirán diez años de la dimisión de Jordi Cañas. Entonces número dos de Ciutadans y diputado en el Parlament de Catalunya dejó sus cargos tras ser imputado como colaborador de un fraude fiscal de un conglomerado empresarial del que era administrador. "No pretendo dar ejemplo, pero sí tener un comportamiento ejemplar", dijo Cañas para oponerse a otros partidos como CiU o el PSC que, en ese momento, tenían varios imputados en sus filas.
Cañas fue juzgado una vez que el partido ya le había reubicado como asesor en Bruselas y fue absuelto en 2018. El que llegó a ser mano derecha de Albert Rivera tardó apenas una semana en anunciar que quería volver a la primera línea de la política. "Tengo plena confianza en que el partido también lo quiere", afirmó unos meses antes de conseguir un escaño en el Parlamento Europeo con Ciudadanos.
Jordi Cañas volvió a la política, pero no a la misma política. En la actualidad es portavoz nacional de un partido en descomposición sin líder y con la vista puesta en unas elecciones catalanas y europeas en las que aspira, en el mejor de los casos, a retener algún tipo de representación en ambas cámaras.
El político de las seis imputaciones
Xosé Ramón Gómez Besteiro anunciaba en marzo de 2016 que dejaba de ser secretario general del PSOE gallego. Una decisión "personal, libre y responsable", dijo, para afrontar un horizonte judicial que en pocos casos termina en regreso triunfal. Acusaciones de la jueza Pilar de Lara por supuestos sobornos en la Diputación de Lugo que llegó a presidir, por una recalificación urbanística supuestamente ilegal relacionada con un piso de su familia... y así hasta seis causas que terminaron en el archivo.
El último carpetazo judicial a las causas que le mantuvieron en el banquillo durante seis años llegó a finales de 2022. El final de la conocida como 'operación Pulpo' por falta de pruebas contra él dio el pistoletazo de salida al relanzamiento de su carrera política. Primero fue nombrado Delegado del Gobierno en Galicia y después candidato del PSdeG para las últimas elecciones, en las que el partido se hundió ante un nuevo triunfo del PP y una subida del BNG.
Cañas y Gómez Besteiro son dos ejemplos de políticos que dejaron sus sillones para concentrarse en sus imputaciones y que, a la vuelta, fueron recibidos de forma triunfal aunque el escenario que dejaron no era el que se encontraron años después. El primero es ahora la cara visible del partido que ha dejado en el recuerdo su victoria electoral en Catalunya en pleno procés en diciembre de 2017. El segundo llegó a conquistar la inexpugnable Deputación de Lugo y en su vuelta a la política fue la cara visible del descalabro electoral del PSOE gallego frente al PP de Alfonso Rueda.
José Torres Hurtado dejó en abril de 2016 la alcaldía de Granada que ostentaba para el PP desde 2003. En el marco de la bautizada como 'operación Nazarí', la Policía llegó a acusar al regidor de ser el cabecilla de una organización criminal destinada a cometer irregularidades urbanísticas desde la administración. En julio del año pasado, el caso quedó archivado contra él de forma definitiva y su rehabilitación política llegó el pasado mes de diciembre.
El mismo PP que se desmarcó de él y le dejó caer le dio un premio de gran carga simbólica hace unos meses, cuando todas las imputaciones ya formaban parte del archivo judicial. En la reunión navideña del PP granadino, Elías Bendodo, vicesecretario de Coordinación Autonómica del PP de Alberto Núñez Feijóo, le entregó la "granada de plata", premio con el que el partido reconoce la trayectoria de sus miembros. Un homenaje con su grado de incomodidad, con mensajes cruzados por lo sucedido en 2016, pero traducido en una rehabilitación para él sin vuelta a la política activa a sus 77 años.
Indemnización por la pena de banquillo
"Aquí se ensayó una cacería política que ahora está en marcha contra el Gobierno de España". Quien hablaba así a finales de 2022 era Antonio Rodrigo Torrijos, de Izquierda Unida. Primer teniente de alcalde de Sevilla entre 2007 y 2011, fue imputado en cuatro procedimientos judiciales de la interminable maraña andaluza de causas de corrupción política. El último, el caso Fitonovo de la Audiencia Nacional, terminó en absolución para él después de que la Fiscalía retirase la acusación.
"Han sido 13 años de auténtico calvario, inédito en la historia del municipalismo porque, que yo sepa, nadie ha sido imputado cuatro veces en lo que fue, en mi opinión, una operación de cacería política", dijo en declaraciones a elDiario.es en Andalucía. Unos meses después una sala distinta de la Audiencia Nacional le dio la vuelta al asunto y le reconoció una indemnización de 2.000 euros por la pena de banquillo en uno de los cuatro casos que le mantuvieron alejado de la vida pública.
La cantidad, según el propio Torrijos, es "irrisoria" pero mostró su satisfacción por el reconocimiento, por parte de la administración, que en su caso existió un funcionamiento "anormal" de la Justicia. A sus 73 años, por el momento no ha revelado si volverá de alguna manera a la primera línea de la política.
La operación Púnica fue una de las últimas grandes macro operaciones de corrupción en la Audiencia Nacional, con decenas de detenidos e imputados por una trama que, poco a poco, va siendo llevada a juicio. Desde la financiación supuestamente irregular del PP madrileño de Esperanza Aguirre para sus elecciones de 2011 hasta la rama más local del caso, las distintas piezas van llegando a juicio mientras, como es habitual, la lista de imputados pierde efectivos por el camino.
Uno de ellos es Salvador Victoria. Consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Ignacio González de la Comunidad de Madrid hasta 2015, dimitió después de ser imputado en una de las múltiples ramificaciones de esta trama: acusado de participar en pagos en efectivo a empresarios y sociedades como Indra en un sistema que, según entendía entonces el juez instructor, mercadeaba con contratos públicos a cambio de encuestas y trabajos de imagen para los políticos del PP.
La causa se archivó contra él y otros imputados ocho años después del estallido de la operación, en 2022. Junto con Victoria, se fueron al cajón del archivo Esperanza Aguirre e Ignacio González, tres exconsejeros más y el empresario Juan Miguel Villar Mir. La causa, que investiga la financiación del PP en las elecciones de 2011 en las que arrasó Aguirre, será juzgada pero sin Salvador Victoria en el banquillo.
Su dimisión no llegó entre muestras de agradecimiento y aplausos, y el archivo de la causa contra él no se ha traducido en ninguna rehabilitación por parte del PP. Su salida del ejecutivo regional, habitual en casos similares, fue planteada por Ciudadanos como una necesidad para investir presidenta regional a Cristina Cifuentes en un momento en el que el partido de Albert Rivera hacía bandera de su lucha contra la corrupción.
Victoria, miembro por oposición de la Abogacía de la Comunidad de Madrid, no volvió a su puesto de trabajo para evitar incompatibilidades con su imputación y se dedicó a ejercer como letrado de forma privada. Volver a la política, a día de hoy según su entorno, no está en sus quinielas.