La asociación Salvemos Cala Mosca ha llevado este martes al Parlamento Europeo su reivindicación por la protección del último kilómetro de costa natural del municipio en el que se prevé la construcción de 2.200 viviendas, como ya hicieron defensores de este espacio en 2010. Lo ha hecho junto con representantes de otras siete asociaciones en defensa del territorio de la Comunidad Valenciana. Portavoces de la asociación han manifestado que su lucha «no es un problema local de destrucción del territorio, sino que es consecuencia de la construcción sin medida y sin criterio que ha ocasionado la pérdida de la riqueza medioambiental de la que disponíamos en el levante valenciano».
Así, han insistido en que es «la resistencia de lo que fue un espacio virgen con gran biodiversidad y dos especies protegidas a día de hoy». De forma similar a Cala Mosca, «son numerosos los proyectos urbanísticos que se extienden por la Comunidad Valenciana sin tener en cuenta la protección de la biodiversidad, la opinión de la ciudadanía o la crisis climática», añadieron, por lo que se han unido para hacer una petición conjunta de defensa del medio para mantenerlo y conservarlo.
Representantes del colectivo vecinal acudieron a Bruselas de la mano de la eurodiputada de Podemos Esther Sanz y la coordinadora autonómica, María Teresa Pérez, que pidió a la Comisión Europea poner fin a «los atentados ecológicos en la Comunidad Valenciana», abogando por «medidas urgentes que garanticen una ordenación del territorio planificada, por lo que continuaremos trabajando en Europa para que la voz de la sociedad civil sea escuchada frente a quienes solo quieren usar nuestra tierra para lucrarse».
Tras una larga polémica, el promotor reinició las obras en abril del año pasado, pese a que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana aún no había resuelto los recursos contenciosos administrativos interpuestos por el Ministerio de Transportes y Cambiemos Orihuela, aunque sí había rechazado medidas cautelares. Finalmente, en noviembre la sala los tumbó. La Demarcación de Carreteras del Estado alegaba que la obra afectaba a la seguridad vial, ya que aumentaba la congestión de la N-332 y mermaba la calidad acústica, mientras que la formación política pedía la anulación de la aprobación del plan urbanístico al considerar que el acuerdo infringía el ordenamiento jurídico al no contar con un informe favorable, sino con uno en contra -preceptivo y vinculante- de la Dirección General de Carreteras.
Salvemos Cala Mosca también recordó que seguirán luchando en los tribunales, para lo que han realizado una campaña de recogida de fondos.
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