El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) está siendo intervenido por una gestión que despide gente, cierra programas, incumple las deudas asumidas y que recientemente decidió suspender una de las funciones principales de la Ley de Cine: la producción de películas nacionales.
La Resolución 27/2024, publicada el 10 de abril en el Boletín Oficial, no sólo suspende la presentación de proyectos a través del sistema de Ventanilla Continua, sino que también devuelve a sus creadores aquellos proyectos que fueron evaluados oportunamente por los comités pero que no fueron firmados por la actual Presidencia y, por lo tanto, su circuito administrativo se vio interrumpido.
Se suma a este escenario que desde diciembre de 2023 no hay ninguna medida de fomento para las películas que iban a iniciar rodaje este año. La parálisis es total.
A este parate, que en principio será de 90 días, se agregan los otros 120 días de inacción y despidos que acumula la gestión, que también cerró la Unidad de Transparencia y no está llamando a conformar el Consejo Asesor y la Asamblea Federal.
Es importante remarcar que desde el inicio de esta gestión desconocemos los números reales del Instituto y que la Presidencia no puede ejecutar medidas de fomento sin pasar por la Asamblea Federal. El INCAA debe fomentar una cinematografía nacional basada, como indica la ley de cine vigente, en el interés cultural, artístico, técnico e industrial, no en talento ni de individualidades. Además, nos preocupa especialmente el desarme de los Comités de Evaluación existentes que promueven la independencia en los contenidos. La propuesta de reemplazarlos y modificar su conformación en pos de alinearse con una política de estado que quiere prohibir el "adoctrinamiento ideológico" atenta contra la pluralidad de voces y relatos.
Sin la posibilidad de cobrar en tiempo y forma las deudas que el INCAA tiene con las películas, ni de filmar ni de presentar nuevos proyectos, no hay futuro posible para una actividad que genera trabajo y valor cultural.
Las decisiones de esta gestión nos dejan sin trabajo y sin cine nacional. No hay futuro posible ante semejante destrucción. Por eso, desde el Colectivo de Cineastas le exigimos a la gestión actual que bregue por el interés colectivo que demanda la Ley de Cine y no por decisiones unilaterales que dañan y dejan a cientos de hogares sin sustento para vivir.