El derecho a la vivienda está reconocido en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También lo recoge la Constitución Española en su artículo 47 y el Estatuto de Andalucía. Sin embargo, la realidad es que la vivienda en este país nunca se ha considerado como un derecho sino como un bien de mercado con el que especular y hacer fortuna. El derecho a disfrutar de una vivienda digna y que satisfaga las necesidades básicas se está convirtiendo en un sueño roto para cada vez más personas.
A la subida de los tipos de interés que han elevado de forma considerable el pago de las hipotecas se suma la dificultad de muchos hogares para hacer frente al alquiler, que cada vez pesa más en la renta familiar. La escalada incesante de los precios de la vivienda tanto de alquiler como en venta, la pérdida del poder adquisitivo de la población (la precariedad en el empleo hace que el desajuste entre ingresos y precios sea aún mayor) y la irrelevancia de un parque público de viviendas en alquiler social, que apenas llega al 2% del total de viviendas existentes (muy alejado del porcentaje de otros países europeos), imposibilitan la oferta a precios accesibles al tiempo que no se cuentan con factores de contención a los precios del mercado libre.
Todos estos factores hacen que la búsqueda de vivienda que en otros tiempos constituía un paso clave en el proyecto vital de una persona y en su autonomía, hoy sea misión imposible, más aún si se trata de familias monoparentales, personas extranjeras y jóvenes, como destaca el Informe "Prevención y atención de la exclusión residencial. Factores explicativos" (Provivienda. Noviembre 2023). Según el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud, apenas un 16,3% de los menores de 30 años ha logrado emanciparse en España, una cifra que representa casi la mitad de la media europea. Trabajar ya no es sinónimo de poder adquisitivo. Cualquier opción de independizarse se desvanece, alargando así planes de vida y añadiendo una sobrecarga a la mermada economía familiar. Lejos queda la función de integración social que tiene, o debería tener la vivienda.
Para los colectivos más vulnerables, la satisfacción de las necesidades residenciales (asequibilidad, accesibilidad, habitabilidad y seguridad) es una quimera. Hacinamiento, insalubridad, pobreza energética, falta de un espacio estable y seguro, degradación del entorno y falta de recursos, es lo habitual
El sobresfuerzo que para muchas personas significa el pago de una vivienda y los gastos de la vida cotidiana que se derivan de ésta no siempre van acompañados de la cobertura de necesidades, incluso pagando. Son ejemplo de ello los continuados cortes de luz que con total impunidad se producen especialmente en barrios obreros con rentas bajas y empobrecidos, poniendo además en riesgo la salud de mayores, personas enfermas y menores sin que la empresa distribuidora ni la administración garanticen ese suministro básico. Año tras año, y a pesar de las movilizaciones de los barrios afectados, se repiten los mismos hechos, generando situaciones de vulnerabilidad residencial ante las que la responsabilidad institucional brilla por su ausencia.
Es importante señalar también los obstáculos adicionales que enfrentan las personas desahuciadas, migrantes y personas sin hogar (PSH) al buscar alquileres. A veces incluso contando con ingresos, se encuentran con rechazos sistemáticos en razón a prejuicios basados en la xenofobia y la aporofobia. Para los colectivos más vulnerables, la satisfacción de las necesidades residenciales (asequibilidad, accesibilidad, habitabilidad y seguridad) es una quimera. Hacinamiento, insalubridad, pobreza energética, falta de un espacio estable y seguro, degradación del entorno y falta de recursos, es lo habitual. No poder resolver sus necesidades residenciales les empuja a la exclusión residencial.
Sin embargo, la respuesta social de las administraciones deja mucho que desear, ya que recurren a soluciones temporales y degradantes que se están transformando en lo habitual: hostales, albergues, ayudas económicas puntuales limitadas, pisos compartidos que en ocasiones obligan a convivencias inaceptables, viviendas en mal estado y sin equipar con lo más básico, viviendas en zonas muy marginales, sin equipamientos como parques, iluminación, limpieza, transportes, entre otras graves carencias. Como si ser pobre obligara a renunciar a la dignidad y a aceptar lo que sea, ya que el rechazo significa la exclusión de los programas de ayuda y verse en la calle sin nada.
Urge la creación de un parque público de vivienda social adjudicado exclusivamente en régimen de alquiler y numéricamente relevante bajo gestión pública y protegido de venta o enajenación
Si a esto sumamos la cantidad de viviendas vacías en manos de fondos especulativos vinculados a la banca y al sector financiero, los grandes tenedores de vivienda que mueven los hilos del mercado con el consentimiento y respaldo de los gobiernos de turno y los crecientes procesos de turistificación y gentrificación de nuestros barrios y ciudades, el aumento de precios y la deshumanización de los espacios de convivencia entre vecinos y vecinas está servido.
Por todo esto exigimos:
- Vivienda digna para todos y todas: asequible al nivel de renta de la población, adaptada a la realidad económica de cada hogar; habitable en aspectos de espacio acorde a las personas que la habitan, con higiene y salubridad, temperatura adecuada, agua corriente, luz natural, mobiliario básico; con accesibilidad inclusiva para personas con movilidad reducida; con buenas condiciones medioambientales, de convivencia y con servicios públicos de cercanía suficientes (centros de salud, servicios sociales, parques, transportes) y que sea un espacio con seguridad y estabilidad.
- Urge la creación de un parque público de vivienda social adjudicado exclusivamente en régimen de alquiler y numéricamente relevante bajo gestión pública y protegido de venta o enajenación, que posibilite el acceso el acceso a una vivienda digna a quienes carecen de ella.
- Reconocimiento por ley de la vivienda como un derecho universal, garantizando su función social y que actúe contra los grandes tenedores y especuladores, y que permita la contención real de los precios de los alquileres, prohíba los desahucios de personas sin alternativa habitacional digna y que promueva la rehabilitación urbana, asegurando los suministros básicos y telecomunicaciones.
"Ni gente sin casa, ni casas sin gente", porque la vivienda es un derecho humano ineludible.