Opinión
OPINIÓN
Otro remezón político en Perú
.
Una nueva crisis política y de gobernabilidad se vislumbra en Perú, a raíz de las investigaciones sobre supuesto enriquecimiento ilícito que involucran a la presidenta del país, Dina Boluarte, en lo que algunos medios han denominado "Rolexgate". Inicialmente, una publicación digital resaltó la costumbre de la presidenta de lucir costosos relojes de la exclusiva marca Rolex en diferentes eventos, los cuales no fueron declarados en su patrimonio.
Además de los lujosos relojes, la Fiscalía peruana ha ampliado la investigación para incluir un sospechoso aumento patrimonial en sus cuentas bancarias y la posesión de otras joyas valiosas, como una pulsera Cartier de 56.000 dólares. Durante el fin de semana, las autoridades allanaron la residencia de la mandataria y también llevaron a cabo una diligencia similar en el Palacio de Gobierno en busca de más evidencia para sustentar las acusaciones.
Este tipo de situaciones se han repetido con alarmante frecuencia en los últimos años en el país vecino. Desde 2016, Perú ha tenido seis presidentes diferentes, todos ellos envueltos en casos de corrupción. El último mandatario destituido fue Pedro Castillo en diciembre de 2022, y todo indica que Boluarte podría seguir el mismo camino, ya que el Congreso ha anunciado una moción de vacancia, similar a la que propició la salida de su antecesor.
Los analistas señalan que el futuro de la gestión de Boluarte es incierto en los dos frentes que se le han abierto: el judicial y el político. Sin embargo, también hay un tercer frente: el de las calles, pues su popularidad no supera el 10%, según las últimas encuestas.
El frente político parece ser el más determinante, ya que el Congreso lleva a cabo dos procesos de crucial importancia. Por un lado, los parlamentarios deben otorgar o negar un voto de confianza al nuevo gabinete ministerial de Boluarte, y por otro, deben considerar la moción de vacancia por "permanente incapacidad moral", presentada paradójicamente por el partido izquierdista Perú Libre, al que ella pertenecía.
En el Congreso, la presidenta solo cuenta con el apoyo de partidos de derecha, mientras que los de izquierda buscan su destitución. Sin embargo, se necesitan dos tercios de los votos, es decir, 86 votos de los 130 congresistas, para destituirla.
Lo que sucede en Perú es sintomático de las diversas crisis que enfrentan las democracias en la región, incluida Bolivia, donde se observa una pérdida de credibilidad en la institucionalidad democrática. La corrupción, la polarización política, la falta de independencia de poderes y el autoritarismo, son algunos de los factores que han contribuido a esta situación.
La institucionalidad parece tocar fondo cuando ni siquiera la Presidencia de la República es digna de respeto ni de las prerrogativas que antes se consideraban casi sagradas. Ya no sorprende que fiscales y fuerzas policiales allanen la residencia presidencial como si su ocupante fuera un delincuente común. De todas maneras, es fundamental que se respete el derecho de la presidenta Boluarte a defenderse en procesos justos, observando rigurosamente los procedimientos constitucionales y legales, para evitar que Perú caiga en otro período de ingobernabilidad y caos.
Para Bolivia, la inestabilidad política en Perú puede tener implicaciones indirectas en áreas como la economía, el comercio, la seguridad y la integración regional, especialmente con los países de la Comunidad Andina, que también atraviesan momentos de marcada incertidumbre. Es esencial crear un clima propicio en esta parte de Latinoamérica para atraer inversiones y competir de manera más efectiva en el mundo globalizado.