Dos caminos paralelos se han juntado en el panorama ensombrecido para el ministro en retiro Arturo Zaldívar. Por un lado, la determinación de apoyar un proyecto político renunciando al más alto cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación junto con todos los embates anunciados a través de la Reforma Judicial, le han valido sendas denuncias y quejas administrativas, entre ellas, una que con su anonimato y tramitación por parte de la ministra presidenta, Norma Piña, podría develar un poco de las redes de tráfico de influencias, presión e intervención en asuntos de interés en caso de ser concluyente.
El segundo camino –y mucho más riesgoso para la carrera del ex ministro– es el que ha emprendido Gertz Manero en su contra. Sendas razones tiene: la negativa de apoyo ante la ilegalidad cometida contra Alejandra Cuevas Morán y familia; las redes amistosas con Julio Scherer y otros abogados que no son bien vistos por el Fiscal, la amenaza a sucederle después del fatídico desempeño que ha tenido frente a la Fiscalía General de la República pero la principal: el abandono de Andrés Manuel López Obrador tras la negativa de Arturo Zaldívar sobre construir una Reforma al Poder Judicial que permita elegir a través del voto popular a juzgadores.
Caro le ha salido al jurista que, en su ambivalencia sobre principios y teoría, en ocasiones resulte ser extremadamente progresista y pragmático, al grado de haber defendido una reforma que ampliaba su periodo en la presidencia de la SCJN mientras en otras ocasiones, como lo es la presente, en la que la filosofía del derecho y tutela de los principios constitucionales lo hacen inclinarse –como la mayoría del gremio de abogadas y abogados– a que no deben ser electos los ministros ni juzgadores por voto popular por el riesgo que implica dejar la justicia en manos de las mayorías y no del derecho, así como por la confusión en cuanto a método que tendrían con el Poder Legislativo, quienes al igual que diputados o senadores, impartirían justicia según el incentivo político de los grupos que les hayan brindado los votos para permitirles llegar.
Ahora hay una vacante compleja de llenar. Si no se estilara el tejido fino de propuestas y nominaciones privadas por grupo de interés o cercanía, la portada de La Jornada en algún día de esta semana bien podría rezar: "Se busca impulsor de Reforma Judicial –Requisitos: Sumisión total a la voluntad presidencial–; se comprobará estrictamente que guarde postura a favor de la elección de juzgadores por voto popular, imprescindible apoyar la prisión preventiva, la supremacía leguleya de la Constitución por encima de tratados internacionales y eliminar la facultad de juzgadores para suspender leyes inconstitucionales en el amparo."
Sugerentes columnistas y voceros de la Cuarta Transformación ya han sugerido a la candidata Claudia Sheinbaum deslindarse del ministro en retiro. Otras plumas, directamente, piden a Zaldívar apartarse de la campaña por la posibilidad de impactar negativamente a Sheinbaum con la tizna de las investigaciones que sugieren corrupción el poder judicial. Vaya que este será uno de los errores más caros de su carrera: ni 6 meses le habría valido la renuncia temprana y el prestigio manchado.
Sólo una cosa lo podría salvar: Aceptar que los juzgadores sean electos por voluntad popular. Construir una Reforma Judicial como antiguo escribano de la Roma tradicional: imprimiendo letra por letra aquello que el Emperador deseaba ordenar. Aunque vaya contra sus ideales y experiencia, aunque tal hazaña le implique una condena al Estado de Derecho y a la seguridad jurídica. Aunque aquello implique cerrar tan sólo uno de los frentes que tiene abierto: el que se canta con Gertz Manero y anexas. Aunque aquello le implique más sospecha, repudio y examen estricto a sus años como ministro por parte de quienes fueran sus colegas.
La última palabra la tendrá Claudia Sheinbaum. Podría ser la gran ruptura: atender y materializar una Reforma Judicial en los términos que busca el presidente, o simplemente enfocar esfuerzos en las otras reformas pendientes, la desaparición de organismos autónomos o el sistema de pensiones. Mientras tanto, se necesita un proyecto de reforma que López Obrador pueda dejar encargado a su sucesora. Uno que le haga estar convencido, sin medias tintas. Uno que expulse a todo aquel que haya encarnado el enemigo imaginario de su sexenio, ese que le suspendió legislaciones y le invalidó reformas. Lo demás, es historia viva.