Tras el paso de Mariano Cúneo Libarona por Santa Fe, la justicia federal rosarina aceleró los preparativos para aplicar el nuevo Código Procesal Penal a partir del 6 de mayo. El ministro de Justicia sumó reuniones y garantizó recursos, pero trasladó parte de la responsabilidad al Consejo de la Magistratura y a la Corte, ambos presididos por Horacio Rosatti.
Hay tres ejes sobre los que se trabaja para que el sistema acusatorio empiece a funcionar en el ámbito de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. Uno, ineludible, es el espacio, en una carrera contra el tiempo para sumar lugares. Por otro lado, se trabaja en la conformación de una Oficina de Gestión Judicial, corazón administrativo del nuevo sistema. El tercer eje es el más conflictivo: la cuestión de los cargos vacantes, imprescindibles para que el nuevo paradigma pueda iniciar a toda marcha.
Lo positivo es que todos los actores del sistema se muestran comprometidos con el cambio. No solo los jueces y camaristas -con los que Cuneo Libarona se reunió más de una vez- sino también la dirigencia política, con Maximiliano Pullaro y Pablo Javkin a la cabeza.
La visita de Mariano Cúneo Libarona
Haciendo gala de un talento propio de los abogados, Cúneo Libarona gambeteó las precisiones en las dos conferencias de prensa que dio en Rosario. No respondió cuál sería el costo total de los cambios, pero aseguró que había fondos "no para construir un centro de justicia, pero tampoco para hacer maquillaje y nada más". En ese sentido, contó que está recibiendo recursos de la embajada de Estados Unidos.
El funcionario fue recibido por el gobernador Pullaro en Sede de Gobierno. Luego, charló con el intendente Javkin. Ambos brindaron su apoyo y se pusieron a disposición. Con el alcalde, además, charló sobre el primer juicio de faltas por jurado que se hizo en Rosario y motorizó un encuentro entre el titular de la UIF Ignacio Yacobucci y la agencia municipal de prevención de lavado de activos.
Un detalle: a Cúneo Libarona lo secundó en todas las actividades el subsecretario de Política Criminal, Alberto Nanzer, a cargo de los detalles finos de la implementación y transición al nuevo sistema. Nanzer es rosarino, se recibió de abogado en la Facultad de Derecho de la UNR donde coincidió, por ejemplo, con el propio Javkin.
Vacantes, el mayor desafío en Rosario
Una fuente judicial que estuvo reunida con el ministro de Justicia reconoció que el problema de las vacantes es la "cuestión más conflictiva". No solo siguen sin ocuparse los cargos creados por la Ley de Fortalecimiento, sino que hay cargos anteriores que fueron quedando vacíos.
Una posibilidad cierta es que el Consejo de la Magistratura utilice las listas conformadas en los concursos con los que llenó las últimas vacantes para completar estos cargos. Cúneo Libarona había trasladado la presión en este tema al cuerpo presidido por Rosatti. Sin embargo, igual se tienen que concursar los cargos creados por la Ley de Fortalecimiento.
Para el mientras tanto, una de las soluciones que se barajaron fue utilizar la lista de conjueces ya confeccionada y aprobada por el Senado. Otra opción que se manejó fue crear un colegio de jueces que incluya a los nueve vocales de los tres Tribunales Orales de Rosario, a los dos magistrados de instrucción penal e incluso a los miembros de la Cámara de Apelaciones, y que se repartan entre ellos las funciones de garantía, de juicio y de revisión. Todo, por ahora, quedó en veremos.
La OGJ, en la cancha de Horacio Rosatti
En materia administrativa, la Corte se comprometió a crear los cargos necesarios para conformar la Oficina de Gestión Judicial y capacitar a sus miembros. Para eso, se planea que viajen a Salta y Jujuy, donde ya se aplica el sistema acusatorio, y que tengan contactos con la OGJ de la justicia penal santafesina, de organización similar.
La OGJ es el corazón administrativo del nuevo sistema. Se encarga de llevar la agenda de audiencias, de asignar casos a los jueces y de organizar los traslados de los presos para asistir a las audiencias. Es la que maneja los tiempos de cada causa.
En el ámbito de la Cámara de Apelaciones estará a cargo de un director general en Rosario y tendrá subdirectores en cada sede que depende de dicho tribunal de alzada -Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Venado Tuerto y San Nicolás-. En una primera etapa comenzará con 16 empleados y año a año, a medida que los juzgados del viejo sistema se vayan descomprimiendo, irán transfiriendo personal. Se conformará con funcionarios de la planta permanente que ya forman parte de la estructura y recibirán ascensos.
Los edificios que se preparan en Rosario
Los responsables de instrumentar el cambio de sistema se trazaron dos deadlines. Uno, el mencionado 6 de mayo. Para esa fecha se están buscando espacios que se puedan transformar en salas de audiencia de contingencia. Por ejemplo, se trasladarán dependencias hoy ubicadas en la casona de bulevar Oroño -donde funcionan los juzgados de instrucción penal- al edificio del ex Banco Nacional de Desarrollo, en Sarmiento y San Lorenzo, pleno microcentro, donde hoy funciona el archivo de la Cámara de Apelaciones.
El otro plazo es de seis meses, y coincide con el tiempo que necesita el Ministerio Público Fiscal para comenzar a usar el edificio donde hasta hace un tiempo funcionó Litoral Gas. Dicho lugar ya está alquilado, pero el MPF recién recibirá la llave el 1 de julio y necesita algunas semanas más para encarar refacciones y hacer la mudanza. También se apunta a construir nuevas salas de audiencia detrás de la casona de bulevar Oroño, en el terreno que da a calle Alvear.
Los proyectos que Mariano Cúneo Libarona dio de baja
El ministro de Justicia avisó que "por ahora" hay que olvidarse del Centro de Justicia Federal. Se trata de un ambicioso proyecto de 12 mil metros cuadrados que se planea para unos terrenos que pertenecían al ferrocarril y que el Poder Judicial de la Nación recibió hace más de una década. Están ubicados en el barrio de Refinería, en Canning y Junín.
Algo similar ocurrió con el edificio del Comando del II Cuerpo de Ejército, en Sarmiento y 9 de Julio. La nación se lo cedió en comodato a la provincia en épocas de Alberto Fernández y Omar Perotti. La idea era que el santafesino hiciera la inversión necesaria para que se trasladen las salas de audiencia allí y finalmente comenzara a regir el sistema acusatorio. Sin embargo, Perotti se encontró con que se necesitaban más recursos de los esperados, hasta quiso reactivar un crédito internacional, pero no prosperó.