La ex secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, ha sido condenada por el Juzgado de Instrucción 3 de Estepona (Málaga) a indemnizar con 10.500 euros a Rafa Marcos, la ex pareja de María Sevilla, la madre que secuestró a su hijo y consiguió que Irene Montero y su colaboradora presentaran a su ex como «maltratador» en medios de comunicación.
Tal como confirma el propio Rafa Marcos a OKDIARIO, la justicia vuelve a respaldarle. Primero fue frente a Irene Montero, a la que el Tribunal Supremo condenó a pagar 23.400 euros y ahora frente a Ángela Rodríguez Pam. De nuevo por un delito por intromisión ilegítima en su honor, tal como recoge la sentencia consultada por este periódico. Así, la pesadilla de este padre que tenía a la ex presidenta de Infancia Libre por pareja sentimental acaba ahora con otra sentencia a su favor.
La entonces secretaria de Estado tildó a Rafa Marcos de «maltratador» en el programa La Noche en 24. Igualmente vinculó a ese hombre con presuntos abusos sexuales. A pesar de que este padre no ha sido condenado por ningún procedimiento judicial para acreditar esos apelativos, la entonces cúpula de Igualdad se paseó por todos sitios señalándole como el ejemplo perfecto de maltratador. Irene Montero y su equipo iniciaron una campaña desde el Ministerio para impulsar Infancia Libre, una asociación de madres que justificaba el secuestro de sus propios hijos para que estos dejasen de tener contacto con sus padres.
Declaraciones controvertidas
Las palabras de Pam Rodríguez en redes sociales allá por 2022 fueron: «Si tu padre es un maltratador, tú, como hijo menor de edad, no debes visitar a tu padre. Los maltratadores no son buenos padres. ¿Qué hacemos con esas mujeres que han protegido a sus hijos, para que no fueran a ver a los padres maltratadores? Que es el caso de María Sevilla, Juana Rivas y otras mujeres. Ella ha intentado poner su cuerpo por delante para que un niño de seis años no volvieran a ver a su padre, que le estaba agrediendo sexualmente. Hay que concederle el indulto a María Sevilla, como se lo concedimos a Juana Rivas».
Por su parte, la entonces alto cargo del gobierno de Pedro Sánchez, en el mismo sentido, en una entrevista en la televisión estatal afirmó: «Feminismo es proteger a los niños y niñas de la violencia de sus padres, de la violencia vicaria, es proteger a madres protectoras como María Sevilla».
María Sevilla cogió a su hijo, Samuel, y lo sacó del sistema educativo. Lo encerró en una finca en Cuenca para que estuviese lejos de su padre. Finalmente, en 2018 la Policía rescató a ese menor y, desde entonces, vive con su padre en Estepona. El niño ha acabado repudiando a su madre y ha lamentado ser objeto de sus «manipulaciones».
Cabe recordar que estas polémicas declaraciones a favor de madres que secuestraban a sus hijos se realizaron en el marco de defender una nueva ley, la conocida como Ley Rhodes, que se caracteriza por abrir la puerta a retirar el régimen de visitas a padres denunciados por malos tratos. Una legislación que partió del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en ese momento liderado por Pablo Iglesias, que como ha adelantado OKDIARIO está próxima a ser avalada por la mayoría progubernamental que actualmente tiene la mayoría del Pleno del Tribunal Constitucional.
Esa misma Corte de Garantías en noviembre rechazó el intento de la ex ministra de Igualdad de suspender la ejecución de la sentencia que la condenó a pagar 18.000 euros al ex marido de María Sevilla alegando que tiene pendiente un recurso de amparo ante el propio Constitucional, así como su «trascendencia» pública. Además, fue condenada a pagar las costas de ese procedimiento.
«Madres protectoras»
Fue el pasado junio cuando la Sala de lo Civil del Supremo estimó parcialmente la demanda de Rafael Marcos. En lugar de los 85.000 euros que él reclamaba, se consideró que lo correcto era 18.000 euros de indemnización más intereses de demora. Los magistrados también condenaron a la entonces ministra a eliminar la publicación en redes sociales, además de publicar en sus perfiles y en un periódico de ámbito nacional el encabezamiento y fallo de la sentencia.
Rafa Marcos demandó a Montero por sus afirmaciones realizadas el 25 de mayo de 2022 durante la inauguración de la nueva sede del Instituto de las Mujeres, y su difusión en redes. Aquel día, tras hacerse público el indulto concedido a Sevilla, la entonces ministra de Igualdad señaló que el Estado tenía «una deuda» con «las madres protectoras» –entre ellas la presidenta de Infancia Libre– y que éste debía de «ser capaz de proteger» a estas mujeres que «se protegen a sí mismas y a sus hijos de la violencia machista».
El Supremo le dio la razón recordando que «el honor es un derecho fundamental que protege frente a atentados en la reputación personal, la cual se ve afectada cuando se atribuye a una persona conductas merecedoras del máximo reproche social». Ahora un juzgado ordinario en Estepona sigue los pasos del Alto Tribunal ya que «no hay base fáctica objetiva». No hay «ninguna resolución judicial» que permitiese concluir que el demandante fuese «autor de episodios de violencia de género o doméstica, ni autor de abusos sexuales en la persona de su hijo». «Las expresiones que se juzgan no son genéricas, sino que del contexto y de su literalidad cabe deducir que se hace alusión al demandante y que se le atribuyen hechos constitutivos de violencia machista», señalaron desde el Supremo.