Una sala de la Cámara de Casación Penal concluyó que el atentado a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) que le costó la vida a 85 personas fue organizado y financiado por las autoridades del Estado Islámico de Irán en represalia por la decisión del país sudamericano de romper un convenio de cooperación nuclear en una resolución difundida la víspera.
La AMIA recibió de "forma favorable" el fallo y apuntó que el mismo reitera lo que la justicia argentina viene sosteniendo a través de numerosos dictámenes desde hace décadas.
Pero al mismo la institución judía reclamó que los responsables intelectuales y materiales del atentado "sean juzgados y cumplan sus condenas por el atroz crimen de lesa humanidad que cometieron".
Asimismo afirmó que "resulta inaceptable que la legislación local continúe siendo la misma que en el momento en que se comenzó a investigar el ataque" y exhortó a las autoridades a desarrollar un marco legal que permita mejorar las condiciones de investigación, inteligencia, prevención y castigo frente a la amenaza de organizaciones terroristas.
La Cámara declaró el atentado como un "crimen de lesa humanidad" y, por lo tanto, imprescriptible, en un caso en que después de tres décadas ningún autor material o intelectual ha sido juzgado o condenado.
Uno de los jueces dijo que además que son necesarias reformas para poder realizar el "juicio en ausencia" de los acusados por la justicia argentina.
La resolución judicial identifica como responsables a los más altos cargos del gobierno iraní de entonces, entre ellos, al presidente, a varios ministros y a mandos de la fuerza pública.
"Es un fallo histórico, único en Argentina. No solo se lo debían a Argentina sino también a las víctimas, destacó por su lado el presidente de Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Jorge Knoblovits.
"Abre la posibilidad de una demanda en la Corte Penal Internacional porque se estableció que el Estado de Irán es terrorista", afirmó el dirigente judío.
El dirigente comunitario remarcó que el dictamen también "es oportuno políticamente, históricamente justo en un momento que se cumplen 30 años del atentado y a seis meses de la masacre de Hamas contra Israel".
La acusación contra Irán no es nueva y es la hipótesis que ha prevalecido en las investigaciones de múltiples fiscales y jueces a cargo de las pesquisas en las últimas tres décadas. Teherán siempre ha negado los cargos.
Las conclusiones de Casación Penal responden a las apelaciones en una causa colateral contra funcionarios judiciales condenados por irregularidades en la investigación del atentado contra AMIA.
El atentado cometido el 18 de julio de 1994 dejó además de 300 heridos. Dos años antes, otro atentado destruyó el edificio de la embajada de Israel en Buenos Aires, con 22 muertos y 242 heridos.
Según el tribunal, la motivación de ambos ataques terroristas "se originó principalmente en la decisión unilateral del gobierno argentino (motivado en un cambio de la política exterior de nuestro país operado entre fines de 1991 y mediados de 1992) de rescindir tres contratos de provisión de material y tecnología nuclear acordados con la República Islámica de Irán".
El convenio de cooperación se había firmado a mediados de la década de 1980 por el entonces gobierno del presidente de centro-izquierda Raúl Alfonsín (1983-1989). Fue cancelado en 1992 por su sucesor, el presidente de centro-derecha Carlos Menem (1989-1999), quien se había alineado con Estados Unidos.
En el fallo, los tres miembros del tribunal señalaron como responsables del atentado contra AMIA a quienes entonces ocupaban los más altos cargos en el gobierno iraní: el presidente Alí Akbar Hashemi Bahramaie Rafsanjani; Alí Fallahijan (ministro de Información iraní), Alí Akbar Velayati (ministro de Relaciones Exteriores), Mohsen Rezai (a cargo del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria) y Ahmad Vahidi (jefe de "Al Quds", un grupo de la Guardia Revolucionaria).
También están acusados Imad Fayez Moughnieh (entonces jefe de Inteligencia Política y responsable del Servicio Exterior de Hezbollah) y los ex diplomáticos en la embajada iraní en Buenos Aires Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari y Hadi Soleimanpour.
A la luz del fallo judicial, Israel pidió a Argentina que declare a la Guardia Revolucionaria organización terrorista.
El ministro israelí de Exteriores, Israel Katz, explicó en un comunicado el viernes que habló con su homóloga argentina, Diana Mondino, el jueves en la noche para transmitirle la petición.
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En esta nota colaboró la periodista de AP Almudena Calatrava.
FUENTE: Associated Press