La ley de emergencia penitenciaria o carcelaria fue aprobada por la Legislatura hace un mes, a pedido de Rolando Figueroa. Sin embargo, el gobierno no la utiliza para resolver el problema de calefacción en la Unidad 32 de Zapala, demorado por el proceso de licitación ordinario. Los internos pidieron por vía judicial una solución.
En una audiencia de hábeas corpus reformulada como incidente de ejecución de la pena, la jueza de Garantías de esa ciudad, Leticia Lorenzo, le otorgó una semana de plazo a la dirección de Políticas Penitenciarias para que presente un cronograma con fechas ciertas en las que se prevé concluir el proceso de licitación.
Y puso como plazo máximo el 15 de mayo para que finalicen ese proceso. De lo contrario, el gobierno tendrá que aplicar el mecanismo de contratación directa que contempla la ley de emergencia carcelaria.
La audiencia fue el jueves 4 de abril. Este lunes el gobierno se comprometió a que la calefacción estará en condiciones el miércoles que viene.
No están claros los motivos por los cuales no se utilizó la ley para resolver el problema en la Unidad 32, donde están alojadas 24 personas.
Gestiones desde enero
En la audiencia judicial, el jefe de la cárcel, subcomisario Pablo Cajal, explicó que comenzó a hacer gestiones en enero por la vía jerárquica para que contraten al encargado de poner en condiciones las calderas de los dos pabellones. La del sector B es nueva, la compraron el año pasado, la del A es más antigua y necesita controles más exhaustivos. También hay problemas con los ductos, que no llevan el calor a todos los sectores.
La representante de la defensa pública, Andrea Cornejo, recordó los problemas recurrentes con la calefacción que hicieron perder el ciclo lectivo a los internos el año pasado.
Con el cambio de gobierno se cayó el contrato con el proveedor y se abrió un nuevo proceso de licitación. Quedó en pie un solo oferente, el mismo de antes, Conrado Martín. Pero el trámite burocrático no se completó.
El director de Políticas Penitenciarias dependiente del Ministerio de Seguridad, comisario Gastón Ponce, explicó a su turno que «el proceso de licitación está en su última etapa, la de análisis del presupuesto». «Hubo retrasos en la designación de algunos puestos, por eso también se demoró», dijo.
El representante de la fiscalía, Patricio Fernández Menta, le preguntó por qué no hacían una contratación directa. «La ley no lo permite», respondió Ponce.
Entonces intervino la jueza Lorenzo y le preguntó por qué no utilizaban la ley de emergencia carcelaria. «Porque la licitación fue lanzada antes de la aprobación de la ley», dijo Ponce.
El ping-pong de la jueza con el comisario
«Le estoy hablando con el corazón y usted me responde con el bolsillo -ironizó la jueza- Usted ya tiene la facultad. No estamos en el Caribe, hoy el día está lindo, pero la preocupación por las bajas temperaturas es legítima. ¿Por qué priorizan finalizar un trámite administrativo de acuerdo a exigencias de las cuales están exentos por la ley que han impulsado desde el ministerio del que usted forma parte, para tener una herramienta más ágil y operativa para dar respuesta a las emergencias carcelarias?»
Ponce no supo qué responder. Le salió: «Creo que quedaron más que claras las posturas. Esta es una situación que le queda un tiempo nada más para resolverlo, y después 15 días para que el ganador de la licitación se presente para realizar los trabajos».
-¿Por qué no usaron la nueva ley, por qué no agilizan el trámite? -insistió Lorenzo.
-La licitación está el último tramo para que salga -se mantuvo Ponce.
-Pero necesitamos una fecha cierta.
El funcionario hizo un silencio.
-Bueno eso… tendría que hablarlo para que nos den una fecha y se la transmito al jefe de unidad.
Los plazos
La jueza Lorenzo concedió que el jefe de la unidad y el director de Políticas Penitenciarias «han obrado con diligencia. También hay una complejidad extra por el cambio de gobierno, la caída de los contratos, tener que poner a personas en puestos de trabajo y que se familiaricen con la tarea».
Pero el peligro de agravamiento en las condiciones de detención están a la vuelta de la esquina. Por eso la magistrada resolvió «otorgar al Jefe de la Unidad de Detención el plazo de siete días –hasta el jueves 11 de abril-, para que informe un cronograma más concreto en el que presenten fechas estimadas ciertas, en las cuales culminaría el proceso de licitación; y, esas fechas, van a tener que estar con anterioridad al 15 de mayo».
Si el proceso se extiende más allá del 15 de mayo, «van a tener que hacer uso del artículo 4° de la Ley 3426, aunque sea para solucionar la cuestión vinculada con la Unidad 32».
Este lunes llegó un informe y el compromiso de resolver el tema para el miércoles.
Qué dice la ley
Ese artículo autoriza al gobierno a «adquirir, mediante los mecanismos de contratación directa (…) los bienes, servicios e insumos necesarios para afrontar la emergencia declarada, con independencia de su monto, en forma excepcional y mientras dure la declaración de emergencia».
Además autoriza al Ejecutivo a endeudarse por hasta 50 millones de dólares para resolver la superpoblación carcelaria.
Esta audiencia es una preliminar al debate de fondo, que se dará el martes 16 de abril. Ese día el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, deberá rendir examen ante la jueza de Ejecución de Neuquén capital, Raquel Gass, sobre las acciones que realizó para solucionar la superpoblación que mantiene cerradas las cárceles.