En el presupuesto hay partidas que, llamativamente, no solo se mantienen a salvo de la motosierra con la que el gobierno de Javier Milei ajusta el gasto público sino que, además, ostentan fuertes incrementos por encima de la inflación. Es el caso de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y, dentro de este organismo, la partida de los gastos reservados: desde que asumió el gobierno libertario esta partida creció un 129%, muy por arriba de la inflación acumulada del 51,6%.
En efecto, según los datos presupuestarios que publica el Ministerio de Economía, el presupuesto de la AFI tuvo un aumento de $4000 millones durante el primer trimestre del año y alcanza casi $20.000 millones. Dentro de esta partida, la de los gastos reservados trepó de $650 millones a $1494 millones, es decir, más que se duplicó.
Semejantes subas presupuestarias en un organismo tan sensible como la AFI encendieron las luces de alerta en la oposición; en el kirchnerismo sospechan que desde este organismo se financia, con los gastos reservados, el poderoso aparato de trolls que alimentan el discurso libertario en las redes. Advierten, con inquietud, que el oficialismo demora –de manera deliberada, aseguran– la conformación de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso, encargada de controlar la actuación no solo de la AFI, sino de todos aquellos órganos dedicados a la inteligencia, incluida la Unidad de Información Financiera (UIF).
"Si el Gobierno duplica la partida de los gastos reservados, con más razón debería activarse el control parlamentario", enfatizó el diputado Leopoldo Moreau (Unión por la Patria), expresidente de la Comisión Bicameral.
La responsabilidad de constituir la comisión recae sobre los presidentes de ambos cuerpos, Martín Menem (Diputados) y Victoria Villarruel (Senado), encargados de designar a los 14 miembros a propuesta de los bloques. Villarruel ya designó a cuatro de los siete integrantes del Senado: Edgardo Kueider (Unidad Federal); Enrique Goerling Lara (Pro); Edith Terenzi (UCR) y Martín Lousteau (UCR). Restan los representantes de Unión por la Patria, bloque que aún no remitió su propuesta.
En la Cámara de Diputados, Menem anticipó que postergará el trámite hasta después del tratamiento de la Ley de Bases y del paquete de reformas fiscales, prioridad número uno del oficialismo en la agenda parlamentaria.
El presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, presiona para que se apure la conformación de la comisión. "No hay razón alguna para que el conjunto del Sistema de Inteligencia Nacional deba continuar sin el debido control parlamentario luego de tantos meses. Máxime cuando la comisión en cuestión reviste el carácter de permanente", insistió en una nota que le remitió a Menem el viernes pasado.
"No solo es una comisión permanente sino que, a diferencia de las restantes comisiones, es la única que es creada por ley, en este caso la ley de inteligencia –explicó Leopoldo Moreau, diputado de Unión por la Patria y expresidente del cuerpo durante la gestión de Alberto Fernández–. Menem no puede, de manera arbitraria, decidir en qué momento va a conformar esta comisión. Está incumpliendo una ley."
Desde el oficialismo relativizan los cuestionamientos kirchneristas y buscan despejar suspicacias. "Nuestra prioridad es avanzar este mes en la agenda legislativa del Presidente; luego se conformarán las comisiones especiales. El kirchnerismo ve fantasmas donde no los hay. Además, es el menos indicado para aleccionarnos sobre transparencia y control", replican.
La AFI está intervenida desde el inicio de la gestión del expresidente Fernández. Su primera interventora fue la exfiscal Cristina Caamaño, quien luego fue sucedida por Agustín Rossi y por Ana Clara Alberdi. Al asumir, Milei dictó el decreto 22/23 por el cual dispuso prorrogar su intervención por otros dos años, hasta diciembre de 2025, y designó al abogado Silvestre Sívori, un hombre del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, al frente del organismo. En el decreto de nombramiento, el Presidente facultó a Sívori para que, eventualmente, pueda permanecer en el cargo otros dos años. En rigor, la ley de inteligencia dispone que el jefe de la AFI sea designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.
En el mismo DNU, Milei habilitó a Sívori "evaluar, modificar y/o aprobar un régimen de administración de fondos, ampliando o reduciendo las partidas de carácter reservado". Durante la gestión de Caamaño, esos gastos reservados sólo alcanzaron al 10% del total de la partida destinada a la AFI, mientras que el resto de la partida estaba sometida al control de la Sigen. Los gastos reservados de la gestión de Sívori, con el aumento de la partida, no alcanza al 10%, pero aun así los opositores están en alerta.