La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, organismo dependiente del Ministerio del Interior, ha concedido en los últimos seis años 3.725 progresiones de grado y beneficios penitenciarios a reclusos, en contra de los criterios de los expertos y especialistas de las cárceles en las que cumplían condena.
Según ha podido conocer EL ESPAÑOL, esa es la cifra total de presos que vieron mejoradas sus condiciones por Prisiones pese a no contar con el aval de las Juntas de Tratamiento de las cárceles. La cifra recoge los datos desde que Fernando Grande-Marlaska llegó al frente de Interior, en junio del año 2018.
Esta realidad, que define la política penitenciaria de la actual dirección de Prisiones, la suscribe el Gobierno en una respuesta parlamentaria al Grupo Parlamentario Popular.
La diputada del PP Ana Belén Vázquez interpeló al Ejecutivo para conocer los datos desglosados por cada uno de los seis años que cumplirá en junio el Gobierno de Pedro Sánchez. La respuesta de los socialistas, a la que tenido acceso EL ESPAÑOL, es clarificadora.
Desde hace tiempo los funcionarios vienen criticando la llamada filosofía del "buenismo penitenciario". Es la que, a juicio de los trabajadores, impera en estos momentos en Instituciones Penitenciarias, órgano a cuyo cargo está Ángel Luis Ortiz, hombre de máxima confianza de Marlaska.
Esos beneficios son ensalzados y reivindicados por Ortiz. En 2021, se jactó de su gestión y de su intención de conceder el mayor número posible de terceros grados a los presos.
Ortiz hizo alusión a la filosofía que mantiene Interior desde su llegada al cargo. Así, celebró que durante su mandato, la cifra de terceros grados haya aumentado, y anunció que irán a más. "El reto es seguir avanzando en el número de internos en tercer grado, que actualmente supera los 8.000", manifestó.
Situación límite
Algunos de los que han recibido esos beneficios son los miembros de la banda terrorista ETA. El Gobierno se ha negado taxativamente en varias ocasiones a informar al Congreso sobre los beneficios penitenciarios concedidos a etarras.
Hace dos años, tal y como reveló EL ESPAÑOL, la Secretaría General de Prisiones daba un paso más en su política de concesión de privilegios penitenciarios a internos en régimen de tercer y de segundo grado. Una modificación en una de sus instrucciones internas permitía que esa clase de presos pudiera obtener permisos de salida pese a haber sido sancionados por cometer faltas graves o muy graves.
No es la única medida que se ha tomado desde entonces en favor de los reclusos. En 2021, EL ESPAÑOL reveló que Interior paga un plus de "productividad" de hasta 2.000 euros al año a aquellos directores que excarcelen más presos de sus centros.
Esa forma de gestionar las prisiones ha propiciado situaciones en las que los funcionarios se sienten infravalorados en comparación con los reclusos a los que tienen que vigilar. Mientras los presos obtienen estos beneficios, durante los mismos años las agresiones a trabajadores de las cárceles se han incrementado hasta cifras nunca vistas.
La situación que se vive ahora en Prisiones está al límite tras el asesinato de la cocinera de la cárcel de Brians 2 (Tarragona) este pasado mes de marzo. Es la gota que ha colmado el vaso para un colectivo que se ha echado a la calle y que prepara nuevas movilizaciones.
El pasado 2023, por segundo año consecutivo, las prisiones registraron la peor cifra de la historia de agresiones a los trabajadores. Tal y como adelantó EL ESPAÑOL, los funcionarios de las cárceles en España sufrieron 508 agresiones por parte de reclusos en los centros de todo el territorio.
El asesinato de Nuria ha sido el que ha prendido la mecha de las protestas y la indignación, pero nunca su seguridad se vio tan comprometida como en 2023.
El dato de 2023 suponía un incremento del 12% en el global de las agresiones sufridas con respecto al año anterior, convirtiéndolo en el más violento de la última década.
Si en 2022 los funcionarios de Instituciones Penitenciarias sufrieron una agresión cada 19 horas, en el año 2023 esa frecuencia aumentó a que los trabajadores de las cárceles españolas eran víctimas de una agresión cada 17 horas.