Lara Graña
El 'Protocolo de prevención e intervención frente al acoso sexual y por razón de sexo en el CSIC' (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) vio la luz hace menos de cuatro años. Y no es solo que haya envejecido mal, sino que nació ya desfasado y vacío de utilidad para su cometido, a juicio del Pleno del Congreso de los Diputados. Por amplia mayoría –311 votos a favor y 33 en contra, de la ultraderecha Vox– la Cámara baja ha exigido su revisión y actualización "de manera urgente". El contenido de esta moción, lanzada por ERC y que ha incorporado enmiendas del grupo socialista y Sumar, implica una reforma íntegra del actual protocolo, del que echó mano el Ejecutivo para, por ejemplo, defender su gestión en la desaparición de la tripulante de Cangas del buque 'García del Cid'.
El vuelco es absoluto: sanciones a los responsables que no atiendan con celeridad las denuncias de acoso o abuso, fijar mecanismos "reales" de acompañamiento a las denunciantes o habilitar la "movilidad de barco" como medida de protección y prevención. Es por lo que peleó Carmen Fernández, implorando al CSIC no tener que regresar al buque donde había denunciado una agresión sexual. Su petición no fue atendida; presumiblemente se tiró por la borda en la madrugada del 10 de septiembre pasado. "Nadie hace nada", dejó por escrito. Tenía tres hijos.
Pero ha sido su caso, desvelado entonces por Faro de Vigo, del mismo grupo editorial, el que ha propiciado esta rápida revolución en la oxidada maquinaria burocrática del Estado. Porque el CSIC ya había dado cuenta de 12 denuncias por acoso desde 2019y, aunque decenas de mujeres habían clamado contra la vacuidad del protocolo en vigor, Madrid insistió siempre en su eficacia. Lo hizo hasta el pasado 27 de febrero, cuando apuntó por escrito al Congreso que la institución científica "actuó de la forma más diligente posible" con Carmen. A la que no se le permitió cambiar de buque porque no lo permitía el convenio colectivo del 'García del Cid', extremo que ya rebatió Faro, porque ese mismo acuerdo (de 2012) confiere al CSIC plenas facultades de organización a bordo. Y para quien no se habían desplegado medidas de prevención porque un juzgado de Marín había sobreseído su caso. Si el Ministerio de Ciencia atiende íntegramente la moción del Pleno del Congreso, una investigación por acoso en el seno del CSIC tendrá que ejecutarse hasta el final, independientemente de lo que suceda en la vía judicial.
El Pleno apremia también a la cartera que preside Diana Morant, de quien depende el CSIC, a "revisar los criterios a la hora de establecer las sanciones a los agresores sexuales para que las amonestaciones y sanciones sean proporcionales a las agresiones". De las 12 denuncias recibidas por la institución entre 2019 y 2023, tres acabaron en sanción. No hubo despidos. En el nuevo protocolo deberá eliminarse la expresión "admisión a trámite", para incluir una "activación automática del protocolo de acoso ante la existencia de indicios de los que sean conscientes los mandos intermedios o personas con funciones directivas". Esto es, tendrá que sea un director o responsable de departamento el que, incluso si la mujer no lo hace, interponga una denuncia si es conocedor de conductas de acoso o abuso sexual en los equipos de trabajo. Sean personal propio del CSIC o de empresas contratadas por la institución. Aquellos responsables que no cursen con celeridad las denuncias o que no fijen mecanismos "reales de acompañamiento" a las víctimas recibirán, si esta moción se lleva íntegramente a término, sanciones administrativas.
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