En la esencia de una democracia saludable, se encuentra la cultura del debate y el derecho inalienable a disentir. En México, sin embargo, estas prácticas enfrentan desafíos significativos, que amenazan no sólo la calidad de nuestra vida pública sino la esencia misma de nuestro sistema político. Un análisis agudo y una propuesta concreta son necesarios para abordar estas problemáticas.
El debate en nuestro país, más que una herramienta de diálogo y entendimiento, se ha convertido en ocasiones en un teatro de confrontaciones estériles. Las discusiones políticas suelen ser dominadas por la polarización y el partidismo, donde la razón sucumbe ante el ruido de la discordia. Esta tendencia no sólo desincentiva la participación ciudadana genuina, sino que desvirtúa el propósito del debate: encontrar soluciones y puntos de acuerdo para la construcción del bien común.
El derecho a disentir, por otro lado, se ve constantemente amenazado por una cultura que muchas veces estigmatiza la discrepancia como deslealtad o subversión. Esta situación es alarmante, pues un país que no respeta las voces disidentes es un país que camina hacia la uniformidad del pensamiento, la cual es antítesis de la libertad.
Es imperativo recordar las palabras del filósofo Karl Popper, quien afirmó que una sociedad abierta es aquella en la que el gobierno puede ser criticado sin miedo a represalias. México debe seguir aspirando a este ideal, no retroceder de él.
Estimo que el debate político electoral promovido por las instancias electorales persigue una finalidad idónea, necesaria y proporcional para la vida democrática nacional.
Su ejercicio debería ser obligatorio por ley en todas las entidades federativas a la par de prever una sanción a las y los Candidatos que no asistan a éste ejercicio que fomenta el intercambio libre, informado y plural de ideas.
Sin embargo, hay un problema de fondo y ese subyace en la educación. Es difícil concebir un compromiso con ésta cultura, si no se experimenta desde la niñez o la juventud.
Es fundamental implementar programas que promuevan habilidades de pensamiento crítico y argumentación desde la educación básica. Al fomentar que éstos grupos prioritarios se acerquen a ésta práctica, nos acercamos a la construcción de una sociedad que debata con respeto y fundamentos, con lo cual, se cimentan las bases para un futuro político más crítico, equitativo y prometedor.
En éste aspecto, se estima que los medios de comunicación deben jugar un papel más activo en la promoción de debates informados y constructivos, evitando caer en la trampa de la sensacionalización que tanto daño ha hecho a nuestro tejido social.
Además, es crucial que los actores políticos y las instituciones gubernamentales se comprometan con la apertura al diálogo.
La sociedad civil no debe ser un espectador pasivo en este proceso. Es necesario que las organizaciones no gubernamentales, los colectivos ciudadanos y las universidades se conviertan en custodios activos del derecho a disentir, creando espacios seguros para la expresión de todas las voces, especialmente aquellas que son marginalizadas o ignoradas.
En resumen, revitalizar la cultura del debate y defender el derecho a disentir son tareas urgentes para México. Es una agenda pendiente para las y los contendientes del proceso electoral federal así como de los respectivos procesos electorales locales, hay más de 19 mil cargos en disputa o mejor dicho, 19,000 posibilidades de incidir desde lo local a lo nacional y viceversa.
No podemos permitir que la apatía o el miedo silencien las conversaciones que podrían guiarnos hacia un futuro más justo y equitativo.
La democracia mexicana debe ser un diálogo continuo, no un monólogo ocasional. Cada paso que damos hacia la ampliación de estos espacios no es solo un triunfo para el presente, sino una semilla para una democracia más robusta y participativa en el futuro.