El ex ministro de Sanidad y candidato del PSC a la Generalitat de Cataluña en las elecciones del próximo 12 de mayo, Salvador Illa, aceptó a la trama Koldo como «proveedores» del Gobierno de Pedro Sánchez para el suministro de material anti-Covid en 2020 tras depositar una garantía de 57.228 euros. Así consta en el propio expediente del acuerdo marco que adjudicó Sanidad entonces. Sin embargo, Illa negó este lunes haber contratado a la trama en su comparecencia en la Comisión de investigación del Congreso impulsada por el PSOE para tapar la del Senado.
En concreto, el Ministerio de Salvador Illa seleccionó dentro de un acuerdo marco a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Ferrovial Servicios SA y Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL -esta segunda empresa es la vinculada los comisionistas del caso Koldo- como «suministradora» oficial de productos anti-Covid a las comunidades autónomas. El Gobierno centralizó las compras de material sanitario para agilizar los suministros en un contexto de emergencia, desabastecimiento y precios disparados.
Prueba de esa relación contractual entre el Ministerio de Illa y la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, a cuya UTE fueron adjudicados dos de los once lotes del megacontrato de 2.578 millones de euros, fue la «garantía» que esta sociedad tuvo que depositar para convertirse en «proveedora» del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), dependiente del Ministerio de Sanidad.
Según figura en el expediente público, por el lote 8 la firma Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL tuvo que abonar una «garantía definitiva» de 37.293,90 euros constituida con fecha de 12 de noviembre de 2020, mientras que por el lote 9 el importe de esta fianza alcanzó los 19.934,18 euros, con la misma fecha de registro. En total, 57.228,08 euros.
Además, la empresa de la trama depositó dicha garantía por su lado, con el compromiso de firmar la UTE con Ferrovial Servicios SA, cuya constitución se produjo el 9 de diciembre de 2020. Es decir, casi un mes después. Y la formalización de la selección de la UTE por parte de Sanidad se selló por ambas partes el 22 de de diciembre.
Según consta en el sumario, el subdirector general de Planificación y Gestión de Infraestructuras para la Seguridad del Ministerio del Interior, Daniel Belmar Prieto, le dijo a la UCO de la Guardia Civil que «tuvo conocimiento de la posibilidad de efectuar el suministro de material sanitario con la citada empresa a través de la Dirección General de Coordinación y Estudios, ya que desde el Ministerio se aprovechó del conocimiento y las gestiones ya realizadas por Ingesa para proveerse de un material de urgentísima necesidad sanitaria». De esta manera, el departamento de Illa jugó un papel clave, tanto que le abrió la puerta la trama.
Para optar a tales lotes del Ingesa, la firma Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL se vio obligado a acreditar su «solvencia económica y técnica». Lo hizo aportando los avales que le habían firmado el Gobierno balear de la socialista Francina Armengol, hoy presidenta del Congreso de los Diputados, el Ministerio de Transportes y el de Interior. Esos documentos, como reveló OKDIARIO, fueron expedidos justo en los mismos días en que la empresa concurría a la citada adjudicación. Al procedimiento se presentaron en plazo 155 aspirantes, con 475 ofertas para los once lotes, de los que fueron seleccionados 72 proveedores por parte del Ministerio de Sanidad, entre ellos la UTE Ferrovial Servicios SA-Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL.
El pliego establecía, además, que «los empresarios que adquieran la condición de proveedores en virtud del presente Acuerdo Marco están obligados a cumplirlo en los términos previstos en el Pliego y en el resto de documentos contractuales».
Sin embargo, la empresa de la trama, que resultó adjudicataria de esos dos lotes de suministro de mascarillas FFP2 y FFP3 por importe de 233 millones (incluidos en el megacontrato de 2.500 millones), finalmente no materializó ninguna operación de venta con ninguna comunidad autonómica. Ninguna región recurrió a estos proveedores. Por ello, al no haberse dado cumplimiento al objeto de la adjudicación, el Gobierno debió devolver la fianza a la UTE (los importes que Ferrovial Servicios SA depositó fueron 38.816,10 euros por el lote 8 y 20.747,82 por el lote 9, esto es, 59.563 euros en total). Las mascarillas costaron primero 1,13 euros la unidad y luego se rebajaron a 90 céntimos, si bien otras empresas las ofrecían por la mitad.
Las mentiras de Illa
En su comparecencia del lunes en la comisión de investigación del Congreso, donde estaba obligado por ley a decir la verdad, Salvador Illa reconoció que en aquellas fechas habló una vez con Koldo García para remitirle a los «técnicos» de Sanidad, aunque declaró que su ministerio no llegó a contratar con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL. Koldo García era asesor del ministro José Luis Ábalos en Fomento.
A preguntas de la oposición, Salvador Illa respondió: «Le indiqué (a Koldo) cuál era el procedimiento y le dije que se dirigiera a los técnicos. El resultado del equipo fue que no contrató nada, éste es el único contacto que yo he tenido con este señor».
También el pasado lunes, en la comisión del Senado, su entonces jefe de gabinete, Víctor Francos, admitió que se vio tres veces con Koldo. Una versión que contradice por completo la de Illa, dado que según Francos el ministro no remitió al ex asesor de Transportes a los «técnicos», sino a él, que era su jefe de gabinete.
Asimismo, en relación con la empresa FCS Select Products SL, dedicada al marketing de bebidas alcohólicas y a la que Sanidad adjudicó cuatro contratos de emergencia de material sanitario por importe de 217,5 millones de euros, Illa aseguró en la Comisión que se comprobó la solvencia técnica y económica. Sin embargo, según Tribunal de Cuentas, ello no fue así. No hay constancia más allá de una declaración verbal.
De igual modo, el ex ministro de Sanidad dijo en el Senado que se comprobó la solvencia de Hyperin Grupo Empresarial SL, una empresa de fabricación de yesos, para el contrato de 3 millones de euros destinados al suministro de 144 respiradores. Tampoco el Tribunal de Cuentas confirmó este extremo.
Falso testimonio
Precisamente, está previsto que este miércoles por la tarde Salvador Illa acuda a la comisión de investigación de la Cámara Alta para responder sobre lo que calló en el Congreso y sobre estas «mentiras» que, a juicio del PP, profirió en la Cámara baja riesgo de falso testimonio. El artículo 502.3 del Código Penal establece que «el que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses».
El portavoz del PP en la Comisión de investigación del Congreso, Elías Bendodo, acusó al ex ministro Salvador Illa de «mentir sin inmutarse» en dicha sesión. «Dice que su ministerio no contrató con Soluciones de Gestión (empresa apadrinada por Koldo) y la Fiscalía dice que sí que contrató, por tanto, necesitamos saber si miente la Fiscalía o el señor Illa», subrayó Bendodo a la salida.
«Nadie duda de que Illa va con la mochila de la trama a las elecciones catalanas. Es un peso con el que puede cargar él, pero no el resto de los catalanes que quieren políticos honestos y que no estén salpicados por la corrupción. Es un candidato en apuros que pertenece a un partido, el PSOE, que no esconde su nerviosismo», añaden desde Génova.