El Ministerio de Hacienda, cuya credibilidad era plena hasta que llegó María Jesús Montero y mandó parar, se ha apresurado a anunciar el pago de parte del chantaje separatista a su jefe. En concreto, la publicación de las balanzas fiscales, cuyo conocimiento servirá para argumentar el cuento de "España nos roba" que entonaban gentes como Puigdemont y Aragonés y que –por cierto– desmontó Josep Borrell cuando aún no era responsable de Exteriores de la UE. Ahora está ocupado en otras cosas, todas ellas del exterior, incluyendo las tragedias de Ucrania y de Gaza, pero sin mucha suerte.
La cuestión es que ha anunciado unos Fondos de Solidaridad Constitucional que, además de para repetir el sonsonete secesionista, le será útil a quienes quieren ir logrando la independencia al "estilo Simeone", pero en vez de "partido a partido", golpe a golpe al Estado. Ahora les toca el turno a Junts y ERC de exigir trato financiero propio, al menos como vascos y navarros y en ello están. Con Montero a la cabeza, soltando cifras como quien recita de carrerilla la lista de los reyes godos. Y confiando en que nadie la corregirá si se equivoca, porque aquí ya no se sabe si esos monarcas existieron de verdad o son leyenda.
Así van las cosas, y así acaba de publicar FARO DE VIGO las cifras correspondientes a Galicia en esos fondos. Está por ver qué entienden en el Gobierno del señor Sánchez por solidaridad, e incluso si detallan lo que va a suponer en impuestos para comunidades y personas que no sean adscritas al círculo de Moncloa. Es más: cabe preguntarse si los números en concreto serán exactos o no, porque hay demasiados en la cúpula política a los que debe aplicarse lo de "piensa mal y acertarás".
En cuanto a Galicia, lo publicado por Hacienda dice que le corresponden más de 2.480 millones de euros. O sea, una cifra que en otros tiempos serían mareante, pero en los de hoy necesitan algo más que la fe del padre Astete y la paciencia del Santo Job. Porque, aunque proceden de un departamento serio, los recientes acontecimientos, declaraciones, actitudes y reacciones de su titular abren margen a la duda y mantienen la incógnita sobre reivindicaciones gallegas históricas. Aparte de otras más recientes que pocos saben si realmente tendrán respuesta.
Entre las más importantes y antiguas reclamaciones se encuentran dos de especial relevancia económica y social. Se trata de las compensaciones por la dispersión poblacional y la muy alta edad media de sus habitantes. Ambas encarecen notablemente la prestación de servicios públicos esenciales, como Sanidad y Educación, y los Fondos de Solidaridad debieran incluir cantidades suficientes. Algo que todos los gobiernos autonómicos que han sido reclamaron, sin suerte. Y el futuro, con las canonjías exigidas por los chantajistas, aún será peor la injusticia. Así que a ver si eso de la Solidaridad va en serio o como siempre.
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