Miles de inmigrantes que enfrentan un proceso de deportación podrían reclamar que su salida de los Estados Unidos generaría problemas serios a su familia, algo que ahora pueden pelear en tribunales con mayor facilidad, luego de una decisión de la Corte Suprema.
El 19 de marzo, los jueces votaron 6-3 una opinión entregada por la jueza Sonia Sotomayor sobre el caso Wilkinson v. Garland, el cual se centra un inmigrante de Trinidad y Tobago que alegó ante tribunales que su deportación afectaría severamente a su hijo estadounidense.
El caso llegó a la Corte Suprema luego de que la Corte de Apelaciones para el Tercer Circuito rechazara los argumentos de la defensa del inmigrante.
En 2019, Situ Kamu Wilkinson fue arrestado por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), al permanecer como indocumentado al dejar vencer su visa de turista.
Durante su proceso en tribunal migratorio y posteriormente en cortes de Distrito y de Apelaciones, Wilkinson solicitó la cancelación de la deportación basándose, en parte, en las dificultades que sufre su hijo de 7 años, nacido en Estados Unidos, quien padece una afección médica grave y depende de su padre emocional y financieramente.
Ante tribunales, Wilkinson tuvo que demostrar que enfrentaba "dificultades sustancialmente diferentes o superiores a las que normalmente se esperaría que resultaran de [su] expulsión", dice un documento judicial.
La Corte Suprema tomó en consideración todos los factores de dificultad ofrecidos por Wilkinson y su defensa, luego de criticar que cortes menores no tomaron en consideración la situación del inmigrante "en su conjunto".
El Tercer Circuito, sin embargo, había expresado no tener jurisdicción sobre una decisión contra la Junta de Apelación de Inmigración, que depende del Departamento de Justicia.
La opinión indica que la Junta de Apelaciones debió considerar todos los elementos en su decisión contra el inmigrante.
"En este caso, la aplicación del estándar de dificultades, que requiere que un juez de inmigración evalúe una serie de factores para determinar si cualquier dificultad para un ciudadano estadounidense o un familiar residente permanente es sustancialmente diferente de lo que normalmente se esperaría en la expulsión de un miembro cercano de la familia", indica.
Una alianza inusual de jueces
La opinión fue entregada por la jueza Sotomayor, pero fue redactada en conjunto con la jueza Elena Kagan, ambas consideradas liberales.
A ellas se unieron los tres designados por el expresidente Donald Trump y considerados conservadores, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett.
Mientras que la jueza Ketanji Brown Jackson, designada por el presidente Joe Biden, se sumó con una opinión por separado a la postura de los jueces a favor del inmigrante.
El juez Samuel Alito, emitió una opinión en contra, la cual fue respaldada por el presidente del tribunal, el juez John Roberts, y el juez Clarence Thomas, los tres conservadores.
"La decisión del Tribunal en [el caso] Wilkinson, sin duda, será un alivio para los muchos no ciudadanos en procedimientos de deportación que solicitan la cancelación de la expulsión y se les niega basándose en determinaciones de elegibilidad legalmente erróneas", consideró el American Immigration Council.
La organización estima que solamente unas 4,000 personas al año logran un beneficio, pero la decisión de la Corte Suprema podría ampliar esa cifra.
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