La Comisión Europea abrió este miércoles un procedimiento de infracción contra España por extender la concesión de dos autopistas sin respetar la normativa europea sobre licitaciones públicas, una de las cuales es la AP-9 que atraviesa Galicia.
"Se trata de una carta de emplazamiento adicional de la Comisión Europea, sobre la que ya enviaron anteriormente", en septiembre de 2021, ha explicado a Efe Diego Maraña, abogado y presidente de En-Colectivo.
Esta es la asociación de Vigo que en julio de 2019 denunció que los decretos por los que en los años 1994 y 2000 el Gobierno de España prorrogó la concesión de la AP-9 a la empresa Audasa hasta 2023 y 2048 respectivamente, incumplían diferentes Directivas de la Unión Europea.
La normativa europea obliga a que todos los operadores económicos interesados en una licitación pública tengan igualdad de trato y a que exista transparencia durante el proceso.
Bruselas considera que eso no ha sido así, por eso acaba de solicitar a España información al respecto y ahora el Gobierno tiene dos meses para responder a la misiva; de lo contrario Bruselas podría llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE si considera que sigue incumpliendo con los procedimientos europeos.
Del contenido de la primera carta de emplazamiento, la Asociación En-Colectivo no ha podido conocer su contenido, como tampoco conoce el contenido de la respuesta del Gobierno de España, al que ahora Maraña solicita "transparencia", ya que está en juego la gratuidad del vial, uno de los más caros de España y también de los más rentables para la empresa concesionaria.
"Los ciudadanos gallegos tenemos derecho a saber cuál es la posición del Gobierno en algo que afecta tanto a Galicia como es el pago de la autopista hasta 2048", añade Maraña, según el cual este movimiento de la Comisión acerca la AP-9 a su gratuidad, que es lo que su asociación reclama, como ya ha sucedido con otras autopistas del Estado.
En su dictamen, la Comisión aborda diversas cuestiones relacionadas con los contratos con la concesionaria y considera que España prorrogó la duración de dos concesiones de autopistas sin aplicar adecuadamente los procedimientos de licitación, infringiendo las normas de la UE.
Tal y como se apunta, el escrito enviado al Gobierno español tiene por objeto garantizar el respeto de las normas de la UE sobre concesiones, que establecen la igualdad de trato de los operadores económicos interesados en participar en los procedimientos de contratación y el respeto de la obligación de transparencia.
"Ya no podemos seguir asumiendo el coste de una autopista con base en unas concesiones ampliadas en términos que incumplen la normativa comunitaria", afirma Maraña.
"Ahora somos todos los gallegos los que exigimos al Gobierno de España transparencia. Tenemos derecho de saber qué alega el Gobierno y qué le reclama la Comisión en esta segunda carta porque en la primera hubo un ocultamiento absoluto. Ya es hora de que el Gobierno de España sea transparente con los gallegos", añade.
En la primera carta de emplazamiento que envió al Gobierno, la Comisión Europea consideraba que España, al prorrogar el contrato de concesión de la autopista AP-9 sin publicar un anuncio de licitación y sin que haya tenido lugar procedimiento alguno de adjudicación del contrato así modificado, había incumplido las obligaciones que le incumbían en virtud del derecho europeo.
Según la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la prórroga de un contrato de concesión equivale a una nueva concesión, que sólo puede adjudicarse mediante el inicio de una nueva licitación, lo que no sucedió, según denunció en su momento En-Colectivo.