El ministro de Sanidad durante la pandemia, Salvador Illa, pagó 36 millones de euros por la compra de 5.000 respiradores a la empresa Escribano Mechanical and Engineering S.L. que se dedica a la fabricación de componentes electrónicos para las Fuerzas Armadas. En esa empresa era consejero Miguel Ángel Panduro Panadero, quien, en octubre de 2019, fue nombrado consejero delegado del operador satélite Hispasat, empresa con capital público en su accionariado. Se da la circunstancia de que Panduro fue, hasta 2022, vicepresidente del club de baloncesto madrileño Estudiantes, y vocal de su Fundación. Se trata del equipo al que estuvo vinculado como jugador el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su juventud. Sánchez, cabe recordar, es un gran aficionado a este deporte, como ha manifestado en distintas ocasiones.
Panduro Panadero tiene una trayectoria muy vinculada a los distintos gobiernos socialistas, pues durante ocho años fue consejero delegado de Isdefe, sociedad pública mercantil que presta servicios en Defensa o Seguridad, entre otros. Por entonces, el ministro de Defensa era José Bono. Panduro fue fichado para ayudar a la proyección internacional de la industria española de Defensa.
Desde 2018 hasta 2023, fue consejero de Escribano Mechanical and Engineering S.L., una potente empresa que tiene como objeto social la «explotación de taller mecánico» y «venta y fabricación de armamento», entre otros. En noviembre del año pasado, Escribano se hizo con el 8% del capital de Indra, cuyo principal accionista es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La operación convirtió a esta compañía, de perfil familiar, en el segundo accionista de la empresa de referencia de la industria militar española y obedeció, según distintas fuentes, a un movimiento avalado directamente por Moncloa para reforzar su control.
Más de 36 millones
Esta importante compra de respiradores pone de nuevo el punto de mira en las adjudicaciones del ministro Salvador Illa durante la pandemia. La empresa Escribano Mechanical and Engineering S.L. resultó adjudicataria del contrato por valor de 36.054.007 euros del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), dependiente del Ministerio de Sanidad. Se firmó en abril de 2020, en los momentos más críticos de la pandemia, e iba destinado al suministro de 5.000 equipos de respiración pulmonar. La compra se llevó a cabo, como era habitual entonces, por el procedimiento de emergencia.
La fabricación de los respiradores corrió a cargo de la empresa Hersill S.A., especializada en la distribución de material médico y que Sánchez había visitado sólo unos días antes de cerrarse la compra. En lugar de adquirir directamente los aparatos al fabricante -como hizo, por ejemplo, la Comunidad de Madrid -se incluyó en el procedimiento a la empresa Escribano, lo que supuso un sobrecoste de millones de euros. Según la información consultada por OKDIARIO, Sanidad adquirió cada respirador por 7.210,80 euros, mientras que la Comunidad de Madrid -que los compró directamente a fábrica- lo hizo por 5.620,45 euros.
El contrato con Sanidad estaba firmado por Ángel y Javier Escribano, fundadores de la compañía. «El director del Ingesa, teniendo en cuenta la necesidad de actuar de manera inmediata respecto a este aprovisionamiento manifiesta que es aplicable la tramitación de emergencia y que se han cumplido por su parte todos los requerimientos necesarios para la firma del presente contrato, no siendo preciso ningún trámite, autorización, procedimiento ni requisito adicional», se recoge en el documento.
Sanidad, en tiempos de Salvador Illa, justificó en el contrato la elección de Escribano por estar «inmersa en un proyecto de colaboración estratégica industrial con la empresa Hersill, especializada en la producción de equipos médicos como ventiladores pulmonares, en el que Escribano, con sus plenas capacidades tecnológicas y de producción pone al servicio del proyecto uno de los centros mecanizado de alta precisión más grande y moderno de España».
«Mediante el proyecto se aúnan conocimiento, experiencia, capacidades tecnológicas y productivas, así como los recursos humanos para fabricar y suministrar ventiladores pulmonares de uso sanitario e incrementar la capacidad de producción de las mismas para ayudar a superar la situación de crisis sanitaria provocada por el virus Covid-19», se argumenta en el expediente.