Foment del Treball se unió ayer a la oleada de quejas y denuncias empresariales en contra de la denominada «cuota de solidaridad» aprobada por el Gobierno y que tendrán que pagar los salarios de más de 56.600 euros para cubrir el agujero estructural de la Seguridad Social, un 1% más de «cotización» que no devenga derecho a mayor pensión futura y que se irá incrementando gradualmente hasta el 6% a lo largo de los próximos ejercicios. Esto significa que la parte del salario que se encuentra por encima de la base máxima de cotización –que hasta ahora estaba exenta de cotizar– sea gravada con tipos impositivos en función del nivel de ingresos.
Por ello, la patronal catalana denunció ayer que esta aportación supone de facto «un impuesto a la contratación y al mantenimiento del empleo» y censuró que este nuevo incremento de los costes laborales «dificultará la contratación y el mantenimiento del empleo», por lo que reclamó al Gobierno que deje de poner trabas a los empresarios, facilite su labor y ponga freno al incremento de las cuotas sociales, que se han incrementado un 5,3% el último año, siendo el porcentaje más alto de los últimos 15 meses y suma ya ocho trimestres consecutivos con aumentos interanuales superiores al 5%, como indica el último «Indicador sobre la situación de la pyme» publicado esta semana por la patronal Cepyme.
Foment considera que el Gobierno –después de que Hacienda anunciara una recaudación récord que propició la reducción porcentual el déficit fiscal– «debería promover medidas que no afecten ni a los asalariados ni a los empresarios y no una mayor presión fiscal en el lugar de trabajo y a los trabajadores cualificados», que advierte estaría provocando la «fuga de talento profesional». En este sentido, la patronal catalana reclama a los responsables de la Seguridad Social «que reflexionen, porque esta cuota de solidaridad, junto con la no deflactación del IRPF, hace que se perjudique a trabajadores y empresarios, porque, aunque aportan más, no reciben ningún beneficio ni incentivo mayor».
Además, Foment insistió en reclamar al Gobierno la reducción del gasto corriente de la Administración, «que ya es insostenible. No se puede estar constantemente incrementando la presión fiscal sin ninguna política de mejora de la eficiencia en el gasto público. Evitar el desperdicio de recursos es como las Administraciones deben reducir la deuda pública, no haciendo perder poder adquisitivo a la mayoría de asalariados».
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