Procuraduría pide a la Corte Constitucional dejar en firme el Acuerdo de Escazú
El organismo envió un concepto al tribunal que estudia la legalidad de esa ley.
La Procuraduría pidió a la Corte Constitucional dejar en firme la ley aprobatoria del Acuerdo de Escazú, que es estudiada por ese tribunal, para determinar la legalidad de ese acuerdo internacional.
En el documento, el organismo mencionó que las disposiciones contempladas en el acuerdo, que tiene como objeto mejorar el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, son exequibles, porque desarrollan los principios de la 'Constitución Ecológica'.
El viceprocurador Silvano Gómez precisó que son razonables las medidas del tratado que buscan orientar y asistir al público para facilitar el ejercicio de sus derechos al acceso a la información en materia ambiental.
Afirman que esas disposiciones permiten superar una situación de déficit y debilidad de la gestión del medio, que incide en una escaza y poca participación ciudadana relevante sobre "el manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales".
Gómez afirmó que, en lo referente a la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, el acuerdo optimiza los mandatos constitucionales al establecer que la intervención ciudadana debe ser abierta e inclusiva.
"Así como debe extenderse a la discusión de temas relacionados con el ordenamiento del territorio, la elaboración de políticas, planes, estrategias y reglamentos, incluso a las negociaciones internacionales que puedan tener un significativo impacto sobre el medio ambiente", dice el documento.
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El viceprocurador puntualizó que el Acuerdo de Escazú es congruente con lo establecido en la Constitución para la protección de líderes ambientales, pues hace énfasis en que el Estado colombiano tiene el deber de garantizarles un entorno seguro y propicio para que puedan actuar sin amenazas ni restricciones.
El funcionario afirmó finalmente que esa ley se ajusta a los mandatos de la Constitución Política sobre el procedimiento parlamentario relacionado con publicaciones, mayorías y quorum, entre otros, así como a los requisitos de consulta previa e impacto fiscal.
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