Berkeley se ha cansado de esperar y ha anunciado que abrirá formalmente un arbitraje contra España en el Ciadi, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones bajo el paraguas del Banco Mundial, por el veto del Gobierno a la explotación de la mina de uranio que la empresa australiana proyectó en Retortillo (Salamanca).
El pulso entre Berkeley y el Ejecutivo se ha prolongado durante años. El anuncio que la minera ha emitido hoy al mercado llega más de un año después de que la compañía enviase una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, solicitando abrir una negociación para desencallar el proyecto salmantino que la cartera que dirige Ribera rechazó en noviembre de 2021.
Esta misiva, en realidad, constituía un paso previo obligatorio en cualquier disputa arbitral, que busca avisar a la contraparte de que se abre la vía del arbitraje. Una vez recibida, se inicia un periodo de tres meses para alcanzar un acuerdo antes de pasar a la ofensiva. Este plazo venció en febrero de 2023. "El Gobierno ni siquiera nos ha contestado", aseguran fuentes de Berkeley en conversación con EL MUNDO.
Este arbitraje podría convertirse en el más caro del mandato de Pedro Sánchez. Berkeley cifró en más de 100 millones de euros las inversiones movilizadas hasta el momento en el plan de Retortillo. De acuerdo con las cifras que baraja la minera, el valor actualizado del yacimiento salmantino se situaría en el entorno de los 500 millones de euros. Pero la factura final deberá ponderar la revalorización que ha vivido el uranio en los mercados internacionales al calor de las recientes tensiones geopolíticas.
Oficialmente, la empresa tiene previsto iniciar oficialmente el proceso arbitral en cuestión de semanas, cuando se presentará la llamada Request for Arbitration, como se conoce en el sector legal a la solicitud de arbitraje. Para esta batalla, Berkeley ha contratado los servicios de los equipos de especialistas de Herbert Smith Freehills SpainLLP y LCS Abogados.
En su comunicado de este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Berkeley ha explicado que, hasta la fecha, "el Gobierno español no ha entablado ninguna discusión relacionada con la disputa" por lo que, aseguran, la compañía "no ha tenido más opción que tomar medidas y hacer cumplir sus derechos en el proyecto de Salamanca a través de un arbitraje internacional".
"A pesar de la disputa por las inversiones, Berkeley sigue comprometido con el proyecto de Salamanca y continúa abierto a un diálogo constructivo con España", ha asegurado el grupo que, pese al proceso en el Ciadi, mantiene la puerta abierta a "encontrar una solución amistosa a la situación de los permisos y tiene la esperanza de que puedan tener lugar debates en el corto plazo".
Revés judicial (y electoral)
La historia de Berkeley en España se remonta a 2012, año en que la firma australiana puso la pica en la localidad salmantina de Retortillo, con el propósito de explotar la primera mina de uranio a cielo abierto de toda Europa. Un año después, la Junta le otorgó la declaración de impacto ambiental (DIA) positiva y, al siguiente, la concesión de explotación minera.
El 25 de agosto de 2023, la nueva corporación municipal de Retortillo, del PSOE, anuló la licencia urbanística concedida a Berkeley en 2020 por el anterior Ayuntamiento del PP, favorable a la mina, y retomó el expediente sancionador por "faltas muy graves" en el proyecto.
La víspera de la pasada Navidad, Berkeley sufrió un varapalo de manos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que declaró nulas las licencias del yacimiento de uranio. El mercado castigó la noticia con caídas de la cotización de la compañía de hasta el 15%.