Los diez municipios del interior acumulan un adeudo de 180 millones de pesos al Instituto del Agua del Estado por concepto de saneamiento. Este pasivo no corresponde a la gestión actual, sino que se ha acumulado a lo largo de los años debido a la falta de pagos por este concepto, informó Gabriel Ortiz Macías.
Actualmente, el estado cuenta con 34 plantas tratadoras de agua, distribuidas en sus 10 municipios, además de otras 12 a cargo del municipio capital. Sin embargo, la eficiencia operativa de estas instalaciones no alcanza el nivel óptimo.
En una entrevista con El Heraldo, el funcionario explicó que el estado, a través del Inagua, asume la responsabilidad de construir y operar plantas de tratamiento de agua, en concordancia con el convenio establecido, respetando el mandato del artículo 115 constitucional local. Este artículo delega en cada municipio la obligación de tratar y sanear las aguas.
A pesar de esta disposición, muchos municipios no han logrado sostener la liquidez necesaria para cubrir los costos asociados, lo que ha llevado a una acumulación considerable de deudas.
Ortiz Macías señaló que, aunque las plantas de tratamiento están en operación, no funcionan con la eficiencia deseada, en parte, debido a la falta de recursos económicos provenientes tanto de la federación como de los propios municipios. Esta situación limita la capacidad de los municipios para manejar adecuadamente el saneamiento del agua, un aspecto fundamental para garantizar el acceso a servicios de agua potable y alcantarillado de calidad para sus habitantes.
El Coordinador General del Inagua mencionó que el municipio capital es la excepción, pues ha logrado integrar en los recibos de agua un porcentaje destinado al saneamiento, mostrando un modelo de gestión que podría ser replicado por otros municipios para resolver el problema del adeudo.
Finalmente, mencionó que la cartera vencida de 180 millones de pesos representa un desafío tanto para el estado como para los municipios involucrados. Se hace evidente la necesidad de establecer mecanismos más efectivos de cobro y gestión financiera que permitan superar esta situación y asegurar la sostenibilidad del saneamiento del agua en Aguascalientes.