El Constitucional tumba la competencia vasca sobre los secretarios municipales y otros funcionarios nacionales
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El Tribunal Constitucional ha decidido anular un precepto de los Presupuestos Generales del Estado de 2022 que permitía a Euskadi asumir la gestión de los funcionarios locales con habilitación nacional, es decir, secretarios municipales, interventores y tesores. La sentencia, que ha salido adelante por mayoría, entiende que es algo que "desborda el contenido posible de una ley de presupuestos". Eran medidas en materia de función pública, algo que "no guarda relación" con una normativa económica.
La dipsosición recurrida por PP y Vox, aunque también el Superior vasco había exhibido sus dudas, modificaba la norma reguladora de las Bases del Régimen Local para dar a Euskadi la gestión de los funcionarios municipales con habilitación nacional. Son los que, como interventoras, secretarios o tesoreros, ejercen funciones públicas que se tienen que realizar en todos los ayuntamientos.
Entre otras facultades que esta reforma contenida en los Presupuestos Generales de 2022 estaba "la facultad de selección, la aprobación de la oferta pública de empleo, la facultad de nombramiento o a asignación del primer destino", entre otras. En los últimos meses, el Ejecutivo vasco había explicado que los procesos selectivos "siguen su curso con normalidad" al tiempo que ha defendido su competencia en estos procesos.