El conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial viene desde hace más de un año, con pronunciamientos, posturas, descortesías y rounds de sombra entre uno y otro poder. Por citar unos ejemplos: los intentos de reformar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por parte del partido del presidente o las desatenciones protocolarias de la ministra Presidenta al Ejecutivo Federal.
Todo ese cúmulo de situaciones han llegado a un momento de enfrentamientos entre los dos poderes de la Unión; se entiende, que deben existir contrapesos entre los poderes y que cada uno tiene sus propias funciones; pero de eso, pasar a los ataques frontales entre uno y otro, desdibuja nuestro sistema político.
Vayamos por partes, el viernes pasado en la SCJN se filtró el inicio de la investigación por diversos hechos de responsabilidad administrativa a diversos funcionarios judiciales, derivados de una denuncia anónima. En la citada investigación aparece una referencia a los casos de los juzgados y tribunales especializados del sector telecomunicaciones, aludiendo que se "crearon juzgados y tribunales a modo".
Aunque ello trasciende de una denuncia anónima, lo cierto es que están por verse los resultados de la citada investigación, precisando que sería muy perjudicial que algunos fallos firmes se vieran afectados por estas cuestiones, debido a que si se llegase a caer la legitimidad de algunas resoluciones provocaría un caos en el sector, cuando lo que están buscando las empresas de telecomunicaciones es que haya justicia pronta y expedita que garantice mayor competencia e inversiones.
Por su parte, el Ejecutivo contra ataca desde la mañanera y su partido promueve un juicio político contra la presidenta de la Corte.
Una buena reflexión sobre estos temas, la aporta el Ministro en retiro, Dr. José Ramón Cossio Díaz, en el libro "La Suprema Corte en la Revolución" que señala: "Aun cuando los ministros no pueden dejar de estar inmensos en su momento histórico, por determinación constitucional les correspondía y les corresponde ser los guardianes de los valores que definen y sustentan a cada sociedad. Por ello, se espera que ejerzan su función con base en su lealtad constitucional y no por las ambiciones o pasiones de quienes participan en la política de cada instante. Son esos compromisos institucionales los que, como ahora lo hacemos, permitirán evaluar su actuar para saber si cumplieron con la función que la sociedad les encomendó o si terminaron sucumbiendo a los juegos políticos en que estuvieron inmersos."
En esta coyuntura política-electoral no queda nada bien un conflicto entre poderes, donde su desenlace se prevé de pronóstico reservado (nadie cede) y podría ir incrementándose cuando en unas semanas se resuelvan los primeros casos del "viernes negro" aprobados en el Senado. Al final, tarde que temprano la historia y el tiempo juzgarán tanto las leyes que haga el Legislativo, las decisiones del Ejecutivo, como las sentencias de estos tiempos.