El plan de la Generalitat para construir 10.000 viviendas de protección pública hasta 2027 supondrá una inversión de 7.326 millones de euros, un 2% del PIB, y beneficiará a 24.600 personas. Para ello, contemplará reformas legislativas y fiscales, colaboración público-privada y la puesta a disposición de suelo de titularidad municipal y autonómica. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha presentado este martes en un acto institucional en el Palau las líneas principales del Plan de Vivienda Vive Comunitat Valenciana junto a los presidentes de las tres diputaciones provinciales y la presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Rocío Cortés, entidad con la que ha firmado un convenio para que la federación anime la movilización de suelo propiedad de los ayuntamientos, que elegirán dónde ubicar estas nuevas viviendas destinadas al alquiler asequible, al alquiler con derecho a compra y a la compra.
Mazón destacó que el programa está basado en tres pilares: la seguridad jurídica, la cooperación entre administraciones y la colaboración público-privada. Se trata de un plan "ambicioso" y "sostenible" en el que se ha trabajado "desde el primer día de la legislatura", que ya se ha iniciado con un proceso de reforma normativa y medidas fiscales.
En este marco, se aprovechará el suelo urbano o dotacional residencial de titularidad pública, "sin recalificar nada", empleando mecanismos de colaboración como los concursos de derechos de superficie, concesiones administrativas que permitan al sector privado la gestión de las edificaciones durante 50-70 años y permutas.
La construcción de estas viviendas generará 74.000 empleos directos e indirectos que impulsarán las economías locales y dejará 487 millones de euros de recaudación de IVA, de los que el 50% quedará en las arcas autonómicas "para seguir desarrollando políticas sociales". La administración autonómica detalló que, según un estudio del Instituto Valenciano de la Edificación (IVE), hay una bolsa "amplísima" de suelo público disponible que, solo en municipios de más de 10.000 habitantes, permite la construcción de 9.200 viviendas: 562 en la provincia de Castellón, 6.200 en Valencia y 2.466 en la Alicante.
La Generalitat dispone de una reserva de suelo que se incluye en este plan y permite la construcción de 1.102 viviendas con ayudas públicas y la incorporación inmediata al parque de 685 viviendas.
El Plan Vive cuenta con un "cronograma perfectamente parametrizado y contabilizado", según el Consell. Por un lado, entre 2024 y 2026, a través de los mecanismos de colaboración público-privada, se construirán 6.000 viviendas en toda la Comunitat con financiación privada que estarán condicionadas a la cesión de suelos por parte de los ayuntamientos y se destinarán a alquiler, a alquiler con opción a compra o a compras a precio de protección pública.
Entre 2024 y 2026, se desarrollarán 1.101 viviendas incorporadas a programas de fondos europeos que se encuentran en fase 1 de concurso de derecho de superficie para alquiler asequible. En ese mismo periodo, también se desarrollarán las 360 viviendas del proyecto del antiguo Cuartel de Ingenieros de Valencia para alquiler asequible.
Además este año se incorporarán al parque disponible 184 viviendas correspondientes a la rehabilitación del edificio de La Torre. Entre 2024 y 2027 se realizarán 600 actuaciones de rehabilitación integral de viviendas. Se incorporarán 1.100 viviendas resultantes de permutas a cambio de obra sobre suelo público. Según el estudio, se pueden construir más de 4.000 viviendas en suelo privado que está pendiente de ejecución porque "las condiciones anteriores no permitían" movilizarlo.
Cambios normativos
El plan incluye cambios normativos ya puestos en marcha y la modificación del decreto que regula el reglamento de la vivienda de protección pública, y también la reforma de la Ley de Ordenación del Territorio (Lotup). Según Mazón, es un "plan 100% sostenible", porque "se basa en las catalogaciones de suelo ya disponible", "muy realista" y priorizará la vivienda destinada a alquiler, "en un adecuado equilibro" con las que serán para compra. Todo ello, para suplir "estos ocho años de déficit estructural de políticas de vivienda".
"De un derecho a un problema"
La vicepresidenta y consellera de Vivienda afirmó que este es un plan "viable" tras la situación "heredada" de los programas del anterior gobierno del Botànic, con "falta de vivienda social construida, un parque público colapsado y una maraña normativa realizada de espaldas al sector". Según expuso en su intervención, la vivienda "ha pasado de ser un derecho a convertirse en un problema". Según advirtió, "nos encontramos en el momento de mayor desigualdad en el acceso a la vivienda en la Comunitat Valenciana".