El Gobierno de Pedro Sánchez no va a ilegalizar la Fundación Francisco Franco porque ahora, concluyen, cumple la Ley de Memoria Democrática. El Consejo de Ministros reconoce implícitamente que no tienen posibilidad de limitar el derecho de asociación a los miembros de esa fundación.
Recientemente, la organización franquista ha realizado un cambio clave en sus estatutos para adaptarse a las posibles implicaciones de la Ley de Memoria Democrática. Ha incluido en el artículo sobre sus fines un párrafo donde blinda su «máximo respeto a las víctimas de cualquier significación de España entre 1931 y 1955». Ante esto, la hoja de ruta legislativa del Ejecutivo de PSOE y Sumar, que incluía un compromiso de acabar con esa organización, ha sido modificada. En 2024 el Consejo de Ministros ha dejado por escrito que no dará nuevos pasos para acabar con esta fundación.
Aunque la ilegalización de la Fundación Francisco Franco era una de las promesas estrella de Pedro Sánchez, seis años después no ha conseguido ese propósito. Aprobó una Ley de Memoria en 2022 con el objetivo de acabar con esa organización. Ahí fijó un año para, como paso previo a declarar la extinción de la fundación, retocar la Ley de Asociaciones. Sin embargo, han pasado esos 12 meses y no lo ha hecho. El Ejecutivo se muestra impotente y, aunque su deseo sigue siendo acabar con esa organización, reconoce que la fundación no es ilegal. Cumple con las leyes y no se puede prohibir.
El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, por el contrario, sí incluye para 2024 el objetivo de acabar con los monjes del Valle de Cuelgamuros –el conocido popularmente como Valle de los Caídos–. En este caso, el equipo de Ángel Víctor Torres y, en particular, su secretario de Estado, Fernando Martínez, prometen aprobar antes de diciembre un real decreto para regular la organización, funcionamiento y régimen patrimonial del Valle de Cuelgamuros. El objetivo pasa por sacar a los monjes actuales de la basílica porque piensan que estos religiosos ensalzan la dictadura franquista y humillan a las víctimas de la Guerra Civil. En ese plan también entra en juego el equipo del ministro Félix Bolaños encargado de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
Estatutos de la fundación
En esencia, la Fundación Francisco Franco ha decidido redefinir sus objetivos y se centrará en la difusión y promoción del legado del dictador y su periodo como jefe del Estado. También establecen que promocionará el conocimiento sobre el período histórico que abarca desde 1936 hasta 1977. Además, la fundación pretende fomentar la educación, la investigación y otras actividades culturales relacionadas con este periodo.
La fundación subraya su compromiso de respetar a todas las víctimas de ese periodo histórico y evitar cualquier forma de menosprecio, descrédito o humillación hacia ellas o sus familiares. Sostiene que su enfoque es puramente histórico y no implica el elogio o ensalzamiento de ninguna persona o ideología. Rechazan el término «apología» y argumentan que su objetivo es simplemente narrar los eventos históricos de manera objetiva. Por otro lado, la fundación rechaza condenar la figura de Franco como parte de una agenda revanchista, y la fundación subraya su papel como entidad con un interés puramente histórico y no político. Enumeran aspectos positivos que dejó el legado franquista, como las infraestructuras que aún hoy se usan a diario en España.
El Ministerio del Interior ha recibido esos nuevos estatutos y no ha puesto problemas, por lo que la fundación da por hecho que están aprobados. Esta entidad fue presidida hasta 2017 por Carmen Franco Polo, hija del dictador que falleció en diciembre de ese año, y desde entonces está al frente de la entidad Luis Alfonso de Borbón. Tiene como presidente ejecutivo a Juan Chicharro. Ha visto con sorpresa y cierta satisfacción que el Plan Anual Normativo del Gobierno se olvida de ellos.
No obstante, no son ajenos a la polémica visita de Pedro Sánchez a la cripta del Valle de los Caídos. Afirman que es una muestra de la necrofilia del presidente del Gobierno y sus colaboradores. Afean las fotografías del jefe del Ejecutivo rodeado de huesos y calaveras en las citadas dependencias católicas.
Por otra parte, cabe recordar que en un decreto anticrisis convalidado por la Diputación Permanente del Congreso en 2023 se incluyó una reforma de la Ley de Fundaciones que también está pensada para atacar a la Fundación Francisco Franco a través del Protectorado de Fundaciones. En todo caso, fuentes jurídicas apuntan que el cambio en los estatutos impide actuar a ese organismo estatal que depende del Ministerio de Cultura. El Gobierno planeaba que Ernest Urtasun inste a la fundación a que se extinga, por constatar la existencia de una supuesta causa de disolución. Si la fundación no cumple algún punto por determinar por el Ejecutivo, se puede acudir a los tribunales, que en tal caso deberían resolver en menos de nueve meses y valorar si, en efecto, la Fundación Francisco Franco no cumple con la legislación española en vigor.