El transcurso de tres años desde que se inició la declaración de la Casa Cornide como Bien de Interés Cultural (BIC) sin que sus propietarios, la familia Franco, hayan implantado el régimen de visitas al que obliga la Ley lleva al BNG a reclamar a la Xunta en el Parlamento gallego a que obligue a hacerlo.
La diputada coruñesa Mercedes Queixas recuerda que la declaración como BIC se produjo en mayo de 2023, pero que el procedimiento comenzó en mayo de 2021 y que la legislación permite que desde ese momento se conceda protección al edificio y que se autoricen las visitas de la ciudadanía durante al menos cuatro días al mes y con cuatro horas en cada jornada.
Queixas destaca que desde entonces los Franco incumplen esa obligación y que, además, la Xunta "mira para otro lado", por lo que presentó dos preguntas orales para su respuesta en comisión y en pleno, así como otra escrita en las que reclama que el Gobierno gallego fuerce a los Franco a abrir la Casa Cornide a los visitantes.
Para la parlamentaria nacionalista, en estos tres años la Xunta "no hizo absolutamente nada" para garantizar el acceso de la ciudadanía al interior de un edificio que fue sede del Concello y cuya titularidad "debe ser restituida al patrimonio público cuanto antes". Queixas reclama saber si técnicos de la Xunta realizaron un inventario de los bienes muebles existentes en el edificio para evitar que los propietarios retiren objetos de valor artístico, histórico y patrimonial usurpados durante la Dictadura.
La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña presentó ayer por su parte una queja en la Valedora do Pobo por la imposibilidad de que el público acceda a la Casa Cornide. Para este colectivo, "no consta causa justificada que dispense a la propiedad de este bien del cumplimiento de la obligación", por lo que considera que se está "incumpliendo el derecho de visita pública", además con la "pasividad de la administración competente", en referencia a la Consellería de Cultura.
El Concello de A Coruña anunció la semana pasada que iniciará los trámites para la revisión de oficio de los acuerdos que permitieron permutar el edificio por una parcela municipal y su posterior venta, como paso previo a la presentación de una demanda judicial.
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