La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha fijado para el 30 de mayo y el 1 de junio las primeras vistas públicas relativas a la denuncia de México contra Ecuador por el asalto a la Embajada mexicana en Quito, con el objetivo de determinar la posible adopción de medidas cautelares. El primer día hablará la parte mexicana, mientras que el turno de la ecuatoriana llegará en la segunda jornada. Se traslada así a La Haya el pulso que arrancó el 5 de abril, cuando las fuerzas de seguridad ecuatorianas irrumpieron en la Embajada de México para detener al exvicepresidente Jorge Glas. México, que rompió relaciones diplomáticas con Ecuador como represalia por este caso, ha solicitado a la CIJ que se pronuncie por "dudas legales" relativas a "la resolución de disputas internacionales por medios pacíficos y relaciones diplomáticas" y a la "inviolabilidad" de una misión diplomática. El Gobierno mexicano reclama entre las medidas cautelares que Ecuador dé pasos "apropiados e inmediatos" para garantizar la plena protección de la Embajada y de su personal y que se abstenga de cualquier acción que pueda "agravar o ampliar" la disputa, en la que la práctica totalidad de los países de América Latina se han puesto del lado de México. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aprovechó de hecho una reunión telemática de líderes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) para reclamar nuevas adhesiones a su denuncia contra Ecuador en la CIJ. También volvió a pedir la expulsión de Ecuador de la ONU hasta que el país que ahora preside Daniel Noboa emita algún tipo de disculpa y garantice que no volverá a emprender una acción similar.