El Ministerio de Justicia anunció una medida drástica en relación con las indemnizaciones otorgadas a las víctimas del terrorismo de Estado. La decisión surge tras la detección de irregularidades en el proceso de tramitación, otorgamiento y pago de estas compensaciones.
La resolución gubernamental implica la suspensión inmediata de los pagos de indemnizaciones y el inicio de una exhaustiva auditoría para revisar todas las solicitudes realizadas bajo las leyes de reparación patrimonial para víctimas del Estado terrorista. El objetivo principal de esta auditoría es obtener información precisa que respalde los beneficios concedidos, así como identificar cualquier pago indebido.
Además de suspender los pagos, el Gobierno también anunció su intención de reclamar la devolución de las sumas económicas mal otorgadas. En casos de pagos indebidos, la Secretaría de Derechos Humanos actuará como querellante, solicitando medidas como la inhibición de bienes o embargos en las correspondientes causas penales.
La iniciativa gubernamental responde al fallo de procesamiento en la causa "Martinez Moreira, Adrián y otros s/ defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita", donde se procesó a un grupo de personas por diversos delitos relacionados con la manipulación de documentos públicos y privados, estafa y defraudación en perjuicio de la Administración Pública Nacional.
La resolución destaca la existencia de otras causas penales en curso que investigan irregularidades como pagos duplicados o realizados a personas sin documentación respaldatoria.
El Ministro de Justicia, Cúneo Libarona, comunicó a través de redes sociales la decisión de llevar a cabo una auditoría integral de todas las solicitudes realizadas en el marco de las leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado.