El extenso proceso dirigido a regularizar, por una vía alternativa a la convencional, las 500 edificaciones del núcleo residencial de Campo de Aras de Lucena ha comenzado con la licitación del Plan Especial de Adecuación Medioambiental de la Zona Sur.
Costes y características
El Ayuntamiento ha publicado el pliego, con un importe de 102.690 euros y un plazo de ejecución de dos años. La Consejería de Fomento concedió, en su momento, una subvención de 10.000 euros, vinculada a esta finalidad concreta. El período de presentación de las correspondientes ofertas concluye el 6 de mayo.
La configuración y posterior desarrollo de este plan, extendido también a las áreas industriales I7, I8 e I9, constituyó la solución básica frente al grave riesgo de anulación del abastecimiento hídrico en este sector de la localidad, donde confluyen tres planes parciales: PPSR-1, PPSR-2 y PP-SR-3.
Un largo proceso
A finales del año 2021, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir incoó un expediente sancionador contra la asociación de vecinos Crisaras por carecer de permiso para el suministro desde la red pública e impuso el cierre de las dos captaciones de agua. A instancias de Izquierda Unida y ante la inviabilidad económica y técnica de un proyecto urbanístico ordinario, el Pleno aprobó en junio del 2022, y por unanimidad, promover este instrumento, admitido por la nueva Ley para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía para los asentamientos residenciales irregulares.
Este pronunciamiento plenario basó, posteriormente, la adopción de medidas cautelares, dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y que suspendían la ejecución de la sanción y, por consiguiente, garantizaban temporalmente el bien básico del agua para centenares de familias y diversas empresas.
Otras infraestructuras
Este proyecto delimitará las conducciones hidráulicas y, también, describirá otras infraestructuras de servicios comunes como el fluido eléctrico, telecomunicaciones o saneamiento, además del acerado necesario. Otro de los objetivos consiste en concretar los porcentajes de los importes a abonar por cada propietario. La futura implementación de este plan regularizará las edificaciones y urbanizará los terrenos afectados en esta zona rural.
Además, durante la redacción, se identificarán las propiedades susceptibles de declaración de asimilado a fuera de ordenación de los entornos comprendidos entre los planes parciales y otras extensiones cercanas. Las infraestructuras propuestas han de recibir la validación de las compañías suministradoras de los servicios.
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