La comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara Alta, sesionó en la sede del Congreso Nacional en Santiago, la mañana de este martes, para continuar analizando proyectos sobre seguridad.
Por tabla se estableció que la instancia se abocaría a discutir el proyecto que determina conductas terroristas y fija su penalidad, derogando la llamada Ley Antiterrorista. También estaba contemplada una revisión de la iniciativa que modifica el Código Procesal Penal, con el objeto de aumentar el plazo máximo para considerar una situación entre las hipótesis de flagrancia. La instancia fue convocada en forma extraordinaria para discutir ambos textos.
El Ejecutivo estuvo representado por la asesora de la Subsecretaría del Interior, Ana Lya Uriarte. También estuvo presente, aunque no en toda la cita, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde.
En la sesión, el debate se concentró en el primer proyecto y se votó respecto a una serie de indicaciones de senadores. Un total de 42 indicaciones se presentaron al proyecto que reforma la legislación vigente en materia de terrorismo.
Se rechazó una indicación que planteaba que la asociación criminal para cometer crímenes de lesa humanidad o genocidio sea sancionada como asociación terrorista.
Ante aprehensiones expresadas desde el oficialismo, la senadora de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Luz Ebensperger llamó a "ver el proyecto completo".
"Si esta ley estuviera vigente, con lo ocurrido el día sábado podría perfectamente querellarse por ley antiterrorista", afirmó, aludiendo el crimen del 27 de abril cuando tres carabineros fueron emboscados, baleados y quemados en Cañete.
Ante el triple homicidio de los uniformados, la mesa del Senado y los comités parlamentarios acordaron pedir a las comisiones de Constitución, de Seguridad Pública y de Defensa que sesionen esta semana regional para ver iniciativas puntuales de la agenda de seguridad.
Durante el debate, el senador del Partido Socialista (PS) José Miguel Insulza, presidente accidental de la instancia, dijo que "lo importante aquí es la certeza de la pena".
"Si alguien comete un incendio, y yo no me voy a demorar tanto tiempo, no quiero demorarme tanto tiempo en determinar si tuvo intención de producir el temor, de producir el terror, de alterar el orden público, etcétera, cuando igual tiene una pena de prisión perpetua, si hay víctimas. Entonces, esa es la gran dificultad que yo tengo en esto", comentó.
Por su parte José García Ruminot, legislador de Renovación Nacional y presidente del Senado, recordó que la iniciativa se puede revisar en segundo trámite y dijo que se está privilegiando "que el proyecto logre ser despachado y ojalá se pueda ver en sala el jueves".
"No éramos partidarios de ir demasiado rápido"
A las 11.35 horas se suspendió la sesión para que la comisión de Seguridad Pública utilizara el Salón de los Presidentes y los senadores coordinaron la forma de continuar con el análisis de la iniciativa durante la jornada. Tras un breve receso, optaron por retomar la discusión a las 17.30 horas hasta total despacho.
"Nosotros, algunos de nosotros no éramos partidarios de ir demasiado rápido, pero las cosas son como están hoy día dentro del país y la verdad es que la gente espera reacción y probablemente esta sea la única ley que se despacha a sala esta semana. Entonces, por eso estamos haciendo el esfuerzo por sacarla", señaló el senador Insulza a la prensa culminada la sesión.
Insulza afirmó en relación al crimen de los carabineros que "el acto ocurrido el fin de semana es evidentemente un acto terrorista sin necesidad de modificar la ley, probablemente con la ley actual podría haber sido calificado como tal".
"Lo que estamos haciendo es precisamente abrir a otro tipo de casos, en los cuales es más discutible la intencionalidad y otras cosas, para poder incluirlos también", precisó.
El proyecto que determina conductas terroristas, fija su penalidad y deroga la norma vigente en esa materia (que data desde 1984) es el resultado de la fusión de cuatro mociones parlamentarias y un mensaje del Ejecutivo presentado el año pasado por el gobierno del Presidente Gabriel Boric. El proyecto actual consta de 16 artículos permanentes y de dos artículos transitorios.