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Estados Unidos
miércoles, 10 abril 2024 | 21:57
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Nueva York.- La gobernadora Kim Reynolds firmó este miércoles una propuesta para convertirla en ley que convertirá en delito estatal el que una persona entre a Iowa después de haber sido deportada o que le hayan negado la entrada a Estados Unidos.
La nueva ley, que entrará en vigor el 1 de julio y podría enfrentar desafíos en la corte, se une a Texas para aplicar los límites de la inmigración fuera del sistema federal.
Reynolds, quien había dicho que firmaría la legislación, acusó a los funcionarios federales de no asegurar la frontera entre Estados Unidos y México y de poner en riesgo a los estadounidenses.
"Los que vienen a nuestro país ilegalmente han infringido la ley y Biden se ha rehusado a deportarlos. Esta propuesta de ley le otorga a Iowa el poder para hacer lo que él no está dispuesto a hacer: aplicar las leyes de inmigración que ya fueron promulgadas", dijo Reynolds, quien es republicana.
La mayoría pero no todos los demócratas de la Legislatura de Iowa votaron en contra de la medida.
Sin embargo, debido a que los republicanos tienen mayoría en ambas Cámaras, los contrincantes no pudieron impedir que fuera aprobada la propuesta.
"Esta propuesta es un truco político y una falsa promesa que no contiene los recursos necesarios", comentó la senadora estatal Janice Weiner, demócrata de la Ciudad de Iowa, cuando su Cámara debatió la medida.
Para aplicar la nueva ley, los oficiales de policía de Iowa tienen autorización de hacer arrestos en la mayoría de los lugares, pero no en las escuelas, iglesias o instalaciones de salud.
El representante estatal republicano Steven Holt, quien apoyó la propuesta, dijo después de haber sido aprobada que "los estados pueden y deben actuar, muchos estados están protegiendo su soberanía y a sus ciudadanos y Iowa debe hacer lo mismo".
El Capitolio estatal de Iowa en Des Moines se encuentra a 1 mil 100 millas del punto más cercano de la frontera mexicana y a 500 millas de Canadá. Aproximadamente el 6 por ciento de personas en Iowa nacieron fuera de Estados Unidos.
La administración Biden catalogó la ley de Texas, que hace que sea un delito estatal cruzar la frontera ilegalmente, una violación inconstitucional a la autoridad federal sobre inmigración.
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