La ciudad de Yurimaguas se ve sacudida por un importante caso de tráfico ilegal de productos forestales, con el propietario de un depósito de madera en el centro de la polémica. La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Alto Amazonas (FEMA) y la Policía Nacional han intervenido en un operativo conjunto para desmantelar esta actividad ilícita.
El viernes 26 de abril, las autoridades actuaron en base a información de inteligencia proporcionada por la Policía Nacional con sede en Tarapoto. La Fiscalía, en colaboración con la Policía Nacional de Tarapoto y de Yurimaguas, así como la Unidad Forestal (GERFOR) de Alto Amazonas, realizaron un allanamiento en un depósito de madera ubicado en la Av. Las Américas de Yurimaguas.
En el lugar se encontró un lote de madera de aproximadamente 20 m3, cuya procedencia ilegal fue evidenciada al no presentar documentos que acreditaran su origen ni contar con el respectivo permiso forestal. Como resultado, la madera fue incautada por GERFOR para su proceso administrativo, mientras que el propietario, identificado como Marino Pérez Cotrina, fue detenido y está siendo procesado en libertad por el presunto delito de Tráfico Ilegal de Producto Forestal.
La Fiscalía, a cargo de la Fiscal Vanesa Vela Del Águila, estaría solicitando una pena privativa de libertad de 4 a 7 años para Pérez Cotrina, además de una sanción accesoria de 100 a 600 días multa y una reparación civil a favor del Estado, conforme a la legislación penal vigente en materia ambiental.
En palabras de la fiscal especializada en materia ambiental, este caso es solo uno de los muchos esfuerzos destinados a combatir el aprovechamiento ilegal de recursos forestales en la provincia de Alto Amazonas. La Fiscalía está comprometida con la aplicación rigurosa de la ley para proteger los bosques y el medio ambiente.
Se hace un llamado a los establecimientos de venta de madera a operar de manera legal y obtener los permisos forestales correspondientes. Respetar las leyes es fundamental para contribuir al cuidado y preservación de nuestros recursos naturales.
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Se espera que el caso de Marino Pérez Cotrina se resuelva en un plazo máximo de uno o dos meses, con una sentencia que refleje el compromiso del Estado en la lucha contra el tráfico ilegal de productos forestales y la protección del medio ambiente en la región de Yurimaguas.