Gobierno y rectores trabajarán para endurecer los requisitos exigidos para crear una nueva universidad. Así lo ha anunciado este lunes la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, tras el Pleno del Consejo de Universidades, en el que también han acordado reducir y agilizar la burocracia que deben hacer los campus y organismos de investigación para recibir financiación del Gobierno.
Según ha contado Morant tras la reunión del órgano que aglutina a rectores y estudiantes, se creará un grupo de trabajo para "mejorar y ser más exigentes en la calidad universitaria a la hora de aceptar la propuesta de una universidad en nuestro país". Lo harán ante la "preocupación" que ha manifestado de "que estén proliferando universidades privadas" que, ha asegurado, "no cumplen con los criterios mínimos de calidad universitaria".
"Las universidades son docencia, pero también son investigación, son transferencia de conocimiento, son innovación. En definitiva, son imprescindibles en la sociedad y, como imprescindibles, tienen que estar dotadas de los máximos requisitos de calidad", ha insistido. Morant no ha avanzado qué condiciones van a ser las que marquen esos nuevos requisitos, aunque sí que ha manifestado que "es imposible ser universidad y no investigar", por lo que probablemente una de las exigencias para las nuevas universidades sea que se comprometan llevar a cabo labores de investigación.
Menos burocracia para recibir financiación
La otra línea de trabajo acordada en el encuentro de este lunes también contempla la creación de otro grupo de trabajo, esta vez para reducir la burocracia en el sistema universitario y científico a la hora de acceder a las ayudas. "Sabemos que tenemos un gran reto por delante: facilitar la llegada de los recursos, de la financiación, de un Gobierno que está financiando más que nunca a la ciencia, pero debemos hacerlo mejor", ha reconocido.
Por ello, este segundo grupo de trabajo tendrá el objetivo de buscar la fórmula para que "la relación administrativa entre universidades, organismos públicos de investigación y Ministerio a la hora de recibir financiación y los recursos apropiados, sea lo más ágil". En ese sentido, Morant ha aclarado que se mantendrán los "controles necesarios", pero "no excesivos", de manera que "no obstaculicen el trabajo" de las universidades y organismos de investigación y se ahorren "tanto trabajo administrativo".
3.400 nuevas plazas docentes
Otro de los "retos" que se han puesto sobre la mesa este lunes es la propuesta que ya hizo la ministra a las comunidades autónomas para financiar la creación de 3.400 nuevas plazas de ayudante doctor en las universidades, con la condición de que ellas se hagan cargo de las as autonomías 4.200 vacantes sobrantes que marca el Ejecutivo.
Con una cuantía de 150 millones de euros por año, durante los seis años que dura este tipo de contratos, el objetivo del departamento de Morant no es otro que el de facilitar la entrada en vigor de la ley de universidades, la LOSU, que exige reducir al 8% la temporalidad de estos docentes, que actualmente se mantiene, de media, en el 49%.
Así, Morant ha pedido la "corresponsable coparticipación" de las comunidades autónomas, a quienes ofrecerá este programa de incorporación de talento docente tras "rematar" el convenio "en las próximas semanas". Se hará mediante la apertura de una convocatoria de expresiones de interés, mediante la cual cada administración autonómica deberá anunciar si se adhiere al programa. "Y, a partir de ahí, ya les trasladaremos a las universidades cuántas plazas, de qué manera y en qué curso" se van a incorporar esos nuevos docentes.
No ha querido avanzar, sin embargo, cuáles son las comunidades autónomas que ya le han trasladado la voluntad de adherirse a ese plan de financiación. "Lo que sí que podría decir es que las dudas han quedado concentradas en comunidades gobernadas por el PP", ha espetado, antes de pedir "dejar el politiqueo" a un lado, "porque la política universitaria nos concierne y nos importa a todos".