SEÑOR DIRECTOR:
Recientemente, la Ley 20.249, o Ley Lafkenche, estuvo en la palestra de la discusión nacional. La votación en la CRUBC de la Región de Aysén para aprobar, rechazar o modificar dos solicitudes de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) fue la noticia que motivó su amplia divulgación. ¡Desde su creación en el año 2008 que la ley no motivaba tamaño interés!
La narrativa difundida en especial por la industria del salmón situó a esta ley como una barrera al desarrollo, negando e invisibilizando las contribuciones de los ECMPO a la conservación marina, su potencial para la planificación costera, así como de los mecanismos de inclusión social que contiene el proceso de solicitud y administración de los espacios.
Hemos acompañado y apoyado de cerca la creación e implementación de la ley; hemos presenciado el trabajo anónimo de las comunidades indígenas en el ejercicio de sus derechos y las innumerables dificultades que enfrentan. Ante esta situación, vemos con preocupación la falta de compromiso del Estado con su implementación y con los tratados internacionales que reconocen el papel de los pueblos originarios en la protección del mar y el reconocimiento de sus derechos territoriales, la pasividad frente a las mociones parlamentarias que buscan reducir sus garantías y, peor aún, su inacción frente a los amedrentamientos que están sufriendo en este proceso y en la lucha por la ley.
Levantamos una voz de alerta frente a estas vulneraciones de derechos, e instamos al gobierno de Chile y la sociedad en su conjunto a valorar el potencial transformador de la Ley 20.249 para avanzar hacia la sostenibilidad del mar.
Natalia Caniguan Velarde, presidenta del Colegio de Antropólogas y Antropólogos de Chile, Centro de Estudios Interculturales e Indígenas CIIR
Francisco Araos Leiva, vicepresidente del Colegio de Antropólogas y Antropólogos de Chile, académico de la Universidad de Los Lagos