Una de cal y una de arena, dice el dicho, aplicable a la situación que están atravesando los empleados judiciales. Por un lado, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) recibirán un aumento del 10,5 por ciento para marzo (se cobrará retroactivo), mientras prepara un nuevo banderazo para el 23 de este mes, en coincidencia con la movilización de la comunidad educativa en defensa de la educación pública, que cuenta con el respaldo de las centrales obreras.
Después de varias medidas de fuerza, la Corte Suprema anunció el pago de la suba salarial, a lo que el gremio señaló que "es un paliativo". Las movilizaciones que se llevaron a cabo en todo el país y tuvieron epicentro en el Palacio de Justicia, derivó en el cambio de partidas para recomponer los salarios al 1 de marzo y que se liquidará en estos días.
El secretario General de la UEJN, Julio Piumato, sostuvo que la mejora en los ingresos "no es a algo a celebrar, pero si es de suma importancia", reiteró que la mejora es "un paliativo para no seguir perdiendo frente a la inflación" y advirtieron que seguirán reclamando por "la inmediata concreción de la recomposición salarial solicitada por la Corte".
Movilización en apoyo a los reclamos de la comunidad educativa
Por otra parte, el consejo directivo de la UEJN informó que acompañará la marcha de los gremios y estudiantes del próximo 23 de abril, con un banderazo, y que también contará con la activa participación de la Confederación General del Trabajo (CGT), la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma.
Piumato sostuvo que "los y las judiciales no rifaremos nuestra dignidad como trabajadores y trabajadoras ni ninguno de los derechos consagrados en nuestro país a lo largo de nuestra historia", y remarcó que "la protección de los derechos de los que trabajan y la defensa de la independencia de la justicia son pilares fundamentales para consolidar una patria justa, libre y soberana".
Planteó que "este gobierno está avanzando contra los derechos adquiridos de la clase trabajadora, con la intención de llevarse puesta la legislación laboral, licuando los ingresos de los jubilados, poniendo techo a las paritarias y liquidando los ahorros de miles de argentinos".
Duros cuestionamientos al gobierno de Javier Milei
El titular del gremio de los judiciales manifestó que "las medidas de fuerza que llevamos adelante fueron fundamentales para conseguir este aumento salarial que nos permite enfrentar este proceso inflacionario que estamos sufriendo" y subrayó que "la dignidad de la justicia y de quienes trabajamos en ella se ve amenazada por un costo de vida descontrolada; por lo tanto, no permitiremos el congelamiento de los salarios".
Destacó que "el otro tema en discusión es el impuesto a las Ganancias, y la intención del gobierno de volver a implementarlo," y avisó que tenemos cada vez más gente alcanzada por el impuesto al trabajo. Son casi 7.000 trabajadores afectados y nadie tendría que sufrir este impuesto retrogrado".
Voceros judiciales y gremiales coincidieron en señalar que "de alguna forma, continúa el conflicto en la actividad como durante la gestión de Alberto Fernández, aunque el fondo de diferente". Señalaron que "antes, la disputa era política, por el enfrentamiento que tenía el gobierno con la Corte, a la que le estaba haciendo juicio político… ahora "no hay plata", como dice Milei".