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Víctor Peirone
eleconomista.com.ar
¿Una o varias monedas? El premio Nobel y economista canadiense Robert Mundell desarrolló la teoría del área monetaria óptima (OCA por sus siglas en inglés) en 1961. La misma establece que las regiones (o los países como lo ocurrido en la Unión Europea) pueden beneficiarse de una moneda común bajo ciertas condiciones. En otras palabras, resulta más eficiente, y en algunos casos resulta óptimo, utilizar una moneda única en lugar de que las regiones emitan sus propios dineros. Este aporte teórico sirvió de base en las largas discusiones sobre la secuencia en la implementación del Euro frente a la fuerte heterogeneidad de las economías europeas.
Según la OCA, una moneda común puede maximizar la eficiencia económica, siempre y cuando las regiones participantes cumplan con cuatro criterios.
1-La existencia de un mercado laboral integrado que permita a los trabajadores moverse libremente y suavizar el desempleo generado en cualquier zona. Este mercado ayuda a absorber los shocks negativos en las economías porque sus trabajadores se trasladan de una región a otra con cierta facilidad.
2-La flexibilidad de precios y salarios, junto con la movilidad del capital, para eliminar los desequilibrios comerciales interregionales.
3-Un sistema fiscal federal que permita distribuir recursos a las regiones que sufren debido a la movilidad laboral y de capital.
4-Que las regiones participantes tengan ciclos económicos diversificados para evitar un shock generalizado sobre la economía nacional.
Argentina se encuentra en una encrucijada política y económica como pocas veces en su historia. El Estado nacional ha agotado las fuentes de financiamiento de su déficit fiscal crónico. La presión tributaria alcanzó niveles récords. El Tesoro Nacional perdió el acceso a los mercados internacionales de crédito en 2018 y la reestructuración de la deuda de 2020 no logró restablecerlo. Por último, la financiación monetaria del gasto público devino en el incremento inusitado del nivel general de precios. Esta situación desembocó en el resultado de las elecciones y el debate sobre la dolarización con el cierre del Banco Central o la competencia de monedas (CDM) como las únicas alternativas factibles. Esta CDM podría eventualmente extenderse a las jurisdicciones provinciales con la emisión de cuasimonedas.
Las prescripciones teóricas de Mundell permiten enriquecer el debate dolarización-CDM. Primero, no existe en el país un mercado laboral nacional. Las familias que se ven afectadas por shocks exógenos, como por ejemplo los 50.000 puestos de trabajo perjudicados por la actual caída del precio del limón en Tucumán, no pueden fácilmente trasladarse al AMBA en busca de oportunidades. Las sucesivas migraciones internas y el crecimiento de los asentamientos y las villas son pruebas de que no hay capacidad de absorción laboral digna en los centros urbanos.
Segundo, el mercado de capitales y la intermediación bancaria son prácticamente inexistentes. Esto es aún más grave en el interior del país. Tercero, el sistema federal implica una significativa superposición de funciones. Las provincias y el Estado nacional deben rediscutir sus roles a fin de optimizar el uso de recursos y optimizar gastos para hacer más eficiente el federalismo. Cuarto, la economía argentina no está suficientemente diversificada y depende aún fuertemente de las divisas generadas por el sector agropecuario.
Este último punto, la fuerte dependencia de la economía nacional de un solo sector en la generación de divisas, sería uno de los argumentos más fuertes en contra de la dolarización. La pérdida del tipo de cambio como mecanismo de ajuste en caso de un shock exógeno haría que las recesiones se propaguen y profundicen hacia toda la economía nacional. Sin lugar a dudas, la dependencia de las cosechas acentuará la volatilidad de los ciclos en detrimento del bienestar de la población. Esto ya ocurrió con la convertibilidad entre 1998 y 2002, donde la caída de los precios internacionales y la reversión de los flujos financieros internacionales prolongaron la recesión.
Finalmente, las decisiones de dolarizar o de implementar una CDM tienen dimensiones económicas asimétricas. Dolarizar es seis veces más grande que una CDM ampliada con la emisión de cuasimonedas. Si todas las provincias argentinas emitieran para pagar a sus empleados (unos 2,5 millones de personas con sueldos de US$ 400 por mes) se estaría hablando de US$ 1.000 millones equivalentes.
Mientras que la dolarización implica el uso de US$ 7.000 millones de las reservas del Banco Central para rescatar los pesos de la base monetaria. Asimismo, la costosa irreversibilidad de la dolarización hace que su implementación resulte mucho más gravosa. Suponiendo que ambas alternativas tienen igual posibilidad de tener efectos adversos (como cualquier "medicina" que se aplique) el análisis académico, la discusión política y el escrutinio público deberían prestar especial atención sobre la alternativa de mayor tamaño. Mundell y las familias que dependen de las economías regionales agradecidas...
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