Carlos Bianco, el jefe de Gabinete de Axel Kicillof, acaba de tipificar el delito penal de criticar al Gobierno. Acusar a opositores y a medios de comunicación de "influir en la cantidad de muertes" por el coronavirus equivale a endilgarles una forma de homicidio en gran escala.
Su tesis establece que aquellos que han cuestionado la gestión oficial de la pandemia tienen en realidad la intención aviesa de desestabilizar a los "gobiernos nacionales y populares" y hacen uso deliberado de la desinformación pública para que el virus se propague sin control y mate a más gente.
Si sus palabras no generan mayor escándalo es porque la sociedad argentina ha naturalizado el despropósito como un formato habitual del intercambio político. El vuelo corto de la chicana sirve para el aplauso cómplice de los propios y le regala un turno de respuesta a los rivales, en un juego verbal inconducente donde nadie convence a nadie.
La irónica maldición de Cristina
Pero el revoleo de acusaciones inverosímiles en este contexto trágico refleja, antes que nada, la clamorosa falta de empatía de funcionarios encargados de administrar una pandemia sin precedente que se llevó 6169 vidas solo en las últimas dos semanas.
Un hilo invisible conecta las declaraciones de Bianco con aquellas de Carlos Zannini en las que defendió que él, su esposa y el periodista Horacio Verbitsky se hubieran vacunado antes de tiempo porque son "personas que necesitan ser protegidas por la sociedad".
Los dos casos retratan al poderoso incapaz de salir del aislamiento de su torre elevada, sin registro aparente del sufrimiento que embarga a los ciudadanos a quienes deben dedicar sus esfuerzos. Incapaz de llevar tranquilidad ante el miedo a morir precipitadamente o el dolor de perder a un ser querido, reclama indulgencia: la culpa es de otros.
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