En pleno hundimiento de los precios en el mercado mayorista, con precios horarios cero e incluso negativos durante varias horas del día, las grandes eléctricas urgen al Gobierno quitar del recibo de la luz los impuestos y otros costes para abaratar el coste que perciben los consumidores a final de mes. La reclamación no es altruista, sino que el objetivo de las compañías es fomentar el cambio de uso de los combustibles fósiles a la electricidad. El año pasado, el consumo de electricidad en España alcanzó los niveles más bajos de los últimos veinte años.
"Hay que hacer una revisión de la fiscalidad energética para dejar de subvencionar los combustibles fósiles y dejar de gravar el consumo eléctrico con cargos ajenos al suministro. Tenemos que involucrar a los consumidores en la transición energética, con la penetración de la bomba de calor en los hogares y sustituyendo los vehículos con combustibles fósiles por vehículos eléctricos", ha defendido Marina Serrano, presidenta de Aelèc, asociación que integra a Iberdrola, Endesa y EDP, durante la presentación del 'Balance energético de 2023 y perspectivas 2024', organizado por el Club Español de la Energía en la sede del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
En el mes de marzo, el precio de la electricidad en el mercado mayorista fue de una media de 20 euros por megavatio-hora (MWh), la mitad que el precio medio registrado en febrero y un 77,5% inferior al de marzo de hace un año, pero también mucho más barato que los 50 euros por MWh que solía haber de media antes de la crisis energética. Sin embargo, a final de mes, en las facturas domésticas se añaden una serie de costes relacionados con el suministro, como el pago por el transporte y la distribución; pero también otros adicionales, como aquellos que tienen que ver con las primas de las renovables más antiguas o la deuda acumulada por el sistema eléctrico durante la primera década de este milenio.
Además, a estos costes hay que añadir una serie de impuestos, que durante los últimos años han estado
Es el caso del IVA, que se sitúa en el 21% desde marzo y así seguirá previsiblemente hasta el verano, y el impuesto especial sobre la electricidad del 5,11%, que hasta junio se mantiene en el 3,8%. Pero también el impuesto del 7% sobre la producción de electricidad, que durante los próximos tres meses se sitúa en el 5,25%. "Creemos que este sistema retrae los beneficios de los consumidores por la bajada de los precios", ha lamentado Serrano.
La cuestión de fondo es que si los consumidores no notan la rebaja de la luz en sus bolsillos, difícilmente decidirán cambiar su consumo y apostar por nuevas tecnologías como el vehículo eléctrico o la bomba de calor. "Pensamos como Marina, que podría haber medidas fiscales que pudieran impulsar este cambio", ha opinado el presidente de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), Santiago Gómez Ramos, durante su intervención. El Gobierno no se ha pronunciado al respecto, pero la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, intentó una modificación del recibo antes de la pandemia sin ningún éxito.
Fue en diciembre de 2020, cuando anunció el traspaso de una parte importante de los costes fijos del recibo –las primas a las renovables-- a los carburantes y la factura del gas a través de un anteproyecto de creación de lo que se denominó el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico que se quedó varado durante dos años en el Congreso y finalmente decayó con la disolución del Congreso de los Diputados en mayo del año pasado por la convocatoria electoral.
Según las estimaciones de entonces, que ahora estarían desactualizadas, pero sirve para entender la magnitud de la medida, este fondo supondría rebaja del recibo de la luz del 13%. Al mismo tiempo, los carburantes subirían unos 7 céntimos, según alertaron las petroleras.
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