La nueva ley del alquiler vacacional frena el crecimiento de viviendas de uso turístico hasta que se autoricen explícitamente en la planificación urbanística de cada municipio, que debe contemplar de forma pormenorizada su ordenación, si bien la norma da preferencia al uso residencial de las viviendas. De hecho, los instrumentos de planeamiento deben reservar, como mínimo, el 90% de la edificabilidad prevista por la ordenación urbanística con destino exclusivo para uso residencial, por lo que el crecimiento de nuevas plazas de uso turístico se limita hasta el 10%, un porcentaje que es mayor en las islas occidentales -La Palma, La Gomera y El Hierro- que se incrementa hasta el 20%.
El anteproyecto fija las razones por las que se puede habilitar el uso de hospedaje. En este sentido será necesario acreditar que el municipio dispone de suelo suficiente para vivienda permanente, que no está afectado por las normas de mercado residencial tensionado, también será imprescindible argumentar que esa habilitación es compatible con el uso turístico residencial y tendrán que usar indicadores de sostenibilidad. En la presentación del anteproyecto de ley tanto la consejera de Turismo, Jéssica de León, como el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez, hicieron hincapié en la "sostenibilidad" como guía del texto y por ello las nuevas casas turísticas que se autoricen a partir de ahora tienen que cumplir obligatoriamente con una serie de indicadores de sostenibilidad ambiental, urbanística, poblacional, territorial y económica.
Régimen transitorio
La nueva normativa endurece los requisitos para convertir una vivienda en uso turístico y para las que ya están se establece un régimen transitorio de cinco años para adaptarse a la ley y al planeamiento que se apruebe por el ayuntamiento. Existe una alternativa para que esta transición se amplíe hasta 20 años cuando el propietario de un piso de uso turístico ponga en el mercado otra vivienda en alquiler residencial.
La futura ley también prohibirá dar un uso turístico a una vivienda protegida y fijará un plazo de diez años para dar ese uso a una vivienda residencial, entendida ésta como la que se ocupa más de 183 días al año. Un solar de uso residencial tampoco se podrá destinar a uso turístico al cien por cien sin que un ayuntamiento lo apruebe, para lo que tendrá que evaluar la necesidad de ese cambio de uso. Se trata, recalcaron Rodríguez y De León, de ponderar el derecho a la vivienda con la protección del entorno urbano y las expectativas de la iniciativa empresarial en una región con un parque de 1.078.000 inmuebles en el que la vivienda vacacional, con 222.014 plazas, representa el 37% de la oferta alojativa total, que conforman más de 555.000 plazas.
Los representantes de la Consejería de Turismo insistieron en que el Gobierno ayudará y respaldará a los ayuntamientos que lo necesiten para actualizar sus planes y ordenar mediante los diferentes instrumentos existentes los usos del suelo y la clasificación de nuevas viviendas para uso turístico. No obstante, Rodríguez cree que cinco años es tiempo suficiente para que las corporaciones municipales redacten planes parciales y normas urbanísticas en distintas áreas y zonas de los municipios que sean susceptibles de ordenación urbanística.
Decrecimiento
A la luz de los datos estadísticos que recoge la ley hay zonas y municipios de las Islas donde se debería "decrecer" en el número de viviendas vacacionales, según reconocieron los dirigentes de Turismo. Es el caso de municipios como Yaiza, La Oliva o Adeje donde se supera con creces el 10% en el número de pisos que se destinan a hospedaje, si bien el Gobierno deja en manos de los ayuntamientos qué límites se pondrá a esta proliferación de casas vacacionales en los próximos cinco años de régimen transitorio que dispone la nueva ley.
Rodríguez ha explicado también que, en adelante, la declaración responsable que ahora se tramita para gestionar una vivienda vacacional tendrá que acompañarse, como actividad clasificada que es, de una memoria técnica, una cédula urbanística y, en su caso, un documento que acredite que cumple con lo que establece la Ley de Propiedad Horizontal. "Vamos a verificar previamente las declaraciones responsables para reequilibrar algo que, a día de hoy, está desequilibrado", ha referido en relación con el decreto que regula este sector desde 2015 y que ha supuesto un crecimiento descontrolado del alquiler vacacional que ahora se pretende contener.
El anteproyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas se somete desde este miércoles a trámite conjunto de audiencia e información pública y puede consultarse en el Portal de Transparencia del Gobierno de Canarias. Lo hará por un plazo de veinte días hábiles, hasta el próximo 2 de mayo.
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