Mientras la Municipalidad capitalina dio a conocer que los actos de vandalismo y los robos de cables son una constante en toda la ciudad y que provocaron graves daños en el sistema de alumbrado del acceso Norte y en la zona de San Cayetano, se supo de la propuesta del Gobierno para seguir la trazabilidad del pequeño comercio de metales en negocios y chatarrerías de la provincia, con el fin de poner una traba al comercio ilegal de cables y de metales.
Según explicó el ministro de Seguridad en LG Play, en el proyecto de ley se plantea intentar determinar el origen y el recorrido de compra y venta -la trazabilidad- del producto que comercializa por ejemplo una ferretería o una chatarrería. Que se pueda probar a quién se lo compró, si tiene alguna prueba de su adquisición, es decir si es un proveedor normal y regularizado "y no cualquier persona que lleva un cañito de cobre o un medidor de agua, o o unos picaportes de bronce", dijo el funcionario. Se trata de investigar la forma de operar de los comercios que trabajan con estos materiales, muy a menudo según se sospecha, adquiridos en un mercado negro en el que circulan productos pequeños, de bajo costo, de origen desconocido, que en gran cantidad muestran el enorme daño que se causa a la comunidad entera.
Al respecto, el titular de la Dirección municipal de Alumbrado y Semáforos relató que la zona del acceso Norte, donde hay más de 100 columnas de alumbrado, tres torres de 24 metros de alto que tienen seis luminarias cada una y 95 columnas de iluminación bilateral, fue vandalizada tres veces desde enero. Se robaron hasta los cables subterráneos y la zona quedó sin luz en las calles. Ahora, durante los 10 días que han de demorar las reparaciones, se encuentra en la oscuridad. Para dimensionar el costo que debe afrontar la Municipalidad para recuperar el alumbrado en lugares donde se producen robos y actos de vandalismo, dijo que reponer una columna de alumbrado y sus cables se requiere una inversión superior a los $ 100.000.
Este año hubo varias circunstancias que hicieron advertir de la gravedad del problema. Además de los robos de placas de bronce de los cementerios -lo que se volvió habitual- durante la última parte del año pasado y los primeros meses de este se dio cuenta constantemente del robo de picaportes de puertas domiciliarias, de caños de aparatos de aire acondicionado, de tapas de medidores de luz, de gas y de agua y hasta de los mismos medidores; la SAT denunció que en algunas zonas se robaban hasta cinco medidores por día. Hubo constantes detenciones de pequeños rateros y hasta dos secuestros de camiones cargados con piezas metálicas de origen desconocido, así como una audiencia contra el dueño de una chatarrería acusado por la compra ilegal de estos productos. Con todo ello quedó en evidencia la gravedad del problema: gran parte de la ciudad está a oscuras y muchos ciudadanos han quedado despojados de los medidores de servicios en su domicilio.
El proyecto para seguir la trazabilidad de los objetos de metal surgió de conversaciones con las empresas de agua, de gas y de energía, y también en el Consejo nacional de Seguridad Interior. El ministro dijo que es un denominador común en todo el país, y que Mendoza y San Juan tienen leyes de este estilo y lograron reducir las cifras del robo de cobre y bronce y de medidores. Es de esperar que sea debatido y aprobado en la Legislatura. De esto también debería surgir un análisis profundo, multidisciplinario. Es importante seguir la trazabilidad de los productos y también saber qué causa esta situación vinculada con la fuerte crisis socioeconómica y elaborar estrategias integrales para hacer frente a este fenómeno.