A los pocos meses de que se abran las urnas de Venezuela para elegir nuevo presidente, el Gobierno de Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra el Palacio de Miraflores por no garantizar los derechos de la oposición.
En la tarde de este miércoles, Estados Unidos notificó al Gobierno de Venezuela que revierte parcialmente el alivio de sanciones sobre el petróleo y gas venezolano toda vez que la administración de Nicolás Maduro no respetó los derechos de María Corina Machado como principal candidata presidencial de la oposición.
A partir de ahora, las compañías que quieran hacer negocios con la petrolera estatal de Venezuela deberán solicitar al Tesoro estadounidense autorizaciones individuales que serán evaluadas caso por caso.
Con el regreso de las sanciones de Estados Unidos, se complicaría la exportación de gas de Venezuela a Colombia
La Administración de Joe Biden emitió en octubre pasado la Licencia General 44, que durante seis meses ha levantado las sanciones sobre el petróleo y el gas de Venezuela, como un incentivo para que Maduro cumpliera con los Acuerdos de Barbados pactados con la oposición antichavista para la celebración de unas elecciones democráticas y competitivas.
Con este beneficio el Gobierno Maduro se comprometía a garantizar las condiciones de imparcialidad para que la oposición, liderada por María Corina Machado, pudiera participar plenamente en la contienda electoral del próximo mes de julio.
Sin embargo, Machado, que fue elegida en elecciones primarias como jefe de la oposición venezolana, fue inhabilitada por 15 años para ejercer cargos públicos y no pudo inscribirse. Tampoco lo pudo hacer quien iba a ser su sucesora en la contienda, la profesora Corina Yoris.
El fin de la Licencia General 44 implica que todas las actividades que se estaban llevando a cabo bajo este permiso deben cerrarse en los próximos 45 días y que ya no se permiten operaciones nuevas.
En su lugar, el Tesoro estadounidense emitirá la Licencia 44A, que establece que las empresas tienen que solicitar permisos específicos para hacer negocios en el sector del petróleo y el gas de Venezuela, los cuales serán evaluados caso por caso. Washington podrá denegar estos permisos cuando considere que violan la seguridad nacional y los intereses de política exterior de Estados Unidos.