Con 95 votos a favor, la Cámara de representantes aprobó la ponencia mayoritaria para el segundo debate del proyecto de ley estatutaria que busca establecer a la educación como un derecho fundamental. Se trata de un proyecto que si bien no plantea las reformas más importantes que el Gobierno pretende para eel sistema educativo, sí funciona como plataforma para ellos.
Durante la misma jornada, los congresistas votaron por las respectivas proposiciones que pretendían eliminar parte del articulado, negándolas todas. De esta forma, el debate sobre el articulado continuará el próximo lunes 8 de abril.
En medio de la sesión plenaria, la ministra de Educación, Aurora Vergara, aprovechó para solicitar a los representantes su apoyo a la iniciativa, la cual pretende principalmente que el Estado garantice la educación como un derecho fundamental en todas las edades.
"La apuesta de educación en este gobierno pone en el centro la dignidad humana. Estamos invirtiendo más recursos para ampliar la cobertura, promover la formación integral, mejorar la infraestructura educativa especialmente en zonas rurales y dignificar la labor docente. Buscamos, además, garantizar con apoyo del Congreso de la República que las y los colombianos logren acceder a educación como un derecho fundamental en todos los niveles", aseguró la ministra.
¿Cómo están los ánimos en el Congreso?
A diferencia de las otras reformas legales que el Gobierno busca sacar adelante en el Congreso, como la de la Salud y la Pensional, con el proyecto de ley estatutaria el ambiente parece mucho más favorable.
Y eso se debe en parte que la iniciativa no toca aún temas delicados como dinero, inversión, modelo educativo entre otros, sino que al tratarse de una estatutaria, busca es establecer un derecho, algo a lo que pocos congresitas, principalmente de oposición, se han opuesto.
Pese a ello, no por eso va a ser un debate sencillo. Existen algunos puntos que siguen siendo polémicos, como la insistencia de algunos representantes en que se mantenga a la educación como un servicio público esencial y no como un derecho. Así mismo, persiste el temor de que en la discusión se revivan las facultades extraordinarias para el presidente Gustavo Petro en materia presupuestal, las cuales se cayeron en el primerdebate.
Y todo esto en un contexto de tensiones políticas. Y es que a pesar de que hasta en la oposción no se han visto grandes reparos al proyecto, si se prevé una dilación de la discusión. De hecho, este martes el debate tuvo que darse por terminado porque representantes del Centro Democrático salieron de la sala y rompieron el quórum.
Al ser un proyecto estatutario, este tiene de frente una carrera contrarreloj. Tiene hasta el 20 de julio para superar no solo el debate en Cámara, sino pasar también dos debates en Senado, donde las mayorías se le complican al Gobierno.
¿Qué implicaciones tendrá el proyecto?
"Este proyecto, que básicamente establece el derecho a la educación en los diferentes niveles educativos, así como en poblaciones vulnerables, obliga al Estado a garantizar ese derecho. Esto implicará que se deba, por obligación, cambiar otras leyes, como la Ley 30 de 1992 que regula la educación superior, o el Sistema General de Participaciones, que es la principal bolsa de recursos del sistema educativo", explica el analista Ricardo Rodríguez.
Por ejemplo, una de las metas que avanza a paso lento y que recibiría un impulso con la aprobación del proyecto de ley es el de los 500.000 nuevos cupos en educación superior para 2026. La estrategia del Ministerio de Educación Universidad en tu Territorio ha intentado llevar acceso a regiones apartadas, pero el principal reto ha sido conseguir recursos para que las universidades logren crear esas sedes.
De igual manera, la meta de tasa de cobertura es pasar del 54,9 al 62 por ciento en 2026.
Al establecerse la educación superior como derecho fundamental, el Estado tendría la obligación de ampliar esa oferta y conseguir recursos adicionales que aumenten la base presupuestal de las universidades, lo que llevaría a la tan ansiada reforma a la Ley 30, que entre otras cosas establece los recursos que el Gobierno gira a las Instituciones de Educación Superior. Esta reforma cubriría el histórico déficit presupuestal de las universidades y les daría también para ampliar su cobertura.
Pero la ley estatutaria también ayudaría, por ejemplo, a alcanzar las metas de trayectorias educativas completas, es decir, reducir la deserción y el abandono escolar, sobretodo en las regiones, y que cada persona que entre en el sistema educativo logre graduarse.
En Colombia, la obligatoriedad de la educación se da entre los 6 y los 15 años, es decir, hasta el noveno grado. Esto ha causado que, en algunas regiones, los gobiernos locales no se preocuparan por garantizar la infraestructura, personal docente y demás aspectos para atender a estudiantes de 16 a 18 años, causando su deserción.
Al respecto, el experto en educación Francisco Cajiao destacó: "Se estima que por cada 100 niños que entran a primero de primaria, solo 44 logran graduarse de bachillerato a tiempo. Además, de 100 graduados de bachillerato a nivel nacional, solo 39 logran acceder a educación superior y apenas la mitad de estos concluye el ciclo profesional".
El proyecto de ley estatutaria establece la obligatoriedad de la media, es decir, de los grados décimo y once, lo cual ayudaría a reducir la deserción que se da por la falta de oferta educativa, pero también establecería la necesidad de mayores recursos, que se lograrían con otra reforma, la del Sistema General de Participaciones.
Otra meta que se vería afectada es la de pasar de 1,9 millones de niñas y niños de 0 a 5 años atendidos con educación inicial en el marco de la atención integral a 2,7 millones. El Ministerio de Educación espera apalancar esta meta con la estatutaria, dado que hasta el momento solo es obligatoria la formación desde transición, pero con el proyecto también lo serían los cursos de jardín y prejardín.