Los pisos turísticos han sido uno de los principales caballos de batalla en Madrid. La izquierda ha atacado al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, culpándolo de este incremento en el número de los alojamientos. Sin embargo, el Consistorio madrileño han establecido un plan de choque para frenar el incremento de estas viviendas, que consiste en la suspensión en la concesión de licencias -hasta que esté elaborado el nuevo plan regulador- y en elevar las multas a los propietarios de estos alojamientos, que podrán alcanzar los 190.000 euros.
Desde el fin de la pandemia del Covid-19, la oferta y la demanda de las viviendas de uso turístico en las principales ciudades ha aumentado de manera significativa. Este incremento ha reactivado el impacto que el crecimiento de este mercado, que en la mayoría de los casos es irregular, tiene sobre diferentes ámbitos de la vida en estas ciudades en general y de manera especial en Madrid: la desertización del centro, los problemas de convivencia con los vecinos, la reducción de la vivienda residencial y la afección en el turismo.
El Plan Especial de Hospedaje (PEH) del Ayuntamiento de Madrid -que viene heredado del mandato de Manuela Carmena- ha resultado ineficaz para evitar la proliferación de las viviendas turísticas en la capital y corregir las consecuencias de su rápida expansión al margen de la legalidad. Además, como ha anunciado el regidor madrileño, el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, que dirige Borja Carabante, iniciará en los próximos días las reuniones con el sector y los afectados para trabajar en la redacción de la Modificación del Plan General.
De esta forma, la aprobación inicial de la Modificación del Plan General se llevará a Junta de Gobierno el próximo mes de septiembre para someterla a información pública y se prevé elevarla a Pleno en el primer trimestre del año que viene. Desde mañana y hasta ese momento se suspenden las licencias para pisos turísticos dispersas y las licencias para la transformación de local a vivienda en los ejes comerciales del distrito Centro.
Más multas y más inspectores
El Ayuntamiento de Madrid no dispone de una normativa sancionadora específica para las VUT. Hasta ahora, el procedimiento que se sigue en caso de detección de funcionamiento irregular de una vivienda turística que no se puede legalizar es el que se rige por la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo.
Inicialmente, se ordena el cese de la actividad; si el propietario no acata la orden municipal y, posteriormente, se comprueba que continúa operando ilegalmente, se imponen multas coercitivas de 1.000, 2.000 y 3.000 euros. Tras la puesta en marcha de esta modificación, esas multas pasarán a ser de 30.001 euros, 60.001 euros y de 100.001 euros, pudiendo alcanzar un máximo de 190.000 euros.
Otra línea dentro de este plan de acción consistirá en el refuerzo del cuerpo de inspectores. La Subdirección General de Inspección y Disciplina cuenta con 65 trabajadores para toda la actividad inspectora. Este verano, el Ayuntamiento incrementará la plantilla en un 15%, incorporando al servicio diez personas más. Para ofrecer mayor seguridad y garantía a los visitantes que opten por alojarse en la ciudad en VUT, el Consistorio de Madrid va a publicar en su portal, previsiblemente en el mes de mayo, un listado oficial de las viviendas de estas características que cuentan con licencia municipal -941 a día de hoy- y su ubicación.