El "caso Hulla" lleva años languideciendo sin mayor actividad, a la espera de un informe que permita cerrar la instrucción. Fue en mayo y junio de 2017 cuando la región se vio sacudida por la llamada "operación Hulla", llevada a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. José Ángel Fernández Villa era detenido durante cinco horas, mientras los agentes registraban su casa en busca de papeles comprometedores. Junto a Villa caían quien fuera su mano derecha y expresidente del Montepío de la Minería, José Antonio Postigo; el propietario de la constructora Alcedo de los Caballeros y promotor de la obra de la residencia de Felechosa, Juan Antonio Fernández; el arquitecto, Manuel Sastre, y el exasesor económico del Montepío José Manuel Fernández, aunque los implicados llegan a la veintena, contando la esposa y los dos hijos de Villa, las hijas y la exesposa de Postigo, así como su pareja posterior, la rumana Dorina Bicher, entre otros.
Pero el asunto venía de varios años atrás, en concreto de 2013, cuando la Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias prejudiciales para aclarar el origen del dinero que Villa, Postigo y una de las hijas de este habían regularizado en la amnistía fiscal de Montoro en 2012: 1,2 millones en el caso del exsecretario general del SOMA; 300.000 en el caso de su mano derecha, y 50.000 en el caso de una de las hijas de este.
La Fiscalía llegó a la conclusión de que esta fortuna procedía del desvío de fondos de las obras del geriátrico del Montepío de la Minería en Felechosa (Aller), un proyecto de 31 millones de euros financiado íntegramente con fondos mineros, lo que obligó incluso un cambio legal para hacerlo posible. En 2007, el sindicato minero acogió como propio el proyecto, con el respaldo de la federación de la minería de CC OO de Asturias y el apoyo unánime de la Mesa Regional de la Minería, en la que participaban también el Principado y los ayuntamientos mineros representados en Acom, con su presidente, Gabriel Pérez Villalta, a la cabeza. La Corporación allerana presidida por este alcalde aprobó la cesión de terrenos para el geriátrico en 2008. Toda esta unanimidad en torno al proyecto se obtuvo, según sospecha la Fiscalía, por la influencia de José Ángel Fernández Villa, que en esa época, mediados de los años 2000, aún conservaba un gran poder. En el fondo, cree Anticorrupción, estaba preparando una especie de retiro dorado antes de su jubilación.
La investigación desveló detalles chuscos, como la maleta cargada de billetes que llevó Villa al banco
En el caso de Postigo, el dinero también procedería de haber hinchado los gastos de limpieza de los centros de vacaciones del Montepío en Almería y Murcia, a través de su pareja, Dorina Bicher, y de una socia de esta, Rodica Daniela Timis. La investigación permitió conocer detalles chuscos, como la maleta repleta de fajos de billetes que llevó al banco Villa entre abril y noviembre de 2012, para regularizar el dinero que había amasado. Todo esto quedará ahora sin castigo.
La UCO acreditó en un informe que Villa y Postigo sumaron 2,3 millones en dinero negro. Casi 1,4 corresponderían al exsecretario del SOMA y otros 900.000 a Postigo, aunque la cantidad en su caso podría ser mayor. En una sucursal de la calle Uría, según la UCO, se abrieron cuatro cuentas: 500.000 euros para Villa, 400.000 euros para su mujer y 150.000 euros para cada uno de sus dos hijos. El exsecretario del SOMA habría ingresado otros 150.000 en productos financieros. Postigo gastó 150.000 euros en operaciones inmobiliarias, 250.000 en productos financieros y otros 90.000 euros en otras operaciones desconocidas. Del constructor de Alcedo de los Caballeros, Juan Antonio Fernández, la UCO asegura que obtuvo siete millones de euros con la obra del geriátrico, un beneficio considerado excesivo.
Para aclarar cómo se gastó el dinero en las obras del geriátrico se encargó en 2021 un informe que aún no ha sido presentado, casi tres años después. El perito debe hacerlo, de forma "inexcusable", el próximo miércoles, 10 de abril. El mes pasado compareció ante la jueza para pedirle retrasarlo hasta finales de junio. Dio numerosas excusas: "La complejidad del tema", "la pandemia y el fallecimiento del otro perito" o la búsqueda de colaboradores para elaborar el informe, ya que no era "un trabajo al que se dedique al cien por cien". La jueza dio un ultimátum para presentar el documento el miércoles de la semana que viene. En "caso contrario, se valorará dejar sin efecto la pericial acordada". Es el único escollo que queda antes del cierre de la instrucción.
Los forenses vuelven a rubricar la inimputabilidad del exdirigente
Para justificar el sobreseimiento de la causa respecto de José Ángel Fernández Villa, la magistrada Belén Fernández apela a "informes forenses" incorporados al procedimiento según los cuales su estado mental le imposibilita para comparecer y participar en el procedimiento. Se rubrica así la inimputabilidad del exsindicalista, algo que no ha estado muy claro en los últimos años.
Un informe devastador de dos forenses de Oviedo incidía en 2016 en el mal estado de Villa, su desorientación –hasta el punto de desconocer quién era el presidente en aquel momento, aunque sí reconocía al rey Juan Carlos o al presidente Felipe González–, el llanto ocasional, la incapacidad para realizar las tareas más básicas, como la higiene, su habla repetitiva, arranques de ira... Fue con ocasión de la instrucción del "caso SOMA", sobre el desvío de fondos del sindicato para fines personales. La defensa de Villa intentó que ni siquiera prestase declaración, pero la jueza instructora en aquel entonces, Simonet Quelle Coto, buscó a un experto, el prestigioso neurólogo Alfredo Robles Bayón, quien dictaminó tras examinarle –y un bronco forcejeo legal– que Villa tenía lagunas de memoria y problemas de atención, pero sobreactuaba. De acuerdo con este informe se le tomó declaración y más tarde se le juzgó.
Tras la condena, los informes han sido contradictorios, pero al final pesaron más los que desaconsejaban su ingreso en prisión. En el "caso Hulla", en junio de 2017, Villa fue considerado "apto" para declarar por el forense, pero optó por no contestar a las preguntas de las partes y la magistrada.
Cronología
Noviembre de 2012
Villa regulariza una fortuna de 1,2 millones de euros acogiéndose a la amnistía fiscal del ministro Montoro. José Antonio Postigo regulariza 300.000 y una de las hijas de éste otros 50.000.
2013
La Fiscalía Anticorrupción inicia diligencias prejuidiciales para investigar el origen del dinero regularizado por Villa y su mano derecha, al no justificarse por su actividad profesional.
30 de mayo de 2017
La UCO de la Guardia Civil detiene a José Ángel Fernández Villa y a una veintena de implicados más en la «operación Hulla», por el desvío de fondos del Montepío de la Minería.
Septiembre de 2018
La Sección Tercera de la Audiencia condena a Villa a tres años de prisión por apropiarse de 234.462 euros del SOMA, proceso iniciado en 2015. El Supremo confirma el fallo en 2020.
19 de enero de 2021
La Sección Tercera de la Audiencia suspende el ingreso en prisión de Villa en virtud de un informe forense que indica que su encarcelamiento empeoraría su estado.
2 de abril de 2024
La jueza sobresee la causa respecto a Fernández Villa debido a su deterioro mental e incapacidad para asistir al proceso. Será sometido a revisiones periódicas para determinar si mejora.
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