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Gustavo Marangoni
Son semanas donde el gobierno disfruta de una fiesta financiera: suben los activos de riesgo, aumentan las reservas, baja la brecha cambiaria y el riesgo país desciende aceleradamente. A ello se suma una baja de la inflación mejor a la esperada.
La otra cara de la luna, mucho menos amable, se traduce en un fenomenal desplome de la actividad económica (industria, comercio, construcción), la fuerte caída de los ingresos de jubilados, asalariados formales e informales, la pérdida de puestos de trabajo y la reapertura del siempre incómodo debate sobre el atraso cambiario.
El humor social aguanta (aún no pega el aumento de tarifas), mientras el esquema cambiario va acumulando mayores cuestionamientos.
El ministro de Economía lo niega y el propio Presidente señala que resulta innecesario devaluar pues el mercado está encontrando un precio de equilibrio expresado en la coincidencia entre el dólar oficial y el paralelo libre. Se puede entender la necesidad de enfatizar la estabilidad del tipo de cambio por la importancia que le está dando "Toto" Caputo como instrumento complementario de la desinflación. Mientras tanto, semana a semana crece la preocupación desde diversos sectores sobre los riesgos del "súper peso", que implica un proceso pernicioso de aumento de los costos en dólares, servicios caros y falta de incentivos para exportar con el correspondiente compromiso del frente externo por el menor dinamismo exportador y las dificultades para sustituir importaciones y ahorrar divisas.
A la preocupación de exportadores, inversores, mercado local, FMI y muchísimos economistas, se sumó la voz de Domingo Cavallo, quien fue tajante al afirmar que resulta necesario ir acomodando el ritmo de devaluación al crecimiento de los precios. Estos siguen altos y consumieron prácticamente todo el colchón cambiario luego de salto de diciembre (118 por ciento).
Ya estamos en casi en niveles predevaluación. Una economía con gran debilidad de reservas como la nuestra (aunque estén mejorando), sin flujo de inversiones significativas (ni reales ni financieras), sin fondos frescos (justamente por las dudas cambiarias) y sin reformas por competitividad (que están frenadas por la debilidad del oficialismo en el Congreso), no puede funcionar sostenidamente con el actual tipo de cambio real.
Más aún, si se plantea en un horizonte próximo una desarticulación del cepo y unificación. Cierto es que no estamos en los niveles ridículos de la peor etapa de apreciación de Macri ni de los últimos años del kirchnerismo (que serían valores de alrededor de $ 500 a $700 actuales para el tipo de cambio oficial) y que tampoco se necesitan los valores de sobre reacción ante episodios de crisis, como octubre de 2020 o julio de 2022, donde el CCL a valores actuales representaba casi $ 2.000.
Pero períodos más normales se han ubicado por lo menos 20 por ciento superiores al dólar oficial actual. Puede decirse que la devaluación tuvo éxito inicial ya que no desató una estampida de precios imparable.
También se puede reconocer que todos los planes de estabilización han tenido en su momento algún tipo de ancla cambiaria, más o menos fuerte, que ha ayudado al proceso de desinflación.
Sin embargo, para que las apreciaciones funcionen tienen que ser sostenibles. Para ello no deben alimentar expectativas de devaluación. Y la regla de acomodar al 2 por ciento mensual el tipo de cambio oficial conviviendo con inflación de dos dígitos y tasas de interés en 6 por ciento multiplica las dudas. Marzo se encamina a cerrar con un IPC en torno al 11 por ciento/12 por ciento mensual, mientras que abril parece ser una gran incógnita por el impacto de tarifas.
Entramos en un trimestre crucial que pondrá a prueba el acompañamiento de la opinión pública. El gobierno sostiene que puede seguir su camino pues los mercados apoyan. La apuesta detrás de esta estrategia es bajar la inflación más rápido, y quizás sorprender adelantando la apertura del cepo y la consecuente unificación del mercado cambiario vía una competencia de monedas muy sui generis.
Los riesgos están presentes y siembran interrogantes. La desinflación puede costar más de lo pensado ya que la inercia sigue alta, faltan reacomodamientos de precios relativos y segundas rondas en los costos. Además, en algún momento, los salarios tendrán que reaccionar más al alza.
Hasta aquí la administración libertaria, ferviente defensora de la desregulación, utiliza la no homologación de las paritarias que le disgustan para impugnar los acuerdos libres entre empresarios y trabajadores.
Por presión social, o por necesidad de estimular el consumo, más temprano que tarde esa determinación tendrá que ser reexaminada.
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