Los ciudadanos tendrán más fácil acceder a una beca o ayuda al estudio, pedir plaza en una escuela infantil, gestionar los trámites de la dependencia y la discapacidad, el reconocimiento del título de familia numerosa, presentar las ayudas al alquiler o solicitar una subvención. Son demandas habituales para una parte importante de la población canaria que están cargadas de peticiones de documentación, gestiones burocráticas y plazos que se eternizan. Ahora se ha puesto en marcha un proyecto para que estos y otros procedimientos se simplifiquen y se acorten tanto en los trámites como en los plazos de las resoluciones.
La Administración autonómica busca alternativas y medios para aplicar la simplificación administrativa en trámites esenciales del día a día de ciudadanos y también de empresas. El objetivo es ir a lo concreto y reducir plazos y trámites en medio centenar de asuntos básicos que forman parte de la relación habitual entre los ciudadanos y empresas con la Administración. Para ello las distintas consejerías y departamentos de la Comunidad Autónoma han detectado y puesto sobre la mesa aquellos procesos que pueden acortarse y reducir tanto la documentación que se solicita como el tiempo que tardan en resolverse.
Dificultades
La directora general de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos, Juana María Reyes, admite las dificultades que entraña esta iniciativa por la propia resistencia interna que existe. Por ello se ha creado un equipo multidisciplinar que incluye a profesionales de la psicología, informática, ingeniería, sociología o geografía que respaldan a los distintos departamentos a fin de determinar en qué procedimientos hay más problemas y ayudar a resolverlos. Pero también se ha contratado el asesoramiento de una empresa externa con fondos europeos Next Generation, licitada por cuatro millones de euros, para respaldar con una visión desde fuera de la Administración en todo el proceso de información y apoyar en la fase de simplificación con propuestas.
La mayor parte del proceso se pretende culminar en junio de 2025, según Reyes, porque hay que justificar el gasto de los fondos a Bruselas. En verano ya se pondrán en marcha los primeros pasos de esta simplificación con la solicitud de becas para el próximo curso escolar. Pero la directora general advierte algo a lo que se han enfrentado los diferentes gobiernos que han intentado reducir burocracia: la complejidad de la organización administrativa, la resistencia que hay en ocasiones para poner en marcha procedimientos novedosos o suprimir los que hay, la falta de personal ante la carga de trabajo existente y la necesidad de renovar los aplicativos digitales y los equipos informáticos para dar más agilidad y seguridad a la Administración telemática, proceso que tampoco es fácil.
Contrataciones
Junto al equipo multidisciplinar y la empresa externa también se ha reforzado la plantilla de la Dirección General con seis empleados más que se ha contratado para este proyecto. Habrá una formación específica para los funcionarios y personal encargado de este proceso.
Uno de los problemas a los que se enfrenta esta iniciativa es la brecha digital existente en parte de la población isleña. Juana Reyes explica que cuando entró el Gobierno ya se suprimió la cita previa y ahora lo que se busca es habilitar a funcionarios para realizar determinadas actuaciones en nombre del ciudadano, siempre contando con la presencia del mismo y su autorización. Hasta que se pueda regular con garantías la asistencia en remoto se pondrán en marcha métodos alternativos y entre ellos figura que el empleado pública facilite al ciudadano los trámites con peticiones de documentación en su nombre.
La comunidad más avanzada en simplificación administrativa es Andalucía y Canarias se ha fijado en este modelo para iniciar esta transformación administrativa, en la que habrá que modificar decretos y normativas si no reflejan los nuevos procedimientos.
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