Ciper Chile informó que se presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago para impedir que más de 770,000 páginas del informe de extracción del celular del abogado entregadas al Consejo de Defensa del Estado (CDE). Este recurso surge en respuesta a las declaraciones del presidente del CDE, Raúl Letelier, quien expresó en CNN Chile su intención de solicitar acceso a los chats de Hermosilla, actualmente bajo peritaje de la Fiscalía Oriente Metropolitana.
Mario Vargas, abogado cercano a Hermosilla, activó las alarmas tras estas declaraciones, temiendo por la confidencialidad de sus comunicaciones privadas y las posibles repercusiones en su honorabilidad. La investigación de CIPER ha revelado que uno de los ministros de la Corte, Antonio Ulloa, mantuvo conversaciones con Hermosilla, lo que podría influir en el curso de la decisión judicial sobre el recurso.
El recurso argumenta que el acceso del CDE a estas comunicaciones constituye una amenaza a las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y el derecho a la honra y privacidad de Vargas. Este último, uno de los abogados penalistas más cercanos a Hermosilla, según fuentes del Poder Judicial, busca con su acción legal asegurar que el CDE, cuya competencia se limita a investigaciones relacionadas con perjuicios al patrimonio estatal y delitos funcionarios, no intervenga indebidamente en la investigación de ilícitos que no le competen.
La preocupación de Vargas se extiende también a las repercusiones públicas que pueden derivar de la divulgación de los chats, en un contexto donde figuras gubernamentales y parlamentarias han hablado abiertamente sobre supuestas redes de corrupción. Además, el abogado critica a la fiscalía por supuestas filtraciones de información y solicita que se informe quiénes han tenido acceso a los chats contenidos en el celular de Hermosilla.
La decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago será crucial para determinar si el recurso de protección es acogido y quiénes serán los ministros habilitados para fallar en esta causa, especialmente considerando la posible influencia que Hermosilla pudo haber tenido en el nombramiento de ciertos funcionarios judiciales.
Este caso no solo pone en evidencia las tensiones entre la necesidad de investigar actos de corrupción y la protección de las garantías individuales, sino que también subraya la complejidad de las relaciones entre el poder judicial, el poder ejecutivo y organismos autónomos como el CDE en el marco de investigaciones de alto perfil.