Tras la Junta de Gobierno celebrada en Moratalaz, José Luis Martínez-Almeida ha anunciado nuevas medidas para la ordenación del mercado de las viviendas de uso turístico (VUT), que pondrá en marcha el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad que encabeza Borja Carabante. Es decir, para combatir la presencia de inmuebles ilegales de este tipo, habituales sobre todo en el centro de la capital. Según los datos municipales, hay 13.502 pisos turísticos, de los que sólo 941 cuentan con licencia municipal y 151 se encuentran en tramitación. Desde 2017, han aflorado 5.564 viviendas turísticas nuevas, un 41% más en siete años.
Así que, desde este viernes, y hasta que se tramite la Modificación del Plan General, se suspende la concesión de nuevas licencias, que quieran operar en el ámbito territorial que contempla el Plan Especial de Hospedaje (PEH), aprobado el 27 de marzo de 2019, en las últimas semanas del mandato de Manuela Carmena. Además, en el distrito Centro se suspenden las licencias para la transformación de local a vivienda en ejes comerciales. Y en toda la ciudad, quedan anuladas las licencias de VUT en edificaciones distintas al ámbito residencial que se encuentren en planta baja.
Otro de los epígrafes, acaso el más sonoro y llamativo por afectar al bolsillo, se refiere a las sanciones para aquellos que obtengan beneficio sin licencia. Si hasta ahora las multas eran de 1.000 euros la primera, 2.000 la segunda y 3.000 la tercera, el nuevo plan proyecta una sanción inicial firme de 30.000 euros, una segunda de 60.000 y una tercera de 100.000. Castigos que, además, son acumulativos. De tal manera que, tras ordenarse el cese y restablecimiento de la legalidad, hay quien podría encontrarse con 190.000 euros de sanción sobre la mesa. Una cifra considerable que nada tiene que ver con los 6.000 euros que hasta ahora podría llegar a acumular el titular de un piso turístico, una cifra asumible teniendo en cuenta las ganancias que reporta esa actividad. Eso, conforme a la reforma, dejará de suceder. "Los beneficios no van a compensar las posibles multas", recalcaba Almeida.
Además, está previsto que en las próximas semanas el Ayuntamiento de Madrid publique en su página web, en el portal de transparencia, un listado con todas las VUT (13.502) que cuentan con licencia municipal y cuál es su ubicación concreta. Una manera de garantizar la seguridad jurídica de los usuarios, que podrán consultar si el piso que están contratando cumple los requisitos legales necesarios o están infringiendo la ley.
Refuerzo de inspectores
Para impulsar estas nuevas medidas, desde Cibeles se hará un refuerzo de la plantilla de inspectores, encargados de certificar que las viviendas turísticas cumplan con todas las exigencias. Se ampliará de 65 a 75 (un 15% más) el número de trabajadores, que dependen de la Subdirección General de Inspección y Disciplina. "Lo importante es que los vecinos logren tener la certeza de si estos inmuebles cumplen con la normativa o no", añadía el regidor.
Las medidas, lógicamente, han encontrado una respuesta frontal desde la oposición. "Da igual que no se concedan nuevas licencias, porque el 99 % de los pisos turísticos hoy en Madrid funcionan sin licencias, así que el problema no es de licencias", argumentaba Rita Maestre, portavoz de Más Madrid. "Lo que esperaba escuchar es que va a cerrar todas las viviendas ilegales, esto es sólo un parche", añadía Reyes Maroto, líder municipal del PSOE.
Según los datos registrados en 2023, el Consistorio recibió un 51% más de denuncias referentes a viviendas y apartamentos de uso turístico que el año anterior. El 82% procedía de ciudadanos, que sufren las molestias por el trasiego de los recién llegados. En el distrito Centro, las residencias destinadas a esta actividad representan casi el 8% del parque de vivienda, por el 0,9% del resto de la capital.
Aunque la aprobación inicial del plan regulador de las viviendas de uso turístico en la capital está prevista para septiembre de este año, la definitiva no llegará hasta uno de los Plenos del primer trimestre de 2025, teniendo que ser validado finalmente por la Comunidad de Madrid.