Fedea discrepa de los cálculos de José Luis Escrivá respecto a los efectos de la reforma de pensiones que impulsó. Allí donde el exministro de Seguridad Social ve un escenario sostenible, la entidad anticipa un duro golpe para las cuentas públicas, que crecerá en el futuro. En concreto, pronostica que el gasto en pensiones aumentará hasta alcanzar el 17,8% en 2050, lo que supone 2,5 puntos por encima de lo previsto por el Gobierno.
Una evolución que ensanchará el déficit del sistema, hasta los 6,3 puntos en 25 años, y que obligará al Estado a dedicar el 50% de los ingresos tributarios a taponar la brecha. No cabe tildar de catastrofista este análisis de Fedea. De hecho, organismos como el Banco de España o la AIReF llevan tiempo alertando del desequilibrio al alza de las pensiones por el mayor gasto. Un impacto que ya se aprecia en la actualidad con un déficit real de la Seguridad Social sin transferencias del Estado de 28.400 millones, el 2% del PIB, en 2023.
Una pérdida que se produce incluso con el alza de los ingresos por cotizaciones sociales y por el llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), cuya recaudación conjunta alcanzó 158.000 millones el pasado año. Pero esa aportación es insuficiente para cubrir el incremento anual de las pensiones (15.800 millones en 2023), provocado por indexar la revalorización de las pagas al IPC.
Si a todo ello sumamos el progresivo retiro de la generación del baby boom es más que evidente que el sistema necesitará de un nuevo ajuste ya en 2025, como anticipa la propia AIReF, para frenar el voraz bocado de las pensiones en las arcas públicas. El problema es que dicho ajuste se hará por la vía de los ingresos, lo que aumentará el castigo para trabajadores y empresas, cuando lo que se debería hacer es racionalizar el gasto.