Un adolescente de 17 años fue acusado este domingo por el Ministerio Público Fiscal (MPF) por el homicidio de Juan Caliani, y quedó detenido bajo la modalidad de arresto excepcional que prevé la Ley provincial 2302.
La acusación la realizó la fiscal del caso Lucrecia Sola, junto a la asistente letrada Guadalupe Inaudi y el asistente letrado Matías Cabezas, ambos integrantes del MPF. La audiencia se realizó en la Ciudad Judicial por la tarde, y no fue pública porque así lo establece la legislación para casos en los que hay adolescentes menores de edad involucrados.
Con la acusación de este miércoles, las dos personas que eran buscadas por el MPF y la Policía provincial por el homicidio, quedaron formalmente imputadas y arrestadas de modo excepcional, con custodia policial, en un hogar de menores. El hecho bajo investigación fue cometido el 1 de abril pasado, alrededor de las 23.45 en la vivienda donde vivía la víctima, ubicada en Luis Beltrán y Cacique Purrán.
El acusado ingresó a la casa junto al otro adolescente que ya fue imputado el viernes pasado. Entraron por la puerta de un quincho que está lindante a la vivienda y sustrajeron cajas de herramientas, bebidas alcohólicas y una valija con ropa, que fueron dejando en el techo del inmueble.
Al advertir ruidos, la víctima salió de su dormitorio y en un pasillo que comunica la casa con el quincho, se cruzó con los dos varones. La persona acusada hoy, fue quien lo sujetó de atrás, mientras que otro adolescente le dio dos puñaladas en el tórax, con un cuchillo que tomó del quincho, y como consecuencia de las cuales Caliani falleció.
El delito atribuido al adolescente fue homicidio en ocasión de robo, en carácter de coautor. Como medida cautelar, el MPF pidió el arresto excepcional que prevé la ley 2302, por un plazo de 30 días.
El argumento fue que la medida es necesaria para realizar medidas en el contexto de la investigación del caso. La jueza que intervino en la audiencia, Carolina García, avaló la formulación de cargos y dispuso la apertura de la investigación. También hizo lugar al requerimiento de arresto excepcional por 30 días, que es el máximo previsto por la Ley 2302.