El miércoles pasado, Nicolás Martinelli, ministro del Interior, viajó a Washington para firmar un "memorándum de cooperación" con la DEA. Estuvo acompañado por Alfredo Rodríguez, director general de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, y por Heide Fulton, embajadora de EEUU en Uruguay. Esto ocurre un día después de que el ministro fuera citado al Parlamento para explicar sus vínculos con el empresario Gonzalo Aguiar y presuntos actos de corrupción en la Policía de Maldonado, denunciados por el diputado Sebastián Cal (Cabildo Abierto).
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El asesinato del empresario Gonzalo Aguiar a manos de su expareja, y varios crímenes vinculados al narcotráfico, pusieron a Maldonado en el foco de la atención pública. Estos hechos fueron los que públicamente se conocieron. Pero detrás de ellos hay otra historia. Una que tiene que ver con la corrupción y que compromete a gobernantes y funcionarios nacionales y locales.
El último día de febrero pasado, Gonzalo Aguiar fue ultimado por siete disparos realizados por su expareja, Romina Camejo. Fue el desenlace brutal de una relación que había comenzado tres o cuatro años antes, que parecía un camino al cielo y terminó directamente en el infierno.
La historia de Aguiar ya es muy pública, así como la estafa millonaria que realizó contra empresarios canadienses, sus socios en un proyecto cannábico modelo instalado en Salto.
Una cifra aún imprecisa de millones de dólares, destinados a la inversión, los empleó para comprar una fastuosa residencia cerca del Golf, así como varios autos deportivos de muy alta gama. También adquirió tierras y otras propiedades en diferentes lugares del departamento y en Montevideo, y un importante yate que estuvo un tiempo anclado en el puerto de Punta del Este.
Además, se casó con Romina. O eso creyó ella, porque después se enteró que Aguiar ya estaba casado en Canadá, y por eso contrató a un conocido que ofició como juez. Aún así, la fiesta fue propia de quien se presentaba como "un millonario empresario", y contó con la presencia de autoridades nacionales y políticos locales.
La residencia La Maison había sido construída a todo lujo por un empresario brasileño que luego decidió venderla en un remate internacional. La compró Aguiar en un monto que va entre los 4 y 5 millones de dólares.
A nadie llamaba la atención, porque era una más de las tantas de altísimo valor existentes en la zona. Pero el público nacional e internacional la identificó en febrero del año pasado, cuando cuatro hombres la coparon para llevarse un lote de armas muy modernas y sofisticadas, además de miles de municiones, propiedad del dueño de casa, presuntamente un coleccionista.
En esa instancia nunca se vió ni trascendió el nombre de Aguiar, simplemente se mencionó a un "empresario" como la víctima. Los autores del robo fueron detenidos pocas horas después y las armas y municiones recuperadas.
Ahora sabemos, como ya lo informó Caras y Caretas en su edición del pasado 1º de marzo, que el robo también fue fraguado por Aguiar aparentemente con la intención de cobrar un seguro.
El diputado Cal y la Policía de Maldonado
El año pasado era sabido en Maldonado que el diputado Sebastián Cal (Cabildo Abierto) había sido amenazado de muerte. Pero como él no quería hablar ni se tenía otra información, el tema quedó en agenda.
Por personas que lo conocían supimos que había decidido mudarse con su familia a un barrio cerrado ubicado en La Barra.
A fines de julio del año pasado fue sustituído el jefe de Policía de Maldonado, comisario general (r) Julio Pioli, quien estaba al frente desde marzo del 2020, nombrado por el presidente Luis Lacalle Pou.
Pioli es un oficial generalmente bien conceptuado, con casi toda su carrera profesional desarrollada en Maldonado y que ya había ocupado la Subjefatura en el período anterior, acompañando a Erode Ruiz, nombrados ambos por el entonces ministro del Interior, Eduardo Bonomi.
Ahora Ruiz regresó para sustituir a Pioli. Nunca se explicaron los motivos de este cambio y se usaron vaguedades como "una mejora de gestión". Pero nuevos datos surgidos a partir de la difusión de una grabación realizada al diputado Cal por Sergio Secinaro, director del semanario Crónicas del Este, explicarían por qué Luis Alberto Heber tomó la decisión de sustituir al exjefe .
Y todo lo que ahora se sabe, y ratifica, es un escándalo de dimensiones aún desconocidas pero que pone a la corrupción política y policial en el centro de la escena.
El diputado de Cabildo había advertido a Pioli, jefe de Policía, que "había un grupo de uniformados trabajando para Aguiar". Dos días después el empresario se enteró y le envió audios amenazantes.
Según Cal, Aguiar hacía alarde de sus vínculos con Nicolás Martinelli, con quien comía asados periódicamente en la sede de la empresa Boreal, ubicada en Carrasco, y también en la residencia La Maison. El ahora ministro, entonces secretario de Lacalle Pou, también estuvo invitado al casamiento "trucho".
El legislador relató: "Cuando recibí los audios fui a hablar con Heber –ministro del Interior en ese momento– para a comunicarle dos cosas: primero, lo mismo que le había comunicado a Pioli; acá hay algo raro, porque de alguna forma el tipo se había enterado y me mandó un audio amenazante". Añadió: "También lo pongo en situación, en contexto, de que este hombre permanentemente hacía referencia a (Nicolás) Martinelli y que era su asesor".
"Pocos días después de esa primera reunión con Heber, éste me dijo: 'Quedate tranquilo que no pasa nada. Ya averigüé con Martinelli y dice que está todo bien'".
Cal entendió que "por segunda vez lo estaban exponiendo" y ahí fue a hablar con Álvaro Delgado, entonces secretario de Presidencia: "Y lo pongo también en contexto".
El cabildante dijo que "el accionar de las autoridades, cuando yo les hice saber esta situación, no fue el mejor, y no me sentí respaldado en lo más mínimo. Creo que si se hubieran tomado acciones en el momento en que avisé esto, tal vez esos canadienses socios de este tipo hoy no tendrían el nivel de estafa que tuvieron. Tal vez lo podrían haber parado a tiempo; pero nadie me dio pelota", lamentó el parlamentario.
Cal dijo que a Aguiar se lo presentaron dos personas cercanas al Gobierno como un "empresario muy exitoso del tema del cannabis" y "entendía que pensaban que era una persona bien, porque incluso me manifestaron ser socios de él acá en Uruguay", apuntó.
El martes pasado, el diputado Cal fue invitado a la Comisión de Seguridad del Parlamento para interrogarlo sobre estas denuncias. A pedido del senador Guido Manini Ríos, la sesión fue declarada secreta y sólo se resolvió informar que "había ratificado sus dichos". Por eso, resolvieron citar al ministro Martinelli, quien luego podría ser interpelado y probablemente existan votos para solicitar su destitución.
La jugada con la DEA debe entenderse como un manotón de un ahogado.
Sicarios narcos
Un par de semanas después del asesinato de Aguiar, y mientras la Intendencia realojaba a residentes en el asentamiento Kennedy hacia un nuevo barrio construído, se produjeron dos noches de terror. Dos bandas de traficantes se enfrentaron a balazos en el asentamiento durante dos noches. A consecuencia, murió un hombre y otro recibió graves lesiones. Además, fueron incendiados varios ranchos.
Las autoridades departamentales reconocieron que "si no había intervención judicial, seguramente también se trasladaban las bocas de venta de drogas". Fuentes policiales dijeron a Caras y Caretas que "el enfrentamiento se dió entre grupos que pretenden controlar las bocas en el nuevo barrio".
El lunes de Semana de Turismo el escenario de violencia se trasladó a Maldonado Nuevo, cuando en horas de la madrugada dos hombres que circulaban en moto asesinaron a balazos a una mujer de 40 años.
El martes, después del mediodía, otra vez dos hombres en moto asesinaron a dos jóvenes de 25 y 27 años que estaban parados en una esquina del mismo barrio. La policía se encargó de difundir que los tres muertos tenían antecedentes.
A partir de estos hechos, el Ministerio del Interior decidió intervenir el barrio y altas jerarquías policiales se desplazaron a Maldonado para elaborar el plan de contingencia junto a la Jefatura local.
Desde entonces se han desarrollado múltiples operativos en los que se detuvo a varios delincuentes, entre los que hay ladrones de autos, rapiñeros y vendedores de drogas. Incluso se detuvo a uno que trasladaba dos kilos de cocaína.
Este miércoles fue formalizado uno de los asesinos que no reconoció los hechos, pero las pruebas recolectadas por el fiscal Sebastián Robles lo incriminan. Este hombre posee 10 antecedentes por diferentes delitos.
Esta misma semana, vecinos de Aiguá, una tranquila y pequeña localidad ubicada al norte de Maldonado, límite con Lavalleja, denunciaron que las balaceras entre vendedores de drogas "se han convertido en algo frecuente en ese lugar".
Hasta no hace más de tres años era San Carlos el lugar asolado por narcos locales que buscaban controlar una ruta muy importante entre Brasil y Uruguay. Las políticas equivocadas lo único que han logrado es la extensión del negocio y el avance de las bandas criminales.
Ahora no hay un lugar seguro.
La complicada Policía de Maldonado
Corrían los años 90 e irrumpía la figura de Omar Clavijo, que entonces era señalado como un importante narcotraficante, pero a la luz de la historia reciente no pasaba de ser un dealer con buenos contactos.
La investigación encabezada por el entonces juez penal Homero Da Costa en 1996 logró revelaciones que asombraron. Por ejemplo, de las escuchas telefónicas realizadas por un grupo de policías elegidos especialmente por Da Costa, y que trabajaban a sus órdenes las 24 horas, se supo que había un oficial y un suboficial de la jefatura de Maldonado que informaban a varios delincuentes cuando iban a ser allanados.
El auto de procesamiento dictado por Da Costa reveló los vínculos del narco. "Las agendas incautadas al procesado Omar Ramón Clavijo Cedrés –13 en total– hablan a las claras de sus amplísimos contactos con el ambiente político, social, policial, militar y económico del país. En ellas aparecen los nombres de diputados, exdiputados, senadores, ministros, exministros de Estado e intendentes con sus domicilios particulares, sus teléfonos oficiales y particulares además de sus celulares. Figuran también las direcciones y teléfonos de conocidos empresarios, de exjefes de Policía, de autoridades e inspectores del Iname, de militares, de jerarcas de la Prefectura de Maldonado y de la Aduana de Punta del Este, con quienes incluso mantuvo contactos secretos aún no aclarados, que la sede de 4º turno se halla investigando en pieza presumarial. Se incluyen en las agendas teléfonos y direcciones de jerarcas policiales, muchos de los cuales integraron hasta el año pasado nada menos (N. de Red.: subrayado en el original) que la Brigada Nacional de Narcóticos, con los cuales existe una fotografía, todos ellos abrazados en amistoso gesto, en la barra de uno de los negocios nocturnos de Clavijo", afirmaba el magistrado.
Esa Brigada Antidrogas fue desmantelada por el inspector (r) Roberto Rivero cuando asumió al frente de la dirección (DGRTID). A pesar de ello, el Ministerio del Interior de la época mantuvo a De León como oficial en Interpol.
Homero Da Costa fue amenazado de muerte en dos oportunidades y hasta el entonces intendente de Maldonado, Domingo Burgueño, intentó presionarlo presentándose en la sede penal la misma noche que procesó a Clavijo. En tanto la jueza penal Fanny Canessa recibía anónimas llamadas telefónicas de tono amenazante, tres periodistas de Maldonado también fueron amenazados directamente por el acusado "con romperles las piernas".
En junio del 2020 fue detenido el coordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado, comisario Fernando Pereira. El tercer jerarca del organigrama fue acusado de varios delitos: abuso de funciones, faena clandestina, omisión de los deberes del cargo, revelación de secreto y omisión en denunciar delitos. En noviembre fue procesado y enviado a prisión.
A principios de los 2000, Pereira, entonces en la Dirección de Investigaciones, ya había sido procesado con prisión por "abuso de funciones" acusado de torturas. Cuando recuperó la libertad, y sin que se le instruyera sumario, volvió, ahora como comisario de San Carlos.
Durante tres años, bandas de narcotraficantes asolaron la ciudad de San Carlos. La madre del jefe de una de las bandas acusó a la Policía de "cobrar coimas para tolerar la venta de drogas". El comisario Fernando Pereira, quien antes de ser coordinador de jefatura se desempeñaba como responsable de la seccional de esa ciudad, tiene un patrimonio que no se justifica con su salario.
Pereira tenía estrechos vínculos con el diputado colorado, por esa época ministro de Turismo, Germán Cardoso. Las intercepciones telefónicas realizadas con orden judicial revelaron una importante solicitud de "pedidos de favores" realizados por Cardoso al número tres de la Jefatura.
Pero nada de esto es lo peor. Lo peor está en el audio registrado por Secinaro donde el diputado Sebastián Cal sostiene que "la que lo va a terminar limpiando es la Policía y no los narcos".
No existe registro en la historia del país en el que un diputado, integrante del Gobierno, diga temer más a la Policía que a los narcotraficantes.
En el 2010, el director nacional de Policía, Julio Guarteche, decía a El País: "Tenemos, prácticamente, un escándalo de corrupción por semana y esto no puede seguir así. Estamos anhelosamente empeñados en lograr la confianza de la población, pero sabemos que no será de un día para el otro. Va a tomar tiempo, por esto estamos limpiando la casa, somos conscientes de que no podemos barrer para debajo de la alfombra".
No lo escucharon, porque desde el inicio de este gobierno la corrupción ha sido una constante en el Ministerio del Interior.