La Fiscalía de Portugal afirma que seguirá con la operación 'Influencer' a pesar del revés judicial
La Fiscalía de Portugal ha asegurado este jueves que continuará con la investigación del caso 'Influencer', un día después de que el Tribunal de Apelaciones de Lisboa rechazara su recurso y descartara las sospechas sobre el ex primer ministro António Costa, calificándolas de "meras especulaciones".
A pesar de esta decisión, la Fiscalía ha anunciado que seguirá adelante a fin de, en los términos que marca la ley, "investigar los hechos que son susceptibles de conducir a la comisión de delitos, determinando quienes y su responsabilidad", según han recogido medios portugueses.
Todo ello después de que en la víspera, la Justicia portuguesa señalara que no ve indicios de que el empresario Diogo Lacerda Machado ejerciera presión alguna sobre Costa para establecer un centro de datos en la localidad de Sines, o sobre cualquier otro asunto durante su mandato.
Aquellas sospechas aceleraron en noviembre de 2023 la dimisión de un Costa que contaba con mayoría absoluta y se encontraba a medio camino de legislatura. La operación 'Influencer' dejó varias detenciones y decenas de registros, entre ellos uno la residencia oficial del primer ministro en Sao Bento.
Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones de Lisboa ha dado un nuevo revés a la Fiscalía y ha calificado de "inepto" el trabajo que ha realizado en relación a este asunto ya que hubiera sido "esencial" que hubiese descrito "algún comportamiento objetivo" de Costa que hubiera hecho posible demostrar estas acusaciones.
El tribunal no solo descarta cualquier implicación de Costa, sino todo indicio de crimen en dicha operación de cualquiera de los investigados, entre ellos el citado Lacerda Machado y el antiguo jefe de gabinete Vítor Escária, a quienes se les ha anulado las medidas de prisión preventiva que pedía la Fiscalía.
Ambos habían apelado al tribunal las medidas cauteleras impuestas por la Fiscalía, que ve ahora como a ambos se les retira, por lo que podrán salir del país y en el caso de Lacerda Machado se le retira su fianza de 150.000 euros.
El fallo también sostiene que otro de los señalados, el exministro de Infraestrcuturas Joao Galamba --que no fue detenido, pero sí imputado-- no sería más que un político interesado en impulsar dicho centro de datos en Sines ya que se trataba de un proyecto de interés nacional.