Más allá del gigantesco agujero negro en el que se convirtieron las contrataciones del Ministerio de Sanidad durante la pandemia hay un aspecto de vital trascendencia en la gestión del por entonces titular del departamento, Salvador Illa. Y no tiene que ver con las multimillonarias partidas económicas, sino con la seguridad del personal sanitario que se jugó literalmente la vida. Según dejó claro la Policía en un informe, las mascarillas que distribuyó el ministerio no protegían y tenían certificados «falsos». «Los usuarios han estado expuestos a un riesgo grave para su salud, principalmente debido a la falta de eficacia en el filtrado en el caso de las mascarillas no garantizándose con estos medios los niveles apropiados para desempeñar su actividad con las medidas de higiene adecuadas», zanjan los agentes en un informe que desvela OKDIARIO.
Dicho documento policial de más de 40 páginas obra en el sumario del caso del Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid. Están imputadas tres altos cargos de Illa, entre ellas la entonces directora general de la Cartera Básica del Sistema Nacional de la Salud y Farmacia. Como publicó este periódico, tardó 7 días en parar el suministro de las mascarillas defectuosas desde que supo que lo eran como atestiguan los correos electrónicos. Tras la denuncia de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, el Juzgado ha requerido a Sanidad todos los documentos sobre el caso. Entre ellos, está un informe muy detallado del Área de Policía Judicial de la Policía Municipal de Madrid. La Policía es texativa: «Se ha vulnerado lo dispuesto en la Ley de prevención de riesgos laborales en relación a las obligaciones que arroga a fabricantes, importadores y suministradores». En este caso concreto, «en su misión de asegurar que los elementos para la protección de los trabajadores tengan la efectividad establecida». El documento es demoledor y concluyente: El Ministerio de Sanidad, en manos del PSOE, no veló por la seguridad de los trabajadores sanitarios. Más bien todo lo contrario