Juan Pablo Aranibar Osorio, un alto funcionario del portafolio de Vivienda, fue nombrado por la ministra Hania Pérez de Cuéllar, pese a que registra denuncias policiales por violencia contra su pareja y hermana, según un informe difundido este miércoles por Latina.
De acuerdo con la televisora, la primera denuncia contra el Director de la Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto de la institución fue presentada en la comisaría de Chacarilla del Estanque (Surco) el 19 de enero de 2018.
La víctima, su esposa, describió actos de violencia psicológica y física, con intentos de ahorcamiento y electrocución con una máquina pasa corriente. La escalada de agresiones continuó hasta que, el 7 de julio de 2019, volvió a denunciarlo por golpearla, hostigarla y amenazarla, según la documentación citada en el informe.
En esa oportunidad fue trasladada al Instituto de Medicina Legal para pasar por las pericias necesarias. Cuando Aranibar acudió al lugar, la Policía Nacional (PNP) lo detuvo por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud; sin embargo, él se negó a firmar el acta de detención y la constancia de buen trato, de acuerdo con el parte.
Segunda acusación
El canal de televisión intentó obtener declaraciones del denunciado, pero no respondió a las solicitudes. En diciembre del año pasado, el Décimo Tercer Juzgado de Familia de Lima estableció medidas de protección a favor de Ann Aranibar Osorio, quien denunció al alto funcionario —su hermano— también por violencia.
La resolución prohibió que se le acercara y que ejerciera cualquier forma de maltrato hacia ella, bajo advertencia de expulsión del domicilio familiar y posibles acciones legales. Ante el fallo, Aranibar interpuso un recurso de apelación ante el Poder Judicial, el cual fue admitido, y el expediente fue enviado a la Segunda Fiscalía Superior de Familia de Lima para que elabore un dictamen sobre el caso.
Se ha programado una audiencia para el 9 de agosto de 2024. La emisión de la resolución judicial se originó después de un incidente de violencia reportado en la comisaría de Sagitario (Surco) el 1 de diciembre de 2023, cuando la joven notificó a la Policía que fue objeto de violencia física y psicológica por parte de su hermano.
En esa oportunidad, fue llevada al Instituto de Medicina Legal para someterse a exámenes que determinaron la presencia de signos de lesiones corporales traumáticas recientes. Después de la difusión del reportaje, la ministra Pérez de Cuéllar anunció que su despacho ya puso en marcha una investigación después de solicitar "los descargos" del acusado.
"Sí, estoy al tanto de la situación. Se han iniciado las investigaciones pertinentes. Además, hemos solicitado la versión del señor involucrado. De acuerdo con los resultados a los que arribemos en las investigaciones, adoptaremos las medidas correspondientes", dijo en una rueda de prensa desde el Palacio Legislativo.
"[Considerar su destitución] Definitivamente. Es primordial garantizar el derecho del individuo a presentar su defensa y someterse a la investigación. Con base en los hallazgos, procederemos a retirarle la confianza. Pueden estar seguros de esto. No toleraremos a ningún individuo que demuestre una conducta inapropiada, ya sea como empleado o funcionario, en su ámbito personal", zanjó.
La semana pasada, el pleno del Congreso rechazó interpelar a Pérez de Cuéllar por los S/. 1,288.80 que gastó su cartera a siete almuerzos en un chifa —posteriormente, la Contraloría confirmó un presunto uso inadecuado de la caja chica de la cartera— y por su "falta de acción ante la seguridad de las infraestructuras de Educación y Vivienda".