Parece mentira tener que comenzar recordando que en el Título Preliminar de la Constitución de 1978, que yo sepa actualmente vigente, en su artículo 3 apartado 1 queda claro que «el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla». Y en el segundo apartado, queda igualmente claro que «las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos». Traducido: aquí, en Baleares, el español y el catalán son lenguas cooficiales, es decir, que tanto la una como la otra son oficiales, con sus deberes y derechos en plano de igualdad.
Un discutible plano de igualdad, desde el momento en que el Estatuto balear reconoce las modalidades lingüísticas insulares que han acabado aparcadas en la nada oficial más absoluta, gracias a la estupidez del centroderecha y la sistemática presión de los catalanistas, hasta que se han salido con la suya. Incluyendo la imposición del pinganillo en el Congreso de los Diputados
Ocurre que en Baleares, como en Cataluña y el País Vasco, y empezando a pasar lo mismo en Galicia, ha cogido vuelo fraudulento la ingeniería social encaminada a convertir la lengua vernácula en palanca o arbusto fétido para una imposición al objeto de conseguir los fines que todos ya conocemos: la creación de un Estado propio, por la vía de los hechos consumados, y de difícil reversión, como viene ocurriendo los últimos 40 años. De tal manera que el Estado de las Autonomías ha acabado generando Caballos de Troya.
Sin aparecer en el horizonte la legítima aplicación del Artículo 155 de la Constitución, y de ser necesario, revertir las competencias en Educación. Lo que propone Vox, por mucho que les llamen fascistas por ello.
El papel estelar tanto del PSOE como del PP en permanentes cesiones a las ambiciones separatistas nos ha conducido a la situación actual, hasta que ha entrado en escena Vox exigiendo con firmeza el respeto a la cooficialidad. Les llaman fascistas por ello, un señalamiento peyorativo que en realidad lo que esconde es engañar a la población con falsas premisas o supuestos. Un derecho es un derecho y en absoluto una práctica fascista. ¡Cojones!
Los ciudadanos de Baleares hemos vivido entre 2015 y 2023 ocho años de aceleración esquizofrénica de la inmersión por obra y gracia de ese rodillo sistemático del Pacte de Progrés. Hasta que llegó el 28-M y la progresía de extrema izquierda se fue al carajo, esperemos que por tiempo indefinido.
Una medida estelar en este inédito capítulo de regreso a la libertad ha sido la propuesta de libre elección de lengua en la enseñanza primaria, tanto en centros públicos como concertados. Frente a la imposición, elección. Mis queridos progres intransigentes, elegir es libertad, mientras imposición solo es bota en la nuca, en definitiva autoritarismo. Lo que tanto os gusta.
El cacareado consenso esgrimido por separatistas y la izquierda en general para blanquear la imposición del catalán sobre el español es eso: cacareo y nada más que cacareo, por mucho que se rasguen las vestiduras. Cacarear, queridos progres intransigentes, consiste en «alabar exageradamente algo, especialmente propio» y no del conjunto. La RAE. La libre elección es una propuesta de Vox que marea y mucho al PP, que siente auténtico pavor a la reacción de separatistas y extrema izquierda, PSIB-PSOE incluido.
Esta es la situación incuestionable en Baleares: la Constitución del 78 y el Estatuto de Autonomía dejan meridianamente clara la cooficialidad de los idiomas castellano y catalán entre nosotros. Una de sus consecuencias es el derecho a la elección de lengua materna en la enseñanza primaria, pero hete aquí que la comunidad educativa parece estar incomprensiblemente un paso por encima de la ley. Porque será la comunidad educativa la que va a tener prioridad, insisto, para tomar la última decisión al respecto.
El pasado 22 de abril se iniciaba el plazo de 30 días para que los centros se adhieran al Plan Voluntario de Libre Elección de Lengua, el curso escolar 2024-2025. El truco es el siguiente. Será necesario contar con el certificado de aprobación del claustro en los centros públicos y concertados, y además los públicos deberán aportar el certificado del Consejo Escolar. Carajo, con el miedo que le tiene el PP a la jauría verde. La Obra Cultural Balear ya se está encargando de presionar a los consejos escolares para que se nieguen. Una Obra Cultural Balear presuntamente subvencionada igualmente por el Govern del PP que preside Marga Prohens. ¿A qué vienen, si no, esas dos reuniones que mantuvo Marga Prohens con la cúpula de Can Alcover?
El miedo del PP no conoce límites, agravado por su menosprecio a lo que defiende Vox en justa correspondencia con los principios constitucionales. Así no es posible llegar al 2027 con los deberes hechos e impedir que la marioneta del sanchismo, Francina Armengol, pueda aspirar a retomar el control del Consolat de Mar y seguir generando la inseguridad jurídica que acompaña a la loca carrera woke de la infame extrema izquierda que nos ha hecho la vida imposible los últimos ocho años y además enseñándole a sus colegas el camino Frankenstein que arruina la credibilidad de España.
Si la Obra Cultural Balear se empeña en presionar a los consejos escolares, entonces no cabe otra que cerrarle el grifo de las subvenciones. Asimismo, algún camino legal habrá para suspender de empleo y sueldo a educadores díscolos que en su condición de funcionarios públicos están en obligación de cumplir escrupulosamente con la legalidad vigente. Y santas pascuas.
El Govern tiene facultad para establecer sus plazos, independientemente de presión alguna y por lo tanto a no ceder por sistema. Con la Ley en la mano debe apoyar sin complejo alguno su legítima autoridad educativa y señalar el camino a seguir por encima de dictados vecinos a la ingeniería social de objetivos claramente bastardos. Va siendo hora de que Més se entere, de una vez por todas. Y que me llamen fascista por decirlo. Tanto me da que me da lo mismo, mis queridos progres intransigentes.
Porque a eso se le llama «el deber de conocerla y el derecho a usarla».