Dentro de una comisaría bonaerense funcionaba una banda de secuestradores que elegía a delincuentes como blancos de extorsiones
Cinco uniformados y un comerciante fueron condenados a penas de entre 5 y 15 años de prisión
Un hombre que tenía como fachada la imagen de próspero comerciante en La Matanza había aceptado ser parte de un intrincado plan para incrementar sus ganancias criminales. Su tarea era reclutar a ladrones con la promesa de un atraco fácil. Cuando la banda se reunía para su gira delictiva aparecía la sorpresa. El golpe realmente no tenía muchas complejidades, pero las víctimas eran los propios delincuentes. Una brigada policial irrumpía en el lugar donde estaba el grupo. Había uniformes y patrulleros, pero la situación no era un arresto, sino un secuestro colectivo. Toda la banda era retenida en una comisaría situada en Ciudad Evita donde no quedarían registros legales de su paso. No había un trámite judicial, tan solo un pedido de rescate a los familiares de los secuestrados. Al menos cinco policías bonaerenses participaron de esa organización criminal y, finalmente, quedaron tras las rejas.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de San Martín, integrado por los jueces Daniel Omar Gutiérrez, Walter Antonio Venditti y Fernando Marcelo Machado Pelloni, condenó a cinco oficiales del Destacamento José Ingenieros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y a un comerciante a penas de entre 5 y 15 años de prisión por su participación en dos secuestros extorsivos -con cuatro jóvenes víctimas cada uno- ocurridos en 2020. En el debate intervino el titular de la Fiscalía General N°2 , Alberto Adrián María Gentili, junto al auxiliar fiscal Conrado Cotella.
Las condenas, según detalló el portal de noticias del Ministerio Público Fiscal, alcanzan al exsubcomisario Héctor Ricardo García, al exteniente Daniel Alfredo Inverardi, el exoficial subayudante Alan Juan José Vallejos, el exoficial inspector Matías Ezequiel Castillo, la exsargento María Teresa Schinocca y el comerciante Ramón Eduardo Medina. Por otra parte, el tribunal decidió absolver a la oficial Samanta Anahí Linares. Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el próximo 30 de abril, a las 12.30.
Los jueces ordenaron el decomiso de los teléfonos celulares de los condenados, dinero en efectivo, un Volkswagen Bora, una camioneta Chevrolet Tracker y un revolver, y la devolución definitiva de los objetos sustraídos a las víctimas, y de una camioneta Ford Ranger -utilizada como patrullero-, armas y chalecos antibalas al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.
Los jueces Gutiérrez, Venditti y Machado Pelloni les impusieron a García, Inverardi, Vallejos y Castillo -respectivamente- las penas de 15 años, 14 años y 8 meses, 13 años y 6 meses y 12 años y 8 meses de prisión, inhabilitación especial para desempeñarse como miembros de una fuerza de seguridad por el término de 10 años, accesorias legales y costas. Además, Inverardi deberá abonar una multa de $5000.
Por su parte, Schinocca recibió una condena de 5 años de prisión, mientras que se condenó al comerciante Medina a una pena única de 15 años de prisión -que comprende las sanciones de 12 años y 8 meses aplicada en el debate y aquella de 3 años de cumplimiento condicional dispuesta oportunamente por el TOC N°2 de La Matanza-, como coautor de los dos secuestros extorsivos agravados y robos calificados.
La pesquisa estuvo a cargo de la Fiscalía Federal N°2 de Morón, a cargo de Mariela Labozzetta, junto con el fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO) -ex Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE)-, Santiago Marquevich.
Los hechos denunciados tuvieron lugar el 28 de septiembre y el 13 de octubre de 2020. En ambas oportunidades, las víctimas habían acordado encontrarse con Medina, a fin de cometer un robo. Sin embargo, cuando llegaron al lugar de encuentro, fueron interceptados por los oficiales de la policía, quienes los redujeron, los golpearon e insultaron, para luego trasladarlos al destacamento policial José Ingenieros, en Ciudad Evita, donde los obligaron a comunicarse con sus familiares para exigirles dinero a cambio de su liberación.
En el primer hecho las víctimas recuperaron la libertad luego de que sus familiares entregaran 300 mil pesos en las inmediaciones del Hospital Alberto Balestrini, en el partido de La Matanza. En el segundo suceso, fueron liberadas sin que se llegara a pagar el rescate en el barrio porteño de Constitución, donde se había acordado la entrega. En ambos casos, las ocho jóvenes víctimas fueron golpeadas y despojadas de algunas de sus pertenencias, según consignó el portal de noticias del Ministerio Público Fiscal.