Marcos, un empresario marbellí de origen marroquí, fue tiroteado en la puerta de su casa. Ocultando sus cabezas con gorros, a su espalda, le dispararon reiteradamente. Los dos acusados del crimen, que supuestamente pertenecían a un grupo radicado esencialmente en Países Bajos dedicado a diversas actividades ilícitas contra las personas y sus bienes, fueron declarados no culpables por un jurado popular el pasado noviembre. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado aquel pleito y ordenado que uno de los procesados se vuelva a sentar en el banquillo.
De esta manera, el Alto Tribunal ha estimado parcialmente el recurso formulado por el Ministerio Fiscal -al que se adhirió la acusación particular- contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Málaga, declarando su nulidad, aunque exclusivamente en lo relativo al procesado Bard K.
Cabe recordar que la Fiscalía acusaba a los dos hombres de los delitos de pertenencia a grupo criminal, asesinato, tenencia ilícita de armas y daños mediante incendio, por lo que solicitaba para cada uno de ellos la prisión permanente revisable, además de otros cinco años de cárcel. Sin embargo, tras el veredicto del tribunal del jurado, Omar C. quedó absuelto de todos los delitos; mientras que a Bard K. se le absolvió de los de asesinato y tenencia ilícita de armas, pero fue condenado a tres años y medio de prisión por pertenencia a grupo criminal y a un año de prisión por un delito de daños mediante incendio.
El TSJA determina en la sentencia -a la que ha tenido acceso este periódico- que los miembros del jurado valoraron cada indicio "por separado", lo que considera "insuficiente" para deducir la participación de Bardk K. en el asesinato de Marcos. No obstante, precisa que las imprecisiones y déficits en la absolución de Omar C. no son suficientes como acordar también que este pase también por el banquillo.
Las acusaciones consideraron en su momento que fue "un crimen cometido por profesionales". Aunque durante la celebración de juicio reconocieron que no había pruebas directas -como huella-, sí "un cúmulo de indicios" contra los procesados, fruto de la especialización de la Policía en la resolución de este tipo de casos y de la eficacia de la cooperación internacional policial dentro de la Unión Europea.
Según las conclusiones que emitió el ministerio fiscal, los procesados aceptaron el encargo de acabar con la vida de la víctima, para lo que se desplazaron a España, realizando los días previos vigilancias de las inmediaciones del domicilio y locales de ocio de Puerto Banús regentados por el hombre. La intención era, junto con al menos otro individuo del grupo, "darle muerte" a la víctima cuando cerrara sus negocios y regresara a su domicilio en el núcleo de población de San Pedro Alcántara.
Sin embargo, de la sentencia del máximo órgano judicial autonómico se declara como probado que Badr K. era el único de los dos que formaba parte de un grupo de más de dos personas radicado en Países Bajos y dedicado a diversas actividades ilícitas. Tampoco consta acreditado que planearan junto al menos otra persona darle muerte a Marcos al cerrar sus negocios.