Las Palmas de Gran Canaria
Domingo, 14 de abril 2024, 20:01
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Las fiscales Oihana Azcue y Gloria Yoshiko Kondo abren este lunes la ronda de toma de declaraciones a los investigados en el caso Mascarillas. El dueño de RR7 y uno de los comisionistas de la operación deben acudir a declarar en Madrid, en la sede de la Fiscalía Europea.
Ese órgano fiscal de ámbito comunitario investiga el caso al entender que hubo malversación de fondos comunitarios en la operación en la que el Servicio Canario de la Salud (SCS) pactó con RR7 United la compra de un millón de mascarillas a cambio del pago por adelantado de 4 millones de euros.
A las 10.30 debe comparecer el dueño de RR7 United, Rayco González, y una hora después debe hacerlo el intermediario Samuel Machín.
Francisco Suárez Álamo
La ronda de citaciones continuará el día 22, con Oswaldo Lastras, que hizo de enlace entre Conrado Domínguez, entonces director del Servicio Canario de la Salud (SCS), y Lucas Cruz, empresario que supuestamente medió entre RR7 y la compañía que iba a suministrar un millón de mascarillas.
En mayo deben declarar Conrado Domínguez y Ana María Pérez, que era directora de Recursos Económicos del SCS.
Cabe recordar que la instrucción dio un giro cuando en 2022 el propietario de la empresa de compraventa de coches que recibió 4 millones accedió a colaborar con la Justicia y entregó sus móviles, con las conversaciones, entre otros, con Conrado Domínguez, el propio Samuel Machín, Ana María Pérez y el empresario Lucas Cruz.
La Fiscalía Europea se puso en marcha en 2021. En 2021 el Boletín Oficial del Estado publicó los nombres de los siete fiscales europeos selecciones por España para formar parte del cuerpo de fiscales del Consejo de la Unión Europea. Fueron Oihana Azcue Labayen, Víctor Joaquín González-Herrero González, Gloria Yoshiko Kondo Pérez, María Elena Lorente Pablo, Olga Muñoz Mota, Laura Pellón Suárez de Puga y Pablo Rafael Ruz Gutiérrez.
Francisco Suárez Álamo
La Fiscalía Europea es un órgano independiente de la Unión Europea encargado de investigar los delitos que atenten contra los intereses financieros de la UE y de ejercer la acción penal contra sus autores y llevarlos a juicio, en particular en lo que respecta al fraude, la corrupción, el blanqueo de dinero y el fraude transfronterizo en materia de IVA.
Tanto las instituciones y órganos de la UE como las autoridades competentes de los veintidós Estados miembros que participan en la Fiscalía Europea deben informar a esta de cualquier conducta delictiva que afecte al presupuesto de la UE. También los particulares pueden denunciar presuntos casos de fraude u otros delitos.
RR7 siempre ha sostenido que fue víctima de una presunta estafa por los teóricos suministradores de las mascarillas. De hecho, asumió el coste de destruir una primera partida de tapabocas que llegó a Gran Canaria y de cuya falsedad alertó la propia empresa 3M. Pese a ese fiasco inicial, Conrado Domínguez ordenó reactivar el contrato, que el SCS había dado por extinguido, y dio por bueno no reclamar el dinero a cambio de la entrega de 1,2 millones de mascarillas de otro modelo. Ese material tampoco llegó.
En cuanto a Samuel Machín, hizo de contacto entre Oswaldo Lastras -igualmente imputado-, que era amigo personal de Conrado Domínguez, y RR7. Actuó, según el mismo reconoció en sede judicial, y como acreditan los mensajes en poder de la Fiscalía Europea, a cambio de una comisión cifrada en unos 80.000 euros. Asegura que no la cobró.
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