Según recoge este miércoles el BOJA, esta ayuda contempla un único pago por transferencia dirigido a familias con menores a cargo afectadas por la sobrecarga que supone el incremento de precios generalizado de los productos y suministros y cuyos ingresos sean inferiores a tres veces el valor del Iprem anual vigente, es decir, inferior a 21.600 euros. Las personas interesadas cuentan con un mes desde la publicación la orden en BOJA para presentar sus solicitudes a partir de este jueves 11 de abril hasta el 11 de mayo, según ha detallado la Junta en un comunicado.
Las solicitudes se presentarán solo de forma telemática en el Registro Electrónico Único a través del siguiente enlace del Catálogo de Procedimientos y Servicios de la página web de la Junta de Andalucía ('https://lajunta.es/bonocarestia'), donde, además, también se puede acceder a una guía explicativa. Asimismo, la Junta ha habilitado un número de teléfono, el 955012012, para resolver dudas y asesorar en los trámites correspondientes.
En concreto, podrán ser beneficiarias del bono carestía aquellas personas físicas que, teniendo al menos una persona menor a cargo, cumplan los siguientes requisitos: que la suma de los ingresos del año 2022 de todas las personas que componen su unidad familiar, entendiéndose por esta a quienes residen en el mismo domicilio, sean inferiores a tres veces el Iprem anual; que la persona solicitante y el resto de personas empadronadas en su domicilio gocen de vecindad administrativa andaluza y que la unidad familiar a la que pertenezca la persona solicitante cuente al menos con una persona menor de 18 años sobre la que ostente la guarda y custodia y se encuentre empadronado en el mismo domicilio.
Con estas ayudas se pretende paliar el encarecimiento del coste de la vida para las familias por las subidas de los productos alimenticios básicos y de los suministros como consecuencia de la crisis internacional generada por el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, unido a las consecuencias que se vienen arrastrando derivadas de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, que ha provocado un estrés social que genera empobrecimiento en las familias.
La finalidad de esta medida económica puntual es generar un impacto positivo directo sobre el poder adquisitivo de las familias y salvaguardar su dinámica económica, priorizando a los hogares de mayor vulnerabilidad, como es el caso de las unidades familiares con menores a cargo, donde los ingresos no puedan hacer frente a las necesidades cotidianas, debido al actual encarecimiento de los productos de primera necesidad y los suministros.