El 2 de octubre de 2002, en el municipio de Curillo, Caquetá, Jhon Jairo Bermúdez quien partencia al partido de la Unión patriótica, fue abordado por integrantes de un grupo paramilitar, quienes lo obligaron a subir a un vehículo en el que se lo llevaron con rumbo desconocido, días después comandantes de las AUC aceptaron su responsabilidad penal en la desaparición forzada, tortura y homicidio de la víctima.
Y aunque las AUC aceptaron haber cometido esto, la familia de la víctima demandó a la Nación con el fin de que se les declarara patrimonialmente responsables, pues aseguraban que cuando fueron a buscar desesperadamente a su familiar, uno de los integrantes de la policía les dijo "no haga nada que ya se los comieron".
Esta demanda llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos la cual aceptó la demanda y determinó la responsabilidad del Estado por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal y al reconocimiento de la personalidad jurídica, en relación con su deber de prevención frente a dichas víctimas.
Con este entonces, el Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y la Policía Nacional, deberán indemnizar a la familia por perjuicio morales y de salud.