El Supremo suspende la multa de 600.000 € a la DGA por daños en el río Osia pero le urge repararlos
El Alto Tribunal dice que aplazar las obras de restauración "podría causar un perjuicio relevante al interés general" en caso de crecidas. La consejería de Fomento todavía no ha presentado el proyecto a la CHE.
El Tribunal Supremo ha aceptado la petición del Gobierno de Aragón de suspender cautelarmente el pago de la multa de 602.782,59 euros que le impuso el Ministerio para la Transición Ecológica por los graves daños denunciados en 2020 por varias organizaciones conservacionistas en un tramo de 600 m del río Osia, en Aragüés del Puerto, tras unas obras de emergencia para reparar los desperfectos de una crecida en la carretera A-2605. Pero solo ha sido estimada parcialmente ya que el auto también urge a la DGA a ejecutar los trabajos de restauración de la zona, que siguen pendientes cuatro años después.
La actual consejería de Fomento del Ejecutivo PP-Vox decidió a finales del año pasado presentar un recurso contencioso-administrativo contra la sanción económica impuesta al anterior departamento que dirigía José Luis Soro, de CHA, quien en su día ya calificó la multa de «desmesurada» porque el proyecto para restaurar los daños de las crecidas de 2019 costó 339.097,77 euros.
Fue a raíz de que el Consejo de Ministros rechazara en agosto el recurso de reposición del Gobierno de Aragón contra el acuerdo inicial que le impuso la multa y la obligación de realizar las labores de restauración y adecuación hidromorfológica de las obras en dominio público del Osia. En el mismo, solicitó la suspensión cautelar de ambas medidas.
Los servicios jurídicos de la DGA argumentaron respecto a la sanción que aunque el Estado podría devolver la cantidad abonada si al final se estimara el recurso, "su desembolso causaría perjuicios de imposible o difícil reparación ya que quedarían comprometidos fondos públicos destinados actualmente a otras finalidades".
En cuanto a las obras de restauración, justificaron la petición de suspensión porque, a su juicio, "se producirían perjuicios de imposible o muy difícil reparación si en la actualidad, y en ausencia de un pronunciamiento judicial firme, hubiera que ejecutar dichas labores para luego, en su caso, tener que volver a reponer nuevamente el terreno a su actual situación". Y destacaron que hay que construir una mota de unos 300 m de longitud y una altura máxima de unos 3 m y rellenar el cauce principal.
La Abogacía del Estado se opuso a la solicitud porque el criterio de la Sala suele ser contrario a la suspensión de las multas. Además, destacó que el Gobierno de Aragón ya fue requerido en septiembre de 2020 para presentar los proyectos de restauración "y manifestó su disposición para restituir los sedimentos retirados del cauce (lo que llevó a minorar la valoración de los daños causados al dominio público hidráulico) y sin embargo, casi dos años después seguía sin haber presentado completa la documentación".
En vista de ello, el Supremo acepta la petición de aplazar el pago "atendiendo a la presunción de solvencia de que gozan, por regla general, las Comunidades Autónomas" hasta que haya sentencia. Pero urge restaurar el cauce porque las obras realizadas en el año 2019 "afectan de manera grave al dominio público hidráulico y pueden comportar riesgos en caso de crecida por lo que no es descartable que la suspensión de la obligación de restauración impuesta a la Administración recurrente pudiera causar un perjuicio relevante al interés general", justifica.
En noviembre, el director general de carreteras, Miguel Ángel Arminio, y el entonces comisario de aguas de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Carlos Arrazola, ahora presidente, visitaron el lugar con sus equipos técnicos y alcaldes de la zona para valorar la mejor solución para recuperar la morfología del río Osia. Desde la CHE se comprometen a tramitar la autorización del proyecto de adecuación cuando se lo remitan.