Uno de los principales focos que fijó al momento de asumir como fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, fue reconfigurar la forma en que debían investigarse los nuevos fenómenos delictuales de la zona.
Para eso empujó la creación de la Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja. Esto, con miras a dejar atrás la investigación individual de causas y pasar a la indagación de fenómenos criminales o "mercados delictuales", profundizando, de esta forma, el trabajo que realiza la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi).
Así, a seis meses de haber asumido formalmente como fiscal regional de Antofagasta, este miércoles 10 de abril, Castro Bekios cumplirá con dicha promesa y pondrá en marcha la nueva repartición que, como aseguró a La Tercera, abordará delitos vinculados a la ley de drogas, secuestros y homicidios cometidos en contexto de crimen organizado, tráfico de armas, trata de personas, lavado de activos, corrupción, asociaciones ilícitas y otros ilícitos de connotación pública.
La unidad especializada, detalló el persecutor, también se hará cargo de casos donde exista utilización de tecnología avanzada, de aquellos que trasciendan las fronteras y que requieran cooperación internacional, como también de los que tengan impacto significativo en la economía regional o nacional. Estará integrada por ocho fiscales, cuatro abogados, cuatro analistas criminales, dos funcionarios administrativos y un asesor jurídico.
Con esta fórmula, según explica, buscan hacerse cargo "de ciertos fenómenos que entendemos que no pueden ser abordados con la dinámica de la investigación tradicional que se llevaba adelante en las fiscalías locales, porque no es suficiente".
Y sobre aquello el persecutor tiene amplio conocimiento, ya que fue él quien precisamente puso en marcha el modelo Sacfi en Antofagasta, en 2018. Por lo mismo, con números en mano, dice tener claro que el análisis más macro de ciertos hechos delictuales da mejores resultados.
Por ejemplo, al aplicar análisis criminal en causas sobre tráfico de drogas -lo que ocurrió a partir de octubre de 2020- los ingresos al sistema aumentaron significativamente respecto de cuando el asunto lo veía la fiscalía local de Antofagasta, un 12,8%. Y lograron obtener condena en el 98% de los casos, mientras que antes era sólo en el 82,9%.
"Todo indicaba que aplicar esta metodología a otro tipo de delitos era la mejor solución para enfrentar fenómenos como el crimen organizado y algunos ilícitos vinculados a la corrupción de gran envergadura. En las fiscalías locales no hay analistas criminales, que son los que nos permiten analizar una gran cantidad de información y así poder cruzarla con distintas herramientas. Por lo tanto, yo tenía claro que los fenómenos emergentes no podíamos seguir abordándolos de la misma manera", afirma.
Pero eso no es todo, puesto que la medida va de la mano con la fijación de una política de persecución penal regional que eventualmente se actualizará con los nuevos lineamientos que se puedan impartir desde la Fiscalía Nacional. Y también, con el trabajo coordinado que se realiza con las otras fiscalías de la Macrozona Norte, con las cuales implementaron una bitácora web que les permite trabajar mancomunadamente en delitos flagrantes.
Cambio de escenario
Al abordar los factores que incidieron en la determinación, Castro Bekios asegura que el elemento más evidente a tener en cuenta es que la criminalidad en el territorio nacional ha tenido una importante variación, de la mano -en parte- con los distintos flujos migratorios que el país ha tenido.
"Entre las primeras señales de alerta yo diría que primero se empezó a notar el aumento de la participación de extranjeros, el aumento de los delitos de homicidio y el aumento de la utilización de armas de fuego en los mismos. Algo similar pasó en los casos de tráfico de drogas. Y los sistemas de análisis criminal fueron el gran detector de aquello y quienes estábamos trabajando en esos sistemas tuvimos la oportunidad de advertir que había que hacer cambios. Ahí, un dato que no se puede desconocer, es que el nuevo fiscal nacional, Ángel Valencia, empezó a potenciar desde que llegó este trabajo de la Fiscalía de Análisis Criminal", expone.
Y, aunque la nueva Fiscalía recién se pondrá en marcha este miércoles, la utilización de la fórmula ya les ha dado resultados. Por ejemplo, el número de ingresos por delitos de Ley de Armas pasó de 361 en 2022 a 492 en 2023. En el mismo periodo, además, los casos por extorsiones pasaron de 14 a 51 y los vinculados a lavado de activos de 3 a 11.
El aumento más significativo, en todo caso, lo han evidenciado respecto de la incautación de droga. Si se compara lo incautado durante todo el 2023 con lo requisado en lo que va de este 2024, la cifra creció en 205,3%.
De esta forma, la apuesta del fiscal regional es seguir avanzando en esta línea y, particularmente, disminuir la cifra de imputados desconocidos que presentan en casos de homicidios y secuestros. Junto con esto, el persecutor releva la importancia de mejorar las salidas que tienen las causas actualmente y dotarse de mayores herramientas para el abordaje de casos de corrupción de gran envergadura, como el vinculado a convenios suscritos con fundaciones.