A través del Decreto 302/2024 publicado este miércoles en el Boletín Oficial el gobierno anunció la derogación del Decreto N° 690/20 y la modificación de la Ley Argentina Digital N° 27.078.
Estas medidas buscan restaurar la libre competencia y la fijación de precios por parte de los licenciatarios de servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), revirtiendo las regulaciones establecidas previamente por el gobierno.
El Decreto N° 690/20, emitido en agosto de 2020, había introducido cambios significativos al marco legal del sector de las TIC al establecer un régimen de regulación de precios por parte del Estado. Sin embargo, con la derogación de este decreto y la modificación de la Ley Argentina Digital, se busca darle autonomía a los licenciatarios para fijar precios justos y razonables, asegurando la competencia y la calidad del servicio.
Esta medida busca garantizar un ambiente propicio para la inversión y la innovación en el sector.
Modificaciones
Una de las principales modificaciones introducidas es la sustitución del artículo 48 de la Ley Argentina Digital, que establece que los licenciatarios de servicios de TIC tendrán la facultad de fijar sus precios, siempre y cuando sean justos y razonables, cubran los costos de explotación y promuevan la eficiencia operativa. Esta medida busca garantizar un ambiente propicio para la inversión y la innovación en el sector.
Además, el gobierno también decidió mantener el Servicio Público Telefónico como una prioridad, asegurando su condición de servicio público básico. Esto implica un compromiso con la accesibilidad y la igualdad de oportunidades en el acceso a la telefonía, especialmente en áreas donde la cobertura es limitada.
El gobierno considera que la restauración de un marco normativo que favorezca la libre competencia es esencial.
La derogación del Decreto N° 690/20 también significa el fin de la intervención del Estado en la fijación de precios y tarifas de los servicios de TIC, lo que brinda mayor certidumbre a los operadores del mercado y promueve la competencia justa y equitativa.
Las medidas se aplicaron en un contexto de ampliación de la emergencia pública en materia sanitaria debido a la pandemia de Covid-19. Sin embargo, el gobierno considera que la restauración de un marco normativo que favorezca la libre competencia es esencial para garantizar el acceso a servicios de calidad en condiciones equitativas para todos los ciudadanos.
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