García-Page reprocha al Gobierno su falta de lealtad con las autonomías
Exige un compromiso para compensar el déficit creado por las políticas del Gobierno
No ha sido el PP ni tampoco los independentistas catalanes. Quien se ha molestado en abrir ahora un debate relativo a la arquitectura institucional poco cómodo para el Gobierno es el socialista Emiliano García Page. El presidente de Castilla-La Mancha remitió este jueves una carta a Pedro Sánchez en la que da cuenta de lo que, a su juicio, se ha convertido en un ejercicio continuado de falta de lealtad por parte de la Administración del Estado con las comunidades autónomas a la hora de desarrollar su normativa. Y exige soluciones.
La misiva, de apenas un folio, evita cargar las tintas de manera exclusiva contra el actual Ejecutivo. Page es el único de los dirigentes críticos del PSOE en activo y con poder orgánico e institucional, y no ha dudado, en los últimos meses, en explicitar su oposición frontal a la ley de amnistía y las cesiones a ERC o Carles Puigdemont.
Pero, frente a los reproches de la dirección del partido (la vicesecretaria general, María Jesús Montero, lo acusó de no saber cuál es «la camiseta de su equipo» y Óscar Puente llegó a situarlo en el extrarradio de la formación), siempre se ha preocupado de dejar claro que sus discrepancias no tienen que ver con las políticas económicas y sociales, que comparte y respalda. El barón socialista remarca en su argumentación que lo que recrimina a Sánchez y pide abordar en la próxima reunión de la Conferencia de Presidentes, aún sin fecha, es un comportamiento que han mantenido a lo largo de los años los distintos Gobiernos de España, independientemente de su color político: no tener en consideración, para discutirlo con ellas y compensarlo, el impacto que sobre las arcas de las comunidades autónomas tienen muchas de las decisiones que toman.
Como ejemplo, Page menciona la minoración de ingresos derivadas de las rebajas del IVA, un impuesto parcialmente cedido a las autonomías, aprobadas durante la crisis y prorrogadas recientemente o el sobrecoste derivado del acuerdo adoptado en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que, dice, «se cifran en más de 32 millones de euros hasta 2030».