Santiago Abascal ha desmontado en el Congreso de los Diputados la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez, que ahora quiere regularizar a 500.000 inmigrantes. El líder de Vox se ha mostrado muy tajante y ha pedido «el billete de vuelta y deportaciones masivas para violadores, delincuentes, bandas callejeras, narcotraficantes, yihadistas y todos los que pisen nuestro suelo ilegalmente y violentando nuestras fronteras».
«No hace falta ser de Vox para saber que regularizar de manera brutal de manera masiva a 500.000 personas que han entrado violentando las leyes de nuestro país es una discriminación para los inmigrantes que llegan legalmente a nuestro país y es una amenaza para la seguridad d los españoles», ha señalado.
Para Abascal, es necesario distinguir entre los inmigrantes que llegan a nuestro país de forma legal, respetando las leyes y la cultura españolas, frente a los que lo hacen de manera ilegal. «Bienvenidos todos los que vengan a trabajar con nosotros legalmente, a contribuir a los ingresos públicos, a respetar y asumir nuestras leyes y nuestra cultura renunciando a imponer las suyas, pero digámoslo con claridad, deportaciones masivas para todos los delincuentes».
Así se ha expresado durante la sesión de control al Gobierno, en la que se ha preguntado «qué piensa hacer (Sánchez) para proteger a los españoles de la inmigración ilegal». «Quieren prohibir que relacionemos inmigración ilegal con inseguridad, aunque lo hagan los propios datos del Ministerio del Interior». Y, en este sentido, ha destacado que «el Departamento de Seguridad Nacional califica la inmigración ilegal de amenaza para la seguridad de la nación».
«No hace falta ser de Vox para saber que es infame que la política migratoria de una país esté dirigida por las mafias y por un Gobierno extranjero». Tampoco, dice, «hace falta ser de Vox para saber que es criminal hacer que miles de personas se jueguen la vida en el mar constantemente o pensar que el problema demográfico se resuelve trasladando a personas como si fueran vegetales», ha agregado al respecto
En su repaso al presidente del Gobierno, el líder de Vox también ha señalado que «las principales víctimas de la inmigración ilegal masiva son, como siempre, los más humildes, que son los que ven la inseguridad en sus barrios, el colapso en la atención sanitaria, la degradación de los servicios sociales y el hundimiento de sus salarios».
Ante esta situación, Abascal ve necesarias las «deportaciones masivas para delincuentes» porque «eso sí que es proteger a los españoles, especialmente a las españolas». «El problema es que usted y sus deudas con Marruecos se han convertido en una amenaza para la seguridad nacional», ha sentenciado.
Regularización de inmigrantes
Más de 500.000 inmigrantes ilegales lograrán la regularización de forma extraordinaria. Se trata de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada en el Congreso que contó el pasado 9 de abril con el apoyo de todos los partidos, salvo Vox.
El PP, que en un principio no se había posicionado sobre esta cuestión, votó finalmente a favor de la regularización. «Hay un debate que tenemos que dar y debemos zanjar con los inmigrantes que viven y trabajan en España, pero que no han obtenido de momento beneficios, papeles. Pueden estar tranquilos que el PP es sensible con ellos y buscaremos soluciones para una inclusión social correcta y legal. Somos partidarios de que se venga a España de forma regular y que los inmigrantes se incorporen a la sociedad española», afirmó el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo.
Esta iniciativa llegó a la Cámara Baja a través de la campaña Esenciales, organizada por 800 ONG que reclamaban una regularización extraordinaria de aquellos extranjeros en situación administrativa irregular que estuvieran residiendo en España antes del 1 de noviembre de 2021. Lograron recabar para su objetivo más de 700.000 firmas que respaldan la iniciativa.
La propuesta contaba desde el inicio con el apoyo de Sumar, ERC, Bildu, PNV y BNG, mientras que PP y Vox, se manifestaron en contra. El PSOE, por su parte, insistía durante los debates parlamentarios en que la legislación europea no permite este tipo de procesos. La Iniciativa se registró en la pasada legislatura en el Congreso y como estas iniciativas no decaen aunque se disuelvan las cámaras, se ha retomado su tramitación.