Los empleados de Hacienda denuncian ante OKDIARIO que el ministerio que dirige actualmente María Jesús Montero ha reducido los recursos que utilizaban para evitar y perseguir casos de corrupción política en España. José María Mollinedo, secretario general de los técnicos de Hacienda (Gestha), afirma que la Administración ha realizado estos recortes para evitar que los trabajadores públicos realicen quejas sobre su situación laboral y sus retribuciones.
Es decir, tras varias quejas de los técnicos de Hacienda por las malas condiciones laborales, el Estado ha preferido reducir sus funciones en vez de mejorar su situación con mayores salarios u otro tipo de beneficios. Por ello, según Mollinedo, se ha aminorado la capacidad de perseguir la corrupción política en España.
En la actualidad, los trabajadores de la Agencia Tributaria se encuentran convocando manifestaciones alrededor de toda España para denunciar su situación laboral y este tipo de cuestiones.
Hacienda y la corrupción
«Los casos que afectan a la intervención del Estado y a alguna empresa pública se han producido porque no hay suficiente control», lamenta el representante de los técnicos de Hacienda. «Hace 20 años se realizaba un control, pero, de pronto, cuando empezamos a pedir que se nos encuadraran en un mejor lugar dentro de la pirámide administrativa, nos han ido quitando estas funciones».
Es decir, los trabajadores mantienen que la Administración no ha querido mejorar sus condiciones y ha decidido «quitar el argumento» eliminando una serie de trabajos que servían para luchar contra la corrupción: «En el fondo es como tirarse un tiro en el zapato del Ministerio de Hacienda».
Además, estas circunstancias también afectan a las inspecciones y el control del sector privado: «En la recaudación, también se producen otros cuellos de botella». «Desde el momento en que los técnicos empezamos a reclamar que teníamos que estar mejor encuadrados en la pirámide organizativa y lógicamente, retributiva, pues nos fueron quitando funciones y esto ha ido en perjuicio del servicio público».
«Nosotros nos hemos visto perjudicados porque antes hacíamos un trabajo que ahora ya no hacemos, pero ha sido el Tesoro Público el que pierde esa capacidad de lucha contra el fraude», advierte Mollinedo.
El representante afirma que, si un expediente parece «que puede acabar en delitos contra la Hacienda pública», se traslada a una instancia superior en la que existen menos funcionarios. Esto provoca un colapso y una acumulación de casos que impiden el buen funcionamiento de la Administración.
Sin embargo, no siempre ha sido así. Los técnicos afirman que, antes de comenzar sus protestas para pedir unas mejores condiciones, sí tenían la capacidad de gestionar ese tipo de casos: «Esto está afectando al servicio público».
Los efectos de estas medidas se reflejan en los datos: «Las denuncias por delitos contra la Hacienda Pública, que fueron más de 1000 en los años 2010 y 2011, comenzaron a disminuir progresivamente y se han desplomado un 82%. Ahora no llegan a 200 denuncias al año. Se han desplomado tanto el número de delitos denunciados como las cuotas presuntamente delictivas».
Protestas laborales
Los empleados de Hacienda han presentado un conflicto colectivo ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para negociar mejoras laborales y salariales, coincidiendo con el inicio de la campaña para presentar la declaración de la renta.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), CCOO y UGT se han unido en esta reivindicación que pone contra las cuerdas a la ministra de Hacienda y vicepresidenta segunda del Gobierno.
El conflicto colectivo pretende reactivar la negociación para negociar un nuevo convenio colectivo, que lleva año y medio denunciado, así como un acuerdo para la carrera profesional, pendiente de desarrollo desde el año 2007.
«Si desde la Agencia Tributaria no se atienden nuestras reivindicaciones, nos veremos obligados a convocar movilizaciones y no descartamos la huelga en plena campaña de la renta», advirtieron desde CSIF.
Sin embargo, Mollinedo ha afirmado este periódico que la huelga es el último recurso y que los representantes confían en poder llegar a un acuerdo antes. Es más, según el técnico de Hacienda, la intención de los empleados es causar el menor daño posible a los contribuyentes.
La plantilla de la Agencia Tributaria también reclama el desarrollo del teletrabajo, así como la negociación de la apertura del servicio telefónico anunciado por María Jesús Montero sin concretar las retribuciones ni regular los puestos de trabajo.