La terminación de 74 viviendas en lo que va de año, de un plan de 670 para el 2024 en Ciego de Ávila, deja en evidencia los tropiezos reiterados de un sensible programa que mucho tiene que ver con la calidad de vida de la población.
Ernesto Herrera Pérez, Jefe del Departamento Técnico en la Dirección Provincial de la Vivienda (DPV), explicó a Invasor que de la cifra pactada, 360 deben construirse por la vía estatal, 80 por esfuerzo propio y 230 corresponden a células básicas mediante la asignación de subsidios, con prioridad para los casos afectados por derrumbes totales a consecuencia de eventos meteorológicos.
No obstante, al cierre de marzo sólo se concluyeron 15 a cargo del Estado, tres subsidiadas y 56 por esfuerzo propio, pero, en el segundo trimestre, debe mejorar el panorama, con el acabado de edificios multifamiliares, que aportan al plan.
Específicamente sobre los subsidios, Yoel Granado Macías, especialista que atiende el subprograma en la DPV, señaló que, desde el inicio de ese subprograma en el país, en el 2012, se han aprobado en Ciego de Ávila 3579 acciones constructivas por esa vía, para personas vulnerables y con situación social y económica en desventaja social.
De ese total, se concluyeron 3059 casas, para el 85,4 por ciento de cumplimiento, y faltan 520 que están en diferentes fases de ejecución actualmente, dentro de las que se incluyen las 230 planificadas para el actual año.
El programa, subrayó, ha recibido desde su comienzo un financiamiento de 332 millones de pesos, sin embargo, otras complejidades de la economía, vinculadas al suministro de materias primas, la situación energética y la afectación en la producción de cemento, han incidido negativamente en su cumplimiento.
Por ello, dijo, está en estudio una nueva norma que responda a los cálculos realizados sobre la base de los precios actuales y se ha detenido la asignación a nuevos casos hasta que no se dé a conocer en la Gaceta Oficial el monto aprobado.
Granado Macías recordó que entre los años 2017 y 2018 tuvo lugar en la provincia la aprobación de la cifra más alta de subsidios, con el objetivo de dar prioridad a las personas que resultaron afectadas por el huracán Irma, fundamentalmente en los municipios de Chambas, Morón, Bolivia y Venezuela.
Sin embargo, todavía en esas localidades se concentra el mayor número de casos pendientes, con 210 en Chambas, la mayor parte en los Consejos Populares de Falla y Punta Alegre, y 128 en Bolivia.
El especialista de la DPV recordó que los subsidios son aprobados por el Consejo de la Administración y es esa instancia la que tiene la facultad de tomar una decisión de cualquier índole, como puede ser la cancelación del subsidio o asignación de otro nuevo si existiera la posibilidad.
Ejemplificó como causas que llevan a la cancelación, el desvío de recursos, abandono del país o fallecimiento del beneficiario. Los gobiernos pueden revocarlo y, previo análisis, otorgarlo a otra persona para que le dé continuidad.
Desde el comienzo del programa, en la provincia se han derogado un total de 117 subsidios, fundamentalmente por fallecimiento o abandono del país, aunque, otros casos en que se exceden de lo que establece la norma y no les da el monto otorgado, se cancelan y continúan la construcción por esfuerzo propio.
Tomado de Invasor