El Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid abre investigación por las relaciones empresariales de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, con varias empresas privadas que han recibido contratos públicos del Gobierno español. Las diligencias judiciales, abiertas a partir de una denuncia de Manos Limpias, buscan determinar si se ha cometido un delito de tráfico de influencias.
La querella sostiene que Gómez podría haber influido en funcionarios públicos para obtener beneficios económicos para sí misma u otros, así como haber participado en actos de corrupción privada. Entre las primeras medidas tomadas por el juez Juan Carlos Peinado en esta causa judicial está la citación de varios testimonios para esclarecer los negocios de Gómez y su conexión con en Palacio de La Moncloa.
En concreto fue el pasado martes 16 de abril de 2024, el juez ha incoado diligencias de investigación por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios contra Begoña Gómez, tras recibir por reparto ordinario la denuncia, como publica El Confidencial y confirma OKDIARIO. Las diligencias de investigación están declaradas secretas.
Los indicios que acorralan a Begoña Gómez son numerosos. Desde su llegada a La Moncloa se ha promocionado como experta en captación de fondos públicos y privados. Su día a día ha sido colaborar con empresas. Uno de los casos más llamativos fue con una gran aerolínea con la que se reunió y, posteriormente, el Gobierno otorgó un rescate de 475 millones de euros. También han sido polémicos varias cartas de recomendación a consultoras tecnológicas que también se han llevado encargos estatales.
Igualmente, como destapó OKDIARIO, ha destinado fondos de su cátedra en la Universidad Complutense para desarrollar una página web bajo la marca de Transforma TSC SL, la nueva empresa a su nombre que registró a finales del año pasado. Manos Limpias prevé ampliar su querella con esta y otras informaciones de prensa de las últimas semanas.
La denuncia apunta a la existencia de presuntos delitos relacionados con el artículo 429 del Código Penal, que sanciona la actuación de quien influya sobre un funcionario público o autoridad «para conseguir una resolución que para sí o para un tercero, directa o indirectamente, genere un beneficio económico».
El Partido Popular ha intervenido en el caso, estudiando citar a la esposa del presidente español en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. No obstante, por ahora lo han descartado, aunque no se cierran a hacerlo en el futuro.
La reacción de Sánchez
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado en el pleno del Congreso que tras las noticias conocidas hoy sigue «creyendo en la Justicia». Sánchez ha respondido al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que le ha dicho que entiende perfectamente la situación judicial que está viviendo «en sus carnes con la guerra sucia».
El presidente del Ejecutivo ha sido tajante al añadir que «en un día como hoy y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo sigo creyendo en la justicia de mi país».
Sánchez ha reiterado esta frase hasta en dos ocasiones tras conocer que según el juez Carlos Peinado del Juzgado de instrucción número 41 de Plaza de Castilla estudia la posible relación de delitos de tráfico de influencias y corrupción de Begoña Gómez con diversas empresas del sector privado.
El ministro de la Presidencia, Justicia y relación con las Cortes, Félix Bolaños, cree que la decisión de un juez de abrir diligencias contra la esposa de Pedro Sánchez por supuesto tráfico de influencias reside en «una denuncia falsa más».
También el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha defendido esta postura a raíz de hacerse público que el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha abierto diligencias de investigación contra Begoña Gómez, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.