El programa económico de Javier Milei parece implementarse rápidamente y si bien no se tienen muchos detalles, hasta ahora parece consistir en un ajuste del gasto que en mayor o menor medida abarca todas las áreas del Estado. Sin embargo, hay un área en particular que parece generar mayor controversia y es la quita de fondos a las provincias.
Puntualmente en el caso de Santa Fe, el abandono de los gobiernos nacionales es histórico. Por ejemplo, durante los doce años de gobierno kirchnerista se dejaron de transferir fondos de coparticipación y recursos correspondientes al pago de jubilaciones y pensiones. Además, prácticamente no se hicieron obras públicas en nuestro territorio, y no solo eso, sino que nos tuvimos que hacer cargo de la transformación de rutas nacionales como la Autovía 19, la construcción de hospitales y la puesta en valor de edificios federales en todo el territorio provincial.
La marginación a nuestra provincia continuó en mayor o menor medida durante las sucesivas administraciones y la actual parece no ser la excepción, ya que una vez más la Nación parece estar ausente y renuente al envío de los recursos que por derecho nos corresponden.
En este marco, los ingresos reales de la provincia caen de forma estrepitosa, aunque llamativamente la gestión de Maximiliano Pullaro ha logrado mantener activo el ritmo de la obra pública (de hecho está pagando certificados de obras nacionales para que continúen trabajando), ofreció aumentos a docentes y estatales (muy por encima de lo que ofreció Nación y algunas provincias vecinas como Entre Ríos y Córdoba), extendió el boleto educativo (clave para los sectores vulnerables), pagó a término jubilaciones y pensiones (sin recibir los fondos correspondientes), elevó fuertemente los recursos destinados a seguridad, mantiene la ayuda social a comedores y sectores necesitados. Pero complementariamente, bajó los impuestos a las Pymes (eliminó percepciones sobre los ingresos brutos), apoyó enérgicamente la eliminación del impuesto a las ganancias en los trabajadores, frenó el aumentos de retenciones a nuestras exportaciones y logró proteger el mercado de biodisel que se produce en nuestra provincia.
Es decir, parece haber encontrado el equilibrio entre un Estado presente, prestador de servicios básicos, pero que también promueve fuertemente al sector privado como actor fundamental del desarrollo económico. Todavía es pronto para juzgar a lo actuado por el presidente Javier Milei, pero a primera vista, resulta cómodo equilibrar un presupuesto, si se dejan de prestar servicios y no se pagan las deudas internas. Es decir, la Nación le debe a Santa Fe –con fallo firme de la Corte Suprema– más de $ 600.000 millones, que no paga ni dice cuando pagará, no transfiere los fondos correspondientes a jubilaciones y pensiones, paralizó la obra pública, eliminó los pocos subsidios al transporte que llegaban (mantuvo los de CABA) y todo esto en un marco en el cual los santafesinos pagamos impuestos a la Nación por un monto que duplican lo que recibimos como coparticipación.
Por otro lado, la administración provincial plantea una eficiencia en el uso de recursos, bajó el nivel gasto en funcionarios, limitó el ingreso de nuevos empleados, limitó los viáticos, bajó el gasto en publicidad, y lleva adelante un proceso gestión tecnológica para modernizar al Estado, todo eso sin descuidar todas las funciones esenciales que todo Estado debe cumplir.
En este sentido, parece necesaria una nueva discusión de fondo, la convocatoria del "pacto de mayo" parece ir en este sentido, pero si se va a celebrar un acuerdo nacional, este debe ser la oportunidad para incluir los lineamientos de nuestro futuro desarrollo como país y no solo algunos requisitos para alcanzar el equilibrio fiscal. Es decir, pensar un plan de largo plazo y no un presupuesto.