El Gobierno de la provincia de Santa Cruz ordenó la clausura y el cese de actividades del yacimiento minero Cerro Negro, propiedad de la empresa norteamericana Newmont.
Esta acción responde al trágico evento ocurrido el 9 de abril, donde fallecieron los colaboradores del área de Servicios Técnicos Rosana Paola Ledesma y Daniel Alberto Ochoa.
Según se desprende del acta elaborada en el yacimiento de Perito Moreno, el gobernador Claudio Vidal instruyó a su ministro de Trabajo, Julio Gutiérrez, a poner en marcha la contundente medida ya que "las circunstancias del hecho se encuentran en etapa de investigación, no pudiendo precisar a la fecha las causales de las mismas" y que "presumiblemente en el lugar del siniestro podría haber vestigios de múltiples gases al momento no identificados".
Se precisó que la prioridad del gobierno, "ante la incertidumbre que de continuar las tareas en forma normal pudiera repetirse el grave hecho aquí descripto", es "preservar los sitios involucrados en el evento" y la seguridad del personal que allí trabaja.
Por ello, el acta rubricada por el ministro de Trabajo, Julio Gutiérrez; la secretaria de Estado de Minería, Nadia Ricci, y el secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravanea, establece "el cese total preventivo de la mina Mariana".
La orden afecta a todos sus frentes de trabajo. A propósito, se solicitó un "informe de medición de gases del día 9 de abril del 2024, historial de comunicaciones entre el personal siniestrado y la sala de control y/o aquel sector que ejerza el control de personal en bajo mina, desde el inicio del turno B hasta las 21 horas".
En las condiciones observadas en materia de higiene y seguridad de trabajo se detectó falta de presentación del certificado de análisis físico, químico y bacteriológico del agua para el consumo humano de todo el personal que presta servicios en el yacimiento minero Cerro Negro. En consecuencia, el acta ministerial determinó que la empresa deberá reacondicionar "la infracción detectada y enunciada precedentemente".
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