Tras tres jornadas de cuestiones previas formuladas por las defensas de los 28 acusados, la Fiscalía y la abogacía del Estado, la vista oral por el alijo de 3,8 toneladas de cocaína a bordo del MV Karar arrancará el próximo lunes. Y lo hará con la declaración del supuesto cabecilla de la organización, el vilanovés Juan Carlos Santórum, que afronta penas de hasta 18 años de prisión.
Resolución en sentencia
Las tres magistradas que componen el tribunal de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, rechazaron las peticiones de los abogados de los procesados que pidieron suspender el juicio por la baja médica del principal testigo, el ex jefe policial del GREGO encargado de dirigir la investigación –el cual recientemente ha sido detenido por su vinculación con otra operación antidroga–, que no declarará hasta que reciba el alta. "No apreciamos ninguna causa que determine la suspensión", verbalizó la magistrada-presidenta. En cuanto a las nulidades de autos y medidas acordadas en la causa por la supuesta vulneración de innumerables derechos fundamentales, las juezas acordaron que serán resultas en sentencia.
Prueba documental
A mayores, admitieron la prueba documental propuesta por la Fiscalía, consistente en dos grabaciones; una relativa al interior de una de las naves donde se practicaron los registros y un segundo vídeo correspondiente con una noticia de prensa en el que se aprecia los fardos desde el barco así como el buen estado de las dependencias en las que se guardaban las narcolanchas o lanzaderas que previsiblemente recogerían la droga en alta mar.
Fiscalía antidroga
Tras terminar ayer las defensas sus trámites de cuestiones previas, llegó la hora del Ministerio Público. El fiscal antidroga Pablo Varela respondió a los argumentos esgrimidos por los y las letradas apuntando que no se vulneraron los derechos de los procesados y que las actuaciones que se llevaron a cabo estuvieron plenamente motivadas y justificadas: "Había tarjetas de móviles que solo se usaron para controlar la singladura del Karar".
Investigación "operativa"
Entre sus argumentos, Varela esgrimió que, antes de que la DEA ( la agencia antidroga de Estados Unidos) proporcionase información o "sospechas" de que un barco pudiera llevar cocaína desde Panamá a España, ya había investigaciones activas. "Son seguimientos puramente operativos; no fue el motor de esta investigación la información extranjera ni ningún dato que fuera motivado por una intervención telefónica", precisó el fiscal, recalcando que, de igual modo, "los datos de la DEA no requieren de autorización judicial".
Seguridad en los traslados
Asimismo, remarcó que se documentaron los movimientos preparatorios para recibir el alijo, o que la organización tomaba "particulares medidas de seguridad" en sus movimientos. Pablo Varela también rechazó las posiciones de las defensas que desvinculaban a los acusados del alijo recordando el fiscal que en una de las naves registradas apareció una nota con las "mismas coordenadas" apuntadas en el puente de mando del MV Karar, o que existen conversaciones entre ellos en los que se refieren a "la merca". "¿Que justo hayan pensado en estar en el mismo punto de la inmensidad del océano? Pues no", ironiza Varela, que concluyó reiterando que "todo lo que están planteando (las defensas) son fuegos artificiales".
Por último, la abogada del Estado que dirige su acusación hacia un único procesado, descartó la indefensión de los mismos: "No hubo una imposibilidad de acceso a la causa; estaba foliada y es de fácil manejo".
Los presos preventivos recobrarán la libertad el día 25
El abordaje del MV Karar fue llevado a cabo el 25 de abril de 2020, procediendo a la detención de la tripulación y de los investigados en tierra. Tras su paso a disposición judicial, la docena de investigados que se encontraban a bordo del buque ingresaron en prisión provisional. Desde entonces han pasado cuatro años. Este es el plazo máximo legal para mantener a un encausado en prisión preventiva. La instrucción de la causa se prolongó tanto que los tripulantes de Nepal y Bangladesh que continúan todavía en A Lama de forma provisional recobrarán su libertad. Será el próximo jueves 25, cuando se cumplan estos cuatro años.
La previsión de las magistradas es que las declaraciones de todos los acusados se celebren entre el lunes 22 y el miércoles 24. Por ello, el letrado que asiste a buena parte de estos tripulantes en prisión provisional propuso al tribunal que, una vez declaren sus representados, no tengan la obligación de estar presenten en el juicio. El letrado esgrimió que, al encontrarse aquí sin residencia, el gobierno autonómico los derivó a varios municipios fuera de Vigo, por lo que supondría una incomodidad o incluso imposibilidad para ellos tener que desplazarse a diario hasta el municipio de Vigo. Las magistradas se pronunciarán también el lunes sobre esta cuestión.
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