Se debate hoy en la Asamblea regional dos proposiciones de ley para modificar el artículo 16 de la ley 3/2020 de recuperación y protección del Mar Menor, una impulsada por el PP y la otra por el PSOE, y ambas tienen que ver con la caducada moratoria, desde julio de 2023, de nuevos desarrollos urbanísticos en la cuenca vertiente de la laguna.
Las dos proponen que la moratoria se extienda hasta la aprobación del Plan de Ordenación Territorial que mandata dicho artículo, formulación lógica que debió aplicarse desde el inicio, en lugar de la errónea enmienda de PSOE y Ciudadanos, que rebajó a tres los cinco años iniciales de la misma.
Sin embargo, no es que el PP haya tenido un ataque conservacionista repentino, a tenor, sobre todo, de la rapidez inusitada con la que formuló su propuesta vía decreto-ley en julio pasado, fruto de la contestación social que provocó su negativa, junto con Vox, a prorrogar la moratoria sin que se hubiera aprobado el POT, es que su propuesta es engañosa. A la vez que expresa en el preámbulo «su preocupación por la recuperación integral del Mar Menor», amplía las excepciones de dicha moratoria facilitando proyectos que quedaron aparcados por efecto de la misma.
Dos son las modificaciones del texto propuestas por el PP para conseguir este fin. Una, exceptuar de la moratoria a los desarrollos urbanísticos con aprobación inicial en el momento de la aprobación de la ley 3/2020. Ahora deben tener la aprobación definitiva siendo posible, en caso de no haberla alcanzado, continuar los trámites administrativos, pero nunca iniciar la fase de ejecución material de las obras, a expensas de las adaptaciones necesarias a las resoluciones del Plan de Ordenación Territorial de la cuenca vertiente una vez aprobado. Así lo aclaraba nítidamente el Consejo Jurídico de la Región de Murcia en su informe 14/2020, al que ahora apela el PP para justificar lo contrario.
Y dos, eliminar el condicionante de «tener aprobado el proyecto de urbanización» antes de la aprobación de la ley para que los ensanches de los suelos urbanos consolidados puedan exceptuarse también de la moratoria, lo cual amplía hasta el confín de los Planes Generales Municipales de Ordenación las posibilidades de que los ayuntamientos ribereños sigan construyendo sin ninguna cortapisa.
En definitiva, Fernando, moratoria sí, pero con tantas y tan amplias excepciones, en gran medida, tu propuesta la vacía de efectos prácticos.
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