La Policía ha elaborado un informe demoledor sobre las mascarillas que no protegían y que el Ministerio de Sanidad de Salvador Illa distribuyó por hospitales de toda España en los primeros compases de la pandemia a pesar de tener certificados «falsos». «Los usuarios han estado expuestos a un riesgo grave para su salud, principalmente, debido a la falta de eficacia en el filtrado en el caso de las mascarillas, no garantizándose con estos medios los niveles apropiados para desempeñar su actividad con las medidas adecuadas», zanjan los agentes en un informe que desvela OKDIARIO.
Se trata de un documento policial de más de 40 páginas que obra en el sumario del caso del Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid. Están imputadas tres altos cargos del equipo de Illa que este martes se han negado a declarar ante el juez. La más importante, la entonces directora general de la Cartera Básica del Sistema Nacional de la Salud y Farmacia, Patricia Lacruz. Como publicó, este periódico, tardó 7 días en parar el suministro de las mascarillas defectuosas desde que supo que lo eran, como atestiguan los emails.
Tras la denuncia de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), el juzgado exigió a Sanidad todos los documentos sobre el caso. Entre ellos, está un informe muy detallado del Área de Policía Judicial de la Policía Municipal de Madrid.
Ese informe de la Policía sobre las polémicas mascarillas Garry Galaxy concluye tajantemente que «se ha vulnerado lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en relación a las obligaciones que arroga a fabricantes, importadores y suministradores». En este caso concreto, «en su misión de asegurar que los elementos para la protección de los trabajadores tengan la efectividad establecida».
Asimismo, los agentes indican que «en conexión con el empresario del que dependen estos trabajadores» se incide en la irregularidad «al no evaluar los riesgos adicionales que pudiera implicar la incorporación de estos equipos de protección individual (mascarillas y guantes) en el procedimiento establecido para la atención a un caso sospechoso de enfermedad respiratoria de alerta internacional (Covid-19)».
Se trata de un documento contundente que, punto por punto, detalla cómo Sanidad, en manos del PSOE, no veló por la seguridad de los trabajadores sanitarios. A petición de la Fiscalía, los agentes estudiaron el material sanitario y determinan que «las mascarillas Garry Galaxy en envase verde, objeto de esta investigación, no se corresponden con equipos de protección individual bajo la certificación EU, y, por lo tanto, no se puede considerar del tipo FFP2». Tampoco tienen la certificación propia de China o de EEUU.
Responsabilidades individuales
El informe da un paso más allá y apunta a la empresaria que intermedió entre Sanidad y el proveedor chino, María Rodríguez: «De los documentos que se nos han aportado se infiere que esta persona ha cometido una acción engañosa en el proceso de venta de las mascarillas, ha aportado documentación que no se corresponde con el objeto del contrato (mascarillas FFP2)».
«Ha mantenido diversos intercambios con diferentes organismos dependientes del citado Ministerio, utilizando denominaciones tanto de la empresa Travisasia como de Indein, haciéndose pasar como administradora de la primera. De la documentación técnica que se ha aportado, se ha puesto en evidencia que la mayoría carece de validez, habiendo indicios en el documento de la agencia americana de medicamentos (FDA) que se aportó inicialmente ante la Dirección de Farmacia, de ser falso».
«Actuación falsaria»
En segundo término, la Policía Municipal de Madrid apunta a la empresa GarryGalaxy Biotechnology, fabricante último de las mascarillas. «Al incorporar el marcado CE en el producto sin contar con las debidas acreditaciones ha actuado de manera falsaria», exponen. «La agregación de este signo oficial ha podido ser determinante para la compra y utilización de los citados equipos, ya que su percepción por un comprador y usuario final con conocimientos mínimos en la regulación, relaciones comerciales con el mercado chino y normativa europea, le induciría a pensar que el producto se ajusta a niveles de calidad y garantía que marca la normativa de la UE».
Por otro lado, recuerdan el informe del Centro Nacional de Medios de Protección sobre que «el nivel de eficacia de filtrado en un número elevado de mascarillas analizadas, no se corresponde con lo que asegura ofrecer (al menos 95%), encontrándose muy por debajo de estos niveles».
Ministerio de Sanidad
En tercer lugar, sobre las responsabilidades de la Dirección de Cartera Común como importador, la Policía aclara que intervino desde el 17 de marzo en la contratación. Compartió con María Rodríguez diversa documentación técnica y concluyó que las mascarillas cumplían la legislación europea: «Una vez adjudicado el contrato, días después, pudieron evidenciar que las citadas mascarillas no cumplían realmente, la regulación europea y no llevaban un marcado CE válido, como así declaró inicialmente el proveedor».
«Se ha observado falta de cuidado en la gestión que ha realizado este departamento, mayormente atendiendo al importe de la operación», subraya el informe de la policía a la vista que las mascarillas costaron 31 millones de euros. «Llama la atención la confianza depositada en María Rodríguez, cuando ni la conocían, ni había habido vínculo mercantil anteriormente con el proveedor. El primer contacto se produce tres días antes de la adjudicación». Además, no se comprobó la mercancía comprada in situ o previamente a su puesta en circulación. Sólo se revisaron los papeles falsos. «Eso hubiese detectado que lo suministrado no correspondía con lo realmente comprado», agregan.
No es hasta el 21 de abril cuando Lacruz anuncia que «se está trabajando con Aenor para realizar en territorio chino servicios de inspección de control de la producción, supervisión de la carga de la mercancía, toma de muestras en laboratorio».
El procedimiento judicial sigue en curso cuatro años después de la primera querella contra Illa en el Supremo y que la sala de Manuel Marchena derivó a los juzgados madrileños. Ahora, el Gobierno ha puesto a toda la maquinaria de la Fiscalía, primero, y, ahora, de la Abogacía del Estado para elaborar recursos para tratar de desbaratar el procedimiento y que los altos cargos que posiblemente pusieron en peligro la vida de los trabajadores de la Sanidad se vayan de rositas.