A menos de un año de la asunción del próximo gobierno, el sector industrial delineó una serie de medidas para fortalecer a las empresas uruguayas. Entre las propuestas se destaca la necesidad de disminuir la cantidad de empleos públicos, reducir el precio de los combustibles y permitir a las empresas el descuelgue salarial de los convenios colectivos.
El documento indica que los países de ingresos altos implementan, en promedio, unas cinco veces más políticas industriales que las economías de ingresos bajos a medios.
Añade que en Uruguay el sector industrial tiene un nivel de desarrollo que lo posiciona en el presente como imprescindible para la generación de valor agregado, empleo de las más diversas calificaciones, exportaciones y remuneraciones de alto nivel adquisitivo.
El sector industrial contribuye con 10% al Producto Interno Bruto (PIB) total y representa el 18% del PIB empresarial. Cuenta con 164.600 empleos directos y más de 100 mil indirectos, lo que representa el 17% del empleo total.
Está conformado por 17.000 empresas que están en funcionamiento, con una producción que alcanza los US$ 17.000 millones, de los cuales US$ 10.000 son para exportación.
Los industriales proponen medidas para fortalecer el ámbito macroeconómico y promover un crecimiento sostenible. Una de ellas es la reducción y mantenimiento del gasto público del gobierno central en torno al 20% del PIB. Eso requiere acciones para apuntalar la sostenibilidad fiscal y reducir las presiones adicionales sobre el tipo de cambio real.
Como medida que apunte al gasto público, los empresarios plantean la necesidad de una disminución progresiva en la cantidad de empleados públicos, tanto en el gobierno central como en las empresas públicas y las intendencias municipales.
Otra sugerencia es la de perfeccionar la regla fiscal, lo que implica establecer criterios para modificar y fijar metas fiscales, distinguir ente metas y proyecciones fiscales y mejorar la metodología para el cálculo del PIB potencial.
Por último solicitan la desindexación de las tarifas y precios del Estado y de las intendencias municipales, lo que contribuiría a reducir la inflación y mejorar la competitividad de los productos y servicios nacionales.
La intención de la Cámara de Industrias (CIU) es trasladar el plan de acción que presentó este miércoles en su sede a todos los precandidatos presidenciales en los próximos meses.
En el capítulo de relaciones laborales la gremial defiende que se establezca la negociación tripartita exclusivamente para acordar el salario mínimo por rama de actividad con el objetivo de garantizar un proceso transparente y representativo de los diferentes intereses. En este caso propone la iniciativa de fijar salarios mínimos diferenciales por tamaño de empresa y zona geográfica, reconociendo las distintas realidades laborales que existen en el país.
El texto afirma que la negociación salarial actual perjudica a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) del interior, que están obligadas a pagar remuneraciones mínimas superiores a sus niveles de productividad.
En otro punto marca que "dado que actualmente la flexibilidad en la determinación de los salarios es nula, para mejorar el proceso de negociación salarial, se plantea impulsar la negociación de aumentos salarios sobre los mínimos, liberando los aumentos de los sobrelaudos a la negociación por empresa".
La CIU pide que en compañías de más de 99 empleados la negociación sea bipartita y que en ella se negocien ajustes generales de salarios y beneficios.
Otro problema que señala la gremial industrial es la "casi inexistente" posibilidad de que las empresas con problemas puedan descolgarse de los convenios salariales y por eso sugiere crear un protocolo de cláusulas de salida transparentes y automáticas. Esa opción podría instrumentarse a través de un procedimiento ágil para atender situaciones que pongan en riesgo el empleo de los trabajadores o para empresas nuevas.
Las propuestas de fiscalización de la CIU se centran en el combate al contrabando, a través del fortalecimiento de los controles en frontera. Esas tareas deberían profundizarse durante los períodos de atraso cambiario en Uruguay o de desfasaje con países vecinos.
El documento considera indispensable intensificar el control de la Dirección General Impositiva (DGI) en las ventas que se realizan ilegalmente por internet, en redes sociales y plataformas virtuales de compraventa.
También marca la necesidad de que la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y el Ministerio del Interior coordinen acciones para detectar el transporte de mercadería de contrabando por rutas nacionales.
Para el sector energético se menciona la posibilidad de detectar mecanismos eficientes para abaratar el precio de los combustibles. Allí expresa que es fundamental reducir los sobrecostos de Ancap, especialmente los que traslada la producción deficitaria del cemento.
Otra iniciativa es que en los proyectos industriales presentados a la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap) se permita integrar inversión en energía fotovoltaica hasta el 50% del total, para incentivar así la utilización de energía renovable y reducir el elevado costo energético de UTE, especialmente en pequeñas empresas.
En este capítulo solicita que se continúen desarrollando experiencias de ofertas de UTE para horarios especiales, como una manera de reducir costos en empresas que puedan adaptar su producción.
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