La Conselleria de Justícia estudia un cambio en el funcionamiento de los juzgados de violencia contra la mujer que ha irritado a los colegios de abogados de Catalunya.
El departamento plantea que diez juzgados de primera instancia del área de Barcelona y de Tarragona dejen de asumir los casos de violencia machista para que estos sean centralizados por los juzgados especializados en violencia contra la mujer que se encuentran en las capitales de comarca o en las capitales de partido judicial. Aseguran que esto mejoraría la eficiencia y la atención de las víctimas, puesto que son órganos que atienden estos casos de forma exclusiva. Sin embargo, el Consell de l'Advocacia Catalana, que engloba a todos los colegios de abogados catalanes, denuncia que esta medida implicaría que las víctimas tarden más en llegar a un juzgado a ratificar una denuncia, lo que podría provocar que se acaben echando atrás.
"Esta propuesta no la hacemos desde el punto de vista economicista, sino con el objetivo de mejorar la atención a las víctimas. Es oportuno abrir este debate. Las leyes de eficiencia organizativa van hacía aquí, y no podemos quedarnos atrás. El análisis lo tenemos que hacer y ponerlo sobre la mesa", señalan fuentes de la conselleria. También recuerdan que esta medida ya ha sido aplicada en otras comunidades como Andalucía, Canarias, Navarra y Valencia, y que todo el sistema se encamina hacia la centralización y la especialización.
La propuesta que estudia Justícia, y que no podrá presentarse ante el ministerio porque la legislatura está agotada, consiste en que todas las causas de violencia machista, por ejemplo, de Gavà, Sant Boi de Llobregat, Cornellà i El Prat sean asumidas únicamente por el juzgado de Gavà. O que el juzgado de Granollers –que aglutina 35 municipios– absorba toda la actividad de violencia machista también del juzgado de Mollet del Vallès, que es el competente en siete municipios. El juzgado de Tarragona, por su parte, asumiría los casos del juzgado de Valls. Y así hasta en diez juzgados.
La conselleria defiende la medida porque así los casos de violencia machista "serían tratados por juzgados exclusivos, personas formadas y centros adecuados que garanticen que víctima y agresor no se crucen en el pasillo". Esta situación no se da en los juzgados mixtos, donde se mezclan casos de todo tipo, desde instrucción, litigios civiles y de violencia doméstica. "Son juzgados con cero especialización y con una carga de trabajo brutal", señalan fuentes del departamento. Remarcan que la medida permitiría descargar a estos juzgados más saturados en favor de los de violencia machista cuyas cargas de trabajo "están por debajo de los límites que marca el Consejo General del Poder Judicial", sostienen.
Los abogados reprochan que la lejanía de los juzgados disuadirá a las víctimas que quieran denunciar
La propuesta de estudio nació en diciembre en el marco de la reunión del Observatori Català de la Justícia, que llevaba sin reunirse desde el 2014. Los participantes acordaron abrir un debate para analizar la centralización de los juzgados de violencia de género y también una eventual reforma del mapa judicial de Catalunya. A partir de ahí, se creó una comisión para analizar la centralización o, como la denominan, "la comarcalización de los juzgados". El próximo 30 de abril finaliza el plazo para que cada una de las partes se pronuncie sobre la propuesta de Justícia y presente su análisis.
La abogacía ha emitido un demoledor informe para oponerse a la medida en el que lamentan como principal argumento las dificultades de movilidad. Denuncian que la distancia que deberán recorrer las víctimas de violencia machista para denunciar a sus parejas o exparejas es tan grande que muchas desistirán.
"Esta propuesta va en contra del espíritu de vocación de servicio que debe tener la justicia. En lugar de acercar la justicia a la ciudadanía, la quieren alejar, con el agravante de que en este caso las perjudicadas son personas que muy a menudo sufren una situación de extrema fragilidad", lamenta la presidenta del Consell de l'Advocacia Catalana, Marta Martínez. "Es un despropósito", denuncia Esther López, presidenta de la comisión de Violencia Machista del Consell.
Asegura que se debe facilitar el acceso a la justicia y no poner trabas. "Es gente vulnerable, que a veces debe desplazarse con los hijos y con testigos", remarca. David Caselles, presidente de la comisión de Relaciones con la Administración de Justicia del Consell, destaca que "la atención a una víctima de violencia de género requiere de una dedicación especial, hay que pedir órdenes de protección ... Al final, estos trámites pueden durar entre cuatro o cinco horas. Los juzgados de violencia de género no pueden asumir más cargas de trabajo. La idea no es buena".
La conselleria defiende que la propuesta mejora la atención de las mujeres víctimas
La Conselleria de Justícia responde a las críticas de los abogados sobre la movilidad de las víctimas destacando que deben priorizarse las declaraciones por videoconferencia para evitar los desplazamientos y que las víctimas puedan comparecer ante el juzgado cerca de casa. Y sobre las cargas de trabajo, aseguran que se darían los medios necesarios. "Si hay que poner más medios, se pondrán", sostienen.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya se reunirá este viernes para adoptar una posición sobre esta propuesta.