Por lo que implica la tecnología como herramienta de inserción, fundamentalmente en la educación y el mundo del trabajo, hoy deberíamos repensar los criterios con los que se mide la pobreza.
Los nuevos pobres no son sólo aquellos que no llegan a cubrir una canasta básica, sino también quienes no están incluidos digitalmente. Y así como pensar el siglo 21 sin inclusión digital es imposible, pensar en un ente como el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) sin sus delegaciones provinciales también lo es.
La resolución del Gobierno nacional que dispone el cierre de todas las delegaciones de este organismo en el interior del país es un golpe funesto, que no sólo reciben los más de 500 empleados que perderán su fuente de trabajo. Ante todo, es un golpe al federalismo.
Las delegaciones de Enacom, garante y promotor del derecho a la conectividad y regulador de las empresas prestatarias del sector TIC, fueron el primer mostrador del Estado en la atención a los ciudadanos que utilizan estos servicios. Sin ellas, el tejido de las telecomunicaciones se verá desatendido y debilitado.
Pero, además, la ventanilla que receptaba reclamos referidos a servicios esenciales –como telefonía móvil, internet y la TV por suscripción– ahora nos queda a los cordobeses 800 kilómetros más lejos. Algo similar, con más o menos distancia, pueden decir en cada provincia del país, ya que el único mostrador estará en Buenos Aires.
Con seguridad, la pérdida de la capacidad regulatoria del Estado se traducirá, al menos localmente, en servicios de peor calidad: está comprobado que las empresas del sector muestran mayor premura y eficiencia en solucionar los problemas de los usuarios cuando el reclamo pasa por el organismo que las controla.
La "libertad", que tan seguido invoca el Gobierno, será la libertad de las prestadoras para operar y facturar sin prurito.
Pero más graves aún serán las consecuencias de que el Estado se retire de su rol de promotor del derecho a la conectividad. La brecha digital se acrecentará en un futuro cercano. Sin la asistencia estatal, las cooperativas y las pymes que prestan servicios TIC no podrán realizar las obras necesarias para llevar fibra óptica a barrios, comunas y parajes que no son objeto de mercado para las grandes empresas, que sólo se mueven en función de la rentabilidad.
La promoción de estas políticas durante el período 2020-2023 permitió llevar internet de calidad a casi mil localidades recónditas del país.
La actual gestión del Gobierno nacional, que se presenta como moderna, caerá en una profunda contradicción si no tiene en cuenta la conectividad y el acceso a las TIC como un bien público –con el Estado como garante– que busque avanzar hacia la disponibilidad, seguridad, accesibilidad y asequibilidad de estos servicios.
La discusión sobre el rediseño del Estado es válida en tanto y en cuanto apunte a la sustentabilidad y la eficiencia. Pero hoy no hay discusión al respecto; sólo imposición. Asistimos a un desmantelamiento, sin criterio, de estructuras básicas que, aún con sus dificultades, estaban para hacer a la Argentina más federal e inclusiva. No es necesario remitirse mucho tiempo atrás para comprender que lo estructural es determinante, pero que con "la macro" no alcanza. Una gestión deshumanizada es una gestión perdida y sin futuro.
* Exdelegado de Enacom para la provincia de Córdoba