El economista Guillermo Caram, dirigente socialcristiano y exgobernador del Banco Central, exhortó al Gobierno respetar la institucionalidad legal y administrativa relacionada con la administración presupuestaria al atender la solicitud de fondos adicionales a los partidos.
Caram recordó que los legisladores, representantes de las distintas organizaciones políticas partidos, aprobaron el presupuesto 2024 el pasado 20 de diciembre del 2023, con una asignación total a los partidos políticos inferior al 0.5 % que establece la ley orgánica electoral. Sin embargo, ahora están solicitando al gobierno, a través de la Junta Central Electoral (JCE), una asignación adicional al presupuesto que aprobaron para alcanzar el 0.5 %.
Además, indicó que el Gobierno ha anunciado su disposición de aceptar esta solicitud, pero no puede disponerlo por vía administrativa.
"Toda asignación adicional a las establecidas en el presupuesto 2024 requiere una sanción legal previa y la especificación de donde provendrán los fondos para ese gasto adicional. No hacerlo, acarrearía violaciones legales y administrativas susceptibles de sanciones y/o, eventualmente, futuros escarceos judiciales y políticos", puntualizó Caram.
En ese mismo orden, Caram indicó que, conforme a la Ley Orgánica de Presupuestos, los presupuestos complementarios deben ser preparados a mediados de año por lo que hacerlo ahora significaría una "anomalía".
A su juicio una declaración de urgencia no sería ética existiendo "otras urgencias más urgentes", ni fácil de aprobar, dentro del tiempo que falta para las elecciones, obtener una ley aprobatoria de estas transferencias teniendo en cuenta las dificultades de sesionar por la abundancia de legisladores que están en campaña.
Lamentablemente los presupuestos complementarios se han convertido en un instrumento para regularizar a posteriori operaciones gastos no presupuestados, lo cual constituye una grave anormalidad. Resulta penoso y preocupante que gobierno y oposición hagan causa común para validar esta irregularidad cuando uno y otro deberían actuar para ponerle coto a esta práctica viciada.
Asimismo, Caram manifestó que, en caso incurrir en asignaciones adicionales o anticipadas con cargo al presupuesto de la JCE, así como incluir al presupuesto complementario a presentarse a mediados de año, estaría en riesgo las actividades normales de la JCE, además de anomalías procedimentales susceptibles de sanciones políticas y penales, ya que no está prevista en la Ley Orgánica de Presupuesto.
De igual forma, Caram explicó que todos los funcionarios que autoricen esta operación pudieran verse expuestos a cuestionamientos judiciales, independientemente de que nada garantiza el cumplimiento de dicha disposición en medio de un eventual cambio de administración presupuestaria.
En ese sentido, recomendó no continuar propiciando irregularidades ante el reclamo tardío de los partidos.
"La única solución que visualizamos para subsanar la posibilidad de un conflicto político que entorpezca las elecciones es que el Banco de Reservas conceda un préstamo a los partidos por el monto equivalente a la solicitud adicional que han formulado, garantizados en la promesa de incluir el monto equivalente en el presupuesto complementario que deberá ser preparado a mediados de año", precisó.