Un hombre, de nacionalidad italiana, se sentará el martes en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Palma por el presunto enriquecimiento ilícito al apropiarse supuestamente de 825.000 euros durante la pandemia. La suma iba a destinada a la compra de cinco millones de guantes quirúrgicos, ante la acuciante necesidad y la falta de existencias causadas por el estallido de la covid-19. El material sanitario nunca llegó a su destino. El fiscal solicita para el acusado una pena de cinco años de prisión por un presunto delito de apropiación indebida. También reclama que abone a la empresa afectada los 825.000 euros pagados.
Los hechos que se juzgarán en la Sección Segunda de la Audiencia de Palma se remontan a mayo de 2020. En esos momentos la pandemia se cobraba miles de vidas a diario y había una completa escasez de material sanitario. Una distribuidora de Palma se puso en contacto con una empresa farmacéutica para la compra de cinco millones de guantes quirúrgicos para tratar de contener la oleada de contagios.
Dicha empresa contactó a su vez con un distribuidor italiano de material quirúrgico. El importe de la operación para adquirir esta mercancía ascendía a 1.082.950 euros. El distribuidor exigía antes el pago íntegro de esta suma. Con la finalidad de garantizar esta operación, facilitó la cuenta de una entidad financiera, donde figuraba el ahora acusado. Este figuraba como intermediario fiduciario en dicha transacción. De tal manera que este entregaría al proveedor el precio concertado si el producto había sido entregado. De lo contrario devolvería el dinero al comprador.
Apariencia de solvencia
Ante la apariencia de solvencia y de credibilidad de la operación, la entidad mercantil con sede en Palma comenzó a hacer pagos a su interlocutor. Este a su vez lo trasladaría al proveedor italiano y a su intermediario. Así, el 21 de mayo de 2020 efectuó una transferencia de 238.370 euros, el 21 de junio de 2020 transfirió 194.580 euros y el 30 de junio de 2020 realizó un último envío de 650.000 euros. La suma total ascendía a 1.082.950 euros.
A su vez, la empresa farmacéutica envió la cantidad de 825.000 euros a la cuenta del acusado. El resto del dinero, 257.950 euros, fue retenido en concepto de pago de impuestos y comisiones.
Sin embargo, la entrega de la mercancía nunca se llegó a efectuar. Por este motivo se rescindió el contrato de compraventa. El acusado, presuntamente, no devolvió el dinero a los pagadores. De acuerdo con el fiscal, la suma de 825.000 euros la habría integrado en su patrimonio. La farmacéutica, por su parte, devolvió a la distribuidora de Palma los 257.950 euros que tenía retenidos.
El ministerio público considera los hechos constitutivos de un presunto delito de apropiación indebida. Por este motivo solicita para el procesado la pena de cinco años de prisión y una multa de 3.000 euros. También reclama que indemnice al afectado con la suma de 825.000 euros.
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