La decisión del Gobierno catalán de modificar el plan especial de sequía para dejar en manos de los ayuntamientos la autorización final sobre las piscinas públicas y privadas que podrán abrir este verano ha sido contestada por los municipios. "Este acuerdo es inaplicable; dudamos que se den las garantías legales". De esta manera rotunda se expresó ayer Eduard Rivas, presidente de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC).
Los ayuntamientos agrupados en la FMC consideran que en este asunto el Govern de la Generalitat ha adoptado una decisión unilateral, alejada de los términos en que se había esbozado el preacuerdo.
El conflicto nace tras conocerse las condiciones en que se ha concretado la modificación del plan especial de sequía, destinada a que las piscinas públicas y privadas, en este caso, con limitaciones, puedan ser rellenadas y abrir este verano, algo que estaba prohibido para la actual fase de emergencia.
El Govern posibilita esta apertura siempre y cuando las piscinas públicas y privadas (excepto las de viviendas unifamiliares) sean declaradas como refugio climático, una potestad que quedará en manos de los ayuntamientos y que requerirá que queden abiertas a la ciudadanía. Los municipios que habiliten estos refugios deberán incorporarlos en su plan de sequía y comunicarlo a la Agència Catalana de l'Aigua.
Con la decisión adoptada, serán los ayuntamientos los que tendrán la última palabra. Pero esta es una competencia inesperada y sobrevenida para los municipios, que deberán decidir si abren las piscinas de hoteles, campings y zonas comunitarias. Consideran que no se dan las condiciones legales ni materiales para ejercer esa tarea en el nivel exigido.
El polémico texto introducido indica de manera explícita que las piscinas privadas en las que se haga un uso público (por ejemplo, las de las áreas comunitarias o de urbanizaciones) deben tener "idénticas condiciones de precios que las piscinas públicas".
Los municipios sostienen que este cambio de última hora introduce confusión. Se abre la puerta a que una comunidad privada de propietarios con piscina-refugio climático deba admitir el acceso de público y cobrar por ello. Y ahí nace las dudas. "No sé cómo se puede aplicar este cobro. ¿Quién va a cobrar ese dinero, quién lo va a gestionar, un funcionario? Estamos hablando de entrar en una propiedad privada", dice alarmado el presidente de la FMC, que ve lagunas legales.
Los ayuntamientos ven impracticable que se pueda pagar por entrar en piscinas comunitarias
Mientras que en el caso de un hotel con una piscina como refugio climático se podría cobrar por la entrada en su recinto, en el de una comunidad de propietarios las dudas se acumulan. ¿Podría cobrar una entrada esa comunidad sin estar dada de alta de actividades económicas? La FMC resalta las incertidumbres creadas. "¿Quién paga los gastos del socorrista, quién hace el control de acceso, quién controla el aforo, vamos a enviar a un funcionario para todo eso?", se pregunta. "No podemos compartir el relato que hace el Govern".
La portavoz del Gobierno catalán, Patrícia Plaja, justificó ayer que sean los municipios los que decidan cuáles son las piscinas-refugio que se deben abrir, con el argumento de que ellos son los que mejor conocen la situación local y así lo demandaron.
Plaja añadió que serán los ayuntamientos los que deberán regular todo cuanto rodee las condiciones de la apertura de las piscinas comunitarias (en materia de seguridad, salvamento, aforos, horarios y demás...). "Una vez establecido el censo de las piscinas de titularidad privada que sean consideradas refugio climático, también debe ser la ordenanza municipal la que fije los criterios de uso de esa piscina, y hablamos de aforo, hablamos de si será gratuita o de pago, del tipo de vigilancia a la que debe responder esta piscina en función del aforo, la casuística y las características de esta piscina", añadió. "Cada Ayuntamiento fijará los horarios, los precios, las condiciones… Lo hacemos para no interferir sus competencias municipales. Deben dar confianza a los ayuntamientos", repitió Patrícia Plaja. Los ayuntamientos deberá apresurarse para tener las ordenanzas antes del verano.
¿Y quién asumirá el coste de los socorristas, o de qué dependerá que se tenga que pagar por la entrada en un refugio climático de una urbanización privada?, se le preguntó reiteradamente a Plaja. "Serán los ayuntamientos los que deberán llegar a acuerdos con los propietarios privados para establecer cuál es el exactamente el régimen de uso de estos refugios climáticos", respondió.
La decisión del Govern supera la previsiones que habían hecho los ayuntamientos, que ven en esta decisión una patata caliente que añade presión sobre ellos. Hay que tener en cuenta que los ayuntamientos, cuando presentaron su propuesta, pretendían básicamente que se catalogasen como refugios las piscinas municipales o algunas piscinas de clubs privados (para acoger las colonias de verano, por ejemplo…). También de manera muy excepcional se pensaba que si en un pueblo pequeño no hay piscina municipal y, en cambio, alberga una piscina comunitaria, se pudiera dar ese uso público. Pero tanto flexibilidad crea otros inconvenientes...
"Que los ayuntamientos tengamos que autorizar la apertura de piscinas para usos de lucro o para uso privativo de una comunidad cerrada es algo que no tiene sentido", dice Rivas. "Eso transmite un mensaje negativo: la idea de que estamos en sequía y, sin embargo, podemos abrir piscinas con un numerus clausus de gente. No tiene ni pies ni cabeza", sentencia Rivas.
Una ordenanza local deberá fijar los criterios de uso de las instalaciones
Meritxell Budó, presidenta de la Associació Catalana de Municipis, recalcó que la apertura de piscinas privadas al público en general es una idea "que nos preocupa" pues tiene múltiples implicaciones. "Las soluciones no se pueden improvisar", afirma la alcaldesa de La Garriga. Budó arguye que, entre otras circunstancias, se puede dar el caso de que un Ayuntamiento designe como refugio una piscina comunitaria, pero que los propietarios no acepten el acceso público. Este caso plantearía el debate de cómo respetar la propiedad privada.
"Habría que ver entonces si el interés general pasa por encima de la propiedad privada; son cuestiones que se deben calibrar muy bien". Además, ese uso público de la piscina comunitaria plantea la necesidad de cambiar los estatutos referidos a los usos de la piscina, lo cual requeriría una reunión de los vecinos de la comunidad.
Lo que sí queda claro es que no se va autorizar la apertura de las piscinas particulares individuales. Y también está decidido que si una piscina privada (particular, comunitaria, de establecimiento turístico, como hotel o camping) no está censada como refugio, no se podrá llenar ni rellenar.
Tope para los consumos para los usos turísticos
A través del decreto ley, el Govern también ha establecido los umbrales de consumos máximos por plaza para los establecimientos turísticos. Estos serán equivalentes al consumo de los ciudadanos de Catalunya: 115 litros por plaza en situación de excepcionalidad; 100 litros en emergencia o emergencia I y 90 litros en emergencia II. En los municipios donde se superen estas dotaciones máximas durante tres meses consecutivos, las limitaciones de consumo tendrán carácter obligatorio. El Govern de la Generalitat argumenta que se adopta esta medida porque casi todos los establecimientos turísticos están conectados a las redes de distribución en las mismas condiciones que los domicilios. Aunque no son usos domésticos en sentido estricto, reciben la máxima prioridad frente a otros usos como los industriales, los agrarios o ganaderos, que sí tienen restricciones. Por otra parte, se ha modificado el régimen sancionador fijado para los ayuntamientos que superen las dotaciones de agua para todos los usos; las multas serán menos gravosas, pues se valorará el exceso de consumo y no los daños.