El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo ha paralizado la aprobación del plan de reestructuración presentado por el Grupo El Arco y que tiene como finalidad última la venta de buena parte de sus supermercados al Grupo Cuevas. El juez ha aceptado, provisionalmente, la reclamación de "incidentes de nulidad de actuaciones" presentada por un grupo de acreedores, colectivo que abarca en su conjunto a más de 600 pequeñas y medianas empresas (pymes) y a autónomos. Solo a estos profesionales se les deben 17 millones, sobre una deuda total con proveedores de 22 millones.
Para los proveedores de El Arco disconformes con el plan de reestructuración, paralizar la tramitación de este convenio resultaba algo imperioso. Y es que, de materializarse la operación, se verían empujados a aceptar una quita del 70% sobre las facturas sin pagar. En algunos casos, el descubierto en sus cuentas pondría en riesgo la continuidad de la actividad.
Los pequeños y medianos empresarios afectados por la posible venta de la cadena de supermercados langreana se han constituido de forma oficial en una plataforma, la "Asociación de Afectados por los Impagos de Alimentos El Arco". Su objetivo, tal como explican sus promotores, es "realizar todas las reclamaciones y acciones judiciales, y de cualquier otro tipo, contra El Arco y el Grupo Cuevas, para frenar este agravio, con indicios de graves irregularidades y falsedades contables, económicas y financieras acaecidas en los últimos años". Este colectivo de acreedores no ha sido quien ha interpuesto directamente ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo la reclamación de "incidentes de nulidad de actuaciones". Lo han hecho varios afectados a título individual, aunque asesorados por los abogados de la plataforma.
La reclamación de "incidentes de nulidad de actuaciones" aceptado por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo busca "evitar la aprobación del convenio" por el que El Arco vende buena parte de sus supermercados a Cuevas. Se alegan "defectos de publicación y de comunicación". Unos errores que "perjudicaron gravemente los intereses de los acreedores, al no ser conocedores de las actuaciones completas que se estaban llevando a cabo".
La deuda total de El Arco supera los 31 millones de euros, de los cuales 22 millones son impagos a sus proveedores. De ellos, 17 millones se adeudan a casi 600 pequeñas y medianas empresas (pymes) y a autónomos. Con el convenio de venta firmado por El Arco con el gallego Grupo Cuevas, dejarían de cobrar más de 12 de estos 17 millones: el documento plantea directamente una quita del 70% de la deuda. Del 30% que percibirían, un 5,5% se reservaría para "posibles contingencias" en la operación de reestructuración. Por tanto, a los proveedores se les ofrece cobrar un 24,5% del débito que reclaman. Además, el pago sería amortizable en ocho años.
Un convenio muy ventajoso para la parte que debe el dinero (los supermercados) y para el comprador, pero inviable para los pequeños productores, llevando al cierre a alguno de los mismos, según apuntan el grueso de los propios afectados.
Estos acreedores son alrededor de 600 y tienen casi todos ellos un enorme arraigo con el territorio, siendo en gran número negocios artesanales que tienen a El Arco como uno de sus principales clientes. A más de 200 se les adeuda entre 40.000 y 10.000 euros. Se les pide, como ya se ha explicado, que de los cerca de 17 millones que tienen pendiente de cobrar, en conjunto, renuncien a 12. Más individualizado, quien tenga 30.000 euros paralizados, cobraría únicamente 9.000. Lo haría en un plazo de 8 años y, además, de esta cantidad deberían dejar otros 1.350 euros en una bolsa para contingencias. "Nos quieren arruinar, pidiéndonos que sufraguemos con nuestro dinero la operación de saneamiento", señalan los portavoces de los afectados.
En el frente de los proveedores, los daños colaterales se traducen en cientos de empleos que quedan en riesgo de ser arrastrados por la fuerte corriente del ajuste financiero. El sector cárnico ha sido el primero en poner cifras concretas al alcance de la onda expansiva que genera la crisis de El Arco. La Asociación de Industrias Cárnicas de Asturias (Asincar) alerta de que la propuesta del plan de refinanciación pone en riesgo la supervivencia de hasta 34 empresas. La deuda acumulada con estas firmas asciende, según se refleja en el listado de acreedores, a 1.183.529 euros. Varias empresas han trasladado a Asincar que está situación "compromete seriamente su viabilidad y, por lo tanto, a sus 654 trabajadores".
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