La <a href="https://www.prensa.com/tema/dgi/" target="_blank">Dirección General de Ingresos (DGI)</a> ha emitido durante el último año <b>11 medidas cautelares de secuestro, que superan los $43 millones.</b> Estos procesos están relacionados con <b>falsedades en declaraciones de compraventa de inmuebles, </b>simulaciones que buscaban evadir el pago de los dividendos,<b> retenciones del ITBMS</b> (Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios), <b>irregularidades en las declaraciones y ganancias no declaradas</b>, indicó la entidad recolectora de impuestos. En ese sentido, se han encontrado casos de empresas y personas que, aunque declararon impuesto sobre la renta, simularon gastos que no existían y además realizaron actos para procurar la disminución del monto a pagar. También se conoce de casos de evasión de impuestos en los que se usaron la figura de préstamos o créditos que se debieron reportar como dividendos. <a href="https://www.prensa.com/tema/publio-de-gracia/" target="_blank">Publio De Gracia, director de la DGI</a>, dijo que además de los 11 casos, hay otros 2 que se están completando pata remitir al Tribunal Administrativo Tributario (TAT) para la posterior presentación de las denuncias correspondientes, ante el <a href="https://www.prensa.com/tema/ministerio-publico/" target="_blank">Ministerio Público (MP)</a>. En febrero pasado, la DGI informó que <b>existían 177 investigaciones de evasión fiscal que sumaban unos $300 millones.</b> Por debajo del umbral de los 300 mil dólares de evasión, los procesos se investigan y dirimen de forma administrativa dentro de la DGI. Sin embargo, cuando la evasión supera ese monto, el caso se lleva ante el TAP y posteriormente se remite al MP. De Gracia precisó que el país sigue colaborando con otras naciones en materia de prevención, investigación y sanción del fraude fiscal. Panamá permanece en la lista de país "no cooperativo" en asuntos fiscales, según la Unión Europea. Esta designación, a menudo etiquetada como una lista de paraísos fiscales, se basa en la capacidad de los países para participar en el intercambio de información fiscal.