La Asociación Tierra Bonita, integrada por personas afectadas de distinta índole por la erupción del volcán Tajogaite, ha celebrado una asamblea cuyas conclusiones apuntan a que los pasos se están dando «a cuentagotas», manteniéndose lo que consideran un «inexplicable» semáforo amarillo de emergencia volcánica.
También censuran que aunque se ha permitido el retorno a unas 500 viviendas en Puerto Naos y La Bombilla, así como algunas «leves modificaciones» en el perímetro de exclusión para facilitar licencias de reconstrucción, se trata de «parches que muestran inoperancia y subjetividad».
A juicio de Tierra Bonita, la gestión de esta emergencia en el periodo del postvolcán «ha estado plagada de arbitrariedades y no se han producido decisiones que hayan variado desde el 2 de febrero de 2022 hasta la actualidad».
Apuntan como cambio, el reto planteado por esta asociación, que debería basarse en el Marco Sendai de Reducción de Riesgos de Desastres 2015-2030. Se trata de un documento aprobado en dicha ciudad japonesa por una conferencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU) el 3 de junio de 2015 para fomentar la reducción sustancial del riesgo de desastres y de las pérdidas ocasionadas, tanto en vidas, medios de subsistencia y salud como en bienes económicos, físicos, sociales, culturales y ambientales de las personas, las empresas, las comunidades y los países. Ese acuerdo atribuye al Estado la función principal de reducir el riesgo.
Hay que tener en cuenta que la emergencia de La Palma, por la que se activó el Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca), el 13 de septiembre de 2021, es la mayor catástrofe natural sucedida en Canarias y de Europa en el último siglo en fenómenos volcánicos, pero además constituye la tercera catástrofe mundial de este tipo en más de dos mil años, según un estudio de Elinor Meredtih y otros, del Observatorio de la Tierra de Singapur, apuntan desde la asociación, desde el punto de vista de sus daños, con casi 3.000 edificaciones destruidas por flujos de lava.
A pesar de los tres decretos leyes aprobados por el Gobierno canario, y las ayudas convocadas, además de los decretos de exclusión del Cabildo, Tierra sostiene que la gestión adolece de «inoperancia e ineficacia» porque no ha resuelto aún a la inmensa mayoría de afectados el problema que les acarreó la pérdida de casi todo su patrimonio. Por todo ello Tierra Bonita celebra este mes de abril su asamblea anual con el lema 'No se han enterado', en alusión clara a «la falta de autocrítica que muestran las Administraciones públicas, así como a la negación de los derechos, la dignidad y la justicia de las personas afectadas».
La asociación observa que «se siguen anteponiendo intereses en infraestructuras, algunas sin vínculo alguno con la catástrofe, o en ayudas que paralizan la economía de la isla, en lugar de priorizar que los damnificados tengan una solución definitiva al problema habitacional, y en vez de mantener la exclusión de acceso a zonas sin rigor científico en cuanto a emisiones de gases o temperaturas de coladas», apuntan.
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