El lunes por la noche, mientras el presidente Javier Milei, volaba hacia Estados Unidos, los jefes de bloque recibían los textos prometidos. El borrador de dictamen para la ley bases y el proyecto de ley para el pacto fiscal. En ese marco, las comisiones comenzarán a trabajar la semana que viene para dejar el texto en condiciones de ser tratado en el recinto de la Cámara baja la última semana del mes de abril.
El texto no sólo llegó a los bloques de la Cámara de Diputados, también fue recibido por los Gobernadores que asistieron a las reuniones con Guillermo Francos y Nicolás Posse. Por ahora no hay sorpresas ni reclamos por parte de los sectores que le prestarán las manos al Gobierno para alzarse con una victoria parlamentaria en Diputados. Sin embargo, ante las consultas de El Observador algunos representantes de los bloques aliados aseguran que habrá modificaciones en el dictamen de la Ley Bases.
Las ansias de introducir cambios en el texto por parte de los legisladores que acompañan al Gobierno chocan de frente con los tiempos que busca imponer el oficialismo en la Cámara baja. La intención de La Libertad Avanza es darle un tratamiento exprés a las normas.
Las comisiones trabajaran sobre la vieja ley bases, pero con el dictamen ya consensuado con Gobernadores y bloques aliados. La nueva versión de dictamen contiene 279 artículos, incluye facultades delegadas en tres por un año y la privatización de 18 empresas del Estado, entre ellas los medios públicos y el Banco Nación.
Por su parte, el paquete fiscal que se tratará en paralelo tiene dentro de su articulado el fin de las moratorias previsionales y el nuevo esquema para el pago del Impuesto a las Ganancias.
El texto incluye la declaración de emergencia en materia económica, financiera y energética por un año. Además, establece que el Poder Ejecutivo deberá informar mensualmente y en forma detallada al Congreso acerca de las medidas tomadas bajo el ejercicio de las facultades delegadas y los resultados obtenidos.
En tanto, en el capítulo que se refiera a la reforma del Estado, el Ejecutivo plantea privatizaciones y achicamiento. En el articulado se excluye de esta lógica a los órganos u organismos del Poder Judicial, el Legislativo, el Ministerio Público y todos los entes que de ellos dependan, las universidades nacionales, el CONICET y el INTA.
En ese marco, de las 41 empresas privatizables en el texto original, solo 18 forman parte del texto consensuado. En el articulado y sus anexos el oficialismo detalla el modo en que pretende lleva a cabo el proceso. Por ejemplo, Aerolíneas Argentinas SA, Energía Argentina SA, Radio y Televisión Argentina SE, e Inerrcargo SAU, podrán ser totalmente privatizadas.
Agua y Saneamientos Argentinos SA, Correo Oficial de la República Argentina SA, Belgrano Cargas y Logística SA, Sociedad Operadora Ferroviaria SE (SOFSE) y Corredores Viales SA, podrán ser concesionadas o privatizadas.
En tanto, Nucleoeléctrica Argentina SA, Banco de la Nación Argentina, Nación Seguros SA, Nación Reaseguros SA, Nación Seguros de Retiro SA, Nación Servicios AA, Nación Bursátil SA, Pellegrini SA y Yacimientos Carboníferos Río Turbio, podrán ser parcialmente privatizadas.
Por otra parte, el nuevo dictamen que intentará aprobar el Gobierno faculta al Poder Ejecutivo nacional a modificar, transformar, unificar, disolver, liquidar o cancelar los fondos fiduciarios públicos, en los casos en los que no fuera posible hacerlo conforme los procedimientos establecidos en sus normas de creación, instrumentos constitutivos u otra disposición aplicable, y revertir o redireccionar, según corresponda, sus recursos o futuros ingresos al Tesoro Nacional, con el objeto de asegurar una mayor transparencia en la administración de aquellos.
En este caso el proyecto cuenta con 101 artículos que incluyen modificaciones sobre Bienes Personales, la restitución del impuesto a las Ganancias y la inclusión del Régimen de Regularización de Activos. Es el blanqueo de capitales que se extenderá hasta el 30 de abril de 2025, con la posibilidad del PEN de prorrogar dicho plazo hasta el 31 de julio de 2025, inclusive.
El proyecto establece que los sujetos no residentes en el país podrán adherir al Régimen de Regularización de Activos por sus bienes ubicados en Argentina o por las rentas que hubieran obtenido de fuente argentina, excepto moneda nacional o extranjera en efectivo. Este último punto referido al efectivo, se sumó a instancias de la oposición.
Además, el texto que en principio cuenta con el aval de más de una decena de Gobernadores impone una moratoria, denominada Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social. Podrán acogerse al mismo aquellos contribuyentes y responsables de obligaciones tributarias y aduaneras y de los recursos de la seguridad social, por las obligaciones vencidas al 31 de marzo de 2024, inclusive, y por las infracciones cometidas hasta dicha fecha relacionadas o no con aquellas obligaciones.
El impuesto a las Ganancias pasará a llamarse impuesto a los ingresos y contará con un mínimo no imponible de $1.800.000 para solteros y $2.200.000 para casados que será actualizado de manera anual según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
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