El juez del "caso Koldo" tendrá que decidir si cita como testigo a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. Así lo ha solicitado la Asociación Liberum, que ejerce la acusación popular en la causa, en un escrito en el que insta al magistrado Ismael Moreno a que la llame a declarar para que "aporte su conocimiento sobre los hechos investigados, en especial, en lo relacionado con la adquisición y transporte de mascarillas al comienzo de la pandemia", y en particular en relación con "la vinculación y grado de participación" de Koldo García, exasesor de Ábalos; del supuesto conseguidor de la "trama", el empresario Víctor de Aldama; de Juan Carlos Cueto, señalado como el "cerebro" de las operaciones; y del Grupo Globalia, que junto con Iberia se encargó del traslado del material sanitario que Soluciones de Gestión suministró a los ministerios de Transporte, Interior y Sanidad y a los gobiernos balear y canario por un montante total de más de 52 millones de euros.
En el escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la acusación explica que "del contenido de la querella, y de las recientes informaciones recogidas en
diferentes medios de comunicación" se desprenden indicios de que Begoña Gómez "ha podido obtener información relevante sobre los hechos descritos en la querella, en especial, sobre la adquisición y transporte de material sanitario, mascarillas y PCR, al inicio de la pandemia", así como de los contratos bajo sospecha -gracias a los cuales los imputados se embolsaron más de 16,5 millones de euros- y tanto de "alguna de las empresas investigadas" como de diversos imputados. Asociación Liberum también quiere que la esposa de Pedro Sánchez explique su relación con Javier Hidalgo, de Globalia, y la CEO de Wakalua, Leticia Lauffer "para importar mascarillas desde China".
La acusación popular mantiene que Begoña Gómez "ha mantenido relaciones con el grupo Globalia", en particular con Javier Hidalgo, "y por consiguiente" con Aldama, y con Leticia Lauffer "para importar mascarillas y respiradores de China a España en el inicio del confinamiento, coincidente en el tiempo con los hechos investigados, y al menos, con alguno de los querellados, amén de compartir reuniones" en la marisquería "La Chalana", el restaurante "objeto de las reuniones de los investigados".
El papel de Globalia
En ese escrito se hace referencia a que esas reuniones se produjeron mientras se negociaba el rescate de Globalia y coincidiendo con las adjudicaciones ahora investigadas en el "caso Koldo". Además, la asociación señala que Begoña Gómez trabajó desde agosto de 2018 en el Instituto de Empresa coincidiendo con "la puesta en marcha de su nuevo centro destinado al continente africano", una dedicación que vincula con la actividad mercantil de Soluciones de Gestión (a través supuestamente de Aldama) "en países de África en asociación con otras empresas mediante UTE" desde 2018 a 2021, tal y como consta en la querella de la Fiscalía Anticorrupción.
Soluciones de Gestión, recuerda, "habría realizado pagos a compañías del sector del transporte aéreo", entre ellas Globalia, por el transporte de las mascarillas desde China. Y, además, añade, dos empresas de Aldama -Deluxe Fortune y MTM 180 Capital- "habrían recibido pagos de Soluciones de Gestión por un valor del 13% de los fondos públicos" percibidos gracias a esas adjudicaciones. "Estas dos últimas sociedades fueron utilizadas por Aldama para el cobro de sus comisiones", subraya.
En cuanto al restaurante "La Chalana", la acusación popular señala que según Anticorrupción es el lugar donde Koldo García "se ha reunido en más ocasiones con altos cargos" del Ministerio de Transportes -que adjudicó los dos primeros contratos a Soluciones de Gestión a través de Puertos del Estado y ADIF, el administrador de infraestructuras ferroviarias- y, entre otros, con el empresario José Ruz, "con vínculo" con Aldama, a su vez relacionado con Globalia.
Asimismo, recuerda que el 15 de febrero de 2023 Koldo García se reunió en ese mismo restaurante con Juan Carlos Cueto, una conversación que fue grabada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) y en la que "hablaron de la inspección que Aldama tenía abierta en la ONIF".
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