Las empresas tienen la obligación de registrar la jornada laboral de sus empleados desde 2019, sin embargo, ni los empresarios, ni los sindicatos, ni el Gobierno creen que el modelo actual haya servido para acabar con las horas extra no remuneradas o llevar un control férreo de los horarios de entrada y salida; por ello el Ministerio de Trabajo se ha comprometido a cambiar la regulación en vigor este año. El problema viene dado porque quiere hacerlo como parte de la reforma de la jornada laboral y esto ha terminado por complicar la negociación bilateral que desarrollan la patronal y los sindicatos, según trasladan a este medio fuentes próximas a las conversaciones.
La cartera de Yolanda Díaz quiere modificar el Estatuto de los Trabajadores para que la jornada laboral máxima pase a ser de 38,5 horas semanales en 2024 y se reduzca a 37,5 horas en 2025, tal y como se refleja en el acuerdo de coalición de PSOE y Sumar. El Ejecutivo citó a las dos partes del diálogo social a finales de enero para explorar las opciones de cerrar un pacto tripartito en esta materia, tras lo que CEOE, CCOO y UGT acordaron avanzar en una mesa paralela para medir las consecuencias del cambio en los diferentes sectores y modelos de empresa, así como negociar aspectos dentro del marco dibujado por el Gobierno. No obstante, en estos tres meses las conversaciones no han avanzado tanto como querrían los sindicatos, que quieren cerrarlo en junio.
Las fuentes consultadas por La Información rechazan hablar de bloqueo e indican que se están produciendo avances, dado que el primer objetivo de recortar la jornada en 1,5 horas a la semana ya está consolidado en muchos convenios colectivos y no supone en sí mismo un problema. Pero sí reconocen problemas para abordar los cambios sobre el control horario, por ser una materia en la que las posturas de los negociadores no están alineadas. Los sindicatos entienden que su modificación es clave para que la reducción de jornada no se quede en un cambio nominal y se haga efectivo, mientras que la patronal defiende que este control de horarios responde a un modelo anacrónico de la organización del trabajo.
El real decreto-ley 8/2019 impulsado por la entonces titular de Trabajo, Magdalena Valerio, está orientado a las actividades que se desarrollan en la oficina y permite a las empresas realizar el registro a mano. Frente a este modelo, Yolanda Díaz quiere obligar a las compañías de más de 50 trabajadores a llevar este conteo digitalmente e introducir la Inteligencia Artificial en la ecuación para conseguir que la Inspección de Trabajo pueda tener acceso en remoto a esta base de datos para detectar posibles fraudes. No obstante, estas líneas que explicó el secretario de Estado de Empleo a la salida de la última reunión -celebrada a finales de febrero- no se concretaron en una propuesta por escrito.
Se aprobaría después del verano
Los agentes sociales acusan este parón en los encuentros a la campaña electoral de las elecciones vascas y también reducen la posibilidad de cerrar un acuerdo antes del verano por la misma cuestión, puesto que en mayo votan los ciudadanos catalanes y en junio están convocados los comicios del Parlamento Europeo. Desde los sindicatos dudan que la patronal de Antonio Garamendi vaya a dar su apoyo a la reducción de la jornada laboral en este contexto, ya que podría ser entendido como un gesto con la líder de Sumar al que la vicepresidenta segunda del Gobierno podría sacar rédito electoral. Sobre todo porque la estrategia llevada a cabo en las últimas semanas por la ministra de Trabajo ha sido de confrontación con el líder de los empresarios, a cuenta de su propuesta de abonar a los trabajadores la totalidad de su salario bruto.
La ausencia de respaldo de la parte empresarial no sería un obstáculo para Díaz, que ya ha afirmado en varias ocasiones que sacará adelante esta reforma con o sin su apoyo, pero sí es un inconveniente para los representantes de los trabajadores que dan por sentado que su traslado a los convenios colectivos será más sencillo si tiene el apoyo de la patronal. Desde los sindicatos, también valoran que un acuerdo a tres podría facilitar que los representantes de PNV y Junts votasen a favor de la jornada de 37,5 horas cuando esta llegase al pleno del Congreso de los Diputados, dado que sus representantes comparten la necesidad de abrir este debate, pero no han garantizado que vayan a brindar su apoyo al gobierno de coalición en esta materia.
El calendario de citas electorales y el parón de las sesiones parlamentarias que se da cada año entre junio y septiembre hace que el escenario más probable es que este proyecto de ley no llegue a la Cámara Baja hasta que haya concluido el verano, lo que deja prácticamente sin efecto la meta de las 38,5 horas que en el caso de reunir los apoyos necesarios solo podría estar en vigor en las últimas semanas del año o ni eso, ya que lo habitual es que se conceda un periodo de adaptación al sector privado. La formación que lidera Díaz ya sondeó hace dos meses el respaldo que tendría una iniciativa de estas características a través de una proposición no de ley, que puso de relieve que el texto no tendría obstáculos si pactan con los de Carles Puigdemont.