Vila-real suma una nueva sentencia urbanística firme, que empezó a gestarse hace 18 años --con el PP en el gobierno local--, que ha obligado al ejecutivo liderado por el socialista José Benlloch y a los técnicos municipales a rehacer los números relativos a la distribución de los remanentes del pasado ejercicio del 2023 y, por tanto, acarrea un retraso en su reparto.
Con todo, y aunque llegó a planear la sombra de una posible contratación de un préstamo para no descuadrar las cifras que ya se ultimaban para la asignación de esos sobrantes, finalmente desde el consistorio se opta por hacer frente a la mencionada sentencia con recursos ordinarios.
Aun así, el proceso ha demorado dos semanas la aprobación de la modificación de créditos del presupuesto prorrogado en la que trabajan el alcalde Benlloch y la edila de Hacienda, Sabina Escrig, «para atender necesidades absolutamente urgentes de la ciudad».
Desde el 2006
En concreto, el Ayuntamiento tiene que abonar de manera inmediata un total de 242.000 euros, de los que 174.307 corresponden a la sentencia por un contencioso que se remonta al año 2006 y que corresponde a unos terrenos en la partida residencial del Madrigal sobre los que su propietario reclamó la expropiación rogada.
La parcela se ubica en la parte trasera del polideportivo Sebastián Mora y es parte de una área establecida como verde en el PGOU, aunque el actual ejecutivo trabaja para recalificar su uso y poder construir en esta zona el futuro cuarto instituto.
En aquel momento, el dueño reclamó 339.506 euros, mientras que la valoración de los técnicos municipales se fijó en 139.659 euros. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) y, ahora el Supremo, han hecho suya la tesis del Jurado Provincia de Expropiación Forzosa, que en el 2019 cifró su valor en los 174.307 euros que finalmente se tienen que pagar.
Una cantidad a la que, como apuntan, «se añaden los intereses de otras sentencias de los empastres del urbanismo del PP de Vila-real hasta sumar los 242.000 euros que se liquidarán en la próxima modificación de créditos».
Y es que este nuevo fallo firme llevó al departamento de Intervención a bloquear cualquier gasto hasta financiar la sentencia.
1,9 millones para proveedores, más sentencias y necesidades «urgentes»
El alcalde de Vila-real, José Benlloch, explica que, tras dos semanas haciendo números para aportar los 242.000 euros para hacer frente a la nueva sentencia urbanística firme que ha llegado al consistorio y a intereses de otros procesos del mismo tipo, «podemos desbloquear la situación y aprobar un expediente de modificación de créditos de 1,9 millones de euros de gasto nuevo -con esta aportación se liquidarán los remanentes del 2023-, que nos permitirá atender las necesidades más inmediatas, así como a consignar crédito para pagar el resto de sentencias que teníamos a 31 de diciembre y las facturas pendientes a proveedores».
El munícipe vila-realense explica que, antes de la confirmación del último fallo urbanístico, llegó a abrir dos expedientes para distribuir los remanentes del 2023. «Pero la entrada de esta nueva sentencia nos obligó a redefinir esos expedientes y buscar el dinero para afrontar esta obligación judicial firme», añade, al tiempo que señala que se ha informado a los grupos políticos.
"Una ves más, la herencia del PP nos vuelve a afectar"
El alcalde lamenta que, "una vez más, la herencia del PP nos vuelve a afectar, demorando operaciones que son absolutamente urgentes para poder atender las necesidades de la ciudad". "Nunca sabemos ni cuándo llegará una nueva sentencia ni cuánto tendremos que pagar, herencia todavía de una forma perversa de gestionar el urbanismo sin importar el mañana, hasta que un juez, muchos años después, decide. Pese a todo, seguimos y seguiremos trabajando para que esta herencia del pasado no lastre el futuro y para que la nueva Vila-real del siglo XXI no deje nunca de avanzar", concluye Benlloch.
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