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"Hemos manifestado nuestras dudas frente a la imparcialidad en el proceso": abogado del canciller Leyva sobre nueva suspensión de tres meses
Este martes 23 de abril arrancaron los testimonios en el juicio disciplinario contra el suspendido ministro de Relaciones Exteriores.
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Finalizado el primer testimonio en el proceso disciplinario que avanza contra el suspendido canciller Álvaro Leyva, su abogado Yefferson Dueñas, reaccionó a la decisión que tomó la Procuraduría de ampliarle la medida cautelar por otros tres meses; con esa decisión Leyva estará fuera del cargo hasta el próximo 24 de julio.
Dueñas aseguró terminada la diligencia que "apenas hoy hemos sido notificados de la decisión, la revisaremos con detalles. Esta es una decisión que tiene que ser objeto de consulta por la señora Procuradora (Margarita Cabello). Desde un comienzo hemos manifestado nuestras dudas en torno a la imparcialidad, pero queremos mantener la esperanza de que las decisiones se van a resolver en derecho".
Antes de que arrancara la diligencia en el que se empezaron a escuchar los primeros testigos que solicitó la defensa del ministro de Exteriores, la Procuraduría confirmó a través de un comunicado que la suspensión contra el Canciller se iba a prorrogar por tres meses por el riesgo que podría representar su regreso al cargo.
El ente de control explicó que "las condiciones existentes para la fecha en la que se ordenó la medida no han desaparecido, motivo por el cual de reintegrarse el disciplinado al cargo podría darse la reiteración de la falta en el actual proceso licitatorio".
El abogado Dueñas explicó que esa decisión se puede prorrogar solo una vez y se hizo por el máximo tiempo, pero insistió en que no están dados los elementos para volver a ampliar la medida cautelar contra el ministro Leyva, quien ha sido el protagonista detrás de toda la polémica licitación de los pasaportes en Colombia.
"Cuando presentamos el traslado a la suspensión, advertimos que la suspensión provisional, cuando no estaban los requisitos como lo consideramos en esta clase, es la cuota inicial de la sanción. Consideramos que esa postura se mantiene, en la medida en que no están dados los elementos para una suspensión y mucho menos para una prórroga", agregó Yefferson Dueñas.
La reacción del abogado del suspendido Canciller se conoció en medio del testimonio que se adelantó a Marta Patricia Gonzales, la directora de Asuntos Migratorios Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien explicó que no tuvo ninguna participación en la elaboración y estructuración del pliego de condiciones para licitar el contrato para elaborar los pasaportes en el país.
La funcionaria explicó que desde su dependencia se asignó a la economista Adriana Guzmán para participar en los estudios previos para dicho proceso, pero que la decisión final salía de un comité estructurador. Por lo que insistió que ella personalmente no participó ni conoció ninguna clase de documento que hiciera parte de las condiciones técnicas de la licitación.
Guzmán explicó que su cargo en la Cancillería de Colombia la dejo como encargada de la ejecución del contrato de los pasaportes, y que, de hecho, hoy supervisa el contrato que se adjudicó el año pasado a través de la urgencia manifiesta que declaró el canciller Leyva después de decretar desierta la licitación que ya se le había entregado a Thomas Greg & Sons.
Por esa decisión, es que la compañía decidió demandar por más de 115 mil millones de pesos al Estado colombiano, para que le respondan por los daños y perjuicios que le ocasionó quitarle el contrato. Para la Procuraduría, las decisiones que tomó la Cancillería no tuvieron el soporte técnico suficiente ni causas reales para hacerlo.
Al comienzo del juicio disciplinario contra el canciller Leyva, su defensa presentó una recusación por enemistad grave del procurador Ernesto Espinosa, encargado del caso, contra el Gobierno por una serie de publicaciones que había hecho en 2019 contra el hoy presidente Gustavo Petro. Esa es una de las razones por las que Dueñas asegura que existen "dudas" sobre la "imparcialidad" de la Procuraduría en este proceso.