La exfiscal de la Nación Patricia Benavides, se presentó este jueves ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para brindar sus descargos frente al pedido de destitución en su contra que podría removerla definitivamente del Ministerio Público y la carrera fiscal.
Durante sus alegatos, la suspendida fiscal suprema titular buscó centrarse en dos aspectos; argumentar presuntos apetitos políticos y lucha de poderes en el MP y desacreditar el informe que propone su destitución, así como a su autora Inés Tello y al magistrado Aldo Vásquez.
Sin embargo, en sus descargos, la suspendida magistrada no pudo evitar caer en imprecisiones y contradicciones respecto a las razones que la llevaron a remover a la exfiscal suprema provisional, Bersabeth Revilla, que llevaba adelante la investigación contra su hermana Enma Benavides.
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Así, la propuesta de destitución contra Benavides Vargas quedó al voto ante el Pleno de la JNJ, que tiene hasta diez días hábiles para decidir si destituye o no a la exfiscal de la Nación.
El pleno estuvo integrado por Antonio de la Haza, Aldo Vásquez, Imelda Tumialán, María Zavala, Marco Tulio Falconí y Guillermo Thornberry.
Cabe precisar que la funcionaria se encuentra aún suspendida de sus funciones, debido a una decisión cautelar adoptada por la JNJ en otro proceso disciplinario -inmediato- por su actuación al presuntamente liderar una organización criminal, junto a su exasesor Jaime Villanueva, al interior del Ministerio Público.
Fiscal asegura ser víctima de "poderes políticos"
Son cuatro hechos por los que Patricia Benavides es procesada disciplinariamente en este caso y afronta una propuesta de destitución de la función pública: Desplegar acciones para lograr el archivo del procesamiento de su hermana Enma Benavides, remover con información falsa a la fiscal suprema provisional Bersabeth Revilla que investigaba a su hermana, trato degradante a la fiscal Revilla y la designación del fiscal Miguel Ángel Vegas Baccaro como fiscal supremo provisional pese a los procesos y sanciones que tenía en su contra.
Según el informe de la ponente Inés Tello, que propone la destitución de la exfiscal de la Nación, los hechos atribuidos a Benavides han sido probados y constituyen falta "muy grave" que merecería la sanción máxima.
Sin embargo, en sus alegatos de defensa, Benavides Vargas dijo ser víctima de una "venganza" pues como fiscal de la Nación nunca iba a permitir que el MP sea "la chacra del poder político o mediático", por lo que pidió al Pleno de la JNJ no ser cómplices de dicha "venganza política". Por ello, solicitó imparcialidad y trato igualitario.
"Hoy tienen un informe espress, hecho a la medida de los intereses políticos que lograron mi suspensión y ahora quieren mi muerte funcional. Sí, el informe de la instructora Tello expresa la venganza y el odio de quienes encontraron en mí el obstáculo para controlar el Ministerio Público. No soy ni seré un peón de nadie."
Patricia Benavides, ante la Junta Nacional de Justicia.
Benavides aseguró que el informe presentado por la ponente Tello sería "espurio" puesto que contendría información falsa.
Entre los puntos cuestionados por la fiscal suspendida, respecto al informe, están las declaraciones de su exasesor Jaime Villanueva, que fueron incluidas en el documento. Aseveró que estas aún se encuentran en corroboración ante el Equipo de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) y por tanto no puede usarse hasta el momento.
Afirmó que la remoción de la exfiscal Bersabeth Revilla fue sustentado en un informe de productividad veraz y no hubo ánimo de "interferencia" en las investigaciones contra su hermana.
Rechazó haber favorecido al fiscal Vegas Vaccaro con su nombramiento y tampoco haber tenido un trato degradante con algún fiscal.
"Siempre he respetado las críticas. No me creo infalible, pero no he cometido una falta disciplinaria, menos un delito. Ahora queda en sus manos mis más de 28 años de carrera fiscal, no tengo miedo a la destitución, pero sé que la justicia prevalecerá", afirmó.
Jorge del Castillo, abogado de Benavides Vargas, también se pronunció ante la JNJ para cuestionar la participación de diversos integrantes del Pleno en el debate del informe de destitución.
Primero, señaló que tanto Guillermo Thornberry como María Zavala, pidieron su inhibición del caso. Luego, cuestionó la participación de Aldo Vásquez -y de la doctora Inés Tello- señalando que se encontraban inhabilitados, pero que seguían en sus cargos gracias a una medida cautelar judicial.
También cuestionó que se haya rechazado su pedido de reprogramación de la audiencia por diversas razones, como por ejemplo los pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre una demanda competencial entre la JNJ y el Ministerio Público; así como un pedido para anular la reincorporación de Vásquez y Tello.
"Integrantes de esta junta, inhabilitados por el Congreso de la República, y que la siguen integrando por una medida cautelar. Eso no significa ninguna estabilidad de alguna garantía de legitimidad a la decisión que se tome en esta junta", señaló Del Castillo.
El abogado también presentó un peritaje para reiterar su versión de que la información sobre productividad de la exfiscal Bersabeth Revilla -por el que fue removida- no fue alterado.
Del Castillo anunció que "pelearán" en todos los niveles si se aplica la destitución y denunciarán a todos los que estén implicados en ello.
Las respuestas inconsistentes e incompletas de la Benavides
Sin embargo, el momento más complicado de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides en la audiencia llegó cuando fue cuestionada por lo integrantes de la JNJ.
Uno de esos momentos tensos fue cuando la doctora María Zavala le preguntó directamente si la fiscal suprema provisional Bersabeth Revilla fue la única de esa área removida por baja productividad.
Benavides trató de justificar su decisión alegando que en su gestión buscaba estandarizar la carga de las fiscalías y se empezó por las fiscalías supremas. Entre estas últimas, señaló, estaban dos: una a cargo del fiscal supremo Eliseo Fernández Alarcón y otra de Revilla. Sin embargo, adujo que Fernández renunció y aseveró que Revilla no fue la única en ser removida.
Luego, fue consultada si tenía conocimiento de los casos a cargo de la fiscal Revilla, y Benavides aseveró que no podía saber los casos, sino la cantidad.
En esa línea, se le preguntó: ¿Cuándo tomó conocimiento que la fiscal Revilla investigaba a su hermana Enma Benavides? Ante ello, Benavides aseguró que fue por la "prensa", pues desde que inició su gestión como fiscal de la Nación no se le dejó un solo día de respiro al cuestionarla por el retiro de Revilla.
Pero Benavides se contradijo cuando se le repreguntó si sabía que Revilla investigaba a su hermana. La exfiscal de la Nación dio una respuesta distinta a la que había brindado minutos antes.
"Sí. Cuando fui nombrada como fiscal suprema, una de las preguntas que me hicieron en mi entrevista personal fue, si yo estando en el cargo, podría haber alguna interferencia en los procesos; y , lo digo y lo ratifico jamás interferiría en ninguna investigación de ningún familiar y de ningún amigo", respondió.
Zavala volvió a preguntarle, "¿Por qué no esperó a que la doctora Revilla concluyera la investigación en el proceso de su hermana? para ser consecuente con su respuesta anterior".
Benavides aseguró que al ser líder de una institución, lo único que buscaba era una "justicia más célere". "Cómo, por un caso, o sea, ¿por favorecer o por cuidar el caso de mi hermana, yo no tenía el caso de las demás personas? yo tenía que dar prioridad a que teníamos un montón de casos pendientes", respondió titubeando.
Sin embargo, frente a la declaración de Benavides Vargas, existen las versiones de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y del exfiscal Fernández Alarcón, quienes narraron cómo la suspendida funcionaria intervino en el caso de su hermana Enma Benavides.
Ávalos Rivera ha narrado públicamente que cuando ella se encontraba como fiscal de la Nación, Patricia Benavides fue a su oficina y le pidió tener a su cargo la investigación contra su hermana.
"Cuando yo ordeno que el caso no pase a la oficina de la doctora (Benavides), ella va a mi oficina al día siguiente y me dice; 'doctora, me he enterado que ha llegado y usted ha ordenado que el caso no pase a mi oficina', y yo le digo, sí doctora; y me dice, 'pero yo soy una mujer honesta, con ética'", narró Ávalos a Cuarto Poder.
Posteriormente, cuando decidió que el caso sea visto por Bersabeth Revilla, Benavides la cuestionó.
"Yo saco una resolución y se lo derivo a la doctora Bersabeth Revilla. Es ahí donde la doctora Patricia Benavides vuelve a mi despacho y estaba molesta, y me dice, 'doctora, yo no sé qué tiene esa mujer', refiriéndose a Revilla. "No sé que tiene en contra de mi hermana, porque ahí no hay nada'", agregó Ávalos.
Respecto a la interferencia de la exfiscal de la Nación en el caso de su hermana, hubo un incidente previo. Y es que el informe que propone su destitución recoge los testimonios del fiscal supremo Fernández Alarcón y de la fiscal Fanny Quispe.
Alarcón narró que en mayo del 2022, Patricia Benavides -que por ese entonces era fiscal suprema adjunta del Área Especializada en Denuncias contra Magistrados- acudió a su despacho, no para coordinar sobre algún caso; sino para decirle que la fiscal Fanny Quispe -que laboraba en el despacho de Alarcón- había sostenido una reunión con el juez supremo César San Martín para indisponerlo en el caso de su hermana Enma Benavides, que había apelado su comparecencia con restricciones y estaba por ser resuelto.
Esto fue rechazado por Quispe, quien confrontó a Benavides para decirle que nunca se había reunido con San Martín y desconocía el caso de su hermana.
Posteriormente, cuando Benavides asumió como FN, se indica en el informe, le habría requerido a Fernández Alarcón que cambie a Quispe a otro despacho, a lo que el fiscal se negó. Finalmente, terminó renunciando al MP y Quispe fue cambiada de puesto y removida del Equipo Especial Cuellos Blancos del Puerto.
Benavides también fue consultada por qué se dispuso el cambio de la fiscal Azucena Solari -quien reemplazó a Revilla y emitió un informe de baja productividad- por el fiscal Uriel Terán, que pidió el archivo del caso de su hermana.
En su respuesta, Benavides alegó que quiso darle prioridad a los candidatos en reserva que quedaron en el concurso de nombramiento de la JNJ -en el que ella participó- y decidió "darle la oportunidad" a esas personas. Entre ellas, Terán.
La doctora Imelda Tumialán, a su turno, le preguntó cuáles eran los parámetros para determinar una "baja productividad" de un fiscal. Benavides sostuvo que dichos parámetros los establecía la Gerencia de Productividad. Sostuvo que en su gestión se cambió que la evaluación ya no sea por despacho fiscal; sino por cada fiscal.
El abogado Marco Tulio Falconí cuestionó a Benavides si estaba consciente que al remover a Revilla "consideró que estaba en un conflicto de intereses o dilema ético". "Por su puesto que no, señor Falconí", dijo Benavides. Y, aseguró que la etapa en la que estaba la investigación contra su hermana era de investigación preparatoria que dependía de una decisión judicial y no fiscal.
Sin embargo, si bien la investigación fue formalizada y judicializada, el expediente seguía a cargo del despacho que había sido dirigido por Revilla.
Finalmente, el abogado Aldo Vásquez, le preguntó si ya como fiscal de la Nación había participado en una reunión con el abogado Eduardo Roy Gates, para que este aparezca en medios de comunicación defendiendo a su hermana Enma Benavides.
Ante ello, la suspendida fiscal alegó que no podía responder públicamente pues era parte de una investigación penal. "Esa es materia de investigación, no sé si es prudente la respuesta y que sea público", respondió y alegó que respondería por escrito.
Sin embargo, en su declaración testimonial ante la fiscalía, el abogado Eduardo Roy Gates ha declarado a la fiscalía que Benavides le pidió reunirse y ello se concretó en las oficinas del abogado José Luis Hauyón. La entonces fiscal de la Nación, le pidió aparecer en medios para que hable sobre la destitución de Revilla y que explique el caso de su hermana Enma; y le entregaron una ayuda memoria en contra de Revilla.
Finalmente, en la audiencia se adujo a que el informe que sustentaba la poca producción de la fiscal Bersabeth Revilla, motivo por el cual habría sido removida, fue emitido por la oficina correspondiente en base a un análisis veraz.
Sin embargo, el informe que propone la destitución de Benavides, sostiene que de la información actualizada y recogida desde el Ministerio Público, las cifras presentadas en el informe en contra de Revilla no se condicen con las estadísticas obtenidas, que superan el 90% en productividad.
De otro lado, el Congreso de la República formalizó su demanda competencial contra el Poder Judicial por la decisión de otorgarle una medida cautelar y ser repuestos en sus cargos como integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), luego que fueran inhabilitados por el Parlamento.
Junto a la demanda, también se interpuso una medida cautelar para que el TC anule la beneficio judicial que permite a Vásquez y Tello, seguir ejerciendo como integrantes de la JNJ.
En marzo de este año, con 67 votos a favor, el Congreso dispuso aplicar la sanción de inhabilitación para el ejercicio del cargo público, por diez años, contra Vásquez y Tello por vulnerar la Constitución. Esto, por haberse aprobado que Tello continúe ejerciendo como miembro de la JNJ pese a cumplir 75 años en el 2020.
Frente a ello, ambos abogados recurrieron al Poder Judicial que, a través de un recurso de amparo y medida cautelar, anularon dicha decisión política y retornaron a sus labores en la JNJ.
Para el Congreso, la medida judicial busca restringir, limitar y hasta vaciar de contenido constitucional, la competencia que tienen para ejercer un juicio político sobre los altos funcionarios del Estado comprendidos en el artículo 99 de la Constitución, como lo son los integrantes de la JNJ.
Por ello, buscan que el TC establezca que las competencias únicas y excluyentes que le corresponde al Congreso de la República, conforme a lo establecido en la Constitución Política del Perú, no pueden ser limitadas ni restringidas discrecionalmente por el Poder Judicial a través de la emisión de resoluciones judiciales, así como tampoco pueden interrumpir o afectar las consecuencias jurídicas de los acuerdos y resoluciones aprobadas por el Parlamento.
"Siendo que el conflicto de competencias en concreto atañe a las competencias y atribuciones directamente asignadas por la Constitución al Congreso de la República
respecto de ejercer juicio político contra los altos funcionarios del Estado, con la condición de aforados, para que, previo al procedimiento parlamentario correspondiente, puedan ser inhabilitados para ejercer la función pública", requirieron.
Así mismo, en su recurso cautelar, solicitaron que el TC anule los efectos de la decisión de la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima que permitió que Vásquez y Tello retornen a sus puesto en la JNJ de manera provisional.