El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido la querella del novio de Isabel Díaz Ayuso contra la filtración efectuada por los fiscales de su caso por un presunto fraude fiscal. En contra del criterio de la Fiscalía, los jueces optan por dar recorrido a este caso por revelación de secretos. Este miércoles se celebró una Junta de Fiscales de Sala en la que se decidió pedir la no admisión a trámite, sin embargo, los magistrados no han asumido la posición que defendía el sector afín al fiscal general, Álvaro García Ortiz.
Se trata de la segunda causa abierta por esa «nota aclaratoria» emitida por la Fiscalía Provincial de Madrid comentando datos del caso de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña. El Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ya tramitó otra querella que, del mismo modo, ha llegado al TSJM y se han abierto pesquisas. El presidente del TSJM, Celso Rodríguez, será el juez que tendrá que dictar el auto motivado que iniciarán las diligencias a pesar del criterio fijado por la Fiscalía.
Cabe recordar que la fiscal madrileña encargada de este caso de posible revelación de secretos, María de la O Silva, proponía investigar antes de informar al juez a favor o en contra de admitir la querella. Ante la exigencia de la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, de pedir el archivo de la querella, pidió un pronunciamiento de la Junta de Fiscales de Sala.
Fuentes fiscales detallaron la decisión de ese órgano fue avalar las tesis de Sánchez Conde. Una postura que ha salido con la élite de carrera fiscal dividida: 19 votos frente a 12 y una abstención. Tras seis horas de deliberación –con un receso incluido– los fiscales se inclinaron por concluir que no ven delito ni existen indicios contra los querellados, la fiscal provincial Pilar Rodríguez y el fiscal de delitos económicos del caso, Julián Salto.
La Junta de Fiscales, por otra parte, ha concluido que no se deben intervenir las comunicaciones entre los fiscales del caso y el fiscal general, Álvaro García Ortiz, antes de informar a favor o en contra de la admisión de la querella, como planteaba Silva.
Este órgano tiene carácter consultivo y que, una vez escuchada, Sánchez Conde podía ratificarse en su decisión de pedir el archivo o corregirla sin obligación de apegarse al criterio de la mayoría. Ya ocurrió que ignoró a la Junta de Fiscales de lo Penal del Tribunal Supremo en el caso Tsunami y Carles Puigdemont.
Sánchez Conde defendía que lo pertinente era pedir el archivo de la querella, en línea como ya se hizo con la que presentó el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) por los mismos hechos.
Ante tal discrepancia, Silva invocó el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), según el cual cuando un fiscal «recibiere una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente», se lo trasladará a su superior y, en caso de persistir la discrepancia, éste podrá convocar Junta de Fiscales de Sala.
El fiscal general García Ortiz se ha abstenido del asunto porque tiene conocimiento directo de los hechos. No ha estado presente en en cónclave de este miércoles. Tampoco han asistido el fiscal José Luis Bueren, que se ha jubilado, y los fiscales Antonio Vercher, Elvira Tejada, Alejandro Luzón y Jesús José Tirado, que han excusado su presencia.
De esta forma, se han sentado a la mesa 32 fiscales de Sala, de los cuales 15 son miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) –asociación cercana al fiscal general–, incluidas dos ex jefas del Ministerio Público, Dolores Delgado y María José Segarra, que han respaldado la postura de Sánchez Conde.
Otros 8 pertenecen a la Asociación de Fiscales (AF), incluido el ex magistrado del Tribunal Constitucional Antonio Narváez. Los 9 restantes, por su parte, no están afiliados a ninguna asociación, como el ex fiscal jefe Anticorrupción Manuel Moix.