Resulta difícil encontrarle una lógica a la visita de Pedro Sánchez al Valle de los Caídos más allá de su evidente relación de causa-efecto con la polémica generada por la derogación de las leyes de memoria democrática en la Comunidad Valenciana, Aragón y Castilla y León, y su sustitución por las denominadas 'leyes de concordia' de PP y Vox.
La visita no estaba prevista ayer jueves en la agenda oficial del presidente. Su objetivo oficial fue conocer el trabajo de exhumación de 160 víctimas de la Guerra Civil cuyos restos reclaman sus familiares.
Pero ni el timing ni el despliegue informativo, con vídeo incluido del presidente vestido con uniforme forense y frente a los huesos hallados en las criptas, parece casual.
La polémica ha acompañado siempre a las leyes de memoria democrática desde la promulgación de la primera de estas normas, la Ley de Memoria Histórica 52/2007, por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
El PSOE ha considerado siempre estas leyes como el merecido reconocimiento de la democracia a las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, y como una herramienta para las familias que buscan localizar los restos de sus familiares.
El PP las ha considerado como unas leyes ideológicas cuyo objetivo es más bien el de reabrir el pasado, imponer una versión tergiversada de la Guerra Civil y deshacer el camino andado desde la Transición para volver a 'reiniciar' la democracia desde unos presupuestos radicalmente opuestos a los del 78.
Es decir, no desde la reconciliación, sino desde la premisa de que media España es la heredera de los verdugos y la otra media, de las víctimas.
Si las leyes de memoria democrática han reabierto o no las heridas del pasado, y si eso es reparación histórica o un error que hemos pagado con más división ciudadana, es materia evidente de debate, pero no es el objeto de este editorial.
Pero lo que es innegablemente cierto es que estas leyes han sido utilizadas en el Congreso y los parlamentos autonómicos como arma contra el rival y con objetivos muy diferentes a los esgrimidos por sus promotores.
El Gobierno acusa a las 'leyes de concordia' de PP y Vox de hablar de "franquismo" y no de "dictadura", de igualar a las víctimas de ambos bandos, y de la eliminación de los mapas de fosas y de las subvenciones que permiten la búsqueda de los cadáveres.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, anunció este lunes que llevará al Tribunal Constitucional las leyes de PP y Vox. Pedro Sánchez ha afirmado por su parte que "no consentirá una ola de revisionismo ultraderechista".
PP y Vox, con diferentes grados de vehemencia, acusan a las leyes de memoria democrática aprobadas por la izquierda de imponer una visión sesgada de la realidad.
De acuerdo con sus argumentos, las 'leyes de concordia' no eliminan derechos, sino que los incrementan, ampliando su periodo de aplicación hasta incluir en ellas el periodo de la Segunda República y los años de ETA y del terrorismo islámico.
También equiparan a las víctimas de ambos bandos a partir de la tesis de que la lucha contra el franquismo no convierte en demócrata a un Frente Popular que luchaba por la imposición de una dictadura de corte estalinista en España.
Finalmente, y de acuerdo con los argumentos del PP, las nuevas leyes de concordia no detendrán en ningún caso las exhumaciones, cuya finalización garantizan.
EL ESPAÑOL cree, y en esto está seguro de coincidir con una amplia mayoría de los españoles, que las leyes de memoria democrática no deben convertirse en herramientas para la batalla política o imponer relatos de parte sobre el pasado.
Tampoco ve problema alguno en la inclusión en las normas de todas las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, con independencia de quiénes fueran sus asesinos.
EL ESPAÑOL también cree que la visita del presidente Sánchez al Valle de los Caídos no pretende contribuir a la concordia, sino poner de nuevo el franquismo en el centro del tablero político en un momento en el que arrecian las acusaciones de corrupción contra su Gobierno.
Franco sólo puede exhumarse una vez, pero el Valle de los Caídos ha pasado a convertirse de un tiempo a esta parte en uno de los escenarios principales de la política española, algo tan innecesario como anacrónico y contraproducente.
Los españoles no pueden volver una y otra vez a 1936 cada vez que el Gobierno necesita tapar sus problemas de 2024.