Los adultos mayores de 70 años pagarán el 50% del precio de pasaje adulto en todos los medios de transporte público, urbano e interurbanos, según la propuesta de modificaciones aprobadas por la Comisión de Mujer y Familia respecto a la Ley 30490, conocida como la Ley de la Persona Adulta Mayor. La medida tiene como fin integrar beneficios que fortalezcan sus derechos y mejoren la calidad de vida de este grupo de personas.
La modificación a la mencionada ley agrupa una serie de iniciativas legislativas en materia de fortalecimiento de derechos y beneficios, cuyos ejes más resaltantes giran en torno a la salud y transporte. Uno de los proyecto de ley que sirvió de base es el 3180/2022-CR1, presentado por el grupo parlamentario Bloque Magisterial de Concertación Nacional, a iniciativa de la congresista Katy Ugarte Mamani, que propone establecer el derecho a tarifa diferenciada en el servicio de transporte público.
En conversación con El Comercio, la presidenta de la Comisión de Mujer y Familia, Milagros Jáuregui (Renovación Popular), señaló que esta medida representa un avance significativo para garantizar la movilidad y acceso a diversos servicios. "Si bien el tema del pasaje es importante y reviste un impacto en la población adulta mayor, las modificaciones a la ley que hemos propuesto a través de este dictamen incluyen la igualdad de derechos sin discriminación, el buen trato; hay enfoques de vida para personas con discapacidad, también en torno a beneficios respecto vivienda digna, servicios de salud como los que antes había con Padomi", apunta.
La parlamentaria señaló que en el país existen 2,1 millones de adultos mayores que potencialmente se verán beneficiados con los alcances de estas modificaciones. No obstante, Jauregui señaló que el grupo que usa transporte público es mucho menor con lo cuál descartó pueda generarse un impacto negativo en la economía de las empresas de transporte y los sistemas de transporte público.
"El beneficio es muy amplio porque los adultos mayores que usan servicio de transporte público tiene muchas necesidades. Ellos no salen a pasear, sino que puntualmente van a sus citas médicas o se movilizan a lugares específicos. Por eso, esta ley va dirigida a la población más vulnerable. Es un bien que le haremos a una población olvidada", precisó.
Plazos y aplicación
Según comentó la legisladora, con la aprobación en comisión de este dictamen, lo que queda es agendar su debate y votación en el Pleno del Congreso. "Estimamos que eso se pueda dar en un par de semanas, de acuerdo al orden de prioridades que les de la junta de portavoces", indicó Jauregui.
Una vez que se debata y vote en el Congreso, de ser aprobadas estas modificaciones, serán remitidas al Ejecutivo para que realice las observaciones de ser el caso. "Disponen de 15 días para hacerlo y luego de ello, en el mejor de los casos, se publicaría en el Diario El Peruano inmediatamente", comentó.
"Nosotros creemos que sobre el mes de agosto se podrían estar aplicando los cambios propuestos, el 50% del pasaje, las mejoras en el sistema de salud, etc.", apunta la parlamentaria. Aseguró que durante las mesas técnicas pidieron opiniones a los diferentes ministerios para conocer la viabilidad de las modificaciones. "El Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Trabajo y la defensoría del Pueblo nos han dado buenos comentarios", agregó.
Según detalla el dictamen, el pasaje de la persona adulta mayor se hará efectivo previa presentación del carné expedido por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. "Con la base de datos del Reniec obtendremos la información suficiente para la aplicación de la ley", dijo Jauregui.
Justificaciones
Respecto del objeto de la ley, la parlamentaria indicó que "se busca modificar el artículo 24 de la Ley 30490 para establecer de manera explícita el derecho de las personas adultas mayores a acceder a una tarifa diferenciada en el transporte público. Esto refleja un enfoque en mejorar la accesibilidad y la movilidad de este grupo demográfico, considerando su vulnerabilidad y necesidades especiales".
Y añadió: "La finalidad de esta modificación legislativa es doble. Por un lado, busca garantizar que las personas adultas mayores puedan disfrutar de un derecho tangible que mejore su calidad de vida, facilitando su movilidad y acceso a diversos servicios y actividades cotidianas. Por otro lado, implica un reconocimiento de la necesidad de promover una sociedad inclusiva y accesible para todos, asegurando que las infraestructuras y servicios se adapten a las necesidades de las personas mayores, contribuyendo así a su independencia y bienestar".
La modificación propuesta al artículo 24 de la Ley 30490 es sustancial, apunta la legisladora, ya que "redefine el concepto de accesibilidad para las personas adultas mayores dentro del contexto del transporte público". El texto modificado establece un mandato claro para que el Estado, a través de sus diferentes niveles de gobierno y organismos competentes, garantice y facilite el acceso de las personas adultas mayores a un entorno físico que no solo sea seguro y accesible, sino que también les permita moverse de manera autónoma y segura. "Importante es la especificación de que este grupo tendrá derecho a tarifas diferenciadas, lo cual implica un beneficio económico directo", dijo la titular de este grupo de trabajo.
Otras mejoras propuestas
Además, en el dictamen se establecen otras medidas en los servicios públicos de atención en salud destinados a las personas adultas mayores. Por ejemplo, mejorar y gestionar las donaciones realizadas a los centros integrales de atención al adulto mayor (CIAM) y a los centros de atención para personas adultas mayores (Ceapam); impulsar la creación y fortalecimiento del programa nacional de geriatría móvil; así como diversos beneficios laboral, tributario, previsional y de salud
De esta manera, tanto el Ministerio de Salud como Essalud deberán promover servicios diferenciados para esta población, incluyendo la atención móvil en todo el territorio nacional. Con ello, se busca es brindar una atención más adecuada y accesible a aquellos adultos mayores que padecen diversas enfermedades.
"Los cambios, enmarcados en un contexto ético y legal, tienen como objetivo fundamental garantizar que nuestros adultos mayores vivan con dignidad, respeto y plenitud", sostuvo Jáuregui.