Leonardo Díaz asumió la presidencia de la Asociación de Centros Geriátricos de Asturias (Ascege) hace dos meses. En esta entrevista con LA NUEVA ESPAÑA expone las necesidades del sector y las principales reivindicaciones de los empresarios.
–¿Qué visión tiene del futuro modelo de cuidados para mayores que se quiere implantar en Asturias?
–Hay que potenciar especialmente la ayuda a domicilio porque todo el mundo, si puede, prefiere quedarse en su casa y las personas mayores no son una excepción. Eso por una parte, porque las residencias ocupan otro lugar, es un modelo de cuidados diferente, en el que la persona, por el motivo que sea, no tiene la opción de permanecer en su residencia. Hay que tener en cuenta que la media de edad de la población asturiana es cada vez mayor. Para poder hacer frente a esta demanda
desde el sector privado, también se tiene que invertir en residencias.
–¿Cómo está la situación?
–Ahora mismo prácticamente no hay proyectos y los que están en marcha son antiguos. El motivo es la incertidumbre jurídica. El famoso "Acuerdo Belarra" de acreditación supone un camino hacia el horizonte 2030 en la regulación de modificación de los cuidados, con el que desde Ascege estamos totalmente de acuerdo, pero consideramos supone un marco muy teórico. Para cumplirlo se necesita financiación, sin ese motor es imposible hacerlo. Es muy importante comprender que para aumentar la calidad de los servicios hay que aumentar la ratio de los profesionales. Y los más interesados en que crezca el número de trabajadores somos las empresas, pero para ello se necesita financiación.
–¿Cómo ha evolucionado el modelo residencial asturiano?
–La estancia antiguamente, hablo de hace una década o algo más, era aproximadamente de 10 años en los centros residenciales, porque los usuarios entraban con menor grado de dependencia o prácticamente ninguno. Sin embargo, durante la última década se han ido reduciendo los tiempos de estancia, ahora son de 2 a 3 años, y aumentando el grado de dependencia, por lo que es imprescindible contar con personal cualificado y suficiente que pueda ofrecer los cuidados que necesite cada usuario, sin olvidar que somos personas y trabajamos para personas, dando un trato cercano. Paralelamente ha aumentado la demanda en los centros de día porque están volviendo a potenciarse. Ahí la Administración se está poniendo mucho las pilas, y un claro ejemplo es la iniciativa de laboratorio Cecoec, que es el Centro de Competencia para la Economía del Cuidado de Larga Duración y el Envejecimiento Activo, para apoyar la colaboración público–privada entre las Cámaras de Comercio y la Administración.
–Estrena su cargo casi al mismo tiempo que Marta del Arco como consejera de Derechos Sociales y Bienestar, ¿hay colaboración?
–Ha pasado poco tiempo para valorar, habría que esperar a ver los resultados, porque una cosa es lo que se dice y otra la forma en que se implementa. Pero sí ha habido reuniones con la Administración y la relación que tenemos con ella es buena, muy buena. En especial, la gerente nueva del ERA (Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias) nos parece muy trabajadora y con ganas de hacer cosas. Arreglaron los problemas de pago que había, ahora se hacen puntualmente, solo quedan algunas deudas a empresas por servicios ya prestados que el ERA está intentando resolver. Sin embargo, queda cambiar el modelo de concertación y hacerlo más ágil.
–¿Qué soluciones propone?
–Yo me fijo mucho en el sistema de concertación cántabro. Siempre pongo a Cantabria de ejemplo porque está al lado y me parece absurdo compararnos con comunidades como País Vasco, Cataluña o Madrid porque tienen otros niveles de población y, por tanto, otras necesidades. La acreditación es el sistema de calidad que marca la Consejería, es decir, las reglas del juego a nivel tanto arquitectónico, –cómo tienes que construir un centro– como de personal –qué características debe tener la plantilla–. En Asturias, nuestro sistema está caduco, la regulación arquitectónica es de 2002 y la de personal de 2011, por lo que se tienen que actualizar. Esa incertidumbre es la que frena la inversión en nuestra comunidad. En Ascege apostamos, desde hace muchos años, por un sistema de concertación basado en la financiación a la dependencia con la prestación vinculada al servicio. Es decir, con el dinero que da la Administración por circunstancias sociales y económicas. Con ella cada beneficiario elige a qué centro ir entre aquellos acreditados, así el usuario tiene la libertad de seleccionar qué centro quiere. Además de eliminar los ratios de personal que obligan a tener un número de horas mínimo de los técnicos.
–¿Qué supondría para los usuarios?
–Evitaría que la persona tuviera que desplazarse al centro asignado, porque estaría seleccionando aquel que mejor le conviniese. Además de ofrecer una atención especializada: por ejemplo, en un centro aumentar el número de fisioterapeutas para aquellos usuarios con movilidad reducida, o expertos de la salud mental para tratar el deterioro cognitivo.
–¿Y para los trabajadores?
–Entre el 60% y el 65% de los costes van destinados al pago de personal. Trabajamos con personas y para personas, es decir, cuidando, y la herramienta para cuidar de esas personas son asimismo personas. Si no cuidas a tu principal valor estás haciendo una gestión nefasta. La situación tiene que mejorar, los convenios tienen que seguir subiendo, porque repercuten directamente en la mejora de las condiciones laborales y la disminución de la carga de trabajo. Con la subida de precios en España el mínimo asumible es de 72 euros día, que serían 2.200 euros al mes, cosa que se cumple en el modelo cántabro. Actualmente el ERA paga 1.500. Y es algo que repercute directamente en el trabajador, tanto a través del salario como de los materiales de que disponga o la calidad de las instalaciones del centro.
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