La ciudad de Madrid no otorgará por el momento más licencias para pisos turísticos. Una medida que podría durar al menos un año, hasta la aprobación definitiva de la ordenanza que el Ayuntamiento de la capital prepara al respecto. Del mismo modo, la cuantía de las sanciones actualmente fijadas para las residencias ilegales se multiplica por treinta. Y el numero de inspectores dedicados a esta materia crecerá un 15 % a partir de este verano.
Estas son algunas de las medidas del "plan de acción" de Cibeles para intentar frenar la proliferación de las Viviendas de Uso Turístico (VUT), y que abonan el terreno para la próxima puesta en marcha de la Modificación del Plan General. Desde Cibeles consideran que el Plan Especial de Hospedaje (PEH), aprobado en marzo de 2019, "ha resultado ineficaz para evitar la proliferación de las VUT". Y con estas iniciativas, se pretende "corregir las consecuencias de su rápida expansión al margen de la legalidad" y "equilibrar el mercado de hospedaje en la ciudad".
Algunas de las cifras dadas a conocer por el Área de Medio Ambiente, Movilidad y Urbanismo que preside Borja Carabante justificarían dichas medidas. De los 13.502 pisos turísticos en Madrid, sólo 941 cuentan con licencia municipal, mientras que 151 se encuentran en tramitación. Del mismo modo, estas viviendas se han incrementado en la ciudad un 41 % desde 2017, lo que ha supuesto 5.564 nuevas. Mientras, en el mismo periodo, se han creado 50 establecimientos turísticos (hoteles, pensiones…). Así, el 65 % de las plazas turísticas creadas son VUT.
Por otro lado, el porcentaje de estos pisos en el parque de viviendas en el distrito centro es 8,5 veces superior al del resto de la ciudad. No en vano, mientras las VUT representan el 0,89 % del parque de viviendas de la ciudad, en Centro alcanzan el 7,63. Y es que, con la paralización de licencias, el Ayuntamiento opina que, además de "ordenar la oferta turística" y "favorecer la convivencia con los residentes", se evitará la "desertización residencial del distrito Centro". Algunos de los datos ofrecidos por Cibeles sobre este último punto son reveladores: entre los años 2007 y 2023, la población censada en la ciudad de Madrid se ha incrementado un 4,86 % (154.943 habitantes), pasando de 3.184.988 ciudadanos a 3.339.931. Sin embargo, en Centro, ha descendido un 1,14 %, pasando de 141.297 habitantes a 139.687, lo que supone 1.610 personas menos. ¿Consecuencia? En el distrito hay un turista alojado por cada dos residentes, mientras que en la almendra central hay uno por cada nueve vecinos.
En los próximos días se iniciarán las reuniones con el sector y los afectados para trabajar en la redacción de la Modificación del Plan General. Está previsto que el nuevo texto se lleve a Junta de Gobierno el próximo mes de septiembre para someterla a información pública. Ya en el primer trimestre del año que viene, se elevaría a Pleno.
La primera, y la más drástica de las medidas, tal y como anunciaron Carabante y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en la Junta de Gobierno, es la suspensión de licencias para VUT, así como las de transformación de local a vivienda en los ejes comerciales del distrito Centro. Del mismo modo, se suspenden las licencias VUT en edificaciones distintas al ámbito residencial que se sitúen en planta baja. Una medida fundamentada, explican desde el Ayuntamiento, en el artículo 70 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid (LSCM). "Hay que conciliar esta actividad con el descanso de los vecinos", subrayó el regidor durante su comparecencia.
La segunda, es el endurecimiento del régimen sancionador. Hasta ahora, el procedimiento que se sigue en caso de funcionamiento irregular de una VUT se regía por la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo. Inicialmente, se ordenaba el cese de la actividad; si el propietario no acataba la orden municipal y, posteriormente, se comprobaba que continuaba operando ilegalmente, se imponían multas coercitivas de 1.000, 2.000 y 3.000 euros.
Ahora, cuando el Ayuntamiento de Madrid verifique que una vivienda se dedica a uso turístico sin contar con licencia, se actuará de acuerdo al artículo 204 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. Un texto que tipifica como infracción grave la implantación de uso incompatible con la ordenación urbanística. Bajo esta normativa, el procedimiento será el siguiente: un primer aviso de orden de cese y restablecimiento de la legalidad; en caso de incumplimiento, sanción firme de 30.001 euros; si continúa la actividad, sanción de 60.001 euros, y si persiste, 100.001 euros de multa. Las sanciones, detallan, "son acumulativas en caso de que se mantenga el quebrantamiento de la ley".
La tercera iniciativa es el refuerzo de inspectores, así como una "web segura" para usuarios de VUT. Respecto a lo primero, actualmente, Cibeles cuenta con 65 trabajadores para toda la actividad inspectora. Este verano, el Ayuntamiento incrementará la plantilla en un 15 %, incorporando al servicio diez personas más. Sobre su actividad, el Consistorio detalla que el Servicio de Inspección y Disciplina recibió en 2023 un 51 % más de denuncias que en 2022 que afectaban a viviendas y apartamentos de uso turístico: 686 frente a 454. El 82 % procedían de ciudadanos (563). Del total de inspecciones realizadas (4.093), se comprobó que 478 viviendas eran VUT y se logró el restablecimiento a uso residencial de 243.
En cuanto a la nueva web, y "para ofrecer mayor seguridad y garantía a los visitantes que opten por alojarse en la ciudad" en un piso turístico, el Consistorio publicará en su portal, previsiblemente en el mes de mayo, un listado oficial de las viviendas de estas características que cuentan con licencia municipal (941 a día de hoy) y su ubicación.
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