La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo (PC), volvió a referirse este miércoles a la situación judicial del alcalde de Recoleta -y compañero de colectividad-, Daniel Jadue, luego que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte solicitara su formalización por los delitos de cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa.
Esto, en relación a supuestos delitos de corrupción asociados a la compra y venta de insumos para enfrentar el Covid-19 por la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), que lideró el expresidenciable del Partido Comunista.
Por otra parte, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), por unanimidad, decidió querellarse en contra del jefe comunal. La semana pasada, el presidente del organismo, Raúl Letelier, ya había señalado que han "ido observando la comisión de algún tipo de figuras ilícitas y eso permite mirar que es un caso que va a tener seguramente novedades en el corto plazo".
La situación judicial de Jadue derivó en que el Ejecutivo tuviera responder si el "criterio Tohá" -respectivo a que todo funcionario debe dejar su cargo tras ser formalizado para proteger a la institución que representa- también corre para casos como el del alcalde comunista.
En diálogo con Radio Sonar, la titular de la Segegob en esta jornada se refirió a cómo se aborda ese estándar en la administración del Presidente Gabriel Boric.
"Uno puede hacer una evaluación de mérito, cuán diferente es la causa que tiene el exdirector general de la PDI, versus el actual general director de Carabineros (...) pero no tiene tanto que ver con eso", dijo,
En ese sentido, sostuvo que "cuando se asumen altas responsabilidades dentro del Poder Ejecutivo o las instituciones dependientes del Presidente de la República, entrar en un proceso de formalización que implica tiempo, que implica preparar defensa, que implica probablemente una distracción de la labor fundamental que tienen estos funcionarios y funcionarias, consideramos que puede ponerse en riesgo el funcionamiento de las instituciones".
La secretaria de Estado explicó que para el gobierno, ese criterio se asume "no como un juicio adelantado, no como una sentencia, sino como un resguardo del adecuado funcionamiento de nuestras instituciones".
En el caso del alcalde Jadue, expresó que "tenemos una serie de situaciones en los municipios. La justicia tiene que avanzar", y añadió que "los municipios tienen su propio mecanismo para evaluar continuidad o no de la alcaldía. Los partidos también tienen sus propias evaluaciones y criterios que defender. Pero claro, es importante que la justicia avance, que se termine esclareciendo los hechos".
La vocera de gobierno también hizo hincapié que en el caso del jefe comunal de Recoleta ha estado disponible a "entregar toda la información y a poner a disposición las cuentas bancarias, las cuentas corrientes", algo que "no se ha dado en todos los casos", dijo.