La última polémica generacional ha llegado con el anuncio de la movilización de 12 millones de euros para recuperar el programa Cine Senior y permitir a las personas mayores de 65 años ir al cine los martes por dos euros. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, justificaba la medida para estimular y proteger las salas de cine tras la pandemia. Aunque hacer más accesible la cultura es indudablemente una causa noble, resulta difícil de entender por qué solo ha de serlo para un grupo de edad concreto. ¿Son nuestros mayores más vulnerables económicamente? ¿Están más expuestos a la precariedad?
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), los mayores de 65 son el único grupo que ha aumentado su poder adquisitivo en los últimos quince años. Todos los demás grupos de población han visto mermado su poder de compra. Los que más, quienes están entre los 16 y los 29 años: un 11,2% perdido entre 2008 y 2022. Otro ejemplo: siempre según el INE, los españoles mayores de 45 años tienen hoy una vivienda en propiedad aproximadamente en la misma proporción que en 2007. Por debajo de esa edad, el número de propietarios ha bajado tanto que resulta chocante pensar que, en 2007, lo fueran seis de cada diez veinteañeros.
Un joven español tiene hoy tres cicatrices en la memoria, tres crisis sucesivas marcadas. La del 2008, que sumió a España en una profunda recesión y disparó el desempleo juvenil; la del coronavirus, que lo congeló todo, erosionando su proyecto personal; y, ahora, la derivada de la invasión rusa de Ucrania y la crisis de suministros globales, que ha provocado una inflación desbocada y aumentado dramáticamente el coste de vida. Es por ello que anuncios como el del pasado martes resultan especialmente sangrantes para una generación a la que, a cambio de esforzarse en su formación, se le prometió una prosperidad que nunca termina de llegar.
Un joven español tiene hoy tres cicatrices en la memoria, tres crisis sucesivas marcadas
Es perverso hablar de solidaridad intergeneracional si solo funciona en una dirección. De un Gobierno que ha hecho bandera de su espíritu progresista se esperaría que tuviese en cuenta factores de renta para redistribuir la riqueza, no que la volcase en el sector más privilegiado utilizando criterios como la edad. No hay nada más regresivo.
Levanta llagas que se subvencione el transporte público o la cultura para todos los mayores, sin importar sus ingresos, cuando acceder a una hipoteca para comprar un piso en cualquier ciudad española es ya una quimera para los jóvenes y sus salarios nunca suben al mismo ritmo que las pensiones de sus abuelos. Resulta comprensible, por tanto, el hartazgo de los que estos días protestan airados en las redes sociales, unidos en una especie de gran consenso generacional que supera las divisiones partidistas. Es natural dejarse llevar por la rabia y denunciar el claro favoritismo de los responsables políticos con los pensionistas, el sector poblacional que acumula más poder económico y electoral en España.
Sin embargo, esta no puede volverse otra guerra de trincheras, en la que el debate sobre el diseño de las políticas públicas quede reducido a una serie de argumentos demagógicos que demonicen a unos y a otros. La inquina entre generaciones es extremadamente corrosiva para la convivencia y nuestro país no necesita sumar una nueva brecha a la tradicional división izquierda-derecha y al omnipresente clivaje nacional.
Enfrentar a jóvenes contra mayores no es solo irresponsable, es también absurdo: el tiempo pasa igual para todos y los últimos pronto serán los primeros. No es cuestión, por tanto, de dar prerrogativas a jóvenes o mayores, sino de pedir que los recursos sean repartidos de manera justa. Lo íntegro es denunciar que hay españoles tan precarios con 70 años como con 30, y exigirle al Estado que actúe para que todos puedan ir al cine los martes.