Las autoridades estadounidenses tomaron medidas legales contra una persona que se benefició económicamente al comprometer la privacidad de un miembro cercano a la familia presidencial.
Aimee Harris, residente de Florida, fue condenada por robar y vender pertenencias personales de Ashley Biden, hija del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Según informes de la corte federal de Manhattan, Harris recibió una sentencia de un mes de prisión seguido de tres meses de arresto domiciliario por la jueza Laura Taylor Swain, quien calificó el acto como despreciable. Esta sentencia resalta un debate complejo sobre la privacidad y los límites éticos en la obtención y difusión de información.
Según la agencia Associated Press, Harris admitió su culpabilidad en agosto de 2022, reconociendo que recibió USD 20,000 de un total de USD 40,000 pagados por Project Veritas, una organización autodenominada como periodística y conocida por sus tácticas de investigación encubierta. Este grupo adquirió los efectos personales de Ashley Biden, incluido su diario, después de que fueran vendidos por Aimee. Estas acciones han puesto a Project Veritas bajo escrutinio, generando debates sobre la ética periodística y la invasión de la privacidad.
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De acuerdo con el testimonio de Harris, citado por WSVN, los objetos personales de Biden fueron hallados en una vivienda en Delray Beach, Florida, donde la hija del presidente había dejado sus pertenencias de manera temporal durante la primavera de 2020. La acusada, marcada por la emoción, se disculpó por sus acciones y reveló ser una sobreviviente de abuso, aspecto que sus abogados destacaron como parte de su argumento defensivo, enfatizando su papel de madre soltera y sus desafíos personales frente a la justicia.
El 1 de agosto de 2023, se hicieron públicas imágenes de Ashley Biden llamando al Proyecto Veritas para confirmar que su diario filtrado era legítimo y que también verifica que Joe Biden la agredió sexualmente.
En contraste, la fiscalía, representada por el asistente del fiscal federal Robert Sobelman, se centró en la intencionalidad detrás del acto de Harris, resaltando un patrón de desprecio hacia la ley. ABC News señaló este aspecto, destacando la gravedad de la infracción cometida por la acusada, quien no solo buscó beneficio económico, sino que también intentó influir en el panorama político nacional al divulgar información personal sobre la hija del presidente.
Durante el proceso judicial, se reveló además que la implicada y un coacusado inicialmente intentaron vender las pertenencias de Ashley Biden a la campaña presidencial de Donald Trump en 2020, con la intención de afectar la imagen de Joe Biden durante las elecciones. Associated Press informó sobre este intento fallido de venta, resaltando la motivación política detrás del delito.
Al término del juicio, la acusada, visiblemente afectada, ofreció disculpas públicas a Ashley Biden y su familia, expresando pesar por los efectos de sus acciones. Aunque su defensa apeló al considerar su contexto personal y pasado traumático, la decisión judicial confirmó la necesidad de asumir responsabilidad legal por sus actos.
Durante el proceso también se reveló que la acusada y un cómplice intentaron vender inicialmente las pertenencias de Ashley Biden a terceros, lo cual destaca las preocupaciones éticas en torno a la comercialización de información privada. Aunque Harris comenzará su condena en prisión en julio, su caso plantea interrogantes sobre la seguridad de la información personal y los límites éticos en su distribución.