La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la nulidad de la resolución que concedió un recurso extraordinario a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de una demanda por daños y perjuicios que había perdido contra el periodista Eduardo Feinmann.
Con la representación del abogado Gregorio Dalbón, Fernández de Kirchner demandó a Feinmann por una serie de declaraciones que el periodista realizó en el programa de TV "Animales Sueltos" en 2016, cuando la llamó "coimera" y utilizó otras expresiones para referirse a su situación patrimonial, en el contexto de las revelaciones por el caso conocido como "los bolsos de José López".
Tras esto, la exmandataria reclamó un resarcimiento económico millonario. Sin embargo, el máximo tribunal ordenó este martes que se dicte un nuevo fallo con estos antecedentes, a favor del periodista. En la causa, según informó Clarín, se aplicó la llamada doctrina de la Real Malicia y la libertad de Opinión.
Juicio civil contra Feinmann: la Corte Suprema rechazó un recurso de Cristina Kirchner
El Máximo Tribunal, con la firma de Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, recordó que los órganos judiciales llamados a expedirse sobre la concesión del recurso extraordinario federal deben resolver "categórica y circunstanciadamente si tal apelación satisface todos los recaudos formales y sustanciales que condicionan su admisibilidad", según recopiló el mismo medio.
Sobre este punto, la Corte Suprema remarcó que, descartada la arbitrariedad, la Cámara no fundamentó la concesión del recurso extraordinario. Por este motivo, declaró la nulidad de la resolución que lo concedió y ordenó el dictado de una nueva decisión.
La demanda fue rechazada en primera instancia, decisión que fue confirmada por la Sala F de la Cámara Nacional en lo Civil.
Ese tribunal aseveró que, entre los dichos que eran objeto de la demanda, se podía distinguir entre los referidos a hechos susceptibles de ser probados y los que expresaban una opinión.
Sobre los primeros, siempre según lo informado por Clarín, definió que era aplicable la llamada doctrina de la Real Malicia, que las circunstancias tenidas en cuenta por el magistrado de primera instancia "en cuanto señala que las expresiones que dieron origen a la causa fueron realizadas cuando ya se investigaban ciertos y determinados delitos sea contra la accionante, sea contra funcionarios públicos que formaron parte del gobierno que ella presidió".
A su vez, sumó que "a fin de evaluar la verdad o falsedad de la noticia no era relevante lo que finalmente se decidiera en las causas penales, sino el hecho de que al momento en que el demandado realizó los comentarios en el programa televisivo la actora estaba siendo investigada". Asimismo, señaló que no se había acreditado la intención de agraviar por parte del demandado.
Respecto al segundo grupo, apuntó que las expresiones cuestionadas no debían considerarse injuriantes "ante la realidad de que en esa época se iban revelando noticias que provocaron la iniciación de diferentes causas penales" y que "aunque sin duda tienen una connotación desfavorable, estimo que ante las circunstancias del caso no tienen entidad ofensiva suficiente para configurar un ataque al honor que prevalezca sobre la protección constitucional de la libertad de prensa y expresión".
Contra esa decisión, Fernández de Kirchner interpuso un recurso extraordinario federal ante la Corte fundado en la existencia de arbitrariedad.
Tras rechazar el planteo por la causal de arbitrariedad invocada, la Cámara concedió el recurso en los términos previsto en el artículo 14, inciso 2° de la ley 48.
Señalaron, como único fundamento, que dicho artículo que establece que "sólo podrá apelarse a la Corte Suprema de las sentencias definitivas pronunciadas por los tribunales superiores cuando la validez de una ley, decreto o autoridad de Provincia se haya puesto en cuestión bajo la pretensión de ser repugnante a la Constitución Nacional, a los Tratados o leyes del Congreso, y la decisión haya sido en favor de la validez de la ley o autoridad de provincia, extremo que se dan en estas actuaciones".