El Gobierno Nacional informó este lunes que dejará de pagar las indemnizaciones reclamadas por personas que aseguran haber sido víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar en el país, luego de haber detectado irregularidades en los trámites, según informó el Ministerio de Justicia.
"Dispusimos la realización de una auditoría integral de todos los pedidos realizados en el marco de las Leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado", escribió el ministro Mariano Cúneo Libarona, dando cuenta del comunicado.
De acuerdo al texto, difundido a través de la cuenta oficial de X del organismo nacional, la medida se debe a la detección de "distintos casos con irregularidades en la tramitación, otorgamiento y/o pago", del beneficio que dispuso el Poder Ejecutivo Nacional para las personas que fueron sometidas a crímenes de lesa humanidad.
Los hechos tuvieron lugar durante el gobierno de facto, entre los años 1976 y 1983, en los que integrantes de las Fuerzas Armadas desaparecieron y torturaron personas. Hasta hoy, el Estado había compensado el daño sufrido por las víctimas. Con la disposición adoptada por la gestión actual, eso será sometido a revisión.
El ministro, integrante del gabinete del presidente Javier Milei, avanzó en la decisión a través de la resolución ministerial N RS – 2024 – 40979055 – APN – MJ, mediante la cual se impone una auditoría integral de todos los pedidos realizados al amparo de las leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado.
Entre los fundamentos, Justicia señala que la medida surge a partir de la causa ""Martínez Moreira, Adrián y otros sobre defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita", y que confirmó la Sala II de la Cámara Nacional de Apelación en los Criminal y Correccional Federal. Ese expediente fueron procesadas personas a quienes se acusa de haber falseado datos para percibir el beneficio que otorga el Estado. El organismo nacional asegura que no es el único caso.
"El Ministerio articulará las medidas para no abonar las sumas económicas de los beneficios a quienes no correspondan. Asimismo perseguirá la devolución de las sumas pagadas por fraude y que han sido cobradas indebidamente para que se restituyan a las arcas del Estado", finaliza el texto que compartió Cúneo Libarona.
Las compensaciones económicas y pensiones que otorgó hasta hoy el Estado a las víctimas de la últimas dictadura militar están previstas por seis leyes nacionales promulgadas entre 1991 y 2013. Se aplican sobre los desaparecidos de manera forzada o fallecidos por el accionar del terrorismo de Estado, ex detenidos, nacidos o detenidos durante la privación de la libertad de sus madres – siempre que las detenciones fueran por razones políticas a disposición del Poder Ejecutivo o los tribunales militares.
El organismo encargado de su ejecución fue la Dirección de Gestión de Políticas Reparatorias, que coordina con el Poder Judicial para obtener las pruebas necesarias para la acreditación de cada pedido de reparación, y que depende del Ministerio de Justicia.
La resolución emitida este lunes por la cartera conducida por el ministro Cúneo Libarona tiene como antecedente en el oficialismo una iniciativa que había defendido Victoria Villarruel incluso antes de ser electa vicepresidenta.
En 2021, incluso antes de convertirse en diputada nacional, la compañera de fórmula de Javier Milei había manifestado: "El curro de los derechos humanos sigue vigente. Consiste en una cantidad impresionante de indemnizaciones a personas detenidas, desaparecidas, que se exiliaron y a niños apropiados. Hubo víctimas de estas supuestas desapariciones que fueron indemnizadas, porque hay una ley que así lo dispone. Pero también hay personas que fueron asesinadas por los mismos montoneros, o que integraban Montoneros, sobre las cuales, para la historia oficial, el Estado es el responsable, y por lo tanto, el pueblo", señaló en aquella oportunidad la actual titular del Senado de la Nación.
La decisión del Gobierno es inescindible, además, de la mirada revisionista que planteó el Ejecutivo desde que asumió la presidencia Milei, en la que pone en un plano similar a la represión estatal con la responsabilidad de grupos como Montoneros, que ejercieron la violencia política y asesinaron civiles antes del golpe militar.