Seis años y medio después del referéndum del 1 de octubre de 2017, Catalunya se encamina hacia unas nuevas elecciones al Parlament en que, por primera vez desde la irrupción del procés, el independentismo podría perder la mayoría absoluta en la cámara. A la espera de comprobar qué dicen los ciudadanos en las urnas, es evidente que el conflicto territorial ha cambiado desde entonces y, de hecho, ya hace tiempo que ninguno de los tres partidos independentistas con presencia en el Parlament aboga por implementar el resultado del 1O.
ERC, Junts y la CUP defienden la necesidad de celebrar un nuevo referéndum para resolver el conflicto. La principal diferencia es que los dos primeros apuestan porque la votación se haga a través de un acuerdo con el Gobierno y los anticapitalistas son los únicos que plantean una consulta unilateral, como fue en su día el 1O. En los tres casos se han movido con relación a 2017, en un proceso que empezó Esquerra. Os detallamos cómo han evolucionado sus posiciones.
Este mismo martes, el presidente del Govern y cabeza de lista de ERC de cara al 12M, Pere Aragonès, ha asegurado que es posible celebrar un referéndum de autodeterminación en Catalunya amparándose en el artículo 92 de la Constitución española. El candidato republicano plantea un referéndum acordado bajo la pregunta binaria "¿Queréis que Catalunya sea un Estado independiente?", sin que sea necesario un umbral mínimo de participación para validar el resultado y en el que el "sí" se imponga si consigue más votos que el "no".
La propuesta de Aragonès es la llamada vía escocesa, en referencia al referéndum de independencia que este territorio celebró en 2014 después de pactarlo con el Gobierno británico. Y supone culminar el proceso emprendido por el president después de encargar un informe a un grupo de expertos sobre el Acuerdo de Claridad, que ha relanzado a través de un nuevo informe –ahora del Institut d'Estudis d'Autogovern– para confirmar su encaje jurídico.
ERC deja atrás las condiciones del modelo Montenegro
Ya hace algunos años que ERC defiende un referéndum acordado como la mejor herramienta para resolver definitivamente el conflicto catalán y, de hecho, después de lograr la amnistía era el principal objetivo que la formación pretendía abordar en la mesa de diálogo entre gobiernos. La formación de Aragonès y Oriol Junqueras dio los primeros pasos para desmarcarse de la vía unilateral que había representado el 1O ya de cara las elecciones en el Parlament del 22 de diciembre de aquel 2017, convocadas por el Gobierno, cuando ya hablaba de establecer una "negociación bilateral" para lograr la independencia, un punto también asumido por Junts, pero rechazado por la CUP.
Dos años después ERC se desmarcaba más claramente de la apuesta unilateral, sin todavía cerrarle la puerta del todo. En concreto, en el congreso que el partido celebró en diciembre de 2019 se aprobó una ponencia que planteaba tres vías para conseguir un referéndum y ya no se hablaba, en ningún caso, de implementar el 1O. La primera era lograr un acuerdo con el Estado, que entonces se asumía como "imposible"; la segunda pasaba por forzar el referéndum a través de la movilización constante, la acción de las instituciones y la generación de "complicidades internacionales"; y la tercera suponía volver a la vía unilateral, si bien el texto dejaba claro que no era la prioridad.
En mayo de 2021, después de una intensa negociación, se cerró el acuerdo de Govern entre ERC y Junts, presidido por Aragonès. El documento también abordaba el conflicto nacional y apostaba explícitamente por "un referéndum de autodeterminación acordado con el Estado" como única vía para "sustituir el mandato político del 1 de octubre", sin hacer ninguna mención a una nueva votación unilateral. Pocas semanas más tarde, el presidente del partido, Oriol Junqueras, ya abogó directamente por descartar la vía unilateral, una opinión que le comportó recibir críticas de Junts, la CUP o la ANC.
La propuesta de ERC seguiría evolucionando y en el congreso que la formación celebró en enero del año pasado en Lleida se aprobó impulsar una negociación con el Gobierno por un referéndum con condiciones como las de Montenegro, es decir, el 55% mínimo de sí para ser efectivo y lograr al menos un 50% de participación.
Al cabo de unos meses, Aragonès activaría el grupo de expertos para definir las diversas opciones de un Acuerdo de Claridad, un documento que llevaría los republicanos a apostar definitivamente por la vía escocesa, es decir, un referéndum acordado sin umbrales mínimos de participación para ser efectivo. Y, de hecho, en el acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez ERC ya dejaba claro que llevaría su propuesta de consulta acordada a la mesa de diálogo entre gobiernos, a pesar de la negativa reiterada del PSOE a aceptarla.
Puigdemont certifica el giro de Junts
El giro de Junts hacia el referéndum acordado ha sido más lento que el de ERC, al menos a nivel retórico, pero también lo ha acabado haciendo. Lo evidenció el pasado 21 de marzo Carles Puigdemont, cuando confirmó que lideraría la candidatura de la formación en los comicios. Aquel día el expresident situó el logro de un referéndum acordado como uno de los grandes objetivos de la futura legislatura.
En noviembre, en el acuerdo con el PSOE para investir a Pedro Sánchez, Junts ya dejó por escrito que propondría un referéndum acordado, "amparado en el artículo 92 de la Constitución", justamente la misma vía que defiende ERC. Entre 2017 y 2021, los junteros no cerraban la puerta a la vía unilateral y, especialmente a través de su presidenta, Laura Borràs, habían hecho bandera de implementar el "mandato del 1 de octubre" y activar la declaración unilateral de independencia (DUI) sin una nueva votación. Con el tiempo las proclamas de este tipo han quedado solo en retórica.
La unilateralidad de la CUP
Quien no se ha movido de planteamientos unilaterales, es decir sin acuerdo con el Gobierno, es la CUP. Ahora bien, los anticapitalistas también defienden la necesidad de un nuevo referéndum. En concreto, en 2021 la formación planteó celebrar una nueva consulta sobre la autodeterminación alrededor de 2025, propuesta que no contó con el apoyo ni de ERC ni de Junts. E insistió en ello el pasado noviembre, con la presentación de una propuesta para impulsar una nueva ley para celebrar otro referéndum –con acuerdo o sin él– que no prosperó después de que los otros dos grupos independentistas se abstuvieran. Los cuperos son críticos con la mesa de diálogo y no ven viable un acuerdo con el Estado para conseguir el referéndum.
Fuera del Parlament quien sí que defiende la legitimidad y la vigencia del 1O y se opone a un nuevo referéndum es la ANC, una entidad marcada últimamente por la división interna y por una creciente pérdida de influencia.
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