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Rodrigo Rato y Donald Trump: conductas paralelas
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La conducta de Rodrigo Rato ante el tribunal que lo está juzgando por varios presuntos delitos de naturaleza económico reprodujo la que está teniendo Donald Trump en los tribunales americanos durante este último año. Rato, igual que Trump, considera que se trata de una "caza de brujas" fabulada por el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado, resultado de una investigación inquisitorial a todas luces incompatible con las garantías constitucionales en el proceso penal.
No cabe duda de que el órgano judicial tiene que permitir que el o los acusados ejerzan su derecho a la defensa con la máxima amplitud. Dicha máxima amplitud se extiende no a decir mentira, pero sí a no decir la verdad. A escudarse en el silencio o en las medias verdades.
Pero el derecho a la defensa no incluye el derecho a la agresión o a la amenaza. En el supuesto de que el acusado haga un uso desviado del derecho a la defensa, el órgano judicial tiene la obligación de impedir que el acusado continúe haciéndolo.
En Estados Unidos han sido varios los jueces que han aprobado decisiones con la finalidad de impedir que Donald Trump amenace a testigos, a familiares del juez, a miembros del jurado. Se han negado a aceptar el argumento de Trump de que está haciendo uso de la primera enmienda y que el juez está limitando de manera inconstitucional su derecho a la defensa. Varias órdenes sobre la obligación de Trump de mantener la boca cerrada respecto de determinadas personas continúan estando en vigor.
En España, por el contrario, la presidenta del tribunal que lo juzga está permitiendo a Rodrigo Rato que se exprese en unos términos que no encajan con el ejercicio del derecho a la defensa, sino que se inscriben más bien en el uso abusivo de dicho derecho. Lo que se le está consintiendo a Rodrigo Rato no se le consiente a nadie.
¿Habría permitido la presidenta del tribunal a cualquier otro ciudadano o ciudadana que se dirigiera a la representante del Ministerio Fiscal como lo hizo Rodrigo Rato hace unos días? ¿Se puede dar un trato privilegiado a quien ya ha tenido a lo largo de su vida una posición de privilegio, de la que, presuntamente, ha hecho un uso desviado?
Rodrigo Rato, como Donald Trump, pertenece a ese tipo de personas que no toleran que su conducta, por muy presuntamente delictiva que sea, pueda ser objeto de investigación. Lo consideran un insulto. Parece que creen que no son exclusivamente portadores de la presunción de inocencia, que no es una presunción iuris et de iure, sino una presunción iuris tantum, de las que admite prueba en contrario. Ellos se consideran portadores de la no susceptibilidad de que dicha presunción de inocencia pueda ser puesta en cuestión mediante la acumulación de pruebas destructoras de la misma. Pareciera que consideran delictiva la conducta de la representante del Ministerio Fiscal por intentar reunir pruebas de la actividad presuntamente delictiva de quien siempre se ha considerado intocable. De ahí la forma de dirigirse a ella, como si las tornas estuvieran cambiadas y no fuera la fiscal la que tuviera que darle explicaciones a él de por qué se está comportando de la manera en que lo hace. ¿Cómo se atreve usted a investigarme? Hasta ahí podían llegar las bromas.
El prestigio de la justicia también depende de que los jueces y magistrados y los fiscales se dirijan a los ciudadanos y ciudadanas de cuya conducta están entendiendo, de una manera igual. El trato que está recibiendo Rodrigo Rato supone una vulneración del principio de igualdad en la aplicación de la ley por parte de los miembros del tribunal, que no puede más que provocar indignación entre los que tenemos que soportarlo.
El prestigio se gana, entre otras cosas, poniendo a personas como Donald Trump y Rodrigo Rato en su sitio.
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