El Gobierno de Mazón busca alejarse del estándar culto del valenciano con los nuevos criterios lingüísticos de la administración
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El Consell sigue estando en pie de guerra contra las políticas lingüísticas que dejó el anterior gobierno del Pacte del Botànic. El pleno ha dado luz verde a los nuevos criterios del valenciano que se usarán en la administración de la Generalitat y que derogan la resolución del 23 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo, órgano que se encarga de ejecutar y coordinar estas medidas y dirigido por Rubén Trenzano en la legislatura anterior.
Las nuevas reglas darán soporte a las comunicaciones orales y escritas en esta lengua por parte de los empleados públicos. De esta forma, demostrativos como 'aquest', terminaciones como '-eix' o palabras como ' despesa' desaparecerán de los comunicados institucionales y del habla en las oficinas públicas para usar formas como 'este', '-'ix' o 'gasto'.
Desde el Consell han manifestado que "la lengua que utilizan los empleados públicos es la cara más visible de la Administración y, por eso, es relevante que esta se oriente a elegir en cada caso las formas más adecuadas para conseguir una comunicación eficaz y que haga que la ciudadanía se sienta cómoda usando la lengua propia de la Comunitat Valenciana". A ello, añaden que el anterior gobierno cambió la hoja de ruta de la lengua con el fin de homogeneizarla con "estándares de otros territorios y comunidades autónomas", y especifican ejemplos como el cambio de 'servici' o 'juí' por 'servei' i 'juidici'.
La consellera portavoz, Ruth Merino, ha insistido en que estos criterios pretenden "acercarse al valenciano de la calle", y tras ello, ha añadido que estas modificaciones intentan responder al "desafecto" de la ciudadanía con las medidas que el ejecutivo anterior había aplicado con "algunas palabras que quizá se habían catalanizado y abandonado su origen en la Comunitat Valenciana". Disputa que según la portavoz no se ha detectado con el castellano.
Durante la sesión plenaria, el Consell ha aclarado que los criterios establecidos se adaptan a la normativa de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, que emitió un informe el 22 de diciembre de 2023. Asimismo, se ha realizado un trámite de participación abierto a las universidades y entidades locales que cuentan con oficinas de promoción lingüística, como diputaciones, entre otros.
Estas pautas también tendrán que aplicarse en actividades que cuentan con la colaboración o financiación de la Generaitat mediante subvención, contrato, convenio, patrocinio y otras figuras jurídicas, cuando así se establezca en las normas reglamentarias, bases o cláusulas.