Cientos de agricultores y ganaderos de Córdoba han repartido 500 kilos de naranjas ante la Subdelegación del Gobierno en Córdoba como forma de protestar ante la pasividad de Pedro Sánchez con el campo andaluz. Convocados por las patronales agrarias Asaja y COAG y por Cooperativas Agro-alimentarias, los agricultores han llevado a cabo el «reparto de 500 kilos de naranjas, en señal de protesta». Entre otras cosas, exigen preferencia a los productos españoles ante los de terceros países, como Marruecos, que no cumplen los mismos requisitos que se les exige a los alimentos nacionales y comunitarios.
El presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa; el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba, Rafael Sánchez de Puerta, y la secretaria general COAG Córdoba, Carmen Quintero, han encabezado la concentración y han defendido la necesidad de «otra PAC, que responda a las necesidades del sector agrario», agua suficiente para los cultivos, «igualdad en las relaciones comerciales con terceros países, preferencia comunitaria y simplificación de la burocracia».
Todo ello es preciso porque, según recogen en su tabla reivindicativa, «en estos momentos seguimos encontrándonos en una situación ruinosa para todos los sectores productivos de Córdoba, debido a la falta de infraestructuras hidráulicas y de regadíos, a los altos costes de los inputs necesarios para producir, la falta de mano de obra, los mayores requisitos laborales, una reforma de la PAC que nos exige más con menos recursos y que castiga a la agricultura y ganadería más productiva», a lo que se suma «la falta de reciprocidad con las importaciones y una Ley de la Cadena Alimentaria que no soluciona los problemas del sector».
Entienden los responsables de las organizaciones agrarias convocantes que «el Ministerio de Agricultura ha planteado un paquete de 43 medidas para resolver problemas del sector», pero resulta que «estas medidas son absolutamente insuficientes, pues no abordan ni resuelven el enorme daño» que están provocando «la nueva PAC y el conjunto de políticas laborales, las subidas de impuestos y lo mal llamado verde» a «todos los agricultores y ganaderos».
De hecho y a su juicio, «las propuestas del Ministerio no solucionan ni abordan los verdaderos problemas del sector», ya que las medidas planteadas, en unos casos «corrigen muy pocos de los grandes disparates técnicos que tiene la PAC impuesta, además de forma inconcreta y por desarrollar, por lo que son muy insuficientes», mientras que otras medidas «mantienen cuestiones ya existentes, sobre todo en fiscalidad, por lo que no son ninguna novedad» y, por último, incluyen «muchas promesas a futuro sin concretar ni definir con claridad, que habrá que ver si podrán ponerse en marcha alguna vez».
A todo ello, hay que añadir que «no hay ninguna medida para el sector ganadero extensivo, ni medidas de otros ministerios a favor del campo» y, según las organizaciones convocantes de la protesta, «conviene recordar que esta PAC fue impuesta por el Gobierno de España, por el ministro Planas, que apoyó, aprobó y se felicitó de lo que se acordó en Bruselas», es decir, «una PAC que tiene menos dinero, más burocracia, más obligaciones y da lugar a menos producciones».
Por ello, el motivo de mantener las protestas es «la defensa del sector primario, fundamental para el desarrollo de las zonas rurales, y exigir a las administraciones un apoyo firme a todos los niveles, donde se articulen medidas fiscales, económicas, legislativas y políticas para proteger la producción de alimentos en nuestra provincia».
Se trata de proteger a «una actividad cuyo futuro está en peligro, por la escasa e incluso nula rentabilidad que obtenemos los productores», de ahí que Asaja, COAG y Cooperativas Agro-alimentarias exigen «dignificar el papel que desempeñan los agricultores y ganaderos, que proporcionamos alimentos sanos y de calidad a toda la sociedad, que garantizamos la supervivencia de un mundo rural y que contribuimos de forma decisiva a la sostenibilidad y mitigamos el cambio climático al ser sumideros netos de CO2».
En consecuencia, reclaman que «el Gobierno apueste de forma decidida por una política hidráulica con inversiones en infraestructuras», la «eliminación de burocracia y simplificación real de la PAC», también «impulsar las cláusulas espejo en los acuerdos comerciales firmados por la Unión Europea (UE)», además de «reconocer la importancia de la ganadería extensiva e intensiva», y aplicar una «reforma laboral adaptada a la realidad de la actividad agrícola y ganadera», teniendo en cuenta que «el empleo agrario es de carácter temporal».
Junto a ello, desde Asaja, COAG y Cooperativas Agro-alimentarias se demandan, igualmente, «medidas de apoyo reales al relevo generacional», además de «adaptar los objetivos medioambientales del Pacto Verde a la realidad económica y social del sector productor», promover «ayudas directas para afrontar la sequía en consonancia con los costes de producción actuales y que también tengan en cuenta el impacto en la comercialización de muchas cooperativas por la falta de producción», y «sacar al lobo del Lespre», para proteger así a la cabaña ganadera.