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Archivada la querella interpuesta contra el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por la supuesta filtración de datos de su causa por parte del Ministerio Fiscal. La Junta de Fiscales de Sala ha avalado por mayoría la decisión de la número dos del Ministerio Público, María Ángeles Sánchez Conde, de no investigar las filtraciones del caso de la pareja de Ayuso.
Por diecinueve votos a favor, doce en contra y una abstención, la cúpula del Ministerio Fiscal ha considerado que la querella no debe prosperar. La fiscal del caso, María de la O Silva, apostaba por practicar una serie de diligencias como examinar las comunicaciones del fiscal general. Pero esa postura no ha sido respaldada por la mayoría de la Junta de Fiscales de Sala, que ha apoyado el criterio de Sánchez Conde. La postura de la Junta no es vinculante para la número dos de la Fiscalía, pero sí suele asumir la posición de la mayoría.
La querella contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso fue presentada por Alberto González Amador por la presunta revelación de secretos contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de delitos económicos, Julián Salto.
8 meses de cárcel y 525.000 euros para no ir a juicio
La pareja de Isabel Díaz Ayuso propuso a la Fiscalía asumir ocho meses de cárcel y pagar 525.000 euros por dos delitos fiscales para evitar ir a juicio. Así lo pactó en un documento de ocho páginas firmado por el abogado Carlos Neira en el que se detalla la pena y multa a la que el investigado estaría dispuesto a aceptar para evitar ir a la cárcel.
Ese documento se ha facilitado a los fiscales de Sala antes de su reunión de este miércoles en Junta, donde han debatido si apoyar o rechazar que la investigación penal por el delito de revelación de secretos derivado de la filtración de datos del novio de la presidenta madrileña.
Los fiscales han tenido delante el acuerdo, en el que la pareja de Díaz Ayuso aceptaba ocho meses de cárcel, con lo que evitaría la prisión al ser menor de dos años y no tener antecedentes, y pagar la cuota defraudada -que ronda los 350.000 euros- más los intereses de demora y una sanción del 40% de esa cantidad a Hacienda, lo que sumaría unos 525.000 euros.
El escrito señala que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid "acepta íntegramente los hechos contenidos en la Liquidación Vinculada a Delito que adjuntamos a esta propuesta, así como la existencia de dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto sobre Sociedades, 2020 y 2021, y su autoría como administrador único y socia de la sociedad Maxwell". Sin embargo, omite toda alusión al delito de falsedad documental del que también le acusa la Fiscalía. Asimismo, propone no poder aceptar ni obtener subvenciones o ayudas públicas ni tampoco el derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 9 meses.
La defensa de la pareja de Ayuso ha aclarado que "esta propuesta de conformidad penal está condicionada a la suspensión de la pena de prisión que se le incluya en la conformidad penal definitivamente alcanzada".
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