El Ministerio del Interior ha dado este miércoles unos datos de okupación en España que, aunque en líneas generales han bajado levemente, sigue dando síntomas preocupantes en algunas comunidades, como Cataluña, donde se producen más del 40% de las okupaciones de vivienda en nuestro país.
Las okupaciones de vivienda -incluyendo tanto los delitos más habituales de usurpación de vivienda como los de allanamiento- han bajado en 2023 en Andalucía un 7,2%, anotando 2.331 denuncias en el último año. Como adelantó en el Congreso el titular de este departamento, Fernando Grande-Marlaska, las okupaciones bajaron en España casi un 9%, concretamente un 8,8%: en el año 2023 se anotaron 15.289 denuncias por parte de todos los cuerpos policiales, frente a las 16.765 de 2022, según la estadística de Interior.
De esta forma, Andalucía baja algo menos que la media nacional, aunque sigue siendo ampliamente superada por Cataluña, que sigue acumulando dos de cada cinco casos de denuncias tanto de usurpación de vivienda como de allanamiento de morada. En concreto, esta comunidad autónoma representa el 40,9% del total.
De hecho, Cataluña suma más casos que las tres comunidades autónomas siguientes, todas ellas además las más pobladas, y que también arrojan descensos en comparación con 2022. Andalucía anota 2.331 denuncias (-7,21%) por infracciones relacionadas con la okupación; la Comunidad Valenciana, 1.640 casos (-19,05%) y la Comunidad de Madrid, 1.516 (-0,07%).
El pasado 10 de abril, el ministro Fernando Grande-Marlaska pidió en el Congreso no alarmar porque los casos más graves -los de allanamiento de morada- son mínimos en España, en comparación con los de usurpación, la mayoría de ellos sobre viviendas vacías. «No es eso de que bajo a por el pan o me voy de vacaciones y han entrado a mi casa», dijo.
Fuentes del Ministerio del Interior han subrayado esta idea al remarcar que las estadísticas oficiales de este departamento no discriminan entre los dos tipos penales que conforman este fenómeno, el allanamiento de morada y la usurpación del derecho de uso de un inmueble, porque son calificaciones jurídicas que realiza a posteriori el órgano judicial encargado de la instrucción de cada denuncia.
De esta forma, se han remitido a los datos de la Fiscalía General del Estado, recogidos en la memoria de la institución correspondiente al año 2022, donde se refleja que solo el 0,16 por ciento de los delitos genéricos de ocupación se refieren a delitos de allanamiento.
De esta forma, y según la citada memoria, a lo largo de 2022 se incoaron un total de 8.868 procedimientos por usurpación, un 9% menos que en el año anterior, y 96 procedimientos por allanamiento.