Cápsula
Acción popular para que el Gobierno Nacional garantice la seguridad y soberanía energética en el país
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Las instituciones se unen para comentar sobre la pérdida de la seguridad y la soberanía energética en materia de hidrocarburos. De acuerdo con el informe de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el año pasado cayeron las reservas de petróleo a 7,5 años y las de gas a 7,2 años, es así como desde entonces no se han logrado estrategias de explotación para buscar ampliar la capacidad de estas.
Entre la suma de voces molestas de los gremios, se hace un llamado al Gobierno del presidente Gustavo Petro, para que pueda tomar una decisión en materia de exploración, un ejemplo de ello ha sido que las reservas de gas robadas en Colombia han presentado una reducción del 50 % (ACP), además, también se le da relevancia a la advertencia de Naturgas sobre la crisis climática, la cual ha aumentado el consumo de suministros de gas.
En los artículos 332, 334 y 360 de la Constitución Política, señalan que el Estado es el propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables. Es así como, el Estado tiene un mandato de administración y explotación de estos recursos para lograr mejorar la calidad de vida de todas las personas, conseguir la distribución equitativa de las oportunidades y del desarrollo, al tiempo que protege el medio ambiente.
Contando con una acción popular, radicada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, FEDe.Colombia, pretende la protección de los derechos e intereses colectivos públicos de energía y gas, a la moralidad administrativa, la protección de patrimonio público y de los derechos de los consumidores y usuarios.
Como se sabe, Colombia tiene un potencial de reservas para satisfacer sus necesidades energéticas (en gas se estiman en más de 70 pies cúbicos), por lo que es importante reanudar las campañas exploratorias y fortalecer la infraestructura nacional de transporte. Es posible que, diversificar la matriz energética y buscar implementar las medidas de transición, sin que suponga ser un riesgo de seguridad de abastecimiento y la confiabilidad de los servicios para los hogares colombianos.