El fiscal José Alfredo Blanco salió al cruce de las declaraciones del abogado defensor de los dirigentes de la Unión Tranviaria Automotor (UTA), aclarando que en ningún momento la fiscalía acusó a los gremialistas por los cortes de ruta y ratificó que fueron imputados por el delito previsto en el artículo 194 del Código Penal, por entorpecer o impedir el normal desenvolvimiento de transporte por tierra en carácter de co-autores.
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El fiscal José Alfredo Blanco salió al cruce de las declaraciones del abogado defensor de los dirigentes de la Unión Tranviaria Automotor (UTA), aclarando que en ningún momento la fiscalía acusó a los gremialistas por los cortes de ruta y ratificó que fueron imputados por el delito previsto en el artículo 194 del Código Penal, por entorpecer o impedir el normal desenvolvimiento de transporte por tierra en carácter de co-autores.
Adelantó que la fiscalía abrirá una investigación a raíz de las referencias de los defensores, quienes dejaron entrever que los imputados no tienen responsabilidad penal en cuanto al cierre del predio, entorpecimiento e impedimento de que salgan los colectivos a cumplir el servicio; dando a entender que habían sido los empleados los que habían cumplido con esa tarea y que ellos sólo los acompañaron.
"A raíz de esas declaraciones, amerita que la fiscalía también inicie una investigación respecto de aquellos empleados que hayan tenido esta actitud, porque son sus propios representantes los que dieron a entender que ellos son los que tomaron esa decisión y que los señores del sindicato solamente los acompañaron", dijo Blanco y explicó que la fiscalía analizará el material fílmico y fotográfico, y procederá a identificar a las personas que estaban en este acto ilícito.
"Debemos constatar si algunos de los empleados que investiguemos nos da la pauta que de ellos fue la iniciativa de llevar adelante esta medida, no vaya a ser que nos llevemos la sorpresa de que hayan sido instigados por los imputados para cometer este delito", refirió.
Situación procesal
Tras ser consultado sobre la situación procesal de los dirigentes, sostuvo que al cumplirse con la orden de detención del Juzgado de Control N° 6, de cuatro dirigentes sindicales de la UTA, "en la audiencia respectiva se les formuló los cargos, designaron abogado defensor, se abstuvieron de declarar y se les otorgó la libertad, quedando sometidos a proceso con una serie de reglas de conductas que la fiscalía solicitó, como la prohibición de acercarse a los domicilios de la empresa denunciante, prohibición de efectuar actos intimidatorios contra los denunciantes, la obligación de concurrir cada treinta días a los estrados de la fiscalía, la obligación de concurrir a trámites procesales el próximo viernes y la prohibición de ausentarse de la provincia sin la debida autorización judicial, entre otros".
"Respecto a las desacertadas expresiones del abogado de los imputados", acotó que no es la empresa la que cerró las puertas, que el pasado 3 de abril a las 5 la fiscalía estuvo presente y lo pudo constatar, "la fiscalía cumpliendo con las obligaciones que establece la Constitución Provincial, instó una posibilidad de dialogo con los empresarios para la solución pacífica del conflicto y no se llegó a ninguna solución. Los señores del gremio no aceptaron que al mediodía se le permitiera a la empresa seguir cumpliendo sus funciones. Así lo entendió el juez, porque ha discutido la defensa la compulsión al lock-out. Debo decirle al abogado defensor, que la fiscalía actuó dentro de las facultades que prevé la Constitución Nacional en el Artículo 120, y tiene la obligación de proteger los intereses generales de la sociedad y es interés general de la sociedad trasladarse a los lugares de trabajo, cumplir con sus tareas diarias, y hablo no sólo de docentes y alumnos, hablo de funcionarios policiales, de la salud y un sin número de particulares que se vieron afectados por esta situación. Muchos tuvieron que hacer erogaciones económicas que no tenían previstas para poder trasladarse".
Blanco, indicó que nadie discute el derecho a huelga ni a la manifestación porque están amparados en la Constitución, "pero éste no era el caso, no era una huelga ni una manifestación, fue el cierre coactivo de una empresa a la que no le permitieron prestar servicio, lo pudo constatar el ayudante fiscal y el personal policial que estaban en el lugar".
"Cuando intentaban salir los colectivos, formaron un cordón humano que se lo impedía y lo constaté personalmente. También le informo al defensor que los fiscales y ayudantes fiscales de esta jurisdicción trabajamos a las 7.30, también trabajamos los feriados, los fines de semana, a cualquier hora que sea necesaria nuestra presencia ante un hecho que merezca nuestra intervención. Tal vez el abogado, por sus condiciones personales, se quedó en el procedimiento penal de los años 90, donde los funcionarios judiciales llegaban a media mañana a prestar funciones. Los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación van a trabajar a la hora y el día que sea necesario cuando su presencia es requerida por la prevención policial".
Operativo desplegado
En cuanto al operativo de prevención policial que se desplegó el 3 de abril, aclaró que no fue exagerado y generó serios problemas en la ciudad, porque la policía no pudo cumplir con el servicio que tenía a su cargo ese día: "Eran más de 30 personas los que acompañaban a los imputados a impedir que la empresa cumpliera con sus tareas habituales y era un número equivalente al personal policial que dispuse en ese lugar, no eran 100, y el personal policial solamente estuvo al resguardo para evitar que se produjeran daños a las cosas o personas. Tampoco hubo maltrato ni exceso en el uso de la fuerza al detener a los imputados. Era una orden de detención, que debió cumplirse por parte del personal policial y con uso de la fuerza pública. En la audiencia, ninguno manifestó que haya sido agredido o que tenga algún tipo de lesiones producto de su detención. Las detenciones se cumplió con total normalidad y respetando la dignidad que le corresponde como persona", dijo.
El fiscal expresó que la causa continuará y que requerirá a la empresa denunciante que eleve un informe respecto al perjuicio económico que sufrió ese día al no poder prestar servicio, perjuicio que redunda en sus empleados y en el mantenimiento del servicio que tiene que llevar a cabo. "No olvidemos que es la única empresa de transporte que en la jurisdicción de los departamentos San Pedro y Santa Bárbara, llega a ciertos parajes de la zona rural, donde van numerosas personas a cumplir sus funciones. En la ciudad de San Pedro de Jujuy no tenemos alternativas cuando se produce esta situación y no se le permite a una empresa prestar el servicio. Llamativamente, esta medida se llevó a cabo solamente en esta ciudad, y particularmente, porque uno de los titulares de la empresa argentina es el presidente de la Cámara de Transporte, entonces, no nos puede hablar el defensor de apriete porque si algún apriete hubo, esta claro que fue por parte de aquellos a quien él defiende".
Finalmente sostuvo que en estos momentos la fiscalía implementó un servicio de resguardo para evitar cualquier inconveniente futuro, "tengo entendido de que la empresa tuvo que contratar servicios adicionales policiales".