El legislador provincial Mauricio Jaimes, del departamento Calamuchita, se sumó a las críticas de la oposición por la sobretasa que impuso (rige desde el 1° de mayo) el gobierno de Martín Llaryora al servicio de adicionales de la Policía de Córdoba.
Según el dirigente radical, el incremento del servicio (un 30% más sobre lo que ya se pagaba) podría hacer que barrios, instituciones y empresas de todo tipo decidan dar de baja el servicio, lo que dejaría a muchos policías sin la posibilidad del ingreso monetario extra que le permitía hacer adicionales.
Pero además, Jaimes planteó otro interrogante: "¿Queremos que la seguridad quede en manos de las empresas privadas, sobre todo en la Capital?".
El legislador dice que el incremento - previsto en la nueva Ley de Seguridad- "no solo perjudica al particular contratante que deberá aportar un extra al valor del adicional, haciendo más costoso el servicio de seguridad que se solicita, sino que lo que es más grave aún: esta carga termina favoreciendo a que se realicen menos contrataciones del servicio de adicionales de la Policía y favorezcan el aumento de las empresas de seguridad privada".
Ingresos
El legislador radical aseguró que el incremento del costo no va al policía contratado, sino "a una cuenta del Ministerio de Seguridad".
"Lo grave es aquello que se quiere dilucidar o descartar y es si esta medida no está hecha adrede para beneficiar a las privadas. Si no es así, entonces es urgente anular dicho incremento, o que por lo menos el Gobierno a través del Ministerio de Seguridad no lo disponga", pidió.
"¿Queremos que la seguridad quede en manos de las empresas privadas, sobre todo en la Capital? ¿Vamos a dejar algo tan elemental como la seguridad en lugares de concurrencia masiva de público, riesgo de presencia, consumo, venta, de estupefacientes y demás, en manos de lo privado?", se pregunta.
Y agrega: "¿Cuántas son las empresas de seguridad privada habilitadas en la ciudad de Córdoba y en el interior?
En ese sentido, y siempre con la seguridad como marco, Jaimes recordó lo ocurrido con los uniformes que quería adquirir la Municipalidad de Córdoba. Y por eso, pide conocer la titularidad de las empresas de seguridad privada.
"Para despejar la dudas sobre si no existe una relación con funcionarios del actual gobierno, como ocurrió con la compra de indumentaria, sería bueno saber quiénes son los titulares de las empresas de seguridad privada existentes en la Capital y el interior", pidió.
Respaldo institucional
Jaimes destaca que en materia de seguridad y control de los eventos masivos, o zonas donde es necesario adicionales de seguridad, públicas o privadas, "siempre tendrá mayor respaldo institucional por su trayectoria, publicidad, modalidad de ingreso y control del personal la seguridad brindada por el personal policial".
"Por lo que permitir que además se favorezca, de manera intencional, a la mayor presencia de seguridad privada y no la publica en adicionales por lo menos me resulta riesgoso en estas supuestas condiciones que queremos descartar", sugirió.
Sobre el punto, el dirigente avisó que se opone "fervientemente" a la convivencia entre privados y el Gobierno.
"Si van a controlar el delito, la seguridad, el narcomenudeo, la concurrencia de público masiva, quienes de manera privada brindan el servicio de seguridad y además de manera privada tienen vínculo con el Gobierno de turno, me opongo fervientemente y pongo en alerta a la población del riesgo de ello", dijo.