Eliminó el precio sostén que cuidaba los ingresos de los chacareros. Sucede, cuando el valor de la hoja de yerba mate no cubre los costos de producción.
El DNU 70/2023 del gobierno de Javier Milei golpea uno de los placeres más tradicionales de los argentinos: tomar mate.
La norma eliminó el precio sostén que reciben los productores de yerba mate que era una de las atribuciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).
La desregulación del precio planteada en el DNU implica que las industrias procesadoras de yerba mate pueden decidir arbitrariamente el precio de pago al productor sin ninguna regulación que garantice la cobertura de costos para afrontar una nueva cosecha.
«Resulta difícil imaginar, en este contexto, que los productores logren recibir $ 500 por kilo de hoja verde», evalúa un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en relación al precio que reclaman los productores.
Además, CEPA agrega que esta cuestión se agrava por la decisión del gobierno de dejar exento de IVA adicional y Ganancias por 120 días a las importaciones de productos de primera necesidad incluyendo yerba canchada y molida en paquetes. Además, se garantizó al importador el pago a treinta días desde el ingreso de la mercadería.
El Decreto de Necesidad y Urgentina 70 «desbalancea aún más la cadena productiva yerbatera, cuya morfología expresa atomización en la producción y concentración en la industria. Si el INYM y las regulaciones asociadas al mismo buscaban darle herramientas al sector con menor poder relativo en un claro escenario de mercado imperfecto, su eliminación agrava el estado de cosas. El precio al productor difícilmente logre recuperarse en los próximos meses, ya que la medida dispuesta por el DNU deliberadamente incide en la (des)organización al interior de la cadena de valor», analiza el informe de CEPA.
Los laudos de 2023
El laudo realizado por el INYM a finales de 2023 llevó el precio de la hoja verde a $ 250 y de la yerba canchada a $950. Pero quedó retrasado como resultado del salto inflacionario de los últimos meses.
Al valor de $ 250 el kilo de hoja verde, el atraso respecto al precio de góndola llevó a que el productor de yerba sólo perciba el 5,9% del precio final. «En la práctica, y dado que, a la fecha de realización de este informe, se paga $ 370 el kilo, el productor percibe 8,7% del precio», dice CEPA.
Los pequeños productores pretenden llevar este valor a $ 500, lo que equivaldría a casi 12% del precio de góndola, un nivel similar al que estableció el laudo de abril de 2023.
La relación de fuerzas entre productores y la industria es desfavorable para los primeros.
Según datos de 2022 consignados por CEPA, la producción primaria se encuentra atomizada, con 12.000 pequeños productores. A su vez, la llamada «cuenca de producción» cuenta con 228 establecimientos que operan como secaderos registrados a nivel nacional y 105 industrias molineras y fraccionadoras.
La concentración en este segmento es fuerte. Los 10 primeros del ránking de producción industrial acumulan 72,7% del mercado. Y los tres primeros (Las Marías, Liebig, Santa Ana) explican el 41%, a través de media docena de marcas y presentaciones de las más diversas.
En este escenario de diferencias sustanciales en el poder de negociación, el DNU significa la eliminación de varias regulaciones.
En primer lugar, desaparecen los registros de identificación de la producción, elaboración, industrialización, y comercialización de la yerba mate.
En segundo término, le saca al INYM la posibilidad de promocionar distintas formas asociativas entre productores primarios de yerba mate y, en particular, de colaborar con las cooperativas yerbateras de la zona productora.
En tercer lugar, elimina la posibilidad de realizar acuerdos semestrales entre los distintos sectores participantes del INYM, que coadyuvan en la regulación del precio de la materia prima. Esos acuerdos resultan de un acuerdo en el INYM basado en el precio promedio de venta al consumidor de los productos elaborados con yerba mate según las condiciones y estándares de calidad que fije la reglamentación, el cual los sectores deberán respetar.
Por último, elimina la constitución, a través del INYM, de fondos con fines específicos. «