En efecto, la famosa res. Me nº 125/08 establecía un nuevo esquema variable de retenciones, las cuales fluctuarían de acuerdo al precio de los granos. Recordemos que, por entonces, estábamos inmersos en la "burbuja" especulativa mundial, que llevó las cotizaciones de la mayoría de los "commodities", incluyendo a los granos, petróleo, metales preciosos, a niveles récord.
En los considerandos de la norma se aclaraba, justamente, que "…los precios internacionales de cereales y oleaginosas han registrado un significativo aumento en los últimos años, con una elevada volatilidad de sus tasas de variación interanual…".
"…que la persistencia de un escenario semejante podría repercutir negativamente sobre el conjunto de la economía a través de mayores precios internos, menor equidad distributiva y una creciente incertidumbre en lo que respecta a las decisiones de inversión del sector agropecuario…".
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En síntesis, el nuevo sistema de retenciones móviles a la exportación implicaba que su aumento o disminución dependería de la evolución de los precios internacionales, de modo tal que, a mayor aumento del precio internacional, mayor sería el gravamen a la exportación y por ende menor su impacto en los precios internos.
La norma establecía una compleja fórmula para el cálculo de los derechos de exportación, los cuales se mantenían en un valor constante, hasta un determinado nivel de precios, por encima del cual se irían incrementando en forma significativa.
A modo de ejemplo, en soja, el arancel mínimo de derechos de exportación del 20% sobre el valor FOB se establecía con un precio de 200 us$/ton, en tanto que si éste alcanzaba los 400 US$/ton, la nueva tasa alcanzaría el 35.7% y si llegase a 600 US$/ton el derecho a aplicar se ubicaría en 49.3% y así progresivamente, de acuerdo a la mejora de la cotización.
Fue tal el impacto de las medidas entre las instituciones agropecuarias, que las cuatro centrales que nuclean los productores, confederaciones rurales argentinas (CRA), Sociedad Rural Argentina (SRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), convocaron a un paro bajo el argumento de que "… dicha medida tiene una clara intención recaudatoria y neto corte fiscal, que discrimina a las provincias y al interior…".
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La norma original fue al poco tiempo modificada, estableciendo un límite máximo por producto, que de todas formas era muy elevado. En trigo alcanzaba el 41.6% para precios FOB por encima de los 400 US$/ton, para maíz el 45% también para niveles superiores a los 400 US$/ton, en tanto que para soja el límite se establecía con un FOB de 750 US$/ton y un arancel del 52.70% y en girasol con un FOB de 900 US$/ton e igual arancel.
El gobierno, a través del dictado de esta norma, apostaba a un nivel de precios de los granos en permanente crecimiento, lo cual le ofrecería un ingreso fiscal cada vez mayor. Recordemos que la mayoría de los pronósticos, por esos meses, anunciaban nuevos récord en las cotizaciones.
El lunes 31 de marzo de 2008, el gobierno anunció que reformaría el sistema de retenciones cuestionado, modificando la resolución 125/2008, con el fin de establecer un sistema de compensaciones a los pequeños productores de soja y girasol registrados, que facturaran menos 230.000 dólares, en explotaciones de hasta 150 hectáreas en la región pampeana, y 300 hectáreas en el resto del país.
Se anunció también que el beneficio estaría en condiciones de alcanzar a 61.300 chacareros. En adición a ello, se establecerían compensaciones para los productores que se encontraran lejos de los puertos, reabriendo en forma inmediata las exportaciones de trigo. Estas compensaciones fueron implementadas por las resoluciones nº 284/2008 y nº 285/2008, del 18 de abril de ese año.
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No obstante ello, continuaron las medidas de fuerza por parte de las entidades agropecuarias que tendían a la derogación de la res. Nº 125 y retornar a la situación previa a marzo en materia de retenciones a la exportación.
Hacia fines de ese mes, en uno de sus tanto discursos, la presidenta aclaró que "…necesitamos que no se sojice todo nuestro campo, necesitamos más productores de trigo, de leche, de carne…", en clara mención a un proceso que difícilmente se revirtiera con la aplicación de los abusivos diferenciales de impuestos propuestos.
Por entonces, el ministro de economía agregaba que "…la soja desplaza y encarece otras actividades, porque encarece la tierra, produce el efecto de monocultivo y el impacto laboral es muy bajo...". A modo de ejemplo indicaba que "…cada 100 hectáreas de soja se agrega solo un puesto de trabajo, contra quince puestos que generaría el cultivo de algodón. No es lo mismo producir soja que leche…".
En ese contexto, el clima social se fue enrareciendo. El paro que originariamente respondía a aspectos específicamente relacionados a la rentabilidad de los productores y a la economía sectorial, tomó un cariz más político, viéndose enfrentadas diferentes fracciones sociales, que tomaban parte por una u otra postura. Ello se tradujo en manifestaciones de distinto tipo, donde, en muchos casos, primó la violencia. Eran comunes los cortes de rutas, piquetes, y manifestaciones a favor o en contra del oficialismo.
Paralelamente, a mediados de mayo de 2008 se estableció, mediante el decreto nº 764/08, que la oficina nacional de control comercial agropecuario sería la autoridad de aplicación de la ley nº 21.543 que creaba el registro de declaraciones juradas de venta al exterior. De esta forma, una facultad que originariamente era de la junta nacional de granos, y que en los años 90 se trasladó, con la eliminación de este organismo a la secretaría de agricultura, ganadería, pesca y alimentación, se transfiere desde su ámbito natural, a un organismo descentralizado, como lo era la ONCCA.
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