Parece conveniente analizar algunos datos de un informe interesante que, como suele suceder, pasa a archivarse en algún cajón y a esperar el del año próximo. Es muy frustrante y así lo expresa el propio Síndic. Las instituciones deberían ser más receptivas a lo que estos informes expresan. Téngase en cuenta que, en muchas ocasiones, son producto de investigaciones y estudios que vienen precedidos de quejas y solicitudes de la propia ciudadanía, o bien lo han sido a instancia propia de la Sindicatura, de oficio o por imperativo legal.
Curiosamente, de las quejas presentadas en 2023, que son 3.933 en toda la Comunidad, 1.735 lo han sido en la provincia de Alicante, el 44,11%. En la provincia de Valencia, mucho más poblada, han sido 1.839, el 47%. Llama la atención la desproporción. O somos unos «quejicas» aquí, o es que hay mucho por lo que quejarse, que creo que es la opción correcta.
De estas quejas, es llamativo que casi el 42% correspondan a temas relacionados con los Servicios Sociales, y el 23% tengan que ver con la Dependencia. En los ocho años del Botànic se había producido una gran mejora en estos temas, aún insuficiente, pero que permitió dejar atrás la vergonzosa posición que, en este aspecto, tenía el País Valenciano en la etapa del PP en el Consell. En septiembre de 2015 había 46.496 personas en lista de espera, en julio de 2023 eran 13.342, un descenso de más de 33.000 personas. Con el cambio de gobierno autonómico se ha producido un «parón» en estas mejoras, y asoman preocupantes síntomas. El propio Síndic, en su informe, hace referencia a ello. Dice que, el 2 de enero de 2024, ya con el nuevo Consell, la lista de espera había subido a 18.580 personas, un aumento en más de 5.000 personas en sólo seis meses. Un dato muy preocupante y del que el propio Síndic exigía soluciones. Nuevamente, Alicante destaca para mal en estos temas: al 2 de enero de 2024, aquí había 7.582 personas inscritas en lista de espera.
Por todo ello, recientemente, CC OO del País Valencià volvía a denunciar esta situación y reclamaba la plena implantación de la Ley de Dependencia, así como una atención de calidad reforzando los presupuestos del Consell para reducir las listas de espera y mejorar la situación.
En esa línea también denuncia CC OO el rechazo de PP-Vox a continuar con el Plan Convivint, que iba a suponer la creación de más de 200 nuevas infraestructuras sociales y, por tanto, nuevas plazas públicas en los municipios valencianos. Varias de ellas en la comarca del Baix Vinalopó: Elx, Crevillent y Santa Pola.
Con el rechazo del actual Consell a seguir con dicho plan, los problemas existentes se agravarán. La derecha no ofrece alternativa. Todo queda para que el que pueda pagarlo utilice uno de los múltiples centros de asistencia privados que se están construyendo (recientemente se ha abierto otra residencia privada de ancianos en Elx) y, el que no pueda, que haga como siempre: que la familia, y casi siempre las mujeres, soporte sin casi ayudas la atención y tratamiento de las personas necesitadas. La despreocupación por estos temas es muy frustrante. Que Elx siga teniendo una sola residencia pública, y encima de gestión privada, y que esté como está y que ni el anterior Ayuntamiento, ni el actual, se preocupen de buscar mejoras es escandaloso. Mucha preocupación, unos por traer la Dama y los de ahora por modificar la Ley del Palmeral para edificar más, pero de resolver problemas cotidianos de las personas necesitadas de ayudas por la Dependencia, nada, esos que esperen.
Y no sólo no se avanza, sino que ahora se está retrocediendo. Las personas dependientes, y sus familiares, no se merecen este maltrato y durante tanto tiempo. Es increíble a estas alturas. No es justo. Ya está bien.