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El Gobierno busca aplacar la revuelta del campo antes de que España se meta de lleno en la oleada de elecciones que arrancará a finales de abril en País Vasco, pasará por Cataluña a mediados de mayo y culminará en los comicios europeos de principios de junio. Y con ese objetivo como telón de fondo, los ministerios de Agricultura y Hacienda están trabajando entre bambalinas para encontrar la fórmula legal que permita poner en marcha un paquete de ayudas fiscales suficientes para convencer a las organizaciones agrarias de que pongan fin a las protestas y desactiven la presión en las calles.
El ministro de Agricultura, Luis Planas, mantiene abierta una negociación con las principales organizaciones profesionales del sector (Asaja, Coag y UPA) desde hace ya dos meses. Aunque las protestas han perdido cierto pulso, la tensión continúa latente en un sector que demanda medidas urgentes y la amenaza de una escalada en las movilizaciones persiste, especialmente en un contexto preelectoral.
El propio ministro destacaba ayer en rueda de prensa para explicar los acuerdos alcanzados en esta materia a nivel europeo la "voluntad de trabajo, de compromiso y de mano tendida para solucionar los problemas del sector" por parte del Gobierno, frente a la actitud de fuerzas políticas como "PP y Vox" que "quieren que continúen las movilizaciones, al menos, hasta las elecciones de junio". "Las organizaciones agrarias están sometidas a una gran presión por parte de los que no quieren que en España haya un acuerdo en nada", aseguraba Planas.
De cara a avanzar en la negociación, el Ministerio ha remitido un documento a las organizaciones profesionales con un total de 43 medidas que incluye las dirigidas a simplificar y flexibilizar la condicionalidad de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), que esperan el visto bueno del Parlamento Europeo, así como un conjunto de propuestas en materia de comercio exterior, seguros agrarios o refuerzo de los controles de la Ley de la Cadena que impide la venta a pérdidas, entre otras.
En principio, los representantes del campo valoran positivamente las medidas planteadas por el Ministerio, pero desde las asociaciones de agricultores advierten de que "aún quedan importantes flecos por cerrar". Se refieren, específicamente, al paquete de ayudas económicas, que incorpora una línea de créditos para profesionales del sector que aspira a movilizar 700 millones de euros y varias medidas en materia fiscal.
Es precisamente en las ayudas fiscales donde "falta concreción" por parte del Gobierno, afirman desde una de las asociaciones que se sienta a la mesa a negociar con Planas. El ministro explicaba este lunes que "hay una cierta disputa legal" sobre algunas de las medidas que se han ofrecido al sector en este ámbito específico, pero que están abordando este asunto con el Ministerio de Hacienda y que hay disposición por parte de ambos departamentos para sacar adelante estas ayudas "como un gesto de cara al sector".
En concreto, Agricultura ha ofrecido "una reducción general del 15% en el rendimiento neto" en el método de estimación objetiva de la tributación por módulos en el IRPF para el ejercicio fiscal 2023 y una "adaptación del cómputo de los ingresos para la aplicación del límite máximo de tributación", fijado en 250.000 euros, que consistiría en eliminar del cálculo los ingresos por la compensación por IVA de los que se benefician los agricultores que tributan en este sistema especial. Y es ahí donde estaría esa "disputa legal" a la que hacía referencia Planas. Fuentes de Hacienda, en cualquier caso, consideran posible llevar a cabo esta modificación que tendría que aprobarse de manera urgente para su entrada en vigor en las próximas semanas.