Los profesionales sanitarios claman contra un posible MIR vasco. Unión Profesional, que agrupa a las profesiones colegiadas en España, ha manifestado esta mañana su «profunda preocupación» y su «rechazo inicial» ante la norma aprobada por el Gobierno, el pasado 9 de abril en el Consejo de Ministros, del Real Decreto de Trasferencia de Homologación de títulos superiores obtenidos en el extranjero al País Vasco.
El nuevo decreto, publicado en el BOE y en el Boletín Oficial de del País Vasco el pasado viernes, permitiría que esta autonomía hiciera su propio MIR, al margen del examen de oposición de carácter nacional que se convoca de forma anual. Además, adjudicaría las plazas por decisión propia.
Esta cesión de competencias responde al acuerdo llegado entre el PSOE y EAJ-PNV para facilitar la presidencia de Pedro Sánchez. Firmado el pasado 10 de noviembre de 2023, en él se incluía la promesa de ampliar las funciones traspasadas a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de homologación y declaración de equivalencia de títulos obtenidos en el extranjero.
Ante estos hechos, Unión Profesional convocó ayer una asamblea de urgencia, de la que tuvo conocimiento LA RAZÓN. De ella resulta un comunicado en el que los colegios manifiestan su oposición en firma a la norma. Lo hacen por varios motivos.
En primer lugar, indican que «la aprobación de este Real Decreto se percibe como una ruptura con el sistema nacional existente, lo que podría poner en riesgo el principio de igualdad y la seguridad jurídica al establecer un procedimiento específico para una Comunidad Autónoma».
Además, Unión Profesional también argumenta una vulneración de principios jurídicos. Por ello, menciona la posibilidad de tomar acciones jurídicas «para restaurar la legalidad vigente y evitar la discriminación en el ejercicio y reconocimiento de las competencias de homologación y declaración de equivalencia de títulos obtenidos en el marco del sistema de educación superior extranjero».
Sustentan su argumento en que, hasta la publicación de este Real Decreto, el Estado tenía competencia exclusiva en la regulación de la homologación de títulos académicos y profesionales. De hecho, se menciona la historia de la regulación desde 1987 hasta 2022, que siempre estuvo bajo la competencia estatal.
Un MIR vasco pondría en grave riesgo la igualdad
Unión Profesional recuerda que hay cinco principios establecidos que han caracterizado el proceso de homologación hasta el momento: rigor académico, transparencia procedimental, agilización en la resolución de procedimientos, modernización y tramitación electrónica, y seguridad jurídica. En virtud de ello, se procedió a la creación de la Comisión de Análisis Técnico de Homologaciones y Declaraciones de Equivalencia (CATHDE) para asegurar estos principios.
Sin embargo, la aprobación de esta norma «pondría en grave riesgo el principio de igualdad, implicaría una discriminación, al establecerse un procedimiento específico y diferenciado en el ámbito especifico de una Comunidad Autónoma, rompiendo un principio básico como la seguridad jurídica, y el correspondiente consenso en el seno de la comunidad universitaria», señalan.
Unión Profesional señala que los procedimientos de homologación bajo la competencia de una Comunidad Autónoma podrían ser diferentes, sin la intervención de instancias nacionales como CATHDE o ANECA. Esto podría llevar a sistemas de homologación diferentes en diferentes regiones.
«Nos vamos a encontrar a partir de este momento, ante unos procedimientos de homologación y declaración de equivalencia, bajo la competencia de una CCAA, que cómo reconoce dicha norma, tiene efectos a nivel nacional, lo que puede dar lugar a la regulación de un procedimiento diferenciado, con requisitos y exigencias de muy distintos grados e intensidad», remachan.
Un quebranto en las competencias de los Colegios
Además, esta norma también podría dar lugar a problemas homologación. «En los correspondientes procesos de homologación de títulos extranjeros, los Consejos Generales y en su caso los Colegios Profesionales de ámbito nacional que representen los intereses del sector profesional correspondiente, no tendrían intervención al no emitir el correspondiente informe preceptivo y no vinculante exigido por la normativa de aplicación», explican.
Por todo ello, UP entienden que la aprobación de este Real Decreto por parte del Consejo de Ministros, vulneraría los principios de seguridad jurídica, igualdad, y produciría «una auténtica discriminación en la materia por los efectos indicados», y supondría «un quebranto en las competencias que asisten a los Consejos Generales en materia de regulación y potestades sobres las profesiones tituladas».
En resumen, el comunicado expresa la preocupación de Unión Profesional ante la posible ruptura del sistema nacional de homologación de títulos y la consiguiente variabilidad en los procedimientos y estándares de homologación a nivel regional, lo que podría afectar la igualdad y la seguridad jurídica en este proceso.
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