Finalmente se archivó. En medio de la turbulencia política que reina en nuestro país, para algunos la noticia quedó en segundo plano. La Comisión de la Mujer y Familia del Congreso archivó el pasado 5 de abril el proyecto de ley que promovía el reconocimiento del derecho al cuidado y la creación del Sistema Nacional de Cuidados.
Desde siempre, la división sexual del trabajo ha determinado que las diferentes responsabilidades asignadas a mujeres, adolescentes y niñas sean en su mayoría y predominantemente en torno del cuidado de su tribu. Nuestras vidas están colmadas por los impactos históricos de esta distribución desigual. A pesar de lo complicado que puede sonar organizar una sociedad más justa para cuidar de los nuestros, muchas regiones y países llevan décadas abocadas a ello. Sin ir muy lejos, muchos países de América Latina cuentan con sistemas de cuidado regulados, o cuando menos el tema está presente en su agenda pública. Sobre todo, dado que constituye un paso más hacia la igualdad de género, inserción en el mercado laboral, independencia económica y, como muestra la evidencia científica, reducción de la violencia doméstica.
Para recordar un poco la historia del proyecto de ley 2735, este se configura a propuesta del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en el 2022, pero es en realidad fruto de años de mucha articulación entre la sociedad civil organizada, la academia, la cooperación internacional y, finalmente, el Estado. Y hago énfasis en esto último porque considero que hemos fallado como Estado al no promover esta agenda, tan necesaria para transitar hacia una mayor igualdad de género, no solo en el ámbito laboral, sino también desde los cimientos de las estructuras de nuestra sociedad. A pesar de reconocer que los cuidados son una necesidad y un trabajo no remunerado, el Ejecutivo miró con desidia durante años la actualización de la Encuesta de Uso del Tiempo, la estimación de la oferta y demanda de los servicios, y la discusión profunda sobre los costos de las políticas de protección social.
A pesar de ello, la agenda de los actores que terminaron aportando al PL ha sido una de lucha sostenida por parte de quienes consideran que los cuidados son un derecho humano fundamental y deben estar regulados, que los servicios que brindan los diferentes sectores del Estado deben estar fortalecidos y mejor ordenados, y que además se entienda que somos principalmente las mujeres quienes mayor cantidad de tiempo le entregamos al cuidado.
Sin embargo, es importante también tener en cuenta cuáles han sido las principales narrativas de quienes buscaron archivar el proyecto. Una de ellas sostiene que este PL buscaba "desunir a las familias", "tercerizar el cuidado" y alejar a los adultos cuidadores de sus "verdaderas" o "principales" responsabilidades. Así, la narrativa central gira presumiblemente en torno de que el PL supuestamente le quitaría peso al rol de los padres de familia. Citando a voces parlamentarias, el PL conllevaría a que "el Estado se haría cargo" a partir de ahora, promoviendo que cuidadores le "saquen el cuerpo" al cuidado de niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores y otros grupos vulnerables.
Escarbando más profundo, en realidad, pensar que nuestro estado se puede comportar como un estado de bienestar de tipo escandinavo sería maravilloso, pero estamos aún bastante lejos. Este hecho implica incluso un alejamiento de la agenda a favor de la incorporación a la OCDE. Nuestro pacto mínimo social debería estar orientado a garantizar servicios de cuidado de calidad a quienes más lo necesitan, así como de preservar también el bienestar subjetivo, y la salud mental y física de quienes cuidan.