El raid de reuniones que mantuvo el ministro del Interior Guillermo Francos en los últimos días para escuchar argumentos, debatir puntos de vista y atar consensos antes del debate de la Ley de Bases fue impresionante. Sin ir más lejos, el martes estuvo con gobernadores de cinco provincias. Claro que a tres de ellos: el santafesino Maximiliano Pullaro, el entrerriano Rogelio Frigerio y el cordobés Martín Llaryora los vio en el mismo lugar, Santa Fe, en ocasión de la reunión de Región Centro. Antes, recibió al santacruceño Claudio Vidal y después viajó a Santiago del Estero para reunirse con Gerardo Zamora.
Antes y después de ese día hubo más encuentros con mandatarios pero también con bloques parlamentarios de distinta pertenencia y dispar grado de afinidad con el gobierno, como la UCR, PRO, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal.
Mirá tambiénMilei se anima a abrir varios frentes de conflicto en la previa al Pacto de MayoEl resultado puede leerse como una aceptación mayoritaria, pero con reparos, de las fuerzas más cercanas al gobierno y de aquellas denominadas "dialoguistas".
Todo indica que la aspiración de llevar el proyecto de ley, que de los 664 artículos en su versión original pasó a 279, a comisiones y al recinto de Diputados antes de fines de abril está descartado. La nueva fecha que se maneja es comienzos de mayo, justo en el mismo mes en que el Presidente Javier Milei espera tener el apoyo de gobernadores de todas las provincias para la firma de un Pacto de diez puntos en la ciudad de Córdoba.
Sea apenas iniciado el quinto mes del año o en fecha más avanzada, se da por descontado un apoyo mayoritario al proyecto en general, aunque ya se anticipa debate en el análisis en particular. Allí, a pesar de las modificaciones aceptadas por el gobierno central, no está dicha la última palabra y todo indica que aún quedan cambios por hacer.
El ministro del Interior Guillermo Francos buscó apoyos en los gobernadores de la Región Centro, pero se llevó planteos concretos sobre cuestiones sensibles como las Cajas de jubilaciones y aspectos de la ley que quedan por afinar. Crédito: Luis Cetraro
La imperiosa necesidad del gobierno central de contar con algún triunfo en el Congreso y evitar una situación similar a la que se produjo el 6 de febrero, cuando la ley ómnibus cayó en su tratamiento artículo por artículo (más precisamente, inciso por inciso) explica la febril actividad previa.
Por otra parte, el gobierno espera que en el mismo momento en que se debata la Ley de Bases, se trate también la "Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes", es decir, el paquete fiscal, que este miércoles ingresó a Diputados.
Qué dice Santa Fe
"Es una ley distinta, una ley donde el gobierno nacional reflexionó, escuchó. No es la misma ley, y la inmensa mayoría de los gobernadores estamos para acompañarla", dijo el santafesino Maximiliano Pullaro este jueves en diálogo con medios de Santa Fe y Rosario.
No obstante, el mandatario dejó en claro que "tenemos diferencias", por ejemplo, con el Régimen de Grandes Inversiones porque "entendemos que puede golpear fuertemente a las pequeñas y medianas industrias de la provincia". En ese sentido contó que el ministro de la Producción, Gustavo Puccini, estuvo reunido el miércoles con funcionarios nacionales. En este tema fue contundente: "Vamos a estar defendiendo la industria de la provincia de Santa Fe, llevando propuestas y alternativas, estudiando los temas, construyendo indicadores para darle nuestra posición al gobierno nacional. Y si eso, lamentablemente, no es escuchado, vamos a pedir a nuestros legisladores que no lo acompañen, como hicimos ya con otras normas", anticipó en diálogo con la emisora universitaria LT10.
Mirá tambiénPremio y castigo: el plan Asistencia Perfecta se coló en la paritaria docenteCon respecto al Impuesto a las Ganancias, que figura en el paquete fiscal, recordó que fue crítico cuando parecía que se establecería el piso de 890 mil pesos mientras teníamos una canasta básica de 690 mil", por lo cual a casi todos los trabajadores los iba a dejar por debajo de la línea de pobreza. "Creo que el gobierno reflexionó y aumentó ese piso por escala". "Hubiésemos querido que también se graven los bienes a las personas que más recursos tienen en la República Argentina y en el exterior"; pero "un 35 en 890 mil pesos contra un 5% sobre 1,8 millones para solteros o 2,2 para casados con dos hijos cambia radicalmente".
"En general, estamos de acuerdo" con la Ley de Bases, anticipó el santafesino para concluir en que "el gobierno nacional tiene que tener las herramientas para empezar a trabajar como lo planteó en la campaña".
Los puntos en discordia
Como se dijo, si bien hay voluntad de acompañar, en general, el nuevo texto de la Ley de Bases, hay objeciones sobre una parte del articulado. Así lo resume este jueves Laura Serra en La Nación.
Uno de los puntos en cuestión es el de los Fondos fiduciarios, precisamente el que puso punto un abrupto final al debate en Diputados el pasado 6 de febrero. Ahora se faculta al Poder Ejecutivo a modificar o cancelar los fondos fiduciarios y que los recursos que los nutren –provenientes de asignaciones específicas de impuestos coparticipables- vayan al Tesoro. La oposición sostiene que estos recursos deben ir a la coparticipación.
Con respecto a la disolución e intervención de organismos públicos, si bien el gobierno nacional aceptó eliminar algunos del listado original, la oposición propone ampliar esta lista e incluir al Instituto Malbrán; el Banco Nacional de Datos Genéticos; la Anmat; la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae); el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai); el Servicio Meteorológico Nacional; el Senasa y la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau).
Otro tema es el de privatizaciones, para el cual se va a proponer separar al Banco Nación del resto de las empresas públicas a ser alcanzadas por ese régimen.
Tampoco hay coincidencia con el artículo 70 que faculta al Ejecutivo a disponer la derogación o modificación de leyes que, de forma manifiesta, generen distorsiones en los precios de mercado, un sobrecosto en el sector regulado, o la escasez de bienes y servicios sin justificación de interés público suficiente.
Además se propone la incorporación de la reforma laboral, cuya propuesta presentó días atrás la UCR y sigue en discusión. Moratoria previsional (se pide alternativa a la derogación que impulsa el gobierno), tabaco (que la administración de Milei eliminó y la oposición pide que se reincorpore) son otros de los puntos en debate por estos días previos al arribo del proyecto (que ya dejó de ser "mega" pero sigue siendo voluminoso) al recinto.