Una vez resuelta la contingencia judicial que confirma la caducidad de la ATE, las miradas al respecto de la finalización del Nou Mestalla se vuelven a centrar en el tablero político. Primero porque el Ayuntamiento debe redactar las nuevas fichas urbanísticas y segundo porque en el horizonte aparece una nueva fecha clave: el 3 de agosto, que se cumplirán dos años desde que el Consell decretase el fin de esta figura de planeamiento urbano y que, según una publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), devolvería este asunto a la casilla de salida. De no alcanzar un acuerdo político antes de este día, el Valencia recuperaría la edificabilidad perdida, pero también la obligación de construir el estadio que se planteó en el momento de la aprobación de la ATE -y que es superior al del último proyecto presentado-, según fuentes jurídicas consultadas por este periódico.
Y es que si bien en este documento del DOGV habla del levantamiento de la suspensión de las licencias una vez pase ese plazo de dos años desde que se caducó la ATE, también establece que para recibir las licencias se debe acreditar «el pleno cumplimiento de los compromisos y obligaciones» que establece la propia ATE y que pesan sobre su promotor (el Valencia CF) o que exista una garantía financiera suficiente para asegurar que se cumplirán «que determine el Ayuntamiento de Valencia».
En esta tesitura, desde los partidos de la oposición han alzado la voz para presionar a María José Catalá a tomar decisiones. Desde el Partido Socialista, Borja Sanjuán tildó de «falso dilema» el hecho de que el Valencia vaya a recuperar todos sus derechos urbanísticos en verano debido a que la pelota está «en el tejado del Ayuntamiento» que puede aprobar «lo que le dé la gana» e instó al partido que gobierna en el consistorio a responder a su pregunta «¿Qué quieren aprobar?», señalando que su propuesta es la de aprobar unas fichas y un convenio que sirvieran para evitar que Lim «estafara a la ciudad», al tiempo que acusó a la administración del PP de «trabajar activamente para que Lim gane mucho dinero con esta operación urbanística», denunciando que desde Meriton están ejecutando un «chantaje constante» y que la alcaldesa no explica su posicionamiento porque era «esperar a ver si la sentencia le resolvía el trabajo sucio que ya no quería hacer, que era devolverle todas las condiciones urbanísticas al propietario de la mayoría accionarial del Valencia sin necesidad de tenerle que hacer cumplir absolutamente nada».
En la misma senda, Papi Robles desde Compromís también presionó al ejecutivo municipal, instándole a poner los intereses de la ciudad por delante de los de Peter Lim y de «aprobar un convenio con unas exigencias al club muy claras: Estadio de 5 estrellas (70.000 espectadores, parking de 3.500 plazas, etc...) y polideportivo de Benicalap de calidad», recordando que las fichas urbanísticas y el convenio son dos cosas que van ligadas y denunciando la falta de transparencia que están teniendo en este asunto. Asimismo, señalaron que su partido votará de forma favorable a un convenio que recoja estas obligaciones.
Las fichas, sujetas a la auditoría
Desde que se decretó la caducidad de la ATE la responsabilidad de dar solución a este tema se 'pasó' por completo al Ayuntamiento, que debía redactar un nuevo convenio de actuación que regulase su relación con el Valencia CF. Para ello primero se debe aprobar unas fichas urbanísticas que se empezaron a tramitar en 2023 y que no serán validas hasta que el club no presente avales por el coste total de la obra, una decisión que fue aprobada por la Comisión de Urbanismo. Esta cantidad la ofrecerá una auditora externa que todavía debe contratar el consistorio.
Miguel Zorío, por su parte, señala que en agosto Peter Lim «no recuperará la edificabilidad perdida ya que las licencias debieron ser suspendidas y caducadas» y señala también que «todas las licencias de obra se otorgan por plazo y proyecto determinado y en este caso ni se cumple el plazo ni los proyectos son comparables». Asimismo, recuerda que tiene una denuncia interpuesta contra el Ayuntamiento por su intento, a su juicio ilegal, «de tramitar licencias del Nuevo Mestalla sin dar por caducadas las anteriores» y de «intentar aprobar unas fichas urbanísticas con un promotor que, tras ñas sentencias de la ATE, incumple la conocida como ley de contratos del estado» que estipula que un incumplidor no puede firmar un nuevo convenio por el mismo concepto, lo que abriría la puerta a una ejecución subsidiaria, una propuesta que verbalizó VOX el pasado mes de diciembre.
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