La Comisión Europea (CE) ha anunciado este miércoles que abre sendos expedientes de infracción a España por incumplimiento, por un lado, de la legislación comunitaria sobre contratación pública y, por otro, de la normativa sobre la concesión de autopistas –en concreto, sobre este segundo punto, envía una segunda carta de emplazamiento en respuesta a la denuncia realizada por En Colectivo sobre la AP-9–.
Los Estados miembro debían incorporar a su legislación nacional las normas que regulan los contratos públicos y los contratos de concesión antes del 18 de abril de 2016, un plazo que España incumplió junto a Bulgaria y Rumanía.
Esta directiva pretende abrir los mercados públicos a una auténtica competencia entre empresas de toda la UE para garantizar una mejor relación calidad-precio en las licitaciones públicas.
Bruselas señala que la legislación española no respeta, en particular, el ámbito de aplicación de la directiva en lo que se refiere al tipo de poderes adjudicadores, contratos y modificaciones que deben cubrirse.
España afronta también un segundo expediente de infracción por prorrogar la duración de dos concesiones de autopistas sin aplicar adecuadamente los procedimientos de licitación, infringiendo las normas de la UE.
Con ello, la Comisión busca garantizar el respeto de la regulación comunitaria sobre concesiones, que establece la igualdad de trato de los operadores económicos interesados en participar en los procedimientos de contratación y el respeto de la obligación de transparencia.
El Gobierno dispone ahora de dos meses para responder y subsanar las deficiencias planteadas por la Comisión, que, a falta de una respuesta satisfactoria, puede decidir llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Después de trascender la decisión, la Asociación En-Colectivo ha emitido un comunicado en el que incide en que la CE, en respuesta a una denuncia realizada por dicha entidad en julio de 2019, ha decidido incoar un procedimiento de infracción enviando una carta de emplazamiento adicional al Gobierno de España por incumplimiento de las normas sobre contratos de concesión de la autopista AP-9.
En su dictamen, según explica, la Comisión aborda diversas cuestiones relacionadas con esos contratos y considera que España prorrogó la duración de dos concesiones de autopistas "sin aplicar adecuadamente los procedimientos de licitación, infringiendo las normas de la UE".
Tal y como se apunta, el escrito enviado al Gobierno español tiene por objeto garantizar el respeto de las normas de la UE sobre concesiones, que establecen la igualdad de trato de los operadores económicos interesados en participar en los procedimientos de contratación y el respeto de la obligación de transparencia.
El presidente de En Colectivo, Diego Maraña, ha valorado la apertura de este procedimiento que viene a demostrar, subraya, que "conforme pasa el tiempo, la situación de esta concesión está más en entredicho". "Se trata de un gran avance en este asunto y supone una gran noticia para todos los gallegos", ha enfatizado.
Más cerca del fin del cobro de los peajes
"Con los pasos que se están dando, cada día estamos más cerca de conseguir que finalice el cobro de los peajes y de lograr una autopista gratuita como ya sucede en otras comunidades autónomas como Cataluña y Valencia en las que han vencido los 40 años de concesión", ha agregado.
Asimismo, desde la asociación se solicita al Gobierno transparencia para que todos los gallegos puedan conocer el contenido del escrito remitido por la Comisión Europea y la respuesta que se le vaya a dar.
España dispone ahora de dos meses para responder a los argumentos presentados por la Comisión y en caso de que no responda, la Comisión puede decidir enviarles un dictamen motivado.
Tras la denuncia realizada por esta asociación de consumidores en julio de 2019 ante la Comisión Europea se abrió un procedimiento de infracción contra España por incumplimiento de la normativa de la Unión Europea por la prórroga y modificación del contrato de concesión de la autopista AP-9.
En septiembre de 2021, desde Bruselas ya se envió una carta de emplazamiento al Gobierno de nuestro país por considerar que al modificar y al prorrogar el contrato de concesión de la autopista AP-9, sin publicar un anuncio de licitación y sin que haya tenido lugar procedimiento alguno de adjudicación del contrato así modificado, España había incumplido la normativa.
Según la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la prórroga de un contrato de concesión equivale a una nueva concesión, que solo puede adjudicarse mediante el inicio de una nueva licitación.
En la denuncia presentada por En Colectivo el 9 de julio de 2019 se indicaba que los Reales Decretos 1809/1994 y 173/2000, que conceden sendas prórrogas a Audasa para la explotación de la autopista hasta el 2023 y el 2048, respectivamente, incumplían diferentes Directivas de la Unión Europea.
Desde la Asociación se solicitó a la Comisión Europea que estudiase la legalidad de ambos reales decretos para determinar si se adaptan al derecho comunitario y que, en caso de incumplimiento, se instase al Gobierno de España a dar solución a esta situación y lograr finalmente la anulación de las prórrogas y la supresión de los peajes en la AP-9.
En concreto, se incidía en que las prórrogas aprobadas en los años 1994 y 2000 equivalen a una nueva concesión y, por ello, deberían haberse convocado las necesarias licitaciones. No haberlo hecho, agregaban, "impide el derecho a la libertad de establecimiento y a su ejercicio, y hace imposible la libre prestación de servicios".
También se informaba de que estas prórrogas de Audasa "afectan directamente" al comercio de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, al no haber ninguna alternativa a la vía con unas condiciones semejantes, lo que sí ocurre en otros territorios del Estado.