Pere Aragonès, presidente de la Generalitat y aspirante a continuar en el puesto en las elecciones de dentro de un mes, es un candidato a la búsqueda de focos. Sabe que tiene poco que decir y que cuesta trabajo que se le escuche frente a un Puigdemont al que la amnistía ha convertido en el principal referente del independentismo. Quizás por ello aprovechó la alfombra que el pasado lunes le puso el PP en el Senado y se subió a la tribuna para hacer campaña e intentar dejar algún titular para su consumo en Cataluña. Su discurso, como casi todos los que ha pronunciado en los últimos años, fue una repetición de los tópicos de siempre, pero sí dejó una perla que retrata de forma fiel la situación a la que ha llegado la política española. Afirmó que igual que con la amnistía, que fue inconstitucional para el Gobierno de Pedro Sánchez hasta que dejó de serlo cuando el presidente vio amenazada su continuidad en la Moncloa, pasará con el referéndum de autodeterminación. Lo ocurrido durante los últimos meses le da la razón. Cuando más declaraciones se leen y se escuchan de miembros del Gobierno y del PSOE negando tajantemente la posibilidad de que el referéndum se produzca, más posible parece que pueda tener lugar. Con el antecedente de la amnistía en la mano, bastaría que los independentistas lo pusieran como condición indispensable y Sánchez necesitara su apoyo en una votación importante para que lo que ahora es blanco mañana sea negro. Ya se encargarían luego el propio presidente y sus ministros de justificar el cambio con argumentos peregrinos. Lo mismo cabe pensar de la financiación privilegiada para Cataluña, que se convertirá, por la misma vía, en un pacto fiscal como el de País Vasco y Navarra. Aragonès lo sabe, porque los hechos le dan la razón, y puede alardear de ello. El problema de credibilidad lo tiene el Gobierno. El separatismo catalán desarrolla su agenda ante una permisividad que se convierte en complicidad.