Los ciudadanos con ingresos entre 91.570 y 233.200 euros brutos anuales pagaron un 24,3% más en impuestos de lo que recibieron en servicios por el Estado. La brecha escala casi dos puntos desde 2020 y responde al afán del Ejecutivo por convertir a las rentas altas en los financiadores del impulso del gasto público.
De hecho, el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas y el alza de la tasa a las rentas de capital siguen la línea de castigar a los hogares con más recursos. Esta voracidad recaudatoria con los mal llamados ricos es errónea, ya que sitúa a las empresas españolas en peor posición para atraer y retener a los profesionales y directivos más cualificados. Además, frena el estímulo económico al castigar a los ciudadanos que más dinero tienen para consumir.