En días recientes, La Nación publicó un reportaje sobre las resoluciones de la Sala Constitucional contra el Estado en razón de atropellos y acciones u omisiones medioambientales.
La Sala se ha pronunciado sobre el aumento de visitantes en el Parque Nacional Manuel Antonio, la pesca de arrastre, las condiciones en que laboran los funcionarios de las áreas protegidas, la desprotección de las montañas en el norte de Heredia, las cuencas hidrográficas en Sarapiquí, etc.
Si las sentencias no fueran condenatorias, se interpretaría que el Poder Ejecutivo actúa bien y los ciudadanos estamos errados, pero no, los hechos han sido comprobados: el ambiente es vulnerado de múltiples formas.
Puedo decir sin temor a equivocarme, y estoy seguro de que mi criterio lo comparten muchas personas relacionadas con la materia, que nunca en la historia reciente se había notado tal desinterés por la cuestión ambiental.
Pero el asunto no queda ahí, hay de por medio una lista de inconsistencias en el manejo de las áreas silvestres protegidas (ASP), tales como el presupuesto, la retención de fondos donados por organismos internacionales, el desconocimiento de los criterios científicos o su rechazo, la falta de recursos humanos y materiales, entre muchos otros.
En otros aspectos, persisten la intención de retomar la exploración y la explotación de combustibles fósiles, el rezago en la búsqueda de energías limpias, la nefasta práctica de la pesca de arrastre y una débil o casi inexistente política pública en educación ambiental.
Por otra parte, el ministro desea desesperadamente concentrar el poder y, para ello, redactaron un proyecto de ley que, de aprobarse, desmantelaría el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y otras instituciones desconcentradas.
El plan dejaría las decisiones sujetas a los caprichos del jerarca de turno y exentas del criterio técnico-científico obligatorio en este momento.
El expediente 23213 (Fortalecimiento de las Competencias del Ministerio de Ambiente y Energía) es un adefesio jurídico inaceptable.
Si bien es cierto que el Sinac se convirtió en un enorme monstruo de siete cabezas y debe ser reestructurado, simplificar procesos e incluso disminuirle responsabilidades, este sigue siendo un organismo técnico, altamente especializado y cuenta con valiosos funcionarios. Adaptado a las necesidades de la nación, optimizará sus funciones.
Pero de esa evidente necesidad de reestructuración a quitarle competencias, hay un abismo. Pensemos por un momento que en la gestión de las ASP surjan diferencias con terceros que hayan estado involucrados, digamos en campañas políticas. Claramente habrá un conflicto de intereses, puesto que el ministro es un funcionario político y a él le correspondería resolverlo.
El caso hipotético que expongo generaría una situación caótica, aunque el jerarca sea asesorado por personas conocedoras; sin embargo, lo pondría en una situación comprometida, por lo cual no sería ético para el ambiente ni para la transparencia.
El Sinac, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) y el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo), entre otras dependencias del Minae, son instituciones desconcentradas.
La injerencia política implicaría un retroceso en lo referente a la participación ciudadana en la conservación de la naturaleza. El involucramiento de las comunidades en la gestión de los espacios conservados y sus territorios adyacentes en los consejos nacionales, regionales y locales de áreas de conservación quedaría en el limbo.
Sobre el financiamiento, no podemos seguir dependiendo de la caridad internacional. Sin duda ha sido un elemento fundamental en la historia, pero es ineficaz si injustificadamente los recursos del programa REDD+ están en manos de una fundación que no cumple con sus responsabilidades y se guía por directrices políticas, a sabiendas de que su inacción afecta programas vitales para la conservación de las áreas protegidas.
Es hora de hallar los mecanismos para el crecimiento permanente y la sostenibilidad financiera. Cada año, el Sinac se ve en apuros presupuestarios, no hay para alimentos, combustibles, reparaciones, insumos diversos, y ni se diga del recurso humano, con un déficit de más del 70 % para la cobertura de las ASP.
Para el Estado, inexplicablemente, el medioambiente no es una prioridad. Como consejo, propongo que en lugar de pelear por centralizar a conveniencia, optimicen los recursos y hagan bien su trabajo.
El autor es profesor universitario y especialista en gestión de áreas protegidas y restauración ecológica.