La Ley de Bases que el presidente Javier Milei impulsó por segunda vez en la Cámara de Diputados, esta vez con una reforma laboral incluida, se aprobó luego de casi 24 horas de debate ininterrumpido y ahora el oficialismo avanza con la votación sobre los capítulos, donde logró bloquear cambios sobre temas clave como la reforma laboral y las facultades delegadas.
El proyecto insignia de Milei tuvo media sanción con 144 votos a favor, 106 en contra y 5 abstenciones del sector díscolo del bloque UCR y parte de la Coalición Cívica. Si bien confiaba en este resultado, el Gobierno envió funcionarios durante las dos jornadas de debate a la Cámara de Diputados para seguir de cerca el tratamiento y sobre todo el "poroteo" de votos sobre cada artículo del proyecto.
El ministro del Interior, Guillermo Francos, y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y su mano derecha Eduardo "Lule" Menem, monitorearon este tramo decisivo del debate, que fue el que hizo naufragar la primera versión de la Ley Bases y que, en esta ocasión, mantenía en duda temas clave como la delegación de facultades al Presidente para disolver organismos públicos y el régimen especial para grandes inversiones (RIGI).
Finalmente, el oficialismo logró sortear con éxito esta prueba de fuego y mantener en pie esos puntos centrales, así como el capítulo sobre "modernización laboral" y los cambios en el empleo público. La clave para ello fue el acuerdo que selló el oficialismo con el PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal para que la votación se hiciera por capítulos y no artículo por artículo.
Esa mecánica generó fuertes cruces con la bancada kirchnerista, el Frente de Izquierda e incluso algunos diputados de los bloques dialoguistas, pero con el respaldo que tenía por parte de los aliados Martín Menem logró el objetivo de mantener bajo control el tramo más complejo y decisivo del debate y evitar que cayeran artículos centrales para el Gobierno por falta de votos.
La Ley Bases avanza sin cambios: ¿cómo impidió agregados a la reforma laboral?
La forma de votación por capítulos le permitió a La Libertad Avanza bloquear nuevos cambios al proyecto, que el Gobierno ya se vio obligado a modificar varias veces hasta recortarlo de los más de 600 artículos que tenía la primera versión a 232. Esto se dio incluso con las propuestas que hicieron algunos de los bloques que consensuaron esa mecánica con el oficialismo, como la UCR.
El ejemplo más notable de esto se dio con el capítulo de la reforma laboral, uno de los temas centrales de la Ley Bases, que se incluyó a pedido de la UCR pero que se suavizó por la presión que ejercieron Hacemos Coalición Federal y la CGT sobre el Gobierno para dejar afuera la eliminación de los aportes sindicales obligatorios que promovía el radicalismo.
La reforma contempla en sus puntos principales la derogación de multas por falta de registración laboral, la extensión del período de prueba a seis meses y el fondo de cese laboral como reemplazo del sistema de indemnizaciones, pero sujeto al acuerdo entre las partes en cada actividad.
Durante la votación en particular el diputado de la UCR Martín Tetaz pidió incorporar un artículo para declarar como "injuria grave" la "participación en bloqueos" a empresas y fábricas, que también figuraba en la redacción original y también la prohibición de los aportes obligatorios a los sindicatos para trabajadores no afiliados.
Sin embargo, el oficialismo rechazó esas modificaciones con el apoyo de la bancada que preside Miguel Pichetto y de PRO, de la misma manera que logró impedir cambios o incluso rechazos en otros temas muy sensibles para el Gobierno, como la delegación de facultades al Ejecutivo.
Milei, más cerca de tener facultades clave: privatizaciones, empleo público y más
El oficialismo logró dejar también en la Ley Bases la declaración de emergencias públicas y la delegación de facultades al Ejecutivo en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un un año, un punto central para la gestión de Milei donde había un tema que corría particular riesgo: la facultad de modificar o eliminar numerosos órganos u organismos del Estado.
En la negociación con la oposición el Gobierno aceptó excluir de esa facultad a las universidades nacionales y los órganos del Poder Judicial y el Poder Legislativo, además de introducir la prohibición específica de disolver organismos como CONICET, ANMAT, INCAA, CONAE, ENACOM, INTA, entre otros. Sin embargo, no logró conformar a todos.
Buena parte de Hacemos Coalición Federal se opuso a este artículo (un rechazo encabezado por la Coalición Cívica, que decidió abandonar el interbloque) y lo mismo hizo un grupo de legisladores de la UCR, pero el oficialismo consiguió mantenerlo en pie con 135 votos a favor, 116 en contra y 2 abstenciones.
Este no fue un logro menor para el oficialismo, dado que es un tema clave para la reforma del Estado que se propone llevar adelante Milei, la cual incluye cambios en otras numerosas leyes que afectarán al empleo público y a las empresas estatales.
En ese marco, La Libertad Avanza hizo avanzar el capítulo sobre empleo público, que señala que el personal alcanzado afectado por la supresión de organismos o funciones "quedará automáticamente en situación de disponibilidad por un periodo máximo de hasta doce (12) meses" y terminado ese plazo quedará desvinculado de la administración pública, con derecho a una indemnización igual a "un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses".
Asimismo, tras haber aceptado dejar afuera del plan de privatizaciones al Banco Nación y haber reducido la cantidad de empresas de 41 a tan solo 9, el Gobierno consiguió el aval de Diputados a este otro capítulo medular de la Ley Bases, donde quedarán 4 compañías con destino a privatización (entre las que se destacan Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina e Intercargo) y 5 para venta o concesión (AySA, Correo Argentino y Corredores Viales, entre otras).
¿Qué hará el Senado con el proyecto insignia de Milei?
La Ley Bases pasaría junto con el proyecto de Medidas Fiscales que incluye la restitución del Impuesto a las Ganancias al Senado, donde los tiempos apremian para el Gobierno y el escenario es más complicado que el que le tocó en la Cámara de Diputados.
Con el 25 de mayo como fecha para la firma del nuevo "pacto" de gobernabilidad que propuso Milei a gobernadores y dirigentes de todos los partidos políticos, el brazo político del Gobierno a aspira a tener todo el paquete aprobado para ese día, atentos a que el Presidente llegó a poner la Ley Bases como condición fundamental para ese hito de su gestión.
Esto le deja un margen de tiempo muy ajustado, dado que la Cámara tendría apenas tres semanas para tratar los proyectos en comisión y ponerlos a votación, con el detalle central de que sí o sí deben pasar siete días entre la firma de los dictámenes y su debate en el recinto.
A eso se le suma que en el Senado Unión por la Patria tiene 33 bancas y La Libertad Avanza apenas 7. La vicepresidenta Victoria Villarruel apuesta a lograr, con la ayuda de Francos, recrear la mayoría circunstancial de 39 votos que le permitió en diciembre pasado asegurarse el control de las comisiones, esta vez para avanzar con la Ley Bases.
Sin embargo, las diferencias que se registraron en Diputados hacia adentro de los bloques dialoguistas tendrían su correlato en el Senado y esto pone en duda varios puntos de los proyectos, en especial la restitución del Impuesto a las Ganancias que es rechazada por las provincias patagónicas, cuyos votos son determinantes en la Cámara alta. Por ello, nadie descarta que la Ley Bases y el paquete fiscal puedan volver con cambios a la Cámara baja.
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