Turismo de Canarias, tras anunciar 12 millones de plazas aéreas para el verano, dice que ya ha iniciado el "cambio de modelo" que pide el 20A
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La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, ha asegurado este miércoles que su departamento "ya ha iniciado el cambio de modelo" en el sector que se exigirá en el próximo 20 de abril en manifestaciones simultáneas contra la masificación convocadas en cinco islas bajo el lema "Canarias tiene un límite".
Las protestas piden, además de un cambio de modelo económico y de desarrollo, que se frene el crecimiento imparable de la actividad turística en Canarias y medidas de protección hacia la población local, como trabas a la compra de viviendas por parte de extranjeros, más protección en los espacios naturales, una tasa turística y una moratoria en este sector. Los datos oficiales, además, hacen prever que en este 2024 se superen aún más las cifras casi récord de 2023.
Tras presentar este miércoles en una rueda de prensa el anteproyecto de ley de ordenación sostenible del uso turístico de viviendas, que se pretende aprobar este año, la consejera ha dicho que "gestionar y solucionar este tipo de problemas tiene que llevarnos a reformas y planteamientos valientes y disruptivos, que tienen que atender a esa ciudadanía que quiere y necesita manifestar su sentir el próximo 20 de abril".
Además de manifestar su "máximo respeto" a los convocantes de estas protestas, la consejera ha aseverado que "el cambio de modelo" que exigen los promotores de esta iniciativa "ya ha comenzado y pone al residente en el centro", como demuestra, ha dicho, el proyecto legislativo que se someterá a información pública hasta el próximo 2 de mayo.
"Tenemos un programa de modificación de todo el bloque normativo, de 1995, y entiendo que la ciudadanía quiera y nos exija un cambio de modelo adaptado a la Canarias del siglo XXI, en el que trabajamos, con esta futura ley, a la que seguirán otras que son necesarias por la presión que sufre el litoral" por los cámpines y las acampadas, ha dicho, sin mencionar a los complejos hoteleros que ya ocupan o quieren ocupar esas zonas, especialmente el dominio público, como el hotel de La Tejita o el Oliva Beach de Fuerteventura, sobre el que pesa una orden ministerial de demolición, a la que se opone el Gobierno canario.
Descarbonización mientras se aumenta el número de vuelos y cruceros
La titular de Turismo ha aseverado que su Consejería "no es sospechosa de estar quieta", ya que en nueve meses "ha iniciado el viaje hacia la descarbonización, consciente del impacto del sector turístico y la huella de carbono que genera, que se ha reducido ya un 21% con respecto a 2022". Esta misma consejera anunció hace apenas un mes en la feria de turismo de Berlín que para este verano las islas verán incrementadas sus plazas aéreas en un 10%, hasta superar los 12,1 millones.
De Léon ha manifestado que está "más preocupada porque la gente no tenga dónde vivir, porque haya una sequía o por el problema de movilidad" que hay en Canarias "que porque la ciudadanía convoque una manifestación legítima".
A su juicio, "el turista no es el culpable de que no haya viviendas en Canarias", algo que entiende que ocurre porque "la clase política que gestionaba esta comunidad fracasó a la hora de poner vivienda pública a disposición de todos los ciudadanos". Cabe recordar que, salvo en la pasada legislatura, Canarias ha estado gobernada por Coalición Canaria, o su antecesora, ATI.
Tampoco es responsable el turista, ha añadido, "de que en islas como Fuerteventura el 40% del agua se vaya por la tubería", lo que responde, en su opinión, a "un fracaso en la gestión pública y de los recursos hídricos de una isla".
"Creo que el turista no es el culpable de que hayamos heredado una Canarias con cuatro emergencias: hídrica, habitacional, energética y en materia migratoria, que hemos declarado en los últimos nueve meses", ha apostillado la consejera canaria de Turismo, señalando al gobierno anterior.
Pese a que desde el Gobierno canario y desde el sector turístico se ha repetido en los últimos días que las manifestaciones del 20A son una expresión de turismofobia, y han intentado amedrentar asegurando que las protestas harán que los turistas se marchen a otros destinos y que se está poniendo en riesgo el empleo, los convocantes han reiterado que las marchas no se convocan contra el turismo ni contra los turistas, sino contra un modelo de desarrollo muy concreto y quienes lo fomentan cueste lo que cueste.
Así, mientras el Gobierno canario reconoce que existe una emergencia hídrica, una habitacional y otra energética, sigue apostando por aumentar el número de visitantes en las islas y las construcciones turísticas mientras algunas infraestructuras isleñas colapsas, como las carreteras, los servicios de salud o los espacios naturales, como puso de manifiesto un reciente estudio elaborado por las universidades de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria. Dicho estudio destacaba entre sus conclusiones que el sector turístico, una vez recuperadas y superadas las cifras prepandémicas, ha pasado de largo por la conservación medioambiental, o al menos no la ha atendido de forma suficiente (ahí está aún la escasa implantación de la Agenda Canaria 2030 y sus 17 objetivos de desarrollo sostenible, los famosos ODS), como además ha ocurrido con el escaso mimo a los trabajadores en el sector, sin mejoras notables de sus salarios o en el alza de las remuneraciones por encima del IPC general.