Antioquia
Han pasado dos años desde que el Juzgado Segundo Civil especializado en restitución de tierras ordenó entregar predios en equivalencia a seis familias de la vereda Casanova en Turbo en donde se determinó que fueron víctimas de despojo de tierras y desplazamiento en 1997.
En esa sentencia se reconoció que Candelario Pérez de la Rosa, Hoover Quintero y Luis Eduardo Cubides Vanegas quienes eran militantes del partido Político de la Unión Patriótica, fueron asesinadas como parte del exterminio de este grupo político.
"Decidió proteger el derecho fundamental a la restitución por equivalencia o compensación a seis familias víctimas del genocidio de la UPE entre esa está mi motivo familiar. Hasta la fecha aún no se ha dado cumplimiento a esta sentencia por parte de la URT de apartado y la unidad de reparación de víctimas, dejando a nuestras familias en un estado de vulnerabilidad. Y hasta el momento no hemos recibido absolutamente nada, ni siquiera respuesta", dijo Maria Bergenet, una de las reclamantes.
Las familias de estos políticos lamentan que la Unidad de Restitución de Tierras no haya cumplido lo que dicta el fallo.
"Compensación en equivalencia, en razón a que se pudo demostrar de que efectivamente los predios que reclamamos nos fueron despojados. Lo más indignante de la situación es que ya han pasado cerca de dos años y de ninguna manera ha sido posible que la unidad de restitución de tierra, exactamente el fondo, pueda acceder al ordenado por el honorable despacho. Y más indignante aún es que esas víctimas a las cuales se les reconoció ese derecho están muriendo", explicó Vanderley Quintero Rubio, otro de los reclamantes.
Denuncian que, durante todo este tiempo, ya falleció, en diciembre de 2023, una de las beneficiarias, la señora Eunice Gómez, esposa de José de la Rosa Palencia Zúñiga.
"Y aún seguimos a la espera de que se nos pueda garantizar el derecho que ya un juez ordenó. Por este motivo estamos haciendo el llamado al Gobierno Nacional para que tomen cartas en el asunto y de manera expedita puedan atender nuestra situación. Somos seis familias que aún continuamos siendo re-victimizadas por un sistema que en parte ha sido un poco negligente para poder garantizar nuestro derecho. Por eso de manera respetuosa solicitamos que se nos pueda atender y esta sentencia se pueda materializar y nuestro derecho será rechazado" Jhon Quintero, víctima.
Las víctimas hacen un llamado al Gobierno Nacional para que dé estricto cumplimiento a las órdenes de la sentencia.