La raíz del problema radica en el retraso en la ejecución de proyectos de expansión de la capacidad de generación. De los 6.608 MW programados para entrar en operación en 2023, solo se ha logrado el 17 %.
En una entrevista con El Tiempo, Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, advierte sobre una inminente crisis en el sector eléctrico colombiano, atribuyendo la situación a decisiones gubernamentales y a la falta de acción en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).
Acosta expone un panorama preocupante donde la prestación del servicio de energía podría convertirse en un elemento clave en un "proceso constituyente" impulsado por el Gobierno Petro.
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Además, sugiere que las altas tarifas y la posible escasez de energía podrían ser utilizadas para justificar un cambio radical en el sistema regulatorio, eliminando la influencia de la Creg.
El exministro alerta sobre la inoperancia de la Creg en los últimos años, señalando los intentos del presidente por intervenir en su funcionamiento para controlar las tarifas de energía. Sin embargo, estos intentos han sido frustrados por decisiones judiciales que limitan la capacidad del Gobierno para influir en el órgano regulador.
Acosta argumenta que esta situación ha dejado al sector eléctrico en una posición vulnerable, con consecuencias potencialmente graves para la economía y la población colombiana. "La falta de inversión en infraestructura eléctrica y el atraso en proyectos clave como Hidroituango podrían contribuir a un escenario de escasez energética en el país".
Una de las preocupaciones principales de Acosta es el impacto de las decisiones políticas en el mercado energético, especialmente en lo que respecta a la fijación de tarifas. Explica cómo la falta de una regulación efectiva puede llevar a que el Gobierno tome medidas arbitrarias que afecten tanto a las empresas del sector como a los consumidores finales.
Además, señala que la incertidumbre regulatoria puede disuadir la inversión en el sector, lo que podría agravar aún más la situación.
Acosta también aborda el tema de la deuda acumulada en el sector eléctrico, destacando cómo las decisiones gubernamentales han contribuido a aumentar los pasivos de las empresas distribuidoras y del Gobierno. Esta deuda, según Acosta, representa un riesgo significativo para la estabilidad financiera del sector y podría desencadenar una crisis más amplia si no se aborda adecuadamente.
En cuanto a las perspectivas futuras, Acosta advierte sobre la posibilidad de un "apagón" en el país si no se toman medidas urgentes para abordar los desafíos estructurales del sector eléctrico. Además, insta al Gobierno y a las autoridades regulatorias a trabajar juntos para encontrar soluciones sostenibles que protejan los intereses de todas las partes involucradas.
Colapso energético inminente: El llamado de alerta de expertos
Acosta, en su reciente columna de opinión para el diario La República, afirmó que el suministro de energía en Colombia enfrenta una crisis inminente, con la región Caribe ya experimentando cortes y el centro del país, especialmente la Sabana de Bogotá, al borde de enfrentar la misma suerte. Esta situación crítica, advertida por el exministro, señala una preocupante incapacidad del sistema para satisfacer la demanda creciente.
Según un comunicado de XM, el operador del sistema de transmisión de energía, la región Caribe sufre una "demanda no atendida" debido al agotamiento de las líneas de interconexión y la red de transmisión. Esta situación se agrava con el crecimiento anual de la demanda energética en más del 11 %.
El presidente del Grupo Energía Bogotá (GEB), Juan Ricardo Ortega, advierte que la Sabana de Bogotá enfrenta una "enorme vulnerabilidad", con posibles recortes de energía en un futuro cercano si no se construyen nuevas líneas de transmisión para satisfacer la creciente demanda.
Recientemente, el presidente del Centro Nacional de Operaciones (CON), Alberto Olarte, envió una carta al viceministro de Minas y Energía, alertando sobre la amenaza de racionamiento en el resto del país. Esta advertencia se basa en la disminución de la disponibilidad de las plantas hidráulicas y otros factores que ponen en riesgo la operación segura del Sistema Interconectado Nacional (SIN).
Sin embargo, Acosta advirtió que el ministro de Minas y Energía ha minimizado estas alertas, negando la gravedad de la situación y atribuyéndola al fin del fenómeno de El Niño. "Esta postura de negacionismo no solo desestima las preocupaciones legítimas de los expertos, sino que también subestima los riesgos para la estabilidad energética del país".
En su columna anotó que el ministro había depositado sus esperanzas en las lluvias de abril para aumentar los niveles de los embalses y mejorar la situación. Sin embargo, estas esperanzas se desvanecieron rápidamente cuando los niveles de los embalses continuaron disminuyendo, alcanzando un mínimo alarmante del 31,26 %.
La raíz del problema radica en el retraso en la ejecución de proyectos de expansión de la capacidad de generación. De los 6.608 MW programados para entrar en operación en 2023, solo se ha logrado el 17 %. La falta de nuevos proyectos, como los parques eólicos en La Guajira, ha contribuido a la insuficiencia de la oferta energética y al aumento de las tarifas de energía.
"Los retrasos en la implementación de proyectos tanto de generación como de transmisión han dejado al país vulnerable, dependiendo en gran medida de factores climáticos impredecibles. La entrada en operación de estos proyectos no solo aumentaría la capacidad de generación, sino que también reduciría la presión sobre los precios de la energía en el mercado", alertó el exministro.
Mientras tanto, el Gobierno continúa sin abordar eficazmente la crisis en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), ignorando las recomendaciones de la Procuraduría y desoyendo las decisiones judiciales. El nombramiento interino de expertos en la Creg no resuelve el problema subyacente de falta de liderazgo y estabilidad en la regulación del sector energético, concluyó en su texto