A semanas de la elección la competencia es más incierta de lo que se ha dicho durante estos meses. Los estudios convencionales de intención de voto persisten en el engaño de una elección supuestamente ya definida, interesada profecía que ha acentuado la inequidad en la contienda por los factores que se movilizan en función del que se percibe ganador. El oficialismo con todo a su favor enfrenta una voluntad ciudadana que puede dar la sorpresa. El desenlace de la elección no será la réplica del 2018; más se aproxima a la de 2021.
Como hace tres años, el factor para que prevalezca la oposición no son los candidatos, sino la cohesión entre los partidos, especialmente MC, cuyo líder Dante Delgado, el candidato Jorge Álvarez Máynez y el gobernador Samuel García, de manera consistente actúan para el oficialismo. Los 4 o 8 puntos porcentuales de Máynez bien pueden ser la diferencia para la alternancia en la presidencia y para que la pluralidad regresara con claridad al Poder Legislativo. Las condiciones en Jalisco invitan a un frente opositor unificado para garantizar no sólo el triunfo de Pablo Lemus en la elección de gobernador y varios de sus correligionarios en la de ayuntamientos, también para que la oposición gane los 20 distritos federales, cruciales para la mayoría opositora en la Cámara.
En víspera del segundo debate el oficialismo va con todo. Cancha dispareja es una expresión amable para una elección de Estado. El INE no pudo contener la intervención del presidente López Obrador y su presencia corruptora de la legalidad en la elección. El clientelismo electoral está a la vista y las encuestas revelan que es allí donde se da la diferencia mayor al oficialismo. También afecta el crimen organizado que se expresa en violencia, en el asesinato de candidatos, también opera silenciosamente a través de la intimidación, frente a una aparente normalidad en la que partidos, candidatos y ciudadanos se inhiben de ejercer sus derechos y se someten a quien detenta el poder real. La protección de candidatos no resuelve porque el problema es la ausencia de Estado en amplias zonas del país, con o sin violencia. Los candidatos en riesgo son muchos más de los que se pueden proteger y no faltan casos en los que ni ellos mismos advierten la amenaza. Capítulo aparte lo que sucedió en Chiapas con la candidata presidencial Sheinbaum.
La única respuesta para contener la descomposición de la elección es la afluencia de los ciudadanos a las urnas. La participación electoral no es el recurso para que gane un partido, coalición o candidato, sino para que la sociedad se defienda a sí misma de la grave amenaza al régimen democrático y de libertades. Un triunfo mayor del oficialismo y de la exitosa incursión del crimen en las elecciones bien puede ser el arribo de la tiranía o, todavía peor, la instauración del narcoestado.
El elefante en la sala es la presencia del crimen organizado y sus efectos en la definición del nuevo mapa de poder. El narcoestado no es producto de un acuerdo, sino de una realidad en la que convergen la política, la economía y la complacencia social. Ya hay territorios bajo esta realidad, resultado de la dinámica propia del crimen organizado y de la errónea estrategia del gobierno nacional de no enfrentar a los criminales bajo la falsa e hipócrita tesis de combatir las causas sociales originarias de la delincuencia. La causa más poderosa para la criminalidad es la impunidad. Ahora más que nunca el Estado, por decisión del presidente López Obrador, ha renunciado a su responsabilidad primaria que es proveer seguridad.
La última llamada convoca a los ciudadanos a votar y a las élites a cambiar de actitud y alejarse de la indolencia o del oportunismo; son momentos de entrega y compromiso por el país. La iglesia católica ha puesto el ejemplo y llama a los mexicanos a participar y defender lo más preciado, la vida, la verdad y sus libertades. Las cúpulas empresariales y los negocios en medios de comunicación en su mayoría se han sometido; no vislumbran el proyecto que por acción o por omisión están promoviendo. Las mejores condiciones para todos se asocian a un poder acotado por la ley y por los otros poderes y órganos constitucionales autónomos. La apuesta al presidencialismo autocrático beneficia sólo a algunos.