María Jesús Ibáñez
El ambicioso plan de choque de 43 medidas presentado el pasado lunes por el ministro de Agricultura, Luis Planas, para tratar de apaciguar a los agricultores españoles se ha quedado sin el apoyo de las principales organizaciones agrarias españolas: la Confederación de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG) y la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja), que este viernes han comunicado que no van a dar su visto bueno al documento elaborado por el ministerio. COAG, un sindicato al que se relaciona con ideologías más de izquierdas, argumenta que no lo firmará porque ha perdido la confianza en Planas. Asaja, más vinculado a la órbita del PP, alega que faltan medidas que competen a otros ministerios, como las bonificaciones en las cotizaciones.
Quienes sí han suscrito las propuestas ministeriales son la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y la Unión de Uniones, que se han descolgado de este modo de la unidad de acción que hasta ahora había guiado las
. Que las protestas se reanuden a partir de ahora o no queda, pues, en manos de las dos organizaciones discordantes con el acuerdo. El sindicato mayoritario en Catalunya, Unió de Pagesos, ha dado su visto bueno al documento del ministro Planas, a través de la Unión de Uniones, con lo que quedan de momento frenadas las protestas.
Entre los argumentos que dan las organizaciones contrarias al conjunto de 43 medidas destaca la de que resultan "insuficientes" dada la grave crisis del sector. Asaja, por ejemplo, celebra las propuestas relativas a la flexibilización de la PAC y las rebajas fiscales, pero echa en falta acciones en cuestiones concretas como la reciprocidad de las normas en las relaciones comerciales con terceros países. En su opinión, la ganadería es "la gran olvidada del documento", pese a requerir un plan específico, y no se plantean soluciones a problemas estructurales como el agua, los seguros agrarios y el relevo generacional.
Nueva hoja de ruta
Por su parte, COAG, que este próximo lunes mantendrá una reunión para decidir sus futuras actuaciones, ha subrayado la "pérdida de confianza" hacia el ministro Luis Planas por "no respetar los procesos de toma de decisión de cada organización". El secretario general de la organización, Miguel Padilla, ha señalado en un comunicado que actualmente "no se dan" las condiciones "para poder pensar que aquellas medidas que dependen de la voluntad y el medio plazo se va a llevar a cabo en los términos que recoge el documento". También ha lamentado que no se haya avanzado más en evitar la competencia desleal de las importaciones, adaptar el seguro agrario al cambio climático y apoyar más a los productores frente al aumento de los costes.
Entre las novedades que planteaba el Gobierno en su plan de choque destaca la creación de una línea de ayudas a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por importe de 700 millones de euros, de los que 500 millones iban a ser para inversiones del sector agropecuario y 200 millones se reservarían exclusivamente a jóvenes profesionales. También estaban previstas ventajas fiscales como la prórroga hasta el final de esta legislatura la deducción del 35% del coste del combustible de uso agrario, y la del 15% de los fertilizantes.
Además, los agricultores acogidos al régimen de módulos del IRPF iban a poder incrementar en cinco puntos, hasta el 15%, la reducción general en el rendimiento neto en la declaración correspondiente a 2023, ejercicio para el estaba prevista ya una rebaja, pero solo del 10%.
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