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El Gobierno de Javier Milei emitió el decreto de necesidad y ugencia 302/2024 derogando el decreto de 2020 con el que Alberto Fernández puso restricciones a los precios de los principales servicios de la industria de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), un sector estratégico con rubros como TV por cable, telefonía (fija y móvil) e Internet. La norma que fue derogada -el DNU 690/2020– declaró a esos servicios como servicios públicos e intentaba controlar los aumentos de precios, aunque nunca tuvo plena vigencia por una serie de medidas cautelares presentadas por distintas empresas.
"Resulta de suma urgencia liberar el mercado y obtener el libre desarrollo de tales servicios", sintentizó el Gobierno en los considerandos del decreto.
La nueva normativa busca liberalizar el mercado de las telecomunicaciones con el objetivo de fomentar la competencia, incentivar la inversión y mejorar la calidad del servicio para los usuarios de todo el país. Si bien implica una desregulación de precios, las tarifas podrían no subrir fuertes aumentos ya que en la actualidad no tienen el atraso que supieron tener en el pasado. La consultora EcoGo, que lidera la economista Marina Dal Poggetto, estimó que desde fines de 2018 el índice general de precios subió 2519%, mientras que los servicio de telefonía e internet aumentó 1631 por ciento.
El DNU también deroga artículos de la Ley Argentina Digital N° 27.078, que se votó en 2014, en el segundo mandato de Cristina Kirchner. Bajo este nuevo marco, los licenciatarios de servicios TIC tendrán la libertad de fijar sus tarifas, una medida que busca estimular la competencia en el sector y, como resultado, promover mejoras en la calidad y diversidad de los servicios ofrecidos a los consumidores.
La publicación en el boletín oficial sustituye el artículo 48 de la Ley Argentina Digital N° 27.078 por el siguiente: "los licenciatarios de Servicios de TIC fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación". Así, se eliminó un segundo párrafo que indicaba que las tarifas podrían ser reguladas, con lo cual el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), ya no podrá interferir en la fijación de los precios.
A pesar de la desregulación de precios, el decreto reafirma la clasificación de los servicios de TIC como esenciales y estratégicos, subrayando el compromiso del Estado en garantizar el acceso universal a dichos servicios.
La reforma busca reducir la brecha digital en Argentina, particularmente en zonas rurales y remotas, incentivando la inversión en infraestructura. El Gobierno espera que, ya sin restricciones tarifarias, se estimule la expansión de redes y servicios, asegurando una cobertura más amplia y una mayor inclusión digital.
Así, en los fundamentos se lee que "ante el creciente desarrollo de los servicios de telecomunicaciones, la contemplación de las diferentes circunstancias del mercado resulta fundamental, tanto para favorecer su dinamismo y generar un equilibrio competitivo sostenible como para asegurar una mayor oferta de servicios a los usuarios a precios justos y con mayor calidad, extremos que se contraponen con la regulación tarifaria establecida por el Decreto N° 690/20".
Además, el decreto sostiene que "los servicios de TIC han sido creados en competencia, así como la prestación de los servicios de comunicaciones móviles, siendo una facultad esencial para su desarrollo y crecimiento la posibilidad de que los licenciatarios puedan fijar los precios de sus servicios libremente".
El decreto supone un recorte en las facultades del Enecom, un organismo que, como otras áreas del Estado, está llevando adelante un fuerte proceso de despidos de personal –unos 300 sobre un objetivo final que podría llegar a 500 empleados– y cierre de las delegaciones del interior del organismo. El organismo fue intervenido por 180 días a fines de enero. "Es una etapa transitoria pero necesaria para el reordenamiento del organismo", destacaron desde la Secretaría de Innovación de la Jefatura de Gabinete que encabeza Nicolás Posse.
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