Luis Villares era el líder de En Marea cuando en febrero de 2019 se reunió con vecinos afectados por las obras del parque eólico Sasdónigas de Norvento en el concello de Mondoñedo. Se comprometió a llevar sus quejas al Parlamento gallego por la supuesta afectación del complejo de 18 megavatios (MW) y cinco aerogeneradores al Camino de Santiago, unas turberas "de alto valor ecológico" ubicadas en Red Natura, por la falta de informes sobre fuentes y acuíferos en la zona e, incluso, "varias irregularidades" en las expropiaciones, "pues –aseguró en aquel momento– se fraccionó como dos parques diferentes lo que realmente es un parque solo, un fraude para pagar menos impuestos y para evitar trámites de carácter ambiental". El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acabó tumbando la autorización de la Xunta al parque en noviembre de 2020, cuando llevaba alrededor de un año ya en funcionamiento. La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo esgrimió esa división "artificial" de los proyectos y los agujeros de contenido en la evaluación de impacto. El Tribunal Supremo lo confirmó, rechazando los recursos de Norvento y de la administración autonómica, en febrero de 2022. Desde entonces todavía está pendiente la ejecución de la nulidad de los permisos y el parque sigue operando.
Entre la primera sentencia y la ratificación por parte del Supremo, Villares abandonó la política y recuperó su plaza de juez en el TSXG. Recaló en esa misma sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo que dejó sin validez la aprobación del parque Sasdónigas y de la que está saliendo ahora la cascada de suspensiones cautelares de proyectos por el posible daño al entorno. Van 28 parques paralizados.
Además de la revisión de los cientos de recursos interpuestos por organizaciones ambientalistas contra los últimos parques eólicos autorizados por el Gobierno gallego, Villares y los otro cuatro magistrados integrantes de la sala tienen que afrontar cómo hacer efectiva la nulidad de Sasdónigas. Pero el ex diputado no estará en esa decisión. El TSXG anunció ayer que el juez ha pido abstenerse y no participar en resoluciones relativas a la ejecución de las sentencias del propio tribunal gallego, "ratificadas por el Tribunal Supremo y, por tanto, firmes", que invalidaron la tramitación del proyecto. Ahora mismo están en fase de ejecución, "pues el parque eólico continúa en funcionamiento, a pesar de que los proyectos han sido anulados judicialmente", insiste el comunicado del TSXG.
Villares no formó parte del tribunal que derogó la autorización al parque, pero "sí le ha sido turnado el procedimiento de ejecución". El TSXG asegura que ya comunicó la resto de magistrados de la sala "que entiende que debe abstenerse" porque "con motivo de las actividades que desarrolló durante su etapa en servicio especiales –entre 2016 y 2020– como parlamentario de la X Legislatura del Parlamento de Galicia, recibió y mantuvo reuniones con un colectivo de afectados por el proyecto de construcción de las instalaciones de Sasdónigas". En el escrito en el que anuncia su intención de apartarse del caso recuerda que hizo "manifestaciones públicas de respaldo a los motivos que, en concreto, ese grupo sostenía en este procedimiento". El juez y ex portavoz de En Marea marca las distancias con el resto sus declaraciones, también públicas, sobre el despliegue de la eólica –"respeto a la política energética", concreta– y que "tenían un carácter general encuadrable en la crítica política". En el parque de Norvento sí considera que existió "una posición concreta sobre un asunto concreto".
Insiste en evitar la generalización. "En esa ocasión –precisa otra vez–, mi intervención no fue una crítica política más o menos general, sino particularizada en un procedimiento concreto que estaba judicializado". Lo que a su entender puede dejar "comprometida" su imparcialidad "vista la situación por parte de un observador imparcial". No es una cuestión menor su diferenciación de casos. Desde el sector se le ha venido señalando como protagonista de la maraña judicial y algunas empresas han pedido en varias ocasiones su recusación por sus críticas públicas a la eólica y a la normativa que la desarrolla en Galicia durante su etapa política.
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