El anuncio del Gobierno sobre el decreto para abrir el sistema de pago en el transporte público ha generado un intenso debate en la opinión pública y en redes sociales.
La propuesta busca poner fin al monopolio de la tarjeta SUBE, permitiendo que los usuarios utilicen cualquier tarjeta o medio de pago electrónico. Aunque la iniciativa ha sido recibida con agrado por algunos sectores, también ha suscitado preocupaciones y preguntas sobre su implementación.
Uno de los principales puntos de discusión es el tema de las comisiones que deberán pagar las empresas de transporte por el uso del nuevo sistema, así como la gestión de los datos personales de los pasajeros, actualmente centralizados en una única base de datos gestionada por Nación Servicios.
La propuesta prevé la instalación de dispositivos que aceptarán todas las tarjetas bancarias o de fintech en colectivos y estaciones, lo que promoverá la competencia entre empresas proveedoras de lectores de tarjetas y procesamiento de pagos.
Algunos, como Javier Bolzico de Adeba, resaltan que el sistema bancario cuenta con la tecnología necesaria para facilitar este pago y que la competencia beneficiará a los usuarios. Por otro lado, Pierpaolo Barbieri de Ualá celebra la iniciativa como un avance hacia la apertura y competencia en el mercado, aunque reconoce resistencias previas por parte de las autoridades.
Sin embargo, existen objeciones, especialmente en lo que respecta a la gestión de los subsidios y la privacidad de los usuarios, planteadas por sectores de la oposición y del transporte.
A pesar de las críticas, el Gobierno avanza en la elaboración del decreto, considerado como el primer paso hacia una mayor apertura y competencia en el sistema de pago del transporte público. La implementación requerirá colaboración público-privada y un cuidadoso manejo de implicaciones financieras y operativas.