El Congreso acaba de oficializar su rechazo a la petición cursada por el Senado a cuenta de la ley de Amnistía. La Mesa, presidida por Francina Armengol (PSOE), se ha apoyado para su decisión en un duro informe remitido ayer por sus letrados por el que tildan de "improcedente" el conflicto de atribuciones esgrimido por la Cámara Alta y que, entre otros, planteaba retirar una ley que ha sido tramitada y aprobada en el Pleno.
La Cámara Alta, en virtud de la mayoría que ostenta el PP, impulsó este choque institucional inédito al considerar que el anteproyecto de la norma es una "reforma encubierta de la Constitución".
El cuerpo jurídico del Congreso, no obstante, defiende haber ejercido sus atribuciones "en los términos constitucional y reglamentariamente establecidos". Y añade que ahora le toca al Senado para que ejecute su turno conforme a las competencias que le otorga la Constitución y no, como habría intentado, pretendiendo suplantar al Congreso.
Nunca antes el Senado ha intentado subvertir el orden para convertirse asimismo en Tribunal Constitucional para hacer decaer una iniciativa legislativa por parte del Congreso
La Mesa, eso sí, ha añadido un argumento político a la fundamentación estrictamente jurídica de los letrados. El propio vicepresidente del Congreso de los Diputados, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha verbalizado el malestar del órgano de gobierno de la Cámara Baja: "Es una deslealtad institucional sin precedentes en la historia democrática de nuestro país. Nunca antes, jamás antes, el Senado ha intentado subvertir el orden para convertirse asimismo en Tribunal Constitucional para hacer decaer una iniciativa legislativa por parte del Congreso de los Diputados. Es un hecho sin precedentes y, por tanto, no podemos admitirlo desde el punto de vista jurídico", ha señalado.
"Después del tiro por la culata que tuvo el Senado con la comisión de Venecia, entiendo que la mayoría del Partido Popular se esté Pensando seriamente en si reclamar, recurrir al Tribunal Constitucional o no. Porque un segundo varapalo sería un nivel de ridículo importante", ha apostillado.
Las tres razones del Congreso
El informe jurídico del Congreso rechaza dar marcha atrás por tres motivos. El primero es que entiende que el conflicto se presentó fuera de plazo. En este sentido, explica que la Mesa aceptó la tramitación de la amnistía como proposición de ley el pasado 23 de noviembre, "por lo que habría transcurrido sobradamente el plazo de un mes establecido" para que el Senado hubiese solicitado su revocación.
El segundo se basa en defender que se ha limitado a cumplir con sus atribuciones en base al artículo 90 de la Constitución. Y, tras recordar que carece de competencias para paralizar "una iniciativa legislativa en cualquier momento de su tramitación", también apela al Senado a hacer lo propio y ceñirse a este epígrafe, en vez de "subvertir" las atribuciones "legítimamente ejercidas por el Congreso", lo que "supondría un artificio para evitar cumplir su obligación constitucional y suplantar" al Congreso.
Y la tercera y última razón que esgrime el Congreso es que, a su juicio, la "verdadera pretensión" del Senado es presentar un recurso de inconstitucionalidad "encubierto y extemporáneo", "lo que no procede en esta fase del procedimiento legislativo".