La Audiencia de Sevilla ha iniciado este miércoles el juicio por el desfalco millonario en la junta de compensación del Sector F de Almensilla (Sevilla), causa en la que figuran como acusados el ex tesorero de la entidad Julio Mateos Palacios, que se fugó al Caribe con el dinero que se llevó de sus administrados, unos 2,5 millones de euros, y el socialista Ismael Perea, ex concejal en el municipio y ex presidente de la junta de compensación. También desfilarán por los banquillos Juan Carlos Navarro, apoderado de un bufete de abogados, y Manuel López Sequeral, gerente de una empresa proveedora de la entidad.
Julio Mateos, principal acusado, ha reconocido ante la Sección Tercera de la Audiencia que se apropió de dinero de los vecinos para su «lucro personal». «Lamento haberlos jodido (al Sector F y a los parcelistas)», ha señalado, implicando en los hechos al abogado y al ex edil socialista, que luego pasó a ocupar un alto cargo en la Junta de Andalucía de Susana Díaz como director general del consorcio que gestionaba la red Guadalinfo.
«Lo que tenía lo he perdido. Evidentemente, es culpa mía», ha afirmado ante las preguntas de la fiscal, reconociendo directamente los hechos que le atribuye el Ministerio Público e invitando a los otros dos acusados, Ismael Perea y Juan Carlos Navarro, a que también reconozcan los hechos y compensen en lo que «puedan» el agujero económico que dejaron entre el colectivo de parcelistas hace casi una década.
Cabe recordar que a mediados de 2015, Julio Mateos confesó en un correo electrónico que se había apropiado de dinero de la cuenta de la junta de compensación, aprovisionada con aportaciones de los parcelistas para acometer la urbanización del Sector F y la dotación de servicios básicos en la zona. Las obras, por cierto, siguen aún muy lejos de ser completadas. Tras su confesión, Julio Mateos huyó a la República Dominicana hasta que finalmente fue localizado por la Policía. Fue detenido en el aeropuerto de Barajas y encarcelado en agosto de 2016.
Según la Policía Nacional, Julio Mateos, «prevaliéndose de su posición (tesorero de la junta de compensación), se fue apropiando de cuantiosas sumas de dinero» desde 2006. Los investigadores calculaban inicialmente que el desfalco total podría ascender a 3.706.718 euros y el número de afectados, en alusión al colectivo de parcelistas, «rondaría las 600 familias».
Según el informe que la UDEF entregó al Juzgado nº 1 de Coria del Río, el ex concejal socialista Ismael Perea cobró 34 cheques al portador entre febrero de 2009 y junio de 2012 por un valor total de 301.695 euros, llegando a cobrar hasta tres cheques distintos en un mismo mes.
El auto de procedimiento abreviado del juzgado detallaba que durante aquellos años, Julio Mateos se aprovechó de la confianza depositada en él por los parcelistas y su capacidad para intervenir en las cuentas, «y guiado con el ánimo de enriquecerse, se apropió o desvió cuantiosas sumas de dinero mediante cheques con cargo a la cuenta de la junta de compensación, incorporándolo a su propio patrimonio».
Según el auto, Mateos se habría hecho con 1,63 millones de euros a través de la entidad Asema, una asesoría económica de la que era apoderado, «y en su propio nombre percibió cheques por importe de 282.102 euros, siendo consciente que no realizaba ningún trabajo remunerado para la junta de compensación», que afrontaba el citado proyecto de instalación de dotaciones básicas en el entorno de parcelas del Sector F.
Perea, con deudas y el sueldo embargado
Julio Mateos ha admitido en la vista de este miércoles que en connivencia con los dos restantes acusados, Ismael Perea -entonces presidente de la junta de compensación- y Juan Carlos Navarro -apoderado de la empresa Torrens Abogados SLP, bufete encargado del asesoramiento jurídico de la junta de compensación-, fue extrayendo todas estas cantidades para el «lucro personal» de todos ellos.
Y es que según ha reconocido, su empresa Asema no prestó «ningún servicio» a la junta de compensación pese a los fondos que retiró de la misma para entregárselos a esta sociedad empresarial que él controlaba, haciendo referencia también a otras extracciones mediante cheques al portador que no respondían a gastos reales, con la excepción de algunos casos, con «pequeñas cantidades» destinadas a proveedores de la junta.
Los cheques formalizados en favor de la empresa Torrens Abogados, según ha indicado, tampoco respondían a «servicios» prestados por la entidad, pues a Juan Carlos Navarro se le pagaba por otra vía paralela «mediante cheques nominativos».
Julio Mateos ha asegurado que los dos restantes acusados eran plenamente conscientes de la trama y participaban de la misma, explicando que por aquel entonces Ismael Perea «tenía el sueldo embargado» y afrontaba «deudas» pendientes, así que usó el dinero obtenido de la junta de compensación para encauzar su situación económica y formalizar una hipoteca.
Peticiones de cárcel de la Fiscalía
La Fiscalía fijó finalmente en unos 2,5 millones el importe del presunto desfalco, solicitando en su escrito de acusación para Julio Mateos una pena de seis años de prisión y una multa de doce meses con cuota diaria de 20 euros -con responsabilidad civil subsidiaria en caso de impago- por un delito continuado de apropiación indebida.
Para Ismael Perea, el Ministerio Público pide una pena de cuatro años y medio de cárcel y una multa de diez meses con cuota diaria de 20 euros por otro delito continuado de apropiación indebida.
Igualmente, la Fiscalía acusa a Juan Carlos Navarro de un posible delito continuado de apropiación indebida, solicitando para él una pena de prisión de un año menos un día y una multa de cinco meses con cuota diaria de 20 euros.
La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, recordemos, tiene fijada la celebración de este juicio los días 24, 29 y 30 de abril y los días 6, 7, 8, 13, 14, 15 y 20 de mayo.