Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
El PIT-CNT anunció que ha reunido la cantidad de firmas necesarias para que el 27 de octubre se someta a plebiscito, en forma simultánea con las elecciones nacionales, su proyecto de reforma constitucional sobre seguridad social. Esto reactiva polémicas de gran importancia sobre los contenidos de la propuesta, que conviene repasar.
La central sindical plantea tres grandes objetivos, que revierten disposiciones de la reforma jubilatoria aprobada el año pasado y de la de 1996: fijación de la edad mínima de retiro en 60 años; un valor mínimo de las jubilaciones y pensiones equivalente al salario mínimo nacional; y la eliminación de las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP), junto con la prohibición futura de todos los "sistemas de ahorro individual con destino jubilatorio". Los cuestionamientos se han centrado en el señalamiento de presuntos perjuicios en escala individual y nacional.
Se alega que el dinero que hoy manejan las AFAP sería expropiado a quienes lo aportaron. Sin embargo, el texto del proyecto de reforma establece que ese dinero pase a un fideicomiso que lo resguarde, y se acredite como aportes al sistema tradicional del BPS, computables para calcular, en su momento, las jubilaciones individuales de quienes hoy están afiliados a las AFAP. El riesgo que se agita tiene que ver con la premisa ideológica de que el Estado malgastaría en forma irresponsable lo que las empresas presuntamente cuidan con esmero.
El PIT-CNT plantea la opción, también ideológica, por un sistema basado por completo en la solidaridad intergeneracional y el reparto, que revierta el avance de la idea de ahorro individual legítimo desde 1996. Esto hay que discutirlo con mucha seriedad, al igual que las disposiciones del proyecto que dejarían sin efecto la reforma de la Caja Bancaria o mantendrían las actuales prestaciones de la llamada Caja Militar.
Por otro lado, se afirma que, al revertir las medidas adoptadas el año pasado para paliar el desequilibrio entre aportes y desembolsos estatales, y además aumentar estos últimos, el desequilibrio se agravaría en forma catastrófica. En este terreno también hay que separar los debates legítimos del terrorismo.
La reforma de 2023 buscó disminuir el desequilibrio sólo mediante la reducción de desembolsos, sin establecer nuevos ingresos. Las tendencias demográficas uruguayas y varios factores relacionados con el mundo del trabajo determinan que esto sólo pueda ser un alivio parcial y transitorio: el problema de fondo es reconsiderar todo el sistema, incluyendo las prestaciones y el modo de financiarlas (que el proyecto del PIT-CNT no establece, y que quedaría a criterio del próximo gobierno nacional).
Es válido discutir si los niveles de prestación planteados por la central sindical son correctos, excesivos o insuficientes, y también con qué aportes resultaría viable y justo su financiamiento. No es válido sostener que la reforma del año pasado es la única posible, o simular que resuelve algún problema en forma definitiva.
Todo esto habrá que debatirlo, con o sin plebiscito, y el modo en que los debates pueden incidir en la campaña electoral queda, por hoy, pendiente.
Hasta mañana.