Efe
Las comunidades autónomas han demandado al Gobierno más información sobre la reforma anunciada junto a Canarias para un reparto más equitativo entre territorios de los menores migrantes llegados a España, y han subrayado que, en cualquier caso, esta tiene que ir acompañada de una financiación acorde.
Según han señalado fuentes de los diferentes Gobiernos autonómicos consultadas por EFE, los Ejecutivos esperan obtener más información en la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia que se celebrará mañana, a partir de las diez horas, con representantes del Ministerio de Juventud e Infancia y de las comunidades.
Fuentes del Ministerio han explicado a EFE que esta reforma legislativa no figura en el orden del día, ya que está previsto abordar en ella otros asuntos, como retomar la propuesta de derivación de 470 menores desde el archipiélago a otras regiones, que fue rechazada por las autonomías en la última reunión de este tipo.
Sin embargo, las mismas fuentes han precisado que no descartan tratar la reforma legislativa anunciada durante el encuentro de mañana, que funciona como una reunión técnica previa a la Conferencia Sectorial, si así lo requieren las comunidades.
Buena parte de los Gobiernos autonómicos han negado tener información suficiente para poder evaluar la propuesta anunciada, una reforma urgente de la Ley de Extranjería para distribuir a los menores y aliviar a aquellas regiones que registran ya una situación de "emergencia", como ahora ocurre en Canarias, Ceuta y Melilla.
En el caso de Andalucía, su portavoz del Gobierno, Ramón Fernández-Pacheco, se ha referido en una rueda de prensa a un "pacto unilateral" entre el Ejecutivo central y el de Canarias "sin tener en cuenta al resto" cuando sí van a "pagar las consecuencias".
La Junta esperará a tener "toda la información" para explicar su postura oficial, pero "de primeras", ha reclamado su participación en todos los ámbitos donde se adopten decisiones "que afecten a los andaluces".
En una rueda de prensa, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, informó este martes que esta iniciativa, que aseguró que sería debatida en una Conferencia Sectorial con las comunidades, aunque advirtió que la ley habilitará al Gobierno central a imponer el reparto y proceder al traslado de menores si no hubiera acuerdo.
Ante este anuncio, los Gobiernos autonómicos consultados han mostrado sus dudas acerca de lo poco conocido de la propuesta y, sobre todo, por la falta de información en torno a la misma.
"La política de reparto de menores se tiene que debatir y acordar con todas las comunidades autónomas", han remarcado desde la Consejería de Familia, Juventud y Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid.
Por su parte, el Govern catalán sí ha analizado el contenido de la reforma dado a conocer hasta ahora y se ha mostrado escéptico, ya que, en su opinión, "no se tiene en cuenta el esfuerzo real de acogida y los criterios de cálculo no contemplan los costes de prestación de servicio ni la acogida más allá de los 18 años".
Según fuentes de la Generalitat, el reparto debe ser "más justo" en todos los territorios de España y debe ir "acompañado de la financiación proporcional a los que se acogen".
Una opinión más positiva ha aportado, en declaraciones a los medios este martes, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien ha defendido que el Gobierno "hace bien" al llegar a un acuerdo con Canarias, aunque ha pedido más fluidez en los contactos con los gobiernos autonómicos.
Ha recordado que Castilla y León es una "tierra abierta" y ha sido una "tierra de emigración en el pasado", por lo que ha comprometido su "razonable" colaboración en esta materia.
Por otro lado, fuentes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha han opinado que "la emergencia existe" pero la respuesta "tiene que ir más allá de pensar que las comunidades pueden atender esta situación por sí mismas con los medios actuales que tienen".
Han exigido al Ministerio medidas "avaladas con un presupuesto estable" y tomadas "de forma coordinada y no como imposición, recordando las competencias y responsabilidades de ambas administraciones".
A una imposición por parte del Gobierno se han referido también los Ejecutivos de La Rioja y Cantabria: "Rechazamos la obligatoriedad y defendemos el diálogo y el acuerdo", han señalado las fuentes consultadas en el primer caso.
"Máxime cuando el supuesto reparto, del que se hacen eco algunos medios de comunicación, se basa en unos parámetros incoherentes e inasumibles para muchas comunidades como La Rioja", han completado, antes de apuntar que "falta información y lealtad para abordar estas cuestiones en el foro adecuado".
Cantabria, además de incidir en la falta de información oficial, ha pedido "una decisión coordinada": "Lo que no puede haber son imposiciones unilaterales que no tienen en cuenta a las comunidades autónomas, que son las que, al fin y al cabo, protegen a los menores en su día a día", han matizado.
Fuentes del Gobierno autonómico han asegurado que "Cantabria será siempre solidaria" y este territorio "asumirá todos los menores posibles teniendo en cuenta su capacidad y recursos", pero ha pedido información y "medidas coordinadas".
Fuentes del Gobierno Vasco también han asegurado carecer de "información oficial" para opinar sobre la propuesta, pero han subrayado que este territorio "siempre ha apelado a la solidaridad para el reparto de los inmigrantes" y a la "corresponsabilidad" de las comunidades autónomas atendiendo al flujo de migrantes.
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