El informe jurídico elaborado por el letrado de la comisión mixta del Senado sobre la amnistía alerta de que esta ley va a provocar el "desapoderamiento" de los jueces de juzgar y hacer cumplir lo juzgado.
Este informe se estudiará en la ponencia para estudiar los vetos presentados por el PP para su votación en pleno antes de enviarlo de vuelta al Congreso de los Diputados. Con el parón comunicado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se abrieron dudas sobre la convocatoria de unas nuevas elecciones, que podría haber dejado en un impasse la aprobación definitiva de la ley.
Este informe, fechado hoy, y al que ha tenido acceso La Vanguardia, considera que la proposición de ley "supone una quiebra de la división de poderes plasmada en la Constitución, en concreto de la reserva absoluta de jurisdicción y de la obligación incondicionada de cumplir las sentencias y resoluciones firmes de los jueces y tribunales (artículo 118 de la Constitución)".
Según el letrado, el borrón de las causas judiciales de todos aquellas personas vinculadas con el procés, supone un "desapoderamiento del ejercicio ordinario de la función jurisdiccional en el ámbito de los hechos delictivos sobre los que se proyecta, especialmente grave cuando anula la cosa juzgada, que requeriría una expresa previsión por la Constitución".
El miembro del cuerpo técnico de la cámara alta explica que no se puede aceptar la defensa que hace la ley en su exposición de motivos alegando que en España ya hubo una amnistía porque ésta era para cerrar una dictadura.
"Resulta, en fin, llamativo, que la exposición de motivos omita el dato de que el Código Penal español vigente (1995), denominado Código penal de la democracia, eliminase la amnistía de la relación de causas de extinción de responsabilidad criminal recogida en su artículo 130, eliminación que figuraba desde la redacción originaria del Proyecto de Ley y que no suscitó ningún debate en su tramitación", advierte.
"Amnistía general"
Por eso, a su juicio, la amnistía tal y como está planteada en el texto que se encuentra en debate parlamentario "resulta ser una suerte de amnistía general". Argumenta que todas las constituvcione sprevias a la de 1978 era una especie de "pellada de yeso sobre granito", porque suponía un texto en el que se recogía la expresión del programa político de una facción, "y, sobre todo, de una concepción disminuida de la Constitución, no considerada como auténtica norma jurídica y precisamente la norma superior".
No fue hasta la Constitución de 1978 que se elaboró una obra "auténticamente colectiva y no de partido, y cuya supremacía normativa se impone desde el principio de forma incontrovertible". Por eso, cuando en esta carta magna se decide no incluir la amnistía fue, a su juicio, consciente para una defensa de la división de poderes, dejando sólo como excepción los indultos particulares.
"Por todo ello, debe advertirse del riesgo que entraña para las Cortes Generales la aprobación de esta Proposición de Ley Orgánica, ya que podría determinar, por parte de los órganos jurisdiccionales que tuvieran que aplicar la amnistía, el planteamiento de una cuestión prejudicial, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, o de una cuestión de inconstitucionalidad, ante el Tribunal Constitucional", concluye.