El PSOE no renuncia a que los principales municipios de la Comunidad de Madrid sean declarados zonas tensionadas del mercado inmobiliario, un mecanismo para topar los precios del alquiler que contiene la ley estatal de Vivienda y que el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso ha rechazado sistemáticamente desde que se aprobó e incluso con anterioridad. Hasta cinco ayuntamientos gobernados por los socialistas han reclamado poder aplicar este precepto de la ley que entró en vigor el año pasado y que necesitan de la autorización previa del Ejecutivo autonómico, en el que residen las competencias de vivienda.
El Ayuntamiento de Alcorcón ha sido el único que fue un paso más allá del cauce político y solicitó por vía administrativa el visto bueno de la Consejería de Vivienda. El departamento que dirige Jorge Rodrigo tenía tres meses para contestar al requerimiento de la alcaldesa Candelaria Testa, pero el plazo ya ha finalizado sin respuesta alguna del Ejecutivo de la Puerta del Sol. "No hemos contestado porque es bien sabido que la Comunidad de Madrid tiene recurrida la ley de Vivienda (en el Tribunal Constitucional) y no cree en la aplicación de zonas tensionadas", ha explicado una portavoz de la consejería. "En base a la ley, el silencio es desestimatorio", ha agregado.
Conocedor de este 'no' por el llamado silencio administrativo, el líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, ya ha emplazado a los suyos para elevar la presión sobre el Gobierno de Díaz Ayuso con el acceso a la vivienda en la región, que es uno de los problemas que más preocupa a los madrileños, tal y como ha admitido el propio Ejecutivo en más de una ocasión. El PSOE reúne esta semana a su consejo de alcaldes y portavoces municipales para "dar un paso al frente", en palabras del propio Lobato.
El nuevo movimiento que ejecutarán los líderes socialistas de las diferentes localidades de Madrid es la presentación de una iniciativa legislativa municipal en la Asamblea de Madrid, algo que lleva unos meses en la agenda socialista como 'plan B' si Díaz Ayuso seguía rechazando las zonas tensionadas. Se trata de un mecanismo que contempla el reglamento de la Cámara para que los ayuntamientos presenten proposiciones de ley relacionadas con las competencias que ejerce el Ejecutivo regional.
La iniciativa legislativa tiene que ser presentada por tres o más ayuntamientos que sumen más de 50.000 electores o por 10 consistorios limítrofes. En el primer caso son cifras con las que cumple el PSOE, que gobierna en una treintena de localidades entre las que se encuentran algunos de los municipios más poblados de la región, como Fuenlabrada, Alcorcón, Getafe y Parla.
"Queremos forzar el debate en la Asamblea", ha incidido Lobato, "que se escuche la voz de muchísimos ayuntamientos que representan a millones de ciudadanos y que entienden que la aplicación de esas zonas tensionadas pueden beneficiar a muchísimos jóvenes".
Una iniciativa poco común
La presentación de la iniciativa legislativa municipal, que en la historia de la Asamblea no se ha usado demasiado, debe ir precedida de un acuerdo de la mayoría absoluta de los miembros de cada corporación proponente. Luego será la Mesa de la Asamblea, en la que tiene mayoría absoluta el PP, la que decidirá sobre su admisibilidad aplicando una serie de criterios objetivos, por ejemplo, sobre la forma de la iniciativa.
Si prosperara la admisión, el pleno de la Asamblea, en el que tiene mayoría de escaños el PP, estaría obligado a debatir sobre las zonas tensionadas, una sesión en la que comparecerían los alcaldes proponentes. "La estudiaremos con mucha atención, como hacemos con todas las iniciativas que llegan a esta Cámara", ha dicho Carlos Díaz-Pache, portavoz del PP, sobre la proposición que quiere impulsar el PSOE, aunque a la vez ha hecho un aviso a navegantes.
"Si va en el sentido de profundizar en la ley de Vivienda con medidas que creemos que están equivocadas, pues seguramente no tenga mucho éxito", ha añadido. El PP no es el único partido que se sienta en la Asamblea que rechaza las zonas tensionadas, ya que Vox también se ha referido a esta y otras medidas de la norma estatal como "un fracaso total". "La intervención es un mal camino", ha señalado Rocío Monasterio este lunes, "hay que liberalizar el suelo... lo hemos propuesto muchas veces pero no se nos hace caso", ha añadido.
"Todas las medidas que favorezcan la resolución de la crisis de vivienda que tenemos en Madrid, bienvenidas sean", ha aseverado Manuela Bergerot, de Más Madrid, formación que sí que están a favor de las zonas tensionadas y que de hecho ha promovido iniciativas en este sentido en los municipios en los que tiene representación y en la Asamblea. La última, de hecho, la semana pasada.
El texto giraba en torno a dos cuestiones: por un lado, se pedía a la Comunidad que aplicara las zonas tensionadas; por otro, se instaba al Ejecutivo central a modificar la ley de Vivienda para que los ayuntamientos pudieran aprobar este mecanismo si con anterioridad le habían pedido autorización al Gobierno autonómico correspondiente y este no había contestado antes de un plazo máximo de dos meses.
PP y Vox votaron 'no' a la proposición no de ley de Más Madrid, lo que motivó que no saliera adelante, mientras que el PSOE se abstuvo, a pesar de que durante el debate parlamentario su portavoz en materia de vivienda defendió el mecanismo y censuró a los 'populares' que no estuvieran aplicando la ley. Fuentes socialistas han aclarado a este diario que se situaron en la abstención porque la competencia sobre vivienda es "autonómica" y defienden que así sea. "Lo que se planteaba era modificar una ley que casi ni ha nacido", han añadido estas fuentes, "una ley que hay que cumplir", han rematado a modo de nuevo recado para el PP.