Son 860 los contratados que el Gobierno de San Juan reincorporó luego de que se analizara la situación puntual de cada caso. El decreto firmado por Marcelo Orrego salió publicado en el Boletín Oficial y oficializó la revisión de estos contratos con pase a planta permanente que habían caído en la medida de darles de baja inmediatamente por considerarse que no habían cumplido con el requisito de los 6 meses de antigüedad fijados por la Constitución Provincial. Ya se habría dado la reincorporación de 1.100 trabajadores lo que da una cifra total cercana a los 2.000 agentes estatales que recobraron sus puestos de trabajo.
La medida de Orrego se dio (mediante el decreto acuerdo 0062-2023) apenas asumió en diciembre, como parte de un plan de ajuste, dejando sin efecto los contratos de unos 2.000 empleados por considerarlos fuera de la ley, pero en la resolución oficial se fijó una instancia de verificación caso por caso y eso generó las reincorporaciones este año.
Respecto de esta restitución de empleos para 860 personas, según el decreto 313-2024 publicado este mes en el Boletín Oficial, pero con fecha original del 28 de febrero del presente año, se dejaron sin efecto estos nombramientos en razón de su condición "precaria" y conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de la Constitución Provincial.
Este artículo de la CP dispone que "ningún empleado de la provincia, con más de seis meses consecutivos de servicio, puede ser separado de su cargo". Además se había dispuesto en diciembre que se "invalidarán los nombramientos de aquellos agentes que, aunque designados en los últimos nueve meses", no hayan acreditado "un mínimo de seis meses de servicio efectivo y continuo".
En la medida de diciembre se estableció la conformación de una comisión evaluadora ad hoc, dentro del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas que está bajo la órbita de Roberto Gutiérrez. En su seno se examinarían los reclamos formulados por los agentes que se consideraran afectados. La comisión tenía 60 días para expedirse y consideró que cabía dar marcha atrás en todos estos casos, mientras que hay otras bajas de designaciones que sí se dieron de baja.
En este marco, del informe de la comisión se desprende que los agentes que se restituyen ahora a sus puestos "han cumplido con las condiciones y requisitos exigidos por la Ley 2420-A". Es decir, que se considera como una ley especial la que reguló estos casos, implicando que derecho a la estabilidad.
El decreto explica que "debe considerarse la ley especial a los efectos del derecho a la estabilidad lo que haya su razón de ser en que, si bien la naturaleza del vínculo con el Estado era anteriormente de carácter contractual, habilita para reconocer la innecesaridad de prestar servicios por seis meses de manera precaria el cumplimiento de las condiciones que deben reunir en el proceso de selección para su incorporación efectiva respecto a experiencia, trabajo y eficiencia para el trabajo certificado por la autoridad donde desempeñaron sus servicios y mantenidos durante un plazo mínimo de 24 meses. En tal sentido, el personal designado en planta permanente en la Administración Pública en el marco de las disposiciones de la Ley 2440-A goza del derecho a estabilidad desde el momento de su designación sin necesidad del transcurso de los seis meses indispensables para adquirirla".
La Ley 2440-A fue aprobada el 6 de octubre de 2022 durante la gestión uñaquista. Permite el ingreso al Estado de todo personal que cumpla con ciertos requisitos, como haber tenido un contrato vigente al 31 de diciembre de 2018 y contar con 24 meses de contratación, consecutivos o alternados, desde el 1 de enero de 2019 a la fecha de sanción de la norma, entre otros.
La medida del gobernador de darles de baja a los contratos generó una presentación judicial de Sindicato de Empleados Públicos (SEP) pidiendo que se dé marcha atrás.
Este es decreto completo de las reincorporaciones: