El PP, que se gastó 98,6 millones en el circuito urbano de F1 en València, considera ahora "un despilfarro" transformarlo en un paseo peatonal
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"Este equipo de Gobierno considera inaceptable que las obras anticipadas en el sector mediante la ejecución del Proyecto definido como 'Proyecto de conexión de la Alameda - Avda. de Francia - Puerto de València. Acondicionamiento de la Marina Real Juan Carlos I' que con la vigente ordenación resultan útiles para el sector sean eliminadas en un porcentaje relevante, pues ello supondría despilfarrar los recursos públicos". La propuesta de la concejalía de Urbanismo de València, que dirige el edil del PP Juan Giner, para autorizar la privatización del programa de actuación integrada (PAI) de El Grau, pasando así de ser desarrollado de forma directa por el Ayuntamiento a ser gestionado por los propietarios de los terrenos, principalmente Atitlan, se expresa en estos términos en lo relativo a la reconversión del circuito urbano de Fórmula 1 en un paseo peatonal biosaludable, tal y como proponía el proyecto del anterior ejecutivo municipal de Compromís y el PSPV.
En la mencionada resolución, los populares tratan de argumentar que la modificación del pleneamiento que proponía la izquierda, en concreto, la exconcejala socialista de Urbanismo, Sandra Gómez, para llevar adelante esta solución podría implicar una merma de ingresos para el Ayuntamiento derivada de las cargas urbanísticas a repercutir a los propietarios del suelo en concepto de alcantarillado, alumbrado público o canalizaciones de luz, agua y gas, un déficit de ingresos que tendría que asumir el Ayuntamiento.
Sin embargo, fuentes socialistas aseguran que no se puede hablar de "despilfarro" cuando ni siquiera había una estimación del posible gasto al no estar redactado el proyecto de urbanización y añaden que, aún así, sería una cuantía mínima ya que salvo las conducciones de gas, el resto de actuaciones, como por ejemplo el alumbrado público o la canalización de aguas pluviales, seguirían siendo repercutibles a los dueños de las parcelas. En cualquier caso, aseguran que sería un coste ridículo en comparación con los 98,6 millones de euros que se gastó el PP en el circuito urbano y que estaría totalmente justificado porque supondría ganar 35.000 metros cuadrados de zonas peatonales.
Para entender esta controversia hay que remontarse al convenio que firmaron en 2007 el Gobierno valenciano y el Ayuntamiento, entonces con Francisco Camps como presidente y con Rita Barberá como alcaldesa, en el marco de la construcción del circuito urbano. En virtud de aquel documento, la Generalitat adelantó el dinero para financiar las obras del trazado en la zona del futuro PAI de El Grau, y el Ayuntamiento se comprometió a devolverlo una vez se desarrollara el sector, mediante las mencionadas cargas urbanísticas a pagar por los propietarios del suelo.
Aunque el circuito urbano que Camps prometió a "coste cero" para la administración acabó costando 98,6 millones de euros del erario público, la deuda del Consistorio con la Generalitat solo por el tramo del sector de El Grau fue de 42 millones de euros. La anterior concejala de Urbanismo, la socialista Sandra Gómez, alcanzó un acuerdo con los propietarios de los terrenos por el cual se comprometían a asumir 32 millones de euros de los 42 por las mencionadas cargas urbanísticas. Por los 10 millones restantes se abrió una negociación con el Consell que no llegó a cerrarse, aunque se dejó muy avanzada. La idea era que el Ayuntamiento abonara una parte, cediendo a la administración autonómica parcelas municipales para la construcción de vivienda pública de alquiler asequible.
En la misma resolución de Urbanismo que se aprobará de forma definitiva este martes en el pleno, el ejecutivo municipal del PP y de Vox avala el acuerdo del anterior equipo de Compromís y el PSPV por el cual los propietarios del suelo abonarán esos 32 millones de euros, pero no explica cómo pagará a la Generalitat los 10 millones que quedan pendientes.
En concreto, el punto 14 dice: "Tras las elecciones celebradas el 28 de mayo de 2023, se produce un cambio de gobierno en la Corporación municipal y la mercantil 'Valere Reoco, SL' reitera su propuesta de que se realice un cambio de gestión directa a gestión por personas propietarias, aportando a tal fin de nuevo la documentación justificativa de las propiedades que ostenta en el ámbito, su voluntad de subrogarse en los contratos suscritos por la empresa Aumsa en la medida en que sean documentación útil para el desarrollo del sector, reitera su conformidad al informe de la Sección de Obras de Urbanización relativo a las obras ejecutadas definidas cómo cargas útiles del sector y asume la carga del planeamiento aprobado si es el que finalmente se ejecuta".
La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sandra Gómez, retó a la alcaldesa María José Catalá a que "defienda los intereses de la ciudad y exija a la Generalitat Valenciana que asuma la deuda de los 10 millones de euros de las cargas urbanísticas que no se pueden repercutir a los propietarios por el fiasco del circuito de la Fórmula 1". "Si no lo paga la Generalitat, que es la que generó el problema, tendrá que asumir esa cantidad el Ayuntamiento y Catalá lo sabe", advirtió.
Gómez recordó que con la renuncia de Catalá al planeamiento que impulsaron en el pasado mandato, además de descartar la reconversión del circuito urbano en un paseo peatonal ajardinado, la ciudad pierde el delta verde proyectado, una residencia para personas mayores de 100 habitaciones, 350 viviendas protegidas y 20.000 metros cuadrados de techo de terciario extra que se añadían para la instalación de empresas para crear sinergias con la Marina de València.