Tras varias idas y vueltas, más de una postergación y algunos cuestionamientos internos, el Poder Ejecutivo pone en marcha finalmente el nuevo sistema de certificaciones médicas para los funcionarios públicos. El sistema se aplicará de forma gradual y comienza en abril por Presidencia.
Sin embargo, la aplicación de este nuevo sistema no logró saldar las polémicas generadas a lo largo de casi cuatro años de discusión. La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) ya definió un plan de acción que incluye la presentación de un recurso administrativo contra el instructivo "impuesto unilateralmente", una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las "consultas jurídicas pertinentes" para iniciar una acción de inconstitucionalidad.
En un comunicado difundido en los últimos días, el sindicato de funcionarios públicos fue duro con el gobierno y lo acuso de "mentir descaradamente". El sistema iba a comenzar a funcionar el pasado 1° de febrero pero, tras un reclamo de COFE, el gobierno decidió postergarlo 60 días. En aquella oportunidad el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, reconoció públicamente que se habían demorado en repartir el instructivo y se comprometió además a instalar un ámbito de negociación para discutir el tema.
"El Poder Ejecutivo no convocó a ninguna reunión para tratar los puntos planteados por COFE sobre el nuevo sistema de licencias medicas. Tampoco el Ministerio de Trabajo cumplió con el compromiso asumido de instar a todos los ministerios y organismos a que instalaran las bipartitas de salud laboral ni promovieron los servicios de prevención y salud en los Organismos Públicos para abordar este tema tan importante para todos los trabajadores públicos", dice el comunicado de COFE.
Las modificaciones al sistema de licencias médicas del sector público estaban dentro del proyecto de ley de Presupuesto que el gobierno envió en agosto de 2020. Esa propuesta se aprobó pero como el sindicato y algunos legisladores oficialistas no estaban de acuerdo, se decidió crear una comisión para buscar una alternativa antes de que comience a aplicarse el nuevo régimen.
Esa comisión, luego de reunirse varios meses después de lo previsto, realizó algunos cambios a la propuesta inicial. Luego, el gobierno demoró en reglamentar la ley y tras otras trabas burocráticas finalmente el sistema comenzaba a regir el 1° de febrero de este año.
Sin embargo, a pocos días de esa fecha, el gobierno decidió postergarlo por 60 días y, ahora sí, comenzará a regir en Presidencia.
Luego empezará a aplicarse en los ministerios de menos de 1.000 funcionarios, pasará a varios servicios descentralizados y organismos de contralor y finalmente entrará en vigor con los ministerios más grandes, según el cronograma establecido por la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC).
Hasta hoy si un funcionario público se enfermaba y solicitaba licencia con un certificado médico, su salario no se veía afectado de ninguna forma. Seguía cobrando lo mismo como si estuviera yendo a trabajar.
En el ámbito privado, los tres primeros días no se le paga y a partir del cuarto recibe un subsidio por el 70% de su salario. Esto puede variar por acuerdos sectoriales o beneficios de algunas empresas pero es la regla general que se aplica si no hay otros acuerdos más beneficiosos para el trabajador.
A partir de este lunes los trabajadores de Presidencia tendrán un nuevo régimen, que sigue siendo más beneficioso que el de los privados pero con algunas restricciones respecto a lo que tenían hasta ahora. Tendrán nueve días de licencias por enfermedad paga al año y a partir del décimo día cobran el 75% del salario.
Este régimen tendrá algunas excepciones, como un listado de enfermedades que permitirá seguir cobrando el 100% del salario así como en casos de internación que el subsidio por enfermedad se podrá extender durante siete días más.
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