Gustavo López, director de la Consultora Agritrend
La seguidilla de presidentes que concluyó con el ascenso al poder del Dr. Eduardo Duhalde como primer mandatario en los inicios de 2002, termina con semanas de gran violencia y un peligroso vacío de poder.
El descontento de gran parte de la sociedad se resumía en una frase que se transformaría en un símbolo de la época: "que se vayan todos".
Era el fin de la era de la convertibilidad. Su salida fue muy traumática, produciéndose una innumerable cantidad de reclamos, respecto a los depósitos en dólares y la pesificación nuevamente de toda la economía, que hasta entonces mantenía la paridad peso-dólar.
Al asumir, Eduardo Duhalde aseguró que "... van a ser respetadas las monedas en que fueron pactados originalmente los depósitos (...) quien depositó pesos, recibirá pesos, y quien depositó dólares, recibirá dólares...".
En enero de 2002, se promulgó la "Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario", que derogó la convertibilidad y pesificó los créditos otorgados por el sistema financiero y se establecía el nuevo tipo de cambio oficial en 1,40 pesos por dólar estadounidense.
Asimismo, el citado decreto reglamentó la pesificación de las deudas de las personas físicas y jurídicas de acuerdo al esquema de cambio de un peso ($ 1) = un dólar estadounidense (U$S 1) y manteniendo las demás condiciones originariamente pactadas.
La crisis del 2001 en el sector agropecuario
Todos los depósitos en dólares estadounidenses u otras monedas extranjeras existentes en el sistema financiero fueron convertidos a pesos a razón de pesos uno con cuarenta centavos ($ 1,40) por cada dólar estadounidense, o su equivalente en otra moneda extranjera. Cada entidad financiera debía cumplir con su obligación devolviendo pesos a la relación indicada.
De este modo, se estableció la llamada "pesificación asimétrica", por la cual las deudas con el sistema financiero fueron pesificadas a razón de un peso por dólar, pero los depósitos en moneda extranjera fueron reconocidos por las entidades financieras a razón de $ 1,40 = US$ 1,00.
La diferencia fue reconocida por el gobierno nacional con un bono que se le entregó a los bancos para compensar dicha "asimetría". Posteriores modificaciones permitieron una conversión más amplia de deudas en moneda extranjera, generando una importante licuación de pasivos de empresas, financiada por el Gobierno Nacional.
En ese marco, ante un nivel muy importante de la población con las necesidades básicas insatisfechas y un porcentaje elevado bajo la línea de pobreza, una devaluación real de la divisa norteamericana, que osciló en torno a una relación de 3 a 1 y una pesificación de las deudas financieras como la citada, se instrumentaron nuevamente, luego de 11 años, los derechos de exportación para la mayoría de los granos y derivados de la molienda.
Durante un mes los aranceles se fijaron en 10% para los principales granos y 5% para los derivados. Una vez más, que no sería la última, los permanentes rumores de modificaciones en los derechos de exportación llevarían a un fuerte posicionamiento por parte de los operadores.
Finalmente, a días de iniciado el mes de abril de 2002, se elevaron los tributos de exportación al 20% para los principales granos y derivados de la molienda de oleaginosas, en tanto que se fijaron en 23.5% los correspondientes a soja y girasol.
El mercado agropecuario en la década del 90'
Estos nuevos aranceles, que se mantuvieron a lo largo de los cinco años siguientes, permitían al Gobierno, en un marco de producción y saldos exportables crecientes, hacer frentes a sus compromisos.
A lo largo de la administración Duhalde, la producción del complejo granario siguió incrementándose. Al inicio del presente siglo la oferta total alcanzó las 67 millones de toneladas, mientras que hacia el ciclo 2001/02, previo a un nuevo llamado a elecciones, la producción continuaba creciendo.
Por ejemplo: Si se medía la capacidad de procesamiento de oleaginosas, de las 42.000 toneladas (14 mill/ton/año) de molienda diaria instaladas a inicios de la década de los años 90, se pasó, hacia inicios del nuevo siglo, a 90.000 toneladas diarias (30 mill/ton/año) y, en 2010 a 150.000 toneladas diarias (50 mill/ton/año). Ello implicó una inversión en ese sector, de lo más dinámico de la economía nacional, cercana a los 3.500 millones de dólares.
El incremento en las llamadas "retenciones a la exportación" en 2002, que se mantuvieron en ese nuevo esquema hasta marzo de 2007, a pesar de lo expuesto, no merecieron una crítica tan dura por parte de las entidades agropecuarias. Ello se debía a la delicada situación del país que afrontaba la Administración Duhalde caracterizado por un Mercado de Capitales internacionales cerrados, como consecuencia del "default" decretado en la fugaz administración de Rodríguez Saa.
financiamiento interno totalmente limitado, debido a la crisis financiera y bancaria;
dificultad de seguir privatizando empresas estatales debido a que la mayoría ya se habían hecho en los años 90; y
déficit fiscal manifiesto, en función de la profunda recesión económica, donde el consumo y la producción estaban notablemente deprimidos.
¿Cuáles fueron los precios de los granos según los Gobiernos?
Sin duda, la condición de este tributo de fácil y rápida recaudación, que contribuyó a la estabilidad de los precios, principalmente de los productos de consumo masivo, y de importante aporte al magro equilibrio fiscal de entonces, se constituía en una de las escasas salidas de la política económica de esa época.
Diversos estudios proyectaban, por entonces, la producción hacia fines de la primera década del siglo en 100 millones de toneladas.
En efecto, hacia fines del 2002, uno de los primeros trabajos en la materia, realizado por la Fundación Producir Conservando, estimaba que, de continuar la tendencia de crecimiento que se venía observando en la última década, era muy factible, alcanzar la tal ansiada meta productiva.
En ese trabajo se demostró que era factible una expansión tal del sector que permitiera incrementar el área dedicada en el conjunto de los granos tradicionales hasta los 34 millones de hectáreas, de los cuales 31 millones serían para uso exclusivo de los cinco principales cereales y oleaginosas.
Ello implicaría una superficie efectivamente sembrada, descontada la dedicada a soja de segunda siembra, de 31.7 millones de hectáreas, es decir un 24% por encima del promedio del último quinquenio (1997-2001).
Considerando la mejora observada en el nivel de rendimientos unitarios, y teniendo en cuenta la permanente incorporación de material genético de alto potencial productivo y la adopción de paquetes tecnológicos de mayor sofisticación (siembra, fertilizantes, agroquímicos, etc.), se podía afirmar que de cumplirse la combinación de ambas variables, la producción final hacia inicios de la próxima década sería factible que se ubicara en torno a los 100 millones de toneladas.
Memorias de nuestro agro: política agropecuaria en la etapa menemista
El trabajo aclaraba que "…obviamente, este récord productivo sólo sería viable si el marco económico y jurídico lo permite, logrando así el incentivo necesario para toda la cadena agroindustrial, despejando la incertidumbre que limita el proceso de toma de decisiones. En ese sentido resulta indispensable contar con reglas de juego claras, que permitan una correcta planificación del negocio…".
"…A ello deberá sumarse la capacidad del sector todo para enfrentar el nuevo marco internacional con la rapidez y eficiencia que le permita aprovechar las distintas coyunturas por la que atraviese, estando preparados estructuralmente para los cambios en la oferta y demanda, producto de las nuevas relaciones de precios que surjan de un mercado menos protegido y más competitivo…".
"…Es por ello, que se plantearon las limitantes estructurales que afrontará el sector desde la tranquera al puerto, como primera aproximación de las restricciones de la cadena…".
En ese sentido, se advertía que era necesario "aggiornar" el sistema comercial, principalmente en los aspectos relacionados con la movilización de los graneles tanto en materia de caminos como en el uso de los ferrocarriles, además de actualizar el parque de camiones y material de tracción, así como incrementar rápidamente la capacidad de almacenamiento y acondicionamiento de granos.
Ello se debía complementar con una industria procesadora (acompañada de la correspondiente logística de embarque), acorde con el crecimiento esperado. En este sentido, el sector privado, consciente de esta carencia, rápidamente se adaptó a los nuevos requerimientos, transformándose en una de las industrias más eficientes del mundo en tamaño y escala de operación.
No obstante lo expuesto, se advertía en el citado documento que, "…considerando la delicada situación por la que atraviesa nuestro país, con un marcado deterioro de índole económico y social, con altos niveles de marginalidad y pobreza, y en virtud de la necesidad imperiosa de contar con recursos crecientes para hacer frente a las obligaciones locales y externas, pareciera inoportuno plantear un cambio en la distribución de la riqueza…".
"…Por ello, deberían arbitrarse los medios que permitieran alcanzar las pautas previstas, en el menor tiempo posible y con el mayor grado de equidad…".
"…Ello significa que en la medida que se expanda la producción y por ende los recursos provenientes de esta, deberían ir reduciéndose las cargas tributarias, en especial las que gravan las exportaciones de materia primas y derivados, de tal forma de lograr inducir a la inversión necesaria y evitar el estancamiento del potencial productivo, habida cuenta del alto nivel de aporte del sector…".
"…Vale recordar que el mercado externo representa mas del 85% de la producción del complejo granario, por lo cual carece de toda lógica mantener en el mediano plazo, este tipo de tributos que conspira contra el crecimiento del mismo…".
A partir de 2003, el país se recuperó económicamente a través de una serie de medidas y factores, como la bonanza económica a nivel mundial, el incremento de los precios internacionales de los principales productos de exportación del país, el establecimiento de una política de dólar alto, los importantes ingresos por exportaciones de soja y petróleo, y una recuperación sostenida de la actividad industrial y del empleo formal. Empezaba una nueva administración, la del Dr. Kirchner, y la esperanza de un país que volviera a crecer.
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