El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha comprometido una partida de aproximadamente 60.000 euros para proseguir la búsqueda de fosas que puedan albergar los cuerpos de víctimas de la Guerra Civil en Canarias.
En su visita a la zona del Pino del Consuelo, en Fuencaliente, donde en 1994 fueron abiertas las primeras fosas del archipiélago, exhumándose 13 víctimas, antes de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, confirmó que para ello el Estado dispondrá de nuevos fondos en próximas anualidades.
Torres destacó que las partidas libradas en 2023 y que continuarán en 2024 permitirán seguir con las exhumaciones y recuperar a las personas ejecutadas durante la Guerra Civil. El ministro se ha referido al retroceso de algunas Comunidades Autónomas (CCAA) en memoria democrática, algo que ya debate la Eurocámara, señalando que «lo que tenemos que hacer es devolver esos restos a sus familiares para restituir la verdad», en lo que considera «un acto de Justicia, porque sí hubo ejecuciones».
En La Palma
Por su parte, el presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, agradeció la visita del ministro y recalcó que hay que poner en valor y las administraciones tienen que trabajar todas en un sentido para en la medida de lo posible, «tratar de paliar el dolor de las familias que han sufrido este tema».
Se refirió a que «cuando te acercas a estos lugares y realmente sientes lo que ha pasado aquí, pues estremece», añadiendo su absoluto acuerdo y puesta a disposición de fondos del Cabildo insular «para ayudar en todo lo que sea posible».
Esta es una zona en la que se han reanudado los trabajos de excavación en búsqueda de fosas con restos de represaliados de la Guerra Civil, esta ocasión con la ayuda de un georradar en el entorno del Pino del Consuelo, donde se estima que puede haber hasta 37 personas enterradas en la zona de pinar del municipio.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de La Palma, que preside Félix González se ha encargado de impulsar estas excavaciones a cargo de dos arqueólogas gracias a la financiación de 30.000 euros de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias.
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