Con algunas dificultades e interferencias, el Legislativo avanza en el proceso de habilitación de postulantes a cargos en el Órgano Judicial, pero se espera que se logre solucionar los obstáculos, de manera que se logre, en los plazos previstos, remitir al Órgano Electoral la lista de habilitados para las elecciones judiciales. Hay salidas previstas en las normas, para salvar los impedimentos. Actualmente se está trabajando en los recursos de revisión presentados por los postulantes. El secretario técnico de la Comisión Mixta de Constitución, Marcelo Maldonado, informó que esta instancia camaral recibió 95 solicitudes de recurso de revisión de personas inhabilitadas. Las comisiones tienen hasta el sábado para emitir la resolución del recurso de revisión de los postulantes que solicitan se revise sus expedientes y el domingo se publicarán las listas de los postulantes habilitados para la fase se evaluación de méritos.
Esta fase se realizará desde el lunes 8 hasta el 21 de abril. Hay dudas en las postulaciones al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), por la falta de abogadas aspirantes. Desde el Tribunal Supremo Electoral (TSE), se adelantó que sólo se recibirán las listas que cumplan los criterios de paridad y autoidentificación, pero en los tribunales Supremo de Justicia, Agroambiental y en el Consejo de la Magistratura se avanza sin dificultad, según el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui (MAS). Explicó que «desde un inicio, se ha visto la poca participación de damas abogadas en las postulaciones del Tribunal Constitucional Plurinacional».
De acuerdo con los datos, en cuatro departamentos hay dificultades en el tema de paridad de género para el caso del TCP. La Ley 1549, prevé que en caso de que el número de postulantes sea insuficiente para llevar adelante una elección competitiva o para cumplir las exigencias de género y plurinacionalidad, «la Asamblea Legislativa declarará desierta la convocatoria». «Esta declaración corresponderá por cada tribunal y/o consejo de la Magistratura de manera independiente» para posteriormente convocar a un nuevo proceso de preselección que corresponda.
Sin embargo, la norma señala que, excepcionalmente, a falta de un representante indígena originario campesino o en caso de que no se llegue a la equidad de género, se habilitará a la o el postulante que tenga la siguiente mejor calificación que sea indígena originario campesino o mujer, según corresponda, del número total de postulantes a nivel nacional. Sin embargo, Jáuregui, dijo que se espera agotar todas las instancias de revisión de las comisiones mixtas para emitir una información concreta, sin que exista algún tipo de equivocación.
Si se logran superar las dificultades y cumplir el cronograma, se espera que las nuevas autoridades sean elegidas en septiembre, y se constituyan en los nuevos guardianes del respeto de la legislación. Se trata de nueve magistrados para el TCP, nueve para el TSJ, cinco del Tribunal Agroambiental y cinco del Consejo de la Magistratura, pero a diferencia de las anteriores dos elecciones, ahora existe la posibilidad de una preselección menos dirigida, debido a factores políticos coyunturales que, después de mucho tiempo, presentan un panorama en el que el oficialismo no cuenta con mayoría. Varios analistas, juristas, y ex magistrados han coincidido en que, si se respetan las normas vigentes, es posible lograr una selección sin una carga definitiva que incline la balanza por un sector. Además, se reconoce que es una oportunidad histórica que puede derivar en contar con las bases de una justicia independiente, con jueces que no le deban el cargo al poder político partidista, especialmente, si la ciudadanía acude a las urnas y vota por los candidatos más calificados.
Se ha insistido mucho en que la única manera de salvar al sistema judicial es contar con jueces idóneos, es decir que sean producto de una selección en la que prime la meritocracia, lo que redundará en la calidad de los comicios. Además, se aspira a que los nuevos magistrados sean profesionales calificados, con amplia experiencia, respetuosos de la Constitución Política del Estado (CPE).
También se hace énfasis en que los miembros de la alta jerarquía del Órgano Judicial tienen que ser personas honorables, que sigan los principios éticos y morales, para garantizar un trabajo imparcial y transparente. La realidad es que en este momento, los miembros de las comisiones encargadas de verificar requisitos, tienen una gran responsabilidad, pues tienen que ver, además de su hoja curricular, los antecedentes de los que desean ser magistrados, tanto en el ejercicio específico de la profesión de abogados, y su relación con la función pública que permita verificar si no tienen cuentas pendientes con el Estado; y hasta su vida personal no debe ser ignorada, ya que, como se dijo antes, los magistrados deberían ser profesionales honorables en su actividad pública y privada.