El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló contra quienes resulten responsables luego de que, tras una auditoría realizada por la Comisión Chilena del Cobe (Cochilco), se acreditara una afectación al patrimonio de Codelco de $12.800 millones.
En su querella -rescatada por el medio Interferencia- el CDE destacó que que hubo «hechos constitutivos de acciones dolosas tendientes a defraudar el patrimonio fiscal». Esto, en relación a un proyecto para la mantención periódica del «horno flash» de la División Chuquicamata.
La acción penal, ingresada en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, apunta a irregularidades en la adjudicación del proyecto por parte de la empresa Outote.
«El informe señala que se modificó la fecha de recepción de las ofertas por el gestor del proceso sin notificar a los oferentes, lo cual favoreció a la empresa Outotec, pues permitió que pudiese cargar su oferta en el portal fuera de plazo», dice el escrito.
Asimismo, da cuenta de la «inexistencia de un documento formal donde se comunique la adjudicación del servicio al oferente, debido a la inexistencia de una carta de adjudicación».
La querella detalla, así, que en el contexto de la administración y ejecución del contrato con Outotec, se verificaron situaciones de relevancia penal.
Entre estas destaca la contratación de la más onerosa de las opciones disponibles, sin causa justificada; la no realización de descuentos proporcionales por los servicios no prestados por la empresa adjudicataria; la no imposición de multas por retrasos e incumplimientos en aplicación de las respectivas cláusulas contractuales, entre otras.
Recalca, en esa línea, que «el informe de fiscalización cifra el detrimento económico para Codelco, producto de las fallas y desviaciones originadas en la prestación del servicio contratado, en $12.802.921.349».
Y continúa señalando que los hechos «dan cuenta de todo un entramado de conductas dolosas que derivan, en definitiva, en la suscripción y ejecución de un contrato inexplicablemente gravoso y perjudicial para el patrimonio de la empresa pública Codelco.
Los hechos que se investigan se remontan a 2017. Fue ese año en el que se resolvió la limpieza del horno en cuestión. En ese entonces, el presidente del directorio era Nelson Pizarro.
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