La gobernadora María Eugenia Campos Galván ha expresado su preocupación por la reciente jurisprudencia que señala que, mediante la presentación de una demanda de amparo, se puede suspender el cumplimiento de una orden judicial de aprehensión por delitos graves, argumentando que esto vulnera a las instituciones y los derechos civiles de los ciudadanos.
Campos Galván afirmó: "Siempre estamos a favor de nuestra garantía de legalidad y de proteger los derechos humanos, sobre todo la justicia, y esto mina nuevamente en las instituciones y en los derechos civiles de todos los ciudadanos".
La jurisprudencia, establecida por el Pleno Regional en Materia Penal y de Trabajo del Poder Judicial de la Federación en la Región Centro-Norte del país, será aplicable en varios estados de la República Mexicana. Entre los delitos que abarca esta nueva normativa se encuentran aquellos de índole sexual, cometidos contra menores, feminicidio, homicidio, violación, secuestro y delincuencia organizada, entre otros.
Ante esta situación, la gobernadora hizo un llamado a analizar detenidamente las implicaciones de esta jurisprudencia y a tomar medidas que permitan preservar la integridad de las instituciones y los derechos civiles de la población. Subrayó la importancia de mantener un equilibrio entre la protección de los derechos humanos y la justicia para las víctimas de delitos graves.
En este contexto, Campos Galván llamó a las autoridades a coordinarse para asegurar un sistema de justicia efectivo y confiable, que garantice la seguridad y el bienestar de la sociedad.
Asimismo, resaltó la necesidad de fortalecer el estado de derecho y proteger los derechos civiles de todos los ciudadanos, trabajando en conjunto para asegurar la protección y la justicia para la población.