La pauperización creciente de los haberes jubilatorios no es nueva. Todos quienes peinamos algunas canas escuchamos a nuestros padres y nuestros abuelos quejarse de las mismas penurias de las que nos lamentamos hoy: una vida de trabajo y aportes para no llegar a fin de mes, ni siquiera para comprar los remedios cada vez más caros en la tercera edad o los alimentos mínimos e indispensables. Muchos caerían en la completa indigencia si no fuera por la asistencia permanente de sus hijos, cuando éstos pueden tenderles una mano.
La situación es un poco menos dramática para el 50% que no cobra la mínima, aunque el achatamiento al que fueron sometidos en las últimas décadas hace que tal diferenciación proporcional a las contribuciones realizadas se vaya diluyendo cada vez más.
Con estos jubilados comunes y corrientes conviven muchísimos otros que flotan en un universo paralelo llamado "el de los regímenes especiales" en el que confluyen más de 180 esquemas que no se auto perciben como privilegiados por el sencillo hecho de aportar unos pocos puntos porcentuales adicionales bajo el falaz argumento de financiar una movilidad del 82% respecto a los roles activos vigentes.
La cruda verdad final nos indica que el régimen previsional recauda menos de la mitad de lo que necesita para funcionar con todas estas miserias e inequidades
La triste realidad indica que el 95% de estos regímenes no se autofinancian nunca y deben recurrir al Tesoro para cubrir los pagos que correspondan a dicha movilidad. Ni hablar de las jubilaciones de privilegio reservadas a unos pocos cargos públicos de la alta política que hablan más de una rémora monárquica que de una merecida retribución por los servicios prestados.
Ni el sistema previsional común ni el de los regímenes especiales recaudan lo que necesitan para pagar a sus beneficiarios. En el primer caso, porque se entregaron (y se siguen entregando) nuevas jubilaciones que, sea por falta de auto previsión siendo autónomos o, debido a empleadores inescrupulosos, no juntaban ni el 20% de los años de aportes necesarios y el estado (presente para ellos) les ofrecía una moratoria que provocaba (la ausencia para los otros) que quienes habían aportado en tiempo y forma reciban una compensación completamente injusta.
En el caso de los regímenes "especiales" existe un convenio entre Nación y provincias o entidades autónomas donde el Tesoro actúa como caja complementaria para llegar a completar lo que los cálculos actuariales teñidos de intencionalidad política no pudieron factorear en su momento.
La final cruda verdad final nos indica que el régimen previsional recauda menos de la mitad de lo que necesita para funcionar con todas estas miserias e inequidades; el otro 50% lo ponemos todos los argentinos, resignando (o ¿reasignando?) nuestros impuestos que deberían estar destinados a mejorar la educación, la salud y la seguridad y no a financiar un sistema que debería autoabastecerse.
La triste realidad indica que el 95% de los regímenes especiales no se autofinancian nunca y deben recurrir al Tesoro para cubrir los pagos que correspondan a dicha movilidad
En este contexto, es bastante obvio que una Reforma Previsional es urgente. Y que el primer artículo de la nueva ley debería eliminar los regímenes especiales y las jubilaciones de privilegio. Y si no es posible hacerlo retroactivamente, convivamos con las desigualdades existentes, pero no sigamos acumulando promesas y deudas incumplibles e impagables. Eso también le quita sustentabilidad a nuestra política fiscal.
No van a faltar, seguramente, las voces que se alcen para reclamar que para garantizar estos derechos propios de un estado más presente (hospitales públicos, policías, docentes, universidades, escuelas, jueces, etc.), la solución óptima es subir los impuestos. Pero, ¿de verdad creemos que es una buena idea seguir sumando presión tributaria a un país de tan baja competitividad como el nuestro?
Si tomáramos ese camino, después no nos quejemos que las inversiones no llegan, la economía no se reactiva, el país no crece o no se crean nuevos puestos de trabajo. El capital elige dónde ir y habiendo tantos países más estables que el nuestro, no estamos en condiciones de ponerle más trabas aún a las que ya tenemos. Nuestro nivel de atractividad está muy finito.
Esto sí: no me mal interpreten. Yo deseo profundamente que el presidente Javier Milei decida pronto eliminar todas las exenciones impositivas y se den de baja los regímenes de promoción de Tierra del Fuego y del Tabaco que suman varios miles de millones de dólares. Es evidente que una decisión así le daría al gobierno un mayor nivel de legitimidad al ajuste, donde todo el mundo sería tratado con igualdad ante la ley, lo cual es simbólicamente épico.
Si el sistema previsional común ni el de los regímenes especiales recaudan lo que necesitan para pagar a sus beneficiarios
Pero sepamos también que esto no soluciona el dilema previsional que requiere una ley que le aporte sustentabilidad, equidad y previsibilidad. Nada menos.
Mi propuesta consiste en que todos los trabajadores formales en relación de dependencia o autónomos puedan invertir lo que se les descuenta de impuesto a las ganancias (hasta un cierto tope que podría ser el 35% de la diferencia entre 5 millones y el mínimo no imponible a valores de hoy) en crear su propia jubilación (¿privada y voluntaria?) con dos condiciones básicas:
- la primera es que debe seguir aportando al sistema previsional, al igual que las empresas, los niveles actuales de aportes para seguir financiando al resto del esquema público;
- la segunda es que debe renunciar expresamente al derecho de percibir un haber del sistema público previsional.
De esta manera la jubilación, tal como la conocemos, quedaría como un derecho sólo para quienes tuvieron ingresos bajos sin capacidad de ahorro durante su vida activa con salarios por debajo del mínimo no imponible. Y todos los jubilados de todos los sectores públicos o privados que tuvieron ingresos por debajo de esa línea, recibirían una asignación básica y universal con el mismo haber para todos.
Una Reforma Previsional es urgente. Y que el primer artículo de la nueva ley debería eliminar los regímenes especiales y las jubilaciones de privilegio
Lógicamente, deberíamos abrir un debate sobre el momento de corte, los derechos adquiridos y la edad a la cual alguien quedaría de un lado o del otro del nuevo esquema. Una alternativa sensata sería implementarlo para todos aquellos que al día de la aprobación de la nueva ley tengan menos de 45 años. De este modo quienes sean menores de esa edad y cobren sueldos altos, tendrían tiempo de gestionar y decidir un plan de ahorro utilizando total o parcialmente lo que ya le descuentan del impuesto a las ganancias.
Una reforma como esta, más allá de lo disruptiva que pueda resultar, le otorga al país un sello de sustentabilidad fiscal a futuro porque termina con el componente de gap exponencial que el sistema tiene actualmente.
Pero más importante aún: le permite a la gente de a pie planificar su futuro esperando una asignación universal digna y con financiación asegurada para la población más vulnerable a la vez que le devuelve a la gente la autogestión del seguro de su vejez cuando su capacidad de ahorro se lo permite.