Gabriel Ubieto
La nueva dirección del grupo siderúrgico Celsa reclamará una cantidad de 539 millones de euros a la familia Rubiralta por una deuda impagada que dejó antes de que un juez le retirara la propiedad de la empresa en favor de sus acreedores. "No renunciamos a esas cantidades y es nuestra obligación llevar a cabo todas las actuaciones que estén en nuestra mano para recuperarlas", ha afirmado este miércoles el presidente no ejecutivo del grupo, Rafael Villaseca, en rueda de prensa.
El equipo que ha tomado el mando del gigante siderúrgico está reordenado todavía las cuentas, que emplea 4.000 personas en España y otras 6.000 entre diferentes países europeos.
Para el inicio del segundo semestre del año, es decir, en unos tres o cuatro meses, espera tener ya definido un plan de inversiones para saber de cuánto dinero dispone, cuánto irá a seguir pagando la millonaria deuda pendiente y cuánto a seguir invirtiendo para hacer competitivo el negocio. "A mediados de año tendremos claro cuáles son las necesidades de inversión para las actividades ordinarias", ha afirmado Villaseca.
Actualmente la propiedad de Celsa la ostentan unas 20 sociedades, entre las que destacan fondos o entidades como Attestor Capital, Cross Ocean, Deutsche Bank, Golden Tree Asset Management y Strategic Value Partners.
En ese proceso de auditoría interna los nuevos propietarios han detectado una partida de 539 millones de euros en créditos que las sociedades que componen el grupo Celsa otorgaron a otras sociedades propiedad de la familia Rubiralta cuando esta ostentaba el control total de la compañía. Hoy están apartados por orden judicial de Celsa debido a la elevada deuda contraída con sus acreedores y que, formalmente, superaba el valor patrimonial de la compañía.
Según ha explicado Villaseca y Jordi Cazorla, consejero delegado del grupo, esos 539 millones de euros los consideran actualmente "crédito incobrable", ya que fueron transferidos a empresas hoy en concurso de acreedores y sin capacidad actual de retornarlos. Lo que hace probable que los Rubiralta y sus acreedores vuelvan a sentarse en un tribunal y frente a un juez para resolver asuntos pendientes.
Objetivo: números verdes antes de 2025
La nueva dirección de Celsa ha comparecido ante los medios de comunicación para tratar de mandar un mensaje de tranquilidad tras unos seis meses en el cargo. "Hemos sacado a Celsa de la UCI", ha afirmado Villaseca. La entrada de los fondos acreedores provocó una capitalización de deuda en el grupo, que pasó de deber 2.316 millones de euros, frente a los 3.734 millones de euros que tenía antes de que los Rubiralta perdieran el control de la compañía.
La conversión de parte de esa deuda a cambio del capital del que era la primera empresa familiar catalana ha permitido cerrar el ejercicio 2023 en unos artificiales 'números verdes'. Formalmente, la corporación registró unos beneficios de 459 millones de euros, que sin esa capitalización hubieran sido 918 millones de pérdidas. La facturación ese año fue de 4.765 millones de euros (un 22% menos que el año anterior) y un 'ebitda' positivo de 155 millones de euros.
Ahora el objetivo a corto plazo de la compañía es obtener números verdes de manera continua y estable para presentarlos ante sus accionistas, lo que la actual dirección espera lograr entre este 2024 y el 2025. Para ello descartan recurrir a despidos o recortes de personal, si bien sí contemplan la venta de activos en el extranjero. Actualmente, el banco de inversiones Citi está asesorando a la compañía para buscar posibles interesados.
Otra manera que la dirección contempla para ganar recursos es dar entrada a un nuevo inversor, que adquiera un 20% de la propiedad. Este deberá ser de perfil industrial y español y se han comprometido a empezar a buscarlo antes de finalizar junio.
Las expectativas de futuro son buenas y los cálculos que maneja la dirección proyectan un aumento del consumo aparente de sus clientes durante los próximos meses, con una paulatina recuperación del 5,6% en 2024 y otro aumento del 2,9% en 2025.
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