La semana pasada comentaba cómo en nuestro país vivimos un particular cruce de tendencias: se ha formado una suerte de coalición de intereses diversos reunidos en torno del objetivo de evitar un adelanto del calendario electoral, aprovechando ese tiempo para empujar una agenda de carácter conservador y populista, en la que múltiples intereses particulares logran reivindicaciones relevantes, aunque sin colisionar directamente con la continuidad del modelo económico.
Al mismo tiempo, el escaso nivel de legitimidad y credibilidad de la presidenta Dina Boluarte, y lo avezado de algunas decisiones del Congreso y otros actores de la coalición, que ponen seriamente en riesgo la continuidad del modelo de mercado, generan grietas y obligan a repensar posicionamientos, más aún, pensando en las próximas elecciones.
En otro orden de cosas, el fin de semana pasado observamos con mucha preocupación el agravamiento del conflicto en Medio Oriente, con el ataque iraní con drones y misiles sobre territorio israelí. Algunos comentaristas llamaron la atención sobre el riesgo de un escalamiento del conflicto, y llegó a hablarse del peligro de una tercera guerra mundial. Afortunadamente, con el paso de las horas, se va asentando la percepción de que el ataque iraní, previsible desde hace algunos días (incluso fue advertido por el presidente estadounidense Joe Biden el viernes), fue planteado como una acción militar "quirúrgica" de retaliación ante el ataque, atribuido a Israel, de la residencia del embajador iraní en Damasco a inicios de abril. A pesar de su siniestra espectacularidad, sus efectos fueron moderados y no se registró ninguna víctima mortal hasta el momento de escribir estas líneas.
Diversos analistas señalan que ni a Irán ni a Israel les convendría un escalamiento del conflicto. Sin embargo, después del ataque israelí en Damasco, el Gobierno Iraní se sentía "obligado" a responder para mantener una postura defensiva creíble y consolidar su imagen internacional. De allí que respondiera militarmente, con cierta contundencia, pero cuidándose de no obligar a Israel a una respuesta mayor. Al mismo tiempo, Israel se siente obligado a tomar represalias, pero que tampoco se perciban como desproporcionadas. Este juego político y militar, por cierto, es bastante peligroso, y cualquier error de cálculo o suceso imprevisto podría tener consecuencias catastróficas. Más todavía considerando que tanto del lado iraní como del israelí actores extremistas son parte central del proceso de toma de decisiones.
Podría decirse, manteniendo las distancias correspondientes, que las grietas dentro de la coalición gobernante guardan cierta semejanza con la lógica descrita. Ante una presidenta desacreditada y con bajísimos niveles de popularidad, ningún actor político está interesado en ser asociado con esta. Los actores se sienten obligados a marcar distancia, pero no al punto de desestabilizar la continuidad gubernamental. Al mismo tiempo, si bien la base de sostenimiento de todo este esquema se encuentra en el Congreso, la desfachatez con la que se toman algunas decisiones en favor de actores informales y siguiendo lógicas populistas obliga a otros a enfrentar alguna de estas. Este juego requiere mucha racionalidad, que es lo que no parece abundar.