Tanto el fiscal general del Estado como el Gobierno han rechazado que el Grupo Parlamentario Socialista haya aceptado incluir a tres fiscales en la lista de comparecientes de la comisión de investigación de contratos de compra de mascarillas en la pandemia. Tras el envío de una carta a la comisión por parte de Álvaro García Ortiz y las declaraciones de varios ministros, los socialistas están "estudiando" sacar del listado a Alejandro Luzón, fiscal jefe anticorrupción, a Ignacio de Lucas, encargado en la Fiscalía Europea de la investigación sobre las ramificaciones de la trama Koldo en Canarias y Baleares, y a la jefa de la Fiscalía Europea, la rumana Codruta Kövesi. En definitiva, la parte socialista del Gobierno ha desautorizado a su propio grupo parlamentario en el Congreso sobre la inclusión de estos tres nombres en una lista a la que el PSOE ha dado su visto bueno.
Alejandro Luzón archivó la denuncia contra el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid al no ver indicios de delito en su intermediación para la adjudicación de contratos con la Consejería madrileña de Sanidad. Tras conocer su citación la de otros dos fiscales, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, envió una carta al presidente de esta comisión en la que pide que "reconsidere la decisión" de llamarlos a comparecer.
"Anticorrupción está directamente involucrada en muchos procedimientos objeto de la comisión y eso podría perturbar el trabajo del Ministerio Fiscal, que es el ejercicio de la acción penal pública", explican fuentes de la Fiscalía General.
Según interpreta el Ministerio Público, la comparecencia de Luzón puede "constituir un inconveniente para la tramitación de las investigaciones fiscales y judiciales de naturaleza reservada", e incluso supondría un problema para "las alegaciones al derecho de defensa que pudieran efectuar los afectados por tales investigaciones". Ante estas consideraciones, el Grupo Parlamentario Socialista "está estudiando" atender a la petición de Álvaro García Ortiz, según informan fuentes socialistas a este periódico.
Los nombres de los comparecientes fueron acordados entre el PSOE y sus socios parlamentarios, siendo EH Bildu y Junts quienes propusieron incluir a los fiscales en el listado definitivo. Los socialistas aceptaron, pero tras el pronunciamiento de la Fiscalía y de varios ministros del Gobierno, ya no parecen tan convencidos. En cualquier caso, para que los tres fiscales ya no sean citados sería necesario volver a votar una nueva lista conjunta en la comisión, puntualizan desde el grupo socialista. "Veremos cómo proceder", señalan fuentes parlamentarias. Para ello, el presidente de la Mesa de esta comisión, el socialista valenciano Alejandro Soler, estudia actualmente esta cuestión, consciente de que no hay garantías de que la nueva votación salga adelante sin volver a negociar la lista conjunta.
La Fiscalía, que remitió la misiva este martes, aún no ha obtenido respuesta por parte de Soler. Sin embargo, el Congreso de los Diputados conocía ya la postura de la Fiscalía frente a las comparecencias de jueces y fiscales en el Parlamento. La expresó en diciembre el propio García Ortiz en referencia a las comisiones de investigación del supuesto lawfare que se plantearon en el acuerdo de investidura firmado entre el PSOE y Junts.
El fiscal general señaló desde el Congreso de los Diputados que las comisiones de investigación parlamentaria no tienen la potestad para "revisar los procedimientos" de los tribunales ni "la responsabilidad de jueces y fiscales". "El ordenamiento jurídico lo prohíbe", aseguró García Ortiz, que adelantó su defensa de la legalidad en este sentido.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, que en el marco de las acusaciones de lawfare y las comisiones de investigación sobre el mismo se ha declarado siempre "en defensa" de la independencia de jueces y fiscales, ha asegurado tras conocerse la carta del fiscal general que "no tiene sentido que jueces y magistrados vayan a declarar a comisiones de investigación sobre causas que están conociendo y estudiando" y "el mismo principio es aplicable a los fiscales". "No tiene sentido que vayan a declarar a comisiones de investigación sobre causas que están conociendo y están instruyendo", ha señalado.
La ministra de Defensa, Margarita Robles -jueza de carrera-, se ha sumado a esta posición al señalar este miércoles que citar a jueces y fiscales en comisiones parlamentarias "no es el procedimiento más adecuado". Estos profesionales, ha indicado, "ya tienen su trabajo que realizar" y actúan "siempre" con arreglo a la ley.
En cambio, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha justificado la inclusión de los tres fiscales en declaraciones desde la feria de Sevilla: "Ha habido que hacer acuerdos con otros grupos políticos para incorporar y hacer un listado que estuviera consensuado", ha señalado, aunque también ha reiterado lo ya dicho por Bolaños, que "no había vocación de que acudieran a la comisión los fiscales".