Estas son las principales quejas de los ciudadanos de Palma: ruido, suciedad, inseguridad y los patinetes, según la memoria anual de 2023 presentada por la Defensora de la Ciudadanía del Ayuntamiento de Palma, Anna Moilanen, y pone en evidencia el legado del anterior gobierno municipal, y las asignaturas pendientes que tendrá que resolver el nuevo alcalde del PP de Palma, Jaime Martínez.
Respecto a los ruidos, que con 40 denuncias encabezan las molestias, quejas y preocupaciones cotidianas de los palmesanos, en general, están relacionados con zonas donde hay presencia destacada de negocios de ocio en horario nocturno o con el alquiler vacacional, y en las quejas se ven implicados los departamentos de Policía Local, el de Licencia de Actividades y el de Sanidad.
Aunque la ciudadanía percibe de forma diferente el ruido porque afecta de forma diferente, en general, como subraya Moilanen «todas las personas que se han acercado a la Defensora viven con resignación un problema que a menudo se acredita, y cuya solución, se dilata en el tiempo".
La tipología del ruido es tan diversa que puede afectar a casi cualquier área municipal y entre los expedientes abiertos, «contamos con casos en los que el ruido proviene de animales, y se ha visto implicado el departamento de Bienestar Animal, o del tráfico rodado y se han implicado el Departamento de Movilidad Sostenible o de Medio Ambiente».
Como apunta Moilanen, el ruido está asociado a la «vulneración del derecho al descanso, el derecho a la salud o a un entorno saludable en la ciudad», muy presentes en la denominada carta para la salvaguardia de los derechos humanos en la ciudad.
En segundo lugar, en 2023, la ciudadanía mantuvo la preocupación por la suciedad urbana de su entorno más cercano, normalmente debido a la proximidad de los contenedores de recogida de basuras.
«Nadie los quiere cerca de su casa porque representan un foco de suciedad provocado por el incivismo de algunos vecinos que no tienen ningún escrúpulo de abandonar cualquier cosa de cualquier forma, sin respetar ni horarios, ni fracciones, ni el más mínimo orden», lamenta Moilanen.
A ello hay que unir el hecho de que, aunque en la mayoría de estos expedientes, la empresa municipal Emaya tiene voluntad de resolver esta situación, en realidad, «tiene muy poco margen, porque los incívicos actúan con nocturnidad y alevosía y la identificación es prácticamente imposible».
La alternativa, en algunos casos, ha sido el desplazamiento o retirada de los contenedores pero esto, «tiene consecuencias sobre la calidad del servicio y afecta a otras personas».
La inseguridad ciudadana y la preocupación por garantizar la convivencia y el orden entre los vecinos, es el tercer elemento destacado en este documento. En este apartado además destacan, apunta Moilanen, toda una serie de cuestiones que siguen una dinámica muy similar a años anteriores, la demora en la autorización de vados y estacionamiento de personas con movilidad reducida, la demora en la concesión de licencias de obra, la falta de accesibilidad o los problemas derivados de los casos de falta de notificación de las multas de circulación.
Durante 2023, se han tratado multitud de temas como el problema de las zonas de ocio canino, el incivismo en cuanto al depósito y recogida de trastos, la proliferación de plagas en lugares puntuales de la ciudad, el ruido como principal preocupación por la convivencia la demora de la administración como un factor común en todas las áreas y actuaciones.
Sin embargo, subraya este informe «destaca uno en especial con carácter extraordinario: la proliferación de los vehículos de movilidad personal (VMP, en adelante) y el incivismo de sus usuarios».
Como indica Moilanen, los VMP han supuesto un cambio extraordinario en el concepto de la movilidad de las ciudades de toda Europa, y Palma no es una excepción, de forma que el primer antecedente (denuncia a la Defensora) lo encontramos con la polémica de las empresas de alquiler de patinetes en 2019.
En este sentido, Moilanen recuerda que en abril de 2023 se admitió a trámite la reclamación de la entidad ARCA, que bajo el nombre de Plataforma Patinetes y Bicicletas a Raya, acompañada de una recopilación de 1.500 firmas, en la que se constataba la preocupación general de la ciudadanía desde una óptica de seguridad de los peatones, y planteaba una batería de actuaciones coincidentes con el criterio de las indicaciones recogidas en el Informe del Defensor del Pueblo emitido en 2019.