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Se estima que durante la dictadura militar 8.350 indígenas murieron en disputas de tierras y en la implementación de grandes proyectos en zonas forestales. En el mismo período, 1.200 campesinos también murieron en conflictos similares. Según un informe de la Comisión Nacional de la Verdad, de 2011 a 2014, estas muertes fueron causadas por acción del Estado autoritario o por omisión.
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A pesar de aparecer en un informe oficial, estas muertes son menos conocidas y ¿por qué no llaman tanto la atención? En la evaluación del historiador y sociólogo Lucas Pedretti, este borrado es similar a lo que sucede hoy con las personas asesinadas en operaciones policiales en comunidades y zonas periféricas: a la sociedad brasileña le importan poco esas vidas.
"Valoramos más unas vidas que otras y, por tanto, lamentamos unas muertes más que otras", afirma el estudioso.
Somos un país con una historia extremadamente violenta: hemos tenido genocidio indígena desde la colonización, durante 350 años la explotación de los esclavos fue el motor de la economía; y nuestro mestizaje se dio con la violación de mujeres indígenas y negras esclavizadas. ¿Los indicadores de violencia en dictadura y democracia son consistentes con este legado?
Sin duda. Necesitamos considerar el período de la dictadura militar como un capítulo más de esta larga historia de violencia y barbarie. El libro se pregunta exactamente cómo y por qué, dada esta historia, en la que la violencia es la característica fundamental, sólo en torno a ciertos temas hubo una movilización capaz de llevar al Estado a admitir la violencia y producir, aunque de manera muy limitada, políticas de reconocimiento con los derechos humanos. funcionamiento de la Comisión de Muertos y Desaparecidos Políticos [Ley N° 9.140/1995], la Comisión de Amnistía [Ley N° 10.559/2002] y la Comisión Nacional de la Verdad [Ley N° 12.528/2011].
Son momentos únicos en la historia de Brasil en los que el Estado admite haber violado derechos y trata de repararlos de alguna manera. Pero ¿por qué no tenemos una comisión de la verdad indígena, o sobre la esclavitud negra o sobre la violencia policial posterior a 1988? Está claro, como intento mostrar en el libro, que la raza y la clase juegan un papel en esto. Los objetivos de la violencia política de la dictadura reconocida por el Estado están históricamente más protegidos: jóvenes blancos, universitarios, de clase media o, a menudo, hijos de la élite.
Usted escribe en el libro que "para casos como la masacre de Acari [1990] no hubo comisiones de la verdad, programas de reparación ni políticas de memoria. Por el contrario, la respuesta de la Nueva República fue un aumento de las formas de violencia estatal". ¿Es la sociedad brasileña más sensible a la violencia política que a la violencia urbana cotidiana?
Valoramos más unas vidas que otras y, por tanto, lamentamos unas muertes más que otras. La idea de violencia política, tal como se construyó durante la redemocratización, tuvo la función de permitir la reintegración de los activistas de la oposición. Este discurso logró rehabilitar políticamente a sujetos que el régimen militar llamaba subversivos y terroristas.
Pero este discurso mantuvo una cierta división entre violencia tolerable y violencia intolerable. Cuando la violencia estatal afecta a jóvenes universitarios blancos genera rechazo porque va más allá de lo que la sociedad brasileña considera normal, como la muerte de un joven negro en la periferia o una masacre indígena.
Recientemente terminó la Operación Verano en Baixada Santista, con 56 personas asesinadas por la Policía Militar de São Paulo. ¿Tienen estas operaciones policiales especiales, llevadas a cabo en diferentes estados, alguna similitud con la represión política?
Todas estas operaciones policiales están ancladas en una lógica en la que ciertas personas y ciertos territorios de la ciudad no son dignos de derechos, ciudadanía y protecciones constitucionales. Ante una persona cuya humanidad no es reconocida y considerada una amenaza, socialmente autorizamos a la policía a ir allí, torturar, arrestar y matar arbitrariamente.
La dictadura estableció mecanismos institucionales, legales y legales que continúan hasta el día de hoy y que respaldan la situación de la policía. Los registros de resistencia, por ejemplo, se instituyeron durante la dictadura. La atribución de un Tribunal Militar para juzgar a militares acusados de cometer crímenes contra civiles es una creación de la dictadura. La propia organización institucional de la policía militar, cómo funciona este cuerpo como fuerza auxiliar del Ejército, es también un legado de la dictadura militar.
Además de estos mecanismos legales, institucionales y administrativos, hay algo desde el punto de vista discursivo. La dictadura fue el momento en el que se planteó la idea de que se debe hacer valer la mano dura del Estado -al margen de leyes y garantías constitucionales- y que la policía debe actuar de forma autónoma -sin ningún tipo de control externo, sin ningún tipo de sometimiento a la ciudadanía civil-. poder político- tiene como contrapartida la garantía de impunidad para los agentes policiales.
Es importante decir que nuestra democracia supo profundizar todos estos mecanismos. Esto es algo en lo que debemos pensar. Lo que llamamos democracia tolera y acepta la violencia estatal contra la juventud negra periférica, quizás hoy de una manera más grave que lo que ocurrió durante el propio régimen autoritario.
¿La impunidad y el comportamiento de la policía hoy son signos de acción policial autónoma y de pérdida de control por parte de los gobiernos estatales?
Es difícil diagnosticar definitivamente que todos los gobiernos estatales han perdido el control de la policía. Lo que se puede decir es que estamos ante un movimiento en el que, en lugar de corporaciones policiales, se someten a un estricto control civil -como sería de esperar en un régimen democrático, ya que son los profesionales que utilizan la violencia cuyo monopolio legítimo les debe el Estado. Se sostiene: vemos un claro movimiento de politización de estas corporaciones, con la presentación de candidatos y la acción política partidista.
El germen de ello no es sólo la impunidad, sin duda fundamental, sino también la autonomía con la que operan estos cuerpos policiales. Esta mezcla allana el camino, por ejemplo, para que dentro de las fuerzas policiales se multipliquen escuadrones de la muerte, grupos de exterminio y milicias.
¿La autonomía y la forma violenta y descontrolada de actuar también significan que estos policías pueden ser cooptados por el propio crimen?
Esto lo aprendimos en sociología del trabajo de Michel Misse [científico social de Espírito Santo]. Siempre que haya un mercado ilegal operando, habrá un mercado de protección a su lado, como es el caso del mercado de drogas y del tráfico de armas, donde circulan cantidades absurdas de dinero. Este mercado necesita comprar su seguridad, comprar su protección. ¿Quién mejor para hacerlo que los propios agentes del Estado?
En 2010, el Tribunal Supremo Federal rechazó la acción presentada por el Colegio de Abogados de Brasil que cuestionaba la aplicación de la Ley de Amnistía a los agentes del Estado que cometieron crímenes atroces, como la tortura, durante la dictadura militar. La impunidad de esos agentes parece una cláusula férrea. ¿Por qué la democracia restablecida hace casi 40 años no puede cambiar esto?
Ésta es una pregunta que nos persigue. Cuando tengamos una respuesta exacta, tal vez podamos encontrar formas de salir de este dilema. Es importante pensar desde el principio de nuestra historia. Brasil tiene una larga tradición de transiciones inconclusas, cita el título del libro. Atravesamos momentos históricos sin afrontar los traumas, sin desarrollar y promover medidas para reparar los asuntos pendientes que quedaron y sin permitir que los conflictos sean procesados adecuadamente.
A la luz de la idea de que somos un país pacífico, un país en el que todo se resuelve sobre la base de la conciliación, no hemos abordado correctamente el pasado.
De cara al futuro, ¿teme que el espíritu de conciliación nos persiga en el juicio a los responsables del 8 de enero?
No creo que podamos descartar la posibilidad de un cambio significativo en la situación política que conduzca a algún tipo de amnistía para Jair Bolsonaro y los militares que operaron en el golpe de Estado y el 8 de enero. Pero creo que el escenario más probable hoy en día es la responsabilidad penal de estas personas.
Pero esto no significa que nos deshagamos del espíritu de conciliación. Por lo contrario. Esto ha quedado muy claro en los discursos de los comandantes militares y en el discurso del Ministro de Defensa, José Múcio, de que "los involucrados en el 8 de enero y en la conspiración golpista eran CPF" y que necesitamos "proteger al CNPJ". Al final se dice que 'no hubo golpe de Estado el 8 de enero porque las Fuerzas Armadas no quisieron'. Creo que vuelve a ser necesario el espíritu de conciliación.