La Corte Suprema de Justicia ha formalizado la acusación contra el exsenador Ciro Ramírez, miembro del partido Centro Democrático, por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.
La acción jurídica conlleva su paso a juicio ante la Sala Especial de Primera Instancia.
Las acusaciones presentadas por el pleno de la Sala de Instrucción se basan en una serie de hechos ocurridos entre los años 2021 y 2022, donde se señala la presunta injerencia indebida de Ramírez en el Departamento de Prosperidad Social (DPS) para la contratación de obras públicas en diversos departamentos del país.
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El proceso investigativo, liderado por el magistrado Marco Antonio Rueda Soto desde junio de 2023, se centra en la sospecha de que el exsenador desvió trece contratos a su favor.
Se ha evidenciado que Ramírez actuó como intermediario entre el DPS, dirigido por Pierre Eugenio García Jacquier (también bajo investigación), y empresas vinculadas a obras en Quindío y Tolima.
Uno de los contratos clave involucra a la empresa Proyecta Quindío, en el cual se señala la participación de Katherine Rivera Bohórquez, miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo de Ramírez, y el contratista Anderson González. Ambos fueron imputados por la Fiscalía en 2023.
Según las investigaciones, Rivera Bohórquez facilitó la firma del contrato, valuado en más de $48 mil millones, y se presume su participación en promesas de coimas que alcanzarían los $1.000 millones.
El proceso judicial continuará con el juicio ante la Sala Especial de Primera Instancia, donde se espera se esclarezcan los detalles de estas acusaciones que involucran a importantes figuras políticas y empresariales.
Con información de Colprensa.