El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que cancela su agenda y abre un periodo de reflexión sobre si debe seguir o no en la presidencia del Gobierno. El secretario general del PSOE ha asegurado que se está pensando «si merece la pena continuar al frente del Gobierno o renunciar a este alto honor». ¿Qué ocurriría sí el próximo lunes Sánchez anuncia su dimisión? La Constitución recoge esta casuística de la siguiente manera.
En su artículo 101, es clara al respecto: «El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente».
Esto supone que, ante la dimisión del presidente, todo el Gobierno estaría obligado a cesar. Ahí, de forma interina, la vicepresidenta María Jesús Montero asumiría las funciones de forma provisional hasta hasta la designación de un nuevo presidente.
Le toca al Rey de España, Felipe VI, designar un nuevo candidato a la investidura en caso de que Sánchez renuncie a su cargo el próximo lunes. De tal manera que el monarca juega un papel fundamental en este proceso. Según la misma Constitución, el Rey, tras consultar a los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria y mediante la presidenta del Congreso, propondrá un candidato a la presidencia del Gobierno.
En este caso podría ser la actual vicepresidenta primera del Gobierno, que es María Jesús Montero, también ministra de Hacienda que asumiría el cargo sin pasar por las urnas. Montero, sin embargo, necesitaría el apoyo de la mayoría del Parlamento para ser investida.
Mientras se lleva a cabo el proceso de designación e investidura del nuevo presidente, un proceso idéntico al que se produce tras unas elecciones ordinarias, el Gobierno actual continuaría en funciones. Esto significa que el Gobierno seguiría desempeñando sus tareas habituales, pero con ciertas limitaciones en sus capacidades. Por ejemplo, un Gobierno en funciones no puede aprobar proyectos de ley nuevos ni realizar propuestas legislativas.
Su principal objetivo durante este periodo es asegurar la administración ordinaria del Estado y la gestión de los asuntos públicos, evitando tomar decisiones de calado que deberían ser responsabilidad del próximo Gobierno plenamente constituido. Es decir, que de facto, Montero asumiría la presidencia.
Es crucial el papel del Congreso en este proceso. El candidato propuesto por el Rey debe someterse a una sesión de investidura ante el pleno del Congreso de los Diputados. Para ser investido, necesita obtener la mayoría absoluta de los votos en la primera votación o una mayoría simple en una segunda votación que se celebraría 48 horas después de la primera.
Si el candidato no lograse ser investido, se inicia un plazo de dos meses durante los cuales se pueden proponer nuevos candidatos. Si tras estos dos meses ningún candidato ha sido investido, el Rey disolverá ambas cámaras y convocará nuevas elecciones generales que en este caso se producirían a finales de este año 2024.
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