El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, le solicita al Ministerio de Justicia implementar medidas urgentes, que protejan la vida e integridad de funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), como también le solicita garantizar las condiciones de seguridad para que puedan desempeñar sus labores.
La solicitud la hace debido a los recientes y trágicos hechos, cuyas víctimas fueron algunos de los integrantes del personal de custodia en el departamento del Valle del Cauca.
"Es apremiante adoptar medidas de protección y fortalecer la presencia institucional, especialmente en el Valle del Cauca, donde se evidencia una espiral de violencia en contra de funcionarios del Inpec. El Ministerio de Justicia, como cabeza del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario, debe dar las garantías para que el personal del Instituto pueda desempeñar sus labores de vigilancia y custodia", es el llamado del Defensor del Pueblo.
Recordó además el más reciente sucedió el 9 de abril, cuando hombres armados asesinaron en la entrada del penal en Buga al dragoneante Léider Romo Rojas, quien se disponía a realizar sus labores. Ese mismo día, pero en el municipio de Tuluá, fue herido de gravedad con arma de fuego el dragoneante Nicolás Torres Noreña. Un día antes, en el municipio de Palmira, también fue ultimado Néstor Quevedo Díaz, quien era pensionado del Inpec.
Así mismo señaló que en lo corrido del 2024, dos funcionarios fueron víctimas de atentados en el Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad del municipio de Jamundí, y uno más resultó herido en la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Tuluá, lo que evidencia la problemática que afrontan.
"Lo que está ocurriendo se agrava con amenazas que se concretan a través del envío de coronas fúnebres y panfletos amenazantes a guardianas y guardianes en diferentes centros penitenciarios y carcelarios", dijo.