La polémica decisión de las autoridades financieras de Suiza en marzo de 2023 de liquidar por completo una determinada clase de bonos de Credit Suisse tras la quiebra del banco sigue causando revuelo más de un año después con el caso en los tribunales. Los bonistas perjudicados que acudieron a la vía judicial se encuentran ahora, además de que con los prolongados plazos de la Justicia, con que el supervisor financiero suizo que tomó la decisión, la Autoridad Suiza Supervisora del Mercado Financiero (Finma), no quiere divulgar documentación clave sobre el proceso. Los demandantes también se quejan de que los tribunales suizos les están haciendo pagar unas tasas administrativas individuales por el litigio cuando sus demandas son colectivas.
El cronograma es de sobra conocido. Hace ahora poco más de un año, la centenaria Credit Suisse se descomponía a toda velocidad. Incapaces desde la entidad de taponar la hemorragia, la única solución viable que apareció en el horizonte fue su venta a UBS, su histórico rival patrio. Para facilitar el proceso, el regulador suizo decidió borrar de un plumazo los 17.000 millones de dólares que tenía Credit Suisse en bonos de Capital Adicional de Nivel 1 (AT1), una forma de deuda bancaria llamada a convertirse en acciones o amortizarse cuando un banco tiene problemas.
Aunque los folletos de emisión de estos productos híbridos (conocidos también como CoCos -contingentemente convertibles-) suelen contemplar la liquidación si la entidad es rescatada, en el caso de Credit Suisse dolió especialmente entre los bonistas el hecho de que los accionistas sí recuperasen una parte, aunque sea mínima, de su inversión. Esto contravenía el habitual orden de prelación por el que, en caso de dificultades, los deudores están por encima de los accionistas en jerarquía a la hora de cobrar.
La Finma ha justificado reiteradamente que la decisión fue la única posible en un momento tan crítico y que la alternativa hubiera sido una compleja nacionalización de la entidad. El argumento oficial para proceder esa liquidación fue una cláusula en el prospecto de estos bonos AT1 que permitía que fuesen amortizados de forma permanente si se producía un "evento desencadenante". Que el comprometido futuro de Credit Suisse justificase ese "evento" es lo que se está dirimiendo ahora.
Los tenedores afectados -muchos de los cuales son gestores de fondos internacionales- alegan que las autoridades no cumplieron las condiciones para eliminar la deuda, sino que se esforzaron por garantizar que los contribuyentes suizos no quedaran expuestos financieramente al rescate. Ahora el proceso avanza muy lentamente en los tribunales y los demandantes denuncian continuas trabas.
Como parte de su demanda, los inversores han solicitado la divulgación de documentos relacionados con la decisión de Finma, así como las primas del personal de Credit Suisse vinculadas a los bonos, denominadas primas de capital contingente, informa el Financial Times. La Finma, sin embargo, ha alegado que la divulgación de los archivos socavaría la confianza en ella y reforzaría las posibles demandas legales contra el Estado suizo, según una carta que el regulador escribió el mes pasado al Tribunal Administrativo Federal suizo de San Gall (Sankt Gallen), donde se tramita el caso.
Los afectados también se han enfadado por la decisión de un tribunal suizo de obligar a los demandantes individuales a pagar tasas administrativas a pesar de que están llevando a cabo su acción legal como parte de un grupo. "Esto, por supuesto, es una broma en cualquier país civilizado, pero las autoridades suizas parecen disfrutar con estas tácticas mezquinas de frustración", ha declarado un demandante al FT.
Los demandantes esperaban que las tasas de administración judicial se cobraran a nivel colectivo, pero el mes pasado se les comunicó que cada tenedor de bonos tendría que pagar tasas separadas basadas en el valor de los AT1 que poseyeran. Según los documentos consultados por el periódico financiero británico, las tasas oscilan entre 200 francos suizos para los demandantes que posean hasta 10.000 francos suizos en bonos y más de 15.000 francos suizos para los que posean más de 5 millones de francos suizos. Los abogados habían impugnado la estructura de tarifas, pero el tribunal de St Gallen rechazó el recurso.
La controvertida decisión de la Finma convulsionó el mercado europeo de este tipo de emisiones híbridas y puso el foco sobre los supervisores de la eurozona y el Reino Unido, que se apresuraron a destacar que esto no ocurriría en sus jurisdicciones. Las garantías ofrecidas han devuelto la calma a este mercado, pero las suspicacias se mantienen en torno a Suiza. "Está bastante claro que los inversores están tratando el suceso como un error puntual en la política de las autoridades suizas, sin ninguna trascendencia para los bancos de la Eurozona y del Reino Unido en caso de que ocurriera algo similar", argumenta Jakub Lichwa, gestor de TwentyFour AM (Boutique de Vontobel).
Una buena reputación en entredicho
Es por ello que desde el país alpino se están acelerando los esfuerzos para reformar sus regulaciones bancarias y otorgar más poder a quienes las harán cumplir. En los próximos días, el gobierno dará a conocer propuestas legislativas largamente esperadas que probablemente afecten a todos los pilares principales de la supervisión bancaria, desde las normas de capital y liquidez hasta los controles de la gobernanza, informa Bloomberg. UBS, el único banco globalmente sistémico que queda ahora en el país y que tiene más del doble del tamaño de la economía nacional, se enfrenta a un mayor escrutinio.
Un elemento clave es fortalecer precisamente a la Finma, muy tocada por la gestión del caso de Credit Suisse hasta llegar a amenazar la reputación histórica de estabilidad financiera del país. Esa tarea se ve favorecida esta semana por la llegada de Stefan Walter, un veterano supervisor bancario europeo que ha pasado una década enfrentándose cara a cara con empresas como Deutsche Bank, para desempeñarse como nuevo director ejecutivo de la Finma.
"No diría que las autoridades suizas son ineficaces, pero ciertamente hay algunas cosas que deberían cambiarse", señala Yvan Lengwiler, profesor de la Universidad de Basilea y jefe de un panel de expertos creado para presentar propuestas de reforma . "Finma definitivamente necesita más recursos para estar en pie de igualdad con los bancos". Walter puede ser visto como el rostro de esta renovación. El alemán jugó un papel clave en la construcción del brazo de supervisión del Banco Central Europeo (BCE) cuando comenzó a vigilar a los prestamistas en 2014 como parte de la respuesta a la crisis de deuda soberana del bloque.
Los suizos han preferido durante mucho tiempo un enfoque de supervisión financiera más consensuado que el común en otras jurisdicciones. La falta de capacidad para imponer multas se ha justificado en ocasiones con el argumento de que destruiría el ambiente de cooperación. La filosofía de la gestión eficiente también se refleja en el tamaño relativamente pequeño del regulador: poco menos de 600 personas trabajan en Finma para supervisar un sector financiero que emplea directamente a más de 230.000 personas. Sin embargo, la rápida evaporación de la confianza en Credit Suisse después de una serie de errores y pérdidas, y su posterior rescate de emergencia por parte de UBS, han hecho mella en ese consenso previo.
"En medio de una avalancha masiva de acreedores, la adquisición del Credit Suisse estaba respaldada por una garantía pública y una liquidez casi equivalente a una cuarta parte de la producción económica suiza. Aunque el apoyo público se recuperó en última instancia, conllevó un riesgo fiscal contingente muy significativo y creó un banco más grande y sistémico. El uso de los poderes permanentes de resolución para transferir la propiedad de Credit Suisse, después de rescatar a los accionistas y acreedores, en lugar de recurrir a la legislación de emergencia para llevar a cabo una fusión, habría hecho desaparecer por completo a los accionistas de Credit Suisse y se habría prolongado potencialmente menos el apoyo público", apuntan en un artículo del Fondo Monetario Internacional (FMI) Tobias Adrian y Marc Dobler.
Ambos economistas esperan saber más en los próximos días, cuando se publique el informe suizo sobre el régimen de 'demasiado grande para quebrar'. "La supervisión intrusiva y la intervención temprana son fundamentales. Los depositantes de Credit Suisse perdieron la confianza tras prolongados fallos en la gobernanza y la gestión del riesgo", sentencian.