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Actualizado 18:36
La política actual no nos tiene acostumbrados a propuestas en las que se manifieste el acuerdo y la transversalidad. Ayer en el Congreso, con el voto favorable de todas las formaciones políticas excepto VOX, se tomó en consideración la Iniciativa Legislativa Popular para la regularización extraordinaria de personas extranjeras. Esta iniciativa ha conseguido el mayor apoyo cuantitativo de cuantas iniciativas legislativas populares se han presentado en democracia, más de 600.000 firmas y 900 asociaciones, entre ellas Cáritas Española.
Ahora se debatirá la modificación de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España para que el Gobierno, mediante Real Decreto, desarrolle un procedimiento para la regularización de los extranjeros. Habrá que esperar a las enmiendas que se introduzcan en el trámite, lo que permitirá establecer las condiciones de dicha regularización y también hará que los diferentes partidos se retraten. Hasta el presente, en nuestro país, han tenido lugar seis regularizaciones extraordinarias, tanto con gobiernos del PP como del PSOE.
Se trata de un procedimiento común en Europa, y pretende que los migrantes no queden condenados a la desprotección legal o a la exclusión, de facto, de servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad. También que los migrantes que están ya trabajando puedan contribuir a los ingresos públicos. Tal como escribió recientemente monseñor Luis Argüello, "el derecho a la vida es el pilar fundamental de todos los demás derechos", especialmente "el de la vida de los más vulnerables". Sería deseable que "quienes hemos defendido la dignidad de los migrantes promoviendo una ILP estemos ahora en contra de definir el aborto como derecho".
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