El célebre penalista Guillermo Ouviña siempre recordaba en sus clases una anécdota ocurrida en diciembre de 1899: el ministro Joaquín V. González ordenó a un fiscal que allanara la sede del Club del Progreso y detuviera a algunos contertulios que estaban jugando al bacará.
Épocas en que se perseguía el juego clandestino. El fiscal sospechó de inmediato que esa maniobra escondía la persecución a opositores e incumplió la orden impartida por el ministro, que como represalia le aplicó tres meses de suspensión en el cargo. La curiosa arbitrariedad de un gran constitucionalista como Joaquín V. González era doblemente peligrosa, porque llegaba avalada por el prestigio jurídico de su emisor.
Pero este fiscal desafió también la sanción del ministro, recurriendo a sus superiores jerárquicos. El 30 de diciembre de 1899, en medio de los alardes festivos de un fin de año especial, salió una acordada que desairaba al ministro por segunda vez, resolviendo que el Poder Ejecutivo no podía dar órdenes a un fiscal, por la sencilla razón de que son poderes independientes.
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El destino tenía reservada aún una tercera humillación para González: los miembros del tribunal se reunieron ese mismo día con el presidente de la Nación, Julio A. Roca, que lejos de defender el desacierto de su ministro anuló la sanción. Otro país.
No es extraño que Guillermo Ouviña recordara esa anécdota; él mismo siendo fiscal se vio envuelto en un episodio similar. El 29 de marzo de 1962 a las cuatro de la mañana los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas derrocaron a Arturo Frondizi y lo trasladaron a la Isla Martín García. Un tiempo después el detenido hizo declaraciones a la prensa y aludió a Perón, violando el famoso decreto 4161 de "desperonización".
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