La secretaria general de la Commonwealth, Patricia Scotland, hizo un llamado este sábado a los Estados miembros para que «brinden todo el apoyo que consideren apropiado a Guyana en este momento de necesidad», debido a su disputa territorial con Venezuela.
«Ofrezco mi apoyo continuo y el de la Commonwealth para ayudar a resolver el asunto por medios pacíficos», dijo en un comunicado Scotland sobre la crisis de la región del Esequibo, bajo control de Guyana pero reclamada por Venezuela.
La secretaria general instó al Gobierno de Venezuela a «respetar los principios del derecho internacional y gestionar la disputa de manera que se garantice la paz y la estabilidad de la región del Caribe».
Guyana, una antigua colonia británica que se independizó en 1966, forma parte de la Commonwealth o Mancomunidad de Naciones, integrada por 56 países, muchos de ellos caribeños.
Las declaraciones de Scotland se producen un día después de que el presidente guyanés, Irfaan Ali, le enviara una carta expresando que le preocupa que el próximo paso de Venezuela sea implementar su plan para apoderarse del Esequibo.
Ley orgánica venezolana
Venezuela promulgó el pasado miércoles la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba, que da un marco legal a los planes de Caracas de anexionarse la zona bajo litigio.
Scotland indicó que estas últimas acciones parecen contravenir directamente la orden de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que en diciembre pasado urgió a Venezuela a abstenerse de tomar cualquier acción que modifique la situación que actualmente prevalece en el territorio en disputa, a la espera de una decisión final sobre el caso.
«La Commonwealth afirma que el proceso de la CIJ es el medio apropiado y legal para abordar el asunto según el derecho internacional», agregó, en línea con la postura de Guyana.
Venezuela, sin embargo, rechaza que la CIJ dirima sobre la disputa del Esequibo, un territorio de unos 160 mil kilómetros cuadrados rico en petróleo y recursos minerales y naturales.
El Ejecutivo de Nicolás Maduro aseguró asimismo esta semana que la aprobación de la mencionada ley «es un acto soberano que compete solo a los venezolanos» y que su objetivo «es defender y preservar los derechos incuestionables de Venezuela sobre el territorio».
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