El exseremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de la Región de Antofagasta, Carlos Contreras, se refirió este lunes a su segunda formalización, esta vez por su presunta autoría y participación en el delito de fraude al fisco reiterado, en el marco de la investigación que lo involucra a la fundación Tomarte, similar a lo ocurrido con el caso Democracia Viva.
Al otrora titular regional del Minvu se le acusa de intervenir de manera indebida en el proceso previo a la suscripción de los convenios, instruyendo que se invitara a Tomarte y consiguiendo que se le incorporara a la nómina de fundaciones que serían consideradas para ser receptoras de fondos públicos.
Por medio de una declaración, Contreras deslizó la responsabilidad de los hechos que se le imputan a la extitular nacional de Asentamientos Precarios, Verónica Serrano, quien es además tía de Miguel Crispi, jefe de asesores de La Moneda.
"Se me responsabiliza otra vez de las prácticas adoptadas por Verónica Serrano durante su gestión como jefa del programa Asentamientos Precarios. Estoy tranquilo y espero que la investigación considere los antecedentes del manual de transferencias y establezca que no tuve potestad administrativa para cometer fraude", remarcó.
En tanto, la audiencia, que fue realizada en dependencias del Juzgado de Garantía de Antofagasta, aún no concluye, y durante la jornada de este martes el Ministerio Público informará las medidas cautelares que solicitará al tribunal en contra del imputado.
Cabe recordar que el pasado 28 de febrero y tras 75 días en prisión preventiva, la Corte de Apelaciones de Antofagasta cambió la medida dictada a Contreras y Daniel Andrade, fundador de Democracia Viva, ordenando que se mantuvieran con arresto domiciliario total y arraigo nacional.
Esto, luego de que ambos fueran formalizados el 15 de diciembre de 2023, debido a la investigación de persigue el Ministerio Público, que los acusa de defraudar al fisco por $426 millones con contratos entre Democracia Viva y el Minvu en trabajos no realizados en Antofagasta. Posteriormente, el 12 de enero, se dictó también la medida cautelar más gravosa a la concejala Paz Fuica, en el marco de la misma investigación.