El órgano ha tramitado 2.994 reclamaciones de acceso a la información en estos nueve años, "lo que convierte a Canarias en la comunidad con más procedimiento de garantía de acceso por habitante: 29 por cada 100.000 habitantes", explicó Cerdán. Se deduce que una de cada siete preguntas realizadas a las instituciones ha llegado como reclamación al Comisionado; en casi el 80% de las veces por silencio administrativo previo. De esas resoluciones, el Comisionado a resuelto 2.573 expedientes, "cinco de cada seis han sido estimatorias y han producido resultados favorables para el ciudadano; mientras que una de cada seis ha sido o bien inadmitida porque no pedía información pública o bien ha sido desestimada; muchas veces porque la información había sido ya entregada".
Han jugado un importante papel actividades como los planes de verificación del cumplimiento de las resoluciones ejecutivas del órgano garante. "Hace tres años casi un tercio no se cumplían; en el último trienio, las cifras de incumplimiento se han reducido por debajo del 7% en su conjunto", señaló el comisionado.
Es destacable también la evolución positiva de la nota media de evaluación de las entidades: 8 puntos en las organizaciones públicas y 4,49 en las privadas. El comisionado de Transparencia subrayó que sin la colaboración de más de tres mil personas que autoevalúan a sus organizaciones no se hubiera logrado alcanzar las 5.792 evaluaciones de los portales de transparencia públicos y privados desde 2015, a las que han de sumarse a los 382 controles del último proceso de evaluaciones a las entidades públicas y semipúblicas cerrado el pasado mes de marzo y las 1.070 entidades las 1.070 entidades privadas emplazadas en estas semanas a autoevaluarse por haber recibido más de 60.000 euros en 2022 y 2023. "Interesa destacar el salto en evaluación que se produjo en 2021, derivados de que más de 2.700 entidades privadas (la gran mayoría receptora de ayudas COVID) presentaron su declaración: Un fenómeno absolutamente inédito en el resto de España, donde apenas se les pide que rindan cuentas sobre su transparencia a aquellas organizaciones que manejan cada año importantes cantidades de recursos públicos; siendo así que las evaluaciones están contempladas en la práctica totalidad de las leyes de transparencia".
En el último año, el Comisionado de Transparencia ha mejorado su página web, reforzada con una canal de YouTube con ya 209 vídeos, la mayoría formativos.
Se desarrolló también en 2023 un nuevo módulo del programa Evalúa-t con la finalidad de que fuera más operativo. Se optimizó este programa con una filosofía similar a la aplicación T-Canaria con el que se realizan las evaluaciones oficiales, pero apto para que cualquier persona pueda evaluar la transparencia activa de cualquier entidad, ya sea pública o privada.
El programa Evalúa-T renovado atrajo la atención de algunos operadores: la Dirección General de Gobernanza del Gobierno de España y la Red Académica de Gobierno Abierto (RAGA).
En el primer caso, la citada dirección general que coordina el portal de transparencia del Gobierno de España puede controlar y evaluar la carga de las obligaciones informativas de cada ministerio de la Administración General del Estado con esta herramienta canaria. Y existe la posibilidad de que se amplíe a la evaluación y control de los centenares de entidades públicas dependientes.
El año pasado también se actualizó, mejoró y simplificó el Código de Transparencia y Acceso a la Información elaborado entre 2019 y 2020, que contiene la normativa estatal básica relativa a la transparencia y el acceso a la información pública; y las normas canarias que también son aplicables en el Archipiélago. Este código permanece actualizado y accesible en la sección de Publicaciones de la web del Comisionado.
En marzo de 2023 el Comisionado de Transparencia publicó la Recomendación 1/2023, sobre subvenciones públicas, que fue publicada tanto en el Boletín oficial del Parlamento de Canarias (n.º 138, de 17 de marzo) como en el Boletín Oficial de Canarias (n.º 68, de 5 de abril). En esta disposición se insta a las entidades que conceden subvenciones a entidades privadas que incluyan tanto en las bases reguladoras como en las órdenes de concesión las obligaciones informativas que han de publicar en la web.
"La obligación de transparencia -el saber que puede ver lo que se hace y tener que dar información solicitada y rendición de cuenta- es un poderoso acicate para que las actuaciones públicas sean mejores y más eficientes. Cuando en los sistemas no democráticos se oculta cualquier cosa incómoda se camina a la postre hacia la ineficiencia de los recursos públicos y a la discriminación entre amigos y no amigos en las prestaciones concedidas", concluyó Cerdán.