La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) prepara un duro informe en el que cuestiona la viabilidad a corto y medio plazo de las cuentas públicas del presidente Sánchez, «que se verán muy perjudicadas por la reforma de las pensiones» impulsada en 2021 por el entonces ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, según medios consultados por OKDIARIO. La actual titular de la cartera, Elma Saiz, es muy consciente de esta amenaza «y está dispuesta a hacer todo lo posible para convencer a la presidente de la AIRef, Cristina Herrero, de que el Ejecutivo hará todo lo posible para asegurar la sostenibilidad presupuestaria y de que los mecanismos correctores recogidos en la propia reforma son muy capaces de reconducir la situación en cuanto se produzca una desviación significativa», de acuerdo con medios del Gobierno.
No será fácil en ningún caso. El problema reside en que la Comisión Europea tiene prohibido que el gasto en pensiones supere el 15% del PIB, y que, según la ficha española del documento sobre el Envejecimiento de la Población -Ageing Report- publicado por la UE, aunque fabricado y remitido a Bruselas en diciembre pasado por el Ministerio de Economía entonces a cargo de Nadia Calviño, este límite ya se rebasa en una décima en 2025. Esa desviación equivale a casi 12.000 millones, que es el recorte que dicho documento propone para cumplir con los requerimientos de la Unión.
Según las estimaciones del informe de Calviño sobre el envejecimiento y su impacto macroeconómico, el gasto en pensiones pasaría del 13,1% del PIB de 2022 al 17,3% de 2050, para luego reducirse hasta el 16,7% en 2070. «Todas estas cifras son muy superiores a lo que la Comisión Europea considera razonable y obligatoriamente exigible a los países miembros», según la AIRef, y exigirán un plan urgente y creíble de consolidación fiscal a medio y largo plazo. En opinión de la ministra Sáiz, sin embargo, los instrumentos correctores que incluye la propia reforma de Escrivá serán suficientes para contener los riesgos. Entre ellos se encuentra el aumento sostenido de las cotizaciones sociales, tanto de asalariados como de autónomos, o el cambio del periodo de cómputo para calcular una pensión, así como el mecanismo de equidad intergeneracional, que eleva las cuotas para los salarios más elevados.
El organismo que preside Cristina Herrero tiene previsto emitir en 2025, como hace cada tres años, su informe sobre la estabilidad de las cuentas públicas españolas, y los datos de que dispone hasta ahora «no son precisamente propicios a que sea favorable, y están muy influidos por el descontrol de las pensiones». Adicionalmente, este informe será clave para la nueva Comisión Europea que salga de las urnas tras las elecciones del próximo junio, y aunque se espera que estará dominada como está ahora por miembros del Partido Popular Europeo, nadie tiene duda en Bruselas de que será menos indulgente con el Gobierno español de lo que ahora han demostrado Úrsula von der Leyen y el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, el socialista Paolo Gentiloni.
En su último informe sobre los presupuestos iniciales de las Administraciones Públicas para 2024, la AIReF prevé que la economía crezca un 2% en 2024 y que el déficit público baje hasta el 3% del PIB, pero este escenario está ahora en cuestión, y en todo caso -así como en la mejor de las hipótesis- la autoridad independiente estima que el déficit se estabilizará por encima del 3% y que la deuda permanecerá por encima del 100% del PIB, por lo que serán necesarios ajustes para cumplir con el nuevo marco fiscal europeo.
De hecho, y teniendo en cuenta que las reglas fiscales se reactivan este mismo año, la AIReF pronostica que en 2024 se incumplirá la recomendación específica europea de que el incremento total del gasto primario -sin tener en cuenta el pago de los intereses de la deuda pública- neto de medidas de ingresos de las Administraciones Públicas no sea superior al 2,6% del PIB, pues en su opinión llegará hasta el 4%, en parte condicionado por las pensiones.
Además, existe riesgo de incumplimiento de la regla de gasto nacional por la Administración central, todas las autonomías y diez ayuntamientos que son objeto de seguimiento individual por parte de la AIReF. «Más allá de las consecuencias legales que pudieran derivarse del incumplimiento formal del actual marco fiscal nacional o de la recomendación específica, un elevado crecimiento del gasto computable en 2024 implica un deterioro de las finanzas públicas a medio plazo en un contexto de elevada deuda, que elevaría el ajuste exigido por el nuevo marco fiscal europeo», opina el organismo.
En su Informe, la AIReF evalúa los presupuestos desde la perspectiva de su adecuación a los objetivos fiscales, con los cambios respecto a los proyectos y líneas fundamentales del mes de octubre. Este año se hace en un contexto singular, caracterizado por la reactivación de las reglas fiscales y la incertidumbre que rodea su puesta en marcha. A nivel del Estado, y hasta que se transponga el nuevo marco fiscal europeo, las reglas fiscales nacionales vuelven a estar vigentes en su configuración actual.
La institución reconoce que los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública propuestos por el Gobierno fueron rechazados por el Senado, pero sigue estando en vigor la regla de gasto que concierne a todas las Administraciones públicas, fijada en el 2,6%. En el ámbito europeo, además, España debe cumplir la recomendación de Bruselas que limita el incremento del gasto computable neto de medidas de ingreso al 2,6% y tendrá que presentar en septiembre el Plan Fiscal 2025-2028.