Al solicitar al Ifarhu la identidad de los beneficiarios de auxilios económicos no reembolsables, la dirección incumplió abiertamente la Ley de Transparencia, negando la información bajo el pretexto de confidencialidad. Esta acción constituye una infracción clara de la normativa. De manera similar, la Contraloría se ha sumergido en este ocultamiento como parte de una estrategia planificada y deliberada, facilitando activamente la retención de información crucial. Esta institución, en lugar de ejercer transparencia, ha optado por proteger los nombres de miles, no por privacidad, sino para obstruir el escrutinio público sobre el desvío masivo de fondos destinados a la educación de familiares y allegados de la élite política. Esta conducta de la Contraloría no es mera burocracia; es complicidad en el saqueo de fondos públicos, un claro reflejo de la corrupción institucionalizada. La estrategia de mantener esta información en secreto busca evadir la justa indignación ciudadana y eludir la rendición de cuentas por estas prácticas corruptas. La verdad sobre la magnitud de este robo está saliendo a la luz. Tarde o temprano, los responsables, incluido el Contralor, deberán enfrentar las consecuencias legales de este desfalco, lo que exigirá una explicación pública y conllevará repercusiones legales inmediatas.