El Gobierno ha propuesto este miércoles a las comunidades autónomas repartir 400 menores migrantes de Canarias y Ceuta al resto del país para destensar la situación en esos territorios. La Comisión Sectorial de Infancia y Juventud ha barajado un nuevo plan de contingencia que deberá ser ratificado posteriormente por los consejeros autonómicos y para el cual se prevé destinar 30 millones de euros, procedentes de los presupuestos prorrogados de 2023.
Concretamente, 300 de los niños y adolescentes migrantes que tendrán que acoger el resto de comunidades proceden de Canarias, y los cien restantes de la ciudad autónoma de Ceuta, tal y como ha explicado el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, tras reunirse con los directores generales del ramo de cada autonomía.
El reparto, ha detallado el 'número dos' de la ministra, Sira Rego, se hará en función de una serie de "criterios ponderados" que determinarán de cuántos menores migrantes no acompañados se tiene que hacer cargo cada territorio, aunque ya ha avanzado que "ninguna comunidad autónoma va a recibir más de 50 menores". "Estamos hablando de números que entendemos que entran dentro de lo asumible por los sistemas de protección de menores de las comunidades", ha añadido.
Con todo, el plan todavía debe cerrarse en la Conferencia Sectorial, en la que están representados consejeros y la ministra de Juventud e Infancia, y que previsiblemente se producirá "en la primera quincena del mes de mayo", con el objetivo de que los traslados estén completados "a final de año". Aunque Pérez ya ha manifestado la intención de hablar con las comunidades para que ese proceso sea lo "suficientemente rápido" para atender "de manera inmediata" a Canarias y Ceuta, los dos territorios en los que, tal y como ha apuntado, se encuentran los "cuellos de botella". Aun así, el secretario de Estado ha instado a ser "prudentes" hasta que no se apruebe en la Sectorial, pese a que sí prevé que se produzca "cierto consenso".
La acogida de estos 400 menores migrantes se sumaría a los otros 496 que se acordaron hace unos meses, en octubre, y que, según ha señalado el secretario de Estado, todavía no se han ejecutado.
Los criterios que se han elegido para este plan de contingencia y para decidir con cuántos migrantes se queda cada comunidad tienen que ver con el "esfuerzo" que pueden asumir las autonomías, tal y como ha explicado Pérez. Se tienen en cuenta ahí asuntos como el número de plazas de menores migrantes no acompañados que han tenido que satisfacer en los últimos meses, la tasa de paro del territorio o la dispersión poblacional. "Y con esos ratios nosotros hemos trabajado una escala menor", ha detallado.
De hecho, el Gobierno ha trasladado a las comunidades la posibilidad de aplicar estos mismos criterios en la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería en la que se está trabajando para hacer obligatorio ese reparto de menores migrantes.