Las compañías aéreas de todo el planeta están inmersas en la recuperación del tráfico de pasajeros, que se vio truncado por la irrupción de la Covid-19 hace cuatro años. Los últimos datos correspondientes a la demanda de pasajeros en febrero que ha publicado esta semana la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) ponen en relieve un notable aumento interanual de la demanda -medida en pasajeros-kilómetros de pago (RPK)- del 21,5% a nivel mundial. No obstante, al tratarse de un año bisiesto, los datos de febrero exageran ligeramente el crecimiento tanto de la demanda como de la capacidad hacia lo positivo.
Al igual que sus homólogas del resto del mundo, las aerolíneas europeas también han experimentado en febrero un aumento del 16% en la capacidad y en la demanda con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, cuando la tasa de ocupación se mantuvo intacta en el 74%. Pero precisamente en este continente ha querido poner el foco Willie Walsh, director general de la asociación autora del informe, para reclamar más apoyo fiscal a Bruselas con el objetivo de blindar la recuperación del tráfico de pasajeros.
El ejecutivo irlandés, que dio el relevo a Luis Gallego al frente de IAG, se muestra optimista con las perspectivas de la industria en 2024, a medida que las aerolíneas "aceleran las inversiones en descarbonización y la demanda de pasajeros muestra resiliencia frente a las incertidumbres geopolíticas y económicas", pero lanza una advertencia a la fiscalidad europea. "Es fundamental que los políticos resistan la tentación de acaparar efectivo con nuevos impuestos que podrían desestabilizar esta trayectoria positiva y encarecer los viajes. En particular, Europa es motivo de preocupación, ya que parece decidida a bloquear su lenta recuperación económica con propuestas fiscales poco competitivas", subraya.
El reclamo de Walsh se dirige a la reforma de la Directiva sobre Fiscalidad de la Energía que la Comisión Europea propuso hace tres años para reducir un 55% las emisiones en 2030, mediante un endurecimiento de los impuestos. Esta reforma enmarca la eliminación de exenciones de impuestos al queroseno y la incorporación gradual de un tipo impositivo mínimo a este combustible de 10,75 euros el gigajulio en toda la Unión Europea (aunque el importe sería fijado por cada Estado miembro).
Las aerolíneas europeas lamentan que este futuro impuesto entraría en juego en un escenario de subida de los costes que las compañías aéreas deben asumir para cubrir sus emisiones. Por orden del mecanismo aprobado por el Parlamento Europeo el año pasado, se está llevando a cabo una eliminación gradual de la asignación gratuita de derechos de emisión en 2024 y 2025, que llegará al 100% del importe en 2026.
ALA alerta de los perjuicios del impuesto
Ante esta coyuntura, el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Javier Gándara, aprovechó un desayuno reciente organizado por el Grupo Hotusa para cargar contra las medidas impuestas desde Bruselas que, a su juicio, son erróneas. "Si se está buscando descarbonizar la aviación es mejor que hagamos otra cosa. El impuesto al queroseno implica, más o menos, doblar su precio y si se impone, calculamos que en 2030 España perdería 4,5 millones de turistas internacionales, que seguirían viajando a otros destinos y por ende, no dejarían de emitir emisiones".
Durante su intervención, el también director general de easyJet para el sur de Europa aseguró desconocer la posición del Gobierno, al que instó a buscar alternativas más efectivas para avanzar en la descarbonización del sector aéreo como los incentivos a la producción de combustible sostenible de aviación (SAF, por sus siglas en inglés) para evitar un impuesto que sería "muy contraproducente" para "un país netamente receptor de turistas como España".
La patronal que preside Gándara respalda su reclamo en un informe elaborado por la consultora Steer que pone en manifiesto, como la aplicación del nuevo impuesto de combustible de aviación en el Viejo Continente, conllevaría un impacto negativo en el PIB español de 7.700 millones de euros e implicaría una pérdida de alrededor de 50.000 puestos de trabajo en España.