La naturaleza del trabajo judicial es que los abogados defienden y los fiscales acusan, pero esta vez los abogados defendieron y los fiscales... también.
Para eso tienen que alinearse los planetas, o ayudar a que se alineen. La extraña combinación llevó a Lázaro Báez -acaso el mayor emblema de la corrupción en los años del kirchnerismo- a punto de irse a su casa.
Hagamos algunas preguntas.
¿Qué pasó? La defensa le dijo al tribunal oral que Lázaro Báez tenía que quedar libre por un montón de cosas. Porque hace más de cuatro años que está preso sin ser juzgado y todos tienen derecho a ser juzgados en un plazo razonable -lo cual es cierto-, porque es paciente de riesgo ante el coronavirus, porque el delito del que lo acusan no es grave y porque se ve afectado en sus derechos humanos por las presuntas escuchas ilegales ordenadas a los presos de la cárcel de Ezeiza, donde Báez está alojado.
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El fiscal de esa instancia (del tribunal oral) dijo bueno, está bien, tiene razón la defensa, que lo liberen siempre y cuando ponga una fianza de 5 millones y medio de dólares.
Esto es imposible en la práctica porque Báez tiene todas sus cuentas y propiedades embargadas, como argumentaron ayer sus abogados, de modo que es posible que se vaya a su casa poniendo un seguro por una cifra mucho menor o directamente con tobillera electrónica.
¿Y entonces? Aunque la defensa y este fiscal (llamémoslo fiscal 1) estuvieron de acuerdo, el tribunal oral les dijo que no: que Báez lleva apenas un año preso "en este tramo" de esta causa, que no corre riesgo por el coronavirus, que el delito por el que se lo acusa sí es grave y que sus derechos humanos no se ven afectados en lo más mínimo. Muy bien. Báez siguió preso y se apeló el fallo de este tribunal a Casación.
Lee el artículo completo de Héctor Gambini en Clarín
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