Choque frontal entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal Española por la crisis de la pederastia. El Consejo de Ministros aprobaba ayer un plan de prevención y reparación integral para las víctimas de la Iglesia, que incluiría, entre otras medidas, indemnizaciones a través de un organismo independiente configurado por expertos de distintas áreas para los casos prescritos o no hayan podido probarse ante la Justicia. Prácticamente a la vez que el ministro de la Presidencia y responsable de las relaciones con las confesiones, Félix Bolaños, presentaba su proyecto, los obispos enmendaban la propuesta. «La Iglesia no puede aceptar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales», se sentenciaba en un comunicado, en el que se justificaba que «no se pueden plantear unas medidas de reparación que, siguiendo el informe del Defensor del Pueblo, dejarían fuera a nueve de cada diez víctimas». O lo que es lo mismo, el Episcopado aduce que «al centrarse solo en la Iglesia», por lo que lo tacha de «un análisis parcial y oculta un problema social de enormes dimensiones». Y es que, desde que estallara mediática y políticamente esta crisis, una y otra vez los obispos han exigido al Gobierno amplitud de miras para atajar la pederastia en otros ámbitos como el familiar y el deportivo, un argumento que ha sido tomado en algunos foros como un intento eclesial de eludir su responsabilidad.
«El texto presentado parte de un juicio condenatorio de toda la Iglesia, realizado sin ningún tipo de garantía jurídica, un señalamiento público y discriminatorio por parte del Estado», aduce la Conferencia Episcopal, que va más allá: «Esta regulación cuestiona el principio de igualdad y de universalidad que debe tener todo proceso que afecta a derechos fundamentales». A la par, los obispos sacan pecho al asegurar que la Iglesia «va por delante en la acogida de las víctimas, en la formación para la prevención y en su reparación», mientras que dejan caer que «son los poderes públicos los que deben desarrollar medidas oportunas en esta labor de proteger a los menores en tantos ámbitos de su competencia».
Esta reacción inmediata de los obispos se producía después de que el pasado jueves el propio Bolaños esbozara este plan de tú a tú en la primera reunión que mantuvo con el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, como nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, una cita a la que también acudió el secretario general de los obispos, César García Magán. El propio ministro lo desvelaba ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. «Me parece que la Iglesia Católica tiene voluntad de colaborar, es mi impresión, así me lo trasladaron», compartía el político socialista, que lanzaba un guante en público: «Nuestra idea es hacerlo de la mano». «De hecho, me consta que están trabajando también en cómo proceder a la reparación integral de las víctimas de los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia y también me lo explicaron de esa manera», reconocía.
A juzgar por la nota episcopal, que fue entonada ayer para radio y televisión por García Magán, sus sensaciones del encuentro del 18 de abril fueron bien distintas. «La Conferencia Episcopal ya adelantó al ministro Bolaños su valoración crítica sobre este plan al fijarse solo en la Iglesia católica», explica el portavoz de los obispos, que añade cómo se «le manifestó su disposición a colaborar en los ámbitos de su responsabilidad y competencia, pero siempre en la medida en que aborde el problema en su conjunto». Junto al plante al Ejecutivo, los obispos sí aprecian que los ejes del plan gubernamental coinciden «en buena parte» con la acción que vienen desarrollando en materia de acogida, reparación y prevención de abusos.
Lo cierto es que la propuesta de Moncloa llega cuando la Conferencia Episcopal ultima su propio plan de reparación integral, que incluye también una comisión independiente de expertos que se está perfilando, precisamente para analizar aquellos casos prescritos o con el abusador fallecido, para su verificación y ofrecer acompañamiento e indemnización. De esta manera, podría darse una duplicidad de la existencia de un órgano promovido por el Estado y una comisión pilotada por la Iglesia para un mismo fin: reparar a las víctimas.
Más allá de las comisiones de unos y otros, el plan del Gobierno, que se implantaría de aquí a 2027, contempla un acto público con las víctimas de abuso de la Iglesia y sus familiares, así como la ampliación hasta los 35 años de la prescripción de la responsabilidad civil y, en algunos casos, eliminarla.
Además, se añaden otras medidas, que a priori no solo se aplicarían al ámbito eclesial como el refuerzo de las labores de supervisión de las inspecciones educativas y la formación de coordinadores de bienestar o la creación de los que Bolaños denominó «salas amigables» en los juzgados para que en los procesos judiciales las víctimas no tengan contacto con sus agresores. A la par, se garantizará la asistencia jurídica gratuita a este colectivo.
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