La maquinaria legislativa del oficialismo fue desafiada nuevamente y en esta ocasión consiguió la aprobación general de la "Ley bases" y del conjunto de medidas fiscales. Aunque el Poder Ejecutivo facilitó el diálogo político y eliminó cláusulas que generaban fuerte oposición en los partidos aliados, aún quedan reformas significativas por delante.
Martín Menem logró asegurar el respaldo para la totalidad del proyecto de ley y ahora está buscando la aprobación de los diferentes apartados del mismo (lo que representa un primer éxito para el partido en el poder, ya que no será necesaria una votación por artículo). Inicialmente, con la intención de facilitar el proceso de manera menos conflictiva, el oficialismo accedió a eliminar los temas más controvertidos.
De esta manera, en el transcurso del proceso se dejaron atrás la venta del Banco Nación, el esfuerzo por reorientar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad administrado por la Anses y los cambios propuestos a la legislación sobre competencia económica.
Ley Bases: aspectos cruciales de las medidas fiscales
- Impuesto a las ganancias se restablece para aquellos ingresos de la cuarta categoría que superen los 1,8 millones de pesos para los individuos solteros y los 2,2 millones para los trabajadores casados con dos hijos. Originalmente, el Gobierno propuso que estos umbrales se actualizaran anualmente, pero, debido a la presión de la oposición, los funcionarios de la Casa Rosada acordaron realizar una actualización trimestral este año (planeada para septiembre) y, a partir del próximo año, semestralmente. La actualización de los límites de facturación en las diferentes categorías del sistema de monotributo también se llevará a cabo de forma semestral.
- Blanqueo de capitales. Según el proyecto, los activos por hasta $100,000 estarán exentos de impuestos, mientras que los montos mayores pagarán tasas impositivas ascendentes según la fecha de ingreso. Durante la primera fase, que se prolongará hasta el 30 de septiembre de 2024, la tasa sobre el excedente será del 5%; en la segunda fase, hasta el 31 de diciembre de 2024, será del 10%; y en la tercera, hasta el 31 de marzo de 2025, será del 15%.
- Bienes Personales. Se introduce una significativa disminución en este gravamen. El umbral mínimo no imponible aumentará de $11 a $100 millones, y la deducción por la vivienda principal se elevará de $56 a $350 millones, lo que implica una reducción en el número de contribuyentes afectados. Estos montos se ajustarán anualmente de acuerdo con la variación anual de la inflación reportada por el INDEC. Otro beneficio incluye la reducción gradual de la escala de tasas impositivas progresivas, eliminando la disparidad existente para los activos ubicados en el extranjero. Para el período fiscal 2023, se propone una tasa impositiva máxima del 1,5%, la cual disminuirá gradualmente hasta llegar al 0,25% en el año 2027, siendo inferior al 0,75%. Además, se establece un sistema especial que permite anticipar el pago de 5 años (de 2023 a 2027) en una sola cuota con una tasa reducida del 0,45% anual por el patrimonio que exceda el mínimo no imponible, y luego será del 0,25% sobre el excedente hasta 2028.
- Monotributo. La propuesta implica un incremento tanto en los niveles de ingresos, estableciendo un tope máximo de $68 millones anuales, como en la cuota mensual a abonar. Estos incrementos varían entre el 200% y el 300%, dependiendo de la categoría. Además, se amplían los límites de facturación para alquileres y servicios, introduciendo nuevas categorías para este sector y equiparándolas con las de venta de bienes muebles.
- Moratoria de obligaciones tributarias, aduaneras y de seguridad social no regularizadas. Se habilitará la posibilidad de saldar deudas vencidas hasta el 31 de marzo de 2024 en un máximo de 84 pagos, con una serie de ventajas que incluyen la condonación total de multas y hasta el 70% de los intereses sobre los montos pendientes, según la forma de pago seleccionada.
Los puntos más relevantes en la "Ley de bases":
- Facultades delegadas. Inicialmente, se solicitó la aprobación de once medidas de emergencia, pero ahora el Gobierno busca únicamente cuatro autorizaciones del Congreso: administrativa, económica, financiera y energética, todas válidas por un período de un año.
- Privatizaciones. El Gobierno redujo significativamente la lista original de más de 40 empresas sujetas a privatización, limitándola a solo nueve. Entre estas se encuentran Aerolíneas Argentinas, Enarsa, Radio y Televisión Argentina e Intercargo. Por otro lado, se plantea una privatización parcial para empresas como AySA, Correo Argentino, Belgrano Cargas, Ferrocarriles (SOFSE) y Corredores Viales. Además, el oficialismo tuvo que retroceder en su intento de privatizar el Banco Nación y sus subsidiarias, incluyendo Nación Seguros.
- Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI). Solo acepta propuestas que impliquen una inversión de al menos $200 millones de dólares. Para estos proyectos, se ofrecen una variedad de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios. Algunos sectores de la oposición dialoguista están buscando la posibilidad de incluir a las PyMEs en este régimen con un monto de inversión más bajo.
- Moratoria previsional. Los parlamentarios aliados introdujeron un esquema de Jubilación Proporcional para aquellos individuos que hayan cumplido 65 años de edad pero no alcancen los 30 años de contribución requeridos. Esto surgió como respuesta a una solicitud de la oposición luego de que el oficialismo eliminara los programas de regularización previsional. Dentro de la versión reducida de la antigua "ley ómnibus", que ha pasado de más de 600 artículos a poco más de 250 en el proyecto actual, se incorpora una reforma laboral limitada. Aunque incluye muchos de los ajustes propuestos por el Presidente en el capítulo detenido por la Justicia del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, se han eliminado los artículos impugnados por los sindicatos, incluido el referente a la "cuota solidaria".
"Ley Bases": las reformas que quedaron en el capítulo laboral
- Período de prueba. Aunque el período de evaluación general sigue siendo de seis meses, existe la posibilidad de extenderlo, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (Pymes). Se ha considerado una extensión de hasta ocho meses para las empresas con entre seis y cien empleados, y de hasta un año para aquellas con hasta cinco trabajadores.
- Fondo de cese laboral (al estilo Uocra). Este procedimiento funciona como una opción a los pagos de compensación por despido y debe establecerse a través de un acuerdo laboral colectivo. El importe mensual de la contribución, limitado al 8% del sueldo, será responsabilidad exclusiva del empleador y se destinará a un fondo para finiquitos laborales. La regulación del proceso administrativo estará a cargo de la Secretaría de Trabajo.
- Discriminación. Se establece un incremento en las compensaciones por despido en los casos en los que, después de un fallo judicial, se demuestre que los despidos fueron consecuencia de un acto de discriminación.
- Simplificación registral. Propone un sistema simplificado de registro laboral con una contribución única para las empresas que cuenten con hasta 20 trabajadores.