Las Palmas de Gran Canaria
Martes, 23 de abril 2024, 22:59
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Las ONG celebran el acuerdo alcanzado por el Estado y Canarias a través del cual se llevará a cabo la reforma de la ley de Extranjería para que el reparto de los menores migrantes sea obligatorio. La técnica en políticas de Infancia, Migración, Asilo y Salud Mental de Unicef, Sara Casero, aplaude «cualquier medida que suponga un reparto de responsabilidades a nivel estatal» porque Canarias, dice, «no puede atender esta grave situación sola». Casero considera que se necesita ese reparto «como una solución duradera», pero también incide en que se den «mejoras duraderas» en los recursos de acogida. Desde la ONG apuntan que esta medida «permitirá aliviar el sistema».
En este caso, las derivaciones a otros territorios se harán cuando la comunidad supere el 150% de su capacidad de acogida. Actualmente Canarias tiene bajo su tutela a 5.500 mejores migrantes, por lo que, con esta modificación, ese número pasaría a estar limitado a 3.000. Así, se tendría que derivar a 2.500 jóvenes en un periodo de tiempo que se puede prolongar, como máximo, un año.
«Hay un alto número de niños en el sistema de protección y no se les puede dar la acogida que necesitan y proteger los derechos como se debe», asevera Casero que comenta que, en la situación actual, «no se está garantizando los derechos de estos niños y niñas y que la calidad de la acogida sea la adecuada». No obstante, algunas comunidades ya han manifestado su rechazo hacia este acuerdo, como es el caso de Cataluña, que alerta de que la propuesta no responde a las «necesidades reales» del territorio y que en el reparto no se tiene en cuenta «el esfuerzo real de acogida», además de que «no se acompaña de la financiación proporcional».
Desde Unicef son optimistas y esperan que los territorios «asuman esta responsabilidad y entiendan que se está hablando de niños y niñas». Así, la técnica en políticas de Infancia apunta que se tiene que tener en cuenta que «no se está hablando de una cuestión política», sino de que los jóvenes «no están viendo sus derechos protegidos y unas condiciones de acogida mínimas garantizadas».
Canarias quiere que la modificación legislativa se lleve a cabo a través de un decreto ley, ya que consideran que es la vía más rápida, mientras el Estado es partidario de hacerlo a través de una proposición de ley. Ante estas opciones, Unicef apoya que el mecanismo que se siga sea «el más ágil, que sea bajo la fórmula que sea». Unicef apunta que no solo se tiene a 5.500 menores migrantes bajo la tutela del Gobierno de Canarias, sino que cada vez son «más los niños y niñas que se arrojan al mar». Por lo tanto, esto derivará en que el sistema esté «cada vez más tensionado». La técnica de Infancia de la organización considera que la solución tendría que llegar «lo antes posible» para que se evite que no se pueda dar una acogida digna a todos los jóvenes que lleguen.
En este caso, el Ejecutivo regional espera dar respuesta antes de que llegue el verano, momento en el que se prevé un repunte derivado de las buenas condiciones meteorológicas. Mientras esa medida llega, Casero comenta que se necesita un «abordaje ambicioso respecto a la situación» y que hay muchas cuestiones en las que trabajar.
La técnica incide en «mejorar las condiciones de acogida» de los menores. Entre las peticiones destaca la mejora en la atención de la salud mental de los niños y niñas: «Enfrentan violencias muy concretas tanto en el país de origen como en el trayecto, donde pueden llegar a estar más de 10 días en el mar con hambre y sed, ven fallecer a sus amigos». También desde la ONG se pide que se cuente con personal especializado en los procesos de determinación de edad y durante las pruebas de estimación de edad que se realizan a los menores en duda.
El Gobierno de Canarias insiste en que la modificación de la ley de Extranjería se haga a través del decreto ley, la vía «más rápida». Además, el presidente del Ejecutivo, Fernando Clavijo, celebra que ya se tenga un acuerdo para que Canarias tenga una capacidad «máxima» de acogida. Así lo trasladó Clavijo tras la reunión celebrada ayer con los grupos parlamentarios, en la que informó de los avances que se han logrado en las negociaciones.
En este sentido, también remarcó la importancia de que una vez que se haya superado la capacidad de acogida, que en este caso en Canarias se ha establecido en 3.000 menores, al menor que llegue se le asigne «en ese momento» una comunidad para trasladarlo.
Sin embargo, el portavoz del grupo socialista, Sebastián Franquis, considera que «lo que da más seguridad jurídica» es que el cambio legislativo «se tramite a través de una proposición de ley». Apuntó que si se opta por el decreto ley «nadie tiene la garantía de que este instrumento pueda ser recurrido en las próximas semanas». Una intención que manifestó el portavoz de Vox, Nicasio Galván, si el decreto sale adelante.
Por otro lado, la portavoz del grupo popular, Luz Reverón, no garantizó que en las comunidades en las que el PP gobierna se vaya a apoyar el decreto, pero si garantizó que se va a utilizar «el instrumento jurídico que sea más eficiente y que dé mayor seguridad jurídica».
Por otro lado, incidió en la importancia de que sea el Estado el que «asuma la financiación del coste» derivado de la atención y la acogida de menores migrantes, ya sean «sanitarios, educativos y de reinserción».
Además, aunque manifestó que su partido está satisfecho con que Canarias «por fin tiene una propuesta y no se encuentra sola», hizo hincapié en la necesidad de que se establezca un diálogo y con el resto de comunidades autónomas. «Estamos dentro del sistema, somos 17», apuntó, por lo que entienden que el resto de Gobiernos tendrán «algo que decir» sobre la cuestión.
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