En medio de la controversia que desatan casi todos los anuncios de Petro, la semana pasada informó que le solicitaría al FMI la refinanciación de la deuda externa del país, para poder incrementar la inversión social.
Este debate no es nuevo ni es tampoco un asunto menor. A comienzos de los años 80 estalló la crisis de la deuda externa en Latinoamérica, lo que puso en jaque sus economías y las dejó en manos del sistema financiero internacional, en aras de solucionar la crisis.
El FMI se convirtió en garante del nuevo modelo impuesto, que reforzó el papel del sector privado, en especial el de EEUU, en las decisiones económicas. Toda una generación de economistas latinoamericanos se sintió muy a gusto con este giro.
Lo cierto es que el servicio de la deuda se ha llevado buena parte de los recursos de inversión de los países, incrementando sus desigualdades económicas y sociales.
Hoy en día, un componente importante de la crisis global es el incremento y peso de la llamada deuda soberana de los países. Su servicio se impone como prioridad, lo que limita de manera notoria la inversión pública.
El ajuste fiscal y las restricciones al gasto público son cada vez más severos y restringen las posibilidades de atender las prioridades del desarrollo y el bienestar social. Gustavo Petro se ha referido a ello en diversas ocasiones, en especial cuando insiste en la necesidad de enfrentar la crisis climática y de proteger el Amazonas.
De acuerdo con un informe reciente de la ONU, en 2022 la deuda pública ascendió a 92 billones de dólares, correspondiente en un 30 % a los llamados países en desarrollo. Estos destinan más recursos a pagar intereses que a invertir en servicios sociales básicos. El número de países con altos niveles de endeudamiento aumentó considerablemente, de 22 en 2011 a 59 en 2022.
La ortodoxia neoliberal no solo pretende que el sector privado maneje los negocios más rentables, como los recursos de la salud y los fondos de pensiones. También busca que el Estado garantice el pago de la deuda al capital financiero y de las ganancias a los inversionistas extranjeros. Ello explica la política de ajuste fiscal y de reducción del gasto público.
La Ley 1473 de 2011 estableció en Colombia la llamada regla fiscal, un instrumento de planeación financiera del Gobierno Nacional, con metas puntuales, en función del nivel de deuda pública.
Según estipula su Artículo 5, se busca asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas, para que el déficit fiscal (diferencia entre gastos e ingresos) no supere el límite de la deuda, fijado en el 70% del PIB.
La regla fiscal se materializa en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, MFMP, que enfatiza en los resultados y propósitos de la política fiscal. El Plan de Inversiones del PND, el Plan Operativo Anual de Inversiones y el Presupuesto Nacional deben ajustarse a él. Mejor dicho, un completo control y vigilancia sobre todo.
Pero el control de las finanzas públicas es todavía mayor. Se establece que el MFMP sea presentado cada año por el gobierno, con cálculos actualizados del PIB, tasa de cambio, déficit fiscal y de cuenta corriente, inflación, recaudos tributarios y precio internacional del petróleo. Debe incluirse también una proyección a diez años sobre el comportamiento previsible de la economía del país.
Aunque durante la pandemia el gobierno de Duque suspendió la aplicación de la regla fiscal, en 2021 su ministro de Hacienda estableció unas metas de déficit fiscal bastante más estrictas: 1,4 % para 2023, 0,2 % para 2024 y un superávit fiscal de 0,5 % para 2025. Creó también el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, con expertos independientes del gobierno.
De esta forma, el gobierno de Petro quedó maniatado en materia de inversión pública. Todo este andamiaje institucional y burocrático pretende mostrarse como técnico, pero es profundamente político. Busca afianzar la confianza inversionista y mejorar la calificación de riesgo, para garantizar la categoría de inversión del país.
Algunos economistas heterodoxos han insistido en la necesidad de replantear la regla fiscal por su fracaso
Algunos economistas heterodoxos han cuestionado la validez de dicha estrategia e insistido en la necesidad de replantear la regla fiscal por su fracaso, por ser una mentira colectiva, como señalara hace tiempo Jorge Iván González.
Sin embargo, una cosa son las normas que se les imponen a nuestros países y otra lo que sucede con los países desarrollados, que no respetan dichas normas. Estos mantienen déficits fiscales y niveles de endeudamiento altísimos, incrementados a partir de la pandemia.
Allí la brecha entre déficit fiscal y deuda pública sigue creciendo, en la medida en que en el mundo entero se insiste en que los sectores más ricos no paguen impuestos. Es la consigna de la extrema derecha en auge.
De hecho. los países más poderosos son también los más endeudados. Saben que, enfrentados a la contienda económica global, no pueden cumplir unas reglas que restringen sus posibilidades de acción. Mucho menos en un mundo ad portas de una guerra generalizada.
El anuncio de Petro dejó nuevamente en claro las posiciones frente al asunto. Los guardianes de la ortodoxia se pronunciaron de inmediato, condenándolo, "¿Cómo van a leer esto los mercados internacionales y el mismo FMI?, señaló el exministro Juan Camilo Restrepo. Al igual que Fedesarrollo, su énfasis sigue siendo honrar los compromisos internacionales y priorizar la confianza inversionista.
Pero El gobierno de Petro quiere sentar las bases de la transformación social y ahí está la contradicción de fondo.
Además de estas restricciones financieras, la Corte Constitucional, en una decisión bastante controvertible, declaró inexequibles varios artículos de la reforma tributaria del gobierno, entre ellos, la no deductibilidad de las regalías del impuesto para las empresas mineras. Así se disminuyeron aún más los recursos de inversión.
Es cierto que ha habido una baja ejecución de recursos en varias entidades, pero el presidente, consciente de ello, ha llamado a sus funcionarios a atender la situación, de manera que se cumplan las expectativas de la población.
Los retos para el gobierno son enormes, al igual que la presión financiera nacional e internacional.