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Una multitud de cerca de 800 mil personas, según los organizadores de la marcha federal universitaria, se hizo sentir este martes en la Plaza de Mayo para reclamar contra el desfinanciamiento de la educación pública.
Pasadas las 15 las columnas de gente llegaron al Congreso de la Nación para después seguir su marcha hasta llegar al frente de la Casa Rosada.
Estudiantes, docentes, egresados y personas sin un paso por los claustros universitarios llegaron para apoyar el reclamo universitario frente al desfinanciamiento que fijó el presidente Javier Milei al no actualizar el Presupuesto 2023.
La Plaza de Mayo fue desbordada de gente y varias cuadras de las diagonales fueron colmadas en una manifestación universitaria histórica.
El lema "En defensa de la educación pública" encabezó a la multitud que se hizo sentir en diferentes partes del país.
Uno de los puntos de mayor concentración fue la ciudad de Córdoba donde más de 70 mil personas partieron de la ciudad universitaria hasta el Patio Olmos.
Desde el gobierno intentaron minimizar el reclamo de las universidades con planteos de auditorías sobre los fondos y denuncias de adoctrinamiento.
Esta mañana el vocero Manuel Adorni aseguró que la discusión "está saldada" y agregó: "Siendo un presupuesto público y una erogación que hacemos todos los argentinos, es razonable y no debe molestar a nadie que existan auditorías para saber en qué se gasta el dinero".
Por otra parte en la víspera de la marcha se dio a conocer la renuncia de la mano derecha de la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello cuya cartera tiene a cargo la discusión con las universidades.
Principales fragmentos del documento final
Nuestras universidades han sufrido un fuerte ajuste en términos reales en los gastos de funcionamiento. Llegamos a marzo de 2024 con un presupuesto de gastos a valores de septiembre de 2022.
El incremento del 70% de las partidas para funcionamiento dispuesto para marzo, más el reciente anuncio en el marco de esta convocatoria, son absolutamente insuficientes.
Las obras del programa nacional de infraestructura universitaria, que habilitaba la posibilidad de desarrollar infraestructura incorporando obras que por su envergadura es imposible afrontar con el propio presupuesto, se encuentran paralizadas y no hay certezas respecto a su continuidad
Más del 90% de lo que el estado invierte en la educación superior se destina al pago de salarios de quienes trabajan como docentes y como no docentes en las universidades nacionales. En los últimos meses el salario de las trabajadoras han perdido el 50% de respecto a la inflación.
Rechazamos la política de ajuste y de disciplinamiento. La comunidad universitaria se organzia resiste y se solidariza con todos los sectores que hoy atraviesan una situación similar o peor por afrontar los despidos masivos.
La educación es un derecho humano fundamental porque se impone sobre el ingrato azar de la desigualdad. Defender esta concepción de la educación es de vital importancia y más aún en una universidad argentina en la que sus estudiantes se enfrentan al aumento generalizado de precios que impacta sobre salarios servicios, alquiler y transporte poniéndose en jaque el ingreso y la permanencia en la universidad.