El presidente valenciano Carlos Mazón está dispuesto a negociar las 35 horas semanales para todos los trabajadores de la Generalitat Valenciana si con ello logra evitar la conflictividad en uno de los sectores que amenaza con convertirse en un quebradero de cabeza para su Gobierno de coalición con Vox.
El propio Mazón fue el encargado de escenificar el primer gran acuerdo con los sindicatos de la Función Pública valenciana, un pacto de legislatura que marca los objetivos y las líneas planteadas hasta 2026 que deberán negociarse por ambas partes a partir de ahora. Entre los temas fundamentales que incluye se encuentra la implantación de las 35 horas semanales en todos los sectores públicos, incluida Sanidad, donde precisamente el Gobierno de PP y Vox decidió dar marcha atrás con el pacto alcanzado por el anterior Ejecutivo de izquierdas al considerar que su aplicación era inviable.
Precisamente la inclusión de las 35 horas en el acuerdo de legislatura fue uno de los logros más destacados por los sindicatos desde UGT Servicios Públicos. Su representante, Mayte Montaner, apuntó que este acuerdo no sólo marca la hoja de ruta de la negociación en la Administración, se va a trasladar a todos los sectores de la Generalitat: "Sanidad, Educación, Administración de la Generalitat y Justicia". Es decir, que las 35 horas se trasladarán a cada una de las mesas sectoriales, "al igual que el teletrabajo".
Mazón señaló que "es un objetivo y está marcado como tal, hay que avanzar hacia él con sentido común planteando lo que es posible conseguir". Eso sí, no puso plazos concretos para esa medida y se limitó a apuntar que se negociará "planteando lo que es posible conseguir en el plazo en que sea posible conseguirlo" y haciendo que "sea compatible con la mejora del servicio público". Algo que, reconoció, "no será fácil".
Según los sindicatos firmantes, CSIF, UGT-PV y CCOO-PV, la agenda pactada de negociación incluye programas para combatir la brecha salarial, en materia de igualdad, medidas de conciliación para la flexibilidad horaria y derechos de víctimas de violencia de género.
Por su parte Mazón mencionó que además de reducir la temporalidad y dar estabilidad a los servidores públicos, este "primer reto conseguido" con "compromisos ciertos" supone un paso adelante para "establecer políticas de evaluación" para estar "sometidos al examen de la ciudadanía". El presidente valenciano también aprovechó para lanzar un mensaje contra la estigmatización del funcionariado.
Primera gran huelga
El acuerdo llega a la vez que uno de los grandes sectores públicos, el de la Educación, acaba de convocar su primera gran huelga contra el actual Gobierno valenciano. La Plataforma per L'Ensenyament Públic, que aglutina a los principales sindicatos de profesores, las asociaciones de padres y madres de colegios públicos, asociaciones de estudiantes y Escola Valenciana, ha fijado el 23 de mayo como jornada de huelga en protesta por los cambios introducidos por el Gobierno de PP y Vox.
El nuevo Consell ha modificado aspectos como la obligatoriedad y el número de clases en valenciano y ha recuperado el denominado distrito único, por el que los padres pueden escoger el centro en su localidad, con unos criterios que han criticados algunos colectivos educativos.
El propio Mazón se puso al frente de las negociaciones con otro de los colectivos más conflictivos, el de los bomberos forestales, que además están en el foco mediático por los virulentos incendios que se están produciendo en la Comunidad Valenciana durante los últimos años. Unas negociaciones que corresponde a un departamento gestionado por Vox, que con sus posturas también ha incendiado al sector de la Educación Pública o generado polémicas en Justicia.