El Grupo Municipal Vox exigirá al alcalde del PP de Palma, Jaime Martínez, que pida al Govern balear de Marga Prohens una concesión de hasta 40 millones de euros para construir vivienda pública en la ciudad.
Así lo ha anunciado este lunes en el Ayuntamiento de la capital balear la formación, que también pedirá la dinamización del Patronato municipal, debido a que estiman que hay un «grave problema de la vivienda en Palma».
El portavoz de Vox Palma, Fulgencio Coll, ha asegurado que el Ejecutivo autonómico «debe demostrar su preocupación por la falta de viviendas sociales». Además, ha aprovechado para pedir al Gobierno central de Pedro Sánchez que «modifique la legislación para evitar la ocupación ilegal de viviendas», ya que «saldrían al mercado miles».
Coll ha lamentado «la dificultad para encontrar una vivienda digna a un precio asequible» en el municipio de Palma, lo que «compromete la prestación de servicios públicos esenciales».
En relación al Patronato de Vivienda, el regidor de Vox Ignacio Esteban ha denunciado que «falta coordinación con el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi)», así que, ha expuesto que «se activa el Patronato o se busca otra solución».
En el próximo pleno, Vox Palma también planteará varias mejoras en algunos barrios de la ciudad como Son Gual, El Vivero, Coll d'en Rebassa o Ca'n Pastilla. Además, planteará un plan de accesibilidad para las personas afectadas por el trastorno del espectro autista (TEA), una serie de actuaciones en la escuela municipal de vela y la eliminación del cableado aéreo.
Reconversión de comercios en viviendas
Cabe recordar que el Ayuntamiento de Palma aprobó las primeras reconversiones de comercios en viviendas para atajar la emergencia habitacional, en aplicación del Decreto Ley 7/2023, de 2 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias para aumentar la oferta asequible en las Islas Baleares aprobada por el Ejecutivo autonómico de Marga Prohens.
En concreto, un total de cinco locales comerciales y oficinas pasaron a ser viviendas en diferentes puntos de la capital balear, en virtud de la nueva legislación autonómica puesta en marcha ante el inflacionista mercado inmobiliario de Palma, uno de los más caros de España.