El nuevo mecanismo de asignación de los subsidios a la energía que usan los hogares se demorará entre uno y dos meses en relación a lo previsto por el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI). La Canasta Básica Energética (CBE) recién podría estar operativa en junio o julio.
Según las múltiples fuentes consultadas por Clarín, los entes reguladores de las provincias y municipios de todo el país no enviaron todavía a la Secretaría de Energía los datos de los usuarios, con los que Nación deberá hacer los cruces de titularidad, patrimonios, ingresos, consumos, viajes y otros antecedentes.
Hay contadas excepciones. Entre ellas, las distribuidoras Edenor y Edesur cumplieron con el pedido oficial; también las empresas de La Pampa y Tucumán, al menos, de acuerdo a lo que confirmaron a este diario fuentes oficiales. La suma de distribuidoras y cooperativas eléctricas en la Argentina supera las 700 compañías.
El decreto de implementación de la Canasta Básica Energética se publicará a la brevedad en el Boletín Oficial. Sin embargo, su aplicación real podría tardar más allá de mayo, plazo que figura en el staff report del FMI. Así lo contaron fuentes de Gobierno.
Además, aseguran en los pasillos de las dependencias oficiales que irán "testeando por un par de meses" el esquema de la CBE. Actualmente, el 70% de los hogares pagan apenas un 5% a 7% del precio de la energía mayorista; el resto está subsidiado en todo el país, de manera uniforme.
Qué es y cómo se aplica la Canasta Básica Energética
Las canastas se compondrán suponiendo un consumo racional y eficiente de energía eléctrica y gas natural por red de cada hogar en función de la cantidad de convivientes, la región bioclimática en la que estén ubicados y cada mes del año.
El Gobierno piensa destinar los subsidios solamente a los hogares que gasten en energía más del 10% de sus ingresos, y cubrirá la diferencia respecto a ese 10%.
Por ejemplo: si el total de convivientes gana $ 1.000.000 al mes, sus consumos de luz y gas por hasta $ 100.000 quedarán sin ayuda del Estado. Por encima de eso vendrá la subvención, siempre que las boletas correspondan a lo que el Gobierno considere como un consumo racional y no un desperdicio de energía.
Una variable que se estudia es que al 40% de la población más vulnerable (deciles 4 a 1, según el Indec) la cobertura arranque cuando las tarifas superen el 8%, 6%, 4% y 2% de los ingresos, respectivamente.
Pero, a la vez, también se suman decenas de criterios de exclusión como el haber comprado dólares u otra moneda extranjera en los últimos 3 meses, usar una prepaga no vinculada a un empleo en relación de dependencia, haber viajado al exterior a un país no limítrofe en los últimos 5 años, y tener un auto o moto con menos de 5 años de antigüedad, entre muchos otros.
A la complejidad de cruzar millones de datos con bases de la AFIP, el BCRA, la Anses, los registros automotores y la Superintendencia de Servicios de Salud, entre otras dependencias, se le agrega un posible choque contra el secreto fiscal. Además, la altísima tasa de empleo informal (que ronda el 50% en el país) dificulta una estimación de ingresos reales de las familias.
Asimismo, cuentan en el sector eléctrico, las campañas para que los usuarios cambiaran la titularidad de sus facturas y las pusieran a su nombre no surtieron efecto. Hay millones de usuarios que siguen teniendo sus boletas a nombre de los dueños del inmueble, antiguos inquilinos, personas fallecidas o que anotaron como titular a un jubilado con bajos ingresos.
La idea central del Gobierno es reducir el gasto público en subsidios a la energía, que el año pasado alcanzaron el equivalente a 9.683 millones de dólares o 1,6% del Producto Interno Bruto (PIB). El objetivo es llegar a 1,1% del PIB, pero con los fuertes aumentos de tarifas, la baja podría ir mucho más allá.
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