La actual presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, utilizó a la Abogacía general del Govern balear para intentar anular el informe de la Oficina anticorrupción de las Islas, que advertía de numerosas irregularidades en los contratos sanitarios que su Ejecutivo autonómico había adjudicado durante la pandemia.
La Oficina de prevención y lucha contra la corrupción de Baleares remitió el 11 de septiembre de 2020 al Govern, entonces presidido por Armengol, el borrador de su informe, en el que advertía de la existencia de una trama corrupta tras la empresa Soluciones de Gestión y Ayuda a Empresas SL (para la que trabajaba como comisionista Koldo García), que había vendido mascarillas fake por importe de 3,7 millones de euros al Ejecutivo autonómico.
En concreto, aludía a los vínculos de Soluciones con la trama encabezada por el empresario Juan Carlos Cueto (al que la Guardia Civil considera el verdadero cerebro del caso Koldo), que pagó sobornos a funcionarios públicos en Angola para conseguir un contrato multimillonario.
La Oficina anticorrupción de Baleares analizó las irregularidades detectadas en las compras de material sanitario adjudicadas por el Govern a distintas empresas (en el caso de Soluciones, se abonaron las facturas sin la existencia de un contrato previo), el pago de comisiones a varios mediadores y advirtió del sobrecoste pagado en el flete de los aviones para transportar los pedidos de mascarillas.
En total, el Govern de Francina Armengol pagó 7,3 millones de euros en vuelos con Shanghai, de los que más de la mitad, 4,3 millones, fueron para Globalia, el grupo para el que trabajaba como comisionista Víctor de Aldama, también detenido en la instrucción del caso Koldo.
Aunque el mayor sobrecoste lo pagó el Ejecutivo balear en la contratación de un vuelo de la compañía Ethiopian Airlines, con un birreator Boeing B777F, el 8 de mayo de 2020 por algo más de un millón de euros. Según las estimaciones de la Oficina anticorrupción, el coste real de este vuelo apenas superaba los 200.000 euros.
Tras recibir y analizar este informe, el Govern de Francina Armengol respondió con un durísimo pliego de alegaciones de 80 páginas, firmado por la Abogacía general de la Comunidad autónoma, con el que pretendía anular toda la investigación desarrollada sobre los contratos Covid.
La Abogacía controlada por el Govern de Armengol acusaba a la Oficina anticorrupción de haber abierto "una causa general" prospectiva, sin ningún fundamento, para ver si hallaba alguna irregularidad, suplantando las funciones de la Intervención de la Comunidad autónoma y de la Sindicatura de Cuentas.
La Abogacía sostenía en su escrito que la investigación de la Oficina Anticorrupción era nula de pleno derecho, al haber incumplido los procedimientos administrativos previstos, ya que el inicio de las actuaciones no se había apoyado en indicios fehacientes de corrupción, ni había sido notificado previamente al Govern.
El pliego de alegaciones presentado por el Ejecutivo de Francina Armengol resulta insólito por los argumentos políticos, más que jurídicos, a los que recurre en muchos de sus pasajes.
En su escrito, la Abogacía acusó a la Oficina Anticorrupción de señalar "con una ligereza peligrosa" la existencia de indicios de malversación y prevaricación y negó "rotundamente que se hayan producido, ni siquiera indiciariamente, malas prácticas o conductas corruptas" en los contratos de material sanitario de la pandemia.
En manos de "desaprensivos"
Más adelante, la Abogacía del Govern de Armengol exponía el siguiente argumento: "Nadie niega el peligro de que terceros sin escrúpulos puedan haber hecho negocio durante la pandemia; pero no hay ningún indicio de que, ni el Instituto Balear de Salud (Ib-Salut), ni la Conselleria de Salud y Consumo, ni ningún otro órgano de la Administración autonómica haya caído en manos de desaprensivos".
"Muy al contrario", añadía, "los contratos se han cumplido, las calidades de las remesas enviadas han sido comprobadas por la Conselleria [de Salud] y se consiguió material sanitario para las Islas, cuando era casi imposible hacerlo con éxito".
Aquí la Abogacía controlada por Francina Armengol mentía abiertamente: cuatro meses antes, el 8 de junio de 2020, el Centro Nacional de Medios de Protección, dependiente del Ministerio de Trabajo, había analizado las mascarillas suministradas por la trama de Koldo y había comunicado al Govern que no cumplían los requisitos del modelo FFP2 (para uso sanitario) por el que se habían pagado 3,7 millones.
Un año después de este enfrentamiento con el Govern de Armengol, en noviembre de 2021, el director de la Oficina de prevención y lucha contra la corrupción de Baleares, Jaime Far, anunció su renuncia alegando motivos estrictamente "personales", y se reincorporó a su anterior puesto de trabajo en la Agencia Tributaria.
Comisión de investigación
El PSOE ha denunciado ahora la decisión del Ejecutivo autonómico de Marga Prohens de cerrar la Oficina anticorrupción, en cumplimiento de su pacto suscrito con Vox.
La investigación desarrollada por la UCO de la Guardia Civil ha acreditado ahora la existencia de una trama corrupta, que se repartió comisiones millonarias, tras la empresa Soluciones que suministró mascarillas al Govern balear, al Ejecutivo canario que presidía Ángel Víctor Torres y a varios ministerios.
El miércoles se reúne la comisión de investigación sobre el caso Koldo constituida en el Senado, en la que el PP tiene previsto citar a declarar a Francina Armengol, así como al presidente Pedro Sánchez, la vicepresidenta María Jesús Montero y los ministros Óscar Puente, Fernando Grande-Marlaska y Ángel Víctor Torres, entre otros comparecientes, como ha informado EL ESPAÑOL.
De forma paralela, el Parlament balear constituirá el martes su propia comisión de investigación, que presidirá la diputada de Vox María José Verdú, para analizar los contratos adjudicados por el Govern de Armengol a la empresa de la trama Koldo.
La propia Francina Armengol compareció el pasado 27 de febrero ante la prensa en el Congreso de los Diputados, y se mostró "indignadísima" al constatar que la trama de Koldo se "lucró con la compra de material sanitario cuando estaban muriendo tantas
personas". "Me da asco", enfatizó.
Sin embargo, pese a las preguntas reiteradas de los periodistas, se negó a revelar si había sido el propio Koldo García quien le había ofrecido los servicios de Soluciones para vender las mascarillas fake a su Govern.