Sonia Díaz
El Europarlamento aprobó hace justo una semana el Pacto Europeo de Migración y Asilo, un conjunto de textos que vienen celebrándose irresponsablemente desde que el pasado diciembre se alcanzara este acuerdo político bajo la Presidencia española de la Unión Europea. Pero no hay nada que celebrar. Cuando el derecho a la vida no ordena las conversaciones, los resultados son dramáticos. Solo en el caso español, en el año 2023 perdieron la vida 6.618 personas intentando alcanzar un lugar seguro, según datos de Caminando Fronteras.
Vivimos un tiempo de asombrosa complacencia ante dos factores que confirman el momento más inhumano e insolidario de la historia reciente de Europa: el crecimiento de movimientos políticos abiertamente xenófobos, que están logrando liderar o condicionar las agendas de varios gobiernos europeos y del conjunto de la Unión, y una política migratoria europea ineficaz, que ahonda en la externalización del control de fronteras y en la mal llamada 'solidaridad a la carta'.
El acuerdo crea una ficción de no-entrada, convirtiendo las fronteras en limbo legal y normalizando una política de centros de detención, incluso para personas en situación de especial vulnerabilidad y familias con menores a partir de seis años. Además, este pacto profundiza en el concepto de 'tercer país seguro' y de 'país de origen seguro' para denegar solicitudes de asilo según nacionalidad, limitando el acceso y vulnerando el principio de no devolución.
Y, como si fuera poco atropello, ven la luz sendos mecanismos que nunca debían haber formado parte del cuerpo jurídico la Unión Europea. Por primera vez, aparece un sistema flexible que permite pagar por no acoger. Así, los países podrán evitar sus obligaciones de protección internacional y financiar a cambio, por 20.000 euros por persona denegada, deportaciones y acciones de control de fronteras. Igualmente, se rubrica un Reglamento de Crisis, Instrumentalización y Fuerza Mayor que erosiona el ya precario sistema de asilo europeo, y convierte la gestión migratoria en la gran excepción para los derechos humanos.
En unas semanas empieza la fase de implementación, en la que cada país desarrollará un plan integral acordado con la Comisión Europea. Podremos comprobar entonces el compromiso del Estado español con la mejor protección de los derechos humanos. Cobra ahora especial relevancia la Oficina de Defensoría del Pueblo, a quien se reconoce un papel principal en el mecanismo de seguimiento independiente a nivel nacional que se establece como obligatorio en diversos reglamentos.
Tras la irresponsable celebración inicial, no puede venir un camino de opacidad. Las manifestaciones a lo largo de toda la geografía española y las marchas que han llegado hasta Bruselas, y se han adentrado en el propio Parlamento, no son flor de un día. Se trata de un esfuerzo e inteligencia colectivos que van a continuar hasta encontrar las vías legales y políticas que permitan tumbar, al menos, los elementos más lesivos de este pacto.
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