A pocas horas de la restitución de los fueros del senador (que fue el único imputado beneficiado con la prisión domiciliaria durante el proceso), sus abogados plantearon un recurso de excepción de "falta de acción", argumentando la existencia de un "obstáculo legal" para la continuidad del proceso por lavado de dinero y asociación criminal que tiene que ver con la restitución de sus fueros como parlamentario, que le otorgan inmunidad política a su cliente e impiden a la Fiscalía proseguir con la causa, por lo que la defensa de Galeano pidió ordenar el archivamiento de la misma y el levantamiento de todas las medidas cautelares que recayeron contra el senador.
Fiscal rechaza injerencia política y aseguran tener contundentes pruebas contra Galeano
Tras las acciones de blindaje al senador cartista llevadas a cabo por el Parlamento y la defensa de Galeano, el fiscal Corbeta emitió al Juzgado Penal de Garantías un pedido de aclaración sobre la situación procesal de Galeano y advirtió que la resolución de retornarle sus fueros parlamentarios "choca con mandatos constitucionales".
En el documento al juez penal especializado en Crimen Organizado, se advierte que el efecto inmediato de lo resuelto en Senado implica la "paralización del juicio", que a criterio de la representación fiscal está prohibido por el art. 248 de la Constitución de ese país, que expresa que: "Queda garantizada la independencia del Poder Judicial. Sólo éste puede conocer y decidir en actos de carácter contencioso. En ningún caso los miembros de los otros poderes, ni otros funcionarios, podrán arrogarse atribuciones judiciales que no estén expresamente establecidas en esta Constitución, ni revivir procesos fenecidos, ni paralizar los existentes, ni intervenir de cualquier modo en los juicios. Actos de esta naturaleza conllevan nulidad insanable", alegó el fiscal Corbeta.
"Los que atentasen contra la independencia del Poder Judicial y la de sus magistrados, quedarán inhabilitados para ejercer toda función pública por cinco años consecutivos, además de las penas que fije la ley", advierte el texto, a la vez que enfatiza que "carecen de validez todas las disposiciones o actos de autoridad opuestos a lo establecido en esta Constitución", por lo que, ante esta situación procesal, el fiscal considera imperativo un pronunciamiento judicial para salvaguardar el curso adecuado del proceso penal en cuestión contra el legislador Erico Galeano.
La investigación por lavado de dinero y asociación criminal al senador Erico Galeano está "muy avanzada" y se cuenta con "elementos contundentes" contra el legislador, señaló el fiscal Corbeta a la Radio Monumental 1080 AM.
"Tenemos elementos contundentes, eso es categórico, por eso fue imputado", dijo.
Corbeta, que investiga el caso junto a su colega Deny Yoon Pak, debe presentar el requerimiento conclusivo de la causa contra Galeano el próximo 24 de mayo y, si bien evitó adelantar cuál será la solicitud de la Fiscalía, deslizó una inminente acusación.
Los delitos por los que fue imputado el senador vinculado a Sebastián Marset
Galeano había sido imputado en el marco del operativo antinarcóticos A Ultranza Py, que había derivado en el allanamiento de una propiedad en la ciudad de Altos (cercana a Asunción) en el exclusivo condominio Aqua Village, que fue comprada por Galeano, pero que en realidad quedó en manos de uno de los líderes de la organización criminal investigada, Miguel Ángel Insfrán, actualmente preso en Paraguay, tras ser detenido en Río de Janeiro (Brasil) en febrero de 2023 y luego extraditado en mayo.
La casa en cuestión había sido adquirida por Galeano en el 2013 por 210 mil dólares y después vendida en el 2020, a Hugo González Ramos, testaferro de Miguel Ángel Insfrán, por aproximadamente USD 1.000.000, en una "operación simulada de compraventa", con dinero que sería producto del tráfico internacional de cocaína.
La simulación quedó en evidencia porque en el allanamiento a la casa encontraron una boleta de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) a su nombre.
Pero el vínculo entre Galeano y la organización de Insfrán y Marset no se limitó a la compraventa de esa vivienda, sino que el imputado también brindó una avioneta (propiedad de la empresa Alpina S.A.) para que ambos narcotraficantes puedan trasladarse por todo el territorio nacional y faciliten el envío de droga al extranjero.
El acta de imputación de los fiscales tiene un registro de los viajes efectuados en dicha aeronave, y sus ocupantes, entre noviembre de 2020 y diciembre de 2022, en los que se detectó que en al menos cuatro oportunidades fue utilizada por Marset e Insfrán.
"A cambio de la provisión del mencionado medio logístico, Erico Galeano habría recibido sumas de dinero provenientes del tráfico internacional de cocaína, la cual la habría insertado dentro del sistema financiero y económico nacional, mediante la modalidad préstamo y cancelación anticipada, o bien a través de compras de bienes (muebles e inmuebles) adquirido en el intervalo de tiempo comprendido entre finales de los años 2020 y transcurso de 2021", apuntaron los agentes del Ministerio Público.
Antes de que pueda ser utilizada como elemento probatorio, Galeano vendió la avioneta a la firma Grupo Capital por 1.000 millones de guaraníes, luego de empezar las indagaciones de Fiscalía contra el senador colorado en la causa A Ultranza Py.
El medio millón de dólares que pidió para sacar a Marset de la cárcel de Dubái
Erico Galeano era dueño del Club Deportivo Capiatá, donde Marset se desempeñó como futbolista entre mediados de 2020 y mayo de 2021, tiempo antes de su huida hacia Emiratos Árabes Unidos, donde fue detenido el 10 de setiembre de 2021.
El senador Derlis Osorio declaró ante Fiscalía dos veces entre 2022 y 2023 en la causa A Ultranza y denunció que el presidente del Deportivo Capiatá, Ezequiel Ramírez Barreto, fue a visitarlo para pedirle que le "gestionara un crédito al diputado Erico Galeano porque 'necesitaba enviarle USD 500.000 a un jugador detenido en Dubái".
El jugador en cuestión era Sebastián Enrique Marset Cabrera, quien formó parte del plantel del Club Deportivo Capiatá y sería el jefe de una organización criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de dinero, según señalaba la investigación.
Galeano había buscado en primera instancia que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, o el vicepresidente, Hugo Velázquez, le presten el dinero para liberar a Marset, según los datos que dio el legislador colorado que luego fueron verificados a partir de una comunicación telefónica en la que Marset le solicita, al entonces embajador en Emiratos Árabes (hoy ministro de Justicia), Ángel Barchini, que éste le pida ayuda a Horacio Cartes o Mario Abdo para su liberación de la cárcel de Dubái.
Según lo expresado por Osorio, unos días después, Galeano también le pidió un préstamo a la diputada Jazmín Narváez, pero como ella no tenía la suma requerida, le planteó que se lo pida al propio Abdo, presidente paraguayo en ese momento.
En junio de 2022, el vicepresidente Velázquez y la diputada Narváez confirmaron la denuncia de Osorio sobre el pedido de USD 500.000 de Galeano para liberar a Marset, y continúa latente la interrogante de si dicha operación de salvataje se efectivizó y si ésta tuvo que ver en la salida diplomática que le brindó el Gobierno uruguayo de Luis Lacalle Pou otorgándole un pasaporte para que Marset sea liberado por la Justicia emiratí y pueda viajar a Bolivia.
Si bien A Ultranza Py ha sido el mayor operativo contra el narcotráfico y el lavado de dinero en la historia de Paraguay y ha llevado al arresto de docenas de traficantes y a la incautación de activos avaluados en cientos de millones de dólares, muchos de los imputados, como el propio Marset, siguen prófugos de la Justicia. Además, si bien el juicio contra Galeano demuestra la voluntad de las autoridades de combatir la corrupción en las altas esferas del Gobierno, el continuo apoyo corporativo a figuras políticas vinculadas a la corrupción, pone en riesgo las exhaustivas investigaciones llevadas a cabo por los fiscales que han logrado evidenciar la extensa influencia del narcotráfico en el sistema político paraguayo, aunque encuentran sistemáticas trabas judiciales y políticas que blindan a acusados de vincularse al crimen organizado.