El fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, reiteró al gobierno del presidente Nicolás Maduro que el tribunal abrirá una oficina en Venezuela para "cooperar" en la investigación de violaciones a los derechos humanos.
"Después de esta reunión estaré abriendo una oficina en Venezuela. No es una oficina secreta, no trabajo ilegalmente ni clandestinamente. En términos de estas decisiones, estamos abriendo una oficina por el apoyo y acuerdo con Venezuela", dijo Khan desde el Parlamento venezolano.
El fiscal agregó que esta es una "oportunidad única para seguir avanzando en las investigaciones de manera independiente, para realmente crear ese vínculo entre las leyes y el apoyo técnico que vamos a prestar en pro de la justicia".
Khan, que más temprano se reunió con el presidente Nicolás Maduro y la vicepresidenta Delcy Rodríguez, afirmó que el foco de sus investigaciones son los "crímenes que pueden constituir genocidios, crímenes de guerra, o crímenes de lesa humanidad".
Su visita ocurre luego que el pasado 1 de marzo la CPI rechazara el recurso de apelación de Venezuela sobre la investigación que adelanta por crímenes de lesa humanidad durante manifestaciones antigubernamentales de 2017 que dejaron unos 125 muertos.
Caracas considera que es una "decisión infundada", al argumentar que el tema debía dirimirse en el sistema judicial del país.
El tribunal inició en 2018 un examen preliminar a Venezuela tras una denuncia de Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Canadá sobre la situación en Venezuela. El examen pasó a convertirse en investigación formal en noviembre de 2021, tras la primera visita oficial de Khan a Caracas.
En esa oportunidad, Khan y Maduro acordaron una oficina de asistencia técnica de la CPI en Venezuela y firmaron un memorando de entendimiento para que Venezuela adoptara "medidas" destinadas a garantizar "la administración de justicia".
Luego la investigación quedó en suspenso, a petición de Caracas, a condición de que el Estado venezolano investigara, internamente, los supuestos crímenes cometidos durante las protestas de 2017, una tarea que la Justicia venezolana asegura estar haciendo.
Sin embargo, en noviembre de 2022, Khan solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para retomar la investigación. Permiso que le fue concedido en marzo pasado por la Sala de Apelaciones para continuar la investigación.
La CPI, creada en 2002, es la única corte independiente del mundo establecida para investigar los crímenes más graves, como genocidios, crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Entretanto, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, criticó que a nivel internacional se busque posicionar a Venezuela como un "Estado fallido".
Expuso que, desde 2017 cuando empezó su gestión hasta marzo de 2024, su despacho ha dispuesto de 200 fiscales para trabajar exclusivamente en materia de derechos humanos.
Además, Saab le dijo a Khan que el país ha tenido "grandes avances" en derechos humanos. Desde 2017, aseguró, 2.795 funcionarios de seguridad del Estado han sido acusados por violaciones de derechos humanos.
"En solo siete años hemos logrado 227.867 diligencias de investigación, que han permitido obtener los siguientes resultados, 2.389 funcionarios de seguridad del Estado imputados, 2.795 funcionarios de seguridad del Estado acusados, 1.021 privados de libertad, 580 sentencias ya condenatorias, es decir, definitivamente firmes", agregó.
Aprovechando la visita del fiscal de la CPI, el movimiento político venezolano de centroderecha Vente Venezuela, el de la inhabilitada líder opositora, María Corina Machado, publicó un mensaje en la red social X que dice: "Es oportuno recordar que tenemos 6 jefes del Comando Nacional de Campaña de María Corina Machado secuestrados por el régimen y 6 compañeros refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas. ¡Exigimos la inmediata liberación de todos los presos políticos y el cese de la persecución!".
Según la ONG Foro Penal, se han registrado 15.777 "detenciones políticas" desde 2014 en Venezuela y, además de los llamados presos políticos, hay "más de 9.000 personas que siguen sujetas, arbitrariamente, a medidas restrictivas de su libertad".
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