Una alto cargo del PP se encargará de los casos pendientes de la Oficina Anticorrupción después del cierre fulminante por parte del Govern. La presidenta, Marga Prohens, ha colocado al frente de la jefatura de la Inspección de Servicios a Catalina Ferrer, hasta hace unas semanas 'número dos' de la conselleria de Vivienda y secretaria general de la conselleria de Presidència con José Ramón Bauzá, para que se encargue de los expedientes que aún están abiertos. Ferrer fue nombrada el pasado día 2 de abril tras ser destituida de Vivienda a finales de marzo.
Sobre las investigaciones que están actualmente en marcha, alrededor de 200 denuncias, la ley aprobada por el actual Govern establece que se remitirán todos los expedientes a la Inspección General de Servicios de la Comunidad Autónoma, órgano dependiente de la conselleria de Función Pública que dirige actualmente Antònia Maria Estarellas, que se encargará de enviarlos "al órgano que considere, a fin de que por estas se les dé la tramitación que legalmente proceda". Esto supone una derivación de todos los informes al ejecutivo para que decida qué se debe hacer con las investigaciones.
La medida, que no formaba parte del programa del PP ni de su acuerdo de investidura con Vox, ha provocado la clausura del ente en un plazo máximo de 6 meses y cesó de manera fulminante, una vez se publique la nueva ley en el BOIB, al director Tòfol Milán, situado en el centro de la diana por parte de los populares. A principios de abril se conocía que la Fiscalía mantenía abierta la investigación en torno al actual director general de Emergencias, Sebastià Sureda, por un supuesto caso de corrupción urbanística durante su mandato como concejal de Urbanismo en Campos.
De todas estas denuncias abiertas, la nueva ley determina la caducidad de los casos que lleven más de nueve meses abiertos con el objetivo de que sean posteriormente archivados, sin necesidad de revisión. "Se declara la caducidad de los procedimientos de investigación en curso que, a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, superen el plazo de seis meses de duración o de un máximo de nueve meses para aquellos procedimientos prorrogados, a contar desde el acuerdo de iniciación de las actuaciones, procediéndose al archivo de estos expedientes", expresa la normativa. Una de ellas era la que afectaba al 'clan de Campos', aunque el envío a la Fiscalía Anticorrupción ha evitado que caduque el caso.
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