Además del fútbol -a través de Diego Maradona y Lionel Messi- y la inesperada elección de Jorge Bergoglio al frente de la Iglesia Católica, en 1985 la Argentina legó al mundo una experiencia única sobre el juzgamiento democrático de los delitos de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado. Casi cuarenta años más tarde, los tribunales locales vuelven a ese concepto para hacer justicia ante otro hecho de sangre irredenta: el atentado a la AMIA. Pero esta vez invirtieron los términos de la formula; pasando del terrorismo de Estado al concepto penal de "Estado terrorista". Parece un retruécano, pero implica una verdadera revolución jurídica.
Bajo el voto orientador de Carlos Mahiques, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal que también integran los jueces Angela Ledesma y Diego Barroetaveña barrió la distancia que a través de sinuosas organizaciones y estructuras financieras pone Irán para alejar su mano de los atentados realizados por sus satélites en Medio Oriente: Hezbollah -brazo ejecutor de los ataques a la embajada de Israel y la AMIA en la Argentina-, Hamas o la Yihad Islámica.
Este detalle es clave porque el fallo firmado en Comodoro Py engarza completamente con el vacío legal y la búsqueda de una cobertura jurídica -o al menos de un barniz, si se opta por una respuesta militar- ante el desafío que Irán le está presentando en estos días tanto a Estados Unidos como a Israel, cuyo territorio fue invadido salvajemente hace seis meses por Hamas.
Washington acaba de alertar a Tel Aviv sobre un "inminente" ataque iraní, para el que también se preparan las fuerzas estadounidenses. La máscara política de las organizaciones militares sostenidas por Irán se derrite a toda velocidad, pero el uso de los ataques selectivos -como el que esta semana mató a los hijos y nietos del líder de Hamas- tiene un límite para los países democráticos.
En ese tablero geopolítico Argentina es un jugador de peso, por haber sido víctima de dos atentados con más de un centenar de muertos y el fracaso de un camino judicial escarpado para intentar juzgar a los responsables. Desde ahora, con la calificación del bombazo contra la mutual judía como un crimen de lesa humanidad, su persecución judicial es imprescriptible y puede llevarse a cabo en cualquier lugar del mundo.
Las fichas del rompecabezas pueden lucir desordenadas, pero sería solo una apariencia: en diciembre pasado, la fiscalía del distrito sur de Manhattan acusó al supuesto terrorista libanés Samuel Salman el Reda como uno de los autores del impune atentado a la sede de la AMIA. ¿Casualidad?
Otro golpe al Pacto con Irán y una luz roja para Cristina
El nuevo escenario político internacional, y ahora la resolución de la justicia local son dos pésimas noticias para Cristina Kirchner, quien pese a sus colosales esfuerzos por evitarlo deberá ir a juicio oral acusada por el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA a través de la firma del incomprensible Memorándum de Entendimiento con Irán, en enero de 2013.
La tesis central de la imputación en su contra -y en la de varios de sus funcionarios, militantes y espías oficialistas de entonces- es que con el Pacto se intentó atenuar la acusación de la justicia argentina contra los altos dignatarios iraníes que estaban -y están- imputados por haber ordenado y organizado el ataque a la sede judía en Buenos Aires.
El mecanismo que preveía ese acuerdo era la constitución de una llamada "Comisión de la Verdad" ante la cual asistirían -no serían indagados- los acusados para defender su inocencia. Algo intolerable para cualquier república soberana e indigerible para la justicia argentina, único poder de la democracia con la facultad de citar, interrogar, juzgar y eventualmente condenar o absolver a los acusados de cometer delitos en nuestro país.
La sentencia de la Casación Federal y los fundamentos sobre los cuales se apoya demuelen cualquier argumento con el que se busque explicar aquel acuerdo de máximo nivel entre la Argentina y el país que acaba de ser declarado como un Estado terrorista.
Otro hecho de repercusión internacional agrava la denuncia de aquel intento político de negociar con los autores del atentado a la AMIA, interpretado entonces como un delito: su autor, el fiscal Alberto Nisman, fue asesinado.
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