El PP salva a la presidenta balear de tener que dar explicaciones sobre las presiones de la trama Koldo a su Govern
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El PP ha vetado la comparecencia de la presidenta del Govern balear, la popular Marga Prohens, en la comisión de investigación impulsada en el Parlament autonómico en torno al papel de Balears en el conocido como 'caso Koldo'. También, en contra del criterio de Vox y con el voto a favor del PSIB-PSOE, los conservadores han retirado la petición de que comparezca Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La causa, en manos de la Audiencia Nacional, pone el foco, en el caso de las islas, en la compra de 1,5 millones de mascarillas en los peores meses de la pandemia por 3,7 millones de euros, de los cuales 2,6 habrían sido abonados de más.
Sí prevén intervenir el vicepresidente del Ejecutivo balear, Antoni Costa, y el director general del IB-Salut, Javier Ureña. El plan de trabajo acordado por PP y Vox, socios de investidura, ha salido adelante con las críticas del PSIB y de su portavoz, Iago Negueruela, que ha asegurado que si el PP hubiera aceptado que Prohens sea citada, hubieran votado a favor de todo su plan de trabajo. Las comparecencias arrancarán el próximo 14 de mayo y, en virtud del plan, se celebrarán cuatro los lunes, que se ha habilitado, dos los martes y cuatro los viernes.
Durante su intervención, Negueruela ha acusado a los populares de "esconder" a Marga Prohens, recriminando que finalmente se lleve a cabo una comisión que "nada tiene que ver con el objeto que se busca": "Vox redacta, ustedes asienten; parece que no les importa mucho la verdad", ha espetado dirigiéndose a los populares. Por el contrario, ha subrayado que "el PSOE no tiene nada que esconder": "Hemos puesto a disposición a todos los cargos del partido sin ocultar a nadie; si queremos saber qué ha sucedido hay que ver cómo empieza y cómo termina".
En esta línea, ha aseverado que la comisión "requiere ecuanimidad, lógica y transparencia" y que comparezcan "las personas que lo pueden aclarar, un enfoque contrario al que se le quiere dar". "Para esto, ahorrémonoslo y acabemos con la comisión", ha añadido.
Antes de la reunión de la Comisión, la Mesa del Parlament ha aceptado la solicitud del PSIB para que se retire la propuesta de Vox de citar a Begoña Gómez, así como, también a instancias de los socialistas, que la formación de extrema derecha retirase de su plan de trabajo las solicitudes de documentación que hacían referencia a otras empresas, como Globalia, diferentes de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas.
El portavoz del PP en la Comisión, José Luis Mateo, ha agradecido el buen tono de los grupos y ha resaltado que el documento final acordado con Vox incluye el 50% de los comparecientes propuestos por Més per Mallorca, el 83% de los propuestos por el Grupo Mixto, el 45% de los del PSIB y el 60% de la lista de Vox.
Por su parte, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha propuesto que una vez que acabe la comisión se abra un periodo para pedir más información e incluso más comparecencias, a partir de la información que pueda recabarse durante las sesiones. Josep Castells, de Més per Menorca, ha advertido de que la comisión irá "por mal camino" si persigue únicamente erosionar a los gobiernos de Francina Armengol y Marga Prohens. Sobre la presencia de ambas mandatarias en la comisión, el menorquinista ha argumentado que "servirá para poco", aunque no ha mostrado oposición a que comparezcan.
La comisión de investigación del caso Koldo en Balears está controlada por PP y Vox, que cuentan con la mayoría de miembros (acumulan 9 representantes de los 16 que hay en total). En concreto, el PP tiene siete votos representados por José Luis Mateo, Cristina Gil, Isabel Borràs, Mauricio Rovira, María Salomé Cabrera, Margalida Durán y Jacobo Varela; el PSOE tiene otros cinco, cuya representación ostentan Carles Bona, Iago Negueruela, Marc Pons, Mercedes Garrido y Pilar Costa; otros dos son para Vox, a través de María José Verdú y Patricia de las Heras; mientras que uno es para Lluís Apesteguia, de Més per Mallorca, y otro para Cristina Gómez, de Unidas Podemos, pero en representación del Grupo Mixto.
Prohens no iba a comparecer desde el inicio
La posibilidad de que Marga Prohens compareciera en la comisión de investigación del Parlament estaba prácticamente descartada desde el inicio, como informó en su día elDiario.es, lo que le costó una campaña de difamación por parte del Partido Popular en X (antiguo Twitter), donde miembros de la formación acusaron falsamente a este medio de comunicación de difundir fake news. Era la segunda vez que los conservadores llevaban a cabo esta estrategia de comunicación. También lo hicieron cuando este periódico fue el primero en informar sobre la caducidad del expediente de reclamación del sobrecoste de las mascarillas, un extremo que todavía niega el PP.
En concreto, el Partido Popular rechaza que el antiguo procedimiento iniciado por el Govern de Francina Armengol para reclamar el sobrecoste de las mascarillas adquiridas a Soluciones de Gestión haya caducado. En su defecto, los 'populares' argumentan que esta primera reclamación (la de Armengol) estaba "condenada al fracaso" por diferentes motivos burocráticos y que, por ello, se han visto obligados a iniciar un nuevo procedimiento para pedir a Soluciones de Gestión los más de tres millones de euros que el Ejecutivo de Armengol pagó a la empresa de la trama Koldo.
Sin embargo, la postura del PP choca frontalmente con los cálculos del juez instructor Ismael Moreno, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y las fechas que maneja el actual IB-Salut gobernado por el propio PP. La última novedad al respecto es que la documentación que presentó el Govern del PP a los grupos de la oposición a raíz de la comisión de investigación en el Parlament demuestra que pasaron más de tres meses desde que la empresa Soluciones de Gestión presentó alegaciones y el Ejecutivo de Prohens contactó con ella.
Independientemente de si el primer expediente (el de Armengol) está caducado o no, el PP ha dejado sin efecto esta posible caducidad, ya que ha decidido iniciar un nuevo procedimiento contra Soluciones de Gestión. Que el primer expediente caducase durante el mandato de Prohens adquiere importancia tras las revelaciones del sumario judicial, que apunta a que el PP habría sucumbido a las presiones de la trama y que dejó caducar la primera reclamación. Es decir, que los isleños habrían perdido casi tres millones de euros por la compra defectuosa del Govern de Armengol y por la dejadez o la voluntad del Ejecutivo de Prohens.
Las investigaciones señalan, de hecho, que el intermediario Koldo García habría utilizado a Jacobo Pombo, empresario que llegó a trabajar hace años en la sede nacional del PP, y presumió de haber concertado una cita con Miguel Tellado, el portavoz parlamentario del partido, quien, a su vez, se habría preocupado de buscar un contacto en Illes Balears "de la línea de Pablo Casado" para frenar la reclamación. El juez cree que sus maniobras habrían "surtido efecto" porque el Govern del PP dejó finalmente caducar la reclamación el pasado mes de enero. Los 'populares' niegan, por su parte, cualquier tipo de presión, pero no ponen la mano en el fuego por todos los funcionarios del IB-Salut.
Ahora, Prohens se libra de tener que dar explicaciones sobre esta caducidad del primer expediente y sobre las presiones de la trama al no haber sido citada por la Cámara balear, pero tendrá que rendir cuentas en el Congreso de los Diputados, donde paralelamente se celebra otra comisión de investigación sobre el caso Koldo -en el Senado, donde la comisión de investigación la controla el PP, Prohens no tendrá que comparecer-. En el caso balear, Vox, que impulsó la comisión, se ha quedado con la presidencia, que ostenta María José Verdú, mientras que la vicepresidencia corre a cargo de la socialista Pilar Costa. Por otro lado, la secretaría queda bajo el control del PP a través de la diputada Marga Durán.
En concreto, el Govern de Armengol adquirió 1,5 millones de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión. Frente a las acusaciones de los conservadores acerca de la diligencia con la que actuó el Ejecutivo socialista a la hora de reclamar los 2,6 millones de euros que pagó de más por los cubrebocas que le suministró la mercantil, la socialista se aferra a su honorabilidad, si bien continúan sobrevolando dudas sobre con quién se puso en contacto la empresa para hacerle la entrega de las mascarillas.
El IB-Salut defiende que aceptó el ofrecimiento de la empresa y "se les comunicó verbalmente" porque temía que los cubrebocas fueran "reasignados a otra entidad" –las mascarillas fueron ofrecidas a otras Comunidades Autónomas–, porque la situación era "urgente" y porque la población civil y las empresas "en dicho momento solicitaban al Servicio de Salud material de protección". Sin embargo, no ha trascendido entre quiénes tuvo lugar esa conversación "verbal".