El acta de allanamiento de la casa de Dina Boluarte no deja lugar a dudas sobre la legalidad de la intervención de la PNP en la diligencia que ahí realizaba la Fiscalía, luego de una orden del Poder Judicial. El apoyo que los oficiales dieron a los magistrados fue apegado a las normas.
La presidenta alega que jamás hubo rebeldía de su parte frente a las investigaciones y consideró el allanamiento de su casa como "arbitrario, desproporcional y abusivo".
No obstante, la distancia de esas palabras con la realidad es la misma que separa la Tierra de la Luna, que no es donde precisamente viven los peruanos.
Primero, la mandataria ha eludido por todos los medios aclarar la situación de su colección de relojes, no solo ante la opinión pública sino ante la justicia. Sea postergando la presentación –luego de no haber atendido el requerimiento hasta en dos oportunidades– de sus descargos ante la Fiscalía o movilizando a sus aliados políticos para que minimicen el tema. Porque hasta ahora el tema relojero continúa suspendido en una nebulosa que da pie a toda clase de especulaciones.
En segundo término, los efectivos que acudieron a su domicilio en Surquillo tocaron el intercomunicador y, si bien obtuvieron respuesta del hijo de la presidenta, Daniel Gómez Boluarte, no les abrieron la puerta. Eso a pesar de haberle explicado a la persona que atendió que tenían una orden judicial de allanamiento.
Ante semejante "rebeldía", es que al equipo de policías y fiscales no le quedó otra opción que ingresar a la fuerza, con ayuda de un ariete para romper la puerta de la casa.
Se han levantado, por supuesto, voces escandalizadas manifestándose contra los presuntos "excesos" de la PNP en esta diligencia –miembros del gabinete o de bancadas amigas en el Congreso– pero estas suenan más a un coro debidamente programado que a un análisis ecuánime de la situación.
La división policial que actuó en este caso fue la Diviac, y como ya ha ocurrido en otras investigaciones, lo hizo como parte del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder. Una unidad eficaz de acción entre policías y representantes del Ministerio Público que bien debería imitarse, por ejemplo, en la lucha contra la minería ilegal. Lo que el país necesita es no menos, sino más Diviacs para luchar contra los males que lo aquejan.