La Cámara Federal de Casación no dio lugar al pedido de recusación de la expresidente contra el juez Diego Barroetaveña y el fiscal general Mario Villar. Los funcionarios judiciales están a cargo de revisar la condena a seis años de prisión en la Causa Vialidad.
La Cámara Federal de Casación rechazó el pedido de recusación de la expresidente de la Nación, Cristina Fernpandez de Kirchner (CFK), contra uno de los jueces y el fiscal que deben revisar su condena a seis años de prisión en la Causa Vialidad.
CFK había recusado al juez Diego Barroetaveña y al fiscal general Mario Villar, quien había solicitado que se duplique la condena en su contra, de seis a 12 años de cárcel. Sin embargo, los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y el propio Barroetaveña rechazaron la recusación planteada por el abogado defensor de la expresidenta, Alberto Beraldi.
«De conformidad con lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal y oída que fue la Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en autos, el recurso intentado debe ser declarado inadmisible», señala el fallo de los jueces. Más allá de este fallo, CFK tiene aún la posibilidad de apelar a un recurso de «queja».
Pidieron duplicar la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad
El fiscal ante la Cámara Federal de Casación, Mario Villar, solcitó que CFK sea condenada a 12 años de cárcel en la Causa Vialidad.
«Hubo una verdadera asociación criminal. No fue el Estado el que cometió delitos, fueron personas que eran funcionarios», declaró en la primera audiencia para revisar el fallo del Tribunal Oral Federal 2, que se llevó a cabo ayer.
Se trata de la revisión del fallo de diciembre de 2022 en el que la expresidente fue sentenciada a seis años de prisión y a inhabilitación para ejercer cargos políticos electivos, por el delito de fraude al Estado con la obra pública. El funcionario judicial pidió que se le incorpore el delito de «asociación ilícita», en sintonía con el reclamo original de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.
CFK y el empresario Lázaro Báez fueron condenados a 6 años de cárcel por administración fraudulenta. La misma suerte corrieron José López y Juan Carlos Villafañe, entre otros. En tanto que absolvieron al exministro de Planificación Federal, Julio de Vido.
La Fiscalía pidió la revocatoria de las absoluciones de De Vido, a quien solicitó que se le aplique una condena a 10 años por considerarlo presunto organizador de una asociación ilícita y administración fraudulenta; del exsubsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, y del expresidente de Administración General De Vialidad Provincial de Santa, Cruz Héctor Garro.
«Entre 2003 y 2015 funcionó en el Estado una asociación ilícita que desvió los fondos de las obras públicas viales a Lázaro Báez», expresó Villar.