El Juzgado de Instrucción 41 de Madrid ha abierto diligencias contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, tras una denuncia del sindicato Manos Limpias en base a las actividades privadas de la mujer de Pedro Sánchez. Los posibles delitos que se investigan de la esposa del jefe del Ejecutivo son el de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
En el procedimiento, que se ha declarado secreto, el juez investiga una denuncia del autodenominado sindicato Manos Limpias, que se fundamenta en una serie de noticias de prensa.
Este jueves, el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, ha indicado que basó su denuncia contra Begoña Gómez en informaciones de medios de comunicación y que en caso de que las noticias no sean ciertas "serán quienes la publicaron quienes deberán asumir la falsedad".
Pero, ¿qué es Manos Limpias? El Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias se autodefine como "el primer y único sindicato" del país que quiere "lograr la independencia del Poder Judicial y la verdadera y real democratización" de las instituciones. Su ideología es afín a la extrema derecha.
Fue fundado en 1995 por Miguel Bernad, exsecretario general del Frente Nacional. Esta organización ha interpuesto todo tipo de denuncias ante lo que considerara corrupciones políticas o económicas con lesión para el interés general y ha participado en juicios muy mediáticos, como los atentados del 11-M y en causas contra el independentismo.
En 2007, el Tribunal Supremo archivó una querella que la organización presentó contra Juan del Olmo, juez de la Audiencia Nacional, a raíz del 11-M. Manos Limpia también pidió al Defensor del Pueblo que recurriera la legalización del matrimonio homosexual, se querelló contra el juez Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo, contra los 'Lunnis' por mostrar una boda entre dos hombres, contra el futbolista Samuel Eto'o por gritar "Madrid, cabrón, saluda al campeón" o contra todo el 15-M por sedición. Y, más recientemente, también pidió al Consejo General del Poder Judicial que abriera un expediente al juez Pedraz por ordenar el bloqueo de Telegram.
Sus acciones judiciales más mediáticas se contaban por fracasos hasta que irrumpió en el caso Nóos en 2012. Personado como acusación popular, impulsó que la Infanta Cristina se sentara en el banquillo, aunque finalmente fue condenada económicamente como pedía la Fiscalía.
En 2018, la Audiencia Nacional investigó a Bernard por extorsionar a empresas y bancos en la colaboración con la asociación de consumidores Ausbanc, liderada por Luis Pineda. Se les acusaba de denunciar a empresas y pedir dinero a cambio a las empresas afectadas para retirar las demandas. Pineda fue condenado a ocho años de cárcel, y Bernard a cuatro. Pero los dos fueron absueltos por el Tribunal Supremo este 2024, pues consideró que "las presiones que empleaba Luis P. en sus negociaciones no se alcanzan para colmar el concepto de intimidación".
El sindicato anunció tras conocerse la sentencia del Supremo acciones penales y administrativas para que se repare el daño y solicitará una "compensación millonaria" al BBVA, que inició el proceso, y al Estado.