La pasada medianoche arrancó de forma oficial la campaña de las próximas elecciones catalanas, que se celebrarán el domingo 12 de mayo. Además de la tradicional pegada de carteles y los habituales mítines de inicio de campaña, en la jornada de ayer, entre de promesas y discursos meticulosamente orquestados por y para el aplauso, se firmó también un significativo acuerdo por el cual ERC, CUP y los comunes se comprometieron a «no pactar con la ultraderecha» tras los comicios. Incluyen en este término a Vox, a quien ya aplicaron un cordón sanitario en el Parlament durante la pasada legislatura, pero también a Aliança Catalana, una fuerza extraparlamentaria con un discurso similar a la formación de Ignacio Garriga pero abrazada por la estelada, que podría entrar en el hemiciclo, según apuntan los sondeos, con hasta cuatro diputados. De cumplirse este acuerdo, la mayoría independentista podría dejar de ser factible, pues las encuestas también sospechan que serán estos cuatro parlamentarios de la candidatura de Sílvia Orriols los que separen al secesionismo de la misma.
La declaración firmada por ERC, CUP y comunes alega que tanto Vox como Aliança «suponen una grave amenaza añadida a los derechos de casi todo el mundo». Su presencia en las instituciones, insisten, «mina la democracia», y se comprometieron a «combatir el racismo y la extrema derecha». El texto viene de la mano de una llamada a apoyar «masivamente» a «opciones democráticas» y a censurar los discursos de odio, entre otros, mientras aboga por «rechazarles el diálogo» y «evitar la participación en debates». Cobra especial significado esto último tras el episodio vivido ayer en el Campus de la Ciutadella de la UPF, que celebró un debate electoral siguiendo la consigna de este acuerdo y se topó con unos jóvenes afines a Vox que rechazaron el veto de la universidad a su formación.
En cuanto a Aliança, el acuerdo -y también muchas otras personalidades de la izquierda- hace refiere a limitar su participación en el debate público y a no hacerles propaganda, pues carece de ciertos derechos, que otras candidaturas sí disfrutan, al no haber formado parte del Parlament en la pasada legislatura. La propia candidata, Orriols, denuncia esta situación, alegando falta de «libertad de expresión», un principio que, aseguran, consideran fundamental y llevan por bandera en su programa electoral. Más allá de las cuotas, que regula la propia ley, vetar a estas formaciones de los debates parece ser más contraproducente que positivo para quienes desean su desaparición de las instituciones, pues las encuestas auguran alrededor de 15 diputados entre ambos en una Cámara con un total de 135. Inédito en la historia democrática catalana. Ambas formaciones, que discrepan en la cuestión nacional, sí mantienen, en efecto, un discurso similar en otros ámbitos. Especialmente notorio es el rechazo tanto de Vox como de Aliança de las políticas migratorias, llevadas a cabo tanto por el Estado como por la Generalitat, que es tildado de «xenófobo» por el resto de formaciones.
A este cordón sanitario no han querido sumarse ni el PSC, que sí rechaza pactar con cualquiera de los dos, como explicó su candidato, Salvador Illa, a este diario, ni Junts. La respuesta del candidato Carles Puigdemont fue ambigua respecto a Aliança. Si bien no abrió las puertas a un acuerdo con la formación de forma explícita, tampoco la cerró, y su negativa a suscribir el cordón sanitario también cobra relevancia, en relación a la posibilidad de que los de Orriols puedan investir presidente al candidato de Junts, cosa que han dicho que harán si se cumplen determinados requisitos. Uno de ellos tan lejano, según parece en estos momentos, como declarar la independencia del territorio de forma unilateral. En cualquier caso, los posconvergentes no se limitan a la hora de buscar apoyos para una hipotética investidura.
Las encuestas indican que la suma de ERC, CUP, Junts y Aliança estará alrededor de esta ansiada mayoría absoluta que busca Puigdemont para volver a liderar el independentismo. En la candidatura del eurodiputado, no obstante, este cordón sanitario rubricado por ERC tampoco hizo saltar las alarmas. Existen fórmulas para que Orriols de su apoyo a una investidura de Puigdemont y que luego Junts acuerde un Govern con ERC sin que los republicanos puedan verse incumpliendo su palabra. Ya sucedió la pasada legislatura con la CUP: los antisistema acordaron la investidura de Pere Aragonès antes de que este acordara con Junts formar un Govern de coalición. Esto podría repetirse. Primero se acuerda la investidura con Orriols, y luego se pacta el Govern con ERC, todo ello en caso de que Junts sea la primera fuerza independentista. Con ERC por delante, no habrá acuerdo.
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