La Comisión Europea dio ayer un serio aviso al Gobierno de España respecto a las consecuencias presupuestarias que puede tener la última reforma del sistema de pensiones, aplicada en la pasada legislatura por el Ejecutivo de coalición del PSOE y Unidas Podemos. Bruselas hace una previsión de gasto en pensiones que apunta a que España tendría que ajustar un desfase en el sistema del 0,8% del PIB, equivalente a 11.695 millones de euros entre 2026 y 2030. Este cálculo no es definitivo, porque requiere para serlo que se conozca la estimación de ingresos que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) haga en 2025, que podría ser mayor a la prevista en 2023. Pese a ello, la cuenta es rigurosa y supone un varapalo para el cambio en el sistema de previsión social impulsada por el ministro José Luis Escrivá, que ahora ya no tiene entre sus competencias la Seguridad Social, pues Pedro Sánchez decidió que le traspasase esa cartera a Elma Saiz. Es así porque la Comisión Europea prevé que el gasto promedio anual se elevará al 15,1% del Producto Interior Bruto (PIB) al aplicar la reforma de las pensiones, a lo que se restaría la estimación de ingresos promedio de la Airef del 1% del PIB. El resultado sitúa el gasto neto en el 14,1% del PIB, 0,8 puntos por encima del máximo del 13,3% del PIB establecido en la cláusula de cierre de la reforma. La conclusión de Bruselas es que haber indexado la actualización de las jubilaciones al IPC sin ningún factor corrector conduce a un aumento del gasto público en pensiones del 3,3% del PIB en 2050 y del 5% en 2070. Ese nivel de gasto se antoja insostenible, teniendo en cuenta, además, el envejecimiento y longevidad de la población española. El baño de realidad sobre la situación de las pensiones choca con la euforia económica habitual del Gobierno, que debería reaccionar con rigor a este serio toque de atención y aplicar las medidas que permitan asegurar la sostenibilidad y suficiencia del sistema.