"La gente que viene de forma ilegal no lo hace a ganarse la vida aquí", "no vienen a intentar buscar trabajo", "estamos hablando de mafias", "huyen de sus países porque tienen problemas relacionados con la legalidad y la delincuencia". Estos son algunos extractos de las palabras pronunciadas por el portavoz de Vox en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, y que le valieron una denuncia por delito de odio por parte de las asociaciones del Tercer Sector Amigos de Ritsona, Convivir sin racismo, Parem y Murcia Acoge. Según ha podido conocer La Opinión, las diligencias de la investigación han sido archivadas por la Fiscalía.
El Ministerio Público entiende que "los hechos denunciados no son penalmente típicos ni ha resultado mínimamente corroborada su realidad", además de que las manifestaciones sobre las que se puso en foco están "amparadas por la inviolabilidad parlamentaria del orador".
Elena González Arévalo, fiscal delegada de Delitos de Odio de la Región de Murcia, cree que las manifestaciones de Alpañez no reúnen los requisitos exigidos por la jurisprudencia para ser consideradas como incitadoras o promotoras al odio contra el colectivo de personas migrantes. "La finalidad del discurso analizado no es la incitación al odio o comportamientos violentos contra los inmigrantes llegados en patera, sino que se trata de, aprovechando la posición institucional del orador, reiterar e intentar justificar la posición del partido político Vox en materia migratoria, por lo que no refleja una postura individual, sino del colectivo político al que pertenece", se afirma en el escrito.
"La finalidad del discurso no es la incitación al odio contra los inmigrantes llegados en patera, sino que se trata de intentar justificar la posición del partido"
No obstante, reconoce que "en determinados fragmentos", el discurso de Alpañez es "claramente discriminatorio, vinculando, en cierta forma, la inmigración con la delincuencia y realizando afirmaciones de carácter populista, en modo alguno contrastadas con la realidad, pero orientados a desterrar la empatía de la población con las personas migrantes que llegan en patera". De este modo, admite que "el mensaje transmitido parece ir orientado a sembrar cierto temor en la población con la vinculación de la inmigración con la delincuencia para justificar su política en la materia".
A pesar de esto, la Fiscalía considera que "el mensaje se equilibra, en cierto modo, con otras expresiones favorables o que reconocen la obligación de prestar ayuda a las personas que llegan a las costas sin medios materiales tras haber puesto en riesgo su propia vida".
El informe policial que señala que "dichas expresiones se produjeron de manera aislada sin que existan registros policiales de tensiones graves antes, durante o después del discurso"
Asimismo, recoge el escrito la conclusión del informe policial, que señala que pese a la difusión del mensaje analizado, "dichas expresiones se produjeron de manera aislada sin que existan registros policiales de tensiones graves antes, durante o después del discurso ni se tiene constancia de incidentes delictivos o relacionados con delitos de odio directamente relacionados con las declaraciones analizadas". Por tanto, "la ausencia de actos delictivos o incidentes no permite establecer una correlación directa y objetiva entre las declaraciones y eventos específicos a corto plazo".
Por último, señala la fiscal que los diputados y senadores gozan, con carácter general, de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones, recogiéndose dicha previsión en el artículo 25.2 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.
La causa contra Antelo ya fue archivada
La Fiscalía tampoco vio delito de odio en el mensaje sobre inmigración que el vicepresidente regional y líder de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, escribió el pasado 13 de octubre en la red social X, donde manifestó, tras la llegada a la costa murciana de 169 adultos y 15 niños en distintas embarcaciones, que la "infiltración yihadista" en la entrada de pateras a la Región "eleva el riesgo de atentados".
El órgano judicial consideró que, al tratarse de declaraciones vertidas en una red social, podrían estar amparadas por la libertad de expresión, aunque "puedan resultar, para muchos, impopulares, desacertadas u ofensivas, pero no serían constitutivas de discurso de odio", aclaró.
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