El presidente reinstaló la cuestión militar en la agenda pública. Trazó dos ejes, claves en la construcción de un relato identitario para su proyecto político. Una revisión del pasado que podría justificar medidas presentes con un propósito "reparador". Y una reformulación del rol de las instituciones militares de la sociedad, con implicancias políticas.
En su mensaje del Día del Veterano de Malvinas, Milei llamó a una "reconciliación" de la sociedad civil con las Fuerzas Armadas. El contexto es bien diferente al de los años '80 y '90, cuando se incorporó ese concepto a la discusión pública. Ya no quedan oficiales en actividad formados bajo la dictadura. Aunque permanecen en prisión militares que participaron en la represión ilegal. Lo validó una interpretación del "dos por uno" por parte de la Corte Suprema, que lo excluye para delitos de lesa humanidad.
Semanas atrás recrudecieron las versiones sobre algún decreto presidencial que indulte o conmute las penas de los detenidos. El gobierno lo desmintió entonces. Pero no lo descartó a futuro. El video oficial del 24 de marzo titulado "de la memoria completa" y el llamado de ayer a la "reconciliación" reactualizaron el tema.
El presidente movió sorpresivamente otra ficha en el tablero. Dijo que el primer paso de la nueva "doctrina" de la reconciliación –así la definió– se dará "con la firma del Pacto de Mayo" en Córdoba. Invitó a participar a las cúpulas militares y a los veteranos de Malvinas como "testigos" de ese acuerdo al que confiere un carácter "fundacional". Un papel carente de sentido práctico pero de polémico contenido simbólico.
En democracia, las instituciones militares no son un poder autónomo, sino un brazo armado del Estado, sometido al gobierno civil elegido por los ciudadanos. La Constitución y las leyes les vedan además cualquier intervención en actividades no específicas.
No faltaron sin embargo en estos años intentos de partidizar las fuerzas armadas. El exjefe del Ejército César Milani se asumió públicamente como militante oficialista. Lejos de aquella idea del paleoperonismo que reinvindicaba una alianza con "el pueblo" como sostén de las transformaciones, consistente con la condición castrense de Perón y su nacimiento a la política en las entrañas de un gobierno militar. Luego legitimaría ese proyecto político en elecciones libres. Pero la influencia de las Fuerzas Armadas en la vida pública era ostensible.
Cristina Kirchner protegió a Milani, juzgado por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Promovió a través suyo una cooperación con cuadros kirchneristas en barrios carenciados. Un refrito devaluado del Operativo Dorrego de 1973 entre el Ejército del general Jorge Carcagno y los Montoneros. Aunque el aporte primordial de Milani fue el montaje de un dispositivo de inteligencia interna, por lo tanto, ilegal. Nunca fue reconocido, pero sí acreditado varias investigaciones judiciales, entre ellas la del asesinato del exfiscal Alberto Nisman.
Las definiciones de Milei, de un contenido político aún impreciso, evoca su parentesco ideológio con Jair Bolsonaro. Las fuerzas armadas fueron un factor de poder clave en el gobierno del expresidente brasileño, un militar de carrera.
Milei y Paricia Bullrich impulsan reformas legales para involucrar a las instituciones militares en acciones antiterroristas –mencionan el antecedente de los atentados contra la Amia y la Embajada de Israel–. Y en particular en la lucha contra el narcoterrorismo. Una idea a la cual las cúpulas castrenses son refractarias. Lo expresaron el general retirado Martín Balza y la vicepresidenta Victoria Villarruel, allegada a lo que ella llama "la familia militar".
En las fuerzas armadas parecen prevalecer hoy una visión profesionalista y una toma de distancia con la política. Sus prioridades son presupuestarias, para renovar equipamiento obsoleto, y recomponer salarios. La equiparación con las fuerzas de seguridad iniciada por el gobierno anterior fue interrumpida por éste. Esa es una factura pendiente para Milei.
Carlos Sagristani