El Senado de la República aprobó la creación de la Ley de Pensiones del Bienestar, que será financiada con un monto de 40 mil millones de pesos procedentes de cuentas inactivas de Afores de trabajadores.
La resolución, que no sufrió modificación alguna a pesar de las numerosas reservas presentadas, obtuvo una votación de 70 a favor, 43 en contra y dos abstenciones. Este nuevo mandato ahora espera la ratificación por parte del Ejecutivo Federal.
La promulgación de esta ley representa un paso fundamental en el reajuste del sistema de pensiones en México, buscando garantizar una jubilación digna para las personas trabajadoras, en especial aquellas en situaciones de vulnerabilidad económica.
A través de este decreto, se reforman y adicionan diversas disposiciones en leyes clave relacionadas con el Seguro Social, el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), entre otros.
Este proyecto establece además la transferencia automática de fondos de retiro a partir de los 70 años para trabajadores que no hayan reclamado sus recursos, medida que se extiende a los 75 años para trabajadores del Estado.
El Fondo de Pensiones para el Bienestar estará bajo la administración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, funcionando como un fideicomiso público con el Banco de México como fiduciario. Se destaca la creación de un Comité Técnico encargado de las reglas de operación referentes a la recepción, administración, e inversión de los recursos, con el fin de asegurar la disponibilidad financiera para la eventual devolución de aportaciones a los trabajadores o sus beneficiarios.
Durante la discusión de este proyecto, se presentaron posiciones encontradas entre los legisladores. Por un lado, miembros del partido Morena y sus aliados defendieron la reforma como necesaria para asegurar jubilaciones justas, criticando la gestión actual de las Afores por parte de bancos privados. En contraste, representantes de la oposición, incluyendo miembros del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, PT y PRD, alertaron sobre los riesgos de expropiación de fondos de los trabajadores, sugiriendo alternativas como campañas de orientación para que los trabajadores reclamen sus ahorros activamente.
Este debate legislativo ha revelado no solo las diferentes visiones políticas sobre la gestión de los recursos de retiro, sino también la urgencia de reformar un sistema de pensiones que se ajuste a las necesidades de los trabajadores mexicanos, señalando la importancia de estas medidas en el contexto electoral próximo. La implementación de esta ley será un tema relevante a seguir, dada su potencial influencia en el bienestar económico de millones de trabajadores a punto de jubilarse.