MÓNICA MIRA
Los seguimientos que se realizan a las mujeres víctimas de violencia de género protegidas por el sistema Viogen quedan registrados por escrito, tanto si son presenciales como si se realizan llamadas. Ese sería el fundamento del caso abierto contra cuatro agentes de la Guardia Civil de Nules por el que se les ha imputado un delito de falsedad documental.
Confirman desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) que ese no es el único delito por el que deberán responder. Están siendo investigados por otro de denuncia falsa, lo que tendría que ver con el registro de las llamadas simuladas que, supuestamente, realizaban a la difunta. Y es que los cuatro fueron detenidos en febrero, tras una investigación iniciada por la propia Guardia Civil por, presuntamente, falsear el seguimiento de una víctima de violencia machista, a pesar de que sabían que murió en el 2021.
La denuncia falsa tendría que ver con la declaración de uno de los implicados, que pudo llegar a decir que hablaba con la hermana de la víctima, que se hacía pasar por ella, y decidió denunciarla. Ese supuesto sería un delito de suplantación de identidad, y no hay constancia de otras detenciones.
Incógnita
Lo que más llama la atención de este caso y es la gran incógnita que se mantiene y sobre la que, se supone, deberán dar explicaciones al juez, es porqué lo hacían. Los agentes no reciben complementos económicos por las vigilancias de Viogen, por lo que no habría enriquecimiento. Se apunta a que su único propósito sería no realizar otros servicios.
Ese interés podría considerarse menor e incluso inocuo, pues la víctima había fallecido, pero al dejar constancia por escrito para hacer ver que realizaban un seguimiento y no podían con otras obligaciones en ese tiempo, como se deduciría de la investigación, estaban cometiendo un delito.
Hasta el momento, la única declaración que habrían prestado los cuatro investigados --todos apartados del servicio-- sería la que realizaron ante la propia Guardia Civil tras su detención, si es que hablaron en su defensa, porque el TSJCV afirma que no fueron puestos a disposición judicial, eso quiere decir que no han podido exponer su versión de lo sucedido. Informan desde la institución judicial autonómica que es algo que «deciden las fuerzas de seguridad». Los implicados fueron detenidos el 18 de febrero y puestos en libertad el mismo día. Casi dos meses después, todavía no han sido requeridos por el juez instructor para declarar.
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