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Echaron a dos policías de San Juan: uno chocó borracho y otro estafó a un compañero
Por Facundo Diez
Dos efectivos de la Policía de San Juan fueron desvinculados de la fuerza por haber cometido faltas graves como conducir y protagonizar un accidente en estado de ebriedad, y estafar a un compañero haciéndolo firmar como garante para la obtención de un préstamo sin pagar el mismo. La resolución fue publicada el pasado miércoles en el Boletín Oficial, y de ese modo se efectiviza la cesantía de Darío Amaez y Dante Palacio de la fuerza de seguridad provincial.
Respecto a Amaez, el decreto explica que en julio de 2022 protagonizó un accidente de tránsito en la Ruta 491 del departamento Jáchal, cuando impactó de lleno su camioneta contra el costado de un puente, supuestamente intentando esquivar a otro vehículo que jamás apareció. Al llegar personal policial al lugar del hecho, el entonces uniformado se negó a que le realizaran un dosaje de alcohol, mientras balbuceaba, tenía dificultades para mantener el equilibrio, y emanaba un fuerte olor etílico.
Cuando fue indagado, Amaez aseguró que se negó a la extracción de sangre porque es diabético, y cada vez que le extraen sangre se le producen hematomas y derrames en los brazos. Además, pidió solo ser suspendido y que su caso fuera reconsiderado, algo que fue totalmente negado por el Jefe de Policía, y por ello se avanzó con el proceso para la cesantía.
Finalmente, tras realizar un análisis de las actuaciones, se determinó que "resulta con total claridad la comisión de faltas disciplinarias graves, consistentes en la conducción de su vehículo en estado de intoxicación alcohólica, a lo que se suma la negativa a someterse a la extracción de sangre y análisis de muestra de orina, no obstante ser controles dispuestos por la autoridad, incumpliendo así los deberes funcionales a que se encuentra sujeto y trascendiendo su accionar la faz meramente privada o personal, afectando el prestigio de la institución a la que representa en su carácter funcionario policial".
En tanto que, en el caso de Palacio, fue denunciado por un compañero de la fuerza quien argumentó que el ahora cesanteado le pidió firmar como garante para la obtención de un préstamo de $20.000 en el año 2019. Siendo que, algunos meses después, el policía garante fue citado por la Justicia para hacerse cargo de la deuda, ya que Palacio no había pagado lo solicitado.
El damnificado explicó que fue advertido de que sería embargado y que la deuda ascendía a $135.000 por los intereses, por lo que intentó pedirle explicaciones a Palacio, pero no obtuvo respuestas. De hecho, el entonces acusado se presentó a declarar y negó haber engañado a su compañero, argumentando que fue trasladado a otra dependencia, cambió de celular, y por eso perdió contacto. A su vez, se manifestó predispuesto a saldar lo adeudado, pero jamás lo hizo, y volvió a desaparecer sin dar respuestas.
Según consta en la resolución, se determinó que Palacio cometió una falta administrativa grave, al haber contraído una deuda con un miembro de la institución sin dar oportuna satisfacción a la misma, a lo que se suma la omisión de concurrir a prestar declaración sin brindar justificación de ello, siendo este accionar valorado como circunstancia agravante, al tratarse de una conducta reiterativa y que causa perjuicio a un subalterno. Por estos motivos, se considera plenamente acreditada la responsabilidad administrativa, y por ello se dispone la expulsión de la fuerza.