Caracas, 22 abr (EFE).- El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, dijo este lunes, en su cuarta visita a Venezuela, que hay una "oportunidad única" para seguir avanzando en las investigaciones sobre presuntos crímenes de lesa humanidad y crear -señaló- un vínculo entre las leyes y el apoyo técnico que prestarán a la nación caribeña.
"Estamos frente a una oportunidad única para seguir avanzando en las investigaciones de manera independiente, para realmente crear ese vínculo entre las leyes y el apoyo técnico que vamos a prestar en pro de la justicia", señaló Khan durante un encuentro en la Asamblea Nacional (AN), en Caracas.
El fiscal sostuvo que su trabajo "no es ser popular, es simplemente aplicar la ley".
Asimismo, agradeció al fiscal general del régimen chavista, Tarek William Saab, sus comentarios y la interacción que ha tenido con la oficina de la CPI.
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Entretanto, Saab criticó que a nivel internacional se busque posicionar a Venezuela como un "Estado fallido".
Expuso que, desde 2017 cuando empezó su gestión hasta marzo de 2024, su despacho ha dispuesto de 200 fiscales para trabajar exclusivamente en materia de derechos humanos.
"En solo siete años hemos logrado 227.867 diligencias de investigación, que han permitido obtener los siguientes resultados, 2.389 funcionarios de seguridad del Estado imputados, 2.795 funcionarios de seguridad del Estado acusados, 1.021 privados de libertad, 580 sentencias ya condenatorias, es decir, definitivamente firmes", agregó.
Khan llegó al país para el lanzamiento de "un plan de trabajo" conjunto entre el alto tribunal y el régimen venezolano, del que no facilitaron detalles, pese a que los medios fueron convocados con dicho proyecto como reclamo.
Antes de esta reunión en la sede de la Asamblea Nacional, el fiscal del alto tribunal sostuvo un encuentro con Nicolás Maduro, según imágenes transmitidas por el canal estatal VTV, que no emitió declaraciones.
El régimen venezolano es objeto de una investigación desde noviembre de 2021 por parte de la Fiscalía de la CPI por presuntos crímenes de lesa humanidad.
La investigación quedó en suspenso, a petición de Caracas, a condición de que el Estado venezolano investigará, internamente, los presuntos crímenes cometidos durante las protestas de 2017, una tarea que la Justicia chavista asegura estar haciendo.
En noviembre de 2022, Khan solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para retomar la investigación, al desestimar los argumentos presentados por la dictadura venezolana para que no continuaran las pesquisas por parte del alto tribunal.
No obstante, la CPI considera que debe continuar la investigación, por lo que, en 2023, rechazó una apelación del régimen venezolano, que alegó que debía respetarse el principio de complementariedad, por el que el tribunal internacional complementa la justicia del país, no la sustituye, y solo puede intervenir si el Estado no investiga.
En marzo pasado, la Sala de Apelaciones dictó sentencia contra el recurso venezolano, lo que autoriza a la CPI a continuar la investigación.