El gobierno de Dina Boluarte, a través del Ministerio de Justicia (Minjus), destituyó al abogado Daniel Soria del cargo de Procurador General del Estado, luego de someterlo a un proceso disciplinario en su contra.
Soria anunció que apelará en la vía administrativa su destitución y, de ser necesario, recurrirá al Poder Judicial. Aseguró que su decisión de impugnar no se vincula a recuperar su puesto en la PGE, sino que su honor profesional no sea afectado.
El abogado, quien se encontraba suspendido en sus funciones en la Procuraduría, no habría cumplido con uno de los requisitos al momento de ser nombrado en el cargo durante el gobierno del entonces presidente Martín Vizcarra.
En el informe, se sostiene que el exprocurador no había cumplido con la experiencia requerida en la defensa del Estado, cuando fue designado a través de la Resolución Suprema 017-2020-JUS del 1 de febrero de 2020.
Según el proceso disciplinario, Soria Luján habría presentado documentación que no estaba acorde a los requisitos exigidos para el cargo de Procurador General. En este caso, haber acreditado su desempeño en la defensa del Estado.
Sin embargo, lo que se detectó en su currículum fue un certificado de trabajo emitido por el jefe de personal de la Defensoría del Pueblo, en el cual certificaba que se desempeñado como Asesor I de la Adjuntía en Materia Constitucional.
Por tanto, se concluyó que dicha experiencia no se adecua a una labor propia de la defensa jurídica del Estado, establecida como requisito en el artículo 15 del Decreto Legislativo 1326, que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado. Ahí se exige que "(…) En el caso del/a procurador/a general del Estado se requiere, además, trayectoria en la defensa jurídica del Estado".
Soria, quien denunció al ahora vacado expresidente Pedro Castillo por presunto tráfico de influencias por el Caso Puente Tarata, fue duramente cuestionado por el entonces ministro de Justicia, Aníbal Torres.
La Procuraduría General se encuentra adscrita al Ministerio de Justicia. Por ello, cuando Eduardo Pachas -abogado de Pedro Castillo - denunció el incumplimiento de los requisitos por parte de Daniel Soria Luján para ocupar el cargo, Aníbal Torres dispuso la revisión de proceso de nombramiento.
Un mes después de este episodio, en febrero del 2022, el gobierno de Castillo Terrones dispuso dar por concluida la designación de Soria como procurador general del Estado, a través de la Resolución Suprema 024-2022-JUS.
El exprocurador recurrió al Poder Judicial que, en octubre de ese año, anuló la resolución que lo removía del cargo y, en junio del 2023, la Segunda Sala Constitucional confirmó su reposición. Ello, hasta su suspensión, en noviembre del año pasado, en pleno gobierno de Dina Boluarte y luego de que solicitara participar en la investigación contra la mandataria por las muertes durante las protestas.
En declaraciones a RPP, Soria Luján sostuvo que su destitución tendría un "trasfondo político" debido a su labor en la Procuraduría, primero al denunciar a Pedro Castillo por presuntos actos de corrupción y, posteriormente, haber intervenido en las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte.
Según el exprocurador, los informes que sustentan su destitución se dan en "momentos cuestionables". Y es que, advirtió que si no cumplía con el requisito, al momento de su designación en el 2020, o cuando fue repuesto, debieron activarse los mecanismos de control del Ministerio de Justicia o de la Contraloría.
Ahora, señaló, se le destituyó alegando que afectó los principios de idoneidad y probidad de la función pública al aceptar el cargo de Procurador General del Estado, sustentado su currículum con información inexacta.
"Yo considero que sí, en ambos casos (con Pedro Castillo y Dina Boluarte), en cierta medida, hay un trasfondo político, porque básicamente estas acciones se dan con posterioridad a estos actos que señalo. El caso de la denuncia de Pedro Castillo y de las investigaciones que participamos de la presidenta Boluarte"
Puntualizó que no cree que haya "coincidencias" en su destitución, sino una "oportunidad" para reactivar el procedimiento -que se inició con Pedro Castillo- en el 2023, con Boluarte y que sería una respuesta a las acciones de la Procuraduría.
De otro lado, Soria Luján reconoció que no había ejercido la defensa jurídica del Estado como procurador o ayudante de la Procuraduría, sino que trabajó en la Adjuntía de Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, "donde se veían procesos constitucionales que también tienen relación con la defensa jurídica del Estado".
"La Contraloría señala que la defensa jurídica del Estado solo la hacen los procuradores o abogados de la Procuraduría. Yo no he sido procurador, ni abogado de procuraduría, pero desde el punto de vista del contenido del trabajo que realicé en la Defensoría sí hay un trabajo de defensa jurídica del Estado. Específicamente en la adjuntía donde trabajé", anotó.
Por ello, objetó que dos años después de haber ejercido el cargo de procurador, recién se le iniciara un proceso disciplinario por dicho requisito.
Daniel Soria Luján anunció que apelará en la vía administrativa la resolución del Minju y, en caso de ser necesario, recurrirá al Poder Judicial. Aseguró que su decisión de impugnar no se vincula a recuperar su puesto en la PGE; sino que su honor profesional no sea afectado por este tema.
Por supuesto que la voy a impugnar, porque yo considero esta decisión un absoluto maltrato hacia mi persona como profesional y por ese honor profesional yo voy a impugnar esa decisión del Ministerio de Justicia. Lo que corresponde es ir al Tribunal del Servicio Civil (Servir), y posteriormente, de ser el caso, al Poder Judicial, para que se revierta esta decisión"
Daniel Soria Luján, exprocurador general del Estado.
Finalmente, recordó que tras su destitución corresponde al gobierno de Dina Boluarte, designar a un nuevo procurador general por cinco años. Indicó que, para ello, es necesario que la persona elegida tenga "autonomía" y capacidad a fin de requerir el presupuesto para hacer crecer la institución.
¿Quién quedó a cargo de la Procuraduría General del Estado?
Desde que Daniel Soria fue suspendido en el cargo, en noviembre del 2023, el procurador Javier Pacheco asumió, como encargado, la Procuraduría General del Estado hasta que se emitiera un pronunciamiento de fondo sobre el caso de su antecesor.
Ahora, tras oficializarse la destitución de Daniel Soria Luján, el Minjus dispuso nuevamente la designación de Javier Pacheco como encargado del despacho.
Fuentes vinculadas a estas designaciones señalaron a El Comercio que Pacheco continuará al frente de la PGE hasta que el Ejecutivo defina al nuevo sucesor.
De acuerdo al Decreto Legislativo 1326, artículo 18, el procurador general del Estado "es designado por el/la presidente/a de la República, a propuesta del/a Ministro/a de Justicia y Derechos Humanos".
Además, el PGE es designado por un periodo de cinco años y debe cumplir diversos requisitos.