Una joven sentó el pasado lunes en el banquillo de los acusados a su expareja –B. F. M. P. (Ecuador, 1998)– por, supuestamente, forzarle a mantener relaciones sexuales al regreso de la fiesta de cumpleaños del varón. Lo hizo con un relato incongruente y repleto de ambigüedades al que, ahora, no han dado credibilidad alguna los magistrados. No en vano, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha absuelto al joven ecuatoriano de un delito de agresión sexual –afrontaba diez años de cárcel– y le ha condenado a 56 días de trabajo en beneficio de la comunidad por un delito de malos tratos en el ámbito de la violencia de género. O lo que es lo mismo: los magistrados entienden que las relaciones sexuales que ambos mantuvieron fueron consentidas, aunque la existencia de varias erosiones en diferentes partes del cuerpo les han llevado a condenar la autoría de las citadas heridas.
Como hechos probados, el tribunal entiende que, el 8 de octubre de 2022, el acusado celebró su fiesta de cumpleaños con una salida a un pub de la capital aragonesa. Allí se encontró con su expareja, a la que hacía tiempo que no veía, por lo que se dirigieron al domicilio de B. F. M. P., donde consumieron cocaína y alcohol. En un momento dado, "y sin que quedan concretados los motivos ya que las versiones de ambas partes son contradictorias", el procesado agredió a la chica causándole varias erosiones en diferentes partes del cuerpo como, por ejemplo, la mano o el antebrazo. La joven, por su parte, le reprendió con otros tantos golpes que le causaron varias lesiones de carácter leve.
La chica, además, acompañó todo este relato de un episodio de violación, aunque no lo hizo en términos contundentes al incurrir en ambigüedades. Incluso explicó que la mayoría de relaciones sexuales que mantuvieron durante su noviazgo habían sido forzadas.
El tribunal provincial, presidido por el magistrado Alfonso Ballestín, sentencia que la declaración de la víctima no reúne los requisitos –incredibilidad subjetiva o verosimilutd, entre ellos– para enervar el principio de presunción de inocencia. Y es que, a juicio de los magistrados, las manifestaciones de la denunciante fueron «contradictorias» y «confusas», de ahí su insistencia en que «no tiene sentido» cómo se expresó durante el interrogatorio.
La sentencia también recoge una orden de alejamiento de 300 metros durante dos años y el pago de una indemnización de 200 euros en concepto de responsabilidad civil por las lesiones infligidas a la víctima. Mientras que el ministerio fiscal y la acusación particular a cargo del abogado Julián Guillén Cabezudo solicitaban una pena de diez años de cárcel por un delito de agresión sexual, la defensa ejercida por el letrado Alejandro Sarasa interesó la absolución de su representado. Contra el fallo todavía cabe recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).
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