La Junta de Andalucía gastará casi tres millones de euros en los 470 menores migrantes no acompañados (menas) que ha recibido la comunidad en lo que va de año y que quedarán, por tanto, bajo la tutela del Gobierno andaluz. Actualmente, el sistema andaluz tiene bajo su tutela 1.406 menas, 425 más que el año pasado en estas fechas. Asimismo, en esta fecha de hace un año se habían recibido la mitad de menores inmigrantes que en lo que va de 2024.
Desde la Junta de Andalucía han exigido al Ejecutivo central «lealtad institucional» a la hora de acordar el reparto de menores migrantes, toda vez que ha rechazo la propuesta realizada desde el Gobierno central a Canarias sobre una proposición de ley para el reparto de unos 2.500 menores inmigrantes no acompañados de los 5.500 que tutela Canarias en solitario.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha insistido en que «los acuerdos que nos afectan a todos deberían cerrarse con todos», mostrándose en contra de que se cierren acuerdos de manera unilateral, «única y exclusivamente» con una comunidad autónoma «sin tener en cuenta al resto, cuando las consecuencias sí que las pagamos el resto».
Así, ha recalcado la necesidad de una reunión «en la que se concite la opinión del conjunto de las comunidades autónomas de España para poder abordar un tema ante el que Andalucía tiene la máxima sensibilidad y la máxima conciencia social para intentar solucionarlo entre todos».
Propuesta de Vox
Precisamente este martes, el grupo Vox ha registrado en el Parlamento andaluz una proposición no de ley (PNL) con la que quiere reclamar el apoyo de la Cámara autonómica para «rechazar el contenido de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) actualmente en trámite en el Congreso de los Diputados y cuya aprobación definitiva conllevaría la regularización de más de 500.000 inmigrantes ilegales».
Así se recoge en dicha iniciativa registrada en el Parlamento de Andalucía en la tarde de este martes por Vox, junto a toda una batería de «medidas necesarias para que nuestras ciudades no sigan el modelo de sociedades multiculturales que se ha demostrado fracasado» en países como Bélgica, Francia o Reino Unido, y con las que «luchar contra la inmigración ilegal y la inseguridad que ésta está generando y que ya están sufriendo demasiadas ciudades y pueblos de Andalucía».