Las investigaciones apuntan a que hubo colaboración policial en las fiestas de la droga
El domingo por la mañana, efectivos de Drogas Peligrosas de la Policía Federal se presentaron en una finca de Tafí Viejo donde se realizaba un after. En los procedimientos se secuestraron éxtasis, LSD-25, ketamina, marihuana, cocaína y tusi (cocaína rosa), como también dinero en efectivo y dos automóviles.
Una causa que tiene la novedad de haberse utilizado la figura de agente revelador. Un expediente donde aparece que la banda contaba con apoyo policial para desarrollar su actividad. Dejó además al descubierto parte de la operación que realizan estas organizaciones en estos encuentros.
"Vamos a solicitar que, ante los indicios que se han recolectado en el marco de esta causa, ordene que se abra una investigación para confirmar que efectivos de la Policía podrían haber brindado algún tipo de colaboración con los sospechosos", aseguró el auxiliar Carlos Berarducci durante uno de los momentos más tensos de la audiencia por el caso de la venta de éxtasis.
El representante del Ministerio Público indicó que a través de las escuchas telefónicas surgieron contactos que habrían tenido un grupo de uniformados con los acusados por comercialización de drogas en fiestas electrónicas.
Las sospechas terminaron confirmándose el mismo domingo. Mientras los efectivos de Drogas Peligrosas de la Policía Federal esperaban la orden para realizar el allanamiento, en el lugar se presentó un móvil policial. "Era una camioneta que fue recuperada del delito y que fue donada a una comisaría. Están filmados y fotografiados", explicó el auxiliar. Sospechan que podrían haberse trasladado para cobrar por las tareas de seguridad que realizaron. Fuentes del Ministerio de Seguridad confirmaron que iniciaron una investigación para identificar al personal y colaborar para que se los acuse del delito que corresponda.
Los defensores de los acusados rechazaron cada uno de los planteos. El defensor oficial Pablo Canata y su auxiliar Maximiliano Movsovich (asistieron a Fernández) y Nelson Martínez (representó a Valdez), cuestionaron básicamente la legalidad del uso del agente reservado que podría derivar en la nulidad de la causa. También dijeron que no se demostró que los acusados se dedicaban a esta actividad. Por último no aceptaron que se le dictara la prisión preventiva.
El juez Guido Buldurini aceptó parcialmente los planteos del Ministerio Público. Aceptó la formulación de cargo y rechazó que la causa fuera declarada compleja. Por último, sí dispuso la prisión preventiva para los acusados, pero por sólo tres meses.