Decíamos la semana pasada que las exigencias del PSOE a Bildu para que reconociera algo tan elemental como que ETA fue una banda terrorista no eran más que una exhibición portentosa de hipocresía y que, una vez celebradas las elecciones vascas, Pedro Sánchez y los herederos políticos de ETA seguirían con su alianza. Pues bien, el Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo para crear tres comisiones de estudio previstas en la Ley de Memoria Democrática, una de ellas para determinar si existieron violaciones de derechos humanos después del franquismo, entre los años 1978 y 1983, ya en periodo democrático.
La iniciativa partió de Bildu y, en el colmo del sarcasmo, deja fuera a las víctimas de terrorismo, como si los tiros en la nuca y los coches bomba de ETA no supusieran una violación de los derechos humanos. Es de una indecencia que provoca grima rendirse ante los herederos de los asesinos y aceptar, sin vomitar, que se investiguen las supuestas violaciones de los derechos humanos cometidas por el Estado en su lucha contra ETA en democracia y se dejen fuera a las 361 víctimas de la organización terrorista entre 1978 y 1983.
Que Bildu/ETA pretenda llevar a cabo una labor de distorsión histórica tan repugnante entra dentro de lo normal si tenemos en cuenta la catadura moral de la formación de Otegi, pero lo que ya adquiere una consideración de ignominia suprema es que el PSOE de Pedro Sánchez se haya plegado a tan bastarda maniobra. Por eso la ley de Memoria Democrática no es otra cosa que la prueba del nueve del sectarismo sin límites del socialcomunismo, rendido miserablemente ante Bildu, capaz de doblegar a Pedro Sánchez para que admita que el franquismo llegó hasta 1983. Eso sí, en la Memoria Democrática de Pedro Sánchez ETA aparecerá como una víctima del Estado, pero las víctimas de ETA simplemente no existen porque así lo han exigido los herederos políticos de los asesinos.