El Departamento de Estado del país norteamericano elabora todos los años un informe sobre la situación de derechos humanos alrededor del mundo. El más reciente de estos fue publicado ayer y denuncia casos de corrupción en la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
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El documento de EEUU que apunta contra Alberto Fernández y Cristina Kirchner
"La ley preveía sanciones penales por corrupción de funcionarios, pero el gobierno no la implementó de manera efectiva. Durante el año hubo numerosos informes de corrupción gubernamental", comienza diciendo el documento respecto al gobierno del año 2023.
Luego continuó: "Las instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado socavaron los intentos sistemáticos de frenar la corrupción".
"En octubre se estaban llevando a cabo varias investigaciones relacionadas con la corrupción contra figuras políticas de alto rango y exfiguras políticas, incluida la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner", comunicó.
A continuación, desarrolló: "Fernández de Kirchner y nueve acusados principales (45 acusados en total) fueron señalados por recibir sobornos, pagar sobornos, o ambos, en contratos de obras públicas entre 2008 y 2015, cuando Fernández de Kirchner era presidente".
"Los fiscales estimaron el valor total del plan de soborno en 160 millones de dólares. Fernández de Kirchner fue condenada y en diciembre de 2022 un tribunal de primera instancia la condenó a seis años de prisión, multa e inhabilitación perpetua para cargos públicos. La sentencia no sería definitiva hasta que se decidieran las apelaciones finales", agregó.
EEUU sobre las causas de corrupción del poder judicial
El documento también se refirió a causas que implican al poder judicial: "El 26 de julio comenzó un juicio federal contra el exjuez federal (de Mendoza) Walter Bento, su familia y otros 29 acusados, entre ellos abogados y agentes de policía".
"El tribunal acusó a Bento de liderar una organización criminal con vínculos con el narcotráfico y fue acusado de lavado de dinero y de aceptar sobornos a cambio de clemencia y otros beneficios judiciales", observó.
"El 8 de noviembre, Bento fue puesto en prisión preventiva tras perder los privilegios de inmunidad cuando un jurado decidió destituirlo de su cargo por mal desempeño de sus funciones", añadió.
El informe también explicó que "en algunas fuerzas de seguridad se produjo corrupción y complicidad oficial. Los abusos más frecuentes incluyeron la extorsión y la protección de quienes estaban involucrados en el tráfico de drogas, la trata de personas, el lavado de dinero y el comercio sexual. Fueron frecuentes las acusaciones de corrupción en los tribunales provinciales y federales".
Por último, el Departamento de Estado cerró diciendo que "no hubo cambios significativos en la situación de los derechos humanos durante el año. (…) El gobierno adoptó medidas limitadas y creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que pudieran haber cometido abusos contra los derechos humanos".