El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, no descartó este lunes la realización de una consulta popular para remover a la fiscal general y jefa del Ministerio Público (Fiscalía), Consuelo Porras, quien intentó evitar su investidura durante 2023 y enero pasado.
"Sobre la consulta popular, es una opción que estamos considerando, en el marco de las distintas acciones legales que hemos dicho, para lograr liberar al Ministerio Público de la 'red' político-económica ilegal que en este momento lo tiene controlado", expuso el presidente en rueda de prensa ante la consulta de un medio local.
Sin embargo, advirtió que "no es una decisión tomada" y que por el momento todas las opciones están sobre la mesa para su análisis.
Porras intentó, mediante diversas maniobras legales, evitar la investidura de Arévalo de León desde que avanzó a la segunda vuelta de los comicios celebrados en 2023.
La jefa del Ministerio Público guatemalteco fue sancionada en 2022 por Estados Unidos, al igual que la cúpula de la entidad, con el retiro de su visa bajo señalamientos de corrupción en el país centroamericano.
En septiembre de 2023, Arévalo de León acusó públicamente a Porras de intentar llevar a cabo un "golpe de Estado" en su contra para evitar que llegara al poder tras ganar sorpresivamente los comicios de 2023.
La ley guatemalteca establece actualmente que la única forma de remover a un fiscal general es mediante una condena judicial en su contra.
Las consultas populares en Guatemala están bajo la coordinación del Tribunal Supremo Electoral y la última al respecto se llevó a cabo en 2018 sobre la disputa territorial existente con Belice.
El asunto del uso político del Poder Judicial guatemalteco, y de su Ministerio Público, ha sido el que más ha ocupado las energías del presidente Arévalo.
La eventual remoción de Porras también ha estado presente en conversaciones que Arévalo ha sostenido fuera del país, sobre todo en Washington, desde que era presidente electo. En noviembre pasado, en una reunión con corresponsales en la que Infobae estuvo presente, Arévalo aseguró que el asunto de Porras y la protección que ella da a redes de corrupción en Guatemala, incluidas las que atañen al expresidente Alejandro Giammattei, es uno de los más importantes en sus conversaciones con el gobierno de Joe Biden.
Porras, sin embargo, sigue ahí. Y ahí siguen, en la cárcel, algunos de los críticos de su gestión que le han señalado su complicidad con redes de corrupción como las vinculadas a Giammattei. En la cárcel sigue, por ejemplo, José Rubén Zamora, un influyente periodista capturado en junio de 2022 por Cinthia Monterroso, una de las fiscales preferidas de Porras, a quien Washington también ha listado como funcionaria antidemocrática y corrupta. El MP de Porras ha acumulado tres casos a Zamora que incluyen alegatos tan inverosímiles como acusarlo de obstrucción de justicia solo por comunicarse con sus abogados. La comunidad internacional, sin excepciones, ha condenado que Zamora siga en la cárcel. Pero él sigue ahí. Y Porras sigue siendo la fiscal general en cumplimiento de su segundo periodo al frente del MP, que concluye en 2026.
Arévalo, a pesar de estar imposibilitado por ley a destituir directamente a Porras, ha iniciado acciones legales contra ella. A principios de marzo, el secretario general de la presidencia, Juan Gerardo Guerrero, denunció a Porras y a otros ante la Contraloría General de Cuentas de la República (CGC) por participar en la persecución política de dos guatemaltecos residentes en el extranjero, dos ex fiscales que dirigieron investigaciones contra los grupos de poder que apoyan a la fiscal general.
De acuerdo con la denuncia de Guerrero, el gobierno del expresidente Giammattei utilizó fondos públicos para pagar a un bufete en Estados Unidos y "perseguir" a Thelma Aldana, ex fiscal general, y a Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), ambos exiliados en Washington, DC. Sandoval tuvo que salir de Guatemala luego de investigar al expresidente Giammattei en casos de corrupción. Según Guerrero, el gestor de la persecución a los ex fiscales es Ángel Pineda, otro peón de Porras en el MP, también sancionado por Estados Unidos.
Arévalo también ha intentado, a través de su secretario general y del Procurador General de la Nación, iniciar un proceso de levantamiento de inmunidad a Porras por no asistir a una convocatoria girada por la autoridad presidencial. Este proceso administrativo debe de pasar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de ahí al Congreso, que es el cuerpo que al final decide en un caso así. Arévalo, sin embargo, no tiene mayoría en el parlamento. Aun así, de pasar el filtro legislativo, y ante una previsible apelación, todo terminaría en la Corte de Constitucionalidad (CC), donde hoy reina Néster Vásquez, un juez que debe mucho a Consuelo Porras.
(Con información de EFE)