En el marco de la protesta nacional de la Asociación Trabajadores del Estado contra los despidos en los organismos públicos en todo el país, el Gobierno nacional sigue de cerca el accionar de los manifestantes que ingresaron a los lugares de trabajo y realizan una permanencia. Desde la Casa Rosada aseugaron que la Policía Federal, la Prefectura y la Gendarmería, podrán intervenir para reprimir y se realizarán denuncias penales.
Por la mañana, efectivos de la Policía Federal, Prefectura y la Gendarmería rodean los ministerios y edificios públicos. A pesar de la directiva, en Casa Rosada no se observa un refuerzo de seguridad a la habitual.
Este megaoperativo de seguridad en las dependencias públicas incluye policías uniformados y de civil, gendarmes y prefectos que no permiten ingresar a los trabajadores. Según informó Página/12 en la Jefatura de Gabinete, «hay personal de seguridad privada que merodea los ingresos cerrados y con las persianas bajas amedrentando a quienes comenzaron a concentrarse en los alrededores».
Por su parte, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, denunció con un video en las redes sociales que «están llenando de policías las dependencias públicas. No hay plata para comprar comida, no hay plata para comprar remedios, pero si hay plata para reprimir».
AHORA!!
— Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) April 3, 2024
MUY GRAVE
Están llenando de policías las dependencias públicas. No hay plata para comprar comida, no hay plata para comprar remedios, pero si hay plata para reprimir.
Pusieron de secretario de trabajo a un gerente de recursos humanos de uno de los grupos económicos más… pic.twitter.com/kncQazBBhE
Un importante funcionario de la gestión libertaria analizó la metodología del gremio en el marco del reclamo y rechazó el ingreso de los trabajadores cesanteados a sus lugares de trabajo. "Si están despedidos ya no es más su lugar de trabajo. Que protesten en la vereda", argumentó la misma fuente a Noticias Argentinas.
"Mientras se respete la la ley, todos tienen derecho a protestar. Ahora, si alguien comete un delito va a haber represión. Las protestas son válidas, lo que no es válido es el delito", planteó.
En la misma línea, el ministro de Defensa, Luis Petri, advirtió que los trabajadores que ocupen oficinas a pesar de sus despidos serán denunciados penalmente. "Los que intenten tomar edificios públicos van a ser denunciados penalmente y los vamos a llevar hasta las últimas consecuencias", remarcó.
"Que se hagan responsables, llegó el momento que quienes cometen delitos se hagan responsables. El imperio de la ley es para todos", puntualizó en declaraciones al canal Todo Noticias (TN).
El funcionario hizo referencia al artículo 181 bis del Código Penal que establece penas de 3 a 5 años de prisión al que "empleare violencia o intimidación sobre las personas, turbare, destruyere u alterare los términos o límites de la cosa inmueble, para ocupar la misma despojando total o parcialmente de la posesión o tenencia, o del derecho real constituido sobre él".
Fue el propio presidente Javier Milei el primero en alertar que "no va a dejar pasar" la ocupación de edificios, lo que llevó al titular de ATE, Rodolfo Aguiar, a responsabilizarlo por las consecuencias de la represión. "Delito no es lo que vamos a hacer, delito es gobernar a espaldas del Congreso, contrariamente a la Constitución nacional y perjudicando al pueblo", contestó el sindicalista en una entrevista televisiva.
Con información de Noticias Argentinas