PGN dice que la firma del Acuerdo de Escazú se ajusta a la Constitución
El viceprocurador Silvano Gómez envió un concepto al respecto ante la Corte Constitucional.
La Procuraduría informó este lunes en un comunicado que el viceprocurador Silvano Gómez Strauch conceptuó ante la Corte Constitucional que el Acuerdo de Escazú, firmado en Costa Rica el 4 de marzo de 2018 por 25 países, entre ellos Colombia, se ajusta a la Constitución.
En el concepto enviado ante el alto tribunal guardián de la Carta Magna el funcionario sostuvo que las disposiciones contempladas en el acuerdo, que tiene como objeto mejorar el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, son exequibles, "porque desarrollan los principios de la 'Constitución Ecológica', así como complementan los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos suscritos por el país".
Añadió en este sentido que también son razonables las medidas del tratado que buscan orientar y asistir al público para facilitar el ejercicio de sus derechos al acceso a la información en materia ambiental, dado que permiten superar una situación de déficit y debilidad de la gestión del medio, que incide en una escasa y poca participación ciudadana relevante sobre "el manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales".
"En lo referente a la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, el acuerdo optimiza los mandatos constitucionales al establecer que la intervención ciudadana debe ser abierta e inclusiva, así como debe extenderse a la discusión de temas relacionados con el ordenamiento del territorio, la elaboración de políticas, planes, estrategias y reglamentos, incluso a las negociaciones internacionales que puedan tener un significativo impacto sobre el medio ambiente", se lee en el documento.
Y frente a la protección de defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, el viceprocurador puntualizó que el Acuerdo de Escazú es congruente con lo establecido en la Constitución, pues hace énfasis en que el Estado colombiano tiene el deber de garantizarles un entorno seguro y propicio para que puedan actuar sin amenazas ni restricciones y, además, debe diseñar acciones y estrategias para la defensa y protección de sus actividades.
"La ley que aprobó el Acuerdo de Escazú (Ley 2273 de 2022) se ajusta a los mandatos de la Constitución Política sobre el procedimiento parlamentario relacionado con publicaciones, mayorías y 'quorum', entre otros, así como a los requisitos de consulta previa e impacto fiscal", advirtió el segundo al frente del Ministerio Público.