La "guerra" de pastos que desde hace décadas libran en el Puerto Pinos ganaderos mierenses y leoneses apunta a lo que parece su batalla decisiva, que será librada en los juzgados. A la espera de que el Ayuntamiento de Mieres interponga el anunciado recurso contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo que declara como «ilegal» la actividad que viene desarrollando en la provincia de León, en Babia ya lo tienen todo listo para solicitar la ejecución de sentencia. Un frente, el del norte, pretende que el 1 de junio el grueso de la cabaña ganadera mierense pueda subir a Pinos con sus más de 1.500 reses, mientras que las parroquias locales, al sur de la Cordillera, confían en evitarlo por primera vez en casi un siglo.
Ni el Ayuntamiento de Mieres, por un lado, ni las juntas vecinales de Pinos, Villargusán, Candemuela y San Emiliano, por otro, cederán en la defensa de sus intereses mientras la justicia no se pronuncie de manera concluyente. El gobierno municipal de Mieres recurrirá la ya citada sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias y, en última instancia, en caso de ser necesario, podría pedir amparo al Tribunal Supremo. Esto supone que el desenlace podría estar aún lejano en el tiempo.
Los pueblos de Babia también tienen una estrategia clara. Avalados por la sentencia dictada recientemente, perciben que tienen una clara ventaja estratégica en la "guerra de pastos de los cien años", como ya hay quien la ha bautizado. Pedirán su ejecución para evitar que el ganado asturiano se desplace ya este verano a León. Al tiempo, están estudiando emprender acciones penales contra el Consistorio mierense, según explica Carlos González-Antón, el abogado que ha llevado la defensa de los intereses de los pueblos de Babia desde 2006. "Jurídicamente este caso ya no tiene más recorrido. Ha quedado claro que Mieres está cometiendo una clara ilegalidad y lo único que ahora pueden hacer es intentar retrasar lo inevitable".
Las cuatro juntas vecinales de Babia involucradas en este conflicto de competencias perciben que están teniendo que luchar en inferioridad de condiciones y sin apenas recursos. Con todo, la reciente sentencia judicial favorable a su reivindicación marca un punto de inflexión en una guerra de pastos que tiene su origen en 1926, cuando el Ayuntamiento de Mieres adquirió en subasta pública el Puerto Pinos. Los desencuentros con los ganaderos locales han sido una constante, aunque se puede decir que la tensión se ha intensificado desde 2012, cuando desde Babia se pidió la expropiación de los terrenos, respondiendo Mieres con un planteamiento de anexión. Ni la administración leonesa ni la asturiana llegaron a tomarse en serio ninguno de estos planteamientos. Ahora bien, las juntas vecinales de Babia siguen planteando la necesidad de abordar un proceso de expropiación para que Pinos vuelva a ser de propiedad pública.
La sentencia afecta al que con diferencia es el mayor pastizal de Mieres. Pinos reúne cada verano alrededor de 1.500 reses de ganaderías mierenses. El gobierno local ya tiene decidido que recurrirá la sentencia , «ya que no entendemos como siendo una propiedad privada se pretenda la no utilización por parte de su legítimo dueño». Los gestores municipales explicaron su punto de vista: «El Ayuntamiento de Mieres era el único concejo que a principios de 1900 no tenía montes públicos como el resto de los municipios de la comunidad y, por eso, se tomó la decisión de comprar los puertos hoy denominados Pinos, haciendo un esfuerzo económico y buscando favorecer a la clase ganadera del concejo». El Consistorio adquirió los terrenos en pública subasta, fincas que pertenecían a la familia Sierra Pambley. «En dicha escritura queda recogido el derecho de los ganaderos adscritos a los cuatro pueblos circundantes a poder llevar a pastar sus ganaderías conjuntamente con los ganaderos de Mieres. En ningún momento se ha puesto en duda ni se ha propuesto revocar estos derechos», señalan los portavoces del gobierno mierense.
Derechos compartidos
El hecho de compartir los derechos sobre el pastizal ha generado una sobre explotación que se ve de manera muy distinta a ambos lados de la Cordillera. El Ayuntamiento de Mieres ha intentado insistentemente, pero con poco éxito, que los ganaderos de Babia respeten los tiempos de la campaña de pastos, como los asturianos. Se quejan de que sueltan vacas y caballos en cuanto se quita la nieve, sin dejar que re regenere el manto vegetal. También denuncian que utiliza el monte ganadero sin derecho.
Las juntas vecinales de León también tienen argumentos de peso para defender su postura. Apuntan que el Ayuntamiento de Mieres se excede ampliamente en el número de reses que sube a Pinos. Señalan que el monte tiene un límite de capacidad que prácticamente se cubre con el ganado de León con derechos preferentes. De esta forma, estiman que desde Asturias podrían subir unas 300 reses aproximadamente. «En ningún caso 1.500», subrayan.
Pero el principal argumento de Babia contra la presencia ganadera de Mieres en Pinos se centra en que una administración local no puede ejercer gestión del suelo en una comunidad autónoma distinta a la suya. "Esta nueva sentencia confirma no solo la ilegalidad de toda la actividad de Mieres en los Puertos de Mieres y de los Hidalgos, sino también la palmaria negligencia de las autoridades leonesas, de todas, en la defensa de la legalidad y de los intereses de León", señala el abogado Carlos González-Antón.
Las juntas vecinales de León afirman que la sentencia desmonta uno a uno los argumentos esgrimidos por el Ayuntamiento de Mieres, en especial, el de que actúa en Babia como si fuera un propietario privado, pues entiende que sus terrenos son bienes patrimoniales. Se rechaza con contundencia dicho argumento, "pues, por un lado, Mieres reconoce que emplea actos administrativos en su actividad de fomento de la ganadería y, por otro lado, las administraciones públicas no pueden actuar despojándose a su antojo de su carácter público".
De momento, la batalla judicial en Pinos se está decantando a favor de los pueblos de Babia. El Juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de León, tras la denuncia también de la Asociación Montaña de Babia y Luna, ya dictó en 2018 el cierre del refugio Casa Mieres. La sentencia apunta que las instalaciones, sin actividad desde 2015 –salvo unos meses– por voluntad del gobierno mierense ante el procedimiento judicial, no cumplen con la legalidad porque están en territorio del parque. Este inmueble ha sido el simbolo de la presencia de los ganaderos asturianos en León.
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