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La reapertura de la mina de Aznalcóllar, responsable en 1998 de la mayor catástrofe ambiental sufrida en Andalucía, se ha convertido en una carrera de obstáculos que parece no tener fin. El último escollo en el camino llega de la mano de varios grupos conservacionistas como Greenpeace o Ecologistas en Acción, que se han propuesto paralizar el vertido al río Guadalquivir de al menos 17,5 millones de metros cúbicos de agua tóxica procedente de las cortas mineras de Aznalcóllar, pese a que tanto la Junta de Andalucía como la empresa Minera Los Frailes (MLF) han explicado que el agua se tratará previamente en una nueva planta depuradora "de última generación".
Los ecologistas cuestionan que la depuración vaya a ser todo lo eficaz que se anuncia. Y aseguran que, aunque realmente se produzca un filtrado eficiente, aun así, el volumen de metales pesados que se acumulará en el río provocará un nuevo desastre medioambiental, que llegan a comparar con el ocurrido hace ahora 26 años tras la rotura de la balsa de residuos de Aznalcóllar. Entonces, 6 hectómetros cúbicos de agua y lodos altamente tóxicos se vertieron de forma incontrolada a la cuenca del río Guadiamar.
El proyecto de reapertura de la mina, donde está previsto que la actividad se recupere de forma inminente, incluye la construcción de una tubería de 30 kilómetros que saldrá de las instalaciones de Aznalcóllar y llegará hasta Santiponce (a la altura del estadio de la Cartuja de Sevilla), tras atravesar los términos de Sanlúcar La Mayor, Valencina, Olivares y Salteras. La intención de la empresa Minera Los Frailes es transportar hasta ese punto del río Guadalquivir las aguas tóxicas (previa depuración) de las dos cortas (el hueco que dejan las minas a cielo abierto) mineras de Aznalcóllar (Corta de Aznalcóllar y Corta Los Frailes). En la Corta de Aznalcóllar se acumularon todos los lodos tóxicos recogidos durante la limpieza que se llevó a cabo de la cuenca del Guadiamar tras el desastre de 1998. Esos lodos están hoy cubiertos por una capa de agua procedente de las lluvias, que también está altamente contaminada. Algo más limpia está, sin embargo, el agua acumulada por efecto de las filtraciones y de la lluvia en la Corta de Los Frailes, aunque también registra elevadas concentraciones de metales pesados que hay que tratar antes de verterla al Guadalquivir.
Durante un encuentro informativo celebrado este miércoles pasado en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla, en el que participaron varios expertos y representantes de Ecologistas en Acción y Greenpeace, se explicó cómo el vertido inicial al río Guadalquivir será de 17.520 millones de litros en los primeros 18 meses de funcionamiento de las minas, de los cuales 15.000 millones de litros proceden del vaciado de la Corta de Los Frailes y 2.250 millones de litros del vaciado de la Corta de Aznalcóllar. Pero, posteriormente, está previsto que se viertan al Guadalquivir otros 4.000 millones de litros anuales durante los 17 años de funcionamiento de la mina.
A pesar de la depuración anunciada, el agua transportará elevadas concentraciones de metales pesados -avisa Isidoro Albarreal (Ecologistas en Acción)- que "contaminarán el estuario del Guadalquivir hasta su desembocadura en Sanlúcar de Barrameda, a las puertas de Doñana". En este tramo del río, recuerda, se localizan la tomas de riego de los arrozales y se crían los alevines del Golfo de Cádiz.
Además, este vertido se suma al que ya tiene autorizado la empresa minera Cobre Las Cruces, con un volumen previsto de 2.340 millones de litros anuales durante 14 años, es decir un total de 32.760 millones de litros de vertido "igualmente tóxico". Ecologistas en Acción y Greenpeace han hecho un llamamiento a la movilización para "frenar el vertido" y han convocado con ese fin una primera concentración este mismo jueves en Sevilla.
"Una depuradora de última generación"
La empresa MLF garantiza, sin embargo, la fiabilidad y eficacia del proceso. En una nota remitida a los medios de comunicación, el director de operaciones de Minera Los Frailes, Miguel Ángel González, asegura que la reactivación de la explotación ha incluido 100 millones adicionales de inversión para instalar una "estación depuradora de agua de última generación", lo que permitirá dar una solución "completa y definitiva" a todos los problemas ambientales existentes desde hace 26 años en el complejo minero abandonado.
La explotación de Aznalcóllar será "plenamente respetuosa y compatible con el mantenimiento de la calidad del agua del Guadalquivir, y no compromete ninguna de las actividades que se realizan en el entorno de su cauce, tal y como ha quedado constatado en un proceso de tramitación ambiental largo y minucioso", añade.
Además, precisa que la futura operación cumple "rigurosamente" con la normativa europea de calidad ambiental de aguas superficiales, "una de las más exigentes del mundo", y ha sido sometida a controles adicionales que refuerzan las garantías "de un total respeto al medio ambiente, como ha ocurrido con el Informe de Admisibilidad exigido por la Secretaría General del Agua de la Junta de Andalucía".
Los Frailes sostiene que el emisario que transportará el agua desde Aznalcóllar hasta el Guadalquivir "estará permanentemente monitorizado para asegurar la calidad del agua". Además, se ha diseñado un plan de vigilancia independiente a la empresa, "en el que un laboratorio acreditado tomará diariamente muestras de la calidad del agua depurada y del medio receptor", reportando a la administración y confirmando continuamente y en tiempo real el cumplimiento de las normas previstas.
Riesgo de rebosamiento
Por otro lado, el gerente de Geología de Minera Los Frailes, Enrique Olivas, que participó en el encuentro informativo celebrado en la Universidad de Sevilla, advirtió en el mismo de que el problema ambiental generado por la acumulación de aguas tóxicas en las dos cortas de Aznalcóllar no desaparece si la actividad industrial no se reinicia. De hecho, asegura que uno de esos huecos mineros rebosará en un plazo no superior a siete años si no se actúa. Y lo mismo pasará con el segundo, en un plazo de 10 o 14 años, ya que el agua de lluvia sigue entrando y el volumen del agua embalsada no ha dejado de crecer. La Junta de Andalucía se encargaba de la depuración y vertido controlado de esas aguas al río Agrio hasta 2014, fecha en la que decidió volver a explotar las minas e inició el proceso de adjudicación que resolvió en favor de Minera Los Frailes, de la que es propietaria la empresa Grupo México. Esas labores de depuración y mantenimiento de las cortas de Aznalcóllar le costaban anualmente a la Junta entre 4 y 5 millones de euros.
MLF asegura que su proyecto de explotación está pensado para generar "la menor huella hídrica posible, "valorizando el agua de pasivos para el consumo del proceso metalúrgico", y eliminando la existencia de presas de lodos "al aprovecharse éstos en el relleno de la mina interior y la restauración de la corta de Aznalcóllar".
El juicio por las irregularidades en la adjudicación se celebrará en 2025
El juicio por las irregularidades detectadas en la adjudicación de la explotación de la mina de Aznalcóllar por parte del gobierno socialista de la Junta está previsto en marzo de 2025 y sentará en el banquillo a 16 acusados, entre los cuales se encuentran varios ex altos cargos y funcionarios de la Junta, como el que fuera secretario de Industria e interventor general de la Junta, Vicente Fernández -que también fue presidente de la SEPI con Pedro Sánchez- o la ex directora general de Minas -y ex viceconsejera de Empleo-, María José Asensio, así como varios jefes de servicio y empleados públicos que participaron en la evaluación de los proyectos y en la adjudicación del concurso internacional. También se encuentran entre los acusados los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno, presidente y vicepresidente de la empresa cordobesa Magtel. Magtel es la propietaria del 2,69% de Minera Los Frailes, siendo el Grupo México, con el 97,31%, el accionista mayoritario.