Este 20 de mayo termina el plazo para que los dueños de edificios protegidos, o que hubiesen cumplido los 50 años el 14 de abril de 2022, presenten en el Ayuntamiento un Informe de Evaluación de Edificios, un documento redactado por un profesional que explique su estado de conservación, accesibilidad y eficiencia energética, y que establezca si hay alguna deficiencia a corregir. Esta obligación afecta a una parte muy importante del parque coruñés: más de 52.000 viviendas, según el censo, son lo suficientemente antiguas como para necesitar la evaluación, lo que supone cerca del 40% del total. Pero administradores de fincas, arquitectos aparejadores y agentes de la propiedad inmobiliaria coinciden en que, aunque la Xunta ya ha concedido una prórroga de un año, solo se ha realizado el informe para una pequeña parte del parque inmobiliario, y en que no hubo tiempo para cumplir la obligación. También están de acuerdo en reclamar que es necesario ampliar el plazo, algo que compete hacer a la Xunta.
Algunos ya lo han pedido explícitamente, según indica la presidenta del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de A Coruña, Patricia Vérez." Hace meses y previendo la situación que ya estamos viviendo, pedimos en el Pleno del Observatorio de Vivienda de Galicia una ampliación del plazo a la Consellería de Vivienda", explica una petición que ya habían hecho antes de la anterior prórroga pero que ahora no ha sido atendida. "La Administración debe saber que no se van a poder cumplir esos plazos", defiende, y "no porque no se quieran hacer, es que no hay técnicos suficientes".
Lo refrenda el presidente del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de A Coruña (Coatac), Carlos Mato, que relata: "Soy uno de los técnicos que nos dedicamos a esto, y estamos desbordados: me llegan dos o tres solicitudes por día, una cifra inasumible". En la ciudad hay un "porcentaje muy bajo" de edificios que ya tienen el certificado, aunque este diario no ha podido determinar con exactitud el número. El Concello, que tramita el documento, no ha proporcionado datos actualizados, aunque en octubre indicaba que habían recibido 1.247 inspecciones. Según el Catastro, las construcciones de más de 50 años son más de 45.000 en la ciudad. Y, de las inspecciones registradas, apenas 71 fueron por iniciativa de los dueños o comunidades de propietarios: en la inmensa mayoría, el Concello requirió el trámite.
Pero el presidente de los arquitectos técnicos explica que el Concello "está informando de la obligatoriedad" de realizar el informe "solo a los de la zona Pepri", que engloba la Ciudad Vieja y Pescadería. En el resto de inmuebles "lo están indicando los administradores de fincas", pero hay muchos inmuebles "que no tienen constituida comunidad", y, resume Mato, "la gente no se está enterando", sobre todo en casos de edificios con un único propietario.
Para la presidenta de la delegación coruñesa del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, Ruth Varela, "los técnicos no alcanzan, y a mayo no llegamos, el plazo no es realista, no hubo tiempo". El objetivo de la Xunta "es irreal", y la arquitecta indica que no es un problema solo de A Coruña: "No creo que Vigo ni Santiago estén en mejor situación".
Uno de los cuellos de botella es la falta de profesionales, pues "hay tantos informes por hacer que no es posible [tenerlos todos antes de que acabe el plazo], aunque nos pusiésemos todos a hacerlos". Y eso, añade, contando que "todas las comunidades tuviesen dinero y acuerdos" para afrontar la obligación. Pues "uno de los problemas" que explican que solo hayan presentado el informe una "proporción pequeña" de los inmuebles de la ciudad es que los dueños tienen que asumir los gastos del documento y de las posibles obras que deriven de él, y algunas comunidades no tienen fondos.
E incluso si los propietarios tienen fondos, los "tiempos son muy largos" a la hora de tomar decisiones, defiende la arquitecta, que cree que en general "no tenemos cultura de mantenimiento". "Si fuese la presidenta de una comunidad, lo aceleraría", indica Varela, que considera "nada deseable" exceder el plazo legal.
"Abrimos un melón verde"
La presidenta del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia, Teresa Suárez, indica que su entidad intentó que la Xunta volviera a prorrogar el plazo para presentar el informe, pero "en su momento" el Gobierno gallego "dijo que no". Coincide con Varela en que "aquí no tenemos cultura de mantenimiento ninguna", si bien el presidente de los aparejadores no comparte esta interpretación. Para Suárez, "todos estamos de acuerdo en que hay que renovar el parque, pero abrimos un melón que está totalmente verde".
En una comunidad, "no es como si tienes tu casa, contratas el informe y ya está", pues es necesario "reunirse, pedir tres presupuestos, que elijan uno, que vaya el arquitecto, que evalúe todo el edificio y que diga su decisión", detalla Suárez. Si el informe es desfavorable y hay que subsanar deficiencias, para lo que hay un plazo de seis meses, "tenemos que pedir presupuestos" para las obras, y "no hay forma de que te los den".
En parte, por la falta de profesionales, pero también porque "muchas empresas lo que quieren son obras grandes: tú lo llamas para que selle junta de dilatación y no te pasa el presupuesto". Y si hay que cambiar la cubierta, "no se puede hacer algo de cualquier manera, en 2030 va a haber una nueva directiva europea con exigencias importantes de eficiencia energética, y tienes que hacerlo con esos parámetros, que encarecen". Además, esto afecta a "comunidades envejecidas" en las que es necesario "recaudar el dinero" entre vecinos. "Unos pueden pagar, otros tardan más y a otros tienen que llevarlos al juzgado", relata.
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