En el documento enviado este lunes por Telefónica a la SEC norteamericana, el regulador de los mercados local, para señalar que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha comprado el 5,034% de la operadora a 3,91 euros por acción, Telefónica ha desvelado que el secretario de Estado de Economía y consejero de SEPI, Israel Arroyo, número dos del ministro Carlos Cuerpo desde enero de este año, es accionista al tener 379 títulos de Telefónica. A precios actuales de la acción, el valor de esos títulos es de 1.569 euros. Un portavoz del Ministerio de Economía ha señalado que se trata de una cantidad mínima de acciones «que no ha tenido movimiento en los últimos meses».
Arroyo forma parte del consejo de Administración de la SEPI, que es la sociedad utilizada por el Gobierno para comprar el 10% de la operadora. De momento, la SEPI ya tiene el 5%, lo que ha provocado una cierta revalorización de los títulos de Telefónica ya que el Gobierno aprobó en un consejo de ministros de diciembre pasado la compra de ese 10% de la operadora.
Como miembro del consejo de Administración de la SEPI, Arroyo tiene entre sus funciones «acordar la constitución de nuevas sociedades o participación en sociedades ya existentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 de la Ley 5/1996, de 10 de enero, de creación de SEPI», según señala la propia sociedad pública.
También forma parte de sus funciones como consejero «aprobar las operaciones que supongan el incremento o la transmisión de participaciones accionarias u otros títulos o valores de que sea titular SEPI que puedan dar derecho, directa o indirectamente, a la adquisición de aquellas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de la citada Ley 5/1996».
Se trata de una cantidad pequeña de acciones -379 títulos- en una compañía como Telefónica, que vale miles de millones de euros. Pero la ley reguladora del ejercicio del alto cargo de 2015 señala en su artículo 11.2 que «se entiende que un alto cargo está incurso en conflicto de intereses cuando la decisión que vaya a adoptar, de acuerdo con lo previsto en el artículo 15, pueda afectar a sus intereses personales, de naturaleza económica o profesional, por suponer un beneficio o un perjuicio a los mismos».
El artículo 14 habla de los límites patrimoniales para un alto cargo, en el que fija el 10% de las acciones si reciben subvenciones y tienen contratos con la Administración, algo que no sería el caso de Arroyo. Señala la norma otro supuesto: «En el supuesto de las sociedades anónimas cuyo capital social suscrito supere los 600.000 euros, dicha prohibición afectará a las participaciones patrimoniales que, sin llegar al diez por ciento, supongan una posición en el capital social de la empresa que pueda condicionar de forma relevante su actuación». Un portavoz oficial de la SEPI ha señalado sobre esta circunstancia que «no concurre ningún supuesto de incompatibilidad».
Arroyo ya fue secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones en 2020, con José Luis Escrivá de ministro -fue su jefe en la AIReF-, de donde salió en junio de 2022. Como marca la norma, Arroyo hizo la correspondiente declaración de bienes y no declaró ninguna inversión en acciones. A su salida del Ministerio complementó de nuevo esa misma declaración, como marca la ley, y en 2022 ya desveló que tenía 77.677 euros en «acciones y participaciones en el capital social o en el fondo patrimonial de entidades jurídicas negociadas; deuda pública; obligaciones, bonos». No especifica qué acciones tiene, de qué compañías.
La SEPI asegura en el documento enviado a la SEC norteamericana que ningún otro alto cargo de la sociedad pública tiene intereses en Telefónica.
La sociedad pública revela que ha comprado el 5,034% de Telefónica a un precio de 3,91 euros por título, lo que supone pagar 23 céntimos más por acción que el grupo saudí STC. Eso eleva el coste pagado de más por el Gobierno por anunciar la compra del 10% antes de realizarla a unos 60 millones de euros sobre lo pagado por los saudíes -3,68 euros de media-.