El Gobierno ha aprobado este martes la creación del Observatorio Estatal de Morosidad Privada, un nuevo foro a través del cual el Ministerio de Industria y Turismo pretende hacer un seguimiento de la evolución de los periodos de pago y la morosidad en las operaciones comerciales. Este órgano elaborará cada año un listado con las empresas que incumplan los plazos de pago a sus proveedores.
La creación de este Observatorio estaba prevista en la Ley Crea y Crece, aprobada en septiembre de 2022. La norma daba un plazo de seis meses para poner en marcha este órgano, que estará integrado por representantes de distintos ministerios y asociaciones de ámbito nacional, autonómico y local. El Ministerio de Industria confía en que esta nueva herramienta tendrá un impacto "positivo" en la economía y especialmente en las pymes.
"La morosidad es un factor muy pernicioso para la actividad empresarial, especialmente en el caso de las pymes", señalan desde el departamento encabezado por Jordi Hereu, recordando que el impago a los proveedores provoca incertidumbre y resta solvencia y competitividad a las compañías perjudicadas al mermar su capacidad para financiar y desarrollar nuevos proyectos. Según el último informe sobre morosidad de la Confederación española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), el importe de deuda comercial con retrasos de pago asciende a cerca de 350.000 millones de euros, con unos intereses de demora exigibles de en torno a 2.058 millones de euros.
Con el objetivo de hacer un seguimiento de la morosidad, el Observatorio creado este martes elaborará un listado anual de empresas que incumplan los plazos de pago a sus proveedores, a partir de los datos de facturación electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). La lista incluirá compañías con más de 600.000 euros de deuda atrasada y que abonen menos del 10% del total de sus facturas dentro del plazo legal, previa notificación. Esta relación de morosos dejará de ser accesible a los tres meses de su publicación y no podrá incluir personas físicas o empresarios a título individual, según ha informado el Ministerio de Industria.
Además, el Observatorio realizará un informe anual sobre la situación de los plazos de pago, que será presentado y aprobado en el Consejo Estatal de la Pyme. También elaborará como códigos de buenas prácticas para las empresas, formulará propuestas de actuación y se encargará del seguimiento de las directrices de la Unión Europea en materia de morosidad. En ese sentido, el club comunitario está inmerso actualmente en la preparación de un reglamento sobre morosidad, aunque el fin de la legislatura europea amenaza con paralizar su tramitación.
Según la Comisión Europea, la morosidad tiene fuertes repercusiones sobre las pymes y crea un círculo vicioso que eleva los costes de financiación y lastra la competitividad de las empresas afectadas. La institución presidida por Ursula von der Leyen calcula que una de cada cuatro quiebras de este tipo de empresas se debe a retrasos en el pago de las facturas.