Agencia EFE
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Actualizado 20:41
(Matiza las declaraciones del secretario de Estado en la NA5346 sobre el plazo para la interposición del recurso)
El Gobierno de España ha tendido la mano al ejecutivo de Aragón para tratar de llegar a un acuerdo y que dé marcha atrás en la derogación de la ley de memoria democrática antes de que se cumplan los plazos para presentar un recurso de inconstitucionalidad, dentro de un mes y medio.
El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, se ha reunido en Zaragoza, junto con el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, con las entidades memorialistas de la comunidad para analizar las consecuencias de la derogación de la ley aragonesa de memoria democrática de 2018 y detallar las acciones previstas por el Gobierno de España para evitar la vulneración de derechos.
"Hay un plazo legal, todavía queda mes y medio, y a partir de ahí veremos la respuesta del Gobierno, y si no hay acuerdo evidentemente pasaremos al recurso de inconstitucionalidad", ha dicho.
La ley del Tribunal Constitucional establece que el recurso debe de presentarse en el plazo de tres meses desde la publicación de la norma a la que se refiera, pero el plazo se amplía en nueve meses si se reúne la comisión bilateral de cooperación a la que ha instado el Gobierno de España.
Las acciones previstas por el Ejecutivo incluyen, además del recurso de inconstitucionalidad, recurrir al relator de la ONU para que evalúe cómo esta decisión está en disconformidad con las prácticas internacionales de defensa de los derechos humanos.
Y al Parlamento Europeo, donde se va a plantear que condenen estas decisiones y los anuncios de leyes de concordia en las Comunidades de Castilla y León y Valencia y un plan sobre esta cuestión en Aragón, además de al Consejo de Europa de Derechos Humanos.
El objetivo es que se genere un debate en el que se condenen este tipo de prácticas que, entiende, contradicen los mandatos de Naciones Unidas y los tratados internacionales de derechos humanos.
Mientras, el Gobierno de España, ha asegurado Martínez, garantizará que la ley estatal de memoria democrática de 2022 "se cumpla hasta el último rincón de cualquier territorio español, incluido Aragón".
En este sentido, ha asegurado que el Ejecutivo incluirá en su inventario todos los Lugares de Memoria Democrática que estaban declarados en Aragón y que han quedado derogados por la nueva ley autonómica.
En la reunión de este viernes las entidades memorialistas le han pedido asimismo que el Gobierno siga con las políticas en defensa de la memoria democrática "a todos los niveles" porque, han dicho, no quieren "sentirse desamparados". "Lo que han hecho PP y Vox es desproteger los derechos de la ciudadanía", han abundado.
En este sentido, ha señalado que la educación es fundamental, porque "sin memoria no hay democracia y para eso hay que conocer bien la historia" y ha puesto como ejemplo los decretos de enseñanzas mínimas para que el estudiantado conozca la Segunda República, con todo su proceso y complejidad, el golpe de Estado, la Guerra Civil y la Dictadura y donde se pone de relieve que el conflicto se produce porque hay un alzamiento militar.
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Para Martínez López, las leyes de concordia que propugnan PP y Vox "quieren plantear de nuevo el franquismo".
Exhumaciones en Cuelgamuros
Por otro lado, ha asegurado que desde la Secretaría de Estado se han mantenido reuniones sistemáticas con todos los familiares, a los que se les ha informado de todos los pasos que se han dado en las exhumaciones de la cripta del Valle de Cuelgamuros, ya desde el 10 de julio cuando apareció la primera caja de Aldea Seca, un hallazgo que le generó una "alegría generalizada" porque pensaban que no se iba a poder encontrar a nadie debido a la situación de las criptas.
Tras la visita este jueves del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al Valle de Cuelgamuros para conocer el proceso de identificación de los restos, la Secretaría de Estado ya ha notificado a las familias que pueden solicitar también la visita, que solo pueden realizar de tres en tres personas, y que incluso la del jefe del Ejecutivo no se ha podido hacer hasta que no se ha asentado el polvo en suspensión de la cripta.
Martínez López ha destacado que se trata de una "operación única" dado que hay 33.800 cadáveres "prácticamente apelmazados" y cuya exhumación se está llevando a cabo con "el mejor equipo científico que hay ahora en el mundo" en la que trabajan antropólogos, arqueólogos, forenses y policía científica.
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