El tribunal de apelaciones de familia de tercer turno mantuvo la sentencia de la jueza letrada de primera instancia de violencia de género, doméstica y sexual de 1º turno de San Carlos, Lourdes Calcerrada resuelta el 8 de enero pasado que dispuso el ingreso de dos menores de 12 y 11 años de edad cuyo padre fue acusado de abuso sexual y de haber entregado las niñas a uno de sus amigos, a un hogar de amparo del INAU.
En el mismo fallo, la jueza Calcerrada impuso la prohibición de comunicación, de relacionamiento y contacto del padre hacia las niñas en un radio de quinientos metros y hasta nueva resolución. También se dispuso cometer al INAU la ubicación de referentes familiares para las niñas y que se remitan las actuaciones tramitadas ante el Juzgado Letrado de Atlántida de 1º turno.
Apelación
El padre interpuso un recurso de apelación contra el fallo de la jueza Calcerrada por entender que no existe un caso de abuso sexual contra sus hijas por tratarse de un hecho "totalmente falso" ya que la denuncia de una de las niñas de haber sido tocada en sus partes íntimas "obedece a la manipulación realizada por la madre que desea cobrar la asignación familiar y otros beneficios del Estado". Además, el padre sostuvo que la niña quiere vivir con su madre porque no le pone límites, no estudia y está en la calle todo el día.
El hombre aseguró que la madre es consumidora de alcohol y drogas, una de las niñas tiene problemas de conducta – llevó un arma blanca a la escuela de su hermana – mientras que él figura como el único referente protector.
La denuncia es totalmente infundada – no se hizo pericia, no compareció INAU – y sólo se tomó en cuenta la denuncia telefónica de la madre que ni siquiera compareció a audiencia.
Defensora
La defensora de las niñas – Dra. Ximena Curi – contestó recordando que las actuaciones se iniciaron por denuncia de la madre realizada por mensaje de audio, que refieren a abuso sexual y maltrato verbal. Ambas niñas manifestaron querer vivir con su madre.
La denuncia la hizo llegar una de las niñas a su madre también por mensaje de audio, relatando abuso de su padre y un amigo de él, más insultos tales como llamarlas "gordas taradas". Las niñas manifestaron su deseo de no continuar viviendo con su padre – haciendo referencia la abogada a la autonomía progresiva de las niñas –, por lo que fueron internadas en INAU mientras se logra ubicar algún familiar que pueda hacerse cargo de ellas.
Hechos
El 5 de enero de 2024, la madre de las niñas realizó una denuncia ante la Unidad Especializada en Violencia Doméstica y Género de Solymar, expresando que una de sus hijas le habría transmitido que el padre de las niñas habría abusado de ellas y en una oportunidad, estando alcoholizado, permitió que un amigo abusara de ellas. También fueron denunciados maltratos verbales, agregando la madre que escuchó mientras hablaba por teléfono con una de ellas, que el padre se dirigía a ella como gordas taradas.
De las actuaciones policiales surge que el Juzgado de Atlántida entregó la tenencia de ambas niñas al padre en diciembre de 2023. Si bien no surge información sobre dicho trámite, en informe de INAU del 18 de enero de 2024, se menciona que la madre habría sido denunciada por presunta explotación sexual.
En la audiencia del 8 de enero de 2024, la Sra. Jueza a quo escucha a la defensora de las niñas, la que transmite lo que estas le dijeron. Concretamente, una de las niñas señaló que fue abusada por su padre cuando tenía seis o siete años, en ocasión que durmiendo en la misma cama, él habría tocado sus partes íntimas. Denuncia discusiones con su padre, golpes y que el padre no las deja comunicarse con su madre.
La otra niña, por su parte indica que a sus siete años, el padre llevó a un amigo quien le tocó sus partes íntimas, mientras su padre estaba alcoholizado. Luego de ello, el padre no invitó más a esa persona a su casa.
Ambas niñas manifiestan – a través de su defensa – que no quieren estar con su padre.
El padre fue interrogado en audiencia, en presencia de su defensa donde negó tanto el abuso sexual contra su hija, la violencia física y que no deje a sus hijas comunicarse con su madre. También señaló que tuvo la tenencia de ambas niñas en una oportunidad anterior – año 2015 – y respecto al hecho ocurrido con el tercero, el padre confirma que sucedió. Él vio como esta persona tocó a su hija en las piernas y a partir de ese momento, no permitió que volviera a ingresar a su casa.
Respecto a la denuncia, el padre la atribuye a la voluntad de la madre de obtener la tenencia de sus hijas para obtener la asignación familiar y demás beneficios del Estado. Agrega que una de sus hijas es una niña conflictiva y violenta, y que la Jueza de Atlántida le intimó a brindarle atención de salud mental.
Fallo
La Jueza carolina convocó a audiencia en corto plazo. El conocimiento policial del hecho se produjo el 4 de enero de 2024, el tribunal de San Carlos tomó conocimiento el día 7 de enero, y ya el 8 de enero se celebró la audiencia.
Los hechos denunciados son graves – abuso sexual, maltrato de palabra y de hecho – y ante esa primera noticia y a solicitud de la defensa de las niñas, dispuso como medida cautelar su internación provisional, valorando que tampoco la madre – ni el abuelo paterno de 84 años – eran al momento alternativas válidas para recibirlas. La Jueza hizo aplicación del principio de precaución, tratando de salvaguardar de inmediato cualquier lesión o riesgo de lesión a las personas vulnerables, en este caso las dos niñas. Intentó evitar de inicio cualquier daño a los bienes jurídicos de las víctimas, consecuencia de lo que con verosimilitud es, o puede ser, una agresión. Por esta razón el tribunal de apelaciones mantuvo el fallo en primera instancia.