El presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, explicó las razones por las que este lunes se presentó formalmente en el Congreso de la Nación el pedido de Juicio Político contra el presidente Javier Milei por "mal desempeño de sus funciones y posible comisión de delitos".
En diálogo con AM750, Baldiviezo, uno de los impulsores de la iniciativa, señaló que "lo que estamos viendo es un Presidente que no tiene en cuenta la institucionalidad ni la Constitución, principalmente a lo que se refiere con la división de poderes".
"Desde que asumió está gobernando prácticamente con decretos de necesidad y urgencia (DNU)", afirmó.
"Y no solo hablamos del DNU 70/2023, el más aberrante institucionalmente, sino otros que, por ejemplo, desregulan las telecomunicaciones, orientados a endeudar la Argentina", agregó.
En el escrito de 25 páginas presentado, que lleva la firma de reconocidas figuras de la cultura, los DDHH y la política argentina (entre los que se destacan el premio Nobel de la Paz, Adolfo Perez Esquivel; la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida; el politólogo Atilio Borón; y la investigadora Dora Barrancos, entre otros y otras), se le solicita al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el inicio del proceso de juicio político contra el mandatario de ultraderecha.
"Vemos que el Presidente está absorbiendo la suma de poder público, tiene un Congreso fácticamente inactivo y pasivo y eso es sumamente grave", sentenció el presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad.
"Estaríamos en una tiranía de hecho si el Presidente sigue gobernando a través de decretos y, además, las consecuencias de estos decretos, de los que también hablamos en la presentación deL juicio político, son de un genocidio económico", remarcó.
"El Presidente en su cadena nacional se ufanaba del mayor ajuste económico en la historia. Esa agresión económica tiene implicancias en la vida de la población. Este genocidio económico se traduce en una disminución en el ejercicio de derechos que va totalmente en contra de lo que establecía la Constitución de 1994", concluyó.