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Nacional
jueves, 18 abril 2024 | 08:46
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Ciudad de México.- El piso 14 del edificio del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), donde en denuncia anónima contra Ministro en retiro Arturo Zaldívar se asegura se citaban a jueces y magistrados para ordenarles cómo tratar ciertos casos, tuvo algunos casos de 'chantaje' y 'presiones' siguientes.
Acusan a juzgador de recibir dádivas
Cuando Adrián Rivera López era Juez Segundo de Distrito de Amparo en Toluca tramitaba las demandas de garantías de los hermanos Rafael y Teófilo Zaga Tawil, en su momento imputados por el pago de una indemnización de 5 mil millones del Infonavit a su empresa Telra, depósito señalado como ilegal por el actual Gobierno.
Carlos Antonio Alpízar Salazar, ex secretario General de la Presidencia del CJF, llamó a Rivera "de forma urgente" a su oficina sin decirle el motivo y, al llegar, el juez advirtió que el funcionario lo esperaba junto con un enviado de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Ambos le comentaron que existían "rumores y una denuncia ante la FGR" que lo señalaban de presuntamente haber recibido dádivas de una de las partes involucradas en este litigio.
Era la manera de presionarlo para que resolviera el caso del Infonavit en contra de los imputados.
Los hermanos Zaga, en su momento, se quejaron públicamente de Rivera porque tardaba en resolver sus amparos más que cualquier otro en trámite. La denuncia anónima dice que el juez no accedió a las presiones de Alpízar.
"El hecho de que el ahora magistrado no sucumbiera ante las amenazas le costó que fuera adscrito a Guanajuato, a sabiendas de que su familia vive y labora en la ciudad de México", señala el escrito anónimo.
Cuando el caso pasó a la siguiente instancia, por este asunto fue presionado el magistrado José Nieves Luna Castro, a quien le llamaron por teléfono desde el CJF para amenazarlo que sería investigado en sus finanzas. Nieves, sin embargo, no se dobló.
Apoyan a despacho cercano a Scherer
De acuerdo con el documento, el ex consejero Jurídico de la Presidencia Julio Scherer Ibarra y el Ministro Arturo Zaldívar intervinieron en los expedientes Oro Negro y Cruz Azul, en los que estaban en juego millones de dólares.
Ambos asuntos eran llevados por el despacho de abogados García, González & Barradas (GGyB), cercano a Scherer, refiere la denuncia que indaga el CJF.
En especial, señala a la juez que negó en primera instancia los amparos a Gonzalo Gil White, dueño de Oro Negro, contra las órdenes de aprehensión.
"Los dos expedientes se trabajaron en la misma mesa de la Fiscalía para posteriormente manosear el turno, a fin de que los amparos derivados fueron resueltos por el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en la Ciudad de México, con la jueza Ruby Celia Castellanos Barradas, quien emitió sendas suspensiones y resoluciones por lo menos cuestionables", dice el texto.
"No es claro si se trata de una de las tantas juzgadoras al servicio del régimen o bien si fue presionada y extorsionada por el grupo corrupto que ejercían todo su poder para lograr su cometido".
Presionan tras muerte de un hijo de Riobóo
A solicitud de la Fiscalía de la Ciudad de México, un juez local ordenó la aprehensión de María Isabel Cal y Mayor por el caso de la muerte en España de su esposo Rodrigo Riobóo Talayero, hijo del empresario José María Riobóo, asesor del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Según la denuncia, Julio Scherer presionó para que se iniciara esta carpeta de investigación y, cuando la ex nuera del empresario presentó un amparo, Alpízar hizo lo propio para que una juez federal negara la protección de la justicia.
El caso fue turnado a Catalina de la Rosa Ortega, entonces Juez Noveno de Distrito en Amparo, quien se negó a resolver la demanda conforme a los dictados de Alpízar, lo que tuvo como consecuencia que la presionaran hasta que decidió solicitar su retiro.
"Sin importar que el hecho sucediera en otro país y que la PGR (sic) no tuviera competencia alguna, la presión de Scherer provocó que se abriera aquí una carpeta de investigación para armar el asunto, contra determinaciones dictadas en ese expediente, la defensa de la nuera promovió juicio de amparo derivado de la notoria incompetencia de la Fiscalía", dice la denuncia.
"La jueza Catalina tuvo la mala fortuna de que le fuera turnado el asunto y entonces, antes de dictar la resolución y atento a su negativa de doblegarse a las peticiones que directamente le realizó Alpízar, la forzaron al retiro".
Amenazan a jueces por leyes energéticas
Rodrigo de la Pesa y Juan Pablo Gómez Fierro son los dos jueces especializados en Competencia Económica que recibieron presiones para que resolvieran conforme a los intereses del Gobierno los amparos contra las reformas a la Ley de Hidrocarburos y la Eléctrica.
"Por instrucciones del propio Ejecutivo y de Zaldívar también recibieron presiones de todo tipo, amenazados con procesos penales y administrativos, acusado de corrupción, a pesar de que sus determinaciones eran confirmadas por los altos tribunales", señala el documento.
Ambos fueron investigados en sus finanzas personales, Gómez Fierro incluso fue indagado por la Unidad de Inteligencia Financiera, sin que les comprobaran alguna irregularidad o delito.
De la Pesa además fue "fuertemente presionado en un asunto en el que Televisa tenía gran interés, por el cual recibió llamadas y amenazas que rayaban en la extorsión", relata la denuncia sin más detalle.
Buscan por Tren Maya impedir suspensiones
El Juez Primero de Distrito en Yucatán, Adrián Fernando Novelo Pérez, también fue amenazado para que dejara de conceder suspensiones que implicaran paralizar la construcción del Tren Maya, obra emblemática del Gobierno federal.
La denuncia dice que, pese a que Carlos Alpízar lo presionó, no pudieron readscribirlo a otro juzgado ni entidad federativa, dado lo mediático del asunto.
A raíz de sus fallos, el Ministro Arturo Zaldívar instruyó directamente a Daniel Álvarez Toledo, Coordinador de Asesores de la Presidencia del CJF, viajar a Cancún con la finalidad de "sensibilizar" a los jueces para que no dictaran suspensiones que impidieran las obras de los tramos del Tren Maya en Quintana Roo.
Novelo no cambió en ese entonces su postura y tampoco la modificó, tras la salida de Zaldívar.
El mes pasado ordenó al Gobierno acatar la suspensión definitiva que impide continuar las obras del Tramo 5 Sur de la obra y advirtió que no hay evidencia de que se estén cumpliendo las condiciones impuestas en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto.
Someten con cambios de adscripción a jueza
La magistrada Cristina Porras Odriozola en su momento confirmó la prisión preventiva justificada que durante más de dos años mantuvo preso al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, en el Reclusorio Norte.
La denuncia dice que Porras fue chantajeada por Alpízar para dictar fallos contra el ex director de Pemex. Lo que el funcionario le ofreció fue exonerarla en una queja administrativa instruida contra ella y el magistrado José Miguel Trujillo Salceda.
"Ante la negativa de la magistrada de ceder ante las incesantes presiones, el entonces Ministro, por conducto de sus ejecutores preferidos Jaime Santana, Carlos Alpízar y Arturo Guerrero, hicieron su vida imposible, llegando al punto de ser descrita en múltiples ocasiones buscando someter su voluntad", dice.
La magistrada confirmó la prisión preventiva a Lozoya y hoy está adscrita en un tribunal colegiado penal. Su colega Trujillo Salceda fue suspendido para ser indagado por acoso sexual y amenazas.
Por el caso de Lozoya, Alpízar también citó a la juez de amparo Sandra Leticia Robledo Magaña y "le informó que en ese asunto había fuerte interés tanto de Zaldívar como de AMLO, pues ambos habían sido atacados mucho por el quejoso".
En esa reunión, Alpízar le dijo a la juzgadora que ya había revisado el asunto y que "estaba para negarse" el amparo, pero Robledo respondió que resolvería conforme a
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