La telenovela de los relojes y joyas de la presidenta nos está hundiendo en un pantano del que no podemos salir. Ya sabemos que la presidenta está atrapada. Y ya sabemos que estamos atrapados con ella, porque no será vacada por lo menos hasta agosto del próximo año, y quizá nunca. Por lo demás, la Constitución establece que no puede ser acusada durante su mandato de modo que, de hecho, lo será cuando lo termine y, si es culpable de delitos, será castigada. De eso no cabe la menor duda.
El problema es que, mientras tanto, el Gobierno, convertido ya en un pelele del Congreso, se debilita aún más y no hay impulso para abordar los temas y sacar adelante políticas y decisiones que permitan volver a crecer a tasas altas y resolver los problemas de seguridad. Tía María, que dispararía la inversión privada, estaba lista para salir, pero en el Congreso le han bajado el moño al ministro Rómulo Mucho, que entró con muchos bríos.
El Gobierno pierde ambición y norte. Las expectativas empresariales habían empezado a despertar, según la encuesta del Banco Central de Reserva, pero el hueco negro del escándalo presidencial le resta fuerza al Gobierno incluso para incorporar temas sustantivos en el pedido de facultades que solicite. El reto es mayúsculo porque estamos sufriendo las consecuencias de varios años de anarquía, populismo, guerras intestinas en el sistema judicial y avance del crimen organizado. Si la institucionalidad y la economía se siguen degradando, el 2026 será pasto de 'outsiders' antisistema.
Entonces hay que reaccionar. Pero la distracción de los relojes es el mecanismo perfecto para no tener que trabajar en los problemas reales. Forma parte del síndrome de ociosidad. Es un facilismo que permite evadir la necesidad de pensar.
Y es la cortina de humo perfecta para que el Congreso siga haciendo de las suyas y para que el Poder Ejecutivo se exima de responsabilidades. El ataque a la mina Poderosa con métodos terroristas no ha tenido respuesta ni del Congreso –que debería reponer la depuración del Reinfo cuando menos para la provincia de Pataz–, ni del Ejecutivo, pues, aunque parezca mentira, las fuerzas del orden no actuaron contra los asaltantes de las bocaminas –que siguen allí– por temor al "costo social", sin que se sepa entonces por qué se declaró la provincia en estado de emergencia y se envió allí fuerzas especiales.
Solo queda la sociedad civil como motor de reacción y comando. Pero el anuncio de que se iba incorporar al Conasec –declarado en sesión permanente– a las organizaciones empresariales y sindicales que, en una acción sin precedentes, habían formulado una propuesta contra la criminalidad, hasta ahora no se cumple. Y es hora de que esa mesa de empresarios y trabajadores pase al tema de qué hacer para volver a crecer a tasas altas. Porque los 42 partidos que participarán en las elecciones no atinan a juntarse por afinidad ideológica para elaborar unas bases comunes de plan de gobierno, como hemos demandado antes. ¡Ya es hora de que lo hagan!