EFE
Las okupaciones de vivienda en España cayeron un 8,8 % en 2023 con respecto a 2022, según datos facilitados este miércoles a EFE por el Ministerio del Interior. El año pasado se contabilizaron 15.289 infracciones penales relacionadas con la usurpación o el allanamiento de inmuebles, con Murcia a la cabeza del descenso al contabilizar uno del 31,4 %.
Estas cifras no diferencian entre allanamientos de morada (cuando se ocupa una vivienda habitual, ya sea primera o segunda residencia) o usurpaciones (ocupaciones de inmuebles en propiedad de bancos o viviendas vacías).
La comunidad autónoma con más ocupaciones registradas fue Cataluña, con 6.258. Por detrás de ella se sitúan Andalucía (2.331), la Comunidad Valenciana (1.640) y Madrid (1.516). En el otro extremo, La Rioja (52), Cantabria (76) y Asturias (88) fue donde menos viviendas se ocuparon, sin contar las ciudades autónomas de Ceuta (9) y Melilla (11).
Pese al descenso general, en siete comunidades autónomas la cifra se ha incrementado. Es el caso de Asturias, donde crece un 29,4 %, La Rioja (15,5 %), Cantabria (14,4 %), Canarias (14,3 %), País Vasco (11,8 %), Galicia (11,5 %) y Aragón (8,9 %).
En la okupación, por un lado, se encuentra el delito de allanamiento de morada cuyo bien jurídico protegido es el derecho a la vivienda, y por otro, la usurpación, un delito contra el patrimonio. Las estadísticas del Ministerio del Interior no discriminan entre estos dos tipos penales que conforman el fenómeno porque son calificaciones jurídicas que realiza a posteriori el órgano judicial.
Según los datos de la Fiscalía General del Estado, recogidos en la memoria de la institución correspondiente al año 2022, solo el 0,16 % de los delitos genéricos de ocupación se refieren a delitos de allanamiento. Así, a lo largo de 2022 se abrieron 8.868 procedimientos por usurpación y 96 procedimientos por allanamiento.
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