México pide ante el tribunal de La Haya suspender a Ecuador de la ONU
México pidió este jueves a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que suspenda a Ecuador de la ONU por el asalto de su embajada en Quito para capturar al exvicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas.
La CIJ, con sede en La Haya, confirmó el jueves haber recibido la demanda en la que México solicita a los jueces que "declaren que Ecuador es responsable del daño que las violaciones de sus obligaciones internacionales han causado y le siguen causando a México".
La demanda también pide a la corte que "suspenda a Ecuador como miembro de las Naciones Unidas" hasta que emita una disculpa pública y "garantice la reparación del daño moral infligido" a México y sus ciudadanos.
Según la canciller mexicana, Alicia Bárcena, la sanción debería entrar en vigor "en tanto no se emita una disculpa pública reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional", indicó en la conferencia de prensa diaria del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Con ello se busca "garantizar la reparación del daño moral infligido al Estado mexicano y sus nacionales", añadió la canciller.
Por su parte Stéphane Dujarric, un portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, dijo que la suspensión de un país "es una cuestión que deben decidir los Estados miembros".
"Tenemos muchas esperanzas de que las tensiones entre Ecuador y México se resuelvan a través del diálogo", dijo a la prensa en Nueva York.
La noche del pasado viernes fuerzas policiales irrumpieron en la embajada en Quito para capturar a Glas, acusado de corrupción y quien horas antes había recibido asilo político de México. En la incursión los agentes agredieron al diplomático mexicano Roberto Canseco.
Debido a ello, el Gobierno mexicano rompió relaciones con Ecuador y anunció la demanda ante la CIJ.
Al enumerar los reclamos de México, Bárcena señaló que también se busca establecer un precedente para que un país que actúe como Ecuador sea "expulsado, en definitiva, de la Organización de las Naciones Unidas".
Por su parte, López Obrador confió en que la CIJ actúe con celeridad. "La justicia tiene que ser rápida y expedita, y tiene que garantizarse la inmunidad diplomática (...). No puede permitirse a nadie que se actúe de esa manera (...). Si no se respeta el derecho internacional va a ser el mundo de los gorilas", subrayó el mandatario izquierdista.
- Proceso de varios años -
Aunque la CIJ podría tardar años en tratar el fondo de la cuestión, México también pidió a los jueces internacionales "medidas provisionales" para proteger a sus funcionarios diplomáticos.
"La Embajada de México en Ecuador, junto con sus bienes y archivos, enfrenta el riesgo de no ser protegida o de ser violada nuevamente", dijo México en su solicitud.
También pide a los jueces que ordenen a Quito que "permita al gobierno mexicano desalojar los locales diplomáticos y la residencia privada de los agentes diplomáticos."
"Somos optimistas, el derecho internacional acoge a México" dijo Alejandro Celorio, consultor jurídico de la cancillería, en la rueda de prensa en Ciudad de México.
La querella fue presentada un día después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) condenara "enérgicamente" el allanamiento al resaltar la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y su personal.
Bárcena detalló que la "violación" de la Convención de Caracas sobre asilo político por parte de Ecuador se tratará por separado, aunque no especificó las medidas. "Forma parte de otro proceso", sostuvo.
Glas, de 54 años y vicepresidente del mandatario socialista Rafael Correa (2007-2017), fue hospitalizado por 24 horas el lunes por negarse a consumir alimentos dentro de la prisión de alta seguridad de Guayaquil, de acuerdo con el servicio penitenciario.
Glas fue condenado a ocho años de cárcel por dos casos de corrupción. En diciembre pasado se refugió en la embajada mexicana, en medio de una nueva indagación judicial por haber desviado presuntamente fondos públicos destinados a la reconstrucción de poblados costeros después de un devastador terremoto en 2016.
Glas cumplió cinco años de su pena antes de salir bajo libertad condicional gracias a una medida cautelar, que lo obligaba a presentarse periódicamente ante la autoridad.
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