Comprendo que Sánchez se hartara. Tanto como me harto yo y supongo que una buena parte de ustedes. Eso le pasa a cualquiera que siga la política de los últimos tiempos, una desaforada pelea de gallos de la que nadie sale ileso, independientemente de quién se lleve la gloria vana del vencedor. Basta con pensar en esas "sesiones de control al Gobierno" donde lo último que se hace es controlar a nadie y cuya única utilidad es la de evidenciar que en España están desapareciendo los códigos morales compartidos. No porque las ideas resulten diferentes, sino porque ni siquiera hay ideas.
No debería causar asombro. A fin de cuentas, el que quiera amabilidad, vale más que se vaya a casa de su abuela. Pero, aunque la política sea un negocio duro, alguien debería ir pensando en poner remedio a sus excesos, porque la degradación del diálogo civilizado solo augura dosis aún más elevadas de populismo y ruindad.
Es lo que ocurre cuando las instituciones democráticas se convierten meramente en un foro para la negociación corrupta, la soberbia, las rencillas y el tipo de descortesías que subvierten un sistema que parece funcionar solamente en abstracto, de la mano de unos líderes que suelen creerse más listos que nadie pese a las abrumadoras pruebas en sentido contrario.
Como muestra, vean lo que ocurre con la vivienda –una auténtica bomba de relojería para nuestra renqueante democracia– o con la renovación del CGPJ, un escándalo de proporciones homéricas que aburre a todo el mundo y en el que ya ni se sabe ni importa cuáles son las razones de fondo que impiden que PSOE y PP actúen no ya como exigen las formalidades jurídicas, sino la filosofía eterna y simple del sentido común.
Aunque no ha sido exactamente por eso por lo que Sánchez –un hombre que hasta hace poco parecía imperturbable y que estos días mostraba cierto aire tímido, como si se hubiera resquebrajado el barniz de autocomplacencia que disimulaba sus incertidumbres– ha acabado tan harto de todo como yo. La carta que redactó el pasado miércoles tenía que ver con la ciénaga en la que se hace política en este país –omitiendo cualquier corresponsabilidad suya al respecto, también es verdad–, pero tensaba hasta el extremo las costuras del Estado por una respetable, pero sobredimensionada hasta la hipérbole, cuestión personal.
Trataba de la admisión a trámite de una denuncia contra su esposa en un contexto que da pistas sobre cómo usan la justicia determinados sujetos. Me refiero al supuesto sindicato Manos Limpias, un habitual de los juzgados célebre por su utilización abusiva de la figura de la acusación popular con finalidades, por decirlo amablemente, más que sospechosas y autor, otra vez, de una de esas acusaciones construidas con recortes de periódico.
Aunque la política sea un negocio duro, alguien debería ir pensando en poner remedio a sus excesos
Por cierto que, ante denuncias de este tipo, lo que sería de esperar es que los jueces tiraran de prudencia (en el caso de la señora Gómez y en el de cualquier ciudadano) y, como dispone la ley desde hace más de 140 años, analizaran cuidadosamente el material que se les pone sobre la mesa. El papel lo aguanta todo, pero el juez tiene el deber de analizar lo que pretende la gente, no vaya a ser que hable de extraterrestres y apariciones en El Palmar de Troya, o se base exclusivamente en aquello (noticias de prensa) en lo que la jurisprudencia dice que no se puede basar.
Sánchez tiene razón. El denunciante es sospechoso y la admisión a trámite más que discutible. Tampoco hay que ser Montesquieu para ver que atacar al adversario político con este tipo de materiales, y así propinarle de paso una patada en el trasero de su cónyuge, no sirve más que para convertir la democracia en una fórmula burocrática sin otro valor intrínseco que el de ir a votar de tanto en cuando: un caparazón que fomenta la perversión ética de la indiferencia política.
Lo que ocurre es que la misma técnica se ha utilizado en otros casos. Piensen si no en Alberto González, el novio de la señora Ayuso involucrado en un procedimiento por delito contra la Hacienda Pública, publicitado con la mayor desvergüenza por la propia Fiscalía y utilizado con idéntica carencia de escrúpulos por parte de sus adversarios políticos.
Sánchez y su esposa no son más que otras víctimas de una manera de hacer política que nos aproxima paso a paso a las tinieblas de los años treinta, que consigue que la majadería de un día se quede en nada comparada con la del día siguiente y que acaba por hartar a Sánchez, a mí y al lucero del alba.