Durante los pasados meses de febrero y marzo de 2024, la Guardia Civil ha detenido a 94 personas en la provincia de Granada sobre las que había dictadas órdenes judiciales de búsqueda, localización y detención para presentarlos ante la autoridad que los reclamaba, o para que ingresaran en prisión a cumplir condena.
Las detenciones se han realizado en las localidades de Albolote (3), Albondón, Albuñol (3), Almuñécar (6), Alpujarra de la Sierra, Armilla (2), Atarfe (7), Benalúa (2), Benamaurel, Cájar (2), Campotéjar (2), Chauchina, Cijuela, Cogollos de la Vega, Colomera, Cúllar, Cúllar Vega, Deifontes, Dúrcal, Las Gabias (2), Gor, Granada (15), Guadix (2), Gualchos (3), Huéscar (4), Huétor Santillán, Iznalloz, Láchar, Loja, La Malahá, Maracena (7), Monachil, Padul, Peligros, El Pinar, Pinos Puente, Pinos Puente, Pinos Puente, Pinos Puente (4), Quéntar, Salobreña (3), Santa Fe, Válor, Villa de Otura, Zafarraya y La Zubia.
De las 94 personas en requisitoria detenidas, 43 estaban reclamadas por la autoridad judicial para que ingresaran directamente en prisión a cumplir condena.
De entre estas detenciones destaca la de un hombre de treinta y siete años de edad que además de estar en requisitoria por un Juzgado de Motril, fue detenido como presunto autor de tres delitos de daños por incendio de tres vehículos en Cijuela, de cuatro delitos de quebrantamiento de orden de protección respecto de su ex pareja, de un delito de tenencia ilícita de armas porque se le encontró dentro de su coche una escopeta con los cañones y la culata recortados, de un delito de falsedad documental por circular con un vehículo con placas de matrícula falsas, de un delito de amenazas y extorsión y de un delito de coacciones.
La actividad preventiva de la delincuencia que las patrullas de seguridad ciudadana llevan a cabo en la provincia de Granada, resulta clave para detectar a estas personas en requisitoria, ya que muchas de ellas son identificadas por los agentes mediante dispositivos operativos de verificación de personas y vehículos en las vías públicas, los cuales tienen por objeto prevenir la comisión de delitos y mantener la seguridad ciudadana.
Otros tantos son detenidos y puestos a disposición de la autoridad judicial tras un arduo trabajo de investigación hasta dar con su paradero.