La peor amenaza para Benjamin Netanyahu no está en Gaza. Tampoco en las calles de Jerusalén o Tel Aviv, donde en los últimos días decenas de miles de ciudadanos se han lanzado en masa para exigir la convocatoria inmediata de elecciones, la dimisión del primer ministro y una nueva tregua que permita liberar a los rehenes capturados por Hamás hace ya medio año. Lo que mantiene en la cuerda floja al Gobierno de coalición de Netanyahu es en realidad un debate más que conocido: la exención del servicio militar obligatorio de la que disfrutan los judíos ultraortodoxos desde la creación del Estado de Israel en 1948.
Esta medida, que históricamente ha permitido a la comunidad jaredí estudiar a tiempo completo la Torá y vivir a costa de los estipendios del Gobierno, siempre ha levantado ampollas en la sociedad israelí. Sin embargo, tras los atentados de Hamás del 7 de octubre y la actual ofensiva en la Franja en la que han muerto cerca de 500 soldados, el debate ha adoptado una nueva dimensión. Hay quien en tiempos de guerra ve esos privilegios como algo obsceno. Y esa percepción ha aumentado la presión política para ordenar el alistamiento de los 66.000 jóvenes ultraortodoxos de entre 18 y 26 años que se calcula que viven actualmente en Israel.
De hecho, legalmente, desde este lunes 1 de abril los ultraortodoxos ya no pueden librarse del servicio militar después de que la semana pasada Netanyahu anunciase que no había sido capaz de llegar a un acuerdo para prorrogar la exención antes de que expirara el plazo. Esa noticia llevó al Tribunal Supremo a ordenar al Ejecutivo a suspender los subsidios educativos especiales que apoyan a los estudiantes de yeshivá (escuelas talmúdicas) en edad de vestir el uniforme.
En la práctica, parece poco probable que los militares comiencen a registrar los barrios ultraortodoxos para arrestar a estudiantes de seminario que deberían estar en el Ejército. Sin embargo, este mismo lunes, grupos de judíos ultraortodoxos han salido a protestar en varias ciudades israelíes.
El fallo judicial supone un auténtico quebradero de cabeza para Netanyahu, ya que su Gobierno, una compleja alianza ultraconservadora con partidos seculares y ultraortodoxos, podría colapsar más pronto que tarde. Por un lado, si el mandatario decide extender la exención, los dos partidos ultraortodoxos podrían abandonar la coalición.
De hecho, tanto Judaísmo Unido de la Torá como Shass han prometido luchar contra la sentencia judicial y aunque no han amenazado directamente con abandonar la coalición, su salida podría desencadenar una convocatoria electoral. Y Netanyahu, a quien muchos echan en cara que no haya asumido responsabilidades por el fallo de seguridad durante los ataques del 7-O, no goza de gran popularidad, según las encuestas de opinión.
Por otro lado, los aliados del ministro de Defensa, Yoav Gallant, incluido el centrista Benny Gantz, un ex general del ejército que está en la primera posición para convertirse en primer ministro si se celebran nuevos comicios, quieren que la carga militar se comparta también con los ultraortodoxos. De hecho, Gallant anunció recientemente que cualquier nueva ley de reclutamiento necesitaría el apoyo de todos los partidos, sugiriendo que se opondría a cualquier nueva legislación que mantuviera las exenciones.
Una cuestión de dinero
En general, la población israelí apoya la retirada de la excepción militar. De hecho, una encuesta publicada a inicios de año por el Instituto para la Democracia israelí señala que un 71% de los judíos israelíes apoya que se anule la exención militar para los jaredíes; un porcentaje que asciende al 86% en el caso de los seculares. Por contra, sólo un 19% de los ultraortodoxos comparte esa postura.
Más allá de ser un motivo de tensión social, esta excepción es también un problema económico. Cuando se aprobó la medida que libraba de formar parte del Ejército a las comunidades religiosas, ésta sólo afectaba a unas 40.000 personas. Hoy, los ultraortodoxos representan alrededor de 14% de la población judía de Israel, según el Instituto Israelí por la Democracia, es decir, cerca de 1,3 millones de personas.
Así, ante una comunidad que crece cada vez más, el Banco de Israel ha advertido esta misma semana en su informe anual sobre los daños que provocaría a la economía del país si los judíos ultraortodoxos no se unen al Ejército. Entre otras cosas porque la guerra de Israel contra Hamás en Gaza supone una carga cada vez mayor para la economía israelí, ya que además del gasto militar, son muchos los han tenido que abandonar sus puestos de trabajo habituales para alistarse. "A medida que la carga del servicio militar se divide entre un mayor número de soldados... el impacto económico en cada uno de ellos disminuye, al igual que el impacto agregado en la economía", señala el organismo.