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Se presentó como una reforma de última generación para incrementar la productividad y alentar la interacción y el intercambio de ideas. Una reforma que primaría los espacios diáfanos y las salas comunes. Una obra novedosa en la que ni siquiera el ministro, José Luis Escrivá, tendría un despacho aislado. Una buena idea que, sin embargo, tuvo un fallo. El Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización cuestiona que la remodelación del edificio, entonces sede de la Secretaría de Estado de Migraciones y hoy emplazamiento central del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se realizara con un contrato de emergencia para cumplir, tal y como se señalaba en la justificación del contrato, con las recomendaciones sanitarias expedidas durante la pandemia.
El Tribunal señala que los tres contratos adjudicados por Escrivá para reformar los espacios de trabajo en el edificio administrativo de la calle José Abascal de Madrid, nueva sede del Ministerio que ahora encabeza Elma Saiz, por importes iniciales de 850.000, 27.500 y 6.000 euros no atendieron exclusivamente a necesidades inmediatas de protección de los trabajadores, lo que habría justificado la contratación por el procedimiento de emergencia, sino que, en realidad, fueron "aprovechadas para proceder a una reestructuración del inmueble de mayor envergadura, que debería haber sido objeto de un contrato diferenciado tramitado por procedimiento ordinario".
La memoria justificativa del contrato adjudicado en 2020, en plena pandemia, a la empresa de Transformación Agraria, TRAGSA, explicaba la emergencia de las obras por la necesidad de adaptar las dependencias del edificio administrativo a las recomendaciones del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo sobre la distancia de seguridad que deben mantener los trabajadores.
Sin embargo, el Tribunal de Cuentas muestra su disconformidad por "la envergadura de la obra", porque "en el expediente no se razona la evaluación o conveniencia de adoptar otras medidas como la redistribución del personal o el establecimiento de turnos presenciales", porque la duración de los trabajos "se prolongara durante seis meses" y por la circunstancia de que "el contrato fuera modificado en más de un 128 por 100 de su importe para atender a necesidades estructurales del edificio", lo que finalmente hizo ascender el coste total de la obra a 1.938.994 euros. De esta forma, el contrato inicial -con fecha 18 de mayo de 2020- que ascendía a 883.500 euros se vio incrementado en 1.088.944 euros más mediante un nuevo contrato con fecha de 30 de agosto de 2020.
Por todas estas circunstancias, el Tribunal considera que el objeto de la reforma, más que proteger a los trabajadores, fue en realidad el de aprovechar para llevar a cabo una reestructuración de "envergadura" del edificio, algo que, recalca, "debería haber sido objeto de un contrato diferenciado tramitado por procedimiento ordinario".
En el informe de fiscalización se recuerda que "las prestaciones contratadas a través de la tramitación de emergencia deben limitarse a lo estrictamente indispensable para hacer frente a la situación que la justifica, y el resto de las actuaciones que deba realizar el órgano de contratación, que no tengan el carácter de emergencia, han de contratarse con arreglo a la tramitación ordinaria".