La Fiscalía pedirá al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que no admita a trámite la querella interpuesta por Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, contra la fiscal jefe de Madrid y contra el fiscal que le investiga por presuntos delitos fiscales, Julián Salto.
Éste es el resultado de la reunión que hoy ha celebrado la Junta de Fiscales de Sala, el máximo órgano doctrinal y técnico del Ministerio Público, tras escuchar los argumentos de la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, y de la fiscal a la que ha correspondido despachar la querella de González Amador, María de la O Silva.
Silva ha asistido personalmente a la reunión, que ha abandonado tras defender su criterio de que no era procedente pedir la inadmisión de plano de la querella sino que, previamente, era preciso conocer "todas las comunicaciones, correos y otros documentos" intercambiados entre los dos fiscales querellados con la Fiscalía General del Estado y con la Fiscalía Superior de Madrid en relación con la nota informativa difundida por la Fiscalía de Madrid el pasado 14 de marzo.
Ese comunicado salía al paso de informaciones falsas de algunos medios que descalificaban la actuación de la Fiscalía al afirmar, erróneamente, que el fiscal Salto había ofrecido un acuerdo de conformidad penal a la pareja de Díaz Ayuso y luego lo había retirado "por órdenes de arriba" con el fin de llevarle a juicio.
"El único pacto de conformidad, con reconocimiento de hechos delictivos y aceptación de una sanción penal, que ha existido hasta la fecha es el propuesto por el letrado de Alberto González Amador al fiscal encargado del asunto en fecha 2 de febrero de 2024", afirmaba la nota informativa, que detallaba con fechas, horas y frases entrecomilladas el intercambio de correos electrónicos entre la defensa de la pareja de Ayuso y el fiscal Salto. Esos datos ya habían sido difundidos previamente por distintos medios de comunicación.
Según la querella de González Amador, esa nota reveló ilícitamente datos relativos a su situación tributaria y a su defensa.
Para Sánchez Conde, sin embargo, el contenido de esa nota "no integra la tipicidad del delito de revelación de secretos por un funcionario público ni de ningún otro tipo delictivo" ya que no desvelaba dato alguno que no fuera ya conocido.
Los fiscales de Sala han respaldado por mayoría este criterio, tras rechazar que para pronunciarse sobre la relevancia penal de los hechos relatados en la querella sea necesario pedir las comunicaciones internas de los fiscales, como sostenía Silva.