Diego Aitor San José
Más cambios al andamiaje legal construido por el Botànic. El Consell parece haber tomado impulso y ahora es Presidencia quien prepara dos modificaciones normativas respecto a leyes impulsadas por el anterior gobierno. En concreto, sobre la ley de Despoblación (aprobada en los minutos finales de la pasada legislatura) y la ley de Mancomunidades, que salió adelante en el primer mandato de PSPV, Compromís y Podem y cuyo cambio tiraría por tierra el intento de fomentar la comarcalización administrativa que pretendía el ejecutivo del tripartito de izquierdas.
Presidencia ha sacado a consulta pública previa el cambio de las dos normas, tal y como se expone en el Diari Oficial de la Generalitat. Es el primer paso para su posterior modificación, en un proceso todavía largo, pero que muestra la intención del departamento que encabeza Carlos Mazón de cambiar dos leyes impulsadas por su predecesor en el Palau, Ximo Puig. De hecho, las enmiendas que propone el actual Ejecutivo autonómico en la justificación para propulsar este cambio afectan a la filosofía de los dos proyectos legislativos del Botànic.
Ley del 2018
En este sentido, la principal modificación es la que sufriría la ley de Mancomunidades. Esta fue aprobada en 2018 y entró en vigor a pleno rendimiento en 2020, cuando el Tribunal Constitucional le dio su visto bueno después de un recurso del Gobierno central, entonces dirigido por Mariano Rajoy. El objetivo de esta era reforzar el peso de las comarcas frente a las provincias dentro de la pirámide organizativa de la administración, una estructura que se incluye en el Estatut.
Así, con esta norma, el Botànic creó las llamadas mancomunidades comarcales. Estas eran alternativas a las ordinarias que estaban en funcionamiento, su diferencia es que la asociación de municipios debía coincidir territorialmente con la delimitación de la comarca histórica y contaban con ventajas de financiación y convenios competenciales, con la idea de convertirlas en la referencia básica para la implementación de las políticas y servicios del resto de administraciones públicas. Estas figuras legales son las que precisamente propone eliminar el cambio legal impulsado por Mazón.
"Farragoso procedimiento"
Según se expone en la consulta previa, «la transformación de mancomunidades de régimen ordinario en mancomunidades de ámbito comarcal y el farragoso procedimiento que conlleva ha provocado problemas desde el primer momento», señala el texto elaborado por el Consell por lo que considera «conveniente suprimir la figura de las mancomunidades de ámbito comarcal manteniendo la existencia de un único tipo de mancomunidades en aras ello también de la simplificación y claridad administrativa».
Entre los problemas, el Ejecutivo autonómico indica que las mancomunidades «han tenido que dotarse de más personal de carácter permanente»; «las dificultades para el cumplimiento de los requisitos» así como que en algunos casos «se han producido problemas entre los propios municipios integrantes» por la «disparidad de criterios y opiniones» sobre convertirse en mancomunidad de ámbito comarcal «y las connotaciones ideológicas que a ello se ha achacado». Eso sí, las siete que ya se han establecido —de las 32 previstas en la ley— seguirán manteniendo su personalidad jurídica de mancomunidad.
Nuevos criterios
Así, con esta nueva modificación, y ante la ausencia de una ley de Comarcalización que los socios de izquierdas amagaron impulsar durante la primera legislatura, el Consell de PP y Vox eliminaría la vía con la que el Botànic trató de potenciar —junto con subvenciones para sufragar los gastos de funcionamiento— una estructura territorial que, especialmente las formaciones progresistas defienden como de un mayor arraigo que las provincias.
Por otra parte, también se ha anunciado la modificación de la ley de medidas contra la despoblación. El motivo de este cambio es, según justifica el Consell, que con la redacción actual de la norma «se va a producir un reparto no justificado de los recursos públicos que los diferentes departamentos de la Generalitat destinan a los municipios, debido a la posibilidad de considerar municipios en riesgo de despoblamiento». En concreto, señala a los municipios considerados por la ley actual como «categoría intermedia de riesgo de despoblación» al no exceder los 3.000 habitantes y cumplir con dos de los seis condicionantes para estar en riesgo.
Por lo que deja entrever esta exposición pública, este punto podría modificarse y dificultarse más estas condiciones, ya que, según se señala, «una vez aplicados [estos criterios] los resultados no son los deseados por la norma» por lo que se ha de «priorizar» con una «discriminación positiva» a aquellos municipios «que de forma efectiva tengan esa consideración».
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