Durante la audiencia de juicio disciplinario contra el canciller suspendido Álvaro Leyva, esta mañana, la Procuraduría estableció las pruebas documentales y testimoniales que serán incluidas dentro del proceso que se adelanta por presuntas irregularidades en funciones de jefe de ministerio. En este caso, la Procuraduría determinará su responsabilidad por el lío en la licitación de pasaportes que declaró desierta el año pasado. El órgano de control lo investiga por dos cargos, por lo que consideran una mala gestión pública del contrato.
Entre los testimonios clave que escuchará el órgano de control está el de la exdirectora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, así como el del José Antonio Salazar, ex secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores y quien fue liberado de toda investigación disciplinaria por la misma Procuraduría. El Ministerio Público decidió que escuchará a Zamora, pese a no ser un miembro actual del comité de conciliación de la Agencia, pues desean que amplíe la declaración que entregó el 6 de diciembre de 2023.
También será escuchado el actual director de la Agencia, César Augusto Méndez y Martha Medina, quien participó en el proceso de licitación del contrato. Igualmente, al grupo de personas que participaron en el comité estructurador del pliego de condiciones y del comité evaluador del mismo. Por otra parte, al comité de conciliación de la Cancillería se le pedirán las actas que expliquen el porqué se tomó la decisión de no conciliar con la firma.
Por otra parte, el procurador Ernesto Espinosa, negó la solicitud para escuchar al canciller (e) Luis Gilberto Murillo. Finalmente, la Procuraduría acordó que el próximo 23 y 24 de abril continuará el juicio y se escuchará a las personas previamente mencionadas.
Cuando la Procuraduría llamó a juicio a Leyva, además, lo suspendió de su cargo durante tres meses, sin derecho a remuneración. Aseguró que era una medida proporcional para evitar un peligro futuro, dado que según las pruebas recaudadas, Leyva actuó contrario a lo que le pedía su propio comité de contratación, la Contraloría y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Para el Ministerio Público, el canciller Leyva no habría tenido en cuenta los "fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal".
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