La Fiscalía Europea ha requisado documentos sobre la compra de mascarillas que realizó el ministro Ángel Víctor Torres cuando era presidente del Gobierno de Canarias. Agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil han entrado en las dependencias de la Consejería de Sanidad del Ejecutivo autonómico con el fin de recabar nueva documentación sobre los contratos sanitarios realizados por el Servicio Canario de Salud durante la pandemia.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha confirmado estos registros en declaraciones a los periodistas durante una visita a la nueva sala de Hemodinámica del Hospital de La Candelaria. El dirigente de Coalición Canaria ha asegurado que su Ejecutivo se dedica a «colaborar» con la justicia y que se ha dedicado a «facilitar» la labor de los agentes, que han analizado diversos expedientes y correos electrónicos para que la justicia «pueda trabajar con absoluta tranquilidad y colaboración». «Es lo que nos corresponde», ha recalcado Clavijo.
La Fiscalía Europea se ha hecho cargo de esta investigación porque las mascarillas y el resto del material sanitario adquirido por el Gobierno de Canarias fue costeado con fondos europeos. Se sospecha de que las irregularidades realizadas durante el mandato de Ángel Víctor Torres, ahora ministro de Política Territorial con Pedro Sánchez, alcanzan los 32 millones de euros. En el denominado primer caso mascarillas de Canarias se pagaron por adelantado en dos pagos de dos millones cada uno a una empresa no sanitaria.
Mascarillas defectuosas
El Gobierno canario del entonces presidente Ángel Víctor Torres cargó a la Unión Europea una partida de mascarillas suministradas por Soluciones de Gestión SL -empresa para la que intermediaba Koldo García- que no cumplían con los requisitos de calidad exigidos. El Ejecutivo autonómico socialista rectificó el pago inicial para acabar financiándolo con los fondos europeos para la pandemia, pese a que las mascarillas eran defectuosas.
Así se detallaba en un expediente al que tuvo acceso OKDIARIO. Se trata de un documento fechado el 22 de abril de 2020, cuando el Ejecutivo de Torres formalizó un pedido de 2.750.000 mascarillas FFP2 a Soluciones de Gestión, a un precio unitario de 2,50 euros. Apenas un día después, la empresa hizo la primera entrega.
Sin embargo, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias revisó las mascarillas y advirtió, en sendos informes de 27 de abril y 24 de julio de 2020, que una partida no podía considerarse «apta para su uso sanitario como FFP2». En concreto, el número de mascarillas afectadas ascendía a 837.800 unidades, valoradas en 2.094.018,50 euros.
El 22 de julio de aquel año el Gobierno canario comunicó a Soluciones de Gestión que parte de las mascarillas que había hecho pasar por FFP2, las consideradas de más alta protección y capacidad de filtrado, no cumplían los requisitos y no eran «compatibles» con la «eficacia de filtración frente aerosoles».
Tras descubrir que las mascarillas eran fake, Soluciones de Gestión propuso al Gobierno de Torres, «como compensación», rebajar su precio «valorándolas como mascarillas quirúrgicas al precio de mercado del mes de abril» y completar el pedido con 555.000 mascarillas -éstas sí FFP2- hasta alcanzar el importe final.
El Ejecutivo canario aceptó la propuesta, justificándose en «la subida de los contagios» y la necesidad de dotarse de mascarillas de cualquier tipo. Así, por las 837.800 mascarillas que Soluciones de Gestión pretendía hacer pasar como FFP2 se pagaron finalmente 707.518,50 euros (a 0,845 euros la unidad) y por las otras 555.000 unidades de mascarillas FFP2, a 2,50 euros, un total de 1.387.500 euros. Según el expediente, «debido a la alta demanda mundial de este tipo de material sanitario» esta última partida no se entregó hasta el 5 de febrero de 2021.
El 10 de junio de 2021, una resolución del Servicio Canario de Salud enmendó la financiación del expediente, endosando las mascarillas fake a cargo de los fondos europeos. Igualmente, se cargó al dinero comunitario el pago de 65.772 euros correspondiente al «transporte, flete aéreo y seguro de transporte» del avión que transportó las mascarillas. En el expediente para el pago con el dinero de la UE -fondos Feder- se expone que se trata de «mascarillas FFP1».
La compra de las mascarillas fue realizada por el Servicio Canario de Salud (SCS), dependiente de la Consejería de Sanidad y por tanto del Ejecutivo socialista de las Islas. Ángel Víctor Torres destituyó al entonces responsable del SCS imputado en el caso tras conocerse las irregularidades. Las presuntas adjudicaciones irregulares de material sanitario alcanzaron los 32 millones de euros.