El Gobierno regional ha aprobado el proyecto de ley de Integridad Pública. Con esta nueva norma se garantizará la transparencia completa entre las empresas privadas y la gestión pública.
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado un paso significativo en la lucha contra las denominadas "puertas giratorias" al aprobar el proyecto de ley de Integridad Pública de la región. Esta medida tiene como objetivo principal regular las relaciones entre altos cargos públicos y empresas privadas, evitando posibles conflictos de interés y garantizando la transparencia en la gestión pública.
Según el vicepresidente primero de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, esta normativa busca establecer un periodo de dos años durante el cual los altos cargos no podrán trabajar ni realizar actividades con empresas que hayan obtenido subvenciones o contrataciones con su intervención. Esta medida pretende evitar situaciones de influencia indebida y garantizar la imparcialidad en la toma de decisiones.
En palabras de Martínez Guijarro durante una rueda de prensa, se espera contar con "el máximo consenso posible" en la tramitación parlamentaria y aprobación del texto, que se prevé llevar a cabo durante este periodo de sesiones. Este enfoque busca garantizar que la ley refleje los intereses y necesidades de todos los sectores implicados.
#CLM avanza en una Ley de Integridad que refuerza los controles sobre los altos cargos del @gobjccm.
— José Luis Martínez (@Guijarrojl) April 2, 2024
Esta Ley, la tercera tras la de Transparencia y la de Participación Ciudadana, implementará nuevas normas que reafirmen la confianza de la ciudadanía en el servicio público. pic.twitter.com/YJzGYK2XAd
La ley afectará a una amplia gama de altos cargos, incluyendo miembros del Consejo de Gobierno, órganos directivos de asistencia de apoyo, viceconsejeros, directores generales, presidentes de entes públicos, entre otros. Estas personas estarán sujetas a un régimen de control y vigilancia a cargo de la Oficina de Integridad, encargada de velar por el cumplimiento de la normativa una vez que sea aprobada.
Además de la restricción para trabajar con empresas previamente beneficiadas por su intervención, la ley también establece la obligación de realizar declaraciones de actividades, bienes y rentas al momento de tomar posesión del cargo, así como una declaración específica al término de la legislatura. Esta última declaración será comparada con la inicial para detectar posibles discrepancias en la situación patrimonial del alto cargo.
Una de las novedades más relevantes de esta ley es la regulación de los conflictos de intereses, que obliga a los cargos públicos a abstenerse en decisiones o procedimientos en los que puedan tener algún tipo de interés privado o personal. Estas abstenciones deberán ser comunicadas tanto a su superior jerárquico como a la Oficina de Integridad.
En cuanto al régimen sancionador, se establecen amonestaciones y hasta la inhabilitación para ocupar cargos públicos durante un periodo de cuatro años en casos de faltas muy graves. Esta medida busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley y mantener la integridad en la gestión pública.
Esta ley representa un avance significativo en la regulación de la actividad política y administrativa en Castilla-La Mancha. Con ella, el gobierno regional busca fortalecer la transparencia, prevenir posibles conflictos de interés y promover una gestión pública honesta y eficiente. Con la aprobación de esta normativa, se completa un "entramado jurídico para garantizar la honestidad en la gestión pública", según destacó Martínez Guijarro.