Justicia Legítima, postales de un final de ciclo
Por Julio Blanck para Clarín
Por Julio Blanck para Clarín
Si no es un fin de ciclo, se le parece demasiado. La renuncia -para acceder a la jubilación- de la camarista María Laura Garrigós de Rebori, quien fuera presidenta de la agrupación Justicia Legítima, marca el opacamiento quizás terminal del instrumento que usó el kirchnerismo de Cristina para instalar una fuerza propia en los tribunales, como parte de su proyecto de colonización política.
La salida de "Malala" Garrigós, de respetada trayectoria por sus colegas más allá de profundas diferencias doctrinarias, completa la caída iniciada con la pérdida del poder en las elecciones que ganó Mauricio Macri en 2015. Esa parábola tuvo su punto álgido en diciembre pasado con la renuncia de la procuradora general Alejandra Gils Carbó, fundadora y jefa operativa de Justicia Legítima.
La resistencia activa de los fiscales y jueces de la agrupación ultra K soportó cuanto y como pudo la nueva realidad desfavorable diseñada por el voto popular. Pero el escenario político y judicial ya registró una mutación de tal profundidad que toda vuelta al pasado hoy asoma impensable, aunque lo que viene todavía esté por configurarse.
La doctora Garrigós, en su partida, mantuvo en alto su postura política. Criticó al Poder Judicial, a la Corte Suprema, a los jueces federales, sostuvo que a los adherentes a Justicia Legítima se los discrimina en los concursos y aseguró que muchos en el Gobierno estarían "contentos" con su alejamiento.
En este punto no se equivocaba. Hubo satisfacción en el Ministerio de Justicia y en la Casa Rosada por su decisión. Lo que no dijo es que desde hacía tiempo tenía contacto con altos funcionarios del ministerio que conduce Germán Garavano, quienes buscaron inducirla y acompañarla hacia una salida no traumática, pero salida al fin.
Garrigós, que presidió la Cámara del Crimen antes de llegar a la Casación porteña creada durante el kirchnerismo, debía ser una de las tres camaristas en pronunciarse sobre la situación de Fructuoso Alvarez González, condenado a cadena perpetua por asesinar a la familia Bagnato incendiando su casa en el barrio de Flores, en febrero de 1994. Este asesino, español de nacimiento, pidió el beneficio de la ley de extrañamiento que permite a los condenados regresar a su país de origen al cumplir la mitad de la pena.
En el Gobierno estiman que quizás la doctora Garrigós eligió irse antes de fallar sobre este caso, de amplia repercusión pública, en el que sus convicciones garantistas podrían llevarla a aceptar el pedido del múltiple homicida. No sería la mejor manera de salir de escena sin mucho ruido.
La camarista nunca había esquivado la polémica. Supo repudiar las marchas reclamando esclarecer el crimen del fiscal Alberto Nisman. Pidió la renuncia de los tres jueces de la Corte (Rosenkrantz, Rosatti y Highton de Nolasco) que firmaron el polémica fallo del 2 por 1 en beneficio de un represor. Y defendió el proyecto de "democratización de la Justicia" con que Cristina intentó colocar bajo control político total a los tribunales.
Había dejado la presidencia de Justicia Legítima en manos del fiscal Jorge Auat, también integrante del núcleo original de la agrupación, y ahora integra la comisión directiva. Pero si su renuncia y jubilación son el símbolo más fuerte de la decadencia de ese grupo, hay otros hechos menos conocidos que refuerzan la tendencia.
Gils Carbó había creado la Procuvin (Procuraduría de Violencia Institucional) en 2013. Su titular era Félix Crous. Fiscales de ese organismo tuvieron un papel central en el armado de la falsa historia sobre la muerte de Santiago Maldonado en Chubut, en agosto pasado. Contribuyeron, junto a activistas mapuches, en la construcción de la mentira sobre su falso secuestro y desaparición a manos de la Gendarmería.
La nueva conducción de la Procuración, a cargo de Eduardo Casal, desplazó sin alharacas a Crous, miembro de Justicia Legítima, quien volvió a una fiscalía de derechos humanos. Fue en diciembre, poco después de la renuncia de Gils Carbó. Se designó en su lugar a Andrés Heim, quien poco antes había sido nombrado fiscal.
Tampoco la pasa bien Carlos Gonella, colocado por Gils Carbó como fiscal especial en la Procelac, para casos de lavado de dinero. A fines de 2014 el juez Marcelo Martínez de Giorgi lo procesó por haber omitido investigar al empresario y testaferro Lázaro Báez en el caso de "la ruta del dinero K". En pocas horas más podría caerle otro procesamiento, esta vez del juez Claudio Bonadio, por haberse entrometido en el fuero penal económico también para favorecer a Báez.
Por este caso, a impulso de Gils Carbó se había presentado un pedido de juicio político contra Bonadio en el Consejo de la Magistratura. Esa acusación al juez se cerró hace diez días, cuando Gonella ya había declarado en indagatoria después de estar tres años en rebeldía, negándose a acudir ante Bonadio. Cuando concurrió al juzgado, en noviembre del año pasado, lo hizo acompañado por dos abogados del CELS. Son todos jugadores del mismo equipo.
Pero la desgracia se acumula. Esta semana, al cabo de un sumario administrativo, fue pedida una suspensión de 15 días al fiscal federal de Córdoba, Enrique Senestrari, quien en un programa de radio había pedido que caiga el presidente Mauricio Macri.
Orgulloso integrante de Justicia Legítima, Senestrari suele tener la lengua suelta. Ya embistió contra Garavano, por haber criticado a Eugenio Zaffaroni, faro ideológico de toda esa corriente judicial. Y le dedicó un insulto grueso al propio procurador Casal, a poco de haber reemplazado a Gils Carbó. Hay otros sumarios en su horizonte inmediato.
La disgregación de Justicia Legítima está llevando, además, a que varios de sus adherentes busquen hoy reafiliarse a la Asociación de Fiscales que preside Carlos Rívolo. "No les pedimos que expliquen su pasado pero tampoco les aseguramos defensa personal", dicen en la Asociación. "Solamente exigimos que vengan a construir institucionalidad", agregan.
En la Corte Suprema nadie derrama una lágrima por el ocaso de la agrupación ultra K. Allí recuerdan cómo Justicia Legítima surgió en 2012, cómo creció con apoyo efectivo del viceministro de Justicia camporista Julián Alvarez y cómo respondía a la orientación y las indicaciones constantes de Carlos Zannini, entonces poderoso secretario de Legal y Técnica, hoy detenido por encubrimiento en el caso AMIA.
Tienen, además, opiniones durísimas respecto de Gils Carbó, a quien todavía le reprochan haber "designado a fiscales y empleados sin concurso, violando las normas para acomodar a sus amigos". Para los integrantes de la Corte que vivieron aquellos episodios, Justicia Legítima fue quien instaló la grieta en los tribunales.
En sus declaraciones de despedida, Garrigós de Rebori dijo al diario La Nación que ahora "estamos dedicados a estudiar los sistemas judiciales de otros países y dando las discusiones hacia dentro. No es nuestro momento de salir a hablar. Sería en saco roto".
Podrán seguir activos. Pero suena a fin de ciclo.
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