Del liderazgo al ocaso: cronología de la caída del exlíder minero Fernández Villa tras aflorar su patrimonio oculto
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Durante los 34 años que José Ángel Fernández Villa estuvo al frente de la Secretaría General del Sindicato Obrero Minero de Asturias (SOMA-UGT), entre 1979 y 2013, su liderazgo y poder eran indiscutibles. Con la llegada al Gobierno del PSOE, en 1982, aumentó su capacidad de influencia en el partido donde era conocida la estrecha amistad que mantenía, entre otros, con el entonces vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra.
En esa época, sus imágenes eran frecuentes rodeado de políticos o sindicalistas relevantes especialmente durante la celebración de la fiesta astur-leonesa de Rodiezmo, que se celebraba anualmente cada mes de septiembre y se consideraba como la inauguración del curso político del PSOE.
Natural del pueblo de Tuilla, en el concejo minero asturiano de Langreo, donde nació hace 81 años, su cargo en la organización fundada por Manuel Llaneza le convertía en uno de los "hombres fuertes" del socialismo y el sindicalismo asturiano.
Durante años, Fernández Villa controló no sólo el sindicato minero, sino que influyó decisivamente en la Federación Socialista Asturiana (FSA) y en los gobiernos del Principado.
A la fiesta anual del sindicato, en Rodiezmo, iban dirigentes del PSOE nacional. Entre otros, tampoco faltó a la cita José Luis Rodríguez Zapatero, que se fotografiaba durante su etapa como presidente del Gobierno junto al entonces líder sindical.
Su poder también le hizo mantener buenas relaciones políticas con el exministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, entonces en el Partido Popular, con el que negoció los fondos mineros, así como con el que fue alcalde de Oviedo durante dos décadas, Gabino de Lorenzo, del PP.
Las investigaciones policiales y judiciales
Afiliado al Partido Socialista y al sindicato UGT, desde 1972, Fernández Villa fue expulsado de ambos a raíz de que se desvelara una faceta bien diferente del que, según cuentan las crónicas, era conocido entre sus colaboradores como "El Tigre" o "Josiángel".
El ocaso de su figura llegó a través de dos vías: la investigación policial que corrió a cargo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en 2013 por su fortuna oculta, y la querella que el sindicato SOMA-UGT, del que llegó a ser uno de sus máximos responsables, le interpuso por apropiación indebida de sus fondos.
La instrucción del 'caso Hulla', que afecta a una veintena de investigados, analiza si hubo desvío de dinero en las obras de construcción de un geriátrico, ubicado en el municipio asturiano de Aller, que fueron financiadas con cargo a los fondos mineros
La operación policial de la UCO fue impulsada por la Fiscalía Anticorrupción de Madrid para conocer la procedencia de ese abultado patrimonio de 1,2 millones de euros. Un enriquecimiento que se desveló a raíz de que se acogiera en el año 2012 a la amnistía fiscal del entonces ministro Cristóbal Montoro durante la etapa de gobierno de Mariano Rajoy. Una fortuna que el hasta entonces líder minero atribuyó a una herencia familiar y que el Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo investiga desde 2017 por su presunta vinculación con el denominado 'caso Hulla".
La magistrada-jueza que instruye esta causa, María Begoña Fernández, analiza si el origen de ese patrimonio tiene relación con las obras de construcción de la residencia geriátrica ubicada en la localidad de Felechosa, en el municipio asturiano de Aller. El asilo fue financiado con cargo a los fondos mineros después de que se modificase el decreto que regulaba su concesión.
Entre las personas investigadas se encuentran el que fuera 'mano derecha' de Fernández Villa, el expresidente del Montepío de la Minería, José Antonio Postigo, el propietario de la constructora Alcedo de los Caballeros y promotor de la obra de la residencia de Felechosa, Juan Antonio Fernández, el arquitecto Manuel Sastre y el exasesor económico del Montepío, José Manuel Fernández.
José Antonio Postigo se acogió también a la amnistía fiscal y, en su caso, la cantidad regularizada ascendió según los informes policiales a 436.000 euros.
La magistrada-jueza estudia si los hechos analizados podrían considerarse delictivos y si los investigados podrían haber incurrido presuntamente, entre otros, en delitos de blanqueo de capitales, falsedad de documento oficial, fraude de subvenciones, tráfico de influencias, delito societario por apropiación indebida, prevaricación y cohecho.
El caso aún está pendiente de que el perito asignado para realizar el informe sobre las obras de la residencia presente su dictamen, que ha venido retrasando y que tendrá que entregar "como fecha inexcusable" el próximo día 10 de abril, tal y como ha acordado la magistrada-jueza.
Por la denuncia del SOMA-UGT, los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias condenaron a Fernández Villa, en septiembre de 2018, por un delito continuado de apropiación indebida a una pena de tres años de prisión y una multa de 24.000 euros por apropiarse de 234.462 euros del sindicato que dirigió durante 34 años.
La sentencia determinó que, entre 1989 y 2001, Fernández Villa se quedó con las dietas que la empresa pública Hunosa pagaba mediante cheques a los miembros del sindicato por asistir al comité intercentros y que, a partir de esa fecha y cuando la empresa pasó a abonar estas cantidades mediante transferencia bancaria, abrió una cuenta a nombre del SOMA-UGT desde la que transfería ese dinero a otra, también del sindicato minero.
La conducta seguida prevaliéndose del cargo
Además, la resolución judicial declaró probado que hasta el año 2012 se le abonaron diversos gastos, aparte del kilometraje y de las dietas que le correspondían como secretario general del sindicato como la adquisición, mantenimiento y reparación de dos coches Mitsubishi a su nombre; consumo de su teléfono móvil, comidas, puros, sombreros, productos dietéticos y farmacéuticos o maletas por importe de 173.932 euros.
Además, tras haber finalizado el pago del segundo de los Mitsubishi, siguió percibiendo las cuotas que le eran transferidas por el sindicato por un importe de 16.764 euros "con el fin de compensarse de la disminución de sus ingresos" al cesar en los cargos que había ejercido en el Parlamento asturiano y en el Senado.
La pena fue confirmada, en el año 2020, por el Tribunal Supremo (TS), pero no llegó a ejecutarse la pena privativa de libertad por su estado de salud.
La Audiencia Provincial de Asturias le había condenado a tres años de cárcel en 2018 por desviar fondos del sindicato. El Supremo confirmó la pena, pero no entró en prisión por los informes forenses que certificaron que sufría un deterioro de su salud
El alto tribunal explicó en su sentencia que a tenor de los hechos declarados probados por la Audiencia Provincial "se desprende una conducta ininterrumpida" desde 1989 hasta 2012 en la que Fernández Villa se prevalió de sus cargos e "hizo suyas diversas cantidades de las organizaciones que representaba".
Además, el TS descartó que se debiese haber aplicado lo previsto en la ley para casos de demencia sobrevenida y avaló las razones de la Audiencia, que concluyó a la vista de los informes médicos que Fernández Villa sufría diversas patologías, si bien no padecía -en 2020- un notable deterioro mental de sus funciones cognitivas, volitivas e intelectivas asimilable a la "demencia" que le impidiera conocer la trascendencia del juicio y el significado de la acusación.
El Supremo rechazó igualmente la pretensión de Fernández Villa de devolver, no el dinero apropiado, sino los bienes que adquirió con éste porque "no puede imponerse al perjudicado que acepte como indemnización la sustitución del dinero del que fue indebidamente privado por los bienes adquiridos".
Una pena confirmada que no ejecutó el ingreso en prisión
En 2021, la Audiencia Provincial determinó la suspensión del ingreso en prisión de Fernández Villa al apreciar que en esa fecha sí se había producido ya el deterioro generalizado de su estado de salud tras acoger las tesis de la abogada Ana García Boto, que ejerce la defensa del exlíder minero, quien viene reclamando desde hace años el sobreseimiento y archivo de las actuaciones en base a ese delicado estado de salud.
Ahora, cuatro años después de que el alto tribunal ratificara la condena y que la Audiencia suspendiera su encarcelamiento por la apropiación indebida de los fondos del sindicato, Fernández Villa se ha librado por razones médicas, de comparecer de momento en sede judicial en calidad de investigado por el 'caso Hulla'.
En un auto, dictado el pasado 3 de abril, la magistrada-jueza titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo, María Begoña Fernández, acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de la causa seguida contra él al entender que presenta un cuadro de deterioro de su salud mental que "le imposibilita" comparecer y participar en el procedimiento "con las debidas garantías y en condiciones de igualdad y sin indefensión".
Por tanto, a la vista de los informes forenses, estima que "carecería de capacidad para ser justiciable" puesto que debido a su estado "hace inviable su comprensión sobre el desarrollo del proceso con las garantías descritas", si bien deberá someterse a revisiones médicas posteriores para decidir sobre su futuro procesal en el caso de que pudieran mejorar sus condiciones mentales o, en el supuesto contrario, sobreseer la causa referida a su persona de forma definitiva.
El deteriorado estado de salud mental
Fernández Villa ya no es el mismo líder que desde sus cargos como miembro de las Comisiones Ejecutiva Regional de la Federación Socialista de Asturias o de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ejercía un poder que era incuestionable e indiscutible.
Hoy, cumplidos ya los 81 años, el hombre que llegó a ejercer un relevante papel dentro de las huelgas mineras de la década de los años ochenta del siglo pasado en Asturias, el mismo que presidió el Instituto para la Formación, Investigación, Documentación y Estudios Sociales (Infide), uno de los proyectos impulsados por el SOMA en el entorno sociopolítico de las cuencas mineras, el senador por Asturias (entre 1999 y 2003) y diputado de la Junta General del Principado entre 1983 hasta mayo de 2007 ya no es capaz de seguir un procedimiento judicial "con las debidas garantías y en condiciones de igualdad y sin indefensión".
Su deteriorado estado mental le impide comprender su desarrollo, según corroboran los forenses. Entre tanto, continúa la investigación para tratar de determinar si hubo desvío de fondos de las obras del geriátrico de Felechosa y en qué va a acabar la larga instrucción del 'caso Hulla'.