La situación en la Unidad de Detención 11 de Neuquén es dramática. Hay 264 personas alojadas en un espacio para 233, y la superpoblación representa apenas uno de los problemas. La instalación eléctrica es precaria y se combina con el agua que inunda permanentemente algunas celdas, por lo que el peligro de electrocución es constante. Hay sectores sin luz donde los detenidos permanecen a oscuras hasta diez horas por día. Por las diminutas ventanas ingresa una pobre claridad natural pero el frío se cuela sin dificultades y la calefacción no funciona. Tampoco el sistema contra incendios de modo que si ocurre un siniestro las consecuencias podrían ser catastróficas. No hay frazadas para todos, aunque muchas se amontonan en un depósito de la cárcel. Por qué no las distribuyen, no se sabe. Hay personas que duermen en el piso; otras le quitaron la tela a los colchones para usarla como abrigo.
Así surge de un relevamiento que realizó el Comité Contra la Tortura, expuesto este martes en una audiencia judicial en presencia del Ministro de Seguridad, Matías Nicolini, de quien depende la cárcel.
Luego de tres horas netas de debate, la jueza de Ejecución Penal, Raquel Gass, le dio un plazo de tres meses al Gobierno provincial para que habilite el Pabellón 7, cuya refacción dejó pendiente la administración anterior. El sector está desocupado desde octubre del 2023 y las personas fueron amontonadas en otros pabellones.
Tal como lo pidieron desde la defensa de Ejecución Penal, Luciana Petraglia y Juan Galarraga; y Natalia Lacoste y Carolina Mauri por la fiscalía, la intimación fue bajo apercibimiento de imponerle una multa por cada día de incumplimiento, lo que se conoce como astreintes.
Sin todos los materiales no empieza la obra
Para evitar que la historia se repita, la jueza dispuso también la prohibición de iniciar cualquier obra de refacción «hasta tanto no estén comprados los materiales para que se pueda dar inicio y fin» a los trabajos.
«No se puede seguir desalojando pabellones para iniciar una obra y que se extienda sin plazos, es imposible, eso pasó con el 7. Si se va a encarar una obra, hay que prever los materiales y después hacer el realojamiento de internos, que no es menor», indicó Gass.
Sistema contra incendios
Por otro lado dio un plazo de 24 horas para que el gobierno informe si están los matafuegos en los pabellones, y en caso contrario que se repongan de inmediato. En tres meses debe estar instalado y en funciones el sistema contra incendios.
Esta crisis carcelaria tuvo sus víctimas fatales: la defensora Petraglia recordó que el 30 de agosto del 2022 murieron los internos Maximiliano Mérgola y Víctor Herrera, asfixiados por un incendio.
Sobre la calefacción, Gass indicó que son «equipos viejos, el costo de reemplazarlos es enorme. Se les hacen mantenimientos anuales pero cuando empieza el frío, nos encontramos con que hay varios pabellones» a los que no llega el calor. Incluso la semana pasada los internos del Pabellón 1 presentaron un hábeas corpus para hacer el reclamo.
La jueza otorgó siete días de plazo para que se garantice la calefacción y el agua caliente a todas las personas alojadas en la Primera Circunscripción.
Son 325 sólo en Unidades de Detención, hay más en comisarías «en condiciones peores» dijo Gass. «Es insólito, pero los condenados piden ser trasladados a la Unidad 11 por las condiciones en las comisarías».
El pabellón 6B
Ordenó de igual manera la compra de colchones, y para el Pabellón 6B deben ser ignífugos. Los internos los rechazan porque son incómodos, pero «la situación allí es más compleja y son necesarios».
El informe del Comité reflejó de manera particular la crítica situación en ese área. Dijo Buamscha que carece por completo de luz, por lo que pasan «más de 10 horas a oscuras en el invierno y la luz natural es escasa. Se considera esta situación una forma de tortura».
Sumado a esto «no existen los objetos personales, las mudas de ropa, las frazadas ni las almohadas. No existen los utensilios de ningún tipo ni objetos personales. Se observan casi todas las celdas con restos de hollín y dos en particular con olor penetrante a hollín de algún incendio reciente».
Nicolini, conforme
Al término de la audiencia, el ministro Nicolini dijo a diario RÍO NEGRO que se iba conforme y expresó confianza en que podrá cumplir con los plazos que le impusieron. Sobre el Pabellón 7 dijo que en 15 días a un mes estaría habilitado.
Cuando le tocó declarar como testigo evitó dar plazos para todas las obras pendientes. «Estamos trabajando. Por ejemplo para la red contra incendios la necesidad de materiales bajó de más de 100 millones de pesos a 22 millones. No quiero dar plazos, pero estamos trabajando».
La defensora Petraglia le remarcó que los plazos son importantes para la administración pública y para el hábeas corpus, por lo que insistió con pedirle que fije algún término.
Nicolini respondió que la declaración de emergencia carcelaria ayuda a acelerar los tiempos, pero hay pasos que se deben cumplir como por ejemplo la evaluación de las ofertas. «No se puede contratar cualquier cosa, estamos defendiendo el erario público», dijo.
La crisis crece
El Comité Contra la Tortura realizó un monitoreo entre el 15 de febrero y el 10 de marzo. Entrevistaron a 250 internos y relevaron una por una todas las celdas y rincones de la cárcel. Llegó a la conclusión de que no cumplen «ningún estándar de habitabilidad».
La defensora Petraglia remarcó que «desde 2014 a hoy, la población penal crece a un ritmo de 7% a 10% anual. A cinco años de la entrega de la cárcel de Senillosa al Servicio Penitenciario Federal vemos cuánto perdimos; hoy podríamos tener a todos los internos allí» y no habría sobrepoblación.
Rescató la «buena voluntad» de las nuevas autoridades, tuvo en cuenta que asumieron en diciembre del año pasado, pero destacó que «hay que garantizar la continuidad del Estado».
La audiencia se realizó justo cuando se cumplió un año del triunfo de Rolando Figueroa en las elecciones para gobernador. Si algo quedó claro, fue que la crisis carcelaria en el mejor de los casos apenas ocupó un renglón en la agenda de la transición.
División de poderes
La jueza Gass expresó que «hemos tenido una ausencia de política penitenciaria«, pero aclaró que «yo respeto la división de poderes. El diseño, la elaboración y la confección de esas políticas corresponden al Poder Ejecutivo. El Poder Judicial no co-gestiona, sino que controla a posterior».
En la audiencia declararon como testigos, aparte de Nicolini, el director de Unidades de Detención, comisario mayor Ricardo Vergara, el director de Políticas Penitenciarias, Gastón Ponce, y la directora de Población Judicializada, Natalia Vallejos.
Junto a la defensa se sentó la presidenta del Comité Contra la Tortura, Estefanía Buamscha, un hecho que Petraglia calificó de «histórico».