La investigación comenzó cuando los guardias civiles conocieron que una persona reclusa en el Centro Penitenciario de Puerto III, bajo la apariencia de un contrato de arrendamiento, había cedido un inmueble de su propiedad en Paterna de Rivera a la organización para que dentro del mismo se efectuaran las operaciones de cultivo, manipulación y secado de marihuana.
Las investigaciones realizadas llevaron al convencimiento de que en dicha localidad se habría utilizado este domicilio, supuestamente alquilado, donde se podrían estar llevando a cabo actividades de cultivo indoor de cannabis, manipulación y envasado de esta sustancia. Las investigaciones apuntaban a una pluraridad de personas que actuaban como una organización criminal, perfectamente jerarquizada, ostentando cada uno de los participantes roles muy definidos: el jefe y líder de la organización que, además era el encargado de la distribución y venta de la producción obtenida; un subjefe encargado de asignación de cometidos y tareas; 2 personas con funciones de seguridad y vigilancia; 3 personas como los cuidadores o jardineros, encargados de la recolección y pelado de las plantas cultivadas; y otras 3 personas con funciones de apoyo logístico al facilitar medio de transporte y lugar para la comisión del ilícito penal.
Durante el registro domiciliario se aprehendieron 765 plantas de cannabis en estado óptimo de floración, que arrojaron un peso total de 67 kilogramos.
Esta droga había sido manipulada genéticamente para aumentar el porcentaje de THC, llegando a un total del 24%, motivo por el que su valor en el mercado ilícito hubiera ascendido considerablemente.
Por ello se procedió a la detención de 7 personas en las localidades de Paterna de Rivera y Jerez de la Frontera. De igual modo se procedió a la investigación de otras 3 personas por su participación en los hechos delictivos. Todo ello como presuntos autores de un delito contra la salud pública, en su subtipo de cultivo y elaboración de drogas tóxicas, pertenencia a organización criminal, en concurso con delito de defraudación de fluido eléctrico y otro delito contra la seguridad vial.
Por la autoridad judicial fue decretado el ingreso en prisión provisional, sin fianza, para 6 de las 7 personas detenidas.