El sistema carcelario dominicano es hoy un inframundo operado por el crimen organizado que impone sus designios en las cárceles y patrocina fuera de los recintos a grupos de narcotraficantes, sicarios y delincuentes cibernéticos.
Al referirse a ese drama, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, refiere casos de asesinatos perpetrados durante conflictos entre bandas en recintos carcelarios, al plantear que debe trasladarse los presos de la cárcel La Victoria a la nueva penitenciaria de Las Parras.
El funcionario aboga también por retomar el proceso de modernización o de humanización del sistema penitenciario, precedido de la habilitación de unos 655 espacios en cárceles actuales que servirían para descongestionar otros recintos.
El incendio del pasado 18 de marzo en la penitenciaría de La Victoria, que afectó dos pabellones y causó la muerte de al menos 13 reclusos, obligó a las autoridades a trasladar más de mil 500 internos a otras cárceles, la mayoría de los cuales perdió conexion con el sistema de justicia.
A más de dos semanas de esa tragedia, la Dirección de Prisiones no ha identificado por sus nombres y apellidos a todos los internos fallecidos ni tampoco ofrecido información a parientes de reclusos sobre su paradero o precisar si perecieron en el siniestro.
Aun cuando se disponga el traslado de reclusos de La Victoria hacia pabellones disponibles en la cárcel Las Parras, se mantendría el congestionamiento carcelario, con mayoría de internos preventivos, porque son más los casos penales generados por el Ministerio Público que las sentencias emanadas del orden judicial.
Difícil es hablar de reforma carcelaria con el nuevo Código Penal congelado por años en el Congreso y sin voluntad política en las cámaras legislativas para emprender la revisión del Código Procesal Penal, a los fines de poder agilizar los procesos penales a nivel de Ministerio Publico y de orden judicial.
El momento es propicio para que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial se aboquen a una reforma de esos códigos como única manera de garantizar debido proceso, libre acceso a una rápida, eficiente y sana justicia y a un sistema penitenciario moderno que evite que reclusos preventivos se pudran en las cárceles, sin ser requeridos por un fiscal o ver el rostro de un juez.