Casi dos millones de ciudadanos vascos están llamados a las urnas este domingo. El nuevo lehendakari partirá con datos positivos en términos de empleo, con una tasa de paro situada en el 6,3% y con un nivel de ocupados que supera el millón, según la Encuesta de Población Activa del último trimestre de 2023. Sin embargo, también tendrá el reto de poner en marcha una reforma del Lanbide, el servicio público de empleo vasco, ya que como ocurre en el resto de territorios, estas oficinas no están siendo capaces de cubrir las necesidades de empresas y desempleados. Al tiempo que tendrá que encabezar las negociaciones con el Gobierno central para el traspaso de la gestión económica de la Seguridad Social, pactada entre PSOE y PNV.
Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez se ha marcado el reto de alcanzar una tasa de paro del 8% para el final de la legislatura (2027), el País Vasco lleva la delantera en esta tarea y se mantiene en ese umbral o incluso por debajo desde finales de 2021, justo antes de que entrase en vigor la reforma laboral y cuando la economía empezó a recuperarse tras la crisis del coronavirus. Este territorio ha sido históricamente el que menos desempleados tenía registrados en sus oficinas, incluso en lo peor de la crisis financiera, debido al peso que tiene en esta región la industria; si bien Euskadi comparte el problema de paro juvenil con el resto de España, dado que en el caso de los menores de 25 años roza el 20% y en el de las jóvenes de menos de 20 llega al 60%.
Esta comunidad autónoma también tiene un reparto singular de los trabajadores en entre las diferentes actividades económicas, tal y como refleja la encuesta del INE. El grupo más abultado es el del sector público, en el que se enmarca el personal de la administración, los servicios sanitarios y el sector educativo, que rozaba las 275.000 personas empleadas a finales de 2023. Le siguen el sector del comercio, transporte y hostelería (226.500 trabajadores) y lo más significativo, más de 200.000 profesionales que desempeñan algún trabajo en la industria, a los que habría que sumar otra cifra semejante de la industria manufacturera (190.800 ocupados). En contrapartida, esto se traduce en un menor peso del sector de la información y las comunicaciones, el que más empleo ha creado a nivel nacional desde la pandemia (40.000 trabajadores).
Los trabajadores vascos también están bien remunerados, en líneas generales, con una base media de cotización de 2.526 euros, a pesar de que esta referencia tiene un sesgo a la baja porque la parte del salario que excede los 4.720,5 euros, está exenta de esta cotización. Este rasgo se traduce también en las pensiones de jubilación más elevadas del conjunto del territorio español, con una cuantía media de 1.758,96 euros en el mes de marzo, según la estadística publicada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Puede que el próximo lehendakari también tenga que asumir la gestión de estas nóminas, dado que la trasferencia está pendiente desde hace décadas y las formaciones que ahora ocupan ambos ejecutivos han dado pasos para avanzar en ella sin romper la 'caja única' de la Seguridad Social.
Se trata de una cuestión incluida en el Estatuto del Gernika y una demanda histórica de los partidos nacionalistas vascos, el PNV lo incluyó entre las demandas para dar su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez en 2020 y después, la entonces ministra de Política Territorial fijó un calendario con el Gobierno vasco en el que acordaron estudiar el traspaso de la gestión económica de la Seguridad Social en 2021. Este programa quedó en papel mojado con la llegada de la pandemia, por lo que volvió a aflorar en los pactos posteriores a las elecciones generales de este verano, donde PNV y PSOE acordaron concretar el traspaso de todas las competencias pendientes en un plazo máximo de dos años, es decir, antes de noviembre de 2025.
El País Vasco ya gestiona una de las ayudas creadas por este ministerio, el Ingreso Mínimo Vital, diseñado en el marco de la pandemia para atender a las personas que estaban en situación de exclusión o riesgo de estarlo y no contaban con ingresos. El Tribunal Constitucional ha avalado este paso en dos ocasiones, al entender que no supone ningún riesgo para la 'caja única' puesto que los territorios tienen que aplicar la norma estatal y porque el régimen foral les permite asumir el pago de la nómina para descontarlo después del cupo y aportar el importe que se derive del convenio económico firmado con el Estado. Además, todos los territorios del régimen común pueden asumir su gestión desde diciembre gracias a una modificación normativa.