Sucedió el viernes. El Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche de Madrid fue el escenario de un nuevo motín, protagonizado por aproximadamente 79 internos, que volvió a evidenciar la vulnerabilidad de los policías, en un contexto marcado por la violencia y la falta de medios adecuados para garantizar la seguridad. Los alborotadores arrancaron váteres de las instalaciones y rompieron cristales, usando ese material para amenazar después a los nueve agentes que custodiaban el centro. Hasta el lugar acudieron agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), que controlaron la revuelta, sin necesitarse ningún tipo de intervención más.
Se trata del enésimo capítulo de rebelión protagonizado por migrantes contra las fuerzas del orden, que pone de manifiesto la debilidad de las fuerzas de seguridad en algunos escenarios críticos. Lo sucedido en Aluche, de hecho, recuerda al descontrol en las salas de asilo del aeropuerto de Barajas el pasado mes de enero.
Fuentes del Sindicato Unificado de Policía (SUP) aseguran a LA RAZÓN que ambos episodios tienen algo en común. «Estos hechos no son producto del azar, sino de una política migratoria que venimos arrastrando desde hace tiempo, siendo el mejor ejemplo Barajas, donde sufrimos esa avalancha de solicitudes masivas de asilo. La mayoría de estos asilos realizados en fraude de ley que colapsaron esas salas y provocaron esa entrada masiva de forma irregular».
La situación es crítica. La llegada irregular de personas a nuestras costas no cesa y registra números históricos. La gestión de estos flujos está tensionando unos recursos de acogida, que llevan años colapsados. Con el mismo número de plazas en los CIE y sin medidas urgentes para proteger a los agentes, muchos migrantes se siente impunes y protagonizan acciones violentas sin que la Justicia caiga sobre ellos. «Son precisas medidas más robustas en los CIE, ya que estas instalaciones carecen de las más elementales medidas de seguridad. Las infraestructuras tienen que ser fuertes y no endebles como en este caso», aseguran estas mismas fuentes. Las imágenes, a las que ha tenido acceso LA RAZÓN, muestran la destrucción de mobiliario, puertas y ventanas. Asimismo, desde el SUP critican la difusión de vídeos durante el motín en los que se escuchan amenazas a los agentes a través de una cristalera por parte de un grupo de internos.
«El suceso ha revelado, una vez más, las irregulares de los CIE –en este caso el de Aluche– y la nula seguridad jurídica y física de nuestros policías. Este motín ha puesto en peligro la vida de los policías y de los propias internos , en un contexto marcado por la violencia desmedida y la falta de medios adecuados para garantizar la seguridad de todos», describen a este medio fuentes del sindicato.
Si bien es cierto que el incidente fue rápidamente neutralizado – tan solo uno de los implicados se autolesionó con varios cortes con cristales rotos– desde el SUP reclaman «la provisión urgente de chalecos antibala individuales y material antidisturbio actualizado porque el actual es insuficiente y está descatalogado». Paralelamente, ponen el acento en la seguridad jurídica. Insisten en que algunas ONG «fomentan la tensión y desobediencia en los CIE», una situación que, sumada a «las nulas consecuencias» de los episodios de rebelión en estos centros de internamiento o en el aeropuerto de Barajas a principio de año, propicia un entorno volátil y peligroso que fomenta «una alta rotación en la unidad». «Ningún policía quiere trabajar en estas condiciones y abandona en cuanto puede», concluyen.
El CIE de Aluche, en el punto de mira tras la orden de reapertura de Marlaska
► En plena crisis en el aeropuerto de Barajas por el hacinamiento de inmigrantes en la sala de inadmitidos a principio de este año, se procedió a la reapertura del CIE de Aluche, muy criticado durante el mandato de Mariano Rajoy. El titular de Interior, Fernando Grande- Marlaska, decidió reabrirlo, pese a que se encontraba en obras como parche al caos en el aeródromo madrileño. El centro tiene 214 plazas, 30 de ellas para mujeres internas. El límite de estancia en un CIE son 60 días y allí reciben asesoramiento. Desde el SUP critican las prácticas de algunas ONG porque aseguran que favorecen la inmigración irregular y el efecto llamada. «A diario van a entrevistarse con los internos para que les cuenten cómo va el día a día y sacar lo mínimo para hacer una denuncia contra el centro o los policías, aun a sabiendas de que esa denuncia no tenga ningún tipo de recorrido», critican desde el SUP. Sin ir más lejos, en febrero un juzgado de Madrid abrió una investigación tras recibir la denuncia de tres ONG que señalaron presuntas agresiones de los policías a los internos en Aluche.
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