La diferencia en las intenciones de voto entre la población que recibe programas sociales y las que no es el dato más revelador en la encuesta de El Financiero, coordinada por Alejandro Moreno, uno de los profesionales más serios y rigurosos en el difícil oficio del estudio de la opinión pública. Claudia Sheinbaum arrollaría entre los primeros; Xóchitl Gálvez sin la misma ventaja, pero suficiente, prevalecería entre los segundos.
De materializarse lo que el estudio muestra sería tanto como que la elección se decidiera por el clientelismo electoral. Aunque es el dato del encuestador, difícil y complicado que así ocurra por varias razones, la primera porque quienes más participan en la encuesta son los decididos a votar por el oficialismo; segundo, es posible que haya un grupo que dice que va a votar por la candidata presidencial del gobierno sin que necesariamente lo tenga resuelto y solo responde por el miedo a perder los beneficios. Además, la población desconfía de los encuestadores porque no tiene certeza del secreto del proceso o si quien pregunta sea alguien del gobierno.
Como réplica a los fatalistas de que el hambre se impone a la dignidad está la existencia de razones superiores al del beneficio gubernamental monetario para determinar la conducta electoral, como la inseguridad, el deterioro de la seguridad y la persistente corrupción. No pocos se manifiestan conformes con el pago a cambio de nada, pero para muchos es insuficiente; con el paso del tiempo, la gratitud de ayer puede ser derecho hoy y mañana exigencia.
Significativo y revelador que Xóchitl Gálvez gane en el segmento de población sin programas sociales; relevante en dos sentidos: la candidata es más competitiva de lo que muchos asumen y la mayoría de la población libre de presión por el clientelismo electoral dice preferirle, ventaja cualitativa que puede crecer en el tiempo o al momento de votar.
Como quiera que sea, si la elección la determina la recepción del beneficio ganaría el oficialismo, todo un caso porque muchos asumen, sin razón, que el origen de la beca o pago es gracia del presidente López Obrador y no una determinación del Congreso por consenso. A pesar del esfuerzo de la candidata opositora, el oficialismo es propietario en el plano de los beneficios sociales.
El tema del bienestar de la población a partir de los programas sociales es un asunto en el que la oposición compite con desventaja y para la oposición es difícil convencer que el voto de todos los partidos los llevó a la autorización; tampoco será de mucha utilidad la oferta de perfeccionar, ampliar o incrementar las asignaciones monetarias. Desde luego que debe haber postura, pero no debe ser la apuesta mayor; el gobierno y sus candidatos tienen ganada esa batalla.
Sería útil que el encuestador presentara el cruce de intención de voto según la evaluación de la política de seguridad pública, la corrupción o los servicios de salud. Esto es relevante porque la oposición debe definir el plano sobre el que pretende dirimir la elección. López Obrador tercamente insiste en que la inseguridad es consecuencia de la guerra de Calderón, emprendida quince años atrás, y no falta quien se la compre. También ha reiterado que la política de abrazos y no balazos es la respuesta idónea a la violencia, a la vez que dice que la solución es atacar al problema en sus causas; para él, la pobreza. Los señalamientos del presidente, avalados por su candidata, son frágiles en extremo y día a día menos creíbles, particularmente porque en todos los territorios de alta criminalidad, con excepción de Guanajuato, gobierna Morena. La asociación del oficialismo con criminalidad y violencia no resulta tan complicada, pero es insuficiente; se requiere, además, un razonamiento sencillo, pero convincente sobre qué hacer. Llama la atención que el combate a la impunidad, la mayor razón para entender la proliferación delincuencial no sea el centro del debate.
Medrar de la pobreza le ha dado resultado al oficialismo; es su mayor fortaleza para prevalecer en la elección. Sin embargo, los problemas que encaran las personas y sus familias van más allá. Todo apunta que la lucha contra la impunidad, la persistente corrupción y el colapso del sistema de salud y desabasto de medicamentos son temas de fortaleza para convocar a los electores a votar por el cambio, no por la continuidad.