Conoció la retorica de la revolución cuando ya era un hombre grande y confundió la mística revolucionaria con los métodos mafiosos. Antes, Aníbal Fernández había sido un conservador dirigente del duro y arisco conurbano bonaerense.
Suele usar un lenguaje barriobajero y maleducado para hacer política, tal vez porque esa es la escuela en la que aprendió en la indómita Buenos Aires. La versiones lo vincularon con el tráfico de efedrina (una sustancia imprescindible para fabricar la metanfetamina, una droga poderosa) y la Iglesia argentina lo cruzó en 2015 hasta arruinarle su carrera hacia la gobernación bonaerense, que perdió.
Nunca se llevó bien con Alberto Fernández, por quien sentía celos políticos por la cercanía de este con Néstor y Cristina Kirchner. El actual presidente lo mandó en 2020 de penitencia como interventor de Yacimientos Carboníferos Fiscales, que era mucho si se lo compara con la perdidosa candidatura de Aníbal a concejal en Pinamar un año antes.
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Alberto Fernández sabía que su tocayo Aníbal le provocaría más problemas que los que resolvería, pero la derrota es la madre de las herejías, las rectificaciones y las paradojas.
El nombre de Aníbal Fernández volvió a cobrar vuelo (mal vuelo) el lunes último cuando en un tuit patotero amenazó a la familia de Nik, un dibujante y humorista con un olfato político más fino que el de muchos analistas políticos.
El ministro de Seguridad no nombró a las hijas de Nik, pero sí nombró al colegio donde ellas estudian (la prestigiosa ORT) y, de paso, deslizó una mentira: que esa institución recibe subsidios del Estado.
La ORT no recibe ningún subsidio estatal; es financiada mayormente por las contribuciones de la comunidad judía; admite el ingreso de niños y jóvenes de cualquier religión, y otorga becas a jóvenes pobres sin distinción de credos.
* Lee el artículo completo de Joaquín Morales Solá en La Nación