La portavoz del Consell, Ruth Merino, ha calificado como "beligerante" y "poco constructiva" a la actitud del Gobierno central por preferir la futura ley de Concordia y no otras leyes como la de financiación, la cual "lleva más de diez años caducada".
La funcionaria considera más útil reformar esta última ley que preocuparse por una que aún se encuentra en fase de tramitación parlamentaria.
Merino ha recordado que la dilatación del cambio del sistema de financiación trae perjuicios económicos para la Comunidad Valenciana afectando diariamente la educación, sanidad y los servicios sociales.
En una rueda de prensa posterior al pleno del Ejecutivo valenciano, la también consellera de Hacienda lamenta que, en el ámbito social, no haya "ningún contacto" ni "notificación oficial" desde hace meses.
En lugar de ello, Merino ha desaprobado que lo único que se está difundiendo en los medios de comunicación sean "anuncios" y "publicidad", que aumentan en periodo electoral.
Reclamo por entregas no realizadas
La consellera, además, ha recordado que su institución viene exigiendo desde hace mucho tiempo que haya comunicación sobre la actualización de entregas.
Estas entregas son fondos importantes que impactan directamente en la capacidad de la Comunidad para abordar asuntos cruciales como la atención sanitaria.
La falta de estos fondos ha resultado en una pérdida de alrededor de 90 millones de euros al mes desde enero, según ha calculado la responsable de Hacienda pública valenciana.
Sobre el rechazo del Gobierno a la proposición de la Ley de Concordia, Merino ha señalado que el Ejecutivo estatal debería explicar por qué no quieren ampliar el reconocimiento a las víctimas del terrorismo de ETA.
Colaboración con el sector privado
En cuanto a los asuntos aprobados por el Consell, ha resaltado el convenio con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) para promover la colaboración entre instituciones y fomentar la construcción de viviendas de protección pública en los municipios de la Comunidad mediante asociaciones público-privadas.
Este acuerdo fue presentado por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Además, el pleno ha aprobado el nombramiento de José Manuel Camarero Benítez como director general de Turismo de la Generalidad, así como la designación de Juan Salvador Oliver como presidente del Consell Escolar de la Comunidad Valenciana.