El decreto, a través de su artículo 18, elimina disposiciones de la Ley de Presupuesto 2023, que estipulaban la transferencia de fondos por parte de la ANSES a las provincias. Esta medida ha sido percibida por los mandatarios provinciales como un recorte directo de recursos establecidos por ley, lo que ha exacerbado la tensión en las negociaciones.
Desde la Casa Rosada se ha argumentado que las partidas continúan disponibles pero han sido reasignadas a otros fines provinciales. Sin embargo, las provincias ven en este recorte un obstáculo para firmar el Pacto de Mayo, con algunos gobernadores señalando falta de voluntad por parte del gobierno nacional para colaborar con las provincias.
El diputado radical ha señalado que esta medida no favorece al relato libertario, mientras que en el Congreso se interpreta que el Poder Ejecutivo está buscando ganar tiempo con medidas superficiales, despreciando el diálogo político.
A pesar de este conflicto, los gobernadores continúan trabajando en un acuerdo sobre el paquete fiscal, especialmente en lo referente al impuesto a las ganancias, aunque persisten diferencias significativas, particularmente en el caso de las provincias patagónicas.
El decreto 280 afecta a las cajas previsionales de varias provincias, entre ellas Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, «La Pampa», Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.