El presidente de Aragón, Jorge Azcón, se sacudió este jueves de un plumazo las acusaciones de que quiere terminar con la Memoria Democrática en su región. El Gobierno de España lleva una semana acusando a los Ejecutivos autonómicos del PP y Vox, entre ellos el aragonés, de promover leyes "inconstitucionales" contra la Memoria Democrática, las cuales recurrirá al Tribunal Constitucional y a organismos internacionales.
Apenas unas horas después de que fuentes socialistas confirmasen este extremo, el Gobierno de Azcón dio un volantazo que rebate los argumentos de Moncloa con un nuevo anuncio: elevará en un 10% el presupuesto destinado a proyectos memorialistas.
Estos fondos se dedicarán a labores como la apertura de fosas para exhumar restos de la Guerra Civil y el reconocimiento de las víctimas. Si el anterior Ejecutivo del PSOE destinaba 100.000 euros a estas iniciativas, el de PP y Vox pondrá 110.000; eso sí, sin contar con las asociaciones.
"Seguimos con las exhumaciones y se amplía un 10% la partida", recalca el presidente regional en conversación con EL ESPAÑOL. "Hemos cumplido con nuestro programa y la derogación de la ley [de Memoria Democrática] es jurídicamente impecable", señala el líder del Ejecutivo regional.
A diferencia de otros gobiernos como Valencia o Castilla y León, que han sustituido las anteriores leyes de Memoria Democrática por otras denominadas de Concordia, el de Aragón optó por una vía más quirúrgica para despegarse de la antigua normativa: una ley de artículo único que simplemente eliminó la legislación anterior.
En su lugar, el Ejecutivo de Azcón impulsa un Plan de Concordia Democrática, Reconciliación, Recuerdo y Reconocimiento de las víctimas, que presentó el pasado noviembre: incluye fondos para la exhumación de restos, así como el reconocimiento oficial de las víctimas, también las del terrorismo yihadista y de ETA.
El cambio de paradigma es notable, ya que las actuaciones promovidas dejarán de depender de las asociaciones memorialistas y pasarán a depender por entero del Gobierno, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural. La intención, dicen fuentes del gabinete de Azcón, es que cualquier particular proponga las exhumaciones y avise a Patrimonio Cultural, que será quien firme el proyecto si lo ve oportuno.
Toda esta ampliación presupuestaria nacerá a partir del Plan de Concordia (que no ley), "que el gobierno ya está haciendo" y que "no tardará demasiado en conocerse".
Las exhumaciones
Coincidiendo con su visita este jueves al Valle de Cuelgamuros, Pedro Sánchez anunció que denunciará ante el Tribunal Constitucional, la ONU, el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa la decisión de Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León de derogar sus leyes de Memoria Democrática autonómicas.
En concreto, el Gobierno tiene intención de recurrir al Relator especial sobre Verdad, Justicia y Reparación y al Relator de Ejecuciones Extrajudiciales de Naciones Unidas para que "para ponerles en conocimiento de la gravedad de la situación".
También promoverá un debate y votación en la Eurocámara y un informe de la Secretaría General del Consejo, al respecto, e invocará la posible violación de varias disposiciones del Convenio de Derechos Humanos para promover un debate urgente en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, como ha informado EL ESPAÑOL.