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En cuestión de un mes, o muy poco más, Pedro Sánchez habrá cumplido su deseo de aprobar la ley de amnistía. El objetivo de sus promotores es que entre en vigor de inmediato, y que aquellos que cometieron delitos de diferente tipo, relacionados con el proceso independentista, queden libres de cualquier responsabilidad, como si nada hubiera ocurrido en aquellos días de permanente desafío al estado de derecho y a la Constitución.
Sin embargo, buena parte de los investigados por terrorismo muestran una fe más bien contenida, un entusiasmo muy relativo hacia esa ley, porque se han fugado. No hablamos solo de los prófugos de larga trayectoria, como Puigdemont o Marta Rovira, que llevan años fuera de España. Hablamos también de otros dirigentes del independentismo que se marcharon hace pocos meses, pocas semanas, e incluso pocos días. Son hasta ocho de doce, y están siendo investigados por terrorismo en el Tribunal Supremo o en la Audiencia Nacional, por el conocido como caso del Tsunami Democratic.
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Y ni el Supremo ni la Audiencia han paralizado sus actuaciones judiciales, a pesar de los movimientos políticos destinados a frenarlas.
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