El último jueves, ciudadanos de diversas regiones del Perú se congregaron en la capital para movilizarse y manifestar su preocupación por las consecuencias mortales y de salud que la contaminación por metales pesados ha causado históricamente en sus comunidades.
Durante la jornada de protesta, las personas se presentaron frente al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), exigiendo una mayor atención sanitaria y asignación de recursos para enfrentar esta problemática, señalando que las mineras transnacionales siguen siendo las principales responsables de la afectación de ríos, lagos y del deterioro de la flora y fauna.
Actualmente, esta situación viene impactando a 3 de cada 10 peruanos, siendo en total más de 10 millones de personas expuestas a dichos riesgos, según datos del Ministerio de Salud.
Ante ello, la plataforma nacional de los afectados por metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas ha tomado la iniciativa de convocar a este grupo poblacional conformado por ciudadanos de los departamentos de Pasco, Cuzco, Junín, Cajamarca, Apurímac, Puno, entre otros.
Esto con el objetivo de visibilizar los impactos en la salud física y mental que la presencia de metales pesados como el plomo y el mercurio tiene en la población y la naturaleza.
¿Qué se demanda exactamente?
La demanda central por parte de estos ciudadanos se enfoca en la necesidad de implementar medidas efectivas contra la contaminación generada por las actividades extractivas.
Para ello, la plataforma —integrada por afectados de las regiones de Cajamarca, La Libertad, Áncash, Loreto, Lambayeque, Amazonas, Pasco, Junín, Huancavelica, Moquegua, Puno, Cusco, Lima provincias y Callao— busca no solo reconocimiento y actuación por parte de las autoridades, sino también apoyo médico especializado y financiamiento para mitigar los daños ya causados.
"Hemos venido a la puerta de la OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental) porque, a nivel nacional, no ha fiscalizado a las grandes mineras transnacionales contaminadoras (...) en estas regiones, la presencia de actividades extractivas, como la minería y el petróleo, han dejado una estela de contaminación y derrames que se expresan en afectación a la salud de comunidades enteras y personas de diversas edades con metales como el plomo y el mercurio en el organismo", dijo a EFE el secretario general de la plataforma nacional de afectados y defensor del agua, Félix Suasaca.
Esto teniendo en cuenta que el 8 mayo de 2023, el Congreso de la República aprobó recientemente la Ley N.º 31189, diseñada para abordar y mitigar los problemas de salud derivados de la contaminación por metales pesados y sustancias químicas peligrosas.
Afectados no ven avances del Poder Ejecutivo
La medida legislativa se enfoca especialmente en salvaguardar los derechos a una salud adecuada y a vivir en un ambiente libre de contaminación, poniendo énfasis en la protección de las comunidades vulnerables.
Está encaminada a fortalecer los procesos de prevención y atención médica para aquellos afectados por este grave problema ambiental y de salud pública, de la mano con la participación ciudadana activa en estos procesos.
Asimismo, la implementación de esta normativa exigirá una colaboración multisectorial, sumando esfuerzos del Ministerio de Salud (Minsa) y los otros nueve ministerios, lo cual subraya su alcance transversal y la importancia de la cooperación entre todas las carteras.
En ese marco, un componente clave de la ley es la creación y actualización del Registro Nacional de Personas Afectadas en la Salud por Contaminación con Metales Pesados y Otras Sustancias Químicas, el cual debe facilitar el acceso a información vital sobre la incidencia y prevalencia de los casos.
No obstante, a la fecha, los afectados por metales pesados aún no ven los avances anunciados por el Poder Ejecutivo para darles tratamiento médico y atención integral.