La pareja de Ayuso se querella contra la fiscal jefe de Madrid por revelación de secretos
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Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso e imputado por un fraude fiscal de 350.000 euros, ha presentado una querella contra dos responsables de la Fiscalía por supuesta revelación de secretos. El empresario, que tendrá que declarar el próximo 20 de mayo, acusa tanto a la fiscal jefe de Madrid como al fiscal que le investigó y denunció de haber difundido, a través de un comunicado, datos confidenciales sobre los correos en los que su defensa, en busca de un acuerdo, reconoció ante la Fiscalía que había cometido dos delitos fiscales.
Tal y como reveló elDiario.es en exclusiva, la Fiscalía denunció a Alberto González Amador ante los tribunales por dos delitos de fraude fiscal en concurso con falsedad documental. El empresario del sector sanitario, según la documentación del caso, ingresó varios millones de euros durante la pandemia, procedentes sobre todo de comisiones por intervenir en la venta de mascarillas, pero después urdió un sistema de facturas falsas para reducir los impuestos que tendría que haber pagado. Un fraude, entre los dos años, superior a los 350.000 euros.
Fue Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, quien filtró a varios medios de comunicación una información falsa que fue publicada por varios de ellos: que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador para después frenarlo por órdenes de algún superior. Fue la Fiscalía de Madrid la que poco después reveló la realidad en un comunicado: fue el abogado de González Amador el que comunicó por email al fiscal del caso que estaba dispuesto a llegar a un acuerdo, reconociendo que "ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda pública".
Tal y como ha revelado El Español, la defensa de González Amador ha decidido interponer acciones penales por ese comunicado, que considera una revelación de secretos delictiva que atribuye tanto al fiscal del caso, Julián Salto, como a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez. La querella se ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el competente por el aforamiento territorial de los fiscales, y la decisión está en manos de su presidente, Celso Rodríguez Padrón.
La publicación de ese comunicado por parte de la Fiscalía tras la filtración de datos erróneos sobre el proceso se ha traducido, entre otras cosas, en acciones judiciales por parte del Colegio de Abogados de Madrid. Esa denuncia ha sido repartida al juzgado de instrucción número 28 de la Plaza de Castilla de Madrid, que ahora tendrá que decidir si abre una causa, informan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.