Milei anulará otro decreto de Alberto Fernández para consolidar la desregulación
El Presidente tiene a la firma un nuevo DNU con el que busca dejar sin efecto una serie de disposiciones del gobierno del Frente de Todos para que el Estado pueda regular y fijar tarifas. La medida ya había sido objetada por la Justicia
El gobierno de Javier Milei se apresta a derogar por completo un decreto firmado por Alberto Fernández en plena pandemia por el cual declaró como "servicio público esencial" a la televisión por cable y los servicios de internet con lo cual fijaba una regulación estatal de las tarifas.
En la Casa Rosada confirmaron a El Cronista que Milei ya dio la orden para avanzar con el decreto que anulará por completo el DNU 690/2020 de Argentina Digital que dictó el expresidente Fernández en julio de 2020 y que luego recibió impugnaciones de la Justicia.
Si bien en la práctica la regulación estatal de las tarifas de cable y de internet no se cumplía por el fallo judicial que objetó la medida de Alberto Fernández, el decreto 690/2020 seguía teniendo vigencia y muchas cooperativas del interior se sometían al esquema tarifario que fijaba el Estado.
El decreto de Milei que deroga el DNU de Alberto Fernández está en revisión en la Jefatura de Gabinete y en la Secretaría de Legal y Técnica. Pero en cualquier momento será publicado en Boletín Oficial dijeron en el Gobierno.
Normativa y fallo judicial
En la norma que ahora se derogará y que dictaminó el anterior gobierno se estableció que "los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias de servicios TIC son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia".
Así, la autoridad de aplicación que era el ENACOM garantizaba la instrumentación de tarifas. En adelante, con la derogación de este decreto ya no habrá intervención estatal alguna en la regulación del servicio de cable y de internet.
Es cierto que el decreto 690 de Alberto Fernández ya había sido objetado en noviembre del año pasado por la Justicia ante una demanda que había presentado la empresa Telecom contra el Poder Ejecutivo Nacional en la que reclamó la nulidad del decreto.
Entre sus argumentos, la compañía destacó que la decisión del gobierno modificó el estado de situación que regía hasta entonces sobre las telecomunicaciones y que, entre otros cambios, le "impedía fijar en libertad los precios de sus servicios que son los de telefonía celular, televisión por cable e internet".
La Justicia federal declaró nulo el DNU por medio de un fallo de la jueza en lo contencioso administrativo federal Cecilia De Negre. Pero el gobierno de Alberto Fernández había apelado la medida.
La mayor parte de las grandes empresas no tenían reguladas sus tarifas en función de este fallo judicial. Pero las pequeñas cooperativas del interior seguían sometidas a la norma que ahora el gobierno de Milei va a derogar por completo.