Negocio inmobiliario
Sumar quiere gravar con IVA los pisos turísticos y pinchar la burbuja del alquiler en zonas tensionadas
La titular del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha abogado por limitar los alojamientos turísticos en las zonas tensionadas de las ciudades en un contexto de precios al alza. En una entrevista en la SER, la ministra ha aseverado que no busca "entrar" en las competencias de las comunidades, pero que el asunto es de su "incumbencia", dado que "está tensionando el mercado residencial y el derecho de acceso a la vivienda" y que no quiere que el centro de ciudades como Madrid "sea un parque temático". Aunque no ha detallado cómo lo hará.
Desde las filas del socio del PSOE en el Gobierno, Sumar, aportan una medida que puede partir del Ejecutivo sin invadir competencias. "Los apartamentos turísticos están exentos del pago del IVA y esto genera un desequilibrio respecto a los establecimientos hosteleros, que sí están sujetos a IVA", expone el portavoz económico de esa formación en el Congreso, Carlos Martín Urriza. Con ello se lograría, a su juicio, un doble efecto: "Limitarlos y reducir su alta tasa de rentabilidad".
La proliferación de apartamentos turísticos no ha tocado techo todavía en España, según fuentes del ámbito inmobiliario, pese a que, salpican ya el país 340.424 casas destinadas a arrendamientos de corta estancia, que ofertan más de 1,7 millones de plazas, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), de ellas unas 14.000 están ubicadas en Madrid.
Desde el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) confirman que "están exentos del IVA" aquellos arrendamientos de alojamientos turísticos "en los que el arrendador no presta servicios típicos de la industria hotelera". ¿Qué se considera tal? Está fijado que dentro de la actividad de hospedaje, se incluyan servicios tales como recepción y atención permanente y continuada al cliente en un espacio destinado al efecto, la limpieza periódica del alojamiento o el cambio de ropa de cama y baño, entre otros, no así en el caso del arrendamiento turístico. Aunque las fuentes de Gestha consultadas matizan que, de otro lado, el último no podrá "deducir en renta el 60% de los rendimientos netos positivos declarados", de lo que sí pueden beneficiarse los propietarios con viviendas en alquiler "con carácter permanente".
Fuentes del sector turístico no ven la medida "descabellada", al entender que "le están haciendo cierta competencia desleal a los establecimientos hoteleros que pagan todos sus impuestos" y "tienen un negocio montado que resulta muy rentable para unos pocos".
Hay suelo y recursos
Más allá del IVA, Martín Urriza cree que no se está combatiendo el "problema" de la vivienda de forma adecuada. "Si se quiere solucionar realmente, hay que afrontarlo como cuando se abordó el del acceso a la sanidad o el de tener una pensión durante la vejez, y no es con la colaboración público-privada, sino con el Estado entrando completamente en el tema, porque tiene los instrumentos para ello: el suelo para construir y los recursos ahora con los créditos blandos para vivienda. Puede hacer de promotor", sintetiza.
No hay que mirar de reojo, a su juicio. Recuerda que "España tiene un total de recursos asignado en el Plan de Recuperación europeo de 166.000 millones, de los que la mitad son transferencias a fondo perdido y, la otra, créditos blandos a 30 años, con los 10 primeros de carencia, es decir, no hay que pagar ni siquiera intereses. Y luego éstos estarán por debajo del mercado, aunque variará según el momento en el que se endeudó Europa para facilitar los fondos", explica. Plantea a continuación que, aunque "esos recursos están asignados a través de la adenda" aprobada por Europa, "será difícil gastarlos en los dos años y medio que quedan para 2026". "Una manera de hacerlo -enlaza- es que el Estado se convierta en emprendedor de verdad y fije una misión como construir un gran parque de viviendas públicas, o al menos un embrión suficientemente significativo". Insiste en que "tiene el suelo, los recursos, con los créditos europeos, y puede hacerlo, contratando a constructoras privadas. Pero sería el promotor de las viviendas, las financiaría, y el dinero del alquiler asequible permitiría saldar esos créditos concedidos a plazos y en condiciones convenientes para la gente". En su opinión, lo expuesto "bajaría el precio del alquiler, pero también el de compra de la vivienda y liberaría recursos de las familias que se podrían utilizar para la transición verde y digital, para comprar deuda pública…", desliza.
Se mantendrá la inversión y habrá más reuniones
De vuelta al ministerio, Rodríguez, ha adelantado, tras el encuentro mantenido en Moncloa con representantes del sector inmobiliario y bancario al que ha asistido el presidente Pedro Sánchez, que el próximo 18 de abril se reunirá el grupo de trabajo "mandatado por la Ley de Vivienda" para tratar "los alojamientos temporales". Antes, la vicepresidenta y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, había pedido a Sánchez que convocara una conferencia de presidentes dedicada a la vivienda para lograr un "acuerdo de país" que rebaje los precios y promueva el alquiler social, a lo que Rodríguez ha respondido que se agendará después de que hayan finalizado los procesos electorales de Cataluña y País Vasco. En relación a este punto, fuentes de la oposición temen que lo asegurado se traduzca "en meses en blanco hasta después del verano", dado que a los dos comicios mencionados "hay que añadir las elecciones europeas de junio".
A lo que sí se ha comprometido ya Sánchez es a mantener la inversión pública en vivienda y a seguir trabajando para que España cuente con fondos Next Generation pasado el horizonte temporal de 2026, con el fin de continuar engrosando el parque de vivienda pública y poniendo el acento en el fomento de la rehabilitación, de acuerdo a lo difundido tras la cita en Moncloa. El presidente estará otra vez en futuros encuentros entre actores ligados a la vivienda y el Ejecutivo, que pasarán a tener una periodicidad semestral, con independencia de los foros de la esfera parlamentaria o los consejos asesores de carácter más técnico y de expertos.