Montevideo, 29 abr (Sputnik).- Uruguay discute sancionar a quienes nieguen públicamente el terrorismo de Estado ocurrido en el país, con voces a favor de proteger la memoria histórica y otras que consideran que la medida socava principios fundamentales como la libertad de expresión.
A principios de abril, el opositor Frente Amplio (centroizquierda) presentó un proyecto de ley que busca sancionar en quienes nieguen el accionar ilegítimo del Estado durante la última dictadura cívico-militar (1973-1985) y su período previo, desde 1968.
«El negacionismo en términos generales, y en particular sobre el pasado reciente, viene avanzando y hay que ponerle freno, porque respecto a los hechos del pasado reciente tienen la consecuencia de que abonan la cultura de la impunidad y por lo tanto también promueven que se pueda volver a repetir», dijo a la Agencia Sputnik la diputada frenteamplista Micaela Melgar, una de las autoras del proyecto.
En la normativa presentada en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes «se define como negacionismo la negación de hechos respaldados por la evidencia científica con la finalidad de influir en la opinión pública».
La iniciativa busca sancionar «cualquier declaración o manifestación pública que niegue, justifique o minimice las consecuencias de crímenes de lesa humanidad cometidos por el accionar ilegítimo del Estado en el período comprendido entre el 13 de junio de 1968 y el 26 de junio de 1973», y la última dictadura cívico-militar (27 de junio de 1973 – 28 de febrero de 1985).
Libertad de expresión
La presentación del proyecto, que aún no comenzó a tratarse, planteó de antemano interrogantes sobre la libertad de expresión, la memoria histórica y el papel del Estado en la construcción de la verdad.
En ese sentido, el diputado Eduardo Lust, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la cámara baja, consideró en diálogo con esta agencia que se trata de un proyecto «inconstitucional» porque «viola el artículo 29 de la Constitución, que dice que es absolutamente libre la expresión del pensamiento, siempre y cuando por expresar el pensamiento no se cometa un delito».
Lust, quien llegó al Parlamento por el partido Cabildo Abierto (derecha) y que luego formó su propia fuerza política, el Partido Constitucional Ambientalista, señaló que «hay que tener presente» que el proyecto surge desde el sector del Partido Comunista del FA, que «en su esencia es enemigo de la libertad».
A su entender, coartar la libertad de las personas a expresar su opinión es algo que solo cabe «en una mente totalitaria».
La gente tiene derecho a negar el Holocausto judío, las dictaduras y que la Tierra es redonda, y se puede no compartir esa opinión, pero no «censurarla», añadió.
El diputado dijo que es «distinto» cuando se hace apología del terrorismo de Estado, pero recordó que eso ya está penalizado en el país.
Melgar, en tanto, consideró que la propuesta no tiene nada que ver con la libertad de expresión «porque uno puede expresar lo que quiera respecto al terrorismo de Estado, datos, información, opiniones».
«Lo único que nosotros decimos que no se puede hacer es negar su existencia, porque eso es un consenso al que llegamos los uruguayos y las uruguayas a través de las ciencias históricas, porque ya se probó el terrorismo de Estado y que consiste en determinadas cosas, como delitos de lesa humanidad, desaparición de personas», explicó.
El proyecto plantea que eso no se pueda negar «por el daño que le genera a la democracia ya la memoria histórica».
«Después uno puede decir lo que le parezca respecto al terrorismo de Estado, pero partiendo de la base de que existió y tuvo esas características», añadió la diputada.
Debate
No obstante, Melgar reconoció que en el país «no están las condiciones políticas para que un proyecto así prospere», pero consideró que desde la izquierda se debe fomentar el debate y promover el aprendizaje sobre la memoria histórica.
«En Uruguay tenemos la experiencia de tener un Gobierno conservador aliado con algunos sectores de filo fascista. Entonces nos parecía importante poner la discusión sobre la mesa y dar el debate», añadió haciendo referencia a la administración de Luis Lacalle Pou.
La Coalición Republicana, gobernante en Uruguay, está integrada por el Partido Nacional (centroderecha), que lidera Lacalle Pou, el Partido Colorado (centroderecha), Cabildo Abierto, el Partido Independiente (centro) y el Partido de la Gente (derecha).
Por su parte, Lust coincidió en que no cree que el proyecto prospere.
«El proyecto no se va a aprobar, pero a nosotros nos viene bien pero nos permite mostrar que esto es lo que promueve el Partido Comunista del Uruguay», que es estar en contra de la libertad, dijo.
Además, rechazó el hecho de que se defina como terrorismo de Estado eventos ocurridos entre 1968 y 1973, porque entonces «había una democracia plena».
En ese periodo, el Gobierno del presidente Jorge Pacheco Areco (1968-1972) adoptó «medidas prontas de seguridad» para enfrentar a la guerrilla del Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros (MLN-T), que multiplicaba sus atentados con bombas y secuestros de empresarios y políticos.
El Gobierno de Pacheco, del Partido Colorado, obtuvo así poderes de emergencia que le habilitaban a suspender algunas garantías constitucionales, y endureció la represión policial a manifestaciones y la censura contra activistas políticos y sindicales. Las denuncias de torturas en centros policiales se multiplicaron, denunciadas por políticos y medios de prensa.
En 1971, Pacheco abrió de par en par la puerta de ingreso a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el MLN-T, encomendándoles la conducción de las operaciones contra la guerrilla, y creó el «Plan de Operaciones Antisubversivo» conjuntamente con la policía.
Su sucesor, el también colorado Juan María Bordaberry (1971-1976) mantuvo las medidas prontas de seguridad, y en su administración el Parlamento declaró «estado de guerra interno», que suspendió temporalmente otras garantías constitucionales.
El 27 de junio de 1973, cuando el MLN-T ya había sido derrotado, Bordaberry disolvió el Parlamento con el apoyo de los militares, que sin embargo lo removerían tres años después.
La normativa propuesta por Melgar basa su cronología en la Ley 18.596, de 18 de setiembre de 2009, que reconoce «la responsabilidad del Estado uruguayo en la realización de prácticas sistemáticas de tortura, desaparición forzada y prisión sin intervención del Poder Judicial, homicidios, aniquilación de personas en su integridad psicofísica, exilio político o destierro de la vida social, en el período comprendido desde el 13 de junio de 1968 hasta el 26 de junio de 1973, marcado por la aplicación sistemática de las Medidas Prontas de Seguridad e inspirado en el marco ideológico de la Doctrina de la Seguridad Nacional».
Pero para Lust, esa ley de 2009 «es una vergüenza para Uruguay», porque no se pude decir que hubo accionar ilegitimo del Estado «en democracia».
De todas formas, el diputado dijo que aunque la propuesta sobre el negacionismo se ajustara a los años de dictadura tampoco lo acompañaría, porque es un «defensor del libre pensamiento» y de que cada uno piense y diga lo que quiera.
«Que la gente no se retracte de nada, que diga lo que piensa, yo no quiero que la gente se retracte», insistió.
La propuesta del FA establece que quien incurra en negacionismo se retracte por el mismo medio por el que hizo las declaraciones, y en el caso de que no quiera hacerlo tenga que cumplir tareas comunitarias en un sitio de la memoria.
«Nosotros pensamos esto porque creemos que la experiencia de tener que estar en contacto con un sitio de la memoria va a generar algún tipo de aprendizaje a esa persona, que va a tener que estar en contacto con un acontecimiento relacionado al terrorismo de Estado», como centros de detención y tortura, dijo Melgar.
Los impulsores consideran que conocer lo que pasó en esos lugares y, de alguna manera, hacerse cargo del sitio va a generar un aprendizaje en la persona.
«La idea de este proyecto es justamente que aporte a la memoria y a la construcción de una sociedad sin cultura de la impunidad», concluyó.
En la dictadura uruguaya se registraron numerosos casos de detenciones arbitrarias, asesinatos y torturas, se proscribieron los partidos políticos, se clausuraron medios de comunicación, se forzó al exilio a unas 380.000 personas y otras 197 fueron víctimas de desaparición forzada. (Sputnik)