Puntual, a la hora señalada, comenzó la protesta social ("banderazo", se llama ahora) más multitudinaria que se haya hecho contra el gobierno de Alberto Fernández.
Han pasado solo ocho meses desde que accedió al poder y ya es la tercera vez que la rebeldía de una franja importante de la sociedad lo asedia hasta en la casona de Olivos. ¿Motivos? Hubo muchos, pero quizá sea el reclamo por lo que está pasando en la Justicia el más claro de todos.
Podrían incluirse desde la persecución a jueces y fiscales que investigaron la corrupción de la era kirchnerista hasta la amnistía encubierta a Cristóbal López, que esconde también la posibilidad de que este pueda pagar sus fraudes al Estado en cómodas cuotas.
La reforma judicial y la ampliación de la Corte fueron conflictos muy destacados por la gente común que protestó. Hasta a los jueces de la Corte Suprema les es difícil creer que muchos argentinos hayan salido a la calle para pedir por ellos.
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Son los milagros que hace posibles el kirchnerismo. Pero, ¿por qué dejar de lado el reclamo implícito de no pocos ciudadanos contra los métodos patoteros del sindicalismo que encarna Hugo Moyano y que ya acorraló a importantes empresas privadas? Hay ciertas cosas en la vida pública que regresaron tal como se fueron en 2015. La sociedad no es la misma de entonces.
Es extraño, pero miles de argentinos salieron a la calle a pie o en auto (o a la ventana de sus casas) para protestar por una decisión eventual que para muchos de ellos es solo un jeroglífico.
La reforma judicial está redactada (y explicada) de manera técnica y confusa; ese lenguaje es a veces necesario, pero también es cierto que el Gobierno lo hace más hermético.
Lee el artículo completo de Joaquín Morales Solá en La Nación
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