Poco más de tres meses han pasado desde que la Fiscalía Oriente abrió una investigación para determinar presuntos delitos de corrupción en la venta de una serie de propiedades para la construcción del tercer Cesfam de Las Condes. .
Desde entonces la investigación liderada por el fiscal Rodrigo Mena ha tenido avances en la toma de declaraciones de altos funcionarios municipales, donde figura también como investigada la alcaldesa Daniela Peñaloza (UDI).
En medio de esas pesquisas, la Fiscalía concretó una diligencia clave: el alzamiento de secreto bancario de Peñaloza y otros siete funcionarios, según reveló Ciper.
La solicitud realizada ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago da cuenta de que la Fiscalía indagará las cuentas de la alcaldesa UDI; de su administrador municipal, Juan Manuel Masferrer; así como también de Alejandro Contreras, exjefe de la Secretaría Comunal de Planificación (Secplan); Ricardo Gutiérrez, exfuncionario de la Corporación de Educación y Salud; Nicolás Lucero, jefe jurídico de Las Condes, y del exdirector de la misma repartición Patricio Navarrete. A los que se suman los propietarios de la empresa Vulcon, el extenista nacional Paul Capdeville y Nelo Travesany.
Todo lo anterior, para conocer si existieron delitos en la compra de parte del municipio dirigido por la militante de la UDI a la empresa Vulcon, especialmente en la adquisición de la "casa 10″, la que se habría comprado con sobreprecio, según la denuncia de los concejales Catalina San Martín (ind. ex-Evo), Patricio Bopp (ind. ex-UDI), Leonardo Prat (ind. rep.) y Sergio Melnick (rep.) -representados por el penalista Davor Harasic- ante la Fiscalía.
Los que "llevaron adelante el proyecto"
Entre los funcionarios a los cuales la Fiscalía buscará investigar sus cuentas bancarias, y así conocer si es que existen movimientos de dinero, están el exdirector de la Secplan Alejandro Contreras y el exfuncionario de la corporación municipal Ricardo Gutiérrez. Ambos, según diversas declaraciones y la denuncia de los concejales, serían quienes "encabezaron" las tratativas para la compra de los cuestionados inmuebles.
Contreras y Gutiérrez son nombres que se repiten a lo largo de la investigación de Fiscalía. Una de estas menciones está en la declaración de Héctor Navarrete, exdirector jurídico de Las Condes, quien da cuenta del rol que tenían los exfuncionarios en el proceso de compra de las casas a Vulcon.
En su comparecencia ante el fiscal, Navarrete sostuvo que "la alcaldesa encargó el proyecto estrella de su administración a quien maneja el área de salud del municipio y a quien está a cargo del presupuesto y las finanzas municipales, personas de su exclusiva confianza". Agregó más adelante que "quienes llevaron adelante el proyecto Cesfam fueron las personas ya indicadas (Contreras y Gutiérrez), que entiendo rendían periódicamente cuenta a la alcaldesa de los avances del negocio según ella misma lo ha señalado".
Además de eso, también se da cuenta entre los antecedentes de la investigación, a los que tuvo acceso La Tercera, que en las actas de los diversos concejos municipales aparecen los nombres de Contreras -también investigado en el caso LED- y Gutiérrez como aquellos que presentaron el proyecto a los concejales.
Gutiérrez, además, es quien tiene comunicaciones a través de correo electrónico para el envío de la oferta con el socio de Vulcon Nelo Fabricio, a quien junto al extenista Paul Capdeville también se le revisarán sus cuentas.
Vínculo del cual también dio cuenta el exdirector jurídico en su declaración ante Fiscalía, donde sostuvo que "tengo entendido que Vulcon habría llamado telefónicamente a Contreras y este les habría entregado a su vez el teléfono de Gutiérrez para que les explicara que la municipalidad estaba en busca de terrenos en el lugar, pero esto solo lo sé por documentos y declaraciones, por tanto no me consta fehacientemente".
Los funcionarios tras el proceso
Otro de los funcionarios a los cuales el Ministerio Público indagará sus movimientos bancarios es el exdirector jurídico de Las Condes Patricio Navarrete. Entre los antecedentes donde se menciona al otrora funcionario de la administración de Peñaloza figura en la investigación por el rol que tenía en aquel entonces en el municipio.
El nombre de Navarrete forma parte de aquellos funcionarios que tuvieron un rol activo en la tramitación de la compra de los inmuebles, y que incluso explicaron la contratación de Vulcon ante los concejales. Además de eso, según consta en un oficio enviado por el municipio de Las Condes a Contraloría a propósito de esa investigación administrativa, el exjefe jurídico el 30 de junio del 2022 envió a Contreras y Gutiérrez "el borrador de la promesa de cesión a suscribir con "Vulcon" para que revisen si el precio se ajusta a lo pactado e indica que el documento no estaba en condiciones de ser firmado a esa fecha".
En esa línea, otro de los funcionarios a los que se les indagan sus cuentas es el actual jefe jurídico de Las Condes, Nicolás Lucero. El abogado, quien también figura como uno de los que trabajaron en el proceso de compra del terreno para el Cesfam, aparte también es mencionado en la declaración de Navarrete, quien ante el fiscal sostuvo que este modificó un informe enviado en marzo de 2023 a las concejalas San Martín y Javiera Krestschmer, respecto a lo que ocurría con el Cesfam. "Tanto este exdirector jurídico como el director de Control, don Eduardo López, nos negamos a firmar el nuevo informe, modificado por el abogado Nicolás Lucero (actual jefe jurídico) por instrucciones del administrador Juan Manuel Masferrer".
Lucero anteriormente a su actual cargo era asesor de Masferrer, administrador municipal, a quien también se le solicitó el alzamiento del secreto bancarios. La "mano derecha" de Peñaloza, quien llegó al municipio en enero del 2023 y después de la compra del terreno, fue acusado por Eduardo López, jefe de control municipal, de "hostigamientos y amenazas", algo que fue descartado posteriormente por Contraloría. Junto con eso, el funcionario presentó una querella en contra de López y otros funcionarios por falsificación de instrumento público.
En esta indagatoria, el administrador municipal, y quien es alcalde subrogante de Peñaloza, fue quien respondió a la Contraloría cuando el organismo levantó cuestionamientos al proceso de compra.