El tsunami accionarial que vive Naturgy, que ha quedado a la espera de una opa formal por parte de la compañía emiratí Taqa, ha levantado gran revuelo sobre la necesidad de preservar los intereses de una empresa estratégica, y se ha vuelto a señalar la necesidad de no perder la españolidad, como en el caso de Telefónica. Actualmente el 70% de la compañía ya está en manos de EEUU, Reino Unido, Australia y Argelia.
La situación estratégica de la compañía que preside Francisco Reynés ha llevado a que todos tengan algo que opinar. La última en hacerlo ha sido la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha afirmado este viernes que «preservar Naturgy es el siguiente hito en la defensa de lo estratégico y lo común, pero habrá más, seguramente, que el Gobierno no pueda ni deba eludir».
La también vicepresidenta señala el concepto de «preservar» cuando, en realidad, Naturgy no está actualmente en manos españolas. Según consta en los registros de propiedad de Bloomberg, los inversores con sede en España representan el 29% de la gasista.
Luego existe un 23% que está en manos de inversores estadounidenses; otro 23% pertenece a accionistas con sede en Reino Unido; por un 16% que tiene su base social en Luxembugo —que incluye al fondo australiano IFM—; y el 4% en Argelia, que supone la participación de Sonatrach.
Las afirmaciones por parte de algunos miembros del Gobierno sobre la necesidad de preservar el control de la empresa parece alejado de la realidad. Una situación que, al menos hasta ahora, parecía no preocupar en el seno del Gobierno. GIP, uno de los principales accionistas, ni siquiera tiene sede social en Europa.
El problema en estos momentos sería el origen de Taqa, y como sucede con las empresas árabes, su relación directa con los gobiernos emiratíes, que en este caso posee el control de la energética.
Objetivo: controlar a Naturgy
Los primeros mensajes oficiales confirman que habrá una defensa sobre los intereses de una compañía estratégica, pero también alejan la posibilidad de que exista la intención de entrar en el accionariado de la energética para reforzar esa manoseada españolidad.
Según explican a ECONOMÍA DIGITAL en fuentes cercanas al Gobierno, las primeras declaraciones de los ministros Carlos Cuerpo y María Jesús Montero marcan la línea de actuación con el 'caso Naturgy'.
En estos momentos, y a la espera de que se oficialice la operación, la intención es poner una serie de restricciones como se hizo en su momento con el fondo IFM cuando entró también en Naturgy, pero en este caso serían mucho más estrictas al tener el control total sobre la gasista.
Naturgy se considera una empresa estratégica. Eso implica que, si finalmente la compañía emiratí Taqa lanza una oferta sobre la empresa presidida por Francisco Reynés, el escudo antiopas se activará de forma inmediata. Y no solo eso, existen otros mecanismos previstos para garantizar que no exista una pérdida de control sobre las cuestiones que atañen a la gasista con el Estado español.