Agencia EFE
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Actualizado 13:56
La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha dejado claro que la función de este órgano no es examinar la solvencia de las empresas y que en los contratos de emergencia que fueron fiscalizados en 2020 pudo haber deficiencias de procedimiento pero no de fondo.
Durante su comparecencia en la comisión del Congreso que investiga presuntas irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia, y en concreto el denominado caso Koldo, la presidenta del Tribunal de Cuentas ha reconocido que en las contrataciones de emergencia puede haber "abusos" dado que siempre hay "contratos oportunistas" pero que en todo caso son actuaciones que se dirimen por otros medios.
En este sentido ha advertido de que las responsabilidades contables que puedan derivarse de los contratos fiscalizados han de ser planteadas por los fiscales y que actualmente hay hasta 50 expedientes en los que el fiscal ha pedido testimonio para comprobar si hay una deficiencia o una irregularidad y si da lugar o no a responsabilidades contables.
"La aplicación de emergencia en los contratos en donde es posible hasta la contratación verbal es una contratación de riesgo", ha dicho tras incidir en que este Tribunal examinó con "celo" todos los contratos de emergencia y que los contratos verbales "o no se han dado o se han dado en muy pocas ocasiones".
Chicano ha reiterado varias veces que el Tribunal de Cuentas dio una respuesta "ajustada a derecho" y que solo puede fiscalizar aquella documentación que le envían las administraciones o los órganos que son auditados. Las informaciones periodísticas vinculadas a presuntas tramas o comisiones no son analizadas por esta institución.
"Ese tipo de cosas no existen para el Tribunal de Cuentas. A mí eso nunca me viene en la documentación que se manda. Si alguien quiere torcer la ley va por otro sitio y no va por enviar el documento al Tribunal de Cuentas", ha señalado.
Chicano ha recalcado que luchar contra el delincuente "es difícil" y que por eso es "fundamental valorar las instituciones y no nos las carguemos porque es lo que soporta un estado democrático".
También ha aclarado que el Tribunal de Cuentas no examina la solvencia de las empresas sino que "exigimos que el órgano contratante examine esa solvencia".
Además ha negado a preguntas de ERC que la centralización de la fiscalización de los contratos de las administraciones en este órgano haya provocado alguna ineficiencia en su análisis y ha recordado que este Tribunal está elaborando un informe global para darlo a conocer en 2024 donde habrá propuestas de mejora.
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