Lima, 17 abr (EFE).- El Gobierno de Perú observó el proyecto de ley aprobado por el Congreso que modificó una de las leyes que rige la trata de personas, una decisión celebrada este miércoles por la ONG peruana CHS Alternativo, que recordó que, según cifras del Ministerio Público, se reportaron 3.179 víctimas en 2023.
La ONG detalló en un comunicado que el Congreso ha modificado la Ley 2991, lo que "retrocede en la rendición de cuentas por este delito", puesto que este cambio eliminó la medida de que una vez al año, el presidente del Consejo de Ministros y la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables deben comparecer en el pleno para explicar los avances del Ejecutivo en la lucha de trata.
"Con la observación, el proyecto de ley ha regresado para su debate a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de la Mujer y Familia del Congreso, donde se tendrá la oportunidad de perfeccionar la norma, a fin de que las autoridades expliquen el avance en la lucha contra un delito que sigue creciendo en el Perú", indicó CHS.
Además de las 3.179 víctimas de este delito en 2023, según el Ministerio del Interior, hasta octubre de ese mismo año se desbarataron 58 bandas criminales vinculadas a la trata de personas, lo que permitió rescatar a 85 víctimas menores de edad.
"Si bien el Ejecutivo ha observado el proyecto de ley por estos motivos de forma, CHS Alternativo considera que esta es una oportunidad para revisar otros temas de fondo del proyecto de ley que ya habían sido advertidos con anterioridad", añadió la ONG.
El director ejecutivo de CHS Alternativo, Ricardo Valdés, recordó que la trata de personas mueve en Perú más de 1.300 millones de dólares al año y está muy relacionada con la inseguridad ciudadana e involucra diferentes tipos de delitos, como la explotación sexual o el trabajo forzoso o el sicariato, extorsión y otras economías ilegales, lo que la convierte en "un delito transversal".
Agregó que el hecho de que el Ejecutivo deba dar explicaciones también es muy importante para mejorar el presupuesto destinado a financiar la política contra este delito, pues, desde que se dejó de rendir cuentas por la trata de personas, el presupuesto para financiar la política contra este crimen se ha ido reduciendo año tras año.
"Ante este panorama, el Congreso tiene ahora la oportunidad de corregir el dictamen y actuar con sensatez para consolidar el control político que debe realizar en la lucha contra la trata de personas, sin dejar de lado el espíritu de la Ley 29918, que siempre tuvo el propósito de combatir un delito que atenta contra la dignidad de miles de peruanos", concluyó.EFE
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