El Gobierno presiona para expandir el control de los alquileres en las zonas residenciales más calientes. El plan del Ministerio de Vivienda presidido por Isabel Rodríguez pasa por ligar parte del presupuesto de Vivienda a la declaración de una zona tensionada, un paso que solo ha dado Cataluña y que las comunidades gobernadas por el Partido Popular rechazan frontalmente. "Hacemos un llamamiento a todas la CCAA a declarar zonas tensionadas, donde vean que haya una elevada tensión. Si ellas no lo hacen, el Ministerio tendrá que ayudar a los ciudadanos y ciudadanas", explican desde el Ministerio a elEconomista.es.
En concreto, el Ejecutivo podría establecer ayudas públicas específicas dentro del plan estatal de vivienda vigente. Estas ayudas estarían destinadas exclusivamente a las comunidades autónomas que pidan ser declaradas zonas tensionadas.
Según avanza la Cadena Ser, la fórmula para articular esta medida pasaría por exprimir el artículo 18.5 de la controvertida Ley de Vivienda, que apunta que el departamento Ministerial competente en materia de vivienda, "podrá desarrollar, de acuerdo con la administración territorial competente, un programa específico para dichas zonas de mercado residencial tensionado, que contemplará la diversidad territorial, tanto en entornos urbanos o metropolitanos como en zonas rurales, que modificará o se anexará al plan estatal de vivienda vigente".
El artículo añade que se habilitará al Estado a actuar para "promover fórmulas de colaboración con las administraciones competentes y con el sector privado" para estimular la oferta de vivienda asequible en dicho ámbito y en su entorno. También se trabajará en el "diseño y adopción de medidas de financiación específicas para ese ámbito territorial que pudieran favorecer la contención o reducción de los precios de alquiler o venta. Por último, se tiene en cuenta el establecimiento de medidas o ayudas públicas específicas adicionales dentro del plan estatal de vivienda vigente, de acuerdo con las previsiones que en su caso éste establezca.
La posible acción del Gobierno ya ha recibido la respuesta del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien ha advertido de que si el Gobierno de España "hurta dinero" de los fondos de este ámbito acudirían a los tribunales de Justicia. "No es la primera vez ni sería la última", ha dicho. Precisamente, la Comunidad de Madrid ya recurrió al Tribunal Constitucional la ley de vivienda por considerar que invade sus competencias.
Hace tan solo unos días, la Ministra de Vivienda hizo un llamamiento a todas las comunidades autónomas "y en especial a Isabel Díaz Ayuso para que atiendan los problemas reales de sus ciudadanos. Hay instrumentos legales y disposición del Gobierno para ayudar a frenar la escalada del alquiler. No entiendo porqué confrontar, cuando solo queremos ayudar". Según explicó Rodríguez, hay trabajadores que, teniendo buenos empleos, estables y salarios dignos, destinan el 70% de su suelo a pagar el alquiler o se ven abocados a vivir en pisos compartidos. "Esto es una emergencia que requiere también de emergencia política".
¿Qué es una zona tensionada?
La ley de vivienda contempla que las comunidades autónomas podrán declarar zona tensionada si en ellas se cumple alguna de estas dos condiciones. La primera, que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler en el presupuesto personal o de la unidad de convivencia, más los gastos y suministros básicos, supere el 30% de los ingresos medios de los hogares. La otra condición es que el precio de compra o de alquiler de la vivienda haya aumentado en esa zona, en los últimos 5 años, al menos tres puntos por encima del IPC autonómico correspondiente.
La declaración de una zona de mercado residencial tensionado permitirá modificar el régimen de prórrogas de los contratos y topar los precios de los arrendamientos. En cuanto a los precios, y si se firman nuevos contratos y el arrendador es un pequeño propietario, la renta no podrá exceder la del contrato anterior, una vez aplicada la cláusula de actualización anual, salvo determinados supuestos en los que podrá incrementarse en un máximo del 10%. Sin perjuicio de lo anterior, si el arrendador es un gran tenedor la renta del nuevo contrato no podrá exceder del límite máximo del precio aplicable conforme al sistema de índices.
Respecto al régimen de prórrogas, la ley de vivienda establece que una vez finalizado el período de prórroga obligatoria o de prórroga tácita, el arrendatario podrá solicitar una prórroga extraordinaria por plazos anuales, con un máximo de 3 años, durante la cual se seguirán aplicando las mismas condiciones del contrato en vigor. El arrendador, sea o no gran tenedor, estará obligado a aceptar la prórroga salvo en casos excepcionales.