La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pidió al Congreso nacional que "vote rápido" el paquete de proyectos para enfrentar el crimen organizado, y explicó que las seis iniciativas diseñadas por su cartera serán tratadas "en paralelo" a la discusión de la ley ómnibus.
"Nosotros le pedimos a todos los diputados y senadores que voten de manera rápida dando la discusión que quieran. Iremos al Parlamento las veces que haga a falta, pero que lo hagan rápido porque la sociedad lo necesita", expresó en una conferencia de prensa que encabezó junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en la sede de la cartera que lidera.
La funcionaria reveló que a la brevedad el Poder Ejecutivo presentará los proyectos en el Congreso y que la idea conversada con el presidente Javier Milei es que puedan tratarse "en paralelo" a la discusión de la ley ómnibus, ya que se trata de comisiones distintas las que se verán afectadas a cada uno de los dos tratamientos.
"El Ministerio de Seguridad elevó ya a la presidencia de la Nación los proyectos. Van a ser enviados de manera inmediata (a la Cámara de Diputados). Nosotros hemos evaluado con el presidente y con todo el Gabinete que tan importante como la discusión de la ley de Bases son los proyectos que van a generar un cambio muy importante en lo que es la estrategia contra las organizaciones criminales en la Argentina", subrayó Bullrich.
Según aseguró, los seis proyectos "se van a trabajar en estos días y van a ir en paralelo a aquellos que van a trabajar en la Ley Bases".
"La gente las necesita (las leyes). No es una discusión de políticos para políticos", expresó, y agregó que "la gente tiene que saber que sus representantes están dispuestos a hacer cambios que terminen con la violencia, la destrucción, la muerte, los asesinatos y el sicariato en Rosario y todo el país".
Por otro lado, la ministra destacó que la operación conjunta entre las fuerzas federales y de la provincia para combatir el narcoterrorismo que "se despliega en Rosario está dando resultados positivos".
Sin embargo, Bullrich pidió "cautela" y aclaró que no dará "cifras concretas hasta que termine el primer semestre".
Por su parte, Pullaro agradeció al Gobierno nacional "en un momento muy difícil para el pueblo de Santa Fe pero particularmente para la ciudad de Rosario por estos hechos narcoterroristas que vivimos a principios de mes".
"Fueron 25 días duros, casi 120 días de gobierno muy intenso donde algunas decisiones son inquebrantables como dijo la ministra. Es el control de las organizaciones criminales en las cárceles de manera plena", ejemplificó.
"Se terminó la joda en el servicio penitenciario de la provincia de Santa Fe, en la República Argentina donde los sicarios creían que podían hacer lo que quisieran. Desde esos lugares dominaban y lideraban sus organizaciones que estaban afuera, y eso les daba mucho poder. Eso se terminó", sentenció el mandatario santafesino, que pidió el cambio del régimen penal juvenil para reducir la edad de imputabilidad.
Otro proyecto es el que incorpora el instituto de "reiterancia" al Código Procesal Penal y otorga prisión preventiva a quienes tengan causas previas al delito por el cual están siendo investigados.
Además, la cartera de Seguridad impulsa un proyecto para ampliar el registro de ADN a todos los delitos para una "identificación más precisa de los criminales", estén imputados o condenados.
También se propone una "ley antipiquete" para garantizar el orden público y la libre circulación, y se aplicaría sobre aquellas personas que organicen cortes, instiguen a otras personas a hacerlo, fuercen a terceros a asistir a una manifestación mediante coacción, bloqueen establecimientos o intimiden a funcionarios públicos.
En tanto, Bullrich impulsa un proyecto de ley para reformular el concepto de la legítima defensa y el cumplimiento del deber de parte de fuerzas federales, de manera tal de no disuadir la rápida represión de presuntos delitos de agentes de seguridad.
Una de las medidas más polémicas de este paquete tiene que ver con el proyecto de ley para modificar el artículo 37 de la ley de Seguridad Interior, de manera tal que las fuerzas militares puedan intervenir en el combate al "narcoterrorismo".
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