- Deslindes Costas amenaza a cientos de propietarios en primera línea de playa: "Me quitan el negocio y la casa donde vivo"
La Generalitat Valenciana aprovechará la decisión del Tribunal Supremo de anular el Reglamento de Costas para intentar proteger la "actividad humana" que se desarrolla en el litoral, tanto la residencial como la económica. Ese reglamento que tumbó el pasado mes de febrero el Alto Tribunal, por la irregularidad de no haber pasado el trámite consulta pública, marcaba unos deslindes que ampliaban la zona de dominio público marítimo-terrestre y que provocaba que viviendas y negocios pasaran a manos del Estado.
El Gobierno de Carlos Mazón con Vox advirtió de que trataría de proteger los intereses de los afectados dándoles protección a través de la ley de ordenación de la costa valenciana, pero la decisión judicial abre la vía de poder presentar alegaciones a la norma estatal que inicien esa protección pretendida.
Según anunció la consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, la Generalitat ha presentado alegaciones al Reglamento de Costas para "hacer compatible la protección del litoral con la actividad humana".
La intención es que el Ministerio de Transición Ecológica atienda a la realidad de la costa valenciana, donde se desarrolla actividad económica ligada al mar y que no se apliquen de manera uniforme criterios que no diferencias entre los fenómenos que afectan a las costas atlántica o cantábrica y la mediterránea. Por tanto, se solicita que se considere a los paseos marítimos en la fijación de la ribera del mar y que se eliminen "aquellos preceptos más arbitrarios que abren la puerta a un mayor número de deslindes", explicó la consellera Pradas. Un ejemplo de este precepto que en la nueva norma con un único temporal se podía marcar un deslinde cuando antes se fijaban cinco.
En su visita a la playa de Moncofa, uno de los municipios castellonenses más afectados por los deslindes que marcaba Costas, Pradas ha remarcado que ha perdido 200 metros lineales de costa en los últimos años sin que el Gobierno haya actuado "más allá de arrebatar terreno público y privado sin aportar ninguna solución".
En su escrito, el Gobierno valenciano también deja claro que cualquier mención en el Reglamento al urbanismo excede el ámbito competencial del Estado, al ser una competencia propia de los municipios y las autonomías.