Manos Limpias vuelve a la escena pública. El autodefinido como "sindicato de funcionarios" ha sido el encargado de denunciar a la mujer del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez, por un supuesto delito de tráfico de influencias y corrupción en sus relaciones laborales con algunas empresas que han firmado contratos o recibido ayudas del Gobierno.
Al frente de la organización se encuentra Miguel Bernad, de 82 años, que la fundó en 1995 y que entró en política de la mano del líder nacionalsindicalista Blas Piñar y su partido, Fuerza Nueva, integrado por nostálgicos del franquismo. De hecho, llegó a presentarse a las elecciones europeas por dicha formación y ocupó su Secretaría General durante unos meses.
Además, en 2011, el fundador de Manos Limpias fue nombrado Caballero de Honor de la Fundación Francisco Franco por "sus servicios en defensa de los ideales del Movimiento" y por denunciar al exjuez Baltasar Garzón —una de las víctimas preferidas de la asociación— por prevaricación tras su decisión de abrir una investigación en 2008 sobre los crímenes del franquismo. Una causa en la que Garzón acabó absuelto por el Tribunal Supremo.
Desde su fundación en 1995, Manos Limpias ha actuado como acusación en numerosos casos. Bernad ha insistido en más de una ocasión en que el motor del trabajo de Manos Limpias no es ideológico, sino que, como la asociación explica en su web, se centra en la "denuncia de las corrupciones políticas o económicas que lesionen el interés público o general". "No nos hipotecamos por nada ni por nadie", reza su autodescripción.
Su momento de esplendor
A lo largo de su trayectoria, Manos Limpias ha presentado centenares de querellas contra jueces y políticos como el ya mencionado Baltasar Garzón; el instructor de los atentados del 11-M, Juan del Olmo; el exsecretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el actual portavoz de Sumar Íñigo Errejón; entre otros.
No obstante, la asociación alcanzó su momento de máxima popularidad en el año 2014, cuando consiguió que la infanta Cristina se sentara en el banquillo de la Audiencia de Palma de Mallorca como investigada en el caso Nóos. Manos Limpias fue la única acusación que pidió que la exmujer de Iñaki Urdangarin compareciese ante el juez como acusada —solicitaba para ella ocho años de prisión— y lo consiguió.
En cualquier caso, aunque su acción contribuyó a originar un terremoto en el seno de la familia real, no logró su objetivo judicial. La Audiencia absolvió a la infanta y condenó a Manos Limpias a abonar las costas de la defensa de Cristina de Borbón.
No solo eso, su iniciativa le valió una reprimenda del Tribunal Supremo, que en su sentencia del caso Nóos de 2018 aseguró que durante la instrucción Manos Limpias ejerció la acusación popular con "ausencia de prudencia y de ponderación" al pedir ocho años de prisión para la infanta.
La caída en desgracia de Bernad
De su momento de mayor esplendor, Manos Limpias pasó, en apenas dos años, a la nada más absoluta. El 15 de abril de 2016 Miguel Bernad fue detenido en el marco de la operación Nelson, en la que se investigaba presuntas extorsiones que su asociación, junto a Ausbanc, realizó a diversas entidades financieras y empresas a cambio de evitarles acciones judiciales o campañas de descrédito.
Bernad estuvo en prisión provisional ocho meses, hasta que en diciembre el juez de la Audiencia Nacional lo dejó en libertad con una fianza de 50.000 euros. Fue en ese periodo cuando Manos Limpias, condenada al ostracismo, estuvo a punto de desaparecer.
A partir de entonces, Bernad permaneció agazapado y centrado en recurrir la sentencia de la Audiencia Nacional que lo condenó a cuatro años de prisión por extorsión y estafa. Con la conformación del primer Gobierno de coalición en enero de 2020, Manos Limpias aprovechó para asomar poco a poco la cabeza con algunas de las grandes polémicas protagonizadas por el Ejecutivo.
El 'sindicato' ejerció como acusación en el caso 8-M, en el que se investigaba si el exdelegado del Gobierno en Madrid José Manuel Franco Pardo cometió un delito al permitir la manifestación feminista de 2020 en plena expansión del coronavirus. El caso acabó archivado.
Tiempo después, Manos Limpias arremetió contra la exministra de Igualdad Irene Montero cuando acusó a los jueces de no aplicar correctamente la ley del 'solo sí es sí' con motivo de la catarata de reducciones de condenas a agresores sexuales que se produjo en 2023. El 'sindicato' denunció a Montero por ello ante el Supremo, pero el Alto Tribunal dio carpetazo a su querella.
De la misma manera, hace unos meses, cuando el Gobierno firmó su acuerdo de investidura con Junts y ERC, denunció al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán; al secretario general de los posconvergentes, Jordi Turull; y al portavoz de los republicanos en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, por, según consideraban, amenazar a los jueces al incluir la palabra lawfare en dicho acuerdo y estudiar la constitución de una comisión de investigación parlamentaria con el objetivo de averiguar si existió una guerra judicial durante el procés. El resultado fue el mismo: la Fiscalía dio carpetazo a su querella.
Absolución del Supremo y resurrección
La resurrección de Manos Limpias llegó el 15 de marzo de este año, cuando el Tribunal Supremo absolvió a Miguel Bernad y Luis Pineda, líder de Ausbanc, condenados por extorsión y estafa por la Audiencia Nacional.
El Supremo consideró que las presiones que ambos ejercieron contra entidades financieras y empresas, "por más que puedan resultar censurables en el plano ético, no alcanzan para colmar el concepto de intimidación que, en paridad con el de violencia, tipifican el delito de extorsión".
No ha pasado un mes desde que tuvo lugar lugar la absolución de Bernad y Manos Limpias ya ha conseguido tambalear el tablero político tras lograr que, gracias a su denuncia, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Plaza de Castilla (Madrid), Juan Carlos Peinado, haya abierto diligencias sobre la esposa de Pedro Sánchez, quien el lunes anunciará si dimite o no.
Una denuncia que Bernad ha interpuesto al ver que la Fiscalía "no actuaba de oficio" en el asunto y basándose en informaciones de medios de comunicación que, ha dicho, "el juez deberá comprobar si son ciertas o no".