Los efectos del fallo del Tribunal Constitucional contra las modificaciones del Impuesto de Sociedades aprobadas por el Gobierno de Rajoy ya se hacen notar. Primero, con las devoluciones que desde febrero ha comenzado a efectuar la Agencia Tributaria a las grandes empresas que presentaron un recurso contra la norma. Pero las consecuencias van más allá: la caída de la reforma diseñada por Cristóbal Montoro implica una menor recaudación tributaria que no se contempla en las cuentas del Estado vigentes, al estar prorrogadas.
Cuando el Ejecutivo popular aprobó la reforma del Impuesto de Sociedades en 2016, el titular de Hacienda aseguró que serviría para recaudar 4.300 millones de euros más al año. La cifra nunca fue tan elevada -entre los 1.000 y los 1.300 millones-, pero no por ello deja de ser importante. En 2023, la recaudación total por este tributo superó los 35.000 millones de euros.
La caída de esta reforma supone otra piedra en el camino del Gobierno, que afronta lo que queda de año con unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) prorrogados y que, por tanto, incluyen en su previsión de ingresos el monto correspondiente a un Impuesto de Sociedades que ya no está vigente en los mismos términos. Es decir, el Ejecutivo contaba con unos ingresos que, tras el fallo del Constitucional, pueden verse reducidos.
"Como han prorrogado los Presupuestos -con unos nuevos, se podría haber previsto la nueva situación- va a suponer una merma considerable de recaudación del Impuesto de Sociedades, porque afecta a las multinacionales, las que más volumen de negocio tienen", explica en una conversación con EL ESPAÑOL-Invertia Rubén Gimeno, secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) del Consejo General de Economistas (CGE).
Cabe la posibilidad, por tanto, de que se produzca un aumento del déficit. "Es lo que tiene no aprobar la ley de Presupuestos", indica Gimeno, si bien no es posible saber con certeza si se producirá un desbarajuste presupuestario. En cualquier caso, el Gobierno de Pedro Sánchez no quiere dejar la posibilidad de un avance del déficit -o un retroceso por debajo del comprometido con Bruselas- y ya ha empezado a jugar sus cartas.
A mediados de marzo, el PSOE presentó en el Congreso de los Diputados una enmienda dentro del proyecto de ley para afrontar las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Ucrania y Oriente Próximo. Esto viene de uno de los decretos anticrisis que el Ejecutivo aprobó en diciembre y que pudo convalidar a cambio de que fuera tramitado como proyecto de ley para que los grupos políticos introdujesen modificaciones.
El Grupo Socialista decidió incorporar vía enmienda una nueva reforma del Impuesto de Sociedades para "paliar la pérdida recaudatoria derivada de la expulsión del ordenamiento jurídico de las referidas normas". Es decir, el PSOE quiere resucitar la reforma de Cristóbal Montoro.
Entre otras medidas, los socialistas quieren recuperar el límite a la compensación de bases imponibles negativas -la acumulación de pérdidas de ejercicios anteriores- para empresas con una facturación superior a 20 millones de euros. La reforma del impuesto topa el porcentaje que las grandes empresas pueden deducirse a la hora de pagar el tributo.
Unas cuentas "tensionadas"
"Si no se recuperan los cambios en el Impuesto de Sociedades de Montoro, el Estado perderá dinero", indica a este periódico Jorge Honrubia, profesor de la Universidad Complutense de Madrid e investigador de Fedea. Eso sí, puntualiza, no significa que las cuentas vayan a terminar el año descuadradas.
Honrubia explica que tendría que producirse un cambio económico de calado para que la recaudación en términos generales cayera. Es decir, la sentencia del Tribunal Constitucional va a reducir la capacidad recaudatoria que tenía el Impuesto de Sociedades, pero el avance del resto de impuestos, en especial el IRPF y el IVA, seguramente lo compense si la economía sigue creciendo.
"Cualquier euro que vayas a perder de recaudación va a comprometer tus objetivos de déficit, peor no va a ser una cosa tremenda", resume el investigador de Fedea. Perder dinero, sí, pero no necesariamente perjudicar el equilibrio presupuestario. Además, indica que la enmienda del PSOE también tiene un "componente ideológico" de querer gravar a las grandes empresas.
A lo que el Estado dejará de ingresar si no consigue sacar adelante la nueva reforma del Impuesto de Sociedades, se suman las devoluciones que la Agencia Tributaria ya está realizando. En el primer mes afectado, febrero, los reintegros superaron los 300 millones de euros. Y es sólo el comienzo. Las grandes empresas ya anticiparon con la sentencia devoluciones millonarias y el propio Ministerio de Hacienda apuntó que el impacto sería importante.
La combinación de ambos factores perjudicaría la balanza de la recaudación tributaria y, por tanto, el equilibrio entre ingresos y gastos del Estado. Por eso, el Gobierno ya trabaja para, al menos, evitar la merma recaudatoria que significaría no recuperar el Impuesto de Sociedades de Cristóbal Montoro.