La concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Arrecife pone en marcha el proyecto La vivienda, un derecho básico para realizar un diagnóstico de la situación de vivienda de los perceptores de Renta Canaria de Ciudadanía (RCC) y recabar información para intervenciones genéricas incluidas en sus planes de inclusión.
Para la realización de este proyecto, el departamento cuenta desde el 1 de abril con un trabajador social y un educador social, que forman parte del Programa de Empleo Arrecife Camin@ 2023.
Maite Corujo, concejala de Bienestar Social, destaca que la importancia de ese programa radica en la necesidad de realizar un mapeo de la situación de vivienda de los actuales perceptores de RCC, como parte del proceso de evaluación para la elaboración de un diagnóstico más realista y efectivo de los usuarios del servicio.
«Necesitamos tener una visión realista global de la situación actual de vivienda en el municipio que servirá como mejora en el diagnóstico individual de cada perceptor de Renta, y que no existe un paralelismo al 100% de lo que comprobamos en el padrón y la realidad de la convivencia efectiva», apunta.
"No viven donde están empadronados"
Y es que, recalca Corujo, muchos usuarios no viven donde están empadronados, y en muchas ocasiones tampoco coincide la unidad familiar empadronada con la real en esa vivienda, sino que lo hacen en situaciones de infravivienda, coches o en la calle. «Si estas cuestiones no salen a la luz nunca podríamos mejorar», dice.
El proyecto La vivienda, un derecho básico, posibilitará la realización de visitas a domicilio y «el descubrimiento de detalles de vital importancia que en citas concertadas en los despachos nunca podríamos averiguar», y por tanto, al desconocer, no se pueden proponer las mejoras, rectificaciones de situaciones de negligencia o detección de situaciones de riesgo en el caso de menores.
«No hay paralelismo al 100% de lo que comprobamos en el padrón y la realidad de la convivencia»
Por otra parte, se ha comprobado que la cercanía con los usuarios, además, genera un mayor clima de confianza y empatía. «Detectan que la Administración se preocupa por su situación, que estamos trabajando para mejorarla y se prestan a colaborar».
«Con todos los datos que obtengamos de estas visitas, podríamos articular mejor las solicitudes al complemento de vivienda o derivar a potenciales usuarios a solicitar vivienda de protección oficial. Así podremos también generar herramientas de trabajo y facilitar los recursos más aptos para esta población, evitando o perpetuando situaciones de riesgo», recalca la concejala de Bienestar Social.
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