Las Palmas de Gran Canaria
Domingo, 7 de abril 2024, 23:13
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Las derivaciones a la península de los casi 5.500 menores que tutela Canarias, que se encuentra en una situación insostenible desde hace meses, siguen en el aire. Sin embargo, pese a que estos traslados aún no se están produciendo de forma regulada y equilibrada -siguen a la espera de las modificaciones legales planteadas desde Canarias- sí que están llegando cientos de menores migrantes a las distintas comunidades autónomas de forma desordenada y sin control.
Así lo asegura del director general de Derechos Sociales de la Generalitat de Cataluña, Oriol Amorós, que asegura que, pese a que esta región no es frontera ni puerta de entrada directa de inmigrantes, recibe casi cada mes a numerosos menores llegados a Canarias. De enero a marzo han contabilizado casi mil llegadas -884 en concreto-, de los que el 60% proceden de las islas. «Nosotros también estamos al límite», indica. Como explica Amorós, estos chicos no se identifican como menores una vez llegan a Canarias. Son contabilizados como adultos y una vez trasladados a la península, se identifican como menores, se les hacen las pruebas y se confirma.
Amorós destaca que los menores migrantes viajan hasta la península a través de las derivaciones de adultos que se hacen en vuelos fletados por el Estado. Así, cuando desembarcan en territorios como el catalán, «hay jóvenes entre los 17 y los 18 años que dicen ser menores», lo que hace que se les trate siguiendo el protocolo dispuesto para ellos. A algunos, «en torno al 10%», se les ha hecho las pruebas de estimación de edad y «en casi todos los casos se ha determinado que son mayores».
Los jóvenes «llegan por su propia cuenta», cuenta Amorós. Es en el momento en el que se les atiende por primera vez, durante las entrevistas que se realizan, cuando estos cuentan que «han pasado por otros territorios donde alguien de alguna ONG o institución les ha recomendado venir hasta aquí».
Loreto Gutiérrez
Frente a esta realidad en la península está la otra que vive Canarias, con un «colapso» absoluto con casi 5.500 menores tutelados. En lo que llevamos de año solo se han derivado oficialmente a ocho menores desde Canarias a pesar de que en octubre del año pasado se llegó a un acuerdo para derivar a 339 jóvenes desde el archipiélago.
Esta situación enfada a las comunidades y también a Canarias, que exigen al Estado medidas. La posición de Cataluña es clara. «No nos importa que se derive a menores migrantes hacia nuestro territorio, pero lo que no nos parece justo que no se tenga en cuenta el esfuerzo que está haciendo cada uno», comenta el director general. Así, como indica, están de acuerdo con que se lleven a cabo las modificaciones legales pertinentes para garantizar un reparto obligatorio entre las comunidades. Todo ello, porque «no puede ser que haya territorios con muy pocos jóvenes migrantes acogidos que tienen exactamente las mismas competencias que nosotros de acogida de menores, por lo tanto hay alguien que no está haciendo bien su trabajo».
Según el director general de Derechos Sociales, esta situación «es injusta. La actividad de reparto que se ha hecho hasta ahora por parte del Estado nos parece insuficiente».
En este sentido, apunta que es el Gobierno central el que tendría que «prevenir estos movimientos migratorios a través de una mejor colaboración con Marruecos y con el África subsahariana, alguna responsabilidad tiene que asumir». Considera que el «apoyo financiero que ha habido hasta ahora ha sido muy precario», aunque entiende que se haya centrado, sobre todo, en los territorios fronterizos, como las islas, porque «son los primeros que reciben a estas personas, pero luego hay que ver la realidad, ver dónde duermen».
Amorós apunta que la intención de la Generalitat es que una delegación de Cataluña visite Canarias a finales de abril para mantener un encuentro con el Gobierno de Canarias. En dicha reunión se tratarán diversos temas, entre los que el control de la inmigración irregular y las herramientas para dar una buena acogida a menores estarán sobre la mesa. « Si desde Cataluña y Canarias hacemos una fuerza conjunta en el Congreso de los Diputados se puede conseguir la modificación de la ley, que será buena para todos», apunta Amorós.
En la actualidad, no hay plazas de acogida disponibles en Cataluña. Sin embargo, con cada llegada que se produce se van abriendo recursos. Según detalla el director general de Derechos Sociales de la Generalitat, Oriol Amorós, en lo que va de año se han abierto «14 centros de acogida y se ha ubicado a 800 jóvenes en pisos y habitaciones alquilados». Para Amorós, este último recurso es el más beneficioso, ya que «la gente no quiere vivir en una institución, quiere vivir en una casa». Por otro lado, apunta que se está intentando ayudar a los migrantes mayores de edad que se tienen en acogida, «y que tienen trabajo», a que puedan independizarse, a pesar de la poca oferta que existe en el mercado del alquiler y las reticencias que muestran algunos propietarios. No obstante, cree que esta ayuda está mejor vista por la sociedad, ya que «la ciudadanía no quiere vivir al lado de instituciones con personas, quieren tener a vecinos», lo que favorece la integración.
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