El BNG reclamará anular la concesión de la AP-9 y suprimir los peajes «abusivos»
Los nacionalistas consideran una «oportunidade de oro» que Bruselas expedientase por segunda vez a España por prorrogar la concesión
25 abr 2024 . Actualizado a las 13:49 h.El viceportavoz segundo del BNG, Luís Bará, anunció una «ofensiva» en diferentes instituciones -Congreso, Parlamento de Galicia, Senado y Parlamento Europeo- para reclamar anular la concesión de la AP-9, asumir la gestión directa por el Estado y su traspaso a Galicia, así como suprimir los peajes «abusivos». Consideró una «oportunidade de oro» que la Comisión Europea haya abierto expediente por segunda vez a España por la prórroga concesional de la autopista.
En rueda de prensa, Bará recordó que esta prórroga «presuntamente ilegal» de la concesión fue aprobada por el ejecutivo del popular José María Aznar en el año 2000 para 25 años (de 2023 a 2048), ya prorrogada previamente por el PSOE en 10 años, desde 2013 a 2023. Remarca que es una de las tres del Estado con mayor período, junto con la AP-53 (Santiago-Lalín). Denunció el «agravio» que vive Galicia frente a otras autopistas rescatadas en España que ahora son gratuitas, en lo que ve una «discriminación evidente» al sufrir los gallegos unos «peaxes abusivos», según indicó, solo reducidos por el acuerdo del BNG en Madrid.
En esta línea, Bará incide en que el procedimiento de infracción abierto por Bruselas se debe a que la ampliación de la concesión se hizo sin sacarla a concurso público. Mientras, carga contra la «pasividade cómplice» del Gobierno central y Xunta. Reclamó así al Gobierno gallego que demande al Estado iniciar los trámites para la anulación de la prórroga a 25 años y se proceda a su transferencia a Galicia. «A Xunta do PP, tan dada a axitar o galiñeiro contra o Goberno central, actúa neste caso como cómplice diante dunha situación moi gravosa para Galiza», advirtió.
Avisa de que el Gobierno gallego «non pode poñerse de perfil», por lo que requiere un estudio para explorar vías jurídicas para anular la concesión y los costes para la asunción directa por el Estado de la autopista, pues estima un coste del actual modelo de unos 1.500 millones.