Tras la decisión del ministro de Defensa, Luis Petri, de desmantelar el área de Defensa que investigaba los crímenes de la dictadura, la fiscal del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta se manifestó contraria a esta decisión. Minatta explicó que se trata de un equipo que funciona dentro del Ministerio de Defensa.
Además, indicó que varios fiscales firmaron un documento que será presentado en breve a Petri pidiendo que no se disuelva esa área que tiene gran importancia para las investigaciones de los casos de lesa humanidad y de lo sucedido en las Islas Malvinas. Minatta apuntó que, de todo el ministerio de Defensa, las únicas personas despedidas fueron 10 de 13 trabajadores de esa área.
"Llama la atención que todas las personas despedidas pertenezcan a ese equipo y lejos están de ser considerados que no trabajan. Quisiera que el público ingrese a la página web de ministerio y vea algunas de las publicaciones que tienen. Tienen una calidad y una excelencia técnica destacable", dijo.
"Disolverlo es bastante preocupante porque no sabemos quién podría tener esa idoneidad para responder con esa exactitud y puntillosidad la información que requerimos en las causas. La verdad es que lo vemos con mucha preocupación a esta situación", dijo.
"La particularidad que tiene es que las personas que conforman ese equipo son personas que forman parte del mundo civil, pese a que trabajan en el Ministerio de Defensa, pero además tienen una especificidad técnica en cuanto al conocimiento que tienen y es prácticamente imposible reemplazarlos", indicó en una nota telefónica a LT 11 General Ramírez, de Concepción del Uruguay. "Han producido más de 170 informes para las distintas causas penales", dijo.
Para tener una noción de la importancia de la labor desplegada por el equipo, la fiscal explicó que pidió libros históricos de Prefectura y de Regimientos. "Todo eso está anotado con siglas que un civil no comprende. Muchas veces hay un montón de siglas y modos de anotar las cosas que lleva mucho tiempo entender que es lo que está registrado".
"Este equipo desde el año 2010 que viene trabajando en lo mismo, ha hecho muchos informes. Ha hecho informes de Las Malvinas, del Servicio de Inteligencia Naval, de la Armada Argentina en la zona de Rosario, sobre soldados conscriptos desaparecidos", indicó.
Los integrantes de los ERyA son expertos en distintas disciplinas –todos civiles– que trabajan con archivos que están en poder de las Fuerzas Armadas. Se formaron para entender las lógicas de la documentación militar y poder reconstruir lo que no está en los legajos, que en muchos casos fueron adulterados por los propios interesados. En total, los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) produjeron más de 170 informes para que los tribunales y las fiscalías pudieran investigar los crímenes de la dictadura.
El miércoles 27 de marzo, al filo de fin de semana largo por Pascuas, el director de Derechos Humanos y Derecho Internacional humanitario del Ministerio de Defensa, Lucas Miles Erbes, comunicó el despido de diez de los trece trabajadores que se desempeñaban en los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) de archivos de las tres Fuerzas Armadas, según publicó Página 12.
Los ERyA se crearon durante la gestión de Nilda Garré al frente del Ministerio de Defensa en respuesta al decreto de Cristina Fernández de Kirchner que en 2010 ordenó desclasificar toda la información que estuviera en poder de las Fuerzas Armadas sobre el período de la última dictadura. Su trabajo se mantuvo durante los últimos catorce años –a pesar de los despidos que tuvieron lugar durante el gobierno de Mauricio Macri.
Minatta acotó que es fundamental para la democracia y la información pública el poder tener accesibilidad a esa documentación pública. "Cuando esto fue desclasificado, fue celebrado muchísimo por los derechos humanos y por la ciudadanía en general porque también hace a un mayor nivel de democracia que la ciudadanía pueda acceder a documentos públicos de determinada época", añadió.
"Esto es como vedar ese acceso. Según dicen, esto quedaría en manos militares que son quienes respondería los oficios, pero eso ya tiñe la respuesta que puede llegar a darse porque se trata de personas institucionalmente vinculadas. En cambio, de este modo, al ser civiles quienes responden, uno podría esperar mayor objetividad en las respuestas", indicó.
Por ejemplo, Minatta explicó que, si se llegase a descubrir la participación del Comando de Institutos Militares en los vuelos de la muerte en el Delta Entrerriano, que operaba en la zona de Zárate-Campana, podría llegar a pedir esa información. "Es una hipótesis. La preservación de todos esos documentos es fundamental", destacó. Y recalcó que no tiene pedidos pendientes ya que cada vez que solicitaba algo, la información que recababa ese equipo le llegaba sin demora. Fuente Diario Junio