Estamos a punto de perder el grado de inversión en la calificadora de riesgos Standard and Poor's S&P, puesto que perdimos nuestra calificación a consecuencia del ruido político y la inestabilidad que vive el país. Esto, a consecuencia de las necedades de nuestra clase política gobernante que están llevando a nuestro país a un callejón sin salida y que podría terminar con el ciclo de crecimiento que ha tenido nuestro país a la vanguardia del desarrollo en América Latina, hasta hablar de un llamado "milagro peruano".
Han sido las dos últimas décadas de manejo responsable de la política monetaria y la caja fiscal, con una institucionalidad a prueba de balas, teniendo como bastión al BCR, la Sunat y el Consejo Fiscal. Estos han garantizado la transparencia en el manejo de las finanzas públicas, sustentado en el análisis técnico de la política macrofiscal, así como el manejo de una política monetaria responsable que ha permitido sopesar los vaivenes del tipo de cambio y, lo más importante, ha evitado la intromisión de decisiones políticas partidarias en los gobiernos de turno, que siempre se ven tentados a implementar medidas populistas.
Pero ahora es distinto, porque tenemos un Congreso desbocado que destruye la institucionalidad, tratando de copar y direccionar las decisiones en el plano económico del país, con tantas leyes que favorecen hasta economías ilegales. Lo más triste es ver que el Ejecutivo también se ha sometido a los designios del Parlamento, que tiene hasta delincuentes de congresistas; entonces, nos hemos quedado en completa orfandad frente a las imposiciones que promueven en el Congreso, que están basadas en los intereses de grupo, buscando impunidad y beneficio propio.
Por eso no dudan en cambiar a funcionarios técnicos y solventes como el exministro Oliva del Consejo Fiscal. Qué mensaje les dan a los inversionistas, peor si solo en el Perú el máximo intérprete de la Constitución emite una cautelar para suspender otra cautelar, con tal de satisfacer la angurria del eje del mal que busca proteger a una fiscal de la Nación involucrada en delitos graves, que junto a congresistas delincuentes se han dedicado a destruir a la JNJ, con tal de controlar el sistema de justicia.
La calificación de S&P es el resultado de la desintegración gradual del Estado de derecho con la connivencia del poder de turno y los partidos políticos de izquierda y derecha, avocados a destruir la economía y la institucionalidad del país.