Cristina Kirchner ha comenzado a desplegar su liderazgo a través de una auditoría obsesiva de las decisiones administrativas de Alberto Fernández.
Ese control se ejecuta a través de prohibiciones que dinamitan los acuerdos alcanzados por el Gobierno en los más diversos campos de la vida pública.
Es un regreso a la consigna "vamos por todo". Pero ahora no se trata de la convocatoria a una expansión. El movimiento es hacia adentro. Centrípeto.
La vicepresidenta tiende un cerco cada vez más estrecho alrededor del Presidente. Los teóricos debatirán si esta dinámica no era inexorable. Si no estaba cifrada en el lanzamiento de Fernández como candidato, a través de un expeditivo mensaje de voz.
La incómoda socia que atenta contra la moderación
Para la política el problema es más urgente. Como Martín Guzmán y Miguel Pesce explicaron en su carta a Kristalina Georgieva, el país se interna en una recesión cada vez más dolorosa, mientras en el puente de comando pelean a los manotazos por el dominio del timón.
La búsqueda de una salida para Vicentin, el acuerdo de precios con las empresas de telecomunicaciones, la negociación tarifaria con las de distribución eléctrica, el entendimiento para sancionar una ley para la economía del conocimiento, las tratativas con las empresas constructoras que no pueden cumplir con los contratos de participación público-privada (PPP) son algunos ejemplos de la facilidad con la que, desde la presidencia del Senado, se vetan decisiones del Poder Ejecutivo. La señora de Kirchner impone conflictos a Fernández allí donde él ensaya una fórmula de paz.
Ninguna impugnación fue tan significativa como la que la vicepresidenta lanzó contra la reforma judicial. Se trata del proyecto al que Fernández concedió más importancia desde que asumió la presidencia. Le dedicó pasajes enteros de su discurso inaugural y también del que pronunció en la apertura del Congreso.
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