La Fiscalía ha presentado un escrito de acusación en el que solicita un total de doce años de inhabilitación para la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, por un delito de prevaricación por el "caso ITV" por el que se perdonó una deuda de 2,5 millones a una ITV de la localidad. La petición se hace extensiva a su antiguo equipo de Gobierno y el secretario municipal, Francisco Javier Tornero. Se da la circunstancia de que cuatro de ellos siguen ocupando un puesto como concejales en el Ayuntamiento de la segunda localidad más grande de Madrid. Además de la exalcaldesa Noelia Posse, que es portavoz del Grupo Municipal Socialista y presidenta del partido en Móstoles, la petición afectaría a David Muñoz que, además de concejal, es secretario de organización del PSOE en la localidad, lo mismo que Alejandro Martín, que ocupa el puesto de secretario general. También afectaría a las concejalas socialistas Rebeca Prieto y Marisa Ruiz.
La petición de la Fiscalía supondría el paso previo a la apertura del juicio oral que, según el Código Ético del PSOE, implicaría la expulsión del partido de Posse y todos los implicados en el caso.
Una vez presentados los escritos de acusación y de defensa, la jueza de Instrucción número 1 de Móstoles tendría que poner fecha a la apertura del juicio, un trámite que podría ocurrir en pocos meses.
En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la Fiscalía considera que los acusados "ocasionaron un perjuicio económico al Ayuntamiento de Móstoles" al aprobar, mientras estaban en el Gobierno y mediante el procedimiento de urgencia, una quita del 50% de la deuda que mantenía con el Consistorio la empresa ITV Móstoles ITV, la reducción del canon anual a 60.000 euros y el aplazamiento hasta 2040 del resto de la deuda, sin intereses ni recargos, a razón de 30.000 euros anuales y una última anualidad de 15.000 euros. El Fiscal puntualiza que el acuerdo se adoptó por los acusados "a pesar de contar con un informe desfavorable del interventor, que alertaba de la contrariedad al ordenamiento jurídico del mismo y con una clara consciencia de ilegalidad del mismo, puesto que habían sido advertidos de que los créditos de derecho público son indisponibles por ley".
Para más inri, hace hincapié en que "para tratar de dar externamente una apariencia de legalidad que los acusados sabían que no tenía, el acuerdo fue adoptado tan solo con el informe del también acusado Francisco Javier Torner, que emitió un informe jurídico favorable cuando carecía de facultades para hacerlo".
Además, la Fiscalía cree que la sociedad ITV Móstoles SL "se benefició del acuerdo adoptado, a sabiendas de su ilegalidad".
Es por todo ello por lo que considera que los hechos son constitutivos de un delito de prevaricación, por lo que considera que procede imponer a cada uno de los acusados una pena de 12 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.
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