La apertura por el Concello del procedimiento para revisar los acuerdos municipales que permitieron a la familia Franco hacerse con la Casa Cornide será un trámite necesario para hacer posible la presentación de una demanda judicial que consiga su recuperación, según detalló este miércoles la alcaldesa, Inés Rey. La incoación de ese expediente —que afectará a la permuta de una parcela municipal por la casa, su posterior subasta y la venta del adjudicatario, Pedro Barrié de la Maza, a Carmen Polo, la mujer de Franco— será un "paso previo para que la Justicia se pueda pronunciar", dijo Rey, quien calificó de "fundamental" este trámite.
Señaló que con la revisión se pretende "anular las resoluciones administrativas que dieron lugar al expolio" y que se solicitará a los ministerios de Educación y Hacienda que efectúen también ese trámite "para poder tener una base jurídica" que haga posible al Concello acudir a los tribunales. La declaración de la casa como Bien de Interés Cultural por la Xunta el pasado octubre es para la alcaldesa "un respaldo más" al expediente de revisión de oficio de los acuerdos relacionados con el cambio de propiedad del inmueble, de los que consideró que "fueron lesivos para el patrimonio público" y que no se hicieron "conformes a la legalidad".
Demora
El BNG, que durante los últimos años ha reclamado de forma insistente la presentación de la demanda judicial que permita recuperar el edificio, manifestó ayer su desagrado por el retraso en la puesta en marcha del expediente, ya que el informe jurídico elaborado por tres profesores de la Universidade da Coruña que servirá para iniciarlo fue presentado en diciembre de 2020. "No se entiende por qué se demoró tanto tiempo en abrir el proceso", se lamentó el portavoz municipal del BNG, Francisco Jorquera, quien reclamó que "se acelere" la presentación de la demanda civil.
Los nacionalistas recordaron que ya exigieron esa iniciativa judicial en septiembre de 2019 mediante una moción en el pleno y que también formularon diferentes peticiones en el Parlamento gallego para que la Xunta declarase la casa Bien de Interés Cultural. Aunque ese objetivo se alcanzó, advirtieron de que falta que la familia Franco establezca un régimen de visitas de al menos cuatro horas durante cuatro días al mes, lo que reclamarán que sea exigido por el Gobierno gallego, además de un inventario de los bienes muebles de la casa.
La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña manifestó por su parte su sorpresa por la "tardanza" en el inicio de la revisión de oficio por basarse en un informe de 2020 y aseguró que este acto "no justifica en ningún caso la demora en la presentación de la demanda civil", de la que dijo que es "la única vía judicial que puede modificar realmente la titularidad pública" del edificio. Calificó además de "incomprensible" el retraso porque "solo beneficia a la familia Franco" y por ello reclamó al Concello la presentación de la demanda civil, así como la retirada de honras y distinciones a las personas que participaron en "este expolio" a la ciudad" y a otros "franquistas significados" que considera que alejan al Concello de la normalidad democrática.
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