«Aumentar la respuesta de tramitación de expedientes y resolver el grave colapso venido por herencia». Es el objetivo del director del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), Luis Simal, quien compareció este jueves ante la Comisión de Medioambiente y Turismo, a petición del consejero del ramo, PSOE, Chunta Aragonesista, Aragón-Teruel Existe y Podemos, para dar a conocer la situación actual del órgano ambiental. Simal aseguró que, desde 2004, se han tenido unos déficits de expedientes acumulados «bastante importante por herencia durante veinte años», y esto está generando una situación «grave de colapso» y un bloqueo de incapacidad material para ser ágiles, hay 6.500 expedientes retrasados y acumulados históricamente.
El director del INAGA inició la intervención explicando que los principales objetivos del organismo siempre han sido «dar una respuesta constante a la especialización por parte del personal, simplificar las gestiones administrativas, eliminar mecanismos de intervención, establecer mecanismos de calidad pública y una administración electrónica».
En referencia a algunas de las acciones a ejecutar durante esta legislatura, el director explicó que el INAGA «no ejercerá en ningún caso» competencias en materia de vigilancia, control, inspección y sanción respecto a las resoluciones que emita. No obstante, resaltó que su principal propósito a ejecutar es «una coordinación de eficiencia y eficacia con todos los organismos ambientales reguladores y aquellos que gestionan los procedimientos para asegurar calidad en los servicios prestados».
Respecto a la estructura actual del órgano, Simal explicó que tras la eliminación el área ocho dedicada exclusivamente a instalaciones de energías renovables, se encuentran tres nuevas áreas que se dedicarán a montes y pesca, biodiversidad y medioambiente industrial. Por otra parte, subrayó que en los últimos años «se han producido numerosos ceses de áreas, renuncias y traslados de jefes de áreas», aunque ha garantizado que se han podido completar las áreas de los jefes, «con un equipo nuevo y renovado que cumplirá los objetivos con gerentes de unidad técnica y con muy poco personal administrativo».
Presupuesto para este año
El director aclaró que el INAGA tiene «un 74% de autofinanciación y un presupuesto para este año de 6,5 millones de euros». Para concluir, precisó que «la imagen que tiene la sociedad del órgano indica que los objetivos que persigue no se han cumplido, aunque sí se ha mejorado el acceso a la información asociada a la documentación medioambiental». Además, añadió que el Instituto «perdió su certificado de calidad y pretendemos recuperarlo».
Desde los grupos que habían solicitado la comparecencia, la socialista Leticia Soria incidió en que «siempre ha existido un problema estructural en este organismo», pero que, desde agosto de 2023 hasta la fecha actual, «no se ha reducido el retraso en el número de expedientes de tramitación, sino que se ha incrementado un 21%». El diputado Joaquín Palacín (CHA) puso de manifiesto que el retraso de los informes es «un problema estructural del Instituto que repercute en la actividad económica de Aragón» y, en este sentido, solicitó conocer qué medidas se van a plantear para resolverlo y si se va a ampliar la plantilla.
Del mismo modo, Tomás Guitarte (Aragón-Teruel Existe) defendió que el INAGA «debe ser una garantía en la aplicación de la normativa ambiental aragonesa, española y europea», pero que «no hay un cambio real» con el nuevo Gobierno de Aragón con respecto a los proyectos de renovables.
Desde el resto de grupos, la parlamentaria popular Susana Cobos criticó que el retraso acumulado se ha venido extendiendo en el tiempo hasta provocar una situación de colapso y de «nefasta política de personal» en el Instituto. El portavoz sectorial de Vox, Juan Vidal, indicó que la situación del INAGA que se encontró el gobierno PP-Vox el año pasado «estaba generada principalmente por el colapso de expedientes de energías renovables y por la presión de los promotores de este tipo de instalaciones».