Es interesante ver como los partidos se mueven en sus programas electorales en torno al sempiterno tema de la financiación de la Generalitat. Algunos eludiendo el adjetivo autonómico ; otros haciendo referencia al de singular ; otros, buscando el plural ... e, incluso, algunos ya no hablando de déficit fiscal, sino de aquello que se tiene que devolver al Estado por servicios comunes desde el supuesto de que Catalunya recaude todos los impuestos.
El candidato del PSC se mueve en las aguas más procelosas, ya que tiene que seguir hablando de una solidaridad mala de precisar y de un acuerdo conjunto que tiene que satisfacer un juego de suma cero. Pero el otro día se comprometió a algo lo bastante significativo: a respetar la ordinalidad entre aquello con lo que se contribuye y aquello que se recibe. Eso querría decir que el presupuesto en Catalunya tendría que aumentar, con las cifras disponibles, unos 3.400 millones adicionales cada año. Este cálculo mío es el resultado de valorar el diferencial per cápita ordenado de las comunidades receptoras actuales respecto de la orden de la capacidad fiscal de Catalunya, multiplicado por la población catalana. Y eso en términos nominales, ya que en términos de capacidad adquisitiva todavía sería más. N'est pas mal , si esta promesa no es una chispa del momento.
Los números
Si se respeta la ordinalidad entre lo que se contribuye y lo que se recibe, Catalunya recibiría unos 3.400 millones adicionales
En realidad, todos los candidatos aspiran a una mejor financiación para Catalunya. Otra cosa es de dónde puede, esta, proceder. A quienes nos gusta mirar siempre los dos lados del presupuesto solemos remarcar cuestiones como el "para qué" y el "cómo" de este nuevo gasto. Por supuesto que gastar los recursos con eficiencia, sin malgastar un solo euro, es una exigencia y no una opción. Pero también creo que sería bueno que los candidatos se comprometieran, sea cual sea la ganancia de la financiación adicional, a vehicular esta ganancia hacia un destino que genere el máximo consenso.
Este, desgraciadamente, no puede ser ni el sector de la sanidad ni el de la educación, ya que aquí los posicionamientos ideológicos sobre el papel del sector privado lo impiden. Por eso creo que estaría bien comprometer a los candidatos que se presentan a las elecciones en un área muy olvidada de la protección social, para dedicar un parámetro fijo de los nuevos recursos al ámbito de la salud mental. Un ámbito muy dejado, hoy en día, de la mano de Dios, donde "la privada" significa "las familias que sufren", y no hay un statu quo de parte que defienda esta provisión como negocio. Otras áreas de los servicios sociales, que hoy estropean el bienestar de las familias, se podrían considerar también. Pero evitemos, de nuevo, que las promesas sean chispas que caen del cielo y se las lleve el viento del momento.