NICOLÁS MADURO ha convocado, por fin, elecciones presidenciales. Un acto democrático como éste, que en cualquier otro país avanzado y libre constituiría un motivo de celebración, en la República Bolivariana de Venezuela se convierte en un factor de recelo, desconfianza y frustración. Y es que los comicios anunciados para el 28 de julio se han programado viciados desde el principio, con los líderes de la oposición anulados, silenciados o encarcelados, y una sociedad manipulada, atemorizada y fiscalizada. Este caos que vive nuestra nación hermana no deja de sorprendernos. Lo digo porque, transcurridos ya 32 años desde el intento fallido de golpe de Estado, y 25 desde la llegada al poder del chavismo, resulta difícil asumir que ni desde dentro del país, ni a través de su influyente diáspora, nadie, ningún colectivo o grupo de presión, haya conseguido propiciar un cambio de régimen.
A nivel interno, la oposición se ha mostrado dividida durante demasiados años. Allende las fronteras, los emigrados de antaño (más los ocho millones que en apenas un lustro han tenido que abandonar el país) no han sabido tampoco coordinarse, ni apelar a los Gobiernos de las naciones en las que se han asentado para generar una fuerza transformadora; un movimiento de cambio que, con el amparo de organismos supranacionales e intergubernamentales, facilitase ese giro de tuerca económico, político y diplomático que Venezuela tanto precisa.
Me resisto a creer que los venezolanos de la diáspora, junto a quienes tenemos familiares, amigos y allegados allí, no seamos capaces de hacer más por ese territorio que sentimos tan propio y cercano como siempre. Quizá sea eso lo único que nos quede a quienes lamentamos el sufrimiento venezolano desde el exterior. Pero este respeto y afecto compartido por Venezuela debería ser suficiente para activarnos e incitarnos a aportar y a hacer mucho más por quienes hoy se sienten arrinconados y olvidados por la Comunidad Internacional en su conjunto.
Opino que hemos tardado demasiado; y que, lamentablemente, no fuimos capaces de denunciar ni oponernos con la debida fuerza y en su momento a la quiebra del estado de Derecho en un país en el que el poder legislativo y el judicial han pasado a ser esbirros del régimen ejecutivo chavista. Ni siquiera la convenenciera inhabilitación de María Corina Machado ha soliviantado a la Unión Europea (que se ha limitado a denunciar su apartamiento desde la Eurocámara), o a Estados Unidos (con un Joe Biden que se comprometió, cándidamente, a suavizar las sanciones al petróleo, el gas y el oro de Venezuela bajo el compromiso de unas elecciones democráticas, el respeto a las fuerzas opositoras durante el proceso, y la liberación por parte de Caracas de presos políticos estadounidenses y venezolanos).
Es obvio que lo acordado en Bridgetown (Barbados) en 2023, y planteado en Ciudad de México ya en 2021, no se está cumpliendo; y hasta el programa informático electoral aparenta no admitir a los opositores. Así lo ha denunciado la propia líder de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), María Corina Machado, quien constató que las dos formaciones que la apoyaban (MUD y UNT) no salían reflejadas como inscritas en el registro fiscalizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Dadas las circunstancias, e independientemente de que al final tenga que ser Edmundo González Urrutia o Corina Yoris quien lidere la oposición, asusta la posibilidad de un enfrentamiento civil si se confirma la falta de transparencia y la manipulación de unas elecciones que hoy, allí, resultan más urgentes y necesarias que nunca.
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