El adelanto de las elecciones autonómicas en Cataluña al próximo 12 de mayo ha obligado a aparcar varias negociaciones entre el PSOE y el independentismo, como el pacto fiscal y una posible financiación singular para esta comunidad, así como la hipotética celebración de un referéndum, en la que Junts y ERC insisten y que el Gobierno rechaza. También tendrá que esperar el traspaso de las competencias en inmigración y la ley de plurilingüismo para que los ciudadanos se puedan dirigir a la Administración General del Estado en cualquiera de las lenguas cooficiales. Estos compromisos están recogidos en los acuerdos de investidura firmados por el PSOE con ERC y Junts que permitieron a Pedro Sánchez ser elegido de nuevo presidente del Gobierno. De esos acuerdos y otros pactos sellados posteriormente se derivan, además, otros asuntos que ahora quedan suspendidos temporalmente, como la próxima reunión de la Mesa de Diálogo entre el Gobierno Central y la Generalitat; las medidas para favorecer el regreso de empresas a Cataluña tras el procés o el reconocimiento de los derechos históricos del régimen local, entre otros. ERC Y JUNTS PIDEN UN CUPO CATALÁN La financiación autonómica de Cataluña es uno de los puntos clave de la relación entre PSOE y el separatismo aunque las posturas parecen todavía muy alejadas. ERC y Junts han manifestado su intención de contar con una financiación singular e incluso transitar a un modelo similar al del cupo vasco. Es decir pretenden recaudar el 100% de los impuestos que se pagan en esta comunidad y luego abonar una cantidad al Estado. El Gobierno, a priori, se opone y busca una negociación para el nuevo modelo de financiación autonómica que implique a todas las comunidades y no solo a Cataluña. El rechazo es mayor entre los barones socialistas al señalar que rompe la solidaridad entre españoles, como dijo el presidente de Asturias, Adrián Barbón, que no suele confrontar con la dirección nacional del partido. Esta propuesta de gestionar todos los impuestos en Cataluña ya la había incluido Junts en su acuerdo de investidura con el PSOE firmado el pasado mes de noviembre y ahora la ha vuelto a poner sobre la mesa ERC en boca del presidente Pere Aragonés. Sin embargo, en Ferraz tratan de restarle trascendencia y señalan que es una medida oportunista que ERC saca ahora para entrar en campaña, a sabiendas de que no es posible. Aragonés, sin embargo, afirmó que va en serio y advirtió de que el PSOE ya tachó de imposibles e inconstitucionales los indultos y la amnistía y al final terminó asumiendo ambas medidas. CHOQUE POR EL REFERÉNDUM También queda por resolver la cuestión del reconocimiento nacional de Cataluña y la posible celebración de un referéndum, al que no renuncian ERC y Junts. Los de Puigdemont lo dejaron por escrito en el acuerdo de investidura firmado con el PSOE, donde decían que propondrían la celebración de un referéndum de autodeterminación amparado en el artículo 92 de la Constitución. Los socialistas, aunque permitieron esa mención en el documento, señalaban que su apuesta era el desarrollo del autogobierno. Ahora desde ERC lo han vuelto a poner encima de la mesa y esta misma semana su secretaria general Marta Rovira afirmó que ya han pedido al PSOE celebrar un referéndum "vinculante y con validación internacional" y están esperando que ellos hagan su propuesta. El PSOE por el contrario niega que esté negociando un referéndum de autodeterminación y de nuevo achaca estas declaraciones a la pugna entre ERC y Junts para ver quien es "más independentista". No obstante, en el acuerdo de investidura sellado entre PSOE y ERC, abrían la puerta a realizar algún tipo de consulta al señalar que ambas formaciones deben abordar "el debate sobre el modo en que los acuerdos a los que se pueda llegar sobre el marco político de Cataluña puedan ser refrendados por el pueblo catalán". En punto muerto se ha quedado a su vez la ley orgánica de garantía del plurilingüismo que Sánchez se comprometió a aprobar en la reunión que mantuvo con Aragonès a finales de diciembre en Barcelona. Esta norma pretende asegurar que todos los ciudadanos se puedan dirigir a la Administración General del Estado en cualquiera de las lenguas oficiales. LEY ORGÁNICA SOBRE INMIGRACIÓN PARA CATALUÑA Otra negociación que ha quedado pendiente, a la espera de que se abran las urnas, es el traspaso de las competencias de inmigración a Cataluña. Junts arrancó este compromiso a los socialistas a cambio de apoyar la convalidación de varios reales decretos leyes el pasado mes de enero. Los de Carles Puigdemont llevaron la negociación hasta el último minuto e hicieron valer que sus votos eran imprescindibles para que al Gobierno sacase adelante sus medidas. Tras cerrar el pacto, Junts aseguró que implicaba asumir las competencias integrales en esta materia y obligó a Sánchez a poner límites y aclarar que el control de las fronteras y la potestad para expulsar migrantes seguiría en manos de la Administración Central. En todo caso, el traspaso de competencias se formalizará mediante una ley orgánica específica para Cataluña que está pendiente de desarrollo, que además debe ir acompañada de los recursos necesarios para que la administración autonómica asuma las competencias cedidas. En ese acuerdo cerrado en enero se recogían otros compromisos que todavía no se han formalizado como la reforma de la ley de sociedades de capital mediante Consejo de Ministros para revertir el real decreto aprobado por el PP en 2017 y facilitar que las empresas que salieron de Cataluña durante el procés vuelvan a establecer allí su sede. El PSOE también prometió multiplicar por cinco --hasta los 6,2 millones de euros-- los fondos para la digitalización de la administración de Justicia en Cataluña y que el Estado asuma la totalidad del coste de los descuentos y las bonificaciones del precio del transporte público. Por último, acordaron que se reconocerían los derechos históricos de Cataluña en materia de régimen local. En ese mismo acuerdo, se pactaron otros puntos que ya se han hecho realidad, como la publicación de los datos oficiales para calcular las balanzas fiscales --una reivindicación histórica del independentismo para tratar de demostrar que sale perdiendo con los fondos que recibe del Estado--. También, la eliminación del IVA del aceite, que ya se ha registrado en el Congreso y previsiblemente entrará en vigor en abril.