En un encuentro de análisis político, un amigo recordaba las categorías centrales de Eduardo Basualdo: modelo de acumulación, régimen social y formas de representación.
Esa referencia me hizo reflexionar acerca de si estábamos asistiendo a un cambio de modelo de acumulación y que consecuencias tendría esto para nuestro país.
Un modelo de acumulación es la forma en que se organiza la producción en un lugar y tiempo determinado. En palabras de Basualdo es "un recorte espacio-temporal del proceso de reproducción ampliada del capital".
Esta categoría integra lo económico y lo político como esferas identificables dentro de una unidad.
Reconocemos cuatro modelos de acumulación en el último siglo, el de sustitución de importaciones en su fase peronista y desarrollista, el que se impone con la revancha oligárquica en la última dictadura militar, el de valorización financiera del menemismo que es el perfeccionamiento del modelo rentístico financiero de la dictadura y el nacional popular después del 2003.
Para que un modelo de acumulación se consolide en el tiempo, debe imponerse un régimen social de acumulación que es el conjunto de instituciones y prácticas que afectan el proceso de acumulación de capital.
Asimismo, cada uno de los bloques sociales que intervienen en la disputa por el modelo de acumulación, construyen su representación política a fin de expresar sus intereses.
Leamos la coyuntura a partir de estas premisas.
El agotamiento e implosión del modelo de valorización financiera en 2001 y la ruptura del bloque social dominante permitió una serie de cambios que derivaron en una nueva forma de organizar la producción y de distribuir los excedentes.
Cambiar el modelo de acumulación significó desplazar sectores y empoderar a otros. Los primeros desplazados fueron el capital financiero y extranjero protagonista de la deuda y las privatizaciones de los 90.
La renegociación de la deuda, salida del FMI, congelamiento de tarifas de servicios públicos en manos de empresas privatizadas fueron las primeras medidas de Néstor Kirchner para construir una nueva organización económica.
El cambio de modelo de acumulación se profundizó en los gobiernos de Cristina Kirchner, donde el conflicto alcanzó a los grupos económicos locales ligados a la exportación de granos por el destino del excedente generado por al alza de los precios de los commodities. Lamentablemente esta disputa reabroqueló a casi todos las fracciones del gran capital enfrentadas desde la crisis y enajenó el apoyo de sectores productivos que debían ser parte del proyecto político, porque eran beneficiarios objetivos del modelo de acumulación en marcha.
En estos años también se profundizó la disputa con el capital financiero y transnacional con la nacionalización de las AFJP e YPF.
Asimismo en todo el proceso se fueron incorporando demandas sociales al Estado, mediante la expansión cuasi universal de la seguridad social con la inclusión jubilatoria y la asignación universal por hijo (financiado en gran parte mediante la transferencia de ingresos desde los sectores exportadores extractivistas).
No solo era un modelo de acumulación más justo, si no también más eficiente, al punto que el periodo 2003 – 2013 fue la década de expansión más importante de la historia argentina (6,7% anual acumulativa), siendo sus motores la producción y el consumo.
El cambio de modelo de acumulación se sostuvo en el cambio de régimen político, con la renovación de Corte, expacnsión del Estado en función de la convalidación de las demandas populares y la recuperación de algunas de las empresas privatizadas la década anterior. Hay un nuevo estado para un nuevo modelo de acumulación.
Ningún modelo de acumulación es perfecto y ése -incluso siendo el mejor en décadas- lejos estuvo de serlo.
En el último gobierno de Cristina se evidenciaban distorsiones y problemas como la restricción del sector externo, la pérdida de las ventajas competitivas por la apreciación del tipo de cambio real, los problemas de abastecimiento energético, la fuga de capitales, la inflación y problemas de financiación de Estado.
Con el cambio de gobierno, todos los problemas e inconsistencias se profundizaron al tiempo que se concentraba el ingreso y se asistia a un nuevo ciclo de endeudamiento escandaloso que permitió el retorno del FMI y sus recetas destructivas.
A pesar de expresar la unidad de todas las fracciones del capital concentrado nacional y extranjero desplazadas de la conducción del Estado por el kirchnerismo, el macrismo no fue capaz de reemplazar el modelo de acumulación ni menos aún el régimen político, pero claramente volvió inviable el anterior.
El costo que le produjo la reducción (moderada) de las jubilación, demostró la inviabilidad de las transformaciones que le pedía el mercado financiero y le enajenó su apoyo. Varado en mitad del rio, perdió las elecciones.
El gobierno de Alberto Fernández no pudo resolver los desajustes del modelo y terminó de minar su legitimidad, al terminar su mandato con una inflación interanual a noviembre del 2023 del 160,9% y un indice de pobreza del 41,7% en el segundo semestre del mismo año. La desocupación fue el único índice que no se derrumbó, con un 5,7%, manteniéndose como la única columna en pie del edificio de inclusión construido en los gobiernos de Néstor y Cristina.
Sin implosionar cómo lo hizo la convertibilidad, el modelo de acumulación había duplicado la pobreza que tuvo en su mejor momento y con una inflación desbordada, se dio lugar a un relativo consenso acerca de su sustitución.
El bloque social conformado por el capital financiero trasnacional y los sectores más concentrados de los grupos locales, aun con fuertes diferencias internas, parecen alinearse detrás de Milei con el objetivo de "dar vuelta la página" y proponer un nuevo modelo de acumulación.
Este nuevo bloque basa su legitimidad en la impugnación del modelo anterior, pero sin realizar la menor concesión a los sectores trabajadores y populares. Más aún, ni siquiera tiene presente las demandas de una fracción enorme del pequeño capital que hoy se presenta como una de sus bases de sustentación más sólidas, al mismo tiempo que es una de sus primeras víctimas.
Lo único que ofrecen es el relato de combate a la inflación y un lejano horizonte de estabilidad de precios. Mientras la inflación supera largamente los astronómicos índices del gobierno anterior.
Este nuevo bloque social ha definido con claridad cuáles son los sectores en los que van a basar la acumulación: valorización financiera y extractivismo (energía en el sur, soja en la zona núcleo, litio en el norte, minerales en la cordillera, internacionalización del mar argentino en los términos de la ley "bases").
Proponen la desregulación total de la economía, condiciones que garanticen la entrada (y salida) de capitales extranjeros y una relación capital – trabajo que no ha existido en nuestro país desde antes del peronismo.
Estos factores podrían generar una nueva fase de acumulación y crecimiento económico, con una concentración mayor a la de los años 90 y con un 60% de la población excluida.
La nueva estructura social estaría conformada por un 5% integrado a la economía mundial, un 30% de pequeños propietarios integrados y trabajadores con derecho, un 40% de trabajadores altamente precarizados y un 25% de excluidos plenos.
Lejos estamos de que este escenario distópico de crecimiento con desigualdad escandaloso se concrete. La actualidad es aún peor. Un modelo que además de brutalmente antisocial, no acumula para el capital.
La inflación en dólares que no se detiene, los costos de energía e insumos desbordados, los precios europeos y salarios asiáticos y la recesión que se profundiza siembran dudas acerca de si el plan, además de injusto, es inviable.
Sin embargo, no hay que descartar que los grupos económicos más concentrados logren, a costa de sacrificar a una parte importante de la población, su objetivo de estabilizar y acumular. Al menos por un tiempo.
Todo modelo de acumulación para sostenerse debe dotarse de un conjunto de instituciones y prácticas que afectan el proceso de acumulación de capital.
Por eso, este experimento debe ir acompañado de la destrucción de las capacidades estatales. El ajuste estructural del Estado, iniciado con los despidos de marzo, requiere el desmantelamiento de las instituciones que construyó el Estado con la finalidad de integrar la sociedad.
Es imposible el descenso de gasto público que han establecido como base del nuevo modelo de acumulación con el 100% de personas mayores dentro de la seguridad social. No hay nuevo modelo de acumulación ultraliberal con el Fondo de garantía de sustentabilidad permitiendo la auditoría de las grandes empresas privadas por parte del Estado. No hay nuevo modelo de acumulación de exclusión con programas de reducción de las desigualdades. Ni con la Asignación Universal Por Hijo. Ni con una eficiente Unidad de Información Financiera.
Si este proceso político achica el Estado a su medida, será imposible dar respuesta a las demandas populares. La derrota electoral que inexorablemente sobrevendrá a los ejecutores de este feroz proceso de exclusión puede dar lugar a la pesadilla de representantes de los sectores populares en el Estado, pero sin ninguna capacidad de respuesta a las demandas de sus bases.
Si no se impide el desmantelamiento de las capacidad estatales de redistribución, les quedarán dos caminos: el transformismo (aceptando ser burócratas del modelo de las elites) o la perdida total de representación. La insatisfacción democrática recargada.
Dicen que el peronismo es por lo que pasó entre 1946 y 1949. Que el kirchnerismo será recordado por las transformaciones realizadas entre 2009 y 2012. Los dos períodos de distribución de la riqueza más importante de nuestra historia.
En contraposición, hace falta muy poco tiempo para que los sectores dominantes formateen la sociedad para las próximas décadas.
Es fundamental evitar la destrucción de las capacidades estatales para dar respuesta a las demandas populares. Evitar que se deshagan esos 8 años nacionales y populares (reforma laboral, previsional y fiscal más privatizaciones).
Por también es fundamental darse cuenta de que el modelo de acumulación iniciado hace 20 años esta agotado y requiere transformaciones estructurales para recuperar dos cosas básicas: que acumule y que, luego, distribuya. Reconocer lo realizado para renovarlo.
Necesitamos nuevas alianzas con sectores productivos, nuevos imaginarios y herramientas. Está faltando nuestra "ley ómnibus".
Los vacíos siempre se ocupan, aun con cosas horribles. No tenemos tiempo.
(Cristian Arroyo es licenciado en Trabajo Social, especialista en políticas sociales y docente investigador de la Universidad Nacional de Mar del Plata)