El conflicto entre el Estado y Canarias por las competencias de Costas también abarca la problemática en la que se encuentran los núcleos y poblados costeros de las Islas, muchos de ellos amenazados por la ley estatal al estar enclavados en la zona de servidumbre costera, lo que supone que algunos estén pendientes de su futuro con órdenes de derribo. El Gobierno canario quiere las competencias exclusivas, lo que supondría tener la última palabra sobre estos enclaves pero el Ministerio de Transición Ecológica mantiene retenidos alrededor de un centenar de expedientes, entre ellos los referidos a muchos de estos núcleos por ser anteriores a la ley estatal de 1988.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, reduce el contencioso que enfrenta al Ministerio y a la Comunidad Autónoma a 16 expedientes, siendo los dos más problemáticos los referidos a los hoteles de la cadena Riu Oliva Beach y Tres Islas, en Corralejo. El Ejecutivo regional rechaza este argumento y amplía el enfrentamiento a más expedientes que afectan a la ordenación del litoral y a la situación de los poblados costeros ya consolidados. La Consejería de Obras Públicas mantiene que «los conflictos con Costas no son exclusivamente los de la disposición transitoria vinculada a las concesiones en dominio público previas a la Ley de Costas, sino que también hay otros conflictos en ciernes que son, por ejemplo, los núcleos costeros afectados por la ley estatal». Por otro lado también hay casos de expedientes que no se han traspasado a Canarias porque están pendientes de digitalizar y no todos tienen que ser conflictivos al ser una cuestión más formal que de fondo.
Ordenación y regulación
El portavoz de la plataforma de afectados por la Ley de Costas, José Luis Langa, critica que el deficiente traspaso de competencias esté afectando a los núcleos costeros ya que la Comunidad Autónoma no puede ejercer sus funciones de ordenación y regulación de los mismos. Para Langa la solución pasa o por una reforma de la ley estatal, para salvar a los poblados consolidados y que queden desafectados, o que el Gobierno canario tenga la competencia exclusiva real para delimitar cuáles pueden consolidarse y cuáles no.
Actualmente poblados como Los Molinos en Fuerteventura; Las Bajas en Tenerife o Punta Larga y El Faro en La Palma se encuentran con sentencias judiciales en contra tras los recursos presentados ante las órdenes de derribo emitidas por la Demarcación de Costas del Estado. Algunos ya han llegado al Tribunal Supremo pero Langa, que es abogado, vaticina que se terminará por llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). «Los jueces cumplen con la ley y avalan a Costas porque la actual legislación es confiscatoria y no hace distinciones, por eso es necesario modificar la ley o que Canarias pueda decidir sobre estos barrios», agrega.
Conflictos
Estos son algunos de los núcleos que se encuentran en riesgo de ser derribados y que llevan años pleiteando con el Ministerio y la Justicia. Pero en el Gobierno regional y en la plataforma también hay preocupación por otros poblados sobre los que se ciernen conflictos tarde o temprano como es el caso de Ojos de Garza en Gran Canaria. En total 64 de los 88 municipios de Canarias tienen contenciosos con Costas y hay unas 150.000 personas afectadas por esta situación.
La Dirección General de Costas del Gobierno regional está elaborando un censo de los núcleos afectados por la Ley de Costas para conocer la situación de cada uno y las actuaciones que se pueden llevar a cabo.
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