A la vez, el fallo habla de la responsabilidad del Estado de Irán, e impulsa la necesidad de ir a un juicio en ausencia contra los iraníes imputados como los responsables de la planificación, financiamiento y ejecución del ataque.
A24.com consultó a la ex abogada de la DAIA, Marta Nercellas, quien fue una de las primeras promotoras de la investigación contra los iraníes. Para Nercellas lo más importante es que hayan calificado como autor del ataque al Estado de Irán, y no a algunos funcionarios de ese país. Recordó que en el inicio de la investigación ya se lo había pedido por escrito al juez Juan Jose Galeano, sin embargo el magistrado les mantuvo la imputación como "funcionarios".
La doctora Nercellas aseguró que "Irán estuvo en la financiación, en la planificación y en el encubrimiento; por eso nunca entregó a las personas ni ningún dato solicitado a través de los Exhortos judiciales, al punto que llegaron a responder que no remitieron información porque defienden los derechos humanos", un detalle que consideró inolvidable.
El futuro de la causa AMIA podría cambiar si finalmente se cumple el planteo de la Justicia de digitalizar los informes que realizó la ex SIDE. Nercellas aseguró que "todas las respuestas del atentado están en los papeles secretos que restan analizar".
Por otro lado, valoró que Casación haya requerido que se impulse el juicio en ausencia, porque "aunque no llevará condenarlos, e incluso los iraníes se maten de risa, permitirá que toda la gente, y sobre todo los familiares, tengan acceso a la prueba y a la verdad".
¿Qué repercusión puede tener este fallo en la causa Memorándum con Irán?
El fallo de la Cámara de Casación Penal apunta contra el Estado de Irán como responsable del atentado a la AMIA y a la Embajada de Israel en Argentina.
Por su lado, el Memorándum con Irán era una acuerdo suscripto entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con el régimen de Mahmud Ahmadinejad, que proponía la creación de una Comisión de la Verdad, integrada por representantes de ambos países.
En esa Comisión se compartiría la evidencia y la información sobre la causa AMIA, para definir las preguntas que se hipotéticamente realizarían a los imputados, cuando se les tomase declaración en Irán.
Al respecto, Marta Nercellas le dijo a A24.com que "este fallo certifica que Argentina combinó con un Estado terrorista; además, había algo gravísimo, pues íbamos a perder la colaboración de los organismos de inteligencia internacionales, pues hubiéramos revelado el material secreto que habían entregado a la justicia argentina para favorecer la investigación".
La causa del Memorándum está en la Corte Suprema de Justicia, con un pedido de Cristina Kirchner para que revoque la sentencia que ordenó reabrirla y realizar el juicio oral.
Un fallo histórico
Los jueces de la Sala 2 de la Cámara de Casación Penal, Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques, y Angela Ledesma, resolvieron declarar crimen de lesa humanidad al atentado perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la AMIA-DAIA y confirmar la calificación de los hechos como graves violaciones a los derechos humanos.
Por otro lado, revisaron las condenas en el juicio que investigó maniobras de encubrimiento, dejándolas establecidas de la siguiente manera:
- El ex secretario de la SIDE, Hugo Alfredo Anzorreguy, considerado autor penalmente responsable del delito de peculado, se impuso la pena de 2 años y 6 meses de prisión de ejecución condicional, e inhabilitación absoluta perpetua.
- El ex juex federal Juan José Galeano, resultó absuelto del presunto encubrimiento por favorecimiento personal y violación de medios de prueba en la causa "Pista Siria", y por otro lado condenado como autor penalmente responsable del delito de peculado, en calidad de partícipe necesario, en concurso real con el delito de prevaricato, que concurre idealmente con el de privación ilegal de la libertad agravada: a 4 años de prisión de cumplimiento efectivo, e inhabilitación absoluta perpetua.
- El ex subsecretario de la SIDE, Juan Carlos Anchézar, fue absuelto por encubrimiento por favorecimiento personal y falsedad ideológica.
- Carlos Antonio Castañeda fue absuelto de encubrimiento por favorecimiento personal, violación de medios de prueba y falsedad ideológica.
- Los ex fiscales de la causa AMIA, Eamon Gabriel Müllen y José Carlos Barbaccia, fueron absueltos por incumplimiento de los deberes de funcionario público, y condenados como partícipes secundarios del delito de privación ilegal de la libertad agravada a la pena de 2 años de prisión de ejecución condicional, e inhabilitación especial por el término de 4 años.
- el ex agente de la SIDE, Patricio Miguel Finnen, fue condenado como partícipe necesario del delito de peculado a la pena de 2 años de prisión de ejecución condicional, e inhabilitación absoluta perpetua.
- El ex reducidor de autos Carlos Alberto Telleldín, quedó condenado como partícipe secundario del delito de peculado a la pena de un año y 9 meses de prisión de ejecución condicional, e inhabilitación absoluta perpetua.
- la ex pareja de Telleldin, Ana María Boragni, resultó absuelta del hecho que fue calificado como peculado.
- En el caso del ex abogado de Telleldin Víctor Stinfale, y el ex titular de la DAIA, Rubén Beraja, quedaron confirmadas sus absoluciones.
El fallo de Casación revisó la sentencia del Tribunal Oral Federal 2 que en 2019 llevó adelante el juicio que ventiló las irregularidades en la investigación del atentado a la AMIA, que había estado a cargo del juez federal 9, Juan José Galeano. Ese proceso se basó en dos expedientes acumulados en uno solo: "Pista Siria" y "Brigadas".
La primera causa engloba los delitos cometidos por distintos funcionarios con el propósito de encubrir la posible participación en el atentado de un ciudadano de origen sirio -Alberto Jacinto Kanoore Edul-, quien habría estado relacionado personalmente con el ex presidente de la Nación, Carlos Saúl Menem, su entorno familiar, e integrantes de su gobierno.
En tanto, "Brigadas" está relacionada con el pago de 400 mil dólares al imputado Carlos Alberto Telleldín con fondos de la ex SIDE, para brindar una nueva versión de los hechos que involucró como intervinientes en el ataque terrorista a efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Toda la maniobra estuvo pactada con el juez Galeano. Como consecuencia de esa hipótesis inventada, los ex efectivos fueron detenidos y procesados.
El TOF 2 había considerado suficientemente probado que Juan José Galeano, Hugo Anzorreguy, Juan Carlos Anchézar y Carlos Antonio Castañeda, sabían del vínculo existente entre el sospechoso Kanoore Edul y allegados al entonces presidente Carlos Menem y a su familia política (Yoma), y que con la finalidad de proteger, encubrir y proveer de impunidad al nombrado obstaculizaron el desarrollo de la investigación.
En cuanto a la materialidad de los hechos investigados en la causa "Brigadas", los jueces habían dado por comprobado que Anzorreguy, Galeano, Carlos Telleldín y Ana María Boragni participaron activamente de la sustracción fondos reservados del Estado Nacional para dárselos a Telledin, con el fin de que prestara una nueva declaración previamente consensuada, involucrando a los ex policías bonaerenses Juan José Ribelli, Anastasio Irineo Leal, Raúl Ibarra y Mario Bareiro en la investigación del atentado.
Tres votos unánimes
En su voto, el juez Carlos Mahiques estableció que el atentado a la AMIA, en Argentina, fue una amenaza concretada desde el "Islamofascimo" o "Islamoanarquismo", que asume el acto terrorista "como un medio o técnica de la guerra revolucionaria" contra Occidente, con el objetivo "evitar su "integración", destruir su moral y minar su resiliencia en la conservación de los valores judeo cristianos fundacionales y democráticos como la igualdad ante la ley, el respeto a las diferencias, la laicidad, la libertad de conciencia y de expresión, entre otros".
En el mismo sentido, Mahiques concluyó que "el atentado de 1994 en Buenos Aires fue organizado, planificado, financiado y ejecutado bajo la dirección de las autoridades del Estado Islámico de Irán, en el marco de la Jihad Islámica, y con la intervención principal de la organización política y militar Hezbollah".
Asimismo, citó un informe de la UFI AMIA que explica que según "la prueba reunida en la causa, la motivación de ese atentado (no la única), y la del cometido dos años antes contra la sede de la embajada de Israel se originó principalmente en la decisión unilateral del gobierno argentino (motivado en un cambio de la política exterior de nuestro país operado entre fines de 1991 y mediados de 1992) de rescindir tres contratos de provisión de material y tecnología nuclear acordados con la República Islámica de Irán (...) La cancelación definitiva se comunicó mediante nota del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación de fecha 27 de mayo de 1992, lo que motivó la presentación de un inmediato reclamo indemnizatorio de Irán. Por fuera de esa circunstancia, y del manifiesto rechazo y disconformidad de las autoridades de la República Islámica de Irán, éstas insistieron para que nuestro país revirtiera la decisión y retomara las relaciones comerciales y de intercambio tecnológico. Finalmente, se arribaría a un acuerdo o entendimiento extrajudicial en enero de 1997. La réplica final del Estado Iraní frente al incumplimiento argentino fue, en última instancia y en esta ocasión, el empleo de una metodología basada en la ejecución de actos de terrorismo a cargo de Hezbollah".
Con estos antecedentes, el juez Mahiques consideró que se cumplieron "todos los requisitos objetivos y subjetivos exigidos por el Estatuto de Roma para categorizar el atentado a la sede de la A.M.I.A.-D.A.I.A. como un crimen de lesa humanidad".
Además, analizó que los hechos juzgados en este expediente constituyen graves violaciones a los derechos humanos dada la relación con los actos terroristas, por lo tanto, deben ser considerados imprescriptibles. Por tal razón considero "que los sucesos que conforman la causa "Brigadas" y las calificaciones legales que reciben exceden, en el caso, la categoría de crímenes ordinarios pues guardan una particular y estrecha relación con toda la dinámica del atentado. Una de las razones finca en que por su ocurrencia se alteró y desvió de manera irreversible, por momentos intencional y en cierta forma, coordinada, la investigación del suceso principal".
Mahiques profundizó sobre la cuestión al indicar que "cuando se trata de delitos como el terrorismo que por su letalidad y magnitud de injusto agravian a toda la comunidad internacional, se impone de manera inexcusable la adopción por el Estado de procedimientos alternativos y complementarios que aseguren la posibilidad de impulsar los procesos y evitar así la impunidad de los autores, instigadores y cómplices".
En un dictamen conexo, opinó que "un recurso de ese tipo que sería útil y adecuado en orden a factibilizar y garantizar el derecho a la verdad y un mejor acceso a la justicia de las víctimas del terrorismo es el denominado juicio en ausencia". Puso como ejemplo a países como Francia, Italia y Brasil que tienen leyes que habilitan procesos en ausencia que no vulneran garantías procesales y derechos constitucionales de los imputados.
Escribió que "la Argentina reclama que se examine con rigor jurídico esa alternativa", y pidió a las máximas autoridades de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Nación a que, cada uno en su esfera de actuación, formulen, evalúen, impulsen, propongan y sancionen una reforma legislativa que permita a futuro la aplicación del juicio en ausencia para sucesos como el que motivó esta causa".
En cuanto al voto de Angela Ledesma, la jueza abundó sobre la calificación de los hechos como delitos de lesa humanidad o de grave violación de los derechos humanos. Detalló que en el juicio oral "el Tribunal justificó adecuadamente los vínculos existentes entre el hecho principal -atentado a la AMIA- y las conductas achacadas a los aquí imputados, sin que las críticas formuladas por las defensas logren conmover lo resuelto como así tampoco demostrar la pretendida arbitrariedad de la sentencia".
Coincidió con Mahiques en la imprescriptibilidad de las conductas juzgadas en este caso, y argumentó que los acusados, que pertenecían a distintas esferas del Estado, desviaron la investigación del ataque terrorista "todo lo cual implicó una denegación al acceso a la verdad para los familiares y víctimas del atentado, quienes tenían derecho a una investigación en el marco del debido proceso, generando graves violaciones a derechos humanos fundamentales que deben ser juzgadas a la luz de la normativa que los protege y no ser considerados como delitos comunes, poniendo en crisis la responsabilidad internacional del Estado argentino, en su deber de investigar y sancionar adecuadamente".
El juez Diego Barroetaveña destacó en su voto que "sin lugar a dudas, el atentado contra la embajada de Israel y el acaecido contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) son acontecimientos que no sólo han azotado a las víctimas fatales, los sobrevivientes y las familias atravesadas por semejantes pérdidas irreparables, sino que la atrocidad del sufrimiento causado y la conciencia de vulnerabilidad de la nación, entendida como esa sensación de temor concreto y global de la política internacional, son huellas mnémicas que no se han borrado de todos los argentinos".
Se refirió a que han transcurrido tres décadas y aún se mantiene el sentimiento colectivo "bajo el clamor de justicia: justicia que abarca no sólo el esclarecimiento del atentado terrorista sino, también, de las nocivas irregularidades ocurridas en la investigación judicial llevada a cabo".
En este aspecto, Barroetaveña concluyó que el Estado argentino tiene la doble responsabilidad de "emprender una diligente investigación del atentado de la AMIA-DAIA a efectos de esclarecer lo sucedido y sancionar a los responsables", y a la vez aplicar penas a los autores de "todas las falencias e irregularidades producidas en la investigación por el atentado que, por sus efectos, se han convertido en factores de impunidad".