El vicepresidente primero del Gobierno valenciano Vicente Barrera ha anunciado este lunes que el Ejecutivo de Carlos Mazón estudiará la puesta en marcha de medidas, en el marco de sus competencias, para defender «a los legítimos propietarios» valencianos frente a la ocupación ilegal de viviendas «con la ley en la mano». En concreto, el Consell, estudia, según ha explicado una «acción conjunta» entre la vicepresidencia segunda y Consejería de Igualdad y Servicios Sociales, que dirige Susana Camarero, y la de Justicia, responsabilidad de Isabel Núñez.
El vicepresidente del Gobierno valenciano se ha manifestado así en en transcurso de una visita al barrio de La Magdalena, en Massamagrell, a dónde ha acudido acompañado por responsables de la Consejería de Justicia, Interior y Administración Pública con la finalidad de conocer la inseguridad ciudadana que viven sus vecinos tras varios episodios de okupación ilegal de viviendas.
Además, ha mantenido un encuentro de trabajo con la alcaldesa de la localidad Isabel Peris en el que también ha participado la alcaldesa de Museros Cristina Civera, así como representantes municipales, judiciales y policiales. El objetivo era conocer cómo afrontar el problema.
Por ello, Barrera ha explicado que el objetivo de su visita a Massamagrell era «denunciar la okupación ilegal en toda España», porque va «no sólo en contra de la ley sino del sentido común el hecho de que alguien pueda ocupar ilegalmente una vivienda y que las leyes no protejan al legítimo propietario, que tiene que ir al juzgado a defender su propiedad».
Por su parte, la directora general de Atención a las Víctimas Belén Pulgar ha manifestado que la Consejería de Justicia e Interior va a poner a disposición todas las Oficinas de Delitos para «proteger a las familias frente a la okupación ilegal». Y ha añadido que «nuestra prioridad» es que todas las víctimas de la okupación ilegal tengan, desde ahora, «la protección con que no contaban». En la Comunidad Valenciana hay 36 oficinas de delitos. Una por partido judicial. Son gratuitas. y cuentan con atención de letrados, psicólogos y trabajadores sociales.