Aún no se conoce cuándo el dueño de la casa de Sarratea y amigo del expresidente Pedro Castillo, Alejandro Sánchez Sánchez, será deportado al Perú de los Estados Unidos. Lo que si se sabe es su papel en la trama de corrupción que montó el ahora preso y vacado exmandatario durante su gobierno. Justamente, el empresario tiene que responder ante la justicia peruana por varios presuntos delitos, entre ellos organización criminal.
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Prófugo
Como se recuerda, el Poder Judicial dictó, en noviembre del 2022, 30 meses de prisión preventiva contra el empresario cajamarquino por el Caso 'Gabinete en la Sombra'. La fiscalía le imputa a Sánchez Sánchez los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y tráfico de influencias.
Cuando el Poder Judicial dispuso la orden, Sánchez Sánchez ya se encontraba prófugo. El propietario de la famosa casa de Sarratea se escapó de la justicia el 11 de octubre del 2022, cuando el juez Víctor Zúñiga dictó detención preliminar contra él y otros miembros del 'Gabinete en la sombra" de Pedro Castillo.
Ese día la policía detuvo a Abel Cabrera Fernández, Salatiel Marrufo Alcántara, Auner Vásquez Cabrera, Biberto Castillo León, Eder Vitón Burga. Pero a él no lograron ubicarlo.
Luego de varios meses de no saber nada sobre su paradero, pese a estar en la lista de los más buscados, el viernes 8 de septiembre del 2023, Sanchéz Sánchez fue detenido por la autoridades estadounidenses cuando intentaba ingresar a su territorio de manera irregular a través de la frontera con México.
Tras ser detenido, Sánchez pidió asilo a Estados Unidos alegando persecución política, pero su solicitud fue denegada y tendrá que regresar al país a cumplir con la orden de 30 meses de prisión preventiva.
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Su rol en el 'Gabinete en la sombra'
En la presunta estructura criminal, Sánchez Sánchez junto con Cabrera Fernández y Medina Guerrero tenían el rol de financistas y coordinadores de la organización (Buró Político). Marrufo y Vásquez eran los coordinadores. Mientras que Castillo León cumplía el rol de operador.
La supuesta red criminal tenía como cabezas al presidente Castillo y sus ministros Juan Silva y Geiner Alvarado.
Como integrantes del Buró Político, Sánchez Sánchez, Cabrera Fernández y Medina Guerrero "habrían planificado y decidido" los roles que cumplirían los demás miembros de la organización. Por ejemplo, ubicaron a Salatiel Marrufo dentro del sector Vivienda, Construcción y Saneamiento.
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Esta información se condice con el testimonio que dio, a fines de agosto del 2022, la exviceministra de Vivienda y Urbanismo Elizabeth Añaños, quien afirmó que un año antes había expuesto el plan del sector Vivienda a estos tres personajes también conocidos como los 'Chiclayanos'.
En diálogo con RPP, Sánchez Sánchez cuestionó las declaraciones de la exfuncionaria y aseguró que estaba dispuesto a colaborar con la justicia. Sin embargo, meses después huyó del país rumbo a territorio estadounidense.
Casa de Sarratea
Sánchez Sánchez fue pieza clave de la campaña de Pedro Castillo a la Presidencia de la República. Prueba de ello, es que puso a disposición su casa en el pasaje Sarratea (Breña), primero en la época electoral y posteriormente para que el exmandatario sostenga reuniones extraoficiales con congresistas, ministros y proveedores del Estado, como lo reveló en noviembre de 2021 "Cuarto Poder".
Citado por la Comisión de Fiscalización en febrero del 2022, el empresario descartó vivir en dicho inmueble y haber estado presente en alguna reunión de Pedro Castillo. Sin embargo, indicó que al presidente lo "visitaban amigos y familiares" y que se reservaba "el derecho de brindar los nombres".
Además, negó conocer a Karelim López y tener conocimiento del número exacto de veces que la empresaria acudió a Breña para buscar reunirse con el exmandatario. "No lo sé, no conozco a la señora Karelim López", expresó.
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Tiempo después, en calidad de colaboradora eficaz, la lobista indicó que la casa de Sarratea fue el local donde se realizaban las negociaciones de una presunta organización criminal enquistada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que habría tenido como cabecilla al expresidente Castillo.
Este caso también están implicados los sobrinos del expresidente Gian Marco Castillo y Fray Vásquez Castillo, quienes llegaban al inmueble de Breña en lujosos vehículos pertenecientes a Zamir Villaverde.
Además, en marzo del 2022, López declaró a la fiscalía que en setiembre de 2021 escuchó una discusión entre Castillo Terrones y el exsecretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, respecto a atender un pedido de Sánchez Sánchez para interceder ante la Sunat por una empresa.
Consultado por "Punto Final", Sánchez Sánchez negó haber hecho tal solicitud.
Sánchez Sánchez no solo es propietario del inmueble ubicado en el jirón Sarratea, en Breña. Otra de sus casas también estuvo en la mira delas autoridades.
Se trata de una vivienda ubicada en el distrito de Asia, que fue allanada en julio del 2022 por la Policía Nacional y el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, en busca del entonces prófugo Fray Vásquez Castillo, pero este ya no se encontraba ahí. Este último se entregó a la justicia a inicios del 2024.
Horas después de la frustrada operación, el empresario Sánchez llamó por teléfono al general PNP Óscar Arriola, entonces jefe de la Dirección contra el Terrorismo, para pedirle explicaciones y conocer más detalles sobre los hallazgos en el allanamiento.
En la conversación, Sánchez dijo: "Yo voy a conversar con Fray, sobre todo porque él está libre". Inmediatamente después, intentó aclarar que no sabía nada de él, pero reconoció que tenía una relación cercana con Vásquez. Posteriormente, en entrevista con "Panorama", calificó de "un show" el operativo policial llevado a cabo en su casa.
Tanto la casa de Sarratea, como la ubicada en Asia, fueron incautadas en el marco de las investigaciones del 'Gabinete en la sombra'.
- En septiembre del 2022, "Cuarto Poder" reveló que la compañía Chemicals transfirió en un solo día, en 9 transacciones bancarias, S/549 mil a la cuenta del dueño de la famosa casa del pasaje Sarratea. Se trata de una empresa que obtuvo siete contratos con el Estado durante la era castillista, además de obtener órdenes de servicio por millones de soles.
- Por este caso, la Procuraduría General del Estado pide una reparación civil de S/ 148 millones.