Negocios bajo sospecha en la pandemia
El actual vicepresidente de la Diputación de Almería lleva imputado tres años por el 'caso mascarillas' del PP
El tormentoso inicio, con el caso Koldo en primerísimo plano, de la comisión creada en el Congreso para investigar los contratos adjudicados durante la pandemia ha traído de vuelta otro asunto de supuesta corrupción pero que afecta no al PSOE sino al PP: el de las mascarillas que en 2020 compró por dos millones la Diputación de Almería a una empresa que supuestamente pagó entre 200.000 y 400.000 euros a Óscar Liria, entonces vicepresidente tercero de la institución provincial. Liria, que en junio de 2021 fue detenido y se vio así forzado a dimitir de su cargo público y a abandonar el PP, comparecerá en la Cámara Baja el próximo martes 30 de abril, el mismo día que quien tras las elecciones locales de 2023 se convirtió en vicepresidente segundo de esa misma Diputación, Fernando Giménez Giménez.
Actual vicesecretario de Organización del PP en Almería, Giménez ha aparecido en el tablero casi como un mero acompañante de Liria. Pero no es así. Pese a que su implicación procesal en este mismo caso de las mascarillas ha pasado inadvertida, Giménez llevaba casi un año y medio imputado por supuesto fraude y malversación cuando se celebraron los comicios de 2023. A día de hoy, y tal como han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Andalucía (TSJA) así como otras del entorno del diputado provincial, Giménez mantiene la condición de investigado en una causa que nació de otro sumario –este por narcotráfico y blanqueo– como una spin-off repleta de peculiaridades.
Este martes, infoLibre envió a primera hora a portavoces de comunicación del PP andaluz preguntas que no obtuvieron respuesta. La primera es qué factor explica que el partido incluyese en las candidaturas de las elecciones locales de 2023 a Fernando Giménez –logró el escaño local en la localidad de Senés– y al alcalde del municipio de Fines, Rodrigo Sánchez, estando ambos imputados por el caso mascarillas. La segunda cuestión fue por qué en esas circunstancias designó el partido a Giménez como vicepresidente de la Diputación de Almería.
También contactados por este medio, portavoces del equipo de gobierno de la Diputación ofrecieron las siguientes respuestas. La Diputación –aseguran– "ya puso en marcha una comisión de investigación que determinó que todo el trabajo [para la contratación de la empresa que supuestamente pagó mordidas] había sido impecable y los expedientes, impolutos". La comisión había sido reclamada por el PSOE.
Las mismas fuentes enfatizaron que el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García Molina, "dio todas las explicaciones en un pleno convocado de forma voluntaria y urgente tan solo tres días después del 15 de junio de 2020 [fecha en que estalló el caso]". Y agregaron que en la comisión de investigación, "la presidencia la ejerció Ciudadanos pese a que el PP tenía mayoría absoluta". Aquello –agregan– se hizo en aras de la transparencia. En 2021, Ciudadanos era el socio minoritario del PP en el Gobierno andaluz.
A preguntas de este periódico sobre el hecho de que el actual vicepresidente segundo de la Diputación de Almería, Fernando Giménez, fuese designado para tal cargo cuando ya estaba imputado en el caso mascarillas, otras fuentes cercanas a Giménez Giménez afirmaron que "el día en que está citado, Fernando Giménez estará en el Congreso y será allí donde hable". "Entendemos –añadieron– que está como investigado en el caso judicial por una cuestión de procedimiento técnico porque es de su área de la que partió el contrato [con Azor]". Las fuentes agregaron algo más: "Si se le considerase involucrado [en los delitos que se investigan] se habrían tomado otras medidas contra él. Por ejemplo, habría sido arrestado".
Un nombre que no figura
Fueron los seguimientos y escuchas a una presunta trama de narcotráfico y blanqueo que operaba en Barcelona los que destaparon el asunto de las mascarillas de Almería y condujeron hasta los tribunales a Liria, a Giménez, al entonces y ahora alcalde del PP en el pueblo de Fines, Rodrigo Sánchez, así como a otros familiares y empresarios sin vínculo sanguíneo con Liria y el regidor, emparentados entre sí.
Pero lo cierto –y esa es una de las peculiaridades más relevantes– es que el nombre de Fernando Giménez no figura en la lista de investigados que desde el 4 de febrero de 2022 encabeza siempre los autos dictados por la jueza que instruye el caso en Almería, la de instrucción número 1, Belén López Moya.
En marzo de aquel año 2022, Giménez declaró como "investigado no detenido" por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Pero dos años más tarde sigue sin haber comparecido ante la magistrada. Según el TSJA, tanto al vicepresidente segundo de la Diputación como al alcalde de Fines los citará para tomarles declaración en calidad de investigados la jueza instructora, aunque todavía no hay fecha. Respecto a por qué el nombre de Giménez no aparece en la relación de imputados inserta en cada auto judicial, este diario no ha conseguido ninguna explicación. La causa, señala una fuente, es "voluminosa".
La segunda peculiaridad del caso de las mascarillas, visible para cualquiera, se refiere a quien durante la primera fase de la imputación de Giménez –2021– fue su abogado. Porque, como ha podido verificar infoLibre, el mismo letrado que en diciembre de 2021 recibió una notificación del juzgado de Barcelona como representante legal de Fernando Giménez se había personado en septiembre de aquel año como representante legal de la Diputación de Almería, que ya en ese momento ejercía la "acusación particular". Ese mismo jurista había defendido antes a Juan Enciso, el alcalde conservador de El Ejido condenado en 2023 a cinco años de cárcel por una trama de corrupción. En la causa, ejerce la acusación popular el PSOE. Vox también lo hizo. Pero en febrero de 2023, tres meses antes de las elecciones municipales –en Andalucía no se celebraron autonómicas aquel año–, se retiró.
Fue en febrero de 2022 cuando la magistrada aceptó el traspaso de papeles –la "inhibición", en lenguaje jurídico– de quien hasta ese momento había instruido la causa completa desde Barcelona y acabó argumentando que lo relativo a las mascarillas debía investigarse allí donde el negocio turbio se había llevado a cabo. Aunque Fernando Giménez, antiguo jefe de gabinete del histórico Gabriel Amat, presidente de honor del PP provincial y controvertido exalcalde de Roquetas de Mar.
Mascarillas, guantes, monos...
¿Por qué el PP que en Andalucía dirige el presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, incluyó en las listas municipales de 2023 a dos imputados, Fernando Giménez y Rodrigo Sánchez, en un caso de presunta corrupción? No se sabe. Pero, como señala la UCO, fue de Giménez de quien partió la propuesta de contratación del suministro de 520.000 mascarillas FFP2, 545.000 guantes de nitrilo y 17.570 monos protectores (buzos) a Azor Corporate Ibérica SL, una de las empresas del principal investigado: Kilian López Solé, un empresario radicado en Barcelona pero con raíces familiares en el municipio de Fines. A Azor, la Diputación le pagó por adelantado. Y como a veces ocurre en investigaciones judiciales sobre corrupción, el mismo Óscar Liria que dimitió tras su arresto y con quien Giménez había mantenido una relación política y personal cercana sostuvo en un escrito dirigido a la juez de Barcelona que la adjudicación a Azor había sido cosa de Giménez.
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Un letrado de la Diputación que trabajaba como subordinado de Giménez declaró, en calidad de testigo, que fue el ahora vicepresidente segundo quien le envió correos en los que se adjuntaba documentación relacionada con el material que iba a proveer Azor Corporate. El letrado conoció la empresa en cuestión a través del propio Fernando Giménez.
El alcalde de Fines
En lo relativo a Rodrigo Sánchez Simón, alcalde de Fines, de algo más de 2.000 habitantes, la UCO considera que lo pilló con las manos en la masa. En compañía de su hijo, otro de los investigados, el munícipe se plantó en la casa de los padres del exvicepresidente Óscar Liria, parientes suyos, porque alguien le avisó –eso le dijo a la Guardia Civil– de que estaba habiendo movimientos raros allí.
Antes de emprender el camino de vuelta, su hijo –lo vio el agente que vigilaba– salió de la casa y metió en el coche una bolsa oscura. Cuando poco después los investigadores detuvieron el coche, se toparon con la bolsa en el asiento trasero. Dentro había 119.750 euros en metálico. El regidor declaró luego durante el interrogatorio ante miembros del Instituto Armado que no tenía ni idea de su existencia ni de qué contenía.