Fabian Picardo celebraba hace tan sólo un año la victoria que le garantizaba un cuarto mandato como ministro principal de Gibraltar. Pero ahora acusa a sus críticos de intentar usurparlo para que los llanitos sean gobernados directamente desde Londres y denuncia ser víctima de «juicio mediático» y difamación. El político es uno de los protagonistas de la investigación independiente del «caso McGrail» que comienza hoy ante una gran expectación. En declaraciones a «The Times», adelantó que el público sólo podría creer que se ha cometido un delito si «cayera en la trampa de creer genuinamente que el político nunca es capaz de actuar honestamente».
Fue el 4 de febrero de 2022 cuando el propio Ejecutivo de Picardo convocó una investigación independiente sobre las «razones y circunstancias» que llevaron al comisario de policía Ian McGrail a jubilarse anticipadamente.
La clave está en la llamada «operación Delhi». El comisario estaba al frente de la investigación policial sobre «el presunto pirateo y sabotaje» del Sistema Centralizado de Inteligencia de Seguridad Nacional del Gobierno del Peñón y una supuesta conspiración para defraudar a Bland, la empresa privada que opera el sistema. McGrail alega que el desacuerdo entre el fiscal general y Picardo con sus métodos llevó a que lo «expulsaran».
Pero el Ejecutivo de la Roca lo niega y asegura que el entonces gobernador en funciones, Nick Pyle, (quien representa al monarca británico en el Peñón y que es el responsable de la policía) había perdido la confianza en el comisario por incidentes de los años anteriores. La confianza se acabó completamente cuando supuestamente McGrail no informó adecuadamente sobre el grave incidente internacional en el que un jurado forense determinó que dos españoles habían sido víctimas de homicidio imprudente cuando su barco fue embestido por una patrulla del Peñón.
La investigación ha acaparado gran atención en Londres. Pero se acusa al Ejecutivo del Reino Unido de estar haciendo la vista gorda a todo lo que está ocurriendo para no poner en peligro las actuales negociaciones post-Brexit.
–cuya «frontera» es la única terrestre, junto con la Irlandesa, que divide ahora al Reino Unido de la UE– sigue sin resolverse. Alrededor de 30.000 personas cruzan a diario la verja. Entre ellos, 15.000 trabajadores, de los cuales 10.000 son españoles. Ambas partes hablan de la importancia de encontrar una «solución pragmática de convivencia». Pero el tema de la soberanía siempre está ahí. Una caída del Gobierno de Picardo supondría un auténtico mazazo para la fase crítica de estas negociaciones que, a priori, se quieren concluir antes de las elecciones europeas de junio.
En mayo de 2020, como parte de la «operación Delhi» se llevó a cabo un registro en Hassans, uno de los principales bufetes de abogados de Gibraltar. También en la casa del socio principal, James Levy. Acaparó titulares, ya que Picardo estuvo trabajando 20 años en el bufete y es aún socio (mientras está de excedencia por cargo político) y amigo de Levy.
Hassans iba a ser el beneficiario potencial de una empresa que prometía grandes contratos de Seguridad. Lo que supuestamente Levy no sabía es que las personas que estaban detrás de la suculenta oferta acabarían siendo acusados de delitos informáticos y conspiración al intentar apropiarse del software perteneciente a Bland (la compañía para la que trabajaban encargada del Sistema Centralizado de Inteligencia de Seguridad Nacional del Gobierno de Gibraltar).
Según el equipo legal del ya excomisario de policía, se le denegó investigar más el caso porque Picardo tenía intereses económicos. Pero este lo niega, diciendo que él mismo ayudó a instigar la «operación Delhi» y dejó claro por escrito que el contrato de seguridad no iría a parar a la empresa vinculada a Hassans. Insiste además en que no tuvo ningún problema con que el comisario de policía investigara a Levy, quien nunca fue acusado, ya no es objeto de investigación policial y ha negado haber actuado mal.
Picardo dice que el comisario lo engañó (éste lo niega) y, sin hacer caso a la Fiscalía, usó una orden de registro en lugar de una orden de presentación (una solicitud legal para pasar documentos y otro material) que no habría sido tan «mano dura».
El 9 de junio de 2020, el comisario de policía acabó anunciando su jubilación anticipada. Sus abogados aseguran que fue «una decisión extremadamente difícil sucumbir a las presiones que estaba recibiendo». Pero sus críticos consideran que, viendo que iba a salir a la luz las razones por las que había perdido la confianza de las autoridades, decidió jubilarse antes de ser expulsado, lo que le habría dejado sin pensión.
En estos últimos años, McGrail se ha enfrentado a una serie de acusaciones de irregularidades por parte de colegas policiales a quienes el Gobierno les dio cartas de garantía de que si hablaban y sus posiciones se volvían insostenibles, podrían ser transferidos con el mismo salario y condiciones a otros departamentos gubernamentales. Algunos policías que se presentaron han sido arrestados y acusados de dar declaraciones falsas después de recibir las cartas, que no parecen tener ningún fundamento en la legislación sobre denuncia de irregularidades.
Aunque Picardo insiste en que las cartas son un proceso de «excelente Gobierno» que ofrece la protección adecuada, que debe estar en ellas su firma como jefe de una administración pequeña y que desconoce los detalles de cada caso.
El pasado 1 de marzo, Peter Openshaw, juez retirado del Tribunal Superior del Reino Unido y presidente ahora de la investigación independiente, anunció que investigaría las acusaciones de que se ofrecieron incentivos a cambio de aportar pruebas para la pesquisa.
Por otra parte, el Gobierno de la Roca ha sido criticado por aprobar tan sólo días antes de que comience la investigación una nueva ley que puede detener, modificar o afectar el proceso de la pesquisa. La nueva normativa actualiza la legislación de 1888 relativa a la Comisión de Investigación para igualarla a los estándares actuales del Reino Unido. Incluye la posibilidad de restringir cierta información únicamente a los participantes en la investigación. Desde el Ejecutivo defienden que se trata de una medida normal para cubrir cuestiones que afectan a la seguridad nacional, pero que en ningún caso obstaculiza la actividad de la Investigación.El Gobierno se ha comprometido a no clausurar la investigación. Pero el líder de la oposición, Keith Azopardi, responsable de los social demócratas –cuyos diputados votaron en contra de la ley– asegura que «Picardo busca secuestrar el proceso».
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