Canarias, una frontera militarizada y un ''agujero negro'' para los derechos humanos
Construir muros. Esta es la solución que los Estados han encontrado en las últimas décadas al aumento de los desplazamientos forzados, según el informe ¿Quién vigila al vigilante? Violencia en las fronteras e impunidad en Frontex. En el caso de Canarias, la respuesta a la reactivación de la ruta atlántica ha sido aumentar la presencia y el presupuesto de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) en el Archipiélago. Esta perspectiva securitaria de las migraciones transforma, según la investigación, a las islas en "agujeros negros" donde se vulneran los derechos humanos de las personas en movimiento.
El presupuesto destinado a Frontex aumentó entre 2019 y 2022 más de dos millones de euros. La mayor parte del dinero, que sale de la Comisión Europea y de los países asociados a Schengen, se dirige a sus operaciones, que suelen desplegarse en colaboración con las fuerzas de seguridad de los Estados miembros. En el caso de España, Frontex mantiene activas varias operaciones, entre ellas Indalo, Minerva y Hera, tal y como recoge el estudio realizado por el Centre Delás D'Estudis per la Pau e Irídia.
La Operación Indalo arrancó en 2006 y ha llegado a desplegar hasta 257 agentes entre el Estrecho de Gibraltar y el Mar de Alborán. Liderada por la Guardia Civil y en colaboración con la Policía Nacional y la Armada Española, tiene como fin combatir el tráfico de personas, el narcotráfico, la contaminación marítima y la pesca ilegal en la ruta del Mediterráneo occidental entre Marruecos y España. También en 2006 comenzó la Operación Minerva, liderada por Frontex y la Policía Nacional en Algeciras, Tafira y Ceuta.
La misión correspondiente a Canarias es la Operación Hera. Se desarrolla desde 2006 en el Archipiélago y en la costa de África Occidental. Su objetivo es evitar la entrada irregular de personas migrantes por vía marítima a la Unión Europea, identificarlas, repatriarlas y obtener información para la lucha contra las redes de inmigración clandestina.
La efectividad de esta operación ha sido cuestionada por entidades defensoras de los derechos de las personas migrantes. Las salidas de cayucos y pateras continúan y, en consecuencia, también las muertes. Además, los interrogatorios a pie de puerto realizados a los supervivientes han llevado a prisión a posibles menores de edad. Según la investigación ¿Quién vigila al vigilante?, entre 2011 y 2019 fueron detenidas 94.106 personas migrantes en el marco de estas tres misiones.
Para evitar violaciones de derechos por parte de Frontex en el ejercicio de sus misiones, se creó dentro de la Agencia la Oficina de Derechos Fundamentales. Según la investigación, el órgano se ha encontrado con serias dificultades para acceder a los documentos de las operaciones y ha denunciado la falta de transparencia y la falta de cooperación de los Estados miembros. También alertan de la falta de difusión de los instrumentos de denuncia y de los retrasos en la contratación de los observadores de derechos fundamentales. "En 2021 se contrató únicamente a 3 observadores para monitorear las operaciones de retorno en las que Frontex participaba, y tuvieron que supervisar 18 de ellas".
Patrones en prisión
La investigación apunta que Frontex ha tenido un papel más relevante en Canarias, pese a su presencia en la costa peninsular y en Ceuta y Melilla. El repunte de llegadas de migrantes a Canarias a partir de 2020 empujó a la Policía Nacional a solicitar la intervención de Frontex, que envió a siete agentes al Archipiélago para investigar las redes de tráfico de personas. "Este enfoque puramente securitario ha ocasionado un aumento exponencial de los encarcelamientos por tráfico de personas", señala el informe.
Un estudio elaborado por el abogado de Extranjería Daniel Arencibia concluyó que en Canarias la Justicia impone penas más largas a las personas acusadas de patronear los cayucos y las pateras que llegan a Canarias. También en las Islas es más alto el tiempo que las personas pasan con antecedentes penales. Mientras que en Canarias pasan cinco años para la cancelación de antecedentes, en el resto de comunidades el tiempo se reduce a tres años.
La investigación elaborada por el Centre Delás D'Estudis per la Pau e Irídia añade que a esto se suma "la mala praxis de algunos abogados" que aconsejan a sus clientes firmar acuerdos de conformidad para reducir las penas sin agotar antes las vías de defensa en interés del acusado.
Arguineguín y las 'islas cárcel'
La presencia de Frontex en Canarias no libró a las islas de convertirse en un foco de vulneraciones de derechos de las personas migrantes. El hacinamiento de 2.600 personas en el muelle de Arguineguín, en el sur de Gran Canaria, fue uno de los ejemplos. Allí miles de supervivientes permanecieron hacinados durante semanas, bajo custodia policial, durmiendo sobre al raso y sin duchas suficientes.
El Centre Delás D'Estudis per la Pau recuerda también las dificultades que las autoridades impusieron a los migrantes para poder viajar a la Península, a pesar de que el Tribunal Supremo concluyera que podían viajar libremente si contaban con la documentación necesaria. "La UE promueve en Canarias "centros de tramitación extraterritorial" en los que suspender el ordenamiento jurídico y crear zonas en las que los derechos y la protección de los migrantes se limiten enormemente", valoran. "Algunos observadores temen que las islas se conviertan en fronteras integradas [...] en salas de espera de deportación improvisadas y un agujero negro para los derechos humanos", añade el estudio.
Según el texto, el Plan Canarias ideado por el Ministerio de Migraciones para la creación de campamentos de acogida en el Archipiélago fomenta "el modelo de islas jaula" basado en "la contención, la deportación y la fortificación", así como también contribuye a la "deshumanización" de las personas y alimenta los discursos de odio en las sociedades de recepción.
El informe concluye que la actividad de Frontex, lejos de combatir a las mafias de tráfico de personas, las refuerza. La inaccesibilidad de los visados, los conflictos armados, la corrupción o la precariedad hacen que la inmigración irregular sea para muchas personas "la única alternativa". ''Las personas desplazadas por la fuerza deben pagar más por los trayectos y correr aún más riesgos'', concluye.
Los últimos datos publicados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) evidencian que las rutas migratorias, en concreto la atlántica, ha contabilizado en los últimos años más muertes que nunca. Solo entre enero y marzo de 2024 perdieron la vida al menos 111 personas. En la mayoría de los casos las muertes se producen por falta de comida, de agua y de refugio.