La Comisión de Ética aprobó el informe final que recomienda sancionar a la congresista Susel Paredes por haber insultado a los integrantes de la Comisión Permanente.
La congresista y vocera de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Sigrid Bazán, calificó de "desproporcionada" la decisión de la Comisión de Ética, que aprobó ayer el informe final que recomienda sancionar a la parlamentaria Susel Paredes por expresiones inapropiadas contra los miembros de la Comisión Permanente que aprobaron una denuncia constitucional contra los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
La denuncia había sido presentada por el legislador Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu después de que Paredes Piqué llamara "brutos" e "idiotas" a sus colegas que votaron a favor de inhabilitar a los magistrados del referido organismo de justicia a fines de febrero.
Bazán recordó que su colega de bancada pidió disculpas públicas ante los medios de comunicación, así como a los integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y de la Comisión Permanente; por lo que calificó de "tremenda injusticia" la sanción planteada.
"A mí me han dicho terrorista [en el pleno del Congreso] y no sé cuánto; es más, he tratado de denunciar esto a nivel penal por difamación, y eso nunca llegó o pasó a la Comisión de ética. Es una barbaridad lo que se está haciendo con la congresista Susel cuando peores cosas se han dicho en el fragor del debate", alegó.
La legisladora también criticó que se esté acudiendo a la Comisión de Ética cuando un parlamentario se exprese en contra de una decisión del pleno del Congreso.
"Hay un marco que nos protege, son los derechos fundamentales y eso es la libertad de expresión. Cada vez que un congresista se exprese sobre una decisión no podemos estar llenando a la Comisión de Ética de casos", apuntó.
¿Qué plantea el informe final?
El informe final – aprobado por la Comisión de Ética Parlamentaria con seis votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones – plantea sancionar a la congresista Susel Paredes con una amonestación escrita pública y el descuento de 60 días de su remuneración.
Una misma sanción se aprobó contra el parlamentario de Fuerza Popular, David Jiménez, acusado de haber ordenado a una trabajadora de su despacho, Ángela Noblejas, trabajar en el Instituto Franklin, un centro de estudios de propiedad del legislador fujimorista.
Ambos casos deberán ser vistos por el pleno del Congreso.
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