C. Villar
Los cazadores gallegos son una especie menguante. En solo un lustro, el colectivo ha perdido a uno de cada diez de sus integrantes. La sangría viene de lejos y no parece tener freno. Si se echa la vista más atrás, el declive se vuelve todavía más acusado y solo ejercicios excepcionales interrumpen una cuesta abajo que llevó a Galicia a pasar de un tope de más de 108.500 licencias en 1990 a las poco más de 35.000 en la actualidad, según los datos publicados por la Consellería de Medio Ambiente correspondientes a 2023. Los datos revelan igualmente que los cazadores están afectados de la misma dolencia sociodemográfica que afecta a Galicia: también envejecen. Así que la próxima temporada de caza, para la que la Xunta ya ha puesto fechas mediante una resolución publicada ayer en el Diario Oficial de Galicia, que contempla como período hábil, en general, los días comprendidos entre el 20 de octubre de 2024 y el 6 de enero de 2025, ambos incluidos, los que practicarán esa actividad serán menos y de más edad.
Desde la Federación Galega de Caza, que agrupa la mayor parte de cazadores en activo en la comunidad, suelen relacionar el retroceso en el número de aficionados con dos factores estrechamente ligados: el progresivo abandono del rural y la falta de relevo generacional. En su última memoria publicada, la relativa a 2022, la entidad advertía que "la incorporación de nuevos cazadores a la actividad es irrelevante al compararla con el número de aquellos que dejan de cazar", auguraba que la tendencia se mantuviese y apuntaba que, de media, cada ejercicio menos de 300 personas superan el examen obligatorio para poder practicar la actividad cinegética en la comunidad.
En este mismo diario, hace solo unos días, el presidente de la Federación de Caza de Pontevedra, Francisco Couselo, incidía en la idea de que cada vez hay menos relevo generacional en la caza, que vincula a al auge de otras formas de ocio: "El mayor problema llegará cuando no haya quien controle estas poblaciones en el monte", advertía, en relación a los jabalíes.
Entre 2022 y 2023 se evaporaron de las estadísticas recopiladas por la Xunta 281 licencias de caza, y se quedaron en un total de 35.280, y no es el peor descenso de los últimos cinco años. En 2020 el listado de tarjetas llegó a menguar en más de dos mil. En una década, el retroceso supuso la pérdida de uno de cada cuatro aficionados a la caza y, si el balance se hace con dos, la disminución es de un 42% en relación a la cifra actual.
Lo que no deja de aumentar, en cambio, es el peso de los mayores en el colectivo, incluso a un ritmo más acelerado que sus compañeros de generación en la población gallega en general. El número de permisos para licencias en manos de ciudadanos menores de 18 años y mayores de 65, que se ofrece en conjunto por contar con el mismo tipo de permiso, se incrementó en un solo ejercicio en más de 550 licencias. Como la presencia de menores de edad en la caza en Galicia es muy residual —en 2021 no llegaban al centenar—, el grueso de efectivos lo componen quienes peinan ya canas. Este tipo de licencias de caza suponen ya en torno a un tercio de todas las que recoge el Ejecutivo gallego en sus estadísticas.
En la actualidad es A Coruña la que acapara la mayoría de licencias que le constan a la Xunta, con más de 11.000. En Pontevedra ascienden a casi 8.400. En las provincias del interior, casi 7.900 en Lugo y y alrededor de 7.000 en Ourense. De fuera de la comunidad son cerca de mil.
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