Capturado el presunto "cerebro" de la masacre de líderes en Valledupar en el 2022
El investigado habría ayudado a una estructura criminal a cometer el hecho violento.
En las últimas horas fue capturado Walter David Mejía Carrillo, hombre que estaría involucrado en la muerte de cuatro integrantes de la comunidad indígena Kankuamo, el implicado será imputado por el delito de homicidio agravado en persona protegida.
Según investigaciones, Mejía Carrillo, al parecer, sirvió de guía para la estructura del Bloque Norte de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y las llevó al corregimiento Atánquez.
Los hechos sucedieron el pasado 8 de diciembre de 2002 y ese día el grupo armado ilegal retuvo al mamo del cabildo Kankuamo, Abel Francisco Alvarado Maestre; asesinó a un labriego, identificado como Alfredo Antonio Borrego y posteriormente, le causó la muerte a una persona que estaba en el mercado, de nombre José Manuel Cáceres Rodríguez; y a un agricultor, Franklin Manuel Arias Arias.
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Horas después, en una zona boscosa, fue encontrado el cuerpo del líder espiritual con varios disparos de fusil realizados a corta distancia.
Cabe destacar que, este proceso se llevará de acuerdo con los parámetros definidos en la Ley 600 de 2000, es decir, anterior Sistema Penal Acusatorio.
A Mejía Carrillo lo capturaron en vía pública en Valledupar, en atención a una orden expedida por un fiscal de la dirección especializada contra las violaciones a los Derechos Humanos, con el objetivo de que el investigado rinda indagatoria, como posible responsable de cargos asociados a homicidio en contra de líderes sociales.
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En años anteriores, la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- escuchó las observaciones presentadas por los familiares de ocho víctimas del Pueblo Indígena Kankuamo, quienes relataron las ejecuciones presentadas de manera ilegítima como muertes en combate, hechos atribuidos a miembros del Batallón de Artillería No. 2 La Popa, ocurridos entre 2002 y 2005.
En el desarrollo del caso 03 de la JEP, denominado "Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate", la Sala ha recibido 22 informes y ha acreditado a 373 víctimas, incluyendo la intervención especial de las autoridades de los pueblos Kankuamo y Wiwa.
Además, ha realizado cerca de 200 versiones voluntarias a comparecientes vinculados a las unidades militares mencionadas anteriormente, 59 de ellos estaban vinculados al Batallón La Popa, con sede en Valledupar.
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