En apenas unos meses, el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional será muy distinto al de hoy. Ni su titular —el vallisoletano Manuel García-Castellón— ni quien le asiste como juez de refuerzo —el contestano Joaquín Gadea— seguirán formando parte de él. Los dos dicen adiós al órgano dedicado a las causas por terrorismo, las extradiciones y el buque insignia contra los grandes entramados de corrupción.
El primero es un adiós definitivo. García-Castellón cumple el próximo octubre 72 años, la edad máxima para que un magistrado siga en su cargo. De hecho, para llegar a este punto, ha tenido que pedir una prórroga para ser autorizado a seguir en su labor, ya que la edad máxima, por norma general, son los 70 años.
El vallisoletano no tiene previsto agotar el plazo. Se marchará de la Audiencia Nacional en verano, varias semanas antes de su jubilación.
Por su parte, la comisión de servicios de Gadea termina el próximo 30 de junio y el juez ya ha comunicado a sus superiores que no renovará.
Gadea volverá al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Allí mantiene su plaza en propiedad de juez de adscripción territorial (JAT), figura que, en un Tribunal autonómico, se encarga de aquellas plazas que se encuentren vacantes, como refuerzo, o de aquellos puestos cuyo titular se prevea que estará ausente por más de tres meses o, excepcionalmente, por tiempo superior a un mes.
¿Qué sucederá con el Central Seis a partir de entonces? El juez Santiago Pedraz pretende que le sea asignado. Actualmente, el salmantino se encarga del Juzgado Central de Instrucción número 5, como sustituto de José de la Mata, actualmente destinado en la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust), con sede única en La Haya (Países Bajos).
De prosperar su solicitud, Pedraz se convertirá en el instructor de, entre otros, el caso Tsunami Democràtic, los casos Púnica y Lezo o de la macrocausa sobre el excomisario Villarejo, entre otros asuntos.
El caso Tsunami versa sobre los disturbios violentos organizados por la plataforma independentista del mismo nombre. De hecho, García-Castellón, como su instructor, imputó a Marta Rovira, secretaria de ERC, y vio indicios de delito contra el expresidente catalán Carles Puigdemont por un presunto delito de terrorismo. El Tribunal Supremo ha asumido la parte de la investigación que afecta a este último, que es eurodiputado y está aforado.
Por su parte, la instrucción de algunas piezas del caso Púnica ya ha finalizado. Dicha causa versa sobre las supuestas irregularidades en varias administraciones gobernadas por el Partido Popular.
El caso Villarejo ya acumula casi 50 piezas separadas, cada una dedicada a un extremo distinto de las supuestas actividades ilegales del comisario de Policía José Manuel Villarejo.
Otra de las investigaciones más mediáticas de las que se encarga el Juzgado Central de Instrucción número 6 es el caso Miguel Ángel Blanco.
García-Castellón pretende procesar próximamente a varios jefes de ETA por el secuestro y posterior asesinato de este concejal del PP de Ermua, ocurridos en 1997. De hecho, el instructor fue el encargado de iniciar las diligencias sobre estos hechos, hace más de 25 años. Un cuarto de siglo después se ha encargado de investigar a la cúpula etarra que encabezaba entonces la banda terrorista.
El juez vallisoletano también fue quien envió al banquillo de los acusados a la docena de miembros de los CDR que, según la Guardia Civil, fabricaron explosivos para reivindicar la independencia de Cataluña mediante métodos violentos.
Gadea y García-Castellón
Joaquín Elías Gadea Francés (Cocentaina, Alicante, 1981) se incorporó al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en enero de 2021, con tan sólo 40 años de edad. En 2021, ya tenía competencias jurisdiccionales.
Entre otros asuntos, se ha encargado de la investigación del ataque del supuesto yihadista de Algeciras, del secuestro en Mauritania del abogado franco-español Juan Paulo Branco, de las instrucciones contra el exjuez Fernando Presencia o contra el hijo del magnate venezolano Roberto Rincón y de otras tantas causas sobre yihadismo.
En varios asuntos, Gadea y García-Castellón trabajan mano a mano. De hecho, Podemos se querelló recientemente contra ambos jueces por los supuestos delitos de prevaricación y revelación de secretos, durante la causa judicial centrada en investigar la supuesta financiación chavista de Podemos, que acabó archivada. El Tribunal Supremo, no obstante, tumbó las intenciones del partido izquierdista contra los dos jueces y avaló que hubiesen ordenado diligencias para comprobar la veracidad de lo manifestado por Hugo Armando El Pollo Carvajal, exjefe de la Inteligencia venezolana.
Fuentes conocedoras de su relación confirman que era muy habitual que ambos se consultasen mutuamente a la hora de redactar resoluciones judiciales. Su trabajo al alimón era el día a día en el Central de Instrucción 6 estos años. En unos meses dejará de ser estampa habitual en uno de los juzgados con mayor carga de trabajo de la Audiencia Nacional.