Cuando en 2019 salió a la venta una edición ilustrada de The Handmaid's Tale, de Margaret Atwood, los educadores de Clayton (Missouri) necesitaron poco debate antes de decidir mantener ejemplares en las bibliotecas de los institutos. El libro está ampliamente considerado como una obra clásica de la literatura distópica sobre la opresión de las mujeres, y una novela gráfica ayudaría a llegar a los adolescentes que luchan solo con palabras. Pero después de que los legisladores del estado aprobaron, en 2022, una ley que somete a los bibliotecarios a multas y posibles penas de prisión por permitir materiales "sexualmente explícitos", el distrito suburbano de Saint Louis reconsideró el libro de Atwood y lo retiró.
"Hay una representación de una escena de violación, una sierva siendo forzada a un acto sexual", dice Tom Bober, coordinador de la biblioteca del distrito de Clayton y presidente de la Asociación de Bibliotecarios Escolares de Missouri. "Es literalmente un panel de la novela gráfica, pero nos pareció que infringía la ley del estado".
En todo el país, las impugnaciones y prohibiciones de libros han alcanzado los niveles más altos de las últimas décadas. Las bibliotecas públicas y escolares se han visto inundadas de quejas de miembros de la comunidad y de organizaciones conservadoras como Moms for Liberty. Cada vez más, los legisladores se plantean nuevos castigos –demandas paralizantes, multas elevadas e incluso penas de prisión– por distribuir libros que algunos consideran inapropiados.
La tendencia se produce mientras las autoridades tratan de definir términos como "obsceno" y "nocivo". Muchos de los conflictos tienen que ver con materiales de temática racial y/o LGBTQ+, como la novela de Toni Morrison The Bluest Eye y las memorias de Maia Kobabe, Gender Queer. Y aunque ningún bibliotecario o educador ha sido encarcelado, la sola amenaza ha dado lugar a una mayor autocensura.
Ya este año, legisladores de más de 15 estados han presentado proyectos de ley para imponer duras sanciones a bibliotecas o bibliotecarios.
Utah promulgó en marzo una ley que faculta al fiscal general del estado para aplicar un nuevo sistema de impugnación y retirada de libros "delicados" de los centros escolares. La ley también crea un panel para supervisar el cumplimiento y las infracciones. A la espera de la firma del gobernador de Idaho, Brad Little, hay un proyecto de ley que faculta a los fiscales locales para presentar cargos contra las bibliotecas públicas y escolares si no alejan los materiales "nocivos" de los niños.
"Las leyes están diseñadas para limitar o eliminar las protecciones legales que las bibliotecas han tenido durante décadas", afirma Deborah Caldwell-Stone, directora de la Oficina para la Libertad Intelectual de la Asociación Americana de Bibliotecas. Desde principios de la década de 1960, instituciones como escuelas, bibliotecas y museos –así como educadores, bibliotecarios y otros empleados que distribuyen materiales a los niños– han estado en gran medida exentas de costosas demandas o posibles cargos penales.
Estas protecciones empezaron a aparecer en los estados cuando Estados Unidos se debatía entre las normas relativas a la obscenidad, definida por el Tribunal Supremo en 1973.
En la sentencia Miller contra California (5-4), los jueces afirmaron que los materiales obscenos no están protegidos automáticamente por la Primera Enmienda, y ofrecieron tres criterios que deben cumplirse para ser calificado de obsceno: si la obra, en su conjunto, apela al "interés lascivo", si "la obra representa o describe, de manera manifiestamente ofensiva, una conducta sexual específicamente definida por la ley estatal aplicable", y si la obra carece de "valor literario, artístico, político o científico serio". Con el tiempo, casi todos los estados adoptaron protecciones para educadores, bibliotecarios y responsables de museos, entre otros, que proporcionan información a menores.
"Hasta hace poco, la policía y los fiscales no podían presentar cargos contra las bibliotecas públicas por materiales que incomodaran a determinadas personas. Estas exenciones han evitado procesamientos espurios de profesores por programas de salud y sexualidad, arte, teatro y temas difíciles en las clases de inglés", afirma un informe de 2023 de EveryLibrary, un comité nacional de acción política que se opone a la censura.
El año pasado, Arkansas e Indiana atacaron a educadores y bibliotecarios con leyes de criminalización. Tennessee penalizó a las editoriales que proporcionan materiales "obscenos" a las escuelas públicas. Algunos republicanos buscan penas y restricciones que se apliquen en todo el país. Refiriéndose a la "pornografía" en el prólogo del Proyecto 2025, el anteproyecto de la Fundación Heritage para un posible segundo gobierno de Donald Trump, el presidente del grupo derechista, Kevin Roberts, escribió que las "personas que la producen y distribuyen deberían ser encarceladas". Y que "los educadores y bibliotecarios públicos que la suministran deberían ser clasificados como delincuentes sexuales registrados".
Los legisladores de Indiana eliminaron los "fines educativos" como defensa para los bibliotecarios y educadores escolares acusados de entregar a menores material "obsceno" o "nocivo", delitos punibles con hasta 2 años y medio de cárcel y 10.000 dólares de multa. La ley también exige catálogos públicos de lo que hay en cada biblioteca escolar y sistemas para responder a las quejas. La ley entró en vigor el 1 de enero. Es probable que sea cuestión de cuándo se interponga una demanda, no de si se interpondrá.
"Está metiendo miedo a algunas personas. Da mucho miedo", afirma Diane Rogers, bibliotecaria escolar y presidenta de la Federación de Bibliotecas de Indiana. "Si eres un profesor con licencia, el mero hecho de ser acusado de un delito grave puede acabar con tu licencia, incluso si eres declarado inocente. Es algo muy serio". Rogers dijo que confía en que las bibliotecas escolares de Indiana no ofrezcan materiales obscenos, pero ha visto informes de que algunos distritos han trasladado ciertos títulos a grupos de mayor edad o han requerido la aprobación de los padres para sacarlos.
Una lista de PEN America muestra que 300 títulos fueron retirados de las bibliotecas escolares de 11 distritos de Missouri después de que los legisladores prohibieran en 2022 el material "sexualmente explícito", castigado con hasta un año de cárcel o una multa de 2.000 dólares. La Unión Americana de Libertades Civiles de Missouri y grupos de bibliotecas desafiaron la ley el año pasado, pero sigue en vigor a la espera de una moción para que el estado intervenga.
Gender Queer es otro título que ya no está disponible para los alumnos de secundaria en Clayton, donde los responsables del distrito han centrado recientemente su atención en la novela gráfica de Mike Curato, Flamer, sobre un adolescente que lucha con su identidad sexual y cómo encajar en el campamento de Boy Scouts. La American Library Association incluyó Flamer en su lista de los libros más cuestionados y/o prohibidos de 2023.
"Tuvimos muchas conversaciones sobre cómo interpretar la ley y no infringirla", dijo Bober. "Pero tampoco queríamos extralimitarnos y censurar en exceso nuestras colecciones. Con Flamer, no sentimos que estuviéramos infringiendo la ley".
Fuente: AP
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