El Consejo de la Magistratura de la Nación resolvió ayer abrir un sumario para investigar a Marcelo Bailaque, el juez federal penal N°4 de Rosario, quien fue denunciado por los fiscales provinciales por presunta omisión o negativa a impulsar o autorizar medidas de prueba para investigar a Esteban Lindor Alvarado a partir del año 2013.
El sumario se habilitó dos años después de que los fiscales Luis Schiappa Pietra, Matías Edery y María Eugenia Iribarren pidieran durante los alegatos finales del juicio que tenía como principal imputado a Alvarado, "la remisión de las actuaciones al Consejo de la Magistratura para que se evalúen posibles responsabilidades de Marcelo Bailaque contra Esteban Alvarado entre los años 2013 y 2015 en función de la declaración que realizó durante el juicio el Comisario General de la Policía de Seguridad Aeroportuaria Emilio Maximiliano Lencina. De dicha declaración surgiría que el magistrado se habría negado a intervenir teléfonos de tres personas en tres oportunidades, y recién luego de 11 meses hizo lugar a la misma".
Esa conducta del juez que abrió sospechas quedó explicitada durante el juicio que le hizo la Justicia provincial al capo narco rosarino como jefe de una asociación ilícita que cometió los delitos de lavado de activos, extorsiones y asesinatos, entre otros.
Esa fue la primera condena de Alvarado, a pesar de que ya en 2013 en la Justicia federal de Rosario había datos enviados por el fiscal federal de San Isidro en unos 150 CDs resultantes de la investigación que había conducido a Alvarado a una condena por robo de autos en provincia de Buenos Aires.
Esa información, casi una década más tarde, fue de utilidad a los fiscales provinciales de Rosario, mientras en la Justicia federal estuvo "dormida" todo ese tiempo. Ni siquiera se activó cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria solicitaba medidas para profundizar la investigación, le acercaba informes detallados con audios, videos y otras informaciones a Bailaque, porque había indicios concretos de que Alvarado era lo que era: el jefe de una banda narcocriminal que disputaba el territorio del narcomenudeo con la banda de Los Monos.
Tras habilitar la apertura del sumario, el Consejo de la Magistratura notificó a Bailaque para que pueda "ejercer su defensa por escrito, designar defensor, ofrecer pruebas y expresar lo que corresponda a su derecho, en el plazo de veinte días".
Bailaque y Carlos Alberto Vera Barros son los únicos jueces federales de instrucción de Rosario. Recurrentemente reciben cuestionamientos porque son el primer eslabón de la Justicia federal en una ciudad donde la narcocriminalidad creció a sus anchas.
Las dos bandas principales, además enemigas, Los Monos y la de Alvarado, recién fueron enjuiciadas y condenadas por delitos de narcotráfico una vez que la Justicia provincial los detuvo y condenó por delitos de jurisdicción provincial. Mientras tanto no pasaron por los juzgados de instrucción de Rosario.
En el caso de Bailaque, hay una sospecha específica a partir del planteo hecho por los fiscales Schiappa Pietra y Edery, quienes al investigar a Alvarado por delitos de jurisdicción provincial, se encontraron con que desde hacía una década la Justicia federal tenía información pero no había accionado. Más aún, se había negado a profundizar las investigaciones de la Policía de Seguridad Aeronáutica. Todo eso hizo que se posara el foco sobre su desempeño y las motivaciones para que actuara de esa manera.
En mayo de 2022, en oportunidad que el pleno de la Corte Suprema de la Nación y magistrados federales de todo el país se dieron en cita en Facultad de Derecho de Rosario para dar una señal de compromiso con la ciudad y los problemas de narcocriminalidad, Bailaque, que era parte de la puesta en escena, se desentendió del asunto ante la requisitoria periodística.
Cuando los periodistas presentes le recordaron que había sido denunciado ante el Consejo de la Magistratura, dijo que no estaba enterado ni sabía de qué caso le estaban hablando, a pesar de que su nombre estaba en todos los medios de comunicación de la ciudad de Rosario, la provincia y algunos nacionales desde hacía dos días.
La apertura del sumario es un primer paso, Permite determinar la admisibilidad de la denuncia, y en su caso dar paso a una acusación formal en contra del magistrado, que de encontrarse mérito, podría llegar a una sanción o eventualmente a su destitución del cargo.
Además, el sumario coincide con la implementación del nuevo sistema acusatorio en la justicia federal de Rosario, lo que implica que los actuales jueces de instrucción, como son Bailaque y Vera Barros, cesarán esa función y pasarán a integrar un colegio de jueces, donde as investigaciones y acusaciones penales las llevarán adelante los fiscales.