El clientelismo político es una práctica antidemocrática desarrollada impúdicamente en el interior del país, fundamentalmente por los intendentes del Partido Nacional. Lo sabe todo el mundo, pero fue el malogrado senador colorado Adrián Peña quien puso el tema en la consideración pública. Los blancos se oponen porque gobiernan como si fueran patrones de estancia.
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Durante un año, el senador colorado Adrián Peña buscó consensos fuera y dentro de su partido para intentar que se aprobara un proyecto de ley de artículo único.
"Los ingresos y ascensos de personal a los gobiernos departamentales deberán realizarse a través de concursos públicos celebrados conforme a los principios de publicidad, transparencia, igualdad de oportunidades y la justa ponderación entre la capacidad técnica y los méritos y antecedentes de cada persona. En su defecto, los ingresos de personal podrán realizarse a través de sorteos públicos convocados y celebrados por los gobiernos departamentales de acuerdo a los principios de publicidad, transparencia e igualdad de oportunidades", establecía la propuesta.
Para su aprobación necesitaba una mayoría especial de 2/3 de senadores (21 en 31), pero le faltó un voto y fue rechazado el martes 2 de abril por los senadores del Partido Nacional. 48 horas después, y en un accidente de tránsito, Peña murió.
Luego de una propuesta del politólogo Daniel Chasquetti en una columna en La Diaria, el sector Ciudadanos, al que pertenecía el malogrado senador, resolvió impulsar una reforma constitucional para establecer una mayor regulación del ingreso de funcionarios a las intendencias departamentales.
Al tratarse de una reforma de la Constitución, la iniciativa deberá ser sometida a plebiscito en las próximas elecciones nacionales. Pero antes debe tener el apoyo de dos quintos del total de componentes de la Asamblea General, es decir, 52 legisladores (artículo 331 literal B de la Constitución). Se trata del mismo mecanismo impulsado por el Partido Nacional para aprobar los allanamientos nocturnos.
Pero no existe consenso entre los partidos políticos acerca de que esta sea la forma de resolver el problema. Que en pleno siglo XXI subsistan prácticas totalitarias en gran parte del país es algo que se debe a quienes hacen del clientelismo político la esencia de su poder.
En la mayoría de los departamentos, las intendencias, los cuarteles y la Policía siguen siendo las mayores fuentes ocupacionales. El ingreso a la función pública otorga estabilidad económica y beneficios que el sector privado no otorga.
El sueldo que genera el cargo tiene efecto multiplicador sobre el núcleo familiar y los intendentes saben bien que por cada uno que "colocan" se aseguran varios votos más.
Pero si el Gobierno nacional, a través de la OPP, no destinara generosos recursos para los gobiernos departamentales, nueve de ellos no podrían siquiera pagar los sueldos y otros siete verían muy comprometido su funcionamiento. Curiosamente algunas de las intendencias más pobres son las que han ingresado mayor número de funcionarios por "designación directa" y son las que tienen más cantidad cada 10.000 habitantes.
O sea, con su dinero, también los montevideanos solventan el clientelismo en el interior.
Es cierto, hay normas constitucionales, leyes y decretos que rigen el ingreso a la función pública. Pero "hecha la ley, hecha la trampa", siempre encuentran la forma de burlarlas, basados en el principio de la "autonomía departamental".
Ejemplos del oprobio
"En Carmelo todos saben que si querías ingresar a la Intendencia de Colonia, tenías que ir al bar de Vinkel, ubicado en la esquina del parque Artigas. Por allí pasaba Carlos Rodríguez Guaraglia, actual secretario general de la Intendencia y posible sucesor de Carlos Moreira, para reclutar gente", dijeron a Caras y Caretas periodistas de esa ciudad.
En tanto, el semanario El Eco Digital de Carmelo informó que "en un boliche nocturno de esa ciudad, quien atendía la barra entregaba tarjetas de María de Lima, coordinadora general del Área de Descentralización de la OPP y otra de las precandidatas a la Intendencia de Colonia, explicando que podían comunicarse si precisaban algo".
La Intendencia de Colonia cuenta con 1496 funcionarios, incluyendo a la Junta Departamental, de los cuales 429 son presupuestados y 1067 contratados.
Por su parte, el intendente de Maldonado, Enrique Antía, introdujo en el Presupuesto Quinquenal, aprobado por la mayoría blanca de la Junta Departamental en el año 2015, una norma por la cual "el 30 % de los nuevos ingresos de funcionarios serán por designación directa".
Maldonado tiene 3160 funcionarios, incluyendo los de la Junta, de los cuales 1978 son presupuestados. Pero además tiene contratos con la Fundación A Ganar por los que centenares de personas son contratadas para diferentes tareas. Por eso, el número total de funcionarios se acerca a los 4.000.
Al asumir por segunda vez en el año 2015, Antía despidió a varias personas que habían ganado un concurso durante el gobierno del frenteamplista Óscar De los Santos para desempeñarse en la Dirección de Comunicaciones. "No se puede gobernar con el enemigo adentro", fue el motivo esgrimido por el intendente para cesar los contratos, entre los que había una mujer embarazada.
En el año 2020, entrevistado en Canal 11 de Punta del Este, el intendente Antía sorprendió al afirmar que "anotaba en una libreta los nombres de sus adversarios y personas que no eran de su simpatía".
Más adelante ordenó publicar en la web de la Intendencia los nombres de los ediles que no votaron la anuencia para un fideicomiso de 95 millones de dólares con el que pretendía licuar el déficit.
Sin embargo, junto con Montevideo, es la intendencia que más ingresos tuvo por concurso en el 2022.
La Intendencia de Tacuarembó tiene 1510 funcionarios, siempre contando a la Junta, de los cuales 194 son presupuestados y el resto contratados. En el año 2022, apenas 10 ingresaron por concurso y 51 por designación directa según establece un informe de la OPP.
En materia de calificaciones y ascensos rige "el más duro clientelismo político", según una fuente del Gobierno. Los directores tienen todos el mismo salario base, pero después hay partidas compensatorias que las maneja el secretario general a discreción. Es decir, "ponele que vos sos director de turismo y yo de deportes, estamos iguales, pero si vos sos de la 50 –la lista del intendente– y yo no, automáticamente ganás más", señaló la misma fuente.
Artigas, feudo de la familia Caram, recibe del Gobierno nacional más del 100 % de lo que recauda (989 millones de pesos contra 670 millones) y tiene un déficit de 10 millones de pesos. Cuenta con 1.571 funcionarios municipales, 213 cada 10.000 habitantes, incluidos los de la Junta Departamental.
En lo que va de éste período ingresaron 173 funcionarios por designación directa y uno por concurso.
El 47 % de los ingresos de nuevos funcionarios en 2021 fueron por designación directa. En 6 intendencias (Cerro Largo, Durazno, Lavalleja, Rio Negro, Rivera y Soriano) no hubo ni un concurso ni sorteo.
Soriano encabeza la lista con 327 ingresos "a dedo". Le siguen Cerro Largo con 195, Artigas con 173, Canelones con 166, Salto con 137 y Río Negro con 122. De la misma forma, en Montevideo ingresaron 49 y en Maldonado 47.
Los ejemplos que puso Peña
El senador Peña veía que el clientelismo político se daba en dos niveles: por "cargos de confianza y con los votantes directamente". Recordó que en familias coloradas solía escuchar: "Mirá, yo soy colorado, pero mi hijo precisa trabajo y el intendente le dio; fuimos a hablar con él". También mencionó que "a veces mandos medios de las Intendencias colocan gente y compran voluntades con eso", según publicó El País.
El líder de Ciudadanos dijo que "El (ex)alcalde de Casupá (en Florida, Luis Oliva Castro) la primera vez fue electo por el PC. La segunda, para asegurar la reelección, estuvo con el PN. Hoy su hijo (Luis Oliva Monfort), que era convencional colorado, es el alcalde de Casupá" y es dirigente de la lista 62 del PN, cuyo principal referente es el embajador uruguayo en Argentina, Carlos Enciso, exintendente de Florida. El padre (Oliva Castro) ahora tiene un cargo en la Intendencia, es director de Desarrollo Social", acotó.
"En Cerro Largo, el alcalde de Río Branco (Christian Morel), que resultó ser desnivelante, fue el ganador de unas elecciones juveniles del PC; después lo reclutó el exintendente y senador blanco Sergio Botana y terminó siendo alcalde y fue definitorio en la elección del intendente en Cerro Largo", agregó Peña. "Morel milita hoy junto a Botana por la precandidatura a la presidencia de Álvaro Delgado (PN)".
El fallecido senador colorado dijo: "Quedamos debilitados a nivel de cargos y de votantes. De los 40.000 empleados que tienen las intendencias, más de 20.000 son a dedo, o sea que es todo un sistema perverso", sintetizó.
"Gente que trabajó con nosotros en las elecciones juveniles en Tacuarembó hoy está en cargos de dirección de Wilson Ezquerra, intendente blanco. Esas prácticas son permanentes en el interior. Al PC lo afecta particularmente, pero también a Cabildo Abierto, más que a nosotros. Me lo han planteado por lo mismo. Y al Partido Independiente. Los ven y los reclutan", concluyó Peña.
Una arbitrariedad tras otra
Una somera consulta entre fuentes políticas y periodísticas de Tacuarembó, Durazno, Cerro Largo, Treinta y Tres, Rocha, San José y Lavalleja, permite establecer sin margen de dudas que en esos lugares se constatan irregularidades de todo signo.
Basta recordar que el exintendente de Soriano, Agustín Bascou (2015–2020) fue formalizado en cuatro oportunidades por graves delitos económicos, que incluyen la estafa. Además se probó que vendía combustible a la Intendencia desde su propia estación de servicios. La Junta Departamental, con mayoría blanca, nunca pidió un juicio político y Bascou pudo culminar su mandato.
El año pasado, Carmelo Vidalín, intendente de Durazno, confesó sin pruritos que "le mataba el hambre a varios periodistas", como forma de justificar sus ingresos a la Administración. Nadie protestó por tan deleznable afirmación.
Los ediles de Maldonado se votaron su propio sueldo con los aumentos correspondientes, por sobre los índices nacionales.
En otros departamentos se persigue políticamente a funcionarios, en algunos se les paga partidas especiales a los que se consideran fieles.
Casi todos nombraron parientes en la administración. Y más de uno hace negocios privados desde su cargo.
El Partido Nacional gobierna en 15 departamentos y lo hace con mayorías aplastantes.
Los concursos no aseguran transparencia
A nivel popular, apoyado por las dirigencias políticas, se considera que tanto mediante licitaciones como con concursos son la forma más transparente de contratar. Y eso es falso, porque todo se puede arreglar y los hechos lo demuestran.
Por ejemplo: los últimos dos concursos realizados por la Intendencia de Maldonado estuvieron "arreglados". Uno para contratar profesores de Educación Física para el Campus, terminó en un escándalo público, por lo que debió realizarse nuevamente. El otro fue para contratar maquinistas y fueron varios participantes los que descubrieron la maniobra.
Todavía no se sabe qué tipo de normas contendrá la propuesta colorada para plebiscitar el ingreso a la función pública, sólo a las intendencias, aunque sería correcto que se extendiera a todo el Estado.
Pero, a modo de sugerencia, tal vez habría que crear un organismo, sin integración de sectores políticos, que se ocupe de todos los concursos para el ingreso a la función pública.
Los Gobiernos departamentales no han sido capaces de asegurar transparencia en sus contrataciones.