SEÑOR DIRECTOR:
En este y otros medios se ha discutido en tiempos recientes los casos del comandante Crespo o el soldado conscripto Robledo, pero en esta oportunidad quiero llevar la atención a un caso de octubre del 73 ocurrido en Angol, en que lamentablemente murieron 2 jóvenes y que involucra a 13 militares de la época, de los cuales dos eran soldados conscriptos que hacían su servicio militar.
Este era un caso ya juzgado, en que se había condenado al que era el segundo comandante del Regimiento Húsares, quien fue el que dio la orden de matarlos y estaba confeso. Posteriormente en el 2005 la Corte Suprema amnistió al condenado por estar prescrito.
Por alguna razón, bajo el primer gobierno de Piñera muchas causas de este tipo fueron reabiertas, y quizás ello podría haber sido lógico en otros casos, pero no en este, en el cual ya había un claro responsable que estaba juzgado y condenado.
De los 13 a los que se les condena, solo dos tuvieron una participación directa, ya que fueron los que dispararon, pero dicho eso, eran un cabo y un soldado conscripto cumpliendo órdenes, por lo que se les debiera eximir del caso.
Los otros 11 no tienen culpabilidad alguna en las muertes de los jóvenes, condenarlos a su edad, mas de 50 años después, por algo que no son culpables y en donde el mando asumió la responsabilidad no suena muy justo. Es mandarlos a morir a la cárcel. Dicen que la justicia es ciega, pero ello no quita que deba ser justa.
Las Fuerzas Armadas y las policías del Chile actual observan estos casos y los más recientes ocurridos cuando han debido poner orden a los desórdenes, estallidos y revoluciones. En épocas en que se discute la posibilidad de que vuelvan a la calle, toman nota de la forma en que paga Chile a los que han debido cumplir ordenes o simplemente tienen el pecado de haber sido militares o carabineros en la época equivocada.
Richard J. Kouyoumdjian Inglis
AthenaLab