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La reanudación del curso político tras el intervalo de la Semana Santa arrancó este lunes con la constitución -a instancias del PP- de la comisión de investigación del Senado en la que se abordará el caso Koldo. Hoy sucederá lo propio en el Congreso con otro órgano parlamentario en el que -esta vez a petición del PSOE- se fiscalizará en paralelo la contratación sanitaria de emergencia durante la pandemia del Covid empezando por el cobro de comisiones millonarias que pivota sobre el asesor del ex ministro José Luis Ábalos, que fue hombre de confianza de Pedro Sánchez hasta 2021.
Sin embargo, tanto en el Ejecutivo central como desde la dirección de Ferraz están tratando de desviar el foco informativo hacia la gestión de las comunidades presididas por el PP que, en cumplimiento de sus pactos de coalición con Vox, han promovido la derogación de sus leyes autonómicas de Memoria Democrática. Además, se insiste en la estrategia de reclamar la dimisión de la dirigente madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por el presunto fraude fiscal de su pareja, amplificada ahora con la exigencia de responsabilidades por el dinero público que recibió una empresa sanitaria privada a la que sitúan como «el principal cliente» de Alberto González Amador.
En relación a la primera de las cuestiones, el Consejo de Ministros tiene previsto estudiar hoy las acciones que va a adoptar contra Aragón, la Comunidad Valenciana y Castilla y León por promover la sustitución sus leyes autonómicas sobre Memoria Democrática por otras que «contradicen o cuestionan» la de ámbito nacional en aspectos como la condena del franquismo y las exhumaciones de víctimas. Aunque el paso previo consistirá en reuniones bilaterales con las administraciones en cuestión, en La Moncloa asumen que no se alcanzará ningún acuerdo y que acabarán recurriendo al Tribunal Constitucional (TC).
La tesis del Gobierno es que el PP y Vox están tratando de «blanquear al franquismo» al equiparar «los años del totalitarismo y de la dictadura con un periodo de un régimen democrático como fue la Segunda República». «No se pueden igualar cuatro décadas de ausencia de libertades, de privación de derechos, de desapariciones, de tortura... con un periodo democrático. Eso es inadmisible», advirtió Ángel Víctor Torres, titular de la cartera de Política Territorial y Memoria Democrática, en una entrevista en TVE en la que anunció el inicio de la ofensiva institucional.
La primera fase de este proceso se centrará Aragón, que ya aprobó la derogación de su ley el pasado 15 de febrero, mientras que las de la Comunidad Valenciana y Castilla y León se encuentran en tramitación. El Consejo de Ministros previsiblemente analizará hoy un informe jurídico con los supuestos incumplimientos de la normativa estatal que conlleva su sustitución por un «plan de concordia» para el «reconocimiento de las víctimas que padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa».
El Gobierno de Jorge Azcón respondió ayer que la derogación de su ley ha sido «jurídicamente intachable». Por ello, ya avanzó que no aceptará «la celebración de una comisión bilateral sobre este asunto», ya que «no hay ninguna base» en las discrepancias jurídicas que plantean desde el Ejecutivo central, informa Ismael Poveda.
En paralelo, el PSOE de Madrid solicitó ayer personarse en la acusación popular en la investigación abierta contra la pareja de Ayuso y otras cuatro personas por un presunto fraude fiscal y un delito de falsedad en documento mercantil. Su secretario general, Juan Lobato, justificó que el objetivo de esta solicitud es «tener información de un procedimiento» que cree que podría llegar a tener vínculo con la Comunidad de Madrid.
Foco sobre Ayuso
La portavoz nacional de los socialistas, Esther Peña, trató de apuntalar esta estrategia añadiéndole una batería de preguntas: «¿Estaba la señora Ayuso sentada en los consejos de Gobierno que aprobaron pagos por 400 millones de euros al Grupo Quirón? ¿Sabía la señora Ayuso que el grupo Quirón era el mejor cliente, casualmente, de su pareja? ¿Puede asegurarnos la señora Ayuso que no reside en una vivienda pagada con parte del dinero de los delitos fiscales reconocidos por su pareja? ¿Puede asegurar la señora Ayuso que no disfruta actualmente de otros lujos cuyo origen está en esos delitos fiscales? ¿Puede explicarnos por qué nos mintió a todos en su comparecencia para dar supuestas explicaciones? ¿Sabe la señora Ayuso que su pareja facturó cuatro veces más con Quirón Salud desde que iniciaron su relación?».
En la sede de Ferraz remarcan que la dimisión de la presidenta madrileña es una «cuestión de salud, de ética y de respeto a los españoles aunque sólo fuese por esos 400 millones» pagados a una empresa privada «deberían haber ido a la sanidad pública». Asimismo, consideran que es un caso que ha adquirido «vida propia» más allá de la investigación sobre la compra de material sanitario que se va a hacer en el Congreso y no descartan ningún escenario, como el de denunciar a la dirigente popular ante la Oficina de Conflictos de Intereses.