El presidente argentino Javier Milei acaba de superar la mítica barrera de los 100 días en el cargo. Sin embargo, pese a los tres largos meses transcurridos no ha podido disipar algunos interrogantes que han acompañado su gestión desde el pasado 10 de diciembre. ¿Quién es Milei: un nuevo mesías, un iluminado, un teórico insensible o simplemente un lunático, como afirman algunos? ¿Podrá más su voluntad reformista, pese a las limitaciones que marca la realidad, o terminará imponiéndose un estilo más pragmático? ¿Hasta cuándo durará la paciencia de la sociedad argentina ante el duro programa de ajuste que ha implementado?
Hoy hay en Argentina más preguntas que respuestas. Nunca hubo tantas posiciones encontradas y contradictorias, ni tanta distancia entre ellas. Esto refleja no solo la gran incertidumbre producida por un gobierno como el de Milei, tan atípico en prácticamente todos los sentidos, sino también el desconcierto que su llegada causó en prácticamente todo el espectro político y social del país. Esto afecta tanto a sus más fervientes seguidores como a sus más enconados opositores, sin olvidar a aquellos que, en una franja más central, se mueven entre el rechazo matizado y el apoyo crítico.
La gobernabilidad enfrenta serios obstáculos. Un presidente sin experiencia política de gestión, con escaso entusiasmo por las instituciones democráticas y respaldado por un reducido, reducidísimo, núcleo de toma de decisiones, es acompañado por un gabinete heterogéneo y poco compacto. Si a esto se le suma su limitado poder parlamentario (en ambas cámaras) y territorial (no tiene ningún gobernador), se podría concluir rápidamente que estamos frente a un gobierno débil. Sin embargo, de momento, ocurre todo lo contrario.
Su respaldo popular (ganó en segunda vuelta con el 56% de los votos) sigue prácticamente intacto. También, por ahora, como dijo en su día Hugo Chávez, sigue contando con el sostén de los empresarios, un dato no menor. Ahora bien, llegados a este punto y en ambos casos habría que preguntarse hasta cuándo. Se trata de una cuestión crucial, pero aún sin respuesta clara. Mientras tanto, sigue empeñado en cambiarlo todo, inclusive el relato kirchnerista sobre el pasado dictatorial y los derechos humanos.
Su política económica se basa en la motosierra y la licuadora, más allá de las derrotas sufridas en la tramitación del Decreto de Necesidad y Urgencia y de la llamada Ley Ómnibus, que pretendían transformar radicalmente la estructura estatal y productiva. Ambas buscan reducir tajantemente el gasto público. Una recortando el tamaño del estado y la otra licuando (o congelando) los ingresos laborales, especialmente las jubilaciones. Si bien ha logrado reducir la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el paralelo, al igual que la inflación (del 25% de diciembre se pasó al 13% de febrero), el descenso es insuficiente y las tasas presentes siguen siendo sumamente altas, la recesión emerge un escenario probable.
La otra pata de la acción gubernamental se sostiene sobre la gestión del orden público en torno a dos ejes. Uno, el control de la calle, intentando recortar la capacidad movilizadora de los piqueteros. El otro, la represión del crimen organizado, especialmente el narcotráfico. Llama la atención que las masivas manifestaciones antioficialistas de este domingo, en conmemoración del 48º aniversario del golpe militar de 1976, transcurrieran pacíficamente sin la presencia de un masivo despliegue policial. En torno al narcotráfico, que tiene su epicentro en Rosario, se ha abierto una intensa discusión sobre la participación de las Fuerzas Armadas en el combate contra las bandas criminales.
Otra incógnita que genera incertidumbre y desconcierto es hasta dónde Milei querrá seguir avanzando en sus reformas si éstas no cuentan con el respaldo del Congreso. Su opinión sobre los diputados y senadores, a los que mayoritariamente encuadra en la casta, son poco constructivas y dejan un margen limitado para la negociación. Las respuestas a este interrogante van desde la reinterpretación de leyes añejas a la convocatoria de un plebiscito para vencer la resistencia parlamentaria. Esta sería una especie de declaración de guerra entre poderes, un conflicto que debería ser zanjado por la Corte Suprema, otra institución también pendiente de remodelación a partir de la próxima elección de dos nuevos magistrados.
Ante tal escenario conflictivo la alternativa del Congreso pasaría por iniciarle un juicio político contra el presidente, que de alcanzar los votos y prosperar implicaría su relevo del poder. Pero, para llegar a este extremo antes habrá que haber pasado el recién iniciado otoño austral. En marzo y abril comenzarán a llegar las divisas procedentes de las exportaciones de cereal y será en mayo cuando se empiece a conocer si algunas políticas gubernamentales han tenido éxito o no.
Hasta entonces se mantendrán el desconcierto y la incertidumbre, teniendo presente que muchas reformas, como la contención de la inflación, la reducción del gasto público o la generación de empleo formal y de calidad son más que necesarias. La alternativa al fracaso de Milei, por más que algunos opositores quieran acabar cuanto antes con su gestión, sería el colapso total de la política, de la economía y de la sociedad argentinas. Por eso, según un reputado analista político, «esto puede salir mal, pero no debe salir mal».
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La Columna