El Gobierno acelera su desembarco en el accionariado de Telefónica. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el holding público dependiente del Ministerio de Hacienda, continúa con la compra de acciones de la teleco y confirma que ya controla un 5% de la compañía como parte de la estrategia del Ejecutivo de blindar la españolidad y la autonomía del grupo de telecomunicaciones.
El Consejo de Ministros aprobó en diciembre un movimiento de caladco y autorizó a SEPI comprar una participación del 10% de la compañía, para blindar una compañía que considera estratégica por su vinculación con la seguridad nacional y la defensa y confirmando así el regreso del Estado al accionariado de la teleco un cuarto de siglo después de su privatización total. La entrada de Arabia Saudí en Telefónica y su intención de convertirse en el mayor accionista del grupo, anunciada el pasado septiembre, se ha convertido en detonante de otros movimientos en el capital del grupo.
SEPI confirma el objetivo de continuar con las compras hasta alcanzar hasta un 10% del capital de la teleco y su interés de hacerlo con el menor impacto posible en la cotización de la compañía en bolsa. La participación alcanzada por el holding estatal tiene un precio de unos 1.128 millones de euros, según la cotización actual de Telefónica, que continúa por debajo de los 4 euros por acción. El Ministerio de Hacienda ha aprobado una inyección presupuestaria de al menos 500 millones de euros a SEPI para ejecutar las compras.
Hace apenas tres semanas el grupo público ya anunció su entrada en el accionariado de la operadora con un paquete del 3% y ahora confirma el aumento de la participación hasta el 5%. "Con vocación de permanencia, la participación de SEPI aporta una mayor estabilidad accionarial a la compañía para la consecución de sus objetivos y contribuye a la protección de las capacidades estratégicas de una compañía clave en el sector de las telecomunicaciones y determinante en la mayor parte de las capacidades industriales y áreas de conocimiento que afectan a los intereses esenciales de la defensa y la seguridad nacional.
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