Las ocupaciones de vivienda en España mantienen su tendencia a la baja en el conjunto del territorio, presentando un descenso generalizado entre las diferentes regiones en los últimos años, desde 2020, cuando se aprobó la instrucción "antiokupas". Así, el pasado año, las ocupaciones cayeron un 8,8% respecto a 2022, con 15.289 infracciones penales relacionadas con la usurpación o el allanamiento de inmuebles. Así lo muestran los datos emitidos este miércoles por el Ministerio del Interior.
Cabe mencionar que estas cifras proporcionadas no hacen distinción entre allanamientos de morada (que hace referencia a cuando se ocupa una vivienda habitual, tanto primera o segunda residencia) o usurpaciones (ocupaciones de inmuebles que son propiedad de entidades bancarias o que se corresponden con viviendas vacías). Esto ocurre porque se trata de calificaciones jurídicas que se atribuyen a posteriori por el órgano judicial correspondiente.
Si miramos por comunidades autónomas, Cataluña encabeza la tabla como la región con el mayor número de ocupaciones registradas, 6.258, alcanzando una cifra que supera la de las tres regiones posteriores. Le siguen Andalucía (2.331), la Comunidad Valenciana (1.640) y Madrid (1.516). En contraposición, aquellas regiones donde se ocuparon menos viviendas son La Rioja (52), Cantabria (76) y Asturias (88), sin contar las ciudades autónomas de Ceuta (9) y Melilla (11).
Pese a este descenso general, siete comunidades autónomas aumentaron sus cifras. Se trata de Asturias, que sufre un incremento del 29,4%, La Rioja (15,5%), Cantabria (14,4%), Canarias (14,3%), País Vasco (11,8%), Galicia (11,5%) y Aragón (8,9%). En cambio, las regiones que presentaron las caídas más notables en cuanto a estos registros son Murcia, con un descenso del 31,4%, Navarra (26,1%) y la Comunidad Valenciana (19%).
Igualmente, se sabe que tan sólo el 0,16% de los delitos genéricos de ocupación se refieren a delitos de allanamiento, tal y como arrojan los datos de la Fiscalía General del Estado en la memoria de la institución relativa al año 2022. De este modo, durante ese mismo año, fueron 8.868 procedimientos los que se abrieron por usurpación, frente a los 96 procedimientos por allanamiento.
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