Los legisladores quieren más apoyo para Ucrania ante el avance de sus homólogos estadounidenses y británicos.
Los legisladores de la UE han pedido que se confisquen activos estatales rusos para ayudar a Ucrania, alegando que los planes existentes, por valor de miles de millones de euros, no son suficientes.
Los países de la UE ya están debatiendo planes para proporcionar a Ucrania un paquete de ayuda de unos 3.000 millones de euros anuales utilizando los intereses del capital que el banco central ruso posee en el bloque.
Pero los legisladores de la UE quieren ir más lejos, mientras sus homólogos estadounidenses ultiman un p**aquete de ayuda de 57.000 millones** de euros para el país devastado por la guerra.
"Europa tiene que embargar todos los activos subyacentes de Rusia y tiene que hacerlo ahora", dijo Włodzimierz Cimoszewicz, político polaco de los Socialistas y Demócratas, en la última sesión del Parlamento Europeo antes de las elecciones de junio, advirtiendo de que, de lo contrario, Ucrania "podría quedarse simplemente sin dinero". "Cada día se producen nuevos daños en Ucrania", dijo Andrius Kubilius, político lituano del Partido Popular Europeo, y añadió: "Rusia tiene que pagar".
El sábado, tras un intenso debate político, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un importante paquete de ayudas a Ucrania, que recibió el aplauso del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.
210.000 millones de euros de activos rusos: ¿Puede realizarse una confiscación generalizada?
La mayor parte de los activos extraterritoriales rusos, unos 210.000 millones de euros, se encuentran en la UE, principalmente en el depositario Euroclear de Bélgica.
El responsable de política exterior de la UE, Josep Borrell, ha argumentado que el bloque debe poder beneficiarse de los activos rusos para que Ucrania pueda defenderse, en lugar de utilizar los activos expropiados únicamente para financiar la reconstrucción.
Pero también advirtió de los problemas jurídicos que plantearía una confiscación generalizada, haciéndose eco de las preocupaciones expresadas por personalidades como Christine Lagarde, del Banco Central Europeo. "Todo debe hacerse de acuerdo con el Derecho internacional", dijo Borrell a los legisladores. "De lo contrario, sería un doble rasero".