El dictamen de la versión reducida de la Ley Ómnibus que consiguió La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, cerró con el 10 por ciento de las privatizaciones que la gestión de Javier Milei intentó imponer en la primera iniciativa enviada en diciembre. El «Anexo I» tenía 40 empresas estatales para ser privatizadas en la primera versión del proyecto, ahora solo 4 quedaron en la categoría de «privatización»: Aerolíneas Argentina, Enarsa, Radio y Televisión Argentina e Intercargo.
La aerolínea de bandera está llevando un plan de achique a cargo de su titular, Fabián Lombardo, quien esta semana comunicó públicamente un plan la implementación de recortes para «reducir a la mitad el déficit operativo», que incluirá el cierre de rutas de cabotaje fuera de temporada. De la mano de Aerolíneas se podrá negociar el remate de Intercargo, la empresa estatal que brinda los servicios en tierra, rampas y puentes de acceso.
La venta de Enarsa -creada en 2004- significa trasladar al sector privado la estructura de una firma que realiza estudios, exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos; como también tareas de transporte, almacenaje, distribución y comercialización e industrialización de esa materia prima y sus derivados.
En tanto, la venta de Radio y Televisión Argentina es un golpe para el mapa mediático y la comunicación federal. Desde su creación en 1952, la televisión estatal solo fue cedidos a privados durante la gestión de Carlos Menem; mientras que la red de emisoras de la radio pública es la única con una red de más de 40 emisoras en todo el país.
Además, otras 5 empresas podrán pasar a manos privadas o ser concesionadas; mientras que otras dos podrán incorporar capitales privados, pero mantendrán mayoría de participación estatal.
Entre las cinco que figuran sujetas a «privatización/concesión»: Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa), Correo Argentino, Belgrano Cargos, Corredores Viales y Sociedad Opereadora Ferroviera (Sofse). Se trata de cinco empresas que ya fueron concesionadas durante el menemismo y volvieron bajo control estatal durante el gobierno de Néstor Kirchner. El caso del Correo Argentino es recordado por haber estado en manos de la familia Macri, que aún mantiene abierto un juicio por el proceso de quiebra, en el que el Poder Judicial se niega a avanzar.
El dictamen de mayoría precisa, además, las condiciones particulares para la privatización de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y Yacimientos Carboníferos Rio Turbio (YCRT). Para ambos casos, la iniciativa señala que se podrá «únicamente, organizar un programa de propiedad participada y colocar una clase de acciones para ese fin; y incorporar la participación del capital privado debiendo el Estado Nacional mantener el control o la participación mayoritaria en el capital social».
En el caso de Nucleoeléctrica , el artículo agrega que se necesitará del voto afirmativo del Estado para la ampliación de capacidad de una central, la salida de servicio y la incorporación de accionistas en la sociedad.
El Gobierno dejó fuera de toda lista a Banco Nación, y sus empresas subsidiarias. En la lista tampoco figura Télam S.E; la agencia de noticias estatal de la que el Gobierno anunció su cierre y restructuración a inicio de marzo y aún no presentado ningún plan al respecto, la mantiene vallada con un operativo de seguridad y a sus 700 trabajadores dispensados.
Entre otras empresas que estaba en la lista original y quedaron fuera también se encuentra Fabricaciones Militares, Tandanor, ARSAT, Administración General de Puertos. En la negociación con los gobernadores, quedaron en el camino Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), Radio de la Universidad Nacional del Litoral S.A, Servicio de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba S.A.
Fuente infogremiales