La primera vez que conocí a los pueblos indígenas de Chiapas me sorprendió que en diferentes lenguas derivadas del maya no existía la primera persona del singular, es decir, el yo. Cualquier persona hablaba con un «nosotros», aunque estuviese sola en ese momento; un plural colectivo que poco a poco fui entendiendo que se refería a sí misma, a su comunidad, pero también al territorio que puebla, a los animales que lo habitan, a las fuentes de agua, las montañas y los ríos. La individualidad no tiene sentido en su cosmovisión y es ese sentido colectivo de identidad y pertenencia el que les permitió sobrevivir a la colonización y a la uniformización de los Estados nación. También al mantra del ultra desarrollo malentendido, ese que solo mide el tamaño del Producto Interior Bruto, como si el PIB midiese la calidad del aire, la pureza del agua, la soberanía alimentaria o la felicidad.
Ese plural colectivo indígena nos ha permitido seguir manteniendo pulmones para todas como la Amazonía, el Yasuní o la Selva Lacandona. Y también se ha vuelto un desafío para los intereses de grandes corporaciones y gobiernos que pretenden instalar allí megaproyectos energéticos, macrogranjas de carne o monocultivos extensivos de soja, o explotar sus tierras ricas en recursos naturales, la fiebre del oro contemporánea.
Un plural colectivo muy significativo en una jornada como hoy, que conmemoramos el Día Internacional de la Madre Tierra.
Ese sentido de colectividad y de formar parte de un todo está también en muchos pueblos valencianos que todavía guardan el arraigo con el territorio, aunque este se haya ido difuminando por las tentaciones del dinero fácil y el consumismo. Ahora, asistimos en pueblos del interior valenciano a esas mismas protestas que veíamos en regiones de México, Guatemala, Ecuador o Brasil. «Renovables sí, pero no macro, ni a qualsevol preu», claman desde la Coordinadora Valenciana por una Ubicación Racional de las Energías Renovables, una unión de 40 municipios donde han visto desembarcar fondos buitres y grandes corporaciones que pretenden substituir su economía local y su paisaje bajo la promesa de una energía más sostenible que llena de cables y macroplantas eólicas y fotovoltaicas nuestras montañas.
La sostenibilidad se ha vuelto una palabra tan manoseada que ya no sabemos ni qué significa. Las mismas empresas -que envasan los productos que consumimos con un plástico dentro de otro y otro- nos invitan a reciclar ese plástico y se erigen como adalides de la sostenibilidad para seguir manteniendo la rueda de la producción más voraz. O las marcas de ropa barata que te ponen lo que compras en una bolsa de tela para no gastar plástico, cuando la industria textil es la segunda más contaminante del mundo, produciendo entre 4.000 y 5.000 toneladas de CO₂ anuales, lo que supone un 10% del cómputo global de residuos, según datos de la ONU.
Ahora que la sostenibilidad se ha convertido en un elemento más de la mercadotecnia empresarial e institucional, hay que volver a mirar hacia esa gente que se organizaba para traer la luz a su pueblo, para construir un pozo de agua o para quién reutilizar era su forma de sobrevivir. Y denunciar a los que obtienen beneficios sin retribuir a la sociedad.
Hace un mes, en medio de noticias de pantanos sin agua, leímos una nota histórica, el reconocimiento por primera vez de los derechos de un río en España. El Concello de Outes, en A Coruña, aprobó una declaración de derechos para el Tins, que reconoce que el río tiene «derecho a la vida y a la existencia como ecosistema en equilibrio», a estar limpio, a que se recupere su ribera con especies autóctonas y se retiren las invasoras, a fluir «libre y sin impedimentos» y a que el patrimonio que alberga se divulgue y transmita entre generaciones.
De momento es una declaración simbólica, porque no hay legislación en la materia en nuestro país, pero surge de la lucha vecinal y colectiva de un pueblo de 6200 habitantes, en el que desde los ancianos hasta los colegios se han implicado en el rescate de un río acosado por el desarrollo urbanístico, la contaminación y las especies invasoras.
La restauración del río sigue la estela de otras iniciativas en el mundo y está impregnada también del espíritu de la iniciativa legislativa popular para otorgarle personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor de Murcia, que se aprobó en el Congreso de los Diputados en 2022.
Experiencias como éstas son un ejemplo y una inspiración para las problemáticas ambientales que vivimos aquí, por ello Fundación por la Justicia quiere poner el foco en este asunto a través del Humans Fest, el Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos de València, que tendrá lugar en la ciudad del 30 de mayo al 8 de junio. Este año celebramos nuestra 15ava edición y la dedicamos a la tierra, al medio ambiente, a la defensa del territorio, a esa primera persona del plural que nos interpela como parte de este hermoso, diverso y amenazado planeta.
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