El Mostrador Braga conversó con la directora del Centro de Derechos Humanos de la UDP, Lidia Casas, quien destacó la expansión de paradigma en el sistema judicial para tratar casos de violencia de género y señaló la importancia de legislaciones que atiendan estos en ámbitos específicos.
En Chile, el 38% de las mujeres entre 15 y 65 años señala haber sufrido algún tipo de violencia en algún momento de su vida, y 1 de cada 3 mujeres declara haber sido víctima de algún tipo de violencia por parte de su pareja o expareja, esto es aproximadamente 3 millones de mujeres en el país, de acuerdo a cifras del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género correspondientes al año 2018.
Diferentes sectores e instituciones públicas, han impulsado acciones para abordar la violencia intrafamiliar (VIF) situando la violencia contra las mujeres en el espacio íntimo de las familias. Sin embargo, la visibilización de otras manifestaciones específicas de este tipo de violencia ha llevado a la incorporación de nuevas políticas públicas y proyectos de ley que han ido transformando el sistema judicial chileno.
Ante esto, El Mostrador Braga conversó con la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (UDP), Lidia Casas, quien señaló la necesidad de legislaciones que atiendan casos de violencia de género en ámbitos específicos. "Ha habido una expansión del derecho para considerar formas específicas de violencia que va dando paso a los distintos tipo de vulneraciones que se producen", indicó.
Ejemplo de ello es la Ley Integral, recientemente aprobada por el Congreso, que establece medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, en razón de su género. Dicha ley reconoce otros tipos de violencia como la psicológica, sexual, económica, simbólica o gineco-obstétrica.
La aprobación de esta norma marcó un hito en la lucha por los derechos de las mujeres, fortaleciendo la protección legal y la atención a las víctimas de violencia de género en el país. Sin embargo, hace unos días, un grupo de diputadas y diputados de oposición — Republicanos, UDI, RN, Partido de la Gente y Partido Social Cristiano — enviaron un requerimiento al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar esta ley.
El texto ingresado al TC por 54 parlamentarias y parlamentarios de oposición solicita que se declare inconstitucional el artículo de la ley que utiliza el concepto de "educación no sexista y con igualdad de género", aludiendo a que vulnera el derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos.
El extracto de la ley que las y los parlamentarios buscan que se desestime corresponde al inciso 2 del artículo 12 del proyecto, que indica que "los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán promover una educación no sexista y con igualdad de género y considerar en sus reglamentos internos y protocolos la promoción de la igualdad en dignidad y derechos y la prevención de la violencia de género en todas sus formas".
Casas explicó que "el requerimiento indica que el artículo que utiliza una expresión para referirse a la educación como una herramienta para la prevención de la violencia de género es, a juicio de ellos, contrario al derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos". Siendo la idea de "no sexista", lo que, para las y los parlamentarios, constituye una "ideología de género".
El Tribunal Constitucional (TC) acogió el requerimiento presentado, por lo que comenzaron audiencias públicas para que cada parte defienda sus posturas. Ante esto, Casas, en nombre del Centro de Derechos Humanos, que participa de estas audiencias, manifestó para El Mostrador Braga que "el Estado tiene un fin legítimo cuando propone una medida como esta".
"La educación cumple el rol de intervenir tempranamente en los procesos de socialización de niños y niñas. Porque una puede advertir cómo la violencia de género no comienza cuando las mujeres son mayores, sino que aparece a través de los estereotipos, prejuicios y minusvaloración de las mujeres en la sociedad que se da, por ejemplo, en la educación formal", agregó.
Respecto al comienzo de las audiencias públicas, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, sostuvo que el proyecto de la Ley Integral se discutió arduamente y contó con una amplia mayoría en el Congreso, por lo que tiene la convicción de que el texto no contraviene la Constitución vigente.
"No podemos perder de vista lo importante que es contar con un marco legal que proteja a las mujeres y a las niñas de la violencia. En este contexto, la educación es una herramienta fundamental para prevenir", indicó.
Para Casas, es en la educación temprana donde la educación no sexista debe jugar un rol fundamental. La directora del Centro de Derechos Humanos considera que esta normativa no se trata de un adoctrinamiento, dado que "la educación no sexista, lo que da son valores, como el respeto y la igualdad hacia el otro".
En el año 2020, 3.806 niñas y niños fueron víctimas de abusos sexuales, de ellos, 3.302 son niñas y adolescentes. Solo en el año 2021 hubo 134.528 casos de violencia intrafamiliar en los que 13.088 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas, según datos del Centro de estudios y análisis del delito, de la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Además, 62,5% de los cuidadores reconocen el uso de métodos de disciplina violentos en la crianza de niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a información de Encuesta Longitudinal de Primera Infancia del 2017.
En contextos violentos y de abuso de poder, crece la probabilidad de que la violencia se reproduzca en generaciones futuras. De esta manera, los estereotipos de género potencian las brechas existentes, por lo que muchas veces se pueden normalizar este tipo de conductas violentas. "En la medida en que las niñas aprenden que la violencia está naturalizada, entonces tenemos un problema", señaló Casas.
Asimismo, Casas indicó que se debe intervenir tempranamente para que la educación sea una medida eficaz contra la violencia hacia las mujeres y esto se traduzca en transformaciones culturales que son necesarias.
"La educación es el medio más idóneo para poder incidir en la prevención de violencia en futuras generaciones, porque lo que hace una educación no sexista es intentar derribar los estereotipos de género que están asentados en la cultura y que se reproducen en la escuela, entonces, el Estado no puede renunciar", finalizó.