El portavoz y vicepresidente del Govern, Antoni Costa, ha apuntado que es «raro» que la Oficina de Anticorrupción enviara a la Fiscalía las presuntas irregularidades urbanísticas en el Ayuntamiento de Campos y no se hiciera lo mismo con los indicios que había del caso Koldo.
Así ha respondido el conseller de Economía, Hacienda e Innovación cuando se le ha preguntado sobre el envío al Ministerio Público de la investigación del actual director general de Emergencias, Sebastià Sureda, durante su etapa como regidor de Urbanismo en el Ayuntamiento de Campos.
Costa ha insistido en que le resulta «extraño» que se enviara este expediente al Ministerio Público, así como la investigación que pesa sobre el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, y no se actuara de manera idéntica con otros casos como las vacunaciones de cargos del PSIB. «Solo lo dejo caer por curiosidad», ha concluido.
Hay que recordar que la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares dio traslado de la investigación abierta sobre el Ayuntamiento de Campos a la Fiscalía el pasado mes de noviembre y suspendió la vía administrativa tras apreciar indicios de un posible delito urbanístico en la concesión de licencias por parte del Consistorio desde el año 2015.
Así consta en la Memoria del organismo correspondiente al año 2023, presentada este martes a través de registro en el Parlament y en la que también se apunta a indicios de prevaricación en este procedimiento.
La investigación del organismo, ahora en liquidación tras aprobarse la ley de transparencia impulsada por el PP, afectaría al ex regidor de Urbanismo, Sebastià Sureda, que ocupa ahora el cargo de director general de Emergencias, y deriva de una denuncia recibida en noviembre de 2020 por un posible delito de prevaricación por parte de las autoridades del Ayuntamiento de Campos al no actuar en varios locales que funcionaban sin licencia de actividad en el polígono industrial.
También se denunció que se habían concedido determinadas licencias ilegales porque el suelo nunca tuvo la calificación de industrial y las licencias se concedieron cuando la zona estaba considerada suelo de desarrollo urbano no transformado.
Según queda recogido en la memoria, la persona informadora indicó que el Ayuntamiento de Campos denegó una solicitud de licencia de actividad porque el suelo estaba clasificado como rústico común, mientras que los locales limítrofes tenían actividad.
La memoria halló cuatro posibles delitos urbanísticos en cuatro inspecciones de control de establecimientos e instalaciones en las que los funcionarios municipales certificaron que no se apreciaba actividad comercial, a pesar de que la Oficina pudo verificar fehacientemente que se estaban realizando actividades en contra el ordenamiento jurídico.
Igualmente, el organismo apreció delitos de falsedad documental argumentando que «se faltó a la verdad de los hechos». Se apreciaba igualmente prevaricación, al dictar una resolución que omitía la suspensión de las actividades.