Fuente: La Voz de Tarija
Cecilia Bolívar, representante de la Defensoría del Pueblo de Tarija, ha salido al paso de las propuestas de modificación a la Ley 348, que busca la prevención de la violencia de género en Bolivia, especialmente enfocada en mujeres, niños, niñas y adolescentes. Estas declaraciones surgen en medio de debates sobre la efectividad y posibles ajustes de la normativa, con argumentos que sugieren parcializar la justicia.
«Es importante resaltar que la situación del número de detenciones preventivas, detenciones cautelares y los índices de violencia son estadísticas estructurales por las que no debemos responsabilizar a una norma de principios progresivos y estándares internacionales«, enfatizó Bolívar durante una conferencia de prensa.
La Ley 348 ha sido un pilar fundamental en la lucha contra la violencia de género en Bolivia, estableciendo medidas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia en todas sus formas, tanto física, psicológica, sexual, económica o simbólica. Sin embargo, recientemente han surgido propuestas de modificación que cuestionan su efectividad y alcance.
«Lo que busca la Ley 348 es proteger especialmente a mujeres, niños, niñas y adolescentes de situaciones de violencia. Es una herramienta clave para garantizar sus derechos y prevenir cualquier tipo de agresión«, agregó Bolívar.
La representante de la Defensoría del Pueblo de Tarija instó a realizar un análisis exhaustivo de la aplicación de la ley, centrándose en la organización y especialización de los funcionarios públicos encargados de administrar justicia.
«Es fundamental que el sistema de administración de justicia analice su funcionamiento y se especialice en la atención de casos de violencia de género. La Ley 348 es un instrumento valioso que debe ser implementado de manera efectiva para garantizar la protección de los derechos de las personas vulnerables», concluyó Bolívar.
Ante estas declaraciones, se espera que se continúe el diálogo y el análisis para fortalecer la aplicación de la Ley 348 y mejorar las condiciones de protección para quienes sufren violencia de género en Bolivia.