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La mala praxis que se ha realizado en algunas residencias de mayores ya empieza a tener consecuencias jurídicas. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Carmona ha dictado un auto de procedimiento abreviado contra dos directoras y una empleada de un centro de esta localidad sevillana y otros dos de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
De hecho, la Junta de Andalucía tuvo que intervenir y cerrar esas residencias en 2021 tras conocer por una investigación que existía trato denigrante contra los ancianos y por encontrarse en malas condiciones. Los mismos trabajadores fueron los encargados de denunciar los hechos y mostraron grabaciones donde se mostraban neveras vacías, colchones manchados con heces, entre otras pruebas. Las presuntas implicadas, que se han acogido a su derecho a no declarar, están siendo investigadas por trato degradante y abandono a los ancianos; por un delito contra la salud pública y otro de falsedad. Estos hechos tuvieron lugar entre septiembre de 2020 y febrero de 2021, el lapso de tiempo más complicado de la pandemia.
Las residencias de los horrores
A raíz de la alarma pública generada por las grabaciones, fue el fiscal delegado de Personas Mayores y Personas con Discapacidad en Sevilla, Norberto Sotomayor, el que promovió las denuncias.
Entre las graves disfunciones detectadas, están los "uso de estufas no autorizadas, trabajadores sin contrato, traslados entre residencias, más personas de las autorizadas, suciedad, falta de control de medicación, pañales con excrementos abandonados, ancianos sin pijama o vestidos con ropa de calle acostados, ropa de cama sucia o mojada, bolsas rellenas con papeles como almohadas, detección de incendios que no funcionan falta de agua caliente, comidas insuficientes, mal estado de la cocina, ausencia de plan de contingencia, descontrol en las prescripciones y suministros farmacéuticos, cambios injustificados de los tratamiento, falta de historia clínica, defectos en la conservación de alimentos y productos de limpieza, estancia de mayores en dependencias no adecuadas, menús no adecuados y no correspondientes con el visado, falta de personal, etc". Un auténtico despropósito.
Las trabajadoras, claves en destapar el caso
Las residencias afectadas son La Alegría, en Carmona, y San Lorenzo, en Alcalá de Guadaíra. Sus testimonios han sido fundamentales para avanzar en la denuncia. Llegaron a relatar en sede judicial que la comida era "escasa" y mal conservada. Sobre el cuidado en la higiene de los mayores, llegaron a decir que no había agua caliente para su aseo y que llevaban el pijama puesto todo el día. Es más, hasta los colchones de las habitaciones eran "deficientes".
Para más inri, hasta el aforo del centro se sobrepasó: de 30 pasaron a 40 residentes, por lo que no se cumplía con la normativa vigente. Por si fuera poco, denuncian que varios abuelos fallecieron por Covid-19 cuando llegó la regidora denunciada.
La instrucción también aborda los "traslados indebidos entre las residencias afectadas, con un grave riesgo para la salud y sin cumplir el mínimo de garantías sanitarias", en lo peor de la pandemia. Por ello, las denunciadas "manipularon el Plan de Contingencia" y hasta los certificados covid.
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