El reciente pronunciamiento del presidente Laurentino Cortizo, en relación con una candidatura presidencial pendiente de revisión por la Corte Suprema de Justicia, constituye un claro desvío del mandato constitucional de separación de poderes, piedra angular que asegura el equilibrio y la independencia entre los tres órganos del Estado. Al pronunciarse sobre un asunto <i>sub judice</i>, que corresponde resolver a la Corte, el presidente incursiona en un terreno que podría interpretarse como una violación de la mencionada separación de poderes. La intervención del presidente en este tema, que aunque tiene ribetes políticos, es eminentemente judicial, no solo contradice sus previas posturas de respeto al Estado de Derecho, sino que también plantea interrogantes sobre su consistencia en defender la independencia institucional. Es fundamental recordar que la fortaleza de una democracia se mide por su adherencia a las normas y principios constitucionales. El presidente, al igual que todos los ciudadanos, debe actuar dentro de los límites que su rol institucional impone, especialmente en momentos donde la tentación de traspasar estos límites puede parecer justificada. Respetar la separación de poderes no solo es una obligación constitucional, sino también un compromiso ético esencial para preservar la integridad y la confianza en el sistema democrático de Panamá.