Mediante una sentencia, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó la sanción contra el abogado Jeyson Stein Quintero Irreño, al identificar su responsabilidad en el engaño a una docente, en Tolima, para hacerle creer que la Alcaldía de Ibagué le había concedido el derecho sobre una propiedad en la que residía.
Dentro de las pruebas recopiladas por la entidad está el testimonio de otra docente y compañera de trabajo de la mujer, quien aseguró que Quintero Irreño iba frecuentemente a la institución educativa en la que trabajaban para pedir dinero.
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En el proceso que se originó el 21 de febrero de 2020 por esta docente en Ibagué, aseguró que desde mayo de 2018 le otorgó un poder al abogado para que el predio ubicado en el barrio El Libertador de esa ciudad, fuera adjudicado a su nombre por tratarse de un bien ejido, es decir de propiedad del municipio, pero ocupado por ella.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial encontró que Jeyson Stein Quintero Irreño incurrió en acto fraudulento en detrimento de intereses ajenos, al entregar un documento presuntamente falso, por lo que confirmó la sanción contra el jurista suspendiéndolo del ejercicio de su profesión durante un año, además de fijarle una multa de 4 salarios mínimos, es decir más de $4.640.000.
Antecedentes del caso
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial reiteró la validez de las conversaciones de WhatsApp como prueba documental, por lo que estas mismas, sostenidas entre la docente y Quintero Irreño el 26 de julio de 2019, en las que el abogado le hizo creer que el predio efectivamente le había sido otorgado mediante resolución No. 0077 del 22 de mayo de 2019, sirvieron como prueba.
En el caso, los pagos efectivos realizados mediante una empresa de giros, en los que se pudo acreditar cómo entre el 01 de enero del 2017 y el 31 diciembre del 2020 fueron enviados 9 pagos por un monto total de $4.653.373, a favor del abogado, también sirvieron como prueba.
Fue otro abogado litigante que trabajaba como contratista con la Alcaldía de Ibagué el que informó que, en diciembre de 2019, la docente había presentado una resolución en la que supuestamente se le adjudicaba dicho predio. Sin embargo, el documento era fraudulento, toda vez que identificó que tenía una enmendadura, le cambiaron el nombre, cédula y el número de la ficha catastral.
También fue adjuntado el certificado con el que se demostraba que el abogado no inició el trámite administrativo en favor de la docente.