Hermes Ávila Vázquez, de 52 años, no pudo prestar la fianza de $4 millones, por lo que fue ingresado a prisión hasta su vista preliminar el 7 de mayo
Hermes Ávila Vázquez, de 52 años, no pudo prestar la fianza de $4 millones, por lo que fue ingresado a prisión hasta su vista preliminar el 7 de mayo
La jueza Cyndia Irizarry Casiano, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, halló el lunes causa para arresto contra Hermes Ávila Vázquez, imputado del feminicidio de Ivette Joan Meléndez Vega, de 56 años, en hechos ocurridos el domingo, cerca de la playa Los Tubos en Manatí, confirmó el Departamento de Justicia.
Ávila Vázquez, de 52 años, enfrenta cuatro cargos por asesinato en primer grado (modalidad de feminicidio íntimo), portación y uso de arma blanca, destrucción de prueba y apropiación ilegal de un vehículo.
Se encontró causa para arresto por todos los cargos imputados y se le fijó una fianza de $4 millones, a razón de un millón por cada cargo. Ávila Vázquez fue ingresado a prisión tras no prestar la misma y la vista preliminar fue señalada para el próximo 7 de mayo.
Ávila Vázquez fue detenido el mismo domingo luego de que la Policía inicialmente, lo identificara como persona de interés en relación con el asesinato de Meléndez Vega, cuyo cuerpo fue hallado en la PR-686.
El crimen fue reportado a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 a las 4:29 a.m. Cuando los agentes llegaron a la escena, encontraron sobre el pavimento el cadáver semidesnudo de la víctima, degollada y heridas abiertas en la cabeza.
Más temprano, este medio supo que el hombre habría hecho unas admisiones al crimen, pero el teniente Carlos Vélez, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, se limitó a indicar que "se han hecho múltiples entrevistas".
Ante la pregunta de por qué detuvieron a esa persona en ese momento, el oficial apuntó a que corroboraron informaciones que les llegaron, incluyendo la consulta de vídeos de cámaras de seguridad.
Tras ser detenido, Ávila Vázquez fue visto en televisión caminando esposado y escoltado por agentes de la Uniformada, una situación que "tomó por sorpresa" a la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar, puesto a que, según la funcionaria, el convicto por asesinato en primer grado fue sentenciado en el 2005 a 122 años de cárcel. Pero en abril de 2023 se le permitió salir porque supuestamente sufría de varias condiciones de salud que no le permitían "desplazarse" ni "hacer unas funciones fisiológicas que cualquier persona, sin sus condiciones, podía hacer de forma normal".
Escobar explicó a El Nuevo Día que se trata de un beneficio bajo la Ley 27 de 1989 y Ley 25 de 1992, enmendadas en el 2014, para confinados con enfermedades terminales o con dificultades de desplazamiento.
El hombre, quien está en el Registro de Ofensores Sexuales, se había declarado culpable por asesinato en el 2005, pero a su vez contaba con un extenso expediente criminal, con algunos delitos que se remontan a 1991, incluyendo violación sexual, secuestro y violaciones a la ley de armas.
No obstante, su salida de prisión fue autorizada luego de que un panel de médicos lo evaluara y el personal del DCR hiciera una evaluación en la comunidad donde iba a residir.
A partir de ese momento, era supervisado por personal del DCR que lo veía mensualmente, alternando entre la oficina de la agencia y visitas a su casa. Escobar destacó que, al imputado, incluso se le brindó una cama de posición, silla eléctrica y una silla de ruedas regular para poderse desplazar, así como pañales desechables.
La secretaria informó que ordenó a que se lleve a cabo una investigación al igual que impartió instrucciones para que se realice un informe correspondiente para el inicio de revocación del privilegio.