Los peruanos somos campeones en autodestruirnos, luego en recuperarnos para nuevamente volver a caer. Nos hicimos mucho daño en los setenta y ochenta, nos recuperamos fuertemente a partir de los noventa, para luego retomar una senda autodestructiva desde el año 2011. Esto ha ocurrido como resultado del debilitamiento de nuestra clase política que nos ha traído cada vez peores congresistas y actualmente el peor congreso de la historia; y una seguidilla de malos gobiernos, algunos débiles, y otros corruptos o desprestigiados; incapaces de contrarrestar el populismo congresal.
No sorprende, por tanto, que S&P redujera nuestra calificación de crédito a BBB-, poniéndonos a solo un peldaño de perder el grado de inversión que tanto esfuerzo nos costó obtener. Al mismo tiempo, redujo nuestra calificación soberana de corto plazo tanto en moneda extranjera como local. Sin embargo, mantuvo una perspectiva estable porque espera una recuperación moderada del PIB, que permitiría que la deuda como porcentaje del PIB no aumente tanto en los próximos años. Por otro lado, la calificadora Fitch Ratings mantuvo la calificación BBB de Perú, tanto en moneda local como en moneda extranjera, y Moody's indicó que por el momento no va a mover su calificación, lo que son buenas noticias, pero que podrían variar en unos meses si seguimos en la misma senda.
S&P basó la reducción en los desafíos políticos que enfrentamos, que afecta nuestra capacidad para reconstruir el espacio fiscal y limita nuestro crecimiento futuro al impedir que el Gobierno implemente una serie de políticas para impulsar la inversión, fortalecer nuestra institucionalidad e impulsar nuestra productividad. La incertidumbre política, la fragmentación de los partidos políticos y las limitaciones políticas de gobierno afectan nuestro crecimiento y fortaleza fiscal a pesar de los precios favorables del cobre y no permiten la recuperación de la confianza de los inversionistas.
Medidas recientes como las aprobaciones de más retiros de los fondos en las AFP y los CTS, el intento de limitar las licencias otorgadas al puerto de Chancay, el desconocimiento del contrato con Rutas de Lima por la municipalidad, o el anuncio de la no renovación del presidente del Consejo Fiscal en un contexto donde el propio ministro de Economía anticipa que excederemos las metas de la regla fiscal, son claros ejemplos de los desafíos que enfrentamos.
Debemos ver la recalificación como un llamado de atención. Perder el grado de inversión sería muy negativo, ya que incrementaría el costo de financiamiento en general en el país y reduciría el número de inversionistas interesados en nuestros distintos mercados financieros. No es irrelevante. Si no hacemos nada por revertir esta situación y elegir mejor en 2026, no nos quejemos de la falta de empleos, de la pobreza, y de la informalidad e ilegalidad. Guerra avisada no mata gente. No seamos pusilánimes y luchemos por evitar que nuestros políticos terminen destruyendo todo lo avanzando con mucho esfuerzo entre 1990 y 2011.
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