La medida de fuerza es protagonizada un número no precisado del total de 1.300 empleados precarizados, en su mayoría mujeres, quienes vienen percibiendo una asignación mensual de solo 78 mil pesos a través del programa nacional Potenciar Trabajo.
El mismo concentró a todos los planes sociales que en el curso de los últimos veinte años se fueron creando para dar respuestas a persistentes etapas de desocupación, aunque antes se financiaban a través de los municipios o del gobierno provincial.
Ahora el gobierno de Javier Milei ordenó que se realice un nuevo empadronamiento, dado que el Potenciar Trabajo se desglosará en dos nuevos planes y se presume que muchas personas no podrán acceder a los mismos y perderán el beneficio.
La "bajada de línea" de Nación motivó que la gestión del intendente Pablo Carrizo dispusiera que a partir del miércoles de semana pasada los precarizados dejaran de acudir a sus puestos de trabajo y quedaran en sus casas a la espera de hallar una solución a esta problemática.
Esas directivas fueron interpretadas por la gente afectada como una antesala de su desafectación total y el jueves hubo una acalorada reunión en el complejo deportivo "Ing. Knudsen" cuanto el secretario de gobierno, Pablo Juárez, se encargó de comunicarlas formalmente.
El malestar fue creciendo y este lunes el personal precarizado decidió tomar numerosos sectores donde venía cumpliendo actividades administrativas, de maestranza, seguridad y talleres , entre otras.
Las voces de protesta fueron muchas, como ser : "nosotros trabajamos desde hace muchos años para el municipio y no para el gobierno nacional, a pesar que desde allí vienen los fondos"; "ni siquiera tenemos obra social y no nos hacen aportes para la jubilación"; "cuando el personal de planta permanente cumplía medidas de fuerza nosotros hacíamos su trabajo, incluso en época de pandemia" y "esto seguro va a ser aprovechado por el intendente para acomodar a su gente".