Desde que la ciencia y la tecnología han sido aprovechadas para mejorar conscientemente la condición humana -del Renacimiento a la fecha en Occidente- la esperanza de vida promedio de los seres humanos ha venido aumentando. Esto quiere decir que la experiencia de la senectud se ha vuelto más generalizada: nunca en la historia había tanta gente alcanzado la edad madura.
Conforme este grupo fue aumentando en la mayoría de las naciones modernas, las sociedades organizadas fueron implementando medidas para mejorar el nivel de vida de estas personas. Aunque la idea de las pensiones proviene de la época del Imperio Romano, en la edad moderna el primero en hacerlo fue el excanciller del Reich alemán, Otto von Bismarck, quien dio los primeros pasos hacia el Estado de Bienestar moderno.
Conforme pasó el tiempo se fue consolidando la idea de que los trabajadores podrían dedicar una parte de sus ingresos al ahorro para el retiro, con la colaboración de empleadores y el Estado.
En México, a partir de una Ley aprobada en el sexenio de Ernesto Zedillo, se establecieron las cuentas separadas individuales que cada beneficiario podría manejar a través de inversiones en instituciones creadas para el caso, llamadas Afore.
Desde su creación los fondos no habían sido reclamados por el Gobierno, ni en forma parcial ni en forma total. Hasta ahora.
En efecto, por razones que supuestamente van a mejorar la situación de los trabajadores, el régimen ha mandatado que las cuentas de personas mayores de 70 años, que no han sido reclamadas, se transfieran al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Lo primero que hay que destacar es que este Fondo lo va a administrar el gobierno y no los privados. En los hechos se trata, a la vez, de una centralización y de una nacionalización parcial de los servicios de la administración del ahorro para el retiro.
Más allá de la justeza de la propuesta, hay que destacar que ésta no ha sido dialogada con los actores mismos: trabajadores y empresas. Ha sido una constante de este gobierno que toma decisiones a espaldas de los ciudadanos. Curioso para un grupo que llegó al poder alegando que consultarían la puesta en marcha de políticas públicas con la población.
El hecho de no haber sido discutido tampoco con especialistas supone el riesgo de que algunas de las medidas de esta iniciativa puedan incluso ser anticonstitucionales. Se habla de que ese pudiera ser el caso de las subcuentas de vivienda no reclamadas, ya que, de acuerdo con la Constitución, la administración de estos recursos debe recaer en el INFONAVIT y no en el Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Una alternativa a lo propuesto por el régimen es lo que sugiere la Coparmex: la creación de un Comité Técnico Tripartita, compuesto por trabajadores, empresarios y Gobierno, que puedan salvaguardar el uso y destino de los recursos financieros que se usarán para que los trabajadores tengan un retiro más que digno. Hay que agregar que la formación de cuerpos tripartitas para la administración de este tipo de fondos es una práctica común.
Ahora sabemos con más exactitud lo que requiere la longevidad para vivirse a plenitud. Es en el espíritu de lograr esto en el que tienen que llevarse a cabo las discusiones futuras sobre este asunto.
POR GUSTAVO DE HOYOS WALTHER
FUNDADOR DE SÍ POR MÉXICO Y UNID@S
@GDEHOYOSWALTHER
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