El jueves, la misma jornada en la que se tenía que decidir el futuro del Club Náutico de Ibiza, su contrincante, Puertos y Litorales Sostenibles S.L. remitió una carta a Vicent Canals, director del CNI. Firmada por Carlos Illa Martínez, administrador único de PyLS, no deja títere con cabeza, al menos la de Canals: «Atendiendo a la frecuencia y contenido de su presencia en los medios de comunicación, está claro que se ve en la obligación de ganarse su coste laboral como director de una entidad sin ánimo de lucro, de 90.000 euros al año, atacando tan implacable como injustamente a PyLS y a la APB». Canals niega que cobre esa nómina y, si bien admite recibir una cantidad muy elevada, no llega a esos dígitos. Además, lo justifica porque tiene bajo su responsabilidad «una dársena de 270 amarrres, un varadero, una escuela de vela, y la dirección y gestión de una empresa de 17 trabajadores».
Aquel «escrito» («no una denuncia», según Illa) también fue remitido a la Autoridad Portuaria de Balears, para que «tuviera constancia» de ese acto. Ports admite haberla recibido, si bien hasta ahora no han evaluado en su seno si adoptarán alguna acción al respecto.
En esa misiva, Illa carga, además, contra la «hiperactividad crítica [de Canals] (…) que no le ha dejado tiempo o fuerzas para gestionar de una forma medianamente diligente y conforme a Derecho el Club ni la instalación náutica; ni para hacer cumplir a algunos socios del Club, especialmente a sus directivos, el Reglamento de Régimen Interior aprobado por la APB, en cuanto al uso, transmisión y destino de los amarres».
«¿Córdoba? Sin comentarios. ¡Él sabrá!»
«Sin comentarios. ¡Él sabrá!». Es la respuesta del director del CNI, Vicent Canals, a la pregunta de qué le parece que el presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, votara a favor de dar la concesión a PyLS, a pesar de sentirse «chafado» por ello. «Me ha dejado un mal gusto de boca. Creo que a todos los consejeros nos ha pasado lo mismo. No ha sido fácil», comentó a este diario. «Los letrados nos dejaron claro que lo que no se podía hacer era votar en contra [de la concesión], pues hubiera sido una decisión arbitraria», explicó Córdoba.
Tampoco, prosigue, «para garantizar el cumplimiento por el Club de las obligaciones tributarias que le incumben en relación con las tasas portuarias y con sus propios impuestos, incumplimiento del que le podría alcanzar la responsabilidad personal y patrimonial que el ordenamiento jurídico atribuye a los que sean causantes o colaboren activamente en la realización de una infracción tributaria».
Actividades chárter
Illa firma que «es público y notorio, como fácilmente puede comprobarse en los anuncios publicados en la red, que embarcaciones amarradas en el Club se dedican a actividades lucrativas, como es el caso del chárter (...)». De tales anuncios, continúa, resulta también que «la eslora de algunas de las embarcaciones supera el límite de los 15 metros establecido para los barcos calificados de recreo». En el concurso, el CNI propuso tarifas para naves de ocho hasta 19 metros, longitud que excedía la prevista en las bases.
«También es de dominio público —afirma Illa—, basta atender a los anuncios publicados en la red e incluso sobre las propias embarcaciones, que los amarres se transmiten irregularmente, infringiendo manifiestamente los artículos 42 y 43 del Reglamento de Régimen Interior y, presumiblemente, las normas tributarias». Todo ello produce, asegura «un grave perjuicio a los socios ordinarios del Club, que se ven postergados en la adjudicación de amarres y resignados a permanecer en lista de espera por lustros (se ha llegado a decir que la lista de espera es de 20 años) y tienen derecho a disfrutar de los amarres», se indica en la carta, en la que, además, el administrador único de PyLS cree que «sería conveniente la realización de una exhaustiva auditoría para verificar que se cumplen escrupulosamente las condiciones legales y reglamentarias de la transmisión de los amarres y la inexistencia de ánimo de lucro en su utilización».
En conversación con este diario, Illa asegura que ese texto «no es una denuncia»: «Es un escrito en el que ponemos negro sobre blanco la cantidad de tropelías que se han dicho en contra de nosotros. Hemos perdido un montón de licitaciones y nunca se nos ha ocurrido montar este sainete. En ningún momento hemos denunciado a nadie».
El administrador de PyLS se muestra «contento, encantado por haber logrado la concesión, independientemente de que ha habido mucho ruido». «No estamos —comenta— acostumbrados a eso, sinceramente. Hemos participado en otras licitaciones, hemos perdido y punto, no ha pasado nada, pero esta ha sido un poco estentórea».
Reunión con Joan Marí
Ayer por la mañana, Illa llamó a Joan Marí, presidente del CNI, para ofrecerle «que la transición sea lo más adecuada y correcta posible». Acordaron, asegura, haber quedado para reunirse la próxima semana en el Club, un día después de la asamblea general extraordinaria que este celebra: «Lo que quiero es que todo esto se haga de la manera más elegante, adecuada y correcta posible», recalca Illa.
«Lo que quiero es que todo esto se haga de la manera más elegante, adecuada y correcta posible»
En cuanto al desalojo que debe producirse antes del 5 mayo, insiste en que está «obligado por la APB a tomar posesión ese día». «Eso es problemático desde el punto de vista legal. Voy a intentar que se haga lo mejor posible», apunta. Si no da tiempo al CNI a retirarlo todo (optimist, láser, material deportivo, archivos...) «se puede precintar e ir sacándolo poco a poco, cuando consideren oportuno», indica: «Ese es uno de los temas que quiero hablar con Joan Marí, para ver cómo lo hacemos. Hay que conjugar la faceta operativa con la faceta legal». Desde la APB confirman que el 5 de mayo, el CNI debe haber retirado todo su material, a no ser que llegue a un acuerdo con PyLS.
Respecto a las tarifas para esloras de más de ocho metros, Illa admite que aumentarán, incluso para los que tienen derecho de amarre: «También ganamos la dársena de la Savina (Formentera) y el que tenía amarre, ahí sigue, y además, encantados».
Canals: «Son falsedades e insidias»
Vicent Canals, director del CNI, recuerda que « PyLS ya presentó hace año y medio una denuncia similar ante la APB». Hay una diferencia con el escrito actual: «En esta ocasión han personalizado más, me han querido amedrentar en mi función de portavoz, callar la boca, con datos que son, todos, falsedades e insidias».
Ya entonces, el CNI contestó a la APB lo mismo que aclara ahora Canals: «Aquí no se ha vendido ningún amarre de manera ilegal. Todo se ha hecho siempre con luz y taquígrafos en este club. El ladrón piensa que todos son de su condición, pero cuidado. A mí nadie en la vida me ha llamado defraudador ni me ha dicho nada sobre mi integridad ética y profesional. Estamos muy tranquilos. Es como su pataleta. Ellos son lo que son: está publicado y están condenados. Y nosotros somos lo que somos: está publicado y acreditado».
En cuanto a la insinuación de que incumplen las leyes tributarias, es tajante: «Estamos sujetos a un sistema de subvenciones y concesiones que como no estés al día con Hacienda no puedes hacer absolutamente nada. Estamos al día de todo con todos los organismos. No sé de dónde se sacan esas insidias».
Respecto a la salida antes del 5 de mayo de esas instalaciones, explica que no se resistirán: «Nosotros somos gente de orden y queremos salir de manera ordenada. No habrá ningún problema, no nos negaremos a salir de aquí. Acatamos la orden de salir en tiempo y forma. ¿Que no se puede completar en la fecha? Estamos en Ibiza, estamos en las fecha que estamos y disponemos de los recursos de los que disponemos. Pero cumpliremos. Entiendo que el nuevo gestor comprenderá las razones».
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