El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) es la séptima institución pública mundial de investigación. Goza de un incontestable y merecido prestigio, labrado a lo largo de más de medio siglo de historia. Su huella nos rodea, no solo por la transferencia de innovaciones que han hecho de la nuestra una sociedad mejor y más preparada. Al CSIC están adscritos desde el Instituto de Investigaciones Marinas (IIM) de Bouzas, el Centro Oceanográfico de Cabo Estai –el Instituto Español de Oceanografía (IEO) se ha integrado en su estructura-- o buques asiduos a Beiramar como las unidades científicas Ángeles Alvariño, Ramón Margalef o el Sarmiento de Gamboa. No hay dudas de su excelencia y despierta, con motivo, un sentimiento de orgullo social.
Sin embargo, ese valioso trabajo no le reviste ni de inmunidad ni impunidad. Porque, por fuertes y necesarias que sean las instituciones, estas no pueden generar una reacción timorata o de oscurantismo cuando existen problemas. Todo lo contrario. No solo conviene aceptarlos, sino combatirlos con todas las consecuencias. Una institución ejemplar necesita por fuerza ser ejemplarizante. Y en el CSIC, por más que por prejuicios e ignorancia esto se asocie a ámbitos marginales de la sociedad, hay un problema muy grave de acoso sexual. Un problema que ha tenido además el peor de los finales: la desaparición en alta mar de una tripulante de Cangas de 43 años, Carmen Fernández, a la que se negaron medidas cautelares de protección pese a haber tenido que regresar al buque donde había denunciado una agresión sexual.
Ella misma dejó por escrito en una libreta su malestar y una despedida: "Nadie hace nada. Si no me encontráis, me tiré por la borda. Os quiero mucho". Han tenido que pasar semanas para que el Gobierno –es el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el responsable último del CSIC– haya no solo reaccionado a este caso particular, sino tenido que admitir una plaga de denuncias que mellan, por inoperancia y desidia, la imagen de la institución. Porque en FARO, medio que divulgó que la mujer desaparecida había denunciado una agresión sexual y a la que rechazaron un cambio de buque, no hemos dejado de alzar la voz frente al silencio oficial y movidos por la obligación profesional y moral de que hay que extirpar el acoso de cualquier espacio de la sociedad.
Entre 2019 y 2023 el CSIC recibió nada menos que 12 denuncias, activó otros tantos protocolos y ejecutó tres expedientes de sanción. Hasta ahora no hubo ni un despido. En el caso de la víctima de Cangas, más allá del procedimiento judicial que instruyó su desaparición, ejecutado de forma calamitosa –no hubo diligencias en sede judicial, no se interrogó a toda la tripulación ni se requisaron las grabaciones de la cubierta del barco–, el comportamiento del CSIC ha exhibido no ya una alarmante falta de empatía, sino una dejadez lamentable, una desidia penosa.
No es admisible que, al margen de la instrucción que determine un juzgado, una institución científica que agrupa a supuestas élites como esta diluya en el silencio una desaparición no aclarada de una trabajadora. Además, si los gestos fueran punibles, la ausencia de un recuerdo del CSIC a esta mujer con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25-N) o del Día Internacional de la Mujer Trabajadora (8-M) tendría condena. En su lugar, la entidad remitió a su plantilla carteles recomendando el uso de bañador entero o no quedarse a solas con un compañero. ¿Es este el proclamado "empeño decidido" del Gobierno en favor de la igualdad? Es evidente que la respuesta es un oxímoron.
Frente a la estrategia de "esperar a que escampe" de la institución y el Ejecutivo, el empuje de trabajadores y el compromiso de FARO han evitado que el clamor contra los casos de abuso o acoso quedase anulado por la maquinaria burocrática y de mensajes aparentemente bienintencionados. Lo volvemos a decir: en el CSIC hay abusos sexuales, singularmente en la flota oceanográfica. La propia presidenta de la entidad, Eloísa del Pino, ha reconocido por escrito que la institución recibe una media de cinco denuncias cada año. Hay instrumentos para combatirlo, y hasta tenemos un Ministerio de Igualdad que, hasta la fecha, no se ha pronunciado sobre ello. No hacer nada o esconder la verdad bajo la alfombra no era una opción. El silencio o la inacción les hacía cómplices, corresponsables de la situación.
La entidad se ha comprometido en las últimas horas, por escrito a este periódico y tras una moción del Pleno del Congreso –aprobada por todos los grupos a excepción de Vox–, a voltear prácticamente al completo su actual protocolo antiacoso. El actual es evidente que es inútil y que falló con Carmen Fernández y tantas otras mujeres que, como hemos publicado, han sufrido acoso e intimidación a bordo de los barcos sin que el CSIC, que por cierto preside una mujer, Eloísa Pino, les brindase el respaldo debido ni procediese a medidas expeditivas contra los acosadores. Incluirá medidas sancionadoras para los responsables que omitan protección a las víctimas, las endurecerá contra los culpables y procederá de oficio a medidas de prevención, entre ellas el traslado de buque. También fijará que un procedimiento administrativo de investigación por denuncias se dirigirá al margen de una eventual instrucción judicial.
Celebramos la rectificación que, aunque tardía, irá en beneficio de una institución que ha de ser excelente en sus resultados académicos y también en su comportamiento interno. No es una victoria. No puede serlo cuando hay mujeres que sufren la ponzoña de la desigualdad y las agresiones machistas. Y estaremos vigilantes a que las medidas anunciadas a este periódico se ejecuten y se lleven a término. Que se investigue internamente el caso de Carmen Fernández, que se modifique el protocolo actual y que, finalmente, las trabajadoras del CSIC y empresas vinculadas se sienten seguras en sus puestos de trabajo. La igualdad es un camino de larguísimo recorrido y el CSIC ha de ejercer su condición de institución de excelencia con el ejemplo. Se trata, primero, de hacer justicia con Carmen Fernández, pero también de evitar que en el futuro haya otras Cármenes.
Opinión
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