Este viernes, el Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado que destinará una partida de 100.000 euros de presupuesto para crear un "Centro Canario de Interpretación de la Memoria Histórica LGTBIQ+" en la isla de Fuerteventura.
Historia del emplazamiento
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha explicado que esta institución se prevé ubicar en la antigua Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía, un edificio en el que, según ha explicado su departamento ministerial, fueron recluidos cientos de personas homosexuales entre 1954 y 1966, durante el régimen franquista.
El edificio funcionó como el primer centro penitenciario específico para homosexuales en España y, según la Ley 20/2022, de 19 de octubre de Memoria Democrática, reúne todos los requisitos para merecer una distinción e intervención.
Torres, que está al frente de un ministerio de reciente creación, en 2020, expresó a EuropaPress la intención que tiene la creación de este centro: "que sirva para la visibilización de la represión y los trabajos forzados que aquí se produjeron". Además, pretende que constituya "un lugar de reflexión".
El edificio será cedido por el Cabildo de Fuerteventura, y su la instalación del organismo ha sido promovida por la Asociación Altihay. Esta operación, que contará con una partida inicial de 100.000 euros, pretende "reparar el daño sufrido por las víctima de la llamada Ley de Vagos y Maleantes", según comentó el ministro socialista.
Política de cupos
La Asociación Altihay de Fuerteventura protagonizó a finales del año pasado una polémica, cuando publicó a través de redes sociales una oferta de trabajo en la que buscaban a dos personas que para que se encargaran del "manejo de inventario", "almacenamiento del material" y "ayuda en labores administrativas y de ejecución" para un proyecto que iban a realizar sobre "Detección precoz de VIH e ITS con pruebas rápidas en entornos no clínicos.
La controversia se dio porque, como uno de losrequisitos para acceder al puesto, pedían de esas dos personas que fuesen "hombre que tiene relaciones sexuales con hombres" y "mujer trans". Es decir, que primaban la orientación sexual de los aplicantes, aunque les exigiesen también otras capacidades como trabajadores.
Esta medida encaja en el marco de pensamiento de parte del Gobierno y otros partidos de la izquierda que consideran a las personas transexuales y transgénero como sujetos "en riesgo de exclusión social", y que con un trato de "discriminación positiva" ayudará a integrarlos mejor en la sociedad, en vez de darles un trato igualitario impidiendo que, simplemente, no se les impida la igualdad de oportunidades.
La retórica que utilizan puede llegar a resultar confusa, pues ya en 2018, cuando Unidas Podemos propuso la creación del Plan Integral de Integración e Inserción Laboral, pidió que se establecieran bonificaciones fiscales, ayudas y subvenciones en todos los contratos laborales que pudiesen "incluir algún tipo de criterio de igualdad de oportunidades".
Discrepancias por la ley
Durante la presentación de esta partida presupuestaria, Torres quiso aprovechar para tachar de "ola revisionista y negacionista" las recientes derogaciones o intentos de derogación de leyes y decretos de Memoria Democrática que se han llevado a cabo en Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla y León o Islas Baleares.
Desde el Gobierno de España han declarado que intentarán llegar a un consenso con las comunidades autónomas que han rechazado la Ley de Memoria Democrática de 2022 y que, en caso de no darse un acuerdo, remitirán el caso al Tribunal Constitucional, a las Naciones Unidas y al Parlamento Europeo.
Es decir, que en el caso de que algunas Autonomías discrepen sobre el tratamiento que desde el Gobierno central se hace de la historia común de todo el país, intentarán acallarles recurriendo sus quejas a instancias superiores.
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