Los docentes transitan una compleja situación tras la inflación interanual del 267 por ciento, que repercute directamente en dos ejes: la reducción de salarios reales y el recorte del programa académico. Las universidades deben funcionar con el presupuesto 2023 prorrogado, debido a la falta de aprobación del presupuesto actualizado en el Congreso. De las partidas que reciben cada mes, cerca de un noventa por ciento se destina al pago de salarios que se renegocian a través de paritarias. A su vez, el diez por ciento restante representa los gastos de funcionamiento: gas, luz, la compra de elementos básicos como papel higiénico, entre otros. Algunas universidades se encuentran entre la espada y la pared: o arancelan la matrícula, o dejan de tener la misma oferta horaria y académica. En el medio, los salarios de los docentes.
Marisa Alonso es historiadora, investigadora y docente en el departamento de ciencias sociales de la Universidad Nacional de Quilmes. Ella se encuentra en la gestión académica y en la docencia misma, lo que le permite hacer un diagnóstico no muy esperanzado: "resulta muy difícil porque nuestros propios docentes tienen dificultades para venir a trabajar porque los costos de los transportes han aumentado mucho, sumado a que no todos viven en zona sur. No hay proyección sobre cómo vamos a sostener con los aumentos de los servicios y necesidades básicas". Marisa también menciona la reducción -obligada por el recorte- de oferta horaria y de materias como la principal alerta dentro de la academia.
En el mapa educativo, las universidades bonaerenses poseen una ubicación estratégica, "nosotros estamos insertos en un lugar que abarca un espacio social que ha sido diezmado por estas políticas que recientemente se están implementando. Estamos atendiendo a varones y mujeres jóvenes que provienen de hogares donde son primera generación de universitarios. Es enorme el sacrificio que hacen las familias para que estos jóvenes lleguen a la universidad", comenta Alonso.
Con un promedio de aproximadamente veinte mil egresados por año, según la página oficial de la Universidad de Quilmes, la institución también brinda diferentes espacios para los jóvenes. La contención también puede ser una enseñanza, y junto a las clases formales, "los chicos tienen una radio que ahora está uniendo sus voces a las de otras radios universitarias del conurbano con el fin de dialogar con la región y el contexto de los jóvenes. Hay un programa llamado Cronistas Barriales donde los estudiantes de los barrios que rodean a la universidad tienen la oportunidad de ser su propia voz. También en la Escuela de la UNQ funciona un comedor. Esos chicos recurren a este espacio no solo para encontrar lo que buscan otros jóvenes en la escuela; es un reparo para sus situaciones personales, una comida de calidad, atención de docentes de calidad. La Universidad lo considera un proyecto y un objetivo que no quiere abandonar".
El vocero presidencial mencionó en una conferencia de prensa la intención del gobierno con las universidades, "nadie sabe bien qué pasa, y no se traduce en por ejemplo cantidad de egresados versus la cantidad de inscriptos". Y agregó que las universidades "sean lugares que se usen para estudiar y no para ninguna otra cosa". Con respecto a estas declaraciones, Marisa encuentra un diagnóstico errado o incompleto. "Lo que señala este señor entre el mundo de quienes ingresan y quienes egresan tiene una serie de factores que no se explican linealmente. No es porque son vagos y no estudian que no se egresan, o porque sea gratuita la gente va a 'perder el tiempo.́ Hay una cantidad de factores que impactan en esta problemática. Es un tema tan complejo que no se puede resolver con una ecuación de causa y consecuencia. Hay una serie de factores que intervienen en las deserciones, más en una población que está atacada por una situación de marginalidad y pobreza".
En la República Argentina, el derecho a la educación se encuentra jurídicamente consagrado ya en la primera Constitución sancionada en 1853. Según el Foro Latinoamericano de Políticas Educativas, la educación pública en nuestro país formó parte de "una concepción del derecho a la educación como un derecho individual, compatible con la conformación de los estados nacionales bajo las formas políticas del liberalismo", etapa donde el poder divino cambiaba por el poder de la ley y los derechos individuales.
En ese contexto, "en el período 1885-1916 adquirieron legalidad el carácter hegemónico del Estado en la educación y su papel docente, la obligatoriedad, y la laicidad y la gratuidad de la educación pública" (Puiggrós, 1990). A veces las palabras pueden cambiar de dueño, la libertad de antes no pareciera ser la misma que se propone hoy en día. En palabras de Marisa, "los docentes no queremos ver vacía la universidad, nos negamos a que la educación pública pierda el lugar que históricamente tuvo en la Argentina, y estamos dispuestos a dar pelea y buscar mecanismos para seguir sosteniendo estos lugares transformadores".