El año pasado, la Plataforma pola Regulación dos Sulfatos de O Salnés estuvo muy cerca de conseguir que el Parlamento galego abordara la posibilidad de redactar una norma que cubra el vacío legal respecto a su empleo cerca de viviendas y lugares de concentración de personas y ante el "descontrol" que denuncia. Al final, los partidos se echaron atrás, pero la asociación no se rinde y advierte de que está dispuesta a llegar a las movilizaciones: "A xente está moi farta. As autoridades miran cara outro lado e cren que non hai un conflito, pero si o hai", expone su portavoz, Pablo Pereira.
Así las cosas, prometen "volver á carga para intentar presionar aos políticos", pidiendo nuevas reuniones y retomando las gestiones para llegar al Defensor del Pueblo Europeo. Esta vez no acudirán solos, es una preocupación creciente entre los residentes en zonas rurales y en el Ulla se acaba de crear una asociación con sus mismas reivindicaciones. "Están asustados coas grandes extensións que se están a plantar", cuenta este vecino de Meaño, que además es ingeniero técnico forestal.
La plataforma de O Salnés cumplirá en agosto dos años denunciando malas prácticas en la aplicación de fitosanitarios y reivindicando que no se trata de un ataque al sector del vino –entre sus filas hay pequeños viticultores–. Aseguran ser plenamente conscientes de que es un pilar económico y de la necesidad de los tratamientos para garantizar las producciones, pero señalan que es un problema de convivencia: "Estamos fartos, só queremos que as cousas se fagan doutro xeito e somos moitos". Así, recuerdan que se trata de sustancias tóxicas que "acaban nas fiestras, nas leiras privadas, no ambiente que respiramos", y no son pocos los vecinos que viven entre viñedos.
Pereira señala que desde su nacimiento, "a cousa vai a peor. Siguen plantando ao lado de casas e comen os montes sen respectar as policías dos ríos". A esto suma que las condiciones climatológicas van adelantando los ciclos de la vid y, a estas alturas del año, "hai xente que leva tres ou catro mans de fitosanitarios e emprega atomizadores de alta presión en parras sen folla, o que supón un gasto e un verquido ao aire sen sentido. É un ataque medioambiental. O ano pasado empezouse un pouco máis tarde e chegamos ás 20 mans. Agora estamos a principios de abril e ata agosto... Non sei a onde imos chegar", clamó.
El portavoz puso como ejemplo lo ocurrido el lunes, cuando se estuvo sulfatando con atomizador una finca pegada al colegio de Meaño y en una zona donde se concentran otras instalaciones públicas. "En horas lectivas e ademais, eses produtos químicos acaban caendo no chan do patio onde os nenos van ao recreo", lamentó.
Según Pereira, se ha pedido a la dirección que esté pendiente, pues, aunque es legal, consideran que se debería haber empleado una pistola, como asegura se enseña en los cursos para obtener el carné de aplicador de fitosanitarios, que es lo poco exigido, más allá de una normativa estatal respecto a las láminas de agua que, en su opinión, no pone coto al "descontrol e uso indiscriminado" que denuncian. El meañés juró que, como este caso, "hai centos" porque "a xente non fai caso do aprendido na formación e segue usándoos mal ao lado das casas e dos ríos".
Por este motivo, la Plataforma pelea por una regulación que incluya un control. Entre otras cosas, su propuesta pasa por algo similar a la prevención de incendios, franjas libres, prohibiendo su uso a menos de 20 metros de cualquier edificación, excepto si se trata de una propiedad de quien lo aplica, y que la cifra se eleve a 100 en el caso de los atomizadores, que levantan auténticas "nubes tóxicas". Para cultivos dentro de esas zonas, plantean el uso de productos ecológicos. También critican el actual modelo de crecimiento de las plantaciones con el "boom" del albariño.