La titular de AMPROS, Claudia Iturbe, denunció que ofrecer un convenio distinto era sencillamente ilegal. A eso sumó críticas respecto a cómo se darán los aumentos en la nueva etapa, ya que la ley original dice en su artículo 12 que serán definidos "periódicamente" por el Poder Ejecutivo y no habla de paritarias.
"Es porque no podemos definir por ley una entidad con la que vayamos a negociar si no sabemos cuál será efectivamente esa entidad. Puede ser incluso AMPROS o pueden ser otras", fue lo que explicaron cerca del ministro durante la presentación en comisiones de los proyectos. "Pero no es que no vaya a haber negociación salarial, en absoluto", remarcaron a UNO.
A pesar de que es correcto lo que marcaron desde el sindicato -que la letra en el primer borrador no habla de aumentos consensuados- desde el oficialismo aseguran que esas mesas sí existirán en la nueva etapa.
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Lo que queda por tratar en el plan de salud
En ese mismo marco, los proyectos de Salud ofrecerán algunas otras rispideces, ya que aún quedan pendientes las modificaciones en torno a radiaciones ionizantes (que también fueron criticadas por AMPROS y definidas como poco seguras), el cambio de funciones para licenciados en Enfermería y la autonomía de profesionales farmacéuticos. Todas reclamadas como negativas por parte de los trabajadores nucleados en esa entidad.
En cuanto a la que atañe a las farmacias, desde el oficialismo dijeron a este medio que lo que están protegiendo desde los sindicatos es un "privilegio para algunos". Básicamente, la normativa prevé que se cambie la modalidad laboral de los farmacéuticos del Estado, que actualmente y desde hace años tienen el título bloqueado y no pueden desarrollarse en el sector privado.
"Hoy algunos ganan más de 1.2 millones de pesos y trabajan mucho menos tiempo; por supuesto que se van a oponer a que les desbloqueen el título; porque van a tener que pelear como lo hace cualquier farmacéutico en el sector privado y no están acostumbrados a eso", dijo un senador de Cambia Mendoza que, lógicamente, está a favor de lo impulsado por el Ejecutivo.
Diario UNO consultó a trabajadores del sector por la veracidad de esos dichos y dieron perspectivas similares.
En total se han tratado 15 proyectos de los 26. Resta la discusión por los diez que quedan en Senadores y por el único que fue directamente remitido a Diputados; que a su vez tiene una vuelta de tuerca legislativa, porque plantea modificar la Ley Impositiva además de los aspectos sanitarios. Esto es porque la norma busca que un porcentaje de lo recaudado por Ingresos Brutos vaya al Ministerio y se destine al plan de salud mental.
De los otros diez que aún boyan en la Casa de las Leyes, al menos un tercio tendría despacho este miércoles, para luego ser tratado en el recinto el martes 9 de abril.
¿Qué queda? Además de los ya mencionados, está el de Emergencia Sanitaria; la Ley de Matriculación Profesional; la recuperación de costos por violación a normas y el nuevo marco regulatorio para investigaciones biomédicas, entre otros.
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Los avances en minería
En materia minera, lo que asoma para el Gobierno son dos proyectos, aunque buena parte del foco se ha puesto en uno durante esta primera etapa. Son la modificación del Código de Procedimientos en ese ámbito y la aprobación de Malargüe Distrito Minero.
El primero cambia la forma en que se estudian, licitan, controlan y aprueban los proyectos en los yacimientos mendocinos, dandole más tareas a la empresa estatal Impulsa Mendoza, que pasaría a tomar nuevas decisiones. El segundo intenta agilizar procesos, reuniendo distintas declaraciones de impacto ambiental que queden dentro de una misma zona, delimitada por el Ejecutivo, en el oeste malargüino.
La modificación del código se presentará este miércoles en la Cámara Baja, luego de que en la última semana se le diera despacho en el plenario de comisiones (a nivel mediático esa novedad quedó eclipsada por la suspensión a Janina Ortiz, que tuvo lugar el mismo día y en el mismo recinto).
Ahora serán 47 diputados los que definan el futuro del proyecto y ya hay algunos que prácticamente confirmaron su pulgar hacia abajo. Uno es el legislador sancarlino Jorge Difonso, ya histórico legislador ambientalista y defensor de la ley 7.722; que, vale recordar, no se modifica con estos cambios que pretende el Gobierno.
"No puedo decir cómo votaré porque el despacho que aprobaron todavía no tiene definida la redacción. Lo están modificando todavía, así que vamos a ver qué le ponen, pero de por sí ya es un papelón", dijo el hombre de La Unión Mendocina.
Es casi seguro que uno de sus aliados principales, el también exintendente de San Carlos Rolando Scanio, vote en conjunto con él. Su coalición, sin embargo, tendrá varias voces a favor del avance para la minería, tal como lo vienen solicitando. Principalmente del titular de la bancada en Diputados, Gustavo Cairo.
Más adelante vendrá la discusión por Malargüe Distrito Minero. Respecto a eso, sectores ambientalistas ya están preparando su contraofensiva, que directamente se basa, según supo este medio, en plantear la inconstitucionalidad del proyecto. Lo que van a presentar es la supuesta imposibilidad de que sea un único estudio de impacto ambiental para todos los yacimientos comprendidos en el área en cuestión. En ellas se cree que hay entre 200 y 250 permisos, aunque no todos avanzarían.
"Además les va a costar ponerse de acuerdo y equilibrar las fases. Porque algunos proyectos sólo tienen los cateos, otros ya están explotando. Tienen que consensuar tecnologías. Es más complejo", dijeron los detractores de la norma, aunque esto último ya es un tema práctico y no jurídico.
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Coparticipación
"Debería entrar muy rápido; no podemos seguir dilatando esta discusión", admitieron con apuro las propias espadas legislativas de Cornejo. Se referían a los cambios a la coparticipación, que desde hace más de un mes vienen amagando con entrar por Peatonal y Patricias y sin embargo todavía se hacen esperar.
Concretamente, lo que vendrá desde Hacienda es la modificación a uno de los tres ítems que rigen el reparto de dinero hacia las 18 comunas. Uno de los criterios que componen a ese tridente es el demográfico; que distribuye el 65% de la "torta" de acuerdo a la cantidad de población en cada departamento. Luego, el 25% se les da a todos en partes iguales y, finalmente, el 10% restante se desembolsa de acuerdo a un coeficiente de equilibrio cuyo objetivo es equiparar a comunas que ganan mucho con otras que salen perdiendo en el sistema actual. Ése es el que tocarán, en teoría.
El asunto es que en el medio hay varios elementos que ya "metieron la cola". Uno de los más importantes es el censo 2021, que debe ser tenido en cuenta para la distribución demográfica y que les dio mucho crecimiento poblacional a intendencias como Maipú y Luján de Cuyo, generando la queja de otras que dicen directamente haber sido mal medidas: Godoy Cruz y San Rafael, por ejemplo.
No es lo único porque, en el medio de ese panorama, el intendente de Luján, Esteban Allasino, se presentó en la Suprema Corte reclamando una supuesta deuda de 15 mil millones de pesos por coparticipación adeudada de años anteriores.
Como si fuera poco, como anticipó Diario UNO este fin de semana, el capitalino Ulpiano Suarez presentó un pronto despacho para que le mejoren otro instrumento de reparto: un fondo compensatorio que va a Ciudad y a La Paz, que no se modifica desde hace más de diez años y que quedó muy disminuido en términos reales por la inflación de la última década.
"Nuestra prioridad son los servicios básicos. Por eso entraron proyectos de salud, educación y energía, entre otros. Lo otro es discusión de intendentes; no es prioritario para los mendocinos si a vos te te toca más o a mí menos en el municipio A o B", dijo uno de los hombres fuertes del gobernador en la Legislatura.
En ese sentido, es probable incluso que ingresen propuestas de Seguridad y Justicia antes que las modificaciones de la coparticipación, a pesar de que estas últimas parecían a punto de desembarcar, según pudo saber este diario.
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