Los máximos órganos de representación de la profesión médica, de la Enfermería y de especialidades como la Odontoestomatología están absolutamente indignados con el Gobierno por la aprobación, el pasado 9 de abril en el Consejo de Ministros, del Real Decreto de Trasferencia de Homologación de títulos superiores obtenidos en el extranjero al País Vasco. La nueva norma, publicada en el BOE y en el Boletín Oficial de del País Vasco (BOPV) el pasado viernes, permitiría, por ejemplo, que esta autonomía hiciera su propio MIR, desvincularse del nacional, y adjudicara plazas propias a conveniencia.
Esta decisión tiene su origen en el acuerdo suscrito entre el PSOE y EAJ-PNV el pasado 10 de noviembre de 2023, en el marco de la constitución de un Gobierno en España, que incluía el compromiso de efectuar la transferencia al País Vasco de «los medios para homologar y declarar la equivalencia de los títulos académicos obtenidos en el marco de sistemas de educación superior extranjeros». Hasta ahora, la autonomía solo podía hacer homologaciones hasta el nivel de la enseñanza secundaria.
Acciones jurídicas
Unión Profesional, que agrupa a todas las profesiones colegiadas en España, ha convocado para mañana miércoles una asamblea extraordinaria en la que «se aprobará un manifiesto alertando del riesgo de ruptura del principio de equidad que supone esta medida y se valorará la puesta en marcha de acciones jurídicas inmediatas», confirma Tomás Cobo, presidente de la Organización Médica Colegial, a LA RAZÓN.
La semana pasada, el Foro de la Profesión Médica, que aglutina a colegios de médicos, asociaciones científico-médicas, sindicatos, decanos de facultades y estudiantes de Medicina, ya manifestó su "grave preocupación" sobre que la decisión provoque un "efecto contagio" en el resto de comunidades autónomas.
"La regulación de las condiciones de homologación de titulaciones universitarias es una competencia estatal y quienes han obtenido su título como médico en el espacio extracomunitario lo hacen a través de la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, con criterios y protocolos unificados", han señalado. "Traspasar la competencia a las autonomías pone en riesgo el principio de no discriminación, puesto que cada región podría decidir qué criterios establece en relación con la escasez de profesionales que acumule", añadían.
Además, advirtieron sobre que esta decisión genera un grave riesgo en un momento donde, como también se ha denunciado, "los servicios de salud autonómicos ya están llevando a cabo contrataciones de profesionales que no cuentan con la titulación exigida para ejercer como especialistas, lo que aumenta el deterioro de los estándares de calidad asistencial y seguridad clínica".
Retrasos como excusa
La profesión enfermera también se ha sumado a las críticas y ha confirmado que está analizando las posibilidades legales de recurrir la decisión. Para el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya "el retraso en la tramitación de expedientes, condicionado por la falta de fondos y de personal, no puede justificar el ceder esta competencia".
"No podemos crear reinos de taifas en los que cada comunidad pueda establecer sus propios criterios de homologación, máxime cuando esta habilita para el ejercicio profesional en todo el territorio nacional y, por extensión, en la Unión Europea", añade.
Así, ha recordado que el propio Consejo ha tenido que incrementar su personal para dar respuesta a la ingente cantidad de solicitudes que trasladan desde el Ministerio de Ciencia para el título de Grado en Enfermería, y del Ministerio de Sanidad, para la homologación de títulos de enfermero especialista. Sólo en 2023, el CGE ha tramitado más de 1.000 expedientes.
Migración de profesionales
En esta misma línea se pronunció la semana pasada la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, (CESM), que consideró que "esta situación sí provoca una asimetría en todo el territorio nacional y, dada la lentitud en la homologación, puede significar una migración de profesionales (en proceso) hasta esa comunidad autónoma".
El Consejo General de Dentistas, por su parte, también se ha mostrado "absolutamente contrario" al traspaso de estas competencias destacando que, tal y como se establece en la Constitución y en el Real Decreto 889/2022, de 18 de octubre, "es el Estado, con la preceptiva participación de los consejos generales profesionales, el que tiene la competencia para la homologación de títulos". "Esta decisión va en contra del principio de equidad. Y es que el hecho de que una comunidad autónoma disponga de un sistema propio de homologación de títulos puede suponer diferencias que provoquen graves desigualdades", han señalado. "Nos negamos a que la competencias estatales se usen como moneda de cambio electoral", concluyen.
Títulos cubanos sin homologar desde 2023
El Movimiento de Homologaciones Cubanas en España ha denunciado la discriminación que están sufriendo los titulados por la parálisis del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. A pesar de que se trata de pocos expedientes – mayoritariamente de personas que también tienen la nacionalidad española– Universidades argumenta que la demora se debe a la necesidad de verificar la autenticidad de los documentos en Cuba. "Sabemos que los colegios médicos realizan estas verificaciones con el Consulado Español en La Habana en pocos días, casi siempre en un plazo máximo de 72 horas", se quejan. Pese a que la ley obliga a que se homologuen en un máximo de 6 meses, los titulados presentan dos o más años de espera.
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