La sesión de control ha servido este jueves en las Cortes Valencianas para lanzar una mirada al pasado. A la época de Eduardo Zaplana, a la gestión de Mónica Oltra, a las subvenciones del hermano de Ximo Puig... y a la dictadura franquista. La tramitación de la llamada ley de Concordia que impulsan PP y Vox -junto a otras cuatro normas para cambiar el modelo lingüístico educativo o el sistema de la radiotelevisión pública y la Agencia Antifraude- ha enfrentado especialmente a la oposición de PSOE y Compromís a los socios del Consell.
"A ustedes solo les interesa Franco", ha llegado a decir el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, tras lamentar el portavoz socialista, José Muñoz, el intento de PP y Vox de "dignificar el franquismo" con una nueva ley que derogará la de Memoria Democrática de 2017. "Léame los labios: sí, fue un dictador. Sí, fue una dictadura", ha subrayado Mazón al ser preguntado por si considera que el franquismo fue una dictadura.
Es más, el presidente valenciano ha ironizado con que es el socialismo alicantino "el único que tiene un problema con el régimen franquista", en referencia a la inclusión en la ejecutiva de Diana Morant del histórico dirigente alicantino Ángel Franco. Mazón, que en las Cortes se ha exhibido en más de una ocasión como un político sin complejos, ha regalado incluso a Muñoz un libro del escritor y periodista Manuel Chaves Nogales, del que ha leído un pasaje para denunciar todos los totalitarismos.
Pero el jefe del Consell también se ha llevado a su escaño una fotografía del poeta Miguel Hernández, represaliado por el franquismo. La imagen, que no ha dudado en exhibir durante toda la sesión de control, la había mostrado previamente el portavoz socialista. Era solo una de las fotos de represaliados que han sacado los diputados socialistas desde la bancada, en señal de protesta por la tramitación de una ley para la que los diputados de Compromís se han vestido directamente de negro.
La ley de Concordia se ha convertido en una de las principales armas arrojadizas de la oposición contra el Gobierno de Mazón, a quien se acusa de plegarse a la extrema derecha equiparando la Segunda República con la dictadura franquista. Incluso el Gobierno de Pedro Sánchez tiene puesto el foco en esta norma y en el resto de textos similares promovidos por PP y Vox en sus respectivos gobiernos autonómicos, a los que se ha amenazado con el Tribunal Constitucional.
Pero del franquismo se ha saltado -casi sin solución de continuidad- al archivo de la causa contra la ex vicepresidenta Mónica Oltra por los abusos de su ex marido a una menor tutelada. "Eres una mala persona", le ha soltado el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, a Mazón. "Has acusado a una persona sin pruebas ni indicios", ha agregado, para echar en cara al jefe del Consell su pasado zaplanista ahora que su "padrino" está siendo juzgado por el caso Erial.
Mazón, además, ha aprovechado la sesión de control para anunciar que el Consell iniciará de nuevo el procedimiento de reintegro de las subvenciones concedidas a los socios de Francis Puig, hermano de Ximo Puig, tras las sentencias del Tribunal Superior de Justicia valenciano eximiéndoles del pago por un error del anterior Consell por reclamar fuera de plazo. A ello se suma el recurso que presentará la Abogacía de la Generalitat contra la caducidad del procedimiento, para que los empresarios "devuelvan el dinero a los valencianos".
En total, unos 170.000 euros que se cobraron por ayudas al valenciano de manera irregular. De hecho, el ex consejero de Educación, Vicent Marzà, ha afirmado que "es falso que no se persiguiese a empresas que no justificaron adecuadamente las subvenciones". Según Marzà, las irregularidades de las firmas de los hermanos Adell Bover se llevaron a Fiscalía, la Inspección de Trabajo y la Agencia Antifraude.