El Govern de Francina Armengol contrató material sanitario a empresas de iluminación, dietética, muebles y gestorías. La realidad es que los principales suministradores de mercancía sanitaria de la Conselleria de Salud durante la pandemia carecían de experiencia previa en la contratación con las administraciones públicas y en la fabricación de material sanitario antes del estado de alarma. El Govern de Armengol que tenía a la socialista Patricia Gómez como consellera de Salud contrató por emergencia mercancía por valor de 37 millones de euros a estos seis fabricantes.
Son empresas que se dedican a actividades relacionadas con muebles de oficina, materiales de iluminación, productos dietéticos o consultoría de gestión empresarial como es el caso de la empresa de la trama Koldo Soluciones de Gestión SL. Ninguna de ellas tiene relación alguna con el sector sanitario y ninguna de ellas había firmado contratos con el Govern antes de la pandemia.
Así lo atestigua la Oficina Anticorrupción en su informe sobre la investigación de la compra pública de emergencia en respuesta a la crisis sanitaria derivada del Covid-19 tras sus consultas para acreditar la existencia de estas empresas y su objeto social hasta la fecha. Es el informe que realizó en octubre de 2020 la oficina antifraude cuando la dirigía Jaime Far, quien un año después presentó la dimisión harto de las trabas del Govern del pacto de izquierdas para investigar.
La contratación de empresas sin ninguna experiencia en el sector sanitario cobra ahora mayor relevancia si tenemos en cuenta que la primera de las sentencias judiciales vinculadas al caso Koldo destaca la importancia de que, aun en los supuestos de contratación por emergencia, no se pueden eludir ciertos requisitos como la propia acreditación del contratista, el conocimiento que pueda tener de él la Administración y la afinidad de su actividad empresarial al sector objeto del contrato.
«Lo que no es entendible, ni aceptable, es que esa contratación millonaria de suministros, que incumplía de principio a fin todos los requisitos básicos para concurrir a la contratación pública, aun en supuestos de emergencia, se terminan adjudicando los suministros a un operador completamente desconocido en el tráfico jurídico/económico del sector», reza la primera sentencia judicial dictada el lunes pasado por la Audiencia Provincial de Zaragoza en relación a la empresa Soluciones de gestión y apoyo a empresas asociada al caso Koldo.
Esta resolución judicial deja meridianamente claro que, incluso en la tramitación de emergencia, el proveedor debe acreditarse y acreditar además su capacidad y habilitación profesional para contratar en un determinado sector, en este caso, el sanitario (artículo 138.2 de la Ley de Contratos del Sector Público).
Se trata por lo tanto de un requisito ineludible por parte del contratista, como lo señala también la Oficina Anticorrupción en la página 35 del informe mencionado.
Los principales fabricantes que suministraron material sanitario al IB-Salut durante los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020 no tenían como actividad social la fabricación de material sanitario ni tenían ninguna experiencia en contratar con la Administración antes de la pandemia, exactamente igual que la empresa Soluciones de Gestión SL vinculada al ex asesor del ministro José Luis Ábalos.
Incluso uno de ellos, el fabricante chino Shanghai Fanrui, a la que el IB-Salut compró material médico por valor de 3,2 millones de euros, ni siquiera estaba acreditado como empresa.
Si bien estos fabricantes chinos pudieron redirigir sus procesos de producción a la sobredemanda de material sanitario de aquel momento, razón por la que el Gobierno chino cambió la normativa dos veces (1 y 26 abril) para que así cumplieran con los estándares de calidad internacionales, no todos los cumplieron, como los encargos realizados en marzo y principios de abril.
Las seis empresas sin experiencia
El primero de estos seis proveedores sin experiencia alguna en el sector sanitario es Asian Manufacturer Supply, que tiene como actividad principal los suministros hoteleros, muebles de oficina y establecimientos. El Govern de Armengol firmó un contrato con esta empresa por 9,5 millones de euros para el suministro de material sanitario.
La segunda empresa es Rayan Holdings, una consultoría de gestión que también tiene como actividad el comercio mayorista de una variedad de bienes. En este caso el contrato fue por 8,2 millones de euros.
Después está el contrato del Govern de Armengol con Tyrval Import Export por 6,4 millones de euros. Es una empresa que tiene como actividad el comercio de material de iluminación, accesorios eléctricos y suministros hoteleros.
El cuarto contrato fue para Innjoo Technology. Se dedica a la comercialización de aparatos eléctricos y de telecomunicaciones. Firmó un contrato de 6,1 millones.
El quinto contrato se lo llevó la polémica Soluciones de Gestión SL, la empresa de la trama Koldo. Fue por 3,7 millones de euros para el suministro de mascarillas. Esta empresa tampoco tiene experiencia alguna en material sanitario y su actividad principal es la gestión de proyectos y consultoría de gestión empresarial. Es la empresa que está siendo investigada por la UCO de la Guardia Civil y que estafó al Govern balear suministrando 1,5 millones de mascarillas de una calidad muy inferior a la contratada.
Y por último está el contrato firmado por el Govern de Armengol con Shanhai Fanrui por 3,2 millones de euros. La actividad de esta empresa es alimentos saludables y productos dietéticos y, también, repuestos de semiconductores. Es, además, una empresa sin acreditación alguna.
La actual Conselleria de Salud del Govern balear que dirige Manuela García que tiene a Javier Ureña como director general de Salud ya ha encargado una auditoría sobre todos los contratos firmados por e Govern de Armengol durante la pandemia para la adquisición de material sanitario.