El PSOE de Calvià presentará una batería de preguntas para aclarar en qué términos se hizo la contratación de un servicio de rastreo del despacho del alcalde Juan Antonio Amengual (Partido Popular) para buscar dispositivos ocultos de escucha. Como informó en su edición de ayer este diario, Amengual sufragó este barrido a título particular, según confirmaron fuentes municipales.
Sin embargo, la oposición socialista ha anunciado que pedirá las pruebas de que la contratación de la empresa que rastreó el despacho de alcaldía se hizo de forma privada por Amengual «y no con dinero público».
En todo caso, al margen de esto, la portavoz municipal socialista, Nati Francés, cuestionó la decisión en sí de rastrear estas dependencias municipales.
«Es un hecho grave si desde el gobierno PP-Vox, contrataron detectives en el Ayuntamiento en busca de micrófonos. Pagar una empresa privada con dinero privado para hacer intervenciones en un espacio público va en contra de los valores de transparencia e impide el efectivo control de lo hecho en un edificio público, ocultándolo. Convendría que se acreditase documentalmente cómo se hizo esta intervención, y qué personas o empresas actuaron», argumentó Francés.
"Algo absolutamente ilegal"
La portavoz socialista se preguntó qué llevó al actual alcalde «a pensar que se podrían haber instalado micrófonos de escucha en sus despachos, algo absolutamente ilegal».
«Es una sospecha chusca, más propia de quien se pudiera creer capaz de hacer algo así. Me parece inaudito», aseveró Francés, quien se cuestionó «qué tipo de conversaciones espera tener quien hace algo así».
El PSOE reconoció que, cuando Alfonso Rodríguez Badal llegó al poder en 2015, se encontró con dos inhibidores de frecuencia en el despacho del alcalde, pero apuntó que fueron desconectados enseguida.
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