Durante los primeros 15 días de abril, la Prefectura Naval Argentina (PNA) incautó más de 3.000 metros de redes de pesca y 70 kilos de diversas especies en diferentes puntos del litoral fluvial del país. Según informaron fuentes oficiales, también se confiscaron tres embarcaciones, anzuelos, cañas de pescar, boyas y reels, con un valor total de más de 10 millones de pesos.
Los operativos realizados por la Autoridad Marítima Nacional, en su función de Policía Auxiliar Pesquera, tienen como objetivo principal prevenir y disuadir la pesca ilegal, con el fin de evitar la sobreexplotación de las especies.
En este contexto, la Fuerza lleva a cabo patrullajes intensivos en las aguas, algunos de los cuales son coordinados con autoridades provinciales, para controlar la pesca no autorizada y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en la materia.
A finales del mes pasado, un barco de origen chino fue avistado en aguas argentinas, lo que se presume como una actividad de pesca ilegal. Ante esta situación, se desplegó un operativo conjunto entre la Prefectura Naval y la Armada Argentina para interceptarlo y realizar una inspección. El ministro de Defensa, Luis Petri, confirmó esta información durante un sobrevuelo en la zona.
El barco, identificado como un potero destinado a la pesca de calamar, ingresó desde fuera de las 200 millas hacia la zona económica exclusiva argentina, deteniendo su marcha a unas 12 millas, lo que sugiere una actividad de pesca ilegal para embarcaciones extranjeras. Este incidente tuvo lugar cerca del límite entre las provincias de Chubut y Santa Cruz, una región conocida por la temporada de calamar. El buque fue avistado inicialmente el martes por el ARA Cordero, durante una misión de patrullaje.
El buque extranjero apagó su radar, una acción inapropiada, pero lo encendió al notar la presencia de las autoridades argentinas y salió de la zona económica exclusiva. Actualmente se encuentra en alta mar, bajo custodia de dos embarcaciones argentinas. Inicialmente, se negó a permitir la inspección a bordo, pero finalmente accedió después de que el Gobierno amenazara con iniciar un proceso legal para llevarlo a puerto argentino.
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