Son días convulsos en Argentina, especialmente en lo que respecta a la política trasandina y al debate sobre los sueldos de políticos en la era del "no hay plata" enarbolado como el mantra de la administración del Presidente Javier Milei. Los coletazos de lo ocurrido el jueves pasado en el Senado, cuando los congresistas de la Cámara Alta se subieron el sueldo mediante una votación a mano alzada y sin discusión parlamentaria, siguen tomándose la agenda. Ahora, es el kirchnerismo el que busca impulsar una ley que fije los sueldos en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
El bloque de congresistas de Unión por la Patria reflotó un proyecto que busca limitar a 20 salarios mínimos -actualmente en $202.800 pesos argentinos- las remuneraciones de los principales funcionarios y autoridades de los tres poderes del Estado, partiendo desde el jefe de gobierno hacia abajo.
En tanto, Milei intentará tomar el toro por las astas durante la noche de este lunes, en la búsqueda por recuperar el control mediático. Y lo hará mediante una cadena nacional en la que anunciará el superávit fiscal alcanzado en marzo.
Al mandatario le explota una nueva polémica -que ya había iniciado en marzo, cuando dio pie atrás a un polémico decreto que subió en más de un 40% su propio sueldo y el de su gabinete- justo en el momento en que las universidades se preparan para una marcha a realizarse este martes; con una negociación clave para evitar un paro de conductores de colectivos -o buses-; y con la discusión parlamentaria por la Ley Bases y el paquete fiscal entre las principales preocupaciones del gobierno.
Todo esto queda englobado por las discretas quejas al interior del Ejecutivo sobre la necesaria discusión, creen ellos, para aumentar de alguna forma los sueldos sin fallar en el mantra del ajuste a los políticos que, en ese caso, son ellos mismos. La molestia, consignó el periódico argentino La Nación, reside en que producto de la subida de marzo, algunos ministros recibieron solo $ 1,2 millones de pesos argentinos tras la devolución exigida por el mandatario libertario.
Subir o no subir
La "casta", aquel concepto utilizado por Milei como herramienta de debate político, fue una de las claves para llegar al poder, y también para mantener una aprobación que ronda entre los 40 y 50 puntos, pese al feroz ajuste económico soportado por la ciudadanía. Prueba de aquello es la nueva consigna adoptada de cara a la subida de sueldos del Senado: el que se sube el salario, es "casta".
La frase se acuñó luego de que el jueves pasado, durante una sesión destinada a aprobar algunos de los embajadores nombrados por Javier Milei, se aprobara abruptamente y sin registro electrónico -con resolución en menos de dos minutos debido a la ausencia de debate- la duplicación del sueldo de los senadores de Argentina. En el monto bruto, los integrantes de la Cámara Alta percibirán un sueldo bruto cercano a los siete millones de pesos. A modo de comparación, Milei gana cuatro.
"Todos estaban al tanto de que esto iba a pasar y casi todos estuvieron de acuerdo", dijo a La Nación un legislador que participó de la votación a mano alzada. Luego trascendió que el propio mandatario argentino tuvo conocimiento de lo que ocurriría un día antes.
"El día anterior me avisaron que iba a haber un aumento de la dieta de los senadores. Yo se lo hice saber al presidente y el presidente dio instrucciones al bloque nuestro para que no suceda, para que votara en contra", dijo el ministro del Interior, Guillermo Francos, en entrevista con radio Mitre.
Ahora, todo apunta a que la dialéctica anticasta de Milei podría llevarlo hacia una encerrona autoinfligida, señaló La Nación. Voces dentro del propio gobierno ya empiezan a reclamar por el congelamiento de los sueldos instaurado por la administración Milei, quienes ven cómo la inflación carcome sus ingresos -ya de por sí, altos en comparación con los de un ciudadano que gane el sueldo mínimo-, mientras sus pares del Congreso se aumentan por iniciativa propia los salarios.
En el gabinete del economista libertario se han mantenido los mismos montos durante meses, lo que no es de extrañar en varias partes del mundo, pero no en Argentina, donde tres meses de sueldo congelado es equivalente a tres meses perdiendo dinero debido a los duros índices inflacionarios del país, aún en dos dígitos cada 31 días transcurridos.
Actualmente, los ministros cobran una renta bruta -sin considerar descuentos e impuestos- de $ 3,5 millones; los secretarios de Estado, jefes de carteras más pequeñas que nacieron o fueron desmembradas a partir del recorte a los organismos estatales cuando Milei llegó al poder, perciben $ 3,2 millones en ingresos, y los subsecretarios, $ 2,9 millones. El Presidente, en tanto, cobra $ 4 millones sin descuentos incluidos.
Los cálculos al interior de la Casa Rosada apuntan a que en los próximos meses, los funcionarios de la primera línea política del país cobren menos que sus propios asesores, considerando que ellos se rigen por las Comisiones Paritarias de Empleo Público.
La solución, sin embargo, no es sencilla. No al menos luego de que Milei emprendiera una campaña personal en redes sociales disparando contra los legisladores nacionales, donde a los senadores incluso los comparó con ratas.
Pero el desorden salarial, consignó La Nación, es muy grande. La disparidad entre los sueldos del Ejecutivo y, ahora, el Senado, ya es grande. Pero, al mismo tiempo, es insignificante cuando se compara con el salario del directorio de YPF, empresa de energía argentina que cuenta con participación estatal. Un diputado nacional denunció que los directivos de la petrolera propusieron un aumento que les llevaría a ganar casi 70 millones de pesos argentinos al mes, unos 350 salarios mínimos.
La propuesta del Ejecutivo, con todos estos factores en la mochila, es la de "introducir la cuestión de los salarios de los tres poderes del Estado en un paquete de leyes "anticasta" que se está preparando para después del Pacto del 25 de Mayo", aseguró La Nación, idea que empezó a circular con fuerza en los pasillos del palacio de gobierno. Pero, en la vereda contraria, también toma fuerza una propuesta que se podría adelantar a la del mileísmo.
Se trata de la iniciativa del kirchnerismo, agrupado en el bloque parlamentario de Unión por la Patria. Una propuesta presentada el pasado 8 de marzo por la oposición, cuando al oficialismo le estallaba en la cara el aumento de los sueldos gracias a una suma de decretos -uno firmado por el propio Milei, quien luego despidió a quien apuntó como el responsable-, revivió tras el escándalo en el que todos los sectores del Senado aprobaron la subida de sueldos, menos gran parte de La Libertad Avanza, el bloque oficialista, pero minoritario en la Cámara Alta.
En concreto, el proyecto de ley kirchnerista busca regular los sueldos de las principales autoridades al interior de los tres poderes del Estado, limitando hasta los 20 salarios mínimos, vital y móvil, de todos los funcionarios.
El primer puesto del escalafón lo tendría el mandatario de turno, que tendría un salario de $ 4.056.000, equivalente a 20 remuneraciones de $ 202.800. En tanto, el vicepresidente, los jueces de la Corte, senadores y diputados, así como los jefes de la Procuración General y de la Defensoría General de la Nación, tendrían un tope de 15 salarios mínimos, es decir, $ 3.042.000. Todo esto, vale recordar, en el marco del proyecto.
"Vamos a empezar a buscar los consensos para tratar de ponerle fin a este tema y regular de manera general que nadie pueda cobrar más que el presidente y la vicepresidenta", dijo a la prensa local José Mayans, jefe del bloque kirchnerista de la Cámara Alta. El senador adelantó que planeaba solicitar para este martes o miércoles una sesión especial para tratar el tema.
Un ojo en la calle
Mientras el Ejecutivo y la oposición planifican sus próximos pasos en la compleja discusión de los sueldos del Estado, donde el equilibrio entre el pulso social y la encrucijada entre pagar buenos sueldos a los funcionarios o dar el ejemplo de austeridad se entrecruzan, Milei debe hacer frente a otro problema relacionado con el dinero: las universidades y el llamado a marchar para este martes 23 de abril.
La política del "no hay plata", repetida en numerosas ocasiones por el mandatario, también incluyó el gasto público en las universidades locales, donde estas denuncian que se han cortado numerosos fondos. Han llegado incluso a cortar la luz al interior de los edificios educacionales y los baños no cuentan con papel higiénico.
Con ese panorama como base, rectores de la comunidad universitaria de todo el país han advertido de la posibilidad real de que algunos centros de estudio tendrán que cerrar, si se mantiene el panorama presupuestario tal como está en la actualidad.
Nombrada como la Marcha Universitaria Federal, este martes, miembros de la educación prometen que realizarán una manifestación masiva, y la respuesta mileísta consistió en prometer una mejora en el área financiera del "funcionamiento", consignó el periódico argentino Clarín. En la práctica, el gobierno central dijo que, por ejemplo, pagos como el agua y la luz -donde esta última subió hasta un 150% tras el retiro de subvenciones gubernamentales- serán amortiguados por el Estado, en un país donde la educación superior es gratuita para todos, incluidos extranjeros, desde hace más de 70 años.
Desde los centros educativos dijeron que la medida es insuficiente, puesto que con los montos sugeridos no se cubriría ni la mitad de los gastos afectados por la inflación. Informes locales detallan que poco más de la mitad del presupuesto de las universidades nacionales, que reciben cerca de dos millones de alumnos a lo largo del país, se va en salarios docentes y de autoridades superiores. Otro 30%, a personal no docente.
Milei, por otro lado, no afloja en su crítica hacia el supuesto adoctrinamiento en las universidades, lo que respaldaría su intención de desfinanciar a dichos centros. Mientras el mandatario reclama por auditorías, su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, prometió que aplicaría su protocolo antipiquetes durante la marcha, añadiendo que no permitirá el corte de calles este martes.
"Hola salamines escritores de cartitas de indignación... parece que hay algo podrido y que sus cartitas devienen de complicidad…", escribió en redes sociales el jefe de Estado al compartir contenidos de La Derecha Diario, medio afín dirigido por Fernando Cerimedo, asesor de comunicaciones del economista durante la campaña presidencial. Hacía referencia a que las casas de estudios obligaban a sus estudiantes a asistir a las marchas utilizando como ejemplo a la Facultad de Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba. Habían enviado a los alumnos a cubrir una manifestación como trabajo práctico, lo que, en opinión del mandatario, constituye adoctrinamiento.