Desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo de este año han llegado por vía terrestre un total de 805 inmigrantes ilegales, un 266% más que los 220 que alcanzaron las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla en el mismo periodo en 2023, según se desprende del balance de inmigración ilegal del propio Ministerio de Interior. Un fortísimo incremento que, lejos de ser un espejismo, muestra una realidad que la izquierda quiere ocultar. La situación es especialmente preocupante en Ceuta, donde durante el primer trimestre del año pasado llegaron por vía terrestre 199 inmigrantes ilegales, frente a los 798 de este año, lo que supone un incremento del 301%. La situación, tal y como reflejan los datos, es crítica.
El presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Vivas (PP), ha solicitado una entrevista personal a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que prevé visitar la ciudad autónoma por primera vez la próxima semana, para trasladarle la necesidad de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez adopte «medidas urgentes estructurales legales y operativas de Estado» que sirvan para gestionar el «incremento exponencial» de la presión migratoria que soporta la localidad española norteaficana desde febrero «sin depender de Marruecos».
Fuentes de la Ciudad Autónoma han advertido en declaraciones a Europa Press que «hacen falta medidas específicas legales y operativas del Estado para Ceuta y Melilla, únicas fronteras terrestres de la UE en África, antes de que esta deriva nos arrastre de nuevo a situaciones de emergencia humanitaria y colapso a las que ya nos estamos aproximando», sobre todo con los menores extranjeros no acompañados.
La «situación límite» a la que se asoma Ceuta se vuelve a ojos del Gobierno autonómico «doblemente preocupante» por el cambio de actitud que aprecia en las Fuerzas de Seguridad del Reino alauita, que durante un mes y medio se negó a aceptar el retorno inmediato de sus nacionales mayores de edad interceptados intentando acceder irregularmente a la ciudad.
El Gobierno de Vivas considera que el Estado español debe contar con herramientas «efectivas» no solo para contener las entradas irregulares de menores y adultos con independencia de que Marruecos relaje o no la vigilancia de sus costas, especialmente en coyunturas meteorológicamente adversas. También para «agilizar» las derivaciones hacia otras autonomías de los niños que llegan a la ciudad sin compañía, rechazadas sistemáticamente por las comunidades «con independencia de su color político».