El pasado martes 9 de abril, <b>La Prensa </b>publicó un listado de todos los beneficiados con <a href="https://www.prensa.com/tema/ifarhu/" target="_blank">auxilios económicos </a>del Ifarhu entre el 7 de julio de 2019 y el 24 de mayo de 2023. A pesar de que la lista revela 2,114 nombres que recibieron un auxilio económico, aun así, la Contraloría General mantiene bajo reserva el nombre de más de dos mil beneficiarios. En ese sentido, Adolfo Fábrega, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), enfatizó en el texto de la Cámara Opina que "de esta manera, queda al descubierto el descaro y la impunidad de quienes tienen el mandato de administrar los recursos del Estado" y "la corrosión moral de un grupo de personas que aprovecha sus influencias y conexiones para asaltar el erario público". Fábrega cuestionó además, la falta de transparencia del contralor general de la República, al preferir ocultar los nombres de los beneficiarios de los auxilios económicos, en vez de fiscalizar y controlar el uso de los fondos públicos. El presidente de la Cciap revela también, que se encuentran estudiando los elementos legales que les permitan denunciar ante el Ministerio Público todo lo relacionado con los auxilios económicos, pues consideran que la forma en que han sido utilizados estos mal llamados auxilios, no les permite ser simples espectadores y enfatizan en que aquellos que recibieron dineros públicos sin necesidad, "tienen que devolverlos o enfrentar las consecuencias". Según la Cciap, de esta forma quedan en evidencia que los mecanismos de control y supervisión de los recursos del Estado, serán tan efectivos como la voluntad de quienes lo implementan. A través de la columna dominical "La Cámara Opina", la organización exige transparencia, justicia y responsabilidad en el manejo de los fondos públicos e hizo un llamado a los candidatos presidenciales a que en el último debate presidencial el próximo miércoles 17 de abril de 2024 en el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa, se comprometan con acciones concretas como la implementación de la carrera administrativa y la digitalización de procesos para el manejo de los fondos públicos.