Preocupa en los municipios la creciente demanda sobre el sistema de salud pública, a partir del aumento desproporcionado de las prepagas en los últimos meses.
Hospitales sobredemandados, profesionales al borde del burn out y preocupación por insumos y camas, son la contracara de la recomposición de la rentabilidad de la medicina privada, sin techo a partir de la entrada en vigencia del DNU 70/2023.
El primer dato es de Vicente López, que tiene al hospital municipal Bernardo Houssay y al Cetrángolo, de gestión provincial, a tan solo una cuadra de distancia uno del otro, en la localidad de Florida. El Houssay tiene guardia, guardia pediátrica, servicio de cirugía y consultorios externos.
Vicente López es, de los 135 distritos que conforman la provincia de Buenos Aires, el de menor cantidad y porcentaje de habitantes con necesidades básicas insatisfechas y su composición socioeconómica es muy similar a la de los barrios del cordón norte de la ciudad de Buenos Aires.
Eso explica que, mientras en algunos municipios, como el vecino San Martín, la caída de la recaudación de tasas locales ya supera los 20 puntos, en Vicente López por ahora es de apenas 5. Fuentes del municipio afirman que, en los últimos dos meses, comprendidos entre enero y marzo, la demanda espontánea creció un 30 por ciento, parejo en todos los servicios y franjas etarias.
"Alguna gente manifiesta haber dejado de pagar la prepaga o perdido la obra social y se toman un mes o dos para evaluar opciones y después decidir. Otros no dicen nada, pero te das cuenta que es su primera vez en un hospital público. Entran asustados, pero les sonreís, los escuchás y se relajan", afirma un profesional con muchos años de experiencia.
La avenida Constituyentes separa los municipios de San Martín al oeste y Vicente López al este, dos realidades políticas y socioeconómicas muy distintas, pero con preocupaciones convergentes a partir de la crisis.
El municipio que conduce Fernando Moreira cuenta con tres hospitales propios, el Alexander Fleming en José León Suárez, el Enrique Marengo en Ballester y el Diego Thompson en San Martín centro.
"Todavía no tenemos el porcentaje de aumento de demanda", afirman desde San Martín, "pero hay un dato revelador. El tiempo de espera promedio para cualquier consulta, exceptuando urgencias obviamente, era de entre una y dos horas. Hoy está en cinco".
El otro municipio más densamente poblado del norte del conurbano, además de San Martín, es Tigre. Allí cuentan con hospitales de diagnóstico inmediato, con tecnología de imágenes y quirófanos para operaciones de baja complejidad, construidos íntegramente con fondos propios, en las localidades de Don Torcuato, Benavídez y Tigre Centro, además de un hospital materno infantil, otros oftalmológico y odontológico.
"Primero se saturó el de Pacheco, que es provincial. Como consecuencia de eso, la gente que se acerca ahí y lo ve lleno de gente, se acerca al hospital municipal más cercano, esa es la situación hoy", manifiesta, con preocupación, una alta fuente del gobierno local que encabeza Julio Zamora.
Efecto cascada
Los sistemas municipales de salud están pensados como complemento, tanto del sistema provincial como de las obras sociales. Por eso, son más los municipios que no cuentan con hospitales de gestión propia que los que sí.
Lo más frecuente es que tengan bajo su órbita una serie de salas de primeros auxilios, en las localidades geográficamente más distantes entre sí, donde también se vacuna y se realizan controles preventivos.
Si los hospitales municipales terminan absorbiendo esta nueva demanda de manera permanente, los municipios deberán dotarlos de mayor cantidad de recursos humanos, técnicos y edilicios. La presunta es con qué fondos.
En una entrevista reciente, el titular de Swiss Medical y de la Unión Argentina de Salud (UAS), Claudio Belocopitt, afirmó haber perdido el 10 por ciento de su cartera en los últimos meses.
Pero no sólo Swiss Medical y OSDE, dos marcas premium, aumentaron por arriba de la inflación: también lo hicieron prepagas más chicas, vinculadas a hospitales de comunidad o grupos de sanatorios locales, a las que acudían otras franjas, menos acomodadas, de la clase media.
Aunque con más lentitud, comenzó también la salida de las obras sociales sindicales, que se profundiza con la recesión. La construcción perdió cien mil puestos de trabajo, la UOM ya cuenta ocho mil despidos y el número en el sector público nacional, donde son fuertes UPCN y ATE, crece cada semana.
Todos esos trabajadores pierden su cobertura y recalan en la salud pública, a la vez que las obras sociales pierden sus aportes mensuales y ven menguados los recursos que deben administrar para garantizar el derecho a la salud.
En la actualidad las dos figuras más importantes del gobierno en la materia, tanto el ministro de Salud, Mario Russo, como el superintendente de Servicios de Salud, Gabriel Oriolo, reportan a Mario Lugones, miembro del Grupo Güemes.