No es la primera vez que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, utiliza el término despido reparativo o despido disuasorio. La ministra ha dejado muy claro en reiteradas ocasiones que se ha fijado como meta lograr que el despido no sea «rentable» a las empresas, pero también que la indemnización cuando se trate de un despido improcedente repare de forma «adecuada» el daño causado al empleado en cuestión.
A pesar de que reconoció que en la última reforma laboral no se modificó aspecto alguno del despido, si bien era una de sus promesas electorales, subrayó que la nueva normativa conlleva un incremento de la indemnización a las personas cuya empresa les ha despedido, puesto que se «eleva los salarios y encarece los despidos».
Disuadir a las empresas
«Tenemos que disuadir a las empresas de cometer despidos que son injustificados. Si una resolución judicial dice que el despido es injustificado, que vulneró la ley, no lo podemos permitir», dejó bien claro la ministra antes de asegurar que existen grandes compañías que tasan en sus planes económicos y de contabilidad cuanto les va a costar despedir a sus trabajadores.
En este sentido, ha denunciado que «hay grandes empresas» que, en sus planes económicos y contabilidad, tasan lo que les va a costar despedir trabajadores. A su parecer, las compañías carecen de motivos para despedir injustificadamente al introducir mecanismos como los ERTE para acompañar a las empresas ante coyunturas económicas difíciles para que el despido sea el último recurso.
Cumplir con la normativa europea
Díaz ha remarcado en numerosas ocasiones la importancia de adaptar la regulación española a las exigencias recogidas en la Carta Social Europea y a la doctrina del Comité Europeo de Derechos Sociales, tras recalcar que el diseño del despido en el país no cumple los requisitos fijados por la legislación a nivel comunitario.
Díaz se propone que el despido tenga un carácter «resarcidor»
«Uno de los problemas que tiene la legislación española es que el despido no tiene carácter disuasorio ni resarcidor, entre otras cosas porque el hecho de tener una indemnización prefijada de antemano no es acorde al Derecho», indicó para después puntualizar: «No es un problema de 33, de 40 o de 45 días, es que el sentido de la lógica indemnizatoria que dice Europa es otro».
Tener en cuenta el impacto del despido
La titular de Trabajo quiere poner el foco sobre las causas y la indemnización, de manera que se ajusten en función del impacto que el despido pueda tener en la vida del trabajador. Por ello, se propone tener en cuenta factores como la edad, la formación o el sexo. «Esto es lo que no hace España y lo que en Europa se baraja», enfatizó.
Para lograrlo, se propone introducir un mecanismo para que la indemnización en los despidos no justificados tomen en consideración las circunstancias personales del trabajador despedido de manera individualizada. De esta manera, pretende que se repare los daños causados al trabajador que se haya despedido de forma injustificada.
Reforzar las causas del despido objetivo
Otra de las iniciativas por las que apuesta es el refuerzo de las causas del despido objetivo, que permite despedir a las empresas por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción con 20 días de salario por año trabajado.
Cabe recordar que, actualmente, la normativa permite despedir por causas económicas cuando los resultados de la empresa evidencien una situación negativa. Por ejemplo, pérdidas o una disminución constante de los ingresos o las ventas.
En este punto, lamentó que actualmente una compañía pueda despedir a un trabajador si no alcanza los niveles de beneficios previstos. «No es que tenga pérdidas, sino lo que había previsto», incidió antes de advertir que «habrá que cambiar algunas cosas», en alusión a la posibilidad de despedir por previsión de pérdidas.