La trama, en esencia, podría sintetizarse así: los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner entregaron contratos de obras públicas a Lázaro Báez, quien destinó parte de esos fondos al alquiler ficticio de cientos de habitaciones y salones en dos hoteles de la familia presidencial, entre 2008 y 2013, entregándoles así millones de pesos.
Esa fue la esencia de lo que publicó LA NACION a finales de 2013, tras una investigación que tomó años, y que derivó en una investigación judicial que quedó en manos del juez federal Claudio Bonadío y, tras su apartamiento, de su colega Julián Ercolini.
Tras años de investigación que incluyeron allanamientos, peritajes, procesamientos y planteos recursivos de las defensas, los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron que Cristina Fernández, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, Báez y otros 15 acusados afrontaran un juicio oral.
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¿De qué los acusaron? De integrar una "asociación criminal" que "canalizó una porción de lo que era sustraído al Estado nacional –a través de la obra pública vial– a los expresidentes y su núcleo familiar por medio de un esquema de lavado de dinero montado en base a la actividad hotelera que aquellos llevaban adelante".
Para esa operatoria, resultaron decisivos dos hoteles de los Kirchner y una sociedad comercial de Báez. Es decir, el hotel Alto Calafate, controlado a través de la firma Hotesur, su hermana menor, la hostería Las Dunas, y la firma de Báez, Valle Mitre, que actuó como "gerenciadora" de esos establecimientos turísticos.
El rol de Báez, sin embargo, también resultó indispensable para la compra misma del Alto Calafate, de Las Dunas y de un tercer hotel, La Aldea. Porque fue el hombre señalado como presunto testaferro de los Kirchner quien le prestó casi US$6 millones a la familia presidencial para que adquirieran esos tres establecimientos.
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