Los criterios legales para definir la competencia territorial se fundan en los derechos constitucionales de igualdad ante la ley, debido proceso, equidad procesal que debe existir entre las partes en el juicio y acceso a la jurisdicción establecidos, respectivamente en los artículos 1º, 14 segundo párrafo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La competencia por territorio es el ámbito espacial dentro del cual el juzgador puede ejercer válidamente su función jurisdiccional, la cual depende de la división territorial que efectúe el Estado para distribuir mejor el trabajo y los recursos económicos, considerando factores geográficos, demográficos y sociales. Este ámbito recibe diferentes denominaciones: circuitos, distritos, partidos judiciales, entre otros, o jurisdicción en el extranjero.
Así, la competencia por razón de territorio es la única legalmente prorrogable mediante el acuerdo contractual relativo, pues el legislador previó que dicha figura fuese prorrogable, lo que significa que se otorgará competencia al juzgador para conocer de un negocio que originalmente carecía de ésta, es decir, se traslada el conocimiento del juicio a un juez que originalmente y de acuerdo con la ley, carecía de atribuciones, previo acuerdo entre las partes para su desplazamiento.
Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió la Tesis 1ª/J. 30/2024. 11ª., en la que, como criterio jurídico, estableció que, al emitir la primera actuación en un asunto las personas juzgadoras deben abstenerse de plantear su incompetencia legal por razón de territorio cuando opera la aceptación tácita de las partes a su jurisdicción en los casos donde las partes pueden elegir al órgano jurisdiccional por virtud de la competencia prorrogada.
Lo anterior se debe a que de conformidad con lo previsto en los artículos 1094 del Código de Comercio y 23 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se advierte que la competencia territorial puede ser prorrogable por mutuo consentimiento de las partes y, además, existe la posibilidad de sumisión tácita de la parte promovente cuando presenta su demanda ante determinado órgano jurisdiccional, así como de la parte demandada al contestar la demanda sin hacer valer la excepción de incompetencia.
Bajo esa tesitura, la presentación de una demanda en la que la parte actora se somete tácitamente a la jurisdicción de determinado órgano jurisdiccional, en los casos donde se puede prorrogar la competencia territorial, implica la renuncia a cualquier otra competencia, la que puede ser coincidente con la intención de la parte demandada de someterse tácitamente a la competencia de ese juzgado o tribunal.
En ese supuesto, el órgano jurisdiccional deberá dar trámite a la demanda para que se otorgue la oportunidad a la parte demandada de someterse tácitamente a esa jurisdicción, en los supuestos de competencia prorrogada o, en su caso, que haga valer las excepciones de incompetencia. De lo contrario, si desde el primer acuerdo que emita el órgano jurisdiccional resolviera no conocer del juicio que la parte actora ha decidido promover en su jurisdicción, eliminaría la figura de la sumisión tácita, en contravención al derecho de acceso a la justicia de las personas.
Así es el Derecho.