Los habitantes del Ayllu Acre de Antequera piden auxilio desde junio de 2023. En las últimas semanas, según las denuncias, se ha intensificado la violencia.
Dirigentes del Ayllu Acre de Antequera, en Oruro, denunciaron el viernes que mineros del Sindicato Avicaya agredieron a mujeres de la Comunidad Totoral Chico que protestaban contra la minería ilegal, ya que les destruye zonas de cultivo y pastoreo, pero también las fuentes de agua.
Según la Asociación de Pueblos Indígena Originario Campesinos Qhana Pukara Kurmi, las personas que se encontraban en la vigilia, y que apuntaban a la Empresa Minera Salvada Sociedad Colectiva, fueron desalojadas por los mineros con violencia, hasta el punto de que una de las mujeres de la vigilia se descompensó y tuvo que ser auxiliada por una ambulancia, y trasladada hasta un centro de salud.
Asimismo, a través de audios de pedidos de ayuda, anoche varios habitantes del ayllu se contactaron con representantes de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap), pidiendo auxilio.
«Todo puede pasar. Nuestras casas están resguardadas por mineros, estamos en una situación grave», dijo por WhatsApp uno de los afectados, e informó que pidieron un contingente al comandante de la Policía de Oruro, pero desconocían si se estaba enviando a los uniformados.
No es la primera vez
Según los dirigentes del ayllu, en junio del pasado año, estos mismos mineros intervinieron con violencia otra vigilia de comunarios contra la desertificación y la contaminación. Asimismo, ante el anuncio de un encuentro ambiental, dijeron que empezaron a circular mensajes difamatorios de odio, que ponían en riesgo a los organizadores, incluso de un posible linchamiento.
En contacto con el portal Brújula Digital, Beatriz Bautista, abogada de los afectados, ayer denunció que mineros sindicalizados impidieron el ingreso de una comisión del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), que debía inspeccionar el impacto ambiental en la zona.
Bautista informó que la comisión llegó el miércoles pasado para hacer la inspección, ya que existe una nueva empresa minera que estaría afectando los cultivos y área de pastoreo que tienen los pobladores de Totoral Chico.
Pronunciamiento
La Asociación de Pueblos Indígena Originario Campesinos Qhana Pukara Kurmi y la Contiocap, a través de un pronunciamiento, denunciaron que los habitantes de la comunidad Totoral Chico, del Ayllu Acre Antequera, en el departamento de Oruro, estaban siendo atacados por mineros del Sindicato Avicaya, mientras se encontraban en vigilia en rechazo a las actividades «irregulares» de la Empresa Minera Salvada Sociedad Colectiva, que afecta sus áreas de cultivo y fuentes de agua.
Asimismo, informaron que la comunidad Totoral Chico hizo llegar una denuncia ante la Secretaría de Minería, Metalurgia y Recursos Energéticos del Gobierno Autónomo del Departamento de Oruro, solicitando que se revise el contrato administrativo a favor de esa empresa minera, «debido a que se sobrepone a la comunidad Totoral Chico, sin que los pobladores hubieran sido consultados, y menos autorizado» actividad minera en el lugar.
Los firmantes en el pronunciamiento exigieron a las autoridades competentes, como la Defensoría del Pueblo, escuchar a las víctimas y tomar acciones urgentes para evitar mayor violencia de los actores mineros hacia las comunidades, «principalmente hacia las mujeres que defendemos la poca tierra cultivable, de pastoreo y las fuentes de agua».
También demandaron la revisión de constitucionalidad de la Ley 535 de Minería y Metalurgia, que provoca invasiones a territorios indígenas originarios campesinos, y a las áreas protegidas, al eximir a los mineros de realizar la consulta previa, y «privilegiar a los mineros con supuestos derechos pre constituidos».
Por último, llamaron a los organismos internacionales de derechos humanos a tomar conciencia de la vulneración de derechos colectivos que se está generando en Bolivia, con privilegios inconstitucionales otorgados por el «Gobierno boliviano al sector minero, a los colonizadores y a los capitales del empresariado nacional y transnacional».
Desde la Contiocap lamentaton que, mientras los jueces cautelan ríos, y las autoridades del Gobierno dicen que no habrá minería en áreas protegidas, «y reciben millones de la cooperación internacional, en los hechos esa minería está protegida por el Gobierno».