El pleno del Parlamento Europeo expresó ayer su «gran preocupación» por el «presunto uso indebido» de algo más de 17 millones de euros en fondos europeos por la trama investigada por posibles comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia y conocida como «caso Koldo», por el nombre de uno de los implicados que ejerció de asesor del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos.
La referencia aparece en una enmienda promovida por el Partido Popular Europeo (PPE) al informe anual sobre la gestión del gasto por parte de la Comisión Europea y que salió adelante en la sesión celebrada en Bruselas con 367 votos a favor, 230 en contra y 10 abstenciones.
El texto aclara que le preocupa la posible malversación de 14,6 millones de euros procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y de 3,1 millones del Fondo de Solidaridad; al tiempo que critica que la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) recibiera información «relevante» para investigar el caso de un particular y no de manos de las autoridades competentes.
De manera general, los eurodiputados recuerdan a los gobiernos europeos que las reglas de la Fiscalía Europea establecen que deben «informar sin demora» a la propia Fiscalía Europea cuando tengan «cualquier sospecha de malversación» de fondos procedentes de las arcas comunitarios. Además, piden a la Comisión Europea que recurra a «expertos externos» para llevar a cabo auditorías de los fondos si detectan una «falta severa de capacidad» por parte de los Estados miembros que reciben los recursos y advierten de que en el «caso Koldo», las irregularidades no fueron descubiertas por Bruselas a pesar de haber auditado el proceso.
También defienden la necesidad de una «verificación en múltiples pasos» para proteger mejor los fondos cuando se deben decidir adjudicaciones de contratos en situaciones de crisis si no se pueden seguir los métodos habituales por la emergencia. En la enmienda recuerdan también que se han dado situaciones «similares» en otros países socios en donde se investiga el uso indebido de fondos europeos, como Portugal o República Checa.
Desde que se destapó la trama del «caso Koldo» se ha conocido que la Fiscalía Europea investiga el presunto fraude con fondos comunes y también la Comisión Europea ha remitido información a la Oficina Europea Antifraude (OLAF) para que se ocupe.
Por otro lado, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha recogido en el Servicio de Salud de Baleares (IbSalut) documentación para la Fiscalía Europea en relación al contrato del «caso Koldo», según han indicado a Europa Press fuentes próximas a la investigación.
En concreto, el pasado martes funcionarios de la Guardia Civil visitaron la sede del IbSalut en la calle Reina Esclaramunda de Palma para llevarse documentación del expediente del contrato a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, dentro de unas diligencias declaradas secretas.
El IbSalut ha corroborado que la UCO acudió a sus dependencias a solicitar documentación a instancias de la Fiscalía Europea, sin especificar en relación a qué tema. «El Ibsalut aportó toda la documentación requerida en un ambiente de cordialidad y colaboración máxima», recoge un comunicado.
Asimismo, las fuentes consultadas han confirmado que, como adelantó «Diario de Mallorca», el exdirector del IbSalut, Manuel Palomino, prestó hoy declaración ante la Guardia Civil sobre unas resoluciones relacionadas con la contratación de emergencia y los trámites de fondos europeos.
Cabe recordar que el Govern inició en 2023 una primera reclamación de 2,6 millones de euros a la empresa por la diferencia de precio entre las mascarillas entregadas y la calidad de una quirúrgica, si bien el pasado marzo decidió desistir de ella para iniciar un proceso de revisión con el que solicitar el monto total del contrato, 3,7 millones de euros. Además, el Govern ha puesto en marcha una descertificación de fondos europeos por las deficiencias en el contrato
Asimismo, la Fiscalía Europea ha requisado nuevos expedientes sobre compras de material sanitario por parte del Servicio Canario de la Salud (SCS) durante los primeros meses de la pandemia de covid, añadidos a los dos asuntos que ya tenía bajo instrucción (el «caso Mascarillas» y el «caso Koldo»).
La consejera de Sanidad, Esther Monzón, confirmó que agentes de la Guardia Civil en funciones de la Policía Judicial se han presentado esta semana en su departamento por orden de la Fiscalía Europea para requerir más documentos, informes y datos relativos a esa etapa de 2020-2021.Monzón precisó que no puede ofrecer detalles, porque existe secreto de sumario, pero sí corroboró que los agentes se han llevado expedientes adicionales a los que la Fiscalía ya tenía y han pedido información al detalle sobre qué personas intervinieron en las distintas fases de tramitación.
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