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Nacional
sábado, 06 abril 2024 | 12:15
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Apenas comenzaba campaña cuando la morenista Gisela Gaytán, candidata a la Alcaldía de Celaya, Guanajuato, fue asesinada a balazos el pasado lunes.
El crimen exhibió la indefensión de los políticos locales ante la violencia y la burocracia administrativa de las autoridades de todos los niveles para brindarles seguridad.
La morenista Gisela Gaytán caminaba sobre las calles de la localidad de San Miguel Octopan, ubicada a unos 10 kilómetros de la cabecera municipal, cuando alrededor de las 18:00 horas fue atacada a tiros, lo que también provocó que otras tres personas resultaran lesionadas.
Horas antes, la víctima realizó un recorrido por el Mercado Morelos y había asegurado en rueda de prensa que en Celaya no había paz, pero que tenía propuestas para modificar la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y mejorar la problemática.
También dijo que ya había solicitado protección a las autoridades locales y al INE, para la campaña.
Tres semanas atrás, la dirigencia de Morena en Guanajuato había solicitado protección para su candidata a la Gubernatura, Alma Alcaraz; el abanderado al Senado, Ricardo Sheffield; y 11 candidatos a presidencias municipales, incluida Gisela Gaytán.
En un oficio, el secretario general de ese partido, Jesús Manuel Ramírez, había expresado a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, su preocupación por el clima de violencia e inseguridad que se registra en la entidad, y había planteado que se realizaran las gestiones necesarias para que elementos de la Guardia Nacional y de las secretarías de la Defensa y de Marina salvaguardaran la integridad de los aspirantes.
El panista Diego Sinhue Rodríguez, Gobernador de Guanajuato, condenó el hecho e instruyó a sus funcionarios atender de manera inmediata el tema.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal responsabilizó implícitamente al órgano electoral del estado de Guanajuato por no haber brindado la protección necesaria a la candidata de Morena a la Alcaldía de Celaya, Gisela Gaytán, quien fue asesinada a balazos.
De acuerdo con la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez, la propia Gaytán y otros candidatos de Morena habían solicitado protección ante el Instituto Nacional Electoral (INE) a principios de marzo.
"La candidata había, no solamente la candidata, sino varios integrantes de ese partido, candidatos, habían solicitado protección ante el Instituto Nacional Electoral", reveló la funcionaria federal.
Aunque autoridades electorales acordaron que la seguridad de los candidatos locales estará a cargo de las autoridades estatales, representantes de partidos acusaron trabas y burocracia para tramitar protección de sus abanderados.
Dos meses antes del crimen contra Gisela Gaytán se estableció que el Gobierno federal sólo protegería a candidatos a la Presidencia, al Congreso federal, así como a las nueve gubernaturas.
En ese acuerdo se determinó que los aspirantes a un cargo federal y a las gubernaturas presentarían al INE un formulario solicitando la protección, y la Guardia Nacional analizaría el nivel de riesgo para determinar el número de elementos que cuidarían al aspirante, de qué corporación, así como el número de unidades.
Mientras que las solicitudes del ámbito local que llegarían al INE o sus 32 delegaciones serían canalizadas a los OPLES. Así, cada instituto electoral y Gobierno estatal han definido su propia estrategia.
Sin embargo, representantes de partidos ante los OPLES acusaron planes deficientes, falta de coordinación, requisitos excesivos, pretextos como la falta de elementos o simplemente la inexistencia de un protocolo.
Tras el escándalo por la ejecución de Gisela Gaytán, el gabinete de seguridad ajustará el protocolo de seguridad y pedirá lo mismo en los estados, informó la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, quien aseguró que se modificará la valoración del nivel de riesgo bajo, medio y alto.
De acuerdo con la consejera, el pasado jueves se reunió la mesa de seguridad federal y el tema central fue cómo revalorar la estrategia en todos los ámbitos.
"El día de hoy (jueves) estuvimos en una sesión de mesa de seguridad, a las 7 de la mañana, y pusimos sobre la mesa justo ese tema: cómo poder revalorar. Cómo incluir nuevos criterios para poder definir y garantizar con más fuerza la seguridad.
"El protocolo marca tres niveles de riesgo: el alto, el medio y el bajo. Y yo creo que pueden, incluso, reconfigurarse esos criterios, para tener más en el nivel medio y en el nivel alto", indicó la titular del órgano electoral.
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