Manos Limpias ha emitido un comunicado en el que se defiende de las acusaciones tras su denuncia contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El secretario general de la organización, Miguel Bernad, ha afirmado que basaron su denuncia en informaciones de medios de comunicación y que si estas resultan falsas, "la responsabilidad recaerá en quienes las publicaron".
Según Bernad, el sindicato tomó conocimiento a través de varios diarios digitales de presuntas irregularidades en el comportamiento de la esposa de Sánchez, que podrían ser delictivas. "Ante la inacción de la Fiscalía", a pesar de semanas de publicación de estas noticias, decidieron presentar una denuncia ante el juzgado competente, agregó.
La intención de Manos Limpias, según explica Bernad, era que se abrieran diligencias para "verificar la veracidad" de las informaciones. "Hemos ejercido con ello un derecho y un deber ciudadano. No ha habido en el actuar de Manos Limpias el más mínimo acto falsario, pues como bien han dicho quienes nos han criticado, basé la denuncia que se presentó en dichas informaciones periodísticas, y solo en las mismas", ha detallado en el comunicado.
Bernad ha señalado que ahora es responsabilidad del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, encabezado por el juez Juan Carlos Peinado García, determinar la veracidad de las informaciones periodísticas que respaldan su denuncia contra Begoña Gómez. En caso de que dichas informaciones resulten mentiras, Bernad ha afirmado que "serán quienes las publicaron, quienes deberán asumir la falsedad".
El sindicato considera la reacción de Sánchez "inaceptable"
Ante la reacción de Pedro Sánchez, Bernad también critica la reacción del presidente, calificándola como "inaceptable". En lugar de proporcionar aclaraciones sobre la veracidad de las informaciones concernientes a su esposa, Bernad ha acusado al presidente de optar por insultar a Manos Limpias, tachándola de organización "ultraderechista". El sindicato niega estas acusaciones y ha lamentado el enfoque del presidente, "dando a entender que formamos parte de una campaña derechista contra él, lo cual es falso".
Ayer, el juez Peinado García inició una investigación sobre Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
La apertura de estas diligencias se llevó a cabo el 16 de abril tras una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias, cuyo contenido incluye acusaciones de que Gómez, "prevaliéndose de su estatus personal, esposa del presidente del Gobierno de España, ha venido recomendando o avalando por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas"
Según la denuncia, uno de los empresarios supuestamente beneficiados por estas acciones es Carlos Barrabés, quien habría obtenido contratos públicos por valor de 10 millones de euros. Además, se destaca que este empresario está vinculado al Máster de Transformación Social Competitiva, creado por la esposa del presidente, y que la cátedra de Gómez lo contrató como profesor asociado.
Otro aspecto destacado en la denuncia es la relación entre Begoña Gómez y Víctor de Aldama, quien está bajo investigación en el 'caso Koldo'. De Aldama, presunto conseguidor en dicho caso, tenía vínculos con Globalia, donde Gómez tenía influencia, y habría ganado 6,67 millones antes de que se negociara un rescate para la compañía.
Nuevas revelaciones han surgido en torno a presuntos acuerdos que involucran a Begoña Gómez, aumentando la controversia en torno a su conducta. Según informes, Air Europa habría acordado pagar 40.000 euros anuales al África Center, mientras que Globalia y el Instituto de Empresa habrían convenido proporcionar 15.000 euros en vuelos de primera clase para Gómez y su equipo.
Manos Limpias pide acceso a las cartas de recomendación y expedientes
El sindicato Manos Limpias ha afirmado que las cartas de recomendación y avales de Gómez habría disparado "las adjudicaciones a empresarios con los que le unía una relación de amistad". Estas alegaciones han llevado al sindicato a denunciar estos hechos, que consideran podrían constituir delitos de tráfico de influencias.
La reciente denuncia ha señalado la posible comisión de delitos relacionados con el artículo 429 del Código Penal, que prohíbe influir sobre un funcionario público o autoridad "para conseguir una resolución que para sí o para un tercero, directa o indirectamente, genere un beneficio económico".
El sindicato que ha presentado la denuncia está solicitando que tanto Begoña Gómez como los responsables de los medios de comunicación que publicaron información al respecto sean citados a declarar. Además, piden que se aporten a las cartas de recomendación y los expedientes de los contratos adjudicados a Carlos Barrabés, en un intento por arrojar luz sobre las presuntas irregularidades.