La Comisión Europea ha enviado una segunda carta de emplazamiento a España en relación a las prórrogas de la concesión de la AP-9 hasta 2048, alertando del incumplimiento de las normas europeas de concesión de autopistas y dando un plazo de dos meses para responder. Este procedimiento nace de una denuncia de la asociación EN-COLECTIVO en julio 2019 y ya tuvo una respuesta similar por parte de Bruselas en el año 2021.
Entonces, la Comisión Europea decidió abrir un expediente de infracción a España debido a la ampliación del periodo de explotación de la vía por parte de Audasa sin sacar la concesión a concurso. Ahora, repite la jugada, enviando un emplazamiento adicional, advirtiendo de que podría derivar en el envío de un dictamen motivado.
Las prórrogas denunciadas por la asociación son la otorgada por el PSOE por 10 años y vencida en 2023 y la del Ejecutivo de José María Aznar, que es la actualmente vigente hasta 2048. Esta ampliación impidió la liberación de los peajes de la AP-9, del mismo modo que sucedió en otras vías de pago.
Un «gran avance», dicen los denunciantes
La Asociación En-Colectivo ha emitido un comunicado en el que incide en que la CE ha decidido incoar un procedimiento de infracción enviando una carta de emplazamiento adicional al Gobierno de España por incumplimiento de las normas sobre contratos de concesión de la autopista AP-9. En su dictamen, según explica, la Comisión aborda diversas cuestiones relacionadas con esos contratos y considera que España prorrogó la duración de dos concesiones de autopistas «sin aplicar adecuadamente los procedimientos de licitación, infringiendo las normas de la UE».
Tal y como se apunta, el escrito enviado al Gobierno español tiene por objeto garantizar el respeto de las normas de la UE sobre concesiones, que establecen la igualdad de trato de los operadores económicos interesados en participar en los procedimientos de contratación y el respeto de la obligación de transparencia. El presidente de En Colectivo, Diego Maraña, ha valorado la apertura de este procedimiento que viene a demostrar, subraya, que «conforme pasa el tiempo, la situación de esta concesión está más en entredicho». «Se trata de un gran avance en este asunto y supone una gran noticia para todos los gallegos», ha enfatizado.
Audasa se ve blindada
«Con los pasos que se están dando, cada día estamos más cerca de conseguir que finalice el cobro de los peajes y de lograr una autopista gratuita como ya sucede en otras comunidades autónomas como Cataluña y Valencia en las que han vencido los 40 años de concesión», ha agregado. Asimismo, desde la asociación se solicita al Gobierno transparencia para que todos los gallegos puedan conocer el contenido del escrito remitido por la Comisión Europea y la respuesta que se le vaya a dar.
La concesionaria Audasa ya advirtió en 2021, con motivo del primer requerimiento, que si una decisión europea derivara en la anulación de la concesión tendría que ser debidamente indemnizada, ya que, a su entender, no tiene responsabilidad alguna en los hechos investigados. Entonces calculaba que esa compensación debería superar los 1.000 millones de euros, ya que asumía que sería superior a la deuda que tenía entonces la empresa y que procede de las obras en la autopista.