El fallo involucra a dos de sus presidentes, tres vicepresidentes administrativos y financieros, la vicepresidente jurídica y la gerente de tesorería.
Específicamente, las irregularidades se concentran en el pago de anticipos sin legalizar, así como pago de multas y de servicios médicos a personas fallecidas, realizados con dineros pertenecientes al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
El contralor, Carlos Mario Zuluaga, aseguró que los hallazgos y evidencias de este fallo "se parece a los comportamientos que seguimos investigando en materia de salud" contra otras EPS.