"Ni entendible ni aceptable". La Audiencia Provincial de Zaragoza no aprecia ninguna razón para que desde el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos y desde otros organismos públicos se adjudicaran contratos "millonarios" para la compra de material sanitario a Soluciones de Gestión, la empresa investigada por el presunto cobro de comisiones ilegales en el caso Koldo.
Así lo recoge en una sentencia fechada este lunes, a la que ha tenido acceso 20 Minutos, en la que los magistrados consideran que "no es entendible ni aceptable que esa contratación millonaria de suministros (...) se termina adjudicando a un operador completamente desconocido en el tráfico jurídico/económico del sector". Y subrayan que Soluciones de Gestión "incumplía de principio a fin todos los requisitos básicos para concurrir a la contratación pública, aun en supuestos de emergencia", como ocurrió durante la pandemia.
En otro punto del texto se recoge que "Soluciones de Gestión no podía concurrir a esa contratación pública destinada a la adquisición de mascarillas" porque su objeto social "a todas luces resulta ajeno a un suministro de material sanitario".
En la sentencia de la sección cuarta de la Audiencia de Zaragoza, firmada por los magistrados Juan Ignacio Medrano, María Jesús de Gracia y Antonio Angós, también se recuerda que "la solvencia financiera de Soluciones de Gestión no era satisfactoria ni suficiente para ser adjudicataria en las millonarias licitaciones de las que resultó beneficiaria".
En ese sentido, incide en que sus cuentas anuales "desvelan su escaso volumen de actividad" y resalta que en 2019, el año previo a la pandemia, "la sociedad careció de toda actividad". Asimismo, señala que esa empresa "en pocos años pasó de 29 a 4 trabajadores". "Es decir, que puede concluirse razonablemente que Soluciones de Gestión carecía de toda solvencia técnica", reitera.
También mencionan los magistrados que "existió una contratación pública con un 'modus operandi' rodeado de severos interrogantes jurídicos, y con elusión de requisitos que, aun en los casos de extrema urgencia, eran exigibles a los operadores públicos".
La sentencia recoge también algunos aspectos de la investigación en curso por la venta de mascarillas fraudulentas al gobierno de Baleares presidido por Francina Armengol. "Es hoy un hecho notorio que sobre la calidad del material servido a las Islas Baleares existe una situación controvertida", dice al respecto.
Desestimada una demanda de Soluciones de Gestión
La sentencia de 36 folios de la Audiencia Provincial de Zaragoza desestima un recurso de apelación presentado por Soluciones de Gestión contra una sentencia previa del Juzgado de Primera Instancia n.14 de Zaragoza, de junio de 2023, en la que desestimaba su demanda contra el abogado aragonés Ramiro Grau por vulneración del derecho al honor.
Este abogado afincado en la capital aragonesa fue el primer ciudadano en denunciar la trama Koldo, en 2020, a través de unos artículos publicados en medios digitales de escasa audiencia en los que habló de "chanchullos de dinero público" al constatar que Soluciones de Gestión, una pequeña empresa zaragozana "que nadie conocía de nada", estaba logrando contratos públicos millonarios para la adquisición de material sanitario durante la pandemia.
Aquellos artículos, en los que llegó a señalar directamente a Ábalos, le costaron demandas que le exigían elevadas indemnizaciones por vulneración del derecho al honor, incluida una del exministro de Transportes, que aún está por resolverse; y otra de la mercantil Soluciones de Gestión, de la que ha sido absuelto por la Audiencia Provincial.
Su sentencia absolutoria, contra la que cabe recurso ante el Supremo, se ha convertido en la primera emitida por un tribunal que hace referencia directa a la trama Koldo, un presunto caso de corrupción que está siendo investigado por el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, y por la Fiscalía Europea.
Grau, autor del libro Ábalos, jaque mate, llegó a enviar informes a Moncloa advirtiendo en 2020 de las posibles irregularidades que se estaban cometiendo con esos contratos públicos y también denunció los hechos ante la Fiscalía provincial y ante el Tribunal de Cuentas. Incluso puso en alerta a los gobiernos de Baleares y Canarias, dos de las administraciones que contrataron con la trama Koldo.