Pierluisi apunta a un "gran engaño" el caso de sospechoso de feminicidio en Manatí
"Algo falló en el sistema. Estamos claros", afirmó el gobernador, al tiempo en que dejó el caso en manos de una investigación administrativa.
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Como "un gran engaño, por no decir un gran fraude" fue como tipificó este martes el gobernador Pedro Pierluisi la situación que atraviesa el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) tras haber concedido un pase extendido a un convicto por, presuntamente, estar parapléjico y ahora se le vea caminando tras ser arrestado por un nuevo caso de feminicidio.
De paso, defendió a la secretaria del DCR, Ana Escobar, quien fue la que concedió tal pase extendido a Hermes Ávila Vázquez, de 52 años.
"Ella administra muy bien el sistema correccional", expuso, durante una conferencia de prensa realizada en el residencial Manuel A. Pérez, en San Juan.
No obstante, Pierluisi aceptó que algo en el sistema falló y llevó a que Ávila Vázquez, que ahora es sospechoso del crimen de una mujer cerca del balneario Los Tubos, en Manatí, haya salido en libertad y se librara de cumplir su condena de 122 años en cárcel por cargos de asesinato en primer grado (de una mujer), secuestro, agresión sexual y violación a la Ley de Armas.
"Ahí, definitivamente, que algo falló en el sistema. Estamos claros", fue lo que dijo el mandatario.
Añadió que "el diagnóstico de que era parapléjico, de que no podía moverse, que estaba totalmente paralizado, cuando lo vemos que no tenía tal limitación".
Pierluisi señaló que Corrección realiza una investigación administrativa para dar con tal falla que ocasionó que una persona convicta de asesinato estuviese en libertad y pudiera cometer otro delito similar contra una mujer. No vio razón para una intervención de Justicia, por el momento.
"Yo estoy seguro que la propia secretaria sería la primera que haría el referido si determina que aquí ha habido la comisión de algún tipo de delito. O sea, ella haría el referido a Justicia. Yo estoy seguro que no le temblaría la mano", indicó.
De paso, pidió que incidentes como este no se repitan.
Asimismo, el gobernador defendió a la Junta de Libertad Bajo Palabra de las críticas que recibe por analizar el caso de un violador en serie que fue convicto en el 2004 y que ahora aplica para el beneficio de libertad bajo palabra.
"Yo sé que la Junta es juiciosa y, en mi caso, esos delitos en particular a mí me retuercen internamente y yo, realmente, me cuesta mucho trabajo conceder clemencia ejecutiva cuando estamos hablando de ese tipo de delitos", dijo el gobernador.
Sin embargo, recordó que es un derecho en ley que tiene el convicto de hacer la solicitud ante la Junta. Comentó que sólo la Legislatura podría introducir cambios a la Ley 95 para que estos casos no estén cobijados por el beneficio.
"El punto es válido para ser considerado. Pero, estas cosas hay que evaluarlas detenidamente, deben haber vistas públicas, deben comparecer todos los peritos en el tema, porque no se debe legislar a la ligera, meramente reaccionando a una situación en particular. Si se entiende que hay un problema generalizado, un problema recurrente, es definitivamente, entonces, causa para legislar, para cambiar, pero eso se tiene que confirmar, no meramente porque surgió un reportaje. Debe ser que llevan a cabo vistas públicas, evalúan bien la situación. Yo siempre voy a tener apertura en estas cosas. Pero, trato de ser cuidadoso, de no aventurarme cuando son temas sensitivos y temas que se deben investigar a profundidad antes de uno tomar decisiones", hizo constar.