Si hay algo que caracteriza a la industria del juguete, el textil o el calzado es la guerra que desde hace años mantienen contra la piratería. Es decir, contra la competencia desleal que supone compartir mercado con miles y miles de productos falsificados o imitaciones pirata, y que en muchos casos suponen incluso un riesgo para la seguridad del consumidor. Estos sectores tradicionales, con fuerte presencia en la Comunidad Valenciana, es lo que ha llevado al Gobierno de Carlos Mazón a cambiar la normativa para endurecer las sanciones contra la piratería por primera vez en 37 años.
Así lo ha anunciado el propio presidente de la Generalitat Valenciana este viernes durante una visita a las instalaciones de la planta de tratamiento y reciclaje de la firma Acteco en Ibi, encargada justamente de la destrucción de productos defectuosos. "Se va a aumentar al máximo las sanciones por productos peligrosos, defectuosos, falta de información o etiquetado para garantizar la seguridad de nuestra ciudadanía y defender a las empresas de la Comunidad Valenciana", ha afirmado Mazón.
El planteamiento de la batalla contra la piratería no es otro que llevar al límite de lo legalmente permitido la cuantía de las sanciones a fabricantes o distribuidores de productos falsificados o imitaciones. De esta forma, el incumplimiento de la ley en este sentido podrá conllevar multas de hasta un millón de euros. El objetivo es claro: evitar que el beneficio de la falsificación sea superior a la propia sanción. Que comercializar con imitaciones no sea rentable, en definitiva.
Para ello, la Generalitat modificará el Decreto Legislativo 1/2019, del 13 de diciembre de aprobación del texto refundido de la Ley del Estatuto de las personas consumidoras y usuarias de la Comunidad Valenciana. El cambio en la Ley del Estatuto del Consumidor hará referencia al apartado de sanciones "con especial relevancia a los que no colaboren en la retirada de productos o reincidan en ello".
En concreto, la cuantía máxima de las infracciones leves fijada ahora en 3.005,06 euros pasaría a ser de 10.000 euros, mientras que las graves establecidas en 15.025,30 euros pasarán a ser de 100.000 euros. Para las infracciones muy graves se pasará de los 601.012,10 euros actuales al millón de euros.
La idea es que el cambio legislativo pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2025, para poder aplicar a partir de esa fecha las nuevas sanciones. Mazón ya ha advertido de que "llegarán al máximo posible, incluso con incrementos superiores al 700% de los actuales importes que incomprensiblemente durante estos años no se han modificado".
"Lucharemos contra la piratería, falsificaciones o imitaciones que afectan a sectores como el textil, el calzado, el juguete o la cerámica", ha insistido Mazón, quien ha estado acompañado en Ibi -epicentro también de industria juguetera- por la consejera de Innovación, Industria y Comercio, Nuria Montes. "Que no salga barato poner en riesgo la salud de nuestros ciudadanos y la seguridad de nuestros niños y niñas", ha agregado.
De hecho, las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana han valorado "muy positivamente" la decisión de incrementar el importe de las multas para quienes cometan infracciones contra la propiedad industrial. La actualización del importe de las sanciones, que llevaban años congeladas, "responde a los profundos cambios que se han producido en los mercados con un fuerte aumento de la competencia desleal y de los delitos contra la propiedad", han señalado en un comunicado las Cámaras, que consideran que la medida será un "factor disuasorio".