LA AMFJCH APUNTÓ A FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO Y LEGISLATIVO
Advierten reiteradas manifestaciones que afectan la independencia del Poder Judicial
Ante «reiteradas descalificaciones de diversos funcionarios públicos», la Asociación Civil de la Magistratura y del Funcionariado Judicial de la Provincia del Chubut (AMFJCH), expresó su profunda preocupación, advirtiendo sobre el vil comportamiento de «integrantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la provincia y de la Nación, haciendo referencia a decisiones judiciales adoptadas por magistrados/as integrantes del Ministerio Público Fiscal o de la Judicatura, sin conocer ni evaluar los fundamentos que en cada caso se han tenido en consideración para requerir o resolver de determinada manera».
«Cabe separar los disensos de las descalificaciones y avasallamientos», expresan los representantes de magistrados al sostener que los disensos «forman parte de la crítica indispensable para el mejoramiento de la actividad de los poderes del Estado en una sociedad democrática, incluso cuando provengan de una autoridad pública. Por el contrario, las descalificaciones de las decisiones judiciales, a integrantes de la magistratura, las amenazas con promoción de juicios políticos o de sanciones mediáticas, son acciones que deslegitiman y debilitan los sistemas judiciales y propician que la ciudadanía respete cada vez menos a la institución judicial y no recurra a ella como garantía de sus derechos».
En otro pasaje del comunicado emitido por la AMFJCH, remarcan que no se puede desconocer «que esta sucesión de declaraciones se inscriben en un contexto en el que existe –con razón- gran preocupación en la sociedad por la creciente inseguridad que se vive en diversas zonas de la provincia y por la corrupción estatal y que legítimamente reclama que los funcionarios/as de todos los poderes del Estado cumplan con las responsabilidades que la Constitución le asigna a cada uno/a de ellos/as».
«Es importante señalar que tanto la corrupción pública como el crecimiento del número de delitos contra la propiedad, que afectan la vida de todas las personas que integran la sociedad que conformamos, no sólo nos preocupa sobremanera sino que, fundamentalmente, nos ocupa adoptando diversas medidas que signifiquen aumentar la capacidad de respuesta de los tribunales».
A modo de reflexión expresan: «No desconocemos la falta de confianza de la población en el Poder Judicial. Esa situación nos interpela diariamente a buscar soluciones que permitan corregir los errores en la gestión de casos, en aras de agilizar los procedimientos y dar una respuesta eficaz y en tiempo oportuno a los/as justiciables».
En cuanto a los errores que pudieran contener las decisiones que se adopten en cada coso concreto, «no puede soslayarse que el Poder Judicial es el único poder del Estado que garantiza la revisión de las resoluciones dictadas por sus integrantes. Pero además existen los mecanismos legales y constitucionales para que las personas afectadas por la decisión realicen la denuncia pertinente ante los organismos de control y estos resuelvan si existió o no un incumplimiento funcional y – su caso- apliquen las sanciones que correspondan».
En este sentido enfatizan que «nunca la diatriba puede constituir el camino para la realización de la Justicia, menos aun cuando emana de un alto funcionario del Poder Ejecutivo, que como tal, tiene la obligación institucional de respetar la independencia judicial y evitar que, merced a sus palabras, se confunda a la ciudadanía y se ahonde la desconfianza generalizada en las instituciones del país».
«La solidez y calidad de la función judicial depende de modo directo de la garantía de la independencia judicial», ratifica la AMFJCH.
Recuerdan además que los jueces y juezas, «estamos obligados a preservar la paz social (art. 32 del CPP) y en esa faena propiciar un clima de confianza para la ciudadanía, controlando que el accionar de los demás poderes se ajuste a la Constitución, tutelando las instituciones y defendiendo los derechos individuales de todas las personas».
Asimismo, «con nuestra propia conducta evitando siquiera dar la impresión de un actuar incorrecto».
Con relación a ello, «cabe recordar que es el Gobernador – con la aprobación del Poder Legislativo- quien tiene la facultad de designar a los/as integrantes del Superior Tribunal de Justicia, organismo que tiene la responsabilidad administrar el servicio de justicia y de custodiar los derechos y garantías enunciados en nuestras constituciones provincial y nacional», sostienen a través del comunicado.
En este punto sostienen que para ello «deben dar cuenta de su capacidad para diseñar un sistema de justicia que garantice algunos presupuestos indispensables para superar los nuevos problemas sociales y sean capaces de responder con efectividad a las necesidades y expectativas cambiantes de la sociedad tales como la consistencia de la toma de decisiones judiciales, el acceso a bases de datos, el conjunto de buenas prácticas bien delineadas, la asistencia externa sistemática y la preservación de condiciones laborales adecuadas para los jueces y juezas, funcionarios/as y empleados/as».
«Una vez más expresamos nuestra indeclinable posición respecto de las condiciones que deben reunir quienes accedan a la vacante en el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia. El máximo órgano de justicia de la provincia debe integrarse con personas que cumplan con estándares profesionales más elevados y de acreditada lucha en la defensa de la independencia judicial y de los derechos humanos, con conocimiento de la diversidad regional en el funcionamiento del sistema judicial y que demuestren una trayectoria proactiva en contra de la violencia de género», expresan en representación de magistrados y funcionarios judiciales.
«Expresamos nuestra preocupación ante las diversas noticias -no desmentidas por el gobierno provincial- que dan cuenta que el señor Gobernador analiza la posibilidad de proponer para ese cargo dos abogados de otras jurisdicciones», expusieron en el comunicado.
En este contexto recuerdan que: «Sostiene la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial con relación a las inadecuadas relaciones que pueden presentarse entre la justicia y la política o entre aquella y el ejercicio independiente de la profesión de abogado: "la garantía de imparcialidad absoluta del juez no sólo debe ser real sino también aparente, conforme se indica en el artículo 11 del Código Iberoamericano de Ética Judicial, condición que se torna más compleja de cumplir frente a jueces que han alternado la judicatura con el ejercicio de la profesión de abogado o la militancia política". (CIEJ, Dictamen nro. 14, 12-3-2021)
"De ahí que sea tan importante contar con jueces independientes, verticales y comprometidos con la defensa de los más elevados intereses de la nación, conscientes de la importancia de su rol en la democracia y dispuestos a controlar los desmanes de la política para mantener el equilibrio de poderes. En otras palabras, los jueces son los encargados de velar por que el interés general prevalezca sobre mezquinos intereses privados, y así mismo, de neutralizar el poder político cuando quiera que haya sido permeado por tráficos de influencias y corrupción. . Es nefasto, entonces, para un Estado de derecho que los cargos decisorios de la justicia, lleguen a ser ocupados por políticos con reconocida militancia partidista, o por abogados con ambiciones políticas y sin vocación judicial, pues es muy probable que en vez de controlar los desvaríos de los otros poderes públicos, como corresponde a los jueces, incurran en el despropósito de poner la función judicial al servicio de sus copartidarios o aliados políticos para obtener dividendos muy convenientes a sus aspiraciones futuras." (CIEJ, Dictamen Nro. 14, 12-3-2021)
"Cuando un político de oficio se infiltra en la justicia, lo normal es que quiera regresar prontamente a la política y utilice el cargo judicial para ese propósito. No se puede esperar nada distinto de quien no se identifica con el alma de la toga y vislumbró la judicatura como un trampolín para ascender en su carrera política". (CIEJ, Dictamen Nro. 14-12-2021)
En definitiva, «respetar la igualdad de género, la procedencia regional y la idoneidad en la conformación del Máximo Tribunal de Justicia constituye una obligación institucional ineludible para los gobernantes. Pero ese deber tiene hoy una singular fuerza simbólica, no sólo por tratarse de un órgano central en la arquitectura de nuestro sistema republicano y democrático, garante de la Constitución y de los valores que representa, sino porque desde su conformación histórica, hace ya más de sesenta y seis años nunca hubo paridad de género ni estuvo representada la circunscripción del Noroeste del Chubut», remarca el extenso documento.
«Es imprescindible recordar que, sin la acción ética y responsable del todos/as los/as funcionarios/as del propio Estado la independencia judicial es una utopía. Son pertinentes las palabras de Alexander Hamilton "no hay libertad, si el poder de la justicia no está separado de los poderes legislativo y ejecutivo. La libertad no tendrá nada que temer de la judicatura sola, pero sí tendrá todo que temer de la unión de ésta con cualquiera de los otros departamentos"», afirma la AMFJCH.
Finalmente expresan: «Exigimos que la Ley V Nro. 152 sea interpretada en clave convencional y constitucional, por lo que exhortamos al señor gobernador y a las/os señoras/es legisladores chubutenses a garantizar los principios señalados a fin de asegurar un servicio de justicia eficaz, como cuestión fundamental para preservar los derechos humanos de toda la ciudadanía. En tal sentido reiteramos que en esta oportunidad, la selección debe hacerse respetando la idoneidad y la paridad de género, razón por la cual debe ser una MUJER la que ocupe el cargo vacante».