Patricia Martín
Contra todo pronóstico, el Ministerio de Sanidad y las comunidades han dado este viernes luz verde, al unísono, al plan antitabaco que prevé nuevos espacios sin humo, equiparar los cigarrillos electrónicos al tabaco convencional y aumentar los impuestos. Al inicio de la reunión las discrepancias entre el equipo de Mónica García y las comunidades del PP, que tras las elecciones gobierna en 11 de las 17 administraciones territoriales, parecían irreconciliables pero en un Consejo Interterritorial que ha sido largo y "tenso", según algunas voces, finalmente el consenso se ha abierto paso.
El plan, no obstante, es una mera declaración de "intenciones", según ha reconocido García, dado que las medidas que contiene se tienen que desarrollar con posterioridad a través de reales decretos o cambios de leyes que nunca son rápidos, pueden llevar meses o incluso años.
Pero su aprobación en el Consejo Interterritorial ha estado rodeada de las palabras grandilocuentes que se pronuncian los días "históricos" porque la estrategia se esbozó hace años, se trabajó con las comunidades y las principales sociedades científicas pero el Gobierno anterior la guardó en un cajón -sin explicar el por qué- y ha sido García la que se ha encargado de "desempolvarla" e impulsarla de nuevo.
Las formas y el fondo
Pero en este propósito se ha encontrado con la oposición de las autonomías del PP y alguna del PSOE por las "formas" empleadas y también por el fondo, dado que han surgido varias discrepancias en torno a las propuestas incluidas, sobre todo por la intención del Ministerio de prohibir el tabaco en las terrazas, pese a que este espacio ni se menciona en el plan, que solo habla de liberar de humo espacios "públicos y colectivos".
Pero García se ha mostrado dispuesta a intervenir en el sector hostelero y este se opone, tal como sucedió cuando se impidió fumar en el interior de bares y restaurantes. En este contexto, algunas autonomías del PP se han alineado con los hosteleros y reclaman que se permita a los establecimientos "autorregularse" o se dé beneficios fiscales a quienes voluntariamente veten el humo, pero sin llegar a prohibirlo por ley.
En este ambiente reacio, el Ministerio aceptó el pasado miércoles, en una reunión técnica de la Comisión de Salud Pública, incorporar casi 150 de las alegaciones autonómicas, entre ellas que se elimine del plan la posibilidad de prohibir fumar en los coches cuando haya menores. Pero, al mismo tiempo y previendo que la votación sería ajustada o que el plan no saldría adelante por mayoría, propuso a las comunidades la aprobación del mismo mediante un "acuerdo de colaboración" al que las autonomías podían adherirse o no y les dio un plazo de 24 horas para comunicar su decisión.
El acuerdo de colaboración
Esta fórmula no gustó a la mayoría de gobiernos autonómicos, que no emitieron voto alguno en señal de protesta por el procedimiento elegido. Cataluña, que sí está de acuerdo, en líneas generales con el plan, Canarias, Navarra y Asturias fueron las únicas que comunicaron su adhesión. Ante ello, el Gobierno cambió de padecer y en el Consejo Interterritorial el plan se ha incluido en el apartado de 'información', no entre los puntos y acuerdos a debatir y votar.
Y, al término del Consejo, la ministra ha asegurado que el plan ya es una "realidad", "es un motivo de orgullo nacional" y tiene el "firme propósito de poner a España otra vez en la vanguardia de la lucha contra el tabaco". Asimismo, ha destacado que es "fruto del trabajo de muchas personas, de las comunidades, del ministerio, de las sociedades científicas, de las asociaciones de pacientes, de los colectivos juveniles, de las entidades de salud pública y de los profesionales sanitarios".
Ha implicado tanto a las autonomías que ha dicho que son "coautoras" y ha argumentado que la estrategia no ha votado ni sometido al "acuerdo de colaboración" porque el plan cuenta ya con muchas aportaciones autonómicas y tiene que ser desarrollado posteriormente a través de cambios legislativos.
El desconcierto
Pero ha reconocido que este cambio de proceder ha causado cierto desconcierto al revelar que algunos consejeros han preguntado, "¿qué salto y qué digo?", y que ella les ha respondido, según ha explicado en la rueda de prensa, "sales y dices que hay un plan y a partir de ahora hay que desarrollar las iniciativas legislativas".
Tras ella, el portavoz de las comunidades del PP, el consejero gallego, Julio García Comesaña, ha asegurado que las administraciones populares han salido "satisfechas" porque han logrado arrancar al Ministerio dos compromisos. Por un lado, que parte de la recaudación que se consiga con el aumento de los impuestos del tabaco revierta en políticas sanitarias y, por otro, que el Ejecutivo les consultará antes de impulsar la reforma legal necesaria para aprobar nuevos espacios libres de humo.
Asimismo, según el consejero popular, García "ha abierto la puerta a que no todo sea prohibir", en alusión a las terrazas. Pero ahora hay que ver en qué se traducen ambos compromisos porque la consulta a las comunidades se puede diluir en la consulta pública que hay antes de abrir cada proceso legislativo y el tema impositivo depende de Hacienda.
El plan se compone de cinco metas y 22 objetivos encaminados a reducir el consumo de tabaco en España. Las cinco metas son prevenir el inicio de consumo de tabaco y productos relacionados; fomentar el abandono del tabaquismo y facilitar la ayuda para dejar de fumar; reducir la exposición ambiental a las emisiones de tabaco y productos relacionados en espacios públicos y privados y reducir la huella ecológica; promover la investigación aplicada y la monitorización en el control del tabaquismo; y potenciar la coordinación y el establecimientos de alianzas.
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