Para no perder la costumbre de los expresidentes de Argentina, Alberto Fernández fue acusado por la Justicia de violación a los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos. En este contexto, el juez federal Julián Ercolini dispuso la inhibición general de bienes del exmandatario.
En concreto, la denuncia apunta a Fernández por supuestamente direccionar la contratación de seguros del Estado con un productor de seguros que es esposo de su secretaria privada.
La mencionada inhibición alcanza también a otras 32 personas, exfuncionarios, empresas y cooperativas, incluidos María Cantero (exsecretaria) y su esposo Héctor Martínez Sosa.
"Martínez Sosa es esposo de María Marta Cantero, secretaria de Alberto Fernández, existiendo la sospecha de que aquel vínculo podría haber determinado su rol preponderante en la intermediación de seguros entre los entes estatales y Nación Seguros SA", escribió el juez Ercolini en su resolución.
Según informó el diario local La Nación, "las sospechas de Ercolini sobre la existencia de una organización delictiva integrada por el expresidente fueron alimentadas por el decreto 823 del año 2021 que obligaba al Estado a contratar con Nación Seguros, durante la gestión de Alberto Carlos Pagliano. Otras aseguradoras actuaron como coaseguradoras".
Todos los inhibidos por el juez Ercolini
La resolución alcanzó a Alberto Fernández, Alberto Pagliano, Héctor Horacio Martínez Sosa, Guillermo Alonso, María Marta cantero, TG Broker, Pablo Torres García, Guillermo Torres García, Bachellier, Alfredo Tórtora, Ricardo González, Castelo Mercuri SA, Oscar Castello, Ernesto Mercuri y San Ignacio SA.
La medida también cayó sobre Brian Kelly, Hernán Bressi, San Germán Seguros, Héctor Villaverde, Camilo Moreno Corotto, Marcela Baldini, Mauro Tanos, María Victoria Bisogni, Alfredo del Corro, María Lourdes Trupia, Carlos Alberto Suárez, Marcos Eufemio, Damián Grosso, Diego Rosendi y Lucas Rosendi, como así también sobre las cooperativas 7 de Mayo e Irigoin Limitada.
La causa contra Alberto Fernández por los seguros del Gobierno
El exmandatario fue imputado por el fiscal Ramiro González junto a Martínez Sosa y Alberto Pagliano (extitular de Nación Seguros).
La denuncia fue realizada por la abogada Silvina Martínez y cayó en el Juzgado 11, momentáneamente a cargo del juez federal Ercolini.
De acuerdo con la denuncia de la letrada, existiría "un negocio de 20.000 millones de pesos anuales y 300 millones en comisiones mensuales con los seguros y las comisiones de los intermediarios". "Los 20.000 millones de pesos es lo que le paga la Anses al Nación por año para asegurar la vida de jubilados y pensionados a los que les da créditos: desde 2011 los venía otorgando sin este seguro", agrega Martínez.