Al filo del cumplimiento del plazo, la defensa del alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez presentó respuesta formal ante el Tribunal Electoral Regional de Antofagasta, refutando las acusaciones en su contra de notable abandono de deberes y violaciones al principio de probidad administrativa.
Esta presentación surge en respuesta al requerimiento presentado por seis concejales de la comuna, que solicitaron la remoción del cargo de Jonathan Velásquez por estas causas, conforme a la ley.
El documento, presentado cerca del fin del plazo de 10 días otorgado por el Tribunal, está firmado por los abogados representantes de Velásquez, Javier Bonilla Cruz, quien es familiar directo del Abogado Procurador Fiscal del Consejo de Defensa del Estado, Carlos Bonilla, junto con el abogado Claudio Rivera Saavedra.
En el libelo, los abogados defensores del alcalde argumentan contra cada uno de los quince puntos presentados por los concejales, negando en su mayoría los cargos que se le imputan al edil y en algunos casos admitiendo posibles fallos pero delegando la responsabilidad a otros funcionarios, como es el caso del ex director de asesoría jurídica, Marcelo Pizarro, cuya renuncia se menciona en el libelo.
Entre los puntos donde la defensa niega responsabilidad del alcalde se incluyen irregularidades en la gestión del ex vertedero La Chimba, contrataciones administrativas cuestionadas, y otras acusaciones que implicarían el mal uso de los recursos municipales y fallos en la administración de bienes e infraestructura municipal.
Entre los argumentos del alcalde, se destaca la defensa sobre la gestión del ex vertedero La Chimba, donde se refiere a las acciones tomadas para su clausura y remediación. También se aborda la legalidad de los contratos firmados para la recolección de residuos y el barrido de calles, desmintiendo las acusaciones de procedimientos irregulares o falta de transparencia.
En otro de los apartados, la defensa de Velásquez argumenta que el uso de abogados del municipio en causas de índole personal se justificaría, ya que estas acciones judiciales habrían sido presentadas contra Velásquez en su calidad de alcalde. Lo anterior, sin embargo ha sido desmentido por los requirentes.
"Podrán existir espacios de mejora en los procesos municipales, pero ha existido una conducta tendiente a evitar perjuicios para los vecinos y vecinas de la comuna de Antofagasta", afirma la respuesta de Velásquez, justificando que "dentro de un municipio que debe abordar grandes procesos que reportan desafíos enormes".
Asimismo indica que no se han interrumpido los servicios municipales "nu (sic) mucho menos ha existido un interés personal del Alcalde en orden a firmar o dejar de suscribir actos que provean de los servicios que el municipio debe entregar".
Además, la defensa del alcalde Velásquez solicita al tribunal que rechace el requerimiento en su totalidad y propone que los concejales demandantes sean condenados en costas, argumentando que según su punto de vista no existirían bases legales suficientes para las acusaciones que le imputan.
Este proceso, que podría prolongarse durante varios meses, no solo determinará el futuro político de Velásquez sino también podría influir significativamente en la administración y políticas futuras de la comuna de Antofagasta. La comunidad y las autoridades locales están atentas al desarrollo de este caso, que promete ser un punto de inflexión en la política municipal de la región.