Se trata de Eduardo Afione, a quien se le aplicó una suspensión de juicio a prueba (probation). El megajuicio será en junio, con dos empresarios y cuatro funcionarios públicos en el banquillo.
Otro imputado en la causa por la explosión en la Escuela 144 de Aguada San Roque -que provocó la muerte de la docente Mónica Jara y los operarios Nicolás Francés y Mariano Spinedi- zafó de ir a juicio, previsto para realizarse en junio con seis personas sentadas en el banquillo: cuatro funcionarios públicos y dos empresarios.
Se trata de Eduardo Afione, maestro mayor de obras, a quien se le aplicó una suspensión de juicio a prueba (probation). La decisión fue tomada este jueves por un Tribunal de Impugnación conformado por las juezas Liliana Deiub y Florencia Martini y por el juez Richard Trincheri. El argumento fue que la pena prevista por el delito que se le atribuyó va desde 1 mes a los 5 años de prisión y, según interpretó por unanimidad, cumple con el requisito para acceder a ese beneficio.
En cambio, el mismo pedido fue rechazado para el arquitecto Diego Bulgheroni ya que los delitos que se le imputan (estrago culposo agravado en concurso real con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública) prevén penas más altas (de 2 a 11 años de prisión) y su situación es distinta, por lo que deberá ir a juicio.
De esta forma, por parte de la empresa -además de Bulgheroni- irá a juicio Héctor Villanueva (socio gerente de la empresa). En tanto, los funcionarios públicos que irán al banquillo son Roberto Deza (subsecretario de Obras Públicas), Raúl Capdevila (director provincial de Obras Públicas), Carlos Córdoba (director de Obras Públicas) y Sergio Percat (director de Obras Contratadas).
Días atrás, en la audiencia del 27 de marzo, fueron sobreseídos los únicos dos funcionarios imputados del Ministerio de Educación: Fabio Luna (exdirector general de la Modalidad Rural del Consejo Provincial de Educación) y Patricia Cressatti (directora provincial de Nivel Primario del CPE). En ambos casos se les había imputado el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público.
Aguada San Roque: el juicio será en junio
Tras la audiencia realizada este jueves, el fiscal jefe Gastón Liotard confirmó que el juicio para determinar las responsabilidades de los imputados por la explosión en la escuela de Aguada San Roque se llevará a cabo durante el mes de junio y demandará alrededor de dos semanas de duración.
"Esta fecha es tentativa, sería durante la primera quincena de junio, y tiene consenso de todas las partes involucradas", detalló Liotard. Además, indicó que está previsto que participen alrededor de 150 testigos del juicio, y adelantó que por razones de organización podría realizarse en la Ciudad Judicial de Neuquén.
El hecho que se discutirá durante el juicio ocurrió el 29 de junio de 2021. De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, en el lugar estaba el gasista matriculado Nicolás Francés junto a su sobrino Mariano Spinedi. Allí realizaban tareas vinculadas a la instalación de gas y la verificación del funcionamiento de calefactores. Alrededor de las 13.50, ambas personas, junto a la docente Mónica Jara, fueron hacia un ambiente destinado al albergue de niñas, donde en forma inmediata a sus ingresos, se produjo una deflagración y posterior incendio. Francés y Spinedi sufrieron quemaduras y fallecieron en forma inmediata; y en el caso de Jara, logró salir por una ventana, fue asistida y trasladada hacia la ciudad de Mendoza, donde falleció el 12 de julio de 2021.
La causa está en manos del fiscal jefe de Cutral Co, Gastón Liotard y la fiscal Gabriela Macaya. La querella del gremio docente ATEN representa a las familias de Jara y Spinedi, y está a cargo de los abogados Darío Kosovsky y Emanuel Roa Moreno; mientras que Federico Egea representa a la familia de Francés.
El principal delito que se investiga es el de estrago culposo en concurso real, debido a la explosión con resultado de muerte, pero la causa también está rodeada por los delitos de fraude a la administración pública y falsificación de documentos públicos. Las penas previstas arrancan en los seis meses de prisión y pueden llegar a los 11 años. La querella apunta a que se concreten penas con cárcel efectiva.