El juez federal Julián Ercolini ordenó un un entrecruzamiento de las "comunicaciones -llamadas y mensajes de texto-" de los teléfonos de Alberto Fernández, Héctor Martínez Sosa, su esposa María Cantero (ex secretaria de Fernández) como de los demás imputados en la causa que investiga los contratos que los organismos del Estado firmaron con Nación Seguros SA con la participación de intermediarios. El período del entrecruzamiento es el comprendido entre el 1º de diciembre de 2019 hasta el día de la fecha.
La medida firmada por el juez a cargo del caso, se encomendó a la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico de la Policía Federal Argentina.
Para tal fin se debe requerir a las compañías telefónicas que, "con carácter urgente y en el término de 48 horas, tenga a bien remitir respecto de los abonados telefónicos" que se encuentran bajo investigación.
A la hora de detallar qué se debe obtener del entrecruzamiento de llamadas, el juez Ercolini sostuvo en la resolución a la que accedió Clarín, que se deben obtener los "registros históricos de titulares, estado actual, fecha de activación y/o cierre, domicilios de facturación, medios dep ago".
También, se solicitó que se especifique, si las líneas telefónicas "registran denuncia de robo, hurto y/o extravío, abonados telefónicos y correos electrónicos asociados y cualquier otra información de interés".
Para avanzar en la pesquisa con esta medida de prueba, el magistrado requirió un detalle de los listados de llamadas y mensajes de texto, tanto entrantes como salientes, desde el 1° de diciembre de 2019 hasta el día de la fecha. La ventana de tiempo responde a toda la presidencia de Alberto Fernández.
Como contó Clarín, el juez resolvió investigar las maniobras bajo análisis durante los cuatro años que gobernó Fernández, al entender que muchos de los 45 contratos bajo estudio -que contaron con la participación de brokers, entre ellos el amigo del ex presidente-, se firmaron previo al Decreto 823 de 2021, pero que responderían a la misma modalidad que cuestiona la justicia.
Son dos aspectos centrales los reprochado a Alberto Fernández, por un lado un proceso que vedo la posibilidad de "realizar concursos transparente" lo que podría haber derivado en un "direccionamiento de las adjudicaciones", y en segundo término, la presunción del pago de comisiones con valores por encima de los costos de mercado.
Con el entrecruzamiento de llamadas, el juez Ercolini también busca conocer los listados de uso de datos GPRS, del período en cuestión, "en los cuales se deberán precisar expresamente las antenas activadas en cada una de ellas, e identificar su localización geográfica con toda la información de que dispongan (dirección catastral y coordenadas geográficas)".
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