De acuerdo con el Centro Mexicano de Derechos Ambientales (CEMDA), el año 2023 ha sido el segundo año más violento en una década para los defensores del medio ambiente, en el país, ya que tan solo en ese periodo de tiempo se registraron al menos 123 eventos agresivos, dentro de las cuales se documentaron 282 agresiones, de las cuales 16 fueron letales.
Durante una conferencia de prensa, el CEMDA presentó su décimo informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales, en el cual se desglosa los eventos violentos que los activistas medioambientales han padecido.
"Presentamos este informe con la esperanza de que contribuya a la reflexión y a la toma de acciones preventivas y de acceso a la justicia, con miras a garantizar entornos seguros y propicios para ejercer la labor de defensa de los derechos humanos ambientales de manera libre y segura." Indica el informe en su prólogo
De acuerdo con el escrito la variedad de agresiones van desde intimidación, hostigamiento, agresiones físicas y sexuales, daño a la propiedad, hasta homicidios; la formas de agresión con mayor registro fueron las amenazas (33), seguidas por la intimidación (28) , las agresiones físicas (26), la criminalización, (21) el homicidio (19) y el hostigamiento (19).
En cuanto a las agresiones de desaparición, durante el 2023 se documentaron 11 eventos de agresión en los que al menos 19 personas defensoras fueron víctimas de desaparición durante ese año.
Sobre las agresiones letales se tiene registro de 20 personas que perdieron la vida, de los cuales 19 fueron a causa de homicidio y una de una probable ejecución extrajudicial. En términos generales, la cifra de fallecidos es la quinta más alta documentada por el CEMDA, ya que en 2017 se documentaron 29 agresiones letales, en el 2021 se registraron 25, en el 2022 se registraron 24, y en el 2018 fueron documentadas 21.
"Sumando los datos de este año se ha llegado a la cifra de 102 personas defensoras del medio ambiente asesinadas en México a causa de su labor durante el periodo del actual gobierno federal. En suma, en lo que va de este sexenio los casos de agresiones letales en contra de personas defensoras ambientales no han disminuido"
Sobre los estados donde más incidencias hubo, Michoacán es el estado donde se registró el mayor número de asesinatos de personas defensoras, con un total de siete. Le siguieron Guerrero con seis, Oaxaca y el Estado de México con dos cada uno, y los estados de Hidalgo, Sonora y Jalisco con un asesinato.
Respecto a qué comunidad indígena fue la que más agresiones recibió, los nahuas reportaron 20 eventos agresivos, las cuales la mayoría ocurrieron en el marco de proyectos mineros y forestales. En seguida se ubicaron los pueblos mayas de la península de Yucatán con 7 casos; varias de las agresiones en su contra se relacionaron con el Tren Maya; a continuación siguen los pueblos tzeltales y odami con 5 casos cada uno; y el pueblo mixe con 4 casos.
El sector con más eventos de agresión fue la minería, con 30; le sigue el sector de vías de comunicación con 18 casos; y en tercer lugar, el sector forestal con 13 casos. De los 18 eventos de agresión relativos a megaproyectos y obras relacionadas con vías de comunicación, todas fueron por habilitación de vías férreas.
De éstas, 12 eventos se relacionan con el Tren Maya y 6 con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
La ONG dijo estar preocupada porque, de acuerdo con la documentación realizada, el 57.7% de los casos de agresión en el 2023 fueron en contra de personas de pueblos indígenas, lo cual indica que las personas más vulnerables a sufrir agresiones por su labor de defensa de la tierra y del territorio que habitan. También señaló que este dato evidencia el racismo ambiental y la discriminación estructural que prevalecen en el país, "en donde las tierras y territorios de los pueblos originarios son blanco de apropiación por parte de empresas y gobiernos".