El constitucionalista Luis Iriarte inició una acción de amparo contra el Ente de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept) y contra el Gobierno provincial, con el objetivo de que se deje sin efecto el aumento tarifario dispuesto por la resolución N° 271/24, del 116%. "En la resolución que confirma los aumentos, el Ersept indicó que la SAT-Sapem solicitó revisar los plazos de ajustes tarifarios semestrales debido a la aceleración de la inflación. Se rechazó la propuesta de la empresa de adecuar la tarifa al crecimiento del costo de prestación del servicio (estimado en un 500%), se aprobó finalmente la redeterminación del valor de referencia de la matriz de costos para distintos períodos, así como los valores del costo propio de prestación reconocido de SAT, lo que implica un incremento que rondaría el 200%", explica Iriarte, que actúa con el patrocinio de la también constitucionalista Carmen Fontán.
"El nuevo reajuste promedio del 116% en el monto de la tarifa, según lo aprobado por la intervención del Ersept, (es) el segundo aumento en lo que va del año. Desde ya, cuestiono la validez y legitimidad de la probable audiencia pública que se hubiese realizado y sobre la cual se hubiese establecido el primer incremento de este año. Ninguna audiencia pública ni resolución dictada en su consecuencia puede habilitar futuros incrementos tarifarios sin haberse realizado la audiencia pública que diera sustento al nuevo incremento tarifario", advierte Iriarte.
El abogado advirtió que el aumento de la tarifa podría generar que muchos hogares tucumanos dejen de abonar el servicio de agua y de cloacas. "Impugno la razonabilidad, legitimidad y adecuación al estado de pobreza e indigencia en que se encuentra gran parte de la población tucumana con una suba del 116% de la tarifa mensual de la provisión de agua potable y cloacas. Se trata de un brutal incremento, absolutamente desproporcionado que generará, con seguridad, un altísimo nivel de incumplimiento de la nueva tarifa", señaló.
Seguidamente, Iriarte también impugnó la legitimidad y la razonabilidad del importe que quiere imponer el Ersept. "No tuvo lugar la imprescindible audiencia pública de usuarios, con violación grave de los derechos de los usuarios, previstos en el artículo 42 de la Constitución nacional", alertó.
Reprochó, también, que el incremento se haya dado de manera brusca. "Todo reajuste tarifario -con más razón frente a un retraso- debe incorporar como condición de validez jurídica el criterio de gradualidad. La aplicación de dicho criterio permitiría la recuperación del retraso y, a la vez, favorecería la previsión de los usuarios dentro de la programación económica individual o familiar", señaló el constitucionalista.
Iriarte conminó al Gobierno a que no se le cancele el servicio a los deudores. "El Estado debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos, ponderando la realidad económicosocial concreta de los afectados por la decisión tarifaria con especial atención a los sectores más vulnerables", manifestó.
Finalmente, solicitó que no se sustancie la suba tarifaria. "Atento a que el incremento se hará efectivo en la próxima factura pido en forma inmediata se haga lugar a una medida de no innovar, suspendiendo la aplicación del incremento tarifario", expresó.