El popular Alfredo Prada niega haberse enriquecido con el Campus de Justicia
El que fuera consejero de Madrid asegura que cumplió un mandato de Esperanza Aguirre
El exvicepresidente segundo de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada ha negado en el juicio que se enriqueciera con el fallido proyecto de la Ciudad de la Justicia y ha dicho que cumplió un mandato del equipo de la entonces presidenta regional, Esperanza Aguirre, que incluso firmó el contrato con el arquitecto Norman Foster. «Actué de buena fe», ha recalcado Prada —que era también consejero de Justicia—, que ha asegurado que todos los contratos se los daban a la firma los secretarios generales técnicos de su departamento sin que ningún organismo le comunicara jamás irregularidad alguna, y que los que superaban una cierta cantidad de dinero pasaban por el Consejo de Gobierno regional.
La Audiencia Nacional ha reanudado este lunes el juicio a Alfredo Prada y a otros cinco acusados de supuestas irregularidades en contratos adjudicados entre 2005 y 2008 por Campus de la Justicia, la sociedad creada por el Gobierno autonómico del PP de Aguirre para ejecutar el proyecto, que se enfrentan a peticiones de pena del fiscal de seis a ocho años de prisión.
Prada ha estimado que la causa se inició porque en un momento dado a alguien le interesó enviar a la Fiscalía Geneal del Estado un informe de la Cámara de Cuentas «justo la semana crítica en la que Cristina Cifuentes tuvo que acabar dimitiendo» como presidenta de la Comunidad de Madrid «porque la estaban sacando día sí y día también escándalos por el tema de los másteres y las cremas en el supermercado».
Ha recalcado que el proyecto de la Ciudad de la Justicia era un mandato del Gobierno autonómico, una decisión política encabezada por Esperanza Aguirre y la entonces consejera de Hacienda, que le encargaron a él porque lo estaban pidiendo constantemente los entonces presidentes del Consejo General del Poder Judicial y de la Audiencia Nacional, el fiscal general del Estado, abogados y procuradores.
Prada ha relatado que Esperanza Aguirre buscaba un arquitecto de renombre español que iba a ser Santiago Calatrava, «que estaba encantado con el proyecto pero quería hacer los catorce edificios previstos para la Ciudad de la Justicia» ante lo que se negó porque «sería una barbaridad contratarlos todos con una persona».
Ha añadido que entonces Aguirre propuso buscar «al mejor del mundo» y le encargó que se lo propusiera a Norman Foster, que finalmente fue contratado para que proyectara dos de los edificios, los del Tribunal Superior de Justicia y la Audiencia Provincial, por algo más de 13 millones de euros. «Todo lo que superaba una cierta cantidad de dinero iba al Consejo de Gobierno con informe favorable de la Intervención y de los servicios jurídicos».