La Justicia decretó este miércoles que Pablo Ezequiel Acotto y Belén Gutiérrez, autores de las amenazas a Angel Di María y a su familia en Rosario, continúen en prisión preventiva. Además, se dispuso la apertura de los teléfonos celulares de ambos.
La audiencia en la que se dictaminó el fallo comenzó a las 14 horas del miércoles. Allí, la Justicia determinó que sigan en la cárcel los autores de dichas amenazas , perpetradas el pasado 25 de marzo a la madrugada, en uno de los accesos exclusivos del barrio privado Miraflores de Funes, ubicada a las afueras de la ciudad de Rosario.
En adición a eso, se dio a conocer que los detenidos efectuaron las amenazas a cambio de cuatro millones de pesos, contratados por una banda satélite de Los Monos, la banda narco más importante de Rosario.
Al momento de la detención, Acotto tenía encima dos teléfonos celulares y 11.700 pesos. Luego, una vez que registraron su domicilio, encontaron una pistola calibre 22 Bersa -con tres municiones del mismo calibre-, un pendrive, otros dos celulares, 13,5 gramos de cocaína, un reloj y la llave de un auto.
Desde el Ministerio de Seguridad confirmaron que esta banda satélite fue desarticulada. Por otro lado, Tamara Alejandra León, autora intelectual del hecho, fue también detenida. Desde el Ministerio aseguraron que su detención se dio "en el marco de una importante investigación que se lleva a cabo en causas vinculadas al tráfico y venta de estupefacientes". Además, afirmaron que gracias a las escuchas telefónicas, confirmaron que la detenida contrató a Pablo Acotto para amenazar al futbolista.
Para el fiscal Pablo Socca, el hecho –al que calificó de intimidación pública– buscaba "infundir temor y generar conmoción en la población". Y enmarcó la intimidación en la coyuntura que atraviesa la ciudad desde diciembre, donde se cometieron homicidios de trabajadores al voleo y a diario aparecen amenazas al gobierno. Todo ello desde que fueron relocalizados presos de "alto perfil" y del endurecimiento de las condiciones de detención en cárceles provinciales, pero también federales, según la hipótesis de la Fiscalía a Rosario3.com
Al término de la audiencia, el juez Pablo Pinto dictó prisión preventiva efectiva para ambos por el plazo de ley, es decir, un mínimo de dos años hasta un posible juicio. ¿El delito? Amenazas calificadas, intimidación pública y portación de arma.