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El abogado Juan Rivarola contactó con nuestro diario para exponer un insólito caso que le toca intervenir, que es el que afecta a los beneficiarios de una adjudicación del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) en Lima, San Pedro.
Rivarola, quien representa a la Comisión Vecinal de la Colonia Yvype, explicó que Eliodoro Salazar Candia, Rubén Duarte Rojas y Noelia Maldonado Ayala resultaron adjudicados con tierras de la Colonia Yvype, distrito de Lima, San Pedro, a través de la resolución N° 3335/2021 del 3 de noviembre del 2021.
Los beneficiarios tomaron posesión de los inmuebles el 22 de setiembre del 2021, en un acto realizado en presencia de autoridades del Indert y de agentes policiales de la zona.
Llamativamente, este año el ciudadano brasileño Rogério Aparecido de Oliveira presentó una denuncia por supuesta invasión de inmueble ajeno contra los beneficiarios con la adjudicación de tierras por el Indert.
En la denuncia radicada ante la Unidad Penal Nº 3 de Santa Rosa del Aguaray, a cargo del fiscal José Alberto Godoy Blanco, el extranjero se identifica como propietario del Lote N° 14, manzana IX de la Colonia Yvype, distrito de Lima y afirma que varias personas invadieron su propiedad y sindica como responsables a "Mario Duarte Gavilán, Florencio Villamayor y Esteban Villamayor y otros", que son familiares de los adjudicados.
En el marco de las averiguaciones realizadas a partir de la denuncia, el fiscal Godoy convoca a declarar a los ocupantes del inmueble, oportunidad en que ellos explican al fiscal las circunstancias en que ingresaron al mismo y presentan la resolución de adjudicación, los recibos de pagos y el acta de recepción de las tierras, que se materializó en una ceremonia en la que estuvo presente nada menos que la propia presidenta del Indert, Gail González Yaluff, entre otros altos funcionarios del ente.
Indert informó que coordenadas obrantes en el título del denunciante no corresponde al inmueble reclamado
El agente fiscal solicita informe al Indert sobre la propiedad y en contestación a este pedido, el 4 de enero pasado el director departamental del Indert, Humberto Daniel Pereira informa que de acuerdo con el plano georrefenciado presentado por el denunciante,Declaración del denunciante Rogério Aparecido de Oliveira, quien dice que su propiedad ubicada en Lima, San Pedro, fue invadida este año.allí indicadas corresponden en realidad al lote 12 de la manzana III de la citada colonia, y no al 14, manzana IX de la misma colonia.
"Con toda esta información evidentemente lo que se puede constatar es que no existe el hecho punible que se denunció, que es invasión de inmueble ajeno, porque no existen los presupuestos para que se pueda configurar el tipo penal de invasión de inmueble ajeno", explicó Rivarola, tras comentar que cuando sus representados ingresaron a la propiedad en el 2021, no había cultivo de nada y ellos empezaron a trabajar la tierra.
"Para que se configure este delito, en primer lugar la persona que es víctima tiene que ser propietaria. En segundo lugar: tiene que haber un ingreso clandestino o violento y esto tampoco hay, porque estas personas ingresaron legítimamente con autorización de las autoridades nacionales y, además, están respaldadas por una resolución administrativa. Estas personas ocupan estas tierras, están ahí desde el 2021, lo que contradice con la versión del denunciante de que supuestamente en el 2023 ingresaron al cultivo de soja", acotó.
Abogado pide desestimar denuncia por inexistencia de delito
Ante tal situación, Rivarola solicitó la desestimación de la denuncia en representación de Florencio Villamayor y Rubén Duarte, por inexistencia de hecho punible. Sin embargo, para su sorpresa, el fiscal Godoy solicitó al juez de la zona una orden de allanamiento con pedido de detención de los ocupantes del inmueble, motivo por el cual recusó al fiscal.
La recusación fue rechazada por el adjunto y ahora, el caso está nuevamente en manos de Godoy, motivo por el cual los afectados están sumamente preocupados por la decisión que pueda tomar Godoy.
"Acá, categóricamente no existió el hecho punible. La eventual discusión sobre derechos en materia de inmuebles se tiene que discutir en el ámbito administrativo, contencioso administrativo o en el civil. Existen las acciones pertinentes para eso y además, lo poseedores de buena fe tienen derechos, esta persona ni siquiera vive en la zona, reside en Alto Paraná. Por eso es muy llamativo el accionar del fiscal Godoy", explicó Rivarola, quien afirmó que el fiscal se está extralimitando en sus funciones.
"Yo considero que el fiscal Godoy no está actuando dentro de lo que establece la ley. Él debió haber parado la investigación, solicitar la desestimación de la denuncia y que eso se resuelva por los canales correspondientes porque no es materia penal y corremos el riesgo en cualquier momento de que la Policía por orden de fiscal se vaya y le detenga a la gente y logre una situación de hecho, de quitar a la gente del lugar de manera arbitraria y causar un daño irreparable a los adjudicados", acotó Rivarola.