En casi todas las disciplinas artísticas la complejidad, sea natural o gratuita, es una muestra de madurez y, al mismo tiempo, el temprano preludio de la inevitable decadencia, aunque ésta última demore siglos en manifestarse. Basta estudiar el tránsito entre el Renacimiento –una época histórica en la que los artistas anhelaban emular al clasicismo de los antiguos– y el Barroco –un arte basado en el desengaño vital causado por la certeza de las postrimerías– para darse cuenta de que cualquier exceso puede ser leído indistintamente como muestra de riqueza y, a su vez, a modo de preámbulo de un tiempo lleno de calamidades.
Algo similar cabe decir sobre el éxito del turismo en Andalucía, cuyos gobernantes miran con inquietud las manifestaciones que hace una semana llenaron las calles de las Islas Canarias, donde 60.000 personas protestaron por los efectos del turismo masivo. Al grito de 'Canarias tiene un límite', un lema que perfectamente puede exportarse –sin caer en la demagogia– a la gran autonomía del Sur, los isleños protestaban por el impacto, no precisamente favorable, que la industria turística está causando en el mercado inmobiliario, en el tejido comercial y en la conservación de su patrimonio, ya sea cultural o medioambiental.
Las protestas de Canarias no son un calambre. Encarnan una creciente conciencia ciudadana de que el turismo a gran escala –con independencia de la renta de los viajeros–, además de luces (económicas), proyecta sombras (sociales). Son dos elementos que, sin duda, aconsejan un debate político a fondo. El problema es que en Andalucía la derecha no quiere abordarlo.
Su negativa responde a una lógica, pero es partidaria y no casa con el interés general. Lidiar con el descontento social, además, da pavor a Moreno Bonilla, cuyo éxito político en estos cinco años ha sido reinar en el Quirinale sin tener que gestionar nada. Toda una paradoja.
La industria turística, convertida en un mercado más global que nunca gracias a la economía digital, genera miles de millones de ingresos cuya redistribución no es objeto de contrato social alguno. Sin turismo, cualquier territorio, y especialmente Andalucía, perdería una de sus importantes palancas económicas; pero su crecimiento ilimitado dualiza aceleradamente a la sociedad, disparando los precios de bienes básicos, como la alimentación, la vivienda y el ocio, además de fagocitar una parte considerable de los servicios públicos, que se costean con el dinero de los vecinos y, sólo en parte, con la recaudación vía impuestos y tributos.
El PP, igual que en su día el PSOE, se resiste a poner límites a la actividad turística, pero esta cerrazón no va a eliminar el malestar social, que existe. Contribuirá sin duda a incrementarlo, lo mismo que sucede, desde hace ya un lustro, en el delicado ámbito de la gestión sanitaria y las listas de espera. El modelo turístico andaluz, igual que pasa en otras zonas de España, no está diseñado en función de criterios de cohesión y equilibro social.
Al contrario. No existe ningún otro sector productivo que reciba mayores dosis de inversión pública indirecta –vía publicidad, promoción, campañas de imagen, organización de eventos y actividades culturales o de marketing– que el turístico, al que los gobernantes incapaces de fomentar una economía equilibrada recurren para obtener de forma rápida estadísticas que les permitan simular que, gracias a su gobierno, la prosperidad general aumenta.
Las burbujas económicas –y la turística lo es, igual que en 2008 la crisis del ladrillo provocaría la mayor debacle financiera de la historia reciente– son fenómenos de muy difícil manejo. Ningún político quiere frenarlos cuando la fiesta se encuentra en su fase más alta. Cuando revientan, nadie quiere tampoco asumir la responsabilidad por los destrozos.
De los 85 millones de turistas que visitaron España en 2023 –más que Estados Unidos, China e Italia–, casi el doble de la población de derecho, 34 millones pasaron por Andalucía, que tiene 8,5 millones de habitantes. Estas cifras, que la Junta celebra con entusiasmo superlativo, doblan los visitantes que recibe Canarias, aunque se diseminen por un territorio mayor.
La densidad turística es inferior, pero su concentración en el litoral y en los centros históricos de las grandes ciudades –Sevilla, Málaga, Granada, incluso Cádiz– es relevante. El 35% del PIB y el 40% del empleo de Canarias viene del turismo. En Andalucía la aportación del sector a la economía regional es inferior –un 13%– y se estima que los empleos vinculados a esta actividad benefician a 400.000 andaluces.
Son cifras que conviene ser sometidas a un antivirus. Las estadísticas oficiales en esta materia acostumbran a ser mayestáticas y menosprecian los matices. Y el diablo habita en los detalles: el empleo basura o poco cualificado, los sueldos bajos, el saldo fiscal escasamente fiable y la estafa que supone la economía sumergida también forman parte de la radiografía.
La Junta prefiere ignorar todas estas cuestiones: la concentración hotelera y hostelera expulsa población con rentas bajas y medias de las ciudades, encarece el precio del metro cuadrado, sustituye al comercio tradicional y a las tiendas de proximidad por negocios de consumo, transforma el paisaje urbano y tiene un indiscutible impacto ambiental.
El turismo tampoco elimina las bolsas de pobreza histórica –diez de los quince barrios más deprimidos de España siguen estando en Andalucía a pesar de su récord de visitantes– y satura infraestructuras y servicios públicos. Está pendiente de hacer un diagnóstico que establezca una correspondencia rigurosa entre las ventajas y los inconvenientes de la actividad. No es una tarea sencilla. Los operadores beneficiados por la burbuja turística actúan como un lobby frente a una ciudadanía cuyo malestar hasta ahora no estaba organizado.
La Junta no quiere ni hablar de la situación. Gasta cifras inauditas en promoción –sólo la campaña Andalusian Crush costó 38 millones de euros a las arcas públicas autonómicas– y desea multiplicar el número de turistas para mejorar la posición de Andalucía en una competición que ignora el quebranto social, igual que ya sucedió con la crisis inmobiliaria.
En paralelo, San Telmo se niega, en contra del criterio de parte de sus propios ayuntamientos, a implantar una tasa turística, similar a la que se cobra en Barcelona, por considerarla "un impuesto al turismo". "En Andalucía no existe turistificación ni tampoco hay saturación", insiste la presidencia de la Junta.
La dualización social y económica, sin embargo es un hecho: los beneficios de esta' industria' enriquecen únicamente a una parte concreta de la sociedad –empresas y propietarios inmobiliarios, cadenas hoteleras, fondos de inversión, titulares de apartamentos turísticos, bares y restaurantes–, pero ignoran a otra, que sí asume una parte notable de sus costes.
La situación puede compararse con la paradoja que existía en la antigua Roma cuando se construían los inmensos arcos triunfales para celebrar sus épicas victorias militares. Durante los primeros siglos, estas puertas conmemorativas eran relativamente simples. A medida que el imperium se expandió fueron llenándose de esculturas con héroes, frisos y ornamentos.
Con la decadencia, la hojarasca apenas si dejaba ver la estructura de las construcciones. A medida que los bárbaros se acercaban a la capital del imperio, más descomunales eran estos victoriosos monumentos romanos. Aquellos que resistieron al hundimiento de Roma quedaron durante siglos convertido en bellos y románticos monumentos ruinosos en mitad de un erial.