El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha estampado su rúbrica este miércoles sobre el proyecto de ley aprobado ayer en el Senado que comprende un paquete de ayuda militar por valor de 90.000 millones de euros destinados en gran medida a Ucrania, pero también a Israel y Taiwán. Después de permanecer seis meses bloqueado en el Congreso por parte del ala más radical del Partido Republicano, siguiendo instrucciones del exmandatario Donald Trump, el proyecto de ley fue [[LINK:INTERNO|||Article|||6624002e7354b0e4256c48f3|||sometido a debate –y aprobado– el pasado fin de semana]] en cuatro votaciones sucesivas por iniciativa del presidente de la Cámara baja, el republicano Mike Johnson, que hasta hace apenas unas semanas era uno de sus principales detractores.
«Este es un buen día para Estados Unidos, este es un buen día para la paz mundial», declaró Biden, que considera que el paquete de ayuda militar va a hacer a Estados Unidos y el resto del mundo más seguros. «Si nuestros aliados se vuelven más seguros y fuertes, nosotros seremos más fuertes», insistió en su mensaje el inquilino de la Casa Blanca, que ratificó el compromiso adquirido con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, de enviar «inmediatamente» armas y equipos nuevos a Kyiv para repeler el avance ruso en el campo de batalla. Biden garantizó que los fondos de ayuda servirán, además, para reforzar la economía de Estados Unidos, dado que la mayoría de las partidas irán a parar a su industria militar y armamentística.
El paquete también contempla una inyección de 24.000 millones de euros a Israel en un momento en el que la comunidad internacional reclama un alto el fuego en la Franja de Gaza y ante la posibilidad de una operación a gran escala sobre la ciudad de Rafah, en el sur de un enclave palestino ya devastado por los bombardeos. Otros 7.500 millones de euros irán para Taiwán, enfrascado en una histórica disputa territorial con China, así como un proyecto de ley que permite la prohibición de TikTok en Estados Unidos si su matriz china ByteDance no se desvincula de ella y otro que permite al Gobierno federal apropiarse de activos rusos congelados en el país por valor de unos 6.000 millones de euros.
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