Janet Yellen, la experimentada secretaria del Tesoro de EE UU, es popular en China. "Pragmática y menos reticente hacia China que muchos de sus pares", la ha descrito el periódico Global Times, propiedad del oficial Diario del Pueblo. Los representantes del Gobierno de Xi Jinping la han agasajado con banquetes, recepciones e incluso un recorrido en barco por el río de la Perla, la gran arteria de la ciudad de Cantón. Su viaje de esta semana al gigante asiático, días después de la primera llamada en dos años entre los líderes de los dos países, tenía como objetivo continuar con la gradual normalización de las relaciones entre las dos potencias, patente en el último año. Pero también aprovechaba su prestigio para enviar un claro mensaje a las autoridades en Pekín: EE UU mantiene su recelo sobre prácticas económicas chinas, desde su sobrecapacidad en el sector de las energías limpias a las reglas que aplica a las empresas estadounidenses en la competición mutua.
A lo largo de cuatro días de visita, su segunda en menos de un año, la buena prensa de Yellen en el gigante asiático ha sido evidente. Las redes sociales chinas se han deshecho en elogios sobre su excelente manejo de los palillos o su buen gusto al elegir platos típicos cantoneses. Allí se percibe a la economista de 77 años como la última gran representante de una escuela de pensamiento en peligro de extinción: la de aquellos expertos que veían en el crecimiento de China y sus exportaciones baratas a comienzos de siglo una señal positiva que acarrearía el progreso global.
Ni Yellen, ni Estados Unidos, piensan ya así. Si hay algo que une a demócratas y republicanos en un país cada vez más polarizado, es la suspicacia hacia China. Desde la llegada a la Casa Blanca de Biden en 2020, el presidente demócrata ha mantenido los aranceles a los productos chinos que impuso su predecesor, el republicano Donald Trump, y ha adoptado lo que denomina una política de "reducción de riesgo" (derisking): no un imposible desacoplamiento completo, pero sí un aumento de la producción interna en sectores estratégicos —el de las energías limpias, entre otros: también subsidia sus vehículos eléctricos— y una diversificación de las cadenas logísticas para evitar el riesgo de una dependencia de Pekín en áreas clave.
A este principio se suma el de defensa de la seguridad nacional, la premisa a la que Washington se acoge para imponer restricciones a la exportación tecnológica que generan el enfado de China. Una política que Biden indicaba en su conversación con Xi que va a continuar. La preocupación sobre la seguridad nacional fue el argumento que esgrimió EE UU para, en la práctica, expulsar desde 2019 al gigante Huawei del mercado estadounidense (un veto que Pekín interpretó como un intento de eliminar a un rival que le aventajaba en tecnología 5G).
La seguridad nacional también es la razón que alega la Cámara de Representantes para haber aprobado un proyecto de ley que obligaría a la propietaria china de TikTok, ByteDance, a vender la popular aplicación de vídeos cortos, que utilizan 170 millones de estadounidenses, en un plazo de seis meses. La medida está pendiente de votarse en el Senado, donde aún no hay fecha para ello y no está claro que los legisladores quieran que la haya. Pero Biden ha declarado que, si resulta aprobada en la Cámara Alta, la firmará para convertirla en ley.
De manera oficial, los dos países están de acuerdo en la necesidad de mantener abiertas las líneas de comunicación y preservar la mayor relación económica bilateral del mundo, que solo el año pasado intercambió 575.000 millones de dólares en bienes y servicios. Pero, en la práctica, la suspicacia es mutua.
Hace una semana, la Administración Biden reforzaba las normas destinadas a dificultar el acceso de China a los chips de inteligencia artificial y las herramientas para fabricar semiconductores punteros, con el argumento de la seguridad nacional. A finales de marzo imponía sanciones contra supuestos piratas informáticos chinos por su participación en una campaña de ciberespionaje que presuntamente afectó a millones de personas. Londres y Washington consideran a esos hackers como un brazo del aparato de seguridad del Estado chino. La semana pasada, Pekín respondía a las críticas estadounidenses sobre su protección al sector de los productos de energías limpias con una demanda ante la Organización Mundial del Comercio, en la que alega que las políticas de subsidios a los vehículos eléctricos de Estados Unidos son, a su vez, discriminatorias.
La desconfianza quedaba en evidencia en el relato de cada Gobierno sobre la llamada entre los dos presidentes. Xi reprochaba a Biden que las restricciones que Estados Unidos impone a la exportación de tecnologías punteras al gigante asiático "crean riesgos" para las relaciones bilaterales y China "no se quedará quieta" si esas limitaciones continúan o aumentan. Según la Casa Blanca, el presidente estadounidense planteaba a su homólogo chino las "políticas injustas y prácticas económicas no de mercado" de Pekín.
Y eso es lo que Yellen venía a transmitir en sus entrevistas con las autoridades chinas, incluido el nuevo zar económico, el viceprimer ministro He Lifeng. La secretaria del Tesoro se centraba especialmente en un problema recurrente: la sobrecapacidad china y el recurso a la exportación tras haber saturado el mercado interno.
Hace un lustro, el exceso de producción chino durante su gran boom inmobiliario generaba protestas en Estados Unidos y la Unión Europea sobre la sobreabundancia de acero y aluminio. Recientemente, China ha optado por dar prioridad a la fabricación de lo que califica de "nuevas fuerzas productivas", con las que aspira a lograr este año un crecimiento del 5%: productos de energías limpias —vehículos eléctricos, paneles solares, baterías de litio— y semiconductores que, artificialmente baratos según Washington, inundan ahora los mercados globales y se están convirtiendo en un problema mundial.
El uso de la producción china de semiconductores se ha desplomado del 78% al 57% en 2022 y sus manufacturas de baterías de ión de litio alcanzaron 1,9 veces el volumen de las instaladas en el mercado interno en 2022, según un informe de la consultora Rhodium Group. "Más allá de esos casos, la sobrecapacidad afecta ahora a todo el sector industrial. A comienzos de 2023, el uso de la capacidad agregada cayó por debajo del 75% por primera vez desde el peor punto en el último ciclo de sobrecapacidad en China en 2016, con una pequeña recuperación desde entonces", agrega el documento.
"La sobrecapacidad no es un problema nuevo, pero se ha intensificado y vemos riesgos emergentes en sectores nuevos", declaraba la secretaria del Tesoro en un discurso ante representantes de la Cámara de Comercio estadounidense en Cantón. Yellen alegaba que la avalancha de productos chinos perjudica a los productores en otros países, e instaba a Pekín a estimular el crecimiento interno y abandonar los subsidios estatales para mantener en funcionamiento empresas y sectores que de otro modo fracasarían.
China, según alega el Gobierno estadounidense, acumula un tercio de la producción global mundial pero solo una sexta parte del consumo.
El exceso de capacidad fue, según la Casa Blanca, también uno de los asuntos en los que se centró Biden durante la conversación con Xi, en lo que, según Dominic Chiu, de la consultora Eurasia Group, "podría ser un adelanto de una respuesta política estadounidense más dura antes incluso de las elecciones" presidenciales de noviembre. "Fuentes estadounidenses aseguran que 'habrá medidas' llegados a cierto punto", añade el analista.
Otros expertos también consideran probable que las críticas en voz cada vez más alta del Gobierno estadounidense contra el modelo de subsidios y exportaciones chinas puedan anticipar un posible aumento de los aranceles sobre los productos de energías limpias chinas para defender la industria doméstica estadounidense.
A lo largo de su viaje, Yellen ha evitado plantear nada que pudiera parecer una amenaza de nuevos aranceles. Están frescas aún las consecuencias de la guerra comercial desatada entre los dos países en la era Trump, que según apunta Ryan Haas, experto en política china del think tank Brookings Institution, costó más de 300.000 empleos en Estados Unidos. Pero la secretaria del Tesoro sí indicó que no descarta más medidas para proteger de las exportaciones baratas chinas las cadenas de suministro estadounidenses para baterías o los vehículos eléctricos.