CARACAS.- El régimen chavista allana el camino para justificar la detención de la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, al vincularla con una presunta trama de "conspiración continuada", que tendría el objetivo de generar "acciones desestabilizadoras" y asesinar al dictador Nicolás Maduro.
En declaraciones ofrecidas a la prensa, el fiscal general chavista, Tarek William Saab ofreció un balance sobre la operación "atentado frustrado", que involucra a dos sujetos a quienes han intentado vincular a Machado, que supuestamente fueron detenidos el 25 de marzo en los alrededores de la Plaza Diego Ibarra de Caracas, a 20 metros de la tarima presidencial, cuando se preparaban para atentar contra la vida de Maduro, tras su inscripción ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Saab presentó las confesiones de Carlos Eduardo Castillo y Jerry Argenis Ostos Perdomo, quienes en calidad de "testigos y colaboradores", señalaron al periodista y activista de los derechos humanos, Carlos Julio Rojas, como "operador político-logístico e instigador" del último de los presuntos atentados contra Maduro, que habría actuado bajo las órdenes de Machado, en el marco de un plan denominado "hasta el final", lema que ha utilizado la opositora en su campaña electoral.
El fiscal chavista insistió que en sus testimonios ambos ciudadanos, que fueron imputados por los delitos de terrorismo, asociación, magnicidio en grado de tentativa, instigación al odio y porte ilícito de arma de fuego en lugares prohibidos, afirmaron ser activistas políticos de Vente Venezuela, organización política liderada por Machado.
Sin embargo, esta vinculación quedó desmontada por una investigación periodística de Infobae, que reveló que los sujetos son en realidad militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Siendo Ostos Perdomo quien tendría mayor relación con las altas esferas gubernamentales, al ser subalterno de José David Cabello Rondón, (hermano de Diosdado Cabello) por vía del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) el ente recaudador de impuestos del país.
Puesta en escena
Desde inicios del 2024, el régimen de Nicolás Maduro ha denunciado una serie de "planes conspirativos" que, según sostiene el fiscal chavista, corresponden a un "conspiración continuada" ideada por una "misma cabeza y autoría material e intelectual dentro y fuera del país".
Estos supuestos planes conspirativos habrían comenzado con la operación "Alta Conspiración", seguido de los casos "Espionaje Guasdualito", "La Viñeta", "Espionaje Fortunato" y, por último, el plan "Brazalete Blanco".
Por la operación "Brazalete Blanco" han detenido a 17 ciudadanos, incluidos seis miembros del comando de campaña de Machado, entre ellos, los dirigentes nacionales Henry Alviárez y Dignora Hernández; y a la abogada y activista de derechos humanos, Rocío San Miguel.
"Atentado frustrado"
Ahora, la Fiscalía estaría investigando el plan "atentado frustrado", en el que se menciona por primera vez, sin censura y de manera reiterada el nombre de María Corina Machado, en boca de los supuestos magnicidas.
Tanto Ostos Perdomo como Castillo aseguran que fueron reclutados por Carlos Julio Rojas como dirigentes parroquiales de Vente Venezuela, e incluidos en un grupo de WhatsApp por el cual se enviaban, en principio, las líneas de acción y se convocaban a reuniones, hasta que ambos fueron agregados un "grupo especial" que llevaría a cabo la operación "hasta el final".
Los sujetos, que fueron detenidos con dos pistolas calibre 9 milímetros y calibre 7.65 milímetros, habrían recibido entrenamiento sobre manejo de armas de fuego y preparación de bombas molotov, con el objetivo de generar violencia, acciones de calle, sabotear el sistema eléctrico, atacar las instituciones gubernamentales y empresas básicas del Estado, y asaltar cuarteles.
Esto, según los testimonios, con el fin de llamar la atención de la comunidad internacional, al generar una "falsa debilidad" en el régimen de Maduro, y que países extranjeros intervinieran a Venezuela. "La coartada es simular que están participando en un evento electoral y propiciar acciones que atenten contra la paz y el estado de derecho", aseveró el fiscal chavista. El pago por esto habría sido de 10.000 dólares.
Reedición de las guarimbas
En sus declaraciones, Carlos Eduardo Castillo agrega que el comando de campaña de la líder opositora estaría ejecutando una reedición de las denominadas "guarimbas", una serie de protestas antigubernamentales registradas en el país en 2014 y 2017, en la que fallecieron cientos de ciudadanos, casos por los cuales la Corte Penal Internacional (CPI) investiga hoy a altos funcionarios de la dictadura chavista.
El 25 de marzo, de acuerdo con Castillo, tenían la orden de "disparar contra las masas en Caracas" para que tuvieran miedo de asistir a las concentraciones chavistas, cada vez más menguadas por el rechazo que recibe la cúpula gobernante.
"La intención de María Corina Machado fue clara, para que el mundo crea que lo rechaza su propia gente (a Maduro) y decir que el país es ingobernable para que María Corina Machado se inscriba ante el CNE", agregó.
Con el supuesto plan "hasta el final", que sería puesto en marcha con el presunto magnicidio de Maduro, generarían "guarimbas" en las carreteras, autopistas y sabotear el sistema eléctrico para "volver al caos, el miedo y la violencia" de 2014 y 2017, según el detenido.
Conversaciones de WhatsApp
Saab respaldo los testimonios de Ostos Perdomo y Castillo con capturas de pantalla de las supuestas conversaciones de WhatsApp con Carlos Julio Rojas, en las que se hablaba de estos planes conspirativos.
Con base en estas "confesiones", Saab indicó que el Tribunal 2° de Control con competencia en Terrorismo libró el 14 de abril una orden de aprehensión en contra de Rojas, que fue materializada la tarde del martes 15, por sujetos vestidos de negro y sin identificación de órganos policiales, por los delitos de asociación, terrorismo, conspiración, instigación a delinquir y magnicidio en grado de tentativa.
Mencionó, además, que el periodista, que ha encabezado innumerables protestas ciudadanas al noroeste de Caracas en los últimos años por salarios dignos y servicios públicos de calidad, tenía dos investigaciones previas de los años 2015 y 2022, y se encontraba "prófugo" de la justicia, con orden de aprehensión acordada en diciembre de 2017.
Saab, quien adelantó que vendrían más órdenes de aprehensión, señaló que la Fiscalía continuaría por el "camino de mantener la paz" en el país caribeño para asegurar que el 28 de julio se viva "un evento electoral trascendente que marcará un hito en la historia democrática del hemisferio occidental".
FUENTE: Con información del Ministerio Público venezolano