Los jueces de la Corte Suprema se mostraron divididos acerca de la aplicación a uno de los participantes en el asalto al Capitolio en 2021 de una ley cuya interpretación podría afectar a uno de los juicios del expresidente Donald Trump.
En los alegatos, los jueces más progresistas, en minoría, respaldaron la posición del Departamento de Justicia (DOJ), Jospeh Fischer, estuvo implicado en el intento de interrumpir la oficialización de la victoria electoral del demócrata Joe Biden.
Fischer, un exoficial de policía de Pensilvania, es uno de los más de 300 acusados por el Gobierno federal por la obstrucción del proceso oficial, junto con otros crímenes, cuando una turba irrumpió violentamente en el Capitolio e interrumpió, por poco tiempo, la certificación del escrutinio de los comicios de 2020.
Por su parte, los magistrados más conservadores manifestaron sus dudas sobre si para este caso se puede recurrir a una ley de 2002 que penaliza la obstrucción o adulteración de pruebas y la obstrucción de procedimientos oficiales.
DOJ, que argumenta que la presencia no autorizada de Fischer dentro del edificio gubernamental impidió la certificación del resultado electoral, ha obtenido condenas o admisiones de culpa para más de 150 participantes de la revuelta.
El fiscal especial Jack Smith, quien encabeza la investigación de la responsabilidad de Trump del alzamiento de sus seguidores, incluyó la obstrucción de un procedimiento oficial adicionalmente a los cuatro cargos que enfrenta sobre el candidato presidencial republicano.
Fischer alega que la interpretación que el gobierno hace de la legislación es demasiado extensa y sin precedentes, y dice que la cláusula acerca de la obstrucción de un trámite oficial debe aplicarse solo a la destrucción o adulteración de evidencias en casos de delitos financieros a los que se refería en un principio la ley.
Conocida como Ley Sarbanes-Oxey y promulgada en 2002, fue la respuesta al escándalo financiero y contable de la compañía de energía Enron cuyos ejecutivos fueron acusados de fraude, terminaron en bancarrota.
Hasta el momento, 14 de los 15 jueces federales en el Distrito de Columbia que han sopesado casos que implican a participantes en el asalto, acusados por obstrucción de un trámite oficial, han permitido la aplicación de esa legislación.
La fiscalía señaló que antes de asalto al Capitolio, Fischer había enviado mensajes a sus conocidos que los integrantes del Congreso "no pueden votar si no respiran", y que tal vez necesitaría que su jefe de policía "pagará la fianza porque puede haber violencia".
Igualmente, la Fiscalía mantiene que Fischer incitó a otros participantes para que "cargaran y sostuvieran la línea", y que fue parte de la multitud que empujó a la policía del Capitolio.
Fischer argumenta que él llegó al Capitolio luego de que la sesión conjunta del Congreso, que debía certificar el escrutinio electoral, había hecho una pausa, y que estuvo en el edificio solo por unos minutos.
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