La decisión del gobierno de Javier Milei de obligar a las empresas de medicina prepaga a retrotraer el precio de las cuotas empezó a madurar en marzo, cuando en el Gobierno comenzó a prestar atención al impacto que el ajuste tiene sobre la clase media, ese segmento de la población que es clave para el apoyo social que pese a todo mantiene el Presidente y al que se intenta dar una señal de alivio con la medida.
En rigor, la decisión del Ministerio de Economía de exigir a un grupo de empresas del rubro que retrotraigan los montos de las cuotas a diciembre de 2023 y recalculen su valor ajustándolo por inflación hacia adelante representa un giro en el discurso oficial sobre la no intervención del Estado en el mercado, especialmente en uno que había sido desregulado por el "mega DNU" de Milei.
Hubo un debate dentro del Gobierno, en voz baja y con anterioridad a que el ministro de Economía, Luis Caputo, instalara públicamente el tema al afirmar que las prepagas "le están declarando la guerra a la clase media". Ese debate giraba en torno a la posibilidad de controlar uno de los primeros efectos del DNU 70/2023 que ideó Federico Sturzenegger, hombre de consulta de Milei.
Finalmente, se impuso la idea de dejar momentáneamente de lado el prurito ideológico y adoptar una posición pragmática al tratar de compensar la fuerte suba de las tarifas de luz y gas, que también pega fundamentalmente en la clase media, con una pelea frontal con las empresas de medicina prepaga.
Este cambio tiene una orientación mucho más política que económica, según se desprende del discurso oficial, dentro del cual Caputo celebró la medida como "un gran alivio para la clase media" mientras el vocero presidencial Manuel Adorni subió a Milei a ese "éxito" como la cabeza de una pelea contra cualquier "maniobra especulativa".
Milei y las prepagas: como se gestó el giro del Gobierno
Como adelantó iProfesional en marzo, antes de que Caputo saliera a instalarlo, ya en ese momento un sector del Gobierno había puesto la mira en las prepagas. En algunos despachos de la Casa Rosada reconocían que el tema estaba "en el radar por el impacto que genera" en la clase media y que "haber liberado el mercado sin haber hecho previamente otras cosas genera un problema".
Sin embargo, mientras esa visión empezaba a correr por los pasillos de la Casa de Gobierno, Milei justificaba todavía el incremento de las prepagas al considerar que aquellos que no puedan hacerle frente "no lo convalidarán con demanda". Es decir, se darían de baja, algo que efectivamente empezó a ocurrir. El Presidente mantenía así su línea ideológica de no intervención.
Lo que ocurrió desde entonces hasta hoy fue que la presión que empieza a sentir Caputo para mostrarle resultados fiscales positivos a Milei y una mejora de los indicadores en los próximos meses lo obligan a habilitar otros aumentos, especialmente en las tarifas de gas y luz, que se combinaban con los exorbitantes incrementos de las prepagas que para abril ya alcanzaban un 160% en cinco meses y prometían seguir.
Esto encierra un problema político para el Gobierno, donde según fuentes oficialistas consultadas por iProfesional entienden que "las capas medias, que no tienen contención, están pagando buena parte del reacomodamiento" y son, a su vez, el segmento social donde hay mayor "voluntad de aguantar" a pesar de la notoria caída del poder adquisitivo que generan las medidas.
En el oficialismo señalan que "la gente identifica que efectivamente hay un propósito" y que "no es ajuste por ajuste", pero también hay quienes consideran que el Gobierno necesita contener de alguna manera a ese sector que le da el sustento político que no tiene, por ejemplo, en el Congreso, para que no se le vuelva en contra antes del rebote que espera Milei.
La tensión entre Caputo y Sturzeneggger: ¿hay una interna en el Gobierno?
Con ese espíritu se impuso finalmente la decisión de avanzar con la resolución que apunta a la Unión Argentina de Salud (UAS), donde Claudio Belocopitt renunció el martes como presidente de la entidad en medio de la presión del Gobierno, y afecta a siete empresas del rubro, además de una cautelar presentada por la Superintendencia de Servicios de Salud "para obligar a las empresas que concentran el 90% (del mercado) a retrotraer y devolver el monto por encima de la inflación".
En el anuncio oficial, Adorni remarcó que "el gobierno del presidente Javier Milei no va a convalidar maniobras especulativas bajo ningún punto de vista, la Argentina de la avivada se termino el 10 de diciembre", lo que deja en claro el objetivo eminentemente político de la medida adoptada.
Pero la decisión dejó planteada una tensión dentro del Gabinete, entre Caputo y Sturzenegger, ideólogo del "mega DNU" que desreguló el mercado de la medicina prepaga y habilitó los aumentos de las empresas. A uno Milei le encargó el manejo de la macroeconomía y le exige resultados concretos, mientras que al otro lo mantiene como asesor cercano, con despacho propio en la Casa Rosada.
Días atrás, luego de que Caputo afirmara que las prepagas "le están declarando la guerra a la clase media", Sturzenegger se diferenció al considerar que hay un "reacomodamiento" de precios que "ha sido doloroso" pero que no amerita "echar la culpa a quienes están ordenando la situación", al tiempo que señaló que "hay que confiar en el mercado".
El economista se mantuvo así en la línea discursiva y de pensamiento del propio Milei, pero finalmente esa idea perdió la pulseada en lo que respecta a las prepagas. La visión de Caputo se impuso sobre la de Sturzenegger, dos figuras de la administración libertaria que arrastran una relación tensa desde su paso por el gobierno de Mauricio Macri.
La tensión quedó ahora patentada en la decisión de obligar a las empresas de medicina prepaga a retrotraer los valores de las cuotas, en un giro pragmático con el que el gobierno de Javier Milei busca aliviar en alguna medida el ajuste sobre esa clase media a la que necesita mantener, si no de su lado, al menos no en contra durante el mayor tiempo posible.