Es bien sabido que la mayoría de naciones asiáticas no cumplen con los estándares de libertad que se exige, entre otros, al mundo de los medios de comunicación. En China, por poner sólo uno de los peores ejemplos, un periodista podría penar sus días a la sombra, como un corresponsal ver cancelada su acreditación según se traten asuntos, generalmente políticos, de una forma u otra. En India, más de lo mismo. Y en Vietnam. Ya no digamos en Birmania. Por lo que se asume que Tailandia no debe ir muy rezagada en esta dramática clasificación de países contrarios a al menos tratar de decir la verdad o permitir la posibilidad.
Hoy, en el primer día del juicio a Daniel Sancho, lo que se venía rumoreando ha pasado a ser oficial: se ha prohibido la entrada a todos y cada uno de los periodistas y camarógrafos que, llegados desde España, Bangkok, Pekín o Shanghái, tratamos de cubrir el caso más mediático de los últimos años. La desgracia incluso ha subido de tono, cuando Juan Gonzalo Ospina, abogado de la familia Arrieta, ha informado a los allí congregados, en la intemperie de un intenso sol alejado de todo eclipse –un cámara ha tenido que ser recogido del asfalto por una ambulancia tras haberse desmayado– de que el juez del caso considerará delito grave, que incluso podría conllevar pena de prisión o deportación, el exponer en público, esencialmente en medios de comunicación, los detalles de un juicio que por razones sin sentido se hace a la sombra, alejado de toda luz y taquígrafos. ¿Qué querrá ocultar el juez, el gobierno tailandés o vete tú saber quién, para tener que no sólo amonestar sino amenazar a los sólo 25 asistentes que hoy fueron testigos de la primera sesión judicial, donde estaba presente el cónsul español Ignacio Vitórica, que no abrió la boca para defender el derecho a la información?
Debe saberse que a la vez que todos los representantes de medios éramos ninguneados uno, al menos, puedo acceder a la sala. Se trataba de la agencia Efe que, por medio de su delegado en Bangkok, Ramón Abarca, pudo participar desde el inicio de las declaraciones, aunque nadie sabe aún el porqué, ni con qué permiso accedió a la corte teniendo en cuenta que todos los allí presentes, y tras solicitar al tribunal además de a la embajada de España permisos desde hace meses, fuimos completamente ignorados. Tampoco se ha hecho público el que, tras la queja de un periodista tailandés, ofendido porque un extranjero sí podía ejercer su trabajo dentro del juzgado, pidiera las explicaciones suficientes como para que, tras el parón por el almuerzo, Ramón Abarca dejara el juzgado. No han trascendido las razones ni de su asistencia inicial como tampoco de su salida durante la vista.
Lo que sí que ha quedado claro es la absoluta dificultad para poder ejercer el derecho a informar, en una actitud matona por parte de las autoridades tailandesas, que no sólo acordonaron buena parte de la zona, para que la distancia con la entrada fuera aún mayor, sino que no acondicionaron siquiera un espacio –la clásica sala con monitores– para que al menos pudiéramos ejercer nuestro derecho a trabajar en unas condiciones mínimas cuando en realidad hemos pasado diez horas buscando no sólo declaraciones sino sombras ante el tremebundo calor.
Coincide este desprecio con el anuncio del documental del caso que HBO hoy emite. Según fuentes especializadas en este tipo de asuntos, Rodolfo Sancho ha podido llegar a cobrar 1'2 millones de euros por permitir que sus declaraciones se hayan convertido en una serie de cuatro episodios de la que sólo sabemos parte del primero.
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