El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció esta semana que el polémico contrato del proyecto piloto de cargue lateral de Emvarias —filial de EPM— para el manejo de basuras en dos comunas de la ciudad por 199.600 millones de pesos "no va".
"Desde principio de año veníamos estudiando ese contrato cuestionado por entes de control y diferentes entidades. Ya se revisó y el contrato no va. Estamos concentrados en resolver el problema del relleno sanitario La Pradera", afirmó Gutiérrez en declaraciones a medios.
El proceso tiene que ver con el arrendamiento de la flota vehicular y equipos para el desarrollo del proyecto de recolección de basuras que fue propuesto e impulsado en su momento por el exalcalde Daniel Quintero.
En septiembre pasado, pese a las advertencias de los organismos de control y medios de comunicación, incluido EL TIEMPO, Empresas Varias de Medellín adjudicó el contrato a la firma Themac Colombia S.A.S.
Se trata de una empresa vinculada al catalán Manuel Grau Pujadas, cercano a la casa de Nariño y amigo de la familia del presidente Gustavo Petro.
Según los registros de contratación a los que accedió este diario, la oferta fue aprobada por el comité de contratación el pasado 18 de agosto y notificada el 15 de septiembre. Sin embargo, la minuta del contrato —que debía aportar Themac junto con las pólizas de garantía— nunca se firmó.
Vale la pena mencionar que el millonario proyecto tenía una ejecución prevista de 7 años, sin superar el 2030, y se desarrollaría en las comunas La Candelaria y Laureles, según consta en documentos de Emvarias.
En su momento, diferentes sectores señalaron lo inconveniente del proceso al tratarse de una prueba piloto de alto costo que tendría un impacto reducido si se considera que solo abarcaba dos comunas entre las 16 que tiene Medellín. La empresa, por su parte, justificó la contratación al indicar que era de un cambio de paradgima en la recolección de residuos.
En un concepto técnico, Emvarias argumentó que el nuevo modelo permitiría mayor eficiencia en el servicio de aseo con la utilización de contenedores de basuras. "Esta modalidad de recolección permitirá a la ciudadanía la disponibilidad 24/7 de contenedores para el acopio de residuos ordinarios, de manera organizada, evitándose la acumulación de estos residuos en espacios públicos", señaló la empresa.
Desde agosto de 2022, la Junta Directiva de Emvarias autorizó la celebración del contrato para el proyecto piloto. La empresa recibió varias ofertas y una vez evaluadas las propuestas decidió continuar el proceso mediante negociación directa con Themac Colombia S.A.S.
Tras un nuevo aval por parte del órgano directivo, debido a que la nueva propuesta superaba el valor aprobado previamente; la Procuraduría General de la Nación le pidió a Emvarias suspender el trámite, solicitud que fue acogida.
A principios de agosto se adelantó una mesa de trabajo con el organismo de control en donde se expusieron los detalles técnicos y financieros del proyecto.
Y pese a que Emvarias remitió a la Procuraduría sus estados financieros para despejar algunas dudas, los documentos no permitieron "adelantar un análisis acucioso y riguroso", por lo que se realizó una nueva solicitud de información.
Aún así, la gerencia de la empresa decidió continuar con el proceso y así lo comunicó al organismo de control mediante un comunicado.
Aunque hasta diciembre pasado la Procuraduría no había emitido ningún pronunciamiento sobre el contrato, en las últimas horas se conoció que una solicitud de la entidad fue clave para frenar el proceso.
Según explicó el organismo de control, la decisión obedeció a los riesgos financieros que evidenció para seguir adelante en el proyecto. Desde la Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública se encontraron riesgos de inestabilidad financiera con la implementación del piloto.
La actuación preventiva evidenció la ausencia de información que soportara una debida gestión de los recursos públicos en la aplicación del proyecto piloto de cargue lateral y la observancia de los principios de la función administrativa en el trámite contractual.
Fue así como la empresa tomó la determinación de frenar la contratación con la firma del catalán Grau.
La actuación de la Procuraduría no fue la única contra este proceso. En noviembre pasado el juzgado 27 administrativo oral del circuito de Medellín admitió una demanda de protección de los derechos e intereses colectivos en contra de Emvarias, presentada por el Sintraemvarias, por la adjudicación del contrato.