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La "impunidad" y los intereses económicos detrás de invasiones de tierras siguen impulsando la violencia contra defensores de derechos humanos en Brasil, advirtió ayer viernes de visita en el país la relatora de Naciones Unidas Mary Lawlor.
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"Los defensores de derechos humanos están bajo una amenaza extrema en Brasil", dijo Lawlor en una rueda de prensa en Brasilia.
"El gobierno federal lo sabe, pero hasta ahora no ha creado las estructuras necesarias para protegerlos adecuadamente y abordar las causas profundas de los riesgos que enfrentan", añadió la experta.
Lawlor, relatora de la ONU para defensores de derechos humanos, cerró en la capital una gira de once días que incluyó otras regiones de Brasil, donde se reunió con autoridades y activistas.
Tras visitar los estados de Bahia, Pará, Sao Paulo y Mato Grosso do Sul, la experta resaltó las amenazas que se ciernen especialmente sobre las comunidades indígenas y quilombolas, como se denominan a los descendientes de esclavos fugitivos de los siglos XVII y XVIII.
"La demarcación y la titularidad de la tierra es lo que hace falta para garantizar que se detengan los ataques y asesinatos de defensores de derechos humanos", dijo Lawlor, que debe presentar su informe final ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo de 2025.
Desde que volvió al poder en enero de 2023, el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva retomó la demarcación de nuevas tierras indígenas, una práctica que había sido abandonada por su antecesor de extrema derecha, Jair Bolsonaro (2019-2022).
Hasta el momento, han sido demarcadas diez nuevas tierras indígenas, incluidas dos anunciadas el jueves.
Para la experta de la ONU, las empresas y mercados ayudan a atizar los conflictos con prácticas "extractivistas, neocoloniales y depredadoras".
"Las grandes compañías llegan y comienzan a sembrar (...) con tala ilegal. Y una vez que despejan la tierra traen el ganado", afirmó.
"Pisotean los derechos históricos de los pueblos, para satisfacer su propia codicia, su propio deseo de lucro, y no se detienen ante nada", agregó.
Y cuando los activistas son atacados, los presuntos perpetradores no son llevados a la justicia aunque muchas veces son públicamente conocidos, afirmó Lawlor al subrayar una "impunidad endémica" en Brasil.
La relatora de ONU también apuntó fallas en el mecanismo oficial de resguardo para activistas amenazados, al indicar que algunos fueron atacados o asesinados a pesar de estar bajo protección gubernamental.
"Llamo al presidente Lula y todos los niveles de gobierno a combatir las fuerzas que están determinadas a proteger sus intereses corruptos y capitalistas", señaló.
Entre 2019 y 2022, 169 activistas de derechos humanos fueron asesinados en Brasil, según un informe de las ONG Terra de Direitos y Justiça Global. AFP