ERC ha registrado una moción en el Congreso de los Diputados para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que la Generalitat de Cataluña recaude el 100% de los impuestos que se pagan en la región, como pasa en el País Vasco. Esta propuesta se votará en la semana del 23 de abril, unas semanas antes de las elecciones autonómicas catalanas que tendrán lugar el próximo 12 de mayo. Los separatistas buscan también que el PSC, la marca electoral del PSOE en Cataluña, se pronuncie sobre esta cuestión.
El texto registrado por ERC en el Congreso, liderado por Gabriel Rufián, insta al Ejecutivo de Sánchez a «impulsar las modificaciones legales oportunas para que Cataluña tenga un sistema de financiación en que la Generalitat recaude y gestione todos los impuestos que pagan los catalanes y catalanas y, posteriormente, efectúe al Estado las trasferencias oportunas por los servicios prestados en Cataluña y en concepto de reequilibrio territorial».
Esta propuesta ya fue presentada hace casi un mes por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, que busca salir reelegido tras los comicios del 12 de mayo. El Ejecutivo catalán quiere una «financiación singular», como es el caso del País Vasco, y gestionar el 100% de los tributos, frente al 9% de lo que recauda ahora. Actualmente, la Generalitat de Cataluña gestiona más de 25.000 millones de euros en impuestos, tanto cedidos como compartidos. Con esta propuesta, Cataluña busca gestionar más de 52.000 millones de euros.
«Expolio o independencia»
La moción de ERC es consecuencia de la interpelación que hizo la formación separatista esta semana a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La portavoz adjunta de ERC, Teresa Jordà, defendió que el «el actual sistema de financiación es una losa para Cataluña» al estar «obsoleto» y por ser «del todo injusto».
«Cataluña vive muy por debajo de sus posibilidades por culpa del expolio fiscal que sufre y que hipoteca nuestra capacidad productiva. Sólo hay una disyuntiva posible: o expolio o independencia», afirmó Jordà.
La ministra de Hacienda, por su parte, rechazó el uso de términos «despectivos» como hablar de «expolio» y ya le avisó de que la reforma del sistema de financiación deberá hacerse «en el conjunto del régimen general» y no «con un concierto específico y un cupo catalán».
En su réplica, Montero reconoció que la financiación autonómica no es un «debate pacífico» porque los representantes autonómicos se sitúan en posiciones «de máximos» y hay que buscar el interés general del conjunto del país, pero en todo caso ofreció a ERC «mano tendida» llegar a un acuerdo.
La iniciativa de ERC se debatirá en el próximo Pleno del Congreso, previsto para la semana del 23 de abril, unos días antes de que arranque la campaña de las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo. El Gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE tendrán que pronunciarse sobre esta cuestión.
El PP ya se adelantó llevando a votación esta semana al Pleno del Congreso otro texto sobre la propuesta de Pere Aragonès, en su caso para rechazarla, pero no salió adelante y fue derrotado por la mínima por el PSOE y sus aliados parlamentarios.
«Negociación política»
La Generalitat de Cataluña, en caso de lograr que Sánchez ceda con esta cuestión, daría posteriormente un cupo al Gobierno de Pedro Sánchez bajo dos condiciones: el primero serían «los servicios e inversiones» que el Ejecutivo haga en Cataluña y, segundo, los recursos destinados a «un fondo de solidaridad territorial». Según la consejera de Economía catalana, existe una transferencia similar de este cupo en el sistema actual de financiación autonómica. La cuantía total de esos dos fondos tendrían que ser negociadas entre la Generalitat y el Gobierno central. «Son métricas que han de ser objeto de negociación política», defendió hace casi un mes la consejera de Economía y Hacienda del Gobierno catalán, Natàlia Mas.
En la propuesta presentada por Pere Aragonés no se establecen porcentajes, aunque el Gobierno catalán siempre ha defendido «la necesaria reducción» del déficit fiscal catalán. Según el Govern, los cálculos de este déficit ascendería a 22.000 millones de euros.
Actualmente, el Ejecutivo catalán recauda la mayoría de los impuestos de la región y transfiere posteriormente una parte al resto de autonomías. Fuera de este régimen común de financiación autonómica se encuentran País Vasco y Navarra. Estas dos comunidades se rigen por el régimen foral, por lo que recaudan la totalidad de los impuestos a cambio de abonar un «cupo» que posteriormente transfieren al Estado