En la mañana de este lunes 8 de abril la Fiscalía General Penal Militar y Policial logró que fuera condenado el subintendente Anderson Montoya Chala a cuatro años de cárcel por prevaricato por omisión en concurso homogéneo y sucesivo con concusión, según conoció EL TIEMPO conoció en primicia.
Montoya Chala, de 36 años, nació en Copacabana, Antioquia, y laboraba en la dirección de Tránsito de la Policía de Bogotá.
¿Qué fue lo que pasó?
De acuerdo con la reconstrucción de los hechos que presentó la Fiscalía Penal Militar y Policial, en la madrugada del 13 de diciembre de 2023 una mujer, "quien había ingerido unas cervezas, salió conduciendo su motocicleta y a la altura de la calle 26 sur con carrera 51 de Bogotá un objeto extraño golpeó su moto, cayendo al piso, quedando en estado de inconsciencia", se lee en el expediente.
Al sitio llegó una ambulancia y cuando la mujer despertó, el paramédico que la atendió le pidió sus documentos.
Posteriormente al lugar del accidente llegó el subintendente Anderson Montoya Chala, quien estaba en servicio en el primer turno del 12 al 13 de diciembre de 2023, y dentro de "sus funciones estaba atender la accidentalidad con lesionados y aplicar la normatividad en materia de tránsito".
El paramédico le entregó al subintendente Montoya los documentos de la mujer, es decir, su licencia de conducción y la tarjeta de propiedad de la motocicleta, y el uniformado le dijo a la conductora que "le iba a tomar la prueba para saber si estaba en estado de embriaguez, quedándose con sus documentos".
Empieza el chantaje
De acuerdo con el fiscal del caso, al subintendente le correspondía hacerle la prueba de embriaguez a la señora y de acuerdo con el resultado, realizar el procedimiento de tránsito respectivo, esto es "la notificación de la orden de comparendo a que tuviere lugar, de conformidad con el código nacional de tránsito terrestre, pero no fue así".
En cambio, la mujer "fue trasladada en la ambulancia hasta el medicar de Kennedy y estando allí, se le acercó una patrullera, quien le proporcionó el número telefónico del subintendente Montoya para que se comunicara con él, con relación a los documentos".
En las audiencias del caso se describió que la mujer se comunicó con el policía a la "01:01 de la mañana a través de aplicación WhatsApp, diciéndole que ahí estaba su amiga (la patrullera) para que hablara con ella y preguntándole que dónde tenía que reclamar los documentos, a lo que el subintendente Montoya le contestó que en la URI Puente Aranda".
El subintendente, quien debía realizar el procedimiento de tránsito respectivo y devolver en forma inmediata los documentos, en su lugar los retuvo, "con esto ejerció una fuerza moral sobre ella, indicando que por estar conduciendo en estado de embriaguez le iban a suspender la licencia por diez años y le iban a cobrar una multa de treinta millones de pesos, y para no realizar el procedimiento y devolver los documentos le pidió 4 millones de pesos".
La presión y la negociación por los 4 millones de pesos
La Fiscalía General Militar y Policíal sustentó que después de salir del hospital, ya el día 14 de diciembre, la mujer le escribió al subintendente Montoya y "entre otras cosas, le preguntó la hora en que debía llegar a la URI para lo de los papeles, contestando el subintendente que a las 12 del día".
La motociclista se trasladó hasta la URI de Puente Aranda y allí preguntó cómo podía hacer para recuperar los papeles, "el subintendente Montoya le preguntaba que qué proponía, le indicaba que el problema era la suspensión de 8 a 10 años, haciendo referencia a que no podría conducir ningún vehículo y que la multa en grado 3 era de 32 millones de pesos y la de grado 2, de 18 millones".
En respuesta, la mujer le contestaba al uniformado que no tenía los cuatro millones de pesos que le estaba pidiendo, "que solo contaba con doscientos mil pesos, a lo cual él le contesto que así era muy difícil que le ayudara".
Al día siguiente, el 15 de diciembre, el subintendente nuevamente la citó a las 8 de la noche en la URI Puente Aranda, "en donde tras una conversación, habló finalmente de $2'000.000"
La petición de la Fiscalía
Por todo esto, el fiscal del caso señaló al juez que, con su comportamiento, el subintendente Montoya vulneró el normal desenvolvimiento de las funciones estatales, generó en la sociedad una sensación de deslealtad y de ausencia de transparencia de los funcionarios públicos, y con esto afectó la moralidad y la integridad con la que deben actuar los servidores del estado.
"Usted señor Montoya Chala tiene intactas sus capacidades mentales y sus facultades volitivas para poder determinarse con el proceder ilícito que estaba adoptando, conocía a plenitud que tales conductas eran violatorias de normas penales, al recibir amplia instrucción al respecto y ser un subintendente de la Policía con más de 15 años de servicio en la Policía Nacional", aseguró la Fiscalía, que en consecuencia pidió que el uniformado fuera condenado, como sucedió.