Hace más de un milenio China comenzó a sentar las bases de lo que terminó por convertirse en una de las burocracias más eficaces del siglo XXI. Todo el sistema se asentó sobre una máxima incuestionable: a las filas del Estado únicamente ingresan los mejores. Lo propio ocurrió en democracias occidentales como Estados Unidos, Francia e, incluso, Italia. Por oposición, la burocracia argentina está cada vez más denostada.
Hace tiempo que, para algunos sectores de la opinión pública, dejó de ser la organización necesaria para resolver eficientemente los problemas de la sociedad, para convertirse en una pesada carga. El empleo público se mide aquí en términos de gasto público y no de eficiencia. No es casualidad que el Presidente Milei haya anunciado hace pocas semanas la inminente eliminación de 70.000 puestos de trabajo en el Estado, ni que se estén recortando varias posiciones en la mayoría de los organismos y empresas públicas.
El problema es complejo. No se soluciona, desde ya, con echar empleados o eliminar cargos. De nada sirve la motosierra si no construimos un mejor sistema. El empleo público en Argentina tiene un único factor común: su gran heterogeneidad. Solo a nivel nacional y en el ámbito de la Administración Pública la mayoría de los agentes están hoy contratados por mecanismos especiales o regímenes de excepción que se rigen por más de veinte convenios colectivos de trabajo diferentes.
Además del personal político (Ministros, Secretarios y Subsecretarios), que tiene un régimen propio, el mapa central del Estado se compone de la planta permanente y la transitoria. Pero hay varios grises. Los "empleados de planta" son quienes accedieron a sus cargos por concurso en el que probaron su idoneidad como lo exige la Constitución Nacional. No pueden ser desplazados salvo por justa causa que les haya hecho perder esa idoneidad (como dijo la Corte en "Madorrán").
Ocurre que una gran cantidad de empleados accedieron a planta permanente pero no por concurso, sino por una decisión política. Aunque esa decisión sea contraria a derecho, también es cierto que las consecuencias de la ilegalidad no pueden recaer exclusivamente sobre los agentes, por lo que la jurisprudencia en algunas ocasiones reconoció derecho a estabilidad, o a indemnización agravada por despidos sin causa.
Luego, la planta transitoria comprende al personal contratado para funciones con plazo determinado. No rinden concurso para el ingreso pero tampoco tienen estabilidad: se van cuando terminan sus funciones. Es habitual, sin embargo, que los contratos transitorios sean renovados una y otra vez y que, en la práctica, muchos empleados transitorios cumplan funciones permanentes. La Corte, en el fallo "Ramos", les reconoció un derecho a indemnización por despido cuando se compruebe que se encubrió una designación permanente bajo la apariencia de un contrato por tiempo determinado.
Hay además algunas picardías. El Estado puede contratar bajo locaciones de servicio a monotributistas que, en realidad, prestan tareas a tiempo completo. En otras palabras, relaciones de trabajo encubiertas. O tiene convenios con organismos privados ("Entes Cooperadores") que, a cambio de autorizaciones para manejar fondos públicos sin control, contratan trabajadores para ponerlos a disposición de la Administración.
El problema del empleo público en la Argentina no es entonces solo su cantidad sino también su disparidad. El blanqueo tiene que empezar por el Estado. Un buen comienzo está en el reciente proyecto de la Ley de Bases enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo que incluye un capítulo con modificaciones a la Ley Marco del Empleo Público que, entre otras cosas, busca mejorar los sistemas de promoción y acceso a la Administración, y actualizar sanciones y conductas del régimen disciplinario.
Debemos terminar con la excepción y comenzar a respetar las normas. Esto no quiere decir más que (i) realizar concursos transparentes para desterrar el favoritismo y recompensar el mérito; (ii) revalorizar la carrera administrativa y generar incentivos serios para el ascenso, así como castigos efectivos para los incumplidores; y (iii) proteger la calidad del factor humano en la Administración. En definitiva, son los agentes públicos quienes pueden poner la maquinaria estatal al servicio de todos los argentinos.
(*) El autor es profesor de la Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Austral.
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