El Banco de Costa Rica (BCR) respondió de manera contundente a la intención del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) de echar mano de ¢5.000 millones del fideicomiso para la ampliación de la carretera a San Ramón, afirmando que esos fondos "no se pueden tocar". Esta petición consta en el acta número 15 del Consejo de Administración del Conavi, realizada el 7 de marzo pasado.
Ese día, el Consejo de Administración, conformado por siete personas, aprobó por unanimidad una resolución para "instruir" al BCR a que le transfiriera el dinero al Conavi sin dar una sola justificación de cuál sería el uso. Estos fondos corresponden a un aporte de capital realizado años atrás para financiar las llamadas Obras Impostergables (OBIS), destinadas a solucionar cuellos de botella en varios puntos de la carretera de 53,7 km.
Como parte de las OBIS se realizaron, por ejemplo, la ampliación de autopista General Cañas a la altura de la empresa Firestone y los puentes sobre los ríos Alajuela, Ciruelas y Segundo, todos en Alajuela, entre otros.
De acuerdo con el acta, el entonces ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador –quien fue destituido cinco días después– planteó el tema sin detallar para qué se requería el dinero o explicar el criterio técnico para solicitarlo. Él, quien presidía el Consejo, expresó: "¿Alguna pregunta o comentario? ¿Estamos de acuerdo en aprobar la recomendación enviada por la Dirección Ejecutiva?". Nadie respondió.
De inmediato, el máximo órgano del Conavi acordó "girar la instrucción" al BCR para la devolución de ¢5.000 millones ($9,8 millones al tipo de cambio actual). Sin embargo, Roy Benamburg, gerente de Negocios de la entidad bancaria, explicó que la solicitud es improcedente y por esa razón no giraron los fondos.
"Esos recursos están presupuestados para el contrato de obras impostergables del lote 2A (intercambio de Circunvalación a la altura del Monumento al Agua y del puente sobre río Torres) y, por consiguiente, yo no puedo trasladar esos fondos hasta que no se finiquite el contrato con el consorcio H. Solís-Getinsa Euroestudios", comentó Benamburg.
Luis Amador fue destituido el 12 de marzo por supuestas irregularidades con el contrato de ¢21.800 millones para reparar la pista del aeropuerto Daniel Oduber, de Liberia. En su lugar, la presidencia del Conavi la asumió el nuevo ministro, Mauricio Batalla, quien antes era director del Consejo. Esa junta directiva la conforman, además, representantes del MOPT, Unión de Cámaras y Asociaciones de Empresas Privadas (Uccaep), Asociación de Carreteras y Caminos de Costa Rica y la Unión Nacional de Gobiernos Locales.
Dinero comprometido
El diseño y construcción del nuevo intercambio de Circunvalación a la altura del Monumento al Agua y del puente sobre el río Torres, en la Uruca, fue adjudicado al consorcio H. Solís-Getinsa Euroestudios por $15 millones (¢7.455 millones al tipo de cambio del 16 de abril).
"Los recursos están asignados, están 100% comprometidos para ese contrato. Entonces, les indicamos que no se pueden tocar, no se puede hacer ese retiro", reiteró Benamburg.
A pesar del contrato, la obra quedó en suspenso el año pasado por decisión del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
Originalmente, en ese punto se contemplaba una ampliación a 10 carriles (cinco por sentido), así como la conexión con un paso de tres niveles de la Uruca. El proyecto había sido adjudicado y se encontraba en fase de diseños.
Ese plan fue postergado para cuando se intervenga el tronco principal de La Sabana a San Ramón. En febrero, el Ministerio anunció que por el momento realizaría una ampliación de dos carriles de aceleración para salir de la autopista General Cañas e incorporarse a la carretera de Circunvalación y una obra similar para incorporarse a la vía que va hacia Alajuela.
Desde la semana pasada, La Nación solicitó una entrevista con Efraím Zeledón, director ejecutivo del Conavi, pero pidió que se le enviaran las preguntas por escrito. Ante la negativa porque ese método no permite repreguntar, se reiteró la petición ante la oficina de prensa del Conavi, pero no ha habido respuesta efectiva. Este martes 16 de abril se volvió a llamar a Zeledón a su teléfono celular, pero no contestó.
También se intentó contactar a Juan José Madriz Quirós, funcionario del Conavi a cargo de la Unidad Ejecutora San José-San Ramón, pero tampoco atendió las llamadas realizadas a su teléfono móvil. Este miércoles 17 de abril, Madriz pidió que se le enviaran preguntas por escrito.
El gerente de Negocios del BCR subrayó que el Conavi tampoco les informó para qué quiere los ¢5.000 millones. No obstante, agregó que ellos le recordaron a esa entidad que los recursos provenientes del fideicomiso solo se pueden usar en la ampliación de la carretera a San Ramón, como lo establece la Ley 9.292.
Las OBIS son un grupo de 17 obras que se desarrollarían a lo largo del corredor vial para mejorar el tránsito vehicular mientras se concretaba la ampliación. Los estudios básicos, su diseño y construcción serían financiados con fondos del Programa de Infraestructura de Transportes (PIT) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por lo que serían considerados un aporte estatal al proyecto de fideicomiso, que permitiría reducir las futuras tarifas de peaje en esa ruta.
Para ese fin se trasladarían $65 millones (alrededor de ¢32.000 millones al tipo de cambio de hoy). No fue posible conocer cuánto queda de esos fondos a la fecha.
Cierre del fideicomiso
En la actualidad, el llamado Fideicomiso Ruta 1 creado para ampliar la congestionada carretera a San Ramón está en una etapa de cierre.
La decisión de romper con el fideicomiso se remonta a junio del 2022, cuando la administración de Rodrigo Chaves Robles anunció que buscaría un finiquito. Luego de meses de discusión, el BCR y el Conavi firmaron un acuerdo de terminación anticipada en el que se señalan una lista de acciones para poner fin a la relación. La fecha de finiquito está prevista para el próximo 31 de diciembre.
Uno de los argumentos expuestos por el entonces ministro Luis Amador Jiménez para acabar con el fideicomiso es que es un mecanismo de ejecución costoso y que los salarios de los funcionarios del BCR a cargo de la unidad ejecutora son muy altos.
Incluso, indicó que las remuneraciones oscilaban entre ¢1 millón y ¢11 millones. Sin embargo, esas cifras fueron desmentidas. "La información que se dio sobre los salarios es incorrecta. Los salarios brutos (sin deducciones de ley) oscilan, en números cerrados, entre los ¢500.000 y los ¢6 millones", detalló la entidad financiera.
La ampliación del tramo tiene dos décadas de espera. El intento anterior fue mediante concesión.
Precisamente, el 23 de abril pasado se cumplieron 11 años desde que Laura Chinchilla, como entonces presidenta de la República, anunció la cancelación del contrato de concesión con la firma OAS.
El argumento para poner fin a ese acuerdo fue la presión de los vecinos de los cantones de San Ramón, Naranjo, Palmares, Zarcero, Valverde Vega, quienes se oponían al costo de los eventuales peajes. Desde entonces, han pasado tres gobiernos diferentes sin que se concrete la construcción o se tenga claridad sobre el valor de los futuros peajes.
Peajes
Según la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), a partir del 1.° de enero de 2025 las tarifas de peaje deberán regresar al valor que tenían en noviembre de 2020, mes en que fueron modificadas para financiar las expropiaciones, relocalización de servicios públicos y reasentamientos de la nueva carretera.
Lo anterior significa, por ejemplo, que un vehículo liviano o una motocicleta pasarán de pagar ¢275 a ¢75 en las casetas ubicadas en Río Segundo de Alajuela, mientras que en las estaciones de Naranjo la tarifa para ambos tipos de automotores bajará de ¢525 a ¢150.
La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) explicó que las rebajas obedecen a que la ley 9.292 autorizó el cobro de peajes a través de un fideicomiso con el objetivo de financiar expropiaciones, relocalización de servicios públicos y reasentamientos humanos necesarios para la ampliación de la vía a San Ramón.
"Así las cosas, cerrado el fideicomiso se deberá regresar a los peajes establecidos anteriormente", indicó Aresep ante una consulta de La Nación.
Perder la tarifa actual representa un traspié financiero para el Conavi y la ampliación de la ruta 1. Entre el 9 de noviembre de 2020 y el 31 de marzo de 2024, el fideicomiso recaudó ¢23.184 millones por concepto de peajes. La legislación establece que esos recursos solo se pueden utilizar en la carretera a Occidente.