Una propietaria cambió la cerradura de la vivienda para intentar desalojar al inquilino, pese a que el contrato de alquiler establecía una vigencia hasta octubre de 2025. Ante esta acción, la Justicia ordenó la restitución de manera provisoria de la unidad a una pareja afectada: una arquitecta y un farmacéutico.
Una mujer, de 29 años, y su pareja fueron imputadas por el delito de usurpación de propiedad por despojo durante una audiencia oficial. El hombre no compareció a la audiencia y la magistratura dictó el estado de rebeldía y su búsqueda, según fuentes judiciales.
El 12 de enero de este año, la mujer y su pareja rompieron la cerradura e ingresaron a la vivienda ubicada en avenida Silvano Bores al 300, en la capital. Al parecer, entraron con otras dos personas, una de ellas, un cerrajero. Según la acusación, aprovecharon que los inquilinos no estaban en el lugar. Luego, cambiaron la cerradura de la puerta de entrada y de una puerta de reja e impidieron que los damnificados puedan volver.
La auxiliar María Paula Bellomio, de la Unidad Fiscal Especializada en Estafas y Usurpaciones, señaló en la audiencia: "Queda claro que las víctimas estaban en posesión del inmueble y que se han constituido medios comisivos, en este caso, violencia sobre la cerradura para despojarlos hasta la actualidad".
"Quedó demostrado que las víctimas salieron a trabajar y que cerraron la propiedad con sus llaves. Tanto el administrador, el portero y los vecinos han visto a los acusados forzar y cambiar la cerradura. El querer hacer daño a los animales puede también ser visto como una señal de amedrentamiento. Hay un perjuicio no sólo económico, sino de necesidad de vivienda. Ante la expulsión se corre riesgo de que personas de buena fe puedan verse afectadas, lo que complicaría más la situación de las víctimas. No hubo ningún tipo de denuncias que estaban incumpliendo las reglas del barrio o de los pagos", afirmó Bellomio.
La medida de restitución fue dispuesta por la jueza Isolina Apás Pérez De Nucci, quien además ordenó la restricción de acercamiento de, al menos, 200 metros.
En caso de que no se concrete la restitución este miércoles, la jueza ordenó un allanamiento, con intervención de la Fiscalía y personal de la comisaría 11 e Infantería de la Policía, para permitir el retorno de los inquilinos.