La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha destapado cómo Eduardo Zaplana, en la sombra, orquestó la gestión de comisiones ilegales provenientes de la privatización de las ITV valencianas. Este giro sorprendente ha surgido durante el juicio del caso Erial, donde los agentes de la UCO han ofrecido detalles sobre las maniobras clandestinas del expresidente de la Generalitat Valenciana.
Según los informes de la UCO presentados en el juicio, Zaplana controlaba activos a nombre de empresas vinculadas a los fondos obtenidos de forma ilícita. Aunque no figuraba oficialmente como administrador, ejercía un poder decisivo sobre las inversiones en España de estas entidades, así como sobre transacciones inmobiliarias específicas.
Uno de los momentos clave revelados durante el juicio fue una conversación telefónica entre Zaplana y su testaferro confeso, Joaquín Barceló. En ella, se discutió una oferta por una parcela hotelera, donde Zaplana, sin aparecer como titular, dio su aprobación a la transacción.
El testimonio de los agentes de la UCO ha proporcionado una visión detallada de cómo Juan Cotino, exdirector general de la Policía, facilitó la creación de empresas en Luxemburgo con 600.000 euros. Estas empresas, Imison y Fenix, estaban gestionadas por Beatriz García Paesa, sobrina del espía Francisco Paesa, terminaron involucradas en las concesiones de las ITV y los parques eólicos. La empresa Sedesa depositó en ambas 11,2 millones de euros.
Cotino fue testigo de todos los movimientos financieros de Zaplana
Los movimientos financieros clave se realizaron con la participación activa de Cotino, quien, según los informes, "es que Zaplana era el actor principal en cada momento. Se reunió con él el día en que se abrieron las propuestas del concurso de las ITV. También se reunió con Cotino y Luis Batalla (Lubasa) una semana después de la adjudicación. Tanto Sedesa como Lubasa fueron adjudicatarias".
Además, se ha revelado que Cotino, poseedor del 9,9% de Sedesa, obtuvo una considerable ganancia por la venta de su parte en 2007.
Los documentos incautados a Juan Francisco García, es jefe del gabinete de Zaplana, muestran "la aparente subordinación de determinados procedimientos administrativos a los intereses personales", así como "colaboraciones empresariales a cambio de beneficios". Se detalla cómo, a instancias de Zaplana, se presionaba a empresas para el pago de servicios a cambio de participación en proyectos.
Según los informes presentados, se revela que, bajo la dirección de Zaplana, se instó a reclamar 50 millones de pesetas a una empresa a cambio de participación en un plan eólico, evidenciando así la trama de intereses ocultos.
Los investigadores también han descrito el proceso mediante el cual los fondos depositados en Luxemburgo fueron repatriados a España a través de tres sociedades: Medlevante, Gesdesarrollos y Costera del Glorio.
Finalmente, se ha señalado que Zaplana tenía un control efectivo sobre estas empresas, utilizando los bienes a su disposición para influir en decisiones comerciales clave. Estas revelaciones arrojan nueva luz sobre el complejo entramado financiero detrás del caso de las ITV y la participación de Zaplana en él