La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, afronta un nuevo y millonario pedido de reparación civil en su contra como parte del proceso judicial que se le sigue por presuntos actos de corrupción en la licitación de diversas obras que comprometen a las empresas Rutas de Lima y Odebrecht.
En este caso, la exautoridad de Lima es investigada por los presuntos delitos de organización criminal, colusión y negociación incompatible. La exalcaldesa de Lima afronta este proceso bajo comparecencia.
Este se suma a otros requerimientos para que compense al Estado Peruano en caso sea sentenciada por diversos procesos que se siguen en su contra los por presuntos actos irregulares durante su gestión (del 1 de enero del 2011 al 31 de diciembre del 2014). También comprende la gestión del desaparecido exalcalde Luis Castañeda.
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Además de Villarán de la Puente, otros exfuncionarios de su gestión incluidos son Domingo Arzubialde Elorrieta, Juan Andrés Ramos Arapa, Carlos Fernando Steiert Goicochea, Juan José Neyra Montes, Miguel Alfredo Flores Dueñas, Norma Ana Montoya Blua y Daniella Canales Hernández.
En tanto, de la gestión de Castañeda Lossio también se han incluido en las pesquisas a otros diez exfuncionarios que laboraron en dicho período.
En el presente caso, la Procuraduría Ad Hoc Lava Jato ha requerido US$267′568.975,17 y otro monto adicional de S/ 7′349.457 en contra de Villarán y sus coinvestigados.
La pretensión fue solicitada ante el juez Raúl Justiniano Romero del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria que lleva el control preparatorio judicial del Caso Vías Nuevas de Lima (Rutas de Lima) luego de solicitar constituirse como actos civil en dicho proceso.
A través de una resolución, el magistrado admitió a trámite y dispuso correr traslado del requerimiento formulado por la mencionada procuraduría.
"Solicita a esta judicatura, constituirse en actor civil en el presente proceso, dirigiendo su pretensión sobre Susana del Carmen Villarán de la Puente y otros por la presunta comisión del delito de colusión agravada y otros, postulando así, como monto provisional de la reparación civil la suma de US$267′568,975.17 (doscientos setenta y siete millones quinientos sesenta y ocho mil novecientos setenta y cinco con 17/100 dólares) y S/ 7′349.457 (siete millones trescientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y siete con 00/100 soles)".
Procuraduría Ad Hoc Lava Jato.
El juez indicó que la citada procuraduría cumplió con sustentar su requerimiento, además de adjuntar a su pedido la prueba documental pertinente que acredita su legitimidad; por tanto, a manera de conclusión, se podía afirmar que se han visto satisfechos todos y cada uno de los requisitos establecidos en la ley para admitir la solicitud planteada.
"Se aprecia que la solicitud formulada ha cumplido con indicar el nombre de cada investigado y el delito que es materia de la presente investigación formalizada; asimismo, se advierte que la entidad recurrente ha cumplido con exponer las razones que justifican su pretensión", señaló Justiniano Romero.
La Procuraduría Ad Hoc para Lava Jato ya había solicitado que Susana Villarán pague una reparación civil de US$20 millones, pero por el Caso del No a la Revocatoria, donde la exalcaldesa es procesada por presunto lavado de activos y cohecho.
Los hechos materia de esta investigación se circunscriben a la presunta petición por parte de Susana María del Carmen Villarán de la Puente (entonces alcaldesa de la Municipalidad Metropolitana de Lima) y José Miguel Castro Gutiérrez (entonces gerente municipal de la Municipalidad Metropolitana de Lima) de dinero de procedencia ilícita a las empresas Odebrecht y OAS por las sumas de US$3´000,000 y US$1´000,000 respectivamente; a efectos de financiar la campaña de la No Revocatoria de la alcaldesa.
¿Qué se le imputa a Villarán en este caso?
Según la imputación fiscal, las presuntas irregularidades cometidas por Villarán de la Puente se dieron en el marco de las elecciones municipales donde fue elegida como alcaldesa de la Municipalidad de Lima; gestión en la fueron favorecidos la empresa Odebrecht y el concesionario Rutas de Lima con el Proyecto Vías Nuevas de Lima.
Por ello, la entonces alcaldesa de Lima habría quebrantado sus funciones, defraudando y perjudicando al Estado.
Se le atribuye a Villarán como presunta autora del delito de colusión agravada, pues en su condición de alcaldesa de la Municipalidad de Lima habría intervenido de manera indirecta desde su posición de líder de una organización criminal enquistada en dicho municipio en la etapa de ejecución del referido proyecto.
Y es que, para el Ministerio Público, Villarán habría concertado con el exdirector de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata y Raúl Ribeyro Pereyra en su calidad de representante de Rutas de Lima, que coordine a su vez con el exgerente municipal Domingo Arzubialde la suscripción del Acta de Acuerdo de Obra Adicional Puente San Pedro, del 16 de agosto de 2013.
Además, habría intervenido de manera indirecta en la etapa de ejecución del Proyecto Vías Nuevas de Lima y habría acordado con Pereyra a fin de que, junto con Arzubialde, suscriba una Adenda de Obra Adicional Puente San Pedro del 16 de abril del 2014. En esta, se acordó la reconstrucción del puente mencionado pese a existir una póliza de seguro de Emape en beneficio de Rutas de Lima, por tanto se habría dado una sobrevalorización de S/673.108,13.
También de manera indirecta habría concertado con Pereyra a fin de que Arzbubialde Elorrieta suscriba la Resolución 117-2013-MML del 25 de noviembre del 2013, mediante la que aprobó el Anteproyecto de Diseño Geométrico Vial Urbano del tramo Panamericana Sur, representado por el concesionario Rutas de Lima, con lo que se habría modificando la solución técnica contratada previamente. Dicha modificación incluyó un pase a desnivel en la avenida el Derby bajo la avenida Manuel Olguín (Surco); y limitó el desplazamiento hacia el lado norte y eliminó el óvalo a cambio de un túnel en la Panamericana Sur, limitando los desplazamientos, defraudando patrimonialmente al Estado.
También se le atribuye a Villarán de la Puente haber concertado con Raúl Ribeyro Pereyra y Marcelo Pereyra Prado de la concesionaria Rutas de Lima a fin de que, con Arzubialde; suscriba la Adenda de Bancabilidad del 13 de febrero del 2014 a través de la que se modificó el Contrato de Concesión, mediante la que se concedió el incremento de las tarifas de los peajes
El Poder Judicial (PJ) resolvió incluir a la empresa Línea Amarilla S.A.C., ahora denominada Lima Expresa S.A.C. (Lamsac) en el proceso judicial seguido contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán y otros por la concesión de diversas obras a dicha empresa en consorcio con la empresa brasileña OAS.
Para la fiscalía, habrían existido actos de corrupción ocurridos durante la gestión de la exalcaldesa de Lima Susana María del Carmen Villaran de la Puente, en el periodo 2011 al 2014, donde habrían tenido participación diversos funcionarios de la Municipalidad de Lima, particulares, los representantes legales de la empresa Línea Amarilla SAC, vinculado a la etapa de ejecución del proyecto de concesión Vía Expresa Línea Amarilla (construcción de nuevas vías urbanas, mejoramiento de vías urbanas existentes, la construcción de un túnel en la misma vía expresa).
Entre estos hechos se encuentra la suscripción del Acta de Acuerdo del 20 de mayo el 2011 cuyas modificaciones no se encontraría sustentadas. En estos, la Municipalidad de Lima asumió compromisos obligándose a suscribir cláusulas con implicancias económicas a la Municipalidad, como por ejemplo: el compromiso de suscribir una adenda que implique la ampliación del plazo de concesión de 30 a 40 años, la eliminación de la construcción de la obra COSAC; la construcción de la obra vial de conexón con San Juan de Lurigancho, por un monto de 20 millones de dólares más IGV;
Con las modificaciones se determinaba, indica la hipótesis fiscal, que la concesionaria Lamsac sea favorecida ilegalmente, como son: se sustituye la construcción del CONSAC por el aporte de 47 ́507,172.00 de dólares al fideicomiso Rio Verde; también se acuerda la incorporación de tres nuevas obras a las que ya estaban establecidas en el proyecto de concesión por Lamsac; se aumenta a diez años más el plazo de concesión, el reajuste de las tarifas en las vías administradas por Lamsac, etc.
Lamsac se opuso a su incorporación al sostener que estos hechos ya habían sido investigados y archivados con anterioridad; sin embargo el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria desestimó dichos argumentos.
A través de la resolución del 20 de marzo, el juez declaró fundado el pedido fiscal para incluir a Lamsac como persona jurídica investigada y dispuso que en un plazo de cinco días designe un apoderado judicial, diferente a las personas naturales que se encuentran investigadas en la presente causa.