Mientras Santiago Abascal defendía en el Congreso de los Diputados «el derecho de los españoles de acercarse al pasado histórico como les venga en gana», los diputados de Vox en Balears registraban en el Parlament la Proposición para fulminar de forma definitiva la ley de Memoria Democrática bajo el argumento de que era una norma «de pensamiento único absolutamente inaceptable». Denuncian que la ley aprobada en 2018 «procede a discriminar y apartar a una parte del pueblo español por su opinión, sus circunstancias personales, sociales o históricas; como por ejemplo el bando en el que lucharon». La presidenta del Govern, Marga Prohens, que ha dejado en manos de sus socios tanto la presentación como la elaboración del texto legal, asumiendo como propias las tesis de Vox, afirmó ayer que «cumplo con la palabra dada» e insistió en que «no hubo consenso» para sacar adelante la ley.
Si bien Vox asegura que la exposición de motivos de la ley es «aséptica», la realidad es que los argumentos que aportan tienen un sesgo evidente, sobre todo cuando habla de la Guerra Civil y los años anteriores: «Entre 1931 y 1936 la conversación pública saltó por los aires. La capacidad coercitiva del Estado se desmoronó, las reglas de juego fueron quebrantadas y en las calles se vivió una incesante espiral de violencia que terminó por envenenar la convivencia y por volar los puentes que aún unían a muchos españoles».
En este sentido, el texto presentado por la ultraderecha incluye la visión del partido sobre el vínculo entre el presente y lo sucedido en el siglo XX: «Una sociedad democrática y pluralista debe hacer un esfuerzo por reconocer la complejidad y dureza de su pasado traumático, con el ánimo de comprender las razones que guiaron a los españoles de entonces a actuar como actuaron, en sus propios términos, según su horizonte de experiencias y expectativas, y no conforme a conceptos o intereses de la política actual, que nada tienen que ver con lo que vivieron o pensaron los españoles de hace casi cien años».
ARGUMENTARIO
«Las leyes que se hacen para reescribir la historia al gusto de una parte nunca han sido un estímulo para la paz, la democracia ni los derechos fundamentales. Hay que evitar que los poderes públicos impongan la formación de criterios sobre el significado de la II República, la Guerra Civil, el Franquismo y sus consecuencias, acción que solo contribuye a reabrir emociones cainitas»
«Las convicciones de los individuos no pueden fijarse normativamente ni impedirse su manifestación pública. Una libertad que es incompatible con que el Estado se entrometa en la formación y existencia de esas convicciones»
Por este motivo, consideran que no es potestad de «ningún legislador» de hoy en día «juzgar colectivamente a aquellos españoles de entonces para volver a dividir a las generaciones presentes a costa del pasado». Además, señalan que «la concordia y no el revisionismo rencoroso debe ser la respuesta a aquellos sufrimientos del pasado, como una manera de superar las divisiones y hostilidades entre españoles mediante la cooperación y la integración en esta empresa colectiva que es España».
Tanto Vox como el PP firman este texto que supone una enmienda a la totalidad de las decisiones tomadas en las legislaturas anteriores: «Los poderes públicos de una sociedad democrática, que proclama como valores superiores de su ordenamiento la libertad y el pluralismo, deben abstenerse de fijar como correcta o auténtica una determinada versión histórica, propósito que atenta contra las libertades más elementales ideológica, religiosa y de pensamiento y amenaza la libertad de cátedra e investigación». Así, argumentan que «la gran diferencia» entre las sociedades democráticas y las despóticas es que las segundas «no permiten otro discurso que el oficialmente declarado», dando a entender que el Gobierno actual forma parte de este último tipo.
Por este motivo, destacan que la Ley de Memoria «no persigue los valores de libertad, respeto y tolerancia que impulsaron la Transición, al decretar la intromisión del Estado en la esfera de la conciencia de los españoles, moldear su memoria individual, impedir la libertad de opinión, limitar la libertad de cátedra y penalizar el trabajo de los historiadores si este no se ajusta a la interpretación sectaria e interesada de los acontecimientos históricos que hacen ciertos partidos políticos».
'Perdón' para el conseller que calificó de «cruzada de liberación» el golpe
La denuncia contra el conseller de Vox en el Consell de Mallorca, David Gil, por calificar el golpe de Estado del año 1936 de «última cruzada de liberación» quedará en papel mojado con la eliminación de la ley de Memoria Democrática. Esta definición del levantamiento contra la República coincidía, según Memòria de Mallorca, con la que realizaban las autoridades franquistas durante la Guerra Civil y posteriormente durante la dictadura. Para esta asociación, las palabras utilizadas por el representante de Vox representaban «una clara apología al golpe militar de 1936».
Preguntado sobre esta cuestión, el portavoz adjunto de Vox en el Parlament, Sergio Rodríguez, confirmó ayer en el Parlament que, tal y como está planteada la supresión, la denuncia dejará de tener validez una vez entre en vigor la eliminación de la norma. «La tramitación de los procedimientos en materia de memoria democrática iniciados y no concluidos a la entrada en vigor de esta ley decaerán de manera automática, a excepción de los procesos de exhumación», detalla el texto.
En el artículo primero de la Proposición de Ley también se especifica que «quedan disueltas cuantas comisiones, organismos e instituciones de carácter público autonómico hubieran sido creadas a consecuencia de la citada ley».
En el artículo segundo, titulado Libertad de expresión, libertad de producción y creación y libertad de cátedra, se establece que los poderes públicos «reconocerán y protegerán el derecho a expresar y difundir pensamientos, ideas y opiniones de palabra, escrito y cualquier otro medio de reproducción, a la libertad de producción y creación científica y técnica, así como la libertad de cátedra de manera que los historiadores y todas las personas puedan difundir libremente los resultados y conclusiones de sus estudios y la memoria de las vivencias familiares sobre los distintos episodios de la historia de España».
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