El PP de Ourense denunció ayer el "desmantelamiento" de la seguridad en la provincia de Ourense. La secretaria de la gestora provincial y alcaldesa de Bande, Sandra Quintas, compareció ayer con los regidores de Lobios y Lobeira, María del Carmen Yáñez y Antonio Iglesias, respectivamente, así como concejal de Muíños, Benito Rodríguez Alonso. Todos ellos manifestaron su enérgico rechazo a las medidas que está adoptando el Gobierno de España respeto a la seguridad, sobre todo en el que alcanza al rural.
"Desde el PP de Ourense defendemos la presencia de la Guardia Civil en cada rincón de nuestra provincia y le exigimos al Gobierno de España que cese el desmantelamiento de la seguridad de los ourensanos", afirmó Quintas. Los representantes populares exigieron la presencia de la Guardia Civil en cada uno de los pueblos como provincia eminentemente rural, destacando que "el conocimiento de la Guardia Civil del terreno y de la sociedad de la que forman parte es el mejor exponente para garantizar la seguridad en estas zonas despobladas". Por eso, el PP presentará en cada municipio de la provincia, así como en la Diputación, una moción "defendiendo la seguridad de nuestros vecinos al igual que el resto de españoles porque no vamos a tolerar más ataques y discriminaciones del Gobierno de España hacia Ourense".
Sandra Quintas detalló diversas medidas adoptadas por el ejecutivo central como la supresión de la unidad de Fronteras y Fiscal de Lobios, "obligando al traslado de 6 familias y dejando sin ese servicio a la comarca de la Baixa Limia, una de las zonas ourensanas con más kilómetros de frontera con Portugal, produciendo un agravio más al rural ourensano a la comarca de la Baixa Limia".
La secretaria provincial también abordó la Orden General 25/2023 de 28 de diciembre , sobre las Compañías y Puestos territoriales de la Guardia Civil, "que prevé el cierre de varios puestos auxiliares, algunos de manera inminente como el del Concello de Baltar, siendo este un municipio fronterizo con Portugal y que hace inexplicable este cierre". También destacó que la mitad de los Cuarteles de la Guardia Civil permanecen cerrados y la otra mitad de la provincia de Ourense solo tendrán atención al público presencial de las 9.00 a las 14.30 y fuera de ese horario la prestación del servicio se mantiene mediante internet, por vía telefónica o por la aplicación AlerCorps. "Algo totalmente incomprensible en una provincia con población mayor y con una gran dispersión poblacional", explicó . Por último, también hizo referencia a la intención de reestructuración del servicio del Seprona, "reunificándolo en las comandancias y retirándolo de los cuarteles de la provincia de manera paulatina como ya se está efectuando en varias provincias de España y que reconoce en respuesta parlamentaria el Ministerio del Interior".
Sandra Quintas detalló una serie de factores que son determinantes para que el PP demande más y mejor seguridad para la provincia de Ourense. Así, explicó que según los recientes datos publicados por el Ministerio del Interior el año 2023 cerró en la provincia de Ourense con un aumento de la criminalidad convencional del 7,7 %, pasando de 6.854 infracciones penitenciarias en el año 2022 a 7.379 en el año 2023; llamando especialmente la atención el aumento de los delitos contra la libertad sexual que aumentaron un 11%, y los robos con fuerza en domicilios un 18,7%. Produciéndose el 60% de robos con fuerza de toda la provincia en el rural, al igual que los delitos de carácter sexual que se producen el 58% en los ayuntamientos del rural ourensano (de 208, 122 en el rural).
"No contamos con los agentes suficientes para proteger a las mujeres de Ourense y con pancartas solo no se protegen, hay que poner medios y entre ellos darles seguridad", proclamó Sandra Quintas. Por ejemplo, a 30 de marzo de 2024 hay 2.084 casos en Viogen y 1.883 víctimas en la provincia de Ourense, y hay 11 Policías y 17 Guardias Civiles en total para ocuparse de su seguridad. Es decir, de media cada agente en su turno tiene la protección de 200 mujeres.
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