Pedro Ferrer, co-consejero delegado y vicepresidente del Grupo Freixenet, ha expresado su deseo de que el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) presentado por la empresa sea reversible o, en su defecto, tenga una duración lo más breve posible.
"Esperemos que sí (que sea reversible). Si no es revertido, que sea lo más corto posible", afirmó Ferrer, quien también ocupa el cargo de presidente de la Federación Española del Vino (FEV) desde el pasado 10 de abril.
Esta semana, el Grupo Freixenet ha solicitado un ERTE por fuerza mayor que afectaría a 615 empleados de Freixenet y Segura Viudas, con efecto a partir de mayo. La medida responde a la crisis en el sector del cava provocada por la sequía, que ha afectado la producción de uva, principal materia prima del producto.
"No hay vino para embotellar y entonces tenemos que ajustar la actividad", ha explicado Ferrer, señalando que la producción de uva ha disminuido casi un 45% en los últimos años, lo que requiere tomar medidas significativas.
La sequía ha provocado un aumento en los costos para las empresas, ya que los agricultores producen menos y la materia prima se vuelve más escasa y costosa. Esta situación representa un desafío a múltiples niveles y dificulta a las empresas mantener su nivel de actividad habitual debido a la escasez de materia prima disponible.
El Consejo Regulador del Cava propone medidas para contrarrestar la sequía
A pesar de la difícil situación derivada de la sequía, Pedro Ferrer, representante de la parte española de Freixenet, ha destacado la colaboración entre las administraciones públicas, el sector y los productores para enfrentar el desafío. Ferrer ha expresado su esperanza de que estas colaboraciones "den sus frutos" y minimicen el impacto del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) anunciado por la empresa.
Ferrer ha aprovechado para elogiar las medidas adoptadas por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen (DO) Cava, que incluyen permitir el uso de uvas de viñedos no registrados en la DO Cava en un máximo del 15 % de la producción de cada bodega. Además, se permitirá un aumento en la producción de hasta 15.000 kilos por hectárea destinados a un fondo compartido de vino.
Estas medidas buscan abordar la disminución de la productividad de los viñedos debido a la sequía, una preocupación que ha afectado gravemente al sector en las últimas cosechas. La colaboración entre todos los actores involucrados, junto con las medidas tomadas por el Consejo Regulador, ofrece una perspectiva positiva para enfrentar los desafíos actuales y proteger la industria del cava en España.
También, han anunciado la implementación de medidas temporales destinadas exclusivamente a los cavas de guarda, mientras que los cavas de guarda superior, como reserva, gran reserva y paraje calificado, seguirán sujetos a sus propias normativas para garantizar la calidad.
Estas medidas, diseñadas para preservar los estándares cualitativos, se consideran temporales y aplicables únicamente para la vendimia de este año. Todas las bodegas de la Denominación de Origen (DO) Cava que lo requieran podrán optar por adherirse a estas medidas, que deben ser aprobadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).
El titular del MAPA, Luis Planas, ha expresado su disposición para "buscar soluciones" que beneficien al sector del cava. Se espera que en los próximos días se lleve a cabo una reunión entre el MAPA, la DO Cava y algunas empresas del sector para discutir posibles soluciones.
El director general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, Fernando Miranda, ha destacado la alineación del Gobierno con el Consejo Regulador del cava para abordar esta situación temporal y coyuntural, asegurando que, en términos de demanda, no existe ningún problema.