"No se puede contratar ni un acompañante terapéutico que es una herramienta básica de cualquier estrategia clínica". La afirmación corresponde a la realidad que atraviesan hoy los trabajadores del Hospital Colonia Abelardo Irigoyen Freyre. No sólo se trata de médicos, psicólogos y psiquiatras, sino de talleristas, interventoras e interventores culturales, mucamas y mucamos, enfermeras y enfermeros, acompañantes terapéuticas y terapéuticos, trabajadoras y trabajadores sociales, abogadas y abogados, administrativos y personal de mantenimiento del monovalente conocido como Colonia Neuropsiquiátrica Oliveros que a través de una carta a las autoridades señalaron la "frágil situación" que atraviesan por las medidas de ajuste los que los deja sin poder ofrecer a los usuarios del servicio herramientas básicas y que "pone en riesgo" la salud de los usuarios.
El hospital, que funciona a casi 60 kilómetros de Rosario, aloja una población crónica que habita en la misma colonia, además de la "una población en tratamiento más prolongado que habita en las salas de ingreso y usuarios que hacen tratamientos de estabilización para volver a sus territorios", detallaron desde el colectivo de trabajadores.
De hecho para fines del 2023, contaba con más de 122 usuarios internados en el mismo efector -45 de los cuales eran pacientes crónicos- y otros 36 eran parte de los dispositivos habitacionales asistidos que se encuentran dentro y fuera el predio del hospital.
"Al aumento de la complejidad de la época, hoy la problemática más acuciante en el hospital son los consumos problemáticos cómo abordarlo. Y por eso, uno de los puntos clave de la carta es el pedido de poder contar con presupuesto y políticas que que den herramientas", señalaron a La Capital.
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Menos recursos
"Un punto clave es cómo está afectando el recorte y la fragmentación de las políticas sociales nacionales en la provincia", afirmaron, y pusieron como ejemplo claro el Programa Incluir Salud, una prestación nacional que se descentraliza a las provincias y que en los últimos años fue la que permitió que los usuarios contaran con acompañantes terapéuticos.
"Hoy no se puede contratar ni un acompañante terapéutico porque la hora de trabajo se paga 700 pesos. Y así se acortan las estrategias de atención en el día a día -continuaron-. Estamos hablando de que el acompañamiento es una de las patas de la clínica de cualquier equipo que desarrolla una estrategia; además de ser parte de la ley de salud mental, el acompañamiento es nada menos que el puente del usuario a la socialización y a los territorios".
A ese escenario se suma la situación de pobreza y vulnerabilidad de los propios usuarios. "Muchos son pensionados que reciben los fondos de Nación y este mes van a cobrar en dos veces", graficaron los trabajadores, y definieron que "la población con padecimiento subjetivo atraviesan esta crisis económicas de la peor manera, están en la primera los recortes y son claramente los más vulnerables frente al desarme de la red de cuidado".
Sobre la aplicación de la ley de salud mental, el proceso de cierre de salas y la puesta en marcha de dispositivos sustitutivos por parte de la provincia, como son las viviendas asistidas fuera del efector o el mismo proyecto de casas dentro de la colonia, su sostenimiento y ampliación, señalaron, requieren de "recursos y decisión política".
No sólo militarizar
El reclamo a las autoridades provinciales "de políticas de cuidado" a través de un documento público surgió tras las semanas de violencia que atravesó Rosario y que tuvo, entre otros espacios, a los centros de salud bajo amenaza; incluso con la decisión de tener que cerrar sus puertas para preservar la integridad de trabajadores y pacientes.
"Cuando decimos que se nos acortan las estrategias de atención cada día, sabemos que los usuarios a los que podamos atender tendrán que ir a centros de salud que fueron y son blanco de amenaza. Una coyuntura que pone en riesgo a toda la red de atención", recalcaron.
Y justamente hacen hincapié en el documento que "son los centros de salud, los hospitales generales y monovalentes, los espacios sustitutivos del manicomio algunas de las pocas referencias institucionales que con su práctica diaria sostienen cuidados y asistencia a una gran población".
Remarcan además que en la actualidad, a más de una década de su aprobación, "la Ley Nacional de Salud Mental está lejos de su implementación plena". De hecho el mismo efector disminuyó entre 2022 y 2023 el número de pacientes crónicos internados en el monovalente de 72 a 45 a través de la implementación de dispositivos sustitutivos, los operadores afirman que para seguir avanzando se requieren "recursos humanos y económicos necesarios".
A ese escenario que afirman sin dudar que pone "en riesgo la salud" de parte de la población se sumó además la violencia y pusieron bajo la lupa las respuestas que sólo apuntaron a traer uniformados a la ciudad.
"Ante este escenario, la respuesta principal del gobierno provincial (apoyado por el ejecutivo nacional) consistió en engrosar las fuerzas de seguridad. Sabemos que la sola presencia policial será insuficiente, incluso contraproducente, si no se contempla el trabajo en territorio y el acceso de los sectores más desfavorecidos a la alimentación, a la salud y a la educación, los cuales se ven fuertemente afectados por las políticas públicas de recorte y ajuste", concluyeron.