JUDICIAL
El Ayuntamiento de Ponferrada baraja recurrir en el Supremo el pago de 2,4 millones al Santander
La teniente de alcalde, Lidia Coca, advierte que la situación heredada "tiene un impacto importante"
El actual equipo de gobierno municipal de Ponferrada está estudiando con sus servicios jurídicos la posibilidad de interponer un recurso de casación ante el Supremo, después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), adelantada por Diario de León, en la que se condena al Ayuntamiento a devolver 2,4 millones de euros al Banco de Santander por el crédito suscrito en la época de Samuel Folgueral (USE) para la organización del Mundial de Ciclismo.
Esta mañana, la actual teniente de alcalde de Ponferrada, la popular Lidia Coca, daba a conocer la primera reacción tras el varapalo judicial heredado. Indica que, "ante el fallo del TSJ de Castilla y León en relación con la obligación del pago al Banco de Santander de casi dos millones y medios de euros, se procede al análisis por los servicios jurídicos de la posibilidad de interponer un recurso".
Dice la teniente de alcalde de Ponferrada se encuentran ahora "ante la obligación de pagar una suma muy importante, en un momento en que las necesidades de la ciudad y sus habitantes aconsejarían destinar una cantidad semejante a mejorar las infraestructuras y facilitar la actividad económica".
Añade en su comunicado oficial que "la proyección hacia este momento de decisiones anteriores, que provienen en el caso de la solicitud del préstamo y su gasto de hace una década, tiene un impacto importante, por lo que hay que analizar sus consecuencias financieras y las posibilidades jurídicas que tiene un recurso contra esa resolución".
Es por eso -asegura- por lo que los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Ponferrada "están analizando, por un lado la conveniencia de iniciar una nueva fase judicial, que llevaría a la interposición de un recurso de casación; y por otro lado, su viabilidad jurídica, en atención a los contenidos de la sentencia del TSJ".
Desde el equipo de gobierno del PP recuerdan que "no intervino en las decisiones políticas y administrativas que han ocasionado esta situación, y ha de considerar las posibilidades de que prospere la admisión y luego la estimación de un recurso de casación ante el Supremo que, somos conscientes, tiene siempre considerables dificultades jurídicas, por no hablar de la posibilidad de aumentar los gastos del procedimiento, que salen del erario público".
Lidia Coca destaca que ahora la principal "preocupación es, por tanto, y a la vista del estudio que están haciendo los servicios jurídicos, tomar la decisión más oportuna en conjunto, pensando en los intereses municipales y de los ponferradinos, de lo que informaremos en los próximos días".