El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está encontrando resultados positivos en la búsqueda de conseguir que los trabajadores estiren su jubilación. El último bloque reformista en pensiones abordado la pasada legislatura incluía una serie de incentivos para demorar la jubilación y, además, se combinó con un paquete de penalizaciones sobre la jubilación anticipada. En el arranque de 2024 el balance resultante es que las altas por jubilación demorada se han duplicado y son ya el 10,5% del total, cuando antes de la reforma solían quedar por debajo del 5%. Sin ir más lejos, antes de la pandemia eran el 4,9% del total.
Los datos son claros: esta herramienta ha duplicado su efecto y desde Seguridad Social muestran su sorpresa positiva por la acogida que ha tenido. Siendo ya la opción preferida por uno de cada diez nuevos jubilados, esta modalidad suma unos 50.000 retirados dados de alta con 68 años de media en dos años y dos meses.
Juega a favor de la Seguridad Social la baraja de incentivos que acordó con los empresarios y los sindicatos en la anterior legislatura. El cambio principal fue que los recortes se comenzaron a aplicar sobre la pensión para endurecerlos. En enero de 2022 entraron en vigor dos fórmulas combinables para premiar el atraso voluntario del retiro cumpliendo un mínimo de 15 años cotizados y 65 años:
- Un porcentaje adicional del 4% por cada año adicional cotizado tras cumplir la edad ordinaria, lo que supondrá un aumento de la cuantía de la pensión.
- Un cheque a tanto alzado por año cotizado dependerá de los años cotizados cuando se llegue a la edad de jubilación, y que va de los 4.700 a los 12.000 euros aproximadamente. Se recibe en el momento de la jubilación.
- O una combinación de ambas opciones.
También el efecto de las penalizaciones con coeficientes reductores de la pensión que introdujo el antiguo ministro, José Luis Escrivá, sobre las altas anticipadas de manera voluntaria. Esta opción también ha rebajado su peso: antes rondaban el 30%, ahora son 20% de las altas totales -si bien en enero y febrero se observa un repunte al 29% de los casos totales-.
Esta penalización es más dura cuanto más adelantas la jubilación y, en todo caso, es más leve para los trabajadores con largas carreras de cotización. En un caso extremo, el trabajador con menos de 38,6 años cotizados que decide adelantar su retiro dos años (24 meses) verá mermada su prestación en un 21%.
Igualmente, este mismo curso ha entrado en juego otro nuevo sistema de penalizaciones que afecta a las prestaciones más altas del sistema. La reducción de la pensión será de hasta el 5,7% sobre la pensión máxima para un trabajador que anticipa el retiro 24 meses y cuenta con una carrera de cotización inferior a 38 años y seis meses. Con todas las herramientas sobre la mesa, la edad a la que acceden las personas que se jubilan anticipadamente también se ha alargado hasta los 63,4 años.
Alargar la edad de jubilación
Estirar la edad de jubilación es uno de los ansiados objetivos que han perseguido todas las reformas de pensiones del siglo. La edad de jubilación real avanza progresivamente y se colocó por encima de los 65 años por primera vez en la historia durante 2023.
Además del efecto del retiro anticipado, el incremento de la edad legal de jubilación de forma gradual hasta los 67 años que alcanzará en 2027 lo formuló el Gobierno del PSOE en la reforma de 2011, a razón de dos meses por año, es otro motivo que está empujando el retiro medio hacia cotas más cercanas de la edad legal y que actúa junto a la jubilación demorada. Así lo explica según explica a Robert Meneu, profesor de la Universidad de Valencia y miembro del Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social.
A largo plazo, el informe de proyecciones de gasto público en pensiones del Gobierno apunta a que un creciente número de trabajadores se jubilará más allá de los 65 años, actual edad efectiva de jubilación. Con los últimos procesos reformistas y las proyecciones a largo plazo, se espera dejar la edad real en 66,6 años, muy próxima a la edad legal de 67 años.
El Gobierno también esperaba en ese informe que casi un 28% de los trabajadores sénior sigan trabajando más allá de los 65 años para mitad de siglo, y que más de la mitad de los trabajadores de 65 años atrasen de forma voluntaria su jubilación gracias al cóctel de incentivos y penalizaciones.