Las Palmas de Gran Canaria
Viernes, 5 de abril 2024, 18:14
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El pacto migratorio europeo, aprobado en diciembre del año pasado, podría suponer «un retroceso» en los derechos de las personas migrantes que llegan a la Unión Europea, además de que se agrave «todavía más la desprotección en la que se sitúan los migrantes». Esto se debe a que es un acuerdo «que no estaba pensando en su origen para proteger, sino para poner la casa en orden de la Unión Europea», según explicó el director de política exterior de la Fundación Alternativas, Vicente Palacio, organización que ha elaborado el 'Informe África 2024: el Pacto Migratorio y de Asilo europeo'.
Palacio aseguró que, al endurecer las condiciones de entrada, «también lo harán las garantías jurídicas que van a tener estos migrantes a la hora de su llegada». Por todo ello, instó a administraciones locales, las ONG y al Gobierno central a que «estén vigilantes», ante estos cambios. La presentación de los resultados del análisis tuvo lugar ayer en la Casa África de Las Palmas de Gran Canaria.
El experto considera que se da «una paradoja» con las medidas pactadas por la UE, ya que, por una parte, se promete que se van a agilizar los procesos para determinar si se le da asilo o no a la persona, pero «al endurecer las condiciones de entrada» se consiguen «repatriaciones inmediatas» que no garantizan «los derechos de asilo de esas personas». Por otro lado, también se pueden dar «demoras en centros de detención o de reclutamiento», lo que, dijo «no estaría dando solución al problema».
En el informe realizado por la Fundación Alternativas se ha hecho un análisis de las consecuencias que tendrá el pacto migratorio europeo, sobre todo, para la inmigración africana. En él se ha estudiado la situación de los países y los perfiles de las personas que deciden emigrar, además de las nuevas rutas migratorias.
Beatriz Mesa, profesora asociada de la Universidad Internacional de Rabat, que ha formado parte del trabajo realizado, destacó que las personas migrantes están expuestas «a todo tipo de vulneraciones de los derechos humanos», e hizo hincapié en que, a día de hoy, las «prácticas ancianas de la esclavitud» se podrían ver agravadas con estos pactos «que reproducen errores del pasado».
Bajo su punto de vista, esos «errores del pasado» se repiten debido a que «se le está pidiendo, una vez más, a los países de tránsito que refuercen las leyes para que criminalicen al migrante». Así, se está solicitando «por enésima vez a Mauritania, Argelia, Egipto o Túnez, que sean los que controlen las migraciones», pero, en dichos países, «solo se utilizan medidas de represión» motivadas, como explicó, por las exigencias impuestas desde la Unión Europea. Entre ellas están «las grandes sumas de dinero que se están poniendo sobre la mesa y los grandes pactos y negociaciones que se están poniendo en marcha con grupos armados también de Mali, Libia, para que controlen esas migraciones a cambio de unas sumas de dineros». Sin embargo, el informe apunta a que «si persiste la desigualdad, la debilidad institucional y los regímenes autoritarios», se prevé que «los flujos migratorios irregulares se mantengan y aumenten».
Por todo ello, la experta consideró que Europa ha entendido la situación al llegar a acuerdos, pero no ha querido atajar el problema desde la raíz. El error, comentó, está en que el pacto «no está promoviendo una inmigración circular». Tampoco garantizará la inclusión de los migrantes para cubrir «sectores profesionales determinados». Para la experta, un cambio real pasaría por «transformar los modelos económicos de estos países».
Efe
Loreto Gutiérrez
S. T. / Efe. El coordinador de Canarias de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Juan Carlos Lorenzo, expresó que el pacto migratorio europeo tiene una repercusión «muy directa» en Canarias, ya que hay «ciertos elementos que están dirigidos principalmente a territorios fronterizos».
En este caso, apuntó que el acuerdo será aprobado posiblemente en abril, «antes de las elecciones europeas», lo que consideró que es «una oportunidad» para anticiparse a una nueva legislatura en la que «se presume un aumento de tesis y de opciones políticas ultraconservadoras de la extrema derecha».
En el acto de presentación de los resultados del 'Informe África 2024' también estuvo presente el consejero de Derechos Sociales del Cabildo de El Hierro, Amado Carballo, que trasladó que las autoridades locales echan de menos «una mayor implicación y una mayor oportunidad de intervención en la atención en las llegadas». Hasta las costas de esta isla recordó que han llegado, en lo que va de año, «unas 7.400 personas».
Por otro lado, hizo hincapié en que, por el momento, «la política de asilo y de protección de la UE no está sirviendo realmente para apaciguar o para atender adecuadamente en condiciones de dignidad y de defensa de los derechos humanos a todas las personas que llegan y las que van a llegar». Apuntó que «no se puede negar la realidad» y que se ha de disponer de los recursos necesarios para atender de forma adecuada «a todas esas personas que están llegando».
Estas declaraciones coinciden con la petición que han elevado representantes de distintos municipios herreños al Gobierno de Canarias en la que se solicita más apoyo para abordar la presión migratoria en la isla. Todo ello, en un territorio que en 2023 recibió a 14.555 migrantes.
Entre las solicitudes se encuentra la posibilidad de que se compense económicamente los recursos municipales que se han dispuesto para la atención de migrantes. Durante el encuentro que mantuvieron con la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, y la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, se explicó la necesidad de apoyar a los ayuntamientos herreños para abordar programas de integración cultural y otros gastos sociales derivados del repunte migratorio.
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