Según un informe de la Agencia Europea del Medioambiente, nada menos que dos tercios de las aguas superficiales europeas no poseen un buen estado químico. En relación con los pesticidas, ya en 2021, excedían los umbrales de preocupación toxicológica en el 20% de los lugares donde fueron medidos.
Para paliar la situación, la Comisión Europea está trabajando en la propuesta de una directiva para modificar la actual regulación al respecto –Directiva Marco del Agua, Directiva de Aguas Subterráneas y Directiva de Normas de Calidad Ambiental–.
Aunque las cosas de palacio van despacio. Sobre todo, cuando no todos los países reman en la misma dirección. Y España es uno de ellos. En el proyecto de texto de compromiso presentado por la pasada Presidencia española para el Consejo Europeo, se pide que no se rebajen tanto los niveles permitidos de tóxicos en nuestras aguas.
Para ser exactos, si la propuesta original de la Comisión prevé una concentración legal máxima de 4,4 nanogramos por litro para la suma de 24 PFAS en las aguas subterráneas, la sugerencia española pretende fijar un nivel más de 20 veces menos exigente, hasta los 100 nanogramos por litro, según denuncia un comunicado emitido por PAN Europe –una red de acción contra pesticidas tóxicos que reúne a más de 25 ONG europeas–.
Cada vez más estudios asocian los PFAS a problemas del sistema inmunitario, del desarrollo, hepáticos y aumento del colesterol sérico. Se han relacionado, por si fuera poco, con mayor riesgo de cáncer, sobre todo, de riñón y testículos, infertilidad y enfermedad tiroidea. Además, están dentro de la lista de disruptores endocrinos, esos químicos que, aun consumidos en muy bajas dosis, afectan al sistema hormonal.
Nos puede resultar lejano, sobre todo, si ignoramos que esas siglas –que corresponden a sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas– están entre los ingredientes no deseados que llegan al agua de los grifos de nuestra casa. Son, además, bioacumulables –es decir, no se excretan– y se les conoce como contaminantes eternos porque no se degradan en el medio ambiente.
Los PFAS –de los que existen 4.700 subtipos distintos– están en todas partes: alfombras, pinturas, ordenadores, utensilios de cocina antiadherentes –de teflón–, envases de alimentos o cosméticos. Y, claro, así es imposible que no lleguen a las aguas residuales. El gran problema es que las plantas de tratamiento de las aguas no son capaces de filtrarlos.
Quizá por eso un estudio reciente del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC) ha detectado 59 microcontaminantes distintos en 140 Áreas Importantes para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad en España (IBA), entre las que La Campiña de Carmona (Sevilla), Los Saladares del Guadalentín (Murcia) y Las Hoces del Turia (Valencia) son las más afectadas.
Por otra parte, aunque todavía no hay estudios oficiales al respecto en España, sabemos que la presencia de PFAS en el agua potable afecta a 26 millones de personas en Estados Unidos, según datos de 2023 de la Agencia de Protección Ambiental estadounidense (EPA).
Y no solo son los PFAS. Lo mismo ocurre con los pesticidas –sin visos de que esto cambie, desde la gran derrota para el derecho a la salud de los ciudadanos que ha supuesto la reciente retirada de la ley europea propuesta para reducir la presencia de estos tóxicos–, restos de medicamentos o microplásticos de todo tipo.
Obstáculos para una regulación europea
Para colmo, España sugiere a la Comisión Europea eliminar del texto de la CE el establecimiento de una concentración máxima permitida de 0,5 μg/L para la suma de todos los pesticidas y sus metabolitos en las aguas superficiales. España es el país de la Unión Europea que más plaguicidas consume.
"Es algo muy grave, ya que los pesticidas son, precisamente, otro de los tipos de sustancias tóxicas que más preocupan, tanto por sus efectos sobre la salud humana como sobre los ecosistemas y, por lo tanto, debe establecerse un nivel máximo para todos ellos en aguas como las de ríos o embalses, de las que tantas poblaciones se abastecen", alerta a Público Carlos de Prada, periodista y activista medioambiental responsable de Hogar Sin Tóxicos.
Solucionar el problema ante intereses encontrados
Las razones podrían explicarse, en parte, en la carta que, a principios de este mes de marzo, la Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Servicios del Agua (EurEau), que agrupa a dedicadas a dar abastecimiento y saneamiento a 500 millones de personas, dirigió a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
En ella dejan claro que los métodos actuales son insuficientes para eliminar debidamente los PFAS del agua potable. Pero no dan más solución que aguantarnos porque, según dicen, lograr que los filtraran supondría unos "costos exorbitantes" y una "carga desproporcionada para los usuarios del agua".
Según señala esta organización, "la eliminación de las PFAS del ciclo del agua urbano causa una amplia gama de problemas para los proveedores de servicios de agua. Si bien existen tecnologías para eliminar la mayoría, son insostenibles, principalmente debido a su complejidad técnica, la intensidad de los recursos (agua, energía, productos químicos de tratamiento, etc.) y la generación de residuos que contienen PFAS".
Aunque hay también otras razones por la que hay países reticentes a la propuesta europea de cerrar el grifo de los contaminantes. Por ejemplo, menos del 10% de las aguas superficiales de Países Bajos se encuentran en buen estado ecológico, según la Directiva Marco del Agua.
"Rebajar las exigencias de la Directiva permitiría dar una mejor imagen, con más bajo porcentaje de incumplimientos formales, aunque la contaminación siguiera existiendo en la misma o mayor medida", dice Carlos de Prada.
¿Qué intereses acabarán guiando el resultado? Quedamos a la espera de que la Comisión Europea vaya tomando sus decisiones.
Por lo pronto, PAN Europe advierte de que "establecer nuevas normas legislativas para abordar la contaminación del agua es un paso que se necesita con urgencia para proteger los recursos hídricos europeos, detener la crisis de la biodiversidad y proteger la salud de los ciudadanos. Es una oportunidad que no podemos permitirnos perder".
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