La consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, informó ayer en el pleno del Parlament de que hay 200 viviendas previstas como consecuencia del decreto de vivienda del Govern, sobre todo con la figura de «vivienda de precio limitado».
El Parlament aprobó el proyecto de Ley de Medidas urgentes en materia de Vivienda que, entre otras, crea la figura de las viviendas a precio limitado, con los 27 votos a favor del PP, 25 en contra de PSIB, Més per Mallorca y el grupo mixto y siete abstenciones de Vox.
Vidal aportó el dato de los inmuebles que se están impulsando con el decreto inicial en respuesta a una pregunta de la diputada socialista Mercedes Garrido, sobre los efectos que está teniendo el decreto de medidas urgentes de vivienda que aprobó el Govern hace cinco meses.
Garrido reprochó a Vidal que el objetivo que se marcó el Govern fue de poner a disposición 3.000 viviendas y criticó que no hayan entregado ninguna vivienda de protección desde que gobiernan a pesar de que han acabado varias promociones.
Vidal calificó de «resultado exponencial» los efectos desde que se aprobó el decreto. Entre esas nuevas residencias, 190 corresponden proyectos de creación de viviendas a precio limitado, de las que 145 están radicadas en Palma, y son tanto de promociones a precio limitado como por reconversión de locales e incremento de alturas, detalló.
También hay otras en Marratxí, Calvià, Alcúdia, Sant Llorenç y Felanitx, sobre todo por reconversión de locales en vivienda de precio limitado, y desde el lunes, también en Manacor.
«Hemos aportado herramientas para los municipios», defendió Vidal, que insistió en que «el decreto está funcionando», y lo comparó con el balance de la pasada legislatura, porque «la vivienda cuesta ahora en Baleares el doble que hace diez años».
Además, un total de 20 ayuntamientos de Baleares han aprobado ya acuerdos para regular las medidas del decreto de vivienda que aprobó el Govern en octubre, con la intención de que haya más viviendas a disposición de la ciudadanía, explicó Vidal.
Vidal abrió el debate en el Parlament del proyecto de ley que deriva de ese decreto aprobado el 2 de octubre. La consellera recalcó que el objetivo de esta normativa es «facilitar que salgan más viviendas al mercado de alquiler y venta para la ciudadanía de Baleares, para que los residentes y sobre todo los jóvenes puedan acceder a una vivienda», y para dar respuesta a un problema que se ha ido agravando en los últimos años por la falta de oferta y por la subida de precios.
Destacó que facilita herramientas a los ayuntamientos con diversas medidas como permitir el aprovechamiento de edificios en desuso existentes y parcelas no urbanizadas, «con lo que no consume territorio».
Hasta ahora, 20 ayuntamientos han aprobado acuerdos para regular medidas del decreto, diez han aprobado acuerdos de suspensión temporal o condicionada y cuatro han aprobado su no aplicación. Como el decreto es aplicable a no ser que haya una renuncia expresa, hay 53 municipios que pueden aprobar medidas derivadas del decreto, que suponen un 80% de los 67 municipios de las islas, señaló Vidal.
Durante la tramitación parlamentaria, se han introducido varias enmiendas, enfocadas principalmente a mejorar y ampliar el abanico de posibilidades para favorecer la creación de nuevas viviendas de precios asequibles, y también para poder aportar una mayor seguridad jurídica para la planificación de estas actuaciones.
Ley aprobada
En este sentido, se establece un plazo de tres meses, a partir de la aprobación de la Ley, para que los ayuntamientos aprueben los acuerdos que determinen la regulación de las medidas. Si en este plazo no se ha adoptado el acuerdo del Pleno, las medidas serán de plena aplicación.
Se proponen mayores posibilidades para la reconversión de locales en viviendas de precio limitado y se clarifica que se puede hacer el cambio de uso a residencial de cualquier local que no tenga actualmente este uso.
El Decreto Ley prevé que se pueda realizar un cambio de uso de las parcelas destinadas a equipamientos públicos y privados cuando todavía no se hayan desarrollado, y con la Ley también se podrán construir viviendas en terrenos que dispongan de un equipamiento en funcionamiento si la parcela tiene una edificabilidad remanente; es decir, si el planeamiento municipal ya permitía mayores actuaciones de edificación.
Otra de las novedades, que se ha negociado entre los grupos parlamentarios, es hacer una reserva de más vivienda para jóvenes: en las nuevas promociones de diez o más viviendas de precio limitado, o en las actuaciones de reconversión de establecimientos turísticos en viviendas de precio limitado, se tendrá que reservar al menos un 30% a menores de 35 años.
Para facilitar el acceso a la vivienda a los trabajadores del sector turístico, se permite la posibilidad del cambio de uso a residencial de parcelas que tuvieran el uso de alojamiento turístico en la calificación urbanística y que se encuentren vacantes, para poder aprovechar estos terrenos para construir edificaciones de uso residencial comunitario, y alojamientos con espacios comunes complementarios. En este caso, los ayuntamientos también podrán aprobar la regulación de la medida.
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