Ciudad de Guatemala, 29 abr (Prensa Latina) A pesar de las acciones de las autoridades del Ministerio de Gobernación, las denuncias por extorsiones siguen al alza en Guatemala, con 54 diarias durante marzo último, según datos divulgados hoy.
La tasa en diciembre de 2023 estuvo en 102,8 por cada 100 mil habitantes, mientras que el mes pasado ascendió a 109,2 (mil 681 casos), precisó en un informe el Centro de Investigaciones y Estudios Nacionales.
El analista de esa entidad Walter Menchú señaló que en tanto "no exista una reducción sostenible por cierto periodo de tiempo el índice continuará aumentando".
En tal sentido, sugirió trabajar en inteligencia e investigación criminal, pues –acotó- de todos los delitos estudiados solo incrementaron este y el robo de viviendas.
El fiscal Edgar Morales, citado por el diario local Prensa Libre, confirmó, por su parte, que las denuncias por extorsión subieron, "pero lo vemos positivo" porque demuestra un poco más de confianza de la población.
Sin embargo, advirtió, los esfuerzos deben enfocarse más allá de los presidios, "es un trabajo interinstitucional", donde incluyó la participación de la Superintendencia de Bancos, la de Telecomunicaciones, la Policía, Gobernación y el Ministerio Público.
A juicio del fiscal, debe reformarse el Código Penal y el Procesal Penal; la Ley del Régimen Penitenciario, la de Telecomunicaciones y de Terminales Móviles
También la Ley Contra la Delincuencia Organizada y la de Bancos, subrayó Morales, para quien "no es una tarea fácil, pero tampoco imposible si se tiene la voluntad política".
"Se debe crear una ley que criminalice a las estructuras de pandillas y una específica en materia de extorsiones", apuntó.
Cifras de la cartera de Gobernación dan cuenta que el 47 por ciento de las denuncias por este delito se producen en el departamento capital, Escuintla, Suchitepéquez, San Marcos, Santa Rosa, Sacatepéquez, Retalhuleu y Quetzaltenango.
Entre el 15 de enero y 26 de abril la Policía Nacional Civil capturó un total de 607 personas por la posible comisión de este flagelo (362 mujeres, 198 hombres y nueve menores).
El ministro de la cartera de Interior del país, Francisco Jiménez, quien asumió el cargo el pasado 15 de enero, ratificó antes el compromiso de las nuevas autoridades para combatir las extorsiones y el crimen organizado.
Al presentar avances en materia de seguridad, junto a su equipo, anunció a fines de febrero último la creación de un Equipo Multidisciplinario de Control de Acceso Penitenciario.
El titular creó asimismo el Grupo Especial contra las Extorsiones, enfocado en labores en puntos estratégicos para el combate del delito.
Uno de los principales retos del presidente de este territorio centroamericano, Bernardo Arévalo, y su administración, alertaron expertos locales, es la inseguridad ciudadana existente en los 22 departamentos.