El fiscal federal Carlos Stornelli solicitó hoy elevar a juicio un segundo tramo de la causa en la que se investigan el pago de sobornos para la ampliación de gasoductos, en lo que fue la primera denuncia por corrupción contra el kirchnerismo en 2005.
Las personas que para el fiscal deben ser juzgadas por fraude contra la administración pública y cohecho pasivo, es decir recepción de sobornos son Daniel Cameron, extitular de Energía, y Fulvio Madaro, extitular del Enargas. Solo por fraude, pidió juzgar a Alicia Isabel Federico, Roberto Prieto, Oscar Alberto Domínguez y Horacio Héctor Tosim y Néstor Díaz, por cohecho activo.
Esta es la parte residual del expediente que tiene en sus manos el juez federal Sebastián Casanello y que investigó con el impulso de Stornelli.
El resto del caso, con Julio De Vido y José López como principales acusados y otras 29 personas, está en pleno juicio oral y público en el tribunal oral federal N° 4. Los jueces son Guillermo Costabel, Jorge Gorini y María Gabriela López Iñiguez. El fiscal del juicio es Abel Córdoba.
La secretaría de Energía y el Enargas intervinieron en los contratos. En los concursos se detectaron mayores costos por cerca de 20 millones de dólares entre el presupuesto inicial y lo finalmente aprobado. Se pasó de licitación pública a concurso privados de precios. Esa situación implicó acuerdos entre las empresas que terminaron en sobreprecios — consentidos por los funcionarios-por unos 185 millones de pesos al valor de entonces. Además las coimas a los funcionarios se calcularon en 14 millones de pesos.
La confesión de los sobornos
Una de las pruebas clave es una grabación en la que un ejecutivo de Skanska, Javier Azcárate, confiesa ante un auditor de la empresa los pagos de sobornos. Las grabación indica que desde Skanska se efectuaban pagos ilícitos con la finalidad de asegurar la adjudicación de las obras. Las contrataciones ya estaban "arregladas" y que en realidad no había competencia con otros oferentes. "El mercado este es así y el negocio este es así en la Argentina, ahora en más es así, por lo menos en esta etapa va a ser siempre así y somos prolijos y lo hacemos bien, o no laburamos", señaló.
Asimismo, Azcárate reconoció la salida de dinero de Skanksa mediante pagos simulados con facturas falsas por servicios no realizados y que estaban destinado al pago de funcionarios del Enargas y Nación Fideicomisos. El ejecutivo explica así la adjudicación de las obra: "Fue un 5% de todos los contratos, divididos en un 3% a Enargas y un 2% a Nación Fideicomisos, más los costos de la operación". Dijo "las líneas están arregladas, hay que poner el 7,5 % más los costos que te salen", y agregó: "Y ya sabíamos de antes de hacer la propuesta que la íbamos a ganar y que son 100 millones de dólares".
La causa lleva décadas y es el primer caso de corrupción del kirchnerismo. Estuvo a punto de naufragar, a pesar de la prueba tan explícita, cuando pasó por el juzgado del fallecido juez Norberto Oyarbide, hasta que el impulso fiscal y la tarea del juzgado de Casanello permitieron elevar el caso a juicio y ahora completar la instrucción de lo que quedaba de este expediente.
La investigación se inició en 2005. En 2011, un peritaje de la Corte Suprema, descartó que haya habido "sobreprecios" y los acusados fueron sobreseídos. En 2016, luego de que fuera incluida la grabación clave, el caso fue reabierto. El 3 de noviembre de 2017, Casanello procesó por cohecho a directivos y exdirectivos de varias empresas, incluida Skanska, y por cohecho y administración fraudulenta a exfuncionarios públicos. Esa parte fue a juicio y ahora se confirmó el procesamiento del resto de los procesados.