Ni los portales especializados ni las inmobiliarias pueden satisfacer la actual demanda. Una semana de búsqueda intensa de una vivienda en alquiler que María acabó con las visitas a las agencias con la misma despedida: "Tan pronto te entre algo nuevo me llamas". No es una excepción. Los potenciales inquilinos que esperan esa llamada para ir a visitar un piso en buen estado, que no tenga un coste desorbitado y que se ajuste al número de habitaciones y ubicación que están buscando dejan una larga lista de espera ante el cada vez más reducido mercado del alquiler, que ha llegado a mínimos históricos tras la entrada en vigor hace un año de la Ley de Vivienda estatal, que, entre otros aspectos, abre la puerta a la declaración de zonas tensionadas, fija un nuevo índice de referencia para actualizar las rentas y reduce la declaración de gran tenedor a cinco pisos en las áreas de precio limitado. Por disponibilidad y precio es una misión casi imposible encontrar un piso en Galicia, sobre todo en las ciudades de A Coruña y Vigo. En la actualidad, el mercado residencial en la comunidad tiene en el circuito de comercialización 2.250 viviendas en alquiler, un 19% menos que hace solo mes y medio coincidiendo con la publicación en el BOE del sistema estatal de referencia de precios de alquiler (en el arranque de marzo eran 2.780) y casi la tercera parte de las aproximadamente 6.000 que había en 2020, según datos de la Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias (Fegein). Se trata de un volumen de pisos y casas disponibles para arrendar en mínimos históricos, más teniendo en cuenta que a día de hoy en la comunidad hay más de 350.000 viviendas vacías. Es decir, apenas el 0,7% de los inmuebles desocupados habitables en Galicia cuelgan el cartel de Se alquila.
Los propietarios, según advierten desde la patronal inmobiliaria, muestran en un alto porcentaje "preocupación" y "desconfianza" por el temor a impagos y posibles ocupaciones. "La actual Ley de Vivienda estatal está provocando unos desastrosos efectos colaterales en el mercado de alquiler, con una considerable reducción de la oferta, y derivados de la inseguridad jurídica, lo que conlleva un incremento de precios constante", sostiene el presidente de Fegein, Benito Iglesias. De ahí que cada vez más dueños hayan retirado en los últimos meses el cartel de Se Alquila en contratos de larga duración y se hayan ido al mercado del alquiler vacacional, de temporada, por habitaciones o, directamente, al circuito de comercialización en compraventa.
Los más perjudicados por esta cada vez más reducida oferta en el mercado del alquiler y, en consecuencia, unos precios disparatados son los jóvenes y los colectivos vulnerables por su ratio de ingresos. "Establecer límites a los precios del alquiler únicamente va a provocar una nueva disminución de la oferta de vivienda disponible con el consiguiente aumento de los precios, lo que genera un bucle del que resulta difícil salir", advierten desde la patronal inmobiliaria. Hacer crecer la oferta, sostiene el sector, es "lo único que derivará en aliviar los precios y atender la fuerte demanda".
De las cuatro provincias gallegas, las que más acusaron la caída en la oferta de pisos en alquiler fueron Ourense y Lugo, en solo 45 días fue del 40% y el 30%, respectivamente. A día de hoy, en la de Lugo cuelgan el cartel de Se alquila 260 pisos frente a los 370 del arranque de marzo y en la de Ourense, 210 frente a las 350 del mes pasado. La reducción de inmuebles en A Coruña y Pontevedra es similar, un 13,6% y un 13,5%, respectivamente. Así en los concellos coruñeses hay en el circuito de comercialización en arrendamiento 950 pisos (1.100 a 1 de marzo) y en Pontevedra, 830 (960 en marzo). Y en las ciudades, A Coruña tiene disponibles para alquilar 280 pisos (350 a 1 de marzo); Vigo, 360 (420); Santiago, 135 (175); Ourense, 165 (180); Pontevedra, 85 (100); Lugo ,98 (120) y Ferrol, la excepción, con 100 frente a las 90 del mes pasado.
Desde la patronal inmobiliaria pronostican que la oferta se restringirá todavía más en los próximos meses por la "gran inseguridad jurídica" creada por la Ley de Vivienda estatal. "Puede drenar hasta un 40% más la reducida oferta de viviendas en Galicia hasta finales de año, llegado así en el último trimestre a menos de 1.500 pisos y casas disponibles para arrendamiento", augura Benito Iglesias.
Los propietarios acusan al Gobierno de cargar sobre ellos una responsabilidad suya: garantizar el acceso a una vivienda
Son muchos los temores de los propietarios a la hora de firmar un contrato de larga duración. Ante la "inseguridad jurídica" a la que —denuncian— se ven sometidos frente a impagos u ocupaciones, son cada vez más los dueños que deciden pasarse al mercado vacacional o compaginar la estancia para viajeros en verano con el arrendamiento a estudiante durante el curso —de septiembre a junio—. Es el caso de Jaime que ya en 2022 se estrenó en esta modalidad compartida con su segunda vivienda en el centro de A Coruña. "Me fui del alquiler tradicional por un tema de rentabilidad: el alquiler turístico multiplicó por cuatro lo s ingresos. Además, el tema de los impagos también es muy importante, porque en el caso del alquiler turístico las plataformas te aseguran el cobro, ya que tienen el dinero antes de que el inquilino entre en el piso. Riesgo de impago, cero", explica. Desde la Asociación de Inquilinos de A Coruña lamentan la "indefensión" que genera la nueva Ley de Vivienda. "La reforma es desastrosa. Tanto para el propietario, porque descarga sobre él una responsabilidad que es del Estado: garantizar el acceso a una vivienda. Pero con esta ley no se da ninguna garantía a los dueños en caso de impagos y blinda del desalojo a las familias vulnerables. Y a los inquilinos no se les garantiza una oferta que cubra la demanda actual", argumenta Verónica Urreaga, letrada de la Asociación de Inquilinos de A Coruña. El aumento de la oferta, sostiene, solo vendrá de la mano de la construcción de vivienda pública. "Pero eso no se hace de la noche a la mañana, eso necesita tiempo", advierte Urreaga, al tiempo que hace un llamamiento a las administraciones para que se movilicen tras años de parálisis en la promoción de alquileres sociales.
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