El Defensor del Pueblo está investigando a las comisarías de València, Castellón, Sagunto y Xirivella por intentar multar a extranjeros irregulares que fueron a poner una denuncia. Se trata de 4 casos, tres de los cuales acudieron al Programa de Igualdad de Trato y No Discriminación de la oenegé València Acull tras recibir una citación de la policía para multarlas al identificar que se encontraban en estancia irregular cuando fueron a poner una denuncia por extravío o robo de su pasaporte. La cuarta tenía un expediente de expulsión abierto al poner la denuncia.
En los 4 casos se presentaron quejas ante la Defensoría, que ha decidido abrir las investigaciones. Por el contrario, ni el juez decano de València ni el Consejo General del Poder Judicial han adoptado medidas para que el juzgado de guardia admita todas las denuncias de presuntos delitos, como lo es la sustracción de pasaportes, según denuncia València Acull en un comunicado.
La Defensoría del Pueblo viene denunciando esta situación de indefensión jurídica desde hace dos décadas y en su memoria sobre 2023 (págs. 186-187) indica que las quejas en este ámbito "destacan, un año más", vinculando esta situación a la infradenuncia, "uno de los principales problemas de la lucha contra la discriminación. Lo que no se denuncia no consta en las estadísticas y, por tanto, no existe. Cualquier obstáculo para la interposición de una denuncia desincentiva a las presuntas víctimas e invisibiliza problemas reales".
Lo cierto es que el reglamento no es claro sobre este tema. Las entidades exigen que los policías se limiten a recoger el parte de cualquier persona que vaya a denunciar un delito, sin mirar nada más. Sin embargo, desde la Policía Nacional consideran que "al tratarse de personas en situación irregular procede una propuesta de sanción". "Si una persona acude a renovarse el DNI y se detecta que tiene situaciones pendientes nuestra labor es actuar", explican. En cualquier caso, las organizaciones sociales denuncian que esto produce que los migrantes tengan miedo a denunciar los delitos que sufren, con lo cual muchos de ellos quedan impunes. València Acull aconseja, de hecho, que vayan a denunciar al juzgado de guardia y no a una comisaría.
"Especial situación de debilidad"
En la notificación remitida a València Acull de admisión a trámite de las quejas, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, recoge y asume -igual que hace en el informe anual- las consideraciones de la Fiscalía General del Estado expuestas en su memoria de 2023 sobre este asunto. La Fiscalía pone de relieve la "especial situación de debilidad" que pueden sufrir las personas extranjeras ante los delitos "por ser en ocasiones un objetivo fácil y por las posibles dificultades de su denuncia posterior". Y remarca las múltiples barreras a las que se enfrentan quienes están en situación irregular "para hacer valer sus derechos en los tribunales, constituyendo la mayor de ellas, el miedo a ser expulsados a sus países de origen, lo que les impide denunciar las condiciones abusivas que padecen". La Fiscalía recuerda que está obligada a garantizar los derechos humanos de todas las personas "que se hallan en nuestra jurisdicción, lo que incluye a los inmigrantes irregulares" y su acceso a la justicia.
Además, Gabilondo destaca las consideraciones de la Fiscalía de Almería, que incide en el papel fundamental que "juegan las asociaciones y ONGs en la orientación y asesoramiento de este colectivo. Estas instituciones son mayoritariamente las destinatarias iniciales de los problemas y necesidades del extranjero y desde las mismas se les orienta en cómo deben actuar ante un episodio racista o xenófobo". Por todo ello, el Defensor anuncia que "se han iniciado actuaciones ante la Fiscalía General del Estado".
El caso de Xirivella
La Defensoría del Pueblo formuló la primera recomendación sobre este asunto en 2004, cuando pidió al Ministerio del Interior que no se incoaran expedientes sancionadores "a los extranjeros en situación irregular que acudían a las comisarías de policía a denunciar delitos". En 2019, a raíz del caso de una mujer hondureña que acudió a denunciar la agresión de un hombre en la comisaría de Xirivella (València) y acabó detenida, con una propuesta de expulsión y sin poder denunciar, volvió a presentar una recomendación al actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska: "Dictar las instrucciones precisas para asegurar que las personas extranjeras en situación irregular que son presuntas víctimas de un delito puedan formular denuncia, sin que se les derive, por esta causa, a la incoación de un procedimiento sancionador que conlleve su expulsión del territorio nacional"
Esta recomendación fue rechazada en 2021 y, además, se detectaron casos en los que las sanciones no sólo afectaban a quienes van a denunciar un delito sino también a quienes realizan trámite en las comisarías, como las sanciones contra tres madres que habían acudido a sacar el DNI para sus bebés en la comisaría de Paterna. Estos casos provocaron una nueva recomendación
Recomendaciones rechazadas
Ninguna recomendación ha sido asumida a día de hoy. El Gobierno "sigue avalando este tipo de actuaciones policiales no solo rechazadas por el Defensor sino también por la legislación que establecen expresamente la protección jurídica de todas las víctimas sin tener en cuenta su estatuto de residencia", denuncia Valencia Acull.
Por todo ello, por el momento, "si no se quiere correr el riesgo de la expulsión, las personas en situación irregular deben acudir al juzgado a denunciar los delitos acompañadas de una abogada/o y han de autorizar a otros u otras con NIE o DNI para gestionar sus trámites en dependencias de la Policía Nacional", recomiendan fuentes de la entidad.
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