Era la noche del 5 de abril de 1992 cuando el presidente de la República, Alberto Fujimori, dio un mensaje en vivo al país. Los televisores retumbaban y en los hogares el asombro surgió como sentimiento general. Se estaba consumando un golpe o autogolpe ejecutado por el propio Jefe de Estado.
Alberto Fujimori anunció el cierre del Congreso y el control de los otros poderes del Estado. "Acuarteló" en sus casas a los presidentes de las cámaras de Senadores (Felipe Osterling) y de Diputados (Roberto Ramírez del Villar).
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En tanto, la residencia del ex presidente Alan García (del Partido Aprista Peruano), en Chacarilla del Estanque (Surco), fue rodeada por tanquetas del Ejército. Todo parecía estar controlado y debidamente planificado. El Perú vivió horas graves, de mucha tensión política y social. De la forma en que se actuara dependía afrontar el problema con sagacidad política o con belicosidad, lo cual podía llevarnos a un periodo de más violencia aún.
Por más que Alberto Fujimori intentó justificar su decisión con el argumento de que el Poder Legislativo entorpecía el trabajo del Poder Ejecutivo, el hecho fue un atentado contra el Estado de Derecho en el país. El decano del Colegio de Abogados de Lima, Andrés Aramburú Menchaca, consideró como un auténtico golpe de Estado lo anunciado esa noche por el presidente de la República.
"Trae por los suelos el orden jurídico y con ello el sistema democrático del Perú", afirmó Aramburú Menchaca. Para el jurista la situación convertía en ilegítimo al gobierno. También afirmó que, de acuerdo a la Constitución, "no existen autoridades ilegítimas". Ni los medios de comunicación se salvaron del acoso militar. Muchos de ellos fueron intervenidos o presionados en sus líneas editoriales. Desde ese día el cuestionamiento al jefe del Estado fue moral y político.
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Sin embargo, un sector de las Fuerzas Armadas del Perú ejecutó meses después un acto de reivindicación de los valores democráticos con un intento de contra golpe, ocurrido el 13 noviembre de 1992. Ese día, paradójicamente, una acción golpista fue dirigida hacia el régimen golpista.
El intento de restauración fue encabezado por los generales EP (r) Jaime Salinas Sedó, José Pastor Vives y Víctor Obando Salas. Esa misma noche, el Servicio de Inteligencia detectó la intentona y el gobierno denunció a los "cabecillas". Los "golpistas" fueron encerrados en el cuartel San Felipe en el Callao.
Al día siguiente, el 14 de noviembre de 1992, un total de 25 oficiales del Ejército, en situación de retiro y en actividad, serían detenidos por las fuerzas del orden, como consecuencia del frustrado golpe militar, informó el propio presidente Alberto Fujimori.
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De esta forma, se cerró este ciclo oscuro en la vida democrática del Perú. Luego, tras fuertes presiones internacionales como el de la OEA, el régimen de Alberto Fujimori cumplió con su anuncio de nuevas elecciones legislativas, estableciéndose el Congreso Constituyente Democrático (CCD) y una nueva Constitución Política del Perú, promulgada en 1993.
El autogolpe del 5 de abril de 1992 generó años después (aún hoy) acérrimos defensores y detractores, quienes han argumentado a partir de las consecuencias de esa inconstitucional medida. Lo cierto fue que el hecho en sí mismo alteró el orden democrático, ese que costó tanto recuperar luego de 12 años de dictadura militar.
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