El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha propuesto juzgar a seis personas por enaltecer el terrorismo de ETA mediante la organización de 120 actos de homenaje a presos etarras en cuatro años. Se trata de los llamados ongi etorris, de los que se celebraron más de un centenar entre 2016 y 2020.
García-Castellón les atribuye un delito continuado de humillación a las víctimas del terrorismo y otro, de enaltecimiento. Todos ellos son miembros de la Comisión de Presos de Sortu, que es una de las formaciones que conforma la coalición abertzale EH Bildu. Antes, habían pertenecido a ETA.
Se trata de Jose Antonio López Ruiz (que recibió el apodo de Kubati cuando formaba parte de ETA), Oihana Garmendia Marín, que también formó parte de la banda; Haymar Altuna, antiguo miembro del comando Amaiur, y los también etarras Oihana San Vicente Sáez de Cerain, Carlos Sáez de Egilaz Murgiondo y Felipe San Epifanio San Pedro (conocido como Pipe).
La resolución del juez relata que, "en su condición de miembros de la Comisión de Presos de Sortu, Kubati y Garmendia Marín, junto al resto de investigados, han desarrollado una actividad tendente a organizar, de forma sistemática y sistematizada, los actos de homenaje a los presos".
Para ello, se habrían valido de "la dinámica Kalera Kalera", un movimiento de la izquierda abertzale, y de otras entidades sociales afines a los presos de ETA. Junto a estas asociaciones la Comisión de Presos de Sortu organizó, bajo "normas estrictas", estos homenajes callejeros.
Dichas normas, detalla el juez, hacían referencia a qué presos eran merecedores de un ongi etorri en su honor. "Sólo fueron tributarios de homenaje aquellos que se habían mantenido durante su cautiverio dentro de la disciplina del colectivo de presos", precisa el magistrado.
Los homenajes no sólo se producían cuando un preso era excarcelado, sino que celebraban el regreso a España de alguno de ellos e, incluso, conmemoraban su fallecimiento. Esta causa judicial se inició con una denuncia presentada por la asociación de víctimas Dignidad y Justicia, presidida por el diputado del PP en la Asamblea de Madrid Daniel Portero, hijo de un fiscal asesinado por ETA.
A lo largo de la investigación judicial fue incautado un documento, encontrado en el ordenador de Haymar Altuna, en el que Sortu, que había asumido las competencias sobre los presos de ETA que antes estaba en manos del colectivo EPK, manifestaba lo siguiente: "La lucha de nuestros gudaris no es una cosa del pasado. La lucha continúa. Seguimos luchando por los mismos objetivos y sueños por los que lucharon los gudaris. Porque seguir hoy con la lucha es, la mejor manera de recordar
su existencia y de reconocer lo que han dado".
Con el término gudari, que significa guerrero o soldado, el entorno abertzale denominaba a los miembros de ETA.
Estos fragmentos formaron parte del orden del día de la segunda conferencia política de Sortu. Y, a ojos del juez, "evidencian el uso que por parte de Sortu se ha realizado de diferentes movimientos para dinamizar los actos de recibimiento a presos de ETA en sus localidades de origen".
En el marco de esta investigación judicial, la Guardia Civil descubrió los mensajes entre el entorno de los presos de ETA como el responsable de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, uno de los altos cargos de Fernando Grande-Marlaska. En esos chats, la izquierda abertzale negociaba con el Ministerio del Interior detalles sobre las progresiones de grado de los reclusos etarras, sus traslados entre cárceles o sus condiciones en prisión.