La Fiscalía General del estado (FGE) de Sinaloa dio a conocer los detalles de la localización de 66 personas que habían sido reportados como desaparecidos desde sus residencias en Culiacán el 22 de marzo. Esto luego de que algunos familiares habían reportado que había más personas desaparecidas debido a que había fichas de búsqueda activas.
El proceso de localización se llevó a cabo gracias a la colaboración entre distintos niveles de gobierno, que incluyó a la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), quienes se desplegaron en Culiacán tras el reporte de las desapariciones.
El 22 de marzo, se recibieron los primeros informes de las ausencias, lo que desencadenó una operación de búsqueda exhaustiva que culminó el 7 de abril con la localización de los últimos ocho individuos.
La fiscal General del estado, Sara Bruna Quiñónez, presentó un informe detallado ante medios de comunicación de los acontecimientos, subrayando que la totalidad de las 66 personas fueron encontradas en diferentes etapas.
Aunque 58 fueron localizadas en un primer momento, las siguientes jornadas fueron cruciales para asegurar el paradero de los ocho restantes. Aún con su localización, varios de los afectados eligieron no regresar a sus hogares, manifestando preocupaciones por su seguridad y la de sus seres queridos.
"Al no haber denuncia, y ante el contexto en el que se localizaron, se establece la confianza en los manifestado, lo cual puede abrir diferentes hipótesis", apuntó la Fiscal.
"Debido a que no todas las personas quisieron presentar una denuncia, para anunciar que se contaban con la localización de los ausentes, corresponde a la declaración que los mismos hicieron a las fuerzas de seguridad durante el trabajo de proximación", dijo Bruna Quiñónez.
La autoridad ministerial detalló que el regreso de las ocho personas que faltaban por ser localizadas, fueron ellas o sus familiares que informaron a las autoridades sobre que habían sido liberadas.
Por otro lado, la fiscal indicó que las diferentes autoridades tienen registro de la desaparición de 57 personas durante el mes de marzo, todas ellas registradas el día 22. Sin embargo, aclaró, que fueron localiazadas 66 personas debido a que durante los trabajos de investigación encontraron a más personas plagiadas, de las que, incluso, no había denuncia.
En ese sentido, la fiscal aclaró que de las 66 personas secuestradas, hacían falta por localizar ocho personas, de las cuales sólo tenían el nombre de siete víctimas.
De estas siete personas, apuntó la fiscal, sólo cuatro están en las listas oficiales del Ministerio Público local y las restantes no, por lo que esta discordancia podría ser porque se abrieron tiempo después que las personas secuestradas el 22 de marzo.
Familiares refutan versión del gobernador Rocha Moya sobre secuestro masivo
Pese a las declaraciones del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sobre la localización de las personas desaparecidas tras el incidente de secuestro masivo del 22 de marzo, familiares de cinco víctimas afirman que éstas no han sido encontradas.
Durante una conferencia de prensa ofrecida por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 8 de abril, Rocha Moya aseguró que todos los desaparecidos, incluidos 23 menores de edad, de un total inicial de 66 personas, habían sido localizados.
Las autoridades estatales habían descrito un operativo de búsqueda que resultó en la localización de los individuos desaparecidos, incluyendo los últimos ocho reportados, específicamente tres mujeres y cinco hombres. Sin embargo, la situación cambió cuando medios como Milenio Televisión reportaron declaraciones de familiares que contradicen esta versión, señalando la continua ausencia de sus seres queridos.
Entre los desaparecidos señalados por sus familiares se encuentran Jesús Ricardo Bejarano Covarrubias y cuatro miembros de la familia Báez Ochoa: Einstein Kaleth Valenzuela Báez, un menor de dos años, su madre Aleyda Guadalupe Báez Ochoa, y los abuelos María Guadalupe Ochoa Anguiano y Conrado Báez Luna.
En un contexto añadido de tensión, se mencionó la aparición de una narcomanta en Culiacán, presuntamente vinculada al Cártel de Sinaloa, que reforzaría los principios contra el secuestro y la extorsión en la región, citados por Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán. Además, se destacó la denuncia de líderes de robos en domicilios y la implicación de un miembro de la Policía Ministerial y otro de la Fiscalía General de la República (FGR).
La situación revela un complejo entramado de declaraciones oficiales y testimonios familiares que ponen en evidencia la continua búsqueda de justicia y claridad sobre los hechos sucedidos después de secuestro masivo en Culiacán.