Este ministro de Infraestructuras, Óscar Puente, es un caso. Se ha liberalizado el transporte ferroviario, lo que permite competir a nuevas empresas de transportes en el servicio que antes monopolizaba Renfe, compañía estatal. Se supone que el objetivo es pues incitarles a abaratar los precios para atraer clientes y beneficiar a los usuarios, por el lado de la demanda de viajeros. De este modo OuiGo (francesa) e Yryo (italiana) han entrado en la oferta de las líneas de AVE, donde se rumorea también podría tener interés la asturiana Alsa. Y como han bajado los precios, Óscar Puente se queja que ello perjudica a Renfe, y amenaza con subirles las tasas y los impuestos. ¿Entonces, para qué han liberalizado el servicio? Si lo que querían era que todo siguiera igual, que hubieran mantenido el monopolio de Renfe, cuyos precios no sabemos si son técnicos o políticos.
Se queja el ministro que las nuevas empresas podrían estar haciendo competencia desleal, ofreciendo tarifas a precio de coste sin beneficios. Bueno, eso es problema de ellas si los primeros años están dispuestas a no ganar o incluso perder dinero con tal de atraerse nuevos clientes. ¿Se imaginan al ministro intentando imponer a Volotea o Ryanair que tienen que plantear los mismos precios que Iberia? ¿Entonces para qué habrían liberalizado el transporte aéreo? Resulta con frecuencia además que empresas públicas resultan ineficientes, cuando son sostenidas con subsidios o impuestos, pensemos no ya en la minería del carbón asturiana, sino en los astilleros o Correos. Deberán especializarse en actividades donde aporten crecimiento económico sostenible.
O dedicarse a otra cosa. ¿Qué sentido tiene mantener a medio plazo empresas estatales deficitarias, si no son imprescindibles, y otras compañías pueden prestar el servicio más eficiente? Estamos mal acostumbrados a que papá Estado nos tenga que resolver todo. Ahora resulta que los astilleros privados asturianos de momento van viento en popa. ¿Era mejor para la creación de riqueza y empleo boicotearles, para que solo hubiera astilleros estatales dedicándose a sectores obsoletos? Ahora salen los de Junts (Puigdemont) que quieren poner multas a las empresas que se fueron de Cataluña, tras la declaración unilateral de independencia: ¿De qué economía de libre mercado hablamos? ¿La economía debe adaptarse a los panfletos, o las consignas a la realidad?
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