El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, repite jugada en el renombrado Valle de Cuelgamuros. Ya lo hizo antes de las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019, cuando llevó a cabo su mayor golpe de efecto apelando a la Ley de Memoria Histórica con la exhumación de Francisco Franco el 24 de octubre, y lo repitió en abril del año pasado, en vías de la votación para municipales y autonómicas, con idéntica maniobra en el caso de José Antonio Primo de Rivera, cuya familia había pedido un traslado que fue orquestado por el Ejecutivo. Volvió a ocurrir el pasado 12 de junio, en aquella ocasión a las puertas de los comicios generales del 23 de julio, cuando, después de seis meses de preparación y diversas trabas legales, arrancaron las obras para habilitar las criptas de la Basílica y comenzar así las exhumaciones reclamadas por 160 familias.
Y han sido precisamente estos trabajos los que han llevado a Sánchez a otra jugada efectista ante un escenario electoral que comienza el día 21 con la cita con las urnas en el País Vasco, a las que seguirán las catalanas el 12 de mayo y cerrarán los comicios europeos del próximo 9 de junio, envites en los que el PSOE puede caer a mínimos históricos en el País Vasco y Europa, y quedarse sin gobernar la Generalitat de Cataluña, pese a la previsible victoria de Salvador Illa.
Pedro Sánchez, recién aterrizado de Qatar, visitó ayer a primera hora la Capilla del Sepulcro del Valle de Cuelgamuros, donde trabajan los especialistas que buscan y analizan los restos en los osarios del Valle de los Caídos. En el espacio adyacente al Altar Mayor se llevan a cabo los trabajos para las exhumaciones que han solicitado esas 160 familias ante la negativa de las 271 –dos más desde ayer mismo– que representa la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos (ADVC).
Además, la crispación política entre PSOE y el PP ha ido a más en las últimas semanas por asuntos como la ley de amnistía y especialmente el "caso Koldo", que afecta a varios ministerios y exgobiernos autonómicos socialistas (entre ellos el del actual titular de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres), mientras los socialistas centran sus ataques a los populares por el supuesto fraude fiscal del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Con este escenario, la Ley de Memoria Democrática se ha convertido estos días uno de los temas estrella en las ruedas de prensa de líderes socialistas de la Ejecutiva Federal del PSOE, del Gobierno y del grupo parlamentario en el Congreso, con sus correspondientes réplicas desde el PP a cargo de Alberto Núñez Feijóo o Borja Sémper.
Todo ello después de que Ángel Víctor Torres anunciara el lunes que el Gobierno llevará al Tribunal Constitucional la ley aprobada en Aragón por PP y Vox que deroga la norma estatal si el Ejecutivo autonómico no acepta modificarla.
Además, avisó de que el Gobierno actuará de la misma forma con las proposiciones de ley denominadas de "concordia" presentadas en Castilla y León y la Comunidad Valenciana si llegan a ser aprobadas.
Ayer, el Gobierno elevó su presión al informar de que llevará a las Naciones Unidas, al Parlamento Europeo y al Consejo de Europa su ofensiva contra las leyes de memoria de los gobiernos autonómicos de PP y Vox.
Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, remató ra semana con su visita sorpresa para conocer sobre el terreno las tareas para la recuperación e identificación de 1as víctimas del franquismo reclamadas por sus familias.
Con todo ello, es evidente el afán del Gobierno y del PSOE en recurrir a la memoria democrática para destacar la acción del Ejecutivo y para criticar al PP, al que acusan de haber asumido los "postulados" de Vox sobre este asunto en algunas de las comunidades autónomas donde ambos partidos gobiernan en coalición.
Fuentes de Ferraz señalan a Efe que seguirán sacando a colación este tema "hasta que el PP deje de atacar la memoria y a las víctimas" del franquismo.
Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reprochado al Gobierno y al PSOE que el franquismo vuelva a ser objeto de debate ante una campaña electoral.
Lo cierto es que la memoria democrática ha vuelto a la arena política en el arranque de campaña para las elecciones vascas, que empezó oficialmente a medianoche de ayer, y seguirá teniendo presencia mediática durante un tiempo.
De hecho, el Gobierno prevé aprobar en el Consejo de Ministros del 23 de abril la creación de tres comisiones de trabajo previstas en la Ley de Memoria Democrática, entre ellas una para estudiar posibles vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y 1983, coincidiendo con el inicio del Gobierno de Felipe González.
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