El aspecto más visible de la profunda crisis carcelaria que atraviesa Neuquén desde hace dos años es la superpoblación: hay más personas que celdas, en las Unidades de Detención y en las comisarías. Sin embargo muros adentro se viven otras dramáticas circunstancias que arrasan con la ilusión de que el período de detención sea para resocialización y no para castigo.
Durante la audiencia judicial en la que se debatieron las condiciones de detención en Neuquén capital, con la presencia del ministro de Seguridad, Matías Nicolini, quedó expuesto que se incumple con la educación de los internos en los tres niveles, y tampoco los capacitan en oficios a quienes desean superarse. La falta de espacios es una de las razones.
Lo más grave que surgió es el estado de salud de las personas privadas de su libertad. El ministro Nicolini instaló el tema: dijo que no tienen historias clínicas (algo que se comenzó a corregir) y que estaba sorprendido por la cantidad de medicación psiquiátrica que se consume en las cárceles de la capital.
Estefanía Buamscha, presidenta del Comité Contra la Tortura, reveló por su parte que el consumo representa el doble respecto de la cárcel federal de Senillosa.
La jueza de Ejecución Penal, Raquel Gass, le preguntó al ministro si planifican la construcción de un pabellón psiquiátrico. «Es urgente», dijo la magistrada ante la respuesta negativa.
El contexto de la crisis
Las tres cárceles de Neuquén: Unidades 11, 12 y 16 (de mujeres), están cerradas desde noviembre del 2022 por superpoblación. Si no hay egresos no se autorizan ingresos.
En la Unidad 11 del Parque Industrial, la más grande la provincia, hay 264 personas alojadas en un espacio para 233. Como informó diario RÍO NEGRO, el Comité Contra la Tortura realizó un profundo relevamiento y encontró en los pabellones fallas que implican riesgo de vida para los internos: se combinan instalaciones eléctricas deficientes con agua en el piso; falta de matafuegos; problemas en la calefacción, entre muchos otros.
En una audiencia realizada esta semana el ministro Nicolini informó a la justicia de Ejecución Penal (la que se encarga de la situación de las personas que cumplen una condena) su plan de trabajo. La jueza le impuso tres meses de plazo para resolver las cuestiones más urgentes, bajo apercibimiento de aplicarle una multa diaria. La Legislatura declaró, a pedido del gobernador Rolando Figueroa, la emergencia penitenciaria para agilizar las respuestas.
La cantidad de medicación
La mención del ministro a la cuestión de salud se produjo durante su declaración ante la jueza Gass, el Comité, la defensa pública (representada por Luciana Petraglia y Juan Galarraga) y la fiscalía (Carolina Mauri y Natalia Lacoste).
«A nosotros (como ministerio) nos llega el pedido de suministro de medicamentos y realmente sin ser médico me llamó mucho la atención la cantidad» dijo Nicolini.
Para las tres cárceles hay un solo psiquiatra (la población penal asciende a 325 personas) y depende de la Policía, no del Ministerio de Salud.
Falta de control
El relevamiento del Comité Contra la Tortura arrojó datos alarmantes. «Se observa con preocupación la medicación psicotrópica entregada en la unidad, sin control ni tratamiento específico», dijo Buamscha.
«No hay control de diagnóstico. La práctica es 'te doy esta dosis y en dos semanas vemos si la bajo o la subo'. Algunos manifestaron que no quieren tomar más medicación, pero no tienen adónde recurrir», manifestó Buamscha.
Pero tampoco se controla si el interno toma la pastilla que le proveen. «Las personas manifiestan no tomarlas siempre, las guardan con el riesgo que eso implica. Hemos visto acumulación de pastillas», añadió.
Esto da origen a un tráfico de medicamentos, que circulan dentro de la cárcel como moneda de cambio. También se los utiliza para potenciar el efecto de bebidas que se elaboran con fermentación natural de frutas.
Todos saben, nada se hace
Hace meses la defensora Petraglia puso en conocimiento de esta situación al órgano de revisión de salud mental. «El diagnóstico respecto de la sobremedicación y la falta de seguimiento está, ahora habría que tomar alguna medida», dijo. Y le pidió a la jueza Gass que le imponga a la provincia, «en el plazo que usted entienda pertinente, la creación de un dispositivo de salud mental que implique el alojamiento diferenciado por la situación de extrema vulnerabilidad en que se encuentran las personas con padecimientos mentales en las unidades de detención».
La jueza sacó a la luz que «esta situación se la planteamos en forma personal al anterior gobernador», Omar Gutiérrez.
Consumo de sustancias
«Tenemos cada vez más ingreso de personas con más padecimientos mentales, producto también del consumo de sustancias», explicó. «Es una población (carcelaria) extremadamente vulnerable, no pueden convivir con el resto porque la vulnerabilidad que traen los hace convivir en condiciones tremendamente injustas», dijo Gass.
«Es urgente el diseño de un sector para alojar personas con padecimientos psiquiátricos», insistió. «Lo óptimo sería la construcción de un pabellón pero es muy a largo plazo. Por lo menos asignar algún sector ya existente».
¿A Senillosa?
Propuso que, si se logra destrabar la situación con el gobierno nacional para utilizar un sector de la cárcel federal de Senillosa, «la provincia se comprometa a llevar solamente personas con padecimientos de salud mental, aprovechando toda la infraestructura que tiene instalada Senillosa».
«Bueno, lo tomamos», se limitó a responder Nicolini.
Para tratar la crisis carcelaria, el martes 23 habrá una reunión convocada por el Ministerio de Seguridad a la que fueron invidados el Poder Judicial, la fiscalía, la defensa, el Comité Contra la Tortura y el Colegio de Abogados. «No nos queremos cortar solos, necesitamos la experiencia de todos para que nos ayuden a resolver esta cuestión», dijo Nicolini.