Justicia
CSJ envía al Congreso petición de retiro de inmunidad a magistrados del TSE por resultados electorales
La UNE denunció a los magistrados electorales por supuestas irregularidades en la segunda vuelta.
La UNE señala irregularidades registradas en la segunda vuelta electoral en Guatemala y señala a magistrados del TSE. (Foto Prensa Libre: HemerotecaPL / A. Domínguez)
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió una resolución dada a conocer este 9 de abril sobre un proceso de antejuicio promovido por el Ministerio Público (MP) contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), por señalamientos de supuestas irregularidades en la segunda vuelta de las elecciones generales de Guatemala.
Según la CSJ, la Fiscalía de Delitos Electorales señala a los magistrados Irma Palencia, Ranulfo Rojas, Blanca Alfaro, Gabriel Aguilera y Mynor Franco en una denuncia interpuesta el 25 de agosto de 2023 por el secretario general en funciones y representante legal de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
En la denuncia señalan supuestas irregularidades en la elección de binomio presidencial, que consistirían en existencia de actas con el mismo número de mesa que habría generado un excedente de 164 actas.
También señala supuestas irregularidades en el tiempo en el que se efectuaron los conteos de boletas en algunas mesas electorales y la utilización del Sistema Informático de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
En la resolución, la Corte Suprema de Justicia señala que el denunciante cumplió con los requisitos respecto a los elementos razonables y sustentados y que la denuncia no es promovía por razones espurias, políticas o ilegítimas.
La Corte Suprema de Justicia ordena remitir al Congreso de la República de Guatemala el proceso para "lo que tenga a bien resolver".
Los delitos señalados por el Ministerio Público contra los magistrados son abuso de autoridad con propósito electoral e incumplimiento de deberes.
Los magistrados Irma Palencia, Ranulfo Rojas, Gabriel Aguilera y Mynor Franco fueron despojados de su inmunidad por el caso TREP y quedaron ligados a proceso por varios delitos.
Una sala de Apelaciones dejó sin efecto una caución económica de Q100 mil para cada uno que había sido dictada y la subió a Q700 mil.
Además, dictó la prohibición de que los magistrados ligados a proceso puedan ejercer sus cargos mientras continúa la investigación.