La Fiscalía ha presentado ante un juez a los oficiales de la Policía Nacional, Wilson Javier Ochoa Mendoza y Alberto Gómez Vaquero, tras su presunta implicación en un caso de extorsión que ha sacudido a la opinión pública.
Los eventos tuvieron lugar el pasado sábado 6 de abril, cuando según la narrativa proporcionada por la Fiscalía, los dos uniformados detuvieron a un individuo bajo la sospecha de que el vehículo que conducía había sido reportado como robado.
Sin embargo, la situación tomó un giro cuando exigieron una suma de 10 millones de pesos al conductor para permitirle continuar sin contratiempos. Ante la desesperación, el ciudadano contactó a un amigo para obtener ayuda.
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"Hubo una especie de negociación en la que la víctima les dijo que no tenía toda esa cantidad de dinero, lo mismo dijo su amigo. Según las víctimas, esto resultó en un acto de coerción a cambio de evitar acciones judiciales en su contra", explicó la Fiscalía.
Horas después de su detención inicial, el ciudadano fue liberado, aunque los oficiales retuvieron su cédula y su teléfono móvil, condicionando su devolución a la entrega del dinero exigido.
Las víctimas, alarmadas por la situación, decidieron alertar a las autoridades pertinentes, quienes tomaron cartas en el asunto y acompañaron a las víctimas en un segundo encuentro con los uniformados. En un despliegue de acción rápida, los dos policías fueron capturados en flagrancia por el delito de extorsión.
"Los uniformados llegaron en un vehículo oficial. Inicialmente, ofrecieron la libertad del individuo a cambio de no proceder legalmente en su contra. Además, mencionaron la entrega del vehículo en conjunto con un documento falso de la Fiscalía para evitar futuras molestias.
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Sin embargo, fueron detenidos en posesión del dinero", explicó el ente investigador, detallando cómo los uniformados se habían escondido de las cámaras de seguridad y habían simulado una requisa para recibir el pago exigido.
Este incidente ha puesto de manifiesto nuevamente la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en las fuerzas del orden, así como la necesidad de una respuesta rápida y contundente ante cualquier abuso de autoridad.
La sociedad espera que este caso sea investigado a fondo y que se apliquen las medidas disciplinarias y legales necesarias para garantizar que actos como estos no queden impunes.
Con información de Colprensa.