Las palabras tienen su carga de culpa. Lo que sucedió en el diario Clarín en la noche del lunes no se puede, ni se debe, analizar a la luz de un hecho aislado. Ni tampoco es una agresión que afecta a un solo medio periodístico.
El atentado, que tiene las característica de un acto terrorista (personas encapuchadas en medio de la noche que manipulan efectos explosivos), es una seria advertencia a todo el periodismo independiente.
Y se consumó, además, en medio de una trama de ofensas casi cotidianas contra la prensa libre por parte de importantes dirigentes de la coalición peronista gobernante. El repudio del Presidente al ataque sabe a poco; debería hacer un llamado público a los suyos para que declinen las agresiones verbales contra medios periodísticos y periodistas.
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Tales agresiones se agravaron dramáticamente desde que el oficialismo perdió las primarias en septiembre pasado y las elecciones generales hace diez días. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que también repudió el hecho, debería primero repudiarse a sí mismo.
Fue él quien comenzó la escalada de amenazas a la prensa cuando le advirtió al dibujante Nik de que sabía en que colegio estudian sus hijas. Esas son las palabras violentas que, según las lecciones de la historia, preceden a los hechos violentos.
El Gobierno suele escudarse en el argumento de que existe la libertad de expresión para justificar sus agresivas declaraciones contra el periodismo. Y agrega que el periodismo (o parte de él, para ser precisos) es también muy crítico del Gobierno.
Sí, muchos periodistas somos críticos de la administración actual, del mismo modo que lo es la línea editorial de muchos medios periodísticos. Ese argumento tiene dos respuestas posibles. Uno es que la función del periodismo es ser crítico del poder. Pierde su razón de ser si solo sirve para la lisonja.
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