En medio del empuje que el Gobierno provincial le da a la minería, un aspecto de la Ley 7722 no se cumple, desde hace mucho tiempo y un sector de la oposición lo reclama. Lo cierto es que no ha habido un pedido furioso para que la Comisión Bicameral de Contralor Ambiental y seguimiento de actividades extractivas se conforme.
El órgano está previsto en el artículo 4 de la ley 7722 pero no funciona ni tampoco lo ha hecho en los últimos años, tal como contó este diario en su edición del domingo. Algunos se arriesgan a decir que nunca tuvo vida legislativa. Y eso que su tarea es clave, según manda la ley. El oficialismo no avanza con la conformación. "No la conforman porque no les conviene", aseguró un legislador opositor.
Cambia Mendoza buscará esta semana darle media sanción a los cambios en el Código de Procedimiento Minero, que entre otras cosas busca agilizar los permisos para realizar actividades mineras. A la espera de que entre un mega expediente con más de 200 permisos ubicados en el Distrito Minero de Malargüe, la comisión ni funciona y no se sabe si funcionará.
Podría decirse que la comisión bicameral más famosa es la de Seguridad y sobre todo sale a la luz cuando suceden hechos relacionados a la materia. Pero sobre minería también estaba previsto que funcione un órgano con las mismas características. Pese a hablar siempre de la 7722 y su cumplimiento, no se convoca.
El rol clave de la Bicameral minera
La Comisión Bicameral de Contralor Ambiental y seguimiento de actividades extractivas debe informar anualmente el estado del ambiente en la Provincia en relación con la actividad minera y petrolera, y el cumplimiento o no, por parte del Poder Ejecutivo y las empresas de las normas de cuidado y preservación del agua y el ambiente, en un trabajo mancomunado entre diputados y senadores.
El oficialismo dilata la conformación de una comisión clave para que la Legislatura pueda controlar los proyectos mineros que se desarrollan en la Provincia. Incluso cuando este comienzo de la segunda administración de Cornejo está teniendo una fuerte impronta minera. "El oficialismo no la conforma porque no le conviene", aseguró un diputado opositor.
En caso de detectar denuncias de terceros, o que la misma comisión constate daños ambientales o incumplimientos de las obligaciones por parte de los concesionarios mineros, deberá informar a la Legislatura y realizar las denuncias correspondientes ante la Policía ambiental de Actividades Extractivas.
Por el oficialismo, Natacha Eisenchlas, presidenta del Interbloque Frente Cambia Mendoza en la Legislatura, comentó a Los Andes que en el Senado no hubo ningún pedido para conformarla. Y advirtió que "no hay ningún inconveniente para formarla cuando haya algún pedido".
"Los proyectos que hay son muy pocos, así que todavía no hay ninguna organización y nadie ha puesto énfasis en eso. Imagino que ni bien crezca la cantidad de emprendimientos o sea necesario por alguna particular situación, ahí se pondrá en marcha, no hay ningún obstáculo para eso", manifestó la senadora provincial.
Desde la Cámara de Diputados respondieron que no se conformó porque "no han habido proyectos mineros para controlar, salvo las canteras". Sin embargo, una voz opositora salió a cruzar esas versiones. Jorge Difonso, diputado provincial de La Unión Mendocina, aseguró a este diario que ha insistido en la conformación de esta comisión durante varios años y que el oficialismo no la quiere conformar "porque no le conviene".
"Yo la he pedido hace años porque la bicameral debería recibir informes semestrales de la policía minera, pero en realidad no le dieron ni estructura a la policía minera, y tampoco conformaron la bicameral. Voy a volver a pedirla el miércoles", explicó el diputado provincial.
Además, remarcó la importancia de esta comisión y por qué debería estar funcionando: "Establece un control en cada una de las etapas de los procesos mineros, tanto de la exploración como los cateos, es decir, que ya tendría que estar trabajando en cada uno de los proyectos que están hoy a nivel exploratorios".
"En conclusión, estamos ante un gobierno que lo que plantea son reformas legales, pero en realidad lo que no hace es gestionar. Las leyes están, lo que tienen que hacer es gestionar y cumplirlas", agregó Difonso.