Agencia EFE
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Actualizado 13:33
La Fiscalía ha pedido el archivo de otra de las causas que se abrió a la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, en vísperas de las elecciones municipales, a raíz de la querella de una inmobiliaria que la acusaba de presionarla con sanciones para evitar el desahucio de un inquilino vulnerable.
En su escrito, al que ha tenido acceso EFE, el fiscal pide a la titular del Juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona que archive provisionalmente la causa, que además de contra Colau se dirige contra la exconcejal de Vivienda Lucía Martín, al descartar las coacciones que denunció la inmobiliaria.
Esta fue una de las cuatro causas que tenía abiertas Colau cuando se presentó a las últimas elecciones municipales -dos por supuestas coacciones a inmobiliarias, una por las 'supermanzanas' y otra por la concesión de subvenciones municipales a entidades afines-, a las que después se añadió una quinta por la suspensión de relaciones del Ayuntamiento de Barcelona con Israel.
Tres de esas causas fueron archivadas después de las elecciones, de forma que solo siguen en curso dos procesos: el que ahora la Fiscalía pide archivar y el de las subvenciones municipales, inicialmente sobreseído pero que la Audiencia de Barcelona reabrió, en contra del criterio del Ministerio Público.
La querella por coacciones y prevaricación que la Fiscalía quiere ahora archivar fue presentada por la inmobiliaria Juninmo por supuestas presiones con motivo de un desahucio previsto en 2021, cuando el servicio de mediación municipal intervino para evitar el desalojo de un vecino de Les Corts considerado vulnerable, que finalmente no se llevó a cabo gracias al acuerdo entre el inquilino y la empresa propietaria del inmueble.
Durante el proceso, el ayuntamiento incoó a la inmobiliaria un expediente por no ofrecer al inquilino alquiler social -en base a un artículo de la ley catalana de vivienda que así lo preveía antes de que el Tribunal Constitucional lo anulara-, que acabó archivándose.
A la misma inmobiliaria, la Dirección de Licencias de Ecología Urbana del consistorio le incoó otro expediente sancionador por un piso turístico ilegal, también archivado tras las alegaciones presentadas por la propiedad.
En su escrito, la Fiscalía recuerda que el primero de los expedientes se archivó por caducidad, sin que su apertura fuera "arbitraria", y el segundo, tras constatarse un error en la identificación del inmueble destinado a uso turístico: "Difícilmente se puede, por tanto, hablar de una posible represalia contra la querellante", sostiene.
En consecuencia, considera el fiscal que no está acreditada la existencia de delito en la actuación del ayuntamiento porque no constan "coacciones" a la inmobiliaria para que prorrogara el contrato de alquiler al inquilino a desahuciar a pesar del impago de mensualidades o para ofrecerle una alternativa habitacional.
Tampoco consta, según el Ministerio Público, que la querellante accediera a prorrogar el contrato de alquiler por exigencias del ayuntamiento ni por ser amenazada con la apertura de expedientes.
La querella fue presentada por la misma abogada que, en nombre del fondo de inversión Vauras, interpuso otra denuncia por coacciones contra Colau, lo que motivó que la alcaldesa declarara como investigada por esa causa dos meses antes de las elecciones municipales del pasado mes de mayo.
La jueza instructora archivó el pasado mes de diciembre la querella de Vauras, en un duro auto que censuraba al fondo inversor por actuar "con fines ajenos al del procedimiento penal", en busca del "efecto mediático que supone involucrar a un partido político" a sabiendas de que no tuvo ninguna participación en los hechos.
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