El ajuste en el Estado que está realizando el presidente Javier Milei generó un conflicto con los gremios del sector, en especial la ATE, que amenazó con llevar adelante una serie de medidas en rechazo a los despidos masivos de los organismos de la Administración Pública Nacional. En ese sentido, esta semana se prevé la "ocupación pacífica" de los ministerios y dependencias oficiales, a lo que se sumará un paro nacional en el primer día hábil del mes de abril.
En distintas declaraciones con la prensa y a través de sus redes sociales, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, expresó que "hemos tenido que salir a responder con una medida de fuerza para el primer día hábil de abril" ante las bajas de los empleados del Estado. Al respecto, este miércoles se realizarán "ingresos masivos y simultáneos" en las dependencias estatales, que podrán convertirse en "ocupaciones pacíficas, si no hay respuestas del Gobierno".
Para llevar a cabo la medida, se espera que tanto los empleados de planta permanente, como los contratados temporalmente y los despedidos entren al mismo tiempo a sus lugares de trabajo. Al respecto, se prevé que en los ministerios donde hubo más recortes se den los reclamos más calientes, como es el caso de la Secretaría de Trabajo, donde hubo 523 cesantías en un mes.
"Los primeros ingresos serán a las 7 de la mañana. Si hay violencia será ordenada desde la Casa Rosada. Todos tenemos derecho a entrar a las dependencias públicas como trabajadores o ciudadanos", manifestó Aguiar en diálogo con Clarín.
En paralelo, el dirigente sindical convocó ese mismo día a los delegados de todas las provincias para darle continuidad al plan de lucha. Sumado a esto, no se descarta que se llame a una movilización callejera para el viernes en la que la consigna sería no acatar el protocolo antipiquetes que impone el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich.
Asimismo, ATE define su estrategia jurídica, para lo cual reunió a su equipo de abogados con la idea de avanzar en una denuncia penal contra el presidente por considerar "arbitrarios" los despidos. "La decisión de echar a 70.000 personas sin motivo puede llevárselo puesto a Milei. Está vulnerando derechos que están tipificados en el derecho penal, como la protección ante el despido arbitrario, contemplada en el artículo 14 bis de la Constitución. Él y sus funcionarios podrían terminar presos", expresó Aguiar a La Nación.
Durante el encuentro con los asesores legales de los Consejos Directivos, se delinearon además los pasos a seguir y se ratificó el plan de acción gremial. "El nivel de ataque sobre los derechos de todas las y los trabajadores estatales es muy grave e inédito", subrayó Aguiar. "El Gobierno ha decidido quebrantar, en su parte medular, el sistema jurídico vigente en nuestro país, una vulneración de garantías consagradas constitucionalmente", añadió.
"Ratificamos un plan de lucha creciente con medidas de acción directa que se vayan profundizando en todo el país. Frente a la masividad de las cesantías y los oscuros y clandestinos mecanismos para instrumentarlas, necesitamos enfrentarlas de manera coordinada", concluyó.
Desde ATE, informaron también que se está avanzando en distintas presentaciones ante organismos internacionales de Derechos Humanos, "frente a los incumplimientos que se puedan dar por parte del Estado argentino o la violación de los tratados a los que está suscripto en tanto el trabajo es un derecho humano fundamental para la concreción de otros derechos humanos, tales como la Salud, la Educación, la alimentación y la vivienda digna".