El Consejo de Estado condenó al Ministerio de Defensa, al Ejército y a la Policía Nacional por la desaparición, tortura y homicidio de Jhon Jairo Bermúdez, integrante de la Unión Patriótica (UP).
La sentencia establece que el Estado deberá reparar económicamente a los familiares por los hechos ocurridos en el municipio de Curillo, Caquetá, en el 2002, y se da luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) previamente también hubiera condenado al Estado por la desaparición forzada de la víctima.
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El Consejo de Estado resaltó que "la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisó que el exterminio sistemático contra los integrantes y los militantes de la Unión Patriótica se manifestó́ a través de actos de distinta naturaleza como desapariciones forzadas, masacres, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, amenazas, atentados, actos diversos de estigmatización, judicializaciones indebidas, torturas, desplazamientos forzados, para lo cual se contó con la participación de agentes estatales, así como con la tolerancia y aquiescencia de distintas autoridades".
Llama la atención que también hay procesos penales en los que comandantes paramilitares han admitido su responsabilidad en la desaparición forzada, tortura y homicidio de Jhon Jairo Bermúdez Marín, con ayuda de integrantes de la Fuerza Pública.
Partiendo de ello, el Consejo de Estado tomó la decisión de declarar al Estado, por medio del Ministerio de Defensa, el Ejército y a la Policía Nacional, como administrativamente responsables de los perjuicios originados en estas tres conductas y ordenar la reparación económica por daños morales.
El fallo también obliga al Estado a cumplir con las medidas de reparación integral impuestas por la CIDH, que incluyen "investigar y sancionar a los responsables; continuar la búsqueda de los desaparecidos; reconocer su responsabilidad y ofrecer excusas públicas a las víctimas, entre otras medidas restaurativas".
Pese a ello, el alto tribunal precisó que ninguna de esas medidas puede compensar en su totalidad la pérdida de la víctima para la familia, por lo que ordenó una compensación pecuniaria para garantizar la reparación integral.