María G. San Narciso
El Congreso apoya la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización extraordinaria de las personas migrantes que viven en España sin papeles y sin derechos básicos. Son más de 400.000, según los cálculos de los impulsores. Tanto los grupos del Gobierno, PSOE y Sumar, como sus aliados, ERC, Bildu, Podemos, BNG y PNV, han anunciado su voto positivo. También Junts y el PP, el último en desvelar qué iba a hacer.
La portavoz de los populares, Sofía Acebo, ha expuesto que darán salida a la "toma en consideración" del debate sobre la regularización de la migración, "para que se aborde con responsabilidad", si bien ha defendido que "lanzar el mensaje de que en España las vías irregulares de llegadas acaban siendo homologadas a través de procedimientos extraordinarios" no es positivo.
Todos los grupos han manifestado su voto positivo, que emitirán a partir de las 20 h, a excepción de Vox. El partido ha vuelto a vincular la inmigración con la delincuencia y ha reprochado que los promotores de esta iniciativa, que suman más de 600.000 firmas, no crean en lo que ellos llaman la "identidad española". "Queremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Nigeria, ni Senegal. Esto no es odio ni xenofobia, es puro sentido común", ha expuesto la diputada Rocío de Meer en su discurso.
Pero ha sido la única. El resto de portavoces de los grupos del Congreso han mencionado cómo esta iniciativa responde a la "justicia social", a una "cuestión de humanidad" o al "respeto de los derechos humanos".
La tercera parte de los migrantes son menores
Según los datos que manejan los promotores de esta iniciativa, que empezó hace ya dos años con una recogida de firmas masiva a lo largo y ancho de todo el país, en España residen de manera irregular entre 390.000 y 470.000 personas, de las cuales una tercera parte serían menores de edad. Otras tantas son las mismas personas que durante la pandemia fueron "esenciales" y ejercieron trabajos "fundamentales para la sociedad, como el trabajo del hogar y de los cuidados".
Pero, tiempo después, su situación sigue sin mejorar. Exponen que el sistema de acceso a la residencia contemplado en la ley de extranjería "resulta insuficiente y limitado y no se ajusta a la realidad actual de las personas migrantes que viven y trabajan" en el país, lo que "genera una espiral de vulnerabilidad y desprotección que acrecienta la exclusión social e impacta en el conjunto de la sociedad".
Por todo ello, consideran "imprescindible la búsqueda de mecanismos que garanticen que dichas personas puedan salir" de esta situación de "no derechos" como consecuencia del estatus migratorio irregular.
La portavoz de la campaña Lamine Sarr ha recordado en más de una ocasión que esta regularización es necesaria para que todas esas cientos de miles de personas puedan ejercer el derecho a la movilidad y tengan "la posibilidad de ocupar cualquier puesto de trabajo, y no solo aquellos en los que no quieren las personas privilegiadas, como son la recogida de fruta, el cuidado de ancianos o la limpieza". Hasta 900 colectivos y entidades lo apoyan.
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