Apenas conocida la noticia de que el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, será formalizado por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte por presuntos delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal, asociados a la compra y venta de insumos por parte de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares, tanto Jadue como el Partido Comunista -tienda en la que milita el alcalde- han comenzado una fuerte ofensiva comunicacional destinada a desacreditar el proceso y a tender un blindaje en torno a su figura.
El presidente del PC ha descartado que se vaya a suspender la militancia de Jadue -como sí lo han hecho otros partidos en casos similares-, porque les asiste la convicción de su inocencia. Tal proceder ya ha sido criticado desde el mundo del Socialismo Democrático, por estimar que un militante formalizado debería ser suspendido.
Jadue, por su parte, ha asegurado que en la Fiscalía hay "prejuicio y politización excesiva", en tanto que también apuntó contra el presidente del Consejo de Defensa del Estado, a quien acusó de estar llevando a cabo una operación en su contra, atribuyéndolo a que "el caballero es del Frente Amplio", lo que motivó categóricas réplicas desde sectores frenteamplistas, además de la incomodidad del gobierno. El propio Jadue había emprendido una infundada querella en contra del diario La Tercera -alegando una campaña en su contra- cuando este medio había adelantado el año pasado que el alcalde sería formalizado, ofensiva que los tribunales finalmente declararon inadmisible.
Ciertamente es correcto que a la hora de defender a Jadue se haga valer la presunción de inocencia, y que la formalización no involucra culpabilidad. Pero esta operación de blindaje que se está llevando a cabo pasa completamente por alto las graves acusaciones que en este momento pesan en contra del alcalde, lo que desde luego es una forma manifiestamente contradictoria y oportunista de abordar situaciones en que militantes de partidos se ven involucrados en posibles casos de corrupción.
El estricto apego que el PC muestra ahora con la presunción de inocencia contrasta con la actitud que ha mostrado en otros casos, como ha sido el proceso que enfrenta el general director de Carabineros, quien será formalizado el próximo 7 de mayo. El presidente del partido señaló recientemente en una entrevista que "supongamos que, en el mejor de los casos, sale absuelto de todo, él sabe que su situación está dañando a Carabineros y, por lo tanto, él debería dar un paso al costado". Llama la atención por qué la misma regla no aplicaría en el caso de Jadue, considerando que ante la gravedad de los cargos que pesan sobre él su figura ha quedado muy debilitada y lo mínimo que cabría esperar es que se suspendiera su militancia hasta que se aclare mejor su situación judicial.
A su vez, cuando salieron a la luz pública las graves irregularidades en la comuna de Vitacura, el PC no dudó en encabezar la petición para la conformación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputadas y Diputados, acusando que allí se había fraguado una maquinaria de corrupción para defraudar al Estado. Sin duda lo ocurrido en Vitacura sugiere hechos de particular gravedad, pero cabe interrogarse por qué en el caso de Recoleta de antemano el PC da por hecho que nada irregular ha ocurrido.
Este doble estándar que ha mostrado el partido para enfrentar casos judiciales que afectan a sus militantes no solo daña profundamente la imagen de la política en general, sino que además da la señal de que el PC no posee ningún estándar que lo diferencie del resto.