El asalto de las fuerzas de seguridad del Estado ecuatoriano contra la embajada de México en Quito es inaudito e inaceptable. Constituye una violación gravísima del Derecho Internacional y una acción que socava los principios elementales de las relaciones entre los Estados. Es insólito que un gobierno democrático eche mano a argumentos propios de una dictadura para arremeter contra una sede diplomática que se encuentra protegida por garantías de inmunidad y extraterritorialidad y cuya inviolabilidad no puede irrespetarse sin lesionar significativamente las convenciones diplomáticas mundialmente aceptadas. México ha actuado correctamente al romper sus relaciones con Ecuador y también en anunciar que elevará este caso a la consideración de la Corte Internacional de Justicia en La Haya.
Cierto es que el tema es complicado y no puede abordarse exclusivamente desde lo jurídico. pues tiene aristas políticas innegables que han exacerbado mucho el manejo de casos anteriores. Tales situaciones deben resolverse por vía diplomática.
Independientemente de ello, el acto de anoche es inadmisible y, si no se condena con absoluta contundencia, puede traer severas consecuencias en el futuro, en particular en América Latina y el Caribe.
En efecto, lo acontecido se suma a las reiteradas e inadmisibles violaciones al Derecho Internacional de nuestros días (que incluyen los terribles y trágicos acontecimientos en Ucrania y Gaza) que ponen en peligro la paz mundial. El desprecio creciente del multilateralismo, el rechazo tanto nacional como mundial de las reglas para la administración pacífica de controversias y la sana resolución de las discrepancias políticas fruto de la polarización, se han convertido ya en una tendencia muy preocupante que nos lleva por muy mal camino.
(*) Luis Guillermo Solís Rivera, ex presidente de Costa Rica