El Gobierno presenta una solicitud ante la Corte de Constitucionalidad sobre la "honorabilidad" de Porras
El secretario general de la Presidencia guatemalteca, Juan Gerardo Guerrero, ha presentado este lunes una opinión consulta ante la Corte de Constitucionalidad (CC) sobre la "honorabilidad" de la fiscal general, Consuelo Porras, por los intentos del poder judicial de revertir las últimas elecciones y en medio de las tensiones por su negativa a reunirse con el presidente, Bernardo Arévalo.
"Para el Gobierno de Guatemala la fiscal general no está comprometida en la lucha contra la corrupción y consintió un intento de ruptura del orden constitucional y del régimen político de Guatemala", ha afirmado tras presentar el texto.
Asimismo, ha asegurado que los fiscales a su cargo vulneraron las urnas, "manosearon los votos de los ciudadanos y se atrevieron a proponer la repetición de las elecciones", en alusión a los registros de la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante los últimos comicios que dieron la victoria al actual presidente.
"Por ser considerada una actora corrupta y antidemocrática por más de 29 países que le han vedado el ingreso, acudimos ante esta Corte a presentar la correspondiente opinión consultiva", ha indicado, agregando que la decisión se enmarca dentro de los artículos 207 y 251 de la Constitución guatemalteca.
Esto se produce después de que la Procuraduría General de la Nación y la Secretaría General de la Presidencia de Guatemala presentaran a finales de febrero una querella contra la fiscal general, así como una solicitud de antejuicio, por negarse a reunirse con Arévalo.
El rifirrafe entre las partes se remonta a una infractuosa reunión el pasado 29 de enero en el marco de un Consejo de Ministros. Arévalo invitó a Porras, si bien la fiscal general poco antes de personarse en el lugar se retiró debido a que "no se daban las condiciones legalmente establecidas" para su participación.
Antes de asumir la Presidencia, Arévalo acusó a Porras, así como al jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, y al juez séptimo de Primera Instancia Penal, Ferdy Orellana, de liderar un golpe de Estado en su contra.