El director de Proyectos y Cooperación Internacional de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), de apellido Vargas, renunció el 2 de abril a la organización denunciando hostigamiento laboral, abuso de autoridad y malas prácticas por parte de la directora ejecutiva de la institución, Karen Porras Arguedas.
En su carta de renuncia, Vargas dijo reconocer el potencial de la UNGL para contribuir al fortalecimiento del régimen municipal, pero lamentó que, durante los últimos años, presenció prácticas administrativas que están en conflicto con sus principios, valores, convicciones personales y profesionales. También se quejó de la inacción de la Auditoría Interna y el impago de horas extra, motivo por el cual interpuso una demanda.
"Me entristece recordarle que, durante mi estadía en la UNGL, he experimentado un constante hostigamiento laboral por parte de su persona en condición de directora ejecutiva, que se ha manifestado a través de la exclusión unilateral de mi puesto en el reciente proceso de reestructuración institucional", explicó el funcionario en el documento que envió tanto a Karen Porras como a la encargada de Recursos Humanos, Adriana Salazar.
Vargas reclamó que, en el proceso de reestructuración de la UNGL, que se realizó en 2023, se creó un nuevo Manual Descriptivo de Puestos con el cual se mejoró la categoría ocupacional y el salario de los trabajadores. No obstante, de las cuatro direcciones que existen en la Unión, solo la que él ocupa no obtuvo ninguna mejora.
La encargada de Recursos Humanos, Adriana Salazar, también renunció a la UNGL el pasado jueves 21 de marzo; no obstante, se encuentra en su mes de preaviso hasta el 21 de abril. En su caso, se separó del cargo alegando haber sido víctima de malos tratos, acoso laboral, discriminación y violación de derechos laborales por parte Karen Porras.
Por su parte, el hasta ahora director de Proyectos y Cooperación Internacional deberá mantenerse en el cargo hasta el próximo 2 de mayo.
En su carta de renuncia, Vargas también dijo que ha sido objeto de traslado de oficinas injustificados dentro del mismo lugar de trabajo, reducción de responsabilidades y funciones, así como otras afectaciones laborales y personales.
Debido al impago de las horas extra que laboró fuera de horario, el funcionario interpuso un reclamo administrativo, que ahora se encuentra en un proceso judicial bajo el número de expediente 23-000385-1113-LA.
El director detalló que las denuncias formales que planteó ante la Auditoría Interna de la UNGL no se han investigado de manera adecuada. La única respuesta que recibió de esa instancia fue que los aspectos señalados eran de naturaleza administrativa, por lo tanto, no eran de competencia de la Auditoría.
"Así las cosas, es poco probable que las inquietudes, denuncias o cuestionamientos sean atendidos en la UNGL como en derecho corresponde, ya que me he visto obligado a interponer recursos de amparo o demandas laborales para que mis solicitudes sean atendidas. Además se limita a los colaboradores a comunicar cualquier inacción ante el Consejo Directivo, generando incluso advertencias repetitivas, que desde mi criterio podría rozar contra un abuso de autoridad", dijo en su carta.
"Esto lo considero profundamente decepcionante y preocupante, a la luz de la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública", concluyó Vargas.
La Nación solicitó a Karen Porras su opinión sobre la renuncia de Vargas; la directora ejecutiva rechazó los señalamientos del funcionario, y aseguró que la tomó por sorpresa, pues el funcionario tuvo cuatro ascensos laborales en los seis años que laboró para la UNGL.
"Estos ascensos también reflejaron incrementos salariales proporcionales a las funciones, lo que evidencia que ha gozado de oportunidades laborales. Los ascensos respondieron a necesidades institucionales e inclusive, a la fecha, se encuentra activo un análisis de valoración y clasificación de su puesto, donde se determinará si estructuralmente está ubicado en la clase ocupacional que corresponde", declaró la directora ejecutiva.
Asimismo, justificó que gracias a sus puestos en la UNGL, Vargas logró acceder a becas de estudio e intercambios internacionales que le permitieron crecer profesional y académicamente, por lo tanto, calificó como inaceptables los señalamientos.
Antes de Vargas y Salazar, también renunció a su cargo, el 31 de agosto de 2023, la directora interina de Recursos Humanos, Fabiola Salas Leal, alegando haber recibido reclamos y presiones por parte de Karen Porras y su asesor legal, Carlos Bolaños Alfaro, para que aprobara la contratación de María José Arias Molina, hija del exdiputado liberacionista Rafael Arias Fallas, como asesora de Porras.