Cuestionan el impacto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) sobre las pymes
Uno de los asuntos más polémicos del proyecto de ley Bases para la Libertad reside en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que asegura estabilidad de beneficios impositivos, cambiarios, aduaneros y regulatorios por 30 años a proyectos que superen los US$200 millones. Desde el exministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas hasta la Unión Industrial Argentina (UIA) manifestaron sus apoyos a un régimen de estas características, pero advirtieron que puede dejar al margen a las pymes nacionales que pueden proveer a estas megainversiones.
La UIA, donde pesa el grupo Techint, a favor del RIGI, pero también incluye las voces de las pymes, apoyó la ley Bases, sobre todo por la reforma laboral, aunque advirtió sobre el régimen de grandes inversiones. "El RIGI podría fomentar la competencia desleal para las pymes", advierte en un comunicado la entidad que preside Daniel Funes de Rioja.
"Si bien la UIA viene destacando la importancia de contar con un régimen para grandes inversiones, también es clave desarrollar un régimen de incentivos para PyMIs (pequeñas y medianas industrias) que fomente las inversiones del entramado local. Asimismo, la UIA había advertido a los distintos bloques parlamentarios que la actual redacción del RIGI coloca a los proveedores locales en una situación de desventaja frente a los productos importados, toda vez que la importación no paga aranceles de ningún tipo mientras que los proveedores nacionales deben cumplir con todas sus obligaciones en materia arancelaria e impositiva. Por este motivo, la UIA realizó propuestas al articulado para generar un esquema que permitan a las empresas argentinas convertirse en proveedores de calidad de los nuevos grandes proyectos", recordó la unión que cuenta como vicepresidentes a Miguel Rodríguez, dueño de la fabricante de pinturas Sinteplast; David Uriburu, ejecutivo de Techint, coloso de la siderurgia; Adrián Kaufmann Brea, de la alimentaria Arcor; Martín Rappallini, propietario de Cerámica Alberdi; Guillermo Moretti, de una pyme de Santa Fe; Luis Tendlarz, de una textil con sedes en Catamarca y Chubut; Rodrigo Pérez Graziano, director de la automotriz Stellantis; Paula Bibini, presidenta de Industrias Frigoríficas Norte Grande; y Javier Viqueira, fundador de Adox, fabricante de de equipamiento e insumos en el sector de la salud, alimentos y agroindustria.
"Estoy conceptualmente a favor, pero encuentro algunos problemas que son muy nocivos para las pymes y la industria nacional y es fundamental que sean modificados", opinó Kulfas por la red social X. "Estoy de acuerdo en que el país necesita un régimen de incentivo a las grandes inversiones. La inestabilidad macroeconómica que venimos padeciendo desde hace varios años, el débil crecimiento de la última década en la que el PIB per cápita cayó un 7% y la necesidad obvia de aumentar la inversión, justifican la implementación de un régimen especial".
"El régimen tiene tres grandes capítulos. Coincido en la necesidad de dar estabilidad fiscal a los grandes proyectos de inversión, aunque el plazo propuesto es excesivo y exagerado, y también acuerdo en generar algunos incentivos tributarios, los cuales pueden ser discutibles pero me parecen desmesurados: no hay exenciones sino reducciones de alícuotas que van en línea con parámetros internacionales. Los esquemas de amortización acelerada de bienes de capital (maquinaria) son herramientas ya utilizadas en regímenes anteriores y no les veo objeciones. En materia cambiaria veo una exagerada laxitud, pero es claro que Argentina tiene que normalizar el acceso de los inversores al mercado de cambios, seguramente llevará tiempo, pero en un régimen de largo plazo eso me parece atinado", arranca el exministro con sus reparos.
"El punto que me parece insalvable en los términos en que está escrito es el claro desincentivo al desarrollo de proveedores nacionales", arranca Kulfas. "El RIGI está fundamentalmente orientado a la inversión en actividades primarias", se refiere al campo, la minería y los hidrocarburos, no a la industria, la tecnología ni la economía del conocimiento.
"Las mejores experiencias internacionales y y nuestra propia historia indican que el gran desafío en las inversiones vinculadas a recursos naturales consiste en desarrollar proveedores nacionales, industriales, tecnológicos e ingeniería que permitan justamente utilizar al recurso natural como una palanca para el desarrollo productivo. El RIGI genera exactamente lo contrario. Por una parte, admite la posibilidad de importar sin ningún tipo de arancel cualquier bien de capital, repuesto y otros insumos sin aclarar que éstos deban ser nuevos o usados, con lo cual incluso se da la posibilidad de que operadores internacionales ingresen maquinaria ya utilizada generando una competencia desleal con instrumental obsoleto, es decir, donde no hay transferencia de la mejor tecnología internacional, que es uno de los objetivos que debe perseguir cualquier régimen de incentivos a las grandes inversiones", advierte Kulfas.
"También se les permite a esos inversores revender esos bienes de capital, insumos o repuestos importados", alerta el exfuncionario del gobierno de Alberto Fernández que renunció a su cargo por diferencias con la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. "¿El objetivo es entonces promover la inversión o generar negocios a empresas comercializadoras de bienes importados libres de aranceles? El RIGI desarma toda política destinada a desarrollar proveedores, estimular el compre argentino y mejorar la competitividad de la industria y las pymes. Nuestras industrias deberán pagar aranceles de importación para ciertos insumos que no deberán afrontar quienes ingresen en este régimen, generando desincentivos groseros a la producción en el país."
"Una vez más, chocamos contra el dogmatismo de la mirada del presidente", apunta Kulfas a Javier Milei. "Dogmatismo que piensa que el mercado por sí sólo va a resolver todo, a pesar de las sobradas muestras que ha tenido en estos pocos meses de gobierno, tal como le ha ocurrido por ejemplo con las facturas de la medicina prepaga, primero desreguladas y poco después consideradas como una guerra contra la clase media. "De lo que se trata no es de contraponer un mercado que puede resolver todo sin ningún tipo de obstáculo, contra un Estado que sería una organización criminal, o una organización omnipresente capaz de resolver todo. Las buenas prácticas de desarrollo buscan generar desarrollo productivo, industrial y tecnológico y empleo en todo el país. Lo contrario es una economía meramente extractiva donde pocos se favorecen. Estoy seguro de que los diputados y senadores de provincias como Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Neuquén y muchas más entienden perfectamente de lo que estoy hablando, porque conocen la gran cantidad de productores industriales que se benefician del desarrollo del agro, la minería, el petróleo y el gas. Cuidémoslos y trabajemos para que ellos también se desarrollen y sean parte de la necesaria recuperación de la inversión productiva", concluye el exministro.
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