El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, ha criticado la decisión del Gobierno de no adaptar los tramos del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (lo que se conoce como deflactación) a la subida de los precios o de las rentas en la declaración del año pasado, asegurando que tiene «difícil justificación», porque la Administración tiene que compartir el impacto con los declarantes.
«El esfuerzo que hacen las familias y la ciudadanía para adaptarse a estos cambios que se han producido del nivel de precios tiene que ser compartido con la Administración», ha insistido Pich durante la presentación del documento del colegio sobre la campaña de Renta y Patrimonio de 2023.
Pich ha subrayado que «no es razonable» que las Administraciones se estén aprovechando de la mejora de la recaudación por la subida de los precios y de la bases, sin reducir tampoco el gasto público ni «darle un respiro a la ciudadanía».
«Las Administraciones Públicas están haciendo trampa: los autónomos, los contribuyentes de renta, los directivos… están sufriendo el incremento de inflación y todos deberíamos adaptarnos. La renta en última instancia quiere gravar la capacidad de pago, no tanto de ingreso», ha abundado el economista.
El Consejo General de Economistas ha realizado el cálculo de qué supondría deflactar la tarifa del IRPF sobre las rentas del trabajo, aplicándole diferentes ajustes en función de si se utiliza el IPC 2023 (3,2%), el incremento salarial medio (5,4%) o el IPC acumulado durante los años de crisis inflacionaria (16,1%).
En este sentido, si se deflacta únicamente la tarifa estatal para unas rentas de trabajo de 30.000 euros, el ahorro fiscal sería de 46,2 euros, 78 euros o 232,56 euros, aplicando uno u otro porcentaje.
Para unas rentas del trabajo de 45.000 euros, el ahorro sería de 85,65 euros; 144,53 euros; o 403,98 euros. En el tramo de 70.000 euros, oscilaría entre los 162,45 euros y 611,74 euros. Y para los 350.000 euros de rentas del trabajo, la horquilla sería entre 354,45 euros o 1.707,73.