El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado una partida de 100.000 euros para contribuir a la puesta en marcha del Centro Canario de Interpretación de la Memoria Histórica LGTBIQ+. El mismo estará ubicado en la que fuera la Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía, en la isla de Fuerteventura, según ha informado el departamento ministerial con motivo de la visita del ministro a unas instalaciones en las que el régimen de Franco recluyó a un centenar de personas homosexuales, entre 1954 y 1966. "Que este centro de interpretación sirva para la visibilización de la represión y los trabajos forzados que aquí se produjeron; que sea un lugar de reflexión, con la verdad por delante, para que nunca más se vuelva a repetir", ha dicho Torres. Asimismo, ha querido mostrar su agradecimiento a la Asociación Altihay, promotora del proyecto, y a la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Dolores García, ya que la institución insular cede el edificio para que se convierta en el centro de interpretación. "Tefía es un símbolo de la lucha del colectivo LGTBIQ+ por sus derechos, y un recuerdo de la infamia y la injusticia que vivieron las personas homosexuales durante el franquismo", ha afirmado el ministro, que considera muy necesario reparar el daño sufrido por las víctimas de la llamada Ley de Vagos y Maleantes. Por otro lado, Torres anunció, además, que "el expediente de declaración de Tefía como Lugar de Memoria ya se está tramitando". Se trata del primer centro penitenciario de reclusión específica de personas homosexuales de España y reúne los requisitos para merecer esta distinción, recogida en la Ley 20/2022, de 19 de octubre de Memoria Democrática. Aquí, quiso referirse a las recientes derogaciones o intentos de derogación de leyes y decretos autonómicos de Memoria Democrática que han emprendido comunidades como Aragón, Comunitat Valenciana, Castilla y León, y más recientemente, Illes Balears. "Vivimos un momento en el que los demócratas debemos unirnos para hacer frente a la ola revisionista y negacionista que está recorriendo las comunidades donde gobiernan PP y Vox", argumentó. Con todo, el Gobierno de España ya ha anunciado que intentará llegar a un acuerdo con las comunidades que rechazan la Ley de Memoria Democrática, pero, de no darse este consenso, acudirá al Tribunal Constitucional, a Naciones Unidas y al Parlamento Europeo, ya que se están vulnerando los derechos humanos y el derecho internacional.