- Ya lo dijimos desde el principio. No sé si es muy exigente o poco porque depende de quien lo diga. Es cierto que teníamos claro que el alquiler vacacional tenía que tener dos límites, uno cualitativo y otro, cuantitativo. No todas las viviendas de Canarias pueden ir al vacacional y las que vayan tienen que tener términos de calidad y adaptarse a la sostenibilidad. Esto lo dijimos desde el minuto uno. También decimos que la viviendas en un régimen de protección oficial tiene que salir del mercado porque no está diseñada para eso sino para atender a las familias sin recursos.
–¿Tienen cuantificadas qué porcentaje de las viviendas vacacionales actuales son VPO?
–No, pero es un análisis que vamos a hacer. También vamos a dar una encomienda al Colegio de Registradores a nivel nacional para conocer cuál es el nivel de cargas que tienen las viviendas vacacionales que están en el mercado y si están sometidas a un régimen público o bien, están en una parcela de uso turístico. Esto nos permitirá conocer el uso del suelo en el que están y que es fundamental para la residencialización de algunos complejos y para preservar la unidad de explotación y la VPO. Esperamos tener esa encomienda a final de año, en paralelo a la aprobación de la ley. Las viviendas sometidas a un régimen VPO perderán automáticamente la declaración responsable. Las que cumplen seguirán y no tienen nada que temer.
– ¿Con esta norma solucionan parte del problema de la residencialización de los sures?
–Algunas personas tienen apartamentos que utilizan como vivienda vacacional rompiendo la unidad de explotación y eso es algo de la ley de 1995 que revisaremos en el último trimestre de este año. Cuando pase el 'maremagnum' de lo que compete al Gobierno y esta ley descanse en el Parlamento iniciaremos el camino de la del 95, que establece la unidad de explotación. En el anteproyecto de la ley de las viviendas vacacionales hay una disposición adicional transitoria para aquellas personas que están residiendo en una parcela de uso turístico y que a día de hoy lamentablemente la Consejería les multa por residir en suelo turístico. La Consejería está dando un plazo a los ayuntamientos para que regulen el uso consolidado de las parcelas de turístico a residencial y nosotros suspender así cautelarmente cualquier tipo de sanción en cualquier isla porque no solo es Gran Canaria, también Fuerteventura y Tenerife.
–¿Su idea es que si hay un edificio con mayoría de residencial se consolide como tal y deje de ser turístico?
–Lo que decimos es que hay parcelas en los sures que tienen un mayor uso residencial porque desde hace muchos años, desde antes de la Ley del Suelo de 2017, ni tenían explotador turístico ni se usaron con fines turísticos. Entonces todas las parcelas que estén así pedimos a los ayuntamientos que cambien el uso y no hagamos pasar a sus propietarios por un sufrimiento judicial cuando ya la ley de 2017 lo reconoce. Solo falta que los ayuntamientos muevan ficha.
– Hablan de la mala imagen para el destino que da la residencialización pero las multas que están llegando a los turistas que desde hace años han residido en los sures sin ningún problema, también daña la imagen.
-Nosotros hemos suspendido los procedimientos en vigor. Teníamos más de 250 expedientes abiertos. Las multas que han llegado han llegado y pueden presentar recurso de alzada y no se les resolverá porque hemos paralizado los procedimientos. Ya no van a llegar más multas.
–Entre la residencialización, el alquiler vacacional... Ustedes llegaron a la Consejería y se encontraron muchos problemas que resolver.
–Encontramos un caos. Nos topamos con un bloque normativo que tiene más de 28 años. Con una ley de ordenación, que es la espina dorsal de la comunidad autónoma, del año 1996 y la Canarias de hoy no tienen nada que ver con la de entonces. Hay un decreto de modernización que es del año 2013 y que a la entrada en vigor de la Ley del Suelo perdió mucho protagonismo. Además, hay un decreto del alquiler vacacional que ha permitido que las zonas residenciales se turisfiquen y que la gente haya transitado cada vez más hacia las zonas turísticas. Se ha invertido el modelo y lo que buscamos, con la actualización completa del bloque normativo, que nos va a costar muchísimo, es devolver el equilibrio y que la ordenación territorial prime. Queremos que el modelo no sea caótico, que la ciudadanía perciba que las zonas turísticas son turísticas y diseñadas para el visitante y que las zonas residenciales son para el descanso y la convivencia. Yo entiendo las cotas de malestar de la ciudadanía cuando la cesta de la compra se ha encarecido un 33%, la hipoteca ha subido, y no puede acceder a un alquiler asequible. El modelo se ha dado la vuelta y tenemos que ordenarlo. Esto tiene un trabajo y un coste político pero, cuando uno viene a mejorar las cosas, tiene que tomar decisiones y ser honesto, transparente y desde luego, valiente. Si no, no haces nada.
Decisiones políticas
«Tenemos que ordenar la situación aunque vaya a tener un coste político»
–Vamos, me dice entonces que tiene asumido que decisiones como poner límites a la vivienda vacacional va a tener un coste para su partido (PP).
–Sí. En Canarias no se han tomado decisiones a tiempo para poner orden en muchas cosas y me ha tocado a mí quedar muy mal.
–Resulta curioso que en Cataluña haya sido el PP el que haya recurrido el decreto de la vivienda vacacional de la Generalitat ante el Tribunal Constitucional y en Canarias sea el PP el que aprueba una ley en este sentido e incluso, si me lo permite, más restrictivo. ¿Acabará esta norma también en el TC?
– La ley no puede acabar en ningún tribunal, salvo que se lleve al Constitucional. Es la diferencia con un decreto que sí se podría judicializar, que fue lo que pasó con el de 2015. Lo que sí es verdad es que en Cataluña el PP recurre porque invade competencias municipales. Allí son los alcaldes del PP los que piden lo que va a hacer Canarias, que sea cada término municipal los que ordenen su necesidad de tener viviendas vacacionales o no. Con esta ley nosotros defendemos derechos constitucionales como es la vivienda.
– En el anteproyecto se fija una cuota del 10% del total de viviendas pero, ¿qué sucede en los municipios donde se haya superado esa cifra?
- Sí pero hay que tener cuidado con ese 10%. Nosotros decimos que los ayuntamientos regulen y hagan cirugía porque pueden acometer la ordenanza provisional en toda la extensión de sus municipios pero hay algunos que lo sobrepasan. Por ejemplo, San Bartolomé. Vamos a poner Playa del Inglés sobre la mesa, quizás está saturada y no entra ni una cama más de vivienda vacacional pero en Tunte, que es medianías, se está yendo la gente y mudándose y esas viviendas pueden tener una utilidad para generar economía y empleo. El ayuntamiento puede poner ese 10% en Tunte y declarar zona tensionada o evaluar que supera la carga en Playa del Inglés. En las islas verdes el cupo es distinto.
REchazo al turismo
«Entiendo el malestar de la ciudadanía. Las zonas residenciales se han turisficado»
–El anteproyecto indica que los ayuntamientos podrán autorizar nuevas viviendas vacacionales cuando lo recoja su planeamiento pero ahora mismo ningún PGO lo contempla, con lo que no se va a permitir más pisos turísticos.
– Cuando entre en vigor la ley, hasta que no haya ordenación no se puede conceder una sola licencia nueva más.
–Es una prohibición absoluta.
–Claro pero es que, lo que decimos es, oiga vamos a planificar y ordenar y hasta que esto no suceda no se puede dar ninguna más. Ahora mismo tenemos 54.000 viviendas sobre todo en zonas de saturación o que lo rozan. Decimos a los ayuntamientos, planifiquen porque si no planifican no va a haber nuevas licencias. Hay que distinguir dos cuestiones: para los nuevos, para los que se quieren incorporar es para los que se aplica esto pero los que están, se quedan porque tienen un derecho consolidado por un decreto que aprobó esta Comunidad Autónoma.
–Entonces, si tengo una vivienda vacacional ya y un ayuntamiento saca el planeamiento y mi zona no aparece con ese uso ¿puedo yo seguir con la actividad porque tengo un derecho consolidado?
–Puede seguir durante cinco años. Pasado ese tiempo pasas un pequeño examen en el que se le preguntará si ha mejorado su vivienda conforme a la ley, sus electrodomésticos son del tipo A, ha cambiado a declaración responsable... y puede seguir cinco años más.
– ¿Si los ayuntamientos no ordenan entonces se acabó?
-Primero hay que ordenar pero no vamos a dejar a los ayuntamientos solos. Las ordenanzas fiscales reguladoras fueron ordenanzas 'tipo' que un día se emitieron y los ayuntamientos adoptaron. Nosotros vamos a hacer los mismo. Desde ahora y hasta que entre en vigor la ley vamos a trabajar con una ordenanza 'tipo', que los ayuntamientos puedan aprobar dentro de sus términos municipales. Esperamos que las tengan entre 4 y 6 meses. Con esas ordenanzas provisionales tienen la herramienta ágil y fácil y vamos a darles también sus zonas de calor, las que pueden estar más tensionadas. Vamos a darles el 80% del trabajo hecho y tienen que hacerlo porque la ordenación es cosa de los ayuntamientos. En la ley se prevé una creación de una comisión de seguimiento de la ley para ver la evolución de las nuevas licencias y las que están y la adaptación de las vigentes. Hay dos que ya han hecho los deberes: Las Palmas de Gran Canaria, que tiene su ordenanza en vigor y tiene que decir si la adapta a la ley o no y Pájara, que por su plan general ha determinado sus zonas.
Ley de Vivienda estatal
«Debería modificarse porque está llevando oferta residencial al vacacional »
–El anteproyecto no hace referencia a las plataformas digitales y que son las que ofertan pseudoviviendas que no son ni vacacional ni nada parecido.
– En Canarias ha pasado desapercibido un reglamento europeo que entró en vigor el 29 de febrero y que regula la comercialización de las plataformas en alojamientos temporales. En el anteproyecto ponemos que las viviendas deben tener un código de registro y sin él no podrán comercializarse. Esto es algo a lo que obliga el reglamento y tiene que estar en funcionamiento en dos años. Es decir que en 2026 habrá un registro único y todas las viviendas sin él no podrán comercializarse. Si una administración detecta que se está haciendo podemos sancionar al propietario y a la plataforma que comercializa una vivienda ilegal. Nosotros hemos hablado ya con Expedia, Booking y Airbnb, que son las tres grandes plataformas que operan en Canarias y hemos sido muy duros, sobre todo con Airbnb. Sabemos que comercializa oferta ilegal como furgonetas, coches, casetas... y eso nunca ha tenido ni va a tener en Canarias consideración de producto turístico. Vamos a pedirles que las retiren. Esa oferta va a salir del mercado. Espero que podamos firmar ese protocolo con las plataformas antes del verano para acabar con esto.
–Eso es para las nuevas y, para las que están, ¿cómo les darán ese nuevo código?
–Haremos comprobación de las declaraciones responsables para emitirles ese código de registro.
– A las viviendas vacacionales ya con actividad se les dan cinco años para adaptarse a las exigencias de la ley.
–Sí, siempre y cuando cumplan hoy el decreto. Si han engañado no van a ser legales. Por ejemplo si alguien tiene una licencia para una vivienda de 200 metros y resulta que lo ha dividido y ofrece cuatro viviendas de 40 metros con una única licencia pues no se le renueve.
– ¿No creen que con algunas de las exigencias técnicas que plantean como el tema de placas solares y demás se está fomentando los edificios completos de vivienda vacacional y expulsando al pequeño propietario?
–Sí pero los edificios dedicados al alquiler vacacional de forma exclusiva en una parcela residencial están prohibidos en el anteproyecto de ley. Tienen que transitar hacia hoteles urbanos o las modalidades turísticas existentes hoy pidiendo a los ayuntamientos un cambio de uso. Hay que regularlas en materia fiscal y laboral. Serán un producto turístico, deben de darse de alta como hoteles y sus trabajadores se acogerán al convenio de hostelería. En cualquier caso el anteproyecto no está cerrado. Si hacemos un trámite un audiencia de un lado y por otro, hay consulta a la ciudadanía es porque queremos discutir esto.
SCE y rechazo de ofertas de trabajo
«En Canarias no se sanciona por rechazar un trabajo porque no hay reglamento»
–¿Se mantiene en el decreto la obligación de entrada independiente a las viviendas vacacionales?
– Sí, para ciertas densidades de uso y las últimas plantas, cuando toda la planta se permite con este uso se le pide el acceso independiente.
–Ha dicho que esta norma se enmarca dentro del cambio de modelo turístico que pide la sociedad canaria. Sin embargo, da la sensación que va en contra puesto que supone eliminar al pequeño propietario que tiene una vivienda y saca unas rentas del negocio turístico. De hecho, ustedes presentaron un informe hace unos meses que apuntaba que el 50% de las plazas estaban en mano de propietarios con solo una vivienda y que ahora se enfrentan a inversiones para adaptarse.
–Están desarrollando una actividad económica y que es beneficiosa y genera unos márgenes bastante elevados. Damos cinco años para adaptarse y sobre un margen de beneficios. No creo que estemos legislando contra el pequeño propietario. De hecho, él es el único que tiene cinco años para adaptarse. Los hoteles no hoteles tienen tres años. Entendemos que el planeamiento es lento y la administración también pero nos hemos inclinado por el propietario que tiene una casa y genera una renta complementaria para su familia y no le perseguimos. Le damos facilidades para quedarse frente al gran tenedor que le restringimos la actividad en suelo residencial. Hay una declaración de intenciones. Si el vacacional ha llegado para quedarse que lo haga el pequeño propietario y no compañías hoteleras que están generando un producto turístico disfrazado de otra cosa. El mensaje es el contrario al que comenta.
– ¿Ustedes creen que con este decreto habrá viviendas que volverán al mercado residencial?
-En Canarias vamos a sacar dos normas casi en paralelo. Por un lado, el decreto de medidas en vivienda y la ley de vivienda vacacional. Nosotros no creemos en las limitaciones que se han adoptado a nivel nacional con la Ley de Vivienda, con topes en los precios porque expulsa viviendas del mercado. Creemos que debería modificarse porque los propietarios se sienten inseguros y el 40% de la vivienda ha desaparecido y un 20% se ha destinado en Canarias al vacacional. Agrava el problema.
–El anuncio del vacacional ha generado una burbuja, que es posible que continúe hasta su entrada en vigor definitiva.
–Sí, por eso una vez que entre en vigor, un año después se hará un análisis a todo el registro y aquellas viviendas que no hayan tenido actividad en el último año se las dará de baja. En Baleares pasó lo mismo.
– ¿Apaciguará esta norma las manifestaciones del día 20?
–No se desactivan porque los ciudadanos han perdido la fe en la clase política, algo que en parte entiendo. Vamos a trabajar para que no vayan a más. El sector turístico tiene muchos retos. Se ha dedicado a trabajar y se ha olvidado de contarle a los residentes lo que hacen. El sector está cambiando, como con las comunidades circulares, y hay que contárselo al ciudadano. Además, hay que cambiar el discurso de que crecemos en camas porque es lo contrario. Se han perdido un 12% de camas hoteleras entre 2016 y 2024, unas 50.000. Es un bulo decir que seguimos creciendo.
–El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, insiste en que hay que subir los salarios en el sector, ¿coincide en esta reivindicación?
– Cuando se rechaza un puesto de trabajo en el sector tiene más que ver con la conciliación, la vivienda y el transporte que con las tablas salariales. Se puede abrir el debate con patronales y sindicatos gracias al buen clima y el diálogo social que hay en Canarias pero creo que ahora hay que centrarse en la calidad que tienen estos trabajadores, y que , por ejemplo, puedan llegar a su trabajo sin estar hora y media de colas en las carreteras.
– En el ámbito del empleo me gustaría saber a cuántas personas sanciona el SCE al año de media con la suspensión de la prestación por rechazar un trabajo o un curso de formación.
-No se hace porque no hay reglamento. En Canarias desde el año 2008 no hay un reglamento de sanciones. Nuestro objetivo es tenerlo. De hecho ya hemos mantenido reuniones para ello y hacer lo mismo que las cuatro comunidades donde está activo, entre ellas País Vasco y Galicia. No se trata de atacar al desempleado sino de incentivarlo pero hay que evitar la picaresca. Canarias debe cumplir la Ley de Empleo.
–¿Cuándo llegará el nuevo sistema para mejorar la formación de los desempleados y prevén actualizarla?
–Esperamos que esté listo este mes. En cuanto a la formación, vamos a meterle mano porque hay que adaptar los contenidos a lo que demandan las empresas. El 2024 lo vamos a tener como un año de tránsito y se quedará igual, con algunos cambios solicitados por los sindicatos, pero para 2025 hay que dar un paso