La Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) cuestionó la apertura de un expediente de recomendación normativa de grupos empresariales en distintos ámbitos de la economía iniciada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), a petición de la organización de consumidores Conadecus.
La agrupación gremial presidida por el ingeniero José Manuel Mena presentó un escrito en el que solicitó al tribunal que desestime la solicitud planteada por la asociación de consumidores, señalando que "carece de fundamento".
Según la presentación de Conadecus, "en Chile existiría una concentración económica excesiva que abarca toda la economía". Esto se debe, según sostuvo, a que un número reducido de grupos empresariales "significativos" controlan, mediante estructuras piramidales, una gran parte de los activos financieros y no financieros del país.
"La solicitud busca iniciar un proceso de modificaciones sustanciales en nuestro ordenamiento jurídico sin entregar antecedentes suficientes que la justifiquen, y basándose en aprensiones que no cuentan con evidencia empírica. En ese sentido, tampoco hay evidencia de los supuestos beneficios que acarrearía la separación del negocio bancario respecto del sector real, por lo que la solicitud carece de fundamento", consignó la ABIF.
Según el gremio, la comparación con el caso de Israel, que fue citada por Conadecus en su presentación, no es pertinente, ya que se han demostrado las diferencias existentes entre ese mercado y el mercado chileno, por lo que no es posible aplicar por analogía dicha legislación, ya que la "Concentration Law" de Israel se promulgó en el marco de un extenso proceso de descentralización del Estado mediante la privatización de empresas estatales, en el cual se buscaba que dicha privatización no replicara la excesiva concentración existente en el sector público, dice la Abif.
Asimismo, sostuvo que "el mercado bancario chileno no es un mercado particularmente concentrado", acompañando en ese sentido un informe elaborado por los economistas Sebastián Claro y Ramón Delpiano.
Para la ABIF, la petición de Conadecus busca iniciar un proceso de modificaciones sustanciales en nuestro ordenamiento jurídico sin entregar antecedentes suficientes que la justifiquen, y basándose en aprensiones que no cuentan con evidencia empírica. Y agrega: "En ese sentido, tampoco hay evidencia de los supuestos beneficios que acarrearía la separación del negocio bancario respecto del sector real, por lo que la solicitud carece de fundamento".
El gremio destacó que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) se encarga de la fiscalización del cumplimiento de la normativa bancaria. En esa línea, el regulador elabora una nómina de las personas vinculadas o relacionadas con cada entidad financiera. Asimismo, la CMF ha desarrollado lineamientos para determinar lo que se entiende por partes relacionadas, estableciendo incluso presunciones de relación.
"La ley establece claramente que los bancos no pueden conceder créditos a partes relacionadas en condiciones más ventajosas que a una entidad externa, y que cualquier tratamiento preferencial en materia crediticia hacia personas relacionadas será objeto de las sanciones pertinentes", añadió.
"Podemos afirmar que las inquietudes expuestas por Conadecus respecto a un posible trato preferencial a empresas pertenecientes a conglomerados en detrimento de competidores independientes o de pequeñas y medianas empresas Pymes, carecen de fundamentos", concluyó.