La preocupación por el futuro del país, que puede verse envuelto en grave conflicto es cada vez mayor, al extremo de que políticos, analistas, académicos y jurisconsultos ven un oscuro escenario que se arma para seguir sometiendo a la justicia bajo el poder político, sin medir las consecuencias que podrían encauzar un conflicto de poderes de difícil resolución. Como antes ocurriera, ahora un recurso judicial manda paralizar el proceso de elección de los altos magistrados del sistema judicial, situación que ha generado reacciones adversas que llegan, inclusive, a pedir que la Asamblea Legislativa declare improcedente la decisión judicial, que pretende favorecer reclamos de personas por encima de los intereses nacionales y la necesidad de salvar al sistema judicial.
La mano de los políticos en este nuevo enredo es evidente, más aún con los antecedentes de los políticos nacionales que se muestran dispuestos a emplear recursos innobles y hasta desatar «guerras sucias» para lograr sus propósitos. Estas maniobras se están volviendo a manifestar para evitar las elecciones judiciales, en otro episodio que se asemeja a una emboscada para frenar el objetivo de recuperar la independencia del sistema judicial. Parlamentarios de oposición consideran que se está repitiendo el esquema táctico que frenó el proceso electoral para renovar el Órgano Judicial, en otro intento por mantener en sus cargos a los jueces «prorrogados».
El hecho es que las elecciones judiciales nuevamente se encuentran en vilo, es decir en un estado de suspensión, debido a que la Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz ordenó paralizar el proceso de evaluación de méritos y evaluaciones orales a los 405 postulantes que aspiran a los cargos judiciales. La disposición legal surge por efecto de un amparo constitucional interpuesto por la abogada Margarita Medrano Mayta contra la Comisión Mixta de Constitución y Comisión Mixta de Justicia Plural del Legislativo, argumentando que se vulneraron sus derechos de forma «flagrante» al inhabilitarla pese a cumplir todos los requisitos que establecía la convocatoria del proceso de preselección para el Consejo de la Magistratura, al que postulaba. Como ella hay otros candidatos que también apelaron a la justicia.
Un párrafo de la resolución de la acción de amparo firmada por los vocales David Valda y José Manuel Gutiérrez, señala lo siguiente: «Se otorga la medida cautelar de suspensión o paralización del cronograma de (evaluación de méritos y examen) de la convocatoria de preselección de altas autoridades del Poder Judicial hasta que se desarrolle la presente audiencia y se resuelva la misma, con la finalidad de que no se vulneren los derechos fundamentales demandados. En tal sentido, quedan ordenados a su fiel cumplimiento los accionados».
Por otra parte, la Veeduría Ciudadana detectó irregularidades en la habilitación de al menos ocho postulantes, según publicaciones que se basan en el segundo informe preliminar de esta instancia formada por observadores. Se hace referencia a dos postulantes que estaban inhabilitados, pero aparecen en la lista de habilitados; a tres aspirantes que no cumplieron con el requisito de los ocho años de experiencia y pese a ello fueron habilitados; a dos postulantes que fueron habilitados luego de varias reconsideraciones exigidas por legisladores del MAS y a un postulante que introdujo su recurso de revisión fuera de término y también resultó habilitado.
Son varios los parlamentarios, políticos, juristas y analistas que han deplorado que se mal utilice un recurso judicial para entrabar el proceso de las elecciones judiciales. El ex presidente de la república, y de la Corte Suprema de Justicia, Rodríguez Veltzé recomendó declarar «improcedente e inadmisible» el fallo judicial y continuar con el trabajo legislativo de examen de méritos de los postulantes. En el programa periodístico «Piedra, Papel y Tijera», Rodríguez Veltzé cuestionó que el amparo interpuesto por un ciudadano haya paralizado el proceso de preselección, a sabiendas de que -según la Constitución- se dispone el recurso cuando el recurrente agotó todos los medios de impugnación.
Las autoridades del Órgano Judicial tienen que garantizar que se haya seguido el procedimiento. «Se prevé un recurso para impugnar decisiones camarales o de este género. Ése era el camino», añadió. En su criterio, la decisión cautelar de suspender el proceso no se enmarca en el «sentido de oportunidad ni de proporcionalidad», puesto que la Asamblea Legislativa está desarrollando una tarea que le señala la Constitución, a través de acuerdo multipartidario, para activar un derecho ciudadano, que es elegir. Además, consideró que una sola persona, por más razones tenga, no puede violentar el derecho de la mayoría de los ciudadanos a elegir a las autoridades judiciales. El senador Miguel Rejas, dijo que continuarán trabajando en el cronograma de los exámenes orales a los postulantes, mientras se resuelvan las demandas. «El pueblo boliviano está esperando que podamos sacar a las nuevas autoridades del Órgano Judicial y podamos reconducir la justicia en nuestro país», señaló. Asimismo, el presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, Juan José Jáuregui, descartó que el proceso esté en riesgo y dijo que solo estará paralizado temporalmente, a la espera de la resolución de los recursos presentados por aspirantes excluidos.