El intendente Walter Cortés abrió concursos públicos de antecedentes y oposición para elegir nuevos jueces de Faltas y quedó expuesto a una dura controversia jurídica, porque declaró "vacantes" esos cargos y los actuales titulares de los dos juzgados impugnaron sus resoluciones, a las que consideran "nulas" y ajenas a su competencia.
Todo indica que el litigio se empantanará de modo inevitable en la justicia ordinaria, porque la jueza de faltas Débora Bietti -titular del juzgado 2, con incumbencia exclusiva en faltas de tránsito- inició ya una demanda contencioso administrativa ante la Cámara Civil para denunciar su "remoción" sin que haya intervenido el Concejo Municipal, como lo prevé la Carta Orgánica.
El mismo camino seguirá en lo inmediato su par Gustavo Contín (quien conduce el juzgado 1), luego de buscar una revocatoria por vía administrativa y fracasar en el intento.
Contín explicó que el intendente "no tiene facultades para remover a los jueces" y sus dos resoluciones de llamado a concurso, dictadas el último 4 de marzo, "son técnicamente nulas".
Contín está a cargo del Juzgado 1 desde mayo de 2014 y la jueza Bietti fue designada en 2011 como titular del Juzgado 2. Según sostiene Cortés en sus dos resoluciones de llamado a concurso, la Carta Orgánica en su artículo 69 "establece el nombramiento por un plazo de seis años" y ese término "claramente se encuentra vencido, en perjuicio de los actos jurídicos cumplidos en el ejercicio de su función".
Consciente de lo incendiario de este último argumento, en el artículo primero de las resoluciones dice que "ratifica" a cada uno de los jueces en su función, así como la legitimidad de sus fallos, en una suerte de "extensión de mandato" hasta que queden resueltos los nuevos concursos.
Contín consideró absurdo ese rodeo y subrayó que el intendente no funda su resolución en ningún dictamen jurídico, como hubiera correspondido. Lo mismo alegó la jueza Bietti en su presentación judicial.
Según Contín "todo el procedimiento está enredado y mal hecho". Dio por seguro que "en algún punto se va a anular". Dijo que otra de las condiciones que lo perjudican es que para volver a concursar no debería tener juicios pendientes con la municipalidad, de modo que si recurre a esa vía para impugnar la convocatoria queda inhibido de participar por la continuidad en el cargo.
"Tengo la esperanza de que el Concejo intervenga, porque es lo que corresponde" dijo Contín. Explicó que el mandato de los jueces de faltas no es por seis años sino por tiempo indeterminado y que el Concejo "puede" nombrarlos nuevamente si perdura su buena conducta.
Esas revalidaciones nunca se dieron en forma taxativa, pero según el juez, la ordenanza que lo designó en 2014 tiene plena vigencia "porque no ha existido remoción en los términos del artículo 71 de la Carta Orgánica", que fija las causales, y que no incluye en esa lista el plazo de los seis años.
Debilidades y omisiones
Contín recurrió por vía administrativa la resolución que establece de hecho la caducidad de su cargo y llama a concurso para cubrirlo. La nota está fechada el 12 de marzo. Ese recurso de revocatoria fue rechazado por el intendente dos días después. En ninguno de los casos se apoyó en dictámenes legales.
El juez de faltas dijo que se enteró del llamado por el boletín oficial y no le notificaron en forma directa, como hubiera correspondido. De lo mismo se quejó la jueza Bietti en su recurso ante la Cámara Civil.
Bietti descalificó la resolución del intendente porque "intenta en forma subrepticia" removerla de su cargo. "con la afectación al interés público y el serio perjuicio que genera en la sociedad barilochense, al atribuirse una competencia ajena a sus facultades, violentando el principio de juez natural, división de poderes y debido proceso".
Subrayó que la estabilidad en el cargo de Juez de Faltas durará mientras no existan causales de remoción o inconducta. Y anotó también que "no existe norma alguna que le otorgue al intendente la facultad de interpretar, como lo hace, la letra de la Carta Orgánica municipal".
Señaló Bietti que el artículo 68 de la COM "otorgó competencia exclusiva al departamento deliberante, requiriendo mayoría agravada de 2/3 de la totalidad de sus miembros a fin de proceder con la designación, nuevo nombramiento o remoción de los jueces de faltas. Y esta competencia es irrenunciable e improrrogable".
La asesora letrada del Ejecutivo, Yanina Sánchez, admitió que existe una polémica en puerta con los concursos para jueces. Consultada ayer por RÍO NEGRO, dijo que se inscribieron apenas dos postulantes para uno de los juzgados y uno solo para el otro. El jurado todavía no se constituyó porque el Concejo Municipal demora la designación de sus representantes.
Sánchez dijo que le consta que hay "un pedido de nulidad" de las resoluciones y estudian la posibilidad de "suspender el proceso para darle claridad".
Contín no se limitó a exponer sus razones jurídicas para descalificar el concurso y su pretendida remoción. También conjeturó sobre las posibles razones. Dijo que Cortés aun antes de ser electo intendente tenía un "encono personal" con él, y bastaba para comprobarlo con seguir su programa de televisión.
"Le ha tocado ser sancionado por cuestiones de su sindicato (Comercio), por obras mal hechas o problemas de habilitaciones. Creo que viene por ahí", observó el juez.
La palabra del Concejo
Los dos jueces de Faltas en ejercicio sostuvieron que la facultad de designarlos, examinar sus conductas o removerlos corresponde al Concejo Municipal. Y que el intendente no puede invadir ese rol sin caer en un conflicto de competencias. Las resoluciones que desataron el conflicto ya tienen un mes y medio de vigencia y el Deliberante todavía no se pronunció. Tampoco designó los representantes para el jurado de los concursos, como le impuso el Ejecutivo.
El juez Contín le advirtió expresamente al Concejo, con fecha 14 de marzo, que la resolución del intendente con el llamado a concurso, dictada unos días antes, incurría en "ilegalidad manifiesta" y violaba la división de poderes.
Les recordó a los concejales que "existía una clara invasión" a su competencia y que su ejercicio en el control de conducta de los jueces de faltas es de carácter "irrenunciable".
"Pocas situaciones pueden imaginarse más contrarias al orden público que poner en jaque la división de poderes", escribió Contín en su apelación ante el Concejo. Hasta ayer no había tenido respuesta.