El Govern balear del PP dice que desistió de la reclamación de las mascarillas a la trama Koldo porque "fracasaría"
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El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha aseverado que el Ejecutivo autonómico ha desistido de la reclamación de 2,6 millones de euros de las mascarillas adquiridas a la empresa vinculada a la trama Koldo, iniciada por el anterior Ejecutivo socialista, porque "estaba abocada al fracaso", pero ha insistido en que el expediente de reclamación "no ha caducado".
El representante del Govern balear ha indicado que el motivo de esa renuncia fue que "alguien tardó tres años en intentar reintegrar los 2,6 millones de euros" de las mascarillas -que eran de peor calidad a las contratadas- y porque "alguien hizo un certificado que decía que el contrato se había cumplido perfectamente". Costa se refiere, con estas palabras, al anterior Govern presidido por Francina Armengol.
Por estos motivos, ha señalado que el actual Govern decidió emprender una nueva reclamación que, a su juicio, ofrecía "más garantías", puesto que se declaraba nulo el contrato con la empresa Soluciones de Gestión y, en este caso, se reclamaban los 3,7 millones de euros del importe total del contrato.
Costa ha incidido en que, en un análisis "detenido" del expediente de la primera reclamación, "a lo mejor había que darle la razón a Soluciones de Gestión" y la conclusión final era que "la empresa había cumplido sobradamente con el contrato", por lo que, a su modo de ver, esa reclamación podría resultar fracasada.
La caducidad del expediente
En la misma línea ha ahondado la Conselleria de Salud que, en un comunicado posterior, se ha referido a la la rueda de prensa que ofrecieron el 21 de marzo el propio Costa y el director general del IbSalut, Javier Ureña, en la que este último explicó que el motivo del desistimiento del expediente de reclamación era la "dificultad en que prosperase", a causa del "certificado de conformidad que la Administración anterior emitió a la empresa el 12 de agosto de 2020" -durante el Gobierno socialista-.
La Conselleria dice que el plazo de resolución del expediente de reclamación era de ocho meses -y no tres, como defiende el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno- a contar desde el 24 de agosto de 2023, de acuerdo con el artículo 212.8 de la Ley 9/2017, de contratos del sector público. "La aplicación de este artículo a los procedimientos de resolución de contrato en Balears fue establecida por medio del Acuerdo de la Comisión de la Junta Consultiva de Contratación de Balears de 30 de noviembre de 2023 y así lo constata por medio de una diligencia la jefa del departamento de Contratación del Servicio de Salud", han alegado desde Salud.
La Conselleria se refiere al siguiente documento, que fue firmado por la jefa del departamento de Contratación del Servicio de Salud semanas después de que el juez Ismael Moreno apuntase que el expediente habría caducado durante la época de Prohens, de que el PP atacase a elDiario.es por hacerse eco de los cálculos del juez y de que el Diario de Mallorca apuntase que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el expediente estaría caducado y que, de hecho, lo habría hecho durante el mandato de Prohens.
Costa ha señalado que en aquella rueda de prensa que ofrecieron él mismo y Ureña el 21 de marzo se apuntó, "por error", que el plazo de desistimiento era de tres meses, pero "en ningún caso" estos tres meses eran "el plazo vigente", que en realidad era de ocho meses, algo que ha señalado que se rectificó mediante ese documento de la jefa del departamento de Contratación.
En concreto, en un documento en el que desestiman la continuidad del procedimiento de reclamación, el Ejecutivo popular asegura que tienen que "rectificar" el error de la resolución del 24 de agosto de 2023 en la que ellos mismos señalaban un plazo máximo de 3 meses desde el momento de acuerdo a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP). El IB-Salut considera ahora que el plazo máximo para la resolución parcial del contrato es en realidad de 8 meses, de acuerdo a lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Es decir, el Govern balear del PP reconoce que "por error" le indicó en agosto de 2023 a la empresa de la trama Koldo que el plazo para reclamar el sobrecoste de las mascarillas era de tres meses y, al año siguiente, ya en marzo de 2024, cuando el escándalo de la trama Koldo había salido a la luz, cuando José Luis Ábalos ya había dimitido, cuando Francina Armengol estaba en el punto de mira, cuando el PP había defendido a capa y espada que el procedimiento no había caducado y cuando el juez había afirmado que sí lo había hecho, el Ejecutivo alega que en realidad es un plazo de ocho meses.
De acuerdo con este plazo de ocho meses, una vez presentadas las alegaciones por parte de la empresa, aún quedaban cinco meses para resolver el expediente. En cualquier caso, el PP ha dejado sin efecto la posible caducidad del expediente, ya que ha decidido iniciar un nuevo procedimiento administrativo y ha desistido de éste: el IbSalut optó por abrir el pasado día 21 de marzo una nueva vía administrativa para declarar la nulidad del contrato y reclamar no solo los 2,6 millones de euros, sino los 3,7 millones de euros íntegros que fueron abonados a la empresa.
El Servicio de Salud ha reiterado que, desde su punto de vista, hay "suficientes elementos" para declarar la nulidad del acto de adjudicación del contrato a la empresa y solicitar la restitución de los 3,7 millones de euros a las arcas de la comunidad autónoma. "Esta nueva vía administrativa abierta se fundamentó en la falta de capacidad para contratar el suministro objeto de este contrato, ya que el objeto social de la empresa no contemplaba la compra de las mascarillas, la falta de solvencia económica de la empresa y la falta de solvencia técnica de la empresa", ha defendido la Conselleria de Salud.