La crisis política e institucional abierta en el Consell de Formentera a través de la coalición Sa Unió (PP-Compromís) , que ganó las elecciones locales y autonómicas hace casi un año por mayoría absoluta, está teniendo su efecto práctico en el retraso del controvertido concurso público de los quioscos de playa, cuyo futuro para este verano sigue en la cuerda floja. Mañana, y a petición de los ocho consellers de Sa Unió, el presidente ha convocado un pleno extraordinario para resolver este asunto.
El PSOE de Formentera, en la oposición, emitió ayer un comunicado que no tardó en contestar el presidente del Consell, Llorenç Córdoba, expulsado de Sa Unió a principios de año, pero que se mantiene en solitario y sin apoyo de nadie en la presidencia de la institución.
Los socialistas insulares denunciaron que, a través de un medio de comunicación digital, se habían publicado «fuertes acusaciones de parcialidad en la valoración de las ofertas técnicas del pliego de playas». En estas acusaciones se afirma que «en el transcurso de la licitación se ha cambiado el criterio de adjudicación respecto a lo publicado en la plataforma de contratación». Los socialistas apuntan en su nota a que esta «desinformación y acusación de opacidad y parcialidad no pueden quedar sin respuesta por parte del equipo de gobierno».
A las pocas horas de este comunicado el presidente, Llorenç Córdoba, contraatacó a través de una nota de prensa, escrita en tercera persona por su jefe de prensa: «Elpresidente siempre ha defendido a los funcionarios de la casa y los defenderá, pero también investigará lo que haya que investigar en caso de que haya indicios de que se han cometido irregularidades en un proceso público o en cualquier actuación llevada a cabo por un funcionario o político del Consell».
Así de tajante se mostró el presidente de la institución, tras conocer el contenido del comunicado de los socialistas, para añadir: «Es curioso y sorprendente que los socialistas, cuyo líder Rafa Ramírez, no tuvo la semana pasada ningún reparo en descalificar públicamente el trabajo de una funcionaria de la casa que avalaba que se declarara desierto el concurso de los quioscos mientras reconocía que ni siquiera lo había leído, exija ahora que se defienda a los trabajadores de la institución». Para Córdoba esto pone de manifiesto que para «los socialistas solo se puede poner en duda la labor de los trabajadores cuando es contraria a las decisiones que se tomaron cuando ellos gobernaron».
El presidente insistió en que «solo existe un informe de los servicios jurídicos de la casa en relación con la adjudicación de los quioscos, y sus conclusiones son más que claras: no se puede adjudicar a las empresas mejor valoradas y hay que declarar el concurso desierto». Sin embargo, no dice que esos informes no son vinculantes.
El presidente considera que el resto de los 16 consellers que forman parte del pleno, de Sa Unió, GxF y PSOE, están equivocados ya que se han pronunciado a favor de seguir el criterio de la mesa. Córdoba insiste: «Todos los que piden que haga lo contrario a lo que dicen los informes no han aportado ni un informe que avale sus pretensiones ni han explicado los motivos por los que se oponen a la decisión de los servicios jurídicos del Consell». Además Córdoba afirma: «La garantía de funcionamiento de nuestra Administración local es el trabajo de los funcionarios que no puede sufrir estas campañas de descrédito mediático».
En su nota, el PSOE exige a Sa Unió, y en especial al presidente, conseller de Litoral, Recursos Humanos, Promoción Económica y sector primario (además de diputado en el Parlament balear) que «pida de forma urgente la rectificación de la información publicada en los medios que pone en duda los criterios de valoración de los técnicos del Consell de Formentera».
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