La falta de Presupuestos no va a impedir que la hiperactividad de la que hace gala la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, nos deje con una mano delante y otra detrás por la subida de los impuestos. El año comenzó con alzas del IVA de la luz y del gas al 21%, al que hay que sumar las de cotizaciones sociales.
Esta semana se conoció una orden ministerial para adaptar el último incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La disposición situaba las bases mínimas y máximas de cotización en 1.323 y 4,729 euros respectivamente, con un incremento del 5%. Lo peor es que se trata sólo de un aperitivo de lo que viene, porque el próximo ejercicio entrará en vigor la cuota de solidaridad, junto al destope de las cotizaciones, de manera que éstas subirán aún más para los salarios que estén por encima de las cuotas máximas.
Según un informe de la Instituto de Estudios Económicos (IEE), dependiente de la patronal, los ingresos por cotizaciones sociales a cargo de las empresas aportan al 9,5% del PIB, frente al 7,1% de media en la UE.
Montero, en vez de aprovechar la recaudación récord, a causa de la inflación y la creación de empleo, para generar incentivos a la inversión y la generación de riqueza, sigue apretando fiscalmente tanto a las empresas como a los ciudadanos. Otra vicepresidenta, Teresa Ribera, confirmó esta semana que el Gobierno aprovechará "alguna ley que esté en tramitación en estos momentos" para perpetuar los impuestos extraordinarios a la banca y a las eléctricas.
La introducción de más tributos, así como la reforma de los existentes, elevará este año en casi dos puntos la presión fiscal, que pasará del 37,7, al 39%, según el IEE. Después de este arreón, estamos sólo a un punto de la media de la UE en el 40,2%, lo que deja a Montero sin argumentos para seguir subiendo las tasas.
La imposición patrimonial es escandalosa, supera un 40% a la media de la UE
Además, los gravámenes pagados tanto por las empresas como por sus directivos en España son mayores que en el resto de Europa. La presión fiscal empresarial (la suma del Impuesto de Sociedades más las cotizaciones sociales) supera en 1,8 puntos sobre PIB a la europea y representa el 32,4% de la recaudación fiscal, frente a 25,8% de la UE. Lo más escandaloso es la imposición patrimonial: En España es casi un 40% más alta que en el resto de Europa y nos coloca en el puesto 34 de los 39 países de la OCDE.
La lista estadística que muestra como los españoles en activo pagamos muchos más impuestos que los europeos es interminable. Así, por ejemplo, la cuña fiscal, que es la suma de las cotizaciones sociales más el IRPF, para las rentas que abonan cotizaciones máximas alcanza el 59,5%. Ello quiere decir que Hacienda se queda con el 40% del ingreso fruto de nuestro trabajo, frente al 47,8% de la UE.
Otro dato, que Montero no quiere ver ni en pintura, es el esfuerzo fiscal, que excluye a los parados y a la economía sumergida, es casi 18 puntos superior a la UE. Lo que quiere decir que en España, unos pocos pagan impuestos por todos los demás. Una realidad proscrita del manual del progresismo. No hay peor ciego que el que no quiere ver.
Si a los sablazos tributarios de Hacienda, que lleva toda la legislatura sin deflactar el IRPF, sumamos los que prepara la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no me extraña que muchos empresarios piensen en salir corriendo y reduzcan sus inversiones al mínimo. El número dos de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, asegura que la reforma de la indemnización por despido es "imprescindible" y se acometerá a la mayor brevedad posible.
El secretario de Estado apela a una denuncia presentada por UGT ante el Consejo Europeo, que dictaminó en contra de la indemnización por despido improcedente, que establece un máximo de 33 días por año trabajado con un límite de 24 mensualidades.
UGT presentó su reclamación ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) por considerar que el despido "no siempre resarce el daño causado al trabajador, sobre todo cuando la relación laboral ha sido corta". Pérez Rey esperará a la resolución del CEDS prevista para junio o julio, pero ya adelanta que ese máximo de 33 días por año del sistema español no siempre es "adecuado" o "reparador". En román paladino, que subirá la indemnización por despido para volver a los 45 días por año trabajado, como pide UGT. El sindicato comandado por Pepe Álvarez quiere volver a la situación anterior a la reforma laboral de 2012, realizada por Fátima Báñez, durante la legislatura del PP.
Pero qué es el CEDS, ¿Por qué son tan importantes sus decisiones? Se trata de una especie de comité de sabios al que sólo algunos países como Bulgaria han hecho caso en sus resoluciones.
Vamos que, una vez más, Trabajo monta una película sobre el cumplimiento de la carta social europea, que casi nadie respeta. Una excusa para subir las indemnizaciones por despido. En paralelo, Trabajo se dispone a imponer la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, pese que ni patronal ni sindicatos están de acuerdo.
Después de inventarse la figura de los fijos discontinuos para esconder alrededor de 750.000 parados intermitentes (la nomenclatura oficial es la de ocupado inactivo, una flagrante contradicción),
Díaz pretende encarecer y dificultar el despido mediante una decisión, que llevará al BOE por el artículo 33 de ordeno y mando, que tantos sinsabores le está creando en su propio partido, Sumar.
La vicepresidenta roja pretende, en realidad, resucitar la fórmula del prohibido despedir, utilizada en la pandemia a cambio de la concesión de subvenciones públicas. La presión fiscal insostenible y el encarecimiento del coste del empleo a doble dígito (sumados sueldos y cotizaciones sociales) pasará factura, tarde o temprano, a las empresas y al empleo, sobre todo en las de menor tamaño. Una chapuza sin fin.
El fracaso del golpe en Naturgy
Un aspecto que pasó desapercibido estos días es la fortaleza que va adquiriendo Francisco Reynés al frente de Naturgy, pese a las maniobras en la oscuridad del fondo IFM. El vehículo inversor dirigido por Jaime Siles llegó con la intención de cooperar en la gestión, pero no hace más que poner palos en la rueda. Durante las jornadas previas a la Junta de Accionistas emprendió una campaña difamadora con noticias falsas para aislar a Reynés, de las que se hicieron eco algunos medios de la competencia. Siles y su equipo de comunicación vendieron que Criteria y los proxys votarían en contra de la remuneración del presidente de Naturgy, pese a que la redujo más del 6%.
Pero se equivocó. No tuvo en cuenta que las tornas han cambiado mucho en Criteria. El holding industrial de La Caixa pasó de Marcelino Armenter a estar dirigido por Ángel Simón. El nuevo consejero delegado, aliado de Reynés, emitió un comunicado de apoyo a la presidencia, remarcando la participación como estratégica, que dio al traste con el intento de golpe de mano de Siles.
IFM intentó dar un golpe en Naturgy, pero no contó con que Critería saldría en apoyo de Reynés
Un rapapolvo para el fondo IFM, en gran parte responsable de la caída en bolsa de Naturgy, que al subir del 10 al 15% dejó reducida la liquidez en el mercado al 11%. Para colmo de males, estuvo presionando para su exclusión de bolsa, una opción prohibida expresamente en el memorándum que firmó para entrar en Naturgy.
La derrota de Siles ha provocado una reacción de apoyo a Reynés de los otros dos fondos, CVC y GIP, que controlan el 40% del capital, y le otorgan el respaldo suficiente para tomar decisiones estratégicas, tras descartar el nombramiento del consejero delegado. La primera se produjo ya antes de la Junta, cuando colocó bajo su mandato directo a las direcciones generales y creó otras ocho divisiones corporativas. Uno de los objetivos prioritarios será desplegar las inversiones en gases renovables.
La gasista reforzará, asimismo, su área de asuntos públicos. La llegada de BlackRock al accionariado, a través de la compra de GIP, ha reabierto los trámites para lograr las autorizaciones administrativas. Reynés está a la espera de conocer si BlackRock mantendrá sus representantes en el consejo de administración. La sintonía con Simón inaugura una etapa junto al resto de fondos, que fortalece su poder para afrontar los nuevo retos y afianzar la españolidad de Naturgy.