Senadora Campillai por solicitud de Yáñez para evitar formalización: «Debe renunciar a su cargo, no es sostenible en una democracia»
La situación judicial del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, parece no tener fin. Pese a que será formalizado por su responsabilidad en delitos relacionados al actuar de la institución que encabeza, durante el estallido social de 2019, de no quedar en prisión preventiva, nada asegura que deje el cargo.
Durante la jornada de ayer, Ricardo Yáñez, recurrió al Tribunal Constitucional para buscar la suspensión de su formalización pactada por el Ministerio Público para el 7 de mayo. Acompañado de un escrito de no más de 30 páginas, Yáñez considera que la acusación de la Fiscalía «se funda en una elaboración penal artificiosa y alambicada».
Bajo este contexto, la senadora Fabiola Campillai, quien se convirtiera en un ícono de la lucha social durante el estallido en 2019, reaccionó ante estos hechos y manifestó su parecer a través de un comunicado en su cuenta en «X» (extwitter)
En primer lugar, Campillai señala que toda esta nueva arremetida judicial donde Yáñez busca mediante la denominada Tercera Cámara, «es una medida que busca eludir su responsabilidad ante la justicia».
Además, agrega que le parece preocupante que la máxima autoridad de Carabineros declare estar bajo un «procedimiento irracional e injusto». la senadora considera que «la justicia debe prevalecer sobre cualquier interés personal o institucional».
De «preocupante» tildó Campillai las declaraciones de Yáñez quien consideró en el documento que presentó ante el TC que se le «está juzgando con motivaciones políticas».
«Afecta la independencia del Poder Judicial. Es esencial que las autoridades sean responsables ante la ley, independientemente de su posición política o institucional, y cualquier intento de politizar un proceso judicial debe ser rechazado en un Estado democrático de Derecho».
Finalmente, el comunicado reitera que Yáñez «debe renunciar a su cargo, no es sostenible en una democracia, que la más alta autoridad policial de un país se mantenga en su cargo ante una formalización por su actuar, sobre todo, cuando se trata de causas judiciales por graves violaciones a los Derechos Humanos».
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