«Le están declarando la guerra a la clase media». En esos términos se refirió el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, a los aumentos que las empresas de medicina prepaga vienen aplicando a las cuotas desde enero de este año.
Las prestadoras respondieron, a través de un comunicado, a los duros dichos del funcionario nacional. «Las empresas de medicina prepaga no son formadoras de precios sino que los aumentos se deben a que el impacto de la inflación del país cruza transversalmente todos nuestros costos, de la misma forma que impacta sobre cada familia argentina», sostuvieron. En ese sentido, aseguraron haber sufrido un «desfinanciamiento» durante años y solicitaron una audiencia para explicar su situación financiera.
En diciembre del 2023, el presidente Javier Milei firmó el decreto de necesidad y urgencia 70/2023. El mismo modificó la Ley 26.682 que regula la medicina prepaga y derogó el decreto 743/22 que establecía topes a los aumentos de sus cuotas. Desde entonces, las prestadoras tienen libertad para fijar (y recomponer) el valor de las mismas.
Prepagas: ¿qué establecía la normativa previa?
La aplicación de la normativa dictada durante el gobierno anterior implicaba que las actualizaciones de las cuotas se hicieran mensualmente de acuerdo al índice de costos de salud (ICS), que elaboraba la Superintendencia de Servicios de Salud.
El ICS era un índice compuesto, y como tal condensaba la evolución de los precios en varios rubros con impacto directo en los costos de la medicina prepaga. Así, en su construcción se incluía el aumento de los costos de los medicamentos, de los insumos médicos, de los salarios fijados en negociaciones paritarias y de los gastos generales.
Sin embargo, el derogado decreto impedía que las subas mensuales superaran el 90% del índice de remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE) para una masa muy considerable de afiliados.
En más del 50% de los meses en que rigió el esquema anterior las empresas no pudieron aplicar íntegramente el aumento que arrojaba el índice de costos de salud.
Para acceder al recorte del aumento, los socios debían tener ingresos netos inferiores a 6 salarios minimos, vitales y móviles, y hacer una declaración online. De ese modo, en más del 50% de los meses en que rigió ese esquema las empresas no pudieron aplicar íntegramente el aumento que arrojaba el ICS.
Esta situación provocó un desfasaje entre los flujos de costos y de ingresos de las prestadoras y una crisis en sector de medicina privada, que incluyó la generalización del cobro de copagos en las consultas médicas y una merma en el número de profesionales que atendían a través de prepagas.
Prepagas vs. inflación: el trasfondo de la pelea con Caputo
El Gobierno echa mano a herramental ortodoxo y heterodoxo, en pos de mostrar una senda a la baja de la inflación. La pública acusación de Caputo se enmarca en ese contexto.
En los primeros tres meses del año y tras la liberación de precios en el sector, las cuotas de las prepagas se incrementaron un 113% en promedio, con una notable dispersión entre prestadoras. En el mismo período y estimando un ínflación del 12% para marzo, el índice de precios al consumidor (IPC) acumula un incremento del 53%. Es decir, el aumento de las prepagas es más del doble de la inflación.
Sin embargo, esta dinámica responde a un reacomodamiento de precios relativos, tras la desregulación del sector. Las cuotas vienen de un atraso importante durante el 2023, respecto no solo de la inflación sino también de los costos específicos del sector, como hemos visto.
La recomposición del valor de las cuotas ha sido muy veloz y abrupto en estos meses: el aumento acumulado en los primeros tres meses del 2024 ya supera el registrado durante todo el 2023. Sin embargo, como se observa en el gráfico adjunto, los precios de las prepagas aun no han recuperado el terreno perdido durante el 2023 con relación al nivel general de precios. Es esperable que el proceso de recomposición relativa continúe este año, y la acusación y advertencia del ministro Caputo podría obedecer a ello.
Ante la imposibilidad de afrontar los aumentos de cuotas, muchos afiliados han tramitado su traspaso a otras empresas; incluso, hay quienes han acudido al sistema público de salud, en crisis en varias jurisdicciones. Asimismo, algunas compañías comenzaron a ofrecer a sus socios planes más económicos, pero con menos prestaciones, para evitar una mayor migración de afiliados y una brusca merma de ingresos.