La trama dedicada, supuestamente, a la compra de votos por correo en Melilla habría tratado de contaminar 10.000 peticiones de sufragio para las elecciones autónomas del 28-M. Así lo expone la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en un informe al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
En aquellos comicios, más de 11.000 personas pidieron el voto por correo. Teniendo en cuenta que el censo en aquel momento era de 55.000 personas en la ciudad autónoma, en torno a un 20% del mismo habría decidido ejercer su derecho de esta manera.
La UDEF explica en su informe que "11.707 han sido los melillenses que han podido ejercer su derecho mediante el voto por correo, la gran mayoría en la oficina, 10.727, frente a los 980 que lo han solicitado a través de la página web de Correos, lo que permite confirmar que, aproximadamente, unos 10.000 votos por correo son los que ha podido adquirir la trama criminal".
Además, el dosier revela que dichos votos estarían "muy comprometidos", debido a la "compra masiva" de los mismos por la que ahora están investigados los miembros de la cúpula del partido promarroquí Coalición por Melilla (CpM), que fue socio del PSOE. Su líder, Mustafá Aberchán, es uno de los investigados y la UDEF le ubica en la cúspide de la red.
No obstante, en las elecciones autonómicas del 28 de mayo, CpM consiguió un total de 5.557 votos, lo que dejó a la formación con cinco concejales.
Organización criminal
En efecto, la investigación policial del llamado caso Melilla señala que la supuesta red criminal tenía una estructura muy jerárquica dividida en cuatro estadios.
En lo más alto, una cúspide (lo que los agentes llaman "nivel A") conformada por altos cargos de CpM —Aberchán y sus consejeros— que habrían dirigido esta estrategia mediante reuniones clandestinas.
El segundo escalón ("nivel B") lo conformarían los mediadores que hacen llegar el dinero a los encargados de distritos, que componen el nivel C.
Estos últimos son "personas que infunden temor y respeto en sus respectivos distritos". ¿Por qué asustan a sus vecinos? Porque "son personas que residen en dichos barrios y a las que los lugareños temen, ya que saben de sus antecedentes penales. La mayoría, por delitos violentos", indica la Policía Nacional en el citado informe.
El "nivel D" lo componen los captadores directos. ¿Cuál es su función? Contactar con los vecinos de barrios marginales de Melilla y comprarles "su intención de voto, ofreciéndoles un pago futuro una vez que éstos entreguen su sobre con la papeleta del partido [CpM]".
A cambio, estos vecinos de Melilla recibían entre 30 y 40 euros por su voto por correo, proceso que se tramita a través de las oficinas del servicio público de mensajería postal. Generalmente, eran captados en salones de juego o cafeterías.
La UDEF detalla, incluso, que estos ciudadanos llegaban a recibir "amenazas o agresiones" si se planteaban no votar. El sumario del caso Melilla desvela que el valor de los sufragios aumentaba en función de los sondeos electorales y de la cercanía a los comicios. Llegaban a costar hasta 120 euros.
La Policía resume así el funcionamiento de la supuesta trama corrupta: "Se puede afirmar con rotundidad la existencia de una organización criminal que, desde las consejerías adscritas a Coalición por Melilla, en el anterior Gobierno de la ciudad, habrían adjudicado cientos de contratos menores (...) a personas de la propia organización criminal y afines a la trama, sirviendo los fondos obtenidos para financiar la compra de votos por correo, además de generar un notable enriquecimiento ilícito de los investigados".
Sobre Aberchán, la UDEF señala que era quien decidía "a quién contratar y a quién no", además de ejercer de "cúspide" de la trama. EL ESPAÑOL también desveló que un informe policial señala que la supuesta organización criminal accedió a listados confidenciales y usó un bot informático para monitorizar el comportamiento electoral de los melillenses.