El Tribunal Constitucional (TC) rechazó el habeas corpus presentado por el congresista José María Balcázar, con el cual el parlamentario intentaba anular la resolución que respaldó la solicitud de la Fiscalía de proseguir con la investigación en su contra por apropiación Ilícita.
La Representación Nacional solicitó la anulación de la disposición del 18 de setiembre de 2023, que rectifica el pedido de sobreseimiento hecho por el fiscal a su favor por el delito de apropiación ilícita en perjuicio del Colegio de Abogados de Lambayeque. También pidió que sea otro fiscal presente una acusación en su contra por dicho delito, y que se emita una nueva resolución para sobreseer y archivar la investigación.
El congresista acusó a la fiscal superior Anita Cabrejos Barrios, de la Primera Fiscalía superior Penal de apelaciones de Lambayeque, de haber modificado "de manera arbitraria la conclusión del dictamen pericial contable, pues le da una nueva interpretación al indicar que existe un saldo de depósito pendiente y que el dinero del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL) ingresó a sus cuentas personales".
"Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, ha resulto declarar improcedente la demanda de habeas corpus", concluyó el TC en el Expediente EXP. N.° 00008-2024-PHC/TC.
EL CASO
El congresista de la bancada Perú Bicentenario enfrenta denuncias por presuntas irregularidades durante su gestión como decano en el Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL).
Según informes de Panamericana TV, el Ministerio Público presentó una acusación solicitando un año de pena suspendida y una reparación civil de S/348,344.90 a favor del ICAL.
La denuncia, inicialmente revelada por el dominical Punto Final, señala que Balcázar no bancarizó los ingresos económicos del ICAL durante su mandato en el año 2019, incumpliendo la obligación de depositar diariamente estos ingresos en la cuenta del colegio.
La investigación expone supuestas deficiencias en la gestión de ingresos y gastos durante el periodo mencionado, acusando al congresista de desviar fondos del ICAL a sus cuentas personales.