Para la Justicia, un cambio gradual y, por ahora, invisible
Por Claudio Jacquelin para La Nación
Por Claudio Jacquelin para La Nación
El gradualismo también llega a la Justicia. Si después de los enfrentamientos de las últimas semanas entre el Gobierno y los jueces alguien imaginó una arremetida para cambiar de raíz el sistema judicial, deberá moderar sus expectativas.
La Casa Rosada resolvió avanzar, ahora sí, en la reforma anunciada desde los orígenes del mandato de Mauricio Macri. Pero lo hará de forma gradual y, como pasa con la economía, habrá cambios invisibles para buena parte de la población.
Tan invisibles serán por un buen tiempo para el ciudadano común que, por ejemplo, una de las reformas capitales para acelerar los procesos en el fuero criminal federal empezarán lejos de las grandes capitales.
Por un acuerdo con el justicialismo del Senado, el sistema acusatorio arrancará en Salta. Mientras, se prevé una ralentización del plan para licuar el poder de los jueces federales, sobre todo de los doce apóstoles de Comodoro Py.
La realidad se impone. Limitaciones constitucionales, deficiencias estructurales, falta de volumen parlamentario del oficialismo, errores de gestión, diferencias de criterio entre los funcionarios y asesores involucrados en el tema y hasta conflictos de intereses han sido algunos de los obstáculos por los cuales se demora la declamada transformación de la Justicia.
La sucesión de enfrentamientos que enlazó el fallo de los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero, por el cual fue excarcelado Cristóbal López, con la acordada de la Corte que dejó sin efecto la designación de un tribunal oral para juzgar a Cristina Kirchner con jueces del fuero ordinario fueron los detonantes de la complicada relación entre la Justicia y la Casa Rosada que viene incubándose desde el comienzo de la gestión macrista. Ahora no hay marcha atrás, dicen, pero habrá que ver cómo se alinean los actores para llevarla adelante.
Para entender el proceso hay que ver quiénes están detrás de la cuestión judicial a un lado y otro de los tres poderes involucrados y conocer sus historias.
Igual que en economía, el Poder Ejecutivo muestra en materia judicial multitud de referentes, que podrían formar un equipo de fútbol, lo que no facilita la transformación de un poder estragado por años de politización de la Justicia, judicialización de la política y casos de corrupción.
El equipo presidencial tiene no pocas singularidades, tanto que el ministro de Justicia, Germán Garavano, está más cerca de ser un arquero expuesto a los pelotazos que un volante de creación.
Para esa tarea el Presidente suele recostarse en su jefe de asesores y amigo, José Torello, o en las gambetas del parlamentario ante el Mercosur Fabián "Pepín" Rodríguez Simón. En la delantera se suma el secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas, siempre decisivo en temas legales.
De estos tres creativos lleva la firma la primera medida judicial polémica de Macri: el decreto para imponer en la Corte a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, que melló la percepción inicial sobre el compromiso republicano del flamante presidente.
A aquel cuarteto se suman los diputados y miembros del Consejo de la Magistratura Pablo Tonelli (Pro puro) y Mario Negri (uno de los pocos radicales a los que Macri respeta y escucha).
En ese cuerpo encargado de seleccionar y juzgar a los jueces aparece el subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial, Juan Bautista Mahiques, de familia judicial y apadrinado por el operador Daniel "el Tano" Angelici.
El presidente de Boca, que alterna titularidad y exclusiones, está en la mira permanente de otra influyente clave: Elisa "Lilita" Carrió, quien con sus misilazos sacude a todos y, a veces, desbarata estrategias y alianzas tácticas.
Lo sabe bien el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, a quien la indómita diputada le provoca temblores que sacuden el principal despacho del Palacio de Tribunales.
El team de la Rosada suele contar con la participación (regular e irregular) de los jefes de los espías Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, uno y dos de la AFI.
A ellos suma buenos oficios el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Lipera, siempre visto como aspirante a distintos cargos, el último, el de titular de la Procuración General, para el cual Macri postuló a Inés Weinberg de Roca, lo cual significó una derrota de Angelici y de la corporación judicial.
Si a la originalidad de ser este un gobierno que no tiene abogados entre sus tres principales funcionarios se suma que en su equipo no suele haber visiones compartidas sobre el derecho, la política judicial y, muchas veces, ni siquiera sobre políticas generales (por no hablar de confianza mutua), no debería llamar la atención que poco haya cambiado en la Justicia en 27 meses gestión.
Esa peculiaridad es señalada y aprovechada por muchos en el Poder Judicial, entre los que se incluyen criticados y respetados. "A veces el Gobierno amenaza con dar batalla, pero al mismo tiempo que manda a sus generales a declarar la guerra aparecen en su nombre traficantes que ofrecen armas a enemigos y lobbistas en busca de acuerdos beneficiosos para todos", dice un destacado habitante de los tribunales.
En el Gobierno aseguran que esa situación ya es pasado, pero la sola percepción de esa realidad aporta una complicación extra a la hora de intentar una reformulación integral del sistema para hacerlo más eficiente, transparente y que, sobre todo, haga justicia y no solo aplique la ley, como señalan en La cara injusta de la Justicia el fiscal Federico Delgado y la periodista Catalina de Elía.
La fragmentación del equipo del Gobierno, al menos hasta ahora, debió interactuar con un frente ambiguo y complejo.
Allí en la cima se ubica Lorenzetti, que ha mantenido con el Gobierno una relación fluctuante entre la desconfianza, la concordia, los gestos amables y los conflictos.
Ahora, después de la última acordada que puso en riesgo el plan para limitar el poder de los jueces federales y la legalidad de algunos fallos, logró una tregua firmada con Garavano.
Los embates de Carrió y la renovación de la presidencia de la Corte a fin de año le aportan una cuota de vulnerabilidad que resaltan algunos de sus colegas en el alto tribunal.
Ahí también tienen rol activo dos jueces que por su origen peronista, su relación con los senadores de ese espacio y algunos votos se han ganado la desconfianza del Gobierno. Ellos son Juan Carlos Maqueda y Rosatti, quien curiosamente fue impulsado para el cargo por Carrió.
Esto hace que no sean muchas las expectativas sobre las reformas que lanzó Lorenzetti para mejorar el servicio de Justicia. Se da por descontado que se avanzará en la digitalización de los procesos (aunque parezca increíble a esta altura del siglo XXI), pero habría poco cambio en dos acciones de fuerte impacto público: la ampliación del horario de atención y el recorte de las ferias judiciales.
Por debajo de la Corte, pero cerca, están los magistrados de Comodoro Py, mayoritariamente cuestionados. Entre ellos sobresale Ariel Lijo, titular de la Asociación de Jueces Federales, que contó con el padrinazgo de Lorenzetti, aunque no es el único apuntado. A ellos se suman los mencionados Farah y Ballestero, solo por su actuación en el caso de Cristóbal López.
De su largo historial, el Gobierno subraya un escandaloso fallo contra Macri en la causa por las escuchas ilegales, que fue revocado, pero que el Presidente no olvida. A ellos hay que sumar en lugar preponderante a Rodolfo Canicoba Corral, aunque no termina en él la larga lista de objetados.
Siempre sobrevuelan algunas sombras que jamás se disipan: la del eterno espía Antonio "Jaime" Stiuso y de un operador en el fuero federal con buena llegada a los servicios de inteligencia y al peronismo, el auditor de la Nación, Javier Fernández, aunque ambos dicen estar retirados.
Para completar el escenario, hay que sumar a dos senadores peronistas: el presidente del bloque, Miguel Pichetto, y Rodolfo Urtubey, ambos hasta hace poco buenos interlocutores del Gobierno y a veces hasta más eficaces que ciertos oficialistas.
Pero ya no les resulta tan sencillo maniobrar con libertad, por dos razones: la realidad de su bancada, más complicada que hace un año, y las próximas elecciones. A Pichetto se le termina su mandato en 2019 y un hermano del salteño, el gobernador de esa provincia, pretende la presidencia.
Demasiados actores con demasiada historia para que las reformas lleguen rápido y, sobre todo, que sean perceptibles para una sociedad que las demanda con urgencia. Con esa ansiedad deberá lidiar el Gobierno luego de prometer que ahora sí no habrá marcha atrás.
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