Por Gustavo López, director de la Consultora Agritrend
Luego del plan de convertibilidad en la administración Menem, y con la crisis que vivió el país al fin de esta ultima, se volvió al esquema tributario, mas injusto, menos federal y probablemente mas regresivo como son los derechos de exportación.
Si bien solo existía un pequeño arancel del 3.5% para la soja, todos los productos tenia una tasa del 0%, e incluso muchos de ellos gozaban de reintegros en función al valor agregado de los mismos.
A inicios del 2001 se estableció una alícuota del 10% que luego se elevo al 20% para todos los granos y 23.5% para la soja, en un país que se incendiaba, donde todos los sectores de la producción convinieron en aceptarlos temporariamente.
Los precios de exportación eran bajos, la soja FOB superaba levemente los 220 dólares y el maíz solo alcanzaba los 100 dol/ton, pero la fuerte evaluación que se había registrado, saliendo del esquema de convertibilidad permitía alguna pequeña rentabilidad para los productores.
De allí se volvió definitivo, como muchos de los impuestos en argentina, y es como llegamos a las tasas irrisorias del 35% para la soja, el 23% para el trigo y el 20% para los granos forrajeros, que al margen de la locura del 2008, donde se pretendía que las mismas fueran mobiles, en una coyuntura de precios favorables, pudieran trepar al 50 o mas %, se mantuvieron hasta 2015.
El resto es conocido, la nueva administración redujo drásticamente los aranceles (0% para maíz y trigo y 24% para la soja) con el compromiso de seguir reduciéndolos hasta su eliminación total.
Ello lamentablemente no se dio y producto de los problemas macroeconomicos que vivía argentina una vez mas empezaron a subir.
Así llegamos a la actualidad, donde a través de la ley de emergencia económica se faculta al ejecutivo establecer tasas del 33% en soja y 15% en trigo y maíz.
Si hacemos un poco de historia, a lo largo de estas dos décadas el sector primario genero mas 450 mil millones de dólares, casi un PBI en materias primas.
Transfirió en concepto solo de derechos de exportación, solo del complejo granario la friolera de 105 mil millones de dólares, que se incrementan a mas de 150 mil millones si se considera el impacto bajista en el precio para los consumos locales, y las trabas y restricciones comerciales vividos a lo largo del primer quinquenio de esta década.
¿Y que recibió a cambio?
Mejores rutas? Mas almacenaje? Puertos mas ágiles? Incentivos a la incorporación de mas tecnología vía mejores condiciones crediticias?. Nada.
Pero volviendo a las retenciones actuales, son viables estos nuevos aranceles a la exportación.
¿Puede pagar el productor agropecuario este nuevo incremento? ¿Que implica que de cada 3 camiones de soja que envía al puerto uno siga viaje hacia la rosada?
En el quinquenio 2010/2015 cuando teníamos 23% en trigo y 20% en maíz los precios de ambos a nivel internacional eran en promedio de 300 y 240 dol/ton, hoy con la posibilidad de una tasa del 15% solo se ubican en 210/170 dol/ton, respectivamente.
En soja en el periodo citado el FOB alcanzaba en promedio 480 dol/ton, llegaron hasta 550 dol/ton, hoy difícilmente superen los 350 dol/ton.
Sin dudas, la actual carga tributaria a la cual se suman un cúmulo de impuestos, llevan la rentabilidad del productor a nivel muy bajos o bien de quebranto en aquellos casos donde se alquila la tierra o bien se alejan mas de los puertos de embarques, producto de fletes cada vez mas caros, en un marco de falta de competencia de los ferrocarriles.
El combo es realmente explosivo, si ademas se considera:
A) la incertidumbre en la evolución climática sobre el desarrollo de la cosecha gruesa, que representa el 80% del total.
B) precios internacionales estancados.
C)una demanda internacional con problemas (soja / forrajeros) – china/usa, peste porcina.
D) un tipo de cambio fijo, con las restricciones cambiarias ya conocidas.
E) falta de crédito, producto de tasas inaccesibles.
F) fuerte impuestazo / inmobiliario y rural que como sabemos se ubicaría entre el 15/75%.
G) una situación delicada de grandes empresas del sector, que se debaten en la posibilidad de seguir operando.
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