Del anuncio a la ejecución de una política pública puede haber un largo trecho. El caso de los medios públicos lo demuestra. La diputada nacional Lilia Lemoine, referente de La Libertad Avanza, había anunciado que durante el gobierno de Milei los medios públicos cerrarían. Lo hizo a las pocas horas que se supiera el resultado del balotaje. Meses más tarde, en la primera apertura de sesiones ordinarias del gobierno libertario fue el propio presidente el que anunció el cierre de Telám. La medida fue festejada por el vocero presidencial Manuel Adorni con un sintético tuit: "Saluden a Telám que se va. Fin".
La realidad contrasta con el discurso del Gobierno. Telám no genera material, pero sus trabajadores, los que no acordaron un retiro voluntario, siguen cobrando por sus tareas. La TV Pública no tiene programación en vivo, pero sigue pagando los sueldos. Radio Nacional, por su parte, estrenó programación.
En ese marco, un escenario de cierre masivo de medios públicos aparece como lejano. La lógica parece haber cambiado. Del cierre total a la búsqueda de que no generen déficit. Lo que no cambió es la idea central de reducir la planta de cada uno de los medios. La demora, en parte tiene que ver con la estrategia legal. El fracaso de Hernán Lombardi a la hora de vaciar la agencia estatal de noticias es un antecedente. "Lombardi hizo todo mal y le salió carísimo al Estado. El congelamiento de salarios y los despidos masivos se judicializaron y eso terminó saliendo más caro", explicaron fuentes de la actual gestión ante la consulta de El Observador.
El recorrido para la reducción de la cantidad de trabajadores es el habitual. Baja de contratos, jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios. En base al resultado de esas acciones, recién en junio la gestión tendrá un panorama real. Ahí comenzará la carrera contrarreloj. El plazo de un año para sacar de números rojos a los medios públicos ya está en marcha.
En los pasillos de Radio y Televisión Argentina (RTA) aseguran que no habrá pantalla negra para la TV Pública y que el diálogo con los gremios es permanente. El plan de saneamiento contempla la apertura a las coproducciones, el alquiler de estudios y la reducción de personal. "No hay plata para generar contenido", explican y aseguran que "se trabaja para que las productoras vengan a generar contenido y a hacerse cargo del costo operativo".
En el mismo sentido, desde RTA sostienen que la intención es que el canal funcione sin déficit y que nunca estuvo en los planes la venta del terreno ubicado en Figueroa Alcorta y Tagle.
La situación en la agencia estatal de noticias Telám es más compleja. En el horizonte aparece la posibilidad de su reapertura, pero con otro nombre y con la mitad del personal que tenía cuando Javier Milei anunció su cierre. La posibilidad cierta de que la pauta oficial vuelva a circular en el 2025, año electoral, es cada vez más verosímil. En ese marco, el diseño de la nueva agencia tendría buena parte de los recursos humanos destinados a la distribución y control de la publicidad del Gobierno nacional.
Más allá del rumbo que tomaron los encargados de dirigir los destinos de los medios públicos, los cierto es que, en el nuevo dictamen de la ley bases sobre el trabajan los diputados, los medios públicos son parte de las empresas que quedarán sujetas a privatización. Sanear primero, para vender después dicen sin decir desde La Libertad Avanza. El resto será cuestión de números y tiempos.
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