UGT y CCOO han animado este lunes a CEOE a sumarse al acuerdo sobre la reducción de jornada, que "debiera cerrarse rápido", como ha señalado el secretario general de CCOO, Unai Sordo, durante su participación en la IV edición de Wake Up, Spain!, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores en colaboración con EMT Madrid, EY, Microsoft, Oesía y Oracle.
Los sindicatos creen que después de 40 años con una jornada laboral máxima de 40 horas ha llegado el momento de hablar de una rebaja del tiempo de trabajo y quieren hacerlo con los empresarios. "Queremos trabajar con la CEOE", ha asegurado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en un plural en el que también ha incluido a CCCO.
El líder de la patronal, Antonio Garamendi, no se opone a sentarse a negociar y, de hecho, llevan ya algunos meses haciéndolo. Sin embargo, quiere hacerlo en el diálogo social, en el que cree "profundamente", y sin intervención del Gobierno.
"No se puede ir a una mesa con el cierre hecho", ha señalado, en referencia al compromiso del Gobierno. El pacto de coalición de PSOE y Sumar ya recoge que el máximo legal será de 38,5 horas en 2024 y de 37,5 horas en 2025.
Con esas líneas ya marcadas desde el Ejecutivo, Garamendi también ha ironizado con los plazos y la cantidad de horas fijadas. "Habrá que preguntar a otra persona", ha apuntado, en alusión a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Frente a la posición del presidente de la CEOE, los sindicatos han defendido en su intervención las ventajas de reducir la jornada laboral y la flexibilidad del tiempo para avanzar en el progreso.
"Hay sectores que siguen con la jornada del Estatuto de los Trabajadores, sectores que no compiten en mercado exteriores", ha lamentado Álvarez.
Desde CCOO, su secretario general ha insistido en avanzar en la reducción de jornada en la línea de los convenios colectivos, que ya pactan jornadas por debajo del límite del Estatuto de los Trabajadores.
"Tanto la subida de salarios como la reducción de jornada tiene que ser una apuesta por la mejora de la productividad a largo plazo de la economía española", ha manifestado Sordo.
Despido
Otro de los frentes que se les abrirá en los próximos meses a los agentes sociales será la reforma del despido. El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) ya emitió su decisión a finales de marzo sobre la demanda presentada por UGT por el despido improcedente en España.
Aunque las partes ya conocen el resultado, este todavía no se ha hecho público. No obstante, todo apunta a que pedirá una modificación del despido en España. El secretario general de UGT ha pedido al Gobierno que convoque a los agentes sociales para iniciar las negociaciones ya que, de lo contrario, serán los jueces quienes decidan hasta llegar "a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional".
Desde el Ministerio de Trabajo ya han avanzado su intención de endurecer el precio del despido en España. La vicepresidenta segunda anunció la semana pasada que habrá que revisar no solo el despido improcedente sino, también, las causas objetivas de despido.
No obstante, Álvarez ha admitido que le gusta "poco" que la decisión sobre el despido y los pasos siguientes coincidan con "un momento de elecciones", ya que están por delante los comicios vascos, catalanes y europeos.
Nóminas y transparencia
Las declaraciones de Garamendi la semana pasada acerca de que deben ser los trabajadores quienes abonen de su nómina bruta las cotizaciones a la Seguridad Social han seguido coleando en este foro. El líder empresarial ha defendido que, con esas palabras, estaba abogando por la "transparencia" y se ha alejado de titulares que "uno no ha planteado".
"¿Quién ha dicho que las cotizaciones no sean públicas? Yo no he dicho nada de eso. Yo lo que he dicho es que es bueno por transparencia. Los costes están ahí", ha explicado.
Además, ha recordado que eso es lo que les ocurre a los autónomos. "Cuando te ingresan en la cuenta y luego te lo quitan, te sienta peor que cuando no te enteras", ha añadido.
Tras el revuelo causado, Sordo prefiere pensar que se trata de "un juego retórico", ya que los datos que reclama el empresario "ya aparecen en la nómina". "Esa cuestión de transparencia no es necesaria", ha expuesto.
"Entraríamos en un juego peligroso en una sociedad si con apelaciones a la transparencia cada agente imputa al común el conjunto de los costes. También puede ser transparencia que a una persona le informen del coste de una consulta privada cuando se habla de bajar impuestos", ha advertido, al tiempo que ha recomendado no "enredar mucho más" en esa cuestión.