Los jueces juegan su juego preferido
Por Eduardo van der Kooy para Clarín
Por Eduardo van der Kooy para Clarín
Mauricio Macri reveló el último domingo su "indignación" por el fallo que permitió la liberación del empresario Cristóbal López.
Aquel malestar no sólo se vinculó a la circulación callejera desafiante del kirchnerista que dejó la cárcel. Obedeció sobre todo a la decisión de la Cámara Federal por el cambio de carátula de la causa. Ahora seguirá siendo juzgado por simple evasión y no por defraudación al Estado.
No se habla de monedas: la deuda pendula entre una banda que va de los $ 7 mil millones a otra de $17 mil millones. Con ese dinero fugado el empresario se dedicó a expandir su patrimonio.
El Presidente confesó en aquella ocasión, sin embargo, sólo una faceta de su estado de ánimo.
Otra de sus incomodidades presentes refiere a la confusión. ¿Por qué motivo? Por las señales contradictorias que van emanando del Poder Judicial. Por temor a que en Comodoro Py se esté jugando de nuevo al juego preferido. El de comportarse midiendo con envidiable calibre los humores sociales con el poder de turno.
Se trata de una práctica aprendida en la década de los 90 que, con alzas y bajas, se conserva. Que sirvió tanto para dañar la credibilidad de la Justicia como para preservar casi con blindaje a los magistrados federales.
Desandando el calendario político que pasó podrían hallarse huellas firmes de aquel juego.
Hubo una módica avanzada de la Justicia en causas de corrupción del kirchnerismo durante 2016. El año de prueba de Cambiemos para demostrar gobernabilidad pese a las condiciones adversas impuestas por la herencia.
Fuera de aquel cuadro de moderación quedaron sólo las investigaciones de Claudio Bonadio contra Cristina Kirchner.
Ese embate arrancó con la causa por la venta del dólar a futuro que ya fue elevada a juicio oral y público. El juez responsabiliza a la ex presidenta, a Axel Kicillof y a Alejandro Vanoli -ex titular del Banco Central- de haber perjudicado al Estado, con la maniobra, en 54 mil millones de pesos.
La mayoría de los jueces pareció conservar la cautela hasta las legislativas de 2017. Nadie esperaba una consolidación del poder como la conseguida por Macri y Cambiemos luego de las PASO de agosto y las legislativas de octubre.
A partir de ese momento comenzó a detectarse una dinámica diferente en Comodoro Py. Antes del domingo 22 de octubre -día de los comicios- fue detenido Roberto Baratta, funcionario clave en el engranaje de Julio de Vido en el Ministerio de Planificación.
Apenas cuatro días después del veredicto popular resultó encarcelado el propio De Vido. A comienzos de noviembre tocó el turno a Amado Boudou, el ex vicepresidente.
En los primeros días de diciembre Bonadio procesó y pidió el desafuero de Cristina por la causa del pacto con Irán. Cayeron presos además Carlos Zannini, Luis D'Elía y el ex dirigente de Quebracho Fernando Esteche.
El 20 de diciembre Julián Ercolini colocó la frutilla a esa torta judicial al disponer la detención de Cristóbal López y su socio, Fabián De Sousa.
Casi coincidió con un episodio que marcó el final del breve auge político que disfrutó Cambiemos: la aprobación de la polémica reforma previsional, enmarcada por una salvaje protesta callejera.
El impulso judicial desde entonces pareció menguar. Al mismo tiempo que el Gobierno tropezó con piedras impensadas que comenzaron a consumirle el capital social acumulado en las urnas.
Arrancó con el escándalo que envolvió al ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Siguió con la interpelación sobre su patrimonio en el exterior al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.
Se prolongó con las sociedades offshore del titular de Finanzas, Luis Caputo, que debe rendir cuentas la próxima semana en Diputados. También sobre ciertas turbiedades que afectan al ministro de Agricultura, Luis Etchevehere, impactado incluso por un informe adverso de la Oficina Anticorrupción que conduce Laura Alonso.
No podría adjudicarse únicamente a la caída de popularidad del Gobierno el nuevo ritmo que imprimió a sus actuaciones el Poder Judicial.
Estuvo de por medio la feria estival. Pero con antelación también existió una sobreactuación de los jueces cuando advirtieron un par de situaciones. El fugaz asentamiento del Gobierno y el apuro por congraciarse con una opinión pública que pareció interpelarlos a propósito de la inacción. Empezaron a sucederse algunas decisiones judiciales -no todas- regadas de desprolijidad. Ligadas, en especial, a la figura de las prisión preventiva.
La combinación de todos aquellos fenómenos tuvo derivaciones que descolocaron al Gobierno.
En enero Boudou recuperó su libertad junto a su compinche de la vida, José María Núñez Carmona. El ex vicepresidente no ha perdido tiempo. Regresó a la militancia en busca de algún cobijo importante. Porque mantiene cuentas pendientes en Comodoro Py.
Se olvidó de su anterior incorporación a MILES, el partido de D'Elía. Emergió en San Luis en la cumbre del ultrakirchnerismo del fin de semana. Ladeado por el líder camionero Hugo Moyano.
El 8 de marzo la fortuna benefició a Baratta. La Cámara Federal, con los votos de Martín Irurzun y Jorge Ballestero, dispuso su falta de mérito en la causa por la compra de buques de gas licuado.
Idéntica calificación cupo a De Vido. Pero el ex poderoso ministro continúa encarcelado por la defraudación en una obra de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio. La semana pasada sobrevino el corolario con la salida del empresario López y su socio principal.
Esa reversión, aunque parcial, de los detenidos por causas de corrupción K, provocaría un doble efecto. Que golpea al Gobierno. Y en simultáneo al kirchnerismo.
¿Cómo es eso?
El oficialismo, ante la ausencia de otros resultados seductores para la sociedad, había encontrado un bálsamo en la ofensiva judicial. Parecía estar cumpliendo con la promesa de ventilar los chanchullos del pasado.
No estaría siendo para muchos tan así. A lo mejor por esa razón ha colocado en el centro de la escena su agenda feminista y sexual.
Al kirchnerismo se le podría empezar a desgajar el nuevo relato que improvisó desde la nueva vereda de la oposición. Machacó con que todos los procesos en marcha constituían sólo una persecución política espoleada por el propio Macri. ¿Y ahora cómo seguirá? Cristina podría ser, tal vez, la más perjudicada por el desgaste de aquella excusa argumental.
El Gobierno se vio sorprendido, además, por el fallo de la Corte Suprema que declaró inválida la asignación de las causas de "la ruta del dinero K" y del acuerdo con Irán (Lázaro Báez y Cristina) al Tribunal Oral Federal 9, que no contaba con habilitación para funcionar.
Amén de una determinación sobre la cual Macri se enteró -en su contenido- cuando fue divulgada, el oficialismo temió que la postura de la Corte dilatara los tiempos. Y que el juramento realizado a su clientela electoral sobre la revisión del pasado se le volviera en contra.
Pero ayer mismo un acuerdo extraordinario de la Cámara de Casación repuso cierto orden y distribuyó alivio en el poder.
En esa reunión quedó convenido luego de un sorteo que el Tribunal Federal 8 entenderá en el pacto con Irán que embreta a la ex presidenta. Al mismo tiempo "la ruta del dinero K" será juzgada por el Tribunal Oral Federal 4. El que tiene a cargo ahora el caso Ciccone, la gran mochila de Boudou.
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