El Tribunal Constitucional ha decidido amparar este martes, por seis votos a favor y cinco en contra, a Alí Aarrass, el ciudadano belga que fue extraditado a Marruecos y allí sufrió torturas, según ha acreditado Naciones Unidas. El órgano de garantías reconoce finalmente, tras mostrarse dividido, como ya adelantó OKDIARIO, que se produjo una violación de sus derechos humanos al entregarlo. Ahora se abre la posibilidad de que los tribunales españoles puedan indemnizarlo con hasta 3 millones de euros.
El conteo definitivo de los votos refleja que la decisión se ha tomado por un margen mínimo. A favor de dar amparo al ciudadano belga de origen melillense estaban seis magistrados, mientras que se han mostrado en contra cinco de ellos (Ricardo Enríquez, César Tolosa, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y Laura Díez) quienes han anunciado su voto particular.
El Constitucional ha reconocido la efectividad de las resoluciones que emitió Naciones Unidas, por lo que reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva y su derecho a no estar sometido a torturas ni tratos inhumanos o degradantes.
Con ella, se anulan las resoluciones de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo que inadmitieron su petición. Por tanto, el caso tendrá que volver a la Audiencia Nacional y ahora tendrá que dictarse una nueva resolución acorde al derecho fundamental vulnerado y decidir la indemnización por haberlo lesionado.
Causa archivada en España
La Audiencia Nacional había comenzado a investigar a Aarrass en 2006. Los tribunales españoles investigaban su presunta vinculación con los atentados que tuvieron lugar en Casablanca (Marruecos) en mayo de 2003, así como por su supuesta pertenencia al movimiento yihadista Harakat Al Moudjahidine Fi Al Maghrib.
Aunque en España se archivó finalmente la causa, Marruecos emitió una orden internacional de detención y entrega contra Aarrass. En 2008, las autoridades españolas detuvieron al ciudadano belga y, dos años más tarde, tras la intercesión incluso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, decidieron extraditarlo al país vecino.
Su detención en Marruecos ha durado 12 años. En ese tiempo, Aarrass ha denunciado haber sufrido toda clase de torturas, entre las que estarían haber sido violado, drogado, haber recibido descargas eléctricas y sufrir privación de sueño. Todo ello, según han acreditado las Naciones Unidas, le generaron una serie de secuelas a nivel físico y mental.
En un dictamen de 2014 de las Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos declaró que «la Audiencia Nacional tomó nota de información que indicaba el empleo de tortura para extraer confesiones, y los malos tratos infligidos por los agentes penitenciarios y por las fuerzas de seguridad en Marruecos, pero desechó las alegaciones del autor sobre el riesgo de tortura, señalando únicamente que estas vulneraciones no podían reputarse como sistemáticas y generalizadas». Sin embargo, alegaba que tantos los informes como la información de dominio público «indicaban que en Marruecos muchas personas acusadas de crímenes relacionados con actos de terrorismo», como Aarrass, «habían sido detenidas, incomunicadas y sometidas a severos malos tratos y tortura».
Por tanto, el Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó que España «no evaluó adecuadamente el riesgo de tortura y severos malos tratos del autor» y su extradición «constituyó una violación» del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ese punto expresa que «nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes».
Ese mismo texto reconocía su derecho a «proporcionar una compensación adecuada por la violación sufrida, teniendo en cuenta los actos de tortura y malos tratos a que fue expuesto como consecuencia de su extradición a Marruecos».
Una vez que consiguió este dictamen en favor de su petición, Aarrass reclamó a las autoridades españolas una responsabilidad patrimonial por el mal funcionamiento de la Justicia. Ni el Ministerio de Justicia, ni la Audiencia Nacional ni el Tribunal Supremo dieron la razón a este ciudadano belga, por lo que presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.