Cómo fue la negociación secreta para lograr los primeros arrepentidos
Por Diego Cabot para La Nación
Por Diego Cabot para La Nación
"No hay sortijas para todos". Era viernes al mediodía y la frase del fiscal Carlos Stornelli retumbó fuerte en los oídos de uno de los abogados defensores de Juan Carlos de Goycoechea, ex-CEO de Isolux.
Una metáfora fue suficiente para que el letrado bajara del quinto al cuarto piso de Comodoro Py, de la fiscalía al juzgado, y se plantara frente a su defendido: "La cosa viene en serio".
El abogado fue aún más directo. "El escenario más probable es que quedes detenido", le dijo al exejecutivo de Isolux. Fueron palabras determinantes para obtener el gran objetivo del juez y el fiscal: lograr que un empresario se quiebre.
De Goycoechea había llegado la noche anterior por tierra desde Esquel, donde el pedido de detención lo sorprendió esquiando. Esquivó el avión, como para no quedar detenido al tomar el vuelo.
Esa noche hubo reuniones en el estudio de abogados Landaburu, Feder, Carrió, Mayer & Rosental. La estrategia a la que se arribó era no arrepentirse.
Con esa postura llegaron ese mediodía a los tribunales de Retiro. Antes se había analizado la posibilidad de pagar la fianza que el juez Claudio Bonadio había fijado: 30 millones de pesos para salir en libertad.
Según relata uno de los abogados de la causa, hubo mucho apuro por reunir el dinero, juntar bienes o contratar el seguro de caución para salir excarcelado.
Pero finalmente, el juez dispuso, por pedido del fiscal, que todos queden detenidos: empresarios y exfuncionarios.
"Acá no sale nadie", le dijo Stornelli al abogado de De Goycoechea, Javier Landaburu. Mientras, el empresario estaba en el juzgado de Bonadio a la espera de ser indagado. En pocos minutos, Landaburu le trazó el panorama que venía. "No salís. Las opciones son dos: o te quedás a pelear el proceso detenido o subimos y hablamos con el fiscal. En todo caso, lo escuchamos", dijo.
El fantasma de Lázaro Báez , que está detenido en una cárcel común desde hace más de dos años, sobrevoló la conversación. "Si te dan a elegir entre quedarte preso o irte a tu casa, ¿vos qué elegirías?", desafió el abogado.
La posibilidad de arrepentirse empezó a tomar forma. Sin embargo, a poco, empezó la indagatoria. Fue entonces cuando De Goycoechea tomó la decisión de ir por un acuerdo con Stornelli. El fiscal bajó de su despacho y entonces, todos se trasladaron a la fiscalía.
Tejer el acuerdo duró menos de lo que creían. En reuniones previas entre el letrado y el fiscal ya se habían acordado los términos: no había excarcelación si el empresario no admitía haber pagado coimas.
Ya frente a Stornelli, empezó la redacción del acuerdo. Gran parte del texto se va en los antecedentes de De Goycoechea en la empresa. Pero pasado ese detalle, se puede leer la sustancia de lo que fueron los dichos del primer arrepentido.
El ejecutivo contó que a poco de haber ganado la licitación en Río Turbio, para la construcción de la central térmica, llegó el llamado de Roberto Baratta.
Le pedía dinero para canalizar el primer certificado. De Goycoechea le dijo a Stornelli que en ese momento llamó a España, donde estaba la sede de la empresa, y pidió instrucciones.
Desde entonces, la operatoria fue siempre la misma. Ante cada uno de los certificados de obra, desde Madrid llegaba una llamada. Le indicaban en qué financiera porteña se debían retirar los dólares en efectivo.
De Goycoechea dijo que él los retiraba, lo llamaba a Baratta y el exfuncionario, hoy detenido, pasaba a buscarlo por Maipú 741, donde el ejecutivo tenía un estudio.
Dijo que siempre le pedían que era para la campaña, aunque reconoció que desde 2009 hasta 2014 hizo al menos tres pagos por año por importes que iban de 250.000 a 300.000 dólares. "Era la manera de liberar los pagos", dijo el exejecutivo.
Ya en la noche del viernes, después de firmar el acuerdo, Bonadio le dijo que estaba en condiciones de irse. Pero De Goycoechea prefirió permanecer hasta el lunes, pedir la excarcelación y evitar la posibilidad de alguna foto.
Esa misma noche, Landaburu empezó a tejer la estrategia para Ángelo Calcaterra , en libertad, y Javier Sánchez Caballero, detenido.
Justamente la privación de la libertad del número dos de la empresa era el dato determinante. El ejecutivo no se podía arrepentir sin involucrar al número uno, el primo hermano del presidente.
Lo que siguió después fue el mismo camino, todo para evitar la orden de detención para Calcaterra. El fin de semana se acordaron los términos.
El empresario dijo que todas las coimas se pagaron por su orden y que nada tenía que ver Sánchez Caballero. También reconoció varios pagos y todos a Baratta, aunque también involucró en alguno a Nelson Lazarte, el secretario privado del exfuncionario que hoy también está detenido.
Se presentaron en conjunto a primera hora de anteayer. Todos salieron en libertad con el compromiso de no alejarse de su domicilio ni salir del país sin avisar.
Quedaron imputados por un delito que confesaron. El pago de coimas se llama legalmente cohecho; solo pelean para evitar que los consideren parte de una asociación ilícita.
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