justicia
Los 7 argumentos de la defensa del exministro José Luis Benito para anular sentencia
Los abogados del extitular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda aseguran que la Sala no podía modificar la sentencia por delitos que él no aceptó.
José Luis Benito, exministro del CIV, enfrenta un proceso por Q122 millones que fueron localizados en una propiedad a su nombre. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).
La Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y de Extinción de Dominio aumentó la pena contra José Luis Benito Ruiz, exministro de Comunicaciones, por el caso de los Q122 millones hallados dentro de maletas por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP) el 16 de octubre de 2020 en una residencia de Antigua Guatemala, Sacatepéquez.
El Juzgado de Mayor Riesgo D había dictado originalmente una sentencia de seis años contra Benito Ruiz por conspiración para cometer el delito de lavado de dinero u otros activos, pero como el exfuncionario se apegó al procedimiento de aceptación de cargos, la pena la redujeron a dos años. La Feci, a cargo de Rafael Curruchiche, apeló el fallo.
La Sala Primera de la Corte de Apelaciones por unanimidad consideró, entonces, que "Benito Ruiz es autor responsable en el grado de consumación del delito de lavado de dinero u otros activos, cometido en agravio de la administración pública del Estado de Guatemala y, como consecuencia, lo condena a la pena de seis años de prisión, misma que debe ser aumentada en una tercera parte, en virtud de haber ejercido el cargo de funcionario público, es decir, ocho años de prisión inconmutables, con abono de la prisión padecida".
Además, le ordenaron pagar una multa de Q80 millones la cual redujeron a Q40 millones por el beneficio de la aceptación de los cargos.
Defensa ve ilegalidades
Jonathan Steve Villatoro, uno de los defensores del exjefe del CIV durante el gobierno de Jimmy Morales, enumera algunas ilegalidades con las que buscan anular la sentencia de la Sala.
Por ejemplo, explica, en una audiencia de aceptación de cargos el cambio de calificación jurídica no es apelable.
En segunda instancia, refiere Villatoro, "la apelación del Ministerio Publico solo era sobre el inciso I que era que se modificara de conspiración para el lavado de dinero a lavado de dinero, pero la Sala resolvió ultra petita, modificando más numéralias de las solicitadas por el ente apelante".
Como tercer punto, Villatoro plante que es "completamente falso lo que dice la Sala sobre algunos medios de prueba que supuestamente se pusieron a la vista de la juez".
Ejemplifica con el contrato de arrendamiento con opción a compra de la casa a nombre de José Luis Benito Ruiz. "Eso es totalmente falso, dicho contrato no existe, ni se pudo acreditar que Benito Ruiz tuviera el dominio de la casa", argumentó.
El defensor del exministro consideró que se "violó por completo la tutela judicial de la honorable juez que conoció la audiencia de aceptación de cargos porque fue ella quien tuvo a su cargo la valoración material de la prueba no la Sala Primera de Apelaciones".
Agregó que: "Claramente en su valoración de prueba pudo establecer que el Ministerio Público no pudo hacer una relación de hechos ni de pruebas en tiempo, lugar y forma para imputar el delito de lavado".
Como punto quinto, la defensa de Benito Ruiz indica que "se acogió al procedimiento especial de aceptación de cargos para recibir los beneficios que la ley establece, pero la Sala Primera de Apelaciones le revocó todos los beneficios".
Como argumento sexto, confirman que el exfuncionario "no aceptó ni lavado ni la propiedad de los Q122 millones por lo que la Sala no puede condenarlo por algo que no aceptó".
Y por último, dentro de la audiencia de aceptación de cargos, indica Villatoro, "se estableció que el dueño de la casa, y quien tenía el dominio de esta, es José Ernesto Batres González, a quien se le certificó lo conducente por parte de la honorable juez, pero esta persona después de cuatro años de proceso, sigue en el anonimato jurídico y mediático".
El caso
Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Feci, informó el viernes 16 de octubre de 2020 acerca de los resultados del hallazgo de dinero en efectivo en una casa del condominio Doña Beatriz, en Antigua Guatemala, Sacatepéquez.
La diligencia comenzó la mañana del 14 de octubre y en el cuarto de baño ubicaron apiladas 22 maletas.
Además, se localizó dos cámaras de vigilancia y un modem, lo que les permitió detectar que vía remota verificaban el desarrollo del operativo, por lo que los dispositivos fueron desconectados.
Al principio se veía papeles en las maletas, pero al verificar se trataba de dinero en quetzales, dólares y euros.
El dinero estaba en billetes de distintas denominaciones, por lo que se procedió al conteo y al embalaje.
La maletas fueron identificadas por número y en la 11 fue donde más efectivo se localizó, Q11 millones 144 mil.
En la maleta 22 fue donde se localizó la cantidad menor, Q998 mil 600; mientras que en las maletas 3 y 13 también se decomisaron entre ambas 4 millones 717 mil 395 dólares.
Además, en la maleta 13 se detectaron 95 mil 950 euros, según la Feci.
El viaje
La Sala que modificó el delito a Benito Ruiz tomó como antecedente que el exministro "era el dueño del dinero incautado, tenía poder sobre él.
En la maleta 10 hallaron una etiqueta identificada así: José Luis IB873829, que correspondía a la aerolínea Iberia.
La aerolínea, en las investigaciones del MP, confirmó que la etiqueta correspondía al boleto IB6342, a nombre de Benito Ruiz.
Correspondía a un viaje a Madrid, España, el 12 de noviembre de 2018. La vuelta la programó para el 19 de ese mismo mes. La Sala valoró que el MP demostró que la casa donde hallaron el dinero tenían un contrato vigente con la Inmobiliaria Las Rocas, S.A., propiedad de José Ernesto Batres González, a quien identifican como amigo directo del exministro.