La economía mundial, desafiante por su propia naturaleza, está en continua evolución para abordar y resolver nuevas problemáticas. Recientemente, se ha hecho evidente la necesidad de un impuesto mínimo global (IMG) para las empresas multinacionales, iniciativa que va de la mano con la urgencia de satisfacer los criterios identificados dentro del ámbito de la sostenibilidad: medio ambiente, social y gobierno corporativo (ESG por sus siglas en inglés). La propuesta del IMG, que está siendo liderada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y respaldada por el G20, busca que las corporaciones multinacionales paguen una tasa mínima de impuesto corporativo en las jurisdicciones de residencia de las empresas multinacionales, sin importar dónde estén ubicadas sus oficinas o cómo estas se organicen. Este cambio es una respuesta directa contra aquellas prácticas que conlleven a la erosión de la base fiscal y la transferencia de beneficios de las empresas (conocido como BEPS, por sus siglas en inglés), tácticas cuyo efecto conlleva la reducción de las obligaciones fiscales. A primera vista, esta maniobra parece ser estrictamente sobre equidad fiscal y el control de la evasión de impuestos a gran escala. Sin embargo, hay un vínculo más profundo y significativo con la sostenibilidad y los factores ESG. Es innegable que la sostenibilidad se ha convertido en un asunto crítico para las empresas en todo el mundo. El camino hacia la sostenibilidad a través de prácticas ESG beneficia no solo al medio ambiente, sino que también puede fortalecer la imagen de la empresa, aumentar el valor de sus acciones y, en general, mejorar su reputación. En este contexto, el IMG no solo promueve la equidad fiscal, sino que tiene el potencial de favorecer la inversión en prácticas sostenibles. Este impuesto puede, por ejemplo, motivar a las empresas multinacionales a reinvertir sus ganancias en esfuerzos ESG en lugar de buscar complejas estrategias de elusión fiscal. Además, los ingresos fiscales adicionales generados podrían ser destinados directamente a inversiones en infraestructura sostenible o en la transición a una economía más verde. Por supuesto, la implementación de un IMG también tiene sus desafíos. Diversos actores han cuestionado la tasa impositiva propuesta del 15%, considerándola muy alta y con el riesgo de que las empresas se trasladen a jurisdicciones con impuestos más bajos. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, desde mi óptica, es una iniciativa en la dirección correcta. Tocará a las nuevas autoridades de Panamá, a ser elegidas el próximo 5 de mayo de 2024, decidir si el país debe o no implementar el IMG y, debido a ello, si Panamá tiene derecho o no a cobrar esta tasa del 15%. Sin embargo, el tema no llega hasta allí, ya que, si el país quiere seguir siendo atractivo para la inversión extranjera, y que sus regímenes especiales (SEM, Panamá Pacífico, EMMA, Zona Libre de Colón y otros) sigan siendo competitivos, la posible implementación del IMG debe necesariamente ir acompañada del desarrollo de innovadores incentivos en infraestructura sostenible y una economía verde. Singapur ya ha hecho algo en esa dirección, y quizá sea el ejemplo a seguir. En conclusión, el IMG tiene un potencial emocionante no solo para hacer que las empresas multinacionales paguen su parte justa, sino también para fomentar un enfoque más centrado y decidido hacia la sostenibilidad y los factores ESG. Como siempre, el éxito de esta implementación requiere del compromiso y la colaboración de las corporaciones multinacionales, las autoridades fiscales nacionales y los gobiernos alrededor del mundo. <i>El autor es consultor tributario EY – Country Managing Partner</i>