Los daños económicos derivados de los actos vandálicos, como pintadas y grafitis no autorizados, representan una carga financiera significativa para los municipios. La limpieza y restauración de los espacios públicos, edificios y monumentos afectados conllevan gastos considerables para las arcas municipales. Además, en el peor de los casos, estos actos vandalicos pueden afectar negativamente al turismo y al comercio local, disminuyendo la atracción de visitantes y potenciales clientes.
Los costos adicionales asociados con la implementación de medidas de seguridad y vigilancia para prevenir futuros incidentes también impactan en los presupuestos municipales.
El último municipio de la provincia de Castellón en poner en conocimiento estos hechos ha sido Alcalà de Xivert, cuyo Ayuntamiento ha denunciado actos vandálicos valorados en más de 15.000 euros en mobiliario urbano y señales del núcleo costero de Alcossebre.
Además, alertan que "se están revisando cámaras y, en caso de identificar los autores, se aplicarán las sanciones que correspondan".
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