El financiero del genocidio de Ruanda intenta impedir que su fortuna acabe en manos de los supervivientes
Presunto inocente para siempre ante los tribunales, pero culpable para siempre a los ojos del mundo. En los días en que está lúcido, en su prisión de la ONU en La Haya (Países Bajos), Félicien Kabuga, que ahora tiene 90 años, debe cavilar sobre esta paradoja que ilumina el crepúsculo de su vida.
Su historia pertenece al campo de los verdugos. Detenido el 16 de mayo de 2020 en Asnières-sur-Seine por gendarmes de la Oficina central de lucha contra los crímenes contra la humanidad y los delitos de odio (OCLCH) tras veintiséis años huido, se ha convertido en un caso de manual en la historia del genocidio tutsi, que se cobró cerca de un millón de vidas en los cien días siguientes al 7 de abril de 1994.
En teoría, este ex empresario está en libertad desde el verano de 2023, ya que el Mecanismo Residual del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (órgano que sustituyó al Tribunal Penal Internacional para Ruanda, TPIR) lo consideró no apto para ser juzgado por motivos de salud.
Durante los primeros meses de las vistas, este hombre menudo, que a menudo se oculta tras unas gruesas gafas, apenas podía seguir el procesamiento durante dos horas por videoconferencia desde su celda. Ahora está teóricamente en libertad, pero sigue entre rejas, porque ningún país está dispuesto a acoger al hombre acusado de financiar la máquina de matar que se cobró un millón de vidas en sólo tres meses, en la primavera de 1994.
Bélgica y los Países Bajos se han negado. Francia vacila sin haber dado aún una respuesta oficial. Ruanda, candidata a acogerlo, no parece cumplir todas las condiciones establecidas por el TPIR, en particular la obligación del Estado de acogida de remitir al acusado a la jurisdicción internacional si su estado de salud lo permite. "Es una patata caliente", resume una persona familiarizada con el caso.
Pero la verdadera bomba de relojería del asunto Kabuga es el botín amasado por este autodidacta, que en los años 90, bajo el régimen genocida del general Habyarimana, se convirtió en la principal fortuna del país. Una fortuna que sirvió en parte para crear la maquinaria de exterminio de los tutsis, en la que este especialista en importación y exportación desempeñó un papel destacado.
Esa fortuna, en manos de su clan y valorada por Mediapart en más de 20 millones de dólares (unos 18,5 millones de euros), se plantea ahora la cuestión de quién se la quedará finalmente: ¿su legítimo propietario, sospechoso de ser uno de los peores verdugos del siglo XX, o sus víctimas? Para averiguarlo, veamos primero los hechos.
Fundador y propietario de "radio muerte"
Kabuga, como miembro de Akazu ("Casita"), una red clandestina de extremistas formada en torno a la primera dama del país, Agathe Habyarimana, estuvo al frente de varias operaciones clave en el periodo previo al genocidio. La primera tuvo lugar en la primavera de 1993 con la creación de la Radio Television Libre de las Mil Colinas (RTLM), conocida como "radio muerte". El objetivo de esta emisora "libre" era preparar a la población para las masacres y convencerla de que la única solución para los hutus era matar al "enemigo" tutsi, al que en antena se referían como inyenzi (cucaracha).
El éxito estaba garantizado para la propaganda extremista gracias a un flujo constante de música congoleña de moda. La creación de esta radio privada costó mucho dinero: el equivalente a un millón de euros. Para reunir semejante suma, Félicien Kabuga organizó una mesa redonda con sus amigos de Akazu, la flor y nata de los radicales del Hutu Power, unos cincuenta oficiales, altos funcionarios y grandes empresarios. En la conferencia de prensa de lanzamiento de la RTLM, el propietario fue muy claro sobre la línea editorial: había que defender una "idea preconcebida", la de los futuros genocidas.
Otro episodio. En pleno genocidio, el 25 de abril de 1994, en Gisenyi, a orillas del lago Kivu, Félicien Kabuga presidió una reunión de grandes comerciantes e industriales, preocupados por sus negocios tras las derrotas infligidas a las Fuerzas Armadas ruandesas por los rebeldes tutsis del Frente Patriótico Ruandés. Para ayudar al gobierno, propuso la creación de un Fondo de Defensa Nacional al que pudieran contribuir todos los ciudadanos y empresas.
Kabuga preside este fondo, lo gestiona e incluso es el titular de la cuenta bancaria abierta en el Banco Nacional de Ruanda. Esa cuenta servirá para comprar armas y municiones para el ejército derrotado. Al igual que otros empresarios, a partir de 1992 Félicien Kabuga también ayudó a financiar la formación de los Interahamwe (literalmente, "los que trabajan juntos"), esos milicianos tan eficaces en los puestos de control, donde apaleaban hasta la muerte a sus víctimas.
Kabuga proporcionó también ayuda directa a los asesinos ejecutores del genocidio, un mes antes de que comenzaran las masacres. En marzo de 1994, la empresa compró y almacenó un lote de 50.000 machetes chinos, que se distribuyeron rápidamente entre los milicianos.
Kabuga tiene el estatuto de indigente
Con todas esas alegaciones, la acusación dirigida por el fiscal belga Serge Brammertz tenía toda la intención de probarlo todo ante los jueces de la ex-TPIR a través de cuatro cargos. Hechos contrastados por una multitud de fuentes, que identifican el papel desempeñado por el presunto genocida, llevarían a una condena que finalmente nunca se pronunciará.
Salvo milagro médico que permita al acusado volver al banquillo, ya es demasiado tarde. A sus 90 años, Félicien Kabuga, confinado en una silla de ruedas e incontinente, padece un síndrome neurodegenerativo de tipo Alzheimer. Necesita asistencia médica las 24 horas del día. "Algunos días", dice uno de sus visitantes, "ya ni siquiera sabe cómo se llama".
Así pues, jurídicamente, nada impide a Kabuga recuperar sus activos, congelados desde hace más de veinte años por el TPIR. Para poner fin a su huida, la fiscal suiza Carla Del Ponte tuvo la idea de vaciar financieramente el clan del patriarca bloqueando sus cuentas bancarias y las de sus hijos.
En Francia, según la información recogida por Mediapart, se trata de una serie de cuentas a su nombre y al de tres de sus trece hijos, repartidas entre dos bancos: Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CA-CIB) y BNP Paribas. En total, estos activos franceses ascienden a 2.198.000 dólares y 332.600 euros, respectivamente. Esta suculenta suma es sólo la punta del iceberg.
Además de su patrimonio financiero, Kabuga también poseía propiedades, como ese piso de 105 m2 en el distrito 13 de París, comprado en los años 80 y que aún ocupan sus hijos y nietos. Lo mismo ocurre en los barrios acomodados de Nairobi (Kenia), donde un piso de una residencia de lujo fue embargado por la justicia hace más de quince años. Por no hablar de Ruanda, donde su patrimonio familiar no está claro: algunos edificios han sido confiscados por las autoridades públicas, otros han sido vendidos a inversores privados y otros siguen ocupados por miembros de la familia.
Todos estos procedimientos, iniciados por el TPIR en Bélgica, Francia, Kenia y Ruanda, han llevado a la escribanía del tribunal a estimar la fortuna del clan en unos 20 millones de dólares.
Un debate jurídico
Antes de saber a qué bolsillo irán a parar esos millones, la escribanía quiere recuperar hasta el último céntimo. Puede parecer sorprendente, pero la ONU ha estado pagando sus honorarios de defensa durante los últimos tres años. Félicien Kabuga no tenía ingresos propios en el momento de su detención y se le concedió el estatuto de "indigente". Por ello, ya ha pagado al letrado Emmanuel Altit y a su equipo de investigadores una factura de 1.184.500 dólares (honorarios calculados sobre la base de un baremo judicial fijo), para la que quiere una garantía de reembolso.
Lejos de ser anecdótico, ese dineral ha despertado numerosos apetitos y ha terminado por constituir una trampa maquiavélica: en derecho, el TPIR no dispone de ninguna vía de acción para recuperarlo, ya que sus estatutos no prevén un procedimiento de reparación civil. Pero si esos haberes fueran devueltos a su propietario, el gesto sería visto como una última afrenta a la memoria de las víctimas. Un símbolo político con el que el tribunal no quiere cargar de ninguna manera.
Por ello, de manera informal, se ha puesto en contacto con las autoridades ruandesas y con varias ONG de supervivientes, como Ibuka, para animarles a iniciar procedimientos de indemnización civil, al menos en los cuatro países (Bélgica, Francia, Kenia y Ruanda) donde se han localizado y congelado los bienes del clan. El objetivo es recuperar esos fondos y entregarlos a los 400.000 supervivientes identificados.
En principio, todas las ONG contactadas por Mediapart son favorables a esta iniciativa. Incluso si a veces, como Survie, se niegan a ponerse en el lugar de los propios supervivientes. Dado que Kabuga sigue gozando de la presunción de inocencia, las asociaciones cuestionan la viabilidad jurídica de tal procedimiento. "Si las ONG dan ese paso", afirma Simon Foreman, abogado del Colectivo de las partes civiles para Ruanda (CPCR), "les permitirá garantizar que los bienes van a seguir congelados mientras dure el proceso".
Sin embargo, no están seguros de salir airosos de ese reto jurídico, ya que la obtención de una indemnización civil está sujeta a una serie de condiciones estrictas según la jurisprudencia actual: el demandante debe haber sido condenado por un delito penal, hay que demostrar un nexo causal entre esa condena y la situación del demandante y establecer la materialidad de los hechos que constituyen la indemnización del perjuicio sufrido.
"Sin embargo", señala William Bourdon, abogado especializado en derecho internacional y fundador de la ONG Sherpa, "el derecho francés prevé la posibilidad de iniciar un procedimiento civil en caso de demencia, aunque se haya suspendido la acción pública". Así lo establece el artículo 10 del Código Procesal Penal. Hay una condición: como el concepto de jurisdicción universal no existe en materia civil, los tribunales franceses deben ser competentes. ¿Es éste el caso en el asunto Kabuga? "Como está detenido en los Países Bajos", prosigue William Bourdon, "ése es su lugar de residencia. Si está domiciliado en los Países Bajos", añade Simon Foreman, "entonces los competentes son los tribunales neerlandeses".
Supervivientes en la miseria
Sin embargo, los Países Bajos ya se han negado a aceptar al futuro hombre libre en su territorio. "Los tribunales competentes también podrían estar donde tiene familia o donde fue detenido", estima Simon Foreman. "Si hay una víctima de nacionalidad francesa", añade William Bourdon, "también se puede invocar la competencia de un tribunal francés".
En este caso, el tribunal penal de Nanterre sería competente porque Asnières-sur-Seine, donde se produjo la detención, forma parte de su jurisdicción. "Se trata de un caso sin precedentes", afirma Bourdon, "y, en este sentido, la formación de una coalición de ONG para dirigir este proceso sería la mejor manera de responder a lo que debemos a las víctimas de este genocidio". Además, dado que la mitad de los hijos de Kabuga que pueden asistirle a diario viven en Francia, a París le costará esquivar la "patata caliente".
Treinta años después del genocidio, el caso Kabuga marcará sin duda una nueva etapa en el largo proceso de reconstrucción de los supervivientes, cuya vida cotidiana es a veces trágica. "No se puede imaginar la miseria de algunos de los supervivientes que encontramos", explica Alain Gauthier, Presidente del CPCR (Colectivo de Partes Civiles por Ruanda). "Por ejemplo, esa anciana de las colinas que hoy nos pregunta que cuándo van a reparar el tejado de su casa. Muchas personas viven en la pobreza. Por no hablar de la miseria mental y psicológica. Las necesidades son enormes."
A finales de los años 90, el gobierno ruandés creó el Fondo de Ayuda a los Supervivientes del Genocidio (FARG), que ayuda a los estudiantes, construye viviendas y concede becas a jóvenes y mayores. Sin embargo, con un coste de entre 5 y 30 euros al mes, esta ayuda se queda muy corta.
Aunque la FARG se financia mediante una tasa sobre el presupuesto del Estado, "sólo" ha recaudado 239 millones de euros en sus veinte años de existencia. Alain Gauthier añade: "Tenemos una demanda constante y no podemos responder. Necesitaríamos la fortuna de Kabuga para cubrir nuestras necesidades." La fortuna de un inocente con los bolsillos llenos.
Un amigo de Francia
Félicien Kabuga, como muchas personas cercanas al régimen del general Habyarimana, ha sido desde hace tiempo un protegido de Francia. Nada más comenzar la matanza, el 7 de abril de 1994, se refugió en la embajada de Francia en Kigali con su mujer y sus once hijos; fue uno de los pocos ruandeses evacuados por la aviación militar francesa en el marco de la operación Amaryllis.
Un telegrama diplomático del embajador Jean-Michel Marlaud, fechado el 9 de abril, enumera las personalidades presentes en la embajada aquel día. Kabuga era la última persona de la lista, descrita como poseedora de "vínculos comerciales en Francia". Además de un piso en París y varias cuentas en bancos franceses, el empresario dispone, a través de su yerno Augustin Ngirabatware, ministro de Planificación, de una verdadera red internacional en Europa.
Esta red explica sin duda por qué pudo pasar la mitad de su tiempo fugado en la región parisina sin ser detectado. De 2007 a 2020, vivió en París y alrededores (Clamart, Asnières-sur-Seine), cambiando de piso cada dos o tres años, sin que nadie sospechara que era el financiero del genocidio.
Caja negra
Ninguna de las partes (el TPIR o la defensa de Félicien Kabuga) con las que nos hemos puesto en contacto ha querido hacer comentarios sobre el proceso. Lo mismo puede decirse de la parte ruandesa, donde el Fiscal General de Kigali no respondió a nuestras preguntas.
Un documento prueba que Francia permitió escapar a los responsables del genocidio tutsi en Ruanda
Traducción de Miguel López