La cúpula de la Fiscalía ha respaldado tras un intenso debate la posición de la "número dos" de la Fiscalía, la teniente fiscal del Tribunal Supremo María Ángeles Sánchez Conde -apoyada por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz-, de inadmitir la querella del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, contra dos fiscales por haber aireado en una nota pública las conversaciones con su defensa para alcanzar un posible pacto de conformidad y evitar así el juicio a cambio de admitir las imputaciones.
Así lo ha decidido la Junta de Fiscales de Sala -integrada por 32 fiscales- tras casi seis horas de intenso debate en el que la opinión mayoritaria ha coincidido, según las fuentes consultadas, en que "no hay delito ni existen indicios contra los querellados". No obstante, la prolija exposición de argumentos (interrumpida a última hora de la mañana y que se ha retomado a primera hora de la tarde) ha evidenciado también las posiciones críticas de algunos fiscales que han respaldado a la fiscal del caso, María de la O Silva, partidaria de practicar diligencias de investigación para esclarecer quién dio la orden de hacer público el polémico comunicado.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no ha participado en la sesión al haberse abstenido del asunto después de que asumiera la responsabilidad última de la nota de prensa cuestionada por la defensa del empresario. Cuatro miembros de la Junta -Antonio Vercher, Elvira Tejada, el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón y Jesús Tirado- han excusado su asistencia.
La fiscal María de la O Silva forzó la intervención de la Junta de Fiscales de Sala al discrepar de la orden de la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, "número dos" de la Fiscalía, que le instó a archivar la querella que presentó la pareja de Ayuso contra dos fiscales por una supuesta revelación de secretos al revelar las negociaciones de su defensa para cerrar un acuerdo de conformidad, por el que según trascendió ayer González Amador reconocía el delito fiscal a cambio de una pena de ocho meses de cárcel y el pago medio millón de euros para evitar el juicio.
La fiscal encargada de pronunciarse sobre la admisión a trámite de la denuncia entendía que debían practicarse diligencias de investigación a fin de esclarecer de quién partió la orden de que ese comunicado público sacara a la luz cómo se habían producido las negociaciones de la Fiscalía con la defensa del empresario para un posible pacto -algo habitual en este tipo de procedimientos, aunque normalmente nunca trascienden los pormenores de ese tira y afloja-. Pero la teniente fiscal del Supremo le instó a dar carpetazo a la denuncia, en consonancia con lo que hizo el Ministerio Público con la querella que presentó, también por revelación de secretos y por los mismos hechos, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), que ya investiga un juzgado madrileño.
Ante esa discrepancia, Silva recurrió al artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la herramienta a la que puede recurrir un fiscal en último término cuando no está conforme con una orden de un superior jerárquico. Este artículo estipula que "el fiscal que recibiere una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente, se lo hará saber así, mediante informe razonado, a su fiscal jefe" y "si no considera satisfactorias las razones alegadas, planteará la cuestión a la Junta de fiscalía y, una vez que ésta se manifieste, resolverá definitivamente reconsiderándola o ratificándola". Del mismo modo, precisa que si la orden procede del fiscal general del Estado "éste resolverá oyendo a la Junta de Fiscales de Sala".
Críticas de asociaciones fiscales
González Amador se querelló contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, y contra el fiscal de delitos económicos Julián Salto, a quienes atribuye un delito de revelación de secretos por revelar en un comunicado las negociaciones con su abogado para alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía a cambio de admitir el supuesto fraude fiscal de 350.000 euros que le atribuye en el Impuesto de Sociedades de 2020 y 2021 por haber utilizado supuestamente una empresa sin actividad real (por lo que también le imputa un delito de falsedad documental) para tributar sus ganancias con un tratamiento fiscal más beneficioso.
Tras la polémica generada, García Ortiz salió en defensa de los fiscales cuestionados, asumiendo la responsabilidad última de esa controvertida nota. El fiscal general avisó de que no piensa consentir que "la fiscal jefa de Madrid o el fiscal encargado del caso sean perturbados por ejercitar la acción penal ante la posible comisión de hechos de naturaleza delictiva". "No han hecho sino cumplir un deber de informar verazmente a la ciudadanía con absoluta transparencia, prudencia y dentro de los márgenes y límites que marca nuestro ordenamiento jurídico", recalcó al tiempo que asumía "la responsabilidad última de esa nota de prensa".
Las explicaciones de García Ortiz no convencieron a la Asociación de Fiscales, que reclamó su "inmediata" dimisión como "máximo responsable" de un comunicado que, en su opinión, habría vulnerado, "como mínimo, la ética que debe presidir" la actuación de los representantes del Ministerio Público. La asociación mayoritaria de la carrera recordó que el deber de reserva no solo obliga a los abogados, sino también "e incluso con mayor motivo, al Ministerio Fiscal como garante que es de la legalidad y la imparcialidad en los procedimientos judiciales".
Para otra asociación de fiscales, APIF, se trató de un "ataque frontal a los derechos de las personas que están siendo investigadas", al alejar al Ministerio Fiscal de la "absoluta neutralidad" a la que está obligado.
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