El ideal democrático se basa en la idea de que todos los seres humanos son iguales ante la Ley. Esta es otra manera de decir que la Ley es ciega y no hace distingos entre personas.
En la cuna histórica de la democracia, que fue la Atenas del siglo V antes de nuestra era, todos los ciudadanos podían tener voz y voto en las decisiones de la Ciudad. El problema era, por supuesto, que se dejaban fuera a los no ciudadanos, que incluía a las mujeres.
En el preámbulo de la Declaración de Independencia de Estados Unidos de 1776 se codifica, en un texto político moderno, la idea de que todos los seres humanos fueron creados iguales y que esto era tan evidente que no se necesitaba discutir.
Ya en nuestro siglo, en su famoso discurso, Martin Luther King evocó un sueño donde a las personas se les juzgaría no por el color de su piel sino por el contenido de su carácter.
En muchos sentidos, la democracia liberal encarna estas nociones de igualdad ciudadana ante la Ley. Pero la democracia liberal es un orden político en evolución hacia una consecución progresiva de ese ideal.
En México, nuestra democracia liberal es ciertamente joven y, aunque expuesta ahora a un ataque populista, ha venido ganando terreno.
Luther King tenía razón de que la plena igualdad ante la Ley sigue siendo un sueño.
En México, lamentablemente, la gente con menor influencia o con menores recursos económicos no tiene igual acceso a una defensa legal eficaz en caso de necesitarla. El alto costo de buenos abogados es indudablemente una barrera para el acceso igualitario a la Ley.
Esta desigualdad debe reducirse pronto a través de la creación de un sistema de Defensorías Públicas que asesoren y defiendan eficientemente a personas de bajos recursos cuando estás necesiten defensa legal. Estos despachos de servicio público deberán estar bien financiados y operar con altos estándares de calidad. Dado que muchos de los sectores marginados en el país son las comunidades indígenas, es necesario poner en marcha Defensorías Públicas para Pueblos y Comunidades Indígenas, con gente que conozca de sus problemas y hable sus lenguas.
Los abogados y otros empleados de estas Defensorías tienen que estar bien pagados para que realicen sus labores con el empeño requerido y no estén pensando en buscar otro empleo.
Sería conveniente que contaran con un sistema de medición del desempeño, de acuerdo con los mejores estándares internacionales.
En este sentido, se puede aprender de otras experiencias exitosas de naciones donde se ha podido reducir la brecha entre quienes tienen acceso a abogados particulares y quienes recurren a un sistema de defensoría público.
Una República siempre está en peligro cuando largas franjas de su población no tienen acceso significativo al sistema de justicia. Es hora de dar los pasos necesarios para cumplir el apotegma mayor de la modernidad: la igualdad ante la Ley de todos los seres humanos.