La carrera judicial en Colombia es un sistema técnico de administración de personal en el que los profesionales del derecho que logran ingresar a través de un concurso de méritos son nombrados servidores o trabajadores, para que presten el servicio público esencial de ministrar justicia en nombre de la República de Colombia.
Se supone que todos los abogados tienen la oportunidad de acceder o ingresar en igualdad de condiciones a la anhelada carrera judicial, bajo un debido y razonable proceso de selección, pero la verdad es que, el último llamado público para vincularse a la rama judicial, desde el 2018, parece más una propaganda para hacer ver a todo lo valioso que es en Colombia, ser amigo personal o recomendado obediente de aquellos que mantienen el poder omnímodo de nombrar a dedo y en interinidad a jueces y magistrados.
La convocatoria 27 para ingresar a la rama judicial establecía unas supuestas reglas de juego claras en las que, tras aprobar un examen eliminatorio (fase uno) y cumplir con la verificación de requisitos documentales y antecedentes (fase dos), se iniciaría la fase tres, la del IX Curso concurso de Formación Judicial para Jueces y Magistrados (as) que, por cierto, solo inició hasta diciembre de 2023 a pesar de que supuestamente desde hace más de cinco años se cumpliría con la fase uno y dos.
La fase tres está dividida a su vez en ocho programas académicos de formación judicial, que a su vez se subdividen en diez y seis unidades que deben ser evacuadas por los aspirantes en jornadas titánicas de 15 días y en ese corto lapso, cada discente o participante, debe realizar la lectura de al menos cuatro mil trescientas quince páginas, dos mil setecientas cincuenta y ocho diapositivas, novecientos cincuenta y ocho minutos de video, además de realizar las lecturas complementarias de cada programa. Todo ello, sin compadecer que la mayoría de las (los) aspirantes, tienen largas jornadas de trabajo y compromisos de familia, pues… ¡no solo de concursos judiciales vivirá el abogado!
La consagración al curso por parte de los participantes ha sido tal que, en muchos casos el rendimiento laboral, sus proyectos de vida, sus economías, sus relaciones familiares, personales y hasta su salud mental, se han visto seriamente comprometidas por el proceso de selección que no debería haber tardado más de seis meses en el 2018, o como se ve venir con la suspensión provisional de la realización del examen programado para los días 4 y 5 de mayo próximos, ordenada vía acción de tutela por el Juzgado Tercero Administrativo de Arauca.
Nadie esperaba que el concurso se convertiría en un relicario de improvisaciones, una carrera de obstáculos y resistencia que al paso que va, culminará hasta el 2025. Claro, si no pasa algo más que exija rehacer una etapa o un examen mal diseñado o implementado, como pasó en el 2018 o como está a punto de suceder si no se corrige el rumbo.
Miren que es cierto que las pautas para la selección de los futuros jueces no son sólidas, pues el Acuerdo PCSJA19-11400 del 2019, señaló que se evaluarían las actividades de forma independiente, semipresencial y en encuentros sincrónicos, nada de esto sucedió, salvo que, por las quejas de los participantes, solo hasta ayer, aconteció el primer encuentro sincrónico en cinco años de concurso. Sin embargo, un importante y próximo examen general ahora será virtual, más improvisación…, pues no se tiene en cuenta o no les preocupa a los organizadores si el aspirante del Guainía tiene o no internet constante, si el del Amazonas tiene garantizado un fluido eléctrico adecuado y si el del Chocó cuenta con un computador moderno o de última generación que soporte los requerimientos del software que evaluará a los aspirantes.
El examen es tan complejo desde la logística y la pedagogía que se calcula que en dos días de examen, ocho horas por día, los concursantes tendrán dos minutos por pregunta para absolver más de 366
El examen planteado, hoy suspendido por orden de un Juez administrativo, es tan complejo desde la logística y la pedagogía que se calcula por parte de esta columna que, durante los dos días de examen programados, ocho horas por día, los concursantes tendrán supuestamente alrededor de dos minutos por pregunta para absolver las más de 366 de los ocho programas, evaluando no la capacidad de la razón del futuro juez, sino su nemotecnia.
Pese a lo anterior, la escuela judicial persiste en "innovar" y en improvisar, pues el examen que próximamente se implementará con una app de inteligencia artificial diseñada para evaluar, desafortunadamente, según se vio en un reciente y fracasado simulacro al que pocos pudieron unirse virtualmente, entre pregunta y pregunta el sistema les quitaba 40 segundos a los participantes, cuando no se bloqueaba el sistema. Es decir que en las jornadas de dos días programadas para el examen, los evaluados por cuestión de un sistema que no estaba previsto desde el 2019, automáticamente perderán más de cuatro horas de respuestas. ¡Inaudito!
¿Será que a este pasó algún día seremos capaces de superar la morosidad judicial y la crisis de la justicia, si ni siquiera somos capaces de seleccionar el personal vital de la rama dentro de un plazo razonable?
¿Quiénes son los que ganan o se benefician con cada traspié del curso concurso, que evita la llegada de los méritos a la rama judicial y que, de paso, desterraría los favorcitos y el nepotismo judicial?
¿Cuánto tiempo más deberán esperar los participantes para lograr efectivamente ocupar el cargo al cual se presentaron?
Sí el Cholo Valderrama pudiera establecer cuánto dura la vida útil de un abogado, así como lo hace en su pasaje llanero "Mi Caballo y Yo", donde logra calcular que la vida útil de "… Un hombre recio paisano, dura tres caballos buenos", tal vez el cantautor llanero se llevaría una gran decepción, pues un abogado promedio dura más o menos, dos procesos ordinarios y un concurso fallido de jueces y magistrados… un caballo y medio.
@hombrejurista