Los niños y niñas víctimas de malos tratos o abuso infantil no tienen todavía juzgados especializados que los escuchen. La ley de infancia, impulsado por Podemos, entró en vigor el 5 de junio de 2021 y desde su publicación se establecía el periodo de un año para crear los Juzgados de Violencia contra la Infancia y Adolescencia. Una medida "esencial" para evitar la revictimización de los menores. Pero, a pesar del mandato, solo existe uno de ellos en Las Palmas de Gran Canaria.
Cuando un niño o niña denuncia se ve obligada a testificar varias veces. Primero, con los agentes policiales, después en la unidad de valoración forense (cuando la hay) y luego, ante la jueza o juez. La idea es evitar la victimización secundaria de los niños y garantizar que sean atendidos por operadores jurídicos especializados. Se les tomaría declaración una única vez y esa grabación en vídeo funcionaría como prueba.
Sin especialización en los juzgados, hay "revictimización", como explica Sofía Maraña, abogada penalista
"Un menor denuncia y, normalmente, llega al Juzgado de Instrucción que no está especializado en violencias de este tipo. Ese juzgado lleva lo mismo un delito de conducción por alcoholemia que otro por lesiones. Ahí es donde se dan situaciones de revictimización y de violencia institucional contra la infancia", explica la abogada penalista y experta en derecho de familia, Sofía Maraña.
La ley de infancia establecía que, en el plazo de un año desde su entrada en vigor, el Gobierno debía presentar un proyecto de ley para modificar la Ley del Poder Judicial, incluyendo la especialización de los juzgados en violencia infantil. Y de esta manera crear los Juzgados de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia.
Se trata de una especialización homóloga a la de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer que se crearon a partir de la aprobación de la ley de violencia de género. Unos órganos que, como se conoció recientemente, están saturados en 27 localidades del territorio español y colapsados en otras ocho.
Maraña ha iniciado recientemente una campaña para pedir firmas "que pongan en evidencia que la sociedad reclama estos juzgados". Una iniciativa que se suma al reclamo de numerosas organizaciones feministas que combaten la violencia machista y la violencia contra la infancia.
Pero, ¿por qué todavía no han llegado? "Porque cuesta dinero. Ahora se va a crear una ley para controlar la pornografía en menores porque no supone demasiado dinero crear una norma. Pero, ¿para qué queremos tantas normas sin juzgados que las apliquen?", dice Maraña.
El primer y único juzgado está en Canarias
El juzgado de violencia contra la infancia y adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria fue pionero, se creó antes de la aprobación de la ley de infancia. El modelo comprendía al juez, dos psicólogas forenses y una trabajadora social y ponía las bases para ser emulado en todas las provincias del Estado, en concreto, en los 431 partidos judiciales que existen.
Existe un único juzgado en Canarias que "funciona muy bien", pero que es insuficiente
"Hay un único juzgado en Gran Canaria y funciona muy bien, pero solo está este. Sin embargo, yo voy a más, como la mayoría de los delitos son intrafamiliares, es decir, la gran mayoría de los agresores son progenitores, no solo deben llevar el procedimiento penal sino también el procedimiento de familia", explica Maraña.
Además la jurista reclama que estos juzgados sean creados con carácter estatal y no dependan de la voluntad de la consejería de cada provincia. Una petición que también hizo la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad de Gran Canaria, Nieves Lady Barreto, a la ministra de Infancia, Sira Rego.
La experta considera que estamos en un "momento idóneo" para impulsar la especialización en infancia porque a raíz de la aprobación del Real Decreto 6/2023 del 19 de diciembre se inició un proceso de siete años de reestructuración del sistema judicial que en su opinión es "la posibilidad de transformar todos los órganos y dividir las competencias".
Los juzgados especializados continúan la estela del sistema Barnahouse, la "casa para los niños y niñas" en los que se establece un entorno seguro para que relaten las violencias que sufren. Estos lugares ya están en multitud de países, tales como, Suecia, Noruega, Dinamarca, Polonia, Chipre o Dinamarca.
Barnahaus, la casa para los niños y niñas, es un "complemento" a los juzgados contra la violencia sobre la infancia
Un modelo que aún no se ha instalado tampoco universalmente. "Son un complemento a los juzgados. Barnahouse está formado por psicólogos o trabajadores sociales, por eso es de ayuda a los juzgados pero no un juzgado en sí. Hay uno en Madrid, uno en Barcelona, uno en Tarragona (el que más tiempo lleva pero no tiene abogado), y uno en Málaga", dice Maraña.
"Incumplimientos" jurídicos para proteger a la infancia
El pico de violencia vicaria, inédito en un inicio de año, con cinco menores asesinados en nuestro país, ha puesto de nuevo el foco en la aplicación efectiva de la ley de infancia, una norma que para las juristas consultadas estableció el "marco necesario para proteger a las niñas y los niños" pero que, a pesar de su existencia, "sigue sin cumplirse".
Uno de los puntos de "incumplimiento" más flagrante, para las expertas, es el establecimiento del régimen de visitas entre un progenitor acusado o, incluso, condenado por malos tratos, y los hijos de su pareja o expareja. En palabras de la jurista experta en violencia machista y vicaria, Francisca Granados, se trata de una situación "anómala" el porcentaje de veces que los jueces suspenden las visitas (un 12,75% de las veces, según las estadísticas del CGPJ en las que se habla de las medidas aplicadas a todos los casos, no solo a los de las víctimas con hijos).
Para Sofía Maraña, la abogada penalista, otro de los incumplimientos está en la no universalización de los juzgados de violencia contra la infancia y adolescencia. "Naciones Unidas exigió a España proteger a niños y niñas, como así pidió la creación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer", explica la experta.
Un caso de violencia vicaria, como el del niño de cinco años asesinado en Girona, podría recaer tanto en un juzgado de este tipo como en uno de violencia sobre la mujer. "La competencia del juzgado de Canarias es limitada, está por ver cómo se reformula la ley del Poder Judicial para ver qué juzgado tendría cada competencia específica", dice la experta.
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