Durante la jornada del miércoles 10 de abril, la bancada de diputados de Renovación Nacional ofició a la Contraloría General de la República por la cuestionada plataforma "Anótate en la lista". En particular, solicitaron un pronunciamiento respecto a los alcances del contrato entre el Ministerio de Educación y la empresa TetherEducation Chile Spa. Además, apuntaron a los "servicios premium" que ofrecería la empresa.
¿Qué es "Anótate en la lista"?
"Anótate en la lista" es una plataforma creada por el Ministerio de Educación, para facilitar el proceso de solicitud de vacantes a los establecimientos educacionales, públicos o particulares subvencionados, en caso de no haber obtenido un cupo durante las postulaciones al Sistema de Admisión Escolar (SAE). Así, los apoderados pueden solicitar vacantes para sus hijos por medio de un registro virtual, una vez que haya cerrado el proceso regular del SAE y de matrículas.
La polémica en torno al contrato directo y el "servicio premium"
Los parlamentarios de oposición ingresaron un oficio, donde destacan los problemas surgidos desde la implementación del SAE en 2016, afirmando que estos no se han solucionado con el sistema de postulación en línea. De hecho, sostienen que el sistema actual es más complejo debido a la inestabilidad de su sitio web, entre otros motivos.
Pero lo que ha despertado más críticas es que la plataforma ofrece funciones adicionales con un pago extra de 2,5 UF + IVA mensual a los establecimientos educativos. Respecto al llamado "servicio premium", la bancada de Renovación Nacional pidió al ente contralor que se garantice el cumplimiento de los principios de legalidad, eficiencia, eficacia y probidad en todas las funciones y cargos públicos. Para eso, pidieron a Contraloría que se solicite información a la Subsecretaría de Educación sobre posibles irregularidades en la adjudicación y funcionamiento de "Anótate en la lista".
En cuanto a los alcances del contrato, la empresa TetherEducation Chile Spa habría sido contratada por la Subsecretaría de Educación por un monto de $142.800.000, y por medio de trato directo. Por lo anterior, los diputados solicitaron la procedencia del contrato directo, además de la existencia de vínculos preexistentes entre el ministerio de Educación y la empresa mencionada.