El Gobierno derogó el DNU que regulaba los precios de los servicios de cable, internet y celular. La nueva normativa reemplaza al decreto 690, que fue redactado durante la pandemia por Alberto Fernández.
El Gobierno derogó el DNU que regulaba los precios de los servicios de cable, internet y celular. La nueva normativa reemplaza al decreto 690, que fue redactado durante la pandemia por Alberto Fernández.
En aquel entonces, el Presidente había declarado a los servicios públicos en competencia, por lo que congeló sus precios por un par de meses y el Estado ofició de "controlador" de todas las subas futuras de estos servicios. Sin embargo, las empresas prestadoras interpusieron medidas cautelares para evitarlo.
El decreto 302, publicado este miércoles en el Boletín Oficial da marcha atrás con toda esa cuestión y parte de la Ley Argentina Digital de la presidencia de Cristina Kirchner, por tanto no es descabellado pensar en que se vienen nuevos aumentos. Lo que sucede es que los precios ya no están tan atrasados como se piensa: según la consultora EcoGo, los precios de la telefonía celular están 2 puntos debajo de la inflación solamente.
"Resulta de suma urgencia liberar el mercado y obtener el libre desarrollo de tales servicios", dice el nuevo DNU, dejando en claro que el Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones) ya no podrá interferir en los precios.
El artículo 48 del decreto explica puntualmente que "los licenciatarios de Servicios de TIC fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación".
Otro de los artículos que se derogó fue el número 15, que señala que "el carácter de servicio público esencial y estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en competencia al uso y acceso a las redes de telecomunicaciones, para y entre licenciatarios de Servicios de TIC".
Se espera que la nueva norma sea publicada en los próximos días.
Luego de la baja de contratos y recortes en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Gobierno suspendió la recepción de proyectos que requieran de ayuda del organismo y también afecta a los presentados que no cuenten con una resolución de interés.
Esto se estableció mediante la resolución 227/2024 que se publicó en la madrugada en el Boletín Oficial. Ante esto, el Poder Ejecutivo estableció el plazo de suspensión para la recepción de proyectos que será de 90 días.
El Gobierno deberá plantear "nuevas normas de regulación del fomento audiovisual con el objeto de adecuarse a las necesidades del mundo actual en pos de una dinámica y agilidad acorde a los nuevos tiempos".
También agrega: "Determinar que los proyectos presentados para su evaluación y que a la fecha no tengan una resolución emitida por el Organismo que los declare de interés, tanto audiencia media y masiva, como la que les otorgue un subsidio por vía digital documental, y que aún no cuenten con comité asignado digital, serán devueltos a los presentantes".
Los proyectos pueden ser presentados nuevamente una vez que culmine el período de suspensión, pero tendrán que adecuarse a la nueva normativa.
También alega que "en virtud del déficit presupuestario y financiero existente, y con el objetivo de retomar el equilibrio necesario para que este Instituto pueda financiarse con sus propios ingresos, como así también, debido a la reestructuración, funcionamiento y el establecimiento de un nuevo marco regulatorio para el apoyo al cine es que resulta necesario, sobre la base de los criterios de oportunidad, mérito y conveniencia, efectuar una suspensión de la presentación de proyectos".
La decisión llega un mes después de la oficialización de la baja de contratos y recortes en el Instituto.