La empresa que se ocupa del diseño y producción de prendas y accesorios del grupo de moda Armani ha sido puesta bajo administración judicial de forma preventiva tras una investigación por presunta explotación laboral.
Según medios locales, no se trata de una investigación judicial sino de una medida preventiva, que no está encaminada a castigar al empresario, sino a contrarrestar posibles problemas y evitar que se cometan delitos. La investigación de la Fiscalía de Milán se centró en que la Giorgio Armani operations, compañía industrial que se ocupa de las colecciones de moda y accesorios del grupo, utilizaba mano de obra extranjera ilegal en las fábricas chinas en la ciudad italiana.
Estas empresas subcontrataban a otras compañías para la producción de bolsos, artículos de cuero y accesorios de la casa de moda.
La fiscalía consideró que la Giorgio Armani operations ha sido "incapaz de prevenir y frenar los fenómenos de explotación laboral en el ciclo productivo al no haber implementado medidas adecuadas para verificar las condiciones reales de trabajo o las capacidades técnicas de las empresas contratistas", que son las que habrían cometido el delito.
Área de producción de moda de Armani, bajo la 'mirada' judicial por explotación laboral
A partir de diciembre de 2023, la Policía italiana llevó a cabo "inspecciones sobre los métodos de producción, embalaje y comercialización de prendas de alta costura, procediendo al control de los subcontratistas de los suministros así como de los subcontratistas no autorizados que eran en realidad fábricas gestionadas por ciudadanos chinos en las provincias de Milán y Bérgamo".
Se controló a cuatro fábricas "todas las cuales resultaron ser irregulares y en las que se identificó a 29 trabajadores, 12 de los cuales estaban empleados ilegalmente y también 9 eran ilegales". En las plantas de producción no autorizadas, se constató que la fabricación se realizaba "en condiciones de explotación con remuneración insuficiente, horarios de trabajo no conformes, ambientes de trabajo insalubres" entre otras irregularidades. Se investiga por explotación laboral a cuatro propietarios "de sociedades de hecho o de derecho de origen chino" y a nueve personas que incumplen la ley de estancia y residencia".
Por último, "se impusieron multas por valor de más de 80,000 euros y sanciones administrativas por valor de 65,000 euros, y se ordenó la suspensión de las actividades de cuatro empresas debido a graves infracciones en materia de seguridad y a la utilización de mano de obra ilegal".
Con información de EFE.