Una demora estéril ante una sociedad más sensible
Por Joaquín Morales Solá para La Nación
Por Joaquín Morales Solá para La Nación
En la semana del combate crucial con Hugo Moyano, el dirigente sindical más importante del país, el Gobierno gastó tiempo y energía en un tema que no valía la pena.
Valentín Díaz Gilligan, exsubsecretario general de la Presidencia, debió abandonar el cargo pocas horas después de que el diario español El País reveló que había tenido una cuenta offshore en Andorra cuando era funcionario del gobierno de la Capital, en 2013.
En efecto, la primera explicación que Díaz Gilligan le dio a El País fue que el dinero depositado en Andorra (más de un millón de dólares) no era de él, sino de un empresario uruguayo, Francisco "Paco" Casal, un intermediario en la compraventa de jugadores de fútbol, que tenía problemas fiscales.
Es decir, era el testaferro de una persona con conflictos judiciales o bajo investigación judicial. ¿No era la condición de prestanombre de Díaz Gilligan motivo suficiente para sacarlo del Gobierno cuanto antes?
¿Qué novedad esperaban recibir? ¿Acaso confiaron en que Díaz Gilligan había incorporado en su declaración su condición de testaferro?
La primera conclusión del conflicto es que el Gobierno no percibió un cambio fundamental en la sociedad respecto de la prácticas corruptas de la política.
No hay margen para la impunidad luego de que se rebasaron todos los límites en materia de deshonestidad pública durante el kirchnerismo. Hay una sensibilidad distinta tanto en la sociedad como en la política.
Esto no significa un prejuzgamiento sobre Díaz Gilligan, pero hay que convenir que el Principado de Andorra es (o fue hasta hace muy poco tiempo) una cueva de dinero negro.
Andorra es (o era) un paraíso para fortunas que no se pueden explicar o que no han sido declaradas en las agencias impositivas de los países de origen.
Pero aceptando la excusa de Díaz Gilligan (que el dinero no era suyo), el solo hecho de que haya prestado su nombre para abrir una cuenta bancaria offshore en ese lugar tan desprestigiado lo inhabilitaba como funcionario.
En lugar de aplicar la doctrina Gómez Centurión (el exdirector de la Aduana se fue del cargo antes de que una denuncia tomara estado público), el propio Presidente; el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, gastaron el fin de semana en una defensa inútil de Díaz Gilligan.
Chapadmalal fue el escenario que el macrismo eligió para dar por iniciado el año político, pero en todas las conferencias de prensa que hizo durante ese encuentro debió referirse a Díaz Gilligan, a Andorra y a cuentas offshore. Perdieron el tiempo y, sobre todo, la oportunidad.
Algunos funcionarios deslizaron la teoría conspirativa de que Díaz Gilligan había caído abatido por el Grupo Clarín o por el Grupo Telefónica. A este último le adjudican una venganza contra Macri por haber autorizado la fusión de Cablevisión, propiedad del Grupo Clarín, y Telecom.
Parece que Cristina no se ha ido. ¿También al gobierno de Macri habrá que explicarle que los periodistas pensamos por nuestra propia cuenta? Si bien Telefónica tiene acciones en el Grupo Prisa, propietario del diario El País, la trayectoria periodística de ese diario está fuera de toda duda.
Su presidente, Juan Luis Cebrián, es un periodista que ha defendido (y defiende) siempre la independencia de los profesionales de la prensa. Cultiva, además, una relación frecuente con el propio Macri.
El nombre de Díaz Gilligan surgió durante el trabajo de un avezado equipo de investigación de ese diario conducido por José María Irujo. El banco de Andorra cerró hace un año y ese equipo viene investigando desde entonces todos los papeles que el banco dejó.
Han revelado nombres de políticos españoles, panameños y mexicanos, entre otros, con cuentas millonarias en Andorra. En el banco de Andorra había, además, una central de Odebrecht para el pago de coimas en América Latina.
Si bien Díaz Gilligan no tiene nada que ver con Odebrecht, no es el primer funcionario latinoamericano, ni mucho menos el único, que apareció en las investigaciones del diario El País.
El nombre del exsecretario general de la Presidencia tenía en los archivos del banco una advertencia tan llamativa como un cartel fluorescente: decía que era PEP.
Significa "persona políticamente expuesta", que es como la banca denomina a las personas con cargos públicos que pueden estar usando dinero mal habido. Díaz Gilligan no necesitaba de ninguna conspiración para terminar como terminó.
El contexto es el que agrava las cosas. El sindicato bancario hizo ayer un formidable ejercicio de precalentamiento de la marcha que Moyano encabezará hoy.
No solo hubo paro de trabajadores en todos los bancos por segundo día consecutivo (con los insoportables problemas que eso significa para la sociedad); también el gremio ocupó virtualmente las 40 manzanas que rodean la Plaza de Mayo.
Desde las avenidas Corrientes y Leandro Alem, piquetes del sindicato impedían en todas las calles el ingreso de automóviles (taxis, colectivos y camiones de caudales) al microcentro porteño.
El jefe del sindicato bancario, Sergio Palazzo, es un radical kirchnerista que aspira a ser el secretario general de una futura CGT. Es el único de los grandes gremios que acompañará hoy a Moyano. Palazzo logró ya que en su gremio se saldara la diferencia entre la inflación y los aumentos del año pasado.
Los bancos ofrecieron un 9 por ciento a partir de enero de este año. Palazzo rechazó la oferta. Los bancos dicen que los empleados de bancos superarán en más de siete puntos la inflación de enero.
Una propuesta nueva agregaría un seis por ciento a partir de julio y el compromiso de compensar a fin de año cualquier desajuste con el índice anual de inflación. Es cierto que esta última parte no se oficializó todavía.
Por lo pronto, el líder del sindicato bancario creó la "República de Palazzo" en las 40 manzanas más céntricas de la Capital. Ninguna autoridad, ni nacional ni capitalina, hizo nada para restaurar la soberanía del Estado sobre esa franja del territorio. Es el desorden en el espacio público que luego el Gobierno paga con moneda cara en las encuestas.
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