En la noche del 5 de abril, un episodio de alta velocidad capturó la atención de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife. Un conductor fue sorprendido viajando a 130 kilómetros por hora en la avenida de Anaga, superando en 80 kilómetros por hora el límite permitido en esa área urbana. El incidente ocurrió cerca de la antigua escuela de vela, y gracias al uso de un radar móvil, los agentes pudieron verificar la velocidad excesiva y detener al conductor, un hombre de 41 años.
Al ser detenido, se le notificó que su acción constituía un delito contra la seguridad vial, dado que exceder el límite de velocidad en más de 60 kilómetros por hora es considerado una infracción grave. La Policía Local de Santa Cruz destacó que tal infracción puede acarrear sanciones severas, que varían desde 30 a 90 días de servicios comunitarios, hasta multas de seis a doce meses o incluso penas de cárcel de tres a seis meses en los casos más extremos.
Además, esta clase de delitos conlleva la suspensión del permiso de conducir del infractor por un periodo que puede oscilar entre uno y cuatro años, dependiendo de la gravedad del caso.
El conductor, reconociendo la seriedad de su falta, se presentó voluntariamente el 10 de abril en las instalaciones del servicio de radar de la Policía Local para admitir su conducta. Posteriormente, fue investigado por un presunto delito contra la seguridad vial y remitido a las autoridades judiciales para enfrentar las posibles consecuencias legales derivadas de su acción.
Multas y sanciones
Las sanciones por este tipo de infracciones son severas, variando desde 30 a 90 días de servicios comunitarios, multas de seis a doce meses y, en casos más graves, penas de prisión que pueden oscilar entre tres y seis meses.
Además, una infracción de esta magnitud usualmente resulta en la suspensión del permiso de conducir del infractor por un período de uno a cuatro años, dependiendo de la gravedad del caso.
El 10 de abril, el implicado acudió voluntariamente a las instalaciones del servicio de radar de la Policía Local para admitir su falta. Tras reconocer los hechos, fue investigado por un delito contra la seguridad vial y posteriormente entregado a las autoridades judiciales para determinar las medidas adecuadas a seguir. Esta situación resalta la importancia de adherirse a las normas de tráfico para garantizar la seguridad en las vías.
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