En Catalunya, los jóvenes que quieran estudiar Educación Infantil o Primaria en universidades públicas deberán aprobar las pruebas de aptitud personal (PAP) antes de hacer la selectividad. En cambio, si van a campus privados, si las suspenden, tendrán otra oportunidad de aprobarlas en las que se celebren durante el primer curso de grado.
Este es el acuerdo que se ha verbalizado en el Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) en el que se encuentran todos los campus catalanes y la Conselleria de Recerca i Universitats. En mayo, se firmará.
Estas pruebas, que fueron pioneras en España, que se han replicado en otras comunidades y que han intentado copiarse a nivel nacional, nacieron en 2019 para seleccionar el acceso a Magisterio. La pruebas evalúan competencias de lengua y matemáticas de nivel de 4º de ESO. La aprueban entre dos tercios y la mitad de los candidatos. El sábado se celebran las de 2024 con la participación de 5.120 estudiantes, la gran mayoría procedentes de bachillerato.
Estas pruebas de aptitud las superan la mitad de los que se presentan
Las PAP fueron promovidas por el programa de mejora e innovación de la formación de maestros (MIF) y pactado por todos los rectores catalanes. Funcionó inquebrantablemente hasta que hace dos años Blanquerna, de la Universidad Ramon Llull, se distanció y retiró de la admisión la necesidad de tener las PAP, aunque garantizó que los estudiantes alcanzarían el nivel exigido en el primer curso, mediante la aprobación de una materia en particular. Al año siguiente, le siguió la UIC. Y en este curso han expresado su deseo de desmarcarse la Abad Oliva y la de Vic-CC. La UOC se reserva la posibilidad de añadirse.
En este contexto, las universidades públicas y privadas, junto a la Conselleria d'Universitats han acordado que todos los alumnos de Educación deberán tener las PAP, estudien donde estudien, pero, en el caso de las privadas, podrán presentarse una vez iniciado el curso. "Simplemente se flexibiliza el requerimiento", indican fuentes de la conselleria.
El acuerdo ha generado ciertas tensiones entre los campus por romper el consenso ante una medida que, en su momento, se vio de forma positiva. También ha provocado disensiones entre rectores y decanos de las facultades de Educación del sector público al considerar, algunas entidades, la posibilidad de seguir el ejemplo de las privadas.
Las desaveniencias se habrían cerrado con la aprobación de este acuerdo.
Además de la pérdida de matriculaciones debido a los suspensos, los campus han detectado que muchos de los jóvenes no aprobados se marchaban de Catalunya y se matriculaban a universidades, presenciales o a distancia, y, una vez con el título, volvían, incorporándose a la bolsa de trabajo. Por tanto, justifican, no se cumplía con el objetivo final del MIF y esos maestros dejaban de formarse en catalán.