Sostienen que este tipo de actividad, con poca fiscalización, impacta adversamente la convivencia y el acceso a vivienda asequible
Sostienen que este tipo de actividad, con poca fiscalización, impacta adversamente la convivencia y el acceso a vivienda asequible
Vecinos de comunidades afectadas por la proliferación de alquileres a corto plazo ocuparon este lunes el ala norte del Capitolio, en protesta por un proyecto de ley que, según denunciaron, no atiende el impacto de este tipo de negocio en la salud, seguridad y el bienestar vecinal.
Portavoces de las organizaciones Somos Calle Loíza, La Goyco y la Junta Comunitaria de Río Piedras denunciaron, además, que no se les concedió espacio para participar de la vista pública que celebró este lunes la Comisión de Turismo del Senado, presidida por Ada García Montes, sobre el Proyecto de la Cámara 1557.
En la audiencia sí participaron otras entidades, como Puerto Rico Hotel and Tourism Association, la Asociación de Titulares de Condominios, Hispanic Federation y Tomás Ramírez, propietario de una hospedería.
"Hay dos problemas fundamentales. Número uno, cómo se afecta la calidad de vida de las personas que vivimos cerca de los alquileres a corto plazo y, el otro, es la crisis de vivienda. Son dos problemas distintos, pero vienen del mismo lugar", expresó Mariana Reyes, directora del Taller Comunidad La Goyco, en Santurce.
Afirmó que, de las 3,000 viviendas que hay en la calle Loíza, 700 están dedicadas al alquiler a corto plazo. "¿Cuántas más podemos tener? De hecho, las cosas que estamos pidiendo son mucho más laxas de las que se han establecido en ciudades como Nueva York, donde se reguló de una manera bien rigurosa, y las cosas siguen", agregó Reyes.
Jackie García, portavoz de la Junta Comunitaria del Casco Urbano de Río Piedras, dijo que un estudio realizado por el grupo reveló que la renta en la zona ha aumentado hasta en un 300%. Mencionó, a modo de ejemplo, que una vivienda de una sola habitación en Santa Rita está en cerca de $1,200 mensuales. "Nos están desplazando", puntualizó.
Alertó que una de las poblaciones más afectadas por el alza desmedida en el costo de alquiler son los estudiantes del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. "Muchos estudiantes vienen de la isla y no encuentran dónde poder hospedarse… y estas opciones a corto plazo tampoco son reales para estos estudiantes", señaló.
Al igual que otros líderes comunitarios, García Flores sostuvo que no se oponen a este tipo de negocio, sino a la falta de regulación.
La versión original del proyecto de ley consideraba los alquileres a corto plazo como una actividad comercial. No obstante, la Cámara de Representantes cambió el lenguaje para que este tipo de transacción se considere un negocio solo para propósitos contributivos.
Kathy Gannett denunció que, en el barrio La Esperanza, en Vieques, donde reside, se han vendido más de 60 propiedades en los pasados cinco años. "Es un cambio completo, es una comunidad arropada de inversionistas que están abriendo y corriendo sus alquileres a corto plazo. Es horrible. La vivienda asequible en Vieques no existe", puntualizó.
Las rentas en la isla municipio, añadió, están sobre los $1,000 mensuales. Al igual que lo hicieron otros portavoces, Gannett insistió en que tiene que haber algún tipo de control. "El impacto de este negocio se manifiesta de manera distinta en las islas municipio, en urbanizaciones, barriadas, centros urbanos y zonas rurales", señaló la activista.
Raquel Díaz, además de ser portavoz de Somos Calle Loíza, reside en esta zona hace 45 años. Allí, vive con su hija de 17 años. Aledaña a su residencia, contó, hay una propiedad para alquiler a corto plazo. Más abajo, otras cinco estructuras están destinadas a la misma actividad.
"El dilema es cuando quieren generar tanto dinero sin ningún tipo de conciencia de tu comunidad", afirmó Díaz, al cuestionar la falta de participación en la evaluación pública que realiza el Senado. "Nosotros lo que queremos es sumar a la solución. Nosotros nos sentamos a hacer un documento que explicaba cómo se puede regular (esta actividad) para que podamos coexistir", sostuvo.
Entre las enmiendas que proponen las comunidades, está definir los alquileres a corto plazo como una actividad comercial, distinguir los diferentes tipos de anfitriones y su escala de operación, ampliar el rol y facultades de los municipios y los ciudadanos, y proteger el carácter residencial de los condominios sujetos al régimen de propiedad horizontal.
Proponen, además, elevar el impuesto de ocupación de manera que los recaudos adicionales sean utilizados para fiscalizar la operación de los alquileres a corto plazo y promover la vivienda asequible. "Hemos perdido el valor, totalmente, por nuestros políticos y representantes. La clase media no tiene un poder más allá de poder convocar a que hagan lo que moralmente corresponde… Yo quiero permanecer donde estoy", afirmó Díaz.
Reyes manifestó que seguirán atentos al futuro de la pieza legislativa. "No vamos a estar conformes con una medida que no atienda nuestros reclamos", declaró. "Aquí es donde nosotros estamos criando a nuestros hijos y nosotros entendemos que ellos tienen derecho también a tener un país donde haya vivienda que ellos puedan acceder dentro de 20 años, y como va esto, eso no va a pasar", expuso.
Entre los manifestantes, había residentes de Rincón, Vieques y San Juan. En el caso de la capital, participaron vecinos de la urbanización Dos Pinos, el casco urbano de Río Piedras, el Viejo San Juan y la calle Loíza.