Hace cinco días fue el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Ayer, le tocó el turno al nuevo comité de expertos que asesora al presidente por la pandemia del Covid-19.
En medio de esos dos hitos, pero también antes, la comunicación del Gobierno se ha vuelto motivo de discusión, de críticas y de rectificación puertas adentro del oficialismo.
Apenas un síntoma de que algunas políticas no están funcionando bien y de que los resultados no son los esperados o prometidos. No solo en materia de información y difusión.
Ciertos aspectos del proyecto de reforma judicial en sí, algunos nombres polémicos de los asesores para analizar cambios en la Corte Suprema y la más que difundida desnaturalización de la iniciativa original tras el paso por la aduana del Instituto Patria constituyeron una reafirmación de sospechas sobre los supuestos objetivos subalternos de la iniciativa. El problema no estuvo solo en cómo se la presentó ni en cómo se la difundió.
Muchas de las presunciones sobre los reales objetivos que animan al oficialismo respecto del Poder Judicial cobraron más fuerza ayer, después de que el cristinismo provocó desde el Senado un auténtico conflicto de poderes.
Impuso su mayoría para desoír una decisión judicial y avanzar con la revisión de las designaciones de dos camaristas que deben fallar en causas en las que está acusada Cristina Kirchner.
Dos alfiles de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, como Anabel Fernández Sagasti y Mario Pais, fueron los senadores encargados de ponerle palabras y acción a una decisión que lleva la impronta de la defensa cristinista. Otra nube sobre la narrativa de la despolitización de la Justicia. Hechos por sobre las palabras.
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