Efe
Dos de las consultoras que realizaron trabajos de apoyo técnico para el Instituto de Gestión Ambiental de Aragón (Inaga) en la tramitación de expedientes de proyectos de renovables han admitido haber realizado trabajos para Forestalia, pero han negado incompatibilidades ni haber sido "juez y parte". Así lo han asegurado en su comparecencia en la Comisión de Investigación de las Cortes de Aragón sobre el despliegue de las renovables en la Comunidad Ángela Laguna, directora general de Vea Qualitas en el momento de adjudicación del contrato con el Inaga, y Federico Vicente, director de Calidad y Estudios Asesoría.
En su intervención, Laguna ha asegurado que Vea Qualitas no informó, en el marco del contrato con el Inaga, ningún expediente para el que hubiera trabajado anteriormente, "ni para Forestalia ni para ningún otro promotor", y que si hubieran conocido la participación de un promotor en un grupo de empresas que les generara un conflicto de intereses lo habrían declarado "incompatible". Ha insistido en que la consultora "fue transparente en todo momento", que aportó al Inaga un listado de trabajos con promotores, entre ellos con Forestalia, y que era el organismo autonómico el que disponía de los medios para conocer si alguna de las sociedades promotoras de proyectos pertenecía a ese grupo empresarial.
En ese punto, el portavoz del PP, Fernando Ledesma, ha considerado que "falla" lo manifestado por el exdirector Jesús Lobera por cuanto en los proyectos de empresas vinculadas a Forestalia figura el logotipo del grupo y la cláusula de incompatibilidad establece que el adjudicatario no puede informar de expedientes en los que haya tenido participación directa o indirecta durante la fase de proyecto o tramitación de la actividad solicitada o bien cuando exista "cualquier tipo de relación de interés con la persona, entidad o grupo promotor del expediente en cuestión".
"Si me dan un proyecto y él (por el Inaga) sabe que es de Forestalia, no es problema mío, es del Inaga", ha respondido Laguna, quien además ha mantenido un encontronazo con el diputado de Podemos, Andoni Corrales, cuando ha considerado que la consultora "ejerció de juez y parte", una afirmación por la que se ha sentido "agredida" y por la que ha tachado de "muy triste" que se ponga en tela de juicio la labor de la consultora.
12 expedientes de 105
Por su parte, el director de Calidad y Estudios de Asesoría también ha negado incompatibilidades en los trabajos para el Inaga -"nunca hemos intervenido como juez y parte"- ha asegurado que para determinar incompatibilidades aplicaban un "doble filtro" y que los vínculos con Forestalia se circunscriben a 12 expedientes de los 105 tramitados para el instituto, once para declaraciones de impacto dependientes del Ministerio de la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y otro que ya tenía declaración ambiental favorable.
En su intervención, en la que ha reconocido que su hermana es directora de proyectos eólicos en Forestalia, ha afirmado que "ni desde dentro ni desde fuera" la consultora recibió presiones para cambiar criterios técnicos en la resolución de los expedientes y ha negado, como ha apuntado Ledesma respecto a la relación con los promotores, que violaran la cláusula de incompatibilidades.
La versión del Inaga
En la sesión también ha intervenido el secretario general del Inaga desde mediados de 2022 y de 2023, Andrés Medina, quien ha asegurado que, ante "esta especie de escándalo", contactó con la directora general de Servicios Jurídicos, Esperanza Puertas, y quedó "meridianamente claro" que no existían incompatibilidad mientras las consultoras y las promotoras no tuvieran relación durante el periodo de contrato con el instituto y que el procedimiento había sido "impecable", aunque no hubo un informe al respecto por escrito ni lo pidió. "No ha existido ninguna actuación irregular", ha agregado.
Su antecesor en el cargo, Ángel García Córdoba, ha detallado que nunca recibieron presiones ni llamadas "de ningún tipo", y que de nada habrían servido en su caso porque la gestión de renovables no era su competencia, y ha apuntado, respecto de las posibles incompatibilidades de las consultoras, que los pliegos y sus cláusulas "ahí están" y que los competentes en velar por su cumplimiento eran esas empresas y los funcionarios del Inaga que asignaban los expedientes.
En cuanto a su cese como número dos del Inaga y si tuvo que ver con los expedientes de renovables, como le han pedido que aclare varios de los diputados, ha afirmado que se justificó en una pérdida de confianza, que son "las reglas del juego" al tratarse de un cargo de libre designación y que lo acepta "con deportividad", aunque ha admitido que se produjo un mes después de advertir en un informe de la falta de personal en el instituto para tramitar la "avalancha" de expedientes en plazo.
Un "colapso" en el Inaga por la fata de personal y el número de expedientes a gestionar en el que ha coincidido Medina, quien ha explicado que en su etapa se dio continuidad a los trabajos que se estaban realizando para que ningún expediente se quedara "colgado" y que "jamás" hubo presiones, porque de ser así habría acudido a la fiscalía.
Finalmente ha comparecido Elena Martín, funcionaria de la administración aragonesa de 2005 y jefa del área de renovables del Inaga entre mayo de 2023 y el pasado mes de febrero, quien ha hecho hincapié en que la mecánica de trabajo han sido siempre la misma y que ella no ha recibido "ningún tipo de instrucción o presión de ningún miembro o alto cargo del Gobierno de Aragón, ni del anterior ni de ninguno". "Los funcionarios -ha querido dejar claro- tomamos las decisiones con total independencia de los distintos gobiernos" y, si se hubiera producido alguna presión, ha subrayado que "habría sido la primera en denunciar esta situación" en la vía judicial.
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