Vida, muerte e ideología se debaten en el caso Chocobar
Por Julio Blanck para Clarín
Por Julio Blanck para Clarín
El Gobierno está dispuesto a sostener la discusión pública sobre el caso Chocobar, el policía que mató al delincuente que minutos antes había apuñalado a un turista para robarle la cámara fotográfica. La cuestión se tramita en la Justicia. Pero, en términos políticos, se trata de un episodio clave del debate ideológico acerca del papel y la responsabilidad de las fuerzas de seguridad en democracia.
Convencido de tener apoyo mayoritario en la sociedad para este debate, el presidente Mauricio Macri alentó a los funcionarios involucrados para que sostengan el argumento de que el Gobierno está decidido a "defender a los que nos defienden". Apunta a respaldar, dentro del límite que marca la ley, a las fuerzas de seguridad en su acción contra el delito. Y enfrentar a quienes propician una visión angélica de los delincuentes, considerándolos sólo como víctimas sociales.
También en este territorio hay una grieta profunda, tanto o más que la puramente política, porque se construye sobre el límite de la vida y la muerte.
Macri había recibido y felicitado calurosamente a Chocobar, de la policía local de Avellaneda, quien acudió a la cita junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Fue al día siguiente que un juez lo procesara y embargara en 400.000 pesos, acusándolo de "exceso de legítima defensa".
Esa actitud del Presidente provocó el efecto buscado: una encendida polémica pública acerca de la confusión intencionada entre víctimas y victimarios, sobre la aplicación de la ley y la doctrina de mano dura, sobre el gatillo fácil y el garantismo extremo que se vuelve condescendencia cómplice con los delincuentes. La discusión permanece y se extiende, mientras la Justicia sigue su propio calendario.
La Cámara del Crimen porteña tiene plazo hasta el martes para decidir si confirma o no el procesamiento a Chocobar, quien disparó y mató a Pablo Kukoc, de 18 años, quien huía luego de que junto a un cómplice diera 10 puñaladas al turista norteamericano Joe Wolek para robarle.
El fiscal general Ricardo Sáenz y el abogado defensor Rubén Melazo pidieron el sobreseimiento de Chocobar, rechazando los argumentos del juez Enrique Velázquez.
La sala de la Cámara que discute el caso está integrada por Mariano González Palazzo, Julio Marcelo Lucini y Rodolfo Pociello Argerich. En los tribunales aseguran que si hubiese que guiarse por la postura política de los camaristas, por su cercanía o distancia con el Gobierno, hoy habría un voto a favor de Chocobar, otro en contra y un tercero que debería desequilibrar entre esas posiciones.
Si se confirman el procesamiento, el caso Chocobar llegará en tiempo récord a juicio oral. Fuentes judiciales estiman que quizás la Cámara tome un camino intermedio, sin avanzar ahora en una definición y ordenando nuevas medidas de prueba, entre ellas la reconstrucción del hecho.
Entre tanto, la polémica política se alimentó desde el comienzo con la postura de la ministra Bullrich, que habló de un "cambio de doctrina". Propuso modificar la idea de que las fuerzas de seguridad sean consideradas "culpables a la hora de un enfrentamiento" con delincuentes. Sostuvo, en perfecta línea con el pensamiento de Macri, que eso paraliza a las fuerzas y desprotege a los ciudadanos. Y reclamó cambios en el Código Penal.
Desde el kirchnerismo, aludido en las críticas de Bullrich, replicaron algunas voces aisladas, nunca las de sus principales dirigentes. Por ese sector la respuesta más fuerte llegó en un comunicado del CELS, el organismo que lidera Horacio Verbitsky. Alertó sobre la "falsa alternativa entre garantismo y ejecuciones policiales" y afirmó que el Gobierno despliega un "ejercicio de demagogia punitiva", apoyado en la intensa demanda social contra la inseguridad.
El senador Pino Solanas denunció a Macri y a Bullrich por apología del delito, por haber "justificado el accionar de un imputado penalmente" al respaldar a Chocobar Maria del Carmen Verdú, referente de Correpi, entidad reconocida por su denuncia de la violencia policial, y reciente candidata en el Frente de Izquierda, dijo que el caso Chocobar "instaló la pena de muerte en Argentina".
La dirigencia peronista, en cambio, mayoritariamente mantuvo silencio público. Conociendo la matriz ideológica y la praxis del justicialismo en el poder, pudo entenderse como una aprobación tácita al Gobierno por respaldar a las fuerzas de seguridad.
Un referente peronista, que colocó a la seguridad como un eje central de su acción política, dijo que el Gobierno había hecho lo correcto al apoyar a las fuerzas policiales, pero que fue desafortunada la "sobreactuación de Macri" recibiendo a Chocobar. Lo resumió así; "buena idea, con un mal ejemplo".
El fiscal Sáenz, que pidió el sobreseimiento de Chocobar, opinó que el conflicto central es "exigirle al policía que reprima el delito y proteja a los ciudadanos, pero después juzgamos muy severamente su conducta".
Señaló que este es un caso especialmente complejo donde se evalúa si el policía "debió aguantar la agresión sin sacar el arma, y si la sacó y disparó tenía que estar muy seguro de dónde le pegaba al delincuente, porque sino juzgamos como delito la forma en que manejó una situación donde su propia vida estaba en riesgo".
Desde una postura independiente Mario Coriolano, ex funcionario de Naciones Unidas y actual defensor ante el tribunal de Casación bonaerense, sostuvo que la crisis de inseguridad requiere de una reingeniería institucional y de una definición precisa sobre la policía y su control civil.
Coriolano ya expuso ante los ministros Bullrich y Germán Garavano, de Justicia, experiencias en control civil de las fuerzas de seguridad desarrolladas en Canadá. También sostuvo que una reforma del Código Penal "no es una solución para disminuir el delito, ni los casos de gatillo fácil y torturas". Y propuso "dejar de lado la mirada policíaco-céntrica", indicando que "seguridad es prevención, a diferencia de las políticas públicas que actúan con posterioridad a la comisión de un delito".
Estas discusiones también se extienden al interior del Gobierno. Macri propicia el intercambio de opiniones entre sus ministros: Pero esas libertades en este caso se usan con mucha prudencia, porque es evidente el respaldo del Presidente a la postura de Patricia Bullrich.
Si alguien no lo había advertido, el reportaje de Marcos Peña en Página 12 terminó de despejar dudas. El jefe de Gabinete sostuvo, entre muchos otros conceptos, que el Estado democrático debía poner el acento en "la protección de derechos y de la vida de la gente".
Sin embargo el ministro Garavano introdujo una línea de discusión en el tema. Recordó, contra el puro impulso de Bullrich, que ya hay una comisión trabajando en la reforma integral del Código Penal.
Explicó que el Gobierno trata de "equilibrar una doctrina anterior donde los policías y los agentes de seguridad siempre eran culpables". Pero fue a fondo al indicar que "esto no es una carta libre para cometer abusos o excesos".
Graciela Fernández Meijide, autoridad mayor en derechos humanos, que no oculta simpatía política por el Gobierno, tomó distancia. Declaró que "no puede ser mano dura en lugar de justicia, y mucho menos en un país donde la pena de muerte está prohibida".
De la pena de muerte había hablado con su desaprensión habitual Jaime Durán Barba. Sostuvo que "la inmensa mayoría de la gente" respalda esa medida extrema, que repugna la condición humana.
El consultor estrella del Presidente más de una vez anticipó o reveló el pensamiento profundo de Macri. Sería bueno saber si este es uno de esos casos.
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