Silvia Martínez
El 97% de la población urbana en la Unión Europea está expuesta a niveles de contaminación del aire que superan los recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Lo que significa que el aire que respiramos cada día la inmensa mayoría de los europeos es de mala calidad. Un "asesino invisible", alimentado por el tráfico, las emisiones de la industria, la calefacción o la agricultura, y que provoca más de 300.000 muertes prematuras al año en Europa (25.000 de ellas solo en España, según la oenegé Ecologistas en acción), una larga lista de enfermedades como asma, bronquitis, cáncer de pulmón o problemas cardiovasculares, y que sigue siendo, según denuncia de forma recurrente la Agencia Europea del Medio ambiente (EEA en sus siglas en inglés), "la mayor amenaza medioambiental para la salud".
De ahí que la Comisión Europea, que ostenta la iniciativa legislativa en la UE, pusiera en marcha la maquinaria europea para revisar las dos directivas europeas sobre calidad del aire. "En el Pacto Verde, nos comprometimos a revisar los estándares y alinearlos más estrechamente con las recomendaciones de la OMS. También nos comprometimos a fortalecer las disposiciones sobre monitoreo, diseño y planes de calidad del aire para ayudar a las autoridades locales a lograr un aire más limpio. Y esto es exactamente lo que hemos hecho", resume el comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, sobre un plan que afronta estos próximos meses su recta final con las negociaciones entre los dos colegisladores: Parlamento Europeo y Consejo.
La Eurocámara adoptó a mediados de septiembre, con el voto en contra de populares, ultraconservadores y extrema derecha, su postura negociadora. Los gobiernos de la UE, en cambio, continúan negociando un mandato y de momento no hay fecha para que lleven la discusión al Comité de Representantes Permanentes (Coreper), que prepara las reuniones de ministros aunque la propuesta figura provisionalmente en el orden del día del Consejo de Medio Ambiente del 18 de diciembre y la intención de la presidencia española de la UE es cerrar un acuerdo político bajo su semestre, de forma que puedan lanzarse las negociaciones en trílogo y cerrarse antes de las elecciones europeas de mayo de 2024.
Una piedra en el camino
"Todo el mundo está a favor de la calidad del aire y de un aire más limpio, pero cuando hablas de cómo conseguirlo y lo que hay que hacer es cuando se complica la cosa", reconoce Javi López, ponente y negociador de la Eurocámara para la revisión de esta normativa. El ejemplo más reciente de lo difícil que es conjugar la ambición que reclaman unos y las medidas realistas que defienden otros lo tenemos en la norma Euro 7, la última actualización de las reglas sobre emisiones contaminantes de vehículos y el principal causante de la contaminación del aire. Aunque todavía se tiene que negociar con el Parlamento Europeo, los gobiernos han optado por rebajar su ambición.
La presidencia española de la UE aspira a cerrar un acuerdo este semestre y que la nueva ley sea realidad antes de las elecciones europeas
Pese a este revés, este veterano eurodiputado, considera que disponer de un marco común europeo en materia de calidad del aire solo ofrece ventajas y ayudará "a no convertir en una batalla campal la adopción de medidas para mejorar la calidad del aire como hemos vivido en España", con las polémicas entorno a las zonas de bajas emisiones y Madrid central. Un asunto altamente "divisivo" a nivel nacional y europeo como corrobora la avalancha de críticas del ala conservadora que ven en las nuevas reglas un "castigo" imposible de aplicar, que pone el acento demasiado en las sanciones y no tanto en los incentivos.
"Desde el Partido Popular estamos comprometidos con una política medioambiental que compatibilice la lucha contra el cambio climático con el crecimiento económico y el mantenimiento de la competitividad de nuestra industria. La propuesta de la que estamos hablando impone una reducción de emisiones en un plazo muy corto de tiempo, lo que hace que sea técnicamente inviable. Por eso no la apoyamos, en línea con lo que votó nuestro grupo parlamentario a nivel europeo. Apostamos por una política medioambiental eficaz, realista y basada en evidencias científicas", responde la delegación del PP español, en nombre de todos sus eurodiputados.
Coincide el ultraconservador checo Alexandr Vondra del grupo ECR, ponente y futuro negociador de las normas Euro 7 por parte de la Eurocámara. "Soy consciente de las implicaciones para la salud pública. Pero hay que partir de las posibilidades reales. Me atrevo a decir que aunque siguiéramos el camino más estricto posible, todavía no sería suficiente para la izquierda", critica incidiendo en que la normativa "no conducirá a una mejora de la calidad del aire, sino sólo a presionar para imponer restricciones generalizadas a la libre actividad económica y a un aumento del número de demandas contra los Estados miembros".
Los cuatro ejes del plan
La propuesta de Bruselas pivota sobre cuatro ejes: instaurar estándares alineados con los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una mejor red de estaciones de monitoreo, información más armonizada y clara sobre los efectos de respirar aire tóxico y, por último, fortalecer la gobernanza con un nuevo derecho que garantice a los ciudadanos la posibilidad de solicitar compensaciones a las autoridades públicas por daños a la salud –también a través de acciones colectivas– provocados por la mala calidad del aire. Todo ello de forma gradual para dar tiempo a autoridades e industria a prepararse y reducir en más de un 75% en 10 años el número de muertes prematuras atribuibles al principal contaminante atmosférico, las partículas finas.
La idea es reducir los estándares europeos permitidos de los 25 μg/m3 actuales hasta los 10μg/m3 en 2030, el doble de los 5μg/m3 recomendados en 2021 por la OMS. Un problema que afecta también a la población infantil. Un reciente estudio de la EEA apunta que la contaminación mata a más de 1.200 menores de 18 años en la UE cada año. "Hasta que se reduzca la contaminación atmosférica en general hasta un nivel seguro, la mejora de la calidad del aire en entornos como escuelas y guarderías y durante actividades como la práctica de deportes y los desplazamientos escolares, puede ayudar a reducir la exposición de los niños", recomiendan.
Para controlar el aire que respiramos, la UE cuenta con más de 4.000 estaciones de seguimiento que notifican diariamente las concentraciones de dióxido de nitrógeno, ozono y partículas finas, mucho más elevadas en los países del este y centro de Europa e Italia. El Parlamento Europeo quiere muchas más, 1 por cada 2 millones de habitantes en zonas urbanas -frente a 1 por cada 10 millones que propone Bruselas- y 1 por cada millón de personas -1 por cada 5 propone Bruselas- en lugares donde es probable que se produzcan altas concentraciones de partículas ultrafinas (UFP), carbono negro, mercurio y amoníaco (NH3). También reclama hojas de ruta nacionales con medidas a corto y largo plazo y más monitoreo cerca de hospitales y escuelas, aunque retrasa a 2035, cinco años más tarde que lo que proponía Bruselas, los límites más estrictos para partículas (PM2,5, PM10), dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de azufre (SO2) y ozono (O3), cuyos niveles superan también los estándares de la OMS.
¿Dónde estarán los puntos de fricción en la negociación final? El responsable de encontrar el equilibrio en nombre de los eurodiputados no tiene dudas: "En los estándares, las sanciones y el acceso a reparación y compensación de forma que los ciudadanos puedan reclamar a las instituciones públicas indemnizaciones por efectos que tengan que ver con la calidad del aire. La Comisión Europea y el Parlamento Europeo lo apoyan pero en el Consejo, que todavía no tiene mandato, no va a salir seguro", augura Javi López.
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