WASHINGTON, Estados Unidos.- El Tribunal Supremo de Estados Unidos empezó a escuchar los argumentos de un acusado en el asalto del Congreso del 6 de enero de 2021, que también podría afectar a uno de los juicios que asedian al ex presidente Donald Trump.
Joseph Fischer, un ex policía de Pensilvania, es uno de los más de 300 individuos acusados por el Gobierno por la obstrucción de un procedimiento oficial, junto con otros delitos, cuando una turba irrumpió en el Capitolio para interrumpir el proceso de formalización de la victoria electoral del presidente demócrata, Joe Biden.
El fiscal especial Jack Smith acusa a Trump de cuatro delitos federales vinculados al intento de alterar los resultados de las elecciones de 2020.
El candidato republicano está acusado de conspiración para defraudar a Estados Unidos, para obstruir un procedimiento oficial y para negar a los estadounidenses el derecho a votar y a que sus votos sean contados.
También se lo acusa de obstruir un procedimiento oficial: la sesión del Congreso del 6 de enero de 2021 celebrada para certificar la victoria de Biden.
El Departamento de Justicia, que alega que la presencia no autorizada de Fischer dentro del edificio del capitolio, impidió la certificación del resultado electoral, ha obtenido condenas o admisiones de culpa para más de 150 participantes de la asonada.
Fischer dice que la interpretación que el Gobierno hace de la ley es demasiado amplia y sin precedentes, y sostiene que la cláusula sobre la obstrucción de un trámite oficial debe aplicarse sólo a la destrucción o adulteración de pruebas en casos de delitos financieros a los que se refería originalmente la ley.
Conocida como Ley Sarbanes-Oxley y promulgada en 2002, fue la respuesta al escándalo de la empresa de energía Enron cuyos ejecutivos fueron acusados de fraude.
Hasta ahora, 14 de los 15 jueces federales en el Distrito de Columbia en casos que involucran a participantes del asalto, acusados por obstrucción de un trámite oficial, han permitido la aplicación de esa legislación.
La Fiscalía indicó que antes del ataque al Capitolio, Fischer había enviado mensajes en los cuales dijo a sus conocidos que los miembros del Congreso "no pueden votar si no respiran", y que quizá necesitaría que su jefe de policía "pagara la fianza porque puede haber violencia".
Asimismo, la Fiscalía sostiene que Fischer incitó a otros asaltantes para que "cargaran y sostuvieran la línea", y que fue parte de la muchedumbre que empujó a la Policía del Capitolio.
Fischer alega que él llegó al Capitolio después de que la sesión conjunta del Congreso, que debía certificar el escrutinio electoral, había ido en receso, y que estuvo adentro del edificio sólo por unos minutos.
El magistrado conservador Neil Gorsuch expresó su preocupación por la posible aplicación de la ley. "¿Se aplicaría a una sentada que interrumpe un juicio o el acceso a un tribunal?", preguntó. "¿Se aplicaría a una persona que grite durante esta audiencia?". "¿Están esos delitos federales sujetos a 20 años de prisión?", se preguntó.
La consejera jurídica de la administración del presidente Biden, Elizabeth Prelogar, dijo que los ejemplos no eran comparables con lo que sucedió el 6 de enero. "Es diferente a si hubieran irrumpido en esta sala, excedido con la policía de la Corte Suprema y obligado a los jueces a huir", dijo Prelogar. Fischer, dijo, "tenía la intención específica de impedir que el Congreso certificara la votación".
Prelogar también señaló que, de las 1.350 personas involucradas en el asalto al Capitolio, sólo unas 350 fueron acusadas de obstrucción.