Cada vez son más preocupantes las amenazas contra del Poder Judicial en México. Por una parte, reflejo de la descomposición del entorno político nacional, marcado por la polarización partidista, alentada desde el propio Ejecutivo, llevando al extremo todo tipo de situaciones. Por otra, de una tendencia al socavamiento de la división de poderes; en concreto, de la autonomía de la Suprema Corte de Justicia, pero en general, de la administración de justicia y del Estado democrático de derecho.
Máxime porque se dan, en paralelo, diversos hechos atentatorios contra esa independencia institucional, clave para la democracia, y con demasiados antecedentes en el mismo sentido en los últimos años, perfilando una clara inclinación de despojarlo, de hecho y con contrarreformas legales, de sus facultades y capacidades.
Además de ataques discursivos constantes, medidas que rayan en la ilegalidad con fines de control o captura, e iniciativas legislativas que chocan directamente con el principio de autonomía y contra garantías ciudadanas fundamentales. Tan elementales como el derecho de amparo, con un proyecto en el Congreso para limitar drásticamente sus alcances, y cuando al mismo tiempo se presenta otro para dar al Poder Ejecutivo potestad ampliada de otorgar amnistías.
Peor aún, ahora se han revelado presuntas prácticas de corrupción y prevaricación muy graves, actos en contubernio de funcionarios gubernamentales y un ex Ministro que hoy es parte central en la campaña de la candidatura oficialista, tanto para supuestos fines políticos como de simple extorsión. Si esto no es inquietante para nuestra democracia y Estado de derecho, ¿qué puede serlo?
Se ha señalado que el expediente que llegó al Consejo de la Judicatura contra el ex Ministro en retiro, ex Presidente de la Suprema Corte, no tiene posibilidad de derivar en responsabilidades, dado que la denuncia fue filtrada a los medios, lo que violenta el debido proceso, y porque sería una maniobra electoral. Como sea, se exponen presuntos actos de enorme gravedad, y casi un sistema, que al menos resultan verosímiles o factibles, por antecedentes que son del conocimiento público.
La denuncia anónima describe un presunto esquema, llevado en contubernio con un ex responsable del área jurídica del Poder Ejecutivo, para presionar, intimidar, extorsionar y acosar a jueces y magistrados para obtener resoluciones favorables a políticas y acciones gubernamentales, así como para alterar litigios para la obtención de beneficios económicos o políticos de involucrados.
La denuncia sostiene que con ese presunto modus operandi y de relación de subordinación y complicidad se buscaba, entre otras cosas, acelerar o impedir demoras a "proyectos estratégicos", como el Tren Maya, la cancelación del Aeropuerto de Texcoco y la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), para lo que se exigía que no se concedieran amparos o suspensiones.
Por ejemplo, se señala que jueces que conocieron de las impugnaciones a las reformas a las leyes de la Industria Eléctrica y de Hidrocarburos fueron presuntamente presionados para actuar en un sentido, incluyendo la amenaza de abrirles procesos penales y administrativos, así como investigaciones a sus finanzas. Un juez habría sido citado para coaccionarlo a fin de que dejara de conceder suspensiones para las obras del Tren Maya.
Para complicar la situación, en respuesta a la denuncia, anónima, pero que, , por ley o como asunto de patente interés público, el Poder Judicial debería revisar, desde el partido en el poder se amenaza con un juicio político a la actual Presidenta de la Corte. Incluso se habla de denunciarla penalmente.
La gravedad del caso es aún más evidente por la posición del principal señalado, el cual antes buscó reelegirse en la presidencia de la Corte con apoyo gubernamental, y luego, en una acción que podría igualmente ser contraria a disposiciones constitucionales, dejó su cargo de Ministro para sumarse a la candidatura oficialista, abriendo, de paso, una oportunidad para que el partido en el poder colocara a otra Ministra de su militancia.
Increíble que, con estos precedentes, desde el poder político se acuse a la Presidenta de la Corte de "politizar" o al Poder Judicial, en general, de corrupción o nepotismo, máxime, en esto último, con casos como el de otra ministra con lazos familiares de primer grado con un contratista que trabajó por años con funcionarios en el actual Gobierno, y además, señalada por presuntos plagios en sus tesis.
Más aún, con el señalado encabezando un proyecto de reforma que entre sus aspectos clave tiene el cambiar radicalmente al sistema judicial, para que los ministros sean elegidos en votaciones, como si fuesen políticos. Otra evidencia, hace poco, desde el Ejecutivo se reveló públicamente que había una colaboración al más alto nivel con el mismo personaje, cuando era Presidente de la Corte, para facilitar las prioridades gubernamentales.
Por si no fuese suficiente, se habla de interponer una denuncia, igualmente con implicaciones penales, contra la candidata de la oposición.
Difícil no traer a la memoria lo que ha pasado en países como Venezuela o Nicaragua para erosionar o dinamitar la división de poderes y el Estado de derecho, para transitar a una máxima centralización del poder y discrecionalidad, sin contrapesos ni garantías efectivas para la vigencia de los derechos de los ciudadanos.
Esta situación pone en claro el dilema que tenemos, todos los ciudadanos, de cara a las elecciones del 2 de junio: el futuro de nuestra democracia y del Estado de derecho en México.
Separación de poderes, con los actos de autoridad regidos por la legalidad, o concentración en un poder, sin contrapesos y con manga ancha para la discrecionalidad. Por un lado, la ley es la ley; por otro, la ley es lo que decida quien gobierne.