CÓRDOBA. El líder del peronismo cordobés y gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, aún no esbozó reacción alguna a poco menos de un mes de la elevación a juicio del ministro de Cooperativas y Mutuales provincial, Martín Gill. El funcionario fue imputado por presunta violencia de género contra una ex pareja por la fiscal Juliana Companys.
EXTRAÑO
Martín Llaryora demora y contiene una detonación en su gabinete
El gobernador de Córdoba mantiene a un ministro enjuiciado por violencia de género. La diferencia con otros casos.
Cabe recordar que Martín Gill fue intendente de Villa María y secretario de Obras Públicas de la Nación en la administración de Alberto Fernández, entre otros cargos. Su relación dual entre el kirchnerismo y el peronismo de Córdoba (enfrentados) lo marcó como un actor particular.
Al respecto, los legisladores de la oposición Alejandra Ferrero y Gregorio Hernández Máqueda presentaron al menos dos proyectos para sancionar al funcionario, que está seriamente comprometido en la causa en su contra. En la Legislatura se propuso sancionar a Gill con la renuncia a su cargo, y otra medida más severa como la de un posible juicio político.
En ningún caso, las propuestas fueron acompañadas por el oficialismo. E insólitamente tampoco por parte del bloque opositor.
Tanto Hernández Máqueda como Ferrero cuestionaron el accionar del gobernador al sostener en el cargo al ex intendente.
Martín Llaryora hace diferencias con Gill
Según los legisladores opositores, el protocolo del oficialismo ante casos de violencia de género por parte de funcionarios no fue aplicado contra Gill. Algo que lo desmarcó de otros casos muy similares como el ex ministro de Seguridad Alfonso Mosquera y los ex funcionarios provinciales Diego Concha, Juan Ledesma y Franco Bonino, todos con causas e imputaciones similares.
Incluso dentro de la Municipalidad de Córdoba, lugar que hasta hace poco fue comandado por Llaryora y ahora en manos de su sucesor y socio político Daniel Passerini, hubo funcionarios apartados (Gabriel Bermúdez) por cuestiones de género. Lo cual resalta la particularidad del caso Gill.
A esos antecedentes inmediatos se suma la fuerte política de género que Llaryora impulsó en su paso por la intendencia, y dentro de su campaña provincial. Para el gobernador, la promoción de medidas igualitarias fue uno de los ejes centrales de su comunicación reciente.
Por último, tampoco pasa desapercibida la postura de la senadora Alejandra Vigo, quién aún no se refirió al tema. La referente del oficialismo cordobés lidera los cuadros feministas dentro del entorno provincial, a punto tal de exigir cupos femeninos para la integración de la nueva Corte Suprema.