Más de 500.000 inmigrantes ilegales lograrán la regularización de forma extraordinaria. Se trata de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada en el Congreso que ha contado con el apoyo de todos los partidos, salvo Vox. El texto de esta propuesta inicia su trámite parlamentario, que podrá ser modificado a través de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios.
El PP, que en un principio no se había posicionado sobre esta cuestión, ha votado finalmente a favor de la regularización. «Hay un debate que tenemos que dar y debemos zanjar con los inmigrantes que viven y trabajan en España, pero que no han obtenido de momento beneficios, papeles. Pueden estar tranquilos que el PP es sensible con ellos y buscaremos soluciones para una inclusión social correcta y legal. Somos partidarios de que se venga a España de forma regular y que los inmigrantes se incorporen a la sociedad española», ha afirmado el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, este martes en una entrevista concedida a la Cadena Cope.
«Desde ese punto de vista, el PP se abre a debatir la regularización de los inmigrantes integrados en nuestro país, y solicita en la misma tramitación endurecer la legislación para expulsar a los inmigrantes que delincan y pretenden romper nuestra sociedad. Aquellos inmigrantes que vengan a trabajar e integrarse deben ser acogidos. Aquéllos que vengan de manos de las mafias o a delinquir, tienen que irse inmediatamente», ha afirmado la diputada popular Sofía Acedo.
La diputada de Vox Rocío de Meer ha intervenido para defender el rechazo de su formación a la regularización de más de medio millón de inmigrantes ilegales. Considera que esta medida puede fomentar un efecto llamada. «Queremos que España siga siendo España y no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común», ha señalado desde la tribuna de oradores.
Esta iniciativa ha llegado a la Cámara Baja a través de la campaña Esenciales, organizada por 800 ONG que reclamaban una regularización extraordinaria de aquellos extranjeros en situación administrativa irregular que estuvieran residiendo en España antes del 1 de noviembre de 2021. Lograron recabar para su objetivo más de 700.000 firmas que respaldan la iniciativa.
La propuesta contaba desde el inicio con el apoyo de Sumar, ERC, Bildu, PNV y BNG, mientras que PP y Vox, se manifestaron en contra. El PSOE, por su parte, insistía durante los debates parlamentarios en que la legislación europea no permite este tipo de procesos. La Iniciativa se registró en la pasada legislatura en el Congreso y como estas iniciativas no decaen aunque se disuelvan las cámaras, se ha retomado su tramitación.
«Justicia social»
La diputada del PSOE Elisa Garrido ha expresado el apoyo de su formación a esta Iniciativa Legislativa Popular por el «respeto» que merece «este procedimiento constitucional». «Es necesario seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de migración», ha esgrimido en su intervención.
La parlamentaria de Sumar Gala Pin ha defendido la regularización de más de 500.000 inmigrantes irregulares «por justicia social, porque ninguna persona es ilegal». «La iniciativa que vamos a aprobar es un mandato y el Gobierno tiene que llevarlo a cabo. Por eso, esperamos que mañana a más tardar se cree un grupo con los diferentes ministerios implicados y que tienen competencias, para poder llevar a cabo esta iniciativa y el cumplimiento de este mandato», ha indicado.
El PNV ha votado a favor, pero puntualizando que debe «reorientarse» esta propuesta a una regularización extraordinaria «caso a caso» por motivos «humanitarios, como reagrupaciones familiares o vinculada a razones económicas y demográficas» en combinación con los derechos de los inmigrantes. Así lo ha esgrimido el diputado Mikel Legarda.
El parlamentario de Bildu Jon Iñarritu ha asegurado que es un día de «alegría contenida» porque «existe el riesgo de que esta iniciativa sea hoy aprobada, pero quede en un congelador durante toda la legislatura». «Se deben dar cuanto antes papeles para todos y todas», ha incidido.
Josep María Cervera, de Junts, ha asegurado que votan a favor «por respeto» a las entidades promotoras y por las personas firmantes. «Y lo haremos porque hablamos de personas y hablamos de derechos humanos. Lo haremos porque hay que buscar vías de solución de la situación actual», ha apostillado.
ERC ha pedido que se tome «seriamente» esta iniciativa porque «se está jugando con la vida» de más de 500.000 inmigrantes. «Una regulación de los inmigrantes en situación irregular es una cuestión de justicia, humanidad y también de pragmatismo», ha esgrimido Jordi Salvador.
Regularizaciones anteriores
En España se han llevado a cabo con anteriores hasta seis regularizaciones de inmigrantes ilegales. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista de Felipe González, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.
En 1996, con el PP de José María Aznar, mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 se hizo bajo el nombre de «regularización por arraigo», otorgando papeles a 239.174 inmigrantes de los más de 350.000 que lo solicitaron.
El último proceso de regularización extraordinaria lo llevó a cabo el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, en 2005, y en él obtuvieron la documentación más de medio millón de inmigrantes.