Hay un clamor social por la paz, por la seguridad al caminar por las calles, por la tranquilidad de no sentir miedo cuando se nos acerca un desconocido; necesitamos recuperar la confianza en nuestro entorno público. Lograrlo es una condición de felicidad personal y colectiva.
La candidata presidencial que genere mayor confianza en que tiene respuestas para someter a la delincuencia, tendrá ventajas electorales por ese solo tema. El lema de Xóchitl Gálvez que alude a un México sin miedo es atinado, pero los 15 puntos de su plan de seguridad que presentó el lunes pasado, no lo son. Todo se reduce a "Actuar con toda la fuerza y la capacidad del Estado: Ninguna cortesía al crimen organizado".
La paz es una condición social compleja, que abarca aspectos de la vida personal, familiar, social, económica, política y hasta internacional. Las causas por las que se pierde la paz en la convivencia pública son igualmente complejas, y hay que conocerlas y atacarlas con eficacia.
La estrategia de Gálvez es una copia de la no estrategia de Calderón, que le declaró la guerra al narcotráfico como quería el gobierno de Washington, y lo hizo sin conocer las causas ni los alcances del crimen organizado y sin antes haber calculado medios, previsto acciones y fines de la movilización militar.
Xóchitl retiraría a los soldados y marinos "de las tareas civiles" para asignarles otras tareas contra el crimen organizado que no especifica, y crearía o formaría "nuevas policías con poder para vencer al crimen".
Lo fundamental de la estrategia es acrecentar la fuerza policíaca del Estado, convocando para ello a los tres órdenes de gobierno, al Congreso federal y a la sociedad para reprimir el fenómeno delincuencial, pero ni una idea sobre su alcance ni sus causas. Se necesita hacerlo, pero de ninguna manera es lo fundamental.
Otros puntos del plan de Gálvez hablan de construir prisiones con alta tecnología y de fortalecer al Poder Judicial con mayor número de jueces, sin decir una palabra sobre la impostergable reforma para reducir la corrupción del sistema; también al ministerio público se le aumentaría el número de fiscales locales y federales.
El crimen organizado tiene tres fuentes principales de poder, y atacarlas debería ser el eje de una estrategia en serio: primera, que es una muy poderosa corporación transnacional, lo que obliga a una cooperación internacional; segunda, que deja multimillonarias ganancias al sistema financiero formal, como el de Wall Street, y tercero, que los gobiernos solo pueden tratar de controlarlo atendiendo a sus causas locales, principalmente la desigualdad social, la corrupción policíaca y la complicidad con autoridades e instituciones, que por lo visto hasta ahora, ocurre mayormente entre gobernadores y jueces.
El plan de Gálvez, como el de Calderón, apuesta a reprimir un fenómeno sin atacar sus muy complejos orígenes; la desigualdad, por ejemplo, causa destacada en múltiples diagnósticos serios del problema. A Xóchitl no le está permitido aludir a la desigualdad como causa incidental en los mayores problemas del país, la inseguridad incluida, porque quienes la lanzaron a esta contienda electoral son los beneficiarios de la desigualdad, acelerada a partir de la crisis de 2008.
Es insostenible que el 5% de los hogares mexicanos hayan acaparado el 60.8% de la riqueza en 2020; la paz exige igualdad y reciprocidad en las relaciones e interacciones sociales.
También es cierto que el Estado debe tener fuerzas armadas con capacidad para hacer valer su derecho exclusivo a usar la fuerza; pero la consecución de la paz no se logrará con medidas represivas solamente.
Hay que atemperar la desigualdad, aunque tome varios años medir sus efectos benéficos. El gobierno de López Obrador elevó el gasto público destinado a los programas sociales un 30% y los salarios mínimos en 110 por ciento real, pero sigue habiendo 46.8 millones (36.6% de la población) de mexicanos que aún viven la pobreza, mientras que según Oxfam, 14 familias –de 35 millones que hay en el país– poseen el 8% de la riqueza total de México.
No puede haber paz en una sociedad gobernada bajo el dominio y sometimiento –ese sí antidemocrático– para reproducir condiciones de desigualdad.