En septiembre de 2023, Odra le mostró al tribunal su mano izquierda en forma de garra, una de las consecuencias que sufrió por haber sobrevivido a un intento de femicidio en Neuquén. En el juicio declararon la psicóloga y el trabajador social que la asistían en el Centro de Fortalecimiento Familiar. Contaron que la mujer recibía un aporte de 70.000 pesos, destinado a pagar una parte del alquiler para ella y sus hijos. Esa ayuda, que en el contexto inflacionario actual quedó desfasada, el gobierno de la provincia no la paga más desde noviembre.
El malestar alrededor del funcionamiento de la subsecretaría de Familia, a cargo de Ricardo Riva, que depende directamente del ministro de Gobierno Jorge Tobares no ha parado de crecer desde el inicio de la gestión de Rolando Figueroa.
«Desde 2013 hasta ahora ha sido un desmantelamiento sostenido porque en su momento había una trabajadora social por barrio o dos. Cada vez somos menos«, explicó Laura Leiva del centro comunitario del este. El lugar está ubicado en una casa céntrica, en Independencia 558. Ahí también se encuentra el centro de fortalecimiento Confluencia, casi a tres kilómetros del barrio, un despropósito para la población a la que estratégicamente pretende alcanzar. «Estamos muy lejos, hacemos acuerdos con las comisiones vecinales o con el municipio y atendemos ahí. Con el precio del pasaje ni hablemos, queda sumamente inaccesible», afirmó.
Las trabajadoras de los centros comunitarios y de fortalecimiento son las que reciben, por ejemplo, la demanda de las defensoras de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, cuando los chicos y las chicas atraviesan situaciones de abuso, violencia o negligencia en los cuidados. Eran parte del exministerio de Desarrollo Social y tenían a su cargo un repertorio de programas sociales.
Adriana Santiago, del centro Hue-Quiñe, sostuvo que el proceso de transición Gutiérrez-Figueroa afectó a la población más vulnerable. «Lo que estamos denunciando es la falta de pago de aportes económicos para las familias que están en una situación económica vulnerable. Esos aportes son ínfimos, no cubren para nada lo que las familias necesitan. Lo máximo es de 70.000 pesos», aseguró.
Entre las asistencias que naufragaron está la destinada a las víctimas de violencia de género. Las mujeres de por sí ya están en un pie desigualdad. La provincia tiene una de las brechas salariales más pronunciadas del país: 33,1% respecto de los varones.
«Si bien nosotras no resolvemos la situación de pobreza de las familias, algo ayuda. Parece que está aprobado pero todavía no se concretó», señaló Santiago. Dijo que las personas están «cansadas de preguntar y nosotras ya no sabemos qué decirles».
Leiva planteó que es «válido» que el gobierno quiera revisar cómo se administraban los recursos «pero están tan metidos en eso, en regularizar la cuestión administrativa, en ver las cosas que estaban funcionando mal que se olvidan para lo que estamos acá. Somos órganos de aplicación de las leyes. Eso que es lo fundamental para nosotras, no está pasando. Están mirando solamente eso: cuántos trabajadores estaban o no trabajando. Qué lo hagan, pero para lo que nosotros estamos acá no se está dando respuesta».
Estos programas no están relacionados a la megaestafa con planes sociales, que derivaron en un relevamiento en el estadio Ruca Che, entre otros puntos de la provincia. «Todas las personas que están ahí esperando a cobrar han sido evaluadas por un equipo profesional. No ha sido a dedo. Todos tienen una evaluación, un informe social detrás», aclaró Leiva.