Justo tenía que ser ahí. En esos dos distritos, provincia de Buenos Aires y Córdoba, donde se juega el triunfo o el honor del kirchnerismo. Ahí, el oficialismo se alejó de los votantes por decir palabras inoportunas o porque, una vez más, estalló el conflicto de la inseguridad en el fatigado conurbano.
Cuando caía la tarde del lunes, hubo en Ramos Mejía, que integra el partido de La Matanza indómita, una sublevación social por la muerte injusta de un pequeño comerciante. Lo mató un delincuente reincidente y la cómplice tiene apenas 15 años. Faltaban seis días para las elecciones. Ortega y Gasset decía que los problemas irresueltos urden su venganza.
Sucedió la venganza del auge del delito en el cinturón de pobreza que rodea a la capital del país. La inseguridad nunca fue una prioridad en el discurso del kirchnerismo. De eso no habla (ni habló) Alberto Fernández ni Cristina Kirchner ni Máximo Kirchner ni Axel Kicillof. Tampoco fue una prioridad en los hechos. Solo hubo discusiones entre ellos sobre si la política frente al delito debía ser más o menos garantista. Palabras nada más.
El riesgo de avivada y los desafíos del retorno a la presencialidad laboral
La Matanza es un territorio vasto, inmensamente poblado. Tiene más población que muchas provincias medianas y chicas de la Argentina. Desde 2005 la gobierna Fernando Espinoza, ya sea directamente o a través de su delegada Verónica Magario. La diferencia entre Espinoza y Magario es que él es ahora cristinista como antes fue menemista, duhaldista y nestorista.
Magario es, en cambio, una kirchnerista convencida. Espinoza es el último de los viejos barones del conurbano. Empezó como chofer del penúltimo caudillo de La Matanza, Alberto Balestrini, que tenía una formación más sólida y métodos mucho mejores que los de Espinoza. Sabe hacer clientelismo político. De hecho, en los últimos días Espinoza gastó sumas millonarias en conciertos musicales gratuitos, mientras los patrulleros de la policía se quedaban sin nafta.
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