El programa de gestión económico-financiera Nefis, implantado recientemente por la Generalitat valenciana, fue contratado en el año 2019 por el anterior Consell, el del Botànic, por un precio de 16,5 millones de euros. Dos años después, al no haberse implantado el programa, se tuvo que modificar el contrato, con un incremento de 4,2 millones de euros. Esta misma operación se repitió en abril de 2023, poco antes de las elecciones autonómicas. Nefis seguía sin estar implementado, y se renovó el contrato de nuevo, con un aumento del precio de 3,7 millones de euros.
Es decir, que lo que en un principio iba a costar 16,5 millones de euros, acabó suponiendo un desembolso de 24,5 millones, ocho millones más.
Así se apunta en el informe de la Sindicatura de Cuentas del año pasado, y así lo recordó ayer el diputado de Vox, Joaquín Alés, durante la comisión de Economía de Les Corts en la que compareció la consellera de Hacienda, Ruth Merino, a petición del PSPV para explicar los impagos por la entrada en vigor del nuevo sistema económico financiero de la Generalitat, Nefis, y a petición de Compromís para dar explicaciones sobre los retrasos en el pago de nóminas de trabajadores públicos.
Merino negó que que haya «impagos generalizados» en la Generalitat al abonar nóminas y ayudas públicas aunque admitió «retrasos puntuales», que atribuyó a un sistema informático que no tenía en cuenta las sustituciones.
La consellera recordó que este sistema debería de haber estado ya implementado desde hacía años, y señaló a los grupos de la oposición que ellos «habrían tenido los mismos problemas» de haberlo aplicado.
«Esos supuestos impagos no fueron tales, porque nunca existieron, en cualquier caso puede ser alguna incidencia puntual que está solventada desde el mes de enero», explicó la consellera, quien añadió que esos retrasos han sido habituales en los últimos años, como a la hora de pagar por ejemplo a sustitutos.
Insistió en que «en ningún caso se trata de impagos, ni de oleada de impagos ni de impagos generalizados» como afirmó la oposición, sino de cuestiones «puntuales» que ya se han solventado, referidas al pago en enero a 524 sustitutos, y criticó que se genere «una alarma innecesaria».
Por su parte, el diputado socialista José Antonio Díaz, desmintió la cifra proporcionada por la consellera y aseguró que solo en la Conselleria de Justicia se han detectado más de 1.300 incidencias en los pagos, a lo que la consellera respondió que una incidencia no es un impago, sino que puede ser un problema por el cambio en la domiciliación de la cuenta.
Por otra parte, la diputada de Compromís, Aitana Mas, criticó que el periodo medio de pago a los proveedores haya pasado de 20 a 54 días durante el último año, a lo que Merino contestó que el Gobierno del Botànic fue «dopado» durante los últimos tres años de legislatura, ya que recibió fondos extraordinarios procedentes del Estado y de la UE.
«La realidad es que cuando este Gobierno llegó había un agujero de más de 5.500 millones de euros por pagar, razón más que suficiente para explicar la prolongación del periodo de pago a los proveedores», señaló la consellera, y recordó que el pasado martes se tuvo que autorizar el pago de 180 millones de facturas en los cajones del Botànic.
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