Con el ataque de Aníbal Fernández contra Nik quedó expuesto un fenómeno rutinario. Pero también salieron a la luz algunos rasgos novedosos que adquirió el elenco oficial desde su derrota en las primarias. Un equipo dominado por la rivalidad interna, la desconfianza mutua y, por lo tanto, por obsesivos controles de unos sobre otros.
La agresión sobre el humorista revivió la memoria sobre peculiaridades muy conocidas del ministro de Seguridad. No sólo sus ataques de furia. También una llamativa dificultad para distinguir el bien del mal. Fernández publicó información privada del periodista: le recordó que tiene hijas, y le hizo saber que él sabe que concurren a la ORT.
Cuando se desató el escándalo, confesó no entender a qué se debía. Dijo que, para él, el mensaje no era una amenaza. Y explicó que, si Nik necesitaba una disculpa, no tenía problema en ofrecérsela, casi como una ayuda terapéutica. Pero aclaró que no estaba arrepentido. Al contrario, alegó estar en su derecho porque Nik, con su trabajo, agredía al Gobierno.
Hasta el momento en que Aníbal Fernández comenzó a defenderse, Alberto Fernández debía explicar por qué no lo condenó. Ahora que se conocen los argumentos de la autojustificación, debe explicar algo más perturbador: por qué se volvió a confiar la seguridad de los ciudadanos a alguien célebre por su falta de consciencia moral.
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Es el mismo -llamémosle así- servidor público que, siendo intendente de Quilmes, huyó de la Justicia escondido en un baúl, para esconderse en la quinta del generoso y llorado Emilio Ogando. Pedir que el Presidente aclare por qué lo escogió es una ironía. Su única intervención en la designación del ministro de Seguridad fue haberla obedecido.
El desborde emocional de Aníbal Fernández, que lo impulsó a buscar y publicar información sobre la intimidad de una familia, no es el de un funcionario cualquiera. Se trata del titular de un aparato de espionaje, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, que dispone de un presupuesto de gastos reservados de 4300 millones de pesos.
Para calibrar ese monto basta consignar que la AFI administra $3500 millones, y el área de Defensa, $2200 millones. Los fondos asignados a Seguridad son gestionados por las cuatro fuerzas federales. Es parado sobre esa caja que el ministro expuso datos privados de Nik, aclarando que lo hacía en venganza por publicaciones del periodista.
Reuven Shiloah, el fundador del Mosad, solía decir que "lo peor (espiar, reprimir, encerrar) hay que hacerlo con los mejores". En la Argentina es demasiado habitual que lo peor se haga con los peores.
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