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Petróleos Paraguayos (Petropar), cuyo titular es Eddie Jara, "demandó" ante un juzgado civil y comercial de la capital a la empresa AP SA, de Andrea Lafarja Bittar, para poder cobrar los US$ 1,5 millones de la garantía de mantenimiento de oferta de la fallida compra de gasoíl.
El caso está desde diciembre del año pasado en el juzgado civil y comercial segundo turno, a cargo del juez Arnaldo Martínez Rozzano, quien ya el 13 de febrero último admitió la demanda, a través de una resolución, y ordenó la "agregación de los documentos" de la causa.
Sin embargo, Petropar ya no hizo nada para que avance el juicio ordinario, por lo que hasta ahora "no hay impulso procesal", según confirmaron desde el citado juzgado. Ante esta situación, ni siquiera la empresa demandada fue notificada hasta ahora.
Sospechoso silencio en la estatal: ¿quieren obstaculizar juicio?
ABC Color intentó conversar desde el lunes con el titular de Petropar, Eddie Jara, para consultarle por qué no hicieron nada para que el juicio avance, pero el presidente sigue sin responder.
Un equipo de este diario se trasladó el lunes último hasta la planta de Villa Elisa, donde funcionan las oficinas administrativas de la estatal, para que algún funcionario de la dirección jurídica o el presidente pueda brindar alguna explicación ante esta inacción en el juzgado, pero tras una larga espera nadie nos recibió.
La directora de comunicaciones de Petropar, Norma Caballero, solo nos indicó que los directivos estaban de reunión y que no podían recibirnos. Además, se comprometió a brindar respuestas en la jornada de ayer martes, pero hasta el cierre de esta nota no recibimos ningún informe.
Hay serias sospechas de que las altas autoridades del Gobierno estarían dando indicaciones para frenar y obstaculizar este proceso judicial, ya que para la adjudicación de la fallida compra de gasoíl, la empresa pública hizo varias maniobras que llamativamente beneficiaron a la empresa de la corredora de rally.
Proveedora de alfombras no pudo cumplir contrato
Tras la rescisión del contrato para la compra de gasoíl, la empresa de la deportista debía pagar US$ 1,5 millones a Petropar, que es el monto que se comprometió en su garantía de mantenimiento de oferta, que AP SA presentó en formato de declaración jurada. Dicho documento fue utilizado para poder adjudicarse el contrato de más de US$ 50 millones.
Según la resolución de Petropar, del 3 noviembre del año pasado, la rescisión del contrato ocurrió porque la empresa no presentó la póliza de fiel cumplimiento del fallido contrato para la provisión de gasoíl, que era razón suficiente para reclamar la garantía de mantenimiento de oferta, según el precio del llamado por vía de la excepción.
Además de eso, la resolución de Jara resaltó que la firma de la deportista tuvo que admitir mediante una nota que ofertó un precio que no pudo cumplir. En este sentido se destaca en el documento que, a través de la nota de fecha 18 de octubre del año pasado, la empresa de Lafarja comunicó a la estatal, en un descargo, que no iba a poder cumplir con el citado contrato por motivo de "fuerza mayor".
La empresa de Lafarja tenía contratos con la Dinac por montos ínfimos, ya sea para la provisión de alfombras, decoración o reparación de acondicionadores de aire. El patrimonio de AP SA era de solo de US$ 915.021, pero aún así Petropar le adjudicó la compra de diésel por más de US$ 51,5 millones, que finalmente fracasó.
Asimismo, la dirección de la empresa nunca pudo ser encontrada. En el contrato firmado entre Petropar y la empresa AP SA, se fijó como domicilio de la proveedora la dirección Mariscal López Nº 1955, ubicación que se encuentra a pasos de Mburuvicha Roga y según se corroboró en su momento no correspondía a la empresa. Varias otras direcciones que figuraban en el portal de la DNCP tampoco era correspondiente a dicha firma.