En una reciente entrevista Enric Juliana señalaba que sería conveniente, urgentemente conveniente, disponer de espacio político y vocación dialogante para que España debatiera seriamente sobre su modelo de organización político-territorial. Que ese futuro modelo – que muy probablemente exigiría una reforma constitucional –no debería ser el fruto de las tensiones, ni siquiera de las negociaciones, entre los dos partidos mayoritarios españoles (PSOE y PP) y el independentismo catalán. El resto de las organizaciones políticas y de las comunidades autonómicas deberían participar y exponer cuanto antes sus propuestas. Si existió y triunfó la determinación de estudiar, debatir y probar una constitución democrática tres años después de la muerte de Franco, ¿cómo no puede ser factible un acuerdo ahora para su reforma, al cabo de casi medio siglo?
Juliana tiene razón, como la tiene uno de los padres de la Constitución, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, que en los últimos años ha insistido en que la reforma de la organización territorial del Estado español debe atenerse a la evolución de la plurinacionalidad del país. Por supuesto que soy escéptico. Para que fuera viable esa apertura hacia la reforma del título VIII de la Constitución los socialdemócratas y los conservadores deberían consensuarla e impulsarla conjuntamente. Pero las arduas dificultades de este objetivo –alcanzar una organización territorial admisible por casi todos y que permita un par de generaciones de pax constitucional – y sus implicaciones económicas y fiscales no deberían suponer evitar que se expongan las propuestas de todos para que la ciudadanía sepa a qué atenerse. De todos, incluida, por cierto, Coalición Canaria.
Los coalicioneros han pasado de puntillas sobre la crisis catalana, limitándose a repetir de vez en cuando su condición de nacionalismo constitucionalista. Reconocer y reconocerse en la Constitución está muy bien pero cabe recordar que el sistema político español no es una democracia militante, como la de la República Alemana, que proscribe las ideologías y las organizaciones políticas contrarias a los principios constitucionales y que pretendan destruirlos. En el ordenamiento constitucional español, en cambio, rige un indiferentismo ideológico, es decir, se admite cualquier tipo de ideología con el límite del orden público y los códigos legales. ¿Cuál es la propuesta de Coalición Canaria? ¿Quiere que se profundice la federalización del Estado español? ¿Es más partidaria de un modelo confederal? ¿Y cuál es su modelo para financiar las estructuras resultantes de la reforma territorial? ¿Está a favor de la propuesta de Pere Aragonés de un cupo para Cataluña, muy similar, al menos aparentemente, al cupo vasco? ¿Anhelan en materia fiscal algo más que el respeto a la aplicación del REF?
Hasta el momento es imposible saberlo. Es cierto que CC gobierna Canarias con el Partido Popular, pero se trata de cuáles son las convicciones de los nacionalistas canarios. Contra lo que parecen creer muchos de sus dirigentes, la presencia y la influencia de Coalición en Madrid, en el debate nacional, no puede limitarse a las declaraciones de su única diputada en esta legislatura. Si CC quiere parecer una fuerza política mayor de edad en el escenario español debe explicar, en Canarias y en España, cuáles son sus análisis, sus objetivos, sus propósitos negociadores, los horizontes y los límites de sus acuerdos. Tanto en lo que se refiere a la estructura territorial del Estado – el asunto capital de la política española en el próximo lustro – como a la estructura fiscal y tributaria del mismo: sus beneficios, sus costes, sus potencialidades y sus desequilibrios. Todo lo que, en fin, decidirá el triunfo y el fracaso de la comunidad política llamada España en un futuro inmediato, y por ende, el camino que transitará Canarias.
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La Columna