Cuatro meses después de que Nicaragua dejó de ser miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Consejo Permanente discutirá un proyecto de resolución que, entre otras cosas, da por concluido el mandato del Grupo de Trabajo para Nicaragua y crea un "un grupo voluntario" que le asista en sus esfuerzos por prestar especial atención a la situación de este país centroamericano.
El proyecto de resolución denominado "Seguimiento de la situación en Nicaragua" fue incluido en la agenda de la sesión ordinaria del Consejo Permanente del miércoles 3 de abril de 2024, a solicitud de las misiones permanentes de Canadá, Antigua y Barbuda, Argentina, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Perú y Uruguay.
Como primer punto, el Consejo Permanente dará por concluido "el mandato de la resolución CP/RES 1109 (2175/18) que creó el Grupo de Trabajo para Nicaragua", aprobada en agosto del 2018, ante la brutal represión del régimen de Daniel Ortega contra la ciudadanía que participa en protestas masivas.
Ante la disolución del Grupo de Trabajo, el proyecto de resolución propone la creación de "un grupo voluntario, abierto a la participación de todos los Estados Miembros, que asista al Consejo Permanente en sus esfuerzos por prestar especial atención a la situación en Nicaragua, sin que ello genere costos para el presupuesto de la Organización". Agregan que los insumos que eventualmente aporte este grupo serán sometidos a la consideración del Consejo.
Trabajarán "sin un velo de oficialidad"
Un especialista en relaciones internacionales consultado por CONFIDENCIAL, bajo condición de anonimato, explicó que posiblemente el grupo de voluntarios sea integrado por los mismos Estados miembros que conformaron el Grupo de Trabajo para Nicaragua y otros Estados que estén interesados en seguir monitoreando la crisis sociopolítica del país.
"En la práctica quizá no se vea mucha diferencia, pero en cuanto a formalidad sí hay mucha diferencia", advirtió el especialista. "Este grupo estará trabajando voluntariamente y sin ningún velo de oficialidad y cuando consideren que deben informar algo al Consejo Permanente lo harán como grupo voluntario o como Estados Miembros y no como grupo de trabajo constituido para ese fin", puntualizó.
Esta situación "no deja de ser una especie de rebaja del valor de lo que puedan aportar formalmente, pero en la práctica se espera que no haya mucha diferencia", agregó el especialista.
Nicaragua dejó de ser parte de la OEA el 19 de noviembre de 2023, al cumplirse dos años desde que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo denunció la Carta Constitutiva del organismo. La dictadura argumentó supuestas y "constantes actitudes injerencistas" del organismo regional, relacionadas a la aprobación de resoluciones que condenaron sus atropellos contra el pueblo nicaragüense.
¿Por qué disolver el Grupo de Trabajo?
El especialista también observó que el momento en que se anuncia la disolución del Grupo de Trabajo sugiere "que algo debió haberlo suscitado".
"Infelizmente la OEA no deja de ser un organismo intergubernamental que se rige por la voluntad de la mayoría de los Estados Miembros y puede ser que alguno o varios Estados Miembros hubieran cuestionado el hecho de que la OEA continuara manteniendo un Grupo de Trabajo para Nicaragua, siendo que Nicaragua ya no es Estado Miembro", comentó el especialista.
En el proyecto de resolución se menciona el tema presupuestario, pero el especialista considera que este factor no pudo ser determinante, puesto que ese Grupo de Trabajo no incurrió en gastos mayores debido a que, desde su creación, el régimen Ortega-Murillo le negó la entrada a Nicaragua.
"En la resolución de agosto de 2018, por la cual se conformó este Grupo de Trabajo, no hay ningún límite de tiempo ni requerimiento de renovar mandato. No obstante, se constituyó bajo la regla número 12 del Código de Procedimiento del Consejo Permanente, que indica que todos esos grupos serán siempre temporales", subrayó el especialista.
CIDH seguirá documentando la situación
El proyecto de resolución también reitera que la denuncia de la Carta de la OEA no exime a Nicaragua del deber de "cumplir con sus demás compromisos internacionales, especialmente aquellos relacionados con la promoción y protección de los derechos humanos", por lo que afirman que continuarán prestando atención a la crisis, a la ruptura democrática y el deterioro de la situación de derechos humanos en el país.
"Se le solicitará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, en el marco de la resolución AG/RES. 3006 (LIII-O/23), continúe suministrando al Consejo Permanente informes periódicos sobre la situación en Nicaragua con el fin de facilitar, cuando sea necesario, la consideración de todas las acciones adicionales que puedan contribuir al efectivo ejercicio de la democracia representativa, el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos en el país", se lee en el texto.
Además, reiteran su llamado a los Estados Miembros "para que hagan todo lo posible por alentar a las autoridades de Nicaragua a emprender un diálogo al más alto nivel, incluso adoptando acciones, con apego a la Carta de la Organización de los Estados Americanos, para su reincorporación como miembro de la Organización".