Nueva York – El Centro para la Democracia Popular (Center for Popular Democracy / CPD) cuestionó que el Servicio de Rentas Internas (IRS) aún no ofrezca información precisa y clara sobre el resultado de la auditoría a extranjeros beneficiarios de la Ley 22 (Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico) en Puerto Rico más de 3 años después que anunció pesquisas por supuesta evasión fiscal federal.
El año pasado, el CPD e impulsores de la campaña "Not Your Tax Haven" (PR No Se Vende) sometieron una solicitud bajo la "Ley de Libertad de Información" (Freedom of Information Act / FOIA) como parte de los esfuerzos para fiscalizar los decretos bajo la Ley 22 que eximen del pago de impuestos a extranjeros que se relocalicen en la isla bajo promesa de inversión.
A raíz de la solicitud del 28 de marzo de 2023, 13 representantes demócratas encabezados por la boricua de Nueva York, Nydia Velázquez, enviaron una carta el 13 de noviembre al IRS en la que emplazaban a la oficina recaudadora de impuestos a que agilizara la divulgación de información relevante que haya resultado de la auditoría.
No fue hasta la semana pasada, el 28 de marzo, que el IRS contestó tanto a las organizaciones, como a Velázquez y al resto de los legisladores sobre el curso de la pesquisa.
La respuesta no convenció al CPD; más bien fue tomada como un insulto.
"Finalmente, la semana pasada, luego de un retraso de un año, solicitudes de prórroga y modificación por parte del IRS, la agencia envió una carta con la respuesta final que lee, "nosotros buscamos y ubicamos 3,306 páginas en respuesta a su solicitud. De las 3,306 páginas localizadas en respuesta a su solicitud, estamos adjuntando 0 páginas. Estamos aguantando las 3,306 páginas'. El IRS también envió una respuesta a la misiva del Congreso, poco después. Tanto para los miembros de la coalición en Puerto Rico como del Congreso nos insulta la falta de urgencia y la vaga respuesta que ha provisto el IRS", cuestionaron los activistas en un comunicado de prensa.
La respuesta del IRS es "inaceptable"
"Es completamente inaceptable que el IRS no esté dispuesto a compartir cualquier información sobre sus esfuerzos para aplicar la ley en relación con los beneficiarios de la Ley 22- ni siquiera información básica como el número de auditorías realizadas como parte de la campaña, o aunque sea cuántas continúan activas.Por muy frustrante que fuera recibir esta "respuesta" sin respuesta, como activistas que somos, es particularmente problemático que la respuesta del IRS al Congreso, igualmente, carece de información específica sobre los esfuerzos de auditoría del IRS. En cambio, la carta se refiere vagamente al acercamiento de la agencia a los contribuyentes puertorriqueños, irónicamente el grupo de personas que no son elegibles para los incentivos contributivos bajo la Ley 22 que fueron el tema de la carta", añadió Marlyn Goyco García, coordinadora de campañas de CPD.
La carta que el IRS le envió a Nydia Velázquez sobre evasores de la Ley 22
En la carta del IRS a Velázquez, que fue uno de los documentos suministrados a El Diario, se indica que continúan revisando los archivos.
"Nosotros nos disculpamos por la tardía respuesta. Me place reportarle que archivos en respuesta a la solicitud de FOIA han sido recolectados. Los archivos al momento están bajo revision y cualquier retención prevista por la ley. Los remitentes pueden esperar su respuesta a su solicitud de FOA para el 31 de marzo de 2024", indica el Departamento del Tesoro y el IRS en el documento.
El texto hace mención al uso de fondos de la Ley de Reducción de Inflación (IRA) como parte del proceso de análisis.
"El IRS está utilizando algunos fondos históricos provistos por la Ley de Reducción de Inflación para mejorar nuestros análisis de datos para ayudarnos a identificar devoluciones y reclamos fraudulentos, y ayudar a enfocarnos en negocios y contribuyentes individuales que puedan no estar cumpliendo con la ley, para que no afectemos a los contribuyentes que están presentando y pagando sus impuestos. Como debe saber, la información que se le permite divulgar al IRS como parte de una solicitud de FOIA no incluye declaraciones de impuestos o de vevoluciones…", añadieron las autoridades federales.
IRS tras la pista de extranjeros adinerados en Puerto Rico
Una entrada en la página web del IRS con fecha del 14 de julio del año pasado señala que la oficina
investigaba a unos 100 recipientes de los decretos por alegadamente mentir sobre su estancia en la isla para evitar pagar impuestos en EE. UU. sobre los ingresos de origen estadounidense.
"El IRS está trabajando para garantizar que los contribuyentes de altos ingresos paguen los impuestos que deben. Antes de la Ley de Reducción de la Inflación, más de una década de recortes presupuestarios impidieron que el IRS siguiera el ritmo del conjunto de herramientas cada vez más complicado que los contribuyentes más ricos usan para ocultar sus ingresos y evadir el pago de su parte. El IRS ahora está tomando medidas rápidas y agresivas para cerrar esta brecha", lee parte de la entrada en irs.gov.
"En los últimos meses, nuestro equipo de Investigación Criminal ha cerrado una larga lista de casos en los que contribuyentes adinerados han sido condenados por evasión de impuestos, lavado de dinero y presentación de declaraciones de impuestos falsas. En lugar de pagar impuestos, estos evasores gastaron el dinero adeudado al gobierno en apuestas en casinos, vacaciones y la compra de artículos de lujo. Por ejemplo, en un solo caso se ordenó a la persona que pagara más de $6 millones en restitución", se añade bajo el subtema "Persiguiendo a evasores de impuestos millonarios".
Bajo el encabezado "Estrategia de fraude en Puerto Rico", el IRS destaca lo siguiente: "Recientemente, identificamos alrededor de 100 personas de altos ingresos que reclaman beneficios en Puerto Rico sin cumplir con las reglas de residencia y fuente relacionadas con las posesiones de los EE. UU. Estas personas adineradas están tratando de evitar los impuestos de los EE. UU. sobre los ingresos de origen estadounidense, y esperamos que muchos de estos casos procedan a una investigación penal".
DDEC insiste en defensa de los decretos bajo Ley 22
En entrevista con El Diario en febrero pasado, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico (DDEC), Manuel Cidre, confirmó que le suministraron información al IRS como parte de las indagatorias, lo que catalogó como "business as usual" (proceso ordinario).
"Eso es 'business as usual'. Hoy es para el tema de Ley 22… El IRS es un custodio de los ingresos y de la estructura de soberanía americana y tiene todo el derecho de investigar, y de tiempo en tiempo investiga. Hay investigaciones que se completan y culminan con algún tipo de procesamiento. Hay investigaciones que comienzan y terminan", declaró a preguntas de este periódico.
El DDEC es la agencia que otorga los decretos y se supone que fiscalice a los receptores. En defensa de las exenciones contributivas, el funcionario indicó que, desde el 2021 hasta principios de este año, la agencia, supuestamente, había revocado unos 400 decretos, principalmente porque los beneficiarios o no presentaron sus informes anuales o sus estados financieros. Pero antes del 2021, el DDEC no había dejado sin efecto ninguno, según reconoce la propia agencia.
Cidre además destacó que el segundo grupo que más contribuciones paga en Puerto Rico son los recipientes de la Ley 22.
El supuesto objetivo de la Ley 22, aprobada en el 2012 y posteriormente consolidada en la Ley 60 o Código de Incentivos Contributivos, es atraer a inversionistas extranjeros que promuevan empleos y a su vez incentiven el desarrollo económico en la isla. Los beneficiarios del estatuto reciben una exención contributiva del 100% para todos los ingresos, dividendos e intereses y ganancias de capital. Los detractores de estas exenciones fiscales plantean que los extranjeros que se han establecido en la isla, algunos ligados a la industria de las criptomonedas, han contribuido a la gentrificación y a los desplazamientos al crear una burbuja inmobiliaria que aumenta el costo de las viviendas impidiendo que los locales pueden competir en la adquisición de prioridades.
"La Ley 22 no establece ningún requisito de inversión más allá de la compra de una propiedad para que las personas reciban este decreto. En la década transcurrida desde que se aprobó la ley, defensores, periodistas y políticos han destacado sus numerosos desafíos e impactos, incluida la falta de transparencia sobre los beneficiarios de los decretos, los aumentos exorbitantes en los costos de la vivienda local, el desplazamiento de comunidades y miles de millones de dólares en ingresos perdidos en un momento en el que Puerto Rico menos puede permitírselo", planteó el CPD.