El gesto, verdaderamente inédito, le marca un límite a los intereses chinos en la zona, algo que sería mejor si no conllevara, en paralelo, un alineamiento semejante, que causa rechazo en el gobierno provincial y cuya ventaja inmediata se reduce a que la mujer haya escuchado la Marcha de las Malvinas.
El tema comenzará a generar desde este viernes reacciones internacionales fuertes y cabe preguntarse por la conveniencia de las sobreactuaciones frente a una potencia emergente que bien podría mandar al país a la ventanilla en la que les cobra las deudas a los exaliados.
"Los argentinos, como pueblo, tenemos una afinidad natural con Estados Unidos", sobre todo en momentos en que "Occidente corre peligro", repitió su rap Milei después de que sonaran los himnos de ambos países.
El FMI, el Pacto de Mayo y el vil metal
Si los elogios del Fondo Monetario Internacional (FMI) fueran, habitualmente, más que frases de ocasión, la Argentina no tendría una deuda monumental con el organismo. En esa línea hay que interpretar lo dicho por la portavoz del Fondo, Julie Kozack, quien –claro– saludó la nueva fórmula de movilidad previsional, pero insistió en dos caballitos de batalla repetidos: que el Gobierno "asegure el valor real de las jubilaciones" y que consiga "apoyo político y social" para hacer permanentes sus reformas. ¿Dinero fresco para apurar la salida del cepo? Por el momento, de eso no se habla.
Se sabe que el 40% del Caputazo depende de la licuación de los ingresos de los jubilados y, aunque la oposición dialoguista patalee un poquito, no parece que eso vaya a cambiar demasiado.
Más alentadora para el Presidente parece la cuestión del apoyo político. Urgido, el Gobierno proclamó un acuerdo con los gobernadores de centroderecha en torno al proyecto ómnibus XS, condición sine qua non para la firma del Pacto de Mayo y su contracara menos brillante: el restablecimiento de cierto flujo de dinero a las provincias asfixiadas por el ajuste y la recesión.
Los mandatarios provinciales comprometieron un respaldo"en términos generales", lo que abre la puerta a una aprobación mientras se terminan de cerrar asuntos sensibles como el nuevo piso del impuesto a las Ganancias sobre los salarios y cierta reactivación de la obra pública.
Mientras Guillermo Francos y el silente jefe de Gabinete Nicolás Posse empujaban esos avances, Luis Toto Caputo hacía sus propios deberes para seguir cortejando a los mandatarios de lo que alguna vez fue Juntos por el Cambio. Al ministro de Economía le tocó darle señales positivas a Jorge Macri sobre el reintegro de los fondos que Alberto Fernández le quitó en su momento para volcarlos a la provincia de Buenos Aires.
La moneda gira y los tahúres se desconfían: los acuerdos –votos en el Congreso a cambio de un miniplán platita– llegarán todos juntos o no llegarán.
Un dilema difícil de resolver
Si de plata se trata y el impuesto a las Ganancias es una de las prendas de cambio, no puede obviarse lo que está ocurriendo con la recaudación. Debido a la era de hielo que impone la mileinomía, la percepción total de impuestos se estroló 16% el mes pasado. Ese resultado es producto de gravámenes al comercio exterior que salvaron las papas del derrumbe ensordecedor de los vinculados a la actividad, como el IVA y –justamente– Ganancias. El primero bajó 15% y el segundo, afeado aun más por la exención a los salarios más altos, 40%.
Así las cosas, ¿qué les ofrece la ultraderecha gobernante a los mandatarios provinciales en medio de la hiperrecesión? ¿Un alivio en Ganancias, que no significará gran cosa mientras los ingresos, el consumo y la actividad económica no sean muy distintos que los actuales?
La Nación aporta un análisis interesante. Mientras que "la recaudación de la administración nacional cayó 9% en términos reales en marzo, la que se reparte entre las provincias se desplomó 23%".
Por eso algunos de los mandatarios, como Axel Kicillof, insisten en que lo que se coparticipe sea el impuesto PAIS, que grava las importaciones y los gastos con tarjeta en el exterior. Con todo, el dilema persiste: en el esquema imperante, el mismo podría durar tanto como el cepo cambiario.
Las tarifas y el dólar: una historia en curso
Si la ampliación de la base política –entre las provincias y, como reflejo, en el Congreso– choca con la propia lógica del ajuste, el mismo tipo de inconsistencia aparece entre el manejo de la macro y las expectativas financieras.
El supertarifazo testigo, el del gas, implica, entre otras extravagancias, la dolarización del precio del insumo. Esto, como descubrió amargamente Mauricio Macri en 2018, quien debió congelar las tarifas en medio de la corrida cambiaria, puede ser pan –para las empresas– sólo para hoy.
Lo inmediato maravilla a Milei y a Caputo.
El Banco Central se prepara para el momento de empezar a pagar en serio las importaciones y los vencimientos inminentes con el FMI, para lo que acelera la compra de dólares.
Los tipos de cambio paralelos siguen desinflados y las paridades en torno a los 1.000 pesos parecen por ahora consolidadas.
Con los bonos de deuda en alza, el riesgo país retrocedió a su menor nivel desde noviembre de 2020.
Sin embargo, hay un problema que nadie en el Gobierno explica cómo se va a resolver: el tipo de cambio oficial planchado no es compatible con una inflación que por ahora sigue en torno al 13% y con tasas de interés que licúan a los ahorristas pagando un 6% mensual. Eso no cierra, el Fondo advierte sobre un atraso cambiario en ciernes –sugiere que, más que bajar, el billete verde toma carrera– y la redescubierta pasión de ciertos sectores sociales de buscar gangas en países limítrofes parece darle la razón.
El razonamiento se muerde la cola. Si la economía marchara –Dios no lo permita– hacia otro ajuste cambiario de importancia, lo que ya será durísimo en materia tarifaria podría devenir, dolarización de costos mediante, directamente impagable para muchas familias.
El presidente Hood Robin acelera una transferencia de ingresos de abajo hacia arriba que no se justifica en ninguna lógica económica. Eso normalmente termina mal.
Inflación y salarios (o el huevo y la gallina)
Con más de 200% anual, no hay dudas de que urge resolver el flagelo de la inflación. Sin embargo, hasta antes de esta estampida, el problema podía plantearse como el del huevo y la la gallina: ¿qué viene primero o qué es lo que en realidad dolía, la suba de los precios o la caída de los salarios?
Caputo quemó el libreto del mercado irrestricto y, tras gestiones no tan discretas, festejó la decisión de una cadena de supermercados de retrotraer 15% los precios de unos 500 productos por 60 días. Podría pensarse que la euforia desreguladora los había llevado antes demasiado arriba y que eso hizo que la gente recortara incluso las compras de comida…
Empeñado en forzar una desaceleración de la inflación, los precios que se negocian amablemente con el empresariado se fuerzan, a la baja, en el caso de la clase trabajadora. La orden que baja desde el cuarto piso del Palacio de Hacienda a la Secretaría de Trabajo es pisar los ajustes salariales por debajo del 9%. El gobierno ultraderechista vino a resolver las viejas dudas: ahora duele todo, los precios y los ingresos magros.
Así, no sorprende que todo se complique. Los docentes, sin que sea su culpa, van de paro en paro y la represión no parece un remedio adecuado para el problema. El interrogante emerge: ¿qué clase de país pergeña Milei en medio del empobrecimiento de los maestros, el cese de la inversión en mantenimiento de las escuelas, el ahogo a las universidades y la motosierra sobre el Conicet? ¿De qué cielo piensa que va a llover el maná del progreso y la mejora de la productividad?