Hay una frase popular que dice "a Dios rogando, y con el mazo dando", como una paradoja entre rogarle a alguien y a la vez castigarlo. Y es una frase que calza perfecta para lo que es hoy el sistema energético del país: un sector, en especial el vinculado a Vaca Muerta con el que se busca multiplicar las exportaciones y hacer del país un polo exportador, pero al cual desde el mismo gobierno se viene golpeando no a mazazos sino sin pagarle los contratos que tienen vigentes con el Estado.
Concretamente se trata de las compañías productoras de energía eléctrica por un lado, cuyos mayores costos de generación corresponde que sean cubiertos por Compañía Administradora Mayorista del Mercado Eléctrico (Cammesa).
Y por el otro lado están las empresas productoras de gas que tienen firmados los contratos del Plan Gas.Ar y que han entregado su producción pero sin cobrar la parte del precio que le corresponde aportar a Nación.
Esta suspensión de pagos se dio desde el ingreso de la actual gestión de gobierno y se extendió durante todo el primer trimestre del año, llegando así a superar los 2.000 millones de dólares entre ambos sectores impagos.
Lo abultado de esta mora oficial -que en algunas empresas directamente la llaman como default– radica en la fuerte devaluación de mediados de diciembre que no solo multiplicó en pesos el importe a pagar por el Estado, sino que también derrumbó el umbral de cobertura que realizaban los usuarios al tener sus tarifas fijas y en pesos, algo que ya se modificó tanto en gas natural como en energía eléctrica.
En números
- 71%
- cayó el pago de subsidios por parte del Estado en el primer trimestre en comparación con el mismo corte de 2023.
Veamos el caso del gas natural en detalle. Por medio de los contratos del Plan Gas.Ar las empresas tiene fijados los volúmenes que deben entregar diariamente y el precio de esos metros cúbicos.
Ese precio está fijado en dólares, va de 3,50 en verano a 4,50 dólares por millón de BTU en invierno y con contratos que tienen vigencia hasta 2028. (Hay además una serie de contratos menores con precios más elevados como es el caso de los nuevos proyectos exploratorios en Santa Cruz).
La disparada de los subsidios sobre el Plan Gas.Ar se fue dando paulatinamente por la devaluación, ya que en su lanzamiento se consideró que solo se trataría de cerca de un dólar por millón de BTU.
En marzo del año pasado el nivel de cobertura promedio de los usuarios llegaba a 2,70 dólares, sobre ese precio de 3,50 a 4,50. Y hasta el 12 de diciembre pasado los usuarios cubrían con las tarifas en promedio 1,50 dólares de cada millón de BTU.
El dato
- US$ 3.243
- millones sumó el superávit fiscal a febrero, en parte por la deuda de la luz y el gas.
Pero aquí es donde la fuerte devaluación del inicio de la gestión de Milei disparó los subsidios, ya que el precio promedio cubierto por los usuarios se desplomó de la noche a la mañana a 0,70 dólares por millón de BTU.
Esto será subsanado a partir de este mes con la fuerte quita de subsidios que fijó la Secretaría de Energía que elevará en con los consumos de este mes el precio a pagar a casi 3 dólares y desde mayo a septiembre volverá a elevarlo a 4,50 dólares, en promedio para los usuarios comerciales, industriales y del segmento N1 de los residenciales que son un poco más de un tercio del total.
De acuerdo a la consultora Economía y Energía que lidera Nicolás Arceo, tan solo en el primer trimestre de este año los subsidios no pagados por Cammesa en energía eléctrica y por Enarsa en gas natural, llegan a los 2.000 millones de dólares
"La retracción de los subsidios dirigidos al sector energético durante el primer trimestre de 2024 condujo a un aumento de la deuda del Estado Nacional con los generadores de energía eléctrica y los productores de gas natural, entre otros. La deuda acumulada en el sistema energético, por el atraso en el devengamiento de subsidios, supera actualmente los USD 2.000 millones", detalló la consultora.
Y marcó que los pagos sumaron en el trimestre 666 millones de dólares, lo cual representa una caída del 71% en comparación con los pagos de subsidios que se realizaron en el mismo trimestre del año pasado.
Sobre este punto, el reconocido consultor Daniel Gerold, planteó días atrás lo complejo de esta situación. "¿Hay realmente superávit fiscal?", preguntó Gerold para dar paso a marcar que "el Estado tiene que cumplir los contratos" con las empresas productoras.
El especialista remarcó que "esta es una mala señal para la industria" y repasó que "se está hablando de pagarles esta deuda con un bono forzoso, incluso con una quita, un descuento". Y enfatizó que "el gobierno ha emitido varios bonos para otras cosas, por qué no emitieron un bono para pagar lo que deben".
El sector hidrocarburífero, y en especial de Vaca Muerta que es hoy más de la mitad de la producción, no solo prometen dar vuelta la balanza comercial energética del país en este año, sino llevarla hasta los 8000 millones de dólares en positivo para el año que viene.
Sin embargo, la propuesta del gobierno de saldar su deuda con un bono o un esquema similar -ante el rechazo que está cosechando la idea del bono- cayó como una clara bofetada para el sector que aún tiene muy a flor de piel lo que sucedió con la última deuda por la compra de gas que se dio durante el gobierno de Mauricio Macri y también por el efecto de una devaluación.
En ese caso, Nación optó por un plan de pagos con las empresas, en 30 cuotas, regulado por el Decreto 1053, que pese a ser de 2018, y de contemplar una deuda estatal de 500 millones de dólares con las empresas, al día de la fecha solo se pagó una de esas 30 cuotas y su cancelación está frenada por un proceso judicial sin fin a la vista.