La Generalitat de Catalunya y los funcionarios de prisiones han creado un grupo de trabajo que pretende mejorar la seguridad en los centros penitenciarios y ayer se celebró el primer encuentro. El asesinato de una cocinera del centro Mas d'Enric a manos de un interno hizo evidentes los problemas de recursos y de seguridad de los trabajadores de las cárceles y desencadenó una serie de protestas que los trabajadores siguen manteniendo, a la espera de ver si el gobierno catalán aplica algún tipo de medida.
Más dimisiones, menos reuniones
Desde la tragedia de Mas d'Enric los funcionarios se han mostrado muy intransigentes con el departamento de Justicia, apuntando a la gestión llevada a cabo por la consellera Gemma Ubasart, de quien exigen la dimisión. De todas estas reclamaciones se ha producido el cese del director de la cárcel de Mas d'Enric y ha salido este grupo de trabajo. En declaraciones a 'La Ciutat', el coordinador del sindicato mayoritario CSIF Alberto Gómez cree que "cualquier grupo de trabajo del que puedan salir mejoras para nuestra situación es bienvenido, pero no es suficiente. Ayer tuvimos una primera reunión de sólo una hora y tampoco salimos muy satisfechos. El cese del director de Mas d'Enric es una cortina de humo para que dejemos de protestar y bajemos un poco la intensidad y cualquier promesa que nos hagan ahora será con fines electorales, tenemos las elecciones del 12 de mayo a la vuelta de la esquina y se nota. Lo que necesitamos es que el gobierno realmente se implique en la aplicación de medidas, porque si quisiera ya lo habría hecho".
Politizar la seguridad
Gómez ha anunciado dos jornadas de huelga para el 26 de abril y el 11 de mayo, "coincidiendo con el inicio de la campaña de las elecciones y con el día de reflexión, porque realmente queremos tener visibilidad y sobretodo dejar claro que se está haciendo política con la realidad que vivimos los funcionarios de prisiones".
El coordinador de CSIF ve con buenos ojos la propuesta de la consellera Gemma Ubasart, que hoy ha anunciado que se revisarán los protocolos del CIRE, el empleador de funcionarios de prisiones donde trabajaba la cocinera asesinada, y se prohibirá acceder a la cocina y manipular elementos peligrosos a internos que tengan delitos de sangre, "pero no es suficiente. Necesitamos muchos más recursos y elementos que nos puedan dar más seguridad de los que tenemos ahora".