El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha abogado este miércoles en Bruselas por recuperar el equilibrio, a su juicio roto, entre el lobo y el hombre. En una intervención en el plenario del Comité de las Regiones, a la que ha acudido en representación de la comunidad, ha defendido la conveniencia de limitar la sobreprotección del lobo para garantizar la supervivencia del sector ganadero en la región.
«El lobo es un animal majestuoso que ha estado en peligro de extinción, pero el problema es que ahora los que están en peligro de extinción son los ganaderos de Castilla y León», ha asegurado ante el resto de los representantes europeos.
Esa amenaza se debe no sólo a los ataques que sufren sus cabañas, que han crecido en los últimos años, sino que también está relacionada con «muchas otras trabas» que les vienen impuestas por las distintas legislaciones.
Gallardo ha defendido una protección atenuada del lobo, que permita la caza en ciertas condiciones, así como otras medidas de control poblacional. Y resaltó que, desde que el gobierno de España decidió incluir a la especie en el LESPRE, el listado de especies de especial protección, los ataques de lobo, y las muertes que han causado, se han incrementado de forma muy importante.
De hecho, durante el año de 2023 se produjeron 3.558 ataques de lobos a cabañas ganaderas, lo que supone un 33% más que en 2021, antes de la prohibición total de la caza de la especie. Por su parte, el número de cabezas de ganado muertas en esos ataques alcanzó las 5.566 en 2023, un 30% más que en el año 2021, según los datos de la Consejería de Medio Ambiente.
El vicepresidente también ha reprochado a los que se autoproclaman ecologistas que sus medidas llevan años rompiendo el equilibrio entra la vida silvestre y los habitantes del medio rural, «que son los auténticos guardianes del medio ambiente y la biodiversidad2.
Asimismo, Gallardo ha reclamado escuchar menos a los animalistas y más a quienes viven del campo. «Volvamos al sentido común», ha dicho durante su intervención en el plenario.
La justicia de la UE respalda a la Junta
La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio vió reforzada su posición de flexibilizar el régimen de protección del lobo después de que el pasado 25 de enero la Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Juliane Kokott, respaldase las tesis de la Comunidad.
La letrada pidió así la aceptación de la protección «atenuada» de las poblaciones de lobo que se encuentran al norte del río Duero y apostó por permitir, en general, la caza de este carnívoro, manteniendo un criterio favorable a las tesis sustentadas por la Junta de Castilla y León.
Kokott emitió este informe como paso previo a que el TJUE dicte sentencia en el marco de una cuestión prejudicial planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en un procedimiento relativo a la caza del lobo al norte del río Duero, un proceso que tiene su origen en 2019 y que pende del TEJUE desde 2022, cuya resolución ahora carece de efectos prácticos, pero sí tienen trascendencia los pronunciamientos técnicos que se puedan realizar, como es éste de la Abogada General del Tribunal Europeo.
En este sentido, el Gobierno de Castilla y León mantiene su posición de exigir al Ejecutivo central que acometa de inmediato la necesaria flexibilización del régimen de protección del lobo en Castilla y León, en concordancia con la última decisión de la Comisión Europea, de modo que, como primera medida, la Junta recupere la capacidad de gestión de la especie, competencia de la que fue privada por la orden ministerial TED/980/2021, de 20 de septiembre.
El pronunciamiento de la Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se suma a otros emitidos desde las instituciones comunitarias. El 20 de diciembre pasado, Europa dio la razón a la Junta de Castilla y León. Fue una decisión que marca un antes y un después en esta cuestión, y que venía precedida por pronunciamientos favorables del Parlamento Europeo, de la propia presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, y de otras entidades europeas.
La Junta había mantenido una intensa acción política respecto a la gestión del lobo a raíz de que el Gobierno de España tomara en 2021 la decisión de proteger estrictamente la especie al norte del río Duero, como ya estaba al sur, mediante su inclusión en el listado LESPRE (Listado de Especies Silvestres de Protección Especial), endureciendo así el régimen permitido por la Unión Europea y retirando de facto las competencias de gestión y control de la especie a Castilla y León y, en general, y a todas las autonomías loberas.
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