Corrupción, sentencias fraudulentas e impunidad
Por Fernando Laborda para La Nación
Por Fernando Laborda para La Nación
En los primeros años de la gestión presidencial kirchnerista, cuando surgían los primeros indicios de un tan desproporcionado como sospechoso incremento patrimonial del matrimonio Kirchner, se explicó que este se justificaba por el millonario alquiler que el grupo liderado por el recordado empresario Juan Carlos Relats le pagaba por el hotel boutique Los Sauces.
La explotación de ese hotel de El Calafate no le dejaba casi nada al entonces dueño del Hotel Panamericano y engrosaba los bolsillos de la familia presidencial, aunque más tarde se supo que el grupo de Relats se había beneficiado con obras viales en vastas zonas del país.
Ya antes de que Cristina Fernández sucediera a su esposo, se sabía de altísimos alquileres pagados a los Kirchner por adjudicatarios de obras públicas, aunque se trataba de negocios incompatibles con la función pública.
También se sabía de la compraventa de estratégicas tierras fiscales santacruceñas adquiridas por migajas y revendidas con ganancias astronómicas y de inversiones en dólares a plazo fijo a tasas de interés insólitamente elevadas.
De ese modo, los Kirchner pretendieron justificar un desmesurado aumento patrimonial de sus bienes en blanco que ni una abogada exitosa ni un avezado especulador del mundo financiero hubieran podido exhibir.
Por aquella época, en 2009, el juez Norberto Oyarbide desechó una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra Néstor y Cristina Kirchner, a quienes sobreseyó de forma tan rápida como escandalosa, sin que nadie apelara su decisión.
Tras nueve años en los que zafó de varios intentos en pos de su enjuiciamiento por mal desempeño y de denuncias por enriquecimiento ilícito, y en los que se burló de la ciudadanía y dejó su cargo diciendo que jamás había recibido presiones, ahora el ex juez ha admitido que Antonio Jaime Stiuso y Javier Fernández, a quienes definió como "empleados" de Néstor Kirchner, lo "apretaron" para que sobreseyera al matrimonio presidencial.
Si a esta declaración de Oyarbide se suman las razones que más tarde dio el fiscal Eduardo Taiano, cuando señaló que había sufrido el secuestro de su hijo justo en el momento en que debía apelar aquel fallo de sobreseimiento de los Kirchner, podría concluirse que hay motivos como para reabrir esa vieja causa. Podríamos estar ante una cosa juzgada fraudulenta o írrita, como lo entiende la Unidad de Información Financiera.
Y cuando una sentencia que apaña actos de corrupción ha sido conseguida en forma fraudulenta, otra sentencia podría anularla y privar a los sobreseídos de sus beneficios.
El tiempo dirá si los fallos providenciales y las maniobras para buscar impunidad a través del propio Poder Judicial quedarán definitivamente atrás.
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