En una resolución que marca un precedente en la justicia transicional, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia ha decidido no asumir el caso del excomandante de las Farc, Rodrigo Granda, implicado en el crimen de Cecilia Cubas, hija del expresidente paraguayo Raúl Cubas.
Según La W, la resolución excluye este caso del ámbito de la JEP lo cual pone en juego el futuro legal de Granda en Colombia.
La Sección de Reconocimiento de la JEP, con una mayoría de 4-1, determinó que el asesinato de Cubas, aunque perpetrado antes de 2016 y por un miembro de las Farc, no guarda relación con el conflicto armado en Colombia. La colaboración de Granda con el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), según la Sección, no constituye un vínculo material con el conflicto interno colombiano.
La decisión enfatiza que la administración de justicia por parte de la JEP en un crimen cometido en Paraguay infringiría el principio de soberanía judicial del país suramericano. "La mera colaboración con el EPP no estructura relación alguna con el conflicto armado colombiano", señala el documento.
Además, la Sección de Reconocimiento respetó el principio de territorialidad de la ley penal, concluyendo que la ley colombiana se aplica exclusivamente a delitos cometidos dentro de su territorio nacional. La JEP reconoció la autonomía de Paraguay en la investigación del secuestro y asesinato de Cubas, subrayando que no se debe desconocer las facultades investigativas legítimamente ejercidas por las autoridades paraguayas.
Con esta decisión, la JEP reafirma la inexistencia de prevalencia jurisdiccional frente a la justicia paraguaya. La situación de Granda se complica aún más ante la posibilidad de extradición, debido a la circular roja de Interpol emitida por Paraguay, dejando su destino en un limbo legal.