Archivos de la dictadura: acusan al gobierno de "obstaculizar el proceso de justicia"
Organismos de derechos humanos cuestionaron el "desmantelamiento" de un área del Ministerio de Defensa enfocada en los archivos de las fuerzas armadas.
Históricamente, la falta de precisiones sobre los crímenes perpetrados por el Estado y civiles cómplices durante la última dictadura cívico militar deviene de una represión que se concretó de manera clandestina e ilegal y, además de los testimonios de sobrevivientes, los archivos de las Fuerzas Armadas son una fuente de evidencias. En ese sentido, el "desmantelamiento" de un área del Ministerio de Defensa enfocada en el acceso a esos archivos fue cuestionada por organismos de derechos humanos y acusaron al ministro Luis Petri de "obstaculizar" el proceso de justicia.
Es que el fuerte ajuste que está realizando la gestión de Milei alcanza a diversas áreas de la administración pública nacional a través de cierres definitivos de dependencias y despidos que complican el funcionamiento de aquellas que siguen en pie. Es en ese marco que en los últimos días desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) alertaron a nivel nacional por el desguace de la política de archivos en torno a las violaciones de derechos humanos perpetradas por parte del Estado.
Específicamente, desde ATE Nacional describieron que entre las áreas vinculadas con mayor cantidad de despidos fueron los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) de Archivos de las Fuerzas Armadas y el Equipo del Sistema de Archivos para la Defensa, dependientes de la Dirección Nacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa.
En ese sentido, denunciaron que fueron desmantelados junto a los programas a los que pertenecían y que funcionaban a requerimiento de fiscales y dependencias del Poder Judicial en el marco de distintas causas por delitos de lesa humanidad que siguen tramitándose o en medio de juicios.
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Concretamente, afirmaron que el 27 de marzo "se informó la decisión del ministro de Defensa, Luis Petri, del secretario de Estrategia y Asuntos Militares, general (R) Claudio Pasqualini y del director nacional de Derechos Humanos, Lucas Erbes, de despedir a 10 de lxs 13 trabajadorxs de esas áreas, de terminar con los Programas de la Dirección vinculados a Archivos y de la derogación de la resolución N°308/2010 y la resolución N°1573/2023 que le otorga un carácter permanente a los mismos y la resolución N°1131/2015 que crea y reglamenta el Sistema de Archivos de la Defensa".
"La tarea de los ERyA ha sido reconocida regional e internacionalmente por ser un caso paradigmático de tarea de archivo realizadas por civiles en dependencias de las FFAA, que permitieron el aporte a causas judiciales que investigan delitos de lesa humanidad en todo el país cometidos en períodos de interrupción democrática, y también para la implementación conjunta de normalización y modernización archivística", denunciaron desde ATE.
Esta situación fue denunciada también por organismos de derechos humanos como Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la agrupación HIJOS de Capital Federal.
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"Estos equipos realizaron aportes fundamentales para esclarecer y juzgar delitos de lesa humanidad. La decisión del Ministerio de Defensa busca obstaculizar el proceso de justicia y de averiguación de la verdad. Retirar estos equipos civiles y profesionales resulta aún más preocupante dado que la conducción del Ministerio de Defensa está ahora en gran parte a cargo de militares retirados y las máximas autoridades políticas consideran que la investigación del rol de las Fuerzas Armadas durante la dictadura es una forma de hostigamiento y estigmatización", plantearon.
Desde los organismos, además, señalaron que buena parte de la verdad detrás de las personas desaparecidas y los 300 nietos y nietas apropiadas que aún buscan reside en el acceso a los archivos de las Fuerzas Armadas: "Es urgente que se tomen medidas de preservación de esa documentación para sostener el trabajo en materia de memoria, verdad y justicia", sumaron y adelantaron: "Seguiremos exigiendo el acceso a los archivos y la defensa de las políticas públicas que garantizan los procesos de memoria verdad y Justicia y los derechos humanos".