Emilio Álvarez Icaza Longoria, senador del Grupo Plural, presentó la segunda edición del informe titulado "El Negocio de la Militarización en México. Opacidad, Poder y Dinero", que es elaborado anualmente por la organización civil México Unido Contra la Delincuencia, para analizar el papel que las Fuerzas Armadas han tomado en la política y economía de la actual administración federal.
Desde el inicio del actual sexenio, los presupuestos asignados a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina han experimentado incrementos significativos del 138% y 71%, respectivamente, señala el documento.
Además, se les ha delegado la gestión de importantes proyectos de infraestructura en México, entre ellos, el emblemático Tren Maya.
Para el año 2024, se ha designado a las Fuerzas Armadas un 3.7% del Presupuesto de Egresos de la Federación, posicionándolas como el tercer receptor más grande de fondos, solo superado por las secretarías de Educación y del Bienestar.
Este notable aumento en la asignación presupuestaria se ha realizado en un contexto donde las Fuerzas Armadas han adquirido roles empresariales sin las correspondientes obligaciones de fiscalización y transparencia.
Los análisis sobre la cresciente participación de las Fuerzas Armadas en diversos aspectos fuera de su ámbito tradicional sugieren que esta expansion representa una de las discusiones más polémicas en el país.
La apuesta por emplear al Ejército en tareas de seguridad ha sido catalogada de desastrosa y fallida por críticos como Álvarez Icaza.
Adicionalmente, se advierte que la asignación presupuestaria a las instituciones militares distorsiona la economía mexicana, confiriéndoles una ventaja competitiva y un nivel de discrecionalidad preocupante.
La preocupación se extiende a la posibilidad de que, siguiendo ejemplos de países en América del Sur, la militarización y el control económico por parte de las Fuerzas Armadas conduzcan a situaciones de inestabilidad política.
La directora general de MUCD, Lisa Sánchez, y el director de Incidencia Política del mismo, Jonathan de Vicente Encarnación, han expresado su inquietud respecto al control casi total que las Fuerzas Armadas ejercen sobre el territorio nacional.
Esto incluye la administración de aduanas y oficinas de migración, lo cual, según señalan, podría llevar a una pérdida de neutralidad y eventualmente a una concentración del poder que socavaría el Federalismo en México.
Además, la presencia de militares en activo como candidatos en procesos electorales representa una señal alarmante de la creciente influencia militar en la política.
La intervención de las Fuerzas Armadas en la esfera política y empresarial del país es un fenómeno que, además de sus implicaciones económicas, plantea serios interrogantes sobre la salud democrática de la nación.
Conforme avanza este sexenio, la amplificación de sus roles más allá de la defensa nacional y la seguridad interna sugiere un cambio significativo en la estructura de poder en México, lo cual requiere de un análisis profundo y continuo, señala el análisis.
La Secretaría de la Defensa Nacional ha visto un incremento notable en su participación en proyectos de infraestructura en México, alcanzando una cifra sin precedentes entre 2019 y 2023 con 2 mil 823 obras, comparado a las 851 obras registradas entre 2006 y 2018.
Este auge en la actividad constructora de la Sedena entra en un nuevo nivel de magnitud, destacando una evolución significativa en sus funciones tradicionales.
Según un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la creciente implicación de la Sedena en la obra pública levanta ciertas preocupaciones vinculadas principalmente a la transparencia y manejo de recursos.
El análisis señala riesgos como la opacidad en el uso de los recursos presupuestales, la falta de transparencia en los convenios de colaboración, irregularidades en el ejercicio del gasto, reserva de información por razones de seguridad nacional y la falta de claridad en los procesos de subcontratación.