Durante una rueda de prensa liderada por Carolina Corcho, exministra de Salud y vocera de la comisión de seguimiento a la sentencia T760 de 2008, se revelaron hallazgos sobre el manejo de los dineros destinados a la salud en Colombia.
A nombre de las organizaciones de la sociedad civil, Corcho presentó una investigación que arrojó una serie de desfalcos y prácticas irregulares que han pasado desapercibidas durante años.
Una de las acusaciones que hizo fue la falta de seguimiento por parte de la Corte Constitucional a la alerta ciudadana emitida sobre la pérdida de recursos públicos en el sistema de salud. Según Corcho, este descuido ha permitido que los responsables de administrar estos fondos actúen impunemente.
Un tema particularmente importante es el de las reservas técnicas. Corcho denunció que Acemi ha mentido al afirmar que no se pueden resguardar estas reservas debido a la supuesta falta de fondos suficientes de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
Los números presentados durante la conferencia revelan un desvío masivo de fondos. Según los estados financieros de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y los datos del Ministerio de Salud entre 2019 y 2023, se han refundido más de 13 billones de pesos de dineros públicos de la salud.
Especificando, la investigación señala que la Nueva EPS tiene un faltante de más de $6 billones, Sanitas de más de 3 billones, Compensar de más de 982 mil millones, Salud Total de más de 828 mil millones, Famisanar de 671 mil millones, Sura de 263 mil millones, Asmet Salud de más de 206 mil millones y Mutual Ser de más de 198 mil millones. Estas cifras evidenciarian una gestión financiera cuestionable por parte de las EPS, dejando en el aire el destino de estos recursos.
El presidente Gustavo Petro no tardó en reaccionar ante esta revelación. En su cuenta de X escribió: "Hemos encontrado en la Nueva EPS una falsa contabilidad. Seis billones de pesos destinados por el gobierno para la atención en salud de sus afiliados no fueron utilizados para ese propósito". Además, Carolina Corcho solicitó una auditoría forense realizada por un organismo internacional independiente de intereses políticos.
Ana María Soleibe, Presidenta de la Federación Médica Colombiana, añadió otro elemento preocupante al denunciar un aumento desmesurado en los precios de los medicamentos desde 2019. "Hay un aumento descontrolado del precio de los medicamentos que afectan directamente los valores de la UPC", señaló Soleibe.
Ejemplificó con casos como el de la Trazodona, cuyo precio pasó de $396 a $3.339 entre 2019 y 2023, el Acetaminofén que subió de $82 a $2.872 y el Losartán que aumentó de $502 a $1.117 en el mismo periodo.
Frente a estas graves irregularidades, los participantes en la rueda de prensa, que incluían a Fabio Arias, Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Josefina Ayala, auxiliar de enfermería representante de la Cumbre Social; y Guillermo Cardona, presidente de la Confederación Nacional de Asojuntas de Acción Comunal, convocaron a la ciudadanía a marchar el próximo 9 de abril en defensa de la reforma a la salud.
Finalmente, argumentaron que dicha reforma podría solucionar muchos de los problemas sistémicos que han permitido estas prácticas corruptas.