En el año 2027 el sistema de seguridad social para los autónomos se transformará por completo. Tal y como ha anunciado recientemente la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se eliminarán las mutualidades. Esta noticia provoca una transición obligatoria para algunos profesionales como abogados, arquitectos o procuradores hacia el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
Este cambio no solo implica una alteración en la forma en que los autónomos gestionan su seguridad social y cotizaciones, sino que también tiene discrepancias profundas en la equidad del sistema y en la sostenibilidad de las prestaciones. La diferencia de hasta un 20% en las cuotas entre las mutualidades y el RETA plantea debates sobre la justicia y eficacia del sistema actual, así como sobre la necesidad de garantizar una protección social adecuada para todos los trabajadores por cuenta propia.
Mutualidades vs. RETA: ¿qué cambia y por qué?
Históricamente, los autónomos han tenido la opción de elegir entre dos vías para la gestión de sus cotizaciones y prestaciones: las mutualidades propias y el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Sin embargo, este paradigma está a punto de experimentar un cambio drástico con la eliminación de la opción de las mutualidades y la transición obligatoria al RETA a partir de 2027.
Las mutualidades, asociaciones sin ánimo de lucro formadas por grupos de personas que se unen para proporcionarse asistencia mutua, han sido una alternativa para ciertos autónomos colegiados como abogados, arquitectos o procuradores. Estas mutualidades ofrecen coberturas que complementan o sustituyen a las prestaciones de la Seguridad Social, como la jubilación o la incapacidad laboral transitoria.
Por otro lado, el RETA es el régimen general al que deben estar adscritos los trabajadores autónomos que desarrollan una actividad económica de forma independiente. Este régimen implica cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social y proporciona acceso a prestaciones como la asistencia sanitaria, el subsidio por incapacidad temporal o la jubilación.
Inicialmente, si un profesional independiente opta por una mutualidad de previsión social como alternativa a la seguridad social, puede reconsiderar su decisión y darse de alta en el RETA en una etapa posterior. No está obligado a cancelar su afiliación a la mutualidad; puede mantenerla como un sistema complementario o de ahorro, similar a cualquier otro plan de pensiones privado. Para inscribirse en el régimen de autónomos, es necesario presentar el alta correspondiente junto con un certificado de la mutualidad que indique el período de afiliación.
La reforma que prepara la Seguridad Social busca centralizar las cotizaciones de los autónomos en el RETA, eliminando la dispersión que suponen las mutualidades. Además, se pretende recaudar más dinero para el sistema de seguridad social mediante el traspaso de todas las aportaciones realizadas a las mutualidades al RETA, con cotizaciones por la base mínima.
La Seguridad Social argumenta que esta medida beneficiará a los autónomos, ya que, según sus cálculos, habrían pagado un 80% menos de lo que hubieran contribuido al RETA directamente.
Hoja de ruta y plazos establecidos por Elma Saiz
La ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, ha delineado una hoja de ruta precisa para la implementación de la eliminación de las mutualidades y la transición al RETA, estableciendo plazos y obligaciones claras para los autónomos colegiados.
La Seguridad Social establece un plazo de tres años para que algunos autónomos transiten de la opción de mutualidades al RETA. La eliminación de las mutualidades se convierte en una medida imperativa para los autónomos colegiados que iniciarán su actividad a partir de 2027.
Por otro lado, la Seguridad Social planea modificar las disposiciones adicionales 18ª y 19ª de la Ley General de la Seguridad Social para regular el encuadramiento de los profesionales colegiados y facilitar la transición al RETA. Este cambio legislativo permitirá que los mutualistas anteriores a 1996 en situación de vulnerabilidad puedan optar por la conversión del capital acumulado en la mutualidad en periodos cotizados con la base mínima en el RETA.
Impacto en las mutualidades ante la decisión
La reciente decisión del Gobierno de incluir obligatoriamente a los colegiados profesionales autónomos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) a partir de 2027 ha generado una respuesta de preocupación y descontento por parte de las mutualidades, entre ellas la Mutualidad (antigua Mutualidad de la Abogacía). La entidad ha calificado esta medida como "unilateral" y ha expresado su pesar ante las implicaciones que tendrá para los actuales y futuros mutualistas.
En respuesta a esta medida, Mutualidad ha asegurado que defenderá los intereses de sus mutualistas alternativos y de todo su conjunto de mutualistas. También, ha enfatizado que el modelo financiero de la mutualidad está asegurado gracias a su sistema de capitalización individual, que garantiza los derechos económicos de cada mutualista, tanto en el caso de que opten por trasladar sus planes al RETA como si deciden permanecer en la mutualidad.
La entidad ha subrayado su solvencia, viabilidad y rentabilidad, gestionando más de 10.200 millones de euros de más de 210.000 mutualistas, y contando con fondos propios no comprometidos y un margen de solvencia del 204% al cierre de 2023. Con estos datos, Mutualidad ha reivindicado la validez de su modelo y su capacidad para proteger a sus mutualistas en el ámbito de la previsión social.
Por último, Mutualidad ha reiterado su compromiso con la defensa del modelo de alternatividad para la previsión social de los profesionales autónomos, así como su apoyo a un sistema de colaboración público-privada que ha demostrado su éxito histórico. Además, ha destacado la importancia de la equidad y voluntariedad en la elección del sistema asegurador por parte de los mutualistas alternativos.
Este proceso, aunque plantea desafíos y discrepancias, también ofrece oportunidades para reevaluar y fortalecer el sistema de protección social de los trabajadores por cuenta propia en el país.