Andalucía lleva años reclamando un nuevo modelo de financiación autonómica porque el actual le perjudica. De hecho, el reciente informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) señala que la comunidad pierde todos los años 1.409 millones de euros. Además de Andalucía, ese trabajo también señala que la Comunidad Valenciana debería recibir 1.148 más; 405 millones en el caso de la Comunidad de Murcia; y 315 millones para Castilla-La Mancha. Son las cuatro comunidades autónomas infrafinanciadas y que reciben recursos por debajo de la media.
Al margen de la financiación global en su conjunto, hay otros ingresos que también han sufrido merma. Así, un informe de la Cámara de Cuentas advierte de una reducción significativa de los Fondos de Compensación Interterritorial en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) durante el periodo comprendido entre 2008 y 2022, lo que ha provocado una disminución en la asignación a Andalucía de un 66,58%» o que ha supuesto una minoración total de 320,6 millones».
Los Fondos de Compensación Interterritorial constituyen un recurso de las comunidades autónomas cuya finalidad es corregir «los desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad», tal y como se contempla en los artículos 157.1 y 158.2 de la Constitución española. Están regulados por la Ley 22/2001, de 27 de diciembre.
En una primera fase todas las comunidades autónomas eran beneficiarias y sus recursos se vinculaban tanto a proyectos de inversión, destinados a favorecer el desarrollo de los territorios más desfavorecidos; la Ley 29/1990 configuró el Fondo, exclusivamente, como instrumento de desarrollo regional, sin que sirviese de mecanismo de financiación básica de las comunidades autónomas.
Posteriormente, el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 27 de julio de 2001 por el que se aprobó el Sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común, introdujo modificaciones en el Fondo de Compensación Interterritorial y se cambiaron los criterios para determinar quiénes pueden ser beneficiarios del Fondo y se alteró el destino de los recursos. También se crearon dos Fondos de Compensación Interterritorial, el denominado Fondo de Compensación y el Fondo Complementario.
La realidad es que, según la fiscalización hecha por la Cámara de Cuentas, «los ingresos de los Fondos de Compensación Interterritorial correspondientes a Andalucía se han visto reducidos desde los 58,72 euros/habitante asignados en 2008 hasta los 18,77 euros/habitante en 2022, lo que supone un decremento del 68,03% en dicho periodo».
Dicho esto, el trabajo señala que en los Presupuestos Generales del Estado se incluyen Fondos de Compensación para la Comunidad Autónoma de Andalucía por importe global de 160,97 millones de euros: 120,73 corresponden al Fondo de Compensación y 40,24 millones al Fondo Complementario. En términos absolutos, «Andalucía es el territorio que recibe un mayor volumen de fondos al percibir el 37,22% de la asignación total cifrada en 432,43 millones».
La Cámara de Cuentas también da cuenta de la ejecución por parte de la Junta de Andalucía del dinero recibido. Así, en 2022, año al que se refiere el informe, Andalucía ejecutó el cien por cien de los Fondos de Compensación Interterritorial (FCI): 160,97 millones en 86 proyectos de inversión.
De este importe global, 120,73 millones corresponden a 46 proyectos con cargo al Fondo de Compensación y 40,24 millones a 40 proyectos al Fondo Complementario.
Hay que señalar que los proyectos de inversión de los Fondos de Compensación Interterritorial son determinados de común acuerdo entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía en el seno del Comité de Inversiones Públicas. En el caso andaluz, las partidas más numerosas se han destinado a «Investigación, desarrollo e innovación» y a «Autopistas, Autovías y carreteras». Los auditores recomiendan «ultimar y finalizar» las adaptaciones que procedan para que los recursos informáticos utilizados para la gestión de estos proyectos puedan tener un seguimiento individualizado de cada proyecto y su coste.
Igualmente, reclaman que se mejore la información disponible sobre la distribución territorial y criterios de eficiencia para su asignación provincial.
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