Las Palmas de Gran Canaria
Miércoles, 3 de abril 2024, 12:39
Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad.
Compartir
La Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias ha anunciado que los 88 municipios de las islas deberán reservar en sus respectivos planeamientos urbanísticos el 90% de su edificabilidad para viviendas de uso residencial, dejando un cupo máximo del 10% para el uso turístico de hospedaje en viviendas y otras actividades económicas, según reza el Anteproyecto de Ley de ordenación sostenible del uso turístico de viviendas elaborado por la propia Consejería. En el caso de las islas verdes (La Palma, La Gomera y el Hierro), el cupo límite para las viviendas vacacionales será del 20%.
La titular del área de Turismo, Jessica de León mencionó que a fecha de marzo, Canarias tiene 54.282 viviendas vacacionales, lo que es igual a 222.014 plazas, un 37% de la oferta alojativa. Ese total de plazas es equiparable a la suma total de la población de las islas de Fuerteventura y La Palma e incluso es superior a la suma total de las poblaciones de Lanzarote, La Gomera y El Hierro juntas y supera el 9% en relación al total de la población de las islas.
A su vez, apuntó que reponer para un uso residencial permanente todas esas viviendas destinadas a un uso turístico y a un ritmo de medio construcción de 3.000 viviendas anuales, se necesitarían casi 18 años, al margen del número adicional de viviendas que exige el crecimiento cada año. Además, harían falta 500 hectáreas de suelo urbanizable para alcanzar ese fin.
En el mismo sentido, señaló que el de crecimiento de un 25% de viviendas destinadas a un uso turístico en un solo año, puesto en relación con el número de viviendas construidas anualmente, reflejaría un aumento de casi 7.000 viviendas al año que contrarrestaría el déficit de viviendas destinadas a un uso residencial permanente como domicilio habitual.
Una de las medidas estelares de este Anteproyecto pondrá límites a todo aquel que quiera cambiar el uso residencial de su vivienda para dedicarse al alquiler vacacional. En primer lugar, desde la entrada en vigor de la normativa, tendrá que esperar un periodo de 10 años para hacer esa transición, acreditable mediante la declaración de obra nueva, licencia de primera ocupación, declaración de uso consolidado o cualquier otro medio válido en derecho. Cabe recordar que hasta ahora, no existía ninguna limitación para este cambio de uso.
De la misma forma, si una zona de mercado residencial se calificara como tensionada, ello implicaría la suspensión automática de la habilitación de nuevas viviendas vacacionales siempre y cuando siga vigente tal declaración.
Tras un periodo de tiempo en el que fue necesaria la autorización previa para acceder al alquiler vacacional, el Anteproyecto registra en ese aspecto, que solo hará falta a partir de la puesta en vigor de la ley la tramitación electrónica de la declaración responsable. Este permiso tendrá una validez de cinco años, con posibilidad de renovación por la misma duración mediante una nueva declaración responsable simplificada, de comprobarse que no ha habido ningún tipo de cambio de planificación o normativa que impida seguir con la actividad tal y como se venía desarrollando.
Con esta modalidad se pretende facilitar la relación de la ciudadanía con la administración, de la misma forma que la comunicación entre anfitriones y plataformas es casi exclusivamente digital, de tal modo que se trata de normalizar esa relación electrónica también con la administración y, al mismo tiempo, se favorecen las actuaciones de comprobación, inspección y notificación por parte de las administraciones.
De esta manera, El Gobierno pretende establecer el oportuno mecanismo para evitar la concurrencia de varias declaraciones responsables sobre un mismo inmueble, que afectaría gravemente a la seguridad jurídica y a la protección del consumidor.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad