Entre las quejas más habituales de los aficionados del fútbol se encuentra el elevado precio para poder consumir los partidos por televisión. Esto lleva a que muchas veces los seguidores del deporte lo consuman a través de páginas piratas.
Respecto a este asunto, el pasado 7 de marzo saltaron todas las alarmas con un auto del Juzgado de lo Mercantil número 8 de Barcelona que daba luz verde para emprender acciones legales en contra de esta actividad, y que desde medios de comunicación, aficionados y otros ámbitos se malinterpretó.
En SPORT, contactamos con Antonio Albarral, especialista en derecho deportivo y colaborador del medio 'Iusport', para descifrar este Auto y explicar las posibles consecuencias de consumir fútbol pirata.
LA LUCHA DE LALIGA CONTRA LA PIRATERÍA
Una de las principales preocupaciones de LaLiga es el consumo ilegal de su producto. De hecho, ya el pasado mes de diciembre, el organismo español se reunió con la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) para estrechar sus relaciones y trabajar conjuntamente en la lucha contra la piratería.
"En general, la pretensión de LaLiga es identificar a todos los que consuman piratería, tanto a los que adquieren ese producto para comercializarlo como a los consumidores finales", explica Albarral. Por ello, LaLiga, que tenía indicios de que se estaba cometiendo una actividad en contra de su propiedad intelectual y amparada por lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, solicitó al Juzgado de Barcelona colaboración para poder identificar a aquellos que utilizan su contenido de forma ilícita.
LA REALIDAD DEL AUTO
Tras este punto, salió a la luz el Auto del Juzgado de lo Mercantil número 8 de Barcelona, donde se aceptaba la petición de LaLiga, dando luz verde a la identificación de estos sujetos en virtud de lo establecido en el artículo 256.1.11º de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El artículo habilita al titular de un derecho de propiedad intelectual, que pretenda ejercitar una acción por infracción del mismo, a solicitar que se proceda a la identificación de los usuarios sobre los que concurran indicios razonables de que están poniendo a disposición o difundiendo contenidos de forma ilícita.
Sin embargo, Albarral esclarece que este artículo "se refiere a actos que no sean realizados por meros consumidores finales y sin ánimo de obtención de un beneficio económico". De esta manera, "este hecho excluye a todos los usuarios que ven fútbol pirata sin sacar beneficio de este, ya que tan solo se podrán solicitar los datos de aquellos que comercialicen el producto".
EL PAPEL DEL PODER JUDICIAL
Sobre las 'fake news' que salieron en relación con esta problemática, Antonio Albarral clarifica que "el problema es que si tú te lees el Auto sin conocer el artículo puede dar paso a interpretaciones erróneas".
Por consiguiente, ante todo el aluvión de informaciones inexactas sobre el asunto, el gabinete de prensa del Poder Judicial publicó una nota explicando el contenido del auto. "Cuando ve que se está interpretando el auto de manera errónea, emite un comunicado con lo que dice el auto, el cual no coincide con la interpretación realizada por LaLiga. No obstante, eso no es palabra del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, ni es una aclaración del auto, simplemente es una nota de prensa", manifiesta el especialista en derecho deportivo.
En el propio comunicado se vuelve a recalcar que el auto requiere a las teleoperadoras que faciliten los datos personales de quienes comparten ilícitamente su contenido, es decir únicamente de los 'cardsharers', que redifunden a terceros la señal y obtienen un lucro con ello. Por eso, al menos por ahora, los simples consumidores de fútbol pirata pueden estar tranquilos.
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