Incluye delitos sexuales, feminicidio, secuestro y Chihuahua está contemplado en esta modificación del Pleno Regional en Materia Penal y de Trabajo del Poder Judicial de la Federación en la Región Centro-Norte del país.
Tras una resolución que acaba de emitir el Poder Judicial de la Federación, se ha establecido que con una sola demanda de amparo, se podrá suspender cualquier orden de aprehensión que exista en contra del presunto responsable, sin importar la gravedad del delito.
Al respecto, la Fiscalía General de la República (FGR) emitió un comunicado en respuesta a la reciente resolución del Pleno Regional en Materia Penal y de Trabajo del Poder Judicial de la Federación en la Región Centro-Norte del país y rechazó esta nueva resolución.
Dicha resolución establece que una simple demanda de amparo puede resultar en la suspensión del cumplimiento de una orden judicial de aprehensión por delitos graves.
Entre los delitos contemplados se encuentran los sexuales, los cometidos contra menores, el feminicidio, el homicidio, la violación, el secuestro, la delincuencia organizada, entre otros.
Esta jurisprudencia afectará a diversos estados de la República Mexicana, incluyendo Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.
La FGR rechaza enérgicamente esta decisión judicial, argumentando que pone en grave peligro a las víctimas, a los ofendidos y a los testigos de estos delitos, dejándolos en una situación de alta vulnerabilidad en cuanto a su integridad y vida, privándolos de la protección que deberían recibir en virtud de sus derechos humanos fundamentales.
Además, se advierte que la impunidad y el estado de indefensión derivados de esta resolución podrían extenderse por meses o incluso años, dependiendo de la duración del proceso de amparo, el cual incluye dos instancias y puede llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ante esta situación, la Fiscalía General de la República en colaboración con la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia ha solicitado formalmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación un pronunciamiento claro y definido sobre la supremacía constitucional en beneficio de las víctimas y los ofendidos.
Se hace hincapié en la importancia del artículo 19 de la Constitución, que otorga prioridad y soberanía sobre cualquier resolución de tribunales internacionales, y que solo puede ser modificada mediante la aprobación del Poder Legislativo de México.
La FGR insta a que se garantice la protección de los derechos de las víctimas y se evite cualquier medida que pueda favorecer la impunidad en casos tan sensibles como los mencionados. Se espera una pronta respuesta por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver esta situación que preocupa profundamente a las autoridades encargadas de la procuración de justicia en el país.