La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo canceló la personalidad jurídica a 15 asociaciones que funcionaban como organismos sin fines de lucro, con lo que suman casi 3600 las organizaciones no gubernamentales ilegalizadas desde diciembre de 2018.
La disolución de esas organizaciones fue aprobada por la ministra del Interior, María Amelia Coronel, según dos acuerdos ministeriales publicados en el Diario Oficial La Gaceta de Nicaragua.
La titular del Interior explicó que cerró de forma unilateral nueve oenegés por incumplimientos a las leyes que los regulan, y las otras seis porque solicitaron su disolución voluntaria.
Entre las 15 oenegés canceladas se encuentran la Fundación Un techo para Chile; Fundación Politécnico La Salle; y la Asociación Integral a la Familia Juan Pablo II.
Sobre la liquidación del patrimonio de los organismos, el Ministerio del Interior indicó que corresponderá proceder de oficio a la Procuraduría en el traspaso de bienes muebles o inmuebles a nombre del Estado de Nicaragua, excepto sobre los organismos que solicitaron su disolución voluntaria.
Con el cierre de estas 15 oenegés, suman más de 3590 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas sociales que estallaron en abril de 2018.
Algunos diputados sandinistas, como Filiberto Rodríguez, han dicho que las oenegés afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar al presidente Daniel Ortega en las manifestaciones.
Los sandinistas también han argumentado que la ilegalización de esas organizaciones forma parte de un proceso de ordenamiento, debido a que no todas las 7227 que estaban registradas en Nicaragua hasta 2018 estaban operando.
A finales de febrero pasado, el Ministerio del Interior de Nicaragua y el Ministerio de Justicia de Rusia suscribieron un memorando de entendimiento sobre cooperación en el campo de la regulación legal de las actividades de las organizaciones sin fines de lucro.