No hay duda de que el proceso contra Uribe va a terminar en prescripción. Tantas vueltas y revueltas hacen suponer que eso va a ocurrir. La verdad fue que el expresidente escogió su propio escenario de juzgamiento, porque al renunciar de su condición de senador, en cuya condición lo iba a juzgar la Corte Suprema de Justicia, optó para que lo investigara la Fiscalía, en donde estaba su amigo Barbosa, y luego lo juzgaran los jueces. Ahora, ¿de qué se queja?
Aprovecha Uribe para acusar de "prevaricadores" a magistrados de la Corte como José Luis Barceló, quien lo llamó a indagatoria, pero calló cuando fue quien con su voto dirimió el empate en esa corporación para absolver a su copartidario, el coronel Alfonso Plazas Vega, acusado de la retoma del Palacio de Justicia. En este proceso sí supo administrar justicia.
De otra parte, nadie se puede imaginar que una persona que fue elegida dos veces para ocupar la primera magistratura de la nación termine como cliente de un abogado llamado Diego Cadena, conocido como el "abogángster".
Lo mejor para el país, para el expresidente Uribe, para nuestras instituciones y para nuestro Estado de derecho es que este largo proceso concluya con un juicio libre en donde se conozca la verdad y que no sigamos viviendo el actual nivel de polarización. No hay que desconocer que en la pasada Fiscalía hubo manipulación de pruebas que pretendieron enderezar el proceso, politizándolo, cuando lo que se juzga son conductas en derecho.
Sin embargo, existe la impresión, y es opinión general, que lo que se busca es que el proceso prescriba, y eso a nadie le conviene.
Un expresidente no puede ser condenado o absuelto por prescripción.