Adeje, el municipio más turístico de Tenerife, aprueba instar al Gobierno canario a iniciar los trámites para declararse zona tensionada
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El pleno del Ayuntamiento de Adeje, el municipio más turístico de Tenerife, ha aprobado este miércoles la moción socialista que insta al Gobierno de Canarias a comenzar los trámites para declarar al municipio sureño como "zona tensionada", según lo permite la ley estatal 12/2023.
La aprobación ha contado con el apoyo de CC, PP, PSOE y Unidas Podemos, y el voto negativo de Vox, y con ella el municipio solicita al Ejecutivo canario que realice los estudios que midan los parámetros socio-económicos que lleven a efecto la citada declaración, como ya adelantó en marzo la corporación municipal.
Según José Miguel Rodríguez Fraga (PSOE), alcalde del municipio, en Adeje se dan los dos supuestos que establece la ley: que los habitantes dediquen al menos el 30% de sus ingresos a la vivienda y que el precio de compra o alquiler haya sufrido aumentos que superen en tres puntos el IPC de la Comunidad autónoma en los cinco últimos años.
La medida que establece la normativa articula la posibilidad de que los arrendatarios rebajen un 5% las rentas del alquiler a cambio de bonificaciones fiscales que podrían ascender hasta el 90%.
La deducción sería del 70% si se alquila por primera vez a jóvenes de 18 a 35 años, mientras que si en el inmueble ha sido rehabilitado o mejorado, la bonificación alcanza el 60%", expresa la moción.
Además, las personas propietarias que firmen un contrato de al menos 10 años podrán librarse de la congelación de los precios e incrementar el alquiler hasta en un 10% a cambio de ampliar la duración del contrato.
Con la declaración de zona tensionada, el municipio de Adeje pretende ayudar a limitar los precios de los alquileres así como generar ayudas para las personas que ponen sus viviendas en el mercado, según ha explicado.
Asimismo, se busca tramitar bonificaciones de impuestos y otras medidas que influyan a bajar los precios en los próximos meses, evitando las subidas desproporcionadas cada vez que se tiene que renovar un contrato de alquiler.
El acuerdo del pleno adejero ha incluido, además, otros acuerdos municipales en relación a una enmienda a la moción presentada por Unidas Podemos.
Además de Adeje, también La Orotava y Granadilla han dado pasos similares, mientras que Santa Cruz de Tenerife ha optado por encargar a una empresa la elaboración de un estudio al respecto.
El Gobierno canario rechaza la ley de vivienda
El Gobierno canario, con CC y PP al frente, es quien tiene la última palabra sobre la declaración de zonas tensionadas, pues es el competente para realizar la petición final al Ministerio de Vivienda. Por ahora, el Ejecutivo regional, que reconoce que existe una emergencia habitacional en las islas, ha mostrado su rechazo a la declaración de zonas tensionadas, así como a la ley de vivienda en su totalidad (incluso dijo que la recurría en el Constitucional, aunte finalmente no lo hizo), porque afirma que existen otras alternativas, como el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda recién aprobado en el Parlamento.
Media docena de personas expertas en políticas de vivienda han sido consultadas por Canarias Ahora para conocer sus valoraciones sobre este decreto. Todas piden cautela y aclaran que no existe una "solución mágica" para atajar una emergencia, la de la vivienda, que presenta un carácter más estructural que coyuntural. Y, al mismo tiempo, la mayoría de las fuentes consultadas echa en falta actuaciones a corto plazo, como la captación de inmuebles vacíos o regulación de alquileres, pues la estrategia de apostarlo todo al ladrillo tardará muchos años en tener resultados, si es que los tiene, que eso tampoco está tan claro.
Los expertos consultados coinciden en señalar la importancia de regular los precios del mercado del alquiler y de captar vivienda vacía hasta equilibrar la balanza respecto al número de viviendas sociales en las islas, que debería ser de un 40% de la oferta, pero en realidad es de apenas el 1%. Ambas medidas tendrían un presumible impacto en el corto y medio plazo, pero ninguna de ellas está recogida en el texto del Ejecutivo regional.