El director del IB-Salut, Javier Ureña, junto al conseller d'Hisenda, Antoni Costa. | Teresa Ayuga -
La amplia documentación sobre el proceso de adjudicación de mascarillas que el Govern ha puesto a disposición de los grupos parlamentarios –formada por 49 documentos administraivos y anexos, algunos de una páginas y otros de decenas– refleja que el expediente de reclamación a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas caducó durante el proceso; que el IB-Salut, ya con la dirección del PP, dio por hecho que eran tres meses, que nunca se informó a la empresa de que se hubiera cambiado y que este plazo es el que llevó al juez de la Audiencia Nacional a indicar que el 18 de enero de este año (y no en abril, como todavía defendía ayer el PP y el Govern) «se produciría la caducidad del requerimiento administrativo y, por ende, de la reclamación de casi 3 millones de euros», concretamente 2,7.