El pasado reciente de España vuelve a irrumpir en el debate político como un factor más de división entre los dos grandes partidos. Este lunes, el Gobierno anunció que irá al choque con las comunidades gobernadas por el Partido Popular y Vox que están promoviendo la derogación de las leyes de Memoria Democrática.
Lo hará interponiendo el correspondiente recurso ante el Tribunal Constitucional. Así lo anunció el responsable del ramo, el ministro Ángel Víctor Torres, que ha encargado un informe jurídico para poder llevar a cabo esta estrategia.
Para el PP, la legislación del Ejecutivo de Pedro Sánchez con la "mal llamada Ley de Memoria Democrática" bien merece una enmienda a la totalidad. De hecho, Alberto Núñez Feijóo se comprometió en el programa electoral para las generales del 23-J a suprimir esta norma e impulsar una nueva que surja del consenso y "que refuerce los principios democráticos y la reconciliación nacional".
No obstante, el PP, en el ámbito autonómico, sólo plantará cara a las políticas de la izquierda en Memoria Histórica con leyes de Concordia en aquellas regiones donde gobierna en coalición con Vox. Es decir, en Castilla y León, Comunidad Valenciana -ambos ejecutivos ya han registrado iniciativas legislativas-, Extremadura y Aragón. Murcia se mantendrá al margen, pues no hay ninguna legislación en vigor.
En otros territorios, como Baleares, donde el PP tiene como aliado parlamentario al partido verde, o Cantabria, también se están eliminando las leyes de memoria que aprobaron las anteriores administraciones. Aunque, en ambos casos, no está previsto que se aprueben normas de Concordia.
En Castilla y León, la principal crítica que hace el Gobierno central al proyecto del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco es que no se denomina al franquismo como una dictadura. Los partidos de la oposición, además, reprochan que la nueva proposición de ley extiende el reconocimiento de víctimas hasta el año 1931, cuando antes quedaba comprendido desde que estalló el golpe militar, en 1936.
Según dijo el ministro Torres, las normas de PP y Vox pretenden "unir" los años del "totalitarismo y de la dictadura, con un periodo de "régimen democrático" como fue la Segunda República. Un hecho "inadmisible", pues considera que el PP, "obligado por Vox", intenta "blanquear la dictadura".
El PP zanja su postura
Servida la polémica, en la dirección popular cierran filas con sus barones autonómicos y marcan líneas rojas frente a las posiciones que pueda defender Vox. Lo recalcó este lunes el portavoz nacional del PP, Borja Sémper: "Por supuesto que el régimen franquista fue una dictadura, afortunadamente superada por los españoles que hoy podemos vivir en democracia; dejando atrás una etapa en blanco y negro que fue una dictadura".
El también responsable de Cultura del principal partido de la oposición, por otro lado, cargó contra el anuncio del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de acudir al TC cuando, en realidad, todo lo que ha hecho el Gobierno es "encargar un informe".
En el PP reprochan al Ejecutivo que haya anunciado una ofensiva judicial únicamente contra dos iniciativas que se están empezando a tramitar, y que, por tanto, pueden sufrir modificaciones; porque en el resto de territorios todavía no hay nada más.
Para zanjar cualquier duda sobre la postura de Génova con las normativas que están planteando los territorios gobernados por PP y Vox, Sémper defendió ayer "el anuncio de leyes que pretenden ensanchar y ampliar la consideración de víctimas"; y reprochó al PSOE su negativa a apoyarlas.
"Todo lo que sea avanzar, ensanchar y llegar a más gente, nos parece muy bien y nos parece razonable; ¿hay alguien en este país que no quiera resarcir a ninguna víctima de ninguna injusticia? me parecería sorprendente", apostilló el portavoz.
Lo cierto es que los planes para acometer una reforma a fondo en la Memoria Democrática figuran en la hoja de ruta del PP desde hace tiempo. Aunque, en las regiones donde comparten gobierno con Vox, apremian los pactos de coalición.
Una de las prioridades que se ha fijado la formación de Santiago Abascal es "desmontar" la política que se ha venido desarrollando en los últimos años en materia de memoria histórica, en su opinión "sesgada". En todos los acuerdos que rubricaron PP y Vox tras las últimas elecciones autonómicas, figuran medidas destinadas a reorientar la memoria histórica.