La Organización de Estados Americanos (OEA) convocó una reunión para el martes 9 de abril, a petición de Ecuador, para tratar sobre el reciente incidente con México desatado tras el asalto de las fuerzas ecuatorianas a la embajada mexicana en Quito con el fin de sacar de allí al exvicepresidente Luis Glas, aliado de Rafael Correa.
El asalto motivó la ruptura de relaciones diplomáticas por parte de México, que en diciembre había concedido asilo político a Glas y tenía previsto sacarlo de Quito este mismo fin de semana.
La reunión de carácter extraordinaria de la OEA ha sido convocada a las 15:00 hora local el martes en Washington (19:00 GMT) y tendrá como orden del día las "Normas de las relaciones diplomáticas y de asilo".
Ecuador se adelanta así al mismo Luis Almagro, presidente de la OEA, que el sábado anticipó que pensaba pedir una reunión del Consejo Permanente de la institución para tratar la cuestión, después de haber rechazado sin ambages el asalto a la embajada y "cualquier acción violatoria o que ponga en riesgo" la inviolabilidad de la que gozan las misiones diplomáticas.
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Almagro manifestó también el sábado su "solidaridad con quienes fueron víctimas de las acciones improcedentes que afectaron a la embajada de México en Ecuador", una reacción que coincide con la de la mayor parte de la comunidad internacional.
La noche del último viernes un grupo de policías de Ecuador irrumpió en la embajada de México en Quito y detuvo al exvicepresidente Jorge Glas, a quien el Gobierno mexicano le concedió el asilo político luego de que ingresara a esa legación desde diciembre del 2023.
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Mediante un comunicado, el Gobierno de Ecuador confirmó que Glas fue detenido y puesto a las órdenes de las autoridades competentes.
Tras ello, la embajada de México en Ecuador cerró de forma indefinida y suspendió los servicios consulares para más de 1.600 mexicanos y empresarios en la nación sudamericana, informó el sábado la Secretaría de Relaciones Exteriores.
México también ha anticipado que recurrirá a la Corte Internacional de Justicia para denunciar la responsabilidad de Ecuador por violaciones al Derecho Internacional.
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