El Juzgado de Garantía de Concepción fijó las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para Luisa Fonseca, la madre de la excandidata a alcaldesa Camila Polizzi.
Fonceca fue formalizada por la Fiscalía del Biobío por lavado de activos.
La acción del Ministerio Público se da en el marco de la investigación por convenios presuntamente fraudulentos entre la Fundación En Ti y y el Gobierno Regional del Biobío.
A fines de noviembre del año pasado se formalizó a Polizzi y a los hermanos Sebastián y Diego Polanco por los delitos de estafa, falsificación de documento oficial, usurpación de identidad y lavado de activos. En tanto, el exadministrador del Gore del Biobío, Rodrigo Martínez Fernández, y el exjefe de la División de Desarrollo Social y Humano de esa repartición, Simón Acuña Medina, fueron acusados por los mismos delitos, además de fraude al fisco. Los cinco quedaron bajo arresto domiciliario a fines de noviembre del año pasado.
Posteriormente, se formalizó a Tamara Vidal, exencargada de la Unidad de Participación Ciudadana del Gore; Eduardo Quezada, representante de la consultora EQOS; y Matías Godoy, representante legal de la OTEC Frumisal Ltda.
De acuerdo a la indagatoria, Polizzi y su expareja Sebastián Polanco se apropiaron de la fundación En Ti para obtener vía asignación directa recursos por $250 millones desde el gobierno regional y terminaron simulando la ejecución de los proyectos asociados a los contratos. La pareja habría ofrecido a Gerardo Silva, presidente de la fundación, el pago de $10 millones como "arriendo" de la ONG que contaba con varios años de experiencia para poder postular a los convenios. Así accedieron a los fondos para un proyecto de mejoramiento barrial de la zona norte de Concepción. Al justificar los gastos de las transferencias se presentaron boletas por compras de ropa interior, prendas de prestigiosas marcas, cenas en restaurantes y comprobantes de delivery. Por ello, la investigación comenzó a ser conocida como el "caso Lencería".
En la audiencia de este lunes, el tribunal penquista mantuvo el plazo de investigación fijado inicialmente, que es de 270 días y se cumple en agosto.
El Ministerio Público había pedido el arresto domiciliario total de Fonseca, pero el tribunal lo consideró desproporcionado en relación a la pena asignada al delito y que la imputada tendría al menos una atenuante. La fiscalía no apeló a la resolución.