El domingo 5 de mayo termina en Panamá una carrera presidencial marcada por diversos temas, como la migración y las denuncias de corrupción, y comienza el desafío para el vencedor, que tendrá que cumplir sus promesas y enfrentar las dificultades que apremian a la ciudadanía. Sin segunda vuelta, y con un panorama político dividido entre ocho aspirantes al máximo cargo, la dispersión de los votos hará que el trabajo del futuro Gobierno sea cualquier cosa, menos sencillo.
Los últimos sondeos muestran una ventaja del opositor José Raúl Mulino, considerado por muchos un delfín del expresidente Ricardo Martinelli, quien está impedido de competir por una condena de 10 años por blanqueo de capitales. Infodata 360, por ejemplo, pone a Mulino con un 26,1 por ciento de las preferencias, superando a Rómulo Roux, excanciller de Martinelli, que sumaría el 24,8 por ciento. Gallup, en cambio, otorga un 30 por ciento a Mulino y un 15 por ciento al socialdemócrata Ricardo Lombana.
"La ventaja que lleva Mulino básicamente está basada en la popularidad que Ricardo Martinelli tiene dentro de la ciudadanía panameña, que tiene que ver con que, cuando fue presidente, logró establecer una conexión carismática con muchos de sus seguidores, y a la vez el país tuvo un buen momento de crecimiento económico", dice a DW Sergio García, politólogo y director interino del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS).
Promesas difíciles de cumplir
Una de las promesas de Mulino es "cerrar" la selva del Darién, una zona de la frontera con Colombia que se ha convertido en punto de tránsito para miles de personas que desean llegar a Estados Unidos. No solo sudamericanos: por allí pasan también haitianos, cubanos e incluso indios y chinos. "Si gana Trump, que eche una paladita de cemento para un muro en Darién", dijo Mulino el 17 de abril. "La frontera de Estados Unidos en vez de Texas se corrió a Panamá", agregó en la ocasión.
"Mulino ha exteriorizado la preocupación de la mayoría de los panameños por el enorme e incontrolado flujo de migrantes irregulares a través de la selva del Darién. Esa es una situación totalmente fuera de control, con consecuencias humanitarias, ecológicas, económicas y de seguridad muy serias para Panamá", dice a DW el politólogo y académico Carlos Guevara Mann, quien estima que la promesa de cerrar el Darién "es bastante difícil de cumplir, pero no parece imposible". A su juicio, habría que "establecer puntos de control en la frontera y desarticular el enorme tráfico de personas que las bandas criminales tienen montado del lado colombiano, a vista y paciencia del gobierno de ese país".
Algo similar piensan Winfried Weck, director de la oficina para Panamá de la fundación alemana Konrad Adenauer, y la coordinadora de proyectos de dicha oficina, Yadira Gratacós, quienes a través de correo electrónico señalaron a DW que la propuesta es difícil de llevar a la práctica porque se trata "de áreas con poca presencia del Estado, donde se requiere la inversión de grandes recursos". Ya antes, en 2008, se creó el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) para combatir la infiltración de guerrilleros colombianos. Sin embargo, eso no ha impedido que "supuestos grupos organizados para cometer delitos lleven años operando" en la zona, ahora asaltando y violando a migrantes.
Cooperación para enfrentar el desafío
En 2023, poco más de 520 mil personas atravesaron el Darién, una cifra que supone un duro desafío para las autoridades. "El Estado panameño, como el colombiano y como cualquier otro país en el tránsito hacia Estados Unidos, no cuenta con las herramientas y las capacidades para hacer frente a esta crisis migratoria. Se requiere cooperación con Colombia y Estados Unidos, porque existe un desbordamiento de las condiciones de infraestructura y de control sobre la zona", dice García.
"La falta de herramientas y personal es notoria, y los migrantes se trasladan a campamentos con infraestructuras y condiciones sanitarias y de seguridad precarias. Ni siquiera las ONG son capaces de garantizar las condiciones mínimas necesarias para la protección de los derechos humanos", apuntan Weck y Gratacós.
"La crisis es más palpable en el Darién, pero en Chiriquí, provincia limítrofe con Costa Rica, también se han presentado problemas sociales. En el resto del país, los efectos no son tan palpables, pero, en general, los panameños resienten la permisividad del gobierno colombiano y la inacción frente al tráfico de personas", dice Guevara Mann. Y todo esto, sin olvidar que hay otros problemas que afectan a los panameños: "temas de políticas internas como el trabajo, la educación y la salud son todavía grandes retos", señalan los representantes de la Fundación Konrad Adenauer, retos para los que la ciudadanía espera pronta respuesta.
(ers)