"¿Qué está pasando conmigo?", pregunta Ricardo Lorenzetti
Por Eduardo van der Kooy para Clarín
Por Eduardo van der Kooy para Clarín
Ricardo Lorenzetti está preocupado. Esa preocupación no deriva del funcionamiento de la Corte Suprema que preside. Tiene allí años de manejos difíciles y experiencia.
El abogado de Rafaela observa asuntos que intentan cocinarse fuera del Palacio de Tribunales. Aunque tampoco demasiado lejos de Plaza Lavalle.
Por ese motivo levantó el teléfono para indagar a un discreto e importante diputado oficialista: "¿Qué está pasando conmigo?", preguntó.
El titular de la Corte asoma en medio de varios fuegos. Es consciente. Pero una sola cosa le dispara alarma: el cuchicheo incesante que existió la última semana entre diputados peronistas, ultrakirchneristas e, incluso, de Cambiemos, que merodearon la posibilidad de un pedido de interpelación a él.
¿Motivo? La difusión de escuchas telefónicas en causas que se han cerrado o siguen en curso.
Por el momento, casi exclusivamente, involucran a Cristina Fernández y su mayor servidor, Oscar Parrilli. Suele hacerse público en esos audios el desprecio que la ex presidenta dispensa al peronismo y a muchos dirigentes que estuvieron junto a ella en los años de poder.
Antes era sólo un secreto a voces. Tal insistencia agitó, como no podía ser de otra forma, los fantasmas políticos de la oposición: ¿Justo ahora que se está gestando la unidad?, interrogan. Esa unidad, se comprueba, es una cáscara vacía.
La inquietud de Lorenzetti tiene un socio. Se trata de Gustavo Arribas, el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
Ese organismo realiza las escuchas por orden judicial. Pero las administra un cuerpo, conducido por el juez Martín Irurzun, que depende directamente de la Corte Suprema.
Fue una jugada que hizo en su momento Mauricio Macri para restarle poder a la ahora ex procuradora general, Alejandra Gils Carbó.
El cambio de la jurisdicción no mejoró las cosas. Persiste el descontrol sobre las escuchas y su divulgación. Poco ha mejorado, en ese campo, desde que Cambiemos desplazó al kirchnerismo del poder.
Las cabezas de Lorenzetti y Arribas tienen una cotización elevada para los opositores.
En el caso del titular de la Corte, apuntaría a hacerle pasar un mal momento y afectarle el manejo puntilloso que posee de la interna de aquel cuerpo.
Con Arribas sería distinto. El jefe de los espías viene siendo jaqueado por divulgaciones en Brasil sobre presunto cobro de coimas derivado del la causa del llamado Lava Jato. Un colosal sistema de corrupción.
Tales revelaciones resultan cíclicas. Su defensa y negativa también. Pero jamás terminan de aventar sospechas y de cerrar el círculo. Arribas es un conocido íntimo amigo de Macri. Su hipotética caída afectaría al Presidente.
El entusiasmo con que el kirchnerismo y los aliados enfrentan esos casos denota un cambio de los tiempos políticos. Donde a Cambiemos le empezaría a costar mucho conseguir la solidaridad del peronismo federal en instancias apremiantes.
No habría que pasar por alto, a propósito, el calendario que exhibe el Congreso. Después de Semana Santa deberá presentarse a rendir cuentas el ministro de Finanzas Luis Caputo. Es por su vieja participación en empresas offshore.
Ayer martes la Comisión Bicameral que investiga la desaparición del submarino ARA San Juan convino citar para el 17 de abril al ministro de Defensa Oscar Aguad para que brinde detalles sobre la frustrada búsqueda y la desaparición de los 44 tripulantes.
El pedido fue resuelto por unanimidad. La moción partió de Guillermo Montenegro, vicepresidente de la Comisión y diputado del PRO.
Lorenzetti y Arribas, por otra parte, comparten una enemistad en el interior de Cambiemos. La corporiza Elisa Carrió.
La líder de la la Coalición Cívica tiene una vieja denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito contra el jefe de la Corte Suprema. También pidió varias veces que se investigue al titular de la AFI.
La semana anterior se la vio conversando sobre esas cuestiones con los ultra K Agustín Rossi y Leopoldo Moreau.
Pero la diputada nunca masticaría vidrio. Junto a otros diputados de Cambiemos encontró un atajo para suavizar las ambiciones kirchneristas.
Propuso, en principio, dos cosas. Que el Congreso realice auditorias sobre el organismo encargado de las escuchas telefónicas que depende de la Corte. Posee facultades indiscutidas para hacerlo.
Además se llevarán a cabo auditorías para descubrir en qué juzgados están -o estuvieron- las causas de las cuales se conocen diálogo secretos.
Esa propuesta teórica suena atendible. El problema radica en la práctica. La Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia ha tenido, por lo menos desde la gran crisis de 2001 hasta estos días, una actuación inexistente. Tanto que, por ejemplo, ni siquiera en este momento está conformada. Quizás empezará a esbozarse luego de Semana Santa.
Aún antes de que funcione, algunos legisladores oficialistas y de la oposición hicieron averiguaciones sobre tantas anomalías.
Hubo una primera huella que condujo hasta el despacho del juez Ariel Lijo. Pero ciertas bifurcaciones causaron sorpresa.
"Las conversaciones siguen siendo manipuladas por gente del espía Stiuso que permanece en Comodoro Py", concluyó un diputado macrista. Quizás sea la prueba fehaciente de que las reformas para el Poder Judicial pregonadas por el propio Macri significan todavía gotas en un desierto gigantesco.
Lorenzetti, por las dudas, apeló a un buen resguardo cuando logró amalgamar a sus colegas del Tribunal para que exijan al Consejo de la Magistratura que revise la conformación de la Sala I de la Cámara que, con los votos de Jorge Ballestero y Eduardo Farah, determinó la liberación del empresario K Cristóbal López.
Ese episodio y el cambio de la carátula de la causa -evasión en lugar de defraudación al Estado- indignó al Gobierno y produjo un alivio indisimulado en el kirchnerismo.
Carrió denunció que había corrido dinero por el fallo.
El Consejo actuó con premura y sorteó al consejero Leónidas Moldes como instructor de la investigación. Se trata de un conocido juez de San Carlos de Bariloche, que no tiene parentesco con el viejo fiscal Germán Moldes.
La mayor objeción de Ballestero fue haber eludido el sorteo y designado a Farah en la Sala, con la oposición expresa del tercer integrante, Leopoldo Bruglia.
El expediente abierto tiene por ahora una explicación de Ballestero. Adujo que Farah había intervenido en una causa conexa del empresario K en diciembre último. También hay dos resoluciones en igual sentido de la Cámara de Casación. Además, un escrito del juzgado de Julián Ercolini.
Pero las sospechas son tantas que la investigación se profundizará. "Como siempre, la biblioteca del derecho está dividida. En la decisión final terminará influyendo el humor político", ilustró uno de los integrantes del Consejo.
Lorenzetti, perturbado por tanto revuelo, pareció realizar otro guiño al Gobierno.
Aclaró que la acordada, que por tres votos contra dos invalidó la creación del Tribunal Oral Federal 8, que tenía una megacausa contra Cristina (ruta del dinero K y pacto con Irán), no tendría efecto retroactivo.
Es decir, no anularía otros traslados de jueces del fuero ordinario al federal que vienen actuando desde hace mas de un año. Acorde con una ley votada por el Congreso en 2016.
Abarcaría, entre varios, los casos de Bruglia y de Carlos Mahiques, que en mayo de 2017 pasó de la Cámara de Casación porteña a la Cámara Federal de Casación Penal.
Te recomendamos: La peor crisis entre el Gobierno y la Justicia