Diana Cohen Agrest, una investigadora y una experta en filosofía, se ha metido en ese espinoso campo de la injusticia y de la inseguridad, y ha logrado interpelar con sus intervenciones el statu quo del servicio judicial y a la dirigencia política que lo ha prohijado.
Aquí habla a fondo y sin pelos en la lengua de los conflictos de fondo de esta problemática, una de las preocupaciones más grandes de los argentinos, según registran todas las encuestas desde hace años.
-Esta conversación sucede en un momento particular de la Argentina, en que el descrédito de la Justicia es gigantesco, casi como nunca en toda la era democrática. Tengo aquí las propuestas que Usina de Justicia le acaba de presentar al juez Horacio Rosatti, de la Corte Suprema, para reformar el sistema.
-No son propuestas de cambio, sino un plan de saneamiento de la Justicia, que efectivamente está enferma, y de la cual los argentinos estamos presos. Como sabés, es el único poder que no podemos elegir. Tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo podemos renovar las autoridades, a pesar de que en este país los políticos nunca se jubilan. En la Justicia, en cambio, estamos cautivos de una elite dirigente, de una gran famiglia, sobre la cual no podemos hacer nada y que nos viene castigando a nivel macro, en las causas que se tramitan en Comodoro Py, pero también a nivel micro, con otras causas no visibilizadas, con madres de chicos asesinados mendigando justicia de juzgado en juzgado. Este último fenómeno la dirigencia no lo ve; la elite ilustrada, tampoco, y, sin embargo, existe y va socavando a la sociedad y creando resentimiento y dolor.
-Hay una ideología en la Facultad de Derecho; incluso vos quisiste dar allí una clase y no te dejaron. El zaffaronismo es importantísimo en esos ámbitos. ¿Cómo nace esta ideología?
-A decir verdad, no nace solo con Zaffaroni. Cuando Alfonsín asumió el poder, se comenzó a confundir la autoridad con el autoritarismo. Se intentó invertir todos los valores. En ese momento había un debate entre Carlos Nino y Eugenio Zaffaroni. Nino era un gran jurista que falleció al poco tiempo de este debate, lamentablemente, porque él defendía la función disuasiva de la pena: es decir, si sabés que violando la ley irás preso, no la vas a violar. En cambio, Zaffaroni decía que la pena no servía para nada, y por eso se define como un "agnóstico de la pena". En función de ese concepto, el programa Zaffaroni -muy bien descripto en un libro llamado En busca de las penas perdidas- fue implosionar la Justicia desde adentro. En una nota al pie, él mismo reconoció que su programa se intentó llevar a cabo en los países nórdicos, pero fracasó por razones "extrajurídicas". A renglón seguido, Zaffaroni decía que esta propuesta era una utopía, que proponía entenderla como "un ideal a realizar". Él se lo propuso y efectivamente lo cumplió: pasaron 25 años y podemos decir que Zaffaroni logró realizar ese ideal, porque si existen Justicia Legítima, corrupción en el sistema penal y jueces comprados, y todo lo que acompaña estas decisiones arbitrarias, es en gran medida por ese concepto. Pero ojo, hay gente que acompañó a Zaffaroni y que no debemos olvidar: cuando fue el juicio a Axel López, que entre otras cosas liberó al asesino de la familia de Matías Bagnato -en realidad lo mandó a España, porque era español, y eso consta en una ley que no se pudo modificar: cuando un extranjero delinque, pasada la mitad de la pena puede ser expatriado-. El asesino volvió, Axel López ni miró el expediente y este hombre volvió a amenazar a Bagnato. También dejó libre al hombre que terminó matando a Soledad Bargna. Y al violador que se fue al norte, se hizo pasar por remisero y violó y mató luego a Tatiana Kolodziez. Entonces se le hizo un juicio a Axel López, y toda la corporación judicial dijo que no podía enjuiciárselo porque no se puede hacer futurología. Eso es muy discutible: si una persona violó y mató en repetidas oportunidades, perfectamente puede volver a hacerlo. El tema es que entonces hubo grandes personalidades, como Gil Lavedra, Arslanian, Francisco Mugnolo (que desde el Servicio Penitenciario de algún modo colaboraba con Vatayón Militante), que mandaron una carta al diario Clarín solicitando que no siguiera adelante ese juicio y justificando a Axel López. El problema no termina ni empieza en López o Zaffaroni, sino que es un problema cultural de la Justicia argentina. Quien no es zaffaroniano, pertenece a la escuela de Nino, pero él trabajó en Estados Unidos, y eso ya no puede compararse con la Argentina: alguien que allá mata a dos o tres personas va preso 70 años, y además hay pena de muerte. Acá no hay pena de muerte. Y en cuatro o cinco años estás en la calle.
-Hay un acompañamiento de la doctrina judicial por parte de cierta clase media ilustrada, a la que vos tildás de "buenista". ¿Qué es el buenismo?
-Lamentablemente, tenés que recurrir a la literatura española, a la francesa o la anglosajona, porque acá hay mucho sesgo. El problema es que el delincuente que sobrevive despierta de alguna manera empatía, desde un punto de vista psicológico. ¿Por qué? La persona prefiere identificarse con aquel que ganó, que pudo, y no con el que perdió. Pero también responde a una teoría que refleja una inversión de órdenes: la víctima está muerta, entonces es una "cuestión abstracta", lo cual es falso. Está muerta porque alguien la mató. Aquí en la Argentina se mata desde muy joven, y se mata hasta por un celular, gracias en parte a la doctrina Zaffaroni. ¿Qué es el "buenismo"? Invertir el orden entre la víctima y el victimario. Y justificar al victimario en que, por su condición social, no podía hacer otra cosa. Eso es muy grave desde lo teórico, práctico y jurídico: es un falso paternalismo que, de alguna manera, le está restando toda autonomía a la persona que transgredió la ley.
-La exculpa.
-Y acá voy a decir algo para unir a los seguidores de Zaffaroni y de Nino: la teoría de Hans Kelsen (un estudioso del siglo XX) sostiene que al cometerse un delito se transgrede la norma. Entonces, cuando la Justicia castiga, no lo hace porque alguien mató o violó o robó, sino porque se trasgredió la norma. De modo que un delito donde se viola a una mujer, se mata o se secuestra se transforma simplemente en una "transgresión de la norma". Allí desaparecen las personas.
-Ustedes, en esta propuesta a la Corte, hablan del juicio por jurados, de la prisión preventiva.
-El juicio por jurados está en la Constitución, es cierto. Pero la Constitución fue escrita en 1853 y fue copiada de la americana. En Estados Unidos, sin embargo, se está revisando este sistema, porque es costoso, problemático y porque lleva a injusticias como estas: si un individuo es declarado inocente, la familia de la víctima no puede apelar; en cambio, si el acusado es declarado culpable, este sí puede hacerlo. Eso provoca una asimetría y se viola la igualdad ante la ley. Aquel que transgredió la ley, además de la presunción de inocencia, tiene la prerrogativa de que, de ser declarado culpable, puede apelar. Es un sistema absolutamente perverso. Respecto de la prisión preventiva, nuestro planteo tiene que ver con la peligrosidad; en muchos países del mundo se conservan tres criterios para mantener una persona presa: el riesgo de fuga, el posible entorpecimiento de la investigación y la peligrosidad. Entonces, muchas veces se dice que con la peligrosidad se estigmatiza a un individuo que goza, de momento, de la presunción de la inocencia. Pero la agresión es una característica psicológica, una característica incluso psiquiátrica, que no debería estar en manos del juez. Cuando un perito pasa un informe que dictamina que un determinado sujeto tiene un alto grado de agresividad, esa persona no puede entonces salir libre; el juez debería mantenerlo encerrado por peligroso.
-Y eso no ocurre.
-Por supuesto que no. En el juicio a Axel López, el juzgado no era el magistrado, sino el pobre psiquiatra que había dado un informe negativo. A pesar de haber dado un informe de ese tipo, López largó igual al detenido. Y en la provincia de Buenos Aires, durante mucho tiempo, los informes negativos no se podían emitir. Entonces los jueces solo recibían los informes positivos. ¿Se entiende esto? Un juez no tomaba en cuenta los informes negativos. Es tan loco que cuesta entenderlo.
-¿Qué proponen para la prisión preventiva?
-Una persona que violó no puede estar en la calle. En España se estudió a un grupo de violadores que recibió tratamiento psicológico y farmacológico, y a otro grupo testigo que no recibió ningún tratamiento. Hubo un 8% de personas que recibieron el tratamiento y no volvieron a violar hasta aquel momento. Eso significa que un 92% vuelve a violar. Yo, personalmente, y gran parte de Usina de Justicia adherimos a que la persona que hace daño debe reparar su daño, no solamente sin entorpecer la ley o sin fugarse. Vuelvo a la mención de Kelsen: el problema de la ley lábil es que se piensa que se trasgredió una norma y se olvida que hay un sufrimiento enorme en un tercero, porque una persona fue asesinada, fue violada, etcétera. Una persona que hace un daño semejante debe hacer un trabajo de introspección para volver a ser reinsertado en la sociedad. Nosotros nos reunimos con la comisión encargada de la reforma del Código Penal y hasta el momento no nos dieron ningún tipo de respuesta. En la Argentina existe una pena a plazos: cuando una persona delinque y se la condena, en principio va a estar tres, cinco o 20 años, pero nunca los cumplen, porque salen antes por la ley de estímulo educativo o por otros beneficios. El problema es que la cárcel tiene por objetivo la reinserción social, pero la condena es a plazos. ¿Qué pasa si un violador tiene cinco años de pena y pasado ese tiempo no se rehabilitó? Según la ley, lo deben largar igual porque resulta conforme a derecho, pero si el objetivo de la cárcel es la rehabilitación, ese individuo no estaría en condiciones de salir. ¿Qué hicieron los países europeos ante estos dilemas? Propusieron la prisión permanente realizable, que en la Argentina se conocía como la "accesoria por tiempo indeterminado". Concretamente, pasado el tiempo de pena, el individuo es revisado por un psiquiatra, y si está en condiciones de salir, se lo libera o se fija un plazo para tal fin. Pero si no está en condiciones de salir, esa persona no sale y se le fija una nueva fecha para más adelante, para ver si está en condiciones, y así sucesivamente. Si una persona no pudo rehabilitarse y, por lo tanto, no podrá reinsertarse, entonces continúa presa. No es una pena a perpetuidad: es una pena que va revisándose de tanto en tanto y que asegura que esa persona salga rehabilitada y que no sea un peligro.
-Estamos en presencia de un sistema judicial que, en nombre del humanismo, deshumaniza a las víctimas.
-Sí, porque la víctima no existe. La Argentina está en deuda con una Declaración de las Naciones Unidas de 1985 que trató sobre el reconocimiento hacia las víctimas, con un anexo dirigido a las víctimas de la violencia institucional. En 1985 se dedicó esa declaración a evaluar indemnizaciones, abogados, etcétera, para las víctimas de violencia institucional. Y la parte fundamental de esa declaración jamás se puso en vigor. Entonces, el año pasado, luego de un trabajo arduo de varias organizaciones, se logró que se sancionara la ley de víctimas. El problema es que esa ley está en veremos, lamentablemente, porque se está haciendo poco y nada. Presentamos un proyecto para avanzar, pero la Justicia en la Argentina es espasmódica: como está atravesada por la política y la nueva agenda son el feminismo y las cuestiones de género, de alguna manera quedó congelada porque los intereses son otros. Hace poco se estableció un beneficio para los hijos de femicidas, que me parece muy bien, porque un padre que mata a su mujer deja a un chico en una situación de indefensión difícilmente imaginable. Ahora, con el mismo criterio, se tendría que haber dado un beneficio a los chiquitos cuyos padres son asesinados por delincuentes comunes. Esa casa se queda sin el principal sostén; sin embargo, esos chicos no tuvieron el mismo beneficio. Acá se mancha una agenda nacional, elaborada con muchísimo trabajo, con una agenda totalmente importada, por ejemplo, de los países nórdicos, donde no se mata por un celular, sino donde solo existen homicidios y delitos intrafamiliares, que no es nuestro caso.
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