Argentina atraviesa un momento crucial en la protección de la salud y derechos de sus adolescentes. El Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), una iniciativa que logró reducir en un 50% la fecundidad adolescente, enfrenta serios riesgos de desaparecer frente al despido de 619 personas que tenían a cargo su implementación.
El ENIA surge en el año 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, como una política pública destinada a reducir las altas tasas de embarazo no intencional en la adolescencia en Argentina y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes. Comenzó su implementación en 36 jurisdicciones de 12 provincias del NEA y NOA y provincia de Buenos Aires. En el año 2023, el Gobierno Nacional a cargo de Alberto Fernández, cuya gestión continuó con el Plan ante los evidentes resultados de su aplicación e implementación, firmó un Convenio Marco de Adhesión con las restantes provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sin métodos anticonceptivos y consejerías en escuelas y espacios comunitarios que permitan prevenir los embarazos no intencionales; sin acompañamiento para prevenir la violencia y los abusos en las infancias; con las provincias libradas a su suerte en un contexto de ajuste y recesión que recuerda a la descentralización que no funcionó en los '90, ¿dónde queda la promesa de libertad para las mujeres? ¿Qué futuro propone entonces el Gobierno Nacional a las y los jóvenes?
El Plan ENIA funcionó
La sociedad argentina viene exigiendo hace tiempo una revisión de aquellas políticas públicas que no funcionan bien o que son ineficientes. Sin embargo, el Gobierno Nacional decidió desarmar uno de los programas que sí funcionó, que tiene un gran reconocimiento por sus resultados a nivel regional y muchísima evidencia que demuestra que fue exitoso en el abordaje de la salud sexual y reproductiva de las y los jóvenes de nuestro país. Gracias al plan ENIA, el promedio de hijos por mujer entre 15 y 19 años disminuyó un 50% entre 2010 y 2022. Desde su implementación en 2018, redujo la tasa de fecundidad adolescente del 49 al 27% (Fuente: Censo 2022).
Un ahorro económico significativo
Encontramos también mucha evidencia que contradice los argumentos económicos que se enarbolaron para justificar el desfinanciamiento de este programa. Este plan permite ahorrar un 0,16% del PBI en gastos asociados con la atención del embarazo y sus complicaciones. El Estado argentino invierte $7.597 millones anuales en atención sanitaria de embarazos adolescentes, lo que equivale a 200 millones de dólares. Desfinanciar el ENIA para "ahorrar" los $1.150 millones destinados a los salarios de los trabajadores del programa resultaría en costos mucho mayores a largo plazo.
Brechas regionales y desafíos pendientes
Según diversos estudios, al comienzo del Plan en 2018, 7 de cada 10 embarazos en adolescentes entre 15 y 19 años fueron no intencionales. Esta alarmante cifra sube a 8 de cada 10 en niñas menores de 15 años, en su mayoría como resultado de abusos y violencia sexual. Los últimos datos disponibles de 2021 de la DEIS (Ministerio de Salud de la Nación) reflejan la reducción de dichas cifras, pasando a ser 5 de cada 10 embarazos no intencionales en adolescentes entre 15 y 19 años y a 7 de cada 10 en niñas menores de 15 años.
A pesar de los avances, queda aún mucho camino por recorrer y persisten, además, importantes desigualdades regionales. La Región NEA, que incluye provincias como Santiago del Estero, Misiones y Formosa, registra las mayores tasas de fecundidad adolescente, con un promedio de 1,7 hijos por mujer. Sin embargo, según UNICEF, las provincias que implementaron el ENIA han mostrado una mayor reducción en la tasa de fecundidad adolescente en comparación con las que no lo tienen ("Situación de la población adolescente en Argentina", 2022).
Si pensamos, por un lado, en los beneficios económicos que tiene para el país el sostenimiento del Plan, en el cumplimiento por parte del Estado de los compromisos asumidos para garantizar los derechos de las y los adolescentes y en los evidentes resultados de su implementación en tan sólo 12 provincias ¿no sería momento de redoblar la apuesta y seguir invirtiendo en la aplicación del Plan en todo el territorio nacional, en lugar de desfinanciarlo? En el año por "La vida, la libertad y la propiedad" es paradójico que se imponga la regresión de derechos en lugar de avanzar hacia nuevas conquistas.
Según el estudio MILENA, que mide entre otras cosas el costo de oportunidad educativo vinculado al embarazo en la adolescencia, las mujeres que tienen un hijo o hija en la adolescencia alcanzan menos nivel educativo que las mujeres que retrasan su maternidad a la primera década de su vida adulta. La Encuesta Permanente de Hogares en Argentina arroja que sólo un 4% de las mujeres que experimentan la maternidad temprana consigue continuar sus estudios más allá de la educación media.
El martes se vivió un día histórico en nuestro país. Miles de personas marcharon en defensa de la universidad pública, gratuita y de calidad, frente a un recorte presupuestario que pone en peligro la continuidad de su funcionamiento. Gran porcentaje de quienes marcharon fueron las y los adolescentes argentinos, apoyando la educación pública, que les permite y permitirá transitar por sus espacios de formación y decidir su propio proyecto de vida.
Desfinanciar el ENIA no solo pone en peligro la salud y los derechos de las adolescentes argentinas sino que también implica un retroceso en la lucha contra la pobreza intergeneracional, la deserción escolar y el acceso a empleos de calidad para estas jóvenes. En este contexto, nos preguntamos entonces cuál sería la libertad que tenemos las mujeres y, sobre todo las adolescentes, para decidir nuestro propio proyecto de vida y para proyectar un mejor futuro. Es imperativo que el Gobierno Nacional dé marcha atrás con el desfinanciamiento de esta política pública y que priorice a los jóvenes, invirtiendo en programas que, como el ENIA, han demostrado su eficacia. La libertad supone oportunidades y el Estado debe invertir en ellas.
La autora es integrante del Área Jurídica de ELA
PS/MT