Keralty, la empresa propietaria de la EPS Sanitas, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, acusándolo de realizar una "intervención ilegal" en esta entidad de prestación de salud.
Juan David Riveros, abogado de la multinacional, declaró que la organización sostiene que dicha intervención se considera ilegítima.
Según argumenta, la razón principal radica en que la motivación empleada por la Supersalud para tal acción es errónea y se distancia completamente de los datos reales y la situación financiera y operativa actual de la EPS, según lo evidencian las cifras oficiales.
En una rueda de prensa con varios medios de comunicación, el abogado Riveros comentó que: "la intervención es ilegal porque la motivación que utiliza (la Supersalud) es falsa y se aleja por completo de las cifras y la realidad que demuestran la situación de la EPS. Ese es el motivo por el cual hemos decidido acudir a la Fiscalía como primera acción legal, en el marco de una estrategia jurídica integral que tiene por finalidad acudir a todos los medios que el ordenamiento jurídico interno e internacional nos permiten para recuperar la administración de la EPS".
Además de la denuncia realizada el 15 de abril el representante legal de la multinacional dijo que habrá más acciones legales en contra de dicha decisión, que tienen como objetivo recuperar la administración de la EPS para que no se llegue a presentar algún tipo de afectaciones hacia los usuarios de Sanitas.
Por otro lado, con respecto a las demás acciones legales respondió que: "Cuando se presenta un actor arbitrario, hay muchas acciones que se pueden intentar para poder hacer que paren los efectos negativos que está produciendo. Como les digo, la primera acción es una acción penal y también interpondremos acciones de carácter contencioso administrativo ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Probablemente también algunas acciones de tipo constitucional y algunas acciones civiles por los perjuicios que se pueden generar con una situación como esta".
Y añadió que: "En el escenario internacional, someteremos esta situación al conocimiento del sistema interamericano de protección de derechos humanos y también le daremos traslado a la relatora del derecho a la salud física y mental de la ONU".
Por otro lado Riveros, también estuvo presente en una entrevista en Caracol Radio en la que detalló las motivaciones que impulsaron a la corporación a emprender acciones legales contra la Superintendencia, cuestionando la legalidad de su intervención en la EPS. Según el abogado, existen tres fundamentos principales que sustentan la demanda penal.
El primero de los motivos, es que según Riveros el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, quien ejecutó la intervención, tenía un conflicto de interés evidenciado por comentarios previos contra la EPS Sanitas en redes sociales, lo cual debió llevarlo a abstenerse de actuar. En un segundo punto, desde Keralty se critica que la justificación dada para la intervención no refleja la situación real de la EPS, catalogándola de inexacta según el abogado.
Por último, Riveros argumenta que se aplicaron medidas ajenas al marco legal, incluida la afectación a los derechos de propiedad de los socios de EPS Sanitas, un derecho que, subraya, debe ser salvaguardado por el Estado.
Adicionalmente, el representante legal de Keralty resaltó que el viernes 12 de abril, se presentó oficialmente una recusación en contra del Superintendente, basada en su omisión al no declararse impedido para actuar, a pesar de sus previas y "severas" declaraciones públicas contra la EPS.
"Lo que consideramos es que cuando una persona en sus redes sociales públicas hace manifestaciones en contra de quien después será su vigilado y luego toma decisiones tan severas, con desconocimiento de la normatividad vigente, está abiertamente impedido para hacerlo porque no puede actuar con objetividad, que es lo que todos los ciudadanos esperan de las autoridades", dijo en Caracol Radio.