Lima. La presidenta peruana, Dina Boluarte, se presenta este viernes por primera vez ante los fiscales por el caso conocido como Rolexgate, una investigación en la que se le indaga por el delito de enriquecimiento ilícito debido a la presunta posesión de relojes de lujo y joyas no declarados. Este escándalo sacude los frágiles cimientos de su gobierno.
La comparecencia está programada para iniciar a las 8:30 a. m. Los fiscales han solicitado a la mandataria que, en caso de poseerlos, presente los objetos de valor no declarados al asumir el cargo, así como justificantes de compra o explique su procedencia.
La investigación surge luego de que la policía allanara su residencia y su despacho presidencial el 30 de marzo en búsqueda de la supuesta colección, la cual se presume está compuesta por al menos tres relojes de alta gama marca Rolex, según fotografías publicadas recientemente en la prensa.
Aún no se ha confirmado si la presidenta acudirá a la sede del Ministerio Público, ya que tiene la prerrogativa de recibir a los fiscales en su despacho, según lo ampara la ley que rige a los mandatarios.
El gobierno aspira a que el caso se aclare con la versión que brinde Boluarte, con el fin de poner fin a un escándalo que ya generó dos solicitudes de destitución por parte de la oposición parlamentaria de izquierda, aunque estas fueron desestimadas el jueves por la mayoría derechista del Congreso.
El jefe del gabinete ministerial, Gustavo Adrianzén, expresó el jueves: "Yo presumo que después de esta explicación no le quede más al Ministerio Público que cerrar esta investigación". Según Adrianzén, la mandataria "sabrá explicar qué es lo que pasó, cómo sucedieron las cosas".
Pulsera Cartier bajo sospecha
La fiscalía también solicitará explicaciones sobre el origen de depósitos bancarios por un millón de soles (unos 269 mil dólares) en las cuentas de Boluarte durante su período como ministra entre 2021 y 2022. Asimismo, se investigará "la posesión de una pulsera Cartier valorada en 56.000 dólares y joyas que habría utilizado en ceremonias, cuyo valor supera los 500.000 dólares", según lo anunciado por el fiscal general Juan Carlos Villena.
Boluarte evita hacer comentarios públicos sobre el caso hasta que declare ante la fiscalía. Las indagaciones se iniciaron el 18 de marzo, luego de una denuncia periodística del medio digital La Encerrona. Por esta razón, la fiscalía ordenó "diligencias preliminares contra Dina Boluarte, presidenta de la República, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos, por el uso de relojes de la marca Rolex".
Con la implicación de Boluarte, ya suman seis los presidentes salpicados por casos de corrupción en lo que va del siglo XXI en Perú. Desde 2016, el país ha tenido seis mandatarios.
La información periodística reveló que Boluarte utilizó varios relojes Rolex en actividades oficiales desde que asumió como vicepresidenta del gobierno del expresidente izquierdista Pedro Castillo y ministra de Desarrollo e Inclusión Social en 2021. Sin embargo, tras la publicación, la presidenta declaró que se trataba de un reloj "de antaño" adquirido con su "esfuerzo".
'Manos limpias'
"La semana pasada, la mandataria declaró: 'He entrado a Palacio de Gobierno con las manos limpias y saldré con las manos limpias, como lo he prometido al pueblo peruano'."
La fiscalía tiene un plazo máximo de ocho meses para investigar a Boluarte. Si decide acusarla, deberá esperar hasta que termine su mandato en julio de 2026 para llevarla a juicio, según lo establece la Constitución.
Boluarte, de 61 años, descarta renunciar y persiste en su afirmación de que aclarará el caso ante la fiscalía. Además, denunció un "ataque y acoso sistemático" con el objetivo de debilitar a su gobierno.
En caso de que ella dimita, el presidente del Congreso asumirá la presidencia y deberá convocar a elecciones generales en un plazo de seis meses.
Boluarte asumió el poder en diciembre de 2022 en reemplazo del destituido y encarcelado Castillo, de quien era vicepresidenta.
Desde 2023, la fiscalía investiga a Boluarte por presuntos delitos de "genocidio, homicidio calificado y lesiones graves", relacionados con la muerte de más de 50 civiles "durante las movilizaciones sociales entre diciembre de 2022 y enero de 2023″ que exigían su renuncia y el adelanto de elecciones.
El escándalo surge en un momento en que su popularidad no supera el 10% en las encuestas.