La denuncia contra el conseller de Vox en el Consell de Mallorca, David Gil, por calificar el golpe de Estado del año 1936 de «última cruzada de liberación» quedará en papel mojado con la eliminación de la ley de Memoria Democrática. Esta definición del levantamiento contra la República coincidía, según Memòria de Mallorca, con la que realizaban las autoridades franquistas durante la Guerra Civil y posteriormente durante la dictadura. Para esta asociación, las palabras utilizadas por el representante de Vox representaban «una clara apología al golpe militar de 1936».
Preguntado sobre esta cuestión, el portavoz adjunto de Vox en el Parlament, Sergio Rodríguez, confirmó ayer en el Parlament que, tal y como está planteada la supresión, la denuncia dejará de tener validez una vez entre en vigor la eliminación de la norma. «La tramitación de los procedimientos en materia de memoria democrática iniciados y no concluidos a la entrada en vigor de esta ley decaerán de manera automática, a excepción de los procesos de exhumación», detalla el texto.
En el artículo primero de la Proposición de Ley también se especifica que «quedan disueltas cuantas comisiones, organismos e instituciones de carácter público autonómico hubieran sido creadas a consecuencia de la citada ley».
«Evitar intromisiones»
En el artículo segundo, titulado Libertad de expresión, libertad de producción y creación y libertad de cátedra, se establece que los poderes públicos «reconocerán y protegerán el derecho a expresar y difundir pensamientos, ideas y opiniones de palabra, escrito y cualquier otro medio de reproducción, a la libertad de producción y creación científica y técnica, así como la libertad de cátedra de manera que los historiadores y todas las personas puedan difundir libremente los resultados y conclusiones de sus estudios y la memoria de las vivencias familiares sobre los distintos episodios de la historia de España, evitando toda intromisión de los poderes públicos en la fijación de una determinada versión de los acontecimientos».
En cambio, el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, aún se enfrenta a una infracción muy grave, con multas de hasta 150.000 euros, por la «falta de adopción de las medidas necesarias para impedir o poner fin a la realización [...] de actos de exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra o de la Dictadura, de sus dirigentes, cuando entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares», después de la denuncia del PSOE por «incumplir claramente» lo que establece el artículo 62.1.d de la ley de Memoria Democrática estatal.
- Un arrastrero sancionado reiteradamente: «Lo hago para poder pagar las multas»
- Manuel March, condenado a pagar tres millones de euros por vender dos veces su mansión en Mallorca
- Esta es la fecha en que Baleares podrá ver un eclipse solar total como el de Estados Unidos
- Boulevard: La Casa del Rey oscurece a Francina Armengol en las fotos
- Mallorca tiene un 'paraíso fiscal' en el impuesto municipal sobre vehículos
- Xisca Ramis, primera jueza mallorquina en la Audiencia Nacional