El Gobierno de Sánchez ha desistido y descarta finalmente construir el campamento temporal que quería imponer en la base área de Armilla (Granada) para acoger a 1.200 inmigrantes llegados desde Canarias, decisión que había provocado las protestas de los vecinos y el rechazo unánime de los ayuntamientos del entorno. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha aludido este viernes a «criterios técnicos y sociales» y ha adelantado que el Ejecutivo busca ya otras posibles ubicaciones.
El Ministerio de Defensa había puesto estos terrenos a disposición del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pero Fernández ha señalado que tras proceder a su análisis y teniendo en cuenta todas las consideraciones urbanísticas del enclave y de su ubicación, se ha tomado la decisión de no instalar el centro de inmigrantes en este lugar.
Según el delegado del Gobierno, la decisión radica en que «no reúne las condiciones» y «se han visto otras instalaciones que pueden tener mejor garantía» para dar cobertura a las actuales necesidades en otras provincias de Andalucía y España. Desde el Ejecutivo insisten en la «necesidad urgente» de dar atención a los inmigrantes ilegales que están saturando las islas Canarias -62.900 en los dos últimos años- y que esperan su traslado a la península, ya que asistimos a una «tragedia humana» que debe abordarse con «solidaridad» desde los distintos territorios.
Fernández ha explicado que lo que más ha pesado en la decisión de descartar los terrenos de la base aérea de Armilla son los «criterios técnicos y sociales» para atender «con absoluta dignidad» las necesidades de los inmigrantes, que serán acogidos en otras instalaciones aún por determinar.
El pasado fin de semana, un millar de vecinos se concentraron en las inmediaciones de la base aérea para mostrar su oposición a este campamento que el Gobierno quería levantar sin consulta ni aviso previos. A la manifestación acudieron los alcaldes de Armilla, Churriana de la Vega, Las Gabias, Ogíjares y Alhendín. «Aquí se apuesta por la integración, pero quizás con otro modelo», apuntó la vicepresidenta de la Asociación Vecinal Base Aérea. La movilización transcurrió sin incidentes y «sin discursos xenófobos ni políticos», según recalcó. Este domingo estaba prevista una nueva manifestación bajo el lema No al campamento, no al hacinamiento, que ya ha quedado desconvocada. «El Gobierno nos ha dado la razón», han celebrado desde la agrupación.
Cabe recordar que en 2018 ya hubo un intento fallido de construir un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) en un antiguo cuartel militar de Motril (Granada). Los vecinos se organizaron y la presión surtió efecto: tras recoger miles de firmas y hacer guardia día y noche para que las obras no avanzaran, lograron poner freno a una «cárcel de inmigrantes» en su ciudad.
«Armilla sale ganando»
La alcaldesa de Armilla (Granada), Dolores Cañavate (PSOE), que previamente había advertido de que el centro iba a «saturar y a colapsar todos los servicios públicos» de los municipios implicados, ha expresado este viernes su satisfacción tras ver que el Gobierno de Sánchez finalmente ha reculado. «Con esta decisión, Armilla sale ganando, pero también lo hacen el resto de los pueblos afectados y el colectivo de inmigrantes, ya que se abre una oportunidad para encontrar una ubicación donde puedan ofrecerse condiciones más dignas a estas personas», ha expresado la alcaldesa socialista con satisfacción.
Cañavate ha destacado el «resultado positivo de las negociaciones llevadas a cabo desde el primer momento» y el «impacto positivo» que esta decisión tendrá tanto en Armilla como en los municipios del entorno de la base aérea, ya que contribuirá a «garantizar la convivencia y a mantener el nivel de servicios de los que goza la ciudad».
Igualmente, el alcalde de Alhendín (Granada), Francis Rodríguez (PP), ha celebrado la decisión del Gobierno y ha recordado que la normativa urbanística «impedía» levantar «cualquier construcción» en la parte del término municipal que se incluye en la base aérea.
Rodríguez ha agradecido principalmente la unión entre los ayuntamientos y vecinos de la zona, pues «han sido los que han reivindicado de forma lícita un cambio de ubicación» y han evitado este «atropello». «El Gobierno no ha buscado una solución, sino un problema», ha rematado.
«Desde que se tuvo conocimiento del inicio de las obras de emergencia por parte de Tragsa -la empresa a la que se adjudicó la construcción del campamento- el pasado 2 de abril, el Ayuntamiento de Alhendín se movilizó para paralizar el proyecto, aprobando en un Pleno extraordinario las acciones oportunas en este sentido», ha recordado el Consistorio en una nota. Posteriormente, Rodríguez impulsó una reunión con todos los alcaldes de los municipios implicados para promover declaraciones institucionales en los respectivos ayuntamientos y mostrar el rechazo unánime a este centro de inmigrantes.