La Fiscalía pide archivar la segunda querella de una inmobiliaria contra Colau por un alquiler social
La segunda querella de una inmobiliaria contra Ada Colau también va camino del archivo. La Fiscalía ha solicitado a la jueza dar carpetazo a la causa abierta contra la exalcaldesa y varios funcionarios al constatar que los hechos denunciados por la empresa Juninmo –la obligación que, como gran propietario, tiene de ofrecer una alternativa si desahucia a una familia vulnerable y que el consistorio le recordó en 2021– no son delito.
En un escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, el fiscal constata que "no queda acreditada la existencia de infracción penal" denunciada por Juninmo toda vez que "no constan coacciones" de los funcionarios del área de Vivienda del consistorio para prorrogar el contrato de alquiler o para que la inmobiliaria ofreciera una vivienda alternativa al hombre que fue desahuciado.
La querella de Juninmo es la última de la quincena de causas penales que llevaron a Colau y a su equipo a desfilar los juzgados. Ninguna de ellas ha llegado a juicio y todas se han archivado, salvo la que versa sobre las subvenciones de su mandato, se sigue en instrucción. El caso de Juninmo supone un paradigma del uso de la vía penal por parte de una empresa para replicar una decisión de la administración que va contra sus intereses económicos.
La querella de Juninmo supuso la apertura de una cuarta causa penal a Ada Colau en 2023, cuando faltaba poco más de un mes para las elecciones municipales. Ya tras los comicios, los jueces han archivado dos de las cuatro causas, las relativas al proyecto de peatonalizaciones y a las presiones inexistentes denunciadas por el fondo buitre Vauras. En ambos casos los magistrados constataron un uso inadecuado de la vía penal para dirimir las discrepancias con el consistorio que encabezó Colau.
Tras los comicios de mayo, Colau sumó una nueva investigación (que también terminó archivada) por suspender las relaciones con Israel. A día de hoy, Colau tiene dos procedimientos que siguen abiertos (la causa de Juninmo y la que investiga las subvenciones a entidades sociales), pero que la Fiscalía ha pedido archivar.
La impulsora de la querella de Juninmo contra Colau es reincidente. La abogada María José Tarancón ya representaba al fondo buitre Vauras en un proceso penal similar, en el que acusaba a la exaclaldesa y a dos concejales de coacciones por abrirle un proceso sancionador por desahuciar a familias vulnerables. La magistrada archivó ese caso al constatar que respondía a "fines ajenos a los del procedimiento penal": el desacuerdo de Vauras con la política de vivienda del Ayuntamiento.
La querella de Juninmo seguía el mismo modus operandi: la empresa acusa a Colau, a la exconcejala de Vivienda, Lucía Martín, y a tres funcionarias de coacciones y otros tres delitos por el expediente abierto a la inmobiliaria –y cerrado sin sanción– por intentar desahuciar a un hombre vulnerable en 2021 en el barrio barcelonés de Les Corts.
La inmobiliaria, además, contrató unos investigadores para desmentir a los servicios sociales municipales y poner en duda que el hombre al que quería desahuciar estuviera en situación de vulnerabilidad social.
La Fiscalía descarta el principal argumento de Juninmo, que consideraba una coacción municipal el expediente sancionador que el área de Vivienda del consistorio le abrió en 2021 cuando la inmobiliaria intentó desahuciar a un inquilino del barrio de Les Corts considerado como vulnerable por los servicios sociales.
La ley catalana de Vivienda vigente en aquel momento preveía sanciones para los grandes propietarios que no ofrecieran vivienda social a los inquilinos vulnerables antes de desahuciarlos, pero el Tribunal Constitucional tumbó la norma.
"Difícilmente se puede hablar de una posible represalia contra la querellante", despacha el fiscal, que recuerda además que el expediente se cerró sin sanción al concluir que el desahuciado no reunía los requisitos de vulnerabilidad. El otro expediente que el consistorio abrió a Junimno (relacionado por un posible uso turístico ilegal de una de sus viviendas) también se archivó tras corroborarse que, al contrario de la sospecha inicia, el piso sí se destinaba a uso residencial.
Entre las pruebas supuestamente incriminatorias que aportó Juninmo en su querella, destacan los intercambios de correos entre funcionarias del servicio de Vivienda de Les Corts y la abogada de la inmobiliaria que terminaron con un acuerdo que llevó a suspender el desahucio y a firmar un nuevo contrato a principios de noviembre de 2021 que prorrogaba el alquiler hasta el 31 de octubre de 2022. Pero el inquilino volvió a dejar de pagar la renta mensual en marzo del año pasado, lo que motivó una nueva demanda de la inmobiliaria que hizo efectivo el desahucio.
La jueza rechazó citar como investigadas a Colau y a Martín, como pretendía la empresa para lograr de nuevo la imagen de la exalcaldesa desfilando por los juzgados, y antes de decidir optó por recabar los expedientes municipales sobre el caso. Con el informe del fiscal sobre la mesa, ahora la magistrada decidirá si la causa de Junimno contra Colau termina igual que los anteriores casos penales contra la exalcaldesa, esto es, en archivo.