La líder municipal de Más Madrid, Rita Maestre, ha exigido que las trabajadoras sociales de la capital tengan un salario mínimo de 1.500 euros mensuales, al ser un campo fuertemente feminizado. Esta propuesta, que rescata de su campaña electoral, supone que estos empleados del área social cobrarían al año 6.000 euros anuales más que el resto de españoles que recibe la retribución mínima estipulada por el Gobierno.
«Sus salarios brutos están en torno a los 18.000 euros anuales. Mientras la inflación crece, mientras en otros sectores, también desde las administraciones, se hacen aumentos presupuestarios que permiten que los salarios vayan creciendo, el sector de lo social está estancado», ha descrito la jefa de la oposición en el consistorio madrileño.
De esta forma, según la propuesta de la formación de izquierdas, las trabajadoras sociales percibirían como sueldo mínimo 21.000 euros anuales, lo que supone 6.000 más que los 15.800 euros que perciben el resto de trabajadores que cobran el sueldo más bajo, tras la subida a 1.134 euros aprobada por el Gobierno.
Desde Más Madrid aseguran que el estancamiento salarial de las trabajadoras sociales no es casualidad y alegan de que esto sucede por la fuerte feminización del sector. «Está estancado también porque desde las administraciones, muy especialmente desde el Ayuntamiento de Madrid, se ha decidido que todo lo que se puedan ahorrar las empresas, bienvenido será para el Ayuntamiento del PP», ha reprochado Maestre.
Por este motivo, Más Madrid propone un salario mínimo y básico para todas las trabajadoras de lo social de 1.500 euros mensuales. «Es lo mínimo que entendemos que una persona que presta un servicio con cualificación, con años de formación y que es esencial para muchísimas personas en Madrid como es el trabajo social, la psicología, las educadoras, tienen que tener un reconocimiento salarial acorde al tipo de servicio que se presta» asegura la formación.
El PSOE ataca a Almeida
Por su parte, el PSOE critica que el Consistorio de José Luis Martínez-Almeida haga la contratación del área social sin tener en cuenta la ausencia de «salarios dignos» en el sector. La formación municipal liderada por Reyes Maroto demanda la inclusión de cláusulas sociales en la contratación. A eso ha unido que la Administración «tiene que sacar una contratación adecuada para que también luego se pueda pedir responsabilidad a esas empresas de cómo están prestando estos servicios».
La concejala socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Ana Lima, ha indicado igualmente que los profesionales reclaman «un convenio de intervención social digno porque el que hay actualmente permite que tengan unas condiciones en muchos casos muy precarias», con dudas sobre si cabrá la subrogación en el caso de cambio de empresa, con contrataciones en categorías que no se ajustan a la realidad del profesional e incluso con retrasos en el pago de las nóminas.
Tanto Almeida como el área de Familia consideran que el diagnóstico que hacen las trabajadoras de la situación del servicio»no se corresponde» con la realidad del trabajo realizado en los últimos años. Desde el área defienden que se trata de «la red más amplia y completa de España», y que el Ejecutivo municipal ha realizado notables esfuerzos para mejorar y extender el servicio, incluyendo un incremento presupuestario del 200% en 5 años, pasando de 7 millones en 2018 a 13,8 en 2023; un aumento del 40% de plazas de los recursos residenciales y la incorporación de 69 nuevas profesionales en el último lustro.