La bancada de paz del Congreso de la República, que está conformada por 16 representantes de las curules de paz, anunció que citará a debate de control político a la Unidad de Víctimas para que responda por los presuntos incumplimientos, demoras y falta de garantías en los proceso de reparación de esta población fuertemente golpeada por el conflicto armado.
La noticia se conoció durante la plenaria del Congreso dedicada a conmemorar el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado.
Desde la bancada de curules de paz, el representante John Jairo González habló de la representación que ejercen como voces de las víctimas en las diferentes regiones. "Hemos avanzado en nombre de las víctimas en proyectos como el Plan Nacional de Desarrollo", dijo. Sin embargo, aseguró que van a revisar con detalle los avances con relación a las indemnizaciones y atención especial a las víctimas.
A su turno, la representante Karen Manrique señaló que las víctimas tienen muchas dificultades con los procesos de indemnización y acompañamiento psicosocial. "Invito al Congreso a que hagamos un seguimiento riguroso a los recursos para la reparación", agregó.
Por lo anterior, dijo Diógenes Quintero, representante de la curul de Catatumbo, se le pedirá a la Unidad de Víctimas un informe sobre los avances en la implementación de la ley 1448 y las indemnizaciones administrativas: "En este día tan significativo, es aún más importante alzar la voz por aquellos a quienes el Estado no les está cumpliendo como debería".
¿Quiénes serían llamados a debate de control político?
De acuerdo con la bancada de paz, se citará a debate de control político a los siguientes funcionarios del Gobierno nacional:
- Patricia Tobón, directora de la Unidad de Víctimas.
- Francia Márquez, vicepresidenta de la República.
- Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda.
- Luis Fernando Velasco, ministro del Interior.
- Alexander López; director del Departamento Nacional de Planeación (DNP).
- Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social (DPS).
- Daniel Rojas, director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
- Juan Felipe Harman, director de la Unidad de Restitución de Tierras.
El anuncio del debate de control político a la Unidad de Víctimas se dio luego de que Secretaría de Transparencia denunciara presuntas irregularidades en el manejo y administración de bienes del Fondo para la Reparación, que causaron detrimento en recursos para las víctimas por más de $4.200 millones.
Anomalías en la contratación de bienes y servicios, durante el periodo 2018-2022, fueron algunos de los principales hallazgos de una auditoría forense realizada a dicho fondo en consecuencia de alertas por presuntos actos de corrupción.
Según la auditoría, la principal causa del detrimento fue porque no se consideró el área total de los inmuebles a la hora de calcular los cánones mensuales de arrendamiento, lo que resultó en valores muy por debajo del precio correspondiente a la realidad de los inmuebles. Según la auditoría forense, esta irregularidad causó la pérdida de $3.786 millones.
El análisis también arrojó que otra de las causas de este detrimento fue que el canon de arrendamiento reportado era inferior al de la estimación, causando perdidas por $98 millones. Además, en ciertos casos, el método sugerido para la estimación del canon es el que le generó menos ingresos al Fondo para la Reparación a las Víctimas, causando un detrimento mayor a los $63 millones.
Se resalta que, entre 2018 y 2022, grupos de contratistas variaron los nombres de sus empresas para acaparar los contratos, superando una suma de $84.000 millones. De acuerdo con la auditoría, dicho detrimento se dio por la ausencia de control y transparencia en los procesos de contratación de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión.