No son solo los 340 millones de olivos levantándose sobre 2,6 millones de hectáreas de tierra; no el paisaje único y personalísimo; ni una cultura milenaria que se vive, se siente, se trabaja y se come... El "bosque humanizado más grande que existe en el planeta" es, sobre todo, el corazón de Andalucía.
Por eso, hace unos diez años, la Diputación de Jaén pensó que el "mar de olivos" tenía que ser reconocido como lo que era: Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Un plan. Para ello, reunieron a otras cuatro diputaciones andaluzas (Sevilla, Málaga, Granada y Córdoba), a numerosas organizaciones agrarias y a las fuerzas vivas de las comarcas olivareras. En estos años, se diseñó un plan que protegía 13.489 hectáreas de olivar.
Es curioso porque, hace 10 años, buscar una protección especial para los paisajes del olivar podía parecer una cuestión de retórica: una forma de reivindicarse frente al resto del mundo. Porque ¿qué peligro podía correr el olivar?
Pero la situación ha cambiado. Y no solo hablo de la enorme crisis en la que se encuentra sumida la industria del olivar. Hablo, también, de los conflictos relacionados con las nuevas normativas europeas o de las polémicas reiteradas sobre el impacto que las turbinas eólicas y las granjas solares están provocando en el medio rural. En este contexto, el retraso de la candidatura (que aspiraba a conseguir el reconocimiento en 2019) ha jugado en su contra.
Porque, en estos años, los olivareros han empezado a preguntarse qué implicaciones tenía que el olivar entre en la Lista de Patrimonio Mundial y la conclusión a la que han llegado es que "esta declaración ponía en peligro el derecho de propiedad de sus explotaciones oleícolas". Más de 8.500 firmas se han recogido contra la iniciativa.
"La condición para apoyar el expediente es que se establezca como línea roja el derecho a la propiedad, la decisión de los agricultores afectados y que no hubiera limitaciones a la capacidad productiva de las tierras afectadas por la catalogación como patrimonio mundial", explicaban en un comunicado conjunto ASAJA, COAG y Cooperativas Agro-alimentarias de Jaén.
¿Por qué se oponen? ¿Peligraba la propiedad? "La experiencia en base a otras situaciones similares indica que, al final, se acabará penalizando al agricultor", decían desde ASAJA Córdoba. Y, atendiendo al contexto del que hablábamos más arriba, tiene sentido: no se puede buscar la protección de algo, si no hay mecanismos para conservarlo.
Es decir, ¿qué sentido tiene incluir fincas en la lista de Patrimonio Mundial si en cualquier momento cualquier propietario puede transformar ese paisaje de forma radical? No es tanto que peligre la propiedad última, sino que podría peligrar lo que se puede hacer ("la capacidad productiva") en esas zonas. Y, claro, en plena crisis del sector, estos olivareros temen quedarse con las manos atadas a la espalda.
La cuadratura del círculo. Nunca es fácil alinear la protección cultural y ecológica de comarcas enteras con el desarrollo económico. Da igual que sea en el "mar de olivos", en el Mar menor o en las marismas de Doñana. Y, finalmente, ante la oposición cada vez más cerrada de comarcas como la de Porcuna, la Diputación de Jaén ha dejado caer el proyecto.
"Un varapalo histórico para el olivar andaluz". Así calificaba Francisco Casero, presidente de la fundación Savia, la decisión de la Diputación. "Día aciago", lo ha calificado Cristóbal Cano, secretario general de la Unión de pequeños agricultores (UPA) de Jaén. Cano, además, señalaba "injerencias políticas que han facilitado un cóctel imposible para que la candidatura prosperara".
Sea como sea, (e independientemente de quién tenga razón en este punto del proyecto) no cabe duda de que es una derrota para España. Una España que sigue mostrando su enorme debilidad para alinear a todos los actores en torno a una transición ecológica más que necesaria.
O conseguimos hacerlo mejor o los próximos años el Sur se va a convertir en una caja de bombas.
Imagen | Maximo Lopez