El respaldo público hecho por el presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) al proyecto de ley con el cual se pretende abrir el mercado eléctrico representa un avance significativo para la economía nacional y el bienestar social.
Aunque la relevancia histórica del ICE no se cuestiona, para el presidente ejecutivo, en la era moderna el desarrollo del sector eléctrico requiere estar acorde con las capacidades financieras del país y sus entidades públicas y privadas.
Varios ejemplos muestran el éxito de la apertura: la educación superior privada no liquidó a las universidades públicas, los mercados de seguros no hicieron mella en el Instituto Nacional de Seguros (INS), los bancos Nacional (BN) y de Costa Rica (BCR) no resultaron perjudicados por tener que competir con la banca particular, y al ICE mismo no lo perjudicó la liberalización de las telecomunicaciones.
Desde el año pasado, el ICE ha estado cubriendo parte de la demanda eléctrica con fuentes térmicas, importando electricidad o reduciendo el caudal del embalse Arenal. En lo que va del 2024, se han gastado unos $232 millones en energía contaminante e importada.
En menos de cuatro meses, se ha gastado cerca de la mitad del costo previsto para la ampliación de la ruta 32, lo cual implicará fuertes alzas de tarifas y, por ende, del costo de vida.
Resulta paradójico que plantas privadas de energía hidroeléctrica sigan desconectadas, que si bien no son de gran tamaño, coadyuvarían a la generación local de la energía sostenible que el país necesita.
Están paralizadas porque el ICE no ha negociado la compra de energía con la debida premura, y se escuda en que la Contraloría General de la República le solicitó demostrar la necesidad de esas contrataciones y que el precio sea razonable, en cuyo análisis el ICE lleva meses sin dar los resultados.
El año pasado, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) calculó que la tarifa que permite reconocer los costos a los productores privados asciende a $0,064 el kilovatio hora (kWh).
No obstante, como la banda tarifaria fue elaborada por la Aresep con base en ese valor, estableciendo un tope y un piso, el ICE planteó que para negociar con los privados iba a pagar menos de los $0,064. Esto se traduciría en un negocio ruinoso para los empresarios.
Indicó, además, que no compraría la totalidad de la producción a particulares, a menos que el generador anticipara la producción futura con hasta un año de antelación, so pena de que si erra, tendría que pagar altas multas. La impredecible variable climática convierte esa exigencia en un capricho imposible de satisfacer.
Un menor precio y volumen de ventas es inaceptable. Resultado: plantas apagadas y dependencia del extranjero y de fuentes que no ayudan a la transformación energética nacional.
En el ínterin, como no se han podido cerrar esas negociaciones, el ICE compra la energía a más de $0,20 el kWh a generadores privados térmicos, que pudo haber hecho a quienes producen energía renovable a $0,064.
La disyuntiva es evidente, pero el ICE no parece percibirla. Prefiere adquirirla costosa y contaminante, en su mayor parte importada, esgrimiendo que, debido a lo señalado por la Contraloría, necesita analizar la situación mejor.
Mientras tanto, las plantas privadas inactivas se deterioran y se pone en riesgo el ahorro de inversionistas que, en su momento, respondieron al llamado del propio ICE a participar en la actividad.
El estancamiento resulta frustrante y contradice los cambios que se avecinan, pero la actitud positiva demostrada por el presidente ejecutivo de la institución da cabida a la esperanza.
El autor fue profesor Ciencias Políticas en la UCR.