Mañana, casualmente, la Iglesia Católica celebra el día de san Pedro Mártir. Eso indicaría que el pueblo va a asistir a la dimisión de Pedro Sánchez. Sin embargo, después de unos inexplicables 5 días de reflexión en los que no ha ejercido sus funciones constitucionales porque es un hombre enamorado, el pueblo español, el depositario de la soberanía nacional, exige explicaciones sobre muchas cosas, no sólo por las cuestiones relacionadas con su esposa.
Como ya en el primer párrafo los sanchistas radicales empezarán a echar espuma por la boca, se hace preciso decir algunas cosas antes de entrar en materia.
Uno de los argumentos que lleva utilizando la gente del PSOE y del resto de la izquierda para justificar decisiones tomadas por este gobierno que son, cuanto menos, cuestionables desde el punto de vista de la legalidad y la constitucionalidad, es que la alternativa de un gobierno de la derecha y la ultraderecha sería una catástrofe para la democracia española. Es cierto, sería insoportable. Es más, da miedo.
Sin embargo, el temor a una coalición de los herederos del franquismo no otorga la impunidad a la hora del cuestionamiento de determinadas decisiones y leyes aprobadas por este gobierno, sobre todo las relacionadas con las cesiones al independentismo catalán.
También hay que decir que no es justificable, desde ningún tipo de punto de vista que se mire, la utilización por parte de la derecha y la extrema derecha de los jueces para intentar hacer caer a un presidente o a un gobierno que se ha constituido cumpliendo con todos los procedimientos legales y que, por tanto, es absolutamente legítimo.
No obstante, los gobiernos democráticos españoles han concedido a esos mismos jueces un poder superior sin ningún tipo de control democrático sobre las decisiones que se adoptan. Además, no se puede hablar de lawfare en función de si la actuación judicial favorece o perjudica. El lawfare lleva existiendo en España de toda la vida y cientos de miles de ciudadanos pueden dar cuenta de ello y, precisamente, no es por causas relacionadas con la ideología política.
Criticar a Pedro Sánchez, al PSOE o al actual gobierno no es sinónimo de apoyar al PP o a Vox. En cambio, en este escenario polarizado, en el que el cierre de filas ha provocado la pérdida del sentido de la crítica o el silencio impuesto, enseguida se ponen etiquetas. Ni rojos ni fachas. Libres e independientes.
Ayer, 12.500 militantes y simpatizantes del PSOE, según los datos de la Delegación del Gobierno, se concentraron en la sede federal del PSOE a mostrar su apoyo a Sánchez y a pedirle que no dimita. La voz de la militancia es soberana y legítima. Sin embargo, sorprende la falta de capacidad de exigencia de explicaciones sobre muchas cosas, porque Sánchez tiene que mucho que explicar y, por su cargo, está obligado a ello.
Respecto a la esposa de Pedro Sánchez que, según indicó en su carta, es lo que ha detonado toda la situación y los 5 días de reflexión, tiene que explicar muchas cosas, precisamente, para defenderla.
No tiene discusión que la señora Begoña Gómez tiene todo el derecho a ejercer una profesión en el sector privado, aunque sea la esposa del presidente del Gobierno. En España no hay ningún tipo de legislación sobre la función que debe desarrollar el o la cónyuge de quien ocupa la Presidencia. En otros países sí que se exige o se recomienda que no desempeñe ningún tipo de trabajo para evitar sospechas sobre conflictos de interés. En España, por ejemplo, no se explicaría que el marido o la esposa del Jefe del Estado trabajara.
Begoña Gómez no está haciendo nada ilegal por el hecho de trabajar y la crítica no viene por una cuestión de machismo o de obligarla a que se quede en casa haciendo calceta y las tareas del hogar.
El trabajo de la esposa del presidente, las reuniones que mantuvo con una empresa privada o las cartas de recomendación firmadas por ella para una licitación ganada, precisamente, por la UTE recomendada por la señora Gómez, exigen una explicación por parte del presidente del gobierno.
En primer lugar, teniendo en cuenta que la Universidad Complutense no paga el salario de Begoña Gómez por dirigir el máster, entonces hay que explicar si ese salario es un porcentaje de lo pagado por los alumnos o de los patrocinios obtenidos. No se trata de discutir cuánto gana o deja de ganar la señora Gómez, sino el origen de esos fondos porque, teniendo en cuenta la responsabilidad que desempeña Pedro Sánchez, si cobra exclusivamente de los patrocinios, supone un problema que puede generar sospechas de presuntos conflictos de interés o de supuestos tráficos de influencias.
Eso es lo que sucede con la relación con Globalia. Sánchez tiene que explicar el motivo por el que se reunió su esposa con la cúpula de la aerolínea y de la agencia de viajes antes de que su gobierno le concediera el rescate o el préstamo de dinero público. Para evitar que las sospechas continúen y para frenar las críticas de la derecha y la extrema derecha, no hay más que dar explicaciones. Eso se llama transparencia.
En referencia a conflictos de intereses, Sánchez tiene que explicar la relación de personas de su gabinete con empresas lobistas. El rescate de la SEPI de algunas empresas contó con el asesoramiento de una sociedad de la que Antonio Hernando era un alto directivo. En relación, por ejemplo, con la empresa Duro Felguera, de la que exministros socialistas eran miembros de su consejo de administración, Hernando era directivo cuando el Consejo de Ministros aprobó el rescate de la empresa asturiana. Poco tiempo después, Hernando pasa a formar parte del gabinete del presidente.
Dimita o no, Pedro Sánchez debe explicar al pueblo español todas las razones por las que cambió la posición española respecto al Sáhara Occidental y a la relación con Marruecos. A nadie le ha pasado desapercibido que la carta en la que anunciaba sus 5 días de reflexión se hizo pública sólo un día después de que la Audiencia Nacional reabriera el caso Pegasus tras recibirse nueva información sobre el espionaje al teléfono de Sánchez.
Puede tener relación o no, sólo el presidente del Gobierno lo sabe, pero lo que es un hecho es que el cambio de posición respecto a Marruecos y el Sáhara Occidental se produjo justo después de que se supiera que se había espiado el teléfono de Sánchez y que todas las sospechas se dirigieran hacia los servicios secretos marroquíes.
Hasta ahora, más allá de afirmar que «Marruecos es un aliado valioso», Sánchez no ha dado ningún tipo de explicación sobre este asunto. Es más, en su última comparecencia en el Congreso de los Diputados, hizo una larga cambiada de manual.
Sánchez, dimita o no, tiene que dar explicaciones sobre algunos elementos del Caso Koldo y aspectos relacionados, principalmente en lo relacionado con la actuación del entonces ministro José Luis Ábalos en el DelcyGate. Nadie ha explicado quién ni por qué se envió al ministro de Transportes, en vez de a la ministra de Exteriores, a recibir a la vicepresidenta de Venezuela. Allí estuvieron dos personas imputadas por el Caso Koldo: Víctor de Aldama y el propio Koldo García junto a Ábalos. En el sumario se indica el temor de la trama a que Aldama cantara ante la Agencia Tributaria. «Le preguntarán por todos, por mí, por Angola, por Ábalos, por el presidente del Gobierno, por la ministra de Defensa, por Delcy, por las maletas… por todo». Sánchez tiene que explicar muchas cosas sobre esto pero, sobre todo, por qué aparece mencionado en varias ocasiones en las conversaciones de los imputados en la trama. ¿Por qué tenían miedo a que le preguntaran por el presidente? Mantener el silencio, aumenta las sospechas.
El presidente del gobierno también tiene que explicar al pueblo español las razones por las que la Abogacía del Estado está defendiendo en Europa los intereses de grandes empresas y de los bancos frente a las justas demandas de los ciudadanos que no encuentran Justicia en España. En algunos casos, han llegado a justificar la violación de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución.
También tiene que explicar por qué la primera gran medida que adoptó su gobierno tras la moción de censura fue la aprobación de la fusión por absorción del Banco Popular por el Santander, lo que posibilitó que la entidad cántabra eliminara la personalidad jurídica del Popular. Esto es importante, porque en septiembre de 2018, había causas abiertas en Europa y en distintas instancias judiciales españolas. ¿Qué pasará si los tribunales dan la razón a los afectados y la resolución que fue el origen de esa fusión por absorción se declara ilegal? Estamos en 2024 y los procesos judiciales siguen abiertos.
Pero lo que tiene que explicar es por qué no ha acometido la reforma total de la Justicia en España. En estas páginas llevamos denunciando durante muchos años lo que sucede en los tribunales. El director de este medio le escribió una carta abierta en el que le explicaba a la perfección algunas de las cosas que suceden en las distintas instancias judiciales españolas. Ahora le ha tocado a usted, pero no se puede justificar en el lawfare lo que es algo habitual en los juzgados, sobre todo en las altas instancias. Sin embargo, como bien analizamos en Diario16, durante su investidura no hizo ninguna mención a la misma. La renovación del CGPJ es el menor de los problemas porque la verdadera lacra es mucho más profunda.
En España hay más de 5.000 jueces, de los cuales, seguramente, más del 80% realizan su labor con la diligencia debida y dictando sentencias en base a lo que dice la ley. El problema es que en España se dictan sentencias que retuercen la ley, se crean doctrinas judiciales ad hoc o, directamente, no se aplica la ley para defender los intereses del 1%. No hay más que darse una vuelta por el CENDOJ.
El otro día se dio un caso bochornoso con la fianza de 50.000 euros a uno de los cabecillas de la mafia rusa, quien, después de pagar, se fugó. Evidentemente, esta decisión judicial ha despertado sospechas sobre la presunta presencia de un soborno. Para comprobar la limpieza de los jueces españoles, es necesaria una investigación patrimonial de todos y cada uno de los jueces, tanto en España como en el extranjero.
No es normal que en España los jueces sean impunes. Ningún juez juzga a otro juez. Las denuncias que se ponen a los jueces por la presunta comisión de delitos de prevaricación terminan archivados por defecto y, además, se ejercen represalias contra los denunciantes.
Ahora, Sánchez se ha encontrado con un juez que ha abierto diligencias por una denuncia contra Begoña Gómez. La causa está en un proceso muy inicial, ni siquiera se ha imputado a la esposa del presidente y, sin embargo, se ha liado la que se ha liado. ¿Por qué nadie investiga al juez del 41 de Plaza de Castilla? No sólo por la causa de Begoña Gómez, sino por otras muchas de años anteriores.
Sánchez tiene que explicar muchas más cosas antes de irse o quedarse. Eso sí, hay que dejar claro que Pedro Sánchez no es la democracia, el PSOE no es la democracia, la izquierda no es la democracia. Nadie es la democracia, nadie se puede arrogar lo que es propiedad del pueblo.
Pedro Sánchez no es ni ha sido un buen presidente del Gobierno porque ha cometido errores políticos de bulto. La primera etapa hasta las primeras elecciones de 2019 despertaron la esperanza en mucha gente. En cambio, desde enero de 2020 todo se torció. De aquellos barros estos lodos, afirma el dicho popular. Nadie duda de que las intenciones sean buenas, pero la gran mayoría de las medidas aprobadas que han generado titulares y puntos fundamentales de los argumentarios de los partidos de la coalición, han carecido de efectividad real.
La transparencia jamás es una derrota, sino todo lo contrario. Esperemos que mañana veamos un ejercicio histórico, independientemente de la decisión que en estos 5 días haya tomado.