Dos días atrás, el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, anunció que se ha ampliado la investigación a la presidenta Dina Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de declaración que se le había abierto semanas atrás por la posesión de una serie de relojes Rolex que no se condicen con sus ingresos en los últimos años. Ahora se indagará también sobre los depósitos que ella recibió en distintas cuentas por un valor total que sobrepasa el millón de soles –sobre los que advirtió originalmente la Unidad de Investigación de este Diario–, sobre la posesión de una pulsera valorizada en US$56.000 y otras joyas que superarían los US$500 mil, y sobre el incremento de su patrimonio (por S/432.000) en los dos últimos años. Irónicamente, tal anuncio se dio en el contexto de una sesión de la Comisión de Fiscalización del Congreso a la que la mandataria había sido también citada y no acudió.
En realidad, desde que la investigación se inició, hace más de dos semanas, la actitud de la presidenta ha sido la de escurrirse de la posibilidad de ofrecer explicaciones sobre los cuestionamientos que pesan sobre ella. No asistió a dos citaciones del Ministerio Público –alegando una agenda recargada con la que luego no cumplió– y ha respondido más de una vez con evasivas las preguntas de la prensa con respecto a los relojes de alta gama que se la ha visto lucir en múltiples oportunidades desde que asumió responsabilidades en el Ejecutivo.
De hecho, fue la primera de esas dos circunstancias la que motivó el pedido de la fiscalía –concedido por el Poder Judicial– para proceder a un allanamiento de su domicilio y de Palacio de Gobierno el viernes pasado. La indignación expresada por los voceros del Gobierno tras esa operación resulta por eso injustificada.
La voluntad de sustraerse de la responsabilidad de aclarar la complicada situación se ha hecho extensiva, además, a los miembros de su Gabinete. No fueron pocos, en efecto, los ministros (algunos ya licenciados, pero la mayoría todavía en funciones) que conformaron el penoso coro que se esforzó por desestimar las referidas denuncias y por hacer como si no entendieran la necesidad que existía y existe de que la jefa del Estado no se limite a responder los requerimientos del Ministerio Público, sino que también enfrente a la ciudadanía y absuelva –si tal cosa es posible– las dudas que esta alberga sobre los llamativos depósitos bancarios y los artículos de lujo que la ha visto ostentar en los últimos años. Un esfuerzo que, como los hechos han demostrado, estaba condenado al fracaso, porque las interrogantes que la opinión pública se plantea al respecto siguen vigentes. Y el problema político que deriva de ello, también.
Ese fracaso, sin embargo, no ha movido al Ejecutivo a cambiar el talante con el que se ha aproximado a este espinoso asunto. Ayer, sin ir más lejos, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, lo omitió escrupulosamente durante el discurso que hizo ante el pleno del Congreso para solicitar el voto de confianza que le hacía falta para ir adelante con la gestión que encabeza. Pese a ello, era obvio desde un principio que la mayoría de la representación nacional no iba a poner la confianza que se le demandaba en suspenso por la morosidad en los pronunciamientos oficiales sobre el particular.
Los inconvenientes para el Gobierno y la presidenta, no obstante, subsisten. Mañana ella está citada nuevamente para prestar su declaración ante la fiscalía y es de esperar que esta vez sí acuda y, sobre todo, no se escude en el silencio. Un silencio que, a decir verdad, se ha ampliado hasta ahora tanto como la investigación. Pero que, por la salud de la institucionalidad en el país, no puede seguir prolongándose más.