EH Bildu llega a las elecciones vascas en el momento más determinante de sus doce años de existencia, con posibilidades reales de gobernar y con un pacto no escrito con el PSOE para sostener parlamentariamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Es un pacto no escrito porque, a diferencia del resto de formaciones que pactaron con Sánchez, los de Arnaldo Otegi no dejaron rastro sobre papel alguno de las contrapartidas exigidas al PSOE. Pero su programa electoral ofrece algunas luces de lo que van a exigir los abertzales. Y una de ellas es la «transformación jurídica» de la legislación penitenciaria que se aplica a los presos de ETA. Hablan, veladamente, de arrebatarle a la Audiencia Nacional la potestad para vigilar penitenciariamente a los terroristas que aún cumplen condena.
En el marco de esa máxima inaugurada por Sánchez de «hacer de la necesidad virtud», Bildu ya no esconde su intención de «orientar la mayoría sociopolítica de los vascos para que las Cortes españolas tomen las medidas legales oportunas». Así lo describe, en euskera, en la parte de su programa electoral dedicada a los presos de ETA y a la «resolución del conflicto».
Lo que Bildu incoa en ese apartado es que la formación presionará al Gobierno para lograr una nueva legislación en materia penitenciaria que permita abrir anticipadamente las celdas de los 118 presos de ETA que aún cumplen condena en las tres cárceles vascas. Los mismos que, de ganar Bildu, estarían bajo su gestión directa.
«Transformación jurídica»
«Incluso si los presos políticos siguen un camino, dentro del marco legal, la legislación que todavía se les aplica hoy para completar el proceso de regreso a casa sigue siendo excepcional», explica Bildu en su planteamiento. «Esta legislación debe adaptarse a las nuevas realidades políticas mediante la necesaria transformación jurídica, con la transición de la excepción al derecho común», señalan los de Otegi.
No desarrollan más allá su propuesta, pero lo que Bildu pone sobre la mesa, tal y como ha informado OKDIARIO, es una reforma en materia penitencia, judicial y competencial que permita que sean los tribunales del País Vasco los que decidan sobre los terceros grados y regímenes de semilibertad. Y no la Audiencia Nacional, como ha venido haciéndolo desde hace décadas en lo referente a la vigilancia penitenciaria de los presos de ETA. Así ha sido hasta ahora, en base a la ley 5/2003 que regula el papel de los juzgados centrales, pero el asunto podría cambiar si Bildu consigue imponerle al PSOE ese cambio. Con ello, los terceros grados concedidos a los terroristas dejarían de ser bloqueados por la Audiencia Nacional.
En ese sentido, el Gobierno ya se muestra abierto a cambios. Durante el acto de apertura del Año Judicial, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, avanzó la necesidad de «reformar» las competencias de la Audiencia Nacional. Se han quedado, dijo, «obsoletas» y «sobrepasadas por la realidad jurídica».
Apoyado en ERC
Pese a que el PSOE se comprometió antes de la investidura a buscar las «soluciones» que le exigía Bildu para sortear la ley y sacar de prisión a los presos etarras, lo cierto es que el Gobierno sigue sin encontrar la forma exacta para articularlo. Fuentes de la formación abertzale explican que Moncloa teme un gran coste político si da luz verde a modificar la ley 5/2003 que regula el papel de la Audiencia Nacional como vigilante del cumplimiento de las penas que han impuesto sus tribunales. Entre ellas, las de terrorismo.
Sin embargo, para facilitar las cosas al PSOE de Sánchez, EH Bildu y ERC ya han avanzado conversaciones para armar un frente común. Una estrategia para poder llevar a cabo una transferencia de competencias sin que el PSOE pueda oponerse. Para ello, serán los socios separatistas de Sánchez quienes lleven la iniciativa en esta cuestión, exigiendo al Ejecutivo que inicie la transferencia de la vigilancia penitenciaria desde la Audiencia Nacional a los juzgados territoriales de aquellas comunidades autónomas con competencias en cárceles.
El argumento que se va a poner sobre la mesa, explican estas fuentes, es simple: si todos los presos en Cataluña y el País Vasco dependen de la gestión de sus respectivos gobiernos autonómicos, y la concesión de terceros grados u otras medidas depende de sus juzgados de vigilancia penitenciaria territoriales, «no tiene sentido» que en algunos pocos casos sea la Audiencia Nacional la que decida sobre ellos.