El concejal radical Javier Fabre presentó en el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba un proyecto de ordenanza donde propone que los funcionarios municipales se abstengan de bloquear a usuarios de redes sociales.
"Bloquear a un usuario de una red social es una forma moderna de silenciar a un ciudadano. Es una medida que pretende imponer una censura previa", explicó Fabre sobre la iniciativa.
En el caso del presente proyecto, "el desafío es encontrar una normativa que conjugue la libertad de expresión, el derecho de peticionar a las autoridades y de acceder a la información en el ecosistema virtual, con el derecho individual de bloquear a un usuario como parte de la autonomía", agregó el edil.
"Córdoba debe estar a la vanguardia de la calidad democrática digital y ser la primera ciudad en legislar sobre esta temática porque la agenda pública hoy se construye no sólo desde los medios de comunicación tradicionales sino también desde las plataformas digitales, que abren nuevos foros horizontales de análisis y debate", destacó Fabre.
"Queda claro que existe una coincidencia básica: la ciudadanía, mediante los espacios digitales, interactúa y se informa sobre las actividades del funcionario. En esa perspectiva, es inaceptable y arbitrario bloquear a un usuario, salvo que exista una razón debidamente justificada", cerró el concejal.
Los fundamentos del proyecto
La sociedad de la información plantea nuevos escenarios para el intercambio de ideas y la difusión de las mismas. Las redes sociales han establecido un entorno de disrupción digital que modificó nuestra forma de comunicarnos, de acceder a la información y de interactuar entre nosotros y con las instituciones.
La agenda pública hoy se no construye sólo desde los medios de comunicación tradicionales sino también desde las plataformas digitales, que abren nuevos foros horizontales de análisis y debate.
Este contexto de gobernanza algorítmica ha potenciado la libertad de expresión, generando también los excesos y los peligros inherentes a la Libertad.
En el caso del presente proyecto, el desafío es encontrar una normativa que conjugue la libertad de expresión, el derecho de peticionar a las autoridades y de acceder a la información en el ecosistema virtual, con el derecho individual de bloquear a un usuario como parte de la autonomía privada de cada persona que interactúa en una red social. Sin embargo, existen particularidades cuando se trata de cuentas de aquellos servidores públicos que usan las plataformas para informar o comunicar sobre sus actividades funcionales.
La sociedad de la información plantea nuevos escenarios para el intercambio de ideas y la difusión de las mismas. Las redes sociales han establecido un entorno de disrupción digital que modificó nuestra forma de comunicarnos, de acceder a la información y de interactuar entre nosotros y con las instituciones.
La agenda pública hoy se no construye sólo desde los medios de comunicación tradicionales sino también desde las plataformas digitales, que abren nuevos foros horizontales de análisis y debate.
Este contexto de gobernanza algorítmica ha potenciado la libertad de expresión, generando también los excesos y los peligros inherentes a la Libertad.
En el caso del presente proyecto, el desafío es encontrar una normativa que conjugue la libertad de expresión, el derecho de peticionar a las autoridades y de acceder a la información en el ecosistema virtual, con el derecho individual de bloquear a un usuario como parte de la autonomía privada de cada persona que interactúa en una red social. Sin embargo, existen particularidades cuando se trata de cuentas de aquellos servidores públicos que usan las plataformas para informar o comunicar sobre sus actividades funcionales.