Los caravanistas de Palma exigen al Ayuntamiento que les permitan empadronarse en el vehículo, tal y como ha solicitado el portavoz de la Fundación Ateneo Pere Mascaró, Jorge Javier González, en el pleno que está celebrando esta mañana el Consistorio palmesano.
En su intervención, en representación de los caravanistas y autocaravanistas y tras poner el acento en que en Palma «hay un serio problema con la vivienda», González ha dejado claro que «si vivimos en los vehículos es porque somos la consecuencia de las malas políticas habitacionales. Hemos decidido vivir sobre cuatro ruedas, porque no podemos llegar a pagar un alquiler, una habitación, y menos aún, la hipoteca de un piso».
«En silencio muchas familias de trabajadores, jubilados y pensionistas han optado por esta forma de vida», ha afirmado el portavoz que ha advertido que «las futuras generaciones van a seguir nuestros pasos.»
Por ello, González ha recordado a los 29 concejales del salón de plenos y al público presente que «somos españoles y europeos, que hemos dado y damos todo por el crecimiento de España y también somos residentes en Mallorca, pero no tenemos la culpa de cada día más personas, tomen la decisión de vivir en una caravana o en una autocaravana, y que el sector cada vez crezca más».
Tras lamentar que en la nueva ordenanza cívica se contemplen sanciones de hasta 1.500 euros para los que residan habitualmente en estos vehículos, González ha indicado que «nosotros sólo pensamos en llegar a fin de mes». «No nos quieren empadronar y saben que es un derecho», ha remarcado el portavoz caravanista, que ha recordado el Real Decreto de la DGT «que nos permite vivir y pernoctar en los vehículos que usted quiere prohibir», ha afirmado dirigiéndose al alcalde.
En este punto, González ha apuntado que la ordenanza para la convivencia cívica, que aún no está en vigor, dice que «los agentes de la autoridad deben informar de los lugares habilitados para estacionar» y ha lamentado que «hasta ahora no lo han hecho». En realidad, en Palma no existe un espacio habilitado para este fin y los caravanistas optan por estacionar sus vehículos en lugares como Son Hugo, Son Güells o Ciudad Jardín.
Por ello, el portavoz de este colectivo ha preguntado al alcalde «si piensa que cambiando el vehículo de sitio cada diez días, es una solución».
«Sé que no les interesamos porque no sumamos votos. Pero somos ciudadanos tranquilos, cumplidores de las obligaciones y en nuestros vehículos está todo en orden, ya sea impuestos de circulación, ITV y seguros. No se olvide que nosotros también pagamos impuestos, y usted debe gobernar para todos, y no sólo para un sector».
Por último, González ha exigido al primer edil palmesano que habilite un espacio para estacionar legalmente estos vehículos porque «lugares, el Ayuntamiento tiene muchos y sabemos que con personas inteligentes como usted podemos llegar a un acuerdo».
La nueva ordenanza cívica, ahora en trámite de exposición pública, establece en el artículo 73 que «no se pueden estacionar caravanas desenganchadas de su vehículo tractor. Las autocaravanas y las caravanas arrastradas no pueden acampar en el término municipal, salvo en las zonas expresamente habilitadas y señalizadas por el Ayuntamiento». Además prohíbe estacionar «durante más de 10 días consecutivos en el mismo lugar, tal como prevé la ordenanza municipal de circulación».
Según el texto de la nueva normativa, que aún debe pasar por el pleno municipal, se entiende que el vehículo está acampado y, por lo tanto, infringe este artículo «cuando los ocupantes permanecen en el interior o llevan a cabo actividades que denotan un uso diferente al de estacionamiento, como por ejemplo dormir, comer, beber, guardar objetos, etcétera».
Además mediante decreto la autoridad municipal puede limitar o prohibir en lugares determinados el estacionamiento de vehículos de dimensiones iguales o superiores a 5,20 metros de largo o 2,10 metros de alto, por algunos de los motivos siguientes: seguridad domiciliaria; prevenir o evitar usos impropios del espacio público o por cualquier otra situación que afecte directa y negativamente a la convivencia.