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Por la misma razón, en esta columna apoyé las dos candidaturas de Carlos Fernando Galán a la Alcaldía Mayor.
Mas allá de la tragedia que él, su madre y sus hermanos vivieron, se trata de un líder con gran formación política y académica, amplia experiencia administrativa y una rectitud a toda prueba.
Como su padre, quien contó con el apoyo de Eduardo Santos para iniciarse muy joven en el oficio al lado de Daniel Samper y Enrique Santos Calderón, Carlos Fernando abrigó la actividad periodística y fue editor político de este diario, lo que le permitió conocer los vericuetos de la política partidista, con sus aciertos y errores.
Igual que su padre, hizo el curso en el concejo de Bogotá, corporación que presidió, lo que le permitió conocer como pocos los problemas de nuestra tumultuosa capital. No es el único, pero si de los pocos burgomaestres, que llegó al palacio Lievano sabiendo claramente qué era lo que tenía que hacer y cómo. Ha sabido rodearse de un excelente equipo, integrado principalmente por mujeres inteligentes, capaces y completamente comprometidas.
A pesar de discrepancias con su antecesora y competidora hace cuatro años, no ha padecido del complejo de Adán, sino que quiere construir sobre lo construido, tomando incluso proyectos e ideas de ese excelente alcalde que fue Enrique Peñalosa Londoño. Un ejemplo de esa actitud es su posición frente a la construcción del metro de Bogotá.
Han pretendido "caerle" por el tema de la inseguridad en la capital, como si el fenómeno hubiera comenzado en su administración. Quienes han pasado por la alcaldía han tenido que hacerle frente. Son muchos los factores que inciden para que se tenga una buena o mala seguridad ciudadana: la prevención, que involucra temas sociales y económicos; la política criminal, que depende del Congreso y del gobierno central; la administración de justicia; la cultura ciudadana, en relación con los homicidios generados por intolerancia; y desde luego, el papel de la Policía que depende de la presidencia y del ministerio de Defensa.
Suele decirse que los alcaldes son los jefes de Policía, conforme a la descripción constitucional. Es así en el terreno formal, no en el real. El alcalde de Bogotá -ni el de ninguna otra ciudad- nombra, remueve, investiga o sanciona al director de la policía en su jurisdicción. Lo hace el presidente a través del ministerio de Defensa. Si bien es cierto que no se debe pensar en policías locales como en Méjico por los riesgos de politización que eso implica, es preciso pensar en un mecanismo que permita que el alcalde tenga una mayor injerencia en la conducción de la policía en su territorio para poder deducirle responsabilidades.
En el caso de Bogotá, por ejemplo, su seguridad está asignada al comandante de la Décima Tercera Brigada del Ejército, que obviamente no depende del jefe de la administración.
Resulta entonces prematuro asignarle responsabilidades al alcalde Galán por fallas en la seguridad de Bogotá. Son demasiados los factores que inciden en la inseguridad y no todos ellos dependen de él. En mi caso no tengo duda de que el alcalde Galán, con un poco de tiempo y comprensión ciudadana, entregará a su sucesor una mejor ciudad.
Aclaración: En mi columna anterior sobre los mitos y realidades de la Constitución del 91 dije que la mentalista Regina Betancurt había sido constituyente. La verdad es que aspiró, pero no fue elegida. Quise significar que en más de un sesenta por ciento los constituyentes habían militado ya en la política tradicional y que habían sido elegidos no más de cuatro indígenas y unos cuantos miembros de grupos religiosos.