Diez comparecientes del Comando Conjunto Central de las extintas Farc fueron llamados a reconocer ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su responsabilidad por secuestros ocurridos en Tolima, norte de Huila y Quindío.
La audiencia pública de reconocimiento de verdad se realizará el 26 de abril en Ibagué y, allí, los sometidos a la jurisdicción de paz, deberán responder por su participación en los secuestros que cometieron los frentes, columnas móviles y comisiones financieras del Comando Conjunto Central.
Los llamados a declarar son: Luis Eduardo Rayo, Enoc Capella Trujillo, John Jairo Oliveros Grisales, Nelson Antonio Jiménez, Édgar Ramírez Medina, Víctor Hugo Silva, Álvaro López, Gustavo Bocanegra, Wilson Ramírez Guzmán y Raúl Agudelo Medina.
Estos comparecientes fueron imputados por la Sala de Reconocimiento de Verdad debido a su participación en crímenes de guerra como: toma de rehenes, homicidio, atentados a la dignidad personal, tratos crueles e inhumanos; y por crímenes de lesa humanidad relacionados con privaciones graves de la libertad, asesinato, desaparición forzada, violencia sexual, tortura, entre otros.
Se trata de la segunda audiencia de reconocimiento del caso 01 que investiga la JEP sobre toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las extintas Farc. En la primera, que tuvo lugar en abril de 2022, siete integrantes del último Secretariado de las Farc aceptaron su responsabilidad como máximos responsables al haber emitido las órdenes y políticas que llevaron al secuestro de miles de colombianos y por no haber controlado a sus subordinados frente al trato que les dieron durante el secuestro y su desenlace.
Además de la imputación al Comando Central de las Farc, la JEP también atribuyó responsabilidad por crímenes de guerra y de lesa humanidad a ocho integrantes del antiguo Bloque Occidental por secuestro.
El Comando Conjunto Central de las Farc
De las 3.929 víctimas que se han acreditado para participar en el caso 01 de la JEP, 150 de ellas, entre víctimas directas y allegados, tienen relación con hechos ocurridos en el Tolima y norte de Huila, zona en la que operaba el Comando Conjunto Central de las extintas Farc. Según el auto de determinación de hechos y conductas que emitió la Sala de Reconocimiento en julio de 2023, se estima que esta estructura cometió en el 7% de los secuestros atribuidos al grupo guerrillero en todo el país.
Pese a que el Comando Conjunto Central fue unas de las estructuras de las Farc que cometió menos secuestros, la Sala de Reconocimiento subrayó que el modelo de financiación desarrollado por la Comisión Financiera Manuelita Sáenz de la estructura, se convirtió en un referente para los otros bloques y comandos del grupo guerrillero.
El sistema de la Comisión consistía en extorsionar y secuestrar a integrantes identificados por gremios de los sectores económicos que podrían aportar a la consecución de los recursos que necesitaban para operar y para cumplir con la cuota de dinero que exigía el Secretariado, la cual llegó a ser de hasta 2.000 millones de pesos anuales para el Comando Central.
Además del patrón criminal de secuestro con fines económicos, la Sala de Reconocimiento señaló que el Comando Conjunto Central también secuestró con frecuencia a habitantes de la región con fines de control social y territorial. Es decir, que sus integrantes privaron de la libertad a personas que consideraron enemigas y a quienes infringieron los parámetros de convivencia que imponía la organización en los territorios donde tenían mayor dominio.
El Comando Central de las Farc tuvo su mayor auge a finales de la década de los noventa, cuando alcanzó los 1.200 combatientes, de los cuales 150 sobrevivieron al conflicto armado.