En distintas dimensiones, el escenario que enfrenta el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, es complejo. En la interna, porque la institución que dirige enfrenta un doloroso duelo tras el asesinado de tres funcionarios en Cañete, y en la esfera judicial, pues estaba previsto que durante la próxima semana se le formalizara por delitos omisivos de violación a los derechos humanos en el contexto del estallido social, y eso implicaba que debía dejar el cargo de manera anticipada.
Sin embargo, esa segunda arista encontrará cierto alivio durante esta jornada, cuando el 7° Juzgado de Garantía defina sobre la solicitud de aplazamiento de su formalización, tras una petición ingresada ayer domingo por el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz.
El hecho descomprimirá la tensión que rodea al mandamás de la policía uniformada, aunque en un carril totalmente paralelo sigue avanzado otra investigación donde Yáñez también asoma como uno de los principales imputados.
Se trata de la indagación sobre delitos de lesa humanidad, también derivada de hechos acontecidos durante el estallido social de 2019, y que ahora se encuentra bajo la dirección del fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios.
Esa indagación aún se encuentra en etapa de diligencias, no hay sujetos formalizados, y dado que el persecutor recién la recibió en enero pasado -luego de que estuviera a cargo de la fiscal Claudia Perivancich y más tarde en manos de Xavier Armendáriz- los últimos meses se ha realizado una revisión exhaustiva de la información reunida.
Como relata Castro Bekios a La Tercera, desde que recibió la causa se abocó al análisis de los 67 tomos que hoy tiene la carpeta investigativa y de las más de 50 querellas presentadas.
"El estándar de este tipo de delitos es bastante alto y de ahí la cantidad de diligencias de investigación que uno tiene que realizar para ver si efectivamente y de manera objetiva concurre o no el estándar. Por lo tanto, el trabajo que hemos estado haciendo tiene que ver con revisar querella por querella y cada uno de los tomos investigativos", sostiene el persecutor.
Con ello, complementa, elaboró un listado con todas las diligencias que ya se han desarrollado y definió cuáles serán las que él instruirá o realizará directamente. Entre ellas, no se descartan nuevos requerimientos a una serie de instituciones y toma de declaraciones.
En paralelo, según precisa el fiscal regional, se ha reunido o dado respuesta a los querellantes y distintos intervinientes, querellantes y defensas. Esto, sostiene, a raíz de los cambios de dirección que ha tenido la causa. "Han querido entrevistarse para ver cuál es nuestra postura, lo que a nosotros también nos interesa para conocer los requerimientos que pudieran solicitad", precisa.
¿Las nuevas diligencias podrían incluir una citación para que el general Yáñez declare? Es una pregunta que constantemente ronda al persecutor, aunque aún no hay un respuesta clara para ello.
"Sí, efectivamente, es una diligencia que no descartamos. La toma de declaración, ya sea a él u otra de las personas que se encuentran en calidad de querellados en este momento, así como también de cualquier otra persona que nosotros estimemos que podría servirnos para esclarecer los hechos y la participación de los presuntos responsables", menciona.
Por ahora no es una prioridad que Yáñez declare, aunque Castro Bekios recalca que en la medida en que la investigación lo haga necesario, se concretará. No está previsto en el corto plazo, de acuerdo con otras fuentes consultadas por este medio, pedir audiencia de formalización.
Cabe hacer presente que, al igual que el general director, los roles de Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel, Rodrigo Delgado, Juan Francisco Galli, Felipe Delgado y de Mario Rozas también son pesquisados.
La complejidad de estos delitos
En medio de su exposición, el fiscal insiste en que el estándar para hablar de delitos de lesa humanidad es bastante alto y que se tienen que dar una serie de condiciones para avanzar en su análisis.
Según detalla, para que se esté ante un delito de lesa humanidad, "primero tenemos que tener un resultado, que puede ser de un delito contra la vida, contra la integridad física, hablemos de muerte, lesiones en sus distintas naturalezas. Pero tenemos que tener algo que es lo que pone el estándar de estos delitos, y es lo que dimensiona los artículos primero y segundo de la Ley de 20.357 y que dice relación con que haya un acto generalizado sistemático contra la población civil".
Aquello, además, debe responder "a una política del Estado y sus agentes, o bien de grupo organizado, con la dirección de un mando responsable y que se ejerza sobre un territorio que les permita realizar operaciones militares, de modo tal que favorezca la impunidad de sus actos".
Respecto de cómo mira la causa vinculada a las responsabilidades del alto mando en los hechos ocurridos durante el estallido, el fiscal asegura que "el hecho de que esa investigación tome un determinado camino, no necesariamente tiene implicancias" en la que él lleva.
"La investigación por delitos de lesa humanidad la tomamos como investigación distinta y también como un desafío. Uno no puede estar ajeno a los hechos ocurridos. Desde mi punto de vista, esta es una investigación extremadamente seria, porque la resolución que se tome, evidentemente va a tener impacto -más allá de la decisión en sí- en la comunidad y será parte de nuestra historia. Por eso no estamos pendiente de lo que ocurra en la otra investigación, tienen tiempo y complejidades distintos", resalta.