La consejera de Presidencia, Interior y Cultura del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, ha participado este miércoles en el pleno del Comité de las Regiones del Parlamento Europeo, donde ha intervenido en el dictamen sobre la defensa de la democracia para pedir que los entes locales y regionales tengan "herramientas de carácter normativo que les sirvan para protegerse ante determinadas decisiones que puedan poner en peligro la independencia de las instituciones".
En este sentido, la consejera del Gobierno de Aragón ha advertido del "riesgo que supone para los sistemas democráticos que desde los poderes públicos estatales se dicten disposiciones o se nombren cargos públicos que ponen en peligro la independencia de las instituciones encargadas de la salvaguardia, el control y el equilibrio propios de un sistema democrático".
Al igual que el dictamen afirma que "no hay democracia en tiempos de guerra, no hay democracia en situación de pobreza o incertidumbre, ni la hay cuando las personas temen por su futuro", la titular de Presidencia ha pedido prestar atención a determinadas decisiones de los poderes públicos, "como la aprobación de disposiciones normativas o el nombramiento de cargos públicos específicos, que ponen en peligro la independencia de estas instituciones, y que afectan de forma directa a los propios principios configuradores de la Unión Europea". En el actual entorno, ha dicho, "deben adoptarse medidas específicas para abordar de manera eficaz los retos que se les plantean a las instituciones", sobre todo el riesgo de quebrar su independencia.
Por ello ha recordado que los entes locales desempeñan "un papel esencial en la defensa de la democracia" y constituyen un elemento indispensable de la estructura democrática europea, donde las decisiones deben tomarse "lo más cerca posible de la ciudadanía" y "con respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y los derechos humanos, comunes todos a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad", tal como se especifica en dos artículos (10 y 2) del Tratado de la Unión Europea (TUE).
En ese sentido, la consejera ha sostenido "la conveniencia" de conceder a los entes locales y regionales esas herramientas de carácter normativo que les sirvan "para protegerse ante determinadas decisiones de poderes públicos estatales que puedan poner en peligro la independencia de las instituciones", ha insistido antes de recordar que la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales "son los cimientos" en los que se apoya la Unión Europea.
"La democracia es un valor europeo esencial y una condición previa para la adhesión a la Unión Europea. La estabilidad, la seguridad y la prosperidad de la UE dependen de la firme defensa de los principios, las instituciones y los valores democráticos a todos los niveles", ha concluido.
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