El día que la Revolución del Parque de 1890 fue derrotada, con las manchas de sangre todavía frescas en las paredes y los cadáveres amontonados en las calles, el jefe vencido Leandro N. Alem se fue caminando a su casa.
Dos semanas después estaba otra vez en la tribuna, como orador en un acto. Quizá la aparente singularidad de este detalle ayude a comprender que la violencia política era una opción estratégica aceptada para la resolución de conflictos de poder.
Alem fundó un partido de indiscutida vocación republicana –la Unión Cívica Radical– y su legado es siempre recordado en las cumbres partidarias.
Aun así, el jefe radical entendía que la violencia era un acto de desobediencia frente a un poder establecido, tan valioso como también lo eran las instancias electorales.
Ese universo de creencias y valores que impedía disociar en forma categórica la violencia de la acción política también fue compartido por su sobrino, Hipólito Yrigoyen, dueño de un pensamiento más estratégico que el de Alem.
Yrigoyen comandó la intransigencia radical contra el orden conservador durante casi veinte años. Creía en la revolución como un imperativo moral, y organizó rebeliones armadas en las que los civiles irrumpieron a sangre y fuego en las comisarías y cuarteles militares para descabezar el régimen, en busca de una representación política más transparente.
El anarquismo, que desembarcó en el Río de la Plata al filo del siglo XX, también fue tributario de la violencia. Sin embargo, sus acciones, que intentaban deponer el orden social vigente, no estaban legitimadas por la comunidad de representantes políticos, que se unieron en forma orgánica en defensa del ideal de Nación y del "patriotismo".
El todavía incipiente aparato de coerción estatal promovió contra el anarquismo la deportación y una carga penal cuya rigurosidad no era equivalente a la de los sublevados del radicalismo, que con frecuencia eran amnistiados tras sus intentos revolucionarios.
De todos modos, el anarquismo, con la propagación de su doctrina en favor de una sociedad sin Dios, sin Estado y sin patrones, y la intencionalidad explícita y violenta de su mensaje, señaló una problemática social en la Argentina del Centenario de la Revolución de Mayo, que el orden conservador, deslumbrado por el rinde que le proporcionaba el modelo agroexportador de ultramar, no alcanzó a calibrar en su justa medida.
La elite conservadora, sin embargo, reaccionó con rapidez –luego de que el sufragio universal terminara por de-salojarla del poder, en 1916– cuando observó que el sistema político ampliado a las clases medias y bases populares, estrenado en el gobierno de Yrigoyen, no sería un protector confiable de sus intereses.
Con la necesidad de hacerse obedecer, el régimen desplazado se reagrupó en una suerte de Estado concurrente para ejercer una represión de facto sobre el mundo obrero, frente al peligro de una "revolución maximalista", en defensa del orden legal y de la jerarquía social, pero vulnerando la legalidad republicana que decía defender.
A su vez, avanzada la década de 1920, frente a las luchas político-partidarias, el Ejército comenzó a percibirse como la expresión única y legítima de la Nación.
La institución que mejor la identificaba, la que debía guiar su destino. La crisis de gobierno apenas iniciada la segunda presidencia de Yrigoyen lo impulsó a quebrar un orden constitucional que se mantenía vigente desde 1862 e irrumpir en la Casa de Gobierno con una manifestación de fuerza militar que ganó el aplauso de buena parte de la sociedad civil.
Su autoritarismo –una violencia institucional ilegítima, no avalada por la ley– lo decidió a encarcelar y torturar a disidentes de su misión reparadora, y también a algunos de los que la habían aplaudido.
La metodología de la tortura como soporte de un proyecto corporativo que prescindía de la Constitución de 1853 y del sistema de partidos políticos tendría un alcance limitado.
El régimen militar lo supo, y aceptó el retorno al sufragio universal propiciado por la Ley Sáenz Peña, aunque a condición de manipular sus resultados para mantenerse en el poder; una conducta que sus críticos no dudarían en calificar de "infame".
Ese orden político fraguado, que mantuvo al radicalismo proscripto y que tuvo en el general Agustín Justo a su figura más empinada, perduró más de una década.
Hasta que el coronel Juan Domingo Perón, que había llegado a la orilla del poder del Estado con un grupo militar de corte nacionalista, el GOU, advirtió que el promisorio desarrollo industrial de la década de 1930 también había producido masas obreras carentes de representación política.
Perón resultaría la vía de escape de un gobierno de facto en crisis, que percibía la caída de Berlín como la antesala de su propia caída.
Su alianza con los obreros, que el coronel Perón había forjado en pocos años desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, y que se mantendría inconmovible durante décadas, le serviría para vencer las elecciones presidenciales en 1946, frente a una Unión Democrática que alineaba en su seno componentes políticos opuestos: conservadores, liberales, socialistas y comunistas.
La oligarquía conservadora tuvo dificultades para aceptar el paradigma de justicia social que promovió Perón en su gobierno.
Como réplica, prefirió caracterizarlo como un hombre sin moral ni escrúpulos, que rompía con los valores constitutivos de la sociedad argentina.
Durante las dos primeras presidencias, el peronismo tampoco aceptó los disensos. Por un lado, el aliento oficial para la organización gremial implicaba también la supresión de la autonomía del movimiento obrero frente al Estado; además, la Policía Federal se transformó en la institución clave para mutilar las libertades civiles y políticas, y disciplinar a opositores.
Y aunque Perón jamás rompió las reglas del juego político-institucional, las tensó de tal forma que la sociedad quedó dividida en torno a su liderazgo.
La antinomia "peronismo/antiperonismo" será a partir de ese momento la categoría política central.
Muchos de los opositores al oficialismo, estudiantes, dirigentes políticos o gremiales marcharán al exilio, padecerán la cárcel y la tortura en las comisarías.
Y también impugnarán la autoridad presidencial con bombas y atentados, para propiciar el ambiente necesario para su caída.
Pero será la Marina de Guerra, con el atentado terrorista de mayor magnitud de la historia argentina, la que bombardeará la Casa Rosada y sus alrededores para matar a Perón.
El plan conspirador fracasó en su objetivo inmediato, pero hirió de muerte a un gobierno ya fatigado.
La oposición civil se asoció al golpe de Estado que pocos meses después del bombardeo depondría a Perón; quienes durante años dijeron actuar por la defensa de la democracia y las libertades civiles ahora las minaban en sus cimientos.
El daño institucional que provocó el éxito de esa empresa se prolongaría a lo largo de los años. Perón fue obligado al exilio. Sólo podía ser mencionado como el "tirano prófugo".
Por primera vez en diez años, el peronismo quedó huérfano de la protección del Estado: muchos de sus simpatizantes fueron perseguidos, encarcelados y torturados.
Su proscripción electoral provocó un cisma en el sistema político que no pudo ser resuelto ni por los siete presidentes militares que asumieron por la fuerza el control de la Casa Rosada, ni tampoco por los tres presidentes civiles que gobernaron bajo la tutela militar: Arturo Frondizi, José María Guido y Arturo Illia.
Fueron años de inestabilidad.
La caída de Perón provocó nuevos y múltiples dilemas en el país: cómo revertir la distribución del ingreso, qué hacer con el peronismo como fuerza política –excluirlo definitivamente del sistema o integrarlo de manera limitada– y, básicamente, cómo establecer desde el Estado una estrategia de dominio político y social estable y duradero.
Perón en el exilio fue un obstáculo constante para las Fuerzas Armadas. La misma perturbación se irradió en el interior del peronismo.
El poder gremial que en la década de 1960 pretendió liberarse de sus directivas e integrarse de manera autónoma al sistema político debió enfrentar las múltiples y ambiguas maniobras de Perón, que no estuvo dispuesto a ceder su protagonismo ni su capital político.
La recepción de estos fenómenos internacionales, con su carga de tensión y complejidad, agudizó el problema político central del país: la proscripción del peronismo.
Ante la emergencia de nuevos actores –el Che Guevara y las guerrillas locales que lo reivindicaban–, Perón se puso al frente de las banderas de liberación nacional y social, y actualizó la doctrina peronista para adaptarla a los nuevos tiempos.
Si quince años antes había sido caracterizado como "fascista", ahora muchos entendían que el peronismo y la clase obrera representaban un fenómeno político y social inevitable para encauzar el tránsito hacia el "socialismo nacional".
A partir de las oleadas insurreccionales contra la dictadura de Juan Carlos Onganía (el Rosariazo, el Cordobazo), y del secuestro y fusilamiento del general Pedro Eugenio Aramburu –un bautismo de fuego que selló la identidad de la organización guerrillera Montoneros–, los acontecimientos adquirieron una dinámica que definió las condiciones políticas para el retorno de Perón a la Argentina.
Su regreso se convirtió en un hecho necesario –en algunos casos, ineludible– para los actores en pugna que buscaban, de manera inmediata, una salida al encierro político-institucional provocado en el país por la intervención militar desde 1955.
Diecisiete años después, Perón no tenía tan presente la dimensión de las contradicciones internas que se habían engendrado bajo su liderazgo durante su exilio. O, en todo caso, creía que la aplicación directa de su autoridad sería suficiente para controlarlas.
Sin embargo, los antagonismos se agigantarían a su regreso. La voz persuasiva de Perón en favor de la pacificación y los pactos corporativos e institucionales que intentó para garantizar la gobernabilidad fueron inaudibles para los grupos que se enfrentaban en torno a su figura.
Perón intentaría cargar sobre sus espaldas el desafío político de un país que lo invocaba, pero en un tiempo que dejaba de ser el suyo. Desplegadas las armas, la violencia se convirtió en la táctica dominante en la lucha por el poder.
La década de 1970 fue el paroxismo, el momento más agudo del desarrollo de la violencia política en todo el siglo XX.
El crecimiento de las organizaciones armadas, que luchaban por la creación de un incierto orden revolucionario, fue contrarrestado por la represión ilegal de la Triple A, impulsada desde algunos sectores del Estado durante el gobierno de Perón y el de su esposa, Isabel, que lo sucedió tras su muerte, en 1974.
Y en esa espiral irreversible de violencia se fue vaciando el tercer gobierno peronista. La progresiva pérdida del poder civil en favor de las Fuerzas Armadas produjo, con el golpe de Estado de marzo de 1976, el mayor aniquilamiento sistemático organizado desde el poder en la historia argentina.
A partir de la instauración del terrorismo de Estado, las persecuciones –que contaron con la colaboración de corporaciones empresarias– a dirigentes, militantes políticos, estudiantes y obreros fueron ejecutadas con una metodología represiva sin antecedentes.
Con órdenes internas, manuales secretos, órganos de inteligencia, centros clandestinos y la práctica de desaparición de los cuerpos de las víctimas en "vuelos de la muerte", o con matanzas masivas fraguadas como "combates" o "intentos de fuga".
La dictadura militar logró establecer el control ideológico sobre la sociedad, desintegró las distintas organizaciones guerrilleras y a la oposición obrera, pero una vez que concluyó "la lucha contra la subversión", su orfandad política provocó fricciones internas entre dos grupos castrenses: los que eran permeables a una salida institucional consensuada con fuerzas civiles, y los "señores de la guerra", que habían comandado la represión ilegal en sus territorios y creían necesario que el proceso militar se mantuviese de forma inalterable, con los mismos principios que lo habían fundado.
Sin lograr consenso alrededor de una fórmula que asegurara la continuidad política, el gobierno del general Leopoldo Galtieri decidió prolongar a todo o nada su permanencia en el poder con la recuperación de las islas Malvinas en 1982.
La posterior derrota frente a Gran Bretaña en el Atlántico Sur obligó a la salida institucional.
El retiro del poder militar en un país con baja producción industrial, déficit fiscal, una inflación de tres dígitos y condicionado por los pagos de la deuda externa representó un campo minado para una nación que iba perfilando su nuevo rumbo institucional mientras se revelaba el horror de la represión ilegal.
La transición a la democracia, no acordada con los militares, fue liderada por el radical Raúl Alfonsín. Su intento de subordinar las Fuerzas Armadas al poder civil y a la Constitución Nacional fue un factor de tensión, de inestabilidad y también de riesgo constante para el sistema político.
La creación de la Conadep para recabar denuncias de secuestros y desapariciones durante la dictadura, además del inédito juicio a los ex comandantes de las juntas militares, y la ampliación de la persecución penal a cuadros medios del Ejército involucrados en torturas y crímenes, generaron un proceso judicial que escapó al control del presidente, que lo había impulsado, y tuvo como reacción una serie de rebeliones de "carapintadas".
Alfonsín debió convivir con el peso constante de la amenaza militar, que finalmente lo obligó a limitar, y luego cerrar, la acción judicial con leyes de perdón.
Su liderazgo político se deterioró, y también su credibilidad. La crisis económica haría el resto: el agobio de los pagos externos, la hiperinflación, los saqueos y el caos social signarían sus últimos meses de gobierno, que cedería en una elección y sucesión adelantadas a Carlos Menem, el nuevo y también inesperado líder del peronismo, ahora unificado.
Para terminar con las crisis militares y disciplinar a las Fuerzas Armadas bajo su autoridad, un problema que Alfonsín había sido incapaz de resolver, el caudillo riojano apeló a una medida pragmática que contradecía la voluntad de la sociedad que acababa de elegirlo: dispuso la libertad de los ex comandantes de las juntas militares condenados por la Cámara Federal, de un jefe guerrillero también condenado, e indultó a centenares de militares y civiles que estaban investigados, procesados o buscados por la Justicia. Con su sola firma, decidió clausurar las "heridas del pasado" y contribuir a la reconciliación y a la pacificación nacional, que se volvían ahora todavía más lejanas.