En total fueron 100 agresiones durante el año anterior, de las cuales dos fueron asesinatos a precandidatos de elección popular. Además, se registró un aumento de 22 casos con relación a los ocurridos durante el 2022.
El trabajo de los líderes y lideresas sociales en Santander estuvo bajo amenaza durante el 2023. En ese año, de acuerdo con el Observatorio de Paz y Derechos Humanos de la Corporación Compromiso, se registraron 414 casos de violencia, 78 más de los ocurridos durante el 2022.
Según Juan Esteban Arenas Pérez, analista del observatorio, en el 2023 ocurrieron 100 agresiones directas a los líderes, 22 más que en el 2022, entre ellas dos asesinatos a firmantes del acuerdo de paz y quienes además aspiraban a cargos de elección popular en los municipios de Mogotes y Barrancabermeja.
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El experto explicó que hubo tres situaciones que marcaron el aumento de los casos de violencia el año pasado. Uno, los conflictos socioambientales por los que atraviesan las comunidades, como por ejemplo la oposición a la minería de carbón a cielo abierto que se pretende realizar en El Carmen y San Vicente de Chucurí. El segundo tiene qué ver con la expansión de grupos armados ilegales en el territorio. Y el tercero fue la coyuntura electoral, pues algunas de las agresiones fueron dirigidas contra candidatos de partidos alternativos.
"La lectura de la situación es compleja y los líderes y lideresas se encuentran en una situación de riesgo. Se espera que con la Gobernación y las alcaldías se tomen medidas", dijo Arenas.
El analista advirtió que, contrario al discurso que mantuvo el anterior gobernador Mauricio Aguilar Hurtado, en el departamento sí hay presencia de grupos armados ilegales como el Clan del Golfo en la zona del Magdalena Medio en Barrancabermeja, Puerto Wilches y Sabana de Torres; y también habría grupos insurgentes como el Eln y la Segunda Marquetalia.
Para el caso del área metropolitana de Bucaramanga, Arenas Pérez indicó que se tuvo presencia del Eln, con el atentado a una estación de Policía, y la Defensoría del Pueblo ha alertado sobre la expansión del Clan del Golfo hacia Rionegro y Lebrija. A todo esto, continuó el analista, se suma la criminalidad organizada por la disputa del control de rentas ilegales como el microtráfico.
Al respecto, el asesor jurídico de la Corporación Compromiso, Santiago Gamboa Lozada, manifestó que ante la preocupante situación de incremento en los casos de violencia en el departamento y el área metropolitana de Bucaramanga, se recomienda al Gobierno Nacional construir una política pública que garantice la protección efectiva de las comunidades en el territorio, la cual debe articularse con la 'Paz total', debido a que los actores armados son los que agreden a los líderes.
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En cuanto a la Fiscalía General de la Nación, Gamboa Lozada recomendó que se establezcan los autores materiales de los hechos victimizantes y también de quienes financian las estructuras armadas. Y a la Gobernación y alcaldías, les pidió que en los planes de desarrollo se incluya una política de protección para los líderes que cuente con una asignación presupuestal.
"Reconocemos que el actual gobernador ha dicho que en el departamento hay presencia de actores armados, pero queremos decirle que no solo Eln y disidencias de las Farc, está el Clan del Golfo, el Tren de Aragua y en el área metropolitana de Bucaramanga están los del 'Norte' y los del 'Sur', estos últimos hasta con trata de personas", dijo Gamboa.
Sobre el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, el asesor jurídico de la Corporación Compromiso dijo que hay preocupación por los golpes de opinión que da, pues se captura gente que sí es expendedora, pero no hay acciones reales donde están las 'ollas' de microtráfico.
Al cierre de esta edición, el gobernador de Santander lideraba un consejo de seguridad.