Sí, por desgracia me refiero al pago de los asuntos del turno de oficio. Para conocimiento del lector, debe saber que, estando prácticamente en el mes de abril de 2024, aún no se han abonado por el Gobierno autonómico ni el mes de diciembre del pasado 2023; tampoco los meses de enero, febrero y marzo del presente año. ¿Acaso cree que disponemos de tarjetas bancarias financiadas con fondos del Principado? Ni por asomo es mi intención autoproclamarme portavoz de nadie, pero, siendo un abogado en ejercicio más que está adscrito al turno de oficio en Asturias –somos muchos en esta situación, incluidos los compañeros procuradores–, veo escandaloso que transcurran meses y meses para cobrar "a posteriori" el trabajo realizado. Ningún otro colectivo, comenzando por los distintos tipos de funcionarios autonómicos y terminando por los perceptores de ayudas sociales, por ejemplo, aceptarían esta situación así ni una semana, y con toda la razón.
Así que le insto a revisar el orden de pagos a nuestro colectivo y le sugiero que se reúna de nuevo con el actual Decano del Colegio de Abogados de Oviedo, a fin de modificar una suerte de acuerdo alcanzado en el pasado por el cual, durante los tres primeros meses de cada año, se crea un retraso en el que no se abonan los pagos adeudados hasta abril. ¿A qué razón obedece semejante práctica?, ¿o es que en las cuentas presupuestarias anuales de ese Gobierno no se puede calcular una partida media anual global de forma que cada mes transcurrido se proceda al abono de los pagos en el mes siguiente de forma inexcusable? Todo lo demás que no sea el pago por meses durante todo el año es pura y simplemente tomadura de pelo.
También aprovecho este escrito para que los lectores conozcan que no es lo mismo abogado del turno de oficio-gratuidad y/o que el que un ciudadano solicite un abogado de oficio, derecho constitucional esencial, y que dicho abogado de oficio le resulte gratuito. Para que, en efecto, no tenga que abonar nada la persona que solicita un abogado de oficio debe aportar documentación de tipo económico que será verificada por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. La gratuidad se producirá siempre que los ingresos no supere el doble del Iprem (indicador público de rentas de efectos múltiples), que en 2023 ascendía a 600 euros/mes (7.200 euros anuales). En consecuencia, todo aquel ciudadano que supere el doble de esos 7.200 euros (14.400 euros al año) debe abonar el trabajo realizado por el abogado del turno de oficio, así como el del procurador. Ocurrirá así si gana 14.401 euros anuales.
Hablamos de unos ingresos que no permiten hablar precisamente de una vida desahogada. Así que le propongo: ¿por qué no se crea un fondo especial para que el peticionario de los beneficios de la justicia gratuita, aun excediendo los 14.400 euros anuales, goce de en un determinado margen y se le reconozca igualmente la justicia gratuita?.
Eso sí son políticas efectivas, prácticas, favorables a las clases menos pudientes, y que ayudan de forma clara a ciudadanos con menores ingresos, principios que se supone usted representa y defiende. Así que, finalizo, solucione de forma los problemas recurrentes del pago del turno de oficio y suba la cuantía del Iprem a fin de que más ciudadanos puedan gozar del derecho constitucional a una tutela judicial que le resulte gratuita. Y pague lo que debe cuanto antes. Saludos.
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