Financial Times: la violencia narco en Rosario pone a prueba el ajuste de Milei
La visión de un Estado pequeño entra en conflicto cuando los ataques de pandillas contra civiles paralizan la ciudad
Hace menos de un mes apareció un mensaje en una sábana blanca colgada sobre un puente en Rosario, una ciudad portuaria fluvial de 1,3 millones de habitantes en Argentina, advirtiendo sobre la inminente "muerte de inocentes" si el gobierno provincial continuaba con la represión contra los gangsters.
La amenaza llegó días después de que el ministro de seguridad de la provincia de Santa Fe, donde se encuentra Rosario, publicara fotografías que mostraban a pandilleros sin camisa alineados en el suelo de un pasillo de prisión, que recuerdan las imágenes que a menudo comparte el famoso presidente de línea dura de El Salvador, Nayib Bukele.
Rosario, cuna de figuras conocidas, desde el revolucionario Che Guevara hasta la superestrella del fútbol Lionel Messi, se ha hecho más conocida recientemente por una razón diferente: se ha transformado en un centro de tráfico de drogas a medida que los grupos latinoamericanos aumentaron las exportaciones de cocaína para satisfacer la creciente demanda en Europa y Estados Unidos.
Una ola sin precedentes de ataques de pandillas contra civiles mató a cuatro personas y desencadenó varias huelgas paralizantes de trabajadores del transporte en la ciudad en marzo. Los asesinatos conmocionaron a Argentina, que nunca ha sufrido el nivel de violencia del narcotráfico que afecta a otros países de la región como Colombia y México.
"Nadie sale de noche, ni siquiera a veces de día", dijo Jorge, un taxista de unos cuarenta y tantos años. "Han cortado nuestra libertad".
La violencia también ha expuesto el desafío de abordar los delitos relacionados con las drogas en lo más profundo de una grave crisis económica.
Javier Milei , el presidente libertario de Argentina que asumió el cargo en diciembre, ha culpado a los anteriores gobernadores izquierdistas de la provincia de Santa Fe de "entregar la ciudad a los criminales". Milei obtuvo un fuerte apoyo de los votantes en Rosario, con el 58% de los votos en la segunda vuelta de las elecciones de noviembre.
Ha desplegado cientos de policías federales en Rosario, presentó un proyecto de ley al Congreso que permitiría intervenir a los militares y se comprometió a acusar a los pandilleros de terroristas.
"Las fuerzas de seguridad cuentan con nuestro apoyo irrestricto para hacer lo que sea necesario para restablecer el orden", afirmó Milei.
Pero al mismo tiempo, Milei, un autodenominado "anarcocapitalista" empeñado en reducir el inflado Estado argentino, ha recortado drásticamente el financiamiento para Santa Fe y otras provincias en su intento por poner fin al déficit fiscal crónico de Argentina. Milei ha eliminado casi por completo las transferencias federales discrecionales, que representaron el 8% del presupuesto de Santa Fe en 2023.
El gobierno de Milei también ha frenado el 88% de los proyectos de obras públicas de Argentina, que según él son una fuente de corrupción. Los proyectos congelados incluyen la regeneración planificada de un barrio marginal en Rosario.
El vocero de Milei dijo al Financial Times que no se habían destinado fondos adicionales para ayudar a Santa Fe a enfrentar a las pandillas, más allá de la provisión de fuerzas de seguridad.
Sin embargo, funcionarios provinciales en Rosario dijeron que se necesitaría más que reforzar la seguridad para resolver el problema.
"El tiroteo es lo que ves. Pero detrás de eso hay todo tipo de problemas sociales y de infraestructura", dijo Ramiro Galassi, asesor del Ministerio de Seguridad de Santa Fe.
La corrupción entre la policía provincial y el personal penitenciario mal pagado es un gran problema, dicen los expertos, al igual que la vasta economía del mercado negro de bienes legales de Santa Fe, que facilita a los narcotraficantes lavar dinero.
"No resolveremos esto sin un Estado mucho más fuerte y más sofisticado que el que tenemos ahora en Santa Fe", dijo Luis Schiappa Pietra, fiscal provincial que trabaja en casos relacionados con las drogas. "Eso cuesta dinero aquí como en cualquier otro lugar".
En un barrio de clase trabajadora en las afueras de Rosario, las casas de bloques de hormigón de una sola planta y las calles semipavimentadas están salpicadas de los llamados bunkers: agujeros del tamaño de ladrillos en las paredes que funcionan como improvisadas tiendas de esquina donde los niños -conocidos por los lugareños como "pequeños soldados"- venden drogas.
A unas cuadras de distancia, varios adolescentes se sientan en el patio húmedo de un pequeño centro comunitario, esperando un almuerzo con pizza. El centro, que cuenta con biblioteca y acoge clases de boxeo, fútbol y robótica, recibe financiación municipal, provincial y nacional, explicó su responsable, que no quiso dar su nombre por motivos de seguridad.
"Este es el último eslabón de la cadena, porque más allá de este lugar estos niños no tienen adónde ir más que [las calles]", dijo. "Desde diciembre no hemos recibido financiación de ningún nivel. A finales de marzo se acaba. No sé qué pasará después".
El gobierno provincial se negó a comentar sobre el caso específico, pero dijo que había aumentado la financiación para algunos programas sociales en un 80%. La ministra de Igualdad de Santa Fe, Victoria Tejeda, dijo que los comedores sociales siguen operativos y "están funcionando muy bien".
Sin embargo, agregó que "no estamos recibiendo ningún apoyo del gobierno nacional".
La posición de Rosario en el río Paraná, una ruta crítica desde Sudamérica hacia el Atlántico, la ha dejado vulnerable a medida que el tráfico de drogas en la región se ha expandido lejos de centros históricos como Colombia y México. Un informe de la ONU de 2015 encontró que Argentina fue el país de tránsito de cocaína más nombrado por los países importadores en los 10 años anteriores.
Las pandillas que operan en Rosario son "grupos vecinales muy pequeños" y no los grandes cárteles que dominan los titulares en lugares como México, El Salvador y Brasil, dijo Carlos del Frade, ex periodista y actual legislador provincial que ha estudiado el problema del tráfico de drogas en la ciudad durante décadas.
"Las pandillas [extranjeras] les pagan para [ayudar] a llevar sus drogas al puerto. Por cada 1,5 toneladas, podrían obtener 50 kilos", afirmó. "Eso es lo que termina alimentando las escaramuzas entre 46 grupos diferentes en Rosario".
Esteban Santantino, director de análisis del Ministerio de Seguridad provincial, dijo que era imposible dar una cifra de los grupos o individuos involucrados porque no operan dentro de las estructuras jerárquicas y lealtades fijas de los cárteles, sino en "alianzas improvisadas", eligiendo hasta trabajos por contrato.
"La verdad es que el crimen organizado en Rosario está bastante desorganizado", añadió.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, exministro de seguridad del partido centrista Unión Cívica Radical, fue elegido el año pasado con la promesa de tomar medidas de línea dura para "recuperar las calles" después de que un récord de 291 personas murieran en el área de Rosario en 2022. dando a la ciudad una tasa per cápita cinco veces superior al promedio nacional.
Pullaro ha intensificado la presencia de la policía provincial y ha lanzado un régimen más duro para los líderes de pandillas encarcelados, quienes según las autoridades dan las órdenes para la mayoría de los delitos. Ha limitado sus visitas y aumentado las redadas de celdas.
Esas medidas han coincidido con una caída de los asesinatos en Rosario en los primeros tres meses de 2024, con 32 registrados al 25 de marzo, en comparación con 79 en el mismo período del año pasado. Pero tras el estallido de ataques contra civiles, algunos temen que la mejora no dure.
"Estamos al borde de un nuevo ciclo decisivo de violencia en Rosario", dijo Juan Monteverde, líder de un nuevo partido de izquierda, que perdió por poco las elecciones a la intendencia de la ciudad el año pasado. "Las pandillas nunca se han sentido más empoderadas... y el Estado nunca ha estado más desempoderado y ha tenido tan pocos recursos".
En Empalme Graneros, un barrio de clase trabajadora que ha sido un foco de violencia relacionada con las drogas, las fuerzas de la policía federal eran visibles en cada dos calles la semana pasada.
Osvaldo Ortolani, de la asociación de vecinos local, dijo que le preocupaba que la presencia policial volviera a niveles "mínimos" normales si la atención nacional se desvanecía. Sin embargo, los asesinatos deliberados de personas que no son miembros de pandillas pueden tener un impacto duradero, afirmó.
"Antes existía un mito de Robin Hood [sobre los gangsters]: 'Ese tipo no es tan malo, lo conozco, él cuidará de nosotros'", dijo. "Eso se ha roto. Los códigos están rotos... Ahora sólo hay pánico".