Los estatales llaman a desconocer los despidos masivos: ofensiva legal y dura advertencia del Gobierno
Luego de las 11 mil bajas que se sucedieron a partir del miércoles por la tarde, en ATE convocaron a los trabajadores a presentarse en sus lugares de trabajo e intentar ingresar en tres tandas de horarios a los ministerios y organismos afectados.
Luego de la masiva tanda de despidos de trabajadores y trabajadoras estatales que se sucedieron a partir del miércoles por la tarde, los gremios se preparan para una jornada de protesta clave que busca desafiar la poda del Gobierno nacional. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) llaman a desconocer los despidos e impulsan ingresos masivos a las dependencias oficiales en forma articulada con una ofensiva legal. En el Gobierno respondieron con una dura advertencia.
En ATE cifran las bajas hasta el momento en 11 mil puestos en toda la administración pública nacional. En su conducción llaman a presentarse hoy en los organismos y ministerios afectados como si fuera un día más y convocaron a un plenario federal para las 15:30 en la sede del sindicato con delegados de todo el país para debatir una profundización de su plan de lucha.
"El Presidente se ha decidido a quebrantar el sistema jurídico argentino en su parte medular. Provocar cesantías masivas en el Estado es suprimir derechos fundamentales y esa es una conducta tipificada en nuestro Código Penal", cuestionó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE a nivel nacional. "No vaya a ser cosa que el Presidente y sus funcionarios terminen presos antes de lo que cualquiera pudiera imaginar", desafió.
Tanto la CGT como en las dos CTA vaticinan una jornada caliente, aunque siguen el pulso de los estatales con Javier Milei con desigual ímpetu. En la principal central sindical hay sectores, referenciados en Pablo Moyano, que quieren apretar el acelerador rumbo a una nueva huelga general o una marcha federal. Ayer, el triunviro y dirigente camionero anunció una reunión del Consejo directivo esta semana.
ATE, por su parte, habla de una escalada de conflictividad que se puede espiralizar según cómo reaccione la gestión libertaria. Temen, en base a los antecedentes, que movilicen a las fuerzas de seguridad para bloquear los ingresos. También se hablaba de la posibilidad de demandas contra quienes busquen franquear los accesos sin autorización.
"Dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada. Si violan la ley tendrán que hacerse cargo", dijo tajante un funcionario de la Casa Rosada a El Cronista sin brindar mayores detalles respecto a quién puede ser objeto de las consecuencias legales: las y los trabajadores, los gremios o ambos. "Dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada", insistió.
De movida, ATE definió tres franjas horarias para los ingresos masivos a ministerios, organismos y dependencias estatales, a partir de las 7, 8 y 9 de la mañana según el funcionamiento habitual de cada delegación. La estrategia es que en los ingresos se mezclen las y los trabajadores de planta permanente y contratados que no han sido despedidos con quienes ya fueron notificados de su cesantía.
Este último punto no es menor, ya que no a todas las personas se les comunicó que quedaban desafectadas de sus puestos de trabajo de igual manera. Los menos fueron los notificados de manera verbal en la última jornada hábil de la semana pasada o mediante carta documento. Pero luego, a partir de la tarde y noche del miércoles, comenzaron a multiplicarse más avisos a través del correo institucional (GDE) e incluso de manera informal, vía Whatsapp.
Tampoco la situación es la misma para los 11 mil cargos que se dieron de baja. Hay organismos que se redujeron y otros que se cerraron. Y trabajadores y trabajadoras en planta permanente que deben ser enmarcados en el Fondo de Reconversión Laboral, tal como establece la Ley de Empleo Público.
"No hay una respuesta unívoca", explicó a El Cronista unos de los abogados del equipo jurídico de ATE, Matías Cremonte. Los ministerios que se fusionaron fueron los más impactados por las medidas de ajuste por la superposición de áreas.
Los gremios no descartan que la cifra de despidos crezca en las próximas horas hasta llegara los 15 mil que había anticipado el vocero presidencial, Manuel Adorni. Consideran que algunas y algunos trabajadores pueden no saber aún que fueron dados de baja y se enteraran hoy al intentar ingresar a sus lugares de trabajo
Aguiar explicó que "vulnerar la garantía de estabilidad prevista en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional decenas de miles de veces a su vez provoca la supresión de otros derechos fundamentales que tiene toda la sociedad". Y sostuvo que el artículo 226 del Código Penal fija penas de entre 5 y 15 años a quienes impidan el libre ejercicio de las facultades constitucionales, elevando la pena mínima a un tercio cuando se trate de funcionarios públicos.
"Despedir tantos trabajadores a tal punto que hasta delegaciones enteras tienen que cerrar, como ocurrió con ANSES, restringe de manera grave el derecho a la seguridad social, y lo mismo empieza a ocurrir con otros servicios esenciales que el Estado está obligado a brindar: educación, salud, seguridad alimentaria y hasta la posibilidad de prevenir catástrofes, cuestión ahora afectada porque el recorte alcanzó hasta el Servicio Meteorológico Nacional", agregó el referente estatal.
También apuntó que el ajuste laboral contradice pactos internacionales con rango constitucional como el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -que se aplica a partir del Protocolo de San Salvador- que en su artículo 6 obliga a los Estados a defender el trabajo e impulsar el pleno empleo. "Esto precisamente no es lo que está ocurriendo", sentenció el secretario general de ATE.
Ambos argumentos forman parte de la estrategia legal que preparan los estatales de la mano de los equipos de abogados laboralistas de todo el país que coordinaron una ofensiva legal durante el fin de semana en caso de que la jugada gremial no logre desactivar el conflicto.
El equipo jurídico de ATE puso a disposición de sus afiliados y afiliadas el asesoramiento legal que les permita avanzar con demandas individuales contra el Estado en respuesta a los despidos. Según detallaron a este medio, los argumentos descansan en la vulneración de la estabilidad del empleo público contemplada en el artículo 14 bis y que corre, a su entender, tanto para los cargos de planta permanente como para quienes revistan de forma "fraudulenta" desde hace años bajo modalidad transitoria o de contrato de locación.
"Cuando se concreta el despido, es momento de argumentar esos contratos de renovación anual como un fraude cometido por su empleador, extendido en el tiempo", indicó Cremonte a este medio.
En algunos casos, los despidos alcanzaron a trabajadores y trabajadoras con hasta 20 años de antigüedad en el Estado. En otros, se violaron cupos establecidos por ley, sea por discapacidad o el más reciente cupo trans-travesti para la administración nacional. También se despidió a delegados gremiales, amparados por la ley.
Los abogados gremiales consultados por El Cronista remarcaron que, en estos casos, cuentan con elementos extras para litigar si desean hacerlo con el fin de recuperar sus puestos.
"Tenemos que demostrar que es el Gobierno el que actúa al margen de la Constitución y de la ley. Los trabajadores con nuestros ingresos masivos y simultáneos estaremos ejerciendo nuestros derechos de huelga, manifestación y reunión. Si hay violencia y represión, la única responsable será la Casa Rosada", previno Aguiar.
Mientras tanto, el plenario federal de ATE tendrá lugar a las 15:30 en el Anfiteatro Eva Perón del sindicato, con la participación de más de mil delegados de todos los organismos estatales y de todo el país, bajo una modalidad mixta entre presencial y virtual. Allí se definirán los próximos pasos y no se descarta realizar un nuevo paro con movilización para esta misma semana.
"Llevamos un poquito más de 10 mil despidos. Es muy probable que lo que dijo Milei sobre los 15.000 despidos quizás sea así. Quizás un poco más o menos. Lamentablemente, estamos en ese número con compañeros que tienen más de 20 años de antigüedad. No encontramos criterio para poder despedir", sostuvo Daniel Catalano, secretario general de ATE en la Ciudad de Buenos Aires, en declaraciones radiales.