A los dirigentes del PP se les ha llenado la boca defendiendo a capa y espada la independencia de los jueces en los casos que han sacudido la acción política de este país en las últimas semanas. Niegan la existencia de lawfare. Si definimos este término como una técnica de persecución judicial basada en intereses políticos y no en el respeto a la ley, en España desde que el Partido Popular perdió el poder gracias a una sentencia judicial por corrupción, se han dado numerosos casos de lawfare. Mónica Oltra tuvo que dimitir como vicepresidenta de la Generalitat valenciana por una denuncia de la extrema derecha valenciana. La magistrada, exdelegada del gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, renunció a ser candidata de Podemos al Congreso por la denuncia de un compañero, Salvador Alba, instigada por el dirigente del PP canario, José Manuel Soria. Podemos ha sufrido más de una investigación por parte del juez Manuel García Castellón que sus superiores han calificado de "prospectiva" ordenándole su archivo. La sala de Lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ordenó la anulación del nombramiento de Dolores Delgado como fiscala de sala decretado por el fiscal general, Álvaro García Ortiz. En este asunto no hay nada que objetar si no fuera porque, en la sentencia, los jueces descalifican a García Ortiz por incurrir "en una desviación de poder" para favorecer a su antecesora, un argumento inadmisible técnicamente en una resolución jurídica. Y, retrocediendo en el tiempo, vamos a ver qué dicen en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre las sentencias penales del Supremo a los líderes independentistas catalanes.
El último ejemplo de lawfare es la admisión a trámite de la denuncia, – repito que no es una querella, que esa requiere el depósito de una fianza a veces millonaria-, de la organización de extrema derecha Manos Limpias contra la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la cual hasta se llega a incluir una acusación absolutamente falsa como es el cobro de una subvención cuya beneficiaria se llama igual que Begoña Gómez.
El juez número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, abrió diligencias previas sin comunicárselo al fiscal. El colmo ha sido el comentario de un periodista vinculado a un digital de extrema derecha que ha llegado a minimizar el asunto señalado que sólo ha abierto "diligencias previas". Se llaman diligencias previas a las actuaciones que lleva a cabo un juez para abrir una investigación sobre la comisión de presuntos delitos.
Diligencias previas son todas las actuaciones judiciales anteriores a la apertura del juicio oral. En un país como éste, se olvida con frecuencia la presunción de inocencia de las personas físicas y jurídicas incluidas en los sumarios. Pero, con la complicidad de los medios de comunicación, el deterioro reputacional cuando se pasa por un juzgado es evidente. Otra barbaridad jurídica que se ha dicho es que Begoña Gómez no ha sido llamada a declarar. El asunto está en fase de denuncia por lo que todavía no se puede señalar a nadie hasta que no se tomen las oportunas declaraciones. Y eso lo entiende muy bien el magistrado Peinado.
Existen demasiados casos judiciales en este país que son calificados de "lawfare" con más o menos rigor. Y, aunque se repita hasta la saciedad que el prestigio de los jueces españoles está fuera de toda duda, existen sospechas de favoritismos políticos hacia la derecha. La conservadora APM es la asociación con mayor número de jueces afiliados, la segunda es la Asociación Francisco de Vitoria señalada por sus antiguas relaciones con Ciudadanos. La Asociación Profesional de la Magistratura la preside María Jesús del Barco, decana de los juzgados de Madrid que se enfrentó públicamente con Pablo Iglesias y que ha mantenido varios encuentros con Alberto Núñez Feijóo en los cuales ha obtenido el compromiso del líder derechista de cambiar la forma de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial por un modelo que beneficiará a su asociación hasta el punto de que puede acabar por monopolizar la totalidad de miembros del órgano de gobierno de los jueces.
En acciones propias de lawfare hay que incluir, también, a los fiscales enfrentados con Álvaro García Ortiz. La fiscala que debe pronunciarse sobre la denuncia interpuesta por la pareja de la presidenta de la CAM sobre revelación de datos personales por parte de la fiscalía superior de Madrid sigue manteniendo su intención de informar favorablemente a la admisión de la demanda a pesar de que sus superiores se han pronunciado en contra. Y, para colmo, el juez al que le tocó por reparto otra denuncia sobre este asunto, la presentada por el Colegio de la Abogacía de Madrid, la ha admitido a trámite con el informe desfavorable del fiscal de su jurisdicción, remitiéndola al Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Y no hay que olvidar el caso del diputado canario, Alberto Rodríguez, condenado e inhabilitado por presuntamente agredir a un policía durante una manifestación. El Tribunal Constitucional ha anulado la sentencia, pero demasiado tarde. Ya se han celebrado nuevas elecciones y Rodríguez ha perdido su escaño y condición.
Se podría hablar, también, de las actuaciones de Manuel García Castellón, titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que se negó a investigar a altos cargos del Partido Popular, como Esperanza Aguirre, María Dolores de Cospedal y Mariano Rajoy en contra del criterio del fiscal. Sobre García Castellón han corrido ríos de tinta. Cuando terminó la instrucción del Caso Banesto, el primer gobierno de José María Aznar le nombró juez de enlace con Francia. Y, posteriormente, cambió de destino a Italia. Pidió el regreso a la Audiencia Nacional coincidiendo con la acumulación de las causas contra el PP por corrupción. Su última acción judicial es sobradamente conocida. Ha abierto una causa por terrorismo contra la plataforma Tsunami Democràtic coincidiendo con la presentación en el Congreso de la proposición de ley de amnistía. Recientemente el juez efectuó unas declaraciones posicionándose en contra de la medida de gracia.
José María Aznar dijo, recientemente que "había llegado la hora de actuar" señalando que "el que pueda hacer que haga". Y muchos, en estos momentos, se acuerdan de la consigna del dirigente ultraconservador. La existencia de lawfare en España es evidente. Otra cosa bien diferente es cómo acabar con este tipo de actuaciones porque, hoy por hoy, la derecha conservadora controla el aparato del poder judicial. Y ese aparato es muy difícil de desactivar.