Desde el 27 de febrero de 2015 la familia de Alcedo Mora Márquez denuncia su paradero. Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y la ONU alertan que él es una víctima de desaparición forzada, pero el Estado venezolano no ha hecho ningún avance en su caso.
Desde que cumplió 18 años, Mora se involucró en los grupos políticos socialistas y comunistas del estado Mérida, al occidente venezolano. En 2015, cuando tenía 54 años, trabajaba con el Partido de la Revolución Venezolana (PRV), una facción del Partido Comunista de Venezuela, y en la gobernación merideña de Alexis Ramírez, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Él llevaba más de ocho meses investigando por su cuenta una presunta trama de corrupción y contrabando de gasolina hacia Colombia entre los miembros de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), una empresa estatal, y la gobernación local.
Ese 27 de febrero, poco después de reunirse con el secretario general de la gobernación de Ramírez para formalizar su denuncia, Mora desapareció.
"A cinco años de la desaparición de mi padre queremos encontrarlo con vida. Pedimos al Gobierno que aparezca Alcedo Mora"
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El rastro en los teléfonos
«Camaradas, alerta. Tengo requisitorio de orden de captura por el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), la cosa es complicada. Me quieren cobrar por unas denuncias de corrupción a Pdvsa que he venido haciendo y me quieren montar una olla. Hay que estar pendiente». Ese fue el último mensaje que le había escrito Alcedo Mora a sus compañeros de trabajo tres días antes de desaparecer, según las declaraciones de su hijo, Simón Mora, a los medios de comunicación.
Sin embargo, Marino Alvarado, abogado y activista de la ONG Provea, advierte que Alcedo nunca tuvo una orden de aprehensión por parte del Estado venezolano.
Alcedo Mora había enviado un mensaje de texto a su esposa para avisarle que saldría de su casa a trabajar. Ese fue el último contacto que tuvo con su familia.
Cuando introdujeron la denuncia al Ministerio Público el 8 de marzo, el teléfono de Alcedo era el único rastro de su paradero.
«De lo investigado a través del rastreo del celular de Alcedo, se pudo establecer que el dispositivo estuvo activo durante unas 48 horas. Es posible que sus captores no hubiesen desaparecido el teléfono y lo prendían y apagaban. Se pudo determinar que en esas primeras 36 horas a Alcedo Mora lo sacaron de ciudad Mérida, pero se mantuvo dentro del estado. Luego, sí se perdió todo rastro de la señal telefónica», dijo Marino Alvarado en una entrevista a Runrun.es.
2) El ciudadano Alcedo Mora laboraba públicamente como funcionario d la Gobernación de Mérida y no estaba siendo requerido policialmente
— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) April 26, 2015
Después de ese hallazgo, ni el Ministerio Público ni el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) prosiguieron con el caso y apagaron sus esfuerzos.
Promesas congeladas en pantallas
Tarek William Saab, para ese entonces presidente de la Defensoría del Pueblo, prometió en el canal estatal Venezolana de Televisión que «iba a hacer todo lo posible» para resolver el caso. El abogado y partidario del PSUV había declarado que Alcedo Mora era un compañero cercano, de allí nació su interés en lograr la justicia para él y su familia.
Desde la red social Twitter (ahora conocida como X), Saab exhortó al CICPC y al Ministerio Público a investigar el caso. Pero desde junio del 2015 dejó de hablar públicamente sobre el tema.
— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) April 28, 2015
En 2017 la Asamblea Nacional Constituyente nombró a Saab como fiscal general de la República, el máximo representante del Ministerio Público. «Y prometió que volvería a abrir el caso de mi padre, pero hasta ahora solo se quedó en esa promesa. No han hecho nada», dijo a El Pitazo Alcedo Mora Carrero, hijo del líder político desaparecido.
5) Exhortamos a las autoridades competentes MP-Cicpc a q profundicen la relación de las desapariciones d hermanos Vergel a la d Alcedo Mora
— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) April 26, 2015
Fuera de las pantallas, la familia Mora recibió amenazas: funcionarios allanaron su vivienda sin órdenes de cateo, recibían mensajes y llamadas advirtiéndoles que maltratarían a otros familiares si seguían denunciando y los propios miembros del Ministerio Público no les permitían dar un expediente a los abogados y los desalentaron a seguir el caso.
Desde el 2015, varios de los familiares de Alcedo se fueron del país para tener seguridad, la mayoría está en Ecuador.
Alcedo Mora: sin justicia por ningún lado
«Ante la falta de investigación en Venezuela, Provea acompañó a los familiares, particularmente a dos hijos de Alcedo, a presentar el caso en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas el 28 de junio del 2016. Y el 22 de abril de 2020 el comité dictaminó que no se había presentado suficientes evidencias que indicaban que el señor Alcedo Mora había sido desaparecido por agentes del Estado venezolano. Pero también sentenció que la Justicia venezolana ha alargado injustificadamente la investigación», recordó Alvarado.
El activista de Provea advierte que el Ministerio Público venezolano dejó de investigar el caso cuando cambiaron, sin previo aviso, los fiscales asignados. A partir de junio del 2015 había empezado el silencio y la opacidad.
«Tampoco se llamó a declarar a quien para ese momento era gobernador del estado Mérida, quién hizo una serie de afirmaciones públicas de interés para la investigación y que muy bien el Ministerio Público pudo haber solicitado para declarar. Tampoco se ha tomado declaraciones de sus compañeros de trabajo. Sin embargo, toda la información recopilada indica que las mayores sospechas recaen sobre funcionarios del Sebin», reflexionó.
Junto al caso de Mora se incluye la desaparición forzada de los hermanos colombianos Esneider y Eliecer Vergel, quienes eran refugiados en Venezuela y trabajaban con Alcedo. La última información de su último fue el primero de marzo del 2015, días después de la desaparición del merideño.
A varios meses de cumplirse una década sin saber dónde está Mora, sus familiares siguen reclamando justicia desde instancias internacionales. Su experiencia no es la única: otros 216 casos de desapariciones forzadas que Provea ha registrado entre los años 2000 y 2022 aún siguen sin respuesta. Al menos 78 de esos casos han ocurrido durante la presidencia actual.