La concesión de infraestructuras nuevas está en desuso en España por los límites a la rentabilidad. La colaboración público-privada emerge como un instrumento habitual en las grandes economías.
La licitación de concesiones se reactivó en 2023 hasta superar los 6.000 millones de euros. Destacan el Plan extraordinario de carreteras de Aragón por un importe de 2.652 millones de euros, la concesión de obras para la construcción y explotación del complejo ambiental en Colmenar Viejo (Comunidad de Madrid), por 891 millones, y la concesión de servicios para la gestión del servicio público de transferencia y tratamiento de residuos municipales de las entidades locales integradas en el Consorcio de Residuos Sólidos del Poniente Almeriense y en el Consorcio del Sector II de la provincia de Almería por 451 millones.
En 2023, la Oficina Nacional de Evaluación (ONE) recibió 25 solicitudes de expedientes, 24 solicitados por las Comunidades Autónomas y uno por el Estado. De ellos, 17 se corresponden a contratos de concesión de servicios y ocho de concesiones de obras. Sin embargo, 12 de los 25 contratos no se tramitaron, por inadmisión o desistimiento. Se evacuaron 13 informes preceptivos, de los que dos fueron por restablecimiento del equilibrio económico de contratos anteriores, en seis no se consideró que hubiera transferencia real del riesgo operacional y en dos no justificaron adecuadamente el periodo de recuperación de la inversión.
El escenario descrito, pese a la mejora del último ejercicio, revela que los modelos concesionales están en desuso en España, sobre todo si se compara con lo que ocurre en la mayoría de grandes economías del mundo. La colaboración público-privada, a través de contratos en régimen de concesión para recuperar la inversión, es un instrumento extendido en potencias como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido o Australia y también en países en vías de desarrollo como Chile, Perú, Colombia o Brasil.
En España, sin embargo, las condiciones regulatorias provocan que los inversores no encuentren rentabilidades suficientes, perdiéndose la oportunidad de desarrollar proyectos de infraestructuras con la participación de la inversión privada. Desde las constructoras llevan años pidiendo cambiar la ley de desindexación de la economía española para que la tasa de descuento sea más atractiva, sin que hasta la fecha el Ministerio de Hacienda haya dado pasos al respecto.
De hecho, un informe reciente de la OIReScon (Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación) sobre la actividad concesional pone de relieve la escasa relevancia en la contratación pública, de apenas el 3,4%, que hay una concurrencia media de 1,9 licitadores/contrato, que 20,5% de licitaciones quedan desiertas y que 2,2% de contratos no terminan de realizarse. sin realizar.
Además, en ninguno de los países analizados se regula la tasa de descuento para determinar la duración del contrato de concesión, recomendando la OIReScon tres alternativas de mejora: modificar la Ley de Contratos del Sector Público o reglamento específico para determinar el periodo de recuperación de la inversión utilizando la metodología del coste medio ponderando del capital; modificar el RD 55/2017 adecuando la referencia del bono al plazo del contrato, ampliando el diferencial hasta 300 puntos básicos -desde los 200 actuales- y con la posibilidad de 100 puntos básicos adicionales en casos de riesgo; y solicitar la tasa de referencia de mercado a cinco operadores económicos.
Demandas
La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) reclama al Gobierno cambios en la Ley de Contratos Públicos para impulsar las concesiones, con una mejora del retorno de la inversión.
En paralelo, para acelerar la inversión en infraestructuras, Seopan ha remitido al Gobierno y a otras instituciones una propuesta para implantar un nuevo modelo colaborativo de coste objetivo similar al que se utiliza en otros países y que no precisa modificaciones en la Ley de Contratos del Sector Público. La organización plantea su implementación en contratos piloto a través de un procedimiento competitivo que posibilitará un mayor cumplimiento de plazos y presupuestos, la compartición de ahorros y costes entre el sector público y el privado y el impulso a la innovación y la transparencia.