Un claro signo de rompimiento del equilibrio social y del sistema político de los Estados Unidos -ese que ha mantenido la unidad de la nación por más de 200 años-, fue sin duda alguna el ataque al Congreso de ese país en 2021, por parte de grupos de derecha y ultraderecha, vinculados al partido republicano y a su líder Donald Trump, quien finalmente ha sido acusado de manera formal por ese hecho. Ahí sobresalen los delitos de conspiración para revertir la elección de 2020, obstrucción al procedimiento oficial -mismos cargos que recibieron cientos de seguidores que asaltaron el capitolio-, así como conspirar contra los Estados Unidos y conspirar para violar el derecho al voto.
Esa fue la tercera acusación criminal contra este sujeto, si sumamos el caso de la actriz porno, Stormy Daniels, así como la sustracción de documentos de seguridad nacional que se llevó consigo Trump al finalizar su mandato. Una cuarta acusación llegó poco después, cuando la fiscal del estado de Georgia, Fani Willis, acusó al exmandatario y 18 personas más, entre ellos, a su abogado personal Rudolph Giuliani, por intento de revertir la elección de 2020 en ese estado, al pedir a uno de los funcionarios electorales consiguiera "a como diera lugar" cerca de 12 mil votos para ganar ahí, cuyos votos electorales habrían cambiado el resultado de la elección presidencial.
Entre esos 4 casos en su contra, Trump suma cerca de 90 cargos -tanto federales, como estatales-, divididos entre las cortes de Florida, Nueva York, Washington D.C. y Georgia, que podrían llevar al expresidente a prisión por muchos años, lo cual -aparte de hacer justicia- podría significar también la recuperación del equilibrio en el sistema estadounidense, vital para el funcionamiento de la sociedad, hoy más que nunca polarizada, herida y confundida por el comportamiento desquiciado del líder republicano y sus bases frenéticas por el odio y el poder.
De ahí la importancia de que el poder judicial de ese país actúe sin miramientos en contra de quien ha violado la ley una y otra vez, a fin de acabar con esta real amenaza a la democracia y estabilidad de ese país. Para ello, los distintos jueces tienen a su disposición pruebas contundentes, entre documentos, conversaciones, grabaciones y testigos, más que suficientes, para cobrarle la larga cuenta al criminal
Trump, comenzando por el juez Juan Merchán -de origen colombiano- cuyo juicio en Nueva York está iniciando, donde de encontrarse culpable, Trump alcanzaría una pena de 4 años. Aunque el veredicto saldrá de un jurado, será leído por el juez, lo que dará un toque latino a la justicia.
Por su parte, la estrategia de los abogados defensores será retrasar de tal manera los procesos legales a fin de que las elecciones presidenciales de 2024 lleguen antes o por lo menos, al mismo tiempo, donde esperarían que Trump ganase para, de esa forma, enfrentar los juicios de mejor manera o, en caso necesario, indultarse él mismo al ser declarado culpable en los procesos federales. Sin duda, otro plan perverso.
Por el lado demócrata se ha librado otra batalla legal para minimizar los efectos de la investigación y acusaciones al hijo del presidente Joe Biden, quien ya se declaró culpable de los cargos, a fin de evitar los escándalos que pudieran afectar las aspiraciones de reelección de su padre, quien ya enfrenta suficientes problemas -comenzando por su edad- para volver a encarar a Trump por segunda vez en 4 años, donde la última encuesta de Reuters señala una ligera ventaja del hoy presidente sobre Trump (43% a 39%). Sin embargo, el desgaste natural del gobierno de Biden, especialmente en tiempos de guerra y apoyo a un desquiciado Israel, podrían jugar también a favor de Trump.
Entre los escenarios que se construyen a diario, sobresalen los siguientes:
Primero, el optimista, que basa su estrategia en la actuación efectiva y rápida de la justicia, donde tanto fiscales, jueces, abogados y jurados lograrían coincidir y declarar culpable a Trump antes de que comience el proceso electoral 2024. De esa forma, la acción de la justicia también tendría efectos en el ámbito político al impedir la participación de Trump como candidato republicano, lo cual influiría sobre manera en sus seguidores al verlo -probablemente- tras las rejas, con lo que acabaría la era del mal trumpiano, donde los demócratas tendrían todas las facilidades para mantener el poder, no sólo la presidencia, sino -quizá-, una mayoría en el congreso.
Segundo, el pesimista, donde los abogados defensores de Trump harían gala de todas las argucias a su alcance para retrasar los casos,
por lo menos los de carácter estatal (Nueva York y, especialmente el de Georgia), crímenes que, en caso de resultar culpable, no habría manera de indultarse ya como presidente, pues el perdón presidencial sólo aplica para delitos federales. En caso de no lograrlo, el poder judicial quedaría en entredicho, tanto a nivel federal, como estatal, pues con tantos elementos en contra del acusado, la sociedad perdería la fe en el poder judicial, también baluarte no sólo del equilibrio de poderes, sino del equilibrio social y político, mismo que está roto y que bien podría restablecerse.
Tercero, el realista, que establece un verdadero cerco legal sobre Trump y sus empresas, donde las evidencias lo condenan desde ahora, ya no sólo en el ámbito criminal, sino en el administrativo, al encarar también acusaciones sobre sus empresas (impuestos, malas prácticas y otras tantas violaciones), que verdaderamente pongan en riesgo su futuro empresarial, además del político, que lo obliguen a declararse culpable y negociar por lo menos dos cosas: no pisar la cárcel y mantener su modus vivendi, es decir, su patrimonio empresarial. A cambio, Trump desiste de sus aspiraciones políticas para siempre y deja libre el camino para que los republicanos se rehagan, quizá no en el 2024, sino para el 2028, lo que daría tiempo para que, junto con los demócratas, alcancen nuevos términos de referencia para restablecer el equilibrio en el sistema, fundamental para la gobernabilidad en ambos casos.
Por todo ello, me parece prioritario señalar que el poder judicial de ese país tiene la gran oportunidad y capacidad, no sólo de aplicar la ley sin miramientos, sino para entender que todo lo sucedido con Trump ha sido la más seria amenaza que la nación haya enfrentado desde su creación en aquel memorable primer congreso de 1789 -precisamente en Nueva York-, cuando los padres fundadores establecieron las bases de un nuevo estado - gobierno, pero también de una gran nación.
En tal sentido, el poder judicial de Estados Unidos debe ser consecuente también con su historia y sus raíces.
Mario Alberto Puga
Politólogo y exdiplomático