El próximo capítulo de la guerra que PSOE y PP están librando por la ley de Amnistía a través de los correspondientes cuerpos de letrados de Congreso y Senado, respectivamente, escribirá este martes un nuevo capítulo ya que la Cámara Baja va a rechazar por "improcedente" el conflicto de atribuciones esgrimido por la Cámara Alta: "No hay cauce" para que la Mesa que preside Francina Armengol pueda retirar una ley que ha sido tramitada y aprobada en el Pleno" (...) "El procedimiento es correcto", han expuesto fuentes parlamentarias a EFE.
Hay que recordar que, en virtud de la mayoría absoluta del PP, el Senado envió un requerimiento al Congreso para que retirara la Ley de Amnistía. El Congreso tenía de margen hasta mayo para responder, si bien la Mesa -en la que PSOE y Sumar cuentan con mayoría- tiene previsto oficializar su rechazo este mismo martes abriéndose, a posteriori un periodo de alegaciones a los partidos que integran el citado órgano.
Sin entrar en cuestiones sobre la constitucionalidad de la ley, el informe se ciñe a cuestiones procedimentales. Y en ese aspecto concreto los letrados del Congreso subrayan que la Cámara Baja ha ejercido sus atribuciones "en los términos constitucional y reglamentariamente establecidos", y que ahora es el turno del Senado, conforme a las competencias que le otorga la Constitución.
A su juicio, "bajo la apariencia de la defensa de sus atribuciones, el Senado no puede intentar subvertir las legítimamente ejercidas por el Congreso en el macro del procedimiento legislativo", y avisa de que el planteamiento del conflicto por parte de la Cámara Alta "supondría un artificio para evitar cumplir su obligación constitucional y suplantar al Congreso".
Apoyándose en sentencias del TC, los servicios jurídicos recalcan que las votaciones que se producen en la Cámara en el marco del procedimiento legislativo "no son objeto idóneo" de un conflicto de atribuciones, y que si el Senado entiende que la usurpación de sus competencias se produjo cuando la Mesa del Congreso admitió a trámite en noviembre la controvertida proposición de ley del PSOE, debió haber presentado entonces ese conflicto, pero ahora ya está "fuera de plazo" porque se han superado "sobradamente" los 30 días que establece la Constitución para recurrir.
En todo caso, los letrados del Congreso se reafirman en su informe inicial de noviembre que avaló la tramitación de la iniciativa legislativa alegando que las dudas de constitucionalidad que pudieran existir no eran tan "palmarias" como para vetarla ignorando el derecho de los parlamentarios a discutirla.
El informe adelantado este lunes tampoco acepta el argumento del Senado de que debió tratarse como una reforma constitucional porque el TC exige que ese tipo de iniciativas deben contener un articulado alternativo a la Carta Magna, y no había tal. Por ello tilda de "clara injerencia" que el Senado cuestione la constitucionalidad de la tramitación parlamentaria de la iniciativa en el Congreso o el cumplimiento de las normas reglamentarias.
Así las cosas, los letrados indican que "no existe ningún cauce reglamentario" que permita que la Mesa del Congreso pueda paralizar una iniciativa que está en tramitación, como reclama el Senado: "Semejante pretensión, que de nuevo carecería de precedentes, implicaría reconocer una potestad exorbitante a la Mesa de la Cámara", sostienen.