El juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Koldo', Ismael Moreno, ha desestimado la petición de uno de los investigados, el dueño del Depósito Judicial de Murcia, Rogelio Pujalte, de que se archivara la causa para él dado el momento procesal en el que se encuentran las pesquisas y puesto que no se ha estudiado lo que se incautó en los registros. Así consta en un auto del magistrado al que ha tenido acceso Europa Press y en el que se recoge la postura de la Fiscalía, que señala que dados los indicios existentes hasta ahora respecto del investigado "no resulta procedente acceder a tal solicitud, máxime cuando está pendiente de examen la documentación intervenida" en la entrada y registro de su domicilio. El juez recuerda que se autorizó la entrada tanto en su domicilio como en su empresa el pasado 21 de febrero en base "a indicios objetivos y fundados de su participación en los hechos objeto de investigación, constitutivos de delito de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, y delito de tráfico de influencias". Y parafrasea al Ministerio Público para explicar que la documentación intervenida "se encuentra pendiente de estudio y examen". EL ESCRITO DE PUJALTE La defensa de Pujalte envió un escrito al juez, al que tuvo acceso también esta agencia de noticias, en el que pedía el sobreseimiento dado que no tenía "responsabilidad alguna en ninguno de los hechos que se persiguen". Señalaba que "después de una larga y laboriosa investigación" por parte de la Fiscalía, se presentó ante la Audiencia Nacional una querella por diversos delitos, "no habiendo en los 38 folios de los que consta (...) la más mínima referencia" a su mandante Rogelio Pujalte Martínez o a la sociedad de éste Depósito Judicial de Murcia SL". "Tras 18 meses de investigación del Ministerio Fiscal y cinco meses de investigación judicial muy intensa, no hay la más mínima alusión ni vínculo de ningún investigado con Rogelio Pujalte", precisaba, para luego añadir que Pujalte no es citado en la investigación hasta el oficio de la Unidad Central Operativa (UCO) de 9 de febrero de 2024, cuando es detectado en una conversación telefónica tras una llamada del exasesor del ministro José Luis Ábalos, Koldo García, a él. Apuntaba que de esa conversación telefónica "no se desprende revelación alguna de nada" porque solo aconseja al exasesor que no utilice una aplicación de mensajería instantánea en sus comunicaciones, algo que "sencillamente no es delito". La defensa indicaba además que de la transcripción de esa llamada se había conocido que Koldo manifiestaba: "No te preocupes que lo sé todo (...) que sé que están, cómo están, cuándo están". Y explicaba que era evidente que Koldo García "antes de esta conversación ya sabía que estaba siendo investigado". Al hilo, recordaba que en una conversación previa captada entre Koldo García y su hermano Joseba en octubre de 2023 ya se podía observar que "tendría conocimiento de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil le estaría investigando". "Con todo lo expuesto precedentemente ¿cómo se puede pensar que Rogelio revelara nada a nadie? Primero porque no dijo nada porque nada sabía y menos proveniente de funcionario o autoridad alguna, y segundo porque no constituye delito al no poderse revelar un secreto que no es secreto, puesto que Koldo y según la propia UCO, conocía su situación de estar siendo investigado cinco meses antes de la conversación telefónica con Rogelio", recalcaba.