Si un incendio hubiera arrasado una parte de la isla, si la hubiera sacudido un terremoto, si se hubieran producido graves inundaciones, si un volcán amenazara con llevarse algunas viviendas por delante, algo así... estarían todas las administraciones peleándose por ver quién hace más por ayudar a la gente, al menos durante los primeros días, que luego ya se sabe... El caso es que Ibiza y Formentera están sufriendo una emergencia social en los últimos años, cada vez más cruda y que afecta a miles de personas, que se ven obligadas a dormir en caravanas, furgonetas, coches, chabolas, tiendas de campaña, edificios abandonados... por toda la geografía insular. Trabajadores a los que se ha arrebatado el derecho a un techo digno y otros que se ven obligados a volar cada día desde otros lugares porque les sale más a cuenta un vuelo diario que un alquiler. Una emergencia que afecta al tejido empresarial, que se las ve y se las desea para poder abrir sus negocios por falta de trabajadores... Y todas las administraciones se ponen de perfil. Los ayuntamientos se limitan a decir que no facilitarán campos de caravanas y ¿dónde está el Consell?, ¿dónde el Govern balear?, ¿dónde el Estado? El problema no va a desaparecer por mirar hacia otro lado. Se hará mayor.
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