Las bonificaciones a los clientes del Xoán XXIII que compren en comercio o en la hostelería vilagarciana es algo que tiene en previsión el ejecutivo socialista, pero para lo que habrá que elaborar una ordenanza. El regidor, Alberto Varela, echó en cara a la formación que lidera Ana Granja su postura sobre el parking Xoán XXIII, después de que el PP pidiese que se bajasen las tasas y que se bonifiquen a los que hagan sus compras en el comercio o la hostelería vilagarciana.
"Saen hoxe mostrando gran preocupación pola gratuidade e cando no Pleno había que apoiar a rescisión do contrato o PP non votou a favor. Que non se adxudiquen méritos que non son deles", aseguró molesto Alberto Varela.
El regidor recordó que, ya en cuanto se abordó la rescisión del contrato, la postura de los socialistas fue la de asumir la gestión directa del aparcamiento y establecer bonificaciones para promocionar el comercio local. Esta medida, en cualquier caso, deberá especificarse en una ordenanza, tal y como apuntó la concejala de Facenda, Luz Abalo. "Haberá bonificacións e gratuidades, cando traten de arrogarse algún mérito polo menos que arrimen o ombreiro", dijo el regidor.
Y es que el proceso es complicado y se encuentra en el inicio de la tramitación. Al Pleno del jueves irá la liquidación. "O Partido Popular estaba preocupado por cales ían ser as consecuencias da rescisión do contrato. Os servizos xurídicos entenden que non lles corresponde indemnización e reclamamos unha cuantía importante", señaló Varela, consciente en todo caso de que todo apunta a que "non haberá acordo fácil e acabará nos xulgados".
Es uno de los asuntos que se debatirá en el próximo Pleno. La propuesta que eleva a la Corporación el grupo municipal socialista pasa por reclamar a Proinsa, la concesionaria hasta la fecha del aparcamiento Xoán XXIII, que indemnice a la administraicón municipal por valor de 797.071 euros, el presupuesto de ejecución material de las obras a realizar en la instalación para estar en óptimas condiciones de uso.
El informe elaborado por un arquitecto ajeno al Concello valoró estas intervenciones en 1,2 millones de euros, pero en esta cifra se incluye el beneficio industrial del contratista, emolumentos de los técnicos o los impuestos, entre otros conceptos que no se reclaman a Proinsa.