El palacio consistorial ferrolano acogió ayer el pleno ordinario del presente mes de abril, una sesión cargada de debate pero en la que la gran mayoría de las propuestas de la corporación salieron adelante con el apoyo de todos los grupos.
Así, el primer bloque del encuentro mensual arrancó abordando la resolución de las alegaciones al anexo de subvenciones nominativas de 2024 –que se aprobaron pese a las críticas de Ferrol en Común y del BNG por el abuso de esta fórmula frente a las de concurrencia competitiva–; dos modificaciones de crédito; la propuesta del gobierno local de la autorización para la compatibilidad laboral de una funcionaria y la adhesión del Concello a la Red Municipal de Transición Justa de la FEMP; o las modificaciones propuestas por el Colexio Oficial de Arquitectos de A Coruña a la ordenanza de títulos habilitantes urbanísticos. El tira y afloja argumental en este último punto, pese a finalmente ser aprobado, fue notablemente tenso, dado que dio pie no solo a afear que no se trató de un cambio consensuado –Urbanismo solo contempló 4 de las 15 alegaciones del Colexio–, sino que también a denunciar, por parte de todos los grupos de la oposición, que en los nueve meses de mandato del actual gobierno local no se produjeran contrataciones en el área que dirige Blanca García, lo que ayudaría a agilizar la tramitación de expedientes.
El último punto de este bloque, de la mano de edila de Igualdade, Elvira Miramontes, sirvió para dar cuenta y honrar a las mujeres y niños víctimas de la violencia machista desde el pasado 1 de enero.
Tras esto llegó el turno de las mociones, las cuales, como ya se señaló, gozaron en su inmensa mayoría del apoyo total de la cámara municipal. De este modo, el primer asunto a tratar fue la propuesta del BNG relativa al nuevo pliego del servicio de comedores escolares para el próximo curso. El debate arrancó con la intervención de un representante de las Anpas locales, que denunció la problemática de los centros CEIP Esteiro y Cruceiro de Canido, donde se constató que se estaba sirviendo comida fría, dura, en ocasiones poco cocinada y con menús que no cumplen las necesidades nutricionales de los pequeños. En este punto, todos los grupos municipales coincidieron en su reclamación al gobierno local de que era necesario renovar dicho servicio, recordando, además, que la empresa cuenta con varias denuncias similares por toda España y que incluso le fue revocado su contrato en el País Vasco por las quejas de los padres. La edila de Educación, Patricia Cons, defendió con firmeza los comedores escolares ferrolanos, aseverando que no le constaban quejas al respecto de los centros públicos de Ferrol, aunque finalmente el grupo de gobierno apoyó la moción, dado que ya se está trabajando en la elaboración de dichos pliegos.
El segundo punto, también impulsado por el BNG, fue el apoyo de la corporación a la campaña "Stop Precariedade. Traballo Digno" de la CIG –que fue expuesta por su secretario comarcal, Manel Grandal–. Si bien contó con el apoyo parcial de la oposición –FeC y PSOE suscribieron todos los puntos salvo el segundo, defendiendo la reforma laboral del 2021 como un instrumento necesario en su momento aunque admitiendo que tenía margen de mejora–, la moción fue finalmente rechazada con los votos en contra del Partido Popular, que se amparó en los diferentes programas de empleo de la Xunta.
La siguiente propuesta, que instaba al gobierno local a convocar de forma inmediata el Consello Sectorial de Memoria Histórica Democrática, fue impulsada por el grupo socialista y también gozó del apoyo unánime de todas las formaciones. Este fue, sin duda, uno de los puntos que menos conflicto generó en la sesión, estando todos los portavoces de acuerdo con que era un deber pendiente e incidiendo en que, gracias a la labor "de oficio, pero non oficial" de este órgano se había logrado levantar el monumento a las víctimas del franquismo.
La cuarta moción de la jornada corrió a cargo de Ferrol en Común, que defendió la necesidad de licitar los puestos vacíos en los mercados municipales. Este punto, que generó cierto conflicto entre los representantes de la oposición y la edil responsable de esta área, Maica García por el procedimiento de adjudicación de estas vacantes –la concejala explicó que se basan en una instrucción de 2020, que los representantes de PSOE, BNG y FeC instaron a eliminar al considerarla opaca y temporal por el contexto de la pandemia–, también fue aprobado por unanimidad. Asimismo, contó con una a adenda de los socialistas para que el Concello establezca un calendario de actividades para la dinamización de los mismos.
Las dos últimas mociones de la sesión fueron, junto a la tercera, las que menos discrepancias generaron entre los grupos –saliendo ambas adelante con el apoyo de toda la corporación–. La primera, impulsada por FeC, buscaba la realización de una campaña de información y concienciación por parte del gobierno local sobre las estafas, incidiendo principalmente en los vecinos de mayor edad, dado que eran el principal objetivo de los criminales. La segunda, del PSOE, instaba a la Xunta a agilizar el establecimiento del centro de investigación de energías del mar.