"No se ha ocultado desde el Tribunal de Cuentas ni un solo hallazgo ni es posible hacerlo", ha dicho la presidenta del órgano fiscalizador, Enrique Chicano, en la comisión mixta que incluye a representantes del Congreso y del Senado. Allí ha acudido para hablar de los siete informes que ha elaborado entre 2021 y 2023 sobre las contrataciones de emergencia que se realizaron a partir de 2020.
Estas contrataciones están en el centro de la polémica por las nueve adjudicaciones que investiga la Audiencia Nacional (AN) en el marco de la trama del "caso Koldo", por las posibles comisiones ilegales que se habrían cobrado a través de un entramado empresarial que facturó 53 millones de euros de dinero público.
Chicano ha dicho que, aunque todo es mejorable, las cosas "funcionan". De hecho, sobre las irregularidades en la entrega de material, mascarillas caducadas o devoluciones por partidas defectuosas, ha explicado que la fiscalía del Tribunal de Cuentas abrió 60 procedimientos de responsabilidad contable para "restituir el dinero que no está bien gastado". De ellos, la mayoría fueron archivados y actualmente solo hay dos pendientes de resolución.
También entregó algunos datos de interés. El Ministerio de Sanidad, entonces liderado por Salvador Illa, ha sido el que ha adjudicado contratos por mayor importe. Una quinta parte de los expedientes fiscalizados adolecen de deficiencias. Esta cartera fue la que más volumen de fondos públicos adjudicó en 2020, con un importe total de 513 millones de euros. Además, destacó que cuatro contratos se formalizaron con la misma empresa, por 217 millones de euros.
En los primeros meses de pandemia, los ministerios, los principales ayuntamientos y las empresas públicas realizaron 13.211 contratos de emergencia por un valor total de 2.129 millones de euros, y la institución ha examinado el 10% de esos contratos (1.328) que suponen el 83% del importe global (1.758 millones). En las cifras no se incluye la contratación de Madrid, Cataluña, Baleares y la mayoría de comunidades, que tienen su propio fiscalizador.
Sin nombre de empresas
Sobre el hecho de que en los informes no se dé cuenta de los nombres de las empresas implicadas en irregularidades o incumplimientos, Chicano ha recalcado que no pueden hacerlo debido a que la jurisprudencia lo impide y porque los adjudicatarios no tienen la posibilidad de plantear alegaciones. "Nosotros estamos actuando en el sector público", reiteró. Y explicó a los parlamentarios en la comisión que "no sé si les parece bien o mal, pero es lo que hay. No puedo poner los nombres" aseguró, a la vez que advertía que cualquier empresa a la que se mencionase se podría querellar por aparecer en un documento en el que no tiene posibilidad de defensa.
Aunque recordó que no tienen competencias anticorrupción, explicó que"tenemos un soporte institucional que nos permite hacer un control de los recursos públicos", señala. Y dice que no es el TC el que hace el seguimiento de las posibles restituciones de material.
Además, ha destacado que en las contrataciones ordinarias siempre se encuentran incumplimientos porque "se ha hecho una legislación muy garantista" que ralentizan los procedimientos. "Tenemos que decidir si optamos por más garantías o más flexibilidad" y recordó que desde el Tribunal de Cuentas se plantean recomendaciones de la modificación de la legislación, "que en todo caso les correspondería a ustedes", dijo Chicano señalando a los parlamentarios.
Sobre la labor fiscalizadora, ha explicado que "hemos aplicado las normas que teníamos vigentes", ha dicho. Y ha reiterado que ha sido de acuerdo con ellas con las que se analizaron los contratos, que se formalizaron en una "situación complicada y difícil". La presidenta ha explicado que el órgano fiscalizador ha sido consciente de estas dificultades y reiteró que el trabajo del Tribunal de Cuentas está sometido a un contraste por parte de los consejeros de distintas afinidades políticas y que, finalmente, se han consensuado.
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