Ejercer la profesión de abogado es en ocasiones muy ingrato. No siempre el derecho logra contener y limitar el apetito de poder del gobernante.
Pero existen casos donde los esfuerzos y la lucha profesional arrojan un resultado positivo, que incluso va mucho más allá del cliente y, se puede decir sin exagerar, interesa a toda la sociedad.
De la presencia de medios independientes depende el funcionamiento adecuado del sistema democrático; la discriminación y el ataque a los mismos por su línea editorial es un ataque a toda la sociedad no menos grave que la corrupción.
El Estado de Derecho se cimienta sobre una serie de elementos o ideas fuerza, entre las que se encuentra la necesidad de que los gobernantes respeten la dignidad de todas las personas y persigan el bien común en lugar de su beneficio propio.
Para conseguir esa meta, Occidente proclama con fuerza la necesidad de que gobernantes y gobernados estén sometidos a una serie de límites impuestos por el derecho, dando vida a la vieja idea estoica de ser esclavos de la ley y no de los hombres.
Nadie duda de que los gobernantes procurarán siempre, con mayor o menor intensidad, eludir esos límites para acrecentar su poder.
Esa inclinación, muy humana, en nuestro país se refuerza con fuertes tendencias populistas, siempre proclives a tolerar o impulsar líderes o conductores providenciales, libres de ataduras o límites jurídicos.
Junto a las instituciones creadas por el derecho, la opinión pública y el periodismo constituyen una de las más importantes herramientas con las que cuentan los ciudadanos para control del poder.
Si todo el andamiaje institucional resulta insuficiente para contener a los gobernantes, la libre circulación de ideas se erige en el último dique o barrera del sistema.
No es casual que gobiernos autoritarios, de todos los signos, encuentren en el periodismo un enemigo a destruir.
Como todos sabemos, este tipo de ataques luego se ampliaron al resto de la prensa independiente, escribiendo el capítulo más oscuro de nuestra democracia en materia de libertad de expresión.
El último de los ataques sufridos por Editorial Perfil tuvo lugar en las postrimerías del gobierno de Fernández de Kirchner.
En esta ocasión, Martín Sabatella, titular del AFSCA y precandidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, declaró desiertos dos concursos públicos convocados para otorgar licencias de televisión digital; lo hizo para evitar reconocer que los ganadores de esos concursos eran Perfil TV y a Caras TV, a quien debía otorgarle la licencias.
Pero para aquellos que compartían la concepción de poder del gobierno anterior, era impensado permitir que la entonces presidente Fernández de Kirchner entregara esas licencias a Perfil.
Y así se comportaron, al decidir no adjudicarlas por cuestiones formales que no eran siquiera ciertas, o sea, forzando la letra de las licitaciones y haciendo decir a las mismas lo que ciertamente no decían.
El rechazo de las ofertas de Perfil y de Caras fue absolutamente arbitrario. No contento con esta decisión, el mismo funcionario intentó concursar nuevamente esas mismas licencias, y otorgárselas a sus amigos antes del cambio de autoridades.
En esas circunstancias el Poder Judicial de la Nación accedió a nuestro pedido de medida cautelar, suspendió los nuevos concursos y pudo poner freno al titular del AFSCA.
Luego vino el cambio de gobierno, la eliminación del AFSCA, el vistoso atrincheramiento de su titular en el edificio, junto con la recurrente utilización de una verborragia cargada de acento y el énfasis, incapaz de esconder su parcialidad y falta de convicción en las prácticas democráticas.
Finalmente, luego de verificada la exactitud de lo denunciado por Perfil, el Poder Ejecutivo de la Nación revocó las decisiones del titular del AFSCA y procedió conforme a derecho.
Otorgó las licencias para televisión digital a los legítimos ganadores de los concursos: Perfil TV y Caras TV.
Mucho se ha abordado sobre la relación entre el Estado de Derecho y la economía, y no son pocos los que entienden que el desarrollo económico y el consiguiente bienestar general sólo pueden ser logrados de modo estable en un sistema político con seguridad jurídica e instituciones sólidas.
Ello exige, entre otras cosas, que existan reglas de juego claras, que los gobernantes las respeten, y que todos, en especial los funcionarios, estemos dispuestos a someter nuestras ideas y nuestra conducta pública a una crítica severa.
Hoy damos la bienvenida a dos nuevos canales de TV abierta, los cuales podrán sumar nuevas voces y miradas a nuestra realidad.
Es el resultado de la perseverancia de quienes se enfrentaron a las pretensiones de un relato único, y es, también, una victoria del Estado de Derecho.
Nuevamente, Perfil ha dado una pelea justa y ha obtenido el reconocimiento de sus derechos. Lo ha hecho cuando sufrió la grosera discriminación en la distribución de la pauta oficial, y lo hizo en este caso igualmente de arbitrario.
Perfil se erige de esta manera en un importante actor que defiende en forma concreta la libertad de expresión en nuestro país, y un ejemplo para todos aquellos que han sufrido –o sufren- arbitrariedades por parte de funcionarios que dicen actuar en nombre del Estado, pero que claramente se conducen por intereses mezquinos y arbitrarios alejados del bien común.
Abogados de Perfil.