El Gobierno andaluz ha aprobado este martes el Plan de Infraestructuras 24-27 para las universidades públicas, dotado inicialmente con 80 millones para cuatro años, que se distribuirán en un máximo de 20 millones por cada ejercicio para acometer mejoras de instalaciones y actuaciones prioritarias en los campus.
El diseño y desarrollo de este instrumento está contemplado en el modelo de financiación consensuado con toda la comunidad universitaria, que tiene tres ejes de actuación, el primero de ellos estos 80 millones, procedentes de transferencias de financiación de la Junta de Andalucía no ejecutadas por las instituciones académicas.
El presupuesto de la financiación de las universitarias aumentará "considerablemente" con los otros dos ejes, que están actualmente "en fase de concreción", según la Junta.
En esta primera línea de actuación, para seleccionar las iniciativas, el Gobierno andaluz ha establecido seis criterios y se podrán acoger a esta herramienta aquellas intervenciones en ejecución y que hayan sido autorizadas en el Plan de Inversiones 2020-2023.
También se primará que las inversiones previstas cuenten con proyectos ya definidos y con la tramitación administrativa en un estado avanzado que haga posible su ejecución entre los años 2024 y 2025.
Además, se pondrá el acento en las remodelaciones y adecuaciones de infraestructuras ya existentes, especialmente de aquellas que sean consecuencia de la cesión gratuita de otras administraciones, así como las actuaciones que se tengan que llevar a cabo con carácter urgente para posibilitar la implantación de títulos incluidos en la nueva programación académica aprobada por la Junta de Andalucía.
La Junta elegirá también de forma preferente las inversiones que sean resultado de las auditorías energéticas realizadas por las universidades y que tengan como objetivo reducir el consumo de energía y aumentar la confortabilidad de la comunidad universitaria.
Por último, se podrán sufragar con estos recursos aquellas infraestructuras o inversiones que, previa justificación de su necesidad por parte de la universidad en cuestión, se consideren esenciales.
De forma paralela a la tramitación de este plan extraordinario, el Gobierno andaluz trabaja junto a estas instituciones académicas en la elección de iniciativas consideradas estratégicas y necesarias, con el fin de agilizar la toma de decisiones.
El Consejo Andaluz de Universidades deberá tener conocimiento de la ejecución de los proyectos financiados con cargo al plan y cualquier modificación de las iniciativas implicará remitir una nueva solicitud a la Junta de Andalucía para su validación.
Requisitos de carácter financiero
La Junta de Andalucía ha incluido en el documento como requisito la obligación de disponer de transferencias autonómicas no ejecutadas a 31 de diciembre del año anterior a la ejecución de la inversión.
También se exige a las universidades contar con un presupuesto (o prórroga) en situación de equilibrio en términos de contabilidad nacional.
En tercer lugar, se determina la necesidad de presentar para el ejercicio en el que se solicita la autorización una previsión de liquidación presupuestaria en equilibrio y un saldo positivo de transferencias no ejecutadas de la Junta de Andalucía.
La Junta trabaja en otras dos vías de financiación, una que contará con financiación europea y dará cobertura a intervenciones de transformación digital y energética de edificios y dependencias universitarias y otra para impulsar nuevos proyectos apoyados con fondos propios extraordinarios de la Junta en función de su viabilidad económica y técnica.
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