El Gobierno de Navarra y el Gobierno central han alcanzado este martes un acuerdo para modificar la ley orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (Lorafna) con el fin de incluir y "blindar" la competencia de tráfico para la Comunidad foral, después de la sentencia del Tribunal Supremo que anuló este traspaso.
Una vez alcanzado este acuerdo entre los dos Gobiernos, el texto se deberá someter a su aprobación tanto en el Parlamento de Navarra como en las Cortes Generales. El acuerdo ha sido dado a conocer en una comparecencia conjunta en el Palacio de Navarra por parte de la presidenta del Ejecutivo autonómico, María Chivite, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, al término de la reunión de la Comisión Negociadora Navarra-Estado para la reforma de la Lorafna.
El acuerdo modifica el artículo 49 de la Lorafna explicitando que "además de las facultades y competencias que viene ostentando, corresponden a Navarra la competencia para la ejecución de la legislación del Estado, así como las funciones de vigilancia y control del tráfico". Además, en el artículo 51 se añade un nuevo punto que especifica que será la Policía Foral quien ejerza esta competencia.
María Chivite ha destacado que se trata de una modificación de la ley que "elimina cualquier interpretación que no sea la que estaba implícita en el acuerdo de la transferencia": "Navarra asumirá la vigilancia y el control de tráfico en nuestras carreteras". "De esta manera, se blinda esa competencia de tráfico como un derecho histórico de Navarra", ha subrayado.
"Desde el primer momento, Navarra quiso dar una solución rápida y definitiva tras la sentencia del Supremo y creo que es justo reconocer que el Gobierno de España ha estado a la altura, prestándose a una negociación que, sin dejar de ser una cuestión rigurosa, ha sido todo lo ágil que en principio le habíamos reclamado", ha añadido.
Además, ha explicado que la reforma "requiere de tres pasos" y que este es el primer paso. El texto se deberá someter ahora a su aprobación tanto en el Parlamento de Navarra como en Cortes Generales, "donde seguirá el mismo trámite que una ley orgánica". "Espero que la buena política que nos ha traído hasta aquí, que es la que es capaz de sentarse, de dialogar y de llegar a acuerdos que aporten soluciones, sea la que se ponga en práctica en los debates que ahora nos esperan en las diferentes cámaras, tanto en Navarra como en el Estado", ha apuntado.
Sin plazos concretos por el momento
En cuanto a los plazos y fechas que se manejan, Chivite ha explicado que la previsión es ratificar la reforma en la sesión de Gobierno de este miércoles, y a continuación enviarlo al Consejo de Navarra -"por la vía de urgencia porque nuestra idea es que podamos tenerlo aprobado antes de que finalice este periodo de sesiones"- para posteriormente volver a la sesión de Gobierno. A continuación, se llevaría al Parlamento, donde sería remitido al Gobierno de España, para finalmente terminar en las Cortes Generales.
"Por tanto, yo creo que antes de la finalización del periodo de sesiones, antes de Sanfermines, puede estar terminado todo lo que es el trámite de aquí. A partir de ahí, automáticamente se manda a Gobierno -central-, que lo tendrá que aprobar en Consejo de Ministros, y ya es el trámite en ambas cámaras. Esos plazos no dependen de nosotros, no me puedo aventurar", ha dicho.
En respuesta a los periodistas, ha señalado que "los plazos dan" como para que la aprobación definitiva se produzca "antes de final de año". "Yo espero que nadie ponga trabas a la tramitación en ambas cámaras, ni retrase, ni dilate, algo que es un acuerdo que fue adoptado por unanimidad en la Junta de transferencias en su momento y que ha sido validado por dos gobiernos. Por lo tanto, espero que no haya quien ponga palos en las ruedas a esta tramitación", ha dicho.
Preguntada sobre si teme que la mayoría absoluta del PP en el Senado pueda dilatar el proceso, Chivite ha respondido que "no sería coherente con la posición que han mantenido en otros momentos apoyando esta modificación". Según ha apuntado, "si no fuera aprobado en el Senado, volvería al Congreso para su ratificación, porque se tramita como si fuera ley orgánica y por lo tanto no tendría por qué haber mayor problema".
El ministro Ángel Víctor Torres ha apelado "al máximo consenso" para que este acuerdo pueda seguir adelante "con el máximo de los apoyos y en el menor tiempo posible". "Esto llegará al Congreso, llegará al Senado, y espero que a partir de ahí no tenga más pasos que su publicación en el Boletín Oficial, tal y como ha decidido la Comunidad Foral de Navarra y el Gobierno central", ha dicho.
Si bien ha valorado que esta reforma se ha hecho "en un tiempo récord" y "con premura", ha destacado que se han dado pasos "rigurosos, serios y coherentes" y "apelando a que este proceso acabe cuanto antes, a ver si podemos conseguir que sea antes del verano".
"Plena garantía constitucional"
En respuesta a los medios sobre las "reticencias" que ha habido por parte de la Guardia Civil a este acuerdo, Torres ha mostrado "respeto a cualquier organización, colectivo o persona con carácter individual que acuda a los órganos jurisdiccionales, a la justicia, a presentar cualquier tipo de recurso, acatamiento de la sentencia y actuación al respecto, que es lo que hemos hecho".
"Lo que hemos hecho es actuar acorde a lo que decía ese fallo y hacerlo de la manera más rápida, más rigurosa, y creo que teniendo en cuenta que esto ya se había acordado a través de un Real decreto, no hay razones para que esto tenga que ser votado en contra. También es un mensaje claro que lanzo a la mayoría del Partido Popular en el Senado, porque ya esto se estableció como tal de manera unánime en la legislatura anterior", ha dicho.
En este sentido, ha asegurado que esta reforma "tiene la plena garantía constitucional, no hay ningún pero". "Por el bien de este acuerdo y también de una reivindicación histórica, debería salir cuanto antes en el Congreso y también en el Senado", ha defendido.