Sergi Sapena
La Fiscalía de València ha solicitado tres años de prisión para un abogado de Xeresa que ha quedado acusado de un delito de estafa y otro de deslealtad profesional cuyas víctimas son al menos una veintena de personas y familias vulnerables de la comarca de la Safor que acudían a un servicio de asesoramiento gratuito de la Mancomunitat de Municipis de la Safor.
Según se desprende de la investigación judicial realizada, la mayoría de los usuarios presuntamente estafados acudían por necesidades propias o familiares a un departamento de Servicios Sociales de la Mancomunitat en el que recibían de forma gratuita asistencia jurídica para acceder a diversas ayudas de la Administración. Entre ellas destacan las peticiones para la ley de Dependencia o para mantener sus viviendas, pero también información jurídica sobre cómo actuar en casos de amenaza de desahucios.
El servicio de la Mancomunitat, del que se beneficiaban personas de muchas localidades, era gratuito, pero uno de los abogados que fue contratado para ello se aprovechó de la vulnerabilidad de quienes acudían para supuestamente ganarse un sobresueldo a cosa de personas muy pobres.
Así, y según denunció la propia institución comarcal, todo apunta a que repetidamente cobró cantidades que oscilaban entre los 50 y los 2.400 euros al menos a una veintena de personas, si bien no se descarta que sean más y que, por vergüenza o por tratarse de pequeñas cantidades económicas, hayan decidido no denunciarlo.
Pérdida de un piso en Bellreguard
En el caso más grave que se conoce, la actuación del abogado acusado incluso hizo perder la vivienda a una de las usuarias, una mujer de Bellreguard, lo que ha llevado a la familia afectada a personarse como acusación particular en este procedimiento que se dirimirá por el veredicto de un jurado popular. En este caso, los afectados elevan la pena a tres años y 9 meses de prisión.
La presunta estafa fue detectada en junio de 2022 cuando un funcionario de la Mancomunitat de la Safor tuvo conocimiento y trasladó al equipo de la presidencia de esta institución las quejas de algunos usuarios a quienes se les estaba cobrando por un asesoramiento que se anunciaba como completamente gratuito y, además, en el horario de atención de la Mancomunitat.
A partir de ese dato el goteo de casos se fue ampliando y por eso el equipo de gobierno de la Mancomunitat actuó y ordenó inmediatamente la apertura de un expediente informativo que, un mes después, tras comprobar la veracidad de los hechos, llevó a la decisión de apartar al abogado de la atención a las personas vulnerables, muchas de ellas en riesgo de exclusión social. Además, el expediente con todos los detalles recabados se remitió a la Fiscalía de València porque todo apuntaba la comisión de delitos de estafa, como también lo ha determinado el Ministerio Público.
El abogado implicado en estos casos sabía perfectamente que estaba percibiendo una retribución económica de la Mancomunitat y que no podía cobrar a los beneficiarios por sus gestiones y su asesoramiento. Si bien los responsables del ente comarcal han decidido no valorar lo sucedido hasta que se conozca la sentencia, lo que más ha indignado es que el letrado y asesor acusado se haya atrevido a lucrarse tan injustamente de personas muy vulnerables que acudían a la Administración para pedir ayudas sociales precisamente por sus escasos recursos económicos.
En medio de las actuaciones realizadas por la Mancomunitat, también se supo que el acusado que va a ser juzgado en la Audiencia de València no había solicitado la incompatibilidad al Colegio de Abogados, de manera que fue definitivamente apartado del equipo de asesores en esa área de Servicios Sociales.
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