¿Las políticas para atenuar los efectos de la crisis climática son un derecho fundamental de los ciudadanos? La Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH), el más alto tribunal del continente en materia de derechos fundamentales, considera que sí. El CEDH anunció este martes, en una decisión inédita e histórica, que el Estado suizo es responsable de violaciones de derechos fundamentales por su inacción a la hora de atenuar los efectos de la crisis climática.
La decisión llega tras una denuncia de un grupo de 2.500 mujeres, de 73 años de edad media, contra las autoridades suizas por su inacción "para atenuar los efectos del cambio climático". Alegaron que esos efectos tienen consecuencias negativas sobre su calidad de vida y su salud. En un caso similar, los jueces decidieron rechazar la denuncia de un grupo de jóvenes portugueses de entre 12 y 24 años contra 32 Estados europeos porque, alegaron, los denunciantes no habían agotado las vías de recurso en Portugal, trámite necesario para acudir al alto tribunal europeo.
Qué es la Corte Europea de Derechos Humanos
El CEDH no es un tribunal de la Unión Europea, sino del Consejo de Europa, la organización continental que promueve los derechos humanos y las libertades fundamentales. En él participan los 27 países de la Unión Europea pero también otros como Suiza, Reino Unido, Noruega, Moldavia, todos los balcánicos o Turquía. Rusia salió el año pasado.
La decisión judicial fue unánime porque los 17 jueces del alto tribunal consideraron que, en el caso suizo, hay una clara violación del artículo 6 de la Carta Europea de Derechos Humanos, el que establece que todas las personas tienen derecho "a un proceso justo", y también del artículo 8, al que se agarran los jueces para decir que los ciudadanos tienen derecho a una "protección efectiva" por parte de las autoridades y que eso incluye contra los efectos negativos del cambio climático sobre la vida, la salud, el bienestar y la calidad de vida.
La activista sueca Greta Thunberg se unió a los activistas que celebraron en el tribunal de Estrasburgo el martes.
La Carta Europea de Derechos Humanos, promulgada en 1953, cuando las urgencias y las crisis eran otras, no contiene ningún artículo que haga referencia a la protección del medio ambiente, pero los abogados alegaron (y los jueces les dan la razón) que puede hacerse agarrándose al artículo 2º (obligación de los Estados de proteger efectivamente el derecho a la vida) y a partir de él activar otros artículos.
El caso de la denuncia de los jóvenes portugueses fue el más mediatizado, el más polémico y el más importante y la decisión sirve únicamente para darle una patada hacia adelante, pues los denunciantes pueden volver a los tribunales portugueses y, acabada esa ruta, presentar una nueva denuncia ante la CEDH.
Los jóvenes portugueses, después de los grandes incendios de 2017 en Portugal (que les afectaron directamente), sienten que su país no toma las medidas necesarias para al menos atenuar los efectos de la crisis climática cuando es, como los demás en el sur de Europa, de los más afectados del continente.
El caso de los jóvenes portugueses
Ayudados por una red de abogados mundial conocida como 'Global Legal Action Network', en 2020 decidieron presentar su denuncia ante la CEDH sin pasar por la Justicia portuguesa. Alegaron que lo hacían así porque era la única forma de denunciar a todos los Estados europeos a la vez porque hacerlo sólo contra uno hubiera sido "desproporcionado". Los jueces no compraron el argumento y los mandan de vuelta a la Justicia portuguesa, pero la idea mediatizó enormemente el caso y pondrá ahora todos los focos sobre los jueces portugueses.
Los Estados se defendieron alegando que ya han tomado muchas medidas contra la crisis climática, como todas las relacionadas con la transición energética y su reducción de emisiones contaminantes. Además, dijeron que, si la Carta Europea de Derechos Humanos establece obligaciones de protección, lo que no hace es obligar a que esas medidas de protección obtengan ciertos resultados. Y que "ser víctima del cambio climático no convierte a una persona en víctima de actos u omisiones" de los Estados.
La decisión contra el Estado suizo, que deberá tomar más medidas para atenuar los efectos de la crisis climática, sienta un precedente legal que podrá usarse en Europa contra otros gobiernos y animará a las ONGs medioambientalistas a seguir con su nueva estrategia de usar la vía judicial en su lucha por el clima.
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