En los estudios de teoría política es frecuente encontrar referencias alusivas a la pluralidad de lenguajes y corrientes que conviven, amigablemente o no, dentro de la llamada tradición liberal.
También existen desarrollos tendientes a identificar, entre estas últimas (contractualistas, conservadoras, radicales, utilitaristas, libertarias u otra denominación en uso), algunos rasgos comunes.
A título ilustrativo, cabe recordar la caracterización que hace tiempo hizo John Gray de la concepción liberal del hombre y de la sociedad sobre la base de estos cuatro elementos: la afirmación de la primacía de la persona, el reconocimiento de que todos los hombres tienen el mismo estatus moral, la defensa de la unidad de la especie humana y, finalmente, la creencia en la posibilidad de mejoramiento de cualquier institución social.
Sin embargo, a falta de una definición universalmente aceptable, no parece desacertado apelar a un presupuesto todavía más básico como es la idea según la cual el poder tiene límites que están fijados de antemano por los derechos individuales, generalmente considerados como naturales, inalienables e imprescriptibles.
Entre éstos, el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad, para evocar la célebre fórmula que preside la declaración de independencia norteamericana.
Se podrá discutir si los derechos individuales tienen origen en la naturaleza o en convenciones históricas. Igualmente caben desacuerdos en torno a la posible relación entre el liberalismo político y el liberalismo económico, que para algunos autores son inseparables, mientras que otros los distinguen con argumentos acerca de sus respectivas genealogías y alcances, o bajo el supuesto de que la defensa del libre comercio se inscribiría en el terreno de los medios, pero no de los fines (una cuestión de conveniencias en vez de un imperativo).
Y, desde luego, cabe preguntarse si los límites a la acción del gobierno (que el liberalismo ve como un mal necesario) y la consecuente protección de los derechos dependen prioritariamente de los diseños y marcos institucionales, de la cultura política prevaleciente o aun de la influencia recíproca entre ambos factores.
No obstante, siempre estará presente ese núcleo duro o denominador común, que podríamos calificar como "no negociable" aunque expuesto a diario a ser ignorado por los gobernantes, dada la natural tendencia del poder a expandirse e incurrir en abusos.
He ahí un punto que parece clave. La crítica al ejercicio arbitrario del poder, en sus diferentes grados y apelativos, desde la tiranía antigua hasta el totalitarismo moderno, atraviesa toda la larga historia del pensamiento político.
Se trata, en efecto, de una preocupación tan vieja como la memoria política que el liberalismo a su tiempo haría suya enarbolándola como bandera.
Pero el tema central del liberalismo, antes que el poder opresivo o desmesurado, es el poder en sí, incluso el legítimamente establecido, porque al indagar en su naturaleza descubre que no hay poder que no tienda de suyo a extralimitarse a menos que se lo contenga con instrumentos adecuados.
La rivalidad entre el poder y la libertad, o, si se prefiere, el poder visto como amenaza de la libertad, es entonces la razón de ser del liberalismo.
Ahora bien, como es sabido, tanto en América latina, en general, como en la Argentina, en particular, el liberalismo viene siendo objeto de un notorio descrédito.
Nos sorprendería ver que no se lo identificara con las leyes inclementes del mercado, con el "capitalismo salvaje", con nuestras pavorosas desigualdades sociales o, lo que es peor todavía, con regímenes de facto que aplicaron recetas antiestatistas mientras cometían crímenes aberrantes, violaban masivamente derechos e impedían cualquier manifestación de vida democrática. Nada más extraño al credo liberal que todo esto.
Lo mismo podría aducirse con respecto a los años noventa. ¿Fueron realmente liberales quienes, amparados en la apertura económica y las privatizaciones, hicieron la vista gorda a la manipulación institucional, el gobierno por decreto y la recordada "mayoría automática" del menemismo?
¿Puede llamarse liberal un gobierno que incurre en tales excesos? Si bien se mira, quizás haya sido esa época (que, al decir de Enrique Valiente Noailles, puso al descubierto nuestra "profunda inmoralidad colectiva" y una generalizada tolerancia a la ausencia de reglas) la más decisiva no sólo para la suerte futura del liberalismo, sino además para el significado que solemos asignar a otro vocablo, "república", el cual por mala conciencia nos inhibimos de asociar nominalmente al liberalismo.
La cosa resulta curiosa, porque lo que en los últimos lustros se ha venido reclamando en nombre de una mejor "república" son atributos que, en gran medida, provienen de la teoría y la praxis del liberalismo político.
Por ejemplo, la distribución del poder en distintos departamentos que se contienen y fiscalizan unos a otros o la existencia de una justicia independiente del poder político.
James Madison las llamó "precauciones auxiliares", que, "a falta de móviles más altos", complementan la legitimidad democrática como medios de sujetar a quienes nos gobiernan.
En otros términos, hoy la república se nos presenta más claramente ligada a la existencia de un diseño institucional liberal que nos preserve de la discrecionalidad de los gobernantes que a la virtud cívica, los ideales patrióticos o aun (en algunas variantes) la participación de los ciudadanos en las decisiones públicas en tanto rasgos distintivos de un republicanismo de filiación clásica que se presenta como propuesta alternativa al liberalismo.
Isaiah Berlin afirmaba que "algunos seres humanos han preferido la paz de la cárcel, una seguridad satisfecha y una sensación de haber encontrado por fin el puesto adecuado que uno tiene en el cosmos a los dolorosos conflictos y perplejidades de la desordenada libertad del mundo que está fuera de los muros de la prisión".
El liberalismo, en cambio, ha promovido siempre la opción inversa. Para sus detractores de izquierda y de derecha, para los defensores de la sociedad cerrada y los relatos colectivistas, para el populismo, para los enemigos de la libertad de pensamiento y de la libertad de prensa, el liberalismo será siempre el malo de la película, el villano preferido, el sospechoso a quien endosar todas los males pasados, presentes y venideros, sea para purgar las responsabilidades propias, por complicidad, oportunismo electoral o por pura pereza intelectual.
Probablemente haya perdido, como sugiere Sartori, "la guerra de las palabras" y se encuentre sumido en una crisis de identidad.
Sin embargo, dondequiera que la libertad se encuentre en peligro, su antorcha permanecerá encendida y seguramente se alzarán manos dispuestas a portarla.
Profesor de teoría política