Según el presidente Rodrigo Chaves, la investigación abierta por la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa para esclarecer el otorgamiento discrecional de un negocio valorado en decenas de millones a la empresa Dekra es "buscar pelos en la sopa". La verdad es que no es difícil encontrarlos porque hay muchos y son visibles. Lo importante es saber cómo y por qué llegaron ahí.
Para comenzar, el negocio de la revisión técnica vehicular no se le entregó a quien ofreció las mejores condiciones. De acuerdo con las actas del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), la aplicación del mecanismo de evaluación preestablecido colocó a Dekra en segundo lugar, con una oferta más onerosa.
Un segundo pelo en la sopa es la razón ofrecida para hacer a un lado a la empresa ganadora del concurso. Según el exministro de Obras Públicas y Transportes, esa oferente incurrió en hechos de corrupción en Honduras, pero en las actas del Cosevi también consta que el propio Luis Amador admitió carecer de pruebas y las dudas más bien apuntaban a un funcionario de aquel país.
No obstante, el gobierno no se vio en la necesidad de alegar algún otro motivo porque cuando los cuestionamientos de este diario se intensificaron simplemente dejó de responder, y Amador puso fin a la discusión argumentando que la escogencia de Dekra fue "discrecional", por tratarse de un "permiso de uso en precario".
En otras palabras, el negocio se concedió "a dedo", contra el criterio inicial del Cosevi, que había recomendado contratar a la ganadora del concurso. En aquel momento, la nueva administración, con una popularidad arrolladora, podía darse el lujo del "dedazo", tan criticado en otros gobiernos, con solo alegar la necesidad de una solución expedita y la presunción de manos limpias de sus funcionarios.
Pero los últimos acontecimientos abonan a la conveniencia de revisar lo actuado. El presidente de la República acaba de plantear una denuncia contra Amador por la contratación "a la medida", según dijo, de los trabajos de reparación del aeropuerto de Liberia, incorporados a un decreto de emergencia dictado un año antes, para atender una tormenta cuyos efectos no se hicieron sentir en la pista del Daniel Oduber. La "emergencia" permitió contratar sin seguir la legislación ordinaria y el resultado fue la pérdida de $2 millones, de conformidad con lo estimado por el mandatario, quien figura en el expediente abierto por la Fiscalía para investigar los mismos hechos.
En Liberia, la excepcionalidad del procedimiento se justificó por la premura de obras cuya necesidad fue reconocida desde el 2017. En el caso de la revisión técnica, también se alegó la urgencia de una solución expedita, pero la contratación del ganador del concurso no habría requerido de más tiempo para comenzar a prestar el servicio.
La sesión de la Comisión de Infraestructura encontró, el lunes 18 de marzo, otro cuerpo extraño en la sopa. El intendente de Transportes de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), Edward Araya, reveló que Amador sabía de un impedimento legal insalvable para ofrecer la segunda inspección gratuita a los vehículos con un solo defecto. "Se lo dije varias veces", afirmó Araya bajo juramento. No obstante, Amador utilizó el argumento para justificar ante el país la escogencia de Dekra.
La inspección técnica es un servicio público regulado y por ley se ofrece al costo, no en forma gratuita. Según el presidente, la objeción de los reguladores se basaba en una interpretación "arbitraria o literal" de la ley, pero una aplicación literal no puede ser arbitraria, porque por definición se ciñe al texto de la norma y está restringida por él.
En cualquier caso, tres días antes de que Dekra comenzara a brindar el servicio, el gobierno cambió por decreto el reglamento de la inspección técnica vehicular para obligar a los vehículos con más de una falla grave o peligrosa a someterse y pagar una nueva inspección completa. La variación generó ingresos a la empresa por ¢1.546 millones en los primeros 12 meses de operación.
Según el intendente de Transportes, el decreto se firmó apenas cinco días después de la resolución de la Aresep, que establecía una tarifa de ¢2.166 para la segunda inspección. En noviembre del 2022, durante una comparecencia legislativa, el propio Amador atribuyó el decreto a presiones de la empresa por sus márgenes de utilidad. "La empresa indicó que si no tenía una tarifa que le permitiera cubrir sus costos, no entraba", declaró. También afirmó que tuvieron "que hacer ese cambio de manera temporal hasta por seis meses", pero inmediatamente iban "a volver a cambiar". Pasados los seis meses, nada ocurrió. Llama la atención que a esas alturas, luego de adjudicado el negocio a la segunda mejor oferta, las tarifas resultaran insuficientes.
Precisamente, otro pelo necesitado de explicación es la solicitud de un margen de ganancia del 16 % para el operador del servicio, formulada por Amador antes de iniciarse el proceso de selección. El regulador general, Eric Bogantes, señaló a los diputados que no es costumbre recibir de un ente rector la solicitud de un margen de utilidad para un contrato de servicios públicos, pues las solicitudes tarifarias se basan en datos sobre utilidades promedio en la industria.
Al final, la Aresep definió una utilidad del 11,03 % y no la solicitada por el ministro, cuya sugerencia habría afectado el bolsillo de los usuarios. En fin, los diputados tienen razones para revisar bien esa sopa antes de volver a servírsela a los costarricenses.