No hay problemas de fondos a la hora de financiar a las escuelas concertadas en Euskadi. La última lluvia de dinero dejó nada más y nada menos que 816 millones de euros para los conciertos educativos de centros privados, una cifra que choca con la precariedad que se registra en distintos ámbitos de la educación pública.
"Más del 50% de los centros son concertados y están sostenidos con fondos públicos. Al final, la educación pública es subalterna de la privada", resume al otro lado del teléfono Nagore Iturrioz, portavoz del sindicato Steilas.
Un informe publicado en 2019 por la Federación de Padres y Madres por la Escuela Pública (EHIGE) y la Federación de directores y directoras de la Escuela Pública (HEIZE), "en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) el alumnado se reparte en similares proporciones entre las dos redes", mientras que "los sistemas europeos más exitosos son mayoritariamente públicos".
"El carácter dual polarizado de nuestro sistema es una anomalía
en el contexto europeo", señala el documento, en el que se destaca además que "la financiación que reciben los centros privados del sistema educativo vasco es muy superior a la reciben en otras comunidades del Estado, y no tiene parangón en Europa".
Entre los destinatarios están las escuelas del Opus que segregan por sexo
Los 816 millones destinados a colegios concertados para el presente curso supusieron un récord en la financiación de la educación privada con dinero público. Según datos del Gobierno vasco, el dinero llegó a 318 centros educativos. Entre los destinatarios se encuentran las escuelas del Opus Dei en Euskadi que aún segregan por sexo.
"La concertación en la Comunidad Autónoma Vasca se hizo en 1982 porque el servicio público no podía dar cabida al baby-boom, pero ahora tenemos la tendencia contraria. En un periodo a medio o largo plazo se van a tener que cerrar centros", señala Iturrioz.
Falta de consenso
A su juicio, la Ley de Educación que aprobaron PNV y PSE a finales de 2023 busca "blindar el sistema dual y el futuro de las escuelas privadas concertadas".
La tramitación de esa norma dejó al descubierto la falta de consenso en el arco parlamentario: el proyecto nació con un apoyo mayoritario de la Cámara, pero en su trayecto perdió apoyos y se quedó únicamente con los votos de las dos formaciones que integran actualmente el Gobierno vasco.
"Con dinero público estamos pagando centros concertados con canchas de tenis, y luego tenemos unos centros públicos con un aglutinamiento de índice socio-económico bajo de más de un 90%. Esto no favorece la cohesión social", advierte la portavoz de Steilas.
El informe de EHIGE y HEIZE aporta otro dato importante a tener en cuenta: en Euskadi, "que los centros privados cobren 'cuotas' está socialmente normalizado y políticamente permitido, a pesar de que sea de conocimiento público que esta práctica es ilegal".
"Este hecho es todavía más grave cuando se sabe que el cobro de cuotas está conculcando el derecho de la libre elección de centro de muchas familias, y por tanto el principio de igualdad de oportunidades", subrayaba el documento.
Para Aitor Idigoras, profesor en la escuela pública vasca, el objetivo principal de esta estrategia seguida por las instituciones no es otro que "beneficiar a la privada, porque es la escuela de la clase política".
Convenios obsoletos
Por su parte, la representante del sindicato LAB Irati Tobar apunta hacia las carencias que existen en el modelo educativo vasco y que afectan al personal. "Tenemos unos convenios colectivos muy antiguos, obsoletos, que en algunos casos llevan entre 15 y 20 años sin avances", afirmó.
Idigoras critica esa falta de negociación y apunta hacia una "precarización de las horas de permanencia en el centro", con una mayor carga de trabajo burocrático, lo que a su juicio "tendrá repercusiones a corto y medio plazo". Del mismo modo, advirtió sobre la pérdida de poder adquisitivo por parte del personal.
No en vano, las escuelas e institutos públicos del País Vasco han sido escenario de distintas huelgas y movilizaciones en reclamo de aumentos salariales, la creación y consolidación de empleo y el fin de todas aquellas medidas que conduzcan hacia privatizaciones en sectores como cocina y limpieza.
"En el sector de educación especial hay una interinidad del 60%. Estamos hablando de sectores altamente precarizados y feminizados", agregó Iturrioz.
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