Atrás queda aquel año de 2016 cuando con sólo un mes de diferencia el astillero Industrias Navales A Xunqueira (INAX) botaba un palangrero de 30 metros, después de un año de construcción; y una rampa flotante móvil tipo Ro-Ro para el puerto de Santander que supuso la segunda de estas características construida por un astillero de la ría de Vigo tras la realizada por Vulcano, un año antes, para el Puerto de Vigo. Por aquel entonces, una plantilla de veinte operarios trabajaban a pleno rendimiento en este astillero de O Cocho, en Meira, hoy cerrado y sus trabajadores en el Fogasa intentando cobrar indemnizaciones y atrasos. Fue fundado por el empresario Manuel Parcero en la década de 1970 como un taller, dedicado en un principio a la reparación de vehículos.Pronto daría el salto a la construcción y reparación naval en una carrera de éxitos que igual que fue rápida, cayó en picado tras la pandemia, la subida de precios del mercado y tras verse la empresa implicada en una operación policial contra la construcción de narcolanchas en la provincia. Si en enero de 2022, el astillero parecía que sorteaba la crisis del naval con la entrega de una embarcación de 25 metros en Marín para instalaciones de cables submarinos, y anunciaba su interés por intentar dar el salto al sector de las energías renovables, en abril confirmaba que estaba gestionando su venta a inversores foráneos. Esperaba completar la venta en ese mismo año por más de 3 millones de euros.
Nada de aquello continuó. En enero saltaban también las primeras chispas de lo que más tarde acabaría con la detención del empresario y su posterior puesta en libertad dentro de aquella operación contra la construcción de narcolanchas en la provvincia. Una de estas embarcaciones neumáticas o "gomas" resultó calcinada frente al astillero. Estaba provista de tres potentes motores y todo hacía suponer que estaba lista para una descarga en el mar. El astillero siguió trabajando ajeno al ajetreo que las narcolanchas empezaron a generar en la ría. En febrero, otra de estas embarcaciones fue localizada en un cami´`on en el muelle de San Adrián de Vilaboa cuando intentaban descargarla al mar y detenidos dos de los implicados. Mes y medio después, el astillero A Xunqueira fue objeto de un registro por parte de la Guardia Civil y Policía Nacional en la operación antidroga, contra el tráfico de hachís, denominada Kerumán-Samario, que incluyó registros de naves y viviendas también en Cambados, Vilanova, A Illa, O Grove, Ponteareas, Barro, A Lama y Caldas, con un total de 18 personas detenidas y la incautación de 21 embarcaciones de alta velocidad. Nunca trascendió lo que se halló en el registro del astillero de Meira, pero el empresario estuvo detenido y puesto en libertad al día siguiente.
Desde entonces todo ha ido a peor y la empresa no levantó cabeza. En septiembre de 2022 y con parte de la plantilla sin cobrar los salarios, en el peor de los casos desde hacía cinco meses y con cinco trabajadores despedidos con el argumento de falta de carga de trabajo, el personal apoyado por la central sindical CUT, convocó una huelga laboral indefinida. El portalón de la nave de O Cocho se cerró hasta hoy. y sólo se abrió para la retirada, casi con nocturnidad y alevosía, de algunos trabajos que estaban encargados, no sin oposición de los operarios concentrados en el exterior, y de la chatarra en la que se ha convertido la instalación.
Los trabajadores -la plantilla estaba integrada por 17- permanecieron en huelga durante varios meses, con concentraciones ante las puertas de O Cocho, la vivienda del empresario y su familia y en la calle, hasta que iniciaron la vía judicial contra los despidos y para cobrar las deudas, en un proceso que desde la CUT califican de caótico, contradictorio y hasta inexplicable. El sindicato lleva a nueve de estos trabajadores, la mitad de ellos ya han obtenido el pago de la indemnización y de los salalarios atrasados por parte del Fogasa después de que el Juzgado declarara la insolvencia de la empresa. Pero al sindicato le sorprende que pese a que el astillero a efectos judicial está sin actividad, sigue allí una persona contratada, en lo que ellos llaman una especie de "kiosco". Aseguran que en muchas de las causas la empresa no compareció o si lo hizo fue el mismo empresario, de unos 80 años, sin abogado ni argumento, y los trabajadores tuvieron que ir a un incidente de no readmisión para extinguir la relación laboral, que se declarara la insolvencia de la empresa y poder recibir las cantidades del Fogasa, que indemniza con un máximo de un año y hasta cuatro meses de salarios adeudados. El último juicio por despido aún fue en diciembre pasado, por lo que todavía hay pendientes resoluciones del Fogasa.
Para el sindicato llama la atención el hecho de que siga ese trabajador en la empresa y que todavía se haga uso de una concesión del Estado que en las demandas iniciadas, y ante la posibildiad de embargo, se confirmó en el juzgado que había caducado.
Es el ocaso de una empresa que poco antes del derrumbe tenía esperanzas en un nuevo horizonte.
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