El Banco Central se apresta a anunciar su meta de inflación para el año entrante.
Cuanta más credibilidad acumule, menos tasa de interés necesitará en el futuro para lograr sus objetivos de inflación.
Algunos miembros del Gobierno, empresarios y economistas perciben que el principal obstáculo para lograr ese objetivo vendrá dado por las exigencias salariales de los sindicatos, que podrían presionar para una reapertura masiva de las paritarias antes de fin de año y plantear pedidos muy elevados para 2017.
Tal vez esos temores son exagerados, pero han llevado a que el ministro Alfonso Prat-Gay y otros economistas planteen la necesidad de un pacto social.
Este año finalizará con una inflación cercana a 40% y con subas salariales de 34%. En promedio, a lo largo de 2016 el poder de compra de los salarios habrá mermado entre 3 y 4%.
¿Cuánta presión sindical habrá para recuperar lo perdido? Si todos creyeran en el 17% de inflación que plantea el Banco Central, para recuperar esa caída los salarios deberían aumentar el año próximo un 22% nominal y un 27% para subir un 3% adicional.
Empezando ahora la cuenta al revés, si los salarios nominales subieran 27% probablemente ya no sería posible alcanzar una inflación de 17%: los costos de producción terminarían empujando los precios hacia arriba.
Para cortar esa dinámica circular algunos imaginan entonces el armado de algún tipo de pacto social que ponga en línea la dinámica de precios y salarios.
La meta de inflación de 17% del Banco Central para 2017 tiene su lógica: la inflación mensual de diciembre se ubicará cerca de 1,5%, lo que equivale a una tasa anualizada de 20%.
En ese contexto, sería extraño que el Banco Central anunciara una meta para 2017 que no contemplara una reducción adicional de la inflación desde ese nivel.
Sin embargo, una economía que comience a desperezarse puede tal vez afectar marginalmente hacia arriba esa tasa de inflación, a la vez que las subas adicionales de tarifas en los servicios públicos programadas para 2017 volverían por lo menos algo ambiciosa la meta del ente monetario.
Sin embargo, al Banco Central no le queda otra opción que mantener su meta: ¿cuánto treparían hacia arriba las demandas nominales de los sindicatos si el BCRA adaptara su meta de inflación desde 17% a, por ejemplo, 22 o 23%?
Ya sabemos entonces lo que hará el organismo: mantenerse firme en su meta aun corriendo el riesgo de perder en el primer año la batalla por acumular reputación.
En esa batalla por instalar la meta del año próximo como un objetivo alcanzable y generar con ello negociaciones salariales y contractuales acordes con esa cifra, el BCRA arranca en desventaja: el Gobierno se apresuró a anunciar una meta (informal) de 25% para 2016, que ha sido desbordada por la realidad.
No importa que ese número haya sido anunciado por Hacienda y no por el Banco Central, ésa es hoy una sutileza para el sector privado y los sindicatos.
Poder por construir
Dentro de algunos años, si el ente monetario es exitoso, su palabra tendrá un poder inmenso. Pero ese poder todavía debe ser construido.
Errarle al objetivo de inflación de 2017 sería una piedra en ese camino, pero modificar la meta implicaría aumentar la inflación. En la vida hay que elegir.
Los acuerdos de precios y salarios ya casi no existen el mundo de hoy. De hecho, se utilizaban antes de que se popularicen los esquemas de metas de inflación, a partir de los años 90.
Hay que remontarse al congelamiento de precios y salarios de Canadá en 1974, al Plan Austral argentino de 1985, al Plan Cruzado brasileño de 1986, la estabilización israelí de 1985 o el congelamiento de Nueva Zelanda en 1982 para encontrar antecedentes de las políticas de acuerdos como forma de ataque a la inflación.
Los resultados fueron dispares, aunque finalmente sólo lograron bajar la inflación quienes combinaron los acuerdos con una política de fuerte contención del déficit fiscal.
Antes de que existan las metas de inflación, Rudiger Dornbusch, tal vez el economista que más estudió la macroeconomía de los países emergentes en los años 80, clasificaba en cuatro tipos a los distintos planes usados para bajar la inflación.
Estaban los planes ortodoxos del FMI, sólo basados en el ajuste fiscal y monetario. En segundo lugar, los planes heterodoxos, que combinaban ajustes fiscales con acuerdos de precios y salarios (sus favoritos).
En tercer lugar, los planes de los "poetas", que sólo usaban los acuerdos y prescindían de cualquier tipo de ajuste. Y, por último, los programas de los magos, que pretendían bajar la inflación sin hacer nada.
La Argentina optó en su plan económico por hacer muy poco ajuste fiscal, delegando ese aspecto al financiamiento de los mercados, y mucho ajuste monetario.
Y las metas de inflación reemplazan en parte el rol de los acuerdos de precios y salarios, al intentar influir sobre las expectativas.
Tal vez el programa de Cambiemos caería dentro del casillero de la heterodoxia (ajuste monetario, sí; fiscal, no, metas en vez de acuerdos).
Desde el lado del Ministerio de Hacienda, los reclamos de menos tasa de interés y más acuerdos sociales parecen pedir agregarle al programa un poco más de poesía. Son pequeños matices.
Sean poetas o heterodoxos, una parte del partido de la inflación se jugará a comienzos del año próximo, cuando el propio gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires cierren la primera paritaria de2017.
De 22% para arriba, es difícil que la inflación baje hasta 17%.
Paradojas de la economía: sufriendo una derrota de sus objetivos inflacionarios, el Gobierno puede tal vez acercarse un poco más a sus objetivos políticos.