El conflicto surge de las 13 jurisdicciones con caja jubilatoria propia, que, a diferencia del resto, nunca fueron transferidas a la ANSES. Sus gobiernos reclamaron por décadas. Denunciaron discriminación, porque financiaban en simultáneo sus déficits previsionales y el de la Nación.
En 2016, recién asumido, Mauricio Macri pidió una voluminosa ley para habilitar un generoso blanqueo y, de paso, pagar juicios a jubilaciones con haberes más altos. Liderados por el cordobés Juan Schiaretti, un grupo de gobernadores condicionó sus votos a la asistencia de sus cajas jubilatorias.
Se llegó a un acuerdo complejo que ahora Milei quiere rediscutir. Consiste en cubrir los déficits de las cajas locales hasta empardar las jubilaciones que paga la Nación. Si algún gobernador creó un sistema más beneficioso que la ANSES, la diferencia la debe cubrir de su bolsillo.
Cobraron de más
Milei nunca envió un peso a las cajas de jubilaciones de las provincias. No sólo eso: por DNU, derogó los artículos del Presupuesto 2023 prorrogado que definen esas transferencias.
En Diputados, el director de la ANSES, Mariano de los Heros, anunció que antes de enviar plata a los gobernadores realizará los cálculos actuariales. Sugirió que los últimos que se hicieron el año pasado se fraguaron para financiar la campaña electoral.
El funcionario habló de un gobernador que tenía superávit previsional, dibujó un déficit y recibió fondos. No quiso nombrarlo. De comprobarse, advirtió que se generará un saldo a favor de la Nación. Imposible de aceptar para los mandatarios que ven caer sus ingresos por la recesión. El de Corrientes, el radical Gustavo Valdés, fue el más preocupado por el tema en la reunión en la Casa Rosada. Levantó el tono y sus colegas de Juntos por el Cambio lo frenaron.
La mayoría de los gobernadores con caja jubilatoria propia no tuvo cita en la Casa Rosada. Pueden defenderse en el Congreso: alcanza con incorporar un artículo al pacto fiscal, que Milei no podría vetar. Asociado al PRO, el Presidente no alcanza un tercio de respaldo en los recintos. Llayora propone subsanar las déficits previsionales con bonos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Como en febrero, el Presidente debe definir si le sirve exponerse a tanto o es mejor patear el tablero y promocionarse como víctima de la casta.
Se busca plata
En el Gobierno creen que el pacto fiscal está cerca de cerrarse. Confían en que los mandatarios peronistas del norte se asociarán a sus vecinos radicales para aprobar la reversión de Ganancias, que incrementa sus ingresos por coparticipación.
Esta modificación es una exigencia del FMI que Milei quiere cumplir. Nadie más se la pidió. Para tener los votos, el borrador establece escalas graduales, que graven con no más de 5% a quienes lleguen con lo justo al mínimo imponible. Además, Francos ofreció una cláusula gatillo por inflación. En JxC le pidieron subir los pisos, que eran de un millón de pesos para solteros y medio millón más para casados.
Los gobernadores patagónicos son los más resistentes a la reversión de Ganancias y nadie los convocó. De mínima, exigirán mantener un mínimo imponible mayor por zona desfavorable. Alberto Weretilneck (Río Negro) y Claudio Vidal (Santa Cruz) dieron una muestra del poder en el Senado vaciando comisiones. Sin ellos, Victoria Villarruel no tiene cuórum. ¿Tiene sentido desangrarse en Diputados si el recinto vecino sigue cerrado? En la Casa Rosada no entienden que el orden de los factores no altera el producto.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, sabe que puede tener la última palabra. Dialoga con sus colegas de la pampa húmeda, Llaryora, Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Sergio Ziliotto (La Pampa). La reversión de Ganancias no les cierra e insisten en coparticipar el impuesto PAIS y el cheque, que son los que más recaudan. Milei no lo acepta.
¿Ley ómnibus XS, adentro?
El oficialismo asegura que la versión de la nueva ley ómnibus XS está acordada, aun cuando ningún bloque opositor le puso la firma definitiva y se escuchan críticas similares a las de febrero. El jueves, Martín Menem no logró que Hacemos Coalición Federal le enviara una versión de correcciones definitiva, con el último borrador.
Este viernes por la noche, en el grupo de Whatsapp de esta bancada sus diferentes tribus (cordobeses, Coalición Cívica, ex-PRO) se tomaron con gracia una nota de Infobae que contaba sobre un pedido de Milei para saber con nombre y apellido cómo votará cada congresista. Competían para burlarse con el mejor sticker.
En HCF quieren retocar las emergencias, ya sea en el capítulo de facultades delegaciones como en otros en las que aparecen escondidas. No cierra el artículo 71, que delega en el Poder Ejecutivo la posibilidad de desregular actividades económicas a gusto. También piden ampliar a pequeñas empresas el Régimen para Grandes Inversiones (Rigi) y esperan una definición de los gobernadores sobre si volverán a pelear por sostener los fondos fiduciarios.
Elisa Carrió está decidida a pedir a través de sus referentes una mejora en la fórmula jubilatoria y la derogación del régimen de Tierra del Fuego. Si Milei se opone, lo acusará de hacer negocios con el empresario Nicky Caputo, el amigo del alma de Mauricio Macri.
En la UCR, para variar, hay interna. El jefe del bloque, Rodrigo De Loredo, se entusiasma con su propia reforma laboral para lograr la unidad, pero el grupo identificado con Martín Lousteau pide otras cosas. Volvió con el planteo de una ley por empresa privatizada. Inaceptable para Milei. Tampoco aceptan darle vía libre al Presidente para disolver organismos. En el radicalismo, además, hay resistencia a la baja en el impuesto a bienes personales que incluye el pacto fiscal.
Una vez más, la definición la tienen los partidos provinciales, que ni siquiera tuvieron una reunión en la Casa Rosada. Sus referentes en el Congreso creen que volverán a negociar la letra chica en la comisión y en el recinto. Como siempre, ajustarán sus votos a resolver problemas locales con la Nación. Un estrés que Santiago Caputo quería evitar.
Comisiones y Universidades
La agenda en la Cámara de Diputados tendrá esta semana la conformación de 17 comisiones. Cómo anticipó LetraP, el jefe del oficialismo, Oscar Zago, impondría a Marcela Pagano en la presidencia de Juicio Político. La Libertad Avanza también tendría un lugar entre las autoridades de Legislación Penal, con Álvaro Martínez; Justicia, con Manuel Quintar; y Energía y Combustibles, con Lorena Villaverde. Las dos primeras intervendrán en las reformas que envíen la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
Pero las discusiones más fuertes en la Cámara baja podrían darse este lunes, en una reunión de los miembros de la comisión de Educación, que preside Alejandro Finocchiaro, con rectores de universidades. Por ahora, será a puertas cerradas, a las 18 en el Salón Delia Parodi del Palacio.
Milei sólo gira a las universidades las partidas del Presupuesto 2023, desactualizadas por la inflación. Los rectores aseguran que en el segundo semestre no pagarán los sueldos. En LLA quieren revisar cada gasto de las casas de estudios superiores: están convencidos de que muchas son cajas políticas. Hurlingham está en la mira.
La batalla en el Congreso la lidera Danya Tavela, de la UCR, cercana al vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti. Aunque hay proyectos presentados para revisar los presupuestos, por ahora, el exdiputado prefiere no mezclar esta discusión con el paquete de leyes de Milei. Cree que no tiene sentido, porque un levantamiento estudiantil podría erosionar al Gobierno más que una rebelión legislativa. Maneja encuestas que colocan a las universidades con más prestigio que otras instituciones. Hay quienes no imaginan a Milei exponiéndose tanto por retacear aportes que no le mueven la aguja de las finanzas.
Aparece Posse
Sin cuórum, Villarruel no sabe qué hacer. Tenía en carpeta una sesión para nombrar embajadores, con los dictámenes firmados, pero la oposición dialoguista le pide sumar temas y necesita llegar a un acuerdo.
La vicepresidenta tampoco pone primera: le gusta esperar. Nunca activó el proyecto del radical Rodolfo Suárez para suspender las PASO. Tampoco llegaron al Congreso los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para completar la Corte Suprema.
En la Casa Rosada dicen que los enviarán cuanto antes y en el Senado creen que la discusión llevará todo el año. Con su silencio, el peronismo sigue dando un aval tácito a las nominaciones. Mientras la bancada conducida por José Mayans no tenga una postura explícita, nadie de las otras fuerzas hablará, pese a la presión del lobby judicial que se opone a Lijo y defiende la actual mayoría automática de la Corte. Por ahora, son piñas al aire.
La única certeza en el Senado es que el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, dará su informe de gestión a fin de mes. Tal vez sea simultáneo al tratamiento de la ley ómnibus. Los calendarios se superponen. Al ex-Corporación América sólo se le escuchó la voz en el búnker del Hotel Libertador, en los días de elecciones.
Villarruel dio plazo hasta el 10 de abril para que cada bloque mande sus consultas. Posse tiene que definir las respuestas por escrito, para luego dar la cara en el Congreso. Por primera vez.