Esta semana causó revuelo un informe de la Silla Vacía de avión propiedad del ingeniero Pedro Contecha que el mandatario habría usado para viajar a un evento de campaña cuyo gasto no fue debidamente registrado ante el Consejo Nacional Electoral, algo que el propio Petro se encargó de desmentir en su cuenta de X. "Por ahora, es imposible que consigne un gasto que no hice y peor, que lo haga cuando aun no estaba en campaña", dijo.
Ahora bien, el anterior se suma a varios casos que están siendo examinados en el CNE en los cuales la campaña Petro presidente habría violado el tope de gastos.
La lista de cuestionamientos a la campaña presidencial la inició el hijo mayor del jefe de Estado, Nicolás Petro, cuando en agosto del año pasado aseguró, luego de ser capturado por la Fiscalía, que poderosos clanes habrían financiado varios eventos de campaña en el Caribe gracias a la intermediación del senador Pedro Flórez.
Sin embargo, estas actividades tienen fechas que las coloca fuera de la campaña oficial, a pesar de tratarse de un hecho proselitista. "En el interrogatorio a mi hijo se habla de la financiación, de un acto al parecer por el empresario Euclides Torres, que se realiza cinco meses antes de comenzar mi campaña (21 de septiembre de 2021), es decir que no está cobijado por la ley electoral de campañas", dijo Petro entonces.
El 14 de marzo, Petro Burgos se retractó ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes de varios hechos que narró en ante el fiscal Mario Burgos en el fallido proceso de colaboración del año pasado, aislando a su padre de lo sucedido e indicando que el dinero fue usado finalmente para fines personales.
Otro episodio que tiene en la mira la campaña presidencial de Gustavo Petro está relacionado con unos recursos destinados al pago de testigos electorales el día de las elecciones, los cuales no fueron reportados ante la autoridad electoral.
Entre los testigos que tendría el CNE en el dossier está una de las empresas por la que se hicieron los giros y algunos de los testigos electorales, que según información aportada por estos mismos, habrían recibido 60.000 pesos por la vigilancia del proceso electoral.
De acuerdo con información publicada por Noticias Caracol, son cerca de 5.000 millones los que se habrían pagado a los testigos electorales y no fueron reportados en las cuentas de la segunda vuelta presidencial. Aunque, en este caso, la Casa de Nariño alega que los testigos electorales no son gastos de campaña porque estos actúan es después que se acaba la misma.
Entre la lista de transacciones investigadas se encuentra también un giro aprobado por la Unión Sindical Obrera (USO), sindicato de Ecopetrol, por un valor de 600 millones de pesos. No obstante, la Unidad Investigativa de EL TIEMPO obtuvo en primicia un informe de tesorería, firmado por Óscar Sánchez Pinto, en donde se señala que "el apoyo a la Campaña Petro en 2022 fue por 1.033 millones 541 mil pesos.
Asimismo, las indagaciones apuntan al pago por 4.000 millones de pesos para la Sociedad Aérea de Ibagué (SADI SAS), empresa de aviación que le habría prestado servicios tanto a la campaña Petro Presidente como a la del Pacto Histórico al Congreso.
El que por ahora es el último escenario que deberá ser aclarado es el de la supuesta donación de 500 millones a nombre de Fecode entregados a través de Colombia Humana y su representante legal, Dagoberto Quiroga. Ahora bien, el debate parte de si entró o no a la campaña.
Ricardo Roa, quien fuera gerente de la campaña y actualmente lidera Ecopetrol, declaró por estas presuntas irregularidades ante el CNE en una diligencia que duró 40 minutos. Allí, ante los dos magistrados investigadores, Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, Roa reiteró que el manejo de cuentas fue "legal".
Según pudo indagar la Unidad de Datos de este diario, la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia de la República reportó un total de 28.384 millones de pesos gastados, muy cercanos al tope de 28.536 millones de pesos determinado por el Consejo Nacional Electoral, por lo que cualquier hallazgo no reportado puede significar que el esfuerzo presidencial superó el límite.
De acuerdo con fuentes del CNE cercanas al proceso consultadas por este diario, los despachos de los magistrados sustanciadores siguen trabajando en el tema. "Es un tema complejo, que hay evaluar muy bien", comentaron. Mientras tanto, la entidad pidió pruebas adicionales antes de proceder a calificar el expediente.