El portavoz nacional de Vox anunció este lunes que su partido pedirá una comparecencia en la cámara alta de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, por su presunta implicación en la 'trama Koldo'.
Tras una reunión del Comité de Acción Política de Vox, el portavoz José Antonio Fuster argumentó que "las informaciones publicadas" en los últimos días "son de una altísima gravedad". A pesar de que Sánchez "se niegue a dar explicaciones en las sesiones de control", la cúpula de Vox considera que "no tiene ninguna justificación que Gómez mediara para la adjudicación de contratos públicos millonarios del Gobierno".
El partido de Santiago Abascal se desmarca así de la posición del PP de Alberto Núñez-Feijoó. El líder popular ha anunciado que no incluirá, por el momento, a Sánchez ni a su esposa en la lista de nombres que tendrán que comparecer en la comisión de investigación que será constituida en el Senado a finales de este mes. Bien es cierto que tampoco lo ha descartado.
Para dar base a la petición de comparecencia de la esposa de Pedro Sánchez, Fúster mencionó dos informaciones recientemente publicadas sobre ella. Éstas la sitúan como mediadora en la adjudicación de contratos públicos millonarios a distintas empresas.
Ambas informaciones, publicadas por El Confidencial, aseguran que Gómez firmó, primero, "una carta en 2020 para que dos empresas se llevaran un contrato de siete millones de euros". Después, una segunda misiva en favor del consultor que montó su máster, Carlos Barrabés, quien acabaría ganando otro concurso, por el que recibió cuatro millones de euros. Todo lo que rodea a este Ejecutivo, concluía el portavoz de Vox, "es corrupto".
Así, Fúster enlazaba la presunta corrupción de la trama Koldo -que habría aprovechado las adjudicaciones millonarias de contratos para la compra de mascarillas en lo más duro de la pandemia- con el segundo estado de alarma. Esta medida excepcional fue decretada en octubre de 2020 y declarado inconstitucional, posteriormente, por el Tribunal Constitucional (TC): "Ya nos encerraron durante meses de manera ilegal. También cerraron el Parlamento". Todo ocurrió, señaló el portavoz de Vox, "mientras ellos se forraban".
"Amenaza" por inmigración ilegal
Fúster no dejó pasar la oportunidad de mencionar el último Informe Anual de Seguridad Nacional. Dicho documento, publicado el pasado viernes, colocó la inmigración ilegal como la tercera mayor amenaza para la seguridad, sólo por detrás de la desinformación y la ciberseguridad.
"Vox denuncia desde hace años que la inmigración es una amenaza para la seguridad nacional", dijo Fúster. A continuación, recordó la iniciativa que presentó su partido en el Congreso y que pedía declarar la inmigración ilegal como "un riesgo para la seguridad". El resto de fuerzas políticas votaron en contra de la iniciativa, pero "ahora, los expertos nos dan la razón, y los españoles también". Porque, según sentencia Vox, "los españoles sabían que era verdad".
Fúster finalizó su comparecencia dando un toque de advertencia a los medios de comunicación: "Me alegra que los medios empiecen a hablar de esta cuestión de manera clara".
"Inseguridad nacional"
Para Vox, son "cómplices de la inseguridad nacional" quienes han "silenciado" sus discursos. Para ejemplificarlo, el portavoz hizo alusión a las llamadas al orden que la presidenta del Parlament, Anna Erra, dirigió al líder de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga, cuando éste vinculaba desde la tribuna la inmigración ilegal con la violencia.
Según sostuvo José Manuel Fúster, "el terrorismo y la radicalización violenta, la inestabilidad económica y las injerencias del exterior están conectadas con la inmigración ilegal y la inseguridad".
En este sentido, el portavoz pidió que aquéllos que antes lo negaban "analicen bien el informe" del CNI y del Ministerio de Defensa. "Las tendencias muestran un incremento de los flujos de inmigración irregulares. A esto hay que darle soluciones", sentenció.
'Informe Buxadé'
A principios de febrero, la comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo (LIBE) votó a favor del nuevo Pacto de Migración y Asilo de la UE. Este texto incluía la reforma del reglamento Eurodac, conocida como 'Informe Buxadé', nombrado así por el jefe de la delegación de este partido en la Eurocámara.
El informe, que será sometido a votación este miércoles en un pleno de la Eurocámara en Estrasburgo, "propone que los Estados miembros tengan una base de datos más amplia para identificar a inmigrantes en situación ilegal". La base de datos incluirá huellas dactilares, imágenes faciales y documentos de viaje.
Además, se prevé una reducción del límite de edad para la recopilación de datos, que bajará de los actuales 14 años a la edad de seis años. También se incluirán alertas de seguridad para inmigrantes "considerados de riesgo".
Las razones de estas nuevas medidas las expuso Fúster, vinculándolas a la ideología de su formación política: "Tenemos claros ejemplos de países", dijo en una referencia soslayada a Francia, "que no han gestionado bien la inmigración ilegal y que ahora padecen unas situaciones que estamos empezando a padecer aquí. Creímos que el buenismo podía con todo".