La Guardia Civil de Granada ha solicitado este martes al personal del Ayuntamiento de Maracena la "preservación original tanto de forma física como en soporte digital" de la documentación sobre la denuncia interpuesta por el actual equipo de gobierno, sobre el que pesa una moción de censura para el martes que viene, por los presuntos delitos de "prevaricación y malversación de caudal público entre los años 2007 a 2023", y dirigida "contra miembros de los anteriores equipos de gobierno de los cuales algunos son concejales en la actualidad". En aquellos años el bastón de mando era del PSOE.
En un oficio del Equipo de Delitos contra la Administración de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Granada, el Instituto Armado pide al departamento correspondiente del Ayuntamiento de Maracena a la conservación de los documentos que afectan a la futura investigación, y que se refieren a supuestas contrataciones ilegales "a dedo", en palabras del alcalde Julio Pérez (PP), del Consistorio maracenero en ese periodo. Además, advierte de que la documentación "debe ser preservada con la debida diligencia" porque "de no hacerlo, y de producirse cualquier eliminación de la misma, podría incurrir en responsabilidades penales".
La Guardia Civil pide, de un lado, conservar los documentos físicos como digitales "referentes a las contrataciones realizadas por el Ayuntamiento de Maracena" con varias empresas de publicidad y marketing, además de a un autónomo relacionado con ellas desde el año 2007 hasta la actualidad. Asimismo también solicita la custodia de la documentación "en la que consten en ese Ayuntamiento de Maracena, la contratación para la prestación de servicios" de un particular también entre los años 2007 y 2023. Por último, también se pide la salvaguarda de "toda la facturación relacionada con la adquisición de material sanitario por el Covid-19" desde el inicio de la pandemia sanitaria hasta la finalización de la misma.
La denuncia, presentada el lunes, se produce a apenas una semana de que el actual equipo de gobierno compuesto por PP, Vox y Quiero Maracena se enfrente a una moción de censura por la cual, si nada cambia en los próximos días, saldrán de la Alcaldía de la localidad para que el PSOE vuelva a tomar el mando en coalición con IU y la concejal de Maracena Conecta, Amabel Adarve, quien con su salida del actual equipo regidor de la ciudad permitirá el cambio en el bastón de mando.
"Hemos denunciado una serie de presuntos delitos de malversación y prevaricación en relación a unas contrataciones supuestamente a dedo sin ningún criterio ni licitación como establece la Ley de Contratos del Sector Público", ha explicado el aún alcalde de Maracena, Julio Pérez (PP) a esta redacción. El regidor de la localidad ha confirmado asimismo que la denuncia se ampliará en los próximos días, incluyendo en ella al presunto secuestrador de la exconcejal Vanessa Romero y expareja de la anterior alcaldesa, Berta Linares, y los contratos de la empresa de este con el Consistorio maracenero: "Dejó de facturar globos a este Ayuntamiento pero seguía habiendo globos en todos los actos municipales, y hemos detectado que una de estas empresas a las que se le adjudicaba contratos a dedo facturaba este tipo de material. Además, en redes sociales decía que había proporcionado los globos. A lo mejor una subcontratación no podía ser sospechoso, pero cuando se trata de la expareja de la alcaldesa, lo que se desprende es que querían evitar que fuera directamente él quien facturara para que la opinión publica no se echara encima".
El alcalde también se refiere en la denuncia a que una de las empresas que se incluyen en ella y que facturaba al Ayuntamiento de Maracena era "propiedad de una trabajadora municipal", algo que "está totalmente prohibido". Según Pérez, el total de la facturación de esta compañía ascendía "un millón y medio de euros". También se apunta en la denuncia al periódico municipal, "que ha facturado también casi medio millón de euros sin contrato, sin licitación ni nada", acusa Julio Pérez.
"Teníamos indicios de muchas cosas, pero a raíz de que seguramente nos vayan a desalojar del Ayuntamiento el próximo martes, hemos acelerado el tema para poder tener acceso a la documentación y presentar las denuncias", ha confirmado asimismo Pérez. El alcalde también ha dicho que para asegurar que se preserven los documentos se ha contratado a una empresa de seguridad 24 horas "delante del archivo de facturas para que nadie acceda".
El PSOE habla de "bulos"
El PSOE ha tratado de reaccionar rápido a la denuncia del PP y el viceportavoz socialista de Maracena y anterior concejal de Urbanismo, Antonio García Leiva, calificó de "bulos y mentiras" las acusaciones de Julio Pérez, a cuyo gobierno afea "actuar a la desesperada" para impedir la moción de censura del próximo martes. Además, ha subrayado que esta nueva denuncia viene marcada por la presentación de la moción de censura y que esta tiene "intencionalidad política", pero que con ella tendrán "la oportunidad de demostrar nuestra gestión impoluta".
"No es la primera vez que denuncia supuestos escándalos. Ya anunciaron otra supuesta denuncia por una factura de bocadillos. Una factura que al igual que la denuncia no constan y cuando preguntamos por ellos, respondieron con silencio", ha recordado García Leiva a través de una nota de prensa. "También ha aludido a otras prácticas como el reparto de panfletos repletos de mentiras en las que nos acusaban de hechos erróneos. En concreto nos acusaban de gastar doscientos mil euros en paellas, y resultó que ese dinero era el catering de la escuela infantil municipal. Otro ridículo monumental", estima el socialista.
García Leiva ha reconocido el PSOE pide información "de casa cosa que afirman y no nos la facilitan": "Es su modus operandi; soltar un bulo, esconderse, soltar otro, esconderse… Pero van a tener que asumir las responsabilidades jurídicas y penales si fuera necesario por haber utilizado el dinero de los vecinos para avergonzar a toda la ciudad de Maracena".
Respecto a la acusación sobre las facturas aludidas que supuestamente sobrepasan el límite legal, Antonio García la desmiente y explica que se trata de "suministros que se proveen a diferentes áreas y constan un límite para cada área": "Son materiales o servicios que están perfectamente regulados en la ley, entre otras cosas para hacer más ágil el mantenimiento y funcionamiento del día a día" y añade que todas esas facturas "han contado con el correspondiente visto bueno de intervención y tesorería".