Cristina Kirchner denunció que las investigaciones por corrupción durante su gobierno y el de su esposo forman parte de una persecución política. Sería raro que lo viera de otro modo.
Ella, que atribuyó a maquinaciones de poder el aumento del precio del tomate o la pregunta de un estudiante en Harvard, está obligada a interpretar que el tsunami judicial que la sacude se origina en una gran conspiración.
Con esa imputación, la ex presidenta definió el campo en el que prefiere dar batalla. Si las acusaciones son políticas, las respuestas serán políticas y el problema lo resolverá la política. Dicho de otro modo: su rival no son las pruebas.
Su rival es Mauricio Macri. Los jueces y fiscales son meros instrumentos del poder. Tampoco debe extrañar ese criterio: los Kirchner veían así al Poder Judicial cuando jugaban con las blancas.
La estrategia comenzó a desplegarse el lunes pasado, durante la declaración ante el juez Julián Ercolini. Allí la señora de Kirchner propuso que se examine a Macri.
Como siempre, en vez de refutar pruebas, prefirió deslegitimar al atacante. En este caso a quien, según ella, la persigue.
El lunes señaló que Macri también tiene un Lázaro Báez: su primo, Ángelo Calcaterra, el dueño de la constructora Iecsa, que antes fue de Franco Macri.
La táctica se repite. En la causa por la venta de futuros del dólar, en la que Claudio Bonadio la procesó, ella pidió ser querellante para que se investigue a Federico Sturzenegger y otros funcionarios por la modificación de esos contratos.
La sala I de la Cámara Federal se lo concedió. Y ella agregó otra sospecha: ayer Ezequiel Fernández Moores informó en LA NACION que Boca Jrs. ganó $ 22,8 millones gracias a una operación de dólar futuro de Daniel Angelici.
En el caso de Báez y la obra pública, la señora de Kirchner propuso una simetría con Calcaterra.
Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques ordenaron una investigación sobre el decreto 797, del 16 de junio, por el cual Macri asignó $ 45.000 millones a que, de una vez por todas, se complete el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. La obra está a cargo de Ghella, Odebrecht, Comsa e Iecsa, la empresa de Calcaterra.
Según la ex presidenta, Macri reconoció a su primo un precio superior al que tasaron quienes controlan los trabajos, y comprometió al Estado en el financiamiento, contra lo previsto en la licitación.
El abogado de Cristina Kirchner es el penalista Carlos Beraldi. Pero detrás de los movimientos políticos están Carlos Zannini, Julio De Vido, el ex espía Juan Manuel Mena y Eugenio Zaffaroni.
La consecuencia inmediata del ataque a Calcaterra es complicar la venta de la empresa, decidida hace tres meses. Pero la ex presidenta, alimentada por De Vido, pretende ir más allá: insinuar una asociación entre Calcaterra y Báez.
¿Hay algún vínculo secreto en el negocio del soterramiento? Algunos empresarios lo insinúan.
Lo único tangible es que Calcaterra y Báez se asociaron para la licitación de las represas Kirchner y Cepernic, y perdieron ante otro mimado del kirchnerismo, Gerardo Luis Ferreyra.
Las decisiones de la ex presidenta en ese concurso son las que más podrían complicarla en tribunales.
Quienes organizan el contraataque judicial de Cristina Kirchner preparan otro paralelismo.
Al argumento de que el matrimonio extendió a escala nacional el método de contrataciones de Santa Cruz, pretenden oponer denuncias sobre los negocios de Nicolás Caputo en la ciudad de Buenos Aires.
La lupa está puesta sobre la licitación de servicios de mantenimiento, sobre todo hospitalarios. Y sobre las relaciones con el dueño de OCA, Patricio Farcuh, que entró en una fase de sincericidio digital.
La señora de Kirchner dijo que Báez no es su amigo. Es verdad: ella no tiene amigos. El costo de vivir en las alturas. Tampoco es su socio. Lógico: nadie elige a un socio como testaferro.
Pero Báez presta otro servicio. No se quiebra. Tampoco lo hizo ayer ante Ercolini. Apenas tuvo un enigmático intercambio de palabras con Pollicita. Recuerdos de una improbable reunión con abogados.
Está demostrado, en Italia como en Brasil, que es muy difícil penalizar la corrupción sin la aparición de arrepentidos.
Es posible que sólo Báez reconstruya el círculo de licitaciones amañadas, sobreprecios, lavado, y sobornos con alquileres de Hotesur. Sobre todo porque son expedientes separados.
Además, en el caso Hotesur apareció una complicación: la adulteración de firmas de Néstor Kirchner. Ese delito abre incógnitas importantes.
¿Cuándo se produjo? ¿Quién custodiaba los documentos? La pregunta no se refiere sólo a Ercolini.
El material estuvo nueve meses bajo el control de Daniel Rafecas, el juez que se negó a investigar la denuncia de Alberto Nisman. Lo que importa: ¿está invalidada la contabilidad de Hotesur como prueba judicial?
La exhibición del submundo kirchnerista desencadenó dramas personales. Aunque los Báez resolvieron uno principal: quién controlará el concurso de acreedores.
Ellos están menos preocupados por la traición a la revolución que por el patrimonio. Raro en militantes.
El acuerdo, sin embargo, no sería completo. Mientras Lázaro no contradice a su jefa, el abogado de sus hijos, Santiago Viola, desbarata esa estrategia.
Viola dijo lo obvio: que sobran indicios del vínculo entre Cristina Kirchner y Báez. ¿Habló en nombre de sus clientes? ¿O tiene sus propios intereses?
La presencia de Viola es, acaso, el único detalle que vuelve verosímil la denuncia de la ex presidenta sobre una persecución política.
Viola llegó a la causa Báez de la mano del fiscal Eduardo Miragaya, el gestor judicial de Silvia Majdalani, la subdirectora de la ex SIDE.
En nombre de dos hijos de Báez, Viola aspira a probar la relación entre la ex presidenta y el constructor. Su principal argumento es la supuesta reunión que habrían mantenido en Olivos, un día incierto de 2015, con el juez Sebastián Casanello, para pactar la impunidad. Casanello investiga a Báez por lavado de dinero. Le dicen "tortuga".
La versión sobre ese encuentro es investigada por el juez Luis Rodríguez y el fiscal Carlos Stornelli. Casanello negó una y otra vez la cita. Sin embargo, hace tres semanas, un empleado de la Anses, Claudio Corizzo, atestiguó que, esperando al diputado Eduardo "Wado" De Pedro en Olivos, vio a Casanello.
De Pedro denunció una maniobra de Inteligencia. Aportó una prueba: Corizzo, una especie de neo-Pontaquarto, mencionó a una secretaria llamada Luciana, que no existe.
El legendario profesionalismo de la SIDE. Ahora Viola espera que un chofer de Presidencia jure que trasladó a Corizzo.
Más profesionalismo: probaría el viaje de Corizzo, no la reunión de Casanello. Macri debería garantizarse que Majdalani, Miragaya y Viola tengan éxito. ¿O trabajan para que Cristina Kirchner tenga un argumento a su favor?
La supuesta reunión en Olivos, de verificarse, lograría algo más que demostrar la complicidad entre la ex presidenta y Báez. Haría que Casanello abandone la investigación.
¿Aparecería un juez más independiente? ¿O uno más dispuesto a esquilmar a Báez? La baja calidad de casi todo el fuero federal porteño alienta conjeturas espantosas.
Hay otra hipótesis: que Casanello deba abandonar la magistratura. En tal caso, muchas causas cambiarían de juez. Entre ellas, la que, a instancias de Elisa Carrió, y con Federico Delgado como fiscal, investiga a Angelici por traficar influencias judiciales. Continuidades escondidas tras la polarización.