"Un grupo de diputados que desconoce el interior argentino y sus economías regionales, junto a otro que se arroga espuriamente la representación del Sector Tabacalero, torcieron el brazo del Gobierno que dice combatir la casta", se quejó por la red social X el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz cuando se enteró que en la llamada Ley Bases se habían eliminado los cambios a los impuestos internos que deben abonar las tabacaleras.
La queja apunta directamente, aunque sin nombrarlos, al diputado nacional del PRO, Cristian Ritondo, y al bautizado el "Señor del Tabaco", Pablo Otero, dueño de Tabacalera Sarandí que, gracias a que se mantendrá el statu quo tributario actual, podrá seguir eludiendo el pago de un impuesto que le permite seguir ganando mercado frente a la competencia de las multinacionales del sector como Massalin Particulares y British American Tobbaco.
De hecho, gracias a que no abona dicho tributo y al amparo judicial y político que tiene, su empresa ya controla el 45% del mercado local de cigarrillos.
Ante la decisión tomada por quienes negociaron la parte fiscal de la ley el propio presidente Javier Milei mostró su enojo en reuniones privadas, especialmente en contra de los diputados radicales y del PRO que ayudaron a quitar esa parte de la norma y también con tropa propia.
En este caso, el dedo acusador del líder libertario apunta al ministro del Interior, Guillermo Francos, y al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, quienes son los "negociadores" oficiales ante la oposición para asegurarse que la devaluada Ley Ómnibus no termine en un nuevo fracaso.
Una de esas concesiones terminó en la eliminación de la Ley Bases y las medidas fiscales del aumento de la alícuota de impuestos internos de 70% a 73% y en que quedará fijo el Impuesto Interno Mínimo que originalmente se proponía eliminar, protegiendo los privilegios del Señor del Tabaco y sus socios políticos.
Se mantiene el statu quo en el negocio del tabaco
A partir de este lobby, el Fondo Nacional del Tabaco (FET) no podrá mejorar su recaudación teniendo en cuenta que en el 2023 finalizó con una recaudación de $65.000 millones, además de dejar en desigualdad de condiciones a las tabacaleras extranjeras con las locales.
A esto se suma que la venta de cigarrillos de las multinacionales viene en caída en relación a las locales que, en enero controlaban el 37% del share y en febrero pasaron ya al 40,4%, según datos de la Secretaría de Agricultura.
Traducido en cifras, este año más de 700 millones de paquetes no pagarán el impuesto interno, gracias al lobby político empresario de la dupla conformada por "El señor del tabaco" y Ritondo generando un enorme daño a toda la cadena de valor tabacalera.
Se trata de un sector que representa una importante actividad en términos productivos, económicos, sociales y fiscales, que se integra verticalmente desde la producción de la materia prima hasta la distribución y la comercialización mayorista y minorista de cigarrillos.
En este sentido, Argentina es el 8° productor y el 7° exportador mundial de tabaco; y el 2° productor de Latinoamérica.
El impacto en los recursos fiscales
La actividad primaria se concentra en siete provincias del Norte Grande, mientras que el sector industrial se ubica principalmente en la provincia de Buenos Aires.
El cultivo del tabaco es el mayor demandante de mano de obra por unidad de superficie del sector agropecuario, con alrededor de 120 jornales por hectárea. Igualmente, toda la cadena de valor genera más de un millón de empleos directos e indirectos.
Además de las empresas manufactureras y acopiadoras, el sector está constituido por un entramado de más de 150.000 pymes y representa una importante fuente de recursos fiscales ya que, por caso, la venta de cigarrillos percibe una presión tributaria en torno al 80%, dado que se encuentra gravada con cinco impuestos (Fondo de Asistencia Social, Fondo Especial del Tabaco, Impuestos Internos, Impuesto al Valor Agregado e Ingresos Brutos).
La recaudación total fue de $650.000 millones en 2023, dinero que se distribuye entre el Tesoro Nacional, los gobiernos subnacionales, las provincias tabacaleras y el ANSES.
Con respecto a los impuestos internos, la ley correspondiente (N°24.674) establece que los cigarrillos se encuentran gravados con una alícuota del 70% sobre el precio de venta al consumidor.
Elusión sistemática e impacto en precio
A su vez, la ley determina que el monto mínimo a ingresar por el impuesto asciende a $792.730 y se actualiza trimestralmente según la evolución del IPC.
De este modo, el impuesto interno mínimo, impone un piso de precio a los cigarrillos, con el objetivo de incrementar la recaudación fiscal y desalentar el consumo. El origen de este gravamen se remonta al 2004, no obstante, desde el 2016, un grupo de tabacaleras ha eludido sistemáticamente el pago del impuesto interno mínimo a través de la obtención de medidas cautelares otorgadas por la Justicia Federal.
Incluso, algunas empresas habrían eludido el pago del mínimo sin contar con ningún tipo de instrumento legal generando que, gracias a esta elusión del impuesto interno mínimo les permite evitar el piso de precio y vender mucho más barato que las compañías que cumplen con la ley fiscal.
Es decir, al eludir el impuesto, se evita el precio mínimo y la estructura impositiva se torna completamente dependiente del precio de venta (ad-valorem).
También se genera un diferencial de precios con marcas que valen hasta seis veces menos que otras, lo que afecta negativamente tanto a las ventas de las compañías que cumplen con la normativa tributaria, como a la recaudación fiscal proveniente de la venta de cigarrillos.
Crecimiento sostenido
El diferencial impacta el pago de impuestos correspondiente, pero, en el quiosco el diferencial es mucho menor, dado que se puede encontrar el precio de las marcas de empresas elusoras a un valor hasta tres veces superior al que declaran en AFIP y más cercanas al valor de las marcas de las empresas que pagan todos los impuestos.
El crecimiento en participación de mercado de las compañías que no pagan los impuestos ha sido sostenido desde 2016. En los hechos, el impuesto mínimo y la posterior dinámica judicial sólo ha servido para transferir mercado de empresas cumplidoras a empresas elusoras y ha generado, a su vez, menores niveles de recaudación de los cinco tributos que gravan el expendio de cigarrillos, lo que afecta negativamente los recursos del Tesoro Nacional, del Anses, de los gobiernos provinciales y, sobre todo, de las economías regionales tabacaleras y los productores que reciben el FET.
Las medidas cautelares otorgadas y la elusión del impuesto mínimo generaron una pérdida de recursos para el país de casi u$s2.517 millones en los ocho años comprendidos entre el 2016 y el 2023. Solamente el año pasado, la pérdida de recursos alcanzó los $202.500 millones o u$s683 millones.
Es por estos motivos que en el proyecto de Ley "Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos" se propuso la eliminación del impuesto interno mínimo, que se encuentra cuestionado judicialmente por las empresas con cautelares que no pagan ese mínimo.
La cadena del tabaco en su conjunto, incluyendo a las pequeñas tabacaleras que no cuentan con medidas cautelares, consideró esa propuesta de modificación como un paso a favor de la eliminación de la competencia desigual que no pagan y las que sí lo hacen.
A excepción de las beneficiadas por la medida cautelar, específicamente Tabacalera Sarandí, toda la cadena se pronunció en favor de que avance esta propuesta, ya que implicaba un cambio hacia la igualdad de condiciones para toda la industria, una mejora en la competitividad en el mercado y en la recaudación.
Adicionalmente, se proponía el incremento de tres puntos en la alícuota de Impuestos Internos a 73%, todo lo cual supondría un recupero en recaudación de hasta $300.000 millones anuales dependiendo de la dinámica de precios.
Este incremento suponía también una recomposición sustancial de las cuentas públicas provinciales, siendo los impuestos internos a los cigarrillos, coparticipables.
En el caso de la provincia de Buenos Aires, la recaudación adicional sería de $29.000 millones; para Salta, ese monto ascendería a $15.000 millones; Misiones y Jujuy recibirían $14.000 millones; para Santa Fe y Córdoba, la recaudación adicional sería de $12.000 millones.
Si bien en algún momento de la discusión surgió una propuesta de reemplazar el impuesto mínimo por un precio mínimo, en los hechos no implicaría un cambio en el actual status quo ya que ese precio mínimo sería, nuevamente, judicializado por las empresas que no quieren los mismos impuestos que sus competidores.