El ministro de Justicia, Félix Bolaños, se ha reunido este lunes con la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y ha trasladado a los magistrados que ampliará por el plazo de un año, hasta junio de 2025, el refuerzo de 35 letrados que suplen a día de hoy la merma del órgano. El Supremo es el tribunal más perjudicado por el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y pese a que en el ministerio consideran que su buen funcionamiento está garantizado, la Sala de Gobierno ha trasladado al ministro toda una serie de reivindicaciones. "La principal", según Justicia, es esta ampliación anual del refuerzo que ya ha sido satisfecha.
No solo se mantendrán los 35 letrados de refuerzo, sino que "se renovarán por el mismo plazo los 37 letrados de estructura que actualmente se encuentran en comisión de servicio". Así se ha acordado, aseguran desde el ministerio, en una reunión que ha transcurrido de forma "cordial" y en la que ha quedado patente la "voluntad de colaboración" entre ambas instituciones.
Así, Bolaños ha asegurado que las 25 vacantes que acumula el Tribunal Supremo "no se están viendo reflejadas" en el número de asuntos que se sacan adelante cada año. Esto es, según el ministro, gracias al refuerzo que viene implementando su cartera y al "sobreesfuerzo que están haciendo los magistrados del Supremo, también el gabinete técnico y todos los funcionarios".
El Tribunal Supremo, en cambio, ha salido del encuentro con cuatro folios repletos de reivindicaciones y "necesidades acuciantes" que trasladan al ministerio de Félix Bolaños. Más allá de acordar el refuerzo del gabinete técnico "en comisiones anuales y no semestrales", el alto tribunal reclama "estímulos económicos y profesionales" que lo conviertan en "un destino atractivo para letrados y personal funcionario".
"El personal funcionario está mejor retribuido en cualquier órgano judicial de las Comunidades Autónomas con las competencias transferidas en materia de Justicia y, especialmente, en los juzgados de instrucción", ejemplifica el tribunal a través de un comunicado.
La Sala de Gobierno exige, por otro lado, disponer de "un equipo propio de personal de informática" para responder de forma "inmediata" a cualquier incidencia. Según explican en el órgano, los servicios de informática de los que disponen están dotados de "poco personal" y en ocasiones se demora la resolución de situaciones urgentes.
Por último, la Sala del Gobierno reunida con Bolaños ha puesto de relieve "la urgencia de aprobar la ley del Estatuto del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo", una norma inicialmente prevista para el año 2015. Durante el encuentro, el tribunal también ha hecho hincapié en la situación por la que pasa dada "la imposibilidad legal por parte del Consejo General del Poder Judicial de realizar nombramientos discrecionales".
La precariedad del actual Tribunal Supremo se deriva del bloqueo del CGPJ, que debió renovarse en 2018. Pero el motivo inmediato de las 25 vacantes del alto tribunal es una reforma legal impulsada por el Gobierno en 2021 que estableció que el Consejo no puede nombrar magistrados cuando está en funciones. Esta medida, ideada como una forma de presionar al Partido Popular en la negociación del CGPJ, fracasó en este propósito. El resultado, por tanto, ha sido la progresiva merma de los grandes tribunales de España, circunstancia que afecta especialmente al Tribunal Supremo.
Así lo refleja este lunes el órgano, que coincide con Bolaños en que se están manteniendo los niveles de resolución en el Supremo, pero alerta de que la bolsa de asuntos pendientes no disminuye. Mientras que a comienzos del año pasado había 43.620 asuntos pendientes, ahora son 46.758. El problema no hace sino acentuarse a medida que se jubilan nuevos magistrados, pero Félix Bolaños y Esteban González Pons, negociador del Partido Popular, de momento no han logrado llegar a un pacto para renovar el CGPJ.
A día de hoy, más de un tercio de los asientos de la Sala de lo Contencioso-Administrativo están vacantes, en total 12 de 33. En la Sala de lo Civil, son tres de diez los asientos vacíos. La Sala de lo Penal, más desahogada, cuenta solo con una silla vacía. La de lo Social, en cambio, no alcanza a suplir más que seis de sus 13 puestos. La de lo Militar, por último, cuenta con cinco magistrados, tres menos de los legalmente previstos. El problema, con todo, se extiende más allá del Tribunal Supremo y alcanza ya a toda la cúpula judicial, con más de 80 vacantes por toda España.