Tras el escándalo de los seguros que salpica al expresidente Alberto Fernández, el Gobierno prohibió a los intermediarios en todas las contrataciones de pólizas en los organismos del Estado. La medida fue tomada por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, a través de una nota formal que envió a los ministros.
"Por medio de la presente, resulta oportuno aclarar que las contrataciones de las pólizas de seguros que se lleven a cabo en la órbita de sus jurisdicciones, deberán efectuarse sin mediar intermediación", expresa el breve comunicado firmado en la noche del miércoles. De esa manera, queda oficializada la política que ya había sido avisada a los titulares de la carteras para evitar los productores de seguros.
La nota fue enviada a Guillermo Francos (Interior), Diana Mondino (Cancillería), Luis Petri (Defensa), Luis Caputo (Economía), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad), Mario Russo (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano), Karina Milei (Secretaría General), Javier Herrera Bravo (Legal y Técnica) y Eduardo Serenellini (Prensa).
A pesar de la iniciativa, el Gobierno libertario todavía no derogó el decreto que firmó Fernández en 2021, que obligaba a todos los organismos públicos a contratar con el Estado. Sumado a esto, tampoco había corrido a los intermediarios, por lo cual cobraron $239.961.680 en los primeros dos meses de este año por contratos con el Estado, según una auditoría de Nación Seguros enviada a la Justicia.
No obstante, el Ejecutivo viene aportando información a la causa a través del Ministerio de Capital Humano, aunque no pudo ingresar como querellante. De esa manera, los investigadores siguen revisando la documentación que llegó a Comodoro Py durante el mes de marzo y el fiscal Carlos Rívolo quedó a cargo de revisar el patrimonio de todos los implicados.
En ese sentido, el Gobierno pidió este miércoles que la Justicia actúe con celeridad en la causa. Así lo expuso el vocero presidencial, Manuel Adorni, que reclamó avances en la labor judicial para profundizar la investigación de las denuncias elevadas.
"Necesitamos que la Justicia avance en todas las causas que estamos denunciando. Desde el tema de los seguros a los intermediarios de los planes sociales o cualquier otra cuestión que tenga que ver con lo que vamos encontrando y que luego de recolectar la información pertinente judicializamos y hacemos las denuncias", desarrolló en una entrevista a El Observador.
En la misma línea, el funcionario reclamó que la Justicia "actué en consecuencia y lo más rápido posible, porque podemos denunciar, buena parte de nuestro tiempo la dedicamos a ordenar gran parte de este desorden, pero necesitamos del otro lado que la justicia nos acompañe".
"En esto, todos tenemos que empujar y terminar con esta historia de que la corrupción nadie la paga y la terminamos pagando los argentinos", puntualizó el portavoz.
La Justicia inhibió los bienes de Alberto Fernández
La política firmada por Posse ocurrió tan solo dos días después de que el juez Julián Ercolini ordenara la inhibición del patrimonio del expresidente Fernández a raíz de la causa por los seguros del Banco Nación. Además, solicitó que se levante su secreto fiscal y bancario. Sin embargo, no afecta a la jubilación que recibe como exmandatario porque ese ingreso tiene carácter alimentario.
La medida impone un virtual letargo civil para su vida económica, pues dispone "el congelamiento de todas las inversiones y plazos fijos" y datos sobre "si han adherido, aún de forma condicional, alguno de los sinceramientos fiscales y/o al sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional y/o extranjera y demás bienes en el país y en el exterior, incluyendo también a sus familiares".
La disposición se extiende además sobre otros empresario y exfuncionarios de Nación Seguros, implicados en el escándalo de los seguros durante el mandato del expresidente Fernández. En consecuencia, ninguno de los implicados en la inhibición podrán vender o disponer de sus bienes.
Al respecto, el juez ordenó la inhibición general del ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano; del broker Héctor Martínez Sosa; de su esposa María Cantero, la secretaria del expresidente; del broker Pablo Torres García, y de las empresas Bachellier, San Ignacio, Castello Mercuri y San Germán, entre otras.
La medida también alcanzó a dos exfuncionarios de Nación Seguros, que había sido despedidos recientemente: Mauro Tanos, un exintegrante de La Cámpora promovido por el actual Gobierno a gerente general, y Marcos Eufemio, quien se desempeñaba como gerente de compras. Sumado a esto, quedaron involucradas las dos cooperativas allanadas la semana pasada: '7 de mayo' e 'Irigoin'.
Asimismo, Ercolini le solicitó a la Oficina Anticorrupción que aporte las declaraciones juradas anuales (públicas y privadas) de Alberto Fernández, Pagliano, y María Cantero desde 2009 a la fecha. Lo mismo requirió sobre Tanos y Eufemio.