Madrid sigue los pasos de Barcelona y ha decidido poner coto a la vivienda de uso turístico. En la ciudad hay un total de 13.502 pisos turísticos, pero sólo 941 cuentan con licencia municipal. Es decir, un total de 12.561 pisos operan de forma ilegal. Representan el 93%. Con esa realidad, el alcalde, José Luis Martínez Almeida, anunció ayer que se congela la concesión de nuevas licencias y se van a incrementar las sanciones, que pueden llegar a 190.000 euros.
En concreto, el consistorio madrileño suspende la concesión de nuevas autorizaciones hasta que se aprueben las modificaciones del plan general, durante el primer trimestre del 2025. Para incrementar la vigilancia de este tipo de alojamiento turísticos, el consistorio madrileño va a incrementar el número de inspectores durante este verano, hasta 75, un 15% más.
El consistorio ha contratado a más inspectores y las sanciones podrán llegar a 190.000 euros
"Esas más de 12.000 viviendas sin licencia no pueden operar ni antes, ni ahora porque son ilegales", apunta la portavoz de prensa de la concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad a La Vanguardia . "El nuevo plan de acción, muy agresivo, pretende que esas viviendas restablezcan su uso como vivienda residencial y dejen de operar como vivienda de uso turístico. Si se inspeccionan y se comprueba que operan sin licencia, se les sancionará con hasta 190.000 euros".
Si el propietario no acata la orden municipal y posteriormente se comprueba que siguen operando hasta ahora se le imponían multas coercitivas de 1.000, 2.000 y 3.000 euros.
Con la nueva normativa, si se les ordena que cesen dicho negocio y siguen incumpliendo la primera sanción en firme será de 30.001 euros; la segunda, de 60.001 euros y la tercera de 100.001 si persiste el funcionamiento. "Se trata de un plan muy ambicioso y sanciones acumulativas, con lo que no va a compensar a los propietarios seguir ofreciendo sus viviendas como alojamiento turístico de forma ilegal", señalan las mismas fuentes.
El problema es que muchas de esas viviendas no se pueden legalizar porque no cumplen algunos de los requisitos exigidos, como estar ubicadas en planta baja y con acceso directo sin pasar por las escaleras para no molestar al resto de vecinos. De ahí, que operen de forma irregular.