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El bufete de abogados Burford solicitó a la justicia estadounidense que transfiera a su nombre el 51% de las acciones de YPF actualmente en posesión del Estado argentino. Esta demanda, que será evaluada por la jueza Loretta Preska, tiene implicaciones significativas para Argentina, ya que, de no cumplirse, el país podría entrar en desacato con el tribunal estadounidense.
La solicitud de Burford surge en el contexto de un largo litigio que lleva más de 9 años en proceso, y que se intensificó después de que la jueza Preska fallara en contra de Argentina el año pasado, encontrándola culpable de expropiar indebidamente la petrolera en 2012 durante la presidencia de Cristina Kirchner.
Según Sebastián Maril, de Latin Advisors, la demanda de Burford incluye también las acciones de YPF en manos de las provincias argentinas. Preska sugirió previamente que estas acciones podrían utilizarse como garantía para evitar futuros embargos, pero su decisión final se espera para junio.
La posibilidad de que la jueza autorice la transferencia de acciones a favor de Burford se basa en la falta de una garantía por parte de Argentina, así como en la ausencia de negociaciones con los beneficiarios del fallo. Este escenario podría llevar al país a un conflicto legal con la corte estadounidense, similar al ocurrido hace casi una década con el juez Thomas Griesa.
Además, Argentina enfrenta la amenaza de embargos de sus bienes como consecuencia de la sentencia. Aunque el país apeló la medida, su falta de avales por los USD 16.000 millones condenados desencadenó la solicitud de embargo y la actual exigencia de transferencia de acciones por parte de Burford.
«Hay un problema porque la plata no la tenemos. No tenemos USD 16.000 millones para pagar. Sí tenemos el willing to pay, la voluntad de pagar», enfatizó Milei sobre el caso en los últimos días del 2023.
El presidente propuso un nuevo impuesto, la «tasa Kicillof», para hacer frente a la deuda con Burford, en referencia al gobernador bonaerense que fue uno de los responsables de la expropiación de YPF en 2012. Este impuesto, según Milei, sería una forma de que todos los argentinos contribuyan a pagar las consecuencias de lo que él califica como un «error monstruoso que cometió Kicillof».
«Vamos a tener un nuevo impuesto que se llama tasa Kicillof, que es para pagar el desaguisado de un amateur, porque por más que sea doctor de la UBA, parece que esas materias no las estudió. Es alguien que no tiene muy en claro cómo funcionan las finanzas y los mercados», sentenció.