El cuerpo de fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y grupos tácticos de la Policía de Santa Fe llevaron a cabo cerca de 30 allanamientos en distintos barrios de Rosario relacionados con la investigación de los atentados y cuatro crímenes ocurridos a comienzos de marzo pasado, además de la amenaza a la familia Di María.
Como resultado de esos allanamientos, seis personas fueron detenidas, entre los cuales se encuentran el presunto autor intelectual del crimen del playero y personas vinculadas a los homicidios de dos taxistas. Además, se incautaron prendas, celulares y dinero, pero no se hallaron armas ni drogas. Tres de los detenidos son adolescentes y todos, de acuerdo con la investigación, están relacionados con al menos tres estructuras delictivas lideradas por presos alojados en penales santafesinos y federales.
"El Estado está unido, somos más fuertes que cualquier organización criminal y vamos a llegar a los responsables", planteó el gobernador Maximiliano Pullaro, quien difundió los allanamientos en redes sociales. "Los santafesinos y el país deben saber que no hay impunidad. Hoy dimos un paso adelante importante y sabemos que falta mucho por hacer en la lucha contra las mafias", sostuvo.
30 allanamientos en Rosario con resultados importantes por causas de terrorismo. Quiero destacar el profesionalismo de nuestra policía y el compromiso de los fiscales.
— Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) April 9, 2024
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Según publicó el sitio argentino Infobae, cuatro personas detenidas están involucradas con el asesinato de Bruno Bussanich, el playero de 25 años ejecutado a sangre fría por un menor de 15 años el pasado 10 de marzo. Los detenidos fueron identificados como D.T., cuñado del menor acusado de dispararle a Bussanich, apuntado por haber sido quien ordenó el ataque; G.M., alias "Gusti"; M.M., pareja de G.M. y quien ordenó el ataque desde afuera, y A.U.R., quien posee tobillera electrónica y fue la persona que facilitó la ropa al homicida para que la utilizara al momento de asesinar al playero.
También fueron detenidos dos menores de edad por estar vinculados a los asesinatos de los taxistas Héctor Raúl Figueroa y Diego Alejandro Celentano. Al momento de la detención, este martes, la Policía encontró ropa similar a la que vestían los homicidas a la hora de ejecutar los ataques. Son adolescentes, por lo que su situación será girada a la Justicia de Menores.
En los operativos, a cargo de la Policía de Investigaciones en los barrios Saladillo, Tablada y Santa Lucía, por pedido de los fiscales Patricio Saldutti, Adrián Spelta, Fernando Dalmau, Marisol Fabbro, Franco Carbone y Luis Schiappa Pietra, incautaron elementos como prendas de vestir, celulares y dinero, pero no se hallaron armas ni estupefacientes.
En simultáneo con los allanamientos, se desarrollaron requisas en cárceles provinciales y federales, donde están alojados los reclusos que lideran las presuntas bandas que están bajo sospecha de los crímenes.
Los operativos surgieron a raíz de las investigaciones que se llevan adelante por los homicidios de los taxistas Figueroa y Celentanto, el colectivero Marcos Iván Daloia y el playero Bussanich. También por las balaceras a la comisaría 15 y contra un colectivo de la línea 122, ocurrido un día antes de la emboscada fatal de Daloia.
El 15 de marzo pasado fue acusado un grupo de 16 sospechosos: Tobías Barrios Raúl Justino Pereyra, David Joel Pereyra, Eduardo Alvarado, Micaela Barrios, Natalí Belén Barrios, Alejandro Sebastián Caro, José Luis Caro, Marcelo Fabián Caro, María del Luján Caro, Jesús Darío Chaves, Lucía Jimena Orue, Romina Belén Quiroga, Walter Quiroga, Lucía Celeste Rodríguez y Ezequiel Agustín Rodríguez.
Raúl Pereyra es quien, a criterio de la causa, figura como titular de la línea desde la que se comunicaron a Su Radio Taxi para pedir una unidad. Tras ese llamado, Diego Alejandro Celentano fue asesinado de cinco tiros –con balas policiales– a quemarropa por los dos gatilleros que iban como pasajeros en la parte trasera.
A Pereyra lo imputaron como coautor del crimen del taxista, pero a la mayoría de los sospechosos se les atribuyó el delito de encubrimiento. La Policía de Investigaciones secuestró en algunos domicilios allanados prendas y una moto que se utilizaron para el crimen del colectivero de la línea K. Por otro lado, los acusan de haber ocultado el vehículo usado para atacar a un colectivo de la línea 122 roja, hecho en el que no se registraron personas heridas.
Una ola de crímenes sacudió a Rosario a principios de marzo luego de que el Gobierno provincial, en cabeza del gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, difundiera imágenes de una requisa en las cárceles al estilo de las que realiza el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador.
El primer asesinato fue el del taxista Héctor Raúl Figueroa, de 43 años, en la noche del martes 5 de marzo, en Flammarion al 5100. Allí la policía encontró el cuerpo con al menos 16 heridas de arma de fuego en la cabeza, cuello y tórax.
El segundo trabajador ultimado también era taxista. Diego Alejandro Celentano, de 33 años, fue asesinado el miércoles 6 de marzo por la noche en Alvear y Garmendia. Hacia allí llegó la víctima por pedido de su pasajero, quien luego lo ejecutó a balazos.
El colectivero Marcos Daloia fue baleado el día siguiente, el jueves 7 de marzo, cuando estaba tras el volante de un colectivo de la línea K en Mendoza y Méjico. El hombre recibió una bala en la cabeza. El hombre agonizó durante tres días y finalmente murió.
El sábado 9 de marzo se registró el cuarto asesinato de la saga Bruno Bussanich, de 25 años, un joven empleado de la estación de servicio Puma ubicada en Mendoza al 7600, fue ejecutado a balazos antes de la medianoche cuando estaba en su puesto de trabajo. El autor de los disparos, que se movilizaba en un Fiat rojo, dejó en el lugar una nota amenazante.
La seguidilla de crímenes tuvieron un fuerte impacto en la sociedad rosarina, pero también a nivel nacional e internacional.
La situación motivó la constitución de la denominada Junta Operativa, integrada por el gobierno provincial, el Ministerio Público de la Acusación (MPA), la Municipalidad de Rosario y el gobierno nacional para trabajar de manera "conjunta y permanente" en una serie de medidas de seguridad.
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