La Procuración del Tesoro apeló el fallo del juez federal de Chubut que había ordenado al gobierno de Javier Milei que cese con la retención de parte de los de la coparticipación federal que le corresponden a esa provincia, y pidió que sea la Corte Suprema la que intervenga en este conflicto. Esa resolución había ordenado el avance sobre una refinanciación de la deuda, por eso el gobierno apeló con efecto suspensivo y pidió que se desplace al magistrado que firmó el fallo. Ahora, la Procuración General de la Nación le dio la razón.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, obtuvo un fallo favorable por parte de la justicia federal con asiento en la provincia para tratar de revertir el recorte de los fondos que percibe el distrito en concepto de coparticipación. Uno de los puntos de la demanda solicitaba la devolución de 13.500 millones de pesos que debían girarse a Chubut y que el Estado retuvo como ejecución de una garantía por el pago de otro préstamo cuyo vencimiento no se prorrogó. Esa retención dio origen a la denuncia de Chubut y luego al conflicto entre la Nación y los gobernadores.
El juez Hugo Sastre ordenó el "cese de la retención que, en concepto de reembolsos por préstamos acordados en el marco del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial", que venía haciendo el gobierno nacional. Pero rechazó la devolución del dinero que reclamaba el gobernador chubutense.
El fallo decía que el cese de esa retención aplicada por la administración de Milei debía "hacerse hasta tanto se concrete la refinanciación de la deuda y por el período máximo comprendido por el ejercicio financiero en curso".
Pero nada de esto entró en vigencia, porque el Estado nacional decidió apelar el criterio del fallo: pidió que el juez Sastre deje de intervenir e se insistió en que no corresponde que la discusión sea abordada en la justicia federal de Chubut sino en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Como manda el procedimiento y antes de pronunciarse, el máximo tribunal le corrió vista a la Procuración General de la Nación, cuya opinión no es vinculante pero influyente.
Este lunes, dándole la razón al gobierno de Javier Milei, la procuradora adjunta Laura Monti dictaminó que es la Corte quien debe intervenir como tribunal único en la discusión entre la provincia de Chubut y el Estado nacional respecto a la retención de una parte de los fondos coparticipables.
En el dictamen, al que accedió Clarín, Monti dijo que como se está ante un conflicto en el que es "la provincia quien denuncia que el Estado Nacional por incumplimiento de leyes federales en relación con los acuerdos suscriptos entre ambos", la Corte es el tribunal de competencia que analizar los planteos.
La Procuración General de la Nación sólo se pronunció respecto a la competencia, es decir, quién debe intervenir en el conflicto entre ambas partes.
En otro tramo del dictamen se explicó que Chubut solicitó y obtuvo -mediante la sentencia del 27 de febrero de 2024- el dictado de una medida cautelar autosatisfactiva que "ordenó al Estado Nacional el cese de la retención que realiza, en concepto de reembolso de préstamos que oportunamente fueron acordados en el marco del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, respecto de las sumas que la provincia percibe en razón del régimen de Coparticipación Federal de Impuestos".
La jugada del gobierno
Con el fin de evitar que entre en vigencia ese fallo, el Gobierno apeló el criterio del juez Sastre y dijo que no debía seguir interviniendo, ya que lo estaba en juego era un tema de "competencia originaria" de la Corte Suprema de Justicia.
Por ese motivo, en representación de los intereses el Estado, la Procuración del Tesoro dijo que la justicia de Chubut debía inhibirse de seguir interviniendo en el caso y que todo debía direccionarse al ámbito de la Corte, ya que "la cuestión planteada excede el mero interés provincial (…), teniendo en cuenta su impacto en el conjunto de las provincias".
Ese criterio fue avalado por la procuradora adjunta Laura Monti quien dijo que la competencia para analizar el caso es el máximo tribunal. Se trata, dijo en el dictamen, de un "planteo exclusivamente federal que descarta la naturaleza conjunta - federal y local- que pueda pretender asignarse a la controversia".
El gobierno -entre otros argumentos- entendió que el juez Sastre no debe seguir interviniendo, ya que "omitió correr traslado previo al Estado Nacional para que pueda ejercer su derecho de defensa y exponer el interés público comprometido afectado".
Al momento de sustentar el planteo del abuso jurisdiccional por parte del magistrado de Rawson, el Poder Ejecutivo dijo que su decisión "afecta y compromete los recursos propios del Estado Nacional".
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