Cambia el PRO: del Tata a Caruso
"Colgarse del travesaño", definió un conspicuo legislador del PRO apelando a una inmortal metáfora del fútbol.
Artículo extraído del diario Clarín - Por Eduardo van der Kooy
Artículo extraído del diario Clarín - Por Eduardo van der Kooy
El último tramo del 2016 podría empezar a ser un anticipo del año electoral que amanece. Las posturas de la oposición con el gobierno de Mauricio Macri se endurecen.
En la calle, según se advirtió la semana pasada con la CGT y se advierte cotidianamente con las protestas y los piquetes de los movimientos sociales.
También en el Congreso, el ámbito donde el macrismo plasmó su idea más acabada de gobernabilidad. Con paciencia de buda –también con billetera—fue sancionando la mayoría de las leyes que se propuso.
Apenas una liebre se escapó. Aquella Ley Antidespidos, a mitad de año, empujada por la oposición, que forzó un veto del Presidente.
La realidad exhibe ahora mutaciones. Sergio Massa presiona al Gobierno con una sesión especial en Diputados para considerar mañana una modificación a las escalas del Impuesto a las Ganancias.
El Gobierno posee su propio proyecto que planea tratar en sesión especial a mediados de diciembre. Sectores del FPV (con exclusión de La Cámpora) y de la izquierda, por su parte, insisten con el tratamiento de la Ley de Emergencia que aprobó el Senado. Promete la creación, casi con golpe de magia, de un millón de puestos de trabajo.
El oficialismo sostiene que el costo fiscal podría superar los $50 mil millones. Los senadores no aclararon cuales serían las usinas para ese financimiento.
No podrían hacerlo porque carecen de facultades para legislar sobre la materia. En suma, se trató de una declaración de buenas intenciones que buscó apuntalar la movilización cegetista del viernes.
El macrismo para afrontar este chubasco parece dispuesto a modificar su táctica de juego. Menos ambición política y más conservadurismo.
Abandonaría la iniciativa de estos once meses, a veces genuina y otras obligada por su condición de minoría, para atrincherarse en la defensa de los más de 90 diputados que tiene la coalición de Cambiemos.
Esa metáfora fue enriquecida por el mismo interlocutor: "Hasta ahora tuvimos la posesión y la distribución. Porque quisimos o nos obligaron. Como los equipos del Tata Martino", ilustró. Pero concluyó tajante: "Ahora vamos a hacer como Caruso Lombardi (Hernán)".
La primera pulseada gira en torno a la modificación de escalas del Impuesto a las Ganancias. Entre el proyecto del Frente Renovador y el del macrismo existen diferencias de plata y de política.
La propuesta oficialista representaría un costo fiscal de $27 mil millones. La de Massa escalaría a los $45 mil millones. El diputado propondría fuentes de financiamiento atractivas. Al menos en la enunciación.
Impuestos al juego, a la minería y a quienes participaron de la compra del dólar a futuro. La causa en la cual Cristina Fernández fue procesada por Claudio Bonadío.
Para la sesión especial que pretende el massismo debe contar con los dos tercios. Tiene asegurado el respaldo de la izquierda.
Pero sobrevuelan los interrogantes sobre si sería capaz también de arrastrar íntegramente al Bloque Justicialista. Asi podría llegar al quórum. Pero la llave de los dos tercios quedaría en la guarida del macrismo.
Sucede, por otra parte, que el Gobierno elaboró su propuesta después de una extensa ronda de negociaciones con la totalidad de los ministros de economía de las provincias. Que, se supone, tuvieron el aval de los gobernadores.
Uno de los pocos renuentes habría sido Juan Franco Donnini, el hombre que maneja las arcas exhaustas de Santa Cruz.
Pero hubo el viernes pasado, mientras los cegetistas atronaban el Congreso, una misión discreta.
Rogelio Frigerio, el ministro del Interior, recibió a solas a Alicia Kirchner. Tuvieron una conversación prolongada y fructífera.
Esa trama urdida por el oficialismo, de confirmarse, estaría desnudando una debilidad recurrente del Frente Renovador. Su dificultad para sintonizar con los intereses de los gobernadores peronistas.
Se trata de un debate que hierve en el interior de ese espacio. Lo hizo público en las últimas horas Felipe Solá. El diputado trabaja en un acercamiento del FR con el PJ. Por ahora no hay resultados.
Otra batalla inminente del macrismo incluye a los movimientos sociales. También mañana en Diputados parte de la oposición –Massa no fijó aún su postura—apostaría a fondo para que se considere sobre tablas la Ley de Emergencia.
Detrás de todos ellos emerge la presión de los movimientos sociales que se mostraron poco permeables ante Carolina Stanley.
La ministro de Desarrollo Social anunció una contribución extra de fin de año para las Asignaciones Universales por Hijo (AUH) y también un bono. Pero los líderes movimientistas oyeron la oferta como si lloviera.
No podían hacer otra cosa por varias razones. El viernes pasado amenazaron con "ganar la calle en diciembre" si se bloquea la emergencia social.
Juan Grabois, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), levantó su índice.
Dijo que cualquier posible desorden sería achacable a "punteros mafiosos y narcos" que quieren sacar provecho de la situación.
Aquel abogado es interlocutor de Francisco. La hipotética transa de los movimientos habría atentado contra la estrategia global: acosar al oficialismo en la calle y el Congreso. Al mismo tiempo.
Obligarlo a empezar a pagar costos políticos que podrían volverse redituables para la oposición en las legislativas del año próximo. Demasiada conjetura, sin embargo, cuando falta un año.
La Ley de Emergencia sería una bella utopía. En su construcción y en la posible puesta en práctica. El macrismo volvería a recurrir a su bloque para impedir la mayoría especial.
Incluso si decidiera habilitarla, aquel proyecto tendría un derrotero bien incierto. Debería ser reconsiderado por Diputados.
En tal caso, tendría que regresar al Senado para su ratificación. El calendario de lo que resta del año no ofrece tantas oportunidades.
La modificación del Impuesto a las Ganancias y la Ley de Emergencia Económica se enlazan con otro tema que desvela al macrismo: la sanción de la reforma política. Tampoco en el PRO reina una impenetrable uniformidad de criterio.
"¿Para que apurarnos tanto con esa reforma si ahora el Estado lo manejamos nosotros?", comentó un dirigente acostumbrado a militar en la misteriosa Buenos Aires.
El macrismo depende mucho para lograr ese objetivo del Frente Renovador y del PJ. Massa no le dará ningún gusto al Gobierno si antes no se lo dan a él. El precio de su proyecto de Impuesto a las Ganancias sería elevado.
La situación en el peronismo no resulta mejor. Hay no menos de nueve gobernadores que, por una razón u otra, le sacan el cuerpo al compromiso que persigue Macri. La idea de la boleta electrónica despierta resistencias.
Los que se plantaron en la negativa irreductible son cuatro. Alicia, por supuesto, Gildo Insfran, de Formosa, el socialista de Santa Fe, Miguel Lifschitz, y José Manzur, de Tucumán.
El ex ministro de Salud de Cristina ha tenido gentilezas políticas con el PRO. Pero la maquinaria electoral en aquella provincia pesa mucho. Ni hablar de las lábiles fronteras donde Gildo se encarga de recolectar votos.
Frigerio no para en su tarea persuasiva con Carlos Verna, de La Pampa, Lucía Corpacci, de Catamarca, Sergio Uñac, de San Juan, Alberto Rodríguez Saá, de San Luis y Gerardo Zamora, de Santiago del Estero.
Estos dirigentes van y vienen con angustia. Se comprende: cambiar la boleta de papel, que en la historia conservadora y peronista de la Argentina dio para todo, por una pantalla y una hoja impresa se parecería demasiado a un abismo.