El Constitucional aplaza su decisión sobre la ley gallega del litoral por su complejidad
El Tribunal apela a la trascendencia que tendrá la resolución para continuar el debate en el próximo pleno
11 abr 2024 . Actualizado a las 20:05 h.El Pleno del Tribunal Constitucional ha abordado esta semana por segunda vez el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra diversos preceptos de la ley gallega del litoral, suspendida parcialmente. Sin embargo, su decisión vuelve a aplazarse «debido a su complejidad jurídica y técnica».
A lo largo de esta semana el Constitucional ha estudiado el recurso, pero finalmente ha tomado la decisión de continuar deliberando en el próximo pleno que celebre el organismo. El Tribunal apela a la trascendencia que tendrá la resolución que emita sobre la Lei 4/2023, de Ordenación e Xestión Integrada do Litoral de Galicia, ya que se puede convertir en un precedente importante, de ahí que sea necesario «un estudio minucioso y profundo» antes de realizar un pronunciamiento.
El Parlamento de Galicia aprobó en julio del 2023 la nueva ley del litoral con los votos a favor del PP y la abstención del BNG y del PSdeG. Esta norma prevé la asunción por parte de la Xunta de las competencias en gestión del espacio marítimo terrestre.
El Gobierno gallego defiende que dichas competencias están definidas en el Estatuto de Autonomía, pero la Moncloa argumenta que la ley «invade competencias estatales» en distintos ámbitos, hasta el punto de que incorpora de manera unilateral el mar al territorio de la comunidad autónoma.
En el mes de noviembre, el Constitucional admitió a trámite el recurso presentado por el Gobierno, que sostiene que la ley gallega se apropia de competencias exclusivas del Estado para regular el régimen jurídico del dominio público marítimo terrestre, con «reiterada doctrina del Tribunal Constitucional al respecto».
El Ejecutivo central impugnó 31 artículos de la ley que consideraba inconstitucionales, y decía entonces que era un 40% de la norma. Para ese recurso contó con el aval del Consejo de Estado.Sin embargo, la vicepresidenta segunda de la Xunta y conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, rebajaba al 15% de la ley el texto que está recurrido. La Xunta acusa al Gobierno de realizar un ataque contra la costa gallega, y asegura que «están en peligro» más de 4.000 edificaciones y más de 100 empresas.