Trabajo hace más de 30 años como promotora de centros de educación superior. En todo este tiempo he ayudado a ganar más de una docena de procedimientos administrativos por barreras burocráticas ilegales e irracionales en contra del Ministerio de Educación ante el Indecopi. Hace unos meses, personal a mi cargo ingresó a una UGEL de Lima (Unidad de Gestión Educativa Local) un grupo de expedientes de titulación de alumnos egresados de una especialidad técnico-productiva que ofrecemos hace muchos años. Nuestro calvario comenzó cuando una peculiar funcionaria "nombrada" (de esas que se ufanan de ser dueñas de sus puestos sin importar nada más), tuvo la brillante idea de sacar de su manga almidonada, una norma desfasada del 2008 para aplicarla en la tramitación de los títulos de nuestros estudiantes. Ello, a pesar de que se le explicó reiteradamente, que la norma aludida ya no estaba vigente por haber sido desplazada por normas posteriores de mayor rango, como resultan ser el Decreto Legislativo 1375-2018, el Decreto Supremo No. 004-2019-Minedu y los llamados "Lineamientos Académicos Generales" aprobados a través de la R.V.M. 188-2020-Minedu. A pesar de sendos oficios aclarativos del propio Ministerio de Educación, la funcionaria en mención pretendió devolver una y otra vez nuestros expedientes aduciendo entre otras excentricidades que: el titulo debe ser "caligrafiado" y no impreso (como se estila gracias a la tecnología del siglo XXI), que los certificados modulares visados por ellos mismos, deben ser anexados en copia al expediente con un sello de "fedateado" por el director del centro educativo, desconociendo la validez que tiene un documento legalizado notarialmente, o la de adjuntar en simultaneo partida de nacimiento y copia del DNI, requisitos todos que no existen ni en el Texto único de Procedimientos administrativos (TUPA ) vigente del Ministerio de Educación.
La incompetencia es tanto más dañina cuanto mayor sea el poder del incompetente, dijo alguna vez el escritor español Francisco Ayala y no se equivocó. En resumen, feudos de poder de funcionarios públicos ineptos, desinformados y mal entrenados que no solo maltratan a quienes se esfuerzan en ofrecer una educación de calidad, sino que, por sus excentricidades, perjudican a los estudiantes, dilatando ilegal y arbitrariamente el derecho de ser atendidos dentro del plazo de ley. ¡SOS Ministerio de Educación!