Se define hoy en una reunión clave entre la UTA, los empresarios del sector y el Gobierno
La Unión Tranviarios Automotor (UTA), las cámaras empresariales y el Gobierno nacional volverán a sentarse a la mesa de negociación esta tarde en la sede de la secretaría de Trabajo, con el objetivo de acercar posiciones, encontrarle una solución a la paritaria de los choferes de colectivo y evitar así otra medida de fuerza anunciada para mañana. Y en caso de confirmarse, como sucedió la última vez, el pasado 11 de abril, atención porque no funcionarán los colectivos en La Plata, Berisso y Ensenada, al igual que en el AMBA.
Esto significa que de no haber acuerdo y ratificarse la medida de fuerza anunciada para mañana, tampoco circularán los colectivos que brindan el servicio entre La Plata y capital federal.
La negociación se encuentra trabada en los $250.000 pesos que desde la UTA dan por reconocidos y homologados en la última paritaria y las cámaras aseguran que la vez que se abonó fue como una suma no remunerativa por única vez. En base a estos dos conceptos es que la UTA reclama un piso de negociación de $987.000 para el mes de marzo y las cámaras se paran en $737.000.
Desde la patronal aducen que si validan ese monto y no hay aumento de subsidios o una suba del precio del boleto, es imposible cumplir por lo que se empezarán a ajustar con despidos de personal y reducción en la cantidad de servicios.
"El reclamo salarial de la UTA significa para los operadores un costo adicional de $12.500 millones de pesos, el cual es imposible de absorber con el nivel de ingresos percibidos por vía de tarifas y subsidios", indicaron en un informe sectorial en el cual ven posibles cuatro opciones para la resolución del conflicto:
- Que el Gobierno autorice una suba de tarifas
- El Gobierno aumente los subsidios
- Que la UTA modere sus pretensiones salariales
- Una mezcla entre las tres posibilidades anteriores.
Las negociaciones vienen trabadas porque ninguna de las tres partes da el brazo a torcer. Las empresas no cuentan con los fondos, la patronal no quiere ceder lo que entienden como un derecho adquirido y el Estado asegura que no hay plata.
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