Europa Press
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Actualizado 17:30
La consejera de Educación del Gobierno asturiano, Lydia Espina, ha insistido este jueves que el Ejecutivo regional no puede asumir el incremento de precio de algunos comedores escolares afectados por el cambio de empresa de suministro. "No tengo un instrumento legal posible, no lo tengo", ha señalado la dirigente autonómica.
Ha sido en una comisión parlamentaria en la Junta General del Principado de Asturias cuando las diputadas del PP y de Grupo Mixto, Gloria García y Covadonga Tomé respectivamente, le han preguntado por este asunto. A pesar de sus diferencias ideológicas, tanto García como Tomé han instado a Espina a hacerse cargo de la diferencia de precio. Han argumentado que ante una situación sobrevenida el Gobierno asturiano debería dar respuesta.
Han explicado que las familias de los colegios afectados están pagando cantidades muy por encima del precio acordado a comienzos de curso. Algunas ya han dado de baja a sus hijos del comedor.
Sin embargo, Espina les ha dicho que resulta imposible asumir esa diferencia económica porque supondría una "discriminación" con alumnos de otros comedores escolares asturianos.
Ha recordado la consejera de Educación que fue en el mes de febrero cuando la empresa que se hacía cargo de esos cinco comedores asturianos trasladó que se iba a disolver. A partir de ahí, el Principado hizo un contrato de emergencia para contratar a una nueva compañía los tres meses restantes, subrogando al personal.
"La decisión fue que ningún niño o niña quedase sin comedor; era eso o que no hubiera comedor hasta septiembre", ha comentado Lydia Espina, que ha lamentado la situación ante familias afectadas que han acudido como público a la comisión.
Espina ha dicho que también ha hablado con los ayuntamientos para encontrar una respuesta posible, pero ha explicado que ha sido imposible. "No puedo hacer diferencias, porque la norma no me lo permite", ha repetido.
Tanto García como Tomé han dicho que el Gobierno asturiano podría hacer uso de las fianzas que habían depositado las empresas en los colegios para pagar ese incremento de precio. Espina ha dicho que actualmente no disponen de esas fianzas. "No es cuestión de dinero, es cuestión de legalidad", ha señalado.
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