La ministra de Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, aseveró que el Gobierno exigirá el cumplimiento del tratado de extradición con Venezuela para juzgar en Chile a los sospechosos del crimen del exmilitar y disidente venezolano Ronald Ojeda que, según el fiscal Héctor Barros- fue orquestado en su país de origen.
Después de que Chilevisión emitiera tales declaraciones del jefe de la Fiscalía Sur en la víspera, la jefa de gabinete citó a un punto de prensa en La Moneda para este viernes, el cual comenzó asegurando que "en esta nueva etapa de la investigación", el Gobierno "va a prestar activamente toda la colaboración" al Ministerio Público.
"Lo conocido ayer ha sido fruto del trabajo que la Fiscalía ha hecho desde que este terrible crimen se cometió, en que paso a paso se han ido buscando antecedentes, priorizando ciertas tesis sobre otras, en virtud de lo que la investigación ha ido mostrando. Y a lo que nos lleva eso es que, en la próxima fase, los aspectos internacionales de esta investigación van a tomar un rol determinante", subrayó.
"En virtud de eso -continuó-, vamos a poner todos los instrumentos que tenemos a disposición al servicio del esfuerzo de hacer justicia en este caso, apoyando a la Fiscalía en su solicitud de asistencia penal internacional, a través de gestiones diplomáticas, contactos con las autoridades (venezolanas), y también participación con una voz muy clara y firme en los foros internacionales, demandando la colaboración del gobierno venezolano en el esfuerzo de esta investigación".
En la misma línea, Tohá recalcó la intención del Ejecutivo de "buscar que detrás de este caso se genere la mayor cohesión posible, porque lo que importa es el interés superior del país. Un caso como este, con las implicancias que tiene, debe tener en el centro el que se haga justicia, el que se encuentre la verdad, se aprehenda a los responsables y que enfrenten las condenas que les corresponden".
Por otra parte, aseveró que el Gobierno estaba en conocimiento de los antecedentes expuestos por el fiscal Barros: "Hemos sabido paso a paso las distintas diligencias que se han hecho, los resultados que han generado, y cómo esto ha hecho que el fiscal priorice ciertas líneas investigativas respecto de otras".
"LOS OJOS DEL MUNDO ESTARÁN SOBRE VENEZUELA"
La ministra admitió las "experiencias complejas" que el aparato policial chileno ha enfrentado al abordar otros delitos graves cuyos implicados están en Venezuela: "En el último año hemos tenido cuatro casos y la experiencia no ha sido positiva. Creemos que el caso del exteniente Ojeda no puede correr la misma suerte", del cual se considera como presuntos autores a Maikel Villegas y Walter Rodríguez, ambos miembros del Tren de Aragua.
"Lo que ha pasado en este crimen es importante para Chile, le damos la mayor gravedad, pero también es importante para Venezuela. Los ojos van a estar puestos sobre su comportamiento, y la disposición a colaborar en esta investigación tiene que demostrarse en hechos. En primer lugar, aprehendiendo a los responsables, y en segundo lugar, facilitando que enfrenten la Justicia", ratificó.
Considerando aquello, la titular de Interior relevó que el tratado de extradición entre Chile y Venezuela está vigente desde 1962, "y si bien la actual Constitución venezolana no contempla la extradición de nacionales, este tratado no ha sido desahuciado ni por Venezuela ni por Chile. Y Chile tiene todo el derecho a exigir su cumplimiento, y a pedir que en el caso de estos criminales, una vez aprehendidos, se les permita venir a Chile y enfrentar la Justicia en nuestro país, en virtud del delito que cometieron en nuestra tierra".
A la vez, estimó que el crimen de Ronald Ojeda hace ver la necesidad de que el Congreso apruebe el proyecto de ley de inteligencia: "Está redactándose una indicación que va a tramitarse en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, que es virtud de un acuerdo entre oposición y Gobierno para destrabar este proyecto. Y lo que hemos vivido en este caso y en muchos otros nos ratifica lo importante que es que ese proyecto vea la luz".
ROMPER RELACIONES "SERÍA RENUNCIAR A TODA POSIBILIDAD DE JUSTICIA"
"Lo que el Gobierno va a hacer es demandar que Venezuela cumpla sus responsabilidades. No lo hacemos cándidamente; lo hacemos sabiendo que nos asiste la razón, nos asiste el derecho y nos asisten los tratados firmados por ambos países en esta materia. Lo decía recién y lo voy a repetir: esto es muy importante para Chile, pero también es importante para Venezuela. Los ojos del mundo van a estar puestos en su comportamiento, y como país nos vamos a preocupar también de que así sea", insistió Tohá.
La idea del Gobierno -insistió- es que "estos temas se discutan en los foros internacionales, que otros países también tomen posición en esta materia, y por cierto, vamos a ocupar los instrumentos que nos permite la relación bilateral que tenemos como países, la relación diplomática. Hoy mismo va a haber contacto con las autoridades, se van a mandar las notas diplomáticas del caso, y el embajador (Jaime Gazmuri) va a recibir instrucciones, de parte del Presidente, respecto a medidas adicionales que se van a tomar en la relación bilateral".
En cuanto a sectores de oposición que sugieren que estos antecedentes -así como el que el canciller Yván Gil negara la existencia del Tren de Aragua- ameritan romper relaciones con Venezuela, la jefa de gabinete advirtió que "si el país se fuera por un camino de ese tipo en este momento, sería renunciar a toda posibilidad de justicia en este caso", que es la prioridad del Ejecutivo.
Finalmente, Tohá aseguró que el convenio policial firmado con Venezuela por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que sigue sin entrar en vigencia, "nos da una herramienta más para exigir colaboración, y ciertamente lo vamos a ocupar en esa dirección".