El caso Gedesco, en el que se investiga el presunto vaciado patrimonial de la que fuera la mayor financiera no bancaria de España, acumula protagonistas de gran altura y relevancia mediática y social entre sus principales actores jurídicos.
La primera gran batalla del caso Gedesco se ha dirimido a lo largo de esta semana en la Ciudad de la Justicia de Valencia, ya que el juez citó a lo largo de la semana a los fundadores de la compañía, el ex consejero delegado y ex administrador único, Antonio Aynat, y su socio, Javier García Escrivá, así como a otros miembros destituidos del consejo de administración del holding y a las personas que habrían colaborado en el vaciado patrimonial y traslado de los activos de la empresa que llegó a estar valorada en 1.000 millones de euros.
El magistrado instructor del caso acordó en un auto del 4 de marzo, consultado por Economía Digital, nuevas imputaciones aludiendo a la «deducible colaboración» con los querellados y, de modo especial, con Antonio Aynat, y durante la semana se han ido sucediendo estas comparecencias en los juzgados.
Pero, además de los investigados, llama la atención la constelación de estrellas jurídicas que aglutina esta causa, empezando por el propio magistrado. El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia ha investigado casos con tanto eco mediático y tantas consecuencias políticas como el conocido como 'caso Taula', sobre el que se han abierto más de una veintena de piezas.
En la pieza principal de esta causa, que también ha regalado momentos mediáticamente muy potentes como la aparición a raíz de su imputación de un personaje como Marcos Benavent, autodenominado 'yonki del dinero', o del inconfundible expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, se investigaba la comisión de un presunto delito de blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia.
Operaciones policiales, la famosa grabación en la que la desaparecida exconcejal María José Alcón explicaba cómo habrían hecho la «trampa» para el blanqueo de «dos billetes de 500 euros» por parte del resto de ediles y colaboradores del grupo municipal o la imputación de la también fallecida exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, fueron parte de una investigación que llenó horas de radio y televisión y grandes espacios en los diarios.
Camps, Cotino, Olivas o Jenni Hermoso
El ministerio fiscal en el caso Gedesco también está liderado por un profesional de reconocida trayectoria, que le valió para convertirse en el fiscal delegado de Delitos Económicos de Valencia. No en vano, ha sido parte en casos como el la concesión de créditos por 35 millones de euros de la extinta Bancaja a la sociedad Share Capital, vinculada a la familia del fallecido en 2020 Juan Cotino, expresidente de las Cortes Valencianas, exconseller de Francisco Camps y ex director general de la Policía con José María Aznar.
También denunció en el curso de este caso al sobrino de Cotino, Vicente Cotino, quien controlaba los negocios familiares, y a José Luis Olivas, expresidente de la Generalitat y de Bancaja. Olivas, de hecho, se convirtió en el primer presidente valenciano condenado a pena de prisión junto a, precisamente, Vicente Cotino, por falsificar una factura para encubrir una comisión de 500.000 euros.
Este fiscal también ha participado en otras causas con recorrido mediático como la que acabó en condena de dos años de prisión al empresario valenciano Enrique Roig por defraudar 595.000 euros a Hacienda o el 'caso Eresa', en el que se investigó otro presunto delito fiscal por parte de directivos de esta empresa dedicada a las resonancias.
En cuanto a los abogados, por parte de las acusaciones destaca el nombre de Ángel Sanz, letrado que ejerce la representación legal de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), que ha formado parte muy activa en el caso en el que se investiga una posible agresión sexual y coacciones por parte del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, a la futbolista Jenni Hermoso.
De hecho, la AFE ha actuado en todo momento en defensa de la internacional española y contra el ex máximo mandatario de la federación española de fútbol, presionó para lograr la dimisión de Rubiales y está personada en la causa que ha revuelto el mundo del deporte e incluso ha saltado a la discusión pública e internacional.
De 'Taula' a 'Nóos' pasando por 'Gürtel'
Por el lado de la defensa, la del principal investigado en el caso Gedesco, Antonio Aynat, su abogado también es un habitual de los juicios de alto nivel. Excandidato a la Presidencia de la Generalitat por el Centro Democrático y Social (CDS) en 1995, el letrado Pablo Delgado ha representado a la previamente mencionada María José Alcón en el mismo 'caso Taula' o al ex vicepresidente del Valencia C.F. Miguel Zorío en el 'caso Nóos', en el que acabaron condenados Iñaki Urdangarin, la infanta Cristina de Borbón o el expresidente balear Jaume Matas, entre otros.
Zorío, a su vez, mantiene una enconada pugna por expulsar a Peter Lim del club valencianista y es en este punto donde sus intereses coinciden con los de Aynat. Toro Finance (Bravo Capital), empresa hermana de Gedesco, es la entidad que ha avalado la oferta de 250 millones de euros de este empresario valenciano a Lim por la compra de la totalidad de su paquete accionarial en el Valencia C.F y el consejero delegado de Toro es, precisamente, Aynat.
Pero, quizás, el papel más mediático de este abogado es el que ha ejercido en la defensa del expresidente valenciano Francisco Camps. Delgado ha representado al ex jefe del Consell en los diversos casos en los que ha sido investigado o enjuiciado, como el de la Fórmula 1 de Valencia, conocido como 'caso Valmor' o la trama 'Gürtel'.
El caso Gedesco
El instructor del caso Gedesco ha citado como investigados durante toda esta semana a la totalidad de los imputados en la causa. En el citado auto, el juez llamaba a declarar a Aynat y a García Escrivá este pasado lunes. Los exrepresentantes del fondo máximo accionista en la compañía Miguel Rueda y Ole Groth, además de a otro de los consejeros, fueron llamados ante el juez instructor este martes 23 de abril.
Además, entre el día 24 y el 26 de abril, estaban citados en la Ciudad de la Justicia de Valencia hasta seis presuntos colaboradores empleados para el desvío y vaciado de la que fuera la quinta empresa por facturación de la Comunitat Valenciana.
El magistrado acordó tomar también declaración en calidad de investigados, por los mismos motivos, a los representantes de cuatro sociedades: Venalta Capital, cuyo administrador único es Aynat; Anthopila Capital, de García Escrivá; Magina Inversiones, de Ole Groth, y Stator Management, de la que Rueda y Groth tomaron el mando en 2022 tras cesar unilateralmente al consejo de administración existente hasta ese momento.
En este procedimiento, el magistrado investiga hechos presuntamente constitutivos de los delitos continuados de administración desleal, de apropiación indebida, de revelación de secreto de empresa, de falsedad contable, de impedimento del ejercicio de los derechos societarios, de imposición de acuerdos lesivos y de falsedad en documento mercantil por los que imputa a todos los querellados. Además, investiga delitos continuados de estafa, que en este caso circunscribe a Miguel Rueda y Ole Groth.