El Tribunal Superior de Catalunya ha desestimado la demanda interpuesta por UGT-FICA contra Unió de Pagesos, Joves Agricultors y Ramaders de Catalunya y l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre, mediante la cual pretendían la adecuación de las tablas salariales del Convenio Agropecuario de Catalunya al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) al margen de la negociación del nuevo Convenio Colectivo.
Hasta el momento, UGT había intervenido en las negociaciones del convenio alegando que existe obligación legal de adecuar las tablas salariales al SMI. La posición del sindicato había supuesto el bloqueo del diálogo entre organizaciones al judicializar la situación.
Al otro lado, como era de esperar, las patronales y organizaciones agrarias se han defendido asumiendo que no existe tal obligación y que las negociaciones se han de retomar partiendo desde cero.
El TSJC se ampara en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha absuelto a las organizaciones que representan a la patronal, resolviendo que no hay obligación legal de adecuar las tablas salariales y recalcando la aplicación del artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores.
¿Qué dice el artículo 27?
El Gobierno fijará, previa consulta con las organizaciones
sindicales y asociaciones empresariales más representativas, anualmente, el salario mínimo interprofesional, teniendo en cuenta:
a) El índice de precios de consumo.
b) La productividad media nacional alcanzada.
c) El incremento de la participación del trabajo en la renta
nacional.
d) La coyuntura económica general.
Igualmente se fijará una revisión semestral para el caso de que no se cumplan las previsiones sobre el índice de precios citado. La revisión del salario mínimo interprofesional no afectará a la estructura ni a la cuantía de los salarios profesionales cuando estos, en su conjunto y cómputo anual, fueran superiores a aquel."
El Tribunal entiende que los salarios medios del ejercicio anterior superaron al SMI actual, así que no da lugar a una igualación en este caso.
Por lo tanto, el TSJC destaca que, como defienden las organizaciones, se trata de una materia que corresponde a los negociadores en el marco del ejercicio del derecho a la negociación colectiva que proclama el artículo 37 de la Constitución.
Bloqueo "injustificado"
La parte patronal lamenta la demora en las negociaciones del Convenio Colectivo provocada por el bloqueo —según ellos, totalmente injustificado— por parte de UGT-FICA, y destaca la importancia de estas negociaciones ya que el último Convenio Colectivo preveía una vigencia hasta diciembre de 2020.