El gran error del diputado Coloma: INDH solo puede actuar cuando los agresores son agentes del Estado
El diputado Juan Antonio Coloma (UDI) arremetió a través de sus redes sociales en contra del El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH, por su supuesta negligencia ante el caso del asesinato de tres funcionarios de Carabineros de Chile, registrado durante la madrugada del sábado en la comuna de Cañete, región del Biobío.
«Y el Instituto Nacional de Derechos Humanos —-> brilla por su ausencia», escribió en un mensaje publicado en su cuenta en «X», que acompañó con la fotografía de una mujer sosteniendo un cartel con la siguiente frase: «Esperando que venga el Instituto Nacional de Derechos Humanos».
Sien embargo el parlamentario de la UDI, pasó por alto que el INDH solo puede actuar en aquellos casos en los que el agresor o agresores son agentes del Estado.
INDH repudia y condena el asesinato de los carabineros
Cabe destacar que este lunes, el INDH indicó a través de una declaración pública, que «repudia y condena el asesinato» de los uniformados Carlos Cisterna Navarro, Sergio Arévalo Lobos y Misael Vidal Cid, y expresó «sus sentidas condolencias y solidaridad» hacia sus familias, «a Carabineros de Chile y a la comunidad en su conjunto».
«Confiamos en que se realizarán todos los esfuerzos posibles en las investigaciones que se están iniciando de manera de identificar, juzgar y sancionar a quienes resulten responsables, siempre en el marco del cumplimiento de las garantías del Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos, desarrollando dichas investigaciones con la celeridad y eficacia que cabe exigir ante un acto de tanta gravedad», expresó el INDH.
«Para lo anterior es absolutamente necesario proveer a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones de Chile de las herramientas tecnológicas, de inteligencia, de protección y de combate adecuadas para el cumplimiento de su función», planteó.
El organismo también enfatizó su rechazo a la violencia, y «la necesidad (de) que el Estado resguarde el derecho a la seguridad personal como una condición imprescindible para la convivencia pacífica y plena vigencia de los derechos humanos», pues «cuando se falla en garantizar» esto, «se corre el riesgo de alentar la auto-tutela y debilitar el sistema democrático».
Desde el instituto, ratificaron que tal y como fue explicitado en el Informe Anual 2023, «damos cuenta que el derecho a la seguridad ciudadana está compuesto por una serie de otros derechos concurrentes, tales como, a la vida; a la integridad física y psíquica de las personas; a la libertad; a las garantías procesales y al uso pacífico de los bienes. Esto exige al Estado el deber de garantizar la seguridad ciudadana que es lo que precisamente posibilita la vigencia de los derechos en su conjunto».
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