Un individuo de apellidos Zúñiga Zúñiga, detenido la tarde del sábado en la Terminal de Contenedores de Moín, en Limón, ha sido puesto en libertad sin medidas cautelares después de chocar el camión que conducía contra uno de los escáneres utilizados para combatir el tráfico de cocaína hacia Europa. Sin embargo, la Fiscalía confirmó que está siendo investigado por daños agravados.
El viceministro de Seguridad, Manuel Jiménez Steller, afirmó al día siguiente del choque que fue una acción intencional y que al dejar fuera de servicio el escáner, se trasladó el caso al Ministerio Público.
Jiménez considera este incidente como otro golpe contra la operación Soberanía, iniciada en ese puerto el 13 de julio de 2023, con la instalación de dos escáneres nuevos para contrarrestar la acción de bandas criminales que periódicamente contaminan con cocaína los envíos, principalmente de productos perecederos, que salen de esa terminal hacia el Viejo Continente.
Según el artículo 228 del Código Penal, el castigo por daños agravados puede ser una prisión de quince días a un año, o una multa de diez a cien días, es decir, penas menores que las de un hurto. Solo si se llegase a considerar sabotaje informático o si el daño provocase peligro colectivo o daño social, se puede aplicar el artículo N.° 229 de la reforma sobre Delitos Informáticos y Conexos del citado código, con penas de cuatro a ocho años de prisión.
Además de Zúñiga, la Fiscalía también está investigando a otras personas detenidas en otras ocasiones por dañar los escáneres, como una mujer de apellidos Marín Mora, aprehendida el 19 de julio del 2023 por un incidente similar. Marín era funcionaria portuaria destacada en la Terminal de Contenedores de Moín, a quien se le prohibió ingresar a APM Terminals y comunicarse con testigos, además de dictársele impedimento de salida del país y obligarla a presentarse a firmar una vez al mes ante una instancia judicial mientras se investiga por el mismo delito de daños agravados.
Supuestamente, ella golpeó el botón de emergencia del túnel de un escáner, y ese mismo día, en otro incidente, se dañó por un golpe el sensor de ingreso del segundo escáner. Este caso tiene asignado el número de expediente 23-001126-0472-PE.
Las organizaciones criminales buscan facilitar el paso de droga a Europa debido a que un kilo de cocaína que puede costar $5.000 en nuestro país, vale hasta $60.000 en aquel continente.
Protección de equipos
Cuando se le preguntó al viceministro Jiménez Steller sobre la posibilidad de crear barreras de concreto o vallas para proteger los equipos de escaneo en la terminal administrada por la empresa holandesa APM Terminals, afirmó que el Ministerio de Seguridad Pública no tiene autoridad para modificar la infraestructura física del lugar. Dijo que eso es competencia de la empresa concesionaria.
En casos anteriores de decomisos de drogas en Europa, el Ministerio de Seguridad ha mencionado que grupos organizados aprovechan cuando el sistema de escaneo está fuera de servicio para contaminar con cocaína algunos envíos que llegan a ese continente.
Los exportadores han expresado su preocupación, ya que esto les afecta directamente. Después de un decomiso de coca en Europa, sus envíos son sometidos a inspecciones más rigurosas, lo que genera retrasos en las entregas y costos adicionales. Se le consultó a la Cámara de Exportadores si han gestionado con APM Terminals la protección de esos dispositivos y su versión sobre el incidente del sábado, pero dijeron que este miércoles se referirán al tema.
En uno de los decomisos de cocaína ocurrido el 24 de agosto del año pasado, 494 kilos de cocaína llegaron a Róterdam, Países Bajos (Holanda), procedentes de Moín, a pesar de que el contenedor había sido escaneado en el puerto de salida.
En respuesta, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, explicó que el escáner que revisó el citado contenedor había experimentado problemas técnicos desde julio, posiblemente debido a vandalismo, y que su unidad electrónica, diseñada para durar cinco años, tuvo que ser completamente reemplazada.