En las últimas décadas, Chile ha experimentado una transformación notable en su infraestructura vial, desempeñando un papel fundamental en el desarrollo económico y social de nuestro país. Esto gracias al impacto positivo que ha tenido el sistema de concesiones en el país, que ayudó a revertir la compleja situación de nuestra infraestructura en los años 90.
Hace unas semanas, por ejemplo, el Foro Económico Mundial publicó una nueva actualización del Índice de Calidad de Carreteras, posicionando a Chile en el puesto 24 de un total de 137 países evaluados, con una calificación de 5,2 sobre 7. Con esta puntuación, nuestro país se consolida como el líder de la región en materia de infraestructura vial, alcanzando a Alemania, Suecia, Arabia Saudita y Finlandia.
Dicho indicador demuestra la importancia del sistema de concesiones en Chile, cuyas inversiones se han traducido en altos niveles de calidad de infraestructura vial, que superan con creces el promedio mundial. Si bien es innegable su aporte, también es importante reflexionar sobre su evolución y los desafíos futuros.
Antes del sistema de concesiones (1992), la falta de inversión en Chile obstaculizaba el crecimiento económico y dificultaba la conectividad dentro del país. A mediados de los 90′, la Panamericana Sur se había demorado 40 años en ampliarse a doble calzada entre Santiago y Talca (240 kilómetros), mientras que el anillo de Américo Vespucio aún tenía un tramo importante de ripio sin pavimentar. Un diagnóstico efectuado entonces por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Cámara Chilena de la Construcción, reveló necesidades de inversión en infraestructura vial por más de US$ 6.000 millones y pérdidas de competitividad por más de US$ 1.700 millones anuales, equivalente al 5% del PIB de la época
La situación expuesta cambió radicalmente con la implementación del sistema de concesiones viales. En este desarrollo, la inversión privada ha sido clave para la expansión y mejora de la red vial del país. Durante los últimos 30 años, se estima que se han invertido más de US$ 20.000 millones en proyectos viales concesionados, monto equivalente a más de 10 años de inversión pública de la dirección de vialidad del MOP, contribuyendo así significativamente a la modernización de la infraestructura y al aumento de la conectividad en todo el país.
A pesar de todos los avances, hoy es necesario evaluar si el modelo de concesiones se ajusta o aborda adecuadamente las necesidades emergentes del país, como a la burocracia o permisología, la evaluación social de los proyectos, la planificación de una red vial resiliente y la acomodación del sistema a proyectos innovadores, como las desaladoras, por destacar algunos casos.
Entre dichos desafíos que requieren atención, se añaden algunos obstáculos, como la rigidez de los contratos del sistema que ha limitado la capacidad de adaptación de los proyectos a las demandas cambiantes. Por ejemplo, la congestión en las vías urbanas o los accesos viales a las principales ciudades, podrían haberse abordado mejor con contratos más flexibles y una planificación más adaptativa.
Los servicios de infraestructura son cruciales para el crecimiento de un país. Sin embargo, no es suficiente construir nuevas vías, sino se gestionan eficazmente las existentes. Aunque Chile dispone de una destacada infraestructura vial en comparación con otros países, el sistema no debe descansar en su historia.
La búsqueda constante de la excelencia en infraestructura vial es esencial. Para ello, resulta clave implementar medidas para agilizar las inversiones, siempre manteniendo los estándares técnicos, ambientales y de participación ciudadana. Asimismo, se deben incorporar mecanismos para flexibilizar los contratos, especialmente los de largo plazo.
El pasado, presente y futuro de los servicios de infraestructura vial, hoy desafía al sector público y privado a considerar formas de mejorar la consolidación del sistema de concesiones para garantizar un desarrollo sostenible y equitativo para el país.
Hoy las obras son más costosas que años atrás, porque las especificaciones son más exigentes, hay mayores mitigaciones que realizar y, en general, se requieren subsidios más altos del Estado.
En este sentido, el dinamismo que ofrece el sector privado debe ser visto por las administraciones de turno como una oportunidad de aumentar la calidad y seguridad de los servicios que entregan las obras a sus habitantes.
*El autor de la columna es profesor titular de Ingeniería UC, miembro de Clapes UC y presidente del Colegio de Ingenieros de Chile.