No lo es. Así lo admiten, en voz baja o ya de manera pública, algunos protagonistas habituales del sistema: jueces, fiscales, abogados defensores y querellantes.
De hecho, el Poder Judicial en sentido amplio (incluido el Ministerio Público o auxiliares como cuerpos periciales y otros) sólo investiga al poder si aparecen ciertos factores que en parte se dieron en este año.
-Cambio de gobierno. Como en los juicios de residencia coloniales, los jueces y fiscales sólo investigan a aquel que dejó el poder y ya no puede ordenar represalias, ya sea a través del Consejo de la Magistratura o mediante métodos más directos ("operadores judiciales" y muchachos de la ex SIDE, entre otros). Por eso no debe llamar la atención que tras la salida de Cristina Fernández de Kirchner de la Casa Rosada hayan "resucitado" durante 2016 muchas causas penales que estaban congeladas. O que ciertos jueces y fiscales se hayan "despertado" tras una siesta larga de diez años. ¿O acaso ningún juez ni fiscal observó antes todo lo que ahora sale a la luz sobre Daniel Scioli? Y, en sentido contrario, ¿llama acaso la atención que lo sobreseyeran a Mauricio Macri cuando llevaba 19 días como presidente en la causa por escuchas telefónicas ilegales que arrastraba desde 2009?
-Contracción económica. Múltiples estudios en distintos países muestran una correlación entre los ciclos económicos y la lucha contra la corrupción. Dicho de otro modo: cuando suena la música, pocos preguntan quién paga la fiesta. Pero cuando se prende la luz, todos se fijan por qué algunos se llevaron a sus casas un par de cajas de champagne.
-Presión social. Este año mostró el impacto del mandato ciudadano que se expresó en las urnas a fines de 2015. Obligó al sistema político amplio (incluidos jueces y fiscales) a mostrar resultados. Porque si a algo le temen los actores del sistema es al fastidio social. Esa misma presión ciudadana es la que impidió que destituyeran en 2014 al fiscal José María Campagnoli. Y es también la que debería obligar al oficialismo a cumplir con sus promesas electorales de regeneración institucional. No los votaron para "más de lo mismo". Mucho menos en la Justicia. Pero si al cabo de un año, el "logro" de Macri en este campo es que sólo le aceptó la renuncia a apenas uno de los 12 jueces federales de Comodoro Py (Norberto Oyarbide), el saldo es peor que magro.
-Errores muy groseros. "Nunca descarte la estupidez humana", me dijo a mediados de 2015 un juez federal al ordenar una serie de allanamientos recién un año y medio después de que las operatorias sospechadas salieran a la luz. Y tenía razón. Encontraron evidencias. Sólo así puede explicarse también a José López y sus bolsos en el convento, otro hecho fuerte de este año. Pasaron ocho años desde que se abrió la causa por enriquecimiento ilícito contra López, pero esos bolsos impidieron a la Justicia seguir mirando para otro lado.
-Presión internacional. Globalización mediante, lo que no salta aquí puede saltar en algún otro lado. Y así como las condenas contra Siemens en Alemania y Estados Unidos a fines de 2008 forzaron la reacción de la Justicia argentina (que estaba por archivar el expediente), lo mismo ocurrió este año con los Panamá Papers. Una investigación periodística global colocó a Macri en el banquillo de los acusados y marcó el final de su "luna de miel", del mismo modo que el Lava Jato brasileño colocó contra las cuerdas a toda la clase política de ese país y sus ramificaciones amenazan con expandirse por toda la región. De hecho, leyes de otros países como la estadounidense sobre prácticas corruptas en el extranjero son cada vez más una amenaza real para los corruptos locales.
Combinados, estos factores explican en parte lo que pasó en la Argentina durante el último año judicial. Pueden darse, claro está, otros factores, como la intervención de un juez honesto, algún fiscal con energías, un amicus curiae por demás batallador, un testigo que se anima a contar lo que sabe o algún querellante al que no pueden contentar con caramelos. Pero esos factores son inusuales cuando de investigaciones sensibles se trata.
Y 2016 mostró, como pocas veces, que cuando debe juzgar al poder, la Justicia no es ciega.