El pasado 5 de abril, la justicia argentina ordenó investigar la posible responsabilidad del Gobierno de Nicolás Maduro por «presuntos crímenes» de lesa humanidad cometidos en Venezuela, en el marco del «principio de justicia universal».
La decisión la tomaron los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, de la Sala I de la Cámara Federal de Buenos Aires. En el fallo, indicaron que «corresponde asumir la jurisdicción universal y la competencia extraterritorial de los órganos judiciales de la República Argentina para su debido juzgamiento».
A continuación, algunas claves para conocer a fondo de qué trata este fallo y las posibles implicaciones que tendría:
¿Cómo surgió la investigación?
En 2023 está investigación fue impulsada por el fiscal federal Carlos Stornelli, luego de denuncias presentadas por el Foro Argentino por la Defensa de la Democracia (FADD) y la Fundación Clooney para la Justicia (CFJ, por sus siglas en inglés).
La intención era buscar determinar «si se cometieron violaciones a los derechos humanos en Venezuela con evidencia de crímenes de lesa humanidad por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas contra la oposición» por hechos ocurridos en protestas opositoras en Venezuela en 2014, cuando el gobierno autorizó a las fuerzas de seguridad «el uso de la violencia contra la población civil», precisa el fallo.
¿Por qué no se le dio curso a la investigación inicialmente?
Un juez argentino había ordenado archivar esa y otras actuaciones debido a que la Corte Penal Internacional (CPI) ya investigaba desde 2018 denuncias parecidas contra Maduro, y las remitió al tribunal internacional de La Haya.
Pero las víctimas apelaron esta decisión, argumentando que la pesquisa de la CPI no impide a otro país investigar y afirmando que se desconoce si La Haya estudia los mismos casos comprendidos en la querella argentina.
Dada la «extrema gravedad» de los hechos, «se impone revocar la decisión» de archivar el expediente, escribieron los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en el reciente fallo que ordena reabrir la investigación.
¿Qué acciones propicia el fallo?
La decisión implica que las diligencias deben llevarse a cabo con «celeridad» para «contrapesar el accionar delictivo ejecutado por las autoridades estatales del gobierno venezolano».
¿Contemplan llamar a indagatoria a algún funcionario venezolano?
Los jueces de la causa indicaron que, en caso de hallarse reunidos los requisitos legales, se procedería a avanzar en la convocatoria a indagatoria de los imputados.
El juez Mariano Llorens consideró que era «impostergable» convocar a indagatoria al gobernante venezolano Nicolás Maduro, al diputado Diosdado Cabello «y todos aquellos identificados como responsables».
«Un hecho histórico»
El presidente del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia (FADD), Waldo Wolff, celebró el fallo de la Sala 1 de la Cámara Federal Porteña.
«Desde el Foro Argentino por la Defensa de la Democracia, el año pasado fuimos enfáticos al denunciar a Nicolás Maduro cuando quiso ingresar a la Argentina con motivo de la cumbre de la CELAC. En febrero de este año ampliamos esa denuncia y la Justicia hoy le dio curso a la investigación. Es un hecho histórico porque se lo investigará por tortura, desaparición forzada de personas y encarcelamiento. Es un verdadero acto de justicia sentar en el banquillo a quienes han derramado la sangre de sus pueblos», escribió en la red social X.
Nicolás Maduro a la Justicia argentina
Desde el Foro Argentino por la Defensa de la Democracia, el año pasado fuimos enfáticos al denunciar a @NicolasMaduro , cuando quiso ingresar a la Argentina con motivo de la cumbre de la CELAC. En febrero de este año ampliamos esa denuncia…
— Waldo Wolff (@WolffWaldo) April 5, 2024
Por su parte, Elisa Trotta, secretaria general del FADD y quien fuera representante del gobierno interino de Juan Guaidó ante Argentina, expresó en un comunicado que «el mundo se le debe hacer chiquito a quienes buscan permanecer en el poder por medio de la barbarie» y que «la tortura, desaparición forzada, encarcelamiento y la persecución selectiva son delitos de lesa humanidad», que deben investigarse, además de por la Corte Penal Internacional (CPI), «por la justicia de países como Argentina».
«Lo que hoy ha ocurrido desde Argentina marca un precedente fundamental para las víctimas de la dictadura venezolana. El mundo no puede permanecer callado e inerte ante la nueva ola de represión desatada por el régimen de Maduro con el objetivo de impedir unas elecciones presidenciales libres en Venezuela. Cada demócrata debe trabajar por la libertad de quienes hoy son oprimidos y por lograr justicia para aquellos que han sufrido los embates de un régimen de terror», escribió Trotta en la red social X.
Hoy más que nunca reafirmamos nuestro compromiso con la lucha por la libertad y la democracia del pueblo venezolano, así como con la búsqueda de justicia y reparación para las víctimas de la dictadura. pic.twitter.com/11Amf9ijTk
— FADD (@FADDemocracia) April 6, 2024
Informamos que la Justicia de Argentina ordenó investigar los crímenes de Nicolás Maduro en Venezuela, basado en el principio de jurisdicción universal.
— Elisa Trotta (@EliTrotta) April 5, 2024
Gobiernos de Argentina y Venezuela en tensión
La decisión de retomar la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela surge en el marco de fuertes tensiones entre Nicolás Maduro y el mandatario argentino, Javier Milei.
El 12 de marzo de 2024, se conoció que el gobierno venezolano emitió una prohibición a aerolíneas argentinas que les impedirá sobrevolar el territorio venezolano, ante lo cual el presidente de Argentina, Javier Milei, anunció que enviaría un reclamo a la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Durante una rueda de prensa realizada desde la Casa Rosada, el portavoz presidencial Manuel Adorni, advirtió entonces: «Argentina no se va a dejar extorsionar por los amigos del terrorismo».
Posteriormente, seis dirigentes del partido Vente Venezuela que trabajaban en la campaña de la candidata electa en primarias, María Corina Machado, y sobre quienes pesa una orden de captura están refugiados en la embajada argentina en Caracas y el gobierno de Milei tramita un salvoconducto para sacarlos del país.
Mientras que el 31 de marzo de 2024, medios argentinos revelaron que el gobierno venezolano vetó la entrada de ocho gendarmes argentinos que se iban a incorporar a la seguridad de la Embajada argentina en Caracas. Venezuela habría fundamentado su decisión en las posiciones en materia de política exterior de Milei.