El Tribunal de la Paz de la JEP confirmó la acusación de esclavitud y secuestro contra el exsecretariado de las Farc-EP por su participación en crímenes de guerra, incluyendo la toma de rehenes y severas privaciones de libertad, además de otros delitos cometidos por la disuelta guerrilla.
Al respecto, el magistrado Camilo Suárez explicó en Meridiano Blu los detalles de esta decisión en la JEP.Para esta imputación se tuvo en cuenta la verificación, contrastación y análisis de las diferentes pruebas que recaudó la sala de macrocasos durante, aproximadamente, cinco años.
"En el macrocaso 01, que tiene que ver con la toma de rehenes, lo que hace la sección es verificar las conductas, hechos y calificaciones jurídicas se corresponden, es decir, si es adecuadamente conforme a la ley. La sala ya había planteado que el secretariado de las Farc había cometido el crimen de esclavitud y lo que está haciendo el tribunal es, conforme a las pruebas que se recaudaron, encontrar que el delito de esclavitud sí se dio y por esa razón es un crimen concurrente", detalló el magistrado Suárez.
El magistrado recalcó que, desde el secretariado de las Farc, se creó una política y unos patrones que realizaron los diferentes bloques de la estructura criminal para realizar la toma de rehenes o secuestro.
"Lo que se evidencia es que hubo falta de control, a pesar de tener información, antes, durante y después de la conducta por parte de quienes integraban la cúpula de esta organización no se tomó ninguna acción para que evitar que esta conducta se cometiera", añadió el magistrado.
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Trabajo forzado
Los secuestrados también fueron sometidos a trabajo forzado en la selva, desmonte de estructuras, es decir, realizar actividades que eran de interés de las Farc.
"Muchos de estos trabajos eran para sancionar o para castigar o acciones a quienes se consideraban enemigos. Varios de los comparecientes reconocieron esas actividades", añadió el magistrado Camilo Suárez.
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