En el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada se les inició un proceso ayer a ocho agentes de la DPI acusados de asaltar la casa de un vendedor de carros a quien también le implantaron pruebas falsas para incriminarlo en delitos que no cometió.
Los acusados por el Ministerio Público (MP) son Bayron Isidro Ramos Hernández, Josiel Fernando Rueda Núñez, Wilson Josué Durón Valladares, Carlos Noé Núñez Álvarez, Joel Renán Zambrano Banegas, Rodys Edgardo Hernández Casco, Walter Alexander Muñoz Muñoz y Denis Alfredo Estrada López a quienes se le imputa seis delitos.
A los agentes de investigación se les achacan los ilícitos de asociación para delinquir, robo con violencia e intimidación, abuso de autoridad, allanamiento de morada por funcionarios públicos, falsificación de documentos públicos y tratos crueles, inhumanos o degradantes por funcionario público.
Los delitos que presuntamente cometieron los policías son en perjuicio de los derechos fundamentales de la sociedad, la administración pública, testigo protegido, la inviolabilidad domiciliaria, la fe pública del Estado de Honduras y contra la integridad moral y la dignidad de las personas.
En el requerimiento presentado por los fiscales del Ministerio Público se establece que el hecho ocurrió el 12 de enero de este año a las 4:40 de la madrugada cuando los acusados llegaron a bordo de dos vehículos tipo pick- up sin placas hasta una vivienda en la colonia Montefresco de San Pedro Sula, Cortés.
Los agentes de forma violenta rompieron el portón e ingresaron, dirigiéndose a la habitación del ofendido para luego llevarlo hasta la sala donde fue víctima de golpes en todo su cuerpo, mientras otros efectivos registraban la casa. Después de haberlo golpeado comenzaron a interrogarlo, preguntándole donde guardaba el dinero, las drogas, las armas de fuego y bienes de valor y el agraviado les expresó que no tenía nada de eso porque no se dedica a delinquir, todo ello mientras lo despojaban de dos iPhone, su cartera con documentos personales y dinero, un Apple Watch, un arma de fuego, además de tratar de boicotear el sistema de cámaras de la vivienda.
Las investigaciones señalan que después de más de tres horas de tenerlo retenido ilegalmente y llevarlo a distintos lugares de San Pedro Sula, los policías le exigieron al ofendido la cantidad de 350,000 lempiras para dejarlo en libertad, pero él les dijo que no tenía esa cantidad de dinero, posteriormente observó a uno de los agentes de policía que sacó de su chaleco unas bolsas y las introdujo a su mochila. Cuando amaneció lo llevaron a las instalaciones de la DPI, incluso amenazándolo con matarlo.
Una vez en esas instalaciones y luego de presentar informes de investigación, lo presentaron como miembro de una estructura criminal, implantándole para ello bolsas de cocaína, marihuana y un arma de fuego automática tipo ametralladora marca UZI.
Los agentes continuaron amenazando al ofendido en el sentido de remitirlo al Ministerio Público con las falsas evidencias, en caso de no darles la cantidad de dinero que le solicitaban.
Al ser puesto a la orden del Ministerio Público, el testigo protegido fue puesto en libertad al demostrar que su detención fue ilegal y que le habían implantado las pruebas para achacarle delitos que no había cometido.
El juzgado que conoce la causa libró la orden de captura contra los imputados, quienes fueron detenidos por las autoridades del Ministerio de Seguridad y puestos a la orden del Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada.
Anoche inició la audiencia de declaración de imputado y en horas de la madrugada un juez que lleva la causa les dictó detención judicial a los imputados.
Los agentes acusados fueron remitidos al centro penal de El Progreso, Yoro, y el juez programó la audiencia inicial para el 16 de abril a las 9:00 de la mañana.
Ilegalidades
Este es el segundo caso en el que agentes de la DPI son acusados por hechos similares, pues el 24 de enero capturaron a otros siete miembros de esa institución policial a quienes el MP acusó de los delitos de asociación para delinquir, robo con violencia e intimidación, abuso de autoridad, falsificación de documentos públicos y falso testimonio.
Según la acusación del MP, los agentes llegaron a una residencia propiedad de un prestamista en la residencial Los Alpes el 29 de diciembre de 2023, antes de las seis de la mañana sin orden judicial ni administrativa, ingresaron a la vivienda, rompieron el portón y se dirigieron directamente al dormitorio donde se encontraba una caja fuerte que se robaron.
La caja fuerte contenía 14 millones de lempiras y 240 tarjetas de débito pertenecientes a clientes del prestamista. Además, los policías se llevaron relojes, lociones, joyas y un maletín con 460 mil lempiras en efectivo. Los siete miembros de la DPI acusados por ese caso están en prisión.