En lo que buscó ser un disparo directo al corazón de la gestión de Martín Llaryora, Luis Juez denunció un entramado presuntamente pergeñado por empresarios del grupo Ersa y funcionarios de la anterior gestión en la Municipalidad de Córdoba. El objetivo habría sido desviar subsidios nacionales para el sistema de transporte urbano.
De acuerdo con la presentación del senador nacional, la supuesta maniobra se habría realizado durante un año, entre diciembre de 2022 y ese mismo mes del año siguiente, en el marco de la colaboración a través de la cual la estatal Tamse prestó servicios que tenía asignada la privada Ersa.
La acusación -rechazada públicamente por el actual intendente capitalino, Daniel Passerini, y por el exfuncionario de Transporte apuntado, Marcelo Rodio- fue presentada ante el Ministerio Público Fiscal de los Tribunales federales, ya que el objeto de la denuncia es que se investigue si funcionarios de Llaryora y los empresarios de Ersa se confabularon para que los subsidios nacionales llegaran a Ersa aunque los servicios de las líneas 600, 601, 53, 54 y Aerobús eran prestados por Tamse, en el marco de un "acuerdo de colaboración" firmado entre ambas empresas.
Los apuntados en la denuncia de Juez son Rodio, actual secretario de Transporte de la Provincia y llaryorista de la primera hora, y los empresarios Eduardo Ramírez y Gustavo Monzón, quienes, "en connivencia", habrían hecho un "entramado" para que Ersa "cobrara los subsidios nacionales sin prestar ningún servicio en cinco líneas de la ciudad de Córdoba".
"Ersa percibió subsidios por un alto monto dinerario, en virtud de un servicio que jamás prestó, defraudando al Estado nacional, que nunca tomó conocimiento cabal del ardidoso acuerdo de colaboración".
De acuerdo con los cálculos de Juez, cada colectivo recibió durante 2023 unos $ 30 millones, de los cuales $ 7,4 millones correspondieron a subsidios nacionales. Por el acuerdo Tamse-Ersa, 49 ómnibus de la empresa estatal cubrieron las mencionadas rutas de la empresa oriunda de Corrientes. Es decir que la suma de subsidios nacionales habría ascendido a $ 365,2 millones. Juez suma a ese cálculo los subsidios provinciales ($ 7,4 millones) y municipales ($ 15 millones), por lo cual sostiene que Ersa habría cobrado $ 1.500 millones en subsidios sin prestar los servicios de esas 49 unidades,
"No se trata de un enriquecimiento sin causa de Ersa, facilitado por la Municipalidad de Córdoba, sino de un montaje para eludir controles de la Secretaría de Transporte de la Nación, cobrando Ersa por lo que no hizo, a partir de un pacto espurio con la Municipalidad, que suple al privado pero le deja percibir los aportes que le envía el Estado nacional", se lee en la denuncia.
Rodio, al cruce
Rodio descalificó de plano la acusación que Juez llevó a Tribunales: dijo que las unidades de Ersa fueron a reforzar otras líneas que tenían problemas, mientras que la Tamse -que había comprado 210 unidades 0 km y estaba en mejores condiciones que las prestatarias privadas- utilizó 49 vehículo de su flota para brindar el servicio en esos corredores que tenía Ersa.
"Tamse mejoró un 62% en sus líneas, pasando el corte de boletos de 341 mil a 553 mil", dijo Rodio, al fundamentar que "la empresa estatal se puso a disposición de mejorar el servicio para los vecinos de la ciudad".
En lo puntual de la denuncia, explicó que Ersa era "la dueña" de las líneas, ya que le habían sido concesionadas en 2013, por lo cual el "acuerdo de colaboración" entre las empresas sería una herramienta legal válida para salir en auxilio del servicio. En otras palabras: los subsidios llegaron para las 49 unidades de Ersa y para las 49 de Tamse, pero las de la empresa privada fueron asignadas a otras líneas bajo su concesión, con la intención de mejorar la prestación. Así, según la mirada de Rodio, los 98 coches recibieron los subsidios, pero todos prestaron servicio.
Esa es la explicación llana que da el exsecretario de Transporte municipal. "Si el Estado nacional hubiera detectado irregularidades, no habría enviado el dinero para los subsidios", dice Rodio, sin dejar de advertir que no había en esa época una sociedad política entre el peronismo cordobés y el Gobierno nacional.
En el llaryorismo ven las huellas de Gabriel Bermúdez, apartado de la Municipalidad días atrás, como quien fogoneó la denuncia.
Llaryoristas ven un acuerdo entre Juez y Bermúdez
Tanto en la Municipalidad de Córdoba como en el Centro Cívico apuntan al exsecretario de Movilidad Urbana Gabriel Bermúdez, apartado recientemente por Daniel Passerini tras una denuncia de abuso sexual simple, como quien está detrás de la denuncia presentada por Luis Juez.
Además de la "venganza", hay valoraciones políticas, como por ejemplo que Bermúdez fue funcionario de Juez en la Municipalidad y uno de los creadores de Tamse en las sombras.
Pero hay otros elementos, como lo es la "línea de corte" de los hechos denunciados por Juez: de acuerdo con el escrito, la supuesta maniobra habría ocurrido entre "diciembre de 2022 y el 10 de diciembre de 2023″, día en que Passerini se hizo cargo de la Municipalidad y Bermúdez asumió en reemplazo de Marcelo Rodio (en realidad, este había dejado el cargo el 28 de noviembre, para asumir como concejal capitalino).
Lo curioso, apunta Rodio, es que el convenio denunciado habría continuado mientras Bermúdez tenía a su cargo el transporte de la ciudad de Córdoba. Efectivamente, Bermúdez fue echado por Passerini una semana después de que Ersa se retiró de Córdoba.
"Quiero saber por qué no está poniendo en tela de juicio lo que pasó en la Secretaría de Transporte en ese momento", dijo Rodio.