La reforma de las pensiones del exministro José Luis Escrivá condenará a España a ser en las próximas décadas el país de la Unión Europea que tenga que destinar una parte más elevada de su Producto Interior Bruto (PIB) al pago de las pensiones públicas, un 16,7% en el año 2070, según el Informe sobre Envejecimiento publicado este viernes por la Comisión Europea. Antes de que se aprobara esa norma, Bruselas calculaba que ese año habría 16 países con más gasto en pensiones que España, para la que pronosticaba una ratio del 10,3%.
Este incremento previsto del gasto público se debe, principalmente, a las medidas aprobadas y, en especial, a la revalorización anual de todas las pensiones públicas conforme a la inflación -lo que ha obligado a subir las pensiones un 8,5% en 2023 y un 3,8% en 2024-. Estos incrementos se consolidan y generan un efecto bola de nieve en las cuentas de la Seguridad Social. Aunque fue Escrivá quien llevó a la ley este blindaje de las pensiones para que no perdieran poder adquisitivo en el futuro, lo hizo por mandato de la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, en la que todos los partidos acordaron encomendar al Gobierno de turno que lo hiciera.
"La Comisión defiende el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, su garantía por Ley y su preservación (...) Los pensionistas son, sin duda, uno de los sectores de población más perjudicados por las variaciones crónicas -generalmente al alza- que la inflación ocasiona sobre el coste de la vida; por esa razón la revalorización anual de las pensiones en base al IPC real se presenta como el mecanismo que ha de servir para conservar el poder adquisitivo de las pensiones", acordaron todos los partidos políticos, desde el PP a Podemos, a excepción de Vox. "La Comisión constata que el vigente mecanismo de revalorización de las pensiones no goza del suficiente consenso político y social", recalcaron en sus últimas recomendaciones en 2020. Se referían al Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), un mecanismo que se calculaba en base a distintos parámetros y que, en términos generales, fijaba una subida de las pensiones del 0,25% cuando las cuentas no estuvieran saneadas.
Sustituir ese instrumento por el IPC y abolir el Factor de Sostenibilidad -que nunca llegó a entrar en vigor e iba a aminorar las pensiones iniciales en proporción a las mejoras en la esperanza de vida- ha provocado que el gasto en pensiones vaya a pasar del 13,1% del PIB en 2022 al 16,7% en 2070 (3,6 puntos más), con un pico en el año 2051 en que el gasto público en pensiones será del 17,3% (cerca de 1 de cada 5 euros de producción nacional).
Si se compara este escenario con lo que iba a ocurrir antes de que se aprobara la reforma, se comprueba que el gasto público iba a bajar 2,1 puntos en el periodo, pasando del 12,3% del PIB en 2019 al 10,3% en 2070. La diferencia de proyección para ese año demuestra que la combinación de las medidas derogadas y la aprobación de las nuevas supone un incremento neto del gasto público de 6,4 puntos. Es relevante también que, antes de la reforma, el pico de gasto se iba a superar en 2020, cuando iba a ascender al 14% del PIB.
Aunque esas medidas son las que han tenido más impacto también han influido otras que fueran diseñadas por Escrivá para garantizar más ingresos para el sistema a medio plazo, como el aumento de las cotizaciones, tanto de autónomos como de asalariados, que a futuro implicarán más derechos para los trabajadores, o el cambio del periodo de cómputo para calcular la pensión.
Pese a que futuro puedan suponer más gasto, estas medidas -entre las que figura el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) o la llamada 'cuota de solidaridad'- permitirán que los ingresos de la Seguridad Social sobre PIB pasen del 12,9% del PIB en 2022 al 14% en 2070, registrando un crecimiento de 1,1 puntos. El pico de ingresos se alcanzará en 2050 -momento de máxima tensión por la jubilación de la generación del babyboom-, cuando la recaudación del sistema ascenderá al 14% del PIB. No se tienen en cuenta en estos recursos los ingresos que pueda recibir esta administración del Estado central en forma de transferencias milmillonarias, como sucede en la actualidad.
Según el Informe de Envejecimiento anterior a este, elaborado por la Comisión Europea en 2021, no se planteaba a futuro un incremento de los ingresos de la Seguridad Social, que iban a mantenerse fijos en torno al 11,8% del PIB.
La reforma de Escrivá, por tanto, se traducirá en un incremento de los ingresos pero que no será suficiente para compensar la explosión de gasto. Por esta razón, el déficit del sistema -de nuevo sin contar con las potenciales transferencias- pasará del 0,2% del PIB en 2022 (unos 2.700 millones de euros de entonces) a un desfase presupuestario del 2,7% en 2050 que seguirá en ese nivel en 2070 (el equivalente a unos 39.500 millones de euros de hoy). Esto supone que el déficit empeorará en 2,6 puntos en el periodo y alcanzará su máximo en 2053, cuando el desfase será del 3,1% del PIB.
La senda prevista es muy distinta de la que se pronosticaba antes de la reforma, cuando el déficit público iba a mejorar 2 puntos en este mismo horizonte, pasando del 0,5% en 2019 a un 1,2% en 2050 (su peor momento), pero mejorando después de forma que en 2070 el sistema tendría un superávit del 1,5% del PIB.
"En resumen, las medidas adoptadas en 2021 y 2023 conducen a un aumento del gasto público en pensiones de 3,3 puntos porcentuales del PIB en 2050 y de 5 puntos porcentuales en 2070. Los principales motores de esta presión al alza del gasto público en pensiones son la nueva norma de indexación basada en el IPC y la supresión del Factor de Sostenibilidad. El nuevo régimen de bonificaciones y primas y el correspondiente aumento de la edad efectiva de jubilación compensan parcialmente este aumento. El resto de las medidas adoptadas aumentan ligeramente el gasto público en pensiones", apunta la Comisión.
Hacia un ajuste que podría empezar en 2025
Cuando diseñó esta reforma, el Ejecutivo era consciente de que podía no ser suficiente para cuadrar las cuentas del sistema, por ello habilitó lo que se ha denominado una 'cláusula de cierre', es decir, un mecanismo automático por el que se aplicarían ajustes adicionales en caso de ser necesario.
Concretamente, la disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, establecía que a partir de marzo de 2025 y desde entonces cada tres años, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) haría un informe de evaluación en el que calcularía el impacto neto de las medidas de pensiones en puntos de PIB (ingresos menos gastos) y que, para ello, utilizará "los mismos supuestos macroeconómicos y demográficos del último Informe de Envejecimiento publicado por la Comisión Europea".
Hay tres opciones: Una, "si el impacto anual medio de las medidas de ingresos es igual al 1,7% del PIB, la AIReF comprobará que el gasto medio bruto público en pensiones en el periodo 2022-2050 del último Informe de Envejecimiento no supere el 15%"; dos, "si el impacto anual medio de las medidas de ingresos es superior al 1,7% del PIB, la AIReF comprobará que el gasto medio bruto público en pensiones en el periodo 2022-2050 del último Informe de Envejecimiento no supere el 15% del PIB más la diferencia entre el impacto medio anual estimado de las medidas y 1,7%"; y tres: "si el impacto anual medio de las medidas de ingresos es inferior al 1,7% del PIB, la AIReF comprobará que el gasto medio bruto público en pensiones en el periodo 2022-2050 del último Informe de Envejecimiento no supere el 15% del PIB menos la diferencia entre el impacto medio anual estimado de las medidas y 1,7%", señala.
Dado que el informe de Envejecimiento prevé que "los ingresos del sistema crezcan un 1,7% de 2022 a 2050 y un 1,1% hasta 2070" (es decir, el primer de los casos), la AIReF tendrá que comprobar que el gasto medio bruto proyectado por la Comisión para el periodo no supera el 15%. En este caso, este informe publicado ayer proyecta que "el gasto público en pensiones en proporción de PIB será de media del 15,6% en el periodo 2022-2070 y del 15,1% en el periodo 2022-2050", lo que implica que se supera en una décima el nivel requerido en la norma.
"En caso de que se produzca algún exceso en alguna de estas tres situaciones, en el plazo de un mes desde la recepción del Informe de Evaluación de la AIReF, el Gobierno solicitará a la AIReF un Informe de Impacto de las Medidas. En su solicitud, el Gobierno identificará un conjunto amplio de posibles medidas para eliminar el exceso de gasto neto en pensiones estimado por la AIReF", recoge la reforma. Es decir, que el Gobierno tendría que acometer un ajuste adicional para cuadrar las cuentas.
Para saber a cuánto equivaldrá ese ajuste se puede recurrir a la última Opinión sobre la sostenibilidad del sistema publicado por la AIReF hace un año en el que, asumiendo un gasto medio de pensiones sobre PIB del 15,1% -al igual que prevé hoy la Comisión Europea- ya advirtió de que la regla de gasto en pensiones no se cumpliría y de que la desviación sería equivalente al 0,8% del PIB, lo que en euros de hoy equivale a 11.695 millones de euros.
Fuentes del Ministerio de Seguridad Social, no obstante, apuntan a EL MUNDO que el Informe de Envejecimiento sólo supone "la primera parte de la foto", pero faltaría conocer cuál es el cálculo que hace la AIReF sobre la evolución de los ingresos. Si estos crecen por encima de 1,7 puntos, entonces habría más margen de que aumente el gasto y no serían necesarios ajustes adicionales, por lo que habrá que esperar a 2025 y a ese informe para tener "la foto completa" y poder estimar si hace falta o no un ajuste extra y de qué magnitud.