La millonaria suma de dólares presentada por Knight Specialty Insurance Company en favor de Donald Trump para hacerle frente a parte de la sanción que recibió por haber cometido fraude civil, se mantendrá, y el único requisito a cumplir es que el monto de dinero sea en efectivo.
La semana pasada, el equipo de abogados que trabaja en la oficina de Letitia James, fiscal general de Nueva York, pretendió invalidar la millonaria fianza.
El argumento presentado fue que el aval del expresidente de nación sólo tenía un excedente total de asegurados de sólo $138 millones de dólares y de acuerdo con la ley del estado de Nueva York, las empresas de su tipo no pueden exponerse a obligaciones ni a ninguna pérdida superior al 10% de su superávit.
No obstante, el tribunal decidió que la fianza se mantendrá, pero los $175 millones de dólares no deben ser parte de algún fondo de inversiones ni de instrumentos financieros donde el valor puede fluctuar.
En este sentido, Knight Insurance debe presentar el dinero depositado en una cuenta bancaria donde no se puede negociar ni mover.
De hecho, también se dictaminó que la compañía del multimillonario Don Robert Hankey, conocido como el "rey de los automóviles de alto riesgo" en Los Ángeles, California, debe proporcionar un estado financiero mensual a la fiscal James donde demuestre la suma completa de la fianza permanece intacta.
Al respecto, Alina Habba, abogada del magnate neoyorquino, expresó que su cliente está de acuerdo con los requisitos planteados, aunque todo ello continue representando una cacería en su contra.
"El hecho de que tengamos dos tribunales, ni uno penal ni uno civil, utilizados contra un hombre porque no pueden vencerlo en las encuestas es una vergüenza para el sistema judicial estadounidense.
Ni siquiera debería estar aquí porque no hizo nada malo. Es el epítome de una caza de brujas.
La señora James quería argumentar y decir que nuestro efectivo de alguna manera no es lo suficientemente ecológico ", expresó.
Cabe señalar que el equipo legal de Donald Trump está apelando la decisión de Arthur Engoron, juez de Nueva York quien le ordenó pagar $454 millones de dólares.
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