Política
Conjuez que debe investigar al alcalde José Fernando Sánchez resultó con millonario contrato en la administración de Floridablanca
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En el municipio de Floridablanca (Santander) hay toda una polémica por cuenta de un contrato que se reveló en las últimas horas. Se trata de un contrato de prestación de servicios profesionales por más de 99 millones de pesos para María Eugenia Alba Castellanos, con la finalidad de asesorar el despacho del alcalde en asuntos legales.
El contrato se firmó el 17 de enero de 2024 y tiene una duración de seis meses para que se cumplan los objetivos del mismo. El asunto de fondo es que el Tribunal de Santander, designó a Alba Castellanos como conjuez para adelantar una investigación en contra del alcalde de Floridablanca, José Fernando Sánchez Carvajal, por presunta violación de normas en materia electoral y posibles delitos contra la administración pública.
Por esa razón, Alba Castellanos resultaría siendo que y parte ya que es contratista de la Alcaldía de ese municipio y ya ha recibido pagos por sus servicios profesionales. Algunos magistrados del Tribunal de Santander se declararon impedidos para conocer la investigación ya que algunos familiares tenían relación contractual con la Alcaldía y por esa razón se apartaron del caso. Como los impedimentos fueron aceptados, se designó a la abogada como conjuez y ahora se conoce dicho contrato de prestación de servicios.
Toda la información contractual está en el Secop II y allí se evidencia el acta de inicio del contrato de prestación de servicios entre la Alcaldía de Floridablanca y la abogada Alba Castellanos, que no podría adelantar investigación alguna en contra del alcalde.
Recientemente el Tribunal de Santander admitió una demanda de nulidad electoral contra Sánchez Carvajal. Según el denunciante identificado como Jesús Orlando Tangarife Alzate, el alcalde José usó recursos propios y recibió dineros de un tío, ambos presuntamente investigados.
"La campaña electoral del demandado, estuvo financiada con aportes provenientes del mismo candidato y de su tío, el señor César Augusto Sánchez Quintero, quienes en este momento se encuentran siendo investigados penalmente por delitos contra la administración pública, por lo cual considera que el acto que declaró la elección demandada se torna en irregular, por vulnerar las normas en que debería fundarse", dice un fragmento de la demanda.