El PP va a estirar al máximo su ofensiva judicial contra la amnistía, por dos motivos fundamentales. El primero, porque quiere esperar a que actúe el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Los populares están convencidos de que el Tribunal Supremo -que juzgó el procés- y la Audiencia Nacional -que investiga el caso de Tsunami Democràtic- plantearán sendas cuestiones prejudiciales que los magistrados comunitarios aceptarán, paralizando de inmediato la aplicación de la amnistía.
El segundo es que la dirección de Génova no se «fía» del Tribunal Constitucional, porque cree que la mayoría progresista de los magistrados tiene predisposición a beneficiar al Gobierno. Por eso apurará al máximo los plazos. La desconfianza es máxima. Hay que recordar que el vicesecretario general del área judicial del PP, Esteban González Pons, llegó a calificar al Constitucional como «el cáncer del Estado de Derecho».
La Ley de Amnistía -que se tramita actualmente en el Senado- da a los jueces dos meses para aplicar la amnistía de todos los autores de delitos en el marco del procés. Y en ese plazo el PP cree que se plantearán «varias» cuestiones prejudiciales, no sólo las dos ya citadas.
En cambio, el PP tiene un periodo de tres meses, después de que se apruebe la norma, para interponer su anunciado recurso de inconstitucionalidad contra la amnistía. Y fuentes del principal partido de la oposición aseguran a este diario que ya se ha decidido «agotar el plazo» al máximo. ¿Por qué? Porque los populares han puesto todas sus esperanzas en la justicia europea. «Muchos juristas» han apuntado «de manera inequívoca» a la cúpula del PP que la aplicación de la amnistía se parará en cuanto se eleve alguna cuestión prejudicial.
Hay que recordar que el comisario de Justicia, Didier Reynders, ya ha dejado claro que las cuestiones prejudiciales suspenderían la aplicación de la Ley de Amnistía. Así se lo hizo saber al presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, el español Adrián Vázquez: «Del principio de primacía se desprende que la exigencia del Derecho de la Unión de suspender el procedimiento nacional hasta que el Tribunal de Justicia se haya pronunciado sobre la petición de decisión prejudicial se aplica con independencia de lo que la legislación nacional establezca». «Por lo tanto», añadía Reynders en su respuesta, «el órgano jurisdiccional nacional debe dejar inaplicada cualquier normativa nacional que no respete este principio».
"Hay que decidir el cuándo"
En ese sentido, fuentes cercanas a Feijóo apuntaron en los pasillos del Congreso que el PP tiene «la esperanza de que el TJUE frene la ley antes de tener que ir al Tribunal Constitucional», en el que no confían «demasiado». «Queremos que el TJUE lo analice antes», confirmaron. «Iremos al Constitucional seguro, lo que hay que decidir es cuándo: puede ser ya con la ley aprobada, si nos interesa por tiempos políticos», añadieron.
Al tiempo, el PP enfría la otra posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional, la del conflicto competencial que se ha abierto entre el Senado y el Congreso. La Cámara Baja dispone de un mes para responder a ese conflicto, aprobado ayer por la Cámara Alta. Ese periodo casi se solapará con la aprobación definitiva de la ley, a finales de mayo.
«Al Constitucional iremos seguro tanto el grupo parlamentario como las comunidades autónomas», abundan en el PP, «porque esta ley no cuenta con el apoyo de los letrados de Comisión de Justicia del Congreso ni de los del Senado». «Sólo Fernando Galindo» la avala, aseguran, en referencia al letrado mayor del Congreso de los Diputados.