La organización Verdemar Ecologistas en Acción ha presentado una denuncia ante el Ministerio del Interior, la Junta de Andalucía y la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras (APBA) con motivo de la acumulación de cientos de narcolanchas decomisadas por la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera que actualmente se amontonan en la zona del futuro Lago Marítimo, frente a la antigua playa de Los Ladrillos.
Según esta asociación ecologista, muchas de estas embarcaciones neumáticas rígidas o semirrígidas y pesadas, de unos 5.000 kilos, elaboradas a partir de una estructura prefabricada de fibra de vidrio y resina o polímero, se encuentran hundidas en el puerto algecireño, lo que ha creado un "vertedero ilegal" que está provocando "vertidos de aceites, combustibles, baterías y otros residuos peligrosos", expone Verdemar en su denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Sur.
"Son conductas que pueden ser causantes de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente contemplados en el Código Penal por los artículos 325 a 331", añaden, por la explotación de instalaciones en las que se almacenan sustancias peligrosas "de modo que causen o puedan causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, a animales o plantas, o puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales". Y también, según Verdemar, por la gestión ilegal y el traslado de residuos sin controlar o vigilar adecuadamente estas actividades.
La asociación considera que el Real Decreto-ley 16/2018, de 26 de octubre, por el que se adoptaron determinadas medidas de lucha contra el tráfico ilícito de personas y mercancías en relación con las embarcaciones utilizadas, fue "una buena decisión" que, sin embargo, "está provocando un impacto ambiental de primer orden y un riesgo contra las personas al tratarse de ser materiales inflamables cargadas de combustible", detallan en la denuncia.
Embudo judicial
Mientras Verdemar recibe una respuesta por parte de la administración, las narcolanchas intervenidas a las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y el contrabando en el Estrecho de Gibraltar se deterioran en los muelles de la antigua dársena pesquera o amarradas al agua a la espera de que la Justicia autorice su traslado a un depósito para su destrucción.
Entre estas embarcaciones que actualmente se custodian en el puerto algecireño se encuentra la que arrolló y mató a dos guardias civiles en Barbate el pasado mes de febrero. Con 14 metros de eslora, cuatro motores, casi 1.000 caballos de potencia, un radar de vigilancia y un sistema de navegación nocturna, la embarcación pilotada por el experimentado linense Kiko El Cabra era muy superior a la zódiac para submarinistas del Instituto Armado.
Las gomas decomisadas constituyen una prueba de los delitos y quedan bajo custodia judicial: si son ilegales, se dicta una orden para su destrucción, en tanto que las demás deben ir al depósito. No obstante, los tediosos trámites provocan que se demore cada paso.