El vicepresidente primero y conseller de Cultura y Deporte de Valencia, Vicente Barrera, ha anunciado que la Generalitat estudiará la puesta en marcha de medidas, dentro de sus competencias, para "defender los derechos de los propietarios de las viviendas frente a la okupación ilegal. En concreto, el Consell estudia una acción conjunta entre la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda y la de Justicia e Interior, informa la administración autonómica. Barrera ha realizado estas declaraciones en una visita, acompañado por altos cargos de Justicia, al barrio de la Magdalena de Massamagrell (Valencia) para conocer su situación tras varios episodios de okupación ilegal de viviendas. "Desde el Consell nos queremos poner en marcha para defender, con la ley en la mano, a quien nunca se ha defendido, que son los propietarios legítimos de las viviendas, ha declarado, y ha denunciado que, actualmente, "con la ley (estatal) se defiende al delincuente". Por contra, Barrera ha subrayado que "todas las víctimas tienen que saber que tienen un gobierno (el Consell) que entiende sus quejas": "En la medida de lo posible, vamos a luchar junto a ellos para acabar con esta lacra social". A continuación han mantenido una reunión de trabajo con la alcaldesa de la Massamagrell, Pilar Peris, en la que han participado la alcaldesa de Museros, Cristina Civera, y representantes municipales, judiciales y policiales. El objetivo, ha explicado el conseller, es "denunciar la okupación ilegal no solo en la Comunitat Valenciana, sino en toda España". "Va en contra no solo de la ley, sino del sentido común, el hecho de que alguien pueda ilegalmente ocupar una vivienda y que las leyes no protejan al propietario legítimo, que tiene que ir al juzgado a defender su propiedad", ha abundado. "Lo deseable es que si alguien detecta que una propiedad privada ha sido okupada, pueda llamar a la policía y que saque a los delincuentes, porque quien okupa una vivienda que no es suya está cometiendo un acto ilegal, está cometiendo un delito", ha sostenido. Por su parte, la directora general de Atención a las Víctimas, Belén Pulgar, ha anunciado que la Conselleria de Justicia e Interior "va a poner a disposición todas las oficinas de delitos para proteger a las familias frente a la okupación ilegal". "Nuestra prioridad es que todas las personas víctimas de la okupación ilegal, a partir de ahora, tengan la protección con la que no contaban", ha aseverado. Actualmente hay 36 oficinas de delitos, una por cada partido judicial, totalmente gratuitas, con la atención de letrados, psicólogos y trabajadores sociales.