A las 8 de la mañana del lunes último, en la sala 3 de los tribunales penales de Rafaela, dio comienzo el juicio oral y público que se sigue a seis policías de Sunchales, por hechos ocurridos el 18 de octubre de 2019 en la Comisaría Tercera de esa ciudad, calificados como "apremios ilegales calificados", delito del cual habrían sido víctimas dos jóvenes de la ciudad de Sunchales, quienes -es justo decirlo- cuentan con abultados antecedentes en el mundo del delito. No obstante ello, denunciaron haber sufrido este ilícito en momentos en que estaban detenidos, y cuya entidad es objeto del presente debate judicial.
Luego de aquella primera suspensión del juicio en su inicio el 16 de abril pasado, cuando por cuestiones técnicas referidas a la calificación penal de los policías juzgados, el debate debió pasar a un cuarto intermedio de casi una semana, finalmente la calificación penal de los hechos cambió del delito inicial de "torturas" a "apremios ilegales"; una figura penal más liviana ya que si el tipo penal original de "torturas" contemplaba una pena en expectativa de entre 8 a 25 años de reclusión, la figura de "apremios ilegales" reduce considerablemente el monto de la pena en expectativa a entre 2 a 6 años de prisión efectiva.
EL VEREDICTO,
EL 7 DE JUNIO
Pasados cuatro días del inicio del debate oral, este no se suspendió más, pero debido a una gran congestión de audiencias en la Oficina de Gestión Judicial (OGJ), el juicio no se está realizando en días corridos sino salteados.
Por ejemplo, ayer hubo sesión, pero la próxima será el lunes, luego el 13 de mayo, y otra entre el 20 y 21 de mayo. Finalmente, los alegatos de clausura serán el día 5 de junio y el 7 de junio es el veredicto oral por parte del tribunal.
172 TESTIGOS
De acuerdo a fuentes seguras consultadas por LA OPINIÓN, entre Fiscalía y Defensa están desfilando por los estrados judiciales en este proceso 172 testigos, de los cuales unos 120 corresponden a testigos de la Fiscalía. Hasta la jornada de ayer, habían declarado ya cerca de la mitad de esos testigos.
Se recuerda que este debate oral es presidido por el tribunal colegiado integrado por el juez Gustavo Bumaguín, quien se halla secundado por los jueces Nicolás Stegmayer y José Luis Estévez.
Representando a la Fiscalía Regional 5 Rafaela está presente el fiscal Juan Manuel Puig; en tanto que por la contraparte, se comportan como defensores particulares los Dres. Sebastián y Néstor Oroño y Raúl Sartori; en tanto que Aníbal Gerardo Caula, hizo lo propio por el Servicio Público de la Defensa Penal (SPDP).
HAY 6 PROCESADOS
Cabe recordar que en la imputación inicial eran 8 los policías acusados, pero en los últimos meses los imputados oficial Juan Aurelio C., de 36 años, y subcomisario Federico Hernán M. de 43; optaron por acogerse a un juicio de procedimiento abreviado, donde todas las partes -imputados y sus defensores- aceptaron una condena a 3 años de prisión efectiva para ellos.
En tanto que los otros 6 efectivos prefirieron ir al juicio oral que nos ocupa actualmente.
Para 5 de ellos, acusados del delito de "apremios ilegales calificados", el fiscal Juan Manuel Puig solicitó una condena de 4 años de prisión efectiva. Ellos son los suboficiales María Itatí A. de 43 años actualmente; Mauricio Leonardo O. de 35; Brian Emanuel G. de 30; Carlos Agustín M. de 26 años; y la subinspectora Silvana S. de 47 años.
Por su parte, para el comisario Luciano Martín G., hoy de 41 años, en aquel momento jefe de la Comisaría Tercera, por el delito calificado penalmente como "encubrimiento agravado", la Fiscalía pidió 3 años de prisión efectiva.
Según la investigación penal, el comisario no se encontraba en la dependencia policial al momento de los hechos ilícitos.
HECHOS IMPUTADOS
Según relataron las fiscales Gabriela Lema y Lorena Korakis en el momento de las audiencias imputativa y de medidas cautelares -según informó oficialmente Prensa del Ministerio Público de la Acusación- respecto de los hechos acontecidos en la Comisaría, señalaron lo que sigue.
"Los delitos que investigamos fueron cometidos el [18 de octubre de 2019] entre las 5:10 y las 6:00 de la mañana en la comisaría Tercera de la ciudad de Sunchales ubicada en avenida Belgrano 386".
"Las víctimas fueron dos hermanos que estaban legítimamente privados de su libertad en la sede policial, a los que le impusieron tormentos físicos y sufrimientos psíquicos de gravedad", sostuvieron. Las funcionarias del MPA argumentaron que "los siete imputados actuaron de común acuerdo, en forma conjunta y mediante el reparto de tareas".
De acuerdo a lo relatado por las fiscales en las audiencias, "los hermanos detenidos fueron llevados a la cocina–comedor de la dependencia policial, fueron obligados a arrodillarse –uno de ellos maniatado por la espalda con precintos y el otro esposado– y luego fueron golpeados en distintas partes del cuerpo".
Las fiscales subrayaron que "a uno de los detenidos le bajaron el pantalón y lo amenazaron con abusarlo sexualmente. Además, utilizaron un palo de madera para golpear a uno de los detenidos en distintas partes del cuerpo, hasta que cayó al piso y comenzó a toser".
Detallaron también que "minutos más tarde, volvieron a propinarles golpes de puño y patadas a los detenidos". "A uno de los detenidos también le colocaron una bolsa de nylon en la cabeza, mientras que al otro lo empujaron contra un ventanal de vidrio, el cual atravesó con las manos esposadas, lo que le provocó graves heridas en distintas partes del cuerpo", precisaron.
"Aproximadamente 15 minutos después, el comisario imputado llegó al lugar. Tomó conocimiento de los tormentos infligidos a los dos detenidos, insultó a uno de ellos y con el fin de procurar la impunidad de los delitos cometidos e incumpliendo los deberes a su cargo, no comunicó debidamente a la autoridad competente lo sucedido" remarcaron las fiscales.
"Además, ordenó al personal que limpiara el lugar y sacara los vidrios del ventanal roto. Sus subordinados realizaron la indicado, razón por la cual, alteraron la escena del hecho e hicieron desaparecer los rastros del delito cometido", concluyeron las fiscales.