A principios del pasado mes de marzo, el grupo municipal del PSOE insistía en pedir al Ayuntamiento de Córdoba explicaciones por los contratos que se hicieron durante la pandemia. Primero por la compra de mascarillas y después el portavoz socialista en el Consistorio, Antonio Hurtado, pedía información sobre la compra de 8.000 test rápidos de detección del Covid-19 por la empresa municipal de Saneamientos (Sadeco) por un importe de 316.000 euros. Todo ello después de que estallase el caso Koldo, una presunta trama de adjudicación fraudulenta del pago de comisiones irregulares para conseguir los contratos de suministro de mascarillas y material sanitario durante la pandemia del Covid-19 y cuyo presunto cabecilla era Koldo García, asesor del exministro socialista José Luis Ábalos.
En este contexto, el alcalde de la ciudad, José María Bellido, pidió al secretario general del Pleno, Valeriano Lavela, que emitiera un informe jurídico "sobre la adecuación a la normativa vigente del expediente de contratación tramitado, en su día, por este Ayuntamiento relativo a la adquisición de material sanitario y pruebas analíticas con destino al personal de la Empresa Municipal de Saneamientos de Córdoba (Sadeco) a raíz de la pandemia provocada por el Covid-19", demandaba Bellido.
Pues bien, "una vez examinado el contenido de todos y cada uno de los documentos", Lavela concluye que "no se ha apreciado ni detectado ninguna irregularidad y/o reglamentaria en la tramitación administrativa, ni tampoco la comisión de un posible ilícito penal ni por parte de autoridades ni de empleados públicos municipales, pertenecientes tanto a la entidad matriz del Ayuntamiento de Córdoba como a la empresa municipal Sadeco, en la tramitación y ejecución del expediente C20/40 referido a la contratación de emergencia prevista en el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público para la prestación del servicio de realización de ocho mil (8.000) pruebas rápidas de detección del Covid-19 con destino a los empleados de dicha empresa municipal".
Asimismo, Lavela refiere que Sadeco "en relación al expediente C20/40" referido a la contratación de emergencia prevista en el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público para la prestación del servicio de realización de ocho mil (8.000) pruebas rápidas de detección del Covid-19 con destino a los empleados de dicha empresa municipal, observó y cumplimentó una tramitación muy superior al procedimiento, requisitos y formalidades mínimas, exigidos por el artículo 120 de la propia Ley de Contratos del Sector Público de 8 de noviembre de 2017, en la modalidad que nos ocupa de contratación administrativa de emergencia.
Para continuar destacando que "Sadeco y el propio Ayuntamiento de Córdoba actuaron con la máxima diligencia, eficacia y rapidez para intentar evitar, paliar o, al menos mitigar los gravísimos efectos que para la salud pública, de los vecinos, en general, y de los empleados públicos municipales, en particular, podría acarrear la mortífera pandemia sanitaria generada, a nivel mundial, por el Covid-19".