Estados Unidos menciona a Nicolás y Juan Fernando Petro en un documento de lucha contra corrupción
El documento recopila una amplia investigación por corrupción, derechos humanos y asesinato de líderes
El Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, presentó un detallado informe sobre las prácticas de derechos humanos en varios países durante 2023, poniendo especial énfasis en la situación de Colombia. El documento abarca extensamente los retos en materia de corrupción gubernamental y derechos humanos, subrayando investigaciones de alto perfil, como a Nicolás Petro y Juan Fernando Petro a quienes se les investiga por la financiación de la campaña presidencial.
En su apartado sobre "Corrupción en el Gobierno", Blinken señaló que aunque Colombia cuenta con leyes que establecen sanciones penales por corrupción y estas se implementan en general de manera efectiva, aún persisten casos de funcionarios que incurren en prácticas corruptas sin recibir castigo. "Hubo numerosos informes de corrupción gubernamental durante el año, particularmente a nivel local y en relación con la implementación de los fondos del acuerdo de paz. Había corrupción dentro del sistema de justicia", destacó Blinken.
La corrupción administrativa en los puertos, facilitando el tránsito de drogas ilícitas, y las amenazas contra periodistas que informan sobre la corrupción fueron puntos críticos mencionados por Blinken. Además, el informe revela que la Fiscalía General ha abierto investigaciones contra figuras cercanas al presidente, incluidos su hijo y su hermano, por presuntamente aceptar pagos irregulares que habrían financiado la campaña electoral de 2022.
El informe también cita un amplio rango de investigaciones en curso, señalando que desde enero se iniciaron 12 nuevas investigaciones a exlegisladores, 36 investigaciones a 39 exgobernadores, 94 investigaciones a 25 gobernadores en funciones, y 4 investigaciones a exalcaldes.
En cuanto a los derechos humanos, el documento hace eco de las denuncias de violaciones cometidas por algunos miembros del Estado y la violencia ejercida por grupos armados, incluyendo el asesinato de más de 1.000 defensores de derechos humanos desde enero de 2016, con 166 condenas obtenidas hasta la fecha. Los asesinatos, según el informe, a menudo presentan motivaciones complejas y difusas.
El informe también se refiere a los procesos de paz en el país, reconociendo que muchos disidentes de las FARC no se acogieron al acuerdo de paz de 2016. Además, menciona un cese al fuego firmado con las disidencias de las FARC, que fue suspendido, y las actividades del ELN, que incluyen actos de terror y violencia contra la población civil y fuerzas de seguridad, a pesar de estar en negociaciones con el gobierno.
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