Luego de la presentación del amparo legal en la Justicia Federal de Río Gallegos, el intendente Pablo Grasso (Río Gallegos), dio a conocer el absoluto respaldo recibido por los intendentes que integran el Foro Patagónico de Ciudades Atlánticas (FOPCA), Marcos Castro (Viedma), Othar Macharashvili (Comodoro Rivadavia) y Martín Pérez (Río Grande).
"En nuestra condición de Intendentes de las ciudades de la Patagonia, manifestamos un enérgico repudio al aumento indiscriminado de las tarifas de gas natural dispuestas por el Gobierno nacional por generar un perjuicio grave e irreparable para todos los usuarios de Argentina, pero en particular de la región patagónica. Esta decisión arbitraria se enmarca en un proceso de ajuste que impulsa el Presidente de la Nación que tiene como único objetivo beneficiar a corporaciones en detrimento de nuestros pueblos", señalaron.
Recordaron que las subas van del "360% hasta el 1.000%, creando tarifas impagables para los usuarios residenciales de nuestras localidades. Nuevamente en las audiencias públicas tuvimos que escuchar a funcionarios justificando sus decisiones en que las provincias patagónicas son las que más gas consumen y que resulta necesario racionalizar el consumo para generar un ahorro en las arcas públicas, sin pensar que el uso de gas en nuestras localidades es esencial durante todo el año, pero especialmente en el invierno".
Más adelante, precisaron que se "suman los intentos de derogar la Ley N° 27.637 de Zona Fría, la pretensión de modificar el esquema de subsidios para imponer criterios que indudablemente dejar excluidos a casi todos los usuarios de nuestra región, y a la eliminación del Fondo Compensador del Transporte en un contexto económico de recesión y aumento acelerado de la pobreza".
"En representación de los vecinos, llamamos al Gobierno nacional a rever sus acciones, reflexionar en cuanto a su programa de gestión, y a acompañar a los argentinos en una situación socioeconómica catastrófica e inédita. Por ello es que asumimos el compromiso conjunto de llevar a cabo todas las acciones institucionales, políticas y judiciales necesarias para impedir la ejecución de actos de gobierno que constituyen un verdadero avasallamiento de los derechos más elementales de los pueblos de la Patagonia", concluyó el comunicado.
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