El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto que regulará la actividad de los influencers en el que se establecen una serie de requisitos para que una persona sea considerada como tal, y es que no será considerado como un "usuario de especial relevancia" aquel que facture menos de 300.000 euros anuales con su actividad audiovisual o tenga menos de un millón de seguidores.
Según ha explicado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, tras el Consejo de Ministros, el real decreto define a los influencers en base a tres criterios: uno referente a los ingresos, que les exige facturar al menos 300.000 euros anuales con su actividad audiovisual, otro referente a la audiencia por el que deben superar el millón de seguidores en una única plataforma de intercambio de vídeos o dos millones en el global de su actividad para ser considerados como tal, y un tercero relativo a su actividad, que establece la necesidad de que hayan publicado o compartido 24 o más vídeos al año.
Quienes cumplan estos criterios deberán inscribirse, en el plazo de dos meses, en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales como usuarios de especial relevancia. A partir del momento de la inscripción estarán obligados a cumplir con la normativa en materia de protección de menores y de publicidad en el ámbito audiovisual, como identificar los espacios publicitarios o no hacer publicidad de tabaco, medicamentos o alcohol, es decir, sus obligaciones se homologarán con la de otros agentes audiovisuales.
Según ha recordado Escrivá, el real decreto para la regulación de la actividad de los influencers en internet también les obliga a identificar de forma expresa la publicidad y a etiquetar el contenido por edades.
En el ámbito de la protección de los menores, se les obliga al uso de herramientas de identificación digital de edad si el contenido es inapropiado para los menores. Así, tendrán que etiquetar los contenidos que lanzan en las redes desde el punto de vista de la edad a la que van dirigidos. Lo deberán hacer con un código de conducta que tendrán que acordar con los reguladores en este ámbito: la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.