El empresario del ocio nocturno Miguel Pascual, que fue el principal socio de Bartolomé Cursach, se ha acogido este lunes a su derecho a no declarar en el juicio por la presunta trama de corrupción policial en la Playa de Palma, una pieza conocida como caso Pabisa.
El juicio ha arrancado por la mañana en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares contra nueve policías locales, un funcionario del Ayuntamiento y el empresario del ocio nocturno. El fiscal Anticorrupción Juan Carrau los acusa de concertarse para beneficiar a los locales propiedad de éste último en el Arenal a cambio de servicios sexuales y trato preferente.
El fiscal pide penas de prisión que alcanzan los 50 años por varios delitos de prevaricación administrativa y cohecho. Se trata de una de las piezas en las que se dividió la macro investigación por corrupción en la Policía Local de Palma.
Si el caso Cursach parecía finiquitado después de la extraña exculpación de todos los acusados, incluido el capo de Mallorca Bartolomé Cursach, ahora empieza el juicio por una causa íntimamente ligada y que afecta a su socio en el negocio del ocio nocturno. Miguel Pascual está acusado de formar una trama corrupta para beneficiar a los locales de su propiedad en el Arenal a cambio de servicios sexuales y trato preferente en sus establecimientos de ocio nocturno.
El Arenal de Palma es la principal zona turística de la ciudad y, especialmente durante el verano, el centro neurálgico del ocio nocturno que en gran medida controlaban, y siguen controlando, Bartolomé Cursach y la familia Pascual.
Esta trama de corrupción relacionada con los sobornos a agentes policiales a cambio de dádivas es similar a la del caso Cursach.
Miguel Pascual era inicialmente uno de los principales competidores de Cursach en el ocio nocturno y ambos empresarios se vieron abocados a llegar a un acuerdo para repartirse el suntuoso negocio de la noche en Mallorca. Como ya publicó OKDIARIO el 13 de mayo de 2020, Cursach y Pascual se aliaron para repartirse el pastel y centraron sus esfuerzos en impedir que entrara alguien más en el negocio.
La vista de este lunes ha comenzado con el debate de cuestiones previas. Durante el trámite, que ha durado varias horas, entre otras peticiones las defensas han solicitado levantar el anonimato de algunos testigos protegidos.
El Tribunal lo ha rechazado. Los abogados también han censurado falta de concreción en el escrito del fiscal. El Tribunal resolverá en la sentencia sobre ésta y otras cuestiones previas, según informa Europa Press.
A continuación ha sido el turno de los interrogatorios de los acusados, comenzando por el empresario, que no ha querido responder a ninguna pregunta ni del fiscal ni de su abogado. Seguidamente han declarado varios funcionarios policiales y todos han negado el trato de favor al empresario.
Un subinspector de la Patrulla Verde es el único que ha aceptado responder al fiscal. Anticorrupción lo señala como la persona que habría ordenado avisar de cualquier inspección a los negocios de Pascual, a fin de «proteger los intereses» del empresario, y por presuntamente haber impedido que se tramitaran denuncias contra sus locales.
Este agente ha negado que tuviera funciones sobre las inspecciones en los locales del Arenal, asegurando que en los años que estuvo en la Patrulla Verde -periodo que ha limitado de 2013 a 2015- se ocupaba de «actuaciones mayores no permanentes», como fiestas, conciertos y otros espectáculos. «Esto de que había una orden de avisar a mandos no la di yo», ha asegurado.
A pesar de no considerarse «cliente» del local de table dance del empresario, el oficial ha reconocido que ha acudido en varias ocasiones con amigos, sin precisar cuántas, y que conocía a los empleados y éstos sabían que era policía.
«A lo mejor he estado dos años sin ir y a lo mejor luego un verano he ido cinco veces», ha dicho, restándole importancia a ese hecho: «No iba solamente a ese local, en el Arenal hay un montón de discotecas. Yo me movía por toda Palma, salía por la noche con mi mujer o con amigos».
En cualquier caso, el oficial ha negado que en el local le regalaran las copas o que recibiera cualquier otro regalo. También ha indicado que conocía a Pascual por razones profesionales pero tenía «muy poca relación» con él.
A lo largo del interrogatorio, el funcionario ha protestado en varias ocasiones por «irregularidades» en la investigación, llegando a afirmar que un párrafo de uno de los hechos en la causa «fue inventado por el señor Subirán» [el exfiscal Anticorrupción Miguel Ángel Subirán].
Otro policía local se ha desvinculado completamente de las inspecciones, aclarando que entregó la placa en 2006 para dedicarse a una segunda actividad y se jubiló tres años después. A partir de ahí estuvo viajando y cuidando de su madre. «No estaba al tanto de las inspecciones, en absoluto, de nada», ha afirmado.
Otro policía del GAP también se ha defendido de las acusaciones de Anticorrupción explicando que por haber estado realizando horas sindicales y por una suspensión derivada de su imputación en el caso Exámenes estuvo alejado de la actividad inspectora.
Además, el agente ha subrayado que no conoce al empresario -como tampoco conocía a Bartolomé Cursach, ha precisado, más allá de que coincidieron en la causa- y que no es cliente del table dance. «De manera particular yo a esos sitios no voy, no he ido nunca, ni a ése ni a ninguno», ha asegurado.
El juicio continuará este martes con las declaraciones del resto de acusados y se prolongará durante unas tres semanas.
Servicios sexuales
Los hechos incluidos en esta pieza habrían tenido lugar entre 2007 y 2015. El escrito de acusación recoge, entre otras cuestiones, momentos en los que el propio empresario acusado recriminaba a agentes de la Patrulla Verde que hicieran inspecciones sin avisar e incluso amonestaciones a agentes por parte de superiores por no obedecer órdenes precisas de trato de favor. Además, constan inspecciones con resultado positivo que no llegan a tramitarse o sancionarse.
Según el relato del fiscal, el empresario obsequiaba con servicios sexuales gratuitos y consumiciones a los otros acusados a cambio de que le avisaran de las inspecciones para, por otra parte, que trabajadores que no estaban en situación regular no estuvieran trabajando en esos momentos.
Carrau recoge igualmente que el empresario habría dado orden a sus subordinados para que prestaran trato de favor al funcionario acusado y que disfrutara de servicios sexuales y consumiciones gratis. Este funcionario, con competencias en urbanismo, licencias y actividades, habría intervenido en expedientes relacionados con locales del empresario encausado.
Además, algunos oficiales daban orden a agentes uniformados y motorizados en su reparto diario de funciones para que se apostaran en alguno de los locales del empresario y evitar así que tuviera que contratar seguridad privada. Esto suponía desprotección para otros locales de la competencia. En relación a este último asunto, varios agentes de la Policía Local de Palma elevaron una queja a sus superiores.
Para Miguel Pascual, el fiscal reclama cinco años de prisión por un delito de cohecho activo continuado y multa de 60.000 euros (20 meses con cuota de 100 al día). Por su parte, uno de los subinspectores y jefe de la unidad nocturna y de la Patrulla Verde se enfrenta a 10 años de inhabilitación por prevaricación administrativa continuada y 4 años y 6 meses por cohecho pasivo y multa de 48.000 euros.
Dos causas más contra Miguel Pascual
Esta no es la única pieza del caso Cursach pendiente de resolución. Uno de los principales damnificados por la trama corrupta orquestada por Miguel Pascual y su hijo, Onofre Pascual, fue el empresario Bruno da Silva. Este empresario presentó una querella contra Onofre Pascual y su hijo. Les denunció por delitos de extorsión y organización criminal. Posteriormente Onofre Pascual presentó una querella contra Bruno da Silva por denuncia falsa. Esta pieza está pendiente de resolución.
Además, Miguel Pascual tiene otro juicio pendiente y en esta ocasión por un delito ecológico. La Fiscalía le pide quince meses de cárcel por destruir una zona forestal protegida de gran valor ecológico en el emblemático espacio natural de la Marina de Llucmajor (Mallorca). Según el escrito de acusación de la Fiscalía, provocó la muerte de seis tortugas, una especie protegida, aparte de arrasar una parcela de gran valor ecológico para plantar un viñedo.