La sentencia del Juzgado Penal Colegiado contra cuatro acusados de la muerte de los líderes Ashéninka de Saweto, ha sido celebrada internacionalmente como un acto justo. Pero no lo es tanto. Pasada la euforia, los familiares de los asesinados y la comunidad de Saweto viven bajo amenazas que –nadie lo quisiera– podría generar más muertes.
Como los sentenciados no están presos, pese a las reglas de conducta, representarían una amenaza para los familiares de los asesinados e incluso para la misma comunidad. Los pedidos de protección han sido respondidos con indiferencia.
Elizabeth Prado, periodista del diario La República, ha reportado que los familiares de Edwin Chota, Jorge Ríos, Francisco Pinedo y Leoncio Quintisima, temen regresar a la comunidad porque, al menos uno de los sentenciados, Segundo Atachi Félix, sigue talando árboles, como si no le importase la sentencia, en tanto que sus familiares amenazan al actual líder y a las viudas.
El reporte ha tomado los testimonios de Lina Ruiz Santillán, hija de una de las víctimas, y del pintkazari (Jefe) de Alto Tamaya-Saweto, Andrés Arévalo Pérez.
Ambos coinciden en que la sentencia, a medias, los ha puesto en peligro y que, ese peligro, continuará hasta que, realmente, se atiendan las necesidades de la comunidad que está ubicada en el río Tamaya, distrito de Masisea, provincia de Coronel Portillo, una zona donde campea la tala ilegal de madera y el narcotráfico.
NO PUEDEN REGRESAR
En el reporte de la periodista Prado, la comunera Lina Ruiz plantea el problema. Estamos "poco contentas porque los familiares de los asesinos viven donde nosotros vivimos, por eso no podemos regresar a nuestra comunidad", afirma Ruíz.
Y agrega: "Nos pueden matar, así como mataron a mi padre. No podríamos regresar porque el asesino Segundo Atachi está en Saweto, sigue talando. Ahora están esperando la creciente del río para que bajen la madera". Ella se muestra muy preocupada por esta situación.
"Sus hijos hablan, dijeron que, si a sus padres los condenan, se van a vengar de nosotros, nos quieren matar a todos y así quedará libre nuestro territorio para ellos, eso nos preocupa mucho", afirmó Ruiz.
Y, por eso, no dudó en solicitar a las autoridades que tomen acciones para protegerlos de una posible venganza. "No queremos que esa persona esté en nuestra comunidad. ¿Dónde está el Estado? Reclamamos nuestros derechos y el de mi padre, que derramó su sangre por nuestros bosques, y por eso lo mataron los taladores ilegales". La demanda de Lina, no ha sido atendida, aunque la presidenta Dina Boluarte les ha asegurado que los protegerá. A la fecha, no se hizo nada.
LIDER AMENAZADO
Quien también sufre esta situación es Andrés Arévalo Pérez. A sus 24 años ha tenido que asumir el cargo de pintkazari (jefe) de la comunidad Alto Tamaya-Saweto y ha tenido que denunciar que en la zona continúa la tala ilegal, como si no hubiera pasado nada.
"Hace una semana se ha visto árboles copaiba y pashaco tumbados dentro de nuestro territorio. Los madereros no respetan a la comunidad y nos traen muchas amenazas", dijo.
Arévalo ha confirmado que Segundo Atachi está actuando en territorio de Alto Tamaya-Saweto. "Lo hemos visto, y también están sus familiares. De repente nos pasa algo en el camino. Tememos que nos ocurra lo mismo que a nuestros líderes". La preocupación del Jefe Ashéninka se basa en que no hay quién los proteja de las amenazas que no son poca cosa.
"Hay un puesto policial cerca, en Putaya, pero no cumple con su función. Estoy recibiendo amenazas de los madereros ilegales. Se escuchan rumores de que en cualquier rato me van a matar. No me siento seguro, por eso pido al Estado que nos dé mayor seguridad en la comunidad", ha pedido reiteradamente Arévalo quien recuerda que cuando era un colegial, acompañó al asesinado Edwin Chota, en sus recorridos de monitoreo del territorio comunal y en las gestiones por el reconocimiento de la comunidad. Ahora, bastante joven, teme por su vida.
PEDIDOS NO ATENDIDOS
La abogada Rocío Trujillo, de Aidesep, pidió garantías para los testigos y las viudas, pero hasta el momento, nada. "El riesgo se incrementa, ya que los familiares de algunos sentenciados viven cerca de la comunidad. Hay mucho miedo, pues los comuneros viajan por el río sin ningún resguardo. Vamos a solicitar al Ministerio del Interior que implemente el puesto policial para que se otorgue protección a los deudos y a la comunidad en el contexto del incremento de amenazas y de tala ilegal en la zona", ha dicho Trujillo, con mucha preocupación.
Quien también está preocupado es el ministro consejero de la embajada de la Unión Europea, Jerome Poussielgue.
Jerome ha dicho: "Saludamos la sentencia, pero me preocupa la seguridad de las personas hasta que realmente se cumpla el fallo judicial. Esperamos que esta sentencia haga historia y sea un mensaje claro de apoyo del Estado a las víctimas y a los que trabajan en pro de los derechos humanos y la protección del medio ambiente. Que sea un mensaje para todos los criminales y violadores de estos derechos de que en este país sí hay justicia para todos", manifiesta.
En Alto Tamaya-Saweto viven 35 familias, unos 120 habitantes. No tienen agua potable, ni energía eléctrica. En una sola aula estudian los seis grados de primaria.
Si tras las muertes, amenazas, la tala ilegal, el narcotráfico y la incomprensión del Estado, la comunidad no ha desaparecido es porque, pese a las angustias y problemas, están empeñados en una histórica lucha por cuidar el bosque como su fuente de vida.