Cuando se resuelva el conflicto docente y se inicien las clases, una vez más las autoridades políticas de todo el país, nacionales y provinciales, habrán logrado la meta que más les preocupa junto con el cumplimiento del calendario escolar.
Para la mayoría de nuestros gobernantes eso es prácticamente un triunfo. El problema es que afuera queda la educación.
Para qué, con quiénes, con qué recursos, en qué condiciones, con cuánto financiamiento y cuáles controles.
Las leyes vigentes dan respuesta pero son de escaso cumplimiento y las responsabilidades se diluyen en el defectuoso federalismo que nos funda.
Los datos de ese fracaso aparecen en los resultados de las evaluaciones nacionales e internacionales y en la migración de la matrícula de las escuelas estatales a las privadas, aún de sectores muy humildes.
Como esto no es nuevo ni ignorado por los responsables, una pregunta erosiona con insistencia mi entendimiento: ¿ no será que finalmente triunfó, por default político, la tesis que sostenían algunos planificadores de políticas públicas a principio de los noventa, (cuando se estaba reformateando el Estado y la administración de servicios como la energía, las comunicaciones y el transporte), que en educación solo debía financiarse a los más pobres dado que el Estado carecía de recursos para el universo que debía atender?.
Por las leyes que luego se sancionaron, aparentemente "ganó" la posición estatista y todos los que defendíamos y defendemos la educación pública, sin partidismos, nos concentramos, no sin conflictos, en diseñar y gestionar políticas orientadas a la equidad y calidad del sistema.
Pero, en sucesivos gobiernos, todos han hecho y hacen el esfuerzo de construir infraestructura y distribuir equipamiento, sin que haya habido disposición para promover y acordar una verdadera carrera profesional docente, eje de una educación de calidad, y para transformar seriamente las instituciones que los forman.
Tampoco para transparentar los presupuestos educativos en muchas provincias, más orientados a garantizar empleo o beneficios sectoriales que a financiar a las escuelas y a sus plantas profesionales.
La división de funciones y responsabilidades entre la nación y las provincias no debiera ser más el velo que oculta la falta de acción en estos temas.
Por ley, se pactan a nivel nacional qué se enseña y qué competencias deben tener los niños y jóvenes en cada nivel, cómo se forman los docentes, qué prioridades se dan en cada momento a temas relevantes, qué regiones están más deprimidas y deben recibir ayuda especial de la Nación, las evaluaciones y programas especiales de capacitación y la política docente.
Luego cada provincia dispone libremente de sus recursos y diseña sus programas y prioridades políticas para la gestión.
Pero, provincias complejas como la de Buenos Aires, ¿podría encarar una transformación estructural de su administración sin un acuerdo político en materia docente que la trascienda?
Siguiendo con las urgencias, la "emergencia social" legislada, ¿por qué no incorpora a todas las escuelas de los territorios más afectados por la delincuencia y la pobreza?
La mejor política de prevención sería actuar ya mismo en ellas fortaleciéndolas con profesionales adecuados, infraestructura y actividades que les adelanten otro futuro a quienes hoy están sufriendo.
Ni la economía ni la beneficencia van a producir una educación de calidad para todos.
La beligerancia ideológica de algunos gremios docentes es otro velo.
Más allá de sus buenas o equivocadas razones, finalmente se tornan funcionales a esa voluntad de no hacer o miedo político de enfrentar la complejidad y ayudan a convertir en "logro" el simple hecho de empezar las clases en fecha.
Por eso, estancados y sin más escusas, la pregunta sería: ¿están las autoridades políticas del país federal realmente dispuestas a que el Estado garantice una educación de calidad para todos?