Jesús Murillo Karam seguirá sus procesos penales en prisión domiciliaria. El exprocurador, fiscal general durante el primer bienio del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), ha conseguido finalmente el favor de la justicia, después de dos años en la cárcel. En dos procesos distintos, la Fiscalía le acusa de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia, delitos relacionados con el caso Ayotzinapa, el ataque contra un grupo de estudiantes normalistas hace casi 10 años, en el Estado de Guerrero, y la desaparición de 43 de ellos.
La defensa de Murillo ha logrado finalmente su objetivo. En noviembre del año pasado, sus abogados ya habían conseguido que el juez accediese a la prisión domiciliaria en uno de los procesos. Ahora, un tribunal ha otorgado la medida para el segundo. Pasados ya los 75 años, Murillo saldrá de prisión en los próximos días, una formalidad, en realidad, ya que pasaba buena parte del tiempo en un hospital del sur de Ciudad de México, aquejado de una enfermedad pulmonar, entre otros padecimientos.
En un comunicado, el Consejo de la Judicatura Federal ha explicado los argumentos del tribunal. "El artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece una excepción para que la aplicación de la prisión preventiva se ejecute en el domicilio de la persona imputada o, de ser el caso, en un centro médico o geriátrico, bajo las medidas de protección que procedan, en aquellos supuestos en que el imputado sea mayor de setenta años o que padezca una enfermedad grave. El quejoso padece una enfermedad grave y tiene más de setenta y cinco años, lo que el propio fiscal, que lo acusa ni cuestiona", dice el texto.
En el caso de Murillo, el riesgo de fuga siempre aparecía como el principal argumento de la justicia para mantenerlo en prisión. El Consejo explica que ese riesgo "debe analizarse a partir de los antecedentes, ya que se sabe que el imputado permitió la ejecución de la orden de aprehensión, a pesar de estar en posibilidad de sustraerse de la acción". Así, Murillo volverá seguramente a su mansión de Lomas de Chapultepec, en Ciudad de México, lugar en el que fue detenido hace poco menos de dos años.
Más allá de su simbolismo, la excarcelación de Murillo no afecta a los procesos en su contra. La Fiscalía General de la República señala que Murillo encabezó una operación para cerrar apresuradamente las pesquisas del caso Ayotzinapa, con el objetivo de evitarle desgaste político al Gobierno. Los investigadores señalan que Murillo urdió una trama a partir de declaraciones de presuntos implicados en el ataque contra los estudiantes, obtenidas mediante tortura. Como máximo responsable de la investigación en los primeros meses, la FGR señala su responsabilidad en la conspiración.
Esas declaraciones obtenidas mediante tortura dibujaron una versión conocida como la verdad histórica. El relato señala que el grupo criminal Guerreros Unidos, apoyado en policías municipales de Iguala, lugar del ataque, y de otros municipios, atacaron al contingente de estudiantes, cuando trataban de llevarse autobuses de línea de la terminal de Iguala. Durante el ataque, los perpetradores mataron a seis personas y desaparecieron a 43 estudiantes. La verdad histórica señala que los criminales mataron a los 43, llevaron sus cuerpos a un basurero y allí los quemaron. Luego, echaron los restos a un río cercano.
Durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los investigadores han tratado de desarmar la telaraña de mentiras y complicidades construida en los años de Murillo. La FGR está segura de que los 43 no fueron quemados en el basurero y de que la parte del relato que apunta al río —además del hallazgo posterior de huesos de uno de los 43 en sus aguas— es un teatro armado por sus antecesores. La cuestión es si podrán probarlo y conseguir, por tanto, que la justicia condene a Murillo y sus secuaces, al menos los que fueron detenidos. El número dos de Murillo, Tomás Zerón, sigue huido en Israel.