Entre los relatos clave se encuentran los de los ex jefes policiales Ángel Becerra y Alejandro Elortz, así como el del vecino del country y exmiembro de la comisión de seguridad de Carmel, Alejandro Arauz Castex.
Según Castex, quien integraba la Comisión de Seguridad del barrio en el momento del crimen en octubre de 2002, Pachelo "fue la persona que estuvo más cerca del lugar del asesinato y del momento del hecho". Además, destacó la existencia de robos, amenazas y extorsiones en el barrio durante ese período, todos apuntando al ahora imputado.
Tanto el comisario general retirado Ángel Beserra como el comisario mayor retirado Alejandro Elorz, quienes estaban a cargo de la Sub Delegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de Pilar al momento del hecho, coincidieron en que la hipótesis que llevaba a Pachelo era "altamente positiva", aunque Molina Pico realizó "una investigación unidireccionada" hacia a la familia de la víctima.
La presentación también hizo referencia a una serie de escuchas telefónicas obtenidas de la investigación que hasta ahora no se habían conocido y que permiten, entre otras cosas, conocer el acceso a información privilegiada que obtenía el defensor de Pachelo, Roberto Ribas, mientras el exvecino era testigo en la causa.
María Marta fue hallada muerta por su esposo Carlos Carrascosa el 27 de octubre de 2002 en un supuesto accidente en la bañera de su casa del barrio cerrado Carmel de Pilar. Su cuerpo se exhumó 36 días después a pedido de la familia y la autopsia reveló que había sido asesinada de cinco balazos.
A partir de ese momento, se tejieron decenas de hipótesis. El primer sospechoso para sus allegados era su vecino Nicolás Pachelo, a quien ella culpaba del robo y desaparición de su perro labrador "Tom".
Sin embargo, el fiscal apuntaba al viudo y al entorno familiar, quienes habían presentado un certificado de defunción modificado y hasta habían tirado por el inodoro una de las balas encontradas en la escena.
Molina Pico actualmente trabaja como fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción de Flagrancia de San Isidro. El delito de encubrimiento agravado por el que se lo acusa prevé una pena de hasta seis años de prisión.