El archivo de la causa judicial abierta hace dos años contra Mónica Oltra por la que tuvo que renunciar a su cargo de vicepresidenta de la Generalitat valenciana, acusada de maniobrar desde su cargo para tapar los abusos sexuales de su exmarido a una joven tutelada por la Conselleria de Igualdad del Gobierno valenciano, ha vuelto a poner en primer plano un término que en los últimos tiempos acumula mucho protagonismo en la política española: lawfare.
La estrategia judicial de la ultraderecha contra los políticos de izquierda sigue siempre el mismo guion: denuncias falsas o con poca entidad que suelen prosperar en los tribunales ante la complicidad de una judicatura conservadora y la inestimable colaboración de medios igualmente conservadores que le dan un amplio eco mediático al asunto.
Además de Oltra, en los últimos años se han producido varios casos de lawfare en España: desde Podemos al Sindicato Andaluz de los Trabajadores (STA), pasando por los comuns, Ada Colau, Isa Serra, Alberto Rodríguez, Vicky Rosell, entre otros. Burdos y toscos, casi todos terminaron en nada, pero en algunas ocasiones, como ha ocurrido con Oltra, el daño ha sido considerable y ha terminado por torpedear la carrera política de la afectada.
Mónica Oltra: un caso de manual
El de Oltra es un caso de libro. La política valenciana siempre sostuvo su inocencia ante unas acusaciones que desde el primer minuto parecían muy endebles y que casi nadie creía. Pese a ello, un juez y una fiscal decidieron dar pábulo al montaje orquestado por la ultraderechista Cristina Seguí y el abogado José Luis Roberto Navarro, líder del partido extraparlamentario y ultraderechista España 2000. Oltra se resistió todo lo que pudo, pero la presión mediática se hizo insoportable. "Esta historia pasará a la historia de la infamia política, jurídica y mediática de este país", dijo Oltra el día que dimitió, en junio de 2022. Las suyas fueron unas palabras proféticas.
Ada Colau: boicot a la alcaldesa
Junto al de Mónica Oltra, el de Ada Colau es el otro nombre ilustre en es esta cacería lanzada por la ultraderecha. La alcaldesa de Barcelona era una pieza de caza mayor y llegó a ser imputada durante unos meses por una supuesta coacción a una inmobiliaria de un fondo buitre. Este fondo buitre presentó una querella contra Colau: la acusó de obligarla a ofrecer alquiler social a familias desahuciadas.
Colau llegó a declarar en el juzgado. Al igual que ocurrió con Oltra, la acusación contra ella y dos de sus concejales apenas se sostenía en pie: era tan burda que la propia jueza reconoció que se acusó a Colau de mala fe, a sabiendas de que la ahora exalcaldesa de Barcelona no tenía nada que ver en los hechos que se le imputaban. Lo que buscaba el fondo buitre era desgastar a Ada Colau y su equipo, paralizar o limitar sus políticas y torpedear sus opciones de aspirar a un tercer mandato.
'Caso Neurona': la máxima expresión del 'lawfare'
Durante tres largos años, el juez Juan José Escalonilla, al frente del Juzgado de Instrucción 42 de Madrid, mantuvo imputados a Podemos y a varios de sus responsables en una macrocausa, el caso Neurona, que se quiso presentar como el caso Gürtel de los morados, acusados de financiación irregular y de tener una caja B al más puro estilo de Génova. El caso llegó a acumular hasta una decena de piezas separadas, entre ellas el caso Niñera. La denuncia partió de un abogado despedido de Podemos, José Manuel Calvente, en julio de 2020, en lo que siempre tuvo un aroma de vendetta contra el partido. El caso fue oportunamente rentabilizado por la derecha mediática y judicial pocos meses después de que Podemos formara Gobierno con el PSOE.
A cuentagotas, todas esas piezas separadas se fueron cerrando una a una con el paso del tiempo, al igual que las acusaciones contra diferentes dirigentes de Podemos. En diciembre de 2023, el juez Escalonilla cerraba la causa sin que pudiera justificar de manera razonada por qué extendió tanto la causa.
Alberto Rodríguez: la inédita retirada de un escaño
El caso de Alberto Rodríguez, diputado por Podemos, es otro ejemplo típico de lawfare. En octubre de 2021, Meritxell Batet, por entonces presidenta del Congreso, comunicó a Alberto Rodríguez la pérdida de su condición de diputado de Unidas Podemos por orden del Tribunal Supremo, que en una muy polémica y muy discutible decisión, muy abierta también a interpretaciones, obligó a Batet a retirar la condición de diputado a Rodríguez bajo la amenaza de encausarla si no lo hacía.
Rodríguez había sido condenado por dar una patada a un agente de Policía durante una manifestación años antes, pese a que la única prueba en su contra era el propio testimonio del agente. El Supremo consideró que la condena -un mes y 15 días de cárcel por un delito de atentado a agentes de la autoridad y una pena accesoria de inhabilitación especial- implicaba su inhabilitación inmediata como diputado. Otras interpretaciones consideraban lo contrario. Tanto es así, que en enero de 2024 el Tribunal Constitucional anuló la nula la condena de inhabilitación de Alberto Rodríguez y reconocía que tendría que haber mantenido su escaño de diputado.
Isa Serra: cuando la Justicia es deliberadamente lenta
Isa Serra es otra dirigente de Podemos a la que se le ha aplicado un lawfare de manual. Este titular lo resume todo: "La lentitud de la Justicia en notificar a Isa Serra su suspensión le impedirá concurrir en unas elecciones hasta 2025". En este caso se aplicó una variante del 'lawfare': el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) retrasó en el dos años y medio después la ejecución de la sentencia -fue condenada por un delito de atentado a la autoridad y lesiones a un policía durante un desahucio en 2014- y más de uno desde que la ratificase el Tribunal Supremo. Esto inhabilita a Serra a presentarse en ninguna lista electoral hasta 2025. "Pasarán cinco años y medio (el doble de lo que me impusieron en la sentencia) desde que fui condenada", lamentó Serra en un comunicado.
Pisarello, Asens y los comuns: el 'lawfare' que no cesa
Gerardo Pisarello y Jaume Asens, dirigentes de Comuns y actualmente diputados en el Congreso, se enfrentan a una querella presentada por un promotor y empresario. El Tribunal Supremo estudia si admitirla a trámite. Pisarello y Asens han sido denunciados por Paco Medina, fundador de Open Camp Barcelona, primer parque temático del mundo dedicado exclusivamente al deporte, que cerró sus puertas hace siete años por la falta de público e ingresos. El complejo, situado en la Anella Olímpica de Barcelona, en Montjuïc, abrió el 18 de junio de 2016 y cerró un año más tarde, el 31 de julio del 2017.
Ahora Medina acusa a Pisarello y a Asens, por entonces concejales del Ayuntamiento de Barcelona, de trazar un "premeditado plan delictivo" para "paralizar" la actividad del complejo tras llegar en el Ayuntamiento de Barcelona en 2015, en lo que parece un nuevo intento de instrumentalización de la Justicia por interés propio. Hasta ahora, la justicia ha archivado hasta 16 denuncias contra Barcelona En Comú.
Victoria Rosell: acoso a una jueza
Otro ejemplo de lawfare que no admite discusión, pero en el que al menos se hizo justicia: el malo acabó en la cárcel. El malo es Salvador Alba, el juez corrupto que quiso acabar con la carrera política y profesional de Victoria Rosell, jueza que había pedido la excedencia para entrar en política de la mano de Podemos. Hay otras dos personas implicadas: el exministro de Industria José Manuel Soria (PP) —entonces rival político de Rosell en Canarias— y Miguel Ángel Ramírez, presidente del club de fútbol Unión Deportiva Las Palmas. El primero se dedicó a poner denuncias judiciales sin fundamento contra Rosell y el segundo fue utilizado como ariete y supuesto testigo de cargo contra la dirigente de Podemos.
Tras una enmarañada y larga batalla judicial, Alba acabó en la cárcel y Victoria Rosell pudo proseguir su carrera política y llegar a ser Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, cargo que ocupó hasta hace unos meses.
Óscar Reina, el líder sindical con más detenciones
El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), con unos 20.000 afiliados, se presenta como el sindicato "más represaliado de Europa". La estadística le da la razón: su secretario general, Óscar Reina, ha sido detenido hasta en ocho ocasiones desde que llegó al cargo. Como contaba nuestro compañero Santiago F. Reviejo el pasado mes de febrero en este reportaje, "la mayoría de las detenciones han sido por ocupaciones de fincas y por no presentarse a citaciones judiciales, ejerciendo una desobediencia civil pacífica contra la persecución que, según él, sufre su organización".
Desde 2010, el SAT mantiene una estrategia de insumisión judicial como forma de protesta contra lo que considera una "represión" sistemática contra el sindicato. "Nos encontramos con que muchas sentencias estaban escritas ya antes de que se celebrara el juicio. El lawfare del que muchos hablan ahora lo llevamos nosotros padeciendo hace muchos años, la persecución judicial. Y decidimos rebelarnos a través de la desobediencia civil pacífica", explicaba a Público Óscar Reina hace dos meses.
"Somos el sindicato más represaliado de Europa, porque hemos acumulado peticiones de multas por más de un millón de euros, sobre todo por la ocupación de fincas o las acciones en Mercadona y Carrefour, más de 500 afiliados procesados y peticiones de cárcel que han llegado a sumar 400 años", resumía Óscar Reina en la entrevista con Público.
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