La Fiscalía Anticorrupción no reconoce la "honestidad y honradez" a la que se hace mención en la petición de indulto del que fuera presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, condenado a seis años de prisión por prevaricación y malversación de caudales públicos en el caso de los ERE, y señala que los hechos "no pueden quedar sin respuesta punitiva" mediante la conmutación parcial de la cárcel.
La oposición a esta medida de gracia también afecta a otros siete ex altos cargos condenados por malversación en el marco de esta macrocausa, que supuso un agujero de más de 700 millones de euros de las arcas andaluzas a través de un entramado ilegal de concesiones de ayudas destinadas a empleo que fueron destinadas a otros fines.
La posición de Anticorrupción ha sido dada a conocer a hoy mediante un escrito remitido a la Audiencia de Sevilla en que se abordaba esta cuestión.
La malversación, el peor de los delitos cometidos en la Administración Pública
"Los fines retributivos, de prevención y rehabilitación de las penas no justifican, ni permiten la concesión de un indulto parcial", añade el escrito, toda vez que considera que no puede reconocerse la "honestidad y honradez" de Griñán, que se presenta como mérito en la solicitud, cuando se le ha condenado por los delitos "más graves cometidos en el seno de la Administración Pública" y en su ejecución se evidencia "un flagrante quebranto de la probidad en el ejercicio de la función pública".
Ha indicado que la malversación tiende a hacer posible la confianza de la sociedad en el "manejo honesto" de los fondos públicos y entiende que "no debe de olvidarse que durante el mandato del acusado en los cargos ya detallados se dispuso de créditos presupuestarios para la concesión de ayudas ilegales por un importe superior a 427 millones".
Tras examinar los argumentos de la petición de indulto, "sustentada en razones de justicia y equidad", la Fiscalía Anticorrupción entiende que no guardan relación con la naturaleza y finalidad del indulto.
Igualdad ante la Ley
Ha expuesto que los delitos objeto de condena no requieren un enriquecimiento económico propio y que ninguna de las sentencias recoge la presencia de dilaciones en el tiempo atendiendo a la extensión temporal y la complejidad de los hechos.
Ha recordado que el Tribunal Supremo recoge que la malversación es una forma más de corrupción política y señala que el correcto entendimiento del delito de prevaricación administrativa solo puede realizarse desde una concepción democrática del poder público.
"La corrupción política y administrativa y la desviación de poder son incompatibles con un Estado democrático de derecho, en el que han de prevalecer principios como la igualdad ante la ley, el control del poder público, la imparcialidad y la corrección en la actuación administrativa", manifiesta.
El exdirigente eludía la cárcel al padecer un cáncer de próstata
Recordemos que Griñán eludió entrar en prisión, como así lo hicieran el resto de compañeros condenados por el delito de malversación, al padecer un cáncer de próstata que le hacía "incompatible" el internamiento con recibir un tratamiento médico adecuado y necesario. Fue desde el Instituto de Medicina Forense desde donde se emitió un escrito "desaconsejando" el cumplimiento de esta condena, si bien quedaba a expensar de saber la evolución del paciente cada cierto tiempo.
Desde que se diera a conocer que en noviembre de 2011 que la Audiencia de Sevilla consideraba al socialista culpable en el caso de los ERE, su abogado elaboró una estrategia de recursos con el fin de que en alguna instancia superior se emitiese otro veredicto. En agosto de 2022 el Supremo coincidía con el tribunal provincial mientras que la familia del exdirigente iba preparando la petición de indulto parcial que presentarían a principios de septiembre.