El Tribunal de Cuentas admite deficiencias en contratos covid, pero la fiscalía acabó archivando casi todos los casos
La presidenta del organismo, Enriqueta Chicano, compareció en la Comisión Mixta Congreso-Senado
11 abr 2024 . Actualizado a las 19:43 h.La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, explicó en el Congreso que en los contratos de emergencia suscritos en los primeros meses de pandemia hubo deficiencias y posibles irregularidades, derivadas de las limitaciones de aquellas semanas de crisis sanitaria y de estado de alarma, pero subrayó que en los problemas detectados la Fiscalía abrió procedimiento de responsabilidad contable y al final acabó archivando los casos, salvo dos que están a punto de cerrarse a la espera de recuperar el material pendiente de entrega.
En total, y según explicó Chicano ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado), la institución ha realizado un total de siete informes de fiscalización sobre la contratación de emergencia en esos meses de pandemia, todos aprobados por unanimidad, y solo les resta completar uno de balance general que se espera para este año.
Según los datos del tribunal, expuestos por Chicano ante la comisión, en aquellos primeros meses de pandemia los ministerios, los principales ayuntamientos y las empresas públicas realizaron 13.211 contratos de emergencia por un valor total de 2.129 millones de euros, y la institución ha examinado el 10 % de esos contratos (1.328) que suponen el 83 % del importe global (1.758 millones). En las cifras no se incluye la contratación de Madrid, Cataluña, Baleares y la mayoría de comunidades, que tienen su propio fiscalizador.
Un 75 % sin incidencias
La labor del Tribunal de Cuentas ha sido verificar el cumplimiento de la obligación de remitir la documentación al fiscalizador y a la Intervención, analizar la justificación de la tramitación de emergencia de los contratos y la preparación, adjudicación y formalización de los mismos, y confirmar que había crédito suficiente para la contratación o que al menos que se arregló a posteriori.
Según explicó la presidenta del Tribunal de Cuentas ante el Congreso, en lo relativo a la comunicación, en un 75 % de los casos no ha habido incidencias relevantes. También se debía informar a la Intervención competente, lo que no ha quedado acreditado en el 23 % de los expedientes analizados.
Una primera conclusión del Tribunal de Cuentas es que, por lo general, la contratación estuvo vinculada directa o indirectamente con las necesidades de protección de las personas frente al covid, aunque también se han visto casos en los que no existía tal vinculación, contratos con una justificación «excesivamente genérica», y otros en los que lo que se necesitaba ya existía antes de la pandemia, lo que revela «una defectuosa planificación».