"Ecuador ha violado los derechos de México bajo las normas consuetudinarias y de derecho internacional convencional, así como los principios fundamentales sobre los que se basa el sistema de derecho internacional." Este es el resumen de la cancillería mexicana después del allanamiento e irrupción ilegal de la sede de la Embajada mexicana en Quito, Ecuador, por fuerzas de seguridad del gobierno de ese país.
No hay lugar a dudas: se violó flagrantemente la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1969 y la Convención sobre Asilo Diplomático aprobada en Caracas en 1954; y, con esto, se provocó una crisis sin precedentes en la historia moderna de las relaciones diplomáticas latinoamericanas.
Ambas disposiciones legales son la última versión de un cuerpo legal internacional construido durante siglos con una tradición convencional milenaria y que responde a mucha, a mucha historia de carácter universal.
La Convención de Viena básicamente define las funciones, los derechos y las inmunidades de las sedes diplomáticas y del personal o agentes diplomáticos, quienes son inviolables y no pueden ser detenidos o arrestados. Se violó la soberanía del territorio mexicano y la inviolabilidad de las embajadas, el artículo 21 de la Convención establece que "las misiones diplomáticas gozan de plena inmunidad y extraterritorialidad".
Eso significa que un país anfitrión no tiene derecho a entrar en una embajada sin la autorización del jefe de la misión diplomática. La inviolabilidad de los locales y del personal diplomático y consular son el principio cardinal de esta legislación.
La Convención sobre el Derecho de Asilo de la OEA fue también flagrantemente violada. El derecho de asilo tiene claramente una función diplomática de carácter internacional con motivos políticos y del cual México tiene una larga e importarte tradición. Ecuador sostiene que este derecho no puede invocarse en virtud de que es un delincuente condenado, solo que en su argumentación es omiso cuando la misma Convención establece claramente: "a menos que los cargos en que se base la condena sean de naturaleza política".
Lo cual por cierto no corresponde al Estado mexicano juzgarlo, pero si considerarlo, como es el caso. Los hechos tienen una historia que tiene que ver con la lucha política por el control del gobierno ecuatoriano. Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador (2013-2017) en el segundo periodo del expresidente Rafael Correa (2007-2017), después de pasar 4 años en la cárcel, con una liberación anticipada de una sentencia que lo condeno a ocho años por cohecho y asociación ilícita, al salir de la cárcel, por una resolución judicial de aquel país, solicitó asilo político aduciendo ser un perseguido político y víctima de "lawfare": utilización del aparato judicial contra adversarios políticos.
México aceptó la solicitud y se lo comunico al gobierno ecuatoriano, dando alojamiento en su embajada al señor Glas desde mediados de diciembre del 2023, tal y como las reglas lo permiten. Con pleno conocimiento de que el exvicepresidente está imputado por peculado y por malversación de fondos públicos para la reconstrucción después del terremoto de 2016 que azoto a aquel país andino.
Le correspondía a México determinar si el caso tiene una motivación política, que claramente la tiene y en esa virtud, permitió la estadía en su sede diplomática. Por cierto, hay que decir que por la misma causa el expresidente Correa le fue concedido asilo político en Bélgica.
Ecuador aduce que no le quedo mas remedio en virtud de que de acuerdo a su interpretación, el exvicepresidente Glas no tenía derecho a asilo, situación que por cierto, bajo estas mismas reglas, no le correspondía determinarlo. Lo cierto es que si consideraba que no cumplía con los requisitos podría haber intentado bloquear legalmente el traslado o incluso negar el salvoconducto, para que no pudiera salir de territorio ecuatoriano.
Con mucha posibilidad, Glas hubiera permanecido años en la embajada de México, justo como recientemente ocurrió con Julian Assange contradictoriamente en la Embajada Ecuatoriana en Londres. Hay un largo historial de políticos latinoamericanos en embajadas, uno de ellos es el del peruano Victorio Raúl de la Haya en la embajada de Colombia en Lima.
Un día después de que México decidió dar asilo en uso de su derecho y cumpliendo el procedimiento legal, el gobierno ecuatoriano declaro a la embajadora de México en Ecuador, Raquel Serur, como persona non grata, lo que motivo las expresiones del presidente López Obrador respecto al asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. De acuerdo al artículo 9 de la Convención de Viena, México no tuvo opción, mando llamar a su embajadora ante la posibilidad de que fuera expulsada de esa nación sudamericana.
El 5 de abril en la irrupción y el allanamiento de la policía ecuatoriana sin autorización a la soberanía territorial de la embajada de México en Ecuador Roberto Canseco, Jefe de la Cancillería, es maltratado físicamente como se ha documentado con los videos que ya son públicos, acumulando otra falta a la legislación internacional de parte del gobierno ecuatoriano.
El 11 de abril el gobierno mexicano decide romper las relaciones diplomáticas como el canon internacional permite y demanda ante la Corte Internacional de Justicia por la violación a los principios de la Carta de las Naciones Unidas en su artículo 6.
Dicha disposición determina la responsabilidad de un Estado y el derecho de otro a iniciar un proceso por el daño infringido a otro Estado parte.
Entre otras de sus demandas, se pide suspender a Ecuador en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y determinar la responsabilidad para un proceso de expulsión de este organismo por el daño infligido al Estado Mexicano y por la violación a las Convenciones que hemos explicado.
Más allá de filias y fobias, el jefe del Estado mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a través de la Cancillería, está haciendo lo correcto. Sostener que es un asunto político de otro país por la simpatía ideológica de AMLO con Correa es secundario y hasta irrelevante.
El derecho de asilo es justo eso, permitir que opositores políticos tengan salvoconductos para garantizar su propia vida y su libertad, máximos derechos tutelados por la legislación internacional. No hay antecedente ni el tiempo de las duras dictaduras militares latinoamericanas, Rafael Correa y Daniel Noboa han llevado su lucha política muy lejos y con eso han exhibido a su país ante la comunidad internacional, dejándolo al borde de suspenderlo de su afiliación ante la ONU.
La osadía e ignorancia de Noboa no tiene precedente como tampoco la actuación de la Cancillería ecuatoriana. Hoy, están metidos en un callejón sin salida. Las muestras de solidaridad de la comunidad internacional con México no se han hecho esperar.
Nuevamente, se quiera reconocer o no, el presidente López Obrador, bien asesorado, cuestiona la falta de condena de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, y la respuesta fue inmediata, llama la atención la severa y bien redactada condena de los Estados Unidos.
Por la inestabilidad política en América Latina, las leyes en torno al asilo político y la inmunidad diplomática son necesarias. Si se viola la Convención de Viena, como lo ha hecho Ecuador, se sentaría un precedente que sería de mucha tentación para otros gobernantes en el concierto mundial. Si Novoa debe renunciar es un asunto que le corresponde a los ecuatorianos. Lo que sí es necesario y debido es una sanción ejemplar de la ONU y de la Corte Internacional de Justicia al Estado de Ecuador.
El asilo político es una válvula de seguridad para todos los políticos a nivel internacional, por eso no puede debilitarse la estructura diplomática de apoyo a este derecho. En los desafíos globales actuales, a contrario de lo que muchos piensan, las embajadas y las representaciones diplomáticas adquieren más importancia y no menos, sin ellas, la aplicación de las reglas internacionales resultará mucho más difícil.
Se requiere de una gestión diplomática cuidadosa y estable. No puede en estos momentos regatearse al Presidente de la República en nuestro país un total apoyo. Esto no es un asunto ni de ideologías, ni de elecciones, sino de derecho y derecho internacional que es la cara ante el mundo.
¿Qué tal que alguien en el futuro necesite en México ese derecho de asilo? O, ¿no hubiera sido mejor que Ricardo Anaya y Francisco García Cabeza de Vaca se hubieran acogido a la legislación internacional en lugar de huir del país? Si de verdad eran o son perseguidos políticos, pues mejor hubieran pedido asilo tal y como Glas, Correa o Julián Assange lo hicieron. Al final, "cuando veas las barbas de tu vecino mojar, pon las tuyas a remojar"; o también podemos decir: "no vaya a ser el diablo".
POR HUGO ERIC FLORES
PRESIDENTE DEL PES MORELOS
@HugoEricFlores
MAAZ