El Gobierno aún sigue ocultando al PP documentos sobre el caso de Francis Puig, hermano de Ximo Puig, pese a que un juez obligó a facilitar al Partido Popular esta información.
Tal y como avanzó EL ESPAÑOL, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Valencia obligó a la Administración General del Estado (AGE) a entregar a los populares una copia del expediente sancionador que multó a una empresa audiovisual propiedad de Francis Puig.
El 9 de febrero de 2022, la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana había denegado la solicitud de la Presidencia de las Cortes Valencianas de obtener una copia de ese documento. Fue por ello que el Partido Popular inició la vía judicial y el juez le dio la razón.
Además de ello, la senadora por Alicante Eva Ortiz Viella solicitó, el 2 de febrero de 2024, la remisión del expediente sancionador. La fecha límite para facilitarlo era el pasado 20 de marzo. Y las fuentes del PP en la Cámara Alta consultadas por este diario confirman que el plazo ha expirado sin haber recibido esta información. El que debe ordenar a la AGE que entregue esta documentación es el ministerio encabezado por María Jesús Montero.
¿Qué información es la que reclama el PP? Se trata de la resolución emitida por la Junta Consultiva de Contratación que impone al hermano del entonces president la prohibición de contratar con el sector público tras haber sido condenado por la Comisión Valenciana de la Competencia por constituir un cártel.
De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ratificó esta sanción y dio por probado que la compañía de Francis Puig pactó precios con otras dos empresas para quedarse con la licitación de las corresponsalías de la televisión autonómica À Punt en las comarcas del interior de Castellón. Por ello, el TSJCV avaló la sanción de casi 17.000 euros a Comunicacions del Ports SA, la empresa del hermano del ya expresidente socialista de la Generalitat.
La sentencia
La sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Valencia echaba por tierra los argumentos de la Administración para no facilitar este documento al PP. Ésta sostenía que era "improcedente" la solicitud de información por parte de una Asamblea autonómica.
También esgrimió los "datos protegidos" que se incluyen en los expedientes sancionadores. "El acceso al expediente podría suponer el debilitamiento de su posición en el mercado con detrimento de su competitividad causando un perjuicio real a la empresa", argumentó.
El juez Marcos Marco descartó ambas tesis y subrayó que la entonces diputada autonómica y hoy senadora tenía derecho a acceder a esta información para poder ejercer correctamente su labor parlamentaria.
La ley también contempla que los diputados puedan ilustrarse sobre temas "necesarios para el ejercicio de su función" y solicitar información a tal fin.
Por todo ello, el juez anuló la decisión administrativa de denegar al PP una copia de dicho expediente sancionador. Las mismas fuentes reiteran a este diario que la negativa del Gobierno a facilitarles esta información les aboca a volver a acudir a los tribunales.