En lo que parece un pase de comedia interminable, el gobierno de Javier Milei se encaminaba esta semana a abrochar un acuerdo más amplio con los gobernadores para que le apoyen la nueva ley ómnibus y el DNU, pero todo volvió a complicarse por un decreto presidencial y las propias palabras del jefe del Estado atacando a los mandatarios provinciales.
Por estas horas reina el desconcierto en la mayoría de los gobernadores debido al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 280/2024 del gobierno nacional de la semana pasada que eliminó el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), el Fondo Compensador al Transporte y los giros que la Ansés le realizaba a 13 cajas de jubilaciones provinciales.
La medida se conoció un día después de la reunión de los diez mandatarios del Norte Grande, en Salta, en la que participó el ministro del Interior de la Nación, Guillermo Francos, y que terminó con una luz de esperanza acerca de la continuidad de obras públicas en las provincias y la restitución de algunas partidas que la Casa Rosada no envía al interior desde la asunción de Milei. Como consecuencia casi inmediata, se espera que algunas provincias reclamen por vía judicial lo que no obtuvieron mediante el diálogo directo con el gobierno.
En rigor, el DNU 280 no cambia nada en la ya compleja relación de los mandatarios provinciales con el Ejecutivo nacional pero sí consolida algo que venía sucediendo y que los representantes de las provincias pretendían que se revierta, como poder contar con recursos de la Nación.
La medida también se da en un momento en el que el gobierno nacional insistirá con una nueva versión de la ley ómnibus, que girará al Congreso, y que requerirá del apoyo de diputados y senadores para evitar el escenario de fracaso, tal como sucedió en enero.
La tensión escaló en las últimas horas por declaraciones de presidente Milei referidas a los jefes provinciales. En una entrevista a la CNN, recordó que cuando se envió el proyecto de ley de Bases se incluyó el capítulo fiscal "para ayudarlos a resolver un problema".
"Los gobernadores, en lugar de tomarlo como un gesto de buena voluntad, lo tomaron como un signo de debilidad y se pusieron a trabajar sobre el capítulo cuatro para destrozar las finanzas públicas y romper el resultado fiscal y mandarnos a una hiper. Para mí haber ido con tan buena fe, probablemente fue un gran error, porque evidentemente esta gente no quería jugar limpio", expresó Milei en diálogo con el periodista Andrés Oppenheimer.
Fue el ministro Francos quien salió a bajarle el tono a dos aspectos que podrían dificultar mucho más el vínculo con la provincias, en la cuenta regresiva de la reunión con gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) que se realizará el próximo jueves, en la Casa Rosada, en la que se descartó la presencia de Milei.
Primero, ante las declaraciones del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien anunció que iría a la justicia por los fondos de las jubilaciones, el ministro indicó que ese dinero se va a pagar "a través de otras partidas".
"Lo que el Estado tiene que pagar y lo que las provincias reclaman a veces difiere, entonces se están realizando auditorías para los verdaderos montos a transferir", agregó Francos. Y en relación a las explosivas palabras del presidente, dijo que se trató de una descripción del contexto en el que se debatió el proyecto de ley Bases, en enero, pero que "se sigue conversando con los gobernadores".
"Se suponía que después de la reunión Salta iba a comenzar a normalizarse la relación con el gobierno nacional pero no fue así. Se retrocedió porque se insiste con el ahogo financiero, negando partidas que por ley les corresponden a las provincias, por lo que se estima que habrá más reclamos judiciales", indicó un gobernador que participó en Salta de la reunión con Francos.
En los últimos días, en relación al recorte en las cajas de jubilaciones, el gobernador Torres, de Chubut, anticipó que la provincia evalúa judicializar la medida. Esta semana seguiría el mismo camino Alberto Weretilneck, de Río Negro, pero en este caso por el Fonid. En el caso de Salta, fuentes de ese gobierno confirmaron que se agotó la vía administrativa para reclamar las partidas del Fonid y no obtuvieron ninguna respuesta.
En el caso de Santa Fe, que es una de las 13 provincias afectadas por el recorte en materia previsional, el gobernador Maximiliano Pullaro no se refirió expresamente, pero sí ordenó a su secretario de Seguridad Social, el rosarino Jorge Boasso, a salir hablar sobre el tema: "Las cajas de jubilaciones no son casta. Las cajas de jubilaciones es el ahorro de aportes de los trabajadores durante toda una vida para que llegados al límite de la edad y requisitos puedan vivir dignamente el resto de sus vidas". Y remarcó, además, que la Nación le debe a Santa Fe aproximadamente $700.000 millones.
El que no dudó en reaccionar con dureza fue el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal. "Hay mucho descontento, la mayoría de los gobernadores no están de acuerdo con las medidas que está tomando este gobierno", dijo. "Pero voy a hablar por mí. Si no hay recursos para mi provincia, en materia de educación, en materia de salud, entendiendo la difícil situación que atraviesa Santa Cruz. Y además, por estas medidas de ajuste que aplica Nación sobre mi provincia, nuestros legisladores no van a acompañar ningún tipo de Ley Bases y tampoco va a haber Pacto de Mayo para nosotros", agregó.
Y resaltó que "con Guillermo Francos tenemos buen diálogo, pero después se toman decisiones inconsultas que nos perjudican".
Hasta el momento, los mandatarios que ya eligieron la vía judicial para hacer diversos reclamos por fondos nacionales son Ricardo Quintela (La Rioja), Hugo Passalacqua (Misiones), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Torres (Chubut).