Un seguro de alquiler es una póliza diseñada para ofrecer protección financiera y cobertura de riesgos asociados al alquiler de una vivienda o inmueble. Este tipo de seguro puede ser contratado tanto por el propietario del inmueble como por el inquilino, aunque cubren diferentes aspectos según la parte que lo contrate. Para el propietario, el seguro de alquiler puede incluir coberturas por impago del alquiler, daños al inmueble causados por el inquilino, defensa jurídica en caso de litigios relacionados con el alquiler, y otras garantías adicionales que protegen la inversión del propietario.
En el caso del inquilino, existen seguros de alquiler que ofrecen cobertura de responsabilidad civil, lo que implica la protección ante posibles daños a terceros que puedan tener lugar dentro de la propiedad alquilada, así como la cobertura de sus pertenencias personales contra robo, incendio y otros riesgos. Actualmente, el artículo 36.5 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) permite establecer garantías adicionales, además de la fianza, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del inquilino.
Una de estas garantías puede ser el seguro de impago del alquiler. El seguro de impago de alquiler es una póliza específicamente diseñada para proteger al propietario de una propiedad inmobiliaria frente a la posibilidad de que el inquilino deje de pagar el alquiler. Esta clase de seguro suele ofrecer varias coberturas adicionales más allá del impago, como pueden ser la defensa jurídica, el asesoramiento legal y, en algunos casos, el pago de servicios de desahucio.
En cuanto al pago del seguro de impago de alquiler, la legislación no especifica quién debe asumir este coste, dejando así la determinación a la negociación entre el propietario (arrendador) y el inquilino. Esto significa que el acuerdo sobre quién paga el seguro puede variar y dependerá de lo que acuerden ambas partes o de lo que decida imponer el arrendador. Sin embargo, es importante tener en cuenta la limitación impuesta por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que establece que el arrendador no puede solicitar al inquilino una garantía adicional superior a dos mensualidades de renta. Por lo tanto, si el inquilino es quien asume el coste del seguro, la prima del mismo no debería exceder este límite.
Aunque sea el inquilino quien pague el seguro, el beneficiario último es el arrendador, ya que el seguro cubre, principalmente, el riesgo de impago de la renta por parte del inquilino, asegurando al arrendador contra la pérdida de ingresos. Además de esto, el seguro de impago de alquiler puede ofrecer otras coberturas como la defensa jurídica y, en algunos casos, el coste de los procesos de desahucio. La decisión sobre quién paga el seguro debe ser resultado de una negociación entre las partes, respetando las limitaciones legales en cuanto a las garantías adicionales. Este arreglo facilita un mayor grado de seguridad en la relación contractual de arrendamiento, al tiempo que funciona como un mecanismo de protección financiera para el arrendador.