Estados Unidos comenzó con las sanciones contra Irán luego del ataque a Israel del sábado 13 de abril. Primero fue el Congreso, donde la Cámara de R6epresentantes impulsó la Ley Mahsa Amini de Derechos Humanos y Responsabilidad en materia de Seguridad (Ley MAHSA), y luego llegó el turno de la Administración Biden, que anunció el martes un plan para dañar la capacidad bélica del régimen teocrático.
El encargado de dar la noticia fue Jack Sullivan, asesor de seguridad nacional del presidente Joe Biden, quien publicó un comunicado en el que anunció las nuevas sanciones, aunque sin dar muchos detalles sobre su implementación.
El funcionario habló de un "plan integral" que Biden coordinó con los miembros del G-7 (Italia, Francia, Japón, Alemania, el Reino Unido y Canadá), para apuntar al "programa de misiles y aviones no tripulados" de Irán y a las entidades que apoyan a los grupos militares del país. A su vez, enfatizó que se trata de un plan de "presión constante para contener y degradar la capacidad y eficacia militar de Irán y enfrentar toda la gama de sus comportamientos problemáticos".
La misiva mencionó también el trabajo del Departamento de Defensa y el Comando Central de EE. UU. para "fortalecer y ampliar aún más la integración exitosa de los sistemas de alerta temprana y defensa aérea y antimisiles en todo el Medio Oriente", con el objetivo de "erosionar aún más la efectividad de las capacidades de misiles y vehículos aéreos no tripulados de Irán".
"La presión continuará. No dudaremos en seguir tomando medidas, en coordinación con aliados y socios de todo el mundo, y con el Congreso, para responsabilizar al gobierno iraní por sus acciones maliciosas y desestabilizadoras", concluyó Sullivan.
El Congreso avanza con a Ley Masha
En paralelo, la Cámara Baja y la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado aprobaron tres proyectos de ley con las que penalizar a Irán por violar derechos humanos, incluyendo asesinatos como el de la joven Mahsa Amini, que ahora caerán en la Cámara Alta para su aprobación final.
Dos de los proyectos de ley van dirigidos directamente contra Ali Jamenei y el gabinete del presidente iraní, Ebrahim Raisi, a los que se señala por cometer "abusos contra los derechos humanos" y apoyar al terrorismo.
Por su parte, el tercero, quizás el más coordinado con la mencionada iniciativa de la Casa Blanca, está encaminado a la producción armamentística del régimen islámico y a la exportación de misiles o drones.