La jueza Carolina Cáceres Moreno consideró probados los hechos de violencia de género ejercidos por el arzobispo de Salta, Mario Cargnello, en perjuicio de las hermanas Carmelitas Descalzas del convento San Bernardo, con las que venía manteniendo diferencias desde hacía años. También, por el obispo emérito Martín de Elizalde, el vicario judicial Loyola Pinto y de Sancristóval y el sacerdote Lucio Ajaya.
Moreno concluyó que "aquellas (las Carmelitas Descalzas) han padecido hechos de violencia de género en el ámbito institucional del tipo religiosa, física, psicológica y económica (el arzobispo nunca les devolvió un préstamos que les pidó), por un lapso de más de 20 años».
La jueza les a ordenó a a los cuatro religiosos «realizar tratamiento psicológico con perspectiva de género a fin de trabajar patrones vinculares y hechos de violencia» por lo que deberán presentar ante el juzgado constancias del cumplimiento de lo resuelto en este punto, de manera mensual durante el plazo de seis meses, «bajo apercibimiento de desobediencia judicial».
Además de la debida notificación a las partes, estableció que también se notifique al papa Francisco, mediante su delegado pontificio Javier Belda Iniesta, en su carácter de garante del acuerdo celebrado entre el arzobispado y el convenio el 27 de agosto de 2022 para encauzar la relación, más allá de proceso judicial.