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Hacienda devolverá a Alberto González, el novio de Isabel Díaz Ayuso, más de medio millón de euros.
Fuentes de la Comunidad de Madrid han confirmado la noticia.
Si la Fiscalía, se aveine al acuerdo que propone la defensa del empresario, se anulará el juicio contra la pareja de la presidenta Ayuso.
"Si la Fiscalía niega el acuerdo, será por causas políticas, no técnicas", aseguran las mismas fuentes.
Esta información llega unos días después de que el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, asumiera en primera persona ser el responsable de la filtración de los datos del caso con Alberto González Amador.
"El resultado final de la cacería política que ha sufrido es que González Amador, a final de cuentas, tiene un saldo positivo de más de 200.000 euros. Si la Fiscalía mantiene el juicio será por órdenes políticas".
Se confirma así lo que la propia Ayuso dijo en una rueda de prensa en Leganés al saltar a los medios de comunicación la situación de su pareja con el Fisco.
Las misma fuentes aseguran así que la sociedad de que González Amador que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) "consideró que era 'pantalla/interpuesta' ahora se reconoce que no lo era".
El resultado final de la cacería que ha sufrido» la pareja de Ayuso es que tiene a su favor un saldo de más de 200.000 euros.
Ayuso se ha referido en reiteradas ocasiones, en los momentos en los que ha hablado de los asuntos que atañen a su pareja, a esa «cacería política» que vuelven a mencionar hoy fuentes de Sol.
Este mismo martes, la líder madrileña intervino en un acto de campaña en Bilbao, para apoyar al candidato del PP a las elecciones vascas, en el que habló de que en España «se está gobernando en contra del adversario político» y se está haciendo con toda «impunidad».
«Se está empezando a ver que todas las instituciones del Estado irán» a por «un ciudadano particular» en el caso de que éste sea «una diana por estar relacionado con un adversario político», en una clara referencia a su pareja.
Con el término «impunidad» abordaba también las declaraciones del fiscal general del Estado, que asumió «la responsabilidad última» por la filtración de los «datos personales» de González Amador, con el fin de respaldar a sus compañeros, Pilar Rodríguez (fiscal jefe provincial) y Julián Salto (fiscal de delitos económicos encargado del caso de su novio).
«Estaba informado de los acontecimientos y de la publicación de un comunicado que se limitaba a desmentir, con hechos cronológicamente sistematizados, informaciones falaces e interesadas previamente publicadas por algunos medios. Por consiguiente, asumo la responsabilidad última de esa nota de prensa», explicó Álvaro García Ortiz.
Además, este tipo de actuaciones contribuyen, según las palabras de la jefa del Ejecutivo madrileño, a que «nos vayamos acostumbrando» a los escándalos, como los «siete y ocho diarios del Gobierno», de manera que «tenemos un fiscal general del Estado que puede confesar públicamente que es el responsable de filtrar los datos personales de un particular y no pasa nada».
«Este es el país de la impunidad».
A la filtración de datos personales se sumó también la reciente denuncia del abogado de González Amador, que fue interpuesta en los juzgados de guardia de Plaza de Castilla, y en la que se apunta que la pareja de la presidenta habría sido víctima de un hackeo con el que se le habría intentado robar correos electrónicos intercambiados con su cliente.
Según la denuncia presentada, el ciberataque afectó a los ordenadores del abogado penalista y del asesor fiscal que se encargan de su defensa e inspección.
Ambos, indica, utilizan el proveedor de servicios para intercambiar información y documentación.
El escrito apunta que este ataque sólo está «al alcance de estados nacionales» y argumenta que un perito informático constató que el sistema de entrada en los servidores es muy sofisticado, por lo que hackearlo no está al alcance de cualquiera.