Mientras el Gobierno central no cumpla con su promesa y actualice, mediante decreto, las entregas a cuenta para las autonomías de este año, la Comunitat Valenciana estará recibiendo 90 millones de euros menos cada mes, de manera que solo durante el primer trimestre de 2024 el Estado adeuda 270 millones a la Comunitat. Una deuda, ha explicado hoy la consellera de Hacienda y portavoz del Consell, Ruth Merino, que deberá resarcirse «en un solo pago» cuando el Gobierno materialice el decreto por el que se mantiene la financiación prometida a las Comunidades autónomas.
Hay que recordar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado mes de marzo la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, tras el anuncio de las elecciones catalanas. De esta forma, las entregas a cuenta para las autonomías quedan congeladas en la misma cantidad que recibieron en 2023, a menos que el Estado las actualice, algo que prometió que haría.
De no ser así, la Comunitat Valenciana recibirá 1.000 millones de euros menos en concepto de entregas a cuenta durante este año.
Con respecto a la quita de la deuda autonómica, Ruth Merino ha asegurado que no ha recibido ninguna novedad, contacto o notificación de reunión por parte del Gobierno central para tratar asunto. Ha señalado que conoce la preparación de esta ley por los medios de comunicación, ahora ante el periodo electoral en Cataluña, pero «en la práctica no ocurre nada.
La consellera ha recordado que en febrero «se suponía» que iban a llamar a las comunidades para hablar de la ley. Ha considerado sobre una futura ley de quita de deuda que no hay datos sobre los criterios en los que se basará pero ha garantizado que los intereses de los valencianos estarán en la primera posición de defensa del Consell.
Además, ha recordado que el porcentaje de deuda pública de la Generalitat correspondiente a la infrafinanciación «continuada durante tantos lustros» es el 78 % del total, que sería el primer cálculo a abordar para compensar aunque fuera en el pago de intereses.
Ley de la financiación
Por otra parte, la portavoz del Consell ha lamentado la «beligerancia» y la actitud «poco constructiva» del Gobierno central al avanzar que está estudiando recurrir ante el Constitucional la futura ley de Concordia, pese a tratarse de una norma que no está aprobada y que se encuentra todavía en fase de tramitación parlamentaria, cuando «sería más útil» para la ciudadanía abordar la reforma de una ley que «no solo está ya aprobada, sino que lleva diez años caducada» como la de financiación autonómica.
En este sentido, ha recordado el perjuicio económico que tiene para la Comunitat Valenciana el retraso en cambiar un sistema de financiación que afecta diariamente de forma negativa a la sanidad, la educación y los servicios sociales.
Además, y sobre el rechazo del Gobierno a la proposición de Ley de Concordia presentada en Les Corts por PP y Vox, ha subrayado que lo que debería hacer el Ejecutivo estatal es explicar por qué «no quiere» que se amplíe el derecho a reconocimiento a las víctimas del terrorismo de ETA.
El pleno del Consell ha aprobado hoy además la designación de José Manuel Camarero Benítez como director general de Turismo de la Generalitat, así como el nombramiento de Juan Salvador Oliver como presidente del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana.
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