Acaba de publicar este periódico que el Tribunal de la UE respalda la integración del personal eventual que presta servicios en los Ayuntamientos pasen a ocupar plazas fijas de plantilla. Y como se interpreta, aunque no sea exacto al cien por cien, como una conversión en funcionarios, y esa condición asegura en teoría estabilidad en el empleo y seguridad salarial, el Decano de la prensa española da cuenta de que hay una creciente escalada de solicitudes. Lo que quizá complique aún más las finanzas locales de este país.
La posible nueva –y mejor– situación de los trabajadores municipales supondrá una alegría para ellos y quizá un dolor de cabeza para sus autoridades. Sobre todo, por razones presupuestarias. En los últimos tiempos han sido frecuentes las noticias acerca de los problemas económicos en los concellos y las reiteradas peticiones de la Fegamp para que se aclare y regule la obligatoriedad de los servicios y se dote a las administraciones de los recursos suficientes. Mediante un pacto, dicho sea de paso.
En línea de la anterior observación, procede insistir en algo ya conocido. Galicia está, como España, superpoblada de trabajadores públicos. Lo ha advertido la UE, que avisó sobre los riesgos, pero ni el gobierno autonómico ni el central han reducido, y menos suspendido, las convocatorias. La cuestión es importante porque, además de inflar plantillas, es probable que si se supera la lógica haya también alguna sanción por parte de la UE.
En este punto convendrá insistir en un dato que, a pesar de la teoría, no acaban de asumir las administraciones: el aparato oficial está superpoblado y además es ineficaz. Multitud de ciudadanos/as padecen esa situación, que ha de corregirse, pero ningún gobierno parece dispuesto a abordar en serio el asunto. Más bien al contrario, porque casi todos ellos no hacen otra cosa que aumentar las plantillas oficiales y, de paso, alardear que así reducen el desempleo.
Quizá sea preciso dejar claro que nada de cuanto queda expuesto es hostil a los empleados públicos. En un sistema hipergarantista, buena parte de los conflictos y la exasperante lentitud de los trámites se origina en eso. Que muchas veces hace que servicios públicos que no les corresponden –ni se les dotan de recursos– se delegan en los municipios. Algo que solamente podrá resolverse como se debe a través de un pacto para modernizar la Ley de Régimen Local. Si no, la otra escalada, la de los descontentos, se multiplicará. Y no es necesario ser profeta para acertar.
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