Casa por casa, calle por calle y colonia por colonia, las y los candidatos a diputados locales, federales, a presidentes municipales y senadores, se dan a la tarea de entregar desde gorras y pulseras hasta bolsas, mandiles y tortilleros.
En estricto apego a la ley, las y los candidatos se encuentran en regla pues el artículo 209 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) establece que todos los utilitarios deben ser textiles, es decir, gorras, mochilas, playeras, pulseras, etcétera y que la propaganda debe ser en materiales reciclables.
Sin embargo, la enorme cantidad de candidatos que tenemos en este proceso electoral, sumado a la variedad de productos que se pueden realizar con fibras, genera un universo casi imposible de fiscalizar.
Es medianamente fácil contabilizar cuántas sombrillas se regalaron en un mitin o cuántas gorras se entregaron. Sin embargo, es prácticamente imposible contabilizar cuántas pulseritas regaló el candidato durante su caminata por alguna colonia.
El brigadeo es otra arista. Quienes acompañan a los candidatos y van tocando puertas también obsequian a los futuros votantes algo, desde un folleto hasta alguna bolsa reutilizable.
¿Son las y los candidatos lo suficientemente honestos para reportar la inversión en los utilitarios como parte de sus gastos de campaña?
La respuesta es obvia.
De ahí que el INE tenga la enorme tarea de además de auditar la contabilidad que le entregan, buscar en fotografías, videos o testimonios periodísticos, que todo sea reportado.
Y aun cuando existe muchísima voluntad por parte del árbitro electoral, la geografía mexicana, la cantidad de aspirantes y la diversidad de productos generan este universo paralelo de gastos de campaña que no han sido ni serán contabilizados.
Uno podría decir que hay algunos artículos que cuestan, por su producción en masa, centavos. Centavos que multiplicados por la cantidad suman millones de pesos.
Lonas, carpas, sillas, camiones, movilizadores, equipo de sonido, técnicos y hasta los lunches también son reportados a costos irrisorios, de verdaderas gangas, incluso con los tabuladores que ya tiene establecido el árbitro electoral.
Pese a todas estas lagunas, no le sorprenda que en el próximo mes y al final de las campañas sea común enterarnos de que tal o cual aspirante rebasó el correspondiente tope de campaña.
La sanción, se sabe, en el grado máximo, puede llevar a los candidatos a perder la elección, incluso si la hubieran ganado en las urnas.
Por ello la inclusión de excelentes contadores en los equipos de las y los candidatos, más que un gasto, se debe ver como una buena inversión.
Ni más ni menos.