Opinión
OPINIÓN
La costosa factura del paro médico
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Este es el segundo día de un paro médico nacional de 72 horas. Son tres días en los que miles de pacientes tendrán puertas cerradas en las consultas de hospitales y centros de salud. Los galenos y otros profesionales rechazan la jubilación obligatoria a los 65 años y la cadena de paros viene desde hace varios meses, causando un irreversible daño.
El Gobierno nacional remitió el proyecto de ley 035/2324 a la Cámara de Diputados, que busca modificar la Ley de Pensiones. En la disposición adicional única, parágrafo II, dice que los asegurados dependientes, que tengan más de 65 años, para su continuidad laboral deberán someterse a un estudio de aptitud física y mental a cargo del Instituto Nacional de Salud Ocupacional, que es el encargado de evaluar el estado de salud del trabajador.
Los médicos, trabajadores de las universidades, maestros y otros aportantes rechazan esa norma transitoria, porque interpretan que es una especie de conminatoria a la jubilación forzosa a los 65 años. En contrapartida, el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Franz Apaza, descalifica la inquietud y cree que tiene intenciones políticas. Asegura que los trabajadores no deberían tener miedo al examen de salud y que si éste indica que están aptos podrán seguir trabajando. En cambio, si dictamina lo contrario, tendrán "que reflexionar" acerca de su continuidad laboral.
La realidad nacional demuestra en este momento que, pese a haber aportado durante toda la vida laboral, la jubilación no es un beneficio en el país, ya que los trabajadores terminan percibiendo una renta que corresponde al 20 o al 30 por ciento del último sueldo percibido, lo que en la mayoría de los casos apenas alcanza para sobrevivir en una economía que va encareciendo costos.
Los trabajadores además señalan con molestia que hay dos clases de bolivianos a la hora de la jubilación: los militares y mineros que se jubilan con el 100% de sus ingresos, mientras que el resto de los trabajadores debe someterse a la realidad antes mencionada.
En tal sentido, la protesta contra el proyecto de ley parece ser justa. Sin embargo, el método utilizado para hacerla conocer es demasiado cruel en un país carente de buena salud.
En el sistema público de salud y en la seguridad social de corto plazo (las cajas de seguridad social) hay aún una preocupante precariedad. Pese a las denuncias públicas, los pacientes deben hacer filas de madrugada para acceder a una ficha de atención y están obligados a peregrinar durante semanas, cuando no meses, para que les programen una cirugía o un estudio complejo. Si hay un paro de 72 años, que manda por la borda la programación de un procedimiento médico, obliga a volver a cero y empezar de nuevo.
No es justo ni es correcto sacrificar a personas que sufren de dolor o que tienen emergencias por enfermedad por una reivindicación sectorial, por más coherente que parezca.
En esta ecuación, no es el sector médico el único responsable. Lo es el Gobierno nacional que no es capaz de escuchar para que haya una ley de consenso, que incorpore los aportes y preocupaciones de los trabajadores asalariados. No es correcto tachar las protestas como políticas, porque esa es una absurda manera de bloquear una solución.
Esta vez han sido 72 horas de paro nacional de los médicos. No debe repetirse. Son muchos los que padecen en este problema que ahora se ve sin salida.