«Durante el primer trimestre de 2024 se profundizó el cierre del espacio cívico y democrático, en el marco de un contexto preelectoral, afectando las acciones de personas y organizaciones de la sociedad civil», indicó la ONG en su más reciente informe, que precisa que en enero se documentaron 97 casos, en febrero 230 y en marzo 91.
418 ataques a defensores de DD.HH.
«Durante el trimestre, el CDJ documentó discursos y campañas de estigmatización, señalando sistemáticamente a las organizaciones no gubernamentales de ser terroristas, agentes desestabilizadores y traidores, siendo el principal patrón de ataque, como una forma de amedrentar», agregó.
El CDJ sostuvo que el 62 % de las víctimas fueron las organizaciones de derechos humanos y un 38 % personas que trabajan en la defensa de estas garantías.
Victimarios
«En la medida en la que el Estado continúe adoptando medidas tendientes al cierre del espacio cívico, seguirán aumentando los riesgos para la sociedad civil. Reiteramos que las actividades de defensa, exigencia y promoción de los derechos humanos no es delito y se deben tomar las medidas necesarias para garantizar su ejercicio seguro y sin temor a represalias», apuntó.
El CDJ instó al Estado a proteger, garantizar y respetar derechos y «cesar de forma inmediata la criminalización de personas defensoras y frenar los avances legislativos que persiguen controlar, limitar y criminalizar a la sociedad civil en Venezuela».