Hoy se sabrá cuál es la decisión de Pedro Sánchez sobre si sigue o si no, pero, dimita o se mantenga en la Presidencia del Gobierno, ha quedado claro que ni el PSOE ni la izquierda se han enterado (o no se han querido enterar) de lo que sucede en los tribunales españoles.
El sábado y el domingo medio centenar de miles de personas han salido a la calle para mostrar su apoyo a Sánchez y, según indicaban, a defender la democracia. En primer lugar, Pedro Sánchez no es la democracia. En España los personalismos relacionados con el Estado murieron en noviembre de 1975, ¿o no?
En segundo término, si Sánchez decide dimitir, lo cual sería lo más acertado desde todos los puntos de vista que se quiera mirar, esa decisión no impide de ningún modo que el gobierno de coalición entre PSOE y Sumar continúe. La Presidencia la puede ejercer otra persona sin ningún problema.
En tercer término, asociar la continuidad de Sánchez con la supervivencia de la democracia es demasiado presuntuoso. Los mensajes que se han escuchado en las manifestaciones y concentraciones de este fin de semana así lo hacían intuir. Además, daba la sensación de que el sentido patrimonialista del gobierno del que acusan a la derecha desde la izquierda (que es cierto), parece que se lo arrogan a la hora de hablar de la democracia. No, la democracia no es de izquierdas ni de derechas. La democracia es del pueblo.
Es evidente que desde la derecha, la ultraderecha y sus órganos mediáticos y judiciales se ha iniciado una estrategia de acoso y derribo contra este gobierno. Sin embargo, nadie se ha parado a analizar las razones por las que se ha enconado desde la investidura de Pedro Sánchez.
El actual gobierno de coalición entre PSOE y Sumar es absolutamente legítimo. Pedro Sánchez es un presidente legítimo, como el resto de sus ministros. Eso es así y no tiene ningún tipo de discusión. El pueblo decidió que hubiese una mayoría parlamentaria que permitió la investidura. Sin embargo, las condiciones de ese apoyo, que no estaban recogidas en los programas electorales del PSOE ni de Sumar ni el en el pacto de gobierno, han provocado la reacción que ha derivado en la situación actual.
Tal vez haya sido un error de falta de análisis de las consecuencias políticas de esos pactos con los partidos independentistas catalanes. Tal vez no se hizo una lista de «pros» y «contras». Tal vez no se calcularon las consecuencias de las decisiones que se tomaron en abril y noviembre de 2019 o de las epifanías (o cambios de opinión) de Sánchez. Lo que está claro es que la intensidad de fuego de la derecha y la ultraderecha, con sus aparatos mediáticos y judiciales como arietes, se ha ido incrementando hasta llegar a lo que sucede hoy en día.
Eso sí, hay un elemento positivo en lo que ha sucedido en los últimos días, independientemente de lo que decida Pedro Sánchez. La ciudadanía se ha empezado dar cuenta de lo que sucede realmente en los juzgados españoles. Hay que dejar claro, una vez más, que de los más de 5.000 jueces que hay en España, un número superior al 80% seguramente realizan su trabajo con la diligencia debida y respetando la aplicación de la ley. El problema está en el resto que, además, es el que acumula el poder.
El PSOE y la izquierda ahora se dan cuenta de lo que hay debajo de determinadas togas, sobre todo las que ejecutan su poder desde las más altas instancias. En estas páginas llevamos años denunciando lo que sucede con la Justicia española. Ahora le ha tocado a Sánchez, pero es algo que sufren, sufrirán y han sufrido cientos de miles de personas que se enfrentan día a día a los grandes poderes económicos, financieros, bancarios, empresariales y las grandes familias/fortunas.
El hecho de que Pedro Sánchez el pasado miércoles siguiera afirmando que creía en la Justicia es una ingenuidad o el discurso de quien no se puede salir de lo políticamente correcto. En España no se puede confiar en la Justicia mientras las estructuras sean las actuales. No tienen más que preguntar a los abogados independientes que se enfrentan a diario contra esos poderes, que ven, por ejemplo, que las altas instancias se niegan aplicar la jurisprudencia europea porque eso afectaría a los intereses de los poderosos. En España hay jueces que instruyen de una forma una causa, que dictan autos en un sentido pero que en las sentencias afirman lo contrario sin tener en cuenta pruebas con documentos oficiales. En este país se crean doctrinas ad hoc o, si benefician a las élites, los jueces no aplican otras doctrinas jurídicas como, por ejemplo, la de los actos propios. Esto son algunas de los miles de cosas que hacen esos jueces españoles que son contrarias a la ley, pero que dan apariencia de legalidad a los desmanes de los poderosos.
En las manifestaciones y concentraciones de este fin de semana se ha hablado de lawfare, dando una visión política de cómo determinados jueces aplican la dictadura judicial que existe en España. No es sólo lawfare, es dictadura judicial.
Si sólo ven una cuestión ideológica, entonces tanto el PSOE como la izquierda tiene un problema muy grave porque están mirando a los árboles sin mirar el bosque.
Esto es lo positivo de esta situación. Parece que se han dado cuenta. Hay que hacer pasar por el filtro de la democracia a la Justicia, cosa que no se hizo en la Transición. Es la hora de limpiar la Administración de Justicia. Pero no se puede esperar ni un minuto más y desde el poder ejecutivo y el legislativo están obligados a auditar la actuación judicial en España. Si sólo se quedan en el lawfare o en el acoso ideológico, entonces no habrá servido de nada. Mientras no haya quien juzgue a los jueces, mientras no haya quien desde un punto de vista independiente audite las sentencias y las instrucciones judiciales, la democracia estará en peligro.
Pedro Sánchez no es la democracia, pero la democracia necesita de la actuación valiente de quien ahora clama para defender la democracia porque han sufrido lo que cientos de miles de ciudadanos aguantan cada día.