El escandaloso ruido que han generado las discusiones sobre el debate y el posdebate, sobre la absurda invasión a la Embajada de México en Ecuador y, en general, la campaña presidencial, nos han aturdido de tal suerte que perdemos la brújula de los acontecimientos fundamentales.
Efectivamente, el debate, según los analistas del llamado círculo rojo, lo ganó Claudia Sheinbaum; sin embargo, la intervención del presidente López Obrador demandando que se defendiera su obra de gobierno, empañó este aparente triunfo y en el posdebate.
A pesar de todo, Xóchitl vuelve a posicionarse. El caso de Ecuador es claro: el gobierno de Daniel Noboa actuó de manera irresponsable desde que, a un comentario del Presidente mexicano, decidió declarar persona "non grata" a la embajadora de México.
Posteriormente, rodeó la Embajada con sus fuerzas armadas y, finalmente, violó la inmunidad diplomática de nuestro recinto, maltratando al personal diplomático que ahí se encontraba, para extraer –de manera brutal— al ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas.
Mientras esto sucede, en el Congreso se están presentado bolas rápidas, a través de iniciativas que pueden tener graves consecuencias.
La más llamativa jurídicamente es la presentada por el senador Ricardo Monreal Ávila que es –a todas luces— inconstitucional, pues pretende reformar la Ley de Amparo y limitar las facultades del Poder Judicial, reduciendo los Derechos Humanos y los Derechos Colectivos, al evitar que los juzgadores puedan determinar la suspensión de leyes generales, proponiendo en el artículo 148 que: "Tratándose de Juicios de Amparo que resuelva la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las suspensiones que se dicten fijaran efectos generales".
Esto es absolutamente contrario a la progresividad que tienen los Derechos Humanos, claramente establecidos en el tercer párrafo del artículo 1o. Constitucional: "Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley".
Con esta Iniciativa se impide la posibilidad de defender a grupos vulnerables y a los gobernados, al no poder suspender leyes claramente inconstitucionales.
Mientras tanto, los que vivimos en la alcaldía Benito Juárez, seguimos consumiendo agua venenosa, gracias a la incapacidad del gobierno de la CDMX.
POR ALFREDO RÍOS CAMARENA
CATEDRÁTICO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM
PRESIDENTE DEL FRENTE UNIVERSITARIO LATINOAMERICANO (1958-1962)
VICEPRESIDENTE DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA
MAAZ