La publicación en el Boletín Oficial de las postulaciones del juez Ariel Lijo y del académico Manuel García-Mansilla para incorporarse a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, habilita formalmente el período de observaciones por parte de la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil, que en muchos casos ya se han pronunciado sobre el hecho de que una vez más se haya omitido proponer a una mujer, y también sobre todo en cuanto a la figura del primero de ellos.
Más allá de las calidades de los candidatos, que es lo que se discutirá en los próximos días y luego en el recinto del Senado, la doble nominación tendrá con el tiempo el efecto de una reconfiguración interna de la Corte, en la que, para la mayoría de los casos, actualmente talla una mayoría compuesta por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda (que cumplirá los 75 años que habilitan su retiro a fin de año), con Ricardo Lorenzetti con un perfil más diferenciado.
Mirá tambiénSe oficializaron las candidaturas de García Mansilla y Lijo para la Corte Suprema de la NaciónLa cuestión asume particular relevancia en momentos en que el presidente Javier Milei dejó saber su disgusto con el presente elenco del Tribunal, del que esperaba un respaldo más temprano para el DNU 70/23 de desregulación de la economía, a partir de los pronunciamientos judiciales en contra de las disposiciones en materia laboral. El DNU fue rechazado por el Senado y espera turno en Diputados, y la Corte aplicaba su tradicional criterio de esperar que el diferendo fuera resuelto a nivel político. Pero frente a lo tortuoso que está resultando ese trámite (y tal vez la eventualidad de que en buena medida pueda resultar relevado por la ley ómnibus, si finalmente obtiene acuerdo), debería tomarse en cuenta la advertencia formulada por Rosatti en una disertación en el Rotary Club de Buenos Aires. En la oportunidad, el jurista santafesino dejó en claro que "hay que darle una primera chance a la política: hay charlas, reuniones, negociaciones en el Congreso que seguimos con avidez, pero si la política no resuelve este tema, la Justicia lo resolverá. No nos gusta que la judicialización sea el atajo para resolver los temas que no resuelve la política. Apostamos que estas cuestiones se resuelvan en el ámbito parlamentario o en el que sea; si no, lo resolveremos en un tiempo razonable".
Pero la agenda no se agota en el mega DNU, ya que la Corte también tiene bajo estudio 30 causas iniciadas por 16 provincias, que reclaman por los recortes del gobierno nacional en educación, transporte, las cajas jubilatorias y el impuesto a las ganancias. La mayoría de las demandas iniciadas ya tiene dictamen de la Procuración General de la Nación, que determina que son de competencia originaria de la Corte.
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"En el marco de lo establecido en el artículo 4º del Decreto Nº222/03 (modificado por Decreto N°267/24), se hace saber que a efectos de cubrir la vacante de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se ha propuesto al juez federal Ariel Lijo y al jurista Manuel García-Mansilla", señala la publicación en el Boletín Oficial de este lunes.
En el caso de Lijo, el aviso oficial reseña que es un abogado recibido en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y que desde 2004 es titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 4 de la Capital Federal.
Sobre García-Mansilla, menciona que egresó de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad del Salvador y realizó luego un posgrado en la Georgetown University de Washington. Desde 2019, el jurista es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral.
En ambos casos, el anuncio oficial informa que "los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos, podrán en el plazo de QUINCE (15) días a contar desde la última publicación en el Boletín Oficial, presentar al MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS, por escrito y de modo fundado y documentado, las posturas, observaciones y circunstancias que consideren de interés expresar respecto de los incluidos en el proceso de preselección".
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De las dos postulaciones, la que hasta el momento ha generado más controversia y cuestionamientos es la del juez Lijo, contra quien se han pronunciado desde asociaciones judiciales y organizaciones civiles hasta dirigentes políticos.
Una de las últimas voces en contra fue la de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, que se sumó a los anteriores cuestionamientos del Colegio de Abogados de la Ciudad, AmCham, IDEA y el Club Político Argentino. En todos los casos, las críticas apuntan a la actuación y la idoneidad de Lijo como magistrado.
En el plano político, las críticas principales provinieron de parte de dirigentes de Coalición Cívica, uno de los socios de Juntos por el Cambio. Juan Manuel López, diputado de ese partido y abogado de Elisa Carrió en varias causas de corrupción.
En el radicalismo no hay una postura definida sobre dar apoyo, mientras que en Pro los más cercanos a Mauricio Macri señalan que el ex presidente le bajó el pulgar al actual juez federal. Esta divisoria de aguas llevó a especular en su momento con que podría haber algún tipo de acuerdo con el peronismo, aunque no hay definiciones al respecto, y claramente la cuestión de género operará también como un factor influyente en la futura votación.
El gobierno propone al jurista García Mansilla (de perfil claramente conservador, pero sin objeciones de otro tipo) para suplir a Maqueda, sin darle la oportunidad de gestionar su posible continuidad. En cuanto a Lijo, viene a ocupar la vacante dejada por Elena Highton de Nolasco tras su salida el 1 de noviembre del año 2021.
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Actualmente, la CSJN está compuesta por cuatro magistrados: Rosatti y Rosenkrantz (ambos nombrados durante el gobierno de Mauricio Macri), Maqueda y Lorenzetti. A partir de la modificación hecha durante el gobierno del ex presidente Néstor Kirchner, se estipuló que la Corte debe contar con cinco ministros, a diferencia de los nueve que tenía el ex presidente Carlos Saúl Menem. Y también se estableció el mecanismo de consulta pública.
El límite de edad para los magistrados de la Corte ha sido materia de disputa por las diferentes interpretaciones que ha tenido el artículo 99 de la Constitución Nacional. En 2014, Zaffaroni presentó su renuncia antes de cumplir los 75 años y Highton de Nolasco hizo lo propio, pero a los 78 años. El ex juez Carlos Fayt estuvo en la Corte desde 1983 hasta su renuncia en 2015, meses antes de morir a los 97 años.
Aunque no existe un cupo de género en la Corte, los pliegos enviados por Milei confirman que no fueron tomadas en cuenta las sugerencias, incluso de la propia vicepresidente Victoria Villarruel, de incorporar a juezas mujeres. En total, solo hubo tres que integraron el tribunal desde 1862 a la fecha: Margarita Argúas (1970-1973); Highton de Nolasco (2004-2021) y Carmen Argibay (2005-2014).