Pocos debates como el de la tasa turística revelan la ideología liberal que subyace en las decisiones del Gobierno andaluz. Esta polémica se ha instalado estas semanas en Andalucía, después de que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), lanzara su idea, rechazada por el Gobierno, de privatizar la emblemática plaza de España,
Le gusta a Juan Manuel Moreno Bonilla y a consejeros de su gabinete desideologizar las decisiones que toman. De vez en cuando, en sus discursos, las describen como si fueran técnicas e inevitables, fruto del puro razonamiento lógico, mientras al mismo tiempo ideologizan las de los demás, como si estas fueran fruto del dogma y no de la razón.
Sin embargo, nada más ideológico que la política fiscal que ha seguido Moreno Bonilla desde que llegó al Gobierno andaluz. En contra del criterio de los principales organismos internacionales del capitalismo global, que aconsejaban a los Gobiernos gravar a quienes más tienen, ha rebajado el IRPF, más a quién más ingresa que a las clases trabajadoras, y lo ha hecho reduciendo además la progresividad al eliminar tramos.
También ha eliminado de hecho el impuesto de sociedades y el de patrimonio que solo pagaban los más ricos. Su modelo declarado es Madrid, en una Comunidad sin los incentivos a la inversión que tiene la capital del Estado, por el mero hecho de serlo.
Hasta ahora, además, el gabinete de Juan Manuel Moreno Bonilla se ha resistido, presiones de la patronal andaluza mediante, a legislar a favor de una idea, un impuesto a las estancias hoteleras, adoptado en ciudades europeas señeras que tienen cada año un número de visitantes muy importante –París, Amsterdam, Berlín, Viena...–, y en España en dos Comunidades Autónomas: Catalunya y Balears.
La Confederación de Empresarios de Andalucía, a la que el PP andaluz no tiene la intención de enfrentarse por este asunto, ha tachado la experiencia catalán y balear de "nefasta". También ha apuntado que la solución a la financiación de los municipios turísticos debe venir de la mano del Gobierno central, con lo que le quita presión a Moreno Bonilla.
Este es un tema que ha planteado de la mano de la tasa turística la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, que preside el alcalde de Córdoba, José María Bellido, del PP. En el horizonte hay una reunión entre Junta, FAMP y patronal para abordar el asunto, pero nadie espera realmente de ella mucho más, salvo cambios de última hora, que buenas palabras, según las fuentes consultadas por Público.
Así, Moreno Bonilla, podría decirse, en el tema de la tasa turística ha reducido al Gobierno al papel de mero mediador. Sus consejeros afirman no estar en contra de una tasa al turismo, pero al mismo tiempo, habitualmente añaden a esa afirmación la cláusula con "acuerdo del sector", lo que, traducido al castellano, significa que si la patronal no quiere, no se hace, salvo giro inesperado. Y la patronal no quiere. Sobre los hosteleros recaería la responsabilidad de declarar el impuesto.
"Hay que ir de la mano con la Administración central para hacer un mejor reparto de los ingresos por fiscalidad que se obtienen del turismo, pero la solución no pasa por crear impuestos", señaló José Carlos Escribano, de la Confederación de Empresarios, este martes en Canal Sur.
90 millones en 2023
Los datos de recaudación en Catalunya, donde el número de pernoctaciones en el año 2023, tras la pandemia, fue similar al de Andalucía (22,7 millones por 21,6 millones), según el INE, no han dejado de aumentar desde que se implantó el impuesto. Al cierre del año pasado, la recaudación fue de 90,1 millones de euros. Además, Barcelona cobra un recargo, que gestiona el propio Ayuntamiento.
El impuesto lo paga en Catalunya, según la Generalitat, toda persona que realiza una estancia en hoteles, apartamentos turísticos, pensiones, hostales, cámpings, establecimientos de turismo rural, viviendas de uso turística, albergues y embarcaciones de crucero.
Las tasas varían en función del tipo de alojamiento, su categoría y su ubicación –en Barcelona se paga más–. Se abona por persona y unidad de estancia (días o fracciones). Va desde los 0,45 euros –0,65 en Barcelona– en campings, pensiones y hostales hasta los 5 euros en hoteles de gran lujo.
La recaudación se destina a la "promoción turística de Catalunya, al impulso del turismo sostenible y a la mejora y desarrollo de infraestructuras y productos turísticos".
Sin impacto en las pernoctaciones
Este impuesto, según los trabajos de los expertos que han estudiado su impacto en las cifras, no las perjudican allí donde se ha aplicado. Así, por ejemplo, se recoge en este trabajo de Aurora Pedro Bueno, de la Càtedra de Nova Transició Verda, de la Universitat de València, en el que se recomienda adoptar una decisión al respecto a nivel europeo, de la UE, y de los Estados, se recoge: "No puede afirmarse con total seguridad que la imposición de la [tasa turística] haya tenido un impacto negativo en el número de turistas o de pernoctaciones en los destinos turísticos".
Otras conclusiones de este trabajo, en el que estudia los casos de Catalunya y Balears, además de otros destinos europeos, son estas: "Los recursos generados con este impuesto permitirían desarrollar en mejores condiciones los instrumentos de la política turística; en algunos destinos, como Ámsterdam, se reivindica como fundamental para la recuperación de la ciudad para sus habitantes; de vital importancia es si es un impuesto finalista o no, y, en general, sería recomendable que tuviera una aplicación clara en el sector".
En el País Valencià, el nuevo Govern de Vox y PP ha derogado antes de que entrara en vigor la tasa que habían dejado lista sus antecesores de PSOE, Compromís y Podemos. El mismo criterio que viene aplicando Moreno en Andalucía.
Autonomía fiscal y modelo de financiación
Uno de los mantras del Gobierno andaluz ha sido el de reclamar al Ejecutivo central una mejor financiación para la Comunidad, un asunto en el que no le falta razón. Los expertos coinciden en que Andalucía está infrafinanciada y todos los partidos están en esa idea.
Sin embargo, Moreno, en paralelo, ha utilizado la autonomía fiscal que tiene para bajar los impuestos, lo que le ha generado críticas de la oposición, que le acusa de rebajar así la capacidad recaudatoria de la Comunidad mientras con la otra mano pedía más dinero.
El PP y el Gobierno afirman, una y otra vez, en aplicación de su ideario, lo contrario: que los ingresos aumentan al bajar la presión fiscal. La famosa curva de Laffer, desmentida por numerosos expertos. Empero, aunque los ingresos en IRPF –no así obviamente los de los tributos eliminados– hayan mejorado desde que gobierna el PP, ello se debe, según los expertos consultados por Público, en buena parte a factores como la inflación, y la marcha del ciclo económico y la mejora del empleo en todo el país, lo que en una economía dependiente como la andaluza, repercute positivamente.
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