La Corte Suprema suspendió el juicio oral contra el clan Los Gallegos, brazo operativo del Tren de Aragua en el norte de Chile, que había comenzado este lunes en el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Arica, y le ordenó a éste que realice una nueva audiencia para evaluar la factibilidad técnica de que el proceso se desarrolle de manera presencial.
La semana pasada, la Corte de Apelaciones ariqueña había acogido un recurso de amparo de la Defensoría Penal Pública en favor de 19 de los 38 imputados, para que estos pudieran asistir corporalmente al TOP. Pero ante la preocupación por los traslados, dada la peligrosidad de los acusados y a que, por lo mismo, cumplen prisión preventiva en seis cárceles distintas -algunas a 3.000 kilómetros de distancia-, el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado apelaron ante la Suprema.
En ese marco, el máximo tribunal del país había dictado una orden de no innovar, dejando congelada la presencialidad y permitiendo que el juicio iniciara este lunes de manera telemática, como pedía la Fiscalía.
Aquello, sin embargo, mientras resolvía el fondo del reclamo, lo que ocurrió también hoy, cuando la Suprema confirmó parcialmente -y en fallo dividido- la resolución de la Corte ariqueña sobre el recurso de amparo, por lo que suspendió el juicio y ordenó al TOP que reevalúe si es factible que éste se desarrolle presencialmente.
La Segunda Sala consideró que se vulneraron las garantías de los imputados al no entregarse a las defensas, en la audiencia original de factibilidad técnica, la información sobre los motivos para realizar el juicio de manera remota y sin la presencia de todos los imputados.
"La audiencia en comento fue celebrada sin que previamente el tribunal emplazara a los intervinientes de lo informado por Gendarmería, a través de oficio reservado, fundando tal proceder en que contiene 'información sensible', apartándose con ello a los parámetros establecidos en el Código Procesal Penal", contexto en que el TOP resolvió en ese entonces desarrollar un juicio telemático, "en consideración de esa información, la que resulta hasta hoy desconocida para los intervinientes".
De esa manera, concluyó que "se ha incurrido en una ilegalidad que puede afectar el derecho a defensa de los amparados, y que justifica el ejercicio de las facultades conservadoras de esta Corte, por lo que se hará lugar al recuso, disponiendo las acciones que se estiman pertinentes e idóneas para reestablecer el imperio del derecho".
Igualmente la Suprema apuntó que "en la vista del recurso se hizo saber, además, que algunos de los amparados que se encuentran recluidos en el penal de Valparaíso, no han tenido comunicaciones con su defensa, por impedimentos de orden técnico que es preciso resolver".
Por ello, ordenó también que "Gendarmería deberá adoptar las medidas que resulten conducentes para asegurar la debida comunicación de los amparados que se encuentran cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva en el penal de Valparaíso, con sus abogados defensores".
La Fiscalía Regional de Arica lleva a juicio oral a 38 miembros de Los Gallegos -cuatro chilenos y el resto extranjeros, mayoritariamente venezolanos-, y solicita presidio perpetuo para 11 de ellos, además de otras penas que suman más de 200 años de presidio para el resto.
La acusación incluye 22 hechos delictivos, entre los que hay siete homicidios (seis calificados) registrados durante el 2022: en tres los criminales enterraron a sus víctimas en distintas zonas del sector de Cerro Chuño.