Un encuentro de más de dos horas entre el Ayuntamiento de Alicante y la Conselleria de Medio Ambiente acerca de los macrodepósitos que ha finalizado igual que comenzó: sin avances. Una reunión en la que estaba previsto, según anunció el pasado jueves el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que se pusiera sobre la mesa la fórmula para abordar de forma conjunta con el Consistorio todos los asuntos relacionados con "el asesoramiento jurídico y todo el acompañamiento que necesite el Ayuntamiento de Alicante" por parte del Consell.
Lejos de tener este resultado, la cita no ha desvelado novedades respecto al asesoramiento jurídico ni sobre la estrategia a seguir a partir de ahora por parte de ambas administraciones tras la sentencia del TSJCV sobre el proyecto de la empresa XC Business de implantar macrodepósitos en el puerto de Alicante, que ha conseguido en los tribunales la licencia ambiental para la primera fase, que incluiría seis macrodepósitos de combustible en el puerto de Alicante.
En el encuentro celebrado en València, según han informado desde el Ayuntamiento de Alicante, el alcalde, Luis Barcala, habría transmitido al Consell su intención de solicitar una "aclaración de la sentencia", una propuesta que ya transmitió este mismo lunes por la mañana en una comparecencia pública en respuesta a los medios de comunicación, y sobre la que el Consistorio no ha querido concretar qué apartados de la sentencia pretende aclarar con este movimiento.
El Ayuntamiento de Alicante podría buscar con esta estrategia ganar tiempo tras la sentencia del TSJCV sobre los macrodepósitos que permitiría su implantación en el puerto de la ciudad. Con esta solicitud de aclaración, que según fuentes de Conselleria de Medio Ambiente estarían relacionadas con términos que quedaban claros en la primera sentencia, pero que en la segunda no estarían tan precisos, no se daría inicio a los 30 días para presentar recurso tras la sentencia del TSJ, un trámite que quedaría paralizado y por el que la sentencia tardaría más tiempo en ser firme.
En este periodo, el alcalde, Luis Barcala, ha indicado que desde el Ayuntamiento estudiarán la posibilidad de interponer también "un recurso de casación ante el Supremo", lo que deja este asunto "sub iudice", y, por tanto, pendiente durante más tiempo de una resolución judicial. "Ahora lo que más nos interesa es tener un análisis muy preciso de la sentencia que se ha dictado y saber si podemos recurrirla o no. La sentencia a quien afecta es al Ayuntamiento de Alicante y es el Ayuntamiento el que va a tener que tomar decisiones", ha asegurado Barcala antes del inicio de la reunión.
"Tenemos unanimidad en que no queremos los macrodepósitos en el puerto, ahora hay que ver hasta qué punto la justicia puede suplir a una voluntad política unánime", indicaba Barcala en la comparecencia previa al inicio del encuentro entre administraciones. Además, el alcalde de Alicante ha asegurado que esta reunión era "una fórmula de cortesía" entre las partes implicadas. Barcala ha indicado que el objetivo con el que se ha mantenido la misma es para "trasladarles -al Consell- el análisis previo de la sentencia que se ha dictado para todas las partes que puedan tener algún tipo de interés, como el Puerto o la Conselleria de Medio Ambiente".
La Conselleria, en espera
En la reunión que ha tenido lugar en las dependencias de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, el alcalde de Alicante ha transmitido estas intenciones, que previamente había anunciado esa misma mañana en una comparecencia en Alicante, a la consellera Salomé Pradas. El encuentro de trabajo, en el que han estado presentes también sus respectivos equipos, entre ellos el vicealcalde de la ciudad, Manuel Villar, ha servido como escenario para poner en común la situación en la que se encuentran ambas administraciones.
Aunque del encuentro no se han desprendido soluciones. Desde la Conselleria de Medio Ambiente apuntan a que, si la decisión del Consistorio alicantino pasa por solicitar una aclaración de sentencia del TSJ y abren la posibilidad a interponer un recurso de casación, el papel de la conselleria no comenzaría a cobrar importancia hasta que la sentencia sea firme.
Pese a ello, la Conselleria de Medio Ambiente ha mostrado su voluntad de colaboración con el Ayuntamiento, quedando a expensas de la resolución definitiva del procedimiento judicial, y ha mostrado su voluntad de trabajo coordinado para atender las prioridades del Consistorio. Salomé Pradas ha señalado que "la Generalitat estará al lado del Ayuntamiento de Alicante para dar apoyo técnico y jurídico en este proceso que sigue vivo a nivel judicial".
Indemnización a la empresa
Otro tema que queda en el limbo tras el encuentro es la posibilidad de rescindir el contrato e indemnizar a la empresa. Una opción a la que ya abrió la puerta la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, en el pasado pleno del mes de abril, pero a la que el alcalde ha contradicho este lunes apuntando a que estas "otras alternativas" eran cosa del PSOE de Alicante.
La edil de Urbanismo adelantaba durante una de sus intervenciones que "el Ayuntamiento ya está estudiando la sentencia y cómo se puede actuar" mientras que reclama "tiempo para contemplar alternativas y abrir la puerta a las negociaciones que plantea el grupo socialista".
Sin embargo, el alcalde de Alicante ha quitado valor a esta propuesta, tanto a la de la concejala como a la del grupo socialista. "A mí que me diga el PSOE con quién se supone que tenemos que negociar, en qué términos tenemos que negociar y si esto dicen que venían ya diciéndolo, pues que hubieran puesto encima de la mesa esa supuesta negociación y los términos de esa negociación que a mí me gustaría saberlos", ha indicado Barcala.
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