El Ejército ruso se retiró hace dos años de las zonas ocupadas en las regiones del norte de Ucrania tras fracasar en su intento de capturar rápidamente la capital, Kyiv. Pero los ucranianos tuvieron poco tiempo para celebrar. Pronto se hizo evidente la magnitud de los crímenes contra la población civil cometidos por las fuerzas de ocupación.
Las tropas ucranianas entrantes encontraron decenas de cadáveres de civiles, con heridas de bala, dispersos por la otrora tranquila ciudad de Bucha. Descubrieron fosas comunes en toda la zona, con hombres y mujeres en su interior. Encontraron una hilera de autos quemados y restos calcinados de familias enteras que intentaron huir sin saber que los soldados rusos estaban matando a todos los que estaban viajando por una de las carreteras centrales del país. Solo en la región de Kyiv, que estuvo parcialmente ocupada durante aproximadamente un mes, más de 1.200 civiles han sido encontrados muertos y más de un centenar siguen desaparecidos.
Desde entonces, miles de investigadores, defensores de los derechos humanos y periodistas han recopilado una abrumadora cantidad de pruebas que confirman que el asesinato en masa en Bucha y otras zonas del norte de Ucrania no ha sido un incidente aislado, señala Olga Reshetilova, de la ONG Media Initiative for Human Rights. «La forma en que actuaron los militares rusos, ya sea en Bucha, Borodyanka o Irpin, fue consecuencia de la política general de Rusia contra la población civil», afirma en conversación con LA RAZÓN.
Los investigadores de la Iniciativa han observado el mismo comportamiento en todas las regiones que estuvieron ocupadas durante algún tiempo o que permanecen bajo control ruso. «Siempre hacen lo mismo. Saben que tienen que capturar civiles, mantenerlos en determinados lugares. Los torturan de la misma manera», subraya Reshetilova.
Solo en las regiones del norte, 300 civiles detenidos fueron trasladados a Rusia. Los secuestros continúan en otras zonas ocupadas. Sus familiares no tienen noticia alguna sobre el paradero y las condiciones en las que se encuentran sus seres queridos.
La pareja, Iryna y Oleksandr Levchenko, de 62 años, fueron secuestrados por rusos en la primavera de 2023. En ese momento, Melitopol, una ciudad en el sur de Ucrania, llevaba más de un año bajo ocupación. Tras la llegada de los rusos, no querían huir de su ciudad natal. Estaban seguros de que los invasores no estaban interesados en los «pensionistas comunes» y que el Ejército ruso no los tocaría. Se equivocaban.
La última vez que se vio a Iryna, hace casi un año, estaba rodeada por soldados rusos en una calle. Su hermana Olena supone que a los rusos simplemente no les agradaba la familia Levchenko por alguna razón y los capturaron en medio de la ciudad. Lo que pasó después es casi una incógnita.
Según Olena, Oleksandr pudo enviar solo la nota desde la prisión de Melitopol. Escribió que vive en condiciones inhumanas, duerme sobre un suelo de cemento y casi no tiene comida. Se cree que todavía se encuentra en la ciudad mientras no se sabe nada sobre Iryna. Se teme que estén siendo torturados en uno de los cientos de centros de detención de las zonas ocupadas.
«La tortura contra civiles por parte de las autoridades rusas en Ucrania y en la Federación de Rusia ha sido generalizada y sistemática», concluye un informe publicado recientemente por la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania, presentado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El archivo documenta también muchos casos de violencia sexual. En octubre de 2022, en una ciudad de la provincia de Zaporiyia, las autoridades rusas registraron la casa de una mujer de 50 años, cuyo marido sirvió en las fuerzas armadas ucranianas. Durante el interrogatorio en comisaría la golpearon, la estrangularon con un alambre y le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza. También la desnudaron completamente, la tocaron y amenazaron con violarla. La víctima afirmó que estaba «temblando de vergüenza».
Después de que la trasladaron a otro lugar de detención, los interrogadores le ordenaron que se desnudara, la golpearon, luego la violaron con un palo y la amenazaron con matarla. En enero de 2023, las autoridades rusas la trasladaron a otro sitio y la obligaron a cavar trincheras. Según la víctima, dos soldados rusos la violaron al menos cinco veces. Este trato deja huellas físicas y psicológicas duraderas en las víctimas, subraya el informe.
Aunque no existen datos fiables sobre el número de víctimas, es probable que al menos decenas de miles se hayan visto afectadas. «Según nuestras estimaciones, los rusos arrestaron y detuvieron en algún lugar del territorio de la Federación Rusa al menos a 10.000 ciudadanos de Mariúpol, civiles que, según los rusos, representan una amenaza para el régimen ruso durante la ocupación», traslada a este periódico Petro Andriushchenko, asesor del legítimo alcalde de la ciudad ocupada.
Los sospechosos de tener una posición proucraniana son arrestados y simplemente desaparecen. «En el mejor de los casos, nos enteramos de que reciben largas penas de prisión. En la mayoría de los casos no sabemos casi nada sobre ellos», afirma Andriushchenko.
El número de habitantes de Mariúpol está disminuyendo rápidamente. Unas 420.000 personas vivían en esta ciudad antes de la invasión rusa. Algunos se van, otros mueren. Quedan 80.000 residentes ucranianos que no quieren o no pueden dejar atrás sus hogares y toda su vida. Muchos son ancianos que sufren la falta de acceso a medicamentos de calidad y de la infraestructura destruida. La composición de la población está cambiando aún más debido a los miles de trabajadores rusos y familias de militares que llegan a la ciudad, explica Andriushchenko.
Quienes permanecen en las zonas ocupadas tienen miedo de hablar de sus experiencias, porque temen que sus comunicaciones puedan ser interceptadas. Quienes se marchan también se muestran reacios a hacerlo, ya que muchos tienen familiares que se han ido allí.
Para obtener un control total sobre los territorios ocupados y su población, Rusia utiliza la coerción directa e indirecta de los ciudadanos para obligarlos a obtener un pasaporte ruso, subraya un informe de la coalición de defensores de los derechos humanos Ucrania 5 AM. Según el informe, el hecho de no tener la ciudadanía rusa conlleva una serie de restricciones al derecho al trabajo, a los derechos de propiedad, al acceso a la educación y a la asistencia social y médica. Tales acciones violan las normas del derecho internacional humanitario y representan «signos del crimen de genocidio». Junto con la propaganda masiva y la supresión de cualquier punto de vista proucraniano, incluso en las escuelas, dicha política tiene como objetivo eliminar cualquier rastro de identidad ucraniana separada de la rusa, advierten los defensores de los derechos humanos.
Devolver los territorios ocupados bajo control ucraniano es necesario para rescatar a aquellos entre la población que sufre el dominio ruso, subrayan. «Estos crímenes ocurren todos los días. La única posibilidad de detenerlo es empujar a los rusos más allá de las fronteras ucranianas y devolver a toda nuestra gente a casa», concluye Reshetilova.
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