Tres periodistas recibieron mensajes intimidatorios el último mes para que dejen de hablar del "Señor del Tabaco", Pablo Otero, justo cuando el gobierno plantea cambiar el esquema impositivo, porque Tabacalera Sarandí impugnó judicialmente la normativa vigente y paga menos impuestos que las principales empresas del sector.
Esas tres intimaciones son similares a la que recibió, dos años atrás, Diego Cabot, periodista de La Nación, según pudo reconstruir Clarín.
El último que recibió una carta documento fue el periodista Andrés Sanguinetti, del portal de noticias iProfesional, quien fue intimado a eliminar una nota y a retractarse, bajo apercibimiento de iniciarle acciones civiles y penales, tal como publicó Clarín la semana pasada.
Pero ahora se supo que también recibieron intimaciones similares los periodistas Marcelo Longobardi, por su participación en su programa en Radio Rivadavia; y Camila Dolabjian y Diego Cabot, por notas que escribieron en La Nación.
A Longobardi le envió el mes pasado una carta documento el abogado Gabriel Palmeiro, socio del poderoso estudio jurídico de Maximiliano Rusconi. Allí lo intimaron "a desistir de modo inmediato a continuar con la formulación explícita o subliminal de información carente de toda verdad en relación al señor Otero", contó el periodista en Rivadavia. Y agregó que le pidieron que "en un plazo de 24 horas" se "retracte de expresiones falaces, agraviantes y acosadoras" contra Otero y su empresa.
Longobardi planteó que su participación periodística en esta situación se limitó a preguntarle al ministro Guillermo Francos y al diputado Cristian Ritondo sobre Otero y Tabacalera Sarandí, ya que el cambio impositivo para el sector tabacalero era un tema que se estaba discutiendo en el proyecto de ley ómnibus que el Gobierno envió a la Cámara de Diputados.
El periodista destacó que "Rusconi es conocido como abogado penalista en su condición de defensor de Cristina Kirchner, Julio De Vido, del oscuro señor Lagomarsino, el del arma de Nisman, e incluso de Nicolás Maduro, en el caso del vidrioso asunto del avión de los iraníes y venezolanos".
Longobardi dijo que "las amenazas del doctor Rusconi, su ridícula carta intimidatoria, no me cambia nada, porque tengo experiencia en haber sufrido en carne propia a algunos gangsters. Por el tono de la carta, me trajo algunos resabios de aquellos momentos del señor Yabrán, de la policía bonaerense (cuando sufrió un atentado en su casa), del señor (Cristóbal) López o de los Kirchner, así que no me jodan", concluyó su comentario sobre el tema en su programa de radio.
A Diego Cabot el apoderado de Tabacalera Sarandí también lo intimó a que "rectifique" el contenido de una de sus notas, "bajo apercibimiento de accionar judicialmente por los daños y perjuicios ocasionados atento haberse afectado el buen nombre comercial de mi mandante".
La nota publicada por Cabot fue hace poco más de dos años en el diario La Nación y se titulaba "AFIP: ganó un juicio para reclamar millones a una tabacalera, pero por ahora no lo cobra".
Más reciente es el caso de Camila Dolabjian, quien este año escribió varias notas en La Nación sobre el lobby del Señor del Tabaco. Una fue: "La guerra entre tabacaleras que se esconde detrás de un artículo de la ley ómnibus".
Y la última nota donde Dolabjian lo mencionó a Otero fue cuando escribió que "Tabacalera Sarandí logró evitar que avancen las modificaciones al impuesto interno a los cigarrillos que la hubiese dejado en pie de igualdad tributaria con los grandes jugadores internacionales", en su nota sobre "Sectores, empresas y provincias que jugaron fuerte en el lobby de la ley ómnibus".
La respuesta de Otero, según pudo reconstruir Clarín, fue escribirle este año a Dolabjian tres mails desde su casilla de correo electrónico personal, con mensajes intimidatorios, en los que además le comentaba supuestas demandas realizadas por él contra otros periodistas, a modo de advertencia.
FOPEA contra las amenazas de acciones legales
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) se solidarizó con el periodista Andrés Sanguinetti, luego de que recibiera una carta documento del socio del estudio de Maximiliano Rusconi, "intimándolo" a que "en forma inmediata elimine de Internet y de las redes sociales la nota "Una tabacalera 'dudosa' ya maneja el 45% del mercado de cigarrillos local" que publicó en un portal de noticias el 12 de marzo pasado.
"FOPEA reitera que las amenazas de acciones legales tienen un efecto inhibitorio no sólo sobre el destinatario sino sobre el periodismo en general, con lo cual se deteriora la calidad de la información que recibe la sociedad".
"Cualquier ciudadano, pero aún más los dirigentes políticos, sociales, sindicales y empresariales, tienen la posibilidad de responder y aclarar si una publicación es errónea o confusa sin necesidad de apelar a recursos propios de otro tipo de conflictos y ajenos al ámbito de la información como bien social", planteó FOPEA.
Es que la industria del tabaco está revolucionada por el crecimiento de Tabacalera Sarandí, una pyme bonaerense del empresario argentino Otero, que en los últimos ocho años logró pasar del 5% del mercado, a más del 30%, según estimaciones de especialistas, desplazando a las tradicionales empresas internacionales, gracias a que estaría subfacturando el precio de sus paquetes de cigarrillos ante la AFIP y a que consiguió medidas cautelares judiciales que le permiten pagar menos impuestos y vender sus productos mucho más baratos que sus competidores. Otero, además, acumuló un proverbial poder de lobby, que incluye una pata política, otra judicial y otra mediática.
Según un informe de la consultora Abeceb, de enero pasado, este tipo de prácticas por parte de la empresa de Otero y otras tabacaleras mucho más pequeñas, pero que actúan del mismo modo, les permitió incrementar su participación en el mercado de cigarrillos, al pasar del 5,6% del total en 2016, al 38,4% en 2023, generando una "pérdida de recaudación acumulada de US$ 5.823 millones, entre los años 2018 y 2023" para el Estado nacional.
Pero si la empresa de Otero paga mucho menos de impuestos, entonces, bajan sus precios, cae la recaudación para el Estado y las provincias, se desequilibra la competencia y aumenta el consumo de cigarrillos, generando un problema no solo impositivo sino también de salud pública, ya que el consumo de tabaco mata a 45.000 personas por año en Argentina, el 14% del total de muertes, según un informe de la Red de Hospitales Universitarios de la UBA.
Además, esta distorsión impositiva encabezada por Tabacalera Sarandí provocó que, entre 2018 y 2023, el consumo de cigarrillos tuviera un aumento interanual del 1,2% en la Argentina, mientras que el promedio mundial bajó un 2% el consumo de cigarrillos cada año, según el informe de Abeceb.
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