El denominado 'Pacto sobre Migración y Asilo' refuerza los controles sobre las llegadas a las fronteras del bloque y establece un sistema de solidaridad entre los Estados miembros, que exige que todos los Estados miembros de la UE asuman algún tipo de responsabilidad en la gestión de las solicitudes de asilo.
Si un país de la UE no quiere aceptar a personas que solicitan asilo, ese Estado miembro debe ofrecer ayuda alternativa, como contribuciones financieras a un fondo de apoyo. Además, los países que experimenten picos significativos de solicitudes de asilo podrán pedir que los solicitantes sean distribuidos a otros países de la UE.
La parte más controvertida del paquete implica la creación de instalaciones fronterizas en la UE para acoger a los solicitantes de asilo y examinar y devolver rápidamente a los solicitantes que no cumplan los requisitos.
"Quitar argumentos a la extrema derecha"
Según el diario El País, la comisaria de Interior de la Unión Europea, Ylva Johansson aseguró en una encuentro con periodistas sobre el pacto que le ha "quitado muchos de los argumentos a la extrema derecha". La funcionaria también aseguró sentirse "orgullosa" del paquete, que ha promovido ante los casi cinco años de su mandato.
En total, serán debatidos diez textos que se someterán a votación al final de la jornada durante una sesión plenaria en Bruselas.
Los tres principales bloques del Parlamento Europeo; el Partido Popular Europeo (PPE, derecha), los Socialistas y Demócratas (S&D, centro izquierda) y Renovar Europa (Renew, liberales centristas); en general son favorables al texto de la reforma. Pero el plan enfrenta resistencias importantes por parte de los Verdes, la izquierda y de algunos legisladores socialistas.
Las organizaciones no gubernamentales (ONG) han criticado el paquete por socavar los derechos humanos y temen que las instalaciones fronterizas sienten las bases para la detención sistemática.
No obstante, el pacto no se aplicaría hasta el año 2026.
ies (AFP, DPA)