Trabajadoras del Colectivo Profesional de Trabajo Social emitieron un comunicado en el que denunciaron una situación de «desidia y abandono» en los centros de Coordinación Comunitaria y Fortalecimiento Familiar, que dependen del Ministerio de Gobierno de Neuquén.
Según explicaron, estos dispositivos, ubicados dentro de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Justicia y Familia «intervienen profesionalmente con las familias que viven en condiciones vulnerables de la ciudad de Neuquén«, desarrollando una «tarea preventiva, de promoción de derechos, de detección y evaluación de indicadores de riesgo».
Informaron que «año a año» se expresa en estos espacios de «abordaje psicosocial individual, familiar, grupal y comunitaria» una situación de «desidia y abandono» por parte de los funcionarios del gobierno, con especial impacto en las instituciones que «trabajan para aplicar leyes que garantizan y restituyen los Derechos Humanos».
En el documento, las trabajadoras del sector aseguraron que el Poder Ejecutivo «destina cada vez menos recursos materiales para el desarrollo de la tarea cotidiana», decisión que, denunciaron, «se ha profundizado gravemente» desde la asunción de la nueva gestión de Rolando Figueroa.
Entre las problemáticas que atraviesan, mencionaron la falta de mantenimiento de los espacios de trabajo, escasez de materiales de librería y la ausencia de vehículos institucionales para «realizar visitar domiciliarias», coordinaciones y otro tipo de actividades. También apuntaron contra «la falta de profesionales», centralmente de trabajadores sociales.
Desde el sector, reiteraron que «el desmantelamiento de los equipos y de los recursos edilicios y presupuestarios, desde hace años es continuo y constante«, lo que se suma a «a la falta de asistencia directa para las familias usuarias y el pago de Programas Sociales» desde noviembre del año pasado a la actualidad.
Ante ese panorama, las agentes repudiaron «este maltrato institucional» a las familias y los trabajadores que «ejercemos la tarea cotidiana en una institución vaciada de recursos»
El recorte denunciado afecta, describieron, a los Centros de Coordinación Comunitaria Este y Oeste, y los Centros de Fortalecimiento Familiar de Hue-Quiñe, Valentina Sur, Colonia Rural, Progreso, Cristina Thomas y Confluencia.
Los mismos intervienen dentro de las leyes 2302 (Ley Provincial de Protección Integral de lxs
Niñxs y Adolescentes), 2785 (Ley Provincial de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y
erradicar la Violencia Familiar), 2786 (Ley Provincial para Prevenir, Sancionar y erradicar la
Violencia contra a las Mujeres) 2222 (Ley Provincial de Salud Sexual y Reproductiva), 25871
(Ley Nacional de Migraciones), entre otras.