El Banco Mundial advirtió que la falta de competitividad afecta el crecimiento económico de América Latina y el Caribe, y en el caso de México evidenció el poder político de empresas del sector de telecomunicaciones, donde la concentración y la fijación oligopólica de precios están muy bien documentados.
De acuerdo con el reporte "Competencia: ¿el ingrediente que falta para crecer?", en un principio ni la agencia de competencia ni el regulador sectorial pudieron controlar el poder de monopolio.
La entidad internacional sostiene que Telmex y las demás empresas gigantes de la industria de las telecomunicaciones son conocidas como "poderes fácticos", jugadores poderosos capaces de diluir o evadir controles a través de su interferencia sobre los tres poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Señala que la "élite de las telecomunicaciones" y los medios han acudido al lobby sistemático en busca leyes favorables, y que han utilizado el sistema judicial mexicano para obstaculizar a los reguladores.
Expone que esos comportamientos resultaron en el Pacto por México de 2013, un acuerdo entre los tres principales partidos políticos para recuperar el control del Estado sobre los poderes fácticos en el sector de las telecomunicaciones y otros.
Abunda que de ese acuerdo se derivaron ese mismo año cambios sustanciales a la Constitución en términos de competencia; sin embargo, aún no se traducen en modificaciones a la estructura del sector, que sigue dominado por las mismas empresas.
El Banco Mundial recuerda que a comienzos de la década de 2000, el gobierno mexicano modificó el marco regulatorio para la industria de las telecomunicaciones, pues la legislación, aprobada en 1960, era extremadamente anticuada. En octubre de 2004 se presentó un proyecto de ley que estableció una nueva legislación para regular la industria y generó una gran expectativa.
No obstante, apunta, la inestabilidad en torno a las elecciones presidenciales de 2006 llevó al retiro del proyecto de ley, y el 1 de diciembre de 2005 se presentó un proyecto de ley completamente distinto, que fue aprobado por la Cámara de Diputados de forma unánime el 21 de marzo de 2006 tras siete minutos de debate.
Posteriormente, agrega el organismo, el Senado la aprobó sin modificaciones, con oposición de una minoría de sus miembros, "se supone que esta rápida aprobación de la nueva legislación, sin grandes modificaciones, fue el resultado de un intenso lobbying".
Legislación de 2006, un retroceso para la competencia
El Banco Mundial añade que la legislación de 2006 fue considerada como un retroceso para la competencia en el sector de las telecomunicaciones, recibió críticas por favorecer a empresas de relevancia, como Televisa y TV Azteca.
La nueva ley benefició de al menos dos maneras a grandes compañías frente a los recién incorporados. Primero, le otorgó el control de las concesiones del espectro radiofónico por 20 años a las emisoras de radio incumbentes, dándoles prioridad en la renovación. En esencia, le garantizó el control a perpetuidad del espectro radiofónico a emisoras de radio incumbentes como Televisa.
Segundo, amplió el campo de acción de las emisoras incumbentes. Bajo la nueva ley, las emisoras incumbentes que desearan utilizar las frecuencias radiofónicas para la prestación de servicios de telecomunicación adicionales podían hacerlo sin cargo; mientras tanto, los recién incorporados estaban obligados a ofertar por las frecuencias en una subasta.
En suma, indica el Banco Mundial, la nueva ley hizo que ingresar al mercado fuera extremadamente complicado para los recién incorporados, y la falta de competencia en las telecomunicaciones implicó una menor calidad del servicio y menor confiabilidad en la información emitida.