El gobierno venezolano rechazó de manera contundente la postura adoptada por la Comunidad del Caribe (Caricom) en relación al conflicto por el Esequibo, calificando como imprecisas y falsas las objeciones presentadas a la Ley sobre la Guayana Esequiba.
Según el comunicado difundido por el canciller Yván Gil en sus plataformas digitales, la actitud de los países caribeños es considerada como una política de seguridad absurda que no logra corregir la conducta hostil, ilegal y depredadora de Guyana contra los derechos históricos de los venezolanos y los principios del derecho internacional.
El gobierno venezolano reiteró su respaldo al Acuerdo de Ginebra de 1966 como el marco normativo para resolver la disputa sobre el Esequibo, acuerdo firmado en su momento por los gobiernos de Venezuela, Reino Unido y Guyana.
Se expresó preocupación por el silencio de la Caricom durante años frente a las violaciones constantes al derecho internacional por parte de Guyana, incluyendo la entrega de concesiones petroleras a ExxonMobil.
Además, se criticó la alianza de Guyana con el Comando Sur de Estados Unidos, los vínculos con la CIA y la presencia de barcos militares británicos en la zona, considerando como grave la propuesta de formar una fuerza internacional para agredir a Venezuela.
Contenido de la Ley rechazada por Guyana
La Ley Orgánica de la Guayana Esequiba, promulgada por el presidente Nicolás Maduro el 3 de abril, surge tras la aprobación en referendo en diciembre de 2023 para crear el estado Guayana Esequiba, desconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia y ratificar el Acuerdo de Ginebra como mecanismo de solución de la disputa.
En el contexto electoral venezolano, la Asamblea Nacional incluyó un artículo para inhabilitar a quienes apoyen a Guyana en detrimento de la posición venezolana.
El gobierno debía presentar una contramemoria a la CIJ para defender su posición respecto al Laudo Arbitral de París de 1899, que despojó a Venezuela del Esequibo. Caricom acusó a Venezuela de desestabilizar la región y socavar la paz en Latinoamérica al considerar la aprobación de la ley como unilateral, precipitada y peligrosa.