"Damas y caballeros, desalojen el edificio". La amenaza de una bomba en la Asamblea del Valle del Cauca, en las instalaciones que eran el viejo colegio San Luis, interrumpió la cotidianidad laboral en ese 11 de abril.
Eran las 10:15 de la mañana de aquel 2002, cuando un grupo de hombres con camuflado, botas, fusiles al hombro, perros pastor alemán y hasta megáfonos en mano, empezaron a rodear el complejo y adentro insistían a todos los funcionarios y a visitantes en que era inminente una evacuación en esa infraestructura en el corazón de Cali y a unos metros de la Gobernación del departamento.
Los supuestos soldados del Ejército y algunos uniformados como policías acordonaron con cintas amarillas cuatro cuadras a la redonda, dejando a la ciudadanía separada y confundida; la gente, desde lejos y a plena luz del día, trataba de saber y de entender qué era lo que verdaderamente ocurría en el histórico edificio del centro caleño.
En el interior del recinto, los uniformados hicieron salir a los 12 diputados hacia la calle, donde una buseta los aguardaba, estacionada en la esquina de la carrera 9 con calle 8. Estaba a menos de dos cuadras del edificio de la Gobernación, llamado Palacio de San Francisco.
Algunos de los asambleístas alcanzaron a comunicarse por teléfono con sus familiares, diciéndoles que, aparentemente, miembros de la Fuerza Pública los iban a poner a salvo.
Pero en pleno recorrido a algún lugar desconocido hacia las montañas del inmenso cordón de los Farallones, en el suroccidente de la ciudad, esos uniformados revelaron que eran de las Farc por orden del 'Comando Conjunto de Occidente' y que estaban ya en condición de secuestrados.
Los 12 diputados quedaron sorprendidos y asustados. Eran Juan Carlos Narváez, Francisco Javier Giraldo, Carlos Alberto Charry, Ramiro Echeverry, Carlos Alberto Barragán, Héctor Arismendy, Jairo Hoyos, Alberto Quintero, Édison Pérez, Rufino Varela, Nacianceno Orozco y Sigifredo López.
Desde ese 11 de abril de 2002 comenzó la tragedia en la que se convirtió este secuestro desde hace 21 años.
Horas después, el camarógrafo Héctor Hernando Sandoval, tratando de cubrir la noticia, también murió al caer en medio de combates entre la guerrilla y el Ejército, en zona rural hacia los Farallones de Cali.
El conductor Wálter López, quien transportaba a los periodistas de RCN, murió por un impacto que atravesó la cubierta del campero.
Cuando ha transcurrido un poco más de dos décadas, las familias de los diputados asesinados y el único sobreviviente de esta barbarie, Sigifredo López, además de las del policía Cendales y de los dos integrantes de RCN buscan una reparación que no solo se base, como algunos de ellos lo manifestaron, en indemnizaciones económicas.
Esperan sanciones reales y justicia por lo ocurrido, además de seguir construyendo memoria y rindiéndoles homenajes a estos políticos caídos durante el ejercicio de sus funciones, como el acto de este 11 de abril por los 22 años del secuestro político más grande que estremeció en esa época a todo el Valle y al país mismo.
Pese a que algunos familiares se retiraron hace dos años de las audiencias convocadas por la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) que lleva estos procesos, coinciden aún en la necesidad de una reparación que es distinta para cada uno de ellos.
Para algunos, como Fabiola Perdomo, esposa de Juan Carlos Narváez, ha sido vital escuchar verdades, aunque relativas como ella misma lo señaló, sobre cómo fue planeado el secuestro, si hubo funcionarios de la Asamblea involucrados o no y por qué sus seres queridos fueron asesinados, en aquel 18 de junio de 2007.
Pero todavía no deja de causar zozobra el no saber cómo los asambleístas vivieron esos cinco años de martirio y penurias en un cautiverio lejos de los suyos, sin recibir sus pertenencias de vuelta. Ha sido un clamor sin respuesta.
En una entrevista a EL TIEMPO, la señora Perdomo dijo: "Había versiones y rumores que no permiten sanar. Rumores de que la muerte de ellos habría sido una retaliación porque un mes antes había caído 'JJ'. Dos, que habría sido un intento de rescate del Ejército y tres que hubo una confusión por fuego amigo".
El exdiputado López, tras la masacre de sus 11 compañeros, continuó secuestrado y fue liberado el 5 de febrero de 2009. Siempre ha asegurado que la muerte de los asambleístas cuando estaban en el ejercicio de sus funciones se produjo en un enfrentamiento entre guerrilleros. Relató que unos días antes se enfrentó con el comandante que los mantenía cautivos y en castigo, "por grosero", fue separado del grupo.
En sus relatos, ha dicho que el día de la muerte de los diputados lo primero que escuchó fueron dos disparos y luego otros dos más. Como pensó que era un rescate, se tiró al piso y empezó a escuchar ráfagas y gritos.
Cuando todo se detuvo, preguntó por sus compañeros y le dijeron que ya los habían sacado. Solo unos días después se enteró de su muerte por la radio.
López pidió la expulsión de los exintegrantes de las Farc de la JEP, cuando en el Senado se dijo que los secuestrados tenían comodidades frente al hacinamiento en las cárceles del país.
Luego del proceso de paz, exmiembros del secretariado de las Farc con Pablo Catatumbo explicaron que habría sido un error por ese fuego amigo, al enfrentarse dos frentes de la misma guerrilla.
Catatumbo, en una de esas audiencias de la JEP, dijo que aunque él no estuvo presente en el sitio del cautiverio y que estuvieron otros guerrilleros, él buscaba dar respuestas de lo que conocía.
Pero, cómo fueron esos cinco años, muchos de los guerrilleros no están, algunos han sido asesinados y dijeron que las pertenencias quedaron enterradas. Es la pregunta aún latente.
Cada familia aún espera una reparación. Algunas, las indemnizaciones, otras, conocer más detalles de este secuestro.
Es así que otra de las preguntas que tenían era si hubo empleados de la Asamblea involucrados, a lo que la guerrilla contestó que no.
Durante los cinco años del secuestro de los diputados del Valle, las familias clamaron juntas por su libertad y por un acuerdo humanitario ante el Gobierno Nacional de ese entonces, que siempre mantuvo su postura de un rescate militar.
Fue así que hasta compartieron todos juntos, jornadas de oración en las madrugadas, como en el centro de Cali, y masivas marchas en esta capital.
No obstante, tras la publicación que hizo la JEP de su resolución de conclusiones en el caso de secuestro de los diputados del Valle, varias víctimas manifestaron estar inconformes, como Sigifredo López.
La resolución de conclusiones de la JEP del año pasado concluyó que los exjefes del secretariado de la Farc han aportado verdad plena y por eso eran acreedores de una sanción propia de cinco a ocho años de condena, que no se pagan en cárcel.
Luz Marina Cendales, hermana del policía Carlos Alberto Cendales, también clama justicia, aunque también se pregunta por qué de la JEP nunca la han llamado para ser parte de ese proceso de reparación.