Esta semana la salud de los colombianos se vio envuelta en una serie de contratiempos que han dejado al descubierto algunas de las grietas estructurales más profundas del sistema. En menos de cinco días, el proyecto del Gobierno que pretendía reformar la salud se hundió en la Comisión Séptima del Senado y la Superintendencia Nacional de Salud intervino a dos de las EPS más grandes del país, con lo que el Estado tendría a su cargo la salud de por lo menos 26 millones de usuarios.
En medio de una situación de temor e incertidumbre para el sector, Compensar EPS (una entidad promotora con casi 2,3 millones de usuarios) ha solicitado a la Supersalud su liquidación total, argumentando que no puede sobrellevar la actual crisis financiera que afecta a todos los actores de la cadena de valor.
Ante este panorama, gremios, académicos y entidades sanitarias, concuerdan con el hecho de que es necesario empezar a plantear un diálogo nacional con el que, a través de consensos entre los agentes, puedan mejorarse o corregirse ciertos aspectos del sistema de salud.
"El hundimiento de la reforma es una derrota política del Gobierno, pero no es un triunfo para el sistema y para la sociedad. Hemos perdido un año y medio discutiendo sobre un proyecto que no solucionaba los problemas que tienen los usuarios y pacientes, no tuvo aval fiscal y tampoco la participación ciudadana que incidiera en las transformaciones que se requieren", dijo a este diario el exministro de salud Augusto Galán Sarmiento.
Según él, todavía es necesario mejorar el acceso a la prestación de los servicios, se debe alcanzar una sostenibilidad financiera del sistema y es necesario trabajar por cerrar la brecha en materia de salud que existe entre las zonas rurales y las urbanas.
Y es que para nadie es un secreto que el sistema carga con un enorme déficit fiscal (estimado en 9,6 billones por la Anif) que ha sido catalogado por especialistas como "la más profunda crisis financiera de los últimos 30 años en la salud".
Analistas explican que el hueco financiero responde a factores internos del sector como un mal cálculo (insuficiencia) de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), un incremento excesivo en la frecuencia de usos por parte de los ciudadanos y, en consecuencia, un desbordamiento por la amplitud del Plan de Beneficios en Salud (PBS), así como deudas atrasadas del Estado al sistema.
A esto habría que sumarle otros factores externos como la presión tecnológica, la inflación, la volatilidad de la tasa de cambio, etc. Un asunto sobre el que las EPS han reiterado que los recursos son insuficientes a pesar de las medidas implementadas para gestionar la siniestralidad.
Ya son varios estudios los que han señalado que los recursos que financian el plan de beneficios son insuficientes y que la situación se ha agudizado durante y después de la pandemia.
En consecuencia, Luis Jorge Hernández, director de Investigaciones de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes y excoordinador del Área de Salud Pública de la misma institución, le explicó a EL TIEMPO que en un modelo de reestructuración del sistema de salud, es necesario calcular la UPC de forma racional y de acuerdo con las características demográficas y epidemiológicas de la población colombiana.
"La población envejece más rápido y demanda más servicios de salud, al país han llegado 2,5 millones de personas migrantes que requieren atención sanitaria y existe un efecto postpandemia que produjo el resurgimiento de enfermedades crónicas no trasmisibles", explicó y aseguró que ante esta realidad también es necesario un sistema de Contención de Costos y de gestión de riesgo individual y financiero, así como la participación público-privada en el aseguramiento y en las redes prestadoras de servicios de salud.
Con esta opinión coincide María Luisa Latorre, exdirectora del Observatorio Así Vamos en Salud, quien señala que los recursos del sistema siempre son insuficientes. "Lo que pasa con el Sistema de Salud colombiano es que no tiene límites en los servicios a los que tienen derecho los pacientes. Esto quiere decir que tenemos derecho a la mayoría de medicamentos, cirugías, actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad y la plata no alcanza", le dijo a este diario.
Analistas de la Anif reiteran que, en efecto, el principal problema del Sistema de Salud es el financiamiento. La entidad señala que el déficit acumulado entre 2021 y 2023 equivale a $9,7 billones por concepto de UPC ($5,1 billones) y Presupuestos Máximos ($4,6 billones).
"Según nuestras estimaciones, para el 2024 la necesidad de recursos asciende a $44,6 billones y el Presupuesto General de la Nación presupuesta tan solo $35,3 billones para el aseguramiento en salud, lo que deja sin cubrir un monto cercano a $9,3 billones", aclararon en su informe semanal.
En este punto cabe señalar que Colombia ha dedicado tres décadas a la construcción de un Sistema de Salud que hoy, pese a muchas oportunidades de mejora, cuenta con una cobertura del 99,04 %. Esto quiere decir que un total de 51'742.067 personas, de una población de 52'244.938, tienen pleno acceso a los servicios del sistema, según cifras del Ministerio de Salud, con corte al 30 de agosto de 2023.
No obstante, más allá de la sostenibilidad financiera, existen muchos otros puntos en los que expertos y pacientes insisten enfatizar para generar cambios.
Otros factores que deben reconsiderarse en el sistema de salud
"Tenemos que mejorar y establecer una política nacional de talento humano en salud y que esto permita tener una mejor distribución geográfica del mismo, así como una mayor pertinencia en su formación que supla las necesidades que tiene el sistema de salud", asegura Galán Sarmiento e insiste en la necesidad de trabajar por cerrar la brecha en materia de salud que existe entre las zonas rurales y las urbanas.
A esta conclusión también llegó un equipo multidisciplinario de 28 expertos de la Pontificia Universidad Javeriana y Seguros SURA Colombia que realizaron un estudio para entender cómo mejorar el sistema de salud.
Unos de los puntos evidenciados por los expertos es que las decisiones han estado bajo el control de órganos técnicos, o consejos de orden nacional, y actualmente casi que exclusivamente son responsabilidad del Ministerio de Salud y Protección Social.
Para los investigadores es necesario crear un mecanismo de representación, un modelo de gobernanza del sistema de salud, que articule a los diversos actores involucrados para debatir la respuesta que este debería ofrecer a los ciudadanos.
La propuesta es enfática en que las políticas públicas de salud deben tener un enfoque regional porque solo así se puede hacer una lectura adecuada de las particularidades propias de cada territorio. Considera que actualmente se hace una lectura homogenizada y desde el nivel central que genera el mismo tipo de respuesta.
Analistas del sector también coinciden en que es necesario regular el cumplimiento de las barreras de entradas y permanencia de las EPS, crear un Fondo de Financiación para Planes o Proyectos de Inversión construido desde los territorios y con la participación de sus habitantes para atender necesidades puntuales de salud, así como estimular la presencia de especialistas médicos en territorios.
"Reconozco de la reforma que propuso el Gobierno el énfasis en la atención primaria de la dignificación del talento humano", aclaró Hernández, pero fue contundente al señalar que se trataba de un articulado que no reconocía el papel de las aseguradoras para hacer gestión de riesgo y contención de costos, así como tampoco aprovecha la experiencia ni infraestructura de las EPS.
Entre tanto, movimientos como el Pacto por un Mejor sistema de Salud han señalado que lo ideal es empezar a entablar un diálogo en el que las perspectivas de los usuarios, académicos y todos los agentes del sector sean tenidas en cuenta, para empezar a subsanar las falencias del actual sistema.