EFE
El vecino de 58 años de la población pirenaica de La Fueva, juzgado en la Audiencia de Huesca por abusar de 5 niñas en su pueblo a lo largo de diez años, ha aceptado penas que suman un total de 6 años de prisión tras asumir la autoría de los hechos.
El acuerdo se deriva la de decisión del acusado, que se enfrentaba inicialmente a 30 años de prisión, de consignar 146.000 euros para indemnizar a las víctimas, lo que ha llevado a las acusaciones a modificar sus peticiones iniciales de condena para incluir una atenuante muy cualificada de reparación del daño causado.
Una condena, sin embargo, que no excluye, a petición expresa de las víctimas, la solicitud de prohibición para el procesado, de 58 años, de entrar o residir en la provincia de Huesca por un periodo de tiempo de diez años.
La vista se ha reanudado este jueves con las declaraciones, a puerta cerrada, de las dos víctimas que no comparecieron ayer ante el tribunal, y ha continuado con las manifestaciones de las psicólogas del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) y de los forenses que reconocieron a las niñas tras ser denunciados los hechos.
Según las psicólogas, la experiencia vivida por las menores, algunas de ellas con amenazas hacia sus padres si contaban lo sucedido, les provocó un trastorno de estrés postraumático con secuelas graves a nivel emocional que todavía permanecen y que condicionarán su desarrollo personal y profesional.
Este testimonio ha sido corroborado por los médicos forenses, que han asegurado no haber apreciado en las víctimas signos de manipulación ni de buscar beneficiarse de la situación, y sí un relato persistente, creíble y veraz con las situaciones vividas.
Tras la prueba pericial, tanto la fiscalía como las dos acusaciones particulares han aceptado la propuesta de rebaja de condena del abogado de la defensa, el letrado Francisco Javier García Berenguer, y han modificado sus peticiones tras incorporar en sus escritos la referida atenuante muy cualificada de reparación del daño.
Una reparación, según ha expuesto el defensor en su informe final, que supera las indemnizaciones por secuelas solicitadas por las acusaciones particulares con el fin de buscar también la reparación de los daños morales causados, y que responde a los criterios del proyecto de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en aras de una "justicia restaurativa" no basada solamente en la imposición de grandes condenas.
El acusado, dedicado a la actividad agroganadera, fue detenido en abril de 2019 a raíz de la denuncia de uno de los padres de una de las víctimas tras detectar un cambio súbito de comportamiento en su hija y ser advertidos por algunos especialistas de que podía ser efecto de una situación de agresión sexual.
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