El asesinato de un militante social en Moreno, ocurrido el pasado fin de semana, puso de nuevo en escena la complicidad entre las bandas locales de la droga que azotan el Gran Buenos Aires y sectores de la Policía que, cuando menos, los protegen y les liberan zonas para el narcomenudeo.
En ese bando, que intenta una muy difícil regeneración institucional, están desde la gobernadora María Eugenia Vidal hasta la mayoría de los intendentes, sean oficialistas o del peronismo que hace un año es oposición.
Si se atiende a la descripción de legisladores y dirigentes que caminan esas zonas donde la gente de no tener nada ni siquiera tiene futuro, a la lista de indeseables deberían sumarse ciertos jueces y fiscales.
Algunos por complicidad con los submundos del delito, otros por exceso enfermizo de garantismo, contribuyen a que muchos detenidos salgan de las comisarías casi más rápido de lo que entran; o a que con argucias legales sean puestos en libertad sujetos peligrosos que con demasiada frecuencia vuelven a delinquir.
Es una pelea desigual, en dominio y conocimiento del territorio y en ocasiones hasta en recursos materiales. Y pese a los avances que se registraron este año, empezando por la decisión política de quienes gobiernan, los "buenos" todavía no llevan las de ganar.
Sucede, también, que la repetición abrumadora de hechos de inseguridad termina por anestesiar las reacciones. Sobre el asesinato en Moreno, además de algún reflejo en la prensa, apenas se conocieron condenas públicas del diputado Chino Navarro, del Movimiento Evita; y del dirigente Claudio Lozano, de Unidad Popular.
El asesinado fue César Méndez, activista del movimiento La Dignidad, una agrupación guevarista nacionalista conducida por cuadros universitarios que creció a expensas del retroceso y dilución del kirchnerismo.
Según relatos de fuentes directas, Méndez fue baleado cuando se interpuso en la agresión que un grupo de narcos conocidos en la zona desplegó contra un merendero ubicado en la manzana 23 de Cuartel Quinto.
Los atacantes -una banda de narcomenudeo que integrarían ciudadanos paraguayos- presionaron para desalojar casas en el barrio porque habían vendido el lote a otras familias llegadas desde Paraguay.
Parece ser una práctica habitual de prepotencia y negocios. Cuando vecinos y militantes fueron a la comisaría del lugar para reclamar por la muerte de Méndez, aseguran haber visto allí al presunto asesino en plácida tertulia con los policías.
La deserción del Estado de sus funciones elementales es una deformación monstruosa construída por décadas en el GBA.
La solución, si algún día se alcanza, requiere de una firme determinación política y de un consenso sólido y sostenido del conjunto de la dirigencia. Los países serios alcanzan logros de este tipo. Los llaman políticas de Estado.
Mientras tanto, suceden cosas como las que se registran en Lanús. Allí, dice el secretario de Seguridad Diego Kravetz, la policía detenía en 2015 a una persona por día por delitos en la vía pública.
En 2016, cambio de gobierno nacional, provincial y municipal mediante -ahora gobierna Cambiemos con Néstor Grindetti como intendente- la cifra de detenciones pasó a un promedio de diez por día.
De esas, 80% corresponden a la policía local, que controla el intendente, y 20% a la Bonaerense. Pero el secretario Kravetz asegura que de esos diez, cinco vuelven a la calle "como máximo una hora después de haber entrado a la comisaría".
En Lanús la nueva administración cambió de entrada a los 10 comisarios del distrito, después a dos de esos recién nombrados, y ahora echaron a dos más y hay comisarías con el mando vacante.
En todo el GBA hay zonas donde la policía no entra y el delito amenaza con controlar el territorio: es el principio de la "mexicanización" sobre la que ya advirtió el Papa Francisco.
El narcomenudeo penetró y se siguió asentando: en los barrios hay bunkers, quioscos y "soldaditos" que muchas veces son los pibes de la cuadra.
Los intendentes destinan presupuesto a comprar patrulleros, camionetas, chalecos. Ponen luces en las plazas, calles y avenidas.
Elaboran mapas del delito con informes propios y ya no con los reportes policiales que sólo mencionaban los delitos consumados.
La división de Asuntos Internos de la Bonaerense, conducida por Guillermo Berra -hombre de confianza del ministro Cristian Ritondo- hizo en un año 8.071 sumarios administrativos, el doble que en 2015.
Apartó de la fuerza a 3.018 oficiales y agentes, el triple que el año pasado. Ordenó la detención de 272 policías e inició un total de 204 investigaciones patrimoniales.
Es mucho. Pero es apenas el final de un camino y una cultura que empiezan muy abajo.
La pregunta de fondo se la formula un intendente oficialista y sigue siendo la misma de siempre: "¿quiénes mandan en la calle, ellos o nosotros?".
Artículo extraído del diario Clarín - Por Julio Black