El país contempla con ilusión la posibilidad de participar en la migración de la industria de los semiconductores desde Asia hasta las Américas. Ya existe en Costa Rica una importante concentración de industrias tecnológicas, y el apego a los valores democráticos la convierte en candidata idónea a ojos de industrias estadounidenses interesadas en trasladar sus operaciones a países más amigables.
El entusiasmo nacional debe ir de la mano de una revisión profunda de la oferta capaz de convertirnos en un destino atractivo. Hay una larga lista de requerimientos, desde la estabilidad política y la seguridad ciudadana hasta los costos de operación, pero entre los elementos decisivos está el suministro de electricidad.
La industria de semiconductores es una insaciable consumidora de energía. Un estudio reciente equiparó las necesidades del 2021 al consumo de una metrópoli de 25 millones de habitantes durante todo un año. El precio y la calidad del suministro son esenciales para determinar la factibilidad de cualquier proyecto.
La posibilidad de entrar en el negocio de los semiconductores no es el único motivo para revisar la oferta energética nacional. México, país mejor situado por la geografía, el derecho internacional y otros factores para atraer inversión estadounidense, debate con intensidad, en este momento electoral, la insuficiencia de su oferta eléctrica, especialmente la generada con tecnologías limpias.
Ningún otro país ha sacado tanto partido del nearshoring y el friendshoring, pero los mexicanos tienen claras las limitaciones impuestas por deficiencias del suministro eléctrico. El sector productivo costarricense viene haciendo las mismas advertencias desde hace décadas, y poco se ha hecho para atenderlas. Las perturbaciones del clima acentúan la preocupación y condenan a las premisas formuladas hace muy poco tiempo a una rápida obsolescencia.
No hace mucho se hablaba de la capacidad del sistema existente para garantizar la oferta eléctrica a varios años plazo, pero no tomaron en cuenta la disminución de la producción ni el aumento de la demanda a consecuencia, entre otros factores, del cambio climático, para no mencionar el posible establecimiento de nuevas industrias con gran apetito por la energía. El país señalaba, con orgullo, la generación del 98 % de su electricidad con fuentes renovables, pero hay una acelerada sustitución de esas fuentes por energía basada en hidrocarburos.
La insuficiencia de la producción, su costo y el retroceso hacia los combustibles fósiles constituyen vulnerabilidades imposibles de ignorar. El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) admite estar imposibilitado para hacer, por sí solo, la cuantiosa inversión requerida para superar las limitaciones y encarar el futuro. Por eso apoya un proyecto de ley, también respaldado por varias fracciones legislativas, con la intención de permitir la apertura del mercado y retirar al ICE la condición de juez y parte en su regulación.
Si la ley se aprueba, las distribuidoras de electricidad seguirán operando con precios supervisados por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), pero el mercado lo controlará el Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (Ecosen), responsable de garantizar igualdad de condiciones a todos los participantes, sean públicos o privados.
Ecosen también desarrollará el plan de expansión de la generación, a cuyo amparo se determinará la construcción de plantas eléctricas. Según la diputada Kattia Cambronero, del Partido Liberal Progresista, esa es la forma de evitar que el ICE decida construir plantas a cualquier costo y luego lo traslade al usuario. La discusión del proyecto apenas comienza y sus implicaciones exigen un examen cuidadoso, pero la transformación del sector eléctrico es urgente para recuperar el terreno perdido y aprovechar mejor las futuras oportunidades.