El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha sido incluido por el PSOE en la lista de personas que van a ser llamadas a comparecer en la comisión constituida en el Congreso para investigar contratos de mascarillas realizados durante la pandemia de la Covid-19.
En 2022, Luzón se encargó personalmente de la investigación de la denuncia interpuesta por el PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos contra Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Tras cuatro meses de diligencias, el fiscal jefe anticorrupción dictó un extenso decreto en el que descartó cualquier indicio de delito en la intermediación de Tomás Díaz Ayuso para que la Consejería madrileña de Sanidad adjudicara un contrato de adquisición de mascarillas a la empresa Priviet Sportive por importe de 1,5 millones de euros.
La investigación tampoco arrojó rastro alguno de que los funcionarios que intervinieron en la contratación de Priviet recibieran "indicación, llamada, recomendación o sugerencia" alguna y concluye: "No consta intervención directa ni indirecta de la presidenta de la Comunidad de Madrid en este expediente, como tampoco de la mediación en su nombre de Tomás Díaz Ayuso ante funcionario o autoridad alguna".
La Fiscalía especializada que dirige Luzón ha investigado otras denuncias relativas a contratos de material sanitario realizados durante la pandemia, denuncias interpuestas por los partidos citados y también por el PP. La mayoría de ellas han acabado en archivo, aunque otras han dado lugar a procesos penales, como el iniciado por la querella interpuesta por Anticorrupción contra los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina.
La citación de Luzón ha sorprendido en la Fiscalía. El primer sorprendido ha sido el fiscal general, Álvaro García, a quien no se ha consultado este asunto.
Durante su última comparecencia en el Congreso, el pasado 21 de diciembre, poco antes de ser revalidado por el Gobierno en el cargo de fiscal general, García Ortiz se mostró de forma contundente en contra de la citación de jueces y fiscales en comisiones de investigación parlamentarias.
"Las comisiones de investigación no tienen como función revisar ni los procedimientos ni la respuesta de los tribunales ni, por supuesto, la responsabilidad de los jueces y de los fiscales en dichos procedimientos. El ordenamiento jurídico sencillamente lo prohíbe, así es como se defiende el Estado de Derecho", dijo.
"Defenderé siempre el ordenamiento jurídico, no lo dude nadie, y éste impide la citación de jueces y fiscales a una comisión parlamentaria que persiga estos fines. Creo que son axiomas del Estado de Derecho y de nuestra separación de poderes", añadió.
Citación "extravagante"
Fuentes de la Fiscalía calificaron de "extravagante" la citación del fiscal jefe anticorrupción.
"No podrá ir", adelantaron. "Si son asuntos judicializados, no puede hablar. Y, si no lo son, los decretos de archivo contienen todas las razones de la decisión", explicaron.
La lista del PSOE incluye también a Ignacio de Lucas, miembro de la Fiscalía Europea en España y encargado de las diligencias sobre los contratos de mascarillas formalizados por los Gobiernos de Baleares y Canarias en los que intermedió Koldo García, asistente del exministro José Luis Ábalos.
De Lucas depende de la jurista rumana Codruța Kövesi, actual jefa de la Fiscalía Europea y también ha sido citada por el PSOE a la comisión de las mascarillas.