En un acto conmovedor de reparación simbólica, la Universidad Nacional de Colombia reconoció de manera póstuma a cuatro de los ocho estudiantes que fueron víctimas de desaparición forzada en Bogotá y Cundinamarca entre marzo y septiembre de 1982, entregándoles títulos universitarios.
Esta iniciativa se enmarca en un contexto más amplio de búsqueda de justicia y memoria por parte de los familiares de los 13 jóvenes colombianos: ocho estudiantes universitarios, tres campesinos, un mecánico y un sastre, quienes fueron torturados y desaparecidos por agentes del F2, una estructura de inteligencia de la Policía que se disolvió en 1995 y el grupo narcoparamilitar Muerte A Secuestradores (MAS), asociado a Pablo Escobar.
La ceremonia de graduación simbólica se llevó a cabo los días 8 y 9 de abril, marcando 42 años de la tragedia. La Universidad Nacional otorgó estos títulos como parte de un reconocimiento a la lucha de las familias por la memoria y la justicia para con sus seres queridos, cuyas desapariciones fueron declaradas crímenes de lesa humanidad en 2022.
Asimismo, la entrega simbólica de grados se percibe como un gesto hacia la reparación, evidenciando la persistente ausencia de progresos significativos en la penalización de los perpetradores o el esclarecimiento del paradero de los jóvenes. La particular relevancia de estos reconocimientos recae también en la responsabilidad del Estado, dictado así por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1992, por su implicación en las desapariciones.
En el panorama más amplio del conflicto armado colombiano, que ha resultado en más de 100.000 desaparecidos según la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, estos eventos señalan un periodo oscuro en la historia del país, particularmente bajo el Estatuto de Seguridad del gobierno de Julio César Turbay (1978-1982). Las condenas sin juicio justo, la estigmatización de los estudiantes de izquierda por parte del Estado y la Fuerza pública, y la continua lucha de las familias por la verdad resaltan la compleja trama de violaciones a los derechos humanos en Colombia.
La apertura en la investigación y la declaración de los casos como crímenes de lesa humanidad por parte de la Fiscalía, tras años de "impunidad y desidia", junto con los esfuerzos por parte de las familias y colectivos de abogados como Cajar, ilustran un persistente afán por esclarecer los hechos y honrar la memoria de los desaparecidos. Aún con un progreso limitado hacia la justicia, acciones como la de la Universidad Nacional dejan ver la importancia de la memoria y la reparación simbólica en el largo camino hacia la reconciliación.
Las víctimas del Colectivo 82 son: Orlando García Villamizar, Pedro Pablo Silva Bejarano, Alfredo Rafael Sanjuán, Samuel Humberto Sanjuán, Rodolfo Espitia Rodríguez, Edgar Helmut García Villamizar, Gustavo Campos Guevara, Hernando Ospina Rincón, Rafael Guillermo Prado, Edilbrando Joya Gómez, Francisco Antonio Medina, Bernardo Acosta Rojas y Manuel Darío Acosta Rojas. De los 13, solo dos fueron encontrados.
Al parecer, a los jóvenes se les acusó de estar implicados en el secuestro y asesinato de tres niños de 5, 6 y 7 años de edad, hijos del reconocido narcotraficante José Jader Álvarez. Pese a que no tenía pruebas suficientes, cuatro de los afectados fueron vinculados a una investigación penal y de ellos, dos fueron condenados después de la desaparición. Sus historias personifican el dolor y la resiliencia de quienes continúan buscando respuestas y justicia. Estas acciones de reconocimiento y memoria mantienen viva la esperanza de justicia, como lo indicó la hermana de una de las víctimas en la graduación simbólica para la BBC News: "Es una lucha para que la memoria no desaparezca. Son homenajes que hay que rendirle solamente por su memoria, porque no tenemos más".