Un sorpresivo fallo de la Cámara Federal de Casación Penal anuló hoy la resolución que dispuso la prisión preventiva del exjuez federal Walter Bento, medida que abre las puertas para que sus defensores pidan que quede en libertad.
El fallo firmado por los camaristas Carlos Mahiques, Carlos Carbajo y Gustavo Hornos establece en su parte resolutiva "hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa de Walter Ricardo Bento y, en consecuencia, casar y anular la resolución impugnada, y reenviar las actuaciones al a quo para que dicte un nuevo pronunciamiento con ajuste a lo aquí señalado, sin costas".
Bento se encuentra detenido en la cárcel de Almafuerte desde el 8 de noviembre pasado, el mismo día en que el Jury de Enjuiciamiento de la Nación dispuso su destitución como magistrado por mal desempeño y por lo tanto perdió los fueros.
Sin embargo, en aquel momento, la defensa apeló ante la Corte nacional la resolución del Tribunal Oral Federal Número 2, compuesto por las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá y María Carolina Pereira, planteo que no se resolvió. "No estaba firme la resolución que lo había destituido", sostuvo la defensa de Bento ante la consulta de este diario, y remarcó que esta es una "garantía constitucional" que se debe respetar en todos los casos
El fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, que ha sido tan sorpresivo para la defensa como para los acusadores de Bento, devuelve el expediente al TOF2, que es el que actualmente juzga al exjuez como presunto jefe de una asociación ilícita que daba coimas a cambio de beneficios judiciales, para que emita una nueva resolución.
EL DEBATE
El fallo de Casación recuerda que, el día que Bento fue destituido y el TOF2 ordenó su detención, la defensa del exjuez presentó un recurso en el que sustentó "su oposición al arresto en las garantías de inamovilidad e independencia de los Jueces y en el efecto suspensivo que importa el trámite de impugnación de la decisión destituyente del Jurado, en todas sus instancias y hasta el agotamiento de todas las vías recursivas, sean estas ordinarias o extraordinarias".
Adujeron entonces los abogados de Bento que se tenía que establecer "si el efecto suspensivo propio de los recursos, y en su consecuencia la inmunidad de arresto de los magistrados, continúa vigente durante todo el trámite de los recursos deducidos contra el fallo del jury que decide su destitución".
Agregaron los abogados que tenían "el derecho a ser oídos en la instancia casatoria pues de lo contrario, la resolución que vulneró la inmunidad de arresto y ordenó la detención de Bento, quedaría sin la ulterior posibilidad de revisión jurisdiccional".
"Las lesiones que infringen garantías y derechos de raigambre constitucional equipararían en sus efectos a una sentencia definitiva, dado el carácter irreparable del gravamen causado", indicaron también los letrados del exjuez.
Señalaron en otro tramo que "no corresponde ordenar la ejecutoriedad de un pronunciamiento que no se encuentra firme, mientras se encuentre pendiente de resolución un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pues se estaría violando el principio de inocencia garantizado constitucionalmente. Incluso argumentaron en favor de Bento que no tenía antecedentes penales.
El juez Hornos consideró en este sentido que "los argumentos expuestos por el tribunal lucen acertados para concluir que la orden de detención de Bento está ajustada a derecho, por lo que corresponde confirmar la resolución impugnada".
En cambio, Mahiques expresó: "corresponde anular el pronunciamiento impugnado en cuanto adolece de fundamentación suficiente, lo que impide su calificación como acto jurisdiccional válido".
"Las juezas de la anterior instancia no dieron, en efecto, tratamiento a las cuestiones traídas por la defensa en su escrito del 8 de noviembre, vinculadas con la ejecución de la prisión preventiva impuesta a Bento y la expresa voluntad de recurrir una sentencia adversa, por la vía del recurso extraordinario federal, expresó Mahiques.
Señaló el camarista además que el TOF2 omitió en su resolución "valorar como incide en el caso, aquella circunstancia en relación al alcance del derecho del imputado a que se revise judicialmente la remoción decidida por el Jurado de Enjuiciamiento".
Más adelante remarcó que las decisiones del Jurado de Enjuiciamiento son definitivas e irrecurribles, "sin perjuicio de que tal principio general ceda cuando se acredite la violación al principio de defensa y debido proceso legal".
Carbajo, a su turno, adhirió a la opinión de Mahiques e incluso reprochó que "no se observa la intervención del Ministerio Público Fiscal ante la instancia anterior previo a la decisión cuestionada, la que en atención a las concretas particulares circunstancias del caso resultaba ineludible".
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