J. A. Ardura/ X. A. Taboada
Uno de cada cinco euros de la financiación de Asturias procede de la solidaridad autonómica, según se desprende de los datos divulgados por el Ministerio de Hacienda en el mes de marzo para la elaboración de las balanzas fiscales. El Principado recibió 705,7 millones de euros de los fondos comunes de Garantía, Suficiencia, Cooperación y Competitividad, concebidos para favorecer la cohesión territorial y acortar la brecha de la desigualdad en el sistema de financiación aprobado en 2009.
Asturias fue la novena autonomía que más fondos recibió en 2021 de la solidaridad autonómica, por detrás de Andalucía (6.239 millones de euros); Canarias (3.899 millones); Galicia (2.481 millones); Castilla y León (1.762 millones); Castilla-La Mancha (1.633 millones); Extremadura (1.517 millones); Comunidad Valenciana (1.028 millones) y Murcia (808 millones). Por detrás del Principado quedaron Cantabria (644,7 millones); Aragón (590 millones); La Rioja (378,7 millones) y Cataluña (144 millones), mientras que Baleares aportó 489 millones y la Comunidad de Madrid 5.177 millones por lo que son las dos únicas con balance negativo en este capítulo.
El Principado recibe anualmente unos 3.200 millones de euros del sistema de financiación, de los que 705,7 proceden de esos cuatro fondos. Es decir, el 22 por ciento de los recursos procede de la solidaridad autonómica, lo que equivale a uno de cada cinco euros. Esa dependencia de la solidaridad es mayor en las comunidades limítrofes de Galicia, la tercera que más fondos recibe por ese concepto, y en Cantabria. En ambas regiones, el peso los fondos que perciben vía solidaridad autonómica ronda el 28 por ciento, lo que equivale a algo más de uno de cada cuatro euros. Galicia percibe el 15 por ciento del saldo de los fondos de Suficiencia, Garantía, Cooperación y Competitividad, mientras que tanto Asturias como Cantabria perciben el 4 por ciento. Andalucía, con el 38 por ciento, y Canarias, con el 24 por cientos, son las más favorecidas.
El Ministerio de Hacienda publicó en marzo un gran volumen de datos para calcular las balanzas fiscales, en cumplimiento del acuerdo alcanzado por el PSOE con Junts para el apoyo de los catalanes a la investidura de Pedro Sánchez. Los independentistas reclamaron esos datos porque mantienen que Cataluña sufre un déficit fiscal de 20.000 millones anuales de euros, un desfase que habría contribuido a elevar su deuda, la segunda mayor de toda España, sobre todo durante los años de la recesión económica. Las balanzas fiscales son, precisamente, la diferencia entre los ingresos y los gastos públicos en un determinado territorio, salvo en las comunidades forales del País Vasco y Navarra, que gozan de un sistema fiscal y de financiación singular, reconocido en la Constitución.
El Ministerio de Hacienda llevaba mas de diez años sin difundir estos resultados y, realmente, tampoco, lo ha hecho con precisión ahora a través del Instituto de Estudios Fiscales porque, en una "primera fase", lo que ha hecho es publicar un extenso paquete de datos brutos, muchos de ellos sin territorializar. El economista asturiano Ángel de la Fuente, director general de Fedea y uno de los mayores expertos del país en financiación territorial, advirtió que con los datos facilitados en esa primera tanda "no se pueden hacer los cálculos" de las balanzas.
El Ministerio de Hacienda apuntó que "el objetivo es ofrecer a los investigadores de toda España la información de partida necesaria para calcular las también llamadas balanzas fiscales referidas a 2021". En principio, si no hay cambios, el Gobierno irá aportando más cifras durante los próximos meses con los que poder determinar las balanzas fiscales, algo que siempre genera mucha controversia y bronca política y hasta discusiones técnicas sobre la manera de hacer los cálculos.
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