A 19 años de que se denunciara el primer escándalo de corrupción del kirchnerismo, este lunes comenzó en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 de la Ciudad el juicio por el caso Skanska, vinculado a la adjudicación de gasoductos en la Argentina. La causa se demoró porque inicialmente fue archivada y luego reabierta por la Corte.
Los principales acusados son ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el secretario de Obras Públicas, José López. Él primero asistió personalmente a la sala AMIA, mientra que el segundo adujo problemas de salud y siguió la sesión virtualmente, según informó la agencia Noticias Argentinas.
En la causa por la Tragedia de Once, De Vido está condenado a 5 años y 8 meses de cárcel e inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos, al encontrarlo partícipe necesario del delito de administración fraudulenta. Además, está procesado en la causa de los Cuadernos de las Coimas y otras.
En el caso Skanska, se juzga la presunta defraudación por administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional y el posible cohecho en relación a la contratación y realización del Gasoducto Norte y Sur entre 2004 y 2006.
En este juicio, también están procesados el exsecretario de Obras Públicas José López; el exgerente del Fideicomiso Banco Nación Néstor Alberto Ulloa; 9 directivos de la compañía Skanska y 17 representantes de otras empresas que intervinieron en los proyectos de gasoductos durante el gobierno de Néstor Kirchner.
En el debate, que está a cargo de los jueces Jorge Gorini y Néstor Costabel y la jueza María Gabriela López Iñiguez, el Ministerio Público Fiscal estará representado por el titular de la Fiscalía General N°2 ante los TOF porteños, Abel Córdoba. Se espera que durante el desarrollo del juicio declaren 90 testigos.
Los exfuncionarios públicos que llegaron a juicio fueron procesados por el juez federal Sebastián Casanello a instancias del fiscal Carlos Stornelli, como coautores del delito de "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en concurso ideal con cohecho pasivo".
A los directivos de Skanska Mario Piantoni, Gustavo Vago, Ignacio de Uribelarrea, Javier Azcárate, Héctor Osvaldo Obregón, Eduardo Varni, Juan Carlos Bos, Alejandro Gerlero y Roberto Antonio Zareba se les atribuyó una participación en el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y se los señaló como coautores del delito de cohecho.
Ese mismo delito se le atribuyó a los 17 representantes de las empresas que emitieron facturación falsa para justificar los sobornos. Se trata de Adrián López, de Infiniti Group; Jorge Butti, contador de las empresas Conaza SA. y AMSA SA; Renato y Walter Cecchi, apoderados de Metalúrgica Cecchi y Gafforini SA; Juan Cruz Ferrari, apoderado de ASM SA; Rubén Gueler, socio gerente de Conisht SRL; Estela Insenga, apoderada de SPITAL HERMANOS SRL; Danimiro Kovacik, presidente de INARGIND; Claudio Moreto, presidente de Conaza SA; Daniel Nodar, socio gerente de Transporte Arco Iris SRL; Raúl Orsini, presidente de CONUMI SA; y Blas Luis Pierotti, presidente de GENERART SA.
La lista de representantes de las compañías acusadas de facturación falsa incluye a Jorge Roldán, presidente de Metalúrgica Roldán SA; Enrique Rubinstain, asesor comercial de Conalbe SA y Comunication & Business SA; Miguel Spital, apoderado de Spital Hermanos SRL; Alejandro Tettamanti, presidente de ASM SA y Pedro Ubaldo Carrozzo, socio gerente de Darom Construcciones SRL.
De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio, entre noviembre de 2004 y abril de 2006, se habrían pagado coimas y sobreprecios en el marco de las contrataciones para expandir la capacidad de transporte de gas natural, lo que comprendía la instalación de gasoductos en el sistema norte (licenciataria TGN) y en el sistema sur (licenciataria TGS); la incorporación de potencia de comprensión, el acondicionamiento de las plantas compresoras existentes y la construcción de una nueva planta compresora
Esos pagos habrían sido instrumentados por directivos de la empresa Skanska a funcionarios públicos que intervinieron en ese procedimiento administrativo y, para justificar esos pagos y darle un marco legal, aunque aparente, Skanska habría simulado operaciones comerciales con 24 empresas.
D.D.
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