Sin un adecuado y equitativo sistema de financiación el Estado de las autonomías no puede funcionar a su plena capacidad de desarrollo. Más bien, en palabras coloquiales, diríamos que anda cojo. Es lo que le sucede a España desde que hace diez años caducó el sistema de financiación anterior. No haber conseguido revisar, actualizar y reequilibrar las actuales normas económicas y financieras que rigen la vida y la hacienda de las comunidades autónomas, salvo las de régimen foral como el País Vasco y Navarra, es un gran fracaso colectivo de la democracia española.
Los diferentes gobiernos, tanto del PSOE como del PP, han realizado, año tras año, inyecciones extraordinarias de fondos para tapar los sucesivos agujeros de las finanzas autonómicas. Pero esto han sido –y son– solo parches que impiden la necesaria estabilidad financiera y la consiguiente plena corresponsabilización autonómica de la gestión. Los que pagan esta situación de caos y desconcierto financiero, en suma, son los ciudadanos, sobre todo en aquellos aspectos tan básicos como la sanidad, la educación, la asistencia social y buena parte de los servicios y las infraestructuras básicas.
El choque PSOE-PP frena la reforma y Catalunya insiste en una solución propia
Todo indica, desgraciadamente, que el Estado de las autonomías seguirá sin una base financiera sólida en la que sostenerse. Un nuevo sistema de financiación autonómica como el que se necesita solo puede surgir del consenso político, sobre todo de un gran acuerdo entre los dos grandes partidos del país. Pero eso no parece posible ni a corto ni a medio plazo. Las diferencias políticas y estratégicas entre el PSOE y el PP parecen hoy insalvables, pese a los intentos de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para acercar posiciones.
En la actual coyuntura política de incapacidad para lograr armonizar criterios sobre la financiación autonómica a escala estatal se comprende que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, haya planteado una propuesta para establecer una financiación singular de Catalunya, similar a la del País Vasco o Navarra, que ponga fin a largos años de discriminaciones económicas, recursos insuficientes, inversiones millonarias pendientes y un déficit fiscal estimado en 22.000 millones de euros. A nadie se le ocultan, sin embargo, las insalvables dificultades políticas para lograr ese objetivo con el resto de las comunidades autónomas en contra, tanto las del PP –que son 11 de las 17– como las del PSOE.
La situación actual de no hacer y no dejar hacer sitúa en un callejón sin salida la reforma de la financiación autonómica. Catalunya, mientras no se haga dicha reforma, es una de las autonomías más perjudicadas. Es la segunda comunidad autónoma que más ingresos tributarios aporta al Estado y, en cambio, es la décima en recursos recibidos per cápita.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que la reforma de la financiación autonómica debe ser multilateral. Para paliar la discriminación financiera que sufre Catalunya, sin embargo, ha ofrecido a la Generalitat una quita de su deuda pública de hasta 15.000 millones de euros, lo que supondrá un importante alivio financiero. Eso se encajará dentro de una ley específica que prepara la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, para que el Estado asuma parte de la deuda de todas las comunidades autónomas, tanto la que proviene del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que se implementó para afrontar las consecuencias de la crisis financiera, como de otros instrumentos.
Estamos instalados en consecuencia, una vez más, en la política de parches financieros que, aunque sean millonarios, no resuelven los problemas de fondo. Hay que insistir, pues, en la urgencia y necesidad de renovar el actual sistema de financiación autonómico, ya que no es transparente, ni equitativo, ni eficiente y, por lo tanto, representa un obstáculo importante para el progreso económico y el bienestar social de todos.