El panorama legal de los cinco policías imputados por el caso conocido como la Masacre de Transradio, ocurrido en 2018, en la comisaría de esa localidad platense y en el que murieron 10 detenidos, podría dar un giro inesperado en el que deberían enfrentarse a 3 años de prisión en suspenso.
Fue el fiscal de Lomas de Zamora, Javier Gramajo, quien solicitó dicha medida en el marco de un juicio abreviado en el que debe acordar la pena con la defensa de los imputados.
En base a ello, el acuerdo al que lleguen la fiscalía y la defensa podrá ser avalado o no, por el Juzgado Correccional 7 de Lomas de Zamora, que interviene en la causa.
Según dio a conocer el medio local Diario Conurbano, los efectivos están considerados culpables de los delitos de "estrago culposo en concurso real con incumplimiento de los deberes de funcionario público".
Es importante destacar que actualmente los policías acusados se encuentran en libertad y se espera que sus defensores expresen si adhieren o no al planteo de Gramajo.
En este marco judicial, la imputación a los policías marca que existió una responsabilidad concreta de efectivos de la Comisaría Transradio en la muerte de los internos y que el feroz incendio fue facilitado por las malas condiciones edilicias.
Recordando el trágico hecho, tuvo lugar en la noche del 15 de noviembre de 2018, en la Comisaría ubicada en Camino de Cintura 6080, donde se encontraban alojados un total de 27 personas presos, cuando la capacidad del lugar es para ocho.
Las versiones de cómo se inició el incendio que terminó con la vida de 10 personas son contradictorias. La Policía insiste en que hubo un intento de fuga de dos detenidos y que, al ser descubiertos, prendieron fuego mantas, papeles y frazadas para iniciar "un motín".
Los familiares de las víctimas e integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) desmintieron esa versión y denunciaron que se trató de una protesta por las malas condiciones del lugar. Además, apuntaron contra quienes custodiaban a los presos por "cerrar la llave de paso de agua de las celdas impidiendo que los detenidos apaguen el fuego".
Se conoció que dicha comisaría cuenta con antecedentes y la negligencia era una constante. Desde 2011 hasta enero de 2018 había tenido siete clausuras, una por resolución ministerial y las restantes por orden judicial.
"Las celdas no poseían iluminación ni ventilación, había dificultades para el acceso y uso del agua y no existían medidas ni elementos de seguridad, los matafuegos estaban vencidos", informó la reconstrucción de la querella.
La comisaría era un lugar "horrible", asegura Melany, la novia de uno de los fallecidos, según dio a conocer el medio local La Tinta. La joven relató que la seccional contaba con las celdas 1 y 2, y otro calabozo más que todos conocían como El Buzón. "En la celda 1, dónde estaba mi novio, eran 15 más o menos. En la otra, eran siete u ocho, y, en El Buzón, eran cuatro. Sinceramente, adentro era horrible. No tenían cómo dormir, dormían en el piso", recuerda.
Juana, la hermana de otra victima, describió las condiciones de la comisaría como "deplorables". "No era un lugar para tener mucha gente".
Lamentablemente aquel día hubo varias muertes. Jeremías Rodríguez, Elías Soto, Walter Barrios, Carlos Ariel Corvera, Jorge Ramírez, Miguel Ángel Sánchez, Juan Carlos Fernández, Juan Lavarda, Eduardo Ocampo y Fernando Argüello, todos bajo custodia estatal, fueron quienes perdieron la vida como consecuencia del incendio.
Las imputaciones llegaron luego de los incansables reclamos de los familiares de las víctimas, quienes exigieron el esclarecimiento de lo ocurrido desde el primer día.