Tal como lo anticipó este diario, la fiscalía apuntó contra dos nuevos integrantes de la trama delictiva en la que Garder Salud cobró por servicios fantasmas a la Obra Social Provincia, defraudando al estado con cifras millonarias. Los nutricionistas que se sumaron a los imputados de la causa, que ya nos nueve en total, fueron Genoveva María García Menegazzo y Federico Javier Quintana.
Los profesionales de la salud se presentaron este lunes frente al juez de Garantías, Diego Sánz, para ser acusados formalmente por el Ministerio Público que, a través del fiscal Iván Grassi y sus ayudantes fiscales Adrián Elizondo y Agustina Pérez, detalló cuál fue el rol que tuvieron los sospechosos dentro de lo que calificó como una "ingeniería delictiva" por parte de la prestadora de la OSP.
La fiscalía explicó que los nuevos imputados fueron claves para la articulación que la empresa instrumentó para facturar la entrega irregular de módulos alimentarios. La acusación sostiene que Garder, mediante los pedidos de Guzmán, renovaba la prestación de sus servicios, cuando ello no es posible, y aún así la auditora de la OSP aprobaba los pagos.
Los fiscales señalaron que García Menegazzo era quien debía controlar que la prestación del servicio fuera correcta, para luego autorizar los pagos de la OSP a la firma. La nutricionista debía hacer el seguimiento y la revisión de la prestación de Garder y, por ello, Grassi no dudó en afirmar que debió obrar de acuerdo a lo prescripto por la ley y no cumplió.
"Actuaba de forma dolosa, a sabiendas que Garder obtenía prestaciones que cobrara, pero que no ofrecía en realidad", expresó y agregó: "Se necesitó de una red de cómplices que ocuparan lugares claves para la defraudación".
En una auditoría de la obra social del estado y en la investigación judicial descubrieron que los módulos alimentarios no llegaban a ser otorgados a algunos afiliados, mientras que en otros casos se falsificaban documentos para que se extendieran los tiempos de las prestaciones y así obtener mayores ganancias sin tener que brindar los módulos.
Así fue que se supo que una persona fallecida había estado recibiendo, supuestamente, los módulos cuando sus familiares lo negaron rotundamente. También trascendió que Garder cobraba un 30% más por entregar módulos a personas que vivían en zonas alejadas como Zonda. Sin embargo, en la realidad hacían la entrega en un geriátrico de Capital. El pariente de una mujer internada en un asilo aseguró que, si bien era oriunda de ese departamento, siempre estuvo en el mismo lugar.
Por todo ello, Grassi le atribuyó el delito de defraudación en perjuicio de la Administración Pública en concurso real con incumplimiento de los deberes como funcionaria pública, en calidad de partícipe principal.
Por su parte, el otro implicado, Quintana, habría aportado lo suyo desde su trabajo en la empresa. "Colaboró con el fraude ya que falsificó evoluciones nutricionales", sostuvo la fiscalía al mismo tiempo que remarcó que realizó prestaciones cuando no estaba incluido formalmente en el staff de Garder, ni tampoco tenía la autorización de la OSP para cumplir tareas.
Entre las sospechas que el Ministerio Público describió están las visitas fantasmas a pacientes, lo mismo que falsificaciones de firmas de afiliados a los que nunca prestó servicios. Se estima que por sus maniobras, Garder habría cobrado más de un millón de pesos de manera ilícita.
A pesar de las acusaciones fundadas de la fiscalía, el nutricionista que fue imputado por defraudación contra la Administración Pública, se defendió y aseguró desconocer gran parte de las acciones que le atribuyeron. "Desconozco todo lo administrativo, yo como nutricionista puedo recomendar un módulo alimentario, pero no indicarlo, eso corre por cuenta de un médico", manifestó.
Quintana además expresó: "Entré a trabajar en la empresa y cumplí con lo que me decían que debía hacer, asistía a los domicilios, hacía la evaluación y sugería el tratamiento, hablaba con los médicos de los pacientes para eso. Desconozco todo lo administrativo. Ahora que escuché lo de fiscalía que afirma que visité a pacientes que no vi en mi vida".
Fue por eso que, ante la posibilidad de que el nombre y la firma de Quintana haya sido usada sin su consentimiento, la querella encarnada por Claudio Herrera y Ricardo Lorenzo, solicitaron una pericia caligráfica para constatar la veracidad de sus dichos.
Las defensas representadas por Leonardo Villalba y Pablo Samper no se opusieron a los plazos de investigación, que vencen el próximo 10 de agosto, aunque solicitaron que sus patrocinados no deban presentarse en comisaría para estar a derecho con la Justicia. No obstante, el juez Sánz encontró lógico el pedido de fiscalía y ordenó que hagan el trámite una vez por mes, teniendo en cuenta que el tiempo de IPP se extenderá hasta los próximos tres meses.
El descargo de Quintana