La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el conocido como banco malo ha reconocido que está en quiebra ya que no podrá hacer frente a la devolución de su deuda. De esta forma, fracasa por completo la estrategia de Pedro Sánchez de nacionalizar la Sareb para que fuera el pilar de su plan de desarrollo de vivienda pública.
El consejero delegado de la entidad, Leopoldo Puig, que si bien ha remarcado en los primeros compases de la presentación de resultados anuales que el objetivo es «vender, vender, vender, como si no hubiese un mañana», ha reconocido al final de la misma que «previsiblemente hay una parte de la deuda que no se va a poder amortizar» antes de 2027, fecha en que la ley contempla la liquidación de la Sareb.
«En nuestras cuentas oficiales ya reflejamos un patrimonio negativo de 14.600 millones; eso ya va dando un indicio de por dónde van las cosas», ha señalado Puig al respecto de la situación de quiebra de Sareb.
El Gobierno nacionalizó la Sareb en enero de 2022 después de que la Comisión Europea le obligara a apuntarse toda la deuda del banco malo como pública. De esta forma, salieron los bancos y aseguradoras que habían entrado en su capital en 2012 y que ya tenían valorada su participación a cero.
Entonces, Sánchez cedió a las presiones de Podemos para destinar los inmuebles del banco malo a vivienda social. Y prometió antes de las elecciones municipales poner 50.000 viviendas de Sareb a disposición de ayuntamientos y comunidades autónomas para alquiler social, pero sólo ha entregado 350. Además, muchas de ellas están en estado ruinoso, como informó OKDIARIO. Un fracaso en toda regla.
Los responsables de la sociedad han asumido el deterioro, pese a que están trabajando para liquidar la cartera en 2027, fecha que tiene mandatada la compañía y en la que tiene prevista su propia liquidación.
Al hilo de esto, han comentado que «es imposible que se venda toda» la cartera de activos inmobiliarios siguiendo la estrategia actual, de vender de unidad en unidad. Además, han aducido que si se hiciese una venta institucional, el deterioro sería mayor.
Esto se debe a que los precios de transferencia con que asumió los activos de las cajas de ahorros rescatadas eran muy superiores a los reales, de forma que sigue registrando pérdidas pese a la fuerte subida de los precios de la vivienda en los últimos años.
Además, han comentado que, con la estrategia actual, no creen que el Estado tome la decisión de vender esas viviendas residenciales en las que viven personas vulnerables.
Ventas insuficientes
Desde que se constituyó la sociedad, la cartera total de activos se ha reducido en un 54,5%, pasando de los 50.781 millones iniciales a 23.104 millones a cierre de 2023. Actualmente, el 62% de la cartera está constituido por inmuebles y el resto -un 38%-, por préstamos al promotor con garantías inmobiliarias. En su origen, el 78% de la cartera de activos de la sociedad eran estos préstamos.
Asimismo, la sociedad amortizó 1.068 millones de deuda avalada por el Estado durante 2023. Se trata de una importante caída respecto al dato de récord del pasado año, por el que se amortizaron 3.184 millones de euros en 2022. Con todo, la deuda viva desde su origen se ha situado en 29.413 millones, un dato que computa como deuda pública y repercute en el defícit del Estado.
Asimismo, ha detallado que la diferencia de amortización entre 2022 y 2023 se debe a una amortización extraordinaria que se produjo en 2022 por el lado de la tesorería, una casuística que podría repetirse más adelante, ha apuntado.
En los últimos 11 años, Sareb ha reducido la deuda con aval del Estado en 21.368 millones de euros, el 42% del total, por lo que a cierre de 2023 la cantidad se situaba en los mencionados 29.413 millones frente a los 50.780 con los que nació la entidad.
Pérdidas de 2.200 millones
La Sareb cerró 2023 con unas nuevas pérdidas netas de 2.198 millones de euros, lo que supone un aumento del 46% respecto a los 'números rojos' de 1.500 millones de 2022. La entidad ha indicado que estos resultados se deben a la diferencia entre el valor contable de los activos (precio al que éstos se traspasaron en 2012 y 2013) y su precio real de venta en el mercado, así como al aumento de gastos financieros, que se elevaron a 861 millones de euros.
Así, la sociedad ha aplicado en 2023 un ajuste por el deterioro de activos -como ajuste de valoración- a sus cuentas de 9.900 millones de euros, mientras que en el ejercicio previo el dato se situó en 11.600 millones: «gran parte del deterioro se centra en la cartera de suelos», ha señalado la entidad, en tanto que la disminución en términos absolutos del deterioro se debe a las ventas de activos con minusvalías.
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