El gobierno federal admitió dos solicitudes de revisión que le presentó su homólogo de Estados Unidos al amparo del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida en Instalaciones Específicas (MLRR) del T-MEC.
Se trata de las empresas Servicios Industriales González, que se ubica en Escobedo, Nuevo León, dedicada a la fabricación de maquinaria industrial, y la Minera Tizapa, que se encuentra en Zacazonapan, en el suroeste del Estado de México. Esta es una de las cuatro minas más importantes de México donde se extraen además, plata, cobre, plomo oro.
La queja contra Servicios Industriales González, se refiere a una supuesta denegación de derechos de libre asociación y negociación colectiva.
La segunda revisión es también por una posible denegación de derechos de libre asociación y negociación colectiva en la Minera Tizapa.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que el pasado 11 de abril, el gobierno de México a través de la Secretaría de Economía, comunicó a la Oficina de la Representante Comercial de Estados Unidos, la aceptación de una solicitud de revisión que recibió el primero de abril, sobre la empresa Servicios González.
El 12 del presente mes, admitió la otra solicitud de revisión que presentó el gobierno estadounidense, respecto a la Minera Tizapa.
Tienen 45 días para comprobar violaciones o irregularidades
La STPS detalla que tiene un plazo de 45 días, contados a partir de la fecha en que se recibió la solicitud para llevar a cabo una revisión interna que determine a existencia o no, de las denegaciones de derechos laborales en las mencionadas empresas.
En caso de confirmarse estas violaciones, se ejecutarán acciones correctivas para repararlas.
El gobierno de México reitera su compromiso de implementar de manera efectiva la legislación laboral y las disposiciones del Tratado de Libre Comercio entre México-Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Con ello, asegurar el cumplimiento y la protección de los derechos colectivos de las personas trabajadoras del país.
En comunicado se expresa que esta acción refleja el compromiso conjunto de México y Estados Unidos en la promoción de condiciones laborales justas y equitativas, así como en la colaboración bilateral para salvaguardar los derechos fundamentales de los trabajadores.