"Función Pública tiene una enorme carga de trabajo y hemos tenido que tomar medidas extraordinarias para sacar adelante los 232 procesos selectivos que se están ejecutando en estos momentos y los 112 procesos más que están previstos hasta 2026, que dotarán un total de 6139 plazas de empleados públicos ", señaló.
Parte de estos procesos corresponden a las ofertas públicas de empleo de 2020. "Cuando llegamos al Gobierno, en julio, nos encontramos con que no se había convocado la OPE de 2020 y logramos sacarla in extremis tres días antes de que caducara, y encontramos también que la OPE de 2023 estaba sin tramitar, de ahí que la carga que ahora tiene Función Pública sea desproporcionada".
Respecto a la OPE de 2024, la consejera aclaró que no se puede convocar hasta que el Estado no establezca la tasa de reposición para este año.
Nieves Lady Barreto explicó que la otra parte del plan de choque de Función Pública se centra en solucionar el problema de la larga tramitación que requieren los procesos selectivos. "Cuando nos incorporamos a la Consejería, hace 9 meses, nos encontramos con que todavía no se habían adjudicado las plazas ofertadas en 2018 y que, tras cinco años, hay procesos selectivos que aún se están ejecutando".
En este punto, la consejera informó de que una de las acciones que su consejería ha puesto en marcha desde la Dirección General de Función Pública ha sido la modificación de las bases generales que han de regir estos procesos de selección de personal. "Nuestro objetivo es diseñar un nuevo modelo más eficiente en cuanto a la tramitación y los plazos de ejecución".
"Por otro lado, tras detectar irregularidades en procesos selectivos iniciados en la pasada legislatura, hemos aprobado un acuerdo marco para la modernización, publicidad y transparencia de los procesos de designación de los tribunales calificadores", añadió.
Durante su intervención Barreto alertó, por otro lado, de que en torno a un 10% del personal de la Administración General de la Comunidad Autónoma se habrá jubilado en 2026 y que la media de edad en estos momentos es de 53 años, "en 10 años nos enfrentaremos a un relevo generacional motivado por la jubilación". Este problema, recalcó, no es exclusivo de Canarias y tanto el Estado como el resto de Comunidades Autónomas se enfrentan a una situación similar. "No se trata, por tanto, de que una Comunidad tome medidas aisladas para afrontar este problema del relevo generacional en la Administración, hacen falta medidas generales para todo el Estado".
Precisamente, uno de los mayores problemas a los que se enfrenta el Gobierno en este sentido es la existencia de una tasa de reposición fijada por el Estado, "que no ha permitido en estos últimos años que las administraciones puedan planificar a medio plazo". En este punto valoró el anuncio del Ministerio de Función Pública de que esta tasa de reposición desaparecerá en 2025, pero lamentó que la medida no se haya tomado antes. "Lo lógico es que la Administración, que ya está sometida a reglas de disciplina presupuestaria, pueda ofertar libremente las plazas que necesita".