La propuesta de reformas a la Ley de Amparo realizada por Ricardo Monreal es, por decir lo menos, un retroceso respecto a la protección de los derechos humanos en México, ya que habilita la posibilidad de que leyes que sean contrarias a la Constitución tengan efectos sobre las personas que no tengan capacidad o posibilidad de interponer una demanda de garantías. En este contexto, lo que propone Morena se traduce en la vida real en que si usted es rico y siente que alguna ley del Congreso lastima sus derechos fundamentales, puede usted acudir a un abogado para que interponga una demanda de amparo y solicitar la suspensión de dicha norma para que no lesione más sus intereses. Pero si, por el contrario, es usted pobre y siente que una ley del Congreso viola sus derechos y no cuenta con recursos para contratar a un abogado que le defienda con un amparo, pues entonces jódase. Esta situación sería así en caso de aprobarse dichas reformas a la Ley de Amparo, ya que, resguardándose en el principio de relatividad del amparo, desean que aunque una instancia judicial declare una norma como contraria a la Constitución, ésta siga aplicándose para todos los que no se puedan amparar y, en el colmo del cinismo y la desvergüenza, continuar aplicando alguna ley contraria a la carta magna.
Escuchaba en la radio a un senador de nombre Israel Zamora —quien me pareció un tremendo farsante— que defendía esta propuesta basado en ideología y demagogia totalmente populista, al decir que no puede ser que un juez suspenda la aplicación de una norma general dictada por un Congreso democráticamente electo. ¿De verdad este senador cree que por ser electos se deben convalidar todas sus trapacerías y sus desplantes de ignorancia? ¿En verdad creerá que los legisladores conocen de derecho constitucional por el simple hecho de ser electos por voto popular? Parece ser que sí lo cree o por lo menos, eso se entiende de sus intervenciones.
Ahora bien, el trasfondo del asunto es que la 4T no está a gusto con el control constitucional en general, parece ser que la Constitución les estorba y como no la pueden reformar, buscan la forma de sacarle la vuelta para quitar derechos a los ciudadanos, al fin que la popularidad del presidente no se ve manchada.
Es un momento muy grave para el control constitucional y la defensa de los derechos humanos, ya que el grupo parlamentario de Morena sabe que hay amparos que tardan años en resolverse en cuanto al fondo y es en función de ello que los jueces federales pueden decretar suspensión de leyes que a su juicio puedan ser violatorias de la Constitución para evitar que afecten los derechos ciudadanos. Tanto Monreal como Zamora lo saben, ambos son abogados, pero hacen como que la virgen les habla y están sacrificando la protección de los derechos ciudadanos por normas posiblemente inconstitucionales, con la única finalidad de lograr violar —aunque sea por un ratito— los derechos fundamentales de quienes no pueden contratar abogados para interponer un amparo. Sí, adivinó usted bien: los más pobres. Los que decían que serían primero. Tremenda traición.