Aún está fresca la tinta del artículo que dediqué hace unas semanas a esa gesta de la Asamblea francesa que el presidente Macron calificó de «orgullo de Francia»: la constitucionalización del aborto como derecho. Un Macron que, henchido de soberbia, añadió: «la República Francesa, a partir de ahora, nunca más será la República sin derecho al aborto». Términos propios de esos reyes, líderes o ideólogos que auguran vida milenaria a sus ideologías, imperios o regímenes políticos y la trituradora de la Historia les coloca en su lugar.
Una gesta, la macronita, cuyas raíces masónicas ha desentrañado Grégor Puppinck en un enjundioso artículo en La Nef, al que me referí hace semanas. Es Director del European Center for Law and Justice, ECLJ, una muy activa y eficaz ONG de inspiración cristiana que actúa ante las instituciones europeas en cuestiones relacionadas con los derechos humanos. Y si alguien se escandaliza porque traiga a colación a la Masonería, me remito al discurso de 9 de noviembre de 2023 de Macron, ante el Gran Oriente de Francia, un Macron que erigió a la Masonería en la Iglesia de la República, en palabras de Puppinck.
Pues aún estaba fresca la tinta de ambos artículos cuando, sin que haya pasado un mes desde la gesta francesa, el Parlamento Europeo aprueba por 336 votos a favor, 163 en contra y 39 abstenciones, que los Estados de la Unión Europea declaren el aborto como derecho. Es más, pide que se traslade al Consejo Europeo y a la Comisión una petición para que el aborto sea añadido a la Carta Europa de Derechos Fundamentales. Me pasma el empeño de Europa en suicidarse. Instalada en la irrelevancia en el actual mapa geoestratégico mundial, busca su relevancia ya no como potencia económica, militar que fue y, ni por ensoñación, espiritual, sino abortista y, como tal, ejercer el neocolonialismo.
Un mes de abril intenso en el que, afortunadamente, hay voces discrepantes. Ahí está Italia, que acaba de poner en marcha una reforma ¡financiada con fondos europeos! –ahí queda eso– para que antes de abortar y eliminar al hijo que está gestando, la madre oiga sus latidos, una reforma que, además, ampara a las organizaciones provida. Esta iniciativa ha llevado a la desabrida reacción de Ana Redondo que, según me dice Google, ejerce aquí de ministra de Igualdad. Meloni le ha venido a responder que, antes de opinar, se entere de lo que habla.
Un mes de abril en el que el Vaticano ha aprobado la Declaración Dignitas infinita sobre la dignidad humana, texto publicado en el año del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un texto que no es un texto alternativo ni su enmienda a la totalidad, sino la versión 2.0 de esa Declaración, su más racional desarrollo; y lo mismo cabe decir respecto del Tratado Europeo o de la Carta Europea de Derechos Humanos. La Declaración vaticana llega en un momento oportuno y sólo añado que va extendiendo el valor de la dignidad humana a ámbitos tan inéditos como la «dignidad digital» y avanza en otros tan elementales como la dignidad ínsita en la diferencia hombre-mujer, la maternidad o, evidente, la dignidad del no nacido.
Tras aprobarse nuestra ley del aborto de 2010, una ministra de la época zapateril auguró que el aborto ya era capítulo cerrado y superado. El tiempo demostró y demuestra que no es así. Lo ocurrido en apenas un mes en Francia y en el Parlamento Europeo demuestra que si el abortismo tiene que acudir a esas iniciativas de grueso calibre legal es porque no las tiene todas consigo: es un movimiento defensivo ante la creciente idea de que el aborto es nuestro nuevo holocausto.
Lo prueba Italia. O Estados Unidos: allí, en 2022, su Tribunal Supremo arrumbó la sentencia Roe vs Wade, la que en 1973 declaró el aborto como derecho. La organización abortista Planned Parenthood dijo cínicamente que «nos arrebatan la posibilidad de tomar nuestras propias decisiones médicas y se la entregan a los políticos». Falso. Planned manipuló la causa que llevó a aquella sentencia de 1973 y lo que ha dicho en 2022 el Tribunal Supremo es que el aborto no es algo que se ventile entre unos jueces, sino que es cuestión de los estados. Se ha iniciado así un movimiento legislativo para restringir el aborto, tanto que es uno de los temas centrales de las elecciones presidenciales.
España parece ser otro mundo. No nos caracterizamos por suscitar debates ideológicos o intelectuales y quien podría liderar la reconsideración de la legislación abortista –el PP– ha renunciado: sus pocas luces sólo le permiten deducir que este tema –como la ley trans, la memoria histórica, etc, etc– son parte esa «guerra cultural» que, entiende, le llevaría a debates favorables a Vox y que «derechizan» al partido. No dan más de sí.
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