"Pagó su deuda con la sociedad" es una frase canalla que, aplicada a un delincuente cuya deuda es una vida violada o arrancada, intenta revocar un pasado cristalizado por la testarudez del tiempo.
Pero además, es falsa de toda falsedad. En la reforma en curso del Código Procesal Penal se refrenda en la norma lo que ocurre de hecho: el fiscal puede aplicar el principio de oportunidad ante un delito, no iniciando causa alguna.
Si no se inicia esa causa, el culpable no paga su deuda ni a la sociedad ni a la víctima.
De allí que, una vez transcurridas las muestras de empatía y de indignación, la sociedad siga naturalmente su curso mientras que el delincuente no paga nada, ni a la sociedad ni a sus verdaderos acreedores, la víctima y sus seres queridos, quienes sólo tienen preguntas sin respuesta: ¿cómo consolamos a sus amigos que intentan consolarnos? ¿Y sus juguetes, sus libros, su pasado entero que persiste y su futuro apenas imaginado, qué hacemos con ellos?
Es tan redituable ser generoso con el dolor ajeno como cierto que las muertes injustamente violentas no se olvidan jamás. Y raramente se perdonan, acto que se ejerce en el dominio de la conciencia personal.
Tal como lo prueban las escasas estadísticas criminales disponibles, la venganza no canalizada a través de una legítima ejecución de la pena se traduce las más de las veces en la venganza privada o en la justicia por mano propia (distinción terminológica irrelevante porque la semántica y pragmática es la misma).
Y de ser capturado por la fuerza pública, quien delinquió cuenta con un abogado defensor oficial y todo un sistema dispuesto para su exoneración.
Lo vimos recientemente, cuando los familiares de los victimarios repudiaron ante el Congreso la reforma de la ley 24.660 que regula las excarcelaciones.
En un equívoco lapsus, las indignadas familias se refirieron a ella como "ley sepultura", pasando por alto que la sepultura la tienen quienes sufrieron la violencia devastadora de aquellos que defienden.
Se podría pensar que los vínculos de amor son independientes de la ley y que es comprensible que los familiares de los victimarios sientan el dolor de la ausencia en el hogar.
Pero lo que es inadmisible y contrario al orden institucional y al sentido común es que dichas concentraciones de familiares de asesinos y violadores marquen la agenda de nuestro Congreso: amedrentados, los senadores se rehusaron a tratar en el recinto en sesiones extraordinarias el proyecto que contaba con la aprobación de la Cámara Baja.
En brotes de verborragia constitucionalista se cita el artículo 19, que dice literalmente que "las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas".
Redactada en una época de la historia donde las formas de tratamiento público de los reos consistía en la realización de trabajos forzados lejos de la patria y con la imposibilidad de volver al territorio nacional al finalizar la pena, el artículo 19 fue un avance humanista.
A partir de los pseudoprogres "buenistas" se fue más allá, construyéndose la ficción jurídica de instaurar cómo únicos fines de la cárcel la rehabilitación y reinserción social de los presos.
¿Y el daño cometido? ¿y la función ejemplificadora del castigo? ¿y la función preventiva que protege a la sociedad? Nada importa: sólo ser políticamente correctos.
Como en una comedia burlesca plagada de disparates, la ejecución progresiva de la pena trata a los reos más peligrosos como si fueran niños de jardín de infantes premiados por su buena conducta, Alzheimer estatal que olvida el mal cometido.
Y que, quebrando la armonía normativa, entra en contradicción flagrante con el derecho penal, que impone penas de reclusión proporcionales al delito, y no hasta que la reinserción se logre.
Se impone entonces una horizontalidad perversa que se da de bruces con el imaginario colectivo, dicho por lo bajo u ocultándose bajo el anonimato de la red.
Porque en una sociedad hipócrita como lo es la argentina, lo importante no es lo que se piensa, sino embanderarse tras lo políticamente correcto. Aun cuando ese acto sea una flagrante violación de los genuinos derechos humanos.
Dra. en Filosofía (UBA), premio Konex de Platino en Ética, presidente de Usina de Justicia.