Dice el refranero español que agua estancada, agua envenenada y, todo apunta, a que el plan hidrológico 2022-2027 puede terminar dejando un mal sabor de boca a España. Y es que el actual ritmo de inversiones es muy insuficiente si se quieren alcanzar los objetivos, tal y como cifran desde Seopan. La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras señala que, al ritmo de licitación de 2022-2023, de 2.758 millones anuales, en 2027 se habrá adjudicado el 43,6% de la inversión total prevista, de 37.116 millones de euros. Para alcanzar este objetivo, la inversión debería triplicarse, hasta los 8.105 millones al año.
Una tendencia que no es nueva para nuestro país, puesto que en los anteriores planes, las administraciones públicas licitaron el 48% (2009-2015) y el 40% (2016-2021) de las inversiones programadas. De hecho, el actual ciclo recoge varias de las inversiones que no se han realizado años atrás.
A este respecto, saneamiento y depuración requieren más de 11.000 millones, el regadío más de 5.500 millones, el abastecimiento unos 3.180 millones y las actuaciones de prevención del riesgo de inundación más de 2.100 millones.
Precisamente, las infraestructuras de abastecimiento y las de desalinización, (estas últimas necesitarían más de 1.300 millones), son clave en la gestión de la sequía que está afectando de manera severa a comunidades como Cataluña. A este respecto, las cuencas que menos agua almacenan son las internas de la comunidad catalana, que están al 18% de su capacidad, según los datos del Boletín Hidrológico, publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). Le siguen la cuenca del Segura (24,5%), la del Guadalete-Barbate (30,5%), la Mediterránea Andaluza (30,5%) y la del Guadalquivir (46,8%).
En uno de sus estudios, el Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) pronostica que España vivirá reducciones de sus recursos hídricos de un 25% para finales de siglo, siendo este porcentaje del 40% en el sureste de la península.
Ante este escenario, desde su Informe sobre el agua en España: situación actual, retos y oportunidades, la CEOE recuerda que tenemos un déficit en la gestión del agua, es decir, "en épocas de escasa demanda no almacenamos el excedente del recurso y en época de fuerte demanda (finales de primavera y verano) no disponemos de recurso almacenado ni de forma superficial ni subterránea".
Déficit crónico
Es obvio que el déficit de inversiones que arrastra nuestro país hace imposible que se cumpla con los objetivos medioambientales y, por ende, nos aboca a estar mucho más expuestos a las consecuencias del cambio climático.
"La no renovación a tiempo de estas infraestructuras implica que no estén en óptimas condiciones para su operación y, por consiguiente, se incrementarán las pérdidas de agua, las intervenciones por fallos en las infraestructuras, el deterioro de la calidad del agua, así como se incrementarán los costes de operación y mantenimiento y afectará a la calidad del servicio al ciudadano", señalan desde la CEOE. Por ejemplo, las instalaciones de depuración de aguas residuales de nuestro país tienen entre 20 y 50 años.
Ya en el año 2019 el informe Hacia una financiación más eficiente de las infraestructuras del ciclo urbano del agua en España, de PwC, alertaba de que tras la irrupción de la crisis económica en 2008 se produjo una caída muy relevante de los niveles de inversión en el ciclo urbano del agua, una situación grave teniendo en cuenta que las características geográficas y sociodemográficas de España hacen que los niveles de inversión necesarios sean estructuralmente más elevados que en otros países de la Unión Europea. La caída de la inversión pública ha sido la mayor responsable del déficit actual que arrastra nuestro país.
A este respecto, el Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia de España, que canalizará los más de 160.000 millones de euros de los fondos Next Generation, recoge 10 políticas palanca constituidas en 31 componentes. Entre ellos, destaca el número 5: Preservación del litoral y recursos hídricos con una inversión estimada superior a los 5.000 millones. Además, el PERTE de digitalización del ciclo del agua espera movilizar en los próximos años 3.060 millones de euros en inversiones públicas y privadas.