El secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, arremetió contra los choferes sindicalizados en la UTA y también contra las compañías de colectivos que no han tomado medidas para evitar el paro, a las que advirtió sobre la posibilidad de quitarles las habilitaciones si no restablecen los servicios.
En diálogo con Luis Majul en El Observador 107.9, Mogetta expresó: "No están tomando ninguna medida para poder restablecer el servicio. Tienen que intimar a los trabajadores para que se presenten a trabajar y a los que no se presentan, aplicar la sanción como cualquier trabajador que no cumple con sus tareas. No tienen que tener ningún tipo de privilegios, si no, les estamos financiando las huelgas".
El funcionario detalló que su área, en conjunto con la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), están realizando controles y aplicando sanciones a las empresas que no están brindando los servicios. "Estamos instándolos a que restablezcan el servicio de transporte, y quienes no cumplan sus obligaciones, verán afectados sus permisos y lo prestarán empresas que sí estén dispuestas a prestar los servicios", afirmó.
Desde la CNRT informaron que ya se han iniciado procesos legales para aplicar sanciones por más de 4 millones de pesos a las empresas que no están prestando el servicio. Mogetta también subrayó la importancia de que los trabajadores que no están prestando tareas enfrenten las mismas consecuencias que aquellos que faltan un día a sus trabajos.
El paro, que se inició en las primeras horas de este jueves en la mayoría de las líneas de colectivos del AMBA, es en respuesta a la falta del pago de 250 mil pesos que reclama la Unión Tranviarios Automotor (UTA) como parte del acuerdo paritario firmado en febrero. A pesar de los subsidios entregados por el Gobierno, Mogetta descartó la posibilidad de enviar más fondos y desligó a su secretaría de la negociación que lleva adelante la Secretaría de Trabajo.
Además, sugirió que "algunos sectores empresarios podrían estar impulsando el paro para obtener más subsidios o ventajas del gobierno", y que existe la percepción de que algunas empresas respaldan financieramente el paro al no descontarles el día a los trabajadores.
Asimismo, Mogetta aseguró que "la detección y eliminación de unidades innecesarias ha permitido un ahorro mensual significativo para el Gobierno. Se implementó un sistema de control detallado mediante GPS en las unidades para optimizar los subsidios y evitar prácticas irregulares".
Por su parte, la UTA indicó que podrían restablecerse los servicios si se abona el aumento salarial que vienen reclamando, que elevaría el salario mínimo a $987.000. Sin embargo, desde el sector empresario argumentan que no pueden afrontar este incremento. En una reunión en la Secretaría de Transporte, los empresarios fueron informados de que no habrá "refuerzo" de partidas presupuestarias, lo que dificulta el pago del aumento reclamado por el sindicato. Aunque desde el Gobierno no se prevé dictar la conciliación obligatoria, se espera un acercamiento entre las partes para resolver el conflicto que ha colapsado el transporte público en el área metropolitana.
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