La crisis brasileña refleja la decadencia de la democracia representativa
El 31 de agosto, Dilma Rousseff fue sometida a juicio político por el Senado de Brasil.
Artículo extraído del diario Clarín - Por Fernando H. Cardoso
Artículo extraído del diario Clarín - Por Fernando H. Cardoso
Después de cinco días de debate, 61 de 81 senadores, mucho más que la mayoría de dos tercios necesaria para destituir a un presidente, la condenaron por delitos fiscales y presupuestarios.
Sus seguidores declararon que la presidenta era víctima de un "golpe parlamentario". Una persona elegida por 54 millones de votos, inocente de todo delito, había sido derrocada injustamente.
En América Latina se hicieron eco de ese planteo modelos de democracia y Estado de derecho como Cuba, Venezuela, Bolivia y Ecuador.
No hace falta decir que esto no es verdad. Los hechos, como de costumbre, hablan por sí mismos. El proceso de juicio politico fue tanto judicial como político.
El procedimiento establecido por la Constitución se siguió al pie de la letra. Tanto la Cámara baja como la alta votaron por abrumadora mayoría primero para procesar y finalmente para condenar.
El juicio en el Senado fue presidido por el titular del Tribunal Supremo.
Una y otra vez, el máximo tribunal del país reafirmó la legitimidad del proceso.
Pero es cierto que había en juego mucho más que los delitos de una persona.
La fuerza que impulsaba el juicio politico era la convicción afirmada en las calles por millones de brasileños de que el sistema de poder establecido por el ex presidente Lula y el Partido de los Trabajadores (PT) era culpable de hundir a Brasil en la crisis económica, política y moral más profunda desde la recuperación de la democracia en 1985.
En su defensa personal en el juicio en el Senado, la presidenta reiteró emotivamente su inocencia ("No robé, no tengo cuentas de banco ilegales en el extranjero?").
Soportó horas de implacable interrogatorio. En un momento conmovedor, recordó su resistencia armada a la dictadura militar y las torturas que sufrió por su compromiso.
Aun cuando la joven guerrillera del pasado no fuera tan democrática como dice, respeto su espíritu de lucha. Entonces y ahora demostró ser una guerrera.
Pero su belicosidad no justifica ni la absuelve de su irresponsabilidad –los miles de millones de dólares transferidos ilegalmente a empresas privadas y extranjeras– ni de su incapacidad, mientras fue presidenta de la junta de gobernadores de Petrobras, para impedir el saqueo de la compañía más grande de Brasil para beneficio del PT y el arco de partidos que apoyaba a su gobierno.
Mi sensación es que Brasil ha dado vuelta una página triste de su historia. Habría preferido que Dilma Rousseff hubiese demostrado la capacidad política y administrativa necesaria para completar su mandato.
Lamentablemente, al delito de responsabilidad se sumó el derrumbe de su capacidad general para gobernar.
¿Qué nos queda? Sin duda, las ilusiones perdidas de los muchos que creyeron en las promesas del PT. Pero también una economía en recesión, acosada por un enorme desempleo.
Y una sociedad desgarrada por una ola sin precedentes de escándalos de corrupción y una sensación omnipresente de desencanto.
Si la presidenta no fue la autora de los planes de corrupción que dejaron al descubierto unos medios independientes y unos jueces valientes, se benefició políticamente con ellos.
Entre los políticos que están siendo procesados hay tantos partidos políticos que es toda la "clase polí tica" la que está acusada a los ojos de una opinión pública atenta.
El desmoronamiento del sistema de gobierno del PT llevó a la debacle del sistema político en su totalidad.
Y, sin embargo, no todo es sombrío. La democracia brasileña ha demostrado ser resistente.
Millones de ciudadanos salieron a la calle para reclamar honestidad en la vida pública, eficiencia y equidad en la economía y la protección de los derechos y las libertades civiles en la sociedad.
En cambio, estamos presenciando en Brasil –al igual que en las democracias tradicionales de Occidente– el impacto de grandes transformaciones económicas y tecnológicas.
Los Estados nacionales se ven debilitados por la globalización, las sociedades están cada vez más fragmentadas en su estructura por una nueva división del trabajo y expuestas a tensiones y desequilibrios de una creciente diversidad cultural.
Todo lleva a la preocupación y el miedo respecto del futuro, con incertidumbre sobre cómo preservar la cohesión social, garantizar el empleo y reducir la desigualdad.
En las democracias en crisis, las diferencias de clase se mezclan con otras formas de identidad social. Los partidos políticos tra- dicionales están destinados a perder espacio.
Relatos que buscan relacionar y abordar los motivos de queja de las masas desempoderadas llenan el vacío dejado por la desaparición de la democracia representativa.
Vemos esto también con Donald Trump en los EE.UU. y el aumento de la xenofobia en Europa. Es una situación plagada de peligros.
En las regiones donde está más profundamente arraigada –América y Europa–, la democracia está en crisis. En el corazón de esa crisis está la brecha cada vez más ancha que separa las aspiraciones del pueblo de la capacidad de las instituciones políticas para responder a las demandas de la sociedad.
Es una de las ironías de nuestra era que ese déficit de confianza en las instituciones políticas conviva con el surgimiento de ciudadanos capaces de tomar las decisiones que definen su vida e influyen en el futuro de sus sociedades.
La acción ciudadana y la opinión pública tienen poder de transformación. Pero las instituciones son necesarias. No hay democracia sin partidos políticos.
Las estructuras proporcionan un campo de posibilidades para la acción humana, pero es la voluntad de los individuos y los segmentos de la sociedad, impulsados por valores e intereses, la que crea la abertura para el cambio.
Brasil, con toda su diversidad cultural, está siempre en estado de flujo. Estamos menos sobrecargados de pasado y más abiertos a la innovación.
O nos demostramos que somos capaces de reinventar el sentido y la orientación de la política o el descontento popular saldrá otra vez a la calle, clamando contra quién sabe quién y a favor de qué.
En suma, nuestro desafío es salvar la brecha entre demos y res publica, entre el pueblo y el interés público, retejiendo los hilos que pueden reconectar al sistema político con las demandas de la sociedad.