El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) informó este martes el fallecimiento "repentino" de un recluso identificado como Elio, ocurrido en la prisión Las Mangas de la provincia de Granma.
La organización comunicó en la red social X que la defunción tuvo lugar el 5 de abril, y que el hombre era nativo de Manzanillo.
Además, especificó que Fernando Michel Bárzaga Mompié, preso por su participación en las protestas del 11 de julio, informó del incidente a Juan Carlos González Leyva, defensor de derechos humanos.
Con el reporte del reciente fallecimiento en prisión, el CDPC alertó que el número confirmado de muertes de reclusos cubanos ascendió a 40, desde el año 2023 hasta lo que va de 2024, según informe de la organización.
En la última actualización del informe Condiciones en las Prisiones, el CDPC también registró cuatro casos de muertes de reclusos, todos documentados en marzo, vinculados a una atención médica deficiente y negligencia.
Uno de estos casos fue el de Jordaniel Román Rodríguez, fallecido también en el penal Las Mangas, quien tras presentar problemas de salud no fue atendido de forma adecuada en más de una semana.
Otro fue la muerte del recluso Víctor Manuel Mengana Figueroa, en el Hospital Clínico Quirúrgico Dr. Juan Bruno Zayas, de Santiago de Cuba, por el agravamiento de una hepatitis contraída en la prisión de Boniato y que tampoco fue atendida oportunamente.
Por último, el CDPC insistió al régimen en que es su responsabilidad y obligación investigar la causa de la muerte o desaparición de personas detenidas.
Si bien el gobierno cubano guarda silencio hermético respecto a la situación en las cárceles del país, algunos casos logran hacerse públicos gracias a las denuncias de los familiares.
No obstante, en 2022, el régimen sí reconoció ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas que al menos 100 reclusos murieron en las cárceles de la isla en 2021.
En esa ocasión, el organismo criticó a Cuba por "no presentar la información estadística completa respecto de las personas privadas de libertad fallecidas durante el período en examen", y aclaró que se analizaron los datos incluidos en un informe periódico anterior enviado por las autoridades de La Habana.
Otra observación del comité fue que a pesar de haberse registrado un "promedio de unas 100 muertes en custodia al año", en ningún caso el Estado cubano determinó "la responsabilidad de servidores públicos" ni intentó detectar "signos de violencia corporal durante las autopsias".
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