Chile atraviesa un complejo escenario económico y si bien las últimas cifras del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) muestran un mayor dinamismo de la economía, nada augura un crecimiento sostenido que permita salir del estancamiento en que se encuentra el país desde hace una década. En este contexto, algunas autoridades económicas han apelado al optimismo, afirmando que hay demasiado pesimismo en el ambiente y celebran las proyecciones de crecimiento del último Informe de Política Monetaria (IPoM) de alrededor de 2,5% para este 2024. No obstante, esta cifra no parece una meta ambiciosa y palidece en comparación con el crecimiento mundial que se espera sea de 3,1% este año.
El crecimiento potencial de Chile, de solo 2%, representa el epítome de nuestro problema. No es tanto la cifra en sí, sino lo que revela sobre la confianza en la capacidad del país para progresar. Esta situación es aún más desalentadora cuando consideramos la caída proyectada por el Banco Central para la inversión este año, replicando el sombrío desempeño del año pasado. Aunque existen propuestas legislativas para agilizar los permisos de obras de inversión, la disminución propuesta de alrededor de un tercio en los tiempos de tramitación - reduciendo el horizonte de una planta desaladora de 11 a poco más de 7 años - parece insuficiente. Es una medida que, aunque va en la dirección correcta, falla en capturar la urgencia del momento.
El entorno tampoco ayuda. La seguridad jurídica, condición necesaria para cualquier inversionista, se ve amenazada por constantes cambios de reglas o de criterios en sus aplicaciones. Esto genera un clima de incertidumbre que ahuyenta al capital extranjero y desalienta la iniciativa local. Según una encuesta de Deloitte, dos tercios de los factores que estarían afectando la inversión de grandes empresas en Chile son internos. Entre ellos destacan el entorno socioeconómico y político, la tasa de interés y los niveles de delincuencia.
La situación laboral del país es otra cara de esta moneda de letargo. Con una tasa de desempleo del 8,5%, salarios reales deprimidos que reflejan el anquilosamiento de la productividad, baja participación laboral y un 27% de informalidad ya estructural, el mercado del trabajo refleja un prolongado estancamiento y es amenazado por reformas que no serán inocuas para el empleo y salarios. La tramitación de una reforma previsional que pretende imponer un impuesto al trabajo es solo un ejemplo de ellas.
Frente a esta realidad, caer en el realismo mágico sería un error garrafal. Naturalizar una tasa de desempleo de 8,5% o celebrar el crecimiento de 0,2% de 2023 es perder de vista la magnitud de los desafíos que enfrentamos. Más allá de la normalización en las cifras macroeconómicas tras un fuerte ajuste monetario y fiscal, la situación microeconómica del país no ofrece muchos motivos para el optimismo.
La solución requiere un cambio radical en cómo abordamos el crecimiento y el desarrollo. Más allá de ajustes marginales en la legislación o la política fiscal, se necesita una visión coherente que priorice la estabilidad y la seguridad jurídica, fomente decididamente la inversión y aborde las reformas estructurales pendientes con sensatez y pragmatismo. Solo entonces podremos aspirar a un crecimiento que no sea solo un tímido número en el papel, sino una realidad palpable. El optimismo debe fundarse en acciones concretas que inspiren confianza y reflejen un compromiso genuino con el progreso de la nación.
*El autor de la columna es profesor titular y director del Instituto de Economía UC