Nayarit es una entidad ligada no sólo por el territorio sino por la historia a Jalisco, pero donde ocurre un fenómeno curioso es que siendo un Estado con enormes riquezas naturales, no ha podido lograr el despegue económico que sí han alcanzado sus vecinos.Una de las variadas razones es que en tierras nayaritas no hemos tenido gobernantes más visionarios y ciudadanos más involucrados en los asuntos públicos. Nuestra economía en buena medida hoy se sostiene gracias a los ingresos obtenidos del municipio de Bahía de Banderas. Lo anterior queda de manifiesto gracias a las cifras dadas a conocer por la Secretaría de Turismo del Gobierno federal el pasado 1 de marzo, donde revela que Nayarit estuvo entre los Estados con mayor captación de inversión extranjera directa (21.4 millones de dólares), después de Baja California (116.2 MDD), Quintana Roo (58.5 MDD), Jalisco (34.9 MDD) y la ciudad de México (23.7 MDD). Las cifras anteriores corresponden al último trimestre del 2023. Pues bien, estos números que demuestran el éxito de la Riviera Nayarit como un destino turístico internacional ya consolidado, contrastan con lo que parece ser la política del Gobierno morenista del Dr. Miguel Ángel Navarro Quintero: ahuyentar la inversión privada a través de la generación de incertidumbre política y jurídica.Y es que no es ningún secreto, con el pretexto de la investigación de presuntos actos de corrupción en administraciones pasadas, que el Gobierno de Nayarit ha emprendido acciones de persecución judicial contra empresarios que han invertido en el Estado, principalmente en Tepic y en Bahía de Banderas. Varios de ellos son de Jalisco.¿A qué me refiero? En septiembre del 2022, la Fiscalía General del Estado llevó a cabo el cateo y aseguramiento de 60 viviendas en el fraccionamiento Náutico, en Bahía de Banderas, sin mayor razón que la aparente fobia del actual mandatario respecto de su antecesor, Ney González (2005-2011), con quien compitió por la gubernatura en 2005 y quien impulsó el desarrollo de Bahía de Banderas. No estamos hablando sólo de grandes inversionistas, sino de ciudadanos que apostaron los ahorros de sus vidas para incrementar su patrimonio.Recientemente, la justicia federal dio la razón a los propietarios de las viviendas aseguradas; en enero del 2023, la misma Fiscalía aseguró las instalaciones del hospital privado Puerta de Hierro, en Tepic, por supuestamente ser un negocio de… ¡adivine usted! del ex Gobernador Ney González, desde entonces, los inversionistas propietarios del hospital sufren la persecución del Gobierno estatal. Por supuesto que no existe una sola prueba que demuestre tal acusación, simplemente es la manera de conducirse de Navarro Quintero.En agosto del año pasado, la embestida del Gobierno fue contra la empresa nipona Sumitomo, una prestigiada trasnacional que decidió invertir en Nayarit desde el 2012 y recientemente fue acusada de corrupción y luchan en tribunales para evitar que el Gobierno les expropie un terreno que se les entregó por decreto aprobado por el H. Congreso del Estado en octubre del 2013.Es evidente que al Gobierno de Nayarit no le asiste la razón jurídica, y que eventualmente en instancias federales les darán reveses, pero es escandaloso que una autoridad utilice jueces, Fiscalía y sistema penitenciario para perseguir inversionistas y empresarios.Con acciones como estas, el mensaje del Gobierno de Nayarit parece ser muy claro: ¡no inviertan en el Estado o los perseguiremos! ¿A qué intereses sirve el Gobierno de Navarro Quintero? Evidentemente, a los intereses ciudadanos no. *Ulises Rodríguez es consultor y analista político en Nayarit.