Tras concluir la fase de práctica de pruebas, el juicio por presunto lavado de dinero del llamado caso <a href="https://www.prensa.com/tema/panama-papers/" target="_blank"><i>Panama Papers</i></a> iniciará con los alegatos de la fiscal contra la delincuencia organizada, Isis Soto. Soto solicitó a la juez un término de 10 horas para la individualización de los cargos a cada uno de los 29 individuos a los que se les formuló cargos por la supuesta comisión de blanqueo de capitales. Este martes 16 de abril, séptimo día de juicio, siete testigos contables e informáticos aducidos por los abogados defensores se presentaron al estrado. El proceso le sigue la pista a una red de sociedades <i>offshore</i> creadas por la extinta firma forense <a href="https://www.prensa.com/tema/mossack-fonseca/">Mossack Fonseca</a> y que se habrían usado para blanquear capitales. Las peritos María Lorena Cummins y Leonilda Portabales, quienes fueron aducidas por Guillermina Mc Donald, abogada de <b>Jürgen Mossack </b>y Sabina Ho de Ramos, hablaron sobre un informe pericial sobre las actividades de asesoría de inversión realizadas en Mossack & Fonseca. Durante su declaración, las dos peritos alegaron que no se detectaron anomalías durante el desarrollo de las asesorías de operación realizadas dentro de la firma por sus colaboradores. Explicaron que los asesores de inversión solo orientan a los clientes sobre la viabilidad de una inversión, pero ellos no realizan las compras o las transferencias de fondos. Explicaron que la imputada Sabina de Ramos, quien estaba encargada del departamento de operaciones e inversiones de Mossack & Fonseca, supervisaba al personal encargado de las inversiones de los clientes de la firma. También recordaron que los bancos y casas de valores son los custodios de los fondos o valores de los inversionistas, por tanto, están obligados a hacer la debida diligencia para la prevención de lavado de activos, no los asesores de valores como Mossack & Fonseca. En la mañana también compareció el empresario Gary Lundgren, padre del imputado Zacgary Lundgren, cuyo testimonio fue solicitado por el abogado Irving Bonilla, quien explicó las transacciones para la compra y venta de 10 apartamentos en Panamá a través de <i>offshores </i>por Mossack & Fonseca. Lundgren dijo que las transacciones se hicieron con fondos de inversión aportados por empresas de su propiedad. Afirmó que no hubo irregularidades en esta transacción. También compareció el perito contable Manuel E. Moreno, quien fue aducido por la abogada Marlene Guerra, abogada sustituta de Lundgren. A él se le interrogó sobre cuatro informes contables para las transacciones de la compra de los 10 apartamentos. Aseguró que la compra se ejecutó según las normas legales vigentes en Panamá. Refutó el informe de acción financiera de los peritos de la Dirección de Investigación Judicial, Eliseo Ábrego y José Gil, quienes argumentaron que los fondos con los que se adquirieron los inmuebles eran de procedencia ilícita. Manifestó que se compraron con dinero del patrimonio de la familia Lundgren. Después pasó al estrado el perito Mario Barría, aducido por el abogado Claudio Francis, en representación de Edison Teano y Reinaldo Chong. El testigo dijo que informes bancarios demuestran que Chong no posee grandes sumas de dinero. Luego se presentó el perito José Francisco Vega, quien realizó un análisis forense de los correos electrónicos ubicados en los servidores de Mossack Fonseca. Cerró la sesión de pruebas la declaración de la perito financiera Eiba Gordón, quien fue interrogada sobre los movimientos financieros y de la figura de los fidecomisos manejados por el bufete de abogados.