El Ministerio de Economía eliminó la obligatoriedad que tenían una lista de productos de atravesar el "canal rojo normativo", el cual requería un control aduanero exhaustivo que generaba costos y demoras para las empresas importadoras. A partir de ahora la mercadería en cuestión quedará sometida a la verificación aleatoria que establece la Aduana para todo el universo arancelario.
A partir de las resoluciones 154/2024 y 112/2024 publicadas en el Boletín Oficial, el Gobierno liberó de la obligatoriedad del canal rojo normativo a aquellos bienes que estaban sometidos a inspecciones excesivas por parte de la Aduana, con control documental y físico de la mercadería a importar. La utilización del canal rojo como una traba a las importaciones fue impuesta por la gestión anterior del Ministerio de Economía.
La medida libera a las empresas argentinas de un costoso gasto de importación, ya que el costo del despacho por contenedor se reduce en 1.200 dólares, lo que representa un 2,5% del valor promedio de la mercadería despachada en una importación.
Esto suponía un criterio de selección de la mercadería arbitrario ya que alcanzaba por definición a los bienes del rubro textil y calzado, y a los productos con medidas antidumping vigentes que, a su vez, ya cumplían con los pagos adicionales establecidos por dichas medidas.
Algunos de los bienes alcanzados en relación al rubro textil y calzado son tanto las prendas terminadas como hilados, tejidos y confecciones para la fabricación. En tanto los bienes donde se aplica la normativa antidumping son termos, radiadores, calderas, aires acondicionados, cubiertos y ventiladores, entre otros.
El proceso exigía la paralización de la mercadería en la aduana, demoraba los plazos de entrega de los productos, y aumentaba considerablemente el costo de inspección que era asumido por los importadores. Frente a estas normas burocráticas, el Gobierno eliminó un 36% de las operaciones de importación enviadas al canal rojo, que representan un 7% del total de las operaciones de importación realizadas en el país. Además, se acortan los plazos de entrega y se agiliza el proceso de producción, comercialización y/o exportación.
Otras eliminaciones de trámites de la Aduana
En febrero, la Secretaría de Comercio eliminó la Declaración Jurada de Composición de Producto (DJCP) que exigía a los fabricantes e importadores de textil, prendas y calzados información redundante sobre la composición porcentual y el material de sus productos que ya estaba detallada en la etiqueta.
Esta medida burocrática representó para el sector un costo de 5 millones de dólares anuales y generó 1 millón de trámites sólo en 2023.
El régimen era uno más de los controles excesivos que estaban bajo la órbita de la Secretaría de Comercio, el cual consistía en que las empresas brinden información sobre la composición y origen de cada tipo de producto que se fabrica con el fin de repetir lo que ya se declara en las etiquetas de cada prenda o calzado.
Además, como consecuencia de una administración ineficaz, se obligaba a los importadores a tener que hacer distintas declaraciones para prendas iguales, pero de distinto talle, entre otras diferencias menores.
A partir de la resolución N° 49/2024 firmada por el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, se derogan las resoluciones N° 26/96, 850/96 y 404/16 que regían la DJCP.
Entre los productos alcanzados por la medida estaban los insumos textiles como los hilados y los tejidos, las confecciones; y los insumos para el calzado y el calzado terminado.
Otro costo generado por la DJCP era que, bajo requerimiento adicional y discrecional de la Secretaría de Comercio, las empresas declarantes debían realizar ensayos de sus productos en el INTI, un trámite que demoraba no menos de 60 días y aumentaba considerablemente sus costos de producción. Sólo este trámite podía llegar a costar hasta u$s100 por ensayo.
Esta exigencia estatal de requerimiento de información generaba el mayor número de trámites dentro de la Secretaría. Con esta iniciativa de desburocratización se simplifica el proceso de importación para el sector textil y de calzado, aliviando los costos de las empresas y de los consumidores que luego compran el producto terminado sin impuestos ocultos.
La eliminación de trámites innecesarios y la simplificación del proceso de importación colabora con los objetivos asumidos por el Gobierno en la desburocratización de la gestión económica como pilar fundamental para lograr una administración más eficiente y ágil.