Lizelle González, la mujer que en 2022 fue acusada de asesinato por un presunto aborto que resultó en la muerte de un neonato, cargo que posteriormente fue desestimado; demandó al fiscal Gocha Allen Ramírez, a la ayudante del fiscal Alexandria Lynn Barrera y al Condado Starr.
Como parte de la demanda, González, que cuando fue acusada por Ramírez usaba el apellido Herrera, solicita una compensación que sobrepasa el millón de dólares.
Según la demanda, el 7 de enero de 2022 González acudió a emergencias del Starr County Memorial Hospital luego de haber utilizado un medicamento para inducir el aborto. Sin embargo, fue dada de alta luego de que fuera examinada y no tuviera contracciones y se escucharan los latidos de la criatura.
Posteriormente, entre el 7 de enero y el 30 de marzo de 2022 empleados del hospital "en violación a las leyes de privacidad informaron al fiscal de distrito del Condado Starr que la demandante se había inducido el aborto", agrega el escrito legal.
Además, se alega en la demanda que ni el Departamento de Policía de Río Grande City ni la Oficina del Alguacil del Condado Starr realizaron una investigación.
A los tres días de que González fuera acusada, la oficina del fiscal desestimó el cargo de asesinato que enfrentaba González debido a que las acusaciones no eran aplicables bajo la ley de Texas.
En aquel momento, a través de un comunicado de prensa, el fiscal Gocha Allen Ramírez informó que contactó al abogado de González para indicarle que iban a introducir una moción para desestimar la acusación.