En los últimos cinco años, desde las altas esferas de palacio nacional, hemos atestiguado decisiones cuestionables que han dejado a nuestra nación vulnerable. La gestión federal durante la pandemia, marcada por acciones imprudentes como abrazos y remedios sin base científica, ha demostrado una carencia alarmante de empatía y competencia para abordar problemas cruciales.
Somos uno de los países que peor manejaron la pandemia, que registró una tasa conocida como sobremuertes muy alta, ello debido a la falta de medidas, o a que las mismas estuvieron cargadas de elementos políticos que en nada ayudaron al control de la pandemia y que por supuesto carecieron de rigor científico.
Las omisiones políticas, es decir, la negligencia en la atención de asuntos críticos, pueden tener repercusiones desastrosas, especialmente cuando se trata de la salud y el bienestar de la población. Es responsabilidad de quienes ocupan cargos públicos actuar en beneficio de todos los ciudadanos. Esto implica no solo tomar medidas activas, sino también reconocer la importancia de abordar problemas que podrían pasarse por alto.
Los recientes datos sobre casos de sarampión y rubéola en México son alarmantes: hasta la semana 13 de 2024, se han reportado 859 casos probables. Esta situación no solo son cifras, son vidas en riesgo debido a la falta de medidas preventivas efectivas, como la vacunación y la vigilancia epidemiológica.
La omisión en el programa de vacunación de los años 2019 y 2020 dejó a millones de niños desprotegidos. La falta de adquisición oportuna de vacunas esenciales fue el resultado de cambios en los procesos de compra, afectados por políticas de austeridad y supuestos combates contra la corrupción.
Esta negligencia no solo amenaza la salud de la población, sino que también impacta en la economía y la cohesión social. Los brotes de enfermedades prevenibles sobrecargan los sistemas de salud y erosionan la confianza pública en las instituciones. La cobertura de vacunación en el país cayó un 75% desde la pandemia de COVID 19.
Se recomienda que las y los niños reciban dos dosis de estas vacunas triple virales, la primera entre los 12 y 15 meses de edad y la segunda entre los 4 y los 6 años. Hay que decirlo, estas enfermedades no son mortales per se y en el último siglo había dejado de ser un problema para el país como uno de salud pública en los países desarrollados o en vías de desarrollo.
Es crucial que el gobierno reconozca y corrija estas omisiones, garantizando un acceso equitativo y oportuno a las vacunas necesarias para proteger la salud de todos los ciudadanos.
Mientras los esquemas de vacunación en casi todos los últimos sexenios llegaban al 100% de cobertura, en este caso, se trató de una indolencia más aunada a la pandemia, las vacunas no podían encontrarse en los centros de salud, no se trata solo de que las y los niños ni fueran a las aulas, una alternativa de sustitución y sobre todo que estuviera bien surtido, es crucial, sobre todo para los que menos tienen y más lo necesitan.
Estamos ante un peligro inminente de salud y vida para los más pequeños y pequeñas, para los más inocentes e indefensos.
El problema de las omisiones o el manejo de asuntos que son. Absolutamente científicos y de salud es que cuestan vidas, afectan la calidad de vida y todas estas cuestiones: desafortunadamente no tienen repuesto.
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