Ahora que ha empezado la campaña de la renta, es un buen momento para reflexionar sobre el nivel de impuestos que sufrimos ciudadanos y empresas. Aunque ahora realicemos la liquidación anual de IRPF con Hacienda, todo el año pagamos impuestos, en forma de retenciones a cuenta del impuesto si es por IRPF; cada vez que realizamos una transacción, en el caso de los impuestos indirectos, ya sea IVA, impuestos especiales o transmisiones patrimoniales; cuando se dona un bien, se paga un impuesto; cuando se hereda algo, se paga un impuesto; si se acumula un patrimonio, se paga un impuesto; si se tiene un coche o una casa, se pagan impuestos; si se logran beneficios con una empresa, que genera actividad y puestos de trabajo, se pagan impuestos. El sumatorio final es una barbaridad, que roza, por no decir que sobrepasa, la confiscación.
Una cosa es que deba haber un nivel mínimo de impuestos para poder financiar los gastos esenciales, como la sanidad o la educación, y otra muy distinta es que el gasto se expanda sin medida, con incrementos, en ocasiones, de doble dígito, apoyado en una importante confiscación vía impuestos o en más y más endeudamiento, que no dejan de ser impuestos diferidos.
El Instituto de Estudios Económicos, dirigido por Gregorio Izquierdo, ha publicado un informe sobre competitividad fiscal que pone de manifiesto la merma para el crecimiento económico que tiene un escenario tributario adverso para los agentes económicos.
Por su parte, el Instituto Juan de Mariana, dirigido por Manuel Llamas, con su trabajo El impuestómetro señala esa carga insoportable que sufren los agentes económicos en España, donde se pagan impuestos en una proporción cercana a la mitad de las rentas del trabajo.
En este sentido, el actual gobierno no deja de subir los impuestos. Con ello, arruina a los contribuyentes e incentiva el pernicioso fraude fiscal: es cierto que siempre habrá una parte de obligados contribuyentes que tratarán de defraudar al fisco, lo cual está mal, pues las normas, aunque estén equivocadas, hay que cumplirlas. Ahora bien, dicho esto, hay una gran parte de fraude que es directamente incentivado por el sector público debido al volumen cada vez más asfixiante de impuestos al que somete al contribuyente. Ya dijo Benjamin Franklin que no hay nada más seguro que la muerte y los impuestos.
Hace algún tiempo los profesores doña María Blanco, don Carlos Rodríguez Braun y don Luis Daniel Ávila explicaron claramente en su libro Hacienda somos todos, cariño, que recomiendo, el saqueo al que el sector público somete a los contribuyentes en forma de crecientes impuestos, que venden como el ingrediente necesario para unos servicios públicos que el Estado afirma que necesitamos, dentro de esa fatal arrogancia, que diría Hayek, mediante la que considera que las autoridades públicas saben mejor que los ciudadanos lo que estos últimos necesitan y quieren, empleando, además, la ilusión fiscal para disimular el alto nivel de impuestos con el que el sector público machaca a sus ciudadanos.
En esa línea de fomento de la ilusión fiscal parece que profundiza el Gobierno con cierta recurrencia, ya que considera que en España falta «conciencia fiscal» desde el momento en el que una persona duda sobre qué haría si alcanzase ese nivel de ingresos y pudiese mudarse, y reclama una mayor educación cívico-tributaria. Es decir, que si el contribuyente piensa que el Estado impone un nivel de tributos casi -o sin el casi- confiscatorio, es que no tiene conciencia fiscal, y que para evitar que esos casos sean crecientes, hay que educar a los ciudadanos en el dogma oficial.
En España no hay un problema de conciencia fiscal, sino de elevada confiscación del fruto del esfuerzo y trabajo de ciudadanos y empresas, que trabajan de sol a sol y que ven cómo sus ingresos se recortan de manera escandalosa. Esa forma de pensar del sector público lo único que consigue es hacer perder talento, oportunidades de inversión y contribuyentes, con lo que es sumamente perjudicial para el conjunto de la economía. De tanto querer apropiarse de un trozo de tarta mayor en cada oportunidad, llegará un momento en que no haya ni las migas de la tarta para arrebatar, porque, simplemente, no habrá tarta.
El nivel de los impuestos se acerca, por tanto, a lo confiscatorio en España, especialmente si sumamos todos los impuestos -directos e indirectos- que tenemos que pagar al conjunto de administraciones. Es un expolio fiscal, un infierno fiscal con el que asfixian al contribuyente.