Durante al menos cinco meses, Andrea Añazco, comisaria de familia de El Tambo (Cauca), tuvo que "multiplicarse" para poder atender todas las denuncias que llegaban a su despacho. Su función de recibir y tramitar casos de violencia intrafamiliar o abuso infantil pasó por una metamorfosis y, como consecuencia de los pocos recursos de la entidad, le tocó no solo hacer de profesional en trabajo social, sino también de psicóloga y asistente jurídica.
Esta situación cambió para las comisarías de El Tambo y Valencia(Córdoba), que luego de aprobar la Estampilla Familiar y realizar una correcta implementación, vieron cómo la atención empezó a mejorar. El Espectador conoció el panorama de estos dos pequeños municipios que han demostrado que el servicio de justicia a la familia sí puede mejorar con más recursos.
"Uno vive desgastado porque toca hacer de todo. Hasta hacer veeduría del dinero y mirar hacia el futuro. Por más que se quiera hacer muchas cosas, no da el tiempo o la plata", cuenta Añazco. Sin hojas de papel para tramitar una denuncia, ni computadores óptimos para digitalizarla e incluso, sin un transporte para poder visitar a docenas de mujeres o niños que son agredidos en sus casas, Añazco recuerda que estaba desesperanzada. "Uno se sentía muy solo en esta lucha. Porque la función de la Comisaría de Familia se trata de salvar vidas. Sin recursos pues toca parar el servicio". Ese panorama empezó a cambiar cuando se aprobó la Estampilla Familiar en el municipio.
Desde la creación de las Comisarías de Familia, en 1989 bajo el Código del Menor, y hasta 2022, estas entidades, según cuenta Añazco, funcionaban "cojas" y sin presupuesto para trabajar en la mayoría del país, como en el caso de El Tambo. No había capacidad institucional para atender todos los casos y las personas violentadas eran revictimizadas. Las denuncias, consideradas como el primer paso para evitar feminicidios o abusos infantiles, se convertían en la crónica de una violencia anunciada. Así sucedió en agosto de 2023 con el asesinato de una mujer, su hermana y sus dos hijos por una posible "omisión en la prestación del servicio", por parte de la Comisaría de Tuluá (Valle del Cauca), según denunció la Procuraduría.
Las Comisarías son las encargadas de prevenir, proteger, reparar y garantizar sus derechos. Por ejemplo, en un caso de violencia contra la mujer, estas tienen la potestad de emitir, desde órdenes de alejamiento, hasta el desalojo del presunto agresor. Frente a los niños, pueden solicitar que intervenga el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) cuando se evidencia que estos son maltratados física o psicológicamente. Y con la entrada en vigencia de la Ley 2126 de 2021, el panorama mejoró. Esta ley, conocida también como la Estampilla Familiar, es un impuesto del 2 % a los contratos públicos para que las Comisarías puedan solventar la falta de personal, instalaciones en malas condiciones y pocos recursos para atender la violencia.
Cambio de paradigma
La aprobación de la Estampilla en cualquier municipio de Colombia significa un apoyo económico necesario para poder ofrecer justicia. Según un informe de la Procuraduría de 2022, el 80 % de las Comisarías tenían un "déficit de financiación". Además, casi la mitad de esos organismos no contaban con el personal necesario (comisario, psicólogo, asistente jurídico, trabajador social) para que una víctima de violencia en su hogar pudiera acceder integralmente a la justicia. Tanto en El Tambo como en Valencia, la aprobación e implementación de la Estampilla se dio gracias al apoyo y orientación del programa Justicia Inclusiva de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).
La comisaria Añazco asegura que El Tambo es un ejemplo en la implementación de la Estampilla, pues no solo ha podido contar con más recursos para atender las denuncias, sino que se convierte en un referente a nivel nacional. El Espectador conoció que en ciudades grandes como Bogotá, Medellín, Barranquilla o Cali no se ha discutido y aprobado este impuesto en los concejos y asambleas municipales. En el caso de la capital del país y los recursos que podrían destinarse a las más de 35.000 víctimas de violencia intrafamiliar que hubo el año pasado, según reportó la Secretaría de Integración Social.
La Comisaría de El Tambo, asegura Añazco, no tenía presupuesto para costear carpetas para archivar las docenas de casos de maltrato y el papeleo a veces se extraviaba. Ahora, gracias a un ingreso de $24 millones entre agosto y noviembre de 2023, las condiciones han mejorado. "Para El Tambo, que es un municipio de sexta categoría (es decir, que tiene presupuesto bastante limitado), estos recursos son muy importantes. A hoy, tenemos casi 300 procesos abiertos y somos cuatro funcionarios (...) Pero imagínese cómo era la situación antes", agrega la comisaria.
Ahora bien, el éxito de la Estampilla Familiar no depende únicamente de la Comisaría de Familia de cada municipio, primero debe haber voluntad política de los concejos municipales o asambleas departamentales para poner el proyecto sobre la mesa, pero luego, según explica Johana Delgado, viceministra de promoción de justicia del Ministerio de Justicia, se encuentra el reto de la implementación. Depende de cada secretaría de gobierno hacer fáciles los trámites y que haya una articulación rápida entre esa cartera y la de Hacienda para girar los recursos. Esto, según asegura la viceministra, debe suceder rápido, pues mientras se dan todas estas diligencias, los casos de maltrato siguen sumando y, con ese aumento, también la necesidad y el derecho a acceder a la justicia.
Papel y realidad
La función que tienen las Comisarías de Familia y Casas de Justicia, en el papel, son fundamentales para lograr la paz y una sociedad sin agresiones. Así lo señaló el Ministerio de Justicia luego de que el Congreso diera luz verde a la ley, en 2021. Cuando hay un caso de maltrato infantil, abuso sexual o violencia intrafamiliar, estas entidades pueden ser la puerta de acceso a todo el sistema judicial. Y, en el caso en el que funcionan como debe ser, pueden, incluso, ayudar a prevenir un feminicidio o evitar que los menores de edad sean agredidos durante su infancia.
Sin embargo, en la práctica estos organismos han funcionado con dificultades, pues hasta antes de la ley, dependían del presupuesto que los concejos municipales o las asambleas departamentales les adjudicaran cada año. En muchas ocasiones, el dinero no alcanzaba ni siquiera para pagar los sueldos de los funcionarios. La situación fue tan crítica que en Medellín integrantes de varias comisarías entraron a paro en 2022 porque no contaban con electricidad o sillas para atender a la ciudadanía. Eso sí, la aprobación de la Estampilla no es obligatoria. Cada distrito, municipio o ciudad tiene la potestad de discutir el impuesto y darle luz verde, pero esto no ha sucedido tal como se esperaba.
De 1.122 zonas de todo el país que deberían aprobar la Estampilla, según una recomendación de varias entidades del Estado, como la Procuraduría y el Ministerio de Justicia, para mejorar el acceso a la justicia, tan solo 285 de ellas la han adoptado. Es decir, poco más del 25 % de los territorios le han dado un espaldarazo financiero a sus Comisarías. Por escenarios como los que se vivían las Comisarías de El Tambo o Valencia, Néstor Osuna, ministro de Justicia, reconoció que el Estado tenía una deuda frente a la violencia intrafamiliar. Según ordena la ley, debe haber una Comisaría por cada 100.000 habitantes con condiciones óptimas para funcionar, pero la realidad es otra.
Cartagena, que es la cuarta ciudad con más violencias de género, según la Policía Nacional, tiene apenas seis comisarías para atender a una población mayor al millón de habitantes. Montería, por su parte, solo tiene una Comisaría de Familia, pese a que cuenta con casi 500.000 habitantes. Además, los datos de violencia intrafamiliar que registra la Policía Nacional siguen siendo, a juicio de la Procuraduría y el Ministerio de Justicia, sumamente altos. Por ejemplo, en los últimos tres años, se ha superado el umbral de los 100.000 registros de abusos, golpizas o maltratos dentro de los hogares. Y, en el primer trimestre de 2024, ya hay 35.000 denuncias.
Es decir, que en los primeros 90 días del año, existió un promedio de 380 agresiones a diario. Con una coyuntura como la actual, la viceminsitra Delgado reitera la importancia de que más municipios puedan aprobar este gravamen, pues es la primera línea para combatir la violencia intrafamiliar y erradicar la impunidad en estos casos. "Va a servir para mejorar el funcionamiento de las Comisarías y la invitación es para que todos los demás la implementen y mejoren su infraestructura y equipos psicosociales. El trabajo de la justicia es de todos", concluye.
¿Sabe qué es la justicia centrada en las personas? Visite Justicia Inclusiva de El Espectador