La gobernadora María Eugenia Campos Galván consideró que nuevamente se vulnera a las instituciones y los derechos civiles, luego de la jurisprudencia que señala que, basta con una demanda de amparo, para que se ordene suspender el cumplimiento de una orden judicial de aprehensión por delitos graves.
«Siempre estamos a favor de nuestra garantía de legalidad y proteger los derechos humanos, sobre todo la justicia y esto, pues no mina más que otra vez en las instituciones, en los derechos civiles de todos los ciudadanos».
A través del Pleno Regional en Materia Penal y de Trabajo del Poder Judicial de la Federación en la Región Centro-Norte del país se estableció dicha jurisprudencia que tendrá validez en los Estados Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.
Entre los delitos que abarca la jurisprudencia se encuentra los de índole sexual, los cometidos contra menores, el feminicidio, el homicidio, la violación, el secuestro, la delincuencia organizada, entre otros.