El Gobierno anunció la eliminación de uno de los formularios necesarios para la transferencia de un auto usado. Es el Certificado de Transferencia de Automotores, más conocido como CETA, por sus siglas.
Se trata de un documento de carácter que en determinas circunstancias de una operación era exigido por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Fue justamente la resolución que lleva la firma de Florencia Lucila Misrahi, titular de la AFIP, la que dejó sin efecto este formulario obligatorio a la hora de realizar una transferencia de un vehículo, ya sea auto o moto, por un valor superior a los $ 10.919.766.
Esta medida se da en medio de la controversia que hay en torno a lo burocrático y costoso que hoy resulta registrar un auto en la Argentina. Esta discusión hoy tiene en foco a los Registros del Automotor, que hace unos días casi reciben el beneficio de un fuerte aumento en las tarifas, que finalmente se dejó sin efecto.
La eliminación de este formulario se produjo mediante la Resolución General 5505/2024 publicada en el Boletín Oficial. La misma rige a partir del 25 de abril de 2024. Sin embargo, aunque hace menos engorroso el trámite, la anulación de este formulario no abarata el costo de la transferencia.
Un paso menos para vender el auto
Los argumentos para la eliminación del CETA radican en que "el grado de avance tecnológico alcanzado junto con los convenios de intercambio de información suscriptos entre esta Administración Federal y la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor, permiten contar con la información suficiente a fin de asegurar la verificación oportuna de la situación fiscal de los ciudadanos", de acuerdo con la resolución.
Es por eso que se consideró "conveniente exceptuar de la obligación allí establecida a la totalidad de las operaciones de transferencia de automotores y motovehículos usados radicados en el país, al entender que la finalidad que inspira a la norma se encuentra cumplida, respecto de estos bienes", puntualizó la titular de la AFIP.
De esta manera, la transferencia de un vehículo ahora implica un paso menos en una maraña de trámites. Sin embargo, esta decisión no significa que el valor de la misma haya cambiado, ya que el formulario CETA era gratuito. Solo se cobraba un pequeño arancel si era tramitado de manera online a través de una empresa privada que brindaba ese servicio.
El certificado era obligatorio solo en los casos en los que la operación superaba los $ 10.919.766. Lo paradójico es que esta exigencia apareció diciembre de 2009, cuando en ese entonces el monto mínimo era de 30 mil pesos.
A pesar de que este trámite entraba en la lista de imprescindibles a la hora de realizar la transferencia de un vehículo usado en Argentina, no era necesario imprimirlo ni llevar al Registro Automotor el día que se concreta la transferencia.
Actualmente, entre aranceles, impuestos y gastos varios, se estima que la gestión necesaria para que el vehículo cambie realmente de dueño termina llevándose cerca de un 6% del valor de compra.
Actualmente existen proyectos en el Congreso que buscan reducir el costo que acarrea la operación de compraventa de un auto usado o el registro de un 0 km. Incluso se plantean la eliminación de los Registros del Automotor.
Apenas asumió, Javier Milei prometió terminar con los Registros del Automotor a los que calificó como "un curro" y que, señaló, eran parte de "la casta" ya que muchas veces se conseguían por "favores políticos".
En sintonía con estas declaraciones, en diciembre pasado trascendió una idea del Gobierno sobre un cambio radical en la manera en que los argentinos deben registrar la compra de un vehículo, ya sea nuevo o usado. La intención era reducir sensiblemente la cantidad de papeleo y el costo de la operación, en una época en que la digitalización toma cada vez más protagonismo en la realización de trámites.
De hecho, al presentar el mega DNU 70/2023, el Presidente había dicho que había que "realizar modificaciones" al régimen para que "los trámites puedan hacerse integralmente de manera digital y agilizar todos los procesos, eliminando etapas innecesarias y costos absolutamente desproporcionados que dificultan la circulación de este tipo de bienes".
La intención del Gobierno implicaba, en principio, eliminar los más de 1.500 Registros Nacionales de la Propiedad Automotor, lugar obligatorio para cualquiera que quiera realizar una transferencia.
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