El Foro Nuclear, formado por las eléctricas dueñas de las centrales nucleares españolas, han rechazado la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de incrementar la tasa Enresa a 10,32 euros/MWh, un 30% más que la actual tarifa, desde el 1 de julio de este año. El Ejecutivo ha reducido la propuesta en 10 puntos, con una reducción original del 40%.
Fuentes de la organización aseguran que se mantienen críticos con esta segunda propuesta y que presentarán alegaciones en un futuro. Con esta tarifa, los titulares de las nucleares sufragan la gestión de los residuos radioactivos del combustible gastado que lleva a cabo la compañía pública Enresa.
El Foro ya había presentado alegaciones contra la primera subida del 40%, solicitando más información económica que pudiera explicar el aumento, y la supresión de los extra costes formados por el VII Plan General de Residuos Radiactivos, que "no son imputables a las centrales nucleares."
Consideran justo excluir de los costes del Fondo de Enresa el importe del impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear usado y residuos de misma naturaleza en instalaciones centralizadas. También piden la reasignación al Fondo de Enresa de la recaudación de los impuestos sobre la producción de combustible nuclear y sus respectivos residuos.
Nuevos parámetros
Para fijar la nueva propuesta por parte del Ejecutivo se ha usado como referencia la actualización del valor del fondo de Enresa a 31 de diciembre de 2023, mayor al estimado en la primera propuesta, junto con el valor real del IPC en 2023, menor al estimado originalmente, según explica la memoria del nuevo proyecto de Real Decreto.
"¿Qué es lo que hemos hecho? Nosotros hemos hecho, yo creo, un esfuerzo grande y además hemos sido beneficiarios de la excelente gestión que está haciendo Enresa", afirma Teresa Ribera, ministra. Según Ribera, la tasa ha permitido acumular en el fondo más de 8.000 millones de euros y que la actualización propuesta ahora supone casi 3 euros menos que lo que se recomendó en el informe de la comisión de expertos en 2018 redactado por el anterior gobierno de Mariano Rajoy.