Alberto González Amador denuncia a la fiscal jefe de Madrid y al fiscal de delitos económicos por considerar que revelaron secretos sobre la investigación que pesa sobre su persona
Novedades en el caso de Alberto González Amador y su imputación por dos presuntos delitos tributarios y otro de falsedad documental. La pareja de Isabel Díaz Ayuso ha interpuesto una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, y el fiscal de delitos económicos, Julián Salto, por supuesta revelación de secretos. Una denuncia que surge a raíz de a una nota informativa -difundida por un canal oficial- en el que la Fiscalía de Madrid informaba sobre el intercambio de correos entre el abogado del investigado y el fiscal relativos a la investigación por presunto fraude fiscal que pesa sobre el novio de la presidenta madrileña.
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— La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) April 3, 2024
Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, se querella contra la Fiscalía por un presunto delito de revelación de secretos https://t.co/fINk5aZXfZ#LaHora3A pic.twitter.com/uk7Xlasddp
Desde que estallara todo este caso, han sido varias las sospechas sobre la forma de proceder. Por ejemplo, cómo se filtró a la prensa la investigación o este asunto de la difusión del contenido de correos privados, correspondientes a la negociación de las partes, por canales públicos y oficiales. Actuaciones negligentes que Alberto González lleva, en este segundo caso, a los tribunales de manera oficial. El escrito judicial se ha presentado ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJM, que ya ha incoado unas diligencias y ahora se dará traslado a la Fiscalía para que se pronuncie sobre la admisión de la querella.
La del protagonista -que tendrá que acudir a declarar el próximo mes de mayo- no es la única querella que se ha interpuesto por este motivo contra la Fiscalía. Tal y como anunciaron en su día, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha denunciado por los mismos hechos al considerar que son de "una gravedad sin precedentes". Consideran que se revelaron "datos concretos de unas diligencias de investigación, detallando fechas y contenido de conversaciones y reuniones, produciendo todo ello una ruptura del secreto profesional que ampara las comunicaciones de letrados".