Elisenda Colell
El nuevo organista de la catedral de León sufre acoso de varios convecinos que dudan de su profesionalidad por faltarle dos dedos de la mano derecha. Una mujer invidente no pudo subir a un taxi porque iba con su perro guía. Una aseguradora cobró una tasa nula a una clienta por tener una enfermedad mental. Una niña no pudo ver nada en el concierto de Aitana: le tocó sentarse al final del recinto por tener movilidad reducida. Un espectáculo en Teruel se burlaba de las personas con acondroplasia y El Hormiguero dudó de la capacidad de una candidata sorda que se presentó en las elecciones municipales. Estas son tan solo algunas de las 140 vulneraciones que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) registró en su estudio anual sobre derechos humanos con este colectivo. "Tenemos una legislación de vanguardia que no se cumple, hay un problema de eficacia y de toma de conciencia", denuncia Gregorio Saravia, delegado de derechos humanos para la Convención del CERMI.
Cada año, el CERMI, plataforma estatal que reúne a más de 8.000 asociaciones de personas con discapacidad, elabora un informe sobre cómo se cumple en España la convención de la ONU de los Derechos de las personas con discapacidad. Este año el texto recoge 140 denuncias o incumplimientos, 61 propuestas de mejora y 42 avances. "Nos queda mucho por hacer, aún hay una importante brecha respecto a las personas con discpacidad en España", lamenta Saravia.
Sin poder salir de casa
La sección que acumula más denuncias e incumplimientos tiene que ver con el ámbito de la accesibilidad. "En España hay 100.000 personas que están presas en sus casas porque no pueden salir", explica Saravia. Son personas que requieren de ascensores, rampas o elevadores, pero sus vecinos no pueden, o no quieren, costear las obras que les permitirían salir de casa. El 70% de los inmuebles en España no son accesibles, cuantifica el informe. "Con la ley de vivienda hemos perdido una oportunidad para tratar este tema y dar subvenciones y ayudas a los vecinos que no pueden costear estos sistemas para garantizar viviendas dignas para todo el mundo", cuenta Saravia.
Pero las viviendas no son el único lugar donde se infringe el derecho a la accesibilidad. Hay denuncias de hoteles, restaurantes, catedrales, cines, teatros, edificios públicos (como la Subdelegación del Gobierno en Alicante) y colegios electorales (que el 28M obligaron a varias personas en silla de ruedas a tener que votar en la calle). El 22% de las estaciones de tren tampoco están adaptadas aunque la normativa les obliga a ello. En Madrid, por ejemplo, el 50% de iglesias, el 46% de consultorios médicos, el 32% de las farmacias y el 18% de colegios incumplen la normativa de accesibilidad.
El informe también señala los déficits que sufren las personas sordas, que reclaman presencia de la lengua de signos en informativos y telediarios. También se quejan de que algunas administraciones no permiten opositar con audífonos y destacan el caso de una niña sorda en Sevilla que tuvo que esperar un año y medio para contar con un traductor en lengua de signos en la clase.
Educación de calidad
Precisamente otro foco de quejas es el poco apoyo educativo que reciben las personas con discapacidad. "Según la ONU, la educación debe ser inclusiva y de calidad, pero en España nos encontramos dos problemas. Una, que hay un doble sistema que segrega a los niños con discapacidad, con la existencia de las "escuelas especiales!. La otra, que los modelos inclusivos no lo son porque no tienen suficiente personal ni infraestructura", describe Saravia.
Algunos casos concretos: dos menores con síndrome de Down no pudieron ir a la escuela durante meses por falta de medios; a los padres de una niña con la misma discapacidad se les cobró un "extra" en la guardería por su diagnóstico, y varios menores con discapacidad sufrieron 'bullying' y ni la escuela ni el entorno fueron capaces de terminar con la violencia.
Trabajo y pobreza
Este suspenso en política educativa lleva a otro en el ámbito laboral. Las personas con discapacidad registran el doble de paro que el resto de la población. El número de ocupados fue del 35%, y la tasa de empleo, del 27,8%, 40 puntos menos que las personas sin discapacidad. Los que trabajan cobran 4.506 euros menos al año que el resto de la población: una brecha del 17,8%, que se agrava entre las mujeres y las personas con discapacidad intelectual, que no llegan a los 14.000 euros al año. "Las empresas no facilitan ajustes en los puestos de trabajo, no se cumplen los cupos de contratación, sigue habiendo despidos con trabajadores que tienen una discapacidad sobrevenida o no se les adapta su lugar de trabajo", sigue Saravia.
Este factor lleva a otra brecha: la de la pobreza. En 2022, el 28,8 % del colectivo con discapacidad se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 18,3 % de las personas sin discapacidad, puntualiza el esudio. "Es una situación muy preocupante, que se arrastra de los déficits educativos y laborales. Pero es que además las personas con discapacidad deben asumir muchos más gastos", incide Saravia.
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