La inversión pública constituye una de las palancas fundamentales para impulsar la competitividad, el desarrollo socioeconómico y el bienestar social. Sin embargo, los niveles de inversión actuales, de 39.400 millones de euros en 2022, un 39,4% menos que los 65.000 millones registrados en 2009, retrasarán una década la recuperación de los niveles precrisis, situación que contrasta con la inversión en Francia e Italia, que en 2023 recuperaron dichos niveles. Y si nos ceñimos a las últimas previsiones de la CE, en 2024-2025 España nuevamente se sitúa en la peor ratio de inversión pública por superficie y población de la UE27, con 1.812 euros por km2 y millón de habitantes, un 32% inferior a la ratio de Francia y un 55% inferior a la de Alemania e Italia.
Del catálogo de infraestructuras, las hidráulicas y del ciclo integral del agua constituyen una parte prioritaria y crítica de nuestro stock de capital público.
En materia de regulación hídrica, España, con un stock de 1.225 grandes presas según el inventario oficial, es el quinto país a nivel mundial con el mayor número de estas infraestructuras y el primero de la UE, y con respecto a la reutilización de aguas residuales, según el INE, ocupamos la primera posición de la UE con 532 hm3 reutilizados en 2020, que representa el 11% del volumen de depuración nacional y un tercio del volumen total de reutilización de la UE.
No obstante, con relación al agua subsisten importantes y graves déficits de inversión que han derivado en fuertes sanciones económicas por incumplimiento de la normativa comunitaria, como es el caso de las infraestructuras de tratamiento de aguas residuales, con más de 70 millones de euros abonados hasta la fecha desde la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en 2018. La sequía constituye otro serio y grave problema, cuya resolución se viene afrontando con decisiones de emergencia ex post, ello en sustitución de una adecuada planificación nacional basada en alternativas como la desalinización con recursos de energía renovable, que funciona con éxito en otros países. Y, en último lugar, las inundaciones, siguen constituyendo la mayor catástrofe nacional con cuantiosos daños económicos.
La estadística de la CE revela también una fuerte desinversión en infraestructuras hidráulicas en España. En concreto, la formación bruta de capital fijo-pública en 2022 del conjunto de las Administraciones Públicas en gestión de aguas residuales fue de 467 millones, menos de la mitad que lo invertido en 2007, 1.080 millones. Y con respecto al abastecimiento de agua, en 2022 se invirtieron 539 millones, frente a 1.149 millones en 2007, también un porcentaje inferior a la media de aquella inversión.
En contraste con los datos anteriores, las necesidades de inversión en agua son cada vez superiores. La planificación hidrológica vigente 2022-2027 proyecta 38.000 millones de inversión en 11.677 medidas, y su ejecución en plazo requeriría triplicar la licitación pública hidráulica media actual de las AAPP hasta 2027, de 2.758 a 8.105 millones/año. Conseguir tal objetivo requiere necesariamente la implementación de un plan de acción extraordinario, particularmente en el ámbito de las CCAA y CCLL que concentran el 61% de las inversiones hidráulicas regionalizadas. Por tipología de infraestructura destacan depuración y saneamiento con 11.000 millones de inversión, regadío y abastecimiento con 8.750 millones, gestión del riesgo de inundación y del dominio público hidráulico con 8.090 millones, e infraestructuras de desalinización, reutilización, regulación y recuperación de acuíferos con 3.725 millones.
A las inversiones anteriores, es preciso añadir otras relacionadas con la inminente aprobación por la UE de la nueva Directiva de Aguas Residuales Urbanas y otros déficits en el stock de capital público no recogidos en la planificación hidrológica. En este sentido, alcanzar la neutralidad energética en el stock de depuradoras y desalinizadoras en operación, que representan el 2% del consumo de energía nacional, requerirá 1.540 millones de inversión en infraestructura solar fotovoltaica. En lo relativo a la reposición de nuestras redes de suministro con más de 40 años de antigüedad, es necesario invertir adicionalmente, según estimaciones de AEAS, otros 10.700 millones. Dotar de sistemas de alcantarillado y saneamiento a 108.000 y 863.000 viviendas, respectivamente, que en 2020 carecían de estas infraestructuras según la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales, EIEL, implica invertir adicionalmente 1.490 millones.
Y, en último lugar, abordar la conversión de las redes unitarias de alcantarillado a redes separativas para, entre otros efectos, evitar el negativo impacto de los 7.995 puntos de vertido por desbordamientos del sistema de saneamiento en episodios de lluvia inventariados en España, nos llevaría a un umbral estimado de inversión superior a los 15.000 millones, en los más de 41.000 km de red de alcantarillado de nuestras redes metropolitanas.
Las inversiones hidráulicas anteriores representan un total de 66.000 millones durante la presente década.
En lo que respecta a los recursos públicos para su financiación, además de los recogidos en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado y de las CCAA, disponemos del Plan de Recuperación, que en lo relativo a infraestructuras hidráulicas, contribuye con 1.900 millones a través de sus componentes C4 y C5. Es posible servirse, asimismo de 10.000 millones del objetivo político 2 del Acuerdo de Asociación de España 2021-2027, cuya desagregación se desconoce, si bien cubriría una pequeña parte de las necesidades de inversión.
Como tercera alternativa de financiación pública la Adenda del Plan de Recuperación, y en particular del Fondo de Resiliencia Autonómico gestionado por el BEI y dotado con 20.000 millones de préstamos a 30 años con 10 de carencia, permitiría financiar infraestructuras hidráulicas del ámbito de las CCAA y CCLL, siempre que se pudiese prorrogar el hito de ejecución de 2026, al menos 2 años más, cuestión que depende de la decisión de la CE, al ser técnicamente difícil proyectar, contratar y ejecutar una obra civil en apenas 2 años. Y en último lugar, como instrumento de financiación, los cánones de saneamiento en el recibo del agua, diseñados expresamente para las inversiones del ciclo integral del agua, que ni se aplican en toda España, ni tampoco recuperan el 100% de las inversiones realizadas y por realizar.
En lo que respecta a la financiación privada, hay una enorme liquidez disponible, particularmente interesada en participar en activos de infraestructuras, por definición de titularidad pública, casando el modelo concesional a la perfección con las infraestructuras de saneamiento y depuración, a los efectos de garantizar mediante indicadores y mecanismos de retribución objetivos tanto los volúmenes de tratamiento anual a realizar como la calidad del efluente definida en los pliegos. No obstante, tenemos importantes barreras regulatorias como la Ley de desindexación de la economía española, que incomprensiblemente sigue obstaculizando la colaboración publico privada en infraestructuras, inexistente desde 2015 en la contratación pública nacional.
Tenemos por tanto identificadas y planificadas una gran parte de las necesidades de inversión en agua y disponemos de una oferta empresarial de ingeniería y construcción líder por su competitividad, experiencia, tecnología y capacidad de financiación privada en proyectos de infraestructuras. Cumplir con éxito los retos inversores anteriores depende, fundamentalmente, de la decisión de nuestras AAPP y de una adecuada planificación nacional, técnica y financiera, a corto plazo.