Alberto Fujimori quería eliminar la hiperinflación y derrotar al terrorismo, pero le preocupaba más salvar la bancarrota del Estado (1990). Gastábamos 12% del PBI, recaudábamos 5%, la diferencia de 7% se financiaba con deuda, que, acumulada, llegaba al 90%, impagable. Además, no había cómo financiar el presupuesto. Alberto Andrade se propuso desalojar a los ambulantes del Centro de Lima (1997), no solo por estética o por la competencia ilegal contra los negocios formales, sino que, al ocupar veredas y pistas, impedían el tránsito para socorros de emergencia. Alejandro Toledo heredó la "cédula viva" (2004), pensiones de jubilación indexadas según el aumento de remuneraciones (D. Ley 20530), privilegio de unos pocos trabajadores públicos (1962), que se fue ampliando a los diplomáticos, a los del Banco de la Nación y a los de las empresas estatales. La Constitución la reconoció como un derecho adquirido (1993). Las pensiones de unos 300 mil trabajadores no se pagaban solas; tenían un subsidio equivalente a dos veces el presupuesto de la República.
Los tres casos eran muy complejos y políticamente era más rentable dejarlos pasar, que lo resolviesen otros. Sin embargo, Fujimori llamó a Manuel Estela como primer jefe de la Sunat y Toledo a Javier Neves como ministro de Trabajo. Ambos eran expertos en el problema que se les encargaba. A pesar de eso, sin la vanidad del conocimiento y del prestigio, convocaron a otros expertos y evaluaron todas las propuestas para tener un diagnóstico del problema (1er. paso). Luego, con honestidad política, abrieron el debate para buscar consenso con los actores políticos claves (2do. paso). Finalmente, fueron eficaces para lograr los resultados (3er. paso). Esa es la cadena de la producción de las políticas públicas: un hombre solo no las puede conseguir por muy iluminado que sea, ni por mucho poder que concentre. Es necesario incluir el pensar de otros y el poder de otros. Al final de estas historias, la Sunat se convirtió en una de las islas de eficiencia y se eliminó la "cédula viva", modificando la Constitución. Destacable que, en la fórmula del éxito de la Sunat, Estela agregase la ética; sin ella no habría logrado la autoridad que hoy tiene; y que, en lo de la cédula viva, Neves, que era un laboralista protrabajador, demostrase que el derecho adquirido podía ser modificado si, como era el caso, las aportaciones no justificaban las pensiones y que el enorme subsidio perjudicaba a todos los demás peruanos; un laboralista proempresa no lo habría logrado. Lo de Andrade fue, además, coraje puro. La Policía Nacional, en el acto desalojo mismo que debía apoyar, se volteó para impedirlo, el gobierno central no quería que Andrade cosechara más prestigio. Allí fue cuando Andrade, a pecho descubierto y a la cabeza de su Policía Municipal, se lanzó a ejecutar el desalojo. "Avancen carajo" resume la historia.
Las tres historias desnudan la política barata de nuestros días, como la que incorpora a maestros que no aprobaron sus exámenes; la que prolonga la informalidad de mineros; o la que permite que microbuses informales invadan rutas concesionadas. El populismo solo pone luz en esos intereses particulares que proclama defender, ocultando que son privilegios antidemocráticos, porque perjudican a todos los demás peruanos. Pero estas tres historias también demuestran que fuimos capaces de vencer resistencias, por muy fuertes que hayan sido, para imponer los mayores intereses nacionales. Claro que se necesita conocimiento, conciliación y coraje. Pero sí se puede.
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