Tiempo de San Juan, el pasado viernes dio a conocer en exclusiva que miembros del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) empezaron a ser investigados por presuntos apremios ilegales contra un preso, y también por los delitos de, desobediencia a una orden judicial y falsificación de una firma. Ante esta nota, las autoridades del SPP emitieron un comunicado oficial.
El director del penal, Enrique Delgado y el subdirector, Carlos Suárez, comenzaron su mensaje con: "Las autoridades del Servicio Penitenciario Provincial desean reiterar el firme compromiso con la transparencia y la legalidad en cada una de las operaciones y procedimientos que acontecen en el ámbito de trabajo. La integridad y la ética son pilares fundamentales para el cumplimiento de la misión, esto es, garantizar la seguridad, el orden y la reinserción social de quienes se encuentra bajo nuestra custodia".
Seguidamente, expresaron el compromiso que tienen para "que todos los procedimientos judiciales son realizados conforme a las Leyes de Ejecución Penal y bajo estricto conocimiento de las autoridades naturales y de oficio que componen los Poderes Judiciales".
Sobre el hecho denunciado no dieron ninguna respuesta. De igual forma, otra parte del comunicado dice: "Establecemos la garantía de que cada miembro del SPP obra con integridad, respeto y justicia en todas sus interacciones con los internos, sus familias y la comunidad en general".
Finalmente, las autoridades del Servicio Penitenciario Provincial expresaron que se encuentran a plena disposición para que esta situación sea aclarada: "Los miembros de la Fuerza de Seguridad Penitenciaria se encuentran a plena disposición para dar curso a los procedimientos de investigación que lleven a luz a una posible actuación fuera de la ley y desestimen cualquier manto de sospecha sobre el ejercicio del Servicio Penitenciario, sus autoridades y/o su personal a cargo".
Mirá el comunicado:
¿Qué denuncia está siendo investigada por miembros de UFI Delitos Especiales?
El reo presentó el miércoles 3 de abril un hábeas corpus al juez de garantías Eugenio Maximiliano Barbera -de turno- pidiendo protección. Suárez Garrido denunció que estaba sufriendo hostigamiento, amenazas y agresiones físicas por parte de un oficial penitenciario y otros uniformados, explicó un vocero. Aseguró que temía por su vida y pedía que lo sacaran del pabellón 2, del Sector 4, y lo alojaran en otro sector para garantizar su integridad física.
Frente a esto y los datos que revelaba, incluso dando nombres, el juez ordenó el mismo miércoles al mediodía a las autoridades penitenciarias que en el plazo de 2 horas trasladaran a Suárez Garrido a otro sector de la cárcel, que lo pusieran bajo resguardo y que los guardiacárceles señalados elaboraran un informe sobre la situación.
Lo que llamó la atención fue que, en vez de cumplir con la orden judicial, los penitenciarios supuestamente llevaron al reo a una oficina, lo interrogaron y más tarde enviaron un acta al juez Barbera en la que se señalaba que el interno se desdecía de la denuncia. Según ese escrito, el preso negaba haber sufrido agresiones y pedía que no lo sacaran del pabellón, explicó una fuente del caso. Todo eso con una firma que supuestamente era de su puño y letra. Esto con el fin de dejar sin efecto lo expresado en el habeas corpus.
Cuando ese papel llegó a Tribunales, notaron que la firma de Suárez Garrido estampada en esa acta difería o era muy distinta a la que figuraba en la presentación del hábeas corpus. Pero, además, causó sorpresa el hecho de que los penitenciarios no cumplieran con la orden judicial y en cambio citaran al reo y luego enviaran ese papel al magistrado.
El juez Barbera no se quedó con esa acta que enviaron los penitenciarios y el jueves a la mañana dispuso que llevaran al preso a Tribunales para escucharlo en persona. Suárez Garrido ahí ratificó sus dichos sobre las supuestos maltratos y amenazas, y agregó que después de presentar el hábeas corpus recibió más agresiones y hostigamiento por parte de los uniformados. Admitió que los guardias hablaron con él, pero aclaró que la firma y algunas expresiones citadas en esa "acta", donde supuestamente se rectificaba, no eran suyas.