El PP de Madrid ha denunciado que Hacienda da un trato fiscal distinto a las ayudas a la accesibilidad en la vivienda puestas en marcha por el Gobierno de Ayuso y a las que presta el Estado, motivo por el que lleva este jueves a debate en el pleno de la Asamblea la reforma de la ley del IRPF.
El grupo popular ha detectado que estas subvenciones no juegan en igualdad de condiciones y se las diferencia en función de su origen: si proceden de la Comunidad de Madrid, la Agencia Tributaria trata el ingreso como parte del patrimonio del beneficiario; en cambio, si las da el Estado se les da su naturaleza correspondiente. Así, quienes estuvieran cobrando las del Ejecutivo madrileño estarían en una situación de desigualdad fiscal frente a quienes perciban las estatales.
Esta práctica está afectando, indica el PP, a las ayudas específicas para la mejora de la accesibilidad destinadas a mejorar las condiciones de las viviendas de los madrileños que se encuentran en su propio domicilio con barreras arquitectónicas.
La naturaleza del subsidio sitúa el ingreso fuera del marco de ganancias patrimoniales, aunque «las cantidades recibidas por los ciudadanos en concepto de subvención están siendo consideradas como ganancia patrimonial por parte de la Administración General del Estado», indica la formación. Esto implica una carga fiscal a los beneficiares a efectos del IRPF.
La formación ha tenido constancia de que muchos de los madrileños que reciben las cuantías están recibiendo comunicaciones de la Dirección Provincial del Instituto de la Seguridad Social. En ellas se les comunica que tienen que proceder al reintegro de parte de la concesión por considerar que ésta es una renta derivada del trabajo, del capital o de actividades económicas o ganancias patrimoniales con las que han superado el límite de ingresos legalmente establecido en la ley de Presupuestos Generales del Estado.
Así, subraya el PP que «la Administración General del Estado establece para sus propias ayudas de rehabilitación un tratamiento fiscal favorable en el IRPF, mientras que las ayudas con idéntico objetivo de la Comunidad de Madrid no cuentan con ese tratamiento». «Esto genera una situación de desigualdad a la hora de acceder a las ayudas y contraviene las políticas europeas que han puesto el foco en la rehabilitación de viviendas para la mejora de la habitabilidad», añaden.
La normativa vigente del IRPF reconoce algunos tratamientos específicos que son aplicables a subvenciones vinculadas con la adquisición de vivienda u obras relativas a la rehabilitación que se consideran exentas. Más concretamente, la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, recoge que «no se integrarán en la base imponible de este Impuesto las ayudas concedidas» en virtud de lo dispuesto en diferentes ordenanzas (Real Decreto) que aluden a este tipo de ayudas.
Los damnificados
Los perjudicados por el trato de la Agencia Tributaria serían, principalmente, mujeres mayores de 65 años en situación de viudedad, dado que es el perfil que predomina entre los receptores de los subsidios.
La única solución que encuentran los populares para atajar el problema es modificar la ley del IRPF y reformar parcialmente la de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio para incluir la exención de las ayudas autonómicas destinadas a la rehabilitación de viviendas. Es la propuesta que lleva este jueves a debate al pleno de la Asamblea de Madrid para que se inste al Gobierno de Pedro Sánchez a impulsar los cambios.
Mientras esa reforma no se produzca, entienden que la modificación del Reglamento de la ley podría ser un parche temporal.
La concesión de las ayudas de la Comunidad, promovidas por la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, se pusieron en marcha al amparo de lo dispuesto en la regulación del Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025. Sin embargo, la circunstancia denunciada por el grupo popular de la Asamblea se produce pese a que fue la Administración General del Estado la que estableció entre los programas de ayuda el de mejora de la accesibilidad.
Las subvenciones de la Comunidad se destinan a la instalación de ascensores, salvaescaleras, rampas u otros dispositivos; accesibilidad en el interior de las viviendas -baños o cocinas- y a la instalación de elementos de apoyo o control, entre otras. Cubren hasta un 60% del coste de la intervención, con máximos de 12.500 euros para actuaciones en viviendas unifamiliares, 9.000 por domicilio y 90 por metro cuadrado de local comercial en el caso de edificios residenciales colectivos y 6.000 cuando son para viviendas específicas ubicadas, también, en edificios de tipología residencial colectiva.