El interventor de la Junta de Andalucía que analizó las ayudas concedidas a UGT-A para que ejecutase cursos de formación para trabajadores ha comparecido este miércoles ante la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla en el marco del juicio a la antigua cúpula del sindicato por un presunto fraude en subvenciones. Lo más relevante de su intervención, además de ratificar el informe en el que estableció que los gastos presentados por UGT-A no eran subvencionables, ha sido su insistencia en que la organización beneficiaria de fondos públicos, hasta un importe de 40 millones de euros, no realizó un "esfuerzo" para justificar en que se gastó el dinero que recibió de la Administración. De hecho, ha apostillado que las facturas que presentó, la mayoría con "conceptos genéricos" que no concretaban los servicios prestados, "no eran aceptables y deberían haber sido rechazadas, con independencia de que el servicio se haya prestado o no".
"Hay que conceptuar claramente qué prestaciones soporta una factura", ha espetado Luis Ayala al ser preguntado por el fiscal de Anticorrupción por ese "carácter genérico" de los conceptos que UGT-A incluía en sus facturas. El punto de partida para su reiteración en la no justificación de muchos gastos ha sido el hecho de que "la actividad formativa completa" fue encargada por el sindicato a su entidad vinculada IFES. El perito incluso ha hablado de "carácter abarcador y totalizante" y se ha preguntado por qué UGT facturaba por gastos que en realidad acometía IFES.
"Que el beneficiario de la ayuda [UGT] impute gastos está descartado. De ser posible, habría que haber hecho un esfuerzo en su memoria económica para justificarlos. Me resulta extraño que se puedan encargar gastos por parte del beneficiario si la actividad formativa completa la realiza IFES", ha reflexionado. "Las memorias económicas de UGT solían explicar cómo imputar el gasto pero no por qué ni qué relación han tenido esos gastos con la actividad subvencionada", ha proseguido el perito.
El fiscal le ha mostrado a continuación algunas facturas que sirvieran de ejemplo. Una, de 58.000 euros que Soralpe, entidad instrumental de UGT que alquiló las aulas donde se celebraron los cursos, pasó al propio sindicato. "Es general, no podemos saber en qué han consistido esos trabajos y qué medios personales se han empleado. Vuelvo a lo mismo: en la memoria no se explica qué justificación tiene esa factura", ha respondido.
La segunda ha sido otra factura de Soralpe por importe de 103.000 euros bajo el concepto "asesoramiento". Su contestación ha sido casi idéntica. "El tema es la vinculación directa que debe tener un gasto con la actividad subvencionada. Por la lectura de esta factura, uno no puede saber en qué ha consistido ese asesoramiento", ha dicho.
"Lo que yo he entendido es que UGT encargaba a IFES la actividad formativa completa. Lo que vaya más allá de lo que hizo IFES no debería imputarse a la subvención. Y por lo menos hay que hacer un esfuerzo para justificar los gastos ante la Administración", ha repetido en referencia a los gastos que UGT facturaba a las ayudas públicas.
A continuación ha comenzado el turno de las defensas. Frente a ellas, lo primero que ha hecho el perito ha sido admitir que la norma aplicable a aquellas subvenciones exime al beneficiario de aportar los documentos justificativos de esas ayudas porque de esa tarea se encarga el auditor.
Después se ha centrado en un aspecto más personal y ha sido entonces cuando ha lamentado las condiciones en que debió efectuar la pericia que le encargó el juzgado de Instrucción. Para empezar ha rememorado que fue nombrado en mayo de 2015 y tardó casi cuatro años en entregar el informe definitivo. Entre otras cosas ha criticado que la documentación le fue llegando "no como un desastre" pero sí de manera "desordenada". Y sobre todo que estuvo "solo" y sin dedicación exclusiva a esa investigación, sino que la alternaba con su actividad laboral habitual. "Lo suyo habría sido un interventor y un auditor", ha asegurado. Y cuando una defensa le ha cuestionado si "nada más" que tenía la licenciatura de Derecho, ha bromeado respondiendo que "eso de nada más está bien dicho".
"He hecho lo que he podido. Habrá muchas cosas que estén y a las que yo no he accedido", ha confesado ya en serio. En la misma línea ha admitido que no examinó la contabilidad de UGT-A, en parte "por la dificultad de determinar qué era relevante y qué no" y en parte "porque los problemas por los que se está hoy aquí no tenían que ver con el pago de las subvenciones", que efectivamente se realizó por parte de la Junta.
Ayala también ha dejado claro que a él no le corresponde determinar si hubo un fraude, sólo si los gastos eran imputables o no a las subvenciones otorgadas, si bien ha dejado una reflexión que favorece a las defensas: "Un gasto no elegible no tiene por qué ser defraudatorio", ha afirmado. Ahora bien, ha vuelto a destacar que las facturas, como las presentó UGT, "no son aceptables".