El plan estrella que Compromís diseñó para el entramado urbano de Alzira está más cerca de entrar en una fase de hibernación que en una realidad tangible. Bajo el mandato de Diego Gómez, el gobierno municipal proyectó en el Torrejó una macroárea de emergencias a la que acompañarían varios centenares de viviendas bioclimáticas. Dos argumentos sólidos que permitirían cumplir una asignatura pendiente de todo ejecutivo alzireño: integrar sus barrios más degradados y revitalizarlos. Sin embargo, pasado casi un año de las últimas elecciones, todo apunta a que el mismo partido político va a congelar la iniciativa.
El concejal de Urbanismo, Andrés Gomis, admitió la pasada semana a Levante-EMV que el proceso administrativo iniciado en marzo de 2023 para designar al agente urbanizador del Torrejó estaba a punto de cerrarse. Aunque no dio más detalles sobre el procedimiento elegido. Ya son conocidos los recelos que genera el proyecto de urbanización del bajo Torrejó por su elevado coste económico. Sin embargo, el anterior gobierno, liderado también por Compromís, no tuvo reparos a la hora activar los trámites (incluso por vía de urgencia) necesarios para desarrollarlo. Es más, mientras se paralizaba la maquinaria administrativa a la espera de más informes económicos y jurídicos, el consistorio tramitaba en paralelo el proyecto de construcción de las primeras viviendas.
A día de hoy, la única empresa que se presentó al concurso público ya ha reclamado, mediante la correspondiente demanda judicial, alrededor de 2,2 millones de euros en concepto de indemnización por los servicios técnicos prestados y por la oportunidad de negocio perdida anta la parálisis administrativa. La pasividad siempre tiene un coste para las arcas municipales.
Conexión al hospital
De este modo, poco a poco, se paraliza el proyecto más ambicioso en el que se había embarcado la ciudad en años para transformar parte del casco urbano. No solo al proyectar modelos de vivienda alternativos con unos alquileres asequibles, sino también por la concepción de una gigantesca área de emergencias que ahora se diluye cual terrón de azúcar.
El ayuntamiento completó hace meses el traslado de la Policía Local, pero ha sido el único movimiento al respecto. Cedió hace años una parcela al Consorcio Provincial de Bomberos para la construcción de un nuevo parque no se ha ejecutado. Mientras se barajan otras alternativas, como el polígono industrial El Pla, el actual sigue en zona inundable. También se llegó a proponer la mudanza del acuartelamiento de la Guardia Civil y la habilitación de una sede para los voluntarios de Protección Civil.
A ello se suma el hecho de que renunciar a la urbanización del bajo Torrejó implica, también, la pérdida de un nuevo (y necesario) acceso al Hospital de la Ribera. Por no hablar del conflicto judicial que todavía colea con las familias expropiadas hace tres décadas. Un cúmulo irresuelto de problemas.
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