Sorpresa mayúscula en el Consejo Interterritorial de Salud, que debatía sobre el plan antitabaco 2024-2027. Después de días en los que parecía que las comunidades lideradas por el PP se desmarcaban por completo de citado plan (que habían elaborado sus propios técnicos) alegando que todo era muy precipitado, que no tenía financiación y otras razones similares (se llegó a decir que el plan no había escuchado a la industria tabaquera), los consejeros del PP mostraron su apoyo sin fisuras a este plan, que tiene como objetivos reducir el consumo de tabaco y sus productos y, sobre todo, frenar la entrada al tabaquismo de los más jóvenes. Catalunya, País Vasco, Asturias, Navarra y Canarias fueron las únicas que habían dicho sí con antelación.
Tanto ha sido así que el consejero de Galicia, Julio García Comesaña, ha calificado el día de ayer como de "importante para la lucha" contra esta adicción.
¿Qué ha cambiado para que ahora se produzca ese apoyo? Pues, según Comesaña, convertido en portavoz de los consejeros del PP en esta ocasión, que el equipo de la ministra Mónica García ha incluido en el texto que el dinero que se recaude cuando se suban los impuestos del tabaco a los niveles de la mayoría de los países europeos (en torno a 8 o 10 euros la cajetilla) irán destinados a la lucha contra el tabaquismo.
Y que la ministra también ha escuchado otra de sus demandas, que cuando se redacte la norma que establezca los nuevos espacios sin humo tendrá en cuenta las acciones realizadas en las comunidades autónomas y que no todo será "prohibir y prohibir". El PP está a favor de la autorregulación, pero la ministra defiende que la evidencia muestra que la autorregulación no funciona en salud pública.
Los consejeros del PP reconocen ahora que el plan es un trabajo de todos, incluidas las comunidades, y como muestra de ello es que se han incluido más del 90 por 100 de sus alegaciones. Una satisfacción sorprendente porque horas antes se mascaba el rechazo a un plan que ya recogía las alegaciones de las comunidades autónomas.
Sea como fuere, la realidad es que el plan antitabaco echa a andar y que, a partir de ahora, queda en manos del Gobierno desarrollar las leyes que lleva aparejadas: nuevos espacios sin humo, equiparación del cigarrillo electrónico con los tradiciones, y trabajar con Hacienda para incrementar de manera clara los impuestos a estos productos y que ese aumento vaya destinado al tabaquismo.
Y, según García, no se tardará en que estas normas empiecen a dibujarse y salgan a audiencia pública. El objetivo es que sean aprobadas lo antes posible para "dar vida a la vida", ha indicado.
Desde este momento, el plan pasa a depender, en lo que a normativa se refiere, a manos del Gobierno y del Parlamento, es decir, las comunidades poco tendrán que decir y la discusión se centrará en los partidos políticos. Ellos son los que decidirán finalmente si las terrazas serán espacios libres de humo.