El paro docente impulsado este jueves por CTERA en todo el país tuvo acatamiento dispar en las provincias, mientras que en la marcha al Congreso de la Nación se vivieron momentos de tensión cuando los efectivos de la Policía de la Ciudad activaron el protocolo antipiquete e impidieron que los manifestantes cortaran las calles. La huelga tuvo la adhesión de los profesores universitarios nucleados en Conadu.
Desde CTERA destacaron el "altísimo acatamiento" a la medida de fuerza, cuyos reclamos incluyeron la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y de otros fondos nacionales para educación (como comedores e infraestructura), además de la actualización del salario mínimo de los maestros, la convocatoria de la paritaria nacional –que permanece en cuarto intermedio desde el 12 de marzo–, la suba de las jubilaciones y el envío de los fondos nacionales para las cajas previsionales provinciales.
En CABA, el Gobierno de la Ciudad informó que todas las escuelas estuvieron abiertas y que el 90% de los docentes asistieron a las aulas, a partir de un relevamiento en 492 escuelas. En la provincia de Buenos Aires, el acatamiento a la medida fue mayor, dado que además de SUTEBA adhirió a la medida de fuerza la FEB, el otro gremio mayoritario.
El Ministerio de Educación porteño implementó un "plan de contención" preventivo, y envió docentes itinerantes a las escuelas donde el acatamiento a la medida de fuerza solía ser mayor en años anteriores. "El conflicto es a nivel nacional. Sin embargo, a aquellos docentes porteños que hayan decidido parar se les descontará el día y verán reflejado el descuento en su recibo de sueldo. Asimismo, se les descontará el proporcional del presentismo", señaló la cartera educativa en un comunicado.
A la mañana CTERA marchó al Congreso junto con la CTA de los Trabajadores "en defensa de las jubilaciones y contra el ajuste a la movilidad jubilatoria". La protesta se realizó con normalidad hasta las 12, cuando los agentes de la Policía de la Ciudad recibieron la orden de empujar a los docentes hacia la vereda, con el objetivo de liberar la circulación de vehículos sobre la avenida Entre Ríos, y les arrojaron gas pimienta. Desde CTERA rechazaron en un comunicado "la represión que ejercieron las fuerzas de seguridad hacia quienes nos manifestamos pacíficamente en defensa de la jubilación".
A unas cuadras de ahí, se realizó en Plaza Houssay el "banderazo en defensa de la ciencia y la universidad pública" que organizaron Conadu y Conadu Histórica junto con los gremios docentes de la UBA (FEDUBA y AGD) y con ATE Conicet. Según fuentes gremiales, el paro se sintió con más fuerza en los colegios preuniversitarios, cuyos docentes se vieron afectados por la eliminación del FONID decidida por el gobierno de Javier Milei.
El acto "congregó a docentes universitarios y preuniversitarios, estudiantes e investigadores en defensa de la universidad estatal y gratuita, del salario, de los derechos estudiantiles y del presupuesto para que la universidad pueda funcionar y para que podamos investigar", dijo Ileana Celotto, secretaria general de AGD UBA. El banderazo forma parte de un plan de lucha que continuará con un paro universitario nacional los próximos 10 y 11 de abril.
También hubo una marcha en Neuquén en conmemoración del asesinato del maestro Carlos Fuentealba hace 17 años, el 4 de abril de 2007. Allí la Asociación de Trabajadores de la Educación (ATEN) organizó un acto en Arroyito, al sur de la capital provincial, donde se realizó el operativo represivo que mató a Fuentealba. Participaron unas 10.000 personas, según fuentes gremiales. Desde ATEN reclaman que se juzgue al exgobernador Jorge Sobisch por haber dado la orden de reprimir.
CTERA comenzó hoy una campaña nacional con la que esperan juntar un millón de firmas para exigirle al Gobierno nacional que "garantice la educación pública en todo el país". Mientras tanto, el Gobierno habilitó esta semana el trámite para que las familias soliciten vouchers de ayuda económica para pagar las cuotas de las escuelas privadas subvencionadas durante tres meses.
"Al mismo tiempo que se desfinancia la educación pública, se genera una doble financiación de la educación privada: a la oferta (las subvenciones) y ahora a la demanda (los vouchers). Es un intento de mercantilizar la educación, que busca fomentar la demanda de educación privada y va a profundizar las desigualdades", dijo Sonia Alesso, secretaria general de CTERA, a Infobae.
En Santa Fe, la medida de fuerza nacional llegó luego de que en las semanas previas los gremios provinciales AMSAFE y SADOP realizaran cuatro jornadas de paro, lo que implicó que algunos alumnos hayan tenido solo 6 días de clase en las últimas tres semanas. El gobernador Maximiliano Pullaro lamentó que la medida "golpea a los chicos con menos recursos".
En Córdoba, desde el gremio UEPC estimaron que la adhesión en escuelas públicas fue de un 60%, según informó Cadena 3. Desde AGMER también estimaron un alto acatamiento en Entre Ríos.
En Mendoza, el SUTE denunció la presencia policial en las escuelas: "En un día de paro, la policía recorre amedrentando a los trabajadores. Desde la Dirección General de Escuelas aseguraron que el acatamiento en la provincia fue "casi nulo", aunque desde SUTE lo calificaron como "dispar".
Desde el Gobierno nacional, el vocero presidencial Manuel Adorni cuestionó el paro docente y anunció este miércoles que el Gobierno enviará un proyecto de ley para modificar los artículos 11 y 126 de la Ley de Educación Nacional, "con el objetivo de penar el adoctrinamiento en las escuelas".
También agregó que el Ministerio de Capital Humano "pondrá a disposición un canal para denunciar el adoctrinamiento u la actividad política que no respete la libertad de expresión". En esta línea, la Subsecretaría de Políticas Universitarias ya habilitó una dirección de correo electrónico oficial para recibir denuncias de "persecución ideológica", "adoctrinamiento" u "hostigamiento" en universidades públicas o privadas.
"En 2023 Argentina tuvo la inflación más alta del mundo y los gremios docentes no tomaron ninguna medida de fuerza. El ciclo lectivo lleva menos de 30 días, ¿en qué cabeza cabe tomar una medida de fuerza en este contexto?", dijo Adorni en su conferencia de prensa habitual.
Desde el Gobierno nacional opinaron que se debería descontar el día a los docentes que hayan adherido al paro, una medida que depende de cada jurisdicción. Fuentes de la Secretaría de Educación dijeron a Infobae: "Consideramos que el camino que corresponde es que se descuente el día a quienes adhieran al paro porque son jornadas no trabajadas. En este sentido, queremos remarcar que los alumnos no deben ser rehenes de un conflicto sindical. Por eso, creemos que las jurisdicciones deben arbitrar los medios necesarios para evitar esta situación y sostenemos que el descuento del día no trabajado es una herramienta válida".