Sería literalmente estúpido pensar que los contratos y ayudas del Gobierno a determinadas empresas que colaboraban con los cursos académicos dirigidos por Begoña Gómez colocan a la esposa del presidente en el centro de las sospechas de una extensa cadena de trato de favores. No, en el centro no está Begoña Gómez, sino el mismísimo Pedro Sánchez. Fue el Consejo de Ministros de 5 de mayo del 2020, presidido por el jefe del Gobierno, quien dio luz verde, en plena pandemia, a la autorización a la entidad pública Red.es, dependiente del Ministerio de Economía, a la celebración de un contrato para un Servicio de formación para el empleo juvenil en la economía digital que fue adjudicado parcialmente a la UTE Innova Next-The Valley, uno de cuyos principales accionistas era Carlos Barrabés, socio de Begoña Gómez en la Universidad Complutense.
Apenas un mes después, el 8 de junio, la Plataforma de Contratación del Estado publicó la licitación, con un presupuesto base de 20.661.157,02 euros financiados por el Fondo Social Europeo. El contrato se dividió en seis lotes y se adjudicó en agosto de 2021. El socio de Begoña Gómez presentó su solicitud para optar a dos de ellos, valorados en 7,7 millones, y se los llevó. La mujer de Sánchez avaló a la empresa con una carta, firmada por ella misma, para impulsar las posibilidades de su aliado de negocios. Nada habría sido posible sin el consentimiento de Pedro Sánchez. Y es que el Consejo de Ministros autorizó el procedimiento, cumpliendo así con la Ley de Contratos del Sector Público, que obliga a someter los contratos a su autorización cuando el importe supere los doce millones, como era el caso.
Por eso decimos que no es a Begoña Gómez, sino a Pedro Sánchez, a quien hay que exigirle responsabilidades. No es a la mujer del presidente a quien hay que reclamarle explicaciones, sino a su marido, que está en la obligación -sí, en la obligación- de darlas. Y es él el que está tardando en dar respuesta al alud de dudas y sospechas.