En un giro inesperado que ha sacudido el panorama político y judicial, Rodrigo Londoño, presidente del partido Comunes y excomandante de las Farc, ha lanzado una crítica contundente contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La controversia surge tras la decisión de la Sección de Primera Instancia de la JEP de no asumir la investigación del caso de Rodrigo Granda, implicado en el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, hija del expresidente paraguayo Raúl Cubas.
Esta resolución judicial deja el destino de Granda en manos de Paraguay, donde las autoridades podrían solicitar su extradición. Recordemos que Granda fue detenido en México en 2021 debido a una circular roja de Interpol y tiene una condena por 35 años en Paraguay.
Londoño ha calificado la decisión como una vulneración grave que amenaza la seguridad jurídica del país. "Es un gravísimo incumplimiento", expresó, señalando la importancia de que la JEP mantenga su competencia sobre estos casos. Además, Londoño acusó a la magistratura de la JEP de desviarse de su misión y desnaturalizar su labor, subrayando la gravedad de dejar a Granda a merced de las autoridades paraguayas.
El caso ha generado un debate intenso sobre la jurisdicción y la responsabilidad de los crímenes cometidos durante el conflicto armado, poniendo en relieve la complejidad de la transición hacia la paz y la reconciliación en Colombia.
Qué dijo la JEP de Granda
La reciente resolución de la Jurisdicción Especial para la Paz generó un punto de inflexión en el caso de Rodrigo Granda, excluyéndolo de su jurisdicción y planteando incertidumbre sobre su futuro legal en Colombia. La Sección de Reconocimiento de la JEP, con una votación mayoritaria de 4-1, estableció que el asesinato de Cecilia Cubas, aunque apoyado por el miembro de las Farc antes de 2016, no está vinculado al conflicto armado colombiano. Esta decisión se basa en la evaluación de que la colaboración de Granda con el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) no representa una conexión material con el conflicto interno de Colombia.
El fallo subraya que cualquier intento de la JEP de administrar justicia en un crimen ocurrido en Paraguay sería una infracción al principio de soberanía judicial de dicho país. "La mera colaboración con el EPP no establece ninguna relación con el conflicto armado colombiano", afirma el fallo.
Respetando el principio de territorialidad de la ley penal, la Sección de Reconocimiento concluyó que las leyes colombianas se aplican únicamente a delitos cometidos dentro de sus fronteras. Así, la JEP ha reconocido la autonomía de Paraguay para llevar a cabo la investigación del secuestro y asesinato de Cubas, enfatizando que las capacidades investigativas de las autoridades paraguayas no deben ser ignoradas.
Esta resolución refuerza la postura de la JEP de no tener jurisdicción sobre la justicia paraguaya, complicando la situación de Granda frente a la posibilidad de una extradición, especialmente considerando la circular roja de Interpol emitida por Paraguay, lo que deja su situación legal en una zona de incertidumbre.
Muerte y secuestro de Cubas
El secuestro y asesinato de Cecilia Cubas marcó uno de los episodios más oscuros y dolorosos en la historia reciente de Paraguay. Este crimen, perpetrado en 2004 puso de manifiesto la vulnerabilidad ante actos de violencia extrema y la impunidad con la que operaban ciertos grupos criminales.
Mientras se dirigía a su hogar en la ciudad de San Lorenzo, dos vehículos ejecutaron una emboscada premeditada. En medio de un caótico intercambio de disparos, Cecilia fue secuestrada por individuos que, más tarde, se revelarían como miembros de un grupo criminal organizado.
La familia Cubas, sumida en la desesperación, recibió una demanda de rescate que ascendía a la astronómica suma de 5 millones de dólares. En un intento por asegurar la liberación de Cecilia, se negoció y se pagó una parte del rescate, 300.000 dólares, una cantidad que para muchas familias paraguayas representaría una fortuna. Sin embargo, este acto de fe no fue correspondido; los secuestradores, lejos de mostrar clemencia, mantuvieron su exigencia inicial, demostrando una avaricia y crueldad sin límites.
Cubas fue encontrada sin vida 5 meses después de su secuestro, las pesquisas indican que fue arrojada a la fosa cuando aun estaba con vida.