Cualesquiera que hayan sido los resultados de las elecciones municipales recientes, la realidad es que nueva vez no tenemos mucha esperanza de que los que han resultado ganadores puedan llevar a cabo gestiones que resuelvan situaciones y condiciones que se han mantenido décadas tras décadas en la mayoría de las ciudades y municipios del país. Lo que, si pueden exhibir casi el 100% de los administradores, léase alcaldes de los ayuntamientos, no se refiere a la solución de los grandes problemas que son causantes de un muy bajo nivel de vida de una gran parte de sus munícipes y se refieren fundamentalmente a realizaciones que muy poco agregan calidad de vida.
Debemos recordar que los gobiernos municipales podrían considerarse como un termómetro de cada munícipe, porque son los mas cercanos a la población y por tanto los mas apropiados para ejecutar las diferentes funciones que le corresponden al gobierno central.
La situación de los ayuntamientos se ve doblemente afectada por el incumplimiento de los gobiernos de turno de la asignación del 10% de sus ingresos que acuerda la ley, otorgándoles en promedio solo un 3% y por las desviaciones de los pírricos recursos que reciben que principalmente se destinan a gastos corrientes. Esto último se puede apreciar en el hecho de que aunque la ley 176-07 indica que tan solo el 25% de los ingresos se debe asignar a gastos de personal, por lo limitados recursos, esta asignaciones en muchos casos van mas allá de un 50%.
Si vamos a ponderar las realizaciones de los alcaldes por lo menos de las grandes ciudades del país, habría que partir de las funciones que les corresponden a los gobiernos municipales de acuerdo con la ley 176-07. En las provincias y municipios pequeños cualquier evaluación que se realice, los resultados generalmente arrojarían calificaciones en rojo.
La ley 176-07, les asigna a los ayuntamientos del país, principalmente las siguientes funciones:
Ordenamiento del tránsito de vehículos y personas en las vías urbanas y rurales, instalación del alumbrado público, limpieza vial, normar y gestionar el mantenimiento y uso de las áreas verdes, parques y jardines, construcción de infraestructuras y equipamientos urbanos, pavimentación de las vías públicas urbanas, servicios de limpieza y ornato público, recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos.
Debido a que los recursos asignados a los ayuntamientos ni siquiera se acercan a los que de acuerdo con la ley le corresponden, algunas de estas funciones que involucran inversiones considerables son regularmente asignadas por el poder ejecutivo a otras instituciones del estado, lo cual está contemplado en la citada ley y esta es una de las razones principales por la que la mayoría de los ayuntamientos pueden exhibir pocas realizaciones sobre todo en las que mas afectan a los munícipes.
En las funciones indicadas arriba, merecen destacarse por sus repercusiones sobre los munícipes, las del ordenamiento del tránsito de vehículos y personas en las vías, alumbrado público, limpieza y ornato público, limpieza vial, pavimentación de las vías públicas y construcción de infraestructuras y equipamientos urbanos.
El ordenamiento del tránsito de vehículos y personas que podría considerarse como un gran flagelo o azote a los munícipes habría que decir que ya en nuestro país, no es una función de los ayuntamientos, su intervención en este caso es nula y los actores que regulan estas actividades no realizan su papel. Igual sucede con el alumbrado público y la pavimentación de las calles y avenidas que ha pasado a ser desde hace muchos años funciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y de las empresas que manejan el suministro de energía eléctrica.
Es decir, que los ayuntamientos se han quedado prácticamente con la función de limpieza y ornato, que regularmente realizan con bajas calificaciones.
Para las construcciones de infraestructuras y equipamiento urbano, no queda nada de recursos y algunos ayuntamientos pueden exhibir la construcción y remodelaciones de parques de recreación, que regularmente son financiados con la ayuda del sector privado.
En cuanto a la participación de la población en los procesos correspondientes a las funciones y realizaciones que les competen a los ayuntamientos, no hay costumbre ni tradición en el país de que se integren agrupaciones de los munícipes para representarla, lo que ayuda a que estas gestiones se lleven a cabo mas alejadas de sus verdaderas y esenciales necesidades.