El Ayuntamiento de Palma prorroga por un año la explotación de las instalaciones y servicios de cuatros playas que salieron a concurso en las dos pasadas legislaturas, pese al rechazo del interventor que ha emitido un informe desfavorable a este acuerdo de la Junta de Gobierno aprobado por decreto por el primer edil palmesano, Jaime Martínez.
En concreto se trata de la gestión de las playas de Cala Mayor, Can Pere Antoni y Cala Estancia, Ciudad Jardín, adjudicada en 2017 (menos esta última de 2019) cuya concesión caducaba a finales del presente mes de abril, y que el nuevo equipo de gobierno ha tenido que prorrogar ante la imposibilidad de sacarlas a tiempo a concurso.
Pese al informe desfavorable de control financiero del contrato, emitido el pasado 26 de febrero por el interventor municipal, el primer edil palmesano ha acordado levantar la suspensión y ha autorizado la tramitación de la prórroga extraordinaria del contrato de concesión de los derechos de aprovechamiento de las instalaciones en las citadas playas.
Martínez ha contado con el aval del jefe de servicio del departamento de Interior para una prorroga «por un plazo máximo de un año o hasta la adjudicación de los nuevos contratos», cuyo concurso público aún debe de concretarse y tramitarse.
En este informe se justifica la medida porque los cuatro contratos suponen no sólo los derechos de aprovechamiento de los elementos de temporada, sino una serie de prestaciones que son obligatorias por parte de el Ayuntamiento.
Entre ellas, por ejemplo, la limpieza de la playa y recogida selectiva de los residuos generados; el mantenimiento de los puestos de socorrismo, de los baños públicos, de duchas y papeleras de recogida de residuos; la retirada de la posidonia que se acumule en la arena; la colocación de pasarelas, útiles y elementos para dar acceso en la playa a personas con discapacidad, y el mantenimiento de los rótulos y elementos de señalización de las playas.
Unas prestaciones obligatorias por parte de los Ayuntamientos para unos servicios que no pueden quedar desatendidos a consecuencia de la finalización de los contratos que concluyen el próximo 30 de abril. Y más, como remarca el funcionario municipal, teniendo en cuenta que en 2024, la temporada de playas se ha avanzado al pasado 23 de marzo, al caer la recién concluida Semana Santa, en la última semana del mes pasado.
Hay que recordar que el artículo 115 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, declaró la competencia de los municipios para limpiar y vigilar las playas, razón por la que fueron pasar a tener preferencia en la explotación de los llamados «servicios de temporada».
En estos contratos, el Ayuntamiento trasladó al concesionario la asunción de una serie de servicios de mantenimiento que, aunque lógicamente no son servicios públicos, sí son de competencia municipal.
Dado que, se está tramitando la licitación de estos servicios mediante terceros, y que no podrán estar adjudicados antes de la fecha de la finalización de los contratos (30 de abril de 2024), el jefe del departamento de Interior concluye que «es necesario tramitar la prórroga de dichas concesiones, dado que, de no prorrogar los contratos, quedarían desatendidos los citados servicios de prestación obligatoria».
El informe que avala esta prórroga, por último, precisa que se ha iniciado la tramitación de un proyecto integrado que supone una nueva delimitación de las zonas a ocupar, así como las instalaciones y servicios de prestación obligatoria al dominio público marítimo terrestre.
Esto permitirá, por un lado, redactar los pliegos técnicos y administrativos del contrato para la explotación de los servicios de temporada en las playas del término municipal de Palma, y por otro lado, la tramitación y licitación de los servicios de prestación obligatoria por parte del Ayuntamiento. Sin embargo, «es del todo imposible que estén adjudicados antes de la fecha finalización de los cuatro contratos» el 30 del presente mes de abril, zanja el jefe del departamento de Gobierno Interior.