Como "una madeja difícil de desenredar, que se tira de un hilo y salen miles de puntas", definió una fuente de la Fiscalía la investigación por lavado que se abrió sobre los bienes en poder del empresario asesinado en Punta del Este, Gonzalo Aguiar.
La única fiscalía de lavado de activos a cargo del fiscal Enrique Rodríguez está desde que ocurrió el homicidio de Aguiar a fines de febrero, abocada a este caso para tratar de rastrear el origen de los bienes, y en ese sentido, se pidió el levantamiento de secreto bancario y tributario de todas las personas y empresas vinculadas al empresario.
La Fiscalía rastrea la compra de las casas, de los autos de alta gama y de todo lo que adquirió Aguiar, y que según los empresarios canadienses que lo habían denunciado por estafa, concretó con parte del dinero que le entregaron para poner en marcha Boreal, la planta procesadora de cáñamo medicinal que se había instalado en Salto y despidió a todos sus trabajadores por Whatsapp sin explicaciones, luego de poco tiempo de funcionamiento. Los empresarios dicen haberle entregado US$ 27,5 millones y que sólo invirtió US$ 12,5 millones en la empresa.
Para ello, el fiscal Rodríguez pidió información a bancos, investiga a personas que eran cercanas a Aguiar en la empresa, y también las operaciones que se hacían a través de una casa de cambios en Salto por dónde los canadienses le giraban dinero.
El fiscal también está a la espera de información que pidió a Canadá a través de la Justicia de ese país sobre la actividad y los movimientos de Aguiar en ese país.
"Nada quedará por fuera de la investigación", dijo la fuente al explicar que se intenta realizar una indagatoria exhaustiva con el fin de que la Fiscalía pueda incautar los bienes si se demuestra que fueron adquiridos con dinero proveniente del delito.
Mientras tanto también corre, aunque más lenta, la indagatoria por la estafa presentada por los inversores canadienses. Según supo El Observador, el fiscal de delitos económicos y complejos Gilberto Rodríguez se reunió este lunes con los abogados uruguayos que representan a los canadienses, Bruno Gaiero y Rodolfo Perdomo, para definir los pasos a seguir.
El fiscal resolvió que realizará citaciones en las próximas semanas. Por un lado citará a la expareja, Romina Camejo, para pedirle el video del casamiento e indagar sobre si esa ceremonia fue una puesta en escena tal como dicen los denunciantes. Camejo sigue estando emplazada por la fiscalía de Maldonado que investiga el homicidio y aún no definió si la imputará o la absolverá por legítima defensa, como planteó su abogado, Camilo Silvera.
Por otro lado, citará a unos abogados para que aporten datos de la persona que se hizo pasar por el presidente del BROU Salvador Ferrer en una oportunidad en que los canadienses sospecharon de las intenciones de Aguiar. A través de audios de WhatsApp, el supuesto Ferrer les explicó que un problema legal impedía transferir fondos cuyo origen estaba vinculado a la marihuana por la regulación estadounidense, y que una forma de eludir esta normativa era invertir en otra empresa para que luego esa firma transfiriera las ganancias.
Los denunciantes afirman que se trataba de un abogado uruguayo que trabajaba para Aguiar y que otro empleado del mismo estudio se hizo pasar por oficial de registro civil en el casamiento falso. También sostienen que otra persona fingió ser funcionario de la Secretaría Antilavado en una reunión por zoom entre Aguiar y los inversores, en la que se hablaba de la dificultad para transferir las ganancias del negocio.
Los abogados también pretenden que la Fiscalía investigue a la esposa legítima que Aguiar tenía en Canadá pero el fiscal les explicó a los representantes de los inversores canadienses lo dificultoso que puede ser incorporar documentación en otro idioma que haya que traducir, por los escasos recursos con los que se cuenta.
Como parte de la indagatoria, Rodríguez había pedido a Interpol que realizara allanamientos en la mansión "La Maison" y en la casa donde su expareja mató a Aguiar para confeccionar inventarios de todos los bienes en poder del empresario. Ese inventario será utilizado tanto en la causa de estafa como en la de lavado.
Además de la investigación penal que lleva el fiscal Sebastián Robles para determinar si el homicidio de Aguiar por parte de su expareja fue premeditado o fue un caso de legítima defensa, el fiscal Jorge Vaz comenzó a investigar la denuncia que presentó el diputado de Maldonado por Cabildo Abierto, Sebastián Cal.
Dentro de las primeras medidas que tomó, Vaz pidió al Parlamento de las actas de la sesión de la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia del Senado que fue secreta y en la que Cal habló sobre los audios divulgados por el portal Crónicas del Este, en los que se refería a las advertencias que había hecho a las autoridades sobre Aguiar.
Desde el Parlamento señalaron que se realizó una consulta jurídica y a su vez el senador del FA Eduardo Brenta, quien preside la comisión, también hizo consultas para definir si se las entregan de inmediato a la Fiscalía o esperan a que comparezca el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, quién fue citado el 23 de abril para explicar las actuaciones de su cartera en el tema.
Luego de reunirse con la fiscal de Corte interina, Mónica Ferrero, Cal presentó la denuncia en Maldonado que fue donde ocurrieron los hechos. Según la denuncia que divulgó el periodista Eduardo Preve en radio M24 y cuyo contenido El Observador confirmó, Cal denunció amenazas y vínculos de Aguiar con autoridades.
Cal relató en su denuncia que conoció a Aguiar en setiembre de 2021 en Roma (Italia) en un viaje al que asistió como legislador y también estaba uno de los socios candienses, luego, en mayo de 2022 viajó con él a Colombia porque tenía contactos con la embajada y le pidió que lo ayudara a conseguirle nexos con Ministerio de Agricultura de ese país para que Boreal exportara fertilizantes a Colombia. Finalmente, lo invitó a un viaje a Paraguay al que Cal se negó a asistir y le dijo que no tenía contactos con ese país.
Relató que esa oportunidad en que fue a su casa le sorprendió que tuviera armas de guerra arriba de la mesa, guardias de seguridad armados, y que en varias oportunidades lo vio en la calle con guardias portando fusiles, y que incluso Aguiar le dijo que eran policías y ostentaba sobre sus vínculos políticos.
Después de esa reunión, decidió hablar con el jefe de Policía de Maldonado, Julio Pioli, para advertirle de la actitud sospechosa y de que había policías dándole protección. En diciembre 2022 habló por segunda vez con Pioli del tema y dos días después recibe una amenaza de Aguiar: "Me enteré que estás haciendo denuncias, tenés que dejar de denunciar. Cuando quieras y donde quieras, papá"
Según denunció, ante esa amenza decide poner en conocimiento de la situación al entonces ministro del Interior, Luis Alberto Heber y en enero de 2023, al no tener noticias, hace lo mismo con en entonces secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado.
Luego de que presentó la denuncia el diputado no ha querido hacer declaraciones debido a que "ya está en manos de la Justicia".
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