El Grupo Municipal de Vox presiona al alcalde del PP de Palma, Jaime Martínez, para abrir la oficina antiokupas y le da dos meses de plazo, en concreto hasta 1 de julio, para concretar una iniciativa acordada por ambas formaciones en los presupuestos en vigor del gobierno en minoría de los populares en la capital balear.
El portavoz y número uno de este partido en la capital balear, Fulgencio Coll, ha registrado una extensa propuesta para su debate en el pleno que celebrará el Ayuntamiento el próximo día 25, en la que exige al gobierno municipal «tener en funcionamiento dicha oficina antes del 1 de julio».
Para ello Coll exige a sus socios programáticos «definir antes del 2 de mayo, los cometidos y organización de la oficina de vivienda/ antiokupación para proporcionar un servicio de información y asesoramiento ciudadano en relación con la prevención, la actuación inmediata, en su caso, y las actuaciones posteriores en caso de okupaciones ilegales en curso».
Entre otras cuestiones, Vox quiere que el gobierno municipal defina los protocolos que tendrán que seguir los servicios sociales, seguridad ciudadana, la oficina responsable de empadronamiento y el área de Urbanismo.
Hay que tener presente que el edificio o la vivienda okupada o inquiokupada llega a un nivel de degradación por falta de mantenimiento o por sufrir las acciones de vandalismo de sus ocupantes (cuadro eléctrico conectado ilegalmente sin medidas mínimas de seguridad, acumulación de basura en las intermediaciones, etcétera) que hace necesaria la intervención de los técnicos del área de Urbanismo para identificar esas carencias de seguridad y habitabilidad, con objeto de declarar la vivienda o edificio como inhabitable.
El Grupo Municipal de Vox con seis concejales por 11 del PP (17 de los 29 ediles) le recuerda al alcalde Martínez que el punto 44 del acuerdo 2023-2027 firmado entre el PP de Palma y Vox, recoge el compromiso de «facilitar el acceso a la vivienda de alquiler mediante la creación de una oficina de asesoramiento al arrendador, y garantizar la seguridad jurídica contra la okupación ilegal de viviendas».
Vox incluye en la propuesta una guía detallada de medidas contra la okupación ilegal de viviendas ,y la necesidad de que se realice una formación específica a las fuerzas de seguridad o relativas a ayudas económicas a las víctimas de esta okupación.
En lo referente a los servicios sociales, Vox quiere agilizar la valoración de vulnerabilidad para evitar perjuicios a las víctimas y cumplir plazos judiciales con máximo de 30 días para emitir un informe.
Otra iniciativa en este apartado es que la vulnerabilidad de una familia no debe extenderse sine die, porque supone un fracaso del sistema de Servicios Sociales y de su plan de inserción. Por ello propone revisar, al menos cada seis meses, los cambios en el estatus de la familia, así como para el seguimiento de las acciones de inserción llevadas a cabo.
También quiere que los trabajadores sociales de esa nueva oficina municipal informen al propietario de la vivienda okupada/inquiokupada sobre la condición de vulnerabilidad si el afectado así lo solicita, e incluir en estos informes, el riesgo de exclusión por antecedentes penales o denuncias tramitadas.
Otro de los apartados que figura en la iniciativa, es formar a la Policía Local para asegurar el cumplimiento de medidas cautelares en casos de okupación, independientemente de que sea allanamiento, usurpación o inquiokupación.
En este sentido Vox propone rondas periódicas de vigilancia en zonas de conflictividad derivada de una okupación o inquiokupación, y en los pisos y edificios que tengan esa condición, iniciar procesos coordinados de denuncias de enganches de suministros en colaboración con las compañías suministradoras, crear un registro de esos barrios y facilitando de manera rápida y ágil, la información sobre las actuaciones al respecto.