El cortoplacismo está en el ADN de las políticas populistas y en las crisis exacerba la lógica sectorial del sálvese quien pueda. Pero si no hay largo plazo para la Argentina, no va a haber largo plazo para la energía ni para ninguna otra actividad productiva. El desarrollo del potencial energético que puede devolvernos abundancia relativa, servicios de calidad y precios (tarifas) competitivos depende de metas, planes, estrategias, reglas y horizontes que reconcilien a la Argentina con el futuro. La energía tendrá sus políticas de Estado cuando las tenga el país.
La segunda verdad incómoda es que con un dólar barato y energía cara es imposible desarrollar una estrategia de desarrollo productiva generadora de empleos formales. El atraso cambiario es una constante de nuestra tradición populista, por derecha o por izquierda. Nos permite vivir un tiempo por encima de nuestras posibilidades. En el corto plazo reactiva el consumo y el mercado interno, pero, como la fiesta pasajera se financia con endeudamiento externo o inflacionario, la factura termina reventando las cuentas fiscales y externas.
Al menú de la apreciación cambiaria, el populismo kirchnerista agregó la energía barata. Fue el período más largo de atraso tarifario desde que se llevan estadísticas, pero sirvió a los fines del consumo cortoplacista con réditos electorales. La contracara de esos desvaríos es que la Argentina reincide en estancamiento inflacionario y hoy tiene sólo 8 millones de empleos en el sector formal y 18 millones de beneficiarios de algún ingreso estatal (empleo, jubilación, planes sociales). Una relación insostenible que sólo se puede modificar con una estrategia de desarrollo alternativa con cimientos en la inversión y en el valor agregado exportable. Esa estrategia requiere de un dólar competitivo que se abarate por ganancias de productividad y de un suministro energético confiable con precios competitivos. Lo primero depende de recuperar, transición mediante, las ventajas de los superávits gemelos constituyendo el fondo anticíclico que siempre quedó pendiente; y lo segundo, de la posibilidad de desarrollar nuestra riqueza energética potencial.
La tercera verdad incómoda es que los precios y las tarifas energéticas deben primero reflejar sus costos económicos para volver con el tiempo a ser competitivos. El barril de petróleo es un bien transable y tiene un precio internacional en el que se referencia su costo económico. Los precios de la Argentina superan esa referencia, pero pueden retomarla. Con un barril de crudo que cotice 55 dólares en Texas más los fletes por la condición importadora del país (importamos derivados, pero si hubiera más refinación estaríamos importando crudo), podemos retomar las referencias internacionales sin sobresaltos. El gas natural es menos transable que el petróleo y todavía no tiene un mercado mundial. Su costo económico de oportunidad depende del gas que se debe importar para satisfacer la demanda doméstica o del combustible que lo sustituye. El precio en boca de pozo promedio ponderado de producción local es de 5,89 dólares el millón de BTU. Para suplir la escasez de la producción local en picos de demanda no alcanza lo que podemos importar de Bolivia, y ni siquiera lo que importamos por barco en Bahía Blanca y Escobar. Este año habilitamos una importación de Chile, pero el sustituto de última instancia para lidiar con la escasez de gas es el gasoil (usinas térmicas). El precio al productor local hoy está ajustado al precio de importación por barco, pero cuando los barcos no alcanzan, el costo económico lo marca la importación de Chile o de gasoil (7,13 y 9,5 dólares el millón de BTU).
La electricidad es un bien no transable (salvo mercados de energía integrados). El costo económico tiene como referencia el costo marginal de la unidad generadora menos eficiente pero necesaria para abastecer la demanda. En una transición se puede tomar como referencia el costo promedio. En los últimos meses, el costo marginal promedio de generar un megavatio hora fue de 169 dólares, mientras el costo promedio fue de alrededor de 60 dólares. El precio estacional que paga más del 80% de la demanda es de 18 dólares. Por último, los segmentos regulados de transporte y distribución (gas y electricidad) tienen tarifas reguladas que deben recuperar sus costos (capital y operativos), incluida una rentabilidad sobre el capital. Esas tarifas estuvieron durante años congeladas, y han recibido anticipos de recomposición a cuenta de los procesos de revisión tarifaria integral.
¿Cómo bajar los costos económicos de la energía para tener precios competitivos? Primero, hay que reencontrarse con esos costos, que nos señalan la escasez o abundancia relativa de recursos e infraestructura; segundo, hay que adoptar hábitos y tecnologías de eficiencia y uso racional de la energía; tercero, hay que desarrollar el potencial energético que tenemos con nuevas inversiones.
La cuarta verdad incómoda es que los subsidios energéticos indiscriminados son inequitativos y deben ser reemplazados por subsidios focalizados mediante una tarifa social. El costo del servicio eléctrico y gasífero (producción, transporte y distribución) hoy no es cubierto por la tarifa que paga el consumo. La diferencia es subsidiada por el Estado con impuestos o con emisión inflacionaria, que pagamos todos. El año pasado los subsidios energéticos sumaron casi 22.000 millones de dólares (cuatro puntos del PBI). En los primeros meses del año cayeron alrededor de un 10% en pesos, pero siguen siendo muy altos, a pesar de las recomposiciones tarifarias que los redujeron, porque aumentó el consumo más subsidiado (año más frío) y porque ahora hay nuevos subsidios focalizados en la demanda (3.600.000 usuarios eléctricos; 1.500.000 usuarios de gas natural). Los subsidios focalizados deben mantenerse y los indiscriminados deberán desaparecer para encaminarnos a un programa fiscal equilibrado.
Economista y abogado, fue secretario de Energía y presidente de YPF.