Pasto-Nariño
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, realizó la presentación del informe 'Situación de Derechos Humanos de la Población Minera Colombiana, visibilizando la cara de la economía ilegal', en Pasto, documento que hace parte de la iniciativa de construcción del Observatorio de Derechos Humanos y Minería.
Según Camargo, campesinos y mineros artesanales y ancestrales deben ser protegidos por el Estado, que debe hacer todo lo posible para salvaguardarlos del avance de los actores armados al margen de la ley, pues siguen atentando contra su vida e integridad,.
El documento pone de manifiesto la necesidad de entender las otras dimensiones de la minería, particularmente la minería ancestral y la minería a pequeña escala, pues son los escenarios donde están los mayores desafíos para la protección, garantía y respeto de los derechos humanos.
"A lo largo de las últimas décadas, los grupos armados ilegales en Nariño se habían concentrado principalmente en el negocio de la coca. Llegó a ser el departamento con el mayor número de hectáreas de coca cultivada, sin embargo y tal como lo dijimos a partir de nuestra Alerta Temprana 036 del 2020, la disminución en el precio de la coca y la expansión de las disidencias de las Farc en el territorio nariñense los llevó a interesarse en el negocio de la explotación de oro", explicó Carlos Camargo Assis.
Alerta temprana
La Defensoría del Pueblo advirtió en la Alerta Temprana de Inminencia 008 del 2024 sobre la alianza entre el ELN, la Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc y las Autodefensas Unidas de Nariño para combatir al Estado Mayor Central (también disidente de las Farc), ya que hay interés en el dominio de la zona del Triángulo del Telembí y la subregión de la cordillera nariñense, donde sus reportes indican que hay más de 200 máquinas de explotación criminal.
"El cese al fuego ha sido la patente de corso y el principal motor para las vulneraciones de derechos humanos de la ciudadanía en el último año y medio. Y todo porque ha generado un incremento en la extorsión, lo cual afecta a los más pobres del país. Ha habido, además, un aumento desbordado del reclutamiento de niñas y niños, situación que está exterminando a las comunidades indígenas de la región", manifestó el Defensor del Pueblo.
Se han aprovechado de la generosidad ciega e imprudente del Gobierno, añadió Camargo Assis, "para adueñarse de los territorios, disparando el desplazamiento de las familias campesinas y sometiendo al hambre y al terror a miles de comunidades confinadas".