La Organización de los Estados Americanos (OEA), una entidad con el objetivo de ser un foro político para la toma de decisiones, el diálogo multilateral y la integración de América, garantizó adelantar su asistencia a la República Dominicana y ampliar el personal en la nación caribeña.
La medida se enfocará en asegurar su función de vigilancia y prevenir cualquier acción que amenace los pilares de la democracia, la institucionalidad y la expresión de la voluntad del pueblo. A tan solo 38 días de las elecciones presidenciales y congresuales del 19 de mayo, los avances y acciones de la OEA son bienvenidos, pero no exhaustivos. El país necesita que vayan más lejos del simple aumento de trabajadores y su labor de supervisión.
Su decisión surgió tras la denuncia por parte de una delegación formada por los comisionados de los partidos de la Fuerza del Pueblo (FP), Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Dominicano (PRD), quienes alertaron sobre actos contra la legitimidad del proceso electoral por parte del actual gobierno del PRM.
"Lo que está ocurriendo a nivel general, lo que sentimos en todas partes, es que el gobierno está utilizando recursos del Estado para sonsacar dirigentes y funcionarios electos o candidatos que, habiendo perdido, tienen arrastre en determinadas localidades", dijo Leonel Fernández, el expresidente y líder del partido Fuerza del Pueblo en una entrevista con El Despertador.
Los partidos informaron que proporcionaron, exhaustivamente, múltiples pruebas del "uso abusivo y descarado de los recursos del Estado en favor de los candidatos oficialistas, en detrimento de la oposición".
Entre otras cosas, esto incluyó indicios del otorgamiento de pensiones privilegiadas mediante decreto presidencial a dirigentes de la oposición a cambio de pasar a apoyar al PRM, y la compra vulgar de alcaldes, diputados, senadores, candidatos electos y no electos en las elecciones municipales.
Se indicó que, en adición al uso indebido de los recursos públicos, existe otro aspecto de considerable relevancia: la infiltración en el proceso electoral de fondos ilícitos provenientes del narcotráfico. La delegación advirtió que el presidente Luis Abinader tiene un plan sofisticado orientado a instaurar un modelo hegemónico de partido único, amparado en el dinero del erario y del mercado negro.
Como prueba de esto, hace unos días el exdiputado del PRM Miguel Gutiérrez fue sentenciado a 16 años de cárcel por tráfico de drogas. De acuerdo con la acusación en su contra, el renunciante legislador del partido de Abinader y sus cómplices recibieron ganancias que después se introdujeron a los Estados Unidos y la República Dominicana. Este dinero fue depositado en cuentas a nombre del demandado, sus familiares y sus negocios mantenidos en instituciones financieras dedicadas al comercio interestatal y exterior.
Se suma a esta situación la falta de recursos que llevó a la alianza opositora a reclamar al gobierno el 0.5% de los ingresos nacionales que establece la Ley Electoral, destinados a financiar a las organizaciones políticas durante el año electoral. Desde las elecciones del 2008, incluyendo las del 2016, los gobiernos sucesivos respetaron esta normativa y los fondos fueron entregados con no menos de tres meses de anticipación, lo cual no ha sido el caso en estas elecciones presidenciales.
Encima, la alianza opositora estima que el jefe del Estado y el PRM ya ha comprado 35 alcaldes de los partidos de oposición y 45 directores de distritos municipales, una situación que jamás se había visto en la historia política democrática de la República Dominicana.
Tal y como andan las cosas, la actitud antidemocrática que prevalece por parte del gobierno atenta contra el Estado de derecho y amenaza contra la estabilidad política, social y económica del país. Como dijo el candidato presidencial de la FP, Leonel Fernández, "la democracia se está sustituyendo por la dinerocracia".
De ahí que sea sumamente importante el ir más allá del incremento de los trabajadores de la OEA en RD y su función de vigilancia. Hay que hacer todo lo posible para garantizar que el proceso de elección del próximo dirigente del gobierno dominicano sea legítimo, libre y justo.