El Gobierno otorgó un contrato por más de 85 millones de pesos al jurista chileno José Miguel Vivanco Inostroza, exdirector de la División de las Américas de Human Rights Watch, para el diseño y ejecución de una estrategia de políticas públicas que contribuya a la mitigación de riesgos en materia de derechos humanos.
Ese contrato se ejecutó a través de la compañía Dentons Global Advisors Government Relation, por la suma exacta de RD$85,357,500, con una duración de 14 meses, de los cuales las autoridades adelantaron el pago de 17 millones 71,500 pesos, equivalente al 20 % de lo convenido..
En ningún modo se censura que el Gobierno procure asesoría externa especializada en prevención de crisis de reputación, más ahora cuando el gentilicio nacional de nuevo es objeto de campaña de presión y descrédito relacionado con la crisis haitiana y el tema migratorio.
Resulta difícil de entender que en un mercado de profesionales y entes corporativos extenso, variado y calificado, el Gobierno escogiera a un jurista que, a nombre de Human Rights, acusó a República Dominicana de negar el derecho a la nacionalidad a decenas de miles de ciudadanos de origen haitiano.
La sentencia 168 del Tribunal Constitucional que estableció que sólo se considera como nacionales a las personas nacidas en territorio dominicano de padres dominicanos o residentes legales, desató una cruenta campaña internacional en la que se mercadeó la infamia de que miles de haitianos quedaron en situación de apátridas.
Human Rights, Corte Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional encabezaron el coro de denuestos contra el país, sin querer entender que los haitianos indocumentados nunca extraviaron su nacionalidad ni que el mismo tribunal ordenó al Estado ejecutar un programa nacional de regularización del estatus legal de los afectados.
República Dominicana padece aun severa crisis de reputación por los tantos infundios dirigidos a debilitar su soberanía, como son hoy las presiones foráneas encaminadas a obligar al Gobierno a aceptar en su territorio la instalación de refugios y renunciar al derecho de tutelar el control migratorio.
Razones tendrá el Ministerio de la Presidencia para contratar a ese experimentado jurista chileno para que ayude a subsanar heridas de reputación causadas al gentilicio dominicano durante un doloroso proceso de flagelación internacional en el que el mismo contratado propinó muchos latigazos.