Sabíamos que el de Pedro Sánchez es un Gobierno secuestrado por los independentistas. Pero ahora, con el adelanto electoral en Cataluña, vemos que, además, es un Gobierno herido de muerte. Un Gobierno incapaz de atender obligaciones tan importantes y de tanta trascendencia para los ciudadanos como es la de presentar los Presupuestos Generales del Estado.
Cabe recordar que, en 2018, Sánchez, cuando era líder de la oposición, exigía al entonces presidente Rajoy que convocara elecciones si no era capaz de presentar unos presupuestos. Ahora, sin embargo, se aplica para sí mismo una vez más la ley del embudo y se aferra a su sillón aunque su empecinamiento perjudique a todos los españoles.
Pero es que, además, no disponer de presupuestos, renunciar a aprobarlos, es una decisión que perjudica de manera muy especial a la Región de Murcia, que va a ser sometida a una paralización. Y es que la incompetencia de un Gobierno bloqueado por su dependencia de 7 votos va a dejar en el aire importantes inversiones en nuestra Región. El más del millón y medio de ciudadanos de la Región van a ver peligrar actuaciones en el Mar Menor e inversiones en materia de agua o infraestructuras.
Sánchez vuelve a abandonar a la Región en un escenario de incertidumbre. Y no solo en materia de infraestructuras, sino en cuestiones económicas, puesto que las comunidades autónomas están a merced de lo que decida el Estado respecto a cuestiones vitales como las entregas a cuenta o el objetivo de déficit.
Unas entregas a cuenta que, recordemos, se comunicaron a las comunidades con un inaceptable retraso, hace unos meses, y que ahora, debido a que no va a haber presupuestos, no sabemos si serán definitivas. Y todo porque el Gobierno de Sánchez, inmerso en sus diferentes diatribas y casos de corrupción, no ha sido capaz de ejecutar la herramienta esencial de todo Gobierno, como son los presupuestos. Una vez más, y por su debilidad, somete a la Región de Murcia y al resto de comunidades a una eterna incertidumbre.
Y lo mismo ocurre con los objetivos de déficit. Aún no sabemos si va a ser del 0,3%, del 0,1% o, según el informe en el que se ampara la señora Montero, del 0%. Todavía no sabemos los recursos con los que vamos a contar para asegurar a los ciudadanos de esta Región servicios públicos fundamentales a los que tienen derecho.
Por mucho que el Gobierno de Sánchez lo niegue, estamos asistiendo a un nuevo y probable escenario: primero ha sido la amnistía política, y ahora vamos a la amnistía económica. Un objetivo más de quienes mantienen en el poder a Pedro Sánchez, y que mucho nos tememos que terminará en la meta final, que no es otra que la autodeterminación.
El señor Aragonés, a dos meses de unas elecciones en Cataluña, exige a Sánchez una soberanía fiscal plena. Una independencia fiscal que nos costará a todos los españoles más de 26.000 millones de euros y que perjudicará especialmente a las comunidades autónomas infrafinanciadas, como la nuestra.
Los socios de Sánchez dinamitan, con esta nueva exigencia, la reforma del sistema de financiación autonómica, esencial para la Región de Murcia, la comunidad peor financiada de España. Sería un golpe más a una región que deja de recibir unos 1.100 millones de euros respecto a la comunidad mejor financiada.
Una región que, pese a ser maltratada sistemáticamente por Sánchez, está creciendo por encima de la media nacional, tanto en PIB como en empleo. Cabe preguntarse cuáles serían las cifras de crecimiento de la Región de Murcia si contáramos con una financiación justa.
En cualquier caso, que se plantee una negociación bilateral para privilegiar a los independentistas es, nuevamente, un agravio y un insulto a todos los ciudadanos de la Región de Murcia. Y, de nuevo, nos encontramos con el silencio y la sumisión de los socialistas de la Región. ¿Qué más hace falta para que el Partido Socialista de la Región de Murcia se plante ante Sánchez y defienda, de una vez por todas, los intereses de esta región?
Frente a un Pedro Sánchez que castiga una vez más a la región, desde el Partido Popular de la Región de Murcia vamos a oponernos con todos los mecanismos necesarios para parar esta medida que, además de ser inconstitucional, es tremendamente insolidaria. Vamos a seguir defendiendo, sin descanso, los intereses del más del millón y medio de ciudadanos de esta región.
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