Nueva York – El director de políticas del Centro para la Nueva Economía (CNE), Sergio Marxuarch, anticipó que si el Plan de Ajuste de Deuda (PAD) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) es confirmado por la jueza federal Laura Taylor Swain como se prevé muy probablemente el litigio llegará al Primer Circuito de Apelaciones de Boston.
En entrevista con El Diario, el economista dijo que vislumbra apelaciones ante ese foro en vista de las objeciones al plan propuesto por la Junta de Control Fiscal (FOMB) a la jueza del distrito sur de Nueva York, lo que podría retrasar la entrada en vigor de sus disposiciones.
La Junta, creada en el 2016 como resultado de la aprobación de la Ley PROMESA en el Congreso de Estados Unidos, administra desde entonces las finanzas en el territorio y es el organismo que debe presentar un plan a Taylor Swain. La labor principal de la jueza en este proceso es decidir si lo aprueba o no.
"Yo creo que la jueza Taylor Swain va a certificar el plan. Llevan 7 años ya en este litigio, y yo creo que ella ha demostrado que quiere darle punto final a esto…Ella certifica el plan, y el proceso sería entonces que las partes que estarían en contra, pueden apelar, como es su derecho, a la corte del primer circuito en Boston. Y esa apelación pudiera tardar meses o un año, depende del calendario de la corte. O sea, que no sería final y firme hasta que esa decisión baje del tribunal de Boston", anticipó Marxuarch, graduado de economía y ciencias políticas en Yale University.
"Lo más probable es que los bonistas que se oponen, que son varios, además de otros acreedores que están en contra del plan, pues, probablemente, lleven a cabo una apelación, y ese proceso tal vez dure poco más de un año…siempre es difícil calcular porque depende del calendario que tengan en Boston. Eso es lo que la mayoría de las personas esperan", agregó a preguntas de este rotativo.
Según explicó Marxuarch, la mayoría de las apelaciones estarían relacionadas con los bonistas que piden que se les devuelva más de lo que les correspondería por ley.
"Yo creo que está bastante claro que estos bonos no estaban asegurados…Los documentos de emisiones de bonos siempre decían que primero habría que cubrir los gastos operacionales de la Autoridad, y, después que se cubran los gastos operacionales, de ahí es que se paga la deuda. Pero, poco a poco, al aumentar el nivel de endeudamiento, cada año había que pagar más y más, y a la Autoridad también se le hacía difícil seguir aumentando los precios, porque la gente va a empezar a instalar sistemas solares (que es lo que estamos viendo) o a tratar de desconectarse o reducir su dependencia a la Autoridad. Ese argumento la jueza lo analizó, y la opinión está muy bien redactada. Pero, eso es precisamente, lo que se va a apelar, y tendrán que convencer al tribunal de Boston de que la jueza no estaba correcta en derecho. Yo lo veo difícil, pero en nuestro sistema eso está permitido, así que ya veremos", abundó.
El asesor general de CNE no ve muchas posibilidades de que Taylor Swain ordene que las partes sigan negociando.
"Lo que dice PROMESA es que el plan se certifica o no se certifica. Esas son las dos opciones que ella tiene bajo PROMESA. Ella no puede hacer nada más. Ella no lo puede enmendar. En teoría tendría una tercera opción que sería decir que sigan negociando, pero yo dudo seriamente que eso pase. Le acaba de dedicar más de dos semanas en corte a escuchar testimonios de todas las partes; se le dio oportunidad a algunos ciudadanos también a que presentaran su argumento a favor o en contra. O sea que dado que esas son las dos opciones principales, o se certifica o no se certifica, yo creo que ella lo va a certificar", insistió el experto.
El PAD que sometió la Junta a Taylor Swain implica una reducción del 75 % de la deuda inicial, equivalente a unos $2,600 millones de $10,000 millones.
El gobierno de Puerto Rico celebra que la Junta de Control Fiscal consiguió el respaldo del 40% de los acreedores para avanzar con el proceso de reestructuración con un monto reducido.
Sin embargo, objetores, como el grupo organizado de bonistas de la AEE (Ad Hoc-AEE) liderado por GoldenTree Asset Management, y la aseguradora Assured Guaranty, plantearon que las proyecciones de la Junta son erradas y no consideran aspectos como una supuesta mejoría en la actividad económica de Puerto Rico en años recientes.
También argumentaron ante la jueza de NY que los análisis no son certeros en cuanto a estimados sobre demanda de electricidad.
Las dos semanas de audiencias realizadas en Puerto Rico para escuchar la posición de las partes en el litigio por el proceso de quiebra de Puerto Rico bajo el Título III de PROMESA culminaron el 18 de marzo.
El tema que acaparó el debate público fue el llamado cargo legado contenido en el PAD o aumento en la tarifa eléctrica que los residentes de la isla deberán pagar por 30 años para cumplir con los bonistas.
Limitado el poder del Negociado de Energía para frenar aumento en la tarifa de luz
En ese sentido, el entrevistado consideró que el campo de acción de entidades como el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) para frenar cualquier aumento de tarifa es limitado dado que las autoridades en la isla siempre tendrán que tomar en consideración el servicio de la deuda.
"Aquí lo que no está claro es qué rol jugaría el Negociado de Energía hacia el futuro. Las partes en el litigio están claramente delineadas y cada una tiene una función. Lo que no sabemos es qué 'standing' va a tener el Negociado para verdaderamente poder reducir las tarifas para que se pueda hacer la transición a renovable. Siempre, mientras estén vigentes los bonos que se emitan nuevos para reemplazar los viejos de la Autoridad, se va a tener que separar una cantidad de dinero x al año para pagarlo, y eso va a influir en las tarifas, porque vas a tener que incluir ese elemento. No lo puedes echar a un lado y decir, 'pues, vamos a dejar de pagar esto porque la obligación existe'", expuso.
Marxuarch añadió que, partiendo de esa premisa, no es certero que la decisión final le corresponde al Negociado.
"Yo he escuchado esos comentarios y son un poco engañosos. Eso no es totalmente cierto. Si esto se certifica por la corte y el tribunal de Boston lo deja en vigor, pues esto va a ser una obligación legal que tiene, y los bonistas pueden ir a Nueva York a pedir; ya no es la jurisdicción de Puerto Rico. Los bonos nuevos se emitirían sujetos a la ley y al tribunal del estado de Nueva York. O sea, que irían a Nueva York a pedir que se cumpla, y las leyes del estado de NY tienden a ser más favorecedoras a los acreedores. No es tan fácil como decir, 'no, el Negociado va a bregar con eso'", señaló Marxuarch quien por cinco años formó parte de la firma legal Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP en NY.
¿Dónde queda el impulso de la energía renovable?
A preguntas sobre, si con el plan como está propuesto se retrasa o se avanza en el impulso de energía renovable, el portavoz de CNE dijo que todo dependerá de cómo se aplica el llamado cargo legado.
"El plan incluye un cargo legado que ha pasado por varias alteraciones. En la medida en que ese cargo se le imponga a las personas que tienen sistemas solares, habría que ver cómo aplicaría. Hay quienes dicen que se aplicaría al consumo neto que compren de la Autoridad; hay gente que dice que aplicaría a todo lo que generen. O sea, hay que ver los detalles finales de cómo queda esto. Pero, ciertamente, a las personas de medianos y bajos ingresos que tendrían que tomar prestado dinero para montar uno de estos sistemas, pues añadiendo este cargo, dependiendo cuán alto sea y cómo se calcule, le puede crear un desincentivo y hasta sacarlos del margen que tienen para poder montar estos sistemas, a menos que se consiga algún tipo de subsidio ya sea del gobierno central o federal, que ahora mismo no se contempla más allá del programa que tiene el Departamento de Energía", analizó.
"La persona de clase media, cuyo ingreso no sobrepase los $50,000 dólares al año, pues a ese hogar se le va a hacer muy difícil poder montar un sistema de $25,000", puso como ejemplo.
El también subsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico (DDEC) alertó sobre la falta de coordinación entre los procesos para ajustar las finanzas la AEE y los de las autoridades en Puerto Rico para avanzar hacia la meta de operar bajo un 100 % de energía renovable de aquí al 2050.
"Son carriles separados, ese es el problema que estamos viendo. El carril de reestructurar las finanzas de la Autoridad de Energía Eléctrica está corriendo separado del carril de la ley estatal de Puerto Rico (Ley 17 de 2019) que es la que requiere que hagamos esa transición 100 % (a energía renovable). Y en la medida en que no haya una conexión entre esos dos procesos, pues van a surgir divergencias, van a haber contradicciones y obstáculos en el camino, porque el grupo que está a cargo de reestructurar la deuda se está dejando llevar por unas reglas y por un proceso que es diferente; y por lo menos hasta hora, no ha estado conectado con el proceso que está llevando a cabo el Negociado de Energía (NEPR) con LUMA Energy y Genera PR para hacer la transición a renovable", consideró.
Marxuarch, sin embargo, no anticipa que leyes como la 17 (Ley de Política Pública Energética) sean derogadas como resultado de la aplicación del PAD, debido a que el sentir generalizado es que la mejor manera de bajar el costo eléctrico y mitigar los efectos del cambio climático es, precisamente, mediante el impulso de sistemas de energía renovable.
"Yo lo veo poco probable para ser honestos. Esa ley se aprobó y hay una razón, no es un capricho político. Se sabe que el mundo completo se está moviendo a energía renovable, número uno. Número 2, la manera a largo plazo más efectiva para reducir el costo de la energía en Puerto Rico es salir del petróleo y el gas natural. Lo que pasa es que hay que hacer una inversión bien grande en panes solares, molinos, baterías, en conexiones al sistema, y cómo se financia esa inversión, pues es caro. Pero, si se puede hacer esa inversión, el costo de electricidad en P.R. va a reducirse. Ahora, no va a ser en seis meses. Estamos hablando de una inversión que puede tomar 10, 15 años. Y por eso es que hay planificar a largo plazo", sostuvo.
Otro asunto que hay que revisar, según Marxuarch, es el desfase en las proyecciones en cuanto a demanda de energía en P.R.
"Aquí también hay algo que está en juego que muy pocas personas han mirado y que complica un poco la ecuación también, y es que nadie sabe a ciencia cierta cuál va a ser la demanda de energía eléctrica en P.R. de aquí a 30, 40 años; es imposible saberlo. El proceso requiere que hagamos un estimado, algún tipo de proyección, y las proyecciones que se están utilizando en la corte no son las mismas proyecciones que se están utilizando para planificar la transición a energía renovable. Entonces, puedes tener un desfase entre las proyecciones que te garantizarían cierta cantidad de dinero…y otras proyecciones que se utilizan para planificar el sistema. Entonces, si tú usas unas proyecciones que son demasiado bajitas para planificar el sistema, y unas que son demasiado altas para pagarle a los bonistas, no vas a poder cumplir con la obligación. Volvemos, es importante que las partes se sienten, y yo creo que el Negociado de Energía tiene ese rol bajo la ley que lo creó de crear algún tipo de equilibrio entre las proyecciones que se utilizan en la corte y las proyecciones que se están utilizando para planificar las operaciones del sistema, porque la única fuente de dinero que tiene la Autoridad es operando el sistema", comparó.
El economista además planteó que para que la reestructuración sea sostenible la Autoridad debe mejorar su eficiencia en términos de transmisión, por ejemplo.
"Gran parte del problema que tiene la Autoridad es que por muchos años ha sido sumamente ineficiente; se pierde electricidad en la transmisión; no se le da el mantenimiento adecuado a las líneas, a las plantas generadoras. En la medida en que ese estado de situación siga, va a afectar las ventas de electricidad en P.R. y va a ser difícil repagar la obligación completa", puntualizó.