El Partido Popular ha decidido delegar en Vox el carpetazo a la Ley de Memoria Democrática en Balears, normativa gracias a la cual el Parlament condenaba la dictadura franquista y rechazaba cualquier totalitarismo y régimen antidemocrático. Una derogación que viene recogida en el acuerdo de investidura firmado entre ambas formaciones, quienes justifican la decisión para «evitar la manipulación histórica y el uso partidista de las víctimas y del drama del enfrentamiento civil».
Así, fuentes vinculadas al PP confirman que durante la comisión de seguimiento del acuerdo se estipuló que sería Vox el encargado de liderar la Proposición de Ley en la Cámara Autonómica. Una propuesta que los ultraconservadores presentarán de forma «inminente» en el Parlament una vez obtengan la aprobación definitiva por parte de la dirección nacional, según confirmó ayer la portavoz Idoia Ribas. En relación a los plazos, el objetivo que se marcan es acabar con dicha normativa antes de que llegue el verano (segundo trimestre de 2024).
De esta forma, se derogará la Ley 2/2018, de 13 de abril, de memoria y reconocimiento democráticos de Balears. Una disposición que, según queda recogido en la exposición de motivos, tiene como objeto el reconocimiento y la garantía de los derechos a la reparación, a la verdad y a la justicia de todas las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista. Además, con esta ley el Parlament condenaba por primera vez la dictadura franquista. No obstante, desde el PP consideran que no es necesario contar con una normativa que no despierta unanimidad entre los grupos parlamentarios.
Por este motivo, ambas formaciones derogarán este precepto y mantendrán la Ley 10/2016, para la recuperación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el franquismo, más conocida como Ley de Fosas. Por su parte, el Gobierno central ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la derogación de la Ley de Memoria Democrática que se llevó a cabo en Aragón, así como en el resto de autonomías donde se planteen estas modificaciones. El ministro Ángel Víctor Torres aseguró que la intención de Vox es blanquear el franquismo.
«Manipular la historia»
En relación a esta cuestión, Ribas justificó la derogación de la normativa al considerar que «manipula» la historia. «No estamos en contra de que las personas puedan recuperar los restos de sus antepasados, estamos en contra de que no se deje pensar libremente a las personas y de que solamente se fiscalice un periodo de la historia con intereses partidistas e ideológicos», determinó la portavoz de los ultraderechistas. En el caso del portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, defendió que es uno de los puntos que formaban parte del acuerdo de investidura. «En la mayoría de comunidades solo existe la Ley de Fosas, que es la que vamos a mantener. Creemos que se tiene que seguir trabajando para recuperar los cuerpos desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo, tanto de un bando como de otro para restituir la dignidad de personas y familias», detalló Sagreras.
Por parte del PSIB-PSOE, el portavoz socialista Iago Negueruela se mostró muy crítico con la decisión, cuestionando si el hecho de que el PP haya delegado la iniciativa en Vox ha sido a cambio de que la presidenta Marga Prohens no comparezca en la comisión de investigación de la trama Koldo. «Este precio que está pagando el PP no debería permitirse con una ley de Memoria donde apoyaron la mayoría de su articulado. Entregar esta ley va en contra de la democracia y la Constitución», expresó Negueruela.
En el caso de Més per Mallorca, el portavoz ecosoberanista Lluís Apesteguia aseguró que es «parte del peaje» que está pagando el PP por recibir el apoyo de sus socios ultraderechistas. «Que renuncie a su camino y se entregue a los postulados de Vox lo aleja de la centralidad y la mayoría política. Desde Més seguiremos reivindicando a las personas que lucharon por la democracia y esta ley volverá a ser aprobada», concluyó Apesteguia.
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