El Gobierno aprobó ayer el real decreto que establece la regulación definitiva que deberán seguir los influencers, después de que en enero ya se hiciera público el borrador de dicha reglamentación. De este modo, desde hoy se considerará influencer o "usuarios de especial relevancia (UER)" aquellos que facturen 300.000 euros, los que superen el millón de seguidores en una única plataforma o los dos millones en el global de su actividad, y que hayan publicado o compartido 24 o más vídeos al año.
En este sentido, el real decreto fija unos criterios más estrictos que el borrador, puesto que este consideraba un UER aquel que tenía dos millones de seguidores en al menos una plataforma y una facturación anual de 500.000 euros.
Según datos de laps4, en España hay 1.100 influencres con más de un millón. La cifra es mucho menor en el caso de los que superan los 2 millones. En esta categoría entrarían perfiles de Instagram como el de Ibai Llanos (10,4 millones), María Pombo (3,1), Dulceida (3,4), o Laura Escanes (1,9).
Sanciones
Los infractores de la nueva ley se arriesgan a multas que van desde los 10.000 euros y hasta los 1,5 millones de euros
Todos los influencers que cumplan los criterios establecidos en el real decreto que ayer aprobó el Consejo de Ministros deberán inscribirse en el plazo de dos meses en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales como "usuarios de especial relevancia'".
A partir de ese momento, estarán obligados a cumplir con la normativa en materia de protección de menores y de publicidad en el ámbito audiovisual, tales como identificar los espacios publicitarios, no hacer publicidad de tabaco, medicamentos o alcohol, ni publicitar anuncios que generen un perjuicio psicológico o físico a menores. Además, deberán etiquetar los contenidos desde el punto de vista de la edad a la que van dirigidos, y regirse por un código de conducta que tendrán que acordar con los reguladores en este ámbito. Los infractores tendrán que hacer frente a multas desde 10.000 euros y de hasta 1,5 millones de euros dependiendo de la gravedad de la infracción y del nivel de facturación.
Con esta regulación se intenta dar mayor protección a los consumidores, especialmente a los menores, y más seguridad jurídica a estos usuarios, que han alcanzado un notable volumen económico en las plataformas de intercambio de videos a través de las que difunden sus contenidos.
Las televisiones comerciales habían pedido al Gobierno que limitara los umbrales de ingresos y los niveles de audiencia para considerar a alguien como UER: los que tuvieran al menos 100.000 seguidores y facturasen 100.000 euros. Esa fue una de las alegaciones que hizo en su momento la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (Uteca) al borrador de real decreto y también la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC).