Cambiemos sufrió en pocas horas dos derrotas en el Congreso que, aunque no definitivas, son indudablemente significativas.
La primera le vino desde adentro, de la mano de Carrió, que desbarató el laborioso acuerdo tejido con Pichetto y con Massa para conseguir el próximo año el desplazamiento de Gils Carbó de la Procuración General.
Ese organismo no es parte del Poder Judicial pero interacciona directamente con él a través de los fiscales, y con Gils Carbó al frente ofrece poco y nada de autárquico.
Su función específica de defensa de los intereses del Estado, entre ellos contribuir a la Justicia, quedó no pocas veces y visiblemente superada por la defensa de intereses del kirchnerismo. No contribuyó, obstaculizó en nombre de un proyecto y una concepción política.
Las razones de Carrió son para otro análisis. El hecho concreto es que la coalición de la que es socia principal tuvo que retirar el proyecto y buscar por otra vía concretar su propósito.
Correr a Gils Carbó de su cargo con eventual anuencia peronista para un juicio político sin duda estridente en la opinión pública especialmente en temporada de caza de votos para la renovación legislativa, exigirá un esfuerzo superior al que demandó el tejido de los acuerdos volteados.
De algún modo esa vía entraría directamente en la compleja interna peronista apurando lo que en el peronismo se va haciendo con pasos cuidadosos y lentos.
La segunda derrota o fracaso fue con el proyecto de ley macrista de Participación Público-Privada pensada para captar entre 30 y 40 mil millones de dólares de inversión para grandes obras de infraestructura.
El Gobierno daba por descontada su aprobación, sancionada por el Senado, pero con sorpresa, massistas y kirchneristas se opusieron y el proyecto volvió a comisión.
Otro retroceso impensado para una administración que no está acostumbrada, todavía, a llevarse una pared por delante.
Como con el caso del funcionamiento de la Justicia y en especial en lo que respecta a la inseguridad, la obra pública está también bajo un escrutinio general mucho más severo que antes.
Está a la vista la corrupción pero también su producto: la ausencia de obras de efectos directos sobre la población.
No es gratis que Massa haya salido ayer a negar que el rechazo (que no es definitivo sino para más discusión) de la ley para las obras públicas no fue una venganza contra Cambiemos por la marcha atrás con el acuerdo sobre la Procuración.
Dijo: "No fue una victoria o una derrota de nadie". Luego, medio mundo añade lo políticamente clásico: para eso está el Congreso.
Para Macri y para Cambiemos fue una lección de política para asimilar.
El Presidente prefiere negociar ley por ley siempre con el toma y daca clásico a mano, algo que tampoco es disimulable como antes lo fue. En su interna, el radicalismo insiste en la búsqueda de acuerdos más amplios y estables.
A esta suma habría que agregar la concreta posibilidad de que el peronismo le aseste en el Senado un golpe de muerte a la boleta electrónica, sobre la que especialistas en seguridad informática han advertido sobre sus posibles vulnerabilidades y han desafiado a una auditoría pública a sus promotores.