Masificación. Es el eje del discurso de las asociaciones convocantes de la concentración del próximo día 20 bajo el lema Canarias tiene un límite. Un discurso en el que se mezclan distintos problemas socioeconómicos –la cuestión del agua, la vivienda, las deficiencias en la sanidad, la congestión del tráfico...– en los que subyace, sostienen, un «modelo de desarrollo económico» que «ha destruido por completo la calidad de vida». Pese al trazo grueso de este tipo de mensajes, la convocatoria ha despertado cierta preocupación en el Gobierno de Canarias. El Archipiélago es una de las potencias del sector donde la turismofobia no ha arraigado, pero movilizaciones como la prevista para el día 20 pueden ser un caldo de cultivo. ¿Está Canarias masificada?
«En Canarias no hay un problema general de congestión y overtourism». Es una de las conclusiones de los investigadores de la Universidad de La Laguna y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que redactaron el reciente informe –de 2023– sobre la Sostenibilidad del turismo en Canarias. Esto, por supuesto, no quiere decir que la actividad no genere «efectos negativos», que de hecho los genera como cualquier otra, pero el agravamiento de esos problemas no se produce por un mayor número de visitantes, sino por la deficitaria gestión de aquellos. La falta de viviendas, por ejemplo, es uno de esos efectos negativos que la industria puede acentuar, sí, pero del que en modo alguno es responsable. El origen de la carestía de los inmuebles hay que buscarlo en esos años en los que la Administración pública no levantó ni promovió ni una sola casa. Ni una, literalmente. Es un problema de falta de oferta que el Gobierno regional pretende solucionar con un nuevo plan entre cuyos pilares está la construcción de tantas viviendas como sea posible.
La manifestación del 20 de abril genera inquietud en el Gobierno, que pide «sentido común»
Una de esas consecuencias negativas que apuntan los investigadores de las dos universidades públicas isleñas es la «congestión» de «determinados espacios naturales». Pero de nuevo se pone el foco sobre ese «déficit de gestión». Dicho de otro modo: descongestionar esos espacios naturales pasa por ordenar y planificar, en definitiva, por gestionar mejor. Eso sí, una cosa es que haya espacios congestionados y otra muy distinta es que las Islas estén congestionadas, y mucho menos que hayan «colapsado», tal como sostienen las organizaciones convocantes de la manifestación en referencia, en concreto, a Tenerife. Y, en todo caso, la cuestión de fondo es siempre la misma: ¿la culpa es del turismo o de una incorrecta planificación? Un ejemplo claro está en la red viaria. «Trayectos en carretera de diez minutos se convierten en hora y media», recuerdan las asociaciones que organizan la movilización, y hasta se quedan cortas, porque a primera hora de la mañana basta un leve accidente en la autopista del norte de Tenerife –la TF-5, el paradigma de la congestión– para irse por encima de las dos horas en cubrir los 36 kilómetros que separan el Puerto de la Cruz de la capital. Sin embargo, ¿cuántos turistas circulan por la TF-5 a esas horas? ¿Circula alguno? Ninguno. O casi ninguno. Algo parecido ocurre con los problemas con las aguas, otro de esos asuntos que las organizaciones convocantes sacan a colación. Ni los emisarios descontrolados ni las enormes pérdidas en la red de suministro –que suelen soslayarse en el discurso de políticos e instituciones al amparo del argumento del cambio climático y la sequía– tienen nada que ver con los turistas. Son de nuevo problemas de mala planificación hidrológica, irresueltos o a medio resolver, que no se van a solucionar vaciando piscinas.
El caso es que resulta arriesgado hablar en términos de colapso, saturación o masificación cuando hasta un 93% de las pernoctaciones en hoteles y apartamentos del Archipiélago se registra en establecimientos ubicados en 47 microdestinos que, en total, ocupan un 1,76% del territorio. Un éxito de planificación –aquí sí– que ha dibujado un «modelo turístico» que «se ha caracterizado tradicionalmente por la especialización de usos entre las principales zonas turísticas y las residenciales, contribuyendo a reducir los impactos negativos de la concentración turística». Un cuidado equilibrio que se ha visto alterado en los últimos años por la residencialización de zonas turísticas y la turistificación de zonas residenciales al calor del auge de la vivienda vacacional, que a su vez ha agravado la carestía inmobiliaria. Es esta invasión de espacios antes bien delimitados lo que de algún modo debe paliar la nueva ley que regulará el alquiler turístico. Han confluido así esa bajísima oferta de viviendas con el trasvase de casas y pisos del mercado residencial al vacacional, con lo que es fácil señalar al turismo como el origen de un problema que, cabe insistir, poco o nada tiene que ver con los visitantes. Un problema, cabe precisar, que no se soluciona con fórmulas en apariencia bienintencionadas como la de topar los precios, una vía que ha sido un fracaso allí donde se ha aplicado pero que varios municipios gobernados por el PSOE quieren implantar aprovechando la posibilidad que les brinda la ley nacional.
El Observatorio Turístico niega la mayor: «No hay un problema de 'overtourism'»
El debate de la población viene también mezclándose con la cuestión del turismo. Pero, una vez más, las cifras niegan la mayor. Canarias no es, ni de lejos, la Comunidad Autónoma con mayor densidad de población turística –residentes más visitantes–. La densidad de población máxima en el Archipiélago –la máxima, es decir, en el pico más alto– es de 463,8 personas por kilómetro cuadrado, una cifra que se supera con mucho en Baleares –713,2– y aún más en la Comunidad de Madrid, donde llega a 908,4. Los datos están en el Diagnóstico de la estrategia nacional frente al reto demográfico, que recoge que en Canarias hay en torno a 6,5 turistas por cada habitante, mientras que en Baleares son 12,3, casi el doble. Es más, no hay ni una sola ciudad canaria entre las diez con mayor concentración de turistas del país, un ranking que encabeza la provincia de Castellón con 25,5 visitantes por cada residente. En cualquier caso, el Ejecutivo autonómico también ha puesto el reto demográfico a la cabeza de sus prioridades. De hecho es una cuestión que va a incorporarse a la próxima modificación de la ley del suelo, como también la del equilibrio poblacional. Es más, está previsto que el 30 de abril, diez días después de las manifestaciones, se celebre por primera vez la Conferencia de Presidentes de Cabildos justamente para abordar el reto demográfico, un reto que nada tiene que ver en El Tanque o Artenara, donde mengua la población, con los casos de Arona o Mogán.
Si a todo lo anterior se añade que el turismo supone en torno al 35% de la economía regional, se entiende mejor la preocupación del Gobierno. El propio presidente canario, Fernando Clavijo, ya pidió a las empresas turísticas, en el reciente debate sobre el estado de la nacionalidad, que suban los sueldos. Es este el quid de la cuestión: la necesidad de que la riqueza que genera la industria turística se distribuya de forma más equitativa entre las rentas del capital y los salarios de los trabajadores. La equis a despejar es esa, porque cuestionar la especialización de las Islas en el negocio turístico es algo que ningún otro territorio con tales condiciones se permitiría.
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