El ministro de Transporte, William Camargo, deberá responder ante la Procuraduría General de la Nación por presuntas irregularidades en un contrato del puerto de Buenaventura.
De acuerdo con el ente de control, la indagación se da por haber revocado el millonario proceso que buscaba prorrogar una concesión en el muelle 13 de dicha terminal.
En plata blanca, el ministro de Transporte y el equipo directivo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) aprobaron en diciembre esta ampliación, pero solo cinco días después reversaron su decisión.
Investigación a ministro de Transporte por contrato de puerto de Buenaventura
El contrato le había sido ampliado a Grupo Portuario S.A., pero a finales del año pasado le fue quitado e, incluso, el presidente Gustavo Petro dijo semanas después que este sería para los pescadores de la región.
Además del ministro de Transporte, la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría investigará por este caso a dos viceministros encargados (de Hacienda y Ambiente), así como al subdirector general de prospectiva y desarrollo nacional del DNP, Juan Miguel Gallego.
De igual forma, la investigación por el contrato en el puerto de Buenaventura será contra la vicepresidenta de gestión contractual de la ANI, Carolina Barbanti, y contra el vicepresidente de gestión contractual y vicepresidente jurídico ad hoc de la ANI, Gustavo Salazar.
Vale recordar que, por esta decisión, el presidente de Grupo Portuario, Álvaro Rodríguez, reconoció hace unos meses vivir "un infierno" por este caso.
"Que le comuniquen a uno el día de los inocentes que su prórroga no se hará, después de haber cumplido dos años y medio de trámites y estrictamente con lo que señala la ley, pues no es nada estimulante", añadió.
Por lo anterior, el ministro de Transporte deberá responder por el contrato en el puerto de Buenaventura.
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