Se trata de movimientos alrededor de una apuesta en varios sentidos crucial para las aspiraciones del Gobierno: tanto por la recaudación contante y sonante que puede acercar como porque su resultado sea asemejado a una muestra de confianza en la gestión económica.
"Es normal que el proceso todavía marche lento, porque son decisiones que se toman al filo del vencimiento", advierten en los bancos.
El primero cae el 31 de octubre y los verdaderamente fuertes, a fin de año y a fin de marzo de 2017.
Lo cierto es que de momento las operaciones cerradas son escasas, pese al pressing que Alfonso Prat-Gay ejerce sobre las entidades financieras.
Según cuentan en el sistema, el que más hizo fue un banco extranjero de primera línea: unas cien transacciones firmes, que parecen un número grande y en realidad son reducidas para la dimensión de la movida.
Hay de todos modos un dato central en este juego, más bien un pronóstico, que crece entre algunos funcionarios y al interior de grandes estudios contables.
Dice que quienes están decididos a declarar dólares y bienes en negro ocultos fuera del país empiezan a inclinarse por la variante del pago en efectivo.
Puesto de otra manera, preferirían afrontar el impuesto del 10% que cae en el vencimiento de fin de año antes de ir por alguno de los bonos previstos dentro del menú de opciones.
Un resultado así implicaría dos cosas. Una es que habría más fondos para cubrir el costo del paquete previsional que acompaña al blanqueo, aunque el monto quede lejos del total.
Y la otra, que con menos bonos aumentaría la necesidad de endeudarse en el exterior.
Un analista con años de experiencia en lides financieras lo explica de esta manera: "Mucha gente quiere pagar el impuesto y quedarse líquido para usar el dinero según mejor le convenga.
¿Por qué, le preguntó Clarín?
Respuesta: "Porque la alternativa de los bonos implica mantener retenida la guita durante tres o cuatro años. Temen el riesgo de que los pesquen y también le temen a lo que pueda pasar en este país dentro de tres o cuatro años".
Nunca el borrón y cuenta nueva iba a asegurar que no sería necesario apelar al crédito externo, como alguna vez se esperanzó Mauricio Macri.
Y la inclinación por el pago en efectivo hace inevitable endudarse afuera más de lo que ya era previsible. "Es algo distinto a lo que imaginaban pero no es una tragedia", dice el analista.
La apuesta del Gobierno por los bonos está clara en una emisión de US$ 8.000 millones, excesiva si avanza la opción por afrontar el impuesto.
Otro juego gira alrededor de los ROS, los reportes de operaciones sospechosas que les pide a los bancos la Unidad de Información Financiera (UIF), o sea, el organismo encargado de vigilar el lavado de dinero.
¿Qué están pensando hacer con los ROS, le preguntó Clarín a un banquero al tanto de la trama interna del blanqueo?
Respuesta: "Seremos muy flexibles con nuestros clientes, porque los conocemos, pero vamos a poner la mira sobre aquellos esporádicos o que vienen por primera vez.
Te imaginás si llega alguien con tres millones de dólares que encima trajo de las Seychelles...".
No dijo Seychelles por casualidad. De regreso de Vietnam, en enero de 2013, Cristina Kirchner hizo una escala de dos días en una de esas islas consideradas paraíso fiscal.
Fue llamativa, fuera de agenda y teñida por la sospecha de que las Seychelles son parte de la ruta del dinero K.
Para aliviarle el trabajo a la UIF, el Gobierno resolvió limitar los informes y poner la lupa sobre aquellas operaciones que puedan ser altamente peligrosas o factibles de estar vinculadas al crimen organizado, al terrorismo o a otros delitos como el narcotráfico y la trata de blancas.
Mandan los plazos que impone el blanqueo y la idea no obstaculizarlo con una montaña de papeles imposibles de procesar. ¿Y qué van a hacer las entidades financieras?
Las operaciones que pueden entrar en alguna categoría grave, se las derivarán al Banco Nación. Es una manera de transferirle responsabilidades a Carlos Melconian, el presidente del Nación, y de proteger a los empleados responsables de los controles y sobre quienes caerían las sanciones: en el mundo del lavado, sería algo parecido a lavarse las manos.
Fuera de los avatares del circuito privado, en el oficial casi no pasa semana sin que se reúnan funcionarios de la Secretaría de Hacienda, del Banco Central, de la AFIP, la UIF y la Comisión de Valores.
Es el equipo dedicado a supervisar que no se haya escapado nada y de cubrir eventuales agujeros del régimen.
Parte de la misma obsesión por el resultado de la movida, son las charlas frecuentes de Alberto Abad, el jefe de la AFIP, con cámaras de empresarios.
"En cualquier caso, el blanqueo será grande", pronostica otro especialista. Dice que sin buscar muy lejos el de Chile reportó US$ 20.000 millones y que con un PBI bastante más grande y mucha más plata afuera no declarada, el argentino podría rondar entre 70.000 y 80.000 millones de dólares.
De eso quedaría, contante y sonante, lo que sea recaudado por los impuestos.
Aun cuando sólo sirva como un ejercicio de números comparados, vale agregar que los dos blanqueos de Cristina Kirchner –de 2009 y 2013– sumaron US$ 7.400 millones, pese a que en los dos mandatos de la ex presidente fugaron del país alrededor de US$ 82.000 millones con cepo incluido. Esto es, se fugó mucho y se blanqueó poco.
Hay algo adicional, al margen de los ingresos directos y por una única vez que deje el operativo macrista. La regularizacion fiscal implicará declarar y pagar gravámenes que antes no se pagaban, o sea, recursos para Abad justo cuando flaquean bajo el peso del parate económico.
Nada casual, una amplia moratoria tributaria corre al lado del blanqueo. Hacia noviembre, ya cercano el primer, gran vencimiento, habrá noticias más concretas sobre cuál puede ser la cosecha del operativo completo.