Este miércoles el congresista estadounidense Mario Diaz-Balart anunció, en una rueda de prensa desde Miami, que Colombia había dejado de ser parte de "un selecto grupo de 8 países" que Estados Unidos considera aliados especiales y que, por tanto, son tratados anualmente como prioridad en el proceso de asignación de recursos.
Diaz-Balart, que hace parte del partido republicano y uno de los críticos más duros del presidente Gustavo Petro, dijo, a su vez, que la ayuda para el país se había reducido un 10 por ciento con respecto al año anterior y se habían incluido una serie de estrictos condicionamientos.
Todo esto, según el representante, como consecuencia directa de las acciones del presidente Gustavo Petro.
De acuerdo con Diaz-Balart, uno de los críticos más severos del mandatario colombiano y miembro del partido republicano, Petro, con sus "acciones y hechos" ha demostrado que no quiere mantener ese estatus especial y de allí el "castigo".
Para dar contexto a estos preocupantes anuncios, EL TIEMPO conversó con diversas fuentes en el legislativo y expertos en el proceso de apropiaciones estadounidense.
Diaz-Balart, vale aclarar, es actualmente el presidente del Comité de Apropiaciones para las Operaciones en el Extranjero de la Cámara de Representantes, y por lo tanto el encargado de redactar y dirigir el proyecto de presupuesto para los gastos de Estados Unidos en otros países a lo largo de su trámite por la cámara baja.
Desde que los republicanos recuperaron el control de este órgano del Legislativo en enero del año pasado, y Diaz-Balart fue nombrado presidente del Comité, el legislador ha venido hablando duro contra Petro, a quien tilda de socialista y lo crítica por sus alianzas con países hostiles a Estados Unidos como Cuba y Venezuela (Diaz-Balart es cubanoamericano).
Tantas son sus reservas frente a Petro, que en la versión del proyecto que aprobó la Cámara, Diaz-Balart no incluyó ayuda alguna para Colombia. Algo que jamás había sucedido en por lo menos 25 años.
El Senado, actualmente controlado por los demócratas, produjo su propio presupuesto para las operaciones en el extranjero donde sí aparecían fondos para el país. Hace 15 días, y tras una larga negociación entre ambas ramas del legislativo, republicanos y demócratas se pusieron de acuerdo y aprobaron una ley para financiar las operaciones del Gobierno hasta el cierre de este año fiscal en octubre, que incluyó los recursos para las operaciones en el extranjero y unos 410 millones de dólares para Colombia, una cifra que representa una reducción de 46 millones de dólares comparado con los recursos aprobados par el 2023, que fueron 456 millones de dólares.
Diaz-Balart, en su rueda de prensa de este miércoles, hizo una especie de corte de cuentas del presupuesto que ayudó a negociar destacando lo más relevante desde su perspectiva.
Y fue allí donde aparecieron los comentarios sobre Petro al igual que otros dirigidos a otras naciones del Hemisferio, como Cuba, Venezuela y Nicaragua.
¿Fue Colombia excluida de alguna lista o estatus prioritario?
Diversas fuentes legislativas consultadas por este diario aseguran que en la ley que fue aprobada -o ninguna ley anterior- existe una lista de países que son privilegiados en el proceso de asignaciones de Estados Unidos.
Lo que sí es común es que el Congreso, al redactar el texto, incluya lenguaje que denote alguna prioridad para los ejecutores del gasto, que en este caso es primordialmente el Departamento de Estado.
En principio, los montos adjudicados a cada país son una especie de "sugerencia" a este dependencia de lo que el Legislativo espera que se haga con los fondos y que responde a la solicitud de gasto presentada por la administración al comienzo del período fiscal. Esa sugerencia puede estar resaltada con el uso de algunos términos que son más determinantes.
Por ejemplo, incluir la palabra "deben ser gastados en X país o programa", en lugar de "deberían", o introducir el término "no menos de X cantidad debe ser gastada".
Eso para evitar que el ejecutor desvíe los fondos asignados a otras prioridades. Algo que en teoría no debe suceder pero que a veces termina pasando en el proceso.
En el caso de Colombia, anteriores leyes fiscales -no todas- hacían este tipo de salvedades. En algunas ocasiones para "proteger" programas específicos como los dirigidos a afrodescendientes, derechos humanos, medioambiente o la lucha antinarcóticos y en otras sobre la totalidad de la ayuda o alguno de sus componentes centrales. Y lo mismo sucede con otros países como Israel, considerado un aliado estrecho.
No existe una lista de países privilegiados en la ley de Estados Unidos. Simplemente una instrucción de gasto que puede variar de país en país o de programa a programa, donde se hace énfasis en la obligatoriedad del gasto.
Pero en esta ocasión, de acuerdo con fuentes cercanas a la oficina de Diaz-Balart, se decidió excluir este tipo de menciones del cuerpo central de la ley si bien es especifica la intención del Congreso de que en el país se deberían invertir esos 410 millones de dólares .
Aunque el cambio es semántico, y quizá hasta cosmético, la intención de Diaz-Balart era mandar una señal de que el Congreso, o al menos su colectividad, no está a gusto con Petro.
"No existe una lista de países privilegiados en la ley de Estados Unidos. Simplemente una instrucción de gasto que puede variar de país en país o de programa a programa, donde se hace énfasis en la obligatoriedad del gasto. En el caso de Colombia, la actual ley recomienda al departamento de estado gastarse 410 millones de dólares. Eso es lo que hay y esos son los fondos que deben estar disponibles en este 2024", dice una alta fuente legislativo que lleva muchos años trabajando en los temas presupuestales.
¿Se le recortó el 10 por ciento a la ayuda para Colombia?
Esta aseveración de Diaz-Balart es parcialmente cierta pero con un matiz. En primer lugar, la reducción de la ayuda para el país fue del 9 por ciento y no del 10 por ciento como asegura el legislador.
Adicionalmente, durante un difícil proceso de asignaciones donde los republicanos exigieron agudos recortes en el gasto de Estados Unidos ambos partidos acordaron que el gasto para las operaciones en el extranjero se reduciría en total un 6 por ciento.
En otras palabras, la gran mayoría de programas -y países- sufrieron recortes. Dicho eso, el de Colombia fue superior a lo estipulado. Vale anotar, de paso, que si el Congreso hubiese querido proteger los fondos para el país de ese recorte lo habría podido hacer sacando más de otras cuentas o países.
Aunque una reducción del 9 por ciento no es fatal -sobre todo, en un año con tantos desafíos fiscales- sí podría indicar que el país ha caído en el escalafón de prioridades. O, como dijo Diaz-Balart, que se trata de un mensaje dirigido al presidente colombiano.
¿Son más duras las condiciones que se incluyeron este año para Colombia?
Diaz-Balart también sugirió que la nueva ley incluye nuevas y fuertes condiciones que deben cumplirse para que la ayuda pueda fluir y que también serían consecuencia de las acciones del presidente Petro.
Allí, de nuevo, hay cosas ciertas y otras no tanto.
Desde que Estados Unidos aprobó los primeros fondos para financiar el Plan Colombia en el año 2000, la ayuda para el país siempre ha incluido un listado de condiciones que han variado año tras año y de gobierno a gobierno. Varias de ellas llevan más de una década en vigor. Como por ejemplo que el 20 por ciento de la ayuda antinarcóticos solo puede ser gastada hasta que el Departamento de Estado certifique el gobierno está cumpliendo en esta materia, y algo similar sucede con el respeto a los derechos humanos y los fondos dirigidos a las fuerzas armadas.
El lenguaje de condicionamiento incluido en el presupuesto del año fiscal 2023, cuando Díaz-Balart no era presidente del Comité y estaban a cargo los demócratas, es muy similar al que se aprobó en esta ocasión salvo por una excepción.
El legislador hizo incluir una nueva cláusula que exige al Departamento de Estado entregar un informe antes de poder desembolsar un dólar de los recursos aprobados, donde debe evaluar si el gobierno Petro está respetando el Estado de Derecho y si sus políticas se alinean con los intereses de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Aunque, hay que decir, el lenguaje solo estipula que el reporte debe entregarse a más tardar en 90 días y no restringe la entrega de la ayuda a su contenido. Pero, sin lugar a dudas, es otra mensaje dirigido al actual gobierno colombiano, el de Gustavo Petro, para indicar que Estados Unidos observa sus acciones y que la ayuda podría verse afectada dependiendo de ellas.
SERGIO GÓMEZ MASERI - Corresponsal de EL TIEMPO - Washington