La mitología de la política habla de la existencia de organizaciones secretas que operan sobre la realidad e imponen políticas públicas. En ocasiones, se corre el velo de una trama que une a funcionarios públicos con técnicos informáticos e integrantes de las fuerzas de seguridad que escalan puestos de poder en todos los escenarios políticos.
Un caso que encaja a la perfección en esa descripción es el de Capa 8, una fundaciónque tiene como misión "la promoción de estudios, contenidos e iniciativas en torno al ciberespacio desde una perspectiva de derechos, seguridad y protección de la información para disponer de un ciberespacio fiable y resiliente". Lo cierto es que, más allá de las formalidades, se trata de una poderosa red de voluntades que mueve intereses en organismos judiciales y del Poder Ejecutivo nacional.
La relación con la justicia federal
La trama de relaciones se inicia en la presidencia misma de la fundación, en manos de Hernán Zavalía Lagos, un abogado penalista con extensa trayectoria en los tribunales de Comodoro Py, donde trabó una relación personal con el actual ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
Tras dejar la justicia federal, continuó su carrera en diferentes estudios jurídicos vinculados a grandes empresas y al derecho corporativo, pero siempre en el campo penal, especializándose en prevención de lavado de activos. Por eso, además de presidir Capa 8, es el tesorero de la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (FAPLA), otra organización que se nutre de acciones y relaciones con la justicia federal.
La relación entre Cúneo Libarona y Zavalía Lagos ya provocó durante enero dolores de cabeza en la Casa Rosada, ya que el ministro incluyó al abogado en las negociaciones y encuentros donde se cocinaba la remoción de los integrantes de la Unidad de Información Financiera (UIF) designados por el gobierno anterior.
La presencia del especialista en lavado en una reunión reservada provocó un silenciado escándalo, en virtud de que la información generada por el organismo es secreta y confidencial, de acceso exclusivo a funcionarios públicos de jerarquía. Para salir del paso, los voceros de Cúneo aseguraron que Zavalía Lagos había participado en carácter de asesor del ministro. La realidad es que esa función nunca fue formalizada en el Boletín Oficial, ni se lo volvió a presentar como parte del equipo de Cúneo.
El pionero de la seguridad informática
Uno de los principales referentes de Capa 8 es Pedro Janices, un conocido operador informático que es la muestra viva de cómo la fundación atraviesa los sustratos políticos, subiendo peldaños en la estructura del Estado en cada cambio de gobierno. Durante el gobierno de Carlos Menem, Janices fue uno de los pioneros en desarrollar las primeras páginas web gubernamentales, a partir de su formación en el software libre. Desde allí, se desempeñó en cuanto gobierno hubo.
Durante las administraciones kirchneristas se incorporó a la tropa de Aníbal Fernández en el Ministerio del Interior. Luego, también acompañó al dirigente quilmeño cuando se trasladó a la cartera de Seguridad. Allí se hizo fuerte al frente de la Dirección de Tecnología y Seguridad, que le permitió profundizar los vínculos con especialistas en ciberseguridad que le dio forma a la fundación. Además, le facilitó también desplegar una red de contactos en el Poder Judicial y escalar rápidamente hasta convertirse en el cio (Chief Information Officer) estatal, el máximo responsable de los sistemas tecnológicos de información.
Con el triunfo de Mauricio Macri y los cambios en el organigrama ministerial, Janices se incorporó a la cartera de Modernización y además colocó como director de Ciberseguridad del Ministerio de Seguridad a su mano derecha, Pablo Lázaro, el Gran Maestre de la Logia Masónica Argentina. En rigor, la creación de esa dirección en la cartera que condujo (y ahora volvió a comandar) Patricia Bullrich implicó el traslado del monitoreo cibernético del ámbito de las fuerzas de seguridad al de un organismo civil. También fue el inicio de una serie de ataques informáticos que amenazaron con empañar el prestigio del grupo ya que Lázaro no consiguió evitar ni resolver los sabotajes.
Janices es el jefe encubierto de Capa 8, donde se presenta como un voluntario. Durante el gobierno del Frente de Todos se mantuvo como director nacional de Investigaciones Cibercriminales. Desde allí, una vez llegado al poder Javier Milei, pegó el salto al PAMI. Pese a presentarse aún como consultor independiente, Janices fue designado el 7 de febrero como Gerente de Infraestructura Tecnológica del organismo.
Para todos los gustos
Hasta la designación de Zavalía Lagos al frente de la fundación Capa 8, la entidad era conducida por otro hombre de la justicia, el juez Manuel de Campos, docente del instituto de formación de la Policía Metropolitana y hermano del Capellán General de la Policía Federal, Diego de Campos. Al igual que Zavalía Lagos, de Campos desarrolló buena parte de su carrera en la justicia de San Isidro.
En Capa 8 también recaló el oficial de la Policía Federal (PFA) Adrián Acosta. Ingeniero en sistemas de formación profesional, se desempeñó durante 16 años en la Interpol, donde llegó a ser el vicepresidente del Grupo de Trabajo de la Américas de Lucha contra la Ciberdelincuencia, pasando antes por el cargo de jefe de Departamento Técnico de Cibercrimen de la PFA.
En la Cancillería también tienen presencia integrantes de Capa 8. Allí desembarcó Arturo Buleisman, conocido en el medio como Buanzo, un experto en el desarrollo de software libre o de código abierto. Buleisman es el responsable de la seguridad informática del Palacio San Martín.