El congresista Jorge Flores Ancachi, junto a sus colegas Darwin Espinoza, Luis Aragón, Elvis Vergara y Wilson Soto, todos investigados por el Caso 'Los Niños', presentaron un proyecto que prohíbe que conductores, productores y directores de medios de comunicación y sus familiares contraten con el Estado.
Propuesta legislativa
A través de un documento, el parlamentario apuntó que la iniciativa legislativa tiene el objeto de incorporar dos literales al articulo 11 de la Ley 30225 para "transparentar" el del periodismo en el Perú, ello para evitar "beneficios indebidos" a las personas que ejercen el periodismo en medios de comunicación televisivo, radial o prensa escrita.
"La Presente iniciativa legislativa tiene el objeto de incorporar dos literales al articulo 11 de la Ley 30225, con el objeto de transparentar el ejercicio del periodismo en el Perú, para evitar beneficios indebidos a las personas que ejercen el periodismo en medios de comunicación televisivo, radial o prensa escrita", se lee en el oficio.
Asimismo, el oficio indica que dicho PL alcanza a las personas que ejerzan la conducción y/o producción de un programa periodístico emitido por un medio de comunicación televisivo o radial y a su cónyuge, conviviente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad.
"Las personas que ejerzan la conducción y/o producción de un programa periodístico emitido por un medio de comunicación televisivo o radial de alcance nacional así como su cónyuge, conviviente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad están prohibidos de contratar con el estado", agrega el texto.
Mayores detalles
En esa misma línea, la propuesta legislativa precisa que la prohibición se extiende a las personas que ejerzan el cargo de director y a sus familiares. Cabe mencionar que, el impedimento se aplica para todo proceso de contratación durante el ejercicio del cargo; luego de culminado el mismo hasta 12 meses después.
"Esta prohibición también se extiende a las personas que ejerzan el cargo de director de un medio de prensa escrita de alcance nacional, como a sus cónyuges, conviviente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad; el impedimento se aplica para todo proceso de contratación durante el ejercicio del cargo; luego de culminado el mismo hasta doce (12) meses después", sostiene la misiva.
De esta manera, el proyecto de ley que busca impedir a los periodistas y sus familiares de contratar con el Estado alcanza a las personas que ejerzan la conducción y/o producción de un programa periodístico.