Entre 0 y 2.850 euros. Esta es la dispar asignación que reciben los grupos políticos de los ayuntamientos de la provincia por concejal. Así queda reflejado en el último informe que ha publicado la Sindicatura de Comptes, en el que fiscaliza el control que ejercen los consistorios sobre las aportaciones a sus grupos políticos en poblaciones de tamaño medio, es decir de entre 20.000 y 50.000 habitantes, con datos correspondientes al ejercicio 2002. En este trabajo, la institución estatutaria ha puesto la lupa sobre 51 municipios de la Comunidad Valenciana, 18 de ellos pertenecientes a la provincia de Alicante: Almoradí, Altea, Aspe, Calp, Crevillent, Dénia, El Campello, Ibi, l'Alfàs del Pi, Mutxamel, Novelda, Petrer, Pilar de la Horadada, Sant Joan d'Alacant, Santa Pola, La Vila Joiosa, Villena y Xàbia.
De estas 18 localidades alicantinas hay siete ayuntamientos que no asignaban en 2022 dotaciones a sus grupos municipales. Se trata de Dénia, Petrer, Pilar de la Horadada, Sant Joan d'Alacant, Santa Pola, Villena y Xàbia. En el conjunto de la Comunidad Valenciana son once los consistorios que no conceden dotaciones a sus grupos municipales. La dotación conjunta anual de los otros 40 ayuntamientos asciende hasta 1,3 millones. En cuanto a la media por edil, se sitúa en los 1.588 euros. No obstante, la Sindicatura de Comptes observa una gran disparidad de las aportaciones en los distintos ayuntamientos que han estado sujetos a las fiscalización.
Aportación más alta
En este sentido, la aportación más alta en la provincia de Alicante entre las ciudades de entre 20.000 y 50.000 habitantes es la de El Campello, con 2.895 euros por concejal al año. En el extremo contrario, de entre los que entregan dotación, se sitúa l'Alfàs del Pi, con 440 euros por edil. Entre El Campello y l'Alfàs del Pi se sitúan Altea (2.404 euros), La Vila Joiosa (2.057 euros), Calp (1.444 euros), Almoradí (1.263 euros), Aspe (1.205 euros), Ibi (1.108 euros), Novelda (926 euros), Crevillent (831 euros), Mutxamel (583 euros).
Al margen de reflejar la disparidad de estos municipios en cuanto a la asignación anual por concejal, el informe de la Sindicatura de Comptes ofrece una serie de consideraciones. Por ejemplo, apunta que el desarrollo normativo sobre la materia objeto de fiscalización por los cuarenta ayuntamientos de la Comunidad Valenciana que cuentan con dotaciones económicas también es muy desigual. Así, una quincena de los consistorios han desarrollado, con distinto alcance, aspectos de la regulación de la dotación económica que se consideran necesarios para una adecuadas gestión y control de los fondos asignados. En cambio, el resto, 25 entidades locales a nivel autonómico, ha efectuado un desarrollo mínimo de la normativa.
Aprobación
En la totalidad de los ayuntamientos que cuentan con asignación esta fue aprobada por el pleno. Sin embargo, señala la Sindicatura de Comptes en su informe, no se tiene constancia de que los plenos de los ayuntamientos hayan ejercido la competencia de solicitar la contabilidad de los grupos, excepto en aquellos cuya remisión al pleno está normativamente regulada. Respecto a las actuaciones de control por parte del órgano de intervención local sobre las cuentas justificativas, en relación los ejercicios 2022 y anteriores, solo catorce de los 51 ayuntamientos de la llevaron a cabo algún tipo de control sobre estas.
La institución estatutaria también señala que el importe de las aportaciones a los grupos políticos municipales ha sido establecido, en la casi totalidad de las entidades, de manera discrecional sin atender a criterios objetivos para su cuantificación y sin tener en cuenta los costes incurridos por los grupos en su funcionamiento ordinario. En cuanto a las obligaciones de publicidad de las aportaciones, se ha detectado que tan solo 25 de los ayuntamientos que realizaron aportaciones las publicaron en su página web. Por otra parte, solo 16 consistorios de los que asignaron dotaciones las han publicado en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
Finalmente, el informe considera necesario que en la normativa sobre el régimen local se establezca con mayor nivel de detalle la regulación sobre las dotaciones económicas a los grupos políticos, incluyendo los aspectos relativos al destino de los fondos.
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