Los ponferradinos podrán seguir accediendo con sus vehículos al centro de la ciudad, a la Zona de Bajas Emisiones, (ZBE), excepto en momentos puntuales de alta contaminación. Además no habrá multas, como mínimo, hasta diciembre de 2027. Son las líneas básicas de la nueva normativa elaborada por el equipo de gobierno de la capital del Bierzo, que se llevará a pleno en el mes de mayo. Esa norma se dio a conocer esta mañana en una rueda de prensa del alcalde, Marco Morala, y los tenientes de alcalde Iván Alonso y Lidia Coca.
Con esta normativa se cumple con las exigencias del Gobierno de España y de Europa y así la ciudad no tendrá que devolver los tres millones de euros concedidos para la adaptación a esta ZBE, proyecto iniciado por el anterior gobierno del PSOE. "Cumplimos con nuestro compromiso de no aplicar la norma del PSOE. No se va a aplicar la Zona de Bajas Emisiones socialista. Y hay dos premisas, que son cumplir con las prescripciones normativas de la Unión Europea y con las necesidades de movilidad y medio ambientales de Ponferrada", explicó Morala.
Habrá libertad de acceso para toda clase de vehículos, "salvo episodios concretos de contaminación", añadió el regidor. Además "el régimen sancionador no va a entrar en vigor, como mínimo, hasta diciembre de 2027", cuando ya habrá otro gobierno municipal, que podrá tomar sus propias decisiones.
Por su parte Coca criticó la anterior normativa redactada por el PSOE. "No estudiaron más allá y en qué se iba a meter en Ponferrada, qué iba a pasar con el centro y con los comerciantes", dijo Coca, quien explicó que el gobierno de PP y Coalición por el Bierzo no quiere perjudicar más al comercio del centro. Además lamentó que las obras iniciadas en el anterior mandato hayan dejado "zanjas, calles sin asfalto, sin mobiliario y sin aparcamientos". "Somos un equipo de gobierno responsable y hemos cambiado la norma para permitir el acceso al centro y no se perjudique a los comerciantes", siguió. Además Coca asegura que la solicitud de los tres millones de euros para estas obras fueron "electoralistas".
El teniente de alcalde, el bercianista Iván Alonso, insistió en que esta normativa "cumple con los compromisos y los acuerdos de PP y CB" y pidió a la oposición que la apoye. "Si no se pondrían en cuestión los tres millones de euros invertidos en la ciudad", finalizó.