El Gobierno de España quiere crear en terrenos de la base área de Armilla (Granada) una instalación temporal para la «atención humanitaria» de inmigrantes, especialmente pensada para solicitantes de asilo y protección internacional. Los terrenos, propiedad del Ministerio de Defensa, se extienden por los municipios de Armilla, Ogíjares, Las Gabias, Churriana de la Vega y Alhendín. Precisamente, la parcela donde se ubicaría este campamento, se encontraría dentro del término municipal de este pueblo.
La decisión del Gobierno de España, adelantada por IDEAL, ha pillado de sorpresa al propio Ayuntamiento y a distintos colectivos sociales de la zona, que han mostrado su disconformidad.
En este sentido, el alcalde de Alhendín, Francis Rodríguez, mostró ayer su sorpresa y malestar ante la notificación recibida por la empresa Tragsa en la que anuncia el inicio de las obras en la conocida como Colonia Dávila para, según indica el documento, «la implantación de centros de migrantes».
En un comunidado, el consistorio informa que la empresa ha notificado a través del registro de entrada la realización de obras en este espacio municipal en dos fases, la primera para la adecuación de la parcela y la segunda para un campamento con capacidad para 1.200 personas llegadas a las costas españolas.
El Gobierno municipal advierte de que «la actuación anunciada incumple la normativa urbanística del municipio de Alhendín, ya que la parcela en la que se quiere actuar está catalogada como suelo rústico en el PGOU» y muestra su sorpresa ya que «no ha recibido informe alguno por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre este proyecto ni se han pedido los preceptivos permisos municipales».
La queja sobre la falta de información del Gobierno con respecto a su política migratoria es recurrente. En la última Conferencia sectorial, reunión en la que se sienta el Gobierno con las comunidades autónomas, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se comprometió a remitir mensualmente a las regiones información tanto sobre los dispositivos estables del Programa de Atención Humanitaria del Ministerio de Inclusión como de los dispositivos de emergencia que se han ido abriendo para atender el repunte de las llegadas y traslados desde Canarias. La realidad es bien distinta y las quejas de las regiones al enterarse «por la prensa» del traslado de inmigrantes es recurrente por parte de las regiones y los ayuntamientos.
Ese malestar generado en la mayoría de los territorios por la política de hechos consumados del Gobierno en una materia tan sensible como la inmigración contrasta con el diálogo mantenido con formaciones políticas como Junts. De hecho, el partido de Carles Puigdemont pactó en enero con el PSOE la «delegación integral de las competencias de inmigración» para Cataluña. Esta concesión se realizó para permitir la convalidación de dos decretos-leyes en el Congreso.
El alcalde de Alhendín ha convocado para hoy un pleno extraordinario para abordar este asunto, en el que espera contar con el apoyo de «todos los grupos políticos» y ha anticipado que la intención es trasladar al Gobierno central que no se va a «permitir la alteración de la realidad urbanística».
Advierte Francis Rodríguez que no van a consentir ni que el Gobierno de España ni «ninguna otra institución» vaya «contra los intereses» de los vecinos del municipio.
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