A juzgar por el Frente Renovador y Sergio Massa -y ahora todo el frente opositor en Diputados-, el gravar la renta financiera es una opción que permitiría obtener recursos para liberar, entre otras cosas, la pesada carga del impuesto a los trabajadores.
Los desvelos del gobierno nacional por obtener la legalización del ahorro argentino clandestino son el primer obstáculo para confirmar aquella creencia.
Los argentinos ahorran lo que pueden, como cualquier pueblo del mundo, pero a diferencia de la mayoría, ahorran en el exterior y eluden al sistema financiero doméstico.
El eventual blanqueo de esos capitales ha desatado una especulación en torno a las cifras probables del dinero que pudiera existir en cuentas fuera del país.
Algunos economistas hablan de 200.000 millones de dólares y en otros casos se llega a considerar que la cifra podría ser casi equivalente al Producto Bruto Interno.
Son simplemente conjeturas, porque está claro que se trata en parte de operaciones secretas y que hasta ahora gozan de la protección de la mayor parte de los países receptores del mundo.
Sin embargo, hay algunos elementos objetivos que permiten deducir un valor aproximado de la cifra y también sacar conclusiones sobre la precariedad de la economía argentina.
Una de ellas es establecer la relación entre los créditos otorgados por el sistema financiero y el PBI de cada país.
En la mayor parte de los países desarrollados, los créditos superan en distintas proporciones al PBI. Por ejemplo, en los Estados Unidos los créditos llegan a un 200% sobre el PBI.
Proporciones similares se dan en la mayoría de los países occidentales. En nuestro continente la relación baja y el de mejor performance, Chile, sólo alcanza un 120%.
El resto de América, incluido Brasil, oscila en torno al 40%. El último lugar en la lista lo ocupa la Argentina donde los créditos representan solamente el 15% del PBI.
Otro elemento importante para determinar la anormal insignificancia del sistema de financiamiento argentino, lo da la comparación de la capitalización bursátil.
En los Estados Unidos, la suma total que da el mercado a las empresas que cotizan en Bolsa, alcanza los 25 billones de dólares.
El segundo lugar le corresponde a un gigante en plena expansión, China, con 8 billones, y siguen Japón con 4.9 billones, el Reino Unido con 3 billones, Francia 2 billones, etcétera.
Entre los países latinoamericanos, el primer lugar lo ocupa Brasil con 490.000 millones, México con 400.000 millones; Chile con 190.000 millones y, en uno de los últimos lugares, la Argentina con 56.000 millones de dólares, o sea el 30% del de Chile y el 12% por ciento de Brasil.
Que la economía argentina sobreviva a ese panorama es verdaderamente un milagro. El país debe competir en un mundo donde abunda el dinero a tasas llamativamente bajas y donde el ahorro en casos como en Alemania, recibe tasas que han llegado a ser negativas, es decir que hay que pagar a los bancos para que les cuiden el dinero.
Un sistema financiero normal permitiría a los argentinos comprar sus casas con hipotecas a 20 o 30 años, pagar su auto 0 kilómetro en cuotas mensuales accesibles, exportar ofreciendo financiamiento competitivo, invertir con dinero prestado, licitar con crédito incluido, etcétera.
No es difícil esclarecer las causas de tal descalabro. El primer factor que provocó una tan masiva fuga de capitales se debe a la inflación.
En el período que va desde el inicio de la inflación en la década del 40 hasta la actualidad el peso argentino ha perdido 13 ceros de su cotización inicial.
Los bonos emitidos por el gobierno en el pasado sufrieron, default festivo mediante, quitas que redujeron su valor al 37% de valor original.
Finalmente, las operaciones de incautación del patrimonio de los particulares en fondos depositados en los bancos fue el factor decisivo que terminó de liquidar la confianza de los ahorristas.
En diciembre de 1989 comenzó una nueva ola de inflación en el gobierno de Menem, lo que demostró que las medidas originales de estabilización habían resultado insuficientes.
El nuevo ministro de Economía, Erman González, asumió el 9 de diciembre y tres días después se abolieron todos los controles de precios y de cambio. La economía comenzó a funcionar como una verdadera economía de mercado.
Pero para resolver el problema de exceso de liquidez, el gobierno adoptó una medida extrema. El 1° de enero de 1990 con el plan Bonex, que no era ni más ni menos que una confiscación generalizada de los ahorros de los argentinos, todos los depósitos bancarios a plazo fijo, fueron convertidos en bonos gubernamentales en dólares, a 10 años de plazo con pagos de intereses cada 6 meses.
Más de 10 años después, a mediados de 2001, en el gobierno de De la Rúa, nuevamente la Argentina se vio transformada en un agujero negro financiero.
Para frenar el retiro de los depósitos que se acentuó cuando el FMI se negó a prorrogar un préstamos de 1.260 millones de dólares, en noviembre de ese año los depósitos bancarios fueron inmovilizados, permitiendo el retiro de una cifra semanal insignificante (Corralito).
Esto dejó al gobierno sólo una alternativa: confiscar tanto dinero como fuera posible. Lo hizo durante el último año de la Convertibilidad apelando a mecanismos como la conversión forzosa de la deuda interna del país que sumaba unos 50.000 millones de dólares, en préstamos más favorables para el Estado,
Finalmente, después de haber abandonado la convertibilidad en enero de 2002, se aplicó la convertibilidad compulsiva a pesos de todos los depósitos bancarios en dólares a un tipo de cambio muy inferior al nivel del mercado. Esto sencillamente, en las palabras de Steve Hanke, fue un gran robo legalizado.
Todas las medidas fueron tomadas al borde del abismo, supuestamente para evitar males mayores: el colapso de los bancos, una crisis aún mayor con un Estado inerme y sin reservas, una inflación desbordada, etcétera.
Pero lo cierto es que el resultado fue tal vez el peor posible. Destruyó definitivamente la opción de las entidades nacionales para el ahorro de los argentinos y la evasión, buscando lugares que brindaran seguridad jurídica, dejó al país con bancos pero sin crédito.
Recuperar la confianza perdida no es una tarea sencilla. Requiere años, tal vez décadas de esfuerzos continuados para dejar en el olvido un pasado tan turbulento y persuadir a miles de ahorristas de la vigencia del estado de derecho.
No solamente requiere un gobierno que otorgue seguridad jurídica, sino una oposición que lo convalide en un aspecto central de cualquier acuerdo de gobernabilidad.
Al fin y al cabo, nadie tomaría una decisión en torno a su patrimonio, para después cruzar los dedos esperando el resultado de la próxima elección.