Vox ha presentado recurso de apelación contra la decisión del titular del Juzgado de Instrucción 15 de Valenciana de sobreseimiento provisional de las diligencias del denominado caso Oltra. La formación, que ha ejercido durante el procedimiento la acusación particular a través de la responsable de sus servicios jurídicos Marta Castro, considera el sobreseimiento «tan rápido como abrupto». OKDIARIO ya adelantó este 3 de abril, hace 12 días por tanto, que Vox presentaría recurso contra ese archivo al considerar que existen indicios suficientes para continuar con las indagaciones.
Además, de la reapertura del caso, Vox reclama también al juzgado «que se aclare y se amplíe» la actuación de los primeros agentes que atendieron a la víctima de los abusos por parte del ex marido de Mónica Oltra. Y pide también que los agentes adscritos a la Policía Judicial investiguen el borrado masivo en los buzones de correo electrónico «por parte de los integrantes del gabinete de la vicepresidencia de la Generalitat Valenciana entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2019 y que se proceda a su recuperación y expurgo a fin de identificar los que pudieran estar vinculados con la investigación.
El caso Oltra es el que ha sido investigado por el Juzgado de Instrucción 15 de Valencia para conocer si cargos y/o personal de la Consejería que Mónica Oltra dirigía supuestamente ocultaron las denuncias de la menor acerca de los abusos de que era víctima por parte de un educador del citado centro. En concreto, el ex marido de Mónica Oltra.
El caso ha sido archivado provisionalmente. Con anterioridad, el juez había imputado a 16 personas. Entre ellos, Mónica Oltra. El juez levantó todas las imputaciones con el sobreseimiento provisional de las diligencias.
El recurso de apelación de Vox
El equipo jurídico de Vox, que dirige Marta Castro, muestra su «extrañeza» al no haber tenido la posibilidad de solicitar la práctica de nuevas diligencias procesales derivadas del levantamiento del secreto de la pieza separada «así como instar la apertura del juicio oral, sustrayendo a esta parte de la posibilidad de formular acusación, obteniendo un pronunciamiento en tal sentido, mucho más acorde con la complejidad y la extensión de la instrucción, así como la garantía procesal para todas las partes intervinientes», según recoge el escrito.
Vox entiende que esa situación «entronca» con la «vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva», así como con los derechos a un proceso «con todas las garantías» y a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa, por lo que considera como una actividad instructora «insuficiente».
En su recurso, según ha informado Vox, la formación se refiere, también, a la pieza separada. Esto es a la de los correos que supuestamente pudieron enviarse los imputados en torno al caso, de la que no se han obtenido pruebas de una suerte de instrucciones por parte de Mónica Oltra a los funcionarios. Según explica Vox, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo: «Existen muchas otras formas y vías alternativas de haber transmitido dichas instrucciones o incluso presiones al resto de funcionarios, tales como reuniones presenciales o incluso vía telefónica».
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