El viraje del gobierno sobre la medicina prepaga excede las obvias implicancias sectoriales, para usuarios y financiadores del sistema. Es el resultado del choque entre el dogma ideológico y el realismo político. Y prioriza, en alguna medida, las urgencias del poder sobre la consistencia del programa económico.
El Dnu 70, firmado por el presidente Milei a diez días de asumir, fue una suerte de manifiesto ideológico libertario. Con efectos prácticos. Uno de sus 366 artículos dispuso "liberar las restricciones de precios al sistema de medicina prepaga". Hasta ese momento, la Superintendencia de Servicios de Salud fijaba los aranceles a los usuarios y honorarios mínimos para los prestadores.
La desregulación fue completa. No se contempló el carácter de "mercado imperfecto" de los servicios de salud. La excepción, dentro de la doctrina liberal, que legitima algún tipo de intervención del Estado.
En la medicina prepaga no existe competencia perfecta. Entre otras razones, porque se imponen barreras de entrada o salida: los períodos de carencia y la edad. Los afiliados no pueden cambiar libremente de empresa. Porque se quedan sin cobertura durante un tiempo.
Un afiliado con más de 60 años –el número es sólo un ejemplo– enfrenta además otras dificultades. Le cobran muy caro o directamente no lo aceptan. Corre el riesgo de no poder reinsertarse en el sistema. Es un cliente cautivo. El negocio ideal es tener muchos aportantes jóvenes y pocos viejos gastadores. No es la única distorsión, pero sí la más notoria.
Aun en una economía de libre mercado, existen extremos en los cuales la regulación es necesaria. Es el caso de los servicios públicos monopólicos. Y el de prestaciones privadas sin libertad plena de elección por parte del usuario, como vimos que ocurre en la salud.
Caben algunas salvedades. La regulación no debe vulnerar la ecuación económica lógica en función de los costos, márgenes de reinversión y utilidades. Porque en esos casos, lo que no se ajusta por precio se ajusta mediante la degradación del servicio. Es lo que sucedió hasta ahora. Por eso los honorarios irrisorios a los prestadores, los copagos, los plus por debajo de la mesa o los turnos para otra vida, que ni siquiera contemplan las urgencias.
La regulación requiere, por tanto, el manejo de información técnica de enorme complejidad. Tanto, que con frecuencia supera las capacidades rudimentarias de la burocracia. Y supone a la vez una discrecionalidad funcional a la tentación demagógica de fijar precios políticos y a la corrupción. La experiencia argentina lo acredita en exceso.
El problema se potencia cuando el intervencionismo se generaliza. La metástasis estatista siempre termina en capitalismo de amigos, desinversión, pérdida de productividad, precarización en las condiciones de vida y empobrecimiento. Es una cuestión de equilibrio. Ni libertarismo bobo, ni estatismo ineficiente y corrupto.
El conflicto del gobierno con las prepagas tiene además implicancias de política práctica. La prioridad es forzar una baja rápida de la inflación, no importa cuán heterodoxos sean los procedimientos. El presidente está dispuesto a sacrificar una cuota de rigidez ideológica en favor de un objetivo político. Lo comentamos ayer. Milei entiende que de la magnitud y la velocidad en la desaceleración de los precios depende el sostenimiento de su consenso social. Y de éste, la gobernabilidad y las chances electorales de 2025.
De paso, se envía una señal a un sector de votantes muy castigado por la estanflación previa y la actual. El ministro Caputo habló de "ataque a la clase media". Se cuidó de usar el mismo calificativo para los aumentos de tarifas atrasadas, los combustibles, la educación privada y un extenso etcétera.
El relato aprovecha el valor simbólico de un gesto disciplinador, pero nada hace pensar que la excepción se convierta en la norma.
Carlos Sagristani