Hace una semana se cumplió un año del inicio de las movilizaciones de los funcionarios judiciales para obtener subidas similares a las que habían arrancado los Letrados de la Administración de Justicia. El conflicto se extendió hasta julio de 2023, sin que los funcionarios obtuviese avance alguno, ya que frente a ellos tenían a un correoso Tontxu Rodríguez, exalcalde de Baracaldo y entonces Secretario de Estado de Justicia. A los jueces les bastó con amagar con una huelga para que les subiesen 450 euros.
"Un año después, estamos igual o peor", confesaba este martes Félix Fernández Jara, del sindicato STAJ, durante la concentración ante los Juzgados de Oviedo convocada junto al sindicato CCOO, y a la que acudieron varias decenas de funcionarios. Faltaban UGT y CSIF, que el pasado día 11 alcanzaron un acuerdo con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, por el que se mejoran las retribuciones de 12.000 funcionarios, los que aún dependen del Estado, dejando fuera a los 33.000 que han sido transferidos a las comunidades autónomas, incluidos los casi 1.300 que dependen del Principado.
"Hay quien opina que es una guerra política entre ministerio y comunidades autónomas. Bolaños se comprometió a llevar el acuerdo ante las comunidades, para que asuman ellas la subida", indicó Fernández, quien denunció cierto "clasismo", ya que jueces y Letrados judiciales ya están cobrando los aumentos, mientras que a los funcionarios solo se les han subido 12 euros en diciembre. Este miércoles habrá asamblea en Gijón y avisan: "No descartamos ninguna medida, incluso la huelga".
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