La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha cifrado por primera vez en 1,5 millones el déficit que tiene España en su parque público de viviendas, por lo que la promesa de poner a disposición 184.000 viviendas para el final de la legislatura apenas cubriría un 12,3% de esa oferta necesaria.
El Gobierno de Pedro Sánchez marcó hace ahora un año la vivienda como una de sus prioridades de la legislatura con una serie de anuncios destinados a aumentar el parque público de viviendas y con la culminación de la aprobación de la Ley de Vivienda en el mes de mayo, después de años de debate con sus socios.
En la actualidad, el parque de vivienda social -con algún tipo de protección- en España es el 2,5% del total, en torno a unas 452.000 viviendas, uno de los más bajos de la Unión Europea y seis puntos por debajo de la media, que se sitúa en un 9,3%. En un parque de 26,8 millones de viviendas, según los últimos datos del censo del Ministerio, este porcentaje supondría alcanzar los 2,41 millones de vivienda pública, por encima del déficit planteado por la titular de Vivienda.
Sin embargo, el objetivo último del Gobierno es alcanzar un 20% del parque total en un periodo de 20 años. Incluso sin tener en cuenta la construcción que se produzca durante las dos próximas décadas, las viviendas con algún tipo de protección pública tendrían que superar los nueve millones para alcanzar esa cifra.
Para alcanzar el primer objetivo de 184.000 viviendas, la ministra se ha encomendado al sector privado, reconociendo que el incremento de la oferta "no puede venir solo de la administración pública". Esta misma semana, pedía a los promotores privados que se sumasen a esta política porque "hay negocio", con rentabilidades que, si bien no alcanzan el 10%, pueden situarse en torno al 5%. "Yo confío en que el empresariado español va a participar también de estas políticas", dijo.
Con el objetivo de fomentar esta participación del sector privado, el Consejo de Ministros aprobó esta semana un aval de 2.000 millones de euros para la línea de préstamos por importe de 4.000 millones de euros de la adenda del Plan de Recuperación que se destinará a promotores privados y públicos interesados en construir vivienda para destinarla a alquiler a precio asequible.
Asimismo, el Gobierno ha aprobado recientemente la modificación de la Ley del Suelo, una demanda histórica del sector inmobiliario, para dar más "seguridad jurídica" y evitar que los errores formales o subsanables paralicen por completo los planteamientos urbanísticos. Además, esta semana se ha comprometido a agilizar la concesión de licencias de construcción con la reforma de una orden del Ministerio de Economía.
2,5 millones de viviendas
"¿Es que España no ha hecho nada en estos 40 años de democracia en vivienda pública? Sí, pero ese patrimonio después volvió al mercado privado", dijo la ministra esta semana poniendo de manifiesto el modelo que funcionó en España desde mediados del siglo XX: la producción de vivienda protegida durante un período de tiempo para adquirir en propiedad a bajo coste.
La ministra cifró en 2,5 millones las viviendas públicas construidas durante la etapa democrática. Más concretamente, entre los años 1981 y 2019, se construyeron 2,36 millones de viviendas protegidas, un 21,6% del total del parque construido, según los datos del Ministerio.
La reducción del parque se explica, por tanto, en que la mayoría de estas viviendas tenían un período de protección de entre 10 y 30 años, en función de la norma autonómica correspondiente, durante el cual sólo se podían vender a un precio tasado. Tras pasar ese tiempo, han entrado en el mercado libre. La Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno obliga a una protección permanente -o de un mínimo de 30 años en algunos supuestos- de todas las viviendas protegidas.