El 19 de febrero pasado, la junta directiva de Urrá S.A. ESP, la generadora y comercializadora de energía de Córdoba, cambió de cabeza. Sus directivas anunciaron que el ingeniero electricista cordobés Eduardo Díaz Pérez asumía la presidencia de la empresa, 99 por ciento estatal.
Para esa misma fecha y sin mayores explicaciones fue removido del cargo Rafael Amaya Del Vecchio tras cerca de un año de permanecer en el cargo. La junta directiva, en donde tienen asiento representantes de los ministerios de Minas y de Hacienda, nunca salieron a explicar por qué relevaban a Amaya.
Los argumentos
En algunos sectores se habló de que se trataba de una decisión política. Pero, más allá del trasfondo de la medida, un juez acaba de ordenar el reintegro de Amaya. La decisión se conoce en momentos en que esa empresa juega un rol clave como única hidroeléctrica del Caribe, de cara al fenómeno de El Niño y un posible racionamiento.
EL TIEMPO conoció en primicia la acción en la que el gerente de Urrá dice que al momento de sacarlo del cargo le faltaban tan solo 100 semanas y tres años para lograr su pensión de vejez.
"A la fecha cuento con 60 años de edad y más de 1200 semanas cotizadas en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida -Colpensiones, tal como consta en los documentos aportados en el capítulo de pruebas", señala Amaya en la demanda.
Y agrega: "Lo anterior indica que me falta menos de los tres (3) años que exige la ley o la jurisprudencia para tener derecho a mi pensión. En consecuencia, soy beneficiario de la protección especial que brinda el Estado a los prepensionados, por faltarme menos de tres (3) años, para que se me reconozca la pensión de por faltarme menos de tres (3) años, para que se me reconozca la pensión de jubilación o vejez".
También argumentó que es padre de una menor de edad, estudiante de secundaria y que asume los gastos de otra universitaria.
El fallo
La Junta directiva Urrá, a través de apoderado judicial, solicitó se decretara la improcedencia del amparo por carecer de fundamento fáctico, probatorio y jurídico. Argumento que la acción de tutela es un mecanismo subsidiario, el cual procede cuando los mecanismos y recursos ordinarios de defensa no son suficientes, idóneos y eficaces.
Sin embargo, el juez segundo penal del Circuito de Montería accedió a proteger los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, salud, seguridad social, mínimo vital, debido proceso y trabajo del señor Rafael Amaya del Vecchio, "fraguados por la entidad Urrá SA ESP, al desvincularlo de la empresa sin tener en cuenta sus especiales condiciones sociofamiliares y legales, conforme las consideraciones antes expuestas".
Por eso, acaba de ordenar al presidente de Junta directiva de Urrá SA ESP, que, en el término improrrogable de tres días hábiles, contados a partir de la notificación del fallo, se convoque a reunión de la Junta de Directivos y se realicen todas las actuaciones tendientes a la vinculación de Rafael Armando Amaya Del Vecchio, al cargo que venía desempeñando.
De hecho, señaló que la decisión se mantendrá hasta tanto el accionante adquiera de manera definitiva su estatus pensional y sea incorporado en la nómina de pensionados.
El fallo también asegura que "el accionante no podrá ser acreedor de un enriquecimiento adicional por la indemnización adquirida por el contrato laboral analizado, por lo que deberá realizar un trámite interno con la empresa Urrá SA ESP, para resolver este tema, conforme las consideraciones antes expuestas".