La estanflación ya les infirió doce años de padecimientos a los argentinos. La pobreza se multiplicó por tres y sigue en expansión. Y la sociedad lo digirió con un nivel de conflicto desproporcionadamente bajo.
La inflación y el ajuste hundieron a una enorme mayoría de jubilados en una pauperización irreversible. Y la calle no se movió.
La motosierra amputó con la misma energía el presupuesto universitario. Lastimó un nervio sensible. Y desató un conflicto cuya magnitud excedió el cálculo político previo del gobierno.
En el imaginario social la universidad gratuita es todavía una ventana de oportunidad al progreso. Tal vez, sin la potencia fáctica de otros tiempos. Pero con una fuerza simbólica superior, quizás, en la clase media empobrecida.
Las investigaciones de opinión pública subrayaron en los últimos años un dato distintivo de la crisis, que ya había aparecido en el 2001. Se instaló la idea de una amputación del futuro. Muchos jóvenes salieron a buscarlo fuera del país. Y muchos otros argentinos, aun de edades avanzadas, al menos fantasearon con esa opción.
Además de representar esos valores, la comunidad universitaria tiene una capacidad de movilización y organización de la que carecen los jubilados, para seguir con el ejemplo.
El gobierno exhibe un vacío notorio de política educativa. En todos los niveles. Sus decisiones han sido hasta ahora sólo recortes de partidas. Para los tres niveles de enseñanza pública. Salvo el experimento de un voucher, de alcances bastante limitados, para ayudar a familias con hijos en escuelas privadas con subvención estatal.
Los gobernadores amortiguaron el conflicto de la educación primaria y secundaria. Pero el financiamiento de las universidades nacionales es indelegable para el Estado nacional.
Al choque de intereses, se añadieron el prejuicio ideológico y los discursos incendiarios. El presidente señaló indiscriminadamente a las universidades como centros donde se les lava la cabeza a los jóvenes. El vicerrector de la Uba y diputado radical Emiliano Yacobitti replicó: "no es compatible educarse en la Uba y votar a Milei". Ayer había votantes de Milei en la calle. Deben haber gambeteado el champú.
Ese intercambio de misiles retóricos relega el debate de fondo que se debe el país sobre las universidades públicas. Sobre cómo valorizar su rol de vehículo de movilidad social, optimizando la utilización de recursos siempre escasos. Cómo elevar la productividad de docentes y alumnos. Cómo mejorar la calidad educativa y en la producción de conocimiento.
La economía de las universidades no puede ser una isla ajena al uso racional y transparente del dinero público. Deben definirse cuántos fondos disponibles existen, cómo solventarlos, con que prioridades asignarlos y cómo asegurar su control. No debe confundirse autonomía con discrecionalidad. Ni la libertad de cátedra, un valor inalienable, con faccionalismo.
En el pasado reciente hubo abusos escandalosos. Contratos fraudulentos con el Estado nacional. Derroche de fondos en proyectos insólitos, como la producción de telenovelas que además nunca se exhibieron. Entrega del premio a la libertad de prensa al dictador Hugo Chávez en una facultad de La Plata.
Las universidades se deben y le deben a la sociedad una autocrítica. Y el gobierno, una política educativa y una generosa dosis de racionalidad.
La conducción de la protesta en Buenos Aires no supo, no pudo o no quiso evitar intentos de deslegitimación de un reclamo genuino. En los hechos, permitió que algunos políticos poco presentables usaran la protesta para darse un baño de lavandina y partidizar la tribuna.
El presidente eligió como respuesta una insólita cruzada macartista en las redes sociales. Es la manera más eficaz de escalar el conflicto y alejar las soluciones. Y puede resultarle, también, una peligrosa fuga hacia adelante.
Carlos Sagristani