La figura del juicio de amparo ha sido la vía efectiva para proteger los derechos de las personas frente a la actuación arbitraria e indebida de la autoridad, señaló el ministro Alberto Pérez Dayán, quien alertó que este recurso está en peligro de ser debilitado.
Luego que el Congreso de la Unión aprobó una reforma a la Ley de Amaparo para limitar las capacidades de jueces y magistrados, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) alertó que el juicio de amparo está amenazado por la intolerancia, pues mantener la posibilidad de suspender los efectos generales contra leyes que pueden resultar abusivas es indispensable para defender los intereses legítimos reconocidos por la Constitución.
"¿Acaso la existencia de un juicio, cuya finalidad es proteger los derechos humanos, realmente defenderá y protegerá nuestro futuro si no puede impedir que se detenga una actividad lesiva?", reflexionó el ministro, subrayando la necesidad de una suspensión con efectos generales para defender legítimamente los intereses reconocidos por la Constitución.
En el marco del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, en Mérida, Yucatán, el Ministro Pérez Dayán destacó la importancia del juicio de amparo como mecanismo efectivo para la protección de los derechos humanos frente a actuaciones arbitrarias de la autoridad.
Rememorando su origen en 1841 en Yucatán, Pérez Dayán resaltó cómo este instrumento legal ha sido fundamental para preservar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Por su parte, María Dolores Fritz Sierra, secretaria general de Gobierno del Estado de Yucatán, enfatizó la relevancia de que Mérida sea la sede de discusiones orientadas a forjar una Agenda Nacional para avanzar en seguridad y justicia.
Destacó la indispensabilidad de que el poder judicial de cada entidad federativa asuma su responsabilidad en una impartición de justicia efectiva, criticando la desinformación y falta de capacitación como barreras para un tratamiento justo hacia quienes buscan justicia.
El magistrado Heyden José Cebada Rivas, del Estado de Quintana Roo, reconoció a la justicia y la seguridad ciudadana como pilares del Estado de derecho, mencionando la importancia de superar las visiones limitadas para ofrecer respuestas completas y eficientes que no dejen a la población en un estado de insatisfacción.
Este evento se caracterizó por la profundización en temas como el acceso a servicios legales, problemáticas específicas de seguridad pública de las entidades federativas participantes, y el análisis del funcionamiento del sistema nacional de impartición de justicia y su infraestructura de soporte.
Estos ejes temáticos, distribuidos en 20 mesas de trabajo, orbitaron en torno a la centralidad de los derechos de las víctimas del delito y las obligaciones de las autoridades públicas en su persecución y sanción.
La reunión en Mérida se perfila como un hito en la búsqueda de soluciones a los retos persistentes en materia de seguridad y justicia en México. Sin duda, propone un camino hacia la reflexión colectiva y la acción coordinada entre diversas entidades federativas, en un esfuerzo por consolidar un entorno más justo y seguro para todos los mexicanos.
La cooperación y el diálogo entre distintos niveles de gobierno y operadores del sistema de justicia, así como el compromiso con el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de derecho, son piezas clave identificadas durante este encuentro que marcan la ruta a seguir para superar los desafíos actuales.
Durante su debate en el Congreso, el senador y autor de la iniciativa de reforma, Ricardo Monreal Ávila, reconoció que estos cambios a la ley tienen como objetivo impedir que en el futuro una autoridad del Poder Judicial pueda suspender reformas como sucedió en 2023 con la Ley de Hidrocarburos.