Los cuatro generales y otros oficiales de las Fuerzas Armadas imputados por delitos de corrupción tendrán que aguardar el desenlace del juicio para obtener los salarios retenidos, en caso de que la sentencia final les sea favorable.
El mayor general Adán Cáceres Silvestre, quien fue director del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP) de 2012 a 2020, y principal acusado en la Operación Coral, ha solicitado la entrega de los salarios acumulados en el Ejército durante sus años en prisión.
La misma situación enfrentan los generales detenidos durante la Operación Coral 5G, Boanerges Reyes, Julio Camilo De los Santos Viola y Juan Carlos Torres Robiou, quienes fueron suspendidos de funciones y continúan sin recibir los sueldos de sus respectivas instituciones.
El conjunto de militares a cargo del CUSEP y el CESTUR, durante las administraciones de Danilo Medina, enfrenta acusaciones por delitos que incluyen fraude al Estado, falsificación de documentos oficiales, enriquecimiento ilícito, asociación delictuosa, lavado de dinero de actividades corruptas; sustracción de bienes estatales y otros ilícitos documentados en los expedientes.
La Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas 139-13 dicta que una condena definitiva impediría la obtención de una pensión y otros beneficios en las Fuerzas Armadas, según lo estipulado en el artículo 164 sobre la Causa de Pérdida de Beneficios.
"Numeral 4. Por involucrarse en actividades relacionadas con el crimen organizado, así como cualquier otro crimen o delito internacional, previa comprobación judicial."
De acuerdo con el órgano acusador, al grupo de generales, encabezado por Cáceres Silvestre, se le confiscaron cinco fincas, seis granjas avícolas, proyectos inmobiliarios, cuentas bancarias, vehículos y otros activos valorados en miles de millones de pesos comprados con dinero público.
Varios de los delitos de corrupción, como el lavado de dinero, la coalición de funcionarios para perpetrar crímenes contra el estado, el enriquecimiento ilícito, entre otros, son considerados por especialistas en derecho como formas de crimen organizado.
El general Cáceres Silvestre, en la solicitud, afirma que lleva tres años sin recibir su salario y que incluso el seguro médico de él y su familia ha sido suspendido.
Sin embargo, el Ejército informó a periodistas de Acento que los militares de la institución implicados en procesos judiciales siguen figurando en la nómina y que sus salarios se acumularán hasta que se emita un fallo definitivo. En caso de ser favorable, la institución procederá a pagar los sueldos acumulados.
"Aunque deseáramos depositar los salarios por razones humanitarias, sería imposible, debido a que sus cuentas de nómina están bloqueadas por una orden judicial", afirman.
Según la acusación del Ministerio Público, cuatro generales y sus cómplices lideraron una organización delictiva que presuntamente extrajo RD$ 4,500 millones de las arcas estatales de dos entidades de las Fuerzas Armadas, CESTUR y CUSEP.
En el caso del general Cáceres Silvestre, destacó durante el juicio que se le sigue, que no cuenta con los recursos necesarios para pagar el tratamiento de su esposa enferma, debido a que lleva más de tres años sin ingresos, lo que, según dice, ha generado consecuencias económicas para su familia.
El Código de Justicia Militar autoriza a las instituciones militares a retener los salarios de los miembros de las Fuerzas Armadas sometidos a la justicia ordinaria, hasta que un tribunal dicte una sentencia definitiva.
El exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, Adán Cáceres Silvestre, aparece en la nómina del Ejército con un salario de RD$ 70,359.30, el cual recibirá en caso de ser absuelto en el proceso judicial en su contra.
De acuerdo con el órgano acusador, al grupo de generales, encabezado por Cáceres Silvestre, se le confiscaron cinco fincas, seis granjas avícolas, proyectos inmobiliarios, cuentas bancarias, vehículos y otros activos valorados en miles de millones de pesos comprados con dinero público.
La semana pasada, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ratificó la medida de prisión domiciliaria, la prohibición de salida del país, el uso de grillete electrónico y la fianza económica impuesta al general Silvestre, luego de cumplir 18 meses de medida de coerción en la cárcel de Najayo hombre, junto a los demás implicados.
Las autoridades militares indican que los acusados si resultan culpables y no se les prueba el delito de crimen organizado, tendrán derecho a los beneficios obtenidos, como la pensión y el salario por año, principalmente.
El exjefe de seguridad de Danilo Medina fue detenido el 24 de abril de 2021 por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), junto con el coronel de la Policía Nacional Rafael Núñez de Aza, el teniente coronel Raúl Girón, el cabo Tanner Antonio Flete y la pastora Rossy Maybelline Guzmán.