El Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia impulsado por la Unión Europea tras la pandemia ha supuesto un potente impulso para el desarrollo de nuevas infraestructuras públicas en España. Ahora bien, el volumen que por ahora se ha destinado está muy por debajo de las expectativas generadas en el sector privado y también del que han destinado otras economías comparables como la economía.
De los 175.000 millones de euros que atañen a dicho plan, apenas 11.619 millones de euros, el 6,7%, corresponde a la ejecución de infraestructura pública. A ello se añade que aún hay importantes partidas por asignar y el calendario establecido desde Bruselas obliga, en opinión del sector de la construcción, a extender los plazos para poder completar los proyectos.
Aunque los efectos de los Fondos Next Generation han ayudado a impulsar la licitación y la contratación de obra pública de una manera relevante, España cuenta con otros recursos comunitarios que no está aprovechando de una manera adecuada.
El Acuerdo de Asociación de España 2021-2027 recoge una aportación de 36.682 millones de euros. Esta cantidad se reparte entre los 23.397 millones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), 11.296 millones del Fondo Social europeo Plus (FSE+), 1.120 millones del Fondo Europeo Marítimo, Pesca y Acuicultura, y 869 millones del Fondo de Transición Justa.
Pues bien, según la última información publicada del porcentaje de ejecución de fondos estructurales y de inversión europeos 2020-2027, a 30 de septiembre de 2023, España es el país de la Unión Europea con menor porcentaje de ejecución, con el 63% del total asignado. Se sitúa por detrás de Italia, u antecesor en la lista, con el 70%. En cabeza aparece Portugal, con el 100% ejecutado. Hungría y Eslovenia tenían el 98% y Finlandia el 95%. Entre las grandes potencias europeas, Francia alcanzaba el 93% y Alemania el 89%.
Hay margen, por tanto, para que España impulse el desarrollo de nuevas infraestructuras con el apoyo de los fondos europeos. Al margen de estos fondos estructurales, en el marco del Plan de Recuperación, aún hay partidas por asignar relativas a la Adenda, que incluye inversiones y reformas adicionales para la movilización del total de las transferencias y préstamos asignados a España de los fondos Next Generation EU para el periodo 2020-2026, destinadas a impulsar inversiones públicas y privadas. Así, de la la línea de préstamos financieros, dotada con 83.160 millones de euros, se destinan 66.328 millones a 12 fondos de inversión y 16.686 millones al refuerzo de los PERTES.
Además, el Fondo de Resiliencia Autonómico dotado con 20.000 millones, concederá préstamos a las Comunidades Autónomas para financiar programas del sector privado y proyectos de infraestructuras elegibles. Las inversiones en infraestructuras, en su caso, a desarrollar por las Comunidades con origen en dicho Fondo, contarán con un plazo de ejecución de apenas dos años hasta la fecha contractual de finalización del programa europeo, en agosto de 2026.
Por ello, desde la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), se reclama al Gobierno que plantee a la Comisión Europea una prórroga de la fecha de terminación del programa NextGenerationEU de al menos dos años -hasta 2028-, lo que requerirá el consenso de la UE.
Con esta extensión del plazo, a juicio de la organización, se facilitaría la promoción y financiación de infraestructuras de transporte y agua de las Comunidades Autónomas con cargo al Fondo de Resiliencia Autonómico. Julián Núñez, presidente de Seopan, incidió recientemente en la importancia de esta extensión temporal para que las "líneas de préstamos se puedan implementar en obra civil". Y consideró que "está justificada por todo el impacto que ha tenido en el desarrollo de la actividad" la inflación, la guerra de Ucrania o la crisis del Mar Rojo.
Los fondos europeos, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y la colaboración público-privada, de concretarse esquemas que la faciliten, serán las fuentes de financiación para cubrir las necesidades de infraestructuras en España. Seopan ha actualizado las necesidades de inversión en a medio plazo y eleva la cifra hasta los 240.000 millones. De ellos, 178.000 millones corresponden a proyectos ya planificados y 62.000 millones a la modernización y mejora del stock de capital público. Por segmentos, movilidad de viajeros y mercancías representa 112.000 millones; agua y medioambiente 64.000 millones y energía asociada a redes y eficiencia energética 54.175 millones.
Evolución
Por el momento, los Fondos Next Generation han asignado 11.619 millones para infraestructuras. De ellos, 5.781 millones corresponden directamente al Ministerio de Transportes, 1.463 millones al Ministerio de Transición Ecológica, 1.639 millones a las Comunidades Autónomas y 2.736 millones a las entidades locales.
En 2023, las Administraciones licitaron con cargo a los fondos europeos 3.526 millones de euros, lo que representa el 12,5% del total nacional y el 20,4% de la obra civil. En concreto, Transportes licitó el 52,4% de las subvenciones (1.848 millones), impulsado por Adif. El resto de ministerios copa el 27,6%, las comunidades autónomas el 10,5% y las corporaciones locales el 9,4%. Asimismo, se adjudicaron 3.291 millones en obras con fondos del Plan de Recuperación, lo que equivale al 16,8% de la contratación nacional y el 27% de la obra civil. Entre 2019 y 2023, se han licitado 11.592 millones, el 17,6% del total de la obra civil, y se han adjudicado 9.186 millones (el 22%).
El Ministerio de Transportes ha cumplido con los objetivos fijados. Así, el departamento que ahora dirige Óscar Puente tenía asignados 11.236 millones y ha movilizado una cantidad incluso superior, de 11.520 millones, según los últimos datos facilitados por el Ministerio correspondientes al 29 de febrero de 2024.
Transportes cuenta con una dotación en inversiones directas de 7.603 millones con cargo al Plan de Recuperación, ha licitado por un importe de 7.967 millones y ha adjudicado por 6.687 millones. Destacan Adif, con 5.974 millones dotados, 6.582 millones licitados y 5.652 millones contratados. De ellos, Cercanías acapara 1.501 millones de dotación, 2.026 millones de licitación y 1.691 millones de contratación; y los corredores Mediterráneo y Atlántico y la intermodalidad abarcan 4.472 millones dotados, 4.556 millones licitados y 3.961 millones adjudicados.