El novio de Ayuso inundó parte del edificio después de recibir la orden de paralización de las obras
Alberto González aceptó el 22 de diciembre la notificación que obligaba a paralizar las obras en la vivienda en la que reside Isabel Díaz Ayuso, siete días antes de que un perito certificara que las obras continuaban.
El 22 de diciembre de 2022, Alberto González Amador aceptó de manera oficial la resolución del Ayuntamiento de Madrid que paralizaba por segunda vez las obras en el inmueble en el que reside con Isabel Díaz Ayuso.
Unos días antes, el 13 de diciembre, la Junta Municipal de Chamberí emitió una dura resolución en la que se explicaba que la pareja la presidenta había presentado una declaración responsable para acometer una reforma en la vivienda recién adquirida en la que paralizaban las obras.
Según alegaban, existía "inexactitud, falsedad y omisión de documentos" en lo declarado por la pareja de Ayuso. En un primer momento, González Amador explicó que esa declaración podía ser ampliable, cosa no permitida. Además, no adjuntó el documento que explica cuántos escombros se van a retirar ni abonó la tasa que hay que pagar como fianza por acometer reformas, que ronda los 300 euros.
Una semana después de haber aceptado la carta en la que se paralizan las obras, el 29 de diciembre, según la información que este martes publicaba El País haciéndose eco de un informe un perito que las visitó el inmueble, las obras continuaban. En concreto, en este escrito se explica que el piso "está en obras". El citado diario explicaba que hasta seis testigos confirman que la obra continuó varios meses después.
En su declaración responsable, un documento que permite el inicio de obras que, por su entidad, no están sujetas a licencia previa, la pareja de Ayuso explicaba de que iniciaría una "demolición de tabiquería sencilla", además de un saneamiento de fontanería, electricidad, alicatados y "demolición de mobiliario de cocina y falsos techos".
La primera orden de cese del Ayuntamiento fue firmada el 2 de noviembre de 2022 por tres altos cargos, entre ellos un concejal que fue apartado de su cargo y, según ha publicado eldiario.es, soportó presiones para permitir la reforma.
Justo antes de este primer cese de actividad, las obras causaron una inundación de aguas fecales en un restaurante del bajo del edificio.
Con la nueva orden, del 13 de diciembre de 2022, y que también fue desvelado en exclusiva por este medio, González Amador continuó con las obras sin un nuevo permiso. De hecho, las obras continuaron hasta bien entrado el 2023. Por ejemplo, hay un documento aportado por un vecino afectado por la obra que explica que el 29 de diciembre la reforma seguía en marcha. De hecho, el perito confirmó que el piso estaba en obras y que la causa de una nueva inundación se debía a la reforma gracias a la "pérdida de agua de tuberías" en esta vivienda, "que está en obras".
De hecho, esa Navidad, el restaurante sufrió una nueva inundación, ahora de agua corriente, que incluso cayó a varios comensales durante la cena y que afectaron a los salones de varios vecinos que sufrieron los efectos del agua. El negocio entró en bancarrota unos meses después y tuvo que cerrar. El local de hostelería, por cierto, llevaba abierto, al menos, doce años.
Es decir, Alberto González Amador continuó con las obras pese a que ya sabía de manera oficial que sus obras habían sido paralizadas. La pareja de Isabel Díaz Ayuso ya sabía que no tenía permitido continuar con las obras puesto que su declaración responsable estaba denegada y se enfrentaba a una inspección que podría haber acabado en una sanción o en la retirada del material de obra del edificio.
Según el citado medio, pese a las dos órdenes de cese, en SIGSA, que es un portal interno del Ayuntamiento, no figura ningún expediente de sanción a pesar de que la normativa del Ayuntamiento califica como muy grave "la presentación de declaraciones responsables o solicitudes de licencias que incluyan documentación falsa, o que omitan datos o información de carácter esencial". Esta infracción prescribe a los tres años y conlleva una sanción de hasta 3.000 euros.
Para ello debería haberse realizado una inspección urbanística que no se ha realizado, al menos de manera oficial, al no constar en ningún documento del Ayuntamiento de Madrid.
Más Madrid amplía la denuncia ante Ayuntamiento por la presunta infracción urbanística
Más Madrid ha anunciado este miércoles que ha ampliado la denuncia presentada hace dos semanas ante el Ayuntamiento por presunta "infracción urbanística" en la vivienda propiedad de la pareja de la presidenta. Además, ha exigido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que trate a la jefa del Ejecutivo autonómico "como a una ciudadana más".
"Hoy registramos una ampliación de la denuncia en la inspección urbanística del Ayuntamiento por informaciones periodísticas que ahondan en los indicios que teníamos en Más Madrid y que confirman que la declaración responsable se negó por dos veces, que hubo orden de paralizar esas obras pero continuaron y fueron de tal calado que provocaron daños en distintas viviendas y en un local comercial, que tuvo que cerrar", ha explicado Rita Maestre, en rueda de prensa, haciendo referencias a informaciones como la desvelada por este medio a mediados de marzo.
Según ha denunciado, no ha obtenido "ninguna respuesta a este expediente urbanístico ni a las peticiones de información, ni por parte de Almeida ni por el equipo de Ayuso, que sólo trata de enmarañar".
Maestre ha trasladado a la prensa que el plazo para contestar una petición de información es de cinco días, plazo "que no se ha cumplido en los cinco años de Almeida como alcalde". Con la ampliación de la denuncia lo que buscan es que una presunta infracción "no quede en el olvido" y ha advertido al alcalde que, por cada pregunta no contestada, "habrá una rueda de prensa y un señalamiento de los motivos por los que oculta información".
"Sabemos que no se ha girado ninguna inspección a la vivienda" que comparte Ayuso, como "tampoco se ha abierto un expediente de inspección urbanística", ha asegurado Maestre.
La portavoz de Más Madrid ha recordado al equipo de Almeida que "las leyes son iguales para todos", para pasar a cargar contra "las mentiras en bucle de Ayuso", desde "mentir diciendo que Hacienda debía a su pareja 600.000 euros mientras su abogado confesó los delitos de fraude fiscal y falsedad documental" a que "hubiera periodistas acosando alrededor de la vivienda, cuando de lo que se trataba era de tapar sus obras ilegales".
Maestre ha expuesto una serie de interrogantes, como "si el abogado de la pareja de Ayuso está actuando como testaferro y si hay una obra ilegal con la unión de dos inmuebles, cuando además uno no es propiedad de la pareja". La situación es "grave" porque "afecta a la presidenta de la Comunidad y a la legitimidad y legalidad del dinero de la casa en la que vive".