Desde Arauca, en donde lidera una visita y verifica el estado de proyectos financiados con recursos públicos, el vicecontralor en funciones de contralor general Carlos Mario Zuluaga se refirió a las intervenciones que inició en los últimos días la Superintendencia Nacional de Salud (SNS) en la EPS Sanitas y en la Nueva EPS.
El contralor partió por señalar que realizar o no intervenciones es una potestad exclusiva del Gobierno nacional y que esto lo hace de manera autónoma la Supersalud de acuerdo con sus competencias, por lo cual la Contraloría no se pronunciará sobre esas decisiones. Pero indicó que esas intervenciones "deben estar en el marco de los soportes y requerimientos que hagan posible que la Superintendencia tome una decisión de este tipo".
Aunque enfatizó que no opinarían sobre la decisión del Gobierno de intervenir EPS, Zuluaga sí hizo un llamado para que las intervenciones o los agentes interventores "no cometan las mismas equivocaciones o irregularidades en la administración de los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) porque estaríamos repitiendo no solo la enfermedad sino ocasionando un perjuicio y no una solución definitiva al sistema de salud".
Agregó que el sistema requiere de un manejo más eficiente de la UPC, que es el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al sistema de salud y se utiliza para financiar los servicios de salud de los pacientes.
Así mismo, el Contralor señaló que es necesario lograr que se de "una disminución considerable de las PQRS o denuncias o solicitudes de los usuarios en relación a la denegación en la prestación del servicio de salud".
Zuluaga también recordó que la Contraloría ha hecho en el pasado varios estudios y pronunciamientos sobre la situación del sistema de salud y de la Superintendencia, y trajo a colación una advertencia que en febrero del 2023 había emitido el organismo a la Supersalud sobre la incapacidad de esa entidad para desarrollar las competencias de ley en materia de inspección, control y vigilancia.
"Esa función de advertencia se estaba haciendo en función del antecedente de la Superintendencia de Salud por el elemento histórico de atención, vigilancia y control que debía hacer la Superintendencia por la vigilancia de los recursos de salud girados a las EPS", dijo el Contralor.
Las alertas del pasado
Esa advertencia señala que, en el histórico de intervenciones del Gobierno, los indicadores de las entidades intervenidas suelen empeorar tras las intervenciones. El documento también sostuvo que las acciones de inspección, vigilancia y control de la Supersalud "no están produciendo un efecto correctivo sobre los actores del sistema de salud" y se seguía incurriendo de manera reiterativa en prácticas indebidas frente al flujo de recursos.
El documento de 20 páginas también alerta sobre la posible pérdida de recursos públicos del sistema de salud por una gestión deficiente de las EPS bajo vigilancia, intervención o liquidación.
Esta advertencia se expidió tras recibir un informe de la Contraloría Delegada de Salud que señalaba, entre otras cosas, que había un incumplimiento en el flujo del recursos y en los acuerdos de conciliación entre las entidades responsables de pago y los prestadores de salud, sobre esto se lee que "a pesar de las sanciones que impone la Supersalud, las conductas que dan lugar a dichas sanciones son reiterativas, por lo que la acción sancionatoria no logra la corrección de los incumplimientos".
Así mismo, se añadió que las deudas con los prestadores en medidas de vigilancia especial "corren el riesgo de no ser canceladas, pues lo que normalmente se observa es que las entidades que entran en estas medidas, terminan en procesos de liquidación, existiendo posibilidad de pérdida de los recursos comprometidos en estas carteras, pues la masa liquidataria resulta insuficiente para cubrir sus acreencias".
El documento señala en ese sentido que hay un "evidente riesgo" financiero de las IPS en cuando no se garantiza el flujo oportuno y suficiente de recursos para la prestación del servicio de salud, lo que incide en la calidad de la atención a los afiliados.
Otro riesgo de posibles pérdidas de recursos públicos que se advertía surgía por la disímil información sobre el saldo real de cartera con los prestadores, pues si no se conocía ese valor, "las acciones de las autoridades sanitarias que realizan inspección, vigilancia y control (IVC) resultan inefectivas e inoportunas en la corrección de esta problemática".
También se indicó que pese a requerimientos y seguimientos realizados por la Superintendencia de Salud, las entidades territoriales incumplieron compromisos de depuración y pago de cartera en 2021 y 2022, "por lo anterior, las acciones de IVC adelantadas por la SNS frente a los resultados en los pagos de los compromisos de las ET, así como, el seguimiento al proceso de aclaración de cuentas y los procesos sancionatorios contra los incumplimientos, no aportan a la mejora en el flujo oportuno de los recursos".
La advertencia de 2023 cuestionaba también la inefectividad en las medidas de IVC tendientes a que las entidades territoriales aplicaran las normas vigentes para sanear sus carteras, "lo cual hace que el problema se perpetúe en el tiempo, se genere desgaste administrativo y no haya una solución a la vista, mientras no se resuelva de raíz la problemática que tiene el sector, en sus sistemas de información y en los procesos internos de depuración de las carteras de aseguradoras y prestadores".
Por último, la entidad resaltaba que es deber de la SNS no solo realizar vigilancia, "sino también, advertir, prevenir, orientar y si es el caso asistir a las entidades, frente a este tipo de prácticas y según sus funciones, debe realizar el control y ordenar los correctivos que permitan superar la situación crítica o irregular".