Afortunadamente, la Sala Constitucional dio un espaldarazo a la salud pública al anular la inexplicable decisión tomada por el Ministerio de Salud de eliminar una circular a favor de incorporar las etiquetas frontales en diferentes productos alimenticios.
La advertencia en el etiquetado representa la posibilidad de que la sociedad tome una decisión informada sobre la compra que realizará.
El etiquetado frontal incluye advertencias relacionadas con el alto contenido de sodio, azúcar y grasas en algunos productos, con un propósito vital: la reducción del impacto en enfermedades crónicas, como la hipertensión, la diabetes o los padecimientos cardiovasculares, en la discapacidad, la morbilidad y la mortalidad.
Las etiquetas frontales son medidas aplicadas en otras naciones con buenos resultados, y en Costa Rica las llegamos a ver, meses atrás, en ciertos productos importados, lo cual condujo a pacientes como yo a dejar en la góndola del supermercado unos alfajores argentinos porque me prevenían del contenido de azúcar.
Pero, inexplicablemente, el Ministerio de Salud tomó la decisión el año pasado de prohibir y ocultar el etiquetado frontal de alimentos que vienen del exterior, como lo planteó en la circular MS-DRPISUR-1588-2023, dada a conocer por diversos medios de comunicación, con la promesa de que se iba a recurrir a un planteamiento alternativo que hasta ahora no hemos visto.
He celebrado muchas veces la iniciativa de revivir una propuesta legislativa tendente a poner etiquetas frontales en los que se producen en el país; sin embargo, el expediente 22065 sigue archivado porque se encontraron roces con ciertos convenios centroamericanos.
La inclusión de etiquetas en productos alimenticios es una medida de salud pública eficaz, pues es una manera sencilla y práctica de que la población adopte estilos saludables, porque la información de las etiquetas convencionales no se entiende y su letra es diminuta. Esto debería corregirlo, cuanto antes, el Ministerio de Salud.
Por esa razón, agradezco a don Luis Guevara, vecino de Turrialba, por tener el coraje de plantear el recurso de amparo, porque pensó y actuó en consecuencia a su favor y el de sus nietos.
La decisión de junio del año pasado del Ministerio de Salud fue una rotunda bofetada a las personas que, desde diferentes trincheras, tratamos de promover la salud pública y los hábitos de vida saludables.
Un aplauso a quienes integran la Sala Constitucional por atender el criterio técnico de profesionales en salud y nutrición.
La autora es periodista y salubrista.