El expresidente socialista de Ecuador, Rafael Correa, planificó desde un hotel de la zona turística de Sao Paulo, Brasil, un complot para alinear el Poder Judicial de su país con sus intereses políticos para obstruir los procesos en su contra y regresar a Ecuador sin la posibilidad de ser detenido.
En una reunión secreta y acompañado de un guardaespaldas, el exmandatario ordenó al exvocal del Consejo de la Judicatura, Xavier Muñoz, gestionar la destitución de la fiscal general, Diana Salazar, y del fiscal general subrogante, Wilson Toainga.
- Lea también: Ecuador y México, soberanía, embajadas y guaridas de criminales
- Lea también: Ecuador y la amarga cosecha de 10 años de Rafael Correa
El encuentro en Brasil ocurrió el 23 de marzo del año pasado. Con la cita, Correa pretendía favorecer el recurso de revisión del caso Sobornos 2012-2016 que interpondría Ramiro Galarza, uno de los 20 sentenciados por el delito de cohecho pasivo agravado que forma parte de la causa donde figuró el exjefe de Estado y el exvicepresidente Jorge Glass, preso tras ser capturado en medio de un cuestionado operativo de las autoridades ecuatorianas por irrumpir en la Embajada de México en Quito.
Todo ello lo reveló Xavier Muñoz en una declaración anticipada durante la investigación del caso Independencia Judicial, que indaga el tráfico de influencias en la frustrada destitución del juez de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, Walter Macías, ordenada el año pasado por el Consejo de la Judicatura.
Una estructura armada
Según las declaraciones de Muñoz, divulgadas por El Universo, Correa coordinó desde el exterior una estructura judicial de aliados para facilitar su retorno. La trama la lideró el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), Alembert Vera, y los jueces nacionales Byron Guillén, Rafael Carofilis, Luis Rivera.
"Wilman Terán se volvió como un dictador en el Consejo de la Judicatura", relató Muñoz tras señalar que Correa le confesó en Brasil que su abogada en Guayaquil, Bibian Hernández, gestionó el nombramiento de Terán.
Siguiendo esa línea, le pidió convencer a la vocal Maribel Barreno de respaldarlo. También le pidió contratar como asesor del Consejo de la Judicatura a Noé Sánchez, quien previamente había coordinado la reunión en el hotel carioca.
"No sé si el mismo día que se reunió conmigo en Sao Paulo o unos días antes se reunió (Rafael Correa) con los jueces, pero me había mencionado que ya se había reunido con ellos para suspender a la fiscal general de la Nación (Diana Salazar) y para destituirla".
Influencia frustrada
El complot de Rafael Correa salió mal. Si bien Muñoz se reunió con Terán al regresar a Quito y posteriormente convocaron a una sesión para suspender a la fiscal general Diana Salazar, la medida no se logró.
Ninguno de los dos vocales accedió a votar. Ambos se ausentaron. La falta de quórum frustró a Terán después de haber intentado llamar a Correa para que le pidiera de nuevo a Muñoz "apoyar en ese punto". Terán escuchó el relato desde la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil por videoconferencia.
En el país, la independencia judicial está establecida como principio jurídico en el numeral 1 del artículo 168 de la Constitución, donde se establece que todos los órganos que componen la Función Judicial gozan de independencia interna y externa, inclusive se advierte que toda violación a dicho principio será causal de responsabilidad administrativa, civil o penal por quién la afecte
Todavía queda camino para conocer un desenlace, considerando que la Fiscalía agregó a otros exfuncionarios judiciales en la investigación, entre ellos Santiago Cifuentes, Milton Herrera, Liberto Cueva y Olga Vivanco.
También serán imputados Milton Altamirano y Jessica Chicaiza, quienes permanecen activos en su cargos. Altamirano como jefe de Órganos Auxiliares y Sistema Pericial, mientras que Chicaiza es supervisora de Innovación y Desarrollo.