En dos ocasiones, en el transcurso de año y medio, me referí a los problemas que se le han acarreado a los inversionistas en la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica, en el sentido de que, en primer lugar, el valor en bolsa de las participaciones ha perdido un 66 por ciento de su valor facial, y en segundo lugar el rendimiento ha bajado a menos del 2 por ciento, según el último reporte al 31 de Marzo.
La situación en este año y medio, en vez de mejorar como lo habían anunciado los más altos funcionarios del BCR SAFI, ha ido emperorando aceleradamente, al punto de que los inversionistas temen que, de algún modo, sus inversiones pierdan totalmente su valor, ante la quiebra del sistema.
Un grupo de inversionistas se han organizado para pedir explicaciones creíbles a los funcionarios, denunciar la compra de algunos inmuebles con sobreprecios escandalosos, solicitarle a la SUGEF la intervención de la Sociedad, y las respuestas han sido siempre un plato de babas, como se dice vulgarmente.
Sin embargo, no he percibido que nadie se refiera al alto apalancamiento que muestran sus estados financieros, superior al 40 por ciento, y que está constituido por créditos otorgados por el mismo BCR a la SAFI, sin que medien informaciones algunas sobre las tasas de interés que le cobra el BCR por los mismos, y que obviamente disminuye significativamente los rendimientos para los inversionistas. ¿Es que el BCR encontró en el SAFI una forma de incrementar sus ganancias sin el riesgo de que nadie pudiera pedirles cuentas, trasladando el riesgo a los clientes?
Tampoco aclaran el por qué el valor en bolsa de las participaciones ronda el 33 por ciento de su valor facial (que es lo que realmente invirtieron los inversionistas), y que se supone que está garantizado por el valor de los bienes inmuebles en que se han invertido los fondos. Es decir, el valor no debería estar condicionado al rendimiento, sino al valor de los bienes inmuebles, como sucede en otros valores que se negocian en Bolsa. Y lo más curioso de todo es que el valor lo determina el Puesto de Bolsa del Banco de Costa Rica, no un ente independiente y externo. ¿Será que es una forma de lograr que los inversionistas no soliciten la venta de sus participaciones, porque perderían más o menos un 66 por ciento de su inversión si así lo hicieran?
Las autoridades de la SAFI señalan en sus informes un altísimo porcentaje de ocupación de los bienes inmuebles, casi igual al que tenían cuando el rendimiento rondaba casi el 8 por ciento anual. Pero no aclaran que, durante la pandemia, hicieron arreglos de pago con algunos arrendatarios, bajandoles el pago mensual al que se habían comprometido, como es el caso de la Universidad Latina, para dar un ejemplo, sin haberlo comunicado a los inversionistas en su momento. Aquí hay algo que no huele bien, sinceramente, porque de ello no explican mucho o nada.
Ya está comprobado el delito que cometieron algunos funcionarios del BCR SAFI al comprar bienes inmuebles con avalúos sobrevalorados, lo cual ha sido motivo de escándalo, pero no se nota que nadie haya sido acusado penalmente, o que la SAFI informe que asumiría la pérdida consecuente.
Es decir, ante el olor nauseabundo que emite la ausencia de claridad y responsabilidad, vemos que se privatizan las ganancias y se socializan las pérdidas, en el sentido de que es casi seguro que el BCR cobra rigurosamente en costo de los créditos otorgados, y los inversionistas asumen las pérdidas. Y lo más vergonzoso de todo es que el Gerente del BCR, cuando compareció ante la Comisiṕon de la Asamblea Legislativa para explicar la situación, se dejó decir que los inversionistas tenían conocimiento de los riesgos de estas transacciones.
A todo lo anterior agreguemos la sombra que proyecta la intención del actual gobierno de vender el BCR, que hace que produzca una mayor inquietud todavía entre los inversionistas, pues no se sabe qué sucedería con la SAFI en este caso.
En conclusión, cuando algo está podrido, en descomposición, se produce un olor nauseabundo. Y aquí algo huele muy mal. Todo apunta a que este podría ser un caso más como los sucedidos en el pasado en Costa Rica, en donde entidades financieras se declararon en quiebra y los inversionistas perdieron todo. Y a ello se suma la podredumbre de la administración de justicia, que de pronta y cumplida no tiene absolutamente nada, y por lo tanto no se puede confiar en ella.
Tengo, eso sí, la esperanza, que las presiones que se están realizando para que la SAFI del BCR dé la cara y explique íntegramente la situación, rindan algún fruto. En la diligencia de la SUGEF no confío mucho, pues ya debería haber intervenido fuertemente y no lo ha hecho. Porque los costarricenses siempre hemos confiado en los Bancos del Estado, y últimamente hemos visto cómo, los propios funcionarios de éstos, han cometido robos y desfalcos importantes afectando la confianza que teníamos.
(*) Alfonso J. Palacios Echeverría