El presidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón ha firmado con los representantes de los sindicatos CCOO, UGT y CSIF el acuerdo para legislatura del personal funcionario, estatutario y laboral. O, lo que es lo mismo, lo que será la hoja de ruta de los derechos laborales de los empleados públicos autonómicos.
El acuerdo rubricado este jueves avanza en la reducción de la temporalidad, las 35 horas semanales y el teletrabajo. Y prevé, además, un plan estratégico de recursos humanos y una evaluación del desempeño del trabajo. Además, lanza un mensaje contra la estigmatización de los empleados públicos y reivindica para este colectivo dos cuestiones esenciales: su labor y su vocación de servicio público.
Y, sobre todo, destaca la importancia de la corresponsabilidad entre la Administración, la Generalitat en este caso, y los sindicatos para optimizar lo que son los dos grandes objetivos: los servicios públicos y la atención al ciudadano.
Es el segundo gran acuerdo que Mazón alcanza con los sindicatos en las últimas 72 horas. El anterior fue con los representantes de los bomberos forestales. Y, este jueves, con los sindicatos de la Administración Pública valenciana.
El acuerdo recoge cuestiones prioritarias. Así, Generalitat y sindicatos se han comprometido a reducir la temporalidad, de modo que cuando concluya la legislatura se encuentre por debajo del 8%, para lo que se ha acordado de forma unánime solicitar al Gobierno de España la eliminación de la tasa de reposición.
El acuerdo recoge también la negociación de la implantación de la jornada de 35 horas y del teletrabajo, la revisión de los planes de igualdad para adaptarlos a la normativa vigente y elaborar otros donde no los haya o hayan caducado los existentes.
En cuanto al derecho a movilidad de mujeres víctimas de violencia de género, se amplía a las mujeres que tengan a su cargo a otras que sufran ese tipo de violencia.
Y recoge, finalmente, la necesidad de reactivar la Mesa General de Negociación de la Comunidad Valenciana, la Mesa General de la Administración Local y la Mesa General de Negociación de las Universidades Públicas de la Comunidad Valenciana, ya que pese a estar recogidas en la Ley de Función Pública, los gobiernos del socialista Ximo Puig no las pusieron en marcha.