Perú enfrenta una situación crítica en el tratamiento de enfermedades de alto costo, situándose muy por debajo de otros países de la región en términos de inversión por habitante.
En nuestro país la inversión llega a apenas S/ 4.60 por persona afectada, mientras que en otros países de Latinoamérica como Uruguay se destina alrededor de S/ 16 por habitante en medicamentos.
Chile, Colombia y Uruguay han implementado fondos de alto costo en sus sistemas de salud para abordar esta problemática, resaltando la necesidad urgente de seguir ese modelo para garantizar una atención equitativa y sostenible en Perú.
En este contexto, la congresista Kira Alcarraz (Podemos Perú) ha presentado el Proyecto de Ley 6334/2023, para la inclusión plena y efectiva de pacientes con diagnósticos y tratamientos de alto costo, particularmente aquellos en situación de vulnerabilidad.
Este proyecto establece lineamientos claros de fortalecimiento y financiamiento, con el objetivo de evitar el gasto catastrófico de salud y garantizar un acceso equitativo a los tratamientos necesarios.
Cabe resaltar que la congresista Alcarraz realizó una mesa de trabajo el pasado viernes 22 de marzo con el objetivo de dialogar y debatir sobre la referida iniciativa legislativa. El evento contó con la participación de autoridades del Estado y representantes de diferentes organizaciones.
Según la parlamentaria, el proyecto ha recibido opiniones favorables de distintos sectores, pero aún espera el apoyo del Ejecutivo para su aprobación. Asimismo, destacó la importancia de contar con un fondo dedicado a enfermedades de alto costo al resaltar la necesidad de una atención integral y efectiva para quienes enfrentan estas condiciones, incluyendo asegurados del Seguro Integral de Salud (SIS), Seguro Social de Salud (EsSalud), Policía Nacional del Perú (PNP) y Fuerzas Armadas.
Por otro lado, la legisladora mencionó que existe una brecha de financiamiento de aproximadamente S/ 4,164 millones para el tratamiento de estas enfermedades, siendo el cáncer una de las principales preocupaciones con una brecha del 68%. Esta falta de inversión contrasta con el alto costo del tratamiento y el riesgo de muerte o invalidez crónica asociado.