Patricia Martín
El Ministerio de Sanidad ha dado luz verde este viernes al Plan Integral de Prevención del Tabaquismo con el consenso de las comunidades del PP, pese al desencuentro inicial en torno a las formas elegidas por el equipo de Mónica García para sacarlo adelante como por algunas de las medidas que contiene, en torno a la posibilidad de prohibir el tabaco en las terrazas.
El consenso ha sido posible porque, según las autonomías gobernadas por el PP, el Ministerio se ha comprometido, por un lado, a destinar parte del dinero recaudado por la subida de impuestos al tabaco a medidas sanitarias y, por otro, a buscar el consenso antes de aprobar las medidas legislativas necesarias para delimitar nuevos espacios sin humo.
Según el PP, el Ministerio se ha abierto a que "no todo sea prohibir" y que se incluyan en una futura reforma legal algunos espacios donde haya "autorregulación" a la hora de decidir si se permite o no fumar, tal como pedían varias autonomías populares alineadas con el sector hostelero.
La ministra, a su vez, se ha felicitado del acuerdo alcanzado, ha señalado que las autonomías son "coautoras" del plan y se ha mostrado "orgullosa" de que España dé un "paso histórico" para ponerse, de nuevo, "en la vanguardia mundial" de la lucha contra el tabaco.
El plan antitabaco contempla cuatro ejes básicos de actuación: sanitario, normativo, de protección del medio ambiente y la coordinación. Aboga, además, por equiparar al tabaco tradicional determinados aspectos normativos de las nuevas formas de consumo de nicotina (cigarrillos electrónicos, tabaco calentado, pipas de agua, shishas, cachimbas...).
Y contiene cinco metas: prevenir el inicio de consumo de tabaco y productos relacionados; fomentar el abandono del tabaquismo y facilitar la ayuda para dejar de fumar; reducir la exposición ambiental a las emisiones de tabaco y productos relacionados en espacios públicos y privados y reducir la huella ecológica; promover la investigación aplicada y la monitorización en el control del tabaquismo; y potenciar la coordinación y el establecimiento de alianzas.
Una vez debatido el plan en el Consejo Interterritorial, se propondrán las modificaciones legislativas necesarias para ponerlo en marcha, un proceso que puede llevar varios años.
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