El exgeneral venezolano estrechamente vinculado al fallecido presidente izquierdista Hugo Chávez fue condenado el lunes en Estados Unidos a 21-2/3 años de prisión por suministrar armas al grupo rebelde Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Cliver Alcalá, de 62 años, se declaró culpable el pasado junio de dos cargos de suministro de apoyo material a un grupo terrorista y transferencia ilícita de armas de fuego. Estados Unidos considera a las FARC, que se disolvieron en 2016 en el marco de un histórico acuerdo de paz con el gobierno de Colombia, un grupo terrorista, reportó Reuters.
El juez federal Alvin Hellerstein dictó la sentencia en una vista celebrada en un tribunal federal de Manhattan.
Alcalá es el primero en ser sentenciado de los cinco coacusados del actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien fue acusado de «narcoterrorismo» en 2020. Maduro, un eterno enemigo de Estados Unidos y protegido de Chávez que ha supervisado un colapso económico en la Venezuela petrolera, niega los cargos.
Los fiscales federales habían propuesto una condena de 30 años para Alcalá.
Argumentaron que, además de suministrar armas de grado militar a las FARC, Alcalá recibió millones de dólares en sobornos por proteger los envíos de cocaína del grupo de la interferencia de los militares venezolanos.
Los abogados defensores instaron a Hellerstein a condenar a Alcalá, detenido en Nueva York desde su extradición desde Colombia en 2020, a no más de seis años.
Dijeron que Alcalá estaba bajo el mando de Chávez cuando ayudó a las FARC, y que negó cualquier implicación en el narcotráfico.
Alcalá había sido acusado inicialmente de conspirar con el grupo rebelde para enviar cocaína, pero no admitió ningún cargo relacionado con las drogas como parte de su acuerdo final.
Los abogados de Alcalá instaron a Hellerstein a considerar la ruptura del ex general con el gobierno de Maduro en 2013 y su papel en la organización, desde la vecina Colombia, de un fallido impulso para derrocar a Maduro en 2020.
Los fiscales dijeron que las acciones de Alcalá desde 2013 no justificaban la indulgencia.