Igüeña
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Viernes, 5 de abril 2024, 17:43
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El PP de Igüeña denuncia la «reiterada negativa» y las «torticeras maniobras» del alcalde, Alider Presa de negar el derecho de empadronamiento a varios vecinos en el pueblo de Los Montes de la Ermita.
Una «insólita situación», a juicio del portavoz municipal de los 'populares', Gonzalo Álvarez, que recuerda «el derecho que ampara a cualquier ciudadano de este país a empadronarse en el lugar en el que vive o quiere vivir, independientemente de los intereses, gustos, planes o preferencias de cualquier mandatario municipal».
En este sentido, recuerda a Presa que su labor en estos casos no es otra que la de velar porque los solicitantes cumplan los requisitos y que el procedimiento se ajuste a la ley, «dos condiciones que, como dictan distintas resoluciones judiciales, se cumplen sin ningún tipo de duda».
Los 'populares' aseguran que les consta «que son más de una y de dos las personas con viviendas en propiedad y en perfectas condiciones de habitabilidad que han solicitado empadronarse en esta localidad supuestamente abandonada», afirma Álvarez. «A todas se les ha denegado con argumentos que ahora la justicia, ante la denuncia de uno de estos ciudadanos, lógicamente ha desestimado».
La última «ocurrencia» del gobierno municipal, según denuncia el PP, para intentar frenar el derecho que ampara a estas personas «es la aprobación en pleno de un absurdo manifiesto para el que se ha forzado la firma de apoyo de las juntas vecinales de Igüeña bajo la falsa amenaza de que se está poniendo en peligro la supervivencia del resto de pueblos del municipio, ¿alguien puede creerlo…?».
Dada la actitud a este respecto por parte del primer edil, desde el PP municipal se preguntan «si la verdadera estrategia de lucha contra la despoblación que tanto defiende el PSOE, y este gobierno municipal socialista, consiste en cerrar los pueblos más pequeños y hacerlos desaparecer del mapa».
Consideran «lamentable que, ante la voluntad de un ciudadano que nació, ha vivido y quiere vivir en su pueblo, en el que posee una vivienda que quiere recuperar como domicilio habitual, se haya tenido que recurrir a la justicia para amparar sus derechos democráticos, concluyen.
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