Las irrupciones en contra de embajadas se convirtieron en una forma común de protesta desde 1970. Son numerosos los episodios de asaltos a embajadas por grupos armados estatales o clandestinos aunque, a lo largo del tiempo, parecen haber disminuido en su efectividad, como una estrategia exitosa de coerción (Jenkins, 1981).
La invasión de la embajada mexicana en Quito del pasado 5 de abril constituye un episodio en la historia diplomática de nuestro país, del que conviene tener en consideración los siguientes elementos.
Más que un acto espontáneo, el evento tiene su génesis meses atrás, en cuyo centro está la figura de Jorge Glas, exvicepresidente ecuatoriano durante el mandato de Rafael Correa, quien buscó resguardo en la embajada mexicana, con el argumento de persecución política. Irónicamente, el mismo argumento con el que Ecuador dio asilo diplomático a Julian Assange, en 2012.
El momento más álgido de la cadena de desencuentros entre México y Ecuador es, sin duda, la irrupción de las fuerzas policiales ecuatorianas a la embajada mexicana. Por sí solo, este hecho constituye un claro hostigamiento a la embajada y una flagrante violación a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.
Para agregar notoriedad al evento, cabe decir que, en la historia de México, es la primera vez que la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha visto en la necesidad de evacuar a todo el cuerpo diplomático y a sus familias como medida precautoria.
Destaca también la respuesta del gobierno ecuatoriano justificando el asalto, la cual sienta un peligroso precedente. Mientras que la postura de la misión diplomática mexicana al aceptar el asilo político de Jorge Glas admite diversas opiniones, debe insistirse en que, conforme a lo dispuesto en la Convención de Asilo Diplomático de 1954 (tratado internacional del que México y Ecuador son Estados parte), el Estado asilante (México) es el único facultado para calificar la naturaleza de la persecución contra solicitantes de asilo político (artículo IV), y su decisión de continuar con el asilo debe ser respetada por el Estado territorial (Ecuador), así como la decisión del asilado de pedir salida hacia territorio extranjero (artículo IX).
Mientras que la diplomacia en México es lo suficientemente lúcida para evitar la respuesta bélica, el rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador era inevitable así como la denuncia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Diversos países en América Latina y Europa, así como múltiples organizaciones internacionales y parlamentarias, como la ONU, la OEA y la Comunidad del Caribe, expresaron su solidaridad con México y quedan a la espera de sanciones apropiadas hacia el gobierno ecuatoriano.
Resulta aventurado hacer suposiciones sobre la determinación que podría tomar la CIJ, pues en los distintos fallos que ha realizado de 1997 a 2017, las situaciones particulares de cada caso han determinado el resultado del mismo. En esto abona que no existe antecedente similar, en los últimos años, a la denuncia anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador ante dicha instancia.
Lo único que puede afirmarse al día de hoy es que el aislamiento diplomático suele llevar consigo consecuencias políticas, económicas y sociales. Los problemas en intercambio académico y cultural, la disminución de inversión extranjera y el deterioro de relaciones comerciales se prevén como consecuencias inmediatas de este lamentable episodio.
Puede decirse que Ecuador hizo todo lo necesario para que el escenario internacional lo considere un elemento de perturbación en un momento en que esto no puede ser admitido. Estamos ante un problema que no es serio todavía, pero va rápidamente en camino a serlo de no darse una respuesta contundente y firme desde el derecho internacional.
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Palmira Tapia es Maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford y Licenciada en Ciencia Políticas y Relaciones Internacionales, por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Twitter: @palmiratapia
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