El Banco Nación quedó excluido de la lista de empresas a privatizar
En cuanto a otras empresas, la Ley Bases propone la privatización total de Aerolíneas Argentinas S.A., Energía Argentina S.A., Radio y Televisión Argentina S.E. e Intercargo SAU
Por Redacción
El Gobierno ha tomado una decisión importante en relación con la privatización de empresas estatales en Argentina. Según las noticias, el Banco Nación y sus empresas subsidiarias han sido excluidos de la lista de empresas sujetas a privatización en el dictamen de la ley de Bases. Esto se produjo después de diferencias con sectores de la oposición, y para evitar una derrota en el recinto, el Poder Ejecutivo decidió remover al Banco Nación de la lista.
Además del Banco Nación, otras empresas como Nación Seguros, Nación Reaseguros, Nación Seguros de Retiro, Nación Servicios, Nación Bursátil y Pellegrini SA también quedaron fuera de la privatización.
El artículo 9 del último borrador de la ley declara que sólo Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) estarán sujetas a privatización parcial. Estas empresas podrán organizar programas de propiedad participada y colocar una clase de acciones para ese fin, pero el Estado Nacional deberá mantener el control o la participación mayoritaria en el capital social.
En cuanto a otras empresas, la ley Bases propone la privatización total de Aerolíneas Argentinas S.A., Energía Argentina S.A., Radio y Televisión Argentina S.E. e Intercargo SAU. Además, se plantea un esquema de concesión privada para las empresas Agua y Saneamientos Argentinos S.A., Correo Oficial de la República Argentina S.A., Belgrano Cargas y Logística S.A., Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE) y Corredores Viales S.A.
Por otro lado, el Poder Ejecutivo también eliminó el capítulo sobre Defensa de la Competencia, que buscaba reemplazar la Autoridad Nacional de la Competencia por dos nuevas estructuras: la Agencia de Mercados y Competencia y el Tribunal de Defensa de la Competencia. Esto ocurrió en medio de la polémica por supuestas acciones de cartelización de empresas prepagas, y el Gobierno optó por no innovar ni reducir el poder del área de Defensa de la Competencia.