- Nuevo estadio Catalá avisa: "No va a llegar agosto sin tomar una determinación en una línea: ni beneficios ni prebendas al Valencia"
Hace un año, en abril de 2023, con las elecciones municipales a la vuelta de la esquina, las conversaciones que se habían acelerado entre el Ayuntamiento y el Valencia CF para desencallar el nuevo estadio se frenaron en seco. Tras un cruce de borradores de convenio sobre la mesa, las posturas no demasiado alejadas y unas fichas de gestión que garantizaban los derechos urbanísticos en tramitación, todo se congeló. Y casi en esa misma situación sigue un callejón sin salida.
El Valencia no se ha visto beneficiado por un cambio en el gobierno municipal, sigue sin poder invertir los 80 millones de CVC en un estadio preparado para alcanzar los 70.000 espectadores pero ajustado al menor gasto posible. Y es que financiarlo supone un reto. Para ello necesita tener la seguridad jurídica de poder comercializar los beneficios que recogía la caducada ATE: los metros de suelo terciario en la Avenida de las Cortes y los residenciales y comerciales en el actual Mestalla. Todos siguen en el aire, más aún después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ resolviera que la ATE fue rigurosamente bien caducada por incumplimiento del Valencia que, además, se llevó algún tirón de orejas de los magistrados.
En este escenario, la negociación parte de cero pero no hay acercamiento de las partes. No se han mantenido reuniones oficiales con el Valencia ni tampoco entre los grupos municipales para intentar pactar una postura municipal común.
La licencia
La alcaldesa María José Catalá ha optado por una hoja de ruta diferente a la trazada por Compromís y, sobre todo, PSOE. Advirtió en el pasado 17 de octubre que tramitaría la licencia de obras solicitada por el Valencia para reanudar los trabajos en el estadio. "No habrá ninguna negociación sobre el convenio urbanístico hasta que el club retome efectivamente las obras de construcción del nuevo estadio, paralizadas desde hace casi quince años".
Sólo en el momento en que el Valencia "reanude efectivamente las obras" comenzaría a negociarse un convenio "que partirá del borrador realizado por el anterior gobierno municipal", que mantendrían el aprovechamiento urbanístico vigente en las fichas que se adjuntan a ese convenio, sin "ningún incremento, ni cuantitativo ni cualitativo", puntualizaba, y que se irían liberando a medida que el Valencia cumpliera con el avance de las obras. El "aprovechamiento lucrativo privado" del nuevo estadio no se podrá comercializar "sin que, previamente, se haya ingresado en la Tesorería la cantidad correspondiente a la construcción del polideportivo municipal de Benicalap, con IVA incluido". Tampoco se aprobaría la reparcelación de los terrenos en los que se ubica el Mestalla "sin que, previamente, el nuevo estadio esté totalmente construido y en funcionamiento y se haya demolido el Mestalla o garantizada su demolición mediante aval bancario".
Además, Catalá anticipaba que se incluiría una programación temporal de las obras "con penalidades en caso de incumplimiento que deberán garantizarse mediante aval bancario", de manera que se garantizara "que el club cumpla con la ciudad". La primera es una programación temporal de las obras "con penalidades en caso de incumplimiento que deberán garantizarse mediante aval bancario".
El Valencia aceptó durante los primeros meses de legislatura este escenario y comenzó a trabajar en afinar el proyecto básico que finalmente llegó a manos del servicio de licencias en pasado mes de enero y que podría tener el visto bueno antes de que acabe el mes de abril.
¿Significa eso que comenzarán las obras en cuanto el Valencia obtenga licencia? Pese a que ese fue el compromiso adquirido entre club y consistorio, que entendió que la reanudación de los trabajos era la mejor muestra de voluntad que se podía hacer, las manifestaciones posteriores de la presidenta Layhoon Chan ofrecen dudas.
En una carta remitida al Ayuntamiento el 30 de noviembre, la presidenta pedía celeridad en la tramitación de las licencias y anunciaba la presentación de certificados de OCA y ECUV, pero iba más allá: exigía la aprobación también de las fichas de gestión urbanística que recogen los beneficios urbanísticos y dan al club "seguridad jurídica". Aprobado el inicio de su tramitación en febrero de 2022, en noviembre habían culminado su proceso administrativo y, por tanto, estaban a expensas de ser aprobadas en el pleno municipal.
"Su aprobación es una actuación administrativa previa necesaria para consolidar los instrumentos de planeamiento inherentes a los activos inmobiliarios del club", recogía la misiva, que recuerda que estas fichas introducen "limitaciones y requisitos" para poder explotar la parcela de uso colindante al nuevo estadio. Por eso va más allá: "El proyecto del terciario colindante al nuevo estadio va íntimamente relacionado con el nuevo estadio".
Esta misma relación entre licencia del obras del estadio y fichas la hizo la presidenta en la junta de accionistas y, a día de hoy, se sigue manteniendo. De las fichas depende la financiación expuesta por el Valencia, además del desarrollo urbanístico que está obligado a hacer en la zona.
Las fichas y el convenio
Sin embargo, esas fichas están en un cajón porque el Partido Popular no tiene mayoría en el pleno para aprobarlas. Sus 14 votos nos son suficientes y sus socios de Vox ya han manifestado que no les darán apoyo. Su portavoz, Juan Manuel Badenas, no sólo se muestra tajante en su negativa sino que fue quien señaló al concejal José Marí Olano por una supuesta incompatiblidad al recibir el encargo de la alcaldesa de desbloquear el estadio al tiempo que trabajaba en una consultora que asesoraba a Peter Lim en sus negocios.
La posibilidad de que el PSOE o Compromís aprobaran las fichas tampoco está siendo viable. Pese a que la alcaldesa les ha retado e insistido en que no ha cambiado "ni una coma", ninguno de los dos grupos cede, porque consideran que deben ir asociadas a la firma de un convenio donde se recojan las obligaciones que debe cumplir el club.En las fichas aparecía como referencia la "finalización del estadio", sin especificar qué tipo de estadio debía ser. De hecho, el propio Valencia así lo exigió: no quiso dar el visto bueno a la ordenación propuesta hasta tener el resto de convenio sobre la mesa con más concreción en las líneas rojas que les exigirían en el nuevo campo.
Al cambiar el orden, primero licencia para el estadio y después fichas y convenio, la oposición no apoya a Catalá al considerar que es "darle barra libre a Lim" para que no esté obligado a cumplir. La alcaldesa les reprocha que ambos partidos aprobaron la tramitación inicial de las fichas sin tener convenio acordado.
La razón es que, de no hacerlo, el bloqueo que la caducidad de la ATE impuso a la venta del terciario podía decaer, algo que aún puede ocurrir. El decreto de la Generalitat del 29 de julio de 2022, en su apartado octavo, acordaba la "suspensión del otorgamiento de licencias de edificación de obra de nueva planta en tanto el Ayuntamiento adapte las fichas de gestión de la zona". Eso es: el Valencia no podía vender el solar junto al nuevo estadio ni Mestalla.
El plazo temporal de esta suspensión lo marca la ley, en concreto el artículo 68 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP), que indica que son máximo dos años pero "este plazo se interrumpirá, con el levantamiento de la suspensión, si, transcurrido un año, no se somete a exposición pública la propuesta de plan".
Es por esa razón que el borrador del convenio, al que tuvo acceso EL MUNDO, recogía que se extendería hasta el 3 de agosto de 2024 si, en durante el primer año de suspensión, se sometía a exposición pública el nuevo plan. Por eso se inició el trámite administrativo mientras se seguía negociando el convenio.
Se levanta la suspensión
Qué pasará si se llega al 3 de agosto sin el nuevo planeamiento aprobado es algo que genera dudas. El club recuperaría la capacidad de comercializar el suelo sin ningún condicionante haya comenzado o no las obras, dado que no hay convenio ni nuevo planeamiento donde se recojan los hitos que ha de cumplir para ver liberado ese provechoso suelo.
¿Es beneficioso para el club? Podría parecer que sí, pero hay matices que lo matizan. Sin convenio y fichas corren riesgos.
La alcaldesa ha asegurado que no va a llegar a agosto "sin que el Ayuntamiento tome una determinación" e insiste en que la oposición no quiere aprobar las fichas que diseñaron y eso provocará que se regrese al planeamiento de 2015.
Fuentes expertas consultadas por El Mundo no comparten el criterio de la alcaldesa y piensan que se presentar un escenario jurídico incierto en el que cabe la posibilidad de el plan de ordenación sea el de 2007, que rebaja notablemente los beneficios urbanísticos al club, o incluso al PGOU del 88, donde no había aprovechamientos. Esta postura la deslizó el abogado de De Torino a Mestalla, Pablo Delgado. "Sería una monumental cagada del Valencia", expresó con rotundidad.
Es más, hay quien defiende que podría prorrogarse esa suspensión porque la ley lo prevé "cuando fuera estrictamente necesario para preservar la viabilidad de la ordenación del plan en preparación, procederá la suspensión del planeamiento y dictar normas transitorias de urgencia". Esa nueva suspensión debe hacer de un "acuerdo del Consell, a propuesta o previo informe del municipio y de la conselleria competente en urbanismo, ordenación del territorio y paisaje".
Cuatro meses tienen las partes para intentar desbloquear y muchos los capítulos por escribir. El ruido de sables entre el Valencia y la Administración ha mermado, pero el acuerdo no llega y el Mundial 2030 aparece cada día más lejano.