Quito, 6 abr (EFE).- La defensa legal del informático sueco Ola Bini, amigo del fundador de WikiLeaks Julian Assange, calificó de "inaudita" e "inaceptable" la condena a un año de prisión de su cliente, luego de que un tribunal revirtiera un fallo de inocencia y lo juzgara por "tentativa" de acceso ilegal a sistemas de cómputo del Estado.
"Esto es inaudito, es inaceptable", aseguró a EFE Carlos Soria, abogado de Bini, tras lamentar que la causa en su contra, que estaba referida a un supuesto delito de acceso ilegal a sistemas informáticos del Estado, finalmente haya sido juzgada como "tentativa".
Esta es "una cuestión absurda", porque al final "se está criminalizando el conocimiento", añadió Soria tras anunciar que la defensa de Bini apelara el fallo del Tribunal ante la Corte Nacional de Justicia.
Además, indicó que la Fiscalía, que había solicitado la apelación al fallo de inocencia determinada por una Corte en enero de 2022, "nunca pudo argumentar" la supuesta "tentativa" del delito.
"Apelaremos para que en la Corte Nacional puedan revisar la sentencia y que Ola Bini sea declarado nuevamente inocente", remarcó Soria.
Un tribunal de apelación de Quito aceptó el viernes la apelación fiscal a la inocencia de Bini y lo condenó a la pena de un año de prisión y una multa de 1.840 dólares.
"Con voto de mayoría, Sala de Apelación acepta el pedido de Fiscalía, revoca la sentencia que ratificó su estado de inocencia y declara al procesado culpable del delito de acceso no consentido a un sistema informático, en grado de tentativa", informó el Ministerio Público.
El sueco de 41 años fue arrestado el 11 de abril de 2019 cuando se disponía a abandonar Quito con destino a Japón, unas horas después de que el Gobierno ecuatoriano, presidido entonces por Lenín Moreno (2017-2021), pusiera fin al asilo de Julian Assange en su embajada en Londres.
Ello llevó al arresto del australiano fundador de WikiLeaks en Reino Unido, sometido también a la petición de Estados Unidos para que sea extraditado a ese país, donde enfrentaría cargos por haber filtrado información reservada que avergonzó al Gobierno de Washington.
La Fiscalía de Ecuador había acusado a Bini por la sospecha de que había accedido sin autorización al sistema de la estatal Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) con el objetivo de intentar obtener información del contenido digital de las plataformas de la petrolera Petroecuador y de la antigua Secretaría Nacional de Inteligencia.
No obstante, la defensa de Bini, que ha negado enfáticamente los cargos, criticó la acción fiscal y denunció una serie de irregularidades en el proceso que debió haberse sustanciado en 2019, pero que fue suspendido en repetidas ocasiones. EFE
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