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Juárez
lunes, 22 abril 2024 | 14:17
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Autoridades locales han detectado un mayor nivel de violencia ejercido sobre las personas migrantes víctimas de secuestro, por parte de sus captores, cuando buscan presionar a sus familias para que depositen el pago por su rescate.
Tablazos y amenazas que realizan apuntándoles a la cabeza con armas de fuego, tanto cortas como largas, mientras los graban, para luego mandar los videos a sus familias, forman parte de las torturas que reciben las personas en situación de movilidad mientras permanecen privadas de la libertad en esta frontera.
De acuerdo con personal de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE), sus primeras víctimas eran personas centroamericanas y sudamericanas, y luego también de origen mexicano e incluso chihuahuenses, aunque se enfocan más en los extranjeros con familiares en Estados Unidos.
Una de las formas que utilizan estos grupos para obligar a sus víctimas a dar información sobre sus familiares y presionarlos para que paguen su rescate es golpeándolos con tablas, una práctica común que llevan a cabo los jefes de los grupos criminales con quienes trabajan para ellos y comenten alguna falta dentro de la organización.
En un informe recientemente publicado, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), señalan que los abusos cometidos contra los migrantes durante una operación de tráfico ilícito ponen en peligro su vida y seguridad.
"Estos abusos incluyen la violencia física, tratos inhumanos y degradantes, violencia sexual y de género, trabajo forzado, secuestro, extorsión, negligencia, condiciones de viaje inseguras y peligrosas, así como los riesgos asociados con la exposición y el abandono durante el tránsito", indica el informe Perfiles y modos de operación de personas facilitadoras del tráfico ilícito de migrantes en América Central, México y República Dominicana.
Señala los retos significativos que existen para las autoridades gubernamentales, ya que las nuevas modalidades del delito van más allá de las prácticas tradicionales, por lo que no solo es necesario identificar los perfiles y métodos operativos, sino también comprender las interconexiones que las redes mantienen con las comunidades locales y otros actores presentes en los territorios.
En estos lugares de confinamiento, conocidos como "casas de seguridad", las personas traficantes retienen a las personas migrantes mientras organizan el transporte o esperan que sus parientes en el extranjero envíen el dinero solicitado. Por lo general, estas casas carecen de servicios esenciales como agua o electricidad, y las personas se ven forzadas a estar en condiciones de hacinamiento.
Además, informantes de la sociedad civil han señalado a las agencias internacionales que estas casas de seguridad frecuentemente son escenarios de casos de violencia sexual dirigida especialmente hacia mujeres migrantes.
De acuerdo con el Monitoreo de Protección del Consejo Danés para Refugiados (DRC) en México, realizado en Ciudad Juárez con apoyo del Servicio Jesuita a Refugiados (JRS), la Unión Europea Protección Civil y Ayuda Humanitaria (ECHO) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), entre el 25 de septiembre de 2023 y el 27 de marzo de 2024, los migrantes sufrieron violaciones por parte de sus traficantes.
De 51 familias encuestadas, 31 aseguraron haber sido víctimas de violencia en esta frontera o en su tránsito por México, y casi el 7 por ciento señaló a los traficantes como los responsables de haber ejercido sobre ellos el secuestro, amenazas de muerte, violencia física, tortura, extorsión o robo.
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