No es así.
No hay sesgo alguno. Se publicaron los hechos.
Hinostroza había criticado al gobierno de Rafael Correa y fue condenada a disculparse públicamente. Es lo que informó Clarín.
La periodista había informado a través de Teleamazonas que el gobierno ecuatoriano gestionaba la importación de medicamentos de bajo costo desde la China, India y Cuba, que solo tienen registros sanitarios en sus propios países. Advirtió que los más afectados por esos procedimientos ligeros serían los pacientes.
Inmediatamente, fue acusada y obligada a las disculpas. En Ecuador, existe la figura del "linchamiento mediático". Se le aplica a medios y periodistas que critican al gobierno.
¿Quién decide qué es la perpetración de un linchamiento mediático? No la ciudadanía, ni los lectores, ni las audiencias, sino el propio gobierno.
La embajadora afirma que el organismo que audita y vigila el flujo de información en Ecuador es técnico y autónomo. No es así. Depende en los hechos del Poder Ejecutivo.
La Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) sancionó a la emisora y a la periodista por difundir "información lesiva al prestigio y la credibilidad" del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). Pero dos días antes de ésta sanción, fue el presidente Rafael Correa quien lapidó públicamente a la periodista y a la emisora.
La Supercom sancionó a Hinostroza por "incumplir" con la norma deontológica, que pide "respetar los presupuestos constitucionales de verificación, oportunidad, contextualización y contrastación en la difusión de información de relevancia pública o interés general".
¿Quién decide en Ecuador cuando una información es oportuna?
La embajadora afirma que falta la palabra oficial en la descripción que hace Clarín de los hechos.
No es así.
No sólo se publica su opinión en ésta misma página: la palabra oficial gubernamental está en el epícentro de la historia.
Hinostroza entrevistó al aire a la ministra de Salud, Margarita Guevara. No faltó la palabra oficial en el informe de la periodista.
La condena gubernamental a la periodista produjo una inmediata reacción de los organismos que trabajan a favor de la libre expresión. Desde la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Comité para la Protección de Periodistas –con sede en Nueva York–, hasta la Unión Nacional de Prensa de Ecuador (UNP).
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por las restriccciones a la libertad de prensa en Ecuador, por los castigos y sanciones sin sustento.
La Relatoría Especial de la CIDH difundió en diversas oportunidades su preocupación por las gravosas restricciones que la ley establece y el amplio margen de discreción que le otorga a la autoridad de aplicación.
Hinostroza habló con Clarín. Fue terminante: "La carta enviada por la embajadora Gloria Vidal es una muestra de cómo se articulan las autoridades del gobierno ecuatoriano para imponer su posición sobre cualquier tema. Considero que la sanción que recibí por parte de la Superintendencia de Comunicaciones viola mi derecho a la libertad de prensa y expresión", dijo la periodista.
Y agregó: "Luego de interpretar la Ley de Comunicación, que está llena de subjetividades, el gobierno logró aplicar la sanción más ridícula de esa ley, que la denominó 'linchamiento mediático' y que lo único que busca es callar a los periodistas y proteger a los funcionarios. Rechazo total y públicamente la sanción que recibí, y la violación de mis derechos".
La embajadora dice en su carta que la Ley ha democratizado el acceso a la información y a los espacios en los medios de comunicación. El balance dice lo contrario. Desde que se aprobó la Ley de Comunicación, la mayor cantidad de espacio está ocupada por el Presidente y los funcionarios de gobierno.
Lo que escribe la embajadora es falso.
No es así.
La referida ley no ampara la libertad de expresión en Ecuador. Tampoco lo hacen los burócratas oficiales que defienden al presidente.
Es así.
Una carta de la embajadora ecuatoriana, en defensa de Correa
Estos son los tramos centrales de la nota enviada por la embajadora Vidal Illingworth:
"El 12 de agosto, Clarín publicó un artículo titulado 'Sancionan a un canal en Ecuador por un informe que criticó al gobierno', encontrando que en sus argumentos prevalece una postura que no permite contrastar otro punto de vista que el que guía todo el artículo, por lo cual deseo expresar una gran preocupación por la sesgada información brindada".
"Es fundamental resaltar que la libertad de expresión es un derecho constitucional garantizado por el Estado ecuatoriano. Es igualmente importante que se conozca que el Ecuador ha registrado avances notables en la libertad de expresión gracias a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), expedida por la Asamblea Nacional en 2013. Entre los aspectos más relevantes de la LOC se destaca el derecho de la ciudadanía a recibir información de relevancia pública, verificada, contrastada, precisa y contextualizada ".
"Instituyó la figura del linchamiento mediático para evitar que se desprestigie o se reduzca la credibilidad de las personas mediante la difusión concertada y reiterativa de información con tal propósito".
"En este contexto y en referencia al artículo referido, lo que la Superintendencia de Información y Comunicación cuestiona es el parcial informe de una periodista sobre compra de medicamentos. Contrario a lo señalado en el artículo, que se ha evitado mencionar, la Subasta Corporativa de Medicamentos busca garantizar (...) medicamentos básicos; así como generar mejores condiciones económicas de adquisición por una compra agregada, plurianual y estratégica ".
"Lo antes señalado tiene como objetivo transmitir la información que en el artículo se obvia y que es por demás importante que sea parte del análisis de los lectores".