Política
Germán Vargas Lleras revela en SEMANA cómo estarían preparando la Constituyente por decreto de emergencia: "Están estructurando un nuevo conjunto de derechos"
En entrevista con SEMANA, el exvicepresidente de Colombia habla a fondo sobre la reforma a la salud, su participación en la comisión de reforma a la justicia y su posible candidatura presidencial en 2026.
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SEMANA: ¿Con qué fin se llevó a cabo el foro sobre el sistema de salud en Colombia, organizado por la Fundación Carlos Lleras Restrepo?
Germán Vargas Lleras (G.V.): Este foro es el primero de varios que tendrán lugar en diferentes ciudades. Se propone refinar una vez más nuestra propuesta, dado que, a partir del 20 de julio, regresarán al Congreso los temas de salud de los colombianos. En buen momento se hundió la actual reforma. Aquí hoy advertimos cómo creemos que no es conveniente la eliminación de las aseguradoras ni del sistema de aseguramiento.
SEMANA: ¿Qué opina sobre lo que propone Gustavo Petro para el sistema?
G.V.: Vemos con horror avanzar hacia un sistema totalmente estatizado. Advertimos que la Adres ha sido un organismo incapaz de auditar las cuentas en estos años y lo será para asumir en nuevo cúmulo de funciones que la iniciativa del Gobierno le asignaba. No creemos que el Estado deba asumir todo el riesgo, que hoy están en peligro las actuales redes de servicios que el país ha ido construyendo a lo largo de 30 años y que ha permitido que los colombianos de menores ingresos, que hacen parte del régimen subsidiado, tengan los mismos privilegios que quienes aportamos al contributivo.
Con la intervención de los panelistas, se pone de presente que el Gobierno jamás escuchó. Ni a las aseguradoras, ni a las clínicas, ni tampoco al cuerpo médico, ni mucho menos a los pacientes. Con lo que ocurrió la semana pasada en materia de intervenciones y que sigue esta semana con la decisión de intervenir la aseguradora del Valle del Cauca, queda en grave riesgo lo que llamamos la oportunidad de la atención de los colombianos que la requieran.
Se nos acabó la libre elección del paciente y vamos hacia un monopolio estatal. Ojalá no implementen también, a la brava y por decreto, lo que contenía ese proyecto de ley, donde destinan el 87 % de los recursos del presupuesto nacional a lo que ellos llaman la atención primaria y dejan sin financiar las enfermedades de alto costo o complejidad.
Siempre dijeron que no creían en la integración vertical, pero lo que vimos en este proyecto de ley es que ellos sí se integraban verticalmente en todos los aspectos. Querían definir la política, que eran las facultades de regularla, también de fijar las tarifas y ahora de contratar, de prestar el servicio. Se auditan a sí mismos. Se pagan y además se vigilan.
Lamentable que se vayan a eliminar los planes de medicina prepagada, los planes complementarios y los copagos, como también es lamentable esas nuevas competencias a gobernadores y alcaldes que el Gobierno quiere poner.
SEMANA: ¿Qué cree que puede pasar si la salud cae en manos de los gobernadores y alcaldes?
G.V.: Mire usted lo que ha pasado con los programas de alimentación, no quiero ni imaginar cuando cada cuenta, cada hospital tenga que tramitar ante cada alcaldía que le paguen los servicios. Finalmente le agregaría que nunca el Ministerio de Hacienda definió cómo se iba a financiar el modelo que ellos mismos proponen.
SEMANA: ¿Cree que el Gobierno le apostará a presentar nuevamente una reforma similar ante el Congreso?
G.V.: Todo esto es lo que no puede ser nuevamente tramitado en el Congreso, pero vemos con horror que terminará imponiéndose vía administrativa lo que les fue negado en el Congreso. Ese es el gran peligro, que procedan a la brava. Ya ellos mismos propiciaron la quiebra de algunas aseguradoras, porque llevamos un año discutiendo sobre el valor que el Estado les aporta por cada colombiano afiliado, que sigue siendo muy inferior a los costos reales.
SEMANA: ¿Qué opina del giro directo?
G.V.: Lo compartimos. Nunca nos opusimos a que el Estado le pagara directamente a las clínicas y a los hospitales sus cuentas de cobro, y se eliminara la intermediación de las aseguradoras en esta relación. Eso yo lo comparto totalmente. De hecho, en el Plan Nacional de Desarrollo aprobado en el año 2022 estaban esas facultades. Ha podido hacer uso de ellas a lo largo de lo que va del Gobierno.
SEMANA: ¿La Adres está en condiciones de hacer tantos giros?
G.V.: Jamás. Ese es uno de los temas que más me preocupa. Crear semejante monstruo, que ha sido hasta el momento incapaz en todos estos años de aumentar las cuentas y las de recobro. Es lo que tiene quebrado el sistema, es lo que ha conducido a que hoy las cuentas a cargo del Estado sumen varios billones de pesos. La incapacidad de la Adres de poder auditar estas cuentas. No quiero ni imaginar qué hubiera pasado si le asignaran todas esas nuevas funciones.
SEMANA: ¿Por qué dice que se viene un tsunami que pondría en riesgo la salud de los colombianos?
G.V.: Claro, y yo me incluyo. Hoy, 25 millones de colombianos estamos dependiendo de entidades intervenidas por el Ministerio y la Superintendencia de Salud. Estamos en esa condición. Estimo que se nos va a deteriorar la prestación del servicio, el acceso y la oportunidad.
SEMANA: ¿La gente se morirá por estas medidas?
G.V.: Es que lo que se está poniendo en peligro es la atención, la salud y la vida de los colombianos. Estamos regresando a lo que siempre se vaticinó, que el modelo que ellos quieren es de una sola entidad prestadora, lo que antes se llamaba Instituto de Seguros Sociales. Quieren convertir a la Nueva EPS en eso, del cual dependeremos 50 millones de colombianos. Complejo.
SEMANA: ¿Considera que el Gobierno expropia cuando interviene?
G.V.: Jamás en la historia de Colombia una aseguradora intervenida ha sobrevivido a esa intervención, entre otras cosas, por las malas condiciones en que son administradas a partir de la medida. O sea, todas, sin excepción, han tenido que ser liquidadas. Por eso afirmo yo que intervención es igual a expropiación, porque, dígame usted, en los últimos casos más recientes, ¿en qué van a quedar los recursos que las cajas le invirtieron a la Nueva EPS de sus propios patrimonios ante una entidad intervenida? ¿O qué va a pasar con las inversiones de la firma que promovió la constitución de Sanitas?
Van a perder esas inversiones. Esto hará imposible que hacia el futuro el sector privado se vuelva a vincular a cualquier asunto que tenga que ver con la financiación del sistema de salud. Es que destruirlo todo es muy fácil. Volver a construir lo que con tanto esfuerzo logramos en 30 años va a ser imposible, diría yo.
SEMANA: La palabra 'expropiación' es una palabra que recuerda a lo que pasó en Venezuela con Hugo Chávez. ¿Cree que se viene algo parecido?
G.V.: Es que cuando a usted le intervienen una empresa y proceden a liquidarla, ahí se le pierde todo su capital. La inversión que había hecho. Pero puede ocurrir también. Supóngase usted que no respete las vigencias futuras, todos los que promovieron y se comprometieron con las inversiones en el sector de la infraestructura probablemente también se quiebren y pierdan los recursos ya invertidos en esas concesiones, que deberían ser amortizados en los siguientes años, a la luz de los contratos suscritos. Si no se cumple, o si se altera unilateralmente esos contratos, también puede llamarse una expropiación de esas inversiones.
SEMANA: ¿Cree que Petro cada vez se parece más a Chávez o a Nicolás Maduro?
G.V.: Me asusta mucho que se esté hablando ya de una constituyente. Inicialmente pensé que el Gobierno estaba apelando al artículo 376 de la Constitución, que prevé como mecanismo que se tramite un proyecto de ley en el Congreso, que sea avalado por la Corte Constitucional y que se convoque al pueblo colombiano a que exprese si lo desea. Y posteriormente, por voto universal, se elijan los miembros de esa Constituyente.
Estoy advirtiendo que el Gobierno no ha pensado en respetar ese procedimiento. Lo que cada día veo más evidente es que van a utilizar la figura de la emergencia para convocarla. No en vano, el presidente, el ministro de Justicia, el propio ministro de Salud, expresó en el Congreso que entonces tocaría tramitar estos temas en una constituyente.
Algo muy similar a lo que ocurrió en Venezuela en el año 2017, cuando Maduro perdió el control de las mayorías en el Congreso y procedió a expedir un decreto convocando a los miembros de esa constituyente. Pero lo hizo en una forma en que segmentó la elección de sus integrantes y así logró consolidar de 364 una mayoría de 300, que fue la que propició la expedición de una nueva constitución en Venezuela, que le ha permitido a Maduro reelegirse una y otra vez, como va a pasar en las próximas.
SEMANA: ¿Qué opina sobre la falta de contundencia en el Gobierno para rechazar el bloqueo a la oposición que ocurre en las elecciones venezolanas?
G.V.: Qué lamentable que Colombia vaya a avalar ese proceso, según lo confirmamos en el encuentro binacional. Ser veedores de eso, de un proceso totalmente antidemocrático, donde no se le ha permitido a la oposición participar y competir en franca lid. Que Colombia sea veedora de eso no es nada distinto a que avalemos lo que allá va a ocurrir.
SEMANA: ¿Retira su intención de participar en la constituyente de Petro?
G.V.: Ya estamos advertidos de que no va a haber constituyente de conformidad con nuestras normas vigentes.
SEMANA: ¿Quién le dijo que desde el Ministerio de Justicia se está preparando el decreto de emergencia para hacer la Constituyente?
G.V.: Me comentan algunas personas. Yo fui ministro de Justicia, aún conservo amigos en ese Ministerio. Me advirtieron que ya estaban trabajando y preparando los textos de ese decreto. Además, me advirtieron que están estructurando un nuevo conjunto de derechos, que serán el alicate para vender la Constituyente.
SEMANA: ¿Como qué derechos?
G.V.: No lo sé, un nuevo conjunto de derechos que sea la carta de presentación de ese decreto.
SEMANA: Como para tranquilizar a la gente.
G.V.: Sí, para hacerla más atractiva.
SEMANA: Entonces sería el mismo modus operandi que el de Venezuela.
G.V.: Así lo he mencionado. Yo sí creo que vamos hacia allá. Naturalmente que eso quedará dependiendo del control de constitucionalidad en la Corte Constitucional. Esperaríamos que conserve su independencia y suspenda el decreto de emergencia, si es que terminan dictándolo.
SEMANA: ¿Lo sacaron o no de la comisión de la reforma a la justicia?
G.V.: No es que me hayan sacado, pero en la práctica así ocurrió. No me volvieron a convocar.
SEMANA: ¿Por qué cree que pasó?
G.V.: No lo sé. Participé en la última reunión, anticipadamente les envié mis propuestas, mis textos de lo que yo pensaba que debería ser una reforma que se fundamentara en el mayor acceso, seguridad jurídica, correcta administración de la rama, descongestión. Al ministro le parecieron muy interesantes los puntos de vista, pero recuerdo bien que, en la última reunión a la que asistí, el ministro dijo que no se tramitaría ningún tema que implicara una reforma a la Constitución, para responder las preocupaciones del presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Me sorprendió mucho cuando me pidieron que me inscribiera en alguna de las subcomisiones. Vi que una de ellas era sobre reformas constitucionales. Eso contradice mucho lo que dijo el ministro. Mi experiencia ahí fue muy poco atractiva. Demasiado numerosa esa comisión, le falta metodología. Nadie sabe cómo van a llegar a consensos. Me temo que llegará el 20 de julio y todo eso se reducirá a un proyecto de reforma al Código de Procedimiento Penal, y ese no es asunto que me interese particularmente.
SEMANA: ¿Petro perdió el control del país en temas de orden público?
G.V.: Lo que está pasando es que, recorriendo uno el país, en todos lados ponen de presente que este es el principal problema que se está viviendo en el territorio nacional. Sin excepción, no hay departamento en el que no se indique cómo se han incrementado los hurtos, las extorsiones, el abigeato, la presencia de grupos ilegales controlando cada día más el territorio colombiano. Todo eso, frente a una fuerza pública bastante impotente, que no actúa, que la ve uno como desmoralizada.
En estos dos años del Gobierno, lo único que se advierte en esta materia es que estos grupos ilegales han consolidado su presencia en los territorios. Los han incrementado, han consolidado sus negocios ilícitos al amparo de un mal entendido acuerdo de negociación. Estamos repitiendo lo que ya vivimos en El Caguán.
SEMANA: ¿Usted va a ser candidato en 2026?
G.V.: Quién sabe qué nos depare, si para el año 2026 aún tengamos en este país independencia de poderes y un Estado de derecho que les permita a los colombianos participar de un proceso democrático rodeado de todas las garantías.