En plena negociación para levantar el paro de colectivos con las empresas y los trabajadores nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el Gobierno comunicó que habrá multas para las operadoras del transporte automotor que no hayan tenido servicio este jueves.
"La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), organismo de la Secretaría de Transporte, incrementó los controles en las cabeceras y realiza fiscalizaciones por el cumplimiento de la frecuencia de los servicios de las líneas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)", informó el Gobierno.
"En consecuencia, las líneas que en el transcurso del día no iniciaron sus servicios o bajaron su frecuencia, ya están en proceso legal de sanción bajo el Artículo 83 del Decreto 1395/1998, con multas de hasta $ 4.050.000", agregó Transporte.
Mientras tanto, en la Secretaría de Trabajo se llevó a cabo desde las 12.30 una reunión tripartita para solucionar el conflicto, que tiene paralizado al 80% de las líneas de colectivos del AMBA desde las primeras horas del jueves y afecta a más de 4 millones de pasajeros.
El secretario de Transporte, Franco Mogetta, declaró: "Toman de rehén a los usuarios y no estamos dispuestos a ceder ante las extorsiones. La gente votó a nuestro Gobierno para combatir estos métodos extorsivos".
Y agregó: "El motivo del paro es una pretensión del sindicato de cobrar una suma que es solo una expectativa, es decir, no es obligatoria, no es exigible. La UTA fue de los pocos que acordó por encima de la inflación en febrero, cuando muchos de los trabajadores afectados hoy, que no pudieron tomar el colectivo, no pudieron alcanzar esos tipos de salarios. Tienen que levantar la medida y negociar como cualquier trabajador su sueldo".
La retención de tareas es el resultado final de la crisis económica que atraviesa el sector en los últimos 20 años al calor del congelamiento de tarifas y el crecimiento de los subsidios, que se agravó a partir de mediados de 2022.
En lo que va del año, el Estado nacional pagó subsidios al transporte público por colectivos en AMBA por unos $ 190.902,25 millones, canalizados a través del Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT), de acuerdo a los datos de Presupuesto Abierto.
Si además se suman los subsidios a los trenes, el gasto en transporte público acumuló $ 398.047 millones en el primer trimestre de 2024, con una contracción en términos reales -descontado el efecto de la inflación- de 57,63%, según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). La baja corresponde a los aumentos de tarifas, pero también a haber pisado los pagos.
Por qué hubo paro de colectivos
La UTA y las empresas habían acordado las paritarias para enero y febrero. En el segundo mes del año, los choferes cobraron $ 737.000 como salario básico y un bono de $ 250.000.
Una cláusula del acuerdo estableció que en marzo el mínimo que cobrarían sería de $ 987.000 (incorporar el bono al salario), pero el Gobierno no lo reconoce porque no hubo paritaria firmada para marzo y los meses siguientes.
Ese monto implica un incremento de 308% interanual y 83% trimestral, muy por encima de lo que quiere convalidar el Gobierno.
Los $ 737.000 corresponden a un aumento de 204% interanual y 37% trimestral, muy por debajo de la inflación, que se ubicó en torno al 286% anual y 50% trimestral (enero-febrero-marzo acumulados).
De esa forma, la Secretaría de Transporte no incluyó en el cálculo de costos ese plus salarial. Y las empresas sostienen que no recaudan lo suficiente entre tarifas y subsidios para pagar la diferencia, por lo que solo abonaron $ 737.000 de básico a cada chofer.
Según sostienen las compañías operadoras del servicio publico, les faltan unos $ 12.500 millones de parte del Estado para poder hacer frente a la totalidad del salario de unos 50.000 trabajadores.
En el acta que firmaron este miércoles, la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA), que representa a DOTA, manifiesta incluso su coincidencia con la política salarial del Gobierno "por ser absolutamente razonable, en cuanto entiende que los acuerdos salariales no deben superar los índices inflacionarios ni convalidar expectativas que los retro alimenten".
Según la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), que representa al grupo Metropol, el segundo en importancia detrás de DOTA, en febrero el costo "real" de un pasaje de colectivos fue de $ 1.157 -sin IVA-.
Los usuarios pagan con sus tarifas un mínimo de $ 270 y el Estado, con subsidios, otros $ 398 por pasajero para completar $ 668.
Por eso, declara el sector privado, van a pérdida por $ 489 por boleto o $ 115.862,64 millones por mes, que se reflejan en una "pérdida de calidad del servicio, frecuencias, seguridad y renovación de unidades".
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