Desalojos en tomas, asentamientos y viviendas en Maipú, Cerrillos y Santiago centro. Uno de estos últimos incidentes ocurrió en Barrio Yungay, en un sitio conocido como "Ciudad de Dios" y donde residían 50 adultos y 20 menores de edad en seis casas subdivididas en 30 inmuebles.
La razón detrás de estos procedimientos realizados por Carabineros junto a municipalidades e instituciones regionales es combatir la delincuencia y el crimen organizado que aquejan a diferentes comunas.
Sin embargo, a través de una carta que entregaron este lunes al Presidente Gabriel Boric, la Corporación Colectivo Sin Fronteras manifestó su preocupación por los niños y familias que no tienen relación en los delitos y son desalojados sin ningún protocolo.
"La respuesta pública ha sido criminalizar a las personas migrantes, especialmente a quienes viven en tomas y campamentos, considerándolas como una amenaza hasta convertirlas en sujetos merecedores de todo tipo de violencia estatal", afirma la misiva firmada por cerca de 90 organizaciones.
La integrante del área de incidencia de la Corporación Colectivo Sin Fronteras, Magaly Ávila, detalló que lo que buscan con este documento es que se resguarden en estos contextos los derechos de niñas, niños y adolescentes, especialmente, los de las infancias migrantes.
"Hay formas de actuar de manera distinta y no justamente ir contra personas más vulnerables ¿no? Porque no sabemos si realmente se quiere atacar la delincuencia o se quiere atacar a la migración porque, lamentablemente, hay una criminalización hacia la migración, donde pareciera que los enemigos del pueblo, de de los vecinos y vecinas son las personas migrantes, pero las personas migrantes también son trabajadoras, trabajadores, son vecinos, vecinas y hay familias, niños y niñas".
¿Desalojos como solución a la crisis de seguridad?
Para la académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, Yasna Contreras, los desalojos se usan como estrategia política en periodo de campaña para trasladar el problema hacia otro lado. "Para mí el desalojo es una acción para los medios, pero no una resolución de un problema que es más complejo, que es la vivienda", afirmó.
Asimismo, explicó que se trata de un escenario complejo pues las personas que viven en asentamientos informales muchas son víctimas de la violencia o de los "urbanizadores piratas" que venden lotes.
"Ningún desalojo que atente contra los Derechos Humanos debería aceptarse en el país (…) en un asentamiento informal tú no puedes llegar con una orden judicial que probablemente es para un grupo que ve ahí una estrategia para cometer ilícito y no necesariamente vive en ese lugar", añadió Contreras.
Magaly Avila coincidió con la académica de la Universidad de Chile y aseguró que existen otros mecanismos para enfrentar este tipo de problemáticas en las comunas.
"Lamentablemente, pareciera que es parte de la campaña electoral el poder mostrar que se solucionan de alguna forma las situaciones de violencia, pero ¿qué pasa? No sé está actuando como debería de ser, sobre todo, en conocer quiénes viven en los lugares que van a desalojar, ¿no? Porque probablemente hay alguna persona que pueda estar cometiendo algún delito, pero esta persona vive con otras personas que no son sus familiares porque hay muchas viviendas colectivas", agregó.
Protocolos de desalojo
Según el folleto 25 de las Organizaciones Unidas (ONU), "los desalojos deben llevarse a cabo en plena conformidad con las normas de Derechos humanos y evitando o mitigando cualquier consecuencia negativa"
En ese sentido, la ONU señala que se debe garantizar que al momento de realizar la reubicación los desalojados deben quedar en una mejor situación que la anterior, además de cumplir con un protocolo en pos del respeto de los derechos de estas personas.
Entre los pasos a seguir están: la notificación a todas las personas afectadas con antelación a la fecha prevista para el desalojo, identificación exacta de todas las personas que lleven a cabo el proceso, no efectuarlos cuando haga muy mal tiempo o sea de noche, hacer un catastro de las personas que viven en el lugar, entre otros.
"Son etapas que se tienen que cumplir, no se debe ir directamente a la fuerza a sacar a la familia sin un previo aviso", señaló Magaly Ávila de Corporación Colectivo Sin Fronteras.