La Fiscalía divide entre Barcelona y Madrid la investigación sobre la Operación Catalunya
La primera gran investigación de la Fiscalía sobre la Operación Catalunya se divide. La Fiscalía de Barcelona ha decidido enviar a Madrid las denuncias del major de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y de 14 de los jueces que fueron víctimas de las maniobras de la brigada política que anidó en el Ministerio del Interior del PP.
En Catalunya permanecerá la causa que la Fiscalía Superior de Catalunya mantiene abierta sobre las notas inéditas desveladas por una investigación conjunta de elDiario.es y La Vanguardia y que muestran el intento de la policía política del PP para maniobrar contra el exfiscal superior catalán Martín Rodríguez Sol.
La explicación del envío a Madrid de dos de las tres denuncias interpuestas hasta ahora hay que buscarla en el lugar desde donde presuntamente se dirigieron las maniobras contra objetivos contrarios a los intereses del PP: el Ministerio del Interior, que por entonces dirigía Jorge Fernández Díaz, con sede en Madrid.
La decisión del Ministerio Público de investigar las denuncias de los afectados contrasta con el planteamiento que en el pasado ha mantenido la Fiscalía Anticorrupción y varios jueces, que se han negado a investigar otro capítulo de la trama, el relativo a las maniobras en Andorra para conseguir las cuentas de la familia Pujol. El rechazo se suma a la negativa de diferentes tribunales a admitir las denuncias de varios afectados por la trama.
La brigada política llevó a cabo investigaciones prospectivas prohibidas por la ley no solo contra independentistas sino contra todo aquel que no se alineara con el PP a la hora de combatir el procés. Es el caso del exfiscal superior Rodríguez Sol, que en 2012 quiso investigar si era falsa la publicación en El Mundo de que un informe de la Policía vinculaba "cuentas en Suiza" de Artur Mas y Jordi Pujol con el caso Palau de financiación irregular de Convergència. La consecuencia fue aparecer en los documentos de los objetivos a seguir de la trama.
Por su lado, Trapero denunció la "persecución injusta" hacia su persona realizada por "individuos que no tenían habilitación legal para hacerlo" y que solo tenía por objetivo su "descrédito y neutralización".
Además, catorce de los 33 magistrados catalanes que suscribieron un manifiesto en 2014 favorable a una consulta soberanista y que vieron como sus fotos y datos personales terminaron publicados en el diario 'La Razón' como represalia llevaron ante la Fiscalía al "grupo criminal" de la Policía que orquestó su "señalamiento".
La denuncia de los magistrados señaló, en concreto, a cuatro antiguos responsables policiales: el jefe de la brigada política del PP, el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino, el comisario jubilado José Manuel Villarejo, el exresponsable de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas y el entonces responsable de Información de la Policía en Catalunya, Pedro Esteban.