Desde julio del año pasado, la EPS Compensar veía advirtiendo al Gobierno que estaba atravesando una grave crisis financiera ante la cual se requerían de acciones urgentes para evitar que se afectara a sus usuarios. No era la única. Otras EPS también venían señalando que la situación de estas empresas no era la mejor y que el sistema en general afrontaba graves problemáticas.
Al respecto, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo le aseguró en su momento, en julio de 2023 a EL TIEMPO, que no existía algo como una crisis en el sector y que el Gobierno ha respondido por los pagos que le corresponden. "Este gobierno cumple sagradamente con lo que está presupuestado. Que cuando hay ganancias, todos felices; pero cuando hay pérdidas, no quieren asumir. No hablemos de crisis donde no la hay", enfatizó el jefe de la cartera.
Lo cierto es que ante esa problemática, que desde el año pasado venía en aumento, la posición del Gobierno ha sido insistir en que se ha pagado lo que se ha pactado y que se ha hecho de manera puntual.
Mientras las EPS, en diversos comunicados, han señalado que si bien se han hecho los pagos pactados, aun se adeudan montos de otras (como canastas covid, recobros, licencias e incapacidades, etc.) y que, sumado a ello, lo asignado no resulta suficiente para poder cubrir los gastos, lo que estaría afectando su capacidad de funcionar.
¿Qué va a pasar ahora con la EPS Compensar?
Tras el anuncio de Compensar de solicitar una liquidación voluntaria, el Gobierno, a través de la Supersalud, cuenta con varias opciones, pero las más factibles son dos: la primera es intervenir la EPS y administrarla para tratar de mejorar sus flujos financieros y resolver su crisis (como hoy se está haciendo con otras EPS como Sanitas o Nueva EPS), o bien la Supersalud puede decidir liquidar la EPS, que es la opción más viable.
La Supersalud también podría, incluso, negar la solicitud voluntaria de la EPS y ordenarle que continúe prestando sus servicios.
Pero en el caso de la opción más factible que es la liquidación, dada la gravedad de la crisis financiera de Compensar, lo que pasa cuando una EPS se liquida es que la empresa se cierra en un proceso que puede tomar varios meses y hasta años dependiendo del número de usuarios que tengan, en este caso más de dos millones de colombianos están afiliados a Compensar.
Los usuarios no tienen que hacer nada, sino que la Superintendencia es la encargada de garantizar que la red prestadora, es decir que las IPS sigan prestando los servicios y posteriormente trasladará a los pacientes a otra EPS que será la encargada de prestar los servicios. Los usuarios también tendrán la posibilidad de trasladarse por decisión propia a otra EPS.
En ese tiempo, mientras se realiza el proceso de liquidación, la Supersalud también deberá velar porque el proceso sea rápido y lo menos traumático posible, sobre todo para pacientes con enfermedades crónicas, quienes no pueden suspender sus tratamientos, como pacientes de cáncer o diabetes.
De igual manera, la Supersalud será la encargada de velar para que se realicen los pagos a la red prestadora, una problemática grave y sin solución que distintas asociaciones de hospitales y clínicas han venido denunciando durante los últimos años. Eso, dado que cuando se liquida una EPS la cartera queda allí, y las deudas que se tenían con las EPS suelen no pagarse, lo que empeora el hueco financiero para clínicas y hospitales que son los que finalmente atienden a los pacientes.
Es clave señalar que mientras se surte el proceso de revisión de la Supersalud, Compensar EPS seguirá prestando servicio normalmente. Es decir, durante los siguientes días y mientras no se tome una decisión de fondo los pacientes de Compensar seguirán siendo atendidos de manera normal por la EPS y su red prestadora de servicios.
En todo caso, dicho proceso dependerá del Superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, quien esta mañana en entrevista con Caracol Radio anunció que ya se encuentran evaluando las opciones que tienen disponibles para poder tomar acciones.
Leal enfatizó en que la entidad de vigilancia tiene la obligación de estudiar la solicitud y "tomar una decisión e inclusive negar ese retiro voluntario del sistema cuando se podría vulnerar el derecho fundamental a las personas a la salud".