La realidad suele colaborar para que el Presidente pueda administrar esta dicotomía.
Por ejemplo, el aumento de tarifas de julio del año pasado fue atenuado por la irrupción nocturna de José López revoleando 9 millones de dólares sobre el muro de un convento.
En las últimas horas volvió a funcionar el sortilegio. La inflación de marzo, que se conoció anteayer, fue de 2,4%.
Apenas se divulgó el dato, Lázaro Báez tuvo la amabilidad de sufrir una descompensación que lo sacó de la cárcel y lo llevó al sanatorio de los Arcos.
Sus allegados explicaron a los médicos el motivo del percance: la justicia suiza reveló la existencia de una cuenta de 25 millones de dólares, de la que Báez es titular junto con sus hijos. Báez entró en una depresión. Está complicada toda su familia.
Nicolás Dujovne reconoció ayer que el Gobierno está preocupado por el comportamiento de los precios. Otros miembros del gabinete, sin embargo, tienen un desvelo superior: la reacción de Federico Sturzenegger.
El presidente del Banco Central subió la tasa de política monetaria 150 puntos básicos, llevándola de 24,75% a 26,25%. El objetivo es que la inflación no supere el 17% que él previó.
Entre los economistas no está claro cómo se fijó ese tope.
Una versión indica que fue cuando Alfonso Prat-Gay pronosticó un 25% de inflación para 2016 y 17% para este año. Fue en enero del año pasado, cuando todavía se desconocía el impacto del aumento de tarifas.
Hay funcionarios que, como Mario Quintana, ya estaban inquietos por los efectos recesivos del costo del dinero.
Una coincidencia tardía con Prat-Gay, que acaso se refuerce porque Quintana incorporó a su equipo a Vladimir Werning, que fue jefe de Gabinete del ministro removido. Ahora Quintana tiene un motivo mayor para preocuparse.
El índice de inflación y la reacción del Banco Central, que en homenaje a su propia independencia fue inconsulta, cambian las coordenadas de los acuerdos sectoriales que negocian Jorge Triaca y Francisco Cabrera con sindicatos e industriales.
Tampoco los convenios salariales serán los que se venían discutiendo. Macri suele respaldar a Sturzenegger sin reparos.
Pero igual consintió que se prepare para hoy una reunión en Olivos para analizar con el gabinete económico y con Sturzenegger la nueva situación.
Báez ingresó al sanatorio de los Arcos en el momento justo. A los profesionales que lo asistieron no los alarmó tanto su arritmia, sino lo que parecía un cuadro depresivo.
Ayer se conoció el motivo del estrés. Apareció la cuenta que involucra a sus hijos, Martín, Leandro, Luciana y Melina, en la trama de sociedades que sirvieron para sacar dinero negro del país.
En junio pasado la había denunciado el titular de la UIF, Mariano Federici, quien pidió la detención de los cuatro jóvenes. Ahora ese desenlace parece inevitable.
La leyenda se reactiva. Báez tendría un solo límite para revelar lo que, se supone, conoce de las intimidades patrimoniales de los Kirchner: que toquen a sus hijos. Hasta ahora ha callado.
A pesar de que Martín Báez habría negociado con funcionarios del Gobierno suministrar información a cambio de que se desplace de la causa a Casanello.
El acuerdo se habría definido, según fuentes muy confiables, el 10 de mayo del año pasado, en unas oficinas de la avenida Córdoba 991.
Un capítulo del pacto era desplazar a Casanello, denunciando una supuesta reunión entre el juez, Báez y Cristina Kirchner.
Los testigos que se prestaron a suministrar los detalles de ese encuentro ahora están procesados por mentir. El gestor de la transacción habría sido un fiscal.
¿Eduardo Miragaya, quien trabajaba en la AFI, a las órdenes de Silvia Majdalani? El titular de esa agencia, Gustavo Arribas, lo despidió el 15 de marzo último.
Casanello no oficializó la información que recibió de Suiza. Pero está interesadísimo en la salud de Báez. Ayer pidió, antes de devolverlo al penal, que lo revisara un médico forense.
La ex presidenta debe haber suspirado. Con el mismo afán con que ha rogado que Báez no hable, ahora tiene que desear que viva mucho. Hay que evitar especulaciones malditas. Mejor no comparar con otro caso.
Los tribunales tienen garantizado el centro de la campaña electoral. No sólo por los enigmas sobre el enriquecimiento de los Kirchner.
También aparecen los coletazos de Odebrecht, sobre todo por los contratos con AySA, la empresa estatal de aguas.
Casanello, también a cargo de ese caso, puso bajo la lupa a Carlos Ben, el presidente de AySA durante el kirchnerismo. Fue la sombra del sindicalista José Luis Lingeri, "Mr. Cloro".
También son investigadas varias firmas del sector, como Transclor, de Mauricio Filiberti, o Megatrans, de la musa de la obra pública, Graciela de la Fuente, íntima de Aníbal Fernández.
Elisa Carrió también mantiene viva la llama judicial. Pero el eje de su pleito no tiene que ver con el pasado, sino con el presente. Por eso el juicio político que pidió contra Ricardo Lorenzetti incomoda al oficialismo.
Macri volvió a distanciarse del conflicto. En la intimidad, suele lamentar que el presidente del máximo tribunal del país sea vapuleado en una campaña electoral.
Y confiesa valorar a Lorenzetti, en especial por cómo se comportó frente al aumento de tarifas. Los allegados a Carrió aclaran: "Todo lo que hace «Lilita» lo pacta con Macri".
Hay algo que, seguro, no pactó: el comunicado en que su partido elogió la lucha "en soledad" de Carrió contra las mafias.
El criterio de Macri se traslada a Diputados. El oficialismo, con la excepción de la Coalición Cívica, ignorará la iniciativa de la diputada.
La Comisión de Juicio Político, que preside el larretista Álvaro González, seguirá sin reunirse, como hasta ahora. Allí hay un solo representante de Carrió: Carrió.
Podría suceder algo poco convencional. Que la decena de diputados del Frente para la Victoria que integra Juicio Político apoye la iniciativa de Carrió.
Chocarían con un inconveniente: si la comisión fuera convocada, los oficialistas prevén tratar primero la remoción de Alejandra Gils Carbó. Esa estrategia se concibió cuando José Luis Gioja pidió el jury contra Macri.
Bloqueada toda discusión en ese campo, Gils Carbó será expuesta en otra escena. La procuradora es la obsesión de Macri.
Es posible que, a instancias del radicalismo, la comisión que controla el Ministerio Público, que preside Graciela Camaño, comience a sesionar, con un desfile interesante de testigos.
Las catilinarias de Carrió contra Lorenzetti continuarán. Es casi seguro que ella se postulará en la Capital. No habría que descartar que invitara a Martín Lousteau a integrar una lista de unidad.
Carrió no quiere ser el instrumento de Pro en un conflicto con el ex embajador. Para Lousteau sería una encrucijada.
Más difícil es saber qué destino tendrá el conflicto con el presidente de la Corte en el terreno judicial. María Servini de Cubría investiga la mutual Pyme Rural, salpicada por negocios con la AFA.
Allí aparecen como socios Lorenzetti y sus hijos. El magistrado aclaró que fue un depositante más. En los tribunales hay mucha precaución con esa causa.
El viernes pasado, por ejemplo, el camarista Eduardo Freiler reclamó el expediente. Se rumoreaba que Servini iba a allanar la mutual de Rafaela.
Servini está recusada por Pyme Rural. Y Freiler es clave en esa decisión. Su colega Jorge Ballestero no puede intervenir porque integra el tribunal de disciplina de la AFA. Lo subroga Leopoldo Bruglia.
Ambos podrían aliviar al presidente de la Corte. Aunque tal vez no haga falta. Servini cree que Lorenzetti la quiso retirar impulsando el fallo que establece la jubilación obligatoria a los 75 años.
Aunque ella tiene una declaración de un tribunal previsional que le permite seguir en los tribunales. Una curiosidad: el fiscal del caso fue Miragaya. Para la jueza hay otra salida.
En el Ministerio de Justicia examinan proponer que continúe en el cargo cinco años más. ¿Lo aceptará Macri?
La pregunta interesante es otra: ¿lo aceptará Servini? Ayer en Comodoro Py circuló la versión de que está pensando en retirarse.