El Parlamento de Canarias, menos Vox, rechaza la extracción de tierras raras en Fuerteventura
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El pleno del Parlamento de Canarias ha acordado este miércoles rechazar, con la única excepción de Vox, la extracción de tierras raras en Fuerteventura.
El pronunciamiento se ha producido a raíz de una iniciativa parlamentaria del grupo de Nueva Canarias-Bloque Canarista, que los grupos que apoyan al Gobierno de Canarias han enmendado.
El texto original de la proposición no de ley pedía paralizar cualquier tipo de autorización relacionada con los permisos de investigación y prospección de tierras raras, así como a denegar cualquier solicitud al respecto.
También, garantizar que ante futuras solicitudes se informará previamente a Cabildo y a los ayuntamientos afectados por las mismas; y analizar el impacto ambiental que cualquier actividad minera pueda tener tanto en el entorno como en la flora y fauna, además de a la salud de las personas de las áreas afectadas directamente, así como de los territorios circundantes y los ecosistemas marinos.
La diputada de Nueva Canarias Natalia Santana ha celebrado la capacidad de todos los grupos salvo Vox de alcanzar un acuerdo para tratar de "frenar esta locura", pues ha planteado si "alguien cree" que con una inversión prevista de 1,5 millones y al amparo de una ley de minería preconstitucional solo se pretende estudiar la existencia de tierras raras y no "llenar de minas" Fuerteventura.
"No podemos poner a nuestra gente en peligro, abriendo en nuestro territorio una de las actividades mineras más contaminantes del planeta", ha advertido.
Ha recordado que en su día apoyaron una proposición no de ley en favor de que las dos universidades públicas estudiaran la presencia de tierras raras en el subsuelo, pero "de ahí se pasó a aprobar permisos" por parte del Gobierno de Canarias, ha denunciado.
Asimismo Santana ha recriminado a PP y CC su situación kafkiana, pretendiendo ser al mismo tiempo "verdugo y salvador, gobierno y oposición", e instar en el Parlamento a "parar lo que han apoyado en el Consejo de Gobierno".
Mario Cabrera, del grupo Nacionalista, ha reivindicado "el espíritu de brega" de la sociedad majorera, que "dice no al desarrollo de la minería" en su isla, como hizo hace 40 años con las cementeras o a Repsol con las prospecciones petrolíferas frente a sus costas.
"Allí empezados el no a prospecciones y hoy decimos no a Satocan y la extracción de tierras raras", ha proclamado Cabrera, que ha agradecido la labor de colectivos, vecinos e instituciones de Fuerteventura, algunos de los cuales han seguido el debate desde la tribuna del público del Parlamento, como la presidenta del Cabildo, Lola García.
Pese al acuerdo, Cabrera ha enfatizado que la iniciativa de Nueva Canarias y la enmienda transaccional de los grupos que apoyan al Gobierno no tienen "nada que ver: son como un huevo y una castaña", ha dicho, pues el texto definitivo recoge todas las demandas vecinales y los acuerdos institucionales, así como las alegaciones presentadas, que no estaban en el texto inicial.
El "mandato claro" de la proposición no de ley aprobada por la Cámara regional, ha dicho el diputado nacionalista, es "parar cualquier tipo" de solicitud de extracción y no tramitar ninguna más en el futuro.
También pide la revisión de la Ley de Minas y que el pronunciamiento de Cabildo y ayuntamientos sea vinculante.
Mario Cabrera ha instado al Gobierno de Canarias a "que materialice este mandato de forma inmediata" y a que "desempolve" la propuesta del parque de zonas áridas, que lleva "durmiendo en el baúl del olvido".
Luz Reverón, del grupo Popular, ha admitido que aunque las tierras raras son "codiciadas como una oportunidad", en especial en el ámbito de las tecnologías de la comunicación y del vehículo eléctrico, su búsqueda "multiplica la explotación de recursos naturales mediante la minería", que en el caso de Fuerteventura supone "una amenaza de gravedad" para el entorno natural.
Reverón ha puntualizado en todo caso que hay "muchas acciones de particulares" ante el Gobierno de Canarias, algunas de las cuales han sido admitidas a trámite, "lo que no significa que estén autorizadas".
La diputada popular ha ahondado en que en el Parlamento de Canarias "estamos para legislar, no para acordar que los miembros del Gobierno prevariquen", y ha abogado por buscar soluciones para que el ejecutivo regional "tome en cuenta" lo dispuesto en esta proposición no de ley, que no es vinculante, y "recoger la voz del pueblo majorero, que ha hablado alto y claro".
En definitiva, lo que se propone es aprobar un decreto ley para "darle un soporte jurídico" a ese rechazo a la extracción de tierras raras, y que el Gobierno de España modifique la Ley de Minas y así "los canarios podremos decidir lo que queremos para nuestro territorio".
Manuel Hernández Cerezo, del grupo Socialista, ha criticado "la manera de proceder" del Gobierno de Canarias: "un atropello a la sociedad majorera y una afrenta directa al Cabildo y los seis ayuntamientos" de esa isla.
Ha hecho hincapié en que "hasta anteayer" la postura del PP era otra y ha invitado al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a que "ejerza" su cargo y ordene la paralización de las autorizaciones si el vicepresidente y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, "no tiene valentía y no quiere" hacerlo.
Melodie Mendoza, de Agrupación Socialista Gomera, ha exigido la aplicación de "todas las medidas ambientales" en caso de que haya actividad extractiva "para evitar consecuencias devastadoras" en el medio, y Raúl Acosta, del grupo Mixto, y llamado a no cerrar la puertas a investigar "lo que tenemos en el subsuelo para tomar las decisiones en el futuro que más nos convengan".
Nicasio Galván, de Vox, ha considerado que lo acordado hoy por el resto de grupos es "un mensaje perfecto para que huya la poca inversión en nuestra tierra y para desincentivar a los emprendedores".
Galván ha criticado que se pretenda "legislar a golpe de titulares" cuando además las tierras raras suponen una oportunidad de diversificar la economía canaria, por lo que su exploración "debería ser una prioridad estratégica".