Un proyecto de ley que ingreso a la Legislatura de Córdoba para su análisis propone regular el acceso a los servicios de salud que se brinda en los centros de atención que dependen del gobierno provincial.
El proyecto propone establecer aranceles para los pacientes que sean de otras provincias o de otros países y que se atiendan en hospitales públicos provinciales.
Fue presentado por el legislador departamental por Tercero Arriba Juan Pablo Peirone (Juntos por el Cambio).
También contempla que exista un régimen de reciprocidad, compensación y aranceles acorde a la prestación de servicios de salud a personas extranjeras o de otras provincias. Ese régimen de reciprocidad con otras provincias y países deberá contemplar un mecanismo de recupero de gastos a cubrir en su totalidad, siempre basados en los costos establecidos en el nomenclador de la obra social provincial Apross al momento de la prestación, señala el proyecto.
Peirone es médico en Río Tercero, ciudad donde fue candidato a intendente en tres oportunidades. Milita en el Frente Cívico y Luis Juez había anunciado que sería su ministro de Salud si era elegido gobernador de Córdoba en 2023.
El legislador fundamentó su iniciativa en lo que entiende es la saturación que está sufriendo el sistema de salud provincial, situación que –sostiene– está relacionada con la crisis económica nacional.
El legislador sostuvo que "la política de igualdad para todos los habitantes que se encuentren en territorio nacional ha generado una saturación sobre el sistema de salud provincial debido a que muchos extranjeros realizan en hospitales públicos de Argentina y sobre todo de nuestra provincia, intervenciones programadas de alto costo, tanto clínicas como quirúrgicas, tratamientos oncológicos, trasplantes y partos, entre otras, sin que se hayan arancelado estas prestaciones, que no son emergencias ni urgencias, sino programadas".
Y agregó: "Particularmente, en el caso de Córdoba, la diversidad de hospitales que atienden incluso patologías de alta complejidad, lleva a la permanente atención de pacientes provenientes de otras provincias e incluso extranjeros, colapsando en ocasiones el sistema, generando dificultades económicas, administrativas y de recursos humanos para la atención. Esto se percibe no solo en el tiempo de espera para acceder a ciertas especialidades por parte de los cordobeses, sino también en el permanente reclamo por parte del personal de salud en cuanto a la falta de recursos humanos e insumos".
Peirone también fundamentó su iniciativa en la situación social que se vive en el país. "No permanecemos ajenos a la gravísima crisis económica que afecta a todo el territorio nacional, lo cual ha generado un incremento significativo de la demanda en hospitales y centros de atención como resultado de la admisión de pacientes que pagaban obras sociales y prepagas y que hoy no pueden afrontar, por lo que terminan siendo atendidos hoy en un hospital público", sostuvo en su fundamentación.
Su proyecto está acompañado por los legisladores Nancy Almada, Walter Gispert, Daniel Juez, Viviana Martoccia y Carmen Pereyra, del mismo bloque en la Legislatura.
"Esta ley implica una reforma integral con el objetivo de modernizar, reorganizar y optimizar todos los recursos sanitarios a través de la regulación de la atención de los pacientes foráneos proponiendo el recupero de gastos desde las provincias o países asistidos", expresó Peirone.
Salta, primera experiencia con extranjeros
El gobierno de Salta estableció en febrero de este año por decreto el arancelamiento de la atención sanitaria para los extranjeros que se encuentren en la Argentina de manera temporal, de vacaciones, o que tengan una residencia precaria, es decir, no permanente.
La medida, la primera en esa línea que toma una provincia argentina, es sólo para extranjeros (no para visitantes argentinos) y se aclaró que la atención en casos de emergencias estará garantizada y no deberá ser abonada.
La decisión quedó plasmado en el Decreto de Necesidad y Urgencia 129 a través del cual el gobernador Gustavo Sáenz determinó que los extranjeros contribuyan a solventar los gastos que genera su atención sanitaria en los centros de salud provinciales, ya sea por sí mismos o a través de un seguro de salud. "La medida procura garantizar la solvencia del sistema de salud público salteño", indicaron desde ese Gobierno, que fundamentaron la medida en la emergencia económica que atraviesa el Estado provincial y en la alta y creciente demanda que atraviesa el sector público de salud.
En el primer mes de aplicación de la medida, desde el Gobierno salteño se aseguró que se redujo más del 80% la prestación a personas de paso del exterior.