La Gendamería evitó ayer dos cortes en los accesos a la Capital. En el cruce de la Panamericana con las rutas 202 y 196. Hubo un amago de movimientos piqueteros de armar allí una olla popular que no prosperó.
Los gendarmes se desplegaron también en el Puente La Noria y Puente Pueyrredón. La estrategia del ministerio de Seguridad, de Patricia Bullrich, quedó de esa manera consumada.
Los accesos estuvieron liberados pero los cortes y las marchas se replicaron. Los movimientos sociales fueron al Congreso a pedir por la aprobación de la Ley de Emergencia.
Los empleados de Bingos y Casinos –afectados por un impuesto para financiar las nuevas escalas de Ganancias-- llegaron incluso desde el interior para la protesta. Contaron con la solidaridad de los sectores patronales: una generosa logística de micros para trasladarse hasta las inmediaciones del Congreso.
Los bancarios también traquetearon el centro porque no llegan a un acuerdo sobre el pago del bono de fin de año.
Los taxistas repiten su cruzada contra Uber pese a que por primera vez un magistrado insinúa colocar límite al servicio que se instrumenta sigilosamente a través de las redes.
Los sucesos de la semana pasada y la presente no responden a una casualidad. Ni constituyen solamente un flash.
Según la consultora Diagnóstico Político, durante el mes de noviembre se registraron 575 piquetes en todo el país. El mayor valor desde mayo y un aumento del 7% respecto de octubre.
El distrito mas conflictivo es la provincia de Buenos Aires con 129 cortes. Segundo, aunque lejos, figura la Capital con 54. Pero la visibilidad de esta geografía no se compara con ninguna.
Se trata de un problema objetivo para Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de Gobierno porteño. En el otro extremo de esos distritos figuran San Luis y Santiago del Estero: apenas dos piquetes en el mes.
El trabajo de Diagnóstico Político también descubre la identidad de los principales actores de las protestas. En primer lugar los piqueteros y organizaciones sociales; en segundo los trabajadores estatales; en tercero los vecinos (reclamos barriales) y en cuarto los despedidos y desocupados.
En once meses de macrismo en el poder se llevan computados 5901 cortes en la vía pública. Con los muchos registrados en los escasos días de Diciembre todo indica que 2016, en ese rubro, se enfila a romper la marca del 2015, cuando todavía reinaba Cristina. Su último año contabilizó 6323 protestas callejeras.
El gobierno de Mauricio Macri tampoco le encontró hasta ahora la vuelta al dilema de la Ciudad sitiada. La enjundia del arranque, con el Protocolo Antipiquetes que dispuso la ministro Bullrich, se fue diluyendo al compás de la complejidad que descubrió el asunto.
La jefa de Seguridad garantizó la liberación de los accesos. Pero ha preferido no meterse en suelo de Rodríguez Larreta. Cuando lo intentó, en el amanecer de la gestión, saltaron los chispazos.
Rodríguez Larreta atraviesa, en ese tema, una situación delicada que sólo la disimula su tenacidad por prolongar donde puede el metrobus, hacer peatonales mas calles céntricas (algunas hasta incursionan en los barrios) y emprolijar espacios públicos sobre los cuales ya se había volcado plata. Se trata del traspaso de una parte sustancial de la Policía Federal a la órbita de la Ciudad.
Esa transición, acordada el primer día que el Presidente llegó a la Casa Rosada, está plagada de dificultades. En una mirada general la amalgama de unos 15 mil efectivos con la Metropolitana.
En una mirada particular tres o cuatro tópicos nodales: la escala de salarios, el manejo de los adicionales, el empalme de la capacitación y algunas facultades que podrían ser matizadas. Como el método para la toma de denuncias en las comisarías.
Rodríguez Larreta no estaría en condiciones de congeniar esa delicada transición policial con la necesidad de ordenar la calle cada vez que los movimientos sociales, u otros actores, salen a manifestarse.
El menor descuido o desborde podría dejar a su ingeniería policial en crisis.
La explicación política suena atendible. Pero nunca justificaría el desamparo recurrente en que se encuentra cada día en la Ciudad el hombre común. En los últimos cuatros piquetes registrados, casi no se observó presencia policial.
Sólo alguna tímida para evitar que los sorprendidos automovilistas queden en medio de los manifestantes. En tres ocasiones, de esas cuatro, fue bloqueado el servicio de Metrobus en la avenida 9 de Julio.
Los colectivos inventan sus propios recorridos alternativos y el pandemonio se apodera de la vida de los porteños.
El macrismo está a la búsqueda de paliativos. Que en ningún caso encierran la posibilidad de soluciones mas o menos consistentes.
El kirchnerismo en el Senado había aprobado el 16 de noviembre una Ley de Emergencia Social que estipulaba la creación de un millón de puestos de trabajo (no se especificaba cómo) a un costo fiscal cercano a los $50 mil millones.
Fue la antesala de la protesta que la CGT y los movimientos sociales concretaron dos días después delante del Congreso.
El Gobierno temió una encerrona. Como la que había sufrido con la Ley Antidespidos. Combinó sensibilidad con debilidad y acordó con los Movimientos Sociales y el Frente Renovador de Sergio Massa un proyecto mas módico que se votó en Diputados. Podría llegar a demandar hasta $30 mil millones en tres años de las arcas del Estado.
Este proyecto añade dos curiosidades respecto del anterior. Insiste con la creación de empleo, como si fuera por un golpe de magia y no producto de algún desarrollo económico serio.
Abre la puerta a los piqueteros para que dispongan a futuro de su propio obra social. El Movimientos Evita, cabeza de esta iniciativa junto a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), cuyo líder es el abogado bergogliano Juan Grabois, ya ha tirado las cuerdas hacia donde debe: José Luis Lingieri, el secretario general de Obras Sanitarias, colocó en la Superintendencia de Salud, en acuerdo con Macri, a un hombre de su paladar.
El Gobierno supone que este pacto podría asegurarle el fin de año en paz que persigue. La ebullición de la calle sin control indica lo contrario.
Hay Movimientos Sociales que juegan de "buenos" y otros que continúan protagonizando el papel de "malos". Como los carceleros. El Gobierno parece en el medio de ese juego de pinzas. Tampoco son únicamente aquellos piqueteros.
El kirchnerismo duro también desempeña un papel. No firmó el dictamen de la Ley de Emergencia pero lo acompañó. Su objetivo es cuidar los pocos flancos que dispone.
El kirchnerismo estuvo camuflado en el abrupto bloqueo callejero que la semana pasada realizó la Tendencia Piquetera Revolucionaria.
Donde además convergen personajes como Luis D'Elia y Fernando Esteche, el lider de Quebracho.
Tal vez apremiado este fin de año mas de lo que suponía por el parate de la economía, el Gobierno cede en casi todo sin advertir el rumbo de fondo que toman ciertas cosas.
El diputado Leonardo Grosso, del Movimiento Evita, celebró que la Emergencia "constituya la primera paritaria de la economía popular de la historia".
Una mirada mucho menos banal podría apuntar que se trata de otro paso en el largo camino del desmembramiento colectivo e institucional de la Argentina.