Desde hace unos años los turistas que pernoctan en alojamientos de algunos lugares turísticos han visto engordar su factura con un pequeño monto diario: la tasa turística. Pero ¿qué es y quiénes y por qué la cobran?
La tasa turística es un impuesto que deben pagar los turistas como un suplemento del alojamiento en el que se hospedan. Normalmente es una tasa de tipo municipal, es decir, un impuesto recaudado y administrado por las ciudades y localidades donde se aplica, aunque en algunas zonas de España se ha impuesto a nivel autonómico (Cataluña y Baleares). La conveniencia de su implantación es un debate actual aún no resuelto, ya que existen importantes argumentos a favor y en contra de la medida.
La discusión política sobre su aplicación se ha extendido a otras comunidades españolas, como Andalucía y Canarias. En la Comunitat Valenciana estuvo a punto de aplicarse pero finalmente la orden fue derogada. También se planteó recientemente, desde el Ayuntamiento de Sevilla, cobrar por el acceso a la Plaza de España, uno de los grandes atractivos turísticos de la capital andaluza.
La caída de los costes de intermediación (gracias a internet), la aparición de los vuelos baratos y los alquileres turísticos han provocado la popularización del turismo a nivel mundial desde comienzos de siglo.
El abaratamiento de los viajes ha hecho aumentar el número de turistas de manera notable. Todo ello, ha masificado el turismo especialmente en determinados puntos de interés como las grandes ciudades europeas (Londres, París, Ámsterdam, Barcelona) o algunas áreas de turismo de sol y playa en temporada alta (Baleares, Canarias, zona litoral catalana y Costa del Sol en Andalucía).
Las ciudades y regiones con mayor masificación turística sufren problemas como la generación de basura, contaminación y ruido, la subida en los precios del alquiler residencial y en otros servicios como la restauración, y, especialmente en el caso del turismo cultural, la pérdida de vida ciudadana en el destino.
En muchas ocasiones, los ayuntamientos se ven desbordados ante el aumento del flujo de personas, lo que afecta al buen funcionamiento de los servicios públicos locales como seguridad y limpieza.
Ante el problema expuesto, una solución pasa por la aplicación de la tasa turística. De esta forma, se obtienen unos ingresos extraordinarios que permiten mejorar los servicios públicos y las infraestructuras, beneficiando directamente tanto a los turistas como a los residentes.
Por otra parte, si la tasa turística encarece el destino y desmotiva a viajar a una parte de los turistas, esto puede ayudar a aliviar la masificación turística al reducirse el número de llegadas.
El principal inconveniente puede ser precisamente la pérdida de turistas. Si se encarece el destino y se reduce el número de visitantes, se perjudica a los negocios y los empleos dedicados directa o indirectamente a los servicios turísticos, como los alojamientos y la restauración. De ahí que la tasa turística cuente muchas veces con la oposición frontal de estos sectores.
No obstante, en Cataluña y Baleares la imposición de la tasa turística desde 2012 y 2016 respectivamente no parece haber afectado a la llegada de turistas, que ha seguido aumentando, salvo durante el parón de la pandemia.
También se necesita transparencia en lo relativo al uso que se le daría a los ingresos generados por la tasa turística. Es decir, concretar el gasto en cuestiones que ayuden a una mejor gestión del destino en cuanto a servicios y sostenibilidad y que no se destine a otros fines no relacionados con el impacto del turismo.
Finalmente, quizá una aplicación indiscriminada a nivel regional no sea conveniente: muchos municipios no masificados turísticamente podrían verse afectados. De esta forma, parece que lo razonable sería imponer la tasa solo en localidades con problemas de saturación.