El Gobierno crea la comisión sobre vulneración de derechos entre 1978 y 1983
Abarca el primer año de Gobierno de Felipe González y la actividad del GAL
23 abr 2024 . Actualizado a las 19:49 h.El Consejo de Ministros aprobó este martes la creación de una comisión de trabajo prevista en la Ley de Memoria Democrática para estudiar posibles vulneraciones de los derechos humanos entre los años 1978 y 1983, ya bajo el primer Gobierno de Felipe González. La comisión estará compuesta por diferentes expertos en derechos humanos, derecho penal e historia contemporánea. En un principio, el PSOE y Unidas Podemos pactaron la creación de una comisión que abarcara desde 1978 a 1892. Pero una enmienda pactada con EH Bildu y Más País extendió el período del estudio hasta finales de 1983. Incluye por tanto los primeros años de los GAL, organización terrorista que desarrolló una guerra contra ETA, y el primer año de Gobierno de Felipe González.
Los casos a analizar serán las posibles vulneraciones de derechos humanos de personas que hayan luchado «por la consolidación de la democracia», además de señalar «posibles vías de reconocimiento y reparación», como recoge la propia Ley de Memoria Democrática. La comisión excluye de la consideración de víctimas a las personas que formaron parte de grupos terroristas o tuvieran algún tipo de vínculo con ellas.
Los expertos dispondrán de un plazo de un año para presentar un estudio sobre «supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos» durante la etapa objeto del estudio.
Según el Gobierno, entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983, ya con el primer Gobierno socialista, hubo una intensa actividad terrorista a cargo de organizaciones armadas como ETA, los GRAPO o el Batallón Vasco Español. Pero la comisión hará excepción de todos sus integrantes a la hora de considerarlos como posibles víctimas de la vulneración de derechos humanos.
«Entre las eventuales víctimas de tales vulneraciones, en ningún caso se incluirán las personas vinculadas a una organización o grupo terrorista», destaca el Gobierno en un comunicado. Quedarán fuera de la consideración de víctimas también quienes «realizaron actos con la finalidad de subvertir el orden constitucional, suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, alterar gravemente la paz pública o provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella».
Reparación económica
La comisión estará presidida por el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, y tendrá como vocales a un grupo de expertos entre los que se cuentan el presidente del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas, Nicolás Sartorius, que estuvo encausado en el llamado proceso 1001, o el exdirector de la Unesco Federico Mayor Zaragoza. También estarán en ese grupo catedráticos como José Álvarez Junco o Araceli Manjón, y activistas como la presidenta de la ONG Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, Francisca Sauquillo.
El Gobierno creó también este martes otras dos comisiones de trabajo. Una de ellas dedicada a la Memoria y Reconciliación con el Pueblo Gitano y otra que se ocupará de estudiar la reparación económica a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Esta comisión también contará con un año de trabajo para emitir su dictamen y para describir las medidas de reparación económica a las víctimas.