El Ministerio Público tiene más de 7.200 investigaciones a nivel nacional por el delito de minería ilegal, desde el año 2019 hasta fines de 2023, reveló el fiscal Federico Chavarry Cuneo, de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Puno, en una entrevista con el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
"De los 7,200 casos que tenemos, por lo menos un 40% se encuentran judicializados. Es decir, algunos se encuentran en etapa de investigación preparatoria, y otros, en etapa de juzgamiento", comentó.
En ese sentido, afirmó que las regiones con más casos son Madre de Dios (2,705), La Libertad (527), Puno (450), Ucayali (300) y Cusco (286). "No tenemos el número exacto del total de personas investigadas, pero en la mayoría de las investigaciones por minería ilegal, hay entre 5 a 15 personas naturales que participan en el acto delictivo", aseveró Chavarry.
Asimismo, el vocero del Ministerio Público manifestó que, hasta fines del 2023, lograron un total de 285 sentencias condenatorias, de las cuales 203 fueron con sentencias suspendidas y 82 con pena efectiva. En promedio, se condenaron entre 5 a 10 personas por este delito en cada caso.
No obstante, subrayó que las sentencias habrían sido más si es que el Poder Judicial no pospusiera demasiadas veces las audiencias de etapa de juicio oral. "Tengo casos del 2013 y 2014 que aún no han sido juzgados. Es lamentable", contó.
El fiscal también hizo hincapié en el trabajo que realizan en conjunto con la Fiscalías de Extinción de Dominio, ya que mediante esta unión de fuerzas han podido atacar el patrimonio de los mineros ilegales.
Por ejemplo, en el total de 285 sentencias, la Fiscalía logró incautar aproximadamente más de S/ 1.000 millones en patrimonio de estas organizaciones criminales como excavadoras, volquetes y cargadores frontales. De la misma manera, se logró decomisar hasta 1.000 kilos de oro en algunos casos.
Corrupción de funcionarios
El portavoz del Ministerio Público manifestó que uno de los delitos conexos que encuentran en la mayoría de casos de minería ilegal, es el de corrupción de funcionarios, por el mismo poder económico que genera esta actividad ilícita. Otros delitos encontrados - en menores casos - son el de lavado de activos y trata de personas.
"Hasta el momento, existe un gran número de investigaciones en la zona sur, donde me desempeño como fiscal, en las que he detectado que los casos de minería ilegal, en muchos casos, se encuentran amparados por las autoridades. Básicamente, por autoridades de los distritos, que pueden ser los tenientes alcaldes, tenientes gobernadores, los presidentes de las rondas campesinas, y en algunos casos, los alcaldes", advirtió el fiscal.
Si bien reconoció que, a la fecha, no existe una sentencia condenatoria contra una autoridad por el delito de minería ilegal, existen indicios de la Fiscalía que apuntan a que habría un accionar de las autoridades. ¿De qué manera? Según Chavarry, estas no participan de manera directa en la actividad ilícita, pero sí otorgan las facilidades para que el minero ilegal pueda llegar a las zonas alejadas.
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