El gobernador regional de San Martín, Walter Grundel Jiménez, sobrevivió a un intento de asesinato el pasado sábado cuando un hombre disparó contra su vehículo, hiriendo a uno de sus suboficiales. La Policía Nacional del Perú (PNP) logró capturar al presunto autor, Adriano Fernández Torres, de 48 años, confiscando el arma utilizada en el ataque en la carretera Ojos de Agua, Valle Oeste, distrito de Pucacaca, provincia de Picota.
Según las investigaciones preliminares, Fernández Torres amenazó de muerte al gobernador antes del atentado, debido a un conflicto por el ingreso irregular a los terrenos del político en Valle Oeste. La escopeta de caza utilizada en el ataque fue incautada por las autoridades, según confirmó el general Juan Mundaca Montenegro, jefe de la Región Policial San Martín. El incidente ocurrió en la carretera Fernando Belaunde Terry, cuando Grundel Jiménez se dirigía hacia Tarapoto desde Pucacaca.
El suboficial herido, identificado como Jhonatan Ramírez Sangama, se está recuperando de las heridas sufridas en la cabeza. El repudio al ataque se extendió por diversos sectores políticos y sociales del país, despertando la condena de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) y la Mancomunidad de la Macro Región Nor Oriente del Perú.
Ambos organismos exigieron una investigación exhaustiva y modificaciones al Código Penal para agilizar las acciones judiciales y garantizar la justicia sin obstáculos legales. Además, solicitaron a la presidenta de la República, Dina Boluarte, tomar medidas urgentes para combatir la inseguridad en el país.
Este ataque resalta la importancia de la seguridad de las autoridades regionales y subraya la necesidad de acciones firmes contra la violencia política. La captura del sospechoso es un paso crucial hacia la justicia y la protección de las instituciones democráticas en San Martín y en todo el Perú.
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La solidaridad y el apoyo hacia el gobernador regional y su equipo de seguridad son fundamentales en este momento de crisis. La prensa nacional y local está siguiendo de cerca este caso, subrayando la necesidad de transparencia en la investigación y el proceso legal para restaurar la confianza en las instituciones.