La Comunidad Boliviana de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesial (CBS) ha emitido una declaración impactante tras la presentación del Informe Conclusivo sobre el caso del violador serial jesuita Alfonso Pedrajas, Pica.
El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, aseguró "entendemos que van a surgir otras personas involucradas en la misma conducta de las que han incurrido los exsacerdotes que tienen en la actualidad detención domiciliaria, porque ellos han consentido y permitido, con su silencio, que se pueda quedar en la impunidad estos hechos graves de violación a menores".
Se destacó el extenso trabajo de investigación realizado por la Fiscalía General del Estado y las Fiscalías departamentales de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, Tarija y El Alto, el cual permitirá visibilizar y ampliar las investigaciones relacionadas con el caso.
En particular, se resaltó la importancia del criterio jurídico de las autoridades jurisdiccionales para calificar los elementos constitutivos del caso como "Crimen de Lesa Humanidad".
Por otro lado, se denunció que, según testimonios presentados por las víctimas ante el Ministerio Público, existen al menos una decena de Provinciales y ex Provinciales de la Compañía de Jesús que encubrieron al pederasta conocido como Pica y a otros abusadores sexuales de esa orden religiosa.
Además, la defensa de Alaix y Recolons menciono que los acusados indicaron que mientras Pica perpetraba sus delitos, los Provinciales Jesuitas de turno eran Antonio Menacho, Victor Blajot, Jorge Trías y Luis Palomera, quienes también fueron señalados como encubridores, dando a conocer esta información en la audiencia cautelar donde se les impuso medidas cautelares de arraigo, detención domiciliaria y prohibición de comunicarse con las víctimas.
La CBS reiteró su exigencia con relación a cerrar los canales internos de escucha de la Compañía de Jesús y otras órdenes religiosas e instituciones transnacionales, argumentando que estos canales solo garantizan la impunidad de los perpetradores y encubridores, constituyéndose en un espacio paralelo e ilegal en el tratamiento de casos de abuso sexual.