El gran logro de la democracia de 1983 y la razón de ser de su estabilidad fue la subordinación del poder militar al poder civil.
La legitimidad de las urnas se imponía. Así, las Fuerzas Armadas mantuvieron un perfil profesional, alejado de la política partidaria de los gobiernos de turno como resultado de un duro aprendizaje de todos.
La sociedad se desmilitarizó y las Fuerzas Armadas se despolitizaron.
La tensión entre su propia retórica y práctica, dos formas antagónicas de hablar sobre el tema. Mostró, nuevamente, que los derechos humanos señalan los límites de la acción política.
Con la designación de Milani como jefe del Estado Mayor del Ejército en 2013, Cristina Kirchner abrió un conflicto inesperado que impactó en su gobierno, en la esfera de los derechos humanos y en la oposición política. Por primera vez se designaba al frente de esa fuerza a un hombre proveniente del área de Inteligencia, el que finalmente se hizo cargo de una estructura paralela a la ex SIDE.
El ascenso estuvo asociado al diseño del proyecto kirchnerista. Esto es, el aumento de recursos para financiar la participación del Ejército en tareas de seguridad interna (prohibido por ley) y, la necesidad de aglutinar una fuerza que acompañe el proyecto popular-nacional. Por cadena nacional, en 2013, la Presidenta ratificaba su intención de "incorporar a las Fuerzas Armadas al proyecto nacional". El propio Milani juró en su nuevo cargo por la defensa de ese proyecto.
La estrategia presidencial apuntaba a un uso civil de los militares; pretendía incorporar en el "modelo" kirchnerista a la corporación que durante décadas había impedido la creación de un poder civil estable y legítimo, y que, a la vez, había contribuido a la formación de una cultura política pretoriana en la sociedad (la aceptación de los militares como actores políticos).
La hegemonía del proyecto aspiraba a que las Fuerzas Armadas desarrollaran un "nuevo rol través de la solidaridad", asimilándolas a una formación partidaria.
Existían las denuncias y las sospechas del pasado del general Milani por su supuesta vinculación a la represión criminal de la última dictadura militar.
Acusado por la desaparición de su ayudante, el soldado Alberto Ledo en el año 1976, se incluyó su nombre en el informe de la Comisión de Derechos Humanos de la Rioja, del año 1984.
Las acusaciones se extendían igualmente a una cierta adhesión a los sublevamientos de los "carapintadas" durante el gobierno de Raúl Alfonsín.
El nombramiento de Milani provocó en el escenario político, al menos, dos consecuencias. La primera, comprometía muy de cerca al gobierno nacional en un tema tan caro a su proyecto —pero que también interesaba a la sociedad argentina en su conjunto—, la defensa de los derechos humanos.
La segunda, que incluía la primera pero la trascendía, involucraba al Ejército en el funcionamiento del sistema político democrático.
Ante aquella nominación, los organismos de derechos humanos se pronunciaron rápidamente y dejaron entrever sus propias contradicciones.
Pérez Esquivel reclamó al gobierno "una revisión de la designación", así como también Nora Cortiñas, el CELS –bajo la dirección de Verbitsky-, y Horacio González, director de la Biblioteca Nacional.
Estela de Carlotto, tres días antes de que el Senado tratara el pliego de Milaní, declaraba que "hay que probar los delitos antes de acusar".
De manera más transparente y temeraria, Hebe de Bonafini respaldó a Milani hasta su pase a retiro en junio de 2015. En la densidad histórica que guarda la violación de los derechos humanos y la desaparición de personas, con sus zonas de sombra, de avances y retrocesos, no es razonable ni justo que la política de los derechos humanos haya sido puesta, en los últimos años, al servicio de objetivos partidarios.
Resulta inexplicable la cooptación de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo. La violación de los derechos humanos no constituye sólo una transgresión de los derechos individuales, sino también una agresión a la sociedad entera; una violación, que trasciende lo grupal y partidario, para penetrar en la conciencia, en la memoria histórica de los argentinos y en los principios constitutivos de la política.
Los derechos humanos no resumen toda la política, pero permiten que la misma vida política exista. En esta perspectiva, son absolutamente inaceptables las declaraciones del jefe de la Aduana del actual gobierno, Juan José Gómez Centurión, que negó en su carácter de funcionario público –no en su condición de ciudadano- la existencia de un "plan sistemático para matar" de la dictadura militar, probado en el juicio a las Juntas, ratificado por la Corte Suprema y aceptado por Videla en una entrevista de 2012.
La democracia de 1983 encontró dos principios fundantes y cohesionadores: la Constitución Nacional y los derechos humanos. Democracia y derechos humanos van de la mano, no pueden estar disociados.
Tambalea la democracia sin la vigencia de los derechos humanos, sin la actualidad de los principios políticos de justicia introducidos en la Constitución y reafirmados en las prácticas sociales.
Más allá del éxito de su propósito, Cristina Kirchner pretendía repolitizar las Fuerzas Armadas, sacarlas de sus funciones específicas.
El riesgo consistía en rehabilitar políticamente la institución que había sido, durante medio siglo, el actor hegemónico de la Argentina que obstruyó el sistema político.
Avanzar en esta dirección habría significado un profundo retroceso en nuestra controvertida historia institucional, y un resquebrajamiento de la cultura política democrática que se afianzó a partir de 1983, y dejó atrás una cultura política pretoriana.
La Justicia ahora puede avanzar, dejando atrás un relato que decía luchar contra la impunidad y terminó homologándola.