Gobierno central y Junta irán unidos a Bruselas para sacar adelante el regadío Tierra de Barros
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El Gobierno central y el extremeño irán de la mano a Bruselas para desatascar el proyecto de regadío Tierra de Barros, puesto en cuestión desde la Comisión Europea que lo va a financiar porque quiere garantías de que tiene asegurada el agua o al menos va a ser incluido en los planes de aprovechamiento hidrológico de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
La Junta de Extremadura y el Gobierno de Pedro Sánchez enviarán una delegación conjunta a la Comisión Europea para participar en una reunión técnica, con fecha aún por fijar, con ese fin.
El consejero extremeño de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero, se ha reunido este viernes en Madrid con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, quien le ha trasladado según la Junta "todo su apoyo" para materializar este proyecto, que aspira a transformar 15.000 hectáreas de tierra y del que están pendientes 1.200 familias de agricultores.
"La reunión ha ido mejor de lo que yo pensaba, el secretario de Estado se ha comprometido a acompañarnos a Bruselas (...). Yo creo que vamos a contar con el apoyo del Gobierno central para que el regadío de Tierra de Barros salga adelante", ha declarado Higuero a los periodistas.
El Ejecutivo extremeño pretende que su encuentro con la Comisión Europea sea lo antes posible y confía en que salga bien. "Intentaremos traernos ya la firma definitiva para que el proyecto salga adelante y poder licitar las obras".
Higuero remacha que este proyecto es "fundamental" para la comarca, para la región y para todo el país: "Va a revitalizar la zona, económicamente fijaremos población y crearemos riqueza, y es un sueño de las 1.200 personas que componen la comunidad regante, de sus familias, del Gobierno de Extremadura, y vamos a intentar que sea un sueño también para el Gobierno de España".
El futuro de este proyecto se ha visto cuestionado en las últimas semanas por las reticencias de la Unión Europea y las complicaciones que implicaría una falta de financiación por su parte.
En todo caso, desde el Gobierno han sostenido que "no hay ningún impedimento legal" para la puesta en marcha de las licitaciones, pues ya cuentan con una declaración favorable de impacto medioambiental, la concesión de agua por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y la declaración de interés general para las expropiaciones.