El expresidente de la Cámara de Representantes, quien fue acusado por supuesta corrupción, se divorció en febrero de 2023
El expresidente de la Cámara de Representantes, quien fue acusado por supuesta corrupción, se divorció en febrero de 2023
El expresidente de la Cámara de Representantes por el Partido Popular Democrático (PPD), Jaime Perelló Borrás, se casó el sábado con Kritza Pérez, una diputada y expresentadora de televisión hondureña.
La "romántica ceremonia" se habría celebrado en la isla de Roatán, en Islas de la Bahía, según trascendió en el periódico El Heraldo, que también reseñó la pareja ha mantenido su relación en privado y que anunciaron la misma justo cuando compartieron que se casarían.
El diario resaltó, además, que el político estuvo casado por 26 años, que tiene tres hijos y que culminó su proceso de divorcio en febrero del pasado año. Asimismo, mencionaron que Perelló fue "acusado de perjurio, falsedad ideológica, posesión y traspaso de documentos falsos. También de violaciones a la Ley de Ética Gubernamental por no informar debidamente donativos políticos y violaciones a la Ley para el Financiamiento de Campañas Públicas".
El medio TV Azteca Honduras compartió en sus redes sociales un vídeo donde se aprecia a la expresentadora cantándole al político durante el festejo.
Perelló Borrás fue elegido a la Cámara de Representantes en las elecciones del 2008. En el 2012 revalidó a un segundo término, siendo elegido presidente de dicho cuerpo legislativo.
Mientras, en agosto de 2016, anunció su renuncia a la presidencia de la Cámara tras ser vinculado con Anaudi Hernández, contra quien, en ese entonces, se llevaba un juicio a nivel federal por corrupción.
Entre los múltiples señalamientos que enfrentó Perelló Borrás en ese momento, también destaca que mantuvo un jefe de personal en su oficina con un salario mensual de aproximadamente $11,000.
El 30 de diciembre de 2019, y como parte de un acuerdo alcanzado con el Ministerio Público, se declaró culpable de dos cargos menos graves por negligencia en el cumplimiento del deber y violación al Código Electoral. Como parte del acuerdo, pagó una multa de $5,500 y reembolsó $25,000 a la Oficina del Panel del Fiscal especial Independiente (Opfei) por los costos asumidos durante el proceso judicial.