Hoy, la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, emitió un fallo a favor de Argentina en el caso relacionado con los bonos «cupón PBI» emitidos en 2005 como parte del canje de deuda tras el default de 2001. La acusación sostenía que el Estado argentino perjudicó a los inversores al modificar la metodología para calcular el producto bruto interno (PBI) en 2013, lo que resultó en el pago de intereses de deuda reducidos.
El cupón vinculado al PBI fue utilizado como incentivo para obtener una mayor reducción de deuda en el canje de 2005, liderado por el entonces ministro de Economía Roberto Lavagna y su secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen. Este instrumento financiero estableció que Argentina debía pagar intereses a los bonistas cuando el país creciera anualmente más del 3% hasta el año 2035.
La demanda contra Argentina se centró en el cambio en la base del cálculo del nivel del producto bruto interno (PBI) realizado en 2014. La base de cálculo anterior, que data de 1993 y contenía una canasta de productos que requería actualización periódica, fue modificada. Esta actualización llevó a una estimación del PBI en 2013 menor a la proyectada con la canasta anterior, lo que desencadenó los conflictos legales con los inversores.
El fallo de Preska no abordó en absoluto la cuestión de la presunta mala fe de Argentina al cambiar la fórmula del Indec semanas antes de anunciar el pago para el año 2013. Las tres demandas relacionadas con el caso del cupón PBI siempre se centraron en el tema del Indec. Preska dedicó solo un párrafo a este asunto, señalando que este juicio no trata sobre el Indec ni sobre la posible mala fe de Argentina al calcular incorrectamente su PBI, sino que se trata de un tecnicismo; es decir, los demandantes ingresaron por la puerta equivocada», comentó Sebastián Maril, director de Research for Traders, quien sigue de cerca los juicios contra el Estado en el extranjero.
«La cláusula 4.9 del prospecto de la emisión de bonos, conocida como 'no action clause' (cláusula de no acción), impide a los demandantes haber presentado esta demanda por una variedad de motivos. Sin embargo, hay nuevas demandas presentadas por otros fondos que tienen otra estrategia, y es necesario analizar si estarán cubiertas por este fallo de Preska», agregó Maril.
En la actualidad, Argentina enfrenta dos procesos simultáneos relacionados con la deuda del cupón PBI. Además del juicio en Nueva York, dado que los títulos también se emitieron bajo legislación europea, se está llevando a cabo otro proceso en Londres.
En este caso, después de cuatro semanas de juicio, se emitió una sentencia en contra en primera instancia en el Tribunal Superior de Londres. El juez Simon Picken falló a favor de los cuatro fondos demandantes, Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald International Limited, y ordenó el pago de daños e indemnizaciones por un total de 1330 millones de euros más intereses.
Argentina solicitó permiso para apelar el fallo en el caso de la deuda del cupón PBI en Londres. A diferencia de los tribunales de Estados Unidos, donde el derecho de apelación es automático, en Gran Bretaña, cada instancia debe decidir si acepta la apelación. El juez Piken aceptó suspender la ejecución de la sentencia, sin embargo determinó que se debía establecer una garantía de US$337 millones para poder apelar y llevar el caso a una segunda instancia.
A su vez, la semana pasada, el Gobierno argentino creó mediante decreto, el Fideicomiso Especial de la República Argentina en Nueva York para constituir a través de este instrumento la garantía necesaria y apelar el fallo.