Las universidades nacionales apuestan a sostener su funcionamiento a corto plazo a partir de un proyecto de ley de emergencia que las rescate de la sequía presupuestaria a la que las somete el gobierno de Javier Milei y que se profundizará en apenas semanas. La iniciativa es la bala de plata del sector para obtener financiamiento, pero tiene doble filo: forma parte de un complejo paquete de negociación en el Congreso junto con el restablecimiento del Fondo Nacional Docente (FONID) y una nueva fórmula de movilidad jubilatoria.
Presentado por la diputada de Evolución Radical Danya Tavela con la firma de integrantes de su bloque y de la bancada Hacemos Coalición Federal, que lidera Miguel Ángel Pichetto, la iniciativa fue impulsada y trabajada en conjunto con rectoras y rectores para actualizar los gastos y lograr el reconocimiento a los fondos perdidos frente a la inflación tras la prórroga del presupuesto 2023. Como ya vienen advirtiendo y reclamando las autoridades universitarias, los recursos disponibles no alcanzan a cubrir los costos de funcionamiento del próximo mes y ni hablar del próximo cuatrimestre. Ahora buscarán colar este proyecto en el debate grande del suspendido FONID y de una norma que supere al DNU que estableció la nueva modalidad de actualización de los haberes jubilatorios.
Aumento insuficiente
El Gobierno, con el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, a la cabeza, anunció un 70% de aumento en las partidas, pero el incremento no alcanza para hacer frente a lo que viene. Las casas de estudio dicen que esa actualización implica sólo un 30% de lo que necesitan, teniendo en cuenta la inflación. Ese anuncio se realizó a horas del paro nacional de todos los frentes sindicales realizado a mediados de marzo en rechazo al aumento salarial ofrecido que representaba un 6%.
Ante esta situación, hubo un pedido de reunión conjunta, del Consejo Interuniversitario Nacional Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA) a Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano, de quien depende Educación.
Sin respuesta del Ejecutivo y sin otras alternativas a la vista, las autoridades universitarias llevaron la demanda al Congreso. La interlocutora fue Tavela, exvicerrectora de la Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires y exsecretaria de Políticas Universitarias.
La diputada radical elaboró el proyecto que busca salvar sobre la hora las arcas de los claustros y cosechó el apoyo del jefe de su bloque, Rodrigo de Loredo, y de pares boinablanca como Martín Tetaz, Facundo Manes, Carla Carrizo y Julio Cobos, entre otras firmas. Además, sumó el acompañamiento de la socialista Mónica Fein; del llaryorista Ignacio García Aresca; del titular de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro; de Margarita Stolbizer (GEN) y del PRO disidente Nicolás Massot; integrantes del bloque cooperativo Haciendo Coalición Federal.
Las claves del proyecto de las universidades
La iniciativa de Tavela busca declarar la emergencia presupuestaria universitaria. Establecer que debe destinarse el 85% del presupuesto anual para el rubro salarial y el 15% para gastos generales y de funcionamiento. Además, plantea que ese número se actualizará bimestralmente combinando el índice general de precios al consumidor (50%), la variación de la cotización de la divisa de referencia para las importaciones (25%) y la variación promedio de las tarifas de servicios públicos (25%).
De aprobarse el proyecto, la intención de las universidades es que se aplique sobre el presupuesto de este año.
Para que esta movida prospere en el Congreso, las autoridades universitarias intentarán que se presente en tándem con el que busca restablecer el FONID y el que pretende cambiar la flamante fórmula de movilidad jubilatoria. Tres agendas distintas pero que forman parte del juego de acuerdos en marcha. El proyecto será defendido por cinco autoridades universitarias del bloque peronista y cinco del bloque radical del CIN si comienza el debate parlamentario.
El plan diseñado sigue este lunes con la reunión que rectores y rectoras mantendrán con el presidente de la comisión de Educación de Diputados, el exministro del área Alejandro Finocchiaro (PRO).
Entre los puntos a negociar del proyecto está el artículo 4, que se refiere a los criterios de asignación y distribución de presupuesto por universidad por cantidad de estudiantes, y que modifica la Ley de Educación Superior. Hay quienes consideran que hincar ese bisturí amerita un debate más profundo.