L.R.G. / EFE
Las Palmas de Gran Canaria.
Martes, 23 de abril 2024, 02:00
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El borrador del nuevo decreto sobre dependencia que ha elaborado Bienestar Social y que ayer cerró el periodo de información pública, que solo ha durado diez días, es la apuesta estrella de la consejería para reducir la lista de espera y sacar a las islas del «vagón de cola» del sistema. Sin embargo, ha soliviantado a la plantilla del área y Podemos lo califica de «una ofensiva contra la atención a la dependencia». Con él «pretende instaurar un modelo 'low cost' de servicios sociales», dice la diputada nacional y Coordinadora Autonómica de Podemos Canarias, Noemí Santana.
Con la norma se pretende «agilizar el proceso» de reconocimiento de la dependencia, pero para Yolanda Cívicos, de Intersindical, solo trata de «reducir las estadísticas» mermando la atención a la ciudadanía. Bienestar Social, sin embargo, asegura que han apostado por «simplificar el proceso», que el «silencio negativo es mejor que el positivo, porque genera un derecho» y que, además, se trata de un «borrador» que se puede cambiar. «Vamos a tomar en consideración todas las aportaciones que se hagan. El decreto no está cerrado. Si se tiene que cambiar, se cambiar», aseguró ayer la directora general de dependencia, Concepción Ramírez.
«El que si en seis meses no se ha resuelto el expediente el silencio administrativo sea desestimatorio no se había dado nunca. Se amparan en que puedes presentar un recurso de alzada. Pero esa posibilidad ya la tenemos», critica Cívicos, quien entiende que con ello lo que se pretende es reducir las listas de espera.
Podemos Canarias ha presentado alegaciones al decreto porque la formación entiende que contiene modificaciones en el sistema que consideran «regresivas e incluso contrarias» a la propia Ley 39/2006. Según Santana, el decreto «reduce la calidad de la atención al incorporar cambios que van en detrimento de la prestación del servicio, de sus usuarios y usuarias y de la propia Ley estatal que supuso el nacimiento de este derecho». Y también critican ese cambio en que si no se resuelve en seis meses el silencio administrativo en negativo. Eso son, dice Santana, ««motivos de alarma». Es más, «se trata de una medida que pretende disuadir a la gente de ejercer su derecho, obligándola a presentar repetidamente solicitudes que probablemente decaerán por falta de personal», lamenta.
Según la directora general de Dependencia, «las administraciones deben pronunciarse y si no se responde el silencio administrativo puede entenderse como positivo o negativo». Este último, que es el que incorpora el nuevo decreto, «es abrirle a la ciudadanía la vía judicial en defensa de los derechos, pero eso no quita que el procedimiento finalice. Lo continuamos, la administración está obligada a terminarlo». Por eso, afirmó Concepción Ramírez, «no caduca» su expediente y sigue en la lista de espera.
Ramírez insiste en que ahora mismo, «con el silencio positivo» en dependencia la ciudadanía «tiene que esperar». El nuevo procedimiento, añade, «se ha simplificado a una sola fase. Ahora para hacer el PIA estamos tardando un año», lamenta. «Este modelo ha sido tomado por otras comunidades». Por ejemplo, dice, en Madrid «va un profesional que no es solo la figura del Trabajador Social y si lo que me vincula es el informe social no se lo voy a exigir que en esa única visita. Va el trabajador, de un perfil sociosanitario, y hace el trámite, consulta el baremo y hace el PIA, no hace el informe social» sino que lo piden al ayuntamiento.
Para la exconsejera canaria de Derechos Sociales, con la nueva normativa «se pasa de un procedimiento garantista que a día de hoy se produce en varias entrevistas y desarrollado por equipos interdisciplinares a uno abaratado, con una única entrevista y realizado por una única persona», hecho que también critica Intersindical.
También critican que se pueda hacer por personal de instituciones privadas, como las residencias u hospitales. Ramírez dice que se hace en Asturias y Cantabria, y que será personal de centros «acreditados» por el Gobierno canario. «Si el personal está cualificado y preparado ¿dónde está el problema? ¿Queremos el protagonismo del Gobierno de Canarias o que salga cuanto antes?», se pregunta.
En estos momentos más de 17.000 personas están en la lista de espera de la dependencia en Canarias. El texto que justifica que el decreto se tramite por vía de urgencia reconoce que las islas están en «el vagón de cola en los tiempos de espera, que miden el tiempo que transcurre desde que la persona presenta su solicitud de reconocimiento del grado hasta que finalmente se hace efectiva la prestación o el servicio que su programa de atención individual (PIA) le reconoce. Así, frente a los seis meses que establece la norma, lo cierto es que, a fecha 31 de enero de 2024, los tiempos medios de espera en Canarias se sitúan en 635,79 días».
Además, indica el mismo texto, el pasado año «3.189 personas fallecieron en Canarias con un procedimiento abierto y antes de que finalizara el mismo». La solución, apuntan desde Intersindical, pasa por contratar a más personal. «El problema es la falta de inversión pública. Solo en el área de dependencia Castilla y León invierte más que nosotros en toda la Consejería que incluye discapacidad, centros de mayores, escuelas infantiles, menores… invertimos menos», añade la representante de Intersindical Yolanda Cívicos. Además, Castilla y León, con la misma población que el archipiélago, cuenta con 800 personas para el trabajo de la valoración. En Canarias son 64. «Con el mínimo de recursos quieren conseguir máximos objetivos. Eso es imposible. Dejen de utilizar la dependencia como arma arrojadiza. Esto pasa por inversión pública», abunda Cívicos.
Intersindical también critica la «externalización» de las citas, que ahora se hacen a través del 012, algo que según la directora general de dependencia, Concepción Ramírez, ahora se hace de forma más eficaz. Y Cívicos lamenta que se prioricen las prestaciones económicas. «La ley nació con el espíritu de la promoción de la autonomía personal. Las prestaciones económicas eran algo temporal, pero no hay servicios».
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