El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha confirmado la penas que fueron impuestas a los socios de Promociones Almonte 2000 por apropiarse de siete millones de euros de la empresa. Tal y como recoge el fallo del alto tribunal extremeño al que ha tenido acceso este diario, la Sala ha desestimado el recurso que interpusieron a la sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres que tras el juicio, condenó a los empresarios y el secretario a penas de entre cuatro y cinco años de prisión y a pagar indemnizaciones millonarias a los cuatro denunciantes, entre los que se encontraban el empresario Ángel Sánchez Cortés, Pedro Teomiro y los socios de conservas Jarry y GP, tres de ellos representados por el letrado Raúl Fuentes.
En su fallo, el tribunal considera acreditado que los cuatro condenados, J. L. G., A. G. y J. G. son culpables de un delito de apropiación indebida y de delitos societarios.
El juicio se celebró el pasado año y acaparó el interés mediático porque la empresa de los socios imputados, Promociones Almonte 2000, acaparó gran relevancia durante años en Cáceres porque fue una de las principales promotoras del Corte Inglés en el solar de las Carmelitas que nunca llegó a materializarse. Un mes exacto después de la vista en la Audiencia Provincial de Cáceres, la Sala emitió su dictamen. Esta sentencia fue recurrida por los cuatro condenados alegando, entre otras cuestiones, que se habían vulnerado sus principios de defensa y que no había pruebas concluyentes para ser declarados culpables de los delitos. El fallo del recurso ha visto la luz cinco meses después tras la deliberación de los magistrados. No obstante, los condenados tienen la opción aún de alegar ante el Tribunal Supremo en recurso de casación.
Ratifica el TSJEx los hechos que consideró probados la Audiencia Provincial y «urdieron un plan con el fin de apropiarse en su propio beneficio del patrimonio de Promociones Almonte 2000, concretamente del dinero que tenía invertido en Benarraba Sicav, más tarde, Cartera Inmobiliaria Occidental S. A.». Otra de las particularidades del caso es que la instrucción se ha prolongado durante más de una década, entre otras cuestiones porque, según recogía la sentencia, «los acusados nunca han aportado la documentación contable, fiscal y societaria pese a numerosos requerimientos».
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