"Es gente contando plata", evaluó la militancia K al ver el obsceno video en el que un hijo de Lázaro Báez y el contador del empresario manipulan miles de dólares en una oficina de La Rosadita, entre vapores de whisky y humos de habano.
El mismo razonamiento esbozó ayer, aunque sin decirlo, el Tribunal de Casación bonaerense para poner en duda todas las pruebas de cargo y absolver a Carlos Carrascosa.
El viudo ni mató ni encubrió con la ayuda de parte de su familia: todos los funcionarios judiciales que intervinieron antes en este proceso -los dos tribunales orales que condenaron al viudo y a sus parientes y las otras dos salas de Casación que confirmaron aquellas sentencias, entre otros- se equivocaron.
Esa es la conclusión a la que se llega si se evalúa cada prueba de manera individual, como hizo ahora Casación. Analizadas en su conjunto -una acción sumada a la otra, y a la siguiente-, las pruebas permiten deducir con certeza lo que ocurrió con María Marta.
Si no se pudo saber con mayor detalle cómo y por qué se dieron algunos hechos clave -cuál fue el móvil y de dónde salió el arma, por ejemplo- es, justamente, porque se trató de un crimen a puertas cerradas -sin testigos-, dentro de un barrio privado, en el cual los autores gozaron de 36 días -los que pasaron entre la muerte y el resultado de la autopsia- para acomodar evidencias antes de que se supiera siquiera que el asesinato había ocurrido.
Analizar el caso sin tener en cuenta estos elementos insulta la razón.
Pero también hay que entender que el comienzo de la investigación judicial y policial fue pésimo: la Bonaerense y el fiscal Diego Molina Pico se dejaron presionar e influenciar desde un primer momento por el contexto en el que debían trabajar y por la buena posición de la familia, cometieron gravísimos errores iniciales y luego reincidieron al intentar taparlos. Gran parte del resultado final -impunidad- radica allí.
En su resolución de ayer, Casación repasa cada una de las pruebas por las cuales Carrascosa fue condenado en dos instancias, primero en un juicio oral (2007) y luego por otra sala del mismo tribunal (2009).
"No existe ninguna fotografía, declaración, pericia o argumento que indique por qué parte de la casa -más allá de la obvia puerta principal- los agresores podrían haber entrado y salido", aclara de movida el juez Víctor Violini -autor del voto al que adhirieron sus colegas-, como si sólo se pudiera sentenciar a los asesinos que son filmados en la escena del crimen.
Luego, toma los argumentos de la defensa para desacreditar prueba por prueba, con un razonamiento peculiar: señala que por cada elemento que inculpa al viudo hay otro que lo pone en duda.
Pasa por alto que los testigos a favor están directamente vinculados a la familia García Belsunce y que los pocos testigos de cargo son personas ajenas al círculo íntimo que se animaron a hablar aún a costa de quedarse sin trabajo. Muchos de ellos, gente humilde que no sólo no tenía nada para ganar sino que tenía todo para perder.
Aún así cuestiona, por ejemplo, a Catalina Vargas, la mucama de Guillermo Bártoli, quien derribó la coartada del viudo y la de todo su entorno: ellos habían dicho que pasadas las 18 de aquel 27 de octubre de 2002 -hora probable del crimen- estaban todos en la casa del cuñado, pero ella contó que a las 18 ya no estaban allí y que lo recordaba por el top de la radio. "No parece demasiado precisa en sus observaciones", señala el juez, y hace hincapie en sus problemas de salud.
"No veo por qué deberían mentir todos los testigos (de cargo), máxime cuando no se ha acreditado interés o andimadversión de su parte hacia el acusado", admite el juez Violini.
"Pero lo cierto es que las contradicciones en que incurren son cuestiones que reflejan duda", agrega, tras comparar sus declaraciones originales con las que hicieron nueve años después de ocurrido el crimen, en otro juicio.
El fallo desestima, por ejemplo, a quienes dijeron que el cuerpo de María Marta había sido maquillado para disimular los balazos -entre ellos, el empleado de la funeraria- sólo porque las mucamas de la víctima dijeron otra cosa.
Al juez le pareció creíble que Carrascosa instalara la idea de una muerte accidental a pesar de que un médico -de cuyo testimonio opinó que se le dio "credibilidad desmedida"- aseguró que en la propia escena del crimen metió sus dedos en los orificios de bala que la mujer tenía en la cabeza y que les advirtió a sus familiares que eso era un homicidio y que debían llamar a la Policía.
El baño -y la sangre que había- fue limpiado inmediatamente después de la muerte, pero para Casación eso fue una inciativa de un médico y una masajista.
En ese mismo lugar, familiares íntimos de la víctima se reunieron horas después en el llamado "cónclave del pituto" para evaluar qué era el plomo hallado bajo el cuerpo, se lo exhibieron a Carrascosa, hablaron de "bala" y luego optaron por tirarlo por el inodoro -y no en el cesto que había al lado-, pero para los jueces el viudo no tuvo "ninguna conducta activa" en esto.
El acusado había recibido instrucción militar y de tiro en la escuela náutica, pero para este Tribunal esa "era una asignatura en la que se aprendía muy poco" y por eso él bien pudo haber confundido el proyectil con un soporte de estantes.
Otra prueba de cargo era que desde la familia se había llamado a la Policía para evitar que acudiera al country. De hecho, Horacio García Belsunce (h.) se comunicó con un comisario para lograrlo.
Pero para Casación esto fue un acto encomiable: "El mismo día del hecho autoridades policiales tomaron conocimiento (...) y esa noticia se obtuvo gracias al llamado que hizo uno de los coimputados".
Luego el fallo admite que un amigo del viudo llamó a la Guardia para que "coimeara" a cualquier patrullero que se acercara, pero plantea: "No existe prueba de que un móvil policial se estuviera dirigiendo hacia El Carmel".
El juez destaca que el ADN tomado de muestras levantadas en la casa le dio negativo a Carrascosa. Claro que las pruebas se recogieron meses después, tras varias manos de lavandina y del paso de decenas de personas que fueron al velatorio.
Evalúa que es cierto que a María Marta se la sepultó con un certificado de defunción trucho -decía que había muerto de un paro cardíaco en la Capital Federal-, pero señala que quien lo gestionó fue Bártoli (ya fallecido) y se pregunta "con base en qué elementos la conducta realizada por él podía serle reprochada también a Carrascosa".
Si bien una testigo escuchó decir a una amiga íntima del viudo que "habían pagado para hacer lo que el Gordo quería, que no hubiera autopsia", para Casación "si 'dijo' algo no significa, necesariamente que lo que dijo -ese 'algo'- haya sido la verdad (...) pudo mentir cuando dijo que pagaron para hacer lo que Carrascosa quería".
Porque, al fin y al cabo, sólo era gente limpiando la casa.
Artículo extraído del diario Clarín - Por Rolando Barbano