La congresista Magaly Ruíz, denunciada por recortar el sueldo de sus trabajadores, se salvó de una sanción severa en la Comisión de Ética y en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por el caso "Mochasueldos". Sin embargo, nuevos elementos permitirían que la legisladora de Alianza para el Progreso (APP) afronte un proceso.
El motivo: La Fiscalía de la Nación dispone de audios en los que la apepista reconoce que cometió actos ilícitos al interior del Parlamento para lograr la contratación -y posterior recorte de sueldo- de la enamorada de su hijo.
DETALLES
La historia es la siguiente. Jeffrey Rahim Marrufo Ruíz, hijo de la congresista Magaly Ruíz, conoció a Camila Melissa Mantilla Heredia en el año 2017, oportunidad en que forjaron una amistad. Fue a partir del 2021 que ambos habrían iniciado una relación sentimental.
En agosto de 2021, Camila Mantilla necesitaba prácticas preprofesionales relacionadas a la rama de asuntos de desarrollo social en el sector público para graduarse, así que le pidió a su enamorado que hable con la congresista .
"Para tal efecto, (Camila) le habría dado su currículum vitae a la imputada Ruíz, la misma que le habría entregado a Romero y le habría encargado que consiga las referidas prácticas a favor de su nuera", señala el documento fiscal.
Debido a que las prácticas en el Congreso no era remuneradas, Magaly Ruíz hizo gestiones para incluir a Camila en su despacho.
El 10 de febrero de 2022, Camila Mantilla asistió al despacho de Ruíz, sin registrarse, donde le anunciaron que tendría un horario "flexible".
Cabe precisar que Camila solo iba al despacho los martes y jueves, además, viajó a Estados Unidos dos veces, a Argentina y Colombia en período laboral, pese a que recibió un sueldo completo.
Los asesores Johnny Romero y Juan Arturo Rodrigo la ayudarían en la presentación de papeles para la contratación. Sin embargo, al completar los documentos notó que no tenía experiencia laboral para ingresar a trabajar al Parlamento.
Así que Magaly Ruíz se encargó de solucionar el problema mediante su asesor Romero.
Consiguieron una constancia de trabajo emitido por la Universidad Privada de la Selva que señalaba que Camila laboró de manera remota entre setiembre de 2019 al 23 de octubre de 2021.
Finalmente, ingresó a trabajar al Congreso el 11 de abril de 2022.
RECORTES
Un día antes de ser contratada de manera oficial, Camila Mantilla se reunió con Magaly Ruíz para afinar detalles.
La apepista le explicó a la enamorada de su hijo que debía entregar "dieta" de la remuneración que iba a recibir, en promedio, tenía que dar 2500 soles cada mes.
Ya contratada, el 9 de marzo, la apepista le preguntó si le habían pagado, al obtener una respuesta positiva, le solicitó que transfiera 2000 soles a su hijo, porque este le pedía dinero para pagar su tarjeta de crédito.
Ruíz le pidió a Camila que gestione en el banco una nueva tarjeta y se la entregue, así ella mismo podría hacer los retiros de esa cuenta.
Así, la apepista tuvo disposición de la tarjeta del Banco de Crédito del Perú (BCP) para realizar diversos retiros que entre marzo de 2022 y marzo de 2023 ascienden a 55,283.54 soles.
Mantilla renunció al cargo de asistente de manera voluntaria el 12 de marzo de 2023, luego de que Punto Final revelara la contratación.
LOS AUDIOS
La Fiscalía no solo tiene declaraciones de un aspirante a colaborador eficaz y de un testigo protegido de los hechos antes mencionados, sino que también dispone de audios y transcripciones en los que Magaly Ruíz habría admitido los actos ilícitos y la intención de direccionar las declaraciones de Camila.
Se trata de un diálogo entre la apepista y su hijo.
"Camila le ha contado a una chica que a mí me daba plata mensualmente (...), porque me ha pedido la señora que le de mi tarjeta y eso es cárcel hijo", dice la apepista.
En el diálogo le comenta a su hijo que es necesario que Camila obtenga un estado de cuenta del número de tarjeta (la que manejó Ruíz durante meses) que sacó para que pueda negar todo.
"Ella tiene que negar. Y si hubo retiros en Trujillo quiero que me ayude y diga que ella viajó, no sé, estoy buscando una salida. Yo estoy en sus manos", sostuvo.
La parlamentaria explica que no quiere llamar de manera directa a Camila por temor a que su teléfono haya sido intervenido.
"Ella tiene que negar todo. La cosa es que ella diga sí, si es cierto, eso sí me daría cárcel, tengo que contarle a su papá, me da miedo", dice Ruíz entre sollozos.
En otra de las conversaciones, Ruíz intenta hacer coordinaciones con el abogado de Camila, pues al parecer sería su hermana quien asumiría la defensa. "Mi abogado va a ir a sacar información para que el abogado de Camila lo evalúe y cuando le quieren preguntar por el certificado, mi abogado lo pueda bloquear, porque yo soy la investigada, ella no. Yo tengo miedo que cometa errores", dice Ruíz.
Ruíz menciona que ya contactó con una excongresista que le dijo que le dan plazo hasta el jueves para ubicar a "esa señora", en referencia a una persona vinculada a la universidad que emitió el certificado falso.
"Lo único que le he pedido a la señora son dos cosas, que no denuncie o en caso contrario que me de un certificado autorizado que ha sido prácticas y si quiere para pagarle por el certificado, lo voy a pagar", relató.
"Yo le he dado trabajo porque es tu enamorada y dicen que hay tráfico de influencias, tampoco hay porque ustedes no son casados", agregó.
La apepista reitera que tiene miedo que Camila "cometa un error", porque "estaban haciendo bien las cosas".
"Yo le he dado trabajo porque es tu enamorada y dicen que hay tráfico de influencias, tampoco hay porque ustedes no son casados".
Magaly Ruiz en un audio.
En otro momento, la apepista revela que acudió al área de Recursos Humanos del Congreso para sacar información, porque se cuestiona las constantes ausencias de Camila al Parlamento para viajar, a pesar de que se le depositaba su sueldos sin descuentos.
"Ya me dio Marisol que es la gerente del Congreso, me ha dado todos los legajos y la norma, me dice ´Magaly, acá tienes la norma para que justifiques´", señaló.
Incluso Marisol le dijo que podía ayudarla bloqueando el pedido de la Fiscalía.
Marisol sería la exlegisladora Espinoza, quien fue directora general de Administración del Congreso.
Por los hechos antes explicados, la Fiscalía de la Nación le imputa a Ruíz la presunta comisión del delito de colusión agravada que tiene una pena no menor de seis años y no mayor a los 15 años.
Correo intentó ponerse en contacto con la congresista Ruíz y la exparlamentaria Espinoza, pero al cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.