Pedro Sánchez habría dado por amortizada la actual legislatura y con un golpe de efecto, anunciará presumiblemente el 29 de abril el adelanto de las Elecciones Generales para el próximo otoño, con la esperanza de renacer cual Ave Fénix y obtener unos resultados que le permitan conformar un Gobierno en solitario tras fagocitar los restos del naufragio de la efímera candidatura unitaria de izquierdas Sumar y con apoyos externos de los grupos nacionalistas periféricos.
¿Complot de Aznar y la FAES contra Sánchez?
La nueva investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno habría encendido todas las alarmas en los despachos del establishment españolista, formado por las élites financiera-empresarial, política, judicial, militar, jerarquía católica, universitaria y mass media del Estado español por lo que habrían preparado una trama para impedir la entrada en vigor de la llamada Ley de Amnistía que beneficiaría a cerca de 500 procesados por los sucesos del 1 de Octubre.
El pistoletazo de salida de dicha asonada popular correspondió al vocero de la FAES, el ínclito Aznar y tuvo lugar en la inauguración del máster de Acción Política de la Universidad Francisco de Vitoria, desde donde pontificó: 'todos los que puedan hablar, hablen, y todos los que puedan actuar, actúen».
Operación Toga del lobby judicial tardofranquista
El lobby judicial tardofranquista habría fagocitado los principales estamentos judiciales del Estado español (CGPJ, Tribunal Supremo y Tribunal de Cuentas) y tendría al Tribunal Supremo como muro de contención de los decretos-leyes aprobados por el «rodillo progresista» del Congreso; a su Presidente Francisco Marín Castán como croupier en la ruleta de cargos y adjudicación de procesos judiciales, a los jueces Marchena y Llarena como sus estrellas mediáticas y a los fiscales del «Clan de los indomables» como sus abnegados peones.
Asimismo, el Tribunal Supremo estaría controlado por el llamado «clan de los políticos» en palabras del ex-Presidente de Sala del TS, Ramón Trillo, y habría devenido en «un verdadero lobby o grupo de presión de la derecha tardofranquista que mediante controvertidas decisiones judiciales se ha afanado en intentar paralizar o revertir las decisiones políticas o económicas del anterior Gobierno de Sánchez.
Su misión actual sería hacer inviable la entrada en vigor del sucedáneo de la Ley de Amnistía que habrían consensuado Santos y Puigdemont como condición ineludible para lograr el apoyo de Junts en la investidura de Pedro Sánchez así como lograr la defenestración de Pedro Sánchez aplicando el lawfare judicial.
¿Lawfare contra Begoña Gómez?
Susan W. Tiefenbrun en su tesis «Semiotic Definition of Lawfare» publicada en Case Wester Reserve University, indica que el término Lawfare ( en castellano Guerra Judicial). habría surgido de la mezcla de las palabras Law (Ley) y Warfare (Guerra) y sería una expresión cuyo uso se ha generalizado en los medios anglosajones en la primera década de este siglo.
Con dicho término nos referimos al «abuso de los procedimientos legales e internacionales para provocar un repudio popular contra un oponente manteniendo una apariencia de legalidad».Así, estaríamos hablando de violaciones de las reglas del proceso penal tales como la inadmisión de pruebas, la falta de imparcialidad del Jurado, la violación del principio de proporcionalidad, crear indefensión y la llamada investigación prospectiva, prohibida en España.
La aceptación a trámite por el juez contra la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez por presunto» tráfico de influencias» tras una denuncia presentada por Manos Unidas sería un caso típico de lawfare judicial pues se darían los supuestos antes mencionados de investigación prospectiva e indefensión de la parte acusada. Así, el juez habría admitido a trámite la querella sin pruebas aportadas y basándose tan sólo en recortes de noticias de web digitales ,aplicando en consecuencia la llamada «investigación prospectiva» (prohibida en España).
¿Elecciones anticipadas en otoño?
Tras la derrota descarnada del PSOE en los comicios municipales y autonómicas, Sánchez habría revisado su anterior estrategia para incorporar a su bagaje político la llamada inteligencia maquiavélica, consistente en el «uso de comportamiento cooperativos o combativos que le puedan reportar mayores posibilidades de adaptación en función de una situación concreta», (adelanto de las Elecciones al próximo otoño).
Asimismo, la inteligencia mediática se distingue por una extraordinaria capacidad para encontrar las debilidades ajenas y utilizarlas en beneficio propio así como de realizar acciones complejas que pueden no ser entendidas en un principio por sus votantes pues sus metas se proyectan hacia un futuro mediato (Formación de un Gobierno Monocolor Socialista ).
Así, Pedro Sánchez habría dado por amortizada la actual legislatura y con un golpe de efecto, anunciará presumiblemente el 29 de abril el adelanto de las Elecciones Generales para el próximo otoño, con la esperanza de renacer cual Ave Fénix y obtener unos resultados que le permitan conformar un Gobierno en solitario tras fagocitar los restos del naufragio de la efímera candidatura unitaria de izquierdas Sumar y con apoyos externos de los grupos nacionalistas periféricos.
Dicho arrojo político no se entendería sin recurrir al síndrome de Pontius, citado en 1820 por el psicólogo estadounidense Charles Graham Pontius y consiste en «una distorsión en la percepción del peligro que tendría su origen en el exceso de adrenalina de la persona afectada».
Sánchez, el último muro frente al tsunami derechista
La campaña de Sánchez irá dirigida «no al sujeto individual sino al Grupo en el que la personalidad del individuo unidimensional se diluye y queda envuelta en anhelos comunes que lo sustenta».
Así, bajo el lema «La democracia está en peligro», asumirá el rol de garante de las libertades democráticas frente a la implementación de una democracia no liberal defendida por dirigentes del PP como Ayuso y Vox, que implicará la previsible derogación o modificación de las Leyes del Aborto, Eutanasia y Matrimonio Igualitario.Igualmente, utilizará el lema de la «defensa del Estado asistencial» frente al » paraíso neoliberal de Ayuso» defendido por PP y Vox y que defienden la privatización de la sanidad, la educación y las pensiones así como el despido libre y la reducción del SMI y de los subsidios de paro, jubilación y viudedad.
En suma, Pedro Sánchez, impulsado una vez más por el citado Síndrome de Pontius, habría aceptado el reto de ser el último muro de contención ante el tsunami derechista que se avecina y para lo que se antoja imprescindible la movilización masiva del voto progresista.