Los "interventores informantes" serán, en la práctica, los ojos y los oídos del juez federal Claudio Bonadio en las empresas de Lázaro Báez y de Cristóbal López .
¿Qué quiere que vean y escuchen, y luego le informen? Cómo es la gestión diaria dentro de esas compañías y que le aporten datos sobre cómo es -o era- la relación comercial con la familia Kirchner.
No la encontró al allanar la inmobiliaria que comparten con Osvaldo Sanfelice en Río Gallegos, ni en el hotel Alto Calafate, ni en el estudio contable de Víctor Manzanares.
¿Dónde, pues? Ante la falta de respuestas, Bonadio invirtió la dinámica: si los Kirchner son inhallables, avanzó sobre quienes operan con ellos.
La hipótesis de los investigadores es que tanto Báez como López alquilaron inmuebles de los Kirchner para, de ese modo, canalizar el supuesto pago de los retornos -coimas- o facilitar el presunto lavado de dinero negro de esa familia.
Así intenta reconstruir el rompecabezas comercial de los Kirchner y espera que esos flamantes "interventores informantes" puedan aportarle nuevas piezas.
La figura del "interventor informante" está prevista en el Código Procesal Civil y Comercial Nacional. Para que "dé noticia acerca del estado de los bienes objeto del juicio o de las operaciones o actividades" de la empresa cuestionada.
Es decir que el informante puede mirar y preguntar, pero no puede inmiscuirse en la gestión diaria de la compañía bajo la lupa.
Aunque estipulado en un código civil y comercial, el nombramiento de esos "interventores informantes" también es posible en sede penal.
No es habitual, pero tampoco debería llamar la atención que otros jueces avancen pronto por la misma senda. Por ejemplo, sobre los hoteles de los Kirchner en Santa Cruz.
De hecho, hay antecedentes de este tipo de nombramientos en otras causas penales. Entre otras, sobre narcotráfico, cuando se detectó que los acusados compraron activos.
¿Cómo es la tarea de un "interventor informante" en un caso así? Si una banda narco compró, por ejemplo, edificios enteros de departamentos, que vendió tanto a compradores de buena fe como a cómplices que la ayudan a lavar el dinero sucio, el juez puede designar un "interventor informante" para que, sin afectar la administración del consorcio, lo ayude a distinguir cuáles son los departamentos que deben ser decomisados y cuáles deben continuar en manos de sus nuevos dueños.