Lucas Font
Rishi Sunak ha superado su primera gran prueba de fuego en la eterna batalla del Gobierno británico para poner en marcha las deportaciones de solicitantes de asilo a Ruanda. La Cámara de los Comunes ha aprobado este martes, en primera votación, el proyecto de ley que pretende impedir que los tribunales puedan bloquear de nuevo las deportaciones al país africano, con un resultado de 313 votos a favor y 269 en contra. Una diferencia de 44 votos que no estaba clara hasta última hora de la tarde y que finalmente ha salido adelante gracias al apoyo 'in extremis' de algunos diputados del ala más dura del Partido Conservador, que exigen medidas más contundentes para garantizar las deportaciones pero que han optado por enterrar temporalmente el hacha de guerra, a la espera de que avance la tramitación de la ley en el Parlamento.
Pocos minutos antes de la votación, los representantes de las llamadas "cinco familias" –los cinco grupos de diputados que representan al sector más radical del partido– han anunciado su abstención para facilitar la continuidad de la norma. "Presentaremos enmiendas en la siguiente fase que, si se aceptan, mejorarán sustancialmente el proyecto de ley y eliminarán algunos de sus puntos débiles", ha señalado Mark Francois, el líder del European Research Group (ERG), uno de los grupos más beligerantes con los inmigrantes. A pesar del ligero respiro, los representantes de las cinco familias han advertido de que no permitirán la aprobación de la ley en el futuro en caso de que no haya modificaciones. "Si el proyecto de ley sigue enmendado de esa manera, acordamos reservarnos el derecho a votar en contra", ha remarcado Francois.
Defensa de la ley
Tanto Sunak como el ministro del Interior, James Cleverly, han dedicado toda la jornada a defender su plan ante los suyos y a ofrecer garantías de que los tribunales no pondrán nuevas trabas a la ejecución de las deportaciones. Cleverly ha insistido en que la firma del nuevo tratado internacional con Ruanda la semana pasada, así como el proyecto de ley debatido este martes, confirman que el país africano es un destino seguro para los refugiados y dan vía libre al Gobierno para poner en marcha sus planes. La aprobación de ambos textos impedirá, según el Ejecutivo, la repetición de bloqueos como el del Tribunal Supremo, que frenó las deportaciones por el riesgo de que las autoridades ruandesas devuelvan a solicitantes de asilo legítimos a terceros países en los que puedan sufrir persecución.
"El tratado deja claro que cualquier persona que enviemos a Ruanda no puede ser trasladada a otro país, excepto de vuelta al Reino Unido", ha dicho Cleverly, quien ha recalcado que el nuevo tratado firmado con el país africano contempla la creación de un comité, formado por jueces ruandeses e internacionales expertos en materia de asilo, encargado de monitorizar la tramitación de las solicitudes por parte de las autoridades del país africano, en un intento por establecer mayores garantías de que se respetarán en todo momento los derechos de los solicitantes de asilo. El objetivo es que todos los refugiados enviados desde el Reino Unido permanezcan en Ruanda, tanto si su solicitud es aprobada como si es rechazada, excepto en circunstancias excepcionales.
Tensiones internas
Sunak ha alejado los fantasmas de momento y ha evitado una derrota que hubiera puesto en duda su continuidad al frente de su partido y del Gobierno. Pero el peligro sigue al acecho para el primer ministro, que deberá lograr un difícil equilibrio entre el sector duro de su partido y el sector más moderado, representado por el grupo One Nation, que ha puesto como condición el respeto a la Convención Europea de Derechos Humanos y a las leyes internacionales en materia de protección y asilo para dar su apoyo a la norma. En caso de que la ley sufra modificaciones sustanciales para contentar a las cinco familias, Sunak se arriesga a perder el apoyo de los diputados más cercanos al centro liberal.
El primer ministro sostiene que la redacción actual de la ley es la mejor forma de evitar el bloqueo judicial sin abandonar los convenios internacionales y ha advertido de que Ruanda exige como condición que se mantengan estos acuerdos. Algo que da al Gobierno poco margen de maniobra para modificar el texto. Será a principios de enero cuando el proyecto de ley vuelva a la Cámara de los Comunes, momento en que Sunak volverá a poner a prueba su liderazgo y la confianza de los diputados de su propio partido.
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