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FOTO: Pablo Moyano, titular de Camioneros
Adrián Simioni
Definime libertad. No es fácil. Todos la invocamos, pero no todos hablamos de lo mismo. Veamos dos casos.
Por ejemplo, Pablo Moyano, el jefe del sindicato de Camioneros, buscó chicanear al ministro de Economía, Toto Caputo, quien se niega a homologar el último aumento que el sindicato pactó con las empresas transportistas. Lo hizo buscando señalar una contradicción entre un gobierno que se dice libertario y que, al mismo tiempo, interviene en un negocio entre supuestos sujetos privados. "¿Quién es Caputo para meterse en un acuerdo entre privados?", se preguntó Moyno con ironía.
Pero es que justamente es ese carácter de privado lo que está en discusión. El sindicato de Camioneros tiene, porque así se lo asignan las pésimas leyes laborales argentinas, el monopolio de la representación gremial y de la negociación laboral. Cualquier persona que se siente al volante de un camión tiene que cobrar lo que el sindicato pacta. Si no, el gremio tiene el poder voraz de parar y desabastecer todo un país porque no hay ninguna práctica para aplicar las insuficientes leyes que hay para considerar al transporte un servicio esencial y limitarlo.
Por eso el salario promedio de un empleado de transporte es 75% mayor al promedio de la economía. Tienen una capacidad de presión política muy superior al promedio. Y es parte del costo argentino. Transportar un camión con maíz a Rosario puede costar hasta el 33% del valor de la carga. Con la inflación en alza y el dólar quieto, la exportación argentina queda absolutamente fuera de competencia con los países vecinos.
Así que no es una cuestión entre privados. Es un monopolio en un área estratégica donde no hay competencia posible: todo el mundo tiene que pagar lo mismo con un convenio inflexible.
Mirá con lo que pasa con las prepagas. Aumentan sus cuotas sin parar. Aducen que durante años los controles K licuaron sus ingresos. Igual que el gas, la salud tiene tarifas muy atrasadas. Pero las cuotas de abril vienen con subas del 170% en comparación con las de diciembre. Casi se triplicaron.
Libre competencia. Esta muy bien. Se supone que así, a la larga, van brindar un mejor servicio y más barato. Pero acá también hay cuestiones de orden público. Primero, porque todos los que trabajamos en blanco y las empresas estamos obligados por ley a aportar parte de nuestro sueldo. No es una decisión privada. Nos obligan porque si no, cuando nos enfermamos seríamos una carga para todos los demás. Pero además el de la salud es un mercado imperfecto. No sólo no tenemos los conocimientos para saber qué tipo de tratamientos y medicinas necesitamos.
Lo más importante es que pagamos fortunas por nuestra salud cuando somos jóvenes, pero necesitamos el servicio cuando somos mayores. Es parecido a lo que pasa con las jubilaciones. Entonces decirle hoy a alguien: "Si no te gusta cambiate de obra social o de prepaga" no es realista. La Superintendencia de Seguros de Salud debería intervenir. Y la ley tal vez debería cambiar. Por ejemplo, la obra social o la prepaga que yo abandono debería trasladarle a la obra social o a la prepaga que yo elijo parte del capital que yo aporté, porque si no es impensable que una prepaga pague los costos de la atención de mi salud a partir de los 65 cuando yo nunca le aporté un peso durante 30 años de trabajo.
La libertad es un concepto complejo y hay que hacer buenas leyes y aplicarlas muy bien para que sea para todos.
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