"Se han revelado indicios de una posible red de corrupción de cuello y corbata", señaló la vocera del gobierno chileno, Camila Vallejo, luego de que la justicia ordenara prisión preventiva para el exdirector general de la Policía de Investigaciones (PDI) Sergio Muñoz, acusado de supuestas filtraciones de información confidencial sobre varios casos judicales emblemáticos. Una declaración que desató la molestia de la Fiscalía y de sectores de la oposición contra la ministra de Gabriel Boric, quienes le pidieron pruebas para lanzar una acusación de este tipo, pero que deja en evidencia la profunda crisis que atraviesan los principales organismos de seguridad en el país.
Según Vallejo, esta red de corrupción se habría organizado para entorpecer las labores investigativas en distintas causas. Una trama que empezó con el allanamiento de la casa y la oficina de Muñoz, quien renunció a su cargo, en lo últimos días, desatando una nueva crisis para el actual gobierno.
Y es que, durante la imputación de quien fuera el jefe de la PDI, hasta hace una semana, el ministerio público lo acusó de estar detrás de filtraciones de información secreta al abogado Luis Hermosilla, uno de los más influyentes del país, quien, en noviembre del año pasado, fue acusado de pagos irregulares a funcionarios públicos para obtener información privilegiada.
"Los antecedentes que se han conocido hasta ahora son impactantes y son dolorosos porque primero debe estar el cuidado de las instituciones", señaló el presidente Gabriel Boric quien ha insistido que en Chile "nadie está por sobre la ley, tenga el apellido que tenga o esté en el cargo que esté".
Las filtraciones del poder
Desde información confidencial sobre el megaproyecto minero, que ponía en riesgo uno de los principales ecosistemas naturales del mundo, conocido como Dominga, en una causa en la que estaba imputado el fallecido expresidente Sebastián Piñera, hasta los antecedentes por malversación de fondos públicos que terminaron sacando del cargo a Héctor Espinosa, antecesor de Muñoz en la Policía de Investigaciones. Al menos 12 filtraciones de casos emblemáticos de la justicia chilena pudo identificar el Centro de Investigación Periodística (CIPER) que llegaron a manos del abogado Hermosilla, quien prestaba sus servicios a las esferas más altas del poder, durante las últimas décadas, y habría recibido más de 957 millones de pesos en honorarios durante los dos mandatos de Piñera.
Nos pone de relieve que efectivamente hay que tener mucho cuidado con las instituciones que están a cargo de preservar la seguridad y el orden público de nuestro país
"Nos pone de relieve que efectivamente hay que tener mucho cuidado con las instituciones que están a cargo de preservar la seguridad y el orden público de nuestro país, porque si pueden ser capturadas por un abogado para que le filtren información de causas de su interés o de que quienes él representa, por qué no podemos pensar lo mismo respecto al crimen organizado o el narcotráfico. Se deben establecer mecanismos de monitoreo, gestión de riesgos y control constante para asegurarnos de que esto no vaya a ocurrir y, si ocurre, que lo podamos detectar a tiempo", señala a EL TIEMPO la abogada experta en corrupción María Jaraquemada.
La actual crisis de credibilidad de la Policía de Investigaciones en Chile sucede en momentos en los que el país vive el aumento de la criminalidad en las calles de Santiago y otras ciudades, y lidia con el desafío de enfrentar a bandas criminales como el Tren de Aragua, por lo que suma tensión a la gestión del gobierno de Gabriel Boric, quien durante su gobierno ha debido enfrentar los efectos del aumento de la tasa de homicidios que pasó de ser de 4,5 en 2018 a 6,7, por cada 100.000, en 2022, que fue el año que asumió el poder.
"No creo que sea un revés del gobierno propiamente tal, yo creo que es un revés para el Estado, porque es una política de Estado la que va nombrando y son distintos gobiernos los que van participando en el nombramiento de estas autoridades y, por lo tanto, estos reveses son más bien para todo el Estado y no a un gobierno en particular ni el anterior ni este, habrá que ir viendo qué pasa con las investigaciones", señala Jaraquemada.
Los efectos del estallido
A la polémica por la corrupción en la Policía de Investigaciones se suman los señalamientos al actual general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien será imputado el próximo 7 de mayo por omisiones en los delitos cometidos por la institución que lidera durante el estallido social. Un nuevo desafío para un cuerpo policial que se ha visto permanente cuestionado por los protocolos que usó para enfrentar las protestas que sacaron a miles de personas a las calles en 2019.
Sin duda que no es positivo que las cabezas de ambas instituciones tan relevantes para nuestro país con amplios niveles de aceptación estén cuestionadas por situaciones diversas
"Sin duda que no es positivo que las cabezas de ambas instituciones tan relevantes para nuestro país con amplios niveles de aceptación estén cuestionadas por situaciones diversas, pero aquello no deberá ser un impedimento para que se merme la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico y, en ese sentido, creo que tanto el gobierno como el mundo político en general, deben dar un respaldo irrestricto a las instituciones, sin perjuicio de que sigan funcionando las instancias judiciales correspondientes", asegura a EL TIEMPO Andrés Longton, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados de Chile.
Sin embargo, los procesos que enfrentan las cabezas visibles que estuvieron o que están actualmente a cargo de los dos cuerpos de seguridad más importantes del país están en etapas diferentes. Mientras que la investigación sobre las filtraciones de Muñoz apenas está partiendo, Yáñez figura como imputado desde hace más de dos años y, desde varios sectores, incluido funcionarios del actual gobierno, se ha abierto la puerta a que renuncie antes de su formalización o que dé un paso al costado en el mes de mayo, cuando ocurra.
"Son circunstancias muy distintas. En el caso de la PDI hay una acción directa por parte del mandamás de la institución que viola secretos que pueden afectar las investigaciones y por otro lado hay un acto de omisión respecto del General Director de Carabineros. Pero, sin lugar a dudas, ambas complican el panorama en materia de seguridad y, sobre todo, pueden eventualmente socavar la legitimidad que tienen las policías en la opinión pública", señala a EL TIEMPO el diputado del Partido Socialista, Raúl Leyva, expresidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana.
Lo cierto es que desde hace una década la imagen de las principales instituciones chilenas se ha visto afectada por distintos casos de corrupción y por investigaciones que han tenido un impacto en los indicadores de transparencia del país, como lo explica la experta María Jaraquemada a este diario. "Nosotros estábamos primeros en la región con 73 puntos y, desde el año 2014, hemos ido descendiendo, también a veces algún año hemos estado estancados, pero hemos bajado alrededor de 7 puntos en el Índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. Entonces, algo quiere decir esto".
A pesar de la caída en este tipo de indicadores, Chile aún sigue estando en el segundo lugar de Sudamérica en el ranking, solo superado por Uruguay, lo que pone de manifiesto los desafíos que se enfrentan actualmente en los países de la región en donde la corrupción parecía estar mucho más lejos.
ANDREA AGUILAR CÓRDOBA - PARA EL TIEMPO - SANTIAGO