El padre del joven de 29 años asesinado en 2022 en el pub de Peal de Becerro donde trabajaba de portero los fines de semana ha señalado ante el jurado en el juicio que se sigue en la Audiencia de Jaén que Álvaro era una persona "totalmente pacífica y razonable". Con la voz entrecortada, Juan Pedro Soto ha comparecido separado por un biombo de la persona acusada de haber asesinado a su hijo en la madrugada del 17 de julio de 2022. Álvaro recibió un único navajazo en el tórax que le alcanzó el corazón y que le produjo la muerte allí mismo.
A preguntas del Ministerio Fiscal y de la acusación particular ha rechazado que su hijo hubiera tenido algún tipo de enfrentamiento previo o enemistad con el acusado o con cualquier otra persona. "En la vida, mi hijo nunca se ha peleado con nadie". Ha relatado que cuando ocurrieron los hechos él estaba de viaje de trabajo en Alemania y que primero le dijeron que su hijo había tenido un accidente, pero que al poco rato recibió un mensaje de pésame de un conocido y así supo de la muerte de su hijo.
Álvaro, con 29 años, todavía vivía con sus padres y se estaba preparando las oposiciones a la Policía Nacional. Por eso, los fines de semana trabajaba en el pub para "sacarse algún dinerillo para sus gastos". También han declarado los dos hermanos del fallecido que han pedido declarar sin el biombo, para que el acusado "escuche bien" lo que tenían que decir. Así lo ha manifestado Eduardo Soto que ha definido a su hermano como una persona "alegre, muy buena, nunca había tenido problema con nadie".
"¿Cómo explico a mis hijas que le quitaron la vida a su tío sin ningún motivo?", ha dicho Eduardo en una declaración en la que ha tenido que parar en algunos momentos para poder recomponerse y continuar con su testimonio. "Mi hermano nunca tuvo un problema ni con José ni con nadie", ha dicho Jaime Soto, el otro hermano de la víctima que también ha retratado a su hermano como una "buena persona y muy familiar".
La novia de la víctima también ha comparecido este miércoles en calidad de testigo. Ha dicho que llevaba casi diez años de noviazgo y que esa noche ella estuvo con él en el pub hasta que a 1:30 horas se fue a dormir. "Álvaro huía de los problemas, nunca tuvo problemas con nadie", ha dicho la joven que ha relatado al jurado que una vez que se sacara las oposiciones, la intención era la de casarse y formar una familia, alfo que quedó truncado en la madrugada del 17 de julio de 2022.
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En la jornada de este jueves está previsto la declaración de los testigos propuestos por la defensa. El acusado, un joven de 22 años, todavía no ha prestado declaración, lo hará el último, cuando acaben los peritos porque así lo ha pedido su abogado.
Sí declaró este lunes en el primer día del juicio el joven de 19 años que y primo del principal encausado, que se declaró culpable de golpear con un altavoz a la víctima y se conformó con el pago de una multa de 600 euros como autor de un delito leve de maltrato de obra, que es lo que le pedía el Ministerio Fiscal y en lo que estuvieron de acuerdo el resto de las partes.
Este joven, una vez conformado, sí que prestó declaración en calidad de testigo y relató que tras lo ocurrido en el pub, él junto a sus tres primos se refugiaron en la casa de éstos y que fue entonces cuando le quisieron convencer de que se declarara culpable porque era el más joven y el autor del crimen iba a ser padre.
El Ministerio Fiscal reclama para el acusado como autor de un delito de asesinato la pena de 20 años de prisión, mientras que la acusación particular eleva la petición hasta los 25 años de cárcel, la máxima para condenar una agresión que el abogado de la familia ha tachado de "sorpresiva, repentina e imprevista". Por su parte, la defensa aboga por la libre absolución.
Además de los 20 años de prisión, Fiscalía pide que se imponga al acusado diez años de prohibición de comunicación y acercamiento a la familia y pareja del fallecido, así como de permanecer o residir en Peal de Becerro. A ello se le suma la obligación de participar en programas formativos contra la violencia durante cinco años después del cumplimiento de la condena. En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Público la fija en 100.000 euros para la pareja del fallecido y otros 100.000 euros para cada uno de los progenitores.