Está claro que Milagro Sala y los ancianos militares detenidos por violación a los derechos humanos en la dictadura no se parecen en nada.
Salvo en que sus casos podrían ser considerados análogos por la Corte Suprema, para atenuarles a una y otros sus actuales condiciones de detención, enviándolos quizás al arresto domiciliario.
Esa analogía forzada en busca de equilibrio político sería una salida muy al estilo de Ricardo Lorenzetti, el presidente del máximo tribunal.
Podría contentar al Gobierno que vería a la jefa del Tupac Amaru continuar detenida; y también tibiamente a los defensores ultra K de la dirigente jujeña, que encontrarían satisfacción parcial al reclamo de que sea liberada después de 14 meses de prisión.
Desde hace tres semanas los miembros de la Corte estudian los expedientes enviados por la Justicia de Jujuy. Hay dos cuestiones básicas a resolver.
Dos, si su detención original fue correcta o arbitraria; y si su permanencia en prisión por causas distintas a las que motivaron su detención está justificada.
La líder del movimiento Tupac Amaru está procesada y con prisión preventiva bajo acusaciones de administración fraudulenta, asociación ilícita, instigación a cometer delitos y amenazas agravadas.
Un fallo salomónico de la Corte también conformaría al gobierno jujeño del radical Gerardo Morales. Respaldado por la Casa Rosada, el gobernador asegura estar ganando la batalla en la opinión pública de su provincia.
Muestra una encuesta de Aresco, la consultora de Julio y Federico Aurelio vinculada históricamente al peronismo, que sostiene que el 74% de los jujeños está de acuerdo con que Sala siga detenida; mientras que el desacuerdo alcanza al 19,8%.
Asimismo, un 66,8% cree que Sala se fugará si es liberada; y un 74,2% opina que en ese caso obstaculizaría la investigación.
Sólo un 21,6% de jujeños encuestados dice que Sala debería ser liberada de acuerdo a los comunicados y posturas públicas de organismos internacionales, incluyendo la OEA y Naciones Unidas.
Fuentes con acceso a la intimidad de la Corte aseguraron a Clarín que no hay todavía una postura única entre los jueces y que Lorenzetti teje la trama de un acuerdo que abarque a la mayoría, si no a todos, los cinco supremos.
Como es de estilo, la Corte dispuso el martes pasado pedir la opinión de la procuradora general Alejandra Gils Carbó acerca del reclamo para que la dirigente jujeña sea liberada.
Pero fuentes del tribunal recordaron que el dictamen que ella emita no es vinculante.
De hecho, en fallos del último año, desde el aval al recálculo hecho por el Gobierno para el aumento de tarifas del gas en adelante, los jueces supremos apenas si cuidaron la formalidad con la procuradora, cuando no ignoraron olímpicamente sus dictámenes.
Existe, en paralelo, una tirantez creciente entre el gobierno de Mauricio Macri y la Procuradora, de intensa militancia kirchnerista.
Por mérito propio Gils Carbó es la jefa operativa del grupo táctico de fiscales de Justicia Legítima, que desataron una sostenida campaña de hostilidades contra el Gobierno.
Esto se traduce en la facilidad y velocidad con que cualquier funcionario denunciado termina siendo imputado.
A Macri esto le causa más problemas políticos que judiciales. Pero cumple cuando menos el objetivo de tapizarle de obstáculos el recorrido del año electoral.
En otra muestra de la eficacia de su acción de desgaste de amplio espectro, el kirchnerismo duro consiguió esta semana que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos convoque al gobierno de Jujuy a comparecer el próximo lunes a una audiencia en Washington sobre la "represión de la protesta social".
Estarán allí el fiscal de Estado jujeño, Mariano Miranda, y el secretario de Derechos Humanos del gobierno nacional, Claudio Avruj.
La contraparte será el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que lidera el periodista Horacio Verbitsky, comandante estratégico de la operación kirchnerista en la Justicia y, como tal, superior jerárquico de Gils Carbó en esa organización.
Junto al CELS acudirán organismos que acá actúan como sus satélites, entre ellos la delegación local de Amnistía Internacional. También se presentarán dirigentes de sindicatos azucareros de Jujuy.
La CIDH visitará el país en mayo, invitada por el Gobierno con la intención de atenuar el notorio balance internacional negativo del caso Sala.
Por ahora el único refugio seguro ante el diluvio en contra es haber logrado que el asunto esté a decisión de la Corte Suprema.
Se estima que el máximo tribunal podría expedirse antes de esa visita y sus miembros ya han sentenciado que ninguna instancia internacional puede modificar sus fallos.
Fue un gesto inequívoco frente a la intención de llevar en última instancia el caso Milagro Sala a la Corte Interamericana, que entre otros integra –en este punto como juez y parte- el ex supremo kirchnerista Raúl Zaffaroni.