"La crítica pública y profunda de los actos de Gobierno es una necesidad, por no decir una obligación, en un sistema democrático de Gobierno basado en la opinión pública. Pero el ataque irracionalmente sistemático, la permanente descalificación de las personas y de cualquier solución con que se trata de enfocar los problemas del país, no son un arma legítima porque, precisamente pueden desorientar a la opinión pública en que se apoya el propio sistema democrático de convivencia."