Aunque el funcionario se niega a adelantar cuál será su posición, se presume que ésta sería contraria a la doble pensión para la ex jefa del Estado.
Cristina Kirchner percibe hasta el momento una pensión como ex presidenta equivalente a unos 188.500 pesos mensuales y, desde la muerte de su esposo, un beneficio que hoy ronda los 143.500 pesos como heredera de Néstor Kirchner.
Ambas pensiones totalizan unos 332.000 pesos, que se reducen a algo más de 210.000, tras los descuentos por el impuesto a las ganancias y otras deducciones.
En el caso de que el Gobierno resuelva que resulta incompatible la percepción de los dos beneficios, se estima que la ex mandataria debería renunciar a la pensión que recibe como ex cónyuge de Néstor Kirchner y conformarse con la pensión de privilegio como ex presidenta de los argentinos.
El procurador Balbín interviene en el caso a pedido del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley, que es el órgano que liquida las pensiones no contributivas, dentro de las cuales se encuentran las de privilegio para ciertos ex funcionarios.
Una vez que la Procuración del Tesoro emita su opinión, el citado ministerio podrá tomar en cuenta o no esa opinión jurídica, por cuanto ella es obligatoria pero no vinculante.
Se cree, de todas maneras, que difícilmente se adopte una posición diferente a la que exprese el procurador, que es el asesor jurídico más importante del Poder Ejecutivo Nacional.
Dos días después del fallecimiento de Néstor Kirchner, ocurrido el 27 de octubre de 2010, se inició el trámite para el cobro de la pensión como viuda por parte de la entonces presidenta de la Nación.
El beneficio para Cristina fue aprobado por la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales el 21 de diciembre del mismo año. De modo que el trámite se resolvió en menos de dos meses, un tiempo récord si se considera que a cualquier ciudadano común esto le demanda un promedio de seis meses.
La segunda pensión de Cristina, correspondiente a su "jubilación" como presidenta de la Nación, también fue concedida por su propio gobierno.
El trámite fue iniciado el 18 de noviembre de 2015, cuando ella todavía ocupaba el sillón de Rivadavia, a través de su sobrina Romina Mercado, y el beneficio se hizo efectivo desde el 10 de diciembre, fecha en que dejó la Casa Rosada.
La tarea de Balbín se centra en la ley 24.018, sancionada en 1991, por la cual se crearon las llamadas jubilaciones de privilegio para los ex presidentes y vicepresidentes de la Nación, al igual que para los miembros de la Corte Suprema de Justicia.
Y, en particular, en el artículo 5 de esa norma, según el cual la percepción de esta asignación "es incompatible con el goce de toda jubilación, pensión, retiro o prestación graciable nacional, provincial o municipal".
Una interpretación de este artículo permite inferir que Cristina Kirchner no podría estar cobrando dos pensiones de privilegio y que debería optar por una de ellas.
Es probable que si, tras el dictamen del procurador del Tesoro, el Gobierno adopta esa postura, desde el kirchnerismo se cuestione la medida y se la intente mostrar como un nuevo indicador de persecución contra su líder, quien está jaqueada actualmente en varias causas judiciales y ha sufrido el embargo de algunos de sus bienes por la Justicia.
Según dejan trascender allegados al procurador Balbín, su dictamen se ceñirá al análisis de la ley y no estará condicionado por el contexto político actual, ni por una eventual campaña de victimización de Cristina Kirchner.