Salvador Lachica
Canarias quiere que la modificación legal que permitirá la distribución obligatoria de menores migrantes no acompañados al resto de las autonomías se apruebe en 15 días a través de un decreto ley, pero no hará casus belli sobre esta reivindicación y aceptará que, como propone el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, se tramite en las Cortes como proposición de ley de los grupos mayoritarios. De esta manera, y tal y como aseguró el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se evitará que comunidades autónomas cogobernadas por el PP y Vox recurran la modificación y otorgará "más seguridad jurídica" a la misma.
Los grupos parlamentarios que suscribieron el Pacto por la Inmigración, más la formación de ultraderecha que lidera Javier Abascal, se reunieron con el presidente Clavijo en el Parlamento de Canarias para analizar el acuerdo alcanzado el 22 de abril entre Estado y Canarias para resolver el colapso que tiene el sistema de acogida de las Islas, que alberga ahora mismo a 5.477 menores, y cerraron filas sobre otro de los puntos conflictivos del acuerdo: salvo Vox, todo el arco parlamentario respalda que la tutela efectiva no la asuma el Gobierno canario y se asigne a otras autonomías en el momento de la llegada.
De hecho, desde la Consejería de Derechos Sociales de la Generalitat de Cataluña se han puesto reparos a la propuesta de redistribuir a unos 2.500 menores migrantes no acompañados de los casi 5.500 que tutela actualmente en solitario Canarias y el Gobierno de La Rioja ha rechazado "la obligatoriedad" de la modificación legal, pues aseguran que el reparto se basa en parámetros "incoherentes e inasumibles".
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