Ecuador debe garantizar justicia y reparación a las víctimas de esclavitud moderna en dos juicios pioneros en el país por presunta trata de más de 330 personas con fines de explotación laboral, afirmaron expertos en derechos humanos de Naciones Unidas. Dichas violaciones se habrían producido en las haciendas propiedad de la empresa para la cosecha de abacá -planta de gran tamaño recolectada por su fibra- en las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos.
En 2021 la justicia ordinaria ecuatoriana reconoció por primera vez que las condiciones de trabajo en estas plantaciones constituían "una violación del derecho a la igualdad, la no discriminación, la prohibición de la servidumbre, el derecho a la salud, la vivienda y la educación".
Tras reconocer estos delitos, la autoridad judicial obligó tanto a Furukawa Plantaciones como al Estado ecuatoriano, en calidad de responsables, a aplicar medidas de reparación a las víctimas en forma de indemnizaciones económicas y disculpas públicas. Sin embargo, en un juicio provincial el Tribunal de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas confirmó solo la responsabilidad de la empresa y exoneró de responsabilidad al Estado ecuatoriano.
Vulnerados los derechos al agua potable, la alimentación y la alimentación
Ante esta situación, el pasado abril la Corte Constitucional de Ecuador inició una audiencia de revisión sobre la supuesta omisión de responsabilidad del Estado ecuatoriano, cuyo veredicto se espera la próxima semana. Paralelamente, se espera que el Tribunal Penal de Santo Domingo decida el próximo 20 de junio si Furukawa Plantaciones debe afrontar sanciones penales basadas en los abusos de derechos humanos que presuntamente cometió, incluida la trata de personas con fines de explotación laboral.
Según los expertos, ambos juicios son "una oportunidad única para que Ecuador haga justicia a las víctimas" de estos abusos, las cuales, aseguran, "deben recibir recursos legales y reparación".
"Furukawa Plantaciones debe rendir cuentas por los abusos contra los derechos humanos cometidos y debe concederse una reparación adecuada, efectiva y rápida a las víctimas", aseguraron en un comunicado. También pidieron a Ecuador que sea "más eficaz" en la prevención de las formas de esclavitud moderna reforzando sus leyes y normas y garantizando que se realicen inspecciones laborales periódicas y efectivas, especialmente en los sectores económicos de alto riesgo.
Firman el comunicado el relator de la ONU sobre las formas contemporáneas de esclavitud, Tomoya Obokata, y sus homólogos sobre el derecho a la educación (Farida Shaheed), a la alimentación (Michael Fakhri) y al agua potable (Pedro Arrojo-Agudo), entre otros expertos.
jov (efe, fidh, ilo)