Vocación de Libertad
La ingobernabilidad es un estado de cosas que presenta la imposibilidad de gobernar, es decir, conducir o administrar un país dentro de su territorio. Es una situación de inexistencia de gobierno y el orden y tranquilidad que Él debe implantar. Allí no hay estado de derecho.
Obviamente es una situación muy indeseable por la carencia de orden y certeza que se necesitan para lograr el bien común mediante los esfuerzos y trabajos de las personas. Ellas necesitan certidumbre razonable para gozar de los frutos futuros de sus labores presentes y lograr el bien común.
A los criterios anteriores en el caso de Guatemala, hemos de sumar el claro control que de forma directa o por medio de la institucionalidad local/municipal cooptada por sectores del crimen organizado y que en función de sus intereses ejercen su forma de gobernar, incluyendo desde los servicios de seguridad e impartición de justicia. Para nadie es ningún secreto la extradición requerida por el Gobierno de Estados Unidos de América de autoridades ediles de algunos municipios del país.
La incertidumbre e inestabilidad que vivimos hoy, pueden valorarse como antesalas a la ingobernabilidad en una sociedad en la que no encontramos aún el camino para la democracia, republicana y constitucional que pretendemos vivir, porque amamos la vida y la libertad con que nuestro creador nos ha diseñado de forma inalienable. Entendiendo por inalienable la condición por la cual los guatemaltecos no somos objetos y menos sujetos de ser enajenados. Somos o al menos suponemos querer ser, personas humanas con dignidad de la imagen y semejanza de Dios, el creador. Otra cosa es que nos comportemos muy por debajo de esta hermosa condición.
Casi por cumplir los cabalísticos 100 días del ejercicio del poder del Estado para las autoridades, hay una serie de hechos muy concretos, realidades muy difíciles, vivencias que no presagian nada muy bueno para la gobernabilidad del presente y futuro de Guatemala, de nosotros como sociedad y de nuestras familias y vidas individuales. Todos, sí, todos somos afectados por acción u omisión.
Ministro de Estado que renuncia antes de asumir, Ministro de Estado que aunque perdonada en una primer instancia por su jefe, el ciudadano Presidente, es luego relevada del mando ante la falta de prudencia en el manejo del poder y los recursos del Estado; Vice ministros que son cambiados y transferidos para "mejorar los equipos de trabajo" en al Ministerio de Comunicaciones y un largo etcétera para aquellas posiciones que en tan corto tiempo, se han tenido que modificar ante la evidente incapacidad de poder conducir la cosa pública. ¿Quién les nombro?, ¿Vinieron en el mismo proceso del viejo sistema de la vieja política del clientelismo partidario?
Un ejecutivo viajero – muy parecido, solo que con sus propias formas y no una papaya voladora como en tiempos del expresidente Cerezo – que quizá con mucho realismo desde el ciudadano Bernardo Arévalo reconoce que su apoyo político principal se encuentra en la comunidad internacional y no dentro de la población que de manera escasa le voto. Paradójico y altamente significativo en este nuevo mundo globalizado
Un ejecutivo que claramente pierde su batalla, quizá innecesaria, en contra de una funcionaria que, hasta ahora, aparentemente con la ley en la mano, ha estado conduciendo el Ministerio Publico con sus criterios y todo ello con la aprobación del caso dentro del Sistema Judicial del país. La última noticia, en la que las altas cortes han rechazado el requerimiento de antejuicio que desde el despacho presidencial se planteara en contra de la Fiscal General, luce poner la tapa al pomo en materia de este ya casi personal litigio en el que se pierde tiempo, se desperdicia talento y se invierten recursos que bien podrían ser mejor utilizados en otros ámbitos de suma y prioritaria necesidad: La Transformación Digital del país por ejemplo.
Un importante desliz del ciudadano Presidente, en la definición de la estructura de gobernadores, sus personales representantes en los territorios respectivos de cada departamento; esto obligo a buscar como algunos de sus antecesores, la forma de adecuar y/o torcer la ley para que se ajuste a soluciones inmediatas, tal el caso ahora, para que SEGEPLAN se ocupe de una tarea que precisamente compete a los gobernadores, pero que en tanto no existen aún y se hace necesario poner a funcionar el sistema de CODEDES, se necesita una instancia oficial para que convoque y esta tarea se ha delegado en SEGEPLAN.
Un claro ejemplo de incapacidad en el manejo del problema de los incendios y la solicitud denegada en el Congreso de la República para el requerido "estado de calamidad", mismo que ha quedado claramente establecido no ameritaba ni siquiera el cierre del maltrecho servicio educativo del Estado.
No perdamos de vista que con la pandemia, se lamentó mucho el serio daño causado al ya deteriorado sistema educativo que sin mayor recato, nuestro liderazgo no entra en consideraciones, porque si así fuera las cosas serian diferentes y seguro, no seriamos tan ligeros en tomar medidas que la situación no amerita, porque está a la vista, el daño que se causa.
En el pasado, nuestros niños y jóvenes han tenido la experiencia de ganar su año escolar por decreto en un par de oportunidades y todo parece indicar que sigue sin interesarnos el verdadero beneficio de aprendizaje y desde la otra acera de la calle, seguimos culpando al sindicalismo y a un personaje en particular, mientras seguimos sin avanzar, aun hoy, en la fundamental transformación digital de los servicios educativos.
Tiempos de incertidumbre e inestabilidad mundial, regional y nacional que se traduce a la vida ciudadana, anticipan ambientes proclives a la ingobernabilidad.
Le invitamos a leer más del autor: