Se sucedieron los discursos en la sede de la Televisión Pública, donde se expondrán las fotos hasta el 10 de octubre para luego continuar de gira por todo el país: hablaron su hermana, Gladys Cabezas; el periodista de Noticias que estuvo con Cabezas en Pinamar cuando fue asesinado, Gabriel Michi; el jefe de Redacción de la revista Noticias, Edi Zunino; el secretario de Medios Públicos y ex editor del diario PERFIL Jorge Sigal, y el ministro de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi.
Mientras, mi pensamiento volvía una y otra vez a asociar que Yabrán era el jefe de la mafia de la misma Aduana que hoy involucra a Gómez Centurión y la central de inteligencia en múltiples acusaciones de corrupción y espionaje.
Y a conectar aquella tapa de "Maldita policía" que denunciaba a la Bonaerense por recaudar con delitos ilegales sobornando y amenazando políticos, con las denuncias del gobierno de María Eugenia Vidal contra sectores activos y desplazados de su policía actual.
Como el periodismo de investigación que practican la revista Noticias y el diario PERFIL fue siempre contracíclico, no es casual que se anticipen los temas que años después serán compartidos por la mayoría de los colegas.
Gran parte de la agenda actual de Comodoro Py fue publicada hace más de diez años por el diario PERFIL y la revista Noticias.
Como el proyecto para regular la publicidad oficial recientemente presentado en el Senado por el gobierno nacional hizo suyas las palabras "arbitraria utilización de la pauta en virtud de las opiniones vertidas" del juicio que iniciaron PERFIL y Noticias por discriminación con la publicidad oficial hace una década, cuando las asociaciones de medios no lo denunciaban.
Pero en este caso de la Aduana y las policías, lo que llamamos "Estado paralelo" y definimos como el uso del poder de control del Estado para cobrar cánones, peajes o cualquier otra forma de permiso o patente de corso para recaudar con negocios ilegales, sorprende que en lugar de que el tema integre la agenda de la Justicia continúe aún como agenda de los medios, demostrando cuánto más poder tiene el crimen organizado que Aníbal Fernández o De Vido.
En Colombia y México ya lo saben: se encarcela al jefe de un cartel y/o se lo debilita y aparece otro ocupando su lugar para que el negocio ilegal continúe su curso.
Por eso la batalla contra ellos no es igual que contra la corrupción de los políticos. Esencialmente debe ser continua y no errática, ni motivada sólo en los tiempos en que el humor social es contrario al gobierno de turno.
Esa corrupción estructural requiere medios de comunicación, jueces y opinión pública que no se preocupen por determinados temas exclusivamente cuando la economía no proporciona satisfacciones.
No es imposible luchar contra el crimen organizado y vencerlo, los países desarrollados lo lograron. Lo que requiere es continuidad y no oportunismo procíclico.
Por ejemplo, hoy Carrió es escuchada y tiene todos los micrófonos a su disposición, lo mismo que le sucedió al final de la convertibilidad, pero durante muchos años de gobierno kirchnerista fue totalmente ninguneada.
Esa visibilidad también la tiene hoy Margarita Stolbizer gracias a sus consistentes denuncias sobre corrupción.
Estas ahora le permiten encabezar la intención de votos para las elecciones legislativas de 2017 en la provincia de Buenos Aires, cuando en 2015, aunque para un cargo ejecutivo, obtuvo sólo 2,87% en su propia provincia, detrás del ignoto Nicolás del Caño, candidato del minoritario FIT.
Asumiendo que la primera batalla es cultural, la sociedad en su conjunto podría apoyar electoralmente a quienes toman la responsabilidad de denunciar pública y sostenidamente estos temas para mantenerlos en la agenda social.
Porque no es una tarea sólo de las partes sanas de las fuerzas de seguridad y la Justicia; al estar ellas mismas infiltradas por estas organizaciones, requieren la ayuda del periodismo, reinstalando el tema continuamente.
Además, se necesitan competencias interdisciplinarias en las que, por ejemplo, son esenciales los economistas para hacer y rehacer el mapa de aquellos negocios en los cuales el mal uso del poder de control del Estado produciría tasas de rentabilidad astronómicas, para poner el foco en monitorear esas operaciones.
Así como se propone la legalización de la droga como forma de combatir el delito, la reducción de los aranceles de importación, la desaparición de cepos y de permisos de importación y la mayoría de las regulaciones harán que la Aduana no sea el lugar donde la discrecionalidad genere tanta rentabilidad.
Pero siempre habrá formas de abuso del poder delegado del Estado que combatir.
Hay una economía del crimen y un mercado del delito que, en función de su rentabilidad, permiten la compra de protección estatal a distintos niveles. Atacando sólo al ministro corrupto se deja intacta la verdadera ruta del dinero.
El contrabando es la actividad ilegal organizada con más tradición; Yabrán fue Yabrán porque la Argentina fue una sociedad con controles corrompidos, y sigue siéndolo, como lo muestran las denuncias actuales.