El honor no es su divisa. La Dirección Contra la Corrupción PNP (Dircocor), instancia de la Policía Nacional, y el Ministerio Público detuvieron de manera preliminar por siete días al comandante PNP Ricardo Enrique Vargas Contreras, jefe de la Depincri de Cercado de Lima, y a otros tres agentes de Inteligencia por presuntamente haber solicitado una coima al familiar de un sujeto capturado.
Uno de los detenidos es el comandante PNP Ricardo Enrique Vargas Contreras, jefe del Departamento de investigación criminal del Cercado de Lima. Mientras que los otros agentes son Edward Leoncio Concha Sarango, Alexander Ricardo Ayma Cornejo y Leo Santos Cantuta, quienes también pertenecen a este mismo departamento.
Esta acción responde a una denuncia ciudadana que alegaba la exigencia de S/ 2.500 soles por parte de estos efectivos a cambio de la libertad de un familiar, según la Dircocor. De esta manera, los hechos se sitúan en el marco de una acusación por cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.
Niega estar vinculado
El comandante PNP Ricardo Enrique Vargas Contreras ha negado rotundamente su implicación en el caso al afirmar que la acción del Ministerio Público está vinculada con un incidente previo en el que un fiscal fue detenido por cobrar una coima. Vargas sostiene que se trata de un intento de la Fiscalía por limpiar su imagen a costa de un policía honorable. Sin embargo, tanto él como los otros efectivos detenidos permanecerán bajo investigación durante los siete días de detención preliminar, mientras se esclarecen los hechos, de acuerdo a un informe de Latina.
La Dircocor PNP señaló que este caso se enmarca en una acusación por cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.
"Yo soy el primero en aclarar todo esto. [¿Es inocente usted?] Sí, esto es porque ayer al fiscal lo han detenido y quieren limpiarse el Ministerio Público con un policía. Yo soy honorable", señaló a su salida para ser trasladado.
En este operativo, realizado el pasado 13 de abril, se halló un sobre con billetes en las oficinas. Por su parte, los efectivos que salieron prefirieron guardar silencio. El caso continuará en investigación durante estos siete días en los que estarán detenidos.
Fiscal detenido en VES
El caso que refiere el comandante de la PNP es precisamente uno similar al que se le acusa. Un fiscal fue detenido en el distrito de Villa El Salvador (VES), tras ser acusado de solicitar una coima de S/2.000 a cambio de liberar a un detenido. El Ministerio Público, a través de una resolución, terminó la designación de Carlos Raúl Aquije Vilca en su cargo como fiscal adjunto provincial provisional del distrito fiscal de Lima Sur, después de su intervención en este acto de corrupción.
"El Ministerio Público informa a la ciudadanía que, mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación n.° 1026-2024-MP-FN, se dio por concluido el nombramiento del abogado Carlos Raúl Aquije Vilca, como fiscal adjunto provincial provisional del distrito fiscal de Lima Sur", se lee en la misiva.
El fiscal fue detenido en flagrancia por la PNP y se le halló S/700 en efectivo, un monto que presuntamente sería un anticipo de un soborno exigido por el mismo para facilitar la liberación de un individuo previamente denunciado. Es así como sería denunciado por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo propio.
PENA POR SOBORNO
En Perú, las consecuencias por involucrarse en el intercambio de sobornos, conocido también como coima, son significativas, especialmente cuando los implicados son miembros de la Policía Nacional. Según las leyes actuales, recibir beneficios ilícitos siendo parte de la fuerza policial puede resultar en hasta cinco diferentes niveles de sanciones bajo el marco del Código Penal.
Específicamente, aceptar cualquier forma de regalo para influir en la realización o la omisión de una acción dentro de las responsabilidades de la PNP (conocido como cohecho pasivo impropio) puede acarrear una condena de prisión que oscila entre cuatro y siete años. Sin embargo, el delito de cohecho pasivo propio, que implica modificar la conducta funcional de un agente a cambio de un beneficio, es penalizado con la pena más severa: de ocho a 12 años tras las rejas.