La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma ha levantado completamente el secreto del caso Puertos, desvelando la existencia de una pieza en la que imputa varios delitos, entre ellos cohecho y tráfico de influencias, al ex presidente de Autoridad Portuaria Baleares (APB), Joan Gual de Torrella, durante la pasada legislatura en el Govern presidido por la socialista Francina Armengol.
La causa se troceó en nueve piezas diferentes y ya se había levantado el secreto de varias de ellas, algunas para su archivo.
La parte que permanecía en secreto consta de tres líneas de investigación: una sobre los vínculos de Gual de Torrella con la empresa Plumbago SL (Turquesa Catering); indicios de presuntos actos de favorecimiento a Sitges Reunides y Transpulve 2009 en Alcúdia; e indicios de favorecimiento entre la abogada del Estado Dolores Ripoll (asesora de la APB) y su marido en la contratación con la APB, a través de una empresa interpuesta.
La jueza ha comunicado esta decisión en un auto, justo cuando se cumplen cuatro años desde el inicio de las actuaciones bajo secreto desde abril de 2020. Gual de Torrella y otros directivos de la APB fueron detenidos en julio de aquel año en un operativo de la Guardia Civil.
En la pieza relativa al catering, la jueza aprecia indicios de posibles delitos de cohecho, negociaciones prohibidas y tráfico de influencias. Se imputa a Gual de Torrella haber mantenido relaciones de control e interés económico en Plumbago mientras ésta contrataba con la APB.
Dichas relaciones estarían constatadas por las comunicaciones personales intervenidas y los flujos económicos. El auto reseña que, mientras Gual de Torrella ocupó la presidencia de la APB entre 2015 y 2020, el organismo realizó al menos 24 pagos a la empresa por valor de más de 62.700 euros.
La pieza investiga también al administrador de la entidad, señalado como colaborador de Gual de Torrella para facilitar que aquel obtuviera un beneficio económico «sin que se advierta su participación, ocultándola y remunerándola».
La Guardia Civil registró el pasado 16 de abril el domicilio de la empresa. El Juzgado está a la espera de recibir el informe de los agentes tras analizar la documentación intervenida.
Estas diligencias recientes son uno de los argumentos para levantar ahora el secreto de la causa. A ello se suma que Suiza ha comunicado que ha iniciado la ejecución de una comisión rogatoria enviada por el Juzgado de Palma y que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha solicitado este mes la apertura de una caja de seguridad bloqueada.
La instructora recuerda asimismo que el volumen de información que se ha analizado a lo largo de la investigación es enorme, con más de 300.000 correos electrónicos estudiados sólo en la pieza sobre Menorca.
La causa sobre Menorca, la primera que se conoció públicamente, investiga si se benefició a Marina Asmen en el concurso para la gestión de amarres en Mahón. Esta pieza se ha acumulado con la de supuestas presiones políticas en otra adjudicación en Ibiza.
Para otras dos piezas, sobre concesiones de astilleros y una adjudicación en Formentera, la jueza acordó el sobreseimiento. Mientras, Gual de Torrella declaró el pasado marzo en el Juzgado por otra pieza relativa a un presunto trato de favor a la empresa de tiendas duty free en el puerto de Palma.
La conexión entre todos estos hechos es la presidencia de Gual de Torrella en la APB; junto a Juan Carlos Plaza como director y Dolores Ripoll en calidad de asesora. Otros investigados en el procedimiento principal son el jefe del área de gestión y el jefe del área de explotación.
En todas sus comparecencias Gual de Torrella ha negado cualquier actuación irregular, dando explicaciones sobre cómo se desarrollaron las concesiones y quiénes intervinieron, y sosteniendo en todo momento que se hicieron de acuerdo a la legalidad.
El Juzgado también abrió una pieza separada por revelación de secretos por la filtración de la propia causa.