Hay más de 5.300 abogados ejercientes en la provincia de Málaga y tienen un problema: después de toda una vida de ejercicio, les quedan o les quedarán en el futuro jubilaciones que son discriminatorias, a peor, respecto al resto de trabajadores. Unos letrados cotizan como autónomos, otros a su mutualidad profesional y muchos han hecho aportes primero a un sistema y luego a otro. Uno de sus problemas es que a la hora de la jubilación, no pueden sumar ambos periodos, de modo que pierden años cotizados. El asunto afecta a miles de profesionales en toda España. Los letrados son el colectivo más numeroso, pero también repercute de forma negativa en médicos, arquitectos, procuradores o ingenieros, entre otros.
Para intentar aportar análisis, reflexiones y soluciones, la Universidad de Málaga (UMA) ha creado un Observatorio. Lo integran las facultades de Derecho, Económicas y Empresariales y de Estudios Sociales y del Trabajo, junto a tres maestrías.
El decano del Colegio de Abogados de Málaga, Salvador González, valoró la iniciativa ya que este órgano liderado por la UMA será "independiente" y estará "abierto" a los Consejos Generales de la Abogacía e incluso a otras profesiones.
González recordó que las medidas del Gobierno "no dan respuesta" al problema y cuentan con el rechazo de los abogados. Por eso, estimó que el Observatorio puede aportar "un debate sosegado, riguroso y académico" sobre esta "discriminación" que sufren los letrados. El decano subrayó que la jubilación es un derecho público recogido en la Constitución española y afirmado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De ahí que añadiera que es preciso avanzar en un sistema que aporte "una solución justa a un problema real" que afecta a miles de profesionales y no sólo de la abogacía.
"No se trata de reclamar reivindicaciones populistas, pero hay que avanzar sobre derechos a los que los abogados no tienen acceso", añadió González. E insistió en que "más allá de reclamaciones cortoplacistas", los letrados deben situarse en condiciones de igualdad y equidad respecto a otros cotizantes a la hora de sus jubilaciones. Recordó que hasta 2012, el colectivo no tenía acceso a la sanidad pública. Por eso valoró la puesta en marcha del Observatorio como "un hito" para que "se ponga sobre la mesa el estado de la cuestión".
Durante la presentación de este órgano, su representante, María Salas, destacó el apoyo a la iniciativa de las tres facultades y de otras tantas maestrías. "Es un desafío y espero estar a la altura de las circunstancias", apuntó tras la firma del convenio con el Colegio de Abogados para este proyecto, que tuvo lugar este martes en la sede del Rectorado. Salas insistió en que es "un foro abierto" para tratar de sumar en el análisis del problema.