Dos acusados de actuar como patrones de un cayuco que llegó a Tenerife en el verano del año pasado han aceptado este miércoles una pena de 3 años de cárcel al reconocer que son autores de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
La sentencia fue adoptada por conformidad y la Fiscalía incluyó un párrafo relatando que "la actividad descrita estaba orientada con carácter primordial a paliar la situación de necesidad de Senegal y crearse un proyecto de futuro mejor en Europa".
El juicio tuvo lugar en la Audiencia Provincial de Tenerife tras ser trasladados los acusados desde Tenerife II, lugar en el que se encuentran en situación de prisión preventiva desde que ocurrieron los hechos.
Los ya condenados fueron los responsables de trasladar de forma ilegal a España a 38 personas de origen subsahariano, de los que cuatro eran menores y para ello asumieron el control de la pequeña embarcación que se utiliza en el país africano para pescar.
El cayuco partió de la costa de Senegal hacia Canarias, en cuyas aguas fue detectado tras cinco días de navegación, con el motor apagado, por lo que una patrullera los tuvo que remolcar hasta Tenerife para ser atendidos por una ONG.
Desde la playa de Senegal, los acusados organizaron la travesía en connivencia con otras personas no identificadas, cobrándoles a cada uno de los viajeros entre 300.000 y un millón de francos de África Occidental (CFA), unos 500 y 1.500 euros respectivamente de media.
Dirección y capitanía
Una vez en la embarcación desempeñaron las funciones de dirección y capitanía del viaje determinando la ubicación de los pasajeros, impartiendo órdenes e instrucciones de comportamiento, distribuyendo la comida y la bebida.
También previnieron a los migrantes de que no declararan en su contra una vez llegados a las costas españolas, dado que serían detenidos y condenados
La embarcación era de tipo cayuco, de madera enfibrada, de color gris y azul celeste con 10-12 metros de eslora aproximadamente cuya propulsión dependía en principio de dos motores, uno de ellos auxiliar.
Carecía de cualquier tipo de medida de seguridad relativa al almacenaje del combustible, chalecos salvavidas, medios de comunicación náutica, luces de posición y deflector de radar, y contaba con escaso espacio para trasladar a las 38 personas.
Los viajeros tuvieron que ir dispuestos en ambos lados, con riesgo de naufragio por volcado en caso de movimiento interior y corrieron peligro de colisión y abordaje al carecer de iluminación en una travesía frecuentada por muchos buques.
"No obstante lo anterior, los acusados, conociendo estas circunstancias, se pusieron a los mandos del timón de dicha embarcación para la mencionada travesía. Todo ello con el consiguiente riesgo para la vida, salud e integridad física de los ocupantes, quienes durante la travesía carecieron de la comida y bebida necesarias para sobrevivir a la misma".
El Ministerio Público consideró que los procesados, realizaron indistintamente, labores de navegación, tales como manejo de los motores, del timón y dirección de rumbo mediante GPS, además de mantenimiento del orden en la embarcación, impartiendo instrucciones y órdenes al pasaje.
La Fiscalía les atribuía un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros o de inmigración ilegal, al favorecer la entrada en España de 38 personas que carecían de documentación, medios de vida y no hacerlo por los puestos habilitados. En principio, se pedía para cada uno de ellos 6 años de prisión que finalmente la pena se rebajó a la mitad tras llegar al acuerdo de conformidad.
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