Con ingresos mínimos de indigencia, están entre los más precarizados pese a haber aportado, en la mayoría de los casos, a lo largo de gran parte de su vida. En Santa Fe son en total algo más de 642 mil adultos mayores, lo que representa casi un 18 por ciento de la población total y es una proporción que viene en crecimiento en los últimos 15 años. Esa población es a la que intenta dar voz y proteger la Ley por los Derechos de la Personas Mayores, la primera en todo el país aprobada en diciembre pasado en la Legislatura provincial. Una normativa que no sólo crea figuras clave, como la del Defensor de Adultos Mayores, sino que a su vez significa -según indicaron sus autores- un "cambio de paradigma" sobre uno de los sectores más vulnerables de la población santafesina.
"La ley prioriza un nuevo paradigma para los cuidados, de ir hacia un nuevo modelo que establezca mejores herramientas, con un sistema de seguimiento y de Registro Provincial, que sea coordinado y que, fundamentalmente, sea humano", expresó el diputado socialista Joaquín Blanco durante la presentación de la norma que se llevó adelante en los últimos días, junto a otros actores sociales que serán clave en la implementación de lo aprobado.
Se trata de una normativa que establece nuevos derechos para las personas mayores a través de puntos clave como son la creación del Defensor de las Personas Mayores, un Registro Único de Cuidadores, así como también de Instituciones públicas y privadas, y también una fuerte participación de este sector de la población en la toma de decisiones y la creación de nuevas políticas públicas", indicaron en relación a la voz que buscan darle a partir de ahora esa población que "no puede ser considerado un sector pasivo", indicaron.
"Es una ley de avanzada en términos de ampliación de derechos. Nos permite tener un horizonte para lograr un trabajo articulado entre el gobierno provincial, los gobiernos locales, los centros de jubilados y diferentes instituciones para poner a los adultos mayores como protagonistas de lo que se viene", expresó el diputado y autor de la iniciativa durante la presentación hecha en el marco del "Encuentro por los derechos de las personas mayores".
Licuadora y motosierra
El escenario nacional en que la provincia busca avanzar en el resguardo de los derechos de esta población es tan complejo como hostil para con el sector. "Es un momento bisagra, donde la licuadora y la motosierra están haciendo mucho daño a los jubilados y pensionados y en el que se quiere avanzar sobre derechos conquistados", señaló Blanco.
De hecho, en números, las jubilaciones y pensiones mínimas, incluso con el bono anunciado para este mes, son de indigencia contra una canasta básica que alcanza los 690 mil pesos: los haberes mínimos que no alcanzan los 135 mil pesos (más el bono de 70 mil pesos). En Santa Fe, los jubilados provinciales tampoco alcanzan la canasta con ingresos promedios que están en los 570 mil pesos.
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Una población empobrecida pobre, que además se ve obligada a destinar hasta el 30 por ciento de sus ingresos en medicamentos, un rubro que ya para enero de este año -de acuerdo a datos oficiales de Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came)- había caído en ventas hasta un 45 por ciento.
Un paradigma "humano"
Al mismo tiempo que remarcó el envejecimiento de la población por el crecimiento de las expectativas de vida en los últimos años, Blanco no dejó de señalar que ya no se trata de un sector pasivo, sino todo lo contrario. "Es un sector de la población que llega a esa edad y sigue muy activo -dijo-. Con esta ley estamos acompañamos a una población que debe ser protagonista".
Para el diputado, la ley da lugar a a "pensar y planificar políticas públicas concretas junto a municipios y comunas, acompañar a los centros de jubilados y a todo lo que tiene que ver con el entramado social que contiene a estos ciudadanos", al mismo tiempo que enmarcó a la normativa "en un nuevo paradigma que ordena la vinculación, no solamente de un gobierno, sino de toda una sociedad".
En ese punto, señaló que se trata de "priorizar el paradigma para los cuidados" lo que significa, según detalló, "ir hacia un nuevo modelo que establezca mejores herramientas, con un sistema de seguimiento y de Registro Provincial, que sea coordinado y que, fundamentalmente, sea humano".
En lo concreto, la norma establece la figura del Defensor de las Personas Mayores, que se suma al sistema de defensorías provincial, para visibilizar y proteger al sector de las violencias, estafas y abandonos de los que son víctimas.
Así la aplicación será, claramente, de múltiples actores. El Defensor del Pueblo de Santa Fe, Gabriel Sabino, señaló que se abre un tiempo de "fortalecimiento" desde en espacio que encabeza y ratificó el compromiso sobre una población a la consideró "un colectivo largamente desplazado y vulnerado", y remarcó el desafío de que la normativa "llegue a todas partes en la provincia".
La directora de Adultos y Adultas Mayores de la Municipalidad de Rosario, Victoria Zangara, en tanto, destacó el trabajo de "articulación entre lo que es la provincia, la municipalidad y la Universidad Nacional de Rosario" ya se viene realizando y a profundizar. Blanco, por su parte, lo consideró "un momento bisagra para el país" donde Santa Fe se convierte en pionera.