Tres altos cargos del Gobierno de España investigados en el caso mascarillas ligado al Ministerio de Sanidad han optado este martes por negarse a hablar ante el juez Carlos Valle. Se trata del procedimiento que se sigue en un juzgado de Plaza Castilla sobre si el equipo de Salvador Illa distribuyó a sabiendas mascarillas «defectuosas» al personal médico durante la primera fase de la pandemia de coronavirus. Tal como ha podido saber OKDIARIO, en lugar de prestar todas las aclaraciones por estas polémicas mascarillas, el representante legal de todos ellos ha presentado a última hora un recurso para tratar de tumbar la causa por un supuesto «defecto» en la investigación en el que están involucrados.
En el marco de las diligencias previas, el juez tenía la intención de escuchar el testimonio de Patricia Lacruz Gimeno, ex directora general de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia; Cristina González, quien fue subdirectora general de Cartera de Servicios del SNS y Fondos de Compensación en 2020; e Isabel Pineros, ex asesora del Ministerio.
Frente a estos cuatro individuos que han decidido callar en este momento procesal, otras dos personas citadas sí han expuesto su versión de los hechos al juez. Se trata de cargos de hospitales de Cataluña y Andalucía que dieron la voz de alarma. Pidieron informes al Ministerio de Trabajo para que se analizaran las polémicas mascarillas Garry Galaxy.
Una de ellas es la técnica de prevención de riesgos laborales en el Hospital Universitario Parc Taulí. Ha explicado que, al sospechar que los equipos de protección individual (EPI) podrían no ser adecuados, los envió al Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo, con sede en Sevilla, para su análisis. A pesar de que consiguió frenar la distribución de mascarillas ineficaces, en el procedimiento está como imputada. No obstante, las fuentes consultadas dan por hecho que el caso se archivará para ella.
De esta forma, el Juzgado de Instrucción 14 de Madrid tendrá ahora que resolver el nuevo recurso presentado para dilatar esta causa que nace por un querella que acusaba al ex ministro Illa de un delito contra los derechos de los trabajadores por haber proporcionado al personal sanitario unas mascarillas que no cumplían con las normas de seguridad, sin tomar medidas de control y verificación de su idoneidad antes de distribuirlas.
Estas citaciones se han señalado para este martes después de que en diciembre de 2022, la Audiencia Provincial de Madrid ordenara la reapertura de la investigación que había sido archivada contra el también líder del PSC y candidato a presidente de la Generalitat. Como desveló OKDIARIO, el Ministerio de Sanidad, al comienzo de la pandemia, se demoró siete días en paralizar el suministro de las mascarillas Garry Galaxy que no cumplían los mínimos de filtrado desde que tuvo la confirmación de que esa circunstancia. El Gobierno pagó por adelantado 23,8 millones de euros a un broker chino por 2,1 millones de mascarillas y luego recuperó parte del dinero.
La Audiencia de Madrid corrigió al juez de instrucción tras estimar un recurso presentado por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). Los magistrados revocaron la decisión del juez instructor y ordenaron que se iniciara la investigación penal.
En su resolución, la Audiencia ordenó al juzgado dirigir oficios al Instituto de Salud Carlos III y al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) para obtener certificación de los análisis de las mascarillas Garry Galaxi FFP2 N95 adquiridas por el Ministerio de Sanidad. Además, requirieron a Sanidad que proporcionara los acuerdos de distribución y entrega de dichas mascarillas a las comunidades autónomas, así como copias de las comunicaciones recibidas de varias comunidades el 10 de abril de 2020 y documentación sobre la ejecución de la orden de retirada recibida de todas las comunidades autónomas.
El juzgado ha seguido estas indicaciones y ha iniciado los interrogatorios para continuar con la investigación. Sin embargo, por ahora se ha topado con la opacidad total de los altos cargos de la Administración pública estatal.
Todo este procedimiento penal surge de la querella presentada por la CESM hace cuatro años, el 27 de abril de 2020, en el Tribunal Supremo contra Illa, quien en ese momento era ministro de Sanidad. Ahí la Sala Segunda afirmó que no era competente en ese momento para iniciar una investigación y derivó el caso a los juzgados ordinarios.