La Fiscalía Anticorrupción ha objetado la solicitud de indulto de José Antonio Griñán, ex presidente de la Junta de Andalucía, quien fue condenado a seis años de prisión por el caso ERE, al igual que otros siete ex funcionarios sentenciados por malversación de fondos.
El ente judicial argumentó que la conducta juzgada «no puede quedar sin respuesta punitiva» a través de la conmutación parcial de la pena de prisión, ya que esto «excede del carácter excepcional» del indulto, según lo expresado en un comunicado enviado a la Audiencia de Sevilla.
«No se justifica ni permite la concesión de un indulto parcial», aclaró la Fiscalía, destacando que los objetivos retributivos, preventivos y de rehabilitación de las penas no respaldan dicha concesión.
Además, cuestionó la afirmación de «honestidad y honradez» presentada en la solicitud de José Antonio Griñán, pues ha sido condenado por delitos «muy graves» cometidos en la labor pública, lo que demostró un «flagrante quebranto de la probidad en el ejercicio de la función pública».
La malversación, según la Fiscalía, socava la confianza en la gestión honesta de los fondos públicos y recordó que «no debe de olvidarse que durante el mandato del acusado en los cargos ya detallados se dispuso de créditos presupuestarios para la concesión de ayudas ilegales por un importe superior a 427 millones».
Conclusiones de la Fiscalía
Luego de analizar la solicitud de indulto, la Fiscalía Anticorrupción concluyó que no se ajustan a la naturaleza y finalidad del indulto, al no requerir los delitos condenados un enriquecimiento económico personal y no haber dilaciones en el proceso.
Asimismo, subrayó el Tribunal Supremo que la malversación es una forma de corrupción política y administrativa, esencialmente incompatible con un Estado democrático de derecho, donde deben prevalecer la igualdad ante la ley, el control del poder público, la imparcialidad y la corrección en la actuación administrativa.