El Gobierno se encuentra evaluando modificaciones al régimen antidumping con el objetivo de limitar su aplicación teniendo en cuenta que "la Argentina es el país con más antidumping del mundo".
El Gobierno se encuentra evaluando modificaciones al régimen antidumping con el objetivo de limitar su aplicación teniendo en cuenta que "la Argentina es el país con más antidumping del mundo".
Esto, según informa Ámbito a través de fuentes de Casa Rosada, lo atribuyen a la acción de grupos empresarios locales que, de esta forma obtienen, "una protección excesiva".
A su vez, señalan que estas restricciones a las importaciones no deben extenderse durante décadas, como sucede en la actualidad con distintos productos (el régimen establece de 3 a 5 años, renovables en determinadas condiciones). La idea es, entonces, establecer un plazo máximo de 18 meses.
De acuerdo con lo que publicó Ámbito, desde el Gobierno evalúan aplicar un tope al porcentaje de derechos, cuyas tasas son consideradas como exageradas. "Hay derechos de hasta 4.200%" argumentan.
Otra de las iniciativas que estudia el equipo encargado de desregular la economía tiene que ver con unificar un régimen general que contemple los distintos sistemas de promoción sectorial y regional.
El régimen de Tierra del Fuego fue motivo de polémica debido a que, por el momento, no está incluido en los recortes que plantea el Poder Ejecutivo. El costo fiscal de este régimen, según se calcula, es de $1.070 millones.
Asimismo en el Gobierno están analizando detalladamente la ley 19.640, que beneficia al territorio austral. En la legislación encontraron que el artículo 32 de esta norma otorga al Ejecutivo facultades para modificar el régimen.
Por otra parte, desde el entorno de Javier Milei señalaron que: "En el DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia 70) y en la nueva ley ómnibus que vamos a mandar al Congreso contemplamos sólo un 20% de las reformas que pensamos hacer, pusimos sólo lo que creemos más importante o urgente".
El equipo del Presidente analizó 4.200 leyes llegando a la conclusión que 300 deben ser derogadas y 200 modificadas. Estas iniciativas, las cuales incluyen cómo deben ser modificadas las normativas, fueron compatibilizadas con los trabajos que Eduardo Rodríguez Chirillo se encontraba realizando para La Libertad Avanza en paralelo.
El criterio general con que trabajó el equipo de Federico Sturzenegger consistió en "desarmar cotos de privilegios e impedimentos a la competencia", señalan en el entorno de este economista. Luego del análisis, concluyeron en que "el robo está institucionalizado, el problema no es lo ilegal, sino los privilegios legales que obtuvieron distintos grupos a lo largo de los últimos cincuenta años".
"Se trata de intereses muy arraigados que empresarios y sindicalistas fueron construyendo durante décadas y para pelear con ellos la única forma que tenemos es desfinanciarlos", sostuvieron desde adentro de Casa Rosada según consigna Liliana Franco.
La decisión de reconsiderar los aportes a los sindicatos sigue firme y desde la administración de Milei consideran que la forma más apropiada de terminar con los privilegios es "dejarlos sin recursos". No obstante, esto podría ocasionar conflictos con la política y lo saben.
Sobre la cuestión de los privilegios, teniendo en cuenta que de lo que se cobra dentro de instituciones hay una parte que va para "el político a cargo del registro", la respuesta del Gobierno fue contundente: "Abrir la competencia nacional a los registros seccionales para desfinanciarlos.