La proliferación de casos de corrupción entre los representantes elegidos en elecciones populares, quienes se han visto envueltos en investigaciones judiciales, es tan extensa que la mera enumeración de tales incidentes abrumaría cualquier espacio disponible para una columna. La gravedad y amplitud de este fenómeno refleja un problema sistémico que demanda una respuesta urgente y exhaustiva por parte de nuestras instituciones y la sociedad en su conjunto. Basta con considerar la extensa lista de municipios, funcionarios municipales, ediles y corporaciones locales implicadas en irregularidades para comprender la magnitud del problema. Además, esta problemática no se limita únicamente a las instancias locales, sino que también afecta a miembros del Congreso, así como a exasesores y autoridades gubernamentales de diferentes afiliaciones políticas en diversas épocas pasadas.
El problema no es adjudicable a un único sector político. Estamos en presencia de un fenómeno transversal y quien piense que se trata de una situación de la cual se puede obtener alguna ganancia de corto plazo, a mi juicio, está equivocado. La Fiscalía mantiene más de 600 causas en tribunales que involucran a más del 51% de los municipios del país, de casi todo el espectro de partidos.
Existe una preocupante falta de comprensión de aspectos fundamentales de la ley, la administración pública, la ética, las incompatibilidades y la preparación básica necesaria para la gestión estatal y municipal. Este desconocimiento es atribuible en gran medida a los partidos políticos, quienes han descuidado un componente esencial de su compromiso con la ciudadanía: la provisión de liderazgos de calidad. La solución no radica en reducir la política o el número de políticos, sino en elevar tanto la calidad técnica como ética de aquellos que actualmente ejercen esta legítima y necesaria profesión. Esto requiere un compromiso profundo por parte de las instituciones responsables de presentar candidatos y candidatas a la ciudadanía, es decir, los partidos políticos.
El éxito de las acciones contra la corrupción radica en la prevención más que en la reacción. Hay una evidente debilidad en la formación de los cuadros de la administración pública, de las instituciones políticas, los gobiernos locales y las autoridades elegidas por votación popular, lo cual es en sí un tremendo llamado de atención a las entidades encargadas de la formación profesional, técnica y ética de estos personeros, lo que incluye a las academias, universidades, institutos, partidos políticos y las propias instituciones a las que pertenecen estas autoridades y funcionarios. El sector privado también debe asumir su responsabilidad, ya que no ha sido un mero espectador en los casos de corrupción que hemos presenciado en las últimas décadas, sino un participante activo.
Es crucial reconocer que, si bien es importante tomar medidas severas una vez que se ha descubierto un caso de malversación o actuar deshonesto, es igualmente fundamental reflexionar sobre las causas subyacentes de la falta de conocimiento respecto a las normativas que regulan el correcto desempeño en el servicio público y en las relaciones con el sector privado. En este punto, es imperativo que aquellos que tienen el poder de influir en la calidad de gestión política y de los políticos, asuman la responsabilidad por lo que ofrecen al país en cada elección. Es hora de que los principales actores políticos reconozcan su papel como "dueños de la pelota" y se comprometan a mejorar la capacitación y la ética en todos los niveles.
*La autora de la columna es presidenta de Eticolabora