La situación económica sigue generando escenarios complejos, en los que resulta casi imposible hallar una solución que satisfaga a todas las partes involucradas.
Si tomamos como punto de partida la decisión del Gobierno nacional de alcanzar déficit fiscal cero durante este año, de inmediato observamos la abrupta caída en los montos girados por la Nación a las provincias. Las 24 jurisdicciones, con sus más y sus menos, quedaron entonces en la misma encrucijada: dejaron de percibir ciertos fondos establecidos en distintos acuerdos fiscales, al mismo tiempo que disminuyó la recaudación directa por efecto de la recesión y todos sus gastos se incrementaron por la inflación.
El resultado es un déficit creciente y no financiable. Ha llegado, por tanto, la hora de ajustar las cuentas. ¿Cuáles? ¿En qué plazos? ¿De qué modo?
En Córdoba, es claro que el Gobierno tiene que avanzar en silencio con el ajuste, porque no puede apelar al recurso de la "herencia recibida" para echarle la culpa de los problemas actuales a la anterior gestión. Probó responsabilizar al Gobierno nacional, pero tuvo que poner esa alternativa entre paréntesis.
En ese contexto, por ejemplo, al déficit de la Caja de Jubilaciones se agrega el de la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross), un organismo autárquico con cuentas poco transparentes y un presupuesto para 2024 cercano a $ 340 mil millones, que no alcanza porque registra un déficit mensual de aproximadamente $ 3 mil millones.
Apross, una obra social provincial con más de 600 mil afiliados cautivos y un presupuesto superior al del Poder Judicial, es la más importante prestadora de servicios médicos de Córdoba. En una situación económica relativamente estable, y si prestadores y afiliados expresasen su satisfacción con el organismo, ese déficit sería administrable y se podría proyectar su reducción en el mediano plazo.
Pero la economía argentina está totalmente desequilibrada y todos los actores de Apross están disconformes con lo que reciben. Por un lado, los pacientes se quejan porque esperan varios meses hasta conseguir un turno con un especialista, que en muchos casos además les cobra un coseguro. Por otro, los profesionales reniegan para cobrar –los pagos llegaron a estirarse 90 días, en medio de una alta inflación–, y sus honorarios están por debajo del mínimo ético fijado por sus respectivas asociaciones.
La nueva administración de Apross se propuso incrementar los ingresos aumentando el descuento a sus afiliados, ya que el Gobierno provincial no liberó un aporte adicional. Pero como, en paralelo, en las negociaciones paritarias se negó a los empleados provinciales un aumento equivalente a la inflación, el nuevo descuento quedó en suspenso.
Y la inflación, mientras tanto, sigue aumentando los costos, en especial en medicamentos. Si Apross destinaba, históricamente, entre el 30% y 33% de sus gastos a remedios, hoy estos absorben el 50%.
He aquí otra razón por la cual la Nación y las provincias deben acordar un nuevo esquema fiscal y un plan de ajuste que en el mediano y en el largo plazo sean sustentables para que no se dilapide el esfuerzo que está haciendo la sociedad.