Finalizada la audiencia de formalización que dejó en prisión preventiva al alcalde de la comuna de Rancagua, Juan Ramón Godoy, el Fiscal de Alta Complejidad O'Higgins, Nicolás Núñez, se refirió al trabajo desplegado en el marco de esta investigación por delitos de corrupción y lavado de activos, lo ha permitido conseguir la prisión además de dos empresarios que se habrían visto beneficiados por el edil.
El persecutor Núñez, sostuvo que se cumplió la primera etapa, estando conforme con la resolución, ya que la prisión preventiva es la medida cautelar adecuada para la gravedad de los hechos investigados, entregando el Ministerio Público la evidencia recopilada que da cuenta de la participación y, existencia de los delitos.
Núñez añadió que se ha acreditado la existencia de todos los hechos por los que ha formalizado el Ministerio Público, así como las penas asignadas por estos delitos son bastante altas, todas penas de crimen que superan en cada uno de los delitos los 5 años un día. Sobre el detalle de los delitos, sostuvo que se trata de un conjunto de ellos con una reiteración de diversos cohechos, hacia el alcalde de Rancagua de parte de distintos empresarios que habían sido beneficiados por tratos directos y, compras públicas que eran asignadas a dedo, así como también los delitos de fraude al Fisco. "Se ha logrado acreditar en esta etapa procesal el delito de lavado de activos, toda vez que el alcalde ha ocupado el beneficio de esas coimas y, las ha ocultado a través de diversos mecanismos, ya sea la utilización de productos bancarios de terceros, como la tarjeta de débito de unos de los empresarios, como también compras mediante testaferros de bienes inmuebles, en este caso, como hemos señalado en la audiencia, el domicilio de Doñihue", indicó el Fiscal Núñez.
Para el persecutor, en este caso existió un mecanismo, con un dolo común entre todos los hechos y, entre un grupo de empresarios junto al edil, los que se concertaron para pagar cohecho y, ser beneficiados en compras públicas, eludiendo el sistema precisamente de estas compras públicas.
Cada uno de los delitos que se le imputan a Godoy tiene penas de 5 años un día, lo que se transforma en penas superiores a los 15 años un día. Sobre el plazo de investigación, adujo que existe la posibilidad que si aún hay diligencias pendientes, se solicite la ampliación del plazo para investigar, pero que se tratará de que este proceso no se eternice, con hechos tan graves que ocurrieron en el municipio. Esto con el fin de que la ciudadanía pueda tener una respuesta en un plazo razonable.
DEFENSA PEDIRÁ REVOCACIÓN DE LA MEDIDA
La defensa del alcalde Godoy, en voz del abogado, Hugo Zamorano, indicó que se solicitará la revocación de la medida cautelar de prisión preventiva, no descartando la petición de una caución, confirmando la apelación. Agregó el abogado que no están de acuerdo con los fundamentos de la resolución, ya que los hechos que se han propuesto por la Fiscalía no son constitutivos de los delitos calificados por el Ministerio Público y, agrega que de los antecedentes que existen en la carpeta de investigación, se puede acreditar que no existen esos hechos.
El abogado indicó que la expectativa es lograr un juicio oral lo más pronto posible, y que no se utilice la prisión preventiva para presionar a las personas que se declaren culpables, ya que todo ciudadano tiene derecho a un juicio oral y público. Añade que en los tribunales superiores impugnarán la medida cautelar de prisión preventiva, confirmando que hasta el momento Godoy no ha prestado una declaración y, en esta instancia, se están evaluando los hechos de la investigación, por lo que reconocer errores o delitos se discutirá en el juicio oral.
Una nueva formalización
Godoy aún debe enfrentar la audiencia por la querella que interpuso el Servicio de Impuestos Internos por delitos tributarios, la que también involucra a los imputados Javier Cornejo y Diego Barba. Esta querella dice relación con haber favorecido arbitrariamente a ciertos contribuyentes mediante diversos actos. Tratos directos sin justificación y fragmentación de compras, lo que permitía eludir todo los relacionado con la normativa de compras públicas.
Además, tal como se indicó en la audiencia de formalización, se le acusa de haber ordenado de que no se cobraran multas por incumplimientos y, se pagaba a empresas por obras no realizadas. Es así como el SII, ha indicado un perjuicio fiscal de $474.356.138, lo que se suma a declaraciones falsas en años tributarios 2022-2023 y, omisión maliciosa de la declaración anual de impuestos en el año 2023. La audiencia por esta arista quedó fijada para el próximo 23 de abril.