La pregunta 1 de esta convocatoria electoral pertenece al referéndum y se encuentra ubicada en el casillero A, encabezando la papeleta electoral.
Como frase introductoria, explica que actualmente, las Fuerzas Armadas no pueden apoyar a la Policía Nacional en la protección interna y mantenimiento del orden público, a menos que exista una declaratoria de estado de excepción.
Por eso la pregunta 1 señala:
¿Está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con lo previsto en el Anexo 1?
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Actualmente, el artículo 158 de la Constitución del Ecuador señala que Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos y tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial.
De aprobarse el Sí en esta pregunta, el artículo 158 de la carta magna tendrá una modificación parcial. Con esto se establecerá que las Fuerzas Armadas pueden brindar apoyo complementario a la Policía Nacional en la lucha contra el crimen organizado. Esto lo harán con base en un informe del Consejo Nacional de Seguridad Pública y del Estado y un decreto presidencial.
El anexo además establece que esta colaboración se ceñirá a los delitos de narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas, tráfico de personas, terrorismo, minería ilegal, extorsión e intimidación y delincuencia organizada. De igual forma, el apoyo complementario podrá brindarse cuando existe grave conmoción interna en el sistema penitenciario.
Este apoyo tendría un límite temporal de 180 días, con posibilidad de renovación por 30 días adicionales si persisten las causas que lo motivaron.
Además, establece que las autoridades y servidores públicos serán responsables por cualquier abuso cometido durante la colaboración de las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional. Finalmente, dispone que el personal militar recibirá capacitación continua en derechos humanos y protección interna, en caso de que se apruebe esta reforma constitucional.