En la mañana de este martes, 16 de abril, la directora del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Paula Palacio, denunció 13 hallazgos de presunta corrupción e irregularidades que habrían ocurrido en la entidad durante la administración de Juan David Palacio en el cuatrienio anterior.
Una de las primeras denuncias que hizo la funcionaria tiene que ver con una reforma administrativa que se habría realizado en contravía de los procesos internos de la entidad. De hecho, algunos funcionarios demandaron los actos administrativos mediante los cuales se adelantó la estructuración debido a que habrían violado la normatividad vigente.
El informe arrojó la necesidad de crear 128 cargos nuevos, de los cuales 25 fueron nombrados el año pasado sin concurso interior. Al parecer, los perfiles no fueron creados objetivamente de acuerdo a la necesidad de la entidad, sino conforme a las personas que queríannombrar.
"La información técnica y financiera de la reestructuración es insuficiente y deja grandes interrogantes. El programa EnCicla, que corresponde a movilidad activa y humana, quedó incluido en el equipo de transporte colectivo y se suprimieron cargos de gran importancia como el de asesor jurídico de la subdirección de Transporte", dijo Palacio.
La segunda denuncia tiene que ver con dos contratos que firmó el Área Metropolitana con la secretaría de la No-Violencia de Medellín por 1.500 millones de pesos. Uno de ellos, por 1.000 millones de pesos, fue suscrito por el excandidato Juan Carlos Upegui y el otro, por el resto de los recursos, fue firmado por Cristian Aguirre.
"En ambos se ejecutaron actividades y acciones logísticas tercerizadas por medio de Plaza Mayor y Metroparques, de los cuales a la fecha no se tienen claridad ni los soportes suficientes sobre cómo se ejecutaron los recursos", denunció la directora.
También llama la atención que de 80 indicadores del plan de gestión, en 52 no se cuenta con los debido soportes y evidencias con las que se pueda verificar su respectivo cumplimiento. Además, a finales del año pasado no se dio continuidad a una serie de contratos para garantizar el funcionamiento de la entidad durante el cambio de administración.
Sobre Encicla —uno de los programas insignia de la entidad— Palacio aseguró que está en cuidados intensivos, lo cual se explica por un deterioro notable y una gestión inadecuada, que puede originar un presunto detrimento patrimonial.
De igual manera, también se advirtió que durante la vigencia anterior no se hicieron los respectivos aportes para la capitalización de la Promotora Ferrocarril de Antioquia, empresa encargada junto con el Metro de Medellín de impulsar el proyecto Tren del Río. Este año la entidad tendrá que inyectar recursos por 1.572 millones de pesos.
A los aspectos mencionados, se suman otras irregularidades que se habrían presentado con algunos contratistas como Arca y la Fundación Tenarco, el presunto carrusel de contratistas en el parque de las Aguas —que ya había sido denunciado por Federico Gutiérrez en los 501 un hallazgos— y presupuestos inflados en procesos de contratación.
Además, hay obras en ejecución que requieren de recursos adicionales para ser terminadas como el Centro Administrativo Municipal de Envigado (58.000 millones de pesos), el parque de Arte y Oficios de Bello (30.0000 millones de pesos) y la ampliación de la carrera 43 en Sabaneta (25.000 millones de pesos).
Por último, la directora Palacio denunció que tres equipos de cómputo fueron formateados por una personas externa a la entidad y alertó que hay más de 1.000 trámites vencidos, porque no han sido asignados, los cuales ponen en riesgos jurídico a la entidad.
"Estamos colaborando con las investigaciones que vienen adelantando los organismos de control y entidades competentes frente a otros tantos hechos que han sido denunciados con anterioridad", puntualizó la directora.