Será una caja de sorpresas que probablemente exceda las paredes de la Usina del Arte, sede del debate.
La crisis de las tarifas ha convertido a la figura de la audiencia pública en algo mucho más relevante que las previstas desde 1992 en la ley del gas y, a estas alturas, nadie sabe si la opción de participar por videoconferencia disuadirá de nuevas presentaciones judiciales a asociaciones de consumidores que exigen hacerlas en todo el país.
Hasta ahora, de 500 instituciones inscriptas, sólo 10 lo harán bajo esa modalidad. "Pero va a ser algo multitudinario", calcularon en una empresa distribuidora.
El paso del kirchnerismo por el Estado obligará a reescribir regulaciones con las que se convive desde hace décadas.
Es tal el enredo de subsidios cruzados, cargos específicos o impuestos que, en su momento, cuando Marcos Peña preguntó en la intimidad de Cambiemos si alguna parte de la factura iba destinada específicamente a inversiones, nadie supo bien qué contestarle.
Desde el fallo de la Corte, esos interrogantes pueden extenderse a otros ámbitos de la economía. Si el precio del gas en boca de pozo, originalmente pensado para un mercado libre de múltiples oferentes, debe ser sometido ahora a las audiencias y equiparado con las tarifas de sectores de monopolios naturales, como los del transporte y la distribución porque ha sido sometido a los antojos del Poder Ejecutivo desde la presidencia de Duhalde, ¿no podría presentarse alguien en la Justicia pidiendo lo mismo para la nafta y el gasoil?
¿Y si se le ocurriera también exigir la inconstitucionalidad de la ley del gas, que desoye lo que en términos más generales planteó dos años después la Constitución de 1994?
Todo indica que el Gobierno deberá habituarse a una lógica interpretativa con la que no contaba. Hace dos semanas, antes del fallo, y mientras veían por televisión la presentación de Juan José Aranguren en el Congreso, al menos dos miembros de la Corte se detuvieron en una palabra que el ministro usó para responderle a José Luis Gioja.
El diputado acababa de preguntarle por el precio del gas en boca de pozo y citaba como ejemplo los 1,9 dólares por millón de BTU consignados por YPF en informes enviados a la Bolsa de Nueva York.
"Hay distintos valores, distintas cuencas y distintas empresas, porque depende de qué inversión se hizo para obtener ese gas y no es la misma para cualquier tipo de producción", contestó Aranguren, pero no conformó al sanjuanino, que le exigió "un promedio para Doña Rosa" mientras leía y castellanizaba, entre sonrisas propias y de todo el recinto, la pronunciación de "Securities Exchange Commission", comisión de valores de Estados Unidos.
"No, me resisto a contestarle una pregunta de esas características", cerró el ministro. ¿Puede un funcionario "resistirse" a contestar, cuando su obligación constitucional es dar explicaciones?, se preguntaron en seguida en la Corte.
Allí admiten ahora que ese concepto precipitó las coincidencias de todo el cuerpo hacia la necesidad de incluir el precio en boca de pozo en las audiencias.
Este diálogo de sordos quedó en evidencia en las múltiples conversaciones que ambos poderes del Estado tuvieron durante todo el conflicto.
Pero es probable que haya empezado bastante antes, con la desconfianza personal que, hace varios años y por razones personales, Macri tiene hacia gran parte de la Justicia.
La noche anterior a que se diera a conocer la sentencia, el Presidente estaba mal informado: la imaginaba más favorable que la que finalmente salió.
>Se entiende, desde esa óptica, que en la Casa Rosada admitan ahora decepción con Ernesto Sanz, en quien confiaron desde el principio como interlocutor natural ante la Corte por su relación con Ricardo Lorenzetti.
Ahora arranca otra etapa. Además de técnicos de confianza, tal vez el Gobierno deba sumar a la mesa de estas cuestiones sensibles a algún conocedor de las encerronas del Estado.
Es cierto que participan desde principio de año especialistas como Fabián Rodríguez Simón y José Torello, pero ambos tienen más experiencia en empresas que en el sector público.
Al contrario del juez o el constitucionalista, el abogado litigante suele buscar la excepción a la norma, no su cumplimiento o equidad.
Este choque de culturas, que empezó a percibirse con el primer traspié institucional del Gobierno, cuando Macri se convirtió en el único presidente en democracia que designó ministros de la Corte en comisión, representa también las diferencias entre el modo en que trabajan el mundo privado y el Estatal.
Y explica, por ejemplo, que los primeros convencidos de la necesidad de las audiencias hayan sido Elisa Carrió, profesora de Derecho Constitucional, y los radicales, más habituados a la burocracia que a la innovación.
La escasez de funcionarios de carrera que, lejos o no de afinidades políticas, conozcan los secretos de la administración pública es la devastación más invisible que dejó el colapso de 2001.
Y, entre otras razones, lo que diferencia a Brasil, Chile o Colombia de la Argentina. Se trata de una discusión antigua y recurrente: al revés que el hombre de empresa, el burócrata puede ser incapaz de instrumentar reformas y mucho menos de cambiar la historia, pero rara vez se encontrará con escollos desconocidos en su trabajo.
Parte de este dilema apareció en el retiro que los macristas hicieron hace dos viernes en San Juan.
El tucumano Pablo Walter, directivo de Aysa y uno de los que trabajó en el armado de Pro durante la campaña electoral en el Noroeste, se quejó de la dificultad de hacer política en provincias en que la mayor parte de los cargos nacionales y planes sociales está en poder de peronistas.
"No seamos boludos", dijo, y agregó que esas concesiones al PJ podían volverse en contra en tiempos electorales.
"Somos distintos", le contestó Marcos Peña, y rechazó la idea de imitar las prácticas del kirchnerismo.
Esa posición fue reforzada momentos después por Jaime Durán Barba, que explicó que eran más efectivas "las redes que los comités" e insistió en la necesidad de hablar de los temas que le interesan a la sociedad: "El futuro, el sexo, las mascotas, la inseguridad", enumeró.
Fue otro encontronazo de cosmovisiones entre lo nuevo y lo viejo: ese macrismo inquieto por una Argentina estancada en dilemas perimidos frente a una militancia local descreída de Twitter o Facebook (la ciudad de San Juan no tiene más de 3 megas de capacidad de Wi-Fi).
Modernizar es progresar, pero tiene sus riesgos cuando no se ha terminado de convencer a todos. El peor atajo es el que obliga a retomar el camino inicial.