Diversos sectores políticos y sociales -unos más dialoguistas, otros más combativos- convergerán hoy frente al Congreso , unidos contra las políticas socioeconómicas del gobierno de Mauricio Macri, aunque sin poder disimular sus contradicciones internas.
La bandera que une a estos grupos opositores es el proyecto de ley de emergencia social.
Pero mientras los líderes de la CGT abogan por una fuerte baja del impuesto a las ganancias para los trabajadores en relación de dependencia, ellos mismos y el resto de quienes se movilizarán demandan una millonaria inyección de recursos del Estado para ampliar los planes sociales.
El proyecto apunta a instruir al Ministerio de Desarrollo Social para crear un millón de "puestos de trabajo" dentro del Programa Solidario de Ingreso Social con Trabajo.
En otras palabras, se le pide al Estado que gaste mucho más y que, al mismo tiempo, recaude menos.
Podrá suponerse que en el futuro una menor presión impositiva sobre los sueldos de los trabajadores provocaría más consumo y, consecuentemente, más ingresos por una mayor recaudación del IVA.
Más discutible es la propuesta que lanzó el kirchnerista Juan Manuel Abal Medina de gravar las salas de juego y la renta financiera.
Más allá de la duda acerca de por qué no lo propuso durante la era cristinista, parece difícil que gravar el juego alcance para fondear la expansión de los planes sociales, al tiempo que cabe preguntarse si un impuesto sobre los depósitos bancarios no terminará desalentando más la inversión, aumentando la inseguridad jurídica y encareciendo el crédito.
Lo que resulta indudable es que un programa semejante difícilmente pueda ser encarado sin un análisis exhaustivo y bajo presiones callejeras.
La opinión de Jorge Colina, director del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) es útil al respecto. Dijo a LA NACION que el proyecto de emergencia social aprobado por el Senado refleja la tónica de las políticas de la década pasada y disfraza el asistencialismo con la palabra trabajo.