Juristas cuestionan el pacto migratorio europeo: solo están subiendo un metro más la valla
Expertos en derecho internacional y flujos migratorios dudan de que vaya a aliviar la presión migratoria.
El nuevo pacto europeo migratorio avalado el pasado miércoles por el Parlamento Europeo supone un refuerzo de las fronteras frente a la inmigración irregular, un mecanismo de solidaridad obligatoria -pero flexible- para acoger refugiados y procesos más rápidos para decidir si una persona merece o no asilo.
Se trata de un paquete legislativo aprobado por la Eurocámara después del acuerdo alcanzado por las instituciones europeas el pasado mes de diciembre tras años de negociaciones y que se ha ganado el rechazo unánime de las entidades sociales en defensa de los derechos de los migrantes y onegés que asisten al colectivo.
En un análisis sobre el impacto que tendrá la nueva legislación en España, diversos expertos en derecho internacional y flujos migratorios consultados han cuestionado que vaya a aliviar la presión migratoria hacia el país.
Destacan el riesgo de que no se respeten correctamente las garantías de los migrantes en los procedimientos de asilo y la gran ausencia de mecanismos de migración legal y segura para afrontar la necesidad de España de tener más personas trabajando para mantener su crecimiento económico y el estado del bienestar.
Mayor sufrimiento para las personas que tratan de entrar
Uno de los pilares del pacto es un mayor control de las fronteras: "Anticipo que este endurecimiento no va a acabar con las llegadas irregulares, lo que va a provocar es mayor sufrimiento en las personas que traten de entrar", ha señalado Diego Boza, doctor en Derecho e investigador sobre inmigración y derechos humanos.
En la misma línea se ha expresado David Moya, coordinador del Máster en Migraciones Contemporáneas en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), para quien este refuerzo en las fronteras no va a "sorprender" ni disuadir a nadie en África: "Solo están subiendo un metro más la valla", ha resumido el jurista.
Según la profesora del Máster en Movimientos Migratorios de la Universidad de Gerona Mariona Illamola Dausà, si este pacto consigue contener realmente los flujos migratorios hacia España, lo hará a través de la externalización de fronteras: "No llegarán a salir pero, ¿en qué condiciones?", se ha preguntado.
Una solidaridad "mal entendida" que no aliviará a España
Otro eje del nuevo paquete legislativo europeo es la introducción de un mecanismo de solidaridad obligatoria flexible para el reparto de refugiados, de forma que los que no acepten los traslados a su territorio deberán pagar 20.000 euros de contribución por cada migrante no acogido o prestar apoyo operativo y técnico.
Un instrumento concebido para aliviar la presión de países de entrada, pero que del que, según Moya, "España, hasta ahora, no sería una beneficiaria" ya que "la presión migratoria en nuestra fronteras no es del calibre que permite activar este procedimiento".
Ha matizado que se trata de "un mecanismo de aplicación excepcional", para emergencias como la crisis del Mediterráneo en 2015, cuando llegaron a Grecia 124.000 personas en siete meses: "Es más probable que España pueda ser receptora en la reubicación", ha reflexionado el experto.
Mariona Illamola ha dicho ser "un poco escéptica" sobre este mecanismo, basado en "una solidaridad quizás un poco mal entendida", debido a los precedentes de incumplimiento de las cuotas de refugiados del anterior sistema, y ha añadido que "20.000 euros no es tanto dinero" para asistir e integrar a un refugiado en un país.
A pesar de todo y como punto positivo, David Moya ha recordado que la alternativa a este paquete era "el no pacto" y mantener el "el 'status quo' de que hay siete u ocho países que no colaboran" y, a partir de ahora, la Comisión Europea al menos tendrá herramientas para exigir responsabilidades.
Una "pátina de legalidad" a las devoluciones en caliente
El único "punto positivo" del pacto que ha resaltado, por su parte, Mariona Illamola, es que este pacto, que deberá ser traspuesto en España en los próximos dos años, traerá al fin el desarrollo de la ley de asilo de 2009, que debía haber llegado en forma de reglamento seis meses después de la norma.
Pero no es muy optimista sobre el nuevo procedimiento común que esta legislación trata de establecer en toda la UE para conceder y retirar la protección internacional y que promete procedimientos de asilo y retorno más rápidos.
Un acortamiento en los plazos será "muy difícil de ejecutar" en países como España, según Diego Boza, ya que cuestiones como los retornos dependen de la colaboración de países emisores, como Marruecos.
Su análisis es que este texto trata de dar una "pátina de legalidad" a una práctica como las devoluciones en caliente, aunque en España la Ley Mordaza ya la introdujo en la Ley de Extranjería en los casos de Ceuta y Melilla.
Para Moya, acelerar los procedimientos de asilo puede llevar a hacer "presunciones" que pueden ser "muy discutibles", como rechazar o admitir una solicitud de protección internacional solo en función del país de origen.
"Hay muchas cuestiones, por ejemplo en cuestiones de género, que no emergen en una primera entrevista", ha subrayado el doctor en derecho.
Otro aspecto criticable para Diego Boza es el reglamento relativo a las situaciones de crisis y de fuerza mayor, que "permite a los Estados descolgarse de los mínimos establecidos" y "reducir el estándar de garantía".
Para los expertos consultados, uno de los puntos más débiles del pacto es precisamente "lo que no dice", como ha apuntado Boza: propuestas acerca de las llamadas "vías legales y seguras" de migración, cuya ausencia es, en su opinión, lo que provoca los procesos irregulares.
Según David Moya, se trata de un pacto "cortoplacista" y "centrado en fronteras", que no aborda la oportunidad de "aprovechar" la migración para atajar el gran reto de Europa de los próximos años: la necesidad de trabajadores ante el envejecimiento de su población.