En su informe de 38 páginas, sostuvo que la suspensión del militar retirado respondió a una "operación de inteligencia" de "mafias enquistadas" en la Aduana y relacionadas con "contrabando, tráfico de efedrina, financiación ilegal de la política y negociados vinculados con el mundo del fútbol", tal como ayer Clarínadelantó en exclusiva.
En el escrito destaca que la denuncia contra el héroe de Malvinas no solo es anónima, sino también basada en grabaciones editadas por ex espías.
Carrió sabe que transita arenas movedizas y que se comprometió el domingo en el asado con Macri a no ser tan estridente con sus denuncias. Esta vez tocó al presidente de Boca, Daniel Angelici, un amigo de Macri y operador judicial del macrismo.
"Si hablo voy a tener que romper con la alianza gobernante y mi responsabilidad es estabilizar la República", contó a un grupo de amigos luego de reponerse de una caída de potasio que la tuvo a maltraer.
Por esa razón, el informe no tiene adjetivos, sino muchas referencias al boletín oficial y otras fuentes documentales con excepción de las conclusiones.
Es que Carrió, como adelantó este diario, vinculó a las maniobras a Angelici, el ex director de Operaciones de la SIDE Jaime Stiuso, el dirigente radical Coty Nosiglia, el líder camionero Hugo Moyano y el ex ministro de Planificación Julio De Vido.
También nombró a Alfredo "Freddy" Lijo, hermano de Ariel Lijo, el juez que lleva adelante la causa que impulsó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, contra Gómez Centurión hace dos semanas atrás.
El domingo en el asado que compartieron Lilita le adelantó, el domingo, al presidente Mauricio Macri que iba a hacer esta defensa judicial de Gómez Centurión.
Comentó que siempre que se toma contacto con un confidente, como Odelmar Laborda, "hay que ir con un testigo. No solo, sino te operan".
En la intimidad, Carrió se queja porque el gobierno no tenga un sistema de chequeo de denuncias anónimas antes de suspender a un funcionario, como se hizo con el militar, aunque avala la decisión del Presidente.
También se pregunta "¿cómo puede ser que el gobierno no tenga un equipo para chequear el anónimo y también, la denuncia de Gómez Centurión que es mucho más pesada?".
En la madrugada de ayer estaba orgullosa de su equipo de seis personas, entre ellos la diputada Paula Oliveto y el abogado Juan López, que procesaron el informe y cruzaron datos en solo una semana.
El informe fue entregado al fiscal Guillermo Marijuán, quien investiga con Lijo la denuncia de Bullrich). También ante el fiscal Franco Piccardi, que instruye una del abogado Maximiliano Rusconi -flamante letrado de Lázaro Báez al que Carrió también puso en su mira- por supuesta violación de correos electrónicos de empresarios chinos.
Luego de señalar una serie de supuestas relaciones entre empresas y los políticos y sindicalistas, Carrió sostuvo que "ahora no tengo elementos que permitan inferir que Gómez Centurión incurrió en delitos" y pidió a Marijuán establecer "el rol en la Aduana del grupo liderado por Carlos Oldemar Barreiro Laborda (ex dueño de Lo Jack y amigo de Maradona) y sus relaciones por dentro y por fuera de la Aduana".
En su círculo íntimo, se sospecha que "un dirigente del PRO" fue el que le presentó a Barreiro Laborda con Gómez Centurión.
También se escucharon críticas en su casa de fin de semana decorada con vírgenes y budas, porque "al pobre Gómez Centurión solo le dejaron nombrar 20 funcionarios y así subsistió "la línea" en el control de la Aduana".
Para colmo, Carrió está convencida de que algunos gobernadores presionaron al gobierno para "dejar directores de regionales en su provincia, como si fuera un feudo".
Carrió no fue el martes al acto del plan "Argentina sin drogas" porque odia las reuniones protocolares. Pero también porque allí debía sacarse una foto "con gobernadores y dirigentes que, por lo menos, toleran el narcotráfico".
Algunos de estos pensamientos íntimos de Carrió, se leen entre líneas en el informe. Allí Afirmó además que Gómez Centurión "ha tocado intereses de poderosos grupos dedicados al contrabando y al tráfico de estupefacientes".
Ayer, el titular de la AFIP, Alberto Abad, hizo público su aval a la denuncia de Gómez Centurión ante la Justicia y tomó distancia de la acusación de Patricia Bullrich contra el militar.
En el informe, Carrió advirtió que "a todas luces no es menor que en el grupo de Laborda se encuentre denunciado Claudio Minicelli -cuñado de De Vido y conocido lobbysta- cercano a Freddy Lijo y operador en numerosas causas judiciales que de requerirse la suscripta aportará a la presente".
Frente eso, Carrió reclamó "determinar, lo que a todas luces parecen escuchas ilegales, de dónde provienen estas captaciones de las comunicaciones, si de la propia Agencia Federal de Inteligencia o de la empresa 3C Consulting", una de las agencias que tendría vínculos con el ex director de la SIDE K Fernando Pocino.
También pidió establecer si "los diálogos fueron editados o no, y si esto forma parte de un operativo para mantener los depósitos fiscales o los couriers de Ezeiza, logrando la impunidad de los mafiosos que se apoderaron del sistema, excluyendo a los que intentaron romper con los esquemas delictivos de la Aduana".
Para Carrió que una parte de su gobierno y la Justicia den eventualmente como prueba válido "un audio grabado debajo de una cama" es una violación de los derechos individuales. Barreiro Laborda dijo que le habían puesto micrófonos debajo de su cama.
Enfatizó que "es fundamental investigar la posible existencia de efedrina y otras drogas en los depósitos fiscales, ya que la administración de Gómez Centurión estaba prestando colaboración con distintas causas e investigaciones", como la causa de la efedrina que lleva adelante la jueza María Servini.
En la denuncia, de más de 30 hojas, Carrió desglosa un entramado de relaciones societarias en los que aparecen los de el ex jefe de la AFIP Ricardo Echegaray, su amigo y empresario Jorge Lambiris, el vicepresidente de Racing Miguel Jiménez, Ricardo Depresbiteris (dueño de la empresa de residuos Covelia), miembros de la barra brava de Boca y el sindicalista marítimo Omar "Caballo" Suárez, entre otros.
La pregunta del millón es si Lilita mantendrá su autopromesa de no hablar de su denuncia ante los medios, mordiéndose la lengua o no podrá contenerse.