LA REVISTA
La burbuja de las fotovoltaicas: Coge el dinero y corre
Los expertos advierten de la «estafa» que para la sociedad suponen las megainstalaciones solares que están a punto de llenar la provincia de placas fotovoltaicas y torres de alta tensión que además de emponzoñar el medio ambiente echarán a cientos de agricultores y ganaderos del territorio para el enriquecimiento de empresarios con intereses privados
Todo esto es un engaño. Nunca se construirá nada porque ya se sabe que el hidrógeno verde no funciona». El científico del CSIC Antonio Turiel tiene claro el objetivo de todos los proyectos que planean sumergir bajo placas fotovoltaicas la provincia y sostiene que el único horizonte es construir para llevarse los fondos europeos. El físico leonés sostiene que estas megaestaciones industriales no tienen recorrido más allá de dos años, fecha en la que se terminan los Next Generation. Una de las explicaciones que esclarecen hasta qué punto la cicatriz que las instalaciones dejarán en el territorio se constatará más pronto que tarde está en la naturaleza del hidrógeno, gas que se espera producir con la potencia liberada por las placas solares a través de las redes de evacuación. «Para empezar es un combustible malo y muy complicado de manipular. Además, a igualdad de presión tiene la tercera parte de energía que el gas natural», revela Turiel, que añade que la producción es muy ineficiente porque en el proceso se pierde la mitad de energía. «Estos días la electricidad se está pagando a precio negativo y, sin embargo, vendemos una idea de transición energética en la que cada vez se va a consumir más electricidad cuando el consumo lleva cayendo en la Unión Europea desde 2008», afirma. En su opinión a estas alturas habría que plantearse que hay algo que no funciona e incide en que si bien hay una cantidad de hidrógeno que sí merece la pena ser producido para usos industriales como una alternativa al gas natural, debe explicarse que es una elección cara. «En absoluto tiene la escala de lo que se plantea en España. Lo que ocurre es que estamos en el país de las autopistas sin coches, los aeropuertos sin aviones y las placas fotovoltaicas sin demanda de electricidad», ironiza el científico, que asegura que todo esto va de «trincar». Por todo ello, prevé que muchos de los proyectos que están en construcción se dejarán a medio hacer. «Todo el mundo con conocimiento técnico sabe que es un bluff», explica. De hecho, en el informe Hidrógeno verde: ¿Burbuja o una realidad energética? Marcos Ruipérez, colaborador de OBS Business School, demuestra que la expectativa en el hidrógeno como vector energético es altísima y difícilmente se va a cumplir: «Se está forzando al sector a avanzar a ritmos para los que no están preparadas ni la tecnología ni la financiación pública o privada», argumenta.
Otra de las preguntas que hay que hacerse es qué cantidad de agua es necesaria para generar el hidrógeno prometido. Y es que cada kilo de hidrógeno que se produce requiere de un gasto de nueve litros de agua. «En el caso de una central de hidrógeno con una proyección de potencia de electrólisis que alcance hasta 280 megavatios el agua necesaria para mantener el sistema sería nueve veces mayor, por lo que consumiría al menos 2.500 litros de agua por segundo», detalla. Antonio Turiel admite que, comparado con otras industrias extractivas, la producción de hidrógeno no es exageradamente consumidora de recursos hídricos, pero añade que en León no hay nada parecido. «Esto es lo más importante», advierte. El físico, una de las voces más autorizadas en el campo de la energía, asegura además que debe ser agua de buena calidad, por lo general dulce y sin contaminación porque el proceso de electrólisis fuerza a circular una corriente para romper la molécula y cuanta más impurezas tenga el agua más sustancias corrosivas se generarán que afectan a los electrodos de la planta. «Interesa que el agua tenga el menor número de impurezas que se pueda, por lo que entrará en competencia con el consumo humano», señala al tiempo que pronostica que las empresas tratarán de obtener agua de los acuíferos.
"De momento, en España hay 120 gigawatios de potencia eléctrica instalada para un consumo medio de 26,5 y cayendo"
Oleada de demandas
Antonio Turiel critica las expropiaciones que la Junta quiere realizar de tierras de cultivo, caso del de La Llanada, en Cimanes del Tejar y Villadangos del Páramo y defiende que es una demostración más que abunda la tesis del pelotazo. «Si hay gente que no quiere vender, pues les expropias. Esto lo que va a provocar en el largo plazo es una oleada de juicios con el agravante de que muchas veces esa pretendida utilidad pública se quedará en nada porque las plantas se abandonarán o no se harán», explica, y añade que se producirá el caso de que la propia administración tendrá que indemnizar al propietario aunque este haya cobrado el justiprecio. «No es razonable que con la actual caída de consumo se sigan construyendo plantas si alguien no te explica cómo se va a consumir esa electricidad. De momento, en España hay 120 gigawatios de potencia eléctrica instalada para un consumo medio de 26,5 y cayendo», subraya e incide en que si bien es cierto que debe haber redundancia —no todas las fuentes funcionan a la vez y las renovables son intermitentes— la potencia no debería ser mayor a 80 gigawatios. «Por eso digo que aquí lo importante es construir el parque fotovoltaico y llevarse el dinero», abunda. Advierte además que en un momento de cambio climático como el actual y que, según avisa, «es mucho peor de lo que nos cuentan», la seguridad alimentaria es un tema capital, por lo que «deberíamos proteger especialmente todo lo que tiene que ver con la producción de alimentos».
Angelina Fernández Díez es una de las propietarias de los terrenos de Cimanes del Tejar y Villadangos que la Junta ha declarado de utilidad pública —paso previo a la expropiación— para la construcción del parque fotovoltaico de la Llanada. Como suele ocurrir, la empresa pide una potencia de 49.997 KW de potencia con el fin de que la adjudicación dependa de la Junta y no del Miteco. No obstante, la Junta ha declarado de utilidad pública Valtafarón, otro parque con afección en ambos ayuntamientos cuya promotora tiene el mismo domicilio fiscal, según asegura el sindicato Asaja. Además, el jueves se publicaba la autorización para una más —Roteles— de 39,952 GWp que se instalará en casi 89 hectáreas en la misma zona y, sí, inscrita también en la calle General Gómez Núñez de Ponferrada. Tres proyectos diferentes pero —presuntamente— una misma batuta. De hecho, en 2021 DIARIO DE LEÓN ya publicaba que Cimanes y Villadangos acogerían un macroproyecto fotovoltaico compuesto de cinco plantas y su infraestructura de evacuación con una inversión que ascendería a 140 millones de euros para convertirse en una de las instalaciones solares más grandes del país.
La iniciativa se extendería a lo largo de casi 450 hectáreas —entre 97 y 87 hectáreas por cada planta— en las que se instalarían más de 757.000 paneles fotovoltaicos. Todos ellos estaban vinculados a la empresa Energías Renovables del Bierzo, del grupo Lamelas Viloria, y agrupadas por la misma infraestructura de evacuación que se construiría desde Villadangos hasta León capital, atravesando los municipios de Valverde de la Virgen y Santovenia de la Valdoncina.
"No es razonable que la administración permita que estos empresarios vayan a saco con el pelotazo mientras los ciudadanos pagamos las consecuencias"
Angelina no entiende cómo tierras agrarias como la suya pueden ser expropiadas para instalar un negocio cuya utilidad es meramente privada. «Mire usted, Velilla de la Reina, uno de los pueblos afectados, es un lugar que está creciendo gracias a las tradiciones. Nuestro patrimonio inmaterial es lo único con lo que contamos para no desaparecer», recuerda y lo ejemplifica en el uso que se hace del tratamiento de la lana gracias al proyecto de Óscar Fierro Hilando Mamut, de la caña del centeno para la cestería, y del camino del pastor que va desde el lugar de Velilla en el que se apareció la Virgen hasta el santuario de La Virgen del Camino. «¿No es todo esto utilidad pública?», protesta con incredulidad.
Recuerda que la noticia de la instalación de placas solares llegó al pueblo en 2019, «justo antes de la pandemia». Entonces les ofrecieron arrendar las parcelas a cambio de mil euros por hectárea y año. «Han llegado a la expropiación porque nos negamos y porque muchas tierras son de herederos y no les encuentran», critica Angelina, que asegura que dará la batalla para impedir que finalmente se lleve a cabo la expropiación. «Presentaremos alegaciones antes de que finalice el plazo porque no es razonable que la administración permita que estos empresarios vayan a saco con el pelotazo mientras los ciudadanos pagamos las consecuencias».
El presidente de Asaja, José Antonio Turrado, es una de las voces más críticas contra las expropiaciones de tierras agrarias para su uso en las fotovoltaicas. Según sus cálculos, en un principio la superficie agraria afectada era de 8.000 hectáreas. «Ahora habría que volver a mirarlo». Lamenta que este tipo de proyectos se haya ganado la simpatía de la ciudadanía y cuente con las bendiciones de la administración. «Si tú te planteas un negocio multimillonario que no está al alcance de cualquiera y ves que cae bien socialmente y los gobiernos lo apoyan con legislación y fondos económicos pues todo está rodado», dice. Turrado sostiene que la burbuja se está sobredimensionado por lo que puede que al final los fondos de inversión y empresarios que están detrás se den cuenta de que la energía valga menos de lo que esperaban. «La energía eléctrica no se acumula, por lo que si en un momento tienes una capacidad de producción superior a la demanda debes parar, por lo que obtendrás una rentabilidad menor». Destaca que en el caso de León, las comunidades de regantes que utilizan energía eléctrica en verano de manera puntual regaban los fines de semana y por las noches porque la energía era más barata. Sin embargo, ahora alguna va a cambiar los planes de riego en esta campaña porque la energía es más barata durante el día. «Hombre, quiero pensar que en parte es así porque tenemos unas fotovoltaicas que producen de día», explica.
"La Diputación se ha lavado las manos. Ha sido un colaborador necesario porque les ha hecho hasta los modelos de contrato"
Además, defiende que quienes se quedarán con los parques que ahora se están construyendo no serán los que finalmente los exploten. «Las promueve gente que ve el negocio, coge una consultoría y dice, vale, yo tengo contactos políticos y quiero que me den la concesión, yo me entiendo con los propietarios de las tierras, con los agricultores, organizo el proyecto y cuando me lo apruebe medio ambiente y me dé la licencia de obra, lo vendo a quien va a realizar la inversión, como en el caso de Manuel Lamelas Viloria», dice.
José Antonio Turrado asegura que en Asaja se dieron cuenta de que estas instalaciones echarían a los agricultores de sus tierras. «Se necesita una superficie muy grande que nos van a quitar porque no podemos competir en precios», advierte. Asimismo, recuerda que la energía hay que evacuarla y «a esta gente le da igual por donde vaya la línea». Recuerda con ello que no se plantearon utilizar infraestructuras existentes sino que miraron el plano y decidieron trazarlas por el lugar más recto posible sin tener en cuenta qué había allí. «En León es diferente porque los empresarios han buscado terrenos de juntas vecinales y ayuntamientos, que poseen las superficies más grandes y han encontrado con la receptividad de todos ellos. . En ocasiones, hemos tenido que pelear con nuestro propio pueblo», lamenta. Critica que el problema es que en ocasiones los propietarios privados se han negado a arrendar, por lo que la administración acude a la utilidad pública para expropiar. «Hasta aquí podíamos llegar. ¡Dónde está el interés público si esto es un negocio!», exclama con indignación.
En estos momentos, José Antonio Turrado tiene sobre la mesa una dialéctica inédita. «Hay un parque importante en Palencia que evacua en Santas Martas. Nos pasaban la línea de evacuación en Payuelos. Pusimos el grito en el cielo, montamos la de Dios y en la comisión tomaron la decisión de que la línea fuera soterrada como mal menor. En este momento los agricultores están recibiendo las cartas para llegar a un acuerdo amistoso para la ocupación. Como el proyecto va a ser de interés general, expropian a los agricultores con los que no lleguen a un acuerdo».
Recuerda que el problema que tiene la agricultura y la ganadería en León es que la mayoría de los profesionales son arrendatarios, con lo que les están echando del territorio que Turrado ya da por perdido. «Es difícil que un terreno que pasa de rústico a industrial pueda ser revertido en su uso. Hay que ver qué legislación hay cuando ocurra. Aún tenemos los restos de las minas de Sabero», ironiza. Fuentes de la Consejería de Agricultura de la Junta sostienen que su posición respecto a la expropiación de terrenos para la instalación de plantas fotovoltaicas en terrenos de cultivo es conocida. «Apostamos por la protección de los usos del suelo de las zonas regables declaradas de interés general, y se dispuso ya la limitación de estos usos en zonas de regadío. Además se está impulsando también que estas instalaciones no se desarrollen en terrenos de viñedo y otros cultivos leñosos», destacan. Añaden que conocen la importancia de las energías renovables, si bien inciden en la importancia de que no se haga a costa de limitar el desarrollo de los regadíos y de las zonas productivas más importantes. Esta misma semana, a una pregunta en las Cortes de la leonesista Alicia Gallego, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, apelaba al interés público recogido en la ley nacional para justificar las expropiaciones de fincas que desarrollen parques fotovoltaicos y pedía a la UPL que tratara de cambiar la ley si no les gusta. «El procedimiento se ha sometido a información pública y se cumple con el resto de los trámites para la resolución del expediente, explicó el consejero».
En León hay proyectados al menos 25 parques fotovoltaicos que afectan a una superficie de 9.158,32 hectáreas
Otra de las críticas del presidente de Asaja es a la Diputación que, en su opinión, «se ha lavado las manos». «Y eso, a pesar de que tiene un servicio de asistencia a municipios, el SAM, al que han ido muchas juntas vecinales a pedir asesoramiento. Sé que les han puesto todas las facilidades para que arrienden los terrenos a las fotovoltaicas», denuncia y tacha a la institución provincial de «colaborador necesario porque les han hecho hasta modelos de contrato».
En peligro de extinción
Desde la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, Francisco Calzada denuncia que el desarrollo de los parques arrasará sistemas ecológicos privilegiados y áreas de cultivo. «Todo esto no es más que una carrera voraz por ocupar las zonas despobladas que, evidentemente, son las que mejores condiciones ambientales y de biodiversidad tienen». Pone como ejemplo el sisón común, una especie de avutarda esteparia que está en peligro de extinción, pero asegura que hay más. Este ave necesita espacios abiertos para reproducirse y huye en cuanto detecta presencia humana. Sin embargo, su hábitat es el ideal para la 'plantación' de los complejos industriales fotovoltaicos y hay decenas de proyectos que planean instalarse en los reductos en los que este animal aún sobrevive. «Los estudios de impacto medioambiental que realizan los peritos de las empresas están hechos a medida, con lo que no tienen en cuenta la afección real», lamenta Calzada. Además, añade que la falta de transparencia en la que se desenvuelven las 'energías limpias' se ejemplifica en el hecho de que los expedientes desaparecen de las páginas de la administración una vez que se cumple el deadline de las alegaciones. «Nos han llegado a pedir 500 euros por un expediente», denuncia.
"Lo que no saben los propietarios que arriendan las parcelas es que ellos son los responsables de retirar paneles, soportes, cimentaciones e instalaciones una vez que finalice el uso de la planta"
La Junta asegura que en León hay tan solo un parque fotovoltaico, llamado Ursa Mayor. Tiene, como el resto, 49,98 MWp y se encuentra en Villadangos del Páramo y Chozas de Abajo, pero se proyectan al menos 25 más que afectan a una superficie de 9.158,32 hectáreas. Estos días, por ejemplo, las máquinas culminan el desmonte para la planta de La Serna a dos kilómetros de Riosequino de Torío, que acogerá la instalación de 83.232 placas. Cuando se piensa en un parque fotovoltaico no sólo hay que imaginar los paneles solares sino la línea de evacuación que traslada la energía, postes o torres de alta tensión que cosen el territorio de norte a sur y que requieren además de una franja de servidumbre que evite accidentes.
Pero ni la pérdida de tierras de cultivo, ni la afección paisajística o la protección de la biodiversidad y el paisaje pueden demasiado frente a la ganancia económica. Hay, según los expertos, mil millones de euros en juego, una cifra que da una idea de la importancia que para los inversores tiene sembrar la provincia de estos centrales energéticas. Sin embargo, prácticamente todas las empresas que están detrás de los proyectos tienen un capital social de 3.000 euros y un empleado. «Es una mera burbuja especulativa porque si hay cualquier problema responden sólo con ese dinero», explica Francisco de la Calzada, que sostiene que quienes los ponen en marcha son meros intermediarios que, antes o después, venderán las instalaciones a las grandes energéticas o a fondos de inversión.
A vueltas con La Recuelga y el cielo abierto de Fabero
También hay marejada con las juntas vecinales de Lillo y Otero, en Fabero, que le reclaman la devolución de los terrenos en los que quiere plantar parte de todo el entramado solar. «Vamos a presentar un recurso de alzada antes del 18 de abril», manifiesta Eugenio Neira, presidente de la junta vecinal de Otero. Y es que recuerda que al principio de todo el proceso, el empresario presentó un documento en el que les obligaba a que en la resolución de los expedientes prevaleciera siempre el canon de la Junta. «No podíamos reclamar más, y eso a pesar de que cuando Antracitas de Gaiztarro compró las parcelas, aceptó una cláusula en virtud de la cual todas las fincas debían revertir en sus propietarios a los 25 años», subraya. Eugenio Neira destaca que el cambio de propiedad —de Antracitas de Gaiztarro a ser Uminsa, después a Promining, que luego pasó a Prosimet y de ahí a Geninvest— hace complicado llegar a una solución final. Los propietarios que tratan de recuperar sus parcelas reivindican la devolución de mil fincas repartidas en más de un millón de metros cuadrados de extensión. «En diciembre tuvimos una reunión con el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta porque este señor tiene en un terreno del Monte de Utilidad Pública una superficie que dedica a talleres para reparar las máquinas que arrienda para la rehabilitación de la Gran Corta», explica. Neira recuerda que esos terrenos tenían un uso de explotación minera que ya ha finalizado y se pregunta la razón por la cual se sigue permitiendo todo a Alonso. Lamenta también la actuación de la alcaldesa de Fabero, Mari Paz Martínez, por aprobar el proyecto de una linea de evacuación de Geninvest a través del MUP. «Le dio autorización para que pasara por un camino que está a nombre del ayuntamiento pero que está en el MUP. Entendemos que para un ayuntamiento es mucho dinero el que está en juego pero antes de tomar cualquier decisión debería contar con las juntas vecinales», reivindica.
"Victorino Alonso tiene en un monte de utilidad pública talleres para reparar las máquinas que arrienda para la rehabilitación de la Gran Corta"
«La provincia de León corre el riesgo de acabar como un mar de residuos industriales», denuncia Calzada, que sostiene la reflexión sobre dos patas. La primera es el hecho de que la capacidad de producción energética es superior a la que se demanda. Sin ir más lejos, en Castilla y León se produce el 180% de lo que se consume. «Sí, es cierto que puede que una parte la utilicen los vehículos eléctricos, pero al final todo lleva a pensar que se trata de una manera de lograr fondos europeos», añade.
La otra clave para entender hasta qué punto puede estar hinchándose la pompa radica la Instrucción Técnica Urbanística de la Junta publicada el 9 de junio de 2006 que, en su apartado F deja claro que deben ser los propietarios del terreno en el que se instala la planta fotovoltaica el responsable de eliminarla cuando haya agotado su vida útil, unos trabajos que pueden implicar gastos económicos mayores a los ingresos que generó el arrendamiento: «Al expediente de autorización de uso excepcional en suelo rústico, deberá acompañarse el correspondiente compromiso del propietario de los terrenos de la retirada de paneles, soportes, cimentaciones e instalaciones complementarias derivadas del uso autorizado, una vez que finalice el uso que se autorice; de forma que quede asegurada sin ninguna alteración la naturaleza rústica de los terrenos, permitiendo continuar con la utilización racional de los recursos naturales...»