El objetivo era que la Corte, que iba a dictar una decisión parcialmente contraria al interés del Gobierno, no mostrara fisuras. Por cierto, tampoco había disidencias insalvables. Pero sí había muchas operaciones y mensajeros. Por ejemplo, casi todos los gobernadores levantaron el teléfono para intentar convencer a los cuatro jueces.
Llegar a aquella unanimidad no fue fácil y muchas veces los votos estaban empatados, dos a dos. No había fallo posible. Pero el conflicto político seguía abierto y la Corte no quería llevar su decisión hasta las audiencias que el Gobierno convocó para fines de octubre. Luego de semanas de debate, sólo anteanoche se llegó a un acuerdo.
Para decirlo en términos muy generales, Maqueda y Rosatti, con matices, querían la nulidad total del cuadro tarifario. Y creían que había que anular las subas tarifarias para todos los consumidores. El argumento legal era que el artículo 42 de la Constitución establece una protección muy amplia y que, en todos los casos, se hubiera necesitado realizar audiencias.
Otra divergencia pasaba por el precio en boca de pozo: mientras que dos jueces proponían someter su aumento a una audiencia, Lorenzetti y Highton, originariamente, creían que no era necesario.
Ellos también cedieron. Y el propio Aranguren ayudó -dicen en la Corte- cuando en un reportaje habló más de la cuenta y explicó que ese precio lo venía fijando unilateralmente el Gobierno sin ningún tipo de consulta. Por eso, la Corte dibujó un mix: el Gobierno tendrá que optar si, para determinar ese precio, convoca a audiencia o lo fija por el libre juego de la oferta y la demanda.
Las posiciones se fueron acercando. Pero, además, la Corte se había propuesto tener en cuenta el impacto social, político y fiscal. En eso coincidían todos.
Desde el punto de vista social, la Corte quería dar una clara señal de defensa de los consumidores. Pero decidió no proteger a todos, sino a los más débiles, los "vulnerables", como los llama el tribunal, los consumidores residenciales. Ellos no pueden trasladar el precio a otras personas.
Los otros consumidores, las empresas y pymes, sufrirán el aumento y lo pagarán retroactivamente desde abril. Porque, en definitiva, ellos sí pueden trasladar esos aumentos a sus productos. Y, ayer, en el tribunal, alguien con picardía dijo: "Habrá que ver si los empresarios y las cámaras, que apoyan a Macri, pagan las tarifas más caras o, en cambio, presentan amparos".
Desde el punto de vista político, la Corte se encargó de difundir ese fallo como un duro revés al Gobierno.
Sin embargo, desde la lectura fiscal, efectivamente los jueces tuvieron en cuenta que el impacto de la decisión será más atenuado de lo que se podría creer a primera vista.
El tribunal no quería llegar a afectar la gobernabilidad ni la solvencia del fisco, y tampoco dar una señal contraria a las inversiones. Y, por eso, recortó el alcance de su propia sentencia, acotando el número de las personas alcanzadas: como se dijo, la sentencia protege sólo a los usuarios residenciales, que representan el 26 por ciento del conjunto, según el número que manejaron en la Corte.