Keralty, dueña de la EPS Sanitas, inició el lunes acciones judiciales en la Fiscalía contra del superintendente Luis Carlos Leal Angarita, por la intervención forzosa que ordenó hace unos días debido a supuestos incumplimientos.
EL TIEMPO habló con el abogado Juan David Riveros, quien representa a Keralty, y manifestó que además de la vía penal que ya tomaron contra Leal por el delito de prevaricato, no descartan acudir a otras instancias incluso en el extranjero.
"Tenemos previstas acciones ante la jurisdicción contenciosa administrativa que en este momento todavía no podemos activar por unos temas de procedimiento. Por supuesto que el día de mañana vamos a presentar el recurso de reposición contra la providencia de intervención (...) Nos quedan acciones constitucionales como, por ejemplo, acciones de tutela y desde el punto de vista internacional también tenemos algunas acciones en desarrollo como comunicar esta situación al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, así como a la relatoría del Derecho a la Salud de la ONU", indicó en la entrevista.
Este diario consultó a expertos sobre qué vías jurídicas tiene esta EPS intervenida, y todos coincidieron en que una de las más viables es la de acudir ante el contencioso administrativo. Sin embargo, también caben otros recursos como la tutela ante el juez constitucional invocando la protección de algún derecho, y la instancia internacional.
Estas medidas se están analizando de parte de Sanitas luego de considerar que hay supuestas irregularidades en la orden que emitió la Superintendencia de Salud en su intervención. Para ellos, según Riveros, "un tercero desplazó al representante legal, desplazó a la junta directiva y otros están ahora empezando a administrar la entidad. La fundamentación de esa providencia, en nuestra opinión, no corresponde con lo que estaba pasando. Y percibimos que la sustentación de la Supersalud es amañada".
Para redondear, la denuncia se basa en que con la separación de la junta de socios y de otras funciones que venía cumpliendo la EPS, se les habría vulnerado el derecho a la propiedad. "Es decir, podemos estar intervenidos, pero no por eso ellos dejan de ser los dueños", anotó Riveros, añadiendo que también se recusará al superintendente Luis Carlos Leal por los comentarios que hizo hace unos años sobre la EPS.
"Antes de ser superintendente, en sus redes sociales ha hecho comentarios y ha tomado posiciones que demuestran con claridad la animadversión no solo que tiene frente a la EPS, sino que tiene frente a la concepción de salud del país, eso lo hace un funcionario que no puede actuar con objetividad".
Johann Wolfgang, abogado experto en derecho administrativo, empezó por explicar que el mecanismo principal que tiene la EPS es la actuación administrativa, y "a su turno la tutela si bien no es el medio principal, subsidiariamente puede presentarse para evitar un perjuicio irremediable, evidenciando la vulneración del derecho fundamental alegado".
Por su parte, el penalista Diego Gutiérrez explicó que, en efecto, al la intervención forzosa "ser un acto administrativo, pueden impugnarlo en la jurisdicción del contencioso administrativa o hacer uso de la revocatoria directa".
Ahora, sobre las rutas internacionales que tienen, Wolfgang indicó que "por lo menos en lo que tiene que ver con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) procede inicialmente para solicitar medidas urgentes, aun cuando no se inicia directamente una acción de 'demanda', sino de seguimiento y vigilancia, no por la Corte IDH sino por la CIDH".
Mientras que el abogado de Sanitas anotó que "los inversionistas extranjeros que hacen parte del grupo han anunciado, a través de una carta al Ministerio de Comercio Exterior, que tienen la intención de formalmente notificar una disputa en el marco de los tratados de protección interna recíproca de inversión que sean aplicables".
En cuanto al tipo de recursos ante tribunales internacionales, hay ejemplos como el pleito de Naturgy (por la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos en 2016 a Electricaribe, por supuestamente expropiar los derechos de la compañía), que terminó ganando la Nación.
Eso sí, tanto él como Gutiérrez explicaron que los mecanismos internacionales se suelen activar solo cuando se agotan las acciones judiciales en Colombia.
Y en cuanto a la denuncia en la Fiscalía, Diego Gutiérrez resaltó que será clave lo que arroje la Procuraduría tras su inspección a la Superintendencia de Salud, "en punto a que si no existe una adecuada motivación y solidez probatoria para la intervención, podríamos hablar de conductas penales como el prevaricato por acción y prevaricato por omisión".
Carlos López - Justicia - @CarlosL49 - carben@eltiempo.com