El Govern ha destapado un fraude fiscal de 286 millones de euros en 2023, una cantidad similar a la del ejercicio anterior, cuando fue de 294 millones. La Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) ha detallado que, del total de la cantidad, un 42% proviene del impuesto de sucesiones y donaciones, mientras que 84 millones son del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
La consellera de Economía y Hacienda, Natàlia Mas y la secretaria de Hacienda en Cataluña, Marta Espasa, han compartido los datos en la presentación del informe de las actuaciones de fraude fiscal. Además, han señalado que también hay otros 12 millones de euros destapados por cambios de residencia ficticios de 27 contribuyentes, aunque es una cifra que se ha reducido. En el anterior fue de 49 millones. En total, la ATC realizó 54.544 actuaciones durante el ejercicio anterior, un dato que se ha incrementado en un 7% respecto a 2022.
"La existencia del fraude fiscal es un grave problema porque atenta contra la igualdad y la equidad, porque reduce los ingresos para poder financiar las políticas públicas, y porque genera ineficiencias en la economía. Y eso erosiona la cohesión económica y social", ha dicho Espasa.
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