La consecuencia más inmediata es que el Gobierno no podrá presentarse a ese combate con los aumentos previstos. La aritmética de Juan José Aranguren está en revisión. Por lo tanto, y ésta es la segunda consecuencia relevante del pronunciamiento de los jueces, los números fiscales deben ser recalculados. Al gradualismo del Ejecutivo se le agrega el gradualismo judicial.
Frente a estas novedades, los operadores económicos pretenden ver los cálculos del presupuesto 2017, que Alfonso Prat-Gay enviará al Congreso el mes que viene. Si la reducción de gastos será más moderada, la clave para alcanzar el equilibrio será el nivel de crecimiento.
Ayer, Marcos Peña abrió ese debate en Diputados con una picardía: "El referente económico del candidato del Frente para la Victoria (FPV), Miguel Bein, pronostica que el año que viene la economía se va a expandir 5%. Nosotros somos más moderados". El combate comenzó.
Macri es metódico al extremo. Por eso la necesidad de reorganizar sus objetivos, impuesta por la Corte, lo vuelve más ansioso. En la última reunión de gabinete ocurrió lo que se creía imposible: amonestó a Aranguren por gradualista.
La impaciencia tiene dos motivos: el ajuste será menor y más lento. Era lo que aconsejaba, en una inesperada coincidencia con Jorge Bergoglio, el asesor Jaime Durán Barba. Pero lo lograron los jueces.
El vicejefe de Gabinete Gustavo Lopetegui no terminó de definir con Aranguren la nueva estrategia tarifaria. Hasta anoche pensaban elevar el precio promedio del gas de 1,3 a 3,5 dólares por millón de BTU, y no a 4,7, como tenían previsto antes de la sentencia.
El objetivo es producir aumentos semestrales para, en diciembre de 2019, converger con el precio de mercado. Hoy equivale a 7 dólares.
El nuevo esquema de tarifas impacta sobre el nivel de déficit fiscal. En el planteo originario, el Estado pensaba ahorrar 2800 millones de dólares. Ahora sólo ahorraría 2000. Quiere decir que se gastarán 800 millones más que lo calculado.
El recorte se hará a fin de año y el año que viene se mantendrá la pendiente actual. Por lo tanto, la suba de las tarifas ya no permitirá al Tesoro reducir el déficit en 2 puntos del PBI en el bienio 2016-2017. Tendrá que contentarse con un solo punto.
Lopetegui no podrá dar otro tijeretazo sobre el precio de la luz en enero, como tenía pensado. Y queda otra incógnita: la Corte resolvería a comienzos de septiembre un amparo sobre las tarifas eléctricas.
La corrección del déficit fiscal será más parsimoniosa no sólo por el contratiempo tarifario. Macri ya había aflojado el torniquete sobre el gasto con la reforma jubilatoria. Al pagar los reclamos atrasados renunció a achicar el déficit en otro punto del PBI.
Y todavía falta conocer el costo de la nueva escala del impuesto a las ganancias. Corolario: pasar de una meta del 4,8%, como la que rige para este año, a otra del 3,3% para diciembre de 2017 será más exigente.
¿Cómo se financiará ese rojo? En el Banco Central se niegan a aumentar la asistencia al Tesoro. Si este año girará $ 160.000 millones, el que viene Federico Sturzenegger piensa enviar no más de 130.000. Por eso sigue encadenado a una meta de inflación del 17%.
Alternativa: que el Estado tome más deuda en el mercado. Aquí se abre una discusión cifrada sobre la voluntad de los inversores para acompañar los niveles de emisión de bonos de la Argentina. Detrás de este debate se puede oír el mantra de Mario Quintana, que es Lopetegui con rostro humano: "El kirchnerismo fue tan desastroso que el mercado nos va a esperar". La apuesta más firme: obtener una mayor recaudación, derivada de un crecimiento más pronunciado.
Peña puso ayer al FPV frente al espejo de Bein y su 5% de incremento del producto. El jefe de Gabinete cree que esa mejora se deberá a la obra pública y la inversión privada. Y a otro factor, del que ayer se ufanó frente al Congreso: la caída de la inflación.
"De marzo de 2016 a marzo de 2017 será de 23%. Es verdad, nos equivocamos por tres meses. Pero estamos logrando lo que prometimos. La inflación del mes que viene será la más baja de los últimos 10 años".
La desaceleración de los precios es una conquista política invalorable para el oficialismo. El miedo a la inflación es, según todas las encuestas, el factor más corrosivo de la base electoral de Macri.
Sobre todo si se lo compara con el temor al desempleo. Peña conoce como nadie esta percepción y por eso ayer intentó llevar el debate a las noticias del Indec.
Además de forzar un replanteo de la estrategia fiscal del oficialismo, el fallo de la Corte obliga al Gobierno a arriesgar popularidad. La discusión de las tarifas dejó de ser una instancia técnica. Es un pretexto para hacer proselitismo.
Lo primero que se debate es el calendario. Macri pidió una audiencia ya. Le explicaron que la convocatoria lleva semanas. Fijaron el 12 de septiembre. Hasta que, como publicó Francisco Jueguen en LA NACION, alguien se percató: "Esa semana tenemos la cumbre de inversores, mejor pasemos todo para el viernes 16".
Hubo que corregir el Boletín Oficial. Último imprevisto, insólito: en Twitter aparecieron algunos "mercaderes de la memoria", por utilizar la calificación del español Santos Juliá, quejándose porque el 16 de septiembre se conmemora un aniversario de la Noche de los Lápices.
Ironías de la historia: Pablo Díaz, el más célebre sobreviviente de aquella jornada tenebrosa, es director de Pampa Holding, uno de los principales conglomerados energéticos del país, interesadísimo en el aumento de los precios.
La saga de las tarifas comienza a inspirar enigmas. ¿Será verdad que, como informa Hernán Iglesias Illa en su libro Cambiamos, hubo técnicos programando esta operación durante medio año en la Fundación Pensar?
Algo es evidente: los que temían aburrirse porque "el gobierno de los CEO" se comportaría como una administración robótica reciben del ingeniero Macri una sorpresa cada día. Hasta bohemios de la partidocracia como Emilio Monzó, Mario Negri, Ernesto Sanz o Federico Pinedo empiezan a parecer más previsibles.
El principal propósito de celebrar pronto la audiencia sobre el gas es desalentar presentaciones de industriales o consumidores ante la Justicia. Esa premura tiene un perjuicio: el ajuste que se convalide el 16 será a cuenta de la revisión tarifaria integral de octubre, que requerirá otra asamblea.
El riesgo político se duplica. Anoche en el gabinete estudiaban limitar la primera reunión al gas en boca de pozo, cuyo precio se establecería hasta 2019. La distribución y el transporte pasarían a la audiencia integral. Hay otra discusión en curso.
¿Dónde debe celebrarse este cabildo abierto? Lopetegui y Aranguren proponen la Usina del Arte. En la tecnocracia también hay poesía. Pero los gobernadores peronistas, envueltos en el poncho federal, quieren sembrar de reuniones el interior. La contraoferta oficial es que eso suceda en octubre.
La negociación con el PJ ya dio el primer paso. Alieto Guadagni fue convocado para convalidar, con el resto de los ex secretarios de Energía, la nueva propuesta. Guadagni es una autoridad para muchos peronistas. Por ejemplo, para José Manuel de la Sota, a quien desde la Casa Rosada buscan seducir para atenuar la agresividad de Sergio Massa.
Otra línea de conversación involucra a los gobernadores que asumieron en diciembre: Bordet, Peppo, Bertone, Casas, Passalacqua, Uñac. Ese grupo lanzará el 6 de septiembre una especie de línea interna, coordinada con Diego Bossio y el sindicalista Oscar Romero.
La fecha es simbólica: recuerda la victoria bonaerense del renovador Antonio Cafiero en 1987. Los gobernadores del PJ están en una encrucijada. Si mortifican demasiado al Gobierno, demoran la solución fiscal de la que también ellos dependen para endulzar el ajuste.
Massa tiene asesores racionales: Roberto Lavagna, Rubén Maltoni, Enrique Devoto. Pero su situación es distinta de la de los gobernadores: carente de responsabilidades ejecutivas, navega en una eterna campaña electoral. Massa tiene otra ventaja: Macri depende de él, porque el Frente para la Victoria juega a la obstrucción.
De lo contrario, lo contaminaría con el pasado kirchnerista. Ayer, un ministro recordaba: "Sergio era jefe de Gabinete mientras De Vido y Moreno ejecutaban su desastrosa política energética".