EEl Parlamento europeo aprueba al Pacto de Migraciones y Asilo. Recibió un 'sí' – 322 votes a favor, 266 en contra y 31 abstentiones–, pero en una votación, tensa y casi a regañadientes. El acuerdo superó ayer su último trámite tras un debate en el que todos los grupos del hemiciclo, sin excepción, pusieron pegas al texto. Para la izquierda supone «enterrar el derecho de asilo»; para la extrema derecha «es inútil y no cumple ningún objetivo»; y el centro del arco parlamentario lo ve como «un paso en la buena dirección», aunque reconoce que «no es la reforma deseada ni la respuesta adecuada». Así, sin muchas alharacas, Europa estrena una nueva política migratoria que, cuando se logre poner en marcha, se supone que contribuirá a aliviar la presión que soporta Canarias durante los picos de llegadas de migrantes desde África.
La UE se refuerza para tratar de frenar la entrada irregular de migrantes. Mayores controles fronterizos, endurecimiento del derecho de asilo, 'zonas de espera' para migrantes en las regiones de primera línea, como Canarias, y sanciones económicas para los Estados miembros que rechacen tener una cuota de refugiados. Estas medidas no convencen a casi nadie y han desatado el rechazo de las organizaciones humanitarias. Tanto es así que, la votación fue interrumpida durante varios minutos por un grupo de personas que gritaba desde la tribuna de invitados: «This pact kills, vote no» (Este pacto mata, vota no).
A 60 días de las elecciones
La negociación de este acuerdo, que culmina a solo 60 días de las próximas elecciones europeas, se aceleró ante un posible fortalecimiento de las facciones más extremistas en la institución. Era un «ahora o nunca», según aseguró la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, durante su intervención en el pleno. A su juicio, el sistema de asilo de la UE está «totalmente destartalado» y este paquete normativo permitirá «lidiar con la migración de forma reglada y proteger nuestras fronteras». Johansson, que visitó Canarias en diciembre del año pasado, en plena crisis de llegadas a El Hierro, hizo hincapié en la necesidad de dar una respuesta «de carácter europeo» ante situaciones como las que vive el Archipiélago canario, las islas griegas o Lampedusa. «Es hora de poner la casa en orden con respecto a las migraciones», señaló tras agradecer la «valentía» de los negociadores a la hora de ceder para acercar posturas.
Canarias, que en los tres primeros meses del año se convirtió en refugio de 13.115 personas que sobrevivieron a la travesía por la ruta atlántica y que ahora está en alerta por la posible llegada de migrantes que huyen de los países del Sahel, ha sido una de las protagonistas de este pleno que muchos eurodiputados calificaron como «histórico"». No solo Johansson recordó la situación del Archipiélago, sino que dos de los negociadores del pacto, Juan Fernando López Aguilar (PSOE) y Jorge Buxadé (Vox), también citaron la crisis humanitaria que se viven en las Islas, aunque desde perspectivas muy diferentes. El ultraderechista advirtió sobre la amenaza a la seguridad que supone la migración que entra a través de las costas isleñas y puntualizó que los flujos a través de las dos rutas migratorias controladas por España –Mediterráneo Occidental y Atlántico– se han incrementado, mientras que aquellas que controla Italia o Hungría –ambos países gobernados por la extrema derecha– han reducido su actividad. Por su parte, el eurodiputado canario señaló que ante un repunte de llegadas, como los que vive el Archipiélago desde 2020, «no cabe limitarse a la responsabilidad nacional, sino hay que acudir a la solidaridad europea».
Falta la aprobación final
A falta de la aprobación final por parte de los Estados miembros para que entre en vigor, los efectos del pacto migratorio comenzarán a notarse de forma paulatina a lo largo de la próxima legislatura. Esta normativa se basa en la «solidaridad obligatoria», que permitirá redistribuir a los migrantes entre los Veintisiete, pero solo a aquellos que tengan «derecho a permanecer». El resto será deportado a su país de origen o de tránsito, si procede de lo que se considera un «país seguro». También agiliza y unifica la normativa para gestionar las solicitudes de asilo, lo que para las oenegés supone un retroceso en los derechos de los migrantes, pues señalan que no se escucharán las motivaciones individuales que les ha llevado a abandonar su país. Otra de las medidas que se pondrán en marcha es la creación del Eurodac, una base de datos de migrantes en la que se incluirá huellas, imágenes y documentación de viaje o la ausencia de ella.
El eurodiputado sueco Tomas Tobé, del Partido Popular Europeo (PPE), defendió que «es crucial empezar a recuperar el control de los traficantes», porque es la UE la que debe decidir sobre las personas que entran en su territorio. Tobé, como uno de los negociadores de la normativa, animó a la izquierda y a los verdes a votar a favor de un pacto que permite «crear confianza entre los Estados miembros». La alemana Birgit Sippel, que comparte filas de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (SyD) con López Aguilar, también formó parte del equipo negociador y reconoció que la «negociación no termina ahora» y se comprometió a continuar trabajando en la implementación de la norma durante la próxima legislatura.
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