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Los residentes de La Oroya, Perú, conocida como una de las ciudades más contaminadas del planeta, obtuvieron una victoria histórica en la Corte Interamericana de Derechos Humanos: a fines de marzo la CIDH dictaminó que el estado peruano fue responsable del daño físico y mental que la actividad de una empresa de minería metalúrgica infligió a 80 personas.
Entre las víctimas había dos personas cuyas muertes, según determinó el tribunal, fueron causadas por la contaminación del Complejo Metalúrgico La Oroya, una planta centenaria de fundición y refinación ubicada en la región de la Sierra Central de Perú, a unos 75 kilómetros al noreste de Lima.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, ordenó al gobierno de Perú brindar atención médica gratuita a las víctimas y compensar a cada individuo con más de 30.000 dólares cada uno. Los representantes de las víctimas fallecidas recibirán 65.000 dólares cada uno.
Las víctimas tenían enfermedades respiratorias, cardíacas, cutáneas y otras documentadas, pero carecían de acceso a atención médica adecuada a pesar de que el gobierno federal conocía los vínculos entre la contaminación del complejo metalúrgico y las enfermedades. El aire, el agua y el suelo de La Oroya, un pueblo de unos 33.000 habitantes, estaban tan contaminados que un perito se había referido a la zona como una "zona de sacrificio".
Perú también deberá tomar medidas para penalizar a los responsables del daño, evaluar y remediar el daño ambiental causado por el siglo de operaciones del Complejo Metalúrgico La Oroya, reconocer públicamente la mala conducta del gobierno e instalar dispositivos de monitoreo de aire, agua y suelo, entre otras exigencias del tribunal.
"Los Estados tienen el deber de prevenir violaciones de derechos humanos producidas por empresas públicas y privadas", escribió el tribunal en su dictamen de 144 páginas, cuyo texto se adjunta en este artículo.
Larga lucha
Inaugurado en 1922, el Complejo Metalúrgico de La Oroya fue operado por primera vez por la empresa estadounidense Cerro de Pasco Cooper, entre cuyos fundadores se encontraban los magnates industriales JP Morgan y Henry Clay Frick. El complejo se especializa en la fundición y refinación de metales que tienen un alto contenido de plomo y otros metales pesados. El complejo fue nacionalizado por un período de unos 23 años que finalizó en 1997, cuando fue privatizado y vendido a una filial peruana del grupo Renco, de propiedad estadounidense. En 2009, las operaciones en el complejo fueron suspendidas debido a problemas ambientales y deudas. El complejo reabrió parcialmente el año pasado después de que la propiedad fuera transferida a una empresa parcialmente propiedad de los trabajadores del complejo.
El fallo de la semana pasada fue el último acontecimiento en una batalla legal de más de 20 años iniciada por los residentes de La Oroya, quienes en 2002 presentaron una demanda en los tribunales peruanos contra su gobierno. Aunque la Corte Constitucional de Perú dictaminó en 2006 que el gobierno necesitaba adoptar varias medidas de salud y seguridad, los funcionarios no cumplieron con esa decisión judicial y la disputa finalmente terminó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Implicancias
Los defensores de los derechos humanos dicen que el fallo sienta un precedente importante para miles de comunidades en todo el mundo que se ven afectadas por cantidades extremas de contaminación industrial del aire, el agua y el suelo.
David Boyd, relator especial de la ONU sobre derechos humanos y medio ambiente, elogió el fallo como una de las decisiones judiciales más firmes jamás adoptadas en un caso ambiental y dijo que la sentencia es un momento decisivo para la aplicación del derecho humano a un medio ambiente saludable, hoy en día aceptado por 161 naciones.
"No sólo brinda justicia ambiental largamente esperada para el pueblo de La Oroya en Perú, sino que también establece un precedente vital que será utilizado por ciudadanos, comunidades, tribunales y defensores de derechos humanos ambientales preocupados en todo el mundo", dijo Boyd en declaraciones recogidas por la web de noticias Inside Climate News.
El caso Habitantes de La Oroya contra Perú fue el primer caso contencioso ante la Corte Interamericana relacionado con la contaminación tóxica y sigue a una histórica opinión consultiva de 2017 de la corte sobre derechos humanos y medio ambiente. Ese fallo no vinculante estableció las obligaciones que tienen los gobiernos para prevenir daños ambientales graves dentro y fuera de sus fronteras, incluida la garantía de que las personas tengan derecho a aire limpio, agua y un clima habitable, así como acceso a la justicia y a la información ambiental.
El fallo de la semana pasada confirmó aspectos de la opinión consultiva de 2017, incluido que un clima habitable es parte del derecho humano a un medio ambiente saludable.