El Gobierno oficializó este lunes la designación de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Lo hizo a través de su publicación en el Boletín Oficial. Pese a la designación del Ejecutivo del juez Ariel Lujo y del académico Manuel García Mansilla, la Cámara de Senadores se encargará de definir si acepta o no a los postulados.
El Gobierno oficializó este lunes la designación de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
A través de dos publicaciones en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo concretó la postulación de los magistrados para ocupar el lugar disponible en el máximo tribunal, que se liberó tras la salida de la exministra de la Corte Elena Highton de Nolasco.
Bajo la titularidad del Ministerio de Justicia, dirigido por el ministro Mariano Cúneo Libarona, el comunicado expresó que "en el marco de lo establecido en el artículo 4º del Decreto Nº222/03 (modificado por Decreto N°267/24), se hace saber que a efectos de cubrir la vacante de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se ha propuesto al juez federal Ariel Lijo y al jurista Manuel García-Mansilla".
A partir de esta decisión del Ejecutivo, se abre un período de quince días para que la ciudadanía, organizaciones no gubernamentales, colegios y asociaciones profesionales, entidades académicas y de derechos humanos presenten sus posturas, observaciones y circunstancias respecto a los candidatos propuestos.
Cabe recordar que, hace casi un mes, desde la oposición hubo un fuerte rechazo a la posible designación de Lijo que el Gobierno defendió. Ahora, la última palabra, la tendrá la Cámara de Senadores que definirá si acepta aceptar o no a los postulados.
Ariel Lijo nació el 19 de octubre de 1968, se graduó como abogado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y asumió como titular del Juzgado Federal N° 4 en lo Criminal y Correccional en octubre de 2004, cuando cubrió la vacante dejada por su entonces cuñado, Gabriel Cavallo, quien ascendió a la Cámara Federal.
En 2004, cuando aún se desempeñaba como secretario de la Sala I de la Cámara Federal, se inscribió en el Concurso 59, destinado a cubrir cuatro vacantes en los Juzgados Federales Criminales y Correccionales de primera instancia.
Pese a que quedó en quinto lugar en la terna del Consejo de la Magistratura, las bajas de Eduardo Freiler y Luis Salas le allanaron el camino para que su nombre fuera aprobado en el Senado tras el envío del pliego del Ejecutivo.
A lo largo de su carrera, Lijo encabezó importantes investigaciones: entre otras, la causa Ciccone, en la que procesó al vicepresidente Amado Boudou, la investigación del encubrimiento en la causa AMIA, que involucró a figuras destacadas como Carlos Menem y ex funcionarios de la SIDE y la Justicia. El juez, incluso, pidió en su momento el levantamiento del secreto bancario de la "Fundación Leo Messi" por presunto lavado de dinero.
García-Mansilla es decano de Facultad de Derecho de la Universidad Austral, donde en 2023 obtuvo el título de doctor en derecho. Ese doctorado lo vincula en parte con la Corte Suprema,puesto que el juez del máximo tribunal Carlos Rosenkrantz fue uno de los integrantes del jurado que lo calificó.
Desde 2010 es integrante del estudio Liendo & Asociados y desde 2014, director ejecutivo de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH).
En 2018, García-Mansilla participó del debate en el Senado por la ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, cuya postura estuvo en contra de la legalización.
En su perfil de LinkedIn, García-Mansilla se presenta como "especialista en Derecho Constitucional, Oil & Gas y Derecho Empresario". Entre los casos que llevó a cabo durante estos años, se destacó en la negociación y obtención de la extensión por 10 años de una concesión de explotación de hidrocarburos y una concesión de explotación no convencional de hidrocarburos por 35 años en la provincia de Salta.
También fue integrante del equipo de tres personas a cargo de la negociación, redacción de documentos y obtención de la extensión de 20 concesiones de explotación de hidrocarburos en la provincia de Santa Cruz (US$3000 millones).