Tras desregular completamente el sector de las prepagas, el gobierno de Javier Milei resolvió este miércoles dar marcha atrás e imponer un tope a las subas de las cuotas que las empresas habían comenzado a aplicar a partir de la entrada en vigor del DNU 70/2024.
Así, el vocero presidencial Manuel Adorni informó hoy en su cotidiana conferencia de prensa desde Casa Rosada que el Gobierno ordenó que el 75% de las empresas de medicina prepaga bajen los valores de sus cuotas y los recalculen desde diciembre tomando como base para el Índice de Precios al Consumidor.
Las prepagas alcanzadas por esta marcha atrás y que habían aplicado subas desmedidas en sus cuotas son:
- Galeno Argentina S.A.,
- Hospital Británico de Buenos Aires Asociación Civil,
- Hospital Alemán Asociación Civil,
- Medifé Asociación Civil,
- Swiss Medical S.A.,
- Omint S.A. de Servicios,
- OSDE Organización de Servicios Directos Empresarios
En su cuenta en la red social X y tras acusar a las prepagas de haberles declarado "la guerra a la clase media", el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, aseguró que las "prepagas deben retrotraer precios fuertemente de acuerdo al dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Gran trabajo Juan Pazo y Pablo Lavigne en la Secretaria de Comercio, utilizando las herramientas institucionales como corresponde, y por supuesto un gran alivio para la clase media".
Adorni detalló además que las empresas "deberán aplicar como máximo" el IPC "para ajustar las cuotas por los próximos 6 meses" y explicó que la medida se tomó a raíz de una denuncia "por presunta cartelización".
La devolución de dinero, bajo disposición de la Justicia
A pesar de lo que trascendió en los primeros minutos tras conocerse la medida del Gobierno, lo cierto es que las prepagas no fueron impelidas todavía a devolver el dinero que sus clientes pagaron de más desde diciembre pasado.
Para ello deberá esperarse la actuación de la Justicia.
Es que, según informó Adorni la Superintendencia de Servicios de Salud presentó este miércoles una medida cautelar para que las empresas de medicina prepaga alcanzadas por la disposición de la Secretaría de Comercio (que no cuenta con la potestad para ordenar la devolución de los fondos cobrados indebidamente) les devuelvan a sus afiliados la diferencia entre los aumentos que aplicaron y los que deben aplicar a partir de la decisión oficial.
Así los clientes de las prepagas deberán esperar que la Justicia resuelve si hace lugar o no a la medida cautelar.