El informe sobre el descenso de los números de la violencia homicida en el primer trimestre del año en la provincia da cuenta de una tendencia que merece atención. Se trata de la cifra comparativa más baja en los últimos siete años y abre expectativas de que se puedan encontrar caminos para una mejora en nuestra sociedad en lo que hace a las causas de la violencia y a la contención de la inseguridad.
Bien se sabe que el índice de homicidios da una medida de lo que sucede en una comunidad. Se mide la cantidad proporcional de crímenes cada 100.000 habitantes por año y eso brinda una pauta de cuán tranquila o violenta es una sociedad. En Tucumán, que históricamente había registrado unos 60 asesinatos por año, las cifras se dispararon desde 2014, cuando se comenzó a registrar estos índices con precisión estadística y llegaron a un número inquietante en 2020, con 142 homicidios registrados en la provincia. Desde entonces, las estadísticas muestran un descenso.
Por ello, los datos de este primer trimestre que terminó con 16 homicidios da que pensar. Se ha diferenciado que de esa cantidad, según los casos publicados por LA GACETA, los homicidios por violencia intrafamiliar representan el 25% del total, idéntica cifra que la de los robos, por debajo de los de violencia intravecinal, que representan el 37%. Precisamente, los últimos tres homicidios ocurridos se originaron por peleas entre familiares. En ese marco se inscriben, por cierto, dos tragedias especialmente dolorosas. Una ha sido la del deceso de un niño de Atahona, que llevaba un año desaparecido, y otra el femicidio de una docente, ultimada de varios disparos por su pareja en plena vía pública. Este caso es la punta de un iceberg que cala profundo en nuestra sociedad, que ha tenido altos índices de violencia machista en los últimos años.
Que haya habido 16 homicidios en el primer trimestre -lo cual da una cifra promedio de poco más de cinco por mes, que extrapolados al año darían un hipotético promedio de los 60 de antaño- indica una notoria calma que merece análisis preciso para que a partir de ese estudio se puedan establecer políticas de prevención y de seguridad en general. Las estimaciones y consultas con expertos dan cuenta de algunas pautas que se han dado por la acción del Gobierno y de la Justicia. Una es una mayor presencia policial en las zonas rojas; otra, la implementación del nuevo Código Procesal Penal, que comenzó a perseguir a reincidentes; una tercera es la desarticulación de bandas importantes que generaban violencia en los barrios; y la implementación de la ley de narcomenudeo habría ayudado a bajar la conflictividad de los grupos.
Sin que se pueda decir que el descenso de la violencia homicida puede influir en cambios en la incidencia del delito callejero ni de los asaltos en general, estas cifras, pese a todo, estarían marcando una tendencia que conviene atender y consolidar en lo posible, en busca de cambios importantes para mejor en nuestra sociedad, afectada desde hace mucho tiempo por la inseguridad y la violencia.