Editorial
Dios los cría y la ambición los une
l problema de fondo es que los partidos políticos no deberían ser juez y parte, pero lo son.
Es una postura maquiavélica y truculenta la adoptada por el diputado Inés Castillo, al empujar una iniciativa de ley de reformas electorales paralela a la planteada por el Tribunal Supremo Electoral, que se basó en las recomendaciones de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral. Esta recogió propuestas de múltiples sectores en un proceso abierto que involucró a sociedad civil, entes académicos, institutos de análisis, migrantes, empresariado organizado y más. Si se deseaba presentar sugerencias de cambios, se debió tener el valor civil de participar en las mesas de diálogo, dar la cara para manifestar sandeces como la de querer supeditar la destitución de magistrados del Tribunal Supremo Electoral a las veleidades de una votación de diputados.
Dicha iniciativa pretende también relajar las exigencias a los partidos y a sus directivos sobre rendición de cuentas de sus financistas; en tiempos de asedio de mafias del contrabando, narcotráfico y trata de personas, el solo hecho de abrir brechas al dinero ilícito constituye un motivo de suspicacias sobre quien lo propone y quien lo apoye. Demostrado está que el financiamiento ilícito, oscuro, desconocido, no reportado o como quiera llamársele, es una vía de infección de la institucionalidad del Estado: un ansiado botín por parte de grupos corruptos y criminales.
El TSE también plantea, dentro de su propuesta de reforma, una reducción en el monto de las sanciones económicas a los partidos políticos por infracciones electorales. Se desconoce si esto es para darles un dulce a las bancadas o si es solo una broma de mal gusto, pues dentro de las mesas de diálogo una de las exigencias de diversos sectores fue fortalecer los mecanismos de disciplina a partidos y políticos transgresores.
Sobre la alternancia de hombres y mujeres en los listados de candidatos —otra de las propuestas del TSE— habrá mucho que discutir, ya que ser de uno u otro sexo no define la calidad de desempeño, por elemental sentido de equidad. En todo caso, los partidos deben asegurarse de tener dicha representatividad en sus directivas, primero, para luego tener procesos públicos y obligatorios de elecciones primarias, a fin de transparentar la definición de aspirantes.
La voz de los guatemaltecos en Estados Unidos, cuyas remesas aportan el 20% de la economía nacional, puede llegar a tener un papel político más relevante, al plantearse la posibilidad de que puedan llegar a votar por diputados de Lista Nacional, pues hasta ahora solo eligen presidente; los líderes migrantes habían pedido poder participar por diputados distritales y alcaldes, pero el TSE dejó fuera ese alcance. Se plantea, eso sí, que se pueda votar con pasaporte o DPI, a la vez que se establece el empadronamiento automático, para evitar atrasos y reprocesos, sobre todo si el ciudadano reside fuera de Guatemala.
La elección nominal de diputados vuelve al ruedo, pero desde ya se avizora que tenga muy poca tracción en un Congreso desparpajado por las rencillas, pulsos politiqueros, obtusas animadversiones y los protagonismos como el exhibido por el diputado Castillo. Hasta parece una suerte de déjà vu el hecho de que nuevamente sea el partido UNE el que tenga preponderancia en este proceso, lo cual en 2016 llevó a una reforma atropellada e ineficiente.
El problema de fondo es que los partidos políticos no deberían ser juez y parte, pero lo son. Si habiendo leyes claras sobre el financiamiento ilícito hubo zombis como la UCN detentando cargos y alianzas, ¡cuánto más no llegará a ocurrir de avalarse la laxitud en sanciones y el desarme del TSE!