El Pleno del Congreso de la República no aprobó el informe final de la denuncia constitucional contra el expremier de Pedro Castillo, Aníbal Torres, que recomienda su inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos.
¡Atención!
Con 55 votos a favor, 18 en contra y 13 abstenciones, el Parlamento rechazó el proyecto de resolución legislativa, debido a que no alcanzó los dos tercios requeridos, es decir, 67 votos.
Dicho informe acusaba al extitular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), por infracción a los artículos 38, 45 y 125 de la Carta Magna.
Asimismo, El expremier de Pedro Castillo fue acusado de los presuntos delitos de motín, conspiración para una rebelión y omisión de resistencia a rebelión o sedición, contemplados y sancionados en los artículos 348, 349, 352 del Código Penal, respectivamente.
Cabe mencionar que, la denuncia fue presentada por el congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, quien también lo acusa del presunto delito de terrorismo, tipificado en el artículo 2 del Decreto Ley 25475.
Sanción contra el expremier
El pasado 19 de febrero, el Poder Judicial sancionó al expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, por haber haberse comunicado con un testigo de la investigación que se le sigue por el caso 'Golpe de Estado', infringiendo una de las reglas de conducta que se le dictó.
El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a través del juez Juan Carlos Checkley, sancionó al ex primer ministro con "apercibimiento": llamado de atención. La medida fue solicitada por la Fiscalía, mientras el expremier y su defensa admitieron haber roto de unas las disposiciones impuestas por la Corte Suprema.
"Por los fundamentos expuestos, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. Resuelve: Declarar fundado el requerimiento de Apercibimiento por Incumplimiento de regla de conducta", se lee en el documento oficial.
En esa misma línea, el fiscal indicó que era adecuado advertirle y pedirle al juez que inste a Torres Vásquez a cumplir rigurosamente con esta restricción y cualquier otra impuesta. Este procedimiento es el primer paso antes de considerar revocar su libertad con restricciones y reemplazarla por prisión preventiva en caso de que vuelva a infringir alguna regla de conducta.
De esta manera, el Pleno del Congreso rechazó inhabilitar por 10 años de la función pública al expremier de Pedro Castillo, Aníbal Torres, quien había sido acusado de cometer infracción a los artículos 38, 45 y 125 de la Constitución.