«Cuanto más planifica el Estado, más difícil se vuelve la planificación para el individuo» Friedrich Hayek
Cuentan las malas lenguas que el utilitarismo transformó los argumentos en favor de los derechos naturales y las libertades del individuo consagrados por Mr. Jhon Locke en una maraña regulatoria estatista contra la resistencia a las invasiones de la libertad por parte del Estado con un único fin; ¡usar el propio poder de papá Estado para su propia supervivencia! De hecho, el intento más ambicioso de poner límites al Estado ha sido siempre la Constitución, la Ley suprema sujeta a la interpretación de un poder judicial supremo supuestamente independiente del resto de poderes de nuestro querido Estado. Sin embargo, es el propio Estado quien ha transformado esta limitación judicial en un instrumento para suministrar legitimidad ideológica a sus actuaciones. Si bien es cierto que un decreto de «inconstitucionalidad» es una contención potente del poder del Estado, un veredicto implícito o explícito de "constitucionalidad" es un arma fabulosa para facilitar la aceptación pública de una mayor atribución de poderes por parte del Estado. Y en definitiva, ¿qué quieren que les diga?
Si la experiencia ha demostrado que incluso bajo las mejores formas de gobierno, los encargados del poder, con el tiempo y por operaciones lentas, lo han pervertido en tiranía. Aunque éstos cada día van más rápidos… Este hecho es facilitador de atribuciones y permisivo en la atribución fraudulenta de atribuciones de aquellos estatistas que ávidos de poder, facultan a través de un profundo conocimiento de la norma magna las normas necesarias para contravenir la separación de poderes que precisamente se crearon para evitar el mismo fin. De hecho, de esto en la España actual, sabemos un rato.
Y así ha sido, a través de las políticas del miedo provocadas por la pandemia, la guerra y la dichosa inflación. Y en mi opinión el miedo excesivo siempre es impotente. Y claro, después de la primera función nos encontramos con que la transitoriedad de los impuestos extraordinarios a la banca y las eléctricas se han convertido en impuestos ordinarios y la norma del escudo anti-opas implementado durante la pandemia para evitar la adquisición de empresas estratégicas por parte de Estados ricos se ha convertido en una nueva y peligrosa atribución normativa, que atenta en contra de la libre circulación de capitales. Y que parece que ha llegado para quedarse a conveniencia de los de siempre. La pregunta es, ¿Es Talgo una empresa estratégica? Ay queridos míos…
Vendernos esta excusa barata de que lo es sobre el pretexto de la tecnología de ancho de vía variable con fines militares, es si más no revelador ante la oferta de Hungría, un Estado miembro de la Unión al amparo de la libre circulación de capitales y aliado en el seno de la OTAN. ¿Algo que contarnos? Y aquí señores, es donde entra la perniciosa voracidad de un Estado que se siente cada vez más apropiado del país hasta el punto de apreciarse peligrosamente y si me permiten la expresión, como el dueño del cortijo ajeno. Desde luego, es evidente que la personalidad esculpida en la ideología de los líderes que ostentan el poder tiene incidencia en su manera de gobernar y está evidentemente claro que la autocracia, le pese a quien le pese, forma parte de nuestras vidas. Aquí obviamente entramos en el entramado de un papá Estado que aventurado, todos sabemos que sigue aspirando a controlar absolutamente todos los entes de poder y ya sólo les queda el consejo general del poder judicial. Pero no solamente aspiran a controlar los organismos públicos, ahora van a por el control empresarial, ¡a por nuestra propiedad privada! ¿Exagero? La SEPI se ha puesto manos a la obra con la que es una gran estrategia bananera del gobierno. Primero, comprando el 10% de Telefónica por 2.000 millones de euros.
Tan cierto es que el Estado suele tener participaciones de las empresas públicas, como que ningún Estado ha recomprado una privatización, ninguno. Son dos cosas distintas, pero que sirven una vez más de pretexto para la excusita intervencionista del sanchismo. Pero si les parece que ahuyentar a un inversor Saudí respecto a tomar un peso de una Telefónica que navega a la deriva desde hace décadas no era suficiente, ahora la voracidad del gobierno ha crecido en un intento de excusarse en el pretexto de la «empresa estratégica» de turno para tratar de tener un puesto en el consejo de las empresas más relevantes de España. Naturgy y Talgo son dos ejemplos de ello, y claro, como la SEPI tiene recursos limitados y más sin presupuestos, ahora le toca el turno a Criteria. Si tú quieres manga ancha en Naturgy, cómprame Talgo, ¡anda! Y así, entre OPAS y 'bocachanclas', aparecen los ministros Óscar Puente y Chiqui Montero. ¡Oigan, se les entiende todo! Dicen: "Estamos llevando con discreción conversaciones con grandes empresas de inversión españolas que tienen una oportunidad de invertir en sectores estratégicos de los que no participan (Criteria), y con otras compañías cotizadas (CAF), para aprovecharse de la situación específica de Talgo (Trilantic quiere vender)". Y claro, ¿Qué pinta el gobierno en todo ello?, ¿no entienden que estamos vetando el capital árabe en la toma de participación de cualquier compañía española? Cuidadito…
Pero el despropósito va más allá de todo esto, que de por sí es absolutamente ridículo. En cualquier otra situación, si los ministros fueran ciudadanos estarían ahora mismo haciendo cola en la ventanilla del departamento de mercados de la CNMV. Retener información privilegiada es ilegal y explicar negociaciones es chapucero e irresponsable. Al final, ni Criteria ni CAF están por la labor. Obviamente para Criteria Talgo no es un sector estratégico, como tampoco CAF va sobrado de recursos para enfrentarse a semejante aventura. Y claro, que alguien le cuente a Trilantic y al mercado que en España si haces de ancla para un movimiento corporativo, el Estado español no te deja vender, ¿qué os parece? Y luego el ministro Cuerpo presume de que España tiene mecanismos para proteger las empresas estratégicas, pero eso sí, siendo atractivos para el capital internacional. ¡Pues ya me dirán cómo, señores! Alguien tenía que hablar claro, y agradezco tener la libertad de expresión como para hacerlo. Aquí la realidad es muy distante y distinta de todo este dantesco escenario en el que deambulan nuestros ministros cum laude.
Lo cierto es que Talgo necesita como agua bendita de mayo ampliar su capacidad para poder firmar alrededor de 3.000 millones de euros en nuevos pedidos, que a día de hoy no puede satisfacer (Egipto, Arabia Saudí, Bulgaria, los inversores privados Le Train y Flix, y quizás Marruecos). El inversor húngaro viene con ganas y toda la buena onda. Ofrece duplicar en Europa del Este las plantas que mi querida Talgo tiene en España para optar a esta oportunidad, en una operación que se viene negociando desde 2022 y que ahora el Estado Español pretende que Criteria resuelva en dos meses. Y por cierto, la OPA de Ganz MaVag es querida por los accionistas, el consejo de administración y los sindicatos. TODOS, menos un gobierno que no duda del capital Europeo y ni siquiera lo haría del de Abu Dhabi si Criteria le paga el favor, nos enseña sus cartas ante una realidad clara, y a los hechos me remito: El gobierno de España no pretende juzgar la OPA de Talgo con criterios técnicos y jurídicos, sino que pretende juzgar meramente la ideología de aquellos que compran. Y es que el problema de Ganz MaVag y de Hungría, es que allí a diferencia de aquí, manda la derecha. Este es en realidad el único argumento que molesta a un Estado ávido de poder y excedido de chapuzas. Y así es la vida mis queridos lectores, cuanto más planifica el Estado, más difícil se vuelve la planificación para el individuo o para cualquier empresa, puesto que perder libertades consiste precisamente en esto, en que nosotros, los accionistas de Talgo, ya casi no podemos ni decidir, ni opinar, ni rechistar sobre si estamos dispuestos a aceptar la OPA.
Esta es la tragedia a la que nos enfrentamos, a una tragedia que complica la inversión y facilita una vida planificada por unos pocos que quieren que vistamos ropa vieja, para que el diablo se vista de Prada. Y si el gobierno quiere ayudar a una empresa presuntamente estratégica como Talgo lo tiene muy fácil, que presione a Renfe para negociar los 166 millones de euros de multa y dejen que en la mesa de los mayores, el capital privado haga el resto.
Gisela Turazzini, Blackbird Bank Founder CEO.