Sumar reclama al Gobierno activar el 'escudo antiopas' e impedir que el grupo catarí Taqa se convierta en el principal accionista de Naturgy, después de haya admitido negociaciones para adquirir un 41% de las participaciones de la energética española-, una operación que obligaría a lanzar una opa al superar el tope legal del 30%.
El socio minoritario del Gobierno ha reaccionacionado pidiendo a Pedro Sánchez vetar la operación, al considerar que la compañía es estratégica para España, y comprar capital privado para que el Estado entre a formar parte del capital. Reclama así adoptar una vía similar a la de Telefónica, cuando el Gobierno anunció la compra del 10% de la compañía de comunicaciones, a través de la SEPI, para contrarrestar la entrada del 9,9% por parte de la compañía saudí TSC Group.
El portavoz parlamentario de Sumar, Iñigo Errejón, ha comparecido en el Congreso este jueves para lanzar esta petición al socio mayoritario del Gobierno y advertir de que esta operación "supone una amenaza para los intereses estratégicos de nuestro país, para nuestra soberanía y para la seguridad nacional".
"Queremos que el Gobierno vete esta OPA, que no la autorice. Y queremos que haya una entrada de capital público en Naturgy igual que hicimos con Telefónica para salvaguardar los intereses nacionales españoles", ha considerado el dirigente.
Errejón ha cuestionado abiertamente a la empresa interesada de Qatar interesada en la operación, al apuntar que "las empresas estratégicas en comunicaciones, en transportes, en energía, no se pueden vender a fondos de dudosa procedencia y no pueden depender de los caprichos financieros". "Tiene que haber una presencia del Estado que garantice el interés nacional y la seguridad nacional", ha insistido.
El diputado también ha aprovechado para lanzar un dardo a los socialistas en la misma semana en que el Consejo de Ministros aprobó un aumento del gasto en Defensa de 1.129 millones de euros, contra la que Sumar también se ha pronunciado. "En un momento de escalada bélica lo tenemos que decir claramente: salvaguardar la seguridad nacional no es gastarse miles de millones de misiles, es garantizar la soberanía energética, es garantizar una presencia estatal determinante para los sectores estratégicos, para la seguridad nacional y la posición geopolítica de España", ha zanjado.
LA OPERACIÓN
El grupo energético Taqa, controlado por el emirato de Abu Dhabi, ha confirmado que negocia con los fondos CVC y GIP la adquisición de sus participaciones en la energética española (en total un 41,3%, valorado en más de 9.100 millones de euros a cierre bursátil del miércoles), lo que le obligaría a lanzar una opa sobre la totalidad de las acciones del grupo al superar el tope legal del 30%, según un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Hasta el momento, el Ejecutivo sólo ha admitido contactos con la compañía española CriteriaCaixa, el brazo inversor de la Fundación LaCaixa, según ha publicado El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, editor de este medio. El objetivo es vigilar la entrada de capital extranjero y propiciar un "equilibrio entre seguridad nacional y atracción de inversiones".
Sumar reclama ahora que el Gobierno lleve a cabo el denominado 'escudo antiopas', el principal recurso del Estado que obliga a grupos extranjeros a recibir la autorización del Gobierno para tomar participaciones superiores al 10% en compañías de sectores que se consideran estratégicos. Una legislación que se reforzó este verano y que la coalición podría hacer ahora valer frente a la empresa catarí.
El Gobierno ya utilizó el 'escudo antiopas' en Naturgy e impuso en 2021 condiciones al fondo australiano IFM para aprobar su opa parcial con la que buscaba tomar un 23% del capital (una operación que fracasó, y actualmente sólo controla un 15% de la energética española). Entonces la operación de entrada de IFM en el grupo energético estuvo condicionada al apoyo a la inversión en proyectos estratégicos renovables para España, al mantenimiento de la sede de la compañía y de la gestión de los negocios en España, a una política de prudencia en el reparto de dividendos, a mantener una parte significativa de la plantilla en España o una ratio de endeudamiento dentro del grado de inversión. IFM también estaba obligada a no respaldar la exclusión de bolsa de la compañía durante tres años.
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