El PSOE denunció este jueves que la Deputación de Ourense ha pagado con fondos públicos otra multa de tráfico por una infracción de velocidad de su expresidente y senador del PP, Manuel Baltar, al negarse a identificarlo como conductor del vehículo oficial a bordo del cual la cometió.
La sanción se eleva a 1.200 euros, el triple de su cuantía inicial, y fue abonada por orden del actual presidente de la Deputación, Luis Menor, que también preside el PP provincial. Menor lo ordenó mediante una resolución de pago ejecutada el pasado 30 de noviembre con la firma delegada de la diputada responsable de Hacienda, Marta Nóvoa, alaldesa de San Cibrao das Viñas por el PP.
La infracción -circular a 173 km/h en un tramo limitado a 120 en la autovía A52- se cometió el domingo 23 de abril de 2023 a las 17.44 horas a la altura de la localidad ourensana de Allariz. Es decir el mismo día y en la misma vía en la que Baltar fue cazado a las 18.33, menos de una hora después, conduciendo a 215 km/h y, en este caso sí, identificado in situ por los agentes de la Dirección General de Tráfico.
Por esta última sanción, Baltar ha sido procesado por un delito contra la seguridad vial por el Tribunal Supremo, que ha reclamado al Senado que le levante la inmunidad para poder juzgarlo. La Cámara Alta tramita en la actualidad el suplicatorio para desaforar al encausado.
"Vergonzoso"
El senador socialista por la provincia Rafael Rodríguez Villarino calificó el pago de la multa de "vergonzoso" y acusó a Luis Menor de actuar con las mismas formas de su predecesor, de amparar y encubrir sus irregularidades y de permitir que el parque móvil de la Deputación siga en un estado "de desorganización y caos absoluto".
El PSOE pidió a la Deputación información sobre las sanciones de Baltar el pasado 27 de abril, sólo 4 días después de que se hubieran cometido ambas infracciones. Los socialistas reclamaron los registros de salida de los coches oficiales correspondientes al 23 de ese mes, pero no recibieron respuesta. El 8 de de mayo solicitaron también las grabaciones de las cámaras del recinto del parque móvil, pero la Deputación mantuvo el silencio.
En septiembre del año pasado, cuando Baltar ya había renunciado a su cargo y había sido nombrado senador por designación autonómica por decisión de Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda, el PSOE reiteró sus peticiones, que tampoco fueron contestadas por la Deputación con Luis Menor ya en la presidencia. Insistieron el pasado 13 de marzo, y esta vez el organismo provincial les dio acceso al expediente, aunque ocultando, según Villarino, buena parte del mismo.
Según los socialistas, la Deputación basa la decisión de pagar con sus recursos la multa de Baltar en un informe del jefe del parque de maquinaria firmado el 18 de noviembre, en el que el funcionario advierte que aunque él no es la persona a la que correspondería hacerlo, recomienda que se abone la sanción porque no ha podido identificar al conductor del vehículo.
"Una burla a la ciudadanía"
"Es una burla a la ciudadanía", asegura Rodríguez Villarino, quien acusa a Luis Menor de encubrir a Baltar con dinero público al no hacer la más mínima investigación para constatar que él era el conductor del coche el mismo día y en la misma carretera. De hecho, el expresidente y senador ha asegurado que en el viaje del 23 abril de 2023, en domingo y sin que esa jornada constara acto alguno en su agenda oficial ni registro de salida de su vehículo, viajaba sólo y sin chófer.
Luis Menor accedió a la Deputación tras los escándalos vinculados al parque móvil de la institución y a las grabaciones publicadas por Público en las que el hermano de Baltar reconocía que ambos recibían mordidas por adjudicaciones de obras del organismo, que también podrían haber financiado ilegalmente al PP.
El pasado 23 de febrero, el pleno de la Deputación vetó el intento de Luis Menor de modificar la relación de puestos de trabajo de la institución para convertir en jefe del parque móvil al exchófer de Baltar y que él ha mantenido como su conductor oficial.
Según ha podido saber este diario, se trata de un funcionario adscrito a la plantilla de personal laboral que estaría ejerciendo irregularmente desde hace años funciones que no le corresponden.
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