YPF: fondo pidió que pasen a su nombre el 51% de las acciones que tiene el Estado
Se trata de Burford Capital. Es por el incumplimiento de un fallo que obliga al país a pagar US$ 16.100 millones. El pedido se lo hizo a la jueza de Nueva York Loreta Preska.
El fondo Burford Capital le pidió a la jueza de Nueva York Loreta Preska la autorización para la transferencia a su favor del 51% de las acciones de YPF que el Estado argentino posee desde 2012. Es por el incumplimiento de un fallo que obliga al país a pagar US$ 16.100 millones. Burford es adquiriente de los derechos de Petersen Energía, empresa de la familia Eskenazi que estaría asociada en el cobro de un porcentaje si es que la Justicia falla a favor del fondo.
Esta demanda lleva casi diez años de trámite y se encuentra en instancia de apelación. Esto es después de que Preska fallara en contra del Estado, culpándolo de la mala expropiación de la compañía en el año 2012, durante la segunda presidencia de Cristina Fernández. Burford había solicitado días atrás en un pedido secreto quedarse con el paquete accionario. Argentina pidió que se hiciera público, Preska aceptó y la noticia trascendió hoy. Además, el pedido incluye las acciones de YPF que están en manos de las provincias.
"En noviembre del año pasado, Preska indicó que las acciones de YPF pertenecientes al Estado, pero no las asignadas a las provincias, podrían ser utilizadas como garantía para evitar embargos futuros. Preska no tomará una decisión hasta la primera semana de junio", dijo Sebastián Maril, de Latin Advisors, citado por la agencia Noticias Argentinas. La ley de Expropiación dice que "se encuentra prohibida la transferencia futura de las acciones sin autorización del Congreso de la Nación votada por las dos terceras partes de sus miembros'", indicó el experto. Esto ocurre porque Argentina "no puso una garantía en enero como estaba previsto y porque no hay negociaciones con los beneficiarios del fallo".
"Sí que es factible que la jueza autorice el traspaso de las acciones. Ya dijo que podían ser utilizadas como garantía. Si eso pasa y el Estado no cumple entraría en desacato con la corte norteamericana, algo que ya pasó con el juez Thomas Griesa, hace casi diez años. Entrar en desacato una vez más con una corte americana sería complicado. Creo que lo que quiere Burford es negociar, hacer ruido", indicó Maril, siempre de acuerdo con NA.
Fuente: DIB.