Una vez despejada la incógnita sobre su permanencia en el cargo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido "trabajar sin descanso" por la "regeneración pendiente de nuestra democracia". Y si hay algo que pone de manifiesto la descomposición democrática de los últimos tiempos en España es la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tal y como coinciden diferentes fuentes jurídicas.
Cuando se cumplen cinco años y cuatro meses desde que caducó el mandato del CGPJ, el PP sigue mostrando impunemente su negativa a renovarlo, haciendo caso omiso a la Constitución; algo que no le pasa factura en las urnas; y no solo eso: desde el propio órgano de gobierno de los jueces nadie, ni los seis vocales progresistas ni los diez conservadores, presenta su dimisión en señal de protesta, naturalizando así la degradación que supone una prórroga que ya dura más que el propio mandato constitucional del CGPJ, que son cinco años.
Este escenario de degradación del gobierno de los jueces podría explicar la defensa que ha recibido del propio presidente suplente del CGPJ el juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa contra Begoña Gómez, esposa de Sánchez, por un presunto delito de tráfico de influencias. Este juez admitió a trámite la denuncia de Manos Limpias basada en noticias, algunas falsas, contraviniendo la doctrina del Supremo de no aceptar este tipo de denuncias.
Este mismo lunes Vicente Guilarte ha afirmado que forma parte de la "normalidad" que el juez Peinado abriera diligencias por la denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez, a la vez que ha tildado de "un poco desproporcionada la relación de causa y efecto que se ha producido", en relación a los cinco días que paró el presidente del Gobierno para reflexionar sobre su permanencia en el cargo.
Así, Guilarte echa más leña al fuego, pese a que reconoce la anormalidad que supone mantener una prórroga de más de cinco años sobre el CGPJ. Él mismo propone una fórmula para propiciar dicha renovación: que el Consejo no nombre a los jueces de la cúpula judicial, una medida que provocaría la pérdida de interés de los partidos en el órgano de gobierno de los jueces si este no puede realizar dichos nombramientos, según Vicente Guilarte.
Quitarle competencias al CGPJ
Restar competencias al CGPJ ya lo había propuesto antes Sumar, socio en el Gobierno actual. El grupo plurinacional apuesta por "reducir al mínimo las competencias del CGPJ"; y así se lo ha propuesto al PSOE, sin que haya obtenido aún respuesta, indican fuentes de Sumar.
"Garantizaremos el cumplimiento de la Constitución en lo referente a la renovación de órganos constitucionales, especialmente el Consejo General del Poder Judicial, impidiendo que la deslealtad constitucional de algunos actores políticos afecte al prestigio y a la salud de las instituciones públicas", señalaba el texto del acuerdo de gobierno firmado por Yolanda Díaz y Pedro Sánchez el 24 de octubre de 2023.
Desde que arrancó la legislatura, el Gobierno de coalición ha tenido opciones de plantear reformas legislativas para propiciar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero Sumar no ha encontrado en los socialistas "entusiasmo" para avanzar en alguna de las propuestas que le ha trasladado. El PSOE ha apostado todo a la negociación con el PP con la intermediación de la Comisión Europea y el excomisario de Justicia Didier Reynders.
Rebajar las mayorías
Fue en la anterior legislatura cuando se presentó una proposición de ley, por parte del PSOE y de Unidas Podemos, para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para imponer solo la mayoría absoluta en vez de los tres quintos de las Cámaras en una segunda vuelta, de cara a la elección de los doce vocales judiciales del CGPJ. Con esta medida se pretendía rebajar el peso del PP en la renovación.
Hay que recordar que la mayoría de tres quintos del Congreso y del Senado implica que solo se pueda renovar el CGPJ con el consenso del PSOE y del PP, los partidos mayoritarios. Los 20 vocales del Consejo –12 son de origen judicial y ocho son juristas de reconocida competencia—son designados a partes iguales por ambas Cámaras.
Finalmente la propuesta para rebajar la mayoría de los tres quintos (210 votos) a la absoluta (176) se retiró ante la campaña que inició el PP en Europa por considerar que la reforma suponía un retroceso en los estándares democráticos.
El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y portavoz de Justicia del Grupo Plurinacional Sumar, Enrique Santiago, pidió al PSOE hace cuatro días, a raíz de la carta a la ciudadanía de Pedro Sánchez, que "despierte" y que "deje de esperar lo que no va a ocurrir, ya hemos dado tiempo suficiente". Así, detalló que "llevamos tres años de interlocución con el Partido Socialista para poner fin a este secuestro del Poder Judicial por parte de la derecha. Las propuestas están hechas, están redactadas, se pueden presentar mañana mismo".
Una de ellas pasa por permitir "votos ilimitados" por cada diputado o diputada en rondas sucesivas para impedir el bloqueo de la elección de los vocales judiciales, una vez que ha fracasado la primera vuelta de tres quintos.
El cese de los vocales
Para el grupo plurinacional, la vía más factible para poder renovar el CGPJ sorteando el bloqueo del PP sería reformar la LOPJ en materia de caducidad del órgano. De esta manera, pasado el mandato de cinco años, se daría unos meses de margen al Parlamento para proceder a la renovación. Tras lo cual, si no se alcanzara en las Cámaras el consenso, los vocales salientes quedarían automáticamente destituidos. La propuesta se aplicaría con carácter retroactivo, con lo que una vez aprobada y en vigor los actuales consejeros tendrían que cesar en sus cargos.
En la actualidad, la ley permite que el CGPJ saliente continúe en el ejercicio de sus funciones, con el mandato caducado, hasta la renovación, según indica el artículo 570.2 de la LOPJ. De esta forma lleva el actual Consejo desde diciembre de 2018.
Sumar sugiere que sus propuestas para facilitar la renovación del CGPJ se introduzcan como enmiendas en el Proyecto de Ley Orgánica para la Eficiencia del Servicio Público de la Justicia, que se tramita en el Congreso.
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