La problemática de los cables en las fachadas del casco histórico de Lorca seguirá enquistada a no ser que las operadoras de telecomunicaciones se comprometan a ponerle solución. Así lo relata a esta Redacción Antonio David Sánchez, edil de Servicios Industriales del municipio, cuando era preguntado al respecto. "Nos encontramos en una lucha constante con las empresas", señala el concejal, que explica que, a pesar de lo establecido en el PEPRI –Plan Especial de Protección y Rehabilitación Integral del conjunto histórico artístico de Lorca– la legalidad vigente permite realizar instalaciones si ya hay un cable en el lugar, ya que de esta forma se genera un 'derecho de paso'.
En este sentido, Sánchez diferencia entre las instalaciones de tendido eléctrico y de telecomunicaciones: "la predisposición de Iberdrola es muy buena, puesto que ellos mismos prefieren que las líneas vayan soterradas, pero en el caso de la fibra óptica ya es otra historia". En este punto, es necesario señalar que no todas las calles del casco urbano cuentan con canalizaciones subterráneas que permitan ocultar los tendidos, situándose la gran mayoría en la 'ciudad vieja': "en cerca del 85% de las calles de nuestra ciudad se pueden soterrar los cables, y estamos trabajando para que el porcentaje aumente".
Aquí tendrá un papel fundamental la futura Zona de Bajas Emisiones, pues para su establecimiento se arreglarán numerosas calles del casco histórico, y en los proyectos se contemplará la adición de las canalizaciones pertinentes. De hecho, una de las primeras en ser sometida a reformas será la calle Santiago, donde la presencia de cables es abundante. "Es un problema generalizado en muchos municipios, los Ayuntamientos no podemos hacer nada ante la Ley", lamenta el edil.
Del mismo modo, con el objetivo de buscar soluciones a este asunto, el Consistorio ha convocado varias mesas de trabajo con las operadoras, sin conseguir resultados concretos: "se amparan en que no están obligados y en que no existen subvenciones para llevar a cabo estos trabajos, por lo que al final nos dicen que deben ser los propios vecinos los que asuman el coste de ocultar el cable".
Así las cosas, en la actualidad el Ayuntamiento hace uso de la Policía Local para vigilar que no se lleven a cabo más instalaciones en el lugar. "Hace un par de semanas paramos una instalación aérea hasta que no se presentara la documentación pertinente, pero esta no es una solución práctica ni sostenible", termina el concejal delegado de Servicios Industriales.
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