Un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, cuyo contenido se conoció el lunes 22 de abril de 2024, mencionó a Nicolás Petro, hijo del presidente de la República, Gustavo Petro, como protagonista de uno de los hechos de corrupción que salpica al Ejecutivo.
En el documento, en el que se aborda el tema de derechos humanos en Colombia, hay un aparte denominado Corrupción en el Gobierno, en el que se relaciona el nombre del exasambleísta del Atlántico: que afronta un juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, luego de que, de su propia boca, se conociera que recibió dinero de personajes como Santander Lopesierra y Gabriel Hilsaca, además de Óscar Camacho.
"La Fiscalía General abrió investigaciones contra el hijo y el hermano del presidente Petro por presuntamente aceptar pagos irregulares, algunos de los cuales supuestamente financiaron la campaña 2022 de Petro", fue el aparte en el que hacen referencia al primogénito del jefe de Estado, que el 25 de septiembre de 2023 rechazó la posibilidad de firmar un principio de oportunidad con el ente acusador.
El documento es de suma relevancia, toda vez que fue presentado por el titular de la cartera norteamericana, Antony Blinken, que dio a conocer el resumen acerca de cómo se lleva a cabo la defensa de los derechos humanos en diferentes países; uno de ellos Colombia, que es uno de los que más inquieta al gobierno de Joe Biden. "No hubo cambios significativos en la situación durante el año", señaló el balance.
Y es que, de acuerdo con el reporte, fiscales que investigan a congresistas y altos funcionarios de Gobierno indicaron que se iniciaron 12 nuevas investigaciones a nueve exsenadores y tres exrepresentantes de la Cámara. Además de "36 investigaciones a 39 exgobernadores, 94 investigaciones a 25 gobernadores y cuatro investigaciones a exalcaldes".
Hermano del presidente Gustavo Petro también fue mencionado
En el informe también se menciona a Juan Fernando Petro, hermano del primer mandatario, y que ha estado en el ojo del huracán por las denuncias sobre presuntos sobornos a cambio de supuestas gestiones para evitar extradiciones a los EE. UU.
En otro de los apartes, si bien se destacó que de parte de la administración se implementaron "de manera efectiva" las sanciones penales por corrupción de funcionarios, hubo casos en los que incurrieron en prácticas sin recibir castigo alguno. Fue entonces cuando se habló de casos de desviación de recursos del fondo del acuerdo de paz entre el Estado y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
"Hubo numerosos informes de corrupción gubernamental durante el año, particularmente a nivel local y en relación con la implementación de los fondos del acuerdo de paz. Había corrupción dentro del sistema de justicia. Los ingresos procedentes de la delincuencia organizada transnacional, incluidos el tráfico de drogas y la minería ilegal de oro, exacerbaron la corrupción", se añadió.
Del mismo modo, hizo énfasis en las amenazas que tuvieron que afrontar los periodistas que informaban sobre casos de corrupción. Al punto que se menciona secuestros de organizaciones al margen de la ley como las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco, el Ejército de Liberación Nacional y la delincuencia común. Al menos se reportaron 3.875 secuestros, entre el 1 de enero y 30 de junio de 2023.
De ellos, 15 corresponderían a las disidencias y el ELN fue señalado como responsable de 13 más, aunque preocupa el alto número que fue adjudicado a otras organizaciones subversivas. La importancia de este informe, que se elabora desde hace 57 años, radica que, con base en este documento, el Congreso de Estados Unidos aprueba recursos para proyectos de tipo asistencialista en cada país; como sucede en Colombia.