La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha pedido al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que extienda el plazo legal, que concluye el 3 de septiembre, para revisar todas las medidas tomadas por los tribunales en relación con la capacidad jurídica de las personas con discapacidad antes de que entrara en vigor la Ley 8/2021, de 2 de junio.
La revisión de estas medidas es requerida por la Ley 8/2021, que modificó la legislación civil y procesal para alinearla con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en Nueva York en 2006.
A raíz de la reforma se eliminó la declaración judicial de incapacidad y la modificación judicial de la capacidad, ya que eran mecanismos incompatibles con el pleno reconocimiento de la personalidad y capacidad jurídicas de las personas con discapacidad, según lo establecido en la Convención de Nueva York.
Un plazo «insuficiente»
Para argumentar su petición, el órgano judicial ha hecho alusión a un informe del Servicio de Inspección que considera que el plazo de tres años es insuficiente para revisar todas las medidas tomadas antes de la entrada en vigor de la reforma, ya sea a petición de las personas afectadas, el Ministerio Fiscal o de oficio.
Según este informe, a fecha del 31 de diciembre de 2023, había un total de 108.625 casos pendientes de revisión por parte de los tribunales. También indica que, sin medidas adicionales, se necesitarían 4,9 años adicionales para completar las revisiones pendientes, pero si se toman medidas de refuerzo, el plazo se reduciría a 3,7 años.
Por lo tanto, siguiendo la propuesta del Foro Justicia y Discapacidad del CGPJ, presidido por el vocal Juan Manuel Fernández, la comisión permanente ha decidido instar al Gobierno a que promueva una reforma legislativa y amplíe el plazo inicial de tres años a cinco años adicionales, con fecha límite el 3 de septiembre de 2029.
Este acuerdo será enviado al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a las instituciones que forman parte del Foro Justicia y Discapacidad, y a los delegados de discapacidad del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de Justicia.