El Tribunal Supremo desestima la denuncia presentada por el Sindicato Colectivo de Funcionarios Manos Limpias contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en relación con el acuerdo entre el PSOE y Junts Per Catalunya y la subsiguiente tramitación de la Ley de Amnistía.
La Sala de lo Penal decide no admitir a trámite la denuncia, que acusaba a Sánchez y a otros políticos de presuntos delitos como usurpación de funciones, prevaricación administrativa y cohecho. La denuncia también mencionaba el acuerdo entre el PSOE y ERC, así como la tramitación de la proposición de ley de amnistía.
Esta denuncia, a la que se habían sumado dos asociaciones más, también señalaba a otros altos cargos del Gobierno y del PSOE por cooperar en el proceso. Se incluyen a la vicepresidenta Segunda, Yolanda Díaz, al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, así como otros miembros destacados del partido como Óscar Puente, diputado y ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España, Óscar Cerdán e Irache García.
En su auto, la Sala reitera que se trata de un acuerdo político y ha concluido que «los hechos denunciados no son constitutivos de delito», agregando que «tampoco pueden merecer esa calificación las enmiendas que los diputados, en el ejercicio de su función legislativa, pueden proponer durante la tramitación de una proposición o proyecto de ley».