Julio Miguel De Vido, porteño, arquitecto, ex empleado de Entel, criado políticamente en Santa Cruz, fue el encargado de manejar la billonaria caja por 12 años. Fue uno de los dos ministros -el otro fue Carlos Tomada, en la cartera laboral- que más tiempo se mantuvo en un gabinete nacional.
Según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) compilados sobre la base de los que consolidó el Ministerio de Economía, De Vido manejó en su gestión $ 740.560 millones. La cifra tuvo un crecimiento año tras año que sólo se interrumpió cuando, en 2012 y tras la tragedia ferroviaria en Once, perdió la Secretaría de Transporte, que pasó a la órbita del Ministerio del Interior.
Al ahora diputado ya casi ni se lo ve por el Congreso. "Venía mucho al inicio, pero se lo ve poco por acá ahora", cuenta un compañero de recinto.
Ya acarrea tres procesamientos y más de $ 1000 millones de embargos, que incluyen hasta una parte de su dieta como legislador. Fue allanado gracias a la dispensa que le dieron sus compañeros de trabajo a la Justicia. Será un peregrino judicial, más aún cuando, de a poco, empiece a echarse luz sobre uno de los huecos más oscuros de la administración kirchnerista: el residual del Ministerio de Planificación.
Es cierto que otra cartera, la de Trabajo, manejó más fondos aún, pero en ese caso se cuenta el presupuesto de la Anses: cuando se descuenta el dinero para sueldos, jubilaciones y servicios sociales, la cifra cae con fuerza. Y hay que tener en cuenta que esos $ 740.560 millones que manejó De Vido, no están actualizados, algo que llevaría el número final a una fantástica cifra billonaria.
En los primeros cuatro años de gestión kirchnerista, de 2003 a 2007, por la chequera del arquitecto pasaron US$ 17.839 millones, algo así como unas 2072 veces la cantidad de dinero que uno de sus colaboradores, José López, trasladó al convento de General Rodríguez. En un hecho administrativo llamativo y sin precedentes, en esos años a De Vido lo controlaba su esposa, Alejandra Minnicelli, que era síndica general adjunta en la Sindicatura General de la Nación. Hoy sería imposible pensar que la esposa de Guillermo Dietrich, la de Juan José Aranguren o la de Rogelio Frigerio -por nombrar a tres funcionarios que tomaron funciones del ex Minplan- fueran integrantes de la Sigen. Pero antes sucedió: todo quedaba en casa.
Adentrarse en el residual de lo que fue el ministerio más poderoso de la historia democrática moderna es un ejercicio que requiere dejar de lado la capacidad de asombro para no ir de exclamación en exclamación.
Un caso: a De Vido y a sus colaboradores más cercanos los servía una flota de 120 autos, de los cuales 50 estaban directamente afectados a la movilidad del ministro y de su núcleo cercano, incluidas las aves que cría. Los autos iban y venían desde la localidad bonaerense de Lima, donde residía la familia los fines de semana, y la ciudad de Buenos Aires. Ya son recuerdos los viajes a comprar asado en El Pobre Luis, una parrilla del Bajo Belgrano que deleitaba a los De Vido. Los choferes traían y llevaban durante años a todos los comensales de las mesas de fin de semana. Uno de los autos estaba dedicado exclusivamente a la gestión ornitológica. Es comprensible, porque los pájaros en la vida del arquitecto ocupan un lugar central. Un chofer daba vueltas por Buenos Aires en busca de cada una de las cosas que necesitaban los animales.
Los choferes, conocedores de la sobredimensión de la flota y de las rutinas de los funcionarios, no se quedaban a la espera de las llamadas. En las horas libres "remiseaban" con los autos oficiales. Trabajo para todos.
Cuando De Vido entregó las llaves del ministerio funcionaban bajo su órbita tres call centers, todos equipados con la mejor tecnología y ninguno utilizado al 100% de su capacidad. Dos estaban en el edificio de Planificación, frente a Plaza de Mayo; el otro, en la Universidad de La Matanza. Dos ya cerraron y el tercero, el de la casa de estudios, concentró a los 350 empleados que atienden el teléfono; hoy canalizan las comunicaciones para gestionar las tarifas sociales.
Cosas insospechadas pasaban y se pagaban desde el Minplan. Desde el alquiler de una casa en un country a una conocida actriz, frecuente animadora de actos oficiales, hasta el alojamiento de su página de Internet.
En el piso 12 funcionaba el llamado Grupo Montero, comandado por el radical kirchnerista Marcelo Montero, líder de la facción hiperoficialista llamada Radicales para La Victoria. Estaba a cargo de un grupo de tareas de calle destinado a la contención. En ese piso había una oficina en la que se habían duplicado los sistemas de las distribuidoras de electricidad; con precisión quirúrgica, De Vido y los suyos sabían perfectamente cuándo, cuánto tiempo y a quiénes se iba a cortar el suministro. Con esa información, el Grupo Montero salía eyectado hasta el territorio a manejar la situación con los vecinos inmiscuidos ellos, en impostada sorpresa y con un discurso antidistribuidoras.
Aquel sistema de inteligencia eléctrica ya no está más en el piso 12; esas tareas las cumple el Enargas, organismo creado para ese fin.
A pocos metros de ese lugar había otro equipo para funciones múltiples, comandado por Wenceslao Vasina. Sus tareas iban desde actuaciones aerocomerciales hasta la presencia en algún que otro acto político.
El planeta De Vido empezó a perder poder por dos causas. La primera tuvo que ver con la muerte de Néstor Kirchner y la aparición de la juventud kirchnerista. El ex funcionario sufrió como ninguno el ascenso de La Cámpora tras la elección presidencial de 2011. De a poco, los jóvenes camporistas le esquilmaron cajas sensibles. La segunda razón fue la imposibilidad de ocultar la deficiente gestión que venía desde 2003 en áreas sensibles como el transporte. Después de la tragedia de Once, su jefa, la presidenta Cristina Kirchner, lo culpó en silencio por lo sucedido y le quitó el área. Hoy también lo culpa la Justicia por aquellas muertes producto de la corrupción y la desidia. Fue la única vez que el ministerio se achicó de un año a otro: en 2011 el presupuesto había sido de $ 76.424 millones y en 2012 quedó en $ 71.333 millones.
Aunque intervenido por La Cámpora, el hombre conservó energía. Gracias a los subsidios, dos años después de aquella pérdida, el presupuesto nuevamente se había duplicado: llegó a $ 141.263 millones.
Desde 2012, dicen las fuentes que por consejos de la esposa y asesora del entonces ministro, el poderoso Minplan inició una imparable carrera de contratos con universidades para pasantías técnicas. Fue una manera de saltear los vericuetos administrativos y lograr una mayor celeridad para efectuar pagos a diestra y siniestra. Cuando De Vido dejó la cartera, el 60% de la planta estaba bajo esta modalidad de trabajo, que aún se mantiene.
El ingenio planificador no tuvo límites. Además del programa Enamorar, una política pública destinada a fomentar los valores del amor, según se publicitaba, los más variados planes surgieron en los últimos años. Y la cartera se convirtió en la más fenomenal y discrecional caja de financiamiento múltiple.
Igualdad Cultural, la Televisión Digital Abierta o Recuperar Inclusión fueron alguno de los programas. Este último fue pensado para luchar contra las adicciones a las drogas. Se destinaron, según palabras presidenciales, $ 1993 millones entre 2014 y 2015 para levantar 60 casas educativas terapéuticas (CET) y 150 centros de prevención de adicciones (Ceplas). Poco se construyó en esos años.
También se usó esa caja para financiar el Plan Nacional de Medicina Nuclear, un programa para construir y equipar hospitales con aparatología nuclear. El primero se hizo en Entre Ríos, territorio aliado, entonces en manos del ex gobernador Sergio Uribarri; el segundo, en Río Gallegos. Hoy el plan está en plena revisión, no tanto por la necesidad o no de comprar este tipo de aparatos de alta tecnología, sino por los costos de contratación y por la discrecionalidad a la hora de decidir a quién se beneficiaba. En diciembre, el plan acumulaba una deuda de $ 900 millones.
En la lista de financiamiento multirrubro, uno de los pagos que más llamó la atención fue el autorizado el 9 diciembre pasado, pocas horas antes de que la ex presidenta y su equipo dejaran sus cargos.
Esa historia comenzó en los primeros meses de 2014, cuando la Nación firmó un acuerdo para construir un gasoducto que llevara el gas de red hasta Los Antiguos, una población de 3300 habitantes en la zona norte de Santa Cruz, cerca de la frontera con Chile. Más allá de la oportunidad o no de la obra -hay centenares de poblaciones sin gas natural en toda la Argentina-, el hecho es que el proyecto fue cotizado en $ 1000 millones y que se dispuso que se pagaría con el fideicomiso del gas, un fondo para hacer obras que se nutre con el pago de la factura que está a cargo de cada usuario. El sistema funcionó como una especie de bono contribución obligatorio que suscribieron los usuarios de gas para que De Vido y los planificadores decidieran dónde gastarlo. Y jamás hubo movimiento alguno para que el gasoducto avanzara.
Hasta que apenas un día antes de la partida del poder, el interventor del Enargas, Antonio Prontato -un funcionario que tenía el control remoto de su gestión en las oficinas de De Vido-, autorizó el pago para la construcción. La orden voló como centella a Nación Fideicomisos, donde fue recibida por el entonces presidente del Banco Enrique Arceo, padre de Nicolás, uno de los economistas que le hablaba al oído a Axel Kicillof.
Todo fue diligente en ese día de apuros administrativos. Pocas horas antes del cambio de gobierno, un pago de $ 984 millones viajó al Sur para la construcción del gasoducto. Otra lupa se posó sobre ese pago ante la sospecha de que los fondos se terminaran por usar en otro destino.
Mientras De Vido ya sumó tres procesamientos por la gestión en materia ferroviaria (uno por la tragedia de Once, otro por las compras de material rodante a España y Portugal, y el tercero por la falta de renegociación de contratos con las concesionarias), el residual de lo que fue su superministerio es una fila interminable de proveedores que vienen con sus facturas a tratar de cobrar lo prometido.
Aún no avanzaron las investigaciones sobre otros negocios millonarios que se cocinaban en la mesa chica del ex ministro, como la importación de energía. Sólo bastará que el juez Claudio Bonadio disponga que un par de sus empleados se sienten a ver los correos electrónicos de más de cuatro años de Roberto Baratta, virtual número dos de De Vido -correos que se secuestraron de sus computadoras-, para que empiecen a caminar por Tribunales otros funcionarios que, por ahora, son conocidos por pocos.
La Argentina se dio el lujo de tener el ministerio más relevante de la historia democrática casi sin control, no sólo de cuánto gastaba, sino de cómo lo hacía. Ahora todos los argentinos pagan los costos del déficit en transporte, energía, comunicaciones o rutas. Mientras tanto, el ahora diputado anda cada vez más por Tribunales y cada vez menos por el Congreso. Y se defiende. Dice, según los expedientes y al menos por ahora, que nada tiene que ver con lo que sucedió. Que casi ni conoce a tres presos que le son familiares: dos secretarios suyos -Ricardo Jaime y José López- y el principal proveedor vial, Lázaro Báez.