El Observatorio Universitario de Economía y el Observatorio de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam, advirtieron que el déficit provocado por el severo ajuste del gobierno de Milei impacta en salarios y en la reducción del presupuesto para funcionamiento. Este martes se hacen marchas en defensa de la universidad pública en todo el país En Santa Rosa, las actividades comienzan a las 15:30, la movilización a las 18:30. En General Pico, la marcha es a las 17:30.
En un informe que lleva por título "LA UNIVERSIDAD PÚBLICA ES PARTE DE LA SOLUCIÓN, NO EL PROBLEMA" de los dos observatorios de Económicas y Jurídicas, señalan:
Las políticas del programa económico nacional llevaron al límite de la subsistencia a una de las pocas Políticas de Estado exitosas que perduraron por más de 70 años como es la Universidad Pública, Gratuita, Laica y de Calidad.
El ajuste está impactando por dos vías: 1) la reducción del 30% del salario real docente en apenas 3 meses y 2) La reducción del presupuesto para funcionamiento con recursos congelados hasta marzo e inflación de 287%(inter anual).
El déficit de la UNLPam para el pasado mes de marzo fue de $146 millones. Para junio, de cumplirse el aumento de 140% anunciado por el gobierno, el déficit proyectado mensual con aumentos de tarifas de luz, gas e inflación ascendería a $136 millones que pondrían en serias dificultades la sostenibilidad de la actividad en condiciones mínimas de seguridad e higiene.
Lamentablemente hoy tenemos que defender cómo sociedad a una institución trascendental en la vida democrática y de desarrollo económico de nuestro país, como son las universidades públicas nacionales.
La economía argentina se encuentra bajo políticas de ajuste por parte del ejecutivo nacional normatizadas por la publicación del DNU 70/2023 en lo que respecta a cuentas fiscales y cambio de precios relativos.
En lo que respecta al ajuste de cuentas fiscales, la prórroga del presupuesto nacional 2023 tuvo serios impactos en el financiamiento del funcionamiento de las universidades nacionales, en lo que respecta a los salarios docentes y más grave aún, en la partida de gastos de funcionamiento; lo que pone en riesgo su supervivencia y funcionamiento en la actualidad.
El salario real básico de un docente titular simple ha sufrido un 30% de pérdida de poder adquisitivo ante la evolución de la inflación durante el periodo noviembre 2023 y febrero 2024, en virtud de una inflación acumulada del 71,37% para el periodo y un aumento salarial equivalente al 22,39%. El maltrato sobre los docentes universitarios se registra cómo un hecho histórico, ya que 4 de las 5 categorías docentes universitarios se encuentran por debajo de la línea de pobreza; situación que no registra antecedente.
Gráfico N°1: Evolución de un salario real básico docente durante el periodo enero 2023 – marzo 2024.
Fuente: Gráfico de elaboración propia en base a datos proporcionados por UNLPam e INDEC.
En lo que hace a gastos de funcionamiento (luz, gas, mantenimiento de equipos y edificios, becas, etc) la partida presupuestaria girada por el gobierno nacional se congeló en sus valores de 2023 para los tres primeros meses de 2024. Específicamente para la UNLPam, esa partida representó ingresos por $71 millones, con gastos que para este mes de marzo pasado ascendieron a $217,4 millones para las 10 unidades académicas de la institución.
Hoy el gobierno dice haber saldado la discusión presupuestaria con un aumento del 70% del valor de enero 2023 para el mes de marzo 2024 (que recién fue depositado ayer por la noche) y agregó, en vísperas de la marcha en defensa de la educación pública, un anuncio de otro 70% para el mes de mayo, también con base en enero 2023 que harían un incremento total del 140% en un contexto de inflación que se prevé que supere ampliamente el 200%.
¿El problema? Analizando específicamente la situación de la UNLPam, para el mes de marzo, se registró un déficit de 146,20 millones de pesos; al contabilizar gastos por 217 millones e ingresos por 71 millones de pesos.
Suponiendo un escenario idéntico de gastos para el mes de abril, y sin efectuar gastos extraordinarios de mantenimiento como podría ser la reparación de una caldera (o cualquier otra reparación extraordinaria), se espera que la UNLPam registre un déficit de entre 80 a 90 millones de pesos.
La situación empeora el resto del año por efecto de las tarifas y la inflación. Simulando un escenario de extrema austeridad en gasto para el mes de junio, proyectamos los gastos de funcionamiento de la UNLPam en virtud de las expectativas de inflación del REM TOP 10 para el periodo de meses entre marzo – junio y los próximos aumentos pautados para los servicios regulados como energía eléctrica y gas natural.
Ante esto, se prevén gastos por 307 millones de pesos, mientras que los ingresos representan, en caso de que efectivamente se deposite el 140% de aumento, un nuevo déficit de 136 millones de pesos.
La gravedad de la situación ya provocó la casi suspensión de las funciones de investigación y extensión, sumando un ítem más en el ataque a la ciencia y tecnología nacional. Pero esto no es suficiente, y el tamaño del recorte producto de la inflación y el desproporcionado aumento de tarifas, puso a las universidades nacionales en la disyuntiva de qué servicio resignar para no dejar funcionar: ¿comenzarán a funcionar las universidades nacionales a oscuras? ¿o sin calefacción en pleno mes de junio? ¿o simplemente deberán cerrar sus puertas? ¿cómo se solventarán los gastos de mantenimiento edilicio de las 10 unidades académicas para mantener condiciones mínimas de seguridad e higiene?
El desfinanciamiento a la educación superior como derecho no sólo encuentra sus aristas en el ámbito fiscal, sino también ante la propuesta de privatización por la implementación de vouchers educativos. Esto es, en vez de financiar cada una de las instituciones, el gobierno nacional le asigna una partida para financiar sus estudios a cada estudiante de una universidad privada.
¿El problema? El sistema de vouchers implementado recientemente para colegios secundarios de gestión privada asignaba 27 mil pesos por estudiante al mes cuando el costo de un colegio privado promedia los $200 mil. El resultado será un arancelamiento encubierto.
Para dimensionar el impacto de la medida, se relevaron los valores de la cuota mensual de distintas universidades cien por ciento privadas de Argentina. El valor oscila entre un mínimo de $340 mil por mes de cuota para carreras como abogacía y/o contador público y $800 mil para carreras de mayor especialización o dictadas por instituciones más costosas.
¿Cuántos alumnos de la UNLPam pueden solventar una cuota mensual de estas características para continuar sus estudios universitarios? ¿Cuál sería el costo en términos de capacidad para nuestros recursos humanos en el largo plazo esta pérdida de alumnos? ¿Cuáles serían las consecuencias a largo plazo en el desarrollo económico de nuestro país? ¿En dónde se insertarían esos alumnos en un contexto de recesión, pérdida de puestos de trabajo y cambio de precios relativos si no pueden continuar con sus estudios ni solventar dignamente su nivel de vida?
Es verdad que la gratuidad de la educación para el alumno tiene un costo presupuestario pero más costosa es la falta de acceso a este verdadero bien público que es la educación.
Creemos firmemente que este no es el único camino para salir de la crisis. Estamos matando instituciones fundamentales, como la universidad pública, en la vida democrática y en el camino del desarrollo económico de nuestro país. No existen en el mundo casos de países exitosos con un estado débil e ineficiente. Existe otro camino para salir de la crisis: el del trabajo, el conocimiento, la educación y el desarrollo con igualdad de oportunidades, y una de las herramientas más eficientes para lograrlo, es la educación pública, gratuita y de calidad.