La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) ha interpuesto una demanda en el Tribunal Supremo contra el nombramiento de Álvaro García Ortiz por un segundo periodo al frente de la Fiscalía General del Estado. Según el escrito, el actual fiscal general carece de la idoneidad requerida para el desempeño del cargo, un hecho que ha quedado acreditado "por la reiterada sucesión de errores jurídicos, despropósitos, omisiones graves en el desempeño de las obligaciones derivadas del cargo", señala la organización.
Todos estos errores han culminado con la sentencia dictada por el alto tribunal relativa a varios nombramientos polémicos. La APIF alude directamente a la resolución en la que se le atribuía "desviación de poder" al nombrar a la exministra de Justicia y ex fiscal general Dolores Delgado como como fiscal de la Sala de lo Militar del Supremo, que supuso su ascenso a la máxima categoría del Ministerio Fiscal.El TS anuló este nombramiento y ayer el Gobierno ejecutó esta sentencia, al publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una disposición del Ministerio de Justicia en la que anulaba el real decreto en el que se confirmaba el ascenso de Delgado y en la que se acordaba devolver las actuaciones al momento inmediatamente anterior a la propuesta del fiscal general para cubrir esa vacante.
La demanda contra el nombramiento de García Ortiz como fiscal general se ha presentado ante la Sala Tercera del alto tribunal contra el Real Decreto 1182/2023 de 27 de diciembre, en el que se renovaba a García Ortiz por un segundo periodo al frente de esta institución.
Según explica la APIF, solo este hecho basta para justificar la no renovación en un cargo que califican como "cumbre y fundamental" en el Estado de derecho, un hecho que no es "aislado" y hace referencia al informe contrario a su idoneidad que emitió el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un pronunciamiento negativo inédito y que se produjo por primera vez en democracia, señalan.
También se alude al nombramiento de Delgado como fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos, que también está recurrido ante el Tribunal Supremo y pendiente de sentencia.
La APIF recuerda que hay una querella pendiente contra el fiscal general en la Sala Penal del alto tribunal y otra en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra dos fiscales por su presunta responsabilidad en la filtración de las negociaciones entre el abogado de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el fiscal que investiga dos presuntos delitos tributarios que se le atribuyen a Alberto González.
Asimismo, criticaron la afinidad gubernamental en el ejercicio de sus funciones. Según explica la APIF, en su recurso se recogen incidentes como expedientes disciplinarios a fiscales por hechos neutros jurídicamente, quejas de fiscales por sus silencios ante ataques abiertos a jueces y fiscales, algunos de ellos en sede parlamentaria, las negativas a permitir que el Consejo Fiscal se pronuncie en cuestiones de índole profesional y absolutamente imprescindible para el desarrollo de la Fiscalía, como la necesidad de un presupuesto independiente del Ministerio de Justicia, o sobre las investigaciones pretendidas de jueces y fiscales en sede parlamentaria.
Además, mencionan su rechazo a emitir un informe sobre la proposición de ley de amnistía a requerimiento del Senado; o la comisión de errores manifiestos en la interpretación de la ley de "solo sí es sí" que han vinculado a todos los fiscales de España hasta que fueron corregidos por los tribunales. La APIF fundamenta su demanda en todos estos hechos.
✕