Quito/Prensa Latina
Ecuador está hoy a 24 horas de ir a las urnas a una consulta popular y referendo en medio de un nuevo estado de excepción por la crisis energética, la inseguridad y el conflicto diplomático con México.
Los apagones fueron los protagonistas de la semana que recién concluye y este sábado, en vísperas del proceso consultivo, el Gobierno anunció que los cortes disminuirán y que mañana, día de la votación, no habrá interrupciones eléctricas.
La situación energética conllevó al presidente Daniel Noboa a acusar de sabotaje a 22 funcionarios del sector, incluida la exministra Andrea Arrobo, por considerar que eso lo perjudicaría frente a la consulta, un procedimiento clave para el futuro político del mandatario.
El secretario de Comunicación de la Presidencia, Roberto Izurieta, aseveró en una entrevista que "se abrieron las compuertas" y "dejaron correr el agua" del embalse Mazar, uno de los más grandes e importantes del país, algo que según varios expertos es técnicamente imposible.
En ese contexto de falta de generación eléctrica, que provoca pérdidas de alrededor de 20 millones de dólares al sector productivo, Noboa decidió suspender la jornada laboral de jueves y viernes, aunque muchas empresas del sector privado no se acogieron a la medida.
Finalmente, este viernes, el mandatario decretó un nuevo estado de excepción que durará 60 días y de esa forma dispuso que los militares custodien las centrales hidroeléctricas, una medida que va en sintonía con su teoría de sabotaje.
A pesar de estar vigente la declaratoria de conflicto armado interno que permite la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles y en las prisiones, la inseguridad también marcó estos días en Ecuador.
El martes asesinaron a José Sánchez, del municipio Camilo Ponce provincia de Azuay, y el viernes a Jorge Maldonado, del cantón Portovelo provincia de El Oro, dos incidentes en tres días que evidencian la violencia política en el país.
A su vez, el Gobierno recibió esta semana la condena de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) por invadir la embajada mexicana en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas, quien estaba allí como asilado y ahora se encuentra en huelga de hambre en una cárcel de máxima seguridad.
En respuesta, Venezuela cerró sus consulados en Ecuador; y Honduras llamó a consultas a su encargada de negocios, mientras la Corte Internacional de Justicia fijó para el 30 de abril y 1 de mayo las audiencias para escuchar las partes tras la denuncia de México por el asalto a su sede diplomática.
Todo esto ocurre a las puertas de la consulta popular en la que el joven mandatario se juega su futuro político y con la que pretende hacer una medición de sus reales posibilidades para su eventual reelección en 2025.
La mayoría de las preguntas son sobre seguridad, pero Noboa también pretende impulsar cambios que amenazan la soberanía del país, con el arbitraje internacional, y la precarización laboral, con el trabajo por horas, afirman movimientos sociales y políticos opuestos a la consulta.