Solo faltará el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri (PRO), quien tras una reunión a solas la semana pasada con Francos, tiene prevista otra cumbre a la misma hora en el ministerio de Economía, con Luis Caputo. Debe intentar acordar entre otros temas el traspaso de puertos y aduana a la Ciudad pero también, el retorno de los casi 2 puntos de coparticipación que le había quitado el anterior.
La administración Milei intentará este jueves avanzar en un acuerdo con todos los gobernadores de Juntos para que apoyen la nueva redacción de la Ley Bases. El capítulo fiscal vinculado a la restitución del Impuesto a las Ganancias es uno de los puntos más difíciles de acordar, por diferencias entre los gobernadores del Norte que apoyan y los de la Patagonia, que se oponen.
Los gobernadores del Norte Grande y el de Mendoza, Alfredo Cornejo, respaldan la reintegración del impuesto a las ganancias en el capítulo fiscal. Los del sur argumentan que el actual piso del mínimo imponible, fijado en 1.200.000 pesos, afectaría a más del 90 % de los trabajadores patagónicos.
Una alternativa que ofrece el Gobierno es que se creen nuevas escalas progresivas, arrancando del 5% sobre los sueldos más bajos para ir subiendo progresivamente la tasa impositiva al 10%, 15%, hasta el 35% en los salarios más altos.
En el caso de los patagónicos, analizan incluir una excepción a trabajadores de servicios básicos, como policías, y profesionales de la salud y la educación.
En la Casa Rosada admitieron que ahora son los gobernadores quienes deben resolver sus diferencias. Sin embargo, cerca de Francos expresaron confianza en que eventualmente llegarán a un consenso. Se espera que el pacto fiscal y la ley ómnibus logren un apoyo mayoritario antes de fines de abril, cuando quieren tratarlos en la Cámara de Diputados. Se busca que el Senado los convierta en ley antes del 25 de mayo, para así alcanzar el consenso solicitado por Milei para la firma del pacto de mayo en Córdoba. Por el momento esta meta parece estar distante.
En el Gobierno, relativizaron, en cambio, las duras críticas lanzadas en los últimos días por gobernadores del radicalismo y del PRO, como otros patagónicos como el santacruceño, Claudio Vidal, por el DNU publicado el pasado jueves por el PEN en el que se puso en duda las transferencias de los fondos para las cajas jubilatorias de 13 provincias.
El gobernador de Santa Cruz, le advirtió al Gobierno Nacional que sus legisladores "no van a acompañar ningún tipo de ley de bases" y que "tampoco va a haber Pacto de Mayo" para ellos.
El motivo es "el ajuste que le aplica Nación" a la provincia "en materia de educación y de salud" con "la difícil situación" que atraviesa y "el grave problema económico que heredamos", sentenció Vidal.
Días atrás, el mandatario había declarado que desde su Santa Cruz quería "aportar al país" porque su deseo es "que le vaya bien al país". Sin embargo, dejó en claro que al Pacto de Mayo iría sólo a través del diálogo: "a las patadas, no".
Algunos en la Casa Rosada sostienen que "los fondos de las cajas jubilatorias serán girados, pero que antes el gobierno impulsará auditorías" para determinar la transparencia del uso de esos fondos, que cerca de Milei advierten como "otra caja negra de la política".
Otro que cuestionó y salió a diferenciarse del Gobierno, volvió a ser el gobernador radical de Desde Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien en diversas declaraciones públicas, advirtió que iniciarán demandas judiciales contra el Estado nacional si no cumple con el envío de fondos para las cajas jubilatorias de la provincia.
En la misma sintonía se mostraron otros mandatarios por dentro y por fuera de jxC, como el cordobés, que también estaba a favor de la nueva ley ómnibus y ahora amenaza con bajarse, el peronista no K, Martín Llaryora.