La calificación crediticia soberana a largo plazo en moneda extranjera de Perú fue rebajada este jueves a 'BBB-' desde 'BBB' por S&P Global Ratings en un contexto de fragmentación en el Legislativo y mientras la presidenta Dina Boluarte es investigada por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de declaración a raíz del llamado 'Rolexgate'.
En un comunicado de prensa, la calificadora indicó que prevé una recuperación económica moderada en 2024 a 2025, tras una contracción del Producto Bruto Interno (PBI) real el año pasado, entre desafíos políticos que suponen un coste de oportunidad para el crecimiento y limitan la capacidad "para reconstruir el espacio fiscal".
"Un Congreso fragmentado y el limitado capital político del gobierno pesan sobre la confianza de los inversionistas", se lee en la nota, pese a que agrega que la perspectiva de la calificación a largo plazo es estable. El legislador Carlos Anderson, miembro de la Comisión de Economía del Parlamento, cuestionó la gestión del Ejecutivo por esta rebaja.
"La debilidad estructural del gobierno, y ministros de economía renuentes o incapaces de asegurar la sostenibilidad fiscal, tiene finalmente sus primeras y tangibles consecuencias: la rebaja por S&P de nuestra calificación crediticia a 'BBB-', el último eslabón de grado de inversión", señaló en un mensaje difundido en X, antes Twitter.
S&P asignó la calificación 'BBB-' a Perú en julio de 2008, bajo el gobierno del entonces presidente Alan García, y nuevamente en agosto de 2011, poco después de la toma de posesión de Ollanta Humala. En la escala de S&P, esta calificación se ubica justo por encima de la categoría 'BB+', la cual ya se considera grado especulativo o 'bono basura'.
Las inversiones calificadas como 'BBB-' son vistas como de riesgo moderado bajo, siguen siendo consideradas como de grado de inversión, pero están en el escalón más bajo de dicha categoría. Los emisores con esta calificación se perciben como capaces de cumplir con sus obligaciones financieras, aunque poseen una mayor susceptibilidad a las condiciones económicas adversas en comparación con aquellos con calificaciones más altas.
En diciembre de 2022, la misma calificadora ajustó la perspectiva de la calificación de deuda de Perú en moneda extranjera a largo plazo de estable a negativa, mientras mantenía su calificación en 'BBB', apenas un escalón por encima del mínimo en grado de inversión. Paralelamente, confirmó la calificación de la deuda en moneda local a largo plazo en 'BBB+'.
La agencia destacó entonces que el cambio de poder reflejaba un incremento en el estancamiento político. "Este evento aumenta la incertidumbre sobre la estabilidad institucional de Perú y su habilidad para preservar políticas económicas esenciales, así como para fomentar el crecimiento económico", indicó en su anuncio.
La medida siguió la acción de Fitch Ratings en octubre de ese mismo año, cuando también modificó la perspectiva de Perú a negativa al citar un declive en la estabilidad política y la eficiencia gubernamental, lo cual, según Fitch, intensificó los riesgos para la calificación crediticia de la nación.
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