Continúa el conflicto por el incremento del Impuesto Inmobiliario Rural por parte del gobierno de Axel Kicillof. En las últimas horas, Juan Pedro Merbilhaa, expresidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), catalogó la reciente suba como "ilegal, ilegítima e inconstitucional".
Así lo sostuvo en una presentación, en donde argumentó que el artículo 10 de la ley impositiva bonaerense "dice expresamente" que el aumento del tributo, para el ejercicio 2024, no podrá ser superior al 200% interanual, en comparación con la cuota del 2023.
"Es obvio, de sencilla demostración aún con los propios ingresos del fisco por cada partida inmobiliaria, además de la comparación de las liquidaciones emitidas por ARBA en cada caso, que en la gran mayoría de los casos se superó tal límite", afirmó.
A su vez, el dirigente señaló que el Poder Ejecutivo hizo "trampa" al introducir, mediante el proyecto de ley, aprobado por la mayoría del Poder Legislativo, una maniobra de ajusta en la "base imponible" para el tributo de 2024. Al respecto, criticó que esta facultad recae exclusivamente en el Poder Legislativo y subrayó que incluso la Legislatura "no puede imponer por encima de la valuación fiscal, determinada por el órgano, los mecanismos, procedimientos, conceptos y alcances que impone la Ley de Catastro".
Frente a ello, aseveró: "El ajuste de la base imponible es inocuo e impotente, ante el límite del 200% para las cuotas 2024, y las normas que receptan ese ajuste son tan inconstitucionales, como falaz y tramposa la aplicación que de ellas hace el fisco".
En línea, denunció que, "con este mecanismo ilegítimo, ARBA está aplicando el límite del 200%, pero sobre la base imponible ilegalmente ajustada, ilegítima por significar una revaluación fiscal tan nula como inconstitucional". Por ello, le pidió a los legisladores provinciales que "le imputen al Poder Ejecutivo toda la responsabilidad correspondiente".
"Estamos, en consecuencia, ante un conflicto de poderes implícito y una gravísima conducta ilegítima, arbitraria, abusiva, hasta quizá penalmente punible, de parte del Poder Ejecutivo y del organismo fiscal. Este es, a mi juicio, el meollo de los vicios de fondo, de puro derecho, de origen, insolubles interpretativamente, de la conducta del Poder Ejecutivo, por el modo en que el Fisco está liquidando el tributo", advirtió.
¿Qué puede hacer el campo ante la suba del impuesto rural en la Provincia de Buenos Aires?
Durante su exposición, Merbilhaa presentó un análisis sobre las posibles acciones que puede tomar el sector frente a esta medida, principalmente enfocadas en la vía judicial, para intentar dos objetivos principales: lograr un fallo de inconstitucionalidad que invalide las normas y los actos impugnados y evitar tributar mediante una medida cautelar.
En este sentido, sugirió que la acción meramente declarativa de certeza ofrece un procedimiento más breve y directo al tema de fondo sobre la inconstitucionalidad de las normas legales y actos de la administración impugnados.
"Basta con cumplir con los requisitos formales de toda demanda para que se pueda declarar la procedencia de la acción, el Juez se aboque al tratamiento de la cautelar, y corra traslado de la demanda iniciándose efectivamente el proceso", apuntó.
Por otro lado también recomendó plantear con "mucho fundamento" la petición de cautelar, no como un simple pedido rutinario, ya que de ello dependerá liberarse del pago durante el juicio. Sugirió también evitar reclamos económicos que pudieran generar tasas de justicia adicionales.
Para cerrar, consideró que las acciones judiciales deben ser tomadas "no solo como el legítimo ejercicio y defensa de derechos individuales, sino también como una acción gremial individual, como una manera de compartir desde lo individual una lucha sectorial ante el avasallamiento del poder político".
RS / LR