Además de impulsar la infausta ley del sólo sí es sí, que ha dejado un reguero de beneficios penitenciarios entre abusadores, pederastas y violadores, ya en la calle o más cerca de pisarla, la ex ministra de Igualdad Irene Montero se encargó de silenciar a las asociaciones incómodas que denunciaron sus políticas sociales. Es el caso de In Género, una entidad del tercer sector de ámbito nacional que trabaja con personas que ejercen la prostitución y que se vio censurada y apartada por el simple hecho de alzar la voz.
«Se negó a recibirnos durante dos o tres años, nos negaron el pan y la sal porque los denunciamos ante el Defensor del Pueblo y en Estrasburgo por vulnerar una política que nosotros entendíamos que no era correcta», señala a OKDIARIO Andalucía el coordinador nacional de In Género, Miguel Ángel del Olmo. «Es la dinámica de las ONGs que defendemos los derechos humanos. Cuando hablas, denuncias o promueves que se restaure la vida de las personas te llueven los bofetones. A nosotros nos castigaron con no poder acceder a políticas de Estado ni poder participar en foros nacionales sobre trata. Ése es el castigo. Nos quedamos fuera por protestar», sentencia.
Desde In Género recalcan que la Ley Montero ha otorgado «más poder» a los proxenetas y ha vuelto «más vulnerables» a las personas que ejercen la prostitución. Los anuncios en páginas web están ahora prohibidos -los portales se enfrentan al cierre permanente y sanciones de más de 100.000 euros- y la gestión de sus servicios ha quedado en manos de terceras personas, empujando a las mujeres al «contacto indirecto» con sus clientes y relegándolas a la «invisibilidad» y la «clandestinidad».
«Ahora las ONGs tienen mucho más difícil acceder a estas personas y es mucho más difícil trabajar. Todos los programas de salud, de servicios sociales, de promoción de la autonomía y de los derechos desaparecen cuando no puedes acceder a ellas. Están más indefensas. Los dueños de los pisos empiezan a gestionar los anuncios de las mujeres a través de redes sociales, WhatsApp y Telegram, y esto provoca una situación de gran vulnerabilidad hacia ellas. Han perdido autonomía para ejercer la prostitución directamente en los pisos porque ya no gestionan sus propios anuncios. Ésta es la complicación que nos ha traído la ley del sólo sí es sí. Pretendían mejorar la situación de las mujeres y al final la han empeorado. Han acabado actuando contra la mujer y no contra el cliente», lamenta Del Olmo.
Con Montero fuera del Ministerio, In Género está ahora «pendiente» de próximas reuniones con Igualdad para retomar el «diálogo», aunque, subrayan, estamos ante un problema «estructural, no político». «Ha habido cambios. Ahora está el PSOE y esperamos que haya mejor relación», apunta el coordinador general de la asociación, que también destaca la parte positiva de la ley: «Nos ha permitido denunciar muchas agresiones sexuales. Muchas veces se negocian con el cliente determinadas prácticas, pero durante el servicio se abusa y se agrede sexualmente a las mujeres. Por ejemplo, quitarse el condón durante el servicio. Ahora la legislación cubre que la mujer pueda denunciarlo como agresión sexual».
Últimas rebajas del 'sólo sí es sí'
Un año y medio después de su entrada en vigor, la Ley Montero sigue causando estragos y en poco más de un mes -marzo y lo que llevamos de abril- ha propiciado la rebaja de pena a seis condenados por abusos a menores o agresiones sexuales.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) redujo de dos años a uno y medio las penas de cárcel impuestas a dos jóvenes paraguayos condenados por la Audiencia de Sevilla por abusar sexualmente de una chica de 13 años en San Juan de Aznalfarache en 2016. La menor acabó afectada por un virus de transmisión sexual.
La misma instancia judicial rebajó de diez a nueve años la pena de prisión a un joven condenado por abusar sexualmente de su sobrina de 13 años en Granada. El encartado afirmó que estaban «enamorados».
También en Andalucía, el TSJA dejó en seis años la pena de ocho dictada inicialmente contra un varón magrebí que violó a una chica de 14 años en Granada en 2019. La menor denunció una violación grupal, pero los otros dos implicados no pudieron ser juzgados, uno por encontrarse huido de la Justicia y otro porque la víctima no logró identificarlo.
Con la nueva ley en la mano, el Tribunal Supremo (TS) ratificó recientemente una rebaja de cinco años -de 12 a 7- a un hombre que, a punta de navaja, robó y agredió sexualmente a una mujer en Granada.
Además, el TS redujo de siete años y medio a seis la condena interpuesta por el Juzgado de Instrucción nº 3 de La Coruña a un músico cubano que violó a una joven de 18 años en los baños de un bar. La víctima tuvo que ser hospitalizada.
Por último, el Supremo dejó en seis años la pena de ocho que la Audiencia Provincial de Orense dictó contra un pederasta de 21 años que abusó de su sobrina de 13 en casa de sus padres.