El Tribunal de Cuentas ha otorgado un plazo de diez días a las defensas de 35 ex altos cargos catalanes, entre ellos el expresidente Carles Puigdemont, para que presenten sus conclusiones en el procedimiento relacionado con el presunto desvío de fondos públicos durante el período del 'procés'. Esta medida llega después de que la Fiscalía solicitara más de 3 millones de euros como compensación.
Tras la presentación de informes finales por parte del Ministerio Público y Societat Civil Catalana, quienes también actúan como demandantes en el caso, el Tribunal de Cuentas ha extendido el mismo plazo a los abogados de los demandados.
Entre los acusados se encuentran figuras destacadas como Oriol Junqueras, exvicepresidente catalán, el expresidente Artur Mas, así como varios ex consejeros, como Raül Romeva y Jordi Turull, algunos de los cuales han sido condenados por el Tribunal Supremo y posteriormente indultados, como es el caso de Toni Comín y Lluís Puig.
Una vez que se presenten las conclusiones por parte de las defensas, el Tribunal de Cuentas procederá a dictar la resolución final de este procedimiento. Es importante destacar que este caso podría estar sujeto a la legislación de amnistía que actualmente se está tramitando en el Senado.
El objetivo de este proceso es determinar la presunta responsabilidad contable de los 35 ex altos cargos de la administración catalana en el desvío de fondos públicos para financiar el referéndum del 1 de octubre de 2017, el cual fue declarado ilegal, así como en la promoción internacional del 'procés'.
La Fiscalía calcula que se desviaron casi 3,1 millones
La Fiscalía ha evaluado el presunto desvío de fondos en el contexto del 'procés' en casi 3,1 millones de euros, mientras que Societat Civil Catalana lo estima en 5 millones.
Según el escrito del fiscal, se ha considerado que "acreditada la responsabilidad contable" de los principales líderes del movimiento independentista catalán. Se argumenta que "los pagos relacionados en la demanda se han realizado sin la adecuada justificación, al no responder a la consecución de objetivos y fines legales y legítimos, sino a la organización del referéndum de autodeterminación que tendría lugar el 1 de octubre de 2017".
Además, se ha señalado que "en el empleo dado a los fondos públicos en el ámbito de la acción exterior de la Generalitat de Cataluña se incurrió en múltiples actividades que no tienen cabida en el ámbito competencial de la Comunidad Autónoma al no haber respetado la Generalitat las normas a cuyo amparo se desarrollan las actividades realizadas en el ejercicio de esa competencia autonómica".