B. M.
El Grupo Popular en el Senado ha solicitado el acceso a los correos electrónicos y a las comunicaciones digitales de Conrado Domínguez y otros altos cargos sanitarios del Gobierno de Canarias durante la época de la pandemia para aclarar cuál fue su participación en las compras presuntamente fraudulentas de mascarillas a la empresa vinculada a Koldo García. En concreto, los populares han pedido que se aporte la mensajería entre el exdirector del Servicio Canario de Salud y los diferentes directores que asumieron el cargo entre enero y septiembre de 2020.
El PP ha reclamado un total de 16 documentos, informes y contratos al Gobierno de Canarias. Los representantes del partido pretenden sumar los correos electrónicos que compartió la directora general del servicio económico del SCS, Ana María Pérez Afonso, con Conrado Domínguez hasta diciembre de 2022 y las comunicaciones remitidas por la misma con los compañeros del servicio de contratación e infraestructuras del Gobierno regional. Uno de los correos concretos que reclaman es el que emitió Pérez Afonso el 28 de mayo dirigido al equipo y a Teresa Pérez Rodríguez, Carmen Estévez y Raúl Lorenzo Pérez.
A esta petición se suman los expedientes completos de las cuatro adjudicaciones del SCS a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S. L., la sociedad de Koldo García, el asesor del exministro José Luis Ávalos, por un valor que asciende a 12,3 millones de euros. Los populares piden que se adjunten todos los correos electrónicos y comunicaciones remitidas por el contratista para ofrecerse a suministrar material sanitario a los centros médicos de las Islas o por cualquier empleado público que sugiriera o diera algún consejo para contratar con la mercantil.
Solicitan toda la documentación de contratos sanitarios remitida al Ministerio Público
En su solicitud de información incluyen además la relación de nombramientos de los miembros del Comité de Emergencia Sanitario durante la pandemia y el Informe de la Intervención General de Canarias sobre irregularidades en los contratos. Este documento incluye 21 "salvedades de legalidad" y presuntas ilegalidades en adjudicaciones, justificaciones de compra, órdenes de aprobación de gasto y firmas de expediente.
Causas judiciales
El informe se trasladará, como último paso, al SCS para que lo complete y remita a los servicios jurídicos de la comunidad autónoma y, en base a eso, decida si se persona en las distintas causas judiciales abiertas.
Los populares han pedido otros documentos, como el informe remitido a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) por la Directora de Recursos Económicos, las grabaciones de las reuniones y deliberaciones de los Comités de Gestión de la emergencia sanitaria anunciados por Torres en marzo de 2020 o los expedientes trasladados a la Fiscalía Europea y a la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas relativos a la adquisición de material sanitario en 2020.
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