En una operación liderada por la Fuerza Armada de Venezuela, más de 10.000 mineros ilegales fueron desalojados de la conocida mina ilegal «La Bulla Loca» en el sur de Venezuela.
Esta acción se llevó a cabo tras un colapso trágico en febrero pasado que dejó un saldo oficial de 16 personas fallecidas. El general en jefe Domingo Hernández Lárez, al frente del comando encargado de las operaciones militares, confirmó la clausura y evacuación de la mina debido a la violación del ordenamiento territorial y las reservas forestales en el estado Bolívar.
La evacuación, que se realizó principalmente por vía fluvial, reveló enormes cráteres provocados por la extracción ilegal de oro y la devastación ambiental que dejó a su paso.
Además de este desalojo, durante el último año se han retirado otros 14.000 mineros del parque nacional Yapacana, el más extenso de Venezuela con 320.000 hectáreas, ubicado en el estado Amazonas. Esta región ha sufrido graves daños ambientales debido a la actividad minera, con amplias zonas de bosques arrasadas y acuíferos contaminados por el uso de mercurio.
El área del Arco Minero, que abarca una parte significativa de la Amazonía venezolana, es rica en recursos como oro, diamantes, hierro, bauxita, cuarzo y coltán. Sin embargo, la explotación en esta zona ha sido objeto de críticas debido a la presencia de mafias que controlan las minas ilegales y a los impactos ambientales devastadores. Organizaciones como SOS Orinoco han denunciado un «ecocidio» causado por la minería, reportando al menos 54 muertes en 17 incidentes mineros entre 2017 y 2022 en los estados Bolívar y Amazonas.
En diciembre de 2023, otro trágico incidente tuvo lugar con el colapso de una mina en la comunidad indígena de Ikabarú en Bolívar, que resultó en la muerte de 12 personas.
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