El pasado 8 de abril el presidente de la Generalitat compareció por segunda vez ante la comisión general de las Comunidades Autónomas en el Senado. Se había estrenado hace seis meses con una intervención en defensa de "la amnistía, el referéndum de autodeterminación, el bienestar y la prosperidad". Sin pelos en la lengua, en esta última ocasión Pere Aragonès se limitó a confirmar su propuesta política ante una Cámara tan desprestigiada, inútil y partidista como siempre. Pese a todo, hizo bien en ir. Si te gusta el fútbol, que el campo sea un lodazal no significa que renuncies a marcar goles. La política también es pedagogía.
En general, con la excepción de Artur Mas, que no asistió nunca, los diversos presidentes de la Generalitat de antes del procés han sido mínimamente considerados con el Senado. José Montilla, Pasqual Maragall y Jordi Pujol comparecieron en un total de cinco ocasiones. Uno de mis discursos de referencia sigue siendo el que pronunció Pujol el 11 de marzo de 1997, cuando, con la autoridad moral de quien combinaba a la perfección patriotismo catalán e hispanismo, recordó a los asistentes las contribuciones catalanas a la modernización del país. Y también que tenía que ser posible amar a España y ser catalanista.
Como cámara de representación territorial y de segunda lectura, el Senado ha estado presente en la vida política catalana en momentos especialmente difíciles. Solo por citar el último, recuérdese el 27 de octubre del 2017, cuando el expresidente y entonces senador Montilla tuvo que ausentarse de su escaño para no votar la suspensión temporal de la autonomía. Cuesta saber si lo hizo por razones políticas, éticas o simplemente estéticas. Nótese también que, según el propio reglamento del Senado –ese que los partidos violentan continuamente–, cada año se tendría que convocar un debate territorial. En un curso político ordinario, este debate ni está ni se le espera.
Es una lástima que el Senado dé la impresión de ser una especie de cementerio de elefantes, donde las figuras amortizadas de los diversos partidos encuentran campos bien sembrados y sombras benignas en que poder tumbarse o hablar por el móvil. Es una pena porque en todos los países bicamerales del mundo el Senado, además de controlar con dureza al Ejecutivo, acostumbra a corregir los excesos del Parlamento, un hecho que siempre acaba beneficiándonos de los posibles abusos de la Administración. Como sabemos los catalanes desde tiempos medievales, los contrapesos protegen más las libertades civiles que el autogobierno. El desacuerdo entre gobernantes siempre deja en paz a los ciudadanos... y su bolsillo.
Los senadores deberían ser los guardianes de los principios que hacen posible la organización territorial
Además, en un país tan diverso como España, que cualquier iniciativa del Gobierno tuviera que incorporar el acento cultural, nacional e incluso intereses territoriales contrapuestos solo tendría que revertir en beneficio de todos. Sería muy positivo que la soberanía popular encarnada en el Congreso lo fuera con criterios realmente proporcionales y que hallara en el Senado la ponderación de la lectura serena.
Desvinculados de la bronca partidista y la necesidad de hacer méritos ante la propia parroquia electoral, los senadores tendrían que ser guardianes de los principios de la patria, en especial de los que hacen posible su organización territorial. Cuesta imaginar que, si así fuera, Barcelona y València, segunda y tercera ciudades del Estado, no hubieran resuelto hace tiempo sus corredores ferroviarios. O que Extremadura haya pasado tantas décadas de abandono en materia de inversiones. O que el AVE haya llegado antes al fin del mundo, Fisterra, que a Lisboa.
Pasqual Maragall propuso el traslado del Senado a Barcelona, en una entrevista histórica en La Vanguardia, el 26 de enero de 1992. Veinte años después, en la campaña de las elecciones del 2015, José Montilla también hizo suya la propuesta, pese a que mover el Senado siempre se ha calificado de ocurrencia. Quizá lo es. Claro que proponer un referéndum de independencia o, aún peor, "implementar el mandato del 1 de octubre" por lo que se ve es muy realista. Mientras algunos siguen intentando alcanzar la luna, yo me conformaría con una reforma constitucional en que además de hacer útil y plurinacional la Cámara Alta, afianzara Barcelona, ciudad de ciudades, como cocapital de España y, por qué no, como sede junto al mar desde donde confrontar las preocupaciones de los excelentísimos y folloneros senadores. Más nos aprovecharía.