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Desde marzo del año pasado, los vecinos de un edificio de Barcelona denuncian presiones y amenazas por parte del nuevo propietario tras adquirir este y más bloques de la calle. A su llegada, les llegó a ofrecer 3.000 euros a cada vecino para marcharse de sus viviendas y así poder destinar el edificio entero a construir pisos de alquileres vacacionales. Los amenazó, cuentan, diciendo que iba a comenzar unas obras muy ruidosas y que no iban a poder soportarlo.
Tras la negativa de los vecinos, inamovibles en su decisión, comenzó la pesadilla: los destrozos por las obras de reforma de los pisos comenzaron a afectar a sus inmuebles durante meses. Pascal y su vecina Esther consiguieron demostrar que el propietario no tenía los permisos para hacer los trabajos de construcción y denunciaron a la Administración.
En primavera, el Ayuntamiento detuvo las obras de reforma ilegales y sancionó al empresario, pero el bloque permaneció marcado por grietas, goteras y agujeros. Pero la pesadilla de estos vecinos no termina aquí: tras la denuncia, unos siete u ocho supuestos okupas se instalaron en dos de los pisos. El trajín de personas, maletas, cartones y muebles se sucedió durante semanas.
Es entonces cuando empezaron las riñas, las peleas, los insultos y las amenazas Incluso llegaron a cortarles el cable de la antena de la televisión. Un informe de los bomberos concluye que varias de las inundaciones fueron intencionadas.
Hace dos semanas que los supuestos okupas desaparecieron y desde entonces no los han vuelto a ver, pero Pascal y Esther viven esta tensa calma con angustia, porque no saben si volverán.
El edificio ya está en venta, y su ubicación -detrás del mercado municipal de Santa Caterina- atrae a los posibles compradores. Pero los carteles colgados por los vecinos alertando de la situación y los conflictos habidos espantan a particulares e inmobiliarias.
A todo lo vivido se le suma la proximidad de la fecha en la que expiran los contratos de alquiler de los vecinos: en el caso de Pascal, en apenas cinco meses tendrá que buscar un nuevo hogar si no cambia la situación. Encontrar una vivienda con las condiciones de alquiler que tiene desde hace cinco años es prácticamente imposible en Barcelona hoy en día, denuncia.
El caso ya está en los juzgados, pero en una fase preliminar y los abogados advierten que los pasos en estos casos son lentos. El Ayuntamiento puede poner multas de hasta 900.000 euros por acoso inmobiliario, pero estos procesos difícilmente acaban en una sanción. Y mientras tanto, nadie se hace cargo de los destrozos del bloque 16, ni tampoco -como ellos mismos refieren- del año perdido de sus vecinos, que se sienten desamparados.
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