Rubén Acosta
El Gobierno canario y el Ministerio de Transición Ecológica chocan de nuevo en la interpretación de las competencias de costas ya transferidas y de poco sirvió la comisión bilateral celebrada ayer en la capital grancanaria y el arbitraje del ministro y expresidente canario Ángel Víctor Torres. El conflicto va camino del Tribunal Constitucionalde forma inexorable porque el Estado rechaza ceder los expedientes que tiene en su poder en relación con las concesiones en el dominio público anteriores a la Ley de Costas, mientras que Canarias hace valer el Estatuto de Autonomía para reivindicar las competencias exclusivas en la gestión del litoral.
Tras poco más de una hora de reunión las dos partes se levantaron de la mesa de la comisión bilateral Canarias-Estado sin acuerdo. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, indicó que se está en una situación de "choque jurídico" en la cual el Consejo de Estado dice una cosa y el Consejo Consultivo de Canarias dice otra diametralmente opuesta. "Los dos son informes contundentes y así es difícil llegar a un acuerdo, las posiciones son antagónicas", reconoció Torres que, como ministro ahora del Gobierno central, tiene sobre la mesa un dictamen del órgano consultivo de la Administración estatal, el Consejo de Estado, que mantiene que este tipo de concesiones son competencias intransferibles en base a lo que recoge la Constitución y que no hay precedentes en ninguna de las comunidades que tienen transferidas estas transferencias.
Buscar el diálogo
El expresidente canario fue el que negoció el traspaso cuando presidía el Gobierno regional y en su momento advirtió con recurrir al Constitucional. Ahora, desde su puesto en el Gobierno central, tiene a los juristas del Ministerio de Transición Ecológica y del Consejo de Estado en contra de las posiciones del Ejecutivo autonómico y su intento por alcanzar una posición común ha fracasado. Sin embargo, resaltó que continuará buscando el diálogo y algún punto de encuentro entre las dos administraciones al margen de que la Comunidad Autónoma presente el conflicto al Constitucional.
El Consejo de Ministros tiene aún pendiente responder al requerimiento de incompetencia presentado por el Gobierno canario ante el Ministerio, avalado por el Consultivo, en relación con la caducidad de la licencia del Hotel Oliva Beach de Fuerteventura. Esta respuesta será en la reunión ministerial de la próxima semana y con mucha probabilidad será negativa a las peticiones canarias. A partir de ese momento la Comunidad Autónoma tiene un mes para presentar el conflicto de competencias ante el Constitucional. La pretensión esgrimida ayer por el ministro de Política Territorial es la de convocar una nueva reunión en mes y medio o dos meses para seguir con los intentos de negociación para llegar a algún acuerdo político. Para ello puso como ejemplo el pacto al que se llegó con los incentivos del sector audiovisual antes de que fallara el Constitucional en la legislatura pasada. Asimismo precisó que no se cuestiona el Estatuto de Autonomía de Canarias sino su interpretación, al tiempo que ha incidido en que la Constitución establece que la competencia "está en manos del Estado".
Por parte del Ejecutivo regional el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, tachó la comisión bilateral de "decepcionante" y criticó la "falta de voluntad política" de los representantes del Ministerio de Transición Ecológica. Aunque Rodríguez Valido valoró el "buen tono" de la comisión, al final prevaleció el desacuerdo "frontal" entre ambas administraciones. Por ello la Comunidad Autónoma esperará a la resolución del Consejo de Ministros de la próxima semana para llevar el conflicto al Constitucional. El consejero aseguró de forma taxativa que no se trata de uno o varios expedientes concretos sino del "marco general" de las competencias de costas que, según el artículo 157 del Estatuto de Autonomía, "son competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma".
Acuerdo político
El consejero recogió el guante del ministro Torres y dijo que el Gobierno canario seguirá en disposición de negociar aunque se presente el recurso. En este sentido propuso alcanzar un acuerdo político ante los informes jurídicos opuestos esgrimidos por las dos administraciones. Para ello Pablo Rodríguez indicó que se puso sobre la mesa la posibilidad de modificar el decreto de traspaso de competencias, que entró en vigor el 1 de enero de 2023, para evitar diferentes interpretaciones que den lugar a más conflictos jurídicos.
El consejero de Obras Públicas hizo hincapié en que las "competencias son absolutamente claras y no dejan lugar a dudas de que el Estado las está invadiendo", como así lo recoge el informe del Consejo Consultivo de Canarias, un órgano que "no es de parte, sino para abordar asuntos como este", frente a lo que sostiene el informe del Consejo de Estado. "Nuestra posición es firme y no tiene dudas", dijo el consejero, que criticó la cerrazón del Ministerio para acercar posiciones.
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