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Estos son los secretos del operativo de la intervención de Sanitas por parte del Gobierno Petro; la Supersalud llegó a dos sedes en Bogotá
Este martes se concretó una decisión que ha levantado controversia por las implicaciones que puede tener para la atención de los pacientes en la EPS privada más grande del país.
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El rumor se regó como pólvora en la tarde de este martes de 2 abril. En el Congreso y en las salas de redacción de los medios se ventiló que el Gobierno Petro alistaba una intervención a Sanitas, la EPS privada más grande del país con 5,7 millones de afiliados. Hacia las 3:30 p.m., solo había especulación.
Sin embargo, con el paso de los minutos, el rumor se convirtió en realidad. Un grupo de 15 funcionarios de la Superintendencia de Salud, efectivamente, llegó a la sede de Sánitas en la calle 109 con Autopista Norte, en Bogotá, a hacer efectiva la intervención de la entidad, lo que ha desatado una fuerte controversia en el país por el futuro de la atención de los pacientes.
Los funcionarios, con chaquetas, truncaron la jornada, bloquearon accesos y empezaron a pedir los accesos de los computadores, cumpliendo los protocolos de esta intervención que, según la Casa de Nariño, durará un año. Los empleados de Sanitas vieron restringidos sus accesos.
De forma paralela, otro grupo reducido de funcionarios de la SuperSalud llegó hasta la sede de Sanitas en la calle 100, directamente al despacho del presidente de la EPS, Juan Pablo Rueda.
Allí presentaron de forma oficial el acto de intervención y removieron a Rueda de la presidencia de la compañía, así como a todos los integrantes de la junta directiva y los órganos de toma de decisión. Un interventor nombrado por el Gobierno será quien asuma las riendas de Sanitas.
Aunque la EPS atraviesa por una crisis financiera, la intervención causó una profunda sorpresa y se ha interpretado como una retaliación del Gobierno Petro contra las EPS y el sistema de salud ante el inminente hundimiento de la polémica reforma en la Comisión Séptima del Senado, y que se daría justamente este miércoles.
La polémica intervención radicaliza aún más las posiciones en el Congreso, donde el Gobierno Petro no ha podido generar consensos ni convencer sobre la necesidad de una reforma que, justamente, elimina el papel de las EPS como se conoce en la actualidad.
En medio del operativo, el acceso a los computadores y los discos duros no ha sido una tarea fácil, teniendo en cuenta los férreos controles de seguridad que tuvo que imponer Sanitas ante el hackeo de sus sistemas en meses recientes, señalaron fuentes. Agregaron que se estudia la posibilidad de manejar información directamente en la nube.
Se espera que Sanitas emita un pronunciamiento este miércoles ante la intervención del Gobierno.
En la intervención a la EPS, como es habitual en esos procedimientos, se piden los accesos y las claves de las cuentas bancarias y se toma el control total de la tesorería. Hay dudas y temores sobre el servicio que prestará Sanitas a partir de ahora, con el Gobierno al frente de la EPS.
"La Superintendencia Nacional de Salud acaba de tomar posesión de los bienes, haberes y negocios de la EPS Sanitas y ordena la medida de intervención forzosa administrativa para administrar esta EPS por un año, esto basado en el incumplimiento de los requisitos financieros de habilitación y otros factores analizados en el comité de medidas especiales desarrollado al interior de la Superintendencia", dijo el superintendente Luis Carlos Leal.
La Superintendencia aseguró que tomaron la decisión tras evidenciar "el estado de su situación financiera, el incumplimiento del indicador patrimonial y el creciente número de quejas de sus usuarios".
"Según la evaluación hecha por la Superintendencia, la EPS Sanitas ha faltado a la obligación de pago con la red prestadora y proveedora de servicios y tecnologías en salud y ese no pago ha incidido particularmente en las condiciones de garantía del derecho a la salud a su población afiliada", señaló un comunicado de la Superintendencia.
De acuerdo con los datos divulgados, a diciembre de 2023, "las deudas de esta EPS con las IPS ascendían a 2.04 billones de pesos, poniendo en riesgo no solo la prestación del servicio a sus afiliados sino de todos aquellos usuarios de las redes acreedoras".
Aunque el superintendente Leal quiso dar un parte de tranquilidad para los usuarios, la preocupación por lo que viene es latente. "Es importante que toda la población afiliada a esta EPS tenga la certeza de que las funciones de la EPS van a continuar, que no tienen que incurrir en ningún tipo de trámite administrativo o burocrático; que durante todo este proceso se va a garantizar la continuidad de la prestación de servicios tanto para usuarios como para prestadores de servicios de salud", dijo Leal.
Denis Silva, director de Pacientes Colombia, aseguró que esta medida es una retaliación por parte del Gobierno Nacional, "y en especial del ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo", debido a la no a aprobación de la reforma a la salud. "Esto es una pelea personal que él tiene con las EPS y en especial con Sanitas", sostuvo.
Silva dijo que la intervención "va a dilatar más y más la prestación de los servicios. Y es de esperarse que no seguirán contratando con la red de Sanitas. Y los usuarios se verán afectados, y muy pronto, con la prestación de servicios de salud. La vida de cerca de 6 millones de afiliados está en peligro".