Termina abril con varias grandes noticias que nos abrazan y que repasamos. Que el presidente de Gobierno se comprometa a acabar con la política basada en los bulos y la desinformación, plantee encabezar un movimiento de regeneración que permita limpiar "el fango" que hoy confunde la libertad de expresión con la libertad de difamación y solicite el apoyo de la "movilización ciudadana" para decidir "qué tipo de sociedad queremos ser" es un final prometedor para este mes que ya empezó abriendo otras puertas a la esperanza.
El pasado 9 de noviembre cuatro personas del palco del Congreso al que pueden acceder quienes soliciten asistir a los debates parlamentarios se levantaron de sus sillas con un grito de alegría al ver que la mayoría de la cámara aceptaba que la regularización del medio millón de personas migrantes iniciara los trámites parlamentarios. Se trataba de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que, contra todo pronóstico, lograba continuar su camino parlamentario este mes con 310 votos a favor y sólo los 33 votos en contra de Vox.
En la calle, en las casas, los vítores de alegría se multiplicaban. 900 colectivos del Estado español habían conseguido que el Congreso aceptara debatir la regularización del medio millón de personas que se encuentran atrapadas en trámites burocráticos desde hace años a pesar de residir en este país y contribuir con su trabajo al sistema económico de la nación. Contaban con el apoyo de más de 600.000 personas que, con su firma, refrendaban la demanda social que el movimiento auto-organizado de personas migrantes y racializadas Regularización ya lleva reivindicando desde hace casi cuatro años. Además, les respaldaban más de 80 ayuntamientos, un cabildo insular, una diputación y un parlamento autonómico, a través de la aprobación de mociones en numerosos plenos.
Terminada la votación, quienes se levantaron de sus sillones fue gran parte del arco parlamentario. Aplaudían a aquellas cuatro desconocidas que seguían abrazándose: eran conscientes de lo que ellas representaban. Ese más de medio millón de firmas no habían llovido del cielo; eran el resultado de un intenso trabajo por parte de 14.000 personas voluntarias relacionadas con esas 900 organizaciones que desde 2022 estaban esperando que el Parlamento hiciera un hueco en su agenda. La ILP ya era conocida en el Congreso desde entonces por ser una de las más respaldadas de la historia de la democracia. El adelanto electoral supuso la última traba en su tramitación parlamentaria, pero por fin le había llegado el turno a la iniciativa y el resultado era un primer sí rotundo.
Durante el debate parlamentario, cientos de miles de personas pudieron escuchar el apoyo oficial de algunos representantes políticos. "Existe el riesgo de que quede en un congelador durante toda la legislatura!, avisó el diputado de Bildu Jon Iñarritu, cuando tomó la palabra, afirmando que se comprometía a impulsar "las comisiones cuanto antes". El diputado de Podemos Javier Sánchez Serna reconoció que la iniciativa era una "deuda histórica" con el colectivo migrante, e Iñigo Errejón aseguró que Sumar no iba a permitir que se aprobara "la tramitación para meterla luego en un cajón" y por eso proponía crear una comisión de seguimiento para dar cumplimiento a la ILP.
El informe que acompaña a la iniciativa ofrece datos que cuestionan los principios del sistema democrático: Alrededor de 425.000 personas residen hoy en el Estado español en situación de irregularidad administrativa. La inmensa mayoría procede de América Latina, más de la mitad son mujeres y alrededor de 112.000 tienen menos de 16 años (según datos de Save the Children. Habitar en el limbo de la "irregularidad" les impide un adecuado acceso a la justicia, limita su derecho a la salud y la educación, multiplica las posibilidades de que vivan en la pobreza y les deja inermes frente a la explotación laboral.
A pesar de esas condiciones, precisamente estas personas burocráticamente irregulares suelen ser quienes sostienen de forma relevante sectores como el de los cuidados, la agricultura o la industria manufacturera. Durante los meses de la pandemia, toda la ciudadanía reglada y con papeles pudo comprobar que la vida estaba sostenida precisamente por estas personas, las más frágiles administrativamente hablando. Además, precisamente esa Administración que les mantiene en la irregularidad burocrática es la primera que la necesita: El último informe elaborado por Allianz Research recuerda que España perderá hasta un 30% de su fuerza laboral en 2050 en ausencia de migraciones, y estima en 338.000 el número de llegadas netas anuales que son necesarias para sostener nuestro sistema de pensiones.
Aquella mañana, las diferencias entre los derechos de los habitantes del Estado español (regulares o irregulares) prometían acortarse, y no sólo por la ILP. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, llevaba al Congreso la derogación de la Golden visa (oficialmente "visado de residencia para inversores"), que permite lograr el permiso de residencia de manera inmediata a cualquier millonario extranjero dispuesto a comprar bienes inmuebles por un valor superior a 500.00 euros.
Según el Gobierno, desde que el gobierno de Rajoy abrió las puertas a esta posibilidad en 2013 se han concedido 14.576 Golden visa ligadas a inversiones en bienes inmuebles, la mayoría ciudadanos de China, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos, Ucrania, Irán, Venezuela y México. El 90% de las autorizaciones concedidas han adquirido viviendas en Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante, Baleares y Valencia. Hasta el año 2022, este tipo de visados apenas superaban los 6.000. En sólo dos años la cifra se ha duplicado, sin que ello haya generado un colapso burocrático. Los únicos que se han visto afectados son los miles de ciudadanos que no pueden acceder a una vivienda digna por la especulación del mercado inmobiliario. Por otra parte, es importante recordar que esta cifra corresponde únicamente a los extranjeros que no residían previamente en España, es decir: no figuran los permisos de residencia de personas que ya residían en el país aunque no tuvieran la nacionalidad española, de modo que la cifra de los migrantes ricos que han conseguido su permiso de residencia en un abrir y cerrar de ojos sería aún mayor.
Si bien ninguna de las tres propuestas son definitivas (regeneración política, regularización de migrantes y fin de las golden visa), el hecho de que se haya abierto el pastel de manera formal hace visibles las facturas de nuestra democracia e ilumina los caminos que la ciudadanía organizada puede recorrer para hacerla más justa y saludable.