Sobre la mesa, el Consejo Nacional del Agua presentaba ayer en su primera sesión plenaria del año el proyecto del real decreto por el que se aprueba el reglamento de reutilización de las aguas, así como dos proyectos de orden destinados a fomentar el uso eficaz de este recurso. En la práctica este foro se convirtió en escenario de una nueva batalla en la guerra del agua, calentado previamente por el presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García-Page cargando contra el trasvase Tajo-Segura. Críticas que le fueron contestadas desde el propio Gobierno por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que le recordaba que «el agua del Tajo es de todos».
La ministra recordó al presidente castellano manchego que «jamás es recomendable jugar a enardecer los ánimos en materia de agua». En esta línea destacó que el Gobierno «defiende el interés general» y no «el particular de unas comunidades o de otras». Asimismo, ha defendido la infraestructura porque garantiza el agua «no solo a la zona de Murcia o Almería, sino también a ciudades como Albacete».
Ribera recordó que España es un país en el que el agua «es un bien precioso que hay que cuidar mucho» y por ello recordó haber dicho «muchísimas veces no solo en Castilla-La Mancha, en Murcia o en Almería, que jamás es recomendable jugar a enardecer los ánimos en materia de agua». La ministra pidió una gestión eficaz de los recursos hídricos y aseguró que «esto no va de deme todo el agua que yo pida, sino de haga usted la gestión más exquisita, más eficiente y más cuidadosa».
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, había asegurado que si las desaladoras con las que cuenta el país estuvieran al cien por cien de su rendimiento «el agua trasvasada sería cero». El presidente regional recordó que el trasvase Tajo-Segura «se fundamentó desde el primer día en una enorme mentira, en un enorme fraude». Así, explicó que se calculaba que, para que fuera mínimamente viable el trasvase tenía que contar con tres veces la acumulación de agua que jamás ha llegado a tener. «Nunca ha estado ni a un tercio de la capacidad que se decía en los papeles que era necesaria como mínimo para que hubiera trasvase», informó la Junta en nota de prensa citando a García-Page.
«Puedo entender que se ha generado una dinámica social y económica en el Levante español y nadie le quiere quitar agua a nadie, sobre todo porque se ha generado una dinámica difícil» consideró García-Page, al tiempo que apuntó que «en plena revisión histórica me gustaría que no se perdiera la memoria, que esto también forma parte de la revisión de la memoria histórica, ya que se fundamentó en una mentira del caudal y dinero», matizó. A la reunión esta comunidad llevó una petición para adaptar las reglas de explotación del trasvase al considerar que el plazo «ha sido superado con creces».
Comunidad Valenciana
Una petición que también se llevaba desde la Comunidad Valenciana que reclamó que se saldara la deuda hídrica hacia este territorio. La consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, reclamó en el Consejo Nacional del Agua, que las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura se sustenten en criterios técnicos y «en la creación de un marco técnico y un grupo de trabajo entre todas las partes implicadas». Pradas aseguró que el Consell «es solidario, pero también reclama unas normas duraderas que atiendan las inquietudes, las sensibilidades, las singularidades y las demandas de los usuarios del Tajo-Segura».
La Generalitat Valenciana ha abogado también por elevar esos criterios técnicos con el objetivo de consensuar un verdadero pacto Nacional del Agua entre las comunidades autónomas y el Gobierno «para que así el agua pase de ser una herramienta de confrontación a una de solución», según Salomé Pradas.
Asimismo, la consellera apostó por seguir el camino marcado por la Comunidad Valenciana y centrarse en la reutilización. «En la actualidad reutilizamos un 40 % del agua de todo el país, pero nuestro objetivo es alcanzar una cuota del 45 %», ha sentenciado,
Cataluña
Por otro lado, la Generalitat catalana aseguró que no necesitará en junio los barcos con agua desalada procedentes de la desaladora de Sagunto con la que se pretende hacer frente al déficit hídrico. La Generalitat aseguró que transportar agua al área metropolitana de Barcelona ante la sequía es una posibilidad que no entrará en funcionamiento hasta llegar a fase 2 de emergencia, al tiempo que garantiza que si se tiene que hacer se hará «cuanto toque». En todo caso, descartó que sea en junio como se había apuntado en otras ocasiones.
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