La senadora del Partido Alianza Verde, Angélica Lozano, se pronunció sobre la propuesta de ley de punto final, la cual tendría la intención de reemplazar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
A través de un video en su cuenta de X (antes Twitter), la senadora aseguró: "Se viene ambientando una ley de punto final, curiosamente, por bandos extremos que tienen personas procesadas, condenadas o próximas a recibir una pena".
De acuerdo con la congresista, aunque se pueda llegar a discutir la ley, el problema está en que no contempla a las más de 10 millones de víctimas que ha dejado el flagelo de la guerra en el país.
Incluso, agregó la senadora que no se pueden dejar de lado los avances que ha hecho el tribunal en casos como reclutamiento infantil o ejecuciones extrajudiciales, también conocidas como falsos positivos.
"En todo esto solo se les olvida un pequeño detalle: las víctimas, casi 10 millones de colombianos, de hombres y mujeres, que quedarían olvidados si se suprime el marco que asumió el país con la JEP que está próxima a dictar sanción y acusación sobre delitos tan graves de asumir como la violencia sexual, como el reclutamiento infantil y los falsos positivos", comentó Lozano.
Según la funcionaria, la idea de la propuesta es que solo los máximos responsables respondan por los delitos, pero con penas no tan severas, incluso, se refirió a la propuesta de Luis Fernando Rosas en la que solicitó perdón social e impunidad para delitos de corrupción.
"Los unos quieren que solo los máximos responsables asuman y que no haya unas penas severas, los otros, curiosamente, el día de las víctimas cuando ya se conocía que había una acusación pendiente para el expresidente Uribe, sale un señor, que no tiene nada que perder, ningún prestigio que cuidar, el señor Rosas, condenado, inhabilitado por corrupción, a buscar perdón total, perdón social, impunidad para delitos de corrupción y de grupos armados", agregó.
La senadora aseguró que en el país hay necesidad de paz y reconciliación, pero que en ese camino no se puede dejar de lado a las víctimas "echando a la caneca la necesidad y propósito de verdad y no repetición".
"Tengamos mucho cuidado porque necesitamos la paz y la reconciliación en Colombia y necesitamos justicia real, pero sin olvidar a las víctimas, no puede ser carreta y que busquemos ahora una solución que le dé impunidad a unos y a otros olvidando a las víctimas y echando a la caneca la necesidad y propósito de verdad y de no repetición", concluyó Lozano.
En Colombia no se denuncia el reclutamiento de menores
El 12 de febrero de 2024, la Procuraduría General de la Nación advirtió sobre la intensificación del reclutamiento de menores en 23 subregiones de Colombia, específicamente en ocho departamentos, entre los cuales Cauca, Nariño, Antioquia, Valle del Cauca, Caquetá, Arauca, Chocó y Norte de Santander se encuentran en una situación especialmente crítica.
De acuerdo con el Ministerio Público, este problema persiste y se expande, principalmente, en áreas consideradas focos rojos de actividad, con un llamado urgente a implementar medidas de prevención y protección para los afectados.
Se ha identificado un preocupante panorama en el que en 2023, al menos 196 niños, niñas y adolescentes fueron integrados a programas especiales de protección tras haber sido víctimas de esta problemática por parte de grupos armados y delictivos.
Este grupo, que en su mayoría está conformado por jóvenes de 13 a 17 años, fueron atendidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf). Del total de menores, 156 se desvincularon de Grupos Armados Organizados (GAO) y Grupos Delictivos Organizados (GDO), 21 del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y 19 del Clan del Golfo AGC.
Por lo tanto, ciudades intermedias como Popayán, Tumaco, Ituango, Florencia y Arauca fueron señaladas para la inmediata implementación de estrategias de intervención. Este escenario se agrava ante la emisión de 35 alertas tempranas por parte de la Defensoría del Pueblo que resaltan la continuidad y severidad del reclutamiento ilícito de menores en estas áreas.
La Procuraduría también destacó el problema del subregistro de casos, producto del temor y el silencio de las familias y las víctimas quienes muchas veces enfrentan amenazas o desplazamientos forzados. Por ello, se ha instado a las entidades parte de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia Sexual (Ciprunna) y a los mandatarios territoriales a adoptar medidas robustas y efectivas de prevención, acatando las recomendaciones emitidas en la Directiva 10 de 2021.
*Esta nota fue hecha con ayuda de inteligencia artificial.