Sara Morato (Efe)
Cuando el hermano de Sandra Díaz, José, sufrió hace cuatro años una intoxicación por metanol que dañó sus terminaciones nerviosas y le provocó una necrosis, decidió pedir cita en Huelva, su lugar de residencia, para registrar sus voluntades anticipadas, un trámite para el que tuvieron que esperar seis meses y que Sandra califica como una auténtica "odisea" debido a los obstáculos por problemas técnicos y falta de recursos en el sistema de salud andaluz.
Aunque seis meses para una persona sin enfermedades puede no suponer un problema, para Sandra y José fueron una carrera contrarreloj, una cuenta atrás marcada por el empeoramiento de la enfermedad del joven y que podía comprometer su capacidad para realizar el testamento vital, un documento que registra las preferencias sobre los cuidados y tratamientos sanitarios que cada ciudadano desea recibir si no tiene capacidad para expresarlas personalmente.
"Estos seis meses fueron para mi hermano un antes y un después. Perdía visión y capacidad de habla. La familia quería que estuviese en sus máximas capacidades para poder comunicar sus últimas voluntades, pero cada vez es más difícil. Es un precio que no podemos pagar", ha asegurado Sandra en declaraciones a EFE.
Finalmente, José, de 33 años, murió el pasado 1 de abril amparándose en la ley de eutanasia después de muchos meses de lucha para conseguir un informe favorable, que le llegó el pasado 22 de febrero.
Según los últimos datos aportados por la Consejería de Sanidad y Consumo, a fecha de diciembre de 2023 un total de 51.882 andaluces habían hecho constar su Voluntad Vital Anticipada desde el inicio del registro, que comenzó en 2004.
"Vulnerable" ante un sistema deficiente
Su caso, aunque es uno de los más mediáticos en el ámbito andaluz, no es el único. Dolores Porras, residente en Sevilla, de 77 años, es otra de las afectadas por los obstáculos a los que se enfrentan los ciudadanos al solicitar cita para registrar las voluntades anticipadas.
Dolores afirma que se siente "vulnerable" ante un sistema que "parece no querer ofrecer servicio a un derecho que es de todos los andaluces" y cuenta con varios testimonios en su entorno que sufren la misma situación.
"Tengo un conocido que sufre demencia senil, una enfermedad que empeora de manera rápida e impredecible. No puede esperar tres o cuatro meses para registrar sus últimas voluntades porque puede que para ese momento no cumpla con el mínimo de capacidades físicas y psíquicas que se exigen para cualquier trámite de este tipo", ha explicado.
Cuando Dolores contactó a finales del pasado año con Salud Responde, el organismo encargado de asignar las citas para este trámite, le comunicaron que la mayoría de centros habilitados en Sevilla tenían las agendas cerradas y las únicas citas disponibles se encontraban en los alrededores de la capital, algo que, según ha denunciado, dificulta que muchas personas puedan ejercer su derecho a registrar sus últimas voluntades.
Según ha podido comprobar EFE, la cita más cercana disponible en la ciudad de Sevilla para realizar la declaración de voluntades anticipadas solicitada a principios del mes de abril es para el 14 de mayo en el Hospital Virgen del Rocío, mientras que las agendas de la Delegación Territorial de Salud de Sevilla y del Hospital Universitario Virgen Macarena estaban cerradas.
Saturación de profesionales y falta de recursos
Uno de los portavoces de la asociación Derecho a Morir, Gabriel Sánchez, apunta que el origen del "grave problema" de los retrasos de asignación de citas para poder realizar el testamento vital es la falta de puntos de registro en la comunidad y la "saturación" de los profesionales que deben compaginar sus responsabilidades específicas con esta tarea.
"La última vez que tuvimos una reunión con la Consejería de Salud nos dijeron que estaban planteándose derivar los puntos de registro a la atención primaria, a los centros de salud. La mayoría de los puntos están en los grandes hospitales, en los provinciales o comarcales. Esa es una gran idea, porque para la mayor parte de la gente lo más útil sería acudir a su centro de salud y poder realizar el registro. Esto permitiría una cercanía con la ciudadanía", ha explicado a EFE.
Actualmente, Andalucía dispone de 55 puntos de registro, repartidos por todo el territorio, en los que están incluidos centros sanitarios de Atención Primaria y Especializada y las ocho delegaciones territoriales de la Consejería de Salud y Consumo. En ellos trabajan 142 personas registradoras, la mayoría de perfil sanitario, que compaginan esta labor con las funciones específicas de su puesto de trabajo.
Otro de los problemas que apunta Sánchez es la falta de concienciación de la ciudadanía ante la posibilidad de realizar el testamento vital, un problema para el que, según apunta, sería necesario una "campaña suficientemente amplia" que llegase a la población a través de redes sociales, medios de comunicación y medios convencionales como folletos o carteles que recordase el derecho de los ciudadanos a pedir el testimonio de voluntad anticipada.
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