Los cinco municipios gallegos en los que hay centros penitenciarios del Estado, A Lama, Monterroso, Outeiro de Rei, Curtis y Pereiro de Aguiar, reclaman una contraprestación por dar servicio a estas prisiones.
Tras la reunión que han mantenido sus alcaldes para crear un frente común ante esta problemática, todos ellos han denunciado que afrontan una "carga económica" extra por el hecho de tener estas instalaciones en su municipio sin recibir contraprestación ninguna.
A través de un comunicado, señalan que la "mayor repercusión y preocupación" que tienen todos estos ayuntamientos es el "impacto negativo" que tienen que soportar cuando los medios de comunicación y las redes sociales los mencionan por ser sedes de las cárceles.
Además, sostienen que los ayuntamientos de pequeña entidad y con pocos recursos tienen que "asumir y soportar" el coste de servicios básicos como mantenimiento de las redes viarias de acceso a los centros, abastecimiento de agua, depuración, recogida y gestión de residuos y otros enseres, además del trabajo extra para los servicios sociales.
Esa carga económica que suponen estos servicios básicos tienen que afrontarla "sin recibir de la Administración del Estado ninguna compensación económica al respecto", denuncian.
Los regidores han recordado también que los centros penitenciarios están exentos de cualquier tipo de pago de impuestos, de manera que le suponen gastos, pero no ingresos.
"Estamos carentes de financiación y cada día es más complejo seguir prestando servicios si no se tiene en cuenta la carga económica que tenemos que soportar", señalan en su comunicado.
A este respecto, los cinco alcaldes han acordado solicitar audiencia con el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, para trasladarle una propuesta "clara y firme" para que se apruebe un fondo de aportación a cada uno de estos ayuntamientos. Sería, según adelantan en su comunicación pública, como compensación por la prestación de servicios básicos a los centros penitenciarios, "del mismo modo que se hace con otros municipios en relación con otras materias".
A través de un comunicado, señalan que la "mayor repercusión y preocupación" que tienen todos estos ayuntamientos es el "impacto negativo" que tienen que soportar cuando los medios de comunicación y las redes sociales los mencionan por ser sedes de las cárceles.
Además, sostienen que los ayuntamientos de pequeña entidad y con pocos recursos tienen que "asumir y soportar" el coste de servicios básicos como mantenimiento de las redes viarias de acceso a los centros, abastecimiento de agua, depuración, recogida y gestión de residuos y otros enseres, además del trabajo extra para los servicios sociales.
Esa carga económica que suponen estos servicios básicos tienen que afrontarla "sin recibir de la Administración del Estado ninguna compensación económica al respecto", denuncian.
Los regidores han recordado también que los centros penitenciarios están exentos de cualquier tipo de pago de impuestos, de manera que le suponen gastos, pero no ingresos.
"Estamos carentes de financiación y cada día es más complejo seguir prestando servicios si no se tiene en cuenta la carga económica que tenemos que soportar", señalan en su comunicado.
A este respecto, los cinco alcaldes han acordado solicitar audiencia con el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, para trasladarle una propuesta "clara y firme" para que se apruebe un fondo de aportación a cada uno de estos ayuntamientos. Sería, según adelantan en su comunicación pública, como compensación por la prestación de servicios básicos a los centros penitenciarios, "del mismo modo que se hace con otros municipios en relación con otras materias".