La aceptación de una empresa, entidad, organismo, político o gobernante no sólo es una legítima aspiración, también es un activo. Las encuestas de opinión pública revelan las intenciones de voto, la valoración de instituciones, así como el acuerdo y la calificación de los mandatarios. El INEGI presenta de manera periódica la encuesta de evaluación de instituciones. La buena imagen puede resultar no tanto del buen desempeño, sino de la eficaz comunicación. La mala no necesariamente es consecuencia de que se hagan mal las cosas; las percepciones, aunque calificadas como realidad, son percepciones y no se pueden tomar como la medida de lo que sucede.
Ser popular no necesariamente significa virtud, menos tratándose del gobernante. Por mucho es mejor privilegiar eficacia y buenas cuentas que números positivos de aceptación. Además, la popularidad puede ser utilizada como recurso para gobernar, tomar decisiones difíciles y complicadas, pero también para abusar del poder, descalificar a los adversarios o para blindarse de las malas cuentas.
También debe considerarse que el aval social o su contrario puede resultar de las fijaciones de la sociedad. Las fuerzas armadas, las escuelas y las iglesias tradicionalmente son bien calificadas, mientras que los legisladores, los partidos y las policías tienen una elevada tasa de rechazo.
Un presidente populista aspira hacer de la popularidad argumento para prevalecer sobre las demás instituciones, como si no hubiera un código de institucionalidad y una ley que determina las atribuciones de cada órgano público. Como tal, la popularidad es un peligro porque un mandatario tiene mayor capacidad para influir en la formación de la opinión pública y, especialmente, para afectar la reputación de los otros órganos, entidades, incluso de quienes se les oponen, evidente en la presidencia de López Obrador.
Las encuestas de opinión revelan la capacidad del presidente para mantener una elevada popularidad a pesar de las malas cuentas de su gobierno. Muestran, asimismo, que tiene el poder de afectar a quienes él ve como adversarios. Su campaña contra los órganos de justicia ha tenido efectos negativos a la imagen de los juzgadores. La disminución de las cifras de aceptación no necesariamente revela mal desempeño, sino que las expresiones del presidente tienen consecuencias en la percepción. Más aún, es difícil, al menos en la calificación de la Suprema Corte de Justicia, que los encuestados puedan diferenciar este órgano de las autoridades administrativas y de los órganos judiciales locales. Para no pocos, el ministerio público o las fiscalías al ser parte del proceso o justicia penal son consideradas parte del poder judicial.
Otra evidencia de los peligros de la popularidad y del abuso del poder está en la evaluación de los actores relevantes de la oposición, singularmente, la candidata Xóchitl Gálvez. Al momento que anunció su determinación de buscar la candidatura presidencial, López Obrador emprendió una furiosa campaña de desprestigio con una manipulada interpretación a información protegida en su secreto por la ley y una imagen como una persona carente de ética y que se había enriquecido a través de prácticas corruptas. La acción, una clara infracción a las leyes que protegen los datos personales, ignora la presunción de inocencia e interfiere indebidamente en el proceso electoral. Además, generó un daño considerable a la senadora Gálvez, como el crecimiento considerable de la opinión negativa constata y sin duda un factor que daña la equidad en la contienda.
La aceptación social es un activo, más en ocasión de la competencia por el voto. Se ha pretendido hacer de la equidad en la contienda uno de los valores mayores para un voto informado y para que candidatos y partidos compitan con razonable igualdad. Los planos en que se construye la equidad son comunicación y financiamiento; las respuestas institucionales a todas luces han mostrado su insuficiencia como se advierte en esta elección.
A diferencia del pasado hay una competencia claramente inequitativa por prácticas ilegales como la parcialidad de autoridades y el financiamiento excesivo e ilegal del oficialismo, al que se agrega la desigualdad en la cobertura de los medios de comunicación, particularmente en la barra informativa, que impacta a la opinión pública.
La popularidad no es la medida de buenas cuentas ni de una postura informada. En estos tiempos exhibe el ejercicio indebido del poder, los efectos del clientelismo por los programas sociales y la ilegalidad, con la consecuente ilegitimidad de los resultados electorales.