El presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha sido absuelto de la acusación de haber defraudado a la Seguridad Social y Hacienda 36,66 millones de euros en varios ejercicios, delitos por los que se exponía a una solicitud de condena de 21 años de cárcel, tras declararse nula la instrucción hecha por el magistrado Salvador Alba.
Ese juez cumple en la actualidad seis años de cárcel por manipular una instrucción penal para perjudicar a la también magistrada Victoria Rosell, cuando esta era diputada de Podemos, en unos hechos que están relacionados directamente con la causa de Miguel Ángel Ramírez: es, de hecho, el caso de fraude que lo sentó en banquillo.
Tanto el Tribunal Superior de Justicia de Canarias como el Tribunal Supremo estimaron acreditado que, cuando se hizo cargo del caso que había iniciado Rosell, Salvador Alba citó a su despacho a Ramírez a escondidas y sin abogado y le ofreció una serie de ventajas procesales a condición de que el día que lo llamara formalmente a declarar manifestara una serie de circunstancias que podían poner en cuestión el desempeño profesional de la entonces diputada de Podemos.
La Audiencia de Las Palmas considera ahora que ese comportamiento "espurio" del juez Alba invalida la declaración posterior y formal de Ramírez, con una consecuencia favorable a sus intereses: si no es válida, formalmente no existe y, si no existe, la Justicia no cumplió con su obligación de citarlo en los plazos legalmente previstos para darle la oportunidad de exponer su versión, asistido por su letrado.