La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un duro informe en el que acusa al gobierno de Nicolás Maduro de violar «sistemáticamente» los derechos humanos en Venezuela. Según la CIDH, estas violaciones buscan desalentar la participación política en el país, de cara a las próximas elecciones presidenciales del 28 de julio.
El informe anual de la CIDH para 2023, en su capítulo dedicado a Venezuela, señala que el Estado ha incurrido en violaciones a la libertad de expresión, con el objetivo de concentrar el poder en el Ejecutivo, limitar la participación política y minar la independencia de las instituciones.
La Comisión denuncia la aplicación de sanciones de inhabilitación para ejercer cargos públicos de manera «desproporcionada» contra figuras de la oposición, como María Corina Machado, ganadora de las primarias antichavistas de octubre. Estas medidas, según la CIDH, violan los estándares interamericanos en materia de derechos políticos.
El informe también critica el deterioro institucional y la falta de independencia del Poder Judicial en Venezuela. Asegura que esta situación ha creado un clima de impunidad ante las graves violaciones de derechos humanos, ya que ni el Ministerio Público, ni la Defensoría del Pueblo ni el propio Poder Judicial han actuado con la debida diligencia para investigar, juzgar y sancionar a los responsables. La CIDH atribuye esta falta de acción a la falta de independencia de estas instituciones frente al gobierno.
En resumen, la CIDH considera que el gobierno de Maduro está implementando una estrategia de violaciones a los derechos humanos para limitar la participación política y perpetuarse en el poder.
CIDH pide levantar sanciones
El organismo internacional también pidió el levantamiento de las sanciones sectoriales impuestas a Venezuela y argumentó que estas medidas unilaterales han «exacerbado las calamidades» en el país, exacerbando la situación de las personas más vulnerables.
La CIDH, en el documento, se basa en los hallazgos de la relatora especial de la ONU sobre medidas coercitivas unilaterales, Alena Douhan, quien visitó Venezuela en 2021. Douhan concluyó que las sanciones «no tienen base normativa en el derecho internacional» y han «agudizado la situación de las personas en situación de vulnerabilidad«.
La CIDH reconoce que la «grave situación económica» de Venezuela «antecedió la imposición de sanciones» y se debió a una combinación de factores, incluyendo la caída del precio del petróleo, la privatización y expropiaciones, la gestión pública deficiente y la corrupción. Sin embargo, la Comisión insiste en que las sanciones han empeorado la situación y que el Estado venezolano no puede usarlas como excusa para «desatender sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos».