El director general de Salud en Baleares, Javier Ureña, explica con diversos argumentos que el expediente para la reclamación de los 2,6 millones de las mascarillas falsas compradas a la trama Koldo no ha caducado por mucho que el PSOE insista en lo contrario. También comenta que en el caso de que hubiera caducado le «daría exactamente igual» puesto que tenía pocas posibilidades de prosperar después de que el anterior Govern diera su conformidad con el contrato y el material recibido. Añade Javier Ureña que lo prioritario ahora es recuperar todo el dinero, los 3,7 millones pagados a la empresa de la trama Koldo.
Pregunta.-Para el PSOE lo más relevante del escándalo del caso Koldo en Baleares es que el expediente para la reclamación de los 2,6 millones de euros de las mascarillas falsas ha caducado.
Respuesta.-Yo creo que esto no es lo importante y que para ellos, los del PSOE, tampoco lo es. El PSOE está intentando tender una cortina de humo sobre lo que verdaderamente preocupa a los ciudadanos, lo que queremos saber todos. Queremos saber quién pone en contacto a la trama con el Gobierno de las Islas Baleares para articular esta compra y los motivos por los que durante tres años no se articula una reclamación. El PSOE ha lanzado muchas preguntas sobre la reclamación del dinero y las hemos contestado todas y se ha aclarado. Lo que no ha hecho el PSOE es dar respuesta sobre las verdaderas incógnitas que tiene el expediente.
P.-¿Ha caducado el primer expediente para reclamar los 2,6 millones de euros?
R.-Lo que está clarísimo es que en ningún caso ha caducado el expediente. Un procedimiento administrativo es un procedimiento formal y reglado y este procedimiento acaba con una resolución de desistimiento. Y esto no lo puede discutir nadie. O sea, en ningún caso ha caducado. Y si queremos debatir si debería haber caducado, tampoco. El artículo 212.8 de la Ley de Contratos dice que la duración del procedimiento para la resolución de contratos es de ocho meses y de hecho, así se viene pronunciando reiteradamente la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, que es el órgano consultivo para contratación que tenemos dentro del Govern y cuyas decisiones nos vinculan a todos los órganos de contratación del Govern.
P.-¿Se refiere a la actual Junta Consultiva?
R.-Me refiero a la Junta Consultiva de la legislatura pasada, donde los representantes eran y estaban nombrados por los anteriores consellers. La Junta Consultiva de Contratación Administrativa de las Islas Baleares sigue diciendo que son ocho meses. Hay una resolución de noviembre del 22 y otra de noviembre de 2023 que siguen diciendo que son ocho meses. Se basan para ello en un dictamen del Consell Consultiu. Y luego sí que hay una sentencia del Tribunal Supremo de 29 de enero de 2024 que ya empieza a decir que eso es normativa específica del Estado y que las comunidades autónomas tienen que regular su propio plazo.
P.-¿Ha caducado según la normativa autonómica?
R.-Lo que dice en su primer artículo el decreto de contratación de la Comunidad Autónoma es que en lo referente a los plazos para reclamar hay que remitirse a la normativa estatal salvo en lo que esté regulado en el mencionado decreto. Por tanto, nos podemos seguir acogiendo al plazo de ocho meses. Además, la sentencia del Supremo relativa a Canarias sobre los plazos surge cuando nuestro procedimiento ya está iniciado. Entonces, por una circunstancia de economía procesal y de simplificación administrativa, tampoco entenderíamos que deberíamos aplicar esta sentencia porque nuestro procedimiento ya está en marcha. En todo caso, la tesis de Negueruela, que para nosotros es totalmente absurda, es que hemos recibido presiones de la trama Koldo cuando nosotros hemos dicho y hemos asegurado, y lo vamos a seguir haciendo, que no ha habido absolutamente ningún contacto de este Govern con la empresa Soluciones de Gestión y, por consiguiente, no ha habido ninguna presión al respecto.
P.-¿Según la sentencia del Supremo relativa a Canarias el expediente ha caducado?
R.-Aunque tuviésemos que tener en cuenta la interpretación que pretende hacer el PSOE de la sentencia del Supremo, tampoco podría decirse que el Govern balear ha hecho caducar el expediente. En todo caso, y tampoco lo compartimos, sería el Tribunal Supremo el que ha hecho caducar el expediente. Tal vez el PSOE quiere enarbolar también la bandera de que la trama ha presionado al Tribunal Supremo. A esto, que juegan ellos, porque ya me parecería demasiado retorcido.
P.-¿Qué importancia tendría que el expediente hubiera caducado?
R.-Nos da exactamente lo mismo. Nosotros en todo momento lo que hemos dicho es que no queremos luchar por 2,6 millones. Queremos recuperar los 3,7 millones. Pretender una reclamación parcial cuando has dicho que las mascarillas son buenas y que el contrato se ha cumplido no tiene sentido. Eso evidentemente deja en muy mal lugar a la Administración para poder hacer esa reclamación. Lo que tenemos claro es que lo único que ha caducado aquí son las mascarillas. Además, las Audiencia Nacional y la Fiscalía Europea no están mirando el expediente de reclamación, están mirando hacia la compra de las mascarillas por parte del Govern de Armengol pagadas con fondos europeos.