Reino Unido tiene un problema con el agua potable. En los últimos años, las empresas que gestionan el agua corriente en gran parte del país están viviendo dos crisis que se solapan. Por un lado, los vertidos de aguas fecales en ríos y playas se han incrementado notablemente, por los efectos de un sistema de alcantarillado envejecido. Y, por si no fuera suficiente, muchas de esas firmas están inmersas en una crisis financiera que amenaza con llevar a la quiebra a, entre otras, Thames Water, la que suministra el agua a Londres.
El sistema de agua de Reino Unido viene de la era victoriana. La primera gran red de alcantarillado de Londres se construyó en 1856, y su diseñador clave, Joseph Bazalgette, apostó por combinar la canalización de las aguas fecales y del agua de lluvia en la misma infraestructura. Normalmente van por conductos separados, pero cuando el flujo de alguna de las dos sube lo suficiente (cuando llueve mucho, por ejemplo), ambas pueden juntarse y provocar que los residuos fecales acaben en los ríos y en los mares. Y el enorme aumento de la población desde entonces no ha hecho más que aumentar el flujo del agua que sale de los váteres de los ciudadanos a unos niveles muchísimo más altos que los previstos hace 170 años, lo que ha aumentado el riesgo de que las dos corrientes acaben cruzándose a la menor oportunidad.
El resultado es que los vertidos de aguas residuales sin tratar se han disparado en los últimos años. En 2022 hubo 1,75 millones de horas de vertidos, y la cifra se duplicó en 2023 hasta los 3,6 millones de horas, según calculó la Agencia Medioambiental de Inglaterra. Y en algunos lugares, la situación es terrorífica: en Chichester, al sur del país, su alcantarillado vertió aguas residuales sin tratar al mar durante 273 días enteros -las 24 horas- a lo largo de 2023; mientras que en Lewes, los vertidos al río Ouse se registraron durante 201 días enteros.
Un pantano de deudas
Londres es una de las zonas del país que menos sufre ese tipo de vertidos. Pero sus problemas son otros: Thames Water, la compañía privada que gestiona su sistema de cañerías, está al borde de la quiebra. La compañía tiene deudas por valor de 16.000 millones frente a un capital de 19.000 millones, el ratio de deuda más elevado de todo el sector. Según sus cálculos, el dinero que tiene solo le serviría para aguantar hasta julio de 2025, momento en el que tendría que declarar la bancarrota si nada cambia.
Thames Water es la peor, pero no es la única. Ofwat, el regulador británico del agua, ha advertido de que al menos 12 compañías de agua, que gestionan el servicio al 60% de toda la población de Inglaterra y Gales, están en una situación financiera preocupante. Todas esas compañías nacieron limpias de deudas en los años 80, cuando la primera ministra Margaret Thatcher privatizó el servicio del agua. Pero, desde entonces, han pagado dividendos por valor de 83.000 millones de libras (ajustadas por inflación), y han acumulado 60.000 millones en deudas.
La parte más perjudicada ha sido la inversión en mantenimiento. Según los cálculos del Gobierno, haría falta una renovación del alcantarillado y las tuberías de todo el país que estiman en 96.000 millones de libras. Una cifra imposible de asumir dada la deuda de las firmas. La única solución ha sido disparar el coste de las facturas: el coste medio en 2023 subió de 31 libras por hogar a 448, y las empresas de agua han solicitado un alza adicional del 40% a lo largo de los próximos seis años.
El problema es que la inflación y los tipos altos están comiéndose los ingresos extras de esas compañías solo en los intereses de su gigantesca deuda. En South East Water (que opera en Kent, Sussex, Surrey, Hampshire y Berkshire), el coste de los intereses su montaña de deuda de 1.700 millones de libras ascendió a 54,8 millones solo en la primera mitad de 2023. Pero, pese a registrar pérdidas de 18 millones, pagaron dividendos por valor de 2,25 millones a sus inversores.
Nada de rescates
El Gobierno británico ha pedido a las firmas de inversión propietarias de esas compañías que inviertan más dinero de su bolsillo y se paguen menos dividendos hasta sanear la situación financiera (y el agua que fluye por sus cañerías). Y el ministro de Medio Ambiente, Steve Barclay, rechazó la petición de la dueña de Thames Water (participada por la australiana Macquarie, el fondo de inversión soberano de Abu Dabi y fondos de pensiones de varios países) de rescatar la compañía.
Probablemente será el próximo Gobierno, que salga de las elecciones previstas para este año, el que tenga que gestionar la caída del suministrador de agua de Londres. El actual primer ministro, Rishi Sunak, quiere que la solución sea puramente privada, pero los dueños de la firma están dispuestos a dar por perdida su inversión de 5.000 millones y devolverle la patata caliente al Ejecutivo si no les ofrecen más subidas de precios, menos multas medioambientales y la posibilidad de pagar dividendos. Todas las miradas, sin embargo, están puestas en el Partido Laborista, favorito muy destacado en las encuestas, que hasta ahora solo ha indicado que quiere prohibir que se entreguen dividendos mientras haya una falta de inversión, y retirar los bonus a los directivos de esas firmas.
Y, con todo lo que está ocurriendo, el problema de fondo viene de una decisión clave de 1856. En aquel año, el Parlamento rechazó la propuesta del ingeniero Edwin Chadwick de crear dos redes de alcantarillado separadas, una para las aguas fecales y otra para el agua de lluvia. La principal razón era el precio: hacer dos redes era mucho más caro que solo una combinada. El precio de reformar toda la red del país sobre la marcha es hoy muchísimo más caro todavía. Pero es la única solución a largo plazo. Como diría el refrán, lo barato acaba por salir caro.