Pese a que el informe sobre el Envejecimiento de la Población -Aeging Review- publicado por la UE la semana pasada, obliga al Gobierno a un recorte de casi 12.000 millones de euros en el gasto en pensiones, el Gobierno insiste en que no bajará la actual cuantía de las mismas. ¿Miente el Ejecutivo? Lo que hace es no contar la verdad, porque ese ahorro de 12.000 millones sólo puede producirse por dos vías: bajando el importe de las actuales pensiones y suprimiendo determinadas prestaciones o endureciendo las condiciones para el acceso a las pensiones futuras, lo que no deja de ser un recorte encubierto. Al mismo tiempo, lo que hará el Ejecutivo es seguir elevando las cotizaciones sociales para tratar de cuadrar unas cuentas que para la UE son imposibles de cuadrar sin un tijeretazo.
Lo más hipócrita de todo es que fue la anterior vicepresidenta económica Nadia Calviño quien fabricó el documento en el que se contempla un recorte de 12.000 millones de euros para no quebrar el sistema. Corrió a cargo de la Dirección General de Análisis Macroeconómico del Ministerio de Economía con el concurso de técnicos del Banco de España.
El actual titular del Departamento, Carlos Cuerpo -nombrado por Sánchez a sugerencia de Calviño- estaba al tanto de su contenido, por lo que no puede ponerse de canto. El informe fue remitido a la Comisión Europea y está sellado en diciembre de 2023, cuando se produjo el relevo de los responsables al frente de la cartera. En realidad, el informe de la UE lo que viene a subrayar es la necesidad de recortar sustancialmente el gasto en pensiones y avala su recomendación en el hecho de que fue el propio Gobierno de Sánchez quien asumió el tijeretazo. En suma, que el Ejecutivo está tratando de escurrir el bulto para no admitir que es él quien plantea un recorte en las pensiones. De modo que vienen curvas, porque se endurecerán los requisitos para la jubilación, por mucho que el Gobierno pretenda volver a vendernos una burra coja.