Se da en el medio de la pelea del Gobierno de Javier Milei con estos Registros a los que planteó la voluntad de eliminar. El proceso de transferencia de vehículos también fue objeto de cuestionamientos, con tasas registrales que representan entre el 1,5% y el 2,5% del valor del auto. La entidad explicó que una parte significativa de estos fondos se destina al Ministerio de Justicia, lo que contribuye al financiamiento estatal. "Es decir, que del 7% que usualmente se pagaría en una transferencia total, cerca de 1,5% cobra el registro. El resto son impuestos que dependen del Estado Nacional o Provincial", plantearon.
Frente a la desactualización de los ingresos que solventan sus gastos, la entidad aseguró que "en caso de que los registros desaparezcan, no solo corre riesgo la seguridad jurídica de los dueños de automóviles, sino la economía de los mismos, ya que aumentarían notablemente los seguros de autos, por ejemplo".
Desde la entidad que preside Alejandro Germano, señalaron que "desde hace seis décadas, el Registro del Automotor fue concebido para proteger a los propietarios de vehículos frente al creciente problema de robos y estafas relacionadas con la venta de automóviles robados".
En este sentido, según la Asociación, el Registro funciona como una ventanilla única para que los ciudadanos no caigan en la compra de autos robados, y por otro lado evitar la inscripción de autos mellizos, problemas en herencias y firmas, y asegurar la reparación del damnificado ante siniestros o daños con automotores, entre otros temas.
Por otro lado, desde AAERPA manifiestaron preocupación por los 12 mil puestos de trabajo en los Registros de todos los puntos de la Argentina: "Son 12 mil familias que podrían quedarse en la calle y que, insistimos, no tienen un sueldo público, sino que son empleados privados del Registro".
En medio de este escenario, AAERPA planteó que está de acuerdo con la digitalización de los Registros del Automotor, ofreciendo modalidades tanto digitales como presenciales para adaptarse a las necesidades de los ciudadanos. Sin embargo, advierten que el sistema se encuentra desfinanciado, lo que podría obstaculizar este proceso.