La Fiscalía ha pedido dos años de prisión para cada uno de los autores de tuits acusados de "denigrar y vejar" a la familia de una alumna de Canet de Mar (Barcelona), que pidió por vía judicial un 25 % de clases en castellano, mediante mensajes que llamaban a su "aislamiento social". Los investigados habrían atentado, según el ministerio fiscal, contra la integridad moral y pide que se les condene a indemnizar con 9.000 euros en total a la alumna y a sus padres, por los daños que les causaron con sus mensajes en Twitter.
Según el escrito, adelantado por El Mundo, la familia fue objeto de mensajes de acoso en las redes sociales a lo largo del mes de diciembre de 2021, después de que lograran que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) impusiera las medidas cautelares del 25 % de clases en castellano en el aula a la que asistía la menor que entonces tenía 5 años, en la escuela Turó del Drac de Canet de Mar.
Acoso
"Queremos saber el nombre y la dirección de la familia", el pueblo "tiene que hacerle la vida imposible", para "demostrar que la próxima que lo haga tendrá que marcharse"
El TSJC obligó al centro, de forma cautelar, a impartir un 25 % de las lecciones en español al grupo de una alumna de P-5 cuya familia había pedido inicialmente recibir el 50% de las clases en castellano. Según el tribunal, la familia del menor estaba recibiendo acoso y amenazas en las redes, por lo que ordenó al entonces conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, y a la directora del centro, a adoptar "las medidas necesarias para preservar la protección y la identidad" del alumno. La Fiscalía Provincial de Barcelona inició entonces diligencias de investigación por un presunto delito de odio.
Ahora, en su escrito, la Fiscalía entiende que la demanda de esta familia desató "un movimiento de respuesta hostil con multitud de publicaciones" en Twitter, donde diferentes usuarios "difundieron en sus respectivas cuentas expresiones humillantes e hirientes" contra ella.
En algunas de esas publicaciones, se hacían "llamamientos al aislamiento del menor" por parte de sus compañeros de colegio y, por lo tanto, a su exclusión social por el hecho de ejercitar su derecho a usar la lengua castellana en los términos establecidos por los tribunales.
Acusaron a los padres de "colonos inadaptados" y pidieron a la escuela crear un aula a la que solo fuera la niña
"Con tal modo de proceder, perseguían generar en dicha familia sentimientos de angustia y dolor que les hicieran desistir de su pretensión, sirviendo además de aviso para otras que, como ella, pudieran tener idénticos planteamientos lingüísticos", sostiene la acusación pública.
En ese contexto de "humillación y promoción explícita del aislamiento del menor", uno de los acusados publicó el mensaje: "entonces cread el grupo P5Ñ, ponéis al niño solo y le hacéis 50-50".
Otro de los encausados, añade el escrito de acusación, insultaba a los padres de la menor llamándoles "terroristas" o los calificaba de "colonos inadaptados e intransigentes".
"Queremos saber el nombre y la dirección donde vive la familia", el pueblo "tiene que hacer la vida imposible a la familia" o "hay que demostrar que la próxima familia que lo haga tendrá que marcharse del pueblo" son otros de los mensajes que destaca la Fiscalía en su escrito.
El ministerio público mantiene que los acusados suscribieron en Twitter ese tipo de comentarios y otros que podían inquietar a la familia de Canet, "por contener anuncios de males futuros como represalia a la acción de los denunciantes", como: "me apunto a ir a apedrear la casa de ese niño".
Además, al difundir los mensajes "de forma masiva e indiscriminadamente" desde perfiles públicos de internet, los acusados "dotaron a los contenidos de proyección social suficiente para que la familia concernida tuviera conocimiento de sus respectivos comentarios a través de redes sociales o de terceros".
La Fiscalía de Delitos de Odio de Barcelona abrió una investigación sobre el caso a raíz de las denuncias de Hablemos Español, Asamblea para la Escuela Bilingüe (AEB) y Vox.
Turó del Drac fue la primera escuela de Catalunya con unas cautelares del 25% que salía del anonimato. Entonces, había una treintena de escuelas con medidas cautelares del estilo que obligaban a aulas o al centro entero a impartir el 25% de castellano.
Los padres de la escuela decidieron protestar por una medida no consensuada en el consejo escolar que afecta a 24 alumnos de esa clase y que modifica el proyecto lingüístico, basado en la inmersión, aprobado en el 2019. También fue la primera escuela que recibió la visita del conseller de Educació por este motivo. Y la primera en atraer a todos los medios de comunicación, semanas después de conocerse que el Tribunal Supremo ratificaba una sentencia dictada por el TSJC sobre la aplicación del 25% en todas las escuelas de Catalunya, medida que se frenó tras la aprobación de la ley de usos lingüísticos por parte del Parlament de Catalunya, y de un decreto ley emitido por el Govern que prohíbe explícitamente dividir el horario en porcentajes de lenguas.
Ante esta nueva normativa, el TSJC admitió la "imposibilidad" de aplicar la sentencia, pero decidió elevar sus dudas sobre la "inconstitucionalidad" de la ley y del decreto al Tribunal Constitucional que ahora debe pronunciarse sobre si se ajusta a la legalidad.
En todo caso el tribunal ha seguido imponnedo cautelares sobre el 25% de castellano y Educació no ha podido revertir esta imposición judicial en las escuelas.
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