Tras la firma del consenso fiscal de Mauricio Macri con los gobernadores de las provincias, LA NACION consultó a dirigentes del agro para conocer el impacto del convenio en el sector. Si bien se bajará el impuesto a los ingresos brutos, las provincias tendrían vía libre para que las valuaciones fiscales puedan converger con los valores de mercado, lo que impactaría en el impuesto inmobiliario rural.
Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, señaló que el impacto "va a depender mucho de cómo lo implemente cada provincia". Y añadió: "En principio, vemos como punto negativo el aumento del monto del Inmobiliario, aunque hay una disminución del impuesto a los sellos y a los ingresos brutos para las actividades agropecuarias", afirmó. Iannizzotto hizo hincapié en que imaginaban la reforma impositiva "mucho más profunda, más medulosa y consensuada", sobre todo con respecto a temas vinculados al IVA y a la rapidez de la devolución de impuestos a la exportaciones. "Creemos que es una salida un poco liviana y delega la responsabilidad en las provincias, y el productor va a quedar a dispensa de la voracidad fiscal de cada departamento", señaló.
Daniel Pelegrina, flamante presidente de la Rural, dijo que en la entidad ven positivamente que el Gobierno y las provincias se hayan reunido a consensuar sobre el sistema impositivo. "Este acuerdo va a otorgar mayor previsibilidad en el reparto de recursos y contribuirá a la institucionalidad y al federalismo", afirmó. Pero consideró: "Esto no significa que las provincias tengan vía libre para subir el impuesto inmobiliario, porque el acuerdo establece racionalidad". Además, afirmó que a nivel nacional el impuesto a la propiedad inmobiliaria decreció entre 2002 y 2016, pero aclaró que este promedio esconde el importante crecimiento que tuvo el impuesto inmobiliario rural en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. "En estas cuatro jurisdicciones, el tributo aumentó el doble que el total del inmobiliario rural y urbano de las 19 provincias restantes. Esto es porque esas provincias han aumentado el impuesto sistemáticamente en los últimos años".
Jorge Solmi, director de Federación Agraria Argentina (FAA), dijo: "No se están sustituyendo impuestos o modificándolos: nos suben unos y nos dicen que nos bajan otros. Lo que hay que hacer en las provincias es aplicar impuestos diferentes, que no tengan que ver con el valor de la tierra, sino con la capacidad de generar rentabilidad".
Además, agregó que el campo no es "una exteriorización de la riqueza". "El problema es que las provincias utilizan los impuestos sobre la tierra a veces de manera excesiva y el productor termina siendo un rehén fiscal", señaló.
Por su parte, el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Matías de Velazco, destacó que el Presidente manifestó la necesidad de bajar la presión fiscal sobre el sector privado a nivel nacional, pero fue crítico al afirmar que en la provincia de Buenos Aires se está "yendo en el sentido contrario".
"La posición de Carbap es que el campo es un bien productivo, por lo cual no puede ser tenido en cuenta su valor de mercado. Además, dijo que desde la entidad ven con preocupación el presupuesto provincial 2018, donde, según señaló, hay una discriminación del campo con respecto a otros sectores. "La mayor carga tributaria se está poniendo sobre el agro en vez de potenciarlo como hacen otros países, como Australia y Nueva Zelanda", indicó.