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La escuela concertada en España, según el sistema establecido hace 39 años, se basa en que el Estado financiaría los centros educativos privados y estos, a cambio, no seleccionarían a su alumnado y mantendrían la gratuidad. Pero según el informe, el coste de acceso a la escuela concertada en España: cuantificando las cuotas e identificando sus causas, elaborado por 'EsadeEcPo'l ese principio se rompe porque la concertada cobra cuotas alegales hasta a un 95% de alumnos.
De media pagan entre 680 y 860 euros anuales. Ese estudio aborda por primera vez de manera integral el ecosistema de centros concertados, familias y cuotas en toda España a partir de datos de dos encuestas diferentes del INE. La conclusión: recaudan cerca de 1.000 millones de euros al año.
Casi la mitad de los centros lo hacen pese a recibir una financiación suficiente por parte de las administraciones, con el objetivo de ofrecer servicios ajenos a los conciertos, como una forma para diferenciarse y cerrar el paso a estudiantes vulnerables, o para ganar dinero.
La escuela concertada matricula al 29% del alumnado español, la pública, al 67% y la privada pura —sin subvención—, al 4%.
El informe identifica un grupo formado por unos 425 colegios, en general de gran tamaño, bien financiados por la Administración, que cobran a las familias cuotas elevadas y absorben nada menos que 1.250 millones de euros públicos al año en conciertos.
El grupo representa entre el 15% y el 17% según la etapa educativa, del total de centros concertados españoles, pero su peso es mayor en Madrid, donde alcanza hasta el 21% y sobre todo en Cataluña donde llega al 33%.
Retirarles las subvenciones (que suman un 20% del gasto público en conciertos), concluyen los autores, permitiría paliar de sobra la infrafinanciación que sufre otra parte de la concertada (en concreto, un 38% de los colegios), por un importe que asciende en total a 240 millones de euros.
Cataluña cobra más cuotas
Tres comunidades autónomas, Cataluña, Madrid y País Vasco, concentran el 70% de las cuotas pagadas en España. El motivo es que en dichos territorios la concertada tiene mayor peso. Y su importe resulta particularmente alto: 1.696 euros anuales de media en Cataluña, 1.156 en la Comunidad de Madrid, y 959 en el País Vasco, frente a 597 en la Comunidad Valenciana y 453 en Andalucía.
La situación es diferente por etapas: se recaudan sobre todo en el segundo ciclo de infantil. También según el tamaño de los centros: nueve de cada 10 colegios grandes (los que tienen más de 500 alumnos en primaria o ESO) cobran cuotas, mientras que entre los medianos (de 100 a 500 niños) y pequeños (menos de 100) lo hacen torno al 70%.
Los autores observan, además, que buena parte de los centros que ya están muy bien financiados por la Administración se sitúan entre los que cobran cuotas más altas. Y que las familias de la concertada de clase alta pagan cuotas mucho más elevadas que las de clase baja.
El informe considera cuotas los pagos realizados por las familias por la matrícula, las clases lectivas y las actividades complementarias realizadas dentro del horario escolar. Y es en el comedor donde con frecuencia los centros utilizan este servicio como una forma de "financiación encubierta de otras partidas" ―los datos muestran, de hecho, importantes diferencias en los precios del comedor no solo entre concertada y pública de una misma autonomía, sino también entre concertadas del mismo territorio―. Y que, como además la escuela concertada mantiene de forma mayoritaria la jornada partida, el comedor resulta un servicio difícil de esquivar por la concertada.
La existencia de cuotas, afirman los autores del informe, está detrás, en gran medida, del hecho de que el nivel socioeconómico del alumnado de la concertada sea más alto que el de la pública. Y de que la pública matricule, por ejemplo, a más del doble de los chavales inmigrantes de lo que le correspondería si su distribución fuera equilibrada.
Motivos para cobrar las cuotas
Hay diferentes motivos por los que, según concluye el informe, los colegios concertados cobran cuotas porque muchos de ellos no están los suficientemente financiados. Otros porque así asumen gastos no incluidos en los conciertos como psicólogos o directores sin funciones. Y otro grupo de colegios que cobran cuotas para diferenciarse de la competencia o directamente para lucrarse.
Por su parte la patronal de la educación concertada asegura que todas las cuotas que reciben son voluntarias y destinadas a actividades o servicios adicionales. Les preocupa que "el informe sugiera que la enseñanza concertada no cumple con la garantía constitucional del derecho a la educación, basándose en la percepción de que los alumnos no pueden acceder gratuitamente a estos centros. Cualquier familia puede solicitar plaza" sin obligación de pago por la enseñanza financiada por el concierto.
"Es incorrecto e injusto sugerir que los centros concertados incentivan el cobro de cuotas ilegales. Todas las contribuciones de las familias son voluntarias y destinadas a actividades o servicios adicionales, como se establece claramente en los documentos de concierto. La regulación actual ya establece amplios sistemas de control de las cantidades que los centros concertados perciben".
Además, lamenta que el informe no aborde "adecuadamente el impacto segregador de las políticas públicas que limitan el acceso a becas de comedor, transporte y apoyo a necesidades para familias de la escuela concertada, ni considera la falta de oferta concertada en muchas zonas rurales o de menor población".
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