Contexto-cómo los rolex encienden una turbulencia política que pone en riesgo la presidencia de perú
Por Marco Aquino
LIMA, 2 abr (Reuters) - Perú, que ha tenido seis presidentes desde el 2018, encara una nueva turbulencia política con la presidenta Dina Boluarte investigada sobre la procedencia de su fina colección de relojes Rolex, un escándalo que ha provocado pedidos de su renuncia.
Boluarte es investigada por presunto enriquecimiento ilícito, lo que llevó a que decenas de fiscales y policías allanaran el fin de semana su vivienda y su despacho en el Palacio de Gobierno, en busca de evidencias del caso.
La gestión de Boluarte, que asumió al poder a fines del 2022 tras la destitución de su antecesor Pedro Castillo -que intentó cerrar el Congreso-, ha estado marcada por violentas protestas que dejaron decenas de muertos y generaron demandas de elecciones anticipadas.
En un mensaje televisado, Boluarte calificó de "abusiva" la actuación fiscal y afirmó que cumplirá su mandato hasta el 2026.
En medio de la crisis, seis ministros han renunciado y la oposición en el Congreso ha solicitado la expulsión de Boluarte.
Cómo se inicia el escándalo
En marzo, un popular programa político en Youtube "La Encerrona" señaló que Boluarte usaba en eventos públicos relojes Rolex, cuyos precios oscilarían entre 14.000 y 25.000 dólares, un reporte que tuvo amplio rebote de la prensa local.
El periodista Marco Sifuentes de "La Encerrona" afirmó a Reuters que tras recibir el dato de un "curioso", que se había reunido antes con Boluarte y visto que usaba finos relojes, revisaron miles de fotos oficiales de sus apariciones públicas. "Hay un signo de enriquecimiento muy llamativo que perfectamente en Perú podría corresponder a sobornos", acotó.
El 18 de marzo la fiscalía de Perú anunció el inicio de "diligencias preliminares" contra Boluarte por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y omisión de declarar en documentos la propiedad de tres costosos relojes Rolex.
El caso sacó a relucir un antiguo reporte del regulador de la banca que alertaba "de operaciones sospechosas" por unos 295.000 dólares en cuentas bancarias de Boluarte entre el 2016 y 2022, antes de que asumiera al poder. En su defensa, Boluarte dijo que son "cuentas mancomunadas" cuando era miembro de un club regional; y rechazó actos de corrupción en su gestión.
Allanamiento fiscal
En la última hora del "Viernes Santo", decenas de fiscales y policías llegaron a la casa de Boluarte para cumplir una orden de allanamiento y luego de 10 minutos sin respuesta desde el interior de la vivienda "se procedió a realizar el descerraje de la puerta", dijo el Ministerio Público en un comunicado.
En la diligencia no se ubicó ni se produjo la entrega de los tres relojes Rolex. Horas después del allanamiento que duró hasta el sábado, medios locales difundieron documentos sobre un Rolex, del modelo Datejust, con fecha de compra "08-07-2023".
Según el sitio oficial de internet de Rolex, un Datejust de acero Oysterstell y oro amarillo cuesta al menos 14.800 dólares.
El salario mensual de Boluarte como presidenta es de un equivalente a 4.200 dólares, aunque todo el gasto por su función y permanencia el Palacio de Gobierno lo asume el Estado. Anteriormente, como vicepresidenta y ministra de Inclusión Social había declarado ingresos mensuales de unos 8.000 dólares.
En el Palacio de Gobierno se hallaron ocho relojes de otras marcas de menor precio, según la prensa, citando a la fiscalía.
La defensa de Boluarte, que hace días había pedido a la fiscalía postergar las declaraciones de la presidenta, ha solicitado ahora que se tome de inmediato la declaración de Boluarte, el viernes 5 de abril, "en vista de la turbulencia política que se viene produciendo" debido a las investigaciones.
El escenario se complica
En los dos últimos mensajes a la nación sobre el "caso Rolex", la presidenta Boluarte no ha precisado el origen de los costosos relojes, ni cuando los compró o si los recibió de regalo. La mandataria mas bien ha calificado de "arbitraria, desproporcional y abusiva" la incursión fiscal y policial a su casa y a su despacho y oficinas en Palacio de Gobierno.
El abogado y analista político, Carlos Caro, consideró que Boluarte habría incurrido en "obstrucción" a la justicia al no entregar información y presentarse en el primer llamado de la fiscalía para declarar sobre el origen de los relojes. "Estamos ante una nueva crisis de gobernabilidad", manifestó a Reuters.
Legisladores de oposición -en su mayoría de izquierda- han pedido la renuncia de Boluarte y presentaron el lunes una moción para iniciar el proceso de su destitución en el Congreso, con la firma de 26 representantes de las 130 bancas del parlamento.
Se requiere 52 votos en el Congreso para seguir el proceso y 87 votos para la destitución de Boluarte, algo poco probable en este momento porque legisladores conservadores o de derecha, que son mayoría, han dado señales de apoyo a la mandataria.
El Congreso ya ha rechazado dos veces pedidos para expulsar a Boluarte, uno en abril del 2023 tras las protestas sociales y otro en marzo de este año por un cuestionado viaje al extranjero.
Boluarte, que fue vicepresidenta del destituido mandatario Castillo, no tiene representación en el Congreso porque el partido marxista que lo llevó al Gobierno es ahora de oposición.
Costos en corto plazo
En medio del escándalo, Boluarte removió el lunes a casi un tercio de su gabinete de 19 ministros, lo que agregaría más inestabilidad en la gobernabilidad del país andino.
Entre los cambios nombró como ministro de Interior a Walter Ortiz, un policía retirado que se desempeñaba como jefe de la dirección contra el crimen organizado en el mismo portafolio.
La salida de los ministros se produce días antes de que el primer ministro Gustavo Adrianzén, que fue nombrado a inicios de marzo, debe presentarse al Congreso en busca de respaldo a su gestión, un trámite cuando asume un nuevo jefe de gabinete. De acuerdo a la Constitución, si el voto de confianza es rechazado, todo el equipo de ministros del Gobierno debería renunciar.
En las últimas tres décadas, casi todos los funcionarios de alto rango o expresidentes peruanos han sido investigados por la fiscalía o han estado envueltos en casos de corrupción.
Dos expresidentes, Alejandro Toledo y Pedro Castillo, están presos actualmente en un mismo penal mientras los investigan por corrupción o abuso de poder; mientras que Alberto Fujimori fue excarcelado en diciembre tras un cuestionado indulto.
El nuevo escándalo ocurre cuando el apoyo de peruanos a la gestión de Boluarte se mantiene debajo de un dígito desde fines del 2023, lo que la coloca como uno de los líderes mas impopulares de América Latina, según una reciente encuesta de Ipsos Perú. (Reporte de Marco Aquino y Reuters Televisión. Editado por Marion Giraldo)