El Pleno del Ayuntamiento de Manacor ha aprobado la aplicación parcial del decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda, que estaba suspendido desde el pasado mes de noviembre.
Esta votación ha salido adelante con los votos favorables de MÉS-Esquerra, PP, PSIB, la Agrupación Independiente de Porto Cristo y Silloters y Simpatizantes (AIPC-SyS) y la abstención de Vox.
En una nota de prensa, el Consistorio ha criticado que en la tramitación del decreto ley se "hurtó la tramitación parlamentaria ordinaria" y, por tanto, "no se dio la oportunidad a la ciudadanía de poder presentar propuestas al texto normativo".
En ese sentido, el Ayuntamiento de Manacor acordó en el pleno de noviembre no aplicar las Disposiciones Adicionales 17, 18, 20, y 21 de la Ley 12/2017 de Urbanismo de Baleares, según la redacción dada por el Decreto Ley 6/2023 --como se conoce al decreto de medidas en materia de vivienda--.
El objetivo de esta decisión era "ponderar la incidencia de estas disposiciones adicionales sobre el modelo de convivencia" al incorporarse al Plan General de Manacor.
Así, se encomendaba a los servicios urbanísticos municipales estudiar sus efectos y la redacción de una propuesta de no aplicación y/o zonificación que fue expuesta públicamente con el objetivo de abrir un proceso de participación ciudadana, que ha recogido una veintena de aportaciones ciudadanas, además de las realizadas por parte por los diferentes grupos municipales.
De hecho, el alcalde de Manacor, Miquel Oliver, ha resaltado que se ha llegado a un acuerdo con "el máximo de partidos" que hay en el pleno municipal.
El acuerdo adoptado este lunes es el resultado de este proceso que "ha garantizado la participación ciudadana" y resuelve excluir la aplicación de las disposiciones adicionales 17 y 18 de la ley urbanística balear, en determinadas zonas del municipio. Estas disposiciones tenían que ver con la reconversión de locales comerciales en viviendas o la normativa temporal de modificación de densidad de viviendas.
Asimismo, tampoco se aplicarán las disposiciones adicionales 20 y 21 en todo el término municipal, que hacían referencia a la norma temporal de cambio de uso y aprovechamiento en los terrenos calificados como equipamientos públicos y privados y a las actuaciones para permitir el crecimiento en altura en las calles de una anchura menor a seis metros, por "razones paisajísticas" y de "preservación del entorno" en determinados inmuebles.
Aprobado el reglamento de la gerencia de urbanismo
Por otro lado, también se ha aprobado, con los votos a favor de MÉS-Esquerra, AIPC-SyS, y PSIB y la abstención de PP y Vox, la propuesta de Alcaldía sobre el reglamento regulador de la Gerencia de Urbanismo del municipio. El Pleno aprobó inicialmente en enero la creación de este órgano colegiado y de gestión, que tiene por objetivo "mejorar el desarrollo de las competencias urbanísticas".
En el plazo de exposición pública, se han presentado alegaciones por parte del grupo municipal del PP, del PSIB y UGT, la mayoría de ellas han sido aceptadas.
De acuerdo con el reglamento aprobado, el cargo de gerente será nombrado y destituido por acuerdo de pleno a propuesta del alcalde. El cargo deberá ser desempeñado por un funcionario de carrera o laboral de las administraciones públicas, titulados superiores en ambos casos, y con más de cinco años de ejercicio profesional en el segundo. Excepcionalmente podrá ser desempeñado por un profesional del ámbito privado, que reúna los requisitos de titulado superior y una experiencia profesional de más de cinco años de ejercicio profesional.
Gratuidad de las escoletas municipales
Otro de los puntos a los que se ha dado luz verde ha sido la modificación de la ordenanza reguladora del precio público para la prestación de los servicios de atención a la primera infancia del Ayuntamiento de Manacor.
De este modo, el Ayuntamiento de Manacor mantiene la gratuidad del servicio de educación infantil de cero a tres años en las escoletas municipales Nins y Nines y Son Boga entre los meses de septiembre a junio en horario de 09.00 a 13.00 horas.
Asimismo, también se contempla la posibilidad de aplicación de tarifas reducidas para las familias que tengan dos o más hijos matriculados en las escuelas infantiles, familias numerosas, familias monoparentales, familias con personas en situación de dependencia o con discapacidad, que conviven en el mismo núcleo familiar.
Por lo que se refiere a las familias con situación acreditada de riesgo social y víctimas de violencia machista y en situación de vulnerabilidad económica especial, previo informe motivado del departamento competente en servicios sociales, se prevé que puedan estar exentos o sujetos a una tarifa específica adaptada.
Esta medida ha salido adelante con los votos a favor de los grupos municipales de MÉS-Esquerra y AIPC-SyS y la abstención del resto de grupos municipales.
Incentivar la compra de producto agrícola local
También ha recibido los votos afirmativos de MÉS-Esquerra, PP,PSIB y AIPC-SyS la moción de Unió de Pagesos de Mallorca para incentivar la compra pública de producto agrícola local, de acuerdo con criterios objetivos de bajas emisiones de gases de efecto invernadero.
La moción ha sido registrada por la organización agraria en todos los ayuntamientos de Mallorca para pedir a las administraciones que compren alimentos producidos en Mallorca producidos con criterios ecológicos.
Solicita al Consell recursos para el bienestar animal
En último lugar, el pleno ha aprobado por unanimidad la moción presentada por el grupo municipal socialista para solicitar el apoyo del Consell de Mallorca en la atención y la gestión de las políticas de bienestar animal.
La moción pide a la institución insular que ponga al alcance de los ayuntamientos de la isla los recursos, medios, herramientas y procedimientos necesarios para que puedan realizar una "gestión eficaz" y a la vez "sensible", de acuerdo con los criterios de bienestar de los animales abandonados en calle.
También reclama al Consell que reúna a las diferentes entidades y asociaciones que trabajan por el bienestar animal para poner en común y consensuar las líneas de ayuda que deben implementarse para garantizar el cumplimiento de la Ley de Bienestar Animal. Además, se pide al Govern que organice cursos de formación específica dirigida a los funcionarios municipales sobre esta cuestión a trabés de la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP).