El presidente chileno, Gabriel Boric, llamó a consultas de su embajador en Venezuela, Jaime Gasmuri, debido a las declaraciones del canciller chavista Yván Gil sobre la organización delincuencial denominada 'Tren de Aragua', en las que negaba categóricamente la existencia de esta célula criminal y la tachaba como "ficción", cuando la nación austral es una de la principales afectadas que sufre el flagelo de esta peligrosa banda.
Boric considera un "insulto" y hasta inaceptable tildar de "ficción" a las espeluznantes operaciones de la banda criminal que en la región secuestra, extorsiona, asesina, explota sexualmente a mujeres y trafica drogas, cuando Chile enfrenta el impacto de su expansión en la región. Ya hay al menos 150 detenidos vinculados a la organización.
Al respecto, afirmó que "las recientes afirmaciones irresponsables del canciller de Venezuela que desconocen la existencia del 'Tren de Aragua', un grupo criminal conocido por sus actividades ilícitas en Chile y en toda la región de Suramérica, son profundamente preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización y también a sus familias".
Cualquier ilusión, esperanza o anhelo diplomático que el presidente de Chile, Gabriel Boric, mantenía sobre la relación de su gobierno con el régimen de Nicolás Maduro cayó al piso. Se hizo aún más evidente cuando el mandatario acusó a Venezuela de no cooperar con los países del sur, tal como lo hace con Estados Unidos en la lucha contra la migración irregular y el crimen organizado regional.
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"Nos preocupa, además, la falta de colaboración por parte del Gobierno venezolano en áreas claves relacionadas con la seguridad, como por ejemplo, la expulsión de individuos responsables de cometer delitos a nuestro país en Venezuela (…) y Venezuela no está colaborando con los países del sur como si lo hace con Estados Unidos, si acepta expulsiones de Estados Unidos a Venezuela, pero no lo está haciendo con los países del sur y no se hace responsable de esta situación", aseveró el presidente.
Detalles de primera mano
Con el regreso de Gazmurri, Boric espera conocer más detalles sobre lo que sucede en Venezuela. Ahora supuestamente hay una "mirada crítica del presidente" sobre la situación política, debido a la suspensión de las labores de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Venezuela y la expulsión del país de los 12 funcionarios que la integraban.
A su vez, las maniobras de Maduro para manipular las elecciones presidenciales de julio presionan a Boric para definir una posición menos flexible sobre la relación con Miraflores.
En enero, probablemente para cuidar la negociación migratoria con Caracas, la Cancillería chilena emitió una breve declaración -sin nombrar a Maduro- sobre la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de inhabilitar a la líder opositora María Corina Machado para las elecciones presidenciales, donde ella lideraba las encuestas.
¿Endurecerá Boric su trato con Maduro u optará por sostener la diplomacia que arroja pocos frutos? El secuestro y asesinato del exmilitar venezolano Ronal Ojeda en Santiago deja poco espacio para pensar.
Relación sin bilateralidad
Todas las apuestas de Boric con el chavismo están perdidas. Aunque quiso avizorar un mejor escenario con la designación el año pasado de Gazmuri como embajador en Venezuela para "normalizar" las relaciones diplomáticas con el régimen, la iniciativa de contar con un representante en Caracas luego de seis años falló.
Ni las credenciales de Gazmuri como un político de amplia trayectoria dentro de las redes del socialismo latinoamericano facilitó el camino a un diálogo bilateral.
De hecho, "las gestiones del embajador, a la luz de los resultados, no han sido sólo muy difíciles, sino estériles".
La evidencia de ello es la falta de información desde Venezuela sobre el caso de Ojeda, donde el presunto líder del plagio, Walter de Jesús Rodríguez Pérez —hoy prófugo, al igual que otros sospechosos— trabajó para el régimen de Maduro.
Tampoco prosperó el acuerdo firmado por el subsecretario Manuel Monsalve con Maduro para intercambiar información sobre sujetos de interés para el combate del crimen organizado. Maduro aún no nombra a una contraparte para activarlo y los recientes dichos del canciller Gil fueron considerados en La Moneda como una muestra de la falta de voluntad.