Un proyecto de ley para proteger a menores de edad contra depredadores sexuales en redes sociales propone condenas de prisión más bajas que las ya existentes, de acuerdo con un informe aprobado el pasado lunes en la Corte Plena.
El informe del expediente número 24.063 fue suscrito por el magistrado suplente William Serrano y presentado por Sandra Zúñiga, magistrada de la Sala Tercera.
En términos generales, Zúñiga expresó apoyo al proyecto que plantea incluir cinco nuevas figuras delictivas en el Código Penal. Por ejemplo, se sancionaría con uno a tres años de prisión a quien hostigue a un menor de edad por redes sociales, y con uno a tres años de cárcel a quien envíe pornografía.
No obstante, la magistrada señaló que el artículo 167 bis del Código Penal ya establece una pena mayor, de dos a cuatro años, para quien "establezca comunicaciones de contenido sexual o erótico, ya sea que incluyan o no imágenes, videos, textos o audios, con una persona menor de edad o incapaz".
El mismo numeral aumenta la pena a cinco años si el actor procura verse personalmente con su víctima. Por tanto, Zúñiga indicó que la inclusión de la nueva figura propiciaría la aplicación del principio de la ley más favorable para quienes sean condenados, por lo que más bien bajarían las penas establecidas.
Los otros tipos penales que crearía esta iniciativa son: de tres a seis años de prisión a quien explote menores de edad por medio de Internet; de cuatro a seis años a quien use un perfil falso para contactar al menor; y de cinco a diez años a quien extorsione a menores con amenazas de divulgar fotografías o mensajes a cambio de un beneficio sexual o económico.
Por otra parte, el informe concluyó que el texto sí afectaría el funcionamiento del Poder Judicial. Dicho criterio fue acogido por 20 de los 21 magistrados presentes en la Corte, por lo que el expediente requeriría de 38 votos en la Asamblea Legislativa para convertirse en ley.
Uno de los argumentos avalados por los altos jueces es que el proyecto contempla la creación de un protocolo para facilitar a los menores la interposición de denuncias, el cual incluye a funcionarios del Poder Judicial, Ministerio de Ciencia y Tecnología (Micitt), Ministerio de Seguridad, Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y el Ministerio de Educación Pública (MEP).
Asimismo, alegan que la creación de nuevos tipos penales implicaría una mayor carga de trabajo para la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Al respecto, el Ministerio Público consideró que el plan no afectaría su funcionamiento, aunque sí mostró preocupación por el posible incremento en las labores de la entidad, mientras que la Defensa Pública concluyó que sí afectaría a la entidad.
El texto fue presentado a la Asamblea Legislativa por la diputada independiente Gloria Navas, cuando formaba parte del Partido Nueva República (PNR). De hecho, el texto también fue firmado por el jefe de dicha bancada, Fabricio Alvarado.