René Sánchez Galindo (RSG), consejero adjunto de Legislación de la Presidencia de la República de México, señala que, en caso de aprobarse la iniciativa de reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en 2025 se celebraría una elección extraordinaria a fin de renovar a todas y todos los ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial.
Quienes ocupen actualmente el cargo podrán participar en la boleta en igualdad de condiciones. Posteriormente, este proceso electoral se empatará junto con las elecciones ordinarias intermedias y presidenciales.
"Esta reforma forma parte de un paquete de iniciativas de reforma a la Constitución. Digamos que se quedó pendiente. A lo largo de este sexenio hubo complicaciones que no permitieron hacer varias reformas. Se intentó primero con una reforma legislativa que surgió del propio Poder Judicial, pero no pudo concretarse como se hubiese querido. El problema en el Poder Judicial es que están muy cerca del poder económico. Recordemos que la Cuarta Transformación se puede sintetizar en la separación del poder público del poder económico. Durante el régimen neoliberal, el poder económico se metió en la toma de decisiones de gobierno y eso no le corresponde. El poder económico debe tener su libertad, pero no tomar decisiones públicas o de gobierno", asevera.
En entrevista con La Jornada de Oriente (JO) -que puede ser consultada en el canal de YouTube de esta casa editorial y en su perfil de Facebook-, el abogado poblano explica los cambios que ha planteado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a fin de que el Poder Judicial se haga transparente, se incremente la participación ciudadana y elimine la influencia del poder económico en las decisiones de los juzgadores.
"Esta propuesta busca modificar la forma en que se eligen y operan los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. Uno de los aspectos clave es que se propone la elección por voto directo y secreto de ministros, magistrados y jueces, algo que actualmente no ocurre. Este cambio permitiría una mayor participación ciudadana en el proceso de selección de los responsables de administrar la justicia en México", señala el funcionario federal.
En caso de aprobarse la iniciativa de reforma, en 2025 se celebrará una elección extraordinaria a fin de renovar a todas y todos los ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial. Quienes ocupen actualmente el cargo podrán participar en la boleta en igualdad de condiciones. Posteriormente, este proceso electoral se empatará junto con las elecciones ordinarias intermedias y presidenciales.
Las candidaturas de las y los ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN), magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial serán elegidos a nivel nacional en elecciones ordinarias a partir de 30 candidaturas paritarias propuestas por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Los mil 633 magistrados de Circuito y jueces de Distrito deberán ser elegidos en cada uno de los 32 circuitos judiciales en elecciones ordinarias a partir de seis candidaturas paritarias por cargo, dos por cada Poder de la Unión.
El Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) organizará la elección. Este organismo sustituirá al Instituto Nacional Electoral (INE), en caso de aprobarse la reforma constitucional en materia electoral.
Durante el proceso electoral y los resultados de la elección, el Senado de la República verificará que las candidaturas cumplan con los requisitos de ley, como contar con la licenciatura en Derecho y experiencia en la materia.
Las elecciones para cargos en el Poder Judicial se caracterizarán por campañas con duración de 60 días y no habrá etapa de precampañas.
No se permitirá el financiamiento público o privado; las personas candidatas tendrán acceso a tiempos de radio y televisión para difundir sus propuestas y podrán participar en foros de debate; los partidos políticos no podrán realizar proselitismo a favor o en contra de las candidaturas y el Tribunal Electoral del Poder Judicial resolverá las impugnaciones y declarará los resultados, salvo cuando se trate de sus propios integrantes, cuya resolución corresponderá a la Suprema Corte.
La iniciativa de reforma incluye reglas específicas en la elección. Si hay una ausencia definitiva de ministros, magistrados o jueces, el Senado designará por mayoría calificada a una persona interina que ocupe el cargo hasta que se lleve a cabo la siguiente elección ordinaria.
Para ministros de la SCJN y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, el Ejecutivo federal propondrá la terna. En el caso de magistrados de Circuito y jueces de Distrito, el Órgano de Administración Judicial, también propuesto en la reforma, planteará la terna, mientras que la Suprema Corte postulará la terna para magistrados electorales.
JO-Desde que se empezó a manejar esta propuesta, surgieron voces que la cuestionaron argumentando que la responsabilidad de los jueces no podía estar sujeta a la voluntad popular, dado que su materia es muy especializada. ¿Qué responderías a esto?, ¿existen otros sistemas políticos o de gobierno en el mundo donde se elija a los jueces?
RSG- Sí, en realidad el procedimiento para designar a ministros, jueces y magistrados será similar: deben ser profesionistas en Derecho y personas con experiencia. La diferencia es que ahora será el pueblo quien decida, no el gobierno o el Senado. En otros países, el Congreso ratifica a los jueces y magistrados. En otros casos, los magistrados estatales son nombrados por el pueblo. También está la insaculación, como en las casillas del INE, donde ciudadanos son elegidos por sorteo para servir como jurado y decidir si alguien es culpable o no. Esto es común en el sistema anglosajón, como en Estados Unidos, y en otros países.
Sánchez Galindo apunta que, entre otras cosas, el proyecto presidencial también intenta reducir el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 11 a 9, y eliminar dos de sus actuales salas, concentrando las decisiones en el pleno para aumentar la transparencia y la visibilidad del Poder Judicial.
Otro punto importante, resalta el funcionario federal, es la transformación del Consejo de la Judicatura, que ha sido cuestionado por su falta de efectividad en el control y la vigilancia de los jueces y magistrados. La propuesta busca convertirlo en un tribunal administrativo interno con mayores facultades para sancionar y controlar el gasto del Poder Judicial.
JO-¿Qué mecanismos de control se proponen para evitar la actuación inadecuada de los jueces?
RSG-El Consejo de la Judicatura es el órgano administrativo que vigila a los jueces, pero ha dejado mucho que desear. La propuesta es transformar este consejo en un órgano con más facultades para sancionar a los jueces y mantener el control del gasto público. El mecanismo de control más importante es que el pueblo elija a quienes forman parte del Poder Judicial, para tener un control democrático mediante el sufragio.
El problema principal que busca resolver esta reforma es la cercanía entre el poder económico y el Poder Judicial. Durante el régimen neoliberal, el poder económico tuvo mucha influencia en las decisiones de gobierno, y esta reforma pretende separar ambos poderes para garantizar la independencia judicial.
Sánchez Galindo destaca, asimismo, la necesidad de generar mayor transparencia en el gasto público del Poder Judicial y menciona el fideicomiso de 20 mil millones de pesos cuyo uso no ha sido suficientemente controlado.