El Partido Comunista cuestionó si la decisión del Ministerio Público de solicitar el aplazamiento de la audiencia de formalización del general director Ricardo Yáñez, originalmente fijada para el 7 de mayo en una causa vinculada al estallido social, responde a un "criterio político" enmarcado en la consternación por el asesinato de tres carabineros ocurrido el fin de semana en Cañete.
El timonel del PC, Lautaro Carmona, planteó que están dispuestos a entender que la determinación se fundamenta en no debilitar la investigación por el atentado en el Biobío, pero igualmente estima que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte debe explicar los argumentos y a la vez no relativizar el fondo de la investigación contra Yáñez.
"Que se diga públicamente esto afecta o afectaría el curso de la investigación, toda vez que hay una alteración en lo que es el mando para dar con los responsables de este crimen alevoso y atroz. Si eso se va a afectar arguméntelo así, de lo contrario quedamos en que según qué día pasó, cuál es el estremecimiento que tenemos, cómo podemos reaccionar", analizó el líder comunista.
"Uno podría decir 'mira, si en vez del 7 fuera el 8, expliquen si eso tiene coherencia'. Yo tengo voluntad de comprender, siempre y cuando no sea un mecanismo que relativiza el tema de fondo", puntualizó.
La petición ingresada por el fiscal Xavier Armendáriz, jefe de esa repartición capitalina del ente persecutor, en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, la informó anoche en televisión el fiscal nacional, Ángel Valencia, y explicó que "obedece a las reiteradas peticiones de parte de la defensa de contar con más tiempo para analizar los antecedentes de la investigación".
A la vez, tras el crimen en Cañete, el Gobierno ratificó al Yáñez en el cargo, instalando una excepción en el "criterio Tohá" que dejaba contra las cuerdas la continuidad del jefe policial ad portas de su imputación de cargos.
A juicio de la diputada comunista Alejandra Placencia, "una cosa es que el Ejecutivo decida mantener a un general formalizado y otra es que el Poder Judicial acceda a esta petición de la defensa del general, cuando ya habían decidido rechazar esta solicitud anteriormente".
"Por eso llama profundamente la atención que la Fiscalía pida más plazo para la defensa en medio de este contexto y cuando lo que le corresponde es ser el ente persecutor. No hay ningún elemento hoy día que nos permita decir que hay algo nuevo en esta solicitud de postergación y yo preferiría de antemano no asumir que se está actuando con un criterio político", sostuvo.
Más dura fue la reacción de su par Carmen Hertz, quien tachó como "una vergüenza" la decisión, ya que "hace cinco meses que se anunció la audiencia y se pretende fundar que la defensa pide contar 'con más tiempo' ".
"(Es) peligroso para la institucionalidad que la Fiscalía aplace audiencias de formalización para darle el gusto a un sector político", deploró la legisladora comunista.
FISCAL NACIONAL DEFIENDE SOLICITUD
Tras una reunión periódica con los fiscales de la Macrozona Sur en Concepción, el fiscal nacional se refirió a la inquietud y volvió a respaldar la solicitud de Armendáriz, que aún debe ser resuelta por el tribunal.
"Me parece que es una decisión prudente. Las razones están contenidas en el escrito que él presentó en tribunales. El fundamento es habida consideración de las reiteradas solicitudes de las defensas, en orden de que el tiempo con que contaban para analizar los antecedentes era insuficiente", expuso Valencia.
Sobre el presunto "criterio político", el jefe del Ministerio Público apuntó que el organismo "está acostumbrado a escuchar comentarios de esa naturaleza en el contexto de causas que de una forma u otra tienen relevancia política".
"Pero el Ministerio Público es un órgano autónomo constitucionalmente que toma las decisiones conforme al derecho y el mejor interés del pueblo de Chile", enfatizó.
OPOSICIÓN CUESTONA AL PC
Desde la oposición, el presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, aseguró que desde su sector han entregado "siempre" su respaldo a Carabineros, algo que no pueden decir desde el PC, al que acusó de ser "responsable" del clima de violencia en el país.
"Apuntamos al Partido Comunista como responsable de gran parte de las situaciones que están ocurriendo hoy en Chile y la izquierda extrema. Desde el perro matapaco', pasando por votar en contra proyectos tan importantes como la Ley Naín-Retamal", cuestionó el parlamentario.
Asimismo, afirmó que "no basta hoy día con ir a dar condolencias, no basta con ir a generar palabras de buena crianza para los carabineros, sino que se tienen que dar señales concretas".
En cuanto a la situación judicial de Yáñez, el senador Macaya señaló que "cuando el fiscal decide postergar la formalización, la exigencia nuestra es que esa postergación no sea algo momentáneo o temporal, sea algo definitivo".
GOBIERNO CONSIDERA "PRUDENTE" LA SOLICITUD
En La Moneda, por su parte, consideraron "prudente" la solicitud del Ministerio Público.
"Es una decisión prudente, es una decisión que no suspende ni inhabilita la acción de la justicia, solo que entiende -y es de sentido común- que tenemos un contexto distinto a lo que teníamos la semana pasada. Obviamente es una excepción y siempre estamos evaluando todos los contextos y escenarios", dijo la ministra vocera, Camila Vallejo, quien afirmó también que "eso es parte también de gobernar y, por lo tanto, siempre se está evaluando".
En esta línea, la autoridad explicó que "por lo pronto nuestra posición, como lo he señalado anteriormente, es que no hay espacio para un cambio en el mando de la institución dado el difícil momento que está atravesando".
La Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte formalizará a Yáñez junto a su antecesor en la dirección de Carabineros, Mario Rozas, y al exsubdirector Diego Olate por el delito omisivo de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio, cometido entre octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020, época en que el actual jefe policial ejercía como director nacional de Orden y Seguridad.
Mediante distintos recursos judiciales, tanto en la Justicia ordinaria como en el Tribunal Constitucional, el general director había intentado suspender la causa o al menos la audiencia. Sin embargo, hasta ahora, no había tenido éxito.