Esta semana me preguntaron desde una consultora neoyorquina cuál era mi opinión sobre los riesgos de España como país. Si era un país seguro –en términos jurídicos– para desarrollar negocios y qué sectores podían generar más interés. El entrevistador, entrevistado. También le importaba mucho conocer los matices culturales, políticos y administrativos españoles. Le aconsejé, dada la premura del tiempo, que realizara una serie de deberes si quería profundizar más. Para empezar: leer historia y entender la geografía y sociología del país.
El principal riesgo de España es su clase política, intenté explicarle. Una inseguridad política que vicia el resto. Estoy muy de acuerdo con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en que la clase política actual es la peor de la democracia. Hay políticos que decidieron lanzarse a esta carrera porque a los 19 años no sabían hacer la O con un canuto, y que solo arrimarse al líder del grupo –del color que sea– y opositar a peloterismo les ha permitido ir escalando posiciones (de concejal de ayuntamiento a diputado e incluso ministro). Pueden incluso ser simpatiquísimos. Aunque, a pesar de su aparente sonrisa, cuando les dan un poco de poder, pueden ser temibles.
Que exista esta sensación sobre nuestra clase política en una buena parte de la población no hace justicia a los buenos políticos. Los hay: en alcaldías, gobiernos autonómicos y, también, en Madrid. Personas –incluso alguna hay que empezó en la adolescencia– que entienden de verdad el significado del servicio público, que reconocen la necesidad de que exista una sociedad civil y empresarial fuerte, que escuchan, toman decisiones y, sobre todo, piensan en el bien común.
Da la impresión de que son los menos. Que la mayoría vive en el fango. Los debates que pueden escucharse últimamente en el Congreso de los Diputados así lo atestiguan. Nos hacen falta políticos que sean conscientes de sus responsabilidades, mejor preparados, menos cínicos, menos frentistas, capaces de lograr consensos en nombre de este país tan complejo y maravillosamente plural que es España y no en nombre solo de su ideología partidista. Los bandazos legislativos que sufre la política española dependiendo del bloque que gobierne impiden generar proyectos de largo plazo. La mala política y los malos políticos, en definitiva, generan inseguridad e incapacidad de previsión.
Antes de la irresponsable, victimista y frívola carta a los ciudadanos emitida el miércoles a través de la red social X (esto ya define al firmante), el escenario ya era suficientemente complejo para la política española. No son formas. La previsión de elecciones generales anticipadas antes de fin de año estaban pendientes de un hilo: el resultado de las elecciones catalanas del 12 de mayo y, en menor medida, de las europeas. La posibilidad de que Carles Puigdemont pueda volver a ser el joker de la gobernanza si obtiene buenos resultados electorales obliga a pensar en nuevos escenarios.
Con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) prorrogados por la incapacidad del Gobierno de asegurar la aprobación de unos nuevos, aumentan las incógnitas sobre qué ocurrirá con los PGE de 2025, que deberían presentarse en otoño. Si un año sin presupuestos ya genera el arquear de cejas, sería impensable que la falta de consenso para aprobar la ley más importante mantuviera artificialmente el Gobierno actual. ¿Qué decidirá Pedro Sánchez este lunes? Evitemos más especulaciones. Él mismo. Que reflexione. Su carta hace flaco favor a la presunción de inocencia que debe merecer siempre su esposa.
La raíz del problema es que la política española entró hace ya años en un estado de crispación que va camino de convertirse en endémico. El tira y afloja entre los gobiernos autonómicos, mayoritariamente controlados por el PP y Vox, y el Gobierno central es constante. Un ejemplo: la desesperación y las mutuas acusaciones sobre la distribución y ejecución de los fondos europeos Next Generation se han convertido en un elemento más del almuerzo cotidiano. Mientras Galicia ha ejecutado el 72,7% de las ayudas, Cataluña solo el 33,1%. Por no hablar de la judicialización de la política y los despertares semanales sobre presuntos casos de corrupción que apestan a un lado y a otro.
Y, con todo, le explicaba a la consultora neoyorquina que la paradoja española, tantas veces apuntada, es el ritmo de crecimiento esperado de la economía. El FMI la sitúa en 2024 en el 1,9% y otros analistas por encima del 2%, más que los países de nuestro entorno. De la renovada explosión turística al gasto público y las ayudas europeas, todo suma. La gallina no seguirá poniendo huevos toda la vida. La mala política y la falta de visión no son los mejores aliados. Esta semana, Sánchez ha seguido tocando suelo. ¿Hay más donde escarbar?
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