Irene Escudero
Bogotá, 9 abr (EFE).- La reparación a las víctimas ha sido un reclamo histórico en Colombia donde hay acreditadas más de 9,5 millones, y la directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón, asegura en una entrevista con EFE que están tomando acciones aceleradas para ponerse al día y hacer en cuatro años "lo que no se cumplió históricamente".
Eso, afirma Tobón, que integró la Comisión de Verdad y ahora lidera este ente estatal que se encarga de atender y de indemnizar a las víctimas, "va a requerir muchísimos esfuerzos", tanto monetarios como colectivos, y "sobre todo uno muy grande que es el de no normalizar (...) la injusticia social".
"En este país hemos naturalizado la violencia; las víctimas las vemos en las calles y hemos pensado que es un asunto de ellas, pero es un asunto que nos debe interesar a todos", asegura.
Y recuerda que "solamente conociendo la historia de lo que han vivido estas personas podemos generar empatía colectiva para darnos cuenta por qué es tan importante una generación comprometida en la resolución de conflictos, en la búsqueda por la paz y no seguir normalizando la guerra y las violencias políticas".
El Registro Único de Víctimas tiene 9.659.204 inscritos y hasta marzo de este año se habían pagado casi 11 billones de pesos (unos 2.920 millones de dólares) en más de 1,5 millones de indemnizaciones que han beneficiado a 1.460.771 personas, lo que indica que el camino de la reparación es muy largo.
Ahí comienza el reto de por dónde comenzar. "Por eso nos fuimos con las metas más altas de la política de víctimas: con la concertación e implementación de 642 sujetos de reparación colectiva, comunidades que vivieron masacres, desplazamientos forzados, desapariciones y que tuvieron afectaciones a un universo colectivo".
Este 9 de abril, día nacional de las víctimas, el Gobierno dará otro paso con la ruta prioritaria para indemnizar a unas 106.000 víctimas que están entre las más vulnerables: mayores de 68 años, personas con discapacidad o con enfermedades graves.
Para este año, el Gobierno ha dispuesto el presupuesto más alto de la historia para indemnizaciones porque "la política de víctimas está hoy desfinanciada".
En 2011, cuando se aprobó la ley de víctimas, se registraron 4,5 millones de personas; hoy ese número se ha duplicado porque se han agregado hechos victimizantes como el desplazamiento, por lo que la falta de recursos es clara y además "mientras el conflicto siga, seguirán aumentando", por lo que hay que encontrar financiación.
"Tenemos unos recursos limitados que tenemos que revisar y lograr que sean optimizados (...) y dar una discusión de la reparación de a cuántos reparamos con indemnización y a cuántos reparamos con acceso a otros derechos", destaca.
El reto está en "encontrar una solución efectiva para esa deuda pública con todas esas víctimas que esperan realmente su reparación integral".
Las acciones también pasan por buscar soluciones más permanentes para que las comunidades donde más víctimas hay puedan vivir sin conflicto y con dignidad.
"No se puede mirar el derecho a las víctimas como un asunto solamente de indemnizaciones", destaca la directora y apunta a "la presencia integral del Estado en estos territorios victimizados" con soluciones colectivas como la construcción de vías, escuelas u hospitales.
"Todo eso hace parte de los temas de la reparación, la verdad, el acceso a la justicia, pero también de la presencia integral del Estado para que esos hechos no vuelvan a ocurrir, que es en gran parte lo que la población víctima solicita", afirma Tobón.
Para ello, es importante "transitar de políticas asistenciales a políticas que pongan realmente la centralidad de la reparación" y que "contribuyan a la superación de la vulnerabilidad".
Por eso, "no se puede seguir hablando de construcción de paz para todos, descartando que aquí hay gente que vivió y ha sufrido esta guerra de manera directa y que merece, en esta oportunidad de construcción de transición, una justicia social y es compromiso de este Gobierno y de quienes hoy estamos en las instituciones ayudar a que tengamos esa conciencia pública", concluye. EFE
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