Activistas en Venezuela han alertado sobre la propuesta de la «Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares», en desarrollo actualmente, afirmando que distorsiona la definición de «fascismo» con el objetivo de intensificar la «persecución por motivos ideológicos» y los «ataques a la libertad de expresión», según informaron a EFE.
En esta iniciativa legal, respaldada por el Gobierno, el fascismo se define como una postura que «adopta la violencia como método de acción política» y «menosprecia la democracia» y «sus instituciones», además de compartir «características comunes» con el «conservadurismo moral» y «el neoliberalismo», entre otros.
En respuesta, el director de la ONG Acceso a la Justicia, Ali Daniels, argumentó que estas características «no son» propias del fascismo, y que el concepto se «distorsiona completamente» en la normativa, lo que podría llevar a que «cualquier expresión del pensamiento sea objeto de persecución» si se aprueba.
Daniels subrayó que el fascismo «no es liberal» y no debe confundirse con ideas conservadoras morales. Advirtió que esta ley podría ser «peligrosa» y «regresiva», ya que permitiría «perseguir las ideas de las personas» y «censurar creencias, aunque sean legítimas», lo que abriría la puerta a la arbitrariedad.
Según él, el conservadurismo es «algo tan subjetivo» y «tan amplio» que cualquiera en el país podría ser objeto de persecución, sin importar lo insignificante que sea lo que expresen.
Añadió que hay partidos y organizaciones políticas que se identifican públicamente como liberales, y podrían ser considerados «criminales y fascistas», lo que llevaría a la persecución de sus miembros.
Para Daniels, el objetivo es «incrementar el miedo en la sociedad» para reducir las voces disidentes y mantener un mayor control sobre ellas, lo que llevaría a que los venezolanos se abstengan de expresar opiniones que puedan ser calificadas como conservadoras o neoliberales.
Por otro lado, la ONG Provea advirtió que aprobar la ley «sería un paso hacia la construcción de un modelo de Gobierno totalitario», empeorando aún más las garantías para el disfrute de los derechos humanos de la población.
Al igual que Daniels y Provea, la Universidad Central de Venezuela (UCV), el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y otras organizaciones civiles rechazaron la propuesta de ley, al considerar que amenaza los derechos.
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