A lo largo de los últimos 11 años, la adquisición de vivienda para obtener la Golden Visa ha atraído una inversión acumulada superior a los 3.591 millones de euros, pese a que sólo se concedieron 6.200 visados, es decur, 563 inmuebles de media al año. Sánchez alude a la subida del coste de la vivienda para justificar la eliminación de esta medida, pero sería difícil imaginar que por la venta de algo más de 5oo inmuebles, se vea afectado el precio del sector.
Sin embargo, es fácil estimar el coste de oportunidad que tiene para España perder más de 3.000 millones de inversión en 11 años que ahora buscarán destino en Grecia e Italia. Por tanto, la Golden Visa no es culpable del aumento de los precios de la vivienda.
Una afirmación con la coincide tanto el Partido Popular como la Asociación de Consultoras e Inmobiliarias (ACI), quien asegura que la eliminación del visado de oro «tendrá nulo efecto en la demanda de viviendas y, en última instancia, su impacto en el mercado inmobiliario será irrelevante». Por su parte, Knight Frank opina que el mercado generalista es diferente al de este tipo de inmuebles, por lo que las variables que influyen sobre los pisos de más de 500.000 euros no afectan al resto.
Las fuentes del PP explican que el visado de oro «se aprobó en el verano del año 2023 ante una situación de quiebra» de España y su objetivo era «atraer inversión» en un momento en el que escaseaba.
Además, las mismas fuentes recalcan que la Golden Visa «ha estado más tiempo en vigor con el PSOE que con el PP». En concreto, la medida lleva vigente 11 años, de los cuales 5 han sido bajo un Gobierno de Mariano Rajoy y 6 con uno de Pedro Sánchez.
La formación azul considera que la eliminación de este visado «se está utilizando para tapar la incapacidad del Gobierno para dar respuesta a la situación de la vivienda en España». Pedro Sánchez prometió 185.000 viviendas «y nada de ello se está produciendo».
Además, las fuentes del PP denuncian el «carácter intervencionista» de la ley de vivienda del Ejecutivo socialista, a quien sí responsabilizan del alza de precios que sufre el sector inmobiliario español.
La Golden Visa no afecta al mercado
En ese sentido, el partido que preside Alberto Núñez Feijóo coincide con la ACI y considera que la Golden Visa no tiene impacto sobre el mercado generalista: «La vivienda que da derecho al acceso es la superior a 500.000 euros, siendo cierto que se puede obtener por la compra de varios inmuebles, la realidad es que generalmente se produce por la adquisición de uno sólo de alto valor. Y no olvidemos que el problema de la vivienda no es precisamente en las de alto valor, sino en las de precio medio».
Así, la consultora inmobiliaria Knight Frank explica que se trata de dos mercados diferenciados con variables diferentes. La empresa cree que el mercado de las viviendas prime no se ve influido por las políticas monetarias de los diferentes bancos centrales: «El sector residencial generalista se está viendo afectado por la subida de los tipos de interés, pero se espera que los precios medios en España aguanten mejor de lo previsto».
Sin embargo, «el segmento prime en Madrid no se está viendo afectado por la actual situación del país (política y monetaria) y continúa mostrando su resiliencia».
En el año 2023, los inversores compraron 589 viviendas gracias al visado de oro, y el total de los inmuebles que se vendieron en España fueron 640.451, según los notarios, y 586.913, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por ello, tanto el sector como las fuentes del PP interpretan que la medida no ha generado un impacto significativo, pues representa sólo el 0,1% de las operaciones totales.
Inseguridad para los inversores
Además, la Golden Visa ha atraído inversores de las primeras potencias. Los 6.200 visados de este tipo en los 11 años en los que ha estado en vigor han atraído los siguientes montos:
- Estados Unidos: 1.574 millones de euros
- China: 768 millones de euros
- México: 648 millones de euros
- Japón: 501 millones de euros
Es decir, 3.591 millones de euros procedentes de los cuatro grandes inversores por sólo una media de 563 inmuebles al año.
Por ello, la asociación inmobiliaria considera que la eliminación de la medida, combinada con «otras como la ley de vivienda y los topes al precio del alquiler en Cataluña, generan una gran incertidumbre» que perjudica la visión de España en el extranjero.
«Esta percepción negativa fomenta la desconfianza en los mercados financieros y desalienta a potenciales inversores extranjeros, lo que podría afectar negativamente al crecimiento económico y el desarrollo del país a largo plazo», advierten.
Es decir, ACI ve «con preocupación el impacto acumulativo de estas medidas en el mercado inmobiliario y en la economía en general» y considera que «las restricciones y cambios normativos afectan a la seguridad jurídica y podrían tener graves consecuencias en términos de imagen y reputación de España como destino de inversión».