Madrid, 24 abr (EFE).- Activistas y organizaciones feministas aspiran a lograr un millón de firmas para respaldar la iniciativa ciudadana 'Mi voz, mi decisión', una propuesta que busca blindar el derecho a un aborto seguro, gratuito y accesible en toda la Unión Europea.
La iniciativa ha sido presentada este miércoles en Madrid por las activistas Cristina Fallarás y Kika Fumero en el contexto de las próximas elecciones europeas, una cita que ha llevado a asociaciones de ocho países (Polonia, Francia, Austria, Eslovenia, Croacia, Irlanda, Finlandia y España) a unirse en el movimiento 'My Voice, My Choice', que ha llevado el proyecto ante la Comisión Europea.
Si en el plazo de un año la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) recoge un millón de declaraciones de apoyo de al menos siete Estados miembros diferentes, la Comisión tendrá que decidir si toma o no medidas para responder a la solicitud y deberá motivar su decisión.
Junto a Fallarás y Fumero, que coordinan esta iniciativa en España, en la presentación han intervenido de forma virtual otras compañeras del movimiento que han presentado la misma iniciativa en sus países.
"El objetivo es recoger un mínimo de un millón de firmas para exigir que se garantice y financie el acceso al aborto en estas condiciones a todas las mujeres europeas, con independencia de su situación y la de los países en los que residan", han manifestado.
Su objetivo es que se establezca un mecanismo financiero que apoye a los Estados miembros que decidan adherirse voluntariamente a esas políticas.
"Pedimos que las mujeres que viven en países como Malta, que incluso prohíbe el aborto en casos de violación, puedan acceder al aborto en países cercanos y se garantice su seguridad y gratuidad", ha explicado Fumero.
Los promotoras de la iniciativa han denunciado las restricciones de este derecho en Polonia, han destacado que no es gratuito en países como Austria o Croacia y han recordado también que en Italia o en España no es accesible por falta de personal sanitario.
Según ha explicado Fallarás, la iniciativa partió del Instituto 8 de marzo esloveno y a ellas se unieron Francia y Croacia al detectar una inversión privada millonaria en el movimiento antia abortista: "nos tenemos que poner manos a la obra para que se blinde este derecho, no es casual que nos estemos movilizando" ha destacado. EFE
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