La Generalitat de Cataluña ha dado luz verde a los trámites para la ampliación de 140 a 271 el número de municipios catalanes en los que se limitará el precio del alquiler. La consellera de Territorio, Ester Capella, ha anunciado hoy esta ampliación a los municipios que el verano del año pasado se declararon ya como zona tensionada en la comunidad autónoma.
En total, la medida afectará ya a un total del 90% de la población catalana -una zona en la que residen más de siete millones de habitantes). Hoy se cumple un mes de la entrada en vigor de estos topes al alquiler, con los cuales el Gobierno de España, a través de la Ley de Vivienda, pretende frenar la subida de los precios, sobre todo en zonas del área metropolitana de Barcelona y del litoral.
Esta nueva ampliación del Ejecutivo catalán afecta a municipios de más de 2.000 habitantes repartidos por la geografía catalana, incluida la zona de la Val d'Aran (Lleida), que lo había solicitado y que este lunes ha celebrado su Comisión de urbanismo, presidida por Capella en Vielha.
Los requisitos en Cataluña del tope al alquiler
Los nuevos municipios deben cumplir alguno de los requisitos que marca la Ley estatal: que las personas o familias dediquen más del 30% de sus ingresos a pagar el alquiler o hipoteca, incluidos los gastos y suministros básicos, y que el precio de alquiler o compra de vivienda haya experimentado en los últimos 5 años un incremento acumulado de al menos 3 puntos por encima de la inflación (IPC).
Catalunya fue la primera comunidad autónoma de España en aplicar estos límites a los precios del alquiler, que según la Agència de l'Habitatge de Catalunya, bajaron un 5,4% en el primer trimestre de este año, una media de 1.399 euros, y aumentaron un 10,5% respecto al cuarto trimestre de 2022.