Los gremios del Estado se preparan para una semana agitada en rechazo a los despidos que instruyó el presidente Javier Milei con el objetivo de reducción del gasto público. El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo "Cachorro" Godoy, reiteró que este miércoles "habrá concentraciones y asambleas en los diversos organismos" para pedir la reincorporación del personal cesanteado, que se calcula entre 10 y 15 mil en los últimos días, y que en ese marco "se definirán nuevas medidas para continuar con el plan de lucha".
"Mañana, en todos los organismos del Estado, vamos a estar acompañando a los trabajadores que se van a ir a presentar en un sus lugares de trabajar y realizar con sus compañeros asambleas para discutir cómo poner freno a esta ola de despidos indebida, injusta y arbitraria", reiteró el histórico dirigente sindical de ATE.
El gremialista reprochó que los despidos masivos ejecutados por el Gobierno durante la semana pasada "se refuerzan los organismos represivos", ya que se desconoce que haya cesantías en las fuerzas federales y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), mientras que "se debilitan aquellos vinculados a las necesidades de los sectores populares".
Los recortes de personal afectan una vasta cantidad de organismos y dependencias como la ANSES, el Servicio Meteorológico Nacional, Parques Nacionales, los ministerios de Economía y de Trabajo, la secretaría de Derechos Humanos, el CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), el Instituto Nacional del Cine y las Artes Visuales (INCAA), el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) o el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD), entre otros.
"Los despidos están afectando no sólo el interés de los trabajadores y estatales, sino que se trata de áreas que tienen que ver con los sectores más desprotegidos de la sociedad", expresó hoy Godoy en diálogo con "Esta Mañana" por Radio Rivadavia. "El gobierno de Milei quiere destruir las áreas del Estado de desarrollo nuclear, tecnológico y de las telecomunicaciones. ARSAT y NA-SA (Nucleoeléctrica Argentina) son significativas y fundamentales, y son los principales lugares que quieren para cerrar, concesionar o vender. Esta es la discusión que hay que hacer, sin generalizar", puntualizó.
Para el titular de la CTA Autónoma, se trata de "un argumento falaz" el supuesto crecimiento exponencial de la planta de trabajadores estatales, y apuntó que el aumento de las contrataciones corresponde a que "en los últimos 13 años creció la población y las demandas del desarrollo económico y social de la Argentina". "El gran problema que hay en el Estado nacional es que gran parte de los trabajadores estatales son precarizados, con 10, 15 años de antigüedad", ilustró.
Pese a la reacción sindical encabezada por las CTA-T y Autónoma, ATE y algunos sectores de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), en el Gobierno minimizaron la respuesta gremial y festejaron la efectividad de la estrategia para empezar a cumplir con el cupo de 70 mil desvinculaciones que se plantearon como objetivo final del capítulo de ajuste del Estado. Sin embargo, hay cierta preocupación por la profundización de la conflictividad, donde la Casa Rosada y los ministerios de Seguridad y Capital Humano evalúan cómo hacerles frente en la calle a los gremios.
En el Poder Ejecutivo deslizan que no tienen planeado dar el brazo a torcer con la medida. Más allá del ahorro en las cuentas públicas, que no se especificó, les sirve de sustento para la narrativa central que plantea como enemiga a "la casta". El operativo frente a la ofensiva, como se trata de predios de la órbita nacional, le corresponde a la Policía Federal, y en el ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich se pusieron en alerta para intervenir. Es que la modalidad de la protesta implicaría tomas e ingresos forzosos en los distintos ministerios.
El martes pasado, en el marco del IEFA Latam Forum, un foro económico con presencia de empresarios, el presidente Milei comunicó que en los próximos días el gobierno nacional dará de baja 70 mil contratos de empleados públicos que no se renovarán a partir del 31 de marzo. El mandatario se refirió a este tema al momento de explicar cómo viene llevando a cabo el ajuste fiscal para lograr el déficit cero: "Eliminamos las transferencias discrecionales a las provincias, también echamos 50.000 empleados públicos, no solo eso, sino que además se dieron de baja contratos, fíjense que ahora están cayendo más contratos y van a caer 70.000 contratos".