Bruselas establecerá valores límite de emisiones alcanzables más rigurosos para las instalaciones industriales de la UE, incluidas las que generan las grandes explotaciones ganaderas avícolas y porcinas, la minería y las grandes fábricas de baterías. Así lo recoge la revisión de la Directiva sobre emisiones industriales que el ejecutivo comunitario pretende impulsar con el fin de proteger la salud pública y el medio ambiente y que desde hace unas semanas cuenta con respaldo del Parlamento Europeo.
Esta Directiva es el principal instrumento con el que cuenta la Unión Europea para limitar la contaminación del aire, el agua y el suelo procedente de instalaciones industriales -incluidas las explotaciones ganaderas intensivas- con sustancias como óxidos de nitrógeno, amoniaco, mercurio, metano y dióxido de carbono. Según recalcan las autoridades europeas, este tipo de agentes contaminantes "pueden dar lugar a problemas sanitarios como el asma, la bronquitis y el cáncer". También regula la generación de residuos, el uso de materias primas, la eficiencia energética, el ruido y la prevención de accidentes.
La modificación legislativa que actualmente está en trámite responde a "las expectativas de los ciudadanos en relación con el principio de quien contamina paga, acelera la transición ecológica y fomenta procesos de producción más ecológicos", en línea con los objetivos de contaminación cero marcados por el Pacto Verde.
En este sentido, además de reducir las emisiones nocivas, las nuevas normas también exigirán que los sectores implicados establezcan objetivos de rendimiento ambiental para el consumo de agua y marcarán ciertos umbrales en todo aquello que respecta a los residuos, el uso eficiente de los recursos, la eficiencia energética y el uso de las materias primas.
Explotaciones ganaderas
La directiva se aplicará a las explotaciones porcinas con más de 350 unidades de ganado mayor (LSU), pero quedarán excluidas las granjas que crían cerdos de manera extensiva u orgánica y en el exterior durante una parte significativa del año. En el caso de las aves de corral, deberán acogerse a la norma aquellas explotaciones que cuenten con gallinas ponedoras con más de 300 LSU y a las explotaciones con pollos de engorde con más de 280 LSU. Para las explotaciones que crían cerdos y aves de corral, el límite será de 380 LSU.
En principio la Directiva no cubre las explotaciones de vacuno, un hecho que ha generado críticas por parte de organizaciones ecologistas como Greenpeace, que recuerda que la cría de animales de granja es responsable del 54% de las emisiones de metano, principalmente del vacuno. Sin embargo, la Comisión se ha comprometido a evaluar en 2026 la necesidad de tomar medidas adicionales respecto a las emisiones de la ganadería, incluido el ganado vacuno, y también valorará la posibilidad de introducir una cláusula de reciprocidad para garantizar que los productores no europeos cumplan requisitos similares al exportar a la UE.
En cuanto a la extracción y tratamiento de minerales, la actualización legislativa abarca los "no energéticos producidos a escala industrial, como hierro, cobre, oro, níquel y platino" y abre la puerta a incluir otros minerales industriales si la Comisión Europea hace una propuesta en ese sentido.
Sanciones e indemnizaciones
Para mejorar la transparencia y la participación del público en relación con la concesión de licencias, el funcionamiento y el control de las instalaciones reguladas, la revisión transformará el actual Registro Europeo de Emisiones y Transferencias de Contaminantes en un Portal de Emisiones Industriales (E-PRTR), que permitirá a los ciudadanos obtener datos sobre todos los permisos de la UE y las actividades locales contaminantes.
Ese registro afecta a unas 35.000 instalaciones industriales, que abarcan 65 actividades económicas, y 91 sustancias contaminantes o aceleradoras del cambio climático, como metales pesados, pesticidas, gases de efecto invernadero y toxinas.
La revisión legislativa insta a los Estados miembros a establecer "sanciones efectivas, proporcionadas y disuasivas para aquellos que infrinjan las medidas adoptadas para implementar la directiva". En el caso de las infracciones más graves, las sanciones deberán ser de "al menos el 3% de la facturación anual del operador en la UE".
Asimismo, los países deberán velar para que las personas tengan derecho a reclamar una compensación por daños y perjuicios "cuando se haya producido un daño a su salud como resultado de una violación de las normas nacionales que transponen la directiva".