La fiscal María de la O Silva, encargada de la querella de la pareja de Isabel Díaz Ayuso por las filtraciones de los fiscales que investigan un posible fraude fiscal, ha invocado el artículo 27 del Estatuto Orgánico para que la Junta de Fiscales se pronuncie sobre la posición a seguir, después de que la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde –la mano derecha del fiscal general, Álvaro García Ortiz–, apelara a la unidad de criterio para pedir la no admisión a trámite.
En una reunión de la Junta de Fiscales este miércoles a las nueve de la mañana la Junta de Fiscales adoptará una posición. De nuevo, como ocurrió ante la posibilidad de imputar por terrorismo a Carles Puigdemont en el Tribunal Supremo, la carrera fiscal planta cara a sus superiores jerárquicos.
Sánchez Conde en una reunión de trabajo hace unos días informó de forma verbal su parecer a la fiscal María de la O Silva sobre este caso de presunta revelación de secretos. Esta última apostaba por proponer diligencias de investigación dentro de la misma Fiscalía antes de emitir informe al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), donde ha recaído la querella toda vez que los fiscales gozan de la condición de aforados.
La teniente fiscal considera que, una vez que la Fiscalía de Madrid pidió que se archivase la querella que presentó el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) contra los fiscales del caso, lo pertinente es mantener dicho criterio y abogar también por la inadmisión de la querella que presentó Alberto González Amador. Sin embargo, la fiscal madrileña del caso sigue considerando que lo adecuado es admitir a trámite la querella y posteriormente investigar quién dio la orden de distribuir una nota aclaratoria sobre la cadena de emails entre el abogado del novio de Ayuso y el Ministerio Público.
La fiscal Silva ha invocado un artículo del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), según el cual cuando un fiscal «recibiere una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente». Se lo trasladará a su superior y, en caso de persistir la discrepancia, éste podrá convocar Junta de Fiscales de Sala.
La junta, que se celebra a puerta cerrada, tiene carácter consultivo, de modo que, una vez escuchada, Sánchez Conde podrá ratificarse en su decisión o corregirla. En el precedente del caso Tsunami ignoró a sus compañeros fiscales y mantuvo que no había indicios para investigar a Puigdemont en el Supremo.
Petición de mensajes
De esta forma, la teniente fiscal rechaza el planteamiento de Silva de reclamar a la Fiscalía las comunicaciones por Whastapp y correo electrónico entre los dos fiscales contra los que se dirige la querella –la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de delitos económicos Julián Salto– y el propio fiscal general del Estado.
En aquella reunión, Sánchez Conde incidió en que el pasado 9 de abril la Fiscalía ya aseguró que no veía delito alguno y defendió la «legitimidad constitucional» del comunicado difundido al respecto, con el que, sobre la base de datos ya publicados, intentó desprestigiar noticias, a su parecer, «inveraces».
En todo caso, la número dos de la Fiscalía –volviendo a posicionarse a favor de los intereses del Gobierno de Pedro Sánchez– insiste en que lo que corresponde es pedir la inadmisión de la querella de la pareja de Díaz Ayuso, tal y como se hizo con la del Colegio de Abogados.
El debate en el seno de la Fiscalía se da tras la querella que Alberto González, pareja de Ayuso, presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por un comunicado oficial enviado por un canal oficial en el que la Fiscalía de Madrid informaba sobre el cruce de correos entre su abogado y el fiscal en el marco de una investigación por un presunto fraude fiscal.
Posición de García Ortiz
En ese contexto, García Ortiz asumió la «responsabilidad última» de la nota de prensa de la polémica y esgrimió que no iba a «consentir» que la fiscal jefa de Madrid y el fiscal a cargo del procedimiento fuesen «perturbados por ejercitar la acción penal ante la posible comisión de hechos de naturaleza delictiva».
«No voy a tolerar que ningún fiscal tenga que soportar las consecuencias del funcionamiento transparente de nuestra institución», afirmó en un discurso institucional en un acto tras la toma de posesión de varios fiscales. De esta forma, el fiscal general defendió que no podía considerarse «infringido el deber de reserva» porque el objeto de la comunicación emitida el 14 de marzo era «de dominio público fruto de indeseables filtraciones». Alegó un acuerdo de fiscales europeos al respecto.