«No tiene ningún sentido», dijo el ministro Félix Bolaños cuando el Grupo Socialista del Congreso aceptó las comparecencias del tres fiscales en la comisión de investigación de los contratos de la pandemia a cambio de asegurarse el apoyo a su listado. El Fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, también se opuso.
Finalmente, la desautorización de Félix Bolaños para que declaren los fiscales ha surtido efecto y el ministro de la Presidencia se ha salido con la suya porque la comisión del Congreso ha acordado este lunes por amplia mayoría modificar su lista de comparecencias para sacar al fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, a la fiscal jefe de la Fiscalía Europea, Laura Codruta Kovesi y al responsable de la Fiscalía Europea que investiga el caso Koldo, Ignacio Lucas. Así lo quería el Gobierno y así lo había pedido el fiscal general del Estado.
Tras la primera jornada de comparecencias, la comisión se ha reunido a puerta cerrada para decidir cómo se resolvía esta cuestión y finalmente se ha votado excluir a los tres fiscales de la lista. La decisión ha contado con el apoyo de todos los grupos, incluidos PP y Vox, salvo ERC y Junts, que han votado en contra; Bildu, que no ha estado.
El PSOE había aceptados las comparecencias de los finales para asegurarse el apoyo a su listado, pero nada más saberse este extremo, el fiscal general del Estado envió una carta al presidente de la comisión, el socialista Alejandro Soler, para que se reconsiderara la citación.
García Ortiz sostiene que la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada está «directamente involucrada» en los procedimientos que se investigan y que su comparecencia «podría constituir un inconveniente» para la tramitación de las investigaciones fiscales y judiciales de naturaleza reservada.
En todo caso, el presidente de la comisión había dejado claro por la mañana que el listado aprobado inicialmente por la comisión es «jurídicamente correcto» y que no hay «ningún obstáculo legal» para llamar a comparecer a un fiscal ante una comisión de investigación y que, de hecho, hay precedentes en la Cámara, informa Ep.
Según ha indicado, los fiscales son conocedores de que según su Estatuto «no puede hablar sobre procedimientos judiciales en curso que están sub iudice, pero sí sobre otras cuestiones relacionadas con su parecer sobre la compra de material, las lagunas que existen, las mejoras por parte de la administración o por parte de la legislación vigente».