El Gobierno autonómico hace suyas las reivindicaciones del Consejo General de la Abogacía y demanda al Gobierno de España que "escuche y negocie" con este sector con el objetivo de actualizar las remuneraciones de los profesionales del turno de oficio, nombre con el que se conoce popularmente a la justicia gratuita, cuyos baremos llevan congelados desde hace seis años cuando el IPC subió un 17 por ciento.
Así lo aseguraba este jueves el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, tras participar en la apertura de las VIII Jornadas de Asistencia Jurídica Gratuita que impulsa el Consejo General de la Abogacía Española que se están celebrando en Valladolid.
Gago defendía que la nueva ley de justicia gratuita "se negocie" con los abogados y contemple determinadas retribuciones para determinadas actuaciones procesales nuevas que han ido surgiendo" desde la aprobación de la anterior norma que data de 1996 y se ha quedado obsoleta en muchos aspectos, según el consejero, como por ejemplo en la ausencia de retribuciones para cuestiones como el derecho penitenciario, la ejecución de resoluciones judiciales y la defensa de las personas jurídicas.
Igualmente, lamentaba que el Gobierno autonómico no pueda ser "especialmente incisivos" en la toma de decisiones al no tener transferidas las competencias en justicia, como sí sucede en otros territorios, y advertía por ello de la desigualdad existente en algunas cuestiones, como es el caso de las percepciones que reciben los más de 45.000 abogados de turno de oficio en España entre aquellas comunidades que sí tienen las transferencias de justicia y las que, como Castilla y León, no las tienen, y se paga menos por las actuaciones procesales. Algo que, según Gago, "no es muy lógico".
Por este motivo, pedía al Gobierno de España que aborde no solo la equiparación entre territorios o la armonización con el encarecimiento de la vida desde 2018, sino también "la actualización permanente de esas cuantías" como sucede "en cualquier actividad", para que a partir de ahora, los abogados del turno de oficio vean aumentada la cuantía que reciben en función de la subida de los precios, cada año, a nivel nacional.
La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, señalaba en su intervención que durante estos próximos días se trabajará el contenido que debería tener la nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita tras 30 años de existencia en los que la justicia ha cambiado y que actualizar la norma.
"Queremos lograr un consenso entre todos para tratar el contenido que tiene que llevar la nueva ley ante cuestiones como la defensa de las personas jurídicas ante delitos penales o la necesidad de asesoramiento previo en determinadas circunstancias porque "la defensa no termina con la sentencia, sino con la ejecución", apuntaba Ortega, en declaraciones recogidas por Ical.
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De la misma forma, el presidente del Colegio de Abogados de Castilla y León, Julio Sanz Orejudo, reivindicaba tanto la actualización de unos baremos que "llevan sin moverse desde 2018" como una nueva ley de justicia gratuita que "no solamente tiene que recoger que se pague el trabajo de todo abogado sino que se actualicen las indemnizaciones" porque, actualmente, "son de escándalo".
Y ponía en valor el trabajo y dedicación de los profesionales del turno de oficio de Castilla y León "porque demuestran que la de la Comunidad es una gran abogacía social", ya que casi el 50 por ciento de los profesionales del sector en Castilla y León "participan en la justicia gratuita", en un trabajo "muy encomiable" que "dice mucho de la labor social de la abogacía".
Durante la celebración de las jornadas, también se manifestaron una decena de abogados del turno de oficio de la Comunidad, a las puertas de la sede del Colegio de Abogados de Valladolid, para señalar que "sin abogados de oficio no hay justicia gratuita" y pedir la actualización de los baremos bajo el grito de "manos arriba, esto es un atraco".
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