La Sexagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado urgió a la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA) y la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) para que en conjunto con la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) implementen operativos que permitan identificar los métodos utilizados para el robo de agua en la entidad.
Lo anterior, se propuso por el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Edgar Piñón Domínguez, quien reconoció que la problemática del 'aguachicoleo' se presenta con mayor frecuencia, por lo que requiere unir fuerzas entre los diferentes niveles de Gobierno para poder ponerle din a esa práctica.
Y es que hizo hincapié en que, si no se cambie el rumbo del consumo, robo y captación de agua, en un periodo aproximado de ocho años ya no habrá suficiente agua para suministrar a toda la población, lo cual creará diversos conflictos.
Comentó que el robo de agua no se da únicamente en la entidad, sino en todo el país y se efectúa desde pozos y tuberías públicas, pues se aprovecha la falta de vigilancia de las autoridades, lo cual da muestra de la gravedad del asunto.
En ese sentido, dijo que el negocio ilícito es cada vez más rentable a medida que la sequía y los problemas de la infraestructura crecen, por lo que urgió a que se tomen medidas pertinentes para frenar el robo de este vital líquido en la entidad.
En su exposición de motivos, el priista recordó que, de acuerdo a la Ley de Aguas Nacionales, se deben clausurar las tomas o pozos que operen clandestinamente o que sean explotados o aprovechados de manera ilegal dada a la falta de concesión o asignación requerida.
Recordó que en dicha ley se establece igualmente que, para realizar la clausura de los pozos o tomas clandestinas de agua, se debe requiere de la participación y colaboración de las autoridades federales, estatales y municipales, así como de los cuerpos de seguridad pública en el ámbito de sus atribuciones.