La Operación Brody –como se conoce a la investigación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF)– y la vuelta a España de Luis Rubiales, expresidente de la Federación, han puesto al mundo del fútbol en el foco mediático en plena final de la Copa del Rey, que se juega hoy en el estadio de La Cartuja entre el Athletic de Bilbao y el Real Mallorca. Inaugurado en 1999 y con una capacidad para 57.619 espectadores, se trata del segundo estadio más grande de Andalucía y el quinto de España, aunque sea ha convertido también en un pozo sin fondo.
La sociedad Estadio de la Cartuja acumula 16 años en números rojos, sumando unas pérdidas de 34 millones de euros. De hecho, las instalaciones apenas suman ingresos suficientes para hacer frente a las pérdidas. Desde 2008 suma una cifra de negocio de tan sólo 26 millones, lo que le sitúa así como un negocio ruinoso. La Cartuja está participada por la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla, la diputación de provincial y la empresa pública de turismo y deporte de Andalucía, controlada también por el Gobierno autonómico. "Tras sucesivas ampliaciones de capital, las cuatro Administraciones públicas titulan acciones con porcentajes que oscilan entre el 13% y 41%", explica la compañía en sus cuentas.
El estadio cerró el 2022, último año para el que hay cuentas publicadas, con un resultado negativo de 1,8 millones de euros y unos ingresos que no superaban los tres millones. No obstante, las mayores pérdidas las tuvo en 2020, cuando los números rojos se elevaron a 3,4 millones, según el Registro Mercantil.
La sede de la Copa
La Cartuja era casi un estadio abandonado y deteriorado, pero, ¿cómo ha llegado a ser la sede la Copa del Rey? Fue la apuesta personal del expresidente de la Federación, Luis Rubiales, a partir de 2020 para albergar eventos deportivos y ahora podría llegar a ser hasta una de las sedes del Mundial 2030. La Federación inyectó fondos para repararlo y que pudiera albergar la final de la Copa del Rey de manera permanente.
La RFEF y la Junta de Andalucía firmaron un contrato para que La Cartuja fuera la sede en el próximo cuatro temporadas y, aunque terminaba este 2024, se ha ampliado para un año más. En su día, Rubiales alegaba que, con este acuerdo, "se revitalizaba La Cartuja como símbolo del fútbol español". Sin embargo, el estadio ha quedado ensombrecido por la subvención que recibió para su remodelación. Y es que la magistrada del Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid) está investigando ahora a Rubiales por el contrato de obras para mejorar el estadio sevillano. Todos esos contratos habrían sido tramitados, supuestamente, por la propia Federación y estarían implicados altos cargos de la máxima confianza de Rubiales. Fue la Junta de Andalucía quien otorgó una subvención de casi cinco millones de euros a La Cartuja. Sin embargo, al final fue la RFEF y, por lo tanto, Rubiales, quienes controlaron la remodelación.
Los informes aportados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) apuntan en la misma dirección. Los investigadores alertan de un presunto cobro de más de 530.000 euros en comisiones por los contratos adjudicados a la constructora Gruconsa. Dicha empresa fue la que se encargó de remodelar el estadio con dos adjudicaciones de 900.000 euros.
Triangulación de pagos
La UCO señala una triangulación de pagos entre la RFEF, la constructora y Dismatec, una sociedad controlada por el exjugador del Granada y amigo de Rubiales, Nene. Así, concluyen en un informe, que consta en el sumario y al que ha tenido acceso este periódico, que "la cuenta bancaria de Dismatec habría actuado como puente para la recepción por parte de González Cueto Legal –propiedad de Tomás González Cueto, asesor jurídico y mano derecha de Rubiales– de dinero procedente de Gruconsa cuyo posible origen pudiera radicar en la RFEF".
Los agentes estiman que Gruconsa habría, presuntamente, ingresado 3,8 millones de euros por parte de la Federación entre 2019 y 2023. El primer pago se realizó el 9 de marzo de 2020, y desde entonces los ingresos tuvieron una periodicidad mensual, alega la UCO.