En días recientes, el Banco Mundial dio a conocer su informe económico sobre el desenvolvimiento de los mercados continentales en la región de América Latina y el Caribe, en él, por desgracia en su primera parte, no se encontrar hallazgos importantes con relación a la mayoría de las economías.
Las tasas de crecimiento en este rubro, en la mayor parte de las naciones del continente, se ubicó durante 2023 en rangos inferiores, con excepción de Costa Rica, México y Brasil, en niveles inferiores a 3% presentando de igual manera, en la mayor parte de los casos, niveles inflacionarios por encima de 5%.
Lo anterior, es el panorama a grandes rasgos que se ha tenido en la mayor parte de los casos en casi todas las naciones latinoamericanas y del Caribe.
En el mismo estudio se presentan una serie de sugerencias y prospectivas interesantes acerca del desenvolvimiento que podrían llegar a mostrar indicadores macroeconómicos de varios países que, a efecto de tener relación con el efecto del nearshoring, podrían verse favorecidos en muchos aspectos, si es que decidieran implementar medidas emergentes y profundas para modificar estas inercias negativas, tales como mejorar sus mecanismos de desigualdad, tejer un andamiaje de regulaciones fiscales y tributarias con mayores efectos hacia las clases altas y componentes de distribución y monitoreo de cumplimiento de objetivos.
Y es que la falta de competencia o la simulación de esta misma, en la mayor parte de los casos, es uno de los máximos problemas que deben experimentar los consumidores en el continente y por desgracia, vivir sus efectos. A diario, millones de personas en territorio americano usan servicios y adquieren productos bajo cobros excesivos, deficientes estándares de calidad o nulos mecanismos de protección entorno a sus derechos.
Por desgracia, México no es la excepción. La concentración del poder económico se ha vuelto una herencia familiar y una puerta giratoria hacia el poder político.
De acuerdo con el informe del mismo organismo internacional, cerca de 95% de las 50 empresas privadas más grandes de México se encuentran en poder de las familias más ricas del país.
Esta economía de herencias familiares se hace evidente en diversas clasificaciones y estimaciones, de hecho, son 8 en total: Carlos Slim y familia, Germán Larrea y familia, Ricardo Salinas Pliego y familia, Alejandro Baillères y familia, María Asunción Aramburuzabala y familia, Juan Domingo Beckmann y familia, Carlos Hank Rhon y familia y Antonio del Valle y familia, quienes de acuerdo con Forbes forman parte de su lista de poseedores de fortunas valuadas en miles de millones de dólares.
Pero más allá de todos estos datos, lo que esta información refiere, es que la propiedad familiar plantea desafíos en términos de competencia y regulación para el Estado mexicano. La concentración de la riqueza en unas pocas familias y la presencia de oligopolios en sectores clave de la economía mexicana plantean desafíos significativos para la igualdad, la competencia y el desarrollo sostenible del país, lo que en conjunto significa que de no atenderse este fenómeno, el crecimiento en el país no logrará crear efectos de distribución compartida.
El gobierno tiene un reto de dimensiones colosales para sentarse con estas familias y proponerles un nuevo pacto social, fiscal y económico con visión de Estado que dinamice las reglas de competencia y distribución de la riqueza en este país.
POR LUIS MIGUEL MARTÍNEZ ANZURES
PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MAAZ