En un escenario donde los relatos sensacionalistas de delincuencia dominan las pantallas, presenciamos con una mezcla de horror y desdén la formación de estructuras delictivas que no solo perpetran crímenes, sino que también arrastran a niñas, niños y adolescentes, a menudo llevándoles a perder su dignidad y en circunstancias extremas costándoles la vida.
Nos vemos rodeados por un tumulto de voces clamando por castigo ante estos actos desgarradores. Sin embargo, rara vez nos detenemos a indagar en las profundidades de las causas que empujan a estos jóvenes a convertirse en actores que aniquilan su propio futuro.
Este panorama no solo exige nuestra atención, sino que implora una reflexión profunda sobre las raíces del problema, invitándonos a mirar más allá del castigo, hacia la comprensión y prevención de un ciclo que parece no tener fin.
Durante mucho tiempo, la sociedad y algunas corrientes políticas han abordado el problema de la delincuencia desde una perspectiva predominantemente reactiva y punitiva, centrándose solo en castigar a los infractores en lugar de abordar también las causas subyacentes que conducen a ciertas personas a cometer actos delictivos.
Deserción escolar y delincuencia juvenil
En 2007 se promulga la ley penal adolescente, cuyo espíritu era dar un trato adecuado y proteger los derechos de los jóvenes.
Luego de 17 años de vigencia y aplicación es evidente que el componente preventivo, no ha surtido el efecto deseado. Por el contrario, este enfoque ha generado un ciclo interminable de represión y reincidencia, sin llegar de manera efectiva a los factores sociales, económicos y psicológicos que contribuyen al comportamiento delictivo.
Es fundamental que cambiemos este enfoque y comencemos a implementar estrategias que se centren en prevenir y reducir los factores de riesgo que impulsan a las personas hacia la delincuencia, promoviendo así una sociedad más justa y segura para todas y todos.
En esta línea de preocupación la relación entre la deserción escolar y la delincuencia juvenil ha sido objeto de análisis e inquietud en diversos ámbitos políticos y sociales.
La evidencia sugiere que cuando los jóvenes abandonan el sistema educativo sin haber adquirido las competencias básicas o sin haber completado su educación, se incrementan significativamente las probabilidades de involucrarse en actividades delictivas.
Este fenómeno, lejos de ser un simple correlato, apunta hacia una causalidad que demanda atención urgente y estratégica por parte del Estado y la sociedad en su conjunto.
De acuerdo con un análisis del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, existe una relación entre la deserción escolar y la participación en actividades delictivas.
El estudio señala que el 70% de los jóvenes que cometieron delitos graves habían desertado de la escuela, y que el 60% de ellos lo habían hecho antes de los 15 años. Además, el estudio indica que la deserción escolar se asocia con factores de riesgo como la pobreza, la violencia familiar, el consumo de drogas y la falta de oportunidades.
Esta estadística no solo refleja un problema de seguridad pública, sino que subraya un fracaso más profundo en la capacidad de retener a estos jóvenes dentro de un sistema que debería ser inclusivo y adaptativo a sus necesidades.
La deserción escolar no es un acto espontáneo, sino el resultado final de un proceso de desencanto y desvinculación con un modelo educativo que, en muchos casos, no logra captar ni mantener el interés del estudiante.
Factores protectores preventivos
En tal sentido, un cambio en el sistema educativo que ofrezca el espacio de formación y desarrollo personal para los niños y niñas, emerge como un factor protector efectivo frente al desafío de romper con el círculo que asocia la falta de expectativas y la deserción escolar, con situaciones de vulneración grave de los derechos de los niño, niñas y adolescentes.
Al adaptar el proceso educativo a las necesidades, intereses y ritmos de aprendizaje de cada alumno, se puede crear un entorno más atractivo y motivador que prevenga la deserción escolar.
La educación que aborda más allá de lo cognitivo, incorporando la integralidad del sujeto, entregando las habilidades necesarias para mejorar las interacciones sociales, es un camino para reenganchar a aquellos estudiantes en riesgo, asegurando que se sientan valorados y comprendidos dentro del sistema educativo.
Esta aproximación no solo beneficia su desarrollo académico y personal, sino que también actúa como un factor disuasivo contra la participación en actividades delictivas.
Una educación más centrada en el sujeto implica reconocer la diversidad de intereses, habilidades, ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes, y ofrecerles una propuesta pedagógica que se adapte a sus características y potencialidades.
Esto requiere de una mayor flexibilidad curricular, de más autonomía de los establecimientos educativos y de aumentar la capacitación y el apoyo a los docentes, e involucrar a las familias y las comunidades. ¿Cómo hacerlo desde la burocracia estatal estableciendo la garantía de ciertos mínimos de contenidos curriculares es el gran reto?
Repensar el sistema educativo
Es necesario repensar el sistema educativo de un modo sistémico y social, que promueva la formación de ciudadanas y ciudadanos comprometidos, conscientes de sus emociones y capaces de contribuir positivamente a su entorno.
Para eso, la educación no solo debe abarcar el conocimiento académico, sino también el desarrollo emocional y social de los estudiantes y trabajar con sus familias y el entorno más próximo.
En tal sentido, cobra vital importancia, la incorporación de la educación de las emociones- aprendiendo a entenderlas, gestionarlas y utilizarlas de manera efectiva- y la instrucción de las habilidades y competencias como: la autorregulación, el autocontrol, la aceptación a la diversidad, la mediación de conflictos, el sentido de justicia, y la vinculación con el entorno.
Siendo pilares fundamentales para formar individuos capaces de enfrentar desafíos y tomar decisiones responsables en su vida cotidiana. Estas competencias, esenciales para la vida en sociedad, fomentan la resiliencia frente a las adversidades y preparan a los jóvenes para interactuar de manera constructiva y ética.
Además, una educación personalizada debe complementarse con actividades extraprogramáticas que fomenten la cultura y el deporte, y que amplíen el horizonte y las oportunidades de los jóvenes.
Estas actividades contribuyen a desarrollar habilidades socioemocionales, a fortalecer la autoestima, a generar vínculos positivos, a entregar disciplina, espíritu de superación y a prevenir conductas de riesgo.
De esta manera los jóvenes tendrán la oportunidad de explorar sus intereses, desarrollar nuevas habilidades y, lo más importante, sentirse parte de una comunidad.
La participación en estas actividades extra programáticas ha demostrado tener un impacto positivo en la retención escolar, al mismo tiempo que aleja a los jóvenes de ambientes que podrían llevarlos hacia la delincuencia.
El deporte y la cultura no solo enriquecen su experiencia educativa, sino que también les ofrecen alternativas saludables y constructivas de uso del tiempo libre.
La mirada desde la política pública
Desde una perspectiva de política pública, es imperativo que el Estado y los Gobierno de turno en todos sus niveles, ya sea a nivel nacional como regional y/o locales, prioricen y destinen recursos suficientes para la implementación de estas estrategias educativas.
La inversión en educación personalizada y en programas extracurriculares no debe verse como un gasto, sino como una inversión en el futuro de la sociedad. Al prevenir la deserción escolar y, por ende, reducir la incidencia de la delincuencia juvenil, se están sentando las bases para una sociedad más justa, segura y próspera.
Sin embargo, no hay que desconocer que en un contexto donde la sensación de inseguridad se intensifica y las modalidades delictivas evolucionan y por consecuencia el actual Gobierno enfrenta un desafío dual que requiere una estrategia integral.
Por un lado, es crucial abordar las raíces profundas del problema de manera sostenible con resultados que, se visibilizan a largo plazo, implementando políticas que aborden las causas subyacentes de la delincuencia, como la desigualdad social, la falta de oportunidades, la exclusión y en esa línea va la prevención de la deserción escolar.
Como por otro lado, en el corto plazo, no hay que dejar de adoptar medidas más disciplinarias, que incluyen el aumento de la presencia policial en áreas de alta criminalidad, la imposición de penas de cárcel para los infractores, el uso según el marco legal de la fuerza para detener a sospechosos, y la aplicación de sanciones económicas o restricciones de libertad para aquellos que violan la ley.
Estas medidas se centran en responder a los actos delictivos una vez que han ocurrido y en aplicar consecuencias negativas como forma de disuadir futuros comportamientos delictivos. Esto brinda la sensación inmediata de seguridad a la población y restaura la confianza en las instituciones.
La crisis de delincuencia es imprescindible enfrentarla de manera frontal y eso se logra encontrando el equilibrio adecuado entre estas dimensiones, evitando caer en soluciones simplistas y populistas que busquen solo ganar apoyo político sin abordar verdaderamente el problema de fondo.
Esta armonía requiere una visión a largo plazo que priorice tanto la seguridad ciudadana como la construcción de una sociedad más justa y equitativa y en esa lógica debemos enfatizar que el Estado priorice la inversión en la prevención de la deserción escolar y el robustecimiento de las habilidades emocionales y sociales de los alumnos, ya que tiene un impacto directo en la calidad de vida de las personas y en la seguridad ciudadana.
De esta manera, se integrará la gestión del problema dentro de un marco más amplio que tenga en cuenta uno de los factores de génesis del problema delictivo. Contribuyendo a superar aspectos como la desigualdad social, la falta de oportunidades, la exclusión, la violencia, la frustración y la marginalización, adoptando así un enfoque más holístico y efectivo que no solo castigue el comportamiento delictivo, sino que también trabaje para prevenir su ocurrencia.
Arturo Barrios Oteiza
Vicepresidente Partido Socialista
Claudia Hasbún Faila
Core Región Metropolitana Partido Socialista