El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha anunciado este lunes tras el Consejo de Gobierno que su área va a elaborar un protocolo para establecer las áreas tensionadas en las Islas por los altos precios o la escasez de viviendas en alquiler. En concreto el artículo 18 de la Ley estatal de Vivienda da la posibilidad a la Administración competente, en este caso el Gobierno de Canarias, a declarar tensionada una zona. "No un acuerdo de un pleno municipal sino la Comunidad Autónoma", precisó. Por ello, ante la intención de distintos municipios, como Adeje o Las Palmas de Gran Canaria, de declararse como zonas tensionadas para poder intervenir en el mercado del alquiler, el consejero aclaró que en un mes tendrán elaborado un protocolo para que los municipios que así lo deseen presenten la documentación necesaria para pedir esta declaración.
Hasta ahora "ningún" municipio se ha dirigido al Gobierno para ello, precisó. Insistió en que el Gobierno no está en contra de las zonas tensionadas, sino que debe haber un protocolo con informes técnicos para estudiar las peticiones municipales y, en su caso, adoptar las medidas extraordinarias que sean necesarias y aplicarlas a cada cual.
Limitación de precios del alquiler
"Declarar zona tensionada a un municipio o una área del municipio no conlleva obligatoriamente la limitación de los precios de la alquiler", expresó. El Gobierno no es proclive a esta medida. "Se ha asimilado el área tensionada con topar precios, y no es así" , subrayó, pues en la ley estatal se habla de medidas extraordinarias sin fijar actuaciones concretas. A su juicio, las medidas que está aplicando ya el Gobierno canario van a ser más eficaces que topar los precios.
¿Por qué? "Porque el problema que hay en Canarias es de oferta y demanda. Y hay una falta de oferta de vivienda. Y limitar precios igual desincentiva la oferta. Y nosotros lo que hemos hecho son medidas para incrementar la oferta", explicó. No obstante, si tras un análisis de los informes de los ayuntamientos ven que "es bueno o positivo limitar el precio porque oferta ya existe, pues eso lo analizaremos".
En su opinión, es bastante "obvio " que en Canarias todas las islas no tienen las mismas circunstancias, y puede ser que en alguna se aconseje esta medida y en otras no.
Entre las medidas que está desarrollando el Gobierno para atacar el problema de la vivienda, recordó la aprobación en tiempo récord del Decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda, para dar respuesta a la emergencia habitacional, "una emergencia habitacional que también se ha articulado a través del propio decreto ley, el artículo número 2 concretamente". Relató además otras actuaciones que están ejecutando para fomentar la vivienda, como el desarrollo del propio Plan Canario de Vivienda, que ya finaliza el próximo año 2025, y puso énfasis en el nuevo Plan Canario de Vivienda que se podrá articular a partir de entonces, así como otras medidas de carácter coyuntural o estructural como pueden ser la Bolsa de Vivienda Vacía "o leyes tan importantes como el Anteproyecto de ley de vacacional, que también incide en la emergencia habitacional", apostilló.
Por tanto, considera que el Gobierno está ya poniendo remedio dentro de lo posible a la emergencia habitacional y según la Ley de Vivienda estatal es la administración competente para declarar áreas tensionadas. Con el protocolo estudiarán las propuestas de los municipios o zonas y harán un análisis de los procedimientos, estableciendo si son zonas tensionadas y las medidas extraordinarias que se requieran. No van a ser los primeros en toda España en hacerlo porque ya el País Vasco ha aprobado ese protocolo.
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