El Ayuntamiento de Palma defiende que los inmigrantes deben estar al corriente del pago del alquiler para poder empadronarse con el fin de evitar posibles casos de fraudes que se han sucedido en años precedentes.
Todo ello después de que la Asociación de Consumidores y Usuarios de Baleares (Consubal) denunciara al Consistorio palmesano por exigir el recibo del alquiler del mes en el que se solicita el empadronamiento, algo que, según esta entidad dirigida por Alfonso Rodríguez (Esquerra Unida), «son datos de carácter personal y, por lo tanto, protegidos».
Sin embargo, la teniente de alcalde de Hacienda, Función Pública y Govern Interior del PP, Mercedes Celeste, ha rechazado esta acusación y ha asegurado que «cada año se empadronan miles de personas en Palma, por lo que el Ayuntamiento tiene la obligación de asegurarse de que este empadronamiento no es fraudulento».
Ante la denuncia de Consubal de que en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía (OAC) se está exigiendo el recibió del alquiler para poder empadronarse, la edil ha señalado que «el Ayuntamiento es absolutamente soberano para solicitar a los inquilinos todos los documentos que estime necesarios para asegurarse de que esté físicamente residiendo en esa vivienda y evitar así un empadronamiento fraudulento».
En este punto, la teniente de alcalde ha negado que el gobierno municipal esté incumpliendo la Ley de Protección de Datos ya que, tal y como asegura, «como propia administración pública que es, el Ayuntamiento tiene el deber de que todos los datos que recibe o solicita sean tratados confidencialmente».
En cuanto a la exigencia de solicitar la documentación que estime oportuna, la edil recalcó que «existe una resolución del Instituto Nacional de Estadística (INE) del 29 de abril de 2020 en la que confirma que, en líneas generales, un ayuntamiento podrá requerir todos los documentos que estime oportunos para certificar que el empadronamiento es correcto».
Por último, la edil de Govern Interior precisó que existe un acuerdo plenario del 30 de noviembre a propuesta de Vox (formación que desde la oposición apoya al gobierno municipal del PP) en el que se insta a tomar todas las medidas que considere oportunas para evitar el empadronamiento fraudulento.
En la citada iniciativa que los partidos que conformaron el anterior equipo de gobierno de socialistas, separatistas de Més y Podemos hasta las elecciones del pasado 28 de mayo rechazaron se exige «tomar las medidas oportunas, contra esta práctica delictiva».
Entre otras cuestiones, incluía la necesidad de que los empadronados en un piso no superasen el número que fija la cédula de habitabilidad, cosa que por ahora continúa sin controlarse.
La inscripción en el padrón acredita ser vecino del municipio, y sirve para acceder a distintos derechos como la regularización o permisos de residencia y trabajo, solicitar la tarjeta sanitaria, acceder a los servicios ayudas y prestaciones municipales, sin que exista además, limitación alguna respecto al número de personas que pueden estar empadronadas en un domicilio, si todas ellas, residen de manera efectiva en el mismo.
Se da además la circunstancia, de que si la vivienda está alquilada, el propietario no puede controlar el número de personas empadronadas, y al rescindirse el contrato de arrendamiento, se puede encontrar que existen personas ajenas al inquilino y familia, empadronadas en su casa y sin poder darlos de baja.
Hay casos de hasta 24 personas empadronadas en un piso en Palma de forma fraudulenta después cambiar de domicilio, y el propietario se encuentra con el problema de tenerlos inscritos en su vivienda, sin contrato de alquiler, y en otras ocasiones, hasta falsificado.
Desde Consubal se considera «una extralimitación del Ayuntamiento» que afecta a otros muchos ámbitos y derechos de los ciudadanos como el de los descuentos de viajes, acceso a servicios municipales, médicos, etcétera.