En plena campaña por las elecciones internas nos inunda la propaganda y publicidad de los diversos candidatos por diversos medios. Avisos en vía pública y publicidad en redes son utilizados a mansalva mientras está vigente la veda en medios masivos. ¿De dónde sacan fondos los candidatos? ¿No sería necesario que transparentaran su financiación? ¿El secreto imperante no facilita que el narcotráfico se infiltre en los partidos? ¿El apoyo de empresarios no condiciona a los políticos? ¿Cómo debería ser el financiamiento para todos?
Políticos en oferta
Isabel Viana
La pregunta de Voces señala con acierto que "nos inunda la propaganda y publicidad de los diversos candidatos" e indica con claridad la vigencia de la veda a la propaganda electoral en los espacios públicos.
En primer lugar es necesario señalar que los medios están ya copados, por la contienda electoral que tendrá lugar en junio (internas) y a fin de año (elecciones nacionales), por vía de entrevistas, declaraciones y dar como noticia los actos políticos. La cartelería colgada y pintada cubre los espacios públicos. Además, cada vivienda recibe, con su correo, volantes y boletines que elogian a personas e invitan a votar por alguien cuyo proyecto político no suele ser explícito.
Resulta abrumador escuchar las "innovaciones" que proponen los candidatos entrevistados. Incluyen proyectos poco viables, verdaderas zanahorias para acercar votantes: 50% de aumento a la policía, miles de soldados a pasar a la Republicana, aumentos a los jubilados, instalación de atención prioritaria a la infancia indigente, viviendas, etc. Esas promesas no son coherentes con las limitaciones previsibles del futuro Presupuesto.
Así mismo, los candidatos usan la oportunidad para denuncian falencias (reales o inventadas) del partido y candidatos rivales y aún dentro de sus propias huestes, con opiniones muy duras y descalificantes.
Como mejor uso de las posibilidades de comunicación del Estado, es posible promover el debate ciudadano desde los medios, para informar y poner en conocimiento de la gente los conflictos mayores, las alternativas posibles de solución y habilitar a los ciudadanos para que discutan los problemas del país. Los candidatos deberían poder escuchar las conclusiones de la población para elaborar propuestas reales y presupuestalmente ejecutables en el próximo período de gobierno.
Los partidos políticos son responsables de la manera en que sus candidatos se presentan a la ciudadanía. También lo es el gobierno, que propone tandas políticas de 20 minutos en los espacios centrales de televisión, con cargo al erario público.
En realidad, sería suficiente que la información (sobre candidatos y propuestas políticas) fuera brindada en un lapso no mayor a un mes antes de sufragar. Esa limitación permitiría disminuir los costos inherentes a la campaña electoral, al acortar la duración de la misma.
Mi tendencia personal es apagar las emisiones de radio y TV dedicadas a la propaganda electoral, deshacerme de los boletines que encuentro en mi correo y alejarme de un debate que no es político y que puede asimilarse a una competencia entre personas físicas, en busca de seguidores para lograr posiciones de poder en las internas de los partidos y, más tarde, en sus listas.
Ya no se atan perros con chorizo
Roberto Elissalde
Yo, un suponer, que no miro televisión en mi casa, recuerdo ver en boliches tandas de televisión en las que se repetía un aviso partidario hasta cuatro veces. Me pasó más de una vez, en los días previos a una elección. Cada vez me pregunté si esa decisión, que suponía que la saturación visual del tiempo de la tanda, tendría algún impacto en los votos a conseguir.
No tengo formación en campaña de medios, pero sospecho que esos políticos que se arriesgaron a llamar la atención o a hacer el ridículo por esa abundancia de avisos fueron engañados.
Los publicistas de antes y los community managers de hoy en general tienen intereses que son diferentes a los de los políticos. Mientras que estos intentan convencer a la gente de que son la mejor alternativa disponible para llevar adelante las ideas de los votantes, los primeros son, en líneas generales, intermediarios entre los "secretarios" o responsables de propaganda de cada sector y las empresas que controlan el negocio de la publicidad, como los canales de televisión, radios, diarios, portales informativos, Google ads, Outbrain, etc.
La mayoría de los responsables de finanzas de partidos y sectores tienen escasos conocimientos sobre los aspectos técnicos de la comunicación: su tarea es lograr la mayor cantidad de plata posible para satisfacer las siempre crecientes necesidades.
Los responsables de propaganda tienen algunas líneas de trabajo que manejan por su cuenta, como impresión de volantes, pintada de muros, colgado de carteles, contratación de amplificación para rodados o pequeños actos, etcétera. Si bien estas actividades están tan poco evaluadas en términos de resultado real (votos) como los de la televisión o internet, estos gastos son muy menores en comparación con los de la publicidad profesionalmente contratada.
Por ese punto ciego se entra en el barril sin fondo: los profesionales trabajan con los medios y las plataformas de publicidad todo el tiempo, mientras que los políticos son clientes importantes pero episódicos. Como nadie piensa demasiado en la relación entre cantidad de avisos y la cantidad de votos, el objetivo es lograr la mayoría cantidad de avisos (en particular los que el candidato pueda ver con sus propios ojos), lograr la mayor cantidad de interacciones posibles y después esperar que eso se traduzca en votos. Existe una batería de indicadores que analizan el alcance, la permanencia y hasta el agrado o desagrado que provoca cada pieza publicitaria (aunque no se conoce el resultado en cambios de opinión política de los receptores ni cómo estas cosas influyen en los votantes.
Dicho todo esto, en bien comprensible que los responsables políticos de finanzas estén abiertos a escuchar propuestas de todo tipo con tal de conseguir fondos. La absoluta mayoría de los que conozco son honestos, pero por razones del oficio, se manejan a su leal saber y entender y tratan de no comunicar demasiado a los jefes políticos (los candidatos o las organizaciones) los detalles de las campañas.
Esto lo hemos sufrido como paisito, en la época de la ingenuidad, cuando se podía atar perros con un chorizo. Pero cuando todos los márgenes son estrechos (por ejemplo, en de los votos entre bloques o los recursos para las campañas) y una vez que los perros aprendieron a comerse sus cadenas, no sería imposible que el narcotráfico comience a tener línea directa e influencia en la vida política nacional. Sólo con leyes claras, fuertes y que se renueven a la velocidad de los tiempos podremos evitarlo. Al menos parcialmente.
El ancla del statu quo
Santiago Gutiérrez
Pocas cosas tienen más fuerza y peso que el statu quo en nuestro querido país. El propio ecosistema político en fraternal acuerdo con algunos sectores económicos y productivos le da firme sustento al mismo. Una derivación complicada del "acá nos conocemos todos".
El statu quo de financiamiento de campañas (candidatos, no partidos) se asienta en dos principales anclas. La primera es el interés del lobby empresarial que financia normalmente una parte importante de la recaudación de la mayoría de los candidatos en cada campaña, sin importar el partido. Sí, todos lo saben, pero no se dice mucho. Casi los mismos empresarios financian a casi todos los candidatos en cada elección. Si intentamos ver un poco más allá, mucho de ese lobby tiene alta correlación con mercados altamente regulados o protegidos, que resisten con fuerza cada intento de cambio des-regulatorio que los libere y pueda beneficiar a los consumidores. Esto no quiere decir que no tengan otros válidos argumentos, pero negar que esto sucede sería de una hipocresía fenomenal. Después nos quejamos de lo caro que es Uruguay.
La segunda es el impedimento al recambio generacional o el ingreso de nuevas figuras, salvo que lo puedan hacer con su propio (y mucho) dinero. Caso Juan Sartori. Es de total lógica, y de verdad en la práctica, que nadie le pone dinero a un desconocido, sino a alguien que ya conoce, "con experiencia" y que sabe le va a atender el teléfono cuando lo necesite. Esto tampoco configura ilegalidades en la enorme mayoría de los casos, claro está. Pero no todo lo que no es conveniente es ilegal.
De más está decir que estas dos anclas están íntimamente relacionadas. También sobra decir que estos no son los únicos peligros ni problemas del actual modelo recaudatorio de los candidatos. Tampoco tengo la total certeza de que cambiar el marco legal actual, evite otros desbordes que cada vez vemos más cercanos. El narcotráfico específicamente.
Por eso me inclino a promover una discusión sobre financiamiento de la democracia, más que de los partidos políticos. ¿Qué tan dispuesta está la sociedad uruguaya a financiar de otra forma su tan sólida y respetable democracia? El modelo actual financia con determinados criterios a los partidos según su votación pasada. Pero este sistema, ¿no hace que todo siga como está? ¿No está lleno de agujeros legales? ¿Se respeta el marco normativo? Y lo más importante: ¿es útil?
Mientras una vez más el sistema se enfrasca en proyectos de ley redactados por algunos para algunos y su tribuna, dudo que realmente estemos atacando el problema de raíz.
Es que en Uruguay, pocos quieren ir contra el statu quo.
El financiamiento de las democracias débiles y pobres
Oscar Mañán
El tema sobre la mesa debería ser el financiamiento de la democracia y los controles que permita un funcionamiento de la misma con las garantías que la sociedad exige. Cuestión ésta, algo diferente al mero financiamiento de las campañas electorales o al funcionamiento de los partidos políticos.
Juan Rial sostenía que Uruguay tiene desde el primer Battlismo la preocupación de subsidiar el sistema electoral en la ley N°18.485 de 1928. Battle mismo había pensado unos años antes subsidiar a los partidos políticos, cuestión que el legislador sabiamente cambió por financiar gastos electorales. Posteriormente, se agregó una devolución por votos a los partidos para financiar las campañas con sendas leyes que fijaron el monto.
Los partidos se financian también del mismo aparato estatal, ya que los cargos públicos a que se accede por la vía electoral permiten integrar al aparato estatal a buena parte de los cuadros políticos que mantienen las estructuras partidarias funcionando. Tanto así, que en la campaña de las pasadas elecciones se filtraron audios donde se solicitaba una inversión argumentando su gran rentabilidad si se lograba el objetivo electoral.
La práctica anterior, ya tradicional, explica buena parte de la baja eficiencia del Estado en las actividades de gobierno. Los cargos políticos de designación directa arrastran a un conjunto de asesores de particular confianza que integran la estructura de la administración, y no por sus capacidades para la función sino por su cercanía a los aparatos partidarios.
El sector privado es otra de las fuentes de financiamiento, ya sea en dinero o en especies. Las grandes empresas, en especial aquellas en las que las decisiones gubernamentales pueden o no potenciar su actividad económica, es norma que financien a todos los partidos en condiciones de acceder al gobierno o a una participación parlamentaria que pudiera facilitar algún trámite de ser necesario. Si bien tienen sus elecciones ideológicas, mayoritariamente buscan contar con aleados en la administración pública.
En este sector se encuentran los medios de comunicación o multimedios que funcionan de modo cuasi monopólico, usufructuando ondas estatales y con escasa o nula regulación. Ellos son determinantes para financiar campañas, ya que fijan el precio de la exposición en sus medios y la forma de pago, cuestiones que encubren acuerdos que permiten mantener privilegios. Debe recordarse que el usufructo de estos medios y la regulación de la actividad depende de los partidos y buena parte de sus ingresos devienen de contrataciones con el Estado. Asimismo, hay una publicidad gratuita y diferencial entre candidatos ofrecida a la opinión púbica, ya sea en programas de interés o informativos, cuya exposición opera a favor de candidatos afines.
Otros actores son hoy día las "redes sociales", que implica contratar especialistas para manejarlas y cuyo impacto es fuerte en el electorado. Esta forma es muy difícil de regular y los gastos casi imposibles de estimar, como también los fondos que las financian y menos las "verdades" que buscan imponer.
La ley N° 18.485 de 2009 fija algunas restricciones a las donaciones de privados que la Corte Electoral tendrá que tener en cuenta a la hora de recibir los gastos de campaña de los partidos. No obstante, es un secreto a voces, que el organismo no cuenta con la infraestructura y personal suficiente para hacer un contralor efectivo de todas las donaciones. Los registros de gastos de los partidos, como también es de público conocimiento, utilizan triquiñuelas para presentar las donaciones de mayor envergadura.
Hoy aparece la sombra del narcotráfico como una fuente "inagotable" que puede infiltrar al sistema político, y por ende, a la organización electoral y a la democracia toda. No obstante, el dinero que busca legalizarse es un riesgo para cualquiera de los sectores económicos y sus controles exigen un aumento de la inversión.
Una democracia pobre y débil, debe pensar en generar iguales oportunidades para todos aquellos que cumplan las normas electorales vigentes. Es posible discutir alternativas para limitar la campañas privadas y sus tiempos, tal vez llevándola a espacios públicos gratuitos y exclusivos en TV Nacional, pero es más factible sospechar que la regulación sería inviable con la infraestructura de contralor existente y con la inserción misma de los partidos en el aparato estatal. Los candidatos en Uruguay, están más preocupados por ver "la paja" en Venezuela, expresándose con nulo conocimiento de la normativa electoral de ese país e inmiscuyéndose en sus asuntos internos.
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