Guillem Porcel | Andrés Martínez
El Govern de Marga Prohens dejó caducar el expediente de reclamación de 2,6 millones de euros por el lote de mascarillas defectuosas contra la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas, imputada en el llamado caso Koldo, a pesar de haber afirmado durante semanas que seguía abierto. El Ejecutivo autonómico decidió no contestar a las reclamaciones de la sociedad investigada después de comunicar que el plazo para emitir la resolución era de tres meses.
Según la documentación incluida en el expediente, el 6 de julio de 2023, con el Pacto aún en funciones, el IB-Salut redacta un informe en el que solicita la indemnización de 2,6 millones por el "defecto de calidad" de las mascarillas. Esta decisión fue ratificada el 24 de agosto por parte del Govern de Prohens. El nuevo Ejecutivo avalaba así la decisión de seguir con la reclamación iniciada por la izquierda. Además, se comunicaba a la empresa que el plazo máximo para dictar resolución expresa y notificarla era de tres meses.
El Govern esconde información
Más adelante, el Govern de baleares notifica el trámite de audiencia a los afectados: el 17 de octubre lleva a cabo el procedimiento, el día 20 comparece el representante de la empresa y el día 25 se personan dos trabajadores para comprobar la mercancía. En ningún momento el Govern aclara quiénes fueron los representantes de la empresa que se desplazaron hasta Mallorca ni quién les recibió. Unos días más tarde, el 6 de noviembre, la empresa registra el escrito de alegaciones y, a partir de ese momento, se produce un silencio absoluto por parte del Govern. El propio IB-Salut había dejado claro que el plazo máximo para dictar una resolución era de tres meses "a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación".
Hasta que el 19 de marzo, cinco meses después de la última notificación de la empresa y, por tanto, con la reclamación ya caducada, el Govern envía una diligencia a la sociedad de la trama Koldo en la que asegura que el plazo para dictar resolución expresa era de ocho meses y no de tres como habían afirmado con anterioridad, atribuyéndolo a un "error administrativo". Pese a ello, tan solo dos días después, el 21 de marzo, el IB-Salut comunica a la empresa que desiste del procedimiento de reclamación por decisión exclusiva del director del Servei de Salut, Javier Ureña. Pese a tener el expediente bajo custodia durante todas estas semanas, tanto la presidenta como Ureña habían insistido en que el expediente no estaba caducado.
Toda la información incluida en el expediente da la razón al auto emitido por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. El magistrado afirma que Koldo García, el principal acusado y exasesor del ministro de Fomento José Luis Ábalos, utilizó su poder e influencia para intentar que el Govern no reclamara el dinero: "Se han observado indicios que apuntan a la influencia que Koldo ha ejercido en beneficio de Soluciones de Gestión en el contexto de la reclamación dimanante de la Administración balear, a fin de que esta no prosperara y de este modo favorecer a la mercantil y a su titular".
En este sentido, el magistrado señala que "pocos días antes de la fecha límite se han dejado de observar comunicaciones que aborden este asunto, por lo que puede colegirse que podría haberse producido la caducidad de la reclamación y, por lo tanto, el ejercicio de la influencia por parte de Koldo ha surtido efecto".
Un intermediario
Asimismo, el juez también apunta que Koldo utilizó como "intermediario" a Jacobo Pombo, un empresario muy vinculado a Pablo Casado que ha trabajado para el PP y que estuvo relacionado con las juventudes del partido, para conseguir que los populares desistieran de la reclamación. "Koldo estaría llevando a cabo sus gestiones para que la reclamación de Balears no prosperase a través de dos personas distintas. [...] La observación de las comunicaciones y la actividad operativa realizada por la UCO han permitido concluir que estos intermediarios serían José Luis Ábalos y Jacobo Pombo", relata.
Además, en el sumario, donde se incluye la investigación de la UCO, se destaca que Koldo mantuvo una conversación telefónica con el empresario Juan Carlos Cueto, uno de los principales implicados en la trama, para pedirle que "antes de viajar a Perú el 11 de enero le dijese algo a un tercero", refiriéndose al trabajo encargado a Pombo para que consiguiera la anulación de la reclamación del Govern de Prohens.
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