El Gobierno de Canarias y los portavoces de los grupos parlamentarios han afianzado este martes su alianza, con el rechazo de Vox, para lograr un cambio normativo que garantice la distribución de los menores migrantes no acompañados entre todas las comunidades autónomas. El presidente, Fernando Clavijo, ha trasladado a los partidos con representación en la Cámara autonómica el texto que el Estado ha puesto sobre la mesa y ha logrado un amplio respaldo a los cambios propuestos por el equipo técnico del Ejecutivo canario para agilizar su puesta en marcha. Tras el encuentro celebrado en la sede del Parlamento, Clavijo ha agradecido a los grupos parlamentarios firmantes del Pacto Canario de la Migración --todos excepto Vox-- su colaboración y apoyo para lograr una modificación normativa que garantizará que el archipiélago no acogerá más de 3.000 menores migrantes. Una vez superada esa cifra, el Estado se encargará de distribuir a los migrantes "por ley y no de forma voluntaria" entre el resto de las comunidades autónomas. El presidente de Canarias ha asegurado que los portavoces han recibido con "satisfacción generalizada" esta propuesta, ya que incluye que el Gobierno central aportará "suficiencia financiera" para costear todo el proceso de distribución de los menores. "Ya tenemos blanco sobre negro un documento", ha recalcado, "una propuesta que hace meses parecía inalcanzable y ahora es una realidad gracias al trabajo y al diálogo de todos". Sin embargo, Clavijo ha explicado que el Gobierno y la mayoría de los grupos parlamentarios entiende que la propuesta "es todavía mejorable", por lo que los portavoces apoyan los trabajos técnicos iniciados para cerrar "un texto más completo" en el plazo máximo de 15 días. NEGOCIACIÓN ABIERTA Entre estas mejoras que el Ejecutivo autonómico negocia con el Estado destacó la demanda de que el cambio del artículo 35 de la Ley de Extranjería se lleve a cabo vía decreto-ley y no mediante una proposición de ley como propone el Gobierno. "Entendemos que nuestra fórmula es más rápida e igual de segura jurídicamente", ha explicado el presidente. La tramitación en las Cortes de una proposición de ley acarrea "tres meses como mínimo", ha indicado, mientras que un decreto-ley entra en vigor de forma inmediata y solo debe ser convalidado con posterioridad por el Congreso y el Senado. El titular del Gobierno autónomo explicó que esta celeridad es importante, dado que la llegada del verano puede traer un aumento de la presión migratoria y Canarias necesita aliviar un sistema que en la actualidad acoge a casi 5.500 menores. En segundo lugar, Clavijo ha destacado que los portavoces parlamentarios hayan respondido con "un cierre de filas total" a la propuesta del Gobierno de Canarias de que el Estado se encargue de la asignación de los menores migrantes a cada comunidad autónoma desde el momento de su rescate o llegada a las costas canarias. El presidente ha destacado que este sistema garantiza "mejor" los derechos de los menores e impedirá que el sistema de distribución se ralentice por asuntos como las pruebas que deben determinar su edad. RIESGO DE RECURSOS ANTE EL CONSTITUCIONAL Fernando Clavijo ha reconocido a los grupos parlamentarios el trabajo desarrollado desde que, en octubre del año pasado, se rubricó el Pacto Canario por la Migración pues ha podido sentarse a negociar con el Estado este cambio legislativo "con un mandato claro" de casi toda la Cámara regional. En el encuentro celebrado este martes en el Parlamento, el presidente ha estado acompañado por el vicepresidente Manuel Domínguez, la consejera de Derechos Sociales, Candelaria Delgado, y el viceconsejero de la Presidencia, Alfonso Cabello. En nombre de los grupos parlamentarios han participado Sebastián Franquis (PSOE), José Miguel Barragán (CC), Luz Reverón (PP), Luis Campos (NC-BC), Nicasio Galván (Vox), Casimiro Curbelo (ASG) y Raúl Acosta (AHI). Franquis se ha posicionado del lado del Gobierno central con la fórmula de la proposición de ley dado que es "más segura" y no hay garantías de algún grupo parlamentario pueda recurrir el decreto-ley mientras que Galván (Vox) ha vuelto a oponerse a la medida porque de lo que tratan ambos gobiernos es "repartir un problema" al resto de la Península. En su opinión, esto va a favorecer el "efecto llamada" y el "enriquecimiento" de las mafias pues supone el último pasaje del "paquete vacacional del terror". Igualmente ha demandado más "ayuda en origen" a los países africanos e impulsar los tratados de repatriación y ha abierto la puerta a presentar recursos ante el Tribunal Constitucional contra el decreto-ley.