El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha alertado sobre el impacto negativo que puede tener sobre el empleo tanto la subida del salario mínimo como la reducción de la jornada laboral sin que se reduzca el salario, ya que ello constituye una subida encubierta salarial, y, por tanto, un incremento de los costes laborales, que podría hacer disminuir la actividad económica.
Ya distintas instituciones alertaron, en su día, de los perjuicios de ambas medidas, que pueden destruir empleo -o frenar su creación, en el mejor de los casos. Ante esto, cabe recordar las medidas que serían necesarias en relación con ambas variables:
- Salario mínimo: los salarios deben ligarse a la productividad, porque si se incrementan por ley por encima de la misma, hunde a las empresas, y, con ello, perjudica a quienes se quería beneficiar, los trabajadores afectados, pues si hay menos actividad se destruirán puestos de trabajo. Además, incentiva la economía sumergida y supondría una voracidad recaudatoria del Gobierno. En cualquier caso, la subida es imprudente y va contra la economía y el empleo y, por tanto, contra los propios trabajadores.
- Reducción de jornada: no puede reducirse la jornada laboral, porque no se está produciendo un incremento de la productividad, sino todo lo contrario. Con caídas de la productividad, una reducción de jornada conllevará caída de la producción, porque tampoco las empresas podrán contratar más trabajadores, al ser inasumible su coste. Ataca a los propios trabajadores, porque si se reduce la producción, se perderán puestos de trabajo.
La economía española cuenta con un gran problema estructural en su seno, que empeora con la subida del salario mínimo y la reducción de jornada: una ausencia importante de productividad total de los factores y, a partir de ésta, de competitividad, ya que somos menos eficientes, los costes son más elevados y logramos un menor valor de producción en relación al coste de los factores empleados. Lo mismo sucede si hablamos de la productividad del factor trabajo, donde el producto por hora de trabajo no es tan elevado como en la mayoría del resto de países.
Eso provoca que nuestra economía sea más sensible a las variaciones del ciclo económico, de manera que lidere la creación de empleo en los momentos de crecimiento y sea la economía que más empleos destruye en los momentos de caída económica. ¿Cuáles son los motivos? Una elevada dualidad en el mercado de trabajo, una creciente inseguridad jurídica, las rigideces en el mercado laboral o los desincentivos para lograr una mejor organización en el trabajo son algunos de ellos. Esos elementos podrían haber sido mejorados si el Gobierno, en lugar de aprobar la contrarreforma laboral, hubiese mejorado la reforma de 2012 flexibilizando más el mercado de trabajo y eliminando las rigideces mencionadas. Sin embargo, no lo hizo.
Las mejoras en productividad y competitividad son imprescindibles. Si la economía española quiere lograr un aumento importante de su crecimiento potencial, debe lograr incrementar de manera sostenible su productividad. Hubo un primer avance entre 2012 y 2016, ajeno a las ganancias de productividad por mera destrucción de empleo, ya que en ese período sí que hubo un incremento estructural de productividad, pero luego volvió a perderse.
Por eso, en estos momentos se hace más esencial que nunca incrementar la productividad y la competitividad de la economía española que nos permita abordar la adecuación del sistema económico español a las nuevas circunstancias, fortaleciendo los ya existentes, como el turismo, el comercio o la hostelería, y reforzando sectores tecnológicos e innovadores, al tiempo que se extienda la eficiencia y, por tanto, la productividad y competitividad al conjunto del tejido productivo.
Ese aumento de productividad y competitividad no se consigue con más rigidez en el mercado de trabajo, ni con subidas salariales inflacionistas. Se conseguirá con la aplicación de reformas profundas que dinamicen el mercado laboral, que contenga salarios y que ligue su evolución a la de la productividad, para que no contribuyan al alza de precios. Por eso, el Gobierno debería tomar buena nota y no interferir negativamente en el mercado de trabajo con medidas como la reducción de jornada y la subida del salario mínimo.