Después de varios años de negociaciones, la UE ha aprobado este viernes definitivamente la nueva directiva de eficiencia energética en los edificios que, entre otras cuestiones, prevé que a partir de 2025 los Gobiernos europeos tendrán prohibido subvencionar la compra e instalación de calderas de gas y que abre la vía a actuar sobre el mercado del alquiler a través de la eficiencia energética. No es una obligación, pero la prohibición que ya existe en Francia a alquilar inmuebles con baja eficiencia energética será uno de los puntos a favor que tendrá este país -y que podrían seguir otros- para cumplir con la obligación que tendrán los Veintisiete de renovar el 16% del parque de edificios no residenciales en 2030 e impulsar, mediante ayudas, incentivos o incluso penalizaciones, que el 16% de los edificios residenciales hagan obras para reducir el consumo de energía y las emisiones de CO2.
Estos son dos de las medidas, de carácter obligatorio o indicativo, que contempla nueva directiva que busca reducir el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero en uno de los sectores más responsables de ambas. Más que el transporte o la industria, los edificios europeos son responsables del 40% de la energía que se consume en toda la UE y del 36% de sus emisiones de CO2. Se trata de reducir estas cifras para contribuir a la neutralidad climática en 2050 a la que se ha comprometido la UE actuando sobre edificios que ya existen. Los de nueva construcción deben ser 'cero emisiones' en 2028 cuando sean de titularidad pública y en todos los casos en 2030, cuando no podrá haber en ellos emisiones de CO2 de origen fósil.
Tras la ratificación este viernes por parte del Consejo de la UE y después de que el Parlamento Europeo hiciera lo propio el pasado marzo, el Gobierno deberá trasponerla (crear su propio marco legislativo) como tarde en junio de 2026 para que empiece a aplicarse.
Fin de las ayudas a las calderas
Sin embargo, antes de este plazo entrará en vigor una primera obligación, la de prohibir a los países de la UE subvencionar la compra e instalación de calderas de gas natural o de combustibles fósiles en general a partir de 2025. No quiere decir que se prohíba su uso, pero ya no podrá haber programas de ayudas públicas para ello que sí disfrutarán los consumidores que en lugar de una caldera de gas de condensación opten por instalar una caldera de biomasa o una bomba de calor.
Una vez aprobada la directiva este viernes, la Comisión Europea tiene previsto publicar en breve una guía para que los consumidores sepa qué tipo de calderas hay, cuáles seguirán siendo subvencionables y cuáles no y para desvelar la incógnita que todavía existe acerca de si a partir de 2025 seguirá habiendo ayudas para las que utilizan algún tipo de gas renovable procedente del gas natural, como el biometano.
Sin ser una obligación como la de dejar de subvencinoar las calderas de gas a partir de 2025, la ley pide a los países de la UE que empiecen a poner medidas para dejar de utilizar combustibles fósiles de cara a 2040.
Obras ligeras y medias
Para los edificios existentes, la directiva busca actuar principalmente aproximadamente sobre el 85% considerados poco eficientes y dar más impulso a una renovación actual que cada año no llega más que al 11% y en obras que suelen ser estéticas o funcionales pero no destinadas a reducir el consumo de energía o las emisiones.
Para ello, la ley que entrará en vigor en España a mitad de 2026 distingue entre edificios residenciales y no residenciales, como oficinas o comercios o inmuebles de titularidad pública. En el caso de estos segundos, el 16% deberá obligatoriamente ser renovado en 2030 para conseguir un mínimo de eficiencia y un 26% en 2033. Quedarán exentos los edificios históricos o protegidos o también las iglesias y la ley introduce otra excepción para no obligar a afrontar una renovación de este tipo a empresas que pasen por dificultades económicas.
Independientemente de que una comunidad de vecinos o el propietario de una fábrica o de una vivienda unifamiliar decidan poner placas solares en el tejado, esta directiva sí hace "los techos solares" obligatorios para las autoridades públicas. A partir de 2027 y de forma progresiva en 2030 y 2033 en función de su tamaño -de mayor a menor- los tejados de escuelas, hospitales, ministerios o ayuntamientos deberán llenarse de placas fotovoltaicas, siempre que el estado de su estructura lo permita o que el edificio sea protegido.
En el caso de los edificios residenciales, la ley no establece obligaciones pero sí contempla que cada país deberá crear un marco de ayudas, incentivos u otras medidas que logren que para 2030 el consumo de energía en el sector residencial se haya reducido un 16% y entre un 20 y 22% en 2035.
Las medidas que cada país vaya a tomar deben estar detalladas en el Plan Nacional de Renovación que deberán presentar a la Comisión Europea con medidas concretas sobre cómo van a conseguir que los propietarios de los edificios emprendan obras de renovaciones de "ligeras", para conseguir mejorar la eficiencia energética entre un 10 y un 30%, o de "media" intensidad, entre un 30 y un 60%. A partir de mejoras en la eficiencia del 60% se considera una mejora "profunda", a la que la directiva europea cree que deberían destinarse la mayor parte de ayudas públicas, aunque fuentes comunitarias contemplan que también podrá haberlas para obras menores.
Una renovación ligera supone una única actuación como un cambio de ventanas, un cambio de calderas o aislar la fachada. Pasa a ser mediana cuando se unen dos o tres actuaciones pequeñas. La posibilidad de que dentro de un bloque de vecinos pueda hacerla un piso de manera unilateral dependerá de si toca elementos comunes, como el tejado, el aislamiento de fachada o la instalación de placas solares en el tejado, que requerirían un acuerdo de la comunidad de propietarios.
Eficiencia y alquiler
Los gobiernos no podrán obligar a los propietarios de una vivienda a hacer obras para gastar menos energía o emitir menos CO2, pero podrán impulsarlas mediante ayudas, incentivos fiscales o mediante obligaciones concretas sobre ciertos sectores energéticos. Aquí aparece una posibilidad que ya se aplica en Francia y que fuentes comunitarias confirman que gobiernos como España podrían utilizar para acreditar la obligación como gobierno de la mejora energética entre el 16 y el 22% del parque privado de edificios en los próximos años y, dentro de él, al menos el 55% de los que están en peor estado desde el punto de vista energético. Se trata de la prohibición a los propietarios de alquilar inmuebles que no cumplan con unos niveles mínimos de eficiencia energética.
También en relación con el mercado del alquiler y de igualmente como una medida no obligatoria, pero sí indicativa, la directiva estipula que los Estados miembros deberían prohibir que un casero pueda rescindir un contrato de alquiler con la excusa de reformar el piso para hacerlo más eficiente.
Cargadores y bicicletas
Además de los objetivos que obligatoriamente tienen que cumplir los países de la UE para mejorar la eficiencia energética de los edificios para 2030, la directiva contempla una serie de acciones que ayuden a conseguirlas. Entre ellas, las que tiene que ver con la instalación de cargadores de coches eléctricos, entendiendo que en el futuro los dos principales lugares en los que sus propietarios cargarán las baterías será en el garaje de su casa o en el de su trabajo.
Para que esto sea una realidad, los gobiernos deben asegurar que en la renovación energética de los edificios o en la construcción de los nuevos se incluye el cableado y la instalación para permitir los puntos recarga y se insta a los países a eliminar barreras administrativas, como los permisos, para facilitar la tarea en particular a las comunidades de vecinos.
Contempla también el poder pedir un mínimo de plazas de parking destinadas a bicicletas.