Mientras define cuándo convocar el plenario de comisiones para empezar, apenas, la discusión en Diputados de la Ley Bases, el Gobierno tiene la mira puesta en el "Pacto de Mayo". Aunque sabe que cualquier definición de los gobernadores sobre sus eventuales adhesiones está supeditada al derrotero del proyecto Ómnibus, desde el entorno de Javier Milei dejaron saber que, si bien fue presentado como un gran acuerdo nacional sin limitaciones temáticas en particular, en realidad quieren restringirlo exclusivamente a la gestión económica.
Cuando anunció, ante la Asamblea Legislativa, su intención de materializar un gran acuerdo nacional, el jefe de Estado no se refirió a un espectro temático específico. Pero esta semana en Balcarce 50 afirmaron que cualquier artículo que fuera de la índole económica sería inadmisible como parte del decálogo de intenciones a mediano y largo plazo. Esa es la respuesta que empezaron a dar a los pedidos de dirigentes políticos y de organizaciones de la sociedad civil que pusieron en el grito en el cielo al advertir que en los diez puntos propuestos por el Gobierno brillaban por su ausencia los temas "sociales" de mayor importancia, especialmente la salud, la educación y la ciencia.
Esas áreas se encuentran entre las más convulsionadas prácticamente desde el inicio de la gestión, pero los cuestionamientos aumentaron durante los últimos días por la falta de acuerdo sobre el presupuesto para hospitales, las universidades públicas y por los recortes en insumos y material de estudio, que se suman a los masivos despidos en las secretarías encargadas de administrarlas, y en organismos emblemáticos como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Por caso, hay una marcha convocada para el 23 de abril en "defensa de la educación pública", y asambleas a diario en las sedes de altos estudios y en instituciones emblemáticas de la salud pública, como el Hospital de Clínicas que redujo las cirugías y funciona con un 40 por ciento de su capacidad.
Milei y sus alfiles del Gabinete expresaron en varias ocasiones durante la campaña y la gestión que la intención del Gobierno es avanzar hacia un sistema privado de educación (vouchers, en principio) y de salud.
Sólo el artículo noveno de los diez que componen la lista que ordenó publicar Milei el 1 de marzo no está vinculado con los aspectos económicos de la vida pública. Y desde la mesa chica del jefe de Estado aseguraron, sin inmutarse, que están dispuestos a eliminar ese eje, que llama a suscribir a una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados. "Lo sacamos. No es esencial, el resto sí", dijeron cerca del Presidente. No decidieron aún si lo reemplazarían, y se mostraron dispuestos a "recibir sugerencias" con tal de que se respete el espíritu del conjunto.
En el fondo, la Casa Rosada procura evitar que la discusión sobre el pacto se complejice. De hecho, para acotar los términos de la discusión, evalúan convocar una reunión con todos los ministros de Hacienda de las provincias en la previa del 25 de mayo para terminar para dejar asentada la esencia del conjunto de premisas en bases técnicas. Esa cumbre de referentes económicos de los gobernadores había sido anunciada hace más de un mes como instancia de diálogo inminente para definir los detalles del paquete fiscal, pero nunca se concretó, justamente, porque la "guardaron" para la etapa política posterior.
Faltan menos de cinco semanas para el gran hito político que espera concretar el Gobierno, pero el ministro del Interior, Guillermo Francos, que lidera el grueso de las negociaciones con el arco partidario, apenas lo pone sobre la mesa en sus cumbres o encuentros bilaterales con gobernadores, diputados y senadores. No significa que le reste importancia. Al contrario, por ahora evita insistir sobre un tema posterior para evitar que se enreden las conversaciones. En la Casa Rosada admiten que el Pacto de Mayo está seriamente condicionado por la ley bases y saben que un resultado negativo en la votación en Diputados o el Senado significaría poner en riesgo el Pacto de Mayo.
Aunque las tratativas se encuentren en stand by y estén supeditadas al devenir de las discusiones en el Parlamento, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei ya coordina los aspectos operativos del evento que, dicen en Gobierno, se realizará de cualquier modo. Única y exclusiva encargada del armado, la semana pasada envió una comitiva de funcionarios de confianza en su área para empezar a conversar los detalles con las autoridades del gobernador Martín Llaryora y el intendente de la capital, Daniel Passerini, y en su entorno revelaron que evalúan materializarlo en el Centro de Convenciones Juan Bautista Bustos.
La zona, donde también funciona el Estadio Mario Alberto Kempes, resulta ideal por los accesos, dijeron. Pero el centro que elegirían refleja la magnitud de evento que tiene planeado organizar la ex escenógrafa y actual funcionaria nacional. Con casi 19.000 m2 cubiertos y capacidad para 4.900 personas sólo en la planta baja, Bustos es el edificio de mayor tamaño del Complejo Ferial Córdoba y, según aseguran en la provincia, el más importante de su tipo en el país. Además, tiene tecnología para transmisiones en vivo por streaming, un factor clave para los líderes libertarios, que construyeron poder inicialmente en las redes.
El llamado de Milei a un acuerdo con los gobernadores estuvo destinado retomar las riendas de la agenda pública después del revés en el Congreso, pero podría volverse un arma de doble filo si no sale como espera. Al inicio de esta semana, en Gobierno aseguraban que no tenían apuro para empezar a hilar los detalles finos. Pero ya empezó a generar inquietud la postergación del debate de la ley Bases, que estaba previsto para esta semana y se pasó para la próxima por la multiplicación de reparos de los aliados. "Nos van a quedar pocas semanas en el medio", admitió un importante asesor, mientras el primer mandatario preparaba a puertas cerradas desde Olivos su discurso para el foro económico Llao Llao, donde tuvo un mal trago el año pasado, y su ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, hacía malabares para llegar a un acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional en un clima de fuerte descontento por las políticas en materia educativa.