El Jury de Enjuiciamiento al que se sometió la polémica jueza María Elizabeth Lizán tuvo un rápido desenlace en su primera jornada. Es que la defensa presentó un escrito para informar que la magistrada no se encuentra en condiciones de afrontar el proceso y finalmente recibió, por unanimidad, una destitución por "inhabilidad psicofísica".
Los abogados Pablo Cazabán y Juan Pablo Chales presentaron un escrito ante el Jury, en el que pusieron en conocimiento a sus integrantes, los siete jueces de la Suprema Corte de Justicia y legisladores provinciales, que la imputada no se encuentra en condiciones de afrontar el proceso en razón de inhabilidad psicofisica. Esto acompañado de los certificados correspondientes, informaron desde el Poder Judicial.
Por este mismo motivo los abogados defensores manifestaron en el mismo texto que la jueza Lizán no se encuentra en condiciones para continuar ejerciendo su función como jueza de Familia, por lo que solicitan que se archive la causa en su contra por mal desempeño y desorden de conducta y se evalúe la conversión de la causal de Jury por "Inhabilidad Psicofísica para ejercer sus funciones por razones de salud", siendo esta situación constatada por el Cuerpo Médico Forense.
De esta forma, el Jury, integrado por los 7 ministros de la Suprema Corte de Justicia, 7 senadores y 7 diputados, decidió de manera unánime: destituirla por inhabilidad psicofísica para ejercer sus funciones por razones de salud establecidas en el art. 39 inc 1, a Artículo 12, Inciso F y 14 de la Ley 4970.
LA DENUNCIA CONTRA LA JUEZA LIZÁN
El comienzo de esta investigación arrancó formalmente cuando el presidente de la Corte, Dalmiro Garay, envió un oficio a fines de mayo del 2022 para que el organismo revise el accionar de la jueza de Familia, luego de que funcionarios y empleados del Tribunal de Gestión Asociada de Familia de Las Heras denunciaran una serie de irregularidades en las obligaciones y las conductas de la magistrada, que la Corte ordenó investigar.
El informe emitido por la Secretaría Legal y Técnica de la Suprema Corte, según consta en el oficio presentado, habla de una "posible comisión de hechos encuadrables en la causal de mal desempeño y desorden de conducta".
La denuncia que ingresó por Secretaría Legal y Técnica "fue realizada por quienes trabajan en el Tribunal de Gestión Asociada de Familia de Las Heras y derivó en una orden de instrucción que partió de la propia Corte. Como resultado, se aportaron pruebas acerca de reiteradas faltas e irregularidades en la labor diaria de Lizán como Jueza de ese tribunal.
"Entre las más graves se destaca 'el incumplimiento de la Jueza del deber de dictar, controlar y firmar sus resoluciones, toda vez que la magistrada ha delegado o autorizado el uso de sus credenciales en empleados y funcionarios del Tribunal para firmar digitalmente distintos actos procesales, lo que se ha extendido en el tiempo y resulta ser una conducta recurrente de la magistrada", según expresaron desde el Poder Judicial en un comunicado.
En otras palabras, Lizán "prestaba" su token a terceros para que estos firmaran escritos por ella. El token "es un dispositivo intransferible y personal, con el que magistrados, mediante el ingreso de una clave, pueden firmar digitalmente sus actuaciones en los expedientes digitales y que hace a la seguridad jurídica de todo proceso, esquema que se aplica en el Poder Judicial de Mendoza desde el 2018″, resaltaba el comunicado.
"Las irregularidades señaladas contra la magistrada Elizabeth Lizán exceden el manejo administrativo de las causas en las que tiene intervención. Como resultado de la instrucción ordenada por la Corte, se conocieron actitudes en la actividad laboral diaria, como el destrato para con quienes comparte las jornadas, la flexibilidad horaria con la que se maneja, las formas de dirigirse, malos tratos, faltas sin aviso, inasistencia a las audiencias y las actividades extra laborales realizadas y en las que buscaba involucrar a terceros, entre otras", dice uno de los párrafos más fuertes del comunicado.
Se apunta al "desorden de conducta", que es uno de los motivos por los que se puede solicitar el Jury de Enjuiciamiento. Entonces en septiembre de 2022, la jueza Lizán finalmente fue suspendida por voto unánime del Jury y casi dos años después fue destituida.