PARA MAÑANA 11 DE ABRIL –
Las condiciones objetivas están volcadas en la mesa para que mañana no haya servicio público de transporte. La reunión entre las partes lejos de arrojar un acuerdo agudizó las posiciones. La UTA reclama el cumplimiento de los acuerdos salariales, las cámaras empresariales refrenden que carecen del dinero y el gobierno nacional afirma que ya transfirió los subsidios acordados. Como frutilla al desaguisado «los empresarios advierten que si no salen los coches habrá sanciones».
El sindicato sostiene que, en función del convenio colectivo de trabajo firmado, les corresponde un sueldo básico de 987.000 pesos, que además debe ser ajustado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de febrero, es decir un incremento por la inflación de ese mes. Esa suma es la que la UTA plantea como un derecho adquirido y le reclama a los empresarios que la depositen con los sueldos del mes de marzo, a cobrarse en abril.