En la catarata de aumentos que se vienen sucediendo mes a mes hubo uno que la clase media al parecer no está dispuesta a ceder recortar o pagar cifras exorbitantes: la salud privada a través de las prepagas.
Los aumentos incesantes en alimentos, transportes o servicios públicos la gente los soportó con recortes en el consumo o cambio de hábitos. Pero en la salud parece no estar dispuesta a ceder por diversos motivos. Es la salud justamente (sencillo, pero sensible) y en muchos casos son los adultos mayores los más perjudicados.
Las palabras del ministro de Economía, Luis Caputo, uno de los impulsores del DNU 70/2023 que habilitó la desregulación de precios de las prepagas, resonaron fuerte en los titulares de las empresas que, con preocupación, negaron ser "formadores de precios" y solicitaron una audiencia urgente con el titular del Palacio de Hacienda.
Según se supo, Caputo no solo no los recibirá sino que la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) estudia por estas horas presentarse en la Justicia contra las empresas por supuestas "prácticas abusivas", accionar que definirá en los próximos días.
En ese contexto, hubo esta semana una avalancha de reclamos judiciales para impedir el aumento desmedido de las prepagas. El puntapié inicial, como se publicó semanas atrás, lo dio la Justicia Federal en la provincia de Entre Ríos, al frenar un incremento en Osde.
El Juzgado Federal 2 de Concepción del Uruguay, a cargo de María Isabel Caccioppoli, otorgó una medida cautelar a favor de un afiliado a la prepaga OSDE que ordenó dejar sin efecto los aumentos realizados en aplicación del DNU 70/23.
Asimismo, dispuso que los incrementos sean realizados conforme lo que prevea la Autoridad de Aplicación aplicando el artículo 17 (no sustituido) de la ley 26.682 hasta que se dicte una sentencia
definitiva.
Lo más relevante de la medida cautelar suscripta por la magistrada es que extiende los efectos con carácter colectivo a todas las causas de futuros adherentes que se encuentren en las mismas circunstancias con aumentos de cuotas similares por parte de OSDE.
Precisamente, en ese caso, fueron tres abogados de La Plata los que patrocinaron la demanda. Se trata de los letrados Carla D' Anna, Daniela Morabes y Gustavo Salloum.
EL DIA consultó justamente con estos abogados las principales dudas que hoy se le presentan a los afiliados de las prepagas que padecen el sacudón en los bosillos.
Sobre el impacto de la cautelar, la letrada Daniela Morabes, dijo que "hasta hoy el impacto tenía carácter individual, y mediante una adhesión en dicho expediente podían los afiliados, solicitar que se dicte la misma medida cautelar; la cual fue dictada ordenando retrotraer el monto de las cuotas de la prepaga al valor previo al dictado del DNU 70/23".
Consultada si desde lo técnico jurídico, cuál fue el principal fundamento en el que basaron la estrategia legal, Morabes sostuvo que "desde lo técnico jurídico, tomamos en cuenta dos cuestiones diferentes pero a la vez importantes, la primera era el estado de vulnerabilidad de un adulto mayor, jubilado, percibiendo un haber jubilatorio mensual que no sufría un incremento en las mismas proporciones al aumento indiscriminado de la cuota de la prepaga; a esa situación económica, se le sumaba el agravante de padecer patologías algunas propias de su edad, otras no. La segunda cuestión analizada fue la aplicación de la ley de defensa al consumidor ante la situación abusiva de una gran empresa y un consumidor que se encuentra cautivo de la dependencia de una empresa de medicina prepaga y que no puede dejar de abonar las cuotas porque automáticamente queda sin cobertura medica".
Otra duda recurrente de los afiliados es ante las subas de prepagas, es qué se le sugieren desde lo jurídico. Al respecto la abogada de La Plata, manifestó que "ante los incrementos, les recomendamos que primero dejen expresado de manera fehaciente su rechazo a los aumentos. Lo segundo que busquen un asesoramiento de un abogado que pueda asesorarlo en cuanto al planteo en un marco legal de reclamo a su empresa de medicina prepaga u obra social sindical para impedir que sigan aumentándole el costo de la cuota de afiliación".
¿Nuevas demandas o adhesiones?
Que se abran distintos frentes judiciales y que se forme el clásico "cuello de botella" sobre el mismo tema o sumarse como adhesiones en presentaciones, también es una duda de momento.
Sobre ese tema puntual, Daniela Morabes afirmó que "la cuestión de los distintos procesos en diferentes juzgados federales, es igual a cualquier otro tipo de juicio; en este caso, dada la temática que se plantea, el reclamo queda a criterio del juez que sea designado por sorteo y que tenga el valor suficiente para dictar una medida cautelar, tal como sucedió con la Juez Isabel Cappocciolli de Concepción del Uruguay. Otros jueces, admiten la causa y aguardan para resolver. En la mayoría de las causas, los reclamos no tienen medida cautelar dictada todavía. Las adhesiones benefician a todos los que se sumen al proceso en calidad de adherentes. Tener distintos procesos abiertos hace que no exista una solución ecuánime para todos
Sobre si en La Plata y la Región ya hay recursos ante la Justicia para frenar los aumentos, la letrada detalló: "A nivel regional hay amparos interpuestos pero no se encuentran con la misma resolución que existe en el proceso de Concepción del Uruguay. Nosotros como equipo de trabajo tenemos interpuestos varios amparos en diversas jurisdicciones y todos con avances pero no en el estado de la causa Morsentti".
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