El proyecto de ley denominado de Justicia Tributaria cumplió un año sin avanzar y convertirse en ley de la República. El país carece de un sistema tributario que además de progresivo sea un instrumento que contribuya al crecimiento y, sobre todo, a lo que verdaderamente importa pero que las élites gobernantes olvidan fácilmente: el desarrollo económico. La Constitución de la República no deja lugar a dudas: deben prevalecer los principios de equidad y proporcionalidad cobrando los impuestos de acuerdo a la capacidad económica de los contribuyentes. Las mejores prácticas internacionales señalan que los Estados exitosos son aquellos que cobran tributos a todos pero con énfasis en los de mayores caudales y que luego los reinsertan en la economía con bienes públicos en beneficio de todos pero con énfasis en los de menor capacidad económica, haciendo crecer la clase media y elevando los niveles de bienestar.
En Honduras la mayoría de los impuestos cobrados por el gobierno central son indirectos (sobre ventas e importaciones), claramente regresivos dada su característica de transmisibilidad y los terminan pagando los consumidores finales siendo los sectores sociales con menores ingresos. Una estructura tributaria progresiva consiste precisamente en recaudar mayor porcentaje de impuestos directos (sobre la Renta y la Propiedad) cuyos contribuyentes pagan de acuerdo a su mayor capacidad.
El Poder Ejecutivo fue atinado en promover el concepto de la justicia tributaria. No obstante, se equivocó desde el principio en el concepto plasmado en el proyecto de ley, colocando excesivo énfasis en la eliminación de las exoneraciones fiscales. Este elemento tiene que estar en la ley pero, no debe ser el componente exclusivo. Otra crasa equivocación fue el mecanismo usado para promover apoyo para la aprobación de la ley. Dado su carácter controversial, debió procesarse mediante un pacto fiscal enfatizando en sus abundantes aspectos técnicos.
Una reforma fiscal con justicia y progresividad debe no solo aprobarse con una mayoría mecánica parlamentaria sino, gozar de consenso social y sustento técnico con impacto concreto en la economía cotidiana. No se trata simplemente de cobrar más impuestos, es indispensable que los cambios fiscales se traduzcan en mejor situación económica de las empresas y de las personas. Mayor producción, empleo, generación de divisas. Una reforma fiscal para reactivar la economía, mas allá de que haya mayor tributación de los grandes capitales. Otra gran debilidad del proyecto de ley es que no se establece un verdadero compromiso para mejorar la calidad y eficiencia del gasto público. La progresividad debe ser completa. El gobierno debe de utilizar mucho mejor sus ingresos tributarios, los tradicionales y los nuevos. Un aspecto totalmente ausente del proyecto de ley y que también debe ser parte del pacto fiscal. De hecho, dada la mayor presión fiscal de Honduras en el área centroamericana (17-18% del PIB), el país debería ser el de mayor nivel de desarrollo en el istmo. Honduras, último lugar en la región en el Índice de Desarrollo Humano, ha retrocedido en relación con Guatemala y Nicaragua.
Tremendo error procesar exclusivamente en el Legislativo la aprobación de la Ley Tributaria. Su tradición parasitaria no es una buena pauta de un cambio sustancial en el sistema tributario. El Legislativo no da muestras de modernizar y eficientar la discusión y aprobación de los presupuestos anuales de la república, tampoco ha guiado el endeudamiento público responsable y por si fuese poco, no ha demostrado el respeto a la ley manteniéndose aun como un desagradable ejemplo de lo contrario.