La Contraloría General identificó presunta responsabilidad penal y administrativa de funcionarios de la Municipalidad Distrital de Tambogrande por irregularidades en la adquisición -mediante contratación directa- de una planta generadora de oxígeno medicinal de 20 m3 por S/ 1 190 500 para el centro de salud materno infantil Carlos Schaefer Seminario ubicado en este distrito. Dicha planta no funcionó ni cumplió su finalidad pública, es decir no permitió atender de manera oportuna a la población afectada durante la pandemia de la COVID-19.
De acuerdo con el Informe de Control Específico N° 008-2023-2-2413-SCE, se evidenció que el requerimiento no consideró las especificaciones técnicas referenciales del ente normativo (Ministerio de Salud) en las plantas generadoras de oxígeno medicinal. Pese a ello, se seleccionó a un consorcio que no acreditó la totalidad de la documentación requerida y a la firma de contrato no presentó todos los documentos solicitados para su perfeccionamiento.
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Incluso, el Tribunal de Contrataciones determinó que las empresas que conformaron el consorcio incurrieron en responsabilidad al haber presentado como parte de la oferta documentación falsa o adulterada y/o información inexacta ante la entidad en el marco de la contratación directa, a fin de acreditar los requisitos de la experiencia del postor en la especialidad. Los hechos corresponden al año 2021.
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Además, el equipo entregado no cumplió con lo solicitado por el área usuaria y con las especificaciones ofertadas. Se constató que los componentes de la línea de producción de la planta, instalados por el contratista, no garantizan la calidad del oxígeno generado, que se suministrará a pacientes con enfermedades respiratorias. En dichas condiciones se otorgó la conformidad. Esta situación ocasionó que se favorezca con la contratación a un postor que no garantizaba la idoneidad del bien.
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Actualmente, la planta no está funcionando pese a ser un equipo que no tiene más de dos años de ser adquirida e instalada, lo que generó que no se haya cumplido con la finalidad de la contratación considerando que la causal invocada era la situación de emergencia sanitaria, es decir que prevalezca la inmediatez de la prestación para maximizar los recursos públicos y evitar la dilación o continuar con el retraso en la atención oportuna de la necesidad.
Como resultado del control posterior, se identificó la presunta responsabilidad de nueve exfuncionarios, cinco de ellos de naturaleza penal. Por esta razón, se recomendó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción el inicio de las acciones penales en contra de los involucrados. Asimismo, se señaló presunta responsabilidad administrativa de siete exservidores.