Bogotá, 6 abr (EFE).- El fracaso esta semana de la reforma de la salud, uno de los pilares del programa de Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, ha impactado también en el sistema sanitario, con la intervención estatal de tres empresas, medida que agrava la crisis del sector.
La intervención afecta a las entidades prestadoras de salud (EPS) Sanitas, Nueva EPS y Compensar, esta última por petición propia ante "la compleja situación financiera que atraviesa el sistema de salud en Colombia" y en un ambiente de incertidumbre sobre su futuro.
Las tres empresas tienen 18,7 millones de afiliados que equivalen al 37,5 % del total del país.
"El sistema corre el riesgo de ser destruido y no se ve en el Gobierno la intención de dialogar, nos queda esperar lo que decida la Corte Constitucional", dijo a EFE el exministro de Salud y Educación Alejandro Gaviria, sobre la metida de mano del Gobierno en las EPS para ponerlas "bajo su control".
El temor no es solo por la presumible incapacidad del Gobierno para manejar el sistema, sino también por el posible uso político que haga de ese poder.
Gaviria, uno de los mayores conocedores del sector, como quiera que fue ministro de Salud entre 2012 y 2018, en el Gobierno de Juan Manuel Santos, y uno de los principales críticos de la reforma de Petro, de quien fue ministro de Educación en los primeros seis meses de su Administración, evita hablar de "expropiación" porque "es un término con otra connotación política", aunque Sanitas, por ejemplo, teme que la intervención sea el primer paso en esa dirección.
La intervención coincidió con el hundimiento en la Comisión Séptima del Senado de la controvertida reforma a la salud de Petro, quien atribuyó esa derrota legislativa al supuesto cabildeo de Keralty, grupo propietario de Sanitas.
"En la comisión séptima de senado nos derrotó Keralty por ahora", dijo el presidente, quien asegura que ese grupo financió a "unos cuantos parlamentarios" de la oposición.
Petro se empeñó en sacar adelante su iniciativa, blanco de numerosas críticas comenzando por su diagnóstico de que Colombia tiene "uno de los peores sistemas de salud del mundo", contestado con diferentes estudios que muestran que, aunque tiene fallas, muestra también indicadores positivos, y con ese panorama fracasó esta semana en la crucial votación legislativa.
La reforma incluía el fortalecimiento de la salud preventiva mediante la ampliación de la atención primaria, principalmente en las zonas rurales y marginadas; la mejora de la red hospitalaria pública, y su saneamiento financiero, entre otros puntos, pero también recortaba el poder de las EPS, que hacen de intermediarias para servicios médicos entre el Estado y los pacientes.
El sistema de salud colombiano fue creado por la Ley 100 de 1993, que abrió la puerta para que empresas privadas se constituyeran como EPS, que reciben dinero del Gobierno por los servicios prestados a sus afiliados lo que, en muchos casos, derivó en casos de corrupción que llevaron a la quiebra a muchas de esas entidades y en mala atención a los usuarios.
Con ese diagnóstico, y sin reconocer que también hay cosas buenas, entre ellas una cobertura del 99 %, al menos en el papel, Petro se embarcó contra viento y marea en su reforma de la salud, pese a no contar con mayorías ni en el Congreso ni en la opinión pública, y acabó sufriendo una derrota mayúscula.
Políticos de oposición y hasta aliados del Gobierno, así como asociaciones médicas, habían alertado del riesgo que supondría una reforma no consensuada que haría 'tabla rasa' de los avances logrados en los últimos treinta años, pero el Gobierno hizo oídos sordos a esos llamados.
La coincidencia entre el naufragio de la reforma de la salud y la intervención en las EPS, alegando problemas financieros por el presunto mal manejo de los recursos públicos, ha despertado sospechas de que se trata de una venganza del Gobierno por la derrota legislativa.
En este punto han aflorado unas declaraciones que dio en agosto de 2022 la entonces ministra de Salud Carolina Corcho, quien dijo: "tiene que haber una crisis, explícita, clara, que le permita a la sociedad entender que se requiere el cambio".
Sanitas, Sura y Compensar habían avisado en julio pasado al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, de "la difícil y angustiosa situación financiera" del sistema por los insuficientes recursos recibidos del Gobierno.
Esa falla la reconoció el funcionario el viernes en una audiencia en la Corte Constitucional, donde señaló que hay que revisar la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el valor anual que se reconoce a las EPS por cada afiliado, porque "solamente las enfermedades crónicas de alto costo y las huérfanas se están llevando más del 20 % de los recursos".
Con un futuro incierto, los médicos de Colombia convocaron para el 21 de abril una "Marcha silenciosa de batas blancas" para manifestar su rechazo al manejo que el Gobierno está dando al sistema de salud.
"Estamos en riesgo de socavar 30 años de historia de Colombia, incluyendo los pilares mismos de nuestra salud pública, haciendo cada vez más creciente una situación de vulnerabilidad que nos llena de preocupación y angustia", expresaron en un comunicado.
Jaime Ortega Carrascal