MIAMI, Estados Unidos. – El Departamento de Salud de Gauteng (provincia a la que pertenece Johannesburgo, la capital de Sudáfrica) invierte anualmente 14,3 millones de rands (750.882 dólares estadounidenses, al cambio actual) en la contratación de 11 médicos cubanos en hospitales públicos, reveló Nomantu Nkomo-Ralehoko, miembro del Consejo Ejecutivo de Salud y Bienestar de Gauteng, en respuesta a una pregunta en la legislatura provincial, de acuerdo con un reporte del medio BusinessTech.
Esta suma forma parte de un acuerdo bilateral entre el Gobierno de Sudáfrica y el régimen de Cuba, destinado a "fortalecer los servicios de salud pública en la región".
Los médicos, cuyos salarios oscilan entre 1 millón y 1,6 millones de rands anuales (52.522 y 84.016 dólares, respectivamente), están distribuidos en distintas instalaciones sanitarias de la región. Cuatro de ellos operan en el Distrito de Salud del Metro de Johannesburgo, con un costo anual de 4.788.600 rands, tres en el Distrito de Salud del Metro de Ekurhuleni (3.847.503 rands), y el resto se reparte entre el Distrito de Salud del Metro de Sedibeng, el Hospital Thelle Mogoerane y el Hospital Tembisa.
La dependencia de médicos extranjeros ha suscitado críticas y preocupaciones entre sectores de la sociedad que cuestionan la inversión, especialmente cuando Sudáfrica cuenta con un número significativo de profesionales médicos calificados pero desempleados.
"Es simplemente bizarro que gastemos todo este dinero en formar médicos locales y que tantos de ellos estén desempleados", comentó Jack Bloom, miembro del Consejo Ejecutivo de Salud del Partido Alianza Democrática, quien fue el responsable de plantear la pregunta a Nkomo-Ralehoko.
La controversia se agudiza con el informe de que casi 700 médicos sudafricanos no han podido encontrar trabajo en el sector público desde que se graduaron. Frente a esto, el Departamento de Salud ha indicado repetidamente que no puede costear todos estos puestos debido a presupuestos de salud decrecientes, el aumento en los salarios y los altos pagos por reclamaciones de negligencia médica.
Desde 1996, cuando se firmó el acuerdo de colaboración médica Nelson Mandela/Fidel Castro entre el Gobierno de Sudáfrica y el régimen de Cuba, ha habido un intercambio continuo de habilidades y conocimientos, que según el ministro de Relaciones Internacionales y Cooperación, Naledi Pandor, ha sido especialmente beneficioso para mejorar la atención primaria de salud en Sudáfrica.
El acuerdo también incluye el envío de estudiantes sudafricanos a Cuba para recibir formación médica.
A inicios de este año, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) puso en el punto de mira al régimen cubano por sus violaciones de los derechos humanos y laborales, especialmente en lo que respecta a sus profesionales médicos desplegados en "misiones internacionales". La acusación también implica a los países receptores, como Sudáfrica en este caso.
En noviembre de 2023, Tomoya Obokata, relator especial sobre Formas Contemporáneas de Esclavitud de la ONU, dirigió una carta a la representación cubana ante el Consejo de Derechos Humanos en la que advierte sobre la persistencia de patrones que se asemejan a "trabajo forzoso", tal como lo definen los indicadores de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El informe menciona acusaciones continuas basadas en testimonios de cubanos exportados y análisis de convenios y contratos, destacando "numerosas violaciones de derechos humanos básicos". El relator especial enfatiza la importancia y el valor de la cooperación médica cubana a nivel internacional, pero resalta preocupaciones sobre violaciones de derechos fundamentales como la intimidad, libertad de expresión, asociación y circulación.
Las "misiones" cubanas, que incluyen profesionales de diversas áreas como médicos, docentes, ingenieros, y artistas, entre otros, son descritas como situaciones de explotación laboral en los países de destino. El informe señala salarios inadecuados, confiscación de pasaportes, restricciones de movimiento y vigilancia por agentes del Gobierno cubano, así como casos de acoso o violencia sexual, amenazas y violencia física.
En respuesta a estos señalamientos, la Misión Permanente de Cuba ante el Consejo de Derechos Humanos ha negado la aplicación de presiones o represalias a quienes eligen no participar en estas misiones. Sin embargo, Obokata sostiene que muchos profesionales se ven obligados a participar debido a la coacción del régimen cubano y factores como la pobreza y la limitada disponibilidad de empleo en la Isla.