Ángel Simón, consejero delegado de Criteria Caixa, esta semana en un acto en Madrid /
Siempre ha habido una relación más que estrecha entre los gobiernos de turno y las empresas definidas como estratégicas. Una simbiosis producto de una herencia inapelable: muchas de estas compañías formaron parte del entramado empresarial del Estado desde comienzos del siglo XX y/o bien han vivido de los contratos de las administraciones. ¿Cuántas, si no, grandes familias del sector de la construcción empezaron a progresar y ganar dinero gracias a sus lazos con las administraciones y las contratas públicas? En el Boletín Oficial del Estado hay negocio, real y potencial.
Con la toma de posesión del 5% de Telefónica por parte de la SEPI, camino del 10%, la compañía de telecomunicaciones ya es la séptima empresa del Ibex 35 donde participa directamente una agencia que depende del Gobierno. El resto: Aena (51%), Indra (28%), Redeia (20%), CaixaBank (17%), Enagás (5%) e IAG (2,52%). En la mayoría de ellas es el Gobierno el que decide -no es baladí- quién debe presidir los consejos de administración de las compañías.
Al lado de las participaciones del Estado en el Ibex, los últimos años han visto el florecimiento de la entrada de fondos soberanos extranjeros y empresas participadas por otros estados en el índice. Ya no solo aquellas -casi todas- participadas por el fondo noruego, sino las que han visto cómo entraban en su capital las inversiones de distintos fondos del golfo Pérsico. Por el momento, ninguno de ellos con el poder que llegó a tener KIO -brazo inversor de Kuwait- en la España corporativa a finales de los años 80 del siglo XX. Otro caso: Endesa, participada mayoritariamente por la empresa energética Enel, controlada por el Estado italiano.
La invasión de Ucrania y los tambores de guerra que suenan no solo han servido para poner sobre la mesa la necesidad de invertir más en el sector de defensa; también ha actualizado, como si de un regreso al pasado se trara, el papel predominante del Estado para dar permiso o decidir cambios en las estructuras accionariales de las compañías estratégicas.
No existe compañía más excepcional en el breve panorama corporativo español que Naturgy. A la empresa presidida por Francisco Reynés le dedicamos una portada en 'activos' hace unos meses, donde avistamos las encrucijadas que tenía encima de la mesa: de negocio y accionarial.
Naturgy ha vuelto a ser, como apuntaba David Page que ocurriría en poco tiempo en aquel reportaje, protagonista de los titulares económicos y financieros esta semana. Todo ocurría mientras sus equipos directivos observaban atónitos una vez más volatilidad en su estructura empresarial. Una empresa con tanto ruido no puede generar confianza a la hora de definir una estrategia.
El nombramiento de Ángel Simón como CEO de Criteria ha relanzado un nuevo cambio de accionistas en la energética
Dos fondos internacionales de renombre en busca de rentabilidad, uno de ellos aliado con una de las familias españolas más reconocidas -los March-, el Gobierno argelino, un fondo de infraestructuras australiano y la Fundación La Caixa, que necesita de los dividendos de Naturgy para poder ejecutar los objetivos de su obra social. Ninguno de ellos tiene la mayoría suficiente para poder dictaminar una estrategia. Ni siquiera puede hacerlo ya La Caixa, que tiene en el presidente de Naturgy, Francisco Reynés -fue consejero delegado de Criteria y de Abertis- a su elegido al frente de la empresa gasista. Este, además de reestructurar la antigua Gas Natural (más Fenosa), ha tenido que lidiar con los distintos intereses de tal maremágnum accionarial. Hasta que un día decide que ha llegado el momento de reordenar los accionistas.
Para ello ha aprovechado el nombramiento de Ángel Simón como consejero delegado de Criteria Caixa, que mantiene la presidencia de Agbar. Reynés es consejero de Veolia, empresa a la que pertenece Agbar, y la relación entre los dos es muy lejana en el tiempo. Su valedor es el mismo: Isidro Fainé, presidente de la Fundación La Caixa y Criteria.
Ambos, con el visto bueno de Fainé, exploran nuevos planes para el accionariado de Naturgy. Para ello, es necesario informar al Gobierno y buscar, al menos, su complicidad. El caballero blanco para entrar en Naturgy debía tener su beneplácito. El elegido es el grupo emiratí Taqa, de Abu Dabi, de la misma procedencia que Mubadala, principal accionista de Cepsa. En Taqa, ¿casualidades?, es consejero Klaus-Dieter Maubach, ex CEO de la empresa gasística pública alemana Uniper.
La opa está estudiándose, puede anunciarse ya. Naturgy puede entrar en una etapa más de su ajetreada historia accionarial en la que pudo haber sido una gran empresa energética española.