El expresidente Evo Morales (2006-2019) dijo este lunes que si la justicia quiere meterlo a la cárcel «que lo haga», en referencia al polémico 'caso terrorismo' ocurrido en 2009, después de la Fiscalía designara una comisión para investigar si se cometieron ejecuciones extrajudiciales y torturas en esa operación policial.
El 'caso terrorismo' estalló el 16 de abril de 2009, con una operación policial en el Hotel Las Américas de la ciudad de Santa Cruz, que se saldó con tres extranjeros muertos.
Asimismo, se detuvo al croata-boliviano Mario Tadic y al húngaro Elöd Tóásó, acusados de formar parte de una célula terrorista que supuestamente pretendía la secesión de la región de Santa Cruz, motor económico del país, y atentar contra el entonces presidente Morales.
«Si quieren meterme a la cárcel por defender la unidad de nuestra Patria ante la amenaza separatista, financiada por la oligarquía terrateniente, que lo hagan», escribió Morales en su cuenta de la red social X.
Este sábado, Tóásó y Tadic, que también cumplieron una condena por este caso, publicaron un comunicado en sus redes sociales informando que se abrió una investigación en el juzgado sexto de Instrucción en lo Penal en Santa Cruz.
«Pedimos a la ciudadanía que colaboren a las víctimas en la investigación a la Fiscalía aportando con pruebas (publicadas o no publicadas) declaraciones, testimonios para llegar a la verdad sobre los autores intelectuales y materiales de estos hechos cueles y temerarios», señala parte del comunicado.
El pasado 11 de abril venció el plazo de las recomendaciones que dio en 2022 la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) al Estado boliviano para que realizara una «investigación penal» para «esclarecer los hechos en forma completa, identificar todas las posibles responsabilidades e imponer las sanciones que correspondan».
El informe de la CIDH también señaló que hubo una «responsabilidad internacional» del Estado boliviano por la «ejecución extrajudicial, torturas y detención ilegal» contra Tadic, Tóásó y los bolivianos Juan Guedes y Alcides Mendoza.
Morales ya había advertido este domingo durante su programa en la radio cocalera Kawsahchun Coca, que no declarará en este caso así lo «metan a la cárcel».
«Hemos defendido la integridad del territorio nacional. Se ha defendido con la Policía, aunque ese día yo estaba fuera de Bolivia», dijo.
Por su parte, el procurador del Estado, César Siles, manifestó que esta semana será «crucial» ya que la CIDH responderá si acepta el informe de Bolivia sobre el cumplimiento de las recomendaciones o si pasa el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
El caso se cerró en 2020 con la absolución de todos los acusados, cuando el Gobierno de la expresidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020) y la Fiscalía retiraron las acusaciones.
Hace unos años, Morales pidió la apertura del polémico caso tras considerar que el proceso fue archivado «arbitrariamente» por el Gobierno de Áñez.