Al menos, las proyecciones macroeconómicas utilizadas para elaborarlo coinciden, en líneas generales, con las de los analistas privados que recoge mensualmente el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central. Un punto a favor.
Una excepción notoria es la inflación, con una ambiciosa meta de entre 12 y 17 por ciento anual. De cumplirse, tornaría fuertemente expansivo el aumento del gasto público (22,1%) en términos reales y más aún el previsto para las remuneraciones de la administración nacional (26.2%).
Sin embargo, no hay explicaciones sobre cómo alcanzarla en el extenso mensaje de 219 páginas que acompaña al proyecto (casi la misma extensión del poco difundido libro "El estado del Estado", con el cual el gobierno blanqueó tardíamente la herencia del kirchnerismo).
Probablemente, porque esto dependerá de una decisión política; no del Congreso sino de la Casa Rosada: este año cerrará con una inflación acumulada de entre 37 y 38% y, para bajarla en nada menos que 20 puntos en 2017, el debate interno enfrenta dos posiciones.
El ala política propone un acuerdo social para alinear precios y salarios en función de la inflación futura, mientras el Banco Central (BCRA) impulsa sus objetivos de política monetaria, con tasas de interés reales positivas frente a la inflación, apuntados gradualmente al mismo fin.
Se trata de una cuestión clave para el año electoral. Sobre todo, porque los supuestos incluidos en el presupuesto prevén un crecimiento de 3,5% anual del PBI (frente a una caída de -1,5% en 2016); un repunte de la misma magnitud en el consumo total (versus -0.9% este año) y un salto de la inversión de 14,4% (que compensaría con creces el actual retroceso de -3,5%).
También una menor o mayor inflación marcarían un ligero repunte o deterioro del tipo de cambio real, según se ubique por encima o por debajo de la suba de 19,5% proyectada para el dólar (de $ 14,99 promedio para este año a $ 17,92 en 2017).
Un dólar bajo mejora el salario real y el consumo (además de estimular importaciones, para las cuales se prevé un alza de 9,8%), pero desalienta exportaciones (que tendrían un repunte de 7,7%, según el proyecto).
Para el gobierno de Mauricio Macri, la prioridad política es que la inflación se desacelere en los próximos meses y la actividad económica muestre un repunte que se haga sentir a comienzos de 2017, con suficiente antelación a las elecciones legislativas nacionales.
Es la carta del oficialismo no sólo para obtener más votos y bancas en el Congreso, sino para apostar a un triunfo en la provincia de Buenos Aires, donde el resultado -a diferencia de otros distritos- tiende a nacionalizarse.
De ahí que buena parte de las obras públicas incluidas en distintos planes se concentre especialmente en el conurbano bonaerense y, en menor medida, en las jurisdicciones con mayor número de votantes.
Y que la inversión pública muestre un incremento de 32% (con un pico de 46% en Vialidad Nacional), aunque el monto total equivalga a algo menos de 10% del gasto total, que en 2017 alcanzará la friolera de 2,36 billones de pesos (versus $ 1,93 billón este año).
Otro dato relevante ya era descontado por la mayoría de los analistas privados y ayer fue confirmado oficialmente por el ministro Prat-Gay: no podrá cumplirse la meta de reducir el déficit primario a 3,3% del PBI el año entrante y trepará casi un punto (a 4,24% del PBI).
En pesos, ese desequilibrio equivale a 413.000 millones ($ 35.000 millones más que en 2016), que se financiará mayormente con endeudamiento interno y externo.
Según se desprende de la planilla oficial presentada ayer, casi $180.000 millones provendrán de utilidades del BCRA y del Fondo de Garantía de la Anses. El déficit financiero total (con intereses de la deuda) alcanzará a $ 480.000 millones (4,93% del PBI).
El motivo principal será el mayor gasto previsional del programa de "reparación histórica" a través del cual 2,4 millones de jubilados y pensionados podrán optar por cobrar los juicios con sentencia contra el Estado y una inmediata mejora de haberes, a cambio de desistir expresamente de continuar o entablar demandas judiciales.
Si bien esta ley fue aprobada por el Congreso, la Casa Rosada busca capitalizarla económica y políticamente a su favor.
El ingreso extra que obtenga este segmento de jubilados se volcará progresivamente al consumo en los próximos meses y el oficialismo aspira además a que el número de adherentes se convierta en votos. Todavía es incierto determinar qué porción podrá cubrirse con el impuesto al blanqueo de dólares.
Aun así, muchos números del presupuesto son provisionales. Con minoría en las dos cámaras del Congreso, lograr la aprobación de la ley significará para Cambiemos negociar con diputados y senadores de la oposición que también están en campaña electoral.
En este caso, el rédito político que le significa al Gobierno la segmentación y ausencia de liderazgo en el peronismo, puede transformarse en mayores costos fiscales o límites a su margen de maniobra.
Por lo pronto, ya están en marcha dos negociaciones cruzadas. Una, el recorte gradual de los "superpoderes" para reasignar las partidas presupuestarias, impulsado por la oposición y que el oficialismo aceptaría con porcentajes anuales decrecientes.
Otra, a la inversa, acordar con los gobernadores un tope para la colocación de deuda externa por parte de las provincias, y/o, en su defecto, que en lugar de financiar mayores gastos corrientes (sinónimo de salarios estatales), se destine a obras de infraestructura que generen empleos.
Todo en nombre de un impreciso Acuerdo Federal de Responsabilidad Fiscal, que propone eliminar el déficit de todas las jurisdicciones en el lejano 2019.
Más cerca en el tiempo, al Gobierno le preocupa otra cuestión. La suba de 26,6% en la recaudación tributaria parece demasiado ambiciosa como para dejar excedentes que luego permitan aumentar el gasto a través de decretos de necesidad y urgencia, como ocurrió en 2016. Un costo del Presupuesto menos "dibujado".