Villa se libra del "caso Hulla". Es la decisión tomada este martes por la jueza del caso, Begoña Fernández, quien tiene en cuenta la demencia senil que padece quien fuera todopoderoso secretario general del SOMA durante 34 años (1979-2013), y una de las palancas de poder de la sociedad asturiana por décadas.
La jueza cree que el deterioro de la salud mental de José Ángel Fernández Villa, que ya tiene 81 años, le impide aportar nada a las pesquisas y –lo que es más importante en un sistema garantista como el español– defenderse de las hipotéticas acusaciones que se presentasen. La investigación sigue respecto de los demás imputados, una veintena, entre quienes se cuenta, José Antonio Postigo, mano derecha de Villa.
En cuanto a la fortuna de 1,2 millones que, según viene sosteniendo la Fiscalía, obtuvo con los sobrecostes de la construcción del geriátrico del Montepío de la Minería en Felechosa (Aller), la única forma de que sean devueltos es por la vía civil, que debería emprender el perjudicado, en este caso el Estado, dado que el dinero que habría sido despilfarrado procede de los Fondos Mineros. También Montepío de la Minería podría reclamar por esta vía. Fuentes jurídicas expresaron no obstante sus dudas de que se emprenda esta vía para recuperar el dinero, debido a su complejidad.
La decisión del sobreseimiento no es firme y puede ser recurrida en el plazo de cinco días. La Fiscalía no ha tomado una decisión aún sobre un hipotético recurso, como expresó en la tarde de este jueves la Fiscal Superior de Asturias, Esther Fernández, poco antes de las VII Jornadas de Empresa y su entorno jurídico, celebradas por Autosa en el Reconquista, informa Pablo Álvarez.
La acusación particular ejercida por el Montepío de la Minería –condición que recuperó finalmente de forma reciente, tras habérsele retirado– tampoco ha tomado una decisión sobre un posible recursos a la decisión de la jueza, según indicó este jueves su presidente, Armando Fernández Natal. Por su parte, la letrada de Villa, Ana García Boto, se mostraba este jueves "muy contenta" por la decisión de la magistrada Fernández, aunque "es pronto para cantar victoria". La abogada venía reclamando una y otra vez el sobreseimiento y archivo de una causa empantanada desde hace varios años. "Todo eran prórrogas", indicó. Y justificó la necesidad de que Villa sea sacado del proceso: "Está cada vez peor, cada vez más viejo"
En el auto de sobreseimiento, la jueza se refiere al contenido de los informes forenses incorporados al procedimiento para indicar que "es meridiano que su estado mental le imposibilita comparecer y participar en el procedimiento con las debidas garantías y en condiciones de igualdad y sin indefensión".
Añade que, por todo ello, "resulta obligado decretar el sobreseimiento y archivo de las actuaciones", al presentar Villa "un cuadro de deterioro de su salud mental que hace inviable su comprensión sobre el desarrollo del proceso con las garantías descritas".
La magistrada establece finalmente el sobreseimiento provisional "atendiendo al cuadro físico por deterioro de su salud mental que el mismo presenta y hace inviable su comprensión sobre el desarrollo del proceso con las garantías descritas, si bien deberá procederse a la revisión periódica de su estado de salud para el supuesto de que la misma alcance condiciones favorables a los fines que nos ocupan". Aunque deje abierta la posibilidad de reabrir la causa respecto a Villa, todo indica que se trata prácticamente de un cierre definitivo, ya que la evolución de las condiciones de Villa solo pueden empeorar con el tiempo.
«Es meridiano que su estado mental le imposibilita comparecer y participar en el procedimiento con las debidas garantías», afirma la jueza
Por otro lado, la jueza ordena poner el sobreseimiento en conocimiento de la jurisdicción civil, "a fin de valorar la adopción de medidas de apoyo que correspondan". En el caso de Villa, sería su incapacitación y el nombramiento de un tutor. Esa incapacitación ya fue solicitada en su día por la familia del exsecretario del SOMA, aunque fue rechazada por la Fiscalía y la autoridad judicial, al considerar que Villa conservaba cierta autonomía.
Además, la jueza ordena que, una vez que la decisión adquiera firmeza, se proceda "al alzamiento de las medidas cautelares que vienen acordadas en la causa respecto del patrimonio del investigado José Ángel Fernández Villa", esto es, levantar los embargos sobre sus cuentas y la parte que le corresponde de su vivienda.
José Ángel Fernández Villa ya había sido librado en 2021 de ingresar en la cárcel para cumplir la pena de tres años que le impuso la Audiencia Provincial en 2018 por la apropiación para uso personal de 234.462 euros del sindicato. Se adujo en aquel momento "el deterioro generalizado de su estado de salud", que podría empeorar en prisión.
Ya entonces los forenses establecieron que Villa sufría "una dependencia grave", y que precisaba de una tercera persona para las cuestiones más cotidianas, como vestirse o comer.
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