Las comisiones de investigación constituidas en Las Cortes no reúnen los requisitos mínimos para cumplir la función que les viene conferida por las normas aplicables. Tratándose de órganos cuya misión es el esclarecimiento de unos determinados hechos a efectos de establecer responsabilidades políticas, la condición que deberían poseer, inherente a su propia naturaleza, es la imparcialidad de cada uno de sus miembros, la ajenidad al conflicto, directa o indirecta y la ausencia de todo interés en la resolución del caso.
Pues bien, resulta que estas comisiones se conforman con políticos de cada uno de los partidos que integran el Parlamento en cuyo seno se crean, partidos que se caracterizan por una escasa o nula pretensión de buscar la verdad objetiva, la cual deforman, niegan o fraccionan acomodándola a sus propias valoraciones, siempre dependientes del futuro electoral y de la fuerza que la resolución o conclusión que hallen logre en los medios de comunicación y en los votantes. De ahí que en todos, absolutamente todos los casos de las múltiples comisiones de investigación celebradas en este país, se haya concluido con informes votados, fielmente, por cada partido conforme a la posición ocupada en la institución y siempre condenatoria del adversario y exculpatoria del propio. Y es que juzgar cuando la imparcialidad está ausente del juzgador, cuando no es un tercero ajeno al hecho, sino parte del mismo, repugna a la idea de enjuiciamiento, es manifiestamente contrario a los requisitos más elementales de cualquier tribunal. El Poder Legislativo se rige por criterios de oportunidad y el Judicial, de legalidad. De ahí que el primero no deba enjuiciar, ni siquiera a efectos estrictamente políticos.
Si además, aunque les estén prohibidos los reproches penales, imputar hechos delictivos, los hacen, eso sí, bajo el argumento o disfraz de la omnipresente e incomprensible responsabilidad política, la duda acerca de su misma legitimidad es imposible de eludirse. Porque, debe quedar claro, estas comisiones no pueden pronunciarse, como ha sostenido el Tribunal Constitucional, sobre responsabilidades de aquella naturaleza. Siendo ello así, crear una comisión para decidir sobre responsabilidades políticas en paralelo a un proceso en el que se dilucidan las penales, sobre los mismos hechos, es solo comprensible desde la óptica de la urgencia política, pero en sí mismo revela que no interesa hallar la verdad, pues ni siquiera cuentan con la información suficiente, sino exclusivamente absolver o condenar previamente al propio o al ajeno. Y es que, constante un proceso penal, una investigación en curso, lo conocido en los inicios, cual sucede ahora con los casos referidos a la pandemia, es muy incipiente y parcial, incluso para afirmar o negar responsabilidades políticas.
Siempre, en estos espectáculos, gana la mayoría y pierde la minoría, que coincide milimétricamente con los representantes de cada partido, sin apartarse un ápice de esa evidencia interesada que se mantiene sin que nadie ponga en duda la farsa que normalmente esconden estos actos que sólo serían creíbles en sistemas en los que los políticos no estuvieran vinculados por la disciplina de voto y votados en listas cerradas.
Una comisión de investigación que valora hechos sometidos a un proceso en curso, al menos, debería estar compuesta por personas independientes o, como sucede en otros países, que los diputados o senadores no estuvieran sometidos a la disciplina de voto, se eligieran en listas abiertas y, en fin, que los partidos fueran democráticos. Mucho pedir en nuestro país.
Por no hablar de los conocimientos de los miembros de tales comisiones que parecen tenerlos –omnisciencia que se atribuyen nuestros representantes-, de materias complejas que no suelen estar al alcance de cualquiera y que, normalmente, se encomiendan a especialistas en el saber concreto que se investiga o es ineludible para conocer íntegramente los hechos investigados.
Pretender, esa es otra, que concurran a dichas reuniones de agitación parlamentaria jueces y fiscales, que no tienen los primeros la obligación de hacerlo, lo que debería extenderse a los segundos, a declarar sobre su función jurisdiccional es tan absurdo e ilegal como inútil, pues la investigación en curso no es pública, sino secreta para la sociedad, siendo los jueces y fiscales susceptibles de cometer el delito de revelación de secretos. Y, más aún, el Poder Judicial, como poder, no puede rendir cuentas ante el Legislativo, sí este último ante el Judicial en el marco del proceso y de forma individual si cometen delitos los que integran los otros poderes. Que los jueces y fiscales se sometan a control parlamentario y que el Parlamento se crea legitimado para decidir sobre hechos presuntamente delictivos es pretensión incompatible con el sistema democrático. Un esperpento propio de tiempos revueltos y escasamente interesante desde la racionalidad.
Ya han comenzado a funcionar sendas comisiones en el Congreso y el Senado sobre los contratos celebrados en la pandemia. Y desfilarán ante ellas imputados y no imputados aún pero con posibilidades ciertas de serlo. Declararán, sí, pero los imputados sin deber alguno de hacerlo sobre hechos que les puedan afectar en el proceso en curso. Mentirán, porque pueden hacerlo por su condición. O se excusarán alegando ignorancia, obediencia debida o, pudiera ser, se vengarán. Pero eso no importa a quienes deberían dedicar su tiempo a resolver los problemas de la ciudadanía, redactar buenas leyes y dejar a los tribunales ejercer su función. Eso es la democracia o, al menos, es lo que pensábamos que era.
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