Los sindicatos españoles están juramentados para aumentar todavía más el gasto en pensiones, a pesar de que el informe sobre el envejecimiento de la población -Aeging Review- elaborado por el Ministerio de Economía en la época de Nadia Calviño en colaboración con el Banco de España y publicado la semana pasada por la Unión Europea advierte de que sería necesario un ajuste de 12.000 millones para evitar la quiebra definitiva del sistema. En concreto, los responsables de las centrales mayoritarias -UGT y CCOO- han reclamado a la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, que se pueda acceder a la jubilación parcial hasta cuatro años antes de la edad ordinaria de jubilación, dos años más de lo que plantea el Ministerio.
Se considera jubilación parcial aquella que se inicia después del cumplimiento de los 60 años de manera simultánea a un contrato de trabajo a tiempo parcial y vinculada o no con un contrato de relevo celebrado con un trabajador en desempleo o que tenga concertado con la empresa un contrato de duración determinada. Esta modalidad de retiro representa en sí mismo un gasto mayor para las cuentas de la Seguridad Social, ya que, en este caso, no se aplican los coeficientes reductores de las pensiones percibidas, como sucede en el caso de la jubilación anticipada.
Tras un nuevo encuentro de la mesa de negociación sobre pensiones entre los sindicatos, el Ministerio y la patronal, la secretaria de Política Institucional y Políticas Territoriales de UGT, Cristina Estévez, ha subrayado que la jubilación parcial «es una vía de salida progresiva del mercado laboral» y que la reforma de la misma debe servir para que sea «una oportunidad y no para empeorarla». «A día de hoy, lo que quiere el Ministerio es rebajar derechos en todas las modalidades de jubilación anticipadas, y las pensiones correspondientes», ha denunciado Estévez.
Desde CCOO advierten de que la propuesta del Gobierno «no tiene el apoyo de ninguno de los interlocutores sociales». El sindicato considera que «hay elementos negativos que llevan a intentar limitar» la modalidad de la jubilación parcial, como la de mantener el tope de dos años de anticipo que estableció en su momento el Gobierno del PP, que los recortó de cuatro a dos años. «Esto no es una medida de relevo generacional temporal para que cuando la persona jubilada parcial salga, la persona que le sustituye pueda haber extinguido su contrato. No, se trata de que tenemos que mantener el empleo de manera clara. El Gobierno está lejos todavía de acercarse en una materia como ésta (al acuerdo)», ha apuntado.
Por su parte, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha recordado que se está negociando facilitar que quien quiera seguir trabajando más allá de la edad legal de jubilación lo haga en unas condiciones «óptimas», así como proteger a quien tenga un trabajo penoso y especialmente duro para que pueda anticipar su jubilación con coeficientes reductores.
La ministra también se ha referido al informe que publicó la semana pasada Bruselas, advirtiendo de que España será el país con mayor gasto en pensiones de toda la Unión Europea. Este asunto ha sido tratado también en la reunión de la mesa de diálogo social de este lunes. Según Saiz, el informe de la Comisión proyecta para España un gasto en pensiones del 15,1% del PIB, apenas una décima por encima del previsto por el Gobierno. Para la ministra, lo importante es que la AIReF, en 2025, tal y como está previsto en la propia reforma de pensiones, tendrá «la foto completa», no solamente del gasto, sino también de los ingresos, donde se verán los efectos de las diferentes herramientas que establece la reforma para garantizar la sostenibilidad.
«Así que será en 2025 cuando la AIReF vea la evolución de los diferentes instrumentos que incorpora la reforma. Por eso quiero lanzar un mensaje de tranquilidad y de confianza en nuestra reforma del sistema de pensiones», ha subrayado Saiz. «Y, en cualquier caso, sabemos que de aquí al año 2050 hay que seguir haciendo revisiones y evaluaciones y estamos en disposición de abordar, tanto el año que viene como dentro de tres años, porque son una revisión trienal, medidas adicionales», ha abundado.
Gobierno, sindicatos y empresarios volverán a reunirse el 13 de mayo para seguir negociando los aspectos que aún quedan por desarrollar de la reforma de pensiones.