El premier Gustavo Adrianzén pasó por agua tibia la acusación penal que afronta el nuevo titular del Interior, Walter Ortiz, y dejó en evidencia que su designación en el cargo respondió al apuro del Gobierno por encontrar un reemplazo a Víctor Torres.
Perú21 reveló que Ortiz es acusado por la Fiscalía de haber cometido los delitos de colusión y negociación incompatible cuando era jefe de la Dirección de Pensiones de la Policía Nacional, en 2015.
Según la investigación, el hoy ministro se "concertó" con los directores de las oficinas de Logística y Abastecimiento para beneficiar a la compañía Termil Cáncer EIRL, cuyo dueño es Porfirio Sierralta Bolaños, con tres licitaciones directas para elaborar planillas de pago a pensionistas.
Por cada contrato, la PNP desembolsó S/39,950, S/130,000 y S/30,900. En total, se gastaron S/200,850. Y eso no es todo: hubo pago, pero las consultorías de la firma nunca concluyeron.
El Ministerio Público observó que, según el artículo 19 de la Ley de Contrataciones del Estado, "no correspondía realizar dicha fragmentación por comprender estos procesos a tres servicios con características similares".
Mira a otro lado
Consultado en RPP al respecto, Adrianzén declaró en principio que el general PNP (r) llegó a su Gabinete "básicamente por la inminente salida del exministro del Interior Víctor Torres".
En otro momento dijo que toda persona goza de la presunción de inocencia, pero inmediatamente después indicó que no pone las manos al fuego por nadie.
"Yo quiero insistir en la presunción de inocencia, aquí nadie pone las manos al fuego por nadie, para eso está la justicia y determinar las responsabilidades, pero como funcionarios públicos no estamos exentos de una denuncia o una acusación", refirió.
El primer ministro no asumió responsabilidad por el nombramiento a pesar de conocer los antecedentes penales del ministro Ortiz.
Agregó que Ortiz Acosta deberá velar por su futuro judicial y expresó "espero que no vaya a mayores".
Este diario buscó insistentemente la versión del ministro sobre la imputación fiscal. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta desde el área de prensa del Mininter.
Tenga en cuenta
-La Segunda Fiscalía Anticorrupción pide al Poder Judicial imponer 5 años y 4 meses de cárcel a Walter Ortiz. Además, requiere que se le inhabilite para ocupar cargos públicos por el mismo tiempo.
-También se advirtió que hubo descalificación ilegal de otros dos postores para que Termil Cáncer gane los tres contratos. El caso está en fase de control de acusación.
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