En la mañana del lunes 29 de abril se llevó a cabo la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro Burgos, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
El hijo del presidente Gustavo Petro llegó junto con su abogado, Diego Henao, al juzgado 2º Penal del Circuito Especializado de Barranquilla, donde presentaron los elementos de prueba que tienen las partes en ese proceso.
Estas diligencias tienen el objetivo de que tanto la Fiscalía General de la Nación, como la defensa, expongan las pruebas que van a sustentar durante el juicio. Lo que incluye documentos y testimonios en contra y a favor del acusado.
Como representante de ente investigador, participó el fiscal Mario Andrés Burgos Patiño; y en representación de la Procuraduría, Margarita Rosa Salas Ruiz.
¿De qué se trata las diligencias?
El abogado Diego Henao, defensor de Nicolás Petro, presentó una solicitud para aplazar la audiencia, argumentando una falta de cooperación por parte de la Fiscalía en la remisión necesaria de información para construir una defensa adecuada.
Según las declaraciones de Henao, el ente investigador entregó más de dos millones de archivos, incluyendo 209 informes de investigador de campo, 3.455 folios y 28,56 gigabytes entre audios, videos y documentos en PDF, sin embargo, se percibe una carencia en la entrega de pruebas esenciales.
Durante la sesión en la que se discutía esta solicitud, el juez Hugo Junior Carbonó Ariza otorgó la palabra al defensor Henao, quien detalló las insuficiencias percibidas en el descubrimiento probatorio realizado por la Fiscalía. Dentro de los elementos faltantes, Henao destacó la ausencia de informes de investigador de campo fechados el 3 de abril del 2023, copias de los rótulos de cadena de custodia y formatos de constancia de entrega de elementos.
Asimismo, señaló la falta de más de treinta informes de policía judicial, los cuales no incluyen evidencia física crucial para la defensa, tales como actas de buen trato al detenido Nicolás Petro, valoraciones de medicina legal y DVD con declaraciones.
"Una de las razones es precisamente lo voluminoso del material entregado por la Fiscalía", mencionó Henao, subrayando además que, a pesar de la ingente cantidad de información proporcionada, esta se encuentra incompleta, lo que complica la preparación adecuada de la defensa.
El abogado insistió en la necesidad de aplazar la audiencia basándose en tres aspectos fundamentales: el voluminoso volumen de información frente al limitado tiempo para su análisis, un descubrimiento de pruebas incompleto por parte de la Fiscalía y la ejecución pendiente de algunas pruebas técnicas de la defensa.
La defensa también hizo hincapié en solicitudes previas dirigidas a la Fiscalía, en las que se pedía revelar la identidad de fuentes no formales citadas en algunos documentos, información que hasta el momento, según Henao, no ha sido proporcionada.
"No hemos encontrado el informe de investigador de campo del 3 de abril de 2023, ni la copia de los rótulos de cadena de custodia", afirmó el defensor, resaltando las deficiencias en el proceso de entrega de pruebas.
Por su parte, Burgos solicitó medidas disciplinarias y penales en contra de la defensa de Petro Burgos.
"No solo solicita se me compulse copias para que se me investigue disciplinaria y penalmente, sino que no entrega la información que el señor juez le ordenó en debida forma y oportunidad que son necesarios para ejercer una defensa técnica adecuada", aseguró Henao.
De acuerdo con los elementos materiales de prueba indican que Nicolás Petro, entre junio y diciembre de 2022, habría recibido cuatrocientos millones de pesos de Samuel Santander Lopesierra, conocido como 'El hombre Marlboro', y otras sumas de dinero en efectivo de Alfonso del Cristo 'el Turco' Hilsaca Elajdue, y Máximo Jose Noriega Rodríguez. Además de otros empresarios de Cúcuta y Villavicencio.
"Los peritos contables y financieros del CTI establecieron que el señor Petro Burgos, al parecer, no declaró el ingreso de esos recursos a su patrimonio. De igual manera, identificaron varios gastos que no podían ser compensados con la capacidad adquisitiva que tenía el entonces diputado", indicó la Fiscalía.