La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este viernes durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo del Senado para informar de las líneas fundamentales que va a desarrollar en esta legislatura su Departamento que va a realizar una reforma para encarecer el despido con el objetivo de que «no sea rentable» para las empresas y que la indemnización, en caso de despido injustificado, repare «adecuadamente» el daño causado al trabajador, para lo que se tendrán en cuenta sus circunstancias personales.
Díaz ha declarado que la regulación española del despido debe adaptarse a las exigencias de la Carta Social Europea y a la doctrina del Comité Europeo de Derechos Sociales, que hará pública su resolución sobre la denuncia de UGT contra el coste del despido en España en el mes de julio.
La vicepresidenta ha reiterado que este debate no va sobre si la indemnización del despido improcedente debe ser de 45 o de 33 días por año trabajado, sino de que el diseño del despido en España no cumple con la legislación europea.
«Uno de los problemas que tiene la legislación española es que (el despido) no tiene carácter disuasorio ni resarcidor, entre otras cosas porque el hecho de tener una indemnización prefijada de antemano no es acorde al Derecho. No es un problema de 33, de 40 o de 45 días, es que el sentido de la lógica indemnizatoria que dice Europa es otro», ha precisado.
Díaz y el despido
Para adaptar la regulación a la normativa comunitaria, Díaz ha reiterado que tiene intención de introducir un mecanismo para que la indemnización en un despido improcedente y, por tanto, no justificado, atienda a las circunstancias personales del trabajador despedido de manera individualizada.
«Esto se va a incorporar a la doctrina de la jurisdicción social, no lo cumplimos en España y que es bastante anómalo (…) Esto es lo que vamos a cambiar, lo vamos a hacer para que se reparen adecuadamente los daños causados a la persona despedida injustificadamente», ha subrayado.
Además, Díaz quiere reforzar las causas del despido objetivo, el que permite despedir a las empresas por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción con 20 días de salario por año trabajado.
La normativa laboral actual permite efectuar un despido por causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas.
«Todo lo que va vinculado a las causas, a los despidos objetivos, es necesario que reforcemos las causas. Esto es clave. En las económicas se puede despedir sencillamente si una empresa no alcanza los niveles de beneficios que había previsto. No es que tenga pérdidas, sino lo que había previsto. Bueno, pues algunas cosas tendremos que cambiar», ha apuntado respecto a la posibilidad de despedir por previsión de pérdidas.
Además, Díaz quiere hacer que el coste del despido sea «verdaderamente disuasorio». «Tenemos que disuadir a las empresas de cometer despidos que son injustificados. Si una resolución judicial dice que el despido es injustificado, que vulneró la ley, no lo podemos permitir. Y algo fundamental, que un despido no sea rentable», ha remarcado.
En este sentido, ha denunciado que «hay grandes empresas» que, en sus planes económicos y contabilidad, tasan lo que les va a costar despedir trabajadores.
Aunque ha afirmado que no puede desvelar el contenido de la resolución que ha dictado el Comité Europeo de Derechos Sociales sobre el despido en España, que se hará público en julio, ha insistido en que «es fuente de Derecho y, por tanto, hay que cumplirlo».
Díaz ha reiterado además que, gracias a la reforma laboral, las empresas no tienen razones para despedir injustificadamente, pues introduce mecanismos, como los ERTE, que permiten acompañar a las empresas ante coyunturas económicas difíciles para que el despido sea el último recurso.
La ministra ha aprovechado también para recordar que su Ministerio ha llegado a un acuerdo con el Cermi para eliminar el despido automático de las personas declaradas en situación de incapacidad permanente.
Aumentar el SMI
Yolanda Díaz también ha asegurado este viernes que volverá a subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), actualmente situado en 1.134 euros al mes por catorce pagas, aunque no haya acuerdo entre los agentes sociales. La dirigente ha convocado a sindicatos y empresarios para una reunión en septiembre.
Yolanda Díaz ya subió el SMI un 5% este año desde los 1.080 euros mensuales por 14 pagas hasta los 1.134 euros, sin llegar a un acuerdo con los empresarios. Este incremento se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024.
Los sindicatos demandaban un aumento del 5% en el SMI para este año. La patronal, por su parte, puso sobre la mesa varias propuestas que fueron desoídas por Trabajo. Por tanto, las federaciones empresariales CEOE y Cepyme no respaldaron el acuerdo.
Las demandas de los empresarios eran vincular el salario mínimo a los contratos públicos e implementar incentivos para el sector agrícola. Ninguna de las dos han sido atendidas en las negociaciones.
CEOE y Cepyme asistieron a la reunión tras denunciar el «chantaje» al que el Gobierno ha intentado someterles. Díaz les advirtió de que, si no aceptaban una subida salarial del 4%, «pagarían las consecuencias».