Los grandes y añejos problemas relacionados con la prestación del servicio de transporte público en Chihuahua no son cosa menor ni se resuelven con buenas intenciones, declaraciones altivas, y muchísimo menos, aumentos injustificados.
Cualquier autoridad que se digne ser mínimamente seria, debe hacer énfasis en un estudio a conciencia de variables tan básicas como la demanda y la población, para de esta manera, formalizarlas a través de modelos que resulten de utilidad no sólo para la satisfacción de demanda futura, sino de priorizar las inversiones, lo que por ende se traduce en la justificación de decisiones de varios tipos.
En Chihuahua, todo eso, por simple que se lea, no ocurrió. Pensaron que eran "enchiladas" y cargaron a la ciudadanía el precio de compromisos que, como autoridades, no pudieron asumir.
Muestra de lo anterior, es al anuncio que se hace con bombo y platillo, como si se tratase de un gran regalo a la población, de las veinte unidades de transporte que Gobierno del Estado envió a Ciudad Juárez, que resultan en una burla dadas las necesidades de una ciudad fronteriza con grandes pendientes en cuanto a movilidad se refiere.
De acuerdo con el censo de 2020, en Ciudad Juárez la población era de poco más de un millón y medio de habitantes; de acuerdo con el Banco Mundial, el requerimiento mínimo por cada mil habitantes, es de entre 0.5 y 1.2 unidades de transporte, considerando variables como la capacidad y la intermodalidad; tenemos así, que, en el caso de Ciudad Juárez, las 20 flamantes unidades recién llegadas, se quedan demasiado cortas ante la verdadera necesidad de contar como mínimo con 750 unidades de transporte público, si no es que las 1,800 unidades dada la precariedad persistente del servicio.
Recordemos que, en Ciudad Juárez, de 891 concesiones, realmente operan menos de la mitad, a lo que habría que restarles las unidades que se encuentran operando en pésimas condiciones, lo que nos da un total que no rebasa las 121 unidades de transporte público para tan grande y dinámica población.
La situación en la capital no es distinta: en promedio, la ciudad de Chihuahua requiere de 1,200 unidades de transporte, por lo que la gobernadora queda mucho a deber a pesar de tanto cobrar.
Habiendo llegado desde hace rato a una conclusión ya evidente, hemos señalado la falta de compromisos en rubros que se tomaron como bandera: se prometió implementar un modelo integral de movilidad urbana que además sería intermodal, moderna, segura y accesible para beneficio de las y los chihuahuenses, justificando con palabrería el aumento a la tarifa de un servicio ineficiente.
Los números no mienten, y aunque se busque el oportunismo político dada la época electoral, debemos ser muy críticos ya que, el gobierno estatal mucho presume, pero mucho más carece, y a pesar de una gran inversión en manejo mediático, ésta se cae ante una retórica a la que los hechos han vuelto por demás insostenible.
Los números no les cuadran a las autoridades estatales que, en rubros como la seguridad, la educación, y la infraestructura por mencionar sólo algunos, a pesar de la inversión que celebran, mantienen una innegable deuda con la ciudadanía. Sobra qué decir del transporte. En fin, como dice el dicho: dime de qué presumes…