Las denuncias por haber utilizado recursos del Estado para fines personales que pesan sobre un funcionario cornejista son varias, al punto que el Tribunal de Cuentas lo sancionó. Sin embargo, la Justicia anuló el fallo del organismo y las irregularidades detectadas quedaron en la nada.
Oscar Sandes, ex administrador de Vialidad Provincial, fue sancionado por el Tribunal de Cuentas por facturas apócrifas y gastos injustificados con fondos de la caja chica de Vialidad Provincial, luego de haber detectado que ex funcionarios utilizaban fondos del organismo con fines personales (regalos, vacaciones y cenas, entre otros). Por ese motivo, lo emplazó a devolver aproximadamente de 5 millones de pesos.
Sin embrgo, la Sala I de la Suprema Corte de Justicia falló a favor del pedido del arquitecto y anuló esas sanciones. La argumentación del ex funcionario de la primera administración de Alfredo Cornejo es que no estaba al tanto de las irregularidades por las que si fueron condenados los otros funcionarios.
En un fallo dividido, los jueces Pedro Llorente y María Teresa Day hicieron lugar a la demanda planteada por Sandes y anularon el Fallo 17.357 del Tribunal de Cuentas. Por el contrario, el ministro Julio Gómez había avalado con su voto la resolución del órgano de control.
Las iregularidades detectadas
El Tribunal de Cuentas descubrió facturas apócrifas y gastos injustificados con fondos de la caja chica de Vialidad Provincial durante los ejercicios 2018 y 2019. En la revisión de cuentas, detectaron que ex funcionarios utilizaban fondos del organismo con fines personales por lo que consideró solidariamente responsable a Sandes por el dinero malversado y lo emplazó a devolver aproximadamente de 5 millones de pesos.
El ex funcionario solicitó la anulación del fallo del Tribunal de Cuentas argumentando que no estaba al tanto de lo ocurrido y que su firma era falsificada por quien era su mano derecha y responsable de la gerencia de Recursos Humanos, Corina Gallardo, quien admitió esto.
Sin embargo, el Tribunal de Cuentas entendió que Sandes, como responsable del organismo, debería haber controlado el uso de los fondos. La Suprema Corte falló en contrario de esa sanción.