En la última semana, el distrito de Miraflores ha sido testigo de diversas situaciones donde ciudadanos han terminado agrediendo a otras personas en plena vía pública. Tras los incidentes en los que un hombre agredió a un miembro de seguridad, y una señora atacó al personal de la ATU, expertos opinan sobre las consecuencias y la necesidad de implementar medidas para evitar que estos hechos se repitan.
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Además, destacaron que este problema trasciende al distrito mencionado y en realidad afecta a toda la capital, por lo que es necesario tomar medidas al respecto.
Agredió a un vigilante
Un individuo agredió violentamente al portero de un edificio en Miraflores. Su reacción ocurrió después de que el vigilante le solicitara mover su vehículo, el cual había sido estacionado en un lugar prohibido. Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 19:00 horas del pasado jueves 5 de abril, en una propiedad situada en la calle Colón 183. Según un video capturado por una cámara de seguridad, un hombre vestido con un polo celeste descendió rápidamente por una rampa y se acercó al portero, simulando que quería explicarle algo.
Inesperadamente, el hombre, al ver que el vigilante mostraba confianza, lo sorprendió con una fuerte cachetada. Al observar al portero intentando recuperarse del golpe, aprovechó para lanzar hasta cuatro puñetazos más. Este ataque dejó a la víctima con parte de su rostro y cabeza hinchados, además de heridas graves que lo dejaron incapacitado para trabajar, por lo que actualmente se encuentra en descanso médico.
Los vecinos del edificio difundieron las imágenes a través de las redes sociales con el fin de identificar al responsable de esta agresión. Señalaron que el individuo había dejado su auto estacionado en las afueras del edificio, obstruyendo el acceso y la salida de los vehículos de la cochera. Los residentes lamentaron que las cámaras no hayan logrado captar la placa del agresor, por lo que solicitan ayuda al municipio distrital para identificarlo y proceder con la denuncia correspondiente.
No obstante, usuarios de "X" publicaron los datos del sujeto, quien ha sido identificado como Ricardo Alberto Amiel Pérez Gianoli, de 28 años de edad. Tiene un historial de infracciones de tránsito, denuncias por alteración del orden público y otras acusaciones por agresiones tanto a su pareja como a otras personas.
Los cibernautas han percibido al hombre como "una amenaza para la sociedad" debido a su aparente falta de control de ira. Curiosamente, Pérez Gianoli, quien también enfrenta denuncias en Miami, ha cerrado sus cuentas en redes sociales y hasta el momento no se ha logrado localizar su paradero, a pesar de los esfuerzos de los medios de comunicación por encontrarlo.
La Municipalidad de Miraflores informó a El Comercio que, apenas ocurrido el incidente, se acercaron al edificio un sereno y un efectivo de la PNP. "Se ofreció ayuda a la víctima a través de una ambulancia, pero el conserje decidió no ser trasladado a ningún hospital. Tanto el sereno como el efectivo de la PNP lo orientaron sobre cómo proceder, instándolo a presentar la denuncia correspondiente. El conserje presentó la denuncia, pero el único detalle es que aún no ha sido evaluado por un médico legista", dijo.
Violencia contra inspectora
Este no ha sido el único incidente que ocurrió esta última semana, ya que una inspectora municipal de transporte de la municipalidad de Miraflores fue agredida físicamente por una cobradora de una unidad de la empresa Holrex (ex Orión), mientras desempeñaba sus funciones en el paradero informal de Benavides/Larco. En respuesta, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha anunciado que impondrá sanciones a la empresa de transporte público.
La agresión sucedió durante un operativo contra el transporte público informal realizado en el mencionado paradero. La cobradora del vehículo infractor respondió de manera violenta al pedido de la inspectora municipal para que no se detuviera en una zona prohibida. Como resultado, la trabajadora sufrió lesiones que requirieron tres días de reposo médico.
Una vez que se conoció este acto de agresión, la ATU determinó que la agresión física a un inspector municipal de transporte durante el ejercicio de sus labores constituye una falta muy grave. En consecuencia, se procederá al internamiento del vehículo infractor y a la imposición de una multa equivalente a 1 UIT a la empresa de transporte.
"Las autoridades pertinentes están trabajando para asegurar que los responsables de este acto de violencia enfrenten las consecuencias legales de sus acciones. Es fundamental destacar que el compromiso de las autoridades municipales es garantizar la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos. Se hace un llamado a la ciudadanía para que respete y colabore con los funcionarios encargados de fiscalizar el transporte público", expresó la comuna de Miraflores. Además, la entidad informó a El Comercio que la agresora fue identificada como Keysha Flores.
Cultura de seguridad ciudadana
El abogado penalista Ronny Santillán indicó a El Comercio que, respecto al agresor del vigilante, es necesario considerar varios factores. "Si se tratara de una agresión como un puñetazo, estaríamos hablando no de un delito, sino de una falta que podría sancionarse con labores comunitarias. Sin embargo, al parecer, el individuo tendría conocimientos de artes marciales, lo que implicaría el delito de lesiones leves, tipificado en el artículo 122 del Código Penal, con una pena que podría llegar hasta 6 años", afirmó.
Añadió que habría un agravante, ya que no se trata simplemente de una agresión, sino que esta se dio de manera innecesaria y además fue persistente. "Se ha tenido una clara intención de causar daño", indicó.
Sobre el caso de la cobradora de combi, Santillán mencionó que, al tratarse de una víctima que es funcionaria pública, se habría cometido el delito de intimidación o violencia contra la autoridad, tipificado en el artículo 366 del Código Penal. "En este caso, incluso, sería la forma agravada de este delito, que se encuentra en el artículo 367, donde se habla de violencia contra un funcionario para impedir sus funciones. La pena podría alcanzar hasta los 12 años", expresó.
En tanto, el presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana (Aprosec) César Ortiz Anderson señaló a este Diario que esta situación refleja cómo la inseguridad ciudadana está creciendo progresivamente en el país. "Las cosas se están saliendo de control. Por si fuera poco, entre el 2018 y el 2023 se retiraron más de 24.000 efectivos a nivel nacional por faltas muy graves. No hay estrategias ni liderazgos. Las respuestas por parte de las autoridades son nulas", dijo.
El experto añadió que, en relación a otros problemas como la extorsión y el sicariato, las municipalidades no tendrían capacidad de respuesta para delitos de alto impacto. "Esto no solo es algo de Miraflores, ni siquiera solo de Lima, sino que la violencia ocurre en todos lados. Se debería impulsar la modalidad de denuncias ciudadanas anónimas, ya que hay una aparente desconfianza en las entidades estatales. La cultura de seguridad parece ser solo preventiva", mencionó.
Acotó que los serenos no enfrentan la delincuencia organizada. "Si no comenzamos a trabajar como es debido, esto se nos irá de las manos. La delincuencia tiende a crecer por la falta de una respuesta adecuada de este gobierno", contó.