Villa de Leyva
La Gobernación de Boyacá enfrenta graves acusaciones de corrupción y mala gestión en la construcción de las plazas de mercado de Paipa, Sutamarchán y Villa de Leyva, proyectos vinculados a la administración del exgobernador Ramiro Barragán y actualmente bajo la lupa de la Contraloría. Estas plazas, financiadas con recursos gubernamentales, están inmersas en un escándalo que implica la manipulación de contratos y la posible exclusión arbitraria de competidores cualificados bajo criterios diseñados a medida de unos pocos.
Hamilton Cortés, líder social de Villa de Leyva, ha sido una voz crítica en este asunto, llevando la situación a los tribunales mediante una acción popular. "Lo que está sucediendo aquí no solo compromete el patrimonio y la legalidad, sino también el alma de nuestras comunidades", afirmó Cortés. La acción popular sigue su curso y ya ha desencadenado una investigación especial por parte de la Contraloría, que puso el foco en 15 contratos adjudicados en un cuestionable periodo.
La investigación reveló que, en varias licitaciones, como las de la plaza de Villa de Leyva, se establecieron condiciones específicas que impedían la participación de varios competidores, incluido el reconocido arquitecto Rogelio Carmona. Se exigían especificaciones de materiales como piedra y tejas españolas, limitando la participación a unos pocos oferentes y excluyendo a aquellos que son emblema del diseño arquitectónico local.
"El Exalcalde de Villa de Leyva tenía planes controvertidos para las nuevas estructuras, incluyendo la instalación de un parqueadero comparado con el de Disney y un gastrobar, modificaciones que desvían radicalmente de la esencia de una plaza de mercado campesina destinada a servir a la comunidad con autenticidad y funcionalidad. Están transformando un espacio comunitario en un centro comercial, algo que va en contra de las expectativas de tanto locales como visitantes," criticó Cortés.
Además de las irregularidades en la adjudicación y diseño de los proyectos, se ha identificado una serie de infracciones legales. Entre ellas, la ejecución de obras nuevas en sitios protegidos sin el cumplimiento de estudios arqueológicos necesarios, violando el Plan Especial de Manejo y Protección de Villa de Leyva. Los contratistas, al ser consultados sobre qué aspectos de las antiguas estructuras serían preservados, respondieron con desdén que solo un muro lateral sería mantenido, evidenciando un flagrante desprecio por el patrimonio cultural.
Esta situación se agrava con la revelación de que los fondos destinados a insumos y personal fueron desviados para cubrir estudios arquitectónicos y arqueológicos no contemplados inicialmente en el presupuesto. La falta de supervisión y la ausencia de informes formales por parte de las interventorías son aspectos que agrandan la brecha de responsabilidad y transparencia.
La falta de supervisión adecuada ha resultado en retrasos significativos y sobrecostos, con proyecciones de pérdidas fiscales que podrían ascender a cerca de 900 millones de pesos. Estos fondos podrían haber sido destinados a proyectos más necesarios y beneficiosos para el departamento.