¿Cuál sería el real interés de la mayoría del Congreso de prolongarle la vida en el cargo al contralor general Nelson Shack? Es evidente que su deseo es contar con una herramienta política de fiscalización y de ajuste, muy apetitosa para cualquier dirigencia partidaria que piensa en sus intereses con miras a las próximas elecciones.
Pero, este favor de promover una ley personal es de ida y vuelta. Le garantiza al contralor quedarse más tiempo tras la culminación de sus 7 años de gestión (al menos hasta que se vaya este Legislativo) y, también, posicionarse como figura política con miras a una postulación no muy lejana. Su acercamiento a Fuerza Popular es más que evidente.
Nadie es tan ingenuo como para pensar que Shack solo desea prolongar su puesto por el sueldo o seguir sirviendo al país porque aún le falta efectuar más reformas (su control concurrente no tiene efectos positivos: la corrupción aumenta cada año). Lo que supone esta ley con su nombre es también cautelar su propósito personal.
Los congresistas Carlos Anderson y Susel Paredes han puesto la alerta sobre la mesa: el Ejecutivo debe presentar una terna con los candidatos a la Contraloría seis meses antes de la culminación del periodo de Shack (se vence en julio de este año). Y justo el Parlamento aprueba la prórroga de su puesto mientras no se seleccione a nadie. ¿Acaso en política hay coincidencias?
No podemos negar que la gran mayoría de las instituciones públicas tiene su corazoncito político, como antes lo fueron el Poder Judicial y el Ministerio Público apristas; sin embargo, había algo de disimulo, de sonrojo. Hoy, la Contraloría parece un anexo del Congreso, y le sigue el mal camino la Defensoría del Pueblo de Josué Gutiérrez.