En la política energética se manifiesta nítidamente la polarización de la política estadounidense.
Para los demócratas el cambio climático es la mayor amenaza para la sobrevivencia humana. Evidencia de ello son los eventos climáticos extremos de los últimos años: largos periodos de calor y sequía; incendios forestales; ciclones, tormentas intensas e inundaciones; erosión de las playas por la elevación del nivel del mar.
Para los republicanos, el cambio climático es un engaño: no se ha demostrado que haya un vínculo entre la actividad humana y el calentamiento del planeta. Los eventos climáticos extremos, más frecuentes y prolongados, son parte de ciclos naturales.
Los demócratas consideran prioritaria la transición energética para reducir las emisiones de carbono. Alrededor de ella giran aspectos sociales, económicos y de política exterior
Los republicanos la ubican al final de una lista de 20 (según el Pew Research Center) y la enfocan únicamente desde la economía: mantener bajo el precio de la energía para aumentar el crecimiento y el empleo.
Por eso no encuentran razones para dejar de extraer carbón o suspender la perforación petrolera frente a las costas o reemplazar la fractura hidráulica (fracking).
Ellos consideran que transitar hacia la energía eólica o solar restaría confiabilidad a la red eléctrica y provocaría un aumento de precios en el enfriamiento o calefacción de las casas, en el uso de los vehículos y en todo lo demás.
Hay un sector de republicanos, sobre todo entre los jóvenes, que son más moderados. Admiten que el calentamiento climático es real pero no es tan grave o inminente y puede combatirse con medidas menos disruptivas, como sellar las fugas de gas metano en los pozos petroleros, plantar millones de árboles u otorgar créditos fiscales a las empresas que desarrollen tecnologías de captura de carbono. Están abiertos al desarrollo de granjas de paneles solares o turbinas de viento, pero sólo como complemento.
Los demócratas, en cambio, se pronuncian por una transición rápida hacia las energías renovables. Proponen eliminar todas las emisiones de carbono en las plantas eléctricas para 2040; dejar de producir vehículos que se mueven con combustibles fósiles para 2035; obligar que todos los edificios nuevos operen con electricidad y no con gas para 2030. También, intentan ajustar los impuestos que pagan las empresas en función de las emisiones que realicen.
Pragmatismo
Joe Biden prometió mucho en esta materia y ciertamente ha impulsado una ambiciosa política industrial, que ha otorgado subsidios por billones de dólares para reconvertir a la industria y al transporte. Sin embargo, no ha tenido el efecto esperado. Las empresas están renuentes a invertir mientras la red eléctrica no se modernice y los consumidores todavía no le encuentran atractivo a los vehículos eléctricos, que siguen siendo muy caros.
Aunque ha presionado a las petroleras para que dejen de contaminar y evitó que se expandieran en 21 millones de acres de tierras públicas, no puede limitarlas más porque, si bajan la producción, el país pierde su autosuficiencia en combustibles y los precios de la gasolina se van otra vez para arriba. Por eso les aprobó controvertidos pozos en Alaska y un gasoducto en West Virginia.
El control de la inflación es fundamental para que pueda reelegirse, pero también necesita el voto de los jóvenes, el sector más sensible a los temas ambientales. En 2016, Jill Stein, del Partido Verde (que otra vez es candidata) le quitó a Hillary Clinton votos decisivos.
Biden sabe que nunca votarían por Donald Trump, quien los llama "lunáticos" y que ya anunció lo que propiciará: "Perfora, perfora, perfora". Reabriría las refinerías que están en tierras protegidas, quitaría los subsidios a la energía verde y retiraría los incentivos a los automóviles eléctricos.
Sin embargo, como están decepcionados, el riesgo es que tampoco voten por Biden. Por eso, las decisiones recientes del presidente, que son más simbólicas que efectivas.
Sustituyó a John Kerry, enviado especial para el cambio climático, con John Podesta, más radical en estos asuntos.
El Viernes Santo, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) estableció nuevos estándares para camiones pesados, lo que en teoría los obligará a sustituirlos por eléctricos (que todavía no hay).
Suspendió (sólo) temporalmente las licencias para nuevas terminales para exportar gas natural licuado (LNG) y los permisos para venderlo a países con los que no se tengan tratados de libre comercio (como México, ¡uff!). Ese autoembargo absurdo, que beneficia a sus competidores, seguramente se levantará pasando las elecciones.