A través de una carta, la delegación de Gobierno en los diálogos que se adelantan con las bandas criminales en Buenaventura, hace un llamado urgente para poner los ojos en ese proceso de paz y afirma que, en más de cinco meses en el cargo no se han podido reunir con el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño.
"Luego de más de cinco meses de su llegada a la Oficina del Alto Comisionado, ahora Consejería Comisionada de Paz, no ha sido posible que usted se reúna con la delegación del Gobierno Nacional, y vemos con preocupación que varios temas y requerimientos puestos en su conocimiento en repetidas ocasiones, siguen sin ser atendidos", dice la misiva.
Y agrega: "Esta situación ha generado que la delegación gubernamental, incumpla varios de los compromisos adquiridos (...) lo que a su vez tiene implicaciones negativas sobre el proceso de paz y afecta la sostenibilidad de los esfuerzos realizados por esta delegación para disminuir la violencia en el Distrito de Buenaventura", dice la misiva.
De acuerdo con el documento, -firmado por los delegados del Gobierno, incluido el senador Alejandro Ocampo, jefe negociador- hay varios avances en ese proceso, como la agenda de conversación y la articulación interinstitucional que no se han podido llevar a cabo por la falta de diligencia de la Oficina del Alto Comisionado.
Entre los puntos pendientes destacan:
- La contratación del equipo de trabajo necesario para el proceso de paz no ha sido autorizada, a pesar de haber completado los trámites pertinentes.
- La falta de información sobre los recursos disponibles para el año 2024 dificulta la planificación y ejecución de actividades.
- No se ha aprobado el alquiler de una oficina en Buenaventura para facilitar las reuniones y gestiones del proceso de paz.
- La ausencia de medidas de seguridad para los participantes en el proceso pone en riesgo su integridad, contraviniendo lo dispuesto por la ley.
- No se ha discutido con la delegación la respuesta a situaciones de riesgo relacionadas con otros actores armados ilegales en la región.
- Se observa una baja calidad y altos costos en los elementos logísticos proporcionados para las actividades del proceso de paz.
Además, se afirma que se desconoce la ubicación y el destino de los recursos asignados para actividades de construcción de paz en Buenaventura durante el año 2023. Según la carta, ese año se dejaron recursos en ese años por 2.900 millones de pesos para el desarrollo de actividades relacionadas con la construcción de paz en Buenaventura, pero, dice la carta "a la fecha esta delegación no ha recibido información oficial sobre los mismos, por lo que requerimos conocer la ubicación actual de estos recursos y que se realice un ejercicio de concertación para su inmediata inversión en Buenaventura".
Al finalizar la carta, la delegación le pide a Patiño que esté presente en la próxima sesión de ese proceso con el fin de que "emita los lineamientos y establezca los compromisos necesarios para consolidar este proceso de paz".
Esa sesión, puntualizan los delegados, debe ser previa al 5 de mayo de 2024, "fecha en la que se vence el acuerdo de reducción de violencia establecido entre Shottas y Espartanos".
En efecto, el 5 de febrero Shottas y Espartanos anunciaron que se extendería hasta el próximo 5 de mayo la tregua entre las dos grandes bandas criminales de Buenaventura, que empezó en agosto de 2023. Además, de este cese al fuego, las partes también habían logrado otros tres acuerdos. Por un lado, se aprobó un protocolo de funcionamiento para la participación de la comunidad; los ejes temáticos para la conversación: la protección de la vida; las condiciones del tránsito al Estado Social de Derecho de los miembros de las estructuras y la superación de las causas de la violencia y las garantías de no repetición. Por último, se acordó la implementación, mecanismo de verificación y atención permanente.
¿En qué va ese diálogo?
El pasado 6 de marzo ya se avizoraba un difícil camino para este diálogo de paz tras el anuncio del retiro de ese diálogo de paz de la banda urbana conocida como Espartanos
Según el texto difundido en ese momento, la decisión se tomaba porque "no se ha logrado ningún acuerdo contundente para darle definitivamente fin a la guerra", por el "tiempo que se ha perdido" y la falta de compromiso de la otra banda denominada como Los Shottas.
Sin embargo, dos días después, a través de otro comunicado, esa banda dijo que pese a levantarse de la mesa, mantendrían la tregua en Buenaventura hasta el 5 de mayo. "La ausencia temporal de nuestros voceros en las mesas de negociación de paz llevadas a cabo en la ciudad en ningún momento es un aval para alzar las armas y generar algún tipo violencia en la ciudad", afirmaron.
Entonces, el grupo también hizo referencia a que han esperado tener un marco jurídico con el Gobierno, pero que hasta ahora no se ha dado.
En efecto, el gran problema de este tipo de procesos de paz urbanos en los que se busca un sometimiento de las bandas -hay otro en Quibdó y uno más en el Valle de Aburrá-, es que aún no se concreta un marco jurídico que permita que el proceso no sea solo un acuerdo de voluntades. Para ello, el Gobierno tramitó la ley de Paz Total, que incluía ese tipo de diálogos con esas estructuras criminales. El 30 de noviembre pasado, la Corte Constitucional se pronunció sobre dicha ley, pero le puso límites. Según el alto tribunal, el Gobierno no puede negociar un sometimiento a la justicia sin consultar con las otras ramas del poder, bajo su criterio.
Es decir, aunque los acercamientos y conversaciones pueden continuar, solo se podrá llegar al punto del sometimiento una vez el Legislativo reglamente bajo qué condiciones se hará.
Hace un mes la Unión Europea anunció una partida de 2,5 millones de euros (casi 10.650 millones de pesos) para un programa de 'consolidación de paz' en Colombia que se centrará en apoyo a negociaciones de paz, entre ellas el proceso que se lleva en el puerto.
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