El Instituto de Estudios Económicos (IEE), think tank asociado a la patronal CEOE, ha elaborado su particular informe sobre competitividad fiscal en España referente a 2023. La tesis defiende que "el endurecimiento de la fiscalidad empresarial en España ralentiza el crecimiento económico". El peso de los ingresos por impuestos sobre empresas y trabajadores, en efecto, estaría aumentando: según el servicio de estudios, la previsión de ingresos tributarios aumentará a un mayor ritmo que el PIB, dejando la presión fiscal en el 39% del PIB en 2023.
España estaría acortando su histórica brecha con la media europea. La Unión Europea alcanzó un 40,2% para 2022, mientras que, en España, en 2022, según datos de Eurostat, ha alcanzado un 37,7%, en un momento de gran incertidumbre económica. "Este incremento de la presión fiscal se ha realizado mediante la introducción de nuevos tributos o la reforma de los existentes, que afectan a la tributación empresarial y al ahorro e inversión", indica su presidente, Íñigo Fernández de Mesa, que ha presentado el documento con el director general, Gregorio Izquierdo.
En lo relativo a las empresas, esta presión fiscal empresarial suma el impuesto de Sociedades y las cotizaciones sociales a cargo del empleado. Los costes asociados a la actividad o la contratación generan ingresos tributarios al Estado español por valor del 12,2% del PIB, una cifra que rebasa el 10,4% que promedia el conjunto de países europeos.
En concreto, la recaudación del Impuesto sobre Sociedades sup2uso, en España, un 2,7% del PIB, y las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, un 9,5% del PIB, que combinadas suponen un 12,2% del PIB. Por su parte, la media de la UE es de un 3,3% en el Impuesto sobre Sociedades y un 7,1% en Cotizaciones Sociales a cargo de las empresas, lo que señala que España está 1,8 puntos por encima de la media europea.
"Si hacemos el análisis sobre el porcentaje que aportan las empresas al total de la recaudación, en España las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social suponen un 25,2% del total de la recaudación, mientras que en la UE la media es del 17,7%. Por su parte, el Impuesto sobre Sociedades supone un 7,2% del total frente a un 8,1% en la UE. En conclusión, nuestras empresas aportan un 32,4% frente a un 25,8% de media en la UE", explica el informe.
El coste de contratación
En un momento en el que se habla más que nunca del coste del despido y las vías abiertas para modificarlo, el IEE también ha puesto sobre la mesa el coste de contratación y de actividad. La cuña fiscal ampliada mide este coste, que es la diferencia entre lo que paga la empresa por el trabajador (coste laboral) y lo que el trabajador percibe en neto una vez deducidos los costes salariales. "Este indicador que refleja el coste de contratar, uno de los más altos en Europa", según su presidente, Fernández de Mesa.
"El efecto conjunto con las cotizaciones a la Seguridad Social, que son particularmente altas en España, eleva la cuña fiscal, en España, hasta el 59,5% en 2022", indica el informe, que recalca que este indicador es el 47% en los países desarrollados de la OCDE. Por tanto, el trabajador recibiría un salario neto que constituye el 60% del coste laboral. De los 3.145 euros de costes laborales de la actualidad, el coste salarial queda en 2.359 euros y el líquido que llega al trabajador ronda los 1.850 euros.
Mal parados en el ranking global
El servicio de estudios echa mano del Índice de Competitividad Fiscal (ICF) de la Tax Foundation, que clasifica a los países en función de su competitividad fiscal y también normativa en lo relativo a los tributos. España se situó en 2023 entre las economías de la OCDE con peor competitividad fiscal, "con un fuerte retroceso de este indicador en la actual legislatura", apunta el IEE. De hecho, señala el organismo, la presión fiscal normativa (carga de gravamen que el diseño del sistema fiscal introduce en las economías) es un 17% más elevada que la media de la UE.
El IEE subraya que España se situó el año pasado, en términos de competitividad fiscal, en el puesto 31 de un total de 38 países analizados, tres puestos por encima que el año anterior, pero todavía ocho puestos más abajo que la posición 23 que ocupaba en 2019 y uno por detrás de la 30 de 2021.
"Esto muestra una pérdida notable de competitividad fiscal en nuestro país desde la posición anterior a la pandemia, reflejando el efecto de las subidas de impuestos a empresas y empresarios, tendencia que el Gobierno parece decidido a mantener en la presente legislatura, con continuadas subidas de impuestos y el mantenimiento de las nuevas figuras tributarias que fueron, en principio, diseñadas con carácter temporal", denuncia el IEE.
El instituto afirma que una de las dos figuras tributarias con una mayor presión fiscal normativa en España es el Impuesto sobre Sociedades, que se encuentra entre los seis más gravosos de la OCDE, con una presión fiscal normativa un 28,9% superior a la media de la UE y un 20,9% por encima del promedio de la OCDE.
La otra figura tributaria con mayor presión fiscal normativa en España es la imposición patrimonial, "la segunda peor de toda la OCDE", sólo por detrás de Italia. En este caso, el IEE expone que la posición de España es un 39,6% peor que la de la UE y un 37,3% menos competitiva que el promedio de la OCDE.
En cuanto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el Instituto señala que está un 6,1% por encima de la media de la UE y es un 2,2% superior a la media de la OCDE. Además, España se sitúa entre los países donde el IRPF es más progresivo, en concreto, ocupa el puesto 10 de un total de 28 analizados.