El Gobierno de Pedro Sánchez no tiene ninguna prisa en llevar al BOE el Estatuto de Protección del Denunciante de corrupción que prometió aplicar. Una dilación en los tiempos, frente a la celeridad con que el Ejecutivo tramita otras leyes para contentar a sus socios independentistas, que se produce en plena investigación de la corrupción del PSOE.
A través de sendas respuestas parlamentarias a PP y Vox en el Congreso, la primera fechada el 26 de febrero y la segunda el pasado 3 abril, el Gobierno socialcomunista ha evidenciado la calma con la que está tramitando un apartado fundamental de la ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de protección de denunciantes de corrupción, esto es, el que hace referencia a la constitución de la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Y es que, pese a llevar dicha ley un año en vigor, el Ejecutivo todavía no ha creado esta figura.
Sobre esta cuestión, un grupo de diputados del PP preguntaron por escrito al Gobierno a finales de diciembre de 2023 sobre «cuándo tiene previsto el Ministerio de Justicia proponer al Gobierno el nombramiento de la Autoridad Independiente de Protección al Denunciante, prevista en el artículo 53 del capítulo III de la ley reguladora de la protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción».
Por su parte, el pasado febrero, también parlamentarios de Vox instaron al Ejecutivo por medio de una pregunta escrita a que indicara «cuándo tiene prevista la efectiva constitución de la Autoridad Independiente de Protección del Informante», exigiendo que el Gobierno detallara expresamente «por qué motivo no se ha llevado todavía a efecto esa creación».
Sin embargo, el Ejecutivo se ha limitado en ambas respuestas, distanciadas más de un mes en el tiempo, a copiar la misma contestación: «En aplicación del artículo 44.2 y de la Disposición final undécima de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, el Gobierno está trabajando en la elaboración del Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, que desarrolla su estructura, organización y funcionamiento».
Asimismo, ha manifestado que «actualmente la tramitación del proyecto de real decreto que regulará el mencionado Estatuto se encuentra en fase de petición de informes y en espera de la emisión de informes preceptivos».
Ramiro Grau
En la exposición de motivos de su iniciativa, Vox alude a la figura del abogado aragonés Ramiro Grau, que llegó a remitir hasta seis cartas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para advertirle de irregularidades en la contratación de mascarillas durante la pandemia -luego afloradas en el caso Koldo-, así como a otras instancias, entre ellas la Fiscalía o el Tribunal de Cuentas. Grau mandó estas misivas en 2020, pero no le hicieron caso.
En este contexto, el PP incluyó a Ramiro Grau en su listado de comparecientes para la Comisión de investigación del Congreso sobre los contratos de la pandemia, al considerar su testimonio «muy valioso», pero finalmente salió aprobada la lista del PSOE apoyada por sus socios, en la que, entre un total de 134 nombres, no aparece el denunciante aragonés.
Ante ello, el partido de Alberto Núñez Feijóo ha criticado que «el bloque de investidura de Sánchez se haya sumado al bloque de la corrupción de Sánchez». «Los socios de Sánchez blanquean la corrupción del PSOE», sostienen los populares, dirigiéndose especialmente al Partido Nacionalista Vasco. «El PNV se ha unido al PSOE para apuntalar la corrupción socialista. No esperábamos que algunos de sus socios bailaran el agua al Gobierno de Pedro Sánchez; tendrán que explicarlo en sus territorios», afirmaron desde el PP.
«El sanchismo no tiene límites y por eso les da igual la comisión, porque su único objetivo y el de sus socios es tapar las irregularidades del Gobierno», sentenciaron.
Con todo, el PP, que tiene mayoría absoluta en el Senado, donde ha impulsado otra comisión de investigación -aquí sobre el caso Koldo y ramificaciones (del caso Delcy a los negocios de Begoña Gómez, mujer de Sánchez)-, tendrá oportunidad de llamar a Ramiro Grau para que comparezca en la Cámara Alta y relate su papel de denunciante, cómo fue su advertencia al Gobierno del PSOE sobre la trama de corrupción de las mascarillas.
«Profunda indignación»
El abogado Ramiro Grau, en abril de 2020, publicó varios artículos sobre los contratos millonarios de material sanitario que firmó el Ministerio de Transportes liderado por José Luis Ábalos. Koldo García era asesor del entonces ministro. Posteriormente, Grau llevó este asunto a diferentes organismos e instancias (Tribunal Supremo, Fiscalía de Zaragoza, Fiscalía Europea, Tribunal de Cuentas, etc.), pero las investigaciones no prosperaron. Fue el primero en levantar la voz de alarma.
A este denunciante de corrupción -ignorado por el PSOE- le provocó «una profunda indignación» que se hiciera semejante negocio en las peores semanas de la pandemia. Entonces, los indicios en los que se basaba apuntaban, entre otras cuestiones, que la empresa Soluciones de Gestión SL tenía un objeto social ajeno al sector sanitario, pasando de tener deudas con Hacienda y facturar cero euros a embolsarse 53 millones de dinero público.