Como se sabe, esta semana fueron intervenidas por la Supersalud las EPS Sanitas y Nueva EPS. Se trata de una intervención administrativa, es decir, que la Super elige un funcionario interventor que reemplazará al gerente de la EPS y asumirá las funciones de dirección por un año.
Con estas, la Supersalud suma seis EPS intervenidas, con más de 24 millones de afiliados. Las otras son Asmet Salud EPS, Famisanar, Emsanar y Savia Salud.
La principales razones para intervenir son el incumplimiento de estándares de habilitación que supuestamente afectan el aseguramiento en salud y la prestación de servicios a la población afiliada. Estos estándares incluyen, por ejemplo, el capital mínimo o las reservas técnicas. Entonces, buscan asegurar que las EPS cuentan con una base financiera sólida que les permita operar de manera eficiente y garantizar la prestación de servicios de salud de calidad a sus afiliados.
Un informe de la Contraloría, en el que se habrían basado las intervenciones, advertía que las EPS están fallando.
Lo primero es que la Contraloría hizo el análisis con base en la información del año 2023 que, para febrero, cuando se conoció el informe, aún se encontraba en proceso de ajuste. Por otro lado, la información se solicitó a las EPS a finales del mes de noviembre del 2023 y los estados financieros fueron presentados con la firma del contador y del representante legal de cada entidad, mas no del revisor fiscal. El informe, de unas veinte páginas, abarca todas las EPS del país, que son 26, e incluye a las cajas de compensación y a las EPS indígenas.
Según la Contraloría, la deuda total de las 26 EPS con las IPS y con los proveedores de medicamentos y tecnologías en salud alcanza la suma de $11.3 billones. "Esta cartera obedece a gastos en salud y los cobros por servicios prestados por parte de las IPS con cargo a la UPC, así como a recursos de presupuestos máximos", señala el informe.
El 93,5% de esa cartera total es menor de un año; es decir, las deudas de las EPS se concentran en la cartera corriente. Esto es importante porque se refiere a saldos que todavía están a tiempo de ser pagados. Si fueran cartera vencida, por ejemplo, se referiría a deudas que no se han saldado dentro del plazo acordado. El 51% del total de la cartera corriente de las EPS la concentra en tres EPS: Famisanar, Sánitas y Emsanar, con un monto de $5.4 billones de pesos; las tres hoy están intervenidas por la Supersalud.
El informe también toca otro tema espinoso: las llamadas reservas técnicas. Hace unas semanas, varios conocedores del sistema de salud nos explicaban que estas son una provisión, una especie de ahorro que las EPS están obligadas a tener para cumplir con todas las obligaciones presentes y futuras que se puedan generar, derivadas de la prestación de servicios de salud.
Las EPS no simplemente guardan el dinero, sino que lo invierten en activos que tengan un valor similar al de las reservas y que les proporcionen seguridad y facilidad para convertir esos activos en efectivo cuando sea necesario. El problema es que, según la Contraloría, muchas no están cumpliendo con eso. Para 21 EPS, del pasivo de Reservas Técnicas de $13,7 billones, solo están respaldados $1.3 billones en inversiones (bonos de deuda pública, títulos a la vista de alta liquidez y otros), lo que evidencia que falta una suma de $12.4 billones.
Ese déficit surgía de la aplicación de las condiciones y obligaciones del decreto que creó las "reservas técnicas" en 2014 (el 2702). Después de ese decreto, no obstante, vinieron otras normas que cambiaron algunos elementos de esas condiciones. Bajo esas nuevas normas, el déficit no sería de $12.4 billones, sino de unos $5.4 billones. Aun con ese matiz, en todos los escenarios parece claro que hay un incumplimiento.
"21 EPS, equivalentes al 80,7 %, no cumplen con la provisión ni con la inversión de sus reservas técnicas, lo que demuestra una grave falta contra la norma y un riesgo para el sistema por cuanto, al no constituir las reservas a que están obligadas, no apalancan sus obligaciones para atender los gastos en salud", concluyó el informe de la Contraloría.
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