Esta definición conceptual contrasta claramente con el eje elegido por el kirchnerismo, que basaba su esquema económico en el consumo y en el Estado.
La elección del Gobierno es pragmática: se ha agotado la capacidad de seguir consumiendo la infraestructura pública y privada y el Estado ha alcanzado un tamaño imposible de financiar.
No hay mucha teoría detrás: no hay luz, gas, rutas ni trenes. Y los impuestos son muy altos.
Todo gira entonces en torno a regenerar un clima propicio para la inversión.
El punto de partida es el subsuelo: la inversión medida a precios corrientes representa hoy apenas un 14% del PBI, una cifra bajísima si se compara con el pico previo de 20% alcanzado en 2007.
Para que la economía pueda generar un ritmo de crecimiento sostenible de 5% anual, la inversión debería crecer hasta representar al menos un 22% del PBI.
Y para llegar a ese nivel en 2019, debería aumentar a un ritmo de 19% anual desde los niveles actuales.
Un desafío adicional: siendo el ahorro local muy bajo, en buena medida por el déficit fiscal, financiar ese nivel de inversión implicará la necesidad de utilizar muchísimo financiamiento del exterior y de eventualmente enfrentar déficits externos superiores al 6% del PBI dentro de tres años.
Hasta ahora, la Argentina nunca pudo sostener déficits externos de ese tamaño sin enfrentar crisis macroeconómicas. Esta vez, lo intentará con tipo de cambio flotante. El final puede ser diferente.
Saber si estamos en camino para comenzar a recorrer una trayectoria de suba significativa de la inversión tal que en una década permita eliminar la pobreza y llevarnos hacia un nivel de ingreso similar al que hoy tiene España es la gran incógnita para el Gobierno y el sector privado. Por ahora habrá que esperar para saberlo.
Los números del mercado cambiario de este año apenas muestran un atisbo de mejora en las cifras referidas a la inversión extranjera directa (IED).
En los primeros 9 meses del año ingresaron a la Argentina por ese concepto US$ 1800 millones, cifra que se compara con US$ 1000 millones en 2015. Ver el vaso medio lleno es apreciar ese salto anual de 80%.
Ver el vaso medio vacío es observar que la región registra en promedio un ingreso anual de IED en efectivo equivalente a un 2% de su PBI, lo que para la Argentina implicaría pasar a unos US$ 12.000 millones al año, de los cuales estamos aún muy lejos.
En la contabilidad nacional, la inversión exhibe en el primer semestre del año una caída interanual del 4% respecto de la primera mitad de 2015.
La baja es explicada por un desplome del 11% en la construcción, mientras que la inversión en maquinaria muestra una suba interanual del 3%.
La caída interanual del 4% es absolutamente predecible: cuando la Argentina enfrentó una recesión, la inversión nunca mostró un crecimiento positivo.
Sin embargo, dentro de este panorama gris, la suba en la inversión en maquinaria es llamativa: nunca había ocurrido en la historia contemporánea de la Argentina que en un año de caída del PBI subiera alguno de los componentes de la inversión. El sector privado observa un cambio de ciclo que le genera expectativas favorables.
Ese dato es más significativo que el que proviene del "contador de inversiones" que publica el Gobierno, y que ubica los anuncios de inversiones de las empresas para los próximos cuatro años en US$ 53.000 millones, es decir, unos US$ 13.000 millones por año.
La inversión en la Argentina sumará en 2016 unos US$ 77.000 millones, por lo que los 13.000 millones anuales anunciados por las empresas representan apenas un quinto del total.
Sin embargo, al analizar quiénes van a invertir y en qué sectores pueden verse algunos datos relevantes.
En el sector de la minería se anunciaron inversiones por US$ 7000 millones, luego de años de retirada de los inversores debido a la imposición de retenciones y a la vigencia de controles de cambios.
Y en electricidad, gas y agua, los anuncios suman US$ 10.000 millones, en un sector donde con los precios viejos hacía quince años que nadie invertía.
Si buena parte de los anuncios responden al cambio en las reglas de juego que ha impulsado el Gobierno, resta comprender qué harán las demás empresas que no figuran en el "contador": hay un 80% que aún no se ha pronunciado.
Entre 2004 y 2008, la inversión creció a un ritmo del 20% anual, aun con un gobierno que se iba volviendo cada vez más agresivo con el sector privado, un pobrísimo clima de negocios y una deuda pública que estaba total o parcialmente en default.
El motor del aumento en la inversión en ese período se basaba en un consumo que no paraba de crecer, un tipo de cambio muy competitivo y costos de construcción muy bajos en el sector inmobiliario. Había consumo y rentabilidad por todos lados.
Ninguno de esos factores está hoy presente en la magnitud que se observaba entonces. El tipo de cambio está lejos de ser el que fue, no hay espacio para incentivar el consumo como en aquel período y los costos de construcción son mucho más elevados.
Los factores que deberían impulsar la inversión en este ciclo son otros: un menor costo del capital, disponibilidad de crédito a largo plazo, la reconstrucción de un mercado de hipotecas, la vigencia de un Estado de Derecho con división de poderes, la mayor integración al mundo y la normalización de precios para la provisión de servicios regulados.
Cuando el consumo finalmente comience a reaccionar en 2017, tal vez se produzca una intersección entre el mundo de la inversión menos interesada en el largo plazo, la más oportunista y aquella que tiene más vinculación con el costo del capital y el clima de negocios.
Que la inversión va a crecer en 2017 está fuera de discusión, pero no el ritmo al que lo hará. De ello depende en buena medida la suerte del empleo, del programa económico y de la capacidad del Gobierno de ganar elecciones.