Un policía nacional ha ratificado la versión de la Fiscalía de que la empresa Campus de la Justicia, creada en 2005 por la Comunidad de Madrid para levantar un complejo de edificios que aglutinara las sedes judiciales de la región, era un "ejército sin soldados", ya que había 19 personas dadas de alta y la mayoría cotizaba como personal directivo. Así lo ha dicho en su declaración como perito en la Audiencia Nacional, que este lunes ha reanudado el juicio contra el exconsejero 'popular' madrileño Alfredo Prada y otros cinco acusados por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de la entidad. El fiscal, que pide 8 años de cárcel para Prada por presuntos delitos continuados de prevaricación y malversación y 6 años para el resto de acusados, ha sostenido que en Campus de la Justicia la "fórmula de actuación" era la de un "ejército sin soldados", porque 15 personas pertenecían al "grupo de cotización 01", el más alto del régimen general. Además, el representante del Ministerio Público ha indicado que tenían "sueldos altos". "Y solamente el resto, otros 4, eran empleados de a pie", ha apostillado. Preguntado por ello, el policía ha respondido afirmativamente, explicando que recibieron información de la Tesorería General de la Seguridad Social sobre el personal contratado y confirmando que del 2005 al 2012 hubo 19 personas dadas de alta en esos términos. El fiscal, en este punto, le ha preguntado si esa "distribución tan descompensada" se produjo también hasta el año 2008, cuando dirigía la entidad Prada, a lo que el agente ha vuelto a responder que sí. Aparte del exconsejero, están acusados Isabelino Baños (director general técnico), Mariano José Sanz (subdirector general técnico), Alicio de las Heras (director financiero), Félix García de Castro (letrado asesor externo) y Andrés Gómez Gordo (director del área de Seguridad). La causa se abrió en agosto de 2018 cuando el juez instructor admitió una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que se basó en un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Madrid de marzo de 2018 que arrojaba diversas irregularidades en Campus de la Justicia, un proyecto que resulto fallido, dado que no se terminó de construir y quedó abandonado, habiéndose gastado 355 millones de euros. Según el primer juez instructor, Prada y los demás acusados se pusieron de acuerdo con distintas personas y mercantiles para adjudicarles de manera irregular distintos contratos: "Corrompieron sustancialmente el procedimiento de adjudicación".