Penas que en total superan los 500 años de cárcel y 680 millones de pesos en multas contempla la solicitud de la Fiscalía de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la Fiscalía Regional de Antofagasta en el juicio oral que comenzó este martes contra los 13 integrantes de la organización criminal denominada Las Tías.
El juicio reviste gran relevancia para el Ministerio Público, pues se trata de la primera vez en la historia de la Reforma Procesal Penal en la región que se presenta acusación simultánea por los delitos de tráfico de drogas, asociación ilícita para el tráfico de drogas y lavado de activos en contra de los líderes de una banda criminal.
Las Tías operaban en la ciudad de Calama y debe su nombre a su inusual estructura jerárquica, que era dirigida por dos mujeres de nacionalidad chilena que ejercían su actividad ilícita en coordinación con hijos, esposos y familiares.
La banda se dedicaba a la venta y distribución de drogas, principalmente pasta base, actividad que realizaban de manera continua en dos inmuebles deshabitados de Calama, los cuales habían sido "tomados" por la agrupación, aprovechando que sus legítimos propietarios habían fallecido.
"Se trataba de una organización altamente jerarquizada, que era dirigida por ambas mujeres, apodadas Las Tías, quienes se encargaban de contactar a los proveedores de droga, repartirla entre sus mandos medios y, en general, tomar todas las decisiones importantes que atañen al funcionamiento de la banda", señaló el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios.
Cerca de tres años de investigación
Castro Bekios, que estuvo a cargo de dicha investigación, que se extendió por casi tres años y donde participaron OS7 de Carabineros Sección El Loa y la Sección Lavado de Activos del Departamento Antidrogas de Santiago, explicó que la pesquisa comenzó en 2019 con distintas diligencias que permitieron ir conociendo la forma de actuar del grupo e identificar a sus integrantes y los roles que cada uno jugaba en la organización.
Según la investigación, la venta de droga se realizaba a través de los denominados "soldados" o "pilotos", que iban siendo constantemente intercambiados y reemplazados, mientras que otros miembros se dedican a trasladar la droga desde lugares de acopio a los domicilios para dar continuidad a la venta del producto.
La particularidad que tenía esta asociación ilícita, añadió el fiscal regional, es que llevaba varios años dedicándose ininterrumpidamente al tráfico de drogas en Calama y pese a los constantes esfuerzos de las policías, no había sido posible desarticularla.
"Los domicilios (donde se vendía la droga) habían sido allanados varias veces, pero solo se había logrado detener a quienes cumplían el rol de vendedores. Por eso, esta investigación lo que hizo fue reconstruir toda la orgánica de la asociación ilícita para que, en definitiva, se pudiera acreditar la participación de los demás miembros, desde sus líderes y mandos medios hasta los vendedores", detalló el fiscal.
El Ministerio Público acusó en septiembre del año pasado a los 13 integrantes de la banda, solicitando para ellos diversas penas que en total suman alrededor de 530 años de cárcel, incluyendo penas de presidio perpetuo para los líderes de la estructura.
Atendida la complejidad de la investigación y la gran cantidad de pruebas que se deben rendir, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta, compuesta por los jueces Patricia Alvarado, Israel Fuentes y José Luis Ayala programó audiencias diarias hasta el mes de junio, sin acceso a público por capacidad del tribunal.