El exsecretario de desarrollo económico de La Guajira, Alberto Ariza, enfrenta cargos por supuestas irregularidades en un contrato de regalías valorado en $9.100 millones.
El propósito de este proyecto era ayudar a al menos 3.000 personas en situación de vulnerabilidad, con el fin de intentar salidas de sus condiciones de pobreza y promover la inclusión en actividades productivas.
La Procuraduría encontró que el funcionario presuntamente autorizó el último pago sin que el contratista hubiera cumplido con todas las actividades. Además, se encontraron posibles retrasos para llevar a cabo el proyecto e irregularidades que tienen que ver con las pólizas de cumplimiento.
El Ministerio Público dice que la presunta conducta del exfuncionario se puede calificar como omisión al cumplimiento de contratos; además, la Procuraduría tipifica provisionalmente la conducta como gravísima a título de dolo y gravísima a título de culpa grave.
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