La ampliación del peaje del Huerna se hizo para sacar el "máximo beneficio posible" de su posterior privatización. Es una de las principales conclusiones a las que ha llegado la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea (UE), en su informe sobre la autopista AP-66 de Asturias y la AP-9 de Galicia, al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA.
Ese escrito, del pasado jueves, firmado por Thierry Breton, comisario de Mercado Interior y dirigido a José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, recoge los argumentos que esgrime la UE para considerar ilegal la prórroga del peaje. La Comisión sostiene que la ampliación "no aplicó los procedimientos de licitación", al no haber hecho un concurso público. Pero no solo eso. Europa va mucho más allá en su escrito, de once páginas.
La UE también apunta a la posterior privatización de la Empresa Nacional de Autopistas (Enausa), sociedad estatal que fue vendida en 2003 y la que estaban englobadas Audalsa y Aucalsa, las concesionarias de la gallega AP-9 y la asturleonesa AP-66 respectivamente. "La única explicación verosímil de la prórroga extremadamente prematura de ambas concesiones por más de veinte años antes de la fecha final del plazo de las mismas es que las autoridades españolas tenían la intención de venderlas a corto plazo y querían obtener el máximo beneficio gracias a su prórroga", sostiene Bruselas.
El peaje del Huerna, que inicialmente tenía vigor hasta el año 2021, fue prorrogado por una decisión de marzo del 2000, durante el primer Gobierno del PP, presidido por José María Aznar y con el asturiano Francisco Álvarez-Cascos como vicepresidente primero y ministro de la Presidencia. Cascos tuvo un papel relevante en aquella ampliación, que está en vigor en la actualidad y seguirá, si no hay una anulación, hasta 2050.
Tres años después, durante el segundo Gobierno popular y con Cascos como ministro de Fomento, tuvo lugar la privatización del grupo Enausa, que se vendió a un consorcio liderado por la empresa Sacyr por un precio de 1.586 millones de euros.
La UE sostiene que cuando tuvo lugar la ampliación el Gobierno ya estaba planeando la posterior privatización y que ambos hechos tienen relación. Es decir: se amplió la concesión del peaje hasta 2050 a Aucalsa, lo que suponía aumentar su valor –al garantizar casi tres décadas extra de ingresos–, de modo que la privatización resultara más atractiva para los inversores y más jugosa para el Estado, según los razonamientos esgrimidos por la UE.
"Existen además varios elementos que demuestran que, cuando se introdujeron la modificación y la prórroga de las concesiones de ambas autopistas, las autoridades públicas ya sabían que ambas concesionarias, Audasa y Aucalsa, se venderían a través de Enausa. De hecho, para entonces el procedimiento ya había empezado", sostiene la Comisión, que rechaza todos los argumentos dados hasta ahora por el Estado para defender aquella privatización y dice que son "incoherentes". En 2022, el primer gobierno socialista de Pedro Sánchez también aseguraba que la ampliación se había realizado de forma correcta.
La Comisión recalca en otro párrafo del informe que los elementos analizados "parecen indicar que el verdadero objetivo de la prórroga de las concesiones de la AP-9 por veinticinco años y de la AP-66 por veintinueve era aumentar sustancialmente su valor para hacerlas más atractivas con vistas a conseguir una venta futura, pero ya prevista, más rentable". La UE insiste en que la venta del peaje se empezó a negociar antes de que tuviese lugar la prórroga del mismo. "En una reunión global celebrada el 20 de abril de 2023, las autoridades españolas indicaron que el hecho de que el procedimiento de venta pública de Enausa comenzase en mayo de 1999 no era relevante, pues en ese momento aún no se sabía si daría lugar a una venta efectiva. No obstante, la decisión de contratar a un asesor financiero en mayo y la modificación del régimen jurídico de Enausa para permitir su privatización indican que las autoridades españolas ya tenían la firme y decidida intención de vender Enausa", incide la Comisión.
"Estamos cerca de terminar con esta injusticia", dice Ripa, autor de la primera denuncia
Daniel Ripa, exdiputado de Podemos Asturias, celebró ayer que la Comisión Europea considere ahora ilegal la ampliación del peaje del Huerna. El dictamen de la Comisión se produce tras una denuncia que Ripa puso en el año 2021 y que luego el Ejecutivo comunitario añadió al procedimiento ya abierto sobre la AP-9 de Galicia. "Son días de inmensa felicidad, porque la UE dice que el peaje es ilegal y por lo tanto puede llevar a su supresión. Está mucho más cerca de ser suprimido y es uno de los más costosos, que estamos pagando los asturianos y las asturianas", aseguró Ripa, ya alejado de la vida política. "Quedan meses de lucha, pero el desenlace será la supresión del peaje. Que nunca digan que no se puede hacer nada. Dignidad para Asturias y León. Hoy estamos más cerca de terminar con esta injusticia", finalizó. Por su parte, la parlamentaria del Grupo Mixto Covadonga Tomé, expulsada de Podemos, puso en valor la denuncia realizada por Ripa y emplazó al Gobierno a no iniciar una pugna "con la presentación de recursos sin justificación".
La posición de la UE considerando ilegal la prórroga del peaje cayó ayer como una bomba entre partidos políticos, transportistas y sindicatos. "Como ya hemos señalado en reiteradas ocasiones, la ampliación del peaje del Huerna tiene como responsable único al Partido Popular y sus gobiernos, que acordaron su prórroga hasta 2050 penalizando gravemente los intereses de Asturias. El Gobierno de Asturias siempre ha denunciado que la ampliación del peaje era injusta y queda ahora confirmar sí también fue ilegal y la responsabilidad del gobierno del PP en esa decisión", aseguró Alejandro Calvo, consejero de Fomento del Principado. Y añadió que el Principado seguirá "trabajando con el objetivo final de eliminar el peaje y, mientras que esto no sea posible, mejorar en lo posible el sistema de bonificaciones existente". "Esta noticia constata, una vez más, la actitud intolerable e impresentable del PP, que de forma unilateral prorrogó hasta 2050 el peaje del Huerna, penalizando gravemente los intereses de Asturias", dijo por su parte Adriana Lastra, vicesecretaria general de Acción Política e Institucional de la FSA-PSOE.
El PP asturiano, en cambio, defendió la ampliación, considerada ahora ilegal por la Unión Europea, escudándose en la explicación que ofreció el Gobierno de Pedro Sánchez a Bruselas en la anterior legislatura. "Estaba dentro de la legalidad, según el actual Ministerio Transportes", manifestó el diputado autonómico del PP Andrés Ruiz, que eludió pronunciarse sobre si la decisión, tomada en el ecuador del mandato de José María Aznar (1996-2004), había sido desacertada o errónea, aunque garantizó el apoyo del PP si se opta por pedir la eliminación del peaje. "Es una oportunidad de oro", sentenció.
Carolina López, portavoz de Vox, dijo que "tanto el PSOE como el PP han perdido la credibilidad. ¿Cómo puede ser que el PSOE culpe al PP la situación del Huerna y en 2022 responden desde el ministerio socialista que todo se hizo conforme a la legalidad?".
Delia Campomanes, diputada de IU, dijo que el del Huerna es "un peaje injusto, no justificado y que, ahora, además, se demuestra que es ilegal". Adrián Pumares, portavoz de Foro, señaló por su parte directamente a Cascos, fundador de su partido. "Fruto de lo que conocimos después del personaje, creemos que es necesario más claridad para entender los motivos que llevaron a tomar esa decisión injusta", indicó. José Manuel Zapico, secretario general de CC OO-Asturias, pidió "acabar con este agravio", y Javier Fernández Lanero secretario general de UGT Asturias, dijo que "todo lo que tiene que ver con el peaje del Huerna y las prórrogas es una vergüenza".
Los transportistas también entraron de lleno en el asunto. Ovidio de la Roza, presidente de Asetra, aseguró que si se confirma la anulación, pedirá "la devolución de todo el dinero gastado". Y Alejandro García Monjardín, de Cesintra, afirmó que la posición de la UE es una "excelente noticia".
Suscríbete para seguir leyendo
- Demoledor escrito de la Comisión Europea: asegura que la prórroga del peaje del Huerna fue ilegal
- Novedades en la obra del nudo de Serín: así queda la circulación
- Detenida por estafar 70.000 euros a ancianos en Oviedo y Pola de Siero
- PP, PNV y Junts votan debatir sobre el lobo, con el PSOE en contra sin "fugas" asturianas