La publicación el miércoles de la instrucción de implementación de medidas de tramitación del Concello para la "simplificación e axilidade administrativa" que elimina el gallego de los procedimiento de licitación que realice el Concello es la protagonista de la polémica surgida en la ciudad y para la que ya han tenido respuesta de todas las formaciones políticas con representación municipal, además de la Mesa pola Normalización Lingüística.
La medida implementada por el gobierno del popular José Manuel Rey en aras de esa agilización en la tramitación supone prescindir del gallego y apunta que "en todos os procedementos de licitación que se inicien e que normativamente teñan que ser obxecto de publicación, a totalidade dos documentos que conformen o expediente redactaranse exclusivamente en lingua española".
Posteriormente, en el seno de la comisión de Participación Cidadá fue matizada posteriormente por el edil Javier Díaz, que indicó que se trataba de una "medida puntual" que se debe principalmente "ao retraso e ao gran volume de contratación que ten a administración local" .
Las críticas de los demás grupos municipales y la instancia para la retirada de esa medida, motivó como aclaración que se ha cerrado con la Xunta un acuerdo para que el Concello pueda "dispor dos servizos lingüísticos da administración galega para reforzar esa tradución e ofrecer así á cidadanía o acceso aos contratos en ambos idiomas" y solventar así lo que denominó como "incidencia".
Además, el teniente de alcalde explicó que la Unión Europea "obriga a tramitar estes contratos en castelán, como fan outras cidades galegas" e incidió en que "por desgraza temos que solventar que os servizos lingüísticos non teñen a capacidade suficiente para atender o exceso de traballo que require a tradución de pregos complexos", de ahí que, señaló, "para traballar sen retrasos se optou, de forma provisional, por realizar as licitacións en castelán".
Para ofrecer estos documentos en las dos lenguas oficiales la Xunta y el Concello ya estaban en contacto para establecer una colaboración que, como aseguró Díaz, fue cerrada en las últimas horas. Se reforzará así la función de traducción y, sin dilatar los plazos, se podrán ofrecer los contratos en ambos idiomas.
No es esta la primera polémica que se abre en un mandato municipal con respecto a la oficialidad y al uso de la lengua gallega en la documentación municipal e incluso en su uso habitual por parte de los representantes de la administración local.
Así, la única concejala de Ciudadanos que pasó por el Concello, Ana Rodríguez Masafret, elevó al pleno de la corporación en el año 2015 una moción que solicitaba que se derogasen varios artículos de la ordenanza de normalización lingüística de la ciudad, en vigor desde 1997. Entre ellos, uno de los primeros, el que proclama que el gallego "como lingua propia de Galicia, é o idioma oficial do Concello de Ferrol".
Argumentaba entonces Ciudadanos que se excluía al castellano como lengua oficial, y que su propuesta establecería la "legalidad vulnerada". La iniciativa fue rechazada. En este mandato, el BNG instó a los ediles populares a pronunciarse en gallego en sus intervenciones plenarias una cuestión que ha sido tenida en cuenta por la totalidad del pleno.