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El conflicto desatado entre el Gobierno de Javier Milei y las empresas de medicina prepaga suma un nuevo capítulo, ya que luego del rechazo del sector empresarial de acceder al pedido de que congelen los precios de las cuotas por tres meses, el Ejecutivo decidió acudir a la Justicia.
En ese plano, el Gobierno presentará una demanda ante la Comisión de Defensa de la Competencia, que ya investiga a las firmas de medicina prepaga por presunta cartelización.
Además, y en paralelo, la Superintendencia de Servicios de Salud planea enviar este miércoles una medida cautelar para reclamar que se retrotraigan los precios.
La Comisión de Defensa de la Competencia -que funciona bajo la órbita de la Secretaría de Comercio- desarrolla una investigación por presunta colusión o cartelización, que se encuentra en instancia de instrucción.
Una vez terminada esta etapa y en caso de comprobar el delito, se podrían aplicar sanciones económicas «severas».
La investigación surge de una denuncia que realizaron los diputados de la Coalición Cívica, Hernán Reyes y Juan Manuel López, contra las empresas de medicina prepaga que integran la Unión Argentina de Salud (UAS), a cargo de Claudio Belocopitt, por incurrir a esa presunta cartelización para fijar los aumentos de precios de manera coordinada.
Vale señalar que en reuniones informales, el Gobierno les reclamó a las empresas del sector que congelen los aumentos por tres meses y recibió una rotunda negativa que agudizó el conflicto.
En esos encuentros, el Ejecutivo les propuso que no incrementen los valores por los próximos 90 días, luego de que acumulen un alza del 160% promedio en lo que va del año.
Sin embargo, los empresarios no aceptaron y plantearon que recién podrían congelar las subas en junio o julio, ya que los valores estaban muy atrasados en relación con la inflación. Tras esta situación, se cortó el diálogo entre ambas partes y se tensó aún más la relación.
Las prepagas aumentaron el valor de sus cuotas todos los meses del año después de que el Ejecutivo decidió no intervenir en los precios. En concreto, los aranceles mostraron subas del 30% en enero, del 26% en febrero, del 23% en marzo y 19% en abril. En mayo, informaron que las cuotas tendrán un alza del 9% promedio contra el mes previo.
Luego de esas negociaciones fallidas, el conflicto quedó al descubierto luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, lanzara una dura advertencia a las empresas: «Le están declarando la guerra a la clase media», escribió en sus redes sociales.
Luego de que se manifestara el ministro, las prepagas pidieron una audiencia urgente con Caputo y expresaron: «Entendemos que la situación es de extrema gravedad, por lo que las empresas pretenden no polemizar a través de los medios, sino, por el contrario, abrir una mesa de trabajo y debate que le permita al gobierno comprender la real situación del sistema de salud privado», expresaron en el escrito.
Además, remarcaron: «Somos conscientes y nos preocupa el aumento de las cuotas, porque valoramos a los argentinos que han optado por este sistema y es nuestra pretensión hacer todo lo posible para que continúen haciéndolo. Pero debe comprenderse que las empresas de medicina prepaga no son formadoras de precios. En todo caso, el impacto de la inflación del país cruza transversalmente todos nuestros costos, de la misma forma que impacta sobre cada familia argentina».