La Comisión de Trabajo del Congreso ha aprobado una proposición no de ley del Partido Popular que prohíbe a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, volver a realizar cambios en las leyes laborales sin contar con el acuerdo previo de los sindicatos y la patronal, tal y como la dirigente hizo con la última subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La proposición ha conseguido prosperar por el apoyo de Vox y Coalición Canaria y la abstención de PNV y Junts.
Yolanda Díaz ya había vuelto a amenazar a los empresarios con volver a aumentar el SMI, actualmente situado en 1.134 euros al mes por catorce pagas, aunque no haya acuerdo entre los agentes sociales en septiembre.
«Con 1.134 euros (al mes) no se puede vivir ni en Madrid, ni en Vigo, ni en Coruña, ni en Murcia, ni en Cartagena, ni en Andalucía, ni en ninguna parte. No se puede vivir. Por tanto, la estrategia del Ministerio de Trabajo es seguir subiendo el salario mínimo, hacerlo con acuerdo social. (…) Lo vamos a seguir haciendo, haya acuerdo o no», afirmó en una Comisión de Trabajo Díaz.
Sin embargo, este martes, el Congreso ha puesto freno a las intenciones de la ministra, por lo que ahora no tendrá más remedio que convencer a los empresarios para volver a realizar modificaciones en las leyes.
En concreto, la proposición no aprobada reza lo siguiente: «Recuperar el Diálogo Social completo entre todos los Agentes Sociales, con la exigencia de que no se aborden modificaciones del marco regulador del mercado de trabajo, sin contar con el previo acuerdo de los Sindicatos y Patronal».
Se han contabilizado 18 votos a favor de PP, Vox y Coalición Canaria, frente a 17 votos en contra de PSOE, Sumar, ERC y Bildu y dos abstenciones de PNV y Junts.
Díaz tendrá que llegar a un acuerdo
La portavoz del PP en la Comisión de Trabajo, María Isabel Prieto, se ha encargado de defender la iniciativa. En su intervención, ha aseverado que las políticas del Gobierno promueven la creación de empleo público «en detrimento» del privado, con un aumento del gasto en el sector público «desmesurado».
También ha instado a considerar el papel de CEOE Y Cepyme en el marco laboral, que a su juicio el Gobierno no ha tenido en cuenta en decisiones como la subida del SMI o la reducción de la jornada laboral sin pérdida de salario.
En el turno del PSOE, Ada Santana ha ensalzado el impacto de la reforma laboral de 2021, que ha provocado que en España la afiliación crezca más que en Francia o Alemania y que la tasa de temporalidad esté «en mínimos históricos».
En lo que respecta a involucrar más a la patronal en la legislación laboral, la diputada ha reprochado al PP que la reforma laboral de Mariano Rajoy en 2012 no contó con el visto bueno de las organizaciones sindicales.
La portavoz de Trabajo de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, ha remarcado que la negociación entre Trabajo y los agentes sociales «está fuera de toda duda», y prueba de ello son los 13 acuerdos que el departamento liderado por Yolanda Díaz ha alcanzado con sindicatos y patronal.
Con la propuesta aprobada, el Congreso exige al Gobierno blindar los acuerdos a los que puedan llegar los representantes de trabajadores y empresas, de modo que el Gobierno no pueda modificarlos después sin su consentimiento.
También pide adoptar las medidas oportunas para fomentar el empleo privado. Eso sí, siempre «sin renegar de la importancia y papel fundamental que ejerce el empleo público». Por ello, la Cámara Baja pide reconocer y poner en valor el papel «fundamental, imprescindible e irreemplazable» del sector privado como generador de empleo, riqueza y potenciador del crecimiento económico.
Otro asunto que demanda el Congreso es valorar las causas por las que el colectivo de trabajadores autónomos «no termina de repuntar» y apostar por crear «más y mejores empleos» mediante una estrategia integrada que fortalezca, por una parte, la capacidad de adaptación de empresas y trabajadores y, por otra, a través de la promoción de la empleabilidad, mayores oportunidades de formación y el desarrollo óptimo del talento.
A esto se suma una propuesta para fomentar la contratación, dando prioridad a los colectivos de atención prioritaria como son los parados de larga duración, mayores de 45 años o jóvenes, entre otros.
Por último, la Cámara Baja exige que cesen «de inmediato» los ataques por parte del Gobierno a la empresa privada y aprobar cualesquiera otras medidas orientadas a fomentar el empleo estable y de calidad en el sector privado y potenciar la contratación