La propuesta de ley del PSOE "por la que se modifica el Código Penal para prohibir el proxenetismo en todas sus formas" ha reactivado el debate acerca de la naturaleza de la prostitución y la mejor forma de abordarla. La propuesta modifica el Art. 187 del Código Penal, relativo al proxenetismo, en tres sentidos. Primero, desvinculándolo de la explotación. Es decir, pasaría a ser delito "promover, favorecer o facilitar, con ánimo de lucro, la prostitución de otra persona, aun con su consentimiento". Segundo, criminalizando la tercería locativa. Esto es, "destinar un inmueble, con ánimo de lucro" a tal fin. Y tercero, criminalizando a quienes "convienen la práctica de actos de naturaleza sexual a cambio de dinero", es decir, a los clientes.
El objetivo, según la propuesta, es dar "la necesaria respuesta penal" a una actuación "incompatible con los derechos humanos". En este sentido, equipara a "la persona prostituida con la víctima de un delito", extendiéndoles los derechos y prestaciones asociados a tal condición, así como los "que pueda contener la legislación en materia de libertad sexual".
Ya se han resaltado las limitaciones jurídicas de la propuesta, en términos de una merma de la seguridad jurídica. También se ha resaltado que ignora las condiciones de vida y trabajo reales de las trabajadoras sexuales y que, por tanto, en la práctica, no hará sino empeorarlas, aumentando el estigma, el control policial, el riesgo de violencia y/o abuso y las vulneraciones de derechos que ya sufren. Como explican Kenia García y María Riot, criminalizar todo el entorno de las trabajadoras sexuales necesariamente repercute en ellas, pues dificulta el ejercicio autónomo y en condiciones mínimas de seguridad de la prostitución, al imponer una situación de ilegalidad peligrosa y fácilmente explotable.
Además, la medidas propuestas no atajan las causas estructurales de la prostitución, que no son otras que el heteropatriarcado, que sexualiza a las mujeres, las confina a la familia y condena al trabajo reproductivo; el capitalismo neoliberal, que empobrece a las clases trabajadoras, las descuida a través de la desarticulación del estado del bienestar y disciplina a través del aparato punitivo del estado; y el supremacismo blanco, traducido en un racismo institucional que, mediante la Ley de Extranjería, impide su migración segura y las aboga a la irregularidad administrativa. De hecho, la propuesta del PSOE, y el ideario feminista "abolicionista" en el que se inscribe, según el cual, la prostitución cosifica a las mujeres, invalidando su consentimiento y, por tanto, su consideración como trabajo, no sólo no atajan estas causas estructurales, sino que las reproducen.
'Abolicionismo' y heteropatriarcado
El feminismo "abolicionista" define la prostitución como una institución heteropatriarcal pues reduce a las mujeres a su sexo, cosificándolas, lo que invalida su consentimiento. Estando de acuerdo en que la prostitución es una institución heteropatriarcal, que reproduce roles de género heterosexistas, también lo es el argumentario feminista "abolicionista" en este sentido, que reproduce ideas heteropatriarcales clave.
Defender que la prostitución cosifica a las mujeres, porque vender sexo es vender el propio cuerpo y, por tanto, venderse a una misma, como dice Barbijaputa, por ejemplo, reproduce la reducción heteropatriarcal de la subjetividad femenina al sexo. Si vender sexo es venderse a una misma, es porque "somos" sexo, literalmente. Esto queda patente, como señala Paula Sánchez Perera, en el recurrente argumento "abolicionista" de que no es lo mismo fregar que ser la fregona, o cómo dice Ana Bernal Triviño, "limpiar un retrete a que tu boca sea el retrete". O ¿no es cosificador equiparar a las trabajadoras sexuales a un retrete? De hecho, ya lo hacía higienismo decimonónico, contra el que, recordemos, surgió el feminismo abolicionista, al considerar a las prostitutas "cloacas" sociales.
También es heteropatriarcal invalidar el consentimiento de las trabajadoras sexuales. O ¿no era el consentimiento lo que la ley del sólo sí es sí ponía en el centro de las relaciones sexuales? ¿Por qué, entonces, no es válido el consentimiento de las trabajadoras sexuales? Según el feminismo "abolicionista", es porque en prostitución no se accede a tener sexo porque "realmente" se quiera, ergo, por deseo o por amor, sino por dinero. Estando de acuerdo que el intercambio económico-sexual en condiciones estructurales de desigualdad es un pilar del heteropatriarcado, también lo es denunciar sólo su polo estigmatizado, la prostitución, y no reconocer que ésta forma parte de un continuo en el que amor y dinero, autonomía y necesidad, se combinan en distintos grados, también en su polo más honrado: el matrimonio.
De hecho, invalidar el consentimiento de las trabajadoras sexuales de este modo limita la autonomía sexual de las mujeres al amor y al deseo, reproduciendo la ética sexual "amativa", es decir, privada, en pareja, reproductiva y por amor, a través de la cual el heteropatriarcado erige a la familia (heterosexual) como repositorio "natural" de la sexualidad femenina. Defender la validez del tal consentimiento no es defender que la prostitución sea "el colmo de la libertad sexual" como dice Barbijaputa, sino reconocer que, en el heteropatriarcado, la mayoría de las mujeres negociamos nuestra sexualidad en base al binomio amor/dinero, en condiciones desiguales de autonomía y necesidad. Las que no, por tanto, están eximidas no por su mayor valía moral, sino sus privilegios de clase y raza. Decir, como Barbijaputa, que este argumento presenta la prostitución como "la solución si no te gustan los trabajos duros pero te encanta el dinero", frivoliza, desde dichos privilegios, las condiciones estructurales particularmente desiguales que llevan a algunas mujeres a elegir la prostitución.
'Abolicionismo' y capitalismo neoliberal
La idea de que la prostitución cosifica a las mujeres lleva al feminismo "abolicionista" a definirla también como expresión máxima del capitalismo neoliberal. Estando de acuerdo en que el actual alcance y configuración de la prostitución responde a la proliferación de la libertad de mercado como valor clave del capitalismo neoliberal, también los argumentos del feminismo "abolicionista" en este sentido contribuyen a legitimar elementos centrales de éste.
Como dice Paula Sánchez Perera, defender que la prostitución no es trabajo porque cosifica el cuerpo de las mujeres es confundir la premisa marxista clave de que, en el capitalismo, "a la mercancía humana se le llama fuerza de trabajo". Además, como explica Nicola Smith, defender que el intercambio de sexo por dinero cosifica a las mujeres mientras que otros trabajos, incluso de naturaleza afectivo-sexual, no, contribuye a sostener una separación clave para el capitalismo neoliberal, aquella entre sexo y economía, pues legitima uno de sus mayores expolios: la división sexual del trabajo.
El capitalismo neoliberal, por mucho que favorezca la mercantilización de servicios sexo-afectivos antes proporciandos por la familia, necesita que sexo y economía, familia y mercado, trabajo reproductivo y productivo, no se fusionen del todo, para poder seguir privatizando los costes de la reproducción social en el trabajo sexo-afectivo no remunerado de las mujeres, ese que hacen "por amor", más cuando se está desarticulando el estado del bienestar. Distinguir la prostitución de otros trabajos sexo-afectivos cumple esta función, pues fija el limite moral en relación al cual se pueden mercantilizar la sexualidad y los cuidados, sin socavar la distinción entre sexo y economía que el capitalismo neoliberal precisa para garantizar la acumulación de capital, a través división sexual del trabajo. Esto se refleja en la afirmación de Rosa Cobo de que regular la prostitución es "abrir el último dique del que disponemos, nuestro cuerpo, al mercado". Como si los cuerpos de las mujeres no estuvieran ya indisociablemente ligados al mercado a través de su trabajo (re)productivo.
Además, el feminismo "abolicionista" legitima el uso del aparato punitivo del estado neoliberal para mantener tal distinción, y controlar a las nuevas clases desposeídas, en tanto que intervención progresista, incluso feminista. Lo hace, primero, identificando como causa fundamental de la prostitución a proxenetas y clientes: "sin demanda, no hay prostitución". Esto individualiza las causas estructurales de la prostitución, es decir, aquellas ligadas a la oferta, permitiendo presentar la criminalización de proxenetas y clientes como una respuesta no sólo necesaria, sino suficiente. Esto lo refleja bien la propuesta del PSOE, que sólo propone medidas criminalizadoras. Algo que no es anecdótico, como defiende Ana Bernal Triviño, diciendo "no es lo único que dice el PSOE que realizará", sino revelador de sus intenciones. Recordemos que el PSOE no ha derogado la Ley Mordaza, pese a su impacto en la criminalización de las trabajadoras sexuales, y que fue el PSOE (junto a Unidas Podemos) quienes sacaron a las trabajadoras sexuales del Ingreso Mínimo Vital.
Lo hace, en segundo lugar, definiendo la prostitución como una amenaza para todas las mujeres, al fomentar la desigualdad de género. Como resume Barbijaputa, "mientras haya una sola mujer o niña convertida en esclava sexual, ninguna de nosotras va a ser libre". Esta apelación al estado como protector de "todas las mujeres", sin embargo, esconde que su intervención punitiva suele recaer en poblaciones específicas, en términos de clase y raciales, y, por tanto, como explica Nuria Alabao, también en las propias trabajadoras sexuales. Sólo es defendible, pues, desde el punto de vista de quienes más probabilidades tienen de eludir el control punitivo del estado y de beneficiarse, material y simbólicamente, de la ética sexual amativa del heteropatriarcado: las mujeres heterosexuales, blancas, y de clase media-alta. Características que de hecho comparten la mayoría de las políticas (periodistas y académicas) que defienden la propuesta "abolicionista" del PSOE.
'Abolicionismo', supremacismo blanco y racismo institucional
Por último, el feminismo "abolicionista" resalta que la prostitución explota sobre todo a "mujeres con escasos recursos, migrantes, en situación administrativa irregular y siempre vulnerables", como resume Rosa Cobo. Estando de acuerdo en que las mujeres migrantes están sobre-representadas en la prostitución ¾ del diagnóstico, que, a falta de datos fiables, corroboran las trabajadoras sexuales ¾ de los argumentos del feminismo "abolicionista" en este sentido también legitiman el supremacismo blanco y el racismo institucional que lo explican.
De hecho, el feminismo "abolicionista" necesita reconciliar la identificación de la prostitución con la violencia sexual como fenómeno universal y constitutivo del género femenino, con la realidad de que no nos afecta a todas por igual. Y lo hace, como explica Ratna Kapur, no a través de un enfoque interseccional estructural, sino de la racialización/culturalización del "sujeto víctima" femenino. Es decir, explica dichas diferencias en base a la raza/cultura, no sólo en términos esencialistas, como único determinante de ellas, sino neo-coloniales, pues las proyecta sobre el binomio primer/tercer mundo, representando a las mujeres no occidentales como especialmente victimizas y victimizables, "vulnerables", legitimando en términos feministas las intervenciones neo-imperalistas del estado para "salvarlas".
La crítica no es, pues, que el feminismo "abolicionista" sea "paternalista", como dice Ana Bernal Triviño, sino que dicho paternalismo reproduce el supremacismo blanco que explica que las mujeres migrantes estén sobre representadas en la prostitución. Sobre todo, como cuenta Sara Guerrero Alfaro, cuando se traduce en un racismo institucional, que a través de la Ley de Extranjería, impide a las mujeres migrar de forma segura y les aboga a la irregularidad administrativa. De hecho, el feminismo "abolicionista" legitima dicho racismo institucional en tanto que feminista al equiparar prostitución y trata, y abogar por el control migratorio como complemento necesario de la intervención punitiva del estado contra proxenetas y clientes.
Recordemos, como hace Vivi Alfonsín Rodríguez, que bajo la alianza ideológica del PP y el PSOE, el control migratorio por parte del Estado Español no ha hecho sino multiplicarse, en cobertura e intensidad, a menudo justificado en términos de lucha contra la trata, mientras que aún no se ha aprobado la regularización extraordinaria solicitada por RegularizaciónYa, que contribuiría de manera directa a reducir la vulnerabilidad legal, social y económica de las mujeres migrantes irregulares en España, incluidas las trabajadoras sexuales.
"Abolir" la prostitución, en definitiva, requeriría abolir el heteropatriarcado, el capitalismo neoliberal y el supremacismo blanco. Mientras construimos esta utopía, sin embargo, despenalizar el trabajo sexual y reconocer derechos laborales a las trabajadoras sexuales es la única forma que tenemos de garantizar su protección y autonomía. Es lo que ellas demandan. Y, además, subvierte elementos claves de sus causas estructurales, como la división sexual del trabajo, el uso del aparato punitivo del estado como respuesta a la desarticulación del estado de bienestar, y la racialización del "sujeto víctima" femenino. Esto explica que el feminismo anti-capitalista, anti-punitivista y anti-racista, desde Emma Goldman a Angela Davis, pasando por Silvia Federici, por citar las más conocidas, suelan estar del lado de las trabajadoras sexuales, aunque Ana Bernal Triviño lo niegue, o desconozca.