En el año 2022, el Ayuntamiento de Madrid aprobaba la nueva Ordenanza de Licencias y Declaraciones Responsables Urbanísticas de Madrid (OLDRUM) que incluía medidas para agilizar los procesos de obra. En el momento en el que se llevó al Pleno del Consistorio madrileño, el PSOE aseguró que este modelo de licencias creaba «inseguridad jurídica» y suponía «la consolidación de un modelo privatizador». Algo que resulta significativo, ya que esta ordenanza es muy similar a la orden ministerial que ha comenzado a tramitar el Gobierno de Pedro Sánchez.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, anunciaba la modificación de una orden que facilitará la tasación de activos inmobiliarios cuando se usen licencias rápidas para iniciar promociones de vivienda. Sin embargo, estas licencias rápidas no obtuvieron el apoyo del PSOE en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, que planteó una enmienda a la totalidad y más de 50 enmiendas parciales. En ese momento, el portavoz municipal de la formación socialista, Pedro Esteban Barrero, criticaba duramente esta medida.
«Es un cheque en blanco que supone la consolidación de un modelo privatizador de la gestión y control municipal, siendo las empresas privadas y las entidades colaboradoras urbanísticas las grandes beneficiadas. Así, los informes y certificados emitidos se equiparan a las de los servicios técnicos municipales y esto es una vuelta de tuerca más a la privatización», sentenciaba.
Además, el grupo municipal socialista aseguraba que estas medidas generaban inseguridad jurídica, dado que se atribuían a las entidades colaboradoras urbanísticas determinadas potestades públicas que implicaban el ejercicio de autoridad y que sólo la administración municipal puede llevar a cabo.
Ahora, el Ejecutivo de Pedro Sánchez señala que estas medidas tienen como objetivo agilizar los procesos urbanísticos de concesión de licencias. «Hay licencias que se llaman abreviadas, básicas, sencillas y que son licencias que ya están en el argot y en la práctica urbanística en nuestro país, pero que no estaban incorporadas esas fórmulas y (…) les estaba propiciando sobre todo un problema a la hora de acceder a la financiación», detallaba la ministra de Vivienda.
Algo que difiere de las tesis que defendían los socialistas hace menos de dos años. En abril de 2022, la formación municipal aseguraba que con esta medida no se agilizaban los trámites urbanísticos. «Es falso. Lo cierto es que ocurre lo contrario, aumentan esos trámites, ya que se introducen informes de viabilidad urbanística que no garantizan ni mayor seguridad ni un mayor control, lo que supone una gestión adicional que va a retrasar aún más los procesos», aseguraba Barrero.
Asimismo, el PSOE sembraba muchas dudas sobre el control de licencias básicas que ahora Sánchez defiende, y aseguraba que iba a generar muchos problemas de control de legalidad. «Deberían ser rigurosos y requerir un control exhaustivo durante las obras», concluía.
Cambio de opinión
Ahora, la ministra de vivienda ha defendido que esta modificación de la norma facilitará «la financiación» a los ayuntamientos para la construcción de vivienda. «Se necesitaba de la aclaración de esta norma para ver si estos nuevos medios que están ya en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas, en aras a la agilidad, podían obtener financiación», ha subrayado.
Asimismo, ha indicado que aprovecharán el trámite de audiencia pública al que se va a someter esta norma a partir de este jueves para incorporar en la tramitación de este tipo de licencias nuevas técnicas constructivas y factores de sostenibilidad que no estaban incorporados en la norma porque era de 2003 y «había poca gente que pensase en términos de sostenibilidad».
«Considero que ha sido una muy buena reunión para actualizar nuestros compromisos con el sector, de ver qué hemos cumplido, de saber que no vamos a parar, de ser conscientes de la gravedad del problema y de tener la mano tendida para todas las administraciones y el sector privado», ha recalcado.