Madrid
Jueves, 25 de abril 2024, 08:55
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Manos Limpias, que a punto estuvo de desaparecer en 2016 cuando se destapó la investigación sobre las supuestas coacciones a bancos en la que luego acabó absuelto su máximo (y único) dirigente, ha resurgido de sus cenizas de manera sorprendente con una pobre querella de ocho folios contra la esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, llena de recortes de prensa. Miguel Bernard Remón, de profesión querellante, a sus 82 años, ha pasado del ostracismo de la cárcel a las portadas de los periódicos, haciendo una vez más lo único por lo que es conocido: personarse en el juzgado para presentar denuncias.
¿Pero qué es actualmente Manos Limpias? Aunque esta organización es formalmente un sindicato, la realidad dista mucho de sus estatutos. Aunque aseguran tener 6.000 afiliados, lo cierto es que no consta que Manos Limpias esté presente en ningún comité. Según todas las fuentes consultadas, ML se había quedado reducida básicamente a Bernard y un reducidísimo círculo íntimo, que son los que le ayudan a sufragar los gastos del procurador, porque en la actualidad ni siquiera este colectivo tiene un abogado en nómina.
Bernard Remón, es exabogado del Ayuntamiento de Madrid y conocido exdirigente fascista que ocupó cargos de alta responsabilidad en el partido Fuerza Nueva cuando su líder era Blas Piñar. Y aunque niega las etiquetas políticas que se colocan a su sindicato, el propio Bernard se presentó por el Frente Nacional en las elecciones al Parlamento Europeo de 1987 y 1989.
Paula De las Heras
Desde su creación en 1995 ha presentado cerca de más de dos centenares de demandas de todo tipo, pero muy pocas salieron adelante. Su primer gran éxito fue la querella presentada contra el expresidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa, quien tras muchos avatares se vio condenado por el Tribunal Supremo por su negativa a disolver el grupo parlamentario de Sozialista Abartzaleak tras la ilegalización de Batasuna.
Pero sin duda, su actuación estelar fue el 'Caso Nóos'. Allí, como única acusación particular, el pseudosindicato, que en un principio contó incluso con la connivencia de la Fiscalía, logró sentar en el banquillo a Cristina de Borbón por supuestamente haberse beneficiado de los negocios irregulares de Iñaki Urdangarin.
Pero aquella maniobra, que en un principio contó con la bendición del juez instructor y de la Audiencia Provincial de Palma, acabó de forma abrupta antes de que hubiera sentencia del caso. En abril de 2016 Bernard fue detenido en una operación de la Policía Nacional sobre supuestas extorsiones del sindicato a cambio de no denunciar a entidades.
Hasta diciembre de aquel año, el ya septuagenariaio jubilado no fue puesto en libertad bajo fianza. Pero al final, aquellas acusaciones, que incluso hicieron que Manos Limpias dejara de acusar a la hermana de Felipe VI antes del fallo, quedaron en nada. El pasado marzo el Supremo absolvió a Bernad y al líder de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Luis Pineda, que habían sido condenados a 8 y 4 años de prisión, respectivamente, por la Audiencia Nacional por extorsiones a entidades bancarias a cambio de evitarles acciones judiciales o campañas de descrédito. En contra del criterio de los magistrados de primera instancia, el Supremo zanjó que las «presiones» empleadas no eran suficientes para considerarlas una «intimidación», pese a que pudieran resultar «censurables en el plano de la valoración ética». El sindicato anunció tras conocerse la sentencia del Supremo acciones penales y administrativas para que se repare el daño y solicitará una «compensación millonaria» al BBVA, que inició el proceso, y al Estado.
En los últimos meses, antes de la absolución, Manos Limpias había vuelto con vigor a las demandas, aunque con escaso éxito, como casi siempre. Hace tres semanas el Supremo rechazó una querella contra Sánchez por el acuerdo de investidura firmado el 9 de noviembre entre el PSOE y Junts; en enero el Supremo dio carpetazo a otra denuncia de Manos Limpias contra la exministra de Igualdad Irene Montero por sus críticas a los jueces por la aplicación de la ley del solo sí es sí. En diciembre de 2023, la Fiscalía archivó otra demanda contra Santos Cerdán, Jordi Turull y Gabriel Rufián por hablar de lawfare.
Aunque en algún momento el sindicato cifró en un 30% sus éxitos judiciales, lo cierto es que la hemeroteca está plagadas de archivos y escándalos como estos más recientes.
El Supremo rechazó su querella contra el presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y contra los líderes socialistas vascos por reunirse con Arnaldo Otegi y con otros dirigentes de Batasuna. Dentro de su ejercicio constante, casi promiscuo, de la acusación particular o popular, el mismo alto tribunal terminó por ordenar a un juzgado de Madrid que abriese diligencias contra el sindicato para comprobar si había mala fe o infracciones penales en la querella que planteó contra el instructor del caso 11-M, Juan del Olmo, y que fue desestimada de plano. ML, que en el marco de los atentados de Madrid también se querelló contra Baltasar Garzón o contra la fiscal Olga Sánchez, ha sido también acusación en el caso de los ERE.
Se personó en el caso del 8-M por la supuesta propagación de la pandemia en la manifestación, denunció a Pablo Iglesias e Íñigo Errejón por «organización criminal» basándose en falsos informes de la guerra sucia policial…
El sindicato nunca ha defendido ser una organización de defensa de trabajadores. En su propia web el colectivo afirma que su objetivo principal «interponer todo tipo de denuncias ante las corrupciones políticas o económicas que lesionen el interés público o general».
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