El jueves 11 de marzo, el Congreso aprobó la ley que posibilita un séptimo retiro de las AFP; sin embargo, hasta el día de hoy no se debate el tema de fondo: una reforma absoluta y radical al sistema de pensiones.
Antes de la creación de las AFP, los trabajadores cotizaban forzosamente a un sistema piramidal de reparto, monopólicamente administrado por el Estado, que consistía en capturar una fracción del salario de los empleados activos y, con ello, financiar las pensiones de los trabajadores jubilados.
Los sistemas de reparto están quebrados en todo el mundo. Esto por varias razones como, por ejemplo, que existan menos trabajadores activos para financiar pensiones de más trabajadores jubilados o que la gente viva hoy mucho más que antes y con el mismo aporte se deben financiar muchos más años de pensión. En la práctica, los sistemas de reparto se cofinancian con plata de los contribuyentes.
Las AFP nacen como respuesta a esto, proponiendo un fondo de capitalización individual, donde cada quien aporta (obligado) una fracción de su ingreso a un fondo individual, generando rentabilidades para que el trabajador cesante tenga una pensión decorosa, sin la necesidad de depender del aporte de otros trabajadores, ni del Estado. Así nacen las AFP.
Sin embargo, el sistema tiene serias falencias, abusos y arbitrariedades que deben ser corregidas, mientras aún se tenga un fondo que administrar.
Debemos tener en cuenta que, cuando se habla del Sistema de Pensiones (AFP o ONP), se trata de una discusión que afecta a una absoluta minoría de los trabajadores. Cuatro de cada cinco trabajadores en el Perú son informales; por lo tanto, no aportan ni a las AFP ni a la ONP, y no tendrá en su vejez ningún tipo de protección.
Una enorme economía informal, consecuencia de una absurdamente cara formalidad económica y laboral, condena a la gran mayoría de los trabajadores a vivir en la informalidad.
De otra parte, el tan bajo nivel de ingresos promedio de un trabajador cotizante a las AFPs (sumando a la intermitencia del aporte) hacen que, a pesar de forzarlo a aportar parte de su ingreso (que en muchos casos no da para llegar a fin de mes), al momento de su jubilación, obtendrá una pensión irrisoria incapaz de cubrir el costo de vida del jubilado.
Estos dos elementos constituyen el fondo del tema y no habrá sistema posible que genere una pensión digna, mientras no se resuelvan.
Mayor crecimiento económico, más competencia a las AFPs con alternativas de fondos de pensión, menores costos de ser formal y mayor productividad de los trabajadores, así como un nuevo pacto social para proveer una base de aporte a los más pobres (en tanto sea financiable) son los temas de fondo. También habrá que entrar a la discusión filosófica de si es legítimo confiscar una fracción del ingreso de una persona para obligarlo a contratar un servicio, que no necesariamente quiere.
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