julio pérez
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acumula hasta ahora 27 proyectos eólicos suspendidos cautelarmente por sus posibles daños al entorno. Y no serán los últimos. En la última remesa de autorizaciones de la Xunta para cumplir el calendario de la conexión a la red, salieron adelante 75 parques, hay decenas con permisos previos y desde entonces se visaron unos cuantos más. De hecho, el balance de paralizaciones acaba de sumar otro caso, el complejo Rodicio II de 10,4 megavatios (MW) y una inversión de 8 millones de euros impulsado por Greenalia en los concellos ourensanos de Maceda y Montederramo. En un nuevo auto, desvelado esta vez por la propia recurrente, la organización ecologista Adega, los magistrados de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSXG dejan en el aire el visto bueno de la administración autonómica porque, según Adega, consideran "inveraz" la declaración de impacto ambiental favorable "al no evaluar correctamente los impactos sinérgicos de todos los parques eólicos que confluyen en la zona".
La maraña alrededor de la eólica en Galicia, con miles de recursos administrativos y cientos de demandas judiciales, provoca el enésimo atasco en la expansión del músculo verde en el sistema energético regional. En toda España se activaron 661 MW en parques durante el pasado año. Ninguno en la comunidad, que lleva ya cuatro años sin incrementos relevantes de potencia. Entre 2020 y lo que va de 2024 añadió 102 MW, según la base de datos de Red Eléctrica, solo el 1,9% de los 5.243 MW encendidos en el conjunto del país. Primera consecuencia directa: la aportación del viento en el mix eléctrico de Galicia se queda muy por debajo de lo previsto por la Xunta en la Axenda Enerxética de Galicia 2030.
La hoja de ruta de la administración autonómica para la descarbonización estimó una producción de 11.461 gigavatios hora (GWh) de eólica en 2023. La cifra real fue de 9.086 GWh, un 20% menos, a pesar de que la meteorología remó a favor de la generación de electricidad con viento. Parece poco probable que se vayan a cumplir los siguientes objetivos. A partir de las estimaciones de evolución del Instituto Enerxético de Galicia (Inega), el plan muestra una clara tendencia al alza para los próximos años ante la cantidad de proyectos que se aprobaron. Cifra en 12.600 GWh la generación eólica este año; en 13.800 la de 2025; en 15.200 la de 2026; unos 16.600 en 2027; casi 18.000 en 2028; 19.500 en 2029; y 24.600 GWh en 2030, cuando la Xunta espera tener 7.700 MW de potencia eólica operativa, el doble que la actual. La cuota eólica global subiría hasta los 8.500 MW con los 800 MW que la Axenda Enerxética de Galicia recoge en parques marinos.
El temor a una larga etapa de sequía en nueva potencia renovable en el Gobierno gallego —el presidente, Alfonso Rueda, reconoció públicamente la parálisis del sector por los recursos judiciales— y entre los propios promotores se contagia a otras actividades inviables en caso de que no haya un fuerte ascenso de la producción eólica. Principalmente las plantas de hidrógeno verde. Solo la H2 Pole desarrollada por Reganosa y EDP en As Pontes consumirá 800 GWh y la Asociación Gallega del Hidrógeno (AGH2) calcula que todos los proyectos previstos necesitarían la electricidad equivalente a la producción completa de todos los parques eólicos en funcionamiento ahora mismo en la comunidad.
El 90% de los gallegos quiere un despliegue ordenado y beneficios para el territorio
El 70% de los españoles cree que el Gobierno debería hacer más para asegurar una transición energética justa y casi un tercio se confiesa negacionista del cambio climático, según el estudio elaborado por Cluster 17, empresa francesa de estudios sociológicos, y beBartlet, el primer gabinete de incidencia pública de España, para obtener la primera radiografía de la percepción de la sociedad sobre las distintas políticas públicas en materia de transición ecológica. Se hicieron 1.511 entrevistas en todo el país con "una segmentación inédita" en 16 grupos homógeneos de ciudadanos "que comparten el mismo sistema de valores". En la división territorial, Galicia destaca como una de las comunidades donde más ciudadanos responsabilizan a la actividad humana del calentamiento global (78%), aunque también destaca el 14% que niega su existencia. En ninguna otra autonomía hay más unanimidad respecto a la necesidad de un despliegue ordenado de nuevas renovables y con beneficios a los entornos locales (90%), frente al 10% que apela a acelerar su implantación porque su impacto es mínimo en comparación con los beneficios en la lucha contra la crisis climática. Casi el 80% cree que el impulso a las renovables es "imperativo" en esa batalla y el 75% está a favor (18% muy a favor y 57% bastante) de implantar más parques eólicos. El 36%, eso sí, opina que las turbinas causan más inconvenientes que beneficios en los municipios donde se instalan.
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