Este martes ha sido una jornada especialmente significativa, un día de celebración, para las personas migrantes que residen en España, más concretamente para aquellas que se encuentran en situación administrativa irregular, pues el Pleno del Congreso ha admitido a trámite la iniciativa legislativa popular (ILP) que pide la regularización de miles de personas que viven y trabajan sin papeles y sin derechos básicos. La propuesta, que había sido apoyada por algo más de 611.000 firmas y respaldada por 900 organizaciones sociales, continuará ahora su trámite parlamentario donde los grupos pueden presentar enmiendas.
Si una persona migrante se encuentra en situación irregular administrativa, sostienen los promotores de la ILP, se vulneran sus derechos fundamentales al "no poder acceder a la sanidad pública, alquilar una vivienda o solicitar una plaza en un comedor escolar para sus hijos", entre otros obstáculos. De ahí la importancia de que el Congreso de los Diputados haya aceptado debatir esta iniciativa. "Tener la tarjeta de residencia significa poder bajar a la calle sin miedo a ver una patrullera de la Policía Nacional, poder ir al médico tranquilamente y saber que no me van a rechazar por mucho dolor que tenga y que me van a atender. Son cosas que la gente que tiene nacionalidad o que vive acá lo da por hecho, pero que para muchas personas migrantes es una ilusión", explica a Infobae la activista paraguaya y empleada del hogar Edith Espínola, portavoz de la ILP Regularización Ya, quien lleva viviendo 15 años en España y hace 6 que consiguió los papeles.
Aunque la plataforma celebra que el Congreso haya tomado en consideración la IPL, también advierte que estarán atentos a los posibles "recortes de derechos" que puedan introducir los grupos políticos. "Vamos a estar revisando y controlando, haciendo una observación de la forma en la que actúen, porque no queremos que la iniciativa quede en el cajón", ha indicado Espínola.
Un mecanismo para que la ciudadanía proponga leyes
La iniciativa popular, un mecanismo recogido en la Constitución para que la ciudadanía pueda proponer leyes siempre y cuando se consigan 500.000 firmas, ha sido impulsada en este caso por las propias personas migrantes a través de la plataforma Regularización Ya y ha logrado un amplio apoyo, desde la Conferencia Episcopal a organizaciones sociales y barriales y grupos LGTBI.
El partido ultraderechista Vox ha sido el único que este martes ha votado en contra de esta IPL, pues ya durante la jornada tanto el PSOE como el PP y Junts habían confirmado su respaldo, al igual que ha sido apoyada por Sumar, ERC, Podemos Bildu, BNG y PNV. Ahora el Gobierno tendrá un plazo máximo de seis meses para aprobar un real decreto con el procedimiento para regularizar la situación administrativa de las personas extranjeras que se encuentren en territorio nacional antes del 1 de noviembre de 2021, por lo que se podrían ver beneficiadas entre 390.000 y 470.000, la mayoría procedentes de América Latina.
Caber recordar que desde los años ochenta, Gobiernos del PSOE y del PP han recurrido a regularizaciones extraordinarias de inmigrantes para acabar con crecientes bolsas de ciudadanos sin derechos y luchar contra la economía sumergida, de forma que más de un millón de inmigrantes consiguieron así sus papeles en ocho procesos. La última regularización fue aprobada en 2005, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con la que cerca de 600.000 trabajadores migrantes pudieron normalizar su situación, según las cifras que ofreció el entonces Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. También se introdujo en esta última regularización la residencia por razones de arraigo para trabajadores extranjeros que acrediten la permanencia continuada en España durante un periodo mínimo de tres años.
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La toma en consideración de esta IPL para una nueva regularización de personas migrantes por parte del Congreso, indica Espínola, "es sin duda una buena noticia" y además evidencia que "la democracia está saneada, porque se ha escuchado la voz de la ciudadanía". La activista también ha querido recordar que las personas migrantes "no quitan el trabajo a las personas españolas", sino que más bien ocupan los que ellas no quieren. "Como trabajadora del hogar puedo asegurar que nunca me he peleado con una española por mi puesto de trabajo, al igual que tampoco lo hacen las jornaleras", sostiene.
Espínola confía en que esta regularización se convierta finalmente en ley para que las personas migrantes en situación administrativa irregular "no tengan miedo" a poder ser enviados a un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), donde las organizaciones sociales ya han denunciado numerosos casos de agresiones policiales, y correr el riesgo de ser deportados.
También recuerda que actualmente son muchas las personas migrantes que en España ni siquiera pueden acceder a una cita telefónica para solicitar asilo porque no hay turnos suficientes o porque directamente nadie responde al teléfono, lo cual dificulta enormemente sus vidas. De hecho, de las 163.220 personas que solicitaron asilo el año pasado, solo se ha dado resolución favorable a 11.163 personas, un 12% del total, según los datos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), mientras que en 2022 se concedieron 14.235, un 16,5%.