El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha presentado este miércoles el primer censo de residencias en España, un análisis que recopila información de todos los centros para mayores y personas con discapacidad, ya sean públicos o privados. De hecho, el registro aporta múltiples datos y concluye que entre el 75 y el 80% de las residencias son de titularidad privada.
El censo realmente debía publicarse en 2022, pero por problemas en la recogida de datos, el Imserso retrasó su publicación. Ahora, según ha destacado la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, la información recopilada en el documento permitirá, ya no solo ampliar el conocimiento sobre la situación de la atención residencial, sino también identificar cuáles son las políticas públicas que hace falta impulsar.
"Este análisis surge por la falta de datos en este ámbito, sobre todo de información agregada a nivel nacional, algo que se evidenció especialmente durante la pandemia de Covid-19", ha aseverado Martínez. Se trata del primer censo elaborado por el Imserso, y en él se profundizan en diversas variables, que van desde las propias instalaciones a las características de los residentes y trabajadores.
Privatización de los centros residenciales
En total, y según datos de 2022, el sistema residencial en España está compuesto por 6.831 centros residenciales: el 76% dirigidos a personas mayores, el 21% a personas con discapacidad y un 3% son mixtos. Las cifras reflejan igualmente una tendencia a la privatización de ambos tipos de centros.
En el caso de las residencias de mayores, solo el 25% son públicas y, si se tiene en cuenta su modelo de gestión, el porcentaje apenas llega al 15%. Algo similar ocurre con los centros dirigidos a personas con discapacidad, en los que la titularidad privada se dispara al 80% y solo un 13,7% de los centros tienen titularidad y gestión pública.
En este sentido, la directora general del Imserso, Mayte Sancho, ha admitido durante la presentación del censo este miércoles que los porcentajes de titularidad y gestión públicas son bajos y que, aunque desde la institución y el ministerio trabajarán para que el servicio asistencial "sea de acceso universal", este escenario todavía está "muy lejos" de alcanzarse.
En cuanto a las plazas, hay contabilizadas 381.514 para personas mayores, que están distribuidas en un total de 5.188 centros, lo que implica una media de 73,5 plazas por centro. Además, tres de cada cuatro usuarios de las residencias tienen 80 años o más y el 70% son mujeres. En el caso de los centros dirigidos a personas con discapacidad, hay 49.435 plazas repartidas en 1.455 centros, lo que supone que la media por centro es de 34 plazas. Aquí, la edad de los usuarios es más baja —el 85% son menores de 65 años—; y las mujeres representan el 41,6%.
En ambos tipos de centros, más del 95% de los trabajadores son personal de plantilla que está, además, considerablemente feminizado: el 86% de las empleadas son mujeres en los centros de personas mayores; el 78,4% en los de personas con discapacidad. "Una vez más, se ve la feminización de los servicios asistenciales y de cuidados", ha afirmado la subdirectora general de Planificación del Imserso, Esther Pérez.
El documento señala también que el 67% del personal de las residencias de mayores corresponde al primer nivel de atención, es decir, el que está más próximo a los usuarios, lo que se traduce en una ratio de 0,36 trabajadores de primer nivel por residente. En el caso de los centros de personas con discapacidad, son del 58,3%, esto es, 0,52 trabajadores por usuario.
Según ha recordado la número dos del ministro Pablo Bustinduy, en 2022, el Ejecutivo acordó con las comunidades autónomas unas directrices mínimas y comunes para ir avanzando hacia "servicios residenciales de calidad" y promover la desinstitucionalización. Así, este censo, para Martínez, será útil para monitorizar cómo se avanza en los distintos territorios hacia ese modelo.
"Esto solo es un primer paso, nuestro objetivo es tener un mapa más detallado de los recursos disponibles en cada territorio", ha avanzado Sancho.
La accesibilidad, "una asignatura pendiente"
Uno de los resultados más llamativos que ha arrojado este nuevo censo es el relativo a la accesibilidad de los centros residenciales distribuidos por toda España.
En aquellos destinados a personas mayores, solo un 39% cumplen con la Norma UNE 170001-2, un reglamento europeo del año 2007 que otorga un certificado a aquellos lugares acondicionados para que cualquier persona, independientemente de su edad o discapacidad, disfrute de los servicios que se prestan y el entorno en igualdad de condiciones.
"Celebramos la creación del censo, es un trabajo excelente, pero revela que en el tema de la accesibilidad no avanzamos. El porcentaje es bajísimo. ¿Cómo es posible que haya una certificación desde el año 2007 y no se cumpla? Es increíble que haya lugares a los que van personas mayores que necesitan cuidados específicos que no estén adaptados", cuenta a 20minutos la presidenta de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España, Inmaculada Ruiz.
Esto en cuanto a los centros residenciales para mayores. En aquellos a los que acuden personas con discapacidad, el porcentaje es todavía menor. Solo un 28,1% de ellos cumplen con la normativa europea, que no hace referencia únicamente a las barreras físicas, sino también a las sociales y comunicativas.
Patricia Mora, asesora jurídica de la Confederación Estatal de Personas Sordas, cuenta a este periódico que, si bien confían en que "poco a poco" la situación irá mejorando, faltan "muchos datos" de los servicios que se ofrecen a las personas con discapacidad, que en el censo no aparecen clasificadas por tipologías.
"La atención profesional, en función de la discapacidad, es muy diferente. En nuestro caso concreto, el colectivo de las personas sordas es muy heterogéneo. Hay algunas que utilizan el lenguaje de signos, pero hay otras que no porque son más mayores y han perdido la audición cuando han llegado ya a una edad avanzada. Una persona sorda debe saber con qué barreras comunicativas puede encontrarse en el centro", cuenta.
En este sentido, la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, ha admitido que la accesibilidad en los diferentes entornos "es una asignatura pendiente y, por tanto, una línea prioritaria" del Gobierno.