El PSOE de Benidorm ha criticado un nuevo "tirón de orejas" al gobierno del PP por parte del Síndic de Greuges por "falta de colaboración del Ayuntamiento. El portavoz adjunto, Sergi Castillo, ha explicado que, en esta nueva ocasión, el defensor del pueblo valenciano ha "cerrado una queja ciudadana por mala praxis administrativa reprochando al consistorio que no contestase en el plazo legal establecido ni se realizasen las actuaciones necesarias para atender las recomendaciones efectuadas por este organismo autonómico".
Castillo ha criticado que, si hace unas semanas Benidorm aparecía en el Informe Anual 2023 del Síndic de Greuges como ejemplo destacado de consistorios de la Comunidad Valenciana en donde se está limitando el acceso a la documentación que pide la oposición, "ahora nos encontramos con este nuevo varapalo al gobierno de Toni Pérez por ignorar sus recomendaciones y desatender las reclamaciones de los ciudadanos". El Síndic es "una institución que se caracteriza por su independencia e imparcialidad y cuya misión es salvaguardar los derechos de los ciudadanos, y el gobierno municipal comete un grave error con su continuo enfrentamiento y falta de colaboración", ha afirmado.
En cuanto a la resolución de cierre, el portavoz adjunto ha relatado que un ciudadano acudió al Síndic en diciembre de 2023 denunciando "mala praxis puesto que tras solicitar unos planos en formato digital para una actuación relacionada con el Catastro de Alicante tuvo que desplazarse ex profeso desde Madrid hasta Benidorm para recoger unas fotocopias en el ayuntamiento". Tras analizar la queja y la normativa aplicable, el Síndic "inició investigación al deducir que la presunta inactividad del Consistorio podría afectar al derecho a una buena administración, previsto en los artículos 8 y 9 del Estatut de Autonomía de la Comunidad Valenciana, y reclamó informes sobre si se había dado respuesta a los varios escritos presentados por el promotor de la queja".
Transcurrido el plazo legal de un mes, el Ayuntamiento "no remitió estos informes requeridos lo que llevó al Síndic a enviar una resolución de consideraciones en las que recordaban al gobierno de Toni Pérez la obligación legal de responder a las solicitudes y de facilitar en plazo a los ciudadanos copias de los documentos que obren en poder de la administración", tal y como "determinan tanto la Ley de Procedimiento Administrativo Común como la Ley de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunidad Valenciana, y recomendaban que ante situaciones similares se facilite copia de los documentos solicitados por medios electrónicos", ha explicado Castillo.
Por último, Castillo ha detallado que, una vez superado con "exceso" el plazo establecido, "el ejecutivo popular no hizo nada, ni contestó a esta institución, ni realizó las actuaciones necesarias para atender las recomendaciones". "Un comportamiento del ejecutivo popular que, según el Síndic, impidió alcanzar de manera efectiva la satisfacción de los derechos reclamados por el promotor de la queja", ha indicado.
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