La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, que cuando habla en sus presentaciones siempre se olvida de los uruguayos que no pertenecen a su élite social, se sumó a las habituales mentiras del Gobierno que integra, en el marco de un foro organizado por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE), al afirmar que se bajaron los impuestos. Por supuesto, como siempre, se dirigió a su tribuna oligárquica, integrada naturalmente por empresarios.
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En realidad, este Gobierno aumentó los impuestos cuando en 2020, en el primer año de su gestión, bajó dos puntos la bonificación del IVA a las compras con tarjetas de débito, llevándola del 4 % al 2 %, lo cual impactó negativamente en los bolsillos de trabajadores y jubilados y, obviamente, afectó su poder de compra.
En tanto, en enero de 2021, aprovechando la tradicional molicie estival del verano, el Poder Ejecutivo modificó subrepticiamente el criterio para ajustar las franjas del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que grava a los trabajadores activos, y del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS), que grava las jubilaciones. El cambio se operó en la Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC), que pasaron a ajustarse en función del Índice Medio de Salarios (IMS), cuando la variable utilizada para dichas actualizaciones desde 2012 era el Índice de Precios al Consumo (IPC).
Esa modificación, que pasó virtualmente inadvertida por la falta de información, devino en que más trabajadores y pasivos comenzaran a pagar IRPF e IASS y que a todos les aumentara la carga tributaria. Fue un ajuste encubierto.
Con esta decisión, a partir de enero de 2021 el monto mínimo imponible del IRPF y sus sucesivas franjas tuvieron una caída en términos reales de -1,6 %. Dicho mínimo, en 2020, a valores de 2021, era de 34.610 pesos, y en 2021 se redujo a $34.090.
En consecuencia, el impuesto comenzó a aplicarse a partir de ingresos más bajos que en 2020 en términos reales, y aquellas personas que ya lo pagaban y lograron mantener sus ingresos pasaron a abonar una tasa efectiva mayor.
El Gobierno, al utilizar el IMS y no el IPC como herramienta de ajuste de las BPC, apuntó a acotar la caída de la recaudación. En efecto, si se hubiera mantenido el ajuste por IPC, se podría procesar una baja mayor en la tributación del impuesto, lo cual le hubiera permitido al conjunto de los trabajadores que paga IRPF compensar parcialmente la estrepitosa pérdida salarial que experimentaron durante el 2020.
El año pasado, el Gobierno anunció –con bombos y platillos– rebajas tributarias en algunas franjas del IRPF y el IASS, lo cual realmente fue un auténtico fraude. En efecto, muchos de los que dejaron de pagar el tributo son aquellos a los cuales más castigó el cambio de criterio para el ajuste de ambos tributos. Realmente, fue una maniobra maquiavélica, típica de un equipo económico que modifica los números de la economía con absoluta discrecionalidad y total falta de transparencia.
En efecto, el discurso pronunciado el 1º de marzo por el presidente Luis Lacalle Pou ante la Asamblea General fue nuevamente una mera pompa de jabón, solo celebrada por su corte de alcahuetes.
La anunciada rebaja del IRPF y el IASS, que gravan apenas al 30 % de los asalariados y al 25 % de los jubilados, consiste en deducciones que no tienen un impacto significativo. En concreto, apenas 63.000 personas –en un total de casi 1.700.000 trabajadores cotizantes– dejaron de pagar IRPF y 20.000 jubilados no tributan más el IASS, en un total de 800.000 pasivos. En este caso, la rebaja fue de sólo de 500 pesos. Es decir, no hubo ninguna buena noticia para el 75 % de los pasivos ni tampoco para el 70 % de los activos.
En concreto, casi 1.200.000 trabajadores y 600.000 jubilados no recibieron nada. Incluso, el anuncio no contempló a los trabajadores informales (22 %), a la multitud de uruguayos que viven en la pobreza –unos 350.000–, a quienes perciben retribuciones irrisorias de entre 20.000 y 25.000 pesos, que suman bastante más de 500.000 empleados, y a los desocupados, que son aproximadamente 157.000 personas.
En lugar de bajar la carga impositiva sobre quienes sí tributan, se debió aumentar sustantivamente el salario mínimo nacional –que hoy está fijado en 22.268 pesos– y la jubilación mínima, que quedó establecida en enero en 18.821 pesos.
Es falso que el Gobierno no aumentó impuestos y que el Frente Amplio no los bajó. En efecto, cuando asumió el primer gobierno de izquierda en 2005, abatió la tasa básica del IVA de 23 % a 22 % y la tasa mínima –que grava a frutas y verduras– del 17 % al 10 %. También eliminó el Cofis, que era del 3 %. Todos esos impuestos impactaban sobre el consumo.
En cambio, este Gobierno sí aumentó los impuestos, aunque la ministra Azucena Arbeleche afirma que bajaron. Lo que realmente se hizo fue devolver a algunos activos y pasivos lo sustraído inmoralmente en enero de 2021.
En otro orden, la Secretaría de Estado afirmó que este Gobierno ha aumentado el gasto, lo cual tampoco es así. Entre 2020 y 2022, la caída del gasto público, en términos reales, fue de aproximadamente unos 600 millones de dólares.
Las áreas más afectadas por el recorte, todas ellas sensibles, son la Administración Nacional de Educación Pública, que es el ente cuantitativamente más grande, la Universidad de la República, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, la Administración de Servicios de Salud del Estado, el Poder Judicial y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.
En este contexto, es menester formular una precisión que no es menor: un indicador es la inversión presupuestada y otro muy diferente el nivel de ejecución de los recursos asignados a cada inciso. Al respecto, una práctica muy arraigada en los gobiernos de derecha es acotar la ejecución del gasto.
Mediante esta estrategia, que es naturalmente engañosa y si se quiere hasta inmoral y también una estafa, el Gobierno recuperó bajo cuerda lo no invertido que, al final de cada ejercicio, regresa a Rentas Generales. En ese marco, los recursos presupuestados serían una mera sinopsis y la ejecución de la película completa, que casi nadie ve.
Por supuesto, Arbeleche no omitió críticas a la recolección de firmas promovida por el Pit-Cnt para, mediante una reforma constitucional, eliminar las Afaps, reducir la edad jubilatoria a 60 años y equiparar las jubilaciones mínimas con el salario mínimo. Por supuesto, la Secretaría de Estado, que opera para el sector empresarial, miente cuando afirma que serán confiscados los ahorros individuales de los trabajadores.
Naturalmente, la ministra omitió toda mención a la pobreza, la indigencia, los bajos salarios y las magras jubilaciones, porque nunca le habla a la mayoría de los uruguayos. Sólo declama para la tribuna de la clase dominante a la cual pertenece.