Es muy probable que Eduardo Martelli, un graduado en Económicas de la UBA con posgrado en el MIT y 16 años en El Comercio Compañía de Seguros, empresa de la que se retiró siendo gerente general, haya pensado que exponía frente a un auditorio de contadores. Porque eran cerca de las 10 de la mañana de anteayer y, en un seminario de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, soltó una ironía sobre la resistencia que tienen los abogados a la digitalización de trámites, licitaciones, compras y documentos públicos. "Ah, acá son todos abogados", concluyó por fin, al oír el murmullo y las risas del público.
Martelli es el secretario de Modernización Administrativa, uno de los colaboradores de Andrés Ibarra, el ministro a quien Mauricio Macri le encomendó un desafío arduo: hacer del Estado argentino algo que funcione. Y aquella mañana, junto con Alberto Abad y Carlos Rodríguez, ambos de la AFIP, representó al Gobierno en un foro que por momentos lo miraba descreído, casi sin luces de esperanza en todo sentido: ese subsuelo no tiene ventanas. Su tesis es que el papel es más fácil de falsificar que lo digital, que los ciudadanos son rehenes de los trámites si no hay un sistema centralizado y que una reforma va a permitir terminar con los abusos de poder. "Hablo desde los pedidos de medialunas para agilizar hasta donde se imaginen", agregó.
El hábito de la energía regalada, por ejemplo, que supone que un recurso escaso y necesario como el gas debería ser más barato que uno abundante y prescindible como la televisión por cable, ha empantanado al Gobierno en una discusión que se da sin prestarle real atención al costo de los subsidios. Dos años de lo que se importa en energía equivalen a poner en óptimas condiciones todo el sistema ferroviario del país, incluidos los servicios de cargas.
Pero es probable que asimilar algunas de estas distorsiones lleve décadas. ¿Cómo hacer, en la provincia de Buenos Aires, para instalar cloacas incluyendo en las licitaciones empresas que compitan con las cooperativas históricamente consustanciadas con el Sindicato de Obras Sanitarias (Sosba)? Son capas geológicas que María Eugenia Vidal encontró también en las fuerzas de seguridad o el juego. No bastó, al parecer, con rechazar en diciembre la primera recolección policial, de 82 millones de pesos: en algunos municipios aceptan que "la gorra se sigue pasando".
Ese nudo gordiano divide en cuanto al método a las dos mujeres más fuertes de Cambiemos: la gobernadora pretende desatarlo; Elisa Carrió, cortarlo. Como todo actor que ve el poder desde afuera, la diputada se ha convertido para Macri en una incomodidad necesaria: es la encargada de machacar, principalmente delante de funcionarios olvidadizos, sobre las viejas promesas de campaña.
La semana próxima, Carrió presentará un proyecto de ley que seguramente desencadenará controversias y que propone reformular todo el sistema de inteligencia. El texto plantea la creación de una dirección de inteligencia nacional y fija como objetivo "una reforma integral de la seguridad federal, ya que sus efectos inmediatos motorizarán la eliminación de los nichos de corrupción y la connivencia entre el poder político, la policía y la delincuencia, mejorando la efectividad de las acciones preventivas e investigativas". Los dos primeros artículos ya son de por sí explosivos: "1°) Derógase la ley de creación de la Agencia Federal de Investigación (AFI) 27.126", y 2°) "Derógase la ley de inteligencia 25.520 y sus modificatorias".
Sólo si se libra y se gana el combate contra los molinos de viento de la burocracia mal entendida puede diferenciar a un gobierno corporativo de uno que no lo es. Macri tiene la ventaja de que, por ahora, según las encuestas que Marcos Peña reparte para tranquilizar a los ministros, una mayoría de la población pone estas asignaturas por delante de cuestiones más elementales, como la situación económica. Pero no está tan claro ni el plazo de este orden de prioridades ni que el jefe del Estado esté realmente dispuesto a encararlo, tal vez porque hacerlo significará en ocasiones pelear contra su propio entorno.
Es cierto que abundan los malpensados y eso lo obligará a sobreactuar. Macri ya tuvo que aceptar que, pese a los pedidos que transmitió desde Colombia a dirigentes peronistas afines durante su última visita oficial a ese país, la ley de blanqueo excluyera a cónyuges, padres e hijos menores emancipados de presidente y vice, ministros, altos funcionarios, jueces y legisladores.
Son dilemas a los que lo expondrán siempre, como pasó en Chile con Piñera, sus orígenes empresariales. Aunque esa circunstancia incluya aquí una paradoja: el sector industrial, el de su padre, se ha convertido en el depositario de su mayor desconfianza. "Los conozco bien", suele decir sobre directivos fabriles a quienes acusa de prebendarios y que, para devolverle la gentileza, lo ven como constructor representante de la "patria contratista". Por eso no sorprende que su relación con la Unión Industrial Argentina haya entrado en una etapa de frialdad.
Se percibió el martes, cuando en la reunión interna de la entidad salieron el tema del aumento de las importaciones y objeciones hacia las compras puerta a puerta, que los empresarios juzgan como "medida inoportuna que nadie estaba pidiendo". ¿O fue en realidad un mensaje del Gobierno hacia todos ellos? Alfonso Prat-Gay les contestó al día siguiente en un seminario del hotel Alvear: "El empresariado local tiene que saber que hay un plazo de cuatro años para hacer dieta y gimnasia, y prepararse porque después vendrán los Juegos Olímpicos y tendrán que competir con el mundo", dijo. El texto de esas declaraciones circulaba anteayer entre industriales por WhatsApp. "Sin palabras", concluía uno de esos mensajes.
Estos desencuentros no llegan por ahora al nivel de una confrontación deliberada. Es probable, por ejemplo, que muchas compañías accedan al pedido de respaldo que el Gobierno les está haciendo para el Foro de Inversiones del mes próximo. Entre 250.000 y un millón de dólares el sponsoreo. A lo sumo, los empresarios dirán en voz alta que, más allá del tipo de cambio, el Estado tiene también mucho por hacer en cuestiones de competitividad fabril, como bajar la carga tributaria o mejorar la infraestructura.
Es un contrapunto que está apenas empezando y que incluye la creencia gubernamental de que no habrá protección eterna porque, para subsistir, algunos deberán reconvertirse. Lo deslizó, como al pasar, el jefe de la AFIP en su exposición de anteayer en aquel subsuelo de incrédulos aduaneros. "Los empresarios me piden sólo bajas impositivas, yo les pido una contrapartida y mayor creatividad: así, en otros países surgió Nokia". Toda una cosmovisión dirigida a ámbitos corporativos donde no está claro cuál es la víscera más sensible, si el bolsillo o el pasado.