El miedo a ser ilegalizada ha motivado que la Fundación Francisco Franco (FNFF) haya abandonado sus fundamentos originales para incluir una modificación estatutaria que le permita burlar la directriz de extinción que el Gobierno pretende llevar a cabo en los próximos días.
El subterfugio empleado es la inclusión de una declaración por la que asegura que, a partir de ahora, actuará con el "máximo respeto a las víctimas de cualquier significación del periodo histórico de España entre 1931 y 1977".
Según ha adelantado Servimedia, la FNFF estima que este maquillaje estatutario puede servir como "blindaje legal frente a la Ley de Memoria Democrática" y frenar así su ilegalización. Una extinción inminente anunciada este viernes por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, al entender que "un espacio, un lugar, rememora, homenajea, vanagloria a alguien que fue represor, no tiene ningún sentido dentro de la democracia"
Sin embargo, la FNFF dice en su artículo que en una democracia "prevalece la consideración de las ideas, vengan de donde vengan, en libertad y con respeto a quien piense de modo distinto".
El pasado mes de febrero, el propio Torres avanzaba que el Gobierno hará "lo que tenga que hacer" para ilegalizar esta fundación, aunque evitaba concretar fechas de cuándo se va a producir. Al ser preguntado por los cambios que está llevando a cabo la fundación para intentar adaptarse a la ley de Memoria Democrática, Torres cree que "no" van a poder esquivar la norma.
Durante una entrevista en la Cadena Ser, Torres ha puesto fecha a los próximos pasos que dará el Gobierno en materia de Memoria Democrática, en concreto, será el próximo martes 23 cuando su ministerio lleve al Consejo de Ministros la composición de tres comisiones y otras medidas relacionadas con el Valle de Cuelgamuros, más popularmente conocido como Valle de los Caídos.