En una reciente operación, la Fiscalía General de la Nación llevó a cabo los allanamientos de la vivienda y el despacho judicial del juez Juan Carlos Campo Fernández, en Cúcuta, por presuntamente solicitar una coima de seiscientos millones de pesos para modificar un proceso judicial.
Durante las intervenciones se incautaron recibos de pagos, equipos informáticos y expedientes judiciales que podrían mostrar irregularidades en su manejo. Este caso ha generado un considerable revuelo, revelando diferentes hechos de corrupción dentro del sistema judicial colombiano.
Las investigaciones señalan que Campo Fernández habría intentado influir en un proceso de extinción de dominio a cambio del mencionado monto de dinero.
Según información revelada por La W, en la residencia del juez se localizaron varias evidencias que sustentarían esta acusación, incluyendo consignaciones monetarias de 17 millones de pesos, entre otras cifras, así como material procesal y equipos que apuntan a la magnitud del caso.
Los allanamientos resultaron además en el descubrimiento de 42 expedientes híbridos en el juzgado, los cuales no estarían debidamente justificados y a los cuales solo el juez tenía acceso aparentemente.
Esta indagación comenzó varios meses atrás por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, desembocando en la captura de Campo Fernández en Bucaramanga por parte del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Gaula Militar. Al momento de su detención, al magistrado se le encontraron 50 millones de pesos, que formarían parte de la suma exigida. La fiscalía le imputa cargos por el delito de concusión, habiendo sido sujeto a medida de aseguramiento en residencia.
Este escándalo muestra no solo las presuntas acciones corruptas de una persona dentro de la justicia colombiana, sino también la determinación de las autoridades por depurar el sistema y reinstaurar un sentido de integridad y transparencia. La comunidad espera atenta el desarrollo de este caso, que sin duda marcará un precedente en la lucha contra la corrupción en el país.
Corrupción judicial: Fiscalía investiga a juez por concusión en Cúcuta y logró casa por cárcel
El 1 de abril de 2024, el juez de extinción de derecho de dominio, Juan Carlos Campo Fernández, fue cobijado por la medida de casa por cárcel tras ser investigado por presunta corrupción. El magistrado fue acusado de solicitar una suma de $600 millones con el objetivo de favorecer a un ciudadano en un proceso judicial en Cúcuta.
La Fiscalía fue fundamental en la imposición de esta medida preventiva, mientras continúan las investigaciones en torno a las acciones del juez.
De acuerdo con la Fiscalía, las evidencias recogidas señalan que Campo Fernández habría mantenido conversaciones y reuniones con el fin de negociar la sentencia judicial. Se detalló que el juez sostuvo intercambios no solo telefónicos sino también presenciales, involucrando a un abogado y a un ciudadano implicado en procesos de extinción de dominio.
"La investigación evidenció que el procesado, al parecer, sostuvo varias conversaciones telefónicas, y al menos dos reuniones presenciales con un abogado, y una con un ciudadano contra quien se adelanta un proceso de extinción del derecho de dominio", dijo la Fiscalía por medio de un comunicado.
Estas acciones llevaron a las autoridades a la imputación del delito de concusión, reflejando una clara desviación de las responsabilidades inherentes a su cargo. Campo Fernández, sin embargo, optó por no aceptar los cargos presentados en su contra.
La trama de corrupción se desvela con más detalles al conocerse que se exigió un pago inicial del 50% del total acordado al momento de presentar la solicitud relacionada con el proceso judicial. Este acuerdo se completaría con el saldo restante tras emitirse el fallo esperado.
Según se relató el juez Campo Fernández solicitó un adelanto de $50 millones, cantidad que fue confiscada durante su captura en Bucaramanga el pasado fin de semana. Este caso añade una capa de complejidad a la ya retadora tarea de mantener la integridad dentro del sistema judicial colombiano, al tiempo que destaca los esfuerzos de las autoridades por erradicar la corrupción en sus filas.