La cascada de gravísimas irregularidades que OKDIARIO está revelando estos días y que afectan a la contratación por emergencia de mascarillas y demás mercancía sanitaria por parte del IB-Salut en tiempos de la pandemia ponen de relieve que la trama Koldo, vinculada a la otrora mano derecha del ex ministro José Luis Ábalos y cuya causa ha sido incoada por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Europea, podría ser sólo la punta del iceberg de un escándalo mucho mayor que podría afectar a otros suministradores, en su mayoría chinos, advenedizos en la fabricación de material sanitario.
Nada menos que 37 millones en mascarillas, guantes y buzos fueron adjudicados por emergencia por parte del IB-Salut a proveedores chinos que no tenían experiencia en fabricar material sanitario, ni tampoco habían contratado con la Administración española antes del estado de alarma. Estamos hablando de un rosario de contratos de una cuantía diez veces mayor que los 3,7 millones abonados por el millón y medio de las mascarillas FFP2 defectuosas a la empresa Soluciones de Gestión y Ayuda a Empresas. Uno de estos fabricantes chinos ni siquiera estaba acreditado como empresa.
A día de hoy no cabe ninguna duda de la nefasta gestión de los anteriores responsables del IB-Salut y de la Consejería de Salud al abusar de la tramitación de emergencia de cuyos riesgos estaban más que advertidos, entre otros, pagar un sobreprecio al no adecuarse a los precios de mercado y la posible entrega de material defectuoso.
Las numerosas quejas del personal sanitario del hospital de Can Misses en abril de 2020 por la mala calidad de las mascarillas dispensadas por el IB-Salut, antes de que las fábricas chinas -auténticas advenedizas en la manufactura de mascarillas- hubieran podido adaptarse a la normativa exigida por el gobierno chino de cumplir con los estándares de calidad internacionales, apuntan a que parte de las mascarillas distribuidas en los centros sanitarios de Baleares en abril de 2020 podrían haber sido defectuosas. Y no se trata de las mismas mascarillas fake de la trama Koldo puesto que éstas fueron recepcionadas por el IB-Salut el 29 de abril.
En cuanto al daño infligido a las arcas públicas al contratar una aerolínea que carecía de los permisos para operar en China y cuyos aviones para el transporte del material a Palma tuvieron que ser sustituidos a última hora por aviones de Air Europa, todavía estamos esperando una cuantificación del quebranto ocasionado por el director del IB-Salut.
OKDIARIO estimaba el daño ocasionado en casi medio millón de euros, que seguramente se quedan cortos si consideramos que la única ventaja de la tramitación de emergencia, el acortamiento de los plazos de entrega del material, se esfumó porque la mercancía quedó varada en el aeropuerto de Shanghai y llegó a Mallorca varias semanas después de lo previsto.
Por si fuera poco, los antiguos responsables del IB-Salut se enfrentan a un posible delito de prevaricación administrativa al contratar a empresas ajenas al sector y desconocidas para el IB-Salut, sin contrato o con contrato formalizado a posteriori de la compra, unas prácticas manifiestamente ilegales a la vista de la primera de las sentencias del caso Koldo en la que se deja meridianamente claro que la tramitación de emergencia no exime de cumplir un mínimo de requisitos ineludibles, requisitos que el entonces director del IB-Salut, Juli Fuster, incumplió pese a la cobertura desquiciada que le proporcionó la Abogada de la Comunidad, Lourdes Aguiló, alegando en una interpretación sui generis de derecho alternativo que la adjudicación por emergencia no precisaba siquiera de los contratos con los proveedores, conformándose a veces con una sola factura de varios millones de euros por todo expediente.
A la vista de todas estas dudas que nadie del IB-Salut ha disipado de momento y que se ven alimentadas al reproducirse el modus operandi de las adjudicaciones irregulares del Ministerio de Sanidad del catalán Salvador Illa, se hace imprescindible que la comisión de investigación creada en el Parlamento balear extienda su radio de acción y no se limite estrictamente a indagar el caso Koldo, sino también todas y cada una de las adjudicaciones que se tramitaron por vía de emergencia durante la pandemia.
El caso Koldo sólo podría ser la punta del iceberg. Esperemos que no se convierta en la coartada para poner el freno de mano y rechazar así una investigación más amplia y exhaustiva de estas adjudicaciones tramitadas por vía de emergencia, ni tampoco en una cortina de humo para un control de daños asumible para el PSIB y sus aliados a su izquierda.