El Gobierno de Pedro Sánchez da un nuevo volantazo y tras constatar, como adelantó OKDIARIO, que no pueden ilegalizar la Fundación Francisco Franco, ahora prepara otro plan para, en su lugar, impulsar la «extinción» de esa fundación desde el Protectorado de Fundaciones, que depende del Ministerio de Cultura. El Ejecutivo tenía previsto acometer una modificación legal de la Ley de Asociaciones desde el Ministerio del Interior para fulminar esa organización en recuerdo al dictador Franco, pero ese propósito ha desaparecido del plan legislativo para 2024. En Moncloa consideran que supondría problemas legales porque iría en contra del derecho de asociación, blindado en la Constitución española.
Seis años después de su promesa de aniquilar la Fundación Francisco Franco, el Ejecutivo no ha iniciado aún ningún trámite. Mientras, amparan a entidades como la Fundación Largo Caballero, el sanguinario socialista conocido como el Lenin español. Si finalmente los tribunales avalan la extinción de la fundación que pretende el Gobierno, se podría abrir una nueva con el mismo espíritu. Este cambio del Ejecutivo ha provocado malestar entre los colectivos republicanos, que defienden la desaparición total.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha declarado este viernes, tras las informaciones de este periódico, que la Fundación Francisco Franco está en sus «últimos días», aunque ha reconocidos que el Gobierno no pretende ilegalizarla, sino «extinguirla». Torres ha explicado, midiendo al milímetro sus palabras, que no tiene sentido, dentro de la democracia, que una entidad «rememore, homenajee o enaltezca a alguien que fue un represor».
El ministro ha evitado dar plazos concretos para no incumplir un nuevo compromiso.
Sin plazos concretos
Preguntado sobre los cambios en los estatutos de la fundación para asegurar que no se humille a las víctimas del franquismo en sus actividades, Torres ha considerado que no podrá eludir la Ley de Memoria Democrática.
Por otra parte, también en relación al franquismo, el Gobierno sí se ha fijado otra prioridad: sacar a los monjes benedictinos de la Abadía del Valle de los Caídos. Según ha explicado Torres en la Cadena SER, su ministerio llevará al Consejo de Ministros del 23 de abril la creación de tres comisiones y otras medidas relacionadas con el Valle de los Caídos.
Ayudas a descendientes
Entre las comisiones que se presentarán al próximo Consejo se incluye la de reparación económica para los familiares de las víctimas del bando republicano, ya que, según Torres, no recibió compensación. El ministro ha destacado que mientras los caídos del bando nacional eran entregados a sus familias con identificación individual, los del bando republicano eran extraídos de fosas comunes y nunca se informaba a sus familiares. También se creará otro grupo de trabajo para la restauración del pueblo gitano.