La crisis en La Guajira ha sido una de las problemáticas que, en un principio, el Gobierno nacional tuvo entre ojos, incluso, fue el primer departamento al que se llevó su propuesta de Gobernar desde la región, con todo su gabinete ministerial.
Sin embargo, los esfuerzos se han visto empañados por la improvisación, presunta corrupción, y fallos en contra de algunos decretos con los que se planteaba abordar la crisis que ha enfrentado por años el mencionado departamento.
En ese contexto, en la mañana del jueves 25 de abril, tanto el presidente José Fernando Reyes Cuartas, como el vicepresidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar, hicieron reparos a la gestión del Gobierno en la atención, no solo de las necesidades básicas que tienen algunas comunidades del departamento, sino también a la crisis carcelaria en el país.
"Para que los concernidos a cumplir esas sentencias entiendan que la Corte está vigilante y que, inclusive, estamos pensando en desacato, es decir, la Corte se está tomando en serio este asunto. No podemos seguir que los niños y niñas de La Guajira se mueran de física hambre o por temas de salud, lo propio de las cárceles. En la sentencia se han dado términos perentorios para que no hubiera personas condenadas en los Centros Transitorios de Detención (CTD), y han pasado muchos meses en que no tenemos noticia cierta y efectiva de que eso se ha cumplido", aseguró el magistrado Reyes durante una rueda de prensa.
Es de destacar que la Corte Constitucional enfrenta dos situaciones de estado de cosas inconstitucional que se declararon en 2018. A pesar del tiempo y las órdenes dictadas, afirmaron que no se han implementado las estrategias adecuadas por parte de las autoridades pertinentes para remediar dichas circunstancias que afectan la población guajira y la carcelaria del país.
En su momento, integrantes del máximo tribunal visitaron 21 comunidades de la Media y Alta Guajira para corroborar el acatamiento de los fallos dirigidos a salvaguardar la comunidad wayuu, pero señalaron "graves inconvenientes" respecto al cumplimiento de estas órdenes, por ello han realizado los reparos al Gobierno para tomar medidas efectivas.
Por su parte, el vicepresidente del alto tribunal explicó las decisiones que se tomaron para afrontar una de las emergencias, la carcelaria: "Las autoridades públicas están obligadas a rediseñar una política para garantizar los procesos de resocialización con énfasis principal en el trabajo. Otra sentencia que tiene como finalidad garantizar principalmente los derechos de la población privada de la libertad en centros de detención carcelaria y transitoria. Esta última sentencia, la Corte ha verificado que a pesar de que en las órdenes proferidas por la Corte que extendió la declaratoria del Estado de Cosas Inconstitucional a un centro de detención transitoria, todavía persiste una tragedia humanitaria".
La Corte afirmó que esto es una muestra de falta de voluntad política y, en el caso de las cárceles del país, existe una "violación masiva y sistemática", además del hacinamiento que en algunos casos supera el 4.000%.
De otro lado, a esta crítica también se ha sumado la Procuraduría General de la Nación,
que enfatizó que, "no hay una estrategia. Hay una cantidad de acciones importantes, pero dispersas, en la que los actores relevantes no hablan con suficiente frecuencia y no se ponen de acuerdo sobre la priorización de la estrategia".
Luego de conocerse los pronunciamientos de la Corte, el presidente Gustavo Petro, sin mencionar al alto tribunal, reveló que en La Guajira ha habido un descenso del 62% en casos de mortalidad infantil:
"Este es el descenso de la mortalidad infantil en la Guajira, que hemos logrado. Más de un 62% de descenso", escribió el mandatario, vía X.