Amenazas, hostigamientos, agresiones físicas y psicológicas contra periodistas anteceden los meses de campaña en Venezuela
La ONG Un Mundo Sin Mordaza recopiló una base de datos con 381 denuncias registradas por distintas organizaciones aliadas como Espacio Público, Sala 58, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa y el Colegio Nacional de Periodistas, entre otras.
El estudio evaluó el cumplimiento de las obligaciones estatales de respetar, garantizar, asegurar, cooperar, promover y adoptar medidas internas para salvaguardar la libertad de expresión y acceso a la información, utilizando indicadores basados en los lineamientos internacionales de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para la investigación en DDHH.
Obligación de respeto gravemente incumplida
En cuanto al respeto, se registraron 33 detenciones arbitrarias por parte del Ministerio Público, en un 75,8% contra civiles y un 24,2% contra trabajadores de prensa. Un patrón identificado fue despojarlos de dispositivos y obligarlos a borrar contenidos críticos antes de liberarlos, en una clara práctica de censura.
Asimismo, se documentaron 118 casos de amenazas, hostigamientos y agresiones físicas y psicológicas contra periodistas y ciudadanos que ejercían su derecho a la libre expresión, en su mayoría (86,4%) dirigidas contra trabajadores de prensa. Las modalidades incluyeron intimidaciones y campañas de descredito en redes sociales por parte de funcionarios públicos, persecuciones, confiscación de equipos, entre otras graves acciones.
En los medios de comunicación tradicionales se registraron 22 casos de arbitrarias sanciones administrativas por parte de CONATEL, cierres forzados de programas críticos al gobierno, confiscación ilegal de equipos y censura intencional, afectando principalmente a radioemisoras comunitarias e independientes. Mientras que en el entorno digital se documentaron 12 casos de bloqueos de portales web y redes sociales de medios a través de distintos métodos de restricción.
Graves fallas impiden garantizar efectivamente el derecho
Sobre las obligaciones de garantía y aseguramiento del derecho a la libertad de expresión, el informe destaca las graves deficiencias en la prestación de servicios públicos básicos que obstaculizan de manera determinante su ejercicio efectivo. Se documentaron 44 casos de prolongados cortes y fallas en los servicios eléctricos y de conexión a internet en distintas regiones del país, principalmente por las fallas recurrentes en las empresas estatales CANTV y CORPOELEC.
Además, se evidenció el uso sistemático y desproporcionado de la fuerza pública para reprimir las 4.351 protestas pacíficas registradas en el primer semestre de 2023, lo cual constituye una violación flagrante al derecho de expresión y reunión.
Incumplimiento de cooperación internacional
En relación a las obligaciones de cooperación internacional, promoción y adopción de medidas legislativas y políticas públicas efectivas, el informe señala que Venezuela mantiene un pésimo estatus en los principales rankings internacionales de libertades.
Ocupa la polémica posición 159 de 180 países evaluados en el índice de libertad de prensa 2023 elaborado por Reporteros Sin Fronteras. Mientras que las calificaciones otorgadas por Freedom House ubican al país con bajas puntuaciones de 29/100 en libertad de internet y 15/100 en libertades generales.
Se denuncia además que el Estado venezolano ha hecho caso omiso sistemático a todas las recomendaciones y llamados emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y otros organismos internacionales sobre la necesidad de garantizar el libre ejercicio de la libertad de expresión y acceso a la información. Tampoco ha permitido el ingreso de misiones independientes de verificación en los últimos 5 años.
Caso electoral del 22-O evidencia censura y obstrucción informativa El informe dedica una sección especial para documentar las graves violaciones a la libertad de expresión y acceso a la información pública ocurridas durante las elecciones primarias opositoras realizadas el 22 de octubre de 2023 en Venezuela.
Se constató una cobertura mediática abiertamente desproporcionada y sesgada en los principales medios de comunicación públicos y privados durante los meses previos al proceso electoral.
Mientras las opciones oficialistas acapararon el 82,5% del tiempo y espacios, la visibilidad de los candidatos opositores se limitó a un escaso 17,5%.
El mismo día de las votaciones primarias, los principales canales de televisión abierta y medios estatales ignoraron por completo este hecho de trascendental interés nacional, omitiendo cualquier tipo de cobertura informativa sobre el desarrollo del proceso comicial opositor.
Asimismo, se registraron graves obstáculos y bloqueos de portales web, redes sociales y plataformas digitales que intentaban realizar una cobertura alternativa del evento electoral. Sumado a prolongados cortes de los servicios públicos de internet y energía eléctrica en distintas zonas, lo cual dificulta el flujo de información.
El Informe Anual de Libertad de Expresión 2023 de Un Mundo Sin Mordaza representa un urgente llamado de atención sobre la gravísima y sistemática crisis que atraviesa este derecho fundamental en Venezuela. El exhaustivo monitoreo y la data recopilada evidencian un patrón estructural de violaciones, políticas represivas, censura, bloqueos y obstrucción al libre flujo informativo por parte de los cuerpos de seguridad e instancias gubernamentales.
Se denuncia la ausencia de una verdadera voluntad política del Estado venezolano para dar cumplimiento a sus obligaciones constitucionales y compromisos internacionales sobre garantizar, respetar y promover el ejercicio pleno de las libertades de expresión, prensa y acceso a la información pública por parte de toda la sociedad venezolana.
El informe insta a las autoridades a adoptar medidas contundentes e inmediatas para revertir esta crítica situación, en línea con los estándares interamericanos e internacionales sobre la materia. Entre ellas, cesar todo tipo de hostigamiento y persecución contra periodistas y medios; investigar y sancionar los casos de agresiones y detenciones arbitrarias; reformar el marco legal restrictivo; y promover una cultura de tolerancia, pluralismo y respeto a estos derechos democráticos fundamentales.