Sobrepoblación de conejos
La Generalitat ha activado de nuevo la emergencia cinegética por la plaga de conejos que daña cultivos en las comarcas del llano de Lleida. Se puso en marcha el martes con su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat, se prolongará hasta el 30 de abril de 2025 y establece como objetivo inicial capturar más de 300.000 ejemplares para frenar la proliferación de esta especie. En esta ocasión abarca una superficie muy superior a la anterior: un total de 5.194 kilómetros cuadrados, frente a los 1.889 de la de 2023. Esta extensión incluye casi la totalidad del Segrià, Les Garrigues, la Noguera, el Pla d'Urgell, el Urgell y la Segarra. La declaración de emergencia cinegética permite la caza de conejos durante todo el año en la zona afectada, faculta a la administración catalana a establecer objetivos de capturas para cada coto y le autoriza a intervenir de forma subsidiaria en aquellos donde los cazadores no los cumplan. También ampara medidas extraordinarias como cacerías nocturnas a cargo de los Agentes Rurales. La resolución de la Generalitat incluye un total de 289 áreas de caza, de las cuales 94 tienen establecidos objetivos específicos de capturas para cada una de ellas que deberán cumplir para diciembre de este año. Esta situación extraordinaria de permiso de caza es absolutamente necesaria porque solo hace falta darse una vuelta por los campos para comprobar los destrozos y pérdidas que causa la sobrepoblación de estos animales en cultivos de cereal, frutales, viñedos u olivares. El malestar y crispación de los agricultores es más que comprensible y todas las medidas para controlar, prevenir o erradicar estas plagas son absolutamente necesarias. Uso indebido de la JusticiaEl juez Vicente Ríos, titular del Juzgado de Instrucción número 15 de València, dictó este martes un auto que decretó el sobreseimiento provisional de la causa que investigaba a Mónica Oltra por la gestión de su departamento en relación con los abusos de su exmarido, el educador Luis R. I., a una menor tutelada. Este archivo es un caso más de lawfare (uso indebido de los recursos legales con fines políticos, con el objetivo de debilitar a un oponente) de los muchos que hemos vivido en los últimos años. No existía ni un solo indicio que permitiera a un juez abrir causa contra la exvicepresidenta de la Comunidad Valenciana y líder de Compromís, como no los había contra la cúpula de los Mossos de Lleida en 2017, ni contra los maestros de un colegio de La Seu por delito de odio contra hijos de agentes de la Guardia Civil, ni tampoco contra el exalcalde de la capital del Alt Urgell Albert Batalla, citando solo casos de Lleida archivados, de una larga lista del uso partidista y político de la Justicia.