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Estado
domingo, 07 abril 2024 | 09:32
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Chihuahua, Chih.- En las últimas cuatro administraciones estatales, el Poder Judicial ha sido el objeto de 13 reformas constitucionales, que representan el 10 por ciento del total de modificaciones realizadas a la máxima norma de la entidad en toda su historia.
En las últimas administraciones, las reformas han estado orientadas a modificar los mecanismos para la elección de los magistrados que integran el pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, renglón que ahora es discutido en una nueva propuesta que hasta la fecha no ha alcanzado la mayoría calificada de votos en el Congreso del Estado.
La reforma judicial que está en curso busca, entre otras cosas, modificar el modelo de designación de magistrados; estaba prevista su discusión, tras la emisión de un dictamen favorable de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, el pasado miércoles, pero el asunto no fue enlistado en la sesión de ese día y se pospuso, por la falta de consenso entre las fuerzas políticas.
Esta reforma, como todas las que se realizan a la Constitución Política del Estado, requiere de la aprobación de dos tercios o más de los diputados integrantes de la legislatura, es decir, un mínimo de 22 votos de los legisladores estatales.
De esta forma, se han realizado desde 2006 las modificaciones a la máxima norma estatal, para establecer diferentes disposiciones, en su mayoría promovidas desde el Poder Ejecutivo, en acuerdo con los magistrados que conforman el Poder Judicial.
Según el registro histórico de reformas constitucionales en el archivo del Congreso del Estado, que consigna 137 modificaciones desde 1950 a la fecha, en el gobierno de José Reyes Baeza (2004-2010), fueron realizados tres cambios constitucionales relacionados con el Poder Judicial, uno en 2006, otro en 2007 y uno más en el año 2010, cuando estaba por culminar el sexenio.
La primera de las reformas en esa administración fue para modificar algunos aspectos del sistema de justicia que abarcaron desde la entonces Procuraduría hasta el llamado Supremo Tribunal de Justicia, así como normar el funcionamiento en pleno del mismo.
Otra reforma fue para definir aspectos para la reelección o destitución de los magistrados, así como el establecimiento de la ratificación; y una última en ese periodo fue para crear la figura del Fiscal General del Estado; así como sentar las bases legales para las reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley Orgánica del Poder Judicial y diversos ordenamientos estatales.
Ya en la administración de César Duarte (2010-2016)fueron seis las reformas constitucionales relacionadas con el Poder Judicial. En 2013 fue creada una nueva Sala de Control Constitucional; en 2014 se ampliaron las facultades yse creó una mayor estructrura para atender justicia alternativa, justicia para adolescentes y mecanismos para sustitución y designación de magistrados.
En el año 2013 una nueva reforma obligó al Poder Judicial a realizar una entregarecepción de los funcionarios al término de una administración, gestión, empleo, cargo o comisión, que antes era obligatoria únicamente para el Poder Ejecutivo.
En 2015, vino el cambio en la denominación del Supremo Tribunal de Justicia del Estado para quedar como Tribunal Superior de Justicia del Estado; y otra modificación para que el Poder Judicial, en el ejercicio de sus atribuciones, diera más apertura y transparencia a su función, con la colaboración y participación de los ciudadanos en el quehacer gubernamental.
Al final del periodo, otra reforma creó al Consejo de la Judicatura del Estado, encargado de las funciones relativas al régimen de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial.
En la administración de Javier Corral (2016-2021, la única de cinco años por modificación constitucional para empatar el periodo con las elecciones federales), otra reforma al Poder Judicial cambió al Consejo de la Judicatura en su reglamentación, además de que adecuó la designación de los jueces, para dar paso a un proceso de relevos en la primera instancia de la justicia.
En 2018, el Congreso del Estado debió reformar de nueva cuenta la máxima norma estatal para dar cumplimiento a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que invalidó una parte de la reforma previa realizada al comienzo del gobierno de Corral Jurado.
Finalmente, fue aprobada una modificación más de diversos artículos de la Constitución Política del Estado a efecto de establecer la aplicación de la paridad de género en el Poder Judicial.
En la actual administración de Maru Campos, sólo una reforma constitucional ha tocado a la judicatura en el año 2022, respecto al procedimiento de selección de magistradas y magistrados, así como para fortalecer y democratizar los trabajos del Consejo de la Judicatura del Estado.
Dicha reforma eliminó los exámenes de oposición en el proceso de designación de magistrados y el planteamiento actual busca implementarlos de nuevo, además de crear un modelo de nombramientos con la participación regulada de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
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