En medio del conflicto por la renuncia de Belocopitt, el vocero presidencial,
Manuel Adorni, aseguró este miércoles que las obras sociales y prepagas retrotaerán los aumentos de sus cuotas al valor de diciembre de 2023 y desde ahí se actualizarán en base a la inflación.
El vocero que el Ministerio de Economía dictó una "medida de cautela anticipada" y que las principales empresas deberán "retrotraer el valor de sus cuotas a diciembre de 2023 ajustadas desde allí por el Índice de Precios al Consumidor".
Adorni explicó que la decisión se tomó tras una denuncia por presunta cartelización y señaló que la Superintendencia de Salud presentará
una medida cautelar para obligar a las empresas a retrotraer el valor de las cuotas y "devolver el monto por encima de la inflación que cobraron desde diciembre". "Mientras no exista la presunción de cartelización pueden hacer lo que gusten", dijo el vocero ante la pregunta sobre si este mismo tipo de política puede aplicarse a otras empresas, como las de telecomunicaciones.
Así, luego de desregular los precios de las prepagas a través del DNU vigente 70/2023, el Ejecutivo da marcha atrás con los precios de las prepagas a diciembre del año pasado debido a las subas que ya promedian un 165% en lo que va del año. Al respecto, Adorni aclaró que "
el DNU no invita a cometer ilegalidades, invita a actuar en libertad, no a cartelizarse". "Nosotros promovemos la libertad de mercado", insistió.
Según informó el Gobierno nacional a través de un comunicado oficial, "en el marco de una investigación por presuntas conductas anticompetitivas iniciada a mediados de enero de este año, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) determinó que e
xisten indicios múltiples de un acuerdo colusivo entre las principales empresas de medicina prepaga del país".
"Asimismo,
las compañías de medicina prepaga deberán presentar información a la CNDC sobre precios nominales de cada plan de salud ofrecido, ingresos obtenidos por cada plan de salud y cantidad de afiliados en cada uno de los planes", sostuvo la normativa.
Por lo que, ahora, las compañías de medicina están obligadas a informar y brindar datos sobre sus precios y actualizaciones, sumado a la obligación de publicar en un plazo de 10 días hábiles "el texto completo de la medida de tutela anticipada en sus respectivos sitios web".