Las 10.000 nuevas Viviendas de Protección Oficial (VPO) que incluye el Plan Vive del Gobierno valenciano del popular Carlos Mazón albergarán a 24.600 valencianos y generarán para su construcción un total de 74.000 empleos directos e indirectos. Esas futuras viviendas supondrán una inversión total de 7.326 millones de euros y tendrá un impacto equivalente al 2% del Producto Interior Bruto de la Comunidad Valenciana. Además, generará un incremento cifrado en 487 millones de euros en recaudación directa a través del Impuesto sobre el Valor Añadido, lo que comúnmente se conoce como el IVA.
Toda la estrategia de vivienda del Gobierno valenciano se completará, además, con lo nuevos avales para jóvenes que actualmente ultima la Consejería de Hacienda, que dirige la también consejera portavoz Ruth Merino. Esos avales cubrirán hasta el 95% del precio de la vivienda.
Estas VPO se pondrán en marcha mediante una sencilla receta, que incluye la movilización de suelo público disponible y la colaboración público-privada.
El plan ha sido presentado este martes en el Palau de la Generalitat Valenciana. Y el gran impulsor de esta iniciativa, que lleva fraguando ya desde su etapa en la oposición, el presidente del Gobierno valenciano Carlos Mazón, no sólo ha destacado que se trata de una iniciativa especialmente dirigida a las familias y a los jóvenes, sino que también ha criticado la «ineficaz» política de vivienda del Ejecutivo de su antecesor, el socialista Ximo Puig.
«Eficacia» frente al «colapso» de Ximo Puig
Mazón ha explicado que esa política de vivienda del Gobierno de Ximo Puig provocó un «colapso» del parque publico de vivienda, inseguridad jurídica y, lo más grave: un incremento de los precios del alquiler, cifrado en un 90,5%, y del de compra, de un 48%. Esa circunstancia «acrecentó la dificultad de acceso a la vivienda».
La presentación del Plan Vive Comunitat Valenciana ha incluido, también, la firma de un convenio de colaboración entre la propia Generalitat Valenciana y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) para el impulso y promoción de la vivienda pública en la Comunidad Valenciana.
El nuevo plan valenciano de vivienda pública se sustenta en tres ejes, que son: la seguridad jurídica, la cooperación entre administraciones y la colaboración público privada.
El primero, el de la seguridad jurídica, se sustenta sobre las iniciativas legales que el nuevo Ejecutivo de Mazón ha venido tomando desde julio de 2023. El segundo, el de la cooperación entre las administraciones, se fundamenta, además del convenio firmado este martes por la Generalitat y la FVMP, en un estudio efectuado por el Instituto Valenciano de Edificación del suelo público disponible en ayuntamientos valencianos de más de 10.000 habitantes, que arroja como resultados que podrían construirse más de 9.200 viviendas.
'Plan Vive': Viviendas por provincias y cronograma
De esas viviendas, 592 en la provincia de Castellón, 6.200 en la de Valencia, y 2.466 en la provincia de Alicante. Pero, además, se pondrán a disposición del plan solares para viviendas de protección pública de titularidad privada pendientes de desarrollar, que podrán alojar más de 4.000 viviendas.
Por lo que se refiere al cronograma para esas viviendas de protección oficial, entre este 2024 y 2026, se estipula un parque de 1.101 viviendas. Estas viviendas, mediante concurso de derecho de superficie, financiados con fodos europeos y capital privado destinados a alquiler asequible.
Otros 360 inmuebles procederán del proyecto del cuartel de ingenieros de Valencia para desarrollar vivienda asequible en ese mismo periodo 2024-2026 y con financiación de fondos europeos y privados.
Siguiendo con el bienio 2024-206, está prevista la ejecución de otras 685 viviendas mediante derecho de superficies y la rehabilitación, en este 2024 de 184 inmuebles más en el edificio La Torre, en Valencia.
Ya para el trienio 2024-2027, está prevista la rehabilitación de 600 viviendas con fondos del plan estatal, fondos europeos, de la Generalitat y de los ayuntamientos.
A todo ello, se agrega la creación de 6.000 viviendas en la legislatura actual mediante la modalidad de permuta, derecho de superficie o concesión administrativa sobre suelo público destinadas a alquiler, alquiler con opción a compra o compra precio de VPA (Vivienda de Protección Autonómica), que se construirán con financiación privada. Finalmente, otras 1.100 viviendas, que serán las resultantes de permutas a cambio de obra sobre suelo público.
Con todo ello, Carlos Mazón ha aseverado que «cumplimos nuestro compromiso de facilitar el acceso a la vivienda con una apuesta real, ambiciosa y sostenible».