Considerando el espacio y tiempo que les han dado en los medios de comunicación, parece que el problema más grave del Uruguay, la mayor amenaza contra el país, la mayor calamidad de los últimos tiempos, son los grafiteros.
Caras y Caretas Diario
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Mientras nos distraen con boludeces (si me dispensan el francés), cumplidos cuatro de los cinco mejores años de nuestras vidas tenemos 47.000 personas pobres más que en 2019.
La promesa del Gobierno de bajar el déficit fiscal no fue cumplida y el deterioro de las finanzas públicas puede afectar la credibilidad del Uruguay ante los inversores internacionales en el mediano plazo. La inversión social ha sido relegada ante el gasto para favorecer al círculo de empresarios amigos de la coalición y los privilegios de los gobernantes, a la vez que han hecho lo imposible para presupuestar a legiones de personas metidas a dedo en los organismos públicos nacionales y departamentales.
Como ya señalamos en notas anteriores, los senadores del Partido Nacional votaron negativamente el proyecto de Adrián Peña para ordenar y transparentar los ingresos de funcionarios públicos a las intendencias. Dicho proyecto fue presentado en la Cámara de Senadores pocos días antes de que el senador de 48 años perdiera la vida. La iniciativa sólo logró 20 votos en 28 senadores en sala, cuando necesitaba 21 para seguir el curso legislativo. Votaron a favor los 13 senadores del FA, los 4 del PC y los 3 de CA.
La excusa esgrimida por el exintendente de Cerro Largo y actual senador blanco, Sergio Botana, fue que la iniciativa era inconstitucional porque violentaba la autonomía de las intendencias.
Expertos en hallar excusas, ante la propuesta de reformar la Constitución para establecer el concurso como mecanismo de ingreso a las intendencias, los precandidatos del Partido Nacional, Álvaro Delgado y Laura Raffo, afirman que no es el mejor camino. A ver… La iniciativa de Peña no la apoyaron porque era inconstitucional; pero reformar la Constitución tampoco porque, como dijo Delgado: "No creo que los caminos sean plebiscitar todo y meter todo en la Constitución, y mucho menos en un año electoral, a meses de la elección".
Paralelamente, Raffo señaló: "No creo que todo tenga que solucionarse con modificaciones a la Constitución y con plebiscitos. Me parece que hay algunas cosas que se pueden solucionar con acuerdos parlamentarios". Sin embargo, no quisieron ningún acuerdo parlamentario.
En el colmo del cinismo, la precandidata agregó: "Cualquier ciudadano tiene que poder saber si a una persona la contrataron, para qué la contrataron y estar al servicio de la gente. Eso es fundamental para darle transparencia y darle eficiencia a la función pública". Sí, coincidimos; pero mientras ambos dicen cosas similares, su partido cierra filas para oponerse con uñas y dientes a cualquier intento de terminar con el clientelismo político.
Sin comprar voluntades con cargos o con promesas de acomodo, el Partido Nacional perdería la mayoría de las intendencias.
Según el informe de la Oficina Nacional de Servicio Civil, hay cinco intendencias que tienen casi el 100 % de los ingresos mediante designación directa y todas son del Partido Nacional. Casualmente, la intendencia que lidera el ranking de abusos de ingresos a dedo es la de Cerro Largo. Esos primeros cinco lugares de la lista corresponden a las intendencias de Cerro Largo (100 %), Río Negro (100 %), Tacuarembó (98 %), Lavalleja (97 %), y Artigas (93 %).
Las intendencias de San José, Montevideo, Canelones y Maldonado son las que tiene menos ingresos por designación directa; y si hablamos de los departamentos que tienen menos funcionarios con relación a su población, los tres primeros lugares los ocupan Montevideo, Canelones y San José, en ese orden. Como contrapartida, Río Negro, Flores y Treinta y Tres son los que tienen más.
Y mientras ellos acomodan a amigos y correligionarios a costa del erario (el dinero de todos), hay 165.000 compatriotas buscando trabajo desesperadamente, un millón de personas en el Clearing de Informes y en los últimos tres años creció 21 % el ingreso de niños y adolescentes al INAU "debido a la pobreza". La denuncia la hizo la directora de la institución en representación del Frente Amplio Natalia Argenzio, pero sin gran repercusión mediática, porque el problema del país son los grafiteros que afectan la propiedad privada.
Mientras ellos se llenan los bolsillos, el 14,6 % de los hogares en Uruguay tiene insuficiencia alimentaria moderada o grave.
La derecha nos empujó a hablar sobre los grafitis durante toda una semana y hasta llegaron a plantear el tema a Carolina Cosse y distorsionar sus palabras sobre la propiedad privada. No hay que caer en la agenda mediática tramposa del Gobierno.
Este Gobierno no va a solucionar el verdadero problema de nuestro país por una sencilla razón: el verdadero problema de nuestro país es este Gobierno.