El independentismo catalán dirá que es una cuestión de estricta coherencia política con su aspiración a la soberanía plena, pero la realidad es que las ventajas financieras de un régimen para Cataluña similar al de vascos y navarros son tan clamorosas, e indignantes, diría yo, para el resto, que justifican el órdago a la totalidad al que incita la "predisposición a la transigencia" del Gobierno de Sánchez.
Llevamos tanto tiempo conviviendo en la incoherencia de los privilegios de vascos y navarros que hemos terminado por acostumbrarnos. Nacieron con la democracia y están tan enquistados que, pese a ser una de las mayores rémoras contra la equidad del régimen surgido de la transición, no resulta habitual entre las reivindicaciones de quienes suelen levantar sus voces contra las "perversiones del régimen del 78". Se sigue prefiriendo mirar para otro lado ante la amenaza por desbordamiento de las siempre revueltas aguas del estado de las autonomías, especialmente cuando la estabilidad del gobierno de turno depende del voto interesado del nacionalismo insolidario. En el caso del actual es evidente por su endeblez extrema, pero también en anteriores, como el de Rajoy en 2016, cuando aceptó deducir 1.400 millones de euros del cupo vasco para asegurar el voto del PNV (que demandaba 1.600 en su litigio con el Estado) a los Presupuestos de 2017.
En teoría los conciertos con País Vasco y Navarra no deberían suponer ningún tipo de privilegio financiero, pero la realidad es que lo son. El gasto público per cápita presupuestado en 2023 por las comunidades autónomas ascendió a 5.404 euro. En Navarra a 8.690 y en País Vasco a 6.465, mientras que en Andalucía fue de 4.848 euros. Puede admitirse, aunque no en mi opinión, pero sí en la de algunos expertos, la regla de que el gasto público por habitante en dos de las regiones más ricas del país sea más elevado que la media, como establece el criterio de ordinalidad cuya implantación exigían hasta ahora los catalanes, pero resulta difícil de explicar que ambas disfruten de un saldo fiscal positivo con el Estado. En un estudio elaborado en 2012, FEDEA estimaba en 4.500 millones a la baja el resultado de la fórmula para la territorialización del IVA y para la valoración de las competencias no asumidas por País Vasco.
Los conciertos vasco y navarro permiten a ambas comunidades recaudar todos sus impuestos, con excepción del gravamen sobre importaciones, y administrarlos con notable autonomía, salvo en el caso del IVA. Una parte de lo recaudado, conocida como cupo vasco y aportación navarra, se transfiere al Estado en concepto de servicios recibidos por ciudadanos de esas comunidades, pero el resto se lo quedan. De esta forma se evita la contribución al siempre engorroso tema de la solidaridad interregional y se consigue un resultado muy favorable a sus intereses debido, por un lado, a que los servicios recibidos del Estado están infravalorados, además de desactualizada la fórmula utilizada para estimarlos, establecida en 1982, en base al peso relativo de la población en aquel año. Por otro, a que las cuentas sobre la parte de la recaudación por IVA que han de transferir al Estado son desconocidas.