El nuevo POUM de Tarragona, la hoja de ruta urbanística que debe vertebrar el crecimiento de la ciudad para las próximas décadas, ha entrado en una fase crucial para que su aprobación inicial pueda ser una realidad a principios del 2025.
El consistorio, que encabeza Rubén Viñuales (PSC), ha presentado las líneas generales de la propuesta técnica del nuevo plan de ordenación urbanística a los partidos con el convencimiento de que da respuesta a la cohesión de distintas zonas de la capital, gana en zonas verdes, invierte en progreso económico con el distrito tecnológico, uno de los pilares, además de dibujar una Tarragona transformada.
Fuentes de los partidos de la oposición consultadas han coincidido en que es un POUM de "grandes proyectos y transformaciones", pero precisamente por ello dan mucha a importancia a conocer con detalle cómo se financiará cada propuesta y qué costará porque no depende exclusivamente del Ayuntamiento. Tras conocerse el plan, ECP fue el más contundente al valorar que la nueva estación en la Horta Gran es "poco creíble", además de mostrar preocupación por el proyecto del polígono Francolí, que es una zona inundable.
Mientras ERC reivindica que el modelo presentado por los socialistas es el suyo, el resto de las formaciones también constatan, con un análisis aún preliminar, que es un POUM de buenas intenciones, aunque está por ver su ejecución y financiación. En este sentido, ante el margen de negociación que se abre ahora, tanto Junts como PP ven con buenos ojos el crecimiento por la zona de Llevant, con planteamientos para la Vall del Llorito, Mas d'en Sorder o la Budallera.
CIUDAD PARA VIVIR Y TRABAJAR
Otro factor clave del nuevo plan urbanístico es la oferta en viviendas que contempla. No en vano, en Tarragona, como en muchas ciudades, el problema de acceso a la vivienda es una realidad porque el ritmo de creación de los hogares es superior a la oferta, a lo que se suma el encarecimiento de los precios. De hecho, Tarragona ciudad ha visto como ha perdido fuelle en detrimento de otras poblaciones de su área de influencia, como son Salou o Cambrils, que han crecido en habitantes, muchos procedentes de la capital en busca de diversidad de oferta y mejores condiciones.
El POUM ha previsto de momento 22.618 viviendas, de las que un 60% son de protección oficial y el resto libre, para contrarrestar el déficit estructural que arrastraba la ciudad en vivienda social. Los partidos están estudiando la propuesta y el reparto ideado para cada barrio –la ley obliga a reservar un 30%–, ya que en algunas zonas este porcentaje se eleva al 50 o 60 y cuestionan que todos estos sectores puedan desarrollarse ante las dudas sobre su viabilidad económica. No invita al optimismo el precedente del anterior POUM, con el Área Residencial Estratégica del Pou Boronat, donde el 50% de las viviendas eran de protección pública, y donde los propietarios nunca se plantearon su desarrollo.
Todos estos factores se tendrán en cuenta en la fase que acaba de arrancar, en la que el Ayuntamiento tratará de buscar apoyos, consciente de que hay proyectos de envergadura que requerirán más negociación. Con todo, hay cierto consenso entre partidos y agentes sociales de que Tarragona, con el POUM de 2013 anulado por el Supremo, afronta ahora una fase decisiva para definir qué modelo de ciudad quiere ser y por ello urgen a dar pasos con garantías.