Se ha leído estos días que Sogepsa será 100% pública por razones de "agilidad", para evitar "limitaciones" y que se "avanza" en los objetivos, siendo un "éxito" asumir su deuda de 144 millones con dinero público y convertirse en accionista único de una empresa que como todos sabemos está quebrada desde hace años.
Todo ello no deja de ser el relato y argumentario para enmascarar la "hoja de ruta" de Sogepsa con la única razón de eludir la exigencia comunitaria de que actuase con transparencia y concurrencia competitiva con otras empresas del sector.
Esa "hoja de ruta" se inicia en 2012 con nuestra denuncia y la de expropiados de Bobes ante la Comisión Europea por vulnerar el Principado y Sogepsa el Derecho Comunitario relativo a la transparencia, publicidad, concurrencia competitiva, igualdad de trato y no discriminación. Es decir, las Directivas que pretenden proteger a los ciudadanos de las apetencias de la corrupción y proteger el uso eficiente y moral del dinero público.
La Comisión Europea abrió expediente de infracción sobre Principado/Sogepsa y obligó a modificar la legislación autonómica que otorgaba el privilegio de que los terrenos expropiados fuesen adjudicados por el Principado a dedo a Sogepsa.
Ante esa obligación, Principado/Sogepsa comienzan la búsqueda de la "ruta" para sortear la legislación comunitaria y la modificación obligada de la autonómica para mantener las adjudicaciones a dedo.
El primer "planteamiento" de convertir a Sogepsa 100 % pública corrió a cargo del Ex Presidente de Sogepsa, Fernando Lastra, con la ocurrencia y el falso argumento de que era una exigencia de la Comisión Europea.
Queda claro que la razón jurídica de una Sogepsa cien por cien pública no es por «agilidad» ni por «avanzar» Es simplemente para eludir la legislación comunitaria en materia de transparencia y para seguir realizando adjudicaciones a dedo
Y no solo es que fuese falso, sino que la Comisión Europea lo que planteaba es exactamente lo contrario. Lo que afirmaba, señor Barbón, la Comisión Europea era que Sogepsa podría seguir operando como Sociedad público-privada, pero que el Principado debería adjudicar los terrenos a Sogepsa con transparencia y mediante concurso público
Después del primer intento, fracasado, de convertirla en 100% pública, continúa el "trabajo" en la pasada legislatura.
Esta vez, en "silencio", directamente a través de una disposición adicional en la ley del Presupuesto de 2022 que hurtaba el debate expreso en la Junta sobre la nacionalización de Sogepsa y su deuda de 144 millones y sobre una decisión transcendental para el presente y el futuro del principal instrumento para el desarrollo de polígonos industriales y vivienda social. Así nace la "refundación" de la nueva Sogepsa. Sin debate y con la oposición sin leerse la disposición adicional aprobada.
Queda claro, en cualquier caso, que la razón jurídica de una Sogepsa 100% pública no es ni por "agilidad" ni por "avanzar". Es, simplemente, para eludir la legislación comunitaria en materia de transparencia y para seguir realizando adjudicaciones a dedo.
Con esta "refundación" se rescata, también, la deuda de 144 millones con dinero público aportado en los últimos años para evitar el concurso de acreedores de Sogepsa, y así permitir a los bancos recuperar sus préstamos y salvar a los socios privados (42%) de su responsabilidad con la deuda.
Sogepsa, sector inmobiliario, después de haber sido privilegiada con la adjudicación a dedo y a precios inferiores a los de mercado de 4.000.000 m², sobre los que se han construido 22.500 viviendas, ha llegado a una situación de insolvencia, cuando la mayoría de empresas inmobiliarias que operan en el mercado libre y en condiciones más exigentes han acumulado importantes plusvalías en las últimas décadas
Hay una explicación. Y el proyecto de la Magdalena es un buen paradigma. El beneficio por vivienda para Sogepsa ha sido según Informe de Auditoría de 94 /vivienda, cuando según informe de perito judicial y los precios de venta de la vivienda, se estima que el beneficio del proyecto para Sogepsa debería haber sido del orden de 26.000 /vivienda,
Si esa cesión de beneficios fuese extrapolable a las 22.500 viviendas, el beneficio de Sogepsa hubiese sido de 585 millones de euros. Es decir, la deuda de Sogepsa hubiese sido cero y se habría acumulado un importante patrimonio para financiar un significativo parque de vivienda pública.
Que los beneficios económicos de cada proyecto deberían distribuirse entre Sogepsa (urbanizador) y el promotor (constructor) no solo tiene un fundamento económico-financiero inequívoco, sino también jurídico y judicial.
Así, en sentencia de TSJA 1270/12 se explicita la Orden ECO/805/2003, de valoración de bienes inmuebles, que establece de forma clara que el valor del suelo urbanizado debe determinarse teniendo en cuenta , la retribución del capital, el riesgo de la inversión y su duración. Es decir, la venta debe realizarse con beneficio.
La realidad ha sido la contraria. El señor Buendía, expresidente de Sogepsa, ha llegado a manifestar que la política era vender sin beneficio para que la compra de las parcelas por constructores fuese más "apetecible". De ahí viene la insolvencia de Sogepsa.
Este modus operandi ha dado lugar a una denuncia por parte de la Fiscalía Superior de Asturias contra los miembros del Consejo de Administración de Sogepsa, únicos responsables del precio de venta de las parcelas, por presunto delito societario de administración desleal, que sigue su recorrido en el Juzgado de Avilés
Sogepsa ha sido un instrumento privilegiado y protegido por una legislación autonómica diseñada a medida, que ha sido desmantelada en 2014 por la Unión Europea, por vulnerar las directivas comunitarias. Que presuntamente ha cedido a dedo los beneficios de su actividad a terceros, generando una deuda ahora asumida, por decisión política, con el dinero de los contribuyentes, en este caso, bajo el relato de su "refundación" u "hoja de ruta" para Sogepsa.
No obstante, y hay que aplaudirlo, la política de vender las parcelas sin beneficio para que fuesen "apetecibles" ha dado un giro de 180 grados en marzo de 2024, cuando Sogepsa, ahora sí, licita por concurso público una parcela en el Residencial La Magdalena, con un precio de salida del orden de 38.000€ por vivienda, que prácticamente duplica los precios a los que se vendieron parcelas en el periodo 2009-2012
El precio de la licitación de marzo de 2024 refleja que las parcelas vendidas en 2009-2012 se enajenaron por el 50%, más o menos, de su valor y por consiguiente ratifica, de forma inequívoca, los fundamentos de nuestra denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, de transferencia de márgenes de Sogepsa al sector privado y sobre los cuales se pronunciará la Justicia en los próximos meses.
Llegados a esta situación, en que la cesión de beneficios ya no es presunta, sino cierta, es el momento para que Presidente del Principado, la Presidenta de Sogepsa y los grupos políticos de la Junta, decidan si se van a personar o no como acusación en la causa judicial en curso , o plantear una nueva denuncia, para así defender los intereses públicos como es su obligación. Quienes suscribimos este artículo, ya nos hemos personado como acusación particular. Falta la acusación pública e institucional.
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