Esta es una decisión importante sobre la que se han dado muy pocas precisiones. La jefatura de gabinete no ha explicado qué se busca, cuál es la agenda, quienes los interlocutores y cómo sería la formalización de los acuerdos.
No se sabe si habrá al final una declaración de prensa, comunicados de cada participante o un documento formal firmado por las partes.
En otras palabras, nadie le transmitió a la sociedad qué se discutirá, quienes lo harán y cual debería ser el resultado final.
Lo que se pone en marcha evoca celebres acuerdos sociales y políticos que tuvieron lugar en otros países y marcaron el inicio de nuevas etapas en su modernización.
El Pacto de la Moncloa es el más conocido entre ellos que, efectivamente, dio comienzo a una era de crecimiento y democracia como nunca había vivido España.
Cierto, también nos recuerda algunas experiencias domésticas, tantas veces practicadas en Argentina, de vida corta y de efectos inhallables en nuestra historia.
Intentos que se diluyeron o se esfumaron en la ruidosa cotidianidad de la política, sin dejar rastro alguno. Nuestros grandes pactos sociales nacieron con trompetas y fanfarrias y nos abandonaron en la indiferencia general.
No creo que pueda encontrarse un ejemplo de un acuerdo exitoso del cual no haya participado la sociedad. La razón es sencilla: un acuerdo no es una orden, sino más bien la voluntad formalizada de hacer algo entre todos o casi todos.
Para llegar a esa meta, es indispensable que todos sepan lo que sus representantes están haciendo. Sino, los pactos o acuerdos se tornan circunstanciales, son arreglos de "los que mandan", no son propios, nos caen del cielo.
La participación de la sociedad en las grandes decisiones no es una cuestión moral, sino poderosamente práctica. En democracia sólo mayorías convencidas dan poder a los acuerdos.
Lo esencial de que trata este ejercicio acuerdista es de aumentar el poder de los que deben ejecutar ciertas políticas públicas.
Esto es fácilmente comprobable al ver, por ejemplo, el fracaso en la implementación de los cambios tarifarios. El gobierno no pudo hacer lo que quería porque no tuvo poder suficiente.
Por lo tanto, promueve acuerdos para lograr a través de ellos el poder de cual carece. De otra manera ¿para qué buscaría un pacto? ¿para qué negociaría? Sobre todo sabiendo que los pactos nunca son gratis.
Una negociación, siempre es un intercambio en el que cada parte trata de obtener algo que no posee a cambio de algo que interesa al otro. Es un "toma y daca", en el que a ambos les interesa lo que tiene el otro.
Nadie que se crea poseedor de un espíritu práctico debería ignorar esta realidad elemental. De hecho, no creo que nadie la ignore aunque, quizás, no se conozca bien lo que se intercambia, lo que puede derivar en problemas serios.
En una relación política, puesto que de eso se trata, lo que siempre se intercambia, bajo la forma que sea, es poder. No hay negociación política cuya moneda no sea el poder.
¿Por qué un sindicato daría su visto bueno a un aumento de las tarifas a riesgo de contrariar a sus bases que no tienen ninguna filiación macrista?
¿Acaso porque creen que esto estabilizará las cuentas públicas y facilitará la salida de la crisis y de paso ayudará al gobierno?
Obviamente no. Negociará contra algo que le otorgue más poder, dentro de su organización o en la sociedad. En todo caso, dará algo de su poder "de veto" (bloquear los aumentos) contra algo del poder que hoy necesite.
En esta situación el intercambio puede ser relativamente claro, pero ¿cuál seria con la dirigencia política?
La dirigencia política precisa el mismo tipo de poder que interesa al presidente, el que deriva del apoyo social.
Lo original de negociar entre políticos es que todos buscan lo mismo: poder a cambio de poder. Esté sí es un caso interesante para aplicar el espíritu práctico.
Iniciar este proceso silencioso de búsqueda de acuerdos sin tener presente que se trata de una negociación en las que todos deben ganar algo sería condenar el ejercicio de antemano.
Espero que lo dicho hasta aquí resulte obvio para el gobierno y que pueda concentrasre en que está dispuesto a negociar para obtener lo que busca, especialmente con las dirigencias partidarias.
Lo que precisa el presidente está claro, pero ¿qué esta dispuesto a dar a cambio? ¿Llega a imaginar una coalición ahora que está fuerte o se espanta a lo que cree es una concesión intolerable?
Una vez en el gobierno (otra cosa era antes de la elección) la búsqueda de un pacto es un indicio de debilidad. La debilidad puede ser suave o intensa, pero siempre es debilidad política.
En 1987, Alfonsín buscó acuerdos con el peronismo, lo que no hizo sino subrayar el estado de extrema fragilidad de su gobierno. Mauricio Macri no está débil, pero no tiene todo el poder que necesita para hacer lo que desea.
En su momento desechó armar un gobierno de coalición, y ahora requiere algo del poder de otros. Costoso aprendizaje, pero temo que incompleto.
El carácter semi oculto de esta negociación es un indicio para pensar así. No creo que el gobierno sea consiente que para obtener lo que precisa deberá buscar fórmulas novedosas.
Esas fórmulas no implican ceder la capacidad de dirigir, sino saber dirigir cosas más complejas, por ejemplo un gobierno de coalición.
Dante Caputo fue canciller durante la presidencia de Raúl Alfonsín (1983-1989). Es doctor en ciencia política.