El Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz planea aprobar este año una ley para rediseñar la configuración de la mesa del diálogo social y conseguir una mayor representatividad de las pequeñas y medianas empresas y hacer de contrapeso a la CEOE y a Cepyme, patronal mayoritaria de las pymes.
Se trata de la Ley reguladora de la representatividad empresarial en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas, incluida dentro del Plan Anual Normativo del Gobierno, informa Europa Press.
La ley tendrá como principal objetivo "desarrollar las reglas de representatividad empresarial", especialmente las relativas a la mayor representatividad de las pequeñas y medianas empresas en el ámbito del diálogo social, la negociación colectiva y la participación institucional.
Este movimiento se produce después de que el Gobierno, a través del ministro de Agricultura Luis Planas, abra la puerta a dar mayor representatividad a Unión de Uniones a cambio de su apoyo.
En la materia de las pymes, surge de fondo Conpymes. Desde su lanzamiento ha tenido cierta sintonía con la propia ministra de Trabajo y con Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno. El presidente de esta patronal, José María Torres, defiende que su organización cuenta con el criterio básico de representatividad: defender al 10% de la población trabajadora, especialmente en Cataluña y Baleares. Sin embargo, Conpymes no forma de SME United, el 'lobby' empresarial de las pymes europeas donde sí figura Cepyme. Entre sus asociados están COAG, Fenadismer o la catalana Pimec.
Incluir a los sindicatos en los Consejos
El plan normativo también recoge otra iniciativa para que los sindicatos estén presentes en los consejos de administración de empresas y grupos empresariales. La líder de sumar quiere impulsar una participación más eficaz de las trabajadoras y trabajadores en el ámbito de sus respectivas empresas, según el artículo 129 de la Constitución.
Para ello, se emularía la ley de cogestión de Alemania, con el objetivo de que las organizaciones sindicales participen en las decisiones de las altas cúpulas empresariales.
En lo que respecta a otras leyes, el departamento de Díaz plantea una norma para modificar el Estatuto de los Trabajadores en materia de despido, para dar cumplimiento a la Carta Social Europea, reforzar la causalidad en los supuestos de extinción laboral y eliminar el despido automático con discapacidad sobrevenida.
Entre otros proyectos, el plan normativo incluye en materia laboral una ley integral de impulso de la economía social, otra para regular el sistema nacional de garantía juvenil en coordinación con el departamento de Juventud e Infancia, el estatuto del becario y la reforma del subsidio por desempleo, que se intentó aprobar vía decreto pero Podemos la tumbó por considerar que incluía un recorte para las cotizaciones de las personas mayores de 52 años.