Cristina Kirchner se esforzó en las redes sociales. "Impresionante la cantidad de irregularidades denunciadas en EE.UU. con las máquinas del voto electrónico", dijo en su cuenta en Instagram.
Fue el martes pasado, mientras se votaba por Donald Trump o Hillary Clinton.
Ese día el propio Trump denunció problemas en Las Vegas, donde el sistema habría cambiado votos republicanos –suyos– por demócratas –de Hillary–; y el diario USA Today informó que el registro de votantes en Durham, Carolina del Norte, estuvo caído por algunas horas.
No se volvió a hablar del tema. Pero a Cristina le alcanzó para cabalgar sobre el equívoco y hacer campaña contra la reforma electoral que impulsa Mauricio Macri.
Voto electrónico y boleta electrónica parecen lo mismo pero no lo son.
La boleta electrónica se imprime y se deposita en la urna. Queda como registro físico para el escrutinio final. El voto electrónico en cambio es virtual de principio a fin.
La falsa identificación del punto clave de la reforma fue la primera trampa en esta discusión, instalada por ignorancia o por oposición al cambio.
Desde el principio el kirchnerismo duro estuvo en contra de la reforma electoral, que ahora se discute en el Senado. Los legisladores que responden a Cristina dicen que el sistema propuesto es vulnerable.
Lo que no aclaran es si resulta más o menos vulnerable que el modelo electoral hoy vigente, donde se roban boletas, se queman urnas y votan muertos, como se ha visto sin ir más lejos en los comicios del año pasado.
Igual a Cristina este nuevo relato anti-voto electrónico le sirve por si acaso necesita impugnar la elección del año próximo, en la que todavía no sabe si le conviene ser candidata.
El presidente Macri había prometido en la campaña llevar a todo el país el sistema de boleta electrónica que implantó de manera exitosa en la Capital.
Para eso nombró al ex diputado massista Adrián Pérez como secretario del Ministerio del Interior.
Una definición de Pérez, quizás algo exagerada, iluminó la razón por la cual el proyecto le altera el pulso a la política: "La boleta electrónica va a terminar con el clientelismo", le dijo en junio al diario La Nación.
Conductor de un oficialismo necesitado de acuerdos en el Congreso por su condición minoritaria, el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, reconoce que una dificultad adicional es aprobar una ley "que no afecta a los ciudadanos representados sino a los legisladores que los representan".
Los diputados y senadores integran esa clase política cuyas mañas y métodos quedarían en buena parte obsoletos y por lo tanto inútiles con el sistema de boleta única electrónica.
Así y todo, Monzó consiguió después de mucho debate en comisiones, de cuantiosos retoques en el proyecto original y de una larga negociación que también incluyó al ministro Rogelio Frigerio, que la reforma electoral fuese aprobada con una mayoría contundente: 152 votos a favor y 75 en contra. Dos tercios y dos votos más.
Eso fue hace tres semanas. Los que sumaron sus votos a Cambiemos fueron el Frente Renovador de Sergio Massa, los legisladores que responden a José Manuel De la Sota, el Bloque Justicialista de Diego Bossio, el GEN de Margarita Stolbizer y los socialistas, entre otros. En contra, todo el kirchnerismo, la izquierda y el Movimiento Evita.
Massa, el aliado/opositor decisivo en Diputados, consiguió quitar del proyecto original la válvula de escape que contemplaba la aplicación gradual de la reforma, previendo que algunas provincias no adhirieran a la ley nacional.
Quizá temía que en Buenos Aires se mantuviese el actual sistema, vulnerable a prácticas punteriles de todo tipo, considerando que hay municipios importantes donde tiene menos estructura y limitada capacidad de controlar la votación.
Además del monumental ahorro de dinero en la impresión de boletas, el nuevo sistema supone la imposición de cierto equilibrio entre las grandes formaciones políticas y aquellas fuerzas con menor desarrollo y recursos materiales mucho más limitados.
Frente a estas y otras prevenciones, dos puntos de alta sensibilidad fueron incluidos en el texto que aprobaron los diputados.
Uno, que el control del comicio y en especial del escrutinio digital provisorio, con la correspondiente difusión de datos, pase de manos del Gobierno de turno a las de la Justicia, que a través de la Cámara Nacional Electoral deberá garantizar un procedimiento confiable y secreto.
Dos, que el dispositivo digital que lleven las boletas electrónicas sea aprobado y monitoreado en su aplicación por la misma Cámara.
Mucho se agitó el tema del chip implantado en la boleta como el elemento que permitiría hackear la elección.
También allí hubo alguna trampa retórica, más allá de que grupos de expertos informáticos demostraron la permeabilidad potencial del sistema.
La redacción final del proyecto incluyó el término "dispositivo digital" para no encorsetarse en un formato único en un campo tecnológico que todo el tiempo agrega avances.
El titular de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Via, al admitir que "el sistema de boletas de papel por partido no va más", aclaró que para la boleta electrónica "tiene que haber control suficiente, es un error pensar que por sólo colocar máquinas para votar va a venir un mundo perfecto".
Dalla Via y el vicepresidente de la Cámara, Santiago Corcuera, habían logrado imponerle al Gobierno la jurisdicción judicial sobre el control de la elección, después de una dura pulseada.
También expusieron su punto de vista autorizado en el Congreso. Hace una semana lo hicieron en el Senado, donde el debate sobre la reforma electoral está tomando voltaje y antes de tres semanas sería llevado a votación.
Los senadores ya decidieron introducir cambios en la sanción de Diputados. Un punto central será la gradualidad en la aplicación del nuevo sistema, justo lo que no quería Massa.
El Gobierno espera que, una vez aprobada la ley, se vote con boleta electrónica en 2017 en todo el país para diputados y senadores nacionales.
Y también en comicios de legisladores locales y concejales municipales en aquellas provincias que adhieran.
Más allá de la oposición del kirchnerismo y la izquierda, legítima pero en cierto modo testimonial en tanto no tienen capacidad de ganar hoy una votación, el Gobierno y los jefes de la oposición coinciden en que el verdadero obstáculo para la reforma electoral está hoy en unos cuantos gobernadores y en senadores que no tienen una terminal política definida.
A todos les preocuparía perder el control del proceso electoral y al mismo tiempo la facilidad para mantener electores cautivos, en especial de los sectores más desprotegidos, apoyándose en el poder del Estado en los territorios que administran.
Desde la Casa Rosada prefieren poner de relieve la lista de gobernadores peronistas que apoyaron públicamente la reforma: el cordobés Schiaretti, el salteño Urtubey y la fueguina Bertone (ambos con sistemas electrónicos en sus provincias), el entrerriano Bordet, la catamarqueña Corpacci y el chubutense Das Neves.
Además, los provinciales Weretilneck, de Río Negro, y Gutiérrez, de Neuquén. Y cuatro oficialistas: la bonaerense Vidal, el porteño Rodríguez Larreta, el mendocino Cornejo y el jujeño Morales.
En la lista hay peronistas faltantes que eran predecibles, como la santacruceña Alicia Kirchner, el formoseño Insfrán o el tucumano Manzur.
Pero otros silencios son más sonoros, como los de Colombi, radical de Corrientes que integra Cambiemos, o la ex radical K y ahora cercana al nuevo oficialismo, Abdala de Zamora, de Santiago del Estero.
Estas dos provincias tienen elección de gobernador en 2017. Quizá los Colombi y los Zamora no quieran hacer experimentos justo en la votación donde se definen sus propios destinos.
El ministro Frigerio ya le pidió al Senado que apure el trámite para que la ley sea aprobada este año. El martes se reunirán las comisiones para esbozar un dictamen.
La comisión de cabecera es Asuntos Constitucionales, presidida por el ultra K Marcelo Fuentes. Pero ahí la última palabra la tiene Miguel Pichetto.
Al jefe peronista el proyecto de reforma le gusta, cree que debe aplicarse gradualmente y opina que los que se oponen lo hacen por conveniencia política o resistencia cultural.
Pero no hará nada que ponga en riesgo su conducción sobre el conjunto del bloque mayoritario, donde convive con una fracción dura del kirchnerismo.
Macri amenaza en privado con vetar parte o incluso toda la ley si los cambios desnaturalizan su proyecto original. Esa presión también es parte de la negociación.
Los cambios que introduzca el Senado, si no escapan de lo que se negocie con el Gobierno, podrían ser aceptados por Diputados y convertidos en ley en la única sesión extraordinaria que convocará Macri, para el 14 de diciembre.
Si es así, ese día empezará una nueva era en materia electoral.