Aunque la definición esencial de audiencia es el acto de oír, muchos hablaron pero pocos oyeron. El debate por el precio del gas fue una gran tribuna política para expresar afinidades o resistencias al Gobierno tras los discursos que dirimían entre lo justo o lo posible.
Allí, entre la danza de porcentajes interminables, se oyeron expresiones como SG P1, millón de BTU, dólares en tight, dólares en shale o R3, que significa segmento de consumos medios.
En ciertos discursos fue un alivio escuchar la expresión boca de pozo, porque ahí parecía que algo se iba a entender. Entre tanto ruido, los comercios pagarán menos y habrá más facilidades en los trámites para acceder a la tarifa social.
La otra audiencia pública se celebró afuera de las salas de convenciones. En la mesa familiar, en la radio del auto, en la oficina, en la calle.
Fue el acalorado debate por la inseguridad. Esta audiencia informal y multitudinaria sigue abierta.
En ella apareció un carnicero asaltado pidiendo perdón y la madre del ladrón muerto pidiendo que el delincuente (se refería al carnicero) pague.
El caso hizo hablar al país cuando aún se hablaba del cirujano que había matado a otro ladrón, y se superpuso a un remisero de San Martín que le pegó dos tiros a su asaltante.
En este debate enérgico ha costado entender que la ley marca los lados: no se puede matar a un ladrón para cobrarse una vida por un bien, sea éste un celular, una mochila o una 4x4.
No se puede ir a robarle el auto a quien insultó, ni a saquearle la casa a quien pegó, ni a matar a quien robó. La ley no contempla la venganza. Ni siquiera una legítima defensa -cuando está en peligro real la vida de la víctima- lo es.
Pero nada de esto impide que cada vez más gente se sienta desprotegida, más cerca de ser víctima y entonces pida mayor indulgencia para ellas.
El problema es que alguien puede cruzar de la vereda de víctima a la de victimario en tres segundos.
En esto siempre hay un costado cruel para el sentido común: el Estado no se ocupa de las víctimas, ni siquiera cuando pasan al otro lado.
Y entonces al victimario que fue "empujado" a serlo por un hecho inesperado del que fue víctima le cabe la misma ley que a cualquier victimario. Es así.
Acaso habría que ordenar el debate, discutir en serio qué queremos hacer con cuáles leyes para qué casos, contemplar las variables sociales, policiales y carcelarias y oír mejor los gritos de la calle, donde cada semana hay marchas por la inseguridad que no se miden por metro cúbico en boca de pozo.
Al dolor no se le puede poner tarifa.