El Gobierno suizo anunció este miércoles la aplicación de sanciones contra cinco altos funcionarios guatemaltecos, quienes son: La fiscal general, María Consuelo Porras Argueta; secretario general, Ángel Pineda Ávila; jefe de la FECI, Rafael Curruchiche; Fiscal Leonor Eugenia Morales y el juez Fredy Orellana, por su presunta participación en acciones dirigidas a obstaculizar la toma de posesión del presidente electo Bernardo Arévalo de León.
Las medidas adoptadas por Suiza se suman a las impuestas por la Unión Europea el pasado 2 de febrero, en un esfuerzo coordinado para abordar lo que se percibe como una amenaza para la democracia y el Estado de derecho en Guatemala.
La imposición de sanciones por parte de Suiza se produce después de que la Fiscalía, encabezada por Consuelo Porras, intentara, según el comunicado oficial, truncar el triunfo electoral de Arévalo de León y su partido político, Movimiento Semilla, a través de la presentación de casos penales.
El presidente electo, quien emergió victorioso en los comicios de agosto de 2023, enfrentó dificultades significativas para asumir el cargo debido a las acciones de la Fiscalía y su intento de interferir en el proceso democrático.
Las restricciones impuestas por Suiza, que entran en vigor de inmediato, prohíben a los cinco funcionarios guatemaltecos afectados, la entrada al territorio suizo y establecen sanciones financieras en su contra.
El Gobierno suizo, al justificar estas medidas, declaró que las acciones emprendidas por los funcionarios sancionados "habrían intentado obstaculizar el traspaso pacífico del poder", representando así una amenaza para la democracia y el Estado de derecho en Guatemala.
La decisión de Suiza refleja una creciente preocupación internacional por la preservación de las instituciones democráticas en Guatemala y la necesidad de garantizar el respeto por los procesos electorales y la voluntad popular.
Las sanciones impuestas por Suiza y la Unión Europea constituyen un mensaje claro de la comunidad internacional sobre la importancia de defender la democracia y la ley en el contexto guatemalteco, así como una advertencia a aquellos que intenten socavar estos principios fundamentales.