Al leer el artículo 35.1 de la Constitución Española, Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, pareciera que el texto otorga una mayor importancia al deber de trabajar, lo nombra en primer lugar, que al derecho al trabajo. La referencia al deber de trabajar no se registra en ningún instrumento supranacional y es difícil de encontrar en las constituciones de otros países, ya que solo aparece en cinco estados europeos.
El precepto constitucional, en cierto modo, nos remite al bíblico «ganarás el pan con el sudor de tu frente» pero parece más apropiado interpretar que solo pretende poner en valor la contribución a la sociedad a través del trabajo personal.
Es un deber de complejo tratamiento jurídico, como suele ocurrir con los «deberes» que tienen una justificación última de carácter moral sin ser obligaciones coercibles. En cualquier caso, la mayoría de las personas tienen la necesidad de trabajar para poder subsistir, no hay mayor coerción.
El trabajo es, siempre, una fuente de riesgos para la seguridad y salud de quienes lo ejecutan; lo que justifica el establecimiento de un complejo entramado de obligaciones y responsabilidades para quien se beneficia directamente de ese trabajo, la empresa, y para el Estado. Entre nosotros, la responsabilidad de los poderes públicos tiene también registro constitucional en el art. 40.2 al encomendarles velar por la seguridad e higiene en el trabajo.
Desde 1996 el movimiento sindical mundial dedica el 28 de abril a la memoria de las personas víctimas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Esa misma fecha fue asumida en 2021 por la OIT como Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Se trata de una jornada de sensibilización y reivindicación frente a una realidad, un drama, que no cesa: la pérdida de la salud o de la vida por causa laboral.
Desde la Fundación Novaterra, entidad que facilita la inclusión social a través del trabajo, nos unimos activamente a los objetivos de este día. Debemos aprovechar la ocasión, y esta tribuna, para demandar a los poderes públicos la atención que merecen las víctimas de accidentes y enfermedades profesionales.
El trabajo es, para la mayoría, una necesidad vital, de subsistencia; y si lo hemos configurado también como un deber social debemos proteger eficazmente a quienes pierden vida o salud en su cumplimiento.
Nuestro sistema prevé para estos supuestos una pequeña mejora en las prestaciones ordinarias de la Seguridad Social.
Pero solo en el caso de incumplimiento empresarial, las víctimas o sus familiares pueden ver reconocida una mejora significativa y/o una indemnización que tendrán que pelear ante los tribunales y que se verá satisfecha, en su caso, muchos años después.
Quienes pierden la vida o la salud cumpliendo un deber social, merecen un resarcimiento más inmediato y objetivo. Los accidentes y la pérdida de salud con ocasión del trabajo existirán por más que velen los poderes públicos y aunque se dé el estricto cumplimiento de toda normativa preventiva, no se pueden evitar los que se derivan del azar, lo imprevisible, el fallo mecánico fortuito, el vicio oculto, el error humano.
La compensación a las víctimas no debe depender exclusivamente de la existencia de responsabilidad y solvencia de la empresa, corresponde también a la sociedad, es decir, al Estado.
Quizás podría destinarse a tal fin el ingreso de las sanciones propuestas por la Inspección de Trabajo en esta materia y que recaudan las Comunidades Autónomas.
Hablamos de casi 90 millones de euros en el año 2022 según la memoria de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Contribuir a la sociedad o "ganarse el pan" requiere esfuerzo, puede que también sudor y, normalmente, tiene importantes recompensas.
Pero nunca debería costar la salud o la vida y, si tal extremo ocurre, la deuda de la sociedad con la víctima es objetiva y debe ser compensada prontamente y con justicia.
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