El primer trimestre de 2024 ha marcado un avance en la lucha contra la violencia en Guatemala, según informes compartidos por el Ministerio de Gobernación (Mingob).
De acuerdo con estadísticas oficiales, los homicidios registrados tanto por arma de fuego como por blanca han experimentado una disminución en el lapso citado, que reporta los índices más bajos desde 2015.
En contraste con el panorama de tiempos anteriores, donde la violencia alcanzaba cifras más elevadas, los primeros tres meses del presente año muestran una reducción significativa. Comparado con el mismo período de 2015, cuando se contabilizaron 965 homicidios por arma de fuego y 121 por arma blanca, los números de 2024 reflejan una marcada disminución, con 467 y 47 casos, respectivamente.
El especialista en temas de seguridad del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), Walter Menchú, explicó que, aunque estos datos representan una mejora, aún existen desafíos por delante.
Una de las preocupaciones es que las estadísticas del Mingob no incluyen todos los homicidios, ya que se limitan a aquellos perpetrados con armas de fuego o blancas. Esto sugiere que la realidad podría ser aún más compleja de lo que muestran los números oficiales.
A ese respecto, Lizandro Acuña, experto del Instituto de Análisis de los Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), destacó que, si bien la tendencia a la baja del fenómeno es alentadora, la percepción de violencia entre los guatemaltecos no ha disminuido.
Señaló que es crucial abordar otros problemas relacionados con el crimen organizado, como el narcotráfico y el desarrollo criminal de las pandillas, que continúan generando preocupación en la ciudadanía, debido a extorsiones y robos armados.
A pesar de los desafíos, Acuña califica de positivo que el actual gobierno haya retomado la divulgación de estas estadísticas, que durante la administración anterior habían dejado de ser de
conocimiento público.
"Esto refleja un compromiso con la transparencia y enfrentamiento directo a la violencia, un paso fundamental en el camino hacia una sociedad más segura y pacífica", indicó el analista.
Denuncian fraude en construcción de escuelas Bicentenario
Escasez de alumnos en los lugares de construcción, bases de licitaciones arregladas para beneficiar a un solo proveedor y trabajos inconclusos fueron denunciados ayer en relación con la edificación de 14 escuelas Bicentenario.
Por estos hechos, las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi) presentaron acciones penales contra Juan Carlos Alonzo Reyes y Oscar Guillermo Sierra Pacay, exdirector y exsubdirector de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE), por fraude en la aprobación del concurso de 11 eventos relacionados con 14 de estos planteles.
Jazmín de la Vega, titular del Micivi, informó que la medida, interpuesta en el Ministerio Público (MP), fue porque los aludidos beneficiaron a un único proveedor: la empresa Fame Sistema Constructivo, Sociedad Anónima, que edificaría los establecimientos con material de Lego PVC.
De la Vega detalló que la denuncia debería dirigirse, por parte del MP, contra cualquier persona individual o jurídica que haya participado en la ejecución del citado contrato, según derive de la investigación penal.
La funcionaria explicó que, de las 14 escuelas, tres tienen un avance de entre el 80 y 90 por ciento. En tal sentido, se continuará con la edificación de estas, con la evaluación pertinente para que los edificios sean de calidad.
Las 11 restantes serán desistidas y se analizará con el Ministerio de Educación (Mineduc) un nuevo modelo. "No compartimos la corrupción ni las malas prácticas en el Gobierno", puntualizó.
Por su parte, Santiago Palomo, titular de la Comisión Nacional contra la Corrupción, lamentó que cada vez más aparecen hechos anómalos y aseguró que las acciones penales son parte del saneamiento institucional. También, exigió al MP una acción oportuna.
Palomo dijo que está por concluir un tablero sistematizado que contará con las querellas presentadas por todos los ministerios y unidades ejecutoras, el cual se develará antes de los 100 días de Gobierno.
Según Lizandro Acuña, especialista en seguridad y justicia del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), el Código Penal obliga a los funcionarios públicos a presentar denuncias al encontrar anomalías en sus fiscalizaciones.
Bajo ese contexto, consideró oportuna la acción, ya que si no se hace, se cae en el delito de omisión. "Ahora, corresponde al MP realizar las investigaciones y trabajar con base en su objetividad, independientemente de quién pueda estar involucrado en los hechos", concluyó.
Destituciones
Por entorpecer todos los procesos administrativos, al no facilitar material informativo, fueron despedidos el subdirector administrativo, jefe de contabilidad, directora de Recursos Humanos, secretario general y la asesora jurídica de la Dirección General de Caminos. Se analizará interponer denuncias contra estas personas ante el Ministerio Público, indicó Jazmín de la Vega, ministra de Comunicaciones.
Ejército avanza en el empoderamiento femenino
Con el propósito de agilizar el proceso de igualdad de género en las fuerzas armadas, ayer se presentó la Política de la Mujer Militar del Ejército de Guatemala, la cual contempla acciones orientadas en la protección, educación, liderazgo y derechos elementales para fortalecer el empoderamiento de
quienes integran la institución.
El lanzamiento fue liderado por el presidente Bernardo Arévalo, la vicepresidenta Karin Herrera y el ministro de la Defensa, Henry Sáenz.
El general indicó que la iniciativa es un hecho histórico que rompe paradigmas y garantiza las libertades individuales de manera integral. "Es importante para resaltar el rol de ellas en las filas de las fuerzas armadas para que sean parte activa en todas las jerarquías", enfatizó Sáenz.
El jefe de Estado reiteró su compromiso en luchar a favor de la igualdad sin prejuicios. "Como gobierno estamos trabajando para quitar los estereotipos que menoscaban la dignidad humana", afirmó.
Agregó que la nueva política "demuestra los avances significativos de los derechos de las mujeres militares, con seis ejes estratégicos diseñados para que su desarrollo sea integral, se valoren sus capacidades y que por meritocracia ocupen puestos directivos".
La vicegobernante también consideró que la medida será trascendental, abrirá las puertas a través de su contribución y dignificación. "Hoy se da otro paso adelante, me satisface que más damas se agreguen a la carrera militar; reconozco su valor, fortaleza y disciplina", concluyó.
El fisco va tras los alojamientos de Airbnb
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) no quiere dejar a ningún potencial contribuyente fuera de control.
Esta vez, prepara una embestida fiscal para comenzar a cobrarles los impuestos correspondientes a aquellas personas individuales o jurídicas que tienen negocios de alojamiento mediante la app Airbnb.
El jefe de esta entidad, Marco Livio Díaz Reyes, confirmó la medida, aunque prefirió no entrar en detalles.
La SAT estableció que algunos contribuyentes no están inscritos. Por consiguiente, no emiten facturas por los servicios que prestan. Tampoco declaran el 100 por ciento de sus ingresos.
En el portal de Airbnb se precisan precios en casas o cabañas que van desde 143 quetzales por noche, hasta los 4 mil 179 quetzales.
¿Qué impuestos evaden?
Los hoteles están afectos al 10 por ciento de un impuesto específico que va a las arcas del Instituto Guatemalteco de Turismo, más el 12 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
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