La eliminación de la prisión preventiva oficiosa podría ser la responsable de la liberación de 68.000 presuntos delincuentes acusados de homicidio, secuestro, violación y narcotráfico.
El gobierno ha utilizado la prisión preventiva oficiosa como medida para combatir la impunidad y proteger a la sociedad de delitos de alto impacto.
La liberación de presuntos criminales, muchos de ellos miembros del crimen organizado, podría poner en riesgo a testigos y víctimas que los denunciaron.
La iniciativa de la Suprema Corte responde a una sentencia de la CIDH que condenó a México por violar derechos judiciales de personas en prisión preventiva prolongada.
La alta cantidad de personas en prisión preventiva se atribuye a la demora de los jueces en procesar a los presuntos delincuentes.
Eliminar la prisión preventiva oficiosa se considera una injerencia en la soberanía nacional de México, según argumenta la secretaría de Gobernación.
México debe adecuar su ordenamiento jurídico en respuesta a las instancias internacionales sin vulnerar su soberanía.
Cerca del 40% de los presos en México se encuentran en prisión preventiva, según datos de la ONU, evidenciando la magnitud del problema y la necesidad de revisar las políticas penales.
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