La situación judicial del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, tomó un giro significativo tras la audiencia de cautela de garantía llevada a cabo en el Centro de Justicia de Santiago.
Esta audiencia fue solicitada por la defensa de Jadue después de que se impidiera su salida del país hacia Venezuela, bajo la advertencia de la fiscal Giovanna Herrera de que podría pedir una orden de detención si el viaje se realizaba.
Durante la audiencia, la defensa del alcalde argumentó que se habían vulnerado varias garantías legales y constitucionales, calificando la acción de retener a Jadue en el aeropuerto como una "retención o detención ilegal". Sin embargo, la jueza Katherine Román rechazó estas acusaciones, indicando que no se había presentado suficiente evidencia para demostrar una vulneración de garantías o discriminación en el trato hacia Jadue.
¿Qué significa esto para el jefe comunal?
El resultado judicial para Daniel Jadue significa que no se encontraron fundamentos suficientes para declarar que hubo violación de sus derechos procesales en el incidente del aeropuerto.
Además, esta decisión permite que continúe el proceso legal contra él sin cambios en las medidas cautelares actuales. Sin embargo, este resultado también resalta la tensión entre la defensa y la fiscalía, con el fiscal regional Xavier Armendáriz asumiendo la responsabilidad por las acciones de la fiscal Herrera, y defendiendo la legalidad y la procedencia de las mismas.
La decisión de la jueza no solo desestima las acusaciones de la defensa sobre una conducta indebida por parte de la fiscalía, sino que también respalda la posición de la fiscalía de proceder con la formalización de Jadue por varios delitos asociados a la compra y venta de insumos para enfrentar el Covid-19.