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El empresario Alberto González Amador remitió el pasado 2 de febrero un correo a la Fiscalía Provincial de Madrid donde se adjuntaba una "propuesta de conformidad penal". En el citado anexo, de ocho páginas de extensión, la pareja de Isabel Díaz Ayuso admitió haber cometido dos delitos contra la Hacienda Pública.
En el documento, al que ha tenido acceso EL MUNDO, el letrado Carlos Neira, experto fiscalista que ejerce la defensa del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, aceptaba "íntegramente" la liquidación realizada por la Agencia Tributaria en relación con el Impuesto de Sociedades de los años 2020 y 2021, de donde se desprende la comisión del presunto fraude fiscal.
En el pacto remitido al Ministerio Público, vía mail, González Amador se ofrecía a pagar una multa correspondiente al 40% de la cuota defraudada -lo que elevaría el importe a unos 520.000 euros aproximadamente- así como a aceptar cuatro meses de cárcel por cada delito fiscal. "También se propone la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de nueve meses", indica el documento.
Además, su letrado informó al fiscal que "su cliente había ingresado ya en la Agencia Tributaria las cuotas defraudadas a través de la autoliquidación del Impuesto de Sociedades de año 2022, aunque una vez iniciado el procedimiento inspector y por lo tanto sin darse lo indicado en el artículo 305.4 del Código Penal (así se reconoce expresamente)".
La existencia de esta propuesta de pacto de conformidad también quedó recogida en la querella interpuesta por la pareja de Ayuso contra los fiscales Pilar Rodríguez -jefa provincial de Madrid- y el fiscal de Delitos Económicos Julián Salto por un delito de revelación de secretos cometido supuestamente al difundir el Ministerio Público datos confidenciales de las conversaciones mantenidas para lograr alcanzar un pacto de conformidad.
En la actualidad, González Amador se encuentra imputado ante el Juzgado de Instrucción Número 19 de Madrid, que dirige la magistrada Inmaculada Iglesias, tras haber sido denunciado por la Fiscalía por fraude fiscal. El novio de Ayuso habría dejado de ingresar a la Hacienda Pública estatal por el Impuesto de Sociedades de 2020 una cuota de 155.000 euros y por el impuesto de sociedades de 2021, una cuota de 195.951 euros.
El pasado 22 de enero, la Fiscalía Provincial de Madrid recibió un informe de la Agencia Tributaria donde se alertaba de los posibles delitos fiscales sobre la sociedad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente.
En estos momentos, la pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid también está siendo investigada por un delito de falsedad documental. La juez lo ha citado a declarar el próximo 20 de mayo en los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid).