Luis Castillo, uno de los presos del estallido social indultado, fue condenado este lunes a cuatro años de cárcel por los delitos de robo con intimidación y violencia y manejo bajo la influencia de estupefacientes, todos ocurridos en Copiapó en diciembre pasado.
Castillo, autodenominado "insurrecto", fue indultado por el Presidente Boric el último día hábil de 2022. Casi un año después, fue detenido cuando se movilizaba en un auto robado con tres mujeres (dos de ellas menores de edad) y el conductor original del vehículo metido en el maletero.
El fiscal Sebastián Coya explicó que "desde el mes diciembre del año pasado los antecedentes de la carpeta investigativa que se expusieron en la audiencia de control de detención daban cuenta de ilícitos de robo y secuestro. Sin embargo, con la ejecución de las diligencias ordenadas por la Fiscalía se obtuvieron nuevos antecedentes que permitieron acreditar el delito de robo con intimidación y violencia y el manejo bajo la influencia de estupefacientes".
Tras la recalificación, detalló Coya, en juicio abreviado "Castillo aceptó los hechos con lo que el imputado fue condenado a la pena efectiva de cárcel de 4 años y un día".
El fiscal agregó que la misma pena fue impuesta a la coimputada, Camila Morales, quien al tener irreprochable conducta anterior le fue impuesta una pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva.
Mientras las adolescentes participantes en estos hechos ya habían sido condenadas a seis meses de intervención de un programa especializado en el área de rehabilitación.
GOBIERNO: INDULTOS NO SON ETERNOS
La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, fue consultada por el caso de Luis Castillo, afirmando que "todos sabemos que los indultos no son eternos si es que la persona comete nuevo delito".
Vallejo remarcó que "aquí hay reglas claras frente a estas situaciones y claramente, además, esta persona nuevamente rompió con las reglas y cometió delito y la justicia avanzó, actuó y determinó condena y eso da cuenta que nuestras instituciones, insisto, funcionan".
Además expresó que "en estos casos donde se ha indultado ahora o en otras ocasiones a personas que han cometido delitos -porque los indultos aplican sobre personas que han cometido delito- esas personas no están libres de tener que enfrentarse a la justicia si eventualmente cometen delito o faltas porque el Estado de Derecho sigue funcionando y actúa frente a estos casos y en esto evidentemente aplicó como corresponde a esta persona".
"Nos parece evidentemente que una demostración más que las instituciones pueden funcionar independientemente incluso de personas que están indultadas porque así aplica nuestro ordenamiento jurídico", cerró evitando algúna autocrítica por parte del Gobierno.
Castillo -autodenominado "insurrecto"- se convirtió en la figura principal de la controversia por los indultos, puesto que el Gobierno aseguró que los beneficiarios eran personas sin antecedentes penales pre crisis de octubre, pero se reveló que -además de vándalo- era un delincuente común, con responsabilidad en desórdenes, daños y robos.
Tras el estallido, Castillo fue condenado a cuatro años de presidio menor en su grado máximo por los delitos de desórdenes y robo en lugar no habitado en noviembre de 2019. Mantuvo una huelga de hambre durante su estadía en la cárcel como medida de presión para obtener la libertad.