Quiebra un almacén de fruta y otros cuatro son insolventes en el Baix Cinca
La jueza finiquita Hortofrutícola del Segrià al carecer de activos para pagar sus deudas
Varios operadores están en concurso en vísperas de la campaña
La ola de insolvencia que está afectando a los almacenes de fruta que operan en el Baix Cinca está desatando la inquietud entre los agricultores de la comarca, que temen que en la próxima campaña puedan sufrir de nuevo el impago de las cosechas que van entregando a las empresas. La magistrada del Juzgado Mercantil de Huesca ha finiquitado la existencia de Hortofrutícola del Segrià, con sede en Fraga, al constatar la "insuficiencia de la masa activa para satisfacer los créditos contra la masa"; es decir, la inexistencia de fondos y de activos con los que saldar las deudas que acumulaba cuando hace unos meses se declaró insolvente. Esta quiebra se une a los concursos de acreedores por los que atraviesan otras cuatro firmas que llevan años operando en la zona.
Esas situaciones de insolvencia afectan a Frutas Lozano, cuyo concurso tramita el Juzgado Mercantil número 2 de Zaragoza, y a la firma castellonense Frutas Giménez, que lleva en esa situación casi dos años. Paralelamente, tanto la leridana Frulesa como la fragatina Frutalba se encuentran ya en fase de liquidación en sus respectivos procedimientos.
"El problema es grave. Se trata de almacenes que absorbían una buena parte de la producción de la zona, millones de kilos entre todas ellas", explican fuentes del sector frutero bajocinqueño, en el que se está extendiendo la convicción de que la lista de almacenes en concurso va a aumentar en los próximos meses. "No estamos concentrando la producción, sino la deuda", señalan las mismas fuentes. Se ha dado el caso de varios agricultores que han ido cambiando de moroso y de otros que llevan varios años cobrando a plazos la mercancía que en su día entregaron como producto fresco. Esas situaciones, que circulan como secretos a voces entre el sector y se tratan con sordina en la administración, ponen sobre la mesa la cronificación de prácticas que prohíbe la Ley de la Cadena Alimentaria: la fruta se entrega sin acordar un precio en origen y se cobra, si se cobra, en función de los resultados del comprador.
En este apartado, llaman la atención los resultados de la supervisión de la cadena alimentaria por el Gobierno de Aragón: en la campaña de 2022, la última con datos disponibles, las 469 inspeccions programadas en el sector frutero se quedaron en 379 y las 55 auditorías en 27; es decir, que una de cada cinco y la mitad de las previstas, respectivamente, se quedaron sin efectuar