La consagración del régimen foral en la Constitución pone fuera de toda duda el Cupo vasco. Las tres Haciendas del País Vasco (una por cada provincia) recaudan los impuestos en sus territorios históricos, tienen amplio margen a la hora de determinarlos y también a la hora de disponer de esos recursos.
El País Vasco y Navarra solo transfieren una parte de esos recursos al Estado, que se determina en una negociación bastante opaca, según los expertos, y que se supone que compensa aquellos servicios que ofrece el Estado bien en las propias comunidades autónomas, bien en materias de interés general, como Defensa o relaciones exteriores.
Esta plena disposición de los recursos permite que el País Vasco tenga una posición mucho más saneada en sus cuentas públicas que el resto de comunidades. Por ejemplo: en 2007, antes de la explosión de la burbuja, la deuda pública vasca suponía un 1,0% del producto interior bruto (PIB) de la región. El año pasado lo cerró en el 12,4%, doce veces más, pero lejos del máximo de 16,2% que marcó en 2020, en lo más duro de la pandemia, y diez puntos menos que el común de los territorios. La media de las CCAA es de un 22,2% de deuda pública.
Euskadi aportó 1.740 millones en 2023
Navarra tiene una posición mejor (12%) y después del País Vasco estaría Madrid (12,6%). Precisamente estas tres comunidades son las únicas que no están endeudadas con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) que puso en vigor el Gobierno de Mariano Rajoy para financiar a las comunidades. Madrid, que es del régimen común, por su mejor posición competitiva; las dos regiones forales, por la ventaja de disponer de sus recursos.
De acuerdo con los datos de la ejecución presupuestaria de 2023, el año pasado el País Vasco entregó al Estado 1.682 millones en concepto de contribuciones concertadas (el cupo), además de 58 millones en compensaciones financieras. En total, 1.740 millones, un 18% más que los 1.472 millones que transfirió por las mismas rúbricas en 2022.
De acuerdo con los datos del Consejo Vasco de Finanzas Públicas, las tres diputaciones forales ingresaron más de 18.200 millones en impuestos el año pasado.
Los expertos dudan del cálculo del cupo
El 'think-tank' Fedea, liderado por Ángel de la Fuente, ha criticado en múltiples ocasiones la opacidad con la que se calcula el cupo vasco, ya que debería hacerse por criterios objetivos pero, a la hora de la verdad, es imposible de pergeñar por los expertos y termina convirtiéndose en un acuerdo político entre los gobiernos de turno. El actual Cupo, por un periodo 2022-2026, fue firmado por la vicepresidenta María Jesús Montero, entonces 'solo' como ministra de Hacienda, junto con el Gobierno del País Vasco.
Ahora bien, a pesar de esa plena disposición de los recursos que se generan en su territorio -con la salvedad de las cotizaciones a la Seguridad Social, que van a la 'caja común' para el pago de las pensiones– el País Vasco no consiguió cerrar el año pasado en superávit. Fue la comunidad con menor déficit de las doce que arrojaron un saldo negativo: apenas fue del 0,08% del PIB, de acuerdo con los datos divulgados por Hacienda. En total, el desequilibrio fue de 73 millones. Pero fue ligeramente peor al de 2022: entonces fue del 0,02%, 19 millones.
El Cupo tendrá que ser reformado próximamente si el Gobierno consigue convertir en permanentes los dos gravámenes extraordinarios a la banca y a las energéticas. Fueron diseñados como prestaciones patrimoniales públicas de carácter no tributario, pero para poder concertarlos con las haciendas forales tienen que ser rediseñados, sí o sí, como impuestos, más allá de los potenciales cambios en las bases. Concertar supone también un margen sobre el diseño del impuesto, de interés para los potenciales efectos en bancos como Kutxabank o en la gigantesca Iberdrola, la joya de la corona vasca.