En la Defensoría del Pueblo, regional Medellín, se compró un edificio en el 2022 por valor de aproximadamente $9.000 millones, el cual sería la sede de la entidad para el departamento de Antioquia, sin embargo, aún continúa sin ser ocupado y al parecer con dificultades para adecuarlo.
Mientras tanto, los funcionarios se encuentran en una sede en arriendo que se está quedando pequeña ante la cantidad de personas que allí laboran.