El fiscal general, Álvaro García Ortiz, ha asumido este lunes públicamente la "responsabilidad última" de la nota informativa en la que la Fiscalía de Madrid salía al paso de informaciones inveraces sobre la denuncia interpuesta por presuntos delitos fiscales contra el novio de la presidenta del Gobierno de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Alberto González Amador ha presentado una querella por revelación de información reservada por la difusión de esa nota y atribuyendo a la Fiscalía la filtración de la investigación que la Agencia Tributaria ha hecho sobre su actividad empresarial.
La querella, pendiente de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decida si la admite o no a trámite, se dirige contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y contra el fiscal Julián Salto, firmante de la denuncia contra González Amador.
En el discurso pronunciado hoy durante el acto de toma de posesión de varios fiscales, celebrado en la sede de la Fiscalía General, García Ortiz ha leído una declaración institucional de seis puntos en la que ha reconocido la labor y el desempeño profesional de los dos querellados.
"Recibir libremente información veraz es un derecho fundamental consagrado en el artículo 20 de nuestra Constitución", ha dicho García Ortiz, que ha recordado que la ley atribuye al Ministerio Fiscal la "relevante función" de informar a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan en el ámbito de su competencia.
"No puede considerarse infringido el deber de reserva cuando el objeto de la comunicación es de dominio público fruto de indeseables filtraciones", ha señalado el fiscal general.
Se refería al hecho de que la nota informativa objeto de querella se difundió después de que algunos medios informaran -en contra de la verdad- que la Fiscalía había ofrecido un acuerdo de conformidad penal a la pareja de Díaz Ayuso y luego lo había retirado "por órdenes de arriba" para llevarle a juicio.
Esos medios sugerían, así, que había habido una actuación espuria de la Fiscalía en contra de la pareja de Díaz Ayuso.
A este respecto, el fiscal general ha leído el acuerdo adoptado en octubre de 2013 por el Consejo Consultivo de Fiscales Europeos, según el cual: "Cuando un fiscal individual sea objeto de un ataque injusto a través de los medios de comunicación, así como cuando se hayan difundido informaciones falsas sobre personas o hechos relacionados con algún procedimiento del que se ocupe un fiscal, la reacción debe provenir preferentemente del máximo responsable de la fiscalía o de un portavoz de ésta y, en casos importantes, del fiscal general o de la máxima autoridad responsable del Ministerio Fiscal. Tal reacción institucional minimiza la necesidad de que el fiscal afectado haga uso del derecho de respuesta garantizado a toda persona, así como el riesgo de una excesiva personalización del conflicto».
Para García Ortiz, la nota de prensa de la Fiscalía "no contenía información que pudiera perjudicar el derecho de defensa ni datos de carácter confidencial que tuvieren incidencia procesal alguna en un ulterior procedimiento judicial".
"Como fiscal general del Estado", ha dicho, "estaba informado de los acontecimientos y de la publicación de un comunicado que se limitaba a desmentir, con hechos cronológicamente sistematizados, informaciones falaces e interesadas previamente publicadas por algunos medios. Por consiguiente, asumo la responsabilidad última de esa nota de prensa".
"No voy a tolerar que ningún fiscal tenga que soportar las consecuencias del funcionamiento trasparente de nuestra institución", ha dicho.
"No pienso consentir que la fiscal jefa de Madrid o el fiscal encargado del caso sean perturbados por ejercitar la acción penal ante la posible comisión de hechos de naturaleza delictiva", ha añadido.
El fiscal general ha concluido señalando que "sirva esta declaración institucional como respaldo a los compañeros de la Fiscalía Provincial de Madrid, que no han hecho sino cumplir un deber de informar verazmente a la ciudadanía con absoluta transparencia, prudencia y dentro de los márgenes y límites que marca nuestro ordenamiento jurídico y la Instrucción 3/2005 [sobre relaciones con los medios de comunicación]".
"E, insisto, asumo institucionalmente la responsabilidad última de la nota de prensa emitida por la Fiscalía Provincial de Madrid", ha finalizado.