El congresista Jorge Flores Ancachi (Acción Popular), implicado en los casos "Los Niños" y "Mochasueldos", presentó una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, así como contra la fiscal suprema Delia Espinoza, por haberlo incluido junto a otros legisladores en la investigación contra Patricia Benavides.
La acusación es por los presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato y omisión de funciones, así como por presunta infracción a dos artículos de la Constitución.
Flores Ancachi pide que se emita como sanción contra los dos fiscales supremos diez años de inhabilitación de la función pública.
La denuncia se sustenta en la incorporación de unos 14 congresistas en la investigación preliminar contra Patricia Benavides por supuestas coordinaciones para lograr votos a favor de causas que favorecían a la exfiscal de la Nación.
La fiscal Delia Espinoza solicitó el registro de votos en las acusaciones contra Zoraida Ávalos, que concluyeron con su inhabilitación, y contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Jorge Flores Ancachi justifica su acusación indicando que tanto Juan Carlos Villena como Delia Espinoza han cometido infracción constitucional por investigar votaciones de legisladores, cuando estos no son responsables por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones.
En el caso del fiscal de la Nación, lo responsabiliza por haber otorgado a Espinoza las facultades para investigar a altos funcionarios como legisladores. Contra la fiscal Delia, indica que es responsable de querer investigar a parlamentarios de manera irregular.
El parlamentario asegura que pedir información relacionada a estas votaciones son un ataque "injustificado" que busca instaurar una "persecución fiscal a legisladores por el solo hecho de emitir sus votos".
Cabe recordar que Jorge Flores Ancachi es uno de los cuatro parlamentarios de Acción Popular denunciado constitucionalmente por el Ministerio Público por el caso "Los Niños", el cual está todavía en trámite en el Poder Legislativo.
También es objeto de un proceso por el caso "Mochasueldos" por el cual la Comisión de Ética ha propuesto una sanción de 120 días que está pendiente de ser votada en el pleno.