La gestación subrogada con fines de explotación, el matrimonio forzado y las adopciones ilegales son ya nuevos delitos europeos, después de que el Parlamento Europeo (PE) haya dado luz verde este martes a añadirlos en la directiva contra la trata de seres humanos, con 563 votos a favor, siete en contra y 17 abstenciones. Una reforma de la ley de 2011 que se materializa después de que en enero se llegase al acuerdo de incluir estos tres delitos como tipos de explotación y penalizarlos con penas de hasta cinco años de cárcel o de 10 si se trata de un delito agravado.
"Doce años después de la adopción de la directiva, el Parlamento Europeo ha tenido que revisar las normas de la Unión Europea, ya que la trata se ha vuelto más sofisticada y los recursos a nuestra disposición siguen siendo rudimentarios", ha defendido María Eugenia Rodríguez Palop, eurodiputada elegida por Unidas Podemos y ahora próxima a Sumar, quien durante su intervención en la Eurocámara ha valorado el "paso adelante" que se da con esta reforma.
Ahora, el Consejo deberá aprobar formalmente el textor, que entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Diario Oficial y los Estados miembros tendrán un plazo de dos años para aplicar todas sus disposiciones.
La difusión no consentida de imágenes como agravante
La iniciativa busca extender la acción europea más allá de la explotación laboral y sexual, de ahí que hayan añadido el matrimonio forzoso y la adopción ilegal. Sin embargo, respecto a la gestación subrogada —también conocida como vientres de alquiler—, no se considerará como una forma de trata per se, sino que se penalizará únicamente cuando se utilice con fines de explotación reproductiva.
Además, la directiva permite que los jueces consideren la difusión no consentida de imágenes o vídeos sexuales como agravantes a la hora de dictar sentencia. Asimismo, y con el objetivo de reducir la demanda de la explotación, tipifica como delito que un usuario haga uso de los servicios prestados por una víctima si este es consciente de que está siendo explotada.
El texto introduce sanciones para las empresas condenadas por trata, incluida su exclusión de los procesos de licitación y la percepción de ayudas públicas. También establece la necesidad de que las autoridades competentes y encargadas del asilo se coordinen entre ellas para que las víctimas de trata reciban el apoyo y la protección adecuados; y da a los fiscales la posibilidad de que no procesen a las víctimas por actos delictivos que cometieron coaccionadas y que estas tengan el derecho a recibir apoyo y atención independientemente de si cooperan o no en las investigaciones judiciales.
"Hemos iniciado un cambio, y ahora los Estados miembros deben aprovechar al máximo esta Directiva y garantizar que las mujeres y las niñas no sean compradas y vendidas en Europa", ha instado la eurodiputada sueca por el partido de la Izquierda Malin Björk.