La acusación popular que ejercen en el "caso Tsunami" dos policías heridos en las protestas de la plataforma independentista en 2019 reclaman al Tribunal Supremo (TS) que Carles Puigdemont y el diputado de ERC Ruben Wagensberg, huido a Suiza, declaren de manera presencial en el alto tribunal, y no mediante videoconferencia, como acordó la magistrada Susana Polo instructora de la causa penal abierta contra ambos por terrorismo, para una fecha aún por determinar entre el 17 y 21 de junio.
En el recurso contra esa decisión, niega que existan "causas fundadas" para llevar a cabo esos interrogatorios por videoconferencia, una medida que según su criterio no reúne la seguridad jurídica exigida legalmente para practicar esas diligencias.
Tras incidir en que "se desconoce absolutamente el territorio donde se encuentran y su arraigo personal", la acusación señala que la declaración telemática "implicaría un cambio radical de criterio" en la práctica habitual del Tribunal Supremo, recordando que en la instrucción de la causa del "procés" el magistrado Pablo Llarena se negó a acordar declaraciones por videoconferencia de los investigados.
La representación letrada de los dos agentes, que ejercen los abogados José María e Ignacio Fuster-Fabra, hacen hincapié en que ni Puigdemont ni Wagensberg "tienen un domicilio fijo en el extranjero, pues cada aparición pública que realizan tienen una localización distinta". De ahí que no vea "causas fundadas" para citarles a declarar por videoconferencia al encontrarse "en situación de rebeldía e incomparecencia voluntaria a la acción de la Justicia", y desconociéndose además "de manera certera el lugar en el que se encuentran". De continuar adelante con esa comparecencia telemática, avisa la acusación popular, se pueden vulnerar "los principios de oralidad, inmediación y contradicción" exigibles legalmente, comprometiendo así el derecho de defensa.
El artículo 258 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, insisten los letrados, "requiere para su aplicación una serie de condiciones de seguridad que no concurren en el presente caso, pues se desconoce el verdadero paradero y domicilio de los investigados que deberían ser citados con objeto de la presente declaración", lo que implicaría según la acusación que "ni tan siquiera la citación pueda llevarse a cabo con las garantías necesarias establecidas legalmente".
"Existen grandes dificultades"
Y recuerda que los dos imputados "ya han manifestado de manera clara, directa y explícita que no sólo no van a estar a disposición judicial, si no que de ninguna de las maneras van a acudir a un juzgado o tribunal español con el que pueda realizar una conexión segura para su declaración". Al ser su domicilio "permanente desconocido", asegura, "existen grandes dificultades para poder materializar la citación" pues resulta "materialmente imposible conocer a día
de hoy el domicilio de los investigados".
"Esta situación conlleva en que no podemos asegurar que la declaración se realice a través de un sistema seguro, pues no tenemos la certeza si la
declaración se va a realizar desde una ubicación adecuada al texto normativo" y con las garantías procesales "que se requiere para un procedimiento penal y
menos aún con la finalidad que se busca con una citación de estas características" y por hechos tan graves.
Incluso alerta de que "no existe seguridad" de que la declaración "pueda ser llevada a cabo por una persona que no sea su titular, o incluso, mediante algún artificio de la imagen que pueda suplantar su identidad", al no poder comprobarse la autenticidad "por un funcionario habilitado para ello (tal y como se
establece legalmente)".
Interrogatorio "con todas las garantías"
La acusación reclama "un interrogatorio con todas las garantías" y "en igualdad de condiciones" con el resto de investigados en similar situación. De ahí que se oponga a "una conexión privada en el lugar en el que se encuentren", que considera no es procedente "en lo fáctico, en lo legal y en lo material
pues nos podríamos encontrar con contingencias tan claras como una ausencia de garantías en cuestiones tan elementales como la identificación de
los investigados que en cualquier caso debería ser articulado por un funcionario que diera fe de los comparecientes en el momento oportuno".
Los letrados de los dos agentes consideran "se deben cumplir una serie de garantías procesales y técnicas" para llevar a cabo la declaración por videoconferencia cuyo cumplimiento no creen posible. Así, ven "fundamental" la participación de organismos judiciales españoles "para
garantizar su autenticidad", algo que en este caso "no se va a poder cumplir debido a la compleja situación de los investigados respecto a su disposición para comparecer a los órganos judiciales que les requieran". "No se pueden cumplir esos requisitos de seguridad, certeza e inmediatez que requeriría una declaración como investigado por los hechos tan graves", recalca la acusación.
✕