Agencia EFE
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Actualizado 13:25
El interventor del Estado que analizó los contratos para la fallida Ciudad de la Justicia de Madrid, impulsada por el Gobierno autonómico del PP de Esperanza Aguirre, ha declarado en el juicio que vulneraron la ley buscando adjudicarlos a dedo y que "no se justificó la necesidad" del suscrito con el arquitecto Norman Foster.
La Audiencia Nacional ha reanudado este jueves el juicio a los seis acusados de supuestas irregularidades en contratos adjudicados entre 2005 y 2008 por Campus de la Justicia, la sociedad creada por la Comunidad de Madrid para ejecutar el proyecto, con la declaración de un perito que fue jefe de la Unidad de Auxilio Judicial de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) del Ministerio de Hacienda.
En esta causa se sientan en el banquillo el entonces vicepresidente segundo y consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada, para quien el fiscal pode ocho años de prisión, y otros cinco acusados, que ocupaban cargos en Campus de la Justicia, que se enfrentan a una petición de seis años por supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
La Comunidad de Madrid, que ejerce la acusación, les reclama 40,4 millones de euros por los contratos adjudicados presuntamente de forma ilegal.
En la sesión de este jueves el citado interventor del Estado ha concluido que ninguno de los contratos suscritos por la sociedad Campus de la Justicia entre 2004 y 2008, la época en la que su máximo responsable era Alfredo Prada, respetaron la legalidad en la contratación pública.
Al respecto, ha insistido que "no hay ningún" contratos de Campus de la Justicia "que esté correcto y en algunos las infracciones son gravísimas", y "hay irregularidades en todos los puntos de ejecución, desde la idea inicial hasta el pago de las facturas".
Preguntado por el fiscal si consideraría que se han producido contratos a dedo, el perito ha respondido: "Yo creo que sí".
Ha puesto como ejemplo la contratación de Norman Foster para que elaborara el proyecto de dos de los catorce edificios que se pretendían construir en los 45.000 metros cuadrados de la Ciudad de la Justicia, los del Tribunal Superior y la Audiencia Provincial, aunque finalmente se edificó solo el que iba a ser destinado al Instituto de Medicina Legal, además de algunos accesos subterráneos.
"En este caso hay un problema de base, que no se justifica la necesidad de que el contratado sea Foster y simplemente ya adoptada la decisión se documenta que por su singularidad tiene que ser él", ha explicado el interventor del Estado.
Ha recordado que "la ley dice que puede haber una asignación personalizada pero en aquellos supuestos en los cuales exista una obligación de tipo técnico o legal que obligue a que sea un contratista único y determinado".
"Pero en este caso no hay justificación de ni por qué Foster ni qué condicionamientos técnicos o legales exigían que fuera él; es decir, no consta ningún informe de necesidades y la adjudicación es una decisión del contratante", ha subrayado.
Por otra parte el perito ha comentado que la sociedad pública Campus de la Justicia carecía de una unidad que controlara la corrección y la legalidad de las actuaciones.
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