El premier Gustavo Adrianzén fue consultado hoy sobre la acusación fiscal que afronta el nuevo ministro del Interior, Walter Ortiz, a quien se le imputan delitos de colusión y negociación incompatible por aparentes direccionamientos de contratos.
Perú21 reveló que el general PNP (r) fue denunciado por maniobras irregulares que realizó siendo jefe de la Dirección de Pensiones de la Policía Nacional, en 2015.
"Ortiz es espada de honor de su promoción, con gran ascendencia en la institución, respetable dentro de la PNP. yo quiero insistir en la presunción de inocencia, aquí nadie pone las manos al fuego por nadie para eso está la justicia y determinar las responsabilidades, pero como funcionarios públicos no estamos exentos de una denuncia o una acusación", expresó Adrianzén en RPP.
El jefe del Gabinete, además, reconoció que el nuevo titular del Interior fue elegido ante el apuro por la salida de su predecesor, el cuestionado Víctor Torres.
"(Walter Ortiz) es un señor honorable, de bien, y muy experimentado en temas de seguridad que es lo que necesitamos ahora; esto de la acusación él verá en el fuero respectivo que se descarte la misma, y yo espero que no vaya a mayores en verdad", sostuvo.
Según la Fiscalía, Ortiz "concertó" con los directores de las oficinas de Logística y Abastecimiento de la PNP para beneficiar a la compañía Termil Cáncer EIRL, cuyo dueño es Porfirio Sierralta Bolaños, con tres licitaciones directas para elaborar planillas de pago a pensionistas.
Lo que advirtió la Segunda Fiscalía Anticorrupción es que la Dirección de Pensiones avaló el fraccionamiento en tres contrataciones cuando pudo tratarse solo de una.
Por cada una, la PNP desembolsó S/39,950, S/130,000 y S/30,900. En total, se gastaron S/200,850.
El Ministerio Público observó que, según el artículo 19 de la Ley de Contrataciones del Estado, "no correspondía realizar dicha fragmentación por comprender estos procesos a tres servicios con características similares".
Y eso no es todo, de acuerdo a la investigación, la empresa no cumplió con concluir los servicios.
"Los funcionarios (de la Dirección de Pensiones) concertaron con el proveedor a efectos de que no se realicen los servicios prestados, toda vez que, los sistemas detallados en los servicios no se encuentran instalados e implementados; así como la empresa no ha brindado las capacitaciones al personal de la entidad", se lee en la acusación.
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