La mitad de los investigados por terrorismo en el caso 'Tsunami' sigue el camino de Puigdemont y se marcha de España
La intención del juez García Castellón de llamarles a declarar provoca la salida del país de al menos seis imputados.
La mitad de los investigados por las protestas de Tsunami Democràtic tratan de eludir el cerco de la justicia española refugiándose en Suiza, un país donde no rigen las euroórdenes y que hasta ahora se ha resistido a colaborar con la Audiencia Nacional en la causa abierta por terrorismo.
El dirigente de Òmnium Cultural Oleguer Serra; el escritor y empresario gerundense Josep Campmajó y el periodista del digital La Directa Jesús Rodríguez son los tres últimos imputados en la causa de Tsunami que han anunciado en las últimas horas que se han instalado en Suiza, por lo que en principio no tienen previsto comparecer ante el juez de la Audiencia Nacional cuando se les cite a declarar.
Esos tres imputados han elegido el mismo camino que el diputado del Parlament Rubén Wagensberg, que el pasado mes de febrero hizo público que, ante el temor de una "detención arbitraria", había fijado su residencia en Suiza, país en el que desde 2018 vive la secretaria general de ERC, Marta Rovira, huida de la justicia española en el caso 'procés'.
También fuera de España se encuentra el principal investigado en el caso, el expresidente catalán Carles Puigdemont, quien tras siete años en Bélgica acaba de trasladar su residencia a Perpiñán (Francia) con motivo de la campaña de las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo.
El pasado lunes, el Tribunal Supremo le emplazó a declarar por videoconferencia, entre el 17 y el 21 de junio, junto a Wagensberg, ambos aforados.
Por su parte, el exconseller de ERC Xavier Vendrell, imputado por Tsunami y también en el caso Volhov de presunto desvío de fondos al 'procés', vive entre España y Colombia, donde lidera varios negocios.
Otros dos de los investigados no han podido ser localizados de momento por la Audiencia Nacional: es el caso del italiano Nicola Foglia, titular de una cuenta en Suiza desde la que se podría haber financiado Tsunami Democràtic, y el informático Jaume Cabani, quien durante un tiempo residió con Puigdemont en Waterloo y cuyo paradero trata de averiguar ahora la Guardia Civil.
Por el momento, el que sí permanece en territorio español es Josep Lluís Alay, director de la oficina de Puigdemont y que aún se recupera de la hemorragia cerebral que sufrió el pasado mes de febrero, por la que tuvo que ser intervenido de urgencia.
Distinta es la estrategia por la que han optado los investigados Oriol Soler -editor y miembro del "estado mayor" que organizó el 1-O- y la militante de ERC y empresaria Marta Molina, quienes sí piensan responder al requerimiento de la Audiencia Nacional y facilitar sus direcciones, sin descartar acudir a declarar como investigados, según fuentes jurídicas.
El juez de la Audiencia Nacional que en 2019 inició la causa de Tsunami Democràtic emprendió el pasado lunes los trámites para llamar a declarar a los investigados no aforados, por lo que pidió a sus defensas que faciliten sus "direcciones inequívocas" con el fin de enviarles la citación.
No obstante, a la vista de sus recientes movimientos, la mayoría de los investigados por la Audiencia Nacional plantarán al juez instructor, que podría dictar órdenes de detención para arrestarlos.
Ante esa situación, Suiza se antojaría un refugio seguro para los investigados que quieran eludir la acción de la justicia española: en el país helvético no rigen las euroórdenes -mecanismo previsto para agilizar las detenciones entre los países de la Unión Europea-, sino los procesos ordinarios de extradición mediante órdenes internacionales.
Además, las autoridades suizas no parecen dispuestas de momento a colaborar con la Audiencia Nacional en la investigación de Tsunami Democràtic, según se desprende de sus respuestas a los requerimientos del juez García-Castellón.
El pasado mes de febrero, la Oficina Federal de Justicia de Suiza suspendió la tramitación de la comisión rogatoria que le remitió la Audiencia Nacional para que su policía aportara datos para localizar a Rovira, aduciendo que ese requerimiento puede tener carácter "político".
García-Castellón, por su parte, ha respondido a Suiza que los tratados internacionales le impiden rechazar por motivos políticos el auxilio judicial que solicitó en el caso Tsunami, ya que se trata de una causa en la que se investigan delitos de terrorismo, al tiempo que tildaba de "inadmisible" que las autoridades helvéticas le pidan explicaciones sobre una