El Gobierno indemnizará a las víctimas de abusos en la Iglesia
El Consejo de Ministros da luz verde a un plan para compensar a los supervivientes y cumplir con una de las recomendaciones del Defensor del Pueblo
El Gobierno aprobó este martes indemnizar a las víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia católica cuyos casos hayan prescrito en los tribunales. Aunque aún no hay cifras sobre el importe de las compensaciones, el Ejecutivo dio su visto bueno a las reparaciones a los supervivientes de la pederastia clerical, una medida que proponía el Defensor del Pueblo en su informe sobre el asunto presentado al Parlamento en octubre. «Las conclusiones del Defensor fueron claras y contundentes», dijo el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, en la rueda posterior al Consejo de Ministros. «La Iglesia católica durante décadas no ha dado respuesta a esta situación, de ahí que los poderes públicos tengamos la obligación de reconocer esos abusos, de prevenir y reparar el daño», sentenció.
Según Félix Bolaños, el Gabinete ha emprendido un diálogo con la Conferencia Episcopal para que esta se comprometa a reparar el daño. «Creo que nadie entendería que la Iglesia no actuara como lo han hecho otros países de nuestro entorno», aseveró el ministro, quien alegó que Irlanda, Francia, Bélgica o Estados Unidos han actuado en este sentido.
El Ejecutivo considera que es necesario compensar a las víctimas con o sin colaboración de la Iglesia católica, para que las indemnizaciones y su cuantía no estén al albur de las entidades religiosas, lo que probablemente comportaría desigualdades e incluso encubrimiento. Bolaños, que se entrevistó el jueves con el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, tiene la impresión de que los obispos están dispuestos a cooperar. «Me parece que la Iglesia católica tiene voluntad de colaborar. Me consta que está trabajando también en cómo proceder a la reparación integral de las víctimas», sostuvo el ministro.
«Un plan que discrimina»
La Conferencia Episcopal, aun reconociendo las «valiosas» medidas que contiene el plan del Gobierno en aras a atender a las víctimas, insiste en que no puede aplaudir un proyecto que deja fuera a nueve de cada diez perjudicados por agresiones sexuales, dado que marginaría a los agredidos fuera del ámbito eclesiástico. «La Iglesia no puede aceptar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales», dice una nota del episcopado. «La Iglesia no quiere que el Estado asuma su responsabilidad económica, moral y espiritual con las víctimas de abusos ni que el Gobierno regule lo que no le corresponde. Ha de regular para todos desde el respeto al principio de legalidad y de universalidad. Ahí nos encontraremos», escribió en su cuenta de X (antes Twitter) el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello.
Los obispos critican que, al centrarse sólo en la Iglesia católica, el plan del Gobierno aborda únicamente una parte del problema. «Es un análisis parcial y oculta un problema social de enormes dimensiones».
A la jerarquía católica le ha sentado mal el tono recriminatorio del documento gubernamental, en el que se asevera que la Iglesia ha tendido a ver «el problema más como un pecado que como un delito», según el texto al que ha tenido acceso El País . A este respecto, destaca que la respuesta eclesial durante años ha sido «la negación o minimización del problema, cuando no la culpabilización de la propia víctima y/o superviviente». La institución deploró las acusaciones, que «parten de un juicio condenatorio de toda la Iglesia, realizado sin ningún tipo de garantía jurídica, un señalamiento público y discriminatorio por parte del Estado». «Al centrarse sólo en la Iglesia católica, aborda únicamente una parte del problema. Es un análisis parcial y oculta un problema social de enormes dimensiones».
Los mitrados arguyen que la Iglesia es una adelantada en la atención a los supervivientes de la pederastia clerical. «La Iglesia va por delante en la acogida de las víctimas, en la formación para la prevención y en su reparación. Son los poderes públicos los que deben desarrollar medidas oportunas en esta labor de proteger a los menores en tantos ámbitos de su competencia».
La iniciativa del Gobierno contempla cinco ejes de actuación: el reconocimiento y reparación, la atención a las víctimas, la prevención, la formación y sensibilización y finalmente la información e investigación de los casos.