La Unión Europea ha avanzado significativamente en el ámbito del derecho a reparar con la adopción de una nueva directiva que impone a los fabricantes la obligación de ofrecer reparación para dispositivos fuera de garantía, abarcando una amplia gama de productos que incluyen desde teléfonos móviles hasta lavadoras, entre otros.
La intención de estas medidas es especificar la forma en que las compañías deben abordar la restauración de los artículos dañados.
¿Qué es el derecho a reparar?
El derecho a reparar hace referencia a las normativas o movimientos legislativos que buscan otorgar a los consumidores la capacidad de reparar los productos que adquieren, ya sea de forma autónoma, a través de servicios de reparación de terceros o directamente con los fabricantes.
Las reglamentaciones recientemente establecidas por la UE dictaminan que, en caso de que un artículo se dañe mientras está aún bajo garantía legal, el vendedor debe informar al consumidor de su derecho a decidir entre una reparación o un reemplazo.
Si se escoge reparar, la garantía se prolongará por doce meses adicionales, siendo esta una extensión única, aunque los estados miembros de la Unión puedan considerar extensiones futuras para reparaciones subsiguientes.
Para dispositivos domésticos fuera del período de garantía, aún recae en los fabricantes la responsabilidad de repararlos, debiendo comunicar a los consumidores sobre su derecho a tal servicio, el cual debe ser asequible, eficiente y oportuno.
Además, la directiva prohíbe a los fabricantes utilizar piezas usadas o impresas en 3D y les impide rechazar reparaciones por razones económicas o porque el producto haya sido intervenido previamente por terceros.
Además, las recientes disposiciones de la Unión Europea incluyen que los usuarios tendrán la opción de solicitar un dispositivo de sustitución temporal durante el tiempo en el que el suyo se encuentre en reparación.
¿Cuándo entrará en rigor esta normativa de la UE?
La directiva que respalda el derecho a reparar, aprobada por el Parlamento Europeo, deberá ser ratificada por el Consejo de la Unión Europea y anunciada en el Diario Oficial de la UE. Posterior a este proceso, los estados miembros contarán con un plazo de dos años para integrarla a su legislación nacional.
El movimiento a favor del derecho a reparar en la Unión Europea comenzó a finales de 2020. En 2022, la Comisión Europea propuso una iniciativa que obligaría a compañías como Apple y Samsung a garantizar la disponibilidad de piezas de repuesto durante un período más extenso.
En relación con España, el país adelantó un paso significativo en 2021 al incrementar el período de la garantía obligatoria de los productos electrónicos de dos a tres años, además de prolongar el tiempo de disponibilidad de los repuestos de cinco a diez años.
El ponente de esta iniciativa ante la UE, René Repasi señaló que "se trata de un logro significativo para el Parlamento y su compromiso de empoderar a los consumidores en la lucha contra el cambio climático".
La adopción de medidas en favor del derecho a reparar representa un avance positivo para la protección ambiental. Dicha iniciativa fomenta la reducción de desechos electrónicos, uno de los flujos de desechos de más rápido crecimiento a nivel mundial, contribuyendo así a la lucha contra la contaminación y el agotamiento de recursos naturales.
Alargar la vida útil de los dispositivos mediante reparaciones facilita una economía más circular, en la cual los productos, materiales y recursos se mantienen en uso durante el mayor tiempo posible, reduciendo la necesidad de extracción y manufactura de nuevos.
Esto, a su vez, disminuye emisiones de CO2 relacionadas con la producción y transporte de nuevos dispositivos, contribuyendo a la mitigación del cambio climático.
Promover el derecho a reparar estimula la creación de empleos en el sector de reparaciones y refuerza la autonomía del consumidor sobre sus bienes, alentando un cambio cultural hacia prácticas de consumo más sostenibles y responsables.