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La defensa del exministro del MOPC Ramón Jiménez Gaona había planteado el recurso de reposición con el argumento que el juzgado de Garantías Especializado en Delitos Económicos no debió admitir la acusación por el caso metrobús, presentada por la fiscala María Estefanía González, debido a que está pendiente de resolución una acción de inconstitucionalidad.
Al respecto del juez Humberto Otazú señala que no existe medida cautelar dispuesta por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por lo que a su criterio "el pedido de la defensa deviene improcedente, y al solo efecto dilatorio", según resalta parte del Auto Interlocutorio N° 108 dictado el 25 de abril de 2024.
Ante esta decisión del juzgado de Garantías el expediente se remite ahora al Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos para que resuelva la apelación subsidiaria que planteó la defensa del exministro del MOPC Ramón Jiménez Gaona.
Acusación por fallido metrobús
La audiencia preliminar está fijada para los días 7, 8 y 9 de mayo, a fin de decidir si la causa va a juicio oral y público como pide la fiscala María Estefanía González.
Según la acusación, bajo la administración de Jiménez Gaona (2013-2018), el MOPC desembolsó dinero público por obras que no cumplieron con las especificaciones técnicas y no sirven para la finalidad del "Programa, modernización del transporte público metropolitano y oficinas de Gobierno" (Metrobús).
El Estado paraguayo sufrió un perjuicio patrimonial de G. 180.030.528.699 (cerca de 25 millones de dólares al cambio actual) por el pago de 29 certificaciones de obras a favor de Mota-Engil Ingeniería y Construcción SA; teniendo en cuenta que por dicha suma terminó recibiendo una obra inconclusa e inviable a raíz de las conductas desplegadas por los ahora acusados, de acuerdo a la acusación.