Cristina Gallardo
En menos de un año, la Fiscalía Europea ha puesto bajo su lupa en España al menos 15 presuntos fraudes con fondos de la UE, señalan a 'El Periódico de España', medio que pertenece al mismo grupo editorial que este diario, fuentes jurídicas. Ello ha motivado que los seis magistrados de instrucción de la Audiencia Nacional, que según la ley tienen que actuar como
en estos procedimientos, ya estén adoptando este papel cuando aún no se ha cumplido un año de la puesta en funcionamiento del organismo europeo, el 1 de junio de 2021.
Dado el número de procedimientos ya abiertos, a cada juez de instrucción de la Audiencia Nacional le han correspondido dos o tres de estos asuntos. No obstante, no todos tienen la trascendencia mediática de la investigación del contrato de Priviet Sportive para la compra de mascarillas en el que participó Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta madrileña. En este caso, el garante de la investigación es el juez Central número 1, Alejandro Abascal.
El asunto ha motivado un enfrentamiento inédito entre las representantes de la Fiscalía Europea en España, Concepción Sabadell, y la Fiscalía Anticorrupción española que se ha saldado de una forma salomónica, con dos investigaciones en paralelo, que no ha terminado de convencer a la institución europea.
También tiene trascendencia política una segunda investigación abierta por la Fiscalía Europea para determinar si el
pretendió influir en el reparto de los fondos europeos para la reactivación de la economía española tras la pandemia de la covid-19 y presuntamente desviarlos de forma fraudulenta
La mayoría de los expedientes llegados a los jueces de la Audiencia Nacional, según las mismas fuentes afectan a empresas españolas que pueden haber incurrido un presunto fraude de subvenciones de la UE o también fraudes de IVA, que son competencia de la Fiscalía con sede en Luxemburgo por afectar a la Hacienda europea.
Lejos del papel de 'jueces estrella' que suelen adoptar los de instrucción de la Audiencia Nacional en casos de corrupción como 'Púnica', 'Lezo' o el caso 'Gürtel' -cuya primera sentencia causó en último término el fin del mandato de Mariano Rajoy al frente del Gobierno en 2018-, en el caso de las investigaciones europeas la labor de estos magistrados se encuentra muy limitada por la ley.
En su artículo 8, la normativa que tuvo que ser aprobada el pasado mes de junio para permitir la labor de la Fiscalía Europea en España atribuye a los jueces de garantías la autorización de las diligencias de investigación restrictivas de derechos fundamentales, como puede ser un registro; además de acordar medidas cautelares respecto de los investigados.
Meses desde el aviso de la Fiscalía Europea
Las fuentes consultadas señalan que los jueces españoles no han sido impelidos aún a realizar ninguna de estas tareas y, en la mayoría de los casos, han pasado semanas enteras o meses desde que llegó la comunicación de la Fiscalía Europea sin que hayan tenido ninguna información más sobre el asunto que les ha correspondido.
Sí que han tenido que resolver impugnaciones contra los decretos del fiscal europeo delegado en nuestro país, que es otra competencia que les atribuye la norma. Su papel cobrará relevancia al final de la instrucción por el fiscal europeo, ya que en dicho momento es al juez español es a quien corresponderá decidir si opta por sentar a los investigados en el banquillo o bien archiva el asunto.
Los jueces de la Audiencia Nacional, cuando actúan como juez de garantías para la Fiscalía Europea, tienen encomendadas otras funciones que no son menores en una investigación, como son la aseguración de la fuente de prueba personal ante el riesgo de pérdida de la misma, la autorización del secreto de la investigación y su prórroga y la adopción de las medidas de protección de testigos y peritos que procedan a instancia del fiscal europeo.
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