Tras casi 20 horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de 'Ley Bases' impulsado por la gestión de Javier Milei. Con 142 votos a favor, 106 en contra y cinco abstenciones, los legisladores pasaron de inmediato a discutir el texto 'por capítulos', método peculiar que intenta evitar otra caída del proyecto en el voto artículo por artículo.
Si pasa la aprobación en particular, el proyecto deberá ser tratado en el Senado, donde el oficialismo se encuentra en desventaja y ya ha sufrido reveses previos.
Además del oficialismo, el proyecto contó con el respaldo del bloque de Pro, aliado incondicional, así como de la mayoría de los bloques de la UCR, Hacemos Coalición Federal y la Coalición Cívica. A ellos se sumaron los ocho diputados de Innovación Federal, representantes de los gobernadores de Misiones, Río Negro y Salta, junto a Osvaldo Llancafilo del Movimiento Popular Neuquino.
En el lado opuesto se posicionaron los diputados de Unión por la Patria, los bloques de izquierda y Natalia De la Sota de Córdoba Federal. Por su parte, los radicales Facundo Manes, Fernando Carbajal, Marcela Coli y Pablo Juliano optaron por la abstención.
Esta versión más acotada de la Ley Bases, en comparación con la presentada en diciembre pasado, incluye medidas clave solicitadas por el Gobierno para esta etapa de su gestión. Entre ellas se destaca la declaración de la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año, así como la facultad para reorganizar, fusionar o disolver organismos de la administración central.
Además, se incorpora una reforma laboral que busca 'flexibilizar' las condiciones de contratación por parte de las empresas, ampliando a seis meses el período de prueba para nuevos trabajadores, con la posibilidad de extenderlo hasta ocho meses o un año para las PyME. Se elimina el cobro de multas por trabajo mal registrado y se habilita a las empresas a crear un Fondo de Cese Laboral como alternativa al régimen de indemnizaciones vigente.
Por otro lado, el proyecto introduce un Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que ya fue cuestionado por la GAFI por el peligro que entraña de ser un filtro para el blanqueo de dinero del narcotráfico. Se destina para proyectos con montos superiores a los US$ 200 millones, y declara sujetas a privatización a una decena de empresas estatales, incluyendo Aerolíneas Argentinas.