Opinión
El ABC de la reforma pensional
El problema del sistema pensional colombiano, como el de otros países, es que coarta la libertad de los individuos. Les obliga a aportar parte de su devengo al Estado por medio de un ahorro.
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El régimen pensional en Colombia es absolutamente desigual. Los subsidios a los pensionados son proporcionales a su pensión proyectada, haciendo que quien más espera pensión más recibe pensiones del Estado. Esto claramente no es sostenible, como no son sostenibles los regímenes pensiónales especiales del magisterio, los trabajadores oficiales, los congresistas, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
El problema del sistema pensional colombiano es la influencia que tiene en él el Estado. Su intervención da beneficios a quienes, a lo largo de los años, ha habido que mantener contentos. Los profesores públicos, por ejemplo, que tanto apoyaron las reformas del presidente Petro, ahora se niegan a que la misma reforma los cubra a ellos. Los congresistas, que firmaron la reforma en masa, mantuvieron beneficios superiores a los que recibe un colombiano del común. Vaya conflicto de interés.
El Estado dedica una parte importante de su presupuesto a cubrir el faltante de pensiones, alrededor de 55 billones de pesos, es decir, más de un millón de pesos al año por colombiano. Ese dinero que aporta el Estado equivale a más de 10% del presupuesto nacional, que paga una pensión por encima de la que resultaría de los ahorros invertidos a tasa de mercado. Es decir, que el Estado le regala dinero a los trabajadores formales mientras quienes están más necesitados, los informales, no reciben un peso.
Con el nuevo esquema pensional eso no cambia mucho. Los subsidios a las pensiones que están por encima del umbral que hoy se discute en la Cámara de Representantes de 2.3 a 4 salarios mínimos desaparecerán, aunque no tendrán un impacto significativo en el presupuesto de la Nación, dado que pocos pensionados acceden a ellos. Quienes no trabajan formalmente y están en edad de pensionarse recibirán un subsidio ligeramente superior de 200 mil pesos, medida que se ha implementado anteriormente por medio del programa de adulto mayor y no necesitaba de la reforma a las pensiones.
Lo que sí hace la reforma es que devuelve obligatoriamente el manejo del dinero de las cotizaciones que están por debajo del umbral al sector público. El gran riesgo acá es que estos dineros, que se ahorran por varias décadas, se vuelvan plata de bolsillo de los políticos, lo cual, dadas las experiencias pasadas, es muy probable.
Los senadores que votaron a favor de la reforma pensional se escudaron en que ese dinero no estaría en riesgo, ya que sería manejado por el Banco de la República. Nada más falso que eso. Primero, el gobierno corporativo del Banco de la República no es indemne a los posibles ataques de los políticos. Al fin y al cabo sus directores terminan siendo nombrados por el presidente de la República y en dos períodos presidenciales puede cambiar su orientación. Segundo, el Banco de la República tendrá el manejo de las inversiones, pero quienes responderán por su manejo no pondrán como garantía su patrimonio, situación que hoy en día, con los fondos de pensiones privados, es sello de garantía. Por último, con solo observar la situación de Venezuela o Argentina, países en los cuales el banco central llevó su moneda a escenarios de hiperinflación, se deduce que el comportamiento del banco no puede ser mejor que el de sus directores de turno.
El problema del sistema pensional colombiano, como el de otros países, es que coarta la libertad de los individuos. Les obliga a aportar parte de su devengo al Estado por medio de un ahorro que no realizarían si no fueran forzados a hacerlo. Adicionalmente, el Estado y los políticos que lo conforman son quienes custodian el ahorro pensional por décadas antes de girarlo en forma de pensiones, con un alto riesgo para los aportantes. Por último, gran parte del ahorro pensional es hoy obligatoriamente invertido en bonos emitidos por el mismo Gobierno, lo cual crea un conflicto de intereses que va en contra de los contribuyentes al sistema.
El Gobierno logró que una reforma que era a todas luces una reforma conveniente para Colombia se volviera una reforma promedio. En vez de volver sostenible el sistema pensional, se negó a modificar los aportes, a aumentar la edad de pensión o a tomar medidas responsables; a cambio, se dedicó a destrozar los fondos privados y a tomar control del dinero. Menos mal acabo con las mega pensiones.