En una vista anterior, un magistrado del Tribunal de San Juan no había encontrado causa para el arresto de los policías
En una vista anterior, un magistrado del Tribunal de San Juan no había encontrado causa para el arresto de los policías
El Departamento de Justicia presenta cargos este martes, en una vista en alzada, contra seis oficiales de la Policía por la muerte de Javier Antonio Cordero Nevárez, un joven de 16 años que fue baleado en agosto de 2022 durante una intervención tras, presuntamente, hurtar un vehículo.
Fiscales de la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC) solicitaron la vista en alzada luego de que un magistrado de primera instancia no encontrara causa para el arresto por los cargos presentados.
La audiencia se llevará a cabo ante el juez superior Rafael Taboas Dávila, en el Tribunal de Caguas, debido a que todavía el Centro Judicial de San Juan continúa cerrado tras un incendio reportado la semana pasada.
"La Fiscalía cumplió con su labor y, por no estar de acuerdo con la determinación del tribunal, solicitó una vista en alzada para presentar los cargos nuevamente el 30 de abril. Nuestra solidaridad con la madre del joven Javier Cordero Nevárez y sus familiares. Esperamos hacerle justicia", indicó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, tras la determinación de no causa.
Agregó que "este es un caso lamentable y complejo, donde murió un adolescente que no estaba armado en una escena en la que se ocuparon sobre 60 casquillos de bala, y fue investigado con gran rigor y responsabilidad por agentes del NIE (Negociado de Investigaciones Especiales) y fiscales de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia".
"Tras examinar minuciosamente la totalidad de la prueba de lo que ocurrió la noche de los hechos, el equipo investigador concluyó que no se justificaba el uso de armas en la intervención y que la escena no era compatible con una actuación en legítima defensa", abundó.
Tras una extensa pesquisa del NIE, la fiscal Yolanda Morales Ramos formuló cargos contra los agentes Giovanny Santiago Avilés, Roseanne Ruiz Cisneros, Félix Ahmed De Jesús Abreu, Luis Enrique Vélez Mari, Kevin Omar Meléndez Monsegur y Paola M. Farías Santiago.
En la vista pasada, contra Ruiz Cisneros radicaron tres cargos, por asesinato en primer grado, por disparar en una vía pública y por apuntar y disparar un arma de fuego.
Santiago Avilés, De Jesús Abreu y Vélez Mari también enfrentaron tres cargos cada uno, en su caso por tentativa de asesinato, disparar en una vía pública y por apuntar y disparar un arma de fuego. Mientras, Meléndez Monsegur y Farías Santiago enfrentaban dos cargos cada uno por disparar en una vía pública y por apuntar y disparar un arma de fuego.
Justicia no presentó cargos contra un sargento que sí estuvo presente en la escena, según había informado el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, al día siguiente de los hechos.
En relación a otra oficial en particular que tampoco enfrentó cargos, la fiscal dijo que el hecho de que no haya sido imputada no significa necesariamente que sea porque esté cooperando, sino porque "la prueba no establece que pueda ser imputada de delito". Sin embargo, la fiscal reconoció que figura en una lista de testigos de cargo que, según este medio supo, es extensa.
Los hechos se remontan al 1 de agosto de 2022. Según el comisionado de la Policía, la secuencia de eventos comenzó en horas de la madrugada de ese día, cuando un ciudadano reportó que su auto Hyundai Tucson había sido robado en la urbanización Villa Fontana, lo que fue captado en vídeo y divulgado por la Uniformada.
El querellante proveyó información de la localización del vehículo a través de un GPS, por lo que no se registró la notificación del hurto en el sistema de la Policía. La División de Vehículos Hurtados comenzó a darle seguimiento y solicitó asistencia de oficiales de otros cuarteles.
"Por el GPS, se sabe que el vehículo está en Vista Hermosa, luego pasa al residencial Luis Lloréns Torres y regresa a Vista Hermosa, y es intervenido en la calle 40 de la urbanización La Rivera", explicó López Figueroa a El Nuevo Día en agosto de 2022. "Tan pronto se le da el alto, los policías se bajan (de las patrullas) y este (el conductor) alegadamente dirige el vehículo y alegadamente intenta atropellar a los agentes, y ahí es que comienzan los disparos", agregó el funcionario, basándose en las versiones que recibió de la escena.
Los oficiales realizaron más de 60 disparos y el menor, quien no estaba armado, recibió al menos 15 impactos de bala, según una demanda federal radicada por la madre de Cordero Nevárez.
De inmediato, el NIE asumió jurisdicción de la pesquisa y ocupó las armas de siete de los agentes que dispararon en el incidente.
"Quiero justicia para mi hijo, que el caso se lleve y que se llegue hasta las últimas consecuencias porque no era motivo para matarlo de esa manera", expresó Nevárez, al declarar en una vista del Senado varios días después del crimen.
"Como su mamá, hubiera preferido mil veces enfrentar lo que tenía que enfrentar por la falta que hubiera cometido, pero vivo. A él no le dieron 'break' de nada, me lo mataron así", afirmó. "¿Cómo iba a enfrentar la justicia si ya no hay justicia? Me quitaron a uno de mis tres amores. No puedo decir sin razón, porque él no estaba haciendo algo bueno, pero yo hubiera preferido estar en su proceso y que él estuviera conmigo, acompañarlo y admitir que estuvo mal, pero no acepto que me lo hayan matado de esa manera", afirmó, entonces.