Gobierno español presiona a la Iglesia para indemnizar a víctimas de abuso sexual
La Conferencia Episcopal Española criticó la auditoría, alegando que contiene "errores de concepto" y que las cifras están infladas.
AFP
11:30 a. m.
El gobierno de España ha tomado medidas para abordar la crisis de abusos sexuales dentro de la Iglesia católica en el país.
En una conferencia de prensa celebrada este 23 de abril, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, anunció que el gobierno está presionando a la Iglesia para que indemnice a las víctimas de abuso sexual.
Bolaños expresó la necesidad de que la Iglesia actúe de manera similar a otros países europeos y no europeos que ya han tomado medidas similares.
El informe propone un fondo estatal para las víctimas de abuso sexual
El gobierno español inició conversaciones con la Iglesia católica para establecer un plan de indemnización para las víctimas de abuso sexual.
Esta iniciativa surge a raíz de las recomendaciones de un informe presentado en octubre por una comisión de expertos independientes coordinada por el defensor del Pueblo. El informe propuso la creación de un fondo estatal para compensar a las víctimas de abuso sexual en la Iglesia.
Sin embargo, la Conferencia Episcopal Española (CEE) se opone a participar en un fondo de reparación que se centre exclusivamente en las víctimas de la Iglesia católica.
Asociaciones de víctimas denuncian falta de transparencia en la Iglesia
La CEE argumenta que cualquier plan de compensación debe incluir a todos los menores que hayan sufrido abusos sexuales en cualquier sector del país, no solo dentro de la Iglesia.
Las asociaciones de víctimas han criticado la falta de transparencia persistente por parte de la Iglesia y la falta de progreso hacia su compensación. Según el informe coordinado por el defensor del Pueblo, se estima que más de 200.000 menores han sufrido abusos sexuales por parte de religiosos católicos desde 1940, cifra que aumenta a 400.000 si se incluyen los abusos cometidos por laicos en entornos religiosos.
La Iglesia, por su parte, ha cuestionado estas cifras y ha encargado una auditoría para investigar la magnitud del problema. Sin embargo, la CEE ha criticado la auditoría, alegando que contiene "errores de concepto" y que las cifras están infladas.