La reforma magisterial es un concepto que ha corrido en boca de decenas de políticos y ha sido escrita en incontables proyectos de ley, resoluciones y notas periodísticas. Ha sido motivo de movilizaciones, acuerdos y promesas de campaña. Aun así, entender la problemática que la rodea es complejo. A esto se suma que este jueves, el Congreso de la República aprobó por insistencia una nueva autógrafa al respecto y ha hecho saltar las alarmas respecto al impacto que tendrá en la educación a nivel nacional.
Para comprender la última acción del Legislativo, que recibió el contundente apoyo de 92 congresistas de diversas bancadas, hay que remontarse a una década atrás. Precisamente, a noviembre del año 2012, cuando se aprobó la Ley de Reforma Magisterial (N.º 29944). Esta dio fin a la Ley del Profesorado y –entre otros cambios estructurales del sector- dispuso la profesionalización de los docentes en todo el país y el fin de la docencia no titulada.
Puntualmente, la Ley de Reforma Magisterial menciona que "los profesores nombrados sin título pedagógico [...] así como los auxiliares de educación [...] se rigen por la presente Ley en lo que corresponda. Los profesores nombrados sin título pedagógico tienen una prórroga de dos años para obtener y acreditar el título profesional pedagógico". De cumplir con este requisito, "previa evaluación, ingresan al primer nivel de la carrera pública magisterial", indica la norma. Caso contrario, "son retirados del servicio público magisterial".
Jalados todos
Publicada la Ley, el Ministerio de Educación (Minedu) inició con la elaboración de la evaluación excepcional para todos los docentes sin título provenientes del régimen de la Ley del Profesorado, necesaria para que puedan ingresar a la Carrera Pública Magisterial. Fue así como en el Minedu identificaron 14.863 profesores sin título que podrían haber tomado la evaluación.
De los 14.863 docentes sin titulación identificados, solo 5.315 (35,7%) se inscribieron en el proceso. Es decir, 9.548 profesores quedaron inmediatamente fuera de la Carrera Magisterial al no inscribirse en la evaluación, incumpliendo lo que determinaba la Reforma. De los más de cinco mil docentes que se sometieron a la evaluación, solo 546 lograron aprobarla. Es decir, solo el 10,3% de los maestros evaluados aprobaron y solo el 3,7% de los 14.863 entraron a la Carrera Pública Magisterial. Todos los demás fueron cesados y desde entonces buscan su reincorporación.
Es importante resaltar que pese a haber quedado fuera de la carrera, esta situación no los impidió de haber sido parte de alguno de lo cinco concursos públicos que se han abierto desde entonces. Estos se dieron en el 2015, con 19.631 vacantes; el 2017, con 37.201 plazas; el 2018, con 35.865 puestos; 2019, con 24.590; y en el 2022, donde se ofertaron 98.968 posiciones. De hecho -como se desarrollará más adelante- esta fue una de las causales desarrolladas en la observación que presentó el Ejecutivo en diciembre del 2023.
Algo que ha quedado evidenciado es que la inmensa mayoría de los docentes que se someten a la prueba nacional no logran superarla. En el proceso del 2015, por ejemplo, se inscribieron 215.061 profesores, pero solo aprobaron 25.634. Es decir, solo el 12%. En la siguiente convocatoria, esta cifra fue de tan solo el 9,7%. El peor desempeño se registró en el 2019, como se evidencia en el gráfico a continuación. De 230.953 inscritos, solo el 6,7% logró pasar la evaluación.
La nueva ley
El último jueves se aprobó la ley que promueve el ingreso a la Carrera Pública Magisterial de los profesores que fueron destituidos en el 2014. En resumen, lo que plantea dicha autógrafa es que "los profesores sin título nombrados interinamente bajo la vigencia de la Ley del Profesorado, que hayan obtenido el título de profesor o licenciado en educación hasta el 25 de noviembre de 2012, sean incorporados a la Carrera Pública".
Asimismo, la nueva norma "autoriza, excepcionalmente y por única vez, el ingreso a la primera escala magisterial de la Carrera Pública Magisterial de aquellos profesores que fueron nombrados interinamente durante la vigencia de la Ley del Profesorado, que hayan obtenido el título de profesor o licenciado en educación entre el 26 de noviembre de 2012 y el 25 de noviembre de 2014, y que fueron retirados del servicio público [...] para lo cual deben acreditar haberse desempeñado como profesor en la modalidad de contratado por treinta (30) o más meses de manera continua o interrumpida a la entrada en vigencia de la presente disposición".
La ley plantea -en resumen- que aquellos docentes sin título que trabajaron bajo el marco de la Ley del Profesorado, pero no pasaron por el proceso de evaluación que se presentó, puedan ingresar a la Carrera Magisterial por un camino diferente al ordinario. Esto a pesar de que nada los impidió -según se lee en las observaciones del Poder Ejecutivo- a postular a uno de los cinco concursos públicos que se han dado desde entonces. En vez de realizar una evaluación de conocimientos, como lo deben hacer todos los docentes titulados desde hace casi una década, solo se les exige haber laborado como profesor 30 meses previo a esta nueva legislación.
Es importante destacar que esta normativa no beneficiará a los catorce mil docentes, al menos de manera directa. Solo está enfocada en aquellos que lograron obtener su título de profesor o licenciado dentro del plazo de dos años que el Gobierno les dio entre el 2012 y el 2014. Es decir, se trata de un número cercano a los menos de cinco mil docentes que -tras lograr la titulación- se presentaron al examen sin éxito. En total, fueron 4.769 los que desaprobaron la prueba.
Un crecimiento débil
La educación en el país es uno de los sectores más golpeados por diversos factores, y el desempeño de los estudiantes peruanos revela la fragilidad del mismo. A nivel internacional, el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) es uno de los estudios comparativos de medición de aprendizajes más importantes. La última evaluación se dio en el 2022 y posicionó al Perú en el puesto 58 de 81 países en Matemáticas, 54 en Lectura y 58 en Ciencia.
Los últimos resultados fueron una importante noticia para el país. Si bien los parámetros no fueron perfectos y dejaron en evidencia que aún faltaba mucho por mejorar, lo claro es que se continuó con el avance positivo que mostraba el país desde el 2009. En lectura y ciencia, el país registró 38 y 36 puntos por encima del 2009, respectivamente. En el primero se igualó a los demás países de Latinoamérica y en el segundo se superó por tres puntos.
Mientras la tendencia a nivel regional se mostró ligeramente negativa, los resultados peruanos ascendían. Esto en excepción de las matemáticas, la cual evidenció una caída de nueve puntos con respecto a la prueba PISA del 2018, pero significando 26 puntos encima del 2009. Aun con la mencionada disminución, el Perú se posicionó nueve puntos por encima que la tendencia latinoamericana.
Cuestionamientos del Ejecutivo
Como se explicó líneas arriba, esta Ley ha sido aprobada por insistencia tras ser observada por el Poder Ejecutivo en diciembre del 2023. Son varios los argumentos que se emplearon para rechazar la norma, pero aun así se procedió a impulsar la autógrafa. La principal conclusión que presentó el Ejecutivo fue que "el Tribunal Constitucional reconoce como objetivos la meritocracia para el ingreso y permanencia en la actividad docentes [y] objetivo [del mencionado concurso] es cumplir con el mandato constitucional referido a que el Estado es el encargado de garantizar la calidad de educación y salvaguardar el interés superior del niño y adolescente".
Asimismo, el documento enviado al Congreso de la República precisa que la Ley del Profesorado y las demás normas que permitieron a los docentes sin título ejercer fueron dadas para "cubrir el déficit de docentes y respondió a una coyuntura específica. Es decir, su naturaleza es transitoria y provisional". "La Autógrafa de Ley contraviene el interés superior del niño, la niña y los adolescentes [porque no cumple con la definición del profesor establecida en el artículo cuatro de la Reforma Magisterial]", se mencionó.
Otro importante argumento es que "las oportunidades para que estos profesores ingresen a la Carrera Pública Magisterial se mantienen y durante el año 2024 [al no haberse inscrito a los anteriores o no haber pasado los filtros correspondientes] podrán presentarse a un nuevo concurso público de ingreso a la Carrera Pública Magisterial". Para el Ejecutivo, el permitir que este grupo ingrese con facilidades que los demás docentes profesionales no tienen podría generar conflictos en el sector.