N. D.
Una niña de 10 años es acogida desde hace casi un mes en un centro de menores de la Xunta a la espera de que la Justicia decida si la custodia corresponde al padre o a la madre, con la que convivía hasta el pasado 12 de marzo. La Audiencia de Pontevedra celebrará el próximo día 10 de abril una vista sobre el establecimiento de un régimen de guarda y custodia para esta niña, que cumplirá 11 años en junio, a raíz de un recurso de la madre contra la decisión del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Marín de establecer una custodia compartida entre ambos progenitores.
El Colectivo Feminista de Pontevedra, que se concentra este viernes ante el Punto de Encontro Familiar de la ciudad en apoyo a la madre, asegura que "la menor no convive con su progenitor desde los 4 años y el contacto que ha tenido con él desde entonces ha sido muy esporádico, primero, por su falta de interés y, después, por la negativa de la menor a relacionarse con él".
Las mismas fuentes explican que el juzgado de Marín, a petición del Ministerio Fiscal, acordó "confiar temporalmente la guarda de la menor a la entidad pública de protección de menores de la Xunta de Galicia, trasladándose a residir en un centro de protección de menores que sea el adecuado y cuente con el equipo técnico preciso para pautarle a la menor un tratamiento o terapia adecuado para normalizar la relación paternofilial entre la niña y su progenitor".
Esta decisión se basó en dos informes emitidos por el Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), derivados a su vez de otros del Punto de Encuentro Familiar y del Gabinete de Orientación Familiar de Vigo. Según el Colectivo Feminista, en ellos "se culpa a la madre de la negativa de la hija a relacionarse con el progenitor". Explica que "el primero, de febrero de 2023, recomienda la guarda y custodia compartida, basándose en juicios de valor y apreciaciones subjetivas de orden patriarcal. En el segundo, de febrero de 2024, reconoce que la separación de la menor de su entorno materno puede no ser una solución inocua y, aún así, recomienda la guarda y custodia en exclusiva para el padre y que, paralelamente, se suspendan los contactos de la menor con la madre hasta su adecuada implementación".
El colectivo afirma que en esa documentación se indica que "la progenitora ha primado en todo momento sus propios intereses por encima de los intereses de la menor, movida por manifiesta animadversión hacia el progenitor, sin poder objetivarse fundamento alguno y, paralelamente, infundiendo en la hija sentimiento de desafección, inseguridad y temor hacia su padre".
El traslado a un centro de menores se materializó el 12 de marzo, cuando "personal del departamento de menores se presentó en el colegio al que asiste la menor, una hora antes de finalizar las clases, con una orden judicial que les facultaba para llevarse consigo a la niña para internarla en un centro de menores. Desde entonces, madre e hija no han tenido ningún tipo de contacto y la madre sigue desconociendo el lugar en el que se encuentra".
El Colectivo Feminista no duda en calificar esta situación como un caso de "violencia institucional del que han sido víctimas madre e hija desde que, en el año 2019, la madre presentara demanda de medidas extramatrimoniales para regular la relación de los progenitores con la hija. Fue en ese momento cuando apareció la paternidad sobrevenida en el progenitor. Hasta entonces no tuvo ningún interés de mantener el contacto con su hija".
Añade que en estas medidas judiciales "no se ha tenido en cuenta la voluntad de la menor ni su autonomía de juicio y su capacidad de discernimiento", por lo que se convoca la concentración del viernes en la avenida de Vigo de Pontevedra paera "exigir que la menor vuelva a convivir con la madre. Resulta despiadado que se le haya privado de forma abrupta de la relación de convivencia con su madre, quien la ha cuidado y protegido desde que nació y sin tener en cuenta, además, que su familia materna también colabora en sus cuidados".
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