El PSOE ha presentado una lista de posibles comparecientes para la comisión de investigación sobre el caso conocido como 'Koldo' en el Senado. En esta lista figuran únicamente la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, y sus homólogos autonómicos.
El enfoque del plan de trabajo del PSOE excluye por el momento a cargos políticos e institucionales, centrándose en los organismos de fiscalización de diversas comunidades autónomas.
Además de Enriqueta Chicano, el PSOE desea escuchar las explicaciones de los líderes de los tribunales de cuentas y organismos similares de Canarias, Cataluña, Madrid, Galicia, Andalucía, Asturias, Baleares, Castilla y León, y Navarra.
En concreto, se incluye en la lista a la presidenta del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, Ana Helguera; al síndico mayor de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, Miquel Salazar; al conselleiro mayor del Consello de Contas de Galicia, José Antonio Redondo; a la ex presidenta de la Cámara de Cuentas de Andalucía Carmen Núñez; al síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, Roberto Fernández; al presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Alfonso Peña y a la interventora general de la Comunidad Autónoma de Canarias entre septiembre de 2019 y julio de 2023, Natalia de Luis.
También reclama las comparecencias del presidente de la Cámara de Comptos de Navarra, Ignacio Cabeza del Salvador; al director de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Islas Baleares, Cristóbal Milán; al presidente en funciones de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, Carlos Salgado; a la interventora general de la Comunidad de Madrid entre octubre de 2019 y julio de 2022, Marta García; y al presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia.
En su documento, los socialistas argumentan que todas las administraciones públicas en España, al igual que en Europa y en otros continentes, se vieron afectadas por la magnitud extraordinaria de la crisis. Expresan que los recursos disponibles en ese momento resultaron insuficientes e inadecuados para hacer frente a la crisis en los servicios públicos de salud, protección civil y servicios sociales.
El PSOE defiende que, debido a esta situación, se implementaron mecanismos excepcionales de contratación pública rápida, lo que implicó ciertos recortes en los controles para agilizar los procedimientos y obtener rápidamente los recursos y servicios necesarios. A menos controles, argumentan, menos garantías y más riesgos.
Considerando esta situación generalizada, el PSOE sostiene que la opinión pública no entendería que el Senado investigue un caso específico, como el 'caso Koldo', y rechace hacerlo en otros casos con características similares.