Familiares y compañeras de Catalina Cayazaya, estudiante de Terapia Ocupacional en la Universidad de los Andes que se suicidó tras denunciar malos tratos y acoso por parte de profesoras en su internado, respaldaron la versión expuesta por su madre publicada en Instagram.
Carolina Cors, madre de la joven, denunció este miércoles a través de una carta abierta la situación que vivió su hija mientras se encontraba en su etapa de internado, donde aseguró que fue maltratada por sus tutoras.
En respuesta, la universidad comunicó que iniciarían "una exhaustiva investigación para determinar las eventuales responsabilidades. Al mismo tiempo, revisaremos el sistema de prácticas y vínculos con los campos clínicos que buscan garantizar un ambiente seguro para nuestros estudiantes".
No obstante, la madre de Catalina señaló a La Tercera que no se trataría de un caso aislado y que la casa de estudios tenía conocimiento de estas denuncias.
"Luego de que mi hija terminara el internado en muy malas condiciones, se juntó con varias compañeras y escribieron una carta a la jefa de la carrera, exponiendo todas las situaciones que habían vivido en las distintas rotaciones. La carta fue firmada por 25 alumnas de un curso de alrededor de 40, es decir, más del 50% había vivido una experiencia así", manifestó.
EXPERIENCIA DE ESTUDIANTES
En una línea parecida, Pamela Silva -exestudiante de Terapia Ocupacional de la U. de los Andes- dijo a dicho medio que las situaciones de malos tratos ya habían sido expuestas a la universidad por parte del centro de alumnos.
"La denuncia hecha por la mamá de Catalina tiene justificación en el nulo apoyo que recibían los alumnos con mayores dificultades, con situaciones de salud específica o con el poco toque que se tenía para comunicar las cosas, además del aprovechamiento del rol del interno en el centro de salud. Un grupo de supervisores y docentes clínicos no cumplía con los lineamientos que se nos entregaban en un inicio y tampoco usaban su tiempo para una escucha activa a quien la pasaba mal y buscaba refugio en ellos", señaló Silva.
En su caso particular, expuso que ella tenía una buena relación con los supervisores y docentes, pero esto cambió cuando quedó embarazada durante su internado de salud física. "Se me cerraron todas las puertas por parte de quien era la encargada de esa área. Se justificó que yo 'elegí la vida' y que tenía que congelar, a pesar de los buenos resultados y retroalimentación positiva de mis docentes", indicó.
Antonia Camus, compañera de Catalina en su primer internado, afirmó que la experiencia de su amiga no fue buena. "Entramos muy contentas, especialmente ella. Dicen que es sensible, y efectivamente lo era, y por eso también era buena terapeuta. Pero quienes estaban a cargo se agarraron de eso para sentirse superiores y la hostigaron constantemente", declaró.
No obstante, reparó en que "ningún internado o título debe valer más que la vida de una persona, porque este no fue un caso aislado. Pero tampoco son todos los internados así, yo tuve algunos increíbles, con docentes que son de excelente calidad. Entonces, es injusto ponerlos a todos en el mismo saco".
Por su parte, Silva apuntó que la funa que se les está haciendo a las supuestas agresoras es "terrible", porque "no se les ha dado la oportunidad de hablar, de enfrentarse a la justicia y de seguir el conducto que se debe con las instituciones que revisan el proceso. La gente que les publica comentarios agresivos está generando lo mismo que critican; no piensan en sus familias ni en cómo puede afectar su actuar en su salud mental y, como están detrás de una pantalla, ellos no tendrán consecuencias".
El caso generó mucha conmoción en la opinión pública y, en los comentarios de la carta abierta, diferentes usuarios compartieron experiencias similares, algunas en la misma universidad o en carreras diferentes.
Según cifras de la Superintendencia de Educación Superior (SES), en 2023 se recibieron 209 denuncias por temas de convivencia, siendo el hostigamiento docente el más denunciado con un 28,2% y el bullying con 22%.
"HAY QUE HACER UN TRABAJO FRENTE A LOS CAMPOS CLÍNICOS"
La situación motivó que la SES enviara un oficio a la Universidad de los Andes para recabar información y, en caso de que lo amerite, iniciar una investigación.
De esa forma, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, aclaró que "nosotros pedimos informe a la superintendencia para saber cuáles son los protocolos que se han seguido en torno a esta materia y también está ad portas de entregar reportes de las investigaciones que se han hecho y de políticas que se han implementado frente al maltrato o acoso laboral".
"Hay que hacer un trabajo frente a los campos clínicos, que es un tema que nos preocupa bastante debido al tipo de dinámica que se puede potenciar ahí", enfatizó el secretario de Estado.
En una declaración pública, la Subsecretaría de Educación Superior manifestó que "estamos en conocimiento de la solicitud de información sobre este caso anunciada por la Superintendencia de Educación Superior, organismo encargado de supervisar y fiscalizar el funcionamiento de las instituciones de educación terciaria, y acompañaremos las decisiones que esclarezcan lo ocurrido y que ojalá eviten que vuelvan a suceder tragedias como esta".
"Garantizar el derecho a una educación superior de calidad, orientada al desarrollo humano de las personas, libre de violencia y en condiciones de bienestar y resguardo de la salud física y mental de las comunidades educativas, es un complejo desafío que nos hemos propuesto abordar y en el que seguimos trabajando para darle a la salud mental el lugar que le corresponde, un objetivo que se ha propuesto este Gobierno", añadió.