El pleno municipal del ayuntamiento de Alicante debatió ayer una declaración institucional de EU-Podem que pretendía instar a la Autoridad Portuaria a revocar la modificación de la concesión a la empresa XC Business 90 para la construcción de 18 macrodepósitos en el puerto de Alicante.
Precisamente el día anterior, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dio a conocer una sentencia que reconocía a la promotora de los macrodepósitos del puerto la licencia ambiental por silencio administrativo, pese a la oposición manifiesta del ayuntamiento.
La asociación de vecinos denuncia que el proyecto aprobado es "irracional, insostenible e incompatible con la ciudad"
Tal como estaba previsto, la portavoz de la asociación de vecinos Gran Vía Sur, Sol Garcín, intervino para denunciar que el proyecto aprobado es "irracional, insostenible e incompatible con la ciudad". La portavoz vecinal propuso que se modifique la concesión otorgada a la mercantil, tal como solicitaron hace unos días en un escrito registrado ante la Autoridad Portuaria.
El concejal que presentaba la iniciativa, Manolo Copé (EU-Podem), reclamó al alcalde Barcala y al presidente Mazón "que se arremanguen" para "luchar contra esta barbaridad" que, entre otras cosas, se instalaría a escasa distancia del futuro centro de congresos, cuyo diseño se dio a conocer esta semana.
La llamada al orden de Barcala al público que aplaudía la intervención del edil generó un rifirrafe entre alcalde y concejal. El portavoz de Compromís, Rafa Mas, en una dura intervención, acusó al alcalde popular de alinearse "siempre de lado de las empresas" frente a las demandas vecinales. La portavoz del PSOE, Ana Barceló, criticó la falta de iniciativa del equipo de gobierno que, en su opinión, debió haber negociado antes para evitar la situación actual.
Pese a que todos los grupos municipales han reiterado en varias ocasiones que se oponen a la instalación y volvieron a hacerlo al conocer la sentencia, tanto el equipo de gobierno del PP como Vox optaron por rechazar la declaración de ayer por entender que el fallo del TSJCV modifica las circunstancias y hace necesario replantearse la estrategia. El alcalde aseguró que Ayuntamiento, Autoridad Portuaria y Generalitat mantendrán en breve una reunión para abordar el tema.
Los vecinos apuntan a la responsabilidad del puerto y, por tanto, del ministerio que dirige Óscar Puente
Mientras tanto, los vecinos apuntan a la responsabilidad del puerto y, por tanto, del ministerio: "Esta plataforma considera que las actuaciones tanto del Ayuntamiento como de la Generalitat son de un nivel secundario porque la administración realmente competente, la administración que concesiona en dominio público marítimo terrestre, es la Autoridad Portuaria que depende del ministerio del señor Óscar Puente", señalan en un comunicado.
Los vecinos, que llevan años oponiéndose al proyecto por su cercanía a las viviendas, creen que "el debate de la licencia y el proceso judicial está ocultando la principal de las actuaciones que se tendrían que dar para evitar este irracional proyecto, que sería la revocación o rescate de la concesión otorgada por gravísimas irregularidades", que señalan en el escrito registrado ante la Autoridad Portuaria en el que se pide anular el acuerdo, aprobado en 2019, de modificación de la concesión de la que dispone TMS como concesionaria de la terminal de mercancías.