Brillante y muy sincera, dentro del rigor que impone el tratamiento de una materia que no puede ser analizada desde la frivolidad de lo político, ha sido la toma de postura del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, sobre la amnistía. Catedrático de derecho civil tiene los suficientes conocimientos jurídicos como para emitir una opinión fundada sobre la amnistía y hacerlo tras abstenerse en la votación del CGPJ sobre la constitucionalidad de la proposición de ley. Y una abstención basada en la obligación de quienes integran el Poder Judicial de no intervenir, directa o indirectamente, en asuntos políticos. Esa actitud explica, sin mayores esfuerzos, su percepción sobre una ley que es política y detrás de la cual no hay otra intención que conseguir las contraprestaciones que ofrece Junts para apoyar un gobierno –si así se puede llamar a la angustia y el desconcierto-, asentado sobre pactos desproporcionados.
Ha sido claro y su exposición, insisto, sirve para explicar y comprender la realidad de una norma que, por su finalidad, carece de todo soporte jurídico e incurre en inconstitucionalidad, entre otros motivos por responder a un evidente fraude de ley.
Toda ley de amnistía, por comportar el reconocimiento de una ilegalidad o injusticia que viene a resolver, se torna en una suerte de petición de perdón por el Estado a los amnistiados al admitir con ella que lo castigado penalmente era radicalmente injusto, que no debió sancionarse la conducta que estuvo en la base de la condena o la represión punitiva. A diferencia del indulto en el que se perdona lo mal hecho, en la amnistía se olvida (amnesia) lo hecho y el Estado reconoce sus excesos punitivos.
La amnistía, intrínsecamente, es un reconocimiento de una injusticia, constitucional, legal y política, de modo que es el Estado, por propia iniciativa, sin negociación alguna con los beneficiados por ella, el que la concede para superar un situación política y comenzar otra nueva en la que lo sancionado antes se torna plenamente lícito. En el año 1977 –aunque se ampliara a otros muchos-, eso hizo España: olvidar el pasado y amnistiar a quienes desde ese momento podían libremente ejercer sus derechos políticos, antes delitos.
Nunca una amnistía se otorga mediante pactos en los que el amnistiado pone condiciones a cambio de contraprestaciones. Eso es un contrato con causa ilícita que, como muy bien afirma Guilarte, en el ámbito del derecho civil, devendría en nulo de pleno derecho por afectar a la buena fe y constituir un abuso de derecho y un fraude de ley.
Conceder un amnistía, aunque fuera legal si existieran razones para ello sólidas y ciertas, exigiría que los hechos amnistiados dejaran de ser delitos, fueran plenamente lícitos y que no existiera contraprestación alguna que condicionara su concesión. Como expone gráficamente Guilarte, donar un riñón es lícito, hacerlo mediante pago, delito. Igual sucede con esta ley que, al deberse a una negociación política, innecesaria para el país y solo interesada por el PSOE y su gobierno, deviene ilícita y fraudulenta.
Que el PSOE haya suprimido el delito de sedición, rebajado la malversación y un largo etcétera, no supone que Junts y ERC en su caso, puedan declarar unilateralmente la independencia o que se pueda convocar un referéndum, inconstitucional, o que se reconozca explícitamente una suerte de persecución judicial al independentismo. Ahí reside el problema de una amnistía que no es tal, sino indulto general encubierto. De ser amnistía lo amnistiado sería lícito; si no lo es, o se está ante una amnistía, sino ante un indulto sin respetar la ley y concedido por razones ajenas a su finalidad natural.
Sucede, sin embargo, pesar de lo dicho, que la amnistía, en tanto olvido y reconocimiento de la injusticia cometida por el Estado, dota de legitimidad lo hecho por los amnistiados, que no sólo perdonados. Amnistiar, incluso en estas condiciones fraudulentas, supone reconocer la licitud de lo hecho. De ahí, por tanto, que los beneficiados se sientan plenamente convencidos de que repetir lo que les llevó a ser condenados o imputados es lícito, pues el mismo Estado ha asumido su culpa, ha modificado la ley en su favor y va a continuar dando apariencia lícita a lo que hagan (referéndum). En consecuencia, los independentistas salen no sólo reforzados de ella, sino además plenamente legitimados para volver por sus pasos y actuar del mismo modo que antes lo hicieron. No hay que criticar, pues, a Junts, sino a quien, a cambio de unos votos, ha alterado profundamente el pacto constitucional y, a su vez, teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de Comunidades son gobernadas por el PP, va a alterar el modelo de financiación autonómica en favor de sus intereses y contra los ciudadanos que no les votaron: la llamada "fachosfera" que debe purgar sus culpas.
Creo, sinceramente, que el TC, más allá de argumentos formales, que son además débiles, debería entrar a valorar el fondo de una ley que carece de fundamento lícito y que es una simple y mera concesión por precio, es decir, un negocio jurídico nulo de pleno derecho por afectar a los elementos esenciales del mismo.
El futuro, de aprobarse la ley no será un camino de rosas. Su aplicación, teniendo en cuenta que la norma incurre en defectos notables, no será tan fácil y rápida si alguna vez se aplica. Mucho de técnica falta y demasiado sobre de genialidad y soberbia.
Nota: Termino felicitando al gobierno valenciano y al conseller José Antonio Rovira por las propuestas que ha lanzado en su materia educativa. La libertad suele sentar mal a quienes gustan de la imposición. Pero los ciudadanos la prefieren a las disciplinas impuestas. Conociendo al conseller era lógico que abriera las puertas y las ventanas para que corrieran aires de libertad frente a las imposiciones y la angustia de someterse a los criterios de unos cuantos que viven en el dogma de ser propietarios de la verdad exclusiva.