Los resultados de las elecciones celebradas el pasado domingo en el País Vasco -empate a 27 escaños entre el PNV y Bildu- abren una etapa inédita en una comunidad gobernada hasta ahora de forma prácticamente hegemónica por los nacionalistas. Los datos históricos de Bildu, que por primera vez acarició el objetivo de gobernar, es un aviso de futuro para el PNV.
Imanol Pradales será investido lehendakari con el apoyo del PSOE, pero afronta una etapa compleja en la que tendrá que competir con los de Arnaldo Otegi, en franco crecimiento. El programa de uno y otro, de hecho, prácticamente no difiere en lo sustancial. Sus objetivos prioritarios están marcados por la reivindicación de un nuevo estatus político para el País Vasco, el reconocimiento del autodenominado «derecho a decidir» o una Justicia propia, asuntos en los que coinciden y que el PNV ya ha puesto sobre la mesa de Pedro Sánchez.
El acuerdo para la investidura del líder socialista ya recogía textualmente, de hecho, el compromiso de negociar «de buena fe» y «sacar adelante» un acuerdo, sometido después a referéndum, para el «reconocimiento nacional» del País Vasco, la «salvaguarda» de las competencias y un sistema «de garantías» basado en la bilateralidad.
«Reconocimiento nacional»
El PNV ha endurecido en los últimos tiempos, a medida que Bildu consolidaba sus opciones, su discurso sobre el «modelo territorial del Estado». Para el partido socio de Sánchez ese debate «pasa inexorablemente» por el «reconocimiento del carácter plurinacional del mismo y el consiguiente derecho a decidir de las realidades nacionales reconocidas».
Así, como ya figuraba en el acuerdo de investidura de Sánchez, el «reconocimiento nacional» del País Vasco es una prioridad en la negociación del nuevo Estatuto, que reconocerá la «identidad» del pueblo vasco. El «derecho a decidir» se articulará a través de un «pacto con el Estado».
Poco difiere en este punto el programa de Bildu. El partido de Arnaldo Otegi también se fija como objetivo ese «reconocimiento nacional», el «derecho a decidir» mediante «procedimientos claros» y negociados con el Estado y una «relación de carácter confederal basada en la bilateralidad».
Justicia propia
Ambos, también, apuestan por una Justicia propia. En el caso del PNV, se materializa en la creación de un Consejo Vasco de la Justicia «como órgano de gobierno del Poder Judicial» en el País Vasco. Además, reclaman que la administración de Justicia «sea gestionada íntegramente» por la comunidad autónoma y el traspaso de la adscripción del personal del cuerpo de letrados. «Avanzaremos en la euskaldunización de la Justicia», prometen también, imponiendo el euskera como «lengua de uso ordinario». Cuestiones en las que coinciden plenamente con Bildu.
Similares coincidencias se observan en cuanto al sistema penitenciario, donde ambos abogan por un modelo de «reinserción» de los condenados, que se aplica también a los presos etarras, como ya ocurre desde la transferencia de las competencias de Prisiones al País Vasco.
Igualmente, abogan por una especie de diplomacia vasca, para llevar sus reivindicaciones territoriales a la comunidad internacional, en busca de apoyos. Así, tanto Bildu como el PNV proponen que el País Vasco actúe como una voz independiente ante los órganos europeos e internacionales en cuestiones que sean de su competencia. «El pueblo vasco tiene una identidad propia que nos distingue en Europa y en el mundo», sostienen los peneuvistas, que apuestan por «fortalecer el rol en la Unión Europea» y participar «de forma activa» en los foros europeos e instituciones.
Proponen, además, abrir nuevas delegaciones en África y el Sudeste Asiático y revisar las delegaciones existentes en Europa y América «como un instrumento estratégico para fortalecer la presencia en el mundo y aprovechar las oportunidades emergentes que se producen en los distintos países y regiones».
Otro asunto en el que el PNV pone especial interés, dentro de su objetivo nacional, es el de las selecciones vascas. «La defensa de la oficialidad de nuestras selecciones es y debe ser aplicable a todas las prácticas deportivas», sostienen.
Se trata de una exigencia que el PNV viene poniendo sobre la mesa de Sánchez desde hace años. La nueva Ley del Deporte incluyó un artículo que permite a las federaciones deportivas autonómicas participar «directamente en el ámbito internacional en el caso de modalidades o especialidades deportivas con arraigo histórico y social en su respectiva comunidad autónoma». No obstante, ello precisa de un previo acuerdo con el Consejo Superior de Deportes.
El PNV quiere ir más allá y pide que se reconozca la oficialidad en más disciplinas, además de crear «un corpus jurídico para presentarlo ante las instituciones competentes con propuestas específicas que respalden la oficialidad de las selecciones vascas» y «procesos de negociación y colaboración con organismos deportivos internacionales para asegurar la participación de las selecciones en competiciones de nivel mundial».