Compin-Fainsa, compañía de diseño, fabricación y acondicionamiento de interiores para vehículos de transporte público por carretera y ferroviario, interurbano y de largo recorrido, anuncia su instalación en el Parque Industrial de Santana de varias de sus líneas de negocio. La compañía va trasladar parte de su producción en Cataluña a Linares (Jaén), para lo que ocupará 9.000 metros cuadrados en lo que eran las antiguas naves de Santana Motor, empresa pública quebrada en 2011 tras una larga historia de lucha obrera y -en sus últimos años- de corrupción que aún colea en los tribunales.
El grupo Compin-Fainsa es proveedor de fabricantes como CAF, Talgo o Siemens y cuenta con cinco centros de producción en Europa y una red de distribuidores en todo el mundo. Ya tenía instalaciones en otro punto de Linares.
La alcaldesa linarense, Auxi Olmo, ha visitado las naves donde se instalará Compin-Fainsa junto al CEO del grupo, Marc Jammot; el director de Operaciones, Javier Lasunción, y con Víctor Martínez, director de la planta que actualmente Compin-Fainsa tiene en Linares. El Ayuntamiento ha puesto a disposición "todos los medios técnicos y materiales disponibles al objeto de que la compañía pueda ampliar su actividad empresarial en la ciudad en el menor periodo de tiempo posible", ha explicado el Ayuntamiento en un comunicado. La fecha que se baraja es septiembre.
La compañía contará entonces en Linares con 250 trabajadores y será, indica el Ayuntamiento, "una de las mayores empresas de la ciudad".
Centro de empresas
A finales del año pasado el consistorio ya anunció la construcción de un Centro de Empresas en el Parque Empresarial Santana en 2024. El futuro centro contará con un Edificio de Recepción de Empresas y Emprendedores de unos 3.300 metros cuadrados, así como con un conjunto de diez naves industriales de alrededor de 1.000 metros cuadrados cada una.
Estará ubicado en el espacio que ocupaba una de las viejas naves de Santana que ha sido demolida tras la cesión del suelo al Ayuntamiento por parte de la Junta de Andalucía.
Años de éxitos y fracasos
La vida industrial va volviendo así al que fue el principal polo industrial del norte de Andalucía durante décadas, con la única fábrica de automóviles de la comunidad, Santana Motor, que llegó a tener más de 3.500 trabajadores en su máximo esplendor.
Santana nació en los años 50 como fabricante de maquinaria agrícola. A partir de 1961 comenzó a fabricar vehículos todoterreno con licencia Land Rover. Una línea que se cerró en 1989, aunque ya se había abierto otra con la entrada en 1985 de Suzuki. La firma japonesa llegó a controlar el 85% del accionariado. Pero en los 90 vendió su participación a la Junta, que compró para evitar el cierre.
En 2001, en medio de una profunda crisis, la Junta redujo drásticamente plantilla y vendió partes de la compañía por trozos para crear un parque de proveedores que mantuviese la actividad. Esa operación está en el origen del Caso ERE.
Los intentos de mantener la empresa a flote se sucedieron durante una década sin éxito: un vehículo propio, el Aníbal, que el Ejército acaba de jubilar tras un pobrísimo rendimiento, modelos basados en los Suzuki, y una alianza con IVECO con la última bala: el Massif.
El cierre de Santana se certificó en 2011. Desde entonces la actividad en el parque industrial desapareció con excepción de la fabricación de vagones de tranvía por parte CAF y de estructuras para parques eólicos de AEMSA.
Escándalos
Prácticamente quince años después los tribunales mantienen abiertas varias investigaciones sobre ayudas supuestamente irregulares de de la Junta, a través de la Agencia IDEA, a Santana. Una de estas líneas, sobre un préstamo de 36 millones para el Massif, es noticia hoy mismo: IDEA pide penas de cárcel contra sus antiguos directivos por irregularidades en esta operación: el Consejo de Gobierno autorizó un préstamo reembolsable y supuestamente lo que se concedió finalmente en 2010 a la empresa fue un dinero a fondo perdido, cuando ya prácticamente estaba en quiebra y no había posibilidades de recuperar el dinero.
El ex consejero Martín Soler está acusado en este procedimiento junto a ex directivos de IDEA, entre ellos Bienvenido Martínez al que se investiga por el desvío de fondos públicos a empresas a su nombre.