El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha desestimado el recurso del Consejo Insular de Aguas de La Palma (CIALP) contra la sentencia en primera instancia que obliga a entregar a la Asociación Agua para La Palma información sobre las analíticas y las medidas adoptadas frente a la contaminación por bacterias fecales (E-coli) detectada en el agua del Túnel de Trasvase para consumo humano en el Valle de Aridane.
Informa la asociación que el CIALP, organismo adscrito al Cabildo, denegó en febrero de 2022 estos expedientes que la asociación había solicitado en mayo de 2021, al igual que rechazó entregar los datos de la calidad del agua de 2003 a 2014 y todo lo relativo al procedimiento administrativo seguido para destinar al abasto urbano de agua obtenida inicialmente para riego agrario.
Por tanto, en dos ocasiones los tribunales han determinado que la negativa de este organismo público a facilitar esta documentación constituye una ilegalidad, porque vulnera la Ley de Acceso a la Información en materia de Medio Ambiente. Así lo sentenció un Juzgado de lo Contencioso Administrativo en 2023 dando la razón al recurso planteado por Agua para La Palma, y así lo ratifica ahora el máximo tribunal autonómico.
En su sentencia, que además condena al CIALP al pago de las costas judiciales, el TSJC tacha de «inadmisible que en un Estado de Derecho, una Administración pública se queje de que un colectivo ciudadano pretende fiscalizarla cuando precisamente lo que caracteriza a este tipo de Estado es que los poderes públicos están sometidos a fiscalización». El TSJC advierte además que la resolución administrativa denegatoria de la información «no aclara cuál de los supuestos legales de exclusión o denegación del derecho aplica».
Desde el actual grupo de gobierno insular se defiende que han cambiado la dinámica de trabajo, actuando con transparencia en la gestión de los recursos hídricos, datos e información hidrológica, tal y como quedó patente en la reciente celebración de la reciente Mesa de la Sequía.
En este sentido, defienden que la apuesta del equipo de gobierno actual es cambiar la dinámica del grupo anterior, que no tenía en cuenta a los distintos colectivos y actuaba de espaldas a los mismos.
El vicepresidente y consejero de Aguas hace hincapié en la necesidad de colaboración entre las entidades, tanto públicas como privadas, de cara a establecer los mecanismos necesarios para optimizar la gestión del agua a nivel insular, bajo la premisa de garantizar el suministro de dicho recurso.
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