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Tras los cuestionamientos a Petróleos Paraguayos (Petropar), por la inacción ante el juzgado para que avance el juicio contra la empresa AP SA, de Andrea Lafarja, el titular de la empresa estatal, Eddie Jara, señaló ayer que recién ahora dio instrucciones para que se hagan los trámites.
La estatal "demandó" ante un juzgado civil y comercial de la capital a la citada firma para cobrar los US$ 1,5 millones de la garantía de mantenimiento de oferta de su fallida compra de gasoíl, pero no hizo nada para que prospere el juicio ordinario, por lo que hasta ahora no hubo "impulso procesal".
Esto pese a que el juzgado civil y comercial segundo turno, a cargo del juez Arnaldo Martínez Rozzano, ya admitió la demanda el 13 de febrero último, a través de una resolución, y ordenó la "agregación de los documentos" de la causa.
"Di instrucción al asesor jurídico, a la asesoría jurídica, que haga los trámites que correspondan y me confirmó que ya lo estaba haciendo. Nada más", manifestó Jara cuando este diario le abordó sobre el tema durante 16° Foro Internacional de Gas y Energía de IGEF, que se está realizando en el país hasta hoy viernes, en el hotel Sheraton.
Cuándo se le insistió qué trámites están realizando, ya que ni siquiera hicieron las gestiones para que el juzgado pueda notificar a la empresa demandada, Jara señaló: "en realidad, yo no tengo esa información como vos estás comentando. La notificación es del juzgado, así como nos notificó a nosotros tendría que notificar a ellos (AP SA), nosotros vamos a reforzar esa notificación a la demandada. Eso es lo que se tenía que haber hecho y entiendo que ya lo hizo el asesor jurídico".
Jara niega que haya intención de obstaculizar el proceso
Respecto a las sospechas de que las altas autoridades del Gobierno estarían dando indicaciones para frenar y obstaculizar este proceso judicial, atendiendo a que la empresa del Estado ya había realizado varias maniobras que beneficiaron a la empresa de la corredora de rallys, el presidente de Petropar replicó con énfasis: "no, para nada. Si hubiera intención (de frenar el proceso), no hubiésemos iniciado la demanda, sencillo".
Tras la rescisión del contrato para la compra de gasoíl, la empresa de la deportista debía pagar US$ 1,5 millones a Petropar, que es el monto que comprometió en su garantía de mantenimiento de oferta, que AP SA presentó en formato de declaración jurada. Dicho documento fue utilizado para poder adjudicarse el contrato de más de US$ 50 millones.
Según la resolución de Petropar del 3 noviembre del año pasado, la rescisión del contrato ocurrió porque la empresa no presentó la póliza de fiel cumplimiento del fallido contrato para la provisión de gasoíl, que era razón suficiente para reclamar la garantía de mantenimiento de oferta, según el pliego del llamado por vía de la excepción.
Además de eso, la resolución de Jara resaltó que la firma de la deportista tuvo que admitir mediante una nota que ofertó un precio que no pudo cumplir. En este sentido se destaca en el documento que, a través de la nota fechada el 18 de octubre del año pasado, la empresa de Lafarja comunicó a la estatal, en un descargo, que no iba a poder cumplir con el citado contrato por motivo de "fuerza mayor".
La empresa de Lafarja tenía contratos con la Dinac por montos ínfimos, sea para la provisión de alfombras, decoración o reparación de acondicionadores de aire. El patrimonio de AP SA era de solo US$ 915.021, aún así Petropar le adjudicó la compra de diésel por más de US$ 51,5 millones, que finalmente fracasó.