Producto cabal de la Guerra Fría de mediados del siglo XX, Castro fue una pieza de museo en los últimos 27 años, desde la caída del Mmuro de Berlín en 1989. Hace pocos días cayó el último vestigio de su larga influencia en la región.
Ocurrió cuando el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos firmó por segunda vez un acuerdo de paz con el comandante "Timochenko", jefe de las FARC, la guerrilla más antigua de América latina.
Aunque La Habana fue el escenario de las negociaciones de paz, lo cierto es que el castrismo sólo se resignó a lo inevitable.
América latina cambió en el último año como para amargarle la vida a Fidel, que siempre creyó que el viento de la historia soplaría, tarde o temprano, en la dirección correcta diseñada por él.
Venezuela, su último protectorado ideológico, se hunde en la ruina. Mauricio Macri reemplazó en Buenos Aires a su amiga Cristina Kirchner.
Michel Temer ocupa en Brasilia el lugar de Lula y Dilma, viejos conocidos del líder muerto.
El liberal Kuczynski gobierna Perú y hasta Daniel Ortega se hizo capitalista para seguir mandando como un dictador en la pobre Nicaragua. El magnate Sebastián Piñera podría volver en 2018 al gobierno chileno.
Hace poco le preguntaron a Macri si la relación de Washington con América latina se tensaría en el caso de que Donald Trump desconociera los acuerdos de Obama con los Castro.
Contestó que no. "La nueva corriente de líderes latinoamericanos no está pendiente de Cuba", respondió. Con una frase, Macri explicó el contexto en el que Fidel murió. O prefirió morir antes de comprobar que la historia siempre tiene su propia dinámica.
Sin embargo, nunca la política es un paraíso. La nueva ola de líderes latinoamericanos tiene sus problemas. En la Argentina, en apenas una semana, el peronismo en sus infinitas versiones logró cambiarle tres veces la agenda a Macri.
También le confeccionó una nueva. La de estos días podría ser una foto anticipada de cómo será el peronismo en el año electoral que viene.
O podría ser algo más: el anticipo, quizá en sus trazos más amables, de la futura convivencia con el peronismo si un revés electoral se abatiera sobre el Presidente en las próximas elecciones legislativas.
El problema de Macri dejó de ser político hace mucho tiempo; su principal conflicto es el económico. Tal vez, los acuerdos con el peronismo (gobernadores y sindicatos) para pacificar la política complicaron la economía, pero la culpa no es sólo de esos acuerdos. La recesión es profunda.
La esperanza de recuperación se pasó de principios del segundo semestre al último trimestre. La economía sigue igual.
Los datos oficiales de la recesión coinciden con la percepción de los empresarios y el mal humor de muchos sectores sociales.
¿Dónde está la culpa? ¿Cómo saberlo cuando ni siquiera está establecida la responsabilidad, cuando hay muchos ministros de Economía y ningún ministro? Nadie lo sabe.
Pero es inútil reflexionar sobre si el actual sistema de conducción económica es bueno o malo. El Presidente está seguro de que la mejor solución es que no haya un superministro.
Ni un Cavallo, ni un Lavagna ni un Sourrouille de la segunda década del siglo XXI. No quiere ni la sombra de esos ministros con más poder que sus presidentes.
Lo cierto es que la campaña electoral, cuyo inicio de hecho Macri esperaba para diciembre, se adelantó. La campaña ya empezó.
Frigerio y Prat-Gay lo advirtieron cuando fueron a Diputados por el impuesto a las ganancias. Los esperaba toda la oposición junta, por primera vez en casi un año.
Peronistas massistas, ortodoxos y kirchneristas; socialistas y otros diputados de izquierda. Nunca habían visto ese espectáculo.
"Se terminaron los buenos tiempos; empezó la campaña", le susurró Frigerio a Prat-Gay.
Antes, el Senado había sancionado, con el voto de todos los peronistas, un proyecto de emergencia social que creaba un millón de puestos de trabajo. El Gobierno lo repudió, pero terminó negociando un nuevo proyecto, más realista, menos imperativo.
No importa. El peronismo se pavonea en el teatro político remarcando lo que es obvio: la iniciativa está en sus manos.
Algunas organizaciones sociales acompañaron esas propuestas (tanto las del peronismo como las del Gobierno), pero es un espacio que merece otro análisis.
Si hay unánime coincidencia en que el país está en medio de una pertinaz recesión, debe concluirse que la crisis golpea a todos, pero sobre todo a los sectores más vulnerables de la sociedad.
La pregunta es por qué no funcionaron los sensores políticos de la administración. ¿Por qué los funcionarios no ofrecieron a esas organizaciones sociales el acuerdo que después suscribieron?
Podría haber sido peor, y no lo fue porque el Gobierno tiene algunos funcionarios como Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social, capaces de hablar con los jefes piqueteros como si hubieran nacido en el mismo barrio.
Sucedió algo parecido con el aumento del mínimo no imponible del impuestos a las ganancias. Su eliminación fue una promesa de campaña de Macri, que no la pudo cumplir cuando se encontró con el Estado fundido que dejó Cristina Kirchner.
Tuvo tiempo, con todo, para modificar la alícuota mucho antes. Sergio Massa anunció un proyecto propio un día antes de que el Gobierno hiciera público el suyo.
En rigor, hasta ese momento Massa no había entregado nada nuevo en la mesa de entradas de Diputados. Eran sólo palabras.
Le sacó a Macri la ventaja de un día y, encima, anunció una sesión especial, que tendría quórum para deliberar, pero no para tratar ningún proyecto. Nada por aquí. Nada por allá. Genio y figura de Massa.
No obstante, ¿quién puede negarle la habilidad para mostrarse dueño de la iniciativa? El Gobierno ya sabe que su ley de modificación de ganancias saldrá del Congreso con muchos cambios.
Es la promesa que hizo para evitar un debate inútil, pero con alto contenido político, para llamarlo de algún modo.
El impuesto a las ganancias afecta seriamente a los asalariados con ingresos más altos. Nadie habla de los aportes patronales, que son una enorme traba para la creación de nuevos puestos de trabajo.
Ni del IVA, que lo pagan ricos y pobres y que es uno de los más altos del mundo. El impuesto a las ganancias es emblemático desde 1999.
Todas la concesiones del Gobierno de la última semana significarán más dinero para un Estado cuyo déficit aumentó en octubre por la caída de la recaudación (típico de la recesión) y por la reanudación de la obra pública.
Tiene todavía un margen de $ 100.000 millones para no pasarse del déficit previsto del 4,8%. Cree que logrará no superarlo.
El Gobierno aceptará aplicar impuestos al juego, que es de las provincias, pues no administra bingo ni casinos. Y a la renta financiera, que ya tiene algunos gravámenes.
Podría reponer las retenciones a la minería, porque la quita que aplicó Macri fue un pedido de tres provincias peronistas: San Juan, La Rioja y Catamarca.
Nunca nadie lo contó, mientras el Presidente pasó un año con el estigma de que benefició a las mineras por decisión propia. ¿Por qué nadie dijo de quién fue la idea?
La reforma electoral cuenta con el apoyo de una clara mayoría social. El kirchnerismo más cerril en acuerdo con el PJ feudal -cuándo no- decidió que el proyecto no llegue al recinto del Senado.
Vicarios de Cristina lo atornillaron en las comisiones del cuerpo. ¿Por qué el Gobierno no anunció en su momento la convocatoria a un plebiscito no vinculante sobre esa reforma?
¿Se hubiera prestado el peronismo a la posibilidad de una segunda derrota consecutiva? No, seguramente. El Gobierno se priva de jugar con lo mejor que tiene, que es todavía una mayoría social.
La necesita para enfrentar al PJ, que cree que Macri es un usurpador, un paréntesis incómodo de la historia que existirá mientras los peronistas se cambian de ropa y de piel.
Ellos, como Fidel, creen en una dirección única e inmodificable de la historia, que siempre los protegerá.