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Los funcionarios de la ANDE realizan constantes intervenciones de conexiones irregulares de energía eléctrica que sirven para alimentar los sistemas de procesamiento de criptominerías, provocando millonarias pérdidas.
Los centros operativos mayormente se concentraban en amplios establecimientos, mejor conocidos como "granjas", que contaban con máquinas a gran escala.
El ingeniero Domiciano Silvero, del departamento de Intervenciones de la ANDE, indicó que esta situación está cambiando, al detallar que los hallazgos en la actualidad se están volcando a las viviendas, donde se instalan los aparatos de criptominería en menor cantidad.
Agregó que las personas que se dedican a este esquema irregular buscan casas para alquilar o que estén abandonadas para ubicar sus máquinas; en algunos casos incluso son viviendas residenciales ocupadas por familias. Por sobre todo lo que pretenden es mimetizarse entre las demás casas del barrio en el que se encuentran.
"Ellos utilizaban (líneas de) media tensión en locales más grandes, pero desde hace uno o dos años se está combatiendo por medio de operativos, entonces hoy en día están implementando un nuevo sistema por decirlo así, van a las residencias y utilizan (líneas de) baja tensión para tratar de esconderse un poco más", dijo.
Mencionó que los hallazgos se dan en prácticamente toda la región, incluyendo Ciudad del Este, Presidente Franco y Minga Guazú. Añadió que una de las principales características es la mala calidad del servicio que reciben los vecinos, a causa de la sobrecarga en el transformador que provocan los procesadores de criptominerías al sistema eléctrico.
"En estos casos es más difícil de detectar, imaginate la cantidad de viviendas que hay en las cuadras de un barrio, además de que cada una tiene acometida similar, cuesta más, pero por suerte estamos encontrando (las casas con conexiones irregulares)", sostuvo.
"Criptominería residencial" con 63 máquinas
El último hallazgo de "criptominería residencial" se registró en el barrio San Antonio de Presidente Franco, tras una verificación de conexión irregular a las redes de baja tensión de la ANDE.
Tras una denuncia del ente estatal, la Fiscalía allanó una vivienda donde se encontraron encontraron 63 máquinas procesadoras de criptomonedas en funcionamiento, que no fueron incautadas, pese al pedido de la ANDE.
En este caso, los aparatos consumían prácticamente toda la energía del transformador de la zona, equivalente al servicio eléctrico que llega a unas 30 a 40 viviendas. Este hecho punible de sustracción de energía eléctrica ocasionó un daño patrimonial mensual de aproximadamente G. 25 millones.
Además de enfrentar el proceso penal, los responsables deberán pagar los costos derivados de la intervención y la aplicación de las multas correspondientes.
Ejecutaron el procedimiento funcionarios de la oficina de Gestión de Pérdidas Regional Este de la Dirección de Gestión Regional, junto con la Asesoría Legal de la ANDE.