Los diputados regionales tardarán mucho en olvidar el último Día de San Valentín, que coincidió con las protestas del sector primario en la Región, en España y en Europa. Ese 14 de febrero había sesión de control y, tras las preguntas al presidente regional, una multitud de agricultores cercaron la Asamblea Regional, impidiendo salir a los parlamentarios hasta la noche, y llegando a zarandear el vehículo oficial del jefe del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras.
El Barómetro de Primavera del Cemop publicado este jueves ha preguntado sobre esta cuestión y refleja que más del 60% de los votantes del Partido Popular están de acuerdo con esa protesta, que ni siquiera fue comunicada a la Delegación del Gobierno y, por tanto, tampoco fue autorizada. El porcentaje es veinte puntos superior, hasta el 82,3%, cuando se pregunta a los simpatizantes de Vox, socio de Gobierno del PP.
Los votantes de partidos de izquierda reducen su apoyo a este tipo de manifestaciones. Menos de la mitad de los socialistas (40) está de acuerdo con lo sucedido y solo un 31% de los de Podemos lo aprueban.
En general, el 58,6% de los encuestados por el Cemop ven con buenos ojos el cerco al Parlamento frente a un 35% que reprueba aquellos hechos.
Sin entrar a juzgar ninguna protesta en concreto, la mayoría de los murcianos, independientemente de su inclinación ideológica, se pone al lado de los agricultores en sus reivindicaciones por las que salieron a la calle en todo el país en febrero. 9 de cada 10 encuestados así se lo transmitieron al centro demoscópico murciano.
La mayoría no compra el mensaje de Vox contra la Agenda 2030
La campaña de apoyo a los agricultores y ganaderos de Vox se basó, principalmente, en culpar al Pacto Verde Europeo y a la Agenda 2030 impulsada por la Unión Europea de la situación del campo murciano; sin embargo, son una minoría de encuestados los que consideran que se deberían de revisar este tipo de controles medioambientales.
La mayoría de murcianos, especialmente de izquierdas, consideran que el quid de la cuestión está en la Ley de la Cadena Alimentaria, que es la que ha de asegurar que los agricultores reciben precios justos por sus productos. Por otra parte, una buena parte creen que lo que hay que revisar son los acuerdos comerciales con terceros países.
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