Si sufrir un asalto –o muchos– justifica cometer un homicidio. Está claro cómo llegamos hasta acá: gestionado con el sólo objetivo de enriquecer a algunos, el Estado se ausentó disfrazado bajo la mentira de que estaba presente para todos y todas.
La discusión, entonces, está en cómo administrar y afrontar con el menor costo posible de vidas esta herencia de 5 millones de menores de 17 años debajo de la línea de pobreza y de 85 delitos denunciados por hora.
Quienes exaltan la justicia por mano propia como una suerte de solución final –como esos vecinos de Zárate que ayer marcharon para pedir la libertad de un hombre que decidió vengar un robo con una muerte– terminan parados en el mismo lugar que aquellos jueces garantistas que se jactan de sus postulados abolicionistas mientras cobran el alquiler de los prostíbulos.
Unos y otros, por distintos caminos, llegan a la conclusión de que el sistema penal no sirve, dado que ni repara a las víctimas, ni contempla sus opiniones, ni previene delitos, ni reinserta a quienes los cometen.
Y consideran que, por lo tanto, debe ser obviado. O, por qué no, eliminado.
La consecuencia natural de tal certeza sería disolver la Justicia, la Policía y el sistema carcelario, ahorrar los costos que tamaño aparato genera y, eventualmente, redistribuir los fondos antes destinados a financiarlo para comprarle un arma a cada ciudadano del país.
Y ahí sí, que prevalezca el más fuerte. Como en la selva.
Mucho mejor sería enfocar las energías en reclamarles a las autoridades más eficiencia, más honestidad y más compromiso para que haya menos gente enfrentada a la disyuntiva de la barbarie.