Rodarán cabezas ante presuntas salidas irregulares de Emilio Tapia, recluido en cárcel de Barranquilla
Así lo dio a conocer el director del INPEC, en conversación con La FM de RCN.
El coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), anunció que se aplicarán medidas sancionatorias, luego de conocerse que el empresario Emilio Tapia estaría saliendo de la penitenciaria El Bosque, ubicada en el sur de Barranquilla.
Según las denuncias, Tapia, condenado a pagar 17 años de prisión, estaría saliendo del centro carcelario de manera irregular, a bordo de una camioneta y con apoyo de la guardia del penal.
El caso tomó mayor trascendencia cuando la Procuraduría, en medio de una inspección al lugar, dio a conocer que en la cárcel no estarían funcionando las cámaras de seguridad para determinar si el empresario incurrió en alguna anomalía.
En conversación con La FM de RCN, el coronel explicó que la responsabilidad recae sobre la dirección del establecimiento , y por ende, la directora de la penitenciaria El Bosque, Elsy Torres, podría ser despedida.
"Al parecer, pues la directora del establecimiento va a salir, no va a continuar (...) ya sería una investigación para determinar los otros responsables", indicó Gutiérrez.
El director del INPEC también confirmó la información entregada por la Procuraduría sobre las 16 cámaras que se encuentran dañadas: "No funcionan porque el panel de control se dañó luego de una lluvia hace hace unos meses. Ya solicitamos ayuda de manera urgente para que nos puedan solucionar".
Adicionalmente, indicó que este viernes, 19 de abril, se desarrolló un operativo en la cárcel para revisar las condiciones de seguridad.
Tapia está privado de la libertad debido a una condena en su contra por el escándalo del 'Carrusel de la Contratación'. Sin embargo, también tiene un proceso que avanza por el caso de Centros Poblados y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Sobre ese proceso, en una audiencia del 2023, se comprometió a pagar la mitad de la suma que adeuda por el caso de Centros Poblados, que oscila en 6.000 millones de pesos, con el fin de lograr un preacuerdo con la Fiscalía.
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