Si en el Ayuntamiento de Valencia la fricción entre PP y Vox por las competencias de Empleo o Igualdad está que echa chispas, en el Gobierno de Carlos Mazón la pugna por la bandera de la lucha contra las okupaciones se libra en silencio. Porque, a pesar de que Vivienda está en manos del PP, Vox anunció este lunes una nueva medida para "defender a los propietarios".
Lo hizo, además, por boca del vicepresidente primero y consejero de Cultura, Vicente Barrera, que no tiene por tanto ninguna competencia en la materia. Aun así, el alto cargo de Vox se desplazó a Massamagrell junto a otros cargos de la Consejería de Justicia e Interior -también en manos de Vox- o el portavoz de Vox en las Cortes, José María Llanos, para anunciar "por primera vez en muchos años en nuestra Comunidad la defensa del propietario y la condena del delincuente".
Según Barrera, el Consell "estudiará la puesta en marcha de medidas contra la ocupación ilegal", si bien no concretó en qué consistirán. Fuentes del departamento de Vivienda, adscrito a la Vicepresidencia Segunda de Susana Camarero, se desentendieron este lunes del anuncio y remitieron al departamento de Barrera. Fuentes de la Vicepresidencia Primera de la Generalitat, por el contrario, aseguraron que la política contra las okupaciones es un tema "conjunto" de ambos departamentos.
Lo cierto es que el pacto que suscribieron PP y Vox para hacer a Mazón presidente de la Generalitat ya contemplaba endurecer la política contra los okupas, un asunto que ha estado especialmente en el radar de Vox. De hecho, el propio Barrera apeló ayer a este pacto para justificar medidas antiokupación. Se trata, según dijo, de una situación "que preocupa al Consell".
"Por eso, tal y como está recogido en el pacto de gobierno, vamos a ver cómo, desde nuestras competencias como Gobierno autonómico, podemos afrontar esta lacra, defender, dar herramientas y ayuda a los propietarios, y cómo podemos perseguir a los delincuentes", insistió. "Todas las víctimas han de saber que tienen, dentro de nuestro marco competencial, un Gobierno que entiende sus quejas y que, en la medida de lo posible, vamos a luchar junto a ellos para acabar con esta lacra social".
En este sentido, la directora general de Atención a las Víctimas, Belén Pulgar, ha anunciado que Justicia "va a poner a disposición todas las Oficinas de Delitos para proteger a las familias frente a la ocupación ilegal". "Nuestra prioridad es que todas las personas víctimas de la ocupación ilegal, a partir de ahora, tengan la protección con la que no contaban", ha explicado.
Belén Pulgar ha indicado que hay a disposición "36 Oficinas de Delitos, una por cada partido judicial y son totalmente gratuitas". Además, "se pone a disposición letrados, psicólogos y trabajadores sociales para solventar esta situación".