Bruselas sigue estrechando el cerco sobre las grandes tecnológicas y esta vez le ha tocado a Meta, contra quien la Comisión Europea ha abierto una investigación por su mala gestión de la desinformación sobre las elecciones europeas del próximo 9 de junio y además por no disponer de una herramienta de supervisión electoral. El Ejecutivo comunitario considera que la entidad vulnera la Ley de Servicios Digitales (DSA), y pone el foco sobre Facebook, Instagram y Whatsapp.
Las presuntas infracciones se refieren a las políticas y prácticas de Meta en relación "con la publicidad engañosa y los contenidos políticos en sus servicios". También tienen que ver, añade la Comisión, con "la falta de disponibilidad de una herramienta eficaz de terceros para el seguimiento en tiempo real del discurso cívico y las elecciones antes de las elecciones al Parlamento Europeo, en el contexto de la retirada por Meta de su herramienta de información pública en tiempo real CrowdTangle sin una sustitución adecuada".
Tras el anuncio, la presidenta de la Comisión Europea fue muy clara. "Esta Comisión ha creado medios para proteger a los ciudadanos europeos de la desinformación selectiva y la manipulación de terceros países. Si sospechamos una violación de las normas, actuamos. Esto es así en todo momento, pero especialmente en tiempos de elecciones democráticas", aseveró, y avisó de que las grandes plataformas digitales "deben estar a la altura de sus obligaciones y dedicar suficientes recursos a ello".
Para la dirigente alemana, "demuestra que nos tomamos en serio el cumplimiento de la normativa". Y es que la investigación se da porque Bruselas sospecha que Meta no cumple las obligaciones de la DSA relacionadas con la lucha contra la difusión de anuncios engañosos, campañas de desinformación y comportamientos no auténticos coordinados en la UE. La proliferación de tales contenidos puede suponer un riesgo para el discurso cívico, los procesos electorales y los derechos fundamentales, así como para la protección de los consumidores.
Además, considera que la política vinculada al "enfoque de contenido político", que degrada el contenido político en los sistemas de recomendación de Instagram y Facebook, incluidos sus feeds, no cumple las obligaciones de la DSA. La investigación se centrará en la compatibilidad de esta política con las obligaciones de transparencia y reparación a los usuarios, así como con los requisitos para evaluar y mitigar los riesgos para el discurso cívico y los procesos electorales.
Tras la incoación formal del procedimiento, la Comisión seguirá recabando pruebas, por ejemplo enviando solicitudes adicionales de información, realizando entrevistas o inspecciones, recuerda Bruselas en el comunicado.
La incoación de un procedimiento formal da potestad a la Comisión para adoptar otras medidas de ejecución, como medidas cautelares y decisiones de incumplimiento. La Comisión también está facultada para aceptar los compromisos asumidos por Meta para remediar los problemas planteados en los procedimientos. La DSA no establece ningún plazo legal para poner fin a los procedimientos formales. La duración de una investigación en profundidad depende de varios factores, entre ellos la complejidad del caso, el grado de cooperación de la empresa afectada con la Comisión y el ejercicio de los derechos de defensa.