Un nuevo informe denuncia el retroceso de la educación inclusiva
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha emitido nuevamente un informe contra el estado español por vulnerar de manera reiterada los derechos del alumnado con diversidad funcional.
El informe hace hincapié en que la Convención es un tratado internacional de derechos humanos ratificado por el Estado parte y por lo tanto es una norma jurídicamente vinculante para todas las autoridades del Estado, sean estas partes del Organismo Ejecutivo, Legislativo, o Judicial, y/o tengan competencias a nivel nacional, en comunidades autónomas, en ciudades autónomas, en diputaciones provinciales, o en municipios, denuncia Solcom en una nota de prensa.
El 22 de abril, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas tras examinar la política educativa del estado español, ha vuelto a determinar que España incumple sistemáticamente con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y que aún cuando en los textos legislativos se habla de inclusión educativa, «esta no es efectiva, ni real».
El Comité considera preocupante que el texto de la reforma de la Lomloe mantuvo el inciso primero del articulo 74, que el TC continúe considerando la inclusión educativa como un principio general del sistema educativo y no como un derecho, o haya reconocido la compatibilidad de la educación especial segregadora con la Constitución, que esta máxima instancia judicial haya continuado estimando, como en el 2014, que la imposibilidad de otorgar ajustes razonables justifique la segregación educativa en centros especiales, que grupos parlamentarios, así como autoridades y parlamentos de algunas comunidades autónomas continúan haciendo abogacía por la educación en centros o aulas especiales y que los estudiantes con discapacidad, principalmente con discapacidad intelectual que habían obtenido adaptaciones curriculares significativas antes de la vigencia del Real Decreto 217/2022 no hayan podido titular en Enseñanza Secundaria Obligatoria, pese a haber aprobado todos los requisitos de su curriculum.
El informe pide derogar toda ley vigente que permita o perpetúe la segregación educativa, revisar la jurisprudencia, asegurar que las propuestas o proposiciones no perpetúen la segregación y asegurar que las evaluaciones no concluyan ni conduzcan en caso alguno a la separación.