Dos informes, uno histórico y otro jurídico, sirven de base al Concello para poner en marcha el procedimiento de revisión de oficio de los acuerdos municipales que permitieron a la familia Franco hacerse con la propiedad de la Casa Cornide al considera que son nulos de pleno derecho por haberse realizado de forma ilegal. La Junta de Gobierno Local aprobó el miércoles el comienzo de ese proceso con el fin de reclamar posteriormente en los tribunales que el inmueble le sea devuelto. Los Franco disponen de un plazo de quince días para presentar alegaciones a la decisión municipal de anular la permuta y la subasta mediante la que la casa acabó en sus manos.
El historiador Emilio Grandío fue el director del equipo que en 2020 redactó el informe histórico sobre la forma en la que el edificio fue vendido a Carmen Polo, la mujer del dictador, en el que se detalla que, tras su construcción en el siglo XVIII, continuó siendo una propiedad privada hasta que el Estado se planteó la construcción de un Conservatorio de Música en la ciudad.
Para hacerlo posible, el Ministerio de Educación adquirió el inmueble de la calle Damas en 1949 para instalar en él un centro de enseñanza musical, aunque el proyecto no se llevó a cabo allí. Hubo que esperar a que se planteara la permuta de este caserón por una parcela de propiedad municipal en la Ciudad Escolar, donde finalmente se construyó el Conservatorio, pero no de forma inmediata, porque el intercambio de propiedades se propuso en 1957 y no se efectuó hasta 1962.
Subasta
Una vez que el 22 de junio de ese año pasó a ser propiedad municipal, solo once días después es sacada a subasta y es adquirida por el empresario Pedro Barrié de la Maza, amigo personal de Franco y quien también había participado en la operación para proporcionarle el pazo de Meirás. Cuatro días después de que le adjudicasen la casa, en plenas fiestas de verano, Barrié se la vende a Carmen Polo y por un precio inferior al pagado en la subasta y al abonado por el Estado para comprarla años atrás.
Para los autores del informe, este procedimiento "tiene claras semejanzas" con el seguido con el pazo de Meirás por el hecho de que los Franco fueron los destinatarios del edificio como por la participación como intermediarios a Barrié de la Maza y los entonces alcaldes Alfonso Molina y Sergio Peñamaría de Llano. El documento destaca además que la reforma del inmueble fue costeada por el Concello de forma irregular, ya que no era de su propiedad y que durante todo el periodo franquista la casa no figuró como espacio de interés público y conservación del patrimonio, pese a sus valores artísticos e históricos.
También en 2020, los profesores de Derecho Carlos Aymerich, José Manuel Busto y Carlos Amoedo redactaron un informe jurídico sobre las posibles vías para que el Concello reclamase la propiedad del inmueble. En el análisis de los actos administrativos realizados apreciaron que al adjudicar la subasta a Barrié se le liberó de dos de las exigencias que figuraban al convocarla, la de pedir autorización del Concello para modificar la casa y no poder venderla antes de diez años sin su permiso, lo que habría obligado a convocar una nueva licitación y a su juicio es una "causa de nulidad" de la adjudicación.
Señalaron además que al ser adquirida por el Ministerio de Educación en 1949 pasó a ser un bien público que tendría que haber sido desafectado para realizar la permuta con el Concello, que tampoco fue autorizada por la Dirección General de Bellas Artes al tratarse de un inmueble artístico de más de cien años de antigüedad. La omisión de ambos trámites son para los tres juristas motivos para declarar la nulidad de esa operación, al igual que la mujer de Franco comprase la casa después, ya que al ser la mujer del jefe del Estado estaba inhabilitada para hacerlo y con la que entendieron que se realizó una "simulación" de venta que es posible anular.
Esta argumentación lleva al Concello a iniciar la revisión de oficio de sus actos y a solicitar al Ministerio de Educación que haga lo propio con los suyos para luego reclamar un informe del Consello Consultivo de Galicia y finalmente presentar una iniciativa en los tribunales para recuperar el inmueble.
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