Pereira
En reiteradas ocasiones la Procuraduría General de la Nación ha emitido alertas por los riesgos sobre la falta de claridad para el inicio del contrato de construcción de la Fase ll de la cárcel La Concordia, aunque el mismo fue adjudicado el pasado 28 de diciembre de 2023, incluyendo la contratación de la interventoría.
Precisamente, luego de tres meses de haberse realizado la adjudicación y de tener una interventoría montada, el contrato no se ha suscrito, por lo que no se ha podido dar inicio a las obras de construcción de la segunda fase de este Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional, que es financiado con recursos de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, USPEC.
Aunque se han manifestado problemas administrativos y financieros, desde la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública, advierten que se podrían generar sobrecostos y reclamaciones por parte de los contratistas e interventoría por los retratos en el cronograma y la falta de claridad para el inicio de la obra, significando esto un riesgo para el patrimonio público, pues la inversión en esta segunda fase supera los 200 mil millones de pesos.
La falta de celebración de este contrato constituiría una transgresión al principio de planeación constatando, en medio de la vigilancia preventiva, que la USPEC no cumplió los tiempos establecidos en el Plan Anual de Adquisiciones. Por este motivo el caso se trasladó al operador disciplinario de la Procuraduría, para que determine si hay responsabilidad de los funcionarios encargados de la contratación.