La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió este jueves al Gobierno que preside <a href="https://www.prensa.com/tema/daniel-ortega/" target="_blank">Daniel Ortega</a> en Nicaragua que propicie y sostenga un diálogo con la sociedad civil para superar la crisis de derechos humanos que vive el país centroamericano desde abril de 2018. En su informe anual sobre Nicaragua, de 40 páginas, la CIDH recomendó a Ortega adoptar las medidas necesarias para la superación de la crisis de derechos humanos "mediante el restablecimiento de la institucionalidad democrática, la plena vigencia del Estado de derecho y las libertades fundamentales, incluyendo la libertad de expresión". En ese sentido, la CIDH sugirió a Ortega propiciar y sostener un diálogo efectivo, legítimo e inclusivo con la sociedad civil. "Para ello, el Estado debe propiciar las condiciones necesarias que contribuyan a fomentar la confianza de la población mediante el cese de la represión, el reconocimiento de los hechos ocurridos y el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de verdad, justicia y reparación", indicó. Además, liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente en el contexto de la crisis iniciada en 2018; iniciar procesos que promuevan la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas; y poner fin a la impunidad por las violaciones a los derechos humanos desde hace seis años. Asimismo, la CIDH pidió a las autoridades nicaragüenses dejar sin efectos todos los decretos y actos de autoridad relativos a la cancelación de la personalidad jurídica de organizaciones de la sociedad civil que han sido aprobados sin garantizar el debido proceso, y devolver a sus integrantes las instalaciones y todos los bienes confiscados "en las mismas condiciones en las que se encontraban al momento del allanamiento". También cesar inmediatamente la persecución judicial, la represión, la estigmatización, los ataques, las amenazas e intimidaciones contra los diferentes actores de la sociedad civil, tanto en el entorno físico como digital, incluyendo periodistas, personas defensoras de derechos humanos, activistas, artistas, académicos, personas opositoras políticas e integrantes de comunidades religiosas y la Iglesia católica.