El tribunal integrado por los jueces Liz Barrera, Adrián Rojas y Mónica Heredia determinó, tras una extensa audiencia de casi 13 horas, que el derecho a la libertad personal de Jorge Glas fue vulnerado. Esto se debió a que su detención fue considerada ilegal y arbitraria cuando fue sacado de la embajada de México el viernes 5 de abril.
El tribunal expresó la consideración de ordenar su inmediata libertad debido a esta vulneración, pero, teniendo en cuenta otras órdenes de prisión en dos procesos penales, se decidió que continuará en la cárcel conocida como La Roca en la ciudad de Guayaquil. Cabe destacar que no se mencionó la condición de asilado político que Jorge Glas ya poseía al momento de la detención violenta, la cual había obtenido el 4 de abril.
Siendo así, el ex vicepresidente de Ecuador, tras unificar las dos penas por los casos denominados Odebrecht y Sobornos (ocho años de cárcel) ha cumplido un total de cinco años 15 días y que el tiempo restante que le toca cumplir es de dos años, 11 meses y 15 días.
Y tal como se han pronunciado las autoridades del gobierno de Daniel Noboa, Glas no tendrá rebajas ni por buena conducta ni otros beneficios a los que tienen todos los detenidos. Los representantes del penal señalaron que no se le concedió la prelibertad por haber sacado una nota menor de tres sobre 10.
Glas dijo previamente que esa nota fue resultado de una persecución porque no querían que salga de la cárcel. De hecho, durante su reclusión hizo dos maestrías y mantuvo un comportamiento ejemplar, según las evaluaciones de los directivos de las dos prisiones donde estuvo esos cinco años.
Los juristas que abordan el tema consideran que la declaración del tribunal verifica el delito y da lugar a acciones penales en contra de quienes ordenaron y ejecutaron el asalto a la embajada mexicana. Y como las autoridades del gobierno, de la policía y las fuerzas armadas han reconocido que la orden vino directamente del presidente Noboa, se podría iniciar un juicio con consecuencias de orden penal o, en un largo proceso, en las cortes internacionales.
La otra opción es que una decisión de la Corte Internacional, donde interpuso la acción el gobierno mexicano, disponga retomar el estado anterior al asalto y con ello pida que se entregue a Glas el salvoconducto para que pueda salir de Ecuador.
Por otro lado, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, denunció, a título personal, al ex presidente de la República Rafael Correa por el delito de traición a la patria. En la demanda incluyó enlaces de YouTube donde se recogen declaraciones del ex mandatario tras el ingreso violento de la policía de Ecuador a la embajada de México en Quito.
Según Núñez, Correa generó pánico con sus declaraciones e infundió desaliento. Ante ello, la funcionaria solicitó que se suspendan las cuentas de X y Facebook de Correa.
El martes 9 de abril, en sus redes sociales Correa señaló que el equipo de comunicación del presidente Daniel Noboa estaba preparando una campaña intensiva, inclusive pautada, para acusarlo de traidor a la patria. Es increíble la audacia y desfachatez de esta gente. A estar preparados, mencionó Correa.
Para Núñez, las manifestaciones sobre una guerra, incitando y dando a entender sobre el cierre del puerto de Guayaquil, fomentando cualquier forma de que México reprima a Ecuador y demás expresiones del denunciado, deben ser excluidas del amparo del derecho a la libertad de expresión, y sancionarse como lo que son, delitos en contra del orden público.
La respuesta de los abogados de Correa ha sido que en ninguno de los acápites del artículo 353 del Código Penal se señala que por expresiones o comentarios se puedan imputar delitos de esa magnitud.
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) condenó la agresión del régimen de Daniel Noboa contra la embajada mexicana en Quito y expresó su total solidaridad con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Estas acciones completamente discrecionales e ilegales constituyen una flagrante violación a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, a la Convención sobre Derecho de Asilo y a la soberanía de México, las cuales deben ser rechazadas por los países civilizados del mundo entero, se subraya en el comunicado.
Además, repudian el secuestro al ex vicepresidente Jorge Glas, protegido legalmente en la embajada mexicana mediante el derecho al asilo político, y el maltrato a todo el personal diplomático mexicano, conforman graves violaciones al derecho internacional sin precedentes.LA JORNADA
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