El abogado de la familia del expresidente paraguayo Raúl Cubas (1998-1999) anunció este martes, 16 de abril de 2024, que buscará la extradición a Paraguay de Rodrigo Granda, integrante del último secretariado de las extintas FARC y quien está investigado por su presunta implicación en el secuestro y asesinato, hace dos décadas, de Cecilia Cubas.
El abogado Andrés Casati declaró a la radio ABC Cardinal que solicitarán al tribunal de sentencias a cargo de la causa "una reiteración de la orden de captura internacional con fines de extradición" contra Rodrigo Granda, después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia comunicó que no tiene potestad para juzgar este hecho.
Consultado sobre la posibilidad de que requieran la extradición, Casati anticipó que la madre de Cecilia Cubas, la exsenadora Mirta Gusinky, "se encuentra firme y con la intención de que todos y cada uno de los responsables del secuestro y asesinato de su hija enfrenten los tribunales".
Señaló que buscan que los acusados "sean juzgados por jueces independientes y que los mismos, si tienen alguna deuda con la justicia, que la paguen".
"Hasta el último responsable, es la intención de la señora Mirta. Sin rencores, sin odios, pero sí con sed de justicia", agregó.
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Cubas fue secuestrada el 21 de septiembre de 2004 entre las ciudades de Fernando de la Mora y San Lorenzo y su cuerpo sin vida fue hallado en una casa en la ciudad de Ñemby el 16 de febrero de 2005, pese al pago de un cuantioso pago para su liberación.
La JEP, que ofrece penas alternativas a prisión, estudiaba si incluir este hecho, por el que Paraguay pide la extradición de Granda, en el Macrocaso 01, que juzga la "toma de rehenes, graves provocaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las FARC".
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Posiblemente Granda asesoró al marxista Partido Patria Libre (PPL), el germen de la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), para dicho secuestro.
En octubre de 2022, la JEP le concedió a Rodrigo Granda "amnistía de iure" por el delito de rebelión por el que fue condenado por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander, el 21 de abril de 2006.
Sin embargo, ahora asegura que existe una "falta de jurisdicción... para administrar justicia en los hechos ocurridos el 21 de septiembre de 2004 en Paraguay", a pesar de las pruebas presentadas por Granda.
En octubre de 2021, Granda fue retenido en México, adonde había viajado para participar en un seminario internacional del Partido del Trabajo (PT). Sin embargo, retornó a su país sin que se hiciera efectiva la alerta roja de búsqueda y captura que pedía Paraguay para su extradición a ese país.
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Granda -según el partido Comunes, surgido de la desmovilización de las FARC- había recibido autorización de la JEP para viajar a México y, por lo tanto, el Gobierno colombiano no podía pedir su detención a las autoridades de otro país.