En la reciente audiencia pública en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho al cuidado se presentaron más de un centenar observaciones de organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas e individuos, lo cual da cuenta del interés por contar con estándares legales en la materia.
Por cuidados se entiende las necesidades materiales e inmateriales, públicas y privadas, físicas y emocionales inherentes para la reproducción de la vida. Se trata de actividades de atención y protección para mantener, reparar y perpetuar nuestro mundo desde y para el bienestar de las vidas y el entorno. Debido a la división sexual del trabajo, esta actividad es llevada a cabo de forma mayoritaria por mujeres y niñas.
Actualmente no existe un instrumento legal que armonice los estándares de este derecho y si bien múltiples dimensiones del mismo están contenidas en instrumentos del derecho internacional, la dispersión se traduce en la notoria e histórica falta de cumplimiento de las obligaciones estatales.
En este marco, la Plataforma Regional de Oxfam en América Latina y el Caribe planteó la necesidad de democratizar el debate sobre fiscalidad por una tributación global incluyente, sostenible y feminista que incida en el derecho al cuidado. La propuesta busca visibilizar el principio relativo a los máximos recursos disponibles a partir de una interpretación progresiva e interseccional.
En su argumentación, Oxfam ratificó la necesidad de implementar un enfoque interseccional que permita entender las múltiples dimensiones que constituyen la desigualdad, que tienen implicaciones diferenciadas con intersecciones complejas en razón del sexo, la raza, la clase social, la orientación sexual y la identidad de género, la edad, la etnia, la condición migratoria, la localización geográfica, la orientación política, entre muchas otras.
La propia Corte destaca la intersección de múltiples factores que determinan una discriminación que no hubiese existido si alguno de ellos hubiera estado ausente. En este sentido, no es ajeno a la Corte que, como lo señala Oxfam en el informe La Ley del más Rico "América Latina y el Caribe se ha[n] convertido en una región más desigual, más empobrecida y mucho más polarizada social y políticamente", y que las crisis afectan a las personas de manera diferenciada.
Desde marzo de 2020 hasta finales de 2022, las brechas sociales se han acentuado considerablemente en la región. Frente al 21 % de crecimiento de riqueza de los milmillonarios, los salarios reales de la mayoría de la población han perdido una décima parte de su valor y 32 % de la población total vive en situación de pobreza.
Por ello, la Corte ha analizado tanto el contexto social como las medidas que hay que tomar para garantizar los derechos. Ello queda plasmado en el Caso Cuscul Pivaral y otros vs. Guatemala, donde se reconoce que a pesar de los retos metodológicos y normativos, "la Corte no puede quedarse de lado ante el grave problema de la desigualdad, la inequidad y la exclusión social que prevalecen en la región y en la desprotección en materia de desca sobre todo para los grupos más vulnerables". Y, por lo tanto, deberán de abordarse las dimensiones de exigibilidad inmediata y progresividad.
De todas maneras, mientras el enfoque de género no sea tenido en cuenta en las políticas macroeconómicas, serán las mujeres quienes durante las crisis seguirán amortiguando su impacto mediante el trabajo de cuidados sin remuneración.
Nasheli Noriega es profesora de género y relaciones internacionales de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Directora de la Coordinación Intergubernamental e Interinstitucional del Consejo Nacional de Población (CONAPO). Carolina Oviedo es consejera técnica en justicia de género y derechos de las mujeres, Oxfam
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