(CNN Español) –– La política migratoria del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que llegó al poder en diciembre de 2018, ha tomado un camino que expertos consultados por CNN consideran "incoherente": pasó de un discurso de puertas abiertas a romper récord de arrestos a migrantes este enero, a pesar de sus críticas al gobernador de Texas, Greg Abbott, por su controvertida ley destinada a expulsar a migrantes que entren a ese estado en forma ilegal.
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De acuerdo con un reporte que la organización de derechos humanos WOLA publicó el 9 de marzo, en enero México registró 119.469 arrestos de migrantes irregulares, la cifra más alta en la historia.
La ONG lo atribuyó a presiones del Gobierno de Estados Unidos.
López Obrador llegó al poder con un mensaje de apertura a los migrantes, principalmente centroamericanos, pero también de otras regiones, e incluso visitó la frontera con Estados Unidos en varias ocasiones asegurando que se atendería esta crisis que vivía en 2018 un momento clave con la llegada de las primeras caravanas que se han ido incrementando en frecuencia y número a lo largo del sexenio.
"Abrió la esperanza entre emigrantes los primeros meses, dijo en sus visitas que iba a haber un cambio", explica a CNN Amarela Varela, académica de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Pronto cambio de rumbo
Sin embargo, pronto la buena relación entre el mandatario mexicano y el expresidente Donald Trump, y los acuerdos que establecieron en política migratoria hicieron que aumentaran las deportaciones de personas migrantes y fomentaron la criminalización.
Estos acuerdos para responder a las diversas crisis migratorias han continuado durante la administración de Joe Biden, que se inició en enero de 2021 y que concluiría, de no ser reelegido, en enero de 2025.
"Ha sido una política bastante incoherente porque iniciamos con el período del actual Gobierno con una narrativa muy de puertas abiertas, había mucha disposición en relación a la temática migrante pero finalmente de manera muy pronta ese esa aparente intención pues finalmente se fue atrás", dijo en entrevista con CNN Fabienne Cabaret, directora de la Fundación para la Justicia.
La experta aseguró que lo que ha caracterizado al Gobierno de López Obrador en la política migratoria en México es el haberse alineado a las "exigencias" de Estados Unidos.
Las expertas aseguran que son positivas las recientes críticas del mandatario mexicano a la ley conocida como SB4, que Abbott firmó en diciembre y convierte el ingreso ilegal a Texas en delito estatal y permite a jueces del estado ordenar la deportación de migrantes.
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Sin embargo, coinciden en que no se corresponden con la política efectiva del Gobierno de México.
"Hubiéramos querido verlo desde hace años atrás, desde que surgió esa situación de la imposición de las medidas por parte del gobierno de Estados Unidos (...) el Gobierno de México no se opuso a las condiciones marcadas por ese país entonces en relación con la recepción y devolución de personas migrantes", dijo Cabaret.
López Obrador ha mantenido el discurso de que para solucionar la crisis migratoria hay que ir a la raíz del problema, es decir, impulsar el desarrollo en las regiones que expulsan migrantes para darles así más oportunidades en su lugar de origen.
Ir a la raíz no es suficiente
Sin embargo, la crisis es ahora y las expertas consideraron que no es suficiente establecer programas como Sembrando Vida.
"Durante todos estos años hemos escuchado ese discurso de atender el problema desde la raíz apoyando a los países de origen de la población migrante implementando programas que no han trascendido realmente por los pocos y pobres resultados. El problema es mucho más grande", consideró la directora de la Fundación para la Justicia.
Además, las políticas del actual Gobierno, que podría variar o no tras las elecciones del 2 de junio, no han cambiado de manera profunda y no ha habido un cambio institucional sustancial, opinaron las expertas, quienes recordaron que hace un año hubo un incendio en una estación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez en el que murieron 40 personas que se encontraban en el centro, cerradas bajo llave en una celda.
Francisco Garduño continúa siendo el titular del Instituto Nacional de Migración (INM), a pesar de estar vinculado a proceso por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público junto con otras diez personas desde el 1 de mayo de 2023. Hasta el momento no ha habido ninguna sentencia en relación con el caso.
"Nadie, ningún académico, ningún defensor hubiéramos imaginado este crimen de Estado que casi un año después sigue impune", sentenció Varela. Así lo calificaron también varias organizaciones que firmaron un documento con motivo del primer aniversario del suceso.
Nueve personas permanecen detenidas en el centro penitenciario de Ciudad Juárez con cargos por homicidio y a la espera de juicio. Seis de ellos son trabajadores del INM, uno empleado de seguridad y dos migrantes de Venezuela (acusados de haber iniciado el incendio).
Garduño enfrenta sus cargos en libertad y Antonio Molina, quien era entonces director general de Control y Verificación Migratoria y está imputado por el mismo delito que el titular del INM, lleva dos meses sin presentarse a firmar, es decir, se encuentra en paradero desconocido.
Las expertas resumieron que la política migratoria actualmente en México se basa la criminalización a las personas migrantes, en seguir atada a Estados Unidos y en la falta de respuestas contundentes a la gran crisis migratoria.
"De cara al nuevo Gobierno, que veamos políticas que quieran cambiar esa modalidad de criminalización pública de la de la migración, pero sobre todo de una explotación económica de la migración empezando por las propias instituciones públicas y obviamente el crimen organizado y todo lo que rodea el fenómeno migratorio", terminó Cabaret.