El Senado santafesino dio preferencia de tratamiento para la próxima sesión a un proyecto del oficialismo que declara la necesidad de avanzar con una reforma del régimen previsional de la provincia. Una iniciativa que ya puso en alerta a sectores gremiales.
El proyecto estipula, en pos de analizar los alcances de una eventual reforma, la creación de un cuerpo especial a integrar por los presidentes de las comisiones de Legislación General de las Cámaras alta y baja, tres senadores, tres diputados y un representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Santa Fe.
También podrán sumarse el defensor del Pueblo, jueces con competencia en seguridad social, organizaciones del Estado y representantes de jubilados y pensionados.
Una vez conformada, la comisión tendrá 60 días corridos para redactar un proyecto de ley de reforma del actual sistema previsional de la provincia.
La propuesta lleva las firmas de los senadores Felipe Michlig, Leticia Di Gregorio, Ciro Seisas, Germán Giacomino, Julio Garibaldi, Esteban Motta, Rodrigo Borla y Pablo Verdecchia, todos de Unidos para Cambiar Santa Fe, y Joaquín Gramajo, referente de Unite.
De todos modos, el oficialismo (que domina dos tercios de la Cámara alta) intenta incorporar a la iniciativa las rúbricas de legisladores de la oposición a fin de garantizar un consenso superior.
En el proyecto se destaca la necesidad de promover una reforma que, "teniendo como pilar fundamental la existencia de un único régimen previsional público financiado a través del sistema de reparto, garantice la protección integral de las contingencias de la vejez, invalidez y muerte".
En 2015, los senadores Hugo Pucheta, José Baucero, Alberto Crosetti y Gramajo habían presentado un proyecto de ley para que se declare la necesidad de reformar el régimen previsional santafesino.
La iniciativa, acicateada por un descubierto de la Caja de Jubilaciones que representaba el 70 por ciento del total del déficit público provincial, contó con el visto bueno de la entonces administración del Frente Progresista. Pero no cosechó la suficiente cantidad de votos para abrirse camino en la Legislatura.
A principios de la gestión de Maximiliano Pullaro, Jorge Boasso, secretario de Seguridad Social de Santa Fe, había advertido que el sistema provincial peligraba de no encararse en el corto plazo "varias reformas que lo vuelvan sustentable".
En esa línea, el funcionario habló de un abultado déficit y recordó que 2023 había cerrado con un rojo de más de 130.000 millones de pesos.
Reparos
Pero, frente a la presentación del proyecto de ley que crea una comisión para redactar una reforma del régimen previsional vigente, Amsafé provincial —el gremio que agrupa a los docentes públicos— solicitará una reunión con los senadores firmantes para "conocer en profundidad la iniciativa y los objetivos que persigue".
A su turno, en Amsafé Rosario enfatizaron: "A la brutal caída del salario que nos están imponiendo se suma ahora la idea de modificar la ley jubilatoria para quitarnos derechos históricos".
Paralelamente, el comunicado de Amsafé provincial sentenció: "También volvemos a exigir al gobierno nacional el envío de los fondos que le corresponden al sistema previsional de Santa Fe y que fueron retenidos ilegalmente".
Contexto
Recientemente, la gestión de Pullaro no había descartado judicializar el recorte de Nación a las cajas jubilatorias. La tensión aminoró cuando, una semana atrás, durante la reunión que mantuvieron con funcionarios del presidente Javier Milei en la Casa Rosada, los gobernadores dialoguistas (entre ellos el santafesino) se llevaron la promesa de que los recursos llegarán a las provincias una vez finalizada una auditoría a la Ansés todavía en curso.
La problemática marca el pulso de la Argentina: a comienzos de marzo, durante su discurso en la Asamblea Legislativa del Congreso de la Nación, Milei había destacado que los diez puntos del Pacto de Mayo contemplan el regreso de las AFJP, cajas privadas de jubilación que rigieron en el país entre 1993 y 2008.
A su vez, vía decreto de necesidad y urgencia (DNU), el Ejecutivo nacional modificó la fórmula de movilidad jubilatoria y estableció un cronograma de transición de tres meses, contemplando el índice IPC, pero el cálculo comenzará a regir plenamente en julio.
Asimismo, en el borrador final de la nueva ley Bases, el gobierno de Milei busca dejar atrás la moratoria previsional sancionada durante el mandato de Alberto Fernández, una medida destinada a abrir la posibilidad de jubilarse a quienes carecían de los aportes necesarios.