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Estados Unidos
viernes, 05 abril 2024 | 06:00
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Atlanta.- El panorama legal de Donald Trump se torna aún más complejo en medio de un escenario judicial que desestima sus argumentos en dos casos clave. En Georgia, el juez del condado de Fulton rechazó contundentemente las afirmaciones del ex presidente sobre la acusación de interferencia electoral. Paralelamente, en un caso relacionado con la tenencia de documentos clasificados, una jueza federal rechazó el argumento del magnate sobre una ley antigua que supuestamente le permitía mantener dichos documentos, afirmando que no hay base legal para ello. Estas decisiones judiciales marcan un revés significativo para Trump mientras enfrenta múltiples litigios y busca un retorno a la arena política.
El juez que supervisa el caso de interferencia electoral en Georgia contra Donald Trump y otros rechazó ayer jueves los argumentos del ex presidente de que la acusación busca criminalizar el discurso político protegido por la Primera Enmienda.
La acusación emitida en agosto por un gran jurado del condado de Fulton acusó a Trump y a otras 18 personas de participar en un plan de amplio alcance para intentar anular ilegalmente las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia después de que el titular republicano perdiera por poco el estado ante el demócrata Joe Biden. Los abogados del ex presidente argumentaron que todos los cargos en su contra involucraban un discurso político que está protegido incluso si el discurso termina siendo falso.
Pero el juez del Tribunal Superior del condado de Fulton, Scott McAfee, escribió que en esta etapa previa al juicio debe considerar el lenguaje de la acusación desde una perspectiva favorable a la imputación. Los cargos no sugieren que Trump y los demás estén siendo procesados simplemente por hacer declaraciones falsas, sino más bien que actuaron intencionalmente y a sabiendas para dañar al gobierno, escribió.
Añadió que incluso actos legales que involucran expresiones protegidas por la Primera Enmienda pueden usarse para respaldar un cargo bajo la ley contra el crimen organizado de Georgia, que los fiscales utilizaron en este caso.
Steve Sadow, el abogado principal de Trump en Georgia, dijo en un correo electrónico que el ex presidente y los otros acusados "respetuosamente no están de acuerdo con la orden del juez McAfee y continuarán evaluando sus opciones con respecto a los desafíos de la Primera Enmienda".
La orden de McAfee se hace eco de un fallo anterior en el caso de interferencia federal en las elecciones contra Trump presentado por el fiscal especial del Departamento de Justicia, Jack Smith. La jueza de distrito estadounidense Tanya Chutkan escribió en diciembre que "está bien establecido que la Primera Enmienda no protege el discurso que se utiliza como instrumento de un delito".
McAfee también rechazó los argumentos del coacusado de Trump y ex presidente del Partido Republicano de Georgia, David Shafer, que cuestiona ciertos cargos y pide que se eliminen ciertas frases de la acusación. La mayoría de los cargos contra Shafer tienen que ver con su participación en la emisión de votos del Colegio Electoral para Trump por parte de un grupo de republicanos de Georgia, a pesar de que la elección del estado había sido certificada a favor de Biden.
No se ha fijado una fecha para el juicio para el extenso caso de Georgia, uno de los cuatro casos penales pendientes contra Trump mientras busca regresar a la Casa Blanca, aunque Willis ha pedido que el juicio comience en agosto.
Archivos secretos
En otro caso una jueza federal se negó a desechar la causa contra Donald Trump por tenencia de documentos clasificados, desestimando el argumento de que una ley antigua permitía al ex presidente mantener esos papeles después de abandonar el cargo.
Los abogados de Trump, al pedir la anulación del caso, habían citado una ley de 1978 conocida como el Acta de Registros Presidenciales, y habían aseverado que la ley le permitía a Trump designar esos documentos como personales y llevárselos después de que dejó la Casa Blanca.
Los fiscales en el equipo del investigador especial Jack Smith rechazaron fuertemente ese argumento, diciendo que la ley no tenía relevancia alguna en un caso concerniente a documentos clasificados y que no había fundamento legal para que el ex presidente se quedase con información secreta.
La jueza Aileen Cannon, quien escuchó argumentos del caso el mes pasado, rechazó el argumento del equipo de Trump. Escribió que la imputación contra Trump de 40 cargos "no hace referencia alguna al Acta de Registros Presidenciales, ni se basa en ese estatuto para el propósito de describir una ofensa".
Cannon también defendió su orden del mes pasado que pedía a los abogados de ambas partes preparar instrucciones para el jurado y responder a dos escenarios diferentes en que ella parecía considerar los argumentos de Trump sobre registros presidenciales. La orden había provocado un agudo reproche del equipo de Smith, que en un documento esta semana calificó de "fundamentalmente erradas" las premisas postuladas por la magistrada.
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