"Ir a la huelga para nosotros sería la última opción, pero no la podemos descartar; no nos están escuchando y no hemos recibido ninguna contestación del Principado", señaló ayer Menchu Arriaga, integrante del comité de empresa de Jove y sindicalista de SATSE, pocas horas después de que se diese por concluido el encierro de 24 horas convocado en el hospital para forzar la actualización de su convenio colectivo. El objetivo principal de esta protesta, de hecho, era lograr una respuesta del Principado que, según los convocantes, no se ha llegado a producir. La gerencia sanitaria del hospital sí contactó con ellos –aunque sin que ello supusiese ningún avance en las negociaciones– y tienen concertada con ella una cita el próximo día 2, de la que los sindicalistas dicen "no esperar mucho". Por eso, las protestas saltan ahora a las instituciones, con una concentración convocada el día 8 ante el Ayuntamiento, aprovechando que se aprobará una declaración institucional en su apoyo, y otra ante la Junta el día siguiente, donde se prevé la comparecencia de Aquilino Alonso, gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa).
Mientras continúan estas movilizaciones, además, la diputada popular Pilar Fernández Pardo anunció ayer que ha solicitado esta comparecencia de Alonso, para que de explicaciones sobre este y otros asuntos relacionados con la atención sanitaria. La política, que visitó ayer –acompañada por la vicealcaldesa Ángela Pumariega– el complejo recién terminado el encierro, acusa al gerente de "dejación de funciones" porque, entiende, es labor del Principado mediar en un conflicto laboral que, pese al carácter de Jove como hospital concertado y no integrar la red pública, sí brinda servicio a los pacientes de la zona oeste y renueva anualmente un convenio de colaboración con el ente público para ello. "No hay diálogo con los trabajadores; no parece que haya interés en mejorar esta situación. Pero el gerente no acude ni aquí ni a otros sitios donde también hay problemas, y por eso creemos que la acusación que tiene que pesar sobre él es la de dejación de funciones", razonó la diputada. "No es de recibo que no se ponga solución a las listas de espera ni el desplazamiento de profesionales de un centro a otro que dejan el primero vacío por la escasez de personal. En los últimos días hemos visto cómo se quedaban vacantes plazas de médicos de familia porque no ofrecer incentivos", lamentó.
Desde la corporación local, por su parte, explicó Pumariega que se sale de las competencias municipales poner una solución a este conflicto, pero celebró la declaración institucional que se aprobará el día 8 "como muestra de apoyo". "No es nuestra competencia directa, pero quienes vienen a Jove son gijoneses, y las reclamaciones de los profesionales son totalmente dignas; piden la equiparación y tener las mismas oportunidades y condiciones que el resto de compañeros", razonó.
Los trabajadores, que ya se han reunidos con casi todos los partidos locales y autonómicos, se citarán este próximo día 30 con Ángel García, alcalde de Carreño. Insisten en que quieren evitar "a toda costa" una posible huelga, pero también reconocen que, de no desbloquearse pronto el convenio, lo propondrán en asamblea. "Creemos que los pacientes están ya bastante perjudicados como para tener que sufrir una huelga, porque la sufrirían, pero es que lo que buscamos es una solución a un problema que también les perjudica. Falta personal", razonó Gema Blanco, técnico de radioterapia y también integrante del comité por el SAE. "Esperamos agotar, antes, todas las vías", prometió Arriaga. Desde el comité ya han aclarado que barajan nuevas manifestaciones e incluso algún nuevo encierro un poco más duradero, sobre todo, viendo que este último formato ha funcionado bien. "Hemos recibido apoyo de compañeros, vecinos y pacientes", señaló Alberto Riera, del SIMPA.
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