Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) presentó ayer una denuncia penal ante la Fiscalía por un daño económico al Estado de 425 millones de bolivianos en la construcción y mantenimiento de las piscinas evaporíticas en el salar de Uyuni. Son 11 los denunciados, entre exfuncionarios públicos y la empresa contratada, informó su presidenta ejecutiva, Karla Calderón.
Entre los presuntos autores estarían exdirectores de Operaciones, el responsable de la extinta Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos, Luis Alberto Echazú, y personal operativo.
Los tipos penales por los que se presentó la denuncia son incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de contratos.
Calderón señaló que las irregularidades detectadas corresponden al periodo entre 2013 y 2017 (en la gestión del expresidente Evo Morales), años en los que incluso se encontraron supuestos hechos de corrupción.
La presidenta de YLB indicó que de 160 piscinas que fueron construidas, sólo "se recuperaron" cinco. Los tres daños encontrados fueron: que se pusieron membranas muy delgadas no acorde a los requerimientos del contrato, se hizo una mala soldadura de las mismas y no se tomaron las previsiones y cuidados para evitar el deterioro de éstas con la radiación solar.
Como consecuencia de estos desperfectos la anunciada industrialización del litio boliviano aún no llega ni hay certeza de cuándo comenzará, pese a que el Gobierno de Luis Arce indicó que el proceso empezaba en diciembre del año pasado con la inauguración de la planta industrial de carbonato de litio, e incluso antes, con la firma de convenios confidenciales con empresas de China y Rusia para implementar la tecnología de extracción directa de litio (EDL).
Calderón dijo que se busca recuperar "el tiempo perdido" durante más de 14 años, pero que la reposición de piscinas evaporíticas llevaría varios meses o años, al igual que la espera para que estas piscinas den resultado.
Mientras tanto, las plantas industriales de carbonato de litio y de cloruro de potasio no tienen suficiente materia prima para funcionar a su máxima capacidad.
Junto a Calderón y el Ministro de Hidrocarburos y Energía, se encontraba también ayer en conferencia de prensa el procurador general del Estado, César Siles, quien anunció que esta institución se sumaría a la denuncia penal.
"Éste es un daño irreparable para el pueblo boliviano, fundamentalmente por el retraso del proyecto del litio. La Procuraduría intervendrá en la investigación penal porque aquí hay un daño superior a los 7 millones de bolivianos y hay graves hechos de corrupción", señaló Siles.
El funcionario acotó que la denuncia presentada ante la Fiscalía contiene nueve archivadores con más de 4 mil hojas.
Asimismo, el Procurador anticipó que el objetivo principal es, además de sancionar a los responsables, recuperar el dinero perdido, por lo que se pedirán las medidas precautorias de embargo de bienes y congelamiento de cuentas.