Las compañías del sector energético confían en que el impuesto extraordinario sobre sus márgenes, que se estableció hace dos años y cuya vigencia se ha ampliado a 2024, finalmente decaiga y sea suprimido pese a las intensas presiones ejercidas por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para convertirlo en una suerte de tasa estructural, y del conocido activismo ecológico de la ministra Ribera. Según varias fuentes del sector consultadas por OKDIARIO, las empresas basan su optimismo en la ronda de consultas iniciada hace un mes por el presidente Sánchez con los principales ejecutivos de las compañías españolas en las que ha prometido restablecer un clima de concordia y estudiar sus demanda de aliviar la presión fiscal que soportan.
Los ejecutivos que se han reunido con el presidente en la Moncloa han transmitido al presidente el impacto cada vez más oneroso que representa este gravamen de nueva generación -aunque fuera bautizado por el Gobierno como prestación patrimonial no tributaria- en la cuenta de resultados en un momento de descenso de la demanda. Este impuesto extraordinario a las empresas energéticas ha proporcionado a Hacienda unos ingresos adicionales cercanos a los 1.700 millones en 2023 y ha suscitado el rechazo creciente de todos los operadores.
Los que se han pronunciado con mayor claridad han sido Ignacio Sánchez Galán, el máximo responsable de Iberdrola -la multinacional española líder- y el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz. Ambos han advertido de que si continúa la intensa presión fiscal sobre el negocio eléctrico reorganizarán sus planes estratégicos y desplazarán inversiones hacia territorios menos hostiles desde el punto de vista tributario, reduciendo al mínimo su contribución al objetivo de transición ecológica que impulsa con determinación la ministra Ribera y que apoya el propio presidente Sánchez.
El problema es que, una vez instaurado, Hacienda ha reparado en los cuantiosos recursos que proporciona el nuevo impuesto -también aplicado al sector bancario- y necesita esta aportación más que nunca bajo el pretexto de «los cuantiosos beneficios obtenidos» tanto por las eléctricas como por los bancos, aunque los dos sectores nieguen la mayor, destacando que la mayor parte del margen que obtienen proviene de la rentabilidad de sus inversiones en el exterior.
La ministra Montero necesita más que nunca engrosar la recaudación del Estado porque después de haber obtenido el año pasado un extra de ingresos de 270.000 millones gracias a la inflación -que sigue sin descontarse de los impuestos-, la desaceleración en el crecimiento de los precios va a reducir considerablemente a lo largo de los meses esta aportación adicional, que es la responsable de más de un 70% de la reducción del déficit público el año pasado. Y esta restricción es más importante que nunca si el Gobierno pretende mantener sus políticas de gasto para conservar a toda costa el nivel actual de prestaciones públicas e incluso aumentar el Estado de Bienestar, y además teme que la franca debilidad de la actividad económica en el conjunto de Europa acabe teniendo cada vez mayor influencia en la evolución del PIB español.
Pero, de acuerdo con los medios consultados, el mantenimiento del impuesto a las eléctricas -y también a la banca- choca cada vez con las reticencias de dos de los socios principales del presidente Sánchez, claves para conservar su mayoría parlamentaria. Este es el caso del PNV, con empresas estrechamente ligadas al País Vasco -como Iberdrola, y en otro caso BBVA-, así como de Junts per Catalunya, el partido del prófugo Puigdemont, que planea convertirse en la formación política de la burguesía catalana -al estilo de la antigua CiU- e influir para aliviar la presión sobre las empresas. Varios representantes del PNV han calificado en los últimos días de «populista» estos impuestos y han mostrado su oposición a que se mantengan.
La renuncia a elaborar unos presupuestos generales del Estado para 2024 ha situado estas figuras tributarias en un limbo normativo -pues deberían haber sido reguladas en la correspondiente ley de acompañamiento que ahora no va a existir-, pero el presidente, en las reuniones mantenidas con los principales ejecutivos del Ibex 35, ha dado a entender que podrían suprimirse a pesar de que en su contra juega también la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que pretende hacer de esta cuestión un 'casus belli' para la estabilidad del Gobierno.
Según las fuentes citadas, Sánchez ha reconocido ante los diferentes interlocutores que «el actual ambiente de enfrentamiento con los empresarios no es conveniente, que tiene toda la confianza en que la legislatura durará el mayor tiempo posible», y que, en estas condiciones, es muy oportuno que las aguas vuelvan a su cauce y que «las relaciones con el mundo de los negocios caminen hacia la normalidad».