El verano y la piscina son dos términos que, tradicionalmente, han integrado un binomio feliz, despreocupado, sinónimo de alivio térmico en días de canícula, a la par que de recreo vacacional. Pero, en tiempos de sequía, las cosas se complican. Las muy escasas reservas de los pantanos catalanes conducen inevitablemente a restricciones en el consumo de agua, en distintos ámbitos, hasta el punto de que en la actual situación de emergencia estaba prohibido rellenar piscinas tanto públicas como privadas.
La Generalitat de Catalunya ha dado a conocer sus últimas medidas al respecto. Se trata ahora, según el decreto aprobado ayer por el Consell Executiu, de modificar el Plan Especial de Sequía (PES), para que se puedan rellenar piscinas, aunque con las limitaciones que hacen al caso en la presente circunstancia de emergencia. Hemos pasado de una situación en la que se prohibía el rellenado de piscinas, salvo las que tuvieran un uso terapéutico o deportivo federado, a otra en la que se permite la apertura de piscinas públicas y privadas, siempre que hayan sido declaradas refugio climático, algo que quedará al albedrío de las administraciones municipales en cuyo término esté situado cada uno de estos equipamientos.
La Generalitat delega en los municipios la potestad de decidir los refugios climáticos
La aplicación del concepto de refugio climático es pertinente en la actual etapa de emergencia, cuando algunos municipios catalanes están teniendo que aplicar ya regularmente recortes en el suministro de agua. Los previsibles episodios de altas temperaturas en meses venideros obligan a la Administración a prever espacios en los que protegerse de las inclemencias meteorológicas extremas.
Hasta ahí, todo es bien comprensible. Otra cosa es que la Generalitat traslade la responsabilidad íntegra a los ayuntamientos. Por una parte, eso tiene elementos plausibles, puesto que la administración local es la que mejor conoce los requerimientos de su ámbito de actuación, así como la red de equipamientos de la que dispone para hacer frente a cualquier contingencia y el mejor modo de utilizarlos.
Ahora bien, esta delegación de responsabilidades, desde el Govern hacia la administración municipal, debe venir acompañada de unas pautas e indicaciones detalladas que garanticen su correcta aplicación. Y no está claro que la precisión hoy disponible sea del todo satisfactoria.
No basta con decir que los ayuntamientos tendrán competencias para decidir qué piscinas pueden abrir y cuáles no, ya sean privadas o públicas, ya sean de hoteles, de campings o de zonas comunitarias. Deben además especificarse con mucho detalle los requerimientos para cada una de ellas, para evitar dudas, o para evitar que se produzcan tratos de favor o que se incurra en discriminación o desigualdad.
La sequía, apenas mitigada por las precipitaciones de las últimas semanas, ha colocado a nuestro país en una tesitura muy delicada, que exige respuesta ajustada por la administración pública, y en particular de la Generalitat. Bien está que se deleguen las decisiones finales en cada uno de los ayuntamientos. Pero no sin antes haberlos provisto, como decíamos, de un soporte técnico y unas normas de conducta que eviten dudas o arbitrariedades.
Abrir las piscinas puede dar respuesta a una emergencia climática. Pero es necesario asegurarse, por ejemplo en el caso de las privadas, de que estas tendrán previamente firmados convenios con las instituciones públicas, para que así, llegado el caso, puedan atender su cometido con garantías de seguridad y plena definición de sus responsabilidades.
La coyuntura de sequía es compleja y es oportuno que
se prevean medidas para paliar sus preocupantes efectos. Pero también que eso se haga sin margen para la incertidumbre.