Un nuevo capítulo en el juicio que enfrenta la Argentina contra empresas energéticas y fondos buitre por la nacionalización de YPF en el 2012. Luego del incumplimiento del país del fallo de la jueza Loretta Preska, que implicaban un pago de u$s 16.000 millones, las empresas favorecidas solicitaron la transferencia de las acciones de la petrolera nacional hacia sus firmas. Se espera definición en junio.
La información se conoce luego de que la jueza estadounidense acceda a revelar el contenido confidencial de los beneficiarios del fallo YPF. En ellos se explicita la solicitud que ya había sido habilitada por la propia Preska, dado que en noviembre del 2023 señaló que las acciones de YPF pertenecientes al Estado nacional -no así las asignadas a las provincias- podrían ser utilizadas como garantía para evitar embargos futuros.
La demanda tiene un conflicto de legislaciones jurisdiccionales. Por un lado, la ley argentina de expropiación impide la transferencia de acciones sin autorización de dos terceras partes de ambas cámaras del Congreso de la Nación. Sin embargo, la reglamentación de Nueva York otorga al Tribunal de Preska la autoridad para ordenar a la Argentina el pase de sus intereses de propiedad en sus acciones de YPF a los demandantes a través de una cuenta de custodia global en distrito estadounidense.
Juicio por YPF: Gobierno apeló el fallo que lo obliga a pagar u$s16.000 millones
El Gobierno presentó en febrero de este año ante los tribunales de Nueva York los documentos de apelación del fallo de la jueza Loretta Preska que obliga al país a pagar una indemnización de u$s16.000 millones a Burford Capital y Eton Park por la nacionalización de la petrolera YPF en 2012.
El 11 de octubre último, Argentina notificó a la justicia neoyorquina su decisión de apelar el fallo en primera instancia emitido en septiembre por Preska que obliga al país a abonar un resarcimiento de u$s16.000 millones por la forma en que se nacionalizó la petrolera al comprar el 51% de las acciones de Repsol sin realizar a los demás accionistas una Oferta Pública de Adquisición, tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem.
Burford Capital había adquirido los derechos de litigio al accionista minoritario de YPF Petersen por el 61% de sus tenencias. Petersen Energía, de la familia Eskenazi, había comprado el 25,4% de YPF a Repsol entre 2008 y 2011.
Diputados piden la renuncia de Rodolfo Barra por conflicto de intereses en la causa YPF
Diputados de la Coalición Cívica insistieron en el pedido de renuncia del Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra. El principal asesor judicial del Gobierno se excusó de participar del juicio internacional que atraviesa la Argentina en el marco de la causa por la nacionalización de YPF, dado que emitió una opinión técnica para una de las partes que confrontaba con la petrolera nacional.
A través de sus redes sociales, Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, consideró que la excusación de Barra representa "un apartamiento formal que no alcanza ni da garantías suficientes". "Si el Procurador que debe defender los intereses del Estado Argentino no puede intervenir en el principal caso judicial contra nuestro país, entonces no tiene sentido que continúe en su cargo. Barra debe renunciar inmediatamente y dejar su función a quien pueda ejercerla plenamente con integridad, idoneidad y sin conflictos de intereses", agregó.
En ese mismo sentido, el diputado Juan Manuel López entendió que "la excusación de Barra en los juicios contra YPF es un peligro si también no la hace el subprocurador. Lo solicitamos en diciembre y lo volveremos a pedir ahora. El gobierno de Milei no puede convalidar el fraude millonario de los Kirchner, Kicillof y los Eskenazi".
López extendió su denuncia al subprocurador Andrés De la Cruz: "Fue abogado de la familia Eskenazi que está asociada a las demandas del fondo Buford y ya tienen una sentencia a su favor por US$16.000 en Nueva York".