El Consejo Económico y Social (CES), integrado por patronales y sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil, ha recomendado al Gobierno en su dictamen sobre el desarrollo reglamentario de la factura electrónica que pronto verá la luz que apruebe un plazo transitorio para las empresas del campo, que por sus propias condiciones tendrán más difícil implementar esta nueva modalidad.
"El CES quiere llamar la atención sobre las especificidades que acusan los empresarios y profesionales establecidos en el medio rural, donde además de evidenciarse una menor dotación de infraestructuras digitales que en las áreas urbanas, se aprecian también otro tipo de brechas relacionadas con factores socioeconómicos como la edad, la renta y la formación, además de con un menor tamaño empresarial. En este sentido, el CES considera que la implementación del sistema de facturación electrónica debería tener en cuenta la realidad del medio rural a la hora de establecer los plazos para su entrada en vigor", recoge el dictamen publicado la semana pasada.
Esta es precisamente una de las quejas de los agricultores y ganaderos que están manifestándose en toda la Unión Europea, que la legislación pone trabas a su trabajo y dificulta los procesos.
Además de considerar que este colectivo tendrá dificultades para adaptarse a la nueva regulación, el CES llama la atención también sobre las pequeñas y medianas empresas.
El Gobierno ha establecido en la norma distintos plazos para la entrada en vigor de la norma en función del volumen de operaciones de las compañías: las que facturan más de ocho millones de euros deberán implementar la factura electrónica en un año desde que se apruebe el desarrollo reglamentario, mientras que aquellas cuyo volumen de operaciones no llegue a esa cantidad tendrán en total dos años. El CES considera que eso puede dar lugar a confusión y que sería preferible un mismo plazo para todos, que consideran que debería ser de al menos dos años, dadas las dificultades que tendrán las pymes.
"El CES considera que la existencia de diferentes plazos para la entrada en vigor de la factura electrónica, en función del volumen de operaciones de las empresas, podría causar distorsiones en el correcto funcionamiento del sistema de facturación electrónica. Por este motivo, a juicio de este Consejo sería más adecuado establecer un plazo único de implementación para el conjunto de empresarios y profesionales, independientemente de su volumen de operaciones. Y dadas las mayores dificultades a las que se enfrentan las pequeñas y medianas empresas a la hora de la implementación del nuevo sistema, dicho plazo debería ser, como mínimo, de 24 meses desde la publicación de la norma en el BOE", apuntan.
En términos generales, avisan también de que la implementación de la factura electrónica, aunque será positiva para el país, conllevará costes extraordinarios para las empresas: "aunque a medio plazo la factura electrónica tendrá beneficios para las empresas, parece que, como anunciaba el CES en su Dictamen 8/2021, finalmente la implantación de la facturación electrónica supone un incremento adicional de las cargas empresariales".