Un juez de Barcelona ha rechazado la admisión a trámite de una querella presentada por dos hermanos mellizos contra cuatro policías a los que acusan de haberles torturado en la comisaría de la Via Laietana de Barcelona durante el franquismo.
El titular del juzgado de instrucción número 3 de Barcelona rechaza abrir una investigación, pese a que la Fiscalía había pedido su admisión a trámite invocando la Ley de Memoria Democrática.
Según la querella presentada por la organización por los derechos humanos Irídia, los mellizos María Isabel y José Pablo Ferrándiz sufrieron torturas en la comisaría de Via Laietana tras ser detenidos en 1971 por su antifranquismo, con tan solo 17 años, acusados de formar parte de la organización Jove Guàrdia Roja, organización juvenil, ligada al Partido Comunista de España Internacional (PCE-I).
La noche del 23 de abril de 1971, cuatro agentes de la Brigada Político-Social (BPS), la Policía política de la dictadura, registraron la vivienda en la que residían los dos hermanos en busca de "propaganda ilegal", según la terminología franquista.
"Durante el periodo de detención, los hermanos Ferrándiz fueron sometidos a diferentes técnicas de tortura física y psicológica con la finalidad de extraerles información sobre la militancia política de otras personas del PCE-I y su organización", subraya la querella.
Para justificar su rechazo a la querella, el juez señala una sentencia del Supremo, que indica que deben rechazarse los "juicios de verdad", los que pretenden una indagación "sobre unos hechos con apariencia de delictivos", donde no pueda haber culpabilidad "por extinción de la responsabilidad penal, muerte, prescripción o amnistía".
Sobre la amnistía aprobada en 1977, en la que se apoya el juez, ha indicado que fue promulgada "con el consenso total de todas las fuerzas políticas en un periodo constituyente" surgido de unas elecciones democráticas, y que fue confirmada en su contenido esencial cuando el Congreso rechazó modificarla en 2011.
Esta es la segunda vez que la Fiscalía pide investigar las torturas del franquismo en la comisaría Via Laietana de Barcelona. Lo hace invocando la ley de Memoria Democrática, que abre la puerta a indagar crímenes de la dictadura que la ley de amnistía de 1977 impedía perseguir. La posición de la Fiscalía es que la nueva ley de Memoria Democrática impone al Estado el deber de investigar las violaciones del derecho internacional humanitario, ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.
La abogada de Irídia Sònia Olivella, quien recurrirá la decisión judicial, ha afirmado que esta "impunidad" con los crímenes del franquismo y la Transición no es "ninguna sorpresa", después de que se hayan inadmitido "más de 100 querellas" en los últimos años.
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