El gobernador del departamento de Arauca, Renson Jesús Martínez, en una carta enviada al presidente Gustavo Petro, le pide su intervención de manera inmediata para frenar la ola de violencia que se vive en esa zona del país, por cuenta de la presencia del ELN y de las disidencias de las Farc que han generado varios hechos en los últimos días, uno de ellos por parte de estructuras del Estado Mayor de Iván Mordisco, que dispararon contra viviendas de la población civil e instalaron explosivos.
Además, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) secuestró por varias horas a una mujer y a su hijo de cinco años, en zona rural de Arauquita en la tarde de este lunes 1 de abril. Ante estos hechos y varios más que han ocurrido, el gobernador le pidió al presidente Petro "llevar a las mesas de negociación establecidas con las Farc y con el ELN, y a las demás instancias correspondientes, la exigencia para que se excluya a la población civil del conflicto y les sean respetados sus derechos de acuerdo a lo establecido en el DIH".
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"Entendiendo que las acciones terroristas de los grupos ilegales que operan en el departamento enlutan a las familias, crean pánico en la comunidad, ocasionan desplazamiento forzado masivo, disminuyen la productividad y rompen el tejido social que es la fortaleza de cualquier Estado, reiteramos el llamado de urgencia para la intervención del Gobierno Nacional que usted lidera en cuanto a tomar acciones que garanticen la vida e integridad de los habitantes del territorio y proteger a los líderes en el desarrollo de su actividad".
Por eso, agrega: "con gran preocupación me dirijo a usted este día en el que se cierra la Semana Mayor para poner en conocimiento el hecho de violencia sucedido en horas de la madrugada de hoy que alteró nuevamente el orden público y la seguridad en el Departamento de Arauca por cuenta de la incursión armada de un grupo ilegal en el Caserío La Arabia - Vereda Pueblo Seco - Distrito El Progreso del Municipio de Tame, en la que se atacó directamente a la población civil con armas de fuego de largo alcance que cobraron la vida de dos personas y la siembra de artefactos explosivos improvisados en las viviendas de los habitantes de este sector".
Este hecho, dice el gobernador, vulnera directamente lo establecido en el marco de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario al vincular a la población civil en el conflicto, "manteniéndola en situación de riesgo permanente por cuanto a la fecha se han registrado 27 asesinatos perpetrados entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2024 por parte de los grupos armados criminales que hacen presencia en el territorio (GAO y GAOR) de los cuales 14 se presentan en el municipio de Tame".
"Esta situación se hace aún más complicada para la población dado que entre enero del 2022 y la fecha de hoy se ha segado la vida a cerca de 550 personas en el marco del mismo conflicto, entre los cuales se encuentran líderes campesinos, lideres comunales, indígenas, firmantes de paz y población civil, una cifra preocupante que pone en riesgo el propósito de convertir a Colombia en la potencia mundial de la vida".