Pedro Sánchez ha aparcado su agenda hasta el próximo lunes 29 de abril para meditar sobre su futuro político. "¿Merece la pena todo esto? Sinceramente, no lo sé", se preguntaba el presidente del Gobierno en la sorpresiva carta compartida el miércoles por la tarde y dirigida a la ciudadanía.
Después de que un juez haya abierto diligencias contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, Sánchez, quien considera un ataque hacia su esposa y hacia él mismo, se plantea la dimisión, aunque no es la única opción que tiene sobre la mesa.
La confianza se entiende otorgada cuando vota a favor de la misma la mayoría simple del Congreso
Puede que el presidente decida continuar en el cargo como hasta hora o bien podría someterse a una cuestión de confianza para "despejar dudas", como ha sugerido Carles Puigdemont -lo vivió en primera persona en el Parlament en el 2016-. Se trata de un instrumento político del que dispone el presidente del ejecutivo para afrontar una situación de debilidad frente al Parlamento que le ha elegido y mediante el cual el Gobierno pide al Congreso el respaldo a su política.
La Constitución, en su artículo 112, establece que el presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados.
Según establece el Reglamento del Congreso, el debate se desarrolla con el mismo formato que las sesiones de investidura. La confianza se entiende otorgada cuando obtenga el voto de la mayoría simple de los Diputados.
Si Sánchez no obtuviera la confianza del Congreso, ocurriría igual que si hubiera dimitido y se iniciaría el proceso para investir a un nuevo presidente, con consultas del rey y un nuevo debate de investidura.
De nuevo, y como en el caso de las investiduras fallidas tras unos comicios generales, el artículo 172 del Reglamento del Congreso fija que si transcurren dos meses y ningún candidato consigue la confianza del Congreso, el presidente de la Cámara someterá a la firma del Rey el decreto de disolución de las Cortes Generales y de convocatoria de elecciones.