A 24 horas del relanzamiento de la mesa de Cambiemos, se hizo patente una debilidad que sobrevuela hace rato el ambiente. La coalición carece todavía de un funcionamiento orgánico. De una mecánica que ofrezca garantías.
Incluso a una oposición a la cual el oficialismo necesita por su condición de minoría en el Congreso. Hay un liderazgo indiscutido que ejerce Mauricio Macri.
Más por su condición de Presidente que por temperamento. Pero está también el perfil volcánico de Elisa Carrió. Especie de gendarme moral.
Y un radicalismo que corcovea cuando advierte que podría quedar peligrosamente reducido a un vagón del tren que encabeza el PRO.
En esa reforma el objetivo central lo constituye el apartamiento de la procuradora Alejandra Gils Carbó, eficiente cerco defensivo que Cristina Fernández tendió ante la posibilidad –como sucedió– de quedar en la vereda de enfrente del poder.
La diputada de la Coalición Cívica objetó aquel dictamen. No se trató de una novedad aunque sus palabras repicaron un día antes que Diputados se dispusiera a votar el proyecto.
Cambiemos tembló y Macri optó por el atajo sensato a horas de la puesta en escena del relanzamiento: ordenó enfriar el tema.
Emilio Monzó, el titular de la Cámara de Diputados, cumplió la orden y abrió otra ronda de conversaciones con los jefes de la oposición.
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El proyecto no podrá ser considerado, de esa forma, por lo menos hasta la tercera semana de noviembre. La próxima le toca el turno al Presupuesto, que figura entre las prioridades del Gobierno.
La siguiente casi no habrá actividad en el Congreso. El martes 8 es la crucial votación presidencial en Estados Unidos que enfrenta a Hillary Clinton contra Donald Trump.
Muchos legisladores viajarán a Washington. Monzó tomó nota de esa realidad. Será imposible juntar quórum. El paréntesis servirá, de todas formas, para intentar aflojar tensiones.
Existirían dando vuelta dos discordias centrales. El exceso de facultades que se habría concedido a la Comisión Bicameral para controlar a la procuradora. Además, la duración del mandato de Gils Carbó.
El Gobierno estableció que su plazo se extienda cinco años. Como había asumido en agosto del 2012 debería retirarse en el mismo mes del 2017. Al macrismo le podrían quedar un par de años para estar, en ese campo, más a gusto.
Sergio Massa había solicitado, en principio, siete años. Un sector del bloque del PJ reclamó diez. Alguna vez Carrió había dicho una cosa similar.
Detrás de ese telón numérico estaría el mecanismo para dar por concluido el mandato de Gils Carbó. La diputada de la coalición insistiría con la necesidad de un juicio político. Una postura que también sostiene el kirchnerismo.
La diputada Diana Conti la defendió de manera ardorosa. Pero hubo otras voces, en la misma dirección, que llamaron la atención.
Una fue la del fiscal Carlos Rívolo, insospechado de ninguna connivencia con el kirchnerismo. Otra fue la de Ricardo Sáenz. Y no están solos.
La cuestión del posible juicio político quedó en una maraña de posiciones encontradas. La diputada macrista Silvia Lospennato puso en duda la constitucionalidad de tal procedimiento.
Se aferra al texto del artículo 53 de la Constitución Nacional. Referido al capítulo de la Cámara de Diputados señala que "sólo ella ejerce el derecho de acusar ante el Senado al Presidente, al vicepresidente, al jefe de Gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos o declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de las dos terceras partes de sus miembros presentes". Ni una palabra sobre la Procuración.
Los defensores de la hipótesis del juicio político, sin embargo, apelan al texto de la ley de Ministerio Público que sancionó el kirchnerismo cuando fue entronizada Gils Carbó.
Allí se menciona al juicio político como única herramienta posible de remoción. Y se le otorga un carácter vitalicio a la designación.
Ambas cuestiones, según aquellos objetores, tendrían vicios de inconstitucionalidad. Aunque en su tiempo superaron los filtros parlamentarios.
El problema de las facultades excesivas a la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control empezó a ser dialogada ayer mismo por diputados macristas, massistas y pejotistas.
Carrió se mostró abierta a escuchar los cambios. Lo único que no se tocará será su comando: corresponde a la diputada Graciela Camaño, del Frente Renovador.
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En el macrismo estarían sospechando que los cuestionamientos de Carrió no estarían sólo atizados por su disconformismo con el contenido del dictamen del Ministerio Público.
Se cruzarían cuitas de la política interna de Cambiemos nunca resueltas. Macri apostó siempre a la fórmula de la dilución o el olvido.
La diputada de la Coalición sigue sin tener respuesta sobre la presencia de Silvia Majdalani como número dos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). La vincula a las rebarbas del ciclo kirchnerista.
Aunque la mujer alumbró con el menemismo. Tampoco se siente tranquila con la aparente pérdida de protagonismo público de Daniel Angelici.
El amigo del Presidente y titular de Boca Juniors. A él lo acusó de haber negociado la renuncia de Norberto Oyarbide para evitar el juicio político.
Carrió sospecha que en el proyecto del Ministerio Público que elaboró el ministro de Justicia, Germán Garavano, estuvo la influencia de Angelici. La diputada carga su mochila contra "el Tano" de Boca.
Presume que también recorrió discretamente los pliegues del Poder Judicial para llevar al juez Juan Grangeat al Juzgado 2 de San Isidro.
Ese magistrado no había quedado en la "pole position" en el concurso. Angelici es un fantasma que va y viene en la memoria cotidiana de Carrió.
La permanencia de ese y otros conflictos torna inestable la relación del macrismo con la oposición. Y denuncia un problema objetivo en el entramado de Cambiemos.
Massa y el senador Miguel Pichetto le recriminaron a Monzó esa falta de fiabilidad. El proyecto del Ministerio Público había insumido una cocción política de cinco meses.
Carrió se encargó de bajarla de un plumazo. O al menos de postergarla para reabrir la discusión.
El senador del PJ es quien acostumbra a llevar el peso del diálogo con los gobernadores peronistas. Al menos para los asuntos que transitan el Congreso.
Otro canal paralelo corre por cuenta de Rogelio Frigerio, el ministro del Interior. Pero allí manda la fuerza de la billetera.
Ese sería otro mosaico, de los tantos, que Macri deberá amalgamar en el collage de Cambiemos. Su vínculo con el pejotismo ayuda a la gobernabilidad. Pero su socio interno es el radicalismo.
Los dirigentes de la UCR suponen que en el esquema gubernamental no poseen el lugar que se merecen. "Nunca en una foto de gestión. Nunca en un timbreo", se quejó un diputado. Quizá se trate de una queja recurrente.
Pero el Presidente no debería soslayar la incidencia del entramado radical que le permitió al PRO extenderse en todo el país. Menos cuando empieza a despuntar el año de las legislativas.