La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, está siendo acosada por amenazas reiteradas, que insisten en mensajes de muerte y miedo.
El propio Presidente fue víctima de una emboscada perfecta en Mar del Plata y ahora se sospecha que un amigo personal suyo, Juan José Gómez Centurión, cayó de su cargo empujado por un complot de los servicios de inteligencia. El paisaje muestra a un gobierno que no ha podido controlar todavía al espionaje oficial, cuyas distintas facetas el kirchnerismo usó en tiempos diferentes.
Nadie pudo establecer con precisión quién está detrás de la persecución a Vidal. Sólo se escuchan hipótesis, pero ninguna certeza. Hay un preso que amenaza desde la cárcel, pero ¿quién puso un cartucho de bala en la casa de la gobernadora? Ésos ya no son presos.
El juez federal de Mar del Plata, Alfredo López, denunció un plan de desestabilización del Gobierno por parte del kirchnerismo y, más precisamente, de Cristina Kirchner. Acusó a los fiscales Laura Mazzaferri y Nicolás Czizik y al jefe de los fiscales marplatenses, Daniel Adler, de "obstaculizar" la investigación por la agresión que Macri sufrió en Mar del Plata.
En ese acto estaba también Vidal. El vidrio trasero de la camioneta que usa el Presidente fue alcanzado por un pedazo de ladrillo de considerable tamaño. La policía bonaerense y los autores de la agresión aseguraron que se trató sólo de una protesta verbal. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, desmintió esa versión y confirmó que el automóvil presidencial recibió el impacto de un golpe.
El juez López recordó también las declaraciones destituyentes de los dirigentes kirchneristas Luis D'Elía, Andrés "Cuervo" Larroque y del intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. Es el mismo grupo al que se atribuyó (poco antes de que aparecieran José López y sus obscenos dólares en cantidades millonarias) la intención de sublevar el conurbano y provocar asaltos a supermercados.
El caso López los devolvió a sus casas, pero no dejaron la conspiración. En rigor, es Cristina Kirchner la jefa de la estrategia de colocarle a Macri un helicóptero en la Casa de Gobierno para que se vaya del poder. Lo fue desde el primer día, cuando creó todas las condiciones para no entregarle los símbolos del poder presidencial.
Desde el 10 de diciembre, Cristina considera a Macri un presidente ilegítimo. La estrategia se convirtió en una urgente necesidad en la medida en que su situación judicial se complica cada vez más.
A tres meses del emblemático diciembre, Macri no puede carecer, como carece, de la elemental información sobre estos movimientos. Diciembre es, desde 2001, el mes en el que los supermercados están más preocupados por las intrigas de la política que por sus clientes.
La escasez de información sensible existe en el Poder Ejecutivo. Nadie supo, de hecho, que en Mar del Plata los grupos agresivos se esconderían dentro del propio barrio que visitaría el Presidente para eludir el cordón policial. Un error tan enorme como inexplicable de las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia que custodian al jefe del Estado.
En esa maraña confusa de intereses y conjuras se inscribió la supuesta operación que tumbó a Gómez Centurión de su cargo como director de la Aduana. Gómez Centurión tiene fama de hombre honesto.
Tres días antes de ser eyectado del cargo había denunciado maniobras corruptas en la Aduana por más de 14.000 millones de dólares. La denuncia anónima llegó a manos de Bullrich (nadie sabe por qué se la mandaron a ella) y la ministra la trasladó en el acto al Presidente.
Macri decidió suspender en el cargo a Gómez Centurión, a quien conoce desde hace mucho tiempo. Macri le ordenó a Bullrich que hiciera la denuncia penal.
El encargado de transmitirle la noticia a Gómez Centurión fue el titular de la AFIP, Alberto Abad, jefe directo del director de la Aduana. Abad es un funcionario con prestigio, al que respeta el propio Gómez Centurión, a pesar de que han tenido diferencias "por los medios, pero no por los fines", como dijo el propio director suspendido de la Aduana.
Abad fue el primero en cuestionar duramente al entonces director de la Aduana, Ricardo Echegaray, cuando nadie lo conocía.
El problema se agravó hasta niveles sorprendentes cuando Gómez Centurión denunció que la operación que lo volteó fue obra de grupos vinculados a la ex SIDE, ya sea cercanos o ya sea porque forman parte de la estructura del espionaje.
La grabación que acusa al suspendido director de la Aduana es una edición de conversaciones telefónicas a las que se les agregaron mensajes de voz de WhatsApp. Si fuera así, los conspiradores debieron intervenir primero el teléfono de Gómez Centurión y luego su servicio de mensajería.
Gómez Centurión acusó al principio directamente a "gente vinculada a Stiuso", pero luego dijo que no le constaba que el responsable fuera él. Antonio Stiuso (alias Jaime) es el hombre que controló la ex SIDE durante 20 años, quien se ocupó durante casi toda la gestión del kirchnerismo de hacer operaciones contra políticos opositores y contra periodistas.
Stiuso es el ejemplo cabal de lo que un servicio de inteligencia no debe hacer en una democracia. Sólo en los tiempos agónicos del cristinismo tomó distancia de la ex presidenta. Volvió a tener influencia en el espionaje local de la mano de la virtual y actual vicejefa de la AFI (ex SIDE), Silvia Majdalani.
Llegó a ella hace mucho tiempo por la intermediación de Francisco Larcher, el eterno representante de los Kirchner en el espionaje. Si bien Stiuso tiene intereses comerciales en la Aduana y sus containers (que Gómez Centurión se había propuesto limpiar uno por uno), también es cierto que en la novela aparece otro personaje del espionaje vernáculo: Fernando Pocino.
Sectores del Gobierno creen que Pocino está tan jugado como Stiuso en la desestabilización de Gómez Centurión. Pocino se pertrechó contra Stiuso cuando los dos estaban en la entonces SIDE; Pocino se alió con el entonces todopoderoso jefe del Ejército, César Milani, que se había hecho cargo del espionaje cristinista cuando Cristina Kirchner se alejó de Stiuso.
Pocino sigue reportando, aún hoy, directamente a Cristina Kirchner. Información que circula en despachos oficiales señala que tanto Milani como Pocino no abandonaron nunca el espionaje. Milani, Stiuso y Pocino forman parte de un submundo caliginoso y oscuro, lo peor, en síntesis, de la política de los últimos años.
Mala fama
El empresario imputado junto con Gómez Centurión, Oldemar Barreiro Laborda, que arrastra mala fama desde que fue dueño de Lo Jack, acusó directamente a Majdalani de estar detrás de la operación. Gómez Centurión dijo que conoció a Barreiro Laborda a principios de este año, cuando fue a ofrecerle un trabajo que no hizo.
Majdalani es desconfiada por un amplio sector de la dirigencia política, sobre todo por su pobre desempeño (por no decir nulo) durante los años kirchneristas como miembro, en representación del opositor Pro, en la comisión parlamentaria de control de los servicios de inteligencia.
En lugar de fiscalizar al espionaje en manos de los Kirchner, Majdalani se hizo amiga de los principales jefes de la ex SIDE. Sobre todo, de Larcher y de Stiuso.
En la Corte Suprema recuerdan que en tiempos de los Kirchner el tribunal condenó a la entonces SIDE por escuchas telefónicas que no sólo hurgaban en la vida de opositores y críticos; también los espías les vendían información valiosa a delincuentes comunes para que perpetraran robos o secuestros.
La primera funcionaria que se presentó ante algunos jueces de la Corte para protestar por esa decisión fue, increíblemente, la entonces diputada opositora Majdalani. Al jefe de la AFI, Gustavo Arribas, podrá acusárselo de no tener conocimientos de los asuntos que conduce, pero nadie le reprocha que haya trabado relaciones confusas con los peores exponentes del espionaje kirchnerista.
El caso Gómez Centurión pone al Presidente en un brete para el que no hay una solución buena. O Gómez Centurión cometió hechos de corrupción o los servicios de inteligencia, centrales o paralelos, le tumbaron un amigo al Presidente.
Si se tratara de este último caso, el más probable, se explicaría también por qué Macri parece tan vulnerable frente a la insidia y la conspiración.
Reclamo del juez de Mar del Plata
El juez de Mar del Plata Alfredo López, que investiga la agresión sufrida por Mauricio Macri en Mar del Plata, amenazó con renunciar, al considerar que está rodeado de funcionarios judiciales que están obstaculizando su investigación. Pidió apoyo de la sociedad, mientras se organiza una marcha para respaldarlo.