El Gobierno planea profundizar la reducción del Estado a partir de una nueva ola de despidos. En la Casa Rosada admiten que hacia junio habrá otras miles de bajas -se habla de 7000-, con lo que se lograría la meta oficial de una administración pública con un 30% menos de contratos en relación con diciembre, cuando Javier Milei asumió la Presidencia.
El plan de un Estado más chico en su tropa de empleados habría alcanzado un 20% de reducción, con los 15 mil despidos entre fines de marzo y principios de abril. El recorte, sin embargo, será mayor.
Con un telón de fondo montado sobre la necesidad de proteger canales de diálogo rumbo al Pacto de Mayo, y en plena polémica por los aumentos de sueldo que votaron los senadores para sí mismos, desde Balcarce 50 prefieren no darle "publicidad", pero asumen que la nueva etapa de reducción estatal está en marcha. Para concretar la primera tanda de bajas, el jefe de gabinete, Nicolás Posse, había bajado la orden de auditar a los empleados de todas las áreas del Estado para corroborar su función, actividad y asistencia.
La medida volvería a repetirse bajo una modalidad similar. Habrá un nuevo decreto con un tenor semejante al 84/2023, publicado a fines del año pasado, que instruyó a los titulares de las carteras a exceptuar de la baja a los trabajadores que resulten "indispensables para el funcionamiento de la jurisdicción, de manera restrictiva y fundada y que su continuidad es necesaria por razones impostergables de funcionamiento"; y al 286/2024, conocido a principios de este mes y que otorgó la posibilidad de renovación por tres meses a una tanda de contratos que eran renovados de manera anual o semestral.
Desde el Gobierno ya habían advertido que el recorte de empleados estatales se haría "por etapas" e incluso el presidente Milei, durante su participación en el Foro Económico Internacional de las Américas, adelantó la caída de 70 mil contratos.
Los gremios y la oposición profundizan la resistencia a los despidos
Como contraparte, se multiplican las tensiones en el vínculo con los gremios. En simultáneo con el bloqueo el aeropuerto de Bariloche y el camino al Hotel Llao Llao, donde este viernes Milei ofreció un discurso ante empresarios, la Asociación de Empleados Estatales (ATE) anunció una profundización del plan de lucha, que incluirá un nuevo paro el 30 de este mes en reclamo ante "las políticas de ajuste, congelamiento de salarios, despidos masivos e intento de cierre de organismos en el sector público", según difundió el gremio a través de un comunicado.
"Será una antesala del paro general del 9 de mayo, y habrá movilizaciones en las principales ciudades del país", anticipó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE. El dirigente gremial mencionó la apertura de "mesas sectoriales por ministerio, secretaría u organismo en las que se ha avanzado en casos de reincorporaciones", aunque se reservó el número. A su vez, indicó que los despidos no cesaron en los últimos días: "Hubo algunos casos, no numerosos, en organismos descentralizados. Por ejemplo, hubo siete en la delegación de PAMI en Río Cuarto, Córdoba".
En la última semana, Aguiar mantuvo duros cruces con Milei en la red social X. El Presidente calificó de "corruptos, termos y puristas imbéciles" a los integrantes de ATE que realizaron un acampe en el edificio de la Secretaría de Niñez y Familia, donde se vivieron momentos de tensión. Y el titular del sindicato lo tildó de "sádico, violento y vago".
"Estamos frente a un vínculo institucional entre el Poder Ejecutivo, los sindicatos y los trabajadores absolutamente novedoso. Las medidas materiales que decide Milei son crueles, y en las redes sociales utiliza un lenguaje violento y vulgar. Esto es propio de este tiempo histórico. Nosotros, los estatales, a partir del nivel de agresión a nuestros derechos, ya le hemos perdido el respeto", profundizó Aguiar.
La resistencia al recorte del Estado que planea profundizar el Gobierno tiene también su pata en el Congreso. Diputados de Unión por la Patria presentaron este jueves un proyecto de ley para prohibir los despidos y reclamar la reincorporación de quienes se quedaron sin trabajo durante la primera barrida.
"Prohíbanse hasta el 31 de diciembre de 2025 los despidos o suspensiones de trabajadores y trabajadoras que efectivamente desarrollen sus tareas en el ámbito público, sin importar la modalidad contractual y la fecha de ingreso al empleo", sostiene la iniciativa de la oposición en la Cámara Baja.
Y sigue: "Déjese sin efecto el cese o suspensión del personal alcanzado dentro del régimen de contrataciones de personal por tiempo determinado, con efecto retroactivo al 10 de diciembre de 2023, y dispóngase su continuidad laboral".
"Desde el punto de vista legislativo, el presidente de la Comisión de Legislación Laboral (Martín Tetaz, de Juntos por el Cambio) está convocando a una reunión informativa para discutir sus proyectos de reforma laboral. Estamos reclamando que se incluya nuestro proyecto contra los despidos en el Estado Nacional, más aún teniendo en cuenta que ATE hizo una nueva convocatoria para el 30 de abril", detalló a TN Juan Marino, uno de los firmantes.
Resta definir la fecha, pero la idea de los diputados de UxP es tratar la iniciativa cuanto antes. "Se estaba planteando para el miércoles, pero ese día es la sesión especial que convocamos por los proyectos sobre el financiamiento de las universidades, el FONID y las jubilaciones", mencionó.