En septiembre del 2010, la Corte Suprema de Argentina autorizó la extradición del exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), Galvarino Apablaza, acusado del crimen del senador UDI, Jaime Guzmán, y también del secuestro de Cristián Edwards.
Desde entonces, la ejecución de esta medida se encuentra estancada, a partir de decisiones que se tomaron en el gobierno argentino, durante los mandatos de Cristina Fernández (2007-2015), Mauricio Macri (2015-2019) y Alberto Fernández (2019-2023). Sin embargo, hoy, bajo la administración de Javier Milei, el caso podría tomar otro rumbo.
Así lo anunció ayer en Enade la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, quien aseguró que "nosotros queremos que Apablaza vuelva a Chile a cumplir con la justicia a cumplir lo que tiene que cumplir", agregando que "no hay que confundir el estatus de un refugiado político con alguien que asesina en democracia".
También, en entrevista con CNN Chile, aseguró que "Argentina no va a ser tierra que mantenga asesinos (…). Estamos en conversaciones con la justicia para que esto no sea eterno (…), para resolver esto de manera inmediata, y ya justamente lo estamos haciendo porque tenemos otros casos".
Fue en 2004 que el ministro en visita del caso Guzmán, Mario Carroza, solicitó la extradición de Apablaza, iniciándose así un largo proceso judicial. Seis años después, en septiembre, lo autorizó la Corte Suprema de Argentina, aunque un mes después, la expresidenta Fernández envió el caso a la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare), quienes le reconocieron el estatus de refugiado político.
De esta manera, Apablaza fue blindado por el Ejecutivo y se decretó su libertad en suelo trasandino. Sin embargo, ya con Macri como presidente, este volvió a levantarle la condición de refugiado, pero el exfrentista tomó resguardos.
Luego de que el juez Carroza dictara su captura, apeló a la decisión administrativa de Macri. Así, desde entonces, su extradición se congeló, por el momento.
Nuevo ministro y valoración del gobierno
En medio de eso, en Chile, el ministro Carroza asumió como nuevo integrante de la Corte Suprema, dejando la visita del caso.
La investigación, sin embargo, la asumió el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Guillermo de la Barra, quien en 2022 condenó por el crimen del senador a Raúl Escobar Poblete, alias el "Comandante Emilio", detenido en México.
Escobar fue extraditado desde la nación azteca hacia Chile, pero solo para conocer el fallo, por lo que estuvo un año en el país. En octubre del 2023 debió volver a México para cumplir una condena de 60 años por secuestros, lo cual fue acordado entre ambos países.
Con la decisión del gobierno de Milei el caso vuelve a tomar otro impulso, lo cual fue valorado por el canciller Alberto van Klaveren: "Sería una buena noticia (...). El gobierno siempre ha estado interesado en esclarecer el crimen del senador Jaime Guzmán".
En esa misma línea sostuvo que "el gobierno ha apoyado todos los esfuerzos, justamente, para obtener la presencia de señor Apablaza en Chile para que pueda presentarse ante la justicia".
Por su parte, el presidente de la UDI, Javier Macaya, aseguró que hay un "relevante cambio de giro" por parte de las autoridades argentinas y, por lo tanto, "vamos a hacer todos los esfuerzos por terminar con la impunidad en el asesinato de Jaime Guzmán".
Agregó que "en nuestro país tenemos que ser capaces de que se haga justicia, habiendo transcurrido tanto tiempo, habiendo existido tanta impunidad, tanta colaboración de una red internacional de izquierda, países como Cuba y otros han sido cómplices del encubrimiento permanente de los asesinos y artífices del asesinato de Jaime Guzmán, para nosotros esta es una muy buena noticia que esperamos que se pueda materializar a la brevedad posible".
Las gestiones previas
En la UDI recordaron que cuando Milei asumió en Argentina el gremialismo vio una oportunidad para solicitar formalmente la extradición de Apablaza, al ser el Mandatario argentino del mismo color político que el partido de Macaya. Fue así que en noviembre del 2023, a nombre de la bancada completa de diputados el entonces jefe de comité, Guillermo Ramírez, firmó una misiva solicitando la extradición.
"Quisiéramos comentarle que, en múltiples ocasiones y a distintos mandatarios de su país, hemos manifestado nuestra preocupación por el nulo avance que ha registrado el proceso de extradición del Sr. Galvarino Apablaza", partía diciendo la misiva.
Y luego agregaban: "Lamentablemente, diversas administraciones del país trasandino se han negado a proceder a concretar dicha petición (...) nos dirigimos a usted, como futuro Presidente de la República de Argentina, no sólo para transmitirle nuestra preocupación por el extenso retraso que ha enfrentado el proceso de extradición del Sr. Apablaza, sino que también para expresarle nuestra más absoluta confianza de que en su administración, de una vez por todas, dicha solicitud sea resuelta de forma exitosa".
Por ahora, las gestiones de la justicia chilena ya están en curso, por ende, no es mucho más lo que se puede hacer desde acá. En tribunales advierten que el ministro en visita ya solicitó su extradición, en 2004, y por ende sólo se está a la espera de lo que se resuelva en territorio trasandino. Apablaza, por ahora, sigue dependiendo de Argentina.