El Gobierno ha renunciado a elaborar unos Presupuestos Generales del Estado para 2024, pero se mantiene en su idea de modificar de todas formas el impuesto que se creó en 2022 sobre los beneficios extraordinarios de la banca y compañías energéticas, para hacerlo permanente. En ausencia de Presupuestos para este año donde se iba a incluir este cambio, los ministerios de Hacienda, de Industria y de Transición Ecológica trabajan para encontrar la manera de aprobarlo de otra manera.
"Hay que ver si encontramos dónde introducimos esta modificación", ha explicado este miércoles la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, durante un desayuno informativo de Europa Press en el que ha confirmado que, aunque no haya Presupuestos, la modificación de este impuesto que iba a incluirse en ellos se hará de todas formas. De lo contrario, ha recordado, esta tasa temporal terminaría de aplicarse a final de 2024.
"Si no se hace nada este año, esta prestación finaliza, se acaba", ha dicho Ribera, que ha incidido en que "hay una propuesta política de hacerlo [el impuesto] evolucionar a un sistema que permita incentivar la inversión". "Es cierto que había la posibilidad de introducir esa solución en los Presupuestos y este año no vamos a tener Presupuestos. Por tanto, hay que ver si encontramos dónde introducir esta modificación", ha añadido Ribera, que no ha querido dar más detalles sobre los términos que tendrá este nuevo gravamen y de qué manera los bancos, las eléctricas y las gasistas podrán desgravarse las inversiones que hagan en renovables. Según ha dicho, "yo esto se lo dejo a mi compañera la vicepresidenta [María Jesús Montero, ministra de Hacienda], que es la que lidera".
Beneficios extraordinarios
Estos impuestos específicos a la banca y a las empresas energéticas se crearon en 2022 para hacerles contribuir por los "beneficios extraordinarios" que estos dos sectores estaban ingresando debido a la crisis energética, los bancos por la subida de los tipos de interés para combatir la inflación que había provocado y las eléctricas y gasistas, por las ganancias anormalmente elevadas por una subida de precios que no estaba ligada a factores de producción, sino a unas tensiones geopolíticas con Rusia por la guerra en Ucrania.
Entonces, la UE acordó introducir una tasa específica, que sería temporal, dando margen para que cada país la aplicara a su elección dentro de unos márgenes. El Gobierno optó por aplicar también a los bancos una tasa que, a nivel europeo, solo estaba prevista para las compañías energética, y gravarlas durante dos años que terminan en el ejercicio de 2024. Las entidades financieras con más de 800 millones de euros en su margen de intereses (intereses cobrados menos pagados) más sus comisiones netas (cobradas menos pagadas) en 2019 pagarían el 4,8% de los ingresos por este mismo concepto y las energéticas con una cifra de negocios por encima de los 1.000 millones en 2019, un 1,2% de la misma.
Tal y como ha recordado Ribera este miércoles, este impuesto temporal terminará en 2024 si no se hace toma la decisión de hacerlo permanente, con la modificación que anunció a final del año pasado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de modo que la tasa continúe, aunque con la posibilidad de que bancos y empresas puedan deducirse inversiones verdes. Fuentes del sector eléctrico mantienen su oposición a que el impuesto sea permanente y consideran que la modificación es una forma de suavizarlo, aunque dicen no saber de qué manera lo hará el Gobierno.
El cambio, dijo Sánchez, se introduciría en la Ley de Presupuestos de 2024, a la que el Gobierno finalmente renunció tras la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña. Sin embargo, el impuesto se mantendrá, reformado, previsiblemente en alguna otra ley según ha apuntado Ribera.