El Banco de España también pone el foco en la emergencia habitacional que vive Canarias. El organismo estatal calcula que en el Archipiélago deberían construirse unas 25.000 nuevas viviendas entre este y el próximo año para tratar de aliviar la alta demanda que existe en las Islas. Unas promociones que, si se suman a las 20.000 que deberían haberse construido en 2022 y 2023, elevan el déficit hasta los 45.000 inmuebles. Por lo que, en el Archipiélago sería necesario construir a un ritmo de, al menos, 11.000 casas al año para tratar de estabilizar un mercado inmobiliario completamente tensionado. Pero, lo cierto es que en el conjunto de los dos últimos años se finalizaron menos de 5.000 inmuebles. Unos datos alineados con el análisis realizado recientemente por la consultora Corporación 5, que valoraba el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda elaborado por el Gobierno autonómico.
La demanda habitacional es un problema en todo el país y así lo analiza el Banco de España que recoge en su informe El mercado de la vivienda en España: evolución reciente, riesgos y problemas de accesibilidad, que a nivel nacional se requiere construir 225.000 nuevas casas este año y el próximo. Un déficit que habría que sumar con el de 365.000 unidades que se arrastran de 2022 y 2023, lo que elevan hasta casi 600.000 las construcciones necesarias.
Pero el Banco de España advierte que la situación en Canarias es, si cabe, todavía más complicada. Señala que el déficit de vivienda nueva es particularmente intenso en aquellas comunidades autónomas donde se concentra el crecimiento poblacional y la actividad turística. De esta manera, mientras las nuevas casas a nivel nacional podrían satisfacer cerca de un 40% de la demanda potencial de los nuevos hogares, si el Archipiélago llegara a construir esas 45.000 viviendas solo alcanzaría a un 20% de las nuevas familias.
El estudio del Banco de España también evidencia que en Canarias el esfuerzo para comprar una vivienda nueva está entre los más altos de España, tanto si esta se sitúa en los centros urbanos como fuera de ellos. Casi nueve años debe ahorrar un ciudadano para poder convertirse en propietario en las Islas. Una de las comunidades autónomas en la que los precios de la vivienda se han disparado. Un 22,5% creció el coste del metro cuadrado en 2023, el incremento más alto del país, según los datos de Fotocasa.
Un esfuerzo de ahorro que se torna imposible para quienes viven de alquiler debido a los altísimos precios de las rentas. El mismo estudio apunta que casi la mitad de las familias arrendatarias en Canarias dedican más de un 40% de sus ingresos a pagar el alquiler. Es la tercera comunidad en la que este porcentaje es más alto y la única, junto con Baleares, en la que ese esfuerzo se extiende también a las viviendas en alquiler localizadas fuera de las áreas urbanas.
En su análisis, el organismo estatal justifica también la necesidad de construir estas nuevas viviendas y apunta las dificultades para que se pueda llevar a cabo. Insiste en que levantar estas casi 600.000 casas en todo el país es determinante, ya que la demanda –que no ha dejado de aumentar en los últimos años debido al crecimiento de la población y el interés de los compradores no residentes– difícilmente puede suplirse solo recurriendo a las viviendas vacías o tratando de poner en el mercado aquellas que han saltado al alquiler turístico.
Por un lado, apunta que el stock que aún retienen las entidades bancarias –450.000 viviendas en todo el país– apenas se ha movilizado desde 2018, a pesar del repunte de la demanda, lo que podría indicar la falta de adecuación de estas viviendas a las preferencias actuales de los hogares. Aunque, poco a poco, comienzan a verse en el mercado más inmuebles propiedad de bancos que se comercializan mediante el sistema de subastas.
De las viviendas vacías –unas 200.000 en Canarias– el Banco de España dice que su capacidad para aumentar la oferta total es «relativamente limitada». ¿Por qué? Buena parte de ellas se concentran en zonas con menor dinamismo demográfico. El 45% se ubica en municipios con menos de 10.000 habitantes y entre ellas existe una proporción importante que se encuentra en mal estado, con pobre accesibilidad o muy baja eficiencia energética, por lo que primero habría que rehabilitarlas.
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