SAN SALVADOR (AP) — Un día después de un pedido público al presidente Nayib Bukele, las autoridades liberaron el miércoles al padre de un jugador de la selección salvadoreña de fútbol arrestado por supuestamente pertenecer a las pandillas.
Marcelo "El Chiky" Diaz, jugador del Deportivo Águila de la primera división y de la selección nacional de fútbol, dirigió una carta a Bukele publicada en la red social X, antes Twitter, en la que acudió a él "como una medida desesperada, ya que como familia estamos atravesando por una situación que nunca esperamos vivir".
"En nombre de él, mío propio y toda nuestra familia le pedimos de corazón que enmiende este error y que mi padre pueda volver a casa, a su rutina, a su trabajo y con su familia", suplicó el jugador quien aseguró que su padre es un hombre que nunca ha tenido problemas con la ley.
Las autoridades no respondieron públicamente al llamado del jugador, pero el miércoles se confirmó que el hombre ya había sido liberado.
"Gracias a todos pero principalmente a Dios por ser un Dios de justicia. Mi padre está en casa. Está bien, está sano, ha sido bien tratado. Mi solidaridad con todas las familias que están pasando situaciones parecidas", escribió Díaz en su cuenta de X.
El jugador explicó en su carta pública que su padre fue arrestado el 30 de marzo cuando fue a verlo jugar al Estadio Cuscatlán, en San Salvador, "como lo ha hecho siempre". Al ingresar "fue revisado, retenido y luego detenido por agentes de la PNC (Policía Nacional Civil) alegando que pertenece a grupos delincuenciales".
Agregó que su familia proviene de un barrio pobre pero remarcó que ello "no es sinónimo de delincuencia, de hecho, en nuestro caso hemos sido beneficiarios directos de las estrategias de seguridad implementadas por su gobierno".
Desde marzo de 2022, cuando se implementó el régimen de excepción que suspende varias garantías constitucionales como el derecho de ser informado de los motivos del arresto y acceder a un abogado, las autoridades han capturado a más de 79.200 personas acusadas de pertenecer a las pandillas o colaborar con ellas. Más de 7.000 personas han sido liberadas porque no se pudo comprobar su vínculo con las pandillas.
Seis organizaciones defensoras de derechos humanos presentaron recientemente un reporte en el que registraron 6.305 violaciones a los derechos humanos y detallaron casos de detenciones arbitrarias, desplazamiento forzado y muertes en las cárceles.
La organización no gubernamental Socorro Jurídico indicó en un informe a inicios de abril que durante dos años de vigencia del régimen de excepción han muerto al menos 241 personas en prisión y que "el 44% murió por muerte violenta, torturas graves" y un "29% por falta de atención médica".