Efe
Las Palmas de Gran Canaria
Viernes, 5 de abril 2024, 15:14
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La vivienda vacacional es un negocio con «una demanda al alza que no se entiende que se deba frenar» en Canarias como planea el Gobierno autonómico, cuyos proyectos de regularlo son inadecuados porque parten de «una base de datos errónea» y no se adaptan a la evolución del mercado turístico, según un informe del Colegio Oficial de Economistas de Las Palmas.
Este documento, presentado este viernes, se ha elaborado tras revisar las cifras del Ejecutivo y descubrir, según ha asegurado la doctora en Ciencias Económicas y Empresariales Rosa Rodríguez, coordinadora del trabajo, que los establecimientos dedicados a esta actividad son algunos menos de los computados por la Consejería de Turismo en los datos que usa como referencia y, sobre todo, que, de ellos, «solo el 20 o el 19 % son viviendas vacacionales reales».
Ya que, «tras un profundo análisis de la base de datos, se concluye que hay un porcentaje de error del entorno de un 6,2 %, cuya aplicación a la cifra global las reduciría a unas 43.906», cuando los números del Ejecutivo, de septiembre de 2023, elevan su cantidad hasta 46.808, ha argumentado.
Y ha añadido que, en cualquier caso, el grueso de los inmuebles registrados como viviendas vacacionales por la Consejería no son tales verdaderamente, porque se trata de apartamentos o villas para turistas que fueron dados de baja como tales para incorporarlos a ese nuevo modelo de negocio indebidamente, pues «forman parte de otra categoría» de la hostelería y legalmente no pueden cambiarse de segmento.
CANARIAS7
Algo que, conforme al estudio, se ha constatado al contrastar cifras de diferentes fuentes y comprobar, por ejemplo, que en los trece municipios turísticos de las islas y Las Palmas de Gran Canaria, que concentran «el grueso de ellas», un 63,8 % del total de las registradas, casi la mitad de los apartamentos que se han dado de baja de actividad desde 2009, 12.588 de un total de 28.296, lo han hecho para luego dedicarse a ese nuevo tipo de alojamiento.
Pero, además, se ha apreciado que «se desconoce el destino» de las restantes 15.708 unidades extrahoteleras «desaparecidas», en conjunto, en esas localidades, «que, a nuestro entender -ha subrayado Rosa Rodríguez- están fuera del control del Gobierno de Canarias.
Por ello, antes de elaborar normas para regular el sector, el Ejecutivo «lo primero que tendría que hacer es depurar la base de datos y definir con claridad cuántas viviendas vacacionales reales son las que hay en Canarias», ha concluido.
La economista ha sostenido, al tiempo, que también debe analizar la situación actual del negocio turístico y sus tendencias de futuro para «no frenar» una actividad que ha ido ganando terreno frente a los alojamientos tradicionales, como demuestra, según ella, que lo índice de satisfacción de los visitantes del archipiélago es superior entre quienes se han quedado en viviendas vacacionales que entre quienes fueron a hoteles.
Otro de las conclusiones más destacadas del informe es que los planes normativos del Gobierno buscan aplicar fórmulas iguales a toda Canarias sin tener en cuenta que cada isla tiene características singulares que no pueden obviarse.
Algo que ha resumido el decano del Colegio Oficial de Economistas de Las Palmas, Alcibiades Trancho, al declarar: «Cada isla tiene un desarrollo turístico distinto y se debe legislar acorde a su propio desarrollo turístico, y no como se intenta hacer, o parece que se va a hacer, por parte del Gobierno de Canarias».
Este, en sus propuestas, incluso atiende a las circunstancias de unas islas pero en detrimento de las de otras y prima especialmente la situación de Tenerife, opina el decano de los Economistas.
Porque esta isla «acapara en un 98,6 % el exceso de viviendas vacacionales» de acuerdo a lo que los autores del informe han podido observar al revisar los datos sobre la evolución del número de plazas extrahoteleras dadas de baja en actividades tradicionales y el de las altas en el nuevo modelo de negocio en el ámbito de los municipios turísticos y Las Palmas de Gran Canaria.
Datos que revelan que, en materia de oferta extrahotelera, de 2009 a 2023 Tenerife ha sumado 25.193 unidades más, mientras que Gran Canaria ha perdido 8.467 unidades, «siendo, con diferencia, el municipio de San Bartolomé de Tirajana el más afectado, al perder 21.166 unidades», según destaca el documento.
Desde esos números Rosa Rodríguez ha planteado que el Gobierno tiene que recordar que «no todas las islas han tenido el mismo incremento de la planta alojativa que la isla de Tenerife, que se ha acaparado el incremento, prácticamente».
Y ha sentenciado que el Ejecutivo debe recordar que regular el turismo es algo que hay que encarar basándose «no en lo que quieren algunos, sino en cómo evoluciona el mercado y cuáles son los deseos de los posibles visitantes».
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