En el marco del juicio que se lleva a cabo en Estados Unidos por la expropiación de YPF, el fondo Burford Capital solicitó a la jueza Loreta Preska que autorice la transferencia de la totalidad de las acciones de la petrolera que posee el Estado argentino, que representan el 51% de la compañía desde que se expropió en 2012.
Según se informó, el pedido del fondo se sustenta en el incumplimiento de un fallo que obliga a Argentina a pagar u$s16.100 millones, vigente desde septiembre de 2023. A raíz de esa resolución, desde diciembre se analiza la posibilidad de que se embarguen bienes al país.
Burford pidió que pasen a sus nombres las acciones de YPF que tiene el Estado
Burford, el fondo de riesgo que compró los derechos del litigio contra Argentina, solicitó ahora que se le transfiera la titularidad de las acciones de la petrolera.
Sebastián Maril, CEO de Latam Advisor y especialista en la materia, explicó en su cuenta de X algunos detalles del caso. En ese sentido, señaló que la jueza Preska accedió "al pedido argentino de revelar el contenido del documento presentado por los beneficiarios del fallo YPF de manera confidencial".
"Los beneficiarios del fallo en el caso por la expropiación de YPF solicitan a la jueza Preska que ordene a la República Argentina transferirles la titularidad de todas las acciones de la petrolera (incluyendo aquellas asignadas a las provincias) que fueron expropiadas en 2012", sostuvo el especialista.
"Esto ocurre como consecuencia del incumplimiento del fallo que obliga al país abonar u$s16.100 millones. En noviembre del año pasado, la jueza Preska indicó que las acciones de YPF pertenecientes al Estado, pero no las asignadas a las provincias, podrían ser utilizadas como garantía para evitar embargos futuros. Preska no tomará una decisión hasta la primera semana de junio", agregó Maril.
Y explicó, a modo de recordatorio, que según el título III, Capítulo I, Artículo 10 de la Ley de Expropiación, "se encuentra prohibida la transferencia futura de las acciones sin autorización del Congreso de la Nación votada por las dosterceras partes de sus miembros".
También resaltó que, como se explica en la Moción de Entrega, "la ley de Nueva York otorga al Tribunal la autoridad para ordenar a Argentina que transfiera sus intereses de propiedad en sus acciones de YPF a los Demandantes a través de una cuenta de custodia global en Nueva York".
Juicio por YPF: cada día sin pagar cuesta u$s2,5 millones en intereses
Desde septiembre de 2023, el momento en que se emitió el fallo de la jueza de Nueva York Loretta Preska que condenó a la Argentina a pagar el máximo posible al fondo Burford Capital - titular de los derechos de las sociedades Petersen y Eton Park-, los intereses se acumulan: cada día que pasa sin que el país pague los u$s16.000 millones por la estatización de la compañía, el país debe pagar u$s2,5 millones en intereses.
En ese sentido, el bufete Burford había puesto en una lista de presuntos activos embargables a las acciones de YPF en manos del Estado, las concesiones para los recursos naturales, los aviones de Aerolíneas Argentinas, bienes de Arsat, Energía Argentina (Enarsa), el Banco Nación y hasta el swap con China.
También los abogados demandantes quieren conocer cada movimiento de dinero del Banco Central (BCRA) al exterior. Esa aspiración es para tener una garantía por si el Estado continúa sin pagar.
La Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de la defensa del país, había argumentado en febrero que Estados Unidos no puede tener injerencia para fallar sobre leyes argentinas, por hechos ocurridos en territorio argentino con empresas argentinas.
Argentina apeló el fallo en contra y ahora apuesta a la "hermandad" de países latinoamericanos. En ese sentido, Brasil, Uruguay, Chile y Ecuador se presentaron como "amicus curiae" para defender el argumento soberano: que las decisiones de los Estados no son judicializables en tribunales extranjeros.
El país expropió en 2012 el 51% de las acciones de YPF a Repsol y el resto de los accionistas, cuando según el estatuto de la petrolera debió haber hecho una Oferta Pública de Adquisición (OPA)- Por eso, Repsol cobró casi u$s9.000 millones entre capital e intereses durante los siguientes años, mientras que Petersen Energía y Petersen Energía Inversora se declararon en quiebra en España, luego de no poder pagar los préstamos a los bancos internacionales que financiaron la entrada de los Eskenazi a YPF en 2008.