Hacemos Córdoba pide al alcalde que aplique una moratoria en nuevas licencias de pisos turísticos
El grupo municipal de Hacemos Córdoba ha instado al alcalde de la ciudad, José María Bellido, a implementar una "moratoria" en la concesión de nuevas licencias para viviendas turísticas hasta que se regularice la ordenanza, tal y como se comprometió recientemente el regidor. Desde la coalición de izquierdas, se sostiene que el casco histórico de la ciudad se está transformando progresivamente en un "parque temático", donde la presencia de residentes está en declive.
El impacto de las viviendas turísticas en el casco histórico es cada vez más notable, según revelan los datos presentados por Hacemos Córdoba. De los 2.503 alojamientos turísticos en la provincia de Córdoba, el 80% se concentran en la capital, de los cuales el 93% están localizados en el casco histórico. Se estima que hay 1.862 viviendas turísticas en esta área, lo que, según la coalición, está tensionando el derecho a la vivienda. "Solo en enero de 2024, en la ciudad de Córdoba se han añadido 68 nuevos pisos turísticos".
Además, más de dos viviendas al mes están siendo transformadas en alojamientos turísticos en Córdoba, lo que está contribuyendo a la "expulsión" de los residentes del casco histórico. Hacemos Córdoba también alerta que "este fenómeno está extendiéndose a otros barrios como Ciudad Jardín y el Campo de la Verdad".
La coalición de izquierdas considera que es imperativo que el Ayuntamiento, liderado por su alcalde, tome medidas contundentes frente a esta situación. Córdoba es la segunda ciudad de Andalucía con menos oferta de alquiler, y se ha observado un incremento del 18% en los precios del alquiler. Tanto el gobierno municipal como la Junta de Andalucía tienen una "clara responsabilidad y una gestión deficiente en este asunto".
El pasado mes de marzo, el grupo municipal ya denunció esta situación y propuso, entre otras medidas, la necesidad de reactivar el plan municipal de vivienda y adaptarlo a la nueva normativa, realizar un censo de las viviendas desocupadas en la capital y establecer un plan de acción para ellas, así como reabrir la oficina de defensa de la vivienda.