La ambigüedad es la foto exacta del momento. "No hay tregua ni fecha de paro", resumió Héctor Daer, uno de los triunviros de la CGT después de la reunión entre el Gobierno y los jefes gremiales en el Ministerio de Trabajo.
Esa ambigüedad hoy es buena para las dos partes.
La CGT puso por escrito cuáles son sus "demandas coyunturales" para trabajadores, organizaciones sociales y jubilados, consagrando para sí misma una representación ampliada que está en el centro de su estrategia política actual.
El Gobierno consiguió precisar, en un acta firmada por todos, cuáles son los términos sobre los que se negocia con urgencia –fijaron diez días de plazo– para que los dirigentes gremiales puedan mostrar algo concreto a cambio de dejar sin fecha el paro anunciado.
El Gobierno dice que sí. Pero no necesariamente sí a todo. Eso es lo que deben definir en los próximos días. Quitarle al aguinaldo el recorte de Ganancias puede andar.
Para el bono a jubilados y planes sociales es clave el monto. En la Casa Rosada toman como base los 500 pesos que dieron a poco de asumir, en diciembre.
Si le agregan la inflación andarían por los 700 pesos. Suena a poco. Ahora Alfonso Prat-Gay y su equipo tienen que afinar el lápiz.
La reunión de ayer con el ministro Jorge Triaca como anfitrión produjo, así, un resultado más sustancioso que la habitual foto de compromiso.
La CGT se mostró como articulador de una demanda social amplia y, a la vez, como un interlocutor racional del Gobierno. Los sindicatos cegetistas decidieron administrar su estrategia de reclamos.
Saben que la baja de la inflación y la recuperación incipiente de la economía actúan como un calmante, sobre los ardores del peculiar ajuste sin disminución del gasto que ejecutó el gobierno de Macri en los primeros nueve meses de gestión.
El Gobierno, con astucia, reforzó el reconocimiento de la CGT como contraparte diferenciándola de las dos CTA. Estas organizaciones –una más kirchnerista que la otra– están en una doble dinámica de endurecimiento: para ocupar espacios de poder hacia el interior del movimiento obrero y para desplegar una pura confrontación política con la gestión de Macri.
Cinco paros docentes en menos de diez meses de gobierno hablan por sí solos.
La disposición al diálogo de la CGT se cimenta también en el esperado repunte de la obra pública. Es un tema que el poderoso gremio de la construcción sigue día a día, junto al Gobierno y los empresarios del sector.
Ese enclave estratégico depende de Rogelio Frigerio, el ministro que está en todas las negociaciones urgentes que la Casa Rosada impulsa para cerrar sin sobresaltos el año.
Después de meses agobiantes, en agosto se ejecutaron unos 4.000 millones de pesos, el 10% del presupuesto anual del área. En las oficinas de Frigerio esperan terminar el año con 80% de ejecución presupuestaria.
Lo ven como un logro, después de haber destinado inicialmente casi 10.000 millones –los fondos de un trimestre– para pagar deudas de obra pública y vivienda que había dejado el kirchnerismo.
El largo inicio en cámara lenta se vincula al desconocimiento de los resortes burocráticos por parte de los nuevos funcionarios; pero también al temor a firmar expedientes envenenados con cuestiones de corrupción.
Influyó además la parálisis final de la gestión de Cristina. Asegura el Gobierno que en todo 2015 se habían licitado apenas 47 obras.
Esto es, que casi no había trámites en marcha para darles continuidad. Este año, con todas las dificultades señaladas, las licitaciones ya suman 182.
Bajo este contexto, la CGT puso en hechos su disposición a agotar el diálogo antes de concretar una medida de fuerza. Es lo que le había pedido la Iglesia.
La pelota quedó del lado del Gobierno, que consiguió una pequeña victoria parcial mostrando apertura y vocación negociadora.
Punto para Triaca y Mario Quintana, el secretario de Coordinación Interministerial, que llevan la interlocución en el frente sindical-eclesiástico.
En la reunión de ayer estuvieron Triaca, Frigerio, Quintana, Prat–Gay –con el que todos los que piden algo al Gobierno quieren hablar porque al final lo que piden es plata– y también Francisco Cabrera, ministro de Producción.
Macri mandó a ese quinteto porque –como se anticipó el domingo en Clarín– además de buscar la salida a la coyuntura del paro con que amaga la CGT, quiso poner sobre la mesa su proyecto de acuerdo productivo.
Sobre esa viga maestra el Gobierno espera edificar su propósito transformador del Estado y la economía. Es un objetivo de mediano y largo plazo. Nada que pueda resolverse ahora. Nada que no pueda empezar a hablarse ahora.
Los funcionarios plantearon el tema ante la CGT, como antes lo habían hecho con el sector empresario: la Unión Industrial y la poderosa AEA.
El proyecto apunta, entre otras, sobre dos cuestiones centrales: los imprescindibles avances en competitividad y productividad. Es una tarea que requiere del concurso de empresarios y sindicatos.
Funcionarios como Quintana sostienen que será inevitable, tarde o temprano, conformar una mesa tripartita para fijar marcos de acuerdo entre esos dos sectores y el Gobierno.
Nada que no se haya ensayado antes. Quizás pueda funcionar ahora, con otros actores y otro libreto. Habrá que verlo.
Un tema ardiente del corto plazo es el cambio en las escalas del Impuesto a las Ganancias. Allí hay diferencias fuertes entre CGT y Gobierno.
Pero esta semana se consolidó un tercer actor: los gobernadores, con quienes Frigerio y Prat–Gay avanzaron en un acuerdo para definir cuánto menos que lo esperado se recortará ese impuesto al salario.
El debate sobre la corrección de las injusticias de Ganancias puede así dar lugar a una peculiar pulseada entre gobernadores peronistas y sindicatos peronistas.
La reunión que el martes mantuvieron esos dos ministros con los titulares de Economía de las 24 provincias fue una señal fortísima. Acordaron la reducción gradual de Ganancias.
En una primera etapa el recorte, que beneficiará a trabajadores de salarios medios y altos, no tendría un costo fiscal mayor a 27.000 millones de pesos para las provincias. Es la misma cifra que dejaría de recibir el Gobierno nacional.
Así, la reducción de Ganancias sería entre 30% y 50% menor a la que implicaban los proyectos que originalmente más le gustaban al Gobierno, firmados por Elisa Carrió y por el jefe político del Senado, Miguel Pichetto.
La suba del mínimo no imponible que ya aplicó Macri al comienzo de su gestión había significado 50.000 millones de pesos devueltos a los asalariados.
Si el acuerdo conforma a las provincias conformará a los senadores, calcula razonablemente el Gobierno.
Y ese frente de aliados circunstanciales puede imponer en Ganancias cambios más suaves que los que reclaman la CGT o Sergio Massa.
Todo es fruto de una negociación múltiple y compleja en el Congreso.
Hay allí un paquete que debe aprobarse antes de que termine el año, con el muy discutido Presupuesto a la cabeza, la citada modificación en Ganancias, la reforma electoral que con mucho énfasis empujan el Gobierno y el massismo, la ley de Ministerio Público y la de ART que busca recortar la litigiosidad laboral descontrolada.
El oficialismo no quiere sorpresas desagradables. El proyecto de Presupuesto incluye una suba superior al 30% en los giros de fondos a las provincias.
Y la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, fue felicitada por la oposición peronista en Diputados al anunciar que se mantenían los planes sociales y se aumentaban –también más del 30%– los fondos para solventarlos.
Macri empezó así su gestión –repartió fondos a provincias, jubilados, obras sociales, bajó retenciones– y así sigue.
Está poniendo toda la plata que haga falta para asegurarse, en medio de las penurias, un tránsito ordenado hacia el horizonte más prometedor del año próximo.
No deja de ser una sorpresa más dentro de la gran sorpresa que en sí mismo es Macri presidente.
Al final de ese camino están las cruciales elecciones de medio término. Si le toca ganar engrosará su masa crítica de poder.
A partir de allí podrá poner el énfasis en su promesa de transformación o, enamorado como otros antes de la herramienta victoriosa, dejar todo más o menos como está.
En ese punto Macri afrontará su mayor desafío personal y político.