La hora de los jueces
Como punto de partida, parece útil analizar el contexto dentro del cual se ha venido desempeñando la actuación de los jueces.
Artículo extraído del diario La Nación - Por Máximo J. Fonrouge
Artículo extraído del diario La Nación - Por Máximo J. Fonrouge
El funcionamiento y la actuación de la justicia federal vienen siendo motivo de particular atención de parte de la sociedad toda, especialmente como derivación de aquellas causas en que se ventilan casos de corrupción de ribetes escandalosos, algunos de los cuales involucran luctuosas consecuencias (caso Once) y hasta la muerte de un fiscal federal en dudosas circunstancias (caso Nisman).
Ciertamente, un punto de inflexión en la imagen y el funcionamiento de la Justicia lo constituyó la ampliación del número de jueces de la Corte Suprema durante el gobierno de Menem, a lo que se sumaron las sombras de dudas que por entonces comenzaron a sembrarse en torno a diversas acciones dirigidas a influir en la actuación de los jueces federales, con mayor énfasis en el fuero penal.
Con los nuevos magistrados designados en la Corte en los inicios de la gestión de Néstor Kirchner -que revalorizaron la alicaída imagen del tribunal- y las acciones impulsadas por el entonces ministro Gustavo Beliz y su equipo de colaboradores parecía que se encaraba una nueva etapa en pos de mejorar la Justicia.
Sin embargo, en 2004 se le pide la renuncia a Beliz, a quien lo reemplazan sucesivamente Horacio Rosatti -quien renunció al cabo de un año- y luego Alberto Iribarne.
Es durante esta última gestión cuando comienza el período más oscuro de la historia de la Justicia, potenciado hasta niveles inusitados durante el mandato de Cristina Fernández.
Con el pretexto de hacer más eficiente el Poder Judicial, en 2006 se modifica la ley del Consejo de la Magistratura para dar más representantes en ese cuerpo al estamento político, en detrimento de los jueces, abogados y académicos, de modo de contar con un arma para manipular las designaciones de nuevos jueces, a la par que condicionar la actuación de los magistrados en funciones, ya que los dejaba expuestos a un Consejo en que el oficialismo contaba con las mayorías necesarias para promover procesos destinados a removerlos, lo que condicionaba su independencia.
Con las elecciones de fines de 2010 para elegir representantes de jueces y abogados en el Consejo de la Magistratura se pudo lograr una minoría no oficialista que permitía bloquear las designaciones de jueces claramente adictos al oficialismo, así como la remoción de magistrados probos atacados por ser independientes.
Como consecuencia de lo anterior y del dictado de valientes fallos adversos a los designios de un gobierno que pretendía llevarse las instituciones y los derechos de los ciudadanos por delante, Cristina Fernández redobló la apuesta y promovió el dictado de un paquete de leyes supuestamente destinadas a "democratizar" la Justicia, que en los hechos buscaban su sometimiento a los deseos de un proyecto hegemónico.
Fue gracias a la acción de la oposición, de una ciudadanía movilizada y de la mancomunada actuación de la abogacía de todo el país a través de la enorme mayoría de los colegios de abogados y entidades vinculadas al quehacer judicial que, mediante acciones de amparo y medidas cautelares, se logró que valientes jueces de primera instancia impidiesen que se pusiesen en vigor las normas destinadas a sojuzgar a la Justicia, que luego fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema.
Los últimos empellones del gobierno de Cristina Fernández contra la Justicia fueron la promoción de un fallido jury a fines de 2013 para intentar remover al fiscal José Campagnoli, a instancias de la cuestionada procuradora Gils Carbó, y la ley de subrogaciones sancionada a mediados de 2015 para intentar designar jueces adictos, que también fue declarada inconstitucional por la Corte.
Es pues dentro de este marco donde se desenvolvió a grandes rasgos la actuación de los jueces federales durante los años del kirchnerismo.
Cabe agregar que, durante el gobierno anterior, todos los organismos de control del Estado que de algún modo podían colaborar con la investigación de hechos de corrupción no cumplían sus funciones, ya sea por acciones deliberadas de obstaculización, por inacción u ocultamiento (es el caso de la Inspección General de Justicia, de la Oficina Anticorrupción, de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, de la Unidad de Información Financiera, etc.).
Frente a las referidas circunstancias hubo jueces que nunca dejaron de ser tales, en el estricto sentido de la palabra, jueces que constituyen la gran mayoría del Poder Judicial de la Nación, quienes de todos modos vieron entorpecidas sus investigaciones contra el poder por la indicada falta de colaboración de los órganos auxiliares dependientes del Poder Ejecutivo.
No ocurrió lo mismo, sin embargo, con algunos otros magistrados, cuya actuación o inacción se vio influida por el referido contexto, ya sea por temor o por servilismo al poder y, en unos pocos casos, por el innoble afán de obtener beneficios económicos personales, como permiten sospecharlo sus desmedidos crecimientos patrimoniales.
El actual gobierno, desde el presidente Macri hacia abajo, se ha manifestado públicamente por la actuación independiente de la Justicia, expresando que su política es la de no interferir en el funcionamiento del Poder Judicial y exhortando a los jueces a que hagan lo que tengan que hacer.
El Consejo de la Magistratura, en su actual integración, ha buscado agilizar la desestimación de denuncias infundadas contra jueces, a la vez que ha accedido a realizar una auditoría sobre la justicia penal federal respondiendo a una iniciativa del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, a la que han adherido más de treinta entidades, entre ONG y cámaras empresarias, de modo de contar con información acerca de cómo se han tramitado las causas de corrupción.
De tal manera, están hoy dadas las condiciones para que los jueces asuman en plenitud su rol como tales. Los obstáculos que existían o que percibían para llevar a cabo sus investigaciones se han removido.
Los magistrados deben ser conscientes de que la sociedad espera mucho de ellos. Quienes no actuaron por temor o por falta de colaboración pueden reivindicarse.
Aquellos que perdieron o vendieron su vocación por hacer justicia merecen que el Consejo de la Magistratura los enjuicie y, eventualmente, los destituya, a menos que den un paso al costado, como lo ha hecho Oyarbide. Es la hora de los jueces.
Presidente de la ONG Será Justicia