En cuanto a la situación de las secciones de la Audiencia Provincial a las que corresponde el enjuiciamiento de los delitos contra la salud pública y de blanqueo de capitales, el CGPJ advierte de "la elevada carga de trabajo" que soporta la Sección Séptima, con sede en Algeciras, que fue del 133% en 2022 y del 120% en 2023, y añade que, pese al elevando rendimiento de sus magistrados (116% en 2022 y 100% en 2023), no se logra absorber la entrada de asuntos, acumulando pendencia e incrementando el tiempo de respuesta.
Se propone por ello crear una nueva sección en la Audiencia Provincial de Cádiz, la número nueve, con sede en Algeciras y especializada en el orden penal.
En un informe del Servicio de Inspección de este órgano judicial, que ha elaborado un estudio sobre la situación en los partidos judiciales de las provincias de Cádiz y de Huelva más afectados por el narcotráfico, se señala que la complejidad de las causas por delitos de tráfico de drogas y de blanqueo de capitales se deriva tanto de las dificultades para su investigación como del elevado número de investigados y/o testigos. Las primeras se refieren esencialmente al contenido de las diligencias acordadas judicialmente y su control posterior, como intervenciones telefónicas, registros, incautación de efectos, medidas cautelares de carácter patrimonial o pruebas periciales contables.
El elevado número de investigados es consecuencia de la presencia de organizaciones criminales con estructuras propias y la toma de declaración a estos ocupa un tiempo muy considerable en la práctica judicial diaria.
Para afrontar con celeridad estos procedimientos, concluye el Servicio de Inspección, se precisa de medios personales y materiales superiores a los actuales, pero también sería necesario un aumento de la coordinación de los titulares de los juzgados con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como poner solución a algunas de las deficiencias detectadas, como la necesidad de desplazamiento físico a Cádiz para realizar pruebas preconstituidas con menores (por falta de sala Gesell en algunos partidos judiciales, como en Algeciras), problemas para la designación de abogados de oficio, demoras en la emisión de informes psicosociales y del Instituto de Medicina Legal o de informes periciales sobre embarcaciones neumáticas dedicadas al narcotráfico y retrasos en el volcado de teléfonos móviles.
A ello se añaden, medios materiales insuficientes: edificios antiguos y con dependencias inadecuadas, sistemas de gestión informáticos obsoletos, ausencia de impresoras, entre otras, lo que sucede en los juzgados del Palacio de Marzales, por ejemplo.
El informe señala que, en el corto plazo, "resultaría eficaz" la modificación del artículo 65.1ºd) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, estableciendo una regla competencial nueva en materia de delitos contra la salud pública cuando estos fueran de especial gravedad sin necesidad de que estos "produzcan efectos en lugares pertenecientes a distintas provincias", de modo que los de mayor complejidad se atribuyeran a la Audiencia Nacional.
También contribuiría a la agilización de la tramitación de estos procedimientos la modificación de los artículos 216, 217, 221, 222 y 766 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la supresión del recurso de reforma y la concentración de recursos en el momento de concluir la instrucción, salvo los que afecten a la situación personal de los investigados o pruebas preconstruidas, introduciendo limitaciones para los recursos reiterativos con finalidad netamente dilatoria.
Por último, la implantación de los tribunales de instancia evitaría la rotación excesiva de titulares de los órganos -la mayoría de los Juzgados están servidos por jueces de nuevo ingreso cuya permanencia en ellos no suele superar los dos años- y conseguir una distribución de trabajo más eficiente.