La cumbre para impulsar la construcción de viviendas anunciada para hoy por el presidente Pedro Sánchez debería ser determinante para avanzar en este objetivo. Los muchos anuncios que se han hecho desde el Gobierno para afrontar la gran escasez de pisos a precio asequible, tanto de compra como de alquiler, deben concretarse en un plan ambicioso y específico que involucre al sector público y al privado. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en este sentido, ha afirmado –acertadamente– que hay que lograr una "alianza de país" que haga de la vivienda el quinto pilar del Estado de bienestar.
Hoy deben reunirse con el Gobierno, en la Moncloa, los representantes del sector inmobiliario, de la banca, que es la gran financiadora, y de los sindicatos, como defensores de los intereses de quienes necesitan –y no pueden– acceder a una vivienda. El objetivo que se plantea desde el sector de la construcción sería acordar las bases para que fuera posible la edificación de 150.000 nuevas viviendas al año. De esta manera, en el horizonte de un decenio, se podría disponer del millón de nuevas viviendas que necesita España.
Cumbre para impulsar la construcción de pisos a precio asequible en España
El sector de la construcción, que quedó desmantelado tras la gran crisis inmobiliaria, ya no tiene la capacidad de construir entre 400.000 y 500.000 nuevas viviendas anuales como hacía en sus mejores épocas. Ahora, el proceso debería estar mucho más planificado y ajustado, porque muchas de esas viviendas construidas entonces aún se hallan vacías y en venta porque se edificaron en lugares en los que no había ni hay demanda.
El aumento de la oferta de pisos a precio asequible y en los lugares adecuados, fundamentalmente para alquilar, es la única solución eficaz para las dificultades de acceso a la vivienda que, según la mayoría de las encuestas, constituyen el primer problema de los ciudadanos, junto con la necesidad de empleos mejor pagados. La enorme brecha entre los niveles salariales y los precios actuales de la vivienda es prácticamente imposible de salvar, especialmente, para la mayoría de las jóvenes generaciones.
La promesa del presidente Sánchez fue que, durante esta legislatura, el Gobierno tomaría las medidas para poder construir 184.000 viviendas, lo que supondría 46.000 al año, un objetivo mucho más moderado del que se plantea desde el sector. Ya ha adoptado algunas iniciativas, entre ellas la aprobación en el último Consejo de Ministros de la primera fase de un aval de 4.000 millones de euros para promotores interesados en construir vivienda de alquiler asequible, así como otra línea de avales por 2.500 millones para facilitar la adquisición de primera vivienda a jóvenes menores de 35 años y familias con menores a cargo. Pero ni eso ni las otras medidas anteriores, como la liberación de pisos de la Sareb para alquiler social, basta.
Lo fundamental, en primer término, debe ser ofrecer una mayor seguridad jurídica para el sector, con un horizonte legislativo claro y estable, tanto para la construcción como para el alquiler, con objeto de superar el clima de desconfianza actual y movilizar la máxima inversión privada posible. En ese marco es fundamental la oferta urgente de suelo urbanizable, algo que depende de los ayuntamientos y las comunidades autónomas y que se debería agilizar. La reforma de la ley del Suelo que el Gobierno ha presentado en el Congreso va en ese sentido. Lo ideal es que se pudiera aprobar con amplio consenso para que fuera eficaz.
Conseguir la colaboración del sector privado y atender sus planteamientos es fundamental para que la "alianza de país" por la vivienda que propone el Gobierno tenga éxito, al igual que lo es la complicidad con autonomías y municipios, que son los grandes tenedores de suelo. Si las cosas se hacen bien, como hemos dicho en otras ocasiones, España podría encarrilar en los próximos años la resolución del problema de la falta de vivienda social y asequible. Sería un avance histórico para cumplir con el derecho constitucional a una vivienda digna.