La ministra de Seguridad,
Patricia Bullrich, envió al Congreso cuatro proyectos de ley con los impulsar la reforma en seguridad interior. Entre los ejes se encuentran disminuir o eliminar las penas para aquellos integrantes de las fuerzas de seguridad que cometan gatillo fácil, endurecer las penas en casos de reincidencia y se suma la posibilidad de que se determine la prisión preventiva en "hechos cometidos en el ejercicio de la libertad de expresión", como puede ser una manifestación en la vía pública.
En el proyecto sobre
legítima defensa, el Gobierno busca incorporar en el artículo 34 del Código Penal "una previsión por la cual
quien iniciare el curso de una acción delictiva que implique fuerza o violencia no tendrá derecho a indemnización alguna por las consecuencias que se derivaren de esa situación y que en tales casos, ni él ni sus herederos podrán instar la acción penal contra los que intentaron impedir la comisión del delito". "Esta sanción es importante porque el delito no puede generar derechos y, más allá del juzgamiento de la conducta de quien se hubiere excedido, no debe surgir de esa situación un beneficio para quien ha dado origen a una trama delictiva o para sus familiares", señalaron.
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Los efectivos de las fuerzas de seguridad, por su lado, no pocas veces se han visto inhibidos de actuar -basados en su experiencia personal- ante la posibilidad de resultar imputados por cualquier acto que lleven a cabo en cumplimiento de su deber o en ejercicio de su legítima defensa. En ese sentido, el proyecto prevé que se contemple la situación de quien se defiende de un agresor que, aun desarmado, puede tener una diferencia de edad, contextura física o experiencia en la riña o en el número de agresores suficientes para dañar su integridad física o sexual", consideró la cartera de Seguridad en el proyecto.
Mientras que sobre el proyecto de
ley en el que se trata la reincidencia, señalaron que las modificaciones buscan "solucionar ese problema al reformar las normas de reincidencia, que hasta ahora no contemplan siquiera la situación de una persona ya condenada como antecedente para considerarla reincidente, sino que la ley exige que se haya cumplido al menos una parte de la pena en prisión". Así, la iniciativa
incorpora a la categoría de reincidente a las personas condenadas en suspenso, "ya que la redacción actual exige el cumplimiento efectivo de la pena y este requisito excluye el cómputo de las condenas condicionales, una persona podría ser condenada innumerables veces a una pena de prisión en suspenso sin ser nunca considerada reincidente".
Además, este proyecto se
propone eliminar el artículo 218 del Código Procesal Penal, al que el gobierno de Milei definió como "contradictorio". Actualmente, el artículo prohíbe la prisión preventiva "cuando se trate de hechos cometidos en el ejercicio de la libertad de expresión o como consecuencia de la crítica en cuestiones públicas", como es el caso de una marcha que pueda terminar con disturbios. Eso, según el Gobierno, alude "a supuestos que no podrían constituir delito alguno", aunque subrayó: "No obstante,
ello no puede resultar en menoscabo de permitir la libre valoración procesal de un delito que pueda cometerse a través de una expresión verbal o escrita y que tenga la potencialidad de lesionar bienes jurídicos determinados".
El Ministerio de Seguridad también impulsa otros dos proyectos: la
"Ley Antimafias", sobre el que señaló que "se centra en sancionar con severidad a los integrantes de organizaciones criminales y se introducen también zonas especiales de investigación para agilizar las respuestas del Estado", y el
nuevo Registro de Datos Genéticos, que "permitirá ampliar la capacidad de las autoridades para resolver crímenes".