Fue el símbolo de un proyecto de poder en extinción, que ya no goza de los abultados recursos del Estado para movilizar gente.
Desde un principio, la organización de la marcha estuvo fuera de foco. La palabra "resistencia" fue empleada tradicionalmente para convocar a la oposición frente a gobiernos dictatoriales o de facto y no contra gobiernos elegidos democráticamente como el actual.
Su verdadero sentido en estos días remite más a resistir la hipotética detención de la ex presidenta Cristina Kirchner, acorralada judicialmente, y de otros ex funcionarios y socios del poder kirchnerista, que a resistir políticas gubernamentales.
Distintas encuestas, que no han sido encargadas por el gobierno nacional, dan cuenta del descrédito de la líder del Frente para la Victoria.
De acuerdo con un sondeo de Hugo Haime y Asociados, el 69% de los argentinos considera que Cristina Kirchner es culpable de corrupción, mientras que sólo el 17% la juzga inocente.
Y según otra encuesta de la consultora Aresco, de Julio Aurelio, frente a la pregunta sobre quién es el principal responsable de la presente situación del país, el 49% menciona al gobierno anterior y el 31,1% al gobierno de Mauricio Macri, en tanto que el 16,8% cita a ambos.
No es que Macri permanezca inmune a los vaivenes de la opinión pública. Si bien su imagen positiva se mantiene en niveles más que aceptables, ha comenzado a descender.
Sin embargo, resulta claro que esa eventual caída no es recogida fácilmente por otras fuerzas o figuras políticas y que, definitivamente, no es capitalizada por el kirchnerismo.
Por el contrario, las movilizaciones del kirchnerismo más duro siguen siendo funcionales al gobierno nacional. Especialmente, cuando quienes aparecen en escena son figuras radicalizadas y cuestionadas como Guillermo Moreno, Luis D'Elía, Amado Boudou o Fernando Espeche.
El mismo rechazo provocan en la mayoría de la opinión pública expresiones como las de la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, insultando o calificando como "nuestro enemigo" al presidente de la Nación.
El kirchnerismo intenta subirse a una corriente de opinión pública no menor, que exhibe una defensa del intervencionismo del Estado en la economía por encima de la iniciativa del sector privado.
Datos aportados por la socióloga Graciela Römer permiten entrever que "el estatismo en la sociedad ha menguado, pero sigue siendo el temperamento dominante".
La última encuesta de coyuntura de Graciela Römer y Asociados señala que el 47,8% de la sociedad sostiene que necesitamos un país con un Estado que tenga una fuerte presencia en la economía, frente al 40,7% que prefiere un país donde el Estado intervenga pero otorgue una mayor iniciativa al sector privado.
Ha habido, sin embargo, un desplazamiento en las preferencias de la sociedad. Cuando la citada consultora formulaba el mismo interrogante en el año 2010, el 56,3% sostenía que necesitábamos más Estado y sólo el 23,7% requería un mayor balance entre el Estado y el sector privado.
Pese al actual descenso de la concepción estatista respecto de seis años atrás, la creencia en que el intervencionismo estatal favorece a la población todavía es grande.
No obstante, cuando se indaga acerca del estilo político considerado deseable, las cosas cambian. De acuerdo con el sondeo de Graciela Römer y Asociados, la mayoría de la sociedad, el 53,1%, se muestra a favor de un gobierno que "promueva acuerdos aunque demore las decisiones", mientras que el 33,6% propicia "un liderazgo capaz de resolver problemas".
Este último cambio, sumado a la creciente preocupación social por la corrupción -el 32% lo menciona hoy como un problema fundamental, a diferencia de 2010, cuando sólo era citado por el 14%-, explica el creciente alejamiento de la sociedad respecto del kirchnerismo y, en buena medida, el fracaso de la llamada marcha de la resistencia.