El Ministerio de Seguridad prorrogó la emergencia en materia penitenciaria por dos años más, desde la fecha de vencimiento del plazo establecido previamente. Se oficializó la medida por medio de la publicación de la Resolución 254/2024 en el Boletín Oficial.
El Gobierno prorrogó la emergencia penitenciaria por un plazo de dos años
Alertando sobre la crítica situación de sobrepoblación y hacinamiento en las cárceles federales, el Ministerio de Seguridad prorrogó por dos años la emergencia en materia penitenciaria.
La Resolución advierte que las circunstancias que motivaron la declaración de emergencia en 2019 y su prórroga en 2022 no sólo persisten, sino que se agravaron.
Según datos oficiales, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) aloja actualmente a 11.453 personas, superando su capacidad de 11.361 plazas. Hay otros 4.265 detenidos a la espera de un cupo para ingresar al sistema.
La infraestructura carcelaria resulta insuficiente y en muchos casos obsoleta, con obras paralizadas que podrían haber aliviado el déficit de plazas.
La resolución apunta especialmente a la Ciudad de Buenos Aires, que no concretó aún el traspaso de la justicia penal ordinaria a su órbita, pese a que la Corte Suprema estableció que su carácter nacional es transitorio desde la reforma constitucional de 1994.
Actualmente, 5.564 detenidos por la justicia de CABA permanecen bajo custodia del SPF, restando lugar para alojar presos federales. En los últimos días hubo fugas en comisarías de San Telmo y Villa Urquiza.
El 54.88% de las personas alojadas en el sistema penitenciario federal están condenadas, mientras que el 45.10% son procesados.
Hay deficiencias en las infraestructuras de las comisarias
Los procesos judiciales revelaron que las instalaciones están en condiciones precarias, sin el mantenimiento necesario para mantener su habitabilidad y operatividad en condiciones de seguridad.
Por ejemplo, muchas unidades penitenciarias federales son centenarias y requieren adecuación, renovación y modernización para garantizar las condiciones de habitabilidad y los derechos humanos de las personas privadas de su libertad y los miembros del servicio penitenciario que trabajan en estos centros.
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