El presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, llamó la atención sobre la importancia de cuidar los recursos públicos invertidos en el departamento de La Guajira, al señalar que "el drama de La Guajira no admite más aplazamientos".
Las declaraciones fueron dadas durante la sesión técnica denominada: 'Diálogo sobre la imparcialidad y la transparencia en el cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017 (Auto 310 de 2024)', que protegió a la niñez wayú de Riohacha, Maicao, Uribia y Manaure, el derecho al agua potable, seguridad alimentaria y salud, para evitar que los niños se sigan muriendo por desnutrición.
El magistrado fue más allá y precisó que "cada muerte de un niño en La Guajira es un homicidio por omisión, alguien tiene que ver con esa muerte, y en derecho penal es llamado omisión impropia, alguien tendría que responder, tendría que haber una investigación penal por cada niño muerto, para que seguramente se archive, pero eso es muy grave", puntualizó.
La Corte convocó esta sesión técnica para conocer las soluciones consideradas por las entidades obligadas al cumplimiento del objetivo valorado en la Sentencia y por las competentes para vigilar la correcta actuación administrativa y financiera, así como las encargadas de su control e investigación para superar los obstáculos.
La sesión se llevó a cabo con base en cuatro ejes temáticos: las estrategias de las entidades obligadas para corregir las prácticas inconstitucionales como la elección de contratistas sin el debido lleno de requisitos y las medidas para afrontar la poca información que se tiene sobre la distribución y ejecución de los recursos, así como para superar las dificultades para presentar proyectos.
Otro ejes, son las faltas de estrategias ágiles y efectivas para el control, vigilancia e investigación de las funciones desempeñadas por las entidades obligadas al cumplimiento de la sentencia y sobre su gestión contractual y financiera, y las soluciones para que el control, vigilancia e investigación de hechos presuntamente contrarios a derecho lleguen hasta el territorio.
El magistrado Reyes preguntó si es posible que hubiera una articulación entre los tres entes de control fiscal, disciplinario y penal, para trabajar sobre objetivos concretos, por ejemplo los carrotanques de La Guajira, "hay preocupaciones sociales sobre eso, yo no sé si eso estuvo bien o estuvo mal, por delante pongo que no tengo ni idea, veo las noticias".
Asimismo, indicó a las entidades coaccionadas que la Corte no tiene tanto poder, ni tantos dientes, "pero ustedes si los tienen, quisiéramos asistir a sus rendiciones de cuentas en donde ustedes le muestren al pueblo wayú y nosotros ahí mirando por la rendija de quienes son los que se están llevando los recursos que ingentemente se van desde Bogotá a La Guajira, pero a veces se pierden en algún camino raro y no logran los fines que quisiéramos que lograran".
Hallazgos administrativos
Por su parte, Luis Enrique Abadía García, director del despacho de la Contraloría General de la República, afirmó que "desarrollamos una gestión de fiscalización en 2023 sobre las vigencias de 2019 a 2022, donde se obtuvieron los siguientes resultados: hallazgos administrativos 92, disciplinarios 72, fiscales 21, en indagación preliminar 3, proceso administrativo sancionatorio 1 y otras incidencias".
Gilberto Guerrero, vicefiscal General afirmó que "son dos inconvenientes que ha identificado para avanzar en la investigación: limitaciones en la calidad y suficiencia de la información que la entidad recibe y que constituye el sustento para iniciar las investigaciones y las limitaciones para establecer la articulación con otras entidades que cuentan con la capacidad de proveer información relevante para el inicio o avance de dichos asuntos".
El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar Deluque por su parte, aseguró que "desde 2017, mediante documentos Conpes, se adoptó la medida correctiva de asunción temporal de la competencia de la prestación de los servicios de salud, educación, alimentación escolar, agua potable y saneamiento básico en el departamento, con el objetivo de asegurar la continuidad, cobertura y calidad de estos servicios, financiados con los recursos del Sistema de Participación Ciudadana".
En la diligencia judicial estuvieron los magistrados Paola Andrea Meneses Mosquera y Vladimir Fernández Andrade y acudieron delegados de la Contraloría General, la Procuraduría General, la Fiscalía General, académicos, veedores representantes de la comunidad wayú, los alcaldes de Uribia, Maicao, Manaure, Riohacha, el Gobernador de La Guajira y superintendentes.