Europa Press
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Actualizado 15:10
El funcionario de prisiones acusado de cobrar dinero de los internos a cambio de permisos ha rechazado todas y cada una de las acusaciones que pesan sobre él, al tiempo que su defensa ha mantenido que todo responde a "motivos de venganza y resentimiento" por parte de internos que "no comulgan" con el acusado y también a "animadversión por parte de la dirección de la prisión".
"Nunca he aceptado ni un solo euros de ningún preso ni de familiar de preso, ni expresidiario", ha dicho el funcionario, antiguamente suspendido cautelarmente del servicio, ante el jurado que le juzga en la Audiencia de Jaén. A este juicio estaba también citado como acusado un educador de la prisión que finalmente no ha comparecido por haber fallecido el verano pasado"
"Yo no podía propiciar encuentros íntimos entre internos, siempre estaba acompañado por uno o dos funcionarios, dependiendo de la carga de trabajo", ha dicho el acusado a preguntas de su defensa sobre dicha acusación. También ha rechazado que haber introducido alimentos y diversos artículos como alcohol, lencería, pintauñas o jamón de pata negra.
"Me considero un buen funcionario de prisiones", ha dicho el acusado, que tras 32 años de servicio ha asegurado que "nunca" ha tenido sanciones disciplinarias de carácter interno, al tiempo que ha mantenido que por su trabajo ha ejercido de "padre y hasta de psicólogo" con los internos.
Ha explicado que el órgano competente para conceder los permisos en prisión es la Junta de Tratamiento, donde los funcionarios como tal no están representados y por tanto no pueden influir. No obstante, sí ha apuntado que como funcionarios informan a la Junta de Tratamiento sobre "la idoneidad de los presos para algún tipo de trabajo".
En el transcurso de sus declaración ha afirmado que ha tenido "muchos problemas con el director de la prisión por la política de personal", lo que según él le ha podido llevar a estar sentado en el banquillo de los acusados por testimonios en contra de internos a los que ha tachado de "conejillos de indias" en manos de la prisión.
Además de acusado, también ha declarado un interno de la prisión que ha dicho haber sido su "recadero". Ha afirmado no haber visto con sus ojos a ningún interno pagando dinero al acusado, pero sí ha señalado que familiares de dos de sus compañeros de celda le pagaron por 'vis a vis' y por introducir comida y diversos artículos en prisión.
"Es un funcionario corrupto, yo no lo voy a encubrir", ha dicho el testigo, al tiempo que ha declarado no tener nada en contra del funcionario ni esperar ningún tipo de beneficio por declarar en su contra en el juicio. En su declaración ha retratado al acusado como una persona "que se pensaba que era el jefe de la prisión" y que cobraba 250 euros por 'vis a vis' y a los presos "novatos" hasta 500 euros por permisos porque "no sabían que no los daba él, que eso es la Junta de Tratamiento".
También ha declarado que a él mismo, el funcionario le dejó hablar con su móvil en varias ocasiones, aunque él no le pagó, aunque otros sí lo hicieron. Además, ha dicho que el acusado tenía las claves de un educador y podía saber quién tenía informes favorables para los permisos.
Por su parte, el testigo como interno sí que informaba al acusado los presos que en mejor posición económica se encontraban para que el funcionario supiera de antemano a quién tenía que ofrecer y cobrar sus servicios.
Sobre lo de entrar comida de fuera en la cárcel, el testigo ha dicho que es "totalmente cierto" porque él se había beneficiado de lo que el funcionario supuestamente introducía en su mochila. "A mí si me dan un cacho jamón me lo como", ha dicho, aunque seguidamente ha añadido que él nunca le pagó por ello.
Y es que desde la defensa se sostiene que en el cohecho tan culpable es el que hace los favores como el que paga por ellos, para señalar que en esta causa no hay imputados ninguna de las personas que supuestamente pagaron por esos servicios extras.
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El Ministerio Fiscal acusa al funcionario de un delito de cohecho continuado por el que le reclama una pena de seis años de cárcel y 480 euros de multa.
La investigación de este caso arrancó en 2021 como consecuencia de las denuncias de varios internos de la prisión de Jaén. Ha sido la Comandancia de la Guardia Civil la encargada de investigar estos hechos que han correspondido al Juzgado de Instrucción número 2 de Jaén.
Tras las denuncias de los propios internos, se abrió una investigación en la que se hicieron hasta seguimientos con baliza. De esta forma, grabaron al funcionario en encuentros con familiares de internos y hasta presuntamente introduciendo objetos y sustancias prohibidas en el centro penitenciario.
La causa cuenta con tres testigos protegidos que prestarán declaración en el juicio. Las declaraciones de testigos proseguirán durante la tarde y en la jornada de este martes.
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