Pese a que se destacan algunos avances, todavía hay varios puntos pendientes en materia de ponerle fin a los problemas de contaminación que afectan a la bahía de Quintero, que incluye a las comunas de Concón, Puchuncaví y la propia Quintero.
«La negligente realidad de la bahía de Quintero», lleva por nombre el documento elaborado por Fundación Terram, con apoyo financiero de la Unión Europea (UE), cuyo informe –al que accedió Puranoticia.cl– habla de los impactos de la contaminación industrial, además de la identificación de deficiencias y brechas en política pública y normativa, desde la perspectiva de la Justicia Ambiental y los Derechos Humanos.
En primer lugar, hay que tener cuenta que en la zona, conocida como Complejo Industrial Ventanas, operan cerca de 20 empresas, las que generan una serie de emisiones contaminantes a las que se ve expuesta la población. Entre ellas, se encuentran un embarque y acopio de concentrado de cobre y graneles industriales, generación termoeléctrica a carbón (dos unidades), descarga y almacenamiento de combustibles, producción de cemento, refinería de cobre, entre otras.
Es ahí donde se destaca el cierre de la fundición de cobre de Codelco División Ventanas, la cual durante casi 60 años contribuyó principalmente con la emisión de dióxido de azufre (SO2) en la bahía de Quintero, hasta que en mayo de 2023 se concretó su cierre definitivo, anunciado por el presidente Gabriel Boric, en medio de una serie de episodios de contaminación ocurridos a mediados de 2022.
Y es que en el estudio se afirma que "esta concentración deliberada de industrias contaminantes ha derivado, como es bien sabido, en un problema estructural de exposición crónica de la población de Quintero y Puchuncaví a episodios reiterados y generalizados de contaminación del aire, suelo y agua, que se han extendido por más de 50 años, hasta la actualidad".
10 son las principales deficiencias de regulación y brechas de implementación de normas, planes y programas relacionados con el Complejo Industrial Ventanas, según da cuenta el estudio desarollado por Christian Paredes, en colaboración con Fernanda Miranda, de la Fundación Terram.
Dentro de las principales deficiencias de regulación y brechas de implementación normativa identificadas, que podrían explicar la persistencia de la grave situación de contaminación en la bahía de Quintero, se menciona primero la existencia de contaminantes no normados o regulados por normas de calidad ambiental.
A ello suman la inexistencia de una norma de calidad ambiental para el componente suelo; además de una insuficiencia de los estándares establecidos en normas primarias de calidad ambiental chilenas, versus los estándares de referencia de la Organización Mundial de la Salud; y de un deficiente avance de la revisión y/o actualización de normas de calidad ambiental y normas de emisión aplicables.
La quinta deficiencia detectada tiene que ver con el retraso en la implementación de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire para Concón, Quintero y Puchuncaví en los términos establecidos en el PPDA-CQP; y con el incumplimiento de deberes normativos asociados con la vigilancia epidemiológica de los efectos de contaminantes atmosféricos en la salud de la población, especialmente, de riesgo.
Luego se habla de la existencia de múltiples industrias integrantes del Complejo Industrial Ventanas que nunca fueron sometidas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en sus operaciones principales y falta de consideración de sus impactos acumulativos y sinérgicos en la zona.
También se exponen deficiencias de la Ley Nº 21.595 de Delitos Económicos y que sistematiza los delitos contra el medio ambiente, que "no dan respuesta a episodios de grave contaminación y daño ambiental en la bahía de Quintero".
Finalmente se habla de disponibilidad en el Premval de 754 hectáreas para la instalación de industrias peligrosas en la bahía de Quintero; además de problemas en la implementación del Programa para la Recuperación Ambiental y Social (PRAS) de Quintero-Puchuncaví, además del seguimiento de la misma.
Sobre este ítem, el informe recuerda que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó como un derecho humano universal el "derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible". En ese sentido, el estudio de Terram expone que los eventos como las intoxicaciones masivas del 2011, 2018 y 2022 "han constituido una violación grave, permanente y sistemática de este derecho".
También apuntan a que estos hechos se han traducido en una "afectación inobjetable de los derechos a la vida y salud" de los habitantes de Concón, Quintero y Puchuncaví, consagrados en los artículos 6° del PIDCP y 12 del PIDESC, respectivamente, y en el artículo 19 Nº 1 de la CPR como "derecho a la vida y a la integridad física y psíquica", siendo definitivamente los niños, niñas y adolescentes, así como las personas mayores, los grupos poblacionales de mayor riesgo.
De igual forma, se habla de la presencia de altos niveles de metales pesados en productos marinos como crustáceos y moluscos, o de concentraciones de arsénico en vegetales de hoja. Esto ha traído aparejado un impacto profundo en la identidad colectiva y prácticas culturales asociados a actividades económicas tradicionales de la zona cuya continuidad se ha visto dificultada o derechamente impedida, así como una afectación al derecho a la alimentación adecuada.
Frente a todos estos hechos, se advierte en el estudio una falencia que persiste hasta el día de hoy, como lo es la "ausencia de una política pública destinada a la reparación y compensación de daños asociados a la contaminación, tanto históricos como actuales, causados sobre el medio ambiente y la vida y salud de la población".
Si bien, la fundación Terram destaca que el Ministerio del Medio Ambiente ha avanzado en generar plataformas web que dan cuenta de aspectos como el estado de avance en la implementación del Plan de Descontaminación Atmosférica o sobre el estado de la calidad del aire y pronóstico de ventilación de estas las comunas de Quintero, Puchuncaví y Concón, afirman que "estos esfuerzos continúan siendo aún insuficientes en relación con los estándares internacionales".
Por último, y a modo de conclusión, señala el estudio que "atendidos estos hechos, urge que el Estado genere y fortaleza cuanto antes mecanismos de prevención, protección y garantía ante amenazas y ataques sufridos por defensores y defensoras de derechos humanos, a la luz de los estándares consagrados en el Acuerdo de Escazú y los recomendados en los informes anuales de los Relatores Especiales de ONU sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos".
PURANOTICIA