Muy reacio con la prensa y con fama de ser "un poco raro", según las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL, Juan Carlos Peinado García es el magistrado del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Es quien ha abierto una causa secreta tras recibir la denuncia que el sindicato Manos Limpias ha interpuesto contra Begoña Gómez... y cuya primera consecuencia han sido los cinco días de reflexión que se ha tomado su marido, el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez.
El juez Peinado tiene 70 años. Los cumplió en enero, el mismo mes que la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le autorizó a continuar trabajando hasta enero de 2026, cuando tenga 72, el máximo de edad permitido. Su hija es Patricia Peinado, concejala del PP en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. El magistrado lleva 30 años de carrera judicial, pero antes ejerció como secretario de ayuntamiento de segunda categoría.
En 2013, concurrió como candidato a vocal independiente para el CGPJ y en 2019 trató, también sin éxito, de acceder a la plaza de juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que actualmente encabeza Manuel García-Castellón, a punto de jubilarse porque va a cumplir 72 años.
El primer destino de Peinado como juez fue como magistrado de Primera Instancia en Arenas de San Pedro (Ávila), en 1994. Luego pasó por Talavera de la Reina. Su nombre aparece mencionado en el Diario de Sesiones de la Comisión de Peticiones del Senado en 2003, cuando un particular, Juan Silván García, intervino oralmente con una petición en la que le menciona.
La historia en el Senado
Tras Talavera de la Reina, ejerció en Getafe y posteriormente recaló en uno de los 54 juzgados de instrucción que hay en la Plaza de Castilla de Madrid: el número 41. Desde allí ha instruido casos mediáticos como el que inició con la imputación de 12 periodistas por informar sobre el caso de los CDR, que acabó archivando.
También se ocupó de otra denuncia de Manos Limpias, en 2015, contra los concejales del Ayuntamiento de Madrid, Pablo Soto y Guillermo Zapata, de Ahora Madrid, por unos tuits ofensivos. Peinado acabó inhibiéndose, pues ya los investigaba la Audiencia Nacional.
Otro caso que recayó en sus manos fue la instrucción derivada de las denuncias del Ministerio de Cultura contra varias productoras, por asuntos relacionados con subvenciones y precios en taquillas. También se encargó de una investigación contra el exfutbolista Raúl González Blanco por gestiones de una de sus empresas y una supuesta deuda.
'Lawfare'
La relación de Peinado con la prensa es casi inexistente, pues es extremadamente celoso de cualquier filtración en los casos que instruye. De hecho, su resolución admitiendo a trámite los hechos denunciados por Manos Limpias contra Begoña Gómez data del 16 de abril: no pidió opinión a la Fiscalía y no trascendió hasta el pasado día 25 por la noche, cuando los periodistas de los medios de comunicación que han firmado informaciones sobre Begoña Gómez recibieron la citación para acudir a declarar el próximo 10 de mayo, y lo publicaron en sus respectivas cabeceras. Al día siguiente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó en el Congreso que "seguía creyendo en la Justicia de este país".
Acusado de lawfare por el PSOE en sus movilizaciones a favor de la continuidad de Sánchez como presidente, Juan Carlos Peinado citó en 2020, para una comparecencia de medidas cautelares, al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP) tras una denuncia del abogado José Luis Mazón por la decisión del Ayuntamiento de mantener cerrados los parques de la capital madrileña durante las seis horas en las que estaba permitido pasear tras el confinamiento estricto por la Covid-19.
No obstante, el juez acabó reculando, a petición del regidor. Y admitió que la citación de figuras públicas, como Almeida, en el juzgado podría suponer una "estigmatización".
También, y según publicó el diario Público el pasado enero, el juez Peinado imputó por malversación a OkDiario y al gerente de la EMT del Ayuntamiento de Madrid por un contrato a dedo al medio digital, a raíz de una denuncia interpuesta por Podemos tras detectar la formación morada posibles sobreprecios en el contrato.