El Gobierno cosechó su propia siembra
Artículo extraído del diario Clarín - Por Julio Blanck
Artículo extraído del diario Clarín - Por Julio Blanck
La suba de tarifas se calculó mal, se aplicó peor y cuando se buscó retroceder no había respaldo suficiente. Lo que en el origen era una cuestión económica y política se terminó transformando en un asunto judicial. Ese fue el escenario de la derrota.
En ese escenario el Gobierno se encontró con un fallo de la Corte que respondió a la obsesión salomónica de su titular, Ricardo Lorenzetti. Fue un fallo de fuerte carácter político, aunque apoyado en los segmentos convenientes de la biblioteca del Derecho.
Y que además contiene un cierto sesgo demagógico. Le provoca al Gobierno un daño menor al posible en lo fiscal, habilitando el aumento para un tramo sustancial del consumo como son las industrias y comercios. Pero a la vez le ocasiona un costo político porque al dejar a salvo a la gente de a pie, anulando temporariamente el tarifazo para usuarios residenciales, muestra la "sensibilidad" cuya ausencia se achaca al Gobierno.
La derrota oficial resulta parcial, si se quiere, porque el tramo donde el tarifazo se mantiene –industrias y comercios– representa dos tercios del total del consumo. Allí está el componente salomónico del fallo. Pero es derrota al fin, de cara a cómo la discusión pública se planteó por carriles que el Gobierno nunca logró controlar.
Hay, de todos modos, victorias parciales que la administración Macri puede rescatar, aún en estupor por el fallo.
Primero, que la Corte reconoció la importancia de sostener la tarifa social, aplicada por esta administración para proteger a los sectores más vulnerables.
Segundo, que en lo fundamental de la opinión pública y la política no quedan dudas acerca de que una corrección de las tarifas es imprescindible para enfrentar el desastre energético dejado como lastre por la gestión kirchnerista. Esta es una victoria cultural del Gobierno. Pero ahora el problema además del qué, era el cómo y el cuánto. Ahí fallaron.
Pero también, según conocedores de esta materia, hay un ángulo del fallo que puede tener alcances severos aunque hoy difíciles de medir. Es el que se refiere a que la fijación del precio del gas en boca de pozo, componente decisivo del costo final del servicio, queda sujeto –al menos en esta instancia inmediata– a la realización de audiencias públicas.
Aunque se haya ratificado que la fijación del precio es una potestad del Gobierno, es una mala noticia en orden a crear el clima propicio para la llegada de inversiones fuertes en el sector energético, porque es allí donde se juega la rentabilidad de las compañías.
Lo había anticipado la canciller Susana Malcorra, que conoce el mundo y sus reglas. Días atrás señaló que le hizo daño a la Argentina "tener tarifas congeladas por tanto tiempo". Pero admitió que la judicialización del aumento era un factor perjudicial para el clima de inversión. Eso es lo que se consolidó con el fallo de ayer.
El Gobierno había aceptado en los días previos, con sensatez o con resignación, que las audiencias públicas que equivocadamente pasó por alto fueran fijadas como obligación por la Corte Suprema para proceder al aumento en el transporte y distribución del gas, que son el componente menor del costo del servicio.
A la vez, suponía que el Tribunal iba a preservar de ese trámite la fijación del valor en boca de pozo. Y algunos hasta creían que todo el tema de las audiencias públicas no realizadas podía ser subsanable, por tratarse de un trámite no vinculante para el aumento. Ayer se demostró que también esos cálculos estaban equivocados.
Funcionarios que trabajaron sobre la presentación judicial admitían, la noche anterior al fallo, que no sabían cómo saldría la decisión del Tribunal. Lo atribuían no sólo a la laboriosa discreción de los jueces, sino a la inorganicidad y desorden de los contactos que se mantienen desde el poder con la Corte.
"No tenemos información buena. Hay demasiados distorsionadores y amplificadores", reconocía un funcionario influyente. Aunque, optimista crónico, decía –casi jocosamente– que "es mejor no saber dónde estamos que creer que estamos donde no estamos". El juego de palabras apenas escondía la ansiedad y el desconcierto.
Algo de esa ansiedad también se habría transmitido a Macri en los últimos días. "Todos le llevan ruidos, algunos le dicen lo que quiere escuchar...", decía este hombre ducho en cuestiones del Derecho y con largo recorrido en el macrismo. El poder, finalmente, es un lugar de enorme soledad.
Atildados a pesar del mandoble recibido, el jefe de Gabinete Marcos Peña y los ministros Juan José Aranguren y Germán Garavano pusieron la cara en la conferencia de prensa posterior al fallo.
Dijeron que una decisión de la Corte no se discute sino que se cumple. Anunciaron la convocatoria inmediata a audiencias públicas. Y reconocieron que el fallo "termina con la incertidumbre" y "ordena la discusión para adelante" sobre los temas energéticos; sacándolo del berenjenal de los tribunales que tanto se prestó para sobreactuaciones políticas y sentencias de sesgo puramente ideológico.
También señaló Peña la satisfacción del Gobierno porque "las instituciones funcionan", aludiendo a la participación del Congreso y de la Justicia en este debate sobre el aumento de las tarifas que insumió más de cinco meses y todavía no termina, porque ahora la Corte deberá fallar sobre las subas en la energía eléctrica.
Según Peña, el protagonismo conjunto de los tres poderes define la nueva etapa iniciada en diciembre con la llegada de Macri a la Casa Rosada. Okey. Pero cabe preguntarse entonces por qué el Gobierno no previó que iba a tener que dar batalla en el Congreso y en la Justicia. Y actuó, de entrada, como si los otros poderes no existiesen y algo tan sensible como aumentar tan fuerte las tarifas fuese apenas una decisión administrativa.
El jefe de Gabinete expresó también su agradecimiento a los gobernadores, que por amplia mayoría y sin distinción entre oficialistas y opositores apoyaron la suba tarifaria. Prometió que con ellos, y con las distintas fuerzas expresadas en el Congreso, se buscará acordar un pacto federal energético que intente darle a esta cuestión estratégica el siempre reclamado carácter de política de Estado. Bello propósito. Podrían haber empezado por allí.
Producido el impacto negativo, por el cálculo desaprensivo y la aplicación errática del tarifazo, dirigentes de la oposición peronista, legisladores del kirchnerismo, intendentes del Gran Buenos Aires y hasta algunos aliados radicales de Cambiemos –aunque conservando cierta discreción– se pusieron "del lado de la gente" y sacaron legítima tajada de la patinada oficial.
Sin embargo, al final del día iba tomando algo más de solidez la evaluación positiva del Gobierno.
"En términos fiscales ganamos el 75% del litigio", dijo un ministro. Calculaba cuántos de los 80.000 millones de pesos que el Gobierno proyectó ahorrar por la quita de subsidios a la energía se mantenía en pie. El cálculo oficial es que menos de 20.000 millones son los que no se podrán cobrar o habrá que devolver a los usuarios.
También destacaba el ministro que todo el tramo final del fallo de la Corte hace claras recomendaciones a los jueces acerca de cómo ordenar este tema a futuro. Y que en el punto 32, el máximo Tribunal deja sentado el reconocimiento al caos del sistema energético que la administración Macri recibió como herencia del kirchnerismo.
Curiosa paradoja la del Gobierno. Concediendo que en parte de lo sustancial del tarifazo no quedó mal parado, la dimensión y la lectura política lo mostraron derrotado.
Quizás tenga la capacidad de aprender de sus propios errores. Oportunidades no le faltan. Esta de ayer fue, hasta ahora, la más costosa.