El Consejo Económico y Social (CES) entregó ayer a la ministra de Sanidad, Mónica García, su informe «El sistema sanitario: situación actual y perspectivas para el futuro». En él se identifican las prioridades de actuación en el sistema sanitario en estos momentos, incorporando la aportación de esta institución al debate sobre uno de los componentes del Estado de bienestar más apreciados por la población.
En este documento, el CES resalta problemas como que el complejo entramado institucional del Sistema Nacional de Salud (SNS) dificulta su gobernanza y, en ocasiones, genera duplicidades, inequidades y falta de independencia de las decisiones.
Considera que la buena gobernanza debe apoyarse en valores fundamentales y en los principios rectores de nuestro sistema (universalidad, equidad y solidaridad), junto con otros generales de buen gobierno, como son la transparencia, la participación, la integridad, la capacidad operativa y la rendición de cuentas.
Para ello, cree que los esfuerzos deben dirigirse a potenciar la prioridad política de la sanidad y el papel del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), el órgano de cooperación e intercomunicación de los servicios de salud de las comunidades autónomas entre sí y con la administración del Estado para dar cohesión al sistema y garantizar los derechos ciudadanos en todo el territorio.
A través del CISNS se debe aportar una visión estratégica, el diseño organizativo preciso, la profesionalización de la gestión sanitaria, la colaboración público-privada e interinstitucional, la cultura evaluadora y la eficiencia en la toma de decisiones.
El trabajo del CES reclama una redefinición de los mecanismos de coordinación, planificación y preparación ante futuras pandemias con la actualización de la legislación que ampara las actuaciones en crisis sanitarias.
Busca promover estructuras resilientes de salud pública, con suficiencia de recursos y procesos de trabajo normalizados con un reforzamiento de la atención primaria de salud, asegurando la suficiencia de recursos y fortaleciendo la coordinación nacional de los servicios de emergencias y urgencias sanitarias.
Acceso al SNS
Una propuesta clave de esta institución consiste en desligar definitivamente el acceso al SNS de la condición de aseguramiento de la Seguridad Social, en coherencia con su naturaleza de prestación universal. Supondría avanzar en la universalidad del sistema sanitario, extendiendo el derecho a la atención sanitaria a las personas cuya titularidad no había sido explícitamente reconocida.
La insuficiencia de los recursos destinados a la atención a la salud mental es un capítulo destacado. El informe indica que el SNS ha propiciado que en el sistema público solo tengan lugar 2 de cada 10 consultas en psiquiatría, mientras que 8 de cada 10 se realizan en ese sector privado.
Esta distribución de la actividad total, que implica gasto para la mayoría de los pacientes, puede resultar en una situación de cuidados inversos, recibiendo menos atención quienes más la necesitan.
En el tema del cáncer, recuerda que de acuerdo con los datos del Ministerio de Sanidad, la participación en los programas de cribado es menor en los segmentos de población con menor renta y menor nivel educativo, que son precisamente los que presentan más riesgo de padecer mala salud. Esa menor adhesión a los programas establecidos en salud pública limita las posibilidades de detección precoz e incrementa las tasas de agravamiento y empeora los pronósticos.
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