Madrid contará con una monumental Ciudad de la Justicia, la más grande del mundo, con una superficie equivalente a 65 veces el estadio Santiago Bernabéu. Su magnitud hará de ella un complejo cuatro veces mayor al Tribunal de Justicia de París, seis veces superior al Palacio de Justicia de Amberes y 12 veces más grande que la Corte de Justicia del Estado de Nueva York.
El proyecto estrella del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso contará con una extensión de 463.000 metros cuadrados y albergará también una de las mayores obras de edificación pública de España. El Ejecutivo madrileño, que ha destacado que su diseño singular e innovador también la convertirán en uno de los iconos de Madrid, ha destinado al complejo una inversión de 680 millones de euros, como ha revelado este lunes el consejero de Presidencia, Justicia, y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.
El proyecto se encuentra en pleno proceso de licitación -cuyo plazo finaliza el 20 de mayo- durante el cual más de 20 empresas y estudios internacionales de arquitectura han mostrado su interés al visitar la parcela para poder hacer sus ofertas.
Previsiblemente, los edificios destinados al Tribunal Superior de Justicia, la Audiencia Provincial y todos los Juzgados de Primera Instancia estarán acabados en 2026, mientras que en 2027 se espera que se finalice el resto de las jurisdicciones. Únicamente quedará pendiente el de la Penal, prevista para finales de 2028, con el que el proyecto estará completo.
La infraestructura judicial será 100% accesible, estará completamente digitalizada y se ha planteado como un referente constructivo en eficiencia energética, dado que su consumo de energía será casi 0, 10 puntos por debajo del objetivo de la Comisión Europea.
Otros proyectos de Justicia
García Martín ha destacado la labor de la Comunidad en el ámbito de la Justicia con la construcción de otras sedes judiciales en el resto de la región, como los nuevos edificios de Navalcarnero, San Lorenzo de El Escorial y Valdemoro -inaugurados este año-, las sedes de Getafe y Torrejón de Ardoz -que se finalizarán este 2024- o la construcción durante esta legislatura de las edificaciones de Collado Villalba, Móstoles y Pozuelo de Alarcón, así como la elaboración del Proyecto Técnico del nuevo edificio judicial de Majadahonda y la ampliación del de Arganda del Rey.
Por otro lado, el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid ha dotado con más medios a la Administración. La inversión responde, ha indicado el consejero, al plan de mejora del sistema, «que requiere también de capacidad de diálogo». Por ello, se ha firmado el Acuerdo Sectorial con todos los sindicados para mejorar las condiciones de más de 7.200 funcionarios. En esta misma línea de actuación, se firmará un acuerdo con los Colegios de Abogados y Procuradores de Madrid con el que seguir garantizando la mejora de la justicia gratuita y el turno de oficio. Según cifras aportadas por la Comunidad, los profesionales atienden a más de 115.000 ciudadanos cada año.
Se mostrará también el compromiso con el medio ambiente con el objetivo «papel cero» marcado para finales de 2025, que será posible gracias a la dotación de los medios tecnológicos adecuados.
Otra de las grandes metas es la «Estrategia de Humanización de la Justicia» para «poner a las personas en el centro de la actuación judicial», por la que se abordarán varias medidas de importancia, como la incorporación de la figura del Facilitador Judicial para apoyar a las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración de Justicia. Madrid será la primera comunidad autónoma en contar con ella.
Además, la estrategia incluye el refuerzo de la Red de Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito, la extensión de Cámaras Gesell a nuevas sedes judiciales o el desarrollo de una aplicación móvil para que ciudadanos y profesionales accedan a través de su teléfono a la agenda de vistas de los juzgados, de forma que eviten esperas innecesarias.
Finalmente, Miguel Ángel García Martín ha señalado la diferencia en materia de Justicia entre el Gobierno de Ayuso y el de Pedro Sánchez, momento en el que ha aprovechado para pedir al ministro Bolaños que «se deje de atacar a los jueces y magistrados desde el Gobierno y se respete su independencia».
También ha trasladado al Ministerio que la exigencia de que «se centre en resolver los problemas reales» de la Administración de Justicia, y le ha sugerido hacerlo convocando un mayor número de plazas de jueces y fiscales, ya que solo en la Comunidad de Madrid se necesitan, a día de hoy, 127 nuevos; aumentando el número de plazas ofertadas en los Cuerpos de funcionarios para acabar con la temporalidad e incrementando la financiación a las comunidades autónomas por los nuevos costes que nos va a generar la aplicación de las nuevas leyes de eficiencia.