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El Tribunal Superior de Bogotá evaluó su decisión del pasado 20 de marzo en la cual ordenó la libertad condicional del exjefeparamilitar Salvatore Mancuso, a través de una acción de tutela que la defensa del preso en la cárcel La Picota impulsó por su derecho a la libertad. La Procuraduría había estado en desacuerdo y este 4 de abril tuvo el espacio para sustentar su posición y, así, logró que el caso sea conocido por la Corte Suprema de Justicia.
"La magistratura concederá el recurso ante la alta corporación: La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, para que allí se desate la impugnación", fue la decisión del Tribunal, una de las tres instancias judiciales que se ha pronunciado sobre la libertad de Mancuso. La primera fue el Tribunal Superior de Barranquilla, la cual denegó la libertad del hombre recluido en La Picota; la segunda fue la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la cual aseguró tener poder preferente en el asunto, al aceptar en su entidad al criminal, pero no le han hecho caso.
Aunque para las partes del proceso no fue clara la argumentación de la Procuraduría, la cual se refirió a procesos que escapan del expediente de tutela, como antecedentes en Salas de Justicia y Paz de otros tribunales, el magistrado de este caso consideró suficiente su petición para allegar el caso a la Corte Suprema en segunda instancia. Será este alto tribunal, entonces, el que decida si mantiene la decisión del Tribunal Superior de Bogotá y, al menos en este proceso, Mancuso queda libre para ejercer funciones de gestor de paz encargadas por el gobierno de Gustavo Petro.
En su momento, El Tribunal Superior de Bogotá señaló a la JEP de "entrometerse" en los asuntos exclusivos de la Ley de Justicia y Paz, la cual, bajo la premisa de la desmovilización paramilitar, otorgó salas a distintos tribunales en Colombia. Esto con el objetivo de que conocieran los macroprocesos de los líderes paramilitares y dictaran sentencias conjuntas contra sus miembros.
Además, el Tribunal Superior de Bogotá le pidió a la Corte Constitucional que dirima el conflicto de competencias que surge de la cantidad de entidades que conocen los procesos de Salvatore Mancuso con respecto a su libertad. El Tribunal inició un conflicto de competencias, argumentando que la Jurisdicción Especial para la Paz ni siquiera podría aceptar paramilitares y, aun así, le está dando el espacio a Mancuso como "punto bisagra" entre el paramilitarismo y las fuerzas de seguridad del Estado.
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