Con diversidad de opiniones. De esta forma se ha recibido la intención del Gobierno central de limitar los alojamientos turísticos en las zonas tensionadas, como una fórmula para priorizar el derecho a la vivienda y reducir los precios del alquiler residencial. Mientras la patronal de los apartamentos ha mostrado su absoluto rechazo al considerar que la medida no servirá para conseguir los objetivos que se persiguen, los hoteleros, en cambio, sí que ven con buenos ojos la iniciativa, al considerar necesaria una regulación adecuada de esta actividad.
Fue ayer cuando la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, anunció la intención del Ejecutivo de limitar los alojamientos turísticos en las zonas tensionadas, respetando, eso sí, las competencias tanto autonómicas como locales. «No quiero entrar en sus competencias, pero es de mi incumbencia porque está tensionando el mercado residencial y el derecho de acceso a la vivienda», aseveró, anunciando la intención tanto de ella como del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, de reunirse a tal efecto con las diferentes comunidades.
Rodríguez considera que hay que introducir limitaciones, en un contexto en el que, aseguró, este tipo de alojamientos ya están afectando gravemente al precio del alquiler residencial. Así, señaló que se deben regular atendiendo a la diversidad territorial, y observando lo que plantea Europa sobre esta materia, teniendo en cuenta que el Tribunal de Justicia de la UE ya entendió que era necesario abordar esta cuestión, abriendo además la posibilidad de intervenir el mercado.
La noticia, con todo, ha sido recibida con total rechazo por parte de la Asociación de Empresas de Apartamentos Turísticos (Aptur), con sede en Benidorm. Su presidente, Miguel Sotillos, se muestra rotundo al aseverar, en relación al Gobierno, que «cuando no hay capacidad para construir nuevas viviendas, se inventan estas cuestiones que, además, no tienen ninguna utilidad para los objetivos que se persiguen».
Según sus palabras, el problema, aparte de en la falta de promociones, reside en las viviendas vacías. «Se calcula que entre el 10 y el 12 % del parque inmobiliario está sin uso, por lo que es ahí donde se tendría que poner el acento», asevera.
Y añade que la implementación de esta medida tendría consecuencias negativas para el turismo, sobre la base de que, subrayó, el 30 % de los visitantes se aloja en este tipo de establecimientos. De hecho, resaltó que algunos municipios no cuentan con suficiente capacidad hotelera, y que poner limitaciones reduciría de forma drástica el número de turistas.
No lo ven igual en la patronal hotelera Hosbec, donde su secretaria general, Mayte García, resaltó la necesidad de regular este tipo de alojamientos, algo en lo que, subrayó, ya está trabajando la Conselleria de Turismo. «Es necesario un mayor control de este tipo de actividad, que todos los establecimientos cumplan con las normas y las reglas del juego, y que cuenten con licencia municipal. No puede ser que todo valga». Así, destacó que los ayuntamientos tienen un importante papel que desarrollar en este campo, añadiendo que tanto la conselleria como el ministerio deberían facilitarles las herramientas adecuadas. Y concluyó indicando que «el turismo debe favorecer a la sociedad, y en ningún caso perjudicarla», en referencia a los efectos adversos que este tipo de alojamientos puedan estar teniendo sobre el mercado de la vivienda.
Nuria Montes acusa al Ejecutivo de llegar tarde
La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, ha acusado al Gobierno central de llegar tarde a la coordinación de viviendas turísticas, así como a intentar establecer limitaciones, recordando al mismo tiempo que las competencias para regular estos alquileres están transferidas a las comunidades autónomas en exclusiva. Montes, en este sentido, ha incidido en que el Ejecutivo de España «debe centrarse en la regulación de la Ley de Arrendamientos Urbanos».
La consellera, con todo, ha apuntado que «estaremos encantados de conocer cuál es su postura con respecto al alquiler vacacional», después de que en diversas reuniones de la Conferencia Sectorial de Turismo «varias comunidades autónomas hemos puesto como prioridad la necesidad de coordinar políticas». Asimismo, ha recordado que la Comunidad Valenciana ya ha empezado a hacer los deberes, y que «estamos trabajando en una nueva normativa para el control de la economía sumergida vinculada al alojamiento en viviendas».
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