Por un motivo u otro, los retrasos por parte de las empresas en el pago de sus facturas no deja de crecer. El año pasado, se produjo un incremento de tres días, hasta 70 días de media, pese al buen tono económico, según se aprecia en la encuesta entre 500 compañías realizada por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), presentada este jueves por su presidente, Antoni Cañete.
El elemento positivo es que, en el caso de las administraciones públicas, el plazo de pago se ha reducido en doce días, hasta situarse en 55. Es un consuelo parcial, ya que la ley 15/2010 establece un plazo de 60 días y otro de 30 para las administraciones públicas, de modo que no cumplen ni unas ni otras.
Cañete apeló a la "necesidad imperiosa de abordar el problema de la morosidad en nuestro país". Los plazos de pago en España, aseguró, se encuentran entre los mayores de la Unión Europea", ha denunciado durante la rueda de prensa de presentación del informe.
Solo el 19% paga a tiempo y eso genera una cadena de morosidad
En la encuesta se aprecia que el 81% de las empresas supera el plazo legal de 60 días. Además, el 45% tarda más de 90 días en hacerlo, mientras que apenas el 19% cumple con lo recogido por la legislación.
El presidente de la plataforma recuerda el efecto en cadena de estas conductas, ya que si una empresa no paga a tiempo a un proveedor, el proveedor tampoco puede hacerlo al siguiente eslabón de la cadena. Los subcontratistas acaban cobrando de los contratistas 99 días después de media.
La plataforma considera que el problema comienza precisamente en las grandes empresas y califica de "excusas de mal pagador" las quejas de sectores como el azulejero, que teme perder ayudas europeas por no cumplir con los plazos debido a su elevada actividad exportadora. "A la mayor parte de los proveedores se les imponen condiciones abusivas de pago", dice Cañete.
El 59% apunta a las grandes empresas como grandes culpables
El 59% de los encuestados asegura que el tipo de cliente que más tarda en pagar es precisamente la gran empresa, esto es, la que factura más de 50 millones de euros al año. En las administraciones públicas, en cambio, son los ayuntamientos los que se retrasan más. En todo caso, estas prácticas acaban prosperando sin ninguna sanción, ya que el 85% de los proveedores, en temor a represalias, no reclama intereses de demora.
Para la PMcM, la esperanza está puesta en la nueva regulación europea. En el último pleno del Parlamento europeo antes de las elecciones de junio, que se celebrará el 23 y el 24 de abril, debería aprobarse un nuevo reglamento ya avalado por la Comisión Europea en el que los plazos de pago sean de obligado cumplimiento y se produzcan sanciones a los morosos si el retraso supera los 30 días.