Lucas Font
El Gobierno británico ha pisado el acelerador en su plan para deportar inmigrantes a Ruanda tras la aprobación este lunes de la polémica ley que establece que el país africano es un destino seguro para los solicitantes de asilo. Una norma que impide a los afectados presentar recursos ante la justicia, excepto en casos excepcionales, y que da al Ejecutivo el poder de desobedecer posibles dictámenes de los tribunales internacionales en materia migratoria. El primer ministro, Rishi Sunak, está ultimando todos los preparativos para poner en marcha los primeros vuelos a principios de julio, a pesar de las críticas de organismos internacionales y de organizaciones de derechos humanos.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, ha asegurado que la aprobación de la ley de Seguridad de Ruanda supone "un nuevo paso hacia atrás en la larga tradición del Reino Unido de ofrecer refugio a los más necesitados". Unas críticas a las que se ha sumado este martes el comisario para los derechos humanos del Consejo de Europa, Michael O'Flaherty, así como las principales organizaciones de ayuda a los refugiados en el Reino Unido. La directora ejecutiva de Médicos Sin Fronteras en el país, Natalie Roberts, ha calificado la norma como "cruel y profundamente peligrosa" y ha advertido de que vulnera la Convención Europea de los Derechos Humanos.
Trabajadores públicos
Las dudas sobre la legalidad de la medida y la posible intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) –algo que ya ocurrió en junio de 2022 con la cancelación, a última hora, del primer vuelo de deportación al país africano– han provocado las protestas del sindicato de funcionarios FDA, que ha alertado del riesgo de que los trabajadores del ministerio del Interior sufran consecuencias legales en caso de tramitar las deportaciones y desobedecer la ley internacional. Los representantes del sindicato han amenazado con llevar al Ejecutivo ante la justicia para evitar tener que implementar la nueva normativa.
Sunak ha quitado hierro a las advertencias y ha recordado que el Gobierno ha modificado el código de la función pública para que los funcionarios obedezcan las indicaciones de los ministros por encima de los dictámenes del TEDH. "Creo firmemente que los funcionarios saben que su misión es apoyar al Gobierno, y confío en que así lo hagan en este caso", ha dicho el primer ministro este martes en rueda de prensa. "Nuestros cambios en el código dejan meridianamente claro que los funcionarios deben seguir las directrices ministeriales", ha añadido.
El Gobierno prevé enviar en los próximos días las primeras cartas para informar a los solicitantes de asilo sobre las deportaciones y confía en iniciar las primeras detenciones en cuestión de días. Para ello, ha ampliado la capacidad de los centros de internamiento hasta las 2.200 plazas y ha formado a cerca de 500 personas para vigilar y escoltar a los inmigrantes durante todo el proceso, una cifra que se ampliará hasta los 800 efectivos en las próximas semanas. Sunak también ha dispuesto 200 funcionarios públicos para agilizar la tramitación de las posibles reclamaciones.
Disputas legales
La nueva norma impide a los solicitantes de asilo impugnar las deportaciones alegando que Ruanda no es un país seguro o que su solicitud no recibirá un trato justo y adecuado en el país africano, pero sí permite alegaciones a las personas que muestren "pruebas convincentes relacionadas específicamente con sus circunstancias particulares". El secretario de Estado de Inmigración Ilegal, Michael Tomlinson, ha reconocido que la ley todavía permite disputas legales, aunque serán muchas menos que antes. "Tendremos desafíos, pero los afrontaremos y los superaremos", ha asegurado este martes a Sky News.
Según la nueva ley, los tribunales británicos sólo podrán detener una deportación en caso de que la persona afectada "se enfrente individualmente a un riesgo real, inminente y pueda sufrir un daño grave e irreversible" en Ruanda. Algo que el Sunak confía en que sea suficiente para evitar contratiempos en la puesta en marcha de las deportaciones y permita reducir la llegada irregular de inmigrantes al Reino Unido. Gran parte de su futuro político depende de ello.
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