La reciente propuesta de reforma de ley presentada por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso de Quintana Roo ha desatado un profundo debate sobre la libertad de expresión y el ejercicio periodístico en nuestro estado.
La propuesta, impulsada por la neolegisladora, Jissel Castro Marcial, busca prohibir la publicación de fotos de funcionarios públicos que supuestamente "atenten contra la intimidad personal" o "los derechos humanos".
Esta medida, de ser aprobada, representaría un serio atentado contra uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia: la libertad de expresión; pero, además, pareciera que en Quintana Roo no hay temas más importantes qué atender, como la inseguridad, que debería ser abordado con carácter de urgente.
Es evidente que la propuesta se erige como una forma de censura encubierta, limitando la capacidad de los medios de comunicación y el público en general para informarse y ejercer su derecho a la crítica.
Bajo el pretexto de proteger la intimidad, se estaría coartando la capacidad de los ciudadanos de acceder a información relevante sobre aquellos que ocupan cargos públicos y que se supone son responsables de servir a la comunidad.
Resulta aún más preocupante que la propuesta se haya justificado en base a los "derechos humanos", cuando en realidad, lo que está en juego es precisamente uno de los derechos humanos más fundamentales: la libertad de expresión.
Utilizar los derechos humanos como argumento para restringir la libertad de prensa es un giro peligroso que pone en entredicho el compromiso del Estado con el respeto a los derechos fundamentales.
La postura de la legisladora Susana Hurtado, quien respaldó la propuesta argumentando que las fotos publicadas podrían ser "incómodas" o "no las mejores", es preocupante. Esta medida abriría la puerta a la censura, donde la subjetividad de los funcionarios públicos determinaría qué imágenes pueden ser publicadas y cuáles no, sin considerar el derecho de la ciudadanía a estar informada de manera completa y veraz.
Es imperativo recordar que la libertad de expresión no es un privilegio, sino un derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución. Cualquier intento de limitar este derecho constituye un retroceso para nuestra democracia y para la vigencia del Estado de Derecho.
En este sentido, es de esperarse que los ciudadanos y los medios de comunicación busquen defender firmemente la libertad de expresión y a rechazar cualquier intento de censura.
Seguramente no se permitirá que intereses políticos o personales socaven uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad democrática. La transparencia y la rendición de cuentas dependen de un flujo libre y sin restricciones de información.
¿Seguirá adelante esta iniciativa en el Congreso del Estado?