Estado paralelo
La democracia la recuperamos hace 32 años pero el Estado de derecho aún no.
Ojalá hubiera sólo una aduana paralela.
Ojalá hubiera sólo una aduana paralela.
Hay un Estado paralelo completo. Carteles con territorios y jerarquías: mientras bolsones de la Policía Bonaerense se enfrentan a María Eugenia Vidal y se resisten a dejar de recaudar con la droga, el minorismo de otros negocios ilegales y el encubrimiento de delitos mayores, el estamento más sofisticado del sistema de seguridad, los servicios de inteligencia (activos y ex activos), recaudan con la importación y exportación ilegal, generando un total de transacciones comparable con las fortunas que comercializaba Pablo Escobar.
Lo que permite comprar jueces, políticos e influir sobre la agenda de los medios con carpetazos y hasta crímenes políticos no virtuales.
Los políticos son rehenes del sistema de seguridad con el que pactan, o sufren las consecuencias.
A Scioli le dijo uno de los encargados de la seguridad en la Provincia durante sus dos gobernaciones: "¿Vos podés cambiarme estos 90 mil policías bonaerenses por 90 mil alemanes? Si no podés, entonces dejame manejarlos a mi modo".
Aunque con la gravedad que resulta de que la gobernadora actual se haya tenido que mudar a una base militar (como hizo Alvaro Uribe en Colombia mientras guerreó con las FARC), el problema de la provincia de Buenos Aires es institucionalmente menor que el de cualquier gobierno nacional enfrentando a sus servicios de inteligencia.
Los servicios, formales e informales, son expertos en comunicación, aprendieron a ser grandes editores de la realidad, especializándose en saber qué será buena nota para el periodismo, el cual, aun cumpliendo con su deber de informar, termina siendo funcional a esas extorsiones a políticos.
Los servicios compran con dinero pero compran también con no divulgar lo que saben de los políticos y divulgando (sea cierto o fabricado) carpetazos a quienes se oponen al gobierno de turno, los que comienzan creyendo ingenuamente que pactando con ellos los tendrán –literalmente– a su servicio para un día, cerca del final, descubrir que son sus rehenes. El caso Nisman es uno de sus varios paroxismos.
Las elecciones y los cambios de gobierno son momentos cumbres para marcar territorio y disciplinar. Que el custodio de Gabriela Michetti le robara dinero de su casa pasa a ser necesariamente menos relevante que el hecho de que, siendo vicepresidenta electa, no tuviera bien declarado ese dinero.
En un político no hay mayor confirmación de su condición de rehén que el comprobar que el cuerpo de elite de la Policía Federal para custodiar a los máximos miembros del Poder Ejecutivo está integrado por quienes les roban a sus custodiados.
En otra dimensión ya le había pasado a Sergio Massa siendo el candidato con mayor intención de voto en las elecciones legislativas de 2013, cuando el prefecto encargado de custodiar su barrio cerrado, e integrante de la mesa de coordinación de inteligencia de las fuerzas de seguridad, fue quien entró a robarle a su casa sin preocuparse por esconder su identidad, al igual que el custodio de Michetti: no quedaba otro posible responsable del robo.
Evidencia de que lo importante fue siempre el mensaje, y quien termina preso un par de años es apenas un contratado al provecho de un delito mucho mayor que el robo en cuestión.
El estar "durmiendo con el enemigo" –para un político con sus custodios– se hizo visible desde el primer día de la recuperación de la democracia cuando, en diciembre de 1983, Alfonsín dio su célebre discurso inicial en el balcón del Cabildo, y quien tuvo a su lado, custodiándolo, era Raúl Guglielminetti, alias Mayor Guastavino, agente de inteligencia del Batallón 601 e integrante del grupo de tareas del centro clandestino de detención Automotores Orletti, quien una vez descubierto y expulsado de la custodia presidencial se dedicó al secuestro privado, asesinando en 1985 al banquero Osvaldo Sivak.
Un ejemplo más cercano es el secuestro del propio Macri, del que se cumplieron 25 años, llevado a cabo por la "banda de los comisarios", la que también había actuado en la represión ilegal, en su caso en el centro de detención El Olimpo.
El poder fáctico de quienes tenían las armas y hacían golpes de Estado, interviniendo directamente en la política de forma "institucional", derivó degradado en sus subalternos, constituyendo un poder fáctico en las sombras, el de quienes controlan los resortes del sistema de seguridad y obligan a los políticos a pactar con ellos.
Pero no para imponerles una ideología sino para enriquecerse contando con verdaderas y amplias zonas liberadas y así desarrollar sus delitos, al igual que cualquier mafia del mundo con sus distintas versiones según las épocas y las culturas.
Mientras el poder civil no domine a las fuerzas de seguridad, una parte de la dictadura no habrá terminado.
La autonomía de sectores de las fuerzas de seguridad e inteligencia son un poder aparte que –literalmente– aterroriza al poder formal: por ejemplo, si Gómez Centurión es apartado de su cargo mientras se investiga la acusación sobre su participación en la "aduana paralela", ¿también Macri debería pedir licencia mientras se investigan los Panamá Papers, y lo mismo Michetti mientras se aclaran las denuncias sobre su dinero no bien declarado?