San Bartolomé de Tirajana
Viernes, 5 de abril 2024, 02:00
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El gobierno local de San Bartolomé de Tirajana dio este jueves un paso más en su apuesta de este mandato por el refuerzo de las políticas en materia de vivienda. Logró el respaldo unánime del pleno corporativo a la aprobación inicial de la ordenanza específica que hará posible otorgar, por primera vez en el municipio, ayudas al alquiler a las familias. En concreto, esta propuesta normativa, que ahora estará 30 días en exposición pública, fija las bases que regularán la concesión de estas subvenciones a la vivienda habitual y permanente.
El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, que fue el encargado de defender la propuesta, explicó que estas ayudas buscan «facilitar el acceso a una vivienda o habitación digna en régimen de alquiler a familias trabajadoras por cuenta propia o ajena, con menos recursos económicos y con más cargas familiares».
Autocompactadores Se aprobó cambiar el Plan de Cooperación del Cabildo para sustituir el proyecto de mejora del Camino de Santiago por la instalación de 2 autocompactadores y la mejora de otros tres ya existentes.
Modificación de crédito Se dieron de baja 650.000 euros de trabajos en playas para dotar de 500.000 euros a Festejos y 150.000 para Deportes.
Menos ayudas a los clubes Los 150.000 euros serán para subvenciones a los clubes frente a los 900.000 de otros años. El alcalde lo achacó al techo de gasto.
En ese sentido, se otorgarán mediante convocatorias públicas y por un procedimiento de concurrencia competitiva. Para este año ya hay una partida prevista de un millón de euros, habilitada en una modificación de crédito aprobada a finales de 2023, que se transferirán a la Cámara Oficial de Comercio de Gran Canaria para que sea este organismo el que gestione la tramitación de las subvenciones.
Según detalló Marichal, las ayudas se abonarán con un máximo del 40% del precio del alquiler mensual y un límite anual de 3.000 euros. Dijo también que las percepciones de las unidades familiares solicitantes no podrán exceder las cuantías comprendidas entre los 15.876 euros del salario mínimo interprofesional (SMI) y los 37.800 euros. Además, los precios del alquiler no podrán exceder de los 850 euros mensuales o los 1.000 euros en los casos de familias numerosas.
El primer teniente de alcalde recordó que este de las ayudas es uno de los cuatro grandes pilares del Plan Municipal de Vivienda, en cuyo marco, detalló, se transfirieron 35 millones de euros a Visocan en 2023 para la promoción pública de vivienda en el municipio, se reimpulsarán los programas de regeneración y renovación urbana, conocidos como Arrus, para las urbanizaciones IFA, Santa Águeda y Las Llaves, y se liberará suelo para la promoción de viviendas públicas y también de renta libre. En total, calculó que entre fondos propios y llegados de otras administraciones, el dinero destinado a este plan alcanzará los 50 millones.
El otro gran asunto de la sesión fue la aprobación definitiva, también por unanimidad, de la modificación menor del Plan General de Ordenación Urbana de San Bartolomé de Tirajana que abrirá la puerta a la renovación por sustitución del Hotel Principado, en Playa del Inglés, que pasará de tener tres estrellas a cinco. En realidad, este trámite ha permitido una nueva ordenación urbanística para la parcela N, que es donde está el hotel, y su estudio ambiental estratégico.
Superado este paso, los promotores ya tienen vía libre para presentar el proyecto y solicitar la licencia de obras. El inmueble actual, de 8 plantas y casi 40 años de antigüedad, será derribado y en su lugar se levantará un edificio singular, moderno y eficiente, que crecerá en altura, de forma escalonada, hasta las 12 plantas. La primera será de 1.153 metros cuadrados, por lo que ocupará menos superficie que la actual, de la 2 a la 9 serán de 956 metros, la 11, de 452, y la 12, de 324.
Marichal recalcó que «aunque se aumenta la edificabilidad, el establecimiento mantendrá las 373 plazas alojativas autorizadas». Este incremento edificatorio, aclaró, implicará un aumento de los aprovechamientos urbanísticos, por lo que el promotor deberá abonar al consistorio una cuantía aún por definir, pero que superará los 200.000 euros.
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