Un juez de Garantías Penales llamó a juicio a alias Willy, presunto cabecilla de 'Los Tiguerones' y seis miembros más de esa banda delictiva. Todos están procesados por supuesta delincuencia organizada.
El juez tomó esta decisión tras el pedido que hizo la Fiscalía General, este miércoles 3 de marzo de 2024, durante una audiencia preparatoria de juicio.
Además, el magistrado dispuso que se mantengan la orden de prisión preventiva dictada en contra de todos los procesados. Sin embargo, la etapa de juicio quedó suspendida para alias Willy y cuatro imputados más, pues se encuentran prófugos de la justicia.
El juez también ordenó la prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles y la retención de las cuentas bancarias, que los procesados tengan en el sistema financiero nacional.
#ATENCIÓN | #Pichincha: con base en los elementos de convicción justificados por #FiscalíaEc, 7 presuntos integrantes de "Los Tiguerones" son llamados a juicio.
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) April 3, 2024
Detalles ⬇️
🌐 https://t.co/VorAVWKqcK pic.twitter.com/6NdCAHiC1e
Acusación de Fiscalía
Según la investigación de Fiscalía, las siete personas serían parte del grupo de delincuencia organizada 'Los Tiguerones'. Se habrían organizado para cometer los delitos de extorsión, secuestro extorsivo, sicariato, entre otros.
Entre las evidencias, que presentó la Fiscalía, constan: las versiones de varias personas que fueron víctimas de los procesados, a quienes les pedían altas sumas de dinero. Los montos exigidos llegaban hasta los 200.000 dólares, a cambio de no atentar contra sus vidas.
Lea también:
- Fuerzas Armadas capturan a alias 'Cucón', líder de los Tiguerones en Esmeraldas
- La Policía lanza una nueva estrategia para combatir secuestros y extorsiones
Los sospechosos también habrían realizado detonaciones de artefactos explosivos y disparos en contra de las viviendas o negocios de las víctimas de extorsión.
Además, la Fiscalía presentó al juez certificaciones bancarias sobre movimientos de las cuentas de los implicados. Allí se evidencian depósitos y transferencias, que no tienen justificación, pues los procesados no reportan ninguna actividad comercial.
El artículo 369 del Código Integral Penal (COIP) sanciona el delito de delincuencia organizada con pena privativa de libertad de siete a diez años.