La Cámara Federal porteña revocó este jueves los procesamientos que había dictado el juez federal Daniel Rafecas contra los ex presidentes del Banco de la Nación Juan Carlos Fábrega y Juan Ignacio Forlón, entre otros, por supuestas irregularidades en la creación de un fideicomiso para otorgar créditos millonarios por más de 100 millones de pesos, a valores del 2008, a favor del empresario K Lázaro Báez. Por mayoría, la sala II del tribunal ordenó al juez dictar una nueva resolución de acuerdo a su fallo, luego de 14 años de abierta la causa.
En su voto el camarista Eduardo Farah afirmó que "no es factible" en el caso demostrar que los imputados incurrieron en el delito de negociaciones incompatibles con la función pública por falta de pruebas.
"Se impone revocarla, debiendo el juez pronunciarse en alguno de los sentidos que prevén los arts. 309 -de advertir cursos de acción probatorios viables para profundizar a esta altura los puntos señalados- o 336 del CPPN. Ello implica, como lógica consecuencia, la revocación de los embargos dictados" por Rafecas. La medida benefició a los otros ex directivos del Banco Nación que había sido procesados.
Por su parte, el camarista y ex abogado de Cristina Kirchner, Roberto Boico, adhirió al voto de Farah y sostuvo que en la causa "no es posible sustentar un caso de negociaciones incompatibles". "Comparto en lo sustancial el análisis que de la figura realiza el colega Eduardo Farah, más allá de las particulares visiones que tengo de la misma y que aquí he reproducido", agregó.
"Será tarea del juez de grado evaluar en un nuevo pronunciamiento que se ordena aquí realizar, fundado en las consideraciones aquí expuestas, si corresponde aplicar la solución prevista en el artículo 336, o bien se dispone aún de cursos de acción que permitan, ya a catorce años de instrucción, aplicar la alternativa prevista en el artículo 309 del Código Procesal Penal de la Nación", subrayó Boico en alusión a la falta de mérito de los investigados.
Por su parte, en minoría el camarista Martin Irurzun explicó que "como punto común, la mayoría de las alegaciones coinciden en atacar al fallo por carente de fundamentación. Tal agravio debe ser atendido en primer lugar, por preeminencia lógica. Anticipo mi conclusión al respecto, considero que la decisión es, en efecto, nula".
Además, Irurzun advirtió "el examen normativo de los hechos bajó la óptica de presuntas negociaciones incompatibles con el ejercicio de los cargos públicos de los implicados, omitió evaluar en qué habría consistido el desvío funcional de cada uno de ellos en las operaciones concretas en que intervinieron en función de su rol, el interés ajeno que (sea en forma mancomunada, sea en forma individual) habrían perseguido y las pruebas de ello".
En cambio, en la causa el juez "optó por hablar de una suerte de maniobra global, ajena a las particularidades de la calificación empleada", agregó. Para Irurzun, "frente al tenor de las falencias que me conducen a ello y las características que ha presentado hasta aquí esta demorada instrucción, considero que corresponde hacer uso de la facultad que otorga el art. 173, CPPN, y apartar al magistrado interviniente, remitiendo el legajo a la Secretaría General de esta Cámara para que desinsacule la nueva sede que estará a cargo de la causa". Pero el voto de Irurzun quedó en minoría.
En diciembre en una resolución -ahora revocada-, Rafecas había destacado que "Fábrega, en su condición de Gerente General, primero, y luego, Presidente del Banco de la Nación Argentina, intervino –en 25 oportunidades- en asistencias crediticias acordadas por el Banco de la Nación Argentina" a favor de Austral Construcciones y Kank y Costilla.
Y por las ventajas dadas al socio de la ex presidenta Cristina Kirchner, el juez consideró que los procesados cometieron el delito de negociaciones incompatibles con la función pública.
En tanto, Forlón -actual auditor de la Auditoría General de la Nación y hombre de confianza de Máximo Kirchner, en su condición de Director, primero, y luego, Presidente del Banco de la Nación Argentina, intervino –en 11 oportunidades- en una serie de asistencias crediticias acordadas por el Banco de la Nación Argentina a favor de Báez.
La causa se abrió por una denuncia en el 2009 del entonces Diputado Nacional Juan Carlos Morán, que se desprendió del expediente nro. 15.734/08 caratulado "Kirchner Néstor y otros s/ asociación ilícita y otros" que era una causa madre abierta por Elisa Carrió contra los Kirchner varios delitos. El juez Rafecas tuvo en cuenta que, por ejemplo, "dos créditos millonarios otorgados por el Banco de la Nación Argentina a dos empresas constructoras vinculadas al empresario Lázaro Báez, por sumas superiores a los cien millones de pesos eran inusuales, máxime si se consideraba el escaso respaldo financiero de las operaciones en cuestión al depender, exclusivamente o de forma casi exclusiva, del financiamiento de dichos créditos, como sucedía en el caso de Kank y Costilla, una de las empresas beneficiarias".
Rafecas consideró la afirmación del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 (TOF 2) que condenó a Cristina a 6 años de prisión en la causa Vialidad según la cual "…donde había una necesidad para Báez, allí estaba el Estado listo para brindar todo tipo de soluciones en forma expeditiva…"
El TOF 2 resaltó que "reinaba, en el contexto en el cual acontecieron los hechos aquí pesquisados, una especie de premisa de otorgarle cuanta facilidad financiera existiera a las empresas lideradas por Báez, subyace la idea de que, también, la Sucursal del Banco de la Nación Argentina interviniente en los préstamos aquí pesquisados sita nada más y nada menos que en la provincia de Santa Cruz (Sucursal Río Gallegos), estaría también disponible para brindarle a las empresas Austral Construcciones S.A. y Kank y Costilla S.A. la asistencia financiera que solicitasen".
En este escenario, también cumpliendo con la manda dispuesta por el Tribunal Superior, resulta
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