Las reacciones tras la publicación del anteproyecto de ley del alquiler vacacional no se han hecho esperar. Los temores de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) se han cumplido al considerar que el texto elaborado por la Consejería de Turismo es «restrictivo» e «intervencionista» y tiene visos de inconstitucionalidad. Asimismo, la iniciativa legislativa supone la «liquidación» de la mayoría de las viviendas que ya existen en el plazo de 10 años si no se cumplen todas las exigencias previstas en la nueva norma y una «moratoria» para aquellos que quieran solicitar una licencia para operar si los planes urbanísticos de los ayuntamientos no recogen expresamente nuevas zonas donde se autoricen inmuebles de uso turístico. Ascav advierte que tal y como está la ley la mayoría de la oferta actual desaparecerá, por lo que llevará el texto a los tribunales si el Parlamento la aprueba sin cambios.
La Consejería de Turismo inició ayer la ronda de contactos para dar a conocer a las distintas organizaciones, asociaciones y colectivos afectados el texto del anteproyecto de ley. Los representantes de Ascav, de las patronales turísticas, cámaras de comercio y sindicatos fueron convocados como primer paso, mientras que la próxima semana habrá encuentros con los cabildos y con la Federación Canaria de Municipios (Fecam), entidad que representa a los ayuntamientos canarios.
Análisis en detalle
Las primeras impresiones son dispares a la espera de analizar con detalle el texto, que estará en información pública hasta el 2 de mayo. Las patronales turísticas prefieren esperar a este estudio tras las explicaciones ofrecidas ayer por la consejera de Turismo, Jéssica de León, y su equipo, aunque sí valoran que se haya dado el paso de «poner el foco» sobre el alquiler vacacional y la necesidad de regularlo tras el crecimiento exponencial de los últimos años desde que entró en vigor el decreto de 2015.
Por su parte, el sindicato CCOO cree también que se trata de un «paso importante» porque la regulación de este segmento turístico «hay que abordarla, es positivo que se pongan condiciones al alquiler vacacional», afirma la secretaria de Salud Laboral y Sostenibilidad de la central sindical, Carmen Marrero. En su opinión el sector de la vivienda vacacional «no tiene control legal» y por ello debe cumplir «unos mínimos de calidad» tanto desde el punto de vista jurídico como laboral. CCOO valora positivamente que los trabajadores de las viviendas vacacionales tengan las mismas condicione laborales que el resto del sector turístico. «Ha habido un incremento muy importante de este tipo de viviendas y no todas cumplen con los estándares de calidad, la normativa era insuficiente y había que contar con una regulación adecuada», añade la dirigente sindical.
«Exterminio» del sector
Pero la asociación que representa a los propietarios de viviendas vacacionales no han ahorrado en críticas al anteproyecto de ley y advierten que si el texto se aprueba en el Parlamento con la misma filosofía la llevarán a los tribunales y terminará en el Tribunal Constitucional y en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El vicepresidente de Ascav y asesor jurídico de la asociación, Javier Valentín, advierte que el texto del Gobierno supone a la larga el «exterminio» de las viviendas vacacionales porque no solo restringe la concesión de nuevas licencias, sino que las que están en el mercado tienen la espada de Damocles del periodo transitorio que recoge la norma de cinco años para adaptarse a los criterios técnicos y otros cinco, tras los cuales «se dará la puntilla» al sector y buena parte de la oferta actual se puede quedar fuera del mercado. Para Javier Valentín se trata de una auténtica «purga».
El asesor jurídico de Ascav critica al Gobierno por recoger todas las restricciones que existen en otras comunidades autónomas y ciudades europeas y aglutinarlas en un solo texto, de tal forma que el anteproyecto de ley «es el más restrictivo de España e incluso de Europa». La asociación de propietarios entiende que el crecimiento no puede ser ilimitado y que haya una regulación que ordene el sector pero sí critican que se ponga en riesgo a los miles de propietarios canarios que tienen casas turísticas en explotación y que generan puestos de trabajo y riqueza económica. «El director general de Ordenación Turística nos dijo en los encuentros anteriores que los que teníamos casas en explotación podíamos dormir tranquilos pero no es verdad, no consolidan ni garantizan lo que ya hay, la erradicación será paulatina pero inexorable», critica.
Valentín asegura que la ley tiene claros visos de inconstitucionalidad porque invade competencias exclusivas del Estado y restringe la autonomía local y también es contraria a la normativa de la UE, ya que vulnera «los principios de proporcionalidad, necesidad y no discriminación». Por ello se vislumbra una larga batalla jurídica que puede llegar al TJUE si el texto se mantiene igual, advierten desde Ascav.
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