Alberto Muñoz
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recomendado que España no entregue a El Salvador a un hombre acusado de ser un pandillero y colaborador de los 'Revolucionarios' del Barrio 18, una de las organizaciones criminales a las que ha declarado la guerra el presidente de la nación, Nayib Bukele. El Ministerio Público ha justificado su decisión a través de un escrito consultado por El Periódico de España, del mismo grupo editorial que este diario, y en el que explica que "la situación actual" en El Salvador "resulta ser un compendio de todas las vulneraciones posibles de derechos procesales fundamentales" y que existe un "estado penitenciario calamitoso".
Durante la vista, que se celebrará este miércoles en la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, no se juzgarán los delitos presuntamente cometidos por el acusado, sino que se ponderará si se cumplen las garantías procesales mínimas en El Salvador para que reciba un juicio justo. Una circunstancia que ya es complicada, por ejemplo, si se tiene en cuenta que a pesar de su ausencia ya fue condenado en abril del año pasado a tres años y cuatro meses de prisión.
En ese sentido, y como uno de los motivos en los que se sustenta la Fiscalía para recomendar rechazar la petición, la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH) ya manifestó su "preocupación" por las "deplorables condiciones" en las que se encuentran los presos en El Salvador, pues le recuerda al país centroamericano que los Estados "tienen el deber jurídico ineludible de [...] garantizar la vida, salud e integridad de todas las personas que se encuentren bajo su custodia.
Avisaba de la policía
Detenido en España cuatro meses después de esa condena, el supuesto pandillero lleva desde entonces en prisión provisional. En su país sostienen que desde 2012, y hasta al menos el verano de 2016, fue un colaborador activo de una "organización criminal estable en el tiempo y perfectamente jerarquizada" conocida como los "Dieciocho Revolucionarios", una banda conocida por operar en el llamado Barrio 18 y a cuyos miembros se les conoce como 'homeboys'.
Su papel dentro de la organización, mantienen las autoridades salvadoreñas, era el de avisar de cualquier actividad policial que se produjera en la zona mientras ellos celebraban reuniones en las que se "planificaban extorsiones, se realizaba venta de droga a terceros" y "se planificaba y ejecutaba la compra de armas con las que [después] cometer homicidos".
A pesar de que no pudo estar presente durante la celebración del juicio, el hombre de 45 años ya habría sido condenado en El Salvador a tres años y cuatro meses de prisión en abril del año pasado por un delito de agrupación ilícita en perjuicio de la paz pública. El equivalente en España sería un delito de pertenencia a organización criminal.
Sin embargo, y a pesar de que en condiciones normales, y en virtud del acuerdo de extradición entre ambos países, la Fiscalía habría recomendado la entrega del preso, el Ministerio Público recuerda que la Corte Internacional de Derechos Humanos ha instado "a El Salvador a investigar a quienes resulten responsables de violaciones de los derechos humanos en observancia al debido proceso legal y absoluto respeto a las garantías judiciales".
Además, y más allá del procedimiento judicial, la CIDH ha expresado "preocupación por las deplorables condiciones de detención que enfrentarían las personas detenidas", consistentes, por ejemplo, en una "deficiente infraestructura, condiciones de insalubridad, falta de higiene, atención médica insuficiente y escaso e inadecuado acceso al agua".
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