Corte suprema de Brasil rechaza que militares tengan "poder moderador"
La máxima corte de Brasil rechazó este lunes que las Fuerzas Armadas tengan un "poder moderador" sobre los poderes civiles en el país, mientras la justicia investiga al expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro por un supuesto plan "golpista" con intervención militar.
Por unanimidad, los 11 jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil determinaron que la Carta Magna, promulgada en 1988 tras el fin de la dictadura castrense (1964-1985), no autoriza la posibilidad de una "intervención militar constitucional".
El STF juzgó un recurso presentado en 2020 por el Partido Democrático Trabalhista (PDT) que pedía esclarecer los límites de la actuación de las Fuerzas Armadas.
La decisión se conoce en momentos que la justicia investiga una supuesta trama golpista para mantener a Bolsonaro en el poder, tras la derrota frente a Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores, PT, izquierda) en las elecciones de 2022.
Ese presunto plan, que según los investigadores involucró al exmandatario (2019-2022), altos mandos militares y aliados estrechos, estaba supuestamente descrito en una minuta de decreto, que citaba mecanismos constitucionales para justificar la intervención castrense e impedir la asunción de Lula.
El último juez en votar este lunes, José Antonio Dias Toffoli, consideró que contradice la Constitución "sobredimensionar" el papel de los militares, "permitiendo que actúen sobre los otros poderes".
El relator del caso, Luiz Fux, defendió que "no se observa en el marco constitucionalmente previsto espacio a la tesis de intervención militar, y tampoco de actuación moderadora de las Fuerzas Armadas".
La decisión se conoce a los pocos días de cumplirse el 60° aniversario del golpe militar que instaló durante 21 años una dictadura en Brasil.
El debate cobró especial importancia tras la derrota de Bolsonaro y la invasión de las sedes de los tres poderes, el 8 de enero de 2023 en Brasilia, una semana después de que Lula asumiera el gobierno por tercera vez -su anterior gestión fue entre 2003 y 2011-.
Ese día miles de militantes bolsonaristas arremetieron contra las sedes en la capital denunciando un supuesto fraude y reclamando la intervención de las Fuerzas Armadas, citando el artículo 142 de la Constitución al estimar que este lo permite para "restablecer el orden".
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