El Gobierno envió al Congreso de la Nación cuatro proyectos de ley de Seguridad para abordar de manera integral la lucha contra la criminalidad organizada en la Argentina.
El Gobierno considera que las medidas son fundamentales para terminar con el crimen en todas sus formas y escalas, y dar lugar a un cambio profundo.
El Gobierno envió al Congreso de la Nación cuatro proyectos de ley de Seguridad para abordar de manera integral la lucha contra la criminalidad organizada en la Argentina.
En ese marco, el conjunto de herramientas normativas incluye: una nueva Ley Antimafias, creación de un Registro Nacional de Datos Genéticos, la incorporación del concepto de reiterancia a fin de reducir los porcentajes delictuales; modificaciones a la unificación de condenas y concurso de delitos; legítima defensa y cumplimiento del deber, a fin de resguardar de planteamientos ideológicos a quienes tienen la responsabilidad de cuidar y proteger a los argentinos.
El Poder Ejecutivo Nacional considera que las medidas son fundamentales para terminar con el crimen en todas sus formas y escalas y, dar lugar a un cambio profundo y definitivo para toda la sociedad argentina. En tanto, los proyectos llevan la firma del presidente Javier Milei, el jefe de gabinete de ministros Nicolás Posse y de los ministros de Seguridad y Justicia, Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona respectivamente.
La nueva Ley Antimafias apunta contra las organizaciones criminales y se diseñó para aplicarla a varios delitos. "La ley contra las organizaciones criminales, cambia de cuajo el modelo que hoy significa que vayamos agarrando hormiguita por hormiguita. Ahora vamos por el hormiguero", sostuvo Bullrich cuando presentó en marzo de 2024, el proyecto en Casa Rosada.
Este instrumento contempla cuatro aspectos claves. En primer lugar, se "delimita la procedencia de la aplicación del proyecto de ley circunscribiendo a la comisión de delitos que involucren tipos penales específicos -tráfico ilícito de estupefacientes, lavado de activos, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, secuestro, coacción, amenazas, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos, intimidación pública, incendios, estragos y tenencia ilegal de armas y/o explosivos- y que estén verosímilmente relacionados con los objetivos de una organización criminal".
En segundo lugar crea la figura de la "Zona de Investigación Especial" con el objetivo de establecer mecanismos de actuación ágiles para los diversos poderes del Estado, lo que posibilitará una respuesta más rápida y efectiva en el marco de la actuación operativa y de investigación.
Otro punto relevante es que "la pena por delito más grave que le corresponda a quien cometió el hecho también se aplicará a todos los miembros de la organización solamente por pertenecer a ella". Se considera que todos son partícipes necesarios para llevar a cabo el acto delictivo final.
Por último, el proyecto contempla la "extinción de dominio" de cualquier bien que presumiblemente sea producto de sus actividades para su inmediata transferencia al dominio del Estado Nacional.