Canarias ya dispone de un protocolo de actuación ante situaciones de violencia en la infancia y la adolescencia en el ámbito sanitario, que cuenta con la implicación de una nutrida nómina de instituciones para brindar una atención integral. La iniciativa, que ha requerido dos años de trabajo, contempla un amplio abanico de medidas, entre las que destaca la intención de evitar que los menores afectados pasen por más de una entrevista y por más de una exploración física.
«El 112 se encargará de poner en contacto a todos los actores involucrados y, una vez activados, se trabajará desde una perspectiva de no victimización secundaria, es decir, no se harán múltiples exploraciones y entrevistas, sino una sola vez y con todos los profesionales implicados en la misma sala -sanitarios, personal del ámbito judicial y de las fuerzas y cuerpos de seguridad-», detalló ayer la directora general de Programas Asistenciales del Gobierno de Canarias, Antonia María Pérez, durante el acto de presentación de la iniciativa. El Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias ya cuenta con una sala temporal específica para este tipo de casos. Asimismo, el Instituto de Medicina Legal está licitando un equipamiento esencial para la detección del maltrato tanto en Gran Canaria como en Tenerife.
Medidas
La estrategia también promueve la difusión del proyecto Clave A entre los sanitarios y los usuarios, una acción impulsada por la asociación Star-up Corazón Solidario, que fomenta la comunicación de situaciones de violencia a través del uso de la letra A. «Simboliza ayuda, y puede solicitarse a través de un dibujo, un gesto o la manifestación verbal. De esta forma, el menor que manifieste una A, transmitirá el mensaje de sufrir una situación de violencia», precisó la consejera de Sanidad del Ejecutivo autonómico, Esther Monzón, que además recalcó que todas las personas que sean testigo de un maltrato «tienen la responsabilidad y el deber de denunciarlo por el bien del menor afectado».
A estas acciones se suma el desarrollo de tareas para concienciar a la ciudadanía y al personal sanitario que atiende a este grupo poblacional sobre la importancia que tiene la prevención y la notificación de estos episodios. De hecho, desde mañana, se celebrará una jornada de sensibilización que reunirá a pediatras y a enfermeros pediátricos.
En la elaboración de este protocolo, impulsado por la Dirección General de Programas Asistenciales, han participado más de 50 profesionales de distintos ámbitos. «Su finalidad es ofrecer una actuación sanitaria frente a la violencia infantojuvenil y abordar de forma integral y ética estas situaciones, siempre en coordinación con todas las instituciones implicadas», explicó la consejera.
Estos objetivos se concretan, en palabras de Monzón, «en la detección precoz de indicadores e indicios de violencia que por imperativo legal obligan a ser notificados».
Según el último registro unificado de maltrato infantil en España, en 2021 se registraron 33.400 casos de violencia a menores de edad en el país, de los que 1.587 correspondieron a residentes en Canarias. La mayoría de estos episodios se produjeron en el ámbito intrafamiliar. «Estos datos nos dan una idea de la afectación, si bien hay un consenso internacional sobre la infradetección y el infradiagnóstico», señaló Esther Monzón.
Ante esto, la directora general de Programas Asistenciales quiso poner de relieve el importante papel que desempeñan los sanitarios. «Los profesionales de la salud, como asesores de confianza tanto para progenitores como cuidadores y familias, juegan un papel importante en la prevención de la violencia. Lo importante es ofrecer a la víctima un abordaje eficiente de la situación de violencia para evitar una menor afectación a su salud», apostilló Pérez. Y es que los episodios de violencia que se sufren en la infancia y la adolescencia tienen repercusiones en la salud física y mental. «Sus consecuencias pueden perdurar toda la vida», aseveró.
Además, el estrés al que se someten las víctimas afecta a su desarrollo cerebral, lo que puede perjudicar su rendimiento académico y profesional, producir déficit cognitivo, trastornos del lenguaje y del desarrollo psicomotor. «También puede afectar a otros órganos, a sus relaciones sociales y ocasionar baja autoestima», agregó Antonia María Pérez.
Por esta razón, el nuevo protocolo tiene en cuenta todos los casos de violencia que puede sufrir la población infantil y adolescente. De hecho, el documento define todos los indicadores y las pautas que hay que seguir desde cada ámbito para ofrecer una asistencia integral, desde el punto de vista sanitario, judicial y de protección.
«La Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional y la Guardia Civil ofrecen a la víctima una protección integral. También interviene en este proceso la oficina de Policía Judicial y el cuerpo de Menores y Familia de la Policía Autonómica de Canarias», aclaró la responsable de la citada dirección general. Las entrevistas, el examen físico, la recogida de evidencias biológicas y la toma de registros de imagen, en cambio, corren a cargo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Por su parte, los servicios sociales municipales y los equipos de Familia e Infancia analizan las posibles situaciones de riesgo. «La Dirección General de Protección a las Familias del Gobierno de Canarias valora las situaciones de desprotección y acuerda las medidas adecuadas a cada caso. La Fiscalía se centra en el impulso de la actividad protectora, y los juzgados de guardia se encargan de la recepción e incoación de las denuncias y querellas que se presenten, así como de la realización de las primeras diligencias de instrucción criminal que resulten procedentes", concluyó Pérez.
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