El fiscal general asume la responsabilidad del comunicado sobre el fraude fiscal del novio de Ayuso
García Ortiz defiende a los fiscales que vieron el caso de Alberto González Amador y rechaza la revelación de secretos en la nota de prensa que acabó con sendas querellas del empresario y del Colegio de Abogados de Madrid
15 abr 2024 . Actualizado a las 16:10 h.El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha difundido una declaración institucional este lunes en la que asume la «última responsabilidad» del comunicado de la Fiscalía Provincial de Madrid que señalaba que la pareja de Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador, admitió el fraude fiscal antes de que se denunciaran los hechos en la vía judicial.
En esta nota de prensa, que se publicó para desmentir informaciones periodísticas sobre el ofrecimiento de un acuerdo a la defensa del acusado por parte del fiscal del caso, cuando en realidad fue al contrario, derivó en una querella del propio González Amador por un delito de revelación de secretos y en una denuncia del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) por el mismo asunto, al haberse vulnerado presuntamente la confidencialidad de las negociaciones y el derecho de defensa de la pareja de Ayuso.
La declaración institucional de García Ortiz ha sido realizada en la mañana de este lunes tras la toma de posesión de varios fiscales y acompañado de la cúpula de la carrera. Recuerda el fiscal general que el Consejo Consultivo de Fiscales Europeos ya dispuso en el 2013 la posibilidad de responder oficialmente ante un «ataque injusto» a través de los medios de comunicación, como ocurrió con el diario El Mundo cuando difundió la versión errónea y malintencionada de que fue el fiscal Julián Salto quien ofreció primero el pacto al empresario investigado por fraude y que «por órdenes de arriba» lo había retirado.
Pues bien, según García Ortiz, «cuando se hayan difundido informaciones falsas sobre personas o hechos relacionados con algún procedimiento del que se ocupe un fiscal, la reacción debe provenir preferentemente del máximo responsable de la fiscalía o de un portavoz de esta y, en casos importantes, del fiscal general o de la máxima autoridad responsable del ministerio público. Tal reacción institucional minimiza la necesidad de que el fiscal afectado haga uso del derecho de respuesta garantizado a toda persona, así como el riesgo de una excesiva personalización del conflicto».
Sobre la nota oficial de la Fiscalía Provincial de Madrid que derivó en la querella contra el fiscal Salto y su jefa Pilar Rodríguez, que tendrá que examinar el Tribunal Superior de Madrid por su condición de aforados, García Ortiz muestra su respaldo a ambos ya que actuaron «con el máximo rigor, objetividad, imparcialidad y transparencia». Recuerda que recibir libremente información veraz «es un derecho fundamental consagrado en el artículo 20 de nuestra Constitución» y afirma que la ley atribuye al Ministerio Fiscal «la relevante función de informar a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan en el ámbito de su competencia».
«Indeseables filtraciones»
Del mismo modo, asegura «que no puede considerarse infringido el deber de reserva cuando el objeto de la comunicación es de dominio público fruto de indeseables filtraciones», en referencia sin nombrarlo a las informaciones falsas que difundió el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, sobre este pacto extrajudicial. Además, defiende que la comunicación de la Fiscalía «no contenía información que pudiera perjudicar el derecho de defensa ni datos de carácter confidencial que tuvieren incidencia procesal alguna en un ulterior procedimiento judicial».
Justifica el fiscal general que con la nota oficial de la Fiscalía de Madrid, que él conoció antes de su publicación, «estaba informado de los acontecimientos y de la publicación de un comunicado que se limitaba a desmentir, con hechos cronológicamente sistematizados, informaciones falaces e interesadas previamente publicadas por algunos medios». Con todo ello, concluye que asume «la responsabilidad última de esa nota de prensa» y advierte que no va a tolerar «que ningún fiscal tenga que soportar las consecuencias del funcionamiento transparente de nuestra institución».
Para finalizar, destaca García Ortiz que la Fiscalía española «actúa con absoluta imparcialidad, objetividad y neutralidad política en el ejercicio de sus funciones. Y que ningún ciudadano o ciudadana de este país recibirá un tratamiento distinto por motivos ajenos al proceso. La actuación del Ministerio Fiscal se enmarca siempre dentro de la Ley, porque fuera de la Ley no hay nada», remacha el fiscal general.