Lara Graña
La Comisión Europea acaba de notificar un segundo expediente de infracción al Gobierno de España por la prórroga a Audasa en la concesión de la autopista AP-9. Esta comunicación parte de la Dirección General de Mercado Interior e Industria del gobierno comunitario e incluye también la vía de peaje AP-66, más conocida como Ruta de la Plata que une Gijón y Sevilla.
Bruselas determina por segunda vez —el primer expediente se notificó en septiembre de 2021— que la prórroga de la AP-9 hasta el año 2048 es "incompatible" con la legislación comunitaria por haberse concedido sin concurso público, es decir, a dedo.
El escrito enviado al Gobierno español tiene por objeto garantizar el respeto de las normas de la Unión Europea sobre concesiones, que establecen la igualdad de trato de los operadores económicos interesados en participar en los procedimientos de contratación y el respeto de la obligación de transparencia.
Esta segunda carta de emplazamiento significa que las alegaciones planteadas por el Ejecutivo español no satisfacen a las autoridades de Bruselas. Ahora, Madrid tiene dos meses para contestar al escrito de la CE; en caso contrario la Comisión puede enviar un dictamen motivado. Este sería el paso previo a llevar a España ante la Justicia, ya que el dictamen motivado fija un plazo para que el Estado cumpla sus obligaciones, después del cual la CE podrá interponer un recurso por incumplimiento ante el tribunal.
Transparencia
Hasta la fecha, el Gobierno de Pedro Sánchez ha eludido desvelar el contenido de sus alegaciones en el Congreso alegando un mandato de confidencialidad.
El portavoz de En Colectivo, Diego Maraña, ha exigido al Gobierno central "transparencia". "Queremos saber el contenido de las alegaciones porque es una cuestión clave para la economía de los gallegos", ha resaltado.
Maraña, además, ha afirmado que "se trata de un gran avance". "Con los pasos que se están dando, cada día estamos más cerca de conseguir que finalice el cobro de los peajes y de lograr una autopista gratuita como ya sucede en otras comunidades autónomas como Cataluña y Valencia, en las que han vencido los 40 años de concesión".
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