Los demandantes presentaron una solicitud confidencial, que ahora salió a la luz a pedido del Gobierno. El Estado tiene el 51% del capital accionario de la petrolera desde que la expropió, en 2012.
El fondo Burford -que ganó el litigio en primera instancia- presentó este mes un pedido confidencial a la jueza Loretta Preska para que ordene a la Argentina transferir sus acciones a los beneficiarios del fallo. Ahora, esa solicitud salió a la luz y la magistrada decidirá en junio si hace lugar al requerimiento.
"Los beneficiarios del fallo en el caso por la expropiación de YPF solicitan a la Juez Preska que ordene a la República Argentina transferirles la titularidad de todas las acciones de la petrolera (incluyendo aquellas asignadas a las provincias) que fueron expropiadas en 2012. Esto ocurre como consecuencia del incumplimiento del fallo que obliga al país abonar US$16.100 millones", indicó Sebastián Maril, analista de Latam Advisors que sigue el caso, en su cuenta de X.
El especialista recordó que en noviembre del año pasado, la jueza Preska había indicado que las acciones de YPF pertenecientes al Estado, pero no las asignadas a las provincias, podrían ser utilizadas como garantía para evitar embargos futuros. En aquel momento, la Argentina tenía la oportunidad de depositar una garantía para no pagar y proseguir con la apelación, pero no lo hizo.
Por eso, Maril cree que la jueza podría acceder al pedido de los beneficiarios del fallo y ordenar a la Argentina que transfiera la totalidad de su participación en la petrolera. Pese a ello, el analista recordó que la ley en la que se aprobó la expropiación de YPF indica expresamente que se encuentra prohibida la transferencia futura de las acciones sin una autorización votada por las dos terceras partes de los miembros del Congreso. Si la jueza hiciera lugar al pedido y el país no transfiriera las acciones, entraría en desacato con la justicia de los Estados Unidos.
La eventual transferencia de las acciones a los beneficiarios del fallo significaría una reprivatización de hecho de la petrolera. Y el pedido llega, precisamente, cuando el gobierno de Javier Milei estudia qué empresas públicas se podrían privatizar para reducir el gasto estatal.