Esta semana tendrá lugar en Chile la tercera conferencia de los Estados parte del Acuerdo de Escazú, el tratado sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia ambiental en América Latina y el Caribe. Una nueva oportunidad para avanzar en el cumplimiento efectivo y la implementación plena y progresiva de los objetivos del acuerdo, primer instrumento jurídico de carácter vinculante y obligatorio en materia ambiental en la región, que impulsa tanto el desarrollo sostenible como la protección de los derechos humanos ambientales.
En Santiago se presentarán los esfuerzos concretos respecto de los compromisos para avanzar en la protección de las personas defensoras del medio ambiente, la participación efectiva de las comunidades indígenas y las poblaciones locales en las decisiones relacionadas con sus territorios, la implementación de las políticas públicas ambientales, incluyendo el acceso a la información y a la justicia. En la COP3 se discutirán los logros regionales, nacionales y locales, las tareas pendientes para trazar la hoja de ruta del cumplimiento del Acuerdo, con la activa participación de los gobiernos, pero también del público: individuos, grupos y organizaciones civiles. Será fundamental reconocer los avances y retrocesos en el combate a la impunidad ambiental.
Concebido como un instrumento latinoamericano pionero, de gobernanza climática internacional, para promover tanto la protección del medio ambiente como la de las personas que lo protegen, el Acuerdo de Escazú fue suscrito en marzo de 2018 por 24 de los 33 países de la región. Entró en vigor en 2021 tras la ratificación de 11 de ellos, incluido México. América Latina y el Caribe sufren los más graves efectos del cambio climático. Enfrentan enormes desafíos ambientales, todos apremiantes, como la rápida pérdida de diversidad biológica, desertificación, deforestación, acidificación de los océanos y sequías prolongadas, siendo particularmente vulnerables a desastres naturales. Además, incluye 8 de los 17 países megadiversos del mundo, con un vasto patrimonio natural, con el 28% de las tierras cultivables del planeta, el 33% de las reservas de agua dulce, el 22% de la cobertura forestal, y posee también una formidable riqueza mineral, con el 37% de las reservas de cobre, el 11% de las de oro, el 14% de las de hierro y el 65% de las del litio, entre otros metales fundamentales y minerales estratégicos.
En la primera COP hace dos años, se reconoció una elevada conflictividad socioambiental, una violencia sistémica y estructural contra los defensores, siendo la región más peligrosa para defender al medio ambiente. Tres de cada cuatro asesinatos de defensores del medio ambiente en el mundo ocurren en América Latina, la mayoría en territorios y comunidades indígenas, donde además se registran campañas de amenazas e intimidación, de desprestigio y criminalización, persecuciones, actos represivos, desplazamientos y desapariciones forzadas.
¿CÓMO LLEGA MÉXICO A LA COP3?
A pesar de que desde el año pasado se señalaba que el cumplimiento y la aplicación efectiva del Acuerdo de Escazú exigía la oportuna discusión, modificación, armonización y promulgación de leyes secundarias en materia ambiental y de transparencia, relacionadas con las disposiciones constitucionales existentes y las obligaciones internacionales derivadas de este y otros tratados, lo cierto es que no hubo los avances y resultados esperados en los trabajos legislativos. Tampoco se consiguió mejorar significativamente las capacidades institucionales para ampliar y fortalecer los derechos de acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso pleno y seguro a la justicia climática. Subsisten grandes retos para garantizar el derecho a un medio ambiente sano y proteger la actividad y la integridad física de los defensores y activistas ambientales, si bien hay una mayor atención, interés y participación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del poder judicial.
Hoy siguen siendo insuficientes los recursos humanos y presupuestales, los mecanismos de actuación, participación y coordinación entre las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como con los institutos nacionales de Transparencia y Acceso a la Información, de Ecología y de los Pueblos Indígenas. El Senado incumplió la sentencia de la Suprema Corte para emitir leyes y procedimientos en relación con las consultas previas, libres, informadas, de buena fe y culturalmente adecuadas a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, sin resolver desde agosto de 2021.
Según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, en los últimos cinco años, 123 defensores de derechos humanos ambientales fueron asesinados en México. 283 casos entre homicidios, ataques, agresiones, daños a propiedades, hechos de violencia, hostigamiento, además de frecuentes detenciones arbitrarias relacionadas con protestas y movimientos de lucha contra operaciones de empresas mineras concesionadas, actividades extractivas clandestinas, proyectos inmobiliarios y megaproyectos gubernamentales de infraestructura. Numerosas defensoras y activistas ambientales mexicanos perdieron la vida intentando proteger recursos forestales, conservar áreas protegidas y reservas naturales, defender el agua, acuíferos y recursos hídricos, así como proteger la biodiversidad, principalmente en los estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Estado de México, Chiapas, Hidalgo, Jalisco, Sonora y Yucatán.
Cumplir con el Acuerdo de Escazú requerirá cambiar la política ambiental y hacerla transversal. Redoblar los esfuerzos de conservación y aprovechamiento ordenado de la naturaleza y del territorio, donde participen activamente los tres poderes, se incorporen los tres niveles de gobierno y se cuente, por supuesto, con la activa y obligatoria participación de la sociedad organizada para conseguir el desarrollo sostenible y el acceso a la justicia climática. La delegación del gobierno de México, gracias al trabajo de Relaciones Exteriores, contribuirá a consolidar el Plan de Acción Regional.
@JAlvarezFuentes