La Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias, que preside el majorero, Manuel Miranda, trata de buscar una solución a la realidad que sufre el poblado de Cofete, un asentamiento con más de 200 años de historia, donde una veintena de vecinos se enfrentan a una sentencia judicial firme de demolición de sus viviendas que han construido de manera ilegal y que incluso se les solicita penas de cárcel y cuantiosas multas por un presunto delito contra el medio ambiente.
Los vecinos vienen reclamando desde hace años que se reconozca el poblado como interés histórico y patrimonial. Este espacio que se encuentra ubicado dentro del Parque Natural de Jandía, no dispone de Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), anulado por la Justicia en 2013, ni de Plan de Ordenación de Recursos Naturales.
El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, anunció ayer a los representantes de los propietarios del asentamiento rural de Cofete la hoja de ruta para dotar de mayor seguridad jurídica a este asentamiento rural, enclavado en el Parque Natural de Jandía.
La solución podría pasar, indicó Miranda, por la elaboración de un proyecto de Ley para la delimitación de dicho asentamiento rural preexistente. La situación de este asentamiento rural, que incluye algunas edificaciones, quedó en un limbo jurídico al no disponer este espacio natural de su Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), que fue anulado por la Justicia hace once años.
Miranda explicó que la Ley 6/2009 de Medidas Urgentes en materia de ordenación territorial sí reconoció como preexistente el asentamiento rural ahora en entredicho, considerando en su disposición adicional novena su compatibilidad con el Parque Natural, tanto para este asentamiento como para la localidad del Puerto de la Cruz, en el mismo enclave.
Para dotar de mayor seguridad al asentamiento, esta iniciativa legislativa «supone la delimitación el ámbito físico al que corresponde, usando como base una documentación existente desde el año 1994 y que fue utilizada para describir este espacio en el Parque Natural de Jandía».
La aprobación de esta Ley, que tendrá carácter transitorio, hasta que se apruebe el Plan Rector de Uso y Gestión, permitirá dar mayores argumentos jurídicos a este último documento y solucionar de manera definitiva la inseguridad jurídica a la que se enfrentan los propietarios de este enclave, a juicio del consejero regional.
Para redactar esta Ley transitoria se usará cartografía y ortofotos, datadas en el año 1994, que describe el estado en el que se encontraba esta zona, y las edificaciones en ella diseminadas. El documento tendrá vigencia hasta que el PRUG del Parque Natural determine la ordenación pormenorizada, incluyendo este asentamiento rural y siempre que no exista incompatibilidad ambiental alguna.
Miranda explicó que esta solución planteada «es una muestra del espíritu con el que este Gobierno afronta las diferentes problemáticas existentes y no descartando ninguna posible solución».
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