Voy a seguir insistiendo en abordar la problemática de la conflictividad social en el corredor minero, porque debería ser un tema prioritario de atención del gobierno y evidentemente también del Congreso, puesto que de lo que suceda en los próximos meses dependerá la consolidación de ingresos fiscales, para salir de esta recesión económica y, lo más importante, si en realidad creen que se van a impulsar las inversiones mineras en el país.
Lo manifiesto porque esta semana, después de más de diez días de estar bloqueado el corredor en el sector del distrito de Velille, en la provincia de Chumbivilcas en el Cusco, se llegó a un acuerdo entre los dirigentes sociales, el alcalde distrital, Julián Domínguez, y la empresa minera Las Bambas, para destinar un fondo anual, retroactivo desde el año 2022 hasta el año 2025 por un millón y medio de soles promedio.
Además, se generaron compromisos con la empresa Las Bambas, para que Velille esté considerado dentro del programa de apoyo profesional, para contratar personal de la zona, asistencia técnica para canalizar proyectos de desarrollo y el correcto mantenimiento de la vía para evitar mayores molestias al poblador a pie de carretera. Uno creería que con estos compromisos y, además, el acta firmada el problema se terminó y volteamos la página y para adelante. Lamentablemente, así no funcionan las cosas en el Corredor Minero del Sur; es mucho más complejo el tema.
Así se haya firmado, al día siguiente, un acta conjunta para promover el desarrollo de toda la provincia de Chumbivilcas, con la presencia de Rómulo Mucho, titular de la cartera de Energía y Minas, congresistas y funcionarios públicos, acompañados de sus autoridades locales y personalidades reconocidas para garantizar el compromiso del Estado para Chumbivilcas, el problema es que estas acciones aisladas del gobierno han despertado los problemas latentes en otros tramos. Por ejemplo, en Santo Tomás, donde el Frente de Defensa se ha manifestado beligerante y exige la misma atención de la empresa minera Las Bambas; en caso contrario, están prestos a tomar medidas de lucha; igual sucede en Apurímac, en Chalhuahuacho, donde persiste el ambiente de conflictividad social y los cuestionamientos que se han hecho a estos acuerdos en Chumbivilcas en desmedro de los intereses de los cotabambinos, todo un lío por la poca capacidad que tiene el gobierno para llegar a las comunidades.