La controversial intervención a Sanitas por parte del Gobierno Nacional a través de la Superintendencia de Salud ha provocado una tormenta política y social entre los usuarios y las propias directivas de la EPS. De hecho, la Procuraduría hizo una inspección para indagar sobre presuntas irregularidades del proceso.
Este lunes, los representantes de Sanitas madrugaron al búnker de la Fiscalía y radicaron una denuncia formal contra el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, luego de advertir presuntas anomalías que no solo encontró la Procuraduría, sino también el equipo de abogados que representa a la EPS, según informó revista Semana.
"Creemos que es un acto ilegal y buscamos una audiencia ante los jueces penales, para que ellos puedan suspender el efecto de la ilegalidad del acto. Presentamos también una recusación en contra del superintendente, pues consideramos que estaba impedido para conocer cualquier asunto relacionado con la EPS Sanitas, en la medida en que antes de ejercer cargos tomó posiciones que demuestran con claridad la animadversión contra la EPS y el sistema de salud del país, eso lo hace un funcionario que no puede actuar con objetividad", indicó el abogado de Keralty.
#ATENCION A esta hora el abogado de Keralty, grupo empresarial dueño de EPS Sanitas, interpone denuncia penal por considerar ilegal la medida de intervención contra la EPS. Pretenden que un juez levante la medida. El viernes recusaron al @Supersalud. Vía: @Danivalencia9 pic.twitter.com/NX6DClIh25
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 15, 2024
Y es que el ministerio público, a través del procurador Luis Ramiro Escandón, aseguró que la Supersalud no contaba con ningún expediente para soportar el acto administrativo que dejó por fuera a las directivas de la EPS.
"No existe expediente administrativo en el que conste toda la información que sustentó las resoluciones de la toma de las EPS Sanitas y la Nueva EPS, lo que produzca una posible vulneración a los principios de transparencia", dijo en su momento el procurador delegado.
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