La ONG Un Mundo Sin Mordaza (UMSM) presentó su informe anual de sobre la «Libertad de Expresión 2023» en Venezuela; donde se documenta las graves violaciones sistemáticas a este derecho fundamental. Mediante una rigurosa metodología cuantitativa, se recopiló una base de datos con 381 denuncias registradas por distintas organizaciones aliadas como Espacio Público, Sala 58, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa y el Colegio Nacional de Periodistas, entre otras.
El estudio evaluó el cumplimiento de las obligaciones estatales de respetar, garantizar, asegurar, cooperar, promover y adoptar medidas internas para salvaguardar la libertad de expresión y acceso a la información, utilizando indicadores basados en los lineamientos internacionales de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para la investigación en DDHH, según una nota de prensa.
Obligación de respeto gravemente incumplida
En cuanto al respeto, se registraron 33 detenciones arbitrarias por parte del Ministerio Público, en un 75,8% contra civiles y un 24,2% contra trabajadores de prensa. Un patrón identificado fue despojarlos de dispositivos y obligarlos a borrar contenidos críticos antes de liberarlos, «en una clara práctica de censura».
Asimismo, se documentaron 118 casos de amenazas, hostigamientos y agresiones físicas y psicológicas contra periodistas y ciudadanos que ejercían su derecho a la libre expresión, en su mayoría (86,4%) dirigidas contra trabajadores de prensa. Las modalidades incluyeron intimidaciones y campañas de descredito en redes sociales por parte de funcionarios públicos, persecuciones, confiscación de equipos, entre otras graves acciones.
En los medios de comunicación tradicionales se registraron 22 casos de arbitrarias sanciones administrativas por parte de CONATEL, cierres forzados de programas críticos al gobierno, confiscación ilegal de equipos y censura intencional, afectando principalmente a radioemisoras comunitarias e independientes. Mientras que en el entorno digital se documentaron 12 casos de bloqueos de portales web y redes sociales de medios a través de distintos métodos de restricción.
Graves fallas impiden garantizar efectivamente el derecho
Sobre las obligaciones de garantía y aseguramiento del derecho a la libertad de expresión, el informe destaca las graves deficiencias en la prestación de servicios públicos básicos que obstaculizan de manera determinante su ejercicio efectivo. Se documentaron 44 casos de prolongados cortes y fallas en los servicios eléctricos y de conexión a internet en distintas regiones del país, principalmente por las fallas recurrentes en las empresas estatales CANTV y CORPOELEC.
Además, se evidenció el uso sistemático y desproporcionado de la fuerza pública para reprimir las 4.351 protestas pacíficas registradas en el primer semestre de 2023, lo cual constituye una violación flagrante al derecho de expresión y reunión.