Río de Janeiro, 10 abr (EFECOM).- La Procuraduría General de Brasil solicitó a la Justicia anular la concesión de cuatro áreas de explotación de petróleo y gas en la Amazonía brasileña cuya actividad impactaría "potencialmente" seis tierras indígenas y al menos 11 unidades de conservación, informó este miércoles la entidad.
La acción fue interpuesta contra el Estado y la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP, regulador), que promovieron la subasta, y contra las compañías Atem Distribuidora y Eneva, que adquirieron el derecho de exploración de las áreas.
De acuerdo con el Ministerio Público, las comunidades indígenas no fueron consultadas sobre los posibles efectos de la explotación de hidrocarburos en sus territorios, antes de que hicieran las concesiones.
La Procuraduría pide suspender la aprobación y firma de los contratos de concesión y prohibir a las empresas realizar actividades exploratorias hasta que se consulte a las comunidades.
Además, la Fiscalía propone una indemnización de 7,8 millones de reales (1,56 millones de dólares/1,4 millones de euros), equivalente al bono total ofrecido por los bloques.
En un comunicado, el Ministerio Público recordó que desde 2015 ha recomendado a la ANP retirar de las subastas las áreas ubicadas en la cuenca amazónica cuya explotación "tiene el potencial de dañar el medio ambiente y las comunidades circundantes".
Las cuatro áreas subastadas están ubicadas en el estado de Amazonas, en zonas de influencia directa de las tierras indígenas Coatá-Laranjal, Gavião, Lago do Marinheiro, Ponciano y Sissaíma, afectando también, de forma parcial, tierras reclamadas por el pueblo indígena Maraguá, cuyo proceso de delimitación está en marcha.
La Procuraduría señala que permitir la exploración de lugares cercanos a tierras indígenas, especialmente cuando uno de ellos está pendiente de demarcación, "significa crear una situación de inseguridad jurídica" para todos los involucrados, pues puede derivar en nuevos conflictos por la propiedad.
También subraya los impactos que se dan incluso antes de las extracciones, pues el proceso implica efectuar muchas perforaciones hasta encontrar el lugar exacto para la explotación, "lo que ya significa una intensa interferencia ambiental".
En su argumentación, la institución enfatiza que las explotaciones de este tipo generan efectos sociales y especulativos que cambian toda la dinámica de la región, "aumentando la presión sobre los territorios y, en consecuencia, facilitando el camino para el acaparamiento de tierras y las invasiones". EFECOM
mat/cms/rrt