GINEBRA.- En un nuevo llamado de atención, la Comisión Interamericana de Derechos Venezuela, CIDH, fustiga la criminalización de la participación política en Venezuela, de cara a las elecciones presidenciales, y considera que las investigaciones penales contra organizadores de las primarias opositoras contraría el Acuerdo de Barbados y viola el derecho político de los ciudadanos.
En su más reciente Informe anual de 2023, la instancia interamericana también advierte la persistente restricción de espacios cívicos por decisiones judiciales "arbitrarias" que desalientan la participación en asuntos de interés público, y evidencian "una total ausencia de independencia frente al Poder Ejecutivo", situación que afecta a los defensores de derechos humanos y líderes sindicales que son víctimas de persecución.
La CIDH dedica en su informe un grueso capítulo a Venezuela, en el que sostiene que, a pesar de los distintos llamados y recomendaciones de la CIDH y de otros organismos internacionales, el Estado "no adoptó medidas idóneas y efectivas para restablecer el orden democrático". Esto ha permitido al Ejecutivo, dice, "mantener el control" sobre el resto de los poderes e imponer así una política sistemática de represión y amedrantamiento a opositores o críticos al régimen de Nicolás Maduro.
El informe anual de la CIDH, considerado relevante para las Américas y el Caribe, ofrece la situación general de los derechos humanos, así como de crisis institucionales en la región, y da sugerencias a considerar por los Estados, según la presidenta de la CIDH, Roberta Clarke.
Violaciones del derecho político en Venezuela
La CIDH en su evaluación se refiere a las "constantes interferencias del Ejecutivo" en instituciones que deben promover y proteger los derechos fundamentales y que "funcionan principalmente para asegurar la continuidad del partido gobernante en el poder".
Menciona la falta de independencia que deriva en acciones irregulares en el Supremo y en el Legislativo, donde persiste "la falta de garantías para los partidos políticos de oposición, la persecución penal arbitraria contra lideres opositores y las sanciones de destitución e inhabilitación impuestas por la Contraloría General de la Nación".
Comenta las actuaciones arbitrarias de los poderes Electoral y Ciudadano, cuyas autoridades fueron "designadas de modo irregular", y señala "injerencias arbitrarias" del órgano contralor en lo referente a inhabiliaciones, así como del Ministerio Público, que van contra la democracia.
La Comisión considera que la apertura de investigación penal contra los organizadores de primarias y opositores "contraría el espiritu de los acuerdos alcanzados y tiene un efecto desalentador en la participacion politica".
"En el contexto venezolano, los derechos politicos son fundamentales para los dialogos y para superar la crisis. Por lo tanto, es esencial implementar los acuerdos de buena fe, evitar la criminalizacion de este tipo de iniciativas ciudadanas y garantizar la participacion politica de todos los sectores en las proximas elecciones presidenciales", destaca.
Derechos humanos y falta de democracia
La CIDH considera que "el Estado ha violado sistemáticamente los derechos humanos", y que además de desalentar la participación política y minar la independencia de las instituciones, fomenta la impunidad frente a graves violaciones que podrían configurar crímenes de lesa humanidad.
La renuencia a combatir decididamente la impunidad llevó a que la CPI el 27 de junio de 2023 ordenara a la Fiscalía de ese organismo a reanudar la investigación por la comisión de hechos previstos en el Estatuto de Roma. "Venezuela es el único país del hemosiferio occidental con una investigación abierta ante la CPI", recalca el informe.
Además, señala que "en 2023, la Comision continuo observando la instrumentalizacion de la justicia en Venezuela para perseguir y detener a las personas opositoras o percibidas como tales, debido a la ausencia del Estado de Derecho y la cooptacion del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo".
Luego de condenar la situación de los presos políticos, se refiere a la tortura y destaca que "la informacion al alcance de la Comision, conocida en 2023, da cuenta de al menos 160 denuncias de tortura de personas presas politicas bajo custodia del Estado ocurridas de 2017 de 2020".
Gobernanza con opacidad
En otra parte del informe, la CIDH observa que "la gobernanza pública en Venezuela se maneja con absoluta opacidad".
"El país no cuenta con información pública accesible referente a índices de desarrollo humano, pobreza, escolaridad, mortalidad infantil, mortalidad materna, desnutrición, contratación estatal, servicio civil, impunidad, denuncias por delitos, hacienda pública, entre otros", señala el reporte que recuerda, además, que Venezuela es uno de los países más corruptos del mundo, en una lista de 180 naciones, según Transparencia Internacional.
"La opacidad en la gobernanza publica, la instrumentalizacion políitica de la justicia y la falta de independencia de las instituciones frente al partido de gobierno tienen un doble efecto: facilitan la corrupcion y crean un clima de tolerancia frente a la misma".
La Comisión cita el caso Pdvsa-Cripto por el que están detenidas "mas de 40 personas funcionarias públicas dentro de la empresa estatal, pero que "debido a la utilización del sistema penal por parte del poder Ejecutivo no es posible identificar si estos cargos corresponden a conductas delictivas o a una persecución política".
FUENTE: Con información del Informe de Anual 2023 de la CIDH