Tres clanes familiares controlaban presuntamente el monopolio del tráfico de drogas en el conocido barrio de l'Alquerieta de Alzira, con varios puntos de venta, distribución y almacenamiento de sustancias estupefacientes; cocaína, heroína, hachís y marihuana. Llegando a comprar el silencio de sus vecinos. Hoy se han sentado en el banquillo de los acusados, en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia, 17 miembros de estas tres familias. El Ministerio Fiscal solicita para cada uno de ellos penas de once años de prisión por los delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal. Para el principal encausado, Miguel C. M., de 59 años - el único que permanece encarcelado-, las penas a las que se enfrenta ascienden a los trece años de cárcel al imputarle también un delito de tenencia ilícita de armas. Mientras que para un hijo de éste, de 38 años y que padece una esquizofrenia de tipo paranoide diagnosticada, se solicita solo dos años y tres meses de internamiento en un centro adecuado a su patología psíquica.
Él ha sido el primero en declarar en la primera sesión del juicio por cuestiones de seguridad, ya que tiene una orden de alejamiento respecto de su propia madre por haber intentado matarla durante un brote de su enfermedad. El acusado, con una discapacidad reconocida del 40%, ha negado cualquier relación con el tráfico de drogas y asegura desconocer a que se dedicaban sus padres, presuntos cabecillas de la organización y con los cuales residía en el momento de las detenciones. Así, como posteriormente han coincidido varios de los otros acusados, ha alegado que se dedicaba a la compraventa de coches y que al resto de los acusados - muchos de ellos familiares – los conoce solo del barrio.
La llamada operación Ducky permitió a finales de mayo de 2022 a la Policía Nacional desmantelar presuntamente esta red que controlaba la venta de drogas al menudeo en l'Alquerieta de Alzira. En los siete registros en los domicilios de los ahora acusados se hallaron distintas cantidades de sustancias estupefacientes. En total y tras ser analizadas las mismas, la policía se incautó de 2,712 kilos de cocaína, cuyo valor de venta por gramos asciende a los 163.500 euros. Otros 66,51 gramos de heroína, valorada en 3.900 euros, 31,4 gramos de hachís y 1.623 gramos de marihuana.
Asimismo, fueron decomisados cinco vehículos, dinero en efectivo - procedente de la presunta venta a terceros de la droga -, y una pistola del calibre 9 milímetros parabellum, sin número de serie, junto a su cargador y doce cartuchos.
Además de las sustancias intervenidas, la principal prueba contra estos clanes son las 25 actas de vigilancias policiales realizadas entre marzo y mayo de 2022, fruto de las cuales se identificó a presuntos compradores y algunos de los ahora acusados.
Trasiego de gente
Una de las presuntas recaderas que tenía la organización ha alegado ser toxicómana y que solo iba a las distintas casas a limpiar y hacer recados para ganarse cuatro duros, pero que jamás se le encargó llevar droga, precisamente por su problema de adicción.
El ser consumidores habituales ha sido el argumento más utilizado por los acusados para justificar la presencia de pequeñas cantidades de droga en sus respectivos domicilios. Otros han esgrimido que vivían de la pensión no contributiva que cobraban, de 1.600 euros.
Los letrados de la defensa, entre los que figuran Juan Carlos Navarro, Noel Pont y Juan Rodríguez de Dios, solicitan la libre absolución de sus representados. Para justificar el trasiego de gente que entraba y salía de las viviendas, algunas acusadas apuntaron que al barrio iba mucha gente a vender productos a mitad de precio; como jamón, champú y aceite de oliva.
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