Un grupo de congresistas de izquierda ha presentado una moción de censura contra el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, cuestionando su idoneidad y señalando un posible conflicto de intereses.
En el documento, se resalta su historial como contratista, el cual incluye numerosos procesos penales, lo que, según los legisladores, afecta su capacidad para ejercer el cargo.
La moción también hace referencia a un reportaje periodístico que vincula al ministro con presuntas irregularidades, incluyendo el otorgamiento de órdenes de servicio a su amiga Rosa Sánchez Arenas, a pesar de no contar con estudios superiores registrados en Sunedu, lo que podría constituir un conflicto de intereses y tráfico de influencias.
El documento presentado argumenta que estos hechos evidencian una serie de irregularidades, como conflicto de intereses, irresponsabilidad social, tráfico de influencias e ineficiencia por parte del ministro, lo que pone en entredicho su capacidad de liderazgo en una cartera ministerial tan importante.
"Por los hechos descritos se evidencian un claro conflicto de intereses, irresponsabilidad social, posturas privatistas, tráfico de influencias, ineficiencia, incapacidad de conducir y falta de liderazgo del ministro de Energía y Minas, para dirigir tan importante cartera ministerial del país, entre otros, que son de público conocimiento", se lee en el documento.
Además de los congresistas de izquierda, miembros de otras bancadas como Podemos, Acción Popular y Somos Perú han respaldado la moción con sus firmas, sumando así un mayor respaldo a la iniciativa.
Por otro lado, la Procuraduría General del Estado ha solicitado al fiscal de la Nación iniciar diligencias preliminares contra Rómulo Mucho por presunto delito de negociación incompatible. Esta solicitud surge a raíz de una denuncia del programa 'Beto a Saber', que sugiere un posible interés indebido del ministro en la contratación de una persona con la que mantendría una relación previa.
La Procuraduría ha requerido toda la documentación relacionada con esta contratación y ha solicitado la realización de diversas diligencias fiscales para esclarecer los hechos de manera objetiva y determinar si existe responsabilidad penal por parte del ministro de Energía y Minas.