M. Pérez
Martes, 23 de abril 2024, 18:10
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El Gobierno de Kiev ha ordenado a sus embajadas y consulados que dejen de prestar servicio a los ucranianos residentes en el extranjero en edad de ser alistados. La medida se ha hecho efectiva este martes y lleva implícita la cancelación de trámites administrativos como la renovación de pasaportes u otras gestiones consulares para los compatriotas con edades entre 18 y 60 años. Solo les expedirá los documentos necesarios para regresar a territorio ucraniano.
En la práctica, el Ejecutivo de Volodímir Zelenski busca la manera de que retornen al país miles de personas que han salido en los últimos dos años con el fin de evitar su reclutamiento y ser enviados al frente. Pone muy difíciles la residencia o la posibilidad de trabajar a quienes continúen decididos a mantenerse al margen de la guerra con Rusia.
La orden ha sido anunciada por el ministro de Asuntos Exteriores, Dmitri Kuleba, y ya ha comenzado su aplicación. En España, el consulado de Barcelona ha dejado de efectuar cualquier tipo de trámite, salvo en casos excepcionales recogidos en la propia ordenanza, al colectivo en edad militar. En Polonia también se ha notificado la cancelación. El servicio de expedición de documentos a distancia del Gobierno kievita ha dejado de tramitar pasaportes por un «fallo técnico».
Las consecuencias son importantes. Polonia, España, Eslovaquia, República Checa, Alemania, Italia y Turquía son los países donde más tarjetas de identidad y pasaportes ucranianos se registran. Tan solo el Gobierno alemán ha acogido a un millón de refugiados procedentes de la expreública soviética y 190.000 tienen entre 18 y 60 años. En el caso español, la compra de viviendas por ciudadanos rusos y ucranianos se disparó un 50% y un 40%, respectivamente, en la primera mitad de 2023. Llama la atención que el segundo colectivo se hizo con 1.758 propiedades frente a las 77 que compró en el primer semestre de 2009. La idea de que muchos ucranianos se han instalado en España cobra indudable fuerza.
Si la tendencia se multiplica por el resto de países, es posible deducir el enorme volumen de ucranianos candidatos a ser reclutados que permanece en el extranjero y al que su Gobierno no está dispuesto a renunciar en un momento en que necesita medio millón de nuevos soldados como mínimo. El propio presidente del Comité Militar de la OTAN, Rob Bauer, instó recientemente en el Foro de Seguridad de Kiev a la movilización, ya que «no sólo se necesitan granadas«, sino «gente para reemplazar a los muertos y heridos», señaló Baur, consciente de lo «difícil que es convencer a la gente en una democracia liberal». Y menos, posiblemente, con este tipo de argumentos.
La población ucraniana, especialmente la juventud, se ha vuelto remisa a tomar las armas. Miles de civiles ni siquiera salen de casa salvo en contadas ocasiones para evitar ser llamados a filas por una patrulla callejera. La crudeza del frente, la visión de la terribles heridas y mutilaciones que genera la guerra y la sospecha de que los muertos combatiendo a Rusia son muchos más de los que el Gobierno admite han reducido el reclutamiento a niveles mínimos. Y para agravar la situación, el ejército registra un importante déficit de tropas de infantería. La ferrea resistencia al avance de los invasores –quienes poco a poco han conquistado varios pueblos en el Donbás– ha diezmado las brigadas locales, faltas de armas y logística. No hay un solo comandante en el frente que no reclame más soldados.
El ministro de Exteriores se ha mostrado molesto ante el hecho de que «alguien se quede en el extranjero pero quiera recibir servicios de este Estado», mientras otros muchos ciudadanos «luchan y dan su vida en el frente por el mismo Estado». «Esto no es así, no funciona así».
«La estancia en el extranjero no exime al ciudadano de sus deberes para con la patria y la principal prioridad es defenderla frente a la destrucción», destaca Kuleba, quien abunda en la idea de que aquellas personas que se han refugiado en el extranjero «demuestran al Estado que no les importa su supervivencia», por lo que deben quedar incapacitados para «recibir servicios». A su juicio, la orden de suspender la relación consular con este colectivo no representa un castigo, sino un intento de «restablecer la actitud correcta entre los hombres» que se resisten a alistarse.
Durante los dos años largos de guerra con Rusia, las autoridades han visto cómo miles de hombres jóvenes se han marchado del país, pese a existir una ley que lo prohíbe a todos los ciudadanos entre 18 y 60 años . Unos realizaron el éxodo al principio, mezclados con las mujeres, los ancianos y los niños que emigraron en masa por la frontera con Polonia escapando de las bombas rusas. Otros lo han abandonado en viajes de trabajo (que sólo fueron de ida), presentando permisos de salida falsos o mediante sobornos, influencias u otras artimañanas. Eso explica que en 2023 creciera la adquisición de casas, por ejemplo, en España.
Se ha dado el caso de compatriotas que han huido a nado, cruzando el río Tisza hasta Rumanía. La Guardia de Fronteras detuvo el año pasado a casi 8.000 hombres que intentaron cruzar ilegalmente la muga y a 3.000 que esperaban salir por los puntos de control con documentos falsificados. A ellos se suman los miles de ucranianos que ya vivían en el extranjero por motivos de estudio o trabajo antes de febrero de 2022 y que han desoído las llamadas de la ley marcial.
La restricción de los servicios consulares forma parte de una norma más amplia, aprobada hace unas pocas semanas para aumentar la movilización militar en el país y que entrará plenamente en vigor en mayo. El Gobierno espera incrementar las fuerzas armadas con cientos de miles de nuevos soldados.
La ley reduce la edad de reclutamiento de 27 a 25 años, rebaja los requisitos para ser eximidos de tomar las armas y simplifica los trámites en beneficio de un alistamiento exprés. A quienes figuran dentro de la edad militar y residen en otros países se les abre un laberinto. Aparte de que no podrán renovar su pasaporte ni otros documentos, la ley les obliga a actualizar su información personal en los sesenta días siguientes a su entrada en vigor en las oficinas de registro militar de sus regiones de origen.
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