os derechos civiles y políticos son derechos humanos que permiten la participación pública, política y social de cualquier persona sobre los asuntos públicos en su país debido a la ratificación de, entre otros instrumentos internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Los derechos civiles y políticos son diversos, por lo que el 2 de junio de este año en México se realizará uno de los mayores ejercicios electorales a nivel federal y local; sin embargo, pareciera que la democracia está siendo atentada por la violencia que acontece en el país. A nivel nacional las elecciones que se llevarán a cabo serán Presidencia, diputaciones y senadurías; alrededor de 29 estados elegirán a sus ayuntamientos y en ocho estados habrá cambio de gubernatura. En el caso de la Ciudad de México, se designarán a nuevos representantes en las 16 alcaldías y en la jefatura de gobierno.
De acuerdo con datos del segundo reporte preliminar Violencia Electoral del proceso 2023–2024, del Laboratorio Electoral, entre junio de 2023 y marzo de 2024 han sido asesinadas más de 50 personas aspirantes, candidatos/candidatas y/o personas colaboradoras en el proceso electoral.
Asimismo, se han reportado nueve secuestros, 22 atentados y 75 amenazas hacia ellas y ellos (https://acortar.link/yfW9LU). El reporte también menciona que hubo un incremento significativo de las agresiones entre el cierre de las precampañas y el registro de candidaturas a nivel local. Además, señala que la violencia electoral ha sido principalmente reportada en Guerrero, Veracruz y Michoacán. Aunque en estos estados han incrementado las agresiones hacia quienes contienden electoralmente, se considera que aún hay condiciones para realizar el proceso.
Sin embargo, se menciona que hay baja probabilidad de que haya escenarios favorables en Michoacán, Chiapas, Guerrero y Morelos para llevar a cabo las elecciones.
Con respecto a lo anterior, es importante mencionar que dichos estados se encuentran dentro de los principales altos índices de violencia criminal y baja gobernabilidad, aunado a que son los lugares donde más asesinatos de periodistas y personas defensoras (especialmente en protección de la tierra y el territorio) se han reportado.
Y no sólo eso, sino que, a pesar de las medidas cautelares emitidas por la Comisión de Quejas y Denuncias el INE para respetar el proceso electoral bajo los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad y equidad, pareciera que las candidaturas ya estuvieran elegidas por el partido dominante en turno. Además, es relevante recordar que previo a este escenario de violencia comicial, el papel que ha desempeñado históricamente el Instituto Nacional Electoral (INE) fue cuestionado por el representante del Ejecutivo federal, así como el rol de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Por ende, esto parece indicar que no es sólo un ataque hacia la democracia, sino hacia el ejercicio y la protección de los derechos humanos en el país.
Por un lado, la fracturada legitimidad de los organismos garantes de los procesos electorales y de quienes han promovido el respeto a los derechos civiles y políticos en sus diversos sentidos. Por otro, la ausencia de medidas de seguridad hacia quienes contienden, la falta de respeto a los principios democráticos y electorales, así como el continuo abandono de los derechos humanos de parte de las personas titulares del gobierno.
Así que ahora valdría la pena reflexionar, ¿cómo se garantizará la legitimidad y la legalidad de las elecciones ante el alarmante contexto de violencia? Sin reconocimiento y validación de la observación electoral por parte de organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras, ¿cómo se protegerá el voto libre y secreto en condiciones seguras?
Y, lo más importante, ¿cómo podemos avanzar hacia la democracia si ni siquiera se puede avalar que el juego electoral se llevea cabo con las personas que elija el pueblo y no quien gobierna a la delincuencia organizada? Por ello es importante que nos involucremos en el proceso electoral de forma participativa y política desde el ejercicio de nuestros derechos para votar de manera libre e informada. Y sobre todo, recordar que la protección de la democracia ha sido un triunfo por la ciudadanía para que nuestras voces sean escuchadas y representadas. Por lo que su retroceso implicaría un atentado hacia los espacios ganados y una limitante para continuar en la construcción de mundos más dignos y justos.