Desde la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) comenzaron a vislumbrar un cambio de actitud en los inversores que se adelantan claramente a los hechos del mercado, apostando a la recomposición del sector en los próximos años. Observamos cierta reactivación en la actividad desde el último trimestre del año 2013 hasta los últimos meses del año en curso, luego de recorrer un largo periodo de recesión e incertidumbre desde finales del año 2011.
A su vez, hacen notar que los valores de los campos comienzan a estabilizarse tras la adecuación en sus precios producida durante el 2012 y 2013. A pesar de este panorama, la rentabilidad de los mismos sigue arrojando números ajustados lo que de algún modo paralizan algunas operaciones. Los grupos inversores se muestran optimistas debido a que a mediano plazo, tras las elecciones generales del 2015, los reclamos del sector podrían ser escuchados y solucionados favorablemente, lo que sin lugar a dudas llevará a la tan esperada y necesaria reactivación económica, que hasta el día de hoy no se concreta.
Otro vector crítico para esta actividad es que a 30 meses de haber sido promulgada la ley 26.737, aún quedan 15 provincias que no logran confeccionar sus equivalencias, atentando contra la actividad y el desarrollo económico regional y nacional. Entre las más importantes todavía podemos nombrar Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, etc.
Desde CAIR alertan sobre esta penosa situación, que sumado al cepo cambiario, a la incertidumbre económica y a los escasos márgenes de rentabilidad, hacen que la actividad inmobiliaria rural no logre los frutos esperados, solicitando a las autoridades nacionales y provinciales competentes la pronta aplicación de la Reglamentación de la Ley de Tierras.
La actividad inmobiliaria rural, es, sin lugar a dudas, una gran generadora de divisas y de fuentes de trabajo, elementos más que necesarios en nuestra coyuntura diaria. Vale citar como ejemplo para entender la gravedad del problema, que hoy un extranjero está autorizado por la Ley a comprar solo hasta 1.000 has en cualquier lugar del país. En la zona núcleo esa inversión originará un valor aproximado a los 15 millones de dólares, comparativamente, si este mismo extranjero quisiera comprar un campo, en "zonas extra pampeanas o marginales", en aquellas provincias que aún no han publicado sus equivalencias, también podría comprar solo 1.000 hectáreas, pero invirtiendo en la tierra solo 250 o 350 mil dólares, limitando severamente la inversión en donde más se necesita. El perjuicio es más que elocuente y la solución sigue atada a la increíble burocracia de los funcionarios provinciales y nacionales que demoran en resolver esta situación.