A 93 años de haberse redactado, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, Julieta Vences Valencia suscribió iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se derogan los artículos 330, 331, 332, 333, y 334 del Código Penal Federal en materia de despenalización del aborto.
En el documento vigente como lo ha documentado Intolerancia Diario desde el 2021, l artículo 332 del código, mismo que deberá ser derogado por la Cámara de Diputados, señala que una mujer que aborte, tendrá el beneficio de pasar sólo un año en prisión, pero deberán darse estas condiciones "Que no tenga mala fama; Que haya logrado ocultar su embarazo; Que éste sea fruto de una unión ilegítima".
"Faltando alguna de las circunstancias mencionadas, se le aplicarán de uno a cinco años de prisión".
La legisladora por Morena, candidata por la vía plurinominal, afirmó que la despenalización del aborto es un paso crucial hacia una sociedad más inclusiva, equitativa y respetuosa de los derechos, respetando su autonomía y su capacidad para tomar decisiones informadas sobre su salud reproductiva, respetando las circunstancias individuales y su elección de vida de cada una de ellas.
"Esta iniciativa busca que todas las mujeres y personas con capacidad de gestar tengan acceso a atención médica segura, sin temor a ser criminalizadas y juzgadas socialmente, atendiendo al derecho a la autonomía, libre desarrollo de la personalidad, igualdad jurídica, derecho a la salud, libertad reproductiva", destacó.
Vences Valencia señaló que la criminalización del aborto limita el derecho de las mujeres a tomar decisiones sobre su propio cuerpo y salud reproductiva. La derogación de estos artículos permitiría que las mujeres tengan autonomía para decidir si continúan o interrumpen un embarazo, en línea con sus propias circunstancias y valores.
La congresista por el estado de Puebla aseguró que legalizar y regular el aborto garantizaría que se realice en entornos seguros y con atención médica adecuada, reduciendo así las complicaciones y los riesgos para la salud pública.
"Esta medida es un asunto de justicia social, debido a que la penalización del aborto impacta de manera desigual en las mujeres con bajos recursos y en aquellas en situaciones de vulnerabilidad. Eliminar estos artículos ayudaría a avanzar hacia la igualdad y la justicia social al asegurar que todas las mujeres puedan acceder a servicios de salud reproductiva seguros y de alta calidad", expuso.