Desde hace poco más de una década los servicios médicos que presta el ISSSTE en Sinaloa han venido considerablemente a la baja. Entre manifestaciones del personal, por abusos de poder dentro de la institución, hasta de los derechohabientes, por falta de medicamentos, los focos rojos evidencian una crisis muy fuerte.
En Sinaloa existen 30 unidades médicas del ISSSTE en 18 municipios que dan servicio a poco más de 480 mil derechohabientes, de las cuales solo dos son clínicas hospitales: la de Mazatlán y la de Los Mochis. A eso se le suma la escasez de personal, ya que se tienen solo 177 médicos especialistas, de los cuales 77 están en el puerto.
La clínica de Mazatlán, que atiende a los derechohabientes del ISSSTE de todo el sur de Sinaloa, tiene necesidades muy importantes que atender, como el Banco de Sangre que fue cerrado y la Unidad de Terapia Intensiva, que constantemente no operan debido a deficiencias en la infraestructura.
La deficiencia en insumos básicos, como jabón para el aseo personal de los pacientes y la carencia de una instalación eléctrica adecuada, para utilizar ventiladores, falta de medicamento y falta de transparencia en los recursos, han sido una constante dentro de la institución en los últimos años, donde la sobresaturación de pacientes es otra problemática.
En Mazatlán, la actual clínica hospital se inauguró hace 44 años y daba atención a 12 mil derechohabientes, pero en la actualidad solo del puerto son 84 mil 600 y tomando en cuenta que su área de influencia abarca desde San Ignacio hasta La Concha, se tienen en total a un aproximado de 153 mil derechohabientes, lo que hace imposible dar una atención de calidad.
La bancarrota del ISSSTE es general en Sinaloa, la infraestructura es deficiente en todos los municipios, donde los derechohabientes optan por atenderse por fuera cuando es un asunto de gravedad para su salud, porque ni las medicinas para tratar sus padecimientos reciben completas y qué decir de la atención del personal. Para el olvido.
Accidentes de menores en moto
Las cifras de menores de edad que sufren heridas en accidentes en motocicleta se encuentran a la alza en este 2024, cada vez más los padres acceden a comprarles estos vehículos de dos ruedas a sus hijos sin medir las consecuencias, algunas fatales, otras más con secuelas que quedan de por vida.
Pero no sólo es responsabilidad de los padres, para no ponernos tan moralinos, sino que además la permisividad de las autoridades ha agravado una problemática que no se le ve fin.
Y es que hoy en día es muy fácil conseguir una motocicleta, su bajo precio y la poca madurez para andar en estos aparatos, permite que se considere un mero juego.
Los números de Salud advierten que tres de cada 10 personas heridas en un accidente de moto, son menores de edad, que circulaban sin precaución, a exceso de velocidad, sin ningún elemento de seguridad y sin la supervisión de un adulto.
¿Cuántas veces no vemos en las calles a jóvenes realizando piruetas en estos vehículos? Y ni si diga de los punteros, que surcan las calles de la ciudad y las rancherías persiguiendo a los convoyes militares, para reportar el movimiento de la tropa a los jefes de la plaza.
En la sindicatura de Costa Rica, por ejemplo, una comunidad a pocos kilómetros de Culiacán, su hospital se ha visto rebasado en ocasiones por el número de pacientes que llegan con traumatismos por choques en moto, y ni se diga de los decesos.
El Hospital Pediátrico reporta cifras altas de atención a menores de edad que sufrieron heridas que dejan secuelas de por vida. Es hora que la autoridad entre a realizar una mejor regulación, más allá de retirar las motos en los retenes, cosa que se vuelve más recaudatorio que reglamentario o una generación de conciencia para que quien use estas unidades, lo haga con responsabilidad.