Carlos Fayt tuvo una extensísima y meritoria carrera dedicada a la docencia y a la magistratura. Sin embargo, el significado de su partida está asociado al último tramo de esa larga vida.
El verdugo más despiadado de Fayt, el que convirtió los ataques contra ese anciano en una medida de la obsecuencia hacia su jefa, Aníbal Fernández, hundió a su partido en la derrota.
Las hostilidades contra el juez que murió anteanoche, los forcejeos para controlar el Consejo de la Magistratura, los maltratos a José María Campagnoli, las manipulaciones para buscar fiscales a medida, la constitución de una organización facciosa bajo el pretencioso nombre de Justicia Legítima son movimientos que se explican mejor a medida que afloran con más detalle los montos y los procedimientos de la corrupción del kirchnerismo. Se entiende más la urgencia por conseguir impunidad.
Ayer, en el Consejo de la Magistratura, tuvo otra manifestación. Un homenaje a Fayt, por la vía del absurdo.
Los consejeros del Frente para la Victoria intentaron designar al frente del juzgado federal de Río Gallegos al ex ministro provincial de Néstor Kirchner y miembro del tribunal federal oral de esa ciudad Jorge Chávez.
A ese nombramiento le seguiría otra jugada: exigir que las causas por irregularidades cometidas en Santa Cruz pasen a manos de ese amigo.
Por ejemplo, las que involucran a Cristina Kirchner y sus presuntos testaferros, Lázaro Báez y Cristóbal López, con contrataciones de Hotesur.
O las que complican a Julio De Vido y el devoto José López con la adjudicación de la obra pública. La maniobra ya se intentó en abril de 2015, pero fue rechazada por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia.
El estratégico juzgado de Río Gallegos está vacante desde que lo dejó Andrea Askenazi Vera. Fue la subrogante que demoró 25 días en allanar la casa en la que Báez atesoraba sus míticas bóvedas.
El tiempo que habían pedido los albañiles para remodelar el sótano. Askenazi se alejó cuando la Corte declaró inconstitucional la ley de subrogancias.
El Consejo resolvió cubrir el cargo con los miembros de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, la misma que había impedido que los delitos fueran juzgados por un subordinado de los imputados.
El juzgado quedó a cargo de Javier Leal de Ibarra, quien procesó anteayer a Ricardo Barreiro, el jardinero de los Kirchner. Un jardinero ahorrativo, como sus patrones.
Sus habilidades con la tijera y el rastrillo le permitieron fundar una empresa de cargas, Jet Paq SA, que contrató con Aerolíneas Argentinas entre 2003 y 2011. Y le sobraba tiempo.
Después de arreglar el jardín, atendía cuestiones financieras en el órgano que controla los aeropuertos, designado por el matrimonio. Un trabajo incompatible con el de transportista aéreo.
El kirchnerismo pretendía reemplazar al molesto Leal de Ibarra por un juez del tribunal federal oral de Río Gallegos, Jorge Chávez, un abogado a quien Kirchner tuvo como ministro de Salud.
La misma versatilidad del jardinero. Chávez se hizo famoso cuando dejó en libertad a Daniel Varizat, después de que atropelló con su 4x4 a una manifestación de trabajadores.
Aun así, es posible que fuera el más calificado. Su colega Mario Reynaldi, mientras juzgaba un caso de trata de personas, quedó registrado en una escucha judicial en la que felicita a un tratante: "Mis amigos quedaron fascinados con tus chicas".
La subrogancia de Río Gallegos se votó ayer por la mañana. La comisión de selección del Consejo mantuvo a los camaristas de Comodoro. La decisión desencadenó un escándalo.
El representante del kirchnerismo, Rodolfo Tailhade, quedó envuelto en llamas. Diputado que depende de Máximo Kirchner, Tailhade se ha convertido en el gestor de la impunidad para la familia de su jefe.
La ira de Tailhade desnudó un enredo delicado: "Acá se rompió un acuerdo", vociferó, encarando a Juan Mahiques, el representante del Poder Ejecutivo.
Gabriela Vázquez, delegada de los jueces por la lista filokirchnerista de la Asociación de Magistrados, repitió el reproche, lagrimeando: "Yo no voto más un concurso". Mahiques se defendió: "No hubo un acuerdo. Sólo hubo conversaciones".
La declaración de Mahiques es sorprendente: existieron conversaciones para que el kirchnerismo cubriera con un amigo el juzgado federal con competencia en Santa Cruz, que es la escena de más de un crimen.
Mahiques explica que la jueza Vázquez y el representante académico, Daniel Candis, lo visitaron en el Ministerio de Justicia para proponer el reemplazo de los camaristas de Comodoro por el ex ministro de Kirchner, el juez Chávez.
Él prometió estudiarlo, pero se negó al arreglo cuando descubrió que el candidato no era independiente. Por eso anteayer le anticipó a Candis que el pacto no se hacía.
En el Poder Ejecutivo se escucha otra versión: mientras Mahiques negociaba con el kirchnerismo, un simpatizante del Gobierno, enterado de la transacción, se comunicó desde Río Gallegos con funcionarios del Ministerio de Justicia y de la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de Pablo Clusellas.
Se encendieron todas las alarmas. Y alguien ordenó a Mahiques que no se le ocurriera avanzar.
Haya habido conversaciones preliminares o un acuerdo frustrado, la trama está hecha a la medida de Elisa Carrió.
Mahiques, quien fue designado como secretario de Justicia y delegado de Macri en el Consejo a instancias del binguero Daniel Angelici, imaginó que en alguna geometría era posible ceder al kirchnerismo el juzgado federal de Río Gallegos.
¿A cambio de qué? Aquí las versiones también son divergentes. La más inverosímil habla de un pacto para cubrir las vacantes del tribunal oral de Rosario. Chucherías.
Hay otra, más poderosa: Mahiques pensaba canjear esa colina clave para Cristina Kirchner por los votos para destituir al camarista Eduardo Freiler.
Freiler, militante de Justicia Legítima, es investigado por enriquecimiento ilícito en el Consejo de la Magistratura. El oficialismo lo tiene como un objetivo principal.
Sobre todo por la insistente versión de que, en su momento y a través de Angelici, habría exigido dinero a cambio de revocar el procesamiento de Macri por las escuchas ilegales.
Freiler, por supuesto, niega que eso haya ocurrido. Y se ofrece a ser investigado por su subordinada María Servini de Cubría, ante quien lo denunció el diputado Julio Raffo.
El frustrado intento del kirchnerismo de controlar el juzgado federal de Río Gallegos es parte de un movimiento más general de protección.
Su máxima manifestación es el interés por bloquear la investigación más grave que pesa sobre la señora de Kirchner: la denuncia de Alberto Nisman por el memorándum firmado con Irán para negociar la causa AMIA.
El atentado contra esa mutual, el acuerdo con Ahmadinejad, la denuncia de Nisman y su misteriosa muerte integran una tristísima colección de expedientes que desde hace dos semanas comenzó a resignificarse.
Las designaciones iniciales de Donald Trump prometen un giro en las relaciones internacionales. Michael Flynn, como consejero nacional de Seguridad, y Michael Pompeo, como director de la CIA, representan el regreso de una diplomacia que se propone como agente de un "choque de civilizaciones".
Irán vuelve a ser considerado un promotor del terrorismo. Y la alianza con Israel, que con Barack Obama fue relativizada, será de nuevo una prioridad norteamericana en Medio Oriente.
Algunos israelíes expertos en Defensa aseguran que el compromiso entre Washington e Israel llegará a una profundidad jamás vista.
Recuerdan que Trump hizo campaña por Benjamin Netanyahu, en 2012, cuando todavía no era candidato a presidente.
El entramado judicial que rodea el caso AMIA se vuelve, en este contexto, sobresaliente. Es probable que el impulso a estas investigaciones se vuelva una bandera principal de Macri en sus relaciones exteriores, como lo fue de los Kirchner hasta septiembre de 2010.
Los jueces son sensibles al nuevo clima. Julián Ercolini podría solicitar ayuda técnica en los Estados Unidos para reconstruir lo que se haya salvado de la escena en la que Nisman fue encontrado muerto.
Sube también la tensión alrededor de una fecha: 19 de diciembre. Ese día se celebrará la audiencia, convocada por los camaristas de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, para considerar que se investigue la denuncia de Nisman contra la ex presidenta por encubrimiento.
Daniel Rafecas, sostenido sólo por el kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura, se negó a determinar si Nisman tenía razón o deliraba, a pesar de que el fiscal Gerardo Pollicita le sugirió 50 medidas para hacerlo.
Borisnki y Hornos tienen 20 días hábiles para revertir esa decisión. En febrero, por lo tanto, la peripecia judicial de Cristina Kirchner podría ingresar en su etapa más controvertida.