Cuando el 21 del actual se dé por terminada la posibilidad de depositar dólares en efectivo con el fin de declararlos ante el fisco argentino, habrán ingresado a los bancos locales cerca de US$ 8000 millones, es decir, un 20% de los aproximadamente US$ 40.000 millones en billetes norteamericanos que circulan en el país.
Que un 20% de los tenedores de billetes norteamericanos decida declararlos ante el fisco va anticipando que el volumen de aceptación que tendrá la amnistía fiscal lanzada por el Gobierno será enorme.
Quienes tienen dólares en efectivo son quienes menos peligro corren de ser alcanzados por el brazo de la AFIP y tampoco sufren el acoso de los banqueros extranjeros para blanquear.
Así, es de esperar que los tenedores de depósitos y propiedades en el exterior mostrarán un nivel de adhesión al blanqueo mucho mayor que el de los tenedores de dólares físicos.
Si se declarase el 40% de los depósitos en el exterior, que las estimaciones oficiales sitúan en US$ 200.000 millones, el volumen total de la operación se acercaría a una cifra no muy lejana de los US$ 100.000 millones.
Y si ello ocurriera, estaríamos en presencia de una operación de tal magnitud que tendría importantes consecuencias políticas, fiscales, financieras y hasta sociológicas.
En lo político, será el hecho más relevante para el Gobierno desde la apertura del cepo o el acuerdo con los holdouts.
El kirchnerismo propuso dos amnistías fiscales con penalidades mucho menores, en 2009 y en 2012, y nunca logró que se declararan más de US$ 5000 millones.
Para el Gobierno, con minoría en ambas cámaras del Congreso, que negocia con la oposición sobre la base de su popularidad y de la cesión de recursos fiscales para las provincias, el éxito de la operación le proveería de ambos insumos: por un lado, un triunfo político que sirve para sostener el optimismo en medio de una economía a la que le cuesta arrancar. Por el otro, más recursos fiscales para repartir.
En el plano fiscal, el Gobierno se hará de una masa de recursos cercana al 1% del PBI provenientes de quienes elijan pagar la penalidad de 10%, a la vez que podrá colocar títulos en dólares entre quienes opten por esa opción por una cifra que podría oscilar entre US$ 5000 y US$ 10.000 millones.
Así, se aliviará en parte la dependencia financiera que la Argentina tiene respecto del mercado externo de deuda. El gradualismo fiscal requiere ir sacando conejos de la galera permanentemente para financiar el déficit.
Luego de décadas de murmullos acerca del tamaño de los activos de los argentinos en el extranjero, finalmente se confirmará que éstos suman unos US$ 200.000 millones, lo que equivale a un 40% del PBI.
Ello implica que los argentinos mantienen en el exterior un sistema financiero propio, que triplica en tamaño el sistema financiero representado por los bancos locales, en donde los depósitos apenas suman un 15% del PBI.
Los depósitos locales son la punta de un iceberg cuyo volumen más grande permanecía oculto hasta ahora.
Y el sistema que funciona en el exterior ha servido para resguardar los ahorros argentinos de licuaciones y confiscaciones, pero sólo ha generado crédito para personas y empresas norteamericanas, suizas o uruguayas.
En conjunto, al superponer los dos sistemas, los activos financieros de los argentinos suman casi un 60% del PBI, lo que iguala en tamaño el promedio de los sistemas de Chile, Perú, Uruguay y Brasil.
Sin embargo, el tamaño del crédito para los argentinos que genera ese sistema es muchísimo más bajo, ya que la mayor parte de los activos en el exterior están invertidos en activos emitidos por otros países.
Al declararse una buena parte de los activos argentinos en el exterior se generarán las condiciones necesarias desde el punto de vista legal para que parte de ellos interactúen con el sistema financiero local, ampliando el volumen de crédito disponible para las familias, las empresas y el Gobierno.
Sin embargo, probablemente por mucho tiempo esas condiciones necesarias no sean suficientes para que el sistema financiero local comience a absorber una parte significativa de los activos depositados en el exterior.
Para ello deberán pasar muchísimos años, los necesarios para olvidar la crisis de los 80, la híper de 1989, el corralito y la pesificación de 2001, el cepo y las tasas de interés negativas vigentes durante gran parte del período que va desde los años 70 hasta 2015.
El Banco Central ha avanzado mucho en la agenda de estabilización de la moneda y de implementación de un régimen de metas de inflación.
Sin embargo, en materia de regulación bancaria, el avance no ha sido equivalente: a los bancos se les exigen encajes cada vez más altos, los que actúan como un impuesto a la intermediación financiera, y se los obliga además a otorgar préstamos subsidiados por el equivalente a 18% de sus depósitos.
En conjunto, ambas medidas representan una fuerte transferencia desde los depositantes, que son subremunerados, hacia el Gobierno y las empresas, desincentivándose entonces el ahorro en el sistema bancario local.
Al declarar sus ahorros en el exterior, los más ricos de la Argentina sentirán otro nivel de compromiso con las políticas públicas, especialmente en relación con el nivel de imposición tributaria y con la eficacia y transparencia con que se manejan esos recursos.
Para los tenedores de activos financieros en el exterior, ahora declarados, la única forma en la que podrán escapar de la aparición en el futuro de impuestos extraordinarios a "los fondos en el exterior" vendrá de la mano de la capacidad de este gobierno y de los que lo sucedan de ir mejorando la calidad del Estado y de ir bajando gradualmente la evasión impositiva y la carga tributaria. Un politólogo, un sociólogo ahí, por favor.
El impacto de este fenómeno no debería ser insignificante. Estamos hablando tal vez de unas 300.000 familias que tendrán una nueva percepción acerca de su grado de ligazón con el éxito o fracaso del país. Y en una Argentina que siempre propició las licuaciones de deuda y los defaults, aparecerán nuevos actores forzados a involucrarse en la cosa pública.