Un total de 60 empresas de toda la provincia se presentaron ante el Ministerio de Trabajo de Santa Fe pidiendo la aplicación del artículo 223 bis de la Ley 20744 de Contrato de Trabajo que les permite suspender a parte de su personal ante la falta de actividad como consecuencia de la crisis económica.
De acuerdo a la información proporcionada por el propio Ministerio de Trabajo, la mayoría de las empresas que iniciaron el trámite son del sur, mientras que solo tres corresponden al centro-norte de la provincia. Las actividades de las empresas que pidieron los acuerdos son: metalúrgicos, Uocra, vigilancia, vidrio, ceramistas, plástico, gastronómicos, alimentación, sanidad y químicos, entre otros.
De los 60 trámites iniciados, 30 vienen del año pasado y algunos de ellos están en proceso de renovación mientras que la mitad restante se iniciaron en 2024, según detalló el secretario de Trabajo, Julio Genesini.
El Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo contempla la realización de acuerdos directos celebrados entre una empresa o cámara representante de empleadores y el sindicato con personería gremial representativo de los trabajadores, a fin de aplicar suspensiones a su personal abonando una suma no remunerativa en contraprestación.
Se considera prestación no remunerativa a las asignaciones en dinero que se entreguen en compensación por suspensiones de la prestación laboral y que estén fundadas en las causales de falta o disminución de trabajo, no imputables al empleador, o fuerza mayor debidamente comprobada, pactadas individual o colectivamente y homologadas por la autoridad de aplicación, conforme normas legales vigentes, y cuando en virtud de tales causales el trabajador no realice la prestación laboral a su cargo.
Respecto a las presentaciones de Acuerdos Preventivos de Crisis, que le permite a los dueños de las empresas encarar una reestructuración de las mismas, incluyendo el despido de personal, en la provincia solo se presentaron dos pero podría haber más ya que el procedimiento permite a las empresas iniciarlo directamente en el Ministerio de Trabajo de la Nación, hoy Secretaría, ya que afectan fondos nacionales, como los aportes a la Anses, ante la posibilidad de una reestructuración salarial.
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