Silvia Martínez
La primera ley europea contra la violencia de género ya tiene el camino despejado para su adopción final. El pleno del Parlamento Europeo, en su última sesión de la legislatura, ha avalado este miércoles por una amplia mayoría –522 votos a favor, 27 en contra y 72 abstenciones– la nueva directiva para combatir la violencia contra las mujeres, que incluye avances importantes al criminalizar el matrimonio forzado, la mutilación genital femenina y la difusión no consentida de imágenes íntimas o el ciberacoso, pero que deja fuera de la definición la violación basada en el consentimiento por la negativa de varios Estados miembros.
Pese a este revés, debido a la dura oposición de países como Alemania, Francia o Hungría a imitar la ley del 'si es sí' española, todos los grupos políticos consideran un avance la nueva normativa que impondrá una vez entre en vigor medidas para prevenir violaciones y concienciar sobre el consentimiento y mejorar la protección de las víctimas. La directiva no solo tipifica como delito en toda la UE la mutilación genital femenina, también criminaliza el matrimonio forzado, la difusión no consentida de imágenes íntimas, el ciberacecho y ciberacoso, así como la incitación al odio o la violencia por medios cibernéticos.
"Ninguna mujer debería vivir jamás con miedo. Estoy orgulloso del fuerte voto de hoy a favor de la primera directiva de la UE que lucha contra la violencia contra las mujeres. Así es como prevenimos la violencia, protegemos a las mujeres y procesamos a los agresores", ha manifestado la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, sobre una ley que ha cosechado un amplio apoyo. En el caso de los eurodiputados españoles, todas las formaciones han votado a favor salvo los miembros de Vox que se han abstenido.
La nueva normativa, que ahora tendrá que superar el último trámite en el Consejo, también amplía la lista de circunstancias agravantes para los delitos que conlleven penas más severas como los crímenes cometidos contra figuras públicas, periodistas o activistas pro derechos humanos así como el ejercicio reiterado de violencia contra la mujer. También serán considerados agravantes la intención de castigar a las víctimas por su orientación sexual, género, color de piel, religión, origen social o convicciones políticas, y la intención de preservar o restaurar el "honor".
Un primer paso "histórico"
"Es un texto legislativo de amplio alcance que evitará la violencia, protegerá a las víctimas y enjuiciará a los agresores", ha destacado la eurodiputada conservadora irlandesa y coponente del informe, Frances Fitzgerald, sobre una ley con la que aspiran a convertir a Europa en el primer continente en acabar con la violencia contra las mujeres. "Esta directiva emblemática refleja nuestro compromiso sin fisuras de reforzar los derechos de la mujer y salvar vidas. Recordemos este momento como un primer paso histórico en el refuerzo de los derechos de las mujeres, que marca el camino hacia un futuro donde todas las mujeres pueden vivir sin miedo ni opresión", ha añadido la socialista sueca, Evin Incir. A petición de la Eurocámara, la Comisión Europea realizará un informe cada cinco años para determinar si es necesario revisar la norma.
Una vez entre en vigor -los Veintisiete tendrán 3 años para trasponer la norma a sus legislaciones nacionales- normativa garantizará una mayor protección a las víctimas. Por ejemplo, se exigirá a los Estados miembros que faciliten canales de denuncia accesibles y fáciles de usar, incluida la posibilidad de denunciar en línea, y presentar pruebas en línea, al menos en el caso de los ciberdelitos. Cuando las víctimas sean menores, los países tendrán que garantizar que reciben asistencia de profesionales formados para trabajar con menores y si el acto de violencia implica al titular de la patria potestad, la denuncia no deberá estar condicionada al consentimiento de esta persona. De hecho, las autoridades tendrán que adoptar medidas para proteger la seguridad del menor antes de informar a la persona de la denuncia.
Las autoridades públicas también tendrán que evaluar el riesgo que plantea un supuesto autor de un delito cuando una víctima de violencia sexual o de violencia doméstica se ponga en contacto por primera vez. En función de la conclusión de este análisis tendrán que proporcionar medidas de protección adecuadas, incluidas órdenes urgentes de alejamiento, de prohibición o de protección. La directiva también establece el derecho de las víctimas a solicitar una indemnización completa a los autores y la creación de líneas telefónicas y centros de ayuda, con acceso a asesoramiento médico y jurídico así como apoyo para encontrar refugios. Por ejemplo, los Estados miembros deberán poner a disposición de las víctimas de violencia una línea telefónica nacional de ayuda gratuita las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Vía: El Periódico
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