El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) da los primeros pasos para abordar la regulación de la carga de trabajo de los jueces. La actuación se desarrollará en dos líneas: por una parte, elaborará un mapa de riesgo con un sistema de alertas, y por otra, el desarrollo de una "agenda saludable" adaptada a cada jurisdicción. La idea es dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo que en septiembre de 2023 condenó al órgano de gobierno de los jueces a abordar medidas para mejorar la salud laboral de los miembros de la carrera judicial.
La Comisión Permanente del del consejo ha aprobado la propuesta de trabajo presentada por los vocales Mar Cabrejas y Juan Martínez Moya para dar cumplimiento a sentencia de la Sala Cuarta del alto tribunal.
Por una parte, se elaborará un mapa judicial de riesgos y un sistema de alertas que permita disponer de datos actualizados sobre las cargas de trabajo de todos los órganos judiciales, tanto unipersonales como colegiados. Para ello, se solicitará al Servicio de Inspección un informe sobre los órganos judiciales con módulos de entrada de asuntos comprendidos entre el 150 y el 175%, entre el 175 y el 200% y los que superen el 200%.
El CGPJ empleará la metodología y parámetros utilizados con anterioridad, tales como el indicador de la carga de trabajo y la pendencia puesta en relación con la media de la comunidad autónoma y con la media nacional.
El segundo eje de trabajo supone la entrega a los jueces y magistrados de un documento de trabajo con indicadores orientativos para ayudarles a elaborar una "agenda saludable" de la actividad del órgano judicial. La confección de este documento se desarrollará de manera adaptada a cada orden jurisdiccional, con grupos de trabajo específicos. El consejo sostiene que en su composición se tendrán en cuenta la perspectiva de edad y de género.
La propuesta aprobada por la Comisión Permanente se ha elaborado de acuerdo con el informe jurídico sobre el alcance y efectos de la sentencia del Supremo, que redactó el gabinete técnico del CGPJ y siguiendo las pautas acordadas durante la reunión con la Comisión Nacional de Seguridad y Salud de la Carrera Judicial (CNSSCJ), que preside el propio Moya.
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