Hace treinta años, con el fin de las dictaduras militares en América Latina, se perfiló una tendencia a la profesionalización de los ejércitos que parecía definitiva. La institución castrense era percibida como un actor fundamental de los diversos autoritarismos de la Guerra Fría. Hoy, aquel camino heredado de las transiciones democráticas de fin de siglo está siendo severamente cuestionado.
Los dos fenómenos más reconocibles de militarismo de nueva derecha, que no por casualidad comparten una mirada de similar recelo ante las narrativas de la transición, han sido los casos de Jair Bolsonaro, en Brasil, y Nayib Bukele, en El Salvador. Más recientemente, el gobierno de Javier Milei ha anunciado una reforma de su política de seguridad que reforzaría el papel del Ejército en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, las mafias y las pandillas.
El próximo 21 de abril, en Ecuador, se celebrará un referéndum constitucional, que de triunfar, introduciría un enfoque militarista de la seguridad nacional, con algunos elementos en común con el modelo salvadoreño. El primer punto de la consulta popular pregunta a los ecuatorianos si están de acuerdo con que las Fuerzas Armadas brinden apoyo complementario a la Policía Nacional para combatir al crimen organizado.
Más adelante, el referéndum ecuatoriano, que tendrá lugar en medio de la adversa reacción internacional contra la incursión militar en la embajada de México en Quito, propone incrementar las penas contra delitos de terrorismo, narcotráfico, delincuencia organizada, sicariato y lavado de activos. El presidente Daniel Noboa fue de los primeros mandatarios de la región en felicitar a Nayib Bukele por su reelección y éste ha sido el único en abstenerse en la OEA, ante la resolución que condena el asalto a la embajada mexicana.
Pero la historia de la remilitarización de América Latina estaría sesgada si sólo tomara en cuenta el aumento de poder de los Ejércitos bajo los gobiernos de la nueva derecha. Un libro reciente, editado en México por la editorial Grano de Sal y titulado Érase un país verde olivo, describe en detalle el notable incremento de funciones de las Fuerzas Armadas durante la administración de Andrés Manuel López Obrador y Morena.
Los autores (Juan Jesús Garza Onofre, Sergio López Ayllón, Javier Martín Reyes, María Marván Laborde, Pedro Salazar Ugarte y Guadalupe Salmorán Villar), académicos de primer nivel en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, documentan que, a través de la Ley de la Guardia Nacional, los militares aumentaron sus competencias en investigación y persecución de delitos.
Apuntan, a su vez, que en este sexenio se han reportado 104 actos de militarización, cuarenta más que en el gobierno de Enrique Peña Nieto. En los últimos años, el Ejército y la Marina han pasado a administrar entidades civiles como los aeropuertos, las aduanas, los puertos y las estaciones migratorias y se han hecho cargo de grandes obras de infraestructura como el Banco del Bienestar, el Aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
El proceso de militarización en México responde a los crecientes retos a la autoridad del Estado que plantea la aguda crisis de seguridad que se vive en toda América Latina y el Caribe. Los autores ven antecedentes del fenómeno en la tradición populista, que trazan entre el varguismo y el peronismo y los gobiernos bolivarianos de principios del siglo XX.
Aunque esa continuidad pueda sostenerse es inevitable pensar la remilitarización mexicana en el contexto más amplio de un giro regional en las políticas de seguridad, donde también se inscriben las nuevas derechas. La vuelta de los militares es un fenómeno transversal en América Latina y el Caribe, que avanza por igual desde la izquierda o la derecha.
*Este artículo se publicó originalmente en La Razón, de México.