Vamos a dejar entre todos, democráticamente, que España se convierta, si es que no lo es ya, en el país de los chantajes políticos que quedan impunes? ¿Es posible que un sedicente sindicato con las manos sucias ponga contra las cuerdas a políticos a base de acusaciones, a juzgar por lo leído, no demostradas? ¿No hemos visto cómo con ese tipo de tácticas al margen del limpio debate democrático se ha acabado con políticos que no gustaban a otras organizaciones de derecha y extrema derecha? Y que lo han hecho además con ayuda de medios y periodistas afines, que han incumplido el mínimo deber de un periodista, que es contrastar bien una información antes de publicarla. Medios que, cómplices con la derecha de este país, toleran, toleran mientras tanto que el Consejo Superior de Justicia lleve años sin renovarse como exige la Constitución y ello sin que aquí por ello pase nada.
Conviene no olvidar casos que van desde el famoso 'tamayazo', que dio las llaves de la Comunidad de Madrid al PP, hasta el de la valenciana Mónica Oltra, arrastrada por el lodo antes de ser exonerada por los tribunales. Recordemos también la campaña claramente difamatoria contra el partido Unidas Podemos y sus dirigentes, acusados injustamente de haber cobrado dinero de regímenes poco apetitosos, o el del activista social y diputado de ese partido Alberto Rodríguez, al que se logró apartar de la política por un delito de atentado a la autoridad. Y que el mismo Tribunal Supremo que imputó a Rodríguez ese presunto delito terminó fallando tres años después que ése nunca debió haber sido condenado a prisión sino a una simple multa, lo cual no le habría supuesto perder su escaño.
En este país se puede, por lo visto, difamar, calumniar desde determinados medios y expulsar a alguien de la contienda política sin que los difamadores o calumniadores, una vez demostrado que lo son y cuando el daño está ya hecho, tengan que pagar nada. Uno no tiene por qué estar de acuerdo, por ejemplo, con la política del presidente del Gobierno para con Cataluña y, sin embargo, defender que ello se debata libre y limpiamente con argumentos en la Cámara del Pueblo y no, con los métodos más sucios, en la calle.
No, en ningún caso debería Pedro Sánchez arrojar en este momento la toalla. Debería antes bien reunir a todos los partidos que le apoyan en el Parlamento y preguntarles si es posible dejar el poder ejecutivo, judicial y mediático en manos de la derecha y la extrema derecha.
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