La dictadura de Nicolás Maduro no solo ha logrado neutralizar a la principal candidata opositora María Corina Machado a base de grotescas leguleyadas, sino que ha decidido ir más lejos en su deriva autoritaria.
Mostrando los dientes dictatoriales, el heredero de Hugo Chávez ahora pretende promulgar una ley que impone una sanción penal contra quienes critiquen y hagan marchas contra el Gobierno. Claro que intentando encubrir su tenaza ideológica bajo una ridícula e inverosímil retórica "pacifista" y un cuento sobre un presunto magnicidio, que habría logrado desactivar.
Ignoramos lo que pasa por la cabeza del dictador venezolano, que no debe ser mucho, pero a estas alturas ya no le creen ni siquiera viejos aliados del bolivarianismo, que han comenzado a marcar distancias con el régimen. Sin ir demasiado lejos, Lula da Silva y Gustavo Petro, desde sus respectivas presidencias y naciones, se han unido también a la censura internacional, casi unánime, que está recibiendo por haber ilegalizado el concurso de la oposición en las próximas elecciones.
Métodos con los que Maduro está eliminando cualquier resquicio crítico o alternativa política al chavismo, como ha ocurrido con Corina Machado y su tocaya Corina Yoris, que la iba a reemplazar como candidata por las fuerzas democráticas en el país del llano. Y lo último es esta abusiva ley, que presuntamente favorecerá "la convivencia pacífica".
La iniciativa, que obviamente será aprobada por la Asamblea Nacional que se encuentra bajo el control del chavismo, se denomina "proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares".
Su tramposo objetivo, establecer "medios y mecanismos para preservar la tranquilidad pública, el ejercicio democrático de la voluntad popular, el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco, frente a agresiones de orden fascista".
Es decir, una coartada para silenciar o encarcelar a todo aquel que se atreva a darle la contra al Gobierno, sea con medidas de protesta, pronunciamientos políticos o simples declaraciones públicas. Llamar "agresiones de orden fascista" a las movilizaciones del pueblo venezolano demandando el retorno a una democracia de verdad es de una desfachatez criminal.
Pero lo que la medida transmite, además, es la desesperación de un régimen aterrorizado por el creciente fortalecimiento de la oposición democrática en su país.