El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
Mientras el gobierno de Gustavo Petro sigue pedaleando los diálogos con grupos armados, como el Eln y el Estado Mayor Central (una facción de las disidencias de las Farc), el departamento de Arauca es el escenario en donde nadie cumple su palabra.
Una ola de violencia como pocas en los últimos tiempos tienen a la comunidad y a sus autoridades pidiendo con desespero que frenen las confrontaciones entre ambos grupos, como así lo prometieron en el cese al fuego que firmaron con el Ejecutivo en el marco de su política de paz total. Sin embargo, y pese a que el gobierno insiste en negociar, esa promesa de paz no ha llegado a Arauca. Mucho menos en los últimos días.
Tan solo en la última semana han sido asesinadas cuatro personas que se dedicaban a la defensa de los derechos humanos en la región de Sarare, un espacio territorial que comprende los municipios de Fortul, Tame, Arauquita y Saravena.
El recrudecimiento de la violencia en la zona respondería a enfrentamientos por el control territorial entre el Frente Oriental del Eln y las disidencias de las Farc, conocidas como Estado Mayor Central, según las autoridades. La situación que obligó al gobernador, Renson Martínez Prada, a escribirle una carta al presidente Gustavo Petro, para solicitarle una intervención urgente en el territorio.
En este documento, además de exponer la situación de orden público que atraviesa el departamento, con 29 homicidios en tan solo tres meses, el líder del departamento elevó una petición para que las vulneraciones que está viviendo la comunidad sean un tema que se discuta durante las mesas de negociación que ha establecido el gobierno con ambos grupos armados ilegales.
El llamado central desde Arauca es a que cese la confrontación y se excluya a la población civil. Esto debido a que los crímenes cometidos responderían a homicidios selectivos ordenados por los comandantes de los dos mandos, a modo de retaliación, según expuso el gobernado Martínez Prada durante el Consejo de Seguridad Departamental del pasado 2 de abril.
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