Uno de los jueces que juzgará a Cristina por los Cuadernos de las Coimas le pide audiencia a Milei
Germán Castelli, que fue trasladado para ocupar un tribunal oral federal; reclamó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ahora el gobierno argentino debe responder la demanda
El juez Gernán Castelli, uno de los magistrados sorteados para juzgar a Cristina Kirchner en el juicio oral y público por el caso de los cuadernos de las coimas, le pidió una audiencia al presidente Javier Milei. La razón de la solicitud es que el gobierno debe responder a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la denuncia de Castelli contra el Estado, en la cual sostiene que se violó la independencia judicial, ya que el gobierno anterior pretendió desplazarlo del cargo que ocupa en el tribunal oral, donde fue trasladado.
Castelli ya pidió audiencias al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; al secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños; al jefe de Gabinete, Nicolás Posse; y a la canciller Diana Mondino, sin obtener ninguna respuesta.
El magistrado, que integra el tribunal oral federal sorteado para juzgar el caso de Los Cuadernos de las Coimas, había sido trasladado años atrás de un tribunal oral federal de San Martín a otro de Comodoro Py 2002. En una embestida del kirchnerismo contra los jueces trasladados (en particular contra los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi de la Cámara Federal) arrastraron en su reclamo al juez Castelli, y pidieron en 2020 retrotraer su situación. Los jueces que fueron blanco del kirchnerismo tenían en común que habían participado en causas de corrupción contra Cristina Kirchner.
El asunto llegó a Corte Suprema de Justicia que dispuso que se realicen concursos para los cargos de todos los jueces trasladados. Sin embargo, el Consejo de la Magistratura no se ocupó de los cerca de 50 magistrados que estaban en esa situación, sino que solo convocó a los concursos para los cargos de Bruglia Bertuzzi y del propio Castelli. El juez denuncia que esto evidencia que la actuación del gobierno anterior solo pretendió removerlos a ellos, y no normalizar la situación de los jueces trasladados.
Por esta situación, Castelli planteó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violación al principio de independencia en la magistratura. El Estado argentino debe responder al organismo internacional un pedido de informes. Tiene plazo hasta 14 de abril próximo para hacerlo.
El juez Castelli dijo que "el Consejo de la Magistratura, el Senado y y el Poder Ejecutivo Nacional, lograron de manera coordinada y de prepo" su "destitución ilegal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7″. Fue repuesto en ese cargo por la Corte Suprema hasta que se sustancie el concurso pero su alejamiento de su cargo implicaría que deje de ser "natural de los procesos allí radicados", incluido el caso de Los Cuadernos de las Coimas con 154 acusados, incluido Cristina Kirchner, ex funcionarios y empresarios que confesaron haber pagado y recibido sobornos para mantener su contratos con el Estado.
Si bien la denuncia ante la Comisión Interamericana incluyó también objeciones a la Corte Suprema porque en su fallo conocido como Bertuzzi, declaró retroactivamente que los traslados de jueces no otorgaban estabilidad en el cargo y así "determinó su provisoriedad (tras 70 años de considerarse lo contrario), el grueso de las críticas se concentró en el Consejo de la Magistratura", que debía llamar a concursos de cargos ocupados por los trasladados. Son 40 0 50 casos, pero avanzaron sólo en tres casos.
"El Consejo utilizó el fallo de la Corte bajo una fachada de legalidad como instrumento de persecución sobre los mismos jueces antes echados por la fuerza (que también involucró a los colegas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi de otro tribunal) y, en simultáneo, esa discriminación se evidenciaba en indisimulada protección de otras juezas y jueces trasladados", dijo Castelli.
"El pedido de audiencia al señor presidente de la Nación obedece a que entre los días 19 y 20 de marzo he pedido audiencias personales" a otros funcionarios que no le fueron respondidas a pesar de la "alta sensibilidad en virtud de encontrarse en juego la independencia de la magistratura" y el hecho de que este caso "será testigo de cómo se parará ese gobierno en la historia acerca del tema". en un asunto que "no registran antecedentes, por ejemplo, de una destitución ilegal de jueces federales en los últimos 40 años ininterrumpidos de democracia republicana".