Europa abre un expediente de infracción a España por la ampliación de la concesión de la AP-9 hasta el 2048
La asociación En Colectivo ve cada vez más cerca el fin de los peajes en la autopista gallega. El ministro Puente recuerda en el Congreso que fue Aznar quien prorrogó la concesión a Audasa
24 abr 2024 . Actualizado a las 14:58 h.La Comisión Europea acaba de abrir un expediente de infracción al Gobierno español por haber ampliado la duración de la concesión a Audasa de la autopista AP-9 sin aplicar correctamente los procedimientos de licitación e infringiendo las normas de la Unión Europea. Según la resolución de la Comisión, España tiene ahora dos meses para responder a los argumentos del expediente. La noticia se conoce el mismo día en que el ministro Óscar Puente aseguró en el Congreso que El ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, ha asegurado este miércoles que el Gobierno no implantará nuevos peajes y que los que siguen vigentes lo están por las prórrogas que dio Aznar sobre las autopistas entre 1996 y 2004, como es el caso de la AP-9.
Se trata del segundo procedimiento de infracción al Gobierno de España por este mismo motivo, tal como recuerda la asociación de consumidores En Colectivo, que en julio del 2019 presentó una denuncia ante la Comisión Europea por incumplimiento de las normas sobre contratos de concesión de la autopista AP-9. La asociación explica que la Comisión señala que España prorrogó la duración de dos concesiones de autopistas en España sin aplicar adecuadamente los procedimientos de licitación, infringiendo las normas de la UE. «El hecho de que la Comisión Europea haya tomado esta decisión es una gran noticia para todos los gallegos y hace que cada día estemos más cerca de conseguir que finalice el cobro de los peajes y que la autopista sea gratuita», explica Diego Maraña, presidente de En Colectivo.
El escrito enviado al Gobierno español tiene por objeto garantizar el respeto de las normas de la UE sobre concesiones, que establecen la igualdad de trato de los operadores económicos interesados en participar en los procedimientos de contratación y el respeto de la obligación de transparencia, señala Maraña, que valora muy positivamente la apertura de este procedimiento, que, según él, «viene a demostrar que conforme pasa el tiempo, la situación de esta concesión está más en entredicho».
«Con los pasos que se están dando, cada día estamos más cerca de conseguir que finalice el cobro de los peajes y de lograr una autopista gratuita como ya sucede en otras comunidades autónomas como Cataluña y Valencia en las que han vencido los 40 años de concesión», añade el presidente de la asociación, que solicita al Gobierno transparencia para que todos los gallegos puedan conocer los detalles del escrito remitido por la Comisión Europea y la respuesta que se le vaya a dar desde el Gobierno.
La Comisión Europea también le abrió otro procedimiento de infracción a Hungría por los mismos motivos. De hecho, al igual que en el caso de España, se considera que hubo un incumplimiento de las normas sobre concesión de autopistas. Las cartas de emplazamiento enviadas a los dos países tienen como objetivo «garantizar el respeto de las normas de la UE en materia de concesiones, que prevén la igualdad de trato de los operadores económicos interesados en participar en los procedimientos de contratación y el respeto de la obligación de transparencia».
Denuncia del 2019
Tras la denuncia realizada por En Colectivo en julio del 2019 ante la Comisión Europea se abrió un procedimiento de infracción contra España por incumplimiento de la normativa de la Unión Europea por la prórroga y modificación del contrato de concesión de la autopista AP-9. Recuerda la asociación que en septiembre del 2021 ya se envió desde Bruselas una carta de emplazamiento al Gobierno español por considerar que al modificar y prorrogar el contrato de concesión de la autopista AP-9, sin publicar un anuncio de licitación y sin que haya tenido lugar procedimiento alguno de adjudicación del contrato así modificado, España había incumplido las obligaciones que le incumbían en virtud del derecho europeo, en particular de la Directiva 93/37/CEE sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras
En Colectivo señala que según la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la prórroga del contrato equivale a una nueva concesión, que solo puede adjudicarse mediante el inicio de una nueva licitación.
Hasta el 2048
La denuncia de la asociación de consumidores indicaba que los reales decretos 1809/1994 y 173/2000, que concedieron sendas prórrogas a Audasa para la explotación de la autopista hasta el 2023 y el 2048, respectivamente, incumplían diferentes directivas de la Unión Europea. Por eso se solicitó a la Comisión Europea que estudiase la legalidad de dichos decretos para determinar si se adaptaban al derecho comunitario y que, en caso de incumplimiento, se instase al Gobierno de España a dar solución a esta situación y lograr finalmente la anulación de las prórrogas y la supresión de los peajes en la AP-9.
Por otra parte, se informaba que estas prórrogas de Audasa afectan directamente al comercio de la eurorregión Galicia-Norte de Portugal al no haber ninguna alternativa a la vía con unas condiciones semejantes, lo que sí ocurre en otros territorios del Estado español.