El Segundo Tribunal Ambiental rechazó la reclamación de la Municipalidad de Maipú liderada por el alcalde Tomás Vodanovic, en contra de la aprobación del megaproyecto inmobiliario "Edificio Pajaritos" en esa comuna.
A fines de 2021 el alcalde Vodanovic pidió invalidar la calificación ambiental del megaproyecto de la inmobiliaria Icalma, que consta de 3 edificios, dos de 21 pisos y uno de 26. Considera una inversión de US$90 millones. La iniciativa considera en total 483 departamentos, 8 locales comerciales, 484 apartamentos, 385 estacionamientos para vehículos y 322 estacionamientos para bicicletas.
"Rechazamos este proyecto porque queremos construir una comuna que vele por la calidad de vida en sus barrios y no por los intereses de las grandes inmobiliarias", dijo el alcalde de Maipú en octubre de 2021.
Sin embargo, este martes, el Tribunal Ambiental, determinó que "se resuelve rechazar la reclamación deducida por la Municipalidad de Maipú en contra de la Res. Ex. N° 202313001117/2023 de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana de Santiago que rechazó la solicitud de invalidación interpuesta en contra de la RCA N° 621/2021 dictada por la misma Comisión, que calificó favorablemente el proyecto Edificio Pajaritos".
El tribunal descartó las alegaciones del municipio capitalino en cuanto a una eventual incompatibilidad territorial del proyecto, ilegalidad en la falta de apertura de un proceso de participación ciudadana (PAC), e incumplimiento del rol preventivo del SEA al no hacerse cargo de las modificaciones propuestas por el titular en la consulta de pertinencia.
También, desechó los argumentos enarbolados por el municipio que sostenían que la autoridad ambiental no había descartado los eventuales impactos señalados en la Ley N° 19.300.
La instancia en su sentencia determinó que el proyecto cumple con los usos de suelo establecidos en los Instrumentos de Planificación Territorial, descartando una incompatibilidad territorial. Asimismo, consideró que es consistente con los usos de suelo definidos para el área.
Por otro lado, sobre la alegación asociada a la negativa de la autoridad ambiental de abrir un proceso de participación ciudadana del proyecto, señaló que "la Dirección Regional del SEA, al rechazar las solicitudes de apertura de un proceso PAC actuó conforme a derecho, respetando los instrumentos legales vigentes a la fecha de la decisión. Así las cosas, en este caso no se cumplen los presupuestos normativos para la apertura de dicho proceso, pues no se configuran las hipótesis del artículo 94 del Reglamento del SEIA".
La sentencia también descartó las alegaciones que acusaban al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de no cumplir su rol preventivo al no considerar las modificaciones al proyecto sometidas a consulta de pertinencia por la empresa.
Por último, el Tribunal también determinó rechazar la alegación que acusaba al SEA de no descartar correctamente eventuales impactos del proyecto, que lo habrían obligado a ingresar SEIA con un Estudio de Impacto Ambiental y no una Declaración de Impacto Ambiental como finalmente lo hizo.