Telefónica está viviendo una revolución en su accionariado. La irrupción de Arabia Saudí con un plan para alcanzar una participación del 9,9% del capital ha sido respondida por el Gobierno español, que se ha movilizado para proteger la españolidad y la autonomía de la teleco con la intención de tomar un 10% de las acciones. Una pugna inédita por convertirse en el mayor accionista de la principal operadora de telecomunicaciones española y que el Ejecutivo considera estratégica por su vinculación con la defensa y la seguridad nacionales.
El Departamento de Seguridad Nacional español (DSN), dependiente directamente de Presidencia del Gobierno, da carta de naturaleza a la reacción del Gobierno para blindar a Telefónica y subraya la relevancia estratégica de la compañía. El informe anual del DSN incluye entre los riesgos y amenazas para la seguridad nacional el interés de grupos extranjeros por empresas estratégicas nacionales y cita expresamente el caso del desembarco saudí en el accionariado de Telefónica.
"En 2023 se ha producido un aumento del interés de inversores internacionales en las empresas estratégicas nacionales. Es el caso de la adquisición de una participación del 9,9% en Telefónica S.A. por parte del grupo empresarial STC Group", la operadora de telecomunicaciones controlada por uno de los fondos soberanos del Estado de Arabia Saudí, según se recoge en el informe del DSN en el apartado reservado a las vulnerabilidades económicas y financieras del país.
"Hay que recordar la naturaleza estratégica de Telefónica, una de las principales compañías del país, líder en el sector de las telecomunicaciones y que proporciona los servicios e infraestructuras de telecomunicaciones de la infraestructura integral de información para la Defensa en territorio nacional y en operaciones militares en el exterior", explica el departamento que coordina todos los aspectos de la seguridad nacional en España. "Además, Telefónica cuenta con un amplio despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones que garantizan la conectividad y servicios digitales a ciudadanos y empresas españolas y que son consideradas de importancia para la seguridad".
Operación para blindar Telefónica
El Estado español ya ha empezado a ejecutar su plan para defender la autonomía de Telefónica para contrarrestar el desembarco en su accionariado de Arabia Saudí, en un viaje de ida y vuelta un cuarto de siglo después de la privatización total del grupo. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ya ha entrado en el capital de Telefónica y ha reconocido controlar un 3% del capital de la teleco, fuentes financieras apuntan que cuenta con otro 2% en derivados que elevaría ya su presencia hasta el 5% y mantiene intacto su plan de alcanzar el 10%, con la intención de completarlo "lo antes posible".
Saudí Telecom (STC), la operadora controlada por el Estado saudí, confirma su intención de seguir con sus planes de alcanzar una participación del 9,9%. De momento, la teleco saudí cuenta con un paquete directo del 4,9% anunciado el pasado septiembre y también tiene en derivados financieros otro 5% adicional que aún debe ejecutar. STC debe pedir permiso al Gobierno si quiere ejercer un control accionarial en Telefónica por encima del 4,9% o, sin superarlo, si pide un asiento en el consejo de administración del grupo español. Siete meses después de la operación, la operadora saudí sigue sin mover ficha y no ha formalizado la petición.
El 'escudo antiopas' levantado por el Gobierno durante la pandemia para proteger compañías de sectores estratégicos de operaciones de absorción indeseadas por inversores extranjeros exige con carácter general el visto bueno gubernamental para compras de paquetes superiores al 10%. Pero en el caso de compañías vinculadas con el sector de la defensa, como es el caso de Telefónica por sus contratos con las Fuerzas Armadas, el umbral se rebaja al 5% tras la última reforma del escudo que entró en vigor el año pasado. Ni STC ni el Gobierno están obligados a hacer pública la petición de autorización, aunque de momento ambas partes apuntan a que el proceso no se ha iniciado.
La compañía árabe debe solicitar el permiso para superar el 5% al Ministerio de Defensa, aunque la operación se estudiará también en detalle por un comité interministerial y deberá recibir en todo caso el visto bueno definitivo tras elevarse al Consejo de Ministros. La Junta de Inversiones Exteriores que estudiará la operación está integrada por todos los ministerios implicados y también cuenta con representantes del Central Nacional de Inteligencia (CNI) y del propio Departamento de Seguridad Nacional.
Pallete da la bienvenida a los nuevos socios
Desde la propia Telefónica se reinvindica su carácter estratégico, se saca pecho porque se entiende que el interés inversor en el grupo es una muestra de confianza en su gestión y sus planes de futuro, y se trata de calmar las aguas en la pugna entre los nuevos socios dando la bienvenida públicamente a ambos. Así lo hizo el presidente de la teleco, José María Álvarez-Pallete, en su intervención en la junta de accionistas del grupo, celebrada este viernes en Madrid.
"Entendemos el interés que Telefónica suscita en la comunidad inversora, entendemos a todas las partes que quieren estar en Telefónica porque Telefónica es parte del futuro, un futuro por el que ha apostado. Damos la bienvenida a los que han decidido participar en este futuro", zanjó Álvarez-Pallete durante su discurso ante la junta. "Creemos sinceramente que los nuevos accionistas contribuyen a la estabilidad accionarial y reflejan la confianza en la estrategia a largo plazo" de la compañía, sentenció el presidente en respuesta a las preguntas de varios accionistas que intervinieron en la reunión.
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