Más de 220 civiles, incluidos al menos 56 niños, fueron masacrados por el ejército de Burkina Faso en un solo día este año, según informa Human Rights Watch.
En los ataques del 25 de febrero, el ejército mató a 179 personas en el pueblo de Soro y a otras 44 en el cercano pueblo de Nondin, según una investigación de HRW.
HRW calificó las masacres como "uno de los peores incidentes de abusos del ejército" en el país en casi una década.
Las autoridades burkinesas no han comentado sobre el informe.
El mes pasado, el fiscal público Aly Benjamin Coulibaly pidió a testigos que identificaran al grupo detrás de las masacres. Él puso el número preliminar de muertos en 170.
Los habitantes que sobrevivieron al ataque dijeron a HRW que un convoy militar con más de 100 soldados descendió sobre el pueblo de Nondin, unos 30 minutos después de que combatientes islamistas pasaran cerca.
Los soldados fueron de casa en casa, expulsando a los residentes de sus hogares.
"Luego reunieron a los aldeanos en grupos antes de abrir fuego contra ellos", agregó el informe, citando testigos y relatos de sobrevivientes.
Llegaron a Soro, a unos 5 km (3 millas) de distancia, una hora después, también reuniendo y disparando a los aldeanos, agregaron los sobrevivientes.
En ambos pueblos, los soldados también dispararon a quienes intentaban esconderse o escapar, dijeron los testigos.
Se cree que las masacres son una represalia por parte del ejército, que acusó a los aldeanos de ayudar a los combatientes islamistas armados.
Estos ataques siguieron a uno de los combatientes islamistas contra un campamento militar cercano en la provincia norteña de Yatenga.
Un sobreviviente declaró que antes de los tiroteos, los soldados acusaron a los residentes de no cooperar con ellos al no informarles sobre los movimientos de los combatientes islamistas.
"Las masacres en los pueblos de Nondin y Soro son solo los últimos asesinatos en masa de civiles por parte del ejército de Burkina Faso en sus operaciones contrainsurgencia", dijo Tirana Hassan, directora ejecutiva de Human Rights Watch.
El país del Sahel está gobernado por una junta militar, que tomó el poder en un golpe de estado en 2022, prometiendo acabar con la insurgencia.
Sin embargo, la violencia ha seguido aumentando, con más de un tercio de Burkina Faso controlado por grupos yihadistas.
La Unión Europea y la ONU, entre otros grupos internacionales y de derechos humanos, han acusado a Burkina Faso de graves violaciones de los derechos humanos en su lucha contra la insurgencia, incluidos los asesinatos indiscriminados y desapariciones forzadas de docenas de civiles.
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