El reciente aumento de la población penal ha abierto un debate importante en nuestro país. La cantidad de personas en una cárcel es el resultado de una serie de interacciones sistémicas donde no hay un agente exclusivamente responsable, pero la mirada de conjunto es fundamental. Pensamos que, en los últimos años, ese tipo de mirada no ha estado presente con la fuerza que requiere. Diversas reformas legislativas e implementación de políticas públicas se han hecho sin considerar su impacto potencial sobre el sistema penitenciario.
Uno de los principales resultados de nuestro informe reciente consiste en documentar que el aumento reciente de la población penal no ha estado acompañado de una respuesta acorde de la oferta penitenciaria, entendida en un sentido amplio (custodia, adecuada segregación, seguridad y reinserción). Esto ha implicado un deterioro significativo de las condiciones carcelarias, aspecto fundamental para la eventual reinserción de las personas.
El sistema penitenciario no sólo enfrenta una población penal mayor que ha sobrepasado el nivel histórico de la última década, sino también una población posiblemente más compleja de administrar. Hay una proporción mayor de personas que ingresaron por delitos severos que requieren una supervisión más exigente así como también una mayor proporción de reclusos extranjeros cuyos antecedentes son de difícil acceso, lo que dificulta una gestión acorde a su nivel de peligrosidad.
Este aumento de volumen y complejidad de la población penal se ha producido en un contexto en que se han mantenido fijas las instalaciones físicas y las condiciones de reinserción social básicas que requieren inversión de largo plazo. Más preocupante aún, el nivel de inversión o gasto público se ha mantenido constante, limitando severamente la capacidad de respuesta del sistema.
Quizás el indicador más severo de este proceso de deterioro es el aumento de reclusos por personal efectivamente disponible para su supervisión. La fuerza de trabajo en labores de supervisión se ha mantenido prácticamente constante con un dato adicional: al descontar por licencias, el personal efectivo que disponemos ha aumentado el número de reclusos por gendarme en un 21%, cifra superior al 14% de aumento de la población penal para el mismo período.
Mantener a una persona privada de libertad impone un alto costo fiscal y social. En parte por ello, el derecho penal reconoce a la cárcel como una herramienta de última ratio. Debemos estar conscientes de todas aquellas políticas que luego se traducen en un uso mayor de la cárcel 'aguas abajo' en el sistema. Un monitoreo permanente es primordial para un control integral del delito y su impacto en la sociedad. Por otro lado, aspirar a usar la cárcel como la principal propuesta, con baja consideración por los diversos impactos que ello genera, ni hacerse cargo de los mismos, es simplemente pan para hoy, pero hambre para mañana. La experiencia en otros países de la región que han recorrido un camino similar debiera servirnos de lección para no tropezar con la misma piedra.
Por Patricio Domínguez, profesor Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas UC y presidente ejecutivo Espacio Público; y Mauricio Duce, profesor Facultad de Derecho UDP y director de Espacio Público