Las Palma de Gran Canaria
Sábado, 20 de abril 2024, 02:00
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La actividad de la vivienda vacacional ha generado, en los últimos diez años, un total de 59 expedientes de denuncias por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, según consta en una resolución de la directora general de Edificación y Actividades, emitida el pasado 10 de abril a petición del vicepresidente de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav), Javier Valentín.
Los 59 expedientes se refieren a 34 viviendas vacacionales distribuidas en 15 barrios de Las Palmas de Gran Canaria, lo que indica que hay algunas que acumulan más de una denuncia.
Atendiendo a los motivos de la inspección del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, 19 propietarios fueron expedientados por el hecho de que su uso no está permitido por el Plan General de Ordenación; otras 12 por carecer de autorización para ejercer la actividad económica; y 4 por molestias. Debido a que algunos alquileres turísticos acumulan varios motivos de queja, su número es algo superior al de viviendas denunciadas.
Las quejas afectan a la actividad de este tipo de explotación en quince barrios, si bien en los de La Isleta (6 casos), Puerto (6), Guanarteme (6) y Mesa y López (4) es donde más se acumulan. Los otros expedientes referencian alquileres turísticos en Las Canteras, Costa Ayala, Arenales, Ciudad Jardín, Triana, Reina Mercedes, Alcaravaneras, Las Torres, Santa Catalina y Vegueta.
Como en el caso de Las Palmas de Gran Canaria hay un total de 3.859 viviendas vacacionales, según el censo que maneja Ascav, las denuncias que provoca el uso turístico de los pisos particulares alcanza a menos del 1% de la oferta.
Este viernes, en pleno debate sobre el futuro del modelo turístico y justo antes de las manifestaciones previstas para este sábado en Canarias contra el modelo económico basado en el turismo de masas, la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional emitió una nota de prensa en la que utilizó estos datos para desmontar «otro de los mantras que se ha venido utilizando para demonizar a las viviendas vacacionales y justificar una ley restrictiva como la que se pretende desde el Gobierno de Canarias», en concreto, «las molestias que causan los turistas».
En su comunicado, se hace referencia a que «en una resolución notificada en el día de ayer (jueves, para el lector) tras una consulta realizada al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sobre las molestias causadas por las viviendas vacacionales en la capital de la isla, se desprende que entre el año 2015 y 2024 se han producido una media de 6 denuncias al año por molestias causadas por viviendas vacacionales. Una cifra absolutamente irrisoria que desmitifica el sambenito que, desde algunos sectores, se trata de imputar a las viviendas vacacionales».
El estudio 'La población de Las Palmas de Gran Canaria ante el fenómeno turístico', encargado por la empresa pública municipal Turismo LPA a la empresa Técnicos en Socioanálisis, presentado el martes pasado, concluía que el alquiler vacacional no supone pérdida de calidad de vida o tranquilidad (65%), ni provocaba un deterioro de la convivencia ciudadana (70,5%), pero sí favorece la expulsión de los residentes de los barrios en que éstos viven (33%), hace aumentar el precio del alquiler (83,6%) y dificulta encontrar pisos para alquilar (78,3%).
La vivienda vacacional representa un 2,2% del total del parque de casas que tiene la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Y el número de plazas de alojamiento que ofertan esas 3.859 casas asciende a 15.352, según el estudio 'Distribución y concentración del alojamiento turístico en Canarias (enero 2024)'. Este informe determina que «de todas las plazas turísticas de Las Palmas de Gran Canaria, un 64% corresponden a vivienda vacacional».
Ascav también dice que «sólo un 21% de las personas que explotan viviendas turísticas acaparan más del 50% de las plazas que se ofertan en las islas. En las Islas Canarias hay 28.560 propietarios que explotan 195.994 plazas de alquiler vacacional, pero la distribución es desigual, ya que la mitad de las plazas la explota un grupo de grandes propietarios».
La Ascav aclara que de acuerdo a datos oficiales del Registro General Turístico de Canarias, en torno al 67% de las viviendas vacacionales de Canarias están en manos de pequeños propietarios (hasta un máximo de 5 propiedades).
«Tampoco es cierto, que el resto de viviendas vacacionales esté en manos de grandes tenedores (edificios completos) ya que muchos pequeños propietarios ceden la explotación de sus viviendas a empresas intermediadoras por falta de capacidad, conocimiento, tiempo, etc. que las registran a nombre de sus empresas. ¿Esto es negativo? Todo lo contrario: crea empleo y riqueza», añade el comunicado.
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